La Unión Europea, con su equipo de la embajada en Colombia, sustentó con datos sobre inversión, comercio y presencia empresarial europea, el apoyo digital y el trabajo en conjunto con el sector tecnológico colombiano.

Alberto Menghini, jefe de Cooperación de la embajada de la Unión Europea en Colombia, explicó a Infobae que la propuesta se apoya en tecnología e inversión ya que la Unión Europea es el mayor inversionista extranjero en Colombia. Por lo tanto, destacó el peso de las empresas europeas en el sector TIC y planteó una agenda común para la reconstrucción y la transformación digital del país.

La Unión Europea, el mayor inversionista extranjero en Colombia

El embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, presentó tres cifras para respaldar la magnitud de la presencia europea en el país. La primera se refirió a la inversión: la Unión Europea es, según afirmó, el mayor inversionista extranjero en Colombia.

El embajador precisó que, solo el año pasado, el bloque europeo invirtió 3.000 millones de euros en Colombia, en un contexto en el que la inversión extranjera total en el país cayó un 20%. Esa inversión europea sostiene 120 mil empleos, lo que equivale a uno de cada tres puestos de trabajo generados por capital extranjero en el país.

La segunda cifra que citó el embajador correspondió específicamente al sector digital. Colombia cuenta con 43 empresas TIC europeas, que en conjunto facturaron hace un año casi 5.000 millones de euros, equivalentes al 23% de los ingresos totales del sector tecnológico colombiano. Con ese volumen de facturación, Roudié sostuvo que Europa se posicionó como el primer bloque extranjero del sector TIC en Colombia.

La tercera cifra expuesta se refirió al comercio bilateral. Colombia y la Unión Europea mantienen un Acuerdo Comercial en vigor desde 2013, marco bajo el cual el segmento de servicios mostró el mayor crecimiento dentro del intercambio comercial. Los servicios representan hoy cerca del 40% del comercio entre ambas partes y dentro de ese segmento, el más dinámico es el tecnológico: las exportaciones colombianas de servicios TIC hacia Europa crecen a un ritmo del 10% cada año.

La respuesta digital de Europa tras el terremoto en Colombia en agosto de 2026

Roudié se refirió también a la recuperación que Colombia enfrenta después del terremoto del 10 de agosto de 2026 y planteó que Europa busca acompañar ese proceso con un componente digital concreto: redes más resilientes, comunicaciones capaces de funcionar en emergencias, infraestructuras críticas protegidas, datos satelitales para monitorear el territorio y anticipar riesgos, y herramientas digitales que permitan a comunidades y empresas retomar su funcionamiento con rapidez.

Para financiar ese tipo de proyectos, el embajador señaló que la Unión Europea suma a su cooperación el trabajo de bancos de desarrollo como el Banco Europeo de Inversiones y la CAF, bajo un esquema en el que la cooperación prepara la inversión, la innovación aporta soluciones, las empresas proveen la tecnología y la financiación permite llevar esas soluciones a mayor escala.

Los activos de Colombia para la alianza digital

Frente a las brechas digitales Roudié planteó que Colombia no llegó a la mesa de negociación con las manos vacías, sino con cuatro activos propios para aportar a la alianza.

El primero es la energía limpia. Cerca del 60% de la electricidad que genera Colombia ya proviene de fuentes de bajas emisiones. El embajador mencionó específicamente a La Guajira, región donde los vientos duplican el promedio mundial, como ejemplo del potencial energético capaz de sostener los centros de datos que Colombia y Europa podrían construir en conjunto.

El segundo activo es el emprendimiento. Según datos de StartupBlink citados por Roudié, Colombia es el segundo ecosistema de startups de América Latina. En 2025, las startups colombianas levantaron USD 857 millones, cifra que representa una quinta parte del capital total captado por startups en toda la región.

El tercer activo es el talento: Colombia ocupa el cuarto puesto en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. El cuarto es el gobierno digital: según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el país ocupa el segundo lugar en América Latina en esta materia y el octavo puesto a nivel mundial en datos abiertos.

La propuesta que planteó el embajador consiste en sumar esos activos colombianos con la tecnología, la inversión y la financiación que aporta Europa, en un ejercicio que no llega con una agenda cerrada sino con la intención de construirla junto al nuevo Gobierno nacional, los territorios, el sector privado, la academia, la sociedad civil y los Estados miembros europeos.

El mensaje final del embajador: la oferta europea a Colombia

“Colombia puede contar con Europa”. Con esa declaración resumió el conjunto de la oferta que planteó a lo largo de toda su intervención.

El embajador detalló los componentes concretos de esa disponibilidad: la cooperación europea, las empresas y la tecnología del bloque, sus estándares y su experiencia acumulada, los bancos de desarrollo con los que trabaja y la voluntad política de construir junto a Colombia una alianza de largo plazo.

Roudié definió el objetivo de esa alianza como una transformación digital que cierre brechas en lugar de abrirlas, que conecte los territorios del país, que llegue a las pequeñas empresas y a los jóvenes, y que contribuya a la reconstrucción de Colombia.

La expansión comercial china en Cuba avanza a una velocidad que contrasta con el colapso de la economía local.

Mientras la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó una contracción del 10.3% del Producto Interno Bruto (PIB) de la isla en 2026, la peor de toda la región, empresas estatales de Beijing abrieron locales en los barrios más adinerados de La Habana, cobraron en dólares y garantizaron electricidad propia en un país donde los apagones superaron las 20 horas diarias.

El periodista independiente Pablo Morales Marchán lo describió en el espacio Barrio Adentro de Radio Martí: “Los chinos van apoderándose cada vez más de los territorios en La Habana”.

Su recorrido por el municipio Playa, donde residen cuadros del régimen y una clase media con acceso a divisas, trazó un mapa de negocios que dos años antes no existía.

SUMAI S.A., la primera empresa mixta Cuba-China de comercialización

El caso más visible fue el de SUMAI S.A., presentada oficialmente en enero de 2025 como la primera empresa mixta de comercialización entre los dos países.

La compañía está integrada por la firma cubana ALBUS S.A. y la china Hangzhou Iunke Industrial Development Co., Ltd., y operó bajo el paraguas de la Plataforma de Inversión y Comercio para América Latina (PICLA), enmarcada en la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing.

Su tienda en la esquina de las calles 23 y 10, en El Vedado habanero, combinó ventas mayoristas y minoristas con un catálogo que abarcó paneles solares, materiales de construcción, electrodomésticos, alimentos y artículos del hogar.

La empresa operó exclusivamente en dólares, con pagos en efectivo o tarjeta. Eimy Iturralde, jefa comercial de SUMAI S.A., explicó a Cubadebate, medio estatal cubano, que la compañía nació para responder a la política del régimen de abrir el comercio mayorista y minorista a la inversión extranjera, aprobada en octubre de 2022, con el objetivo de ofrecer “una oferta más amplia, variada y competitiva”.

La expansión no se detuvo en La Habana. La plataforma PICLA extendió operaciones a Holguín en 2026 y SUMAI proyectó abrir tiendas en Camagüey, Matanzas y Pinar del Río.

Dongfeng vende autos eléctricos mientras el país sufre apagones

Otro emblema de esta penetración fue Dongfeng Motor Corporation, la automotriz estatal china que instaló un showroom en la avenida Séptima y calle 20, también en el municipio Playa.

Morales Marchán detalló ante Radio Martí que el local dispuso de sistemas de venta y pago en efectivo y con tarjeta, y que la empresa operó sus propias estaciones de recarga, denominadas “solineras”, alimentadas con paneles fotovoltaicos.

Esos puntos de carga funcionaron sin interrupción incluso cuando el resto del barrio permaneció a oscuras.

Para 2026, Dongfeng amplió su catálogo en Cuba con cuatro modelos nuevos, entre ellos pickups eléctricas 4x4 y SUV premium. Los precios partieron de 19.100 euros y el pago se realizó por transferencia internacional, un mecanismo al que la mayoría de los cubanos no tuvo acceso.

Beijing, socio estratégico desde 2017

La presencia de estos comercios no fue espontánea: respondió a una arquitectura de acuerdos que se consolidó durante años. China fue el mayor socio comercial de Cuba desde 2017 y uno de sus principales acreedores.

La plataforma de análisis WireScreen contabilizó 166 proyectos y operaciones chinas en Cuba, con un valor total de los 19 registros más grandes de USD 5,900 millones, dominado por créditos de bancos estatales y la condonación de deuda de USD 2,830 millones concretada en 2016.

En septiembre de 2025, La Habana anunció la reestructuración de su deuda soberana con Beijing, mientras continuaban las negociaciones sobre deuda bancaria y comercial.

Ese mismo mes, el presidente Miguel Díaz-Canel realizó su tercera visita oficial a China, donde Cuba se convirtió en el primer país en firmar un acuerdo de implementación conjunta de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Díaz-Canel reconoció públicamente en octubre de 2025 que el proceso de reformas chino “sirve de referencia” para la estrategia económica de la isla.

El vínculo también se reforzó en el plano energético. China financió 49 parques fotovoltaicos en Cuba, y el embajador chino Hua Xin se comprometió ante el régimen a construir 92 parques solares adicionales para 2028, con una capacidad total de 2,000 megavatios. En enero de 2026, el presidente Xi Jinping aprobó además una donación de emergencia de USD 80 millones y 60.000 toneladas de arroz.

Los negocios chinos llegan donde llegan los dólares del régimen

Morales Marchán trazó la lógica detrás de la geografía comercial china: los nuevos locales se concentraron en Miramar, Flores, Atabey y Siboney, barrios donde vive “la cúpula gobernante y la dirección del país, y la clase media alta emergente”.

Son, precisó el periodista, “las únicas personas que tienen los dólares y ese poder adquisitivo”.

El comunicador mencionó como ejemplo a Abel González Santamaría, identificado como alto oficial de la Seguridad del Estado, jefe del Museo de Historia de la policía política y asesor del Consejo de Estado en materia de seguridad. Ese perfil de cliente, según Morales Marchán, definió el segmento al que apuntaron estas empresas chinas.

A ese mapa se sumaron establecimientos de nicho como Dong Te, una cadena de tés de burbujas que abrió sus puertas en el último año, y el restaurante El pavo real, ubicado junto al Puente de Hierro, en el límite entre los municipios Playa y Plaza. Todos compartieron una característica: precios inaccesibles para el trabajador cubano promedio, cuyo salario en pesos no alcanzó para cubrir electricidad, alimentos ni agua.

La economía cubana se contrajo mientras el régimen abrió puertas a Beijing

El telón de fondo de toda esta expansión fue una crisis económica. La CEPAL revisó al alza su proyección de contracción para Cuba: pasó de un -6.5% estimado en abril a un -10.3% en agosto de 2026, la caída más pronunciada de América Latina y el Caribe. Desde 2019, la economía de la isla acumuló un retroceso superior al 23%.

Los apagones de hasta 25 horas diarias paralizaron la producción industrial, el comercio y los servicios básicos. La pérdida del suministro de crudo venezolano, entre 25,000 y 35,000 barriles diarios, tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, sumada al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, agravó una crisis energética que ya era estructural.

En ese contexto, el régimen presentó ante empresarios chinos un paquete de 176 medidas económicas organizado en 23 ejes temáticos, que incluyó la autorización de banca privada, la eliminación del límite de 100 trabajadores para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y derechos de superficie de hasta 99 años para proyectos extranjeros.

El cónsul cubano ante el foro empresarial chino describió las reformas como “una oportunidad sin precedentes” para atraer inversión de Beijing.

Los cuentapropistas, bajo presión por impuestos y competencia

Mientras las empresas chinas operaban con infraestructura propia y divisas garantizadas, los emprendedores cubanos sin vínculos con el poder enfrentaron un escenario opuesto. Morales Marchán señaló ante Radio Martí que el control de precios, los impuestos y los cortes de luz los asfixiaron de forma sistemática.

“Con motivo de evitar las excesivas ganancias lo que están es limitando la competencia y lo están haciendo de manera desleal, el grupo de poder, para ahogar las mypimes que no son de ellos y empoderar las mypimes que son del castrocomunismo”, afirmó el periodista.

Las empresas chinas llegaron con capital estatal, acceso a divisas y suministro eléctrico propio. Los cuentapropistas cubanos compitieron sin esas condiciones, en medio de la peor crisis económica que vivió la isla en décadas.

La industria turística de República Dominicana aportó 21.619 millones de dólares a la economía nacional en 2025, una cifra equivalente al 15.9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país al considerar sus efectos directos, indirectos e inducidos, según informó la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) en declaraciones recogidas por Listín Diario.

El dato fue presentado en el marco de la Exposición Comercial de Asonahores 2026, donde el sector consolidó su posición como uno de los principales motores de la actividad productiva nacional.

De manera directa, el turismo representó el 8.3% del PIB durante el año pasado. Sin embargo, al integrar su impacto en la cadena de suministro y el consumo derivado del empleo que genera, la participación se eleva casi al doble. Para Juan Bancalari, presidente de Asonahores, esta dimensión confirma que el sector trasciende la actividad hotelera y se convierte en un motor de desarrollo transversal para la economía del país.

“El turismo dominicano debe medirse por su capacidad de transformar la economía. Detrás de cada visitante existe una cadena que genera empleos, demanda bienes y servicios, atrae inversiones, produce divisas y crea oportunidades para miles de empresas dominicanas”, expresó Bancalari, en declaraciones publicadas por el diario.

Uno de los principales indicadores destacados por la asociación fue la capacidad del sector para captar divisas. Según el medio dominicano, en 2025 los ingresos por este concepto llegaron a 11,866 millones de dólares, un incremento del 9.3% respecto al año anterior. La tendencia se mantuvo durante los primeros meses de 2026: a junio, los ingresos por turismo sumaron 6,716 millones de dólares, un alza del 15% frente al mismo período de 2025.

El sector también mantuvo su atractivo para los capitales internacionales. Durante 2025, captó 1,288 millones de dólares en inversión extranjera directa, un flujo que refuerza su peso dentro del sostenimiento del ingreso de divisas de la economía dominicana.

Uno de cada seis empleos del país está vinculado al turismo

En materia laboral, la asociación reportó que 882,419 empleos directos, indirectos e inducidos estuvieron ligados a la actividad turística durante 2025, una cifra equivalente a aproximadamente uno de cada seis puestos de trabajo del país. De ese total, 301,800 correspondieron a empleos directos, 400,610 se generaron a través de la cadena de suministro de bienes y servicios, y otros 180,010 se originaron por el consumo de los hogares vinculados a la actividad.

Los indicadores salariales también mostraron una mejora. El salario promedio cotizable en hoteles, bares y restaurantes pasó de 22,705 pesos dominicanos (USD 383.58) a 27,580 pesos (USD 465.94). Además, el sector aportó 10,774 millones de pesos dominicanos (USD 182,044.72) a la Tesorería de la Seguridad Social durante el año pasado.

La recaudación fiscal del sector se triplicó en diez años

El crecimiento de la actividad turística también quedó reflejado en las cuentas fiscales del país. La recaudación proveniente de hoteles, bares y restaurantes alcanzó 45,227 millones de pesos dominicanos (USD 764,185.69) en 2025, frente a los 15,611 millones de pesos (USD 263,773.92) registrados en 2015. La cifra representa prácticamente triplicar la contribución fiscal del sector en una década.

Según los datos difundidos por Asonahores, y retomados por Listín Diario, estos indicadores confirman que la expansión del turismo genera efectos que alcanzan de forma transversal a la economía dominicana. Sectores como agropecuaria y pesca, manufactura, construcción, comercio, transporte y logística, servicios básicos y servicios profesionales y financieros forman parte de una cadena de suministro que crece junto con la demanda turística.

En ese contexto, la Exposición Comercial de Asonahores 2026 busca fortalecer la integración entre la actividad turística y el aparato productivo nacional, con el objetivo de ampliar las oportunidades de negocio y la participación de empresas dominicanas dentro de la cadena de valor del sector.

Desde Puerto Iguazú, Misiones - El 68% de las compañías consultadas anticipó un crecimiento de las ventas en 2027, según la vigésima tercera edición de la encuesta sobre financiación e inversión elaborada por EY Argentina y el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). El relevamiento se presentó durante el primer día de la 47° Convención Anual del IAEF y reunió las respuestas de más de 100 de las principales empresas del país.

La encuesta se desarrolló bajo el lema “Argentina: de la estabilidad al crecimiento. Cómo generar competitividad sostenida”. Los resultados mostraron una expectativa de expansión para el próximo año, luego de un período en el que las empresas registraron una evolución más moderada de sus ingresos y de su rentabilidad.

Durante el último año, el 51% de los encuestados indicó que sus ventas crecieron, una proporción inferior al 62% registrado en el relevamiento previo. A la vez, el 32% señaló una caída. La evolución de la rentabilidad siguió una tendencia similar: mejoró en el 32% de los casos, se mantuvo sin cambios en el 30% y empeoró en el 34%.

Para 2027, el 53% de las empresas espera una mejora de la rentabilidad. Las proyecciones de inversión también mostraron una variación: casi el 50% anticipó un incremento de sus desembolsos para el próximo año, mientras que el resto previó estabilidad, reducción o no respondió.

Las inversiones se orientarán a tecnología y bienes de capital

El destino principal de los planes de inversión será el activo fijo y la incorporación de tecnología. Esa opción concentró el 70% de las respuestas. El 19% mencionó el fortalecimiento del capital de trabajo, mientras que las adquisiciones y las reestructuraciones quedaron detrás dentro de las prioridades de las compañías.

El socio de EY Argentina, Alejandro Kelman, vinculó ese resultado con el horizonte de las decisiones empresariales. “Cuando uno ve a dónde se van a destinar las inversiones, prácticamente un 70% de los que contestaron la encuesta dicen que esas inversiones se van a destinar a bienes de capital e incorporación de tecnología, lo cual habla de un horizonte de mediano a largo plazo”, afirmó durante la presentación.

Kelman también expuso los datos de financiación. El 69% de las compañías indicó que sus necesidades de financiamiento no cambiaron respecto del año anterior. El 15% informó un aumento de esas necesidades, mientras que el resto reportó una disminución o no respondió.

La autofinanciación se mantuvo como la fuente principal para sostener operaciones, adquisiciones y proyectos de expansión: representó el 31% de las respuestas. Los bancos y entidades financieras locales ocuparon el segundo lugar, con el 22%, y los aportes de casas matrices quedaron en tercer lugar, con el 15%.

En la exposición, Kelman señaló que el peso de los recursos propios reflejó límites para obtener crédito de mayor plazo. “El 31% de las compañías se siguen autofinanciando. Es decir, para financiar adquisiciones, operaciones de crecimiento, siguen utilizando su capital de trabajo. Solo un 22% de las compañías acuden a bancos locales y todavía no son préstamos de tan largo plazo”, sostuvo.

La encuesta también relevó los mecanismos que los ejecutivos consideran necesarios para acompañar inversiones de mayor escala. La simplificación tributaria y administrativa concentró el 61% de las menciones entre las medidas estatales que podrían mejorar la competitividad. Los acuerdos entre Gobierno, sindicatos y empresas sumaron el 19%.

Entre los estímulos fiscales, la reducción de alícuotas a cambio de reinversión de utilidades reunió el 29% de las respuestas. La reducción de cargas sociales a cambio de nuevo empleo concentró el 28%, mientras que la amortización acelerada de inversiones de capital obtuvo el 17%.

Energía, agronegocios e infraestructura concentraron las proyecciones sectoriales

El sector de energía volvió a ubicarse al frente de las expectativas de crecimiento: recibió el 37% de las menciones de los ejecutivos consultados. Le siguieron los agronegocios, con el 23%, y la infraestructura, con el 17%. El resultado mantuvo a la energía como el rubro con mayor potencial dentro del relevamiento anual.

La gerente general de Ecogas, Natalia Rivero, se refirió a las condiciones que, desde su perspectiva, requiere el sector energético para sostener inversiones. “Las inversiones en energía son inversiones de capital intensivo, de largos períodos de tiempo. Se necesita que las normas sigan siendo claras a nivel regulatorio, fiscal y contractual”, expresó.

Rivero mencionó la infraestructura como otro aspecto ligado a la expansión del sector. En su intervención, planteó que el aumento de la producción necesita sistemas de transporte, almacenamiento y exportación. También señaló la necesidad de una competitividad que contemple aspectos fiscales, coordinación entre jurisdicciones y desarrollo de proveedores.

Durante el panel, Rivero explicó que Ecogas ingresó al mercado de capitales en 2025 como parte de una decisión de largo plazo. La compañía opera en el sector gasífero argentino y controla a Distribuidora de Gas del Centro y Distribuidora de Gas Cuyana, que prestan el servicio de distribución de gas natural por redes en Córdoba, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis.

La ejecutiva indicó que ambas distribuidoras alcanzan a más de 1,5 millones de clientes y operan más de 39 mil kilómetros de gasoductos. También señaló que el esquema de revisión tarifaria quinquenal incluyó un plan de inversiones para las nueve distribuidoras de gas del país, por cerca de USD 1.000 millones en cinco años.

El agro puso el foco en la tecnología, el financiamiento y la infraestructura

En el caso del agro, el presidente de Corteva Cono Sur, Julián Sudera, planteó que la expansión de la producción requiere mejoras de rendimiento sobre la superficie disponible. “Argentina no va a poder seguir creciendo con más hectáreas. El crecimiento del sector, si nos vamos al primer eslabón, que es el productor, es producir más en la misma hectárea. Producir más en la misma hectárea significa más tecnología”, afirmó.

Sudera vinculó la tecnología con el acceso al financiamiento y con la necesidad de reducir brechas de rendimiento. También mencionó la infraestructura como un elemento que impacta en los costos del sector, especialmente en el traslado de granos y en la conexión con puertos y otras vías de salida.

El ejecutivo se refirió, además, al financiamiento de las campañas agrícolas. Indicó que el sector utiliza un componente relevante de financiación privada, canalizada por las propias compañías, junto con líneas bancarias. Señaló que esa dinámica exige capital de trabajo y enfrenta restricciones adicionales por el peso del alquiler de campos en la estructura productiva.

“Si el productor está con una rentabilidad y con avidez de invertir, y hay tecnología disponible, esa combinación va a hacer que el agro crezca”, dijo Sudera. También mencionó las oportunidades vinculadas con la energía basada en cultivos, en áreas donde antes no existía producción.

Las expectativas empresariales sobre el marco económico incluyeron un plan claro y sustentable, que recibió el 27% de las menciones, una reforma tributaria que estimule la inversión, con el 25%, y una política cambiaria estable, con el 20%. Entre los incentivos legales, la protección de las inversiones extranjeras y los tratados de libre comercio concentraron el 32% cada uno.

La encuesta también consultó por las tendencias globales que influyen en las decisiones de inversión. Las altas tasas de financiamiento encabezaron las preocupaciones, con el 26% de las respuestas. El avance de los populismos o nacionalismos extremos quedó en segundo lugar, con el 20%, seguido por la inestabilidad política en América Latina y la volatilidad de los precios de las materias primas.

En materia de gestión, el 28% de los ejecutivos identificó al efecto de la inteligencia artificial en las distintas dimensiones del negocio como la tendencia con mayor impacto. La aparición de competidores no tradicionales reunió el 26%. Al consultar por las oportunidades para pasar de la estabilidad al crecimiento, el 30% priorizó la integración de inteligencia artificial y tecnología para optimizar procesos y costos, mientras que el 29% pidió reglas estatales sostenibles que permitan planificar a largo plazo.

El régimen de Cuba aprobó este jueves 3 de septiembre un nuevo paquete de normas que permite a las empresas extranjeras contratar empleados de forma directa, abrir cuentas bancarias fuera de la isla sin autorización previa y avanzar con otras reformas incluidas en 176 transformaciones económicas y sociales adoptadas en junio.

El Decreto-Ley 128 elimina uno de los mecanismos que reguló durante décadas la inversión externa en el país: la intermediación obligatoria de agencias empleadoras estatales para incorporar trabajadores cubanos en compañías de capital extranjero.

A partir de la entrada en vigor de la norma, las empresas mixtas y las firmas de capital extranjero al 100% podrán contratar directamente a su personal local. El decreto también contempla la posibilidad de que paguen bonificaciones o gratificaciones en moneda extranjera.

El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva, advirtió que no es posible cuantificar todavía sus efectos.

“Podrían tener un impacto en la economía a corto plazo”, sostuvo Pérez-Oliva durante una rueda de prensa. El funcionario atribuyó la incertidumbre a un “componente de presión externa” que, según dijo, las autoridades cubanas no pueden ignorar.

Las compañías podrán operar cuentas en el exterior con una notificación posterior

El Decreto-Ley 128 también modifica las reglas para el manejo de fondos fuera del país. Hasta ahora, las empresas requerían una autorización del Banco Central de Cuba para abrir y utilizar cuentas bancarias en el exterior.

Con la nueva regulación, las compañías podrán abrir esas cuentas sin un permiso previo. Deberán informar la operación dentro de un plazo de siete días y someter sus movimientos a auditorías.

La norma introduce además procedimientos digitales para simplificar los permisos vinculados con importaciones y exportaciones. El objetivo declarado es reducir trámites para las empresas que operan con capital extranjero y facilitar sus vínculos comerciales internacionales.

Las modificaciones se suman a otras reformas anunciadas esta semana. El miércoles entró en vigor el Decreto-Ley 133, que permite la creación de empresas privadas con más de 100 empleados y habilita la participación de cubanos residentes en el exterior en el ecosistema empresarial de la isla.

En los últimos días, el Gobierno también autorizó la formación de cadenas comerciales, otra medida destinada a ampliar las posibilidades de expansión del sector privado.

El sector privado podrá crear agencias de viajes

Este jueves también se anunciaron cambios para el turismo. Las nuevas disposiciones permitirán que el sector privado constituya agencias de viajes, desde microempresas hasta compañías de mayor tamaño.

El director jurídico del Ministerio de Turismo, Juan José Álvarez, señaló que la apertura busca ampliar opciones ya existentes en destinos con actividad turística vinculada a la naturaleza, el patrimonio y las comunidades locales.

Álvarez mencionó los casos de Viñales, Trinidad y la Ciénaga de Zapata, lugares donde se ha promovido este tipo de oferta durante años. Según indicó, una serie de condiciones dentro del sector permite ahora ampliar esa posibilidad.

Las normas prevén incentivos para proyectos de ecoturismo en zonas priorizadas para la conservación y en áreas patrimoniales. Entre ellos figura un impuesto reducido del 25% sobre los beneficios, la eliminación de aranceles aduaneros para importar equipamiento destinado a la inversión y la exención tributaria para las utilidades que se reinviertan en la actividad.

El régimen vincula las reformas con la salida de la crisis económica

Pérez-Oliva citó entre las medidas con potencial de impacto inmediato la posibilidad de que empresarios privados se asocien con capital extranjero, realicen operaciones de comercio exterior de forma directa y establezcan alianzas con entidades públicas.

“Las transformaciones van en el camino correcto”, afirmó el viceprimer ministro. No obstante, insistió en que la implementación de las reformas estará condicionada por factores ajenos a la legislación cubana.

El funcionario se refirió a las presiones sobre transportistas internacionales, una situación que, según explicó, eleva los costos de producción y de prestación de servicios públicos. Sus declaraciones aludieron a las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos en los últimos meses.

Cuba atraviesa una crisis económica desde hace seis años, con dificultades en el suministro de combustible, alimentos y bienes básicos. Las autoridades buscan que las nuevas reglas contribuyan a descentralizar la actividad productiva, atraer inversión y ampliar el espacio de acción de los negocios privados, en un escenario marcado por las sanciones externas y por limitaciones internas de financiamiento y oferta.

La dictadura cubana puso en vigor este jueves dos decretos que flexibilizan la inversión extranjera y el uso de tierras estatales, dentro de un paquete de reformas con el que el régimen busca atenuar la peor crisis económica de la isla en seis años. El Decreto-Ley 128 permite a las empresas foráneas contratar personal de forma directa, sin pasar por las agencias empleadoras del Estado, y abrir cuentas bancarias en el exterior sin autorización previa del Banco Central. El Decreto-Ley 130, por su parte, extiende el usufructo de tierras estatales a personas jurídicas hasta por 99 años.

Ambas normas, firmadas el 28 de julio por Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, modifican la Ley 118 de Inversión Extranjera, vigente desde 2014, y el Código Civil de 1987. Se suman al Decreto-Ley 133, en vigor desde el miércoles, que habilita empresas privadas con más de 100 trabajadores, y a la autorización, la semana anterior, de cadenas comerciales privadas.

El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, presentó las medidas en rueda de prensa y admitió que su impacto en la economía a corto plazo “podría” producirse, aunque no es posible “calcularlo” por el “componente de presión externa que no podemos desconocer”, en referencia a las sanciones estadounidenses.

Las reformas forman parte de un paquete de 176 medidas aprobado por el Parlamento el 18 de junio, una apertura económica anunciada por el régimen desde el Período Especial de los noventa. Llegan en medio de una crisis que se arrastra desde hace seis años y que se agravó en enero, cuando Washington impuso, mediante una orden ejecutiva, un bloqueo a las exportaciones de combustible hacia la isla, al que se sumaron sanciones adicionales para forzar cambios políticos.

El dictador Miguel Díaz-Canel defendió el 30 de julio ante la Asamblea Nacional que las transformaciones no equivalen a una apertura al capitalismo. “No vamos a instaurar un capitalismo depredador ni una privatización masiva del patrimonio nacional [...] Nada más alejado del sentido de las transformaciones”, aseguró, y descartó privatizar la salud, la educación o los “servicios estratégicos” del país.

El régimen sostiene que en la isla operan más de 15.000 pequeñas y medianas empresas privadas, cifra difundida en julio junto al anuncio de la apertura de gasolineras y farmacias al capital privado. Los registros de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), sin embargo, contabilizaban 9.550 mipymes en marzo, casi 40% menos. Según su Encuesta Nacional de Ocupación, el sector no estatal emplea al 31,5% de los 4,14 millones de ocupados del país.

El Decreto-Ley 130 detalla que el usufructo podrá concederse “a título gratuito u oneroso” y prorrogarse por otros 99 años si el titular lo solicita con dos años de antelación al vencimiento. También autoriza el derecho de superficie, mediante el cual el Estado puede entregar terrenos a perpetuidad a cambio de un pago, y permite que propietarios de solares yermos lo cedan para levantar viviendas u otras construcciones.

En turismo, el Decreto-Ley 128 habilita al sector privado a crear agencias de viajes de cualquier tamaño y reduce al 25% el impuesto sobre utilidades de proyectos de ecoturismo en zonas de conservación, además de eliminar aranceles para importar equipamiento destinado a esa actividad. El director jurídico del Ministerio de Turismo, Juan José Álvarez, señaló que regiones como Viñales, Trinidad o la Ciénaga de Zapata reúnen ahora “un grupo de elementos” que amplían esa modalidad, promovida desde hace décadas sin marco legal específico.

La Gaceta Oficial No. 73 que recoge estas normas incluye además resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco Central sobre su aplicación. El régimen prevé publicar en las próximas semanas el resto de las normativas del paquete de 176 medidas, entre ellas las referidas al sistema bancario y al mercado cambiario, dos de los frentes más sensibles de la reforma en curso.

El Gobierno de Cuba elimina intermediarios estatales en la contratación de personal para empresas extranjeras y les permite operar cuentas bancarias fuera de la isla sin autorización previa del Banco Central. Las decisiones entraron en vigor el 3 de septiembre mediante el Decreto-Ley 128, publicado en la Gaceta Oficial.

La norma permite que las sociedades mixtas y las compañías con capital totalmente extranjero incorporen trabajadores de forma directa. También habilita el pago de bonificaciones o gratificaciones en moneda extranjera, según informó EFE, agencia española.

Las reformas apuntan a reducir controles que hasta ahora condicionaban la actividad de inversores extranjeros y del sector privado cubano. El cambio incluye la apertura de agencias de viajes privadas, nuevas facilidades para el comercio exterior y estímulos tributarios destinados a proyectos de ecoturismo.

Las empresas extranjeras podrán contratar sin agencias estatales

El cambio laboral termina con la obligación de recurrir a agencias empleadoras estatales para incorporar personal cubano. Ese mecanismo había concentrado en el Estado la intermediación entre las compañías internacionales y sus trabajadores locales.

A partir de la nueva regulación, las empresas mixtas y las de capital extranjero podrán establecer una relación directa con sus empleados. La disposición también contempla incentivos salariales en divisas.

La flexibilización forma parte de un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por el Gobierno cubano en junio. Las autoridades presentaron esas medidas como un intento de descentralizar la economía y captar inversiones en medio de la crisis que afecta al país.

Durante una conferencia de prensa, el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, sostuvo ante EFE que las nuevas disposiciones “podrían tener un impacto en la economía a corto plazo”. El funcionario evitó anticipar resultados y señaló que la situación externa condicionará su alcance.

Pérez-Oliva afirmó que las decisiones “van en el camino correcto” y citó tres vías para impulsar la recuperación: las asociaciones entre empresarios privados y capital extranjero, el comercio exterior directo de las empresas privadas y las alianzas entre entidades públicas y particulares.

Las cuentas en el exterior requerirán aviso y auditoría

El Decreto-Ley 128 elimina el permiso previo del Banco Central de Cuba para que las empresas abran y administren cuentas bancarias en el exterior. Las compañías deberán informar la apertura dentro de los siete días posteriores y someter sus movimientos a auditorías.

El nuevo esquema también prevé una digitalización de los procedimientos de importación y exportación. La intención declarada es acortar trámites y facilitar las operaciones de las empresas que participan en negocios internacionales.

El Ministerio de Economía y Planificación ya había informado en agosto sobre otras modificaciones al reglamento de inversión extranjera. Entre ellas figuraban la reducción de plazos administrativos, la simplificación de la documentación exigida y cambios en la gestión de empresas mixtas.

La apertura de cuentas fuera del país llega en un momento en que la falta de divisas, combustible e insumos limita la producción y los servicios.

Las sanciones estadounidenses y las restricciones sobre suministros energéticos han agravado la presión sobre la economía cubana, aunque analistas también atribuyen la crisis a problemas estructurales internos.

El viceprimer ministro aludió a las “presiones sobre transportistas internacionales” y sostuvo que ese escenario encarece los costos de producción y de los servicios públicos.

Sus declaraciones se produjeron tras meses de medidas de Washington contra sectores estatales cubanos y contra el suministro de petróleo a la isla.

El sector privado podrá abrir agencias de viajes

Las nuevas disposiciones alcanzan al turismo, una actividad que el Gobierno identifica como fuente de ingresos externos. El sector privado podrá crear agencias de viajes de distintas escalas, desde microempresas hasta firmas de mayor tamaño.

La norma también establece incentivos para inversiones vinculadas al ecoturismo en áreas priorizadas para la conservación y en entornos patrimoniales. Los proyectos de ese tipo tendrán una tasa impositiva de 25% sobre los beneficios.

Además, quedarán exentos de aranceles aduaneros los equipos importados para esas inversiones. Las utilidades reinvertidas en la propia actividad no pagarán impuestos, según la información difundida por EFE.

El director jurídico del Ministerio de Turismo, Juan José Álvarez, dijo a la agencia que destinos como Viñales, Trinidad y la Ciénaga de Zapata impulsan este tipo de propuestas desde hace años. A su juicio, las condiciones actuales del sector permiten ampliar esa posibilidad.

La expansión del turismo privado se anuncia mientras la actividad enfrenta dificultades por la escasez de combustible y la reducción de operaciones. Reuters, agencia británica, informó en julio que funcionarios cubanos señalaron que cerca de tres cuartas partes de los hoteles del país estaban cerrados, en parte por las limitaciones energéticas y la salida de grupos hoteleros internacionales.

Otras normas amplían el espacio para las empresas privadas

La entrada en vigor del Decreto-Ley 128 se sumó a otras decisiones de los últimos días. El Decreto-Ley 130 flexibilizó y actualizó el régimen de tierras y propiedad.

El Decreto-Ley 133, vigente desde el 2 de septiembre, autorizó la creación de empresas privadas con más de 100 trabajadores. También habilitó la participación de cubanos residentes en el exterior en el ecosistema empresarial de la isla.

La semana anterior, las autoridades habían aprobado la posibilidad de establecer cadenas comerciales. El conjunto de normas amplía el margen operativo del sector privado, aunque el Estado mantiene el control de áreas que considera estratégicas.

Miguel Díaz-Canel había señalado en julio que las reformas no implicarían una privatización masiva de activos nacionales. El dictador excluyó de esa posibilidad a sectores como la salud, la ciencia, la cultura y servicios estratégicos.

La aplicación de las medidas ocurre después de seis años de deterioro económico. La falta de combustible, los apagones, la contracción de la actividad turística y la escasez de bienes básicos forman parte del escenario que el Gobierno busca aliviar con la apertura a nuevos actores privados y capitales externos.

Un millón de visitantes provenientes de Guatemala han llegado a El Salvador en los últimos meses, según datos proporcionados por la ministra de Turismo, Morena Valdez, en entrevista con Frente a Frente. Esta cifra posiciona a Guatemala como el principal país emisor de turistas hacia El Salvador, superando incluso a mercados históricos como Estados Unidos y Honduras.

Valdez explicó que el flujo de turistas guatemaltecos ha mostrado un crecimiento sostenido, visible tanto en las playas como en destinos culturales, zonas urbanas y eventos especiales celebrados en el país.

La ministra subrayó que la facilidad de acceso por carretera, las conexiones terrestres y la cercanía geográfica han facilitado la llegada de turistas guatemaltecos. La mayoría viaja motivada por actividades de ocio, compras, participación en eventos deportivos, conciertos y celebraciones especiales.

Durante periodos de vacaciones y fines de semana largos, el arribo de turistas de Guatemala se incrementa de forma significativa. Según Valdez, este comportamiento se traduce en una alta ocupación hotelera y un aumento sostenido en la demanda de servicios en restaurantes, comercios y actividades recreativas. La presencia guatemalteca se percibe en distintos puntos del país, con una afluencia notoria en la zona costera, pero también con interés en conocer lugares de montaña, parques nacionales y el centro histórico de San Salvador.

Diversificación de mercados y crecimiento internacional

La funcionaria indicó que la participación de turistas guatemaltecos no se limita únicamente a la estadía, sino que incluye la asistencia a actividades y eventos organizados en El Salvador, desde torneos deportivos hasta festivales culturales y ferias regionales.

Destacó que este segmento de visitantes tiene un efecto directo en la dinamización de la economía local y en el fortalecimiento de la cadena de valor del sector turístico, abarcando desde el hospedaje y la gastronomía hasta el comercio y los servicios de transporte.

Valdez señaló que los datos del Ministerio de Turismo confirman que, además de Guatemala, Estados Unidos se mantiene como uno de los mercados turísticos más importantes para El Salvador, junto con Honduras. En los últimos meses, también se ha registrado un crecimiento en la llegada de turistas provenientes de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así como de México, Colombia y España. Este flujo diversificado responde tanto a actividades de ocio como a la participación en eventos internacionales y visitas familiares.

Durante la entrevista, la ministra informó que El Salvador ha superado los 3 millones de visitantes internacionales entre enero y agosto, y que la proyección para el cierre del año es de 4.2 millones de visitantes. En comparación, en 2019 la cifra fue de 2.6 millones de visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento relevante en la actividad turística nacional.

Respuesta institucional y nuevas inversiones

Valdez mencionó que para atender adecuadamente a este volumen de turistas, el Ministerio de Turismo ha trabajado junto al sector privado en acciones para fortalecer la oferta turística y mejorar los servicios. Entre las medidas destacan la facilitación de información en varios idiomas, la mejora de la seguridad en destinos turísticos y la capacitación de personal para responder a las necesidades de los distintos perfiles de visitantes.

La ministra también citó como ejemplo de la dinámica actual la llegada de una empresa dominicana de transporte turístico, cuyo propietario tomó la decisión de invertir en El Salvador tras su experiencia como visitante. Según Valdez, este tipo de inversiones extranjeras contribuyen a ampliar la oferta de servicios y a generar empleo local, en un contexto en el que la confianza y la percepción de seguridad resultan determinantes para la decisión de viajar e invertir en el país.

Las elecciones nacionales ocupan un lugar central en la agenda de fondos, bancos y grandes inversores internacionales. En un contexto de volatilidad y expectativas, la banca de inversión observa cada movimiento político, económico y social. Dorothee Blessing, directora general y co-líder global de banca de inversión en JP Morgan, analiza el panorama actual y las señales que genera el proceso electoral. La ejecutiva, con base en Nueva York, detalla el modo en que el sector financiero internacional interpreta los cambios políticos y económicos.

En diálogo con Infobae, Blessing comparte cómo los actores globales perciben la coyuntura y qué condiciones consideran necesarias para un mayor flujo de capital hacia mercados emergentes. Junto a ella, Marina Linhart, jefe de banca de inversión para Latinoamérica del banco, aportó también su visión sobre las oportunidades y desafíos de la región.

—¿Qué observa el sector financiero internacional sobre la coyuntura política y económica local?

—Dorothee Blessing: “Todas las miradas están puestas en las elecciones y en la pregunta de si el rumbo y el trayecto continuarán. Creo que lo que se puede ver es una concentración de muchos clientes en ese diálogo, en torno a cuáles son las oportunidades que surgirán para ellos como parte de eso, y las oportunidades que surgirán como parte de eso para el país si el rumbo continúa con reformas y estabilidad. ¿Cuánto más capital extranjero puede atraer el país con el tiempo si ese rumbo continúa? Y ahí es donde lo que dice Marina entra en juego. Si uno mira los sectores entre recursos naturales, energía, y sumo a eso la infraestructura más amplia... en juego, esos son sectores realmente relevantes a nivel global, geopolíticamente. Esa es la clase de pregunta. Ese es el sentimiento que escuchamos.”

—¿Dónde ve el mayor interés de inversión en la región?

—Marina Linhart: “Cuando pensamos en los flujos, empiezo de manera amplia, porque sé que te enfocaste en la IED y los flujos de inversión. Pero en los flujos netos, en acciones en general en la región, por ejemplo, América Latina en su conjunto... empecemos ahí, registró salidas netas hasta aproximadamente 2024. Así que 2025 y 2026 fueron las primeras veces en que realmente comenzamos a ver entradas netas en la región. Ahora, la mayor parte de eso aún va a fondos pasivos, ¿verdad? Pero se empieza a ver un reequilibrio de capital que ingresa y que ve oportunidades y valor en América Latina, en relación con las valuaciones en otros mercados del mundo, y parte de eso también proviene de dónde ves las monedas y dónde ves que comienza cierta estabilidad. Los ciclos electorales ya pasaron ahora en varios países y se percibe esa estabilidad y esa oportunidad ahora para invertir, la trayectoria de esos países y la diferencia de valor relativa. Así que ves esas oportunidades. Creo que se ve una combinación de búsqueda de estabilidad, y hablamos de eso como un tema, pero algo de estabilidad en el régimen y estabilidad en los marcos de inversión del país. También se quiere ver dónde están las oportunidades de valor, creación de valor, dónde pueden invertir y ver esa creación de valor a largo plazo para las inversiones, y creo que eso aplica tanto a los flujos de acciones como a la IED.”

—¿Qué sectores destacan entre las oportunidades para el país?

—Dorothee Blessing: “Si uno mira los sectores entre recursos naturales, energía, y sumo a eso la infraestructura más amplia... en juego, esos son sectores realmente relevantes a nivel global, geopolíticamente. Esa es la clase de pregunta. Ese es el sentimiento que escuchamos.”

—Marina Linhart: “Y la agricultura también, que es realmente importante.”

—Dorothee Blessing: “Pero la parte agrícola de lo que también tienen, de nuevo, mirando lo que sucede en el mundo, y viendo algunas de las carencias que resultan como efecto de la guerra en Ucrania, ¿verdad? De nuevo, están en industrias estratégicamente increíblemente relevantes, y creo que lo que vemos en el mundo atraerá mucha atención.”

—¿Qué tipo de empresas muestran mayor capacidad de transformación?

—Dorothee Blessing: “Y estoy impresionada con el tipo de empresas en este país en diferentes sectores, y la capacidad de transformar sectores, ¿verdad? Ya sea en el lado digital, ya sea en el lado de recursos naturales, con inversiones y los programas de inversión que llegan, creo que hay mucho... Hay un impulso que se está construyendo, y eso me resulta realmente interesante.”

—¿Cuál es el rol de la banca de inversión en el contexto actual?

—Dorothee Blessing: “Si uno observa todo ese ecosistema, no pensamos en el financiamiento solo como una transacción de financiamiento. Realmente se piensa en el financiamiento que se necesita durante varios años, y eso es lo que está cambiando y modificando la forma en que vemos el financiamiento para esos sectores.”

—¿Qué condiciones considera necesarias para que la tendencia de inversiones se sostenga a largo plazo?

—Dorothee Blessing: “Lo que se necesita para que eso realmente se materialice es que veamos reformas continuadas, el rumbo... que la estabilidad continúe, y al final, como todos sabemos, hay muchas miradas y mucho foco en la próxima elección. Así que creo que estamos cerrando el círculo en la conversación... donde empezamos. Y creo que eso refleja claramente lo que escuchamos de nuestros clientes, y estoy segura de que no te sorprenderá. Pero también creo que uno se da cuenta, con las empresas y la fortaleza de algunas de esas empresas basadas aquí, que hay una verdadera esperanza de que ese rumbo de estabilidad continúe para que puedan ejecutar exactamente eso.”

—¿Por qué JP Morgan mantiene su presencia en el país aun en contextos desafiantes?

—Dorothee Blessing: “Pero lo que es importante para nosotros al mirar nuestra franquicia y al mirar, francamente, nuestra franquicia global, y también si traduzco esto a esta región, a Argentina, es que hemos estado aquí durante décadas, en la región por más de 150 años. Atravesamos ciclos, ¿verdad?... Una economía atraviesa ciclos, se desarrolla, etcétera. Pero mantenemos nuestra presencia y nuestro foco en nuestros clientes y realmente estamos ahí mientras todos navegan un conjunto diferente de desafíos, ya sea a nivel doméstico, global, ya sea relacionado con el tipo de cambio, ya sea relacionado con otros desafíos. ¿Verdad? Pero estar ahí y ayudar a nuestros clientes con esa continuidad y ese enfoque global, eso es para lo que nos comprometimos.”

—¿Cómo influye el talento local en la estrategia de la firma?

—Marina Linhart: “Argentina tiene una base de talento muy... profunda y amplia de talento humano, capital humano... Me refiero a talento bien formado que ha sido una parte muy importante de nuestro negocio, por eso tenemos... De hecho, estamos ubicados aquí hoy... nuestro centro corporativo aquí. Así que creo que eso sigue siendo una verdadera ventaja competitiva.”

—¿Qué mirada tiene sobre el futuro de la inversión en tecnología y digitalización?

—Dorothee Blessing: “Creo que es un año increíblemente activo, como vemos. Y lo vemos contra un telón de fondo geopolítico que no es necesariamente tan fácil en el mundo, ¿verdad? Pero vimos un aumento significativo en la actividad de fusiones y adquisiciones... a nivel global, principalmente impulsado por Estados Unidos y EMEA. Lo que resulta particularmente interesante sobre eso son dos factores. Uno es que los aumentos son de más del 30% año tras año. Pero lo que resulta especialmente interesante es el número de las llamadas megaoperaciones que vemos, es decir, la cantidad de operaciones que superan los 10 mil millones en volumen de operación. Un aumento significativo en esas, y un aumento significativo en la actividad de operaciones transfronterizas, que, como sabemos, si hacés operaciones transfronterizas, necesitás tener aún más confianza... como directorio y como consejo de administración para hacer operaciones. Lo que claramente vemos es que las necesidades de los clientes y las necesidades estratégicas han cambiado. Se trata de la ejecución de la agenda estratégica, ya sea consolidación, ya sea impulsada por la tecnología, ya sea impulsada por la cadena de suministro, ya sea por nuevos mercados. Y los clientes toman el consejo y no es sobre si hacen la operación estratégica, sino cuándo y cómo navegar los mercados.”

Les regalamos educación y salud, quienes se llevan ese valioso conocimiento a sus países sin haber tributado aquí. Sin embargo, les prohibimos adquirir tierras. En paralelo, le impedimos al ciudadano local disponer libremente de sus bienes. La contradicción es absoluta: un Estado que regala y restringe.

Quienes bregamos por el progreso del país sostenemos que la compra de tierras por parte de extranjeros no constituye un despojo imperialista. Al contrario, representa una manifestación legítima y beneficiosa del libre mercado global, la propiedad privada y la división internacional del trabajo.

El falaz argumento de la extranjerización de tierras recurre al sentimentalismo para prescindir de la racionalidad y aproximarse al análisis marxista. Desde esta perspectiva, la propiedad foránea de la tierra trasciende el debate sobre la soberanía para convertirse en una manifestación explícita del imperialismo y el despojo global.

La libertad individual y el derecho a disponer de la propiedad privada se enfrentan de forma constante a discursos restrictivos que apelan al nacionalismo. ¿Dónde queda la libertad de disponer de los bienes? Limitar a quien puede vender su propiedad constituye una violación directa a las libertades individuales y al derecho de propiedad. Cuando el capital extranjero ingresa al país, queda de forma inmediata en manos del vendedor local, quien así puede volcarlo al consumo o invertirlo en otros sectores de la economía nacional.

Quienes bregamos por el progreso del país sostenemos que la compra de tierras por parte de extranjeros no constituye un despojo imperialista

Asimismo, cuando un inversor extranjero adquiere tierras, introduce tecnología, sistemas de riego e infraestructura clave. Esta inyección de capital optimiza la productividad del suelo, genera empleo, transfiere conocimientos técnicos y reduce los costos de producción agrícolas. En consecuencia, se impulsa un incremento en el volumen de las exportaciones, lo que no solo fortalece la competitividad internacional del país, sino que además garantiza el ingreso estratégico de divisas.

Quienes sostienen que la soberanía corre peligro olvidan que esta reside en el poder político y de policía que el Estado retiene de forma inalterable sobre todo su suelo. Planteada en esos términos, la cuestión de la soberanía no es más que una falacia emocional, explotada habitualmente por narrativas populistas y sustentada por intereses corporativos o visiones de identidad frágil. Obviamente, hay casos especiales que pueden debatirse: la posesión en áreas fronterizas desde la perspectiva de la defensa geopolítica, motivo por el cual muchos de países mantienen restricciones específicas para estas zonas.

El temor a lo extranjero opera habitualmente como un sesgo cognitivo que distorsiona la realidad. Por un lado, se nutre de la falsa creencia de que la adquisición de un bien por parte de un inversor externo reduce el patrimonio nacional; una premisa errónea, ya que la tierra permanece inamovible en el territorio. Por otro lado, responde al miedo a la pérdida de identidad y a la tendencia histórica de buscar un chivo expiatorio externo para camuflar las crisis institucionales o la falta de seguridad jurídica interna. El miedo paraliza; y en este caso, el miedo colectivo paraliza el pensamiento racional de la sociedad, bloqueando el desarrollo y dejándola cautiva de un proteccionismo aislacionista.

El falaz argumento de la extranjerización de tierras recurre al sentimentalismo para prescindir de la racionalidad y aproximarse al análisis marxista

Cuando se respetan las reglas del juego, se protege la propiedad privada y se ofrece previsibilidad institucional, el país se transforma en un destino atractivo para las inversiones locales y extranjeras, impulsando la matriz productiva y promoviendo una mejor calidad de vida.

Basta de argumentos falaces; la realidad se advierte al mirar la experiencia de otros países. Aquellos que optaron por la libre disponibilidad de sus bienes raíces no perdieron su soberanía; por el contrario, multiplicaron su riqueza y consolidaron su seguridad jurídica.

Frente a quienes demandan a viva voz restricciones a la propiedad privada, no debemos relegar la defensa de la libertad. Que nada nos turbe; bien señala el viejo adagio: “Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos”.

El autor es economista

En un enroque de proyectos contado por Infobae días atrás, La Libertad Avanza y los radicales del Senado intentarán avanzar con la firma de dictámenes de dos iniciativas: el Súper RIGI, que habla de inversiones -e importantes beneficios, como pago del 15% en Ganancias- por más de USD 1.000 millones en sectores que la Casa Rosada considera “industrias del futuro”; y la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas, respectivamente.

La primera ley es la que genera la mayor expectativa en el Ejecutivo, que se debatirá desde las 13.30 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional e Inversión; y Legislación General. El texto en cuestión ya fue aprobado por Diputados, pero este mediodía se confirmaría lo que fue comentado días atrás por este medio: el articulado sufriría modificaciones de cara al recinto, lo que forzaría un regreso a la Cámara baja, en segunda revisión.

Son dos los cambios que se comentan. El primero es claro e innegociable y tomó forma días atrás cuando el director institucional de SIDERSA, Pablo Cattoni, expuso en el plenario y afirmó: “Una enmienda podría ser la introducción de requisitos adicionales que permitan el desarrollo productivo local. Por ejemplo, que todas las iniciativas incorporen un 20% de contenido nacional en bienes transables sin computar en el cupo a la obra civil, que naturalmente termina dándose en la Argentina”.

“Esta corrección no solo podría ser incluida reglamentariamente en el RIGI, sino que también se podría aprovechar en el debate parlamentario que nos convoca sobre la creación del llamado Súper RIGI. Si bien valoramos que se incorpore ese porcentaje de contratación local, creemos que habría que precisar ese concepto. Entendemos que sumar servicio y obra al compromiso puede diluir ese 20%, porque, como dijimos, de todas maneras, esto se da naturalmente con la mano de obra”, sostuvo el disertante.

Reforzó estos conceptos el presidente del Departamento PyMI de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Leal. “Lo que queremos destacar –como dijo el colega– es que este proyecto destina el 20% de la inversión a bienes, obras o servicios. Es obvio que la obra civil, el movimiento de tierra y demás, sí o sí se van a hacer en el país, no se pueden importar. Pero, en este contexto internacional, nuestra propuesta es que ese 20% se destine –y que así se aclare– exclusivamente para bienes producidos en el país”, enfatizó.

En el oficialismo apuntarían a una segunda modificación sobre generaciones de redes eléctricas propias que, por ahora, no queda del todo claro. Un detalle no menor para este tema y también para el que fue llamado -se cambió horario- a las 12.30: son tres comisiones en cada reunión y todas tendrán que tener quorum para dictaminar. Para una semana sin sesión y no tantos legisladores vistos ayer, será un desafío.

“Se consideran inversiones productivas a aquellas destinadas a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina”, reza el cuarto artículo de la iniciativa del jefe radical, Eduardo Vischi (Corrientes), y de la mendocina Mariana Juri, entre otros.

Además, quedan “expresamente excluidas” las “inversiones en activos financieros, de portfolio y bienes de cambio”. Y se agrega que “sin perjuicio de los compromisos relativos a los montos mínimos establecidos”, las “inversiones productivas efectuadas en sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y en bienes semovientes, serán susceptibles de promoción, independientemente del monto de la inversión involucrada, en cada caso”.

Para este proyecto están involucradas las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Legislación General; y Economías Regionales. En tanto, para las 17 de hoy se consumará un tercer cónclave por la regulación del mercado de carbono, aunque en la convocatoria aparecen invitados y, en principio, no se rubricaría un despacho. Algunos dialoguistas pujan por ello.

El 7% del capital que Cuba busca captar para producir alimentos contrasta con el 62% que reserva para el turismo, según una investigación reciente sobre la cartera oficial de inversión extranjera de la isla.

El desbalance coincide con una crisis alimentaria: 33.9% de los hogares reportó hambre reciente en 2025, según una encuesta citada en esta nota.

Quien documentó la disparidad entre discurso y capital fue CubaChequea, la unidad de verificación de la plataforma Árbol Invertido y miembro de la red LatamChequea.

El equipo tituló su investigación Prioridades de papel y la firmaron Francis Sánchez, director ejecutivo de Árbol Invertido, y el periodista Julio Gerardo Hun Longchong.

CubaChequea reconstruyó 308 proyectos que la plataforma oficial Invierta en Cuba mantenía visibles hasta junio de 2026. De ese total, 78 correspondían a producción de alimentos, el 25.3%.

El capital se concentra en turismo

La cifra cambiaba al mirar el dinero. Entre los 258 proyectos que sí declaraban monto, el turismo concentraba unos USD 6,700.7 millones, el 62% del capital conocido, mientras los alimentos apenas alcanzaban el 7%.

La afirmación del Gobierno cubano de que la producción de alimentos es una prioridad de inversión resultaba engañosa porque, aunque reunía una cuarta parte de los proyectos vigentes, solo captaba 7% del capital conocido de la cartera, frente al 62% que concentraba el turismo, según la investigación de CubaChequea.

“El resultado de nuestra investigación arroja una contradicción enorme. Mientras el Gobierno cubano proclama como prioridades la producción de alimentos, la recuperación del sistema eléctrico, las energías renovables, la infraestructura y el desarrollo del país, su propia cartera dirige el grueso de la búsqueda hacia otro lugar muy diferente”, explicó Francis Sánchez a Martí Noticias, medio de comunicación cubano.

Proyectos energéticos que dejaron de figurar

La cartera nació con 426 proyectos el 25 de noviembre de 2025. De ellos, 124 correspondían al sector energético.

Solo seis de esos proyectos energéticos permanecían visibles cuando CubaChequea volvió a consultar la plataforma. Los otros 118 desaparecieron sin explicación oficial, según reveló el equipo de verificación en una infografía publicada en su sitio.

La reducción no afectó al sector alimentario: sus 78 proyectos permanecieron intactos. La investigación advirtió además sobre una zona de opacidad más amplia: la cartera no permitía saber cuánto capital extranjero había llegado a entrar, qué proyectos se ejecutaron finalmente ni quiénes resultaron beneficiados.

La misma lógica se repetía en la categoría de infraestructura. El 91.4% del capital de esa rama correspondía también a proyectos turísticos, encabezados por un desarrollo hotelero en la península de Ancón, en Sancti Spíritus, valorado en USD 1,094 millones.

La escala de los proyectos

La brecha no solo era de proporciones: también era de escala. Sánchez lo resumió así en un video publicado por Árbol Invertido: “Hay proyectos turísticos que buscan alrededor de mil millones de dólares, mientras que el 89.2% de los proyectos para producir alimentos no superan los USD 10 millones”.

Entre los 70 proyectos alimentarios con monto declarado, 65, el 92.9%, pedían menos de USD 20 millones. Las propuestas de mayor volumen fueron la elaboración de aceites y grasas, con USD 150.7 millones repartidos en dos proyectos, y los productos de molinería, con USD 130.8 millones en cuatro propuestas.

Del otro lado estaban un campo de golf en Guardalavaca valorado en USD 1,100 millones y un proyecto turístico en Artemisa por USD 951.6 millones. Cada una de esas dos propuestas, por sí sola, superaba el capital de decenas de proyectos alimentarios sumados.

La crisis alimentaria en la isla

Cuba importa alrededor del 80% de los alimentos que consume y gasta unos USD 2,400 millones al año en esas compras, según el Plan Estratégico para Cuba 2026-2030 del Programa Mundial de Alimentos, organismo de las Naciones Unidas, citado por BBC Mundo, medio en español de la BBC.

El organismo advirtió que la dieta promedio de los hogares cubanos ya no cubría las necesidades energéticas ni la calidad nutricional mínima.

Entre 2018 y 2023, la producción cubana de carne de cerdo cayó 95%, la de arroz 87%, la de frijoles 70% y la de leche 58%, de acuerdo con estadísticas oficiales que recopiló el mismo organismo. La última zafra azucarera, la de 2024-2025, produjo menos de 150.000 toneladas, el peor resultado en más de un siglo, según cálculos de EFE, agencia de noticias española.

Food Monitor Program, una organización que en 2026 publicó el informe Del campo a la mesa: la cadena quebrada del hambre, encontró que el 97.65% de los hogares cubanos tuvo dificultades para acceder a productos esenciales.

La organización sostuvo que el problema alimentario no dependía solo de cuánto producía el país, sino de cuánto lograba transportar y conservar antes de que llegara a la mesa.

La encuesta En Cuba Hay Hambre 2025, elaborada por Food Monitor Program junto con Cuido60 sobre 2.513 respuestas válidas en las 16 provincias, halló que 33.9% de los hogares tuvo al menos un integrante que se acostó con hambre en el último mes. La cifra representó un aumento de 9.3 puntos porcentuales respecto de 2024.

Lo que dice la ley y lo que muestra la cartera

La Ley 118 de la Inversión Extranjera establece de forma expresa que el capital foráneo debe contribuir a sustituir importaciones, “priorizando la de alimentos”. El Programa Económico y Social del Gobierno para 2026 mantiene la producción nacional de alimentos entre sus objetivos centrales.

Esa base legal coincidía con declaraciones recientes de dirigentes cubanos. El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, afirmó durante la Feria Internacional de La Habana que “todo negocio que esté enfocado a la producción de alimentos lo vamos a valorar positivamente”.

Ese discurso chocaba con la proporción que reveló CubaChequea: por cada dólar que la cartera buscaba para alimentos, perseguía casi nueve para turismo. El propio Sánchez resumió la conclusión de la investigación: los intereses del régimen “no priorizan ni la alimentación ni el desarrollo territorial ni la energía y mucho menos la energía renovable”.

El avance de comercios de origen chino en República Dominicana ha transformado el sector minorista, impulsando una expansión que ahora capta la atención de autoridades fiscales y aduaneras. El fenómeno del capital de origen chino se consolida como una de las tendencias más notorias del mercado local, al registrar más de 2,000 empresas en el país en la última década y reflejar cambios en los hábitos de consumo, la competencia empresarial, pero también en la recaudación tributaria.

De acuerdo con registros oficiales, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contabiliza 2,070 empresas con inversión china entre 2016 y 2026. De esas, 1,300 permanecen activas y 770 inactivas. El Distrito Nacional concentra la mayor presencia, con 639 compañías activas y 542 suspendidas, lo que pone de relieve una estructura empresarial compleja y diversa tras la fachada de grandes tiendas visibles en avenidas principales.

Solo en 2025 se inscribieron 265 empresas, mientras que en lo que va de 2026 la cifra alcanza 132, según datos publicados por Diario Libre.

El incremento de estas empresas ha arrastrado consigo nuevos desafíos en materia de control fiscal y aduanal. Los reportes de la DGII muestran que la falta de emisión de comprobantes fiscales figura entre las principales infracciones, representando cerca del 26 % del monto total de las multas impuestas. A esto se suma la ausencia de impresoras fiscales, una irregularidad directamente ligada a la facturación. Ambas categorías juntas constituyen casi un tercio de las sanciones económicas aplicadas en el sector.

Además de estos problemas, la autoridad tributaria ha registrado deficiencias en la declaración de inventarios y en el movimiento real de operaciones. Existe una categoría de “otros incumplimientos” que concentra el mayor monto de multas, aunque las autoridades no precisan públicamente cuáles infracciones abarca, citando normas de confidencialidad tributaria.

Las acciones fiscalizadoras se han intensificado en los últimos años. Entre 2018 y 2026, la DGII realizó 261 fiscalizaciones internas a 159 contribuyentes de origen chino, determinando deudas tributarias superiores a 73,500 millones de pesos dominicanos. Los años 2024 y 2023 destacaron por las mayores recaudaciones, con 23,000 millones y 18,000 millones respectivamente. En el mismo periodo, se ejecutaron 57 auditorías externas que sumaron determinaciones por unos 10,000 millones, lo que refleja una vigilancia creciente sobre la actividad de estas empresas.

El área aduanera también enfrenta retos. Las denuncias de subvaluación de mercancías se han incrementado, pues comerciantes locales alegan que así se abaratan costos de entrada y se facilita la oferta de precios difíciles de igualar para los negocios dominicanos. Aunque la Dirección General de Aduanas ha intensificado las revisiones a estos establecimientos, aún no dispone de un sistema público que permita rastrear una operación comercial desde la importación hasta la venta al consumidor final.

El impacto en el comercio local es visible. Diversos sectores, como ferreteros e industriales, señalan que los comercios de capital chino ofrecen precios más bajos debido a menores cargas fiscales, laborales o de importación. Esta diferencia ha motivado denuncias sobre la comercialización de productos falsificados, lo que afecta tanto a empresas que venden mercancía legítima como a los consumidores, que podrían enfrentar riesgos al adquirir estos bienes. La competencia también ha repercutido en las pequeñas y medianas industrias, especialmente en el ámbito de calzado y textiles, cuyos representantes mencionan dificultades para acceder a financiamiento formal y sostenerse frente al auge de estos comercios.

La dimensión laboral añade otra capa de complejidad. Operativos recientes han detectado empleados extranjeros sin documentación regular, y algunas empresas han sido sancionadas por incumplimientos relacionados con la contratación de mano de obra extranjera. Uno de los casos más notorios se registró en la avenida Duarte, donde la intervención de las autoridades migratorias derivó en un proceso legal contra el propietario de un comercio chino por presunta obstrucción y agresión.

Pese a las controversias, el atractivo comercial de estas tiendas se mantiene firme entre los consumidores dominicanos. La variedad de productos, la posibilidad de acceder a artículos de uso cotidiano en un solo lugar y los precios competitivos han convertido a los comercios de capital chino en un destino preferido tanto para compradores finales como para minoristas locales que buscan abastecerse. La ausencia de información integral sobre el flujo de mercancías y el cumplimiento normativo sigue siendo un reto para las autoridades y actores económicos.

La minera surcoreana Posco consiguió USD 700 millones para extraer litio en el Salar del Hombre Muerto, en Salta y Catamarca, a través de un financiamiento del BID Invest —el brazo de inversión privada del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— que respaldará la expansión de su proyecto Sal de Oro, uno de los más grandes del país.

La estructura del préstamo combina un tramo de hasta USD 250 millones aportados directamente por BID Invest con la posible movilización de hasta USD 450 millones adicionales de instituciones financieras internacionales privadas. Los fondos financiarán la puesta en marcha y el aumento gradual de producción en dos plantas: una de hidróxido de litio, con capacidad para 25.000 toneladas anuales, y otra de carbonato de litio, con capacidad de 23.000 toneladas anuales.

Según BID Invest, una vez que ambas plantas alcancen plena operación, el proyecto producirá y exportará cerca de 48.000 toneladas anuales de productos de litio y generará alrededor de 620 empleos permanentes formales. “Esta operación refleja el compromiso de BID Invest con el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos en la región”, afirmó James Scriven, gerente general de BID Invest.

La operación se enmarca en IDB LAC Minerals, la iniciativa del Grupo BID orientada a desarrollar cadenas de suministro de minerales críticos con mayor valor agregado en América Latina y el Caribe. La segunda etapa de Sal de Oro —que supone una inversión adicional de USD 208 millones— había recibido el visto bueno del gobierno de Javier Milei para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en junio pasado, lo que le otorga a Posco exenciones impositivas, estabilidad regulatoria por 30 años y acceso al arbitraje internacional.

El financiamiento llega en un momento en que el proyecto Sal de Oro acaba de registrar su primer trimestre con ganancia operativa: en el segundo trimestre de 2026, Posco Argentina obtuvo un beneficio operativo de 11.000 millones de wones (unos USD 8 millones), ocho años después de la llegada de la compañía al país y casi dos años después del inicio de su operación comercial, en octubre de 2024. Hasta ese resultado, la unidad argentina había acumulado pérdidas operativas cercanas a los 300.000 millones de wones.

La apuesta de Posco en Argentina comenzó en 2018, cuando adquirió los derechos mineros sobre el Salar del Hombre Muerto por USD 280 millones. Desde entonces, la compañía perforó decenas de pozos, construyó piletas de evaporación que superan el tamaño combinado de 1.000 canchas de fútbol y avanzó durante años sin ver retornos. La inversión total en derechos mineros y en la construcción de las dos primeras plantas de litio supera los USD 2.700 millones.

Este año, la compañía profundizó aún más su posición en el país: en abril, adquirió el proyecto Hombre Muerto Norte (HMN) —también en el Salar del Hombre Muerto— por USD 65 millones, a través de la compra del 100% de las acciones de NRG Metals Argentina S.A., subsidiaria de la canadiense Lithium South. El activo, en fase de exploración avanzada, tiene potencial de producir hasta 15.600 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente.

La expansión empresaria de Posco se dio en paralelo a un acercamiento político entre Argentina y Corea del Sur. El 31 de julio, el presidente Lee Jae Myung visitó Buenos Aires —la primera visita de un mandatario surcoreano al país en 22 años— y se reunió con Milei en la Casa Rosada. Ese mismo día, el canciller argentino Pablo Quirno y el ministro de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur, Kim Jeong-kwan, firmaron un memorando de cooperación en minerales críticos, con foco en el litio, para promover inversiones conjuntas en exploración, extracción, procesamiento y refinamiento, y fortalecer cadenas de suministro para las industrias de baterías y tecnología avanzada.

Lee había definido el acceso al litio como una “consideración estratégica” para Corea del Sur. Frente a las disrupciones en las cadenas globales de suministro y al avance de la inteligencia artificial, el presidente surcoreano sostuvo que los países necesitan “socios fiables y un comercio basado en reglas claras y confianza mutua”. La visita también incluyó conversaciones sobre un posible acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y el Mercosur.

Con el financiamiento del BID Invest asegurado, Posco planea adelantar la construcción de su tercera y cuarta planta de litio en brine para 2027 y 2030, respectivamente. El objetivo de largo plazo del grupo es alcanzar una producción combinada de 173.000 toneladas anuales de litio para 2033 —incluyendo producción en roca desde Australia—, lo que le permitiría posicionarse entre las cinco mayores compañías productoras de litio del mundo.

Argentina ocupa el quinto lugar entre los mayores productores mundiales de litio, detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue, y el tercero en reservas. Según la Secretaría de Minería, el país cuenta con 69 proyectos de litio en diversas etapas de avance, de los cuales solo siete están en producción. En 2025, las exportaciones mineras totalizaron USD 6.037 millones, el registro más alto desde que existen datos consolidados del sector, con un crecimiento del 29,2% respecto del año anterior.

El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó este viernes al presidente Nayib Bukele como “uno de nuestros socios más valiosos en la región” y anunció que planifica una cumbre económica bilateral con El Salvador.

El comunicado, firmado por el portavoz del Departamento de Estado Thomas Pigott, fue divulgado el 21 de agosto y destaca la prioridad que la administración estadounidense otorga a la alianza con el gobierno salvadoreño.

Según detalló el portavoz, EE.UU. busca fortalecer su importante vínculo con El Salvador a través de una cumbre que se enfocará avanzar trazar objetivos económicos compartidos. “El presidente Bukele es uno de nuestros socios más valiosos en la región”, recalcó Pigott en el mensaje oficial.

Por su parte, la decisión de convocar una cumbre llega en un contexto de acercamiento sostenido entre ambas naciones. El anuncio representa un paso más en el proceso de consolidación de una alianza estratégica entre Washington y San Salvador, en línea con la política exterior estadounidense de fortalecer la cooperación regional y fomentar el desarrollo económico.

Cooperación y entendimientos marcan la relación entre EE.UU. y El Salvador

La relación entre Estados Unidos y El Salvador se encuentra en una etapa de cooperación estratégica. En el marco de la relación bilateral, recientemente ambos países suscribieron la Alianza Pax Silica, un acuerdo orientado a impulsar el desarrollo de tecnologías avanzadas y la digitalización de la economía salvadoreña. Esta iniciativa permite la creación de laboratorios de investigación aplicada y promueve la capacitación de talento local en áreas como Inteligencia Artificial (IA), ciberseguridad y aplicaciones industriales de software.

Además, la cooperación bilateral se ha expandido hacia acuerdos en materia comercial, como lo evidencia la firma de un acuerdo de reciprocidad comercial entre ambos países a inicios de 2026. El Acuerdo sobre Comercio Recíproco estableció condiciones preferenciales para el intercambio de bienes y servicios.

Este pacto facilita el acceso de productos salvadoreños al mercado estadounidense y promueve la llegada de inversiones en sectores como manufactura, agroindustria y tecnología. Según datos compartidos por la agencia EFE, el acuerdo incluyó disposiciones para la protección de la propiedad intelectual y la reducción de barreras no arancelarias, lo que fortalecE el clima de negocios en El Salvador

Estos instrumentos reflejaron el interés de ambos gobiernos en consolidar una cooperación estratégica, basada en la innovación, el crecimiento económico y la generación de empleo, como respuesta a los retos migratorios y de seguridad en la región.

Por otro lado, el pasado 16 de julio, Donald Trump y Nayib Bukele mantuvieron una reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca, sin acceso a la prensa ni detalles oficiales sobre los temas tratados. La agenda oficial solo mencionó que el encuentro se realizó en el Despacho Oval y que ambos líderes abordaron asuntos relacionados con la inmigración, la seguridad y el crecimiento económico.

La Argentina Week que encabezará Javier Milei en París concentrará durante tres días una agenda política y empresarial, con ministros nacionales, más de 10 gobernadores de distintos signos políticos, empresarios argentinos y líderes de compañías europeas. Las actividades se desarrollarán en sedes de organismos internacionales como la OCDE, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio. Además, incluirán un capítulo político: una recepción en el Palacio del Elíseo junto al presidente francés, Emmanuel Macron.

El encuentro se desarrollará entre el 30 de septiembre y los primeros días de octubre, con el núcleo de las actividades concentrado entre la noche del miércoles 30 y la noche del viernes 2. La programación contempla reuniones sobre energía, minería, comercio internacional, tecnología e inteligencia artificial, además de encuentros de promoción comercial.

Según pudo saber Infobae, las invitaciones que distribuye la Embajada argentina en Francia, que encabeza Ian Sielecki, despertaron interés entre empresarios de la Unión Europea y de la Argentina. Entre los argentinos que ya confirmaron su participación figuran Horacio Marín, Marcelo Mindlin, Martín Eurnekian, Marcos Bulgheroni, Alejandro Elsztain, Manuel Antelo y Martín Migoya.

Del lado europeo, está prevista la presencia de líderes de empresas como Total, Glencore, Renault, Dassault, Decathlon, Roche y Louis Dreyfus. El intercambio entre ambos grupos será uno de los ejes de una convocatoria orientada a presentar oportunidades de inversión en energía, minería, agro, infraestructura y tecnología.

La delegación política y el rol de los gobernadores

La dimensión política de la delegación argentina será considerable. Milei estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y viajarán varios ministros nacionales, con una participación destacada del titular de Economía, Luis “Toto” Caputo, entre otros.

A ellos se sumarán más de 10 gobernadores de distintos signos políticos y de diferentes regiones del país. Entre las provincias que estarán representadas aparecen Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Mendoza, Catamarca, Corrientes y Chubut, aunque la nómina definitiva todavía está en proceso de conformación.

La presencia de los mandatarios provinciales será uno de los rasgos distintivos de la Argentina Week. Buena parte de las oportunidades que se buscará exhibir ante el empresariado europeo está vinculada con sectores que tienen a las provincias como protagonistas, en especial la energía, la minería, el agro y la infraestructura.

La organización permitirá mostrar en París una representación argentina amplia: el Presidente, integrantes del gabinete y gobernadores confluirán durante las mismas jornadas con algunos de los principales referentes del empresariado local.

Empresarios y foco en inversiones

La convocatoria del sector privado argentino será uno de los puntos fuertes del encuentro. Las confirmaciones de Eurnekian, Marín, Mindlin, Bulgheroni, Elsztain, Antelo y Migoya anticipan el nivel de la representación que llegará a la capital francesa.

El objetivo será ponerlos en contacto con los líderes de grandes empresas francesas y europeas que participarán de las actividades. La presencia de ejecutivos de Total, Glencore, Renault, Dassault, Decathlon, Roche y Louis Dreyfus permitirá reunir en pocos días a referentes de diferentes sectores de la economía.

El intercambio entre los empresarios argentinos y europeos es uno de los núcleos sobre los que fue diseñada la Argentina Week. La intención es que las presentaciones sobre las posibilidades que ofrece el país deriven en conversaciones sectoriales y contactos directos entre quienes evalúan proyectos y quienes ya tienen inversiones o intereses en la Argentina.

La convocatoria tendrá, además, la participación de figuras con influencia en organismos económicos internacionales.

Está prevista la presencia del secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, quien además preside el área de Energía del Foro de Davos, y del presidente de la Cámara Internacional de Comercio. La presencia de esas autoridades tendrá relación directa con los escenarios elegidos para las actividades.

Sedes, cronograma y agenda sectorial

La agenda comenzará el miércoles 30 de septiembre por la noche en la Embajada argentina en París. Será el punto de partida de las jornadas centrales, que se desarrollarán en diferentes lugares de peso político y económico internacional.

Uno de los principales encuentros tendrá lugar en la sede de la OCDE, que puso sus instalaciones a disposición de la Embajada argentina para la realización de un evento multisectorial. Allí se presentarán los distintos motores del crecimiento argentino ante empresarios y referentes internacionales. Energía, minería, agro, infraestructura y tecnología estarán entre los sectores sobre los que se concentrará la exposición de oportunidades de inversión.

La programación avanzará luego hacia encuentros más específicos. La energía y la minería tendrán actividades en la sede de la Agencia Internacional de Energía. Ambos sectores ocuparán un lugar central dentro de la Argentina Week y forman parte de las áreas sobre las que los organizadores detectan un interés internacional creciente.

El comercio internacional tendrá un espacio específico en la Cámara Internacional de Comercio, mientras que la agenda incluirá también actividades dedicadas a tecnología e inteligencia artificial. El formato buscará combinar una presentación multisectorial del país con encuentros enfocados en áreas concretas. Funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios argentinos compartirán esos ámbitos con sus contrapartes europeas.

En paralelo, durante las jornadas habrá una agenda de promoción comercial encabezada por la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, con actividades dedicadas a la pesca, el turismo y la Marca País. Esa programación ampliará el espectro de la Argentina Week más allá de las inversiones de gran escala y permitirá mostrar ante potenciales socios europeos otros sectores con posibilidades de crecimiento y expansión internacional.

A diferencia de la Argentina Week realizada en Nueva York, en París no habrá bancos coorganizadores. La Embajada argentina en Francia tendrá un rol central en la organización de una edición orientada al contacto directo con el empresariado europeo.

La edición parisina había sido anunciada meses atrás e Infobae anticipó en junio que Milei viajaría a Francia para encabezarla, acompañado por funcionarios, gobernadores y empresarios. En aquel momento también se trabajaba sobre un posible encuentro con Macron. Ahora, con la programación avanzada, la dimensión de la convocatoria aparece con mayor precisión.

Uno de los factores que atravesará las conversaciones será el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, considerado un instrumento para potenciar oportunidades comerciales y de inversión y, en especial, las posibilidades de las economías regionales. Entre quienes trabajan en la organización también destacan el escenario geopolítico internacional como un factor que incrementó el interés sobre sectores en los que la Argentina tiene recursos y capacidades relevantes. Esa combinación será parte del mensaje que la delegación buscará transmitir durante las reuniones.

La recepción en el Palacio del Elíseo

La Argentina Week tendrá también un capítulo que excederá la agenda estrictamente empresarial. Según pudo saber Infobae, está prevista la noche del viernes 2 de octubre una recepción en el Palacio del Elíseo junto a Emmanuel Macron.

Será uno de los momentos políticos centrales de la estadía de Milei en París y volverá a exhibir la relación cercana que mantienen los dos presidentes, en cuya construcción tuvieron un rol clave tanto Karina Milei como el embajador Sielecki.

El encuentro con Macron le dará a una misión enfocada en inversiones y negocios una dimensión política y diplomática adicional. Durante esos días convivirán, así, la agenda económica de la Argentina Week y el vínculo bilateral entre Buenos Aires y París.

Las actividades centrales concluirán el viernes 2 de octubre por la noche con un evento de cierre sobre el que los organizadores mantienen reserva y que anticipan como uno de los momentos destacados de la convocatoria.

Para entonces, la delegación argentina habrá participado de encuentros en la OCDE, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio; reuniones sobre energía, minería, comercio, tecnología e inteligencia artificial; actividades de promoción comercial y el capítulo político de la visita en el Palacio del Elíseo.

La Argentina Week de París se encamina a convertirse en una de las principales vidrieras internacionales para exhibir oportunidades de inversión, con una agenda que durante tres días combinará política, diplomacia y negocios ante actores del empresariado europeo.

El Primer Congreso Empresarial Binacional México-El Salvador 2026 marcará un nuevo capítulo en la relación entre ambos países, al enfocarse en la promoción de oportunidades de inversión y negocios conjuntos.

El evento, organizado por el Consejo de Negocios México-El Salvador (Conmexsal) y la Embajada de México en El Salvador, se celebrará los días 21 y 22 de agosto en la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes), bajo el lema «Innovación y Negocios».

Según anunció la organización, el congreso incluirá dos jornadas de actividades, siete paneles temáticos y dos conferencias magistrales.

Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, subrayó que este encuentro se alinea con la visión del Plan México, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades productivas, incentivar la inversión y promover la innovación a través del crecimiento económico compartido.

“México y El Salvador no solamente deben comerciar, debemos producir, invertir e innovar juntos en favor de nuestros pueblos”, afirmó el diplomático en declaraciones recogidas por radio YSKL.

Cantú Garza enfatizó que existen importantes complementariedades entre las economías de ambos países.

México aporta su capacidad industrial, comercial y exportadora; mientras que El Salvador ofrece talento humano y una posición estratégica en la región.

Añadió que el desarrollo compartido implica beneficios tangibles en ambos territorios, como la creación de nuevas empresas, empleos, fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas y mayores oportunidades para los jóvenes.

“Queremos que las empresas mexicanas encuentren nuevas oportunidades en El Salvador y que las empresas salvadoreñas encuentren en México un socio estratégico para crecer y proyectarse hacia nuevos mercados”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Comercio e Inversión de El Salvador, Miguel Kattan, resaltó la disposición del gobierno salvadoreño para recibir a empresarios mexicanos interesados en invertir.

“Somos dos pueblos que podemos y hemos trabajado de la mano para generar crecimiento, para generar alianzas estratégicas que nos permitan tener el desarrollo y el crecimiento que nuestros pueblos requieren”, declaró Kattan en declaraciones recogidas por el mismo medio radial.

El funcionario recalcó el valor de la mano de obra calificada salvadoreña y la rapidez en su aprendizaje, así como la importancia de crear empleos dignos a partir de nuevas inversiones.

Kattan también señaló que el congreso representa una puerta de inicio para la llegada de mayores y mejores inversiones mexicanas en El Salvador. Destacó la perspectiva positiva de los empresarios salvadoreños ante la llegada de capital mexicano y la posibilidad de establecer alianzas estratégicas para crear un nuevo ecosistema de negocios en la región.

“El Salvador y México tienen demasiadas cosas en común con las cuales pueden trabajar juntos y de la mano para generar beneficios”, agregó el funcionario.

La relación diplomática entre México y El Salvador se remonta a 1838, cuando ambos países establecieron oficialmente sus vínculos bilaterales. Desde entonces, han desarrollado una agenda de cooperación que abarca comercio, inversión, educación, cultura y desarrollo social. En años recientes, ambos gobiernos han impulsado proyectos conjuntos en sectores clave como la infraestructura, la energía, la formación de talento humano y la promoción de pequeñas y medianas empresas.

Actualmente, México se posiciona entre los principales socios comerciales de El Salvador en América Latina. El intercambio comercial bilateral ha experimentado un crecimiento sostenido durante la última década, con exportaciones mexicanas orientadas a productos industriales, alimentos, maquinaria y tecnología. Por su parte, El Salvador exporta a México bienes textiles, productos agrícolas y servicios. Además, diversas empresas mexicanas operan en territorio salvadoreño, contribuyendo a la generación de empleo y transferencia de tecnología.

El Primer Congreso Empresarial Binacional México-El Salvador 2026 buscará consolidar esta cooperación y abrir nuevas oportunidades para empresas y emprendedores de ambos países.

En la agenda del evento se prioriza el análisis de tendencias en innovación, el fomento de alianzas estratégicas y la identificación de sectores con mayor potencial de crecimiento.

El Gobierno anunció hace más de un año una profunda reforma del régimen migratorio y de ciudadanía. Entre sus diferentes segmentos, este paquete de medidas contenía una promoción de inversiones extranjeras mediante incentivos, un programa de “ciudadanía argentina por inversión” – referido en otras jurisdicciones y a nivel internacional como “pasaporte dorado”- con el que se busca captar divisas de personas de alto patrimonio del exterior, a cambio de la concesión de la ciudadanía argentina

El mecanismo de acceso fue dado a conocer en mayo del año pasado a través del DNU 366/2025 (el cual modificó 4 leyes nacionales), y se extendió en su funcionamiento a través del Decreto 524/2025, publicado en el Boletín Oficial en julio de 2025. Este programa no está vigente porque todavía se espera la última reglamentación legal. Y hay importantes sectores del Gobierno -y empresas internacionales del sector de la “industria” de la ciudadanía por inversión que en las últimas semanas comenzaron a pujar para que la medida salga lo antes posible.

“Estuvo paralizado el tema”, confesó a Infobae un importante funcionario que conoce lo que está sucediendo con la reglamentación. Hay al menos tres miembros de la Mesa Política del oficialismo que están intentando destrabarlo en términos burocráticos. “Están en ese plan porque termina de avanzar la revisión, pero va a salir en algún momento”, avisan desde uno de estos tres despachos.

Una de las áreas que está revisando el tema es el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva. Según pudo averiguar Infobae, hay un apuro para que esta área se expida sobre el tema, aunque no sería la única que tiene sus reparos por la forma de la aplicación de esta normativa. Es un reclamo que se repite en un despacho de la Casa Rosada que también quiere que salga la Agencia de Migraciones, que se había anunciado el año pasado.

Este medio se contactó con las áreas de prensa del Ministerio de Economía y de Seguridad Nacional, así como la Dirección Nacional de Migraciones, pero no recibió comentarios hasta la publicación de presente artículo.

Y es que en el proceso deben intervenir las áreas legales de Presidencia de la Nación y Ministerio de Economía.

En el artículo 6 del último decreto publicado se faculta para la aplicación del programa a un organismo ad-hoc que se creó con la reforma migratoria, la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), que depende del MECON, y hoy liderado por Aixa Granara, quien figura como funcionaria “ad honorem”.

Infobae supo de “sugerencias” que a lo largo de estos meses hicieron importantes actores externos al Gobierno (nacionales y extranjeros) sobre el riesgo que implicaría una reglamentación “mal hecha”. “Faltan revisar algunos aspectos que den garantía de que no se te meta cualquiera y pida una ciudadanía. Hay un proyecto para su reglamentación, pero faltan pulir algunos aspectos entre diversas áreas”, marca un responsable del Ejecutivo.

Una explicación que dio un funcionario de primera línea fue la siguiente: “Imaginate que haya un chino o un ruso que sea financiado por su propio Estado para obtener la ciudadanía. Hay un pedido de estar atentos a este tipo de habilitación de ciudadanías y que no vulneren la seguridad nacional”. Si esa fuera la lógica, el Gobierno no está habilitado a realizar discriminación por nacionalidad porque la normativa sería rápidamente judicializada.

Aun así, al interior de la Casa Rosada emerge la crítica de que “hay funcionarios que no quieren asumir ningún riesgo”.

Según la norma, los interesados deben presentar su solicitud ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (dependiente del MECON). Esa dependencia evaluaría si el desembolso realizado cumple con los criterios de relevancia y elevaría una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones para aprobar o rechazar el trámite. Es dable resaltar que, anterior e históricamente, el trámite de adquisición de la nacionalidad argentina por naturalización se llevaba adelante ante los juzgados federales -y que, actualmente, existe una disputa en este ámbito, pues varios jueces declararon la inconstitucionalidad del DNU 366.

Volviendo al mecanismo, el análisis de las solicitudes incluiría informes del Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia -que depende del Ministerio de Justicia-, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), entre otros organismos. El objetivo sería determinar si el otorgamiento de la ciudadanía puede afectar la seguridad o los intereses nacionales.

La reglamentación también dispone que se contemplen estándares de control utilizados por terceros países, entre ellos los vinculados al programa de exención de visas con Estados Unidos. Con el informe de la Agencia ya emitido, la Dirección Nacional de Migraciones tiene un plazo de 30 días hábiles para resolver, mediante un acto fundado, si concede la ciudadanía argentina o rechaza la solicitud.

Respecto del proceso que condujo a esta modificación normativa, resulta particularmente relevante el concurso público internacional llevado adelante entre 2025 y 2026, destinado a seleccionar una firma que asistiera al Gobierno nacional en el diseño e implementación del Programa de Ciudadanía por Inversión.

En dicho procedimiento se presentaron únicamente empresas extranjeras. Cuando el concurso se encontraba ya en una etapa avanzada, y luego de que dos de las firmas participantes formularan objeciones al informe técnico de evaluación, el procedimiento fue finalmente dejado sin efecto. Sin embargo, en una nota publicada por el Financial Times se dejó en claro que hubo empresas trabajando estrechamente en el diseño de la normativa.

Esta circunstancia plantea un aspecto especialmente sensible desde el punto de vista de la transparencia, la imparcialidad y la prevención de conflictos de intereses. Abogados locales especializados en derecho migratorio plantean que “las mismas empresas que participaron del concurso y que actualmente estarían colaborando o asesorando al Gobierno en el diseño del programa podrían, una vez que éste se encuentre operativo, actuar como intermediarias y presentar solicitudes de ciudadanía correspondientes a sus propios clientes”.

A ello se suma la posibilidad -también mencionada en relación con el diseño actualmente en consideración- de establecer un sistema de “licencias”, mediante el cual únicamente determinados actores o intermediarios autorizados podrían presentar solicitudes para su evaluación. Un esquema de este tipo, que encuentra antecedentes en otros países que han implementado programas de ciudadanía por inversión, podría limitar o desplazar en la práctica la intervención directa de abogados particulares.

El Financial Times publicó una nota el pasado junio marcando que el programa contemplaría dos modalidades: un pago no reembolsable de USD 500.000 o la compra de bonos soberanos “cupón cero” por USD 1 millón. También indicó que la expectativa del Gobierno es que el esquema genere ingresos por “decenas de miles de millones” de dólares. El mecanismo de “ciudadanía por inversión” establece el acceso a la ciudadanía por naturalización para extranjeros que acrediten inversiones en el país, sin necesidad de cumplir un plazo mínimo de residencia.

Esta se diferencia de la “residencia por inversión” establecida en la ley de migraciones, pero abogados especializados en materia migratoria indican que “no está regulada”. “Tengo 100 tipos por día de Emiratos Árabes Unidos que quieren poner negocios acá y les tengo que explicar que no hay regulación y no se sabe cuándo”, confiesa el director de una de las principales firmas nacionales.

De concretarse en esos términos, Argentina sería uno de los países más grandes del mundo en ofrecer ciudadanía directa a cambio de una inversión. Quienes ingresen al programa obtendrían, junto con su ciudadanía, el pasaporte argentino, que, en la práctica, representa el acceso sin visa a casi 170 países, más que cualquier otro esquema vigente actualmente.

El Financial Times señaló que el tecno-magnate Peter Thiel se instaló temporalmente en Buenos Aires como una suerte de “embajador” del programa antes de su lanzamiento oficial.

La iniciativa no está exenta de cuestionamientos. Paula Carello, abogada y ex funcionaria de la Dirección Nacional de Migraciones (organismo a cargo del otorgamiento de las ciudadanías, tras la reforma del DNU 366) advirtió oportunamente al Financial Times que los riesgos en materia de seguridad y reputación “probablemente superan los beneficios para un país del tamaño y perfil de la Argentina”. A nivel internacional, la Unión Europea declaró ilegal en 2024 el programa de Malta por convertir “la adquisición de la nacionalidad en una mera transacción comercial”, y el Reino Unido eliminó su propio esquema en 2022 en el marco de una ofensiva contra el lavado de dinero.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, no asistió este miércoles al plenario de comisiones que realizó el Senado para continuar con el debate del Súper RIGI -el funcionario de Economía avisó sobre el faltazo a horas de realizarse el convite-, donde se oyeron expositores invitados por la oposición que observaron y criticaron el articulado del Gobierno libertario, que ya fue aprobado por Diputados y que, por ahora, no avanza en la Cámara alta.

La iniciativa es analizada por las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional; y Legislación General. El objetivo de texto es atraer proyectos de al menos USD 1.000 millones en sectores que la Casa Rosada considera “industrias del futuro”. Si se activaran modificaciones en el Senado, la ley deberá volver en segunda revisión a la Cámara baja.

El primero en disertar fue el director de Economía Fundar, Guido Zack, quien dijo: “Es necesario que haya un control anual en materia de cumplimiento ambiental, consumo hídrico, consumo energético, auditado y publicado en un registro público de las inversiones realizas”.

Sobre ese punto, Zack valoró los aportes realizados en Diputados, aunque preguntó “qué pasa si no se cumple, con multas de hasta $600 millones, una penalidad máxima que sería el 0,04% del valor mínimo de los proyectos que promociona el Súper RIGI”. “Son necesarias las garantías, pero no es lo mismo que concesiones ilimitadas”, agregó.

En tanto, la ex secretaria de Innovación Pública de la Nación Micaela Sánchez Malcolm -hoy, titular de una ONG- señaló que “lo que no queda claro son las condiciones que se exigen en término de los eventuales impactos que pueda tener los centros de datos”. Se sumó el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar, quien advirtió que “30 años de estabilidad sin condiciones ningún país ofrece un plazo comparado”.

Según Aguilar, “antes de votar este Súper RIGI, el Congreso debería pensar” en cuestiones como “una evaluación oficial de gasto tributario, porcentajes mínimos vinculantes de integración local” y “de inversión”. El primer libertario en responder fue el sanjuanino Bruno Olivera Lucero. “Son 30 años porque venimos de 100 años de inestabilidad. Hay que tener en cuenta de dónde se viene”.

Olivera Lucero sumó: “Siempre hemos incumplido las reglas. Tenemos que hacer esto para salir del pozo en el que estamos, de una manera acelerada. Esto es para proyectos que no existen en el país. Es una de las ideas y no sabemos qué va a venir, pero sí generamos las condiciones. Veo que las críticas se centraron en data centers, pero uno podría ser una refinería de cobre. ¿Por qué no pensar en eso para exportar un mineral final y no una roca?”.

El sanjuanino además dejó en claro que, en el articulado, se sostiene la obligación “de un informe donde que no comprometan los recursos y la infraestructura existente”. Lo siguió después su colega de bancada Nadia Márquez (Neuquén), que pidió no “poner fantasmas” ni hablar sin conocer la historia de Vaca Muerta, donde se explotan recursos con medidas ambientales.

Márquez luego hizo mención a la contradicción de ser “millonarios debajo de la tierra” y “pobres arriba de la tierra” y denostó los dichos de “vienen por los ríos, las montañas, el agua, la tierra”. En esa línea, enfatizó: “Siempre lo mismo. No vienen por nada porque el gobierno kirchnerista se robó todo”.

El kirchnerismo tampoco dejó pasar las alocuciones mileístas. Por caso, el porteño Mariano Recalde manifestó que durante los últimos cuatro gobiernos -de distintos signos políticos- “hubo inversión extranjera directa, a diferencia del actual mandato de la administración central, con USD 596 millones negativo”.

“Todas las inversiones en Vaca Muerta se hicieron sin RIGI. Petronas iba a venir a invertir USD 35.000 millones sin RIGI y el gobierno de ustedes hizo que se fueran. Tengan un poco menos de soberbia”, sostuvo Recalde.

Cambios en la ley de Sociedades

Por la mañana, la comisión de Legislación General siguió con el debate de la nueva ley de Sociedades que empuja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, hoy en la mira de varios legisladores.

Durante el cónclave, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital Federal), anunció la idea del oficialismo y de aliados de “hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas, con responsables físicos”. Es decir, tocar el texto.

“Pensamos que va a dar más seguridad jurídica que el órgano de administración esté integrado al menos por una persona jurídica con idoneidad suficiente para el control de sistemas automatizados”, aseguró Bullrich.

En junio pasado, Sturzenegger no sólo despejó este punto, sino que el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez, enfatizó que el articulado especificaba que quienes pretendan no identificar a beneficiarios finales “no serán recibidos”. A pesar de las precisiones, habrá modificaciones sobre lo enviado por la Casa Rosada.

En el marco de las acciones para impulsar la promoción económica y comercial, la embajadora de El Salvador en República Dominicana, Dania Tolentino, sostuvo un encuentro con la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, encabezada por su presidenta, Mileyka Brugal. El propósito central fue fortalecer los lazos institucionales y explorar nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación empresarial entre El Salvador y la provincia de Puerto Plata.

Durante la reunión, la embajadora Tolentino presentó una visión general de las oportunidades que ofrece El Salvador como destino para el comercio y la inversión, resaltando sectores estratégicos como turismo, agroindustria, manufactura, textiles, tecnología, logística y servicios. También se abordaron las oportunidades asociadas a las zonas francas y al establecimiento de nuevas inversiones.

La representación diplomática de El Salvador destacó su interés en promover un mayor acercamiento entre el empresariado salvadoreño y dominicano, con énfasis especial en los sectores productivos de Puerto Plata, una provincia con fortalezas en los ámbitos turístico, portuario, comercial, agrícola, industrial y de servicios.

Durante el encuentro, se subrayó la importancia de generar puentes empresariales que permitan identificar oportunidades concretas de negocios, así como potenciales socios comerciales, compradores e inversionistas. Esta dinámica contribuye al fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, Mileyka Brugal, compartió las principales fortalezas y oportunidades de la provincia, haciendo hincapié en el dinamismo de sectores como el turismo, la agricultura, el comercio, las zonas francas y los servicios. Además, señaló el potencial que existe para que las empresas puertoplateñas sigan internacionalizándose.

A raíz de la reunión, se identificaron diversas áreas de interés para continuar colaborando de manera conjunta, entre ellas la promoción de exportaciones, la realización de ruedas de negocios, el intercambio de misiones empresariales y la identificación de oportunidades de inversión. También se consideró relevante el intercambio de contactos entre empresas salvadoreñas y dominicanas.

Como resultado de este acercamiento, la Consejería Económica de la Embajada de El Salvador dará seguimiento a una agenda de trabajo conjunta con la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, orientada a convertir los primeros acercamientos institucionales en oportunidades concretas de comercio e inversión.

La Embajada de El Salvador reafirma así su compromiso de seguir impulsando la diplomacia económica y comercial, promoviendo la oferta exportable salvadoreña, facilitando el acercamiento entre empresarios y posicionando al país como un destino atractivo para la inversión extranjera.

Relaciones diplomáticas entre El Salvador y República Dominicana

Las relaciones diplomáticas entre El Salvador y República Dominicana se establecieron oficialmente el 3 de julio de 1882. Desde entonces, ambos países han mantenido vínculos bilaterales en ámbitos político, económico y de cooperación, así como una colaboración constante en diferentes foros regionales e internacionales.

A lo largo de los años, las relaciones diplomáticas se han fortalecido a través de la apertura de embajadas y la firma de acuerdos orientados al intercambio comercial, la promoción de inversiones y la cooperación técnica.

Las recientes acciones de la embajada salvadoreña en República Dominicana, como el encuentro con la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, reflejan el interés de ambos gobiernos en profundizar la agenda bilateral, especialmente en el ámbito del desarrollo económico y la cooperación empresarial, sentando las bases para nuevas oportunidades y proyectos conjuntos entre los sectores productivos de ambos países.

Cada vez más familias adineradas de California buscan residencia por inversión o ciudadanía fuera de Estados Unidos para asegurarse una vía alternativa para vivir, trabajar o estudiar en otros países.

En los últimos cinco años, el interés por estos programas se disparó, según informó Los Angeles Times.

El principal motor de este auge es el temor creciente a una posible inestabilidad política en Estados Unidos y la búsqueda de un “plan B” para la familia ante eventuales escenarios adversos.

El mecanismo consiste en invertir grandes sumas, ya sea en propiedades, fondos o negocios, a cambio de un acceso más rápido a la residencia permanente o la ciudadanía.

Para muchas de esas familias, el objetivo no es mudarse de inmediato, sino sumar una opción de salida si la situación se deteriora en su país.

“Las familias adineradas están empezando a decir: ‘Esto es realmente bueno para tener junto con todas mis inversiones. ¿Por qué no diversificar también dónde puedo vivir?’”, dijo Basil Mohr-Elzeki, socio gerente de Henley & Partners, una firma de residencia y ciudadanía con oficina en Beverly Hills, citado por el diario.

El temor político pasó a ser el principal motor de la demanda

Eric Major, director de Latitude, una firma especializada con oficinas en Denver, Miami y Nueva York, sostuvo que el mayor incentivo entre sus clientes estadounidenses es el miedo a la inestabilidad política. Según explicó, eso ocurrió en 85% de los casos procedentes de Estados Unidos.

Major agregó que antes de 2019 menos de 5% de sus clientes en busca de residencia o ciudadanía eran estadounidenses. Ahora, los ciudadanos de Estados Unidos concentraron el 75% de su trabajo, al mismo tiempo que creció el volumen total de operaciones.

El ejecutivo estimó que el patrimonio neto promedio de sus clientes californianos rondó los USD 250 millones. De esa cifra, alrededor de USD 1 millón solió destinarse a obtener un segundo pasaporte o una residencia en el exterior.

“Lo quieren por si a Estados Unidos se le sale la rueda. Entonces necesito, igual que en la Segunda Guerra Mundial, un lugar al que ir”, afirmó Major al medio.

También dijo que escucha inquietudes en votantes de ambos partidos: republicanos preocupados por un posible gobierno demócrata y demócratas alarmados por el mandato de Donald Trump.

El salto en la demanda ya había comenzado en 2020, cuando las restricciones de la pandemia dejaron a muchos millonarios, según las firmas, con la sensación de haber quedado atrapados dentro de sus fronteras.

Luego volvió a acelerarse en 2024, tras la segunda elección de Trump, con un impulso visible en estados de mayoría demócrata como California.

Portugal y Nueva Zelanda figuran entre los destinos más buscados

Los estadounidenses con mayor patrimonio, y en especial los californianos, suelen priorizar la residencia en países europeos porque esa condición abre la posibilidad de vivir o trabajar en más de dos docenas de países de la Unión Europea. Entre los programas más demandados aparecen Portugal y Malta.

En Portugal, una de las rutas habituales exige invertir 500.000 euros en un fondo de capital de riesgo o de capital privado.

Algo más de la mitad de ese dinero debe terminar invertido en empresas portuguesas, y los solicitantes deben pasar al menos dos semanas en el país durante los primeros dos años de la visa de residencia.

Ese camino puede llevar hasta cinco años para acceder a la residencia permanente y una década o más para obtener la ciudadanía. Además, los solicitantes deben demostrar cierto conocimiento del portugués.

Existe otra vía más barata: iniciar un negocio e invertir alrededor de 175.000 euros. Esa es la opción que eligió Josh, un abogado de San Diego identificado solo por su nombre de pila porque teme que sus planes de obtener residencia fuera del país afecten su actividad profesional en Estados Unidos.

Josh busca residencia portuguesa y, más adelante, ciudadanía para él, su esposa y sus dos hijos en edad escolar. Explicó que piensa sobre todo en las oportunidades educativas y laborales futuras para sus hijos, y señaló que su familia ya pasa algo más de un mes por año en Europa.

En el caso de Nueva Zelanda, Mohr-Elzeki dijo que también capta interés entre sus clientes californianos porque ofrece un acceso más rápido a la residencia que muchos programas europeos.

El esquema requiere invertir al menos NZD 5 millones (unos USD 3 millones) en fondos administrados o empresas, y puede permitir la residencia permanente en apenas tres años.

Para muchas familias, la residencia funciona como una póliza de seguro

Paul Williams, director ejecutivo y fundador de La Vida Golden Visas, una firma con sede en Londres, resumió la lógica de muchos clientes con una comparación directa: “Esto es un poco como tener una póliza de seguro. No sabes si tu casa se va a incendiar o si un avión se va a estrellar contra ella, pero contratas la póliza por si acaso”.

Ese razonamiento aparece en la experiencia de Jae Kim y Annie Akin, una familia de San Francisco que espera convertirse pronto en residente de Portugal junto con su hijo de cuatro años.

Para hacerlo, ya debieron notarizar certificados de nacimiento, registrar huellas dactilares ante autoridades europeas y transferir 500.000 euros a un fondo internacional de inversión.

La pareja aseguró que no tiene planes inmediatos de mudarse, pero mantiene preocupación por la estabilidad política futura de Estados Unidos.

“Tenemos algo de preocupación por eso. Que nuestro hijo esté en guerras futuras, cosas así”, dijo Akin a la publicación.

También valoran otras ventajas: la posibilidad de jubilarse en Portugal y de que su hijo estudie en una universidad europea, donde las matrículas cuestan una fracción de lo que cuestan en Estados Unidos.

Kim, abogado y arquitecto de inteligencia artificial en Microsoft, lo resumió así: “Una de las mejores cosas que el dinero puede comprar, en términos generales, son las opciones”.

El diario señala que Peter Thiel, empresario tecnológico y exresidente de California, está tramitando la ciudadanía argentina debido a su preocupación por la situación en Estados Unidos y la posibilidad de que en California se apruebe un impuesto para multimillonarios, según informa The New York Times.

Estados Unidos también tiene su propio programa de residencia para grandes patrimonios. En 2025, el presidente Trump presentó la Trump Gold Card, que permite solicitar residencia tras un aporte de USD 1 millón, aunque la iniciativa enfrenta actualmente un desafío judicial.

La discusión sobre el futuro del sector energético argentino tuvo este miércoles en el AmCham Energy Forum una síntesis concreta: el desafío ya no pasa por describir el potencial del país, sino por traducirlo en infraestructura, reglas estables y proyectos de escala. En el encuentro realizado en el Hotel Alvear Icon de Buenos Aires, el funcionario que concentró las definiciones más precisas fue Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, con anuncios y diagnósticos sobre transmisión eléctrica, subsidios, Vaca Muerta y el régimen de incentivos a las inversiones.

La jornada, organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) bajo el lema “La energía en clave federal”, reunió a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios y ejecutivos del sector en un momento en que la producción de hidrocarburos, la discusión sobre tarifas y la necesidad de nueva infraestructura aparecen en el centro de la agenda oficial y privada.

En su conversación con la periodista Sofía Diamante, González colocó al sistema eléctrico entre las urgencias inmediatas. El secretario destacó la salida del pliego de AMBA I, una obra de ampliación de transmisión que, según explicó, beneficiará al área metropolitana y al sistema interconectado en su conjunto. “Es parte de lo que necesitamos hacer urgente”, sostuvo, al describir una red “estresada en forma permanente” después de años de falta de inversión.

El funcionario dijo que la obra forma parte de una secuencia más amplia, que incluye nuevas ampliaciones de red y las licitaciones de almacenamiento con baterías para el AMBA y el sistema interconectado. En esa línea, fijó una definición política y económica sobre el esquema de financiamiento: si el objetivo es contar con un mejor servicio y mayor disponibilidad, el costo subirá y quedará a cargo de la demanda. “No lo va a pagar el Estado nacional”, afirmó.

Ese punto le permitió conectar la situación actual del sistema con la discusión de fondo sobre tarifas y subsidios. González sostuvo que la meta de la política energética no se limita a recortar transferencias estatales, sino a reducir el costo de la energía en el mediano plazo a partir de mayor inversión y desregulación. “La mejor manera de reducir los subsidios es bajar el costo de la energía”, planteó, aunque aclaró que en el corto plazo las mejoras de infraestructura implican un costo adicional.

Al hacer un balance del año, el secretario reconoció que el invierno tuvo un costo mayor al previsto por la suba del GNL y por una menor hidraulicidad al comienzo de la estación. Aun así, defendió la trayectoria oficial de reducción de subsidios y dijo que, desde la llegada del actual Gobierno, el recorte acumulado ronda casi un punto del producto. Para este año, estimó un ajuste de alrededor de 0,55 puntos del PBI, apenas por encima de la meta inicial de medio punto.

González también puso el foco en la composición del esquema de subsidios. Señaló que más de la mitad de los usuarios residenciales aún recibe asistencia y que, en el caso de la electricidad, esa cobertura supera el 60% del costo de la energía, mientras que en gas llega al 75% durante el invierno. La discusión hacia adelante, señaló, pasa por decidir si la prioridad será reducir la cantidad de usuarios subsidiados, achicar el porcentaje subsidiado o avanzar con una combinación de ambas herramientas.

Dentro de ese capítulo, uno de los pasajes más duros de su exposición estuvo dedicado al régimen de zonas frías. González calificó de “aberración” que el esquema se haya extendido a localidades que, a su juicio, no reúnen esas condiciones y criticó que el subsidio alcance el total de la factura y no solo el costo del gas. Para ilustrar esa distorsión, usó un ejemplo que buscó contrastar ingresos y beneficiarios: “No tiene ningún sentido que un jubilado en La Matanza esté subsidiando al dueño de un departamento para alquilar en Mar del Plata”.

El otro gran eje de su intervención estuvo en Vaca Muerta, que dominó buena parte del intercambio y volvió a aparecer como la principal plataforma de crecimiento del sector. González reveló que un nuevo estudio del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas estimó en 30.000 millones de barriles los recursos técnicamente recuperables de petróleo en la formación, casi el doble de las estimaciones integrales disponibles hasta ahora, que tenían unos quince años.

Ese cálculo le permitió reforzar la idea de urgencia en torno al desarrollo del shale. Según planteó, al ritmo actual de producción el volumen estimado equivaldría a casi un siglo de actividad, mientras que medido sobre las exportaciones presentes implicaría unos 250 años. Bajo esa lógica, defendió la necesidad de acelerar proyectos y evitó cualquier lectura gradualista. “Un barril perdido de petróleo hoy lo perdiste”, afirmó, con el argumento de que esa producción no se recupera después en términos económicos.

En ese tramo, González ubicó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una pieza de apoyo a la infraestructura y al desarrollo del upstream. Mencionó entre los casos relevantes el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), destinado a ampliar la salida de crudo al Atlántico, y anticipó que YPF avanzaría con la presentación de Argentina GNL al esquema de beneficios. Su lectura fue que el RIGI no solo acelera planes ya existentes, sino que vuelve viables áreas o desarrollos marginales que antes quedaban fuera de cartera.

El secretario describió esa orientación como un cambio de enfoque regulatorio. Según dijo, la política energética dejó atrás una lógica de administración de la escasez y empezó a mirar el sector desde la “gestión de la abundancia”. En esa formulación incluyó la salida de viejos conceptos de autosuficiencia y la decisión de intervenir menos en la formación de precios, con la expectativa de que el sector privado tome la delantera en la expansión de producción e infraestructura.

Ese mensaje tuvo un eco político e internacional en la exposición del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien participó en la charla “Argentina y Estados Unidos: alianza estratégica para la inserción internacional”. Frente a un auditorio dominado por ejecutivos y referentes de la cadena energética, Lamelas elogió el rumbo de las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei y ligó la atracción de inversiones a la profundización de ese proceso.

“Todo es posible en Argentina”, dijo al comienzo de su intervención. Luego sostuvo que la energía constituye una base del desarrollo económico y de la seguridad nacional y que el ingreso de capitales requiere reglas de juego claras, menos burocracia y más protagonismo del sector privado. También afirmó que muchas provincias reclaman más inversión estadounidense, aunque aclaró que el Gobierno de su país no puede ordenar a las empresas privadas dónde colocar capital.

En ese marco, el embajador destacó que el RIGI recibió 40 proyectos por 100.000 millones de dólares y señaló que una parte ya obtuvo aprobación. Sumó a ese panorama el acuerdo comercial ATI y la posibilidad de financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos (DFC) y del Exim Bank para iniciativas vinculadas con energía, minería y tecnología. Su planteo fue que la discusión ya no pasa por si la Argentina puede transformarse en una potencia energética, sino por quiénes participarán de ese proceso.

Lamelas también introdujo un componente geopolítico al advertir sobre la seguridad tecnológica y la infraestructura de datos. Cuestionó el uso de equipamiento de Huawei y sostuvo que las empresas chinas están obligadas a otorgar al Estado acceso a la información que circule por sus redes y sistemas de inteligencia artificial. En ese pasaje, vinculó la protección de datos con la seguridad nacional y con las condiciones que observan los inversores internacionales al evaluar proyectos en la Argentina.

La apertura institucional del foro estuvo a cargo de Mariana Schoua, presidenta de AmCham Argentina, quien propuso encuadrar la discusión en una perspectiva federal. Schoua señaló que la Argentina atraviesa una oportunidad histórica después de pasar en pocos años de importador de energía a exportador neto y sostuvo que el reto consiste en transformar esa ventaja en inversiones concretas, proveedores locales y empleo de calidad en las provincias donde se genera la energía.

En su mensaje, Schoua mencionó tres elementos como diferencial argentino: recurso, previsibilidad y alineamiento estratégico con Estados Unidos. También remarcó que la continuidad macroeconómica, la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica serán determinantes para que proyectos de gran escala logren financiamiento y ejecución. Sobre el final de su discurso, anunció además el cierre de su etapa al frente de la entidad y señaló que Gabriela Renaudo asumirá la presidencia de la cámara con aprobación del board.

El programa del foro recorrió después una agenda amplia sobre producción, exportación, financiamiento e impacto territorial. Hubo paneles sobre cuencas productivas, tecnología, proveedores e infraestructura de evacuación, con participación de ejecutivos de Tenaris, TGS y AWS; sobre Vaca Muerta como plataforma exportadora, con referentes de Vista y TotalEnergies; y sobre el ingreso argentino al mercado global de GNL, con voces de Southern Energy y de la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro.

La grilla incluyó además un bloque sobre normalización del mercado eléctrico, señales para la inversión y competitividad, con representantes de Schneider Electric, Central Puerto y AES; otro sobre capital para la energía argentina, con Facundo Gómez Minujin, de JP Morgan, y Jorge Brito, de Genneia; y un panel sobre desarrollo territorial, infraestructura y transformación productiva, con referentes del Consejo Federal de Inversiones, del Senado y de gobiernos locales.

El componente federal del evento quedó reforzado con la participación de los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut; Alberto Weretilneck, de Río Negro; y Alfredo Cornejo, de Mendoza, en conversaciones individuales que buscaron mostrar el vínculo entre desarrollo energético, infraestructura y estrategia provincial. El cierre quedó a cargo de Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina.

En el marco del Día Nacional de las Zonas Francas, el gobierno de la República Dominicana informó sobre los avances y desafíos de este sector, que se consolida como uno de los principales motores de la economía nacional y un referente en América Latina.

Las zonas francas dominicanas registraron exportaciones por US$4,359.7 millones entre enero y junio de 2026, cifra que representa un aumento de 3.2 % respecto al mismo periodo del año anterior. Este desempeño ratifica la posición del país como líder regional en exportaciones bajo este régimen especial.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), el primer semestre de 2026 estuvo marcado por un incremento en los volúmenes exportados y una expansión de la manufactura de 5.8 % solo en junio. Además, el sector experimentó un alza de 6.1 % en las exportaciones durante ese mes respecto a junio de 2025.

En el contexto latinoamericano, la República Dominicana se posiciona como el segundo país con mayor concentración de exportaciones en zonas francas en la región CARD (Centroamérica, Panamá y República Dominicana), con 56.9 % del total de sus exportaciones nacionales bajo este régimen, solo por detrás de Costa Rica, según el informe “Estadísticas de zonas francas de Iberoamérica 2025” elaborado por la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA).

Sectores de mayor inversión: auge en logística y servicios

El informe sectorial destaca que los principales focos de inversión en las zonas francas dominicanas se concentran en logística y servicios, rubros que representan 32 % del total de empresas instaladas bajo este régimen. Las zonas económicas especiales han sido diseñadas para atraer capital orientado a plataformas logísticas, servicios globales y actividades de valor agregado, en respuesta a la demanda internacional y a la necesidad de diversificación productiva.

De las 820 empresas operativas en 2023, un 25.9 % se ubicó en el Distrito Nacional y Santo Domingo, mientras que el 52.4 % de los parques industriales está en la Región Norte, lo que refleja una distribución estratégica de la infraestructura para atender diferentes mercados y facilitar la integración logística.

El crecimiento exportador se apoya en industrias de alto valor agregado. Dispositivos médicos, tabaco y sus derivados, y productos eléctricos y electrónicos lideran la oferta exportadora de las zonas francas. Estos sectores amplían la presencia de la República Dominicana en el comercio global y fortalecen la capacidad exportadora nacional.

La diversificación sectorial ha permitido el acceso a nuevos mercados y la mejora de la calidad de la oferta exportadora. El desarrollo de capacidades en áreas tecnológicas y de salud refuerza la reputación nacional como proveedor competitivo.

El impacto de las zonas francas incluye la creación de empleos formales y de calidad. Más de 200,000 empleos directos se registraron al cierre de 2025, con 54 % de los puestos ocupados por mujeres. Entre 2020 y 2025, el empleo directo creció 67 %, según cifras oficiales. Estos resultados posicionan al sector como uno de los principales generadores de empleo formal en el país.

La alta proporción de mujeres en el empleo del sector aporta a los avances en inclusión y equidad laboral.

Incentivos, tendencias y retos estructurales

El régimen de zonas francas ofrece exoneración fiscal, facilidades aduaneras y acceso a financiamiento preferencial, lo que incentiva la instalación de nuevas empresas y la inversión extranjera. En 2023, la inversión en zonas francas dominicanas ascendió a US$7,496 millones. Las importaciones del sector sumaron US$4,887 millones, lo que evidencia una balanza positiva y una alta integración en cadenas globales de valor.

El enfoque actual en logística y servicios, la capacidad para generar empleo y el atractivo para la inversión extranjera posicionan a las zonas francas como un pilar clave para el crecimiento y la competitividad de la economía dominicana. Las autoridades del CNZFE y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) reiteran su compromiso de fortalecer el sector, superar los desafíos identificados y mantener el país caribeño como referente regional en zonas francas y exportaciones.

La economista definió el escenario actual como uno de “cambio de régimen”, en contraste con lo que identificó como un ciclo anterior marcado por restricciones severas. “Ese es el principal logro del gobierno y es el cambio de régimen”, sostuvo Camino al analizar el paso de una economía “con inflación alta, desequilibrios fiscales, controles y trabas a las importaciones” hacia un contexto de mayor apertura y estabilización. “La macro se alcanzó”, insistió, aunque reconoció que la estabilización no resultó homogénea y que los efectos concretos en el entramado productivo siguen siendo desparejos.

Según Camino, “no hay una sola Argentina”. La CEO de ABECEB describió la coexistencia de “sectores exportadores que crecen al 24,4%” y otros, como el “consumo masivo”, que “te cae casi tres, está en menos dos coma nueve”. Para la economista, la diferencia entre la dinámica de los sectores orientados al mercado externo y los vinculados al mercado interno se profundizó tras el ajuste fiscal y la liberalización comercial. “Hoy la economía se abrió y somos parte del mundo”, subrayó, remarcando que la inserción internacional implica también mayores exigencias para competir.

El análisis de Camino abordó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como un instrumento central para atraer capitales y generar proyectos de alto impacto. “Las grandes inversiones encuentran en el régimen del RIGI previsibilidad y condiciones de competencia”, explicó, aunque aclaró que “no es solamente el RIGI” lo que determina el flujo de inversiones. Para la fundadora de ABECEB , el cambio de reglas y el orden macroeconómico funcionaron como señales para los inversores, mientras que la estabilidad de las cuentas públicas resultó “algo bueno”, aunque insuficiente para garantizar un crecimiento sostenido en todos los sectores.

En ese sentido, Camino remarcó que “hoy tenés las cuentas públicas ordenadas”, pero advirtió que la agenda social se torna prioritaria. “El consumo te crece y la góndola no lo nota”, sintetizó, en referencia a la demora en la recuperación del poder adquisitivo y la persistencia de la desigualdad en la distribución de los beneficios del crecimiento. “Va a llegar en algún momento y en algunas zonas está llegando”, agregó, aunque reconoció que el proceso de derrame es lento y desigual.

El impacto de las nuevas reglas sobre las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ocupó un lugar destacado en el análisis de Camino. “El crédito es más lento, lo está traccionando ahora de distintas maneras”, indicó. La economista señaló que la presión impositiva y el acceso al financiamiento constituyen obstáculos para el desarrollo de las PYMES, ya que el gobierno priorizó la estabilidad fiscal ante la expansión del crédito. “Argentina tiene muchos problemas”, afirmó, y situó en primer plano la necesidad de una mejora en las condiciones de acceso a financiamiento para el sector privado, en especial entre los actores de menor escala.

Camino diferenció el rol del Estado en el nuevo escenario. “La intervención del Estado es más indirecta”, señaló, distinguiendo la etapa actual de modelos previos con fuerte presencia estatal en la asignación de recursos y en la regulación de precios y salarios. Según la CEO de ABECEB, el objetivo oficial se orienta a “dar condiciones generales para que el privado genere condiciones para que ese derrame llegue”.

El fenómeno de la economía a dos velocidades aparece, para Camino, tanto en la comparación entre sectores —industriales, exportadores, servicios, consumo— como entre regiones y territorios. “No llega a la góndola”, repitió, para ilustrar la falta de impacto directo en la vida cotidiana de amplios segmentos sociales. La economista sostuvo que los datos de crecimiento todavía conviven con “una Argentina enorme que va muy lento”, mientras que una “Argentina potente, chiquitita” muestra signos de dinamismo. Aunque la frase no corresponde textualmente a Camino, ella la validó y sumó su perspectiva: “Eso sería un fracaso”.

En el plano de los datos, Camino aportó cifras para dimensionar la brecha entre sectores. “La economía que exporta crece veinticuatro coma cuatro”, enfatizó, y contrastó ese desempeño con el de las ramas orientadas al mercado interno. La fundadora de ABECEB insistió en que la estabilización macro no resolvió por sí sola las asimetrías, y que los efectos del crecimiento requieren tiempo para reflejarse en el conjunto del entramado productivo.

El debate sobre la legitimidad política y social ocupó un lugar relevante en la entrevista transmitida por Infobae en Vivo. Camino planteó que la sostenibilidad del esquema económico depende de que los beneficios lleguen a la mayor cantidad posible de personas y regiones. “No va a haber legitimidad política ni social si no converge todo”, reiteró, asociando el éxito del programa económico a la capacidad de “converger” sectores y territorios en una trayectoria común de crecimiento.

La presión sobre los indicadores sociales, en particular el consumo y el empleo, motivó varias de las intervenciones de Camino. “El consumo masivo te cae casi tres”, sostuvo, y relacionó ese retroceso con la persistencia de salarios bajos y la lenta recuperación del empleo público. Al referirse a la dinámica de las inversiones, la economista destacó que “hay récord de anuncios de inversión en sectores dinámicos”, aunque matizó que “el empleo generado por esos grandes proyectos es limitado”.

Camino enfatizó que el círculo virtuoso de consumo e inversión depende de la confianza y de la estabilidad macroeconómica, pero que la velocidad de la reactivación sigue condicionada por factores estructurales. “Es un problema gravísimo”, sintetizó al referirse a la demora en el traspaso del crecimiento a la vida cotidiana de la mayoría. El mensaje de la CEO de ABECEB giró en torno a la necesidad de construir mecanismos que permitan que el crecimiento sectorial se traduzca en mejoras para el conjunto.

El régimen RIGI, según la visión de Camino, “da previsibilidad” y “condiciones de competencia”, pero no garantiza automáticamente el derrame sobre toda la economía. La economista destacó que “fuera del RIGI hay dificultades”, y que la generación de empleo masivo requiere políticas complementarias. En el análisis de Camino, el Estado debe mantener un rol de facilitador, sin intervenir de manera directa en la asignación sectorial de recursos, pero sí asegurando reglas claras y estabilidad.

Camino abordó también la cuestión fiscal y su impacto sobre la economía real. “No hay duda que normalizar la macro es algo bueno”, afirmó, aunque admitió que la consolidación fiscal plantea desafíos para la recuperación del crédito y la expansión de la demanda interna. La fundadora de ABECEB sostuvo que la clave reside en lograr que la estabilidad macroeconómica se transforme en crecimiento inclusivo.

El recorrido por los principales desafíos del momento incluyó referencias a la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas, impulsar la inversión y promover la integración de los distintos sectores productivos. Camino insistió en que la apertura de la economía obliga a las empresas argentinas a competir “con el mundo”, lo que requiere eficiencia y adaptabilidad.

Durante la entrevista, la fundadora de ABECEB subrayó la importancia de construir un clima de negocios previsible y de fortalecer la confianza en las instituciones. “No es una mirada optimista, es una mirada de dinámicas”, aclaró, posicionando su análisis en términos de procesos y tendencias antes que de expectativas. Camino evitó juicios de valor y se centró en la exposición de datos y en la descripción de los mecanismos que, a su entender, ordenan la economía actual.

La transmisión de Infobae en Vivo reflejó la tensión entre los logros macroeconómicos de la administración Milei y los desafíos pendientes en materia de equidad y cohesión social. Camino sintetizó esa dicotomía al señalar que “no hay una sola Argentina” y que el reto principal consiste en lograr que el crecimiento sectorial converja en beneficios para el conjunto.

La entrevista dejó planteada la pregunta sobre el camino hacia la convergencia de las distintas velocidades de la economía argentina. Camino reiteró su advertencia: “No va a haber legitimidad política ni social si no converge todo”.

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El crecimiento de las zonas francas en Costa Rica proyecta una marcada desaceleración en 2026. El Banco Central de Costa Rica estima una expansión de 4.6 % para este año, una cifra considerablemente inferior al 12.7 % alcanzado en 2025. Este sector sostiene cerca del 15 % del producto interno bruto nacional y aporta más de 265,000 empleos directos e indirectos, según el Informe de Política Monetaria de julio de 2026.

La economía costarricense en su conjunto también mostrará un menor dinamismo. De acuerdo con datos citados por CR Hoy, se anticipa un crecimiento del 3.4 % para 2026, por debajo del 4.6 % registrado el año anterior. Las zonas francas, que agrupan industrias de manufactura avanzada, ciencias de la vida, tecnología y servicios corporativos, han sido pieza clave en la atracción de inversión extranjera y la generación de empleo calificado.

El Banco Central señala factores internacionales

El Banco Central atribuye la moderación del crecimiento a una menor demanda externa de bienes y servicios, en medio de un entorno internacional más incierto y una expansión global más lenta. El organismo destaca que las exportaciones de implementos médicos, tras el crecimiento atípico de 2025, han reducido su ritmo, lo que afecta el resultado general de los regímenes especiales. El sector servicios, especialmente los vinculados con manufactura, también experimenta un menor dinamismo.

El informe sintetizó su postura con la siguiente frase: “Los regímenes especiales estarían afectados por una menor demanda externa de manufacturas, así como por un menor dinamismo de los servicios de transformación y empresariales”. La entidad considera que el contexto internacional incide tanto en las exportaciones como en las perspectivas de inversión extranjera directa.

De este modo, la producción nacional en 2026 avanzaría a un ritmo más pausado, reflejando el menor empuje tanto en el régimen especial como en el régimen definitivo, según la información difundida por CR Hoy.

Analistas señalan causas internas y mencionan “enfriamiento”

El economista Daniel Ortiz, socio director de Consejeros Económicos y Financieros, señaló que el desempeño de 2025 fue excepcional, impulsado por adelantos de pedidos de dispositivos médicos realizados por Estados Unidos; un comportamiento que, según explicó, difícilmente se repetirá en 2026. Ortiz remarcó que el entorno internacional volátil puede limitar la inversión extranjera directa y, en consecuencia, el crecimiento de los regímenes especiales.

Ortiz también advirtió sobre el impacto de la apreciación del colón frente al dólar en los costos operativos, especialmente en el sector servicios de los regímenes especiales. Resumió el efecto de este factor: “A estas empresas se les ha encarecido operar en el país, se les sigue encareciendo más, solo este año un 10 %, y para empresas cuyo mayor gasto es el gasto en planilla, pues naturalmente que la planilla se encarezca un 10 % tiene implicaciones sobre lo que se puede crecer, sobre la rentabilidad y las posibilidades de expansión futura”.

El investigador Sandro Zolezzi, de la Universidad LEAD y de la Academia de Centroamérica, utilizó el término “enfriamiento marginal” para describir la situación del régimen de zona franca y de las empresas de inversión extranjera directa. Según Zolezzi, atribuir la desaceleración del PIB únicamente a factores externos como el petróleo o choques internacionales “oculta el problema de fondo: el enfriamiento marginal del Régimen de Zona Franca”. En su opinión, el país enfrenta costos sistémicos en energía, infraestructura, rigidez regulatoria y un tipo de cambio que ha erosionado márgenes operativos.

Zolezzi concluyó que, sin reformas que incentiven el valor agregado y una mayor sofisticación en la inversión extranjera directa, el margen de maniobra para sostener el crecimiento seguirá reduciéndose. Para el investigador, la desaceleración evidencia que la inercia del modelo llegó a su límite y requiere ajustes estructurales.

La menor expansión de las zonas francas en 2026 responde a una combinación de menor demanda internacional, factores cambiarios y desafíos internos, siendo el “enfriamiento” del régimen especial un concepto subrayado por analistas como Zolezzi. Las autoridades y especialistas coinciden en la importancia de este sector para la economía del país, aunque difieren en la interpretación de las causas y la urgencia de las reformas necesarias.

El miércoles por la tarde, ocurrió algo inesperado para la política argentina. La popular cantante y actriz Tini Stoessel, por primera vez, se manifestó en un tema políticamente sensible. El gesto fue de una simpleza notable: simplemente, subió a su cuenta de Instagram un hermoso paisaje argentino con la leyenda: “La Patria no se vende”. En esas horas, el Senado se preparaba para debatir la ley por la cual el Gobierno pretendía ampliar la participación de capitales extranjeros en la compra de tierras argentinas. De repente, Javier Milei y Patricia Bullrich ya no discutían con Cristina Kirchner o Axel Kicillof -ese lugar tan cómodo-, sino con un adversario mucho más difícil de vencer: una joven artista popular que, además, como podía comprobar cualquiera a esa hora, no estaba sola.

Cuando un artista popular se mete en el terreno político corre el riesgo de ofender a muchos seguidores que no piensan como él o ella, o en recibir represalias, sobre todo si su opinión difiere de la del actual gobierno. Es una decisión audaz que, dados sus evidentes costos, sólo puede ser motivada por una fuerte convicción. Sin embargo, en esas horas, Lali Espósito, Nicki Nicole, Wos, María Becerra, Emilia Mernes, L-Gante, Dante Spinetta, uno a uno, fueron sumando posteos, convocando a marchas, opinando lo mismo que Tini: que la Patria no se vende.

Tal vez la gente grande no los conozca. Pero todos ellos son artistas con decenas de millones de fans dentro y fuera del país. Algunas de sus canciones han logrado una cantidad de visualizaciones que superan cómodamente la cantidad de seres humanos que existen en el planeta. Millones de jóvenes de todas las ideologías y clases sociales los quieren, los escuchan, los adoran. Milei ya ha agredido a otras personas como Tini: Lali Espósito y María Becerra sufrieron sus bravuconadas, aunque no se dejaron atemorizar. Esta vez, no opinó.

Ese fenómeno político tan novedoso fue acompañado por manifestaciones muy cercanas a la Selección Nacional de fútbol. De hecho, Stoessel es desde hace varios años la pareja de Rodrigo De Paul, el talentoso mediocampista, íntimo amigo de Lionel Messi. Lisandro López, uno de los dos centrales del equipo argentino, sumó su propio posteo. Y Antonella Roccuzzo, la mujer del mejor jugador de la historia, le dio like a una editorial en la que Diego Leuco, un periodista que fue siempre muy crítico del kirchnerismo, cuestionaba la iniciativa oficial. Otra vez: el enemigo esta vez no tenía el rostro de Cristina Kirchner. Era más fresco, popular, masivo y por ende menos vulnerable.

La Selección Nacional ya había hecho su aporte al inesperado fervor nacionalista que atraviesa en estos días a un sector importante de la sociedad argentina. Fue hace tres semanas, apenas terminado el partido en que habían derrotado a Inglaterra en una épica semifinal. Antes del match, el gobierno de Javier Milei había aceptado que ningún argentino ingresara al estadio con imágenes de las islas Malvinas. “Con el mapita de Malvinas, no se puede entrar”, precisó su ministra de Seguridad, en una intervención notable. “Mapita”, dijo.

Pero alguien llevó al estadio una sábana con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”, y la arrojó al campo de juego en medio de los festejos. Los jugadores de la Selección la extendieron sobre la cancha y luego la exhibieron ante el mundo entero. El contraste entre ese gesto y el del Gobierno fue tremendo. “Las Malvinas no se recuperan con gestos de adolescentes termoneuronales”, dijo, para colmo, Milei en ese contexto. Además, Cuti Romero, el otro central del equipo, evitó saludar a Donald Trump al recibir la medalla de plata.

Todo este recorrido tal vez aporte elementos para entender por qué el Gobierno debió retirar el capítulo de la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” con la que intentó, primero, eliminar cualquier límite para la compra de tierras argentinas por parte de extranjeros, y luego elevarlo significativamente. Más allá del contenido de la ley, evidentemente, muchísimas personas estaban inquietas ante la posibilidad de que Milei y los suyos vendieran “la patria”.

Y el Gobierno hacía un enorme aporte para convencerlos. Una de las escenas que quedarán grabadas para siempre fue un fragmento del reportaje que Eduardo Feinmann le hizo esta semana al canciller Pablo Quirno.

-¿Pero podría un extranjero comprar un pueblo o una provincia entera?—preguntó Feinmann.

Quirno no dudó:

-Sí. Podría. Y sería muy beneficioso.

La viralización de ese diálogo potenció todos los sentimientos previos. No era para menos: el canciller argentino proclama que está dispuesto a vender provincias enteras. ¿Qué podría entender cualquier persona normal?

El Gobierno salió de las elecciones de octubre pasado muy fortalecido y empezó a aprobar leyes –el super RIGI, la reforma laboral— a velocidad crucero y por amplia mayoría. No está claro aún si esas leyes sirvieron para lo que se decía que servían. Por ambas normativas se favoreció a sectores muy poderosos de la economía con el argumento de que aumentaría la inversión y el trabajo en blanco. Por ahora, ninguna de las dos cosas sucedió. La luna de miel comenzó a debilitarse a medida que el malestar económico se profundizaba y, luego, con el extenso debate acerca de los gastos inexplicables de Manuel Adorni, a quien el Presidente volvió a respaldar en uno de sus últimos reportajes.

Esta semana pareció claro que el clima político cambió. Los voceros del Gobierno intentaban instalar su discurso pero ya nadie los escuchaba, salvo cuando patinaban. Y patinaban a cada paso. “La patria no se vende”, retumbaba en algunas canchas de fútbol y, sobre todo, en el estadio Movistar Arena, donde miles de jóvenes con capacidad adquisitiva cantaban la consigna, mientras Rosalía, la genial cantante española, agitaba la celeste y blanca desde el escenario. En ese contexto, se supo que un senador era propietario de una inmobiliaria que vendía tierras a extranjeros. La peligrosa idea de un gobierno “vendepatria” amenazaba con instalarse.

Pero el problema no es solo la ley en cuestión. Desde el mes de febrero, entonces, la situación se ha complicado. Eso lo reflejan absolutamente todas las encuestas, que hasta hace poco el Presidente difundía con orgullo y ahora pone en duda. Se trata de uno de esos momentos que atraviesan todos los gobiernos, en los que sería recomendable ser sensible a las dificultades que padecen las personas de carne y hueso. Sin embargo, por momentos pareciera que el cansancio, el dogmatismo, o el apuro producen el efecto contrario y es el mismo Gobierno, como en el caso de Quirno, el que agrava sus propios problemas y agrede a sus interlocutores.

En todos los sondeos aparece como uno de los principales problemas la dificultad para llegar a fin de mes. En contraste, el Gobierno se encierra en una agenda que no le habla a quienes la sufren. Inviolabilidad de la propiedad privada, inocencia fiscal, independencia del Banco Central: ¿de qué manera esas iniciativas interpelan a un trabajador en negro con un ingreso de 700 mil pesos? Lo que quedó de esa ley destripada que aprobó el Senado, ahora irá a Diputados, donde las estrellas del oficialismo deberán explicar, entre otras cosas, por qué simplifican el procedimiento para desalojar a inquilinos desesperados porque no llegan a pagar un alquiler que hace dos años podían pagar.

Esa disociación se profundizó esta semana cada vez que un periodista le preguntó a un funcionario qué va a hacer el Gobierno para aliviar la situación de 7 millones de deudores morosos. Las respuestas parecen destinadas a ofenderlos:

-Nadie les puso una pistola en la cabeza para que se endeudaran—les dijo el Presidente, en tono muy airado y aleccionador.

-Es un riesgo moral intervenir. Son acuerdos entre privados—agregó el ministro de Economía, unos días antes de tratar de “tarados” a quienes se preocupan por la situación de la industria.

-Es un problema digestivo (?) –aclaró el presidente del Banco Central, Santiago Bausili—No podemos acelerar el proceso. Se trata de un acuerdo entre privados. Además, hemos hablado con el sector privado y ellos no quieren que intervengamos.

El periodista Maximiliano Montenegro cuestionó estas respuestas con sentido común. “No le digas que es un inútil y que se está fundiendo por su culpa a un empresario pyme al que le siguen aumentando las tarifas de servicios públicos, y tiene su carga impositiva, tiene deuda con ARCA, con la provincia, con el municipio. Tiene las ventas por el piso y la rentabilidad destruida porque le vienen subiendo todos los insumos, el costo salarial, los servicios. Y no pueden remarcar porque no hay actividad. Al que está moroso no le digas que fue un idiota de tomar un crédito porque por ahí necesitaba ese crédito para complementar ingresos porque no llegaba a fin de mes. No le digas que es su responsabilidad porque no evaluó y nadie le puso una pistola en la cabeza”.

La realidad es que en 2024 el Gobierno puso en marcha un plan que derrumbó salarios y jubilaciones a partir del shock inflacionario y del aumento de los servicios. En ese contexto de reducción de ingresos, las mismas personas que los sufrían eran acosadas por billeteras virtuales que les ofrecían créditos a un solo click, a tasas increíblemente altas, desreguladas por el mismo gobierno. La tentación era mucha, especialmente porque el mismo Presidente prometía que rápidamente los salarios se recuperarían. Las deudas crecieron enormemente luego de la suba brutal de tasas de interés, que decidió el mismo Banco Central en agosto de 2025. Pero los salarios no subieron. Fue una trampa mortal, en cuya construcción el Gobierno jugó un rol muy activo. Encima de todo eso, le dicen a los deudores que se arreglen solos que es tema de ellos. Bausili dice que habló con los privados y le dijeron que no interviniera. ¿Se referirá a todos los privados o solo a los acreedores? ¿No es evidente en su propia formulación que hay un costado del problema que ni siquiera contempla?

A eso se refirió el jefe de la Iglesia, Ignacio García Cuerva, en su homilía por el Día de San Cayetano. “San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo, que no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía, y que haya que tener dos o más empleos para llegar a fin de mes, o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias”.

Si un Gobierno no debe ocuparse de un drama que afecta a 7 millones de personas, y que por eso, además, se transforma en un problema serio para la macroeconomía, ¿de qué debería ocuparse?

Problema digestivo, arreglo entre privados, mapita de Malvinas, vender provincias enteras, nadie les puso una pistola en la cabeza, los tarados que hablan de la industria, gestos de adolescentes termoneuronales.

Tal vez sea un error de percepción.

Pero parece pertinente preguntarse si el Gobierno no empieza a pavimentar el camino hacia una derrota.

Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, sostuvo que la mayor parte de los cambios introducidos al proyecto afectaron el capítulo de tierras. “Donde más cambios hubo en la discusión fue en el tema tierras”, sostuvo en Infobae Al Mediodía.

Según Cacace, esa reforma buscaba facilitar la llegada de inversión extranjera, especialmente en sectores productivos como la forestación en provincias del litoral. Explicó que la ley vigente fija un límite de mil hectáreas para la compra de tierras por extranjeros y prohíbe adquisiciones en zonas de frontera, lo que, según su visión, impide proyectos de gran escala.

Cacace afirmó: “Lo que más necesita Argentina es inversión extranjera directa”. Señaló que las restricciones actuales desalientan proyectos productivos. “Hay proyectos como los forestales, que requieren a veces 70.000 hectáreas para que tenga sentido como unidad productiva. Con mil no se hace nada”, remarcó.

Restricciones para extranjeros y debate sobre inversión

El funcionario explicó que la Constitución argentina garantiza los mismos derechos a extranjeros y nacionales para adquirir bienes raíces. “La Constitución dice: ‘Los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales, entre ellos a comprar bienes raíces y a enajenarlos’”, citó Cacace.

Reconoció que la actual tenencia de tierras por extranjeros no supera el 6% a nivel nacional, pero insistió en que el límite de superficie y las restricciones en zonas de frontera funcionan como trabas para la inversión.

Cacace señaló que la titularidad de la tierra no implica dominio sobre los recursos naturales: “Si yo compro una propiedad, no soy dueño ni del agua, ni de las minas, ni de los minerales, ni del petróleo. El Estado en Argentina tiene el dominio público”, enfatizó.

El capítulo de tierras quedó fuera del dictamen que se debatió en el recinto, pero el Gobierno anunció que insistirá en tratar el tema por separado para buscar una legislación específica.

Cambios en la ley de expropiaciones

El proyecto endurece los requisitos para que el Estado avance con expropiaciones. Cacace afirmó que “todo lo que está haciendo esta regulación, es decir, tiene que ser más difícil expropiar”. Explicó que la iniciativa exige una declaración precisa de utilidad pública, indemnización previa y justa, y elimina las expropiaciones genéricas. El funcionario consideró que el nuevo texto protege mejor a los propietarios frente al Estado.

Uno de los puntos centrales es la incorporación del lucro cesante en las indemnizaciones. “Si el Estado te expropia, te tiene que reponer realmente el valor de lo que tenías. Si yo tenía un establecimiento productivo ahí y me haces perder de ganar un montón de dinero, indemnizámelo. Eso es el lucro cesante. Antes no existía como concepto”, detalló Cacace. El afectado podrá reclamar y probar en juicio el daño económico sufrido por la expropiación, más allá de la tasación oficial.

Modificaciones a la ley de manejo del fuego

El proyecto modifica la ley vigente sobre manejo del fuego y reduce la prohibición de cambio de uso tras incendios. Cacace aclaró que la reforma no habilita automáticamente el cambio de destino productivo tras un incendio, sino que traslada a las provincias la potestad de definir el ordenamiento territorial. “No es que se está flexibilizando en el sentido de que se sanciona esto y ahora se puede hacer cualquier cosa. Hay que respetar los ordenamientos territoriales que las provincias hacen”, sostuvo.

La iniciativa mantiene la protección absoluta sobre los bosques nativos, donde no se permite cambiar el uso nunca, y flexibiliza el régimen en otras áreas como humedales y bosques implantados. El funcionario explicó que la competencia ambiental está compartida entre Nación y provincias y que serán estas últimas las que determinen los usos posibles tras un incendio, según los relevamientos periódicos.

Objetivos oficiales y efectos esperados

Cacace consideró que el objetivo central del proyecto es “dejar a la propiedad privada con mucho más respeto y con inviolabilidad”. Destacó que la ley también extiende la vigencia de la ley Pierri para regularización dominial y prevé mecanismos más rápidos para desalojos. El funcionario remarcó que la reforma da una señal a propietarios y posibles inversores sobre el respeto al derecho de propiedad.

El secretario de Desregulación reconoció que la discusión generó conflicto y costo político, pero sostuvo que “cuando uno está dispuesto a reformar, siempre va a pagar costo político y siempre se van a generar estas discusiones”. Añadió que el Gobierno apunta a crear condiciones estables, con reglas claras y seguridad jurídica, para atraer inversiones productivas al país.

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El bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación sigue recibiendo malas noticias respecto a la posibilidad de conseguir media sanción en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, puntualmente en lo que se refiere a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros.

Con una votación casi en paridad, cualquier movimiento de un lado u otro cambia radicalmente el escenario de cara a la sesión de mañana. Y durante la mañana de hoy, dos gobernadores que suelen ser aliados al oficialismo expresaron públicamente que se oponen al capítulo.

El primero fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien señaló que conversó con las dos senadoras provinciales y ambas “manifestaron su rechazo a la iniciativa”. “Beatriz Ávila y Sandra Mendoza se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”, señaló el gobernador tucumano.

En el oficialismo tenían a Ávila y a Mendoza en la columna de los votos a favor.

Otro jefe de estado provincial que hoy despejó dudas fue Rolando Figueroa. El gobernador de Neuquén, que había dicho que iba a enviar una ley para que la provincia no pueda vender tierras fiscales a extranjeros, había hecho silencio respecto del tratamiento en el Senado. Esta mañana publicó un video en sus redes sociales en donde asegura que la senadora Juelieta Carroza de La Neuquinidad votará en contra de la venta de tierras. Otra baja de la columna de los votos a favor.

“El número de 35 a 34 está cambiando. Hay que ver qué sucede en el transcurso de la jornada, si insistir o deciden no ir al recinto”, señaló un senador de la oposición con buen diálogo con el mundo libertario.

Pero esos no son los únicos legisladores que ponen en duda la sesión de mañana. Otro aliado de la Casa Rosada, el gobernador Gustavo Saenz de Salta, está en duda si acompaña o no, y eso pone en duda el apoyo de la senadora Flavia Royón quien, aseguran, le hizo saber al despacho de Patricia Bullrich que estaba analizando su voto. Algo similar es el posicionamiento de Ignacio Torres, gobernador de Chubut, que también tiene un voto con la legisladora Edith Terenzi, legisladora que dice tener una posición tomada pero que no la adelanta.

“No llegan a los 37, no importa si están en 35, 36 o 32”, señaló un peronista que se ilusiona con que se caiga la ley.

Pero no solo hay gobernadores aliados que anunciaron que no acompañarán sino que la senadora del PRO, María Victoria Huala, dijo a medios de su provincia que entendía que no estaban dadas las condiciones para sesionar. Este punto también fue repetido en off the record por algunos legisladores libertarios que percibían que ir al recinto es encaminarse a una derrota

“No tenemos los 37 por ahora”, dijo en un tono apesadumbrado un legislador libertario.

En el medio de esta suma y resta de votos el debate ahora se centra en si hay sesión o no mañana. “No hace falta buscar el quórum para abrir la sesión porque estamos en un cuarto intermedio. Ahora, para poder avanzar en las votaciones de cada uno de los capítulos sí”, señalaron desde el bloque de La Libertad Avanza.

El dato no es menor porque ahora el oficialismo deberá decidir durante la jornada de hoy si avanza con el resto de la norma mañana y deja que la oposición rechace el capítulo III que es el que se refiere a la venta de tierras rurales o, finalmente, define levantar la sesión y no poner en juego caudal político pensando en otros temas que el Ejecutivo busca sancionar.

En el video, la artista fue directa al convocar a su audiencia: “Nos encontramos el jueves en el Congreso”, señaló al inicio de su mensaje. Luego, argumentó la importancia de asistir a la protesta y remarcó el objetivo de rechazar cualquier avance sobre la libre venta de tierras nacionales. Espósito hizo hincapié en la necesidad de defender los recursos naturales y la soberanía, al advertir sobre las posibles consecuencias de una modificación en la legislación vigente. “Para defender nuestra tierra, el agua, los recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí”, subrayó.

El llamado de Lali rápidamente se viralizó en redes sociales, donde recibió apoyo de otros referentes del espectáculo y de distintos sectores sociales. La cantante, reconocida también por su participación en debates públicos, ha sostenido una actitud activa en temas de interés general. En diversas oportunidades, utilizó sus plataformas para opinar sobre medidas adoptadas por el Gobierno y para respaldar causas vinculadas con derechos sociales y ambientales.

Esta nueva intervención pública refuerza el perfil de Espósito como figura comprometida con la agenda social y política. Su convocatoria a movilizarse contra la reforma de la Ley de Tierras se suma a una serie de posicionamientos previos, en los que manifestó su preocupación por el rumbo de determinadas políticas públicas y su impacto en la vida de la sociedad argentina.

Actualmente, el oficialismo persiste en su intento de modificar la ley de tierras y, para lograr la aprobación del proyecto, ha introducido sucesivas modificaciones en busca de reunir los votos necesarios. El debate parlamentario ya suma cinco intentos frustrados en el recinto, lo que llevó a los legisladores oficialistas a revisar en profundidad el texto original. Desde entonces, el proyecto atravesó 17 borradores, en una negociación marcada por desacuerdos internos y resistencia de bloques aliados. Ahora, referentes del oficialismo aseguran haber encontrado una propuesta que podría destrabar el tratamiento de la ley.

El punto más controvertido del texto es el referido a las restricciones para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros. La versión inicial, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, proponía la eliminación total de los límites, suprimiendo el tope que establece la ley vigente: 15% del territorio nacional para la compra de tierras por personas o empresas extranjeras. Esta postura generó amplio rechazo, tanto en la oposición como en sectores del oficialismo, especialmente en provincias con fuerte presencia agropecuaria.

Ante la falta de consenso, y tras meses de estancamiento, la bancada de La Libertad Avanza cedió en su planteo original y aceptó modificar el texto. Las nuevas negociaciones permitieron arribar a una fórmula intermedia: el límite para la compra de tierras por extranjeros se ampliaría del 15% al 25% del territorio nacional, manteniendo un control pero flexibilizando la restricción vigente.

El despacho enviado desde la presidencia del bloque libertario a los aliados parlamentarios incluye la siguiente redacción: “La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia”. El cambio busca garantizar el apoyo de bloques provinciales y de sectores que, si bien rechazan la apertura total, están dispuestos a aceptar una ampliación del tope actual como parte de un acuerdo político más amplio.

Con estas modificaciones, el oficialismo espera destrabar el tratamiento en el Senado y avanzar finalmente en la aprobación de la ley, tras varios meses de negociaciones y reiteradas postergaciones. El debate sobre la propiedad de la tierra y la intervención de capitales extranjeros se mantiene como uno de los temas centrales en la agenda legislativa y continúa generando posiciones encontradas tanto en el ámbito político como en la sociedad civil.

La agencia federal de inversión internacional de Estados Unidos apunta a El Salvador como destino prioritario para proyectos de infraestructura y tecnología, según declaró Ben Black, director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC, por sus siglas en inglés), tras una visita oficial al país centroamericano.

“Su liderazgo audaz ha hecho de El Salvador un país más seguro y un amigo más cercano de los Estados Unidos”, escribió Black en su cuenta de X al dirigirse directamente al presidente Nayib Bukele, en un mensaje que también anunció el interés de la agencia por “profundizar la alianza mediante inversiones en infraestructura que impulsarán el crecimiento y la prosperidad de ambas naciones”.

La DFC es la institución a través de la cual el gobierno estadounidense moviliza capital privado para financiar proyectos en países aliados.

Ofrece préstamos directos, garantías de inversión, participaciones de capital y seguros contra riesgos políticos, con foco en sectores como energía, tecnología, salud e infraestructura. Su misión está vinculada a los objetivos de política exterior de Washington.

Qué hay detrás del interés de la DFC en El Salvador

El acercamiento no ocurre de forma aislada. Ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes el 15 de julio, Black reveló que la DFC cuenta con una capacidad de inversión de USD 205,000 millones y una cartera activa de más de 340 oportunidades de negocios por un total de USD 78,000 millones en sectores que van desde agricultura hasta minerales críticos.

El hemisferio occidental figura entre las regiones que la agencia identifica como prioritarias.

En ese mismo testimonio, Black subrayó que uno de los ejes centrales de la estrategia de la DFC es desafiar la influencia china en sectores tecnológicos y de telecomunicaciones, especialmente en América Latina.

“La Ruta de la Seda Digital de China no puede arraigar su influencia”, afirmó ante los legisladores, al tiempo que presentó el acuerdo alcanzado con una de las mayores redes de telecomunicaciones de Kazajistán como modelo a replicar “en el Hemisferio Occidental”.

En mayo, la DFC también se reunió con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, para explorar oportunidades de inversión, lo que confirma que la visita a El Salvador forma parte de una gira más amplia por Centroamérica.

El Salvador en un momento de contracción de inversión extranjera

La señal de la DFC llega en un momento delicado para la economía salvadoreña. Según datos del Banco Central de Reserva, la inversión extranjera directa neta cayó 40.4% en el primer trimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior, al pasar de USD 366.24 millones a USD 217.96 millones. La tendencia se arrastra desde 2025, cuando el indicador anual retrocedió 37.1% respecto de 2024.

Estados Unidos ya es el principal origen de la inversión extranjera que llega al país, con USD 106.36 millones aportados solo entre enero y marzo.

Esa posición dota de peso concreto al anuncio de Black: cualquier proyecto que impulse la DFC reforzaría un flujo que ya encabeza la lista, pero que en términos netos ha perdido volumen.

La apuesta tecnológica de Bukele como argumento de atracción

Black describió a El Salvador como un país que “ha trazado un rumbo ambicioso para convertirse en un destino líder para la inversión tecnológica”. La afirmación coincide con la narrativa que el gobierno salvadoreño ha construido ante organismos internacionales en las últimas semanas.

El 28 de julio, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, visitó El Salvador y recorrió proyectos de tecnología educativa y telesalud impulsados por el gobierno.

Entre ellos, una plataforma de aprendizaje con inteligencia artificial instalada en una escuela de Santa Tecla y el sistema nacional de telesalud con triaje automatizado.

Ese encuentro se produjo en el marco del programa AprendES, aprobado en marzo de 2026 con un fondo de USD 501 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para el período 2026-2031.

La convergencia de señales: la DFC, el Banco Mundial y el alineamiento explícito con la política exterior de Washington dibuja un patrón. El Salvador se posiciona como vitrina de la agenda de inversión estadounidense en la región, aunque los montos concretos de los proyectos de la DFC aún no fueron anunciados.

El oficialismo sigue con las modificaciones al texto de la ley de tierras con el afán de obtener los votos necesarios para avanzar con el proyecto que ya tuvo cinco intentos fallidos en el recinto.

Este martes, por la tarde, la senadora Patricia Bullrich dará una conferencia de prensa en donde, espera, contar cómo será el texto del proyecto que llevará el jueves al recinto. Luego de 17 borradores, en el oficialismo aseguran haber encontrado la salida a un callejón sin salida.

En el capítulo que se refiere a la eliminación de las restricciones para la compra a capitales extranjeros, la ley de tierras pasó de no tener límites a ampliar el límite existente.

Según los últimos cambios que negoció La Libertad Avanza, quedaron totalmente olvidadas las pretensiones originales del autor del proyecto, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de que no exista ningún límite a la compra de tierra, eliminando el que establece la ley actual de 15% del territorio nacional.

Luego de varios meses, y fracasos, el oficialismo cambió de posición y negoció en busca de votos pasar del 15% al 25% del territorio nacional que puede ser adquirido por capitales extranjeros.

“La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia”, es el texto que partió del despacho de la presidencia del bloque libertario hacia los bloques aliados.

Sobre este esquema se referirá Bullrich en la conferencia, prevista para las 16. En busca de ordenar el discurso, esta mañana se realizó un zoom con los senadores del bloque libertario. Ahí se definió cuál será la línea discursivo y que de la conferencia de prensa participarán Bullrich, Nadia Márquez -la comisaria política de Karina Milei en el bloque- y Agustín Coto.

“Hoy no tienen los votos, pero no solo porque algunos nos oponemos, sino porque nadie sabe cuál es el proyecto que van a llevar al recinto. Lo cambiaron tantas veces desde que llegó que es imposible saber qué quedó y qué no”, explicó un senador que, en principio, se opone a la venta de tierras. “Me estuvieron llamando todo el fin de semana, pero no queda claro cuál es el texto final”, agregó.

Bullrich apura el tratamiento porque entiende que necesita avanzar con otros temas que son de importancia para el Ejecutivo y que los proyectos “desreguladores” de Sturzenegger generan más problemas que soluciones.

“Estos proyectos arman quilombo y tenés que prometer cosas que necesitas para otros temas, como puede ser la reforma política. Pero el problema es que vienen con el visto bueno de Javier Milei, por algo le dice el coloso, y hay que avanzar", explicó un senador libertario que no está conforme con esta pérdida de tiempo.

Hasta el fin de semana, el anotador de Bullrich mostraba que, como máximo, podía aspirar a tener 34 votos. Con este cambio aspira a alcanzar los 36 necesarios para poder avanzar y lograr la media sanción.

El riesgo que también lograron quitar es el “efecto Villarruel”. La vicepresidenta de la Nación ya adelantó que está en contra del proyecto de Sturzenegger y, aunque ella no es senadora, frente a un empate en los votos a favor y los votos en contra, es la presidencia del Senado la que define.

En este esquema, Milei adelantó su partida a Ecuador para el miércoles a la noche. En el momento en el que el mandatario abandone el espacio aéreo argentino, Villarruel pasará a ser la presidenta en ejercicio: no podrá presidir la sesión, y lo hará el libertario Bartolomé Abdala. “Por las dudas, es un voto menos para ellos y uno más para nosotros”, ironizó, entre risas, un senador libertario.

La discusión por la modificación a la Ley de Tierras que impulsa el gobierno de Javier Milei -buscará aprobarla la semana que viene en el Senado- pareció despertar al peronismo en territorio bonaerense y, en medio de la discusión interna del sector, mostrarse discursivamente emparentado con todos los espacios.

Es que esta semana el sector kirchnerista de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires formalizó un proyecto que busca establecer un régimen de protección del dominio provincial sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. La iniciativa lleva las firmas del presidente del bloque Fuerza Patria, Facundo Tignanelli —referente cercano a Máximo Kirchner—, de Noelia Saavedra, alineada con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y de Cintia Romero, diputada de Patria Grande de Juan Grabois. A la par, días atrás el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez, fijó la posición formal del gobierno de Axel Kicillof sobre el debate en el Senado: rechazar la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incluye la derogación o modificación de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), que desde 2011 establece límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Ante esta situación, el kirchnerismo presentó un proyecto en la Cámara baja provincial que va en contramano de lo que busca establecer Milei en el orden nacional. La iniciativa bonaerense, fija límites a la tenencia extranjera de tierras y responde a la derogación de la Ley Nacional de Tierras, así como al avance de la extranjerización en zonas estratégicas del territorio bonaerense.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también había rechazado la derogación de la Ley de Tierras. En un acto realizado el 19 de julio en Avellaneda, el mismo día en que el Senado de la Nación se aprestaba a debatir la modificación de la ley de tierras —propuesta que no se votó por falta de acuerdos y que volverá a tratarse el 6 de agosto—, Kicillof advirtió: “Hoy, en el Congreso Nacional, están queriendo votar una ley para que se pueda vender el territorio argentino al mejor postor”.

En ese momento, el mandatario bonaerense consideró que la iniciativa nacional representa una cesión de soberanía y reclamó que no prospere: “Vamos a decir acá desde Avellaneda que eso no va a pasar, que no tiene que pasar y que es responsabilidad de todos los que, por fondos o por lo que sea, quieren levantar la mano para la venta del territorio argentino”.

El gobernador también había denunciado presuntas presiones del Gobierno nacional sobre los mandatarios provinciales y los legisladores para conseguir apoyo a la iniciativa: “Así vayamos cortándola un poco con eso de extorsionar a las provincias, de extorsionar a los legisladores para que voten la entrega del territorio nacional”.

En su discurso, Kicillof apelaba al triunfo de la Selección Argentina de fútbol sobre Inglaterra y pidió que ese clima se traslade al Senado: “Esperemos que, como ayer dio un ejemplo la Selección, quienes tienen que votar piensen en la celeste y blanca”.

En paralelo, el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político que encabeza Kicillof, organiza una movilización para el próximo 6 de agosto. La convocatoria busca expresar rechazo a la modificación de la ley de tierras cuando el Senado de la Nación retome el debate sobre el proyecto que habilita la extranjerización de tierras rurales.

El proyecto presentado en la Legislatura bonaerense propone la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales y establece un límite del 15% para la tenencia extranjera a nivel provincial y municipal, con un máximo del 30% para ciudadanos de una misma nacionalidad. Ningún titular extranjero podrá acumular más de mil hectáreas en la zona núcleo agrícola del territorio bonaerense.

La normativa incorpora requisitos de información y transparencia, prohíbe la titularidad o posesión extranjera de inmuebles ribereños a cuerpos de agua de importancia y define zonas de protección territorial estratégica. La autoridad de aplicación podrá denegar permisos si considera que la operación pone en riesgo la soberanía alimentaria, el acceso al agua o favorece procesos de especulación y concentración.

Entre los argumentos de los autores, se menciona que la provincia de Buenos Aires representa el 38,9% de las exportaciones nacionales y el 52,6% de la región pampeana y que la derogación de la Ley Nacional de Tierras, mediante el DNU 70/2023, reactivó el debate sobre la defensa de los recursos naturales bonaerenses.

La iniciativa fue presentada como: “En oposición a Milei, el kirchnerismo busca limitar la compra de tierras en manos extranjeras en PBA”.

A priori, la discusión sobre la tenencia y el control de las tierras rurales sugiere un eje capaz de acercar posturas entre los distintos sectores del oficialismo bonaerense. En un escenario atravesado por tensiones internas y matices en torno a la estrategia y construcción política en vistas a las elecciones del 2027, el rechazo a la extranjerización logra alinear a referentes kirchneristas, del Frente Renovador de Sergio Massa y espacios afines a Axel Kicillof.

Casi todos tenemos la misma foto en algún cajón. Un hombre joven bajando de un barco en Buenos Aires, con una valija de cartón y un apellido que todavía no sabía pronunciarse acá. No traía capital en el sentido en que hoy usamos la palabra: traía dos brazos, un oficio y, con suerte, unos ahorros cosidos en el forro del saco. Llegaba a un país casi vacío que le ofrecía algo que el suyo le negaba: la posibilidad de ser dueño de la tierra que iba a trabajar.

Esa oferta no fue un gesto de generosidad improvisada. Estaba escrita. El artículo 20 tiene una claridad que hoy incomoda: los extranjeros gozan “de todos los derechos civiles del ciudadano” y pueden “poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos”. Es una equiparación lisa y llana, sin cupos ni graduaciones. Y el artículo 25 le prohíbe al Gobierno federal “restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno” la entrada de los extranjeros que vengan “a labrar la tierra”. Un régimen que les fija un techo de hectáreas y un cupo sobre el territorio da vuelta ese diseño: convierte en cuota lo que la Constitución escribió como derecho.

Hay un pudor contemporáneo que se emociona con el inmigrante que vino a laburar y desconfía del capital que viene a invertir, como si fueran dos especies morales distintas. Alberdi no hacía esa distinción: para él la Argentina carecía de las dos cosas a la vez y las dos llegaban en la misma persona. Sin una inmigración “inteligente y trabajadora”, escribió, “los metales ricos se quedarán siglos y siglos en las entrañas de la tierra”. El inmigrante era capital extranjero.

Hay un pudor contemporáneo que se emociona con el inmigrante que vino a laburar y desconfía del capital que viene a invertir, como si fueran dos especies morales distintas

Hoy el paquete llega desagregado. A veces viene una familia; a veces, un fondo que financia un sistema de riego o una forestación que recién rinde a los quince años. Cuesta explicar por qué los bisabuelos piamonteses que compraron veinte hectáreas en Santa Fe merecen nuestra gratitud y quien hoy pone dólares en un cultivo bajo riego en San Juan merece nuestra sospecha. Hay, eso sí, una diferencia honesta que conviene decir en voz alta: los bisabuelos se quedaron, y el fondo puede girar sus utilidades afuera. Es verdad. Pero lo que se gira es la utilidad, nunca el activo: la forestación queda plantada donde está, la gente que trabaja en ella vive en el pueblo de al lado y el impuesto se paga en la provincia.

La ley vigente impone dos restricciones distintas, y sobran las dos. Una es un cupo colectivo: los extranjeros no pueden tener en conjunto más del quince por ciento de la tierra rural del país. La otra es un techo individual: ningún titular extranjero puede superar las mil hectáreas en la zona núcleo. Es la segunda la que mantiene al capital afuera.

Mil hectáreas es un campo. No es un proyecto. Una forestación de escala industrial necesita decenas de miles de hectáreas para sostener un ciclo de corte que empieza a rendir recién a los quince años; la agricultura bajo riego en zonas áridas solo amortiza la infraestructura sobre superficies grandes; en la meseta patagónica la receptividad del suelo es tan baja que una unidad productiva viable se mide también en decenas de miles. En todos esos casos la escala es la condición misma de que la actividad exista. Con ese techo el inversor externo no invierte menos: no entra. La cuenta no le cierra desde el primer día, así que ni se sienta a hacerla.

Los números no la muestran: la tierra rural en manos extranjeras ronda el 5 o 6 por ciento del total, contra un tope legal del 15 que en más de diez años de vigencia nunca se alcanzó

Se dirá que se viene la extranjerización. Los números no la muestran: la tierra rural en manos extranjeras ronda el 5 o 6 por ciento del total, contra un tope legal del 15 que en más de diez años de vigencia nunca se alcanzó. Se responderá que el número es bajo precisamente porque la ley lo contuvo. La cronología dice otra cosa: el Registro Nacional de Tierras Rurales fue creado por esa misma ley, empezó a funcionar a mediados de 2012 y entregó su primer relevamiento en 2013. La primera medición que existió es posterior a la norma, y lo que midió fue el stock que ya estaba ahí: un siglo y medio de compras hechas sin que existiera ningún cupo. Ese porcentaje es la foto de lo que la ley encontró al llegar. Y si lo que contuvo no fue el cupo colectivo sino el techo de mil hectáreas, entonces “el límite funcionó” y “el límite ahuyentó inversiones” son la misma frase: uno la dice con orgullo y el otro con preocupación, pero los dos hablan del capital que no vino.

Queda la objeción de la soberanía, que descansa en una confusión: se usan “dominio” y “soberanía” como si fueran la misma cosa, y son categorías de órdenes distintos. Ya el derecho romano separaba el dominium del imperium. El dominio es una relación de derecho privado entre una persona y una cosa; existe porque el ordenamiento argentino lo reconoce, se prueba con una escritura inscripta en un registro argentino y se defiende ante jueces argentinos. La soberanía, en cambio, es la condición de que ninguna otra autoridad pueda desplazar a la nuestra.

Pensemos qué pasa el día después de la compra. El nuevo dueño descubre que el ordenamiento territorial de la provincia le dice qué puede hacer con cada hectárea; que si hay bosque nativo manda la ley de bosques; que a su gente la rige el convenio argentino; y que si el Estado necesita esa tierra para una obra pública se la expropia mediando ley e indemnización previa, porque el artículo 17 sigue ahí. Y descubre algo que suele omitirse: que no compró el agua ni lo que hay debajo. El artículo 124 reserva a las provincias el dominio originario de los recursos naturales de su territorio. Compró la superficie, y heredó entera la autoridad que ya pesaba sobre el campo. El proyecto en discusión agrega, además, una restricción que la ley vigente no tiene: prohíbe la compra por Estados extranjeros y condiciona la de las empresas que ellos controlen.

La objeción de la soberanía descansa en una confusión: se usan “dominio” y “soberanía” como si fueran la misma cosa, y son categorías de órdenes distintos

Por eso “vender la tierra es vender la patria” es, técnicamente, un error. La jurisdicción nunca estuvo en el patrimonio del vendedor, y nadie puede transferir lo que no tiene. El territorio se pierde por tratado o por la fuerza, nunca por una compraventa.

La apuesta de 1853 fue que a un país vacío se lo llena abriendo la propiedad, no condicionándola al lugar de nacimiento. “Todo argentino cuya familia llegó en barco desciende de alguien que, el día que pisó el puerto, era exactamente aquello que hoy se quiere mantener afuera.” No le pedimos certificado de arraigo: le dimos el artículo 20 y lo dejamos entrar. Esa apuesta construyó la Argentina que después nos dio de comer. No la abandonamos por una discusión seria de soberanía (la soberanía nunca estuvo en juego): la abandonamos por miedo. Y el miedo, en materia de inversión, se paga en campos que no se plantan, en pueblos que no crecen y en trabajo que no existe.

No tenemos que proteger la tierra de los que quieren venir a trabajarla. Nunca tuvimos que hacerlo.

El autor es secretario de Desregulación del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado

El sector energético y la minería captaron la atención de los mercados internacionales al recibir el 40.2 % de la inversión extranjera directa (IED) que ingresó a la República Dominicana durante el primer semestre de 2026.

Este comportamiento, según el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, refleja la consolidación de ambas áreas como motores clave de la economía dominicana.

La información preliminar del Banco Central indica que la IED totalizó USD 3,276.7 millones entre enero y junio, lo que representa un incremento del 7.7 % respecto al mismo periodo de 2025.

Dentro de ese monto, el sector energético lideró con USD 910.87 millones (27.8 % del total nacional), seguido por la minería, que sumó USD 406.29 millones (12.4 %).

Energía: expansión y transición en la matriz

El aumento de la inversión en energía está relacionado con el proceso de transformación experimentado por el sector en los últimos años. La capacidad instalada del sistema eléctrico pasó de 4,921 megavatios (MW) en 2020 a 7,120 MW en 2025, mientras que la participación de energías renovables subió del 11% al 29% en la matriz eléctrica nacional.

Durante el año 2025, se incorporaron 1,138 MW de nueva capacidad de generación, de los que 697 MW correspondieron a proyectos renovables, principalmente solares y eólicos.

Según Santos, los resultados acumulados en 2025 y lo que va de 2026 confirman el liderazgo de la energía y la minería dentro de la economía nacional, además de consolidar al país entre los mercados energéticos más dinámicos de América Latina y el Caribe.

Minería: crecimiento, exportaciones y aporte fiscal

En minería, el sector mostró una expansión interanual del 18.1 % en junio y un crecimiento acumulado del 11.3 % en el primer semestre de 2026.

El ministro señaló que la minería, especialmente el oro, mantiene su papel como uno de los mayores contribuyentes al fisco mediante el pago de impuestos y otros aportes al Estado, y se posiciona entre los líderes en exportaciones.

La inversión extranjera directa en minería durante el semestre sumó USD 406.29 millones, equivalente al 12.4 % del total nacional. Según Santos, este dato refleja la confianza de los inversores en el potencial del sector.

Como ejemplo del fortalecimiento de la actividad extractiva, el ministro mencionó la producción de 188,696 libras de larimar —piedra nacional— entre enero y junio de 2026. Atribuyó estos resultados a iniciativas que buscan mejorar las condiciones de extracción, comercialización y valor agregado del mineral, lo que ha favorecido a las economías locales y ampliado la contribución del sector minero al desarrollo económico.

Factores que acompañan el flujo de inversión

El crecimiento sostenido de la inversión extranjera, según el titular de Energía y Minas, está asociado a factores como la estabilidad macroeconómica y política, la seguridad jurídica, los incentivos a la inversión, la modernización de la infraestructura, el desarrollo de las telecomunicaciones y políticas públicas que buscan fortalecer la confianza de los inversores.

Los datos disponibles muestran que energía y minería mantuvieron una participación significativa en la captación de capital extranjero durante el primer semestre de 2026, en un contexto de cambios en ambos sectores y de presencia continua de interés por parte de inversiones foráneas.

El Inward FDI Performance Index para proyectos greenfield ubicó a Costa Rica en el cuarto puesto mundial en 2025, según destacó una nota de CR Hoy.

De acuerdo a la información, el país obtuvo una puntuación de 6.5, lo que representa una baja en comparación con los valores alcanzados en años anteriores: 13.39 en 2021, 12.70 en 2022 y 7.9 en 2023.

El índice compara la cantidad de proyectos de inversión extranjera directa que recibe cada país en proporción al tamaño de su economía. El análisis incluyó a 98 países que captaron al menos 10 proyectos en 2025, con datos de fDi Markets, la base de datos del Financial Times.

Según CR Hoy, Costa Rica se mantuvo como el país mejor ubicado de América Latina y el Caribe, pero fue superado por Emiratos Árabes Unidos, Namibia y Ruanda.

El país líder del ranking logró 19.21 veces más proyectos de inversión extranjera directa de lo que sugería el tamaño de su economía, mientras Namibia alcanzó 7.74 y Ruanda 6.99.

El informe señaló que, aunque Costa Rica descendió en el ranking global, continúa atrayendo inversión por sus políticas favorables a las empresas y su red de zonas económicas especiales. También destacó el desempeño en dispositivos médicos y otras actividades orientadas a la exportación.

De los 98 países evaluados, 74 superaron una puntuación de 1.0, lo que indica que su cuota de proyectos greenfield anunciados en el mundo fue mayor que su participación en el producto interno bruto global, según el Fondo Monetario Internacional.

Los otros 24 países quedaron por debajo de 1.0, lo que refleja una menor capacidad de atracción de inversión en relación al tamaño de sus economías.

La medición se realizó antes de la contracción de los flujos de inversión extranjera directa asociada al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Cambios recientes y análisis de expertos

De acuerdo con información de CR Hoy, Sandro Zolezzi, de la Universidad LEAD y la Academia de Centroamérica, expresó que en 2021 y 2022 Costa Rica alcanzó una “cima extraordinaria en la geografía económica global”.

Según Zolezzi: “Liderar el Inward FDI Performance Index en proyectos greenfield, elaborado por fDi Intelligence, con registros que superaron las 11 y 13 veces la atracción teórica esperada respecto al tamaño de nuestra economía posicionó al país, de manera indiscutible, como el número uno del mundo”.

El investigador vinculó los resultados de esos años a factores externos como la relocalización de cadenas globales de suministro, así como a medidas internas como el fortalecimiento del talento humano, el papel de las zonas francas y la estabilidad jurídica. Para Zolezzi, la salida del primer lugar muestra señales de agotamiento del modelo de atracción de inversión extranjera directa.

Zolezzi explicó que la atracción de inversión requiere resolver asimetrías de información, reducir costos sistémicos de producción, modernizar la infraestructura crítica y fortalecer la formación de capital humano en sectores de alta tecnología. También advirtió que, si el país permanece en sectores ya consolidados sin avanzar a áreas como investigación y desarrollo, inteligencia artificial y cadenas energéticas sostenibles, la ventaja frente a sus competidores podría reducirse. Añadió: “Alejarse del número uno del mundo y caer al cuarto puesto con un puntaje de 6.5 no debe interpretarse con alarmismo infundado, pero tampoco puede ocultarse bajo una narrativa triunfalista”.

Por su parte, el economista Daniel Ortiz, de la firma Consejeros Económicos y Financieros, señaló que la caída también podría estar vinculada con medidas arancelarias de Estados Unidos y la apreciación del colón frente al dólar, lo que encarece los costos operativos de los sectores exportadores y reduce la competitividad relativa de Costa Rica.

El informe resaltó que países como El Salvador, Perú, Colombia, Chile y México avanzan en atracción de inversión extranjera directa, lo que reduce la diferencia que llevaba Costa Rica respecto a otros países de la región.

La inversión extranjera directa (IED) en República Dominicana alcanzó un nuevo máximo en el primer semestre de 2026 al sumar USD 3.276 millones, cifra que representa un incremento de 7,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Según informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), este desempeño se registró en un contexto internacional de recuperación desigual de los flujos globales de inversión, con la economía local y resistió la volatilidad externa.

La mayor parte de la IED se orientó hacia el sector energético, que concentró el 27,8% del total captado entre enero y junio. El turismo ocupó la segunda posición, con el 20,1%, seguido por el desarrollo inmobiliario y la minería, ambos con una participación del 12,4%, indica EFE. El informe del BCRD atribuye estos resultados a la estabilidad económica y política del país, así como a la seguridad jurídica y los incentivos ofrecidos a los inversionistas extranjeros.

El desempeño de la inversión extranjera directa se reflejó también en los principales indicadores externos del país caribeño. Las exportaciones totalizaron USD 8.745 millones en el primer semestre, lo que supuso un crecimiento de 16,6% frente al mismo periodo de 2025. El aumento en las ventas de oro fue el motor principal de este avance, según datos de la entidad emisora.

El aporte del turismo

En el ámbito turístico, la República Dominicana recibió más de 6,5 millones de visitantes en los primeros seis meses del año. Los ingresos generados por el turismo ascendieron a USD 6.716 millones, lo que implicó un alza de 15,3% respecto al año previo. “El flujo de visitantes consolida la posición del país como uno de los destinos más dinámicos de la región”, apuntó el Banco Central en declaraciones recogidas por EFE.

La suma de los ingresos provenientes de la inversión extranjera directa, remesas, turismo, exportaciones de bienes y otros servicios superó los USD 26.500 millones entre enero y junio de este año, lo que representa aproximadamente USD 2.800 millones más que en igual periodo de 2025. Este resultado, según el BCRD, refuerza la capacidad de la economía dominicana para generar divisas y sostener el crecimiento.

La proyección oficial para 2026

El Banco Central de la República Dominicana atribuyó el flujo de inversión a la solidez macroeconómica, los incentivos fiscales, la mejora regulatoria, la promoción de sectores estratégicos y la continuidad de políticas favorables a la inversión. El organismo prevé que la IED podría ubicarse por encima de los USD 5.300 millones al cierre de 2026, pese a un entorno internacional marcado por la competencia entre países emergentes para captar nuevos flujos de capital.

También se subrayó el papel de los acuerdos de libre comercio y la integración regional, que han favorecido la llegada de nuevas empresas y el desarrollo de proyectos de infraestructura.

A pesar del crecimiento observado, el BCRD advirtió sobre la necesidad de fortalecer la diversificación sectorial para reducir la dependencia de segmentos específicos y mitigar los riesgos asociados a la volatilidad internacional. Según el informe divulgado por EFE, la institución reiteró su compromiso de monitorear el panorama global y adaptar sus políticas para salvaguardar la estabilidad y el atractivo del país como destino de inversión.

Costa Rica consolidó su posición como referente regional en atracción de inversión extranjera directa al registrar una mejora en su puntuación dentro del Greenfield FDI Performance Index 2026, aunque descendió al cuarto lugar a nivel mundial, según reportó delfino.cr.

El índice, elaborado por la revista fDi Intelligence con datos de 2025, evalúa la capacidad de los países para atraer proyectos de inversión en relación con el tamaño de sus economías.

Costa Rica se mantuvo como la única nación de América Latina y el Caribe dentro del top 10 global y lideró cómodamente la región.

De acuerdo con información de delfino.cr, Costa Rica superó su puntaje anterior al alcanzar una proporción de proyectos 6.5 veces mayor respecto a lo esperado por el tamaño de su Producto Interno Bruto (PIB).

La cifra mejoró el registro previo de 6.18, aunque el país descendió del tercer al cuarto puesto mundial. Por delante se ubicaron Emiratos Árabes Unidos (19.21), Namibia (7.74) y Ruanda (6. 99).

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), citada por delfino.cr, subrayó que estos resultados reflejan la confianza de las empresas internacionales en el entorno costarricense, sostenido por factores como el talento humano, la seguridad jurídica y la apuesta por la innovación y la sostenibilidad.

“Nuevamente, Costa Rica demuestra su capacidad para atraer inversión de alto valor. Estos resultados reflejan la confianza de las empresas en nuestro talento humano, seguridad jurídica, innovación y sostenibilidad, pero su verdadero significado está en lo que permiten construir: más empleo de calidad, encadenamientos y más oportunidades dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana”, afirmó Laura López Salazar, según recogió delfino.cr.

El análisis destaca que Costa Rica encabeza el listado de países latinoamericanos y caribeños en el índice. El segundo mejor ubicado de la región, El Salvador, aparece en el puesto 38 con un puntaje de 2.25.

Ningún otro país latinoamericano figura entre los primeros veinte lugares, lo que refuerza la posición costarricense como líder regional en atracción de inversión.

En el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Costa Rica también sobresale al ser el único miembro de la organización ubicado entre los quince primeros puestos del índice.

Esta clasificación, detalló delfino.cr, ofrece un marco comparativo internacional independiente para evaluar las capacidades de atracción de inversión más allá de los números absolutos de cada economía.

Según la misma fuente, la Procomer precisó que la metodología del índice puede favorecer a economías pequeñas que logran captar pocos, pero significativos, proyectos de inversión. Así, Namibia y Ruanda alcanzaron el segundo y tercer lugar mundial con apenas 16 y 15 proyectos respectivamente, en comparación con mercados más grandes.

En cuanto a la cantidad de proyectos de inversión extranjera directa por millón de habitantes, Costa Rica se ubicó en la octava posición global, con 18,1 proyectos anunciados durante 2025, conforme a los datos publicados por delfino.cr.

El ranking lo encabezó Emiratos Árabes Unidos con 134,6 proyectos por millón de habitantes, seguido por Catar (55,4), Singapur (54,5), Luxemburgo (49,9), Irlanda (37,3), Dinamarca (22,7) y Malta (19,5). Por detrás de Costa Rica figuraron Chipre (17,3) y Hong Kong (15,0).

La gerente general de Procomer, Laura López Salazar, remarcó que la permanencia de Costa Rica en posiciones privilegiadas del índice obedece al esfuerzo sostenido por ofrecer condiciones atractivas para las empresas globales, según el reporte de delfino.cr.

El organismo recalcó que este tipo de clasificaciones no reemplaza las estadísticas oficiales de inversión, pero sí constituye una referencia internacional relevante para comparar el desempeño de diferentes países en la captación de proyectos.

Por último, la promotora costarricense advirtió sobre la interpretación de los resultados, pues la metodología puede magnificar el rendimiento de economías pequeñas con movimientos puntuales en proyectos de inversión. Aun así, la posición lograda por Costa Rica refuerza su papel como destino competitivo y referente para la inversión extranjera directa en la región y a nivel internacional.

Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, respaldó la gestión de Javier Milei y afirmó que la Argentina transita el rumbo económico adecuado, aunque reconoció que el riesgo político de cara a las elecciones de 2027 sigue latente entre los inversores, en declaraciones al periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

La economía, los récords y “las inversiones impensadas”

Gabbi fue directo al evaluar la política económica del Gobierno. “Nosotros creemos que la línea política y económica del Gobierno es la correcta”, afirmó, y agregó que los datos que el presidente expuso en su discurso en el acto del aniversario de la Bolsa son verificables: “Los números que el presidente dio son los reales”.

El titular de la Bolsa enumeró los indicadores que, a su juicio, respaldan esa lectura. Señaló el récord de exportaciones y destacó que la política económica internacional posicionó al país en una situación inédita: Argentina está “muy cerca de que la recalifiquen”, en referencia a una eventual mejora en la calificación crediticia soberana del país.

Gabbi también subrayó el ingreso de capitales extranjeros como una señal concreta del cambio de clima para los negocios. “Están llegando inversiones impensadas”, dijo, y anticipó que esos flujos “van a tener sus frutos en corto plazo”.

“¿Esa gente en otras oportunidades llegaba a fin de mes?”

Feinmann le planteó la otra cara del cuadro: la de los argentinos que no llegan a cubrir sus gastos básicos mes a mes. La respuesta de Gabbi fue sin rodeos.

“Honestamente creo que habría que ver si esa gente en otras oportunidades llegaba a fin de mes”, dijo. La frase condensó su posición: el punto de comparación no es el presente aislado, sino la trayectoria histórica del país.

El presidente de la Bolsa reconoció que los tiempos de la recuperación tienen sus límites. “Es muy difícil en dos años y medio solucionar los problemas de todo el país”, admitió. Aun así, sostuvo que el avance es innegable: “Se han solucionado muchísimos problemas y el país está claramente en el camino correcto y estamos en el radar de las economías internacionales”.

El riesgo 2027: “Salir del camino correcto para entrar en el camino incorrecto”

El periodista Eduardo Feinmann también le preguntó por el peso que tiene el calendario electoral en las decisiones de los inversores. Gabbi reconoció que el temor existe, aunque tiende a moderarse con el tiempo.

“Va disminuyendo, pero sigue existiendo el riesgo”, precisó. Y explicó por qué ese riesgo tiene una dimensión particular en el caso argentino: “Es salir del camino correcto para entrar en el camino incorrecto”.

Esa definición —que implica un juicio sobre lo que representaría un eventual regreso del peronismo al poder— tiene consecuencias directas sobre el flujo de capitales. “Una persona que tiene que venir a invertir lo piensa muy bien”, señaló.

Con todo, Gabbi cerró esa parte de la conversación con una perspectiva optimista. Citó al ministro de Economía para sostener que la dinámica económica tiene fuerza propia: “La economía se va a llevar por encima la política”, reprodujo.

Qué le dijo Milei realmente

La entrevista arrancó por un episodio que ocurrió la semana pasada durante una visita de Milei a la Bolsa. Feinmann aludió a versiones periodísticas sobre la frase que Milei le habría dicho a Gabbi al terminar su discurso en el acto del aniversario.

La versión publicada indicaba que el presidente le pidió: “El año que viene traelo de vuelta”. Gabbi la matizó. Contó que, al finalizar el acto, se acercó a Milei a pedirle disculpas por el episodio con el socio que lo interrumpió. La respuesta del presidente fue otra: “No, no te hagas problema, salió muy bien y ojalá el año que viene salga mejor todavía”.

“Es más o menos lo publicado, pero no exactamente las palabras”, aclaró Gabbi ante Feinmann. Y cuando el periodista le preguntó en forma directa si Milei dijo “traelo de vuelta”, respondió sin dudar: “No, no”. Aunque añadió que el presidente “dio a entender como que le había servido”.

El ingeniero de 80 años que interrumpió a Milei

El protagonista del acto fue el ingeniero Jorge Castellanos, socio de la Bolsa desde hace más de tres décadas. Gabbi lo describió como alguien con “una línea política conocida” y le atribuyó “mala memoria”.

El argumento de Gabbi fue que la institución recibió en su momento al expresidente Néstor Kirchner y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner “sin ningún inconveniente, escuchándolo y no diciendo absolutamente nada”. Castellanos, en cambio, “no resistió”.

El episodio se desató cuando Milei hablaba de los gobiernos anteriores y Castellanos lo interrumpió con el grito: “Como ahora, terminala”. El presidente no ignoró el comentario. Le respondió de inmediato y, en un segundo intercambio, lanzó la frase que concentró la atención del auditorio: “Si no te gusta, andate, ‘kuka’”.

Gabbi evaluó que la interrupción tuvo un efecto inesperado sobre el tono del discurso presidencial. “El presidente tenía un discurso muy económico, teórico, y pasó a la práctica del día a día”, describió. Y añadió: “Fue un discurso de una gran violencia por parte del presidente al final, gracias a esta participación”.

Las exportaciones guatemaltecas entre enero y mayo crecieron 5,5% respecto al mismo periodo de 2025, sumando USD 7,199 millones. La inversión extranjera directa también mostró avances, con un incremento del 6.88% en el primer trimestre, lo que totalizó USD 529 millones. “El crecimiento de la economía está trayendo más empleo y desarrollo”, aseguró el presidente. Según Arévalo, el Gobierno busca que “el progreso de nuestro país no dependa de un gobierno específico, sino de una visión de un Estado democrático que trabaja para el bien común”.

La directora de Crecimiento de las Exportaciones de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Aída Fernández, dijo recientemente a medios locales que el volumen exportado por Guatemala aumentó 7.8%, un desempeño que atribuyó a una expansión sostenida tanto en cantidad como en valor, con el desafío de elevar el valor agregado de la oferta nacional.

Según la Agexport, el crecimiento de los envíos hacia Europa, México y Canadá mostró avances en la diversificación de mercados, un factor que explicó la mejora del desempeño exportador en lo que va del año.

Sobre los próximos meses, Fernández sostuvo: “Para el resto del año, el panorama es favorable, aunque seguirá sujeto a la demanda internacional, al entorno logístico y geopolítico. Por ello, es vital impulsar la diversificación, innovación y valor agregado para sostener el avance exportador y traducirlo en mayor inversión, empleo y desarrollo para Guatemala”.

En su discurso, el mandatario guatemalteco descartó que los resultados respondan a la casualidad o a la inercia de administraciones anteriores. “No se trata ni de la casualidad ni de una inercia heredada, sino de decisiones adoptadas por este Gobierno”, enfatizó. “Guatemala está creciendo y eso es un hecho innegable”, sostuvo el presidente, que se mostró convencido de que la solidez de los números oficiales “es la mejor prueba de que las políticas públicas están funcionando”.

El jefe de Estado vinculó el desempeño económico con la confianza institucional y la obra pública. Resaltó que “la utilización estratégica de la inversión pública en marcha” y “la confianza que este gobierno ha construido ante los agentes económicos, la inversión nacional e internacional” han sido factores para alcanzar estos resultados. “No lo decimos nosotros”, aclaró Arévalo, aludiendo a evaluaciones externas. “Lo confirman los informes de calificadoras de riesgo y el último informe del Fondo Monetario Internacional”, añadió.

Exportaciones y destinos clave

El presidente detalló también la composición de las exportaciones. El café encabezó la lista de productos vendidos al exterior, con USD 892 millones, equivalente al 12,4% del total, seguido por los artículos de vestuario, con USD 665 millones (9,2%). En relación con los destinos de las exportaciones, Centroamérica y Estados Unidos lideraron las compras, con USD 2.339 millones (32,5%) y 2.315,3 millones (32,2%) respectivamente. La Eurozona, México y Canadá también figuraron entre los mercados principales.

“Esto quiere decir más empleo, implica que se han agregado dos millones de ingresos con Seguro Social”, puntualizó el presidente. Para Arévalo, la consolidación de estos datos permite proyectar “un futuro con mayor certeza” para la población guatemalteca y para las empresas interesadas en invertir en el país.

Apertura comercial y tratado con Perú

El presidente aprovechó la ocasión para destacar la política de apertura comercial, señalando que este mes entró en vigencia el tratado de libre comercio con Perú. “Guatemala es un socio y el mundo lo reconoce”, afirmó. Actualmente, el país cuenta con 16 tratados de libre comercio activos y acceso preferencial a 45 mercados, según precisó la ministra de Economía, Gabriela García, quien acompañó al mandatario en la conferencia.

Arévalo concluyó su intervención remarcando que los avances económicos “no son un episodio aislado”, sino el resultado de una política definida para “reducir brechas de pobreza, rescatar las instituciones de justicia y garantizar certeza jurídica para la inversión”.

La economía centroamericana experimenta una transformación marcada por la mayor participación de las mujeres, quienes ocupan el 60% de los espacios en sectores clave, según el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035 de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

El informe ubica a las mujeres como protagonistas en la gestión de conocimiento y en la promoción comercial, consolidando su presencia en organismos de integración económica y en la modernización de los mercados regionales.

El sector servicios se consolida como uno de los motores del crecimiento económico en la región. Durante 2024, las exportaciones de servicios alcanzaron los $48.482 millones, lo que representa el 47% del total exportado. Turismo, transporte y servicios empresariales figuran como los rubros con mayor dinamismo, con Panamá y Costa Rica liderando la generación de valor.

Las importaciones del sector sumaron $27,544 millones, dejando un saldo superavitario que refleja la solidez del sector. El comercio de servicios registra tasas de expansión superiores al 15% anual, lo que impulsa la creación de empleo y nuevas oportunidades para la población femenina.

El dinamismo económico de la región se apoya en la articulación de sectores tradicionales y emergentes, así como en el fortalecimiento de la conectividad regional. Las estrategias de integración, sumadas a la digitalización contribuyen al desarrollo de cadenas de valor en las que las mujeres adquieren un rol cada vez más visible.

La inversión extranjera directa (IED) constituye otro pilar fundamental para el desarrollo centroamericano. En 2024, las entradas netas de IED llegaron a $12,519 millones, con Costa Rica (37%), Panamá (24%) y Guatemala (14%) a la cabeza de la captación de capitales.

Los sectores con mayor recepción de inversión fueron manufactura (47%), actividades financieras y seguros (18.8%) seguidos por comercio (7.4%). El principal origen de la IED fue Estados Unidos (38.5%), mientras que México mostró el mayor crecimiento relativo, con un aumento del 59.7%. La inversión intra-regional mantiene una tendencia al alza, especialmente en MIPYMES impulsadas por mujeres.

Economía creativa y biodiversidad: nuevos motores regionales

La economía creativa y las actividades ligadas a la biodiversidad añaden dinamismo y valor a las exportaciones del istmo. En 2024, las exportaciones de bienes creativos sumaron $413.6 millones, orientadas principalmente al mercado centroamericano (49.8%) y a Estados Unidos (39.4%). Entre los productos con mayor presencia figuran manualidades, impresos y audiovisuales, que reflejan la capacidad de innovación y la diversificación productiva de la región.

Las exportaciones basadas en la biodiversidad como alimentos, fibras, madera y productos naturales, totalizaron $30.480 millones, con un incremento del 0.7% respecto al año anterior, lideradas por Guatemala y Costa Rica. El comercio de productos marinos alcanzó $4.952 millones, impulsado por la incorporación de manufacturas de alta tecnología en el sector.

El Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035 destaca la importancia de la inclusión de género en la economía. Las mujeres son mayoría en actividades de gestión de conocimiento vinculadas al comercio exterior con el 57% y en la promoción comercial representan el 53%.

Esta tendencia revela una creciente especialización y liderazgo femenino en los espacios de integración regional. Además, continúan los proyectos enfocados en fortalecer las MIPYMES, la digitalización comercial y la integración profunda, en este contexto destaca la participación plena de El Salvador en el sistema aduanero regional.

La economía centroamericana enfrenta desafíos en la distribución equitativa de los beneficios, el desarrollo de infraestructura logística y la reducción de las asimetrías internas. Según la SIECA, la diversificación exportadora y la consolidación de esquemas colaborativos avanzan, con la participación de las mujeres como un factor estructural de cambio en la región.

Las cifras del Plan Maestro muestran que Centroamérica se apoya en servicios, inversión extranjera y nuevas economías para sostener su desarrollo. La consolidación de la presencia femenina en estos sectores marca una transformación en la integración y la competitividad regional.

Las zonas francas de Centroamérica concentran 633 de las más de 800 operativas en América Latina, lo que equivale al 77% del total regional, según el informe Zonas Francas, el ecosistema que define la inversión en la región, elaborado por EY.

Esa densidad convierte a la subregión —que incluye a Panamá y República Dominicana por su integración económica— en el núcleo más activo del modelo en todo el hemisferio.

El peso de estos regímenes en las economías nacionales no es marginal. En países como Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, Honduras y El Salvador, las zonas francas generan entre el 40% y el 80% de las exportaciones totales. Costa Rica encabeza ese indicador: el 60% de sus ventas al exterior proviene de estos regímenes, y una proporción equivalente de la inversión extranjera directa se canaliza hacia ellos.

Más de 10,000 empresas y cientos de miles de empleos

La subregión alberga más de 10,000 empresas instaladas, conectadas principalmente a cadenas de valor norteamericanas y europeas. Ese volumen ha convertido a Centroamérica en un destino natural para el nearshoring, la estrategia de relocalización productiva que busca acercar la manufactura a los mercados de consumo final.

El empleo directo generado alcanza cifras que definen mercados laborales enteros. Costa Rica supera los 184,000 puestos de trabajo formales en zonas francas; Honduras, los 162,000; y Nicaragua, más de 133,000. Cada uno de esos empleos arrastra encadenamientos indirectos que multiplican el efecto en las economías locales.

Un rasgo que el informe de EY subraya con énfasis es la composición de esa fuerza laboral. En Nicaragua y El Salvador, las mujeres representan más del 50% del empleo en zonas francas, lo que convierte a estos regímenes en instrumentos activos de reducción de brechas de género.

El retorno fiscal que justifica los incentivos

Uno de los argumentos más frecuentes contra las zonas francas es el costo tributario que implican para los Estados. Los datos del informe de EY cuestionan esa lectura.

En varios países centroamericanos, el retorno económico generado por estos regímenes supera entre 6 y 7 veces el monto exonerado en incentivos fiscales. República Dominicana ofrece el ejemplo más contundente: por cada peso dominicano que el Estado deja de recaudar en gasto tributario, el régimen devuelve RD$7 en actividad económica directa. Si se incorpora el impacto total de la cadena productiva, esa relación escala hasta 14 veces.

El informe concluye que el modelo no representa una carga para las haciendas públicas, sino una herramienta de desarrollo con rentabilidad documentada.

De la maquila al dispositivo médico

La imagen de las zonas francas como enclaves de manufactura de bajo costo y ensamble simple quedó atrás. En la última década, la composición sectorial se transformó hacia actividades de mayor complejidad.

Costa Rica lidera en Centroamérica la producción de dispositivos médicos, un sector que exige estándares regulatorios estrictos y mano de obra calificada. A ese segmento se suman servicios de procesos de negocio (BPO) y de conocimiento (KPO), logística especializada, electrónica y componentes automotrices. La sostenibilidad ambiental y la digitalización de procesos se incorporaron como requisitos operativos, no como opciones.

Ese giro responde a dos presiones simultáneas: las exigencias crecientes de los mercados internacionales y la necesidad de diferenciarse en un entorno global más competitivo.

Panamá y el nodo logístico regional

Dentro del ecosistema, Panamá ocupa un lugar específico. La Zona Libre de Colón funciona como el principal hub logístico de la subregión, con una posición geográfica que facilita la redistribución hacia América del Norte, del Sur y Europa. Su modelo complementa al de los países del istmo, que han construido marcos regulatorios estables orientados a la formación de clusters industriales.

República Dominicana, por su parte, se consolida como el referente en número y sofisticación de parques industriales y empresas instaladas, seguida por Costa Rica y Honduras en ese ordenamiento.

Los retos que el modelo aún debe resolver

El informe de EY no presenta un panorama sin tensiones. Aunque el modelo superó su fase inicial de adopción y opera en una etapa de madurez, persisten desafíos que condicionan su sostenibilidad a largo plazo.

La dependencia de sectores de baja complejidad en algunos países sigue siendo un riesgo. La necesidad de mayor diversificación sectorial, el impulso sostenido a la innovación tecnológica y la consolidación de marcos regulatorios que ofrezcan certeza a los inversionistas en horizontes de largo plazo son las tres áreas que el documento identifica como prioritarias.

La resiliencia demostrada durante la pandemia y los episodios de volatilidad geopolítica reciente habla a favor del modelo. Su estabilidad normativa y la disponibilidad de talento especializado mantuvieron la confianza de las multinacionales en momentos en que otras plataformas productivas fallaron. Pero sostener esa confianza hacia adelante requiere una transformación activa, no solo la administración de lo construido.

La Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) informó este domingo 19 de julio recibió a una delegación de empresarios alemanes interesada en conocer oportunidades de inversión en el país, en una visita promovida por la Embajada de El Salvador en Alemania y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según COEXPORT, el grupo conoció opciones en sectores como turismo, textiles de alto valor agregado, desarrollo tecnológico y energía, durante un encuentro en el que la entidad presentó la oferta exportable, los sectores estratégicos y las ventajas competitivas de El Salvador.

COEXPORT indicó que puso a disposición de la delegación su asesoría para impulsar proyectos de inversión.

El miércoles, la presidenta de la Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria (CASCI), Karla Klaus, expresó satisfacción y optimismo tras recibir a una delegación de empresas de Alemania que busca identificar nuevas oportunidades de inversión en El Salvador.

En declaraciones recogidas por la entidad de apoyo internacional, la titular de la CASCI subrayó la importancia de que compañías extranjeras reconozcan el dinamismo de sectores como el turismo, impulsando la imagen del país como destino atractivo para inversionistas internacionales.

“La llegada de este grupo empresarial, organizado junto con la Cancillería y nuestra embajada en Berlín, confirma que El Salvador está generando un interés genuino en actores económicos globales”, afirmó la presidenta. Según la directiva, la delegación mostró particular interés en el crecimiento que presenta el sector turístico y valoró de forma positiva la posibilidad de participar en ese proceso de transformación.

Relaciones comerciales sólidas con Alemania

El comercio entre El Salvador y Alemania mostró en febrero de 2026 un déficit de 10,3 millones de euros para la economía salvadoreña, en un intercambio marcado por el aumento simultáneo de exportaciones e importaciones y por una relación bilateral en la que el país europeo mantiene una escala comercial muy superior, según datos del Observatorio de Complejidad Económica.

Las ventas salvadoreñas al mercado alemán sumaron 8,58 millones de euros ese mes, mientras que las compras desde Alemania llegaron a 18,8 millones de euros. Frente a febrero de 2025, las exportaciones crecieron 24,1%, al pasar de 6,92 millones a 8,58 millones de euros, y las importaciones aumentaron 56,0%, desde 12,1 millones hasta 18,8 millones.

Ese salto de las importaciones amplió el saldo negativo mensual de El Salvador con su socio europeo. La diferencia entre lo vendido y lo comprado dejó un desequilibrio de 10,3 millones de euros en febrero de 2026.

Los dispositivos electrónicos lideraron las exportaciones salvadoreñas de febrero

En el detalle mensual, los principales productos exportados por El Salvador a Alemania fueron los dispositivos electrónicos, con 5,48 millones de euros, seguidos por otros productos químicos finales, con 1,11 millones, y por prendas de vestir de punto, de seda o de fibras sintéticas o artificiales, con 575 mil euros.

Del lado de las importaciones, las principales compras salvadoreñas desde Alemania fueron una aeronave, por 3,6 millones de euros, artículos de plástico, por 1,96 millones, y equipo médico, quirúrgico y aparatos ortopédicos, por 1,51 millones.

El crecimiento interanual de las exportaciones salvadoreñas se explicó sobre todo por los dispositivos electrónicos, que aportaron 675 mil euros adicionales y avanzaron 14,0%. También incidieron el café, con un alza de 426 mil euros y 410%, y las prendas de vestir de tejidos de punto de algodón, con 201 mil euros más y un incremento de 402%.

En las importaciones, la mayor expansión provino de la aeronave, con 2,72 millones de euros adicionales y una suba de 309%. A eso se sumaron los artículos de plástico, con 1,58 millones más y 411%, y otra maquinaria, con 768 mil euros y 149%.

En declaraciones recogidas por la entidad de apoyo internacional, la titular de la CASCI subrayó la importancia de que compañías extranjeras reconozcan el dinamismo de sectores como el turismo, impulsando la imagen del país como destino atractivo para inversionistas internacionales.

“La llegada de este grupo empresarial, organizado junto con la Cancillería y nuestra embajada en Berlín, confirma que El Salvador está generando un interés genuino en actores económicos globales”, afirmó la presidenta. Según la directiva, la delegación mostró particular interés en el crecimiento que presenta el sector turístico y valoró de forma positiva la posibilidad de participar en ese proceso de transformación.

La CASCI ofreció en su visita a los visitantes un espacio de intercambio directo con expertos y socios de la cámara, quienes compartieron experiencias sobre el contexto legal y operativo en el país. La presidenta consideró fundamental que los empresarios alemanes conozcan de primera mano los casos de éxito de empresas como DHL, Siemens y DQS, entre otras, para comprender cómo han logrado consolidarse y expandirse en el mercado salvadoreño.

“Los hemos puesto en contacto con nuestros expertos, tanto dentro de la junta directiva como dentro de los socios, para que conozcan temas legales, para que conozcan casos exitosos de empresas como DHL, empresas de energía, empresas de certificaciones como DQS, empresa como Siemens, que también es parte de nuestra junta directiva”, detalló la titular de la Cámara en un video colgado este miércoles en las plataformas oficiales.

La presidenta valoró el entusiasmo de los visitantes y consideró que este tipo de iniciativas fortalecen los vínculos bilaterales. “Para nosotros una gran alegría escuchar que se sienten atraídos por el boom que ven en El Salvador y han decidido acompañar esa delegación”, manifestó. De acuerdo con la directiva, la agenda de la semana permitirá a las empresas alemanas acceder a información relevante y establecer nuevas conexiones con actores clave de la economía salvadoreña.

Encuentro con el sector gubernamental

La delegación está integrada por representantes de la industria hotelera, inteligencia artificial, desarrollo de software y energías renovables, entre otros sectores. El grupo fue recibido el lunes por la ministra de Turismo, Morena Valdez, y la embajadora de El Salvador en Alemania, Florencia Vilanova, quienes encabezaron una reunión de trabajo sobre las ventajas competitivas y los incentivos para inversionistas extranjeros.

Durante el encuentro, las autoridades presentaron información sobre áreas de oportunidad en el sector turístico, con énfasis en Surf City. Valdez dijo que la mayoría de los empresarios de la misión alemana expresó interés en el turismo, aunque también observó otras áreas de desarrollo.

Vale señalar que El Salvador cerró 2025 con un saldo negativo de inversión extranjera directa, una señal de que salieron más recursos de los que ingresaron, en un año en que Centroamérica y República Dominicana también redujeron la captación regional de capitales, según el informe de Balanza de Pagos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano.

El Senado debate una reforma profunda a la legislación que regula la propiedad y posesión de tierras rurales en Argentina, en uno de los capítulos del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El nuevo proyecto introduce límites estrictos para la compra de campos por parte de extranjeros y empresas vinculadas a estados, en especial ante el crecimiento de inversiones provenientes de China. El dictamen de comisión revela los principales ejes normativos y muestra el trasfondo político que enfrenta al oficialismo y la oposición.

La iniciativa, en análisis en el Congreso, busca regular la tenencia de tierras rurales. El texto apunta a impedir que estados extranjeros o compañías bajo su control directo o indirecto accedan a inmuebles rurales, un fenómeno que generó controversias en los últimos años. Según el dictamen, las provincias mantienen la jurisdicción sobre sus territorios, pero el Gobierno nacional supervisa las autorizaciones para las operaciones de compra que involucren a extranjeros.

El documento establece que los extranjeros conservan los derechos reconocidos por la Constitución, pero introduce restricciones específicas para la adquisición de campos rurales. El límite para personas físicas y jurídicas extranjeras se fundamenta en la preocupación por el avance de fondos y empresas estatales sobre recursos estratégicos. De acuerdo al proyecto, queda prohibida la compra de tierras rurales por parte de cualquier estado extranjero. Esta prohibición se extiende a empresas con participación estatal extranjera, a menos que cuenten con una autorización expresa tanto de la provincia donde se encuentre el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional.

El dictamen precisa que, si no hay respuesta oficial a la solicitud de autorización en los plazos previstos, la operación se considera aprobada por el mecanismo de “silencio administrativo” al cabo de 180 días de entrada en vigencia de la ley.

El texto resalta que la norma apunta a evitar maniobras para esquivar los controles: es decir, se declara ilegal la utilización de personas físicas o jurídicas como pantalla para simular titularidad y eludir límites legales. En esos casos, se considerará configurado un fraude y se aplicarán las sanciones correspondientes.

La regulación para zonas fronterizas incorpora exigencias adicionales. Para adquirir inmuebles rurales ubicados en áreas de seguridad de frontera, los extranjeros deben obtener el aval tanto de la provincia como del Poder Ejecutivo Nacional, bajo el mismo esquema de plazos y aprobación automática si no hay respuesta.

La iniciativa no afecta derechos adquiridos con anterioridad a su sanción. Se derogan varios artículos de la Ley 26.737 y del decreto ley 15385/44, eliminando restricciones previas y estableciendo un nuevo marco normativo, según consta en el dictamen analizado.

La discusión en el Senado adquirió un tono de alta tensión política. La previa de la sesión estuvo marcada por un cruce entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, dos figuras centrales del oficialismo. Infobae reveló que ambas protagonizaron un intercambio de acusaciones y mensajes críticos por la definición de la agenda parlamentaria y el control de la sesión. El entorno de Bullrich cuestionó la estrategia de Villarruel respecto a la inclusión del capítulo tierras en el temario, lo que abrió una grieta interna en el bloque gobernante.

El trasfondo internacional también impacta en el debate. El Gobierno de China emitió una directiva que obliga a las empresas chinas en el extranjero a priorizar la legislación del país asiático por sobre las normativas locales. Esta política generó inquietud en varias naciones, incluido Argentina, por el riesgo de que compañías con respaldo estatal adquieran terrenos estratégicos y actúen bajo intereses de Beijing.

Algunos sectores interpretan que el capítulo de tierras en el proyecto de ley responde a este escenario. Las restricciones a empresas con participación estatal extranjera apuntan de manera indirecta a frenar el desembarco de capitales chinos en el sector agropecuario y de recursos naturales, un fenómeno que se aceleró en los últimos años. El dictamen no menciona explícitamente a China, pero el contexto y los antecedentes internacionales alimentan la lectura de que la norma busca limitar el margen de acción de empresas asociadas a gobiernos extranjeros, en especial asiáticos.

La controversia por la venta de tierras a extranjeros se enmarca en una disputa más amplia sobre el control de los recursos estratégicos. Los defensores de la reforma argumentan que el país necesita proteger su soberanía y evitar que actores ligados a otros estados acumulen grandes extensiones de terreno. Los críticos sostienen que las trabas pueden desalentar inversiones legítimas y afectar el desarrollo productivo.

El debate promete continuar en las próximas semanas con el tratamiento del proyecto en el recinto y la presión de distintos sectores económicos y políticos. El desenlace dependerá del equilibrio de fuerzas en el Congreso y de la capacidad del oficialismo para sostener el texto original frente a los pedidos de modificaciones impulsados por la oposición y algunos gobernadores.

El capítulo de tierras rurales aparece así como uno de los puntos más sensibles y disputados en la agenda legislativa, con derivaciones que alcanzan tanto la política interna como la estrategia geopolítica en el vínculo con China y otros países que promueven inversiones en el sector agropecuario argentino.

República Dominicana lidera la región con la generación de más de 198 mil empleos directos vinculados a las zonas francas, consolidando su papel central en el crecimiento económico del país.

La expansión del sector de zonas francas ha impulsado de manera sostenida la economía dominicana y se ha convertido en uno de los motores principales de generación de empleos y desarrollo industrial.

Según el informe “Zonas francas: El ecosistema que redefine la inversión en la región”, el país destaca como referente regional por la magnitud e impacto de este régimen especial, que no solo proporciona puestos de trabajo, sino que también dinamiza las exportaciones, la inversión extranjera y la diversificación productiva.

El territorio dominicano cuenta actualmente con 286 zonas francas operativas, una de las cifras más altas de América Latina, y 820 empresas instaladas al cierre de 2023, lo que representa un aumento del 6% respecto al año anterior.

Esta infraestructura industrial, distribuida en 87 parques a lo largo del país, facilita la llegada de nuevas inversiones y promueve la competitividad regional.

Más de la mitad de los parques industriales se encuentra en la Región Norte, seguidos por el Distrito Nacional, Santo Domingo, la Región Sur y la Región Este. La propiedad de estos parques es mayoritariamente privada, lo que aporta flexibilidad y dinamismo al ecosistema.

El impacto sobre el empleo es contundente: las zonas francas generan cerca de 693,119 empleos entre directos e indirectos, posicionando a República Dominicana en el primer lugar de América Latina en este indicador. Además, el régimen representa una alternativa laboral clave para miles de familias y contribuye de manera significativa al tejido productivo local. Los salarios promedio en estas empresas se sitúan en $624 mensuales, cifra que se encuentra por encima de la media regional y permite mantener un equilibrio entre costos y productividad.

Las zonas francas dominicanas han logrado consolidar una amplia diversificación sectorial. Un 32% de las empresas pertenece al rubro de servicios, mientras que el resto se distribuye entre manufactura textil, tabaco, dispositivos médicos, productos eléctricos, logística y agroindustria, entre otros sectores. Esta variedad ha incrementado la resiliencia del sector frente a desafíos globales y ha abierto oportunidades para la relocalización de empresas extranjeras, en especial bajo la tendencia de nearshoring.

El dinamismo exportador es otro de los pilares de este modelo. Más del 56% de las exportaciones nacionales proviene de las zonas francas, lo que refuerza el papel de República Dominicana como eje de la inserción internacional en la región.

En 2023, las exportaciones realizadas bajo este régimen alcanzaron los $7,965 millones, mientras que las importaciones se ubicaron en 4,887 millones de dólares, datos que evidencian la capacidad de generar valor agregado y la balanza positiva en la economía nacional.

El aporte de las zonas francas al Producto Interno Bruto (PIB) se sitúa en 3.1%, indicador que refleja la magnitud de su influencia en la economía. Los incentivos fiscales y la normativa estable han permitido que, por cada peso dominicano exonerado en impuestos, el sector aporte siete pesos en valor agregado directo y hasta 14 pesos considerando toda la cadena de valor. Esta relación contribuye al sostenimiento de la inversión privada y la expansión de capacidades productivas.

Las ventajas competitivas de República Dominicana frente a otros países de la región radican en su masa crítica de infraestructura, la madurez institucional y un entorno regulatorio estable. Organismos como el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) han impulsado la facilitación aduanera, la digitalización de trámites y la atracción de inversión extranjera directa, lo que posiciona al país como destino preferente para empresas que buscan eficiencia operativa y acceso a mercados internacionales.

El informe subraya la capacidad dominicana para adaptarse a las tendencias globales como la relocalización de procesos industriales y el friendshoring. El país también ha avanzado en iniciativas orientadas a la sostenibilidad ambiental y la transformación digital dentro de las zonas francas, facilitando la llegada de proyectos tecnológicos.

Entre los retos identificados, el informe señala la necesidad de ampliar la capacidad física disponible, ya que la ocupación de los parques industriales es elevada. También resalta la importancia de seguir optimizando el gasto tributario y de incrementar el valor agregado de las actividades instaladas, con el fin de atraer inversiones de mayor nivel tecnológico y salarios más altos.

La política pública ha jugado un papel relevante a través de exenciones fiscales, programas de financiamiento y apoyos a la inversión. El modelo de alianzas público-privadas ha permitido que el 76% de los parques industriales sea de propiedad privada, fortaleciendo la flexibilidad y la capacidad de respuesta del sector ante los desafíos del mercado global.

República Dominicana ocupa el segundo lugar absoluto en número de zonas francas en América Latina y es el país con mayor generación de empleo en este régimen. El modelo dominicano se distingue por su escala, estabilidad y capacidad de adaptación, situando al país como un polo estratégico para la inversión, la producción y el comercio internacional.

El Salvador cuenta con activos logísticos estratégicos que pueden potenciarse para el crecimiento económico, según el empresario Rodrigo Tona. Durante una entrevista en la Telecorporación Salvadoreña (TSE), subrayó que el país dispone de condiciones favorables para la inversión en infraestructura logística e industrial, así como de mecanismos financieros innovadores como la titularización, que facilitan la ejecución de proyectos de gran escala.

De acuerdo con el directivo, El Salvador posee una ubicación geográfica privilegiada que lo convierte en un centro natural para la distribución en Centroamérica.

El país dispone de una red de autopistas que conecta de forma efectiva con Guatemala, Honduras y Nicaragua, además de contar con un aeropuerto internacional entre los mejores de la región por su conectividad y modernización.

La proximidad a puertos claves y nuevas rutas logísticas terrestres con México refuerzan el potencial para consolidarse como un nodo logístico regional, según relató Tona.

Uno de los proyectos emblemáticos del grupo empresarial es el parque logístico Nío Smart Properties, ubicado en Nejapa, que ya opera a plena capacidad. La infraestructura desarrollada se clasifica como de clase A, con estándares internacionales en ingeniería y tecnología, lo que permite a sus clientes optimizar la eficiencia logística y reducir costos operativos. El ejecutivo explicó que la tecnología y el diseño aplicados permiten transformar la logística de un costo tradicional a una ventaja competitiva para las empresas establecidas en el parque.

El sector privado ha impulsado la innovación en modelos de financiamiento, según explicó Tona. La compañía implementó el primer modelo de titularización en El Salvador para el sector logístico industrial, lo que ha permitido atraer inversiones a largo plazo y consolidar proyectos de gran envergadura.

Este mecanismo, poco utilizado en la región, representa una ventaja diferenciadora para el país y una herramienta para continuar desarrollando activos estratégicos.

Tona destacó que el compromiso con la sostenibilidad también es un factor clave en las estrategias empresariales. Asimismo, señaló que la mano de obra salvadoreña es altamente calificada y se adapta con rapidez a procesos industriales avanzados.

Esta capacidad ha facilitado la expansión internacional de la compañía que lidera, misma que opera en mercados como México, Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y Vietnam.

El empresario subrayó además la importancia de invertir en formación técnica y en el fortalecimiento del talento local para sostener el crecimiento del sector exportador.

En cuanto a perspectivas de crecimiento, Tona explicó que el grupo empresarial busca duplicar su negocio de empaques en los próximos siete años y continuar ampliando su presencia en mercados internacionales. El desarrollo de nuevos parques logísticos forma parte de una visión largo plazo para posicionar a El Salvador como un centro regional de servicios logísticos e industriales.

La experiencia relatada por Tona evidencia que el desarrollo logístico requiere colaboración entre el sector privado y el público, así como una estrategia clara para potenciar los activos del país. El empresario enfatizó que la confianza y la previsibilidad en el entorno de negocios son factores determinantes para atraer inversiones y consolidar al país como un referente en logística y exportación en la región.

Rodrigo Tona es CEO de Grupo Ternova, consorcio empresarial ganador del premio al Exportador 2026, entregado anoche por la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT).

Las exportaciones desde las zonas francas de El Salvador representan cerca del 80% del total exportado por el país, una concentración que convierte a estos enclaves productivos en el eje estructural del modelo de comercio exterior salvadoreño, según el Informe Zonas Francas elaborado por la financiera EY.

El régimen, establecido en 1998, aporta aproximadamente el 10.6% del PIB nacional. En términos de escala, el sistema alberga 18 zonas francas con 170 empresas instaladas y una inversión estimada en USD 590 millones vinculada a infraestructura y operación.

El empleo como termómetro social del régimen

Las zonas francas generan alrededor de 81,405 empleos directos, una cifra que se ha mantenido estable durante la última década. El dato más revelador de su impacto social es la composición de esa fuerza laboral: entre el 53% y el 54% de los puestos son ocupados por mujeres.

Esa proporción ubica a El Salvador como referente de inclusión de género en la región, según el informe de EY. A los empleos directos se suman los indirectos generados a lo largo de la cadena de valor asociada, aunque el documento no precisa esa cifra.

La manufactura textil, columna vertebral con señales de cambio

El sector textil y de confecciones sigue siendo el núcleo de la actividad en zonas francas. No obstante, el informe de EY advierte que esa concentración sectorial representa también una vulnerabilidad: la dependencia de un solo sector expone al país a cambios bruscos en la demanda internacional.

La pandemia de COVID-19 ilustró ese riesgo. Las exportaciones registraron una caída durante el período de mayor restricción global, aunque los años posteriores mostraron una recuperación que el informe describe como significativa y que reafirmó la centralidad del régimen para la economía salvadoreña.

El marco regulatorio como señal a los inversionistas

El Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Zonas Francas y el Ministerio de Hacienda han mantenido un marco regulatorio estable desde la creación del régimen. Esa continuidad institucional es, según EY, uno de los factores que sostiene la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales.

El régimen también ha funcionado como canal de atracción de inversión extranjera directa, aunque el informe no desagrega qué porción de los USD 590 millones estimados corresponde específicamente a capital foráneo.

Los desafíos que el modelo aún no ha resuelto

EY identifica tres frentes pendientes para el régimen salvadoreño. El primero es la diversificación sectorial, para reducir la dependencia del textil.

El segundo es el avance hacia actividades de mayor valor agregado, con incorporación de innovación tecnológica. El tercero es la sostenibilidad ambiental, como condición para mantener competitividad en cadenas de valor internacionales cada vez más exigentes en ese aspecto.

Un modelo que cumplió una etapa y busca la siguiente

Durante sus primeros 25 años de operación, las zonas francas salvadoreñas pasaron de ser un mecanismo de incentivos fiscales a convertirse en plataformas de desarrollo económico y social, según la lectura de EY.

El reto que plantea el informe es si el modelo puede dar un segundo salto: de la manufactura intensiva en mano de obra hacia sectores con mayor densidad tecnológica, sin perder los empleos formales que hoy sostienen a más de 81 mil trabajadores y, en particular, a la mayoría femenina de esa fuerza laboral.

La respuesta, concluye el análisis, depende de decisiones de política pública y de la capacidad del país para insertarse en cadenas de valor más complejas a nivel regional e internacional.

Una delegación de empresarios alemanes llegó este lunes a El Salvador para evaluar oportunidades de inversión en turismo y otros sectores. Según un anuncio de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, el grupo participará en una agenda de cinco días para conocer incentivos fiscales, proyectos urbanísticos e infraestructura hotelera.

La delegación está integrada por representantes de la industria hotelera, inteligencia artificial, desarrollo de software y energías renovables, entre otros sectores. El grupo fue recibido por la ministra de Turismo, Morena Valdez, y la embajadora de El Salvador en Alemania, Florencia Vilanova, quienes encabezaron una reunión de trabajo sobre las ventajas competitivas y los incentivos para inversionistas extranjeros.

Durante el encuentro, las autoridades presentaron información sobre áreas de oportunidad en el sector turístico, con énfasis en Surf City. Valdez dijo que la mayoría de los empresarios de la misión alemana expresó interés en el turismo, aunque también observó otras áreas de desarrollo.

¿Qué temas se trataron en la reunión?

Valdez dijo que en la reunión se abordaron las brechas en el sector de alojamiento y las necesidades para fortalecer la infraestructura turística privada. “Hemos logrado transmitirles una visión integral de nuestra estrategia, en la que Surf City ocupa un lugar central, pero también han mostrado interés en otros destinos turísticos”, afirmó la ministra.

Vilanova señaló que la delegación busca conocer de primera mano los incentivos fiscales, además de los proyectos de desarrollo urbanístico y la infraestructura hotelera en expansión. También mencionó el interés de los empresarios por conocer volcanes, sitios arqueológicos y tradiciones locales.

La agenda de la delegación en el país

La agenda incluye un recorrido de cinco días por distintas regiones del país, con el objetivo de evaluar posibilidades de inversión y promover una mayor afluencia de turistas europeos hacia El Salvador.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia indicó que la visita forma parte de un plan gubernamental para atraer inversiones extranjeras.

Vale señalar que El Salvador cerró 2025 con un saldo negativo de inversión extranjera directa, una señal de que salieron más recursos de los que ingresaron, en un año en que Centroamérica y República Dominicana también redujeron la captación regional de capitales, según el informe de Balanza de Pagos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca).

La región terminó el año con un flujo de inversión de USD 11.246,8 millones, un descenso de 8,5% frente a los USD 12.289,2 millones de 2024, de acuerdo con el organismo. El reporte regional describió una brecha entre las economías que atrajeron capital y las que registraron retiros de inversión.

En ese grupo quedaron El Salvador, Honduras y Nicaragua. El saldo salvadoreño fue de -USD 445,4 millones, mientras Honduras registró -USD 809,5 millones y Nicaragua -USD 1.469,5 millones.

El dato responde de forma directa a qué ocurrió con la inversión extranjera en el país: El Salvador sí recibió capital foráneo en 2025, pero el balance neto del año fue negativo porque las salidas superaron a las entradas. En términos económicos, eso implica que la IED neta cerró en rojo.

Hay palabras que poseen una enorme fuerza política. Pocas, sin embargo, han sido tan utilizadas —y tan frecuentemente mal utilizadas— como la palabra soberanía.

El proyecto de ley que propone eliminar las restricciones a la compra de tierras por extranjeros ha reavivado ese fenómeno. La Pastoral Social, sostuvo que la iniciativa “atenta contra la soberanía” y calificó algunos de sus artículos como “alarmantes”. La CGT proclamó que “nuestro suelo es soberanía, no mercancía” y advirtió que “sin soberanía sobre nuestros recursos no hay independencia económica”. El senador Wado de Pedro afirmó, en la misma línea, que “lo que está en juego es la soberanía argentina”. El obispo de Chascomús llama a defender la soberanía…

Las expresiones son impactantes. El problema es que parten de una premisa equivocada. La soberanía no es un atributo del propietario de un inmueble. Es un atributo del Estado.

Quien compra un campo en la Argentina —sea argentino, uruguayo, brasileño, estadounidense o ecuatoriano— no adquiere soberanía. Adquiere un derecho real de propiedad, sometido íntegramente a la Constitución Nacional y a las leyes argentinas. Debe pagar impuestos en la Argentina, cumplir las normas ambientales argentinas, respetar la legislación laboral argentina, someterse a los tribunales argentinos y aceptar el ejercicio del poder de policía del Estado argentino.

La soberanía no es un atributo del propietario de un inmueble. Es un atributo del Estado

Nada de eso cambia por la nacionalidad del propietario.

La soberanía consiste precisamente en la potestad exclusiva del Estado para legislar, administrar justicia, recaudar impuestos, ejercer la defensa nacional y regular el uso del territorio y de los recursos naturales. Ninguna escritura pública ni contrato de transferencia de acciones transfiere semejante potestad.

Sostener que la compra de un establecimiento rural por un extranjero compromete la soberanía supone admitir, implícitamente, que el Estado argentino perdería capacidad para ejercer sus competencias sobre ese inmueble. Nadie sostiene seriamente semejante conclusión.

La Constitución Nacional tampoco.

Desde 1853, la Constitución reconoce a los extranjeros el goce de los derechos civiles de los ciudadanos (artículo 20), protege la propiedad privada (artículo 17) y, significativamente, ordenaba al Gobierno federal fomentar la inmigración europea y no restringir la entrada de extranjeros que vengan a trabajar, invertir y desarrollar actividades útiles para el país (artículo 25). Podrá discutirse si esa norma debe interpretarse literalmente en el siglo XXI o adaptarse a un contexto distinto. Lo que difícilmente pueda sostenerse es que el espíritu constitucional haya sido el de desconfiar, por principio, del extranjero.

Quienes se oponen al proyecto suelen agregar un segundo argumento: la protección de los recursos naturales.

La nacionalidad no constituye una categoría jurídica apta para medir el compromiso ambiental de una persona

Es una preocupación legítima, pero para locales como extranjeros por igual. Y, nuevamente, aparece una confusión.

Si el problema es la preservación del ambiente, entonces el instrumento adecuado son buenas leyes ambientales y organismos capaces de hacerlas cumplir sin ideologismos. Si la preocupación es el uso del agua, existen normas específicas para regular su aprovechamiento. Si lo que se busca evitar es la concentración de la tierra, el debate debería girar sobre la concentración, no sobre la nacionalidad del propietario.

La nacionalidad no constituye una categoría jurídica apta para medir el compromiso ambiental de una persona.

Sería difícil sostener, con un mínimo de evidencia empírica, que un argentino cuida necesariamente mejor el suelo que un canadiense, un brasileño o un italiano. Tampoco que un extranjero invierte millones de dólares para luego destruir el activo que acaba de adquirir.

La doctrina social de la Iglesia también ha sido invocada para justificar estas restricciones.

Resulta llamativo.

El reciente documento pontificio citado por la Pastoral Social insiste —como corresponde— en la protección de la creación, la dignidad de toda persona humana y el desarrollo humano integral. Son principios valiosos y ampliamente compartibles. Pero de ellos no se desprende que los extranjeros representen un riesgo especial para el ambiente ni que la propiedad privada deba diferenciarse según el pasaporte del titular.

Durante décadas, la Argentina convivió con enormes concentraciones de tierras en manos de ciudadanos argentinos sin que ello despertara similares invocaciones a la soberanía

La doctrina social de la Iglesia jamás ha sostenido que la dignidad humana dependa de la nacionalidad. Tampoco que existan propietarios ambientalmente virtuosos por haber nacido dentro de nuestras fronteras.

La función social de la propiedad, concepto frecuentemente invocado en este debate, tampoco conduce a esa conclusión. Ese principio recuerda que el ejercicio del derecho de propiedad debe armonizarse con el bien común. Pero esa obligación alcanza exactamente por igual al propietario argentino y al extranjero.

¿Por qué habría de hacerlo la Iglesia católica, la CGT, el obispo de Chascomús y el Sr. Wado de Pedro?

Hay, además, una paradoja difícil de ignorar.

Durante décadas, la Argentina convivió con enormes concentraciones de tierras en manos de ciudadanos argentinos sin que ello despertara similares invocaciones a la soberanía. Nadie sostuvo que el país perdiera soberanía porque un empresario argentino adquiriera cientos de miles de hectáreas. Sin embargo, cuando el eventual comprador posee un pasaporte extranjero, el debate parece transformarse inmediatamente en una cuestión de independencia nacional.

Resulta una diferencia difícil de explicar desde el derecho y desde el sentido común.

Pero desde la demagogia y el populismo...

La palabra soberanía ha sido utilizada históricamente en la Argentina para justificar políticas muy diversas. En ocasiones se invocó para defender monopolios estatales ineficientes; en otras, para resistir inversiones extranjeras; muchas veces, simplemente, para clausurar el debate.

La doctrina social de la Iglesia jamás ha sostenido que la dignidad humana dependa de la nacionalidad

El riesgo es que un concepto esencial del derecho constitucional termine convertido en una consigna.

La verdadera soberanía no consiste en impedir que un extranjero compre un campo.

Consiste en que el Estado argentino conserve intacta su capacidad para dictar leyes, recaudar impuestos, proteger el ambiente, administrar justicia y hacer cumplir sus decisiones sobre todo en el territorio nacional, cualquiera sea la nacionalidad de quien sea propietario de un inmueble.

Eso es lo que distingue a un Estado soberano.

Todo lo demás pertenece al terreno de la política, de la ideología o de las preferencias económicas. No parece ser legítimo discutir si conviene o no limitar la compra de tierras por extranjeros presentando esa discusión como si de ella dependiera la existencia misma de la soberanía nacional.

La demagogia y el populismo en nuestro país han tergiversado cantidad de conceptos. Desde que la inflación es algo bueno, que el gasto más allá de los ingresos es saludable porque contempla las necesidades de los ciudadanos (“ajuste con la gente adentro”). Que cualquier necesidad de gasto puede cubrirse con mayor carga impositiva…

En fin, el concepto de soberanía también debería ser utilizado seriamente.

Por suerte hoy el país parece encaminado a revertir ese proceso decadente.

El autor es abogado y socio de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

El sector minero espera que el gobierno de Abelardo de la Espriella abra una nueva etapa para destrabar proyectos represados y recuperar la confianza de los inversionistas. La Asociación Colombiana de Minería, ACM, calcula que podrían movilizarse inversiones por más de 2.600 millones de dólares si se agilizan trámites, licencias y decisiones pendientes en proyectos estratégicos, especialmente en cobre.

La expectativa del gremio surge después de cuatro años de fuertes tensiones con el Gobierno de Gustavo Petro. Según las cifras citadas por la asociación, este periodo cerraría con una caída del 21 % en las exportaciones mineras, una reducción del 88 % en la inversión extranjera directa y la pérdida de más de 14.000 empleos en la explotación de carbón.

La información publicada por Blu Radio señala que el Gobierno saliente mantuvo una postura crítica frente a la explotación de carbón y defendió la transición hacia una economía libre de combustibles fósiles. Esa visión se tradujo, según el sector, en mayores cargas tributarias, una regulación más estricta y decisiones como la prohibición de vender carbón a Israel.

Gremio minero habla de una nueva etapa

El presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, afirmó que el sector logró mantenerse activo pese a la presión regulatoria de los últimos años. Según dijo, la asociación tuvo que emitir al menos 800 documentos técnicos para responder a medidas y propuestas que consideró perjudiciales para la actividad minera.

“Esto hubiera podido ser muchísimo más profundo si la asociación y el gremio no hubieran contenido estos cuatro años todo lo que contuvieron”, señaló Nariño al hacer un balance del periodo que está por terminar.

El dirigente sostuvo que, pese a las dificultades, la minería sigue en capacidad de aportar al crecimiento económico, a la estabilización de las finanzas públicas y a la generación de oportunidades laborales. Para el gremio, la llegada de una administración con una visión distinta frente al sector podría permitir la reactivación de proyectos frenados.

Nariño aseguró que “el sector todavía está vivo” y que los próximos cuatro años serán claves para reconstruir la confianza en el país. Su planteamiento apunta a que las reglas, los permisos y el respaldo institucional serán determinantes para que los inversionistas vuelvan a mirar proyectos mineros en Colombia.

La ACM estima que solo con destrabar un grupo de proyectos pendientes podrían llegar inversiones por más de 2.600 millones de dólares. El mayor interés estaría concentrado en iniciativas de cobre, un mineral considerado relevante para la transición energética y para los procesos de electrificación.

Cobre y oro concentran las expectativas

Además de los proyectos ya identificados, el gremio calcula que la exploración minera podría atraer cerca de 200 millones de dólares al año si el país ofrece condiciones de confianza a los inversionistas. Esa cifra dependería de la estabilidad regulatoria, la agilidad de los trámites y el acompañamiento institucional a las empresas interesadas.

Las oportunidades mencionadas por la ACM se concentran principalmente en oro y cobre. En el caso del cobre, el sector lo presenta como un mineral estratégico para tecnologías asociadas a energías limpias, redes eléctricas y movilidad eléctrica.

El reto para el gobierno de De la Espriella será definir cómo impulsará la inversión minera sin dejar de atender las exigencias ambientales, sociales y territoriales que acompañan este tipo de proyectos. La expectativa empresarial está puesta en que el nuevo Ejecutivo revise los obstáculos que han frenado licencias, permisos y decisiones administrativas.

El cambio político abre una discusión sobre el papel que tendrá la minería en la economía nacional durante los próximos cuatro años. Para la ACM, el punto de partida debe ser recuperar la confianza, facilitar la inversión y aprovechar los recursos minerales como una fuente de empleo, ingresos fiscales y desarrollo regional.

El proyecto de ley, conocido como Inviolabilidad de la Propiedad Privada, avanza en la Cámara de Senadores y busca reformar varias normas vigentes en la Argentina. El texto firmado en el Congreso todavía no cuenta con los votos necesarios para su aprobación. La iniciativa propone transferir a las provincias la facultad de regular la venta de tierras rurales a extranjeros, eliminando el límite nacional que establecía un máximo del 15% del territorio.

Uno de los puntos centrales del debate es la posible pérdida de control nacional sobre territorios y recursos estratégicos. La transferencia de la regulación a las provincias plantea interrogantes sobre la capacidad para restringir la extranjerización en áreas sensibles.

Juan Martín Paleo, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, advirtió en Infobae en Vivo: “La soberanía hoy no está en juego solo cuando se define quién tiene potestad o dominio sobre ese territorio, sino sobre los recursos críticos o estratégicos de ese territorio”. Paleo consideró que el título del proyecto busca “enmascarar detrás de un título algo más de fondo, que es justamente la modificación de la ley de extranjería”.

El militar también señaló que “hoy el dominio de las capacidades y las posibilidades de lo que está dentro del territorio es soberanía, es una forma de ejercer la soberanía”. Destacó la importancia de mantener el control estatal sobre activos estratégicos y alertó: “Los países modernos consideran que la soberanía se empieza a proteger desde medidas como estas”.

Comparación internacional y argumentos en el Congreso

Al mismo tiempo, Paleo expuso ejemplos de otros países. Mencionó que Brasil limita la adquisición de tierras por extranjeros y requiere aprobación de la Abogacía General de la Unión. Canadá impone restricciones a inversionistas extranjeros y controles provinciales estrictos. Estados Unidos prohíbe la extranjerización en territorios de frontera y está evaluando ampliar esas restricciones. También citó a Australia, Nueva Zelanda, China y México, que cuentan con regulaciones especiales sobre la propiedad de tierras y activos estratégicos.

La propuesta de transferir la regulación a las provincias generó desacuerdos. Paleo expresó: “Que tengan el poder de decisión absoluto para mí no es correcto. Primero, porque somos una nación”. Consideró que debe existir un acuerdo parlamentario para definir qué recursos son estratégicos y requieren protección nacional.

El debate incluyó la necesidad de una ley de protección de activos estratégicos. Paleo afirmó: “Lo que creo que debería haber discutirse previamente es una ley de protección de activos estratégicos. Así lo enumero, como tiene la mayoría de los países”.

Contexto político y geopolítico

El proyecto se discute en un contexto de falta de una directiva de Defensa Nacional actualizada. Paleo indicó que el gobierno no ha emitido ese documento, que orienta a las fuerzas armadas sobre los puntos estratégicos a defender. La directiva vigente data de 2021, firmada durante la gestión anterior.

El Congreso cuenta con dictámenes de mayoría y minoría, y el texto sigue en debate con modificaciones. El gobierno sostiene que la flexibilización de la normativa busca atraer inversiones y aumentar el ingreso de dólares al país. La discusión parlamentaria se produce en un escenario de tensión por la relación entre federalismo y control nacional de los recursos, así como por los antecedentes de cesión de soberanía en otras áreas.

La definición sobre el control de tierras rurales y recursos estratégicos sigue abierta, con posiciones encontradas sobre el alcance que debe tener la regulación y el rol del Estado frente a la inversión extranjera.

Cambios en la regulación de tierras rurales

El dictamen de mayoría elimina el límite nacional para la compra de tierras rurales por extranjeros. Cada provincia tendrá la potestad de fijar restricciones o no imponer ninguna. La medida también elimina el tope de mil hectáreas en la zona núcleo, lo que permitía evitar grandes concentraciones de territorio en áreas productivas.

La regulación actual establece que una persona extranjera, sea particular o Estado, puede adquirir hasta un 15% de tierras rurales del territorio nacional. Ese límite desaparece y pasa a depender de la decisión de cada provincia. Las jurisdicciones podrán autorizar, regular o vetar la compra de tierras por extranjeros según sus propios criterios.

Las limitaciones que existen para la compra de tierras por parte de Estados extranjeros también quedarán eliminadas. La discusión se centra en la posibilidad de que recursos hídricos estratégicos y áreas de frontera queden en manos extranjeras si las provincias no establecen restricciones.

Nuevos requisitos para expropiaciones y desalojos

El proyecto de ley modifica el régimen de expropiaciones y endurece los requisitos para que el Estado pueda avanzar sobre la propiedad privada. La declaración de utilidad pública deberá ser específica, necesaria y proporcional. Además, la indemnización tendrá que pagarse antes de la toma de posesión.

La iniciativa incorpora el concepto de lucro cesante. Los propietarios podrían reclamar no solo el valor actual del bien sino también la ganancia que podrían obtener en el futuro por su explotación. La resolución de estos reclamos podría judicializarse, según lo explicado en el debate legislativo.

Respecto a los desalojos, el Senado amplía el plazo de intimación por falta de pago de tres a diez días. El proyecto establece salvedades para garantizar que no habrá desalojos masivos, especialmente en barrios populares. La protección vigente suspende los desalojos hasta octubre de 2032, plazo durante el cual debería resolverse la regularización de la propiedad y el territorio.

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La Argentina no debería necesitar regímenes promocionales. Lo deseable sería un país donde invertir, exportar, contratar o producir no requiera pedir permiso, obtener una excepción ni entrar en un régimen especial.

Pero la Argentina todavía no es ese país. Mientras arrastra impuestos distorsivos, trabas cambiarias, déficits crónicos y una alarmante facilidad para cambiar las reglas cuando cambia el poder político, los regímenes promocionales pueden cumplir una función imperfecta y transitoria: crear islas de normalidad para ciertos sectores cuando, por razones fiscales, políticas o institucionales, todavía resulta muy difícil ofrecer reglas razonables para todos.

No son el ideal ni deberían convertirse en un sistema permanente de privilegios selectivos. Pero pueden servir como puente hacia un país más razonable, siempre que no sean atacados cuando empiezan a funcionar, sino tomados como referencia para extender mejores reglas al resto de la economía.

La lección de la Ley de Software

A veces, incluso en gobiernos de orientación estatista, la Argentina hace algo razonable. La Ley de Promoción de la Industria del Software, sancionada en 2004, fue una de esas excepciones.

Lo deseable sería un país donde invertir, exportar, contratar o producir no requiera pedir permiso, obtener una excepción ni entrar en un régimen especial

El kirchnerismo llegó al poder con un punto de partida macroeconómico extraordinariamente favorable: superávits gemelos, capacidad ociosa después de la crisis, precios internacionales muy altos, baja deuda pública tras la reestructuración y un mundo dispuesto a comprar lo que el país podía producir. Sin embargo, su orientación general no predicaba precisamente la libertad económica ni la previsibilidad de largo plazo. En los años siguientes, esa orientación profundizaría la presión tributaria, el intervencionismo, las distorsiones cambiarias, las afectaciones al derecho de propiedad y la desconfianza hacia el sector privado, hasta desembocar en una economía al borde de la hiperinflación.

En ese contexto, la Ley de Software hizo algo distinto. Identificó una actividad con potencial exportador, empleo calificado y capacidad de competir globalmente, y le ofreció beneficios, estabilidad fiscal y previsibilidad.

No hizo magia. Mercado Libre ya existía, y la ley no explica por sí sola el crecimiento de Globant, Despegar y otras compañías argentinas con escala internacional. Pero ayudó a construir un ecosistema donde el talento tecnológico no nacía condenado de antemano por el contexto político y la gestión del país. La propia Mercado Libre fue declarada beneficiaria de esa estabilidad fiscal y terminó convirtiéndose en el unicornio argentino por excelencia.

Argentina promueve sectores cuando son incipientes y los ataca cuando empiezan a funcionar

El punto no es atribuir esos éxitos a una ley, sino advertir algo mucho más importante: una política razonable puede remover parte del castigo que el régimen general impone sobre sectores con potencial y crear un entorno donde el talento no se esconda, no se vaya y encuentre razones para invertir y quedarse.

Extender lo que funciona

El problema argentino aparece después. La Argentina promueve sectores cuando son incipientes y los ataca cuando empiezan a funcionar. Mientras una industria es chica, todos hablan de innovación, futuro, empleo calificado y exportaciones. Pero cuando aparecen empresas grandes y empresarios exitosos, pasan a convertirse en posibles presas fiscales, en lugar de preguntar qué condiciones permitieron ese crecimiento y cómo replicarlas.

Precisamente por eso, el paso siguiente no debía ser mirar con sospecha lo que había funcionado, sino ampliar esa lógica. La Ley de Economía del Conocimiento intentó hacerlo, ya durante la administración de Mauricio Macri: ante la dificultad presupuestaria de establecer una baja global de impuestos, buscó extender la experiencia de la Ley de Software a otros sectores intensivos en talento y con capacidad de vender valor agregado al mundo.

Fue, en algún sentido, el intento de transformar la isla del software en un archipiélago más amplio de sectores dinámicos. Si la Argentina no podía ofrecer un sistema tributario razonable para toda la economía, al menos podía hacerlo para actividades capaces de traer dólares, empleo calificado y modernización productiva. Fue una forma brutalmente pragmática de intentar la reforma posible donde la reforma general era políticamente inviable.

Pero apenas asumió Alberto Fernández, su gobierno suspendió la aplicación del régimen y abrió una revisión inmediata. Una ley aprobada con muy amplio consenso y pensada para dar estabilidad fue puesta en duda antes de empezar y luego modificada y limitada mediante la Ley 27.570. La señal fue pésima: en la Argentina ni siquiera una política moderna, consensuada y orientada a exportar valor agregado está a salvo del manoseo político.

No alcanza con aprobar buenas leyes. Hay que lograr que sobrevivan al próximo gobierno

Ese es el problema central. No alcanza con aprobar buenas leyes. Hay que lograr que sobrevivan al próximo gobierno y al próximo ataque de resentimiento contra quienes pueden ganar dinero en el país.

El factor cambiario

La experiencia tecnológica dejó otra lección: no alcanzan los beneficios fiscales si el régimen cambiario destruye el incentivo. Durante años, muchos exportadores de servicios —amparados tanto por la Ley de Software como por la Ley de Economía del Conocimiento— debieron liquidar dólares al tipo de cambio oficial mientras competían por talento en un mercado global. Se promovía la exportación de conocimiento con una mano y se la castigaba con la otra.

De ahí una conclusión que la Argentina aprendió a la fuerza: sin previsibilidad para acceder, conservar o disponer de divisas, cualquier promoción queda incompleta. En la mayoría de los países, un régimen promocional no necesita capítulo cambiario; en la Argentina, lamentablemente, no puede prescindir de él.

El RIGI y el Súper RIGI

Tanto el RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones— como el Súper RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, que obtuvo media sanción en Diputados el 24 de junio y que al momento de escribir estas líneas esperaba su tratamiento en el Senado— deben leerse en esa clave.

El RIGI original respondió a una necesidad urgente: atraer inversiones grandes a sectores de capital intensivo, largos plazos de recupero y capacidad concreta de generar divisas. Energía, minería, infraestructura, petróleo y gas son los ejemplos más evidentes. Después de años de distorsiones, desinversión, cepos, atraso relativo de precios y reglas poco confiables, no alcanzaba con decir que la Argentina estaba abierta al capital. Había que ofrecer un marco especial para que proyectos de gran escala pudieran entrar, financiarse y madurar.

No alcanzan los beneficios fiscales si el régimen cambiario destruye el incentivo

El Súper RIGI apunta a otra dimensión del mismo problema. Ya no se trata solamente de escalar sectores existentes o recomponer áreas estratégicas deterioradas, sino de atraer inversiones en actividades que casi no existen en el país o que están en fase experimental: inteligencia artificial, infraestructura digital, semiconductores, biotecnología avanzada y otras industrias del futuro. Es una apuesta más agresiva: no solo reparar capacidades dañadas, sino crear capacidades nuevas.

Por eso no son el mismo régimen con distinto umbral. Son dos respuestas distintas a una misma anomalía argentina. El RIGI busca que vuelvan o se aceleren inversiones grandes en sectores estratégicos que el país necesita para crecer y generar dólares. El Súper RIGI intenta que entren de una vez inversiones capaces de abrir industrias nuevas, en un país que difícilmente podría atraerlas bajo su régimen general.

El Súper RIGI apunta a inversiones de al menos USD 1.000 millones y ofrece un paquete contundente: Ganancias al 15 %, quebrantos sin límite temporal, exención de derechos de exportación, estabilidad normativa por 30 años con arbitraje internacional, límites a la carga provincial para las jurisdicciones que adhieran y reglas más favorables para la disponibilidad de divisas.

La lógica es clara: si el régimen general argentino no ofrece todavía condiciones normales, se intenta construir un marco excepcional para que ciertas inversiones puedan ocurrir igual. No porque el ideal sea llenar la economía de excepciones, sino porque, mientras se ordena el país, determinadas actividades requieren incentivos y garantías reforzadas para animarse a entrar.

Conviene además una precisión: el RIGI y el Súper RIGI se impulsan en un contexto más delicado que el de las leyes anteriores. Este Gobierno lo hace en una economía todavía en transición, con minoría parlamentaria y bajo un ancla fiscal estricta. Esa combinación no debilita el argumento a favor: lo explica. Cuando el país necesita inversión que tarda en llegar, las excepciones dejan de ser un privilegio ideológico y se vuelven una herramienta necesaria.

Si el régimen general argentino no ofrece todavía condiciones normales, se intenta construir un marco excepcional para que ciertas inversiones puedan ocurrir igual

El Súper RIGI, entonces, no es solo una lista de beneficios fiscales, aduaneros o cambiarios. Es una prueba institucional: la verdadera cuestión no es solo si la Argentina puede aprobar un régimen atractivo para nuevas industrias, sino sobre todo si podrá respetarlo cuando empiecen a aparecer ganadores visibles.

Porque eso es lo que suele costarnos: tolerar el éxito cuando deja de ser una promesa y empieza a generar empresas grandes, exportaciones y rentabilidad visible.

Objeciones previsibles

Las objeciones al proyecto merecen ser analizadas. La desigualdad de trato es la más atendible: es injusto que algunos sectores reciban beneficios que otros no tienen. Pero la respuesta no debería ser destruir las islas que funcionan, sino extender al resto de la economía las condiciones que las hacen posibles.

También es injusto condenar a toda la economía a la igualdad en la decadencia. Si un sector no existe, la recaudación que supuestamente se resigna es una ficción. Si nace y crece, el país gana empleo, exportaciones, inversión, conocimiento y actividad económica. Pero además suma recaudación por una actividad que antes no existía.

La otra crítica apunta al arbitraje internacional y a la estabilidad de 30 años como una supuesta renuncia a la soberanía regulatoria. Pero aquí conviene invertir la pregunta: “¿por qué un inversor exigiría arbitraje internacional y estabilidad con rango legal?” Precisamente por la historia que esta nota repasa, y por muchos otros antecedentes en los que los inversores tuvieron que acudir a esos foros para reclamar sus derechos.

La respuesta no debería ser destruir las islas que funcionan, sino extender al resto de la economía las condiciones que las hacen posibles

Los cambio en la Ley de Economía del Conocimiento antes de su entrada en vigencia es una buena explicación de por qué el Súper RIGI necesita candados institucionales tan robustos. El arbitraje es una prima de riesgo que cobra el mundo por décadas de reglas incumplidas. El día que la Argentina acredite una trayectoria de respeto a los contratos, esas garantías dejarán de ser necesarias.

El desafío del RIGI y del Súper RIGI será repetir lo mejor de la Ley de Software y evitar el manoseo de la Ley de Economía del Conocimiento. No alcanza con aprobar beneficios. Hace falta que el sistema político tolere el éxito si finalmente aparece.

Ese compromiso no debería depender solamente del gobierno actual. Si los referentes de la oposición aspiran a volver al poder, deberían despejar cualquier duda sobre algunas cuestiones básicas: moneda estable, equilibrio fiscal, respeto por los contratos, seguridad jurídica, impuestos razonables y un sector privado que pueda invertir, exportar y ganar dinero. La Argentina ya probó demasiadas veces el camino inverso. Volver a recorrerlo sería imperdonable.

Hacia un país sin excepciones

El éxito del RIGI y del Súper RIGI no debería medirse solamente por cuántas inversiones atraen, sino por si ayudan a demostrar qué reglas necesita toda la economía argentina.

Una isla que funciona puede ser una palanca de reforma. Una isla que se cristaliza como privilegio permanente pierde su sentido original.

La meta es que las excepciones dejen de ser necesarias. El pragmatismo manda crearlas; la ambición, convertirlas en reglas generales. Y el desafío argentino, tantas veces postergado, es no confundir el punto de partida con el destino.

El autor es abogado, profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral y socio en Expansión Business

La apertura del Americas Investment Forum (AIF) 2026 en Santo Domingo marcó el miércoles un hito para la proyección internacional de la República Dominicana.

El presidente Luis Abinader aseguró ante más de 2,000 representantes de 52 países que el país ofrece confianza y estabilidad, convirtiéndose en un destino preferido para la inversión extranjera. “La confianza es la moneda más valiosa de la economía moderna”, afirmó el jefe de Estado al iniciar el evento organizado por ProDominicana.

Durante su intervención en Santo Domingo, Abinader resaltó que la nación caribeña cuenta con instituciones sólidas, reglas claras, transparencia y cumplimiento de compromisos, factores que, según su visión, refuerzan el atractivo para los capitales internacionales.

Dirigiéndose a una audiencia en la que figuraban delegaciones de China, Corea del Sur, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, el mandatario puntualizó: “Convierte una idea en inversión y una oportunidad en empresa. Permite que el capital cruce fronteras para crear empleos, impulsar la innovación y apostar por el futuro”.

El presidente subrayó el impacto de la inversión extranjera directa (IED) en la economía dominicana. Indicó que en 2025 la IED superó los $5,000 millones, mientras que el país recibió más de 11 millones de visitantes anuales. Además, las zonas francas dominicanas generan más de 200,000 empleos directos y abarcan más del 60% de las exportaciones nacionales.

“Más importante que las cifras es lo que representan: empleos, oportunidades, innovación y confianza en nuestra gente”, sostuvo el mandatario, enfatizando el sentido social detrás de los datos económicos.

Las palabras de Abinader buscaron proyectar a la República Dominicana más allá de sus fronteras. Instó a los países de la región a dejar atrás la narrativa tradicional del potencial y adoptar una visión basada en resultados concretos.

“Durante mucho tiempo se habló de las Américas como una región con potencial, pero ha llegado la hora de que el mundo empiece a hablar de las Américas como una región de resultados”, declaró.

Su llamado se centró en aprovechar el contexto global de reconfiguración de cadenas de suministro y nearshoring, que ha generado nuevas oportunidades para atraer inversiones de empresas interesadas en eficiencia, seguridad y cercanía a los mercados.

El foro se presenta como un espacio clave para el diálogo de alto nivel sobre políticas públicas y la promoción de proyectos en sectores estratégicos como turismo sostenible, energía, infraestructura, logística, manufactura, agroindustria, tecnología e inteligencia artificial.

Abinader afirmó que la celebración de este evento confirma que “los ojos del mundo están sobre la República Dominicana”. Además, señaló que el desafío inmediato es avanzar de la cantidad a la calidad, privilegiando iniciativas que impulsen la transferencia tecnológica, el encadenamiento productivo y la sostenibilidad.

La agenda del AIF 2026, afiliada a la Conferencia Mundial de Inversiones de la WAIPA, se extenderá hasta el 3 de julio y contempla la participación de figuras como el Dr. Ricardo Hausmann, director del Growth Lab de la Universidad de Harvard.

También se entregará el Reconocimiento a la Inversión en la República Dominicana 2026 a empresas extranjeras que hayan tenido un impacto positivo en el desarrollo nacional.

En su mensaje a los asistentes, el presidente concluyó: “El futuro no pertenece a quienes esperan o lo observan desde la distancia. El futuro pertenece a quienes se atreven a construirlo. Y nosotros estamos listos para construirlo juntos”.

La estructura del foro abarca plataformas de negocios y mecanismos de articulación entre agencias de promoción de inversiones, con el objetivo de fortalecer la integración y elevar la calidad de la inversión extranjera en la región.

La inversión extranjera directa (IED) en Nicaragua alcanzó los 1,503 millones de dólares durante 2025, una cifra que, aunque relevante en el contexto centroamericano, esconde señales de estancamiento en la llegada de capital fresco al país. Así lo revela el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), citado por el medio Artículo 66, donde se advierte que detrás del monto de inversión se encuentra una marcada desaceleración en la atracción de nuevos recursos.

El informe subraya que el 63 % de la inversión extranjera recibida en Nicaragua corresponde a la reinversión de utilidades. Es decir, la mayor parte de los fondos provino de ganancias generadas por empresas extranjeras ya instaladas, que optaron por mantener su capital en el país, en lugar de destinarlo a nuevos proyectos o iniciativas. Esta tendencia no solo se observa en Nicaragua, sino que es dominante en la región centroamericana: la reinversión de utilidades representó el 51 % del total de la IED regional, según la CEPAL.

La CEPAL expresa preocupación ante la escasa llegada de nuevas inversiones. Nicaragua mantiene desde hace varios años un ritmo bajo en el anuncio de nuevos proyectos de inversión. Entre 2010 y 2019, el promedio anual de anuncios de proyectos ascendió a 490 millones de dólares, con un promedio de 12 proyectos por año. Desde 2020, el promedio cayó a apenas dos anuncios anuales. En 2025, solo se reportó un nuevo proyecto, ligado al sector inmobiliario, por un valor de 16 millones de dólares. Este monto representa el nivel más bajo desde al menos 2005, lo que sitúa al país en clara desventaja frente a otras economías de la región.

En comparación, países como Panamá y Costa Rica encabezaron el bloque regional con anuncios de inversiones extranjeras superiores a 900 millones de dólares cada uno, seguidos por Guatemala, El Salvador y Honduras. Los datos evidencian una marcada y continua desaceleración en el flujo de capitales hacia Nicaragua, una tendencia que se ha profundizado en los últimos cinco años.

Nicaragua en desventaja regional

Con 1,503 millones de dólares en inversión extranjera captada durante 2025, Nicaragua quedó por debajo de Guatemala (1,882 millones) y muy lejos de Costa Rica, que lideró con 5,587 millones de dólares, impulsados por inversiones en tecnología y manufactura avanzada. El país solo superó a Honduras, que captó 1,396 millones, y a Panamá y El Salvador, con 938 y 764 millones respectivamente.

La CEPAL destaca que Costa Rica continúa liderando la atracción de inversiones de alta tecnología, mientras que Nicaragua mantiene una alta dependencia de sectores tradicionales, especialmente la manufactura básica y servicios orientados al mercado estadounidense.

Impacto en el empleo y vulnerabilidad externa

A pesar del bajo dinamismo en nuevos proyectos, la inversión extranjera sigue siendo importante para el empleo. Nicaragua registra el mayor promedio de generación de empleo por cada millón de dólares invertido en la región, con seis empleos por millón, frente al promedio regional de 4,7. Este indicador refleja la dependencia de sectores intensivos en mano de obra, donde la inversión foránea sigue siendo clave para la creación de puestos de trabajo.

Finalmente, la CEPAL advierte sobre la alta concentración de las exportaciones nicaragüenses hacia Estados Unidos: el 52.9 % de las ventas externas del país tiene como destino ese mercado, representando el 22.4 % del Producto Interno Bruto. Esta concentración aumenta la vulnerabilidad de Nicaragua ante cambios en la política económica o comercial de Washington, ubicando al país solo por detrás de México en la región respecto al peso de las exportaciones al mercado estadounidense.

La inversión extranjera directa (IED) en El Salvador sumó setecientos sesenta y cuatro millones de dólares en 2025. Esta cantidad fue menor que la recibida en 2024, pero sigue siendo superior al promedio de la década de 2010. Así lo explicó Marco Llinás, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL.

Llinás señaló que, a pesar de la baja respecto al año anterior, El Salvador mantuvo un nivel de inversión extranjera alto en comparación con años anteriores. El país logró atraer más capital foráneo que en la mayoría de los años de la última década.

La mayor parte del dinero invertido vino para el sector servicios, que recibió el sesenta y ocho por ciento de la IED total. El resto, un treinta y dos por ciento, fue para la industria manufacturera. Esto muestra que los inversionistas ven oportunidades sobre todo en servicios, aunque la industria también sigue siendo importante para la economía salvadoreña.

El director de la CEPAL resaltó que las empresas extranjeras han sido prudentes a la hora de invertir, debido a la situación internacional difícil. Dijo que esto no solo afecta a El Salvador, sino también a toda América Latina y el Caribe, donde las decisiones de inversión se han vuelto más cuidadosas.

Llinás explicó que los inversionistas no solo miran la seguridad del país o los beneficios fiscales. También consideran si hay personas capacitadas, proveedores confiables y buena infraestructura tecnológica. Estos factores, según él, son cada vez más importantes para decidir dónde invertir grandes sumas de dinero.

Para el funcionario, el reto principal de El Salvador es mejorar sus políticas de desarrollo productivo. Dijo que el país debe alinear sus esfuerzos para captar inversión extranjera e incrementar el efecto positivo de esos recursos en su economía local.

“La tarea pendiente para muchos países de la región es escalar y mejorar sus políticas de desarrollo productivo y alinear estos esfuerzos con la atracción de inversión y la maximización de su impacto”, concluyó Llinás.

Comportamiento de la IED en Centroamérica y el Caribe

En 2025, la inversión extranjera directa en Centroamérica y el Caribe tuvo resultados diferentes según el país. Centroamérica recibió en total USD 12,069 millones, el 6.2 % del total de América Latina y el Caribe. Algunos países crecieron y otros bajaron, tanto en inversión como en nuevos proyectos.

Costa Rica fue el país que más inversión recibió en la región, con USD 5,587 millones. Creció un 3.4 % respecto a 2024. Casi todo el aumento se debió a que las empresas reinvirtieron utilidades en el país, sobre todo en el sector manufacturero. Sin embargo, los anuncios de nuevos proyectos bajaron.

Guatemala alcanzó USD 1,882 millones y Nicaragua USD 1,503 millones en IED, con crecimientos impulsados también por reinversión de utilidades. En ambos países, la cantidad de nuevos proyectos fue menor que años anteriores.

Honduras logró captar USD 1,396 millones, casi el triple que el año anterior, gracias a los préstamos entre empresas. Panamá tuvo una baja marcada, con USD 938 millones, un 55 % menos que en 2024.

En el Caribe, la IED sumó USD 16,499 millones. La República Dominicana destacó al recibir USD 5,033 millones, la cifra más alta de su historia, con un crecimiento del 11.3 %. También Guyana fue uno de los países con mejor desempeño.

Aunque la región mantuvo o mejoró el ingreso de inversiones en la mayoría de los países, la baja en anuncios de nuevos proyectos muestra un desafío para el futuro. Costa Rica y República Dominicana se consolidan por su capacidad para diversificar sectores y reinvertir utilidades, mientras otros países buscan atraer más capital y proyectos para crecer de manera sostenida.

La empresa estadounidense Prent Corporation inició en Heredia la construcción de una nueva planta de empaques para la industria médica con la que busca duplicar su capacidad de producción en Costa Rica, una expansión prevista para abrir a mediados de 2027 y reforzar la cadena de suministro de uno de los sectores exportadores más fuertes del país.

La operación se suma a una industria de dispositivos médicos que, según Revista Summa, agrupa a más de 100 empresas en Costa Rica, incluidas 13 de las 25 más importantes del mundo, y genera más de 63,000 empleos directos. En ese ecosistema, la nueva inversión de la compañía incorpora capacidad adicional para suplidores especializados.

La futura planta tendrá 4,500 m², contará con seis máquinas de termoformado e incorporará una nueva línea de producción capaz de fabricar bandejas de hasta 72 pulgadas de extensión. El proyecto también incluirá espacios adicionales de almacenamiento y un cuarto limpio de clase 7 para cumplir con los estándares de control requeridos en la producción de empaques médicos.

La empresa proyecta crear entre 30 y 40 nuevos puestos en funciones especializadas y operativas. El proceso de contratación comenzará entre tres y cuatro meses antes de la inauguración del recinto.

La nueva instalación se levantará en Savia, un proyecto de uso mixto ubicado en Heredia. La operación costarricense de la empresa comenzó en 2014 y, una década después, la firma avanza con una expansión que constituye su octava inversión greenfield a escala global, es decir, desarrollada desde cero.

Wilfredo Mercado, vicepresidente senior de manufactura de Prent Corporation, dijo a Summa que la expansión refleja el compromiso de la compañía con Costa Rica, su personal y sus clientes.

“En Prent, nos sentimos honrados de expandir nuestras operaciones en Costa Rica. Estas nuevas instalaciones reflejan nuestro firme compromiso con la comunidad costarricense, nuestros colaboradores y los clientes a los que servimos.

Nos enorgullece contribuir al creciente panorama empresarial del país, manteniéndonos cerca de nuestros clientes y fortaleciendo las alianzas estratégicas que impulsan el éxito compartido”, afirmó Mercado.

La ministra de Comercio Exterior, Arianna Arce, sostuvo que la inversión muestra la evolución de Costa Rica como plataforma para manufactura avanzada y cadenas de suministro de alto valor agregado. “Más allá de la generación de empleo y del crecimiento de una empresa, esta inversión fortalece las capacidades locales que respaldan a la industria de dispositivos médicos, uno de los principales motores de nuestras exportaciones y de la atracción de inversión extranjera directa”, explicó.

Arce añadió que el ministerio sigue trabajando para consolidar un entorno competitivo que promueva la innovación, el desarrollo de talento especializado y el establecimiento de operaciones más sofisticadas. Su planteamiento vincula esta expansión con una estrategia más amplia de atracción de inversión y fortalecimiento industrial.

El proyecto se inserta en una cadena de suministro cada vez más especializada

Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, afirmó al medio que el crecimiento del sector está impulsando inversiones más allá de las empresas fabricantes. “La expansión de suplidores especializados como Prent, también acompaña la evolución de este sector, que actualmente agrupa a más de 100 empresas (13 de las 25 más importantes del mundo), y que genera más de 63,000 empleos directos”.

Según López, la nueva inversión refuerza capacidades que respaldan una de las principales actividades exportadoras del país y contribuye al fortalecimiento de un ecosistema más especializado y competitivo. Esa lectura ubica el proyecto no solo como una ampliación fabril, sino como una pieza dentro de la estructura de proveedores de dispositivos médicos en Costa Rica.

Alfredo Volio, director ejecutivo de Portafolio Inmobiliario, señaló que la decisión de establecer operaciones en Savia refleja la confianza de empresas globales en la capacidad del país para competir en industrias de alto valor agregado. “Este proyecto representa una oportunidad para seguir impulsando el desarrollo económico para el país”, concluyó.

Durante la conversación con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro y Cecilia Boufflet, Martínez expuso su rechazo a la nueva normativa aprobada el miércoles, que busca impulsar inversiones de más de USD 1.000 millones en “industrias del futuro” como inteligencia artificial, minería de frontera y energías renovables.

El diputado nacional reiteró que los beneficios impositivos del régimen son inéditos para las empresas tecnológicas. “En ningún lugar está esa baja de Ganancias del 35% en el RIGI, al 15% en el Super RIGI. En ningún lugar se dan las contribuciones patronales al 10% como en el Super RIGI. En ningún lugar estamos yendo a jurisdicción extranjera para resolver conflictos”, precisó.

Por eso, Martínez solo se trata de avanzar en un “enclave colonial”, que garantiza a la inversión 30 años de condiciones favorables de explotación. “No hay proyecto de país alrededor de Milei. Es una cantidad de premios a distintos sectores corporativos para ver si mueven el amperímetro de inversión que no se mueve”, sostuvo.

Y se preguntó: “¿Dónde está la estabilidad jurídica de los jubilados dentro de treinta años con el Super RIGI? ¿Dónde está la estabilidad jurídica de la industria que no va a poder vender lo que hoy produce? ¿Dónde está la estabilidad jurídica de los científicos?”.

Sospechas de corrupción

Según su mirada, el oficialismo está logrando aprobar estas leyes con el apoyo de sus aliados y seguir con la agenda legislativa, a pesar de los escándalos de corrupción, donde estaba previsto que el Congreso discuta la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Nunca el caso Adorni trabó la agenda parlamentaria del Congreso”, afirmó, y subrayó que “en el medio del escándalo Adorni, dictaminaron el acuerdo con los holdouts y dictaminaron el Super RIGI en Diputados”. “Adorni tensiona los acuerdos políticos, pero no los rompe con los aliados”, afirmó, al negar que las iniciativas legislativas se habían trabado con el estallido por presunto caso de enriquecimiento ilícito.

En ese marco, Martínez agregó que el Gobierno aún consigue votos a partir de “una periferia de alianza” con votos “que tiene el Gobierno” y “lo logra sostener”. Y atribuyó que las victorias legislativas, y el respaldo de bloques dialoguistas provinciales, se deben a que “aprietan a las provincias” desde el Poder Ejecutivo para aprobar o no los proyectos de RIGI. “Si no venís, no te apruebo tal proyecto. Si no firmás tal ley, no te apruebo el RIGI de tu provincia”, ejemplificó. Y remarcó que “algun días se analizará el proceso de evaluación del RIGI” y su “potencial corrupción”.

Asimismo, insistió en que ratifican sus críticas a este tipo de regímenes con incentivos y facilidades. Ahora bien, alertó que aún con el apoyo que obtuvieron de los aliados, “había mucha más expectativa en el RIGI y eso no está pasando”. “No hay un barril de petróleo o de gas que este saliendo en el RIGI”, ejemplificó.

Críticas al modelo y la alterntiva posible

Martínez remarcó que el peronismo mantiene una postura crítica frente al RIGI y su nueva versión, al poner como ejemplo la inversión de la planta de Sidersa, en el municipio bonaerense de San Nicolás.

“Sidersa está en ese plan del RIGI. Nadie le garantiza a Sidersa que va a poder vender su producción para lo que se necesite de infraestructura vinculado a los proyectos del Super RIGI”, contrastó, al advertir sobre la presunta trampa de las “condiciones de mercado” para los proveedores locales:

“Cuando vas en condiciones de mercado, ¿qué hacés con China? Estamos subsidiando un proyecto productivo de acero verde en San Nicolás y al mismo tiempo no le permitimos que ese insumo vaya como componente nacional al Super RIGI”.

Interrogado sobre la alternativa peronista, y qué tipo de iniciativas para inversiones están interesados en impulsar, el legislador planteó pensar “un sistema y un régimen de inversiones que piense el desarrollo nacional en otro sentido distinto al del RIGI y Super RIGI”.

En ese marco, resaltó la necesidad de “un régimen de inversiones claro, previsible, con compromisos y condiciones, como la participación de la industria con generación de puestos de trabajo, incorporación de ciencia y tecnología, y recuperación de la soberanía en términos jurídicos”.

“Nosotros necesitamos una situación general que obviamente permita la llegada de inversiones, pero que nosotros le demos una planificación. Tenemos que recuperar una sana idea de planificación que no es dirigismo. Planificar es una cosa, dirigir es otra”, concluyó.

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La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley conocido como “Súper RIGI”, que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. La votación resultó en 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones.

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, quedó en condiciones para ser debatido en el Senado.

El “Súper RIGI” propone incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para nuevas actividades económicas. Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Además, garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

Diputados que votaron a favor

Entre los bloques oficialistas y aliados que respaldaron la medida, están La Libertad Avanza, PRO, UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Adelante Buenos Aires, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento de Integración y Desarrollo y partidos provinciales.

La Libertad Avanza (93):

• Pablo Ansaloni (Buenos Aires)
• Vertie Benegas Lynch (Buenos Aires)
• Alejandro Carrancio (Buenos Aires)
• Giselle Castelnuovo (Buenos Aires)
• Sergio Figliuolo (Buenos Aires)
• Álvaro García (Buenos Aires)
• María Luisa González Estevarena (Buenos Aires)
• Gladys Humenuk (Buenos Aires)
• Lilia Lemoine (Buenos Aires)
• Johanna Sabrina Longo (Buenos Aires)
• Lorena Macyszyn (Buenos Aires)
• Guillermo Montenegro (Buenos Aires)
• Miriam Niveyro (Buenos Aires)
• Joaquín Ojeda (Buenos Aires)
• Sebastián Pareja (Buenos Aires)
• María Lorena Petrovich (Buenos Aires)
• Karen Reichardt (Buenos Aires)
• Juliana Santillán Juárez Brahim (Buenos Aires)
• Santiago Santurio (Buenos Aires)
• Rubén Darío Torres (Buenos Aires)
• Hernán Urien (Buenos Aires)
• Patricia Vasquez (Buenos Aires)
• Andrea Fernanda Vera (Buenos Aires)
• Sabrina Ajmechet (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
• Damián Arabia (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
• Nicolás Emma (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
• Alejandro Fargosi (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
• Alida Ferreyra (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
• Silvana Giudici (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
• Patricia Holzman (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
• Andrés Leone (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
• Adrián Brizuela (Catamarca)
• Carlos García (Chaco)
• Rosario Goitia (Chaco)
• Maira Frías (Chubut)
• César Treffinger (Chubut)
• Belén Avico (Córdoba)
• Gabriel Bornoroni (Córdoba)
• María Cecilia Ibañez (Córdoba)
• Enrique Lluch (Córdoba)
• Marcos Patiño Brizuela (Córdoba)
• Luis Albino Picat (Córdoba)
• María Celeste Ponce (Córdoba)
• Gonzalo Roca (Córdoba)
• Laura Elena Rodríguez Machado (Córdoba)
• Laura Soldano (Córdoba)
• Lisandro Almirón (Corrientes)
• María Virginia Gallardo (Corrientes)
• José Federico Tournier (Corrientes)
• Andrés Ariel Laumann (Entre Ríos)
• Francisco Morchio (Entre Ríos)
• Atilio Basualdo (Formosa)
• Bárbara Andreussi (Jujuy)
• Alfredo Gonzales (Jujuy)
• Manuel Quintar (Jujuy)
• Martín Matzkin (La Pampa)
• Gino Visconti (La Rioja)
• Facundo Correa Llano (Mendoza)
• Mercedes Llano (Mendoza)
• Álvaro Martínez (Mendoza)
• Julieta Metral Asensio (Mendoza)
• Luis Petri (Mendoza)
• Maura Gruber (Misiones)
• Diego Hartfield (Misiones)
• Soledad Mondaca (Neuquén)
• Gabriela Luciana Muñoz (Neuquén)
• Gastón Riesco (Neuquén)
• Aníbal Tortoriello (Río Negro)
• Lorena Villaverde (Río Negro)
• Eliana Bruno (Salta)
• María Gabriela Flores (Salta)
• Julio Moreno Ovalle (Salta)
• Carlos Raúl Zapata (Salta)
• Abel Chiconi (San Juan)
• José Peluc (San Juan)
• Carlos Alberto Almena (San Luis)
• Mónica Becerra (San Luis)
• Jairo Guzmán (Santa Cruz)
• Rocío Bonacci (Santa Fe)
• Alejandro Bongiovanni (Santa Fe)
• Romina Diez (Santa Fe)
• Nicolás Mayoraz (Santa Fe)
• Juan Pablo Montenegro (Santa Fe)
• Agustín Pellegrini (Santa Fe)
• Valentina Ravera (Santa Fe)
• Verónica Razzini (Santa Fe)
• Yamile Tomassoni (Santa Fe)
• Santiago Pauli (Tierra del Fuego)
• Miguel Rodríguez (Tierra del Fuego)
• Mariano Campero (Tucumán)
• Gerardo Huesen (Tucumán)
• Soledad Molinuevo (Tucumán)
• Federico Agustín Pelli (Tucumán)

PRO (12):

• María Florencia De Sensi (Buenos Aires)
• Alejandro Finocchiaro (Buenos Aires)
• Cristian Ritondo (Buenos Aires)
• Javier Sánchez Wrba (Buenos Aires)
• Martín Yeza (Buenos Aires)
• Fernando De Andreis (CABA)
• Daiana Fernández Molero (CABA)
• Antonela Giampieri (CABA)
• Álvaro González (CABA)
• Alicia Fregonese (Entre Ríos)
• Martín Ardohain (La Pampa)
• Emmanuel Bianchetti (Misiones)

UCR (6):

• Guillermo César Aguero (Chaco)
• Gerardo Cipolini (Chaco)
• Diógenes Ignacio Gonzalez (Corrientes)
• Lisandro Nieri (Mendoza)
• Darío Schneider (Entre Ríos)
• Pamela Fernanda Verasay (Mendoza).

Innovación Federal:

• Claudio Alvarez (San Luis)
• Alberto Arrúa (Misiones)
• Bernardo Biella (Salta)
• Gerardo Gustavo Gonzalez (Formosa)
• Oscar Herrera Ahuad (Misiones)
• Pablo Outes (Salta)
• Yamila Ruiz (Misiones)
• Daniel Vancsik (Misiones)
• Yolanda Vega (Salta)

Adelante Buenos Aires (ex UCR):

• Karina Banfi (Buenos Aires).

Independencia (3) -Tucumán-:

• Elia Marina Fernández
• Gladys Medina
• Javier Noguera

Producción y Trabajo (2) -San Juan-:

• Nancy Picon Martínez
• Carlos Quiroga.

La Neuquinidad (1) -Neuquén-:

• Karina Maureira

Movimiento de Integración y Desarrollo (2):

• Eduardo Falcone (Buenos Aires)
• Oscar Zago (CABA)

Por Santa Cruz (1):

• José Luis Garrido

Los que se abstuvieron

Las siete abstenciones correspondieron a los siguientes legisladores:

Provincias Unidas (5):

• Lourdes Arrieta (ex LLA-Mendoza)
• Sergio Eduardo Capozzi (Río Negro)
• José Nuñez (Santa Fe)
• Jorge Rizzotti (Jujuy)
• María Inés Zigaran (Jujuy)

Elijo Catamarca (2):

• Fernando Monguillot
• Sebastián Noblega

El rechazo de la oposición

La oposición estuvo conformada principalmente por Unión por la Patria, PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Coherencia y otros bloques.

Desde estos espacios, las principales críticas se centraron en los recursos que el Estado dejará de percibir para beneficiar a grandes compañías que, según la mirada opositora, no requieren semejantes incentivos.

Además, advirtieron que la Argentina perderá soberanía, al permitir que las empresas que se acojan al régimen puedan elegir en qué tribunales internacionales resolver todas las eventuales controversias.

El debate en la Cámara de Diputados sobre el Súper RIGI concentra la atención de legisladores, empresas y cámaras empresariales. El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, propone una estructura de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios inéditos para inversiones superiores a los USD 1.000 millones. La sesión convocada para este miércoles busca definir si el país adopta un modelo que prioriza la llegada de capitales extranjeros y el desarrollo de sectores emergentes mediante reglas especiales. La discusión se produce en un contexto de expectativa por parte de gobernadores, referentes industriales y actores del sector tecnológico, quienes observan el posible impacto sobre el entramado productivo local.

El texto elevado al Congreso lleva el nombre de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI. A diferencia del régimen anterior, este esquema apunta a sectores que no cuentan con antecedentes de desarrollo en el país, o que se encuentran en fases experimentales. El objetivo oficial consiste en ampliar los beneficios del RIGI original y focalizarse en industrias del futuro. El ministro de Economía, Luis Caputo, definió el nuevo régimen como una herramienta clave para promover la transformación productiva nacional y captar inversiones estratégicas.

1. Enfoque en nuevas industrias

El Súper RIGI establece que sólo podrán acceder proyectos vinculados a actividades industriales, tecnológicas y de servicios asociados a infraestructura digital estratégica que no existan en el país, o que estén en etapa experimental. Las “nuevas actividades económicas” comprenden desde inteligencia artificial, biotecnología avanzada, semiconductores y energías renovables hasta autos eléctricos y cadenas de valor relacionadas con la fabricación de baterías de litio o paneles solares.

Este criterio excluye las ampliaciones o modernizaciones de proyectos ya existentes. El régimen busca atraer inversiones que generen cadenas de valor locales y produzcan bienes y servicios con alto contenido tecnológico.

2. Monto mínimo de inversión

Para ingresar al régimen, el proyecto debe comprometer una inversión mínima de USD 1.000 millones en activos computables. Este umbral supera ampliamente el del régimen anterior, que oscilaba entre USD 200 millones y USD 600 millones según el sector. El monto elevado apunta a garantizar que sólo ingresen iniciativas de gran escala y alto impacto económico.

La exigencia de capital marca una barrera de entrada relevante, orientando el esquema hacia empresas multinacionales y conglomerados con capacidad de movilizar grandes sumas para nuevos emprendimientos industriales.

3. Ejecución inicial

El texto fija la obligación de ejecutar al menos el 20% del monto comprometido en los primeros dos años desde la fecha de adhesión. Este requisito busca que los proyectos tengan un avance tangible en el corto plazo y que los anuncios de inversión se traduzcan en desarrollos concretos.

La condición de cumplimiento temprano diferencia al Súper RIGI de otros regímenes de promoción y pretende generar un flujo temprano de obras, compras de bienes de capital y contratación de mano de obra.

4. Beneficios fiscales ampliados

Uno de los puntos destacados del Súper RIGI reside en la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU), que son sociedades constituidas exclusivamente para desarrollar cada emprendimiento. Esta tasa resulta inferior a la vigente para empresas en el régimen general y también más baja que la establecida por el RIGI anterior, que fijaba el 25%.

El esquema incorpora un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, permitiendo deducir el 60% en el primer año y el 20% en cada uno de los dos siguientes. Además, habilita la deducción de quebrantos sin límite de tiempo y la posibilidad de transferir esos quebrantos a terceros luego de cinco años.

5. Reducción de cargas sobre dividendos

El proyecto define una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades distribuidas por los VPU. Este beneficio disminuye la presión fiscal sobre la rentabilidad de los proyectos y busca mejorar la competitividad frente a otras plazas de la región.

El objetivo oficial apunta a hacer más atractiva la radicación de inversiones de largo plazo y el financiamiento de capital extranjero en sectores estratégicos.

6. Incentivos aduaneros

El Súper RIGI garantiza la exención total de derechos de importación y exportación para los bienes comprendidos en el plan de inversión y los productos obtenidos bajo el proyecto. El texto elimina cualquier traba arancelaria para el ingreso de maquinaria, insumos o tecnología, y para la salida de bienes producidos por las nuevas industrias.

Esta medida promete reducir los costos de instalación y operación, facilitando el acceso a equipamiento global y la exportación de productos con valor agregado.

7. Beneficios en Seguridad Social

El proyecto establece una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales relacionadas con nuevas relaciones laborales generadas a partir del desarrollo de los emprendimientos. Este incentivo favorece la contratación de personal y la creación de empleo formal vinculado a las inversiones aprobadas en el régimen.

La previsión de un marco previsional más laxo para estos proyectos busca potenciar el atractivo para empresas de tecnología y manufactura avanzada.

8. Estabilidad normativa por 30 años

La estabilidad normativa constituye una de las garantías centrales del esquema. El régimen asegura que las condiciones en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria se mantendrán durante 30 años desde la adhesión al programa. Esta previsibilidad resulta clave para inversiones de largo plazo y alto riesgo, como las que requiere el desarrollo de nuevas industrias.

El texto también prevé mecanismos de resolución internacional de controversias para reforzar la seguridad jurídica de los inversores.

9. Flexibilización de compras locales

A diferencia del RIGI original, el Súper RIGI elimina la obligación de contratar proveedores locales por un mínimo del 20% de la inversión. El proyecto establece que las compras locales sólo podrán exigirse en condiciones equivalentes a las del mercado internacional, lo que otorga mayor flexibilidad a los inversores para elegir proveedores.

Esta medida ha generado debate entre provincias y empresas nacionales proveedoras, ya que reduce la exigencia de integración local en las nuevas cadenas productivas.

10. Límites a la presión fiscal local

El texto introduce un tope máximo del 0,5% para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en las provincias adheridas, e impide que los municipios apliquen tasas sobre ventas generadas por los proyectos. Tampoco se podrán imponer nuevos gravámenes locales ni exigir pagos previos como condición para la presentación de recursos o demandas administrativas y judiciales.

El objetivo consiste en evitar que la carga tributaria provincial o municipal neutralice los incentivos nacionales, asegurando un entorno fiscal competitivo para las inversiones de gran escala.

El contexto del debate legislativo

La presentación del Súper RIGI en la Cámara de Diputados generó expectativa en el sector empresarial y entre gobernadores de provincias con potencial para captar inversiones en tecnología y energías renovables. La discusión en el recinto incluye la evaluación de los compromisos fiscales que las provincias deberán asumir para adherir al régimen, y la posible competencia por atraer proyectos de alto impacto.

Según fuentes parlamentarias, el oficialismo busca lograr consenso para aprobar la iniciativa y garantizar la implementación del nuevo esquema antes del cierre del periodo legislativo. El tratamiento parlamentario se da en paralelo a otras discusiones de relevancia económica, como el pago a los holdouts, lo que imprime un clima de negociación intensa entre bloques políticos y representantes regionales.

El régimen vigente, sancionado en la Ley Bases y vigente hasta agosto de 2027, ya acumula 38 proyectos presentados, con 14 aprobados y un volumen comprometido de USD 107.176 millones, concentrados principalmente en energía y minería. El Súper RIGI apunta a diversificar ese perfil y atraer inversiones hacia sectores de frontera tecnológica. La expectativa de los impulsores reside en que el nuevo régimen impulse la industrialización de recursos y la generación de valor agregado.

El debate sobre el Súper RIGI se da en un escenario donde la Argentina compite con otros países por captar capitales destinados a industrias emergentes. Legisladores, empresarios y expertos observan si la Cámara baja valida un esquema que podría transformar la matriz productiva y posicionar al país en la carrera global por la innovación.

La región centroamericana y República Dominicana consolidaron un ritmo sostenido de captación de Inversión Extranjera Directa (IED) durante 2025, con variaciones entre los países y un predominio de los servicios y las manufacturas en la distribución sectorial de los flujos. Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), divulgado este martes, Costa Rica, República Dominicana y Panamá se ubicaron entre los principales receptores de capital foráneo en el istmo, mientras que El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua registraron volúmenes menores aunque con incrementos interanuales en la mayoría de los casos.

De acuerdo con la CEPAL, el comportamiento de la IED en Centroamérica ha respondido tanto a la recuperación económica global como a la reconfiguración de cadenas de suministro y relocalización de operaciones, lo que favoreció la llegada de nuevos proyectos, especialmente en sectores.

Costa Rica sobresalió como principal receptor regional de IED en servicios y manufacturas, con un peso equivalente al 6% de su producto interno bruto (PIB) y una participación del 35.7% en la formación bruta de capital fijo (FBKF) durante el periodo 2021-2025. La República Dominicana también tuvo una participación destacada, con la IED representando el 3.6% de su PIB y el 13.2% de la FBKF, según detalló la CEPAL en su análisis regional.

El informe subraya que los flujos de inversión mantuvieron un aumento en la mayoría de los países centroamericanos durante 2025. Nicaragua registró un peso de la IED del 7.1% en su PIB y un aporte del 31.5% en la FBKF, mientras que Honduras y Panamá alcanzaron niveles del 2.4% del PIB, con impactos del 10.2% y 9% en la FBKF, respectivamente. Por su parte, El Salvador y Guatemala reportaron una incidencia de la IED del 2% en el PIB, con una contribución a la FBKF de 8.9% y 12.4%, respectivamente.

¿Qué sectores concentraron la IED en la región?

La CEPAL identificó que el sector de los servicios fue el principal receptor de capital extranjero en la región centroamericana, seguido por las manufacturas y, en menor medida, los recursos naturales. En 2025, la entrada de IED en servicios experimentó un crecimiento del 19.5%, mientras que el sector de recursos naturales aumentó un 7%. En contraste, las manufacturas, aunque mantienen participación, mostraron una contracción del 17.2%.

El estudio de la CEPAL destaca que la mayoría de los flujos de inversión hacia Centroamérica y República Dominicana provienen de Estados Unidos y Europa. No obstante, durante 2025 se observó una disminución de las inversiones estadounidenses del 10%, mientras que las procedentes de Europa –particularmente de Países Bajos, Luxemburgo y otros miembros de la Unión Europea– incrementaron su presencia. También se constató una reducción significativa en la participación de la IED intrarregional, con una caída del 50% respecto al año previo.

Los sectores que lideraron en cada país

En el caso de Panamá, la economía canalera mantuvo su atractivo como plataforma logística y financiera, recibiendo inversiones en servicios, banca y transporte. República Dominicana, por su parte, concentró flujos en turismo, energía y manufactura de zonas francas, sectores que concentraron la mayor parte de los flujos extranjeros según la CEPAL.

La tendencia a la diversificación sectorial se manifestó en la región, donde los servicios relacionados con tecnologías de la información, telecomunicaciones y tercerización de procesos de negocios absorbieron una porción creciente de la IED. Costa Rica, en particular, reforzó su posición como centro para empresas multinacionales que buscan aprovechar las ventajas logísticas y de talento en el país.

En tanto, Nicaragua y Honduras se sostuvieron como destinos manufacturero-textiles, aunque la volatilidad política y los desafíos regulatorios incidieron en la evolución de los proyectos anunciados.

El informe de la CEPAL señala que persisten obstáculos para consolidar el dinamismo de la IED en Centroamérica y República Dominicana y que el fortalecimiento de sectores estratégicos, junto con políticas orientadas a la innovación y la sostenibilidad, buscará aumentar su impacto en el desarrollo de estos países.

El presidente Javier Milei viajará a París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para encabezar la Argentina Week París, un evento que reunirá a ministros, gobernadores y los principales empresarios del país con inversores europeos, y en el que se espera que mantenga un encuentro bilateral con su par francés, Emmanuel Macron. Así lo confirmaron fuentes del gobierno a Infobae.

El viaje se producirá después de la final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, y se sumará a una agenda exterior que ya acumula más de una decena de desplazamientos internacionales de Milei en lo que va del año, y que avanza en paralelo a la coyuntura política interna del Gobierno, atravesada desde hace meses en la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El anuncio más resonante en el marco de la Argentina Week París lo hizo el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, quien informó que Milei y el Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion, recibirán un reconocimiento del Paris Economic Forum como los dos economistas más influyentes del planeta. “Uno desde la teoría y la academia, el otro desde la política y la práctica”, escribió el diplomático en sus redes.

En declaraciones a Radio Mitre, Sielecki describió la Argentina Week París como “una suerte de mundial de las inversiones para la Argentina”. El embajador explicó que la idea es reunir a los empresarios más relevantes de los sectores más dinámicos de la economía argentina —energía, minería, agroindustria, infraestructura— con los actores más pujantes de la economía francesa y europea, con el objetivo concreto de acelerar el flujo de inversiones hacia el país. “Son empresas que están llegando, que están desembarcando, que están creando empleo”, afirmó.

Un importante funcionario del Gobierno, al tanto de las negociaciones entre Buenos Aires y París, aseguró a Infobae que, entre otros empresarios, participarán Marcos Bulgheroni (CEO de Pan American Energy), Eduardo Eurnekian (presidente de Corporación América), Martín Migoya (Fundador de Globant) y Marcelo Mindlin (dueño de Grupo Emes y de Pampa Energía SA).

La organización también prevé la presencia de los principales referentes empresariales de Francia y de Europa en general. La Agencia Argentina de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional organizará actividades de promoción de la Marca País en paralelo al evento.

Las inversiones francesas en la Argentina crecieron 50,7% desde la llegada de Milei al poder, según datos del Banco Central citados por Sielecki. El diplomático enumeró una serie de operaciones concretas que ilustran ese crecimiento: una planta de procesamiento de girasoles de la empresa Louis Dreyfus en Bahía Blanca, proyectos de minería de litio en Salta, inversiones en energías renovables en la Patagonia y gas offshore en Tierra del Fuego por parte de Total. También mencionó el regreso de la cadena de artículos deportivos Decathlon al mercado argentino: su local de Córdoba, recientemente inaugurado, es hoy el que más factura en toda la red global de la empresa.

El formato de la Argentina Week de París replica el esquema del evento que el gobierno realizó en Nueva York, pero con un perfil más orientado hacia la economía real y la inversión industrial.

El contexto geopolítico también juega a favor: la Argentina fue el primer país del Mercosur en completar todos los procedimientos legislativos y diplomáticos para la entrada en vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), un tratado que abarca un mercado de 450 millones de personas y que implica la eliminación de aranceles sobre el 92% de las exportaciones argentinas al bloque, aunque en Francia se registraron los principales focos de rechazo, sobre todo desde sectores vinculados al agro.

Según Sielecki, la relación bilateral entre los dos países atraviesa un momento de acercamiento. El embajador recordó que cuando Milei visitó París para la inauguración de los Juegos Olímpicos, en 2024, fue uno de los dos únicos jefes de Estado —de un total de 130 presentes— que Macron recibió en forma privada. “Esto habla del liderazgo que tiene el presidente Milei, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial”, afirmó, y también destacó el apoyo de Francia durante la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Antes de París, Milei tiene previsto volar a Madrid el 24 de junio para una conferencia y reunión con empresarios en la CEU Universidad San Pablo, regresar para la cumbre de presidentes del Mercosur en Asunción el 30 de junio, y viajar a Nueva York el 4 de julio para los festejos por los 250 años de la independencia de Estados Unidos convocados por Donald Trump. En septiembre, Milei participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas y trabaja en su presentación para la cumbre del G20 en Mar-a-Lago.

Esa proyección internacional contrasta con las turbulencias que enfrenta el gobierno en el plano doméstico. La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, se agravó en los últimos días tras reconocer que ocultó al fisco medio millón de dólares en ahorros y que mintió ante el Congreso cuando aseguró que “nunca existió ocultación alguna” de su patrimonio.

La crisis escaló hasta los socios parlamentarios del oficialismo: el PRO presiona al Gobierno y condiciona su apoyo político a la renuncia de Adorni y la Unión Cívica Radical (UCR) calificó su conducta de incompatible con el cargo. La oposición impulsa una moción de censura para el 24 de junio, la misma fecha en que Milei estará en Madrid. Pese a la presión, hasta ahora el presidente mantiene su respaldo al funcionario.

La economía dominicana crecería cerca de 4% en 2026, según el Fondo Monetario Internacional tras la visita de una misión encabezada por Ricardo Llaudes.

El organismo atribuyó esa proyección a los fundamentos macroeconómicos del país, la diversificación exportadora, el turismo y la inversión extranjera directa.

Ricardo Llaudes mantuvo encuentros con funcionarios públicos y representantes del sector privado para evaluar la situación local. Tras esa visita, el equipo técnico del FMI indicó que la República Dominicana cuenta con condiciones para enfrentar el contexto internacional.

Qué factores sostienen la proyección del FMI

La misión del FMI señaló que la diversificación de las exportaciones y el flujo constante de inversión extranjera directa fueron determinantes para ese desempeño. Sectores como el turismo y las zonas francas continúan aportando divisas, mientras las inversiones internacionales fortalecen el tejido productivo local.

Según Ricardo Llaudes, la combinación de ingresos por exportaciones, turismo e inversión extranjera mantiene el déficit de cuenta corriente bajo control.

El organismo también indicó que la inflación se mantendría dentro del rango objetivo del Banco Central: 4% con un margen de variación de un punto porcentual.

La evaluación sobre el contexto internacional

Los analistas del FMI destacaron la capacidad del país para desenvolverse en un escenario de incertidumbre global, marcado por la persistencia de conflictos en Medio Oriente y sus efectos en los mercados internacionales.

El jefe de la misión señaló: "La resiliencia y los robustos fundamentos macroeconómicos de los que dispone el país permiten navegar con éxito en el mar de incertidumbres creado por la persistencia del conflicto en Medio Oriente."

El Banco Central de la República Dominicana mantiene un seguimiento de los factores externos que pueden incidir en la estabilidad económica. El gobernador Héctor Valdez Albizu destacó la capacidad del país para sostener el crecimiento incluso en un ambiente internacional adverso.

La reforma fiscal presentada por el Gobierno

En paralelo a las proyecciones del FMI, el Gobierno dominicano presentó un proyecto de reforma fiscal para reforzar la recaudación frente al contexto internacional y asegurar recursos para sostener la estabilidad y el crecimiento.

Entre las medidas propuestas figuran el aumento del impuesto sobre la renta para las grandes empresas, un incremento en el cobro por transferencias bancarias y una suba de diez dólares a los boletos aéreos.

El Ejecutivo prevé recaudar USD 850 millones adicionales con este paquete, que también incluye la creación de un impuesto selectivo al consumo de cigarrillos electrónicos y un aumento de la tributación sobre casinos y juegos de azar.

La reforma también contempla la eliminación del pago anticipado de ganancias para las microempresas. La medida apunta a aliviar la carga fiscal sobre los sectores más pequeños y fomentar su desarrollo.

Las perspectivas para la economía del país

Según el FMI y las autoridades monetarias, la economía de la República Dominicana mantiene una posición favorable para seguir creciendo. El país cuenta con un sistema financiero sólido y un sector externo sostenido por el turismo y la diversificación exportadora.

El organismo internacional y el Banco Central subrayaron la importancia de mantener políticas prudentes y seguir de cerca los riesgos externos. El entorno internacional continúa volátil y la República Dominicana deberá adaptarse para resguardar la estabilidad económica.

La Unión Europea busca en Honduras un socio confiable para reforzar su seguridad y su competitividad, una estrategia que incluye una inversión de seis millones de euros destinada a reducir riesgos, atraer capital y vincular al país centroamericano con la agenda Global Gateway, según explicó el embajador Gonzalo Fournier Conde.

El programa movilizará 185 millones de lempiras y tendrá carácter no reembolsable, de acuerdo con Cristina Marín, jefa de cooperación de la UE en Honduras. Según Marín, el financiamiento proviene íntegramente del programa de acción anual de la Unión Europea y fue diseñado para actuar como catalizador de nuevos recursos públicos y privados.

Fournier detalló que la política exterior del bloque tiene tres objetivos estratégicos. El primero es protegerse de la amenaza rusa y garantizar la seguridad de la Unión Europea y de sus aliados; el segundo, reforzar el mercado interior para elevar su competitividad económica y proteger su entorno inmediato; y el tercero, construir alianzas sólidas con socios confiables como Honduras.

“Esto lo que significa es que la Unión Europea cree en Honduras. Esto lo que significa es que la Unión Europea quiere ser un socio fiable”, afirmó Fournier. El embajador añadió que el bloque no busca “generar dependencias insostenibles en la economía hondureña”.

La inversión europea apunta a reducir riesgos y atraer capital privado

Según Fournier, la Unión Europea quiere aumentar la inversión europea en Honduras mediante la reducción de riesgos y el respaldo a la autonomía estratégica del país. El diplomático señaló que ese objetivo se ejecuta a través de la agenda de inversión Global Gateway, que definió como una herramienta para “conectar”.

En ese marco, el convenio busca ayudar a Honduras a construir condiciones para la inversión. Fournier dijo que la meta es “crear exactamente lo que quiere el presidente Azfura: seguridad jurídica, crear un marco estable para la inversión, favorecer la confianza de los inversores”.

Marín precisó que los 6 millones de euros no corresponden a un esquema de cooperación tradicional. Según la funcionaria europea, los fondos fueron estructurados para apalancar más recursos, reducir el riesgo de inversión y movilizar capital privado, tanto europeo como hondureño, hacia proyectos de alto impacto ambiental y social.

La jefa de cooperación sostuvo que el programa también pretende establecer una base legal y financiera para una relación distinta entre ambas partes. “Sentamos las bases de una alianza ganar-ganar, una alianza diferente entre Honduras y la Unión Europea”, afirmó Marín.

Honduras entra en la estrategia global de conectividad de la UE

Fournier explicó que la idea de “conectar” incluye tanto a empresas como a centros de formación. Según el embajador, la Unión Europea evalúa impulsar misiones de compañías europeas hacia Honduras y, al mismo tiempo, fomentar una mayor presencia de empresas hondureñas en territorio europeo.

Marín señaló que el programa no operará de manera aislada, sino como una contribución directa a la agenda de inversiones de la Unión Europea en Honduras. Según la funcionaria, el proyecto incorpora al país al radar de la estrategia europea de conectividad e infraestructura global.

Esa incorporación, agregó Marín, busca alinear los esfuerzos nacionales con estándares internacionales de sostenibilidad, transparencia y gobernanza democrática. Según la representante de la UE, el objetivo es que los proyectos que reciban impulso financiero y político se inserten en un marco de cooperación con criterios definidos por la estrategia europea.

El Salvador refuerza su atractivo como destino para la inversión extranjera tras la visita de una delegación de más de 15 empresarios de Bolivia, quienes manifestaron el interés de invertir y expandir operaciones en sectores como alimentos, farmacéutica, tecnología, fintech, agroindustria, turismo y café.

El encuentro, realizado en San Salvador, fue encabezado por el vicepresidente Félix Ulloa hijo, quien destacó las condiciones de seguridad y el entorno favorable para los negocios, factores señalados como determinantes por los inversionistas bolivianos.

Según informó la Vicepresidencia de la República de El Salvador, Ulloa subrayó que los avances en seguridad, la certeza jurídica y la visión tecnológica de El Salvador están impulsando la llegada de nuevos capitales. Durante la reunión, la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNADSV) fue presentada como referente en innovación financiera, posicionando al país como un ecosistema propicio para empresas interesadas en certificación y transformación digital.

Ulloa también resaltó la salida de El Salvador de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que catalogó como un hito institucional.

En representación del sector público, la subdirectora de Promoción de Inversiones de Invest in El Salvador, Jessica Bukele, detalló a los empresarios bolivianos las oportunidades de inversión adaptables a los intereses de cada compañía.

La embajadora de El Salvador en Bolivia, Ana Rivas, acompañó la delegación y remarcó el creciente interés del empresariado boliviano por el mercado salvadoreño. Según la Vicepresidencia de la República de El Salvador, esta es la segunda visita empresarial de Bolivia en menos de un año, lo que muestra una tendencia sostenida de acercamiento.

Durante el encuentro, los empresarios bolivianos agradecieron la labor de la embajada salvadoreña en La Paz por facilitar el acercamiento y coincidieron en que el clima de seguridad, junto a la estabilidad jurídica, son factores clave para la toma de decisiones empresariales. Según la Vicepresidencia de la República de El Salvador, los sectores con mayor potencial de expansión incluyen alimentos, farmacéutica, tecnología, fintech y café.

Recientemente, el vicepresidente Ulloa sostuvo una reunión con el embajador de Perú, quien trasladó el interés de empresas peruanas de regresar al mercado salvadoreño.

Según informó la Vicepresidencia de la República la semana anterior, varias compañías peruanas, que se retiraron en años anteriores por motivos de inseguridad, están evaluando su retorno ante las nuevas condiciones de estabilidad. El embajador peruano transmitió que sectores como turismo, industria y logística ven a El Salvador como un punto estratégico para crecer en Centroamérica.

La reactivación del interés peruano coincide con la política gubernamental de promover inversiones a través de incentivos y mejoras regulatorias orientadas a atraer capital extranjero. El gobierno salvadoreño ha impulsado reformas en áreas prioritarias como salud, tecnología e infraestructura, que han sido valoradas positivamente por los empresarios extranjeros.

Un ejemplo citado en la reunión con los empresarios de Bolivia fue el lanzamiento de la plataforma digital DoctorSV- que ya contempla 1.5 millones de usuarios y la digitalización de más de 2 millones de recetas- así como la reciente apertura del Hospital Rosales, iniciativas que buscan elevar la calidad de los servicios estatales.

El clima de inversión en El Salvador ha recibido atención internacional tras la implementación de medidas de seguridad que han reducido la criminalidad, un aspecto que tanto empresarios bolivianos como peruanos consideran esencial para operar y expandirse en el país. Según la Vicepresidencia de la República de El Salvador, “el acompañamiento de las embajadas y la visión de país como plataforma de expansión regional consolidan a El Salvador como destino confiable para la inversión extranjera”.

Con la llegada de nuevas delegaciones empresariales y el renovado diálogo bilateral con Perú, El Salvador proyecta consolidar su posición como polo de atracción para empresas de Sudamérica interesadas en turismo, comercio e industria. El gobierno mantiene la expectativa de concretar acuerdos en los próximos meses que permitan materializar estos anuncios de interés en inversiones directas y generación de empleo.

La adjudicación del campamento Batidero para un megaproyecto de cobre en San Juan desató una controversia en la industria argentina. El consorcio liderado por PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A., obtuvo el contrato para importar, desde China, una ciudad modular destinada a albergar a miles de trabajadores mineros. Esta decisión provocó un fuerte rechazo en sectores industriales y empresariales locales, que advierten sobre la pérdida de empleo y la relegación de proveedores nacionales en uno de los proyectos de inversión más grandes del país.

La obra prevé la instalación inicial de 2.500 camas en el complejo habitacional Batidero, pero la dinámica de trabajo rotativo en la minería llevará la cifra a entre 3.500 y 5.000 personas. Con el avance del emprendimiento, la demanda podría escalar hasta 12.000 trabajadores, lo que requerirá ampliar el complejo a 6.000 plazas. El modelo de ciudad importada consiste en módulos prefabricados con estructura de acero, que se ensamblan y apilan en la montaña, listos para su uso, equipados con mobiliario y electrodomésticos.

Las especificaciones técnicas de los módulos, fabricados por Beijing Chengdong, muestran “casas contenedor” móviles y resistentes, diseñadas para soportar condiciones extremas de la cordillera sanjuanina. El consorcio asiático cotizó la obra en 52 millones de dólares, desplazando a la empresa nacional Modular Homes que ofertó 70 millones. Esta diferencia de 18 millones representa solo el 0,01% de los 18.000 millones de dólares que implica el desarrollo completo del proyecto Vicuña.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular, Juan Pablo Rudoni, destacó que la decisión impacta de manera directa sobre la cadena de valor local. Según sus cálculos, fabricar los módulos en Argentina cuesta 1.300 dólares por metro cuadrado, mientras que en China el costo ronda los 500 dólares, más 200 de flete internacional. Sin embargo, Rudoni remarcó que el ahorro en la adjudicación es mínimo dentro de la inversión total y que la producción local podría haber generado al menos 400 empleos directos, frente a los 50 que requiere la logística y montaje de los módulos importados.

El proyecto Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, se presenta como el emprendimiento minero más relevante de la historia argentina, con una inversión estimada de 18.000 millones de dólares hasta 2040. La primera etapa demanda 7.000 millones para la construcción y puesta en marcha de Josemaría y contempla la expansión posterior hacia el depósito Filo del Sol. El objetivo es convertir a Argentina en uno de los principales exportadores de cobre, con 400.000 toneladas anuales durante un cuarto de siglo.

Uno de los argumentos más repetidos desde el sector empresario es la falta de igualdad de condiciones para competir con los proveedores extranjeros. Rudoni subrayó que la empresa china, además de operar con capital estatal y subsidios en origen, accedió a exenciones impositivas a través delde la Ley de Inversiones Mineras (Ley 24.196, de 1993). Estas exenciones, según el dirigente, representan una ventaja decisiva: “Si la empresa argentina hubiera tenido el mismo beneficio de exención de impuestos, habría presentado una oferta incluso más económica”, señaló. El beneficio impositivo se traduce en una reducción de hasta el 30% en los costos finales, lo que distorsiona la competencia y deja a la industria nacional en desventaja.

La industria local sostiene que la construcción modular en Argentina cuenta con capacidad instalada suficiente para abastecer grandes proyectos de minería y petróleo. Hay más de cien empresas especializadas en el rubro, con una alta proporción de insumos nacionales, principalmente acero y paneles de cerramiento fabricados en el país. Rudoni recordó que Ecosana, empresa que preside, construyó recientemente campamentos para 1.600 personas en el sector energético y que la industria argentina logró montar once hospitales modulares en cuarenta días durante la pandemia. Estos antecedentes, según la Cámara, desmienten el argumento de falta de capacidad local.

El impacto sobre el empleo y la cadena de proveedores es uno de los puntos más sensibles del conflicto. Al importar los módulos, la mayor parte del valor agregado y la generación de puestos de trabajo queda fuera del país. Rudoni estimó que, mientras la producción local de los módulos habría demandado más de 400 empleos directos, la importación solo requiere unas 50 personas para el montaje y la logística en San Juan. Además, la red de proveedores nacionales, que podría haber involucrado a unas cincuenta empresas, queda relegada a un papel marginal.

La controversia también alcanza a la calidad de los insumos importados. Desde la Cámara Argentina de la Construcción Modular se plantea que los módulos chinos no igualan la calidad de los productos fabricados en Argentina, especialmente en aspectos como la adaptación a normas antisísmicas y a la amplitud térmica de la cordillera. Los empresarios remarcan que el transporte de estos módulos desde China implica un costo logístico elevado, lo que históricamente motivó el desarrollo local de la industria.

El debate en torno a la adjudicación del campamento Batidero refleja el dilema entre la atracción de inversiones extranjeras y la necesidad de fortalecer el tejido industrial argentino. Si bien la Ley de Minería y el RIGI buscan incentivar proyectos de gran escala mediante exenciones fiscales y aduaneras, sus efectos colaterales sobre la producción interna y el empleo generan preocupación. Rudoni y otros representantes de cámaras sectoriales solicitaron una mesa de diálogo con las empresas mineras para analizar el impacto real de la importación de infraestructura y buscar mecanismos que permitan una mayor participación de la industria nacional.

El modelo de adjudicación utilizado en Vicuña no es un caso aislado. En la entrevista transmitida por Infobae en Vivo, los participantes recordaron otros ejemplos recientes de grandes licitaciones en las que proveedores locales quedaron excluidos frente a la competencia extranjera. El caso más resonante involucró la importación de caños para un gasoducto clave, en el que una empresa india desplazó a una firma nacional.

Los empresarios nucleados en la Cámara Argentina de la Construcción Modular, CACMI, CAPRIMSA y CAPMIN, insisten en la necesidad de revisar los criterios de adjudicación en los proyectos estratégicos. Sostienen que priorizar únicamente el precio, sin ponderar el efecto multiplicador sobre el empleo y la economía interna, limita las posibilidades de desarrollo industrial. Además, advierten que la lógica de importar soluciones llave en mano puede debilitar la infraestructura productiva nacional a largo plazo.

El campamento modular importado desde China funcionará como base de operaciones para la fase inicial del megaproyecto cuprífero. Según los impulsores, la instalación exprés y la capacidad de escalar el complejo justifican la elección del modelo asiático. No obstante, la diferencia de costos entre ambas ofertas —1.900 dólares por metro cuadrado en el caso de los módulos chinos puestos en el sitio, frente a 2.500 en el caso argentino— resulta insuficiente para los referentes locales, que cuestionan la magnitud del ahorro en relación con el impacto social y económico.

El debate sobre el derrame de las grandes inversiones en la minería argentina permanece abierto. Sectores empresarios reclaman que los beneficios fiscales otorgados a los inversores extranjeros se traduzcan en una mayor generación de empleo y oportunidades para proveedores nacionales. El futuro del desarrollo industrial y la participación local en obras estratégicas como la ciudad minera de San Juan dependerá de cómo se resuelvan estos desafíos.

Una desaceleración del crecimiento económico marcará los próximos meses en Costa Rica, según el más reciente informe del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR) retomado por el periódico El Financiero.

El centro de estudios proyectó que el Producto Interno Bruto (PIB) real nacional crecerá 3.4% este año, por debajo del 4.5% previsto a inicios de año y del 4.56% del año pasado.

La estimación puntual del IICE-UCR ubica el crecimiento dentro de un rango de entre 3.1% y 3.7% para el año completo. Para el segundo trimestre, el crecimiento interanual se espera en 3.4%, con un margen de variación entre 2.9% y 3.9%.

El ajuste a la baja responde, en gran medida, a una pérdida de dinamismo en el régimen especial, conformado principalmente por las zonas francas, uno de los principales motores de la economía costarricense.

Menor crecimiento en las zonas francas

De acuerdo a la nota, el freno en el régimen especial es uno de los elementos que más incide en el ajuste de las expectativas. Según el informe, el crecimiento proyectado para este sector descendió de una previsión inicial de 12.4% a una nueva estimación de 4.0%, con un intervalo de confianza que va del 3.2% al 4.7%.

Mientras tanto, el régimen definitivo, que abarca la economía local fuera de zonas francas, mantiene un comportamiento más estable, con una variación anual prevista de 3.3%.

La diferencia en el ritmo de crecimiento entre ambos sectores se redujo por la desaceleración de las zonas francas y no por un repunte de la economía local. Esto repercute en la proyección global.

Riesgos externos y vulnerabilidad interna

El IICE-UCR identifica varios elementos de riesgo que podrían alterar el desempeño económico interno. El aumento reciente en el precio internacional del petróleo ya encarece el transporte y amenaza con elevar los costos de producción, aunque su impacto final es incierto.

Además, las fluctuaciones del tipo de cambio siguen bajo vigilancia por su efecto directo sobre la competitividad del sector exportador.

En el análisis también se indica que la atracción y retención de inversión extranjera directa será determinante para el futuro del régimen especial y la producción total. La evolución de estos factores externos podría modificar el panorama previsto en las actuales proyecciones.

Inflación y empleo bajo presión

El informe técnico advierte sobre presiones adicionales en variables sensibles para la población. Aunque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró una variación interanual de -1.64% en abril, la previsión es que la inflación retorne a cifras positivas en los próximos meses.

Para febrero de 2027, se espera que la inflación se ubique cerca, pero por debajo, del límite inferior del rango de tolerancia del Banco Central, que va de 2.0% a 4.0%.

En el mercado laboral, las señales tampoco son alentadoras. Durante el primer trimestre del año, la ocupación registró un descenso interanual de -2.55%.

Las ramas más afectadas fueron la industria manufacturera y los sectores de intermediación financiera y seguros, responsables de la mayor parte de la caída en los niveles de empleo.

Volaba sobre el Atlántico cuando, hace justo un mes, apretó el botón. El 7 de mayo de 2026, mientras el avión presidencial dejaba atrás Los Ángeles, el presidente Javier Milei –que había sido parte de la Conferencia Global del Instituto Milken– publicó en su cuenta de X lo que llamó una “mega bomba”: el anuncio del Súper RIGI, una versión expandida del régimen de grandes inversiones que ya había convertido en la pieza central de su estrategia económica. “Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit”, escribió el Presidente, “no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial”.

Según el Gobierno, el esquema actual de incentivos ya comprometió casi USD 140.000 millones –a varios años y con desembolsos escalonados– y generará un total de 180.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. No sólo eso, en un artículo del jueves en el Financial Times, el mandatario se comprometió a que la IA tendrá en el país el “marco legal y fiscal más atractivo del mundo” e invitó a las empresas tecnológicas a desembarcar con la promesa de la absoluta desregulación del sector. Además, la semana que pasó el ministro de Desregulación y Reforma del Estado, Federico Sturzenegger, le propuso al Congreso cambiar la ley se Sociedades, con una simplificación completa y hasta la incorporación de “sociedades full IA”, empresas operadas por agentes de IA o robots, con personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada, en las que los accionistas humanos podrán participar, pero no serán un requisito.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, o simplemente RIGI, nació en julio de 2024 como el capítulo más ambicioso de la Ley de Bases. La idea era simple en su enunciado y más compleja en su ejecución: crear un paraguas normativo tan robusto, tan blindado contra la voracidad fiscal argentina, que los grandes capitales globales se animaran a apostar por el país.

El mínimo de ingreso quedó fijado en USD 200 millones por proyecto. También propuso 30 años de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria. Una suerte de cerrojo legal que ningún gobierno futuro podría abrir sin pagar costos jurídicos enormes.

Los beneficios concretos son de una generosidad que no tiene precedentes en la historia reciente del país. El Impuesto a las Ganancias baja del 35% al 25% para los vehículos adheridos al régimen. Los derechos de importación sobre bienes de capital quedan exentos. Las exportaciones tampoco pagan retenciones después del tercer año. Y lo más importante para inversores que piensan en el largo plazo: la posibilidad de girar divisas al exterior sin restricciones, de forma escalonada pero garantizada.

Cambios

Lo cierto es que el RIGI tardó más de lo esperado en arrancar. El primer proyecto en ser aprobado fue el parque solar El Quemado, de YPF Luz, en Mendoza.

El segundo proyecto marcó el cambio de escala. En marzo de 2025, el ministro de Economía, Luis Caputo anunció la aprobación del Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS): USD 2.900 millones: YPF junto a seis socios estratégicos, 437 kilómetros de caño entre Allen y Punta Colorada, en Río Negro. Permitirá exportar más de 550.000 barriles diarios a partir de 2027, con ingresos anuales que el Gobierno proyecta en más de 15.000 millones de dólares. Un oleoducto que, si cumple lo prometido, cambiaría la geografía exportadora del país.

El mapa de proyectos muestra un patrón claro: Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca. Vaca Muerta y el triángulo del litio. Petróleo, gas, cobre, litio, oro, energías renovables. Desde entonces se aprobaron 18 proyectos, dos de ellos en las últimas horas.

El Gobierno no esperó a que el RIGI original madurara para empezar a modificarlo. En julio de 2025, lo amplió para incluir proyectos de generación eléctrica —térmica, renovable, nuclear—, en medio de una emergencia energética declarada que dejó cientos de miles de usuarios del AMBA sin luz durante una ola polar. Una señal de que el régimen también era una herramienta de gestión de crisis.

La reforma más profunda llegó en febrero de 2026, con el Decreto 105/2026. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, lo presentó como una mejora técnica destinada a hacer el RIGI “más claro y eficiente”. En la práctica, fue una reingeniería. El plazo de adhesión se extendió un año, hasta julio del año próximo. Más relevante aún: el régimen incorporó la exploración y producción de hidrocarburos, el segmento upstream, que hasta ese momento había quedado afuera. Para proyectos en Vaca Muerta, el piso mínimo de inversión subió a USD 600 millones; para los proyectos offshore, se mantuvo en 200 millones.

Tensión

Desde el sector energético, la recepción general del esquema siempre fue muy positiva. En parte, porque asusta una idea que el presidente de YPF, Horacio Marín, repite desde siempre: “Sin RIGI no hay GNL”. O sea, sin esos incentivos Vaca Muerta no terminará de explotar debidamente y los hidrocarburos que yacen en esas piedras patagónicas no se convertirán en los dólares que tanto necesita el país.

A pesar de que las voces a favor son más, el RIGI no convence a todos. Hay dudas sobre si muchas de las inversiones que entraron al régimen, sobre todo las destinadas a Vaca Muerta, no se hubieran igualmente realizado; gremios que se quejan por el impacto, sobre todo en las pymes sectoriales; empresarios que señalan que la libre importación de bienes de capital prevista suena a competencia desleal contra la industria nacional; y legisladores que hacen números sobre el golpe que los beneficios impositivos dará a las cuentas fiscales.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof nunca adhirió al RIGI y lanzó su propio régimen provincial con otra lógica: valor agregado y diversificación productiva. En el Día de la Industria de 2024, lo dijo sin rodeos: lo que el Gobierno nacional proponía era “primarización de los recursos naturales”. Los recursos se van “por un caño o por un puerto para el desarrollo de otros países”, graficó.

Lo cierto es que la tensión entre los que ven en el RIGI una palanca histórica de desarrollo y los que lo leen como una cesión sin retorno no desapareció con los resultados. Los proyectos aprobados son, en su enorme mayoría, extractivos. Petróleo, gas, litio, cobre, oro. Ningún proyecto de manufactura compleja o de mayor valor agregado se ha adherido hasta ahora al régimen. El patrón no es un accidente: el RIGI fue diseñado para proyectos con alto potencial exportador, y eso, en Argentina, casi inevitablemente significa recursos naturales. Ahora, sobre ese mapa, el Gobierno lanzó el Súper RIGI.

Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias

La denominación oficial del proyecto ingresado a Diputados es “Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”.

El piso de entrada sube a USD 1.000 millones por proyecto. A cambio, los beneficios son inéditos en la legislación argentina reciente. El Impuesto a las Ganancias baja del 25% que ya preveía el RIGI al 15 por ciento. Las contribuciones patronales para nuevas relaciones laborales generadas en los proyectos adheridos quedan fijadas en una alícuota única del 10%. Los dividendos llegan al 3,5% en cuatro años, frente a los siete que requería el RIGI original. La estabilidad normativa: 30 años, igual que antes. La ventana para presentar proyectos: cinco años, con posibilidad de una única prórroga de otros cinco.

Los sectores que el Gobierno tiene en la mira son los que no existen hoy en el país: IA, datacenters, autos eléctricos, centros de procesamiento de datos a gran escala, hidrógeno verde y hasta semiconductores, biotecnología avanzada, farmacéutica de innovación e industrialización del cobre. También podría ser para la cadena de valor del litio y baterías, plantas de GNL, pequeños reactores modulares nucleares (SMR), paneles solares y turbinas eólicas, petroquímica, industria aeroespacial, cadena de valor del uranio, industrialización de la pesca y fertilizantes. Habrá que ver cuáles de todos ellos quedan plasmados en la eventual ley.

En ese contexto, el timing del anuncio encendió las alarmas de la oposición en un contexto en el que el mega magnate tech Peter Thiel se radicó en el país (¿temporariamente?) y visitó la Casa Rosada.

El diputado Guillermo Michel, peronista y hombre de confianza de Sergio Massa, bajo cuya gestión como ministro de Economía, condujo la Aduana, tomó los 13 primeros proyectos aprobados del RIGI original y concluyó que el costo fiscal anual de esas inversiones supera los USD 1.800 millones, equivalentes a 0,27 puntos porcentuales del PBI.

“El peronismo siempre fomentó las inversiones productivas. En 2023 se creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos que permitía disponer de hasta el 20% de las divisas y con un 0% de derechos de exportación. El RIGI tomó algunos de esos beneficios, pero le da más a las empresas de lo que pedían. No respetar el compre nacional o la baja de contribuciones (del Súper Rigi) son beneficios innecesarios para muchas inversiones que se harían de igual manera”, aseguró el diputado.

El miércoles pasado, en tanto, Daniel González, secretario Coordinador de Energía y Minería de Economía, defendió el nuevo proyecto en una comisión de Diputados. Destacó que es la continuidad de un esquema exitoso y que “sería un error intentar extender nuevamente ese régimen porque fue concebido como una herramienta excepcional y con vencimiento. Creemos que llegó el momento de evolucionar el RIGI hacia un régimen enfocado en la industrialización de los recursos naturales”.

Además, destacó que el siguiente paso implica aprovechar los recursos naturales y la infraestructura cuya inversión fue movilizada por el RIGI y que “la industrialización de esos recursos naturales debería traducirse en un aumento mucho más significativo del empleo y del valor agregado”.

González aclaró que no se busca impacto de corto plazo y que el potencial exportador conjunto alcanza los USD 41.000 millones de dólares por año, algo que en términos agregados duplicaría las exportaciones argentinas.

“Sabíamos que minería y energía serían los sectores con mayor recepción de inversiones. La mina El Pachón fue descubierta hace más de 60 años. Tiene un estudio de factibilidad realizado hace 27 años y Glencore es propietaria del proyecto desde hace 13 años. La decisión final de inversión se tomó recién el año pasado. Según la propia empresa, la decisión estuvo vinculada al RIGI“, ejemplificó.

Aclaró también que sólo podrán ingresar proyectos nuevos y que no alcanza a planes de infraestructura y de extracción de recursos naturales.

Qué opinan los especialistas

El consenso de los analistas y consultoras es favorable al esquema, pero no faltan las críticas.

En principio, se destaca que la lógica económica detrás del “Súper RIGI” es distinta a la del original. Mientras que el primero buscaba destrabar inversiones extractivas y de infraestructura, el nuevo apunta a profundizar la industrialización, atraer cadenas de valor tecnológicas, facilitar financiamiento internacional y competir globalmente por proyectos muy intensivos en capital.

Abeceb, la consultora del ex ministro de Desarrollo Productivo de Cambiemos, Dante Sica, destacó que este último proyecto apunta a obras de escala; que el acuerdo con EEUU puede empujar inversiones estratégicas, no solo comerciales; que el acuerdo UE-Mercosur mejora el racional exportador; que si bien la captura no sería masiva ni automática Argentina podría disputar una parte de inversiones regionales que hoy van a otros países; y que el impacto real está en el “capex inducido” (cada proyecto grande no mueve solo la planta; mueve construcción, ingeniería, energía, caminos, logística, proveedores, empleo y demanda de servicios). Ahí, dice, el multiplicador puede ser más relevante que el beneficio fiscal.

“El RIGI original es una muy buena herramienta y hay que evaluarla por lo que busca resolver, que sin dudas no son los problemas estructurales de Argentina. Fue pensado como un marco excepcional para dar previsibilidad a proyectos de gran escala, con reglas estables. Argentina tiene un problema histórico de credibilidad para conseguir inversiones de largo plazo. El régimen aparece para compensar parcialmente desventajas muy conocidas. Se le exige al RIGI que resuelva problemas que no son el objetivo del instrumento”, aseguró Soledad Pérez Duhalde, Directora de Desarrollo de Negocios de Abeceb.

Días atrás se conoció un dato de la OCDE que muestra que Argentina quedó última en un ranking regional de Inversión Extranjera Directa (IED) con un flujo neto de capitales bastante inferior al de Brasil, México, Chile y Colombia. “Un mal dato de IED no invalida el RIGI. Sí, muestra que Argentina todavía tiene un problema general de atracción de capital. Pero por eso, justamente, son importantes estos instrumentos. Si el régimen general fuese suficiente para traer inversión, probablemente no haría falta un RIGI”, detalló Pérez Duhalde.

Sobre la nueva idea de un Súper RIGI, Matías Kulfas, ex ministro de Desarrollo Productivo, se preguntó desde su consultora Audemus si es la primera iniciativa productivista del actual gobierno, para muy rápido responder que “no se observa ninguno de los elementos clave que aparece en cualquier estrategia de desarrollo productivo vinculado a esos sectores (inversión en centros tecnológicos, generación de capacidades, recursos humanos y científicos), no exige inversiones en I+D local, ni encadenamiento productivo, ni empleo calificado mínimo; entrega estabilidad fiscal por 30 años sin contrapartidas verificables; y cede la jurisdicción para resolver conflictos a tribunales arbitrales internacionales”.

Kulfas describió que el único sector donde existe un anuncio formal concreto es data centers: el proyecto Stargate (OpenAI-Sur Energy, USD 25.000 millones), que es una carta de intención, no una inversión en curso. No ve ninguna chance en semiconductores ni biotecnología. Con respecto a cuestiones que podrían cambiar en el Parlamento, recomienda incorporar contrapartidas, como en Brasil; revisar el horizonte de estabilidad por ser sectores de alto dinamismo; y revisar el mecanismo de resolución de disputas (para que no sea en el exterior únicamente) y la obligatoriedad de la adhesión provincial, entre otros.

También planteó críticas el consultor energético Juan José Carbajales, quien también fue funcionario del área en el gobierno anterior. Desde su consultora Paspartú, destacó que el RIGI debería ser un esquema más transparente en cuanto a la información del esquema y sus exenciones. “¿Es válido el derecho a que las normas no cambien? ¿puede un Congreso actual limitar las potestades soberanas del Congreso futuro?”, se preguntó en un informe reciente. Con respecto a la ampliación al upstream petrolero, no dudó: habilita proyectos de producción en Vaca Muerta que ya eran rentables sin el RIGI, “proyectos que iban a suceder ne-ce-sa-ria-men-te”.

En su columna en el FT, Milei trazó un paralelo entre la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, en 1602, y este momentum IA. “La máquina y la entidad legal fueron, juntas, la doble hélice de la prosperidad moderna”, escribió el mandatario. Y pidió a las empresas del mundo que vengan al país a desarrollar sus iniciativas IA con muy bajo control del Estado. “Que Buenos Aires sea para la IA lo que Ámsterdam fue para la era de la navegación a vela“, dijo. ¿Será?

Por ahora hay compromisos de parte del sector privado. Unos USD 31.000 millones ya aprobados que llegarían a USD 140.000 según los anuncios hasta el momento, en plazos de entre 2 y 10 años. El mayor desafío de los diferentes sabores del régimen no parece ser conseguir que las empresas firmen. Es que, cuando llegue el momento de escribir el cheque, la Argentina de 2027 o de 2030 les siga pareciendo el mismo país que conocieron cuando apostaron. Por más beneficios que muestren las leyes, ahí estará la clave.

El Salvador y Perú intensifican las conversaciones para fomentar nuevas inversiones en turismo, comercio e industria, en un contexto de crecimiento económico y mejoras en la seguridad que han posicionado al país centroamericano como uno de los destinos más atractivos de la región. Así lo confirmaron el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa hijo, y el embajador del Perú en el país, César Jordán, durante una reunión orientada a fortalecer la cooperación bilateral.

Según informó la Vicepresidencia de la República de El Salvador, el encuentro puso sobre la mesa el avance de la quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones, con el objetivo de consolidar un marco confiable para el comercio y la inversión. De acuerdo con el comunicado oficial, El Salvador busca aprovechar el clima de confianza derivado de los avances en seguridad, un factor que, según los funcionarios, ha sido determinante para el denominado “milagro económico” salvadoreño.

El embajador peruano resaltó que empresas de su país, que en el pasado abandonaron el mercado salvadoreño por inseguridad, ahora muestran interés en regresar, motivadas por las nuevas condiciones que ofrece la nación centroamericana.

“Algunas compañías peruanas que se habían retirado por razones de seguridad están analizando regresar, debido a las nuevas garantías”, indicó Jordán, en declaraciones recogidas por la Vicepresidencia de la República de El Salvador. Además, subrayó el trabajo conjunto con la agencia Invest in SV para acompañar estos procesos y facilitar nuevas oportunidades de inversión.

Durante el encuentro bilateral, Ulloa y Jordán coincidieron en la importancia de avanzar con paso firme hacia la consolidación del tratado comercial, el cual permitirá ampliar las oportunidades de exportación y fortalecer los vínculos económicos entre ambos países. Los funcionarios reafirmaron que existe un amplio potencial para profundizar en el intercambio de experiencias y la atracción de inversiones, especialmente en sectores estratégicos como la hotelería, la industria y los servicios.

El gobierno salvadoreño reiteró su interés en construir una agenda bilateral basada en el respeto, la hermandad y la cooperación. Según el reporte de la Vicepresidencia de la República de El Salvador, el país continuará promoviendo un entorno propicio para los negocios, con especial atención en mantener la estabilidad y las condiciones de seguridad que han permitido la llegada de nuevas inversiones y el repunte turístico.

Ayer, la ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que El Salvador registró 2.1 millones de turistas internacionales hasta mayo de 2026, lo que confirma la tendencia de crecimiento en el sector. El Salvador in English detalló que los primeros cuatro meses del año acumularon 1.7 millones de visitantes, con un aumento del 35% respecto al mismo periodo del año anterior. Según los datos oficiales, el país cerró 2025 con 4.1 millones de turistas internacionales y proyecta alcanzar los 4.2 millones al final de este año.

Seguridad, motor de la recuperación

El clima de seguridad ha sido uno de los principales catalizadores del auge inversor y turístico en El Salvador. De acuerdo con reportes de El Salvador in English y declaraciones de la ministra Valdez, la mejora de las condiciones de seguridad no solo ha permitido el regreso de empresas extranjeras, sino que ha consolidado a destinos como La Libertad Costa, que figura entre las zonas más desarrolladas, gracias a la llegada de capital nacional e internacional.

En La Libertad Costa operan actualmente más de cinco centros comerciales y unas 400 empresas, según la ministra de Turismo. Nuevas inversiones continúan arribando, impulsadas por la confianza en el entorno económico y la estabilidad alcanzada en los últimos años. La región ha experimentado un fuerte incremento de visitantes, con 473,000 turistas solo en abril, un 36% más que en el mismo mes de 2025. La mayoría provino de Guatemala, seguida por turistas de Estados Unidos y Honduras.

El dinamismo turístico se refleja también en el crecimiento del comercio y la generación de empleo. La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), Leticia Escobar, explicó a medios nacionales que el país registró un crecimiento económico del 4.3% hasta marzo de 2026, impulsado principalmente por el desarrollo de sectores como la construcción, servicios financieros, seguros, comercio y turismo.

Las zonas francas sostienen cerca del 60 % de las exportaciones de República Dominicana, según afirmó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes Eduardo Sanz Lovatón durante un diálogo sobre el sector exportador dominicano, en el que vinculó ese peso con la transformación productiva del país y con una serie de cambios logísticos, aduaneros y normativos aplicados en los últimos años.

El funcionario señaló que entre enero y abril de 2026 las exportaciones crecieron 19 %, después de haber aumentado 11% en 2025, dentro de un intercambio comercial que, según explicó, alcanza los 44.000 millones de pesos dominicanos. También recordó que el país pasó de exportar alrededor de $700 millones mensuales en 2018 y 2019 a mantener ahora un promedio de entre $1.200 millones y $1.300 millones cada mes.

Sanz Lovatón presentó a las zonas francas como la base de la matriz exportadora nacional. Explicó que hace 10 años más de la mitad de las exportaciones de ese sector correspondían a textiles, mientras que en la actualidad más del 35 % está integrado por insumos médicos y alrededor del 15 % por componentes electrónicos y tecnológicos.

“Hoy cerca del 50 % de nuestras exportaciones de zonas francas corresponden a productos que hace apenas diez años no exportábamos”, sostuvo el ministro Sanz Lovatón.

Las zonas francas cambiaron su perfil y ganaron espacio los insumos médicos y la tecnología

El cambio en la composición de las ventas al exterior es uno de los datos que el funcionario utilizó para describir cómo están trabajando las zonas francas. Su planteo fue que el sector dejó de concentrarse en una canasta más estrecha, dominada por textiles, y avanzó hacia bienes de mayor complejidad industrial.

De acuerdo con su explicación, parte de ese resultado responde a reformas impulsadas durante los últimos seis años: la modernización del sistema aduanero, la aprobación de nuevas leyes vinculadas a la logística y el comercio, y la instalación de equipos de rayos X en los puertos.

El ministro agregó que el tiempo promedio para despachar un contenedor se redujo de nueve días a poco más de 24 horas. Según su descripción, esa caída en los plazos fortaleció la competitividad del país y facilitó el comercio exterior.

Durante su participación en un encuentro organizado por la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Sanz Lovatón afirmó que las exportaciones son el principal rubro económico de la nación y que han superado más de $2,000 millones en los últimos dos años. También sostuvo que el país se consolidó como una potencia exportadora por el crecimiento sostenido de sus ventas externas, la diversificación productiva y los avances en infraestructura logística.

La expansión exportadora se apoyó en inversión, logística y nuevas industrias

El funcionario destacó además una reducción de casi 40 % en el déficit de cuenta corriente. A su juicio, ese dato muestra que el país no solo exporta más, sino que exporta bienes con mayor valor agregado.

En la misma línea, señaló que la inversión extranjera directa pasó de unos $2,500 millones en 2018 y 2019 a más de $5,000 millones en 2025. Atribuyó ese desempeño a la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y la confianza que proyecta el país ante los inversionistas internacionales.

Sanz Lovatón dijo que República Dominicana cuenta con ocho aeropuertos internacionales, 18 puertos y una de las mayores conectividades aéreas de América Latina hacia Estados Unidos y Europa. Presentó esa estructura como una de las ventajas logísticas que respaldan el desempeño exportador.

También reconoció que persisten retos como la reducción de la pobreza, la necesidad de reformas estructurales y el fortalecimiento de la competitividad nacional. Al mismo tiempo, sostuvo que el país demostró capacidad para transformar sectores estratégicos mediante la coordinación entre el sector público y el privado.

Como ejemplos mencionó el desarrollo del turismo en Punta Cana, la recuperación de las zonas francas y los esfuerzos orientados a atraer nuevas industrias de alto valor agregado. En ese marco, reveló que el Gobierno mantiene conversaciones para impulsar la instalación de la industria de semiconductores en territorio dominicano.

La economía de El Salvador mejoró en sus indicadores fiscales durante 2025, mientras enfrenta nuevos desafíos en el primer trimestre de 2026. Según el último informe de la agencia inglesa de análisis financiero Emerging Finance (EMFI), el déficit fiscal (diferencia entre gastos e ingresos) del país se redujo de 2.5% del PIB en 2024 a 0.5% en 2025, acercando al gobierno de Nayib Bukele a su objetivo de equilibrio presupuestario. Esta mejora se atribuyó a un aumento de los ingresos fiscales y una reducción en el gasto corriente, sobresaliendo recortes en transferencias y consumo.

El documento de EMFI señala que el crecimiento de los ingresos públicos permitió al Ejecutivo mejorar su equilibrio fiscal en 2025, aunque advierte que el ritmo de ajuste se vio afectado en los primeros meses de 2026. El gasto corriente y el consumo público experimentaron un alza, lo que deterioró el superávit primario (cuando los ingresos son mayores que los gastos) de 1.1% del PIB (Producto Interno Bruto) en el primer trimestre de 2025 a 0.2% en el mismo periodo de 2026, llevando al saldo general de superávit a déficit. Esta tendencia introduce incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para sostener la disciplina fiscal en un contexto de mayor presión política, de cara a un ciclo electoral cercano, dice la agencia.

Además, el análisis de EMFI actualizó su proyección de crecimiento económico para 2026, ajustándola de 3.2% a 3.0%. Asimismo, la estimación de inflación subió de 1.4% a 2.4%. El informe atribuye este ajuste a un entorno macroeconómico menos favorable y a la influencia de factores políticos internos. El informe detalla que El Salvador muestra una economía sujeta a riesgos derivados de la evolución de la demanda interna y de la dinámica regional.

El reporte también indica que la previsión del superávit primario para 2026 se revisó a la baja, desde 2.8% a 2.6% del PIB, y la estimación de déficit fiscal se amplió, de 1.3% a 1.8% del PIB. Estas cifras reflejan un escenario de menor margen fiscal, donde el equilibrio de las finanzas públicas dependerá de la contención del gasto y de la evolución de los ingresos tributarios.

Deuda, reservas e inversión

La situación de la deuda pública permanece como un aspecto relevante del análisis de EMFI. El documento destaca que las métricas de solvencia del país siguen siendo débiles y que las necesidades de financiamiento se mantienen elevadas. No obstante, los eurobonos salvadoreños se negocian en sintonía con la mediana de los países con calificación “B-”. El informe mantiene la recomendación de conservar los eurobonos salvadoreños, pero indica que hay una postura de cautela entre los inversionistas internacionales ante el contexto de El Salvador.

En materia de reservas internacionales, el informe consigna que estas alcanzaron los USD 5,106 millones, el nivel más alto desde 2019, lo que equivale aproximadamente a 3.3 meses de importaciones. Esta posición fortalece la capacidad del país para atender compromisos externos de corto plazo y mitiga parte de los riesgos asociados a la volatilidad financiera global. El documento subraya que este nivel de reservas constituye un respaldo en el actual escenario regional.

En el ámbito de la inversión extranjera, el reporte de EMFI recoge que inversores estadounidenses han mostrado interés en sectores del país, como energía e infraestructura digital. Este interés coincide con el esfuerzo del gobierno de Nayib Bukele por atraer capital privado y diversificar la economía. El informe señala que “la llegada de nuevas inversiones podría favorecer el desempeño económico”, siempre que se mantengan condiciones de estabilidad y previsibilidad en el entorno de negocios.

El informe de EMFI concluye que la sostenibilidad de las finanzas públicas de El Salvador dependerá de la capacidad del Ejecutivo para contener el gasto, especialmente en un contexto de crecimiento más lento, inflación más alta y presiones políticas por el ciclo electoral.

La discusión sobre la necesidad de disciplina fiscal y monetaria en América Latina ocupó el centro de la presentación conjunta de Azucena Arbeleche, economista y ex ministra de Economía y Finanzas de Uruguay, y German Rojas Irigoyen, presidente de Banco Basa SA y ex ministro de Hacienda de Paraguay. Ambos analizaron el proceso económico argentino y compartieron experiencias sobre la gestión de la estabilidad macroeconómica en la región.

Ambos ex funcionarios hablaron durante el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde expusieron en el panel titulado “Consensos mínimos para la Estabilidad y la Inversión. Casos de éxito en la región”. La moderación estuvo a cargo de Pablo Wende, periodista y economista.

Durante la última pregunta del panel, los dos ex ministros se refirieron de manera directa al proceso que atraviesa la Argentina. Rojas Irigoyen se detuvo en los cambios institucionales que marcaron el rumbo macroeconómico de Paraguay y los comparó con el escenario argentino actual. “Hay un camino interesante que se basa en los fundamentos de la parte fiscal y de la parte de monetaria, crediticia y cambiaria”, afirmó. Luego, destacó la importancia de la autonomía del Banco Central en el proceso de estabilización de su país: “La independencia y la autonomía del Banco Central fue un salto importantísimo para Paraguay. A partir de ahí se corta el financiamiento al Estado, se corta la maquinita y empieza un proceso de sí, adelantos de corto plazo dentro del ejercicio fiscal con parámetros bien definidos. Ese es todo el crédito que el Banco Central le da al Gobierno, por llamarlo así”.

Rojas Irigoyen remarcó el valor de las reglas fiscales como instrumentos para dar previsibilidad a las políticas públicas. “Si no se tuviera el concepto de bien público, hoy esa regla fiscal se rompería con un artículo de la ley de presupuesto del año siguiente, y eso se ha preservado”, sostuvo. Además, subrayó que la estabilidad requiere un esfuerzo constante: “Esta estabilidad hay que seguirla trabajando para mantenerla y profundizar, sobre todo a nivel micro”.

Por su parte, Arbeleche consideró que comunicar la importancia de la disciplina fiscal resulta clave para obtener apoyo social. “En Uruguay fue sumamente importante invertir tiempo en explicarle a la ciudadanía qué significaba cuidar los dineros de los contribuyentes”, explicó. La ex ministra defendió la necesidad de construir consensos que trasciendan los ciclos políticos: “Hay que construir políticas nacionales que trasciendan una administración. No puede ser que vivamos aterrorizados por cualquier cambio de signo político”.

En relación con el proceso argentino, Arbeleche planteó: “Todo el tema de la cuestión de la emisión monetaria para financiar los déficits del Tesoro, ¿no? Esto que en Argentina se ha dado durante años y años. Creo que, si en algo se caracteriza América Latina es haber entendido que es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Nosotros todavía lo estamos tratando de entender, pero me parece que tanto Uruguay como Paraguay eso ya lo han entendido hace tiempo”.

La uruguaya subrayó la importancia de la transparencia y la sostenibilidad en el manejo del gasto público. “El concepto de regla fiscal, que es muy técnico, si se explica en sencillo, se entiende”, afirmó. En este sentido, sostuvo que la claridad en los objetivos y la explicación de las decisiones económicas pueden fortalecer el respaldo social a las reformas estructurales.

Ambos ex ministros coincidieron en la necesidad de cumplir las reglas acordadas y de respetar los contratos como condición indispensable para generar confianza e impulso a la inversión. “El cumplimiento de las reglas de juego y de los contratos, tan simple pero tan importante como eso, hay que cumplirlo”, advirtió Rojas Irigoyen.

Durante el panel, la experiencia paraguaya se presentó como una muestra de que la disciplina fiscal sostenida puede transformar la economía de un país. El ex ministro de Hacienda recordó que el cambio institucional permitió cortar la dependencia del financiamiento monetario y dio paso a una gestión más responsable de las cuentas públicas. “Es replicable y yo veo del sentir lo que es Argentina hoy, que ustedes están en ese camino. No es un camino fácil, no está exento de sacrificio, pero es bueno entender que esos dolores son para mejores días”, sostuvo.

La intervención de los ex ministros incluyó referencias al rol de la política fiscal y monetaria en el desarrollo de marcos de estabilidad para la inversión extranjera. Rojas Irigoyen señaló la importancia de la autonomía de los organismos encargados de la regulación monetaria y crediticia, mientras que Arbeleche insistió en la necesidad de explicar la función de las reglas fiscales para que la ciudadanía comprenda los beneficios de largo plazo. “El concepto de regla fiscal, que es muy técnico, si se explica en sencillo, se entiende”, reiteró.

A lo largo del panel, ambos remarcaron la necesidad de diseñar y sostener políticas públicas que trasciendan la coyuntura y sean patrimonio de toda la sociedad. Arbeleche afirmó: “No puede ser que vivamos aterrorizados por cualquier cambio de signo político”. La ex ministra consideró fundamental que los gobiernos trabajen en la construcción de consensos y en la consolidación de una cultura de respeto institucional.

En el cierre del panel, Rojas Irigoyen insistió en que la estabilidad requiere vigilancia y compromiso permanente: “Esta estabilidad hay que seguirla trabajando para mantenerla y profundizar, sobre todo a nivel micro”. El ex funcionario destacó que el ejemplo de Paraguay muestra que el éxito de las reformas depende de la firmeza en la aplicación de las reglas y de la capacidad para resistir presiones políticas.

Por su parte, Arbeleche defendió la transparencia en la gestión del gasto y la necesidad de explicar cada decisión a la ciudadanía. “En Uruguay fue sumamente importante invertir tiempo en explicarle a la ciudadanía qué significaba cuidar los dineros de los contribuyentes”, insistió. La ex ministra remarcó que la credibilidad en las instituciones se construye a partir del respeto a las reglas fiscales y de la rendición de cuentas.

Ambos ex ministros valoraron el proceso argentino como un camino difícil, pero posible. Reconocieron que la transición hacia un modelo de disciplina fiscal y monetaria implica costos, pero insistieron en que los países que perseveran logran consolidar procesos de crecimiento sostenido. “No es un camino fácil, no está exento de sacrificio, pero es bueno entender que esos dolores son para mejores días”, sostuvo Rojas Irigoyen.

En cuanto al resto de los temas tratados, los panelistas abordaron la importancia de crear condiciones estables para atraer inversión extranjera y consolidar el desarrollo económico. Rojas Irigoyen relató la experiencia paraguaya en la construcción de consensos sobre la disciplina fiscal y la autonomía del Banco Central, mientras que Arbeleche explicó que la experiencia uruguaya demostró el valor de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

Sobre el final de la jornada, la intervención de Pelayo Castro, Deputy Managing Director de Americas en EEAS, se centró en los desafíos geopolíticos que enfrenta la región. Castro mencionó la necesidad de fortalecer la cooperación entre los países latinoamericanos y remarcó la importancia de mantener una política exterior activa para enfrentar los cambios en el escenario global. En su exposición, sostuvo: “La evolución de las alianzas globales impacta directamente en las oportunidades de crecimiento regional”. La presentación resultó breve y giró en torno a la relación de América Latina con los principales bloques económicos internacionales.

El Salvador ha sido retirado oficialmente de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una decisión que cierra más de casi dos décadas de restricciones para acceder a inversiones y mercados globales. El anuncio fue confirmado por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, desde Ginebra, en el contexto de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo.

Durante una entrevista realizada por videollamada a un canal nacional, Castro explicó que el país “heredó una situación de años, de décadas que El Salvador se ha mantenido en la lista, ahora no es solamente salir de la lista sino que mantenerse”. El ministro relató las gestiones intensas realizadas en la conferencia y destacó que “no esperábamos este desenlace, era una situación bien compleja”.

El funcionario compartió que la decisión de la OIT fue comunicada tras una reunión con el director general del organismo, quien felicitó a la delegación salvadoreña por el respaldo alcanzado tanto de los trabajadores como de los empleadores, consolidando un consenso internacional inédito para el país. “Oficialmente, hemos sido no solamente informados por parte del director, sino que también felicitados, porque gracias a Dios, con un apoyo muy fuerte de los trabajadores, del voto de los trabajadores, hemos logrado salir”, subrayó Castro.

El ministro resaltó el impacto que esta decisión tiene para la imagen de El Salvador: “Ese lunar que se tenía a nivel de imagen internacional queda disuelto y hemos sido felicitados por las máximas autoridades de la OIT”. Agregó que la remoción del país de la lista corta elimina una barrera relevante que incidía en la percepción de seguridad jurídica y laboral ante potenciales inversionistas.

Perspectivas de crecimiento para El Salvador

La salida de la lista corta de la OIT abre un escenario de mayor apertura para la llegada de inversiones extranjeras. Según Castro, “prácticamente ya queda una cancha totalmente libre para que juguemos con las reglas del juego que todos los países del mundo juegan y con una ventaja adicional”. Destacó que la seguridad es uno de los factores más valorados por los inversionistas y afirmó que “una de las mejores anclas que tenemos para los inversionistas nacionales e internacionales es precisamente la seguridad”.

El ministro señaló que la estabilidad actual permiten que tanto empresas locales como extranjeras puedan operar con confianza. “Ahora es un país de paz, los horarios de las empresas pueden estar en distinto momento, la gente puede estar trabajando con diferentes tipos de horario. Entonces, esto nos hace totalmente atractivos”.

Castro también remarcó que la comunidad internacional, incluidos representantes de la Unión Europea y de Estados Unidos, está observando el desarrollo del país para definir futuras prioridades de inversión. “El conglomerado internacional viene a verificar cómo queda esto y en base a eso definen ya las prioridades de inversión en los países”.

Retos para mantener el debido proceso entre empleadores y trabajadores

El ministro subrayó la necesidad de que los empleadores públicos y privados respeten el debido proceso laboral, como parte de los compromisos para mantener a El Salvador fuera de la lista corta. “Este es un reto para todos los empleadores privados y públicos, que nadie está por encima de la ley y que debe de ejecutarse el debido proceso. El Ministerio de Trabajo estará muy vigilante de todo eso”.

Castro explicó que el cumplimiento estricto de la ley y la vigilancia permanente serán claves para que el país no vuelva a caer en observación internacional. “El país se debe de ordenar haciendo la aplicación correcta de la ley. La semana pasada incluso fue procesada una exfuncionaria pública por haber despedido trabajadores sin el debido proceso”.

Finalmente, el ministro informó que la decisión de la OIT posiciona a El Salvador como un país que cumple los estándares internacionales, lo que incrementa la confianza de la banca multilateral y de los bloques económicos globales. “Con esto estamos construyendo el banderillazo de salida unirnos con los estándares internacionales a ese nivel, a ese nivel de los países más formados en materia de respeto de derechos laborales y de respeto a los derechos a los empleadores en igualdad de condiciones”.

El Gobierno de Costa Rica reiteró este 31 de mayo su respaldo a un proyecto de ley para abrir y modernizar el modelo eléctrico nacional, con la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen) y una mayor participación privada en un sector donde hoy el Instituto Costarricense de Electricidad concentra funciones clave.

Durante una cadena nacional de la Presidencia de Costa Rica, la Presidenta Laura Fernández dijo que “el país no está preparado con la carga eléctrica suficiente para enfrentar los próximos veinticinco años”. Sostuvo que para 2050 el país requerirá al menos 8.500 megavatios de capacidad energética, más del doble de los 3.630 megavatios actuales, y que la inversión necesaria supera los USD 5.000 millones.

Fernández afirmó que ese monto no puede ser afrontado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en solitario y vinculó la iniciativa con la necesidad de sostener la atracción de empresas, en especial en zonas francas y sectores de manufactura avanzada, con mayor demanda de electricidad.

Cambios que propone la iniciativa

El proyecto contempla la apertura de un mercado mayorista de energía, la ampliación de la participación privada y la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional "Ecosen" como organismo encargado de administrar el mercado y planificar el sector, funciones que hasta ahora desempeñaba el ICE.

Según el mensaje oficial, el objetivo es mantener la competitividad de Costa Rica en la atracción de inversión extranjera y empleo. Fernández sostuvo que la iniciativa permitirá que el país siga siendo atractivo para esas inversiones, informa el medio El Portal de la Energía.

¿Qué dijo el ICE sobre la capacidad del sistema?

Durante el mensaje, el presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, reconoció que la institución no puede afrontar sola el desafío de modernizar la matriz energética. Señaló que muchas plantas eléctricas tienen más de 40 años de antigüedad y requieren inversiones para seguir operando.

“La energía no se puede administrar con dogmas ni con romanticismo. La energía solamente se puede administrar de manera absolutamente técnica, porque es un tema absolutamente técnico”, afirmó Acuña.

El respaldo a la reforma también fue expresado por representantes de la Cámara de Industrias de Costa Rica y la Asociación Costarricense de Productores de Energía, que plantearon la necesidad de incorporar más megavatios a la matriz energética y reducir costos para el sector productivo. “Viene una economía global donde la inteligencia artificial demanda electricidad”, dijo Carlos Montenegro, director de la Cámara de Industrias.

Críticas a la apertura y respuesta del Ejecutivo

El debate sobre la apertura eléctrica genera críticas de sectores que advierten sobre posibles riesgos para la soberanía energética y la estabilidad del ICE. En el caso de Claudia Dobles Camargo, diputada costarricense, advierte en plataformas sociales que el proyecto “crea estructuras donde las decisiones podrían quedar sujetas a intereses políticos y empresariales”, entre otras cosas.

Durante la cadena nacional, Fernández planteó si la aprobación del proyecto implicaría despidos en el ICE, aumentos en las tarifas eléctricas o pérdida de competitividad institucional. Acuña respondió de forma negativa en todos los casos.

El Gobierno también defendió la reforma al recordar experiencias de apertura en telecomunicaciones, banca y seguros que, según la Presidencia, dieron resultados positivos para la economía nacional.

La Embajada de El Salvador en Italia impulsó recientemente un encuentro especializado en Roma para promover el comercio y la inversión bilateral, en el marco de los 165 años de vínculos diplomáticos entre ambos países. El evento, denominado “Encuentro Ítalo-Salvadoreño: Il Tuo Investimento Sicuro”, reunió a representantes de gobiernos, cámaras empresariales, gremios y potenciales socios estratégicos del ecosistema económico italiano interesados en oportunidades de inversión y cooperación con El Salvador, según comunicó la sede diplomática.

Tal como informó el Ministerio de Relaciones Exteriores este sábado, durante la apertura, autoridades italianas resaltaron el carácter prioritario que otorgan a El Salvador como socio latinoamericano y subrayaron la importancia de la relación bilateral en materia política, económica, cultural, académica y de cooperación internacional. El comunicado oficial de la Cancillería salvadoreña detalló que ambos países han sostenido una alianza basada en respeto mutuo y diálogo constante durante más de un siglo y medio de relaciones.

El embajador de El Salvador en Italia, Efrén Arnoldo Bernal, explicó que el foro fue concebido como un espacio de diálogo e intercambio enfocado en mostrar el nuevo escenario económico salvadoreño, resultado de las políticas implementadas por el gobierno central de El Salvador. Bernal destacó: “El evento permite presentar las oportunidades de colaboración en sectores prioritarios para el desarrollo nacional y para la internacionalización de empresas italianas”.

A lo largo de la jornada, la delegación salvadoreña expuso información sobre el clima de inversión en El Salvador y los proyectos estratégicos en áreas como turismo, infraestructura turística, logística, energía y desarrollo productivo. El sector del café, considerado un producto emblemático de exportación y de identidad nacional, ocupó un lugar destacado en el programa. Los asistentes participaron de una degustación de café y de gastronomía típica, iniciativa orientada a promover la calidad y el potencial comercial de la industria cafetera salvadoreña entre los empresarios italianos.

El evento contó con la participación de representantes de la Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones (INVEST), Ministerio de Turismo (MITUR), la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN), el Viceministerio de Transporte y el Instituto Salvadoreño del Café. Entre los asistentes italianos estuvieron Marco Giomini, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional (MAECI), y Giorgio Silli, secretario general del Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA).

Al encuentro también asistieron miembros del cuerpo diplomático acreditado en Italia y titulares de entidades como SACE (Servicios de seguros y financieros para empresas), la Agencia ICE (Agencia para la promoción en el extranjero y la internacionalización de empresas italianas) y la Caja de Depósitos y Préstamos (CDP). Estas organizaciones abordaron mecanismos de cooperación e internacionalización empresarial, considerados catalizadores para el aprovechamiento de oportunidades de inversión en El Salvador.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador vinculó este foro con un contexto de creciente interés europeo por fortalecer los intercambios económicos con Centroamérica y posicionar a El Salvador como aliado estratégico para la agenda bilateral de inversión, comercio y cooperación para el desarrollo.

Vale destacar que este mes, las autoridades de ambas naciones conmemoraron 165 años de relaciones diplomáticas y cooperación bilateral.

Una delegación encabezada por el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, visitó República Dominicana para profundizar la cooperación bilateral. Según informó la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, fue recibido por la embajadora estadounidense Leah Campos y el viceministro de Política Exterior Francisco Caraballo Núñez.

Durante su estadía del viernes y sábado, el funcionario del Departamento de Estado se reunió con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y con representantes del sector privado, según detalló la embajada. Las reuniones se enfocaron en las relaciones estratégicas y en proyectos conjuntos vinculados con el crecimiento económico y la seguridad energética del país.

Uno de los ejes de la visita fue el recorrido por una planta de gas natural licuado en las cercanías de Santo Domingo. Landau describió así el funcionamiento de la infraestructura: “Los barcos traen gas natural desde Estados Unidos, se bombea a tanques de almacenamiento masivos y luego se distribuye por tuberías o camiones por todo el país. La energía es la base de toda actividad económica, y esta increíble planta, junto con sus socios locales, ha permitido que el país crezca gracias al gas estadounidense económico y confiable”, afirmó.

La terminal opera como el principal punto de entrada de gas natural estadounidense hacia América Latina y, según la empresa responsable del complejo, constituye la mayor inversión de capital de Estados Unidos en República Dominicana, con más de USD 2.400 millones destinados a infraestructura energética.

De acuerdo con información de la empresa AES, la terminal de almacenamiento y regasificación recibe gas natural originario de terminales de licuefacción en Luisiana y Texas, lo que consolidó a República Dominicana como el mayor importador de gas natural estadounidense en América Latina. En 2025, las importaciones superaron los 4 millones de metros cúbicos de GNL.

La capacidad operativa y la expansión

El recorrido incluyó la presentación del modelo operativo plug and play de la terminal, que permite una expansión inmediata de hasta 1.000 megavatios adicionales. Según los datos compartidos durante la visita, la infraestructura abastece a siete unidades de generación que aportan 1.800 megavatios al sistema eléctrico nacional.

También suministra gas natural a cuatro distribuidoras que abastecen a sectores como el industrial, comercial, vehicular, turístico y de zonas francas. En el plano regional, la corporación gestiona además la terminal de GNL de Panamá.

Hacia el final de la visita, ejecutivos de AES Dominicana agradecieron la presencia de la delegación estadounidense, entre ellos Juan Ignacio Rubiolo, vicepresidente ejecutivo de Operaciones, y Edwin De los Santos, presidente local.

Rubiolo señaló: “El gas natural no solo respalda un suministro eléctrico confiable y competitivo para el país, sino que también se ha convertido en un motor de integración regional, atrayendo inversión y fortaleciendo la seguridad energética en Centroamérica y el Caribe. Estados Unidos ha sido un socio estratégico en este proceso".

Por otra parte, la agenda oficial de Landau incluyó una visita a la Catedral Primada de América, donde Landau se refirió a los vínculos entre Estados Unidos y República Dominicana. En palabras del subsecretario, recogidas por la Embajada de Estados Unidos, “la cooperación bilateral y los lazos históricos entre ambas naciones son pilares fundamentales para la región”. También comentó: “También disfruté luciendo mi guayabera, o chacabana como la llaman en la República Dominicana”.

Hay una forma de leer lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei en materia de inversiones que no aparece cuando se analiza cada medida por separado. Conviene verlas en conjunto, en la secuencia de las últimas semanas, para entender que se trata de algo más que una suma de proyectos y decretos: es la arquitectura deliberada de una administración que se propone competir por el capital global.

El contexto no admite eufemismos. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Argentina cerró 2025 en el último lugar del ranking regional de inversión extranjera directa entre las principales economías de América Latina. Captó USD 3.134 millones netos, mientras Brasil recibió USD 76.877 millones y México USD 40.871 millones. Costa Rica, con una economía más pequeña, superó a la Argentina con USD 5.733 millones. La fotografía es la de un país que pasó décadas construyendo una reputación de destino hostil para el capital externo: expropiaciones, cepos, confiscaciones, modificaciones retroactivas de reglas de juego y una cultura política que convirtió la desconfianza hacia el inversor extranjero en bandera de soberanía. El resultado de ese camino lo certificó la OCDE con frialdad estadística.

Sobre ese punto de partida, el Gobierno lanzó en semanas lo que en cualquier otro contexto habría llevado años de deliberación legislativa y burocrática.

El gobierno de Javier Milei impulsó en las últimas semanas un paquete de iniciativas para reposicionar a la Argentina como destino de inversión: un proyecto para reforzar garantías sobre la propiedad privada y reformar expropiaciones, una propuesta de nueva Ley General de Sociedades con digitalización y figuras como DAO, una herramienta estatal de inteligencia artificial para políticas sociales y la discusión de un “Golden Passport”. La agenda convive con tensiones legislativas por la reforma electoral, subsidios energéticos y pliegos judiciales.

Propiedad privada

El primero de los pilares es el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que ya obtuvo dictamen en el Senado y podría tratarse en el recinto para el próximo jueves 4 de junio. La iniciativa toca varios nervios simultáneamente.

Por un lado, modifica el régimen de expropiaciones: endurece los requisitos para que el Estado pueda avanzar sobre un bien privado y blinda jurídicamente al propietario frente a decisiones discrecionales del poder político. Por otro, elimina las limitaciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros que habían sido establecidas durante el kirchnerismo bajo la lógica de la “soberanía alimentaria”. Los fundamentos del proyecto fueron explícitos: esa normativa “implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario”. El nuevo enfoque concentra los controles en los casos en que estén involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos, no en el capital privado.

También deroga la norma que restringía la venta de tierras afectadas por incendios, una disposición que había impulsado Máximo Kirchner y que, en la práctica, funcionaba como herramienta de presión sobre propietarios en situación de vulnerabilidad. Además, incorpora cambios en los procesos de desalojo: establece un trámite más ágil para casos de falta de pago o usurpación y avanza en la digitalización integral de los registros inmobiliarios. “En 2025, las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires crecieron un 70% respecto de 2023″, señaló el proyecto. El sistema registral actual no está en condiciones de acompañar esa dinámica.

Traducido al lenguaje de un inversor extranjero que evalúa desembarcar en la Argentina: por primera vez en décadas, el suelo tendría garantías legales serias.

El código del siglo XXI

Mientras el Senado cerraba dictamen sobre la propiedad privada, el Gobierno envió al Congreso otra reforma de envergadura comparable: la nueva Ley General de Sociedades. La actual data de la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse. En términos de ecosistema emprendedor y economía digital, es un fósil legal.

La reforma que envió el Gobierno no es cosmética. Convierte las normas de la ley en disposiciones supletorias: el estatuto manda, no el Estado. Elimina los controles arbitrarios de los registros públicos. Habilita la resolución de conflictos societarios ante jurisdicciones extranjeras elegidas por las partes. E incorpora la digitalización total: domicilio electrónico, registros digitales, asambleas virtuales, constitución de sociedades mediante firma digital. “Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia”, sintetizó el ministro al presentar la iniciativa.

Pero el núcleo más disruptivo está en dos figuras que no existen en el derecho argentino vigente. La primera son las “Sociedades Automatizadas”: estructuras que pueden operar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin requerir empleados para su funcionamiento ordinario. La segunda son las DAO —Organizaciones Autónomas Descentralizadas—, entidades digitales con participaciones representadas en tokens, registros en blockchain y reglas de funcionamiento programadas en contratos inteligentes, sin directorios ni gerencias tradicionales. Ambas figuras tendrían personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada.

El modelo de referencia que citó Sturzenegger fue Irlanda: su marco legal y fiscal favorable atrajo a las principales multinacionales tecnológicas del mundo. El argumento es que la Argentina tiene condiciones para hacer algo equivalente en el universo de la inteligencia artificial y la economía del conocimiento. “Menos controles arbitrarios de los burócratas, menos costos de transacción y más libertad para competir en el mundo. Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá”, afirmó el ministro.

El Estado que aprende

No toda la agenda de apertura está orientada al capital privado externo. El 22 de mayo, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello anunció el lanzamiento del “Gemelo Digital Social”, una herramienta de inteligencia artificial que busca transformar la forma en que el Estado diseña y evalúa políticas públicas.

La idea es técnicamente precisa: un gemelo digital es una réplica virtual alimentada con datos reales que permite simular comportamientos y evaluar escenarios posibles antes de implementar medidas concretas. Aplicado a política social, significa que el Estado podría calcular el impacto real de una intervención —sobre empleo, pobreza, educación, territorio— antes de ejecutarla, y reemplazar la lógica reactiva y clientelar que históricamente dominó esa área del Estado argentino. La herramienta procesa datos estatales de manera innominada —sin identificación de personas— para generar inteligencia de política pública. “Durante décadas, el Estado reaccionó sin poder anticipar. Estamos entrando en una nueva era”, afirmó el video institucional del ministerio.

Leída desde la perspectiva del inversor, la señal es relevante: un Estado que gestiona con datos es un Estado más predecible, con menor margen para la discrecionalidad y más rendición de cuentas sobre sus propias decisiones. También es un Estado que puede demostrar el impacto de sus políticas con pruebas, no con relato.

El pasaporte como intención

El cuarto componente de la agenda todavía no existe como programa concreto, pero su sola discusión dice algo sobre el clima que el Gobierno busca instalar. La idea de un “Golden Passport” —ciudadanía argentina a cambio de una inversión significativa, sin necesidad de residencia previa— circula en los despachos oficiales desde hace meses, aunque todavía no tuvo avances concretos. El modelo existe en Malta, Portugal, Grecia y los Emiratos Árabes Unidos, y en todos esos casos funcionó como imán para capital y talento emprendedor de alto valor.

En la Argentina, la iniciativa no se implementó. No hay programa lanzado, ni montos definidos por ley, ni agencia operativa. Lo que hay es una señal política que llegó a las páginas de The New York Times, que lo mencionó en su reportaje sobre Peter Thiel y la Argentina como parte del clima de incentivos del Gobierno para ese perfil de capital. En un contexto donde el pasaporte argentino da acceso a más de 170 países y el ecosistema de reformas empieza a tomar forma, esa posibilidad tiene peso propio aunque todavía no tenga reglamento.

El ruido de fondo

Toda esa agenda convive, en el mismo Congreso y en las mismas semanas, con una política de otra temperatura. Mientras Sturzenegger negocia dictámenes y los inversores globales leen los proyectos sobre DAO y propiedad privada, el Gobierno quedó enredado en tres discusiones que consumen tiempo legislativo y capital político sin generar valor agregado para el país que busca construir.

La primera es la reforma electoral. El oficialismo quiere eliminar las PASO —las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias— para simplificar el calendario electoral de 2027. Pero los gobernadores no quieren ceder ese instrumento, y el PRO de Mauricio Macri lo usa como palanca de negociación. El resultado concreto de ese bloqueo es que los argentinos podrían votar hasta seis veces el año que viene: tres para cargos provinciales —primarias, generales y eventual balotaje— y tres para los nacionales. La paradoja es que los mismos gobernadores que se resisten a eliminar las PASO son quienes insisten en desdoblar sus elecciones locales de las nacionales, precisamente para no quedar expuestos a la lógica de una elección presidencial que podría fortalecer a Milei y comprometer sus liderazgos territoriales. Es una discusión sobre poder, no sobre ciudadanos.

La segunda es la pelea por los subsidios energéticos. El proyecto de “ley de zona fría”, que obtuvo media sanción en Diputados, llegó al Senado con el respaldo de los gobernadores patagónicos y de varias provincias del interior que quieren que el Estado nacional siga financiando una porción significativa de las boletas de gas y electricidad de sus jurisdicciones. Es el segundo round de una negociación que el Gobierno busca resolver sin resignar el equilibrio fiscal que es, junto con la seguridad jurídica, la única credencial macroeconómica que tiene para mostrar ante los inversores que miran con atención la agenda de reformas.

La tercera es la disputa por los pliegos judiciales. Con casi un tercio de los cargos vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías de todo el país, el debate que debería girar en torno a cómo cubrir esas vacantes con la mayor celeridad posible terminó convertido en una discusión sobre pertenencias, lealtades y alineamientos políticos de los candidatos. El resultado es una Justicia estructuralmente debilitada en su capacidad operativa, que es exactamente lo contrario de lo que necesita un país que promete a los inversores externos que sus disputas serán resueltas con celeridad e independencia.

Ninguna de esas tres peleas es nueva. Lo nuevo es que ocurren mientras el país intenta, en paralelo, hacer algo completamente distinto.

La señal Thiel

El miércoles 28 de mayo, The New York Times publicó un extenso reportaje sobre Peter Thiel y la Argentina. No era una nota de negocios ni de tecnología: era una pieza de análisis político internacional sobre por qué uno de los empresarios más influyentes del mundo decidió mirar hacia el sur. El diario reveló que Thiel —cofundador de PayPal, presidente de Palantir, uno de los primeros inversores de Facebook y referencia ideológica de la derecha libertaria del Silicon Valley— trasladó temporalmente a su familia a Buenos Aires, matriculó a sus hijos en una escuela local y adquirió propiedades en la Argentina y Uruguay. En ese mismo reportaje apareció mencionado el Golden Passport como parte del menú de incentivos que el Gobierno argentino tiene en carpeta para atraer ese perfil de inversor: alguien que no solo busca rentabilidad, sino opcionalidad jurídica y geográfica en un mundo que se fragmenta. Que el diario haya elegido contar esa historia en ese momento no es un detalle menor: es el tipo de cobertura que los fondos globales leen antes de tomar decisiones.

Thiel se reunió con el presidente Milei, con el ministro de Economía Luis Caputo y con Sturzenegger. Milei definió el encuentro como el de “un anarcocapitalista que encuentra a otro anarcocapitalista llevando esas ideas a la práctica”.

Thiel no es un empresario convencional. Es el arquitecto intelectual y financiero de algunas de las apuestas más audaces del capitalismo tecnológico de las últimas décadas: cofundó PayPal, fue el primer inversor externo de Facebook, fundó Palantir —la empresa de análisis de datos que trabaja para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la comunidad de inteligencia y gobiernos de todo el mundo— y es uno de los principales impulsores globales de las DAO y de nuevas formas de organización empresarial basadas en blockchain. Es, también, uno de los pocos intelectuales del ecosistema tecnológico que convirtió su apuesta por la innovación radical en una posición política coherente: el escepticismo ante el Estado como organización suficiente para gestionar la complejidad del siglo XXI.

Que Thiel haya elegido la Argentina como residencia no es un dato anecdótico. En el ecosistema del venture capital global, los movimientos de los grandes inversores funcionan como señales. Cuando una figura de esa envergadura decide mover patrimonio, residencia y vínculos políticos, el empresariado global suele leer algo más profundo: que hay un proceso en marcha que vale la pena seguir de cerca. La afinidad ideológica es real —Thiel y Milei comparten una visión sobre desregulación, propiedad privada y límites del Estado—, pero lo que vuelve el dato estructuralmente relevante es que llegó en el momento exacto en que la Argentina construye el marco legal que hace que esa afinidad también sea una apuesta económica racional.

Las DAO que reconoce la nueva Ley de Sociedades son el tipo de estructura que Thiel financió e impulsó durante años. La propiedad privada con garantías legales sólidas es la condición de base que cualquier inversor de su perfil exige antes de comprometer capital. Y el Golden Passport es el tipo de incentivo que captura a empresarios que buscan no solo rendimiento financiero, sino también opcionalidad geográfica y jurídica en un mundo que se fragmenta políticamente.

No se trata de afirmar que la Argentina ya resolvió el problema de la atracción de inversiones. Los datos de la OCDE sobre 2025 son demasiado contundentes para el triunfalismo fácil, y la cautela que muestran muchos fondos internacionales frente a las elecciones de 2027 es un dato político que el Gobierno no puede ignorar. Pero sí se puede afirmar algo distinto: por primera vez en décadas, la Argentina construye simultáneamente los cuatro pilares que cualquier inversor sofisticado necesita ver antes de comprometer capital de largo plazo. Garantías de propiedad. Marco societario moderno. Estado predecible. E incentivos concretos para radicarse.

Eso no es poco. Durante mucho tiempo, fue exactamente lo que no había.

Pablo Miedziak, presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), asegura que la Argentina es, en este momento, mucho más previsible que el mundo. Lo es ahora, en este momento, ¿lo seguirá siendo en los próximos meses?

De eso y otros temas habló Miedziak con Infobae en una entrevista realizada horas antes del 43° Congreso Anual que tendrá lugar el próximo martes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y bajo el lema “Nuevo contexto global: el desafío de la consolidación”.

“Esperamos récord de audiencia y vendrá el presidente Javier Milei. Es vital la articulación público-privada, por eso tendremos a muchos ejecutivos y empresarios, pero también funcionarios. El país necesita financiamiento para crecer: vamos a hablar del tema. También del RIGI y el consumo”, destacó este contador de la UADE, de 54 años, con experiencia como CFO en grandes compañías como Marriott Sudamérica, Aerolíneas Argentinas, San Antonio Internacional y San Miguel Global.

— ¿Qué balance hace de estos dos años y medio de gestión de Milei?

— Este país, lamentablemente, depende mucho del gobierno de turno. Me encantaría ser más parecido al de Perú, donde tiene un presidente del Banco Central que está hace 20 años y la economía va bien sin importar quién es el presidente. El balance de estos dos años y medio es superpositivo. La inflación cedió de manera significativa, el riesgo país bajó de 2.500 a 500 puntos, el mercado cambiario está estable y la pobreza muestra señales de retroceso después de años de avance sostenido. Cuando se traduce todo eso a números, el valor de las empresas argentinas en la era de Milei —sobre todo las que cotizan en bolsa— creció casi USD 40.000 millones. Este año hay meses en los que el salario real perdió respecto de la inflación. La inflación bajó mucho, pero en los últimos meses había una tendencia de suba. Con todo, estoy convencido de que mayo es un punto de quiebre para esa tendencia. También para la suba de la mora y empezaron a aparecer señales de que el consumo empieza a mejorar. Hay que ver qué pasa en junio y julio, pero el balance es súper positivo hasta ahora.

— ¿Qué le preocupa de la coyuntura actual y de lo que puede pasar en los próximos meses?

— Comparto lo que dice el ministro Caputo de que se vienen muy buenos meses, pero me preocupa cuando la política se mete con la economía. En IAEF decimos que no hay crecimiento sin inversión, no hay inversión sin reglas claras y no hay desarrollo sin articulación público-privada. Las inversiones van a llegar, pero el ruido político podría dilatar decisiones, sobre todo inversiones de largo plazo. Un cambio de país necesita doce o dieciséis años de buenas medidas. Hay que convencer a los que deciden que tendrán el mismo tipo de reglas durante los próximos años.

— ¿Ese ruido político, que se traduce en investigaciones judiciales a funcionarios e internas, ya tiene algún impacto en la economía?

— No veo impacto. Ninguna compañía va a decidir invertir en un país por si hay un problema con alguien que está en el Gobierno, por si dos personas se llevan más o menos o por si uno le pone un tuit a otro. En Argentina, en dos o tres meses, de repente, alguien mide mejor y los argentinos tomamos decisiones muy cambiantes. Creo que de aquí a un año debe seguir fuerte la dirección de este Gobierno, sin cambios grandes en el rumbo. Nos hemos llevado sorpresas grandes con quiénes fueron presidentes en los últimos 20 años. Esa es mi preocupación: el rumbo debería seguir para que los que están pensando en inversiones las hagan.

“El valor de las empresas argentinas en la era de Milei —sobre todo las que cotizan en bolsa— creció casi USD 40.000 millones"

— ¿Qué le dicen los socios del IAEF, ven un freno en las inversiones?

— Para proyectos de miles de millones de dólares y décadas de recupero, los procesos de análisis no duran dos semanas. Si hay un rumbo claro, quien tenga que firmar el cheque tendrá más confianza. Días atrás hicimos un congreso en Córdoba y la conclusión fue que sea quien sea el próximo presidente, nadie querrá asustar a las inversiones que están viniendo al país cambiando el RIGI, por ejemplo. Si este rumbo sigue habrá más inversiones, no tengo dudas. Si volvemos a gobiernos más proteccionistas… ya sabemos lo que pasa en esos casos.

— Parece haber una dicotomía dialéctica con el consumo, entre el Gobierno que muestra los datos de las cuentas nacionales y el consumo masivo del que hablan analistas y medios, que sigue cayendo.

— El PBI de Argentina creció 4,4% en 2025 y viene creciendo también mes a mes. Cuando se desagrega el dato, hay sectores perdedores y ganadores. Este es un gobierno reformista, que creó un ministerio de Desregulación: hay normativas nuevas y hay que adaptarse. Tenemos dos o tres sectores a los que les está yendo muy bien —minería, petróleo y el campo— y otros a los no les está yendo tan bien, como el comercio y el sector textil. La apertura dejó que muchos sectores que producían en Argentina, con el costo argentino, compitiendo con productos de China que son mucho más baratos. Insisto: por los números que estamos viendo, mayo parecería ser el punto de quiebre. Abril fue el pico de caída del consumo y de la morosidad, que empiezan a recuperarse en mayo.

“Ninguna compañía va a decidir invertir por si hay un problema con alguien de un Gobierno, por si dos personas se llevan más o menos o por un tuit”

— Mencionó a Perú como referencia y el FMI suele hacerlo también en sus documentos sobre Argentina. En el congreso hablarán ex ministros de Economía de Uruguay y Paraguay. ¿Qué hay que aprender de las experiencias de la región?

— Argentina, con toda su volatilidad, tiene que copiar buenos modelos. Por eso, el año pasado tuvimos en nuestra convención de Mendoza un panel con Julio Velarde y Santiago Bausili. El presidente del banco central de un país con mucha volatilidad y Velarde, que entró con Alan García en Perú, en 2006, y todavía sigue. Allí cambia el presidente y la economía sigue estable. Este año vienen un exministro de Uruguay y un exministro de Hacienda de Paraguay que van a contar cómo hicieron para estabilizar sus economías y cuánto les demoró. Son modelos hacia donde Argentina debe ir: cambia el presidente pero las reglas económicas siguen. En Perú hubo un montón de problemas políticos y, aun así, siguen emitiendo deuda a 5-6% en moneda local. Este Gobierno da reglas bastante claras y venimos de otros más más proteccionistas, donde modificaban el tipo de cambio de un domingo a un lunes. Sin duda tenemos que copiar los modelos de la región que a los que les fue bien.

— En ese contexto, los industriales le dirían que Paraguay tiene un modelo más orientado a servicios y producción primaria que mata a la industria.

— Este Gobierno fijó las reglas de juego. Se abrió el comercio y hay récord de exportaciones. Los tres sectores que mencioné —energía, minería y agro— muestran que hay que encontrar el equilibrio. Es difícil decir que el país está abierto y entra de todo pero no sale nada si hay récord de exportaciones. Es necesaria una reconversión y el Gobierno lo sabe. Por eso encaró una reforma laboral, que todavía falta implementar del todo, y busca bajar la inflación e ir hacia una eliminación gradual de impuestos. A todos nos gustaría cero retención y cero inflación, pero lo importante es la tendencia.

Agenda

Cómo se destacó, el cierre del evento estará a cargo del presidente Javier Milei y minutos antes hablará el ministro de Economía, Luis Caputo. Por la mañana, disertarán el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA; Rafael Grossi, Director General del OIEA; y el canciller Pablo Quirno. Habrá dos ex ministros de Economía de países vecinos: Azucena Arbeleche (Uruguay) y Germán Rojas Irigoyen (Paraguay).

El evento tendrá dos bloques de CEOs, con Martín Cabrales (Cabrales), Luis Galli (Grupo Newsan) y Cristiano Rattazzi (Gruppo Modena), y luego José Luis Alonso (Mirgor), Santiago Castro Piccolo (Ocasa) y Gabriela Renaudo (Visa); y uno de CFOs a con Marcelo Iribarne (Sidersa) y Adolfo Zuberbühler (Pampa Energía).

Del mundo legislativo estarán presentes Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y las senadoras Carolina Losada, Nadia Márquez y Flavia Royón. Finalmente, el panel “El desafío de consolidar un cambio” tendrá como protagonistas a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

“Comparto lo que dice el ministro Caputo de que se vienen muy buenos meses, pero me preocupa cuando la política se mete con la economía”

— Se cumple un año del polémico desarme de las LEFI, una medida que generó un cimbronazo fuerte. ¿Cómo lo ve ese contexto a la distancia?

— Fue una decisión que trajo mucha volatilidad al mercado, con tasas de pases que se dispararon. Hubo incertidumbre. Ahora, con el diario del lunes y el esquema ya desarmado, tenemos tasas bastante razonables, en el orden de la inflación. Nadie pensaba que eso iba a pasar. Bajó esa incertidumbre. De hecho, hay más previsibilidad en lo que puede pasar en Argentina en los próximos meses que en el resto del mundo. Acá está claro el plan del Gobierno y a nivel mundial, en cambio, no se sabe qué pasará en unas semanas. Si el coletazo de la guerra y el precio del petróleo nos hubiese encontrado en una situación diferente, estaríamos en graves problemas. Es un gran logro que hoy seamos exportadores y no importadores de energía.

— ¿Qué opina de la estrategia de acumulación de reservas? El Presidente dice que no está tan convencido de ese camino, el Banco Central compra como nunca y el FMI y muchos analistas insisten en que es algo vital.

— La acumulación de reservas es fundamental. Si en mi casa me agarra algún shock o un problema desprevenido y no tengo ahorros, es un problema. El Gobierno lleva unos USD 9.000 millones comprados en estos meses, con una meta que viene bastante cumplida. Viene comprando y a veces hay ruido desde el punto de vista de cuál es el tipo de cambio real. Hoy, el tipo de cambio flota y gracias a que el Banco Central compra es que está donde está. Un país con reservas está mucho más protegido ante cualquier shock, interno o externo.

— ¿Qué piensa de la estrategia del Gobierno respecto a la salida a los mercados de deuda internacional? El FMI quiere que salga y Caputo, en tanto, mira el riesgo país, dice que la sobretasa no le conviene y apunta a los organismos multilaterales y mercado interno para pagar próximos vencimientos.

— Me parece que el ministro Caputo está haciendo un análisis fino, con bisturí, sobre cuándo conviene salir. Es un especialista y está viendo el momento óptimo. Necesita que el riesgo país acompañe un poquito más. Argentina está penalizada en ese rubro porque somos lo que somos: lamentablemente, tenemos un montón de defaults en nuestra historia y un riesgo político muy grande. Caputo siempre está mirando el mercado, cuando se le dé el momento y pueda salir a tasas razonables, probablemente lo haga.

“Si este rumbo sigue habrá más inversiones, no tengo dudas. Si volvemos a gobiernos más proteccionistas… ya sabemos lo que pasa en esos casos"

— ¿Cómo evalúa la gestión de Caputo al frente del Ministerio de Economía?

— Excelente. Sumó gente muy buena, como José Luis Daza. Pablo Quirno también hizo un muy buen trabajo y por eso lo promovieron: es un Canciller con mucho conocimiento económico y nos viene muy bien, sobre todo en medio de la buena relación con EEUU. La evaluación del equipo económico es buenísima. No es solo una opinión personal: los indicadores son realmente muy buenos.

— ¿Cómo cambió ese rol de los CFO en los últimos años?

— Hace dos o tres años, los domingos los CFO miraban qué iban a hacer con la caja. Estaban desesperados por si tenían que hacer contado con liqui, cobrar y con eso ver cómo pagaba al exterior; analizaban en qué momento convenía hacer arreglos con los proveedores del extranjero. No se veía tanto lo que pasaba desde el punto de vista operativo porque el foco era el impacto del costo financiero. Hoy los CFOs trabajan en tres frentes. Aplicar IA a los procesos; garantizar financiamiento a mediano y largo plazo para sus proyectos, algo que antes no existía; y se meten más para apoyar a la operación. Ya no están viendo cómo cubrirse de un eventual salto del tipo de cambio. El foco está en la operación.

La República Dominicana proyecta superar los USD 12,500 millones en ingresos turísticos al cierre de 2026, según estimaciones del Banco Central. Durante el primer trimestre, el país registró la llegada de más de 3.7 millones de visitantes, consolidando al turismo como motor de divisas, empleo e inversión, incluso en medio de tensiones geopolíticas y aumentos del precio del petróleo.

En marzo, el número de turistas aéreos alcanzó un récord al superar los USD 900,000 en un solo mes. Este crecimiento se vio impulsado en gran medida por el mercado europeo, que registró un aumento del 36% en Alemania y del 17% en Francia y Reino Unido. Así lo detalla el informe “RD ante un choque petrolero de naturaleza incierta”, citado por el Banco Central, que sostiene que el sector mantiene una trayectoria sólida de ingresos.

El flujo de visitantes del primer trimestre se dividió entre 2,603,777 turistas y 1,106,597 cruceristas. Esta suma respalda las previsiones de alcanzar los niveles de ingresos proyectados para el cierre del año. El turismo mantiene su relevancia para la economía dominicana por su capacidad de generar divisas y su efecto en el empleo y la inversión, aun ante escenarios globales adversos.

Actualmente, el turismo dominicano muestra un avance robusto hacia la meta de recaudación en 2026, respaldado por una afluencia creciente de viajeros y récords mensuales en llegadas aéreas, según datos del Banco Central.

Relación entre el turismo y la confianza financiera en la economía dominicana

La Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores) valoró las cifras del Banco Central como reflejo de la resiliencia y la capacidad de adaptación del sector.

Según la organización, el desempeño del turismo local ha sido notable pese a las tensiones internacionales, el encarecimiento del petróleo y la desaceleración en algunos mercados emisores.

El informe del Banco Central posicionó el EMBI dominicano en 177 puntos básicos al 20 de mayo, cifra inferior al promedio regional de 264 puntos básicos. Para Asonahores, ese diferencial evidencia la confianza de los mercados internacionales en la economía nacional, mientras que el comportamiento del turismo refuerza la imagen del país como destino atractivo y seguro en el hemisferio.

En un comunicado recogido por Diario Libre, la asociación expresó que “el turismo dominicano continúa demostrando que es mucho más que una actividad económica; es un motor de estabilidad, generación de divisas, empleos e inversión para toda la nación”. Asonahores consideró que el sector ha respondido con resiliencia y capacidad de crecimiento ante la incertidumbre internacional.

Impulso europeo y coordinación público-privada en el avance turístico

El avance del turismo en 2026 se ha visto impulsado por el aumento de visitantes europeos, especialmente de Francia, Reino Unido y Alemania. El Banco Central atribuyó el récord de marzo a la expansión de esos mercados, resaltando la influencia de factores como la conectividad aérea y las condiciones internacionales.

Asonahores destacó que estos resultados son fruto de la cooperación entre los sectores público y privado, junto con políticas de promoción, inversiones en infraestructura y mejoras en la conectividad.

Estas acciones han fortalecido la competitividad del destino dominicano frente a otros destinos del Caribe y han permitido superar los desafíos de un contexto internacional complejo.

La asociación señaló que continuará participando en las acciones orientadas al desarrollo sostenible del turismo, considerando que este sector tiene un papel en el ámbito económico y social del país. Los resultados de los primeros meses del año respaldan la previsión de alcanzar los niveles de ingresos y visitantes proyectados para 2026.

Durante décadas, la Argentina tuvo un gran motor histórico de desarrollo: el campo. Gracias al rumbo económico impulsado por el Presidente Javier Milei, sectores estratégicos como la energía y la minería vuelven a expandirse, atraer inversiones y proyectar crecimiento de largo plazo. Ese mismo cambio de paradigma está permitiendo que otro sector clave comience finalmente a desplegar todo su potencial: la salud.

En los últimos 25 años, el sector salud en la Argentina estuvo atravesado por distorsiones, falta de reglas claras y un modelo que desalentó la inversión y la competencia. La Argentina intentó sostener un sistema sanitario complejo sin generar las condiciones necesarias para que pudiera crecer, innovar e invertir de manera sustentable. Ese modelo terminó perjudicando a todos: pacientes, profesionales y también al propio desarrollo del sector.

Hoy, a partir del orden macroeconómico, la estabilidad y la previsibilidad que impulsa el Gobierno Nacional, eso empezó a cambiar. La salud se consolida como uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina: genera empleo altamente calificado, impulsa innovación, desarrolla tecnología, produce conocimiento y exporta al mundo. El desafío ahora es profundizar ese proceso y convertir al sector en uno de los grandes motores del crecimiento del país.

Porque cuando el Estado ordena, transparenta y establece reglas claras, el sector privado invierte, incorpora tecnología, amplía capacidades y genera valor. Porque el rol del Estado no es reemplazar la iniciativa privada. Es crear las condiciones para que pueda crecer.

Hablar de salud no es solamente hablar de hospitales o medicamentos. Es un ecosistema mucho más amplio: industria farmacéutica y biotecnológica, investigación clínica, infraestructura sanitaria, seguros médicos, inteligencia artificial aplicada a salud, servicios basados en conocimiento, tecnología médica, diagnóstico y exportación de servicios profesionales.

Por eso, a partir de la decisión del Presidente, desde el Ministerio de Salud, una de las primeras determinaciones fue avanzar en transparencia, competencia y eficiencia. La compra de medicamentos a precio de salida de laboratorio eliminó intermediaciones que durante años encarecieron innecesariamente el gasto público. Menor costo, más competencia y mejores condiciones para invertir: ese es el estándar que buscamos consolidar.

Y los resultados empiezan a verse. En lo que va del año, empresas como SC Johnson, Pfizer y Sinergium Biotech ya anunciaron inversiones en el país. La industria farmacéutica y biotecnológica argentina produce hoy más de 8.100 millones de dólares anuales y exporta a más de cien países. El desarrollo de biosimilares posiciona a la Argentina como un actor competitivo dentro de cadenas globales de suministro cada vez más relevantes en el nuevo escenario internacional.

Pero la economía de la salud no termina en los laboratorios. Existe un enorme potencial en infraestructura sanitaria, modernización hospitalaria y nuevos modelos de gestión prestacional. También en seguros médicos más flexibles, productos modulares y sistemas de cobertura más eficientes y competitivos.

La investigación clínica representa también otro espacio estratégico. Con reglas previsibles y procesos ágiles, la Argentina puede transformarse en uno de los principales centros regionales para ensayos clínicos e innovación biomédica.

La transformación digital abre, además, una oportunidad enorme para el desarrollo de HealthTech argentino. La receta electrónica ya es una realidad, con más de 20 millones de prescripciones mensuales. Historia clínica digital, telemedicina, inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y sistemas de gestión hospitalaria forman parte de un ecosistema de innovación que puede proyectarse regionalmente.

Hace algunos días fue noticia el caso de dos bioingenieras argentinas que crearon un algoritmo de Inteligencia Artificial que analiza imágenes de biopsias tumorales y detecta mutaciones imposibles de notar a simple vista. Esto refuerza algo que tenemos muy en claro: Argentina tiene talento técnico, capital humano y capacidad científica para liderar ese proceso. Y, además, existe un nuevo contexto global que vuelve estratégica esta oportunidad.

La pandemia dejó una enseñanza clara: los países necesitan cadenas regionales de suministro más seguras y capacidades sanitarias propias. En ese escenario, América Latina empieza a discutir cada vez más la producción regional de vacunas, medicamentos e insumos críticos.

La Organización Panamericana de la Salud impulsa mecanismos de cooperación y abastecimiento regional que abren oportunidades para fortalecer producción local, ampliar exportaciones y consolidar capacidades industriales en todo el continente.

La salud también es geopolítica, integración regional y seguridad estratégica. La inauguración en la Argentina del único laboratorio BSL-4 de América Latina dedicado a la detección de patógenos humanos en caso de brotes epidémicos o amenazas biológicas es una señal concreta de hacia dónde puede proyectarse nuestro país: ciencia, innovación, bioseguridad y capacidad tecnológica de alta complejidad.

Todo esto tiene un impacto directo sobre la vida cotidiana de las personas.

Cada inversión que llega al sector salud mejora infraestructura, incorpora tecnología, acelera tratamientos y reduce costos. Cada avance en innovación fortalece el sistema sanitario y genera mejores condiciones para médicos, enfermeros, investigadores y trabajadores de la salud. No hay desarrollo posible del sector salud sin profesionales mejor formados, más valorados y mejor remunerados.

Este proceso es posible gracias al rumbo económico impulsado por el Presidente Javier Milei. Hoy la Argentina vuelve a tener estabilidad macroeconómica, equilibrio fiscal y previsibilidad. Ese entorno es el que permite diagramar inversiones de largo plazo, innovación y expansión productiva.

La Argentina debe empezar a pensar estratégicamente la economía de la salud, del mismo modo en que piensa la energía, la minería, el agro o la economía del conocimiento. Porque la salud no es solamente un servicio esencial. Es también una gran oportunidad para convertirse en uno de los grandes motores del desarrollo argentino.

*El autor es Ministro de Salud de la Nación

La iniciativa de República Dominicana y Ecuador para fortalecer sus relaciones bilaterales dio un nuevo paso con la confirmación de su interés en concretar un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial.

El anuncio se realizó tras la visita oficial de Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, a Santo Domingo, donde se reunió con su homólogo dominicano, Roberto Álvarez. Ambos funcionarios destacaron la importancia de profundizar la cooperación en áreas clave como comercio, inversión, movilidad humana, turismo y energía.

Durante el encuentro, los cancilleres establecieron una agenda de trabajo conjunta entre las autoridades competentes de ambos países. El objetivo es avanzar en la implementación efectiva del Memorando de Entendimiento sobre Zonas Francas, crear nuevas oportunidades para la inversión y la cooperación empresarial.

Esta decisión se inscribe en la hoja de ruta que los presidentes de ambos países, Luis Abinader por República Dominicana y Daniel Noboa por Ecuador, delinearon en sus recientes encuentros bilaterales.

El diálogo entre Álvarez y Sommerfeld también abordó la situación en Haití, nación vecina de República Dominicana, sumida en una crisis prolongada.

Ambos diplomáticos hicieron un llamado a la comunidad internacional para que intensifique sus esfuerzos en busca de una solución integral que respete los derechos humanos.

Además, ratificaron su respaldo a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), creada en 2025 por las Naciones Unidas, que reemplazó a la anterior misión multinacional de apoyo a la seguridad en el país caribeño.

Uno de los ejes de la agenda bilateral gira en torno a la cooperación energética. Sommerfeld reiteró la invitación para que empresas dominicanas exploren posibilidades de inversión en el campo de gas natural ‘Amistad’, considerado uno de los principales proyectos estratégicos del sector energético ecuatoriano. Además, las autoridades resaltaron la importancia del Memorando de Entendimiento entre EP Petroecuador y la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), instrumento que sirve de base para fortalecer la colaboración en materia de energía.

El comercio bilateral ha adquirido una dinámica significativa en los últimos años. República Dominicana figura como uno de los principales socios comerciales de Ecuador en la región. Solo en 2025, las exportaciones ecuatorianas hacia el país caribeño sumaron 161 millones de dólares, según cifras oficiales. Esta cifra refleja el impacto de los acuerdos previos y el potencial de crecimiento que puede derivarse de la suscripción de un nuevo marco comercial.

Los avances recientes tienen su antecedente en la reunión que mantuvieron Abinader y Noboa en Punta Cana el 6 de mayo de este mismo año. En esa ocasión, ambos mandatarios acordaron iniciar las negociaciones para un acuerdo comercial parcial. Meses antes, en febrero, se habían encontrado en Dubái donde coincidieron en la necesidad de impulsar una negociación formal que consolidara los lazos económicos entre ambos países.

La agenda entre Ecuador y República Dominicana contempla, además, la cooperación en movilidad humana y turismo, dos sectores relevantes para ambas naciones. Las delegaciones diplomáticas consideraron prioritario continuar promoviendo la colaboración en estos ámbitos para facilitar el intercambio de experiencias y el desarrollo de nuevos proyectos conjuntos.

La visita de la canciller Gabriela Sommerfeld y el encuentro con Roberto Álvarez marcaron un paso significativo en la relación bilateral. Los gobiernos de ambos países se comprometieron a mantener la dinámica de trabajo conjunto para alcanzar la firma de un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial, un objetivo que, según coinciden ambos cancilleres, contribuirá a fortalecer los vínculos económicos, políticos y sociales entre las dos naciones.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, adelantó que su bancada votará en contra de la reforma impulsada por Morena para establecer la intervención extranjera como nueva causal de nulidad electoral, al considerar que la iniciativa abre la puerta a decisiones “a modo” y genera tensión innecesaria con Estados Unidos.

Las declaraciones del senador priista ocurrieron luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobara en fast track la propuesta promovida por Ricardo Monreal, la cual modifica el artículo 41 de la Constitución para permitir invalidar elecciones cuando se acredite injerencia extranjera.

La iniciativa avanzó con 28 votos a favor de Morena, PT y PVEM, mientras que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano sumaron nueve votos en contra. El proyecto será discutido en el pleno de San Lázaro.

PRI critica “discurso patriotero” y alerta sobre relación con EEUU

Durante declaraciones ante medios, Añorve aseguró que la reforma no responde a una amenaza real y acusó al oficialismo de utilizar un discurso nacionalista para justificar cambios electorales.

El legislador afirmó que actualmente no existe una invasión o intervención militar extranjera en México y sostuvo que el gobierno federal debería enfocarse en fortalecer la comunicación bilateral con Estados Unidos.

Entre los principales señalamientos del PRI destacan:

• Acusaciones de que Morena busca “nulidades a modo”.
• Señalamientos sobre un supuesto control del oficialismo sobre instituciones electorales.
• Críticas por generar tensión diplomática con Estados Unidos.
• Advertencias sobre un posible uso político de la reforma.

Añorve también aseguró que Morena pretende “ganar en la mesa lo que no pueda ganar en las urnas”, al tiempo que calificó al actual gobierno como un “estado autoritario”.

Oposición advierte riesgos de ambigüedad en la reforma electoral

La discusión de la iniciativa generó críticas de legisladores de oposición, quienes consideran que el concepto de “intervención extranjera” no está claramente delimitado y podría utilizarse de manera discrecional.

La diputada priista Nadia Navarro Acevedo advirtió que existe preocupación por la ambigüedad jurídica del proyecto, ya que comentarios, informes o posicionamientos internacionales podrían ser interpretados como injerencia.

Por su parte, la diputada panista Noemí Luna aseguró que nadie está a favor de la intromisión extranjera, pero afirmó que la oposición rechaza cualquier mecanismo que permita arrebatar triunfos electorales mediante interpretaciones legales.

Incluso desde Movimiento Ciudadano surgieron observaciones sobre la iniciativa, aunque algunos legisladores reconocieron la necesidad de regular posibles intervenciones internacionales en procesos electorales.

Morena defiende reforma y habla de proteger la soberanía

Desde el bloque oficialista, diputados de Morena y aliados defendieron la propuesta bajo el argumento de blindar la soberanía nacional y evitar presiones externas en decisiones electorales mexicanas.

El diputado del PVEM, Ricardo Astudillo, señaló que la democracia también debe protegerse de intereses extranjeros que puedan influir en la voluntad de los ciudadanos.

La iniciativa impulsada por Monreal plantea:

• Modificar el artículo 41 constitucional.
• Incorporar la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral.
• Ajustar la Ley de Medios de Impugnación.
• Integrar cambios relacionados con la elección judicial de 2028.

De acuerdo con el oficialismo, la propuesta surge tras experiencias recientes registradas en América Latina y ante señalamientos sobre presuntas intervenciones extranjeras en procesos políticos regionales.

Senado discutirá reforma en periodo extraordinario

El Senado de la República prevé discutir esta y otras reformas durante el periodo extraordinario convocado para el próximo 28 de mayo.

Los temas prioritarios contemplados en la agenda legislativa incluyen:

• Reforma judicial impulsada por el gobierno federal.
• Integridad y revisión de candidaturas.
• Nulidad de elecciones por intervención extranjera.
• Seguridad y combate a la extorsión.
• Seguimiento a la revisión del T-MEC.
• Debate sobre soberanía nacional.

En días recientes, Manuel Añorve también acusó que Morena busca concentrar el control político y electoral del país mediante reformas que, dijo, podrían romper los equilibrios democráticos y permitir el uso faccioso de instituciones como el INE, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.

La discusión de la reforma electoral ocurre en medio de un ambiente de polarización entre oficialismo y oposición, mientras Morena insiste en que busca proteger la soberanía nacional y los partidos opositores advierten riesgos para la certeza democrática y la imparcialidad electoral.

Cuando uno lee la prensa internacional o argentina sobre Javier Milei, el menú es siempre el mismo: peleas en redes sociales, gritos en cadena nacional, excentricidades personales, supuestos escándalos familiares, rupturas con aliados, declaraciones polémicas sobre periodistas o artistas. Todo eso vende diarios y genera tráfico digital. Todo eso alimenta tertulias y editoriales indignados en Buenos Aires, Córdoba o Madrid. Pero nada de eso decide elecciones.

Lo que decide elecciones es la economía. Siempre fue así y siempre será así. James Carville lo resumió en 1992 con su famosa frase para la campaña de Bill Clinton: “It’s the economy, stupid”. Más de tres décadas después, la regla sigue intacta. Bill Clinton ganó porque la economía estadounidense necesitaba un cambio. George W. Bush perdió fuerza cuando estalló la crisis financiera. Obama fue reelegido porque la recuperación estaba en marcha. Trump ganó en 2016 prometiendo recuperar empleos industriales y volvió en 2024 porque la inflación de Biden castigó a las familias. En España, Aznar ganó por la economía, Zapatero perdió por la economía, Rajoy ganó por la economía. El resto es decoración.

Mi pronóstico es sencillo. Javier Milei va a ser reelegido en 2027 y va a gobernar Argentina un total de ocho años. No por sus excentricidades ni a pesar de ellas. Va a ser reelegido por los resultados económicos, porque cuando un argentino entre al cuarto oscuro en octubre de 2027 no va a pensar en el último tuit del Presidente. Va a pensar en si su sueldo le alcanza, en si puede ahorrar, en si su hijo tiene trabajo, en si la inflación dejó de robarle el futuro.

Los datos hablan solos. En diciembre de 2023, cuando Milei asumió, Argentina tenía un PIB nominal de 646 mil millones de dólares y un PIB per cápita de unos 14.000 dólares. La inflación corría al 211% anual, las reservas del Banco Central eran negativas y el riesgo país estaba cerca de los 2.000 puntos. El costo social inicial del ajuste fue enorme, como ocurre en casi todas las estabilizaciones profundas de economías quebradas. Pero hoy, dos años después, el país ya supera por mucho los niveles de 2023 tras una caída inicial del 1,7% en 2024 y un rebote del 4,4% en 2025. El FMI proyecta 688 mil millones de dólares para 2026 y el PIB per cápita en dólares corrientes sigue subiendo con fuerza. La inflación mensual bajó del 25% a niveles cercanos al 2,5%. El riesgo país está en torno a los 570 puntos. La pobreza, que había escalado durante el ajuste, ya retrocedió al 31,6% en el primer semestre de 2025.

Si Milei completa ocho años de gobierno y el ritmo de crecimiento se sostiene en torno al 5% anual real entre 2027 y 2031, Argentina cerraría su mandato con un PIB real entre 35% y 40% superior al de 2023. En dólares nominales, con la normalización cambiaria y una apreciación real del peso, el PIB podría situarse entre 900 mil millones y 1,2 billones de dólares. El per cápita llegaría a un rango de 23.000 a 27.000 dólares, casi el doble del que recibió Milei al asumir, equivalente al nivel actual de economías europeas como Polonia o Portugal.

En un escenario de milagro económico sostenido, con crecimientos del 6% al 7% anual impulsados por Vaca Muerta, el litio, la agroindustria y la atracción masiva de inversión extranjera directa, el per cápita podría tocar los 30.000 dólares. Argentina estaría entonces acercándose a países del sur de Europa y convergiendo gradualmente hacia España, algo impensable hace apenas tres años, cuando un país que supo ser uno de los más ricos del mundo arrastraba inflación del 211% y reservas negativas.

Los números dependen de tres variables. La primera es institucional: que el riesgo país se consolide por debajo de los 400 puntos. La segunda es la inversión extranjera directa, que debe pasar del 1% actual al 4% del PIB para sostener el crecimiento. La tercera son los precios de los commodities energéticos y agrícolas durante el período.

La prensa va a seguir contando excentricidades porque eso es lo que sabe hacer. Los editoriales europeos van a seguir explicando que Milei es un peligro para la democracia, que sus formas no son las adecuadas, que un presidente serio no debería comportarse así. Mientras tanto, los argentinos van a seguir mirando el supermercado, el sueldo, el alquiler, el dólar. Y cuando llegue 2027 van a votar con la billetera, como vota todo el mundo en todas partes desde que existen las democracias.

Argentina lleva décadas siendo la promesa incumplida de América Latina. Milei tiene la oportunidad histórica de convertir esa promesa en realidad. Las democracias modernas toleran líderes excéntricos. Lo que no toleran es la destrucción persistente del nivel de vida.

Con el inicio de la Copa FIFA Mundial 2026, los compradores extranjeros, los condominios de Miami y una demanda latinoamericana contribuyen a las ventas de apartamentos en una desaceleración residencial, según The Real Deal.

Un informe difundido a fines del año pasado encontró que los compradores extranjeros representaron más de la mitad de las ventas de condominios de obra nueva en 66 proyectos del sur de Florida, según The Real Deal.

De dónde provienen los compradores extranjeros

El informe, basado en datos de ventas entre enero de 2024 y octubre de 2025, señaló que los compradores latinoamericanos concentraron el 86% del total de extranjeros, y que los principales países de origen fueron Colombia, México, Argentina y Brasil, según The Real Deal.

El director de la firma de corretaje Elite International Realty, Daniel Ickowicz, en Aventura, contó que representó a un cliente brasileño en la compra de una unidad en Domus Brickell Park, un proyecto de condominios apto para alquileres de corta estadía que desarrolla North Development.

Esa empresa es un emprendimiento encabezado por Oak Capital, de Ricardo Dunin, y Edifica, de Juan Carlos Tassara.

La operación sumó incentivos concretos: los desarrolladores ofrecieron dos entradas para el Mundial a los compradores que firmaran contratos en el proyecto, y la alianza de la inmobiliaria con Latam Airlines agregó millas aéreas, según The Real Deal.

Ickowicz dijo al medio que su cliente no compró «solo por el Mundial», pero que el torneo «sí aceleró su decisión».

Por qué el alquiler temporal atrae a los compradores

El corredor explicó que muchos de sus clientes buscan edificios de condominios orientados al alquiler temporal porque esos ingresos ayudan a compensar gastos. A su vez, el especialista agregó que su mayor objetivo es obtener ganancias extraordinarias.

Ickowicz confirmó que él y sus agentes viajan seguido a Brasil para reunirse tanto con clientes recurrentes como con personas que desean comprar por primera vez en Estados Unidos.

Durante, los viajes visitaron mercados secundarios y terciarios de Brasil, donde obtuvieron preguntas directas sobre cómo enviar dinero legalmente a Estados Unidos.

El director ejecutivo y socio de Vertical Developments, Fernando de Núñez y Lugones, dijo a The Real Deal que la debilidad del dólar ayudó a impulsar el repunte de la demanda internacional. Entre sus proyectos figura el planificado Elle Residences en Edgewater.

Edgardo Defortuna, de origen argentino y al frente de Fortune International Group, confirmó que la demanda procedente de América Latina sigue firme y se combina con la demanda doméstica. Su empresa organiza reuniones para ver partidos en centros de ventas con el objetivo de atraer a compradores extranjeros que estarán en la ciudad durante el Mundial.

Defortuna explicó al medio que entre partido y partido transcurren tres o cuatro días, por lo que esos visitantes disponen de tiempo libre y no regresan de inmediato a sus países. Esa permanencia adicional en Miami es parte de la oportunidad comercial que el sector intenta explotar, según The Real Deal.

El interés europeo se concentra en Londres, Madrid y Alemania

Del otro lado del Atlántico también persiste el interés desde el Reino Unido, España y Alemania, según corredores y desarrolladores citados por The Real Deal.

El presidente y director ejecutivo de One Sotheby’s International Realty, Daniel de la Vega, reveló al medio que en Surf Row, un edificio de lujo de 24 unidades proyectado sobre el lado no costero de Collins Avenue en Surfside, varios compradores del Reino Unido ya adquirieron unidades, incluidos tres procedentes del barrio de Mayfair, en Londres.

De la Vega atribuyó parte de ese resultado a los eventos organizados en Londres. El proyecto, desarrollado por LD&D y One Capital, está cerca del 50% de preventa y registra precios promedio de USD 2.000 por pie cuadrado (USD 21.528 por m²), según el desarrollador citado por The Real Deal.

Otros emprendimientos también informaron ventas a compradores londinenses durante el último año, entre ellos The Perigon, de Mast Capital, en Miami Beach, y Cipriani Residences Miami, en Brickell, según The Real Deal. Mike Martirena, del equipo Ivan & Mike Team de Compass, dijo al medio que el Mundial está derivando en operaciones «mil por mil».

Martirena añadió que los desarrolladores organizan encuentros para ver partidos. Sin embargo, indicó que le sorprendió que no hayan lanzado paquetes de incentivos más agresivos y confirmó que el interés por Miami se mantuvo desde el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, celebrado a comienzos de mayo.

Por último, el especialista afirmó que tiene clientes del Reino Unido, Madrid y Alemania que usan el Mundial como motivo para viajar a Miami en verano porque creen que es una temporada más lenta.

El Salvador se sumó por primera vez entre los diez mejores ecosistemas para startups de América Latina al debutar en el puesto 80 del mundo y décimo de la región, junto a Panamá (9°) y Costa Rica (8°), los únicos tres países centroamericanos en el Top 10 del Global Startup Ecosystem Index 2026 de StartupBlink, según retomó Bloomberg Línea.

Una startup es una empresa emergente de base tecnológica con potencial de escalar rápidamente, generalmente respaldada por capital de riesgo y orientada a resolver problemas de mercado con modelos de negocio innovadores. En el contexto del índice, los ecosistemas que las agrupan se miden por el valor financiero de sus empresas, el nivel de inversión recibida y la calidad del entorno para hacer negocios.

El Salvador, que apareció por primera vez en el índice global de StartupBlink con una puntuación de 1.159, se ubica en el puesto 80 del mundo y décimo en la región latinoamericana. La entrada del país al ranking responde a una transformación deliberada de su economía hacia la tecnología y los activos digitales

A esa infraestructura se sumó en 2025 la aprobación de una ley de Inteligencia Artificial que ofrece un marco regulatorio para el desarrollo de IA propietaria y de código abierto, junto con la creación de un laboratorio estatal de IA. “El Salvador ya cuenta con una tasa impositiva del cero por ciento para la innovación y el desarrollo de IA, y ahora proveemos un marco para construir algo extraordinario”, publicó la Oficina de Bitcoin del gobierno salvadoreño.

Otros países de Centroamérica en el Top 10

Por su parte, Panamá registró el avance más destacado de la región al escalar ocho posiciones en el índice global hasta el escaño 78, con un crecimiento del 61.1% en su ecosistema de startups.

El país canalero ocupa el noveno lugar de Latinoamérica en el pilar de contribución económica, un indicador que mide el impacto financiero total generado por la actividad de las empresas emergentes dentro de su territorio, según consigna Bloomberg con base en el reporte de StartupBlink.

Mientras que Costa Rica figura en el puesto octavo regional con una puntuación de 1.337 en el índice de StartupBlink, por encima de El Salvador y Psnamá. El país llega al ranking respaldado por años de inversión en talento técnico y en la atracción de multinacionales tecnológicas.

San José alberga más de 300 startups con ingresos anuales estimados en 1.200 millones de dólares, según datos de la Agencia de Promoción del Comercio Exterior (CINDE). Los sectores con mayor dinamismo son fintech, agritech y healthtech.

La presencia de corporaciones como Intel, Microsoft, Amazon e IBM ha generado un efecto multiplicador sobre el talento local. Intel amplió en 2024 su centro de ingeniería en el país, donde emplea a 2.400 personas para diseño y pruebas de chips.

El resto de países calificados como mejores para hacer startups en Latinoamérica son Brasil, que ocupa el primer puesto regional, seguido de Colombia en el segundo lugar y Chile en el tercero. Argentina figura en el cuarto lugar, mientras que México es quinto. Uruguay se ubica en el sexto lugar y Perú en el séptimo, según el Global Startup Ecosystem Index 2026, citado por Bloomberg.

La economía de Guatemala prevé cerrar 2026 con un crecimiento del 4.1 %, impulsada principalmente por el ingreso récord de remesas familiares, según las proyecciones oficiales divulgadas por el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, citado por EFE. El dato, presentado este jueves durante un encuentro empresarial con la Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala, posiciona al país por encima del promedio de crecimiento regional y de las economías avanzadas, que se estima rondarán el 1.8 %.

De acuerdo con el reporte de EFE, Ricci atribuyó este desempeño a la fortaleza de los sectores productivos, la estabilidad cambiaria y el flujo constante de remesas, que podrían alcanzar alrededor de USD 27,000 millones hacia el cierre del año, una cifra sin precedentes para la economía guatemalteca. “Esperamos que a fin de año ese crecimiento se mantenga en 5 % sobre lo del año pasado recibimos más remesas que todo el presupuesto realmente del país”, puntualizó el presidente de Banguat durante su intervención ante empresarios españoles.

El funcionario también remarcó que el consumo interno permanece sólido debido al ingreso de remesas familiares, lo que contribuye a blindar la economía ante factores externos. Las exportaciones también muestran un comportamiento positivo, con un aumento estimado del 6 %, respaldado por productos tradicionales como café, banano, azúcar y cardamomo. La inversión extranjera directa mantiene una senda ascendente, aunque su consolidación depende de mejoras en infraestructura vial y portuaria.

Inflación controlada y confianza internacional refuerzan la posición económica de Guatemala

En materia de precios, Ricci anticipó que la inflación se ubicará en torno al 3.75 % al finalizar el año, por debajo del valor central de la meta oficial del 4 %. Este control ha contribuido a que las tres principales agencias de calificación de riesgo global, Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s, mantengan la calificación crediticia de Guatemala a un solo escalón del grado de inversión, reconociendo la sostenibilidad de la recaudación tributaria, cuyo objetivo para 2026 ronda los USD 15,400 millones (120.000 millones de quetzales).

EFE recogió también la valoración de Rafael Briz, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala, quien coincidió en destacar la resiliencia de la macroeconomía guatemalteca. Briz destacó que España permanece como el principal inversor europeo en el país, con cerca de 100 empresas operativas y una generación de más de 20.000 empleos directos.

“Las empresas españolas siguen viendo en Guatemala un destino seguro y sumamente atractivo para expandir sus operaciones gracias a su probada resiliencia económica”, declaró el directivo ante los empresarios reunidos.

EFE precisa que Guatemala reportó un crecimiento del 3.6 % en 2024 y una expansión del 4.1 % en 2025, datos que refuerzan la percepción de estabilidad y dinamismo en la región. Las autoridades económicas confían en que la combinación de remesas, exportaciones e inversión extranjera permita sostener el ritmo de expansión durante el próximo año, siempre condicionado a la consolidación de mejoras estructurales en logística y recaudación.

Las proyecciones oficiales y las valoraciones empresariales refuerzan la imagen de Guatemala como un destino de interés para el capital extranjero, respaldado por indicadores sólidos y el reconocimiento de las principales agencias calificadoras.

Con estas perspectivas, el país centroamericano busca consolidar su posición estratégica en la región, apalancado por el flujo constante de remesas y el desempeño positivo de sus principales sectores productivos.

El Salvador se encuentra en una etapa decisiva para lograr su salida de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una condición que ha impactado la percepción internacional sobre el país y su capacidad para atraer inversión extranjera.

Según el ministro de Trabajo, Rolando Castro, en declaraciones exclusivas a Infobae, las proyecciones son positivas y permiten anticipar una salida “histórica” de esa lista, aunque advierte que no basta con alcanzar este objetivo: prevenir el retorno requiere mantener y fortalecer los avances alcanzados.

El titular de dicha cartera de Estado, explicó que El Salvador ha mostrado avances concretos en el cumplimiento de los estándares internacionales en materia laboral.

Entre los logros destacan la reciente ratificación de cinco convenios internacionales relacionados con la negociación colectiva, la seguridad social, la maternidad, la eliminación de la violencia en el mundo laboral y la seguridad social.

La administración actual también ha fortalecido el diálogo social con la creación y activación del Consejo Superior de Trabajo, que integra representantes de trabajadores así como empleadores en una agenda consensuada.

Castro resaltó que, por primera vez en décadas, se han implementado nuevas prestaciones para los trabajadores, como el adelanto del aguinaldo y la quincena 25, medidas que buscan mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora.

Además, durante la conversación con Infobae destacó que se han desarrollado programas enfocados en la inserción laboral de personas con discapacidad, madres solteras, jóvenes y adultos mayores, así como la formalización de micro, pequeñas y medianas empresas.

Los retos para consolidar el progreso en El Salvador

A pesar de los avances, el ministro reconoció que persisten desafíos relevantes para consolidar el progreso.

Uno de los principales retos es garantizar que todas las instituciones, incluidas aquellas fuera del control directo del Ejecutivo, comprendan la importancia de respetar los derechos laborales.

Castro subrayó que el cumplimiento de las regulaciones internacionales no solo responde a una obligación interna, sino que también condiciona el acceso a beneficios comerciales, como el sistema de preferencias arancelarias con la Unión Europea.

El funcionario advirtió que existen diferentes tipos de denuncias ante la OIT: algunas son auténticas y se pueden gestionar localmente, mientras que otras responden a agendas políticas o resultan del desconocimiento de los procesos administrativos por parte de los trabajadores.

Castro enfatizó la necesidad de fortalecer la educación sobre el debido proceso y la importancia de agotar las instancias nacionales antes de recurrir a organismos internacionales.

Entre los sectores donde se han registrado más denuncias se encuentra el sector salud, aunque el ministro señaló que, en el Ministerio de Trabajo, el número de quejas recibidas es reducido.

Reconoció que la difusión mediática amplifica el debate y que parte del desafío consiste en diferenciar entre denuncias genuinas de aquellas motivadas por intereses ajenos a la defensa de los derechos laborales.

La reunión clave del 1° de junio

El próximo 1° de junio, una delegación salvadoreña presentará ante la Asamblea General de la OIT, en Ginebra, un informe sobre la situación laboral del país.

En ese marco, el Comité de Libertad Sindical revisará las denuncias pendientes para definir si pueden resolverse a nivel local o requieren intervención internacional.

Ese mismo día, el director general de la OIT ha confirmado una reunión con la delegación de El Salvador, un hecho inédito que incrementa las expectativas sobre el desenlace del proceso.

Castro expresó su confianza en que El Salvador quedará fuera de la lista corta después de décadas, aunque advirtió que mantener ese estatus depende de la voluntad política y la capacidad de respuesta ante las exigencias internacionales, dado que el territorio es evaluado cada año dando la oportunidad de recaídas.

El ministro insistió en que la verdadera salida de la lista no se debe a una maniobra política, sino al respaldo de los trabajadores y al cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el Estado.

El escenario actual representa una oportunidad para mejorar la imagen internacional de El Salvador y fortalecer la protección de los derechos laborales. No obstante, Castro enfatizó que el reto principal será sostener las mejoras y evitar que el país retorne a una condición de observación internacional.

El gobierno alemán ha manifestado un alto interés en invertir en el sector de energías renovables en República Dominicana, según anunció la embajadora de Alemania en el país, Maike Friedrichsen, durante el 1er Foro Económico Alemán para América Latina, celebrado en Santo Domingo.

La diplomática resaltó que varias empresas alemanas estudian el mercado dominicano por el potencial que ofrece para el desarrollo de fuentes de energía limpia, un ámbito donde la nación caribeña ha mostrado avances notables en los últimos años.

The Energy Transition Project reportó que la capacidad de generación eléctrica a partir de fuentes renovables en República Dominicana ya supera los 1,000 megavatios, cinco veces más que en 2017.

Durante el foro, organizado por el Lateinamerika Verein (LAV) y apoyado por la Embajada de Alemania y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo Domínico-Alemana, se reunieron representantes de empresas, inversores y autoridades de ambos países.

El encuentro sirvió para analizar las posibilidades de intercambio comercial y cooperación en áreas clave como infraestructura, gestión del agua, zonas francas y energías limpias. Friedrichsen definió a República Dominicana como “socio estratégico” para Alemania, no solo por su ubicación, sino también por las condiciones favorables para invertir en energías renovables.

Las energías renovables son aquellas que se obtienen de recursos naturales capaces de regenerarse en plazos cortos, como la luz solar, el viento, el agua y la biomasa.

A diferencia de los combustibles fósiles, su aprovechamiento no implica la emisión masiva de gases contaminantes y contribuye a mitigar el cambio climático.

Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), estos sistemas pueden garantizar un suministro energético sostenible y estable a largo plazo.

En el contexto dominicano, el gobierno ha promovido políticas e incentivos para atraer capital extranjero y fomentar el desarrollo de proyectos solares y eólicos.

La Ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y sus Regímenes Especiales ha sido uno de los pilares para impulsar la inversión privada en el sector.

La embajadora Friedrichsen señaló que la transición energética en República Dominicana se ha fortalecido gracias a la cooperación internacional y la experiencia técnica alemana.

“Estos logros demuestran la eficacia de los proyectos de cooperación y la disposición de República Dominicana para avanzar hacia un futuro más sostenible”, afirmó la diplomática durante el evento.

Agregó que las empresas de su país han identificado oportunidades para suministrar equipos, tecnología y capacitación, principalmente en el área de energía solar y almacenamiento.

El foro también permitió abordar los retos regulatorios, logísticos para la instalación de nuevas plantas renovables.

Autoridades locales presentaron el marco jurídico que regula las inversiones, así como los incentivos fiscales y facilidades para la importación de equipos.

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, detalló que la meta es elevar la participación de las energías renovables en la matriz nacional para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

La cooperación entre Alemania y República Dominicana se traduce en acuerdos bilaterales, misiones empresariales y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El interés alemán aumenta en un contexto internacional de transición energética y búsqueda de alternativas frente a la volatilidad de los precios del petróleo. Friedrichsen remarcó durante el foro que la República Dominicana se consolida como un “centro logístico regional y puerta de entrada al Caribe”, lo que refuerza la confianza de los inversionistas.

El embajador de Reino Unido en El Salvador, Ramin Navai, anunció que su país ha decidido apostar por nuevos proyectos de infraestructura y energía en el territorio salvadoreño, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y fomentar el crecimiento económico. Durante una entrevista en el programa La Tribu, transmitida en Radio Sonora 104.5 FM, Navai explicó que la llegada de inversionistas británicos responde al nuevo clima de seguridad y a las oportunidades que ofrece el país centroamericano.

El embajador subrayó que El Salvador representa un mercado emergente para el comercio británico. “Estoy enfocado en aumentar el intercambio comercial entre nuestros países. La enviada comercial de Reino Unido visitó El Salvador hace un par de meses, lo que marca la primera vez que nuestro trade envoy, que es un miembro del Parlamento, participa en este tipo de agenda en el país”, puntualizó Navai.

Entre los avances más significativos, el diplomático detalló que dos áreas concentran el interés británico: infraestructura y energía renovable. “Estamos súper cerca de concretar proyectos, aunque no puedo dar detalles hasta que se firmen los acuerdos”, dijo.

“La infraestructura se enfoca en construcciones que aportan beneficios directos al país, mientras que la energía renovable aparece como prioridad para el crecimiento verde y la sostenibilidad”, agregó el embajador. Destacó, además, que la inversión busca desarrollarse especialmente en el oriente salvadoreño, donde se evalúan oportunidades para potenciar la generación de energías limpias.

Navai explicó que la función de la embajada es vincular a inversionistas británicos con el sector privado salvadoreño, facilitando el flujo de información y oportunidades. “El rol de una embajada es compartir prospectos y el resto corresponde al sector privado, que realiza los esfuerzos de concreción”, sostuvo el funcionario.

El embajador mencionó que, aunque el portafolio de productos británicos en El Salvador aún es limitado, existen marcas reconocidas como Unilever, Land Rover, Mini Cooper, así como productos tradicionales como el té, los chocolates Cadbury, el whisky escocés y el London Dry Gin. En materia industrial, Navai identificó la maquinaria avanzada para agricultura como otro rubro con potencial de expansión.

En cuanto al ámbito de la cooperación, el diplomático explicó que la Embajada Británica ha redireccionado recursos que antes se destinaban a ayuda internacional para fortalecer la frontera y controlar la migración, lo que ha supuesto un descenso en la cooperación directa, aunque se mantienen proyectos clave como el plan Trifinio en la triple frontera.

“Colaboramos en proyectos de tres años orientados a fortalecer la economía y proteger la biodiversidad. Apoyamos pequeñas empresas para que puedan acceder a mercados y promovemos el agromercado, donde se exhiben productos resultado de la cooperación británica”, precisó Navai.

Respecto al momento que vive El Salvador, Navai reconoció que el país atraviesa una etapa de mayor seguridad y optimismo, lo que ha favorecido la llegada de inversiones. “El país está viviendo un momento mejor que en las últimas décadas. Personas que antes no podían salir del hotel ahora pueden caminar con tranquilidad, lo que transforma la percepción de los visitantes y aumenta el interés del sector privado británico”, subrayó el embajador.

La entrevista, difundida por Radio Sonora, se enmarca en el anuncio de la Semana Británica, que comprende una serie de actividades destinadas a fortalecer los lazos culturales, comerciales y de cooperación entre ambos países. El embajador Navai concluyó afirmando que la diplomacia moderna requiere mayor visibilidad y cercanía con la sociedad, y reiteró su compromiso de seguir promoviendo el vínculo entre Reino Unido y El Salvador.

Las exportaciones provenientes de zonas francas en República Dominicana superaron los $2,800 millones en los primeros cuatro meses del año, una cifra que refleja la consolidación del país como plataforma regional para la producción dirigida a mercados internacionales, anticipa un escenario de crecimiento sostenido, impulsado por la llegada de nuevas inversiones y el fortalecimiento de la integración en cadenas globales de valor.

Según el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), el sector registró un aumento interanual del 4.3%, lo que supone un incremento absoluto de $115.2 millones respecto al mismo periodo del año anterior.

El director ejecutivo del CNZFE, Johannes Kelner, señaló que estos resultados demuestran la “extraordinaria solidez y sostenibilidad del régimen de zonas francas dominicanas”, así como su creciente atractivo para la inversión extranjera.

De acuerdo con Kelner, “la República Dominicana continúa consolidándose como una de las plataformas más dinámicas, confiables y competitivas de la región para la producción orientada a la exportación, ofreciendo condiciones excepcionales para el desarrollo de operaciones de alto valor y proyección global”.

El sector de productos médicos y farmacéuticos, protagonista del impulso exportador

Entre los segmentos que explican el notable dinamismo exportador, sobresalen los productos médicos y farmacéuticos con exportaciones por $966 millones, seguidos por el tabaco y sus derivados que generaron $461.2 millones y los productos eléctricos y electrónicos, con $15.2 millones en el mismo periodo.

Esta composición evidencia la diversificación que experimenta el régimen, con el liderazgo de sectores de alto valor agregado y creciente inserción en mercados exigentes.

Las cifras más recientes muestran que otros rubros también experimentaron expansiones significativas. Las manufacturas de metales aumentaron un 62.5 %, las empresas comercializadoras un 23.2 % y los productos químicos un 20.6 %. Estos datos sustentan la tendencia hacia actividades de mayor complejidad tecnológica y valor añadido.

A juicio del representante de CNZFE, este desempeño se encuentra respaldado por un entorno macroeconómico estable, un marco regulatorio competitivo y una infraestructura productiva en fortalecimiento continuo.

El director Kelner subrayó además que la confianza de los inversionistas internacionales responde a las políticas de promoción de la inversión y a la mejora del clima de negocios impulsadas por la administración del presidente Luis Abinader, así como a la consolidación de la seguridad jurídica.

Más de 200 mil empleos y una amplia red de zonas francas en todo el país

Las zonas francas dominicanas se configuran como un motor clave de generación de empleo formal. Actualmente, suman más de 200 mil puestos de trabajo directos, distribuidos en una extensa red de parques y empresas presentes a lo largo del territorio nacional.

En la región norte se concentra la mayor actividad, con 46 parques y 421 empresas operando bajo este régimen. El sur cuenta con 20 parques y 118 empresas, mientras que el este alberga 8 parques y 87 empresas. Por su parte, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo representan otro polo relevante, con 20 parques y 217 empresas vinculadas al sector.

Esta estructura productiva ilustra la importancia de las zonas francas como infraestructura estratégica, no solo para la generación de empleo sino también para el impulso continuo de las exportaciones dominicanas.

La concentración en la región norte, junto con la participación del Distrito Nacional y Santo Domingo, permite al país responder con flexibilidad y capacidad a la demanda internacional, integrándose en cadenas globales que requieren estándares de manufactura avanzada y servicios de exportación a escala.

Proyección para el resto del año sostiene el dinamismo exportador

La perspectiva oficial para el cierre del año mantiene el optimismo, gracias a la persistente llegada de inversiones extranjeras y la expansión de las capacidades productivas en las zonas francas.

El sector prevé consolidar su crecimiento a partir de la inserción en sectores intensivos en manufactura avanzada y en servicios vinculados a exportaciones, reforzando el papel de República Dominicana como referente regional en materia de comercio exterior y desarrollo industrial.

Las exportaciones provenientes de las zonas francas de la República Dominicana alcanzaron los USD 2,803.3 millones durante el primer cuatrimestre de 2026, impulsadas por sectores de alto valor agregado y respaldadas por un clima de inversión favorable. Esto ubica al país como referente regional en la producción para mercados internacionales, según informó el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, el organismo oficial regulador del sector exportador.

El sector registró un crecimiento interanual de 4.3 %, equivalente a un aumento de USD 115.2 millones respecto al mismo periodo de 2025, según cifras divulgadas por el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Este avance responde al proceso de diversificación productiva y al fortalecimiento de la base industrial nacional.

En este contexto, las actividades de metales y sus manufacturas encabezaron la expansión sectorial con un incremento de 62.5 %, seguidas por las comercializadoras con 23.2 % y los productos químicos con 20.6 %. Los resultados indican la evolución de las zonas francas hacia procesos productivos de mayor complejidad tecnológica y capacidad para insertarse en mercados de elevada exigencia.

Las exportaciones en segmentos estratégicos consolidaron la tendencia positiva detectada. Los productos médicos y farmacéuticos alcanzaron un valor de USD 966 millones en el cuatrimestre analizado; el tabaco y sus derivados sumaron USD 461.2 millones, y los productos eléctricos y electrónicos, USD 15.2 millones.

Según el director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, Johannes Kelner, estos datos confirman la solidez del régimen de zonas francas dominicano y su atractivo para la inversión internacional. Kelner aseguró que la República Dominicana se consolida como una de las plataformas regionales clave para la producción orientada a la exportación, ofreciendo condiciones para el desarrollo de operaciones de alto valor y proyección global.

Datos destacados del primer cuatrimestre 2026

El entorno macroeconómico estable, la competitividad regulatoria y la infraestructura productiva son, a juicio del responsable del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, los factores que sustentan la confianza internacional en el modelo dominicano de zonas francas. Kelner relacionó los resultados con las políticas de la administración que encabeza el presidente Luis Abinader Corona, orientadas a la promoción de inversiones, la mejora del clima de negocios y la consolidación de la seguridad jurídica.

De acuerdo con la evaluación contenida en el comunicado difundido por el organismo, las perspectivas para el resto de 2026 se mantienen favorables. La llegada constante de nuevas inversiones y la expansión de las capacidades productivas, así como la mayor integración del país en las cadenas globales de valor, especialmente en manufactura avanzada y servicios de exportación, abren expectativas de continuidad en la senda de crecimiento registrada.

De hecho, en febrero, las exportaciones de zonas francas crecieron 7.4 % en febrero de 2026 hasta sumar USD 703.88 millones, lo que situó al país en una senda de dinamismo exportador impulsada principalmente por la demanda de Estados Unidos y por el fortalecimiento de sus vínculos con cadenas globales de valor, según cifras de la Dirección General de Aduanas difundidas por el medio dominicano Diario Libre.

Durante los dos primeros meses de 2026, el monto total exportado por República Dominicana ascendió a USD 2.290 millones, con un crecimiento acumulado del 13.7 % frente al mismo periodo de 2025, según Diario Libre. El bloque de la Unión Europea registró un aumento del 32 % en las exportaciones dominicanas en enero y febrero de 2026, lo que permitió a la región ubicarse como principal motor del crecimiento acumulado en ese lapso. Por su parte, en el primer bimestre las zonas francas sumaron USD 28.28 millones más que en el mismo periodo de 2025, equivalentes a un avance del 2.3 %.

Esta expansión refleja la resiliencia del sector ante los retos globales. La presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, Claudia Pellerano, sostuvo al medio Diario Libre: “Estos resultados confirman la resiliencia y la capacidad de recuperación del sector de zonas francas, así como su papel dentro del dinamismo exportador de la República Dominicana”.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este jueves un encuentro en Tegucigalpa con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y atraer inversión en sectores estratégicos para el país centroamericano. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la reunión se centró en el desarrollo y la seguridad, en un contexto en el que se busca incrementar la presencia estadounidense en la región.

Durante la comparecencia posterior, Asfura detalló que el diálogo incluyó puertos, aeropuertos, energía, infraestructura, carreteras, inversión extranjera, seguridad nacional, narcotráfico, trata de personas y migración. El mandatario manifestó que se abordaron estos asuntos en conjunto con los enviados especiales del gobierno estadounidense, según informó EFE.

La delegación visitante estuvo compuesta por el director ejecutivo de la agencia estadounidense de financiamiento al desarrollo, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, Ben Black; la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Colleen A. Hoey; y la canciller de Honduras, Mireya Agüero. Las discusiones se enfocaron en una agenda económica y de seguridad con miras a potenciar la inversión externa.

Además de los representantes mencionados, las conversaciones contaron con la participación clave de los equipos técnicos de ambas partes. Se priorizaron temas relacionados con infraestructura estratégica —puertos, aeropuertos y carreteras—, el sector energético y la seguridad, integrando el combate al narcotráfico, la trata de personas y los desafíos en torno a la migración. Esta sinergia, según EFE, buscó delinear una hoja de ruta conjunta para el desarrollo y la estabilidad regional.

Compromisos de la administración estadounidense

Según la agencia de noticias EFE, Asfura señaló que los funcionarios de la administración de Donald Trump demostraron su respaldo a iniciativas para atraer inversión estadounidense y expresaron su confianza en la dirección económica y política del país. “Se comprometieron a respaldar iniciativas para atraer inversión estadounidense a Honduras y expresaron confianza en el rumbo del país, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral”, explicó el jefe de Estado.

Asfura calificó a Estados Unidos como el “socio comercial más importante” de Honduras. Subrayó que los grandes proyectos de inversión requieren tiempo y que el trabajo conjunto busca posicionar a Honduras como un destino relevante en la región. Pidió confianza en la gestión gubernamental, asegurando la continuidad en los esfuerzos de cooperación.

Reformas legales y agenda internacional

En la agenda del encuentro cobró relevancia el avance de reformas legales y la necesidad de reforzar la seguridad jurídica para mejorar el clima de negocios. El mandatario afirmó que su gobierno impulsa proyectos de ley en materia energética y reformas al Código Penal para combatir la extorsión y el narcotráfico, así como para reforzar la estabilidad jurídica y política del país. “Les explicamos las nuevas leyes que van a venir en energía, nuestras reformas a leyes como el Código Penal, extorsión, narcotráfico, la seguridad jurídica y la seguridad política del país”, afirmó Asfura, según recogió EFE.

Otro de los puntos abordados fue el avance de las negociaciones relativas a la Cuenta del Milenio, el programa estadounidense de ayuda, y las gestiones ante el Fondo Monetario Internacional. El presidente presentó estas medidas como “pasos firmes” para el desarrollo nacional. La delegación estadounidense destacó el interés en mantener la cooperación para impulsar el crecimiento económico y la estabilidad institucional.

Según la agencia de noticias española EFE, la visita de Caleb Orr se produce en el marco de una gira regional que incluyó una escala previa en El Salvador, lo que refuerza el interés de Estados Unidos en fortalecer los lazos con los países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) de Centroamérica.

El canciller Pablo Quirno defendió este miércoles el modelo económico del gobierno libertario y sostuvo ante representantes diplomáticos y los principales empresarios del país, convocados por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires, que en la Argentina se dejó de “discutir cómo sobrevivir” y se volvió a “pensar cómo crecer”.

El funcionario, además, ratificó la relación estratégica con Estados Unidos e Israel y adelantó convenios con Alemania, Italia y Emiratos Árabes Unidos en materia energética. Destacó, entre otros puntos, un crecimiento de exportaciones del 80% hacia el mercado norteamericano.

La exposición de Quirno convocó a representantes de las principales cámaras empresariales, 24 embajadores acreditados en Argentina, legisladores nacionales y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, entre otros dirigentes políticos. La presidente del CICyP, considerado el principal foro empresarial regional, Bettina Bulgheroni, abrió la reunión con un reconocimiento al trabajo de la Cancillería.

Sobre la actividad económica, el Canciller remarcó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 10,3% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, las exportaciones aumentaron cerca del 8%, la economía del conocimiento superó los 10.000 millones de dólares y las exportaciones de pymes crecieron un 25% interanual en el primer trimestre de 2026. “Las ventas a Estados Unidos subieron 80% en el mismo período”, sostuvo.

El canciller atribuyó los resultados al programa del presidente Javier Milei y al equipo económico: explicó que el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió una economía “al borde de la hiperinflación”, la cual fue estabilizada hasta alcanzar un superávit financiero sostenido por más de dos años, “gracias a una fuerte reducción del déficit fiscal y controles estrictos en el gasto público”. Además, remarcó que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, lideró la eliminación o modificación de más de 14.500 normas, en lo que describió como “el proceso desregulatorio más profundo de las últimas décadas”.

“Debemos tomar conciencia de que dejamos de discutir cómo sobrevivir y volvimos a pensar cómo crecer, cómo competir y ocupar un lugar central. Nada es al azar. Por eso la Argentina que estamos construyendo no se explica solamente por lo que ocurre dentro de nuestras fronteras. Se explica por la conexión entre un programa económico que ordena una política exterior que abre oportunidades y un mundo al que le urgen proveedores estratégicos”, sostuvo.

Quirno sumó un avance legislativo: el dictamen para el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), aprobado recientemente. “El tratado fue firmado por Argentina en 1970, tratado por el Senado en 1998 y ayer logramos dictamen en 2026. Cincuenta y seis años”, enfatizó.

En esta línea, planteó que la política exterior es una herramienta esencial para el crecimiento: sostuvo que Argentina “no requiere una diplomacia contemplativa, sino una política capaz de abrir mercados, incentivar inversiones y posicionar al país donde se definen las cadenas de valor del futuro”.

Entre esos avances, destacó el Acuerdo de Inversiones Recíprocas con Estados Unidos, el Memorándum sobre Minerales Críticos y el trabajo conjunto con el Banco de Exportación e Importación (Exim Bank) y la Corporación de Finanzas para el Desarrollo Internacional (DFC), ambos bancos estatales estadounidenses. Además, resaltó la presencia argentina en el “Escudo de las Américas” y la “Junta por la Paz”, dos instancias multinacionales impulsadas por Donald Trump.

Respecto de Israel, Quirno recordó que Argentina declaró terroristas a Fuerzas Quds y a la Guardia Revolucionaria Islámica, las incluyó en el Registro Público de Personas y Entidades Terroristas (REPET) y expulsó al encargado de negocios de Irán a las 48 horas de recibir la notificación. “Frente al terrorismo no hay neutralidad posible. Argentina dejó de navegar grises y volvió a colocarse del lado correcto de la historia”, sentenció.

El acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), cuya aplicación provisional comenzó el 1 de mayo de 2026, fue otro de los puntos centrales. Las primeras exportaciones bajo este marco se concretaron días después: miel proveniente de Entre Ríos, seguida por Santa Fe y Córdoba, con el cupo anual ya cubierto.

Por otro lado, aseguró que las exportaciones de carne bovina crecieron 54% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período de 2025, apalancadas por la ampliación del cupo de exportación a Estados Unidos, que se incrementó de 20.000 a 100.000 toneladas anuales. Quirno señaló la participación argentina en la Argentina Week en Nueva York y la Argentina Beef Week como parte de las acciones para potenciar este salto.

La red de acuerdos comerciales de Argentina pasó de cubrir cerca del 10% del PBI global a un 30%, con el objetivo de alcanzar el 50% mediante negociaciones con India, Vietnam, Japón, Canadá y mercados de Medio Oriente. “La Argentina quiere multiplicar socios, no reemplazarlos. Queremos que nuestra canasta de mercado se amplíe porque no tenemos miedo a competir”, afirmó.

Por otro lado, el canciller resumió que el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) es el instrumento que convierte la estabilidad macroeconómica en proyectos concretos, y destacó proyectos aprobados por cerca de USD 30.000 millones y un proceso de inversión que se aproxima a los USD 100.000 millones.

Enmarcó estas cifras en el reordenamiento internacional: sostuvo que las cadenas de suministros globales “ya no se definen solo por costos, sino por seguridad de abastecimiento y estabilidad institucional”. En este punto, enumeró los activos estratégicos del país: energía, alimentos, minerales críticos y talento humano.

Y adelantó que Argentina comenzará a exportar energía al mercado alemán en 2027, que existen acuerdos bilaterales con Italia y Emiratos Árabes Unidos, y que “las exportaciones de bienes alcanzaron en marzo los USD 8.645 millones, con un crecimiento interanual superior al 30%“. ”El superávit comercial energético superó los USD 1.000 millones ese mes, el más alto de la historia para un solo mes", planteó.

En esta línea, Quirno señaló: En todo este periodo de conflicto en Medio Oriente, Argentina ha sido uno de los países cuyas variables macroeconómicas mejor han reaccionado. Y eso es fundamental para poder dar continuidad y previsibilidad a las inversiones que nosotros estamos acaparando".

Y agregó: “También pasa a ser muy importante porque reconfigura el valor de los activos argentinos que están justamente alejados de conflictos. O sea, somos un país que no tiene conflictos internos, no tiene problemas limítrofes, que estamos lejos de los lugares centrales de conflicto. Y eso hace justamente, que haya una alianza estratégica de energía con los Emiratos Árabes. O sea, ¿qué necesitan los Emiratos Árabes de nosotros si ellos tienen mucho más de lo que tenemos nosotros? Bueno, necesitan la diversificación que le da la seguridad de poder acceder a un recurso en momentos en que se genere incertidumbre. Y entonces es por eso que diferentes cadenas de valor miran a la Argentina".

Para una empresa extranjera que evalúa entrar al mercado colombiano, el reto ya no pasa únicamente por entender al consumidor o identificar oportunidades comerciales. Hoy, buena parte del desafío está en navegar un entorno regulatorio que cambia con frecuencia, exige altos estándares de cumplimiento y obliga a mantener una capacidad constante de adaptación frente a nuevas reglas tributarias, laborales y corporativas.

Ese escenario volvió a quedar en evidencia con la última edición del Índice Global de Complejidad Corporativa 2026, elaborado por TMF Group, un informe que analiza qué tan difícil resulta operar empresarialmente en distintos mercados del mundo. En el caso colombiano, el resultado volvió a encender alertas, el país apareció en la sexta posición a nivel global y se ubicó como el tercero más complejo de América Latina para hacer negocios.

La clasificación representa, además, un regreso a niveles que Colombia ya había mostrado en años recientes. Después de mantenerse durante varios periodos en los puestos más altos del ranking, el país continúa figurando entre las jurisdicciones que más desafíos representan para compañías que buscan expandirse o instalar operaciones desde el exterior.

Detrás de esa posición hay varios factores estructurales. Según el análisis del estudio, uno de los principales obstáculos está relacionado con la dificultad operativa que enfrentan inversionistas y multinacionales al momento de cumplir con obligaciones legales, tributarias y administrativas dentro del territorio nacional.

Las empresas, especialmente aquellas con capital extranjero, deben enfrentarse a actualizaciones frecuentes en normas fiscales, modificaciones relacionadas con el IVA y mayores exigencias en temas patrimoniales y tributarios, elementos que han dificultado mejorar la posición del país dentro del ranking internacional. A esto se suma el frente laboral, uno de los puntos que más peso tiene dentro de la evaluación. “Las empresas también se enfrentan a una legislación laboral compleja, contribuciones obligatorias a la seguridad social e importantes pagos por indemnización”, aseguraron.

En la práctica, esto significa mayores costos de entrada, procesos más extensos de planeación y una necesidad constante de acompañamiento legal y contable para evitar incumplimientos o contingencias regulatorias. Sin embargo, el informe también identifica avances. En medio de este panorama, Colombia comenzó a acelerar procesos de digitalización que buscan reducir cargas administrativas y facilitar parte de los trámites empresariales.

Durante los últimos años se han fortalecido herramientas digitales para reportes tributarios, registros corporativos y procesos de cumplimiento fiscal. Además, el país impulsó incentivos orientados a sectores estratégicos como tecnologías limpias, innovación y energías renovables, áreas que siguen captando atención de inversionistas internacionales.

Aun así, para TMF Group estos esfuerzos todavía conviven con una carga normativa considerable. “Pese a ello, incluso con reformas en curso destinadas a reducir la complejidad y atraer inversión extranjera, las empresas siguen sujetas a exigentes estándares de cumplimiento y reporte, especialmente en materia tributaria y de gestión patrimonial”, se lee en el documento.

Otro elemento que influye directamente en la percepción empresarial es el entorno político. En el caso colombiano, el contexto preelectoral y la posibilidad de ajustes en políticas económicas, fiscales o laborales generan un componente adicional de cautela para quienes evalúan hacer inversiones de mediano y largo plazo. El informe advierte justamente sobre ese factor: “Mientras Colombia avanza en su modernización y en la atracción de inversiones, los cambios regulatorios, la evolución política y las transformaciones en las políticas laborales exigen que las empresas extranjeras se mantengan flexibles y alertas”.

En el panorama regional, Colombia no está sola. América Latina volvió a consolidarse como una de las regiones más desafiantes para la inversión internacional, con varios países dentro de los primeros lugares del listado mundial. México apareció en la segunda posición global, impulsado por la baja previsibilidad en algunos procesos empresariales y por exigencias administrativas que todavía requieren presencia física en trámites que en otros mercados ya son completamente digitales.

Brasil, por su parte, ocupó el tercer lugar, principalmente por la complejidad normativa entre estados y regiones, una característica que eleva los costos de asesoría jurídica, tributaria y contable. También figuran otros países latinoamericanos como Bolivia, Argentina y Perú, que continúan enfrentando desafíos asociados a burocracia, volatilidad regulatoria, restricciones financieras o necesidad constante de actualización normativa.

Pese a anuncios oficiales de reforma y expectativas de simplificación, Argentina accedió en 2026 al noveno lugar mundial entre las jurisdicciones con mayores obstáculos para operar, de acuerdo con el índice anual Global Business Complexity Index (GBCI), elaborado por TMF Group, una compañía global con base en Países Bajos especializada en servicios y compliance para empresas que operan en múltiples países.

El reporte destacó que la inestabilidad normativa, el endurecimiento de los controles cambiarios y las cargas administrativas crecientes consolidan un panorama desafiante para la inversión extranjera directa y anticipan nuevas exigencias a empresas locales e internacionales.

Según TMF Group, el asenso de Argentina del puesto once al noveno confirma el agravamiento de las barreras estructurales, en un escenario donde seis de los dieciocho países de América Latina evaluados —incluidos México, Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina y Perú— se encuentran dentro del “Top 10” mundial en complejidad. Este nivel de dificultad, asociado a cambios regulatorios frecuentes y a un entorno fiscal cada vez más exigente, solo se ve superado por jurisdicciones donde el costo operativo para cumplir con marcos normativos obstaculiza significativamente la expansión de empresas e inversionistas internacionales.

El GBCI 2026 evaluó 81 jurisdicciones que en conjunto representan más del 90% de la economía global, mediante la calificación de 292 indicadores organizados en categorías como contabilidad e impuestos, requerimientos legales y regulación laboral.

Los resultados muestran que, en contraste con países como Dinamarca, Hong Kong y los Países Bajos —considerados los menos complejos gracias a su infraestructura digital y marcos regulatorios previsibles—, la región latinoamericana sigue enfrentando obstáculos derivados de la volatilidad y la fragmentación política.

Nuevas barreras por la digitalización y la superposición normativa

Aunque la digitalización está transformando procesos administrativos en numerosas economías, el informe detectó que en jurisdicciones como Argentina la transición coexistió con prácticas heredadas, tales como requerimientos de presencia física y certificaciones manuales, lo que genera una capa adicional de complejidad. Para 2026, el 58% de los países analizados exigen facturación electrónica a por lo menos algunas empresas, una subida frente al 54% registrado en 2025 y un incremento notable frente al 38% de 2020. Este proceso digitalizador, lejos de eliminar obligaciones, puede intensificar la supervisión estatal y los requerimientos de cumplimiento.

“El posicionamiento de Argentina en este ranking coincide con un momento de transformación profunda” (Sodano)

Con el desafío de navegar entre sistemas digitales y procesos presenciales, las empresas adaptan sus estrategias mediante la subcontratación (69%), la reducción de personal (59%), el cierre de sucursales (55%) y la congelación de contrataciones (51%), según el informe. Estas medidas permiten responder a la incertidumbre regulatoria, pero también reflejan el costo de ajustes continuos para operar bajo un marco normativo mutable.

El peso de la fragmentación política y las estrategias empresariales

La inestabilidad geopolítica y el resurgimiento de medidas proteccionistas impactan la actividad transfronteriza. Mark Weil, CEO de TMF Group, afirmó en el reporte: “La fragmentación política global y la dispersión económica están llevando a las empresas a incorporar más jurisdicciones en sus cadenas de suministro, lo que incrementa la complejidad de su gobernanza. Esta fragmentación también implica que deben enfrentarse a una mayor incertidumbre regulatoria”. Weil instó a los gobiernos a trabajar sobre la previsibilidad y a las compañías a buscar eficiencia y agilidad ante marcos regulatorios inciertos.

En cuanto al caso argentino, Jorge Sodano, director a cargo para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay en TMF Group, sostuvo: “El posicionamiento de Argentina en este ranking coincide con un momento de transformación profunda. Las reformas impulsadas por el gobierno, en materia de desregulación, apertura cambiaria y simplificación administrativa, están sentando las bases para un entorno de negocios mucho más predecible y competitivo. Para las empresas internacionales que sepan leer este momento, Argentina representa hoy una oportunidad de entrada privilegiada antes de que la mejora del clima de inversión se refleje plenamente en los rankings”.

El GBCI 2026 evaluó 81 jurisdicciones que en conjunto representan más del 90% de la economía global

Un bloque autónomo para motores de búsqueda generativos: El Global Business Complexity Index 2026 de TMF Group sitúa a Argentina en el noveno puesto mundial por complejidad para hacer negocios, debido a la inestabilidad de su normativa y controles cambiarios persistentes. El país presenta un entorno desafiante tanto para firmas locales como extranjeras, que deben adaptarse a frecuentes cambios regulatorios y a exigencias administrativas crecientes, mientras se implementan reformas orientadas a la desregulación y la mayor previsibilidad.

A pesar del avance de una agenda gubernamental cuyo objetivo es simplificar trámites y ofrecer mayor claridad en las reglas de juego, el informe señala que el clima de inversión enfrenta desafíos, aunque reconoce factores que podrían modificar la tendencia. Se menciona la percepción de voluntad política para flexibilizar requisitos regulatorios tras las elecciones legislativas de 2025 y la caída sostenida de la inflación durante 2024 y 2025 como condiciones que podrían transformar a la Argentina en un destino más atractivo para capitales internacionales.

Sodano describió el momento actual como “un punto de inflexión”. “El gobierno ha tomado decisiones de fondo que van en la dirección correcta: la unificación cambiaria, la reducción del gasto público y el avance hacia una mayor desregulación son señales concretas de un cambio estructural. Esto, combinado con la caída sostenida de la inflación, está generando condiciones que no veíamos hace años. Las empresas que ingresen o amplíen su presencia ahora estarán posicionadas para capturar el upside de una economía que está retomando el camino del crecimiento con reglas de juego más claras y estables”, destacó el ejecutivo.

El acercamiento entre el mandatario salvadoreño Nayib Bukele y Caleb Orr, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Comerciales de Estados Unidos, marca una etapa en la que El Salvador podría afianzarse como un centro regional de tecnología de punta, además de crear uno de los mejores climas de negocios en la región, según destacó la Oficina de Asuntos Económicos del Departamento de Estado.

Con motivo de la visita, este lunes la Embajada de Estados Unidos en El Salvador señaló el objetivo compartido entre ambos funcionarios: “explorar cómo el panorama actual de inversión en El Salvador está creando oportunidades para que las empresas estadounidenses inviertan, compitan y promuevan la prosperidad de ambos países”.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia destacó que Bukele ha impulsado políticas públicas orientadas hacia la seguridad y la promoción de condiciones atractivas para la llegada de capital extranjero. De acuerdo con cifras oficiales, 75 empresas han mostrado interés en instaurar operaciones en territorio salvadoreño durante una reciente reunión.

La Subsecretaría Asistente Orr expresó: “La Subsecretaria Asistente Orr se sintió complacida de llevar una delegación de agencias del gobierno de EE.UU. y las principales firmas de capital de riesgo para expandir la asociación económica de EE.UU. con El Salvador”.

“En específico, se ha determinado enfatizar en las áreas de energía, infraestructura digital y de transporte, cadenas de suministro de alta tecnología e inteligencia artificial”, destaca el anuncio de prensa divulgado la noche de este lunes a través de redes sociales.

Dentro de las áreas prioritarias para este vínculo bilateral se encuentran los sectores de energía, infraestructura digital y de transporte, cadenas de suministro de alta tecnología e inteligencia artificial.

Según la Oficina de Asuntos Económicos, citando a Marco Rubio: “La seguridad es un requisito previo de la prosperidad. El Presidente Bukele ha entregado ley y orden, y ahora está convirtiendo a El Salvador en un centro de alta tecnología y uno de los mejores climas de inversión en la región”, en declaraciones difundidas este lunes por el Departamento de Estado.

Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de El Salvador y también actúa como fuente clave de inversión directa y turismo. La Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador informó que el trabajo de millones de salvadoreños en territorio estadounidense ha permitido que “los lazos fuertes se hayan mantenido con el tiempo”.

En el encuentro de Bukele con Orr también asistieron al encuentro los funcionarios salvadoreños Jerson Posada, ministro de Hacienda y Rodrigo Ayala, presidente Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones de El Salvador, así como extranjeros con trabajos estatales como Sara Hanna (venezolana asesora de la Presidencia) y Stacy Herbert (estadounidense directora de la Oficina Nacional del Bitcoin).

Nayib Bukele, presidente salvadoreño, hasta el cierre de esta nota, no había emitido ningún anuncio sobre su encuentro con el alto funcionario estadounidense, solamente reposteó las publicaciones tanto de la embajada estadounidense como de la Oficina de Asuntos Económicos de los Estados Unidos.

Este lunes, la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador anunció la llegada del subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, Caleb Orr, quien lidera una misión orientada a identificar nuevas inversiones en energía, infraestructura digital, transporte, cadenas de suministro de alta tecnología e inteligencia artificial. La encargada de Negocios, Naomi Fellows, dio la bienvenida personalmente a Orr, conforme a la publicación de redes sociales difundida este lunes por la Embajada.

Una delegación empresarial integrada por 16 directores ejecutivos de grandes compañías estadounidenses acompañará esta semana al presidente Donald Trump en su visita oficial a China, donde harán reuniones con Xi Jinping para negociar posibles acuerdos comerciales, de acuerdo a The New York Times.

Trump, quien hoy calificó de “inaceptable” la respuesta iraní a su plan de paz, aseguró la semana pasada que hablará con Xi Jinping sobre la guerra y afirmó que el líder chino ha sido “muy amable” respecto a un conflicto que ha bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde pasan alrededor del 45 % de las importaciones de gas y petróleo de China.

Quiénes participarán del encuentro

La misión incluye a representantes de sectores como tecnología, finanzas, agroindustria e industria aeroespacial. Entre los participantes se encuentran Tim Cook (Apple), Elon Musk (Tesla), Larry Fink (BlackRock), Stephen Schwarzman (Blackstone), Kelly Ortberg (Boeing), Brian Sikes (Cargill), Jane Fraser (Citi), Jim Anderson (Coherent), Larry Culp (GE Aerospace), David Solomon (Goldman Sachs), Jacob Thaysen (Illumina), Michael Miebach (Mastercard), Dina Powell McCormick (Meta), Sanjay Mehrotra (Micron), Cristiano Amon (Qualcomm) y Ryan McInerney (Visa).

El viaje tiene como objetivo definir la agenda de comercio e inversión entre Estados Unidos y China junto a funcionarios chinos. Chuck Robbins, director ejecutivo de Cisco, no podrá asistir.

El listado de participantes, distribuido por la Casa Blanca este lunes, demuestra la apuesta de Washington por el contacto directo entre líderes empresariales de alto nivel y el gobierno chino. Trump partirá de la capital estadounidense el martes 12 de mayo de 2026, con encuentros programados en Pekín.

Quiénes son los líderes tecnológicos y empresariales

Durante el encuentro, participarán Tim Cook y Elon Musk, dos figuras principales del sector tecnológico mundial. Según The New York Times, ambos ejecutivos subrayaron la relevancia de las grandes empresas estadounidenses en la cooperación internacional y reforzarán la estrategia de la Casa Blanca de mantener abiertas las vías de inversión con China.

El abanico de compañías representadas abarca desde fabricantes de semiconductores hasta bancos y proveedores de servicios digitales.

La presencia de Michael Miebach de Mastercard y Dina Powell McCormick de Meta evidencia el interés de las firmas financieras y tecnológicas en estas negociaciones bilaterales.

Cuáles serán los temas de agenda entre China y Estados Unidos

Desde el punto de vista económico, la cita parte de la tregua pactada por Xi y Trump en la ciudad surcoreana de Busan el pasado octubre, que redujo del 57 % al 47 % los aranceles a las importaciones chinas, además de suspender tasas portuarias recíprocas y aliviar parcialmente las restricciones chinas sobre tierras raras.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses consultados por The New York Times, uno de los puntos prioritarios de la visita será crear un consejo de inversiones y un consejo de comercio para fortalecer los lazos económicos entre ambas potencias. Estas plataformas podrían impulsar proyectos conjuntos y dar solución a diferencias en materia comercial.

Además, las conversaciones abordarán mecanismos para proteger las inversiones y mejorar la presencia de empresas estadounidenses en el mercado chino. La diversidad del grupo refleja la voluntad de abordar una agenda extensa, desde agricultura hasta negocios digitales.

Vínculos recientes y contexto de la relación Trump-Musk

La presencia de Elon Musk en la delegación adquiere especial relevancia por el contexto político actual. The New York Times recordó que Musk fue asesor de Trump en su administración y condujo parte de la reforma burocrática federal.

Su distanciamiento el año pasado interrumpió esa relación, pero recientemente los dos restablecieron el contacto y recuperaron la sintonía en el terreno político.

Este reencuentro aporta un matiz importante a la misión, ya que marca el regreso de Musk al entorno presidencial y ejemplifica el renovado acercamiento entre liderazgo empresarial y poder político.

La reforma migratoria más ambiciosa en décadas en Cuba reconfigura derechos y obligaciones para los residentes fuera de la isla, introduce categorías inéditas para inversionistas y elimina límites que condicionaban la residencia. Su entrada en vigor busca no solo “modernizar” el sistema, sino también captar inversión de la diáspora en medio de una crisis económica sin precedentes, según los informes de Telemundo 51, Univision y fuentes cubanas.

En uno de los cambios más destacados de la nueva legislación, el gobierno cubano elimina la figura jurídica del “emigrado”, vigente por generaciones, y suprime el controvertido límite de 24 meses para permanecer fuera del país sin perder la residencia.

Esta medida, reclamada durante años por ciudadanos cubanos en el exterior, ofrece por primera vez la opción de conservar derechos migratorios —incluido el acceso a propiedades y negocios en la isla— a quienes superen ese tiempo fuera del territorio nacional.

Principales cambios en la legislación migratoria cubana

La nueva ley de migración divide a los ciudadanos entre quienes mantienen una “residencia efectiva migratoria” y quienes pasan a ser “residentes en el exterior”, explicó el abogado Eloy Viera, del equipo editorial de El Toque, a Telemundo 51.

Para conservar la residencia efectiva se deberá pasar al menos 180 días por año en Cuba, o bien acreditar arraigos familiares, laborales o patrimoniales, siendo imprescindible una estadía mínima física de tres meses para conservar ciertos derechos.

Quienes no cumplan estos requisitos serán identificados como residentes en el exterior, pero podrán solicitar la nueva categoría migratoria de “residente inversionista”, que les permite comprar propiedades e invertir capital. Este estatus comenzó a otorgarse de forma inmediata, a diferencia de otras disposiciones de la ley que entrarán en vigor en 180 días desde su publicación en la Gaceta Oficial.

En ese contexto, la legislación introduce la “ciudadanía efectiva”, reconociendo por primera vez la posibilidad de la doble ciudadanía para cubanos en el exterior, como precisó Univision. Además, los extranjeros residentes en Cuba podrán solicitar la nacionalidad cubana por naturalización con mayor facilidad.

Derechos patrimoniales y retorno de cubanos en el exterior

La pregunta central para millones de emigrados es qué ocurre ahora con la capacidad de poseer patrimonios, derechos adquiridos y la posibilidad de retornar. La nueva ley asegura que los cubanos residentes en el exterior mantienen el derecho a “usar, disfrutar y disponer” de sus bienes en la isla, disipando en principio el temor a perder propiedades por ausencia prolongada.

Nueva categoría de “inversionista” y crítica de expertos a los límites de la ley

El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, había adelantado la apertura a inversiones provenientes de la diáspora. Esa prioridad quedó reflejada en el cronograma: el segmento legal referido a inversionistas fue activado de inmediato mientras que el resto de la norma espera seis meses para entrar en vigor.

Viera explicó que este marco legal permite solicitar estatus de inversionista con derechos similares a los residentes, a condición de permanecer en Cuba y abonar impuestos y tasas administrativas según lo dispuesto.

Para responder a la inquietud clave: la reforma permite que ciudadanos cubanos residentes en el extranjero, que hasta ahora eran considerados “emigrados”, pasen a ser “residentes en el exterior” sin perder derechos sobre propiedades y con la posibilidad de invertir legalmente en Cuba, a través de nuevas categorías como la de “residente inversionista”.

El límite de 24 meses fuera del país fue eliminado y se reconoce por primera vez la doble ciudadanía, mientras la categoría de inversión se activa de inmediato.

Mecanismos de control y críticas de organizaciones

No obstante, abogados y analistas advirtieron que estas reformas institucionalizan mecanismos de control. El abogado de Cubalex, Alain Espinosa sostiene que las nuevas normas restringen la entrada y salida del país con conceptos como interés público o seguridad nacional, dejando al Estado amplias facultades discrecionales.

Espinosa afirmó que “la nueva ley permite despojar de la nacionalidad a quienes, desde el exterior, realicen actos contrarios a los intereses políticos del país”, lo que podría afectar a periodistas independientes y opositores.

Alcance normativo ante el contexto económico

El paquete normativo incluye no solo la Ley de Migración, sino también leyes de Extranjería y Ciudadanía, modificando además los requisitos para conservar la nacionalidad y para el retorno.

Espinosa criticó particularmente la “Residencia Efectiva Migratoria”, que a su juicio convierte a los emigrados en ciudadanos de segunda clase y condiciona su pleno ejercicio de derechos a la permanencia física o vínculos específicos con la isla.

Las reformas surgen en un contexto de deterioro económico señalado por apagones, escasez, inflación y el éxodo migratorio más elevado en la historia reciente del país, circunstancias que impulsaron al régimen a acelerar la implementación de las medidas orientadas a captar financiamiento externo.

La Embajada de El Salvador en Singapur participó en una sesión de trabajo organizada por el Singapore Business Federation (SBF), principal gremial empresarial de ese país, con el objetivo de fortalecer el intercambio con el sector privado e identificar oportunidades de cooperación económica, comercio e inversión, de acuerdo con una nota publicada este viernes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.

Durante la jornada, el embajador de El Salvador en Singapur, Jaime López, presentó los avances impulsados por el país en materia de modernización económica, desarrollo de infraestructura, conectividad regional, atracción de inversión y fortalecimiento del clima de negocios, según lo reportado por la Cancillería salvadoreña. Al mismo tiempo, López compartió información sobre oportunidades en sectores estratégicos como logística, manufactura, textiles, turismo y desarrollo aeroportuario.

La actividad, encabezada por el presidente del SBF, S.S. Teo, reunió a representantes de sectores estratégicos de Singapur, entre ellos logística, infraestructura aeroportuaria, manufactura textil, finanzas y comercio internacional, así como a embajadores residentes de América Latina acreditados ante el gobierno singapurense.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, los representantes del sector empresarial manifestaron especial interés en el proceso de transformación económica y modernización que vive El Salvador, destacando los avances en materia de seguridad, infraestructura estratégica y condiciones de estabilidad para la inversión.

El Ministerio detalló que se desarrolló un intercambio sustantivo sobre el potencial de El Salvador como plataforma emergente para operaciones regionales, resaltando su ubicación geográfica estratégica, conectividad con mercados internacionales y creciente dinamismo económico.

En este contexto, se evidenció interés en las capacidades del país para integrarse a las cadenas globales de manufactura y confección, y en el fortalecimiento de polos logísticos vinculados al desarrollo aeroportuario y portuario, según la información oficial.

El Salvador, bien posicionado como destino estratégico para inversiones y cooperación

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que estos intercambios permitieron posicionar a El Salvador como un actor con potencial para el nearshoring (estrategia empresarial que traslada la producción o servicios a países cercanos geográficamente al consumidor final) y la atracción de inversiones orientadas a la distribución regional, la manufactura especializada y la provisión de servicios logísticos para Centroamérica y el continente americano.

Además, se discutieron oportunidades de cooperación para el desarrollo de actividades de promoción de inversión, comercio y turismo, aprovechando la amplia red empresarial y las plataformas del Singapore Business Federation para fortalecer el posicionamiento de El Salvador en el Sudeste Asiático, indicó la Cancillería.

La participación de El Salvador en este espacio reafirma el interés del país en consolidar sus vínculos económicos en el extranjero y en continuar impulsando alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo económico, la atracción de inversión y la integración en cadenas globales de valor.

De acuerdo con la información oficial, el Singapore Business Federation representa a más de 32,000 empresas de Singapur a través de sus asociaciones afiliadas y se consolida como uno de los principales interlocutores del sector privado ante el Gobierno singapurense en materia de internacionalización, comercio e inversión, de acuerdo con la información proporcionada por la Cancillería salvadoreña.

Consolidación de una agenda conjunta para afrontar retos regionales marcó el reciente encuentro entre el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado. Esta reunión, realizada en el Museo de Arte Costarricense, sirvió como plataforma para que ambos gobiernos ratificaran su compromiso de avanzar hacia una integración más profunda y un desarrollo económico compartido.

Durante la cita, los mandatarios resaltaron la importancia de mantener un diálogo permanente y establecer una hoja de ruta común que fortalezca los vínculos bilaterales. El propósito central fue definir mecanismos que permitan a ambos países enfrentar desafíos comunes y aprovechar oportunidades de cooperación, especialmente en materia de comercio, inversión y desarrollo institucional.

Intereses estratégicos y cooperación bilateral

La presidenta electa Fernández Delgado manifestó su interés en ampliar las oportunidades de intercambio comercial y profundizar la colaboración en áreas estratégicas. Subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación en foros multilaterales y de consolidar la Alianza para el Desarrollo en Democracia como eje central de la política exterior costarricense.

Por su parte, Abinader reiteró la voluntad de su administración de fomentar la amistad y el entendimiento mutuo, haciendo énfasis en mantener la cooperación y el respaldo a iniciativas conjuntas.

Según la Presidencia dominicana, la integración regional y el comercio ocuparon un lugar prioritario en la conversación, mostrando la disposición de ambas partes para impulsar un crecimiento económico sostenible.

Ambos países buscan construir una relación bilateral dinámica que les permita participar activamente en las discusiones globales y aprovechar sinergias en sectores clave. La cooperación se perfila como una herramienta esencial para consolidar la estabilidad democrática y económica de la región.

Potencial de inversión y clima de negocios

Durante la visita, el jefe de Estado dominicano se reunió con empresarios costarricenses en un evento coordinado por la embajada de República Dominicana. En esta jornada, Abinader destacó que la República Dominicana ofrece un entorno favorable para la inversión extranjera, respaldado por la estabilidad económica y la seguridad jurídica.

El mandatario señaló que su gobierno impulsa políticas para la creación de empresas, la atracción de capitales y el aumento de las exportaciones. Al presentar los avances económicos recientes, enfatizó que el país caribeño sobresale por su apertura hacia nuevos proyectos empresariales y una institucionalidad que brinda confianza a los inversionistas.

La experiencia de empresarios como Rachid Maalouf, de Corporación Lady Lee, avala este panorama. Según su testimonio, invertir en República Dominicana resulta positivo y amigable, gracias al respaldo institucional y un marco legal que garantiza la seguridad para el desarrollo de negocios.

Apuestas a largo plazo y sectores en expansión

El presidente dominicano presentó la Meta 2036, un plan gubernamental orientado a transformar la nación en un país plenamente desarrollado. La estrategia se fundamenta en pilares como la inversión, la innovación, la formación técnica y la competitividad, estableciendo un horizonte claro para el progreso económico y social.

Entre los sectores de mayor crecimiento, Abinader mencionó la expansión de exportaciones en dispositivos médicos, equipos eléctricos, tabaco y productos derivados.

También señaló el impulso en áreas emergentes como semiconductores, turismo de salud, energías renovables y el mercado inmobiliario. En energía, el país planea incrementar la participación de fuentes limpias en el sistema nacional.

El objetivo principal de la visita y de las reuniones asociadas es fortalecer la relación bilateral, fomentar la inversión y diseñar políticas conjuntas que impulsen el desarrollo económico regional.

Sinergia regional y respaldo internacional

El canciller dominicano, Roberto Álvarez, reconoció la colaboración entre ambos países gracias a la Alianza para el Desarrollo en Democracia y agradeció el apoyo costarricense a la candidatura dominicana para ingresar a la OCDE, luego de la firma de un memorándum en París.

álvarez enfatizó la sinergia económica, particularmente en el sector de dispositivos y equipos médicos, además del dinamismo del intercambio exportador. La integración entre trabajadores y empresarios de ambos países ha permitido desarrollar proyectos conjuntos y consolidar una relación de colaboración efectiva.

También participaron representantes de empresas como Enjoy Group, Grupo CODE, Acro Engineering, Smart Tool S.A., ITEK, Inventory and Distribution Services, Librería Internacional Desarrollos Culturales Costarricenses y OPIA Operaciones e Ingeniería. La presencia de estos actores refuerza la apuesta de República Dominicana por posicionarse como destino seguro y atractivo para la inversión extranjera.

La serie de encuentros y declaraciones evidencian el interés compartido de Costa Rica y República Dominicana en avanzar hacia una cooperación económica y política más estrecha, sentando bases sólidas para el futuro de las relaciones bilaterales.

Los equipos de Huawei instalados en Honduras están bajo revisión por parte del gobierno del presidente Nasry Asfura, quien evalúa reemplazarlos por tecnología de Cisco Systems en el marco de conversaciones activas con Washington.

La medida forma parte de un examen más amplio de los acuerdos firmados con China por la administración anterior, que en 2023 rompió relaciones con Taiwán para reconocer a Pekín, según explicó en una entrevista en la Conferencia Global del Instituto Milken en Beverly Hills, el miércoles y retomada por Bloomberg.

Asfura explicó que el país necesita revisar todos los compromisos heredados antes de tomar una decisión definitiva sobre sus vínculos con Asia. El gobierno sostiene que requiere equipos de comunicaciones con sistemas antifraude y antiterrorismo de última generación, y que su alineación con Estados Unidos resulta muy interesante para el análisis de esas tecnologías.

La apuesta por Washington y el distanciamiento de Pekín

Durante la campaña electoral de 2025, Asfura prometió romper con Pekín y restablecer relaciones con Taipéi, argumentando que Honduras recibía más ayuda y comercio cuando mantenía vínculos formales con Taiwán.

Desde su asunción en enero, ha recibido el respaldo de Donald Trump y participó en la cumbre Shield of the Americas de marzo, junto a Nayib Bukele y Javier Milei.

Honduras se encuentra dentro de una tendencia regional impulsada desde la Casa Blanca. La administración Trump ha instado a gobiernos de toda América Latina para reconsiderar sus lazos con China: el secretario del Tesoro, Scott Bessent, manifestó que Milei está “comprometido con sacar a China de Argentina”, y el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a funcionarios chilenos de comprometer la seguridad regional al negociar un cable submarino con destino a territorio chino, destaca la nota de Bloomberg.

El antecedente más directo está en Panamá, donde la embajada estadounidense anunció el año pasado la sustitución de equipos Huawei en trece emplazamientos “para contrarrestar la influencia maligna de China en todo nuestro hemisferio”, al tiempo que tropas de ambos países realizaban ejercicios conjuntos.

Inversión privada y señales al mercado financiero

En el plano económico, Asfura aseguró que empresas estadounidenses de los sectores textil y manufacturero que habían considerado retirarse del país decidieron quedarse y comprometer hasta USD 600 millones en mantener y ampliar operaciones, tras percibir una mejora en el clima de negocios.

“Buscamos fortalecer la mejor relación posible con los países aliados que resulte más beneficiosa para Honduras”, declaró en la Conferencia Global del Instituto Milken en Beverly Hills.

“Como presidente, es mi deber buscar países aliados con los que podamos tener un mayor volumen de comercio e inversión”, reiteró

El gobierno también se reincorporó al mecanismo de solución de controversias del Banco Mundial, del cual la administración anterior se había retirado, y recortó el presupuesto de 2026 mientras aumenta las reservas de divisas del banco central.

Deuda externa, FMI y calificación crediticia

Honduras enfrenta un bono de USD 700 millones con vencimiento en enero de 2027. Los títulos del gobierno acumulan un rendimiento de 2,7% en lo que va del año, y los diferenciales del bono de 2034 cayeron a mínimos históricos en abril.

Asfura detalló que buscará aprovechar esa mejora para acceder a los mercados globales antes del vencimiento, con la posibilidad de recaudar hasta USD 550 millones para modernizar la infraestructura de la empresa eléctrica estatal. El gobierno también estudia refinanciar el bono de 2034.

El 11 de mayo, el presidente se reunirá con el Fondo Monetario Internacional al cierre de su visita al país. Hay dos revisiones pendientes del programa de préstamos vigente que, de aprobarse, liberarían USD 240 millones.

Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P) visitará Honduras a finales de año; en marzo ya mejoró la perspectiva del país de negativa a estable y confirmó su calificación de BB-.

“Nuestras reservas han mejorado, estamos reduciendo el déficit fiscal y reduciendo el tamaño del Estado”, afirmó Asfura. “Estamos dando confianza a los inversionistas”.