El Salvador ha dado un paso relevante en su estrategia de desarrollo económico con el lanzamiento de la iniciativa “El Salvador Crece”, una plataforma creada en conjunto con el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para promover la inversión privada, acelerar reformas y fortalecer la productividad nacional. Esta propuesta busca consolidar un entorno propicio para la inversión, la innovación y el crecimiento, reuniendo esfuerzos del Gobierno, el sector privado y la cooperación internacional.

El lanzamiento de “El Salvador Crece” ocurre en un contexto de importantes avances para el país. En los últimos años, El Salvador ha experimentado transformaciones en seguridad ciudadana, estabilidad macroeconómica, dinamización del sector turístico y una recuperación notable de la confianza de los inversionistas. Estos factores han incidido directamente en la mejora de las perspectivas económicas. Un indicador de este cambio es la reducción histórica del diferencial de riesgo, que pasó de más de 3,500 puntos básicos en julio de 2022 a cerca de 326 puntos básicos a finales de 2025. Además, la economía cerró ese año con un crecimiento del 3.9%.

A través de esta plataforma, el Grupo BID aportará su experiencia y recursos para la ejecución de proyectos estratégicos. Ilan Goldfajn, presidente del Grupo BID, subrayó que el desafío actual es transformar los avances alcanzados en más inversión, productividad y oportunidades.

“Con El Salvador Crece, el Grupo BID trabajará junto al país para identificar y secuenciar reformas, movilizar financiamiento y acelerar proyectos que ayuden a impulsar un crecimiento sostenible en el largo plazo”, aseguró Goldfajn.

El objetivo es impulsar ese crecimiento sostenible, potenciando las alianzas público-privadas y alineando prioridades nacionales con las mejores prácticas internacionales.

Según Jerson Posada, ministro de Hacienda de El Salvador, la iniciativa funciona como un acelerador y un engranaje clave para la ejecución de la agenda económica nacional. La plataforma permitirá pasar de la planificación a la implementación efectiva, coordinando la inversión pública con reformas normativas y la movilización de capital privado. El enfoque está puesto en crear un entorno que favorezca la atracción de inversiones y la generación de empleo.

El acto de lanzamiento reunió a autoridades gubernamentales, líderes empresariales, instituciones financieras, inversionistas internacionales y representantes académicos. El evento permitió alinear prioridades públicas y privadas, identificar oportunidades de inversión y analizar condiciones para fortalecer el clima de negocios, ampliar el acceso al financiamiento y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos.

Objetivos y áreas prioritarias

La plataforma “El Salvador Crece” se enfoca en cinco áreas estratégicas:

Estabilidad macroeconómica

Vivienda y desarrollo urbano

Turismo

Financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)

Internacionalización y atracción de inversiones, con especial interés en el desarrollo de la economía costera.

El programa apunta a fortalecer políticas de alto impacto y generar condiciones para que más empresas inviertan, se generen empleos de calidad y el crecimiento económico se traduzca en bienestar para las familias salvadoreñas.

Proyección regional

“El Salvador Crece” se inscribe en el marco de la plataforma LAC Crece del Grupo BID, presentada durante las Asambleas Anuales del organismo en Asunción, Paraguay. La iniciativa busca apoyar a los países de América Latina y el Caribe en el diseño y ejecución de agendas de desarrollo lideradas por el sector privado.

El Salvador apuesta por consolidar un entorno competitivo y abrir nuevas posibilidades para las próximas generaciones, sentando bases para un crecimiento inclusivo y sostenible a partir de la colaboración entre gobierno, sector privado y organismos multilaterales.

A solo unos días de elegir al nuevo presidente, la delegación del Gobierno del Perú presentó en Madrid una cartera de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos 2026-2028 compuesta por más de 90 proyectos por más de US$ 40 mil millones, ante inversionistas, empresas y entidades financieras del ecosistema empresarial europeo, durante la jornada central del roadshow “PERÚ: Oportunidades de Inversión en Infraestructura y Servicios Públicos”.

En la jornada, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, dio a conocer la visión estratégica del Gobierno para la promoción de inversiones; el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, expuso las fortalezas macroeconómicas y ventajas competitivas del país; mientras el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, presentó el portafolio de inversiones orientado a impulsar infraestructura y servicios públicos en sectores estratégicos.

“Durante su exposición, el titular del MEF destacó que el Perú llega a esta misión con una economía en consolidación. El PBI creció 3,5 % en el primer trimestre de 2026, impulsado por una mayor demanda interna, mientras el sector construcción avanzó 13,3 %, la inversión privada se aceleró a 13,2 % y las exportaciones alcanzaron un récord de US$ 29 mil millones, con un crecimiento de 37,8 % respecto al mismo periodo del año anterior”, apunta el ministerio de Economía.

Proyectos en cartera

La cartera presentada comprende proyectos en agua y saneamiento, transportes, energía y minería, salud, educación, turismo, inmuebles, telecomunicaciones, irrigación e hidrocarburos. Entre las iniciativas de mayor escala destacan las siguientes:

• SITGAS, con US$ 4321 millones
• Chinecas, con US$ 3530 millones
• IEPA Sechura, con US$ 2157 millones
• el Hospital Militar, con US$ 751 millones
• Obras de Cabecera para Lima, con US$ 726 millones
• También figuran proyectos como el Teleférico Choquequirao, la Desaladora Ilo, el Hospital de Sullana y el Terminal Portuario de Chimbote, entre otros.

“El Perú ofrece hoy una cartera diversa de proyectos y un entorno de estabilidad que da confianza para invertir. Tenemos grandes oportunidades en distintos sectores y la predictibilidad macroeconómica necesaria para que esa inversión se traduzca en crecimiento, desarrollo y empleo”, señaló el titular del MEF, al destacar que el país combina oportunidades concretas de inversión con condiciones macroeconómicas favorables para desarrollarlas.

La estabilidad macro

Asimismo, el ministro Rodolfo Acuña Namihas subrayó que estas oportunidades están respaldadas por un entorno macroeconómico sólido y predecible. Destacó que el Perú mantiene uno de los niveles de riesgo país más bajos de América Latina y que las reservas internacionales netas alcanzaron el 29 % del PBI en mayo de 2026, muy por encima de otras economías de la región, como Brasil (15 %), Colombia (15 %), Chile (15 %) y México (13 %). A ello se suma una amplia apertura al mundo, reflejada en acuerdos comerciales con 58 economías que representan alrededor del 82 % del PBI mundial.

“El Perú mantiene una sólida estabilidad macroeconómica, sustentada en la estabilidad fiscal, monetaria y financiera, así como en expectativas empresariales favorables. Esa predictibilidad, sumada a nuestra apertura al mundo y a uno de los riesgos país más bajos de la región, genera un entorno favorable para el desarrollo de las inversiones”, afirmó Rodolfo Acuña Namihas.

De igual manera, durante la presentación, el titular de MEF remarcó que el Perú consolida su posición estratégica como “hub” logístico regional, articulando el eje Callao–Chancay–Ancón–Lima, que integra puertos, el nuevo aeropuerto, el futuro parque industrial e infraestructura complementaria. Asimismo, se destacó el impulso a cinco iniciativas estratégicas de Zonas Económicas Especiales, ubicadas en Paita, Matarani, Ilo, Zofratacna y Ancón, que en conjunto superan las 2800 hectáreas destinadas al desarrollo productivo y logístico.

El ministro Acuña Namihas señaló también que el país busca ampliar el uso de instrumentos como los bonos sostenibles y otros mecanismos de financiamiento alineados con estándares ambientales. En esa línea, remarcó que el Perú no solo ofrece proyectos, sino también estabilidad regulatoria y visión de mediano y largo plazo para atraer inversión de calidad.

De esta manera, el Perú cerró su participación en el roadshow de Madrid mostrando ante inversionistas europeos no solo una cartera de proyectos estratégicos, sino también las condiciones macroeconómicas, logísticas y de política pública que respaldan nuevas decisiones de inversión y fortalecen su posicionamiento como destino confiable y competitivo.

A pocos días de la segunda vuelta electoral, el Instituto Peruano de Economía (IPE) analizó las principales propuestas de gobierno de los candidatos presidenciales y advirtió que persisten diferencias marcadas respecto al papel de la inversión privada en la economía. Durante el seminario virtual “Antes de votar: propuestas, riesgos y prioridades”, especialistas evaluaron los posibles efectos de las medidas planteadas por Fuerza Popular y Juntos por el Perú sobre el crecimiento económico, el empleo y la institucionalidad del país.

En el evento participaron Carlos Gallardo, gerente general del IPE; Roxana Barrantes, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP; y Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía y Finanzas. Los expositores coincidieron en que la próxima administración enfrentará importantes desafíos relacionados con la recuperación económica, la pobreza, la inseguridad ciudadana y el deterioro institucional.

Asimismo, señalaron que el margen de acción del futuro gobierno estará condicionado por restricciones fiscales y la necesidad de recuperar la confianza para impulsar la inversión y el crecimiento. En ese contexto, analizaron las diferencias existentes entre las propuestas económicas de ambas organizaciones políticas.

Diferencias sobre el rol de la inversión privada

Durante su presentación, Carlos Gallardo sostuvo que la principal distancia entre los planes de gobierno de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se encuentra en la visión que mantienen respecto a la inversión privada. Según indicó, Fuerza Popular la considera un elemento central para promover el desarrollo económico, generar empleo y reducir los niveles de pobreza.

En contraste, señaló que el nuevo plan de gobierno de Juntos por el Perú continúa planteando una mayor participación del Estado en la economía y mantiene propuestas que podrían afectar la seguridad jurídica. Aunque reconoció que algunas iniciativas contenidas en versiones anteriores fueron modificadas o retiradas, consideró que subsisten planteamientos relacionados con la revisión del régimen económico de la Constitución, la renegociación de contratos y cambios en el sistema de concesiones.

“No hay una moderación en cuanto a inversión privada”, afirmó Gallardo durante el seminario. En esa línea, sostuvo que diversas propuestas continúan generando preocupación debido a sus posibles efectos sobre las decisiones de inversión y la confianza empresarial.

Critica al “gran banco minero”

Gallardo también se refirió a la propuesta de crear un “gran banco minero” destinado a la compra estatal de oro, iniciativa que, según recordó, fue mencionada por el candidato presidencial Roberto Sánchez tras el debate electoral. El economista señaló que una medida de esa naturaleza podría generar riesgos vinculados a la comercialización de mineral de origen ilegal.

“El Estado va a terminar comprando oro ilegal”, advirtió al comentar la propuesta. Asimismo, recordó que versiones previas de los planteamientos de Juntos por el Perú incluían medidas orientadas a ampliar la participación estatal en actividades vinculadas al sector minero.

Durante su exposición, el representante del IPE también expresó preocupación por algunas propuestas laborales y sociales. Como ejemplo mencionó el planteamiento de elevar la remuneración mínima a S/1.500, señalando que podría beneficiar a una parte reducida de trabajadores formales, pero generar efectos adversos sobre los procesos de formalización laboral.

Institucionalidad y financiamiento de promesas

Por su parte, Roxana Barrantes destacó que la institucionalidad constituye un factor fundamental para promover la inversión privada y sostener el crecimiento económico. En ese sentido, remarcó la importancia del respeto al Estado de derecho, la independencia de poderes y la seguridad jurídica como condiciones necesarias para atraer capitales y generar confianza.

La especialista también llamó la atención sobre la falta de claridad respecto a la forma en que se financiarían diversas propuestas planteadas durante la campaña electoral. “Ninguno deja claro cómo va a financiar esa mayor presencia del Estado”, señaló durante el encuentro organizado por el IPE.

En la misma línea, Luis Miguel Castilla sostuvo que el debate no debe concentrarse únicamente en los ofrecimientos de campaña, sino también en la capacidad real del próximo gobierno para ejecutar sus propuestas. Además, expresó preocupación por iniciativas orientadas a modificar el régimen económico vigente y ampliar significativamente la participación empresarial del Estado.

Retos para el próximo gobierno

Castilla consideró que el futuro Ejecutivo asumirá funciones en un contexto especialmente complejo, marcado por el avance de las economías ilegales, el incremento de la inseguridad ciudadana y el deterioro institucional acumulado durante los últimos años. Según explicó, estos factores representan desafíos inmediatos que requerirán respuestas efectivas y sostenibles.

El exministro también señaló que la recuperación de la inversión privada será determinante para mejorar las perspectivas económicas del país. En ese contexto, afirmó que la seguridad jurídica desempeña un papel central para generar confianza entre inversionistas y promover nuevos proyectos.

Finalmente, los participantes del seminario exhortaron a los ciudadanos a evaluar las propuestas electorales considerando no solo los objetivos planteados por los candidatos, sino también su viabilidad económica, institucional y fiscal. Según coincidieron, el próximo gobierno deberá combinar responsabilidad fiscal, fortalecimiento institucional y medidas orientadas a recuperar la confianza para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo.

La inversión privada proyectada en el Centro Histórico de San Salvador ha superado los 200 millones de dólares, posicionando la zona como epicentro del desarrollo económico y turístico en El Salvador, según confirmó Manuel Rodríguez Joaquín, director de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN) y gerente de Relaciones Internacionales de San Salvador Centro.

“Superamos los 200 millones en inversión proyectada en un solo espacio. Estas son cifras que también son históricas para el país; esto no sería posible sin el clima de seguridad”, indicó el funcionario.

Asimismo, calificó esta cifra como un “récord para cualquier espacio” dentro de El Salvador, destacando que el proceso de recuperación urbana y modernización ha transformado la fisonomía y la economía de la capital.

Durante una entrevista, Rodríguez Joaquín subrayó la magnitud del cambio experimentado. “El espacio es vibrante, lleno de vida. Vemos a familias disfrutar en paz y a inversionistas recuperar la confianza”, dijo. El funcionario atribuyó este giro a la visión estratégica de Nayib Bukele, quien inició la revitalización durante su gestión como alcalde, y al apoyo coordinado de la administración municipal actual encabezada por Mario Durán.

El proceso de modernización, según explicó Rodríguez Joaquín, ha tenido como ejes la seguridad, la simplificación administrativa y la transparencia. La creación de APLAN permitió centralizar los trámites para la inversión y agilizar los procesos, eliminando la burocracia que anteriormente desincentivaba a empresarios y emprendedores.

“La ventanilla única de APLAN es la única de este tipo en el país para la atención de inversionistas y empresarios. Ahora, cualquier trámite puede realizarse en un solo lugar y no se puede demorar más de noventa días hábiles. Si se excede ese plazo, opera un silencio positivo, lo que obliga a la eficiencia”, detalló el funcionario.

El impacto de esta estrategia se refleja en la llegada de firmas internacionales como Marriott, la reapertura de franquicias salvadoreñas de renombre y la consolidación de una oferta comercial y gastronómica diversa, que abarca desde cafeterías reconocidas en rankings globales hasta emprendimientos locales. “Hemos alcanzado el nivel de calidad que permite que cafeterías del Centro Histórico estén ya nominadas dentro de las cien principales del mundo”, resaltó Rodríguez Joaquín.

La recuperación física del Centro Histórico se ha desarrollado en varias fases. Actualmente, más del 90 % del área delimitada, que abarca cerca de 250 cuadras, ha sido intervenida. Las acciones incluyen la rehabilitación de plazas históricas como Libertad, Morazán y Barrios, la mejora de calles y aceras, el soterrado de cableado eléctrico y la modernización de redes hidráulicas. La intervención también ha significado la reubicación de comerciantes informales a mercados municipales y la integración de estos al sistema formal.

“El municipio de San Salvador Centro tiene más de treinta y cuatro mercados municipales que ahora ofrecen condiciones adecuadas para los comerciantes, quienes antes ocupaban el espacio público por falta de alternativas”, explicó el funcionario.

En el aspecto legal y regulatorio, la autoridad ha sido certificada bajo la norma ISO 37001 antisoborno, y todos los trámites se encuentran supervisados por el Organismo de Mejora Regulatoria. “Podemos garantizar que todos los trámites se ejercen en un ambiente en el que se evita cualquier tipo de soborno o corrupción y existen mecanismos adecuados de denuncia”, indicó.

La transformación del Centro Histórico ha producido un efecto multiplicador en la economía. Según datos proporcionados por APLAN, el área ha recibido más de 1.8 millones de visitantes durante periodos vacacionales y hasta 500,000 personas en Semana Santa. “El Centro Histórico se consolida como destino turístico y cultural. Eventos como festivales, actividades culturales y deportivas de alcance internacional, como el Ironman y la próxima Olympic Run, convierte el área en referente nacional”, afirmó Rodríguez Joaquín.

El crecimiento comercial ha favorecido tanto a grandes corporaciones como a pequeños emprendedores. “Los trámites son iguales para todos. La misma atención que damos a una gran empresa la damos a cualquier emprendedor”, sostuvo el director de APLAN. Además, la entidad trabaja con organizaciones como la oenegé española CESAL para capacitar a jóvenes en gastronomía y facilitar su inserción laboral en restaurantes, cafés y bares de la zona.

En materia de incentivos, la ley de creación de APLAN establece facilidades y exenciones fiscales tanto a nivel nacional como municipal para quienes inviertan en el Centro Histórico, lo que incrementa el atractivo de la zona para el capital extranjero y la diáspora salvadoreña. “La seguridad jurídica le da al inversionista la tranquilidad de que las reglas no van a cambiar después de realizar una inversión”, remarcó Rodríguez Joaquín.

Las metas para el cierre de 2026 incluyen superar el volumen de inversión registrado hasta la fecha, fortalecer la proyección internacional del Centro Histórico y mantener la recuperación de espacios públicos. “Nuestro compromiso es continuar este proceso para que cada actividad cultural, cada celebración, encuentre un centro histórico mejor y que la población recupere el orgullo por este espacio”, aseguró.

El funcionario concluyó asegurando que el trabajo no es “temporal, sino algo que las futuras generaciones podrán disfrutar en una ciudad donde la confianza del ciudadano y del inversionista se recupera día a día”.

El Ministerio de Economía abrió los sobres de la licitación para la concesión de ocho tramos de rutas nacionales en el marco de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, con una extensión superior a los 3.900 kilómetros y una inversión a cargo de empresas privadas. El anuncio, a cargo del ministro Luis Caputo, incluyó la participación de 20 oferentes para los corredores distribuidos en regiones clave para el transporte y la producción del país.

“Con esta última etapa, se completa la concesión de más de 9.000 Km de rutas, que estarán todas en obra en las próximas semanas. Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”, dijo Caputo.

La iniciativa contempla tramos en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza, y representa la continuación de un proceso que busca transformar el esquema de gestión y mantenimiento de la infraestructura vial nacional a través de la inversión privada. Según la información oficial, cada uno de los ocho corredores licitados responde a criterios estratégicos de integración regional y desarrollo de actividades productivas, comerciales y turísticas.

La Red Federal de Concesiones, según comunicó el Ministerio de Economía, pretende entregar la operación y el mantenimiento de más de 9.000 kilómetros de rutas a empresas privadas, un modelo que elimina los subsidios estatales y transfiere la totalidad de la inversión y la gestión al sector privado. En la Etapa III, el proceso cubre ocho tramos distribuidos en diez provincias, con obras que, según el anuncio oficial, comenzarán en las próximas semanas tras la adjudicación.

Detalle de los tramos licitados

El Tramo Centro, con una longitud de 681,92 kilómetros, abarca rutas nacionales 9, 19 y 34 y conecta la localidad de Pilar, en Córdoba, con Rosario, extendiéndose hacia San Francisco, Rafaela y la ciudad de Santa Fe. Este corredor atraviesa zonas de alta densidad productiva y vincula polos industriales y agrícolas con grandes áreas metropolitanas.

El Tramo Noroeste (NOA) se extiende a lo largo de 596,52 kilómetros por las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016, enlazando San Salvador de Jujuy, Salta, San Miguel de Tucumán y la ciudad de Santiago del Estero. El trazado recorre regiones fundamentales para el transporte de bienes y la conexión interprovincial en el norte argentino.

En el caso del Tramo Chaco – Santa Fe, el trayecto se desarrolla sobre la ruta nacional 11 y suma 497,18 kilómetros. La vía arranca en Resistencia, capital de Chaco, y llega a la ciudad de Santa Fe, pasando por Reconquista, Vera y Avellaneda. Este corredor se considera clave para el tránsito de cargas y el vínculo entre el noreste y el centro del país.

El Tramo Cuyo tiene 329,09 kilómetros de extensión y recorre la ruta nacional 7 desde Puente del Inca, en la cordillera, pasando por Mendoza capital, Luján de Cuyo, Agrelo y San Martín, hasta Desaguadero. Este tramo cumple un rol central en el acceso a pasos internacionales y la salida de productos hacia el mercado chileno y el Pacífico.

El Tramo Litoral abarca 546,74 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 16. El recorrido parte de Sáenz Peña, en Chaco, y llega hasta Loreto, en Corrientes, cruzando Resistencia y la capital correntina. El trazado facilita la integración entre el noreste y la Mesopotamia, zonas con alto flujo de mercancías y pasajeros.

El Tramo Mesopotámico se extiende por 276,11 kilómetros en Entre Ríos, a lo largo de las rutas nacionales 12 y 18. El trayecto arranca en Paraná y pasa por Crespo, Nogoyá, Rosario del Tala y Concepción del Uruguay. Su función principal es conectar centros productivos y portuarios de la provincia.

El Tramo Noreste, de 456,22 kilómetros, une Loreto, en Corrientes, con Puerto Iguazú, en Misiones, sobre las rutas nacionales 12 y 105. El corredor pasa por Posadas, Montecarlo, Eldorado y Wanda, y vincula el sur y el norte de Misiones, facilitando el acceso a zonas turísticas y comerciales de la región.

Por su parte, el Tramo Centro-Norte suma 536 kilómetros sobre la ruta nacional 34. El Ministerio de Economía informó que este tramo se incluye en la etapa actual para consolidar la conectividad norte-sur y mejorar el flujo de transporte entre los principales nodos logísticos.

Proceso de licitación y antecedentes

En total, 20 oferentes presentaron propuestas para quedarse con la concesión de estos ocho tramos. El esquema propuesto por el gobierno exige que las empresas responsables se ocupen de la modernización, el mantenimiento y la operación de los corredores, sin aportes públicos. El objetivo es incrementar los estándares de servicio y acelerar la ejecución de obras a lo largo de los corredores seleccionados.

El anuncio de la apertura de sobres forma parte de la estrategia de la administración nacional para avanzar en la reconfiguración del sistema de concesiones viales. Según el Ministerio de Economía, la Red Federal de Concesiones busca impulsar la eficiencia y la inversión en la infraestructura vial, con impacto directo en la competitividad del sector productivo y la integración de las economías regionales.

Como antecedente inmediato, la adjudicación de la Etapa II-A de esta red, informada por Infobae, involucró la transferencia de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales a manos de empresas privadas. En esa instancia, los contratos estipularon que las compañías adjudicatarias asumirían el control total de las obras, el mantenimiento y la operación de los caminos incluidos, bajo el mismo modelo de inversión exclusivamente privada. Según detalló Infobae, el ministro Luis Caputo expresó que “el nuevo esquema busca mejores estándares de servicio para los argentinos”.

El proceso licitatorio de la Etapa III mantiene la lógica establecida en las etapas anteriores, con una estructura contractual que obliga a las empresas a financiar y ejecutar las obras previstas, garantizando la continuidad operativa de los corredores y el cumplimiento de los pliegos técnicos.

Impacto regional y distribución de los tramos

Los ocho tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones atraviesan diez provincias y suman un total de 3.919,78 kilómetros, según los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Economía. Cada corredor fue diseñado para responder a necesidades específicas de conectividad y desarrollo de las regiones involucradas, priorizando la integración de polos industriales, agrícolas y turísticos con los principales centros urbanos y portuarios.

Los mapas oficiales publicados por el gobierno permiten visualizar el alcance de cada tramo y su inserción en la red federal de rutas. Las imágenes muestran el recorrido exacto de los corredores y su vinculación con otras vías estratégicas del país. En el caso del Tramo Centro, el trazado conecta la provincia de Córdoba con Santa Fe, atravesando zonas de alto tránsito y relevancia económica. El Tramo Noroeste enlaza cuatro provincias del norte; el Tramo Chaco-Santa Fe une el noreste con el centro; el Tramo Cuyo atraviesa Mendoza desde la cordillera hasta el límite con San Luis.

El Tramo Litoral vincula Chaco y Corrientes, mientras que el Tramo Mesopotámico recorre el centro de Entre Ríos. El Tramo Noreste conecta el sur de Corrientes con el norte de Misiones, y el Tramo Centro-Norte asegura el flujo de transporte en la región norte-sur.

El Ministerio de Economía resaltó que, una vez adjudicados los contratos, las obras comenzarán en todas las rutas incluidas, con la expectativa de que la totalidad de los tramos esté en obra en las próximas semanas. Este cronograma sigue la tendencia de etapas anteriores, donde la adjudicación marcó el inicio inmediato de los trabajos viales.

Expectativas y próximos pasos

El esquema de concesión de la Red Federal de Concesiones busca que la inversión privada mejore la calidad de la infraestructura vial, sin recurrir a subsidios estatales y con la obligación de las empresas de cumplir con los estándares técnicos y de servicio estipulados en los contratos. El proceso abierto para la Etapa III incluye la evaluación de las ofertas presentadas por los 20 consorcios participantes, tras lo cual se oficializarán las adjudicaciones y se pondrán en marcha las obras.

El antecedente de la Etapa II-A, reportado por Infobae, mostró que las empresas ganadoras asumieron compromisos de inversión y operación de largo plazo, en línea con la política oficial de traspasar la gestión de la red vial al sector privado. El gobierno espera que la extensión de este modelo a más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales permita una mejora sustancial en la conectividad, la seguridad vial y el mantenimiento de los corredores.

La administración nacional concretó la adjudicación de dos tramos clave de la Red Federal de Concesiones viales, abriendo una etapa de gestión privada sobre más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales. El proceso, que genera expectativas en el sector de la obra pública y el transporte, forma parte de la denominada Etapa II-A y busca modificar el esquema de operación, eliminando subsidios y apostando a la inversión privada.

La resolución oficial, firmada el 15 de mayo, designó a las empresas ganadoras de los tramos Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa. La noticia fue anunciada por Luis Caputo, ministro de Economía, a través de sus redes sociales, donde sostuvo: “Hoy firmamos la resolución de adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. El Tramo Pampa comprende la RN 5 hasta su empalme con la RN 35, mientras que el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226. Son más de 1.800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada y mejores estándares de servicio para los argentinos”.

La iniciativa abarca corredores estratégicos que conectan la provincia de Buenos Aires, La Pampa y parte del sur bonaerense. En el caso del Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, la concesión recayó sobre el consorcio conformado por CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA. La oferta presentada por estas firmas ascendió a 997 pesos, sin IVA, para la tarifa de peaje. El tramo incluye la autopista Ezeiza-Cañuelas, la Riccheri, la Jorge Newbery y las rutas nacionales 3, 205 y 226, todas arterias de alto tránsito que vinculan áreas metropolitanas, industriales y zonas agrícolas.

Por su parte, el Tramo Pampa quedó en manos de CONSTRUCCIONES ELECTROMECáNICAS DEL OESTE SA, que propuso una tarifa de peaje 2.355,37 pesos, también sin IVA y para el mismo plazo de dos décadas. Este segmento de la red abarca la Ruta Nacional 5 desde su inicio hasta el empalme con la Ruta Nacional 35, atravesando regiones con fuerte actividad cerealera y ganadera.

Ambos contratos establecen que las inversiones necesarias para la modernización, mantenimiento y mejora de los servicios correrán por cuenta exclusiva de las empresas adjudicatarias, sin aportes ni subsidios por parte del Estado. El objetivo declarado del gobierno es fomentar estándares más altos de calidad y eficiencia en la gestión de la infraestructura vial. Según la publicación oficial, el nuevo esquema busca “mejores estándares de servicio para los argentinos”, en palabras de Caputo.

El proceso de adjudicación contó con la participación de numerosos consorcios y empresas nacionales, que presentaron propuestas económicas en competencia directa. Para el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, el segundo lugar en el orden de mérito correspondió al grupo integrado por PANEDILE ARGENTINA SAICF e I, SUPERCEMENTO SAIC y ELEPRINT SA, con una tarifa de 1.057,85 pesos. El tercer puesto lo obtuvo la unión de BENITO ROGGIO E HIJOS SA y JOSE J. CHEDIACK SAICA, que ofreció 1.230,5766 pesos. En las posiciones siguientes se ubicaron CREDITECH SA junto a CONSTRUCCIONES ELECTROMECáNICAS DEL OESTE SA (1.248 pesos), CPC SA y CLEAR PETROLEUM SA (1.297,52 pesos), y VIAL AGRO SA con FONTANA NICASTRO SAC (1.322,312 pesos).

Para el Tramo Pampa, la segunda mejor oferta fue la de CN SAPAG SA en sociedad con VíCTOR M. CONTRERAS Y CíA SA, que propuso 2.477,77 pesos. El tercer puesto lo ocupó el consorcio CPC SA con CLEAR PETROLEUM SA (2.659,92 pesos), seguido por MERCO VIAL SA, LEMIRO PABLO PIETROBONI SA y ASESORES FINANCIEROS ANDALUCíA OCCIDENTAL SOCIEDAD GESTORA DE PATRIMONIOS SA (2.975 pesos). Más atrás quedaron VIAL AGRO SA con FONTANA NICASTRO SAC (3.219 pesos), y el consorcio CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA (3.354 pesos).

Las cifras corresponden a tarifas ofertadas, expresadas en pesos y sin IVA, para cada tramo y por el lapso de 20 años. No se especificó en la resolución si estos valores aplican por kilómetro, por tramo completo o bajo otro criterio, ya que el texto oficial solamente menciona el monto global ofertado para cada adjudicación y su vigencia temporal. El detalle sobre la unidad de medida de la tarifa permanece reservado en los pliegos técnicos de la licitación.

La resolución adjudicataria constituye un paso fundamental en el plan oficial para transferir el mantenimiento y la operación de la red vial nacional al sector privado, en el contexto de una política de reducción de subsidios y gasto público. El gobierno, a través del Ministerio de Economía, promueve la llegada de capitales y la participación de empresas locales en la gestión de rutas, con la expectativa de que la inversión privada permita mejorar la infraestructura y los servicios para los usuarios.

Esta adjudicación se inscribe dentro de un proceso más amplio, que incluye la recepción de 17 ofertas para la concesión de otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales. El procedimiento, aún en curso, prevé la incorporación de nuevos tramos y empresas al esquema de gestión privada, bajo condiciones similares y con contratos de largo plazo.

En abril, la apertura de sobres con las ofertas de las empresas interesadas en la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones marcó un hito en la agenda del Ministerio de Economía. El acto reunió a representantes de compañías constructoras, funcionarios de la cartera y autoridades del sector vial, que verificaron la documentación y las propuestas económicas presentadas por cada grupo postulante. La instancia de evaluación permitió definir los consorcios con mejores condiciones técnicas y económicas, priorizando la viabilidad financiera y la capacidad operativa de los oferentes.

El nuevo sistema de concesiones busca transformar la matriz de financiamiento y gestión de las rutas nacionales, desplazando el rol estatal como garante de la inversión y el mantenimiento cotidiano. La transferencia de responsabilidades al sector privado implica que las empresas adjudicatarias deberán asumir el riesgo operativo, la ejecución de obras y el sostenimiento de los servicios en condiciones de seguridad y eficiencia.

En la comunicación oficial, el ministro Caputo subrayó la magnitud del proceso y su alcance territorial. “Hoy firmamos la resolución de adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones”, remarcó, destacando que la medida involucra tramos estratégicos para la conectividad productiva y social del país.

El Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, con sus autopistas y rutas nacionales, constituye uno de los corredores más transitados del país, vital para el flujo de mercancías y pasajeros entre el área Metropolitana de Buenos Aires, la región pampeana y el litoral atlántico. La gestión privada de este segmento exigirá a las empresas adjudicatarias la modernización de peajes, obras de ampliación y tareas de mantenimiento integral.

El Tramo Pampa, en tanto, abarca rutas de alto impacto en el transporte de granos y los circuitos logísticos del sector agropecuario. La adjudicación a una empresa especializada en obras electromecánicas y viales anticipa la ejecución de proyectos de mejora en la señalización, el pavimento y la seguridad vial.

Ambas adjudicaciones establecen contratos de 20 años, un plazo que busca dar previsibilidad y horizonte de gestión a los consorcios ganadores. El diseño contractual implica que cualquier mejora, ampliación o modificación futura de las rutas deberá surgir de la iniciativa y el financiamiento de las propias empresas, sin intervención financiera directa del Estado.

La Red Federal de Concesiones, en su Etapa II-A, es el segundo paso visible de una estrategia de descentralización y apertura al capital privado en el sector de la infraestructura vial (la Ruta del Mercosur ya está operando, el llamado Tramo Oriental). La cantidad de ofertas recibidas y la variedad de consorcios participantes reflejan el interés del empresariado local por integrarse a un modelo de gestión autónomo y de largo plazo, bajo reglas de competencia y sin subsidios estatales.

El proceso de adjudicación y la publicación de la resolución oficial marcan el inicio de una nueva etapa en la administración de los corredores viales nacionales, con foco en la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad privada. El avance de la Red Federal de Concesiones será monitoreado por las autoridades nacionales, que prevén replicar el esquema en futuros tramos y corredores según la evolución del sistema y la respuesta de los usuarios.

El Gobierno anunció la publicación de los pliegos de la licitación para la venta del 90% de las acciones de AySA que actualmente están bajo control estatal. La medida, comunicada por el ministro de Economía en su cuenta de X, Luis Caputo, habilita la incorporación de un operador privado que, según el funcionario, contará con la capacidad técnica, financiera y operativa para liderar la expansión y optimización de la red de servicios de agua potable y saneamiento en el país.

La decisión fue informada oficialmente por Caputo que detalló que los documentos licitatorios aparecerán en el Boletín Oficial del viernes. El proceso apunta a transferir la mayoría accionaria de la empresa a manos privadas, mientras los empleados retendría un 10% de participación. La iniciativa se enmarca en la estrategia gubernamental de limitar la intervención estatal en empresas públicas que, de acuerdo con el Ejecutivo, funcionaban como instrumentos de financiación política.

AySA brinda servicios agua potable y cloacas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA y 26 partidos del conurbano bonaerense. Según información de la empresa, a mediados de 2025, la cobertura superó el 85% en agua potable y el 70% en cloacas.

“Lo que sí en la licitación se va a fijar es que tiene que ser una empresa que tenga experiencia en operación de servicios públicos de agua y saneamientos”, indicó una fuente al tanto de la operación. Se trata de un punto que delimitará quiénes podrían realizar ofertas para quedarse con la concesión de AySA.

Los dólares que busca Caputo

Con el pase de AySA a manos privadas en el Ministerio de Economía proyectan conseguir USD 500 millones que ayudarán al pago de los vencimientos en moneda extranjera de los próximos meses. Sin embargo, según explicaron fuentes al tanto de la operación, no llegarían con los tiempos para el compromiso de julio por USD 4.200 millones.

“En estos días debería salir la licitación y unos tres meses llevaría el proceso porque la empresa que se presente tiene que demostrar la solvencia económica, las capacidades técnicas y después se hace la oferta. Para mitad de año, segundo semestre, podría estar el nombre de quien se quedaría con la concesión de AySA”, explicó una fuente a Infobae. El cronograma indica que la adjudicación podría conocerse recién en el segundo semestre, dado que, hasta que no se publique el contrato y el pliego con las condiciones definitivas, no se formalizarán ofertas.

Según el titular del Palacio de Hacienda, la llegada de un nuevo socio privado busca impulsar inversiones que permitan expandir la red de agua y mejorar la calidad del servicio para millones de usuarios. El funcionario sostuvo que la presencia de un operador estratégico aportará recursos y experiencia para encarar proyectos de infraestructura que el Estado no priorizaba.

Al justificar la decisión, el ministro subrayó que el Estado dejará de utilizar empresas públicas como “cajas políticas” y pasará a concentrarse en la elaboración de reglas claras, la promoción de la competencia y la generación de condiciones favorables para la inversión. En el mismo sentido, en la publicación Caputo remarcó: “Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento”.

Definición de la tarifa

Un factor clave es cómo se va a definir la tarifa una vez que la empresa se encuentre en manos privadas. Recientemente, se estableció que como máximo la factura puede aumentar hasta un 3% mensual de mayo a agosto para ayudar a la desaceleración de la inflación tras el 3,4% que marcó en marzo.

Desde abril de 2024, AySA tiene vigente una fórmula polinómica para la actualización mensual de tarifas, aprobada por la Resolución 09/2024 de la Secretaría de Obras Públicas. Dicha fórmula toma en cuenta los salarios, los precios mayoristas y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Pero durante 2025, el Ministerio de Economía dispuso que los aumentos no superaran el 1% mensual, lo que generó un atraso tarifario de 21% a diciembre de ese año. Por lo que, a posteriori, una nueva resolución permitió aumentos de hasta 4% mensual entre enero y abril del 2026. Pero como la inflación continuó en alza, el atraso no se recuperó.

Pese a ello, por medio de la Resolución ERAS N° 14/26 y a los fines de ayudar a la desaceleración de la inflación a partir de abril, se fijó que el incremento mensual efectivo desde mayo hasta agosto de 2026 no podrá superar el 3% en cada mes, siempre que la fórmula de actualización no arroje un valor menor. La medida responde al pedido de la concesionaria, que informó un déficit proyectado de $205.000 millones y la necesidad de continuar con el proceso de convergencia tarifaria.

“Las tarifas siempre tienen que estar aprobadas por el ente regulador. En el primer ciclo, que comienza en 2027, se va a seguir con el mecanismo de actualización que está vigente con la fórmula polinómica. Pero cuando se cumplan los cinco años y se tenga que armar un nuevo plan de acción, donde se presentes las obras, inversiones y gastos, se hará una nueva propuesta tarifaria que la va a tener que aprobar el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)”, comentó una fuente al corriente de la operación.

La administración nacional realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones mediante inversión 100% privada. El anuncio lo encabezó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien comunicó que en total se presentaron 17 oferentes interesados en la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales.

La convocatoria alcanzó a corredores ubicados en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis. En esos distritos, el esquema propuesto busca mejorar la conectividad y la seguridad en vías consideradas fundamentales para la logística, el turismo y el comercio.

Según la información oficial, la Etapa II-B comprende los siguientes segmentos: el Tramo Mediterráneo, con 672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35; el Tramo Puntano, que abarca 720 kilómetros sobre las rutas nacionales 8, 36, 193 y A-005; el Tramo Portuario Norte, con 528 kilómetros en las rutas nacionales 9, 33 y A-008; y el Tramo Portuario Sur, que suma 636 kilómetros sobre las rutas nacionales 9 y 188.

El ministro Caputo destacó que el proceso se desarrolla sin subsidios y que el esquema reemplaza gasto público por inversión privada. El objetivo oficial apunta a lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos, promover la inversión y generar infraestructura vial mejorada para la población. “Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”, dijo Caputo. El mes pasado ya habían sido abiertos los sobres para le Etapa II-A.

La apuesta a la construcción

Se trata de un sector clave para el repunte de la economía. Durante la participación en Expo EFI, Caputo afirmó que se viene los mejores 18 meses y que sectores que venían rezagados mostraron signos positivos durante marzo entre ellos la construcción. “Si pensamos en la construcción, para junio o julio ya van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales, eso le va a dar un impulso más. También vamos a estar empezando el proceso de licitación para otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales. Le estamos entregando rutas nacionales a las provincias que están empezando a hacer ellas las obras, con financiamiento propio o que le estamos consiguiendo nosotros del BID, el Banco Mundial, CAF”, afirmó. Lo que, en su visión, no solo va a ayudar a reactivar la economía, sino también a ganar productividad en términos de la logística.

Siendo una postura que volvió a reiterar durante su última entrevista el domingo por la noche. En donde preciso que los mejores 18 meses comenzaran a partir de mayo/junio y ahora nos encontramos en un momento de recuperación que se comprueba con datos: el repunte interanual del 12,7% que tuvo la construcción en marzo y la industria del 5% según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

“Empieza el proceso de recuperación que se va a acentuar más a partir de junio; entonces, a partir de junio se vienen los mejores meses. Ahora estamos en un proceso de recuperación”, afirmó Caputo en la entrevista y que los impulsos vendrán de la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales más la una adhesión mayor por parte de los contributentes a Ley de Inocencia Fiscal y del sector privado a la Ley de Modernización Laboral.

En marzo, según el Indec, la construcción creció 12,7% respecto al mismo período de 2025. En el acumulado del primer trimestre, el sector muestra una mejora de 3,9% frente a los primeros tres meses de 2025. Al comparar con febrero, el nivel del rubro constructor subió 4,7% y la tendencia a largo plazo registró un avance de 0,7 por ciento.

No obstante, desde el sector de la construcción surgieron cuestionamientos sobre el verdadero alcance de la política oficial. Una fuente privada consultada por Infobae señaló que “el sector no puede mostrar signos positivos con las concesiones de las rutas porque el 70% del sector es obra privada. Las concesiones impactan sobre el 30% de la obra pública”. La misma fuente explicó que, si bien hay expectativas en torno a los anuncios referidos a los 12.000 kilómetros de rutas nacionales, no existen detalles claros sobre la modalidad de ejecución ni sobre la viabilidad de concesionar tramos donde el tránsito es escaso. “Escuchamos que el Gobierno quiere hacer una mezcla de peaje y subsidio, pero escuchamos, no tenemos detalles, por lo que no sabemos si va a cerrar”, puntualizó en off the record.

El Centro Histórico de San Salvador ha recibido una inversión privada que supera los 195 millones de dólares en los últimos tres años, según confirmó Adriana Larín, directora de la Autoridad del Centro Histórico.

Esta cifra representa una dinámica inédita para la zona, marcada por la ejecución de más de mil proyectos enfocados en la rehabilitación, restauración y activación económica del corazón de la capital salvadoreña.

La revitalización ha generado la llegada de nuevas marcas y la reinauguración de comercios históricos. Según datos de la Autoridad del Centro Histórico, cerca de cincuenta establecimientos completaron sus procesos de regularización hasta el cierre de 2025, combinando aperturas y reinauguraciones.

“Son 195 millones de dólares (de inversión privada) en los últimos tres años que llevamos como institución liderando todo este proceso de planificación urbana y atracción de inversión y desarrollo social económico”, aseguró Larín en entrevista con Infobae.

En ese sentido, la inversión privada ha dinamizado el mercado inmobiliario, con una tendencia creciente de propietarios que ahora optan por restaurar sus inmuebles para dar paso a nuevos proyectos comerciales.

“Muchos propietarios no tienen proyectos desarrollados, pero ahora pueden restaurar las fachadas y avanzar en reforzamiento estructural para dejar listos los locales para futuros negocios”, detalló Larín.

La funcionaria explicó que la planificación urbana ha sido uno de los ejes centrales del proceso, con la elaboración de un plan especial de ordenamiento territorial que proyecta el desarrollo de la ciudad para los próximos quince años.

“Lo que estamos haciendo es realizar un plan que va a dar lineamientos claros sobre cómo debe desarrollarse la ciudad y los proyectos estratégicos que se deben implementar”, precisó Larín.

Entre los componentes principales de esta transformación destaca la recuperación de ochenta manzanas que incluyen plazas emblemáticas como Gerardo Barrios, Morazán y Libertad.

El proyecto no solo busca restaurar el patrimonio arquitectónico, sino también densificar la zona y devolverle habitabilidad, con la meta de repoblar el centro y generar un entorno donde se pueda vivir, trabajar y disfrutar de actividades culturales y familiares.

En materia de infraestructura, la intervención ha contado con la colaboración del Ministerio de Obras Públicas, que ha ejecutado obras de cableado subterráneo, renovación de redes hidráulicas y mejoramiento integral de corredores urbanos. De acuerdo con la directora, “ya hay muchas más calles intervenidas en los alrededores del mercado Sagrado Corazón y la iglesia El Calvario, sitios que durante décadas estuvieron marcados por el abandono y la inseguridad”.

La autoridad también ha impulsado alianzas con empresas para la recuperación de fachadas, permitiendo que inmuebles históricos cuenten con materiales de calidad. La segunda fase de este programa involucra a estudiantes y profesionales del Colegio de Arquitectos de El Salvador, quienes participan en el levantamiento técnico de nuevas zonas a intervenir.

El sector hotelero también ha comenzado a transformarse. Larín confirmó la construcción de un hotel boutique cercano a la Catedral y un proyecto adicional sobre la plaza Morazán. Además, el hotel Cardedeu será relanzado bajo la marca City Express, parte de la cadena Marriott, con previsión de apertura para 2027.

De acuerdo con la funcionaria, “el fenómeno que estamos experimentando es que un mismo inmueble puede fraccionarse en varias unidades comerciales, lo que multiplica las oportunidades de negocio y amplía el impacto de la inversión”.

Entre las actividades complementarias, la institución ha articulado una agenda para promover el turismo religioso y cultural, así como la colaboración con oenegés y organismos internacionales para desarrollar proyectos sociales y de inclusión laboral.

La directora subrayó que los avances corresponden a la coordinación entre sector público, privado y la cooperación internacional. “La revitalización del Centro Histórico es una prueba piloto de que cuando hay voluntad política y se alinean diferentes actores, los beneficios llegan a toda la comunidad”, concluyó Larín.

España necesita movilizar 407.341 millones de euros en los próximos diez años para garantizar el mantenimiento, la adaptación y el desarrollo de sus infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas. Esta es la principal conclusión de un informe presentado por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) durante su rueda de prensa anual, donde detalló las cifras que marcan los desafíos inmediatos del sector. El cálculo incluye 127.341 millones de euros destinados exclusivamente a conservación y mantenimiento, mientras que el resto corresponde a nuevas infraestructuras y a la adaptación de las existentes.

El informe de Seopan desglosa esas necesidades en 58.369 millones de euros en carreteras, 20.280 millones en ferrocarril y 48.692 millones en infraestructuras hidráulicas. El documento subraya que el déficit histórico en conservación y la caída de la inversión pública amenazan la seguridad y la competitividad del país. Las cifras reflejan un retroceso, ya que la inversión pública actual representa solo el 2,7% del PIB, frente al 5,2% registrado en 2009.

El sector de las carreteras absorbe la mayor parte de las necesidades de conservación, con 58.369 millones de euros requeridos para la próxima década. De esta cantidad, 43.700 millones se destinan a que las administraciones alcancen los umbrales técnicos exigibles, lo que supone un incremento del 56% respecto a los niveles actuales. Otros 14.670 millones corresponden a la puesta a cero de las redes viarias, según datos de Seopan.

Entre 2010 y 2024, la insuficiencia acumulada en conservación de carreteras alcanzó los 7.651 millones de euros, a pesar de que en 2024 las administraciones invirtieron 2.807 millones en reposición. La asociación advierte de un deterioro inversor prolongado que pone en riesgo la seguridad vial y la calidad de los servicios.

En este sentido, el presidente de Seopan, Julián Núñez, señaló que “es preocupante que en 2024 invirtamos solo el 52% de lo que se invertía en 2009 y que áreas tan urgentes como el transporte, el abastecimiento de agua y la gestión de aguas residuales hayan pasado de representar el 3,9% del gasto público total en 2008 al 1,7% en 2024”.

Ferrocarril y agua

En el sector ferroviario, las necesidades de inversión para mantenimiento ascienden a 20.280 millones de euros. Este monto se divide en 8.829 millones para líneas de alta velocidad (7.032 millones en mantenimiento y 1.797 millones en renovación de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona) y 11.450 millones para líneas convencionales. Seopan vincula este crecimiento a un incremento del 46,8% en las circulaciones de alta velocidad entre 2019 y 2024, lo que exige renovaciones clave en la red para evitar cuellos de botella y mantener la competitividad.

Por otra parte, las infraestructuras hidráulicas requieren una inversión de 48.692 millones de euros en conservación. De esa cifra, el 60% se destina al ciclo urbano del agua, el 19% a la adaptación al cambio climático, el 10% a la seguridad de presas y el resto a la conservación de cauces y litoral, así como a acuerdos nacionales del agua. Según Seopan, la financiación puede articularse mediante convenios entre el Estado, organismos públicos y usuarios.

El contexto hídrico es especialmente delicado: las sequías frecuentes y la previsión de caída de los recursos hídricos entre un 7% y un 11% agravan el problema, mientras que las inundaciones afectan ya a más de 2,7 millones de personas, con medio millón en zonas de alto riesgo.

Colaboración público-privada: el gran reto pendiente

El informe también pone el foco en la pérdida de representatividad de la inversión pública sobre el PIB y reclama un impulso decidido de los modelos concesionales y de colaboración público-privada.

El modelo concesional, según la asociación, está casi paralizado: en 2025 solo se han licitado 2.218 millones de euros en concesiones de obra, apenas el 1,9% de la licitación pública total. Desde la aprobación de la Ley de Desindexación en 2015, la licitación de concesiones ha caído un 84% y cerca del 19,2% de los proyectos quedaron desiertos, desistidos o renunciados.

Ante este escenario, Seopan plantea un cambio de modelo basado en tres pilares: mayor inversión pública, reactivación de la colaboración público-privada y nuevas fórmulas de financiación. Entre las alternativas consideradas, la tarificación viaria se perfila como la más eficaz para garantizar la conservación y calidad sin aumentar impuestos ni comprometer otros servicios.

La asociación estima que un sistema de pago por uso por distancia, con un coste medio anual de 111 euros por usuario, permitiría generar hasta 43.260 millones de euros en una década, fondos que financiarían conservación, transición ecológica y digitalización de la red. Además, la recaudación por BICES en 2.680 municipios alcanzaría los 4.100 millones de euros en ese mismo periodo.

Inflación y modernización normativa: dos ejes clave

El estudio también advierte del impacto del conflicto en Oriente Medio sobre la inflación, con previsiones de entre el 3,2% y el 3,6% para 2026. La asociación propone recuperar y adaptar los mecanismos de revisión excepcional de precios, recogidos en el Real Decreto-ley 3/2022, incorporando la energía y la mano de obra como conceptos revisables y suprimiendo los límites actuales para su reconocimiento y abono.

La patronal de la construcción también exige una profunda modernización de la regulación y la práctica de la contratación pública. Entre sus propuestas se encuentra una adaptación técnica acotada de la Ley de Contratos, que permita solventar problemas de aplicación y garantice el cumplimiento de plazos y presupuestos. La asociación pide también inaplicar la normativa de desindexación a los contratos públicos y adoptar un nuevo texto legal que favorezca el desarrollo de la colaboración público-privada.

Para Seopan, “es momento de pasar de una etapa de infrafinanciación a una de impulso decidido, con visión estratégica, y una apuesta firme por la inversión y la colaboración público-privada”, señaló Núñez.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía de El Salvador crecerá 3.3 % en 2026, según el informe Perspectivas de la Economía Mundial divulgado esta semana. Dicha previsión es similar a la hecha a inicios de abril por el Banco Central de Reserva (BCR) salvadoreño, cuyo margen está entre 3% y 3.5%.

La proyección para 2026 sitúa a la economía de El Salvador en una fase expansiva, con un crecimiento impulsado principalmente por la inversión privada, según el más reciente informe del BCR. Este avance responde a la ejecución de grandes proyectos en sectores como la construcción, el turismo y los servicios, y a la consolidación de un entorno de seguridad que favorece el clima de negocios.

El desempeño económico proyectado para este año no solo supera el promedio de 2.5% registrado en las tres décadas previas, sino que también rebasa el crecimiento anual de 2% observado desde la dolarización en 2001, según las cifras oficiales.

En el contexto centroamericano, el FMI destaca que solo Belice, con un ritmo de 2.19 %, experimentará un crecimiento inferior en la región centroamericana, mientras que Guatemala (3.9 %), Nicaragua (3.8 %), Costa Rica (3.6 %) y Panamá (3.8 %) exhiben mejores perspectivas. Honduras, en tanto, iguala la proyección salvadoreña.

Un crecimiento del 3.7 % proyecta el Fondo Monetario para Centroamérica en 2026, con una cifra superior del 4 % estimada para 2027, impulsado por el consumo interno y el flujo de remesas, según el último informe del organismo. Respecto al Caribe, el FMI calcula una expansión de 5.7 % en 2026 y un avance notable de 8.6 % en 2027, atribuido principalmente a la recuperación del turismo aunque con vulnerabilidades asociadas a factores externos.

El panorama para la región está condicionado por el encarecimiento de materias primas, la presión en las condiciones financieras y una menor demanda global, de acuerdo con las proyecciones del FMI. Estos elementos afectan de manera desigual a los países: las economías que dependen de la importación de energía se consideran más expuestas a los impactos negativos, mientras que los exportadores de materias primas tienden a beneficiarse.

El contexto internacional ha llevado a distintas naciones latinoamericanas a acelerar acuerdos de integración, como el cerrado entre Mercosur y la Unión Europea, según el reporte del FMI. Estos pactos buscan reforzar las relaciones comerciales y ampliar la diversidad de exportaciones.

A nivel global, la tendencia proyectada se ha visto afectada por el estallido de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, lo que, de acuerdo con el informe del FMI, ha generado un entorno de incertidumbre, encarecido materias primas y elevado la inflación estimada para el año próximo.

El crecimiento económico salvadoreño se apoya en la inversión privada y el turismo

Según datos oficiales, el sector privado será el motor central del ciclo expansivo salvadoreño, con más de USD 9,000 millones en proyectos de construcción, servicios y comercio activos durante 2026, una cifra que supera ampliamente la inversión privada de 2025, de acuerdo con el BCR. El consumo privado y el avance del turismo, junto con la mejora en condiciones de seguridad, completan los principales factores internos que refuerzan la expansión salvadoreña.

Durante el primer trimestre de 2026, la economía local ha mantenido una evolución positiva, según el Banco Central de Reserva. El índice de actividad económica aumentó 5 % en enero, mientras la producción industrial creció 6.4 %.

Las exportaciones de bienes sumaron un alza de 3.3 % hasta febrero, y la recaudación tributaria avanzó un 5.8 %, traccionada por el IVA con un incremento del 7.1 %. El consumo de cemento, indicador vinculado a la construcción, subió 11.7 %, y el total del crédito se expandió 8.1 % a finales de marzo.

El turismo ha mostrado un fuerte crecimiento, con la llegada de 1.3 millones de visitantes internacionales entre enero y marzo, un incremento del 34% frente al mismo periodo de 2025. El país prevé alcanzar 4.2 millones de turistas en todo el año, impulsado por la organización de grandes eventos artísticos y deportivos, incluidos conciertos masivos, la llegada de 18 cruceros y certámenes internacionales como el Triatlón Ironman 70.3 y el XIII Campeonato Panamericano de Maxibasketball.

La inversión pública también refuerza el avance económico. Proyectos estratégicos como el Aeropuerto del Pacífico, el Estadio Nacional de El Salvador, el Viaducto Morazán, el sistema de Metrocable y programas educativos como “Dos Escuelas por Día” constituyen un paquete de obras cuyo valor conjunto superará los USD 1,000 millones, según el BCR. La inversión pública ejecutada a febrero ascendió a USD 144.3 millones, un salto del 179.2 % respecto al mismo mes de 2025.

Uno de cada cuatro hogares salvadoreños recibe remesas, que sumaron USD 1.524.8 millones hasta febrero de 2026, un crecimiento de 8.4 % interanual, lo que potencia el consumo privado.

Contexto regional y riesgos para la economía salvadoreña en 2026

El panorama de crecimiento se ve limitado por factores externos. El FMI señala que, debido al conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán, el crecimiento global para 2026 será del 3,1 %, frente al 3,4 % proyectado antes de la guerra.

El FMI prevé que la inflación global se sitúe en 4.4 % en 2026, por encima de las estimaciones previas, y advierte que, si el conflicto se intensifica, podría incluso rozar el 5.4 % y superar el 6 % en 2027. Estas presiones afectarían especialmente a economías importadoras de materias primas como El Salvador, trasladando con mayor rapidez los aumentos de precios a los hogares.

Martín Genesio, máximo responsable de AES Argentina y vicepresidente de AmCham dialogó con Sebastián Catalano, periodista de Infobae en el evento. El presidente de la empresa se refirió a la situación del sector energético, la necesidad de estabilidad regulatoria y el impacto de los conflictos internacionales en los precios de la energía.

En primer lugar, Genesio destacó la magnitud de la convocatoria y el crecimiento sostenido de la participación en el evento: “Récord de gente. Todos los años se suma más y más gente. Creo que este evento ya se posicionó como uno de los más importantes de la agenda político-económica argentina”.

El ejecutivo también señaló que la agenda de la jornada se centró en la federalización del desarrollo económico y la expansión de oportunidades en las distintas regiones del país. “Argentina es un país con mucho potencial y ese potencial es federal. Hay sectores como petróleo y gas en Neuquén, viento en el sur, sol en el NOA, minería en la cordillera, agro en todo el país. La idea es, teniendo un país con tanto potencial federalizado, cómo hacemos para desarrollarlo de manera estable”, subrayó el directivo.

Perspectiva federal para el desarrollo energético

Consultado sobre el objetivo de Amcham Argentina en relación al enfoque federal, Genesio aportó su visión personal y detalló los desafíos para transformar el potencial regional en realidad concreta: “Desde hace muchos años venimos hablando de este potencial. En los últimos años hemos logrado empezar a desarrollarlo. Ese potencial deja de ser potencial y empieza a transformarse en una realidad”, afirmó.

En su intervención, el ejecutivo enfatizó la importancia de políticas estables para el crecimiento a largo plazo: “Argentina necesita tiempo de estabilidad. Hemos empezado a vivir una desregulación fuerte en el sector, lo cual paradójicamente le da más regularidad y estabilidad, y le da más incentivo a la inversión”. Para Genesio, este proceso debe mantenerse: “Lo que sea que se establezca tiene que durar”.

Advirtió que la previsibilidad regulatoria es indispensable para atraer inversiones e impulsar la llegada de financiamiento internacional: “Cuando vos tenés una regulación, libre mercado, donde se respeta el capital privado y donde se presenta como una estimación de largo plazo la inversión, el financiamiento y el desarrollo vienen”.

Impacto internacional y tendencias del sector

El contexto energético global también marcó la agenda del encuentro. Genesio fue consultado sobre las consecuencias del conflicto armado en Irán y sus efectos en el mercado energético.

El directivo describió el panorama actual y sus repercusiones: “Hay un impacto positivo que tiene que ver con la exportación. Argentina se transformó en dos años en un país importador de energía a un exportador neto. Eso impacta positivamente, son más dólares que entran”, aseguró.

Sin embargo, también advirtió sobre los riesgos asociados: “Después, tenés un impacto negativo que se va a ver si esto sigue así en los precios. Un bien que se transforma en más preciado producto de la guerra aumenta de valor”.

El evento de Amcham continuará con la participación de miembros del gabinete nacional y referentes empresariales. Se espera que las conclusiones de la jornada influyan en los próximos pasos de la agenda energético-económica.

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El Senado de la República aprobó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con el objetivo de establecer mecanismos que permitan la participación conjunta de los sectores público, privado y social en el desarrollo de proyectos estratégicos.

El dictamen fue avalado con 84 votos a favor y 28 en contra, y fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación.

SHCP podrá autorizar contrataciones sin suficiencia presupuestaria

Uno de los puntos centrales de la reforma es la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para autorizar, de manera excepcional, el inicio de procedimientos de contratación sin contar con suficiencia presupuestaria.

La legislación establece que las dependencias deberán gestionar las adecuaciones necesarias para garantizar los recursos antes de emitir el fallo o formalizar la adjudicación.

Contratos mixtos: nuevo modelo de inversión en infraestructura

La ley incorpora esquemas de contratos mixtos, que permiten la colaboración entre el Estado y la iniciativa privada en distintas fases de los proyectos.

Estos contratos contemplan la participación empresarial en:

• Financiamiento de obras
• Diseño y desarrollo de proyectos
• Construcción y operación
• Mantenimiento de infraestructura

Además, se establece que los riesgos, costos y beneficios deberán compartirse conforme al interés público.

Creación de vehículos financieros para canalizar inversiones

El nuevo marco legal prevé la creación de Vehículos de Propósito Específico (VPE), que podrán constituirse como fideicomisos o sociedades para facilitar la inversión en infraestructura.

Entre sus funciones se encuentran canalizar recursos, emitir instrumentos financieros y mejorar las condiciones de financiamiento de los proyectos, incluso con apoyo de la banca de desarrollo.

Asimismo, la ley contempla la posibilidad de incorporar recursos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

Sectores estratégicos y plazos de los proyectos

Los proyectos contemplados en la legislación abarcan sectores como energía, transporte, agua, salud, educación, turismo y desarrollo urbano.

También se establece que los contratos de inversión estratégica tendrán una duración de entre 4 y 40 años, y podrán participar empresas nacionales, extranjeras y consorcios.

La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de una estrategia para impulsar la inversión en infraestructura.

Posturas en el Senado: financiamiento y control estatal

Durante la discusión, legisladores expresaron distintas posturas sobre los alcances de la reforma.

Por un lado, senadores de la mayoría señalaron que el esquema mantiene la rectoría del Estado sobre los proyectos estratégicos.

Por otro, integrantes de la oposición manifestaron preocupaciones sobre el uso de recursos y el inicio de obras sin respaldo presupuestario.

En ese contexto, la senadora Claudia Anaya declaró: “Vamos a tomar el dinero de las Afores para que el Estado haga proyectos de inversión productiva”, al referirse a la participación de estos fondos.

Puntos relevantes de la reforma en infraestructura

La legislación aprobada contempla, entre otros elementos:

• Participación del sector privado y social en proyectos estratégicos
• Autorización excepcional para iniciar contrataciones sin recursos disponibles
• Implementación de contratos mixtos
• Creación de Vehículos de Propósito Específico (VPE)
• Posible uso de recursos de Afores
• Contratos con vigencia de entre 4 y 40 años

La reforma forma parte de una estrategia para ampliar las fuentes de financiamiento en infraestructura, en un contexto de reducción de la inversión pública en este rubro.

La economía de El Salvador mantendrá un ritmo de expansión en 2026, con una proyección de crecimiento situada entre 3% y 3.5%. Esta estimación, presentada este viernes por el Banco Central de Reserva (BCR), responde principalmente al empuje de la inversión privada y a una combinación de factores internos, especialmente la mejora de las condiciones de seguridad y el dinamismo del consumo y del turismo. Según la previsión oficial, el país superará el promedio histórico de 2.5% registrado durante las tres décadas previas.

De acuerdo con el BCR, el rango estimado para 2026 no solo se ubica por encima del promedio de crecimiento anual de 2% observado desde la dolarización en 2001, sino que también rebasa la media de 2.3% alcanzada entre 2014 y 2018, cuando el país sufrió sus índices más elevados de homicidios.

El sector privado, principal motor de la economía en 2026, lidera el ciclo expansivo con un portafolio de proyectos en ejecución superior a USD 9,000 millones. Esta cifra, de acuerdo al Banco Central de Reserva, agrupa inversiones en infraestructura, maquinaria y equipos, sobresaliendo los ámbitos de la construcción, los servicios y el comercio, y supera ampliamente la inversión privada de 2025.

La diversificación se expresa en desarrollos habitacionales, especialmente de tipo vertical, así como en parques logísticos, infraestructura corporativa, hoteles y complejos turísticos, lo que refuerza la presencia del sector en todas las áreas de la economía.

Los organismos multilaterales como el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo regional de la ONU, prevén una expansión del producto interior bruto en el rango de 3% a 3.5% para 2026, citando como motores la inversión pública y privada, la obra civil, la inversión social, la actividad inmobiliaria y el turismo, destaca el reporte del Banco Central de Reserva.

Asimismo, la proyección del gobierno converge con la previsión del más reciente informe de la financiera inglesa EMFI, que indica que la economía salvadoreña tendría un crecimiento interanual de entre 3% y 4% en el primer trimestre de 2026, mientras que el promedio anual se ubicaría en torno al 3.2%.

Mientras que la calificadora de riesgo Moody’s estima que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) real rondará el 3.1 % este año.

El empuje de la inversión pública y los proyectos de gran envergadura

Conforme a lo informado por el BCR, la inversión pública también refuerza su papel estratégico. Entre los proyectos destacados figuran el Aeropuerto del Pacífico, el Estadio Nacional de El Salvador, el Viaducto Morazán, sistemas de transporte urbano como el Metrocable y amplios programas de infraestructura vial y educación, incluyendo el plan “Dos Escuelas por Día”. Estas iniciativas, cuyo valor conjunto superará los USD 1,000 millones, buscan fortalecer la conectividad, la competitividad y la actividad económica a nivel nacional.

Un indicador que muestra esta tendencia es el aumento del 179.2% en la inversión pública ejecutada a febrero de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, con USD 144.3 millones ejecutados frente a los USD 51.7 millones del año previo.

El crecimiento económico de El Salvador durante 2026 se proyecta encabezado por la expansión de la inversión privada —con más de USD 9,000 millones en proyectos en desarrollo, según el Banco Central, impulsada por la confianza empresarial y la continuidad de proyectos estratégicos promovidos por la administración de Nayib Bukele.

Consumo y remesas fortalecen la demanda interna

El consumo privado persiste como elemento estructural de la demanda, beneficiado por el incremento del ingreso disponible de los hogares derivado tanto de la actividad productiva como de las remesas. De acuerdo con el Banco Central de Reserva, el 26% de los hogares salvadoreños recibe remesas, que al cierre de febrero de 2026 sumaban USD 1,524.8 millones, con un crecimiento de 8.4% frente al año anterior.

El gobierno salvadoreño destaca que las medidas adoptadas, como la “Quincena 25”, la expansión de la Central de Abastos y de más de 60 Agromercados, la prolongación de subsidios a servicios básicos y la supervisión de precios de productos considerados estratégicos, funcionan como respaldo al poder adquisitivo y contención del costo de vida.

Los indicadores de actividad económica corroboran la fortaleza del momento: el Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) aumentó un 5% en enero de 2026, el Índice de Producción Industrial (IPP) incrementó un 6.4% en el mismo mes; las exportaciones de bienes crecieron un 3.3% hasta febrero de 2026; la recaudación tributaria ascendió un 5.8%, impulsada por el IVA, que aumentó un 7.1%; el consumo aparente de cemento, indicador vinculado a la construcción, creció 11.7% y el total del crédito subió un 8.1% a finales de marzo.

Turismo, eventos internacionales y efecto multiplicador

El turismo se ha consolidado como uno de los segmentos de mayor dinamismo, de acuerdo a los datos oficiales, ya que entre enero y marzo de 2026 el país registró 1.3 millones de visitantes internacionales, un incremento del 34% frente al mismo periodo de 2025.

Para el cierre del año, se proyecta la llegada de 4.2 millones de turistas, impulsada por la organización de grandes eventos —como los conciertos de Shakira en febrero, la llegada de 18 cruceros y certámenes internacionales como el Triatlón Ironman 70.3 o el XIII Campeonato Panamericano de Maxibasketball—, que generarán impactos en los sectores de transporte, comercio, alojamiento y gastronomía.

Según la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador, ente gestor de proyectos urbanísticos de la capital, la inversión privada consolidada entre enero y comienzos de marzo de 2026 en nuevos proyectos turísticos y urbanísticos en la capital alcanzó USD 195 millones, indica el Banco Central.

El fortalecimiento de la demanda interna, la multiplicación de grandes proyectos de infraestructura y un entorno de seguridad establecen así el escenario de crecimiento de El Salvador, cuyos fundamentos estructurales refuerzan la perspectiva de continuidad en la senda expansiva para 2026, concluye el BCR.

América Latina está girando hacia el orden y la libertad económica.

Javier Milei en Argentina aplica reformas audaces de ajuste fiscal y desregulación que devuelven previsibilidad a los inversores. Daniel Noboa en Ecuador combina mano dura contra el crimen con impulso a las exportaciones, logrando crecimiento resiliente. José Antonio Kast en Chile representa la opción de austeridad, reducción de impuestos y defensa de la propiedad privada para recuperar la inversión. Rodrigo Paz en Bolivia abre espacio para la generación de riqueza productiva e integración.

Este movimiento regional no es retórica: es un rechazo colectivo al populismo que dejó inflación, inseguridad y estancamiento.

Este proceso se consolida con la elección y llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Su liderazgo, junto con la presencia de Marco Rubio, ha generado un renovado alineamiento estratégico con América Latina basado en seguridad, inversión privada y fortalecimiento de economías de mercado, incentivando reformas pro-crecimiento en la región.

En este nuevo contexto regional e internacional, el Perú no parte de cero: cuenta con ventajas comparativas y competitivas únicas que pocos países de la región poseen.

Poseemos una de las carteras de inversión más importantes y diversificadas de recursos mineros del mundo, una costa desértica ideal para agroexportación de alto valor (que ya rompió récords superiores a los 15 mil millones de dólares), puertos modernos en el Pacífico con acceso directo a los mercados asiáticos y una ubicación geoestratégica que nos convierte en puente natural entre el Atlántico y el Pacífico. Cuando estos activos se combinan con gobiernos vecinos que también priorizan seguridad y reglas claras, surge una hipótesis poderosa: podemos construir un bloque del Pacífico Sur que reduzca costos logísticos hasta en un 40%, acelere corredores bioceánicos y multiplique el flujo de inversión extranjera y comercio intrarregional.

Nuestro Plan Perú con Orden transforma esa hipótesis en realidad concreta porque se sustenta en tres pilares irrenunciables: orden ciudadano, orden económico y orden social. Primero, recuperaremos la seguridad con comandos mixtos Policía-Fuerzas Armadas-Fiscalía en zonas críticas, control migratorio estricto, tecnología de videovigilancia con inteligencia artificial y recuperación total de las cárceles. Sin orden en las calles, la inversión responsable huye. Con orden, regresa multiplicada.

En el orden económico, aplicaremos una economía social de mercado con estabilidad macroeconómica férrea. Crearemos una Ventanilla única Digital Nacional con inteligencia artificial para resolver el 80% de trámites empresariales en línea. Modernizaremos la Ley de Minería con plazos obligatorios, fast track para proyectos estratégicos, respeto al medioambiente, licencia social e incentivos a la reinversión y valor agregado. Apoyaremos a las MYPES con formalización real, crédito accesible y menos burocracia. El canon minero se redistribuirá con mayor transparencia y control comunitario, hasta el 40%, para que las familias sientan beneficios directos y no solo conflictos.

La gestión política será clave y decisiva. Desde el primer día impulsaremos una agenda de integración pragmática con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay: armonización de normas sanitarias y fitosanitarias, reconocimiento mutuo de certificaciones, facilitación de cadenas de suministro seguras y lucha conjunta contra la criminalidad, el narcotráfico y la minería ilegal.

Aprovecharemos los corredores bioceánicos ya en marcha (Central Amazónico-Andino y Capricornio) para que nuestros productos lleguen más rápido y barato nuestros principales socios comerciales, como Estados Unidos, Asia y Europa. Un Perú ordenado y predecible se convertirá en el socio confiable para todos.

Mirando hacia 2026-2031, las proyecciones oficiales hablan de un crecimiento promedio anual del 3,2%. Con Perú con Orden podemos superarlo con creces. La inversión privada puede crecer por encima del 10% anual si destrabamos proyectos mineros (por más de 10 mil millones de dólares solo en los primeros años), modernizamos infraestructura portuaria y aeroportuaria, y devolvemos confianza total a los inversores nacionales y extranjeros. Eso significa más empleo formal, reducción acelerada de la pobreza y oportunidades reales para millones de jóvenes peruanos.

He visto de cerca cómo el orden funciona. Mi padre demostró que, con decisión política, respeto a los contratos y un Estado que no ahogue al emprendedor, el Perú puede crecer a tasas que cambian la historia de un país. Hoy, con la experiencia acumulada, un equipo técnico sólido y un plan detallado, estamos listos para repetir y superar aquel éxito en un contexto regional mucho más favorable.

Los peruanos tenemos frente a nosotros una ventana histórica que no se repetirá fácilmente. La región se alinea hacia el orden, la seguridad y la integración productiva. Si elegimos Perú con Orden, convertiremos nuestras ventajas comparativas y competitivas en prosperidad compartida y liderazgo sudamericano.

¿Queremos seguir con la incertidumbre y el lento avance, o decidimos liderar este nuevo ciclo con autoridad, sentido común y resultados tangibles?

La respuesta está en nuestras manos. Es hora de elegir orden, inversión y progreso real. Es hora de elegir Perú con Orden.

El senador estatal por Los Ángeles Henry Stern impulsa un proyecto de ley para eliminar el tope de USD 500 millones impuesto al uso de fondos públicos en trabajos del tren de alta velocidad de California fuera del Valle Central.

Esta medida, presentada como SB 1411, busca destrabar el ingreso de capital privado que podría acelerar la expansión del sistema ferroviario más allá de su tramo inicial, mejorando el avance y la financiación global del proyecto, según informó The Sacramento Bee.

El actual límite de gasto fue introducido en 2022 mediante la ley SB 198, que restringe a la California High-Speed Rail Authority, ente estatal de infraestructura ferroviaria de California, el uso de fondos de la Greenhouse Gas Reduction Fund fuera del tramo Merced-Bakersfield, salvo para actividades adicionales definidas, y solo hasta un máximo acumulado de USD 500 millones.

Esta restricción estará vigente hasta 2030 o hasta que la deuda del tramo del Valle Central esté saldada, lo que ocurra primero. Stern declaró a The Sacramento Bee que su nueva propuesta eliminaría la cláusula del límite, permitiendo invertir “cualquier importe autorizado” por el fondo ambiental.

Desde 2014, el proyecto de alta velocidad utiliza exclusivamente fondos provenientes del programa de comercio de emisiones de California, conocido formalmente como Cap-and-Invest estatal, mecanismo que financia la reducción de gases de efecto invernadero a través de subastas de créditos de emisiones.

El compromiso perdura tras la retirada de USD 4.000 millones en subvenciones federales durante el verano anterior, asegurando una transferencia anual de USD 1.000 millones hasta 2045 para la iniciativa ferroviaria, según precisó The Sacramento Bee.

Antecedentes y cifras clave del proyecto

El proyecto de tren, aprobado por votación ciudadana en 2008 junto a una emisión de bonos por USD 9.950 millones, fue planteado originalmente para conectar las principales áreas metropolitanas californianas por aproximadamente USD 45.000 millones.

Sin embargo, los sucesivos retrasos e incrementos de costes elevaron el presupuesto del primer tramo del Valle Central a USD 34.760 millones, con un horizonte de finalización para 2032, de acuerdo con el mismo medio.

Según Ian Choudri, director ejecutivo de la autoridad ferroviaria, la colaboración con capitales privados no solo inyectaría recursos frescos, sino que también permitiría ampliar la red ferroviaria más rápidamente fuera de los 275 kilómetros inicialmente previstos entre Merced y Bakersfield, una zona cuyos servicios preliminares operarán con déficit operativo.

Choudri detalló en 2025 ante The Sacramento Bee que los inversores consideran más atractiva la participación si el sistema abarca rutas extensas que lleguen hasta San José o el centro de Los Ángeles, ampliando el potencial de retorno del capital: “Eso en realidad fortalece la viabilidad financiera general de toda la cartera”.

Disputa local sobre la estación de Merced

La propuesta de Stern llega después de meses de persión por parte de las autoridades de Merced. Según detalló The Sacramento Bee, en 2025 estos funcionarios fueron sorprendidos por un informe de la autoridad ferroviaria que sugería iniciar el recorrido sin estación local, bajo el argumento de reducir costos y acelerar la conexión hasta el área de la Bahía y Los Ángeles. Actualmente, de acuerdo con declaraciones recientes de un portavoz de la autoridad, “no existen planes para aplazar la estación de Merced”.

Stern recalcó ante el medio que la meta no es priorizar a Los Ángeles sobre el resto de regiones: “No se trata de que L.A. le quite dinero al Valle”. Según el legislador, una mayor flexibilidad en el uso de fondos ambientales permitiría captar el capital privado “que tanto necesitamos”, generando recursos a largo plazo para toda la red, incluido el Valle Central.

El origen de las inversiones y la secuencia de las futuras ampliaciones —por ejemplo, el tramo entre Los Ángeles y Anaheim, considerado de alto interés para el sector privado— deberá atender, según Stern, a la planificación experta de la autoridad ferroviaria y la capacidad de financiación externa: “Tenemos que resistir el impulso político de competir solo por lo propio si de verdad queremos ver realizado todo el sistema”.

La California High-Speed Rail Authority advirtió que los costes podrían continuar en aumento y que el ritmo de avance corre peligro si la Legislatura estatal no adopta medidas como las incluidas en el proyecto SB 1411 de Stern.

La inversión pública y privada en España sigue al alza. 2025 marcó el quinto año consecutivo de recuperación para la inversión bruta total, que alcanzó los 347.000 millones de euros en términos reales. La cifra supone un crecimiento del 5,1% respecto a 2024 y consolida la recuperación iniciada tras la pandemia.

No obstante, persisten desequilibrios relevantes en la composición y el destino de los recursos, donde los dirigidos a infraestructuras quedan relegados, según recoge el informe El stock de capital en España y sus comunidades autónomas (1995-2025), elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

La inversión pública, impulsada por los fondos europeos Next Generation, representó el 10,7% del total y creció un 9,1% en 2025, acumulando un incremento del 56% desde 2019. El sector privado también mantuvo su tendencia ascendente, con un aumento del 4,6% en el último año y una diferencia positiva del 8,6% frente a 2019.

Pese al avance global de la inversión, el informe advierte de que la partida dirigida a infraestructuras de uso público —como carreteras, ferrocarriles, infraestructuras hidráulicas, portuarias, aeroportuarias y urbanas— se mantiene en niveles bajos.

El peso de este sector en el total de la inversión pública ha descendido del 61% en 2009 al 38% en 2025, una proporción que no se ha recuperado desde la pandemia. Actualmente, los volúmenes invertidos son un 25% inferiores a los del año 2000 y un 60% menores que el máximo alcanzado en 2009, lo que impacta directamente en el mantenimiento y renovación del capital público acumulado.

El documento subraya que, en algunas infraestructuras, la inversión actual no cubre ni siquiera la depreciación ordinaria, lo que ha provocado una reducción progresiva del stock de capital público. Esta situación afecta principalmente a las infraestructuras hidráulicas y ferroviarias, cuyas dotaciones han retrocedido en valor real en los últimos años.

El cambio climático y el deterioro de los activos públicos

Coincidiendo con la debilidad inversora, se intensifican los efectos del cambio climático sobre activos públicos y privados en España. El informe destaca que las catástrofes naturales, especialmente las inundaciones, destruyen porcentajes significativos de infraestructuras y otros activos materiales. El documento destaca que la reposición de los daños derivados de desastres naturales exige un esfuerzo adicional de inversión, tanto para cubrir la depreciación ordinaria como la extraordinaria.

La publicación analiza el caso de la DANA de Valencia de octubre de 2024 y estima que el esfuerzo inversor necesario para compensar los daños de inundaciones podría suponer entre el 0,2% y el 1,1% de la inversión anual acumulada a lo largo de 50 años. Si la reposición de daños se concentra en un solo ejercicio, la inversión requerida podría elevarse entre el 5,4% y el 38,3% del total anual, y en zonas de alto riesgo como Valencia, llegar hasta el 848,2% de la inversión de un año ordinario.

A pesar de la recuperación en términos absolutos, el esfuerzo inversor respecto al PIB español se mantiene estable en torno al 20,6% en 2025, una cifra inferior al promedio registrado en la primera década del siglo (26%-30%) y todavía por debajo del 22% registrado en las principales economías europeas. El análisis puntualiza que, después de la caída durante la Gran Recesión, entre 2008 y 2013, y el impacto de la pandemia, la recuperación de la inversión no ha alcanzado los máximos de 2007.

Entre 1995 y 2007, España experimentó un fuerte crecimiento de la formación bruta de capital fijo, pero la crisis financiera supuso un brusco descenso, seguido de un repunte entre 2014 y 2019, hasta que llegó el impacto del Covid-19 en 2020. Desde 2021, el ciclo inversor volvió a mostrar una tendencia positiva, sostenida hasta la actualidad.

Más tecnología y menos ladrillo

El patrón de inversión en España ha evolucionado hacia una mayor intensidad en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), activos inmateriales como software e I+D, y maquinaria, mientras que las inversiones inmobiliarias han perdido peso. Según la base de datos actualizada por la Fundación BBVA y el Ivie, el peso de la inversión inmobiliaria ha caído del 68% previo a la Gran Recesión (2008-2013) a algo más del 50% en 2025.

Entre 1995 y 2024, España y Estados Unidos multiplicaron por más de cuatro la inversión en TIC e intangibles, aunque el punto de partida español era muy bajo.

La caída de la inversión residencial fue especialmente marcada desde 2007, con un descenso acumulado del 52,7% hasta 2013. Aunque en la última década se observó una recuperación, la construcción de vivienda sigue sin cubrir la demanda generada por el crecimiento demográfico.

En 2025, se construyeron cerca de 88.000 nuevas viviendas, mientras la creación de hogares superó los 226.000, según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Estadística Continua de Población del INE.

Recuperación limitada de las infraestructuras productivas

La inversión pública en infraestructuras fue la que más sufrió durante la Gran Recesión (2008-2013), utilizada como herramienta de ajuste fiscal. Entre 2012 y 2020, permaneció en niveles muy bajos y, aunque en los últimos cinco años se vio reforzada por los fondos europeos, sigue un 34% por debajo del máximo de 2009.

El informe detalla que en 2025 la inversión pública en infraestructuras alcanzó 37.177 millones de euros, de los cuales 16.114 millones se destinaron a infraestructuras de uso público, un 6,8% más que el año anterior.

El peso relativo de las infraestructuras en la inversión pública descendió del 61,2% en 2009 al 37,9% en 2025. Este estancamiento afecta a la capacidad de modernización y mantenimiento de activos estratégicos.

Ferrocarriles, carreteras e hidráulica: sectores en descenso

Entre los distintos tipos de infraestructuras, el mayor retroceso corresponde al ferrocarril, que ha visto caer la inversión un 66,7% desde 2009, hasta los 4.589 millones de euros en 2025. Pese a ello, representa el 28,5% del total inversor en infraestructuras, habiendo ganado peso frente a los años 90.

Las carreteras siguen siendo la principal destinataria de fondos, con 4.952 millones de euros en 2025, aunque la cifra representa solo el 41% del máximo de 2009. Las infraestructuras hidráulicas han reducido su participación al 14,3% y su volumen ha caído un 61,7% desde 2009. El estudio atribuye gran parte de estas inversiones a la Confederación Hidrográfica, responsable de la prevención de avenidas y obras relacionadas con el ciclo del agua.

Las inversiones en infraestructuras urbanas, portuarias y aeroportuarias también han experimentado caídas, aunque las urbanas repuntaron en la última década. En 2025, las infraestructuras urbanas alcanzaron 1.434 millones de euros, un 38,8% más que el año anterior, mientras las portuarias y aeroportuarias se situaron en 1.626 y 1.216 millones, respectivamente.

El valor real del stock público retrocede

El informe cuantifica el impacto de la baja inversión en el valor real del stock de capital público, que se ha reducido en 11.000 millones de euros desde 2014, hasta los 583.331 millones. Las dotaciones de infraestructuras hidráulicas, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias y urbanas han retrocedido, y solo las viarias muestran un ligero crecimiento, insuficiente para compensar la caída de los demás sectores.

En varios años, la inversión neta en infraestructuras hidráulicas, ferroviarias y viarias fue negativa, sin cubrir el mantenimiento mínimo necesario para evitar la depreciación de los activos acumulados.

El análisis concluye que España afronta un reto doble: mantener el valor de las infraestructuras y anticipar el impacto de las catástrofes naturales, cada vez más frecuentes e intensas como consecuencia del cambio climático. Sus autores consideran que es imprescindible repartir los esfuerzos inversores en el tiempo y en los territorios más expuestos, para evitar que la destrucción de activos públicos y privados derive en pérdidas irreversibles y en un deterioro de la prestación de servicios esenciales.

Mientras el Perú sigue atrapado en la incertidumbre política y la fragmentación del aparato público, Chile inicia una nueva etapa en la conducción de su política económica. La llegada de José Antonio Kast a la presidencia marca un giro relevante en el rol que tendrá el Ministerio de Hacienda dentro del Ejecutivo. Más allá de afinidades o diferencias ideológicas, hay un aspecto de su programa que merece especial atención desde el Perú: su función como articulador de la política económica.

La propuesta es clara. Hacienda actuará como una verdadera unidad de integración dentro del Ejecutivo. Su tarea será coordinar con las principales carteras económicas para evitar que proyectos de inversión o iniciativas de reactivación se queden atrapados en la burocracia sectorial. La agenda incluye reducir la denominada “permisología”, agilizar la ejecución de proyectos y alinear ministerios clave como Economía, Trabajo, Energía y Medio Ambiente.

El objetivo es elevar la productividad y la competitividad de la economía chilena, facilitando la inversión privada y acelerando la ejecución de proyectos estratégicos. En ese marco también se plantean medidas concretas de política económica. Una de ellas es la reducción del impuesto corporativo desde el 27% actual hasta el 23%, acompañada de incentivos orientados a promover la formalización laboral.

A ello se suma un ajuste relevante del gasto público. El nuevo gobierno ha planteado una reducción de US$ 6,000 millones en un plazo de 18 meses, equivalente a aproximadamente 1.7% del PBI chileno. Se trata de un esfuerzo de consolidación fiscal que busca recuperar espacio presupuestal y mejorar la eficiencia del aparato estatal.

Las proyecciones de crecimiento para Chile en 2026 se ubican entre 2% y 2.6%, según estimaciones de organismos internacionales y analistas privados. Pero más importante que la cifra puntual es la dirección de las reformas: ordenar el funcionamiento del Estado para facilitar la inversión y el crecimiento.

El contraste con el Perú resulta inevitable. Aquí el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha perdido peso político y capacidad de coordinación dentro del Ejecutivo. Hoy luce más como un árbitro debilitado que como el conductor de la política económica. Cada sector impulsa su propia agenda y el Congreso continúa avanzando con iniciativas populistas que amenazan la sostenibilidad de las finanzas públicas. En ese contexto, nuestro MEF se parece cada vez más a un tigre sin dientes.

Mientras Chile discute cómo reducir impuestos, simplificar regulaciones y recortar gasto para fortalecer su economía, en el Perú la planilla pública continúa creciendo sin un sustento presupuestal claro. La expansión del gasto se ha vuelto una constante, aun cuando la capacidad del Estado para ejecutar proyectos o mejorar servicios públicos sigue mostrando serias limitaciones.

Si las reformas propuestas logran dinamizar la economía chilena, la competencia por atraer inversión en sectores estratégicos como minería y energía podría intensificarse en la región. Chile buscará posicionarse como un destino más atractivo para el capital privado justo en momentos en que el Perú enfrenta crecientes niveles de incertidumbre política.

A ello se suma el ruido propio de un proceso electoral en el que todavía no está claro cuál será la composición del próximo Congreso ni la estabilidad del futuro gobierno. La incertidumbre política termina trasladándose inevitablemente a las decisiones de inversión.

En un contexto regional cada vez más competitivo, perder tiempo también tiene costos. Chile acelera; el Perú observa.

Von der Leyen sostuvo que la disminución del peso de la energía nuclear en la matriz eléctrica europea representó una decisión estratégica equivocada, señalando que en 1990 cerca de un tercio de la electricidad del continente procedía de fuentes nucleares, mientras que en la actualidad ese porcentaje ronda el 15%. En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea presentó un plan para revertir esta tendencia y relanzar el liderazgo europeo en el sector de la energía nuclear avanzada a través de una hoja de ruta que impulse tecnologías modernas, especialmente los reactores nucleares modulares pequeños. Según publicó la agencia de noticias, la propuesta busca facilitar la colaboración entre países miembros, afrontar el elevado precio de la electricidad y canalizar inversiones privadas hacia soluciones energéticas de baja emisión.

Tal como detalló el medio, durante una cumbre energética que tuvo lugar en París, Von der Leyen indicó que la nueva estrategia adoptada por Bruselas se estructura en tres ejes principales: simplificar el marco regulatorio para permitir el despliegue de tecnologías innovadoras, movilizar capital privado, y fortalecer la cooperación entre los estados miembros con vistas a desarrollar la industria europea en este rubro. Al explicar el enfoque financiero, la presidenta de la Comisión Europea anunció la creación de una garantía de 200 millones de euros que se financiará con los ingresos provenientes del sistema europeo de comercio de emisiones, con el fin de apoyar inversiones privadas y mejorar el entorno financiero del sector nuclear.

Respecto a los objetivos temporales, Von der Leyen expresó el deseo de que la nueva tecnología esté en funcionamiento en Europa a inicios de la próxima década, lo que permitirá que estos pequeños reactores desempeñen un papel clave junto a las plantas nucleares tradicionales en un sistema energético más flexible. Además, subrayó que esta estrategia busca hacer frente a uno de los grandes desafíos económicos de la región: el coste estructuralmente elevado de la electricidad.

El medio que cubrió la intervención de la presidenta recordó sus palabras al afirmar que “los precios de la electricidad en Europa son estructuralmente demasiado altos”, y que garantizar el acceso a una electricidad limpia y asequible será determinante para el porvenir de la industria en la zona euro. También señaló que el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial requerirá una oferta suficiente y económica de energía, haciendo especialmente relevante la generación eléctrica con bajo nivel de emisiones.

En cuanto al contexto energético, Von der Leyen puntualizó la situación de desventaja que enfrenta Europa debido a la fuerte dependencia de importaciones de combustibles fósiles, como el petróleo y el gas. “Europa no es productor de petróleo ni de gas. Para los combustibles fósiles dependemos completamente de importaciones caras y volátiles”, indicó, remarcando que las tensiones en Oriente Próximo han vuelto a evidenciar esta vulnerabilidad. Así, argumentó que la Unión Europea debe apostar decididamente por fuentes propias de energía baja en carbono, integrando tanto renovables como nuclear en una combinación que refuerce la seguridad y estabilidad del suministro.

La presidenta defendió que las energías renovables y la nuclear presentan cualidades complementarias; las primeras ofrecen la electricidad de menor coste, aunque su capacidad depende de las condiciones climáticas, mientras que la energía nuclear permite asegurar un suministro continuo durante todo el año. Ante la diferencia en el desarrollo de ambas vías en las últimas décadas, Von der Leyen recordó que Europa cuenta ahora con una amplia industria eólica, capaz de exportar tecnología avanzada globalmente, mientras que el desarrollo nuclear ha seguido una trayectoria opuesta.

Von der Leyen incidió en la idea de que Europa dispuso de un sector nuclear pionero y que, mediante inversiones e innovación, podría volver a situarse como referente mundial en este ámbito, especialmente de la mano de los reactores modulares pequeños de nueva generación. Según sus palabras, este tipo de tecnología emergente podría convertirse en un nuevo motor para la industria europea y en una exportación tecnológica de alto valor.

De acuerdo con los elementos expuestos en la hoja de ruta, la Comisión Europea plantea facilitar el desarrollo y despliegue de los mini reactores a través de la reducción de trabas regulatorias, el incentivo a la inversión privada y el fomento de la colaboración transfronteriza. Además del objetivo de contribuir a un suministro energético más seguro y diversificado, la estrategia quiere posicionar al continente en la vanguardia de la tecnología nuclear internacional.

El medio informó que Von der Leyen subrayó el carácter estratégico de retomar la senda nuclear y advirtió sobre los riesgos de prescindir de una fuente de energía considerada fiable y baja en emisiones. En su intervención, insistió en la importancia de transmitir un mensaje claro a posibles inversores para animar su participación y reducir las percepciones de riesgo, favoreciendo así una transición energética que combine competitividad industrial y sostenibilidad climática dentro del espacio europeo. La iniciativa, según explicó la presidenta, se inserta en una política energética más amplia destinada a mantener la competitividad de Europa en el actual escenario internacional marcado por la transformación tecnológica y la inseguridad geopolítica.

Esta mañana, durante la conferencia matutina, Jorge Mendoza, director general de Banobras, presentó ante la Presidenta Claudia Sheinbaum el plan de infraestructura carretera más grande del actual gobierno. La apuesta es modernizar y construir más de 1,450 kilómetros de carretera en 11 estados del país, con una inversión estimada de más de 150 mil millones de pesos.

¿Qué se va a construir y dónde?

El plan contempla 18 proyectos prioritarios distribuidos en Baja California, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. De estos, 11 operarán bajo el modelo CMRO —Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación— y 7 bajo el esquema de Inversión Mixta, donde el sector privado participa junto al Estado.

Los dos proyectos estrella son el Corredor del Golfo de México y la modernización de la Ruta 57, dos de las vías más estratégicas para el comercio y la movilidad del país.

Lo que esto significa para los mexicanos

Más allá de los números, el impacto es concreto: 177 mil empleos directos y 142 mil indirectos, menos tiempo en carretera, mayor seguridad vial y más agilidad para el comercio exterior. En pocas palabras: mejores condiciones para millones de personas que cada día dependen de estas vías para trabajar, transportar mercancía o simplemente llegar a casa.

¿Qué es el Modelo de Inversión Mixta?

Es un esquema donde el gobierno y el sector privado construyen juntos. La concesión se otorga a una empresa con participación mayoritaria del Estado, pero el privado pone dinero, asume riesgos y, una vez que el proyecto está en operación, recupera su inversión. No es regalarle nada a nadie: es un modelo donde ambas partes ganan si el proyecto funciona bien.

Lo que lo hace atractivo es que los proyectos son autofinanciables — Banobras, la banca comercial y otros inversionistas pueden participar en el financiamiento — y contempla mecanismos de gobernanza que protegen los derechos del privado. En pocas palabras: el Estado dirige, el privado invierte y juntos entregan infraestructura que México necesita.

¿Cómo se va a financiar estas obras?

Una de las claves del plan es que los proyectos están diseñados para ser autofinanciables. Banobras, la banca comercial y otros inversionistas participan en el financiamiento. Además, los pagos al sector privado estarán sujetos al cumplimiento de estándares de desempeño con un supervisor independiente que vigilará cada contrato. Si la carretera no cumple, el pago se reduce. “Si cumple, todos ganan”.

La inversión privada en Perú experimentó un crecimiento de 10,0% en 2025, de acuerdo con el último reporte del Banco Central de Reserva (BCR).

Este resultado marca una aceleración significativa frente a años previos y se explica principalmente por el repunte de la inversión no residencial, que registró una expansión anual de 13%. El BCR destaca que este avance se sustentó tanto en la inversión minera como en el dinamismo de los sectores no mineros.

El sector minero lidera el crecimiento de la inversión no residencial en 2025

Durante el cuarto trimestre de 2025, la inversión privada mantuvo un crecimiento sostenido del 10,1% interanual. El componente no residencial se expandió 12,1%, impulsado especialmente por la inversión minera, que mostró un crecimiento de 33,7%, una de las tasas más elevadas desde 2012 (descontando el efecto rebote de 2021).

Este comportamiento estuvo vinculado a la ejecución de proyectos extractivos clave y al entorno internacional favorable para los precios de los metales, en particular el oro y el cobre, cuyos valores de exportación aumentaron 43,6% y 24,2%, respectivamente.

En el segmento no minero, el BCR resalta el avance de proyectos de infraestructura, entre los que figuran la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, obras en aeropuertos regionales, la Línea 2 del Metro de Lima y el Terminal Portuario del Callao.

Estas inversiones han dinamizado el sector construcción y han incidido positivamente en la inversión residencial, que creció 5,3% interanual, sostenida por la autoconstrucción y la mayor actividad inmobiliaria en un contexto de aumento del empleo formal y los ingresos reales.

El empleo formal y la masa salarial encadenan veintiún meses de expansión real

En el plano laboral, la masa salarial formal —que refleja el valor agregado total de los ingresos de los trabajadores formales— registró un incremento real de 6,9% en diciembre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior.

Según el BCR, este avance se explica por el aumento de 4,1% en el número de puestos de trabajo formales, medido a través de la planilla electrónica. En el sector privado, la masa salarial se expandió 6,1% interanual, impulsada por el desempeño de servicios y comercio.

Con este resultado, el país acumula 21 meses consecutivos de crecimiento real de la masa salarial formal, reflejando la mejora sostenida del mercado laboral.

El superávit comercial de 2025 alcanza el 10,1% del PBI, el mejor resultado en casi dos décadas

En cuanto al sector externo, el BCR informa que la balanza comercial alcanzó en 2025 un superávit de USD 34.573 millones, equivalente al 10,1% del PBI, el nivel más alto desde 2006.

Este saldo responde al crecimiento de 21,8% en las exportaciones (USD 93.078 millones), explicado tanto por el alza de 16,7% en los precios internacionales de exportación como por el incremento de 4,4% en los volúmenes exportados, especialmente de frutas, cacao, productos pesqueros, oro y zinc.

Al mismo tiempo, el ente emisor reportó que la caída generalizada de los precios para la importación, particularmente de insumos, contribuyó a la ampliación del superávit comercial.

Estos resultados, según el BCR, consolidan la recuperación macroeconómica del país y sientan bases sólidas para la continuidad del crecimiento en los próximos años, en tanto se mantenga el dinamismo de la inversión privada y el entorno externo favorable.

El primer consorcio de transporte del área metropolitana de San Salvador fue presentado oficialmente este lunes, junto con un anuncio de inversión privada de USD 160 millones para la renovación de más de 1,200 unidades de transporte colectivo en San Salvador Este, el segundo municipio más grande en el departamento de San Salvador (capitalino). El nuevo esquema empresarial tiene como objetivo transformar la estructura del sector y elevar la calidad del servicio, consolidando operaciones de numerosas rutas bajo una sola figura jurídica.

Esta estructura permitirá acceder a financiación y asumir compromisos a largo plazo, según explicó El Consorcio de Empresas de Movilidad de El Salvador durante el evento de lanzamiento en un hotel capitalino, al que asistió el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

Actualmente, el consorcio agrupa a 770 unidades de transporte de la zona este de la capital. Se prevé que este número aumente en las próximas semanas, ya que más empresarios avanzan en el cumplimiento de los requisitos para integrarse. Este proceso implica que muchos transportistas dejarán atrás un modelo atomizado y pasarán a ser accionistas de una sociedad formalmente constituida. Castro señaló ante los asistentes: “Debería de ser bien vista por la banca”.

Al dirigirse a los presentes en la presentación, Castro subrayó la decisión del sector de organizarse bajo una entidad única. Explicó que, hasta ahora, los operadores trabajaban en forma individual y afrontaban la obtención de créditos de manera dispersa, lo que generaba una relación compleja con el sistema financiero. “Ahora lo vamos a entender como un consorcio, como una entidad jurídica legalmente establecida, con todas las obligaciones y responsabilidades que eso conlleva”, indicó el presidente de la Asamblea Legislativa, subrayando que, dentro de este marco, los empresarios “se vuelven atractivos para la banca”.

“Se han hecho algunos intentos de modernización, pero que no han sido suficientes. Ustedes han visto que el país ha generado un cambio sustancial en todos los sentidos: infraestructura, seguridad y una serie de, de, de cambios que realmente nosotros, que, que hemos vivido la delincuencia, que nos ha afectado muchísimo por años, hoy reconocemos ese esfuerzo”, expuso en el evento Abel Reyna, presidente de CEMMOVIL.

De momento no se conocen las rutas de autobuses asociadas.

Promesa de un cambio estructural para el transporte

La iniciativa, que reúne tanto vehículos como dueños históricos de rutas, representa un cambio sin precedentes para el transporte colectivo en el país, ya que hasta ahora el sector funcionaba de manera fragmentada. Según Ernesto Castro, la unión empresarial es inédita: “Por primera vez en la historia, empresarios del transporte colectivo se unen con la finalidad de llevar un cambio humano y digno al pueblo salvadoreño”.

Al finalizar la jornada, Castro reafirmó el apoyo legislativo al proceso e invitó a los asistentes a verse como parte de la transformación social que experimenta el país: “Ustedes son parte de este cambio que se está viviendo”.

Ante el énfasis de Castro sobre el apoyo que prometió desde el Órgano Legislativo, vale recordar que en julio de 2024 la Asamblea Legislativa aprobó la ratificación de un préstamo que permitiría al Estado la adquisición de 1,500 buses chinos destinados a la renovación total del sistema de transporte público. Con 56 votos a favor, los diputados avalaron la suscripción de un convenio de financiamiento con YUTONG BUS CO.LTD por un monto equivalente a USD 179.577.857 (1.301.656.680 yuanes).

El proyecto contemplaba la incorporación de 1.100 unidades de 12 metros de largo, con entre 41 y 50 asientos y capacidad para transportar hasta 90 pasajeros cada una, junto a 400 autobuses de 8,6 metros, con un máximo de 50 pasajeros y hasta 30 asientos. La operación financiera se estructuró con un plazo de ocho años, una tasa de interés del 6,5 % y una prima inicial del 15 %. También se incluyó un período de gracia de seis meses desde el desembarque de los vehículos en puerto.

El Ejecutivo buscaba reemplazar el 100 % de las unidades en circulación ante el deterioro del parque automotor actual, considerado de baja calidad y con condiciones inadecuadas para los usuarios. La adquisición se fundamenta en la Ley Especial para la Contratación de Obra Pública y Servicios Esenciales con Financiamiento Incluido, vigente desde 2022. En el proceso de licitación se analizaron propuestas de Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido, y resultó seleccionada la de China.

Publicar estados financieros consolidados e informes de auditoría, junto con fortalecer la cooperación con actores privados y organizaciones sin fines de lucro en áreas clave como la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, forman parte de las recomendaciones expuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su última evaluación sobre Nicaragua. El organismo advirtió que la falta de avances en estos y otros ámbitos vinculados a la transparencia y la rendición de cuentas podría plantear riesgos concretos para el desarrollo económico y social del país en los próximos años. Según informó la agencia Europa Press, los técnicos del FMI presentaron estos lineamientos tras concluir la revisión del Artículo IV, instando a Nicaragua a priorizar reformas para mantener su ritmo de crecimiento económico y enfrentar con mayores garantías los desafíos de un entorno internacional incierto.

De acuerdo con Europa Press, el FMI subrayó la importancia de mejorar el clima empresarial y las condiciones de gobernanza económica en Nicaragua para sostener el crecimiento a mediano plazo. El informe del organismo internacional destacó la necesidad de impulsar la competitividad y alentar la inversión privada mediante la reducción de los costos asociados a hacer negocios. Para ello, el FMI consideró vital crear condiciones favorables que faciliten la actividad empresarial entre los diversos agentes económicos y, al mismo tiempo, consolidar la integridad fiscal, lo que supone establecer reglas claras y estables que generen confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros.

Entre sus recomendaciones específicas, el personal técnico del FMI señaló que el incremento de la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia de los procesos administrativos y judiciales resulta crucial, especialmente en lo relativo a los derechos de propiedad privada. El documento del organismo incluyó la sugerencia de garantizar la existencia de mecanismos jurídicos que ofrezcan soluciones adecuadas, eficaces y justas, aspecto considerado esencial para proteger la inversión y estimular el emprendimiento. Según consignó Europa Press, el FMI planteó que la publicación automática de las declaraciones patrimoniales de altos funcionarios públicos puede contribuir de manera significativa al fortalecimiento del marco de lucha contra la corrupción.

En lo concerniente a la gobernanza económica, el FMI recomendó a Nicaragua avanzar hacia la publicación regular de estados financieros consolidados y la divulgación de auditorías independientes, lo que permitiría a los distintos actores económicos evaluar la gestión fiscal y la asignación de recursos públicos. Asimismo, subrayó la necesidad de intensificar la cooperación con sectores privados y con organizaciones no gubernamentales, con el fin de identificar y mitigar riesgos crecientes relacionados con delitos financieros. Esto incluye un trabajo coordinado para identificar posibles amenazas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que pueden afectar tanto la estabilidad interna como la percepción internacional sobre el país, según detalló Europa Press.

El análisis del FMI también incorporó un llamado a fortalecer el marco institucional y operativo contra la corrupción, no sólo desde la transparencia patrimonial, sino promoviendo la existencia de normas y procedimientos claros para la contratación pública y el manejo de fondos estatales. Tal como publicó Europa Press, el informe abogó por “seguir fortaleciendo el marco de lucha contra la corrupción” a través de medidas como la autorización para publicar automáticamente las declaraciones de bienes y patrimonios de los funcionarios públicos en altos cargos.

En lo referente al mercado laboral nicaragüense, los técnicos del FMI recomendaron impulsar el capital físico y humano, objetivos que pueden alcanzarse mediante políticas activas de empleo, inversión en redes de seguridad social y obras públicas en sectores estratégicos como el transporte y la salud. El informe sostuvo que el fortalecimiento de estas áreas podría traducirse en una mayor contribución de la mano de obra al crecimiento económico de mediano plazo. Según detalló Europa Press, el personal del FMI expresó que “el fortalecimiento de las redes de seguridad social y la ampliación de las políticas activas del mercado laboral posibilitarían una mayor contribución de la mano de obra al crecimiento a mediano plazo, junto con las inversiones públicas previstas en los sectores del transporte y la salud”.

En cuanto a las perspectivas económicas recientes, Nicaragua experimentó un incremento del 3,8% en el producto interno bruto (PIB) durante 2025, resultado atribuido en parte al aumento en las exportaciones y en las remesas enviadas desde el exterior. Sin embargo, el FMI pronosticó, según informó Europa Press, que el crecimiento disminuirá al 3,4% para el cierre de 2026. Esta proyección obedece al previsible descenso de las remesas, ocasionado por el endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos. La dependencia de estos ingresos provenientes del exterior representa un factor de vulnerabilidad para el país, que deberá adaptarse a la reducción potencial de estos flujos.

El informe indicó además que, en el mediano plazo, el crecimiento del PIB nicaragüense podría estabilizarse alrededor del 3,5%, siempre que la inversión pública se mantenga dinámica y que la fuerza laboral siga expandiéndose. Europa Press reportó que esta previsión parte del supuesto de que las inversiones estatales, especialmente en infraestructura y servicios sociales, y los esfuerzos en la diversificación de las exportaciones, lograrán sostener el dinamismo de la actividad económica incluso en un contexto internacional adverso.

En ese sentido, el FMI recomendó a Nicaragua seguir ampliando su base productiva, impulsando la diversificación de exportaciones y fortaleciendo los eslabones entre sectores productivos. La entidad internacional enfatizó que políticas orientadas a la protección social y al desarrollo del capital humano pueden potenciar los efectos positivos de la inversión pública y facilitar una inserción más competitiva en los mercados internacionales, según puntualizó Europa Press.

Todas estas recomendaciones surgieron de la revisión periódica establecida por el Artículo IV del acuerdo del FMI con sus países miembro, que permite evaluar de manera integral la situación económica, financiera e institucional de la nación. El organismo enfatizó que la capacidad de Nicaragua para mantener un crecimiento sostenido y evitar riesgos futuros dependerá de la voluntad y eficacia para implementar reformas, fortalecer la transparencia y promover la cooperación multisectorial.

La ministra de Economía y Finanzas de Perú, Denisse Miralles, declaró que la inversión privada seguirá encabezando el crecimiento económico, destacando sus repercusiones en la generación de empleo, el incremento de ingresos y el fortalecimiento del consumo en los hogares peruanos. De acuerdo con el comunicado difundido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ejecutivo peruano proyecta que la economía del país registrará un crecimiento promedio anual del 3,2% entre 2026 y 2031. Según comunicó el MEF, este pronóstico se vincula con el desarrollo de nuevos proyectos mineros, la expansión de la cartera de infraestructura y el sostenido respaldo al gasto de los hogares.

Según informó el Ministerio, las previsiones oficiales se integran en el Informe Preelectoral 2021-2026 y responden a los lineamientos que postula el gobierno presidido actualmente por José Jerí. En el documento, el Ejecutivo precisa que la economía será dinamizada, en los próximos años, especialmente por el avance de diversas iniciativas en minería e infraestructura. Entre los principales proyectos mineros mencionados figuran Zafranal, la optimización de Cerro Verde y Tía María, los cuales están contemplados para iniciar su desarrollo a corto plazo. Además, las autoridades consideran el impulso de otros proyectos significativos como La Granja, Los Chancas y Michiquillay, que se sumarían al crecimiento del sector.

Dentro de la estrategia para dinamizar la economía, la administración peruana otorga un lugar relevante al desarrollo de infraestructuras. El informe oficial del MEF hace referencia tanto a la segunda etapa del megapuerto de Chancay como al reacondicionamiento de lotes de hidrocarburos como ejemplos de proyectos de amplia envergadura en la cartera estatal. Estas inversiones forman parte de un conjunto de obras que, según publicó el MEF, buscan fortalecer las bases productivas y logísticas del país, acompañando simultáneamente el fortalecimiento de la demanda interna.

El Gobierno detalló que el consumo doméstico se mantendrá como uno de los pilares del crecimiento durante el periodo analizado. Según enfatizó la ministra Denisse Miralles en el comunicado citado por el MEF, el gasto privado asociado a estas inversiones de gran escala permitirá “efectos positivos sobre el empleo, los ingresos de los hogares y el fortalecimiento del consumo”. El Ejecutivo sostiene que la demanda interna mostrará una tendencia sostenida al alza, alimentada principalmente por el sector privado, lo cual se traducirá en una mayor estabilidad de indicadores laborales y un contexto propicio para el consumo de las familias peruanas.

El MEF precisó que las perspectivas de crecimiento económico consideran el buen desempeño previsto para la industria extractiva y la construcción, actividades que, de acuerdo con el Gobierno, ejercerán un efecto multiplicador en cadenas productivas conexas. En este sentido, el Ejecutivo señala que la ejecución de proyectos mineros y la expansión de infraestructuras facilitarán el acceso a mercados, mejorarán la conectividad y fortalecerán los ingresos de diversos actores económicos.

De acuerdo con el resumen ejecutivo del Informe Preelectoral, la política económica del gobierno de José Jerí mantendrá el foco en consolidar la confianza de los inversionistas y agilizar la aprobación de iniciativas privadas. El Ministerio de Economía y Finanzas destacó que, frente al escenario internacional, Perú busca atraer capital y asegurar condiciones propicias para la participación de empresas nacionales y extranjeras, con el objetivo de concretar los proyectos programados en los plazos previstos.

En el marco de estas proyecciones, la administración indicó que el crecimiento de 3,2% proyectado para el periodo 2026-2031 depende de la ejecución exitosa de iniciativas estratégicas y del mantenimiento de un entorno propicio para la inversión privada a gran escala. Según ha consignado el MEF, se espera que el impacto positivo de estos desarrollos se refleje tanto en indicadores de empleo como en la mejora del poder adquisitivo de los hogares, consolidando al sector privado como motor fundamental de la expansión económica peruana.

Según las previsiones anunciadas este martes por el MEF, la economía peruana registrará un crecimiento anual promedio de 3,2 % entre 2026 y 2031. El medio EFECOM detalló que este desempeño se apoyará principalmente en el incremento de la inversión privada, la realización de grandes proyectos mineros y una robusta cartera de obras de infraestructura. “La inversión privada seguirá siendo el principal motor del crecimiento económico, con efectos positivos sobre el empleo, los ingresos de los hogares y el fortalecimiento del consumo”, afirmó la ministra de Economía, Denisse Miralles, citada por EFECOM.

El documento oficial destaca que la demanda interna continuará mostrando dinamismo, impulsada por una mayor actividad del gasto privado gracias a la puesta en marcha de inversiones de gran envergadura. De acuerdo con el MEF, la ejecución de proyectos mineros y la expansión de asociaciones público-privadas (APP) figuran entre las iniciativas más relevantes a corto plazo, con el fin de modernizar infraestructuras clave del país.

Las inversiones previstas abarcan la modernización de aeropuertos, puertos, carreteras, ferrocarriles y redes de transporte de gas. Una parte significativa de estos proyectos incluye obras de irrigación, reacondicionamiento de lotes petroleros y la continuación de la segunda etapa del puerto de Chancay, ubicado al norte de Lima. Este puerto ha contado con inversiones mayoritariamente chinas, principalmente de la naviera estatal Cosco, según consignó EFECOM.

El Informe Preelectoral del MEF señala que este contexto de inversiones se produce en un marco de estabilidad macroeconómica, consolidación fiscal gradual y condiciones financieras consideradas favorables. Estos factores han tenido un impacto directo sobre la confianza de los inversionistas, lo que repercute en el flujo de capitales hacia el país y en la seguridad de quienes apuestan por el sostenimiento del crecimiento, informó EFECOM.

De acuerdo con las proyecciones, el entorno internacional añade oportunidades para la economía peruana, dado que se espera una demanda global al alza, nuevos acuerdos comerciales y precios internacionales beneficiosos. Este panorama favorecería las exportaciones del país, que se verían impulsadas por una mayor oferta minera, el impulso sostenido del sector agroexportador y la recuperación del sector pesquero.

Sobre el año 2025, el MEF aún espera los datos oficiales sobre el crecimiento del PIB, pero ya estima una tasa anual que oscilará entre el 3,2 % y el 3,4 %. En sus previsiones a mediano plazo, la entidad reitera que la economía de Perú terminará consolidando una senda de desarrollo sostenido apuntalada por la inversión privada y la expansión de sectores estratégicos.

El impulso de las asociaciones público-privadas, que incluye tanto proyectos mineros como de infraestructura vial y energética, se considera fundamental en la modernización del país, según detalló el Ministerio a EFECOM. Estas inversiones, además de ampliar la capacidad exportadora, buscan mejorar la conectividad interna, lo que favorecería el acceso a mercados y el desarrollo de regiones con potencial productivo.

La ministra Denisse Miralles explicó que el fortalecimiento del consumo interno resulta un elemento clave para consolidar el crecimiento, ya que el aumento del empleo y los ingresos familiares repercuten de forma directa en la actividad económica. De acuerdo con EFECOM, el informe ministerial recoge que el aumento en la actividad privada y los proyectos de impacto estructural también se traducen en beneficios duraderos para la economía nacional.

El fortalecimiento de la confianza en el entorno macroeconómico, alimentado por políticas de consolidación fiscal y la expectativa de condiciones financieras más flexibles, robustece el panorama a futuro para las inversiones, según manifestó el MEF, citado por EFECOM. El papel protagonista del sector minero, junto con los avances en infraestructura y la mejora en la oferta agroexportadora, representan pilares clave en la estrategia de crecimiento planteada por el gobierno peruano para los próximos años.

La petrolera estatal Petroperú afronta una situación financiera crítica, mientras los empleados han comunicado una huelga nacional de 72 horas prevista para comenzar este miércoles, en respuesta a un posible recorte de personal motivado por la reestructuración empresarial. Según informó la ministra de Economía, Denisse Miralles, el Gobierno del presidente en funciones, José Jerí, ha optado por impulsar la participación de capital privado en la compañía como vía para su rescate financiero.

El medio Andina consignó las declaraciones de Miralles durante una entrevista con el programa “Panorama”. La ministra indicó que el plan oficial contempla la firma de los primeros contratos de inversión privada en Petroperú en junio, como parte de una estrategia para evitar nuevas transferencias estatales a la empresa. De acuerdo con lo informado, la agencia estatal Proinversión dirigirá el proceso y se encargará de seleccionar los activos del portafolio de Petroperú que resulten atractivos para inversores, entre los que destacó la refinería de Talara.

Miralles detalló que la petrolera arrastra una deuda de 5.000 millones de dólares (4.280 millones de euros) y afrontó pérdidas netas por 1.611 millones de soles hasta octubre, tramo que corresponde al periodo auditado de 2023. De acuerdo con la ministra, los balances negativos y el alto endeudamiento han limitado la capacidad del Ejecutivo para realizar nuevas inyecciones de fondos públicos, obligando a buscar alternativas asociadas a capital privado.

El plan de captar socios del sector privado está orientado a sanear la situación financiera de la empresa y preservar su operatividad, explicó la titular de Economía a Andina. La primera fase del proceso, liderada por Proinversión, consistirá en identificar aquellos activos y operaciones de Petroperú que puedan generar interés dentro del mercado inversor, siendo la refinería de Talara uno de los activos más relevantes por su tamaño y capacidad estratégica.

Según publicó Andina, la decisión del Gobierno incluye una revisión de la estructura de gastos y la plantilla laboral de Petroperú, lo que ha generado inquietud sindical. Representantes de los trabajadores han reaccionado a la posibilidad de despidos anunciando un paro nacional de tres días, convocatoria que está programada para iniciar a mediados de semana.

La ministra Miralles describió el ingreso de capital privado como la única opción para la recuperación de Petroperú, e insistió en que bajo la actual administración no se contemplan transferencias adicionales de recursos estatales como sucedió en gobiernos anteriores. La autoridad recalcó a Andina que “la única manera viable para reflotar la empresa” es la participación de actores privados en su capital.

Reportó Andina que, mientras tanto, la empresa mantiene operaciones bajo presión en medio de negociaciones internas y la expectativa de la inminente huelga sindical. El contexto de balances negativos y deuda millonaria sitúa a Petroperú ante uno de los retos más complejos de su historia reciente, con la entrada de capital privado como apuesta central del Ejecutivo peruano para garantizar la continuidad y estabilidad de la compañía.

Proinversión, responsable de liderar el proceso de convocatoria e identificación de posibles socios, tendrá la misión de determinar cuáles ramas del negocio resultan más atractivas en el corto plazo. El análisis incluirá criterios de viabilidad, potencial de rentabilidad y valor estratégico para el país, conforme destacó la ministra al medio estatal.

La crisis financiera que enfrenta Petroperú se agrava por el entorno internacional adverso y los cambios en el mercado energético, de acuerdo con el análisis presentado en la entrevista televisiva. El Ejecutivo confía en que la participación de inversionistas aportará no solo liquidez, sino mejoras de gestión y acceso a tecnología, al tiempo que se ajusta la estructura interna para reducir los niveles de gasto y deuda.

En paralelo a la puesta en marcha del cronograma de inversión privada, la directiva de Petroperú sostiene conversaciones con los representantes laborales en un intento por evitar una paralización completa de actividades. El Ejecutivo peruano busca diseñar un esquema que permita mitigar el impacto de las medidas en el personal, aunque la huelga convocada por el sindicato pone en duda la estabilidad de los próximos días, según advirtió el medio Andina.

El contexto económico de Colombia enfrenta un escenario de desaceleración en la inversión, mientras que países de la región, como Perú, muestran indicadores que han sido destacados en informes comparativos recientes.

Según un análisis de Fedesarrollo, citado por Portafolio, la tasa de inversión en Colombia cayó a 16,1% del PIB en el primer semestre de 2025, el nivel más bajo en dos décadas, mientras que Perú alcanzó 20,7% del PIB, superando tanto a Colombia como a Brasil y Chile en el periodo más reciente.

¿La economía peruana supera a la colombiana en inversión y crecimiento?

El informe de Fedesarrollo señala que el motor tradicional del crecimiento colombiano, la inversión, ha perdido fuerza. Entre 2020 y 2025, el consumo privado pasó a representar el 72,6% del PIB, mientras que la inversión disminuyó del 21,9% al 17,6%.

Esta caída se profundizó desde 2023 y está asociada a factores como la carga tributaria elevada, tasas de interés altas y un aumento de la incertidumbre económica.

El informe precisa que la tarifa combinada de impuestos sobre utilidades distribuidas llegó a 48% desde 2023 y las tasas de interés de largo plazo, como los TES a diez años, se ubicaron entre 12% y 13%.

De acuerdo con el informe colombiano, estos elementos encarecen el costo de financiar proyectos y desincentivan la ampliación de la capacidad productiva.

El informe de Fedesarrollo señala brecha creciente entre Perú y Colombia

La incertidumbre también es un factor determinante. El Índice de Incertidumbre de Política Económica (IPEC) de Fedesarrollo alcanzó 446 puntos en 2022, cuatro veces el promedio de las dos décadas previas. Entre 2022 y 2025 la incertidumbre explicó 36% de la reducción de la tasa de inversión.

Además, el sector público colombiano ya no compensa la caída de la inversión privada como en el pasado. La formación bruta de capital fijo del Gobierno fue de apenas 2,1% del PIB en el primer trimestre de 2025, un nivel históricamente bajo.

En la comparación regional, el documento subraya que Perú, México y Chile ya superaron los niveles prepandemia en materia de inversión, mientras que Colombia se mantiene rezagada.

Esta diferencia, señalada por Fedesarrollo, ha llevado a que analistas y autoridades del país norteño observen la experiencia peruana como un modelo a considerar para impulsar la reactivación productiva y cerrar la brecha en materia de inversión.

Las tasas de inversión en Perú alcanzan el doble de las reportadas en Colombia

¿Cuál es la situación de Perú? Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la economía peruana cerró 2025 con crecimiento sostenido, baja inflación y aumento de recursos fiscales.

El Producto Bruto Interno (PBI) creció 3,4% hasta octubre y se proyecta un crecimiento anual cercano al 3%. La inflación se ubicó en 1,4% en noviembre, acumulando 20 meses consecutivos dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Las reservas internacionales sumaron US$ 2.141 millones, equivalentes al 29% del PBI. La recaudación tributaria entre enero y noviembre fue de S/ 159.496 millones, un incremento de 11,5% respecto al año anterior. El déficit fiscal a noviembre fue de 2,3% del PBI, cerca de la meta anual de 2,2%. Para 2026, el reto principal será alcanzar la meta fiscal de 1,8% del PBI, aunque analistas prevén que podría superarse el 2%.

El dinamismo económico de Perú contrasta con el estancamiento en Colombia

La inversión pública superó los S/ 49.185 millones hasta noviembre, el mayor nivel de la última década, aunque persiste el reto del presupuesto no ejecutado. Además, se adjudicaron 479 proyectos mediante Obras por Impuestos por más de S/ 4.700 millones y nueve proyectos APP por US$ 3.683 millones.

En 2025, también se aprobó la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), que fija plazos para la evaluación de modificaciones contractuales. Por otro lado, el “Shock de Desburocratización” registró un avance superior al 70%, con 469 medidas completadas y 187 barreras eliminadas.

Este balance refuerza la percepción de Perú como ejemplo regional en políticas de inversión y manejo macroeconómico, en un momento en que Colombia busca alternativas para reactivar el crecimiento y fortalecer la inversión pública y privada.

El economista y exsubgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, propuesto por Andrés Manuel López Obrador en 2019 pero no ratificado para un segundo periodo en 2022 por diferencias ideológicas, reflexionó sobre la economía mexicana en entrevista con la periodista Denise Maerker en su podcast Hablemos.

Durante la conversación, Esquivel sostuvo que México no atraviesa una crisis económica, pero sí vive una etapa de estancamiento, incluso en el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, heredera del proyecto de la Cuarta Transformación (4T).

Recaudación tributaria: avances limitados

Esquivel reconoció que el gobierno ha defendido la ausencia de una reforma fiscal bajo el argumento de que ha aumentado la recaudación tributaria, principalmente por la eficiencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Lo cual es cierto, es lo que está haciendo el SAT, que gente que no esté pagando, lo haga, perfecto, están justificando por esa vía”.

Sin embargo, advirtió que este incremento no se traduce en más recursos reales para el Estado, debido a la caída de otros ingresos clave.

“El problema que tenemos como Estado mexicano, aumentos en la recaudación tributaria, apenas compensan la caída que estamos teniendo en otros ingresos, en particular, ¿en dónde? los ingresos petroleros”.

Caída petrolera y recursos estancados

El economista explicó que la disminución en la producción de petróleo es resultado del agotamiento de grandes yacimientos y de la falta de inversión en el sector energético.

“Cómo la producción de petróleo se nos está cayendo por el agotamiento de los grandes pozos petroleros y por la falta también, de nuevo, de inversión en el sector”.

Esto ha generado que, pese al aumento de impuestos recaudados, los ingresos totales del Estado se mantengan prácticamente sin cambios.

“En total, los recursos presupuestarios están prácticamente estables… tenemos los mismos ingresos hoy, que teníamos hace 15 años, aunque tengamos muchos más ingresos tributarios”.

Estancamiento con redistribución

Esquivel calificó al sexenio de López Obrador y al primer año de Sheinbaum como un periodo de “estancamiento con redistribución”. Subrayó que uno de los mayores logros fue la reducción de la pobreza, de la que salieron entre 13 y 15 millones de personas, “es un porcentaje altísimo”.

Destacó que esta reducción no se explica principalmente por los programas sociales, sino por transformaciones en el mercado laboral:

• Aumento sostenido del salario mínimo
• Reforma a las leyes de outsourcing
• Mayor formalización y derechos laborales

Estos cambios permitieron a millones de trabajadores mejorar sus ingresos y su nivel de vida, particularmente en los sectores más bajos.

Inversión pública y estabilidad sin crecimiento

El economista también reconoció el impacto de la inversión pública en el sureste del país, una de las regiones históricamente más pobres, así como el papel complementario de los programas sociales.

No obstante, advirtió que el país enfrenta un escenario de estabilidad macroeconómica sin crecimiento, con un fuerte componente de redistribución social.

“Hay macro estabilidad económica pero sin crecimiento, pero con un gran cambio en lo social”.

El gran reto: “crecer el pastel”

Para Esquivel, el principal desafío de la administración pasada y de la actual es detonar el crecimiento económico, “el reto es cómo promover el crecimiento económico, ‘es crecer el pastel’”.

A su juicio, esto solo es posible con mayor inversión, tanto pública como privada:

• Maquinaria y equipo
• Infraestructura carretera
• Puertos y aeropuertos
• Edificios y proyectos productivos

Desconfianza e inversión privada ausente

Esquivel fue crítico al señalar que los gobiernos de la 4T no han logrado atraer suficiente inversión privada, en parte por la desconfianza generada al inicio del sexenio de López Obrador.

“Hubo mucha desconfianza al inicio del régimen… acentuada por la decisión de cancelar el Aeropuerto (NAICM) y que tuvo un costo”.

Sobre el gobierno de Sheinbaum, reconoció responsabilidad fiscal, pero señaló que aún no convence a los grandes inversionistas.

“La gente que tiene dinero para invertir… está siendo cautelosa porque ve cosas que no le gusta del todo”.

Ideología, reforma fiscal y oportunidad perdida

Finalmente, Esquivel advirtió que el apego ideológico puede frenar decisiones clave, como una reforma fiscal profunda.

“Si tuviéramos los recursos fiscales para invertir… y negarse a una reforma fiscal, es una razón que no entiendo”.

Subrayó que, a diferencia de otros gobiernos, la actual administración sí cuenta con poder político y legitimidad para impulsar cambios estructurales.

“Si tuviera más recursos el Estado mexicano… eso detona la inversión privada y genera un círculo virtuoso que no está ocurriendo por la escasez”.

En su diagnóstico, México avanza en justicia social, pero corre el riesgo de quedarse sin crecimiento, si no se toman decisiones fiscales e ideológicas que permitan fortalecer al Estado y dinamizar la economía.

El Producto Bruto Interno (PBI) de Perú ha mostrado un desempeño sobresaliente en el contexto latinoamericano, superando a economías pares como Brasil, Chile, Colombia y México en los últimos trimestres y respecto al nivel prepandemia.

Según el último informe macroeconómico del BCP, el país atraviesa la “parte dulce” del ciclo económico, con una demanda interna que crece a un ritmo del 6% anual y un rebote significativo de la actividad económica tras la desaceleración de 2023.

BCP: un crecimiento impulsado por la minería

El fuerte componente minero es uno de los pilares del crecimiento peruano. La inversión minera representa cerca del 6% del PBI, muy por encima de otros países de la región, y se prevé un nuevo ciclo de inversión en el sector para los próximos años.

El alza de los precios internacionales de los metales, especialmente el cobre, oro y plata, ha sido clave: en 2025, el precio del cobre se proyecta en US$4,48 por libra, con un incremento del 17,5% respecto al año anterior, mientras que la plata y el oro han subido 63,8% y 26,5%, respectivamente.

Estos precios récord han llevado los términos de intercambio a máximos históricos, generando un viento a favor para la economía peruana.

La minería no solo impulsa las exportaciones, sino que también dinamiza la inversión privada y el empleo formal, con efectos multiplicadores en sectores como la construcción, transporte y servicios. La inversión privada total, que incluye la no minera, crecería cerca de 10% en 2025, reflejando la confianza empresarial y el atractivo del país para nuevos proyectos.

Proyecciones de crecimiento y estabilidad macroeconómica

Las proyecciones del BCP para el PBI real de Perú en 2025 y 2026 son de 3,4% y 3,2%, respectivamente, por encima del promedio regional. La demanda interna mantendría un crecimiento robusto (5,7% en 2025), apoyada por el aumento del empleo formal y la masa salarial real.

El consumo privado y la inversión en bienes duraderos también muestran señales de recuperación, con ventas de vehículos y propiedades en alza.

En cuanto a la inflación, se espera que se mantenga bajo control, en torno al 1,4% en 2025, por debajo del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esto ha permitido una reducción gradual de la tasa de referencia, que se ubicaría en 4,25% en 2025 y podría bajar a 4,0% en 2026, en línea con la tendencia de la Reserva Federal de EE.UU.

El tipo de cambio, por su parte, muestra una apreciación del sol peruano (PEN), que podría situarse por debajo de 3,30 soles por dólar si se sostienen los actuales precios de los metales. El BCRP ha intervenido activamente en el mercado cambiario, acumulando reservas y manteniendo la estabilidad financiera.

¿Cuáles son los riesgos para la economía peruana en 2026?

A pesar de este panorama favorable, persisten riesgos asociados al entorno internacional, la volatilidad política interna y fenómenos climáticos como El Niño. Sin embargo, las anclas de estabilidad macroeconómica —baja deuda pública, superávit en cuenta corriente y reservas internacionales sólidas— permiten a Perú enfrentar estos desafíos con resiliencia.

En resumen, el PBI peruano destaca en la región gracias a su fuerte componente minero, términos de intercambio favorables y una macroeconomía sólida, con perspectivas de crecimiento sostenido y estabilidad en los próximos años.

La inversión privada atraviesa un momento favorable y mantiene un ritmo de crecimiento sólido, respaldada por el avance de grandes iniciativas mineras y de infraestructura. De acuerdo con el análisis de Scotiabank, este dinamismo se da incluso en un contexto cercano a un proceso electoral, lo que refleja una menor sensibilidad del sector a factores políticos.

Durante el tercer trimestre de 2025, la inversión privada alcanzó su tasa de expansión trimestral más alta desde 2013 —sin considerar el efecto rebote tras la pandemia—, con un crecimiento de 11,4%, desempeño que estuvo impulsado principalmente por el sector minero y por la reactivación de proyectos estratégicos para cerrar brechas de infraestructura.

Impulso desde minería e infraestructura

El subgerente de economía real de Scotiabank, Pablo Nano Cortez, explicó que “la inversión privada aceleró su ritmo de expansión durante el tercer trimestre de este año, a pesar de la cercanía del período electoral, impulsada por el desarrollo de proyectos mineros y de infraestructura de transporte”. La inversión minera destacó con un avance de 23,9%, favorecida por los altos precios del cobre y del oro, que permitieron ampliar los presupuestos de las compañías del sector.

A ello se sumó la menor conflictividad social, lo que facilitó el desarrollo de iniciativas como Tía María y San Gabriel. También resaltó la inversión no residencial no minera, asociada a obras como la Línea 2 del Metro de Lima y a proyectos en electricidad, manufactura y telecomunicaciones.

Demanda interna y consumo: proyecciones para el cierre del año

El consumo privado mantuvo su dinamismo gracias al aumento del empleo y de los ingresos, lo que se reflejó en el crecimiento de la demanda interna de 5,9% en el tercer trimestre de 2025. Con este resultado, ya se acumulan siete trimestres consecutivos de expansión, según cifras del Banco Central de Reserva. Este crecimiento superó al del PBI, que avanzó 3,4% en el mismo periodo, debido al menor incremento en los volúmenes exportados. Además, el gasto público alcanzó su mayor ritmo del año, apoyado principalmente en la mayor inversión de los gobiernos regionales y locales.

Para el cuarto trimestre, Scotiabank estima que la demanda interna continuará expandiéndose, aunque a un ritmo más moderado por el efecto base, tras haber crecido 6,4% en el último trimestre de 2024 frente al 3% del tercer trimestre de ese mismo año. La entidad prevé que la inversión privada seguirá siendo el componente más dinámico, dado que los proyectos mineros y de infraestructura son menos sensibles al ciclo electoral.

Asimismo, el consumo privado recibiría un impulso por el inicio de los pagos correspondientes al octavo retiro de los fondos de pensiones. En contraste, se anticipa una desaceleración de la inversión pública, especialmente del Gobierno Nacional, debido a los esfuerzos por cumplir la meta de déficit fiscal. “Prevemos una moderación de la inversión pública, en especial del Gobierno Nacional, ante los esfuerzos del Ministerio de Economía por cumplir la meta de déficit fiscal”, puntualizó.

La expansión del puerto de Matarani figura entre las próximas adjudicaciones anunciadas por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú (Proinversión), que proyecta captar cerca de 10.000 millones de dólares (8.593 millones de euros) en capital privado hasta julio de 2026, fecha en la que culminará el período transitorio de gobierno a cargo de José Jerí. Según informó el medio RPP Noticias, el director ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, explicó que este volumen de inversiones se canalizará mediante la adjudicación de proyectos bajo la modalidad de asociaciones público-privadas, iniciativas desarrolladas sobre activos estatales y adendas de inversión en concesiones vigentes.

Durante una entrevista transmitida por el canal citado, Del Carpio detalló que los principales proyectos listos para adjudicarse incluyen el Parque Industrial de Ancón, el Teleférico de Choquequirao, el Nuevo Hospital Militar y la gestión del Hospital del Niño de San Borja. Estos proyectos se encuentran entre los de mayor prioridad en la agenda de la institución, cuyo objetivo es dinamizar sectores estratégicos a través del fortalecimiento de la infraestructura del país.

La ampliación del puerto de Matarani, mencionada también por Del Carpio, permitiría que la concesionaria invierta 705 millones de dólares (606 millones de euros) para fortalecer la operatividad de la terminal portuaria, aumentando la capacidad de atención y manejo de cargas. Al mismo tiempo, se contempla la expansión de la Línea 1 del Metro de Lima y la adjudicación del Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales, ambos considerados como proyectos clave para mejorar la conectividad y los servicios de transporte en distintas regiones de Perú.

Según consignó RPP Noticias, la confianza del capital internacional en Perú sigue vigente a pesar de los recientes cambios políticos. Del Carpio remarcó que el país se mantiene como una plaza sólida y atractiva para los inversionistas a largo plazo, haciendo referencia a factores como la solidez monetaria y fiscal, un marco legal predecible y la existencia de tratados internacionales que protegen las inversiones, así como regulaciones diseñadas para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica.

Además de los grandes proyectos de infraestructura, Proinversión prevé una importante movilización de recursos a través del mecanismo de “obras por impuestos”. Del Carpio calculó que más de 4.000 millones de soles peruanos (1.013 millones de euros) se adjudicarán durante 2025 en este rubro, permitiendo a las entidades públicas recibir asistencia técnica. Esta estrategia busca acelerar y fortalecer la ejecución de infraestructura social y productiva, dotando a las distintas administraciones —desde gobiernos regionales hasta locales— de herramientas para implementar proyectos que respondan a necesidades específicas de las comunidades.

De acuerdo con lo publicado por RPP Noticias, el impulso a las concesiones y asociaciones público-privadas responde a la intención del gobierno de transición de José Jerí de sentar las bases para una mayor presencia del sector privado en el desarrollo de infraestructura nacional. El contexto político que enmarcó la salida de Dina Boluarte y la llegada de Jerí al Ejecutivo ha puesto de relieve la necesidad de mantener la estabilidad y la confianza en los mercados, aspecto que Proinversión busca capitalizar mediante la robustez de su portafolio de proyectos.

Según detalló el medio, la gestión actual de Proinversión apunta a consolidar una cartera de proyectos diversificada, que abarca tanto corredores económicos estratégicos como sectores sociales como la salud y la educación. La combinación de inversiones en activos, ampliaciones de concesiones y nuevas adjudicaciones de asociaciones público-privadas refleja una estrategia orientada a integrar el desarrollo productivo con la mejora de los servicios públicos en Perú.

Del Carpio destacó ante RPP Noticias que, además de la inversión extranjera, el compromiso de la agencia abarca la colaboración técnica y financiera para fortalecer las capacidades institucionales de las administraciones locales y regionales. Esta labor pretende asegurar que la ejecución de los recursos derivados de las inversiones se traduzca en mejoras tangibles para la ciudadanía y en una mayor competitividad del país en los mercados regionales e internacionales.

El medio peruano subrayó que las perspectivas en materia de inversión están en línea con el interés del gobierno transitorio de José Jerí de ofrecer señales de confianza y previsibilidad a los actores económicos. En este sentido, Proinversión sostiene que los mecanismos de garantías internacionales y los marcos regulatorios existentes ofrecen un entorno favorable para la llegada de capitales privados, aspecto considerado esencial para sostener el crecimiento económico durante el actual periodo de transición política.

A lo largo de su gestión, Proinversión buscará coordinar acciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para garantizar que las inversiones anunciadas se concreten según los plazos previstos y con el alcance técnico requerido. Según la agencia, estas inversiones deberán contribuir al cierre de brechas en infraestructura, salud, transporte y servicios básicos, con el fin de generar impacto en los indicadores de desarrollo y bienestar a nivel nacional, tal como remarcó RPP Noticias al presentar los lineamientos de la entidad.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha presentado el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) para el periodo 2026-2029, documento central que establece las metas económicas y fiscales que deberá afrontar el próximo gobierno, considerando que la administración de Dina Boluarte culmina en julio de 2026.

Según el MMM, el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú crecerá 3,5% en 2025 y 3,2% en 2026, impulsado principalmente por la dinámica de la inversión privada y el gasto interno. Paralelamente, el déficit fiscal proyectado se ubicará en 2,2% del PBI para 2025 y se reducirá a 1,8% en 2026, mientras que la deuda pública se mantendrá en torno a 32,1% del PBI, ratificando la estrategia de prudencia fiscal del país.

“No hay grandes cambios, pero sí algunos significativos. Tenemos una gran mejora en términos de intercambio, pero en el sector real más bien cae la proyección de exportaciones y cae la de importaciones, es decir, no la aprovechamos”, evalúa Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, para Infobae Perú.

MEF: PBI peruano crecerá más de 3% en 2025 y 2026

El MEF plantea que para 2025 la economía presentará una recomposición de sus componentes. Dentro de la demanda, se destaca un mayor dinamismo del gasto privado, empujado principalmente por la inversión privada, la cual crecería 4,5% en 2025, superior al 4% previsto anteriormente, lo que representa más de US$58.000 millones.

Este mayor flujo se explica por el inicio de nuevos proyectos en minería, desarrollo de infraestructura no minera (como la Línea 2 del Metro de Lima), inversiones iniciales en nuevas Asociaciones Público-Privadas (APP) y diversificación inversionista. Estos movimientos tendrán efectos positivos en la generación de empleo e ingresos familiares, que, a su vez, elevarán el consumo privado.

Para el MEF, las expectativas empresariales continuarán mejorando y que habrá una reducción progresiva en los costos de financiamiento, generando más liquidez para hogares y empresas. Se prevé que la inflación, maniobrada por el BCR, se mantenga dentro del rango meta, evitando distorsiones en los precios básicos, y que desde el gobierno se implementen medidas para fomentar la inversión y reducir la sobrerregulación.

Incentivos económicos de la minería para el periodo 2026-2029

Sin embargo, los factores de oferta mostrarán una moderación frente a lo estimado en el último IAPM: sectores primarios como pesca, minería e hidrocarburos crecerán menos debido a cierres temporales y paralizaciones, lo que afectará negativamente a las exportaciones. “Se revisan al alza las exportaciones pero cae la proyección de crecimiento mundial, lo que supone que el país aumenta su demanda mientras el resto del mundo se enfría”, advierte Odar.

Para 2026, tanto la demanda interna como los factores de oferta mostrarán vitalidad. El gasto privado recibirá un impulso adicional de grandes obras mineras e infraestructura, elevando la creación de empleo y el consumo, mientras que las exportaciones crecerán apoyadas en condiciones internacionales favorables y mayor oferta primaria minera, agrícola y pesquera.

A mediano plazo, el crecimiento promedio del PBI entre 2027 y 2029 sería de 3,2%, apoyado por un fortalecimiento de la demanda interna —en especial, la inversión privada minera, que suma compromisos por US$8.600 millones— y el desarrollo de infraestructura estratégica. También se espera una contribución de sectores primarios a las exportaciones y mejoras logísticas y comerciales.

Déficit fiscal, deuda y sostenibilidad macroeconómica

El MMM apunta a que el déficit alcance 2,2% del PBI en 2025 (con deuda pública de 32,1% del PBI) y se reduzca a 1,8% en 2026, con la deuda estable en el mismo ratio. Estas cifras mantienen al Perú entre los países de menor endeudamiento relativo en la región y economías comparables. El déficit reflejó un proceso gradual de recuperación de ingresos tributarios y de contención del gasto corriente, en el contexto de la reactivación económica pospandemia.

El país preserva una estructura de deuda pública favorable: 84,2% es a tasa fija y el plazo promedio es de 12 años. La composición prioriza instrumentos en moneda local (52,6%) para reducir exposición cambiaria. El bajo riesgo país, medido por el EMBIG (161 puntos básicos en 2025 frente a 304 de emergentes), permite a Perú acceder a financiamiento externo en mejores condiciones que la mayoría de los mercados emergentes.

Para el período 2027-2029, y según normativa vigente, el déficit fiscal se ajustará hacia niveles más bajos: 1,4% del PBI en 2027 y 1,0% en 2028 y 2029. Esto será acompañado por una reducción paulatina del gasto público, que llegará a 18,5% del PBI al cierre de 2029, y una tendencia decreciente en la deuda pública, que descendería a 30,8% del PBI al final del periodo.

MEF: ingresos fiscales, recaudación y política tributaria

Se prevé que los ingresos fiscales crezcan 8,7% real en 2025 y lleguen al 19,4% del PBI, con ingresos proyectados de S/239.931 millones en 2026, S/253.639 millones en 2027, S/267.631 millones en 2028 y S/281.596 millones en 2029. El escenario prevé una recuperación en la recaudación tributaria tras una fuerte caída de 12,2% en 2023 y una mejora de solo 3,3% en 2024, año en que la presión tributaria bajó a 14,1% del PBI debido a medidas legales que redujeron la base imponible y por un alto grado de informalidad.

Para 2025 se anticipa un crecimiento de los ingresos tributarios gracias a la recuperación económica, precios internacionales favorables y mejoras en la gestión tributaria. El Ejecutivo sigue trabajando en robustecer el sistema, aunque enfrenta restricciones por normativas aprobadas en el Congreso que limitan la capacidad de recaudación y simplifican el esquema impositivo, potenciando los riesgos de evasión.

Cabe anotar que, aunque critica las Zonas Económicas Especiales (ZEE), el MMM no cuantifica el impacto fiscal de la reciente Ley Agraria aprobada en el Congreso, aunque estimaciones independientes prevén una merma de S/20.000 millones en una década debido a la reducción del Impuesto a la Renta para el sector agroexportador. “Advertimos que, en este MMM, caen las proyecciones de ingresos fiscales, pero se mantienen las de déficit, lo que implica una reducción obligada de gastos que será asumida por el próximo Gobierno”, ataja Odar.

Más apuestas por las Asociaciones Público-Privadas y OxI

El gobierno ratifica la importancia de las APP y los Proyectos en Activos para cerrar brechas en infraestructura. Entre 2023 y 2024 se adjudicaron iniciativas por más de US$5.000 millones, y en el bienio 2025-2026 el objetivo es adjudicar proyectos por casi US$17.000 millones, destacando un portafolio de US$8.000 millones solo para 2025. Estas acciones complementan la reforma del sistema portuario nacional, que busca modernizar inversiones logísticas estratégicas.

Entre los sectores priorizados figuran minería, infraestructura vial y portuaria, irrigación y diversificación logística. Perú tiene 67 proyectos mineros identificados por US$64.071 millones, con mayor concentración en Cajamarca, Apurímac, Áncash, Arequipa y Moquegua.

Se suman 12 adendas prioritarias para ampliar proyectos APP por US$15.000 millones y once grandes proyectos de transporte público y ferroviario estimados en más de US$19.000 millones, junto con 25 proyectos de irrigación por US$24.000 millones para expandir en un millón de nuevas hectáreas la frontera agrícola. La segunda etapa del Puerto de Chancay, con inversión de US$2.500 millones a partir de 2027, será un punto neurálgico para impulsar el hub portuario y expandir el comercio exterior, señala el MEF.

La “descentralización fiscal” del MEF y Petroperú

El MEF defiende la progresiva redistribución del IGV y el fortalecimiento del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) mediante la Ley N° 32387. El cambio de la estructura impositiva (16% IGV+2% municipal a 14%+4%) tiene como objetivo transferir mayores recursos a gobiernos locales, priorizando proyectos de inversión pública y el cierre de brechas en regiones más vulnerables.

El MMM alerta sobre la necesidad de incorporar estándares internacionales para evitar que la proliferación de zonas económicas especiales (ZEE) derive en pérdidas de recaudación y erosione la base imponible. Se planea adecuarse a las directrices del plan BEPS de la OCDE, exigiendo actividad sustancial y control efectivo para evitar desplazamiento artificial de utilidades.

Finalmente, cabe precisar que, para 2025, el gasto no financiero crecerá 0,5% real y se ubicará en el 19,9% del PBI, con aumento real en inversión pública del 5,3% y un crecimiento moderado del gasto corriente del 2,7%. La reducción respecto al año previo responde al retiro de apoyo extraordinario a Petroperú y un enfoque prudente en la asignación presupuestaria. Se espera que el gasto público —en relación al PBI— continúe descendiendo hasta alcanzar el 18,5% al cierre de 2029, lo que contribuirá al proceso de consolidación fiscal.

La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene previsto presentar un plan para atraer inversión privada destinada a la construcción de nuevos centros penitenciarios en la capital. Para hacer realidad esta iniciativa, la comuna planteó la firma de un acuerdo en conjunto con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), liderado por Juan José Santiváñez.

El anuncio fue dado a conocer por la presidenta Dina Boluarte durante la segunda sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conacec). Posteriormente, el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, brindó mayores precisiones sobre la propuesta, señalando que Renzo Reggiardo, teniente alcalde de Lima, expuso que ya existen terrenos, recursos disponibles y conversaciones avanzadas con el alcalde y los regidores para facilitar su ejecución.

“Él (Reggiardo) señaló que había terrenos disponibles, que había un presupuesto disponible, que había incluso ya una conversación con el burgomaestre y los regidores, de que podían poner a disposición del Instituto Nacional Penitenciario un modelo de penal que podría servir para atender las necesidades, a cuenta de que muchos de los penales en estos momentos están sobrepasados en su capacidad”, señaló el premier. Arana expresó su confianza en que esta cooperación se materialice pronto.

Perú obtuvo financiamiento por USD 800 millones de la CAF para construir cinco nuevos penales

El Perú aseguró un financiamiento de USD 800 millones de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con el fin de mejorar su infraestructura penitenciaria y levantar cinco nuevos establecimientos en distintas regiones del país, entre ellas Cusco y Lima. El acuerdo fue suscrito por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, durante la 185.ª reunión del directorio de CAF, celebrada el 29 de junio en Sevilla, España.

Este crédito forma parte del Programa de Mejora y Cierre de Brechas del Sistema Penitenciario Nacional, que contempla una inversión total de USD 1.000 millones, de los cuales USD 200 millones serán aportados por el Estado peruano. El plan busca incrementar la capacidad de albergue en los penales, atender el hacinamiento y ofrecer mejores condiciones en salud, educación y programas de rehabilitación para las personas privadas de libertad.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) será la entidad a cargo de ejecutar el programa. Entre las obras previstas se encuentra el penal de Colquepata en Cusco, diseñado para más de 2.500 internos y actualmente en etapa de concertación, así como el penal de Huacho en Lima, que tendrá capacidad para 16.000 reclusos. A ellos se sumarán tres establecimientos adicionales cuya ubicación aún no ha sido revelada, pero que permitirán alojar a unas 10.000 personas más.

Con ello, la infraestructura penitenciaria del país ganará espacio para aproximadamente 28.000 internos. Las nuevas construcciones estarán orientadas a la reinserción social, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Además, se busca que los internos tengan acceso a servicios básicos adecuados, lo que contribuirá a reducir la sobrepoblación carcelaria y mejorar la institucionalidad del sistema de justicia.

En la misma sesión, CAF aprobó una línea de crédito estructurado de hasta USD 500 millones a favor de la empresa Cálidda. Estos fondos se utilizarán para ampliar las redes de distribución de gas natural en Lima y Callao, beneficiando a zonas urbanas y periféricas.

El financiamiento también permitirá optimizar el perfil de deuda de la compañía y asegurar su sostenibilidad financiera, en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por el organismo multilateral. Ambas operaciones reflejan el compromiso de CAF con el desarrollo del Perú, reforzando tanto la modernización del sistema penitenciario como la expansión del acceso a energía en beneficio de la población.

Bogotá está avanzado para posicionarse como referente económico y atraer inversión privada con el posible lanzamiento del Acuerdo para la Equidad y la Inversión — que se encuentra en debate en el Concejo de Bogotá —, que propone incentivos tributarios orientados a captar más de 77 billones de pesos y crear cerca de 200.000 empleos formales en los próximos años.

El paquete, presentado bajo el Proyecto de Acuerdo 767 del 2025 y que tiene como ponente a la concejala Cristina Calderón Restrepo, incluye reformas fiscales, alivios para micro y pequeñas empresas y programas de fomento a sectores estratégicos, así lo destacó la cabildante a través de un comunicado a la opinión pública.

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Uno de los principales cambios es la reducción del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), que disminuye su estructura tarifaria de 13 a 4 escalas. Calderón, del partido Nuevo Liberalismo, afirmó que “el 68% de los contribuyentes, principalmente micro y pequeñas empresas, pagarán menos. Eso es fortalecer el emprendimiento local y dinamizar la economía”. Además, el impuesto predial se ajusta para que más de la mitad de los hogares de estratos 1, 2 y 3 disminuyan su aporte, sin incrementos para ellos.

El plan contempla exenciones en el ICA para 92 actividades de alto impacto, incluidas la industria, salud, TIC e industrias creativas. Las empresas que realicen nuevas inversiones podrán recibir exenciones del 100% en el primer año y esquemas progresivos de hasta diez años, dependiendo del monto invertido. Las estimaciones prevén la llegada de 691 millones de dólares en inversión extranjera directa, la generación de más de 92.000 empleos y un aporte de 38 billones de pesos al PIB local en la próxima década.

El programa Bogotá Ciudad Aeropuerto fortalecerá la zona de El Dorado como un polo logístico y empresarial. Las compañías que inviertan más de 120.000 millones de pesos y creen mínimo 200 empleos podrán acceder a un régimen especial con exenciones de ICA y predial durante cinco años, con reducciones progresivas hasta diez años. Se prevé la atracción de 1,7 billones de pesos en inversión privada, la ejecución de 31 proyectos estratégicos y la creación de más de 51.000 empleos directos en diez años en este sector.

En términos sociales, Calderón indicó que el acuerdo “fortalece la capacidad social del Distrito” con mayores recursos para subsidios de transporte dirigidos a beneficiarios del Sisbén A y B, y la expansión de la cobertura para adultos mayores de 38.000 a 71.000 personas.

La modernización del alumbrado público será otro de los ejes, mediante la instalación de más de 100.000 luminarias LED y sistemas de telegestión, todo bajo esquemas de financiamiento sostenibles y transparentes. Para respaldar la seguridad jurídica, se creará un Estatuto Tributario Único Distrital, que simplificará normas y reducirá sanciones por errores.

“La solidez tributaria es la base para financiar vivienda, movilidad, seguridad y educación, y avanzar hacia una ciudad con autonomía fiscal y reglas claras”, manifestó Calderón.

Distrito contactará a más de 4.000 contribuyentes deudores de ReteICA

La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció que iniciará el contacto a más de 4.000 contribuyentes morosos del impuesto ReteICA, con obligaciones pendientes entre 2017 y 2024, por un monto acumulado de 36.327 millones de pesos. La entidad busca con esto fortalecer el presupuesto de inversión pública y garantizar la continuidad de obras y servicios para la ciudadanía.

El incumplimiento en el pago oportuno del ReteICA puede tener sanciones legales, incluidas acciones penales tipificadas en el artículo 402 del Código Penal, además de embargos y remates de bienes hasta por el doble de la deuda.

Los contribuyentes pueden ponerse al día a través de la web oficial www.haciendabogota.gov.co o en puntos de atención presencial en Usaquén y el centro comercial Plaza de las Américas. También pueden recibir asesoría en la Red CADE y suscribir acuerdos de pago con un abono inicial del 10 %.

La Secretaría de Hacienda recuerda actualizar los datos de contacto en el Registro de Información Tributaria (RIT) y señala que todas las notificaciones se enviarán únicamente desde canales oficiales, sin solicitar transferencias a cuentas particulares. El pago de impuestos es clave para mantener la capacidad de #Recaudo y financiar bienes y servicios para toda la ciudad.

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum habló respecto a los nuevos compromisos que mantendrá con inversionistas y el sector privado de México para, según ella, fortalecer la economía y poder enfrentar la serie de medidas arancelarias que se han impuesto desde el gobierno de Estados Unidos.

Si bien la mandataria dijo que no hubo peticiones particulares, sí confirmó que le pidió a los representantes que tuvieran en mente la situación económica del país:

“No hubo en particular un área, pero sí les planteamos (que) es muy importante que, en estos momentos, con México se note más porque, evidentemente, los aranceles pues tienen un impacto en nuestra economía”, señaló.

Sobre esa misma línea, destacó que se esperan más de 800 mil millones de pesos en programas de bienestar, mientras que habrá otros 600 mil para cuestiones de infraestructura y otros aspectos gubernamentales durante su sexenio.

Todo esto, dijo Sheinbaum, se retribuirá con una serie de permisos que se le podrán conceder en tanto se logre un cambio respecto a las intenciones económicas del ámbito privado.

El panorama general de la inversión privada en México de 2025

En el primer trimestre de 2025, México alcanzó un récord histórico de 21 mil 400 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), lo que representa un incremento de entre el 5 % y el 9 % respecto al mismo periodo de 2024. De ese total, solo nuevos proyectos aportaron entre 1 580 a 1 590 millones de dólares.

Estados Unidos sigue siendo el principal inversor, puesto que aporta cerca del 38.7 % del total, seguido por España, Países Bajos, Canadá y Alemania. En cuanto a sectores, la manufactura concentra más del 40 % de la IED, mientras que los servicios financieros representan otro 24 % .

Además, industrias como electromovilidad, semiconductores, dispositivos médicos, energía limpia y agroindustria también están atrayendo capital significativo.

El “Plan México” impulsado por el gobierno federal promueve incentivos fiscales y apoyo legal para atraer inversión en sectores estratégicos. Actualmente operan 11 hubs y están en proceso otros 17, complementados con 14 zonas económicas especiales orientadas a descentrar el crecimiento y fortalecer la infraestructura nacional.

Las principales entidades receptoras son la Ciudad de México (55 %), Nuevo León (13 %), Estado de México (9 %), Baja California (4 %) y Guanajuato (3 %) . Esta distribución refleja la consolidación del nearshoring; es decir, que empresas globales reubican operaciones desde Asia hacia México para aprovechar su proximidad al mercado estadounidense.

La garantía —la primera operación bajo una línea de crédito condicional de 140 millones de dólares para proyectos de inversión— tiene como objetivo ayudar a reducir el 'riesgo país' (prima de riesgo) de Ecuador y atraer inversión privada en fuentes de energía renovable no convencionales, como la solar y la eólica, detalló este jueves el BID en un comunicado.

Al mismo tiempo, el BID está proporcionando una cooperación técnica reembolsable de 3 millones de dólares para fortalecer la capacidad institucional de los principales organismos reguladores del sector energético, especialmente la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel).

Los avales del BID tienen un plazo máximo de 25 años y el préstamo asociado cuenta con un período de amortización de 25 años, un período de gracia de 5,5 años y una tasa de interés basada en el índice SOFR.

"Estos esfuerzos ayudarán a Ecuador a disminuir su alta dependencia de la energía hidroeléctrica, cada vez más vulnerable a interrupciones relacionadas con el clima, como sequías e inundaciones", señaló la institución multilateral.

El BID indicó que con este aval se espera beneficiar a una docena de proyectos de inversión que movilizarán aproximadamente 1.000 millones de dólares del sector privado para sumar al sistema eléctrico nacional hasta 820 megavatios de potencia nueva instalada.

Los proyectos fueron seleccionados mediante un proceso de licitación pública llevado a cabo por el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador y contribuirán a cumplir con las inversiones prioritarias establecidas en el Plan Maestro de Electricidad del país.

"Este financiamiento mejorará su capacidad para otorgar licencias, supervisar y monitorear los aspectos sociales y ambientales de los proyectos de generación privada de energía, garantizando una implementación efectiva y sostenibilidad a largo plazo", concluyó el BID.

Con un matriz de generación que depende en un 72 % de centrales hidroeléctricas, Ecuador se encuentra en una crisis energética desde finales de 2023 al quedarse sin capacidad para abastecer la demanda nacional en periodos de sequía que dejan a los principales complejos hidroeléctricos sin agua suficiente para operar.

Esto ha conllevado desde entonces diversos periodos de apagones, el último de ellos entre septiembre y diciembre de 2024, cuando llegaron a registrar suspensiones del fluido eléctrico de hasta catorce horas al día para los hogares y de varios días consecutivos para el sector industrial, lo que impactó fuertemente en la economía nacional, con una contracción del 2 % del producto interior bruto (PIB). EFECOM

"La perspectiva a corto plazo sigue siendo positiva, pero problemas estructurales como la baja productividad podrían generar riesgos para la sostenibilidad de la deuda a medio plazo, subrayando la necesidad de continuas reformas para garantizar un crecimiento sostenible", apunta el fondo de rescate de la eurozona en su informe anual de 2024 publicado este jueves.

En el mismo, el MEDE explica que España está "bien posicionada" para pagar su deuda, incluida la devolución del rescate a la banca que recibió del MEDE en 2012, y que el riesgo de estrés en los mercados a corto plazo es "bajo".

Pero subraya a renglón seguido que la sostenibilidad de la deuda a medio y largo plazo requiere que España aplique "totalmente" el plan fiscal acordado con la Comisión Europea - que fija la senda de gasto público entre 2025 y 2031 - y "aborde el "lento crecimiento de su productividad, el envejecimiento de la población; y los riesgos ligados al cambio climático".

"Reformas para impulsar la inversión privada, movilizar a los sectores intensivos en capital y aumentar la productividad son fundamentales", según afirman.

El MEDE añade, además, que "para mantener la resiliencia y confianza de los inversores España necesita sustanciar sus compromisos fiscales más allá de 2025, asegurando que estos compromisos están respaldados por medidas de ajuste creíbles, transparentes y bien diseñadas".

El plan fiscal pactado entre España y la Comisión Europea prevé un aumento máximo del gasto público neto del 2,8 % de media en el periodo comprendido entre 2025 y 2031, lo que permitiría reducir el déficit público al 0,8 % del PIB y la deuda al 90,7 % al final del periodo de ajuste.

En el documento, el organismo recuerda que la economía española creció por encima de la media de la eurozona en 2024, un 3,2 %, gracias al consumo y las exportaciones y a pesar de las dificultades externas y las inundaciones del pasado octubre, aunque su nivel de desempleo sigue siendo muy superior a la media.

Señala asimismo que el país logró reducir el déficit público en tres décimas, hasta el 3,2 % del PIB, y que este nivel habría sido inferior de no ser por el coste de las medidas por la dana, en octubre pasado, al tiempo que recortó la deuda en más de tres puntos, hasta el 101,8 %.

El acceso del Estado a los mercados de deuda en 2024 fue "favorable", la prima de riesgo se redujo en unos 30 puntos básicos hasta los 70 puntos, y la banca española tuvo una "sólida posición financiera" con niveles de capital y liquidez por encima de los requisitos regulatorios, apuntan.

De cara a 2025, la expectativa es que el crecimiento se modere y existen riesgos ligados a un entorno global "menos favorable", la posibilidad de que el débil crédito se traduzca en un aumento de la inversión privada menor del esperado, y la incertidumbre política. EFECOM

El Círculo de Empresarios ha pedido un Pacto de Estado por la vivienda ante el deterioro estructural del mercado de la vivienda en España, que ya actúa como freno al crecimiento económico y factor de exclusión para amplias capas de la población, por lo que ha reclamado una serie de medidas que pasan por multiplicar la oferta de suelo urbanizable.

En un comunicado, el Círculo de Empresarios demanda simplificar la normativa actual sobre suelo, agilizando los trámites administrativos de concesión de licencias como, por ejemplo, mediante la adopción de la declaración responsable, para eliminar cuellos de botella que ralentizan los procesos.

Asimismo, pide superar la escasez de mano de obra y el excesivo coste de materiales, que también lastran el aumento de la oferta de nueva construcción.

De igual manera, ha exigido cancelar la "condicionalidad ideológica extrema" en la vivienda, cuyos resultados "muy negativos" han agrandado el problema, así como digitalizar del sistema normativo, fomentando el uso de herramientas como la inteligencia artificial para identificar normativas complejas o solapadas y automatizar trámites burocráticos.

El 'think tank' empresarial insiste en que se debe dar un impulso a la inversión privada mediante la creación de un entorno de seguridad jurídica y un marco fiscal competitivo que incentive la construcción, tanto en compraventa como en alquiler y fomentar la colaboración público-privada.

"El problema más grave es que estamos fallando en lo más fácil: generar oferta, y eso está generando un bloqueo económico, social y territorial", ha advertido el presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin.

Adicionalmente, desde el Círculo han abogado por la rehabilitación e industrialización de la vivienda, promoviendo la renovación del parque existente, la reconversión de activos públicos infrautilizados y nuevas técnicas de construcción más eficientes, así como la reestructuración del sector para tener empresas promotoras de alquiler y servicios homologables con las europeas.

UNA "URGENCIA" DE PAÍS

Para el 'think tank', este escenario exige una reacción inmediata con visión de país, ya que la escasez de suelo finalista, unida a la lentitud de los procesos urbanísticos, constituye un "cuello de botella insostenible".

A ello se suman otros factores que lastran al sector, como el envejecimiento y la falta de la mano de obra, el encarecimiento de los materiales o la baja productividad.

"Esta crisis tiene un gran impacto negativo económico y social para todo el país, pero muy especialmente para colectivos clave como los jóvenes", ha avisado.

En este contexto, el Círculo insiste en que la vivienda debe ser reconocida no solo como un derecho social, sino como un activo estratégico que promueve el desarrollo económico, la cohesión social, mejor funcionamiento del mercado laboral y, en última instancia, la competitividad de España.

A raíz de este enfriamiento de la economía peruana, el gasto público se moderará a medida que se reanude la consolidación fiscal y la inversión privada seguirá siendo mesurada por la persistente incertidumbre y el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, precisó el documento este martes al analizar el panorama sobre la nación sudamericana, aspirante a ser miembro de la OCDE.

Igualmente, el alza de las exportaciones se debilitará debido al impacto directo de los aranceles del 10 % impuestos por Estados Unidos sobre los productos peruanos y del efecto más general de un crecimiento mundial más débil.

"Se espera que la inflación se mantenga próxima al objetivo del 2 % fijado por el Banco Central", indicó el informe, además de resaltar que la postura monetaria del banco emisor, en general neutral, "es adecuada y debería seguir siendo prudente y dependiente de los datos".

Alertó de que el Gobierno peruano prevé una consolidación gradual en 2025 y 2026 para ajustar el déficit a las normas fiscales, pero que "las crecientes presiones sobre el gasto y las optimistas previsiones de ingresos dificultan el cumplimiento", lo que exige medidas adicionales para alcanzar los objetivos fiscales.

El informe recordó que el producto interior bruto (PIB) aumentó un 3,3 % en 2024 por la fuerte demanda interna y el repunte de las exportaciones agrícolas y mineras.

A la par, la inversión pública aumentó el 14 % y el consumo privado se vio respaldado por las retiradas de fondos individuales de pensiones.

No obstante, la imposición de aranceles de Estados Unidos del 10 % a las exportaciones peruanas afectó particularmente a los bienes agrícolas, que representan más del 45 % de las exportaciones de Perú a ese mercado en 2024.

Las exportaciones de cobre, que representan menos del 10 % del comercio con Estados Unidos, siguen estando exentas, pero sufrieron una caída media del precio del 3 % en abril en términos interanuales.

A su vez, el oro, materia prima clave para la exportación, experimentó una subida de precios, mientras que la moneda se depreció moderadamente desde marzo.

Por otro lado, el documento destacó que las "amplias" reservas de divisas y la baja deuda pública proporcionan resistencia a Perú frente a los choques.

Además, se prevé que el déficit fiscal disminuya, mientras que la política monetaria se mantendrá neutra en líneas generales en lo que queda de 2025 y 2026.

Explicó que, aunque los elevados precios de los metales respaldarán los ingresos y reducirán el déficit fiscal, aún son necesarias medidas adicionales equivalentes al 0,3 % del PIB en 2025 y al 0,4 % del PIB en 2026 para cumplir los objetivos fiscales.

La OCDE recordó que el déficit fiscal de Perú alcanzó el 3,5 % del PIB en 2024, lo que significó un segundo año consecutivo con un incumplimiento de la regla fiscal a pesar de la recuperación económica.

Consideró que las presiones fiscales están aumentando debido a las exenciones fiscales introducidas recientemente, incluidas las de las zonas económicas especiales, una reforma de las pensiones insuficientemente financiada y un posible apoyo adicional a la empresa petrolera estatal, Petroperú.

Asimismo, sugirió un control más estricto de la masa salarial pública y la eliminación gradual de los subsidios ineficientes a los combustibles y los gastos tributarios para ayudar a cumplir la regla fiscal.

"No hacerlo podría erosionar la confianza de los inversores, elevar los costes de endeudamiento y empeorar las perspectivas de la deuda", afirmó el informe de perspectivas.

La OCDE también alertó de que la incertidumbre política interna puede intensificarse en el período previo a las elecciones generales anunciadas para abril de 2026, mientras que el aumento de la inseguridad y la delincuencia podría obstaculizar el crecimiento económico.

Igualmente, advirtió de que el menor crecimiento de China, el principal socio comercial de Perú, y la caída de los precios del cobre podrían afectar a las exportaciones, los ingresos públicos y la inversión.EFECOM

A raíz de este enfriamiento de la economía peruana, el gasto público se moderará a medida que se reanude la consolidación fiscal y la inversión privada seguirá siendo moderada por la persistente incertidumbre y el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, precisó el documento al analizar el panorama sobre la nación sudamericana, aspirante a ser miembro de la OCDE.

Igualmente, el alza de las exportaciones se debilitará debido al impacto directo de los aranceles del 10 % impuestos por Estados Unidos sobre los productos peruanos y del efecto más general de un crecimiento mundial más débil.

"Se espera que la inflación se mantenga próxima al objetivo del 2 % fijado por el Banco Central", indicó el informe, además de resaltar que la postura monetaria del banco emisor, en general neutral, "es adecuada y debería seguir siendo prudente y dependiente de los datos".

Alertó de que el Gobierno peruano prevé una consolidación gradual en 2025 y 2026 para ajustar el déficit a las normas fiscales, pero que "las crecientes presiones sobre el gasto y las optimistas previsiones de ingresos dificultan el cumplimiento", lo que exige medidas adicionales para alcanzar los objetivos fiscales.

El informe recordó que el PIB aumentó un 3,3 % en 2024 por la fuerte demanda interna y el repunte de las exportaciones agrícolas y mineras.

A la par, la inversión pública aumentó el 14 % y el consumo privado se vio respaldado por las retiradas de fondos individuales de pensiones.

No obstante, la imposición de aranceles de Estados Unidos del 10 % a las exportaciones peruanas afectó particularmente a los bienes agrícolas, que representan más del 45 % de las exportaciones de Perú a ese mercado en 2024.

Las exportaciones de cobre, que representan menos del 10 % del comercio con Estados Unidos, siguen estando exentas, pero sufrieron una caída media del precio del 3 % en abril en términos interanuales.

A su vez, el oro, materia prima clave para la exportación, experimentó una subida de precios, mientras que la moneda se depreció moderadamente desde marzo.

Por otro lado, el documento destacó que las "amplias" reservas de divisas y la baja deuda pública proporcionan resistencia a Perú frente a los choques.

Además, se prevé que el déficit fiscal disminuya, mientras que la política monetaria se mantendrá neutra en líneas generales en lo que queda de 2025 y 2026.

Explicó que, aunque los elevados precios de los metales respaldarán los ingresos y reducirán el déficit fiscal, aún son necesarias medidas adicionales equivalentes al 0,3 % del PIB en 2025 y al 0,4 % del PIB en 2026 para cumplir los objetivos fiscales.

La OCDE recordó que el déficit fiscal de Perú alcanzó el 3,5 % del PIB en 2024, lo que significó un segundo año consecutivo con un incumplimiento de la regla fiscal a pesar de la recuperación económica.

Consideró que las presiones fiscales están aumentando debido a las exenciones fiscales introducidas recientemente, incluidas las de las zonas económicas especiales, una reforma de las pensiones insuficientemente financiada y un posible apoyo adicional a la empresa petrolera estatal, Petroperú.

Asimismo, sugirió un control más estricto de la masa salarial pública y la eliminación gradual de los subsidios ineficientes a los combustibles y los gastos tributarios para ayudar a cumplir la regla fiscal.

"No hacerlo podría erosionar la confianza de los inversores, elevar los costes de endeudamiento y empeorar las perspectivas de la deuda", afirmó el informe de perspectivas.

La OCDE también alertó que la incertidumbre política interna puede intensificarse en el período previo a las elecciones generales anunciadas para abril de 2026, mientras que el aumento de la inseguridad y la delincuencia podría obstaculizar el crecimiento económico.

Igualmente, advirtió que el menor crecimiento de China, el principal socio comercial de Perú, y la caída de los precios del cobre podrían afectar a las exportaciones, los ingresos públicos y la inversión.EFE

El crecimiento del PIB se desacelerará al 3,1 % en 2025 y 2026. El crecimiento de las exportaciones se debilitará en 2025 debido a las tarifas estipuladas por Estados Unidos a las importaciones de Costa Rica y la inversión privada se debilitará, indica el informe de perspectivas económicas publicado este martes por la OCDE.

Agrega que la demanda interna en Costa Rica mantendrá su tendencia de crecimiento, pero que habrá un deterioro en la demanda externa debido a la introducción de un arancel del 10 % a las exportaciones costarricenses a Estados Unidos.

En este sentido, el informe señala que si Costa Rica continúa expandiendo sus oportunidades de comercio por medio de tratados, ello le ayudará a abrir y diversificar sus mercados de exportación.

La OCDE también identificó como riesgos para la economía costarricense el alto nivel de dolarización de la economía; además de la creciente criminalidad y violencia que podría causar impacto en el turismo y en la inversión extranjera directa. 0

Acerca de la inflación, la OCDE prevé que el indicador está creciendo gradualmente y se ubicará en el 1,8 % en 2025 y en el 2,5 % en el 2026. La meta del Banco Central es de un rango entre el 2 % y el 4 %.

La OCDE también indicó que la situación fiscal del país ha mejorado, pero advirtió que para asegurar la sostenibilidad es necesario continuar aplicando la regla fiscal que se utiliza para contener el crecimiento del gasto público. La proyección indica que el déficit financiero del país será del 3,1 % en 2025.

Entre otras recomendaciones, la OCDE indicó que eliminar restricciones a la participación privada en el sector de generación de electricidad ayudará a atraer las inversiones necesarias para afrontar la creciente demanda de energía, mientras que en educación señaló que para mejorar el crecimiento económico y crear empleos de calidad es necesario reorientar la capacitación hacia carreras de alta demanda en tecnología, ciencia, ingeniería y en ramas técnicas. EFE

La OCDE mantuvo la previsión preliminar divulgada en marzo, pero la tasa continúa lejos del crecimiento del 3,4 % registrado el año pasado en la principal economía de América Latina.

Así mismo, para 2026, el organismo -que agrupa a los países más industrializados del planeta- espera que la desaceleración continúe y que el PIB de Brasil avance apenas un 1,6 %.

Detrás de este menor crecimiento económico del gigante suramericano, la OCDE apuntó en su informe al debilitamiento de la demanda interna y del consumo, en medio de una inflación que se mantiene por encima del 5 % anual.

Además, la organización proyectó una caída de la inversión privada en Brasil, debido a una menor demanda externa de sus productos, que ahora enfrentan mayores aranceles de parte de EE.UU., el principal destino de sus exportaciones.

Un segundo factor que pesa sobre la inversión brasileña es, según el informe, la alta tasa de interés establecida por el Banco Central y que el organismo internacional espera que alcance el 15 % a lo largo de este año.

Sobre la política fiscal del Gobierno brasileño, la OCDE opinó que la expansión del gasto público en educación y sanidad creará "desafíos significativos" para poder cumplir las metas de superávit que establece la ley del país.

En ese sentido, el organismo volvió a defender una reforma a la ley que reajusta las pensiones y los beneficios sociales de acuerdo con la inflación, para "reducir la carga" de estas partidas sobre las finanzas públicas.

Por último, el informe abogó por reducir las barreras arancelarias para ampliar el acceso de Brasil a mercados extranjeros y elevar su competitividad.

Por su parte, el Gobierno brasileño prevé un crecimiento del 2,4 % este año y del 2,5 % en 2026. EFE

La cumbre reunirá a líderes empresariales y Jefes de Estado de toda la región con el objetivo de impulsar el desarrollo liderado por el sector privado, de acuerdo con un comunicado.

Las discusiones se centrarán en temas clave como la gestión responsable de minerales críticos, las condiciones que alientan la inversión —incluida la seguridad— y el futuro de los sistemas financieros en América Latina y el Caribe.

"Nos complace anunciar que, cumpliendo nuestro compromiso de ofrecer un espacio de diálogo entre los gobiernos y el sector privado, trabajaremos junto al Banco Interamericano de Desarrollo para ser anfitriones de la 5ª Cumbre Empresarial de las Américas", expresó el canciller dominicano, Roberto Álvarez, en un comunicado.

En tanto, el presidente del BID, lan Goldfajn, señaló que la colaboración sólida entre las empresas y los gobiernos es esencial para fomentar el desarrollo liderado por el sector privado.

La Cumbre Empresarial de las Américas, la cuarta organizada por el BID, "es una plataforma única para convertir el diálogo en oportunidades concretas en áreas clave de potencial para la región. Es un honor coorganizar este evento con el Gobierno de la República Dominicana", afirmó Goldfajn.

Previo al evento, más de 70 empresas y asociaciones empresariales se reunieron en Santo Domingo como parte del Diálogo Empresarial de las Américas (ABD, según sus siglas en inglés), una iniciativa liderada por el sector privado y facilitada por el BID para promover el intercambio de alto nivel entre gobiernos y empresas de la región. EFE

Según Fitch, la calificación de Nicaragua refleja una política fiscal prudente, continuos superávits en el balance fiscal y en la cuenta corriente externa, lo que conduce a la acumulación de reservas fiscales e internacionales, destacó el banco emisor del Estado en una nota.

La agencia calificadora también señaló que el crecimiento económico de Nicaragua se moderó en 2024, el cual continúa impulsado principalmente por el consumo.

Además, destacó que la inversión privada experimentó un aumento importante y que la inversión pública se recuperó notablemente.

Adicionalmente, Fitch resaltó la reducción significativa de la inflación, la continuidad de la tasa de deslizamiento cambiario en 0 %, así como el crecimiento sostenido del crédito, respaldado por los niveles de liquidez del sistema financiero y la normalización de las condiciones de oferta y demanda de crédito.

Para 2025, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3 % y un 4 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2 % y el 4 %.

El Producto Interno Bruto (PIB) nicaragüense aumentó el 3,6 % en 2024 con respecto a 2023, cuando la economía de Nicaragua creció un 4,4 %, siendo el cuarto año consecutivo de incremento después de tres periodos de cierre con saldo en rojo, según la entidad monetaria. En 2022, el PIB de Nicaragua creció un 3,6 % y el 10,5 % en 2021.

La economía nicaragüense se contrajo en promedio el 2,7 % anual en el periodo 2018-2020, según los datos oficiales. EFE

Suga ha participado hoy, en Madrid, en una reunión del consejo económico de Casa Asia, el organismo de diplomacia pública creado en 2001 con el objetivo de impulsar las relaciones entre los países de Asia, el Pacífico y España en los ámbitos económico, cultural y educativo.

"El Banco, junto con otras instituciones, busca nuevas formas innovadoras de atraer al sector privado para aumentar el capital privado y abordar las amplias necesidades de la región", ha dicho Suga durante su intervención ante los miembros del consejo, en la que ha resaltado la estrecha conexión del ADB con todos los países en los que opera.

"Como todos sabemos, la ayuda oficial para el desarrollo (AOD) está disminuyendo. De hecho, España es el único país que mantiene su nivel de AOD; lamentablemente, todos los demás países europeos han tenido que reducirla. No sólo se trata de una disminución, sino que también existe el objetivo de invertir los fondos concesionales de forma más estratégica, y ahí radica la oportunidad", ha explicado.

"Esperamos -ha añadido- que, en el ámbito soberano, podamos crear puntos de entrada para que los inversores institucionales obtengan beneficios y asuman un cierto perfil de riesgo, lo que también crea una oportunidad para que las instituciones financieras de desarrollo (IFD) aporten fondos concesionales".

El Banco Asiático de Desarrollo agrupa ya a 69 países, 19 de los cuales de fuera de la región. La pequeña isla de Niue en el Pacífico Sur, en 2019, e Israel en 2024, han sido los últimos en adherirse. Su base está en Manila (Filipinas) y su sede europea en Frankfurt (Alemania).

España es accionista del Banco desde 1986.

"Un aspecto único del ADB", ha resaltado Suga, "es que tenemos representación física en casi todos los países donde operamos. Por lo tanto, mantenemos una relación muy estrecha con los gobiernos con los que trabajamos y con los ministerios competentes".

"A menudo me preguntan cuál es nuestra relación con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura -AIIB en inglés, con sede en Pekín-, si es un competidor". "No lo es", ha asegurado.

"La brecha es amplia en Asia y trabajamos en muchos proyectos junto con el AIIB. Pero la diferencia radica -insiste- en que el AIIB no tiene presencia física en los países. Esa es nuestra ventaja".

El volumen anual de préstamos del ADB ronda los 25.000 millones de dólares, si bien el año pasado el Banco realizó una adecuación de capital, ajustando su tolerancia al riesgo, y creó un margen adicional de 10.000 millones.

Pero, advierte Suga,”haber identificado 10.000 millones adicionales no se traduce inmediatamente en nuevos proyectos”. EFECOM

Suga ha participado hoy, en Madrid, en una reunión del consejo económico de Casa Asia, el organismo de diplomacia pública creado en 2001 con el objetivo de impulsar las relaciones entre los países de Asia, el Pacífico y España en los ámbitos económico, cultural y educativo.

"El Banco, junto con otras instituciones, busca nuevas formas innovadoras de atraer al sector privado para aumentar el capital privado y abordar las amplias necesidades de la región", ha dicho Suga durante su intervención ante los miembros del consejo, en la que ha resaltado la estrecha conexión del ADB con todos los países en los que opera.

"Como todos sabemos, la ayuda oficial para el desarrollo (AOD) está disminuyendo. De hecho, España es el único país que mantiene su nivel de AOD; lamentablemente, todos los demás países europeos han tenido que reducirla. No sólo se trata de una disminución, sino que también existe el objetivo de invertir los fondos concesionales de forma más estratégica, y ahí radica la oportunidad", ha explicado.

"Esperamos -ha añadido- que, en el ámbito soberano, podamos crear puntos de entrada para que los inversores institucionales obtengan beneficios y asuman un cierto perfil de riesgo, lo que también crea una oportunidad para que las instituciones financieras de desarrollo (IFD) aporten fondos concesionales".

El Banco Asiático de Desarrollo agrupa ya a 69 países, 19 de los cuales de fuera de la región. La pequeña isla de Niue en el Pacífico Sur, en 2019, e Israel en 2024, han sido los últimos en adherirse. Su base está en Manila (Filipinas) y su sede europea en Frankfurt (Alemania).

"Un aspecto único del ADB", ha resaltado Suga, "es que tenemos representación física en casi todos los países donde operamos. Por lo tanto, mantenemos una relación muy estrecha con los gobiernos con los que trabajamos y con los ministerios competentes".

"A menudo me preguntan cuál es nuestra relación con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura -AIIB en inglés, con sede en Pekín-, si es un competidor". "No lo es", ha asegurado.

"La brecha es amplia en Asia y trabajamos en muchos proyectos junto con el AIIB. Pero la diferencia radica -insiste- en que el AIIB no tiene presencia física en los países. Esa es nuestra ventaja".

El volumen anual de préstamos del ADB ronda los 25.000 millones de dólares, si bien el año pasado el Banco realizó una adecuación de capital, ajustando su tolerancia al riesgo, y creó un margen adicional de 10.000 millones.

Pero, advierte Suga,”haber identificado 10.000 millones adicionales no se traduce inmediatamente en nuevos proyectos”. EFE

“Tenemos que ser innovadores a la hora de crear productos financieros que atraigan más inversiones privadas, como por ejemplo nuestros bonos verdes o nuestro fondo digital, porque son productos predecibles que ofrecen a los inversores privados unas expectativas claras de riesgo y recompensa”, indicó Síkela ante la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Desarrollo de la Unión Europea.

El comisario explicó que hay gran demanda de mayor presencia europea en países socios, y que “existe una clara determinación de la UE de aprovechar esta oportunidad y utilizarla para conseguir más influencia, más competitividad, más seguridad, pero sobre todo más beneficios e impactos reales y tangibles” en esos socios.

“He aprendido que, con la creciente rivalidad, las asociaciones que se crean básicamente sobre la base del beneficio mutuo, las nuevas asociaciones con socios estables y fiables, son de la máxima importancia”, consideró.

Para Síkela, “una cosa está clara: la implicación del dinero público no será suficiente y no podremos tener éxito con toda la fuerte implicación de los inversores privados”, por lo que pidió productos innovadores.

“Éste es uno de nuestros objetivos: cooperar dentro de la Unión Europea y dentro de los Estados miembros, con nuestros países socios, con los bancos de desarrollo y con el capital privado”, apostilló.

En ese contexto, consideró que la próxima Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que tendrá lugar del 30 de junio al 3 de julio en Sevilla, será un “momento importante para el futuro del desarrollo internacional”.

Por su parte, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, destacó los cambios que atraviesa el orden mundial mientras Estados Unidos retira su apoyo al desarrollo de los países más vulnerables.

“Es muy importante que Europa desempeñe su papel, actúe como faro de claridad, estabilidad, apoyando las asociaciones internacionales y cree soluciones con las que todos ganen y puedan contribuir a una Europa más fuerte en un mundo más pacífico, estable y próspero”, puntualizó.

En esa línea, apuntó que en respaldo a Kiev el BEI ha firmado los primeros acuerdos con agencias de crédito a la exportación de toda la UE, de manera que “las empresas europeas pueden, a partir de ahora, dirigirse a sus agencias nacionales de crédito a la exportación para tener acceso a la garantía europea cuando comercien con Ucrania”.

Según dijo, ese producto de garantía de crédito a la exportación tiene un presupuesto de 300 millones y ya han recibido demandas de agencias nacionales de crédito a la exportación por encima de los 400 millones de euros.

Preguntada por el respaldo a Gaza, Calviño recordó que el BEI “actúa como brazo financiero de la UE siguiendo las líneas y las instrucciones políticas que emanan de las instituciones europeas, que se guían por un objetivo clave: poner fin cuanto antes a esta trágica situación y apoyar la solución de los dos Estados”.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, dijo que durante la reunión hablarán de las repercusiones del recorte estadounidense de asistencia al desarrollo en todo el mundo “y de dónde podemos entrar nosotros”.

“Tenemos prioridades estratégicas. No podemos llenar totalmente el vacío que deja Estados Unidos, pero nos centramos en las prioridades que tenemos, y debatiremos sobre ello”, señaló, con especial atención a la democracia, los medios de comunicación, la libertad, los derechos humanos o la democracia.

Además, afirmó que debatirán sobre el próximo presupuesto plurianual de la UE y “cómo podemos hacerlo mejor” y más rentable, teniendo en cuenta que “los fondos son siempre limitados”. EFECOM

El aumento de la inversión privada se benefició de un entorno favorable de confianza empresarial, dado que las expectativas de las empresas, en un periodo de 3 a 12 meses, acerca de la economía y del sector continuaron recuperándose y se mantuvieron en terreno optimista, según un comunicado del BCRP.

La inversión privada subió un 3,3 % en 2024 en Perú, donde el producto interior bruto (PIB) se expandió un 3,9 % interanual en el primer trimestre de 2025 y un 3,3 % el pasado año.

Igualmente, se ha observado una reducción en las tasas de interés activas, especialmente las de créditos corporativos y a grandes empresas.

"Este entorno financiero contribuyó al fortalecimiento de las decisiones de inversión privada, reflejándose en el avance del trimestre", indicó el banco emisor.

Además, la reducción de la inflación y el aumento del empleo y los ingresos ha permitido que los hogares recompongan gradualmente su canasta de consumo, aumentando el gasto relativo en la autoconstrucción.

EL BCRP precisó que la inversión no residencial aumentó en 11,1 % en el primer trimestre, en concordancia con el crecimiento interanual de 24,6 % en el volumen de importaciones de bienes, ex.

A su vez, la inversión residencial revirtió la contracción observada en los 10 trimestres previos y creció 2,8 %, impulsada por la recuperación de la autoconstrucción, que reflejó a su vez el incremento de los ingresos reales. EFECOM

El análisis económico es mucho más que comparar resultados en un determinado período de tiempo. Los datos reflejan el comportamiento de los indicadores, pero una revisión más profunda de los contextos y de las políticas asociadas a ellos nos daría una comprensión más juiciosa del desempeño económico, de hacia dónde vamos y de qué acciones priorizar para alcanzar los objetivos trazados.

Hace un par de semanas, el INEI publicó los resultados de la pobreza monetaria de 2024, entendida como la población que vive en hogares que no cubren la Canasta Básica de Consumo, calculada en S/ 454 por persona. Para una familia de cuatro integrantes, correspondería un monto de S/ 1,816. La pobreza afectó al 27.6% de la población, lo que refleja una mejora con relación a 2023 (29%), aunque se mantiene por encima del nivel prepandemia (20.2%). De hecho, 17 departamentos continúan registrando una pobreza mayor que en 2019.

La pobreza extrema, entendida como la población cuyos gastos son insuficientes para cubrir el costo de la Canasta Básica de Consumo de Alimentos, calculada en S/ 256 por persona —S/ 1,024 para una familia de cuatro integrantes—, afectó al 5.5% de la población. Esto representa una leve mejora respecto a 2023 (5.7%), aunque sigue por encima del nivel prepandemia (2.9%). En efecto, 23 departamentos registran una pobreza extrema mayor que en 2019.

Es lamentable que Cajamarca, con enorme potencial económico, sea el departamento más pobre del país. Las negativas reiteradas al desarrollo de la minería formal y una deficiente gestión de los recursos, con municipalidades que dejaron de ejecutar S/ 600 millones de su presupuesto para inversión pública, limitan el bienestar de su población.

En los últimos cuatro años, las municipalidades de Cajamarca dejaron de ejecutar S/ 1,819 millones, siendo los sectores más perjudicados salud (S/ 465 millones), saneamiento (S/ 318 millones) y educación (S/ 300 millones). El gobierno regional, en ese mismo periodo, dejó de ejecutar S/ 1,243 millones. Con los más de S/ 3,000 millones no ejecutados entre 2021 y 2024, se hubiera podido cubrir un 29% de la brecha de saneamiento 2020-2025, o construir más de 600 postas médicas, 19 hospitales de complejidad media o 3 hospitales de alta complejidad.

Reducir la pobreza sostenidamente es importante. Pero más importante aún es asegurar servicios públicos de calidad. A nivel nacional, el 97% de los establecimientos de salud de primer nivel se encuentra con capacidad instalada inadecuada; casi el 50% de los hogares no cuenta con acceso a agua las 24 horas del día; el 20% de las viviendas no tiene acceso a desagüe; casi el 50% de los colegios se encuentran en riesgo de colapsar, y el 28% requiere sustitución parcial.

¿Cuándo regresaría la pobreza al nivel prepandemia? Apoyo Consultoría estima que, con un crecimiento constante del PBI del 5% a partir de 2027, se lograría en 2029; con un crecimiento del 3%, en 2031; y con uno del 1%, recién en 2041.

Nos falta mucho. El camino correcto está en impulsar la inversión privada. De cara a las próximas elecciones, pensemos en quiénes realmente apuntan a eso. No en una cara, un partido o un movimiento político, sino en los equipos que estarían detrás, quienes, a fin de cuentas, serían los ejecutores.

Este dato del segundo mes de 2025 fue resultado de la contracción anual del 5,2 % en la construcción y del 10,4 % en la maquinaria y equipo, detalló el instituto autónomo con base en cifras originales.

La inversión privada se redujo el 5,7 % interanual y la pública se desplomó el 24 %.

Por otro lado, la inversión retrocedió el 0,1 % en febrero frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.

Esto ocurrió por los decrementos mensuales del 1,1 % en la maquinaria y equipo, pero gracias a un aumento del 1,7 % en la construcción.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció el 1,5 % anual en 2024, aunque en el cuarto trimestre cayó el 0,6 % trimestral, su primera contracción en tres años.

La inversión fija bruta de México creció el 3,4 % anual en 2024 y se disparó el 19,7 % en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas o ‘nearshoring’.

Antes, subió el 6 % anual en 2022 y en 2021 repuntó el 10 % tras la peor etapa de la pandemia del coronavirus, que provocó una contracción del 18,2 % en la inversión en 2020.

La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año. EFE

Tres días después del apagón que sacudió la península Ibérica, el fondo estadounidense redujo su peso en la compañía, al pasar del 5,020 %, al 4,992 %, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que este lunes reflejan un ligero aumento de BlackRock en la empresa, hasta el 5,008 %.

La compañía, todavía en el foco por el inédito apagón, gestiona toda la red de transporte de energía eléctrica de alta tensión y ayuda a pasar la electricidad generada en las distintas centrales o plantas hasta las subestaciones.

El principal accionista de Redeia es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 20 % de participación, mientras que el fundador de Inditex, Amancio Ortega, cuenta con un 5 %, un porcentaje con el que escaló como segundo máximo accionista tras la pequeña reducción en el peso de BlackRock, que, no obstante, este lunes se sitúa de nuevo en segunda posición. EFECOM

Sitharaman enfatizó que este Presupuesto tiene como objetivo abordar las preocupaciones sobre la débil demanda urbana y la lenta inversión privada, que han obstaculizado el desempeño económico de la India.

"Este Presupuesto continúa los esfuerzos del Gobierno para acelerar el crecimiento, asegurar desarrollo inclusivo, estimular la inversión privada, motivar la confianza de los hogares y aumentar el poder de consumo de la clase media", explicó la ministra en el Parlamento durante la presentación del Presupuesto para el año fiscal 2025-2026, que va del 1 de abril al 31 de marzo.

La ministra de Finanzas india propuso nuevos tramos de impuestos, exceptuando para ingresos por debajo de las 400.000 rupias (unos 4.600 dólares) y una reducción significativa para los ingresos más altos, llegando hasta el 30 % para los que superen los 270.000 dólares.

También una desgravación para los contribuyentes con ingresos de hasta 140.000 dólares durante el ejercicio fiscal que, sumada a la reducción de los tramos impositivos, busca que estos no tengan que pagar impuestos.

La Estadística Económica, un informe macroeconómico publicado ayer por el Gobierno en la víspera del presupuesto, subrayaba la necesidad urgente de aplicar reformas para liberar el potencial de crecimiento de la India a medio plazo.

Las medidas se alinean, en gran medida, con las expectativas del mercado, que preveía recortes de impuestos sobre la renta y la energía para aliviar la presión sobre las personas e incentivar el crecimiento.

La India, con una previsión de crecimiento del 6,8 %, necesita alcanzar una tasa de crecimiento del 8 % para hacer realidad sus ambiciones a largo plazo de convertirse en la tercera economía global para 2030.

El presupuesto 2025-26 también incluye iniciativas dirigidas a sectores clave como el desarrollo urbano, la energía y la minería.

La alta inflación de los alimentos ha sido una preocupación importante para la India durante 2024. Mientras que la inflación minorista se redujo a un mínimo de cuatro meses del 5,2 % en diciembre, la de los alimentos, que constituye casi la mitad de la canasta de consumo, se mantuvo en el elevado 8,39 %.

Para abordar la productividad agrícola, el Gobierno anunció una misión nacional destinada a aumentar la producción de cultivos. Además, elevó el límite para el crédito subsidiado a los agricultores.

El impacto general del Presupuesto en el crecimiento económico y su capacidad para abordar los desafíos que enfrenta la economía india son un tema fundamental para los inversores internacionales, tras meses de escepticismo sobre la capacidad de esta nación de más de 1.400 millones de habitantes de mantener su trayectoria de crecimiento. EFECOM

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Lima, 30 ene (EFE).- Perú va a llevar a cabo una reducción de trámites y permisos para acelerar la inversión privada, anunció este jueves el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al definir el plan como "un 'shock' regulatorio".

"En el primer trimestre del año, el Gobierno, con acciones lideradas por el MEF, abocará sus esfuerzos a implementar un 'shock' regulatorio mediante la reducción de trámites y permisos que hacen más lenta la inversión privada y que nos restan competitividad y productividad", expuso el ministro José Arista, citado en un comunicado de su despacho.

Sostuvo que, aunque Perú se ha posicionado como un destino confiable para las inversiones "gracias a las sólidas garantías que ofrece a los inversionistas", el objetivo es consolidar esta fortaleza a nivel regional y entre países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Arista reconoció que existe una sobrerregulación de la economía que vuelve lento el desarrollo de la inversión.

Comentó que esta situación es especialmente notoria en el sector minero, donde indicó que existen proyectos trabados.

En ese sentido, explicó que el esfuerzo para reducir la sobrerregulación se realizará de la mano con el sector privado, academia y gobiernos regionales y locales en el seno del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, que preside el Ministerio de Economía y Finanzas.

"Vamos a continuar con el trabajo de modernizar nuestra regulación sobre inversión extranjera en línea con los principios de la OCDE y ampliaremos nuestra red de acuerdos de protección recíproca de inversiones", agregó.

Recordó que la inversión privada en el 2024 ha crecido alrededor del 2,4 % y se espera que en el 2025 logre superar el 4 %.

Por último, señaló que al igual que la participación en el World Economic Forum, "donde se establecieron reuniones clave con líderes corporativos globales", Perú también participará en marzo en el Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), la mayor convención minera del mundo y que se realiza en Toronto, Canadá.

Agregó que asistirá a esta feria junto al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, para seguir atrayendo inversión privada "porque esta es la que mueve el país". EFE

Lima, 30 ene (EFECOM).- Perú va a llevar a cabo una reducción de trámites y permisos para acelerar la inversión privada, anunció este jueves el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al definir el plan como "un 'shock' regulatorio".

"En el primer trimestre del año, el Gobierno, con acciones lideradas por el MEF, abocará sus esfuerzos a implementar un 'shock' regulatorio mediante la reducción de trámites y permisos que hacen más lenta la inversión privada y que nos restan competitividad y productividad", expuso el ministro José Arista, citado en un comunicado de su despacho.

Sostuvo que, aunque Perú se ha posicionado como un destino confiable para las inversiones "gracias a las sólidas garantías que ofrece a los inversionistas", el objetivo es consolidar esta fortaleza a nivel regional y entre países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Arista reconoció que existe una sobrerregulación de la economía que vuelve lento el desarrollo de la inversión.

Comentó que esta situación es especialmente notoria en el sector minero, donde indicó que existen proyectos trabados.

En ese sentido, explicó que el esfuerzo para reducir la sobrerregulación se realizará de la mano con el sector privado, academia y gobiernos regionales y locales en el seno del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, que preside el Ministerio de Economía y Finanzas.

"Vamos a continuar con el trabajo de modernizar nuestra regulación sobre inversión extranjera en línea con los principios de la OCDE y ampliaremos nuestra red de acuerdos de protección recíproca de inversiones", agregó.

Recordó que la inversión privada en el 2024 ha crecido alrededor del 2,4 % y se espera que en el 2025 logre superar el 4 %. EFE

El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, ha llamado a los países de América Latina a aunar fuerzas y hacer frente a los retos pendientes con el fin de que la región pueda avanzar por la senda del crecimiento económico, de la que se ve desviada por culpa de la baja productividad o el alto endeudamiento, entre otros.

El responsable de CAF ha aprovechado la inauguración del primer Foro Económico de América Latina, que se celebra desde este miércoles en Panamá, para incidir en la necesidad de reformas y proponer una acción coordinada entre países de la región que sirva como "antídoto" a la dinámica cíclica en materia de crecimiento.

Entre los desafíos que ha esbozado, Díaz-Granados ha prestado especial atención al estancamiento de las clases medias y el aumento de la pobreza como una consecuencia de esos bajos niveles de crecimiento económico.

El segundo gran desafío es el cambio climático. "No hay punto de la región que no esté sufriendo por los cambios climáticos extremos", ha afirmado, lo que le ha llevado a hablar de un tercer desafío como es la necesidad de dar un nuevo impulso a la transición energéttica, en un momento en el que América Latina y el Caribe registran un promedio de electrificación cercano al 20%, lo que equivale a 20 puntos por debajo del promedio de los países de la OCDE.

"Tenemos en la electrificación una gran oportunidad de transformación de nuestra región", ha recalcado el presidente ejecutivo de CAF. A continuación, los otros dos grandes desafíos que ha presentado son el de la seguridad y el de la erosión de las democracias, en un momento en el que la región debe posicionarse como un referente de paz.

De esta forma, para hacer frente a todos estos retos, Díaz-Granados ha señalado que la región tiene que utilizar sus fortalezas, como la minería responsable, la transición energética, la seguridad alimentaria, las economías creativas, el turismo sostenible o la integración de la región.

Además, ha resaltado que la región nunca ha tenido tanto conocimiento, fortaleza laboral y capital humano. "Es el momento de usar ese ahorro y ese conocimiento para construir las soluciones", ha expresado.

REFORZAR INVERSIONES

En este contexto, el banco latinoamericano espera jugar un rol clave de cara a 2025, con la expectativa de reforzar la inversión privada en el territorio. Entre otros, la entidad quiere hacer al menos 30 iniciativas de 100 millones de dólares (x millones de euros) entre este año y el año entrante, que dinamicen la movilización de recursos en infraestructuras y en la transformación "que requiere la región".

"Nos comprometemos desde el banco con el sector privado para hacer iniciativas cada vez más ambiciosas y cada vez más transformadoras, que impulsen el crecimiento de la región", ha concluido.

Ciudad de México, 29 ene (EFECOM).- El Gobierno mexicano presentó este miércoles un paquete de reformas legales para reconocer la llamada "justicia energética" y regular la inversión privada en energía tras el cambio constitucional que considera a las compañías Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) como "empresas públicas".

La secretaria de Energía, Luz Elena González, presentó el paquete de modificaciones legales a la Ley de Planeación y Transición Energética, la Ley de la CFE, la Ley del Sector Eléctrico, la Ley de Pemex, y la Ley del Sector de Hidrocarburos.

“Se reconoce por primera vez el concepto de justicia energética para reducir desigualdades en el acceso y uso de la energía, se reconoce que la esencia de CFE y Pemex es cumplir con su responsabilidad social", declaró la alta funcionaria en la conferencia matutina del Gobierno.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió estas iniciativas al Congreso tras aprobarse en octubre una reforma constitucional que deja de considerar "empresas productivas del Estado" a Pemex y CFE, que ahora serán "empresas públicas" para no "competir en el mismo nivel que todas las privadas".

Las nuevas modificaciones establecerán la "prevalencia" del sector público en la propiedad y generación de energía eléctrica, mientras que limitan al 46 % la participación del sector privado en producción.

Sheinbaum apuntó que es "una reforma muy profunda que da viabilidad al país", además de que las "nuevas leyes sustituyen por completo a las reformas de 2013" firmadas por el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) para abrir el sector energético a la inversión privada.

"Establecen un esquema de fortalecimiento de la empresa pública y, al mismo tiempo, dejan participación privada, transparente, sin los mecanismos de antes, cuyos objetivos eran privatizar absolutamente todo", argumentó la mandataria.

La jefa del Ejecutivo argumentó que las nuevas reformas permitirán concretar el 'Plan México', la estrategia que presentó hace dos semanas para que la economía mexicana entre en el top 10 global a pesar de las políticas proteccionistas del nuevo mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Porque va a haber disponibilidad de energía, va a haber disponibilidad en la transmisión, hay mecanismos claros de financiación pública y la participación privada queda regulada, transparente, establecida, como un porcentaje", explicó.

La presidenta recordó que la CFE invertirá 23.400 millones de dólares durante el sexenio (2024-2030) para aumentar la capacidad instalada de producción en 13.024 megavatios (MW), las redes de transmisión y la distribución. EFECOM

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Ciudad de México, 29 ene (EFE).- El Gobierno mexicano presentó este miércoles reformas legales para reconocer la "justicia energética" y "normar" la inversión privada en energía tras el cambio constitucional que considera a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como "empresas públicas".

La secretaria de Energía, Luz Elena González, presentó el paquete de modificaciones legales a la Ley de Planeación y Transición Energética, la Ley de la CFE, la Ley del Sector Eléctrico, la Ley de Pemex, y la Ley del Sector de Hidrocarburos.

“Se reconoce por primera vez el concepto de justicia energética para reducir desigualdades en el acceso y uso de la energía, se reconoce que la esencia de CFE y de Pemex es cumplir con su responsabilidad social", declaró la funcionaria en la conferencia matutina del Gobierno.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió estas iniciativas al Congreso tras aprobarse en octubre una reforma constitucional que deja de considerar "empresas productivas del Estado" a Pemex y la CFE, que ahora serán "empresas públicas" para no "competir en el mismo nivel que todas las privadas".

Las nuevas modificaciones establecerán la "prevalencia" del sector público en la propiedad y generación de energía eléctrica, mientras que limitan a un 46 % la participación del sector privado en producción.

Sheinbaum apuntó que esta es "una reforma muy profunda que da viabilidad al país", además de que las "nuevas leyes sustituyen por completo a las reformas de 2013" firmadas por el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) para abrir el sector energético a la inversión privada.

"Establecen un esquema de fortalecimiento de la empresa pública y, al mismo tiempo, dejan participación privada, transparente, sin los mecanismos de antes, cuyos objetivos eran privatizar absolutamente todo", argumentó la mandataria.

La jefa del Ejecutivo argumentó que las nuevas reformas permitirán concretar el 'Plan México', la estrategia que presentó hace dos semanas para que la economía mexicana entre al top 10 global a pesar de las políticas proteccionistas del nuevo mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Porque va a haber disponibilidad de energía, va a haber disponibilidad en la transmisión, hay mecanismos claros de financiamiento público y la participación privada queda normada, transparente, establecida, como un porcentaje", explicó.

La presidenta recordó que la CFE invertirá 23.400 millones de dólares durante el sexenio (2024-2030) para aumentar la capacidad instalada de producción en 13.024 megavatios (MW), las redes de transmisión y la distribución. EFE

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Lima, 28 ene (EFE).- Perú promocionará 310 proyectos de infraestructura mediante la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), por un valor total de 8.318 millones de soles (2.224 millones de dólares o 2.128 millones de euros), 57 de los cuales ya están en agenda para ser adjudicados, informaron fuentes oficiales.

El paquete de promoción de las obras comprende 232 proyectos que serán considerados prioritarios, por un total de 6.355 millones de soles, 57 iniciativas que ya están en agenda para ser adjudicadas, por 1.556 millones de soles, y 21 que están en actos previos (con informe de Contraloría o trámite de solicitud del informe), por 407 millones de soles.

Al respecto, el director de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), José Salardi, señaló que el 29 % del total de la cartera corresponde a proyectos del sector educación (por 2.513 millones de soles) y el 25 % al de transportes (2.178 millones de soles).

Además, el 13 % a sanidad (por 1.191 millones de soles), el 12 % a gestión (por 1.037 millones de soles) y el 5 % a saneamiento (por 425 millones de soles).

En el paquete se incluye la construcción de una carretera de 110 kilómetros entre las localidades cuzqueñas de Ivochote y Camisea, por 550 millones de soles, y el mejoramiento del servicio de habitabilidad institucional en el gobierno regional del Cuzco, por 412 millones de soles.

También, el mejoramiento de la vía departamental entre el puente Huancachupa y La Esperanza, en la región de Huánuco, por 324 millones de soles, y la creación del puente interregional Sivia- Pichari y sus accesos, en la región de Ayacucho, por 305 millones de soles.

Al presentar estas iniciativas ante representantes de la Alianza para Obras por Impuestos (ALOXI), que agrupa a 35 empresas que financian proyectos a través de este mecanismo, Salardi destacó el resultado alcanzado por OxI en 2024, cuando se otorgaron 126 proyectos, por 4.204 millones de dólares.

Aseguró que esta fue "una cifra sin precedentes" en los 16 años que lleva de lanzado el programa, que plantea promover inversiones públicas con capitales privados en el país andino.

Salardi resaltó, en ese sentido, la importancia de este mecanismo para desarrollar proyectos de manera rápida y eficiente, e informó que 73 empresas y 42 entidades públicas lo usaron por primera vez en 2024.

El funcionario informó que la agencia promociona la adjudicación de proyectos de OxI para 2025 por un monto total de 2.071 millones de soles, aunque existe la expectativa de que este monto se duplique para acercarse al resultado del año anterior.

En Perú, el mecanismo de OxI permite a las empresas adelantar el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública, un monto que luego se les devuelve mediante certificados que pueden ser utilizados para su declaración de tributos. EFE

Berlín, 23 ene (EFE).- Alemania corre el riesgo de quedarse rezagada a nivel internacional en términos de inversión privada y pública, advirtió este jueves Banco de Desarrollo (KfW) al indicar que la inversión total de sector privado en el tercer trimestre de 2024 fue un 8,3 % inferior al nivel de finales de 2019.

Asimismo, la inversión empresarial fue un 6,5 % menor respecto a finales de 2019.

Según una evaluación comparativa de la actividad inversora realizada por KfW Research, en Estados Unidos, por contra, la inversión privada creció de forma constante tras una breve caída al comienzo de la pandemia y recientemente se situó en torno a un 14 % por encima del cuarto trimestre de 2019, el último antes del inicio de la crisis del coronavirus.

La actividad inversora en Francia y Japón ha tenido un recorrido bastante diferente pero, en última instancia, el crecimiento de la inversión también fue desde 2019 significativamente más fuerte en estos dos países que en Alemania, a pesar de que también en Francia se observa desde finales de 2022 una tendencia a la baja.

"Las inversiones privadas y públicas son la clave hacia la competitividad y el crecimiento. Al mismo tiempo, son un requisito indispensable para alcanzar los objetivos climáticos establecidos", declaró el consejero delegado del KfW, Stefan Wintels.

Agregó que "en vista de la escasa dinámica en materia de inversión, existe presión para actuar" y aseguró que "el KfW cumplirá con su responsabilidad y apoyará de manera eficaz a empresas, hogares y municipios en sus proyectos".

Por categorías, las inversiones en bienes de equipo en Alemania en el tercer trimestre de 2024 se situaron en torno a un 9 % por debajo de 2019, mientras que en Francia cayeron un 8 %, y en Estados Unidos y en el conjunto de la UE crecieron un 11,5 % y un 1 %, respectivamente.

El aumento de la inversión en propiedad intelectual también es bajo en Alemania en comparación con otros países y aunque los sectores privado y público destinaron en el tercer trimestre a esta categoría un 11,2 % más que a finales de 2019, en Estados Unidos y en Francia, la subida fue del 36 % y el 26,9 %, respectivamente.

La inversión en construcción residencial en Alemania se situó en torno a un 13 % por debajo del valor de finales de 2019, similar al descenso de la inversión en Francia, mientras que en Estados Unidos y la UE, por contra, hubo un aumento de algo más del 1 %, respectivamente.

En tanto, la inversión pública en Alemania fue un 1,6 % superior a la de finales de 2019, aunque se sitúa en torno a un 9 % por debajo del nivel que se habría alcanzado si se hubiera mantenido la tendencia de crecimiento de 2016 a 2019.

Mientras, en Gobierno estadounidense invirtió alrededor de un 15 % más que en 2019.

Si la inversión pública es controlable directamente de manera política, la empresarial puede incentivarse con la eliminación de barreras a la inversión o mediante subvenciones, apunta el KfW.

Según los resultados de cuatro encuestas recientes comparados por KfW Research, entre los principales obstáculos a la inversión citados por las empresas figuran los costes energéticos y salariales, la escasez de mano de obra cualificada y la densidad de la reglamentación, la burocracia y los requisitos legales, pero también el "desarrollo económico general" y el "entorno macroeconómico desfavorable". EFE

Davos (Suiza), 23 ene (EFE).- El Fondo de Innovación de la OTAN reclamó esta semana a los gobiernos e instituciones participantes en el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos la eliminación de los obstáculos que frenan la inversión privada en el sector de la defensa y en las tecnologías innovadoras de doble uso.

Con motivo de la reunión anual del WEF, el Fondo aliado para la innovación (NIF, por sus siglas en inglés) hizo público un documento en el que pide que se creen "las condiciones para que haya mayores flujos de capital privado hacia la defensa y la innovación de doble uso".

Según el NIF, eso requerirá, en primer lugar, "revisar las listas de exclusión de las instituciones financieras que actualmente obstaculizan la producción, la capacidad y la innovación del sector".

Un obstáculo importante para aumentar el gasto en defensa, en opinión del NIF, "es que el sector está excluido de los mandatos de las instituciones financieras".

Como resultado de ello, explica, "los bancos, los inversores, los fondos de pensiones y los fondos soberanos de inversión han dejado de proporcionar servicios y acceso a las empresas de defensa".

Esta exclusión suele estar motivada por consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (conocidas como ESG). "En los últimos años, la industria ha sido categorizada junto con las llamadas "acciones de pecado", tales como el alcohol, el juego y el tabaco, lo que contribuye aún más a la percepción negativa que socava el papel del sector en la sociedad", denuncia el documento.

El Fondo de Innovación de la OTAN es un fondo de capital riesgo multisoberano de más de 1.000 millones de euros nacido de la Cumbre aliada de Madrid de 2022 y que actualmente es respaldado por 24 de los 32 países de la organización, entre ellos España.

Fue creado para invertir en tecnologías profundas de doble uso dirigidas no sólo a la defensa, sino también a "la seguridad y la resiliencia".

Se trata de las "nueve tecnologías disruptivas emergentes que han sido identificadas por la OTAN como cruciales", según explica a EFE Patrick Schneider-Sikorsky, responsable en el NIF del desarrollo de capacidades y de su cobertura en Europa central y oriental.

"La invasión rusa de Ucrania y los rápidos avances de China en tecnología militar han puesto de manifiesto nuestras deficiencias en materia de innovación tecnológica, de una base industrial resiliente para una producción a gran escala y de un sistema de compras flexible", admite el NIF en su documento.

Schneider-Sikorsky no quiere hacer comentarios sobre el empeoramiento de la situación geopolítica, pero sí confirma que se observa "un impulso renovado para invertir más en estas tecnologías de doble uso en Europa como resultado de la guerra en Ucrania".

"Ha habido más interés en las tecnologías de defensa", reconoce, "pero también en la seguridad y la resiliencia, en tecnologías que puedan mejorar, por ejemplo, la seguridad energética y la seguridad alimentaria, y hacer que Europa sea más resistente y menos dependiente de cadenas de suministro y aprovisionamientos energéticos más problemáticos que se han visto afectados por la geopolítica".

"No es sólo una cuestión de armas. Es defensa, seguridad y resiliencia", subraya.

Comenta que en todos los países europeos existen fortalezas tecnológicas potenciales.

"Parte de nuestra misión es desarrollar las capacidades en toda la alianza. Y así, en nuestras actividades de inversión, intentamos respaldar, por ejemplo, a los gestores de fondos de capital riesgo emergentes en regiones donde hay menos capital riesgo".

"Esperamos que, como resultado de ello, a muy largo plazo, todas las naciones tengan la oportunidad de ponerse al día. Recientemente hemos invertido en un fondo llamado Faber que tiene su sede en Portugal, pero que opera para la península ibérica y hace inversiones en España. Hemos visto que España es bastante buena para la biotecnología", comenta.

La presencia de directivos del NIF en Davos ha tenido tres objetivos, según Schneider-Sikorsky: "Atraer más capital privado a las tecnologías y startups de defensa, seguridad y resiliencia; encontrar formas de hacer que los procesos de compras y las asociaciones con los gobiernos sean más rápidos y fáciles; y explicar tanto a los gobiernos como a la industria nuestro enfoque hacia una inversión responsable en estas tecnologías", las cuales ofrecen amplias oportunidades, pero también comportan riesgos. EFE

La Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) ofrecieron 22 predios a inversionistas privados para ejecutar proyectos de inversión en diversas regiones del país. La iniciativa se enmarca dentro de la modalidad de Proyectos en Activos, promovida por ProInversión, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico a través del uso de terrenos de propiedad del Estado.

Los Proyectos en Activos permiten que entidades públicas, como las Fuerzas Armadas, cedan el uso temporal de bienes inmuebles a empresas privadas a cambio de una contraprestación. Esta puede ser económica o en forma de mejoras en infraestructura o servicios. El inversionista privado asume todos los riesgos y costos, desde la construcción hasta la operación del proyecto.

Los terrenos disponibles están ubicados en Lima, Piura, Ucayali, La Libertad, Áncash, Loreto, Arequipa y Lambayeque. Cada predio posee características distintas que permiten desarrollar desde centros industriales y parques logísticos hasta espacios turísticos, comerciales, académicos o recreativos. Esta oferta representa una oportunidad para diversificar la inversión privada en distintas zonas estratégicas del Perú.

Predios disponibles de la Marina de Guerra

La Marina de Guerra del Perú ofrece 12 predios en diferentes regiones del país. Entre ellos se encuentran:

• Predio en Ancón (Lima): Tiene 38,5 hectáreas y está orientado a la instalación de un parque industrial y/o logístico. Se encuentra cerca del puerto de Chancay, el puerto del Callao y el aeropuerto internacional Jorge Chávez, lo que facilita su conexión con rutas comerciales. Se ofrece por un periodo de hasta 30 años, con retribución no dineraria y/o mixta.
• Predio en Campo Verde (Pucallpa): Ubicado en la carretera Federico Basadre, tiene 1.091 hectáreas. Se puede destinar a un centro de producción campestre o turístico. Su tamaño y ubicación sobre una vía principal representan ventajas logísticas y de conectividad.
• Cuatro predios adicionales en Pucallpa (Ucayali): Están orientados a actividades turísticas o de producción. No se detalla el tamaño, pero su valor radica en el alto potencial ecológico de la zona y su atractivo para proyectos sostenibles.
• Predio en Pacasmayo (La Libertad): Cuenta con 2621,7 metros cuadrados y se encuentra en una zona turística. Es apto para la instalación de un hotel, gracias a su entorno atractivo para visitantes.
• Predio en Chimbote (Áncash) – El Gran Trapecio: Tiene 30.135 metros cuadrados. Se puede utilizar para construir un embarcadero o astillero. Su ubicación en una ciudad portuaria representa una ventaja para proyectos vinculados a la industria naval.

Según el Capitán de Navío Jack Gallegos, jefe de gestión de predios en la Dirección de Proyectos Navales de la Marina de Guerra, los recursos obtenidos mediante estas cesiones serán destinados a mejorar la infraestructura, equipamiento y servicios de la institución.

Terrenos que ofrece la Fuerza Aérea del Perú

La FAP ha identificado 10 terrenos de su propiedad con potencial para inversión privada. Entre ellos destacan:

• Predio en la Escuela Superior de Guerra Aérea (La Molina, Lima): Tiene 14.736 metros cuadrados y se ubica en la avenida Manuel Prado Ugarteche. Se propone como espacio para una universidad, escuela de posgrado o centro comercial. Su ubicación en una zona urbana consolidada le otorga alto valor inmobiliario.
• Dos terrenos en el sector Los Lagos (Chiclayo): Cada uno tiene 10.000 metros cuadrados y se encuentra en la carretera Chiclayo – Pimentel. Son apropiados para centros comerciales o parques logísticos, debido a su localización sobre una vía de alto tránsito.
• Predio en la Carretera La Joya (Arequipa): Mide 33.580 metros cuadrados. Puede albergar una planta procesadora de alimentos o convertirse en un parque logístico. Se ubica en una zona industrial con facilidades para el desarrollo productivo.
• Predio en la Carretera Zungarococha – Maynas (Loreto): Con 160.216 metros cuadrados, es el terreno más extenso. Se plantea su uso como centro de esparcimiento o parque logístico. La región ofrece condiciones favorables para iniciativas de turismo o transporte en la Amazonía.

El coronel Juan Carlos Aguilar, director de inversiones de la FAP, informó que 19 empresas ya han manifestado interés en estos terrenos. Agregó que, conforme se concrete el interés privado, se podría ampliar la oferta de predios.

“En la medida que haya interés de los privados y se concreten las inversiones, se podrá poner a disposición más terrenos; actualmente estamos haciendo el saneamiento físico legal del ellos”, indicó.

Estos 22 predios representan una oportunidad para atraer inversión privada con impacto local y nacional, al mismo tiempo que contribuyen al fortalecimiento de las instituciones armadas mediante mejoras en su infraestructura.

Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- El ministro de Energía de Sudáfrica, Kgosientsho Ramokgopa, insistió este martes en la necesidad de atraer inversiones privadas para impulsar la industria minera en África, pero pidió que estén condicionadas a generar beneficios directos en las regiones donde tienen lugar para garantizar el crecimiento de las economías de los países africanos.

“Lo que hemos estado haciendo a lo largo del tiempo ha sido exportar oportunidades, esencialmente de empleo, lo que ha generado que la relación sea de extracción y que el beneficio de los recursos minerales tenga lugar en zonas remotas”, dijo Ramokgopa durante una mesa redonda sobre el geoeconomía de la energía y los materiales en el Foro Económico de Davos.

Ramokgopa recordó que en África hay alrededor de “600 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad”, por lo que aseguró que la conversación sobre la transición energética en el continente "es esencialmente un término equivocado, no existe, porque (la población) no tiene acceso a la electricidad”.

Aún así, Ramokgopa recordó que África posee el 30 % de las reservas minerales del mundo y consideró que, en este contexto de transición, su explotación es “clave” para impulsar las economías de los países africanos.

“Probablemente ampliaremos el flujo de producción industrial y, de este modo, podremos impulsar las economías de esos países, sacar a la gente de la pobreza y garantizar que tengan las capacidades necesarias para participar en la nueva economía”, aseguró.

Sin embargo, insistió en que la explotación de minerales requiere “mucho capital” y admitió que los países del continente, por lo general, no tienen “suficientes” recursos para autofinanciarse.

Así, consideró fundamental aumentar el capital privado procedente de grandes potencias industriales, pero siempre en beneficio de las regiones donde se realiza la explotación.

“Hay que garantizar que se apoya el crecimiento de estos países, se invierte en ellos y se asegura que el beneficio se produce más cerca de la fuente”, dijo el ministro sudafricano.

Por otro lado, aseguró que la presidencia sudafricana del G20 permitirá a los países africanos articular “de manera más coherente y completa” lo que constituyen las “aspiraciones y necesidades” del continente, entre ellas, estas cuestiones de acceso a la energía y explotación de recursos naturales.

“Vemos la presidencia del G20 no sólo como una presidencia sudafricana, sino como una presidencia del continente (...). Es una plataforma ideal para que África muestre el potencial que tiene”, dijo Ramokgopa. EFE

El Indecopi presentó su informe titulado “Impacto económico de la eliminación de barreras burocráticas 2020-2024″, un documento que detalla los avances logrados en la reducción de obstáculos administrativos que afectaban a ciudadanos y empresas en el Perú. Según el informe, durante este período se eliminaron e inaplicaron un total de 26.387 barreras burocráticas consideradas ilegales o carentes de razonabilidad, lo que evitó un impacto económico de S/873,6 millones.

El análisis, elaborado por la Oficina de Estudios Económicos del Indecopi, pone especial énfasis en sectores clave como telecomunicaciones, construcción y comercio, debido a su impacto en el Producto Bruto Interno (PBI) del país. En el sector de telecomunicaciones, se identificaron barreras impuestas por gobiernos subnacionales que dificultaban la instalación de antenas y cableados. En construcción, las licencias de edificación representaron un desafío recurrente, mientras que en comercio se detectaron trabas que excedían las competencias municipales.

Barreras burocráticas: eliminación de barreras por ámbito geográfico

El informe detalla que, a nivel geográfico, se lograron eliminar e inaplicar 3.735 barreras burocráticas de alcance nacional, mientras que en Lima se registraron 5.057 barreras eliminadas. En el ámbito regional, la cifra ascendió a 17.595 barreras, lo que refleja un esfuerzo significativo para reducir los costos y tiempos asociados a trámites administrativos en todo el territorio peruano.

En términos económicos, las barreras de alcance nacional representaron el mayor impacto, con un ahorro de S/ 624 millones. En Lima, el ahorro alcanzó los S/ 104 millones, seguido por las regiones de Áncash (S/ 20,5 millones), Junín (S/ 19,7 millones) y San Martín (S/ 18,2 millones).

Indecopi: actuaciones de oficio y de parte

El informe también distingue entre las actuaciones de oficio y las de parte en la eliminación de barreras burocráticas. Las actuaciones de oficio, que representan el 93 % del total, permitieron la eliminación de 24.490 barreras mediante investigaciones iniciadas directamente por el Indecopi. Estas acciones generaron un ahorro de S/ 167,4 millones.

Por otro lado, las actuaciones de parte, que corresponden al 7% del total, resultaron en la eliminación de 1.897 barreras y un ahorro económico mucho mayor, de S/ 706,2 millones. Entre los casos más destacados, en 2020 se eliminó una barrera relacionada con el almacenamiento mayorista de combustibles, cuyo impacto económico fue de S/ 529,6 millones. En 2023, se identificaron dos barreras significativas: una que impedía la tercerización de actividades vinculadas al núcleo del negocio (S/ 31,5 millones) y otra que prohibía la construcción de un hotel cinco estrellas en San Isidro (S/ 13,8 millones).

Impacto sectorial y regional en 2024

En el último año del período analizado, 2024, el Indecopi eliminó 4375 barreras burocráticas, lo que generó un ahorro de S/ 57,2 millones. El sector construcción fue el más afectado por estas barreras, representando el 53 % del impacto económico total, con un ahorro de S/ 30,4 millones.

A nivel geográfico, las barreras de alcance nacional continuaron siendo las más costosas, con un impacto de S/ 20,4 millones, seguidas por las impuestas en Lima (S/ 19 millones), Junín (S/ 5,3 millones), San Martín (S/ 2,4 millones) y Áncash (S/ 1,8 millones).

Ranking de barreras burocráticas

El informe también incluye un ranking de las entidades con mayor cantidad de barreras burocráticas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad. En el segundo semestre de 2024, la Municipalidad Provincial de Chucuito (Puno) lideró la lista con 26 barreras, seguida por la Municipalidad Provincial de Huancayo (Junín) con 15, el Ministerio de Educación con 13, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con 12 y la Municipalidad Distrital de La Punta (Callao) con 12.

En el ranking negativo del primer semestre de 2024, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre (Lima) ocupó el primer lugar con 67 barreras, seguida por la Municipalidad Provincial de Tacna (Tacna) con 17, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con 16, la Municipalidad Provincial de Huancayo (Junín) con 14 y la Municipalidad Distrital de Punta Negra (Lima) con 12.

Debate sobre la segunda instancia

En el marco de la presentación del informe, el Indecopi expresó su oposición al Proyecto de Ley 9566/2024-CR, que propone eliminar la segunda instancia en los procedimientos de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Según el proyecto, las decisiones que den la razón a los denunciantes serían definitivas y no podrían ser apeladas por las entidades públicas.

El Indecopi argumentó que esta medida podría afectar la calidad de las resoluciones, ya que actualmente el 45 % de las decisiones de la Comisión son revocadas en segunda instancia administrativa. Además, destacó que el Poder Judicial confirma el 96,62 % de las resoluciones emitidas en segunda instancia, lo que respalda la importancia de mantener este nivel de revisión.

Por otro lado, el Indecopi saludó la iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del gobierno peruano para presentar un paquete legislativo orientado a reducir los trámites y la burocracia que enfrentan los inversionistas privados en el país. Este paquete será presentado próximamente al Congreso y busca fomentar un entorno más favorable para la inversión.

Pemex resolverá todas sus deudas con los proveedores en marzo, después de estar pagando estas cantidades desde el pasado diciembre y hasta el próximo febrero, y que ascienden a alrededor de 20.500 millones de dólares (19.898 millones de euros).

Así lo ha afirmado este miércoles la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina, en la que ha asegurado que esta parte de las deudas ya se está resolviendo, con arreglo al plan de austeridad para la compañía que fue puesto en marcha por el Gobierno.

El objetivo de este plan era hacer que Pemex fuera más eficiente y disminuir costes. Una de las dificultades a la hora de gestionar Pemex es su complejo estructura interna, ya que la compañía cuenta con tres subsidiarias y 40 filiales, lo que hace "muy compleja" su gestión económica.

Ante esta situación, Sheinbaum ha explicado que se va a unificar verticalmente la empresa, separando su contabilidad e integrando las subsidiarias, para que sea muy transparente. "Pemex va a regresar con una operación eficiente, que no tenga tantos consejos de administración por todos lados, sino un único órgano de dirección", ha especificado.

Estas acciones, según el Gobierno, van a a permitir no solo la fortaleza de la empresa pública, sino que además su eficiencia en la exploración y explotación del petróleo.

Asimismo, de cara a febrero, el Ejecutivo mexicano presentará las leyes correspondientes para acotar las reglas de inversión privada en Pemex y que los recursos sean explotados por empresas públicas, con el único fin de que la electricidad llegue a todo el país.

Lima, 26 dic (EFE).- El déficit fiscal de Perú cerrará el año con un porcentaje entre el 3 y 3,3 % del PIB, lejos de la meta anual del 2 % prevista para el 2024, pero, aún así, menor que el déficit fiscal en los países vecinos, declaró este jueves el ministro de Economía y Finanzas, José Arista.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Arista resaltó la diferencia de sus cifras con las de otros países latinoamericanos.

"A diferencia de estos países, ninguno de estos países estuvo en recesión en el 2023", como ocurrió con Perú, señaló Arista.

El titular de Economía reiteró que la proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) es del 3,2 % para este año, con una expectativa mayor, y que la inflación concluirá en torno al 2 %.

En el desempeño global de la economía peruana, "el único sector que no ha crecido y ha decrecido 2 % es el sector financiero y de seguros", indicó Arista y lo atribuyó a que "tenemos una tasa de interés real muy alta, la más alta desde hace 20 años y eso pasa factura".

"Si a ello le sumamos un año 2023 que no ha sido bueno, evidentemente en el 2024 vemos un sector que se está recuperando y esperemos que se siga recuperando en los próximos meses", indicó el ministro.

Arista destacó que la inversión privada ha crecido 2,6 % y que la inversión pública ha logrado una ejecución de inversiones de 53.500 millones de soles (14.300 millones de dólares o 13.800 millones de euros).

No obstante, el ministro apuntó que la inversión privada tiene que crecer a tasas superiores de 7 % para impulsar un crecimiento de PIB de 5 a 6 %, que permita reducir la pobreza y dar mayor bienestar a la población.

Con respecto al 2025, Arista confió en que tendrá un buen inicio y podrá crecer a una tasa de 3,2 % en vista a cartera de proyectos activos con meta de adjudicación por más de 17.000 millones de dólares y otros 51 proyectos en minería que pueden darle "un dinamismo enorme" a la economía peruana.EFE

Tegucigalpa, 19 dic (EFE).- El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) en Honduras creció un 4,1 % entre enero y octubre de 2024, impulsado por la demanda interna destinada al consumo de los hogares y la inversión privada, informó este jueves el Banco Central hondureño (BCH).

"La dinámica de la actividad económica se mantiene estable al registrar un crecimiento acumulado a octubre de 4,1 %", indicó la institución monetaria en un comunicado.

La variación interanual (desde octubre de 2023 a octubre de 2024) del IMAE, un indicador que mide los principales sectores de la actividad económica de un país y es utilizado para la toma de decisiones de inversión, fue de 3,7 %, señaló.

"De forma interanual se destaca la evolución positiva de algunas actividades agrícolas, industriales, edificaciones residenciales, de almacenamiento y las telecomunicaciones", subrayó el emisor del Estado.

Las actividades que registraron mayor crecimiento en los primeros diez meses fueron intermediación financiera, seguros y fondos de pensiones (12 %); electricidad y agua (7,2 %); construcción privada (7,1 %); comercio (5,1 %); hoteles y restaurantes (4,2 %), detalló.

Las telecomunicaciones crecieron un 4 %, mientras que el sector de minas y canteras registró un aumentó 2,3 %, precisó el Banco Central.

Por otra parte, la industria manufacturera registró una contracción del 1,5 % debido a la menor fabricación de textiles y prendas de vestir ante la baja demanda externa en los mercados de Canadá, El Salvador y Estados Unidos, así como de productos agroindustriales de exportación, concentrado para animales y conservación de carnes.

La economía de Honduras creció en 2023 un 3,8 % a pesar del entorno internacional adverso y una menor demanda externa, según el organismo hondureño.

Además, se estima que Honduras crecerá entre el 3,5 % y 4,5 % en 2024 y 2025 gracias a un mayor consumo privado, mientras que la inflación se ubicará entre el 4 % y 5 % en los dos años, según el Programa Monetario. EFE

La economía peruana enfrenta un panorama desafiante que podría extenderse por décadas si no se implementan reformas estructurales impostergables. Según el informe titulado “Perú: Aprovechando las oportunidades para el crecimiento y la prosperidad”, elaborado por el Grupo Banco Mundial en colaboración con el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), el país tardaría 64 años en alcanzar la categoría de ingreso alto bajo las condiciones actuales. Sin embargo, con reformas clave, este objetivo podría lograrse para 2045, reduciendo el tiempo a menos de un tercio.

El informe fue presentado en la Conferencia Internacional: Hacia un crecimiento transformador en el Perú, donde se analizaron los principales obstáculos que enfrenta la economía peruana. Entre ellos, destacan la desaceleración del crecimiento económico, la baja productividad, la alta informalidad laboral y las disparidades regionales. Según el Banco Mundial, el crecimiento económico del país se ha desacelerado significativamente desde 2014, con un promedio de apenas el 3 % anual, y actualmente el crecimiento potencial se sitúa en un modesto 2,1%.

“La capacidad institucional y un flujo constante de inversión privada son cruciales para fomentar las inversiones a largo plazo y las innovaciones necesarias para aumentar el suministro de metales. De este modo, Perú puede impulsar el crecimiento del producto interno bruto (PIB) en más de 1 punto porcentual entre 2024 y 2050 y alcanzar la categoría de ingreso alto tres años antes (2042)”, relató.

Un estancamiento económico con raíces estructurales

El sólido desempeño económico de Perú durante la década de 2000 ocultó profundas deficiencias estructurales que han salido a la luz en los últimos años. Según el informe, el crecimiento de la productividad, un motor clave para el desarrollo económico, se ha paralizado desde 2013. Además, la inversión total se ha estancado, y el 90% del crecimiento económico desde 2014 ha dependido exclusivamente del consumo.

El mercado laboral también refleja estas dificultades. La tasa de empleo informal, que ya era alta, aumentó drásticamente durante la pandemia, alcanzando alrededor del 77%. Esto ha limitado las oportunidades de mejora en el capital humano, cuya contribución al crecimiento ha sido mínima desde 2002. Asimismo, la pobreza no ha mostrado avances significativos desde 2014, y las mejoras en el mercado laboral han sido limitadas.

El informe también señala que la capacidad institucional y la inestabilidad política han dificultado la implementación de reformas necesarias. Según el Banco Mundial, el sistema político peruano se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo, en lugar de ser una herramienta para la solución de problemas.

La riqueza en pocas manos

El informe señala que la riqueza total de Perú aumentó considerablemente en las últimas décadas. El rápido aumento se produjo entre 2002 y 2013, impulsado por el auge del mercado de productos básicos y la abundancia de riqueza no renovable de Perú, especialmente los minerales. Sin embargo, el crecimiento de la riqueza general a lo largo de un período más prolongado se sostuvo, principalmente, gracias a un aumento constante del capital humano, medido como el valor total actualizado de los ingresos laborales futuros que se prevé generar a lo largo de la vida de la población activa actual.

A pesar de los avances, la riqueza per cápita de Perú sigue siendo inferior a la de los países de ingreso mediano alto, cuyo nivel duplica el de Perú. Esta diferencia se atribuye principalmente a una brecha significativa tanto en el capital producido como en el capital humano, que en estas naciones de ingreso mediano alto es 1,8 veces mayor que en Perú. Si bien el país tiene una ligera ventaja en el capital natural, este factor por sí solo no es suficiente para compensar las brechas en el capital producido y el capital humano.

“Es fundamental reconocer que, si bien un mayor bienestar en los países de ingreso alto se vincula con una mayor riqueza, los recursos naturales por sí solos no son la única base de la prosperidad. También se necesitan niveles más altos de capital producido y humano”, dijo el Banco Mundial.

Regulaciones laborales y barreras al crecimiento empresarial

Uno de los principales desafíos identificados en el informe es la rigidez de las regulaciones laborales en Perú. Los altos costos de despido y la distribución obligatoria de utilidades elevan los costos no salariales de los trabajadores formales a aproximadamente el 70% de su sueldo, lo que coloca al país como el tercero más alto en la región en este aspecto. Estas regulaciones, junto con un sistema contractual dual, dificultan la asignación eficiente de mano de obra y capital, limitando la capacidad del país para diversificar su economía hacia sectores como las manufacturas de alta tecnología.

El informe también destaca que la informalidad empresarial es otro factor que frena el crecimiento. Muchas empresas informales no perciben beneficios significativos al formalizarse, más allá de un mejor acceso al crédito. Según el Banco Mundial, cerca del 50% de estas empresas no reconocen ventajas en términos de reducción de sobornos, acceso a mercados o infraestructura. Además, las empresas informales menos productivas suelen evitar la formalización debido a los costos asociados y la falta de incentivos claros.

“La tasa de empleo informal aumentó levemente entre 2014 y 2019, y luego de manera más drástica durante la pandemia, hasta llegar a alrededor del 77 por ciento. Esto exacerbó la situación —ya precaria— del mercado laboral”, refiere el documento.

Potencial económico y oportunidades en el sector minero

A pesar de estos desafíos, el Banco Mundial subraya que Perú cuenta con un enorme potencial económico. El país posee vastas reservas de minerales como cobre, oro, plata y zinc, que son esenciales para la transición energética global. Actualmente, Perú es el segundo mayor exportador de cobre a nivel mundial, después de Chile, y un importante productor de pescado, frutas y hortalizas.

El informe enfatiza que la transición hacia una minería climáticamente inteligente podría ser una oportunidad clave para atraer inversiones a gran escala y garantizar la sostenibilidad ambiental. Este enfoque permitiría a Perú aprovechar la creciente demanda mundial de minerales críticos para la energía verde, al tiempo que fortalecería los ingresos fiscales y contribuiría al desarrollo económico.

“A pesar de la desaceleración económica general registrada en la última década, la agroindustria siguió teniendo éxito. En los últimos 20 años, el sector agrícola de Perú experimentó un auge impresionante en las exportaciones de cultivos de alto valor agregado, impulsado por la inversión y la innovación del sector privado. Entre 2000 y 2022, el valor total de las exportaciones agrícolas se multiplicó por 15, y la variedad de cultivos de exportación se diversificó considerablemente”, agrega.

Disparidades regionales y desafíos de desarrollo

El desarrollo económico de Perú también está marcado por profundas disparidades regionales. Según el informe, las regiones del sur del país, favorecidas por el auge de la minería y la liberalización del comercio en la década de 2000, han experimentado un crecimiento económico más acelerado en comparación con otras áreas. Sin embargo, esta concentración de riqueza ha incrementado las desigualdades espaciales.

A pesar de estas disparidades, el informe señala que ha habido una convergencia en términos de pobreza. Desde principios de la década de 2000, los municipios con tasas de pobreza más altas han logrado mayores reducciones en comparación con aquellos con menores niveles de pobreza. Sin embargo, casi uno de cada tres peruanos aún vive en pobreza moderada, y uno de cada 20 en pobreza extrema.

“La elevada concentración de trabajadores en empleos de baja calidad y baja remuneración es un obstáculo para la reducción de la pobreza y el desarrollo económico. Incluso después de la recuperación posterior a la crisis de la COVID-19, los resultados del mercado laboral de Perú se mantuvieron en los niveles de una década atrás”, continúa.

Reformas necesarias para un crecimiento transformador

El Banco Mundial concluye que Perú necesita una nueva generación de reformas audaces para superar sus desafíos estructurales y acelerar su crecimiento económico. Entre las medidas propuestas, se destaca la necesidad de mejorar las instituciones, aumentar la eficiencia del Estado y fortalecer los servicios públicos, especialmente en las regiones más rezagadas.

Además, el informe subraya la importancia de liberar el potencial productivo de las mujeres como una fuente adicional de crecimiento. Si la participación femenina en la fuerza laboral alcanzara niveles similares a los de los hombres para 2032, el PIB per cápita podría ser un 17,7 % más alto en 2050.

En definitiva, el informe del Banco Mundial y el CIES plantea un diagnóstico claro: Perú tiene el potencial para convertirse en un país de ingresos altos, pero para lograrlo será necesario implementar reformas estructurales profundas que impulsen la productividad, reduzcan la informalidad y promuevan un desarrollo más equitativo en todas las regiones del país.

Lima, 11 dic (EFECOM).- Perú ha adjudicado, en lo que va de este año, 117 proyectos mediante el mecanismo de Obras x Impuestos (OxI), que comprenderán una inversión total de 3.629 millones de soles (unos 930,5 millones de euros), informaron este miércoles fuentes oficiales.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) señaló en un comunicado que a este "ritmo imparable" de las OxI se sumaron en la última semana cinco nuevas obras por un total de 482,7 millones de soles (unos 123,9 millones de euros), que se realizarán en los departamentos de Arequipa, Cuzco, Ica y La Libertad.

Los proyectos entregados durante este año comprenden las áreas de educación, salud, transportes, saneamiento y seguridad ciudadana.

Al respecto, la directora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, Denisse Miralles, dijo que este resultado no tiene precedentes en los 16 años del mecanismo, que ahora comprende a 18 regiones y se creó para contribuir a la ejecución de proyectos de gobiernos regionales y locales, así como de universidades públicas con inversión privada.

Añadió que en la última semana se han adjudicado proyectos como el mejoramiento de una gran escuela en el Cuzco, con una inversión de 249 millones de soles, o la construcción de la represa en la cuenca del río Yura, en Arequipa, por 102 millones de soles (unos 26,2 millones de dólares).

Además, el mejoramiento de una escuela en la región de La Libertad, por 68 millones de soles (unos 17,4 millones de euros); la construcción de ciclovías en la región de Ica, por 40,7 millones de soles (unos 10,45 millones de euros); y el mejoramiento de otra escuela en el Cuzco, por 23 millones de soles (unos 5,9 millones de euros).

Miralles informó que, en lo que va de este año, 42 entidades públicas y 68 empresas privadas se han sumado al OxI, lo que consideró "un avance importante en la recepción que viene registrando este mecanismo" en su país.

Sostuvo que la expectativa es cerrar este año con adjudicaciones por encima de los 3.900 millones de soles (unos 1.001,1 millones de euros) en Obras por Impuestos, un resultado que superaría el acumulado en los últimos cinco años.

El mecanismo ha adjudicado 619 obras entre 2009 y el 10 de diciembre de 2024, por un total de 11.202 millones de soles (unos 2.875,5 millones de euros), 298 de las cuales ya han sido concluidas y otras 321 están en ejecución.

Esto "evidencia también la eficacia del mecanismo para captar inversiones privadas que permitan desarrollar proyectos públicos en Perú", concluyó Proinversión.

En Perú, el mecanismo de OxI permite a las empresas adelantar el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública, un monto que luego se les devuelve mediante certificados que pueden ser utilizados para su declaración de tributos. EFECOM

Lima, 11 dic (EFE).- Perú ha adjudicado, en lo que va de este año, 117 proyectos mediante el mecanismo de Obras x Impuestos (OxI), que comprenderán una inversión total de 3.629 millones de soles (unos 978,1 millones de dólares), informaron este miércoles fuentes oficiales.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) señaló en un comunicado que a este "ritmo imparable" de las OxI se sumaron en la última semana cinco nuevas obras por un total de 482,7 millones de soles (unos 130 millones de dólares), que se realizarán en los departamentos de Arequipa, Cuzco, Ica y La Libertad.

Los proyectos entregados durante este año comprenden las áreas de educación, salud, transportes, saneamiento y seguridad ciudadana.

Al respecto, la directora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, Denisse Miralles, dijo que este resultado no tiene precedentes en los 16 años del mecanismo, que ahora comprende a 18 regiones y se creó para contribuir a la ejecución de proyectos de gobiernos regionales y locales, así como de universidades públicas con inversión privada.

Añadió que en la última semana se han adjudicado proyectos como el mejoramiento de una gran escuela en el Cuzco, con una inversión de 249 millones de soles, o la construcción de la represa en la cuenca del río Yura, en Arequipa, por 102 millones de soles (unos 27,4 millones de dólares).

Además, el mejoramiento de una escuela en la región de La Libertad, por 68 millones de soles (unos 18,3 millones de dólares); la construcción de ciclovías en la región de Ica, por 40,7 millones de soles (unos 11 millones de dólares); y el mejoramiento de otra escuela en el Cuzco, por 23 millones de soles (unos 6,2 millones de dólares).

Miralles informó que, en lo que va de este año, 42 entidades públicas y 68 empresas privadas se han sumado al OxI, lo que consideró "un avance importante en la recepción que viene registrando este mecanismo" en su país.

Sostuvo que la expectativa es cerrar este año con adjudicaciones por encima de los 3.900 millones de soles (unos 1050,1 millones de dólares) en Obras por Impuestos, un resultado que superaría el acumulado en los últimos cinco años.

El mecanismo ha adjudicado 619 obras entre 2009 y el 10 de diciembre de 2024, por un total de 11.202 millones de soles (unos 3.016,16 millones de dólares), 298 de las cuales ya han sido concluidas y otras 321 están en ejecución.

Esto "evidencia también la eficacia del mecanismo para captar inversiones privadas que permitan desarrollar proyectos públicos en Perú", concluyó Proinversión.

En Perú, el mecanismo de OxI permite a las empresas adelantar el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública, un monto que luego se les devuelve mediante certificados que pueden ser utilizados para su declaración de tributos. EFE

Perú se posiciona como el destino más atractivo para la inversión en la región, con un 22% de preferencia, superando a Chile (19%), México (17%) y Argentina (10%). Este panorama alentador se complementa con una deuda pública del 32,9% del Producto Bruto Interno (PBI), la más baja de América Latina, y un tipo de cambio estable en comparación con otras economías de la región.

Estas cifras, según el análisis de Óscar Mas, Global Speaker de Continental Florida University para Infobae Perú, proyectan un crecimiento moderado para 2025, impulsado por la inversión privada en sectores clave como minería, infraestructura, energía e inmobiliaria.

Tendencias globales en comercio e inversión hacia 2025

El comercio internacional y las inversiones globales están marcados por tendencias que redefinirán los mercados en los próximos años. Según Mas, la digitalización y el comercio electrónico lideran este cambio, con un aumento significativo en las compras en línea. Tecnologías como el blockchain están transformando las cadenas de pago, ofreciendo mayor seguridad y confianza a los consumidores. Sin embargo, estas innovaciones también plantean desafíos, especialmente para las micro y pequeñas empresas (MIPYMES), que representan el 98% del tejido empresarial peruano.

La sostenibilidad es otra tendencia clave. Explica que empresas como Creditex, un referente local en la producción de prendas, están adoptando prácticas sostenibles, como el uso de fibras naturales en lugar de poliéster, para reducir el impacto ambiental de la industria textil, una de las más contaminantes a nivel mundial. Además, la economía circular y la reutilización de recursos están ganando terreno como modelos de negocio más responsables.

Por otro lado, la inteligencia artificial y la automatización están revolucionando los procesos productivos, reemplazando tareas mecánicas con robots entrenados para mejorar la eficiencia. Esto, según el especialista, tendrá un impacto significativo en el mercado laboral, exigiendo una adaptación tanto de empresas como de trabajadores.

El rol de la tecnología en el desarrollo peruano

En el contexto peruano, la llegada de nuevas tecnologías plantea tanto oportunidades como desafíos. Para el experto de Continental Florida University, la inteligencia artificial y las plataformas digitales podrían transformar los modelos de negocio, pero muchas MIPYMES aún no están preparadas para esta transición. Sin embargo, el acceso a herramientas tecnológicas de bajo costo, como suscripciones mensuales asequibles, podría facilitar la adopción de estas innovaciones.

La educación y la capacitación son fundamentales para aprovechar estas oportunidades. Óscar Mas destacó que las empresas necesitan entrenar a sus equipos en metodologías y herramientas aplicables a la realidad local. Esto no solo eleva la productividad, sino que también permite a las organizaciones adaptarse a las demandas de un mercado en constante evolución.

Sectores con mayor potencial de crecimiento

El análisis identifica varios sectores con un alto potencial de crecimiento en los próximos años. El sector tecnológico, especialmente en áreas como ciberseguridad, análisis de datos e inteligencia artificial, está en auge. Startups como Buk, enfocadas en la gestión de talento humano, son un ejemplo de cómo la innovación está transformando el panorama empresarial.

Las energías renovables también destacan como un sector clave. Aunque las baterías de litio y los autos eléctricos enfrentan desafíos relacionados con el reciclaje, el hidrógeno emerge como una alternativa más sostenible. Asimismo, el comercio electrónico, la logística, la educación en línea y el turismo sostenible son áreas con grandes oportunidades de desarrollo.

En el ámbito financiero, las fintech están digitalizando servicios como el factoring, los créditos y las inversiones, facilitando el acceso a herramientas financieras a través de aplicaciones móviles. Sin embargo, la educación financiera sigue siendo un reto, ya que muchos usuarios carecen de experiencia en el manejo de estos instrumentos.

Pero la transformación digital también trae consigo riesgos para los consumidores. Según Mas, el comercio electrónico puede ser intrusivo y, en algunos casos, inseguro. Las estafas en línea, como el phishing, son una preocupación creciente. Por ello, se recomienda investigar las plataformas antes de realizar compras, buscar reseñas de otros usuarios y consultar con personas de confianza que hayan tenido experiencias previas.

Perspectivas económicas para 2025

El sector inmobiliario se perfila como uno de los motores de crecimiento en Perú. Según la Continental Florida University, las tasas hipotecarias están en descenso, lo que ha impulsado la venta de inmuebles, especialmente aquellos de entrega inmediata. Regiones como Lima Norte, Lima Sur y Lima Este han experimentado un crecimiento significativo en comparación con 2023, con incrementos del 27%, 34% y 112%, respectivamente.

En términos de calificación crediticia, Perú mantiene un grado de inversión sólido, con evaluaciones positivas de agencias como Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings. Esto, combinado con un contexto internacional favorable, refuerza las expectativas de recuperación económica para los próximos años.

El papel de la academia en la transformación tecnológica

La educación superior juega un rol crucial en este proceso de transformación. Instituciones como Continental Florida University, certificada con cinco estrellas por QS en educación en línea, están liderando la formación de profesionales capacitados para enfrentar los desafíos del futuro. Según Óscar Mas, la academia debe enfocarse en brindar conocimientos aplicables y herramientas prácticas que permitan a los estudiantes y empresarios adaptarse a las nuevas tecnologías y tendencias globales.

En conclusión, Perú se encuentra en una posición estratégica para aprovechar las oportunidades que ofrecen las tendencias globales en comercio, inversión y tecnología. Sin embargo, el éxito dependerá de la capacidad del país para adaptarse a estos cambios, fortalecer su educación y capacitación, y garantizar un entorno seguro y accesible para consumidores y empresas.

En su último informe, el Banco Mundial anunció que Colombia tendrá un crecimiento económico del 3,0 por ciento para el año 2025, así como del 2,9 por ciento en 2026, posicionándolo como la tercera nación con mayor expansión económica en América Latina, solamente superado por Argentina (5,0%) y Paraguay (3,6%), respectivamente.

De acuerdo con los pronósticos de la entidad internacional, este indicador se atribuye principalmente a la recuperación del consumo y la inversión privada, impulsadas por una disminución significativa en la inflación, que actualmente se encuentra en un 5,2 por ciento, según lo reveló el Dane a inicios de enero de 2025.

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Este panorama más favorable ha llevado a otras instituciones, como el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, a pronosticar un crecimiento económico cercano al 2,8% y al 3%, respectivamente, para el presente año. Estas cifras reflejan un optimismo moderado respecto al desempeño económico del país en el corto plazo.

Aunque la inflación ha mostrado una tendencia a la baja, el Banco Mundial sostuvo que para Colombia es crucial mantener políticas económicas que garanticen su estabilidad a largo plazo. Así mismo, indicó que la reducción de las tasas de interés, aunque beneficiosa para el consumo y la inversión, también requiere un manejo cuidadoso para evitar desequilibrios en el sistema financiero.

Entre ellos, se menciona la volatilidad en los precios de los productos básicos, que podría derivarse de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, particularmente por el impacto de un posible aumento de aranceles por parte del gobierno estadounidense hacia el gigante asiático. Estas fluctuaciones podrían tener repercusiones significativas en economías dependientes de la exportación de materias primas, como la colombiana.

Este pronóstico del Banco Mundial es igual al mencionado por el Banco de la República de Colombia, ya que reiteraron su compromiso de alcanzar una inflación del 3% para el año 2025, en medio de su reunión mensual celebrada el pasado 29 de noviembre de 2024.

Según el ente emisor, su meta de inflación del 3% se mantiene como el objetivo principal de su política económica, aunque reconoció que existe un rango de incertidumbre que podría situar la inflación hasta un punto porcentual por encima o por debajo de esta cifra. “Estamos convergiendo hacia la meta y esperamos cumplirla el año entrante”, comentó el gerente del banco central, Leonardo Villar.

Además, destacó que las proyecciones actuales incluso sugieren la posibilidad de que la inflación se ubique ligeramente por debajo del 3% en los próximos años, lo que refleja una tendencia favorable para la economía colombiana.

Pronósticos del Banco Mundial para otros países de Latinoamérica

Por otra parte, el informe del Banco Mundial no solo se centra en Colombia, sino que también ofrece un panorama general para la región de América Latina y el Caribe. Según las proyecciones, el crecimiento económico regional alcanzará un 2,5% en 2025 y un 2,6% en 2026. Estas cifras reflejan una leve aceleración en comparación con años anteriores, aunque el crecimiento sigue siendo moderado en comparación con otras regiones en desarrollo.

Al igual que Colombia, otras naciones que tendrán mayor crecimiento económico en la región son Guyana con 12,5 por ciento, seguido de República Dominicana con 4,7%, y luego aparecen Dominica (4,2%), Guatemala (4,0%), Granada (3,8%), Honduras (3,6%), Costa Rica y San Vicente y las Granadinas (3,5%), Surinam y Panamá (3,0%).

En el informe, se destaca que Brasil tendrá una cifra de 2,2 % en el 2025, mismos puntos porcentuales que tendrá Chile, al mencionar que, durante el año, “ayudará a beneficiar a las exportaciones de energía verde a pesar de la menor demanda de China”.

El organismo enfatiza la necesidad de que las economías en desarrollo adopten nuevos modelos estratégicos para garantizar un crecimiento sostenible a largo plazo. En este contexto, Colombia se perfila como uno de los países con mejores perspectivas dentro de la región, gracias a las políticas económicas implementadas y a la recuperación de indicadores clave como la inflación y las tasas de interés.

Quito, 11 nov (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó este lunes a José De la Gasca como su nuevo ministro de Gobierno en sustitución de Arturo Félix, a quien el domingo envió a Colombia para un nuevo intento de adquirir electricidad procedente del vecino país que pueda mitigar la grave crisis energética que se mantiene en el territorio ecuatoriano.

En un comunicado, la Presidencia de Ecuador destacó la trayectoria en el servicio público de De la Gasca, que desde hacía cerca de un año se desempeñaba como embajador de Ecuador ante la ONU, en un periodo donde el país andino ostentó temporalmente la dirección del Consejo de Seguridad.

De la Gasca es un abogado experto en Criminalística y Ciencias Forenses, con diplomados en varias universidades de Estados Unidos y España.

Este cambio dentro del gabinete de Noboa se produce en un momento en el que se ha agudizado la crisis energética ante la sequía que afecta los ríos que alimentan las principales centrales hidroeléctricas de Ecuador, que sufre apagones programados de varias horas al día desde casi dos meses.

Desde este fin de semana, el empeoramiento de las condiciones hidrológicas llevó a que los racionamientos de electricidad pasaran a ser de doce horas al día a nivel nacional, si bien a finales de octubre llegaron a ser cortes del suministro eléctrico de hasta catorce horas al día.

Por ello Noboa anunció en la noche del domingo que enviaba a Arturo Félix, uno de sus hombres de mayor confianza, a intentar gestionar nuevamente en Colombia la adquisición de electricidad. Félix había asumido la cartera de Gobierno en agosto de este año tras haberse desempeñado previamente como secretario general de la Administración Pública y el Gabinete de la Presidencia.

En su mensaje, Noboa no especificó si Félix buscará reanudar la importación de energía con el Gobierno colombiano o tratará de concretar una adquisición de energía al sector privado del vecino país.

La compra de electricidad a empresas privadas era una posibilidad que el Ejecutivo ecuatoriano estaba gestionando desde que a finales de noviembre la ministra en funciones de Energía y Minas, Inés Manzano, recibió una respuesta negativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro a retomar el suministro de electricidad al sistema energético de Ecuador.

Colombia suspendió la exportación de electricidad a Ecuador a inicios de octubre al señalar que no contaba con excedentes suficientes y que toda su producción estaba encaminada a garantizar el abastecimiento de su demanda nacional, pues también atravesaba por una situación similar de déficit hídrico.

Ecuador padece un déficit de alrededor de 1.000 megavatios para atender su demanda nacional ya que la matriz energética del país depende de más de un 70 % de centrales hidroeléctricas, afectadas por la peor sequía de los últimos 60 años, según lo ha calificado el Gobierno.

El Ejecutivo trata de poner en marcha lo antes posible la central hidroeléctrica de Toachi-Pilatón, de unos 204 megavatios de potencia, así como intenta hacer gestiones para importar energía de empresas colombianas.

La crisis energética de Ecuador se ha visto también agravada por la falta de inversiones en los últimos años en un sector controlado íntegramente por empresas públicas, lo que ha abierto el debate en el país de realizar reformas para facilitar la llegada de inversión privada. EFE

Bruselas, 4 nov (EFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) pidieron este lunes evitar el uso "generalizado" de políticas industriales públicas como parte de los esfuerzos del bloque para mejorar su competitividad económica y reducir la distancia con otras potencias como Estados Unidos o China.

En su lugar, apuestan por un enfoque "orientado al mercado" que pasa por impulsar las inversiones privadas y mejorar el entorno de negocios, entre otras cuestiones que constan en una declaración pactada por los veinte socios del euro.

"Debe evitarse el uso generalizado de políticas industriales, en particular a nivel nacional, porque corren el riesgo de tener un impacto negativo sobre el mercado único", afirma el texto, en el que limitan este tipo de políticas públicas a "casos específicos" para resolver "fallos de mercado".

Cualquier estrategia industrial, añaden, debe ser diseñada "cuidadosamente" y tener un alcance "limitado" para "crear un entorno favorable al comercio", de forma que evite la mala utilización de recursos, las distorsiones comerciales o la "captación de rentas".

Los socios de la moneda común reconocen que la brecha de productividad del bloque con Estados Unidos o China se ha "ensanchado" en los últimos años y ven "urgente" aumentar las inversiones en investigación y desarrollo (I+D), aunque sin perder un "enfoque de mercado".

El Eurogrupo considera "esencial" mejorar el capital humano europeo, al tiempo que apuesta por avanzar en la descarbonización y electrificación y por un sistema comercial global abierto basado en reglas pero con un enfoque "estratégico" que no cierre los ojos a las prácticas desleales de otros socios.

En el texto se impone, por tanto, la tesis de los socios europeos menos partidarios de una intervención fuerte del sector público para dirigir la economía que representan históricamente países como Alemania, Países Bajos, Austria o los nórdicos.

"La competitividad y la productividad pueden restaurarse creando las condiciones correctas para que empresas e industrias puedan crecer", defendió, por ejemplo, la ministra finlandesa, Rikka Purra, quien puso el acento en profundizar el mercado único y los mercados de capitales y simplificar la legislación.

En la misma línea, el Eurogrupo subraya que las inversiones "deberían proceder en primer lugar de fuentes privadas", en particular "en un momento en el que las finanzas públicas se han visto afectadas por múltiples crisis" y, en consecuencia, es necesaria "una consolidación fiscal gradual y sostenida".

Aunque los ministros reconocen que el papel de la financiación pública, remarcan que estos recursos "son escasos" y deben utilizarse como "catalizador" para impulsar la inversión privada y centrarse en prioridades conjuntas.

"No soy un gran fan de más deuda pública (...) No creo que sea el camino a seguir", resumió el ministro de Finanzas neerlandés, Eelco Heinen, quien emplazó a debatir más adelante este asunto.

ESTADOS UNIDOS

El debate de la UE sobre su competitividad no sólo es una primera etapa antes de la cumbre de líderes prevista a finales de esta semana en Budapest, sino que coincide además con unas elecciones en Estados Unidos que podrían llevar de nuevo a Donald Trump a la Casa Blanca.

"Estamos en vísperas de un cambio en el mundo y Estados Unidos. Sabemos que Europa tendrá que contar primero consigo misma, así que es momento de actuar", dijo a su llegada al encuentro el ministro de Finanzas francés, Antoine Armand.

Este consideró que el reto "primero y crucial" para Europa es su propio crecimiento ya que si el continente se hace "más fuerte" podrá hablar mejor con sus socios, incluido Estados Unidos "sea cual sea el resultado de las elecciones".

"Es importante que reforcemos la resiliencia de la economía europea, también nuestras capacidades en defensa, porque en general vemos una situación geopolítica más fragmentada y conflictiva", dijo también el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, preguntado sobre si la UE está preparada para un nuevo mandato de Trump.

En este sentido, el comisario del ramo, Paolo Gentiloni, reiteró que "la colaboración entre la UE y EE.UU. no está en discusión sea cual sea el resultado", pero destacó que bajo la administración de Joe Biden se ha creado un "marco de relaciones multilaterales muy positivo" que esperó no se ponga en entredicho.

"Somos grandes aliados y lo seremos en el futuro. Estoy seguro de que sea cual sea el gobierno vamos a trabajar juntos y afrontar los problemas que pueda haber", dijo por su parte el holandés Heinen.

asa-lpc/mb/jam

Ciudad de México, 31 oct (EFECOM).- El BBVA vaticinó este jueves un aumento en la inversión privada de sólo 1 % para el 2025 en México, debido en gran medida a la incertidumbre de la implementación de la reforma al Poder Judicial, las políticas del nuevo gobierno y la relación entre México y Estados Unidos, tras las elecciones del próximo 5 de noviembre.

“Todo esto también era parte de lo que esperábamos, ha generado un nivel de incertidumbre o de espera de muchos inversores para ver claramente cómo se va a terminar de aterrizar mucho lo que se venía hablando”, señaló Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México.

Especialmente, dijo, hay dudas sobre cómo se va a implementar la reforma al Poder Judicial y sobre cómo se conformará el presupuesto 2025 del Gobierno de México, aunado a cómo se desarrollará la relación México-Estados Unidos tras las próximas elecciones del 5 de noviembre.

“Todos estos temas hacen que de manera natural los inversores nacionales y extranjeros estén previendo tener más cautela en tanto tienen las reglas de juego claras, eso está generando un menor crecimiento de la inversión privada, donde el principal componente no es la inversión extranjera, si no es la nacional”.

Ante ello, la institución estimó que en 2025 la inversión privada crecerá solo 1 %, cifra menor al 4,3 % previsto para 2024; mientras que la pública caerá el 1,7 % el próximo año, lejos del avance de 3,8 % de este año.

Asimismo, proyectó un incremento en el producto interior bruto (PIB) de México del 1,2 % al cierre del 2024 y de 1 % durante 2025, debido a una desaceleración de la economía y el consumo privado hacia los siguientes meses.

“Aun así, el salario real y la masa salarial siguen mostrando resiliencia”, aseveró.

Apenas el miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó un crecimiento trimestral de 1 % en el tercer periodo de la economía mexicana, que acumula un aumento interanual de 1,4 % en 2024.

Apuntó que en los siguientes trimestres, se podrá ver una desaceleración, por lo que el crecimiento será menor de forma paulatina.

“Hasta el tercer trimestre de 2025 veremos la desaceleración”, indicó Osuna. EFE

Ciudad de México, 31 oct (EFE).- El BBVA previó este jueves un aumento en la inversión privada de sólo el 1 % para el 2025 en México, debido en gran medida a la incertidumbre de la implementación de la reforma al Poder Judicial, las políticas del nuevo gobierno y la relación entre México y Estados Unidos, tras las elecciones del próximo 5 de noviembre.

“Todo esto también era parte de lo que esperábamos, ha generado un nivel de incertidumbre o de espera de muchos inversionistas para ver claramente cómo se va a terminar de aterrizar mucho lo que se venía hablando”, señaló Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México.

Especialmente, dijo, hay dudas sobre cómo se va a implementar la reforma al Poder Judicial y sobre cómo se conformará el presupuesto 2025 del Gobierno de México, aunado a cómo se desarrollará la relación México-Estados Unidos tras las próximas elecciones del 5 de noviembre.

“Todos estos temas hacen que de manera natural los inversionistas nacionales y extranjeros estén previendo tener más cautela en tanto tienen las reglas de juego claras, eso está generando un menor crecimiento de la inversión privada, donde el principal componente no es la inversión extranjera, si no es la nacional”.

Ante ello, la institución estimó que en 2025 la inversión privada crecerá solo 1 %, cifra menor al 4,3 % previsto para 2024; mientras que la pública caerá 1,7 % el próximo año, lejos del avance de 3,8 % de este año.

Asimismo, pronosticó un incremento en el Producto Interno Bruto (PIB) de México del 1,2 % al cierre del 2024 y de 1 % durante 2025, debido a una desaceleración de la economía y el consumo privado hacia los siguientes meses.

“Aun así, el salario real y la masa salarial siguen mostrando resiliencia”, aseveró.

Apenas el miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó un crecimiento trimestral de 1 % en el tercer periodo de la economía mexicana, que acumula un aumento interanual de 1,4 % en 2024.

Apuntó que en los siguientes trimestres, se podrá ver una desaceleración, por lo que el crecimiento será menor de forma paulatina.

“Hasta el tercer trimestre de 2025 veremos la desaceleración”, indicó Osuna.

El director de BBVA México también señaló que el crédito sigue siendo un impulsor de crecimiento para la economía, así como el principal vehículo de los resultados positivos del banco en el país.

En este sentido, compartió que su cartera creció en alrededor de 200.000 millones de pesos (9.992,90 millones de dólares), hasta alcanzar los 1,8 billones de pesos (89.940 millones de dólares), un incremento anual del 12,5 %.

Por carteras, la línea familiar, que incluye tarjetas de crédito, préstamos de consumo y personales, hipotecas y créditos automotrices, tuvo un alza anual del 12,8 %; la de empresas, un 13,1 %, y el segmento de Gobierno, un 4,3 %.

Explicó que, si bien los resultados de la institución financiera son positivos, ya se percibe un menor ritmo de crecimiento con respecto a años pasados.

"Esto se debe a la mayor cantidad de operaciones y clientes que tiene el banco”, señaló. EFE

Guayaquil (Ecuador), 29 oct (EFE).- El Gobierno de Colombia seguirá sin exportar electricidad a Ecuador pese a que "sus embalses están llenos", según aseguró este martes la ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica ecuatoriana, Inés Manzano, quien a su vez está a cargo de manera interina de la cartera de Energía y Minas.

Manzano hizo pública la negativa del Gobierno colombiano a retomar de momento el suministro de electricidad a Ecuador en declaraciones a Caracol en Cali (Colombia); hasta donde llegó junto al presidente Daniel Noboa para participar de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16).

Allí el mandatario ecuatoriano planeaba conversar con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sobre la crisis energética que atraviesa Ecuador, con apagones programados de hasta catorce horas al día en total, y la necesidad de que Colombia reanude la venta de electricidad.

"Lamentablemente el ministro (de Minas y Energía de Colombia, Andrés Camacho) dijo que, aunque hay toda la disponibilidad y voluntad política por parte del presidente de Colombia, no pueden vender a los 18 millones de ecuatorianos que necesitamos energía, así que estamos viendo la parte privada", dijo Manzano.

La ministra ecuatoriana agregó que ella realmente creía que "era posible" que el Gobierno de Colombia accediera a la venta, debido a la "sequía sin precedentes" que vive Ecuador, y "viendo sus embalses y la entrada de lluvia" que hay en el país vecino. "Pero también debo respetar la decisión del ministro Camacho", agregó.

Manzano señaló que el ministro colombiano lo que quiere "es proteger sus embalses para el estiaje que viene en camino y están en todo el derecho".

Manzano mencionó que, tras la negativa del Ejecutivo colombiano de vender electricidad, esperan que se agilicen los procesos para que la transacción pueda hacerse con el sector privado.

"Le dije que desde el 18 de octubre él tiene el borrador de regulación de Ecuador para habilitar la compra al privado de Colombia", agregó la funcionaria, quien destacó que Camacho le dijo que iban a elaborar la normativa.

Por eso Ecuador ahora está analizando la "compra directa a la empresa privada colombiana". "Estamos viendo que nos hagan las ofertas, que ya hemos tenido algunas. Es interesante porque el mercado energético de Colombia es completamente diferente al ecuatoriano, aquí (Colombia) es casi el 100 % privado", señaló.

La ministra resaltó que ambos países han sido por años socios estratégicos en temas de energía por lo que existen ya las conexiones adecuadas para que el plan privado funcione. "No hay prohibición por parte de Colombia y lo que esperamos es conseguir estos contratos", reseñó.

"Creemos que con la declaración del presidente de Colombia diciendo al mundo entero que hay que ayudar a los países que tienen déficit hídrico, entre esos está Ecuador, eso lo tomamos como una buena voluntad y no hay un tema ideológico de por medio", sostuvo Manzano.

Actualmente Ecuador tiene un déficit de alrededor de 1.000 megavatios para atender su demanda nacional ya que la matriz energética del país depende de más de un 70 % de centrales hidroeléctricas, afectadas por la peor sequía de los últimos 60 años, según lo ha calificado el Gobierno.

La seguridad energética del país depende principalmente de las reservas del embalse de Mazar, el segundo más grande de Ecuador con una capacidad de 410 millones de metros cúbicos, que sirven para alimentar un complejo de tres centrales hidroeléctricas en el río Paute (sur) con una potencia en conjunto de más de 1.700 megavatios.

También está a expensas de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país, con una potencia de hasta 1.500 megavatios, que depende enteramente del caudal del río Coca.

La crisis energética de Ecuador se ha visto también agravada por la falta de inversiones en los últimos años en un sector controlado íntegramente por empresas públicas, lo que ha abierto el debate en el país de realizar reformas para facilitar la llegada de inversión privada.

El pasado domingo, la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó, por unanimidad, el "proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables", propuesto por Noboa, que busca promover la inversión privada en el sector eléctrico en proyectos de generación de hasta 100 megavatios frente a los actuales 10, entre otras medidas. EFE

Ciudad de México, 28 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó este lunes durante su conferencia matutina sus planes para la reforma energética que acometerá el país y dejó claro que las empresas privadas que quieran incursionar en el mercado mexicano, como anunció recientemente Iberdrola, deberán atenerse a las "reglas".

"Esta idea de que Iberdrola entra como entraba antes, pues no necesariamente. Sí va a haber espacio para la inversión privada, pero con ciertas reglas", afirmó la mandataria.

La empresa española mantuvo tensiones con la Administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que en febrero de 2024 culminaron con la compra de 13 plantas eléctricas a Iberdrola por parte del Estado mexicano por alrededor de 6.200 millones de dólares.

Tras la aprobación de nuevas reglas para el uso de baterías de almacenamiento de energía para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) –medida necesaria para evitar interrupciones en el suministro y mejorar la integración de las energías renovables–, la firma energética Iberdrola ha visto una nueva oportunidad de negocio a fin de incursionar en el mercado mexicano, según indicó la firma en un informe publicado recientemente.

"Se van a cambiar las reglas, no puedes entrar en cualquier momento (al mercado energético) bajo cualquier circunstancia porque incluso vas a generar problemas técnicos. Entre las reglas que se están planteando es que tienes que tener bancos de baterías, tienes que tener un sistema que garantice que el voltaje va a ser constante", explicó la presidenta sobre los requisitos para formar parte del mercado energético mexicano como empresa privada.

La mandataria enfatizó que con la nueva reforma, el Estado proveerá el 54 % de la energía a los mexicanos y que para el porcentaje restante se pondrá facilidades a los inversores privados, siempre que aseguren la efectiva transmisión de su producción energética.

"Esta reforma constitucional es muy importante, es regresarle al pueblo de México a la (petrolera) PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es hasta cierto punto una reversión de una parte de la privatización de PEMEX y CFE que se sufrió con la reforma del 2013", recalcó.

Sheinbaum prometió al inicio de su mandato seguir con el rescate de Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, que perdió 13.672 millones de dólares en el primer semestre de 2024 pese a recibir una inyección de 952,000 millones de pesos (49.224 millones de dólares) de Hacienda en todo el Gobierno pasado.

Además, anunció durante su discurso tras la investidura el objetivo de aumentar la participación de las energías renovables en el país hasta un nivel del 45 % para 2030. EFE

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Quito, 27 oct (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó este domingo su esperanza de que en diciembre próximo terminen los apagones, que al momento llegan a catorce horas diarias en distintas franjas horarias, debido, principalmente, a un estiaje histórico en la zona de las principales hidroeléctricas del país.

"Si todo sale acorde a lo planeado, son predicciones, son probabilidades, deberíamos estar ya con el problema resuelto en diciembre", dijo Noboa en una entrevista con el canal de televisión TC.

Insistió en que con todas las acciones que han adoptado, y las que están en curso, como traer turbinas vía aérea, con asistencia de Estados Unidos, Perú, "ya no debería haber apagones en diciembre".

"Voy a ir -dijo- el día martes a la COP16. Para él (Petro) es muy importante la presencia de su país vecino en la COP16, asimismo, como para mí es importante que él venga a la Cumbre Iberoamericana", que se realizará en noviembre próximo en la ciudad andina de Cuenca (sur).

Noboa señaló que en este caso se debe ser recíproco y expresó su esperanza de que Petro, acceda a vender energía a Ecuador.

Además, se refirió a reportes de prensa que señalaban que Petro comentó que los países deben ayudar a Ecuador y comentó que "el primero debería ser él (Petro)".

El gobernante recordó que, al momento, Colombia no está vendiendo energía Ecuador.

Ecuador tiene al momento un déficit de alrededor de mil megavatios para atender su demanda nacional ya que la matriz energética del país depende en más de un 70 % de centrales hidroeléctricas, afectadas por la peor sequía de los últimos 60 años, según lo ha calificado el Gobierno.

La seguridad energética del país depende principalmente de las reservas del embalse de Mazar, el segundo más grande de Ecuador con una capacidad de 410 millones de metros cúbicos, que sirven para alimentar un complejo de tres centrales hidroeléctricas en el río Paute (sur) con una potencia en conjunto de más de 1.700 megavatios.

También está a expensas de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país, con una potencia de hasta 1.500 megavatios, que depende enteramente del caudal del río Coca.

La crisis energética de Ecuador se ha visto también agravada por la falta de inversiones en los últimos años en un sector controlado íntegramente por empresas públicas,

Este domingo, la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó, por unanimidad, el "proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables", propuesto por Noboa, que busca promover la inversión privada en el sector eléctrico en proyectos de generación de hasta cien megavatios frente a los actuales diez, entre otras medidas.

Noboa, quien busca la reelección en los comicios de febrero próximo, para gobernar hasta 2029, aceptó que la crisis energética ha afectado su imagen ante el electorado.

"Si fuese un ciudadano normal, yo estaría cabreado (muy molesto) con el presidente si hay apagones, sea culpa de él o no, y eso es lo que se ha visto", señaló.

Sin embargo, la gente "está buscando una razón para volver a confiar en este Gobierno y nosotros se la daremos", apuntó sin entrar en detalles.

"La gran mayoría de la gente sabe que no es nuestra culpa, necesariamente, cómo llegamos a este punto, pero quieren ver acción", anotó al insistir en que "esto se va a resolver pronto" y en que "al final lo que importa es que ya, de aquí a principios de diciembre, las familias ecuatorianas tengan su vida normal". EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha asegurado que su Gobierno está inmerso en la tarea de corregir el orden macroeconómico "cueste lo que cueste" para que los argentinos puedan vivir sin inflación por primera vez después de décadas.

Para el mandatario, en los primeros meses de su gestión ya está quedando demostrado "día a día" que la inflación está cayendo, y se encuentra en los niveles más bajos de los últimos años.

"Continuar en este camino de ajuste es lo que permite financiar la inversión privada, que es la que genera crecimiento genuino. Encima de todo, este ajuste lo llevamos a cabo sin tocar el gasto social. Es más, duplicamos en términos reales las prestaciones directas", ha afirmado Milei este miércoles en un foro empresarial en Washington.

Asimismo, ha sostenido que van a trabajar "incansablemente" por un país con una economía libre y abierta a las inversiones, en el que el sector privado pueda generar riqueza "por sí mismo". "No será fácil porque partimos del inframundo pero tenemos que aspirar a lo más alto", ha expresado.

Uno de los ejes de su discurso ha sido la defensa de una macroeconomía ordenada, anclada en equilibrio fiscal, en lo que ha denominado como "la gran guerra contra el coste argentino". Para Milei, este aspecto es la base de una economía "estable, predecible y atractiva" para inversores y consumidores.

Esta estabilidad macroeconómica, según el dirigente, permite generar "una tormenta perfecta" en condiciones para cualquier inversión. "Imagínense lo que puede lograr el sector tecnológico en condiciones macroeconómicas estables, sin la bota del Estado en el cuello", ha augurado.

Por otro lado, Milei ha expresado que, "tarde o temprano", Argentina va a volver a ser un país emergente en la calificación crediticia, al tiempo que ha mostrado su fuerte compromiso con que "en algún momento" de su gestión se pueda llegar al grado de inversión.

Ciudad de México, 23 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que el magnate mexicano Carlos Slim ayudará a fomentar las inversiones privadas por el fenómeno de reubicación de empresas o 'nearshoring' tras una reunión que tuvieron el martes.

“Fue una plática de cortesía y, particularmente, para que nos ayude a este programa y este proyecto de impulsar la inversión privada, vinculada con la inversión en infraestructura pública para el desarrollo del país para no solo el crecimiento económico sino el desarrollo con bienestar", declaró en su conferencia diaria.

Slim, el hombre más rico del país, aseveró tras su salida del Palacio Nacional el martes que "el año que entra hay muchos proyectos de inversión" en México, donde la economía "tiene mucho potencial".

El encuentro ocurrió mientras Sheinbaum busca atraer inversiones privadas en medio del nerviosismo que han generado las reformas al Poder Judicial y los reguladores autónomos, y las elecciones estadounidenses por las advertencias de aranceles y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Hablamos en términos generales de cómo ve al país, la importancia de la inversión privada, le platiqué del programa que tenemos del impulso a la relocalización y desarrollo regional, y se interesó mucho, y siempre es un hombre culto con el que vale la pena platicar", comentó la gobernante mexicana.

La oposición ha criticado la cercanía de Slim con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y ahora con Sheinbaum, del mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Pero la gobernante mexicana negó haber tratado algún asunto particular del magnate, dueño de América Móvil, Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, además de accionista de compañías de energía e infraestructura.

“No hablamos en particular de sus empresas, salvo ahí donde hay inversiones actuales, por ejemplo, en una asociación con otras empresas en el puerto de Salina Cruz (del Pacífico) y hablamos de los avances y el interés de que se desarrolle", mencionó. EFE

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha calificado como "buena" la conversación que ha mantenido con el empresario Carlos Slim para dar a conocer el plan de inversiones en el país para el que necesita el apoyo del sector privado y, en particular, de las empresas del magnate.

En su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria ha explicado que durante el encuentro han podido departir sobre las inversiones actuales de Slim en México y ha aprovechado para mostrar su interés en que siga desarrollando estas partidas en el territorio.

Además, ha recalcado "la importancia" de la inversión privada para avanzar en el programa de relocalización regional y le ha expuesto su plan de inversión en infraestructura pública para impulsar el desarrollo del país y su crecimiento económico "basado en el bienestar".

"Hablamos en términos generales de cómo ve al país. Se interesó mucho en los planes gubernamentales. Es un hombre culto con el que vale la pena hablar y nos va a ayudar a salir adelante", ha asegurado Sheinbaum tras el que ha sido su primer encuentro con uno de los empresarios más importantes de México desde que es presidenta.

Sheinbaum ha arrancado su mandato este mes de octubre con la vista puesta en mantener una buena relación con los empresarios nacionales e internacionales, motivo por el cual se ha reunido también en la última semana con líderes empresariales de Estados Unidos, que le aseguraron una inversión de 20.000 millones de dólares (unos 18.400 millones de euros) durante 2025.

En esta línea, la presidenta ha querido trasmitir calma ante la polémica reforma judicial y ha hecho algunos anuncios para atraer más inversiones, como la creación de una agencia de transformación digital con el objetivo de reducir trámites para atraer más inversiones al país.

Entre otras reuniones con empresarios, Sheinbaum se ha visto con responsables de CAF, Siemens o Alstom, compañías fabricantes de trenes, para ver qué posibilidades tienen de poder construir más convoyes de pasajeros en los próximos seis años.

Quito, 15 oct (EFE).- El Gobierno de Ecuador entregó este martes varias licencias ambientales para proyectos de energía en las provincias de Imbabura y Morona Santiago, que en conjunto podrían generar cerca de 400 megavatios, en medio de la crisis eléctrica que soporta el país desde hace semanas.

En una ceremonia especial celebrada en la ciudad de Ibarra, la capital de la provincia andina Imbabura, el presidente de Ecuador, el empresario Daniel Noboa, oficializó la entrega de las licencias ambientales requeridas por empresas privadas para llevar adelante sus proyectos de energía, informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un comunicado.

"Sabemos que por décadas se han trabado todo tipo de proyectos" que no corresponden a plantas hidroeléctricas, señaló Noboa durante la ceremonia en la que explicó que las licencias ambientales corresponden a cuatro proyectos fotovoltaicos, que aprovechan la energía solar, y dos hidráulicos.

Según Noboa, este conjunto de proyectos que generarán un total de 399,85 megavatios, se distribuirán cuatro en la provincia de Imbabura, todos ellos fotovoltaicos, y los dos hidroeléctricos en la amazónica provincia de Morona Santiago.

El mandatario explicó que se trata de la 'Central Imbabura', de energía solar, con una potencia instalada de 120 megavatios, y que estará ubicada en el municipio de Ibarra.

Otro proyecto de energía solar es la 'Central AMBI', situada en una zona compartida entre los cantones o municipios de Ibarra y Antonio Ante, con una potencia de 60 megavatios.

La 'Central Intiyana', de energía solar, también tendrá una potencia de 60 megavatios y estará ubicada en el cantón (municipio) de Urcuquí, donde también se instalará una planta similar, denominada 'Urcuquí', con la misma potencia.

En el cantón Gualaquiza, de la provincia amazónica de Morona Santiago, en el sureste del país, se prevé la ejecución de la 'Central Hidroeléctrica El Rosario', de 49,9 megavatios de potencia; y de la 'Central Hidroeléctrica Santa Rosa', también de 49,9 megavatios.

Las dos provincias, Imbabura y Morona Santiago, albergan a varias de las más importantes empresas de minería del país.

La ministra de Energía en funciones, Inés María Manzano, indicó que los proyectos crearán 1.920 fuentes de empleo y dinamizarán las economías de los cantones donde se asentarán las centrales de energía.

Manzano aseguró que la ejecución de estos proyectos suponen una "inversión de 437,7 millones de dólares desde el sector privado", y que además permitirán que unos 340.000 hogares pasen "hacia la transición energética responsable".

La ministra, que es también titular de la cartera de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, señaló que la entrega de licencias a las operadoras privadas fue dialogada de manera participativa con las poblaciones de las zonas donde se asentarán los proyectos, que en su mayoría han aceptado esas intervenciones.

"Ecuador atraviesa una época compleja marcada por una emergencia energética a causa del déficit hídrico, sequías, cambio climático y malas decisiones de administraciones anteriores", sostuvo Manzano al comentar sobre la crisis eléctrica actual, y remarcó que es en este marco en el que se han tomado varias decisiones como la optimización de los procesos de licenciamiento ambiental, entre otros.

El presidente Noboa admitió que el país ha enfrentado semanas difíciles por los constantes apagones que se han programado a escala nacional, pero dijo que su administración trabaja para encontrar soluciones para el presente y el futuro.

"Muchas gracias Imbabura y a cada uno de ustedes porque sabemos que están sacrificándose todos los días, porque todos los días su rutina está siendo afectada; pero pronto saldremos de este problema. A este país lo vamos a recuperar del todo y lo vamos a sacar adelante", arengó el mandatario.

En Ecuador -que atraviesa por una acentuada sequía en la zona de sus principales centrales hidroeléctricas- la matriz de generación eléctrica depende en más de un 70 por ciento de esas plantas como Coca-Codo-Sinclair, la más grande del país con 1.500 megavatios de potencia; y el complejo de tres centrales en el río Paute, con una potencia en conjunto de más de 1.700 megavatios. EFE

Ciudad de México, 10 oct (EFECOM).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que los inversores privados "no tienen de qué preocuparse" con la reforma energética del exmandatario Andrés Manuel López Obrador aprobada ahora en la Cámara de Diputados para privilegiar a las empresas del Estado.

“Somos la 'Cuarta Transformación' (el movimiento de López Obrador) y eso significa hacerle caso al pueblo y generar un modelo de desarrollo que ha dado resultados a los privados y al pueblo de México", declaró Sheinbaum en su conferencia matutina.

Según la presidenta mexicana, la reforma "es muy buena" y los generadores "no tienen de qué preocuparse".

La gobernante celebró que en la madrugada la Cámara de Diputados haya avalado la reforma para dejar de considerar "empresas productivas del Estado" a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ahora serán "empresas públicas" para no "competir en el mismo nivel que todas las privadas".

Pese al nerviosismo entre los inversores, Sheinbaum argumentó que "se respetan" todos los contratos actuales, que los privados podrán generar el 46 % de la electricidad y que habrá mesas de trabajo para que "se entienda cómo pueden participar y en dónde pueden participar".

La mandataria reconoció que las modificaciones aprobadas sí revierten en parte la reforma energética del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que abrió el sector a la inversión privada y catalogó a Pemex y CFE como “empresas productivas del Estado” para que compitieran en condiciones de igualdad con los particulares.

Pero argumentó que estas modificaciones impedirán situaciones como la de España, donde ha habido "tarifas de electricidad impagables" tras la crisis del gas, según ella.

La reforma también ha encendido alertas ante la próxima revisión en 2026 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que rechaza que haya un trato especial a empresas nacionales. EFECOM

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Ciudad de México, 10 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que los inversionistas privados "no tienen de qué preocuparse" con la reforma energética del exmandatario Andrés Manuel López Obrador aprobada ahora en la Cámara de Diputados para privilegiar a las empresas del Estado.

“Somos la 'Cuarta Transformación' (el movimiento de López Obrador) y eso significa hacerle caso al pueblo y generar un modelo de desarrollo que ha dado resultados a los privados y al pueblo de México, entonces es muy buena esta reforma y no tienen de qué preocuparse los generadores", declaró en su conferencia matutina.

La gobernante mexicana celebró que en la madrugada la Cámara de Diputados haya avalado la reforma para dejar de considerar "empresas productivas del Estado" a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ahora serán "empresas públicas" para no "competir en el mismo nivel que todas las privadas".

Pese al nerviosismo entre los inversionistas, Sheinbaum argumentó que "se respetan" todos los contratos actuales, que los privados podrán generar el 46 % de la electricidad y que habrá mesas de trabajo para que "se entienda cómo pueden participar y en dónde pueden participar".

“Sí se permite la inversión privada, sí sigue el mercado, pero se da la característica de que, si la generación de CFE pasa del 50 %, no se considera monopolio. Entonces al pueblo de México, eso es muy bueno", sostuvo.

La mandataria reconoció que las modificaciones aprobadas sí revierten en parte la reforma energética del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que abrió el sector a la inversión privada y catalogó a Pemex y CFE como “empresas productivas del Estado” para que compitieran en condiciones de igualdad con los particulares.

Pero argumentó que estas modificaciones impedirán situaciones como la de España, donde ha habido "tarifas de electricidad impagables" tras la crisis del gas, según ella.

“Nuestra economía depende de la energía, de que tengamos la capacidad de generar la energía en nuestro país. ¿Cómo? Con Comisión Federal de Electricidad sólida, fuerte, y también la inversión privada”, justificó.

La reforma también ha encendido alertas ante la próxima revisión en 2026 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que rechaza que haya un trato especial a empresas nacionales. EFE

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Ciudad de México, 9 oct (EFECOM).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, impulsa una reforma energética de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que discute este miércoles la Cámara de Diputados para considerar "empresas públicas" a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La mandataria argumentó en su conferencia matutina que es necesario revertir la reforma energética del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que abrió el sector a la inversión privada, y catalogó a Pemex y CFE como "empresas productivas del Estado" para que compitieran en condiciones de igualdad con los particulares.

“¿Qué plantea la reforma que hoy se va a discutir? Es que las empresas regresen a ser empresas públicas, es decir, no es el mercado su principal función, sino el servicio público. Eso las fortalece", sostuvo la presidenta mexicana.

Sheinbaum aseveró que su Gobierno quiere que las compañías energéticas del Estado "sean productivas", pero que no deben "competir en el mismo nivel que todas las empresas privadas, en la apertura de un mercado que no se había dado" antes de 2013.

Señaló que, con las iniciativas de los gobiernos anteriores a López Obrador, Pemex y CFE "ya se rigen, no por las leyes públicas, sino por las leyes mercantiles, como cualquier empresa privada”.

La reforma constitucional, que López Obrador no concretó porque no tenía la mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso, también establece que la CFE controlará el 54 % de la generación eléctrica y el 46 % será de privados.

Y obligará al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a despachar primero la energía producida en las plantas de la CFE antes que la de los privados, aunque provenga de fuentes más limpias y eficientes.

"Entonces, con esta reforma se va a permitir modificar también las leyes secundarias y, aún cuando se respete el mercado eléctrico, ahora CFE tiene la preponderancia”, señaló.

Pese a las críticas de la oposición y el escepticismo de inversores, la presidenta afirmó que las empresas del Estado serán “más productivas y eficientes de lo que son ahora”.

También prometió que habrá planeación energética y "reglas muy claras" para la participación de privados.

Al igual que López Obrador, Sheinbaum ha prometido seguir con el rescate de Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, que perdió 13.672 millones de dólares en el primer semestre de 2024 pese a recibir una inyección de 952.000 millones de pesos (49.224 millones de dólares) de Hacienda en todo el Gobierno pasado.

Mientras la CFE perdió 74.821,5 millones de pesos (unos 3.868,7 millones de dólares) en la primera mitad de este año. EFECOM

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Ciudad de México, 9 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, impulsa una reforma energética de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que discute este miércoles la Cámara de Diputados para considerar "empresas públicas" a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La mandataria argumentó en su conferencia matutina que es necesario revertir la reforma energética del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que abrió el sector a la inversión privada y catalogó a Pemex y CFE como "empresas productivas del Estado" para que compitieran en condiciones de igualdad con los particulares.

“¿Qué plantea la reforma que hoy se va a discutir? Es que las empresas regresen a ser empresas públicas, es decir, no es el mercado su principal función, sino el servicio público. Eso las fortalece", sostuvo la gobernante mexicana.

Sheinbaum aseveró que su Gobierno quiere que las compañías energéticas del Estado "sean productivas", pero que no deben "competir en el mismo nivel que todas las empresas privadas, en la apertura de un mercado que no se había dado" antes de 2013.

Aseveró que, con las iniciativas de los gobiernos anteriores a López Obrador, Pemex y CFE "ya se rigen, no por las leyes públicas, sino por las leyes mercantiles, como cualquier empresa privada”.

La reforma constitucional, que López Obrador no concretó porque no tenía la mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso, también establece que la CFE controlará el 54 % de la generación eléctrica y el 46 % será de privados.

Y obligará al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a despachar primero la energía producida en las plantas de la CFE antes que la de los privados, aunque provenga de fuentes más limpias y eficientes.

"Entonces, con esta reforma se va a permitir modificar también las leyes secundarias y, aún cuando se respete el mercado eléctrico, ahora CFE tiene la preponderancia”, señaló.

Pese a las críticas de la oposición y el escepticismo de inversionistas, la presidenta afirmó que las empresas del Estado serán “más productivas y eficientes de lo que son ahora”.

También prometió que habrá planeación energética y "reglas muy claras" para la participación de privados.

Al igual que López Obrador, Sheinbaum ha prometido seguir con el rescate de Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, que perdió 13.672 millones de dólares en el primer semestre de 2024 pese a recibir una inyección de 952.000 millones de pesos (49.224 millones de dólares) de Hacienda en todo el Gobierno pasado.

Mientras la CFE perdió 74.821,5 millones de pesos (unos 3.868,7 millones de dólares) en la primera mitad de este año. EFE

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Lima, 7 oct (EFE).- Perú adjudicó en las últimas cinco semanas 26 proyectos de inversión mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), por un monto total de 425 millones de soles (113,9 millones de dólares o 103,6 millones de euros), informó este lunes la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

El organismo destacó que el 52,21 % del total de estas adjudicaciones correspondió a tres proyectos que se desarrollarán en las regiones de Ica, Arequipa y Lima.

Agregó que las adjudicaciones desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre pasado, superaron incluso a lo acumulado durante todo 2023 y, en términos de monto de inversión comprometida, equivalen al 80 % de lo registrado el año pasado.

Proinversión sostuvo que este resultado "demuestra el entusiasmo" que registra el mecanismos de OxI entre las autoridades regionales y locales del país para desarrollar proyectos de inversión.

Indicó que en septiembre pasado, 15 nuevas empresas pequeñas y medianas empezaron a financiar proyectos e inversiones mediante OxI, "lo que refleja la confianza del sector privado en este mecanismo de inversión pública".

De esa manera, organismos como ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas han adjudicado 84 proyectos en lo que va de 2024, con una inversión estimada de 2.779 millones de soles en educación, transporte, salud, saneamiento y seguridad.

Al respecto, el gobierno regional de Ica, al sur de Lima, figura entre las entidades públicas más activas, al adjudicar inversiones por 471 millones de soles; seguido por la municipalidad del distrito de Ilabaya, con cuatro inversiones por 36 millones de soles; y el gobierno regional de Lima, con tres inversiones por 53 millones de soles.

Proinversión informó que desde la implementación del mecanismo de Obras por Impuestos, en 2009, se han adjudicado y ejecutado 587 proyectos por un total de 10.318 millones de soles, y que hasta el 4 de octubre pasado un total de 207 empresas y 262 entidades públicas han intervenido.

En Perú, el mecanismo de OxI permite a las empresas adelantar el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública, un monto que luego se les devuelve mediante certificados que pueden ser utilizados para su declaración de tributos. EFE

Lima, 3 oct (EFECOM).- Las empresas mineras de Perú han financiado en 16 años 185 proyectos de infraestructura mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), con una inversión de 3.787 millones de soles (923,6 millones de euros), informó este jueves la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

El 69 % del total de esos proyectos fue orientado a obras en educación (con 957,6 millones de soles), transportes (900 millones de soles), salud (711 millones de soles) y saneamiento (768 millones de soles) en 16 regiones del país, acotó el organismo estatal.

Desde el lanzamiento del mecanismo, 31 empresas mineras han financiado estos proyectos, con Antamina como líder, con un monto estimado de 1.826.5 millones de soles, seguida por Southern Peru, con 1.133 millones de soles, y Volcan, con 113 millones de soles.

La regiones norteña de Áncash, con un 42,5 %, y las sureñas de Moquegua, con 11,5 %, y Tacna, con 9,1 %, lideran el ránking de este tipo de inversiones, con 1.610, 436 y 346 millones de soles, respectivamente.

La mayor inversión se ha hecho en el proyecto del puente Chilina, del Gobierno Regional de Arequipa, que fue financiado por Southern Perú, el banco Interbank y la cervecera Backus con un total de 260 millones de soles.

Antamina, por su parte, financió el proyecto de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Huarmey, por 221,8 millones de soles, y el mejoramiento de los servicios en el establecimiento de salud de Huari, por 206 millones de soles.

Proinversión informó que en lo que va de este año, las empresas mineras se han adjudicado cuatro proyectos mediante OxI, por más de 53 millones de soles, con el Ministerio de Educación, la municipalidad provincial de Cajamarca, la Universidad Nacional de San Agustín y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

En Perú, el mecanismo de OxI permite a las empresas adelantar el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública, un monto que luego se les devuelve mediante certificados que pueden ser utilizados para su declaración de tributos.

La agencia destacó que este mecanismo "permite ejecutar rápidamente proyectos de calidad con participación de la empresa privada" y que brindó asesoría y acompañamiento técnico a las entidades estatales durante todo el proceso. EFECOM

La inversión privada en el Perú sufrió un importante revés durante el año 2023 a raíz de distintos factores. Como se sabe, el país atravesó diversas crisis producto de los fenómenos climáticos y los conflictos sociales, lo que ocasionó que algunas vías nacionales quedaran en estado de intransitabilidad y se cancelasen algunos vuelos. De igual manera, el rendimiento del aparato productivo nacional mantuvo complicaciones debido a las sequías en la sierra sur y las intensas lluvias en la costa norte, afectando significativamente el desarrollo de los cultivos.

Caída de la inversión privada

Por si fuera poco, la desconfianza empresarial fue una constante debido a la incertidumbre política. De acuerdo a las cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el primer trimestre del 2023 registró una caída del 12 % en materia de inversión privada; el segundo trimestre, una caída del 8,5 %; el tercer trimestre, una contracción del 6,2 %; y así. Para fin de año, la inversión privada terminó registrando una caída del 7,3 %.

Al respecto, la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes) señaló que en el último reporte del ente emisor destaca que la inversión privada subió apenas un 0,3 % en el primer trimestre del año en curso. De seguir la tendencia, se proyecta que la inversión privada cierre el 2024 con un incremento del 2,3 %.

Evolución de la inversión privada (2018-2023)

A propósito de la inversión privada, Molina recordó la tendencia de los últimos seis años. Tal y como expuso en sus informes el BCRP, el 2018 cerró con un crecimiento de la inversión privada del 4,1 %, mientras que en el 2019 dicho aumento fue del 4,5 %. Pasada la época prepandémica, el 2020 registró una caída del 16,5 %, que pudo recuperarse en el 2021 con un aumento del 37 %. Finalmente, la inversión de capital privado cayó en un 0,5 % durante el 2022 y, como mencionado anteriormente, una significativa contracción del 7,3 % en el 2023.

Puerto de Chancay

A la fecha, uno de los proyectos más importantes de inversión privada es el puerto de Chancay (oficialmente, Terminal Portuario Multipropósito de Chancay), que se establecerá como el principal centro de conexión marítima en las costas sudamericanas del océano Pacífico. Su financiamiento asciende a más de 3 mil 500 millones de dólares y generará miles de puestos de trabajo.

“Proyectos de gran escala como el de Chancay generan puestos de trabajo e impulsan a sectores claves de la economía local porque proporcionan mejoras en infraestructura básica; por ejemplo, carreteras y redes eléctricas. De esta manera, Huaral se puede ver fortalecida a raíz de la inversión privada”, resaltó el economista de Redes.

Inversión impulsada por la minería

Según las cifras expuestas por el Banco Central de Reserva del Perú, la inversión privada resultó beneficiada durante el primer trimestre del año gracias a proyectos mineros como Las Bambas en Apurímac, Quellaveco en Moquegua y Chinalco en Junín. La industria de la minería metálica tuvo en dicho periodo un aumento del 8,8 %.