Roudié explicó que la Unión Europea busca combinar estudios de factibilidad, asistencia técnica y financiación para impulsar proyectos en Colombia y promover la participación de empresas europeas.

La estrategia europea para promover inversiones en Colombia

Roudié dejó claro que la Unión Europea no transmite instrucciones a las empresas ni realiza negocios por cuenta propia. “Las empresas hacen sus estrategias y la tarea de la Unión Europea consiste en presentar a Colombia como un país con oportunidades vinculadas con su población y sus necesidades de infraestructura”.

También, describió el marco que, según dijo, busca ofrecer previsibilidad y seguridad jurídica a las compañías. Incluye el acuerdo de libre comercio, la aproximación regulatoria y condiciones comerciales como aranceles bajos o nulos.

El embajador indicó que la estrategia Global Gateway utiliza fondos de cooperación para financiar estudios de factibilidad y asistencia técnica. Esos recursos permiten reunir al Banco Europeo de Inversiones, la CAF, el BID y otras entidades financieras para estructurar paquetes de financiación.

Como ejemplo, planteó el caso hipotético de una gobernación o una municipalidad que quisiera construir un ferrocarril. La Unión Europea podría respaldar los estudios y convocar financiación con préstamos a tasas bajas.

Luego, se realizaría una licitación. “Lo que nos gusta, lo que queremos, es ayudar o fomentar que empresas europeas se junten en consorcio y hagan una oferta. Ojalá la ganen”, afirmó.

Roudié citó el caso de la primera línea del metro de Bogotá. El consorcio ganador tenía “un 70% de empresas chinas, pero un 30% de participación europea”, según indicó.

Global Gateway y el potencial de inversión en el sector digital

Un estudio del Banco Europeo de Inversiones y la CAF identificó un potencial de dos mil millones de inversión en iniciativas digitales. Esos recursos contemplan áreas como ciberseguridad, conectividad digital rural y el uso de inteligencia artificial en seguridad.

El embajador afirmo que el análisis fue presentado a autoridades nacionales y locales. A partir de allí, deberán definir qué iniciativas desean impulsar y qué actores podrían participar en cada proyecto.

“Hay cosas que corresponden a necesidades del país, corresponden a buenas oportunidades de negocios y los expertos que trabajaron en este informe consideran que es maduro para empezar a estructurar quizás un proyecto”, afirmó.

Roudié aseguró que las empresas europeas cuentan con capacidades en los ámbitos contemplados por esa cartera potencial.

Cooperación, inversión y sostenibilidad de los proyectos

Roudié dijo que el término “cooperación” suele asociarse con donaciones estatales para acciones puntuales, y aclaró que la estrategia europea en Colombia busca fomentar inversiones.

Los fondos de cooperación se destinan a estudios de factibilidad y asistencia técnica. El objetivo es que bancos, empresas y autoridades cuenten con condiciones para financiar y ejecutar proyectos.

Esos estudios pueden reducir el riesgo de una iniciativa y permitir préstamos con tasas de interés bajas por parte de bancos multilaterales.

Roudié vinculó la participación privada con la generación de empleo y el desarrollo de cadenas de suministro. Añadió que los proyectos deben ser sostenibles desde el punto de vista ambiental, social y económico. “Si no es rentable, no dura”, señaló.

El trabajo con las autoridades colombianas y los cambios de Gobierno

La continuidad de los proyectos depende de las decisiones de cada administración. “Depende del gobierno”, respondió al ser consultado sobre los efectos de los cambios políticos. Señaló que una parte de las iniciativas se desarrolla con alcaldías, gobernaciones y otras autoridades locales. Por eso, sostuvo, las prioridades de cada entidad inciden en los proyectos que pueden avanzar.

El embajador dijo que el equipo de la Delegación de la Unión Europea mantiene su continuidad. Añadió que la institución establece contactos con las nuevas autoridades para conocer sus planes y conversar sobre las líneas de trabajo.

“Nuestra opinión política no corresponde”, afirmó. “Son los colombianos que deciden lo que quieren”.

Conectividad rural y cierre de la brecha digital en Colombia

Roudié mencionó el proyecto de Camarón y otras iniciativas similares desarrolladas con Colnodo y Mintic. Dijo que esos programas buscan demostrar que es posible llevar conectividad a comunidades rurales.

Según explicó, la selección de los territorios corresponde principalmente a Colnodo por su conocimiento del terreno. La Unión Europea aporta financiación y articula opciones tecnológicas con las entidades involucradas.

El embajador señaló que la geografía y la extensión de Colombia dificultan el acceso a conectividad en algunas zonas. Añadió que el mercado no siempre llega a territorios donde no existe una oportunidad de negocio inmediata. “Si hay una vereda allá, hay la famosa brecha digital”, dijo.

Para Roudié, la conexión digital se está convirtiendo en un derecho vinculado con el desarrollo, la educación, el acceso a servicios gubernamentales y las operaciones bancarias.

También, afirmó que las autoridades públicas deben actuar en las zonas donde el mercado no llega. “Hay que hacer un esfuerzo y ver cómo hacer para, en cierta medida, sustituir al mercado o, más bien, llevar el mercado a la vereda”, señaló.

El trabajo interno de la Delegación de la Unión Europea

La Delegación de la Unión Europea en Colombia reúne a unas 50 personas, incluido el personal de apoyo administrativo y los conductores, explicó Roudié. Entre 15 y 20 trabajan en políticas públicas, asuntos políticos, medios y otras áreas operativas. En los asuntos digitales, señaló, intervienen entre tres y cuatro personas que también tienen otras responsabilidades.

El embajador describió una estructura con equipos dedicados a la promoción de inversiones, el comercio, los asuntos políticos y los medios. Dijo que esa organización exige aprovechar las competencias de cada integrante.

Roudié afirmó algo clave para Colombia, la delegación aplica el principio de “una sola delegación”. Con ese esquema, distintas personas pueden aportar a un mismo tema desde sus áreas de conocimiento. “Intentamos aprovechar las competencias de cada uno”, concluyó.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, reveló este martes en Neuquén que el gobierno de Donald Trump destinará hasta USD 20.000 millones en inversiones y financiamiento para proyectos críticos del país antes de que termine 2027. El anuncio, formulado ante cientos de empresarios durante la cumbre de energía organizada por la Cámara de Comercio Argentina en Texas, casi triplica el paquete de USD 7.000 millones que la Argentina y Estados Unidos habían acordado en septiembre. Un día antes, en la apertura de la AOG Patagonia 2026, el presidente Javier Milei había insinuado que el monto crecería: “No descarten que pueda aumentar el número”, dijo sin precisar cifras.

En tanto, Lamelas condicionó ese respaldo financiero a la continuidad del proyecto libertario: “Estamos listos para seguir impulsando, financiando de los Estados Unidos más allá del 2027, si la Argentina sigue avanzando hacia adelante y nunca hacia atrás. Pusimos el número de 2027, porque es la elección y nosotros estamos apoyando a este Gobierno. Esa plata va a estar lista hasta el 2027 y vamos a ver lo que pasa después”.

El diplomático reconoció el apoyo al gobierno de Milei y aseguró que el pueblo argentino debe tomar “el rumbo correcto” que es “hacia la derecha y no hacia la izquierda”.

“Vinimos poniendo la plata sobre la mesa”, afirmó el embajador, y detalló que los USD 20.000 millones llegarán a través del Exim Bank, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Departamento de Estado y otras agencias del gobierno estadounidense. “Son verdaderas inversiones y financiamientos para proyectos críticos del futuro de Argentina que se van a hacer realidad”, agregó. Lamelas cerró con un respaldo explícito al rumbo económico del país: “Creemos en este rumbo que está tomando la Argentina y creemos en ustedes, que lo van a lograr”.

El compromiso anunciado por el embajador se inscribe en el acuerdo bilateral que el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano, Chris Landau, firmaron el 22 de septiembre en el Consulado argentino en Nueva York. Aquel entendimiento preveía USD 6.000 millones del Exim Bank orientados al proyecto Argentina LNG —la megainversión de YPF junto con la italiana Eni y la emiratí XRG— y contemplaba respaldo adicional de inversores privados.

Lamelas comparó a los operadores de Vaca Muerta con la selección argentina de fútbol

El embajador abrió su discurso con un elogio al ritmo de crecimiento de la producción petrolera. Recordó que cuando llegó a la Argentina, el año pasado, el país había superado el récord histórico de producción de crudo que databa de 1998, y que en septiembre de 2026 volvió a romperlo. “Si producir petróleo de shale fuera fútbol, ustedes estarían jugando en la selección nacional de Argentina aquí en Neuquén”, dijo, y arrancó una ovación.

Según los datos que presentó Milei un día antes, la producción de Vaca Muerta pasó de 310.000 barriles diarios en promedio durante 2023 a más de 670.000 en agosto de 2026. A nivel nacional, el total trepó de 635.000 a 932.000 barriles diarios en el mismo período, y se encamina a alcanzar el millón antes de fin de año. Lamelas destacó que ese salto convirtió a la Argentina en un país con superávit comercial energético, un resultado que, según dijo, “asombró al mundo”.

El Corredor Andes-Atlántico, la pieza estratégica que conecta pozos con puertos

Gran parte del discurso del embajador giró en torno al Corredor Andes-Atlántico (Andes Atlantic Corridor), una iniciativa conjunta entre Argentina y Estados Unidos firmada en Washington tres semanas antes del evento en Neuquén. El proyecto busca modernizar la infraestructura que conecta los pozos petroleros y las minas de las provincias cordilleranas con los puertos del Atlántico, para posicionar al país como proveedor confiable de energía y minerales críticos en las cadenas globales de suministro.

Lamelas vinculó ese corredor con el proyecto de exportación de gas licuado Argentina LNG, cuya decisión final de inversión (FID) se concretaría el 26 de noviembre, según confirmó semanas atrás Horacio Marín, presidente de YPF. También mencionó la iniciativa PAX Silica, que posiciona al país como socio clave de Estados Unidos en materia de minerales estratégicos.

En tanto, el tramo más político del discurso fue la advertencia sobre la tecnología vinculada al gobierno chino. Lamelas citó la ley de inteligencia de China y afirmó que obliga a las empresas a entregar datos sensibles al Partido Comunista Chino “sin control judicial y en secreto”. “No existe compañía privada en China. Todo existe bajo el régimen comunista”, sentenció.

El embajador llevó la cuestión al terreno concreto de Vaca Muerta. Mencionó que YPF utiliza más de 300 antenas de Starlink sobre sus pozos para conectar en tiempo real las operaciones con su centro de inteligencia artificial en Puerto Madero, donde cada pozo envía más de 35 millones de datos. “¿De qué sirve tecnología barata si después pueden entrar y llevarse los datos y quedarse con la llave de la casa? Lo barato a veces sale más caro”, advirtió, y remató: “La seguridad energética es seguridad nacional”.

La visita oficial del canciller dominicano Víctor “Ito” Bisonó a Canadá entró este lunes 19 de octubre en su segunda jornada con una reunión con la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Anita Anand, centrada en comercio, inversión, cooperación, Haití, seguridad aérea y social, y la facilitación de viajes mediante la autorización electrónica de viaje, conocida como eTA.

El encuentro formó parte de la agenda que el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana desarrolla en Ottawa y Toronto. Según la Cancillería dominicana, ambas partes revisaron el avance de las consultas políticas entre los dos países y abordaron nuevas áreas de colaboración bilateral.

Comercio, Haití y autorización electrónica de viaje

Bisonó y Anand analizaron asuntos prioritarios de la relación entre Santo Domingo y Ottawa, con foco en el intercambio comercial, la llegada de inversiones y los mecanismos de cooperación internacional.

La conversación incluyó la situación de Haití, un tema de interés para República Dominicana en su agenda regional, además de asuntos de seguridad aérea y social. Las delegaciones trataron las alternativas para facilitar los desplazamientos de ciudadanos mediante la autorización electrónica de viaje eTA.

Primera visita de un canciller dominicano a Canadá en más de 20 años

El viaje comenzó el domingo 18 de octubre y constituye la primera visita oficial de un canciller dominicano a Canadá en más de dos décadas, de acuerdo con la Cancillería.

La misión se desarrolla cuando ambos países cumplen 72 años de relaciones diplomáticas, establecidas el 22 de abril de 1954. La agenda incluye encuentros con autoridades federales y provinciales, representantes del Parlamento, empresarios y miembros de la comunidad dominicana residente en Canadá.

Bisonó llegó acompañado por la viceministra de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Vilma Arbaje de Contreras, y fue recibido por el embajador dominicano en Canadá, José A. Blanco Conde, quien participa de las actividades oficiales.

Sector privado y diplomacia económica

La comitiva dominicana incluye, en algunos encuentros, a empresarios y representantes de zonas francas, industrias, minería, energía, banca, transporte aéreo, infraestructura y turismo.

El canciller sostuvo que la presencia del sector privado forma parte de la estrategia de diplomacia económica de su gestión. Canadá figura entre los principales socios económicos de República Dominicana y registra una inversión extranjera directa acumulada de USD 1.761 millones entre 2019 y 2025, según los datos difundidos por la Cancillería.

“El acompañamiento del sector privado constituye un componente fundamental de esta misión”, afirmó Bisonó, al destacar la participación canadiense en sectores de la economía dominicana.

Reuniones en Ottawa y Toronto

Durante su estadía, el ministro tiene previsto reunirse con Marc-André Blanchard, jefe de Gabinete del primer ministro canadiense, además de visitar la Embajada de República Dominicana en Canadá y mantener un encuentro con embajadores acreditados en ese país y concurrentes ante Santo Domingo.

La agenda contempla una visita al Parlamento canadiense, donde Bisonó se reunirá con el presidente de la Cámara de los Comunes, Francis Scarpaleggia, y miembros del Grupo Interparlamentario de Amistad Canadá-República Dominicana.

También encabezará la apertura de una oficina del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), organismo estatal dominicano de vinculación con la diáspora, en Canadá.

En Toronto, el canciller prevé una reunión bilateral con Doug Ford, primer ministro de Ontario, y una participación como orador principal en el Foro Global de Toronto 2026. El programa incluye un almuerzo de trabajo con ejecutivos de Scotiabank y otras entidades, junto con un encuentro con Ammar Al-Joundi, presidente y director ejecutivo de Agnico Eagle Mines Limited.

En ese escenario, Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina, describió el entendimiento como una oportunidad para ambos lados. “Nos está dando un empuje muy fuerte a nuestras exportaciones”, afirmó durante una entrevista en los estudios de Infobae, al repasar el efecto que espera del convenio en el intercambio bilateral.

El interés europeo tiene una razón adicional desde que la guerra de Rusia contra Ucrania alteró los planes de abastecimiento del continente. “La Unión Europea necesita diversificar”, expresó el diplomático, al explicar por qué Europa procura sumar proveedores de energía y materias primas fuera de sus circuitos tradicionales.

Las ventas argentinas encuentran espacio en el mercado europeo

Ese cambio ya se refleja, según Høeg, en sectores de la producción argentina que ganaron lugar en el mercado del bloque. “Hay miel de Entre Ríos que va a la Unión Europea”, señaló, y remarcó que Argentina completó la cuota disponible para ese producto.

La lista, añadió, incluye huevos, pescado, mariscos y cítricos. “Hay mucho producto donde vemos una muerte fuerte de la exportación”, afirmó; esa expresión figura de forma textual en la transcripción de la entrevista.

Mientras los alimentos amplían su presencia, la mirada europea también se detiene en el desarrollo energético del país. “Lo energético, obviamente con desarrollo muy dinámico en sector Vaca Muerta”, sostuvo Høeg, quien mencionó a la vez las posibilidades de las fuentes renovables.

Para la Unión Europea, el gas argentino puede ocupar un lugar en el período de transición hacia una matriz menos dependiente de combustibles fósiles. “El gas natural argentino puede tener un papel muy importante”, afirmó el embajador al hablar de la necesidad de asegurar suministro durante los próximos 25 años.

Ese horizonte no modifica el objetivo de descarbonización que Europa se fijó para 2050. “Para nosotros, a largo plazo, el futuro son las renovables”, dijo Høeg, aunque entendió que el gas conservará una función mientras avance ese proceso.

La minería completa el mapa de actividades que despiertan atención en el bloque. “Hay empresas europeas que están invirtiendo en litio, en cobre”, señaló el diplomático sobre los proyectos asociados a minerales que la Unión Europea busca incorporar a sus cadenas de abastecimiento.

El capital europeo evalúa reglas estables antes de avanzar

La relación no parte de cero. Høeg estimó que la presencia de empresas del bloque ya tiene un peso considerable en el país: “De todo el stock de inversión directa del mundo en la Argentina, cuarenta por cien es de la Unión Europea”, dijo.

Pero al momento de decidir nuevos desembolsos, las compañías revisan la estabilidad macroeconómica, el marco regulatorio y las condiciones de previsibilidad. “El riesgo país ha sido alto”, expresó el embajador durante la conversación con los periodistas.

A su juicio, el acuerdo de libre comercio puede despejar parte de esas dudas. “El acuerdo que tenemos ahora de libre comercio sí crea un marco de confiabilidad”, afirmó Høeg al referirse al respaldo que el entendimiento puede aportar a los inversores europeos.

En esa misma línea, el diplomático aludió a la aspiración de Argentina de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “La Argentina está encaminada para ser miembro de la OCT”, dijo Høeg, según la transcripción de la entrevista.

La falta de obras sigue siendo, sin embargo, un límite concreto para la llegada de proyectos. “Hay falta de infraestructura en parte del país”, afirmó, antes de enumerar necesidades de energía, carreteras, puertos, trenes y vías para trasladar producción.

Ese déficit se vuelve visible en provincias mineras como Catamarca y Jujuy, donde se concentran iniciativas vinculadas al litio y al cobre. “Falta suministro de electricidad a cierta zona”, sostuvo Høeg sobre los territorios que requieren mejores condiciones para sostener la actividad.

Las empresas miran las elecciones y el horizonte de largo plazo

La agenda electoral forma parte de los factores que las compañías extranjeras siguen de cerca antes de comprometer fondos. “Todos están mirando”, afirmó el embajador, quien advirtió que cada elección incorpora interrogantes sobre la continuidad de las políticas económicas.

La cautela responde a la extensión de los proyectos en sectores como minería y energía. “Muchas de esas inversiones son inversiones no a cinco años, son diez, veinte, treinta años”, explicó Høeg, al describir la escala temporal con la que trabajan las empresas.

Por eso, dijo, los inversores necesitan reglas que se mantengan en el tiempo y resguarden los desembolsos. “Que tenga una cancha bien definida”, planteó al referirse a un marco legal estable para las iniciativas de litio, cobre y energía.

El embajador consideró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) va en esa dirección. “Una iniciativa como RIGI es útil porque sí crea cierta previsibilidad a largo plazo”, afirmó al evaluar el alcance de esa herramienta.

Høeg observó una mejora en variables de la economía local, entre ellas la inflación y el déficit fiscal. “Se ve como un país que obviamente tiene más estabilidad macroeconómica”, dijo sobre la situación de Argentina.

Aun así, señaló que persisten obstáculos para la actividad. “Todavía hay problema de demanda interna, hay problema regulatorio todavía”, afirmó, y sumó la infraestructura, la propiedad intelectual y el riesgo país a la lista de asuntos pendientes.

Ucrania reordenó la búsqueda europea de proveedores

La lectura sobre los recursos argentinos está atravesada por el contexto geopolítico. “La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania” modificó las estrategias de abastecimiento de la Unión Europea, afirmó Høeg.

Dentro de ese panorama, el embajador situó a Argentina y al Cono Sur como una región con condiciones distintas de las que atraviesan los principales focos de conflicto. “Argentina y el cono sur están en otro lugar”, dijo al referirse a la distancia de la zona respecto de las guerras.

Al recordar la anexión de Crimea en 2014, el diplomático sostuvo que aquel episodio anticipó las ambiciones territoriales de Moscú. “Realmente es una invasión”, afirmó Høeg sobre la acción del gobierno ruso.

La Unión Europea regula la inteligencia artificial

La conversación también pasó por la inteligencia artificial, un ámbito en el que Europa ya aprobó una norma específica. “Nosotros fuimos el primer parlamento del mundo que reguló la IA”, dijo Høeg al aludir al Parlamento Europeo.

La normativa, explicó, clasifica los usos de esa tecnología según distintos niveles de riesgo y fija límites para algunos de ellos. “No queremos que se pueda identificar personas de manera en tiempo real”, afirmó sobre el empleo de biometría en espacios públicos.

El criterio que guía esa regulación apunta a preservar garantías individuales, según el embajador. “Los derechos humanos sean respetados, nuestra privacidad sea respetada”, afirmó Høeg, al resumir el principio con el que la Unión Europea busca ordenar el uso de la inteligencia artificial.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

El presidente de República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader, invitó este miércoles a los empresarios de Italia a ampliar su inversión en el país caribeño y a considerarlo su segunda casa, al sostener que la industria y la tecnología italianas pueden complementarse con los sectores productivos dominicanos.

La propuesta fue planteada durante la apertura del Encuentro Empresarial Italia-República Dominicana, celebrado en Villa Madama junto al viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani.

La relación de hermandad y empatía entre ambos países, afirmó el mandatario, puede traducirse en más capitales, intercambio comercial y proyectos compartidos. Italia dispone de una industria básica y tecnologías que República Dominicana puede incorporar mediante la importación de equipos, la creación de nuevas actividades industriales y empresas conjuntas.

La estrategia oficial también apunta a reducir los obstáculos administrativos para las compañías que busquen instalarse o expandirse en el país. El programa Burocracia Cero procura agilizar esos trámites, mientras que la red de puertos, aeropuertos y conexiones busca posicionar al territorio dominicano como plataforma logística hacia el Caribe, América Latina y Europa.

República Dominicana prevé crecer 4.5 % este año y figura entre los principales destinos de inversión extranjera directa de Centroamérica y el Caribe, según expuso Abinader. El Gobierno trabaja con el sector privado para duplicar el tamaño de la economía hacia 2036 mediante un crecimiento sostenido y nuevas oportunidades productivas.

El presidente vinculó esas expectativas con la estabilidad jurídica y política, la diversificación de la economía y el acceso a distintos mercados. También señaló que las exportaciones de cigarros y otros bienes dominicanos forman parte de los esfuerzos para mejorar el ingreso a mercados internacionales.

El turismo aparece entre los sectores con mayor proyección: el país espera recibir entre 12.4 millones y 12.5 millones de visitantes durante este año. Las inversiones turísticas cuentan con incentivos fiscales, incluidos beneficios tributarios por un período de diez años bajo el régimen aplicable.

Las zonas francas aportan a las exportaciones y concentran la producción de dispositivos médicos y equipos electrónicos. Abinader agregó que el país proyecta desarrollar una industria de semiconductores, un sector asociado a componentes esenciales para la tecnología digital.

Tierras raras, conectividad y proyectos compartidos

Las tierras raras localizadas en el sur de República Dominicana podrían convertirse en una fuente relevante de ingresos, de acuerdo con la expectativa expresada por el mandatario. El Gobierno espera contar en diciembre con los resultados de un informe internacional sobre las reservas mineras de esos materiales.

La infraestructura digital también forma parte de la oferta para nuevos capitales. La inversión de Google, estimada en USD 600 millones, está destinada a reforzar la conectividad y a convertir a República Dominicana en un centro digital para el Caribe y Centroamérica.

Abinader propuso que el encuentro empresarial continúe en territorio dominicano para dar seguimiento a los contactos entre las compañías y transformarlos en proyectos concretos. El mandatario agradeció al Gobierno italiano, a Tajani y a los empresarios participantes, y planteó que Italia se consolide como socio estratégico del desarrollo económico dominicano.

En la reunión participaron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat; el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y el presidente del Consejo de Administración de REFIDOMSA, Samuel Pereyra.

Por el sector privado asistieron el presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini; el presidente del Grupo HAGECO, Michele El-Hage; el presidente del Grupo Abicor, José Abinader; el presidente del Grupo RICA, Pedro Brache, y el presidente de MPL Constructora y Michel Lulo & Asociados, Michel Lulo.

También estuvieron la vicepresidenta de Abicor, Rita Abinader; la vicepresidenta del Grupo Inicia, Angie Bergés; la vicepresidenta del Grupo Punta Cana, Paola Rainieri; el vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargam, y los representantes de Atria Advisors, Pablo Ordorica y Laura Penzo.

Quirno relató, en diálogo con Radio Rivadavia, que la frase surgió en un encuentro con inversores en el extranjero. “Tuve un desayuno en Singapur el viernes pasado con grupos de inversores, todos de la economía real, donde uno me dijo: ‘El mundo depende de la Argentina, el mundo depende de que a la Argentina le vaya bien’”, afirmó.

Ante la sorpresa de los entrevistadores, el funcionario ratificó el concepto y explicó que lo asocia con la orientación económica del Gobierno. “Sí, el mundo depende de que a la Argentina le vaya bien. Eso es también, de alguna manera, una expresión de lo que están viendo los países y los inversores”, señaló.

Según Quirno, la relevancia que le atribuye a la Argentina responde a la defensa de principios que considera diferenciales en el escenario global. “No nos sorprendamos por el peso que hoy está teniendo Argentina en la discusión global”, planteó.

Si bien admitió que la Argentina no tiene la relevancia de las grandes potencias del mundo, señaló: “Estamos defendiendo un modelo de libertad económica, de individualidad y de protección de la propiedad privada, que no está sucediendo de la manera en que está sucediendo en Argentina en el mundo”, agregó.

El canciller sostuvo que la posición del país se explica también por sus resultados fiscales y energéticos. “La Argentina es el único país del G20 que tiene superávit fiscal y superávit energético. El resto de los países que ustedes están nombrando no tienen esa situación”, dijo. Los periodistas, Jonatan Viale y Lucas Morando, habían mencionado que la Argentina no puede compararse a China, Estados Unidos o Rusia.

Para Quirno, esas condiciones muestran que el país puede aplicar políticas que antes se consideraban inviables. “La Argentina está demostrando, desde su posición, que hay cosas que el mundo pensaba que no se podían hacer y la Argentina las está haciendo, a pesar inclusive de lo que ha sido su pasado”, sostuvo.

“Eso es producto de la convicción del presidente Milei, del empuje del presidente Milei y del reconocimiento que el presidente Milei tiene en el mundo”, concluyó el funcionario.

Las “millas” y el interés por la Argentina

“Tengo varias millas recorridas”, dijo Quirno. Antes de su viaje a Singapur había estado en el “Argentina Week”, en París, y apoyó en sus recientes encuentros fuera del país la percepción positiva que, según sostuvo, existe entre inversores y gobiernos sobre la economía argentina.

Quirno afirmó que esa mirada trasciende la situación política inmediata y que en el exterior no lo consultan por temas económicos de coyuntura. “Es algo que repetimos muchas veces. Creo que es difícil de entender acá lo que nosotros vemos cuando estamos afuera: el interés por la Argentina excede la coyuntura política del día a día y el resultado electoral”, sostuvo.

El funcionario agregó que la constante aprobación de iniciativas en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es uno de los factores que, a su criterio, explica ese interés. “Seguimos aprobando proyectos RIGI, o sea, la llegada de inversiones. Y eso significa el interés que tienen ahora diferentes grupos económicos y países por lo que está pasando en la Argentina”.

En relación con la visita del Papa León XIV y su estado de salud, Quirno señaló que “hay que esperar” y que el Gobierno argentino se encuentra a disposición de lo que decida el Vaticano. “La organización sigue adelante. Es más, ayer tuvimos una reunión con el Vaticano para tratar detalles de la visita. Todos trabajamos para que la visita suceda”, dijo el canciller.

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) y TradeExpo 2026 reunieron a más de 70 empresas y programaron 300 citas de negocios para conectar la oferta exportable salvadoreña con compradores internacionales, atraer inversiones y ampliar el acceso del país a nuevos mercados.

El encuentro, organizado junto con Invest in El Salvador, se realiza el 12 y 13 de octubre en San Salvador, informó la Camarasal.

La convocatoria incluye a más de 50 perfiles de compradores con presencia y alcance en Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, además de conexiones con Europa, Asia y Medio Oriente. Participan directores ejecutivos, propietarios de compañías y responsables de compras y abastecimiento.

El formato busca diferenciarse de una feria comercial convencional mediante reuniones directas entre exportadores locales y potenciales clientes extranjeros. Las citas fueron coordinadas con antelación de acuerdo con los intereses y la afinidad comercial de los participantes.

Cinco sectores para la oferta exportable salvadoreña

La exhibición está distribuida en cinco pabellones: retail, alimentos, bebidas y bienes de consumo; empaques, plásticos y papel; manufactura industrial y tecnología; industria química y farmacéutica; y servicios empresariales y soluciones exportables.

Las oportunidades identificadas abarcan la exportación de productos terminados, la creación de marcas privadas, la manufactura, la incorporación de proveedores y las alianzas de distribución. La plataforma fue creada por Invest in El Salvador y Camarasal como parte de una estrategia para convertir la capacidad productiva del país en posibilidades de comercio e inversión.

La presidenta de Camarasal, Leticia Escobar, definió el encuentro como una apuesta por la expansión internacional de las empresas salvadoreñas: “TradeExpo 2026 representa una apuesta por el potencial de nuestras empresas y por el futuro económico de El Salvador. Queremos que el talento, la calidad y la capacidad productiva de nuestro país lleguen a más mercados internacionales”.

Escobar añadió que el espacio busca convertir los vínculos comerciales en negocios, facilitar nuevas oportunidades para las compañías y mostrar la oferta del país ante compradores de otros mercados.

El presidente de Invest in El Salvador, Rodrigo Ayala, sostuvo que la muestra refleja la capacidad laboral y productiva nacional: “Lo que verán en TradeExpo 2026 no son solo productos. Es la prueba de un país que se levantó, que trabaja con una fuerza laboral joven y que está decidida a reclamar su lugar en el escenario mundial.”

“El Salvador ya no está pidiendo una oportunidad. La estamos construyendo, con resultados y con hechos”, afirmó Ayala.

Conferencias, organismos públicos y respaldo empresarial

La agenda incluye conferencias y paneles sobre el posicionamiento de El Salvador como plataforma de negocios para mercados internacionales, comercio electrónico, expansión de inversiones y factores de competitividad para participar en cadenas de suministro.

Entre las ponencias previstas figuran “El Salvador: la nueva plataforma de negocios de las Américas”, “Retail ready: productos salvadoreños para comercio electrónico” y “Del anaquel local al mercado global: ¿qué buscan hoy los grandes compradores?”. Empresarios también compartirán sus experiencias dentro de las cadenas regionales de suministro.

La Dirección General de Aduanas, la Superintendencia de Regulación Sanitaria, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, el Instituto Nacional de Capacitación y Formación y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa disponen de espacios de atención durante el encuentro.

La entrada en operación de San Gabán III, una hidroeléctrica de 209,3 MW en Puno,añadió una nueva pieza al avance del capital chino sobre el sector eléctrico peruano. La central comenzó a producir comercialmente en mayo de 2025 y está bajo el control de China Three Gorges Corporation (CTG), uno de los mayores grupos estatales de energía de China.

El proyecto no aparece aislado. CTG lleva años expandiendo su presencia en Perú y ya participa tanto en generación como en distribución eléctrica. Esa trayectoria ha ido colocando bajo su órbita activos de gran escala y, al mismo tiempo, ha coincidido con una presencia cada vez mayor de otras corporaciones estatales chinas dentro del sistema energético nacional.

El peso alcanzado empieza a ser visible en las cifras. Mientras CTG suma capacidad de generación, China Southern Power Grid controla Pluz Energía. Esta última y Luz del Sur —también vinculada a capital estatal chino— atendieron en 2025 a más de tres millones de clientes y representaban alrededor de un tercio del mercado nacional de distribución por número de usuarios.

Ese crecimiento ocurre mientras China vuelve a explorar nuevas oportunidades en energía e infraestructura en Perú. En septiembre de 2026, el embajador Song Yang llevó a La Libertad una agenda que incluyó proyectos energéticos, tecnología, logística y conexiones con el Puerto de Chancay.

San Gabán III se suma al mapa de China Three Gorges

San Gabán III forma parte de Hydro Global Perú. La participación de CTG en la empresa se consolidó en diciembre de 2022, cuando la portuguesa EDP transfirió el 50% que aún mantenía a China International Water & Electric Corporation, compañía perteneciente al mismo grupo chino.

La operación, valorizada en US$68 millones, dejó bajo control total de CTG a la empresa vinculada al proyecto hidroeléctrico de Puno. La central inició operaciones comerciales el 30 de mayo de 2025 y aporta 209,3 MW al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Para entonces, CTG ya tenía una posición importante en la generación peruana. El grupo había adquirido Chaglla, en Huánuco, en una operación valorizada en US$1.410 millones. La central cuenta con una potencia instalada superior a los 450 MW.

El ingreso del conglomerado al negocio de distribución se produjo a través de Luz del Sur. En 2020, China Yangtze Power, subsidiaria de CTG, completó la compra del 83,6% de la compañía por un precio base de US$3.590 millones.

Luz del Sur también ha ampliado sus intereses en generación. La empresa cuenta con Santa Teresa I y, según su memoria de 2025, incorporó el Parque Eólico San Juan de Marcona, de 135,7 MW.

A ello se suma Santa Teresa II, un proyecto hidroeléctrico de 280 MW en Cusco cuya inversión ha sido estimada en alrededor de US$600 millones.

Estimaciones publicadas en marzo situaban en torno al 10% de la generación eléctrica nacional la participación asociada a capitales chinos, considerando Chaglla, San Gabán III y otros activos renovables.

El capital chino también pesa en la distribución

La presencia china en el sector eléctrico no se explica únicamente por CTG. China Southern Power Grid International, otra corporación estatal, ingresó al mercado peruano con la adquisición de Enel Distribución Perú y Enel X por aproximadamente US$2.920 millones. La distribuidora pasó posteriormente a operar bajo el nombre de Pluz Energía.

De acuerdo con Osinergmin, al cierre de 2024 Pluz concentraba el 18% de los clientes de distribución eléctrica del país y Luz del Sur otro 15%. Juntas representaban alrededor de un tercio del mercado nacional medido por número de usuarios.

Los datos empresariales de 2025 muestran la dimensión alcanzada: Pluz reportó 1.653.744 clientes y Luz del Sur, 1.379.618. Entre ambas superaron los tres millones.

China Southern Power Grid y China Three Gorges son grupos distintos, aunque ambos pertenecen al universo de grandes corporaciones estatales chinas.

Una investigación del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico estimó en US$27.877 millones la inversión directa china acumulada en Perú al cierre de 2023, equivalente al 21% de la inversión extranjera directa del país según la metodología utilizada por el estudio.

De ese monto, alrededor de US$9.166 millones estaban concentrados en generación y distribución eléctrica. La investigación también encontró que más del 90% de la inversión china identificada en Perú correspondía a grandes empresas estatales.

Indecopi puso condiciones a la expansión

Las operaciones también han pasado por el filtro de las autoridades peruanas.

Cuando China Southern Power Grid solicitó autorización para adquirir Enel Distribución, Indecopi llevó la operación a una evaluación de segunda fase y terminó aprobándola con condiciones.

La revisión se concentró en el riesgo de que una distribuidora contratara electricidad con empresas vinculadas en condiciones que redujeran la competencia y pudieran trasladarse a las tarifas de los usuarios regulados.

La autoridad dispuso que determinadas compras de energía fueran realizadas mediante licitaciones supervisadas por Osinergmin o a través de concursos transparentes y competitivos.

En enero de 2026, Indecopi volvió a poner el foco sobre una empresa del sector. El organismo sancionó en primera instancia a Luz del Sur con 1.000 UIT, equivalentes a S/5,5 millones, al considerar que había entregado información incompleta e incorrecta durante la evaluación de una operación para adquirir plantas solares.

Según la autoridad, la empresa había indicado que no tenía proyectos de inversión previstos en el sector energético durante los siguientes cinco años, pese a que posteriormente fueron identificados documentos con planes que no habían sido comunicados.

Luz del Sur rechazó esa interpretación. En una comunicación enviada a la Superintendencia del Mercado de Valores aseguró haber actuado de buena fe, precisó que la decisión correspondía a una primera instancia y anunció que ejercería su derecho de defensa.

La sanción puso bajo escrutinio la información entregada por la compañía sobre sus planes de inversión y expansión.

El avance genera alertas sobre infraestructura estratégica

La acumulación de activos eléctricos bajo compañías estatales chinas también ha despertado reparos entre especialistas.

Pedro Yaranga, analista peruano consultado por Diálogo Américas, sostiene que el fenómeno debe observarse junto con la expansión de capitales chinos hacia otros sectores estratégicos. “China ya no es solamente un comprador de materias primas”, afirmó. En su análisis, Pekín ha ganado presencia en actividades que van desde minería y energía hasta puertos, telecomunicaciones y nuevas tecnologías.

El especialista fue más directo al referirse al sector eléctrico. “Es fundamental estar en alerta sobre el control que empresas chinas ejercen en infraestructura crítica”, señaló al mismo medio. Yaranga considera que Perú debería reforzar las normas destinadas a proteger activos estratégicos y reducir riesgos de dependencia.

Henry Ziemer, investigador del Center for Strategic and International Studies (CSIS), también ha puesto el foco en el caso peruano. Sus análisis sobre las inversiones energéticas chinas en Sudamérica destacan la presencia de compañías estatales en redes de distribución y otros activos eléctricos, un factor que incorpora una dimensión geopolítica al análisis económico del sector.

La legislación peruana, sin embargo, no agrupa a las compañías por compartir nacionalidad. Roberto Tamayo, exdirector general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, explicó anteriormente a Infobae que las normas sobre concentración empresarial evalúan empresas y grupos económicos específicos. Bajo ese criterio, China Southern Power Grid y China Three Gorges son operadores diferentes.

Nuevas inversiones en energía vuelven a la agenda

Los movimientos recientes muestran que el interés continúa.

En septiembre, durante una visita a La Libertad, el embajador chino en Perú, Song Yang, habló de cooperación en energías renovables, infraestructura moderna, ciudades inteligentes y transferencia tecnológica. Las conversaciones empresariales incluyeron además alternativas logísticas hacia Chancay y necesidades de infraestructura eléctrica asociadas a una mayor industrialización regional.

Tres semanas después, el embajador volvió a colocar el sector en agenda durante un encuentro empresarial en Lima. Allí afirmó que energía y minería son pilares fundamentales para el desarrollo peruano y recordó los recientes contactos entre autoridades de ambos países durante una reunión ministerial de Energía de APEC celebrada en Beijing.

El margen para nuevos proyectos sigue siendo amplio. El Ministerio de Energía y Minas calcula que Perú posee alrededor de 70 GW de potencial hidroeléctrico, de los cuales apenas aprovecha el 8,3%. A ello se agregan unos 20 GW de potencial eólico y amplios recursos solares.

En ese escenario, el interés chino ya no parte de cero: sus empresas estatales operan centrales, controlan las principales distribuidoras de Lima y participan en conversaciones sobre nuevas inversiones. Lo que ocurra con los próximos proyectos energéticos mostrará si esa presencia continúa ampliándose y bajo qué condiciones regulatorias.

Siete factores externos e internos podrían incidir en el tipo de cambio del dólar frente al colón, según el economista Norberto Zúñiga, consultor de Ecoanálisis. El especialista incluyó entre esas variables los precios internacionales, las tasas de interés, el comercio exterior, la inversión extranjera, las expectativas del mercado y el panorama fiscal.

El primer factor se relaciona con los conflictos geopolíticos, que han elevado los precios del petróleo, las materias primas y los alimentos. Ese contexto encarece las importaciones de Costa Rica y puede aumentar la necesidad de moneda extranjera.

La factura petrolera del país creció cerca de 50% durante los primeros nueve meses del año. El incremento se sumó a un entorno internacional de tasas de interés más elevadas.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos alcanzaron 5.30% para los títulos a 10 años y 5.60% para los de 30 años. De acuerdo con Zúñiga, la rentabilidad de esos instrumentos puede atraer capitales hacia Estados Unidos e influir sobre la demanda de dólares en otros mercados.

“Es claro que será un detonante que, más pronto que tarde, incrementará la demanda de divisas”, indicó el consultor a CRHoy. El economista aclaró que no es posible establecer la magnitud de las salidas netas de capital desde Costa Rica.

Las exportaciones y la inversión forman parte de las variables observadas

La evolución de las exportaciones de bienes y servicios constituye otro de los elementos considerados. Zúñiga vinculó la desaceleración con los mayores aranceles aplicados a algunos productos costarricenses por la administración de Donald Trump y con la apreciación prolongada del colón.

Las empresas instaladas bajo el Régimen de Zonas Francas aparecen entre las actividades que podrían enfrentar efectos de ese escenario. Las ventas externas de bienes aumentaron 3.8% en los primeros ocho meses del año, frente al 15.7% registrado en el mismo período anterior.

Las exportaciones de servicios disminuyeron más de 3% durante el primer semestre. Una menor actividad exportadora puede limitar el ingreso de divisas al mercado local.

El análisis también contempla una posible reducción de la inversión extranjera directa, tras anuncios de reestructuraciones, cierres parciales y despidos en compañías de zonas francas.

La venta de negocios de Florida Ice & Farm a Heineken fue mencionada como una excepción entre los ingresos de capital. Fuera de esa operación, Zúñiga planteó la posibilidad de una disminución en la inversión extranjera directa.

Las expectativas y el escenario fiscal pueden afectar la cotización

Las previsiones de las empresas, los inversionistas y otros participantes del mercado integran otro de los factores señalados. Si una parte relevante del mercado anticipa una depreciación del colón, podría aumentar sus compras de dólares y disminuir la oferta disponible.

El panorama fiscal de los próximos años también puede influir sobre las expectativas y las calificaciones de riesgo de Costa Rica. Zúñiga resumió ante CRHoy que el conjunto de variables locales e internacionales podría llevar a “una mayor demanda de divisas, así como una menor oferta”.

El consultor consideró atípico el comportamiento reciente de la divisa. También señaló que no existe un modelo que permita prever con certeza la evolución del tipo de cambio.

El Banco Central utilizó reservas para atender la demanda pública

El tipo de cambio promedio ponderado aumentó más de ₡1 (USD 0.002) por día en ocho de las 10 jornadas hábiles previas al 5 de octubre. La variación acumulada fue de ₡10.89 (USD 0.02), equivalente a 2.43%, y la cotización llegó a ₡458.67 (USD 1), su valor más alto en tres meses.

Durante ese período, las operaciones en el Mercado de Monedas Extranjeras, conocido como Monex, registraron menor volumen. Ninguna rueda diaria superó los USD 40 millones, una quedó por debajo de USD 20 millones y el promedio fue de USD 31 millones.

El Banco Central de Costa Rica vendió USD 187.9 millones al Sector Público No Financiero y compró USD 128.3 millones en Monex. La diferencia llevó a la entidad a utilizar USD 59.6 millones de las reservas monetarias internacionales.

Las operaciones bancarias con el sector privado mantuvieron un saldo superavitario, aunque no alcanzaron para cubrir los requerimientos del sector público. Entre las necesidades mencionadas se encontraban las de la Refinadora Costarricense de Petróleo.

Empresarios cubanoamericanos de Miami ya tienen sobre la mesa un número concreto: entre USD 275,000 millones y USD 375,000 millones sería el costo de reconstruir Cuba durante los próximos 10 a 15 años, según cálculos de especialistas consultados por grupos del exilio. La cifra resume la magnitud de los planes que ese sector prepara ante un eventual cambio político en la isla.

Esos proyectos abarcan desde la creación de una bolsa de valores hasta la instalación de paneles solares en terrenos de antiguos centrales azucareros.

Así lo documentó CiberCuba, portal cubano de noticias, a partir de un reportaje de BBC Mundo publicado el 5 de octubre.

La iniciativa la encabeza la Cámara Nacional de Comercio Cubanoamericana (Cancc), que preside el empresario Juan Omar Sixto.

Vínculos con Washington y una condición innegociable

Sixto aseguró que su organización mantiene vínculos con personas cercanas al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aunque remarcó que no existen acuerdos oficiales que comprometan al gobierno estadounidense con estas iniciativas privadas.

El empresario fue tajante sobre el calendario de sus planes. “El objetivo es estar en Cuba una vez que caiga el régimen”, declaró Sixto a BBC Mundo.

No contempla ninguna inversión mientras el actual gobierno cubano permanezca en el poder. “Junto con la entrega de ayuda humanitaria y suministros médicos, iríamos a hacer negocios a Cuba de inmediato”, afirmó ante el medio británico.

La Cancc propone crear una bolsa de valores, reconstruir la red eléctrica, recuperar antiguos centrales azucareros para producir etanol o electricidad, instalar energía solar, desarrollar sistemas de agua potable y reactivar la agricultura y el turismo. Todo depende de que exista una transición política con garantías jurídicas.

Nueve frentes de negocio, de la energía al agua potable

La Cancc ya organizó comités especializados por sector. Uno de los más avanzados apunta a la infraestructura energética: la modernización de termoeléctricas y redes de distribución abriría trabajo para empresas de ingeniería y construcción, según el reportaje recogido por CiberCuba.

En paralelo, antiguos propietarios buscan reactivar ingenios azucareros nacionalizados después de 1959. La idea no se limita a producir azúcar: contemplan reconvertir esas instalaciones en plantas de etanol o en centros de cogeneración eléctrica, y también usar esos terrenos para parques de energía solar.

El agua potable aparece como otro frente prioritario, con planes para aprovechar instalaciones industriales existentes en sistemas de tratamiento y abastecimiento. La agricultura se suma a la lista: los empresarios quieren incorporar capital, maquinaria y tecnología para recuperar tierras productivas y reducir la dependencia de importaciones.

El turismo figura como oportunidad de recuperación económica, aunque BBC Mundo no detalla proyectos específicos para ese sector.

La propiedad de los terrenos será un punto de fricción. Algunos empresarios reclaman compensación por bienes confiscados tras 1959, aunque reconocen que hace falta diseñar mecanismos legales que no perjudiquen a las familias que hoy ocupan esos inmuebles.

Rubio: nadie invertirá bajo el modelo cubano actual

El planteo de los empresarios de Miami coincide con el diagnóstico que Rubio expuso ante la 81.ª Asamblea General de la ONU. El funcionario advirtió que el modelo político y económico cubano actual bloquea cualquier posibilidad de atraer inversión extranjera.

“Nadie va a invertir en Cuba bajo su actual modelo de gobierno. Simplemente no lo van a hacer”, afirmó Rubio, según declaraciones difundidas por el Departamento de Estado estadounidense.

El secretario de Estado cuestionó la falta de garantías para el sector privado. Puso como ejemplo a un inversor extranjero dispuesto a aportar USD 10 millones que queda expuesto a que las autoridades cubanas cambien las reglas de forma unilateral y se apropien de esos fondos.

Más sanciones y una isla más aislada

La postura de Rubio se enmarca en una ofensiva de sanciones que Washington profundizó en las últimas semanas. El 29 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC) difundió un nuevo paquete de regulaciones que aplica la orden ejecutiva 14404 del presidente Donald Trump, según informó The Epoch Times, diario estadounidense.

Las medidas impiden a los bancos bajo jurisdicción estadounidense mantener cuentas para emprendedores privados cubanos y eliminan las transferencias bancarias conocidas como “u-turn”.

Días antes, en declaraciones a Fox News recogidas por el mismo medio, Rubio fue más allá de su discurso ante la ONU y sostuvo que “la verdad es que Cuba ya cayó”, en referencia al deterioro de la economía de la isla. El funcionario añadió que casi una quinta parte de la población cubana emigró desde 2021.

El 7 de octubre, Estados Unidos confirmó la incautación de más de 620,000 galones de biodiésel distribuidos en 90 cargamentos retenidos en Florida y Texas, destinados a la empresa estatal cubana de combustibles ENETEC S.A., según reportó CiberCuba.

El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, calificó la medida de ilegal y cifró en más de USD 5,000 millones anuales el daño que las sanciones energéticas causan a la isla.

Las iniciativas de los empresarios reunidos en Miami siguen siendo propuestas y oportunidades potenciales, no inversiones aprobadas, y su concreción depende de una transición política que todavía no tiene fecha ni garantías jurídicas definidas.

Alemania bloqueó la compra del 80% de Zippel por parte de la naviera estatal china COSCO al considerar que la operación pondría en riesgo las cadenas de suministro alemanas y de la Unión Europea, una decisión que puede aumentar el control sobre la expansión de firmas logísticas chinas como Speedaf dentro del mercado comunitario.

La compañía emergente Speedaf, respaldada por el gigante chino de paquetería ZTO Express, desarrolla una red en Suiza y busca contratar personal para nuevas operaciones en Dublín. Esa presencia le daría acceso directo a los 27 países de la Unión Europea, aunque Suiza no integra el bloque y sí participa en el mercado único europeo.

La empresa opera en más de 30 países y transporta principalmente paquetes de las plataformas chinas de comercio electrónico Shein, Temu y AliExpress. Los gobiernos europeos también procuran imponer barreras a esas compañías, según Nikkei Asia.

La expansión logística china bajo controles

La adquisición de Zippel por COSCO generó preocupación por la función de la empresa alemana en el traslado de equipamiento militar hacia la frontera oriental europea, un punto considerado estratégico ante un eventual conflicto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Christoph Tripp, profesor de logística de distribución y comercio minorista de la Universidad Técnica de Núremberg, sostuvo que el control europeo de las inversiones chinas en logística y comercio electrónico se ha vuelto “más sistemático, más coherente y más motivado por la política de seguridad”.

El académico advirtió que la estrategia de Speedaf podría encontrar resistencia si la compañía amplía sus actividades más allá de los servicios de mensajería, envíos urgentes y paquetería hacia cadenas de suministro sensibles al tiempo.

COSCO ya es observada con recelo en Europa por sus participaciones y capacidades en terminales de contenedores ubicadas en centros estratégicos, incluido el puerto griego de El Pireo. En 2023, el Gobierno alemán intervino en su intento de adquirir el 35% de la terminal de contenedores Tollerort, en Hamburgo, y redujo la participación autorizada al 24,9% para impedir que obtuviera control estratégico u operativo.

“El movimiento de COSCO implica más que una inversión: entraña acceso a datos operativos, flujos de transporte e infraestructura crítica”, afirmó Tripp sobre el caso Zippel. “En conjunto, estos hechos demuestran hasta qué punto la logística está integrada en la política económica exterior de China”.

Las redes ya instaladas en el mercado europeo

Cainiao, la división logística de Alibaba, y JD Logistics, una unidad de JD.com, ya cuentan con redes extensas en Europa. Cainiao opera un centro inteligente en el aeropuerto de Lieja, Bélgica, y administra más de 28 almacenes en el continente.

Entre sus aperturas recientes figuran instalaciones logísticas en Daventry, Reino Unido; París; Madrid; y Rokitno, en Polonia. JD.com, por su parte, cuenta con más de 60 almacenes y depósitos europeos y lanzó este año un servicio de entregas urgentes con distribución el mismo día o al día siguiente en grandes ciudades.

SF Express y Zongteng Group también tienen presencia en Europa. Ninguna de las empresas chinas consultadas respondió a las solicitudes de comentarios del medio.

La presión sobre esas operaciones coincide con un deterioro de las relaciones comerciales entre Bruselas y Pekín. Los líderes de Alemania y Francia, las dos mayores economías de la Unión Europea, enviaron esta semana una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para pedir medidas comerciales más firmes que protejan a sus sectores industriales frente a subsidios desleales y prácticas de venta por debajo del costo.

China había rechazado previamente esas acusaciones y las calificó como proteccionismo. El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, se encontraba en Pekín para reunirse el jueves y el viernes con el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, con el sector de los vehículos eléctricos y el déficit comercial diario del bloque con China, superior a USD 1.000 millones, entre los asuntos previstos.

El temor a una dependencia estratégica de Pekín

Las autoridades y analistas europeos temen que China vincule sus productos subsidiados y su exceso de capacidad industrial con la expansión de sus redes logísticas para debilitar la economía europea y ampliar su poder exterior.

Roderich Kiesewetter, legislador de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania y exoficial de alto rango de las fuerzas armadas, consideró que esa dinámica forma parte de la estrategia comercial china contra Europa y de su política de “doble circulación”. “China busca independizarse de las sanciones y, al mismo tiempo, aprovechar esos mercados de exportación para hacer que otros países dependan de productos chinos”, afirmó.

También existe la sospecha de que Pekín podría ordenar a sus compañías logísticas que suspendan toda actividad en Europa ante una crisis en torno a Taiwán. Esa interrupción podría paralizar parte de la actividad económica y limitar la capacidad de los gobiernos europeos para asistir rápidamente a la isla.

“El impacto sobre la economía europea sería grave; también perjudicaría a China, pero el control de las rutas marítimas, la construcción naval y los ferrocarriles genera capacidad de presión”, explicó Stephan Wagner, profesor de gestión de cadenas de suministro de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich.

Wagner añadió que las alternativas europeas difícilmente podrían sustituir con rapidez las operaciones chinas, ya que compañías como la alemana DHL dependen de capacidad marítima mundial en vez de poseer sus propios barcos.

Benedetta Girardi, coordinadora del programa Indopacífico del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya, reclamó a los responsables políticos un inventario completo de las dependencias críticas en logística. “Carecemos de una visión integral de rutas específicas, almacenes, centros de distribución, puertos o sistemas de datos, y por tanto de los lugares donde existen alternativas capaces de reemplazar rápidamente los recursos chinos”, señaló.

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), José Luis Saca, afirmó que la proyección del Banco Mundial, que ubica a El Salvador como la tercera economía de mayor crecimiento de América Latina en 2026, refleja el trabajo conjunto entre el sector privado, los trabajadores y el Gobierno.

El Banco Mundial prevé que la economía salvadoreña crezca 4,5% en 2026, por encima del promedio regional estimado en 2,2%. Según esa proyección, el país se ubicaría detrás de República Dominicana y Paraguay, que tendrían expansiones de 4,7%.

“Representa realmente una gran satisfacción saber que El Salvador está haciendo bien las cosas”, sostuvo Saca este miércoles. El dirigente empresarial atribuyó las perspectivas de crecimiento a la coordinación entre el empresariado, el sector laboral y las autoridades.

Inversión y nuevos mercados, en la agenda de ANEP

El presidente de la ANEP señaló que el objetivo debe ser mantener la expansión económica e incrementarla “hasta donde se pueda”, a partir de las capacidades del país.

Saca vinculó las proyecciones del Banco Mundial con la necesidad de atraer capitales nacionales y extranjeros. “Se trata exactamente de seguir atrayendo inversionistas aquí al país”, dijo.

El representante del sector privado mencionó una rueda de negocios con Corea como parte de las iniciativas para promover vínculos con potenciales inversores. A su juicio, un entorno favorable para los negocios puede aportar al crecimiento y al desarrollo económico.

El Banco Mundial indicó que El Salvador y Paraguay superan el promedio regional, con respaldo de mejores condiciones de seguridad, consolidación fiscal e inversión privada. El organismo advirtió, a la vez, que América Latina y el Caribe enfrenta riesgos asociados a la volatilidad de los precios de la energía, los niveles de deuda y los posibles efectos de El Niño sobre la agricultura y la generación hidroeléctrica.

El Banco Mundial elevó por tercera vez su previsión de crecimiento para El Salvador en 2026, tras un ajuste de 1,3 puntos porcentuales entre informes. La proyección supera el promedio regional de 2,2% previsto por el organismo para ese año y responde a la mejora de la seguridad, la consolidación fiscal y la inversión privada.

El país registró una expansión de 3,9% en 2025, según el mismo informe. Las estimaciones del organismo pasaron de 2,5% en octubre de 2025 a 3% en enero de 2026 y 3,2% en junio; el incremento posterior rompió la tendencia de ajustes inferiores a medio punto porcentual.

El Banco Mundial señaló que la reducción de la delincuencia observada en 2022 eliminó una “importante limitación” para la actividad económica y elevó la confianza del mercado junto con la consolidación fiscal.

El Banco Central de Reserva (BCR) también prevé una expansión de entre 4,5% y 5% para 2026 y atribuye el impulso a la inversión privada, que, según el organismo, ha sostenido un crecimiento anual promedio superior al 3% en los últimos años.

El informe no se limita al año en curso. Para 2027, el Banco Mundial anticipa que el crecimiento salvadoreño se moderará a 3.9%, y para 2028 proyecta una desaceleración adicional hasta 3.5%.

El Gobierno anunció un programa de ciudadanía por inversión que habilitará a extranjeros a solicitar la nacionalidad argentina mediante un aporte no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro o la suscripción de un bono público a tasa cero por USD 800.000. Las solicitudes comenzarán a recibirse en el cuarto trimestre de 2026 y deberán superar controles sobre identidad, antecedentes y origen de los fondos.

La propuesta abrió una discusión que excede la búsqueda de recursos fiscales. En juego aparecen el alcance jurídico de la figura de la inversión, el valor internacional del pasaporte argentino, las condiciones de seguridad y la situación tributaria de quienes obtengan la ciudadanía bajo este mecanismo.

El esquema prevé que el cónyuge y los hijos del solicitante principal también puedan tramitar la ciudadanía con aportes adicionales. Para los cónyuges y los hijos solteros de entre 18 y 25 años, el monto será de USD 100.000; para los menores de edad, de USD 25.000.

La Ley de Ciudadanía 346, sancionada en 1869 y aún vigente con modificaciones, ya contempla situaciones vinculadas con la actividad económica como fundamento suficiente para la naturalización de extranjeros.

Entre esos casos figura haber instalado una nueva industria o introducido una innovación útil en el país. También menciona a empresarios o constructores ferroviarios y a quienes integren colonias establecidas en territorio nacional o provincial, siempre que tengan allí una propiedad inmueble.

El antecedente legal abre una diferencia relevante frente a la iniciativa anunciada. Los supuestos históricos de la norma se vinculaban con actividades productivas, infraestructura o arraigo patrimonial. El nuevo programa, en cambio, ofrece dos alternativas financieras: un desembolso directo al Estado o la compra de un título público creado para este régimen.

El Decreto 524/2025 de Milei avanzó sobre esa posibilidad al establecer que una persona extranjera que hubiera realizado una “inversión relevante” podrá solicitar la ciudadanía ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. La definición de qué operaciones califican bajo ese concepto queda en manos del Ministerio de Economía.

Para Marcelo Elizondo, analista especializado en comercio internacional, el mecanismo debe entenderse como una herramienta adicional dentro de la estrategia oficial para atraer capitales, aunque no prevé que modifique por sí solo el volumen de inversiones.

“El bono es una inversión financiera”, señaló Elizondo en declaraciones a Infobae. Sobre la alternativa de USD 350.000, la definió como “un aporte” o “una cesión al Estado”.

El especialista sostuvo que el sistema no implica una concesión automática de la ciudadanía porque contempla una evaluación de los solicitantes. “No es solamente que vengo, pongo plata y me lo llevo”, dijo, en referencia a los chequeos migratorios y de antecedentes previstos.

Elizondo comparó la propuesta con programas vigentes en otros países, aunque destacó que la modalidad argentina no exigirá, según lo anunciado, una inversión inmobiliaria o productiva concreta. También planteó que la ciudadanía podría tener una consecuencia indirecta para extranjeros interesados en actividades sujetas a restricciones regulatorias, entre ellas la adquisición de tierras.

A su juicio, el alcance será acotado. “Tampoco creo que vamos a tener un aluvión de extranjeros poniendo plata”, afirmó.

El abogado y exembajador argentino en China Diego Guelar consideró que la iniciativa podría ser válida si cuenta con resguardos suficientes sobre los fondos y los antecedentes de los postulantes. “No ser un pasaporte dado por la venta de ciudadanía a cualquiera”, sostuvo en declaraciones a Infobae.

Guelar puso el foco en la reputación del documento argentino como instrumento de viaje. Según expresó, el atractivo del régimen parte del valor que tiene el pasaporte y, por ese motivo, el procedimiento debería evitar una baja en sus estándares de control.

El exembajador cuestionó además un posible conflicto de interés alrededor de Henley & Partners, una consultora especializada en programas migratorios y de ciudadanía por inversión. En un mensaje publicado en redes sociales, sostuvo que la firma habría asesorado al Gobierno y que luego comenzó a ofrecer comercialmente el servicio.

La página de Henley & Partners muestra un apartado dedicado al programa argentino y anuncia que la recepción de solicitudes está prevista para el cuarto trimestre de 2026. Esa publicación permite corroborar que la empresa promociona el esquema, aunque no acredita por sí misma si existió una contratación formal con el Estado ni cuál habría sido su alcance.

Voceros del Ministerio de Economía dijeron a este medio que no tienen ninguna relación contractual con Henley & Partners.

Por su parte, la abogada especializada en derecho migratorio Paula Carello cuestionó que la nueva vía de naturalización se haya incorporado mediante un decreto de necesidad y urgencia y no a través de una ley debatida en el Congreso. “La posibilidad de adquirir la ciudadanía argentina mediante una inversión no fue incorporada mediante una ley debatida y sancionada por el Congreso de la Nación”, señaló. Para la especialista, la discusión tiene dimensión constitucional porque la ciudadanía incluye derechos políticos y define la pertenencia jurídica plena al Estado.

Carello también advirtió que persisten vacíos sobre el funcionamiento concreto del programa. Mencionó la falta de precisiones sobre criterios de elegibilidad, documentación, plazos, mecanismos de presentación y exigencias de permanencia en el país. “¿Cómo se realizará la ‘debida diligencia’ sobre los solicitantes? ¿Cómo se verificará el origen y la trazabilidad de los fondos?”, planteó. La letrada sostuvo que esas preguntas no implican rechazar el esquema, sino definir garantías para resguardar el interés público.

Otro de sus reparos apunta a la intervención de consultoras privadas extranjeras que operan en el mercado de la migración por inversión. “¿Cómo se previenen los potenciales conflictos de intereses cuando empresas de la misma industria que luego podría beneficiarse comercialmente del funcionamiento del Programa participan en su diseño?”, planteó. Carello recordó que la licitación internacional para seleccionar a la empresa o grupo de empresas que asistiría al Gobierno nacional en el diseño, la promoción y la implementación del Programa de Ciudadanía por Inversión fue dejada sin efecto en abril, y que en mayo un consorcio integrado por firmas del sector firmó con la Agencia un convenio de colaboración técnica “no onerosa”. Aclaró que el asesoramiento especializado puede ser legítimo, pero reclamó que se informe claramente quiénes asesoran actualmente, bajo qué modalidad fueron seleccionados y si esas firmas podrán captar clientes o cobrar honorarios cuando el sistema entre en funcionamiento. Advirtió, además, que quienes participaron en el diseño del Programa podrían quedar en una posición privilegiada frente al resto de los actores del sector, incluidos los profesionales locales.

El diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel cuestionó en el recinto una modificación vinculada con el régimen de residencia fiscal. Según su planteo, una norma aprobada en el marco de la reforma laboral podría excluir del criterio de renta mundial a extranjeros que obtengan la ciudadanía por inversiones relevantes.

Ese criterio determina, en términos generales, que las personas residentes fiscales en Argentina tributen por las ganancias que obtienen tanto dentro como fuera del país. Michel advirtió que la excepción produciría un trato diferente respecto de otros contribuyentes con ciudadanía argentina o residencia fiscal local.

En un tuit posterior, el diputado afirmó que el cambio crearía “dos tipos de contribuyentes” y llamó “contribuyentes Peter Thiel” a quienes, según su interpretación, podrían tener ciudadanía argentina, negocios en el país y un tratamiento distinto para sus rentas externas.

El punto exige distinguir entre tres condiciones que no son idénticas: ciudadanía, residencia migratoria y residencia fiscal. Obtener la nacionalidad no supone necesariamente, por sí solo, adquirir residencia tributaria. La aplicación concreta dependerá de la redacción vigente de las normas, de los requisitos exigidos y de la reglamentación posterior.

Filtros clave

El Gobierno informó que el análisis de las solicitudes incluirá la verificación de identidad, la licitud y trazabilidad del dinero, la situación patrimonial del postulante, sus antecedentes penales y reputacionales, el riesgo asociado a su jurisdicción de origen y su historial migratorio.

La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión deberá intervenir en cada trámite junto con organismos especializados. Luego, la decisión final de aprobar o rechazar los pedidos recaerá en la Dirección Nacional de Migraciones.

El funcionamiento de esos controles será uno de los aspectos centrales para medir el programa. También quedan por conocerse la reglamentación sobre “inversión relevante”, las condiciones del bono a tasa cero, el encuadre fiscal aplicable y la eventual participación de consultoras privadas en el nuevo sistema.

La decisión deroga las normas expedidas seis meses antes, durante el gobierno de Gustavo Petro, que fijaban ese tope para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La medida suprime los artículos 2.6.12.1.27, 2.6.12.1.28 y 2.6.12.1.29 del Decreto 2555 de 2010, incorporados por el Decreto 369 de 2026. Esas disposiciones habían establecido un límite conjunto de 30% para los activos en el extranjero en los portafolios de los fondos obligatorios.

Según los considerandos del decreto, mantener el límite habría afectado la composición de los portafolios, con un mayor riesgo y una menor rentabilidad esperada. El Ministerio de Hacienda señaló que la restricción reducía las posibilidades de inversión y la capacidad de las AFP para gestionar los recursos en favor de los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais).

El Decreto 369 de 2026 también había previsto un proceso de transición. Las AFP debían entregar a la Superintendencia Financiera de Colombia un plan informativo para ajustar gradualmente sus portafolios antes del 7 de octubre.

Según los considerandos de la nueva norma, la Superintendencia informó el 7 de septiembre que ninguna AFP había presentado ese plan de ajuste ante la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF).

El Gobierno sostuvo que los límites de inversión pueden ser modificados o eliminados cuando las condiciones de mercado o los efectos de una regulación lo justifiquen. Esa facultad se apoyaría en las normas que regulan la administración de los recursos de la seguridad social.

El Ministerio advirtió riesgos sobre la rentabilidad esperada

Los considerandos del decreto señalan que mantener el tope habría alterado la composición óptima de los portafolios administrados por las AFP. La evaluación oficial concluyó que la restricción podía producir una combinación de mayor riesgo y menor rentabilidad esperada para los ahorros administrados en el Rais.

La nueva directriz también afirma que el límite reducía las alternativas de inversión disponibles y restringía la capacidad de las administradoras para optimizar la gestión de los recursos de los afiliados.

La norma plantea que la decisión sobre dónde invertir debe responder, ante todo, a la relación entre riesgo y rendimiento. Bajo ese criterio, la ubicación geográfica de los activos no debería prevalecer sobre la búsqueda de rentabilidad ajustada al riesgo.

El decreto recuerda que los fondos de pensiones deben manejarse con parámetros de seguridad, rentabilidad y liquidez. La finalidad es preservar el valor real del ahorro y atender las obligaciones futuras del sistema.

La liquidez, según el texto, exige que los activos puedan disponerse de forma inmediata o en plazos razonables. La seguridad implica minimizar los riesgos mediante prácticas prudenciales y una adecuada diversificación de los portafolios.

Los multifondos mantienen reglas de inversión y diversificación

La derogatoria del límite global no elimina el régimen de inversión de los fondos de pensiones ni los requisitos aplicables a los activos que pueden integrar sus portafolios.

El Decreto 2555 contempla inversiones en títulos o participaciones de emisores nacionales y extranjeros, además de depósitos a la vista en entidades de crédito nacionales, incluidas sus sucursales en el exterior.

La Ley 1328 de 2009 introdujo el esquema de multifondos en el Rais. El modelo incluye, durante la etapa de acumulación, un fondo conservador, uno moderado y otro de mayor riesgo.

Para los pensionados existe un fondo de retiro programado. El régimen aplicable a ese fondo ya contaba con límites particulares para las inversiones en emisores del exterior desde 2018.

El decreto relaciona la revisión del tope con la Ley 2381 de 2024 y con las decisiones recientes de la Corte Constitucional sobre esa reforma. La norma señala que los saldos de las cuentas individuales de la población beneficiaria del régimen de transición equivaldrían a cerca del 45% de los recursos administrados por el Rais. Ese escenario reducía la base sobre la cual se aplicaría la restricción creada por el Decreto 369.

La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-264 del 25 de agosto de 2026, declaró exequible gran parte de la Ley 2381 exclusivamente por los vicios de procedimiento que examinó. También devolvió varios apartes a la Cámara de Representantes para su análisis y subsanación.

Con la expedición del Decreto 1490, el Gobierno dejó sin vigencia la restricción global que había fijado para los activos externos y restableció el esquema previo en esa materia. Las AFP deberán continuar administrando los recursos bajo las reglas generales de inversión y los criterios que protegen los ahorros de los afiliados.

Un mediodía de diciembre esperaba frente a una tranquera, en el kilómetro 92 de la vieja ruta 258, al sur de Río Negro. Del otro lado empezaban dieciocho kilómetros de ripio privado que terminaban en la orilla del Lago Escondido. Corría una brisa fresca, el cuidador ya me había anotado y yo no sabía qué esperar del hombre que me habían prometido conocer. Primero fue un latido entre los cerros. Después, las aspas de un helicóptero que bajó a unos quinientos metros de la tranquera. De adentro salió, encorvado contra el viento de la máquina, un hombre pequeño, con anteojos espejados: Joe Lewis, el británico que se había quedado con todas las tierras que rodean el lago.

Eso fue hace veinte años, mientras investigaba para el libro La Patagonia vendida. Arranqué aquel trabajo con el prejuicio que compartía la mayoría: que el Sur se estaba rematando a pedazos. Encontré concentración, falta de control y un Estado que dejaba hacer. Pero también encontré, en muchos lugares, que el extranjero era el único que había llegado. Donde nunca hubo un camino, una escuela o un puesto sanitario, alguien con apellido de otro país había puesto alambre, agua y trabajo.

Ya en 2006, cuando presenté la segunda edición del libro, dije que no había que caer en la idea maniquea de extranjeros malos y argentinos víctimas. Esta columna es, en el fondo, la continuación de esa frase.

Lo que estalló esta semana

El martes 29 de septiembre, la Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, el que derogó la Ley de Tierras Rurales. La Corte no se pronunció sobre el fondo: dijo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que había presentado el amparo, no tenía legitimación para hacerlo. El efecto práctico es que hoy no hay topes vigentes para la compra de tierras rurales por extranjeros.

A horas del fallo, senadores peronistas presentaron un proyecto para restituir la Ley 26.737, sancionada en 2011, con su límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras. Es el mismo debate que el Gobierno tuvo que sacar en agosto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para no perder la votación en el Senado.

Los números importan antes que los adjetivos. Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, ninguna provincia supera hoy el 15%. El Observatorio de Tierras (CONICET-UBA) calcula que los extranjeros tienen cerca del 5% del territorio, unos 13 millones de hectáreas, aunque 36 departamentos superan el tope. Y una encuesta de Zuban Córdoba de julio mostró que el 77% de los consultados quiere límites.

La tierra que el Estado olvidó

La discusión vuelve siempre con la misma palabra: soberanía. Pero en la Patagonia que recorrí, la soberanía no se perdía por la llegada de un extranjero. Se perdía por la ausencia de todos los demás.

La historia larga lo confirma. Después de la campaña militar de fines del siglo XIX, el Estado repartió millones de hectáreas, muchas de ellas en concesiones a sociedades con sede en Londres, y se fue. Los que llegaron después, británicos, galeses, escoceses, más tarde italianos y estadounidenses, trajeron ovejas, alambrados, galpones de esquila y puertos. Entre 1940 y 1960, Santa Cruz llegó a tener ocho millones de ovejas y la Patagonia austral entró al comercio mundial como exportadora de lana. Durante décadas, las estancias fueron la única infraestructura de regiones enteras.

Aquel libro abría con una frase de Felipe Lariviere, el hombre que le vendió la estancia La Primavera a Ted Turner: que la Patagonia es argentina por casualidad. Veinte años después creo que tenía razón, aunque no por los motivos que él pensaba. Lo es por casualidad porque el Estado nunca se ocupó de que lo fuera por decisión.

Mi hipótesis es simple: en Argentina, el capital extranjero no le quitó tierra a la Nación. Desarrolló aquello que la Nación no quiso o no supo trabajar. Tres casos que investigué de cerca lo muestran mejor que cualquier estadística.

Benetton: el último eslabón de una cadena extranjera

Cuando los Benetton compraron la Compañía de Tierras Sud Argentino, en agosto de 1991, se quedaron con una empresa nacida en Londres en 1889 como The Argentine Southern Land Company. Ese año, el Estado argentino le había cedido tierras a diez ciudadanos británicos, 90.000 hectáreas a cada uno, por encima de las comunidades mapuches que vivían ahí y que terminaron como peones de las nuevas estancias. Durante casi un siglo fue capital británico. Desde 1975 la controlaban familias argentinas, y fueron ellas las que se la vendieron a los italianos, por unos USD 50 millones. En ningún tramo de esa cadena cambió la bandera: cambió el apellido en la escritura.

Hoy son los mayores propietarios privados del país, con alrededor de 900.000 hectáreas en la Patagonia y en la provincia de Buenos Aires. Producen lana que viaja a Italia, sostienen empleo rural en parajes donde no hay otro y abrieron el Museo Leleque.

En 2006 dije que Benetton era el paradigma de la Patagonia vendida, y que los mapuches eran víctimas de todo: del Estado y de estos tipos. Hoy sostengo esa frase a medias. La deuda con las comunidades es real, pero el orden importa: primero, el Estado.

El caso que mejor lo muestra es Santa Rosa, un campo de 534 hectáreas dentro de la estancia Leleque. En 2002, Atilio Curiñanco y Rosa Nahuelquir se instalaron ahí con sus hijos, convencidos de que era tierra fiscal. La empresa los denunció y la policía los sacó: les tiraron la casa, les arruinaron los cultivos, les dispersaron los animales. La Justicia penal no les encontró culpa; la civil le dio la tierra a Benetton. En 2007 volvieron con otras familias. Desde la cosmovisión mapuche, expliqué entonces, tienen derechos; el problema es que esa tierra se repartió entre particulares hace más de un siglo, y no es del Estado. Benetton ofreció 7.500 hectáreas en Piedra Parada para las familias y el gobierno de Chubut las rechazó por improductivas. Cuando un funcionario provincial habló del conflicto, pidió no ser nombrado y dijo que no intervenían porque era un asunto con una empresa privada. Esa frase, más que cualquier apellido italiano, explica la Patagonia.

Conocí Cushamen y la zona de Leleque mucho antes de que estallaran los desafortunados acontecimientos que culminaron con la muerte por ahogamiento de Santiago Maldonado. Se vivía en una dualidad. Así como grupos radicalizados mapuches (el origen de la RAM de Facundo Jones Huala) buscaban confrontar con Benetton, la gran mayoría de los mapuches de la zona trabajaban para su compañía sin mayores problemas. Más allá de lo específico, la realidad es que nada de todo eso convirtió a Chubut en una provincia italiana. La bandera sigue siendo la misma y los impuestos se pagan en pesos.

Lewis: el caso más incómodo

Joe Lewis es el ejemplo que más se usa contra la extranjerización, y por eso conviene mirarlo de frente. En 1996, el empresario británico compró, a través de Hidden Lake S.A., unas 8.000 hectáreas que rodean el Lago Escondido. Aquel mediodía, de pie y rodeado de gente, le pregunté por qué ahí. Me dijo que podría haber comprado en Iguazú, en Salta o en Mendoza, pero que ese era el lugar que soñaba. Cuando le pregunté por la polémica, fue más directo: si algo se puede comprar, cuál es el problema; él había comprado lo que le habían dejado comprar.

Tenía razón en una cosa: se lo dejaron. El conflicto real nunca fue de soberanía, sino de acceso. El lago es público, como todas las cuencas del país, pero para llegar a la orilla hay que recorrer dieciocho kilómetros de ripio que pasan por dentro de la estancia. Durante años ese camino estuvo de hecho cerrado, y la Justicia de Río Negro ordenó habilitar el paso. Eso es un problema de un Estado que no hizo cumplir sus propias reglas, no de un país que perdió territorio.

Lo que vi aquel diciembre lo explica mejor que cualquier expediente. Era la fiesta de la familia: chicos de hogares de Bariloche y El Bolsón traídos en micros contratados, un torneo de veinte equipos, treinta y dos costillares, viajes en helicóptero como premio y ni una gota de alcohol. Lewis pagaba los mejores sueldos de la zona, había donado dos ambulancias con la leyenda «Gracias Tío Joe» y llegó a ofrecer la mitad de un hospital nuevo para El Bolsón, oferta que retiró cuando lo acusaron de querer cobrarla con el paso al lago. Escribí entonces que ocupaba el lugar que debía ocupar el Estado. Lo sigo pensando, y ahí está el punto: el problema no es su pasaporte, sino el vacío que encontró.

Si el lago hubiera tenido un dueño porteño con los mismos guardias, el problema habría sido idéntico. La nacionalidad del propietario no cambia nada: lo que falla es el control.

Tompkins: el que compró para devolver

Douglas Tompkins es el caso que más trabajé y el que siempre defendí, incluso cuando defenderlo era impopular. El fundador de The North Face y de Esprit vendió sus empresas y dedicó su fortuna a comprar tierras en Chile y la Argentina. Con su mujer, Kristine, llegó a reunir cerca de 900.000 hectáreas a ambos lados de la cordillera. Decía que era su manera de pagar el alquiler por vivir en el planeta.

Fue acusado de casi todo. Se dijo que compraba el Acuífero Guaraní, que preparaba un enclave extranjero, que escondía un plan geopolítico. En 2006, Luis D’Elía, entonces funcionario nacional, irrumpió con un grupo de vecinos en su estancia El Tránsito, en Corrientes, y propuso expropiarle 296.000 hectáreas de los esteros para crear un parque nacional. Doce años después, ese parque existía: lo había hecho posible la donación del hombre al que querían expropiar.

Casi nadie recordaba a quién le había comprado. Las tierras del Iberá eran de los Blaquier, una de las familias más tradicionales del país, y en la Patagonia algunas habían pertenecido a un funcionario del menemismo. Mientras las tuvieron ellos, nadie habló de soberanía.

Tompkins murió en diciembre de 2015, en un accidente de kayak en un lago de la Patagonia chilena. Kristine terminó lo que habían empezado y donó las tierras al Estado argentino. Sobre ellas se crearon o ampliaron los parques nacionales Monte León, en Santa Cruz, con unas 66.000 hectáreas, y Perito Moreno. En diciembre de 2018 nació el Parque Nacional Iberá, sobre unas 150.000 hectáreas donadas que, sumadas a las 550.000 del parque provincial, forman una de las áreas protegidas más grandes del país. Junto con otras organizaciones, hicieron posible también El Impenetrable, en el Chaco.

En los esteros volvieron especies que se habían extinguido en la zona, como el yaguareté. Y volvió algo más. Colonia Carlos Pellegrini era, hace unas décadas, un pueblo del que la gente se iba. Según cifras oficiales, el parque pasó de unas 22.000 visitas al año a 80.000, repartidas hoy en cinco pueblos, y muchos pobladores trabajan como guías, cocineros y guardaparques.

Lo conocí en 2005, en los Esteros del Iberá, un año antes de que D’Elía entrara a su estancia. Me recibió y durante dos días hablamos de sus ideas, mientras afuera crecían las sospechas sobre lo que estaba comprando. Resulto un encuentro revelador tanto por el personaje como por sus ideas. Tompkins me recibió descalzo y conversamos sentados en unos sillones confortables, entre mapas de Sudamérica y libros de ecología. Fue ahí, para La Patagonia vendida, donde me dijo que si se terminaban los bosques, el agua y el suelo, la economía iba a entrar en crisis. Nunca compartí todas sus ideas: adhería a una corriente extrema del ecologismo. Pero salí de esos dos días convencido de algo que defendí desde entonces, cuando casi nadie lo hacía: lo que Tompkins estaba haciendo era sacarle tierra privada al mercado para devolvérsela al Estado.

El extranjero que más miedo daba a la soberanía terminó agrandando el patrimonio de la Nación. Si hay un caso que desarma el debate por pasaporte, es este: parques nacionales creados sobre tierras que un norteamericano les compró a argentinos.

Lo que no hay que esconder

Una hipótesis sirve si aguanta sus casos más difíciles, y esta tiene tres.

El primero son las comunidades mapuches. Las tierras de Benetton están en el centro de reclamos como los de Santa Rosa Leleque y Cushamen, y del caso Santiago Maldonado, en 2017. Pero esos reclamos discuten el reparto que hizo el Estado después de la campaña militar, no la nacionalidad del último comprador. Cambiar a un dueño italiano por uno porteño no le devuelve un metro a nadie.

El segundo es el agua. La ley del kirchnerismo en 2011 tenía una sola prohibición sin excepciones: la compra de tierras que contengan o bordean lagos y ríos importantes. Lago Escondido muestra por qué preocupa. Pero lo que falló ahí fue que el Estado no garantizó el acceso público, algo que puede y debe exigirle a cualquier propietario, de cualquier país.

El tercero es la escala. Más que el pasaporte, preocupa que pocos tengan mucho, y eso pide una política contra la concentración, no un tope por nacionalidad. Hay, sí, una distinción razonable que no conviene perder: no es lo mismo un inversor privado que una empresa controlada por otro Estado, y hasta el proyecto del oficialismo prohibía esas compras. Brasil limita la propiedad extranjera al 25% de cada municipio y Canadá la controla provincia por provincia. Se puede regular sin prohibir.

La Argentina discute desde hace quince años cuántas hectáreas puede tener un extranjero. Casi nunca discute qué hizo el Estado con las que tuvo siempre. Lagos sin caminos públicos, comunidades sin títulos, pueblos sin escuela: ninguna de esas deudas la genero un pasaporte.

Lo vi de cerca en El Calafate. Mientras el país discutía la extranjerización, en la ciudad que Cristina Kirchner llamaba su lugar en el mundo se adjudicaban terrenos fiscales a funcionarios, familiares y allegados a precios muy por debajo del mercado, y los punteros conseguían votos prometiendo un terrenito. Lo conté en Calafate, publicado por Editorial Planeta en 2015. Tampoco fue un vicio de un solo partido: en Río Negro, tres ex funcionarios del gobierno radical de Miguel Saiz llegaron a juicio por vender tierras fiscales de la zona andina a precios irrisorios. Los que se quedaron con esa tierra pública barata no tenían pasaporte extranjero. Tenían contactos.

A veces vuelvo a aquella tranquera del kilómetro 92. Entonces la miré como la frontera de un país dentro de otro. Hoy la leo distinto: no la puso un extranjero contra la Argentina, la puso alguien en un lugar al que la Argentina nunca había llegado. La pregunta no es quién compró. Es quién estuvo ahí cuando nadie más quiso ir, y por qué el Estado sigue llegando tarde.

“Creemos firmemente que Argentina se encuentra frente a un cambio de página respecto a sus últimos cien años de historia y queremos que todos ustedes también puedan ser parte”, dijo Milei. También agradeció la hospitalidad de las autoridades francesas y del presidente Emmanuel Macron.

El mandatario afirmó que el país “se dirige nuevamente a paso firme hacia el futuro” y expresó su intención de repetir este tipo de encuentros en París y otros foros globales. “No vamos a mirar atrás”, sostuvo antes de cerrar su mensaje con la frase: “Viva la libertad, carajo”.

El evento fue organizado por la embajada argentina en Francia, liderada por el embajador Ian Sielecki, y reunió a cerca de 200 personas, entre gobernadores, funcionarios y empresarios invitados. La embajada no realizaba una actividad de este tipo en París desde 2010, cuando conmemoró el centenario.

La recepción tuvo un formato austero, con bebidas y comida. Milei asistió antes de trasladarse al avión para regresar.

Desde París, Francia - En la última jornada del Argentina Week, la jornada de promoción del país que se hizo esta semana en esta ciudad -y de la que aún falta un cierre que prometen será “espectacular” en la Torre Eiffel- el Gobierno informó que consiguió inversiones por USD 27.000 millones.

Así lo comunicó, con toda pompa, Ian Sielecki, embajador en Francia y uno de los organizadores del evento parisino.

“Cuando se escriba la página de este período transformador, en el que la Argentina volvió a ser atractiva, respetada y confiable, esta semana tendrá un recuadrito. Ese que hasta los alumnos más vagos leen. Dirá que estos tres días en París aceleraron esa transformación y fueron el reflejo más fiel del nuevo lugar de la Argentina en el mundo”, reflexionó Sielecki.

Son inversiones privadas que provienen de diferentes niveles de acuerdos con empresas, entre ellas anuncios de nuevos RIGIs (en gran medida de empresas argentinas), otros que se aprobaron y nuevas inversiones directas. Se trata de decisiones de desembolso a largo plazo que confirman lo que dijo el ministro Luis Caputo ayer en la apertura del evento: “Trabajamos para los próximos 30 años, no sólo para este gobierno”.

Sielecki, quien dijo que las inversiones llegaron “gracias a dos fuerzas: la seriedad macroeconómica y el magnetismo mundial del presidente”, anunció las siguientes inversiones, la gran mayoría destacadas por Infobae en las últimas horas:

• La petrolera francesa TotalEnergies presentó proyectos de inversión por USD 10.000 millones en Neuquén y Tierra del Fuego.
• La Argentina Pluspetrol anunció que fue aprobado su pedido de RIGI por USD 12.400 millones para seguir desarrollando Vaca Muerta.
• En Salta, la minera Eramet anuncio su intención de expandir el proyecto de litio Centenario-Ratones, una inversión de USD 350 millones, “gracias a una relación estrecha que construyó Karina Milei”, dijo el embajador.
• En Chubut, PAE y SNF, también francesa, anunciaron USD 1.200 millones de inversión para darle más futuro a Cerro Dragón.
• La minera Glencore anunció USD 4.000 millones para Agua Rica, Catamarca.

Además, el diplomático destacó que el principal empresario de Europa, Bernard Arnault, “anunció un acuerdo para que su conglomerado LVMH compre Vicuña de Catamarca, una expansión de sus bodegas en Mendoza y confirmó su confianza en la Argentina”.

Y que Hitachi Group eligió al país para su hub regional, donde sumará 2.000 puestos de trabajo, y que la empresa Huttopia anunció su desembarco en Mar Azul y en otros sitios.

A pesar del entusiasmo oficial por los anuncios, la inversión privada lleva cuatro trimestres de contracción interanual. En el segundo trimestre de este año, la formación bruta de capital fijo, según estimaciones preliminares, experimentó una caída de 11,1% respecto del mismo período del año anterior.

Anuncios

Como se dijo, Pan American Energy, la petrolera de la familia Bulgheroni, anunció el primer RIGI para hidrocarburos convencionales y su objetivo es incrementar la producción en Cerro Dragón de petróleo y gas convencional.

Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy, afirmó que “el ingreso de este proyecto al RIGI, que es el primero para la producción convencional, será determinante para poder implementar técnicas de recuperación terciaria en zonas de menor productividad. La inversión presentada permitirá ejecutar un nuevo desarrollo para el área, incrementar su producción y sostener la actividad en la cuenca”.

Esta mañana se supo que la petrolera argentina Pluspetrol obtuvo la aprobación de un RIGI para desarrollar Bajo del Choique-La Invernada y que buscará acelerar la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta en los próximos 25 años. La empresa energética provincial, Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), participa con el 10% de proyecto.

Julián Escuder, country manager de Pluspetrol Argentina, dijo que el RIGI ofrece condiciones para realizar desembolsos de largo plazo en los yacimientos no convencionales: “Constituye una herramienta fundamental para darle previsibilidad de largo plazo a las inversiones que, como las requeridas en yacimientos no convencionales, resultan intensivas en capital y necesitan reglas claras y estables en el tiempo”.

Ayer TotalEnergies hizo su anunció, que desglosado, abarca: entre USD 1.100 y 1.500 millones en pozos offshore en Tierra del Fuego, un proyecto que bautizaron Alberdi; hasta USD 5.000 millones en el Área San Roque, en Neuquén, que están negociando con la provincia; y unos USD 4.000 millones para el área Aguada Pichana con el objetivo de aumentar la producción de gas.

Así, según los datos oficiales, la edición parisina de Argentina Week duplicó a la neoyorquina en anuncios de inversión. La versión estadounidense tendrá revancha rápida: ya se está organizando el segundo encuentro en esa ciudad para marzo o abril del año que viene.

Los diputados nacionales Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto presentaron una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional para suspender la derogación de la Ley de Tierras Rurales, establecida por el artículo 154 del DNU 70/2023. El escrito también pide una medida interina urgente, antes de que el Gobierno presente su informe, y habilitación de días y horas inhábiles.

La presentación apunta a frenar los efectos de la norma que eliminó los límites a la adquisición de campos por personas extranjeras. Los legisladores sostienen que las operaciones realizadas mientras se tramita el expediente podrían quedar amparadas por derechos adquiridos, incluso si el Congreso rechaza luego el decreto o la Justicia invalida el artículo cuestionado.

Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot promovieron el pedido ante la Justicia en su carácter de ciudadanos y habitantes, no como diputados. Solicitaron una cautelar previa a la presentación de la demanda principal contra el Poder Ejecutivo, que buscará la declaración de invalidez del artículo 154 del DNU.

La medida principal requiere que se suspenda la derogación de la Ley 26.737 hasta que haya una sentencia en el proceso de fondo. En forma subsidiaria, los demandantes propusieron medidas de conservación de información y de advertencia a potenciales compradores.

Entre esas alternativas, pidieron que el Ministerio de Justicia mantenga en funcionamiento el Registro Nacional de Tierras Rurales, preserve su base de datos y remita mensualmente al tribunal información sobre las adquisiciones de dominio o posesión de tierras rurales por extranjeros que lleguen a su conocimiento desde el 29 de septiembre.

También reclamaron la publicación de un aviso en el Boletín Oficial sobre la existencia del expediente y sobre el hecho de que la validez del artículo 154 se encuentra bajo revisión judicial. Según el escrito, esa comunicación impediría que futuros adquirentes aleguen desconocimiento de la controversia.

El pedido llegó después del fallo de la Corte Suprema

La nueva acción se produjo tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 29 de septiembre de 2026 en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM).

En ese expediente, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional el artículo 154. Sin embargo, la Corte revocó ese fallo y rechazó la demanda al considerar que el CECIM no tenía legitimación para accionar.

El máximo tribunal aclaró que su pronunciamiento se limitaba a esa cuestión procesal y que no implicaba una definición sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras Rurales. A partir de esa decisión, la eliminación del régimen volvió a producir efectos plenos desde el 29 de septiembre.

Massot y Pichetto argumentaron que su planteo se diferencia del caso anterior porque invoca la protección colectiva de la tierra rural y los cuerpos de agua como recursos naturales, además del derecho de los ciudadanos a exigir que el régimen sea definido por el Congreso y no mediante un decreto de necesidad y urgencia.

La ley fijaba topes por nacionalidad, superficie y ubicación

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un régimen de orden público para la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales. El texto fijaba un máximo de 15 % de titularidad extranjera sobre el total de tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio o entidad equivalente.

Asimismo, impedía que personas de una misma nacionalidad extranjera concentraran más del 30 % de ese cupo. La norma también limitaba a 1.000 hectáreas en la zona núcleo —o una superficie equivalente según la ubicación— las tierras que podía reunir un mismo titular extranjero.

La ley prohibía, además, que personas extranjeras fueran titulares o poseedoras de inmuebles con cuerpos de agua de envergadura y permanentes, o ribereños de ellos. Para controlar el cumplimiento de esos requisitos, había creado el Registro Nacional de Tierras Rurales y exigía certificados de habilitación.

El artículo 154 del DNU 70/2023, publicado el 21 de diciembre de 2023, derogó por completo esa regulación. El escrito presentado por los diputados cuestiona que se haya eliminado por decreto una ley que regulaba recursos naturales y que, según los actores, no existían circunstancias excepcionales que hicieran imposible el trámite legislativo ordinario.

Los diputados advierten sobre operaciones que podrían quedar firmes

Uno de los ejes de la cautelar es el peligro de que se perfeccionen adquisiciones de tierras bajo el régimen vigente y que una decisión posterior no pueda alcanzarlas. La presentación cita el artículo 24 de la Ley 26.122, que preserva los derechos adquiridos durante la vigencia de un DNU aun cuando ambas cámaras del Congreso lo rechacen.

“Lo que se pierda en el ínterin no podrá recuperarse”, sostienen los legisladores en el escrito. También señalan que las posteriores transferencias a terceros de buena fe podrían dificultar una eventual reversión y que la derogación de la ley quitó una previsión que excluía a estas compras de la protección de los tratados bilaterales de inversión.

El pedido incluye una medida interina, con vigencia hasta que el Estado Nacional presente el informe previsto por la Ley 26.854 o venza el plazo para hacerlo. Los actores plantearon que ese resguardo es necesario porque cada operación concretada durante esos días podría consolidarse como un derecho adquirido.

La Cámara de Diputados tiene una sesión solicitada para el 15 de octubre

La acción fue presentada en paralelo a una solicitud de sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación para el 15 de octubre de 2026. El temario propuesto incluye el tratamiento del DNU 70/2023.

El Senado rechazó el decreto el 14 de marzo de 2024, pero Diputados aún no se pronunció. De acuerdo con la Ley 26.122, el rechazo de una sola cámara no basta para dejar sin vigencia un decreto de necesidad y urgencia.

El escrito también recuerda que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso, seis días después de publicar el DNU, un proyecto de Ley de Bases que incluía su ratificación. Esa ratificación no fue aprobada. Para Massot y Pichetto, ese antecedente demuestra que el Congreso estaba en condiciones de debatir la cuestión.

La Justicia deberá resolver primero la medida interina solicitada y requerir al Estado el informe sobre el interés público comprometido. Luego definirá si corresponde suspender los efectos del artículo 154 mientras se desarrolla el proceso principal o si adopta las medidas conservatorias solicitadas.

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador felicitó públicamente al gobierno salvadoreño tras la conclusión de la segunda y tercera revisión de su acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La representación diplomática norteamericana destacó que el sólido desempeño de la economía local y la implementación de reformas estructurales generan certidumbre en los mercados, un factor clave para atraer mayores flujos de inversión extranjera directa al país centroamericano.

El pronunciamiento se produjo en el marco de la aprobación técnica del organismo internacional, que habilitó un desembolso inmediato de unos 138 millones de dólares destinados a reforzar la estabilidad macroeconómica de la nación.

A través de una declaración difundida en sus canales oficiales, la sede diplomática en San Salvador celebró la culminación favorable de este proceso de evaluación multilateral. La decisión del Directorio Ejecutivo del FMI valida los compromisos asumidos dentro del programa del Servicio Ampliado del Fondo (SAF).

Este mecanismo de crédito, pactado originalmente en febrero de 2025 por un período de 40 meses y un total aproximado de 1,400 millones de dólares, tiene como propósito acompañar la consolidación fiscal, fortalecer la liquidez bancaria y reconstruir las reservas financieras externas del Estado salvadoreño.

La culminación de las evaluaciones técnicas dio paso inmediato a la liberación de 101,96 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalente al desembolso de liquidez para las arcas públicas.

De acuerdo con el informe del organismo con sede en Washington, la actividad económica de El Salvador superó las proyecciones iniciales gracias a la mejora sostenida en las condiciones de seguridad ciudadana y la consecuente recuperación de la confianza de los inversionistas privados, lo cual ayudó a amortiguar los desequilibrios presupuestarios acumulados en ejercicios anteriores.

¿Qué significa para El Salvador este acuerdo?

Para las familias y las empresas salvadoreñas, el respaldo del FMI funciona como una carta de recomendación internacional que confirma que las cuentas del país están ordenadas.

Cuando una institución global de este peso aprueba el trabajo de un gobierno, genera confianza en los mercados y en los inversionistas extranjeros. Esa tranquilidad disminuye el peligro percibido sobre el país, lo que permite que tanto el Estado como los negocios locales consigan préstamos con intereses más bajos y en mejores condiciones.

Asimismo, la llegada de los 138 millones de dólares en efectivo ingresa sin intermediarios a las cuentas del Estado. Este dinero le da margen al gobierno para pagar sus deudas más urgentes y continuar sus proyectos diarios sin recurrir a créditos costosos ni recortar las obras públicas.

A cambio de este apoyo, el plan exige administrar el presupuesto con cuidado, evitar gastos innecesarios y mejorar la cobranza de impuestos, con la condición de mantener intactos los fondos destinados a combatir la pobreza y construir infraestructura social.

El manejo del Bitcoin y las criptomonedas fue otro punto central en las conversaciones. Para otorgar el dinero, el organismo internacional solicitó que el Estado reduzca su presencia directa en este mercado. En respuesta, el gobierno entregó el control de la billetera digital Chivo a una empresa privada y prometió no volver a comprar Bitcoin con fondos públicos.

Aunque anteriormente no se alcanzaron las metas fijadas para la compra de monedas virtuales, los directivos del organismo aceptaron las correcciones presentadas por las autoridades salvadoreñas.

Para garantizar que los fondos continúen llegando en los próximos meses, el país se comprometió a realizar cambios en el sistema de pensiones y en el funcionamiento del sector público. Según explicó el primer subdirector del FMI, Dan Katz, cumplir estas promesas a tiempo resultará clave para mantener estable la economía, proteger el dinero de los bancos y lograr un crecimiento que beneficie a toda la sociedad.

Desde París, Francia - Luis Caputo y Diego Santilli anunciaron en esta ciudad la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, un mecanismo que habilitará la solicitud de ciudadanía mediante un pago en efectivo al Estado o la suscripción de títulos públicos. La iniciativa, presentada durante Argentina Week, busca atraer capitales en el marco de la apertura e integración internacional que impulsa el Gobierno.

El nuevo programa, que sigue lineamientos internacionales y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y del Grupo de Acción Financiera Internacional, comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026. Los recursos obtenidos serán destinados a fortalecer la posición fiscal y financiera de la Argentina, destacaron los funcionarios de Milei.

“El Presidente quiere hacer a la Argentina el país más libre del mundo”, aseguró Caputo y detalló que la idea surgió hace un par de años en un viaje a Sun Valley, en EEUU. El tramite también otorgará el pasaporte argentino a quienes completen el trámite.

“Esto aumenta el proyecto libertario y ayudará a captar más inversiones. Ya fue probado en muchos países. Se da en un contexto geopolítico que ayuda, además”, dijo Caputo. “Creemos que estará entre las mejores ciudadanías de este tipo que hay en el mundo”, aseguró el funcionario y comentó que Juan Pazo, ex titular de ARCA, es asesor del nuevo organismo creado a ese efecto bajo la jefatura de Gabinete.

“Esto es la Argentina que abre los brazos a los ciudadanos del mundo que quieran venir a invertir. Nos estamos convirtiendo en un faro de optimismo”, resumió Santilli.

Dos vías de acceso con aportes desde USD 350.000

Los solicitantes podrán optar entre realizar un aporte directo, no reembolsable, al Tesoro Nacional de USD 350.000 o suscribir un título público a tasa cero creado específicamente para el programa por USD 800.000. Ambas alternativas estarán sujetas a controles sobre el origen y la circulación de los fondos.

“También podrán presentar solicitudes el cónyuge y los hijos del titular principal, siempre que acrediten el vínculo familiar y efectúen los aportes correspondientes”, detalló Caputo. Los cónyuges y los hijos solteros sin descendencia de entre 18 y 25 años deberán aportar USD 100.000 al Tesoro, mientras que los menores de 18 años podrán hacerlo con USD 25.000.

Migraciones tendrá la decisión final para aprobar o rechazar cada solicitud

“Un grupo familiar integrado por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrá pedir la ciudadanía argentina mediante un desembolso total de USD 500.000. Todos los pagos deberán realizarse a través del sistema financiero formal”, detalló el titular del Palacio de Haciendo.

El esquema prevé normas de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineadas con las recomendaciones de la Organización para la OCDE y el GAFI. El Gobierno contrató a firmas internacionales de asesoramiento especializadas en migración por inversión para aplicar prácticas utilizadas en otros programas de este tipo.

Controles de identidad, fondos y antecedentes

La nueva Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión conducirá la evaluación de cada trámite, con la participación de organismos especializados. Intervendrán la Secretaría de Inteligencia del Estado, la Unidad de Información Financiera, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior.

El análisis incluirá la verificación de identidad, la trazabilidad y licitud del dinero, la situación patrimonial y financiera del postulante, el riesgo asociado a su jurisdicción de origen, los antecedentes penales y reputacionales y su historial migratorio. Los controles buscarán resguardar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina.

Una vez finalizado el examen, la Agencia remitirá una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones. Ese organismo tendrá la decisión final para aprobar o rechazar cada solicitud.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, eligió Tucumán para lanzar un contundente mensaje en términos diplomáticos sobre la relación bilateral.

“Estados Unidos está aquí, está presente, está comprometido y apuesta con fuerza al futuro de la Argentina”, afirmó.

Lo dijo este jueves durante su disertación en la segunda edición del Foro Argentina Andina, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann con el apoyo del Instituto Republicano Internacional (IRI), en el Hilton Garden Inn Tucumán.

El diplomático fue más lejos al referirse al respaldo de Washington al gobierno del presidente Javier Milei de cara a las elecciones de 2027. “Estamos apoyando este gobierno, el gobierno de Milei. Y si siguen en este rumbo, si siguen con estos cambios, si siguen con esta libertad, vamos a seguir apoyando a Argentina después”, sostuvo ante referentes del sector público, privado y académico que se dieron cita en la capital tucumana.

Lamelas subrayó que ese apoyo no es retórico: “Esto es capital real. Es apoyo concreto para equipamiento, tecnología e infraestructura de primer nivel”.

Antes de su presentación en el Foro, el embajador se reunió con el gobernador Osvaldo Jaldo. El propio Lamelas publicó un mensaje al respecto en su cuenta de X: “Charlamos sobre la sólida relación comercial que nos une, con exportaciones de la provincia hacia Estados Unidos que fortalecen los lazos económicos entre ambos países, el enorme potencial para seguir creciendo y el valor de la libertad como motor de desarrollo”.

Más tarde, en el centro de su discurso estuvo el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa bilateral lanzada la semana pasada en Nueva York que Lamelas describió como “un acuerdo estratégico para conectar los recursos del noroeste a la región andina, a los puertos en el Atlántico y del mundo”.

El proyecto contempla obras en ferrocarriles, ductos, puertos e infraestructura digital, y estará respaldado por el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM), que puso a disposición una línea de crédito de hasta USD 7.000 millones hacia 2027. Ese monto podría ampliarse si Argentina profundiza las reformas económicas en curso. Los fondos no constituyen un desembolso único ni inmediato: se trata de una combinación de créditos, garantías y seguros, y cada proyecto requerirá la aprobación final de las instancias correspondientes.

“Esta inversión ayuda a que el mundo se dé cuenta de que Estados Unidos tiene confianza en la Argentina”, afirmó Lamelas, quien también precisó que la línea podría extenderse si el país mantiene el sendero de reformas impulsado por Milei.

El embajador dedicó una parte de su exposición a los recursos naturales del noroeste argentino, cuya relevancia estratégica global subrayó con cifras. Argentina concentra hasta el 20% de las reservas mundiales de litio y cuenta con “enormes depósitos de cobre”, aunque advirtió que la disponibilidad del recurso, por sí sola, no alcanza: “La potencia sola, sin atraer inversión, no vale”.

En ese marco, citó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como ejemplo concreto de política de atracción de capitales: según sus datos, el esquema ya atrajo más de USD 120.000 millones en proyectos, de los cuales más de USD 42.000 millones corresponden a minería y energía.

Lamelas también advirtió sobre los riesgos que, a su entender, representa la presencia de ciertos proveedores tecnológicos en la infraestructura crítica del país. Sin mencionar contratos específicos, cuestionó la participación de Huawei y señaló que “las empresas estatales chinas responden a leyes que les obligan a entregar los datos al Estado y al Partido Comunista cuando ellos quieran”, en referencia a la legislación de inteligencia de China. “Un mercado libre no debe ser un mercado ciego”, sentenció, al reclamar la construcción de un “ecosistema digital de confianza” en materia de ciberseguridad.

Para canalizar las oportunidades que describió, el diplomático detalló las herramientas de financiamiento disponibles más allá del EXIM: la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), que aporta capital privado para proyectos de energía y minería; la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA), que financia estudios para reducir riesgos en grandes inversiones; y recursos del propio Departamento de Estado. Lamelas invitó a los asistentes a presentar sus proyectos ante la embajada y esas agencias.

Al terminar su intervención, José Guillermo Godoy, presidente y fundador de la Fundación Federalismo y Libertad, le entregó un reconocimiento al embajador. El Foro Argentina Andina reunió además a otros disertantes de peso, entre ellos el embajador de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar; el vocero presidencial Adrián Ravier; el politólogo Sergio Berensztein; el economista Nicolás Gadano; y Walter Actis, vicepresidente de Supply Chain de YPF. Según lo anunciado previamente, una delegación del Departamento de Estado, el EXIM y la DFC tiene previsto recorrer Buenos Aires, Jujuy y Salta en octubre para identificar proyectos vinculados al Corredor Andes-Atlántico y avanzar en posibles operaciones.

Desde París, Francia - Fue una jornada intensa. Hablaron el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el mensaje al auditorio europeo fue unívoco: inviertan en Argentina, el Presidente será reelecto y seguirá adelante con su plan y el único riesgo que corren las apuestas por el país es perderse la oportunidad de entrar a tiempo.

Sobre esa base giró la primera jornada del Argentina Week, que se desarrolló en la sede de la OCDE. Unos 700 empresarios, 500 europeos, escucharon casos de éxito de negocios que se están llevando adelante en el país. Esa es la idea del encuentro: europeos contándoles a otros europeos cómo hacen negocios en el país con socios locales.

Después de escuchar los paneles de la mañana, un altísimo ejecutivo global, café en mano, insistía con una pregunta concreta, en uno de los breaks: “¿Gana Milei el año que viene o no gana?”. Su subalterno argentino dio una larga explicación para terminar resignándose a la ambigüedad: “debería, todo parece indicarlo, pero en Argentina nunca se sabe”. El europeo se quedó pensando unos segundos y suspiró.

Hubo elogios de todos los colores, para el país y para Milei, desde el anfitrión Matthias Cormann, presidente de la OCDE, quien sin embargo está analizando con su equipo (desde hace años) si dejan ingresar a Argentina a este club de países ricos; hasta el Sultán Al Jaber, managing director de Adnoc, una de las socias de YPF en Argentina LNG, el proyecto de Vaca Muerta más ambicioso, con una inversión total que rondará los USD 51.000 millones. “Creo que Argentina, en lo que está haciendo Milei, ya no se puede volver atrás. Están siendo muy inteligentes con las infraestructuras para exportaciones que están construyendo”, dijo el emiratí.

En el mismo sentido habló Patrick Pouyanné, CEO global de TotalEnergies, la petrolera francesa que lleva invertidos unos USD 10.000 millones en el país y anunció un nuevo RIGI por USD 5.000 millones para sus operaciones en Vaca Muerta.

En el panel de agro, Alejandro Elsztain, de Cresud, hizo foco en la sustentabilidad y competitividad del sector y, sobre todo, en los bajos costos. En la platea había europeos que saben que son más caros, pero dudan. Las mismas dudas que los llevó a ser unos de los mayores “enemigos” del acuerdo UE-Mercosur, al que aún firmado miran de reojo.

Del ruralismo también estuvo presente Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, quién mostró en redes su foto con Macron. “Desde el campo argentino tenemos mucho para aportar: producción, trabajo, innovación y la capacidad de seguir creciendo y llegando con nuestros alimentos a cada vez más mercados”, posteó.

Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, por su parte, habló del potencial del gas y luego anunció el primer RIGI para hidrocarburos convencionales por USD 1.200 millones en Chubut, y Marcelo Mindlin, CEO de Pampa Energía, detalló sus proyectos de urea, con su socio Maire Group, y puso foco en el desafío de acelerar la infraestructura para monetizar los recursos de petróleo y gas. Christel Borel, CEO de la minera Eramet, protagonizó u panel, luego del almuerzo en el imponente Château de la Muette y luego anunció junto a Karina Milei una inversión adicional de USD 350 millones en su proyecto de litio.

En la medianoche del jueves (hay cinco horas de diferencia con Buenos Aires) la secretaria general de la Presidencia recorrió el Rungis Marché International, también conocido como “el mercado más grande del mundo”, para ver la llegada de productos argentinos que se venden en Europa. Acompañaron a la funcionaria Diego Santilli, los gobernadores Ignacio Torres, Claudio Vidal, Juan Pablo Valdés y Carlos Sadir, y el embajador Ian Sielecki, Diego Sucalesca y Fabián Fernández.

La idea que flotó en el aire durante toda la jornada fue que el país tiene mucho potencial, pero aún hay dudas. Políticas, sobre todo... también económicas, al menos entre los argentinos, que cada tanto miraban el celular para ver cómo cerraba el riesgo país (636 puntos, máximo en 10 meses). Quizás por eso, pensando un poco en el contexto interno, Milei se mostró mucho más cercano de los 14 gobernadores que lo acompañaron a París, muchos alineados por momentos con su gestión aunque LLA no haya ganado en ninguna provincia. Igual, Milei dejó claro, como viene haciendo últimamente, que tiene con qué y será reelecto.

Quien resumió esa estrategia fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien hizo foco en sus cuatro pilares:

• Fiscalidad. El punto innegociable para el Gobierno y el ministro remarcó que muy pocos países tienen superávit.
• Desregulación. “Según Heritage Foundation, somos quienes más eslabones escalaron en 2024. Estamos en el medio, pero veníamos muy de abajo”, dijo el titular del área.
• Derecho de propiedad. Otra bandera en parte consecuencia de lo fiscal que si se viola, o no se pagan las deudas o se suben los impuestos.
• Apertura económica. En este punto aseguró que el país necesita aún más apertura.

Parte del equipo económico se hizo tiempo para seguir con la onda Nueva York y se reunieron con fondos de inversión, como JP Morgan y Blackrock. No se quedó Caputo, pero su vice José Luis Daza y Santiago Bausili, presidente de BCRA.

Viernes sectorial y cierre

Mañana viernes, la agenda de Argentina Week en París se descentraliza en varias locaciones. Es el día de los sectores estratégicos. Se esperan anuncios de inversiones y un anuncio fuera de agenda pública: Caputo y Santilli presentan el Programa de Ciudadanía por Inversión.

Habrá una mesa de alto nivel con la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), centrada en las tendencias globales y las oportunidades de inversión en los sectores de energía y minería, con la participación de autoridades nacionales, gobernadores y especialistas de la IEA.

La apertura estará a cargo de la directora ejecutiva adjunta de la IEA, Mary Warlick; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli; y el director de Mercados y Seguridad Energética del organismo, Shinichi Kihara. Luego habrá una mesa de discusión sobre petróleo, gas, minería y energía nuclear, moderada por el economista jefe de la IEA, Tim Gould. La actividad reunirá, entre otros, a los gobernadores de Mendoza, Neuquén, Catamarca, San Juan, Jujuy, Salta, Chubut, Corrientes, Santa Cruz, Río Negro y Chaco.

En paralelo, la Embajada Argentina en Francia será sede de una jornada dedicada a tecnología e inteligencia artificial, bajo el título “Argentina’s Next Growth Engines”. El programa será sobre el impacto de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes en la transformación empresarial, la innovación y la competitividad, con foco en la cooperación entre la Argentina y Europa. Participarán el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el CEO de Globant, Martín Migoya; el fundador y presidente de Cathay Capital, Mingpo Cai; el CEO de Zoi, Ismaël Emelien, y el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin.

La agenda tecnológica también prevé paneles sobre sectores estratégicos, inversión y transformación digital, con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el vicepresidente de Asuntos Globales de Oracle, Matis Pellerin; y el CEO de KONA, Matías Recchia. El cierre abordará el vínculo entre talento argentino, emprendedores, capital internacional y empresas con proyección global, con Sebastián Bainer, de Hitachi Group; Emiliano Kargieman, de Satellogic; y Martín Varsavsky, de Certuma.

El “Segmento de comercio internacional y seguridad jurídica” se hará a media mañana en la sede de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) por la tarde habrá ronde negocios pesquera

Y a primera hora de la tarde, el presidente Milei recibirá un premio en el Paris Economic Forum AC de France, en la Plaza de la Concorde. Después, los organizadores prometen un “evento excepcional de clausura”, del que hay solo rumores.

Desde París, Francia - Pan American Energy y TotalEnergies anunciaron inversiones importantes para Vaca Muerta en esta ciudad, en el contexto de Argentina Week, el evento que encabeza Javier Milei y que busca consolidar inversiones europeas en el país.

Para mañana se espera un anuncio similar de Pluspetrol, la petrolera argentina que se quedó con la operación local de ExxonMobil.

En el rubro minero, el CEO de Glencore, Gary Nagle, destacó el RIGI y cómo bajó el riesgo en el país con el Gobierno de Milei. “Si se reelige, las inversiones se van a multiplicar”, enfatizó. Jerome Pecresse, CEO de Rio Tinto, también destacó el régimen para grandes inversiones.

La minera francesa Eramet avanzan también con nuevos proyectos de inversión y expansión. En una reunión con Karina Milei y Luis Caputo, Eramet confirmó su intención de solicitar el ingreso al RIGI para llevar adelante la primera expansión de su proyecto de litio Centenario-Ratones, en Salta. La iniciativa contempla una inversión adicional potencial de alrededor de USD 350 millones, sujeta a la decisión final de inversión, y permitirá incrementar en 11.000 toneladas anuales la capacidad de producción de carbonato de litio, que actualmente alcanza las 24.000 toneladas.

Karina Milei también recibió un anuncio de inversión de la hotelera Huttopia, que anunció la apertura de su primera operación en la Argentina, Huttopia Mar Azul. El proyecto contempla una inversión de entre 3 y 5 millones de euros y forma parte de un plan de expansión mediante el cual la compañía prevé alcanzar entre cinco y seis sitios en el país hacia 2030.

Más temprano, el presidente Milei se reunió con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann; el presidente y CEO de LVMH, Bernard Arnault; y el presidente y CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanné.

PAE en Chubut

Pan American Energy, la petrolera de la familia Bulgheroni, anunció el primer RIGI para hidrocarburos convencionales por unos USD 1.200 millones, y para una cuenca de las llamadas maduras. El objetivo es incrementar la producción en Cerro Dragón de petróleo y gas convencional (no el shale de Vaca Muerta).

En la presentación estuvieron Marcos Bulgheroni, CEO de la empresa; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; Jorge Ávila, diputado y gremialista del sector.

“Es un alegrón que esto se haya llevado adelante, es fruto de la política industrial más importante de las últimas décadas, el RIGI”, resumió Caputo.

Se instalarán 22 plantas de inyección de polímeros, que permiten extraer más petróleo de campos maduros. Por otro lado, se perforarán 100 pozos nuevos y se intervendrán 600 pozos productores.

Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy, afirmó que “estamos enfocados en buscar nuevos horizontes de inversión en Cerro Dragón que complementen el trabajo que venimos haciendo para darle una mayor sustentabilidad a la cuenca. El ingreso de este proyecto al RIGI, que es el primero para la producción convencional, será determinante para poder implementar técnicas de recuperación terciaria en zonas de menor productividad. La inversión presentada permitirá ejecutar un nuevo desarrollo para el área, incrementar su producción y sostener la actividad en la cuenca”.

Por su parte, Ignacio Torres, gobernador de la provincia del Chubut, sostuvo que “este anuncio es una muestra de que cuando las cosas se hacen bien, de manera eficiente y con previsibilidad, estas inversiones son posibles. Con reglas claras y trabajo en conjunto, podemos ampliar las oportunidades productivas de Chubut, generar más trabajo y más exportaciones, lo cual es bueno para Chubut y para toda la Argentina”.

“Incorporar nuevas tecnologías para recuperar recursos que antes no era posible aprovechar nos permite extender su vida productiva, sostener el empleo y generar nuevas oportunidades para la economía del país. Es una forma de mirar a largo plazo y de seguir desarrollando el potencial energético argentino”, destacó Alejandro Bulgheroni, presidente de PAE.

Francesa

TotalEnergies, por su parte, anunció en París un proyecto de USD 5.000 millones bajo el RIGI para ampliar la producción de petróleo en San Roque, Neuquén. El director ejecutivo de la compañía francesa, Patrick Pouyanné, presentó la iniciativa y la vinculó con la continuidad de las políticas que, según sostuvo, mejoraron las condiciones para invertir en el país.

La empresa produce actualmente el 25% del gas natural destinado al mercado interno y cuenta con más de 300 MW de capacidad instalada. También desarrolla proyectos de energía renovable y opera en la Argentina desde hace casi 50 años.

Pouyanné destacó que el Gobierno habilitó la distribución de dividendos, una medida que había provocado tensiones con administraciones anteriores. “¿Podemos invertir en la Argentina? Sí, podemos”, afirmó.

Aguada Pichana

El proyecto neuquino todavía está en discusión con el gobernador Rolando Figueroa y apunta a elevar la producción de crudo. Pouyanné señaló que la inversión forma parte de una cartera más amplia de desembolsos previstos por la compañía.

Sergio Mengoni, responsable de Total en la Argentina, precisó que la empresa invirtió casi USD 6.000 millones durante las últimas décadas. “Ahora estamos hablando de proyectos en curso por más de USD 10.000 millones”, aseguró.

En Aguada Pichana, la compañía busca mejorar su capacidad de producción de gas natural, que hoy ronda los 14 millones de metros cúbicos. La meta es alcanzar 16 millones de metros cúbicos, para lo que proyecta inversiones de entre USD 4.000 millones y USD 5.000 millones.

“Para sostener ese nivel de producción, hay que seguir invirtiendo de manera constante. Es lo que requiere el desarrollo no convencional”, explicó Mengoni. El directivo también remarcó que la posibilidad de distribuir dividendos es un factor relevante para comunicar a las compañías internacionales.

La autorización comenzó a aplicarse en 2025, de acuerdo con Mengoni. “Es muy positivo que a partir de este año, 2026, hayamos podido comenzar a distribuir dividendos”, sostuvo.

La empresa y el presidente Milei denominaron Proyecto Alberdi a la iniciativa que TotalEnergies desarrolla en Tierra del Fuego. El plan contempla una inversión de hasta USD 1.500 millones y se encuentra en una etapa avanzada de estudios.

El desarrollo prevé entre tres y cinco pozos submarinos para explotar el área costa afuera fueguina mediante nueva tecnología. Mengoni señaló que ese proyecto avanza mientras la compañía mantiene sus operaciones de gas, petróleo y generación eléctrica en el país.

Pouyanné afirmó que TotalEnergies estuvo presente “en los buenos tiempos y también en los más difíciles” de la Argentina. Sobre el actual rumbo económico, consideró que la gestión libertaria “ha creado un impulso positivo para invertir en la Argentina”.

“Hoy la Argentina quiere ser el país más pro mercado de Occidente y ya es uno de los que más crece. El camino que tenemos por delante es claro: no vamos a descansar hasta hacer a la Argentina el país con mayor libertad económica del mundo. Durante estos primeros casi tres años de nuestra gestión, ya logramos lo que muchos decían que era imposible. Heredamos un Estado quebrado que estaba camino a una de las peores crisis de su historia, y entendimos que la raíz del problema era sencillamente que teníamos un Estado gigantesco que no podía financiar su gasto”, expresó.

Además, aseguró que cuando asumió “teníamos un déficit de cinco puntos del PBI en el Tesoro y otros diez en el Banco Central, lo cual era una situación trágica y que nos dejaba al borde de una hiperinflación. Solo para tener un orden de magnitudes, teníamos cuatro bases monetarias venciendo a un día en el Banco Central en pasivos remunerados y teníamos el equivalente de diez bases monetarias venciendo a un día en la deuda financiera en pesos del Tesoro Nacional”.

Con respecto a las elecciones que vienen, y los riesgo de volatilidad que suelen traer, aseguró que el Gobierno cuenta con “una bazuca” de unos 75.000 millones para enfrentar el contexto. “Estamos bien armados para los intentos desestabilizadores y golpistas”, dijo y agregó que “sabe que está en la silla eléctrico, pero igual vamos a ganar. Ya lo dijo JP Morgan: si ganamos vamos a conseguir el investment grade, algo que no es menor”. Algo que, dijo bajará la tasa de interés y generará un proceso de crecimiento muy fuerte y “caída aún más fuerte de la pobreza”.

Ahí invitó a los inversores a “entrar ahora”. “Después de que seamos investment grade quizás ya sea tarde”, dijo y generó aplausos en el auditorio.

Milei repasó los indicadores macroeconómicos de su administración y afirmó que, al asumir, el Estado argentino presentaba un déficit fiscal consolidado de 15 puntos del producto bruto interno (PBI), divididos entre cinco puntos en el Tesoro y diez puntos en el Banco Central. Según el mandatario, esa situación generaba una dinámica de emisión monetaria que podía multiplicar por quince la cantidad de dinero circulante en un solo día.

El presidente atribuyó la resolución de ese cuadro a la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien calificó como “el mejor ministro de Economía de la historia argentina”, y mencionó también al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Milei remarcó que el ajuste fiscal se completó “respetando la santidad de los contratos”, sin incurrir en default ni en confiscaciones de ahorros.

Comparó también el desempeño de su Gobierno con el de las tres administraciones previas y afirmó que la suya es la única con resultado financiero positivo y la única que redujo el endeudamiento total del país. Agregó que su gestión registra el mayor incremento de jubilaciones, la mayor acumulación de reservas internacionales y la mayor suba de exportaciones de los últimos períodos. “La comparación, señores, es demoledora”, afirmó ante el auditorio.

Milei proyectó que, al cierre de su mandato el año próximo, la economía argentina acumulará un crecimiento superior a 16 puntos, frente a una expansión promedio inferior al 6% en el conjunto de los países de la OCDE. El mandatario sostuvo que ese nivel de crecimiento equivale a entre tres y cuatro veces el promedio histórico del país.

Planteó también que la Argentina reúne condiciones para posicionarse en el desarrollo de inteligencia artificial, por su disponibilidad de energía, minerales, tierras a baja temperatura y capital humano especializado, y adelantó que el Gobierno avanzará en un marco legal para atraer inversiones en ese sector.

El presidente recordó que su espacio político ganó las elecciones legislativas de octubre con una diferencia de 17 puntos sobre la segunda fuerza, pese a sostener el rumbo económico sin modificaciones previas a los comicios. Sostuvo que, de repetir ese resultado en 2027, su gobierno podría alcanzar el control de la Cámara de Diputados y acercarse a la mayoría en el Senado. Milei cerró su exposición con un mensaje dirigido a los inversores presentes, a quienes aseguró que su gobierno no aplicará medidas de estímulo electoral que comprometan el esquema fiscal vigente.

La Argentina Week comenzó en París con un encuentro en la Embajada argentina que reunió a funcionarios nacionales, gobernadores y representantes de empresas de energía, minería, agroindustria, tecnología y finanzas. La iniciativa apunta a presentar ante inversores europeos las oportunidades que ofrece el país, con foco en Vaca Muerta, la actividad minera y el sector agropecuario.

El lanzamiento contó con la participación del embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, y del ministro de Economía francés, Ronald Lescure. Mientras tanto, la delegación argentina incluyó al ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el titular de Salud, Mario Lugones, y el secretario de Comunicaciones, Fabián Fernández, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Además, viajaron 13 gobernadores: Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Las actividades principales se desarrollarán en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se prevén exposiciones y anuncios vinculados con inversiones. Además, mandatarios y funcionarios señalaron que existe interés por los proyectos argentinos, aunque persisten interrogantes sobre la continuidad de las políticas económicas y regulatorias. La previsibilidad será un factor clave en este intercambio.

Desde París, Francia - El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el primer orador de la jornada de hoy de Argentina Week en esta ciudad, titulada “La transformación argentina, oportunidades de inversión”.

Caputo, como viene haciendo últimamente, hizo referencia a los riesgos políticos que enfrenta el país de cara a las elecciones presidenciales del año próximo. “El único riesgo en Argentina es perderse la oportunidad de invertir”, aseguró ante un auditorio de unas 700 personas, muchas de las cuales hicieron largas colas sobre la Rue de Franqueville, en uno de los laterales de la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se realiza esta primera jornada del evento.

A pesar de estar en agenda, Federico Bausili, presidente del Banco Central, no participó de una conversación con Caputo, como hicieron en la edición de Argentina Week de Nueva York, en marzo.

Caputo sostuvo que el logro central de la gestión no fueron los indicadores fiscales, sino “respetar la santidad de los contratos y salvaguardar los derechos de propiedad privada” tras heredar, según definió, “la peor herencia económica de la historia de Argentina”.

También reconoció que si bien “existe cierta preocupación”, que se podría traducir volatilidad cambiaria, detalló que “nos preparamos como si estuviéramos equivocados. Tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que prepararnos para lo peor”.

Recordó que, en episodios previos de estrés económico, las respuestas de política en Argentina “siempre atacaron la propiedad privada”, con cesaciones de pagos, expropiaciones, confiscaciones, pesificaciones asimétricas y corralitos. Atribuyó esa dinámica a dirigentes de distintas ideologías y afirmó que, paradójicamente, “probablemente quienes más dañaron” fueron sectores que decían creer en los mercados libres, porque de ellos “nadie esperaba que hicieran eso”.

Según el funcionario, el Gobierno redujo el gasto público en 30% y eliminó el déficit fiscal en el primer mes de gestión. Caputo adelantó que el proyecto de presupuesto enviado al Congreso proyecta cuatro años consecutivos de superávit fiscal financiero, algo que calificó de inédito en la historia del país.

El ministro explicó que, además del desequilibrio fiscal, la administración había heredado diez puntos adicionales de déficit cuasifiscal en el Banco Central, producto de los pasivos remunerados. “De no haber elegido la política monetaria correcta, probablemente habríamos llegado de todos modos a una hiperinflación”, señaló. Según los datos que presentó, la inflación bajó de niveles cercanos al 1,5% diario a un 32% mensual del índice de precios al consumidor, medición equivalente, dijo, a lo que antes representaba un 211% mensual.

Caputo atribuyó la generación de divisas a los incentivos aplicados sobre la agroindustria, la energía y la minería, sectores que calificó como “castigados por el kirchnerismo” mediante altos impuestos y señales de precios deficitarias en materia energética. “No descubrimos Vaca Muerta hace dos años. Simplemente ahora les estamos dando los incentivos adecuados”, afirmó, en referencia al yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Neuquén.

El funcionario destacó la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como marco regulatorio para sostener esos proyectos. Según sus cifras, las exportaciones de energía y minería, que hoy rondan los USD 19.000 millones, podrían triplicarse hasta USD 61.000 millones dentro de cinco años, hacia el final de un eventual segundo mandato de Milei. El cálculo, aclaró, contempla únicamente los USD 56.000 millones ya aprobados bajo el RIGI, sin incluir otros USD 150.000 millones en proyectos pendientes de aprobación.

También afirmó que Argentina registra niveles récord de exportaciones tanto en dólares como en cantidades físicas, con una balanza comercial acumulada hasta agosto un 250% superior a la del año anterior. Señaló además máximos históricos en productos primarios, manufacturas de origen agropecuario, exportaciones de pequeñas y medianas empresas y en la cantidad de compañías exportadoras, esta última en su nivel más alto en una década.

Preparación ante el año electoral

Cuando se refirió a las elecciones presidenciales del año próximo, Caputo relativizó los temores de los inversores sobre una eventual volatilidad cambiaria. Explicó que la base monetaria se mantuvo prácticamente estable durante el último año y que el Gobierno logró extender los vencimientos de pasivos en pesos posteriores a los comicios, de 15% a casi 45% del total.

El ministro mostró un análisis de flujos según el cual, antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025, los argentinos dolarizaron en promedio USD 1.700 millones mensuales, con un pico acumulado de USD 5.900 millones en el período previo a los comicios. Tras el triunfo de Milei por “una diferencia abrumadora de 17 puntos”, el promedio mensual de dolarización cayó muy por debajo de esa cifra, hasta compensar exactamente los mismos USD 5.900 millones adelantados. “Lo que la gente realmente hizo fue simplemente adelantar la dolarización. Pero no hay creación de pesos”, resumió.

Como se destacó, el ministro cerró su exposición con un llamado a los inversores presentes en el encuentro. “El riesgo no está en las elecciones en Argentina. El riesgo no está en el tipo de cambio. El riesgo está en perder la oportunidad de invertir en Argentina”, afirmó, y agregó que el país cuenta con alimentos, energía, minerales críticos y capital humano para posicionarse nuevamente como una de las economías líderes a nivel global.

Energía

Fatih Birol, director general de la International Energy Agency (IEA), destacó en diálogo con el secretario Daniel González que el bien más escaso, en un contexto global en tensión, es la confianza. “Por eso mi consejo es diversificar al máximo y ser predecibles ante los inversores” recomendó a los políticos argentinos y habló de la importancia de los minerales críticos, los procesos de refinado y también del sector nuclear.

“El futuro del GNL es excelente a pesar de las crisis. necesitamos gas que venga de países de confianza y eso es muy importante sobre todo para Asia y Europa. Habrá que ver en 2027 qué pasa con el gas de Rusia”, cerró.

En el panel sobre Argentina LNG, el proyecto de inversión más grande de la historia Argentina” participó Horacio Marín, de YPF; Claudio Descalzi, de ENI, y el Sultán Al Jaber, de la emiratí Adnoc, todos socios en el proyecto que requerirá una inversión de USD 51.000 millones y entrará al RIGI.

El Sultán Al Jaber, managing director de Adnoc, habló de la importancia de la colaboración con Argentina y el compromiso de su país con las reformas que está llevando a cabo Milei. “Es prioridad el GNL y el proyecto Argentina LNG para nuestro futuro”, dijo. En el mismo sentido habló Descalzi: “En 2019 se dijo que terminaba la era del gas y que iba a ser reemplazado por energía eléctrica. Aún necesitamos petróleo y gas, cuyo consumo continúa en aumento. Estamos invirtiendo USD 500.000 millones y tenemos que construir confianza para todos los países. El 53% de la energía de Europa llega por GNL. El GNL de Argentina es uno de los principales proyectos del mundo y llega a tiempo. Es gigantesco. Creo que Argentina, en lo que está haciendo Milei y ya no se puede volver atrás. Están siendo muy inteligentes con las infraestructuras para exportaciones que están construyendo”, dijo el italiano.

Marín, quien ayer habló con Infobae, comentó sobre el potencial exportador: “Estaremos entre los quintos a nivel mundial de este tipo de exportaciones. Este proyecto cambiará todas las métricas y es verdad que no hay vuelta atrás. El foco total son las exportaciones”, aseguró.

Luego fue el turno de Patrick Pouyanné, CEO global de TotalEnergies, la petrolera francesa que opera en Argentina hace 50 años, y hoy opera offshore en Tierra del Fuego y también en Vaca Muerta. Producen el 25% del gas local y son la principal empresa en ese rubro y ya llevan USD 10.000 millones de inversión. “Superamos momentos difíciles y nos reinventamos. Admiro la resiliencia argentina”, comenzó su discurso. “Se puede invertir en Argentina. Hay que tener resiliencia, como en muchos otros países, pero se puede. También tiene energía eólica muy buenas, hacia allí irá nuestra estrategia. Nos costó al principio, pero la experiencia es muy buena”, dijo y elogió la gestión de Milei.

Este jueves arranca la segunda jornada del 62° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) en Mar del Plata, con la Justicia, la educación y las condiciones para atraer inversión extranjera como ejes centrales. Las presencias de Pablo Quirno, la consejera de la Magistratura Jimena de la Torre, el fiscal Diego Luciani y la senadora Patricia Bullrich marcarán una agenda que busca ir más allá de la estabilización macroeconómica y discutir el modelo de crecimiento de largo plazo.

La jornada de ayer cerró con una entrevista de Javier Milei como momento central: el presidente pidió la reelección, descartó a sus rivales y anticipó una “velocidad de reformas única e irrepetible” si los argentinos lo acompañan en 2027. Los empresarios aplaudieron la baja de la inflación pero pidieron calma, previsibilidad y respuestas concretas sobre jubilaciones.

El primer mandatario participó del encuentro mediante videoconferencia desde París, donde encabeza la delegación argentina en la Argentina Week. En su intervención ante cerca de 1000 ejecutivos reunidos en el salón principal del Sheraton, Milei repasó los logros de su gestión —el cierre del déficit fiscal “en un mes”, la reforma del Banco Central, la baja de la imputabilidad— y proyectó un escenario aún más ambicioso si consigue la reelección. “A partir del 11 de diciembre del 27, la velocidad que van a tener las reformas va a ser única e irrepetible en el mundo”, afirmó. Y descartó competir con la oposición: “Mi rival soy yo mismo. ¿Qué me importa debatir con un comunista?”.

La sala respondió con aplausos y risas, aunque las conversaciones en los pasillos mostraron una lectura más matizada. Empresarios del sector pyme reconocieron los avances pero reclamaron más previsibilidad. “Hoy tuvimos las dos caras de una moneda: un Lacalle Pou reflexivo, que pide prudencia y paciencia, y un Milei que por momentos se le sale la cadena”, resumió un empresario pyme consultado tras el discurso. “A los dos se los aplaudió porque es cierto que Milei bajó la inflación, pero necesitamos calma”, agregó.

Otro ejecutivo del sector señaló que la baja de precios, aunque bienvenida, no alcanza por sí sola: “Solo con bajar la inflación no alcanza. Además, tuviste 15% en seis meses, tampoco es tan poco”. Un tercer empresario pyme marcó como punto de atención lo dicho por el presidente sobre la reforma previsional: Milei planteó que avanzar en esa materia requiere primero cerrar la brecha entre el empleo formal e informal. “No me queda claro qué está pensando, pero por lo menos parece que lo tiene en mente”, evaluó.

El desafío de crecer 20 años con estabilidad

Antes del discurso presidencial, Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia, dio el tono del encuentro. Lejos de la coyuntura, planteó una pregunta poco habitual para la Argentina: si el país puede sostener la estabilidad y crecer durante 20 años. Su respuesta fue afirmativa. “Siempre pensé que esta era la reunión empresaria más importante de la Argentina. Hoy creo que puede ser algo todavía más relevante: el ámbito donde comencemos a discutir cómo construir una Argentina capaz de crecer durante décadas”, afirmó.

Kon respaldó las reformas que el empresariado reclama desde hace años —equilibrio fiscal, independencia del Banco Central, reforma laboral, desregulación— pero subrayó que ya no alcanzan como horizonte. “La estabilidad no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para mejorar la vida de las personas”, dijo. Y lanzó el interrogante que atravesará las jornadas: “La pregunta ya no es si Argentina puede estabilizarse. La pregunta es qué vamos a hacer con esa estabilidad”.

Justicia, educación e inversión, los ejes del segundo día

La segunda jornada del Coloquio arranca este jueves con una agenda cargada, y cuatro presencias concentran la atención.

Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, abrirá el día con una intervención breve, también desde París. Estará seguida de un panel sobre las condiciones para invertir en la Argentina, en el que expondrá Pablo Goldberg, Managing Director y jefe de Research de Deuda de Mercados Emergentes en BlackRock. La participación del representante de uno de los mayores fondos de inversión del mundo será uno de los momentos más seguidos del día, en un contexto en que la atracción de capitales figura entre las prioridades de la agenda oficial.

Más tarde, el foco pasará a la Justicia. Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación en representación de los abogados del país, y Diego Luciani, fiscal general a cargo de la Fiscalía N° 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, participarán del panel “La justicia desde adentro”. El encuentro llega en un momento en que la independencia y el funcionamiento del Poder Judicial concentran parte del debate público.

El tercer eje del día será la educación, un debate que reunirá a especialistas, funcionarios provinciales y referentes del sector privado. La convocatoria se produce en un contexto en que IDEA calificó de “horrorosos” los últimos resultados de la prueba PISA y advirtió que el déficit educativo compromete el capital humano necesario para sostener el crecimiento.

La jornada cerrará con Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien expondrá sobre la agenda del Senado. Bullrich es, hasta el momento, la única funcionaria del Gobierno confirmada con presencia física en el Coloquio.

El Senado de la República aprobó este 30 de septiembre reformas a la Ley de Inversión Extranjera para ampliar la participación de instituciones de seguridad en la revisión de operaciones que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.

El dictamen fue avalado en lo general con 65 votos a favor y 30 en contra, mientras que en lo particular recibió 65 votos favorables y 28 en contra.

La reforma fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y ahora fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual discusión.

La modificación incorpora a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), donde tendrán voz y voto.

¿Qué cambia con la reforma a la Ley de Inversión Extranjera?

El nuevo esquema establece un procedimiento específico para revisar determinadas adquisiciones de empresas mexicanas por parte de capital extranjero cuando puedan involucrar sectores, infraestructura, tecnologías o información considerados estratégicos.

La CNIE pasará de estar integrada por 10 a 13 secretarías, con la incorporación de Defensa, Marina y Seguridad. Además, cuando se analicen asuntos relacionados con seguridad nacional podrán participar como invitadas permanentes, con voz pero sin voto, las personas titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

También contempla la participación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, debido a sus atribuciones en infraestructura digital, ciberseguridad, inteligencia artificial y protección de datos.

Uno de los principales cambios se relaciona con la adquisición de empresas mexicanas.

La autorización de la CNIE será necesaria cuando un inversionista extranjero busque adquirir más de 49% del capital social de una compañía cuyos activos superen un monto que todavía deberá establecer la propia Comisión y que participe en actividades consideradas estratégicas.

Inversión extranjera: estos sectores estarán sujetos a revisión

El dictamen contempla diversas áreas en las que una operación podrá ser analizada desde la perspectiva de seguridad nacional.

Entre ellas se encuentran:

• Energía y transporte.Salud, minería y comunicaciones.
• Tratamiento y almacenamiento de datos.
• Infraestructura y sistemas digitales.
• Instalaciones aeroespaciales y de defensa.
• Inteligencia artificial, robótica y semiconductores.
• Ciberseguridad, almacenamiento de energía y computación cuántica y nuclear.
• Nanotecnología y biotecnología.
• Actividades relacionadas con insumos fundamentales y seguridad alimentaria.
• Empresas con acceso a información sensible, incluidos datos personales.

El monto de activos que activará este mecanismo aún no está definido. La reforma establece que la CNIE tendrá 180 días naturales después de la entrada en vigor del decreto para emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación la resolución general que establezca dicho umbral.

Cuando una empresa no supere ese monto, pero el inversionista pretenda adquirir más de 49% de su capital, la solicitud ante la Comisión será voluntaria.

En cambio, cuando se cumplan el porcentaje de participación, el umbral de activos y la actividad estratégica, será obligatoria la autorización.

Oposición cuestiona participación de Fuerzas Armadas en la CNIE

Durante la discusión, legisladores de oposición expresaron reservas sobre el nuevo esquema. El senador del PAN, Miguel Márquez Márquez, sostuvo que la participación de Defensa, Marina y Seguridad con voz y voto puede generar incertidumbre para quienes buscan invertir en México.

El legislador señaló que su bancada respalda la protección de la seguridad nacional, pero cuestionó que las Fuerzas Armadas formen parte con derecho a voto de las tareas ordinarias de un órgano de naturaleza económica y civil.

Por su parte, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, centró sus críticas en la falta de definición del monto de activos y de algunos de los sectores sujetos al procedimiento. También cuestionó que el silencio de la autoridad implique la negativa de la solicitud una vez vencidos los plazos.

Desde Morena, el senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, defendió el dictamen y señaló que la incorporación de Defensa, Marina y Seguridad no modifica el régimen de áreas estratégicas previsto en la Constitución.

Reyes sostuvo que el objetivo es mantener la apertura a la inversión extranjera y, al mismo tiempo, contar con mecanismos para revisar operaciones que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien presentó el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, explicó que la reforma no pretende someter toda la inversión extranjera a revisión, sino establecer reglas específicas para operaciones que puedan implicar control sobre infraestructura, tecnologías o información estratégica.

La reforma también modifica el régimen de sanciones. Entre las nuevas infracciones se contempla transferir una participación accionaria pese a que la CNIE haya negado la operación o sin contar previamente con una resolución favorable. Estas conductas podrán ser sancionadas con multas de 5,000 a 200,000 veces el valor diario de la UMA.

El dictamen aprobado por el Senado fue enviado a la Cámara de Diputados, donde continuará su proceso legislativo.

Desde París, Francia - Hubo charlas y guiños para todos los gustos. Desde chicanas futboleras, hasta comentarios políticos, pasando por cuestiones más personales y, claro, negocios. Siempre negocios.

Unos 150 integrantes del círculo rojo vernáculo, buena parte de los más encumbrados de ese selecto grupo, se reunió esta noche en la Embajada Argentina en esta ciudad, en el número 6 de la rue Cimarosa, a pocas cuadras de la plaza Trocadéro y de la que quizás sea la mejor vista de la Torre Eiffel. El anfitrión y organizador del evento fue el embajador Ian Sielecky.

Así arrancó Argentina Week, el evento con el que Javier Milei busca captar inversiones europeas, mostrar sus reformas y convencer a todos de que será reelecto el año que viene. Llega de la mano de Vaca Muerta y de otros sectores ganadores de su gestión, como la minería y el campo. El mandatario no estuvo en el evento: estaba previsto. Sí pasaron 13 gobernadores y la vice de Córdoba, y otros funcionarios del gabinete, como Diego Santilli, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Mario Lugones, Santiago Bausili y Juan Bautista Mahiques. Llamó la atención a varios la presencia de Juan Pazo, el extitular de ARCA, quien entró a la embajada junto a los funcionarios.

Fue el show del abrazo por momentos: parece que muchos de los presentes no se ven tan seguido en Buenos Aires... o será el aire parisino, esta vez algo denso luego de un día de intensa lluvia otoñal. Por ejemplo, el que se dieron Horacio Marín, presidente de YPF, y Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, dos de los expositores de mañana en la primera jornada del evento en la OCDE, y dos de los grandes jugadores de Vaca Muerta. Una liga en la que está también Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, a quien se vio hablar animadamente con empresarios y gobernadores.

Otros “energéticos” presentes fueron José Luis Manzano, uno de los dueños de Edenor y flamante controlante de Metrogas, y su socio Mauricio Filiberti, que es parte de uno de los consorcios que puja por Aysa. Manzano, quien viene de reunirse con Axel Kicillof en Nueva York, se excusó amablemente de hacer comentarios. También se lo vio, siempre elegante, a Patricio Neuss, uno de los “nuevos” del sector que con un consorcio de socios maneja distribuidoras en el norte, generadoras en el sur y acaba de ingresar como accionista a Transener.

Los discursos los abrió Sielecki. “En esta misma embajada, siendo embajador, Juan Bautista Alberdi defendió su idea de una Argentina libre y próspera tras haber redactado las bases de su proyecto de constitución”, destacó, enfático.

“Hoy es un día especial. Primero, es especial para esta embajada porque excepcionalmente tenemos el presupuesto para servir comida”, dijo, mitad en serio, mitad en broma. Comida hubo, y muy rica, sobre todo la mousse de chocolate del postre, pero Sielecki remarcó que el evento se hizo con “cero pesos del Estado”.

Y deseó que del evento se diga en el futuro que fue “el momento acelerador y el reflejo más fiel del nuevo lugar de la Argentina en el mundo”. Lo aplaudieron su padre, Carlos Sielecki, y sus tíos Daniel (Elea) y Marcelo (TGS).

Después habló el invitado especial de la noche, el ministro de Economía de Francia, Ronald Lescure, quien tuvo un aparte con Caputo de varios minutos, y dejó una clara arenga: “Si quieren ir a Europa, empiecen por París”.

Se declaró futbolero y contó que la última vez que había escuchado los himnos de Argentina y Francia juntos fue hace cuatro años, en clara referencia a la final del mundial de Qatar. “Me encanta el fútbol. Y creo que podemos decir con orgullo que esa fue la mejor final de un Mundial de todos los tiempos. Y voy a demostrarles que los franceses somos muy humildes: sentí aquella noche que ganó el mejor”. Hubo aplauso cerrado. Un empresario muy futbolero tiró “puñito”, por lo bajo, de festejo.

Lescure tiene un frente interno complejo, con reducción de la previsión de crecimiento y un ajuste de unos 50.000 millones de euros que generaron protestas estudiantiles y obreras en París. Mañana seguramente estará en la recepción que le hará Macron a Milei en el Palacio Elíseo.

También hablaron Santilli y Quirno.

Gobernadores

Junto con los empresarios de Vaca Muerta, los gobernadores son las estrellas del encuentro. Por peso específico, pero sobre todo por lo que vendrá. Aquí todos hablan de las PASO, si se suspenden o no. Ayer hubo una cena donde claramente se habló del tema. Prueba irrefutable: un mandatario provincial reconoció que fue el gran tema, otro que “poco y nada” y, finalmente, uno se escabulló diciendo que “nada que ver”. Hay negociación fina y otro de ellos pidió calma: “Falta todavía”. Cada vez menos, en rigor. Que no esté ‘ficha limpia’ en la reforma política podría ser moneda de cambio para varios.

Cómo sea, las PASO fue uno de los grandes temas políticos de la noche.

Ignacio Lamothe, presidente del CFI, socio estratégico de los gobernadores y del interior, venia de participar de las jornadas de trabajo propuestas por la embajada y de reunirse con organismos de formación del gobierno francés.

Esta tarde, Frigerio se reunió junto con el secretario de Hacienda nacional, Carlos Guberman; el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; y otros funcionarios provinciales, con un grupo de empresarios e inversores europeos. Frigerio presentó las oportunidades de inversión que ofrece Entre Ríos y las condiciones que viene generando la provincia para atraer capital privado, ampliar la producción y generar empleo.

“Hay interés real por el país y algunas dudas, sobre todo si hay chances de volver para atrás. Son dudas políticas, en general. Que hayamos venido tantos gobernadores ayuda mucho, no es usual una delegación nacional de ese tipo”, dijo el entrerriano. En medio de la charla, se sumó Ernesto Sáenz, de Salta. “No me contradigas”, bromeó el ex ministro de Macri. “Le vamos a contar al mundo otra vez lo que tenemos y las oportunidades que hay. Hay diálogo y lo importante es que crean en las políticas públicas a futuro. Hay que ponerse de acuerdo en tres o cuatro cosas”, afirmó el salteño.

Ignacio “Nacho” Torres de Chubut prometió un anuncio hidrocarburífero para mañana en la OCDE. Estarán Santilli, Caputo; Marcos Bulgheroni y el diputado nacional Jorge “Loma” Ávila. Sería un RIGI para PAE.

También estuvieron Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri (CABA).

Entre cazuelas y copas de Malbec, los funcionarios hablaron, pero poco. Sturzenegger auguró dos días fructíferos de trabajo, y Quirno dijo que espera anuncios de inversiones y celebró la presencia de los gobernadores.

Canapé en mano, se vio hablar animadamente a dos referentes de sectores muy diferentes: Manuel Santos Uribelarrea, histórico sojero ahora volcado a la energía, y Federico Lauría, el productor musical detrás de Bizarrap, Duki y muchos otros artistas.

También estuvieron Martín Varsavsky, Federico de Narváez (GDN), Federico Tomasevich (Puente), “Georgie” Neuss, Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant), Alejandro Elsztain (Cresud), Ezequiel Herzage (IRSA), Sergio Mengoni (TotalEnergies), Federico Ovejero (Roche) Julián Escuder (Pluspetrol), los economistas Javier Timerman, Darío Epstein y Miguel Ángel Boggiano, y dirigentes empresariales como Nicolás Pino (SRA), Martín Rappallini (UIA) y Pablo Miedziak (IAEF).

Mariano Bosch llegó junto a Juan Sartori, el magnate uruguayo accionista de Sunderland inglés y vicepresidente del club Mónaco, quien es representante del gigante cripto Tether en la región y se quedó meses atrás Adecoagro, fundada por Bosch, en unos USD 600 millones. Y tiene otras empresa en la mira.

Y también dijeron presentes algunos de los integrantes del “semillero” del circulo rojo. Todos, en rigor, ya con recorrido probado. En París se vio a los hijos de Martín Migoya, Facundo y Manuel, que manejan Enigma; a dos de los hijos de Marcelo Mindlin, Nicolás (Pampa y Cocos) y Andrés (Creaurbana y Loma Negra), y a Gregorio Werthein (Calwaro Capital), hijo de Gerardo, ex canciller.

Desde París, Francia - Horacio Marín, CEO y presidente de YPF, es una de las voces empresarias más esperadas en la primera jornada del Argentina Week que comenzará formalmente mañana en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en esta ciudad. Es que YPF es sinónimo de Vaca Muerta.

El evento, organizado por la Embajada Argentina, contará con la presencia del presidente Javier Milei, buena parte de su gabinete, 14 gobernadores y unos 700 empresarios, la mayoría CEOs y presidentes de empresas europeas.

El ejecutivo llegó a Francia luego de participar en Nueva York del anuncio del Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa impulsada por los gobiernos de Estados Unidos y la Argentina para promover inversiones en infraestructura estratégica. El Exim Bank prevé aportar hasta USD 6.000 millones para financiar empresas estadounidenses que trabajarán en Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas licuado que YPF desarrolla junto con ENI y XRG para exportar gas licuado de Vaca Muerta desde Río Negro.

Marín afirmó que la compañía ya produce 240.000 barriles diarios propios en el yacimiento shale estrella del país, contra los 95.000 barriles del comienzo de su gestión.

YPF acaba de aumentar 1% en promedio el precio de los combustibles, menos que sus competidores, y sigue sosteniendo el esquema de buffer de precios que planteó hace unos meses para evitar el “serrucho” de precios en medio del conflicto bélico en Medio Oriente. “La idea es ayudar a la gente. Dilatamos nuestros ingresos ahora, pero se van a recuperar más adelante. A mí en la calle me dan besos, no me putea nadie. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien”, resumió Marín en una entrevista en un hotel parisino de la que participó Infobae.

—¿La decisión respondió a un pedido del Gobierno para contener la inflación?

—No. Mi trabajo es YPF, no la inflación. Las decisiones de YPF las toma YPF. Lo hicimos porque un aumento de 20% o 30% en un solo día no lo soporta ningún mercado. Habría afectado la relación de la compañía con sus consumidores.

“YPF está sólidamente y gana dinero. Está aumentando la producción y el año próximo pagará impuesto a las Ganancias por primera vez desde 2014. Será un número alto, superior a USD 1.000 millones”, detalló el empresario cuando se le pidió que resuma en contexto económico de la empresa. Sería una buena noticia para el ministro Luis Caputo y las siempre flacas arcas del Tesoro argentino.

Sobre la idea de la economía a dos velocidades, el empresario aseguró que es imposible que todos los sectores se muevan a la misma velocidad y relativizó la polémica en la quedó involucrado, días atrás, con Alfonso Prat-Gay sobre el derrame de Vaca Muerta. “Se debe haber juntado con alguno de los perdedores de YPF. Creo que fue un error, que generalizó una particularidad. No sé si se equivocó o lo usó políticamente. Luego me preguntaron por el año que viene y ahí dije ‘no se jode con Vaca Muerta’ porque es para todo el país, no para un sector. Gane quien gane no hay lugar para que no se desarrolle”.

— ¿No hay lugar para que eso pase?

— No, tenemos todos los contratos hechos y, además, Milei va a reelegir. Ahora tenemos RIGI, un súper proyecto, somos eficientes y hacemos las cosas bien.

— ¿Cree que habrá turbulencias cambiarias en el año electoral?

— El equipo económico está preparado y tienen muy claro a dónde va. Argentina va a crecer. Las transformaciones económicas de esta magnitud no se resuelven de un día para otro. Hay un período de ajuste, porque se pasa de un esquema de precios subsidiados a uno más cercano a la realidad. Pero el Gobierno se preparó bien y el resultado será positivo.

— ¿Qué expectativas tiene sobre Argentina Week en París?

— Son reuniones muy buenas para generar negocios y para mostrar hacia dónde va la Argentina. En nuestro caso, quiero hablar poco y que hablen más los socios. Es más importante que ENI y XRG expliquen por qué decidieron participar en Argentina LNG y qué ven en el proyecto. Son dos compañías muy reconocidas en el negocio del gas natural licuado.

— ¿Qué representa el respaldo del EximBank de Estados Unidos para Argentina LNG?

— Es extremadamente importante. Para llegar al inicio de la operación comercial, el proyecto requiere unos USD 30.000 millones, de un total de USD 51.000 millones, pero hasta el inicio de las ventas se necesitan esos USD 30.000 millones. La carta de intención del EximBank es por hasta USD 6.000 millones y nos da una base muy buena para movernos rápido hacia la decisión final de inversión.

— ¿Se trata de un desembolso inmediato?

— No. Es una carta de intención, no un contrato firmado. Hay un proceso posterior, con permisos ambientales, documentación y todas las verificaciones correspondientes. Pero hay un term sheet y la intención es no esperar 18 meses para avanzar. Con las cartas de intención se puede tomar la decisión final de inversión y, si hace falta, utilizar financiamiento puente.

— ¿Qué parte del proyecto estará a cargo de empresas estadounidenses?

— La planta de separación en Río Negro, una instalación de 170 hectáreas. Allí llegarán el gas húmedo y los líquidos provenientes de Vaca Muerta. La planta separará y acondicionará los productos antes de que el gas vaya a la instalación de licuefacción. Es una obra de una escala muy grande, con una inversión cercana a USD 8.000 millones.

— ¿Cuándo se conocerá el resultado de la licitación de caños para el proyecto?

— El 20 de octubre. Será una subasta inversa modificada por YPF. Participarán sólo el vicepresidente de Supply Chain, el equipo responsable y un escribano. Se arranca con una oferta y se va bajando hasta que uno gana. Cuando termina la subasta, se conoce el resultado rápidamente. Es una licitación del consorcio integrado por YPF, Eni y XRG.

— ¿Existe una restricción para empresas chinas en esa licitación?

— No hay una cláusula de ese tipo. Se analiza el origen, las condiciones técnicas y comerciales, y se busca evitar problemas futuros, como posibles casos de dumping. El proceso busca ser transparente.

“Hay que ir pasando del proceso de generación de confianza a concretar inversiones”, señaló Mariano Mayer en una entrevista con Infobae en Vivo, al referirse a la agenda de actividades en la capital de Francia. Según planteó, el interés externo ya se concentra en actividades tradicionales, aunque el objetivo es ampliar el vínculo con el ecosistema emprendedor argentino.

El directivo sostuvo que durante los primeros 18 meses de la actual gestión nacional las inversiones francesas en el país crecieron 50%, de acuerdo con datos mencionados por el embajador argentino en París. Mayer ubicó a la energía, el litio y el agro entre los rubros que concentran la atención de las empresas y los fondos.

ARCAP buscará posicionar a la tecnología argentina ante fondos europeos

La participación de ARCAP incluirá un evento programado para el viernes por la mañana, centrado en empresas tecnológicas e inteligencia artificial. La asociación reúne a fondos de capital privado que invierten en emprendimientos, pequeñas y medianas empresas y compañías de mayor escala en la Argentina.

Mayer consideró que el vínculo entre los fondos europeos y el capital emprendedor argentino aún es menor que el que existe con Estados Unidos, pero sostuvo que hay condiciones para desarrollarlo. “Francia ha hecho una apuesta muy grande” por la inteligencia artificial, afirmó, y destacó la presencia de emprendedores, inversores y grandes corporaciones vinculadas al sector.

En ese panel participarán Emiliano Kargieman, fundador de la compañía satelital Satellogic, junto con referentes de proyectos de centros de datos, Martín Varsavsky y ejecutivos de Globant. La agenda buscará mostrar proyectos vinculados con satélites, infraestructura digital y aplicaciones tecnológicas para sectores productivos.

El presidente de ARCAP remarcó que varias compañías francesas que invierten en la Argentina en energía, minería o agro pueden convertirse en potenciales socios de emprendimientos tecnológicos locales. “Creemos que ahí hay una oportunidad”, sostuvo.

Los inversores observan la continuidad de las políticas económicas

Consultado sobre el efecto de los indicadores económicos y financieros en las decisiones de inversión, Mayer afirmó que los fondos internacionales suelen analizar las perspectivas de mediano y largo plazo. En ese sentido, indicó que el foco está puesto en la continuidad de las políticas y en la reacción del Gobierno ante los desafíos macroeconómicos.

“Lo que más están mirando es cuál es la reacción frente a esos desafíos”, dijo. Para el titular de ARCAP, la consistencia en el objetivo de equilibrio fiscal es uno de los factores que puede acelerar la recuperación de la confianza.

También reconoció que el calendario electoral aparece en las conversaciones con los inversores. Sin embargo, destacó la presencia de gobernadores argentinos en las actividades de la Argentina Week, al considerar que transmite una señal de consenso político sobre actividades capaces de impulsar empleo y desarrollo en las provincias.

“En ciertas cosas hay un consenso y ese consenso debiera mantenerse más allá de elecciones puntuales”, afirmó Mayer. Según su análisis, los fondos valoran que las inversiones en sectores estratégicos tengan respaldo más allá de los cambios de administración.

Mayer destacó el interés europeo por la energía y los proyectos digitales

Mayer señaló que, tras encuentros similares realizados en Nueva York, algunos inversores estadounidenses retomaron sus aportes en compañías tecnológicas de América Latina y la Argentina. En París, la expectativa está puesta en que capitales europeos sigan el mismo camino.

Entre los asistentes mencionó al director ejecutivo de Qatai, un fondo global que, según Mayer, maneja miles de millones de dólares y designó a un responsable para América Latina. El ejecutivo participará de un panel junto a Martín Migoya, cofundador y director ejecutivo de Globant.

Para Mayer, la presencia de ese tipo de fondos representa una señal de interés por la Argentina, con especial atención en la energía y las tecnologías aplicadas a esa actividad. “Los inversores europeos están empezando a mirar el ecosistema tecnológico argentino como algo interesante”, sostuvo.

El dirigente de ARCAP señaló que la estrategia en París será presentar el talento emprendedor local y fomentar vínculos con empresas francesas y europeas. La siguiente etapa, agregó, consistirá en invitar a esos potenciales inversores a conocer proyectos y actividades en la Argentina.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Desde París, Francia - La cena de lanzamiento de la edición francesa de Argentina Week, el evento con el que Javier Milei y su gobierno buscan captar inversiones -europeas, en este caso- y promocionar las reformas que llevan adelante desde que llegaron a la Casa Rosada, comenzará hoy en esta ciudad.

“Es un encuentro que reunirá a autoridades nacionales y provinciales, empresarios argentinos y líderes de compañías francesas y europeas para presentar las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece la Argentina”, destacaron desde el Gobierno.

Es un arranque protocolar, pero no por eso de bajo impacto: será esta noche, en la Embajada Argentina, en la coqueta rue Cimarosa de Barrio XIV de París. El embajador Ian Sieleki, organizador del evento parisino, será el anfitrión de la noche. El ágape convocará a buena parte de los empresarios y funcionarios que cruzaron el Atlántico y contará con un invitado especial, el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure. No está prevista, al menos hasta el momento, la presencia del presidente Milei, quien llegará hoy por la tarde a esta capital.

Sielecki es un joven diplomático de 36 años con estrechos vínculos con varios de los altos funcionarios de la administración de Emmanuel Macron, con muchos de los cuales estudió. Uno de esos vínculos estrechos es con Lescure.

“Es prácticamente inédito que un ministro de economía de Francia vaya a una embajada a eventos de este tipo. Es muy importante, no solamente por lo simbólico, sino porque, además, refleja el gran aumento de las relaciones económicas desde que asumió el presidente Milei”, le dijo el diplomático a Infobae y destacó que en la primera mitad del mandato libertario las inversiones aumentaron 50,7 por ciento.

“También es una buena oportunidad de destacar que Francia fue uno de los países que más nos apoyó en la renegociación con el FMI, el Presidente lo dijo varias veces en los últimos días, y también en el juicio de YPF en Estados Unidos. Por otro lado, firmamos un acuerdo de minerales críticos muy importante”, agregó.

Antes del comienzo del evento, Milei brindó una entrevista al medio galo Le Point en la que adelantó que los inversores franceses “son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina” y sumó que “sus ganancias crearán empleos y prosperidad para los argentinos”. “Si ustedes detestan a Francia, voten por la izquierda y la extrema izquierda”, indicó el jefe de Estado.

Funcionarios, gobernadores y empresarios

Los que sí estarán presentes son los gobernadores que integran una nutrida comitiva, muchos de los cuales llegaron a la “La Ville Lumière” ayer martes. Son aliados o “cercanos” a la gestión de La Libertad Avanza y suelen acompañar en votaciones clave en el Congreso. Está prevista la presencia de Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (CABA).

La delegación del Gobierno incluye además a Karina Milei (secretaria General de Presidencia), los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (canciller), Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Mario Lugones (Salud). También viajarán Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa; y Santiago Bausili, presidente del BCRA, y Diego Sucalesca, titular de PromArgentina, la agencia oficial de inversiones. Si había alguna duda de que la energía y Vaca Muerta serán eje central del encuentro, ya lo había sido en el Argentina Week Nueva York, en marzo pasado, el área energética tiene presencia completa con el coordinador de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli; y la secretaria de Energía, María Tettamanti.

Entre los empresarios argentinos estarán Horacio Marín (YPF), Marcos Bulgheroni (PAE), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Mariano Bosch (Adecoagro), Alejandro Elsztain (Cresud), Manuel Antelo (Grupo Antelo), Juan Pablo Bagó (Bagó), Martín Migoya (Globant), Martín Varsavsky (Inception Fertility), Alejandro Bulgheroni (presidente de PAE), Martín Eurnekian (Corporación América), Francisco de Narváez (GDN), Juan Garibaldi (Danone), Emiliano Kargieman (Satellogic) y Mariano Mayer (Newtopia), entre otros. También dirigentes empresariales, como Bettina Bulgheroni (Cicyp), Martín Rappallini (UIA) y Nicolás Pino (SRA). Estos dos últimos son miembros del Grupo de los Seis y representantes de sectores que marchan a velocidades dispares, las ya famosas dos velocidades de la economía vernácula. En este caso la industria -que tiene una parte beneficiada con los proyectos del RIGI, pero con miles de pymes que la pasan muy mal-, y el campo, que en general celebra.

Se esperan unos 700 participantes de los cuales solo unos 200 serán argentinos. Los intentos de acreditación aumentaron a último momento y con todas las listas cerradas, varios se tomaron igual el avión para esta ciudad; a ver si pueden entrar de alguna manera. Será difícil: la seguridad de la sede de la OCDE, donde hablarán Milei mañana, es más que estricta.

Días atrás, París estuvo convulsionada por la visita del papa León XIV y, en las últimas horas, una serie de protestas estudiantiles y de otros sectores por recortes presupuestarios se extendió por las calles parisinas y redundó en bloqueos y enfrentamientos con la policía que dejaron unos 440 detenidos.

Ministro francés

Como se dijo, una de las presencias estelares de la noche de hoy será el ministro francés, un alfil de Macron, quien recibirá mañana a Milei y a buena parte de su comitiva en el Palacio Elíseo. Habrá una bilateral cerrada de los mandatarios y luego un encuentro de trabajo al que se sumarán funcionarios de ambos países y algunos empresarios.

Hace pocos días, Lescure hizo lo que ninguno de sus colegas quiere hacer en público: anunció que la previsión de crecimiento de Francia para este año bajó a 0,5%, contra el 1% anterior. Y a continuación pidió, con la palabra “imperiosa” en la boca, aprobar el presupuesto 2027 lo antes posible, ojalá antes de fin de año.

Su cartera es más amplia, en rigor: Ministerio de Economía, Finanzas y Soberanía industrial, energética y digital. Es el cargo que en Francia se conoce por su sede, Bercy.

Lo más revelador de su currículum está en Canadá. Entre 2009 y 2017 fue vicepresidente primero y jefe de inversiones de la Caisse de dépôt et placement du Québec, uno de los fondos públicos más grandes del mundo. Como su actual par argentino, estuvo también del otro lado del mostrador.

La política llegó de la mano de Emmanuel Macron. Ocupó varios cargos y ahora le toca uno de los más difíciles. Puso sobre la mesa un esfuerzo de unos 30.000 millones de euros de ahorro para 2027, con fuerte contribución de los jubilados de mayores ingresos, aunque aseguró que ninguna pensión bajará. Sin mayoría en el Parlamento, no descartó accionar por decreto y dijo que prefiere dejar de ser ministro con un presupuesto aprobado antes que seguir en el cargo sin él.

Mañana será el comienzo formal de Argentina Week París: una larga jornada en la sede de la OCDE. Hablarán Milei, Caputo y Bausili, y habrá paneles de sectores estratégicos, como energía y minería, y la promesa de muchos europeos de peso en el auditorio. Se esperan anuncios de inversiones, pero sobre todo, transmitir la idea que Milei busca instalar desde que asumió: que ahora en Argentina sí es diferente.

La asociación inPERÚ confirmó que una delegación de más de 70 empresarios y autoridades peruanas viajará a Nueva York los días 26 y 27 de octubre para desarrollar la décimo novena edición de su Roadshow internacional. El encuentro, que se realizará en una de las plazas financieras más relevantes del mundo, tiene como objetivo central presentar ante inversionistas extranjeros las oportunidades de negocio que ofrece el Perú y explicar los lineamientos de la política fiscal y monetaria vigente en el país.

La comitiva estará encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y contará también con la participación de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR); Juan Pichihua, superintendente del Mercado de Valores (SMV); Luis del Carpio, director ejecutivo de Proinversión, y Rafael Carranza, presidente de la Bolsa de Valores de Lima, entre otras autoridades del sector público y privado.

Durante las dos jornadas del evento se desarrollarán conferencias, mesas redondas, reuniones bilaterales y espacios de networking con representantes del mercado financiero internacional. Especialistas en economía, finanzas y comercio internacional expondrán sus perspectivas sobre el entorno económico global y las oportunidades concretas que Perú ofrece en sectores como minería, infraestructura, agroindustria, tecnología y turismo.

El encuentro se produce en un contexto de mayor previsibilidad política tras las recientes elecciones de autoridades nacionales, regionales y locales en el país, aunque también en medio de desafíos como el incremento de la inseguridad ciudadana y los efectos previstos del Fenómeno del Niño.

Una organización con más de tres décadas de trayectoria empresarial

Mercedes Aráoz, presidente de inPERÚ y del Directorio de Cavali, sostuvo que durante los últimos treinta años el país ha construido una fortaleza macroeconómica sólida, respaldada por instituciones técnicas que lograron preservar la estabilidad incluso en contextos de alta volatilidad. Según explicó, más allá de los ciclos políticos y de los desafíos propios de la democracia peruana y de fenómenos naturales, el país mantuvo atributos estructurales clave.

Entre esos atributos, Aráoz mencionó una política comercial activa con 22 Tratados de Libre Comercio, una política monetaria autónoma conducida por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), y un sector privado que incorporó de manera creciente criterios de sostenibilidad, innovación y tecnología. “El Perú ha mantenido atributos estructurales clave”, remarcó la funcionaria al referirse al perfil económico que la delegación buscará transmitir a los inversionistas neoyorquinos.

Nueva York, la vitrina financiera elegida para posicionar a Perú

Juan Carlos Mandujano, director ejecutivo de inPERÚ, afirmó que se trata de un momento clave para volver a exhibir en el exterior el potencial de los distintos sectores económicos del país en una de las principales vitrinas financieras del planeta. “Nueva York es una de las principales plazas financieras y resulta fundamental mantener una presencia activa frente a inversionistas internacionales”, señaló el directivo.

Esta será la séptima visita de una delegación de inPERÚ a la ciudad estadounidense desde la creación de la organización. En total, la entidad desarrolló 18 Roadshows previos, visitó 22 ciudades de América, Asia y Europa, y logró reunir a más de 9.000 inversionistas interesados en la diversidad multisectorial que ofrece el país sudamericano.

Los objetivos trazados para la nueva edición del encuentro

Mandujano precisó que con este Roadshow se espera continuar con el posicionamiento del Perú como un país atractivo para la inversión extranjera, además de seguir impulsando la llegada de nuevas delegaciones internacionales con interés en el mercado local. La cita de octubre se suma así a la estrategia de largo plazo que la asociación desarrolla desde su fundación.

inPERÚ es una asociación privada sin fines de lucro que promueve las inversiones y el desarrollo de los mercados de capitales y financieros. Fue fundada por las principales organizaciones empresariales del país, entre ellas la Asociación de Bancos (Asbanc), la Asociación Peruana de Finanzas (APEF), la Asociación de AFP, la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa (ASAB), la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Cavali y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

La iniciativa estará concentrada en 176 proyectos, de los cuales 37 fueron identificados como prioritarios por su importancia para sectores como infraestructura, energía, minerales críticos, turismo y tecnología. La apuesta oficial consiste en acercar esas iniciativas a actores internacionales con capacidad de aportar recursos y convertir el interés por Colombia en proyectos concretos.

La convocatoria fue reforzada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien divulgó un video desde Nueva York para invitar a los inversionistas a participar en la jornada. Desde esa ciudad, el funcionario aseguró: “Aquí, desde lo más alto de Nueva York, estamos pensando en grande en el gobierno de Abelardo de la Espriella”, y agregó que el país ya se encuentra “ad portas de las Milagro Weeks”.

El encuentro hace parte de una estrategia de promoción de Colombia como destino para capitales extranjeros. Durante la reciente Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Restrepo estuvo al frente de la delegación colombiana y sostuvo más de 300 reuniones con empresarios, inversionistas y representantes de fondos internacionales.

Esos contactos estuvieron orientados a presentar la visión del Gobierno sobre las oportunidades que ofrece el país. Entre las áreas señaladas estuvieron la infraestructura, la energía, los minerales críticos, el turismo y la tecnología. La intención planteada por la Vicepresidencia es que las conversaciones con potenciales inversionistas avancen hacia financiación, proyectos y generación de empleo.

El portafolio, que será presentado en Nueva York, busca, precisamente, facilitar ese vínculo entre los recursos internacionales y las iniciativas colombianas. De acuerdo con la Vicepresidencia, la estrategia pretende beneficiar a regiones con potencial para recibir inversión y fortalecer sus economías locales.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, respaldó la convocatoria y explicó el propósito de estas jornadas. “Al final, las Milagro Weeks son inversión extranjera llegando a Colombia, inversión que se traduce en mayores oportunidades y empleo para los colombianos de a pie”, señaló. Restrepo, por su parte, resumió la meta que el Gobierno plantea para estos encuentros: “Queremos que el interés por Colombia se convierta en capital efectivo, proyectos, obras y empleo. La Milagro Week será el espacio para llevar nuestros proyectos directamente a quienes tienen la capacidad de invertir”.

Restrepo confirmó que la cita será el 16 de noviembre en Nueva York y extendió la invitación a los potenciales participantes: “16 de noviembre, aquí nos vemos, Milagro Week en la ciudad de Nueva York”. Luego añadió: “Los espero a todos los inversionistas”.

Hasta ahora, las declaraciones entregadas por el vicepresidente y el ministro no detallan el programa completo de la jornada, los sectores que tendrán una presentación específica ni el número de inversionistas que se espera reunir.

La convocatoria está alineada con la apuesta del presidente Abelardo de la Espriella por impulsar la iniciativa privada, atraer capital y tecnología, ampliar el acceso a nuevos mercados y promover la creación de empleo. El Gobierno resume ese llamado con un mensaje dirigido a los inversionistas: “Vengan a Colombia. Inviertan en Colombia. Crezcan y prosperen con Colombia. Crean en Colombia”.

Con la ‘Milagro Week’, el Gobierno busca llevar directamente esas oportunidades ante inversionistas internacionales y abrir espacios para que el capital extranjero se traduzca en nuevas iniciativas productivas. La apuesta busca que la conexión permita movilizar recursos hacia iniciativas con impacto regional y capacidad productiva, en distintas regiones del país, fortaleciendo proyectos con posibilidades de crecimiento y generación de empleo.

“Será el mayor road show de la historia reciente de la Argentina, una delegación importante para mostrar lo que está pasando en el país”, prometen en el Gobierno sobre Argentina Week París, el nuevo evento de promoción del país que encabezará en presidente Javier Milei la semana que viene en la capital francesa, una ciudad cruzada por estas horas por la visita del Papa León XIV.

El objetivo central de este nuevo encuentro de alto nivel empresarial –que se desarrollará entre el miércoles y el viernes próximos– es conseguir inversiones y mostrar “la transformación argentina”, tal como está titulada la primera de las tres jornadas del evento que se desarrollará en varias locaciones parisinas, como la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Agencia Internacional de Energía, la Cámara Internacional de Comercio y la Embajada Argentina en la “Ciudad luz”, que encabeza el embajador Ian Sielecki, anfitrión y organizador de la reunión.

“Vamos a mostrar los actores más relevantes de la transformación argentina, tanto los políticos como los económicos. Con mucho foco europeo del lado de los invitados”, destacaron desde el Gobierno. Se esperan unos 400 concurrentes a un evento sold out que tuvo que abrir lista de espera.

“Haber podido captar tanto interés en participar de los principales inversores europeos es posible gracias a dos factores: la seriedad macroeconómica de la Argentina y el magnetismo internacional del presidente Milei”, resumió Sielecki ante una pregunta de Infobae.

En medio del evento de negocios habrá tiempo también para la política: el jueves por la noche está prevista una recepción en el Palacio del Elíseo con el presidente Emmanuel Macron como anfitrión de la delegación local.

A Milei se sumarán unos 12 gobernadores, buena parte del gabinete nacional y empresarios destacados, sobre todo de los sectores de la economía que más traccionan. Son los ganadores, los que van por la autopista y aprovechan la más rápida de las velocidades en las que se mueve la economía vernácula: energía, minería, agro y economía del conocimiento. Los motores del crecimiento.

Claro, todo en medio de un contexto electoral, con variables económicas que empiezan a dar señales de alerta: desde la pobreza, que aumentó a 32,3% en el primer semestre del año –un incremento de 4,1 puntos porcentuales respecto al semestre previo y 15,5 millones de argentinos afectados–, hasta la actividad que no para de caer –2,9% en julio– y que deja al Gobierno al borde de una nueva recesión, por más que Milei asegure que es un tema que no le preocupa. “No vemos ningún problema con el crecimiento. Este año vamos a crecer alrededor del 3%, tal vez un poco menos, y se espera que el próximo año sea más o menos similar”, dijo el libertario el jueves pasado en una entrevista con Bloomberg en EEUU.

Dudas de ese tipo y otras similares seguramente tendrá que responder el mandatario en París, donde hablará el miércoles al mediodía. Su exposición será en el centro de convenciones de la OCDE –antes de un almuerzo en el coqueto palacio del mismo predio–, el mismo organismo que la semana pasada rebajó la previsión de crecimiento para el país a 2,6% para 2026 y estimó una inflación anual de 30,8 por ciento.

Hasta el momento, desde el Gobierno confirmaron la presencia de los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilnek (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca). En las últimas horas dio el ok también Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

Además del Presidente, la comitiva presidencial estará integrada por Karina Milei (secretaria General de Presidencia), los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Canciller), Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Mario Lugones (Salud). También viajarán Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa; y Santiago Bausili, presidente del BCRA.

Empresarios

Al igual que pasó con la primera edición de Argentina Week en Nueva York, se espera que haya anuncios de inversiones. La petrolera local Pluspetrol será una de las protagonistas en ese sentido, aunque aún no trascendieron detalles. También habrá novedades de otras empresas vinculadas a la energía y el sector pesquero firmará importantes convenios con pares europeos. Dos empresas del rubro hotelero comunicarán inversiones en el país, eventos en los que está previsto que participe Karina Milei, según pudo saber este medio.

Entre los empresarios que hablarán en la primera jornada en la OCDE están Horacio Marín (YPF), Marcos Bulgheroni (PAE), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Mariano Bosch (Adecoagro), Alejandro Elsztain (Cresud), Manuel Antelo (Grupo Antelo), Juan Pablo Bagó (Bagó), Martín Migoya (Globant) y Martín Varsavsky (Inception Fertility).

“Será una gran oportunidad para seguir mostrándole al mundo el potencial de la Argentina y todo lo que nuestro país tiene para ofrecer. Desde YPF vamos a compartir el trabajo que estamos desarrollando junto a Eni y XRG para hacer realidad Argentina LNG, un proyecto que permitirá posicionar al país como un productor confiable de GNL a nivel mundial. Venimos de Gastech, donde pudimos comprobar el interés que genera este proyecto en la industria energética mundial”, le dijo Marín a Infobae.

“Confiamos en que estos encuentros, impulsados por el Gobierno, son una excelente plataforma para seguir generando vínculos, atraer inversiones y mostrar las oportunidades que ofrece la Argentina”, agregó.

Marín viene de recibir buenas noticias en Nueva York, donde participó del anuncio conjunto de los gobiernos de EEUU y Argentina, que lanzaron el Corredor Andes-Atlántico. Se trata de una iniciativa de promoción económica, pero con condimentos geopolíticos evidentes –y la intención de bloquear la influencia china en la región–, que incluye inversiones por USD 7.000 millones para el año que viene para áreas estratégicas de infraestructura. Gran parte de ese monto, unos USD 6.000 millones que aportará el Exim Bank, irán a Argentina LNG, el principal proyecto de Marín y la empresa que comanda. También, el más ambicioso de la historia argentina: USD 51.000 millones para exportar el gas de Vaca Muerta previamente licuado desde Río Negro.

El jueves próximo, Marín integrará el panel “Proyecto Argentina GNL: la mayor inversión en la historia del país” junto a sus socios: el Sultán A. Al Jaber, CEO de ADNOC y Ministro de Industria de los Emiratos Árabes Unidos; y Claudio Descalzi, CEO de la italiana ENI.

“Mi expectativa es que podamos contarle al mundo la oportunidad que tiene Argentina, la competitividad para producir alimentos y energías renovables. Hablar de Vaca Muerta, pero también de cómo la generación de energía le da sinergias a la agroindustria, a la posibilidad de venderle alimentos de calidad al mundo y ser competitivos en términos de precios”, dijo Mariano Bosch, CEO de Adecoagro.

“Los alimentos arrancan con la producción de urea, el principal insumo que usamos en el agro. En el caso nuestro tenemos una gran chance con leche y sus proteínas, también con el arroz, que es el otro sector donde estamos invirtiendo mucho”, destacó Bosch.

Desde España, donde vive hace varias década, Martín Varsavsky, que ya acompañó al Gobierno en Nueva York, dijo que el foco de eventos como el que se hará en París es explicar las ventajas y posibilidades que tiene el país. “Argentina está en una transformación histórica que muchos países de Europa están mirando muy atentos. En temas de desregulación y de pasar a ver como no enemigos al petróleo y al gas, por ejemplo. A veces se piensa mucho en el medioambiente y poco en la gente. En muchos países de Europa están mirando lo que hace Sturzenegger con la desregulación, es un modelo. Europa prohíbe cada vez más cosas”, detalló.

Además, en la lista de empresarios que participará figuran Alejandro Bulgheroni (presidente de PAE), Martín Eurnekian (Corporación América), Francisco de Narváez (GDN), Juan Garibaldi (Danone), Emiliano Kargieman (Satellogic) y Mariano Mayer (Newtopia), entre otros. También dirigentes empresariales, como Bettina Bulgheroni (Cicyp),Martín Rappallini (UIA) y Nicolás Pino (SRA).

Entre los europeos estarán CEOs y presidentes de empresas como Patrick Pouyanné (TotalEnergies), Egber Laege (SEFE Group), Fabrizio di Amato (Tecnimont), Gary Nagle (Glencore), Jerôme Pecresse (Rio Tinto Lithium), Christel Bories (Eramet), Héctor Grisi (Santander), Antoine de Saint-Affrique (Danone), Michael Gelchie (Louis Dreyfus), Mustafa Terrab (OCP), Margarita Louis Dreyfus (Louis Dreyfus Company), Sabine Mulliez (Groupe Mulliez) y Jorg-Michael Rupp (Roche), entre otros. También el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, Fatih Birol, Director General de la Organización Internacional de Energía y presidente de energía en el Foro de Davos; y el titular de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), Harsh Pati Singhania.

El evento comenzará con un cóctel-cena en la Embajada Argentina en París, en la rue Cimarosa, en el Barrio XVI parisino. Está anunciada la presencia del ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, y también hablará el embajador Sielecki. El segundo día tendrá reuniones sectorial –IA, Energía y minerales críticos, Comercio y seguridad jurídica y Pesca– en diversas locaciones parisinas, y Milei recibirá un premio en el París Economic Forum como “el economista más influyente del mundo”.

Negocios, “vender” el potencial argentino, promocionar los sectores estratégicos y atraer inversores serán los focos del segundo Argentina Week del año. El primer encuentro, el startup de la serie, empezó con la difusión de las fotos que derivaron en el “affaire Adorni”, un torbellino que terminó con la salida del gobierno del entonces jefe de Gabinete y una de las espadas de Milei.

Guatemala promovió oportunidades de inversión y comercio durante la Semana de Alto Nivel del 81.° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con una agenda que incluyó reuniones políticas, espacios de cooperación regional y contactos con representantes del sector privado en Nueva York.

El Consulado General de Guatemala en Nueva York, a través de su Consejería Comercial, participó en la Cumbre Anual Concordia 2026, un foro que reunió a autoridades, empresarios, organismos multilaterales y directivos de compañías para debatir alianzas vinculadas al desarrollo.

La actividad se celebró de forma paralela a las sesiones de alto nivel de la ONU. La delegación guatemalteca aprovechó el encuentro para presentar las condiciones competitivas del país, ampliar vínculos institucionales y comerciales, y buscar proyectos de cooperación que aporten al desarrollo nacional.

La misión comercial presentó las ventajas competitivas de Guatemala

Durante las reuniones de trabajo de la Cumbre Anual Concordia, los participantes analizaron temas asociados con la atracción de capitales, el comercio internacional, la transición energética, la tecnología, la inteligencia artificial y las cadenas globales de suministro.

La presencia de la misión consular permitió establecer contactos con actores públicos y privados vinculados con esos sectores. El objetivo fue identificar posibilidades de inversión, promover intercambios comerciales y abrir canales para futuras alianzas económicas.

La agenda se desarrolló bajo el lema: “Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos”.

En ese contexto, Guatemala buscó reforzar su participación en los debates multilaterales y en espacios destinados a la promoción económica.

El canciller abordó la amenaza del aumento del nivel del mar

El canciller Carlos Ramiro Martínez Alvarado participó además en la Reunión Plenaria de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el aumento del nivel del mar.

En esa instancia, Guatemala señaló que el fenómeno representa una amenaza creciente, en especial para los Estados insulares y costeros en desarrollo.

La posición del país fue que los efectos del avance del mar no deben derivar en pérdida de soberanía ni en inseguridad jurídica. La delegación también planteó la necesidad de preservar la estabilidad de las zonas marítimas ante las consecuencias del cambio climático.

Guatemala pidió fortalecer el derecho internacional y la cooperación entre países para proteger a las poblaciones afectadas, sus derechos y su dignidad. El planteamiento incluyó la necesidad de respuestas colectivas ante una situación de alcance global.

Reuniones con la ONU, la CELAC y Paraguay

Como parte de su agenda en Nueva York, Martínez Alvarado mantuvo una reunión bilateral con el secretario general de la ONU, António Guterres.

Ambas partes dialogaron sobre prioridades nacionales, entre ellas el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, además de desafíos internacionales.

El canciller también participó en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Guatemala reafirmó allí su respaldo al diálogo, la concertación y la Carta de las Naciones Unidas, con el planteamiento de una gobernanza internacional más inclusiva y representativa para América Latina y el Caribe.

En el plano bilateral, el jefe de la diplomacia guatemalteca se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano. Los funcionarios revisaron asuntos de la agenda común, entre ellos el comercio, la cooperación, la seguridad y la inversión.

Guatemala expuso su respuesta ante las emergencias en el corredor seco

La directora general de Relaciones Internacionales, Multilaterales y Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, la embajadora María José del Águila, intervino en una exhibición organizada por el Programa Mundial de Alimentos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios.

La funcionaria presentó la experiencia de Guatemala en acciones anticipatorias frente a las emergencias provocadas por El Niño en el corredor seco, una zona afectada de forma recurrente por sequías.

El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, destacó que la seguridad es un factor para generar confianza y atraer inversión durante el foro The Guatemala Development Forum 2026, según informó el Ministerio de Gobernación. “La inversión necesita certeza”, afirmó.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala presentó su estrategia de seguridad pública como un pilar imprescindible para la atracción de inversión extranjera y la competitividad económica.

Durante su intervención en el encuentro internacional The Guatemala Development Forum 2026, Villeda, afirmó que la protección del orden institucional funciona como una garantía previa para brindar certeza jurídica a las empresas privadas que buscan establecer o ampliar sus operaciones en el territorio nacional.

La certeza jurídica y la estabilidad institucional fortalecen la competitividad

En el evento impulsado por la plataforma de inteligencia económica The Business Year, el funcionario sostuvo que el flujo de capitales hacia el mercado guatemalteco depende de la estabilidad social y del cumplimiento irrestricto de las leyes.

El encargado de la seguridad ciudadana remarcó que la construcción de un entorno seguro no corresponde a una única institución, sino que exige una labor coordinada con el sector privado y las distintas dependencias del Estado.

Durante su exposición, el ministro definió la seguridad pública como una infraestructura invisible del desarrollo. Argumentó que, si bien la prevención del delito no figura en los planos de ingeniería de una carretera, un puerto o un parque industrial, constituye el respaldo de cada emprendimiento y de las inversiones en crecimiento.

La estrategia del Ministerio de Gobernación procura la anticipación ante riesgos y el fortalecimiento de la autoridad estatal para proteger el ejercicio de los derechos de la población.

La reunión coincidió con el lanzamiento de la primera edición del estudio especializado Guatemala 2026, documento de 208 páginas que incorpora al país en la plataforma global de información económica.

En las sesiones de trabajo estuvo presente el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro Ricci, junto con autoridades del sector público, directivos del sistema financiero y representantes de inversionistas internacionales.

El nearshoring y la infraestructura física definieron los ejes del debate económico

Además del análisis sobre la seguridad, la agenda de The Guatemala Development Forum 2026 centró sus discusiones en las oportunidades que ofrece la relocalización de cadenas de suministro o nearshoring.

Diversos expertos y líderes empresariales expusieron la necesidad de consolidar el marco regulatorio de las zonas francas y diseñar incentivos para la atracción de industrias tecnificadas que generen empleo de mayor valor agregado en Guatemala.

Los paneles de trabajo abordaron la brecha en la red vial, la modernización de los puertos y la urgencia de ampliar la capacidad energética con tarifas competitivas.

A través de esquemas de alianzas público-privadas y financiamiento multilateral, los conferencistas destacaron la planificación del desarrollo urbano y la digitalización como factores determinantes.

Dichas medidas apuntan a integrar la economía del país en las cadenas regionales de comercio y fortalecer actividades tradicionales como la agroindustria, el turismo y la manufactura.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) firmaron convenios de colaboración para fortalecer los vínculos empresariales entre Guatemala y República Dominicana.

Los acuerdos apuntan a facilitar el comercio, la inversión y la expansión regional de compañías de ambos países.

La formalización se realizó el 22 de septiembre en Santo Domingo, durante el encuentro “Guatemala más cerca de lo que te imaginas”.

La actividad fue organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, a través de su Consejería Comercial en República Dominicana, junto con Agexport.

El evento reunió a más de 100 empresas y representantes de sectores económicos dominicanos, que recibieron información sobre la oferta exportable guatemalteca, las posibilidades de inversión y las alternativas para establecer relaciones comerciales entre ambos mercados.

Los convenios crearán canales de contacto entre empresas

Los acuerdos prevén la creación de mecanismos de conexión entre las compañías afiliadas a las tres organizaciones. El objetivo es que compradores, exportadores, fabricantes, distribuidores e inversionistas puedan identificar oportunidades de negocio y establecer contactos directos.

Las entidades también buscarán intercambiar información sobre las condiciones de cada mercado e identificar productos y servicios que puedan comercializarse en Guatemala y República Dominicana. Entre las metas figura la promoción de acuerdos de representación y distribución, además de alianzas estratégicas y proyectos conjuntos.

La iniciativa apunta a que empresas interesadas en ampliar su presencia regional encuentren socios comerciales en el otro país. Los convenios contemplan oportunidades para exportadores, potenciales distribuidores e inversionistas, según la información presentada durante la actividad.

Jenniffer Troncoso, directora ejecutiva de ONEC, sostuvo que la alianza permitirá a las empresas dominicanas acceder a nuevos contactos, datos de mercado y opciones comerciales.

“Queremos que este acercamiento genere un diálogo sostenido que permita identificar oportunidades concretas, de acuerdo con las necesidades y prioridades de cada empresa, y que contribuya al fortalecimiento de los vínculos comerciales entre ambos países”, expresó Troncoso durante el evento.

ANEIH busca convertir el acuerdo en una plataforma permanente

El primer vicepresidente de ANEIH, Francis Mateo, afirmó que el convenio representa un instrumento para llevar la relación institucional al terreno de los negocios entre compañías guatemaltecas y dominicanas.

Mateo señaló que el acuerdo fue concebido como “un mecanismo de cooperación empresarial” que permita generar oportunidades comerciales concretas. ANEIH planteó que la alianza puede consolidarse como una plataforma estable para facilitar el acceso a mercados, detectar socios comerciales y promover inversiones y procesos de expansión en la región.

La agenda incluyó la participación de Iván Mejía, CEO y presidente de Grupo Ramos, quien expuso la experiencia de su empresa con proveedores guatemaltecos. Según indicó, Guatemala abastece al grupo con productos terminados y materias primas, mientras que algunas compañías de ese país ya tienen operaciones en República Dominicana.

“Desde hace 12 años hacemos negocios con ellos y vamos a continuar haciéndolos”, afirmó Mejía, quien destacó la transparencia que, según dijo, ha caracterizado las relaciones comerciales con empresarios guatemaltecos.

AGEXPORT presentó la oferta comercial de Guatemala

Por parte de Agexport, la gerente de Fomento Internacional de Exportaciones, Paola Álvarez, presentó la oferta exportable de Guatemala y remarcó las ventajas de la cercanía entre ambos países para el intercambio comercial.

Álvarez señaló que Agexport busca acompañar a los empresarios dominicanos que evalúen oportunidades en Guatemala y facilitar vínculos con exportadores del país centroamericano.

Las tres organizaciones prevén elaborar planes de trabajo conjuntos para sostener la cooperación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó que mantendrá el respaldo al proceso mediante su Consejería Comercial en República Dominicana.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, advirtió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que las guerras en Europa y Oriente Medio han tenido consecuencias directas sobre la economía de su país, con alzas en los precios de los alimentos y la energía. “Situaciones que ocurren muy lejos de nuestras costas pueden golpear directamente la mesa de nuestras familias”, afirmó durante su intervención en el 81.º período de sesiones.

Abinader recordó que República Dominicana importa la totalidad de los combustibles que consume, una condición que, según explicó, deja al país expuesto a decisiones y conflictos externos sobre los que no tiene control. “No fijamos esos precios, pero nos impactan sin poder controlarlos”, sostuvo al reclamar una reducción de las tensiones internacionales.

El mandatario dominicano abogó por la desescalada de los conflictos, la defensa de la libertad de navegación y una salida diplomática que evite la proliferación nuclear en la región.

Afirmó que, para los Estados insulares en desarrollo, el respeto de un orden basado en reglas constituye un elemento de seguridad, ya que permite que las controversias se resuelvan mediante normas acordadas y no por el uso de la fuerza.

El mandatario aprovechó la ocasión para presentar indicadores económicos. En ese sentido, destacó que la pobreza monetaria se redujo al 14.6% este año, un dato que atribuyó a las políticas de crecimiento, empleo y asistencia social implementadas en los últimos años.

El presidente señaló que esa reducción permitió mejorar las condiciones de vida de amplios sectores, aunque reconoció que persisten desafíos vinculados a la desigualdad territorial y al costo de los alimentos.

También mencionó que el país recibió durante cuatro años consecutivos más de USD 4,000 millones anuales en inversión extranjera directa. En 2025, agregó, esa cifra superó por primera vez los USD 5,000 millones, mientras que las proyecciones para este año anticipan una cifra mayor.

Las exportaciones dominicanas alcanzaron casi USD 16,000 millones, un récord para el país, según el jefe de Estado. Vinculó esos resultados con la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la confianza de los inversores. Además, afirmó que el crecimiento del turismo llevó al país de 7.5 millones de visitantes en 2019 a una previsión superior a 12 millones de visitantes este año.

Abinader sostuvo que los avances de los países de renta media no deben derivar en restricciones para acceder a financiamiento concesional. Recordó que esas naciones reúnen a cerca de tres de cada cuatro habitantes del planeta y a dos de cada tres personas que viven en pobreza extrema. Por eso, reclamó que las instituciones financieras adopten indicadores que vayan más allá del ingreso per cápita e incorporen el índice de vulnerabilidad multidimensional.

En su discurso, Abinader también planteó que la Organización de las Naciones Unidas necesita recuperar la confianza de los Estados a través de tres ejes: una mayor representación, la renovación de las operaciones de paz y un respaldo más amplio para los países en desarrollo. República Dominicana, señaló, fue uno de los primeros países en pagar este año la totalidad de su contribución al presupuesto ordinario de la ONU.

Asimismo, pidió una reforma del Consejo de Seguridad para que refleje la actual configuración multipolar. En ese punto, insistió en la necesidad de que América Latina y el Caribe tengan un papel en la próxima conducción de Naciones Unidas y respaldó la posibilidad de que una mujer asuma por primera vez la Secretaría General. “En más de ochenta años, ninguna mujer ha dirigido esta organización”, remarcó.

El presidente incluyó entre los desafíos el avance de redes criminales transnacionales que controlan territorios, trafican armas y personas, y reclutan niños. Señaló que ese fenómeno obliga a revisar las operaciones de paz y a garantizar que las decisiones aprobadas por los organismos multilaterales cuenten con recursos y mecanismos de ejecución.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este sábado un memorándum de entendimiento con TotalEnergies, una compañía multienergética global de origen francés. Se trata del último de una serie de acuerdos petroleros firmados entre compañías petroleras multinacionales y las autoridades chavistas, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.

Hasta ahora, no se informaron detalles sobre el contenido del entendimiento ni sobre su alcance operativo, financiero o contractual.

El anuncio quedó enmarcado dentro de la apertura del sector energético venezolano a la inversión extranjera.

Entre los antecedentes figura el memorando firmado por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y Continental Resources para desarrollar y operar Ayacucho 2 en la Faja Petrolífera del Orinoco. Rodríguez afirmó entonces que ese paso estaba orientado a impulsar capacidades técnicas y financieras para el desarrollo de ese bloque.

La compañía indicó que ambas partes buscaban negociar en las semanas siguientes un contrato de largo plazo. También estimó que el área de 51.000 hectáreas contiene unos 30.000 millones de barriles de petróleo existente en el subsuelo.

Otro acuerdo reciente involucró a GeoPark y al Grupo Gilinski, con un contrato por 25 años sobre el campo Bare en la Faja del Orinoco. Según un comunicado del grupo, el yacimiento cuenta con cerca de 1.100 pozos y una producción bruta actual de unos 11.000 barriles diarios.

Jaime Gilinski sostuvo que GeoPark tiene la experiencia técnica y la capacidad financiera para asumir toda la inversión de capital que requiere el proyecto. Rodríguez enmarcó ese convenio en una serie de pactos internacionales orientados a consolidar a Venezuela como productora de crudo.

Tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos, Venezuela abrió sectores estratégicos a la inversión extranjera, entre ellos petróleo, minería y electricidad. Ese mismo mes, el Parlamento aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos para incentivar la llegada de capital externo.

El Gobierno sostiene que ya firmó medio centenar de acuerdos en petróleo y gas. En ese marco también mencionó pactos con Chevron, Eni y GE Vernova, además de futuras alianzas con Repsol, Shell y BP.

La producción petrolera venezolana alcanzó en agosto un promedio de 1.201.000 barriles por día. En julio, la extracción se ubicó en 1,2 millones de barriles diarios, con un aumento de cerca de 30% desde enero en ambos casos.

Esa recuperación todavía queda lejos de los 3,1 millones de barriles por día de 1998, un año antes de la llegada del chavismo al poder. Los textos vinculan el repunte a la apertura del sector y a la colaboración con Estados Unidos.

Rodríguez ha defendido estos convenios como parte de una estrategia para reforzar la producción. “Con estas alianzas estratégicas, avanzamos en el fortalecimiento de nuestra producción de hidrocarburos y en la generación de nuevas oportunidades para el crecimiento económico de Venezuela”, afirmó.

La funcionaria chavista resumió esa meta con otra declaración: “Queremos ser una potencia energética”.

En otra intervención, Delcy Rodríguez sostuvo que los acuerdos firmados en las últimas semanas buscan proyectar a Venezuela más allá de su mercado interno. “Estamos marcando no solamente el futuro de Venezuela, sino el aporte que Venezuela le va a dar al mundo, al hemisferio, a la seguridad energética internacional, al equilibrio de la economía mundial”, señaló.

El pasado 28 de agosto, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo petrolero con Venezuela para asegurar que Washington, que supervisa las exportaciones de crudo de Caracas, acceda por un largo plazo a una parte de las reservas del país sudamericano. En una publicación de Truth Social, Trump calificó el pacto como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y dijo que duplicará con creces las reservas de Estados Unidos.

“Bajo mi dirección, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a través de una alianza con el sector privado, han conseguido que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”, escribió el líder republicano.

La segunda Argentina Week, el evento de alto impacto con el que el Gobierno busca promover negocios locales, “vender” el proyecto libertario en el exterior y buscar inversiones en el Viejo Continente, se hará en pocos días en París, Francia.

Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, Javier Milei encabezará la misión que reunirá en la Ciudad Luz a los principales funcionarios de su gabinete, a unos 14 gobernadores –algo que en el Gobierno definen como inédito para este tipo de comitivas– y empresarios argentinos de alto nivel.

“Será la delegación con más volumen político y económico de la historia reciente”, prometen las autoridades. Y anticipan también contrapartes de peso: presidentes y CEO de empresas europeas de máxima relevancia, muchas que ya invierten y van a compartir sus experiencias, y, sobre todo, representantes de compañías interesadas en invertir.

El objetivo es mostrar lo que los organizadores definen como la transformación de Argentina. El foco estará puesto en las empresas de los sectores que impulsan una de las velocidades a la que marcha la economía vernácula, la que “vuela”. Son las firmas de energía, minería, agroindustria, infraestructura y tecnología.

La Argentina Week parisina es diseñada por la Embajada Argentina en Francia, que encabeza Ian Sielecki, y por Presidencia. Esta vez no hay empresas en la organización, a diferencia de la primera edición que se hizo en marzo en Nueva York en la que los bancos JP Morgan y Bank of Americas fueron anfitriones, junto con la representación diplomática local en Washington.

“Argentina pisará fuerte en París, capital europea de los negocios y la economía real. Avanzaremos en una agenda estelar, digna de la atracción que genera hoy el país gracias al magnetismo mundial de Milei y a la gran política exterior liderada por Pablo Quirno”, posteó Sielecki en X en mayo pasado, y detalló que las inversiones francesas aumentaron 50,7% en 18 meses.

Empresarios en París

Infobae tuvo acceso al programa que la embajada compartió con los ministros y gobernadores que asistirán.

En el itinerario se puede ver que una parte de la Argentina Week sucederá en el Palacio del Elíseo, junto al presidente Emmanuel Macron, y que habrá una cena de bienvenida para las principales figuras de la delegación en la embajada. Allí se espera la presencia del ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, funcionario muy cercano a Sielecki.

La agenda del evento incluirá actividades en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio.

Además del Presidente, la delegación argentina tendrá la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de integrantes del gabinete, como Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Mario Lugones (Salud). También viajarán Santiago Bausili (BCRA), Daniel González (secretario coordinador de Energía y Minería) y Diego Sucalesca (PromArgentina).

La presencia de los mandatarios provinciales –Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Mendoza, Catamarca, Corrientes, Chubut y otros– buscará dar visibilidad a proyectos asociados a actividades con fuerte despliegue territorial. La producción de hidrocarburos, la minería, las exportaciones agroindustriales y las obras de infraestructura estarán entre los ejes que la delegación expondrá ante potenciales inversores.

Entre los empresarios argentinos que confirmaron presencia están Horacio Marín (YPF), Marcos y Alejandro Bulgheroni (PAE), Martín Migoya (Globant), Alejandro Elsztain (Cresud), Mariano Bosch (Adecoagro), Emiliano Kagierman (Satellogic), Martín Eurnekian (Aeropuertos Argentina) y Marcelo Mindlin (Pampa energía), entre otros. También estarían líderes de cámaras empresariales, como el presidente de la UIA, Martín Rappallini, y la titular del Cicyp, Bettina Bulgheroni.

En total, se espera un auditorio de unas 400 personas. Hay lista de espera y varios hombres y mujeres de negocios que insisten para sumarse a último momento. El objetivo es una “delegación compacta con los empresarios más influyentes del país, líderes de los sectores que estarán en agenda”, destacaron fuentes oficiales.

“Queremos mostrar la transformación de Argentina. Poner en escena lo más importante que está sucediendo en el país en términos de inversiones y acelerar las que vendrán, en las que se viene trabajando. Vamos a tener anuncios importantes. Es un evento económico, pero tendrá mucho de política también”, agregaron.

En ese sentido, entre los europeos confirmados están CEOs y presidentes como Patrick Pouyanné (Total), Claudio Descalzi (ENI), Gary Nagle (Glencore), Jerôme Pecresse (Rio Tinto Lithium), Christel Bories (Eramet), Héctor Grisi (Santander) y Margarita Louis Dreyfus (Louis Dreyfus Company), entre otros. También el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann; Fatih Birol, Director General de la Organización Internacional de Energía y presidente de energía en el Foro de Davos, y el titular de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), Harsh Pati Singhania.

La agenda

Hasta el momento, la agenda incluye:

30 de septiembre

• Cóctel y cena de bienvenida en la Embajada Argentina, en la rue Cimarosa, en el Barrio XVI parisino.

1 de octubre

• El evento plenario multisectorial se hará bajo la idea: “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”. Toda la jornada se desarrollará en el Château de la Muette, sede de la OCDE.
• Están previstos discursos de Javier Milei, en la apertura. Y también de Luis Caputo, entre otros.
• Habrá paneles macro y sectoriales con los principales líderes empresariales argentinos y franceses/europeos.
• Por la noche será la recepción en el Palacio del Elíseo junto al presidente Macron, un encuentro del que aún no trascendieron mayores detalles.

2 de octubre

A lo largo de todo el día habrá una serie de encuentros sectoriales en los que tendrán un rol central los gobernadores.

• Energía, minerales críticos y sector nuclear. “Tendencias globales en energía y minería: oportunidades para la inversión en Argentina”. Se hará en la Agencia Internacional de Energía.
• Tecnología e inteligencia artificial. Disrupciones tecnológicas y oportunidades en Argentina. En la Embajada argentina.
• Comercio internacional y seguridad jurídica. “Oportunidades del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la importancia de la seguridad jurídica para las inversiones y el comercio”. Tendrá lugar en la Cámara Internacional de Comercio (ICC).
• Segmento sector pesquero. “Liderado por la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional. Crecimiento y oportunidades dentro del Acuerdo Mercosur-Unión Europea”. En el Hotel Sofitel Baltimore Tour Eiffel.
• Por la tarde tendría lugar un evento de premiación Milei por el París Economic Forum. En Place de la Concorde, AC de France. El Presidente y Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025, serán galardonados como los dos economistas más influyentes del planeta.

Sielecki, anfitrión del evento, es un joven de 36 años de estrechos vínculos con el gobierno de Macron, tanto con el presidente francés como con varios de sus funcionarios, con muchos de los cuales estudió.

Este año fue noticia cuando se negó a seguir hablando en el parlamento francés, en medio del debate sobre el acuerdo UE-Mercosur, cuando se dio cuenta que un mapa a sus espaldas mencionaba a Las Malvinas como territorio inglés. Fue mucho antes del giro pro Malvinas del gobierno, un verdadero pionero en ese sentido.

“No puedo, como representante del Estado argentino, hablar libremente ante ese mapa. Sería como legitimar una situación que constituye una vulneración, una agresión a la soberanía de mi país, a la dignidad misma de la Nación Argentina y, sobre todo, una violación flagrante del derecho internacional”, dijo. Y exigió que esa parte del mapa sea cubierta durante su discurso. El tenso video se viralizó.

Años antes también había cobrado notoriedad en los medios cuando, como estudiante, le preguntó a Alberto Fernández, quien disertaba en una universidad francesa, sobre la responsabilidad del peronismo en la situación económica que el entonces presidente describió.

Días atrás, Sielecki mostró en X un homenaje a José de San Martín junto a Macron, a 176 años de la muerte del Padre de Patria en Francia. El argentino le entregó al mandatario francés un cuadro de parte de Milei. La imagen retrata a Napoleón y un joven San Martín en un encuentro que habría ocurrido en Tolón en 1798.

El Argentina Week París se hace en paralelo al Coloquio de IDEA, el tradicional encuentro empresarial en Mar del Plata, que este año no contará con la presencia de Milei. Sí estarán algunos de sus ministros por videollamada desde Francia. Coincidencia de fechas amarga para los organizadores del tradicional encuentro empresario local.

Tampoco habrá “mini Argentina Week” en Londres en octubre, un evento más centrado en minería que iba a coincidir con la visita de Milei a Inglaterra. La tensión por Malvinas terminó con la postergación del viaje.

Así, todo el foco europeo del Gobierno se concentrará en la Ciudad Luz. Tres días a full con empresarios y una agenda cargada que incluye, discursos, panales, premios y hasta visita a Macron. Además, habrá un evento de clausura sobre el que aún no trascendieron detalles, pero sí la promesa de que “será un momento histórico”. Todo con el sello del “típico gusto francés”.

Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron USD 4.742 millones en la primera mitad de 2026, el nivel más alto registrado para un primer semestre desde que existen estadísticas comparables para el sector, según un relevamiento conjunto de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El número más que duplica el récord previo —fijado en 2011, en el pico del ciclo anterior de precios de los metales— y proyecta una trayectoria que, de sostenerse, llevaría las ventas externas del sector a USD 18.500 millones en 2030 y a USD 35.000 millones en 2035.

El salto exportador respecto de períodos anteriores es importante. Frente al primer semestre de 2025, las exportaciones crecieron casi un 75%; frente al mismo período de 2024, la suba fue del 156 por ciento. La comparación de largo plazo es aún más elocuente: hace veinte años, las ventas externas del sector representaban menos de una octava parte del registro actual. Entre 2012 y 2021, el primer semestre de cada año se movió en una franja de entre USD 1.184 millones y USD 2.000 millones, sin lograr recuperar los niveles de 2010 y 2011. La ruptura de ese techo comenzó en 2025 y se consolidó con fuerza este año.

El litio se afirma como segundo mineral exportador y el cobre aparece en el horizonte

El resultado no responde a un único factor. El oro continúa siendo el principal mineral exportado, con alrededor del 61% del total del semestre, y su desempeño se explica por los elevados precios internacionales, dado que las perspectivas productivas para 2026 apuntan a menor volumen con mayores costos. La plata acompaña ese desempeño y se mantiene como tercer mineral del período.

El cambio estructural más significativo proviene del litio. En el primer semestre de 2026 se consolidó como el segundo mineral en las exportaciones mineras —posición que ocupa desde 2023, cuando desplazó a la plata— y aportó cerca de una cuarta parte del total. Su participación era inferior al 5% hace una década y menor al 3% hace veinte años. La puesta en marcha y ampliación de nuevos proyectos en la Argentina explican una porción muy alta de ese crecimiento: las cantidades exportadas del complejo litio subieron más del 68% respecto del primer semestre de 2025, según relevamientos de la Secretaría de Minería.

El cobre, en tanto, es el mineral que el sector identifica como el gran protagonista de los próximos años. Referentes de la industria señalan que Argentina está, en sus términos, “fabricando una industria desde cero” en torno a ese metal, dado el escaso desarrollo que tiene el país en ese segmento en comparación con economías mineras más maduras. Al día de hoy, se presentaron unos USD 40.000 millones en proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI); de ese total, USD 21.000 millones ya cuentan con aprobación, mientras que los restantes USD 19.000 millones están pendientes.

La inversión extranjera directa en minería también alcanzó un máximo histórico

El récord exportador convive con el nivel más alto de Inversión Extranjera Directa (IED) que la minería argentina haya registrado. De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el stock de IED del sector alcanzó los USD 24.849 millones a marzo de 2026, frente a los USD 22.049 millones del trimestre inmediato anterior. En dos años, ese stock se duplicó: en marzo de 2024 se ubicaba en USD 12.402 millones. Y en septiembre de 2019 era de USD 8.361 millones, lo que implica que la inversión extranjera acumulada en el sector casi se triplicó en menos de siete años.

El flujo del primer trimestre de 2026 fue el más alto de toda la serie del BCRA: ingresaron USD 2.799 millones netos de IED en minería, un 36% por encima del récord anterior —los USD 2.055 millones del segundo trimestre de 2024—. El contraste con el período 2017-2021 es marcado: en esos años, los flujos trimestrales rara vez superaron los USD 500 millones y en varios trimestres fueron negativos. A partir de 2023 el patrón cambió, con ingresos que comenzaron a superar esa cifra con regularidad, y desde 2024 la mayoría de los trimestres se ubicó por encima de los USD 1.000 millones.

La simultaneidad de ambos máximos —el exportador y el de inversión— refleja dos etapas distintas de un mismo proceso: la maduración de inversiones previas en un contexto de precios alcistas, y el ingreso de nuevos capitales orientados a la producción de los próximos años, con énfasis en litio y cobre. En la primera mitad de 2026, la minería explicó casi el 10% de las exportaciones argentinas totales, un récord histórico de participación.

El modelo chileno, la referencia

En el sector se cita con frecuencia la experiencia de Chile como el caso más ilustrativo de lo que puede generar la minería del cobre en una economía. El material impulsó el crecimiento chileno de una manera que pocas industrias lograron en cualquier economía: el Estado chileno, a través de su participación en Codelco —la principal minera de mayoría estatal del país—, recauda hasta el 46% de la actividad vía impuestos, una tasa que los referentes del sector describen como difícil de replicar en cualquier otra industria.

Perú siguió un camino similar, aunque con una estructura de propiedad distinta. En ambos casos, la clave no fue solo el potencial geológico —condición necesaria pero no suficiente—, sino la construcción de condiciones de estabilidad económica e institucional que se sostuvieron en el tiempo. En Chile, esas condiciones se consolidaron en la década de 1990, tras el período de la dictadura, y habilitaron la explotación a escala. Un instrumento central fue el Decreto Ley 600 (DL600), un régimen de estabilidad para inversiones extranjeras que los analistas del sector comparan con el RIGI argentino y que fue clave para la atracción de capitales.

En 2004, la producción de cobre se estancó en Chile, pero los precios internacionales continuaron su alza y tocaron máximos históricos. El episodio ilustra, según los referentes de la industria, una de las condiciones básicas del negocio: el potencial geológico tiene que combinarse con institucionalidad —reglas estables, regulación eficiente, asesoría estatal, fomento de la actividad y capacidad de coordinación sectorial— para que la extracción sea posible y sostenible. La minería requiere de capital intensivo cuya recuperación se extiende, en general, a lo largo de 30 años, lo que hace que la previsibilidad no sea un atributo deseable sino una condición de entrada.

El impacto social también es medible. En Chile, un trabajador de la industria minera percibe alrededor de USD 1.600 mensuales, un 688% más que el promedio nacional, y el sector representa el 10% de la fuerza laboral ocupada del país.

Argentina tiene un punto de partida que Chile, Perú, Canadá y Australia no tuvieron

Frente a ese modelo, los referentes del sector identifican en Argentina una ventaja que los países que desarrollaron antes esta industria no tenían al momento de hacerlo: un entramado industrial preexistente y un capital humano de alta calificación. Mientras que Chile, Canadá o Australia construyeron sus cadenas de proveedores en paralelo al crecimiento minero, la Argentina parte de una base industrial instalada que puede reconvertirse para abastecer a una industria que proyecta crecer de forma sostenida durante los próximos 15 años.

En ese contexto, el sector plantea que la minería puede funcionar como un puente de divisas que aporte estabilidad macroeconómica, con un impacto que se haría sentir especialmente en las provincias donde se concentra la actividad. No se trata, aclaran los analistas, de un reemplazo de los puestos de trabajo perdidos en otros sectores en los últimos años, sino de un vector de crecimiento con lógica propia y de largo aliento.

La exploración insuficiente y los compres locales, los principales cuellos de botella

El cuadro tiene, sin embargo, limitantes concretos. El más urgente, según los referentes del sector, es el estado de la exploración. Argentina se ubica en el octavo lugar mundial por potencial geológico, pero apenas el 20% del territorio con aptitud minera ha sido explorado. El año pasado se invirtieron USD 400 millones en exploración; en Australia, la cifra fue de USD 2.000 millones. Sin exploración no hay nuevos proyectos: esa es la ecuación que el sector plantea como prioritaria para sostener la trayectoria exportadora proyectada.

El segundo conjunto de problemas gira en torno a las exigencias de contenido local. Los regímenes de compre local varían entre jurisdicciones provinciales y se superponen con la exigencia del 20% de producción nacional prevista en el RIGI, lo que genera incertidumbre en la toma de decisiones de inversión. La industria señala que el problema no es la preferencia por proveedores locales en sí, sino que la oferta disponible puede no tener la escala, la calidad o la competitividad que demandan las grandes operaciones mineras. La propuesta que circula en el sector apunta a una mayor regulación —o desregulación— de las certificaciones en materia de seguridad, sustentabilidad y cumplimiento normativo para empresas locales, de modo que puedan convertirse en proveedoras calificadas de las mineras que operan bajo esos estándares.

Las decisiones de inversión de las compañías dependen en última instancia del retorno, y allí es donde los países compiten entre sí. La demanda internacional de cobre es estable y estructural: China concentra la mayor parte de las plantas de procesamiento del metal, indispensable para los autos eléctricos, los paneles solares, las energías renovables y los centros de datos. Para la Argentina, mantener la competitividad en ese escenario implica preservar la integración al mundo, dado que los clientes e inversores que llegan al país lo hacen para producir con destino a la exportación, no al mercado interno.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador informó este miércoles que la embajada salvadoreña en Chile presentó oportunidades de inversión en infraestructura turística y vivienda ante más de 40 empresas del sector de la construcción de ese país.

La actividad tuvo lugar en un encuentro organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, que convocó a representantes empresariales con interés en evaluar proyectos y mercados de América Latina. La representación diplomática salvadoreña expuso las condiciones económicas del país, los incentivos para el capital extranjero y las áreas con posibilidades de nuevos desarrollos.

El objetivo fue acercar al empresariado chileno a sectores que han ganado presencia dentro de la economía salvadoreña, en particular la construcción vinculada al turismo, los proyectos habitacionales y otras obras de infraestructura.

Incentivos y condiciones para proyectos de vivienda y turismo

El embajador de El Salvador en Chile, Germán Banacek Álvarez, señaló que la delegación atendió a más de 40 empresarios durante la jornada.

“Presentamos el entorno de estabilidad macroeconómica de El Salvador, los incentivos y facilidades para la inversión, así como las oportunidades y ventajas disponibles para el desarrollo de nuevos negocios y proyectos”, afirmó el diplomático.

Banacek Álvarez indicó que las exposiciones se concentraron en oportunidades asociadas a la infraestructura turística y a la vivienda, dos segmentos que la representación diplomática busca promover entre potenciales inversores chilenos.

La embajada también expuso las condiciones para la ejecución de proyectos privados, dentro de una estrategia dirigida a ampliar los vínculos comerciales y económicos entre ambos países.

Flujo de inversiones desde Chile

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la presencia salvadoreña en el evento buscó estimular nuevos contactos empresariales y facilitar un mayor intercambio entre compañías de los dos países.

El embajador sostuvo que la iniciativa pretende “ampliar los intercambios económicos y comerciales entre ambos destinos, así como estimular el flujo de inversiones” hacia El Salvador.

La participación en encuentros sectoriales forma parte de las gestiones de promoción económica que realizan las representaciones diplomáticas salvadoreñas en el exterior. En este caso, la agenda se concentró en empresas con experiencia en construcción, vivienda e infraestructura, rubros en los que el país busca captar recursos para nuevos desarrollos.

La convocatoria de la Cámara Chilena de la Construcción permitió presentar el escenario salvadoreño ante firmas que operan en una de las industrias con mayor peso dentro de la economía chilena.

USD 83,1 millones de inversión extranjera en la construcción durante el primer trimestre

Los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, citados por Cancillería, ubican a la construcción entre las actividades que impulsan la economía nacional. Durante el primer trimestre del año, el sector captó USD 83,1 millones en inversión extranjera directa.

Esa cifra refleja la participación de capital externo en una actividad que incluye desarrollos residenciales, obras turísticas, infraestructura y otros proyectos vinculados a la expansión urbana y territorial.

La construcción concentra además una parte de la demanda de empleo y de la inversión privada, por su vínculo con otras ramas de la economía, como los servicios profesionales, los materiales, el transporte y el comercio.

Crecimiento interanual de 9,5% hasta junio, según organismo regional

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), organismo de integración financiera de la región, informó que el sector de la construcción en El Salvador acumuló hasta junio un crecimiento interanual de 9,5% del producto interno bruto.

Para las autoridades salvadoreñas, ese desempeño confirma la relevancia de la construcción en la captación de inversiones, la generación de empleo y la transformación de distintas zonas del país.

La promoción ante empresas chilenas se produjo en ese contexto. La Cancillería espera que los contactos realizados durante el encuentro permitan identificar proyectos e iniciar conversaciones con potenciales inversores interesados en los sectores de vivienda, turismo e infraestructura.

El Gobierno nacional quiere que Colombia acelere su actividad económica hasta alcanzar un crecimiento del PIB del 6%, una meta que será sustentada en una mayor inversión y en la coordinación entre distintas áreas del Ejecutivo. La tarea quedó en manos del vicepresidente José Manuel Restrepo, quien trabaja con los ministerios que considera tienen mayor capacidad para impulsar la economía.

La apuesta incluye capital colombiano y extranjero, con la intención de elevar la productividad y abrir nuevas oportunidades. Para conseguirlo, la administración busca involucrar al sector privado, la academia, la comunidad internacional y la ciudadanía en una agenda común. “Junto a los ministros de las carteras con mayor potencial para impulsar el crecimiento, estamos definiendo los lineamientos que presentaremos al presidente”, señaló Restrepo.

El vicepresidente explicó que los lineamientos serán entregados al presidente Abelardo de la Espriella como parte de una estrategia que pretende definir las áreas desde las cuales se puede movilizar inversión y generar nuevas fuentes de crecimiento. El planteamiento parte de una mayor articulación entre las entidades del Gobierno y de un acercamiento con actores económicos nacionales e internacionales.

Uno de los escenarios para promover esa agenda será Nueva York. Restrepo anticipó que llevará parte de la estrategia a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde tiene previsto desarrollar reuniones con representantes de diferentes países y presentar las prioridades económicas de la administración. “Estaré llevando el mensaje del presidente De la Espriella y vamos a tener un conjunto de reuniones bilaterales con naciones del mundo que quieren construir con nuestro país”, afirmó.

Durante esa visita también están contemplados encuentros con organismos multilaterales, fondos de inversión y empresarios. El propósito será buscar oportunidades de inversión para Colombia y fortalecer los vínculos con actores internacionales interesados en participar en proyectos del país.

La agenda internacional llegará después de las reuniones que Restrepo ha sostenido con los ministros para avanzar en la definición de los lineamientos económicos. La intención es que el componente externo de la estrategia esté conectado con las prioridades que se establezcan desde el Ejecutivo. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, planteó que alcanzar un mayor crecimiento deberá convivir con las medidas de ajuste fiscal que impulsa el Gobierno. Según explicó, la administración busca reducir el gasto y mantener un presupuesto sostenible, mientras trabaja en nuevas alternativas para ampliar la generación de riqueza.

“El presidente dijo: hay que hacer recortes, hay que hacer austeridad para que el presupuesto sea sostenible, pero hay que crecer y hay que generar nuevas fuentes de generación de riqueza para el pueblo colombiano”, sostuvo Lara. Para el ministro, una de las claves estará en mejorar la coordinación entre las diferentes carteras. El objetivo es facilitar que los recursos lleguen a proyectos considerados estratégicos y crear condiciones que permitan atraer inversión nacional y extranjera.

“Eso se logra articulando a los ministerios para poder atraer inversión nacional y extranjera en el desarrollo de proyectos estratégicos”, afirmó. Lara también puso sobre la mesa uno de los obstáculos que pueden afectar el avance de esas iniciativas: los trámites y las licencias requeridas para ponerlas en marcha. El funcionario reconoció que algunos procedimientos cumplen una función necesaria, pero señaló que deben evitar convertirse en barreras para la ejecución.

“Hay mucho trámite, hay mucha licencia, algunas necesarias, como la consulta previa, pero que no deben ser una traba”, dijo. Su planteamiento no implica eliminar esos procesos. Lara sostuvo que deben desarrollarse respetando “el espíritu de la Constitución”, pero procurando que los proyectos puedan avanzar cuando corresponda.

Con esta estrategia, el Gobierno busca combinar disciplina en el manejo de las cuentas públicas con una agenda orientada a aumentar la actividad económica. La meta del 6% dependerá, según los lineamientos que prepara el Ejecutivo, de la capacidad para coordinar a los ministerios, atraer capital, impulsar proyectos estratégicos y mejorar las condiciones para la inversión.

El consultor político Jaime Durán Barba advirtió sobre la estrepitosa caída de la inversión extranjera directa que sufrió la Argentina y reclamó acuerdos políticos y sociales que aporten previsibilidad ante el avance de la automatización.

El asesor resaltó que según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la inversión extranjera directa en Argentina cayó 73% en 2025 respecto al año anterior, lo que ubicó al país en el noveno lugar, muy lejos de Brasil y México y superado incluso por países como Guyana, Costa Rica y República Dominicana.

En una columna de opinión publicada en el diario Perfil, el consultor cuestionó la expectativa de que determinadas reformas legislativas y el alineamiento internacional del Gobierno fueran suficientes para atraer capitales y crear puestos de trabajo. A su criterio, los inversores priorizan marcos estables y cumplimiento de las normas por encima de las afinidades ideológicas.

“Las inversiones no tienen ideología, pero buscan estabilidad”, planteó Durán Barba. En esa línea, atribuyó parte de la dificultad para captar fondos a la polarización política y al tono confrontativo que, afirmó, profundizó el presidente Javier Milei.

También señaló que países gobernados por fuerzas de izquierda lograron mayores niveles de inversión privada que Argentina. Para el autor, esa diferencia está relacionada con políticas públicas menos conflictivas y condiciones más previsibles para las compañías.

De acuerdo con el informe La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2026 de la CEPAL, la región recibió US$194.233 millones en IED en 2025, un 1,7% más que en 2024. No obstante, el desempeño regional ocultó fuertes contrastes: mientras Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay mostraron avances, Argentina registró uno de los mayores retrocesos de la región.

La IED recibida por Argentina cayó 73,1% interanual, desde US$11.644 millones en 2024 a US$3.134 millones en 2025. El resultado no solo implicó una pérdida significativa de dinamismo, sino que relegó al país al noveno lugar entre los receptores regionales de inversión extranjera, por detrás de Brasil, México, Chile (bajo el gobierno de Boric), Perú, Colombia (con Petro como presidente), Guyana, Costa Rica y República Dominicana.

El retroceso de 2025 se produjo luego de un repunte considerable en los dos años previos. Argentina había recibido US$24.757 millones de IED en 2023 y US$11.644 millones en 2024, cifras que reflejaban, entre otros elementos, las restricciones existentes para la salida de divisas y la consecuente acumulación de utilidades dentro del país.

El impacto de la automatización sobre el empleo

Además del escenario de inversiones, Durán Barba ubicó la transformación tecnológica como otro desafío central. En su diagnóstico, la incorporación de inteligencia artificial, robótica, sistemas autónomos y otras herramientas reducirá puestos en áreas administrativas, comerciales e industriales.

La columna menciona experiencias de automatización en puertos, sistemas ferroviarios y fábricas de automóviles para describir un proceso que, según el consultor, ya modifica la organización del trabajo en distintas economías.

Durán Barba citó el caso de Volkswagen, que anunció una reducción de 100.000 empleos, y sostuvo que el fenómeno alcanza actividades que hasta ahora parecían menos expuestas, como la atención al cliente, la banca, la contabilidad y la producción gráfica.

Al respecto, el autor acaba de publicar un nuevo libro junto a Santiago Nieto titulado “¿Qué nos pasó?”, un ensayo que propone un viaje que va desde los mitos fundacionales y la aparición de la escritura hasta TikTok, el scroll infinito y la inteligencia artificial. A través de ese recorrido histórico, buscan explicar por qué las estructuras políticas tradicionales dejaron de funcionar.

En el último capítulo de la obra, titulado “Repensarnos a nosotros mismos”, Durán Barba y Nieto sitúan a la inteligencia artificial como el elemento que más atención concentra dentro de la revolución tecnológica actual, en particular por el temor a un desempleo masivo. Los autores recuerdan que ese rechazo se repitió en cada salto tecnológico de la historia: la máquina de vapor pareció desafiar el orden natural y el ferrocarril llegó a asociarse con un demonio.

La inteligencia artificial, sin embargo, es apenas uno de los componentes de un cambio que también incluye la impresión 4D, la robótica y el internet de las cosas, y que —advierten— avanza sin freno mientras se retroalimenta a sí mismo. Esa combinación, sostienen, obliga a la humanidad a repensarse y a repensar el mundo que construyó.

Los autores comparan la magnitud de esta transformación con la Revolución Industrial, que consideran mil veces menos potente que el cambio actual: procesos que se proyectaban para 2050 llegarían antes de 2030. Frente a ese ritmo, Durán Barba y Nieto llaman a dejar de lado las disputas ideológicas obsoletas y a enfrentar el cambio para que la tecnología esté al servicio de las personas.

El libro plantea también una brecha generacional de fondo: quienes nacieron en el siglo pasado no logran adaptarse a las nuevas herramientas con la misma naturalidad que quienes crecieron frente a una pantalla desde la primera infancia. A partir de ese diagnóstico, los autores reclaman incorporar a jóvenes a la política y avanzar en una legislación preventiva que evite que la región quede rezagada frente al resto del mundo.

El pedido de un acuerdo entre empresarios, sindicatos y partidos

Frente a ese panorama, el analista propuso en su columna una instancia de diálogo con participación de empresarios, sindicatos, fuerzas políticas y otros sectores sociales. El objetivo, sostuvo, debería ser encauzar la transformación productiva para evitar que derive en mayor desempleo y conflictos sociales.

“Es indispensable que los sindicatos, los empresarios, los partidos y otros actores dialoguen”, escribió. Hacia el final de su texto, insistió en la necesidad de un liderazgo “que convoque a un diálogo amplio” y deje atrás las disputas políticas mientras avanza el cambio tecnológico.

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara la Semana Milagro, una estrategia para presentar proyectos colombianos a capitales nacionales y extranjeros y convertir la inversión en uno de los motores de la denominada economía milagro. La iniciativa comenzará con contactos empresariales durante una reunión de Naciones Unidas y aspira a impulsar un crecimiento económico de al menos 6%.

La meta incluye elevar la productividad y aumentar la inversión como proporción del Producto Interno Bruto (PIB). El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, sostuvo, en rueda de prensa, que el país atraviesa uno de sus peores momentos de inversión privada en más de cuatro décadas, tras cuatro años en los que, según su diagnóstico, no alcanzó el nivel requerido y registró un exceso de gasto público.

La Semana Milagro funcionará como una vitrina internacional para exhibir un portafolio de proyectos en infraestructura, energía, minería, comercio, industria, turismo, agricultura, vivienda y tecnología. De acuerdo con información oficial, el propósito es conseguir los recursos necesarios para ejecutar esas iniciativas.

La primera edición se realizaría muy posiblemente en Estados Unidos. Luego, el plan buscará llegar a Europa, Oriente Próximo y América Latina con proyectos estructurados y medidas destinadas a resolver los obstáculos que hoy pueden impedir su desarrollo.

Proyectos con soluciones para atraer capital

El Gobierno nacional pretende presentar oportunidades de inversión junto con respuestas concretas a los problemas que suelen retrasar su ejecución. Juan Manuel Restrepo explicó que algunos planes se frenan por trabas dentro de las instituciones públicas, por la ausencia de un actor internacional o por la necesidad de incorporar al sector productivo.

La propuesta busca articular a ministerios, entidades estatales, empresarios y participantes internacionales. En vez de limitarse a ofrecer iniciativas sobre el papel, el Ejecutivo prevé identificar a los inversores que puedan participar en cada proyecto y acercarles las condiciones para materializarlo.

El vicepresidente de la República definió la intención con una frase: “Ponerles un tapete rojo a los inversionistas que quieran llegar a Colombia”. Esa oferta contempla facilitar los negocios de quienes decidan destinar recursos al país.

La estrategia está vinculada con las funciones asignadas a la Vicepresidencia mediante el Decreto 1373. Para el funcionario, esa norma concreta la propuesta de la llamada Patria Milagro, planteada desde el inicio de la administración, cuya viabilidad depende de una economía capaz de crecer, atraer capital y mejorar sus niveles de productividad.

Menos trámites y capacitación para jóvenes

La búsqueda de recursos no será el único frente de la política económica. El Gobierno plantea una modernización estatal para reducir o eliminar trámites y barreras que, según Restrepo, limitan la actividad empresarial y el crecimiento.

El trabajo se desarrollaría junto con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la Secretaría General de la Presidencia. Entre los componentes anunciados figura el uso de inteligencia artificial para elaborar políticas públicas y una estrategia de simplificación de procesos administrativos.

La apuesta oficial es que el Estado deje de ser percibido como un obstáculo para los proyectos de inversión y pase a cumplir un papel de facilitador. Esa transformación acompañaría la promoción internacional de Colombia como destino para capitales privados.

El tercer componente de la economía milagro se concentra en el mercado laboral. El programa Talento Colombia buscará ofrecer alternativas de estudio o trabajo a jóvenes que no estudian ni trabajan.

La iniciativa contempla formación en ciclos cortos, inteligencia artificial, robótica y tecnologías vinculadas con la cuarta revolución industrial. La capacitación se conectaría con opciones reales de empleo y con las demandas emergentes del mercado laboral.

Por otra parte, el Gobierno nacional expidió 11 decretos para afrontar las afectaciones derivadas el terremoto del 10 de agosto de 2026. El paquete que busca suplir la falta de recursos y de capacidad de respuesta en municipios con menor fortaleza fiscal mediante nuevos mecanismos de financiación, cambios administrativos y medidas sectoriales en energía, salud, educación y obras públicas.

Una de las bases del paquete es que las entidades territoriales no afectadas concentran cerca de 55% de los ingresos corrientes de libre destinación de los gobiernos territoriales y presupuestaron $924.027.000.000 en sus fondos de gestión del riesgo para 2026. Ese margen fiscal sustenta la decisión de permitir inversiones entre jurisdicciones para dirigir recursos hacia las zonas afectadas, aun cuando no produzcan un beneficio directo para el territorio que aporta.

Un proyecto empresarial como Wamani-Varsavsky, concebido inicialmente como un búnker-refugio frente a escenarios extremos, con posibilidades de evolucionar hacia desarrollos productivos de amplio espectro, podría alcanzar un atractivo inusual para el capital externo.

Ello adquiere especial relevancia si ocurre sin beneficios del RIGI, sin incentivos fiscales y sin financiamiento preferencial, mientras numerosos proyectos productivos convencionales encuentran dificultades para acceder al crédito.

De verificarse esta diferencia, no sería sólo una oportunidad empresarial, sino también un indicador de las profundas dificultades que aún enfrenta la Argentina para construir confianza económica de largo plazo.

La evolución de la realidad durante los años siguientes hasta el presente ha reducido significativamente aquellas expectativas, sin confianza suficiente para evitar la repetición del pasado reciente.

No sería sólo una oportunidad empresarial, sino también un indicador de las profundas dificultades que aún enfrenta la Argentina para construir confianza económica de largo plazo

El deterioro de las expectativas no se limita a la economía, sino que incluye algunos de los pilares indispensables para cualquier estrategia de desarrollo de largo plazo, educación, seguridad, salud y justicia, cuya relevancia se encuentra notablemente limitada a un estadío poco relevante en la gestión actual.

A ellos se suma la situación de numerosas empresas industriales que, fuera de los sectores beneficiados por el RIGI, atraviesan dificultades de actividad, rentabilidad o supervivencia.

En este contexto, proyectos multidisciplinarios de largo plazo como el liderado por Martín Varsavsky en Mendoza abren una discusión mucho más amplia que la que podría sugerir su eventual condición de “refugio” frente a un posible conflicto nuclear en el hemisferio norte.

Pensar escenarios, no solamente pronósticos

Existe una diferencia fundamental entre pronosticar el futuro y construir escenarios.

Scenariopp Building desarrollado desde comienzos de la década de 1980 por equipos vinculados a Shell Planning Group y al Cavendish Laboratory de la Universidad de Cambridge planteó precisamente la necesidad de imaginar futuros alternativos, identificar las variables determinantes y evaluar cómo diferentes combinaciones de esas variables podían conducir a escenarios muy distintos.

En la Argentina de comienzos de los años 80 también se trabajó con esta metodología mediante ejercicios de prospectiva de largo plazo, como Argentina 1980/2000, que procuraban analizar el país no desde una extrapolación mecánica del presente, sino desde distintos escenarios posibles.

La enseñanza continúa siendo válida y aplicable.

Pensar hoy la Argentina de 2040 o 2050 requiere identificar cuáles son los factores determinantes que pueden hacer que un escenario favorable sea posible o, por el contrario, impedirlo.

Ningún proyecto de inversión verdaderamente importante se construye pensando solamente en los próximos cuatro años

Y entre esos factores existe uno que resulta transversal a todos los demás, la confianza.

La variable que Argentina no consigue estabilizar

Ningún proyecto de inversión verdaderamente importante se construye pensando solamente en los próximos cuatro años.

Mucho menos los proyectos territoriales, energéticos, tecnológicos, productivos o de infraestructura requieren de décadas.

Por tal motivo, una condición que Argentina ha mostrado enormes dificultades para sostener durante las últimas ocho décadas, confianza de largo plazo.

No se trata solamente de confianza en la estabilidad monetaria y fiscal.

También de confianza en las instituciones, en las reglas de juego, en los poderes públicos y privados, en la justicia, continuidad de las decisiones, y la capacidad del Estado y del sector privado en sintonía para sostener compromisos durante períodos prolongados.

RIGI, una señal positiva pero insuficiente

Dentro del escenario actual, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones constituye una de las pocas sino la única política activa que intenta generar condiciones relativamente previsibles para proyectos de gran escala y largo plazo.

Pensar hoy la Argentina de 2040 o 2050 requiere identificar cuáles son los factores determinantes que pueden hacer que un escenario favorable sea posible

Pero también plantea interrogantes.

Su diseño concentra los incentivos en determinados sectores y grandes proyectos, mientras una parte significativa de la economía real —especialmente empresas industriales y productivas Pymes, que no acceden a esos beneficios— continúan enfrentando dificultades de actividad, financiamiento y competitividad.

Una estrategia de desarrollo debería poder combinar grandes inversiones con el fortalecimiento de las empresas existentes, el financiamiento productivo, la incorporación tecnológica, la generación de empleo y la expansión de las cadenas de proveedores nacionales.

De lo contrario, existe el riesgo de tener grandes proyectos exitosos en una economía que no consigue desarrollar de manera equilibrada el resto de su estructura productiva.

¿Cómo se relacionan proyectos como Wamani con este contexto?

Si la hipótesis de un escenario de conflicto nuclear grave en el hemisferio norte aumentara su probabilidad percibida, proyectos como Wamani podrían multiplicarse, no solamente en Mendoza, pero en otras regiones argentinas con condiciones de seguridad territorial, disponibilidad de agua, alimentos, energía, baja densidad poblacional y capacidad de autonomía.

El verdadero potencial económico de Wamani sería no depender de que ocurra una catástrofe, sino de que logre mostrar atractivos para generar valor con o sin catástrofe, tal como menciona el proyecto, en infraestructura, energía, producción alimentaria, tecnología, investigación, turismo de alta gama, servicios médicos, conectividad, conservación ambiental, nuevas formas de residencia.

Una estrategia de desarrollo debería poder combinar grandes inversiones con el fortalecimiento de las empresas existentes

Si esas actividades pueden desarrollarse normalmente, el territorio agrega valor incluso en un escenario mundial estable, y en caso de aumento de la incertidumbre global, podría adquirir una nueva dimensión como activo resiliente.

Esta característica convierte a Wamani en algo potencialmente abarcativo de un escenario diferente, aplicable más allá del concepto inicial del “Búnker”.

Dos escenarios para Argentina

Podemos imaginar, simplificando, dos escenarios extremos.

En el primero, Argentina consigue finalmente construir estabilidad institucional y económica, recuperar confianza, desarrollar infraestructura, ampliar el financiamiento productivo, mejorar educación, salud, seguridad y justicia, aumentar la productividad y sostener políticas fundamentales durante varias décadas.

En ese escenario, Wamani y otros proyectos semejantes podrían encontrar un ecosistema favorable y convertirse en parte de un proceso mucho más amplio de inversión y desarrollo territorial.

En ese caso, incluso los proyectos extraordinarios quedarían obligados a funcionar como islas de eficiencia dentro de un entorno estructuralmente inestable.

En el segundo escenario, Argentina continúa repitiendo su comportamiento histórico de gobiernos que generan expectativas de transformación, seguidos luego por cambios de rumbo, deterioro de la confianza, crisis, pérdida de inversión y nuevas promesas de reconstrucción.

Tales proyectos podrían sobrevivir, ser exitosos, pero careciendo de capacidad de transformar el país.

La paradoja

Y aquí aparece una paradoja que debería preocuparnos.

Es posible que Wamani y proyectos similares tengan una mayor probabilidad de éxito con o sin caos nuclear en el hemisferio norte que la propia Argentina, de construir y sostener las condiciones económicas y competitivas que viene postergando desde hace décadas.

La historia demuestra que disponer de ventajas naturales no alcanza

Si eso ocurriera, sería una señal extraordinariamente fuerte negativa pues significaría que determinados inversores pueden construir su propio escenario de estabilidad dentro de un país que no consigue ofrecerla de manera generalizada, pero esa no debería ser una razón para cuestionar esos proyectos.

Debería ser una razón para preguntarnos por qué no podemos reproducir las condiciones de previsibilidad que hacen posibles esos proyectos en una escala mucho mayor.

La pregunta pendiente

Argentina posee recursos extraordinarios.

Tiene territorio, agua, alimentos, energía, minerales, capacidad científica y tecnológica y una ubicación geográfica que puede adquirir un valor estratégico adicional en un mundo cada vez más fragmentado.

Pero la historia demuestra que disponer de ventajas naturales no alcanza, concepto que ha sido desarrollado y ejemplificado de manera numerosa, comenzando por Michael Porter en los años 80 (“La ventaja competitiva de las naciones”).

Después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina partió de una posición internacional particularmente favorable, con importantes reservas y buen posicionamiento, pero después de las ocho décadas en términos netos, con deterioro regional e internacional difícil de justificar en términos relativos, en contexto presente donde se continúan repitiendo los errores de gestión que limitan el inicio de un escenario más allá del corto plazo.

Dicha oportunidad volvió a repetirse muchas veces, la dificultad estuvo en sostenerla y superarla, y por tal motivo, la discusión que abre Wamani es, en realidad, una discusión sobre el futuro de Argentina.

¿Podrá el país construir finalmente las condiciones de confianza, estabilidad, inversión y continuidad necesarias para que las oportunidades de largo plazo no vuelvan a convertirse en otra oportunidad perdida?

Sería necesario que con tal objetivo, la gestión pública y la política económica pueda apuntar a construir los escenarios del país, y el plan requerido para ir en tal sentido.

El autor es doctor en Economía de la UBA

La Unión Europea, con su equipo de la embajada en Colombia, sustentó con datos sobre inversión, comercio y presencia empresarial europea, el apoyo digital y el trabajo en conjunto con el sector tecnológico colombiano.

Alberto Menghini, jefe de Cooperación de la embajada de la Unión Europea en Colombia, explicó a Infobae que la propuesta se apoya en tecnología e inversión ya que la Unión Europea es el mayor inversionista extranjero en Colombia. Por lo tanto, destacó el peso de las empresas europeas en el sector TIC y planteó una agenda común para la reconstrucción y la transformación digital del país.

La Unión Europea, el mayor inversionista extranjero en Colombia

El embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, presentó tres cifras para respaldar la magnitud de la presencia europea en el país. La primera se refirió a la inversión: la Unión Europea es, según afirmó, el mayor inversionista extranjero en Colombia.

El embajador precisó que, solo el año pasado, el bloque europeo invirtió 3.000 millones de euros en Colombia, en un contexto en el que la inversión extranjera total en el país cayó un 20%. Esa inversión europea sostiene 120 mil empleos, lo que equivale a uno de cada tres puestos de trabajo generados por capital extranjero en el país.

La segunda cifra que citó el embajador correspondió específicamente al sector digital. Colombia cuenta con 43 empresas TIC europeas, que en conjunto facturaron hace un año casi 5.000 millones de euros, equivalentes al 23% de los ingresos totales del sector tecnológico colombiano. Con ese volumen de facturación, Roudié sostuvo que Europa se posicionó como el primer bloque extranjero del sector TIC en Colombia.

La tercera cifra expuesta se refirió al comercio bilateral. Colombia y la Unión Europea mantienen un Acuerdo Comercial en vigor desde 2013, marco bajo el cual el segmento de servicios mostró el mayor crecimiento dentro del intercambio comercial. Los servicios representan hoy cerca del 40% del comercio entre ambas partes y dentro de ese segmento, el más dinámico es el tecnológico: las exportaciones colombianas de servicios TIC hacia Europa crecen a un ritmo del 10% cada año.

La respuesta digital de Europa tras el terremoto en Colombia en agosto de 2026

Roudié se refirió también a la recuperación que Colombia enfrenta después del terremoto del 10 de agosto de 2026 y planteó que Europa busca acompañar ese proceso con un componente digital concreto: redes más resilientes, comunicaciones capaces de funcionar en emergencias, infraestructuras críticas protegidas, datos satelitales para monitorear el territorio y anticipar riesgos, y herramientas digitales que permitan a comunidades y empresas retomar su funcionamiento con rapidez.

Para financiar ese tipo de proyectos, el embajador señaló que la Unión Europea suma a su cooperación el trabajo de bancos de desarrollo como el Banco Europeo de Inversiones y la CAF, bajo un esquema en el que la cooperación prepara la inversión, la innovación aporta soluciones, las empresas proveen la tecnología y la financiación permite llevar esas soluciones a mayor escala.

Los activos de Colombia para la alianza digital

Frente a las brechas digitales Roudié planteó que Colombia no llegó a la mesa de negociación con las manos vacías, sino con cuatro activos propios para aportar a la alianza.

El primero es la energía limpia. Cerca del 60% de la electricidad que genera Colombia ya proviene de fuentes de bajas emisiones. El embajador mencionó específicamente a La Guajira, región donde los vientos duplican el promedio mundial, como ejemplo del potencial energético capaz de sostener los centros de datos que Colombia y Europa podrían construir en conjunto.

El segundo activo es el emprendimiento. Según datos de StartupBlink citados por Roudié, Colombia es el segundo ecosistema de startups de América Latina. En 2025, las startups colombianas levantaron USD 857 millones, cifra que representa una quinta parte del capital total captado por startups en toda la región.

El tercer activo es el talento: Colombia ocupa el cuarto puesto en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. El cuarto es el gobierno digital: según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el país ocupa el segundo lugar en América Latina en esta materia y el octavo puesto a nivel mundial en datos abiertos.

La propuesta que planteó el embajador consiste en sumar esos activos colombianos con la tecnología, la inversión y la financiación que aporta Europa, en un ejercicio que no llega con una agenda cerrada sino con la intención de construirla junto al nuevo Gobierno nacional, los territorios, el sector privado, la academia, la sociedad civil y los Estados miembros europeos.

El mensaje final del embajador: la oferta europea a Colombia

“Colombia puede contar con Europa”. Con esa declaración resumió el conjunto de la oferta que planteó a lo largo de toda su intervención.

El embajador detalló los componentes concretos de esa disponibilidad: la cooperación europea, las empresas y la tecnología del bloque, sus estándares y su experiencia acumulada, los bancos de desarrollo con los que trabaja y la voluntad política de construir junto a Colombia una alianza de largo plazo.

Roudié definió el objetivo de esa alianza como una transformación digital que cierre brechas en lugar de abrirlas, que conecte los territorios del país, que llegue a las pequeñas empresas y a los jóvenes, y que contribuya a la reconstrucción de Colombia.

La expansión comercial china en Cuba avanza a una velocidad que contrasta con el colapso de la economía local.

Mientras la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó una contracción del 10.3% del Producto Interno Bruto (PIB) de la isla en 2026, la peor de toda la región, empresas estatales de Beijing abrieron locales en los barrios más adinerados de La Habana, cobraron en dólares y garantizaron electricidad propia en un país donde los apagones superaron las 20 horas diarias.

El periodista independiente Pablo Morales Marchán lo describió en el espacio Barrio Adentro de Radio Martí: “Los chinos van apoderándose cada vez más de los territorios en La Habana”.

Su recorrido por el municipio Playa, donde residen cuadros del régimen y una clase media con acceso a divisas, trazó un mapa de negocios que dos años antes no existía.

SUMAI S.A., la primera empresa mixta Cuba-China de comercialización

El caso más visible fue el de SUMAI S.A., presentada oficialmente en enero de 2025 como la primera empresa mixta de comercialización entre los dos países.

La compañía está integrada por la firma cubana ALBUS S.A. y la china Hangzhou Iunke Industrial Development Co., Ltd., y operó bajo el paraguas de la Plataforma de Inversión y Comercio para América Latina (PICLA), enmarcada en la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing.

Su tienda en la esquina de las calles 23 y 10, en El Vedado habanero, combinó ventas mayoristas y minoristas con un catálogo que abarcó paneles solares, materiales de construcción, electrodomésticos, alimentos y artículos del hogar.

La empresa operó exclusivamente en dólares, con pagos en efectivo o tarjeta. Eimy Iturralde, jefa comercial de SUMAI S.A., explicó a Cubadebate, medio estatal cubano, que la compañía nació para responder a la política del régimen de abrir el comercio mayorista y minorista a la inversión extranjera, aprobada en octubre de 2022, con el objetivo de ofrecer “una oferta más amplia, variada y competitiva”.

La expansión no se detuvo en La Habana. La plataforma PICLA extendió operaciones a Holguín en 2026 y SUMAI proyectó abrir tiendas en Camagüey, Matanzas y Pinar del Río.

Dongfeng vende autos eléctricos mientras el país sufre apagones

Otro emblema de esta penetración fue Dongfeng Motor Corporation, la automotriz estatal china que instaló un showroom en la avenida Séptima y calle 20, también en el municipio Playa.

Morales Marchán detalló ante Radio Martí que el local dispuso de sistemas de venta y pago en efectivo y con tarjeta, y que la empresa operó sus propias estaciones de recarga, denominadas “solineras”, alimentadas con paneles fotovoltaicos.

Esos puntos de carga funcionaron sin interrupción incluso cuando el resto del barrio permaneció a oscuras.

Para 2026, Dongfeng amplió su catálogo en Cuba con cuatro modelos nuevos, entre ellos pickups eléctricas 4x4 y SUV premium. Los precios partieron de 19.100 euros y el pago se realizó por transferencia internacional, un mecanismo al que la mayoría de los cubanos no tuvo acceso.

Beijing, socio estratégico desde 2017

La presencia de estos comercios no fue espontánea: respondió a una arquitectura de acuerdos que se consolidó durante años. China fue el mayor socio comercial de Cuba desde 2017 y uno de sus principales acreedores.

La plataforma de análisis WireScreen contabilizó 166 proyectos y operaciones chinas en Cuba, con un valor total de los 19 registros más grandes de USD 5,900 millones, dominado por créditos de bancos estatales y la condonación de deuda de USD 2,830 millones concretada en 2016.

En septiembre de 2025, La Habana anunció la reestructuración de su deuda soberana con Beijing, mientras continuaban las negociaciones sobre deuda bancaria y comercial.

Ese mismo mes, el presidente Miguel Díaz-Canel realizó su tercera visita oficial a China, donde Cuba se convirtió en el primer país en firmar un acuerdo de implementación conjunta de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Díaz-Canel reconoció públicamente en octubre de 2025 que el proceso de reformas chino “sirve de referencia” para la estrategia económica de la isla.

El vínculo también se reforzó en el plano energético. China financió 49 parques fotovoltaicos en Cuba, y el embajador chino Hua Xin se comprometió ante el régimen a construir 92 parques solares adicionales para 2028, con una capacidad total de 2,000 megavatios. En enero de 2026, el presidente Xi Jinping aprobó además una donación de emergencia de USD 80 millones y 60.000 toneladas de arroz.

Los negocios chinos llegan donde llegan los dólares del régimen

Morales Marchán trazó la lógica detrás de la geografía comercial china: los nuevos locales se concentraron en Miramar, Flores, Atabey y Siboney, barrios donde vive “la cúpula gobernante y la dirección del país, y la clase media alta emergente”.

Son, precisó el periodista, “las únicas personas que tienen los dólares y ese poder adquisitivo”.

El comunicador mencionó como ejemplo a Abel González Santamaría, identificado como alto oficial de la Seguridad del Estado, jefe del Museo de Historia de la policía política y asesor del Consejo de Estado en materia de seguridad. Ese perfil de cliente, según Morales Marchán, definió el segmento al que apuntaron estas empresas chinas.

A ese mapa se sumaron establecimientos de nicho como Dong Te, una cadena de tés de burbujas que abrió sus puertas en el último año, y el restaurante El pavo real, ubicado junto al Puente de Hierro, en el límite entre los municipios Playa y Plaza. Todos compartieron una característica: precios inaccesibles para el trabajador cubano promedio, cuyo salario en pesos no alcanzó para cubrir electricidad, alimentos ni agua.

La economía cubana se contrajo mientras el régimen abrió puertas a Beijing

El telón de fondo de toda esta expansión fue una crisis económica. La CEPAL revisó al alza su proyección de contracción para Cuba: pasó de un -6.5% estimado en abril a un -10.3% en agosto de 2026, la caída más pronunciada de América Latina y el Caribe. Desde 2019, la economía de la isla acumuló un retroceso superior al 23%.

Los apagones de hasta 25 horas diarias paralizaron la producción industrial, el comercio y los servicios básicos. La pérdida del suministro de crudo venezolano, entre 25,000 y 35,000 barriles diarios, tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, sumada al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, agravó una crisis energética que ya era estructural.

En ese contexto, el régimen presentó ante empresarios chinos un paquete de 176 medidas económicas organizado en 23 ejes temáticos, que incluyó la autorización de banca privada, la eliminación del límite de 100 trabajadores para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y derechos de superficie de hasta 99 años para proyectos extranjeros.

El cónsul cubano ante el foro empresarial chino describió las reformas como “una oportunidad sin precedentes” para atraer inversión de Beijing.

Los cuentapropistas, bajo presión por impuestos y competencia

Mientras las empresas chinas operaban con infraestructura propia y divisas garantizadas, los emprendedores cubanos sin vínculos con el poder enfrentaron un escenario opuesto. Morales Marchán señaló ante Radio Martí que el control de precios, los impuestos y los cortes de luz los asfixiaron de forma sistemática.

“Con motivo de evitar las excesivas ganancias lo que están es limitando la competencia y lo están haciendo de manera desleal, el grupo de poder, para ahogar las mypimes que no son de ellos y empoderar las mypimes que son del castrocomunismo”, afirmó el periodista.

Las empresas chinas llegaron con capital estatal, acceso a divisas y suministro eléctrico propio. Los cuentapropistas cubanos compitieron sin esas condiciones, en medio de la peor crisis económica que vivió la isla en décadas.

La industria turística de República Dominicana aportó 21.619 millones de dólares a la economía nacional en 2025, una cifra equivalente al 15.9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país al considerar sus efectos directos, indirectos e inducidos, según informó la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) en declaraciones recogidas por Listín Diario.

El dato fue presentado en el marco de la Exposición Comercial de Asonahores 2026, donde el sector consolidó su posición como uno de los principales motores de la actividad productiva nacional.

De manera directa, el turismo representó el 8.3% del PIB durante el año pasado. Sin embargo, al integrar su impacto en la cadena de suministro y el consumo derivado del empleo que genera, la participación se eleva casi al doble. Para Juan Bancalari, presidente de Asonahores, esta dimensión confirma que el sector trasciende la actividad hotelera y se convierte en un motor de desarrollo transversal para la economía del país.

“El turismo dominicano debe medirse por su capacidad de transformar la economía. Detrás de cada visitante existe una cadena que genera empleos, demanda bienes y servicios, atrae inversiones, produce divisas y crea oportunidades para miles de empresas dominicanas”, expresó Bancalari, en declaraciones publicadas por el diario.

Uno de los principales indicadores destacados por la asociación fue la capacidad del sector para captar divisas. Según el medio dominicano, en 2025 los ingresos por este concepto llegaron a 11,866 millones de dólares, un incremento del 9.3% respecto al año anterior. La tendencia se mantuvo durante los primeros meses de 2026: a junio, los ingresos por turismo sumaron 6,716 millones de dólares, un alza del 15% frente al mismo período de 2025.

El sector también mantuvo su atractivo para los capitales internacionales. Durante 2025, captó 1,288 millones de dólares en inversión extranjera directa, un flujo que refuerza su peso dentro del sostenimiento del ingreso de divisas de la economía dominicana.

Uno de cada seis empleos del país está vinculado al turismo

En materia laboral, la asociación reportó que 882,419 empleos directos, indirectos e inducidos estuvieron ligados a la actividad turística durante 2025, una cifra equivalente a aproximadamente uno de cada seis puestos de trabajo del país. De ese total, 301,800 correspondieron a empleos directos, 400,610 se generaron a través de la cadena de suministro de bienes y servicios, y otros 180,010 se originaron por el consumo de los hogares vinculados a la actividad.

Los indicadores salariales también mostraron una mejora. El salario promedio cotizable en hoteles, bares y restaurantes pasó de 22,705 pesos dominicanos (USD 383.58) a 27,580 pesos (USD 465.94). Además, el sector aportó 10,774 millones de pesos dominicanos (USD 182,044.72) a la Tesorería de la Seguridad Social durante el año pasado.

La recaudación fiscal del sector se triplicó en diez años

El crecimiento de la actividad turística también quedó reflejado en las cuentas fiscales del país. La recaudación proveniente de hoteles, bares y restaurantes alcanzó 45,227 millones de pesos dominicanos (USD 764,185.69) en 2025, frente a los 15,611 millones de pesos (USD 263,773.92) registrados en 2015. La cifra representa prácticamente triplicar la contribución fiscal del sector en una década.

Según los datos difundidos por Asonahores, y retomados por Listín Diario, estos indicadores confirman que la expansión del turismo genera efectos que alcanzan de forma transversal a la economía dominicana. Sectores como agropecuaria y pesca, manufactura, construcción, comercio, transporte y logística, servicios básicos y servicios profesionales y financieros forman parte de una cadena de suministro que crece junto con la demanda turística.

En ese contexto, la Exposición Comercial de Asonahores 2026 busca fortalecer la integración entre la actividad turística y el aparato productivo nacional, con el objetivo de ampliar las oportunidades de negocio y la participación de empresas dominicanas dentro de la cadena de valor del sector.

Desde Puerto Iguazú, Misiones - El 68% de las compañías consultadas anticipó un crecimiento de las ventas en 2027, según la vigésima tercera edición de la encuesta sobre financiación e inversión elaborada por EY Argentina y el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). El relevamiento se presentó durante el primer día de la 47° Convención Anual del IAEF y reunió las respuestas de más de 100 de las principales empresas del país.

La encuesta se desarrolló bajo el lema “Argentina: de la estabilidad al crecimiento. Cómo generar competitividad sostenida”. Los resultados mostraron una expectativa de expansión para el próximo año, luego de un período en el que las empresas registraron una evolución más moderada de sus ingresos y de su rentabilidad.

Durante el último año, el 51% de los encuestados indicó que sus ventas crecieron, una proporción inferior al 62% registrado en el relevamiento previo. A la vez, el 32% señaló una caída. La evolución de la rentabilidad siguió una tendencia similar: mejoró en el 32% de los casos, se mantuvo sin cambios en el 30% y empeoró en el 34%.

Para 2027, el 53% de las empresas espera una mejora de la rentabilidad. Las proyecciones de inversión también mostraron una variación: casi el 50% anticipó un incremento de sus desembolsos para el próximo año, mientras que el resto previó estabilidad, reducción o no respondió.

Las inversiones se orientarán a tecnología y bienes de capital

El destino principal de los planes de inversión será el activo fijo y la incorporación de tecnología. Esa opción concentró el 70% de las respuestas. El 19% mencionó el fortalecimiento del capital de trabajo, mientras que las adquisiciones y las reestructuraciones quedaron detrás dentro de las prioridades de las compañías.

El socio de EY Argentina, Alejandro Kelman, vinculó ese resultado con el horizonte de las decisiones empresariales. “Cuando uno ve a dónde se van a destinar las inversiones, prácticamente un 70% de los que contestaron la encuesta dicen que esas inversiones se van a destinar a bienes de capital e incorporación de tecnología, lo cual habla de un horizonte de mediano a largo plazo”, afirmó durante la presentación.

Kelman también expuso los datos de financiación. El 69% de las compañías indicó que sus necesidades de financiamiento no cambiaron respecto del año anterior. El 15% informó un aumento de esas necesidades, mientras que el resto reportó una disminución o no respondió.

La autofinanciación se mantuvo como la fuente principal para sostener operaciones, adquisiciones y proyectos de expansión: representó el 31% de las respuestas. Los bancos y entidades financieras locales ocuparon el segundo lugar, con el 22%, y los aportes de casas matrices quedaron en tercer lugar, con el 15%.

En la exposición, Kelman señaló que el peso de los recursos propios reflejó límites para obtener crédito de mayor plazo. “El 31% de las compañías se siguen autofinanciando. Es decir, para financiar adquisiciones, operaciones de crecimiento, siguen utilizando su capital de trabajo. Solo un 22% de las compañías acuden a bancos locales y todavía no son préstamos de tan largo plazo”, sostuvo.

La encuesta también relevó los mecanismos que los ejecutivos consideran necesarios para acompañar inversiones de mayor escala. La simplificación tributaria y administrativa concentró el 61% de las menciones entre las medidas estatales que podrían mejorar la competitividad. Los acuerdos entre Gobierno, sindicatos y empresas sumaron el 19%.

Entre los estímulos fiscales, la reducción de alícuotas a cambio de reinversión de utilidades reunió el 29% de las respuestas. La reducción de cargas sociales a cambio de nuevo empleo concentró el 28%, mientras que la amortización acelerada de inversiones de capital obtuvo el 17%.

Energía, agronegocios e infraestructura concentraron las proyecciones sectoriales

El sector de energía volvió a ubicarse al frente de las expectativas de crecimiento: recibió el 37% de las menciones de los ejecutivos consultados. Le siguieron los agronegocios, con el 23%, y la infraestructura, con el 17%. El resultado mantuvo a la energía como el rubro con mayor potencial dentro del relevamiento anual.

La gerente general de Ecogas, Natalia Rivero, se refirió a las condiciones que, desde su perspectiva, requiere el sector energético para sostener inversiones. “Las inversiones en energía son inversiones de capital intensivo, de largos períodos de tiempo. Se necesita que las normas sigan siendo claras a nivel regulatorio, fiscal y contractual”, expresó.

Rivero mencionó la infraestructura como otro aspecto ligado a la expansión del sector. En su intervención, planteó que el aumento de la producción necesita sistemas de transporte, almacenamiento y exportación. También señaló la necesidad de una competitividad que contemple aspectos fiscales, coordinación entre jurisdicciones y desarrollo de proveedores.

Durante el panel, Rivero explicó que Ecogas ingresó al mercado de capitales en 2025 como parte de una decisión de largo plazo. La compañía opera en el sector gasífero argentino y controla a Distribuidora de Gas del Centro y Distribuidora de Gas Cuyana, que prestan el servicio de distribución de gas natural por redes en Córdoba, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis.

La ejecutiva indicó que ambas distribuidoras alcanzan a más de 1,5 millones de clientes y operan más de 39 mil kilómetros de gasoductos. También señaló que el esquema de revisión tarifaria quinquenal incluyó un plan de inversiones para las nueve distribuidoras de gas del país, por cerca de USD 1.000 millones en cinco años.

El agro puso el foco en la tecnología, el financiamiento y la infraestructura

En el caso del agro, el presidente de Corteva Cono Sur, Julián Sudera, planteó que la expansión de la producción requiere mejoras de rendimiento sobre la superficie disponible. “Argentina no va a poder seguir creciendo con más hectáreas. El crecimiento del sector, si nos vamos al primer eslabón, que es el productor, es producir más en la misma hectárea. Producir más en la misma hectárea significa más tecnología”, afirmó.

Sudera vinculó la tecnología con el acceso al financiamiento y con la necesidad de reducir brechas de rendimiento. También mencionó la infraestructura como un elemento que impacta en los costos del sector, especialmente en el traslado de granos y en la conexión con puertos y otras vías de salida.

El ejecutivo se refirió, además, al financiamiento de las campañas agrícolas. Indicó que el sector utiliza un componente relevante de financiación privada, canalizada por las propias compañías, junto con líneas bancarias. Señaló que esa dinámica exige capital de trabajo y enfrenta restricciones adicionales por el peso del alquiler de campos en la estructura productiva.

“Si el productor está con una rentabilidad y con avidez de invertir, y hay tecnología disponible, esa combinación va a hacer que el agro crezca”, dijo Sudera. También mencionó las oportunidades vinculadas con la energía basada en cultivos, en áreas donde antes no existía producción.

Las expectativas empresariales sobre el marco económico incluyeron un plan claro y sustentable, que recibió el 27% de las menciones, una reforma tributaria que estimule la inversión, con el 25%, y una política cambiaria estable, con el 20%. Entre los incentivos legales, la protección de las inversiones extranjeras y los tratados de libre comercio concentraron el 32% cada uno.

La encuesta también consultó por las tendencias globales que influyen en las decisiones de inversión. Las altas tasas de financiamiento encabezaron las preocupaciones, con el 26% de las respuestas. El avance de los populismos o nacionalismos extremos quedó en segundo lugar, con el 20%, seguido por la inestabilidad política en América Latina y la volatilidad de los precios de las materias primas.

En materia de gestión, el 28% de los ejecutivos identificó al efecto de la inteligencia artificial en las distintas dimensiones del negocio como la tendencia con mayor impacto. La aparición de competidores no tradicionales reunió el 26%. Al consultar por las oportunidades para pasar de la estabilidad al crecimiento, el 30% priorizó la integración de inteligencia artificial y tecnología para optimizar procesos y costos, mientras que el 29% pidió reglas estatales sostenibles que permitan planificar a largo plazo.

El régimen de Cuba aprobó este jueves 3 de septiembre un nuevo paquete de normas que permite a las empresas extranjeras contratar empleados de forma directa, abrir cuentas bancarias fuera de la isla sin autorización previa y avanzar con otras reformas incluidas en 176 transformaciones económicas y sociales adoptadas en junio.

El Decreto-Ley 128 elimina uno de los mecanismos que reguló durante décadas la inversión externa en el país: la intermediación obligatoria de agencias empleadoras estatales para incorporar trabajadores cubanos en compañías de capital extranjero.

A partir de la entrada en vigor de la norma, las empresas mixtas y las firmas de capital extranjero al 100% podrán contratar directamente a su personal local. El decreto también contempla la posibilidad de que paguen bonificaciones o gratificaciones en moneda extranjera.

El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva, advirtió que no es posible cuantificar todavía sus efectos.

“Podrían tener un impacto en la economía a corto plazo”, sostuvo Pérez-Oliva durante una rueda de prensa. El funcionario atribuyó la incertidumbre a un “componente de presión externa” que, según dijo, las autoridades cubanas no pueden ignorar.

Las compañías podrán operar cuentas en el exterior con una notificación posterior

El Decreto-Ley 128 también modifica las reglas para el manejo de fondos fuera del país. Hasta ahora, las empresas requerían una autorización del Banco Central de Cuba para abrir y utilizar cuentas bancarias en el exterior.

Con la nueva regulación, las compañías podrán abrir esas cuentas sin un permiso previo. Deberán informar la operación dentro de un plazo de siete días y someter sus movimientos a auditorías.

La norma introduce además procedimientos digitales para simplificar los permisos vinculados con importaciones y exportaciones. El objetivo declarado es reducir trámites para las empresas que operan con capital extranjero y facilitar sus vínculos comerciales internacionales.

Las modificaciones se suman a otras reformas anunciadas esta semana. El miércoles entró en vigor el Decreto-Ley 133, que permite la creación de empresas privadas con más de 100 empleados y habilita la participación de cubanos residentes en el exterior en el ecosistema empresarial de la isla.

En los últimos días, el Gobierno también autorizó la formación de cadenas comerciales, otra medida destinada a ampliar las posibilidades de expansión del sector privado.

El sector privado podrá crear agencias de viajes

Este jueves también se anunciaron cambios para el turismo. Las nuevas disposiciones permitirán que el sector privado constituya agencias de viajes, desde microempresas hasta compañías de mayor tamaño.

El director jurídico del Ministerio de Turismo, Juan José Álvarez, señaló que la apertura busca ampliar opciones ya existentes en destinos con actividad turística vinculada a la naturaleza, el patrimonio y las comunidades locales.

Álvarez mencionó los casos de Viñales, Trinidad y la Ciénaga de Zapata, lugares donde se ha promovido este tipo de oferta durante años. Según indicó, una serie de condiciones dentro del sector permite ahora ampliar esa posibilidad.

Las normas prevén incentivos para proyectos de ecoturismo en zonas priorizadas para la conservación y en áreas patrimoniales. Entre ellos figura un impuesto reducido del 25% sobre los beneficios, la eliminación de aranceles aduaneros para importar equipamiento destinado a la inversión y la exención tributaria para las utilidades que se reinviertan en la actividad.

El régimen vincula las reformas con la salida de la crisis económica

Pérez-Oliva citó entre las medidas con potencial de impacto inmediato la posibilidad de que empresarios privados se asocien con capital extranjero, realicen operaciones de comercio exterior de forma directa y establezcan alianzas con entidades públicas.

“Las transformaciones van en el camino correcto”, afirmó el viceprimer ministro. No obstante, insistió en que la implementación de las reformas estará condicionada por factores ajenos a la legislación cubana.

El funcionario se refirió a las presiones sobre transportistas internacionales, una situación que, según explicó, eleva los costos de producción y de prestación de servicios públicos. Sus declaraciones aludieron a las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos en los últimos meses.

Cuba atraviesa una crisis económica desde hace seis años, con dificultades en el suministro de combustible, alimentos y bienes básicos. Las autoridades buscan que las nuevas reglas contribuyan a descentralizar la actividad productiva, atraer inversión y ampliar el espacio de acción de los negocios privados, en un escenario marcado por las sanciones externas y por limitaciones internas de financiamiento y oferta.

La dictadura cubana puso en vigor este jueves dos decretos que flexibilizan la inversión extranjera y el uso de tierras estatales, dentro de un paquete de reformas con el que el régimen busca atenuar la peor crisis económica de la isla en seis años. El Decreto-Ley 128 permite a las empresas foráneas contratar personal de forma directa, sin pasar por las agencias empleadoras del Estado, y abrir cuentas bancarias en el exterior sin autorización previa del Banco Central. El Decreto-Ley 130, por su parte, extiende el usufructo de tierras estatales a personas jurídicas hasta por 99 años.

Ambas normas, firmadas el 28 de julio por Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, modifican la Ley 118 de Inversión Extranjera, vigente desde 2014, y el Código Civil de 1987. Se suman al Decreto-Ley 133, en vigor desde el miércoles, que habilita empresas privadas con más de 100 trabajadores, y a la autorización, la semana anterior, de cadenas comerciales privadas.

El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, presentó las medidas en rueda de prensa y admitió que su impacto en la economía a corto plazo “podría” producirse, aunque no es posible “calcularlo” por el “componente de presión externa que no podemos desconocer”, en referencia a las sanciones estadounidenses.

Las reformas forman parte de un paquete de 176 medidas aprobado por el Parlamento el 18 de junio, una apertura económica anunciada por el régimen desde el Período Especial de los noventa. Llegan en medio de una crisis que se arrastra desde hace seis años y que se agravó en enero, cuando Washington impuso, mediante una orden ejecutiva, un bloqueo a las exportaciones de combustible hacia la isla, al que se sumaron sanciones adicionales para forzar cambios políticos.

El dictador Miguel Díaz-Canel defendió el 30 de julio ante la Asamblea Nacional que las transformaciones no equivalen a una apertura al capitalismo. “No vamos a instaurar un capitalismo depredador ni una privatización masiva del patrimonio nacional [...] Nada más alejado del sentido de las transformaciones”, aseguró, y descartó privatizar la salud, la educación o los “servicios estratégicos” del país.

El régimen sostiene que en la isla operan más de 15.000 pequeñas y medianas empresas privadas, cifra difundida en julio junto al anuncio de la apertura de gasolineras y farmacias al capital privado. Los registros de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), sin embargo, contabilizaban 9.550 mipymes en marzo, casi 40% menos. Según su Encuesta Nacional de Ocupación, el sector no estatal emplea al 31,5% de los 4,14 millones de ocupados del país.

El Decreto-Ley 130 detalla que el usufructo podrá concederse “a título gratuito u oneroso” y prorrogarse por otros 99 años si el titular lo solicita con dos años de antelación al vencimiento. También autoriza el derecho de superficie, mediante el cual el Estado puede entregar terrenos a perpetuidad a cambio de un pago, y permite que propietarios de solares yermos lo cedan para levantar viviendas u otras construcciones.

En turismo, el Decreto-Ley 128 habilita al sector privado a crear agencias de viajes de cualquier tamaño y reduce al 25% el impuesto sobre utilidades de proyectos de ecoturismo en zonas de conservación, además de eliminar aranceles para importar equipamiento destinado a esa actividad. El director jurídico del Ministerio de Turismo, Juan José Álvarez, señaló que regiones como Viñales, Trinidad o la Ciénaga de Zapata reúnen ahora “un grupo de elementos” que amplían esa modalidad, promovida desde hace décadas sin marco legal específico.

La Gaceta Oficial No. 73 que recoge estas normas incluye además resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco Central sobre su aplicación. El régimen prevé publicar en las próximas semanas el resto de las normativas del paquete de 176 medidas, entre ellas las referidas al sistema bancario y al mercado cambiario, dos de los frentes más sensibles de la reforma en curso.

El Gobierno de Cuba elimina intermediarios estatales en la contratación de personal para empresas extranjeras y les permite operar cuentas bancarias fuera de la isla sin autorización previa del Banco Central. Las decisiones entraron en vigor el 3 de septiembre mediante el Decreto-Ley 128, publicado en la Gaceta Oficial.

La norma permite que las sociedades mixtas y las compañías con capital totalmente extranjero incorporen trabajadores de forma directa. También habilita el pago de bonificaciones o gratificaciones en moneda extranjera, según informó EFE, agencia española.

Las reformas apuntan a reducir controles que hasta ahora condicionaban la actividad de inversores extranjeros y del sector privado cubano. El cambio incluye la apertura de agencias de viajes privadas, nuevas facilidades para el comercio exterior y estímulos tributarios destinados a proyectos de ecoturismo.

Las empresas extranjeras podrán contratar sin agencias estatales

El cambio laboral termina con la obligación de recurrir a agencias empleadoras estatales para incorporar personal cubano. Ese mecanismo había concentrado en el Estado la intermediación entre las compañías internacionales y sus trabajadores locales.

A partir de la nueva regulación, las empresas mixtas y las de capital extranjero podrán establecer una relación directa con sus empleados. La disposición también contempla incentivos salariales en divisas.

La flexibilización forma parte de un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por el Gobierno cubano en junio. Las autoridades presentaron esas medidas como un intento de descentralizar la economía y captar inversiones en medio de la crisis que afecta al país.

Durante una conferencia de prensa, el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, sostuvo ante EFE que las nuevas disposiciones “podrían tener un impacto en la economía a corto plazo”. El funcionario evitó anticipar resultados y señaló que la situación externa condicionará su alcance.

Pérez-Oliva afirmó que las decisiones “van en el camino correcto” y citó tres vías para impulsar la recuperación: las asociaciones entre empresarios privados y capital extranjero, el comercio exterior directo de las empresas privadas y las alianzas entre entidades públicas y particulares.

Las cuentas en el exterior requerirán aviso y auditoría

El Decreto-Ley 128 elimina el permiso previo del Banco Central de Cuba para que las empresas abran y administren cuentas bancarias en el exterior. Las compañías deberán informar la apertura dentro de los siete días posteriores y someter sus movimientos a auditorías.

El nuevo esquema también prevé una digitalización de los procedimientos de importación y exportación. La intención declarada es acortar trámites y facilitar las operaciones de las empresas que participan en negocios internacionales.

El Ministerio de Economía y Planificación ya había informado en agosto sobre otras modificaciones al reglamento de inversión extranjera. Entre ellas figuraban la reducción de plazos administrativos, la simplificación de la documentación exigida y cambios en la gestión de empresas mixtas.

La apertura de cuentas fuera del país llega en un momento en que la falta de divisas, combustible e insumos limita la producción y los servicios.

Las sanciones estadounidenses y las restricciones sobre suministros energéticos han agravado la presión sobre la economía cubana, aunque analistas también atribuyen la crisis a problemas estructurales internos.

El viceprimer ministro aludió a las “presiones sobre transportistas internacionales” y sostuvo que ese escenario encarece los costos de producción y de los servicios públicos.

Sus declaraciones se produjeron tras meses de medidas de Washington contra sectores estatales cubanos y contra el suministro de petróleo a la isla.

El sector privado podrá abrir agencias de viajes

Las nuevas disposiciones alcanzan al turismo, una actividad que el Gobierno identifica como fuente de ingresos externos. El sector privado podrá crear agencias de viajes de distintas escalas, desde microempresas hasta firmas de mayor tamaño.

La norma también establece incentivos para inversiones vinculadas al ecoturismo en áreas priorizadas para la conservación y en entornos patrimoniales. Los proyectos de ese tipo tendrán una tasa impositiva de 25% sobre los beneficios.

Además, quedarán exentos de aranceles aduaneros los equipos importados para esas inversiones. Las utilidades reinvertidas en la propia actividad no pagarán impuestos, según la información difundida por EFE.

El director jurídico del Ministerio de Turismo, Juan José Álvarez, dijo a la agencia que destinos como Viñales, Trinidad y la Ciénaga de Zapata impulsan este tipo de propuestas desde hace años. A su juicio, las condiciones actuales del sector permiten ampliar esa posibilidad.

La expansión del turismo privado se anuncia mientras la actividad enfrenta dificultades por la escasez de combustible y la reducción de operaciones. Reuters, agencia británica, informó en julio que funcionarios cubanos señalaron que cerca de tres cuartas partes de los hoteles del país estaban cerrados, en parte por las limitaciones energéticas y la salida de grupos hoteleros internacionales.

Otras normas amplían el espacio para las empresas privadas

La entrada en vigor del Decreto-Ley 128 se sumó a otras decisiones de los últimos días. El Decreto-Ley 130 flexibilizó y actualizó el régimen de tierras y propiedad.

El Decreto-Ley 133, vigente desde el 2 de septiembre, autorizó la creación de empresas privadas con más de 100 trabajadores. También habilitó la participación de cubanos residentes en el exterior en el ecosistema empresarial de la isla.

La semana anterior, las autoridades habían aprobado la posibilidad de establecer cadenas comerciales. El conjunto de normas amplía el margen operativo del sector privado, aunque el Estado mantiene el control de áreas que considera estratégicas.

Miguel Díaz-Canel había señalado en julio que las reformas no implicarían una privatización masiva de activos nacionales. El dictador excluyó de esa posibilidad a sectores como la salud, la ciencia, la cultura y servicios estratégicos.

La aplicación de las medidas ocurre después de seis años de deterioro económico. La falta de combustible, los apagones, la contracción de la actividad turística y la escasez de bienes básicos forman parte del escenario que el Gobierno busca aliviar con la apertura a nuevos actores privados y capitales externos.

Un millón de visitantes provenientes de Guatemala han llegado a El Salvador en los últimos meses, según datos proporcionados por la ministra de Turismo, Morena Valdez, en entrevista con Frente a Frente. Esta cifra posiciona a Guatemala como el principal país emisor de turistas hacia El Salvador, superando incluso a mercados históricos como Estados Unidos y Honduras.

Valdez explicó que el flujo de turistas guatemaltecos ha mostrado un crecimiento sostenido, visible tanto en las playas como en destinos culturales, zonas urbanas y eventos especiales celebrados en el país.

La ministra subrayó que la facilidad de acceso por carretera, las conexiones terrestres y la cercanía geográfica han facilitado la llegada de turistas guatemaltecos. La mayoría viaja motivada por actividades de ocio, compras, participación en eventos deportivos, conciertos y celebraciones especiales.

Durante periodos de vacaciones y fines de semana largos, el arribo de turistas de Guatemala se incrementa de forma significativa. Según Valdez, este comportamiento se traduce en una alta ocupación hotelera y un aumento sostenido en la demanda de servicios en restaurantes, comercios y actividades recreativas. La presencia guatemalteca se percibe en distintos puntos del país, con una afluencia notoria en la zona costera, pero también con interés en conocer lugares de montaña, parques nacionales y el centro histórico de San Salvador.

Diversificación de mercados y crecimiento internacional

La funcionaria indicó que la participación de turistas guatemaltecos no se limita únicamente a la estadía, sino que incluye la asistencia a actividades y eventos organizados en El Salvador, desde torneos deportivos hasta festivales culturales y ferias regionales.

Destacó que este segmento de visitantes tiene un efecto directo en la dinamización de la economía local y en el fortalecimiento de la cadena de valor del sector turístico, abarcando desde el hospedaje y la gastronomía hasta el comercio y los servicios de transporte.

Valdez señaló que los datos del Ministerio de Turismo confirman que, además de Guatemala, Estados Unidos se mantiene como uno de los mercados turísticos más importantes para El Salvador, junto con Honduras. En los últimos meses, también se ha registrado un crecimiento en la llegada de turistas provenientes de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así como de México, Colombia y España. Este flujo diversificado responde tanto a actividades de ocio como a la participación en eventos internacionales y visitas familiares.

Durante la entrevista, la ministra informó que El Salvador ha superado los 3 millones de visitantes internacionales entre enero y agosto, y que la proyección para el cierre del año es de 4.2 millones de visitantes. En comparación, en 2019 la cifra fue de 2.6 millones de visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento relevante en la actividad turística nacional.

Respuesta institucional y nuevas inversiones

Valdez mencionó que para atender adecuadamente a este volumen de turistas, el Ministerio de Turismo ha trabajado junto al sector privado en acciones para fortalecer la oferta turística y mejorar los servicios. Entre las medidas destacan la facilitación de información en varios idiomas, la mejora de la seguridad en destinos turísticos y la capacitación de personal para responder a las necesidades de los distintos perfiles de visitantes.

La ministra también citó como ejemplo de la dinámica actual la llegada de una empresa dominicana de transporte turístico, cuyo propietario tomó la decisión de invertir en El Salvador tras su experiencia como visitante. Según Valdez, este tipo de inversiones extranjeras contribuyen a ampliar la oferta de servicios y a generar empleo local, en un contexto en el que la confianza y la percepción de seguridad resultan determinantes para la decisión de viajar e invertir en el país.

Las elecciones nacionales ocupan un lugar central en la agenda de fondos, bancos y grandes inversores internacionales. En un contexto de volatilidad y expectativas, la banca de inversión observa cada movimiento político, económico y social. Dorothee Blessing, directora general y co-líder global de banca de inversión en JP Morgan, analiza el panorama actual y las señales que genera el proceso electoral. La ejecutiva, con base en Nueva York, detalla el modo en que el sector financiero internacional interpreta los cambios políticos y económicos.

En diálogo con Infobae, Blessing comparte cómo los actores globales perciben la coyuntura y qué condiciones consideran necesarias para un mayor flujo de capital hacia mercados emergentes. Junto a ella, Marina Linhart, jefe de banca de inversión para Latinoamérica del banco, aportó también su visión sobre las oportunidades y desafíos de la región.

—¿Qué observa el sector financiero internacional sobre la coyuntura política y económica local?

—Dorothee Blessing: “Todas las miradas están puestas en las elecciones y en la pregunta de si el rumbo y el trayecto continuarán. Creo que lo que se puede ver es una concentración de muchos clientes en ese diálogo, en torno a cuáles son las oportunidades que surgirán para ellos como parte de eso, y las oportunidades que surgirán como parte de eso para el país si el rumbo continúa con reformas y estabilidad. ¿Cuánto más capital extranjero puede atraer el país con el tiempo si ese rumbo continúa? Y ahí es donde lo que dice Marina entra en juego. Si uno mira los sectores entre recursos naturales, energía, y sumo a eso la infraestructura más amplia... en juego, esos son sectores realmente relevantes a nivel global, geopolíticamente. Esa es la clase de pregunta. Ese es el sentimiento que escuchamos.”

—¿Dónde ve el mayor interés de inversión en la región?

—Marina Linhart: “Cuando pensamos en los flujos, empiezo de manera amplia, porque sé que te enfocaste en la IED y los flujos de inversión. Pero en los flujos netos, en acciones en general en la región, por ejemplo, América Latina en su conjunto... empecemos ahí, registró salidas netas hasta aproximadamente 2024. Así que 2025 y 2026 fueron las primeras veces en que realmente comenzamos a ver entradas netas en la región. Ahora, la mayor parte de eso aún va a fondos pasivos, ¿verdad? Pero se empieza a ver un reequilibrio de capital que ingresa y que ve oportunidades y valor en América Latina, en relación con las valuaciones en otros mercados del mundo, y parte de eso también proviene de dónde ves las monedas y dónde ves que comienza cierta estabilidad. Los ciclos electorales ya pasaron ahora en varios países y se percibe esa estabilidad y esa oportunidad ahora para invertir, la trayectoria de esos países y la diferencia de valor relativa. Así que ves esas oportunidades. Creo que se ve una combinación de búsqueda de estabilidad, y hablamos de eso como un tema, pero algo de estabilidad en el régimen y estabilidad en los marcos de inversión del país. También se quiere ver dónde están las oportunidades de valor, creación de valor, dónde pueden invertir y ver esa creación de valor a largo plazo para las inversiones, y creo que eso aplica tanto a los flujos de acciones como a la IED.”

—¿Qué sectores destacan entre las oportunidades para el país?

—Dorothee Blessing: “Si uno mira los sectores entre recursos naturales, energía, y sumo a eso la infraestructura más amplia... en juego, esos son sectores realmente relevantes a nivel global, geopolíticamente. Esa es la clase de pregunta. Ese es el sentimiento que escuchamos.”

—Marina Linhart: “Y la agricultura también, que es realmente importante.”

—Dorothee Blessing: “Pero la parte agrícola de lo que también tienen, de nuevo, mirando lo que sucede en el mundo, y viendo algunas de las carencias que resultan como efecto de la guerra en Ucrania, ¿verdad? De nuevo, están en industrias estratégicamente increíblemente relevantes, y creo que lo que vemos en el mundo atraerá mucha atención.”

—¿Qué tipo de empresas muestran mayor capacidad de transformación?

—Dorothee Blessing: “Y estoy impresionada con el tipo de empresas en este país en diferentes sectores, y la capacidad de transformar sectores, ¿verdad? Ya sea en el lado digital, ya sea en el lado de recursos naturales, con inversiones y los programas de inversión que llegan, creo que hay mucho... Hay un impulso que se está construyendo, y eso me resulta realmente interesante.”

—¿Cuál es el rol de la banca de inversión en el contexto actual?

—Dorothee Blessing: “Si uno observa todo ese ecosistema, no pensamos en el financiamiento solo como una transacción de financiamiento. Realmente se piensa en el financiamiento que se necesita durante varios años, y eso es lo que está cambiando y modificando la forma en que vemos el financiamiento para esos sectores.”

—¿Qué condiciones considera necesarias para que la tendencia de inversiones se sostenga a largo plazo?

—Dorothee Blessing: “Lo que se necesita para que eso realmente se materialice es que veamos reformas continuadas, el rumbo... que la estabilidad continúe, y al final, como todos sabemos, hay muchas miradas y mucho foco en la próxima elección. Así que creo que estamos cerrando el círculo en la conversación... donde empezamos. Y creo que eso refleja claramente lo que escuchamos de nuestros clientes, y estoy segura de que no te sorprenderá. Pero también creo que uno se da cuenta, con las empresas y la fortaleza de algunas de esas empresas basadas aquí, que hay una verdadera esperanza de que ese rumbo de estabilidad continúe para que puedan ejecutar exactamente eso.”

—¿Por qué JP Morgan mantiene su presencia en el país aun en contextos desafiantes?

—Dorothee Blessing: “Pero lo que es importante para nosotros al mirar nuestra franquicia y al mirar, francamente, nuestra franquicia global, y también si traduzco esto a esta región, a Argentina, es que hemos estado aquí durante décadas, en la región por más de 150 años. Atravesamos ciclos, ¿verdad?... Una economía atraviesa ciclos, se desarrolla, etcétera. Pero mantenemos nuestra presencia y nuestro foco en nuestros clientes y realmente estamos ahí mientras todos navegan un conjunto diferente de desafíos, ya sea a nivel doméstico, global, ya sea relacionado con el tipo de cambio, ya sea relacionado con otros desafíos. ¿Verdad? Pero estar ahí y ayudar a nuestros clientes con esa continuidad y ese enfoque global, eso es para lo que nos comprometimos.”

—¿Cómo influye el talento local en la estrategia de la firma?

—Marina Linhart: “Argentina tiene una base de talento muy... profunda y amplia de talento humano, capital humano... Me refiero a talento bien formado que ha sido una parte muy importante de nuestro negocio, por eso tenemos... De hecho, estamos ubicados aquí hoy... nuestro centro corporativo aquí. Así que creo que eso sigue siendo una verdadera ventaja competitiva.”

—¿Qué mirada tiene sobre el futuro de la inversión en tecnología y digitalización?

—Dorothee Blessing: “Creo que es un año increíblemente activo, como vemos. Y lo vemos contra un telón de fondo geopolítico que no es necesariamente tan fácil en el mundo, ¿verdad? Pero vimos un aumento significativo en la actividad de fusiones y adquisiciones... a nivel global, principalmente impulsado por Estados Unidos y EMEA. Lo que resulta particularmente interesante sobre eso son dos factores. Uno es que los aumentos son de más del 30% año tras año. Pero lo que resulta especialmente interesante es el número de las llamadas megaoperaciones que vemos, es decir, la cantidad de operaciones que superan los 10 mil millones en volumen de operación. Un aumento significativo en esas, y un aumento significativo en la actividad de operaciones transfronterizas, que, como sabemos, si hacés operaciones transfronterizas, necesitás tener aún más confianza... como directorio y como consejo de administración para hacer operaciones. Lo que claramente vemos es que las necesidades de los clientes y las necesidades estratégicas han cambiado. Se trata de la ejecución de la agenda estratégica, ya sea consolidación, ya sea impulsada por la tecnología, ya sea impulsada por la cadena de suministro, ya sea por nuevos mercados. Y los clientes toman el consejo y no es sobre si hacen la operación estratégica, sino cuándo y cómo navegar los mercados.”

Les regalamos educación y salud, quienes se llevan ese valioso conocimiento a sus países sin haber tributado aquí. Sin embargo, les prohibimos adquirir tierras. En paralelo, le impedimos al ciudadano local disponer libremente de sus bienes. La contradicción es absoluta: un Estado que regala y restringe.

Quienes bregamos por el progreso del país sostenemos que la compra de tierras por parte de extranjeros no constituye un despojo imperialista. Al contrario, representa una manifestación legítima y beneficiosa del libre mercado global, la propiedad privada y la división internacional del trabajo.

El falaz argumento de la extranjerización de tierras recurre al sentimentalismo para prescindir de la racionalidad y aproximarse al análisis marxista. Desde esta perspectiva, la propiedad foránea de la tierra trasciende el debate sobre la soberanía para convertirse en una manifestación explícita del imperialismo y el despojo global.

La libertad individual y el derecho a disponer de la propiedad privada se enfrentan de forma constante a discursos restrictivos que apelan al nacionalismo. ¿Dónde queda la libertad de disponer de los bienes? Limitar a quien puede vender su propiedad constituye una violación directa a las libertades individuales y al derecho de propiedad. Cuando el capital extranjero ingresa al país, queda de forma inmediata en manos del vendedor local, quien así puede volcarlo al consumo o invertirlo en otros sectores de la economía nacional.

Quienes bregamos por el progreso del país sostenemos que la compra de tierras por parte de extranjeros no constituye un despojo imperialista

Asimismo, cuando un inversor extranjero adquiere tierras, introduce tecnología, sistemas de riego e infraestructura clave. Esta inyección de capital optimiza la productividad del suelo, genera empleo, transfiere conocimientos técnicos y reduce los costos de producción agrícolas. En consecuencia, se impulsa un incremento en el volumen de las exportaciones, lo que no solo fortalece la competitividad internacional del país, sino que además garantiza el ingreso estratégico de divisas.

Quienes sostienen que la soberanía corre peligro olvidan que esta reside en el poder político y de policía que el Estado retiene de forma inalterable sobre todo su suelo. Planteada en esos términos, la cuestión de la soberanía no es más que una falacia emocional, explotada habitualmente por narrativas populistas y sustentada por intereses corporativos o visiones de identidad frágil. Obviamente, hay casos especiales que pueden debatirse: la posesión en áreas fronterizas desde la perspectiva de la defensa geopolítica, motivo por el cual muchos de países mantienen restricciones específicas para estas zonas.

El temor a lo extranjero opera habitualmente como un sesgo cognitivo que distorsiona la realidad. Por un lado, se nutre de la falsa creencia de que la adquisición de un bien por parte de un inversor externo reduce el patrimonio nacional; una premisa errónea, ya que la tierra permanece inamovible en el territorio. Por otro lado, responde al miedo a la pérdida de identidad y a la tendencia histórica de buscar un chivo expiatorio externo para camuflar las crisis institucionales o la falta de seguridad jurídica interna. El miedo paraliza; y en este caso, el miedo colectivo paraliza el pensamiento racional de la sociedad, bloqueando el desarrollo y dejándola cautiva de un proteccionismo aislacionista.

El falaz argumento de la extranjerización de tierras recurre al sentimentalismo para prescindir de la racionalidad y aproximarse al análisis marxista

Cuando se respetan las reglas del juego, se protege la propiedad privada y se ofrece previsibilidad institucional, el país se transforma en un destino atractivo para las inversiones locales y extranjeras, impulsando la matriz productiva y promoviendo una mejor calidad de vida.

Basta de argumentos falaces; la realidad se advierte al mirar la experiencia de otros países. Aquellos que optaron por la libre disponibilidad de sus bienes raíces no perdieron su soberanía; por el contrario, multiplicaron su riqueza y consolidaron su seguridad jurídica.

Frente a quienes demandan a viva voz restricciones a la propiedad privada, no debemos relegar la defensa de la libertad. Que nada nos turbe; bien señala el viejo adagio: “Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos”.

El autor es economista

En un enroque de proyectos contado por Infobae días atrás, La Libertad Avanza y los radicales del Senado intentarán avanzar con la firma de dictámenes de dos iniciativas: el Súper RIGI, que habla de inversiones -e importantes beneficios, como pago del 15% en Ganancias- por más de USD 1.000 millones en sectores que la Casa Rosada considera “industrias del futuro”; y la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas, respectivamente.

La primera ley es la que genera la mayor expectativa en el Ejecutivo, que se debatirá desde las 13.30 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional e Inversión; y Legislación General. El texto en cuestión ya fue aprobado por Diputados, pero este mediodía se confirmaría lo que fue comentado días atrás por este medio: el articulado sufriría modificaciones de cara al recinto, lo que forzaría un regreso a la Cámara baja, en segunda revisión.

Son dos los cambios que se comentan. El primero es claro e innegociable y tomó forma días atrás cuando el director institucional de SIDERSA, Pablo Cattoni, expuso en el plenario y afirmó: “Una enmienda podría ser la introducción de requisitos adicionales que permitan el desarrollo productivo local. Por ejemplo, que todas las iniciativas incorporen un 20% de contenido nacional en bienes transables sin computar en el cupo a la obra civil, que naturalmente termina dándose en la Argentina”.

“Esta corrección no solo podría ser incluida reglamentariamente en el RIGI, sino que también se podría aprovechar en el debate parlamentario que nos convoca sobre la creación del llamado Súper RIGI. Si bien valoramos que se incorpore ese porcentaje de contratación local, creemos que habría que precisar ese concepto. Entendemos que sumar servicio y obra al compromiso puede diluir ese 20%, porque, como dijimos, de todas maneras, esto se da naturalmente con la mano de obra”, sostuvo el disertante.

Reforzó estos conceptos el presidente del Departamento PyMI de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Leal. “Lo que queremos destacar –como dijo el colega– es que este proyecto destina el 20% de la inversión a bienes, obras o servicios. Es obvio que la obra civil, el movimiento de tierra y demás, sí o sí se van a hacer en el país, no se pueden importar. Pero, en este contexto internacional, nuestra propuesta es que ese 20% se destine –y que así se aclare– exclusivamente para bienes producidos en el país”, enfatizó.

En el oficialismo apuntarían a una segunda modificación sobre generaciones de redes eléctricas propias que, por ahora, no queda del todo claro. Un detalle no menor para este tema y también para el que fue llamado -se cambió horario- a las 12.30: son tres comisiones en cada reunión y todas tendrán que tener quorum para dictaminar. Para una semana sin sesión y no tantos legisladores vistos ayer, será un desafío.

“Se consideran inversiones productivas a aquellas destinadas a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina”, reza el cuarto artículo de la iniciativa del jefe radical, Eduardo Vischi (Corrientes), y de la mendocina Mariana Juri, entre otros.

Además, quedan “expresamente excluidas” las “inversiones en activos financieros, de portfolio y bienes de cambio”. Y se agrega que “sin perjuicio de los compromisos relativos a los montos mínimos establecidos”, las “inversiones productivas efectuadas en sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y en bienes semovientes, serán susceptibles de promoción, independientemente del monto de la inversión involucrada, en cada caso”.

Para este proyecto están involucradas las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Legislación General; y Economías Regionales. En tanto, para las 17 de hoy se consumará un tercer cónclave por la regulación del mercado de carbono, aunque en la convocatoria aparecen invitados y, en principio, no se rubricaría un despacho. Algunos dialoguistas pujan por ello.

El 7% del capital que Cuba busca captar para producir alimentos contrasta con el 62% que reserva para el turismo, según una investigación reciente sobre la cartera oficial de inversión extranjera de la isla.

El desbalance coincide con una crisis alimentaria: 33.9% de los hogares reportó hambre reciente en 2025, según una encuesta citada en esta nota.

Quien documentó la disparidad entre discurso y capital fue CubaChequea, la unidad de verificación de la plataforma Árbol Invertido y miembro de la red LatamChequea.

El equipo tituló su investigación Prioridades de papel y la firmaron Francis Sánchez, director ejecutivo de Árbol Invertido, y el periodista Julio Gerardo Hun Longchong.

CubaChequea reconstruyó 308 proyectos que la plataforma oficial Invierta en Cuba mantenía visibles hasta junio de 2026. De ese total, 78 correspondían a producción de alimentos, el 25.3%.

El capital se concentra en turismo

La cifra cambiaba al mirar el dinero. Entre los 258 proyectos que sí declaraban monto, el turismo concentraba unos USD 6,700.7 millones, el 62% del capital conocido, mientras los alimentos apenas alcanzaban el 7%.

La afirmación del Gobierno cubano de que la producción de alimentos es una prioridad de inversión resultaba engañosa porque, aunque reunía una cuarta parte de los proyectos vigentes, solo captaba 7% del capital conocido de la cartera, frente al 62% que concentraba el turismo, según la investigación de CubaChequea.

“El resultado de nuestra investigación arroja una contradicción enorme. Mientras el Gobierno cubano proclama como prioridades la producción de alimentos, la recuperación del sistema eléctrico, las energías renovables, la infraestructura y el desarrollo del país, su propia cartera dirige el grueso de la búsqueda hacia otro lugar muy diferente”, explicó Francis Sánchez a Martí Noticias, medio de comunicación cubano.

Proyectos energéticos que dejaron de figurar

La cartera nació con 426 proyectos el 25 de noviembre de 2025. De ellos, 124 correspondían al sector energético.

Solo seis de esos proyectos energéticos permanecían visibles cuando CubaChequea volvió a consultar la plataforma. Los otros 118 desaparecieron sin explicación oficial, según reveló el equipo de verificación en una infografía publicada en su sitio.

La reducción no afectó al sector alimentario: sus 78 proyectos permanecieron intactos. La investigación advirtió además sobre una zona de opacidad más amplia: la cartera no permitía saber cuánto capital extranjero había llegado a entrar, qué proyectos se ejecutaron finalmente ni quiénes resultaron beneficiados.

La misma lógica se repetía en la categoría de infraestructura. El 91.4% del capital de esa rama correspondía también a proyectos turísticos, encabezados por un desarrollo hotelero en la península de Ancón, en Sancti Spíritus, valorado en USD 1,094 millones.

La escala de los proyectos

La brecha no solo era de proporciones: también era de escala. Sánchez lo resumió así en un video publicado por Árbol Invertido: “Hay proyectos turísticos que buscan alrededor de mil millones de dólares, mientras que el 89.2% de los proyectos para producir alimentos no superan los USD 10 millones”.

Entre los 70 proyectos alimentarios con monto declarado, 65, el 92.9%, pedían menos de USD 20 millones. Las propuestas de mayor volumen fueron la elaboración de aceites y grasas, con USD 150.7 millones repartidos en dos proyectos, y los productos de molinería, con USD 130.8 millones en cuatro propuestas.

Del otro lado estaban un campo de golf en Guardalavaca valorado en USD 1,100 millones y un proyecto turístico en Artemisa por USD 951.6 millones. Cada una de esas dos propuestas, por sí sola, superaba el capital de decenas de proyectos alimentarios sumados.

La crisis alimentaria en la isla

Cuba importa alrededor del 80% de los alimentos que consume y gasta unos USD 2,400 millones al año en esas compras, según el Plan Estratégico para Cuba 2026-2030 del Programa Mundial de Alimentos, organismo de las Naciones Unidas, citado por BBC Mundo, medio en español de la BBC.

El organismo advirtió que la dieta promedio de los hogares cubanos ya no cubría las necesidades energéticas ni la calidad nutricional mínima.

Entre 2018 y 2023, la producción cubana de carne de cerdo cayó 95%, la de arroz 87%, la de frijoles 70% y la de leche 58%, de acuerdo con estadísticas oficiales que recopiló el mismo organismo. La última zafra azucarera, la de 2024-2025, produjo menos de 150.000 toneladas, el peor resultado en más de un siglo, según cálculos de EFE, agencia de noticias española.

Food Monitor Program, una organización que en 2026 publicó el informe Del campo a la mesa: la cadena quebrada del hambre, encontró que el 97.65% de los hogares cubanos tuvo dificultades para acceder a productos esenciales.

La organización sostuvo que el problema alimentario no dependía solo de cuánto producía el país, sino de cuánto lograba transportar y conservar antes de que llegara a la mesa.

La encuesta En Cuba Hay Hambre 2025, elaborada por Food Monitor Program junto con Cuido60 sobre 2.513 respuestas válidas en las 16 provincias, halló que 33.9% de los hogares tuvo al menos un integrante que se acostó con hambre en el último mes. La cifra representó un aumento de 9.3 puntos porcentuales respecto de 2024.

Lo que dice la ley y lo que muestra la cartera

La Ley 118 de la Inversión Extranjera establece de forma expresa que el capital foráneo debe contribuir a sustituir importaciones, “priorizando la de alimentos”. El Programa Económico y Social del Gobierno para 2026 mantiene la producción nacional de alimentos entre sus objetivos centrales.

Esa base legal coincidía con declaraciones recientes de dirigentes cubanos. El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, afirmó durante la Feria Internacional de La Habana que “todo negocio que esté enfocado a la producción de alimentos lo vamos a valorar positivamente”.

Ese discurso chocaba con la proporción que reveló CubaChequea: por cada dólar que la cartera buscaba para alimentos, perseguía casi nueve para turismo. El propio Sánchez resumió la conclusión de la investigación: los intereses del régimen “no priorizan ni la alimentación ni el desarrollo territorial ni la energía y mucho menos la energía renovable”.

El avance de comercios de origen chino en República Dominicana ha transformado el sector minorista, impulsando una expansión que ahora capta la atención de autoridades fiscales y aduaneras. El fenómeno del capital de origen chino se consolida como una de las tendencias más notorias del mercado local, al registrar más de 2,000 empresas en el país en la última década y reflejar cambios en los hábitos de consumo, la competencia empresarial, pero también en la recaudación tributaria.

De acuerdo con registros oficiales, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contabiliza 2,070 empresas con inversión china entre 2016 y 2026. De esas, 1,300 permanecen activas y 770 inactivas. El Distrito Nacional concentra la mayor presencia, con 639 compañías activas y 542 suspendidas, lo que pone de relieve una estructura empresarial compleja y diversa tras la fachada de grandes tiendas visibles en avenidas principales.

Solo en 2025 se inscribieron 265 empresas, mientras que en lo que va de 2026 la cifra alcanza 132, según datos publicados por Diario Libre.

El incremento de estas empresas ha arrastrado consigo nuevos desafíos en materia de control fiscal y aduanal. Los reportes de la DGII muestran que la falta de emisión de comprobantes fiscales figura entre las principales infracciones, representando cerca del 26 % del monto total de las multas impuestas. A esto se suma la ausencia de impresoras fiscales, una irregularidad directamente ligada a la facturación. Ambas categorías juntas constituyen casi un tercio de las sanciones económicas aplicadas en el sector.

Además de estos problemas, la autoridad tributaria ha registrado deficiencias en la declaración de inventarios y en el movimiento real de operaciones. Existe una categoría de “otros incumplimientos” que concentra el mayor monto de multas, aunque las autoridades no precisan públicamente cuáles infracciones abarca, citando normas de confidencialidad tributaria.

Las acciones fiscalizadoras se han intensificado en los últimos años. Entre 2018 y 2026, la DGII realizó 261 fiscalizaciones internas a 159 contribuyentes de origen chino, determinando deudas tributarias superiores a 73,500 millones de pesos dominicanos. Los años 2024 y 2023 destacaron por las mayores recaudaciones, con 23,000 millones y 18,000 millones respectivamente. En el mismo periodo, se ejecutaron 57 auditorías externas que sumaron determinaciones por unos 10,000 millones, lo que refleja una vigilancia creciente sobre la actividad de estas empresas.

El área aduanera también enfrenta retos. Las denuncias de subvaluación de mercancías se han incrementado, pues comerciantes locales alegan que así se abaratan costos de entrada y se facilita la oferta de precios difíciles de igualar para los negocios dominicanos. Aunque la Dirección General de Aduanas ha intensificado las revisiones a estos establecimientos, aún no dispone de un sistema público que permita rastrear una operación comercial desde la importación hasta la venta al consumidor final.

El impacto en el comercio local es visible. Diversos sectores, como ferreteros e industriales, señalan que los comercios de capital chino ofrecen precios más bajos debido a menores cargas fiscales, laborales o de importación. Esta diferencia ha motivado denuncias sobre la comercialización de productos falsificados, lo que afecta tanto a empresas que venden mercancía legítima como a los consumidores, que podrían enfrentar riesgos al adquirir estos bienes. La competencia también ha repercutido en las pequeñas y medianas industrias, especialmente en el ámbito de calzado y textiles, cuyos representantes mencionan dificultades para acceder a financiamiento formal y sostenerse frente al auge de estos comercios.

La dimensión laboral añade otra capa de complejidad. Operativos recientes han detectado empleados extranjeros sin documentación regular, y algunas empresas han sido sancionadas por incumplimientos relacionados con la contratación de mano de obra extranjera. Uno de los casos más notorios se registró en la avenida Duarte, donde la intervención de las autoridades migratorias derivó en un proceso legal contra el propietario de un comercio chino por presunta obstrucción y agresión.

Pese a las controversias, el atractivo comercial de estas tiendas se mantiene firme entre los consumidores dominicanos. La variedad de productos, la posibilidad de acceder a artículos de uso cotidiano en un solo lugar y los precios competitivos han convertido a los comercios de capital chino en un destino preferido tanto para compradores finales como para minoristas locales que buscan abastecerse. La ausencia de información integral sobre el flujo de mercancías y el cumplimiento normativo sigue siendo un reto para las autoridades y actores económicos.

La minera surcoreana Posco consiguió USD 700 millones para extraer litio en el Salar del Hombre Muerto, en Salta y Catamarca, a través de un financiamiento del BID Invest —el brazo de inversión privada del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— que respaldará la expansión de su proyecto Sal de Oro, uno de los más grandes del país.

La estructura del préstamo combina un tramo de hasta USD 250 millones aportados directamente por BID Invest con la posible movilización de hasta USD 450 millones adicionales de instituciones financieras internacionales privadas. Los fondos financiarán la puesta en marcha y el aumento gradual de producción en dos plantas: una de hidróxido de litio, con capacidad para 25.000 toneladas anuales, y otra de carbonato de litio, con capacidad de 23.000 toneladas anuales.

Según BID Invest, una vez que ambas plantas alcancen plena operación, el proyecto producirá y exportará cerca de 48.000 toneladas anuales de productos de litio y generará alrededor de 620 empleos permanentes formales. “Esta operación refleja el compromiso de BID Invest con el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos en la región”, afirmó James Scriven, gerente general de BID Invest.

La operación se enmarca en IDB LAC Minerals, la iniciativa del Grupo BID orientada a desarrollar cadenas de suministro de minerales críticos con mayor valor agregado en América Latina y el Caribe. La segunda etapa de Sal de Oro —que supone una inversión adicional de USD 208 millones— había recibido el visto bueno del gobierno de Javier Milei para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en junio pasado, lo que le otorga a Posco exenciones impositivas, estabilidad regulatoria por 30 años y acceso al arbitraje internacional.

El financiamiento llega en un momento en que el proyecto Sal de Oro acaba de registrar su primer trimestre con ganancia operativa: en el segundo trimestre de 2026, Posco Argentina obtuvo un beneficio operativo de 11.000 millones de wones (unos USD 8 millones), ocho años después de la llegada de la compañía al país y casi dos años después del inicio de su operación comercial, en octubre de 2024. Hasta ese resultado, la unidad argentina había acumulado pérdidas operativas cercanas a los 300.000 millones de wones.

La apuesta de Posco en Argentina comenzó en 2018, cuando adquirió los derechos mineros sobre el Salar del Hombre Muerto por USD 280 millones. Desde entonces, la compañía perforó decenas de pozos, construyó piletas de evaporación que superan el tamaño combinado de 1.000 canchas de fútbol y avanzó durante años sin ver retornos. La inversión total en derechos mineros y en la construcción de las dos primeras plantas de litio supera los USD 2.700 millones.

Este año, la compañía profundizó aún más su posición en el país: en abril, adquirió el proyecto Hombre Muerto Norte (HMN) —también en el Salar del Hombre Muerto— por USD 65 millones, a través de la compra del 100% de las acciones de NRG Metals Argentina S.A., subsidiaria de la canadiense Lithium South. El activo, en fase de exploración avanzada, tiene potencial de producir hasta 15.600 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente.

La expansión empresaria de Posco se dio en paralelo a un acercamiento político entre Argentina y Corea del Sur. El 31 de julio, el presidente Lee Jae Myung visitó Buenos Aires —la primera visita de un mandatario surcoreano al país en 22 años— y se reunió con Milei en la Casa Rosada. Ese mismo día, el canciller argentino Pablo Quirno y el ministro de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur, Kim Jeong-kwan, firmaron un memorando de cooperación en minerales críticos, con foco en el litio, para promover inversiones conjuntas en exploración, extracción, procesamiento y refinamiento, y fortalecer cadenas de suministro para las industrias de baterías y tecnología avanzada.

Lee había definido el acceso al litio como una “consideración estratégica” para Corea del Sur. Frente a las disrupciones en las cadenas globales de suministro y al avance de la inteligencia artificial, el presidente surcoreano sostuvo que los países necesitan “socios fiables y un comercio basado en reglas claras y confianza mutua”. La visita también incluyó conversaciones sobre un posible acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y el Mercosur.

Con el financiamiento del BID Invest asegurado, Posco planea adelantar la construcción de su tercera y cuarta planta de litio en brine para 2027 y 2030, respectivamente. El objetivo de largo plazo del grupo es alcanzar una producción combinada de 173.000 toneladas anuales de litio para 2033 —incluyendo producción en roca desde Australia—, lo que le permitiría posicionarse entre las cinco mayores compañías productoras de litio del mundo.

Argentina ocupa el quinto lugar entre los mayores productores mundiales de litio, detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue, y el tercero en reservas. Según la Secretaría de Minería, el país cuenta con 69 proyectos de litio en diversas etapas de avance, de los cuales solo siete están en producción. En 2025, las exportaciones mineras totalizaron USD 6.037 millones, el registro más alto desde que existen datos consolidados del sector, con un crecimiento del 29,2% respecto del año anterior.

El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó este viernes al presidente Nayib Bukele como “uno de nuestros socios más valiosos en la región” y anunció que planifica una cumbre económica bilateral con El Salvador.

El comunicado, firmado por el portavoz del Departamento de Estado Thomas Pigott, fue divulgado el 21 de agosto y destaca la prioridad que la administración estadounidense otorga a la alianza con el gobierno salvadoreño.

Según detalló el portavoz, EE.UU. busca fortalecer su importante vínculo con El Salvador a través de una cumbre que se enfocará avanzar trazar objetivos económicos compartidos. “El presidente Bukele es uno de nuestros socios más valiosos en la región”, recalcó Pigott en el mensaje oficial.

Por su parte, la decisión de convocar una cumbre llega en un contexto de acercamiento sostenido entre ambas naciones. El anuncio representa un paso más en el proceso de consolidación de una alianza estratégica entre Washington y San Salvador, en línea con la política exterior estadounidense de fortalecer la cooperación regional y fomentar el desarrollo económico.

Cooperación y entendimientos marcan la relación entre EE.UU. y El Salvador

La relación entre Estados Unidos y El Salvador se encuentra en una etapa de cooperación estratégica. En el marco de la relación bilateral, recientemente ambos países suscribieron la Alianza Pax Silica, un acuerdo orientado a impulsar el desarrollo de tecnologías avanzadas y la digitalización de la economía salvadoreña. Esta iniciativa permite la creación de laboratorios de investigación aplicada y promueve la capacitación de talento local en áreas como Inteligencia Artificial (IA), ciberseguridad y aplicaciones industriales de software.

Además, la cooperación bilateral se ha expandido hacia acuerdos en materia comercial, como lo evidencia la firma de un acuerdo de reciprocidad comercial entre ambos países a inicios de 2026. El Acuerdo sobre Comercio Recíproco estableció condiciones preferenciales para el intercambio de bienes y servicios.

Este pacto facilita el acceso de productos salvadoreños al mercado estadounidense y promueve la llegada de inversiones en sectores como manufactura, agroindustria y tecnología. Según datos compartidos por la agencia EFE, el acuerdo incluyó disposiciones para la protección de la propiedad intelectual y la reducción de barreras no arancelarias, lo que fortalecE el clima de negocios en El Salvador

Estos instrumentos reflejaron el interés de ambos gobiernos en consolidar una cooperación estratégica, basada en la innovación, el crecimiento económico y la generación de empleo, como respuesta a los retos migratorios y de seguridad en la región.

Por otro lado, el pasado 16 de julio, Donald Trump y Nayib Bukele mantuvieron una reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca, sin acceso a la prensa ni detalles oficiales sobre los temas tratados. La agenda oficial solo mencionó que el encuentro se realizó en el Despacho Oval y que ambos líderes abordaron asuntos relacionados con la inmigración, la seguridad y el crecimiento económico.

La Argentina Week que encabezará Javier Milei en París concentrará durante tres días una agenda política y empresarial, con ministros nacionales, más de 10 gobernadores de distintos signos políticos, empresarios argentinos y líderes de compañías europeas. Las actividades se desarrollarán en sedes de organismos internacionales como la OCDE, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio. Además, incluirán un capítulo político: una recepción en el Palacio del Elíseo junto al presidente francés, Emmanuel Macron.

El encuentro se desarrollará entre el 30 de septiembre y los primeros días de octubre, con el núcleo de las actividades concentrado entre la noche del miércoles 30 y la noche del viernes 2. La programación contempla reuniones sobre energía, minería, comercio internacional, tecnología e inteligencia artificial, además de encuentros de promoción comercial.

Según pudo saber Infobae, las invitaciones que distribuye la Embajada argentina en Francia, que encabeza Ian Sielecki, despertaron interés entre empresarios de la Unión Europea y de la Argentina. Entre los argentinos que ya confirmaron su participación figuran Horacio Marín, Marcelo Mindlin, Martín Eurnekian, Marcos Bulgheroni, Alejandro Elsztain, Manuel Antelo y Martín Migoya.

Del lado europeo, está prevista la presencia de líderes de empresas como Total, Glencore, Renault, Dassault, Decathlon, Roche y Louis Dreyfus. El intercambio entre ambos grupos será uno de los ejes de una convocatoria orientada a presentar oportunidades de inversión en energía, minería, agro, infraestructura y tecnología.

La delegación política y el rol de los gobernadores

La dimensión política de la delegación argentina será considerable. Milei estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y viajarán varios ministros nacionales, con una participación destacada del titular de Economía, Luis “Toto” Caputo, entre otros.

A ellos se sumarán más de 10 gobernadores de distintos signos políticos y de diferentes regiones del país. Entre las provincias que estarán representadas aparecen Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Mendoza, Catamarca, Corrientes y Chubut, aunque la nómina definitiva todavía está en proceso de conformación.

La presencia de los mandatarios provinciales será uno de los rasgos distintivos de la Argentina Week. Buena parte de las oportunidades que se buscará exhibir ante el empresariado europeo está vinculada con sectores que tienen a las provincias como protagonistas, en especial la energía, la minería, el agro y la infraestructura.

La organización permitirá mostrar en París una representación argentina amplia: el Presidente, integrantes del gabinete y gobernadores confluirán durante las mismas jornadas con algunos de los principales referentes del empresariado local.

Empresarios y foco en inversiones

La convocatoria del sector privado argentino será uno de los puntos fuertes del encuentro. Las confirmaciones de Eurnekian, Marín, Mindlin, Bulgheroni, Elsztain, Antelo y Migoya anticipan el nivel de la representación que llegará a la capital francesa.

El objetivo será ponerlos en contacto con los líderes de grandes empresas francesas y europeas que participarán de las actividades. La presencia de ejecutivos de Total, Glencore, Renault, Dassault, Decathlon, Roche y Louis Dreyfus permitirá reunir en pocos días a referentes de diferentes sectores de la economía.

El intercambio entre los empresarios argentinos y europeos es uno de los núcleos sobre los que fue diseñada la Argentina Week. La intención es que las presentaciones sobre las posibilidades que ofrece el país deriven en conversaciones sectoriales y contactos directos entre quienes evalúan proyectos y quienes ya tienen inversiones o intereses en la Argentina.

La convocatoria tendrá, además, la participación de figuras con influencia en organismos económicos internacionales.

Está prevista la presencia del secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, quien además preside el área de Energía del Foro de Davos, y del presidente de la Cámara Internacional de Comercio. La presencia de esas autoridades tendrá relación directa con los escenarios elegidos para las actividades.

Sedes, cronograma y agenda sectorial

La agenda comenzará el miércoles 30 de septiembre por la noche en la Embajada argentina en París. Será el punto de partida de las jornadas centrales, que se desarrollarán en diferentes lugares de peso político y económico internacional.

Uno de los principales encuentros tendrá lugar en la sede de la OCDE, que puso sus instalaciones a disposición de la Embajada argentina para la realización de un evento multisectorial. Allí se presentarán los distintos motores del crecimiento argentino ante empresarios y referentes internacionales. Energía, minería, agro, infraestructura y tecnología estarán entre los sectores sobre los que se concentrará la exposición de oportunidades de inversión.

La programación avanzará luego hacia encuentros más específicos. La energía y la minería tendrán actividades en la sede de la Agencia Internacional de Energía. Ambos sectores ocuparán un lugar central dentro de la Argentina Week y forman parte de las áreas sobre las que los organizadores detectan un interés internacional creciente.

El comercio internacional tendrá un espacio específico en la Cámara Internacional de Comercio, mientras que la agenda incluirá también actividades dedicadas a tecnología e inteligencia artificial. El formato buscará combinar una presentación multisectorial del país con encuentros enfocados en áreas concretas. Funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios argentinos compartirán esos ámbitos con sus contrapartes europeas.

En paralelo, durante las jornadas habrá una agenda de promoción comercial encabezada por la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, con actividades dedicadas a la pesca, el turismo y la Marca País. Esa programación ampliará el espectro de la Argentina Week más allá de las inversiones de gran escala y permitirá mostrar ante potenciales socios europeos otros sectores con posibilidades de crecimiento y expansión internacional.

A diferencia de la Argentina Week realizada en Nueva York, en París no habrá bancos coorganizadores. La Embajada argentina en Francia tendrá un rol central en la organización de una edición orientada al contacto directo con el empresariado europeo.

La edición parisina había sido anunciada meses atrás e Infobae anticipó en junio que Milei viajaría a Francia para encabezarla, acompañado por funcionarios, gobernadores y empresarios. En aquel momento también se trabajaba sobre un posible encuentro con Macron. Ahora, con la programación avanzada, la dimensión de la convocatoria aparece con mayor precisión.

Uno de los factores que atravesará las conversaciones será el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, considerado un instrumento para potenciar oportunidades comerciales y de inversión y, en especial, las posibilidades de las economías regionales. Entre quienes trabajan en la organización también destacan el escenario geopolítico internacional como un factor que incrementó el interés sobre sectores en los que la Argentina tiene recursos y capacidades relevantes. Esa combinación será parte del mensaje que la delegación buscará transmitir durante las reuniones.

La recepción en el Palacio del Elíseo

La Argentina Week tendrá también un capítulo que excederá la agenda estrictamente empresarial. Según pudo saber Infobae, está prevista la noche del viernes 2 de octubre una recepción en el Palacio del Elíseo junto a Emmanuel Macron.

Será uno de los momentos políticos centrales de la estadía de Milei en París y volverá a exhibir la relación cercana que mantienen los dos presidentes, en cuya construcción tuvieron un rol clave tanto Karina Milei como el embajador Sielecki.

El encuentro con Macron le dará a una misión enfocada en inversiones y negocios una dimensión política y diplomática adicional. Durante esos días convivirán, así, la agenda económica de la Argentina Week y el vínculo bilateral entre Buenos Aires y París.

Las actividades centrales concluirán el viernes 2 de octubre por la noche con un evento de cierre sobre el que los organizadores mantienen reserva y que anticipan como uno de los momentos destacados de la convocatoria.

Para entonces, la delegación argentina habrá participado de encuentros en la OCDE, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio; reuniones sobre energía, minería, comercio, tecnología e inteligencia artificial; actividades de promoción comercial y el capítulo político de la visita en el Palacio del Elíseo.

La Argentina Week de París se encamina a convertirse en una de las principales vidrieras internacionales para exhibir oportunidades de inversión, con una agenda que durante tres días combinará política, diplomacia y negocios ante actores del empresariado europeo.

El Primer Congreso Empresarial Binacional México-El Salvador 2026 marcará un nuevo capítulo en la relación entre ambos países, al enfocarse en la promoción de oportunidades de inversión y negocios conjuntos.

El evento, organizado por el Consejo de Negocios México-El Salvador (Conmexsal) y la Embajada de México en El Salvador, se celebrará los días 21 y 22 de agosto en la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes), bajo el lema «Innovación y Negocios».

Según anunció la organización, el congreso incluirá dos jornadas de actividades, siete paneles temáticos y dos conferencias magistrales.

Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, subrayó que este encuentro se alinea con la visión del Plan México, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades productivas, incentivar la inversión y promover la innovación a través del crecimiento económico compartido.

“México y El Salvador no solamente deben comerciar, debemos producir, invertir e innovar juntos en favor de nuestros pueblos”, afirmó el diplomático en declaraciones recogidas por radio YSKL.

Cantú Garza enfatizó que existen importantes complementariedades entre las economías de ambos países.

México aporta su capacidad industrial, comercial y exportadora; mientras que El Salvador ofrece talento humano y una posición estratégica en la región.

Añadió que el desarrollo compartido implica beneficios tangibles en ambos territorios, como la creación de nuevas empresas, empleos, fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas y mayores oportunidades para los jóvenes.

“Queremos que las empresas mexicanas encuentren nuevas oportunidades en El Salvador y que las empresas salvadoreñas encuentren en México un socio estratégico para crecer y proyectarse hacia nuevos mercados”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Comercio e Inversión de El Salvador, Miguel Kattan, resaltó la disposición del gobierno salvadoreño para recibir a empresarios mexicanos interesados en invertir.

“Somos dos pueblos que podemos y hemos trabajado de la mano para generar crecimiento, para generar alianzas estratégicas que nos permitan tener el desarrollo y el crecimiento que nuestros pueblos requieren”, declaró Kattan en declaraciones recogidas por el mismo medio radial.

El funcionario recalcó el valor de la mano de obra calificada salvadoreña y la rapidez en su aprendizaje, así como la importancia de crear empleos dignos a partir de nuevas inversiones.

Kattan también señaló que el congreso representa una puerta de inicio para la llegada de mayores y mejores inversiones mexicanas en El Salvador. Destacó la perspectiva positiva de los empresarios salvadoreños ante la llegada de capital mexicano y la posibilidad de establecer alianzas estratégicas para crear un nuevo ecosistema de negocios en la región.

“El Salvador y México tienen demasiadas cosas en común con las cuales pueden trabajar juntos y de la mano para generar beneficios”, agregó el funcionario.

La relación diplomática entre México y El Salvador se remonta a 1838, cuando ambos países establecieron oficialmente sus vínculos bilaterales. Desde entonces, han desarrollado una agenda de cooperación que abarca comercio, inversión, educación, cultura y desarrollo social. En años recientes, ambos gobiernos han impulsado proyectos conjuntos en sectores clave como la infraestructura, la energía, la formación de talento humano y la promoción de pequeñas y medianas empresas.

Actualmente, México se posiciona entre los principales socios comerciales de El Salvador en América Latina. El intercambio comercial bilateral ha experimentado un crecimiento sostenido durante la última década, con exportaciones mexicanas orientadas a productos industriales, alimentos, maquinaria y tecnología. Por su parte, El Salvador exporta a México bienes textiles, productos agrícolas y servicios. Además, diversas empresas mexicanas operan en territorio salvadoreño, contribuyendo a la generación de empleo y transferencia de tecnología.

El Primer Congreso Empresarial Binacional México-El Salvador 2026 buscará consolidar esta cooperación y abrir nuevas oportunidades para empresas y emprendedores de ambos países.

En la agenda del evento se prioriza el análisis de tendencias en innovación, el fomento de alianzas estratégicas y la identificación de sectores con mayor potencial de crecimiento.

El Gobierno anunció hace más de un año una profunda reforma del régimen migratorio y de ciudadanía. Entre sus diferentes segmentos, este paquete de medidas contenía una promoción de inversiones extranjeras mediante incentivos, un programa de “ciudadanía argentina por inversión” – referido en otras jurisdicciones y a nivel internacional como “pasaporte dorado”- con el que se busca captar divisas de personas de alto patrimonio del exterior, a cambio de la concesión de la ciudadanía argentina

El mecanismo de acceso fue dado a conocer en mayo del año pasado a través del DNU 366/2025 (el cual modificó 4 leyes nacionales), y se extendió en su funcionamiento a través del Decreto 524/2025, publicado en el Boletín Oficial en julio de 2025. Este programa no está vigente porque todavía se espera la última reglamentación legal. Y hay importantes sectores del Gobierno -y empresas internacionales del sector de la “industria” de la ciudadanía por inversión que en las últimas semanas comenzaron a pujar para que la medida salga lo antes posible.

“Estuvo paralizado el tema”, confesó a Infobae un importante funcionario que conoce lo que está sucediendo con la reglamentación. Hay al menos tres miembros de la Mesa Política del oficialismo que están intentando destrabarlo en términos burocráticos. “Están en ese plan porque termina de avanzar la revisión, pero va a salir en algún momento”, avisan desde uno de estos tres despachos.

Una de las áreas que está revisando el tema es el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva. Según pudo averiguar Infobae, hay un apuro para que esta área se expida sobre el tema, aunque no sería la única que tiene sus reparos por la forma de la aplicación de esta normativa. Es un reclamo que se repite en un despacho de la Casa Rosada que también quiere que salga la Agencia de Migraciones, que se había anunciado el año pasado.

Este medio se contactó con las áreas de prensa del Ministerio de Economía y de Seguridad Nacional, así como la Dirección Nacional de Migraciones, pero no recibió comentarios hasta la publicación de presente artículo.

Y es que en el proceso deben intervenir las áreas legales de Presidencia de la Nación y Ministerio de Economía.

En el artículo 6 del último decreto publicado se faculta para la aplicación del programa a un organismo ad-hoc que se creó con la reforma migratoria, la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), que depende del MECON, y hoy liderado por Aixa Granara, quien figura como funcionaria “ad honorem”.

Infobae supo de “sugerencias” que a lo largo de estos meses hicieron importantes actores externos al Gobierno (nacionales y extranjeros) sobre el riesgo que implicaría una reglamentación “mal hecha”. “Faltan revisar algunos aspectos que den garantía de que no se te meta cualquiera y pida una ciudadanía. Hay un proyecto para su reglamentación, pero faltan pulir algunos aspectos entre diversas áreas”, marca un responsable del Ejecutivo.

Una explicación que dio un funcionario de primera línea fue la siguiente: “Imaginate que haya un chino o un ruso que sea financiado por su propio Estado para obtener la ciudadanía. Hay un pedido de estar atentos a este tipo de habilitación de ciudadanías y que no vulneren la seguridad nacional”. Si esa fuera la lógica, el Gobierno no está habilitado a realizar discriminación por nacionalidad porque la normativa sería rápidamente judicializada.

Aun así, al interior de la Casa Rosada emerge la crítica de que “hay funcionarios que no quieren asumir ningún riesgo”.

Según la norma, los interesados deben presentar su solicitud ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (dependiente del MECON). Esa dependencia evaluaría si el desembolso realizado cumple con los criterios de relevancia y elevaría una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones para aprobar o rechazar el trámite. Es dable resaltar que, anterior e históricamente, el trámite de adquisición de la nacionalidad argentina por naturalización se llevaba adelante ante los juzgados federales -y que, actualmente, existe una disputa en este ámbito, pues varios jueces declararon la inconstitucionalidad del DNU 366.

Volviendo al mecanismo, el análisis de las solicitudes incluiría informes del Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia -que depende del Ministerio de Justicia-, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), entre otros organismos. El objetivo sería determinar si el otorgamiento de la ciudadanía puede afectar la seguridad o los intereses nacionales.

La reglamentación también dispone que se contemplen estándares de control utilizados por terceros países, entre ellos los vinculados al programa de exención de visas con Estados Unidos. Con el informe de la Agencia ya emitido, la Dirección Nacional de Migraciones tiene un plazo de 30 días hábiles para resolver, mediante un acto fundado, si concede la ciudadanía argentina o rechaza la solicitud.

Respecto del proceso que condujo a esta modificación normativa, resulta particularmente relevante el concurso público internacional llevado adelante entre 2025 y 2026, destinado a seleccionar una firma que asistiera al Gobierno nacional en el diseño e implementación del Programa de Ciudadanía por Inversión.

En dicho procedimiento se presentaron únicamente empresas extranjeras. Cuando el concurso se encontraba ya en una etapa avanzada, y luego de que dos de las firmas participantes formularan objeciones al informe técnico de evaluación, el procedimiento fue finalmente dejado sin efecto. Sin embargo, en una nota publicada por el Financial Times se dejó en claro que hubo empresas trabajando estrechamente en el diseño de la normativa.

Esta circunstancia plantea un aspecto especialmente sensible desde el punto de vista de la transparencia, la imparcialidad y la prevención de conflictos de intereses. Abogados locales especializados en derecho migratorio plantean que “las mismas empresas que participaron del concurso y que actualmente estarían colaborando o asesorando al Gobierno en el diseño del programa podrían, una vez que éste se encuentre operativo, actuar como intermediarias y presentar solicitudes de ciudadanía correspondientes a sus propios clientes”.

A ello se suma la posibilidad -también mencionada en relación con el diseño actualmente en consideración- de establecer un sistema de “licencias”, mediante el cual únicamente determinados actores o intermediarios autorizados podrían presentar solicitudes para su evaluación. Un esquema de este tipo, que encuentra antecedentes en otros países que han implementado programas de ciudadanía por inversión, podría limitar o desplazar en la práctica la intervención directa de abogados particulares.

El Financial Times publicó una nota el pasado junio marcando que el programa contemplaría dos modalidades: un pago no reembolsable de USD 500.000 o la compra de bonos soberanos “cupón cero” por USD 1 millón. También indicó que la expectativa del Gobierno es que el esquema genere ingresos por “decenas de miles de millones” de dólares. El mecanismo de “ciudadanía por inversión” establece el acceso a la ciudadanía por naturalización para extranjeros que acrediten inversiones en el país, sin necesidad de cumplir un plazo mínimo de residencia.

Esta se diferencia de la “residencia por inversión” establecida en la ley de migraciones, pero abogados especializados en materia migratoria indican que “no está regulada”. “Tengo 100 tipos por día de Emiratos Árabes Unidos que quieren poner negocios acá y les tengo que explicar que no hay regulación y no se sabe cuándo”, confiesa el director de una de las principales firmas nacionales.

De concretarse en esos términos, Argentina sería uno de los países más grandes del mundo en ofrecer ciudadanía directa a cambio de una inversión. Quienes ingresen al programa obtendrían, junto con su ciudadanía, el pasaporte argentino, que, en la práctica, representa el acceso sin visa a casi 170 países, más que cualquier otro esquema vigente actualmente.

El Financial Times señaló que el tecno-magnate Peter Thiel se instaló temporalmente en Buenos Aires como una suerte de “embajador” del programa antes de su lanzamiento oficial.

La iniciativa no está exenta de cuestionamientos. Paula Carello, abogada y ex funcionaria de la Dirección Nacional de Migraciones (organismo a cargo del otorgamiento de las ciudadanías, tras la reforma del DNU 366) advirtió oportunamente al Financial Times que los riesgos en materia de seguridad y reputación “probablemente superan los beneficios para un país del tamaño y perfil de la Argentina”. A nivel internacional, la Unión Europea declaró ilegal en 2024 el programa de Malta por convertir “la adquisición de la nacionalidad en una mera transacción comercial”, y el Reino Unido eliminó su propio esquema en 2022 en el marco de una ofensiva contra el lavado de dinero.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, no asistió este miércoles al plenario de comisiones que realizó el Senado para continuar con el debate del Súper RIGI -el funcionario de Economía avisó sobre el faltazo a horas de realizarse el convite-, donde se oyeron expositores invitados por la oposición que observaron y criticaron el articulado del Gobierno libertario, que ya fue aprobado por Diputados y que, por ahora, no avanza en la Cámara alta.

La iniciativa es analizada por las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional; y Legislación General. El objetivo de texto es atraer proyectos de al menos USD 1.000 millones en sectores que la Casa Rosada considera “industrias del futuro”. Si se activaran modificaciones en el Senado, la ley deberá volver en segunda revisión a la Cámara baja.

El primero en disertar fue el director de Economía Fundar, Guido Zack, quien dijo: “Es necesario que haya un control anual en materia de cumplimiento ambiental, consumo hídrico, consumo energético, auditado y publicado en un registro público de las inversiones realizas”.

Sobre ese punto, Zack valoró los aportes realizados en Diputados, aunque preguntó “qué pasa si no se cumple, con multas de hasta $600 millones, una penalidad máxima que sería el 0,04% del valor mínimo de los proyectos que promociona el Súper RIGI”. “Son necesarias las garantías, pero no es lo mismo que concesiones ilimitadas”, agregó.

En tanto, la ex secretaria de Innovación Pública de la Nación Micaela Sánchez Malcolm -hoy, titular de una ONG- señaló que “lo que no queda claro son las condiciones que se exigen en término de los eventuales impactos que pueda tener los centros de datos”. Se sumó el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar, quien advirtió que “30 años de estabilidad sin condiciones ningún país ofrece un plazo comparado”.

Según Aguilar, “antes de votar este Súper RIGI, el Congreso debería pensar” en cuestiones como “una evaluación oficial de gasto tributario, porcentajes mínimos vinculantes de integración local” y “de inversión”. El primer libertario en responder fue el sanjuanino Bruno Olivera Lucero. “Son 30 años porque venimos de 100 años de inestabilidad. Hay que tener en cuenta de dónde se viene”.

Olivera Lucero sumó: “Siempre hemos incumplido las reglas. Tenemos que hacer esto para salir del pozo en el que estamos, de una manera acelerada. Esto es para proyectos que no existen en el país. Es una de las ideas y no sabemos qué va a venir, pero sí generamos las condiciones. Veo que las críticas se centraron en data centers, pero uno podría ser una refinería de cobre. ¿Por qué no pensar en eso para exportar un mineral final y no una roca?”.

El sanjuanino además dejó en claro que, en el articulado, se sostiene la obligación “de un informe donde que no comprometan los recursos y la infraestructura existente”. Lo siguió después su colega de bancada Nadia Márquez (Neuquén), que pidió no “poner fantasmas” ni hablar sin conocer la historia de Vaca Muerta, donde se explotan recursos con medidas ambientales.

Márquez luego hizo mención a la contradicción de ser “millonarios debajo de la tierra” y “pobres arriba de la tierra” y denostó los dichos de “vienen por los ríos, las montañas, el agua, la tierra”. En esa línea, enfatizó: “Siempre lo mismo. No vienen por nada porque el gobierno kirchnerista se robó todo”.

El kirchnerismo tampoco dejó pasar las alocuciones mileístas. Por caso, el porteño Mariano Recalde manifestó que durante los últimos cuatro gobiernos -de distintos signos políticos- “hubo inversión extranjera directa, a diferencia del actual mandato de la administración central, con USD 596 millones negativo”.

“Todas las inversiones en Vaca Muerta se hicieron sin RIGI. Petronas iba a venir a invertir USD 35.000 millones sin RIGI y el gobierno de ustedes hizo que se fueran. Tengan un poco menos de soberbia”, sostuvo Recalde.

Cambios en la ley de Sociedades

Por la mañana, la comisión de Legislación General siguió con el debate de la nueva ley de Sociedades que empuja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, hoy en la mira de varios legisladores.

Durante el cónclave, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital Federal), anunció la idea del oficialismo y de aliados de “hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas, con responsables físicos”. Es decir, tocar el texto.

“Pensamos que va a dar más seguridad jurídica que el órgano de administración esté integrado al menos por una persona jurídica con idoneidad suficiente para el control de sistemas automatizados”, aseguró Bullrich.

En junio pasado, Sturzenegger no sólo despejó este punto, sino que el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez, enfatizó que el articulado especificaba que quienes pretendan no identificar a beneficiarios finales “no serán recibidos”. A pesar de las precisiones, habrá modificaciones sobre lo enviado por la Casa Rosada.

En el marco de las acciones para impulsar la promoción económica y comercial, la embajadora de El Salvador en República Dominicana, Dania Tolentino, sostuvo un encuentro con la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, encabezada por su presidenta, Mileyka Brugal. El propósito central fue fortalecer los lazos institucionales y explorar nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación empresarial entre El Salvador y la provincia de Puerto Plata.

Durante la reunión, la embajadora Tolentino presentó una visión general de las oportunidades que ofrece El Salvador como destino para el comercio y la inversión, resaltando sectores estratégicos como turismo, agroindustria, manufactura, textiles, tecnología, logística y servicios. También se abordaron las oportunidades asociadas a las zonas francas y al establecimiento de nuevas inversiones.

La representación diplomática de El Salvador destacó su interés en promover un mayor acercamiento entre el empresariado salvadoreño y dominicano, con énfasis especial en los sectores productivos de Puerto Plata, una provincia con fortalezas en los ámbitos turístico, portuario, comercial, agrícola, industrial y de servicios.

Durante el encuentro, se subrayó la importancia de generar puentes empresariales que permitan identificar oportunidades concretas de negocios, así como potenciales socios comerciales, compradores e inversionistas. Esta dinámica contribuye al fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, Mileyka Brugal, compartió las principales fortalezas y oportunidades de la provincia, haciendo hincapié en el dinamismo de sectores como el turismo, la agricultura, el comercio, las zonas francas y los servicios. Además, señaló el potencial que existe para que las empresas puertoplateñas sigan internacionalizándose.

A raíz de la reunión, se identificaron diversas áreas de interés para continuar colaborando de manera conjunta, entre ellas la promoción de exportaciones, la realización de ruedas de negocios, el intercambio de misiones empresariales y la identificación de oportunidades de inversión. También se consideró relevante el intercambio de contactos entre empresas salvadoreñas y dominicanas.

Como resultado de este acercamiento, la Consejería Económica de la Embajada de El Salvador dará seguimiento a una agenda de trabajo conjunta con la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, orientada a convertir los primeros acercamientos institucionales en oportunidades concretas de comercio e inversión.

La Embajada de El Salvador reafirma así su compromiso de seguir impulsando la diplomacia económica y comercial, promoviendo la oferta exportable salvadoreña, facilitando el acercamiento entre empresarios y posicionando al país como un destino atractivo para la inversión extranjera.

Relaciones diplomáticas entre El Salvador y República Dominicana

Las relaciones diplomáticas entre El Salvador y República Dominicana se establecieron oficialmente el 3 de julio de 1882. Desde entonces, ambos países han mantenido vínculos bilaterales en ámbitos político, económico y de cooperación, así como una colaboración constante en diferentes foros regionales e internacionales.

A lo largo de los años, las relaciones diplomáticas se han fortalecido a través de la apertura de embajadas y la firma de acuerdos orientados al intercambio comercial, la promoción de inversiones y la cooperación técnica.

Las recientes acciones de la embajada salvadoreña en República Dominicana, como el encuentro con la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, reflejan el interés de ambos gobiernos en profundizar la agenda bilateral, especialmente en el ámbito del desarrollo económico y la cooperación empresarial, sentando las bases para nuevas oportunidades y proyectos conjuntos entre los sectores productivos de ambos países.

Cada vez más familias adineradas de California buscan residencia por inversión o ciudadanía fuera de Estados Unidos para asegurarse una vía alternativa para vivir, trabajar o estudiar en otros países.

En los últimos cinco años, el interés por estos programas se disparó, según informó Los Angeles Times.

El principal motor de este auge es el temor creciente a una posible inestabilidad política en Estados Unidos y la búsqueda de un “plan B” para la familia ante eventuales escenarios adversos.

El mecanismo consiste en invertir grandes sumas, ya sea en propiedades, fondos o negocios, a cambio de un acceso más rápido a la residencia permanente o la ciudadanía.

Para muchas de esas familias, el objetivo no es mudarse de inmediato, sino sumar una opción de salida si la situación se deteriora en su país.

“Las familias adineradas están empezando a decir: ‘Esto es realmente bueno para tener junto con todas mis inversiones. ¿Por qué no diversificar también dónde puedo vivir?’”, dijo Basil Mohr-Elzeki, socio gerente de Henley & Partners, una firma de residencia y ciudadanía con oficina en Beverly Hills, citado por el diario.

El temor político pasó a ser el principal motor de la demanda

Eric Major, director de Latitude, una firma especializada con oficinas en Denver, Miami y Nueva York, sostuvo que el mayor incentivo entre sus clientes estadounidenses es el miedo a la inestabilidad política. Según explicó, eso ocurrió en 85% de los casos procedentes de Estados Unidos.

Major agregó que antes de 2019 menos de 5% de sus clientes en busca de residencia o ciudadanía eran estadounidenses. Ahora, los ciudadanos de Estados Unidos concentraron el 75% de su trabajo, al mismo tiempo que creció el volumen total de operaciones.

El ejecutivo estimó que el patrimonio neto promedio de sus clientes californianos rondó los USD 250 millones. De esa cifra, alrededor de USD 1 millón solió destinarse a obtener un segundo pasaporte o una residencia en el exterior.

“Lo quieren por si a Estados Unidos se le sale la rueda. Entonces necesito, igual que en la Segunda Guerra Mundial, un lugar al que ir”, afirmó Major al medio.

También dijo que escucha inquietudes en votantes de ambos partidos: republicanos preocupados por un posible gobierno demócrata y demócratas alarmados por el mandato de Donald Trump.

El salto en la demanda ya había comenzado en 2020, cuando las restricciones de la pandemia dejaron a muchos millonarios, según las firmas, con la sensación de haber quedado atrapados dentro de sus fronteras.

Luego volvió a acelerarse en 2024, tras la segunda elección de Trump, con un impulso visible en estados de mayoría demócrata como California.

Portugal y Nueva Zelanda figuran entre los destinos más buscados

Los estadounidenses con mayor patrimonio, y en especial los californianos, suelen priorizar la residencia en países europeos porque esa condición abre la posibilidad de vivir o trabajar en más de dos docenas de países de la Unión Europea. Entre los programas más demandados aparecen Portugal y Malta.

En Portugal, una de las rutas habituales exige invertir 500.000 euros en un fondo de capital de riesgo o de capital privado.

Algo más de la mitad de ese dinero debe terminar invertido en empresas portuguesas, y los solicitantes deben pasar al menos dos semanas en el país durante los primeros dos años de la visa de residencia.

Ese camino puede llevar hasta cinco años para acceder a la residencia permanente y una década o más para obtener la ciudadanía. Además, los solicitantes deben demostrar cierto conocimiento del portugués.

Existe otra vía más barata: iniciar un negocio e invertir alrededor de 175.000 euros. Esa es la opción que eligió Josh, un abogado de San Diego identificado solo por su nombre de pila porque teme que sus planes de obtener residencia fuera del país afecten su actividad profesional en Estados Unidos.

Josh busca residencia portuguesa y, más adelante, ciudadanía para él, su esposa y sus dos hijos en edad escolar. Explicó que piensa sobre todo en las oportunidades educativas y laborales futuras para sus hijos, y señaló que su familia ya pasa algo más de un mes por año en Europa.

En el caso de Nueva Zelanda, Mohr-Elzeki dijo que también capta interés entre sus clientes californianos porque ofrece un acceso más rápido a la residencia que muchos programas europeos.

El esquema requiere invertir al menos NZD 5 millones (unos USD 3 millones) en fondos administrados o empresas, y puede permitir la residencia permanente en apenas tres años.

Para muchas familias, la residencia funciona como una póliza de seguro

Paul Williams, director ejecutivo y fundador de La Vida Golden Visas, una firma con sede en Londres, resumió la lógica de muchos clientes con una comparación directa: “Esto es un poco como tener una póliza de seguro. No sabes si tu casa se va a incendiar o si un avión se va a estrellar contra ella, pero contratas la póliza por si acaso”.

Ese razonamiento aparece en la experiencia de Jae Kim y Annie Akin, una familia de San Francisco que espera convertirse pronto en residente de Portugal junto con su hijo de cuatro años.

Para hacerlo, ya debieron notarizar certificados de nacimiento, registrar huellas dactilares ante autoridades europeas y transferir 500.000 euros a un fondo internacional de inversión.

La pareja aseguró que no tiene planes inmediatos de mudarse, pero mantiene preocupación por la estabilidad política futura de Estados Unidos.

“Tenemos algo de preocupación por eso. Que nuestro hijo esté en guerras futuras, cosas así”, dijo Akin a la publicación.

También valoran otras ventajas: la posibilidad de jubilarse en Portugal y de que su hijo estudie en una universidad europea, donde las matrículas cuestan una fracción de lo que cuestan en Estados Unidos.

Kim, abogado y arquitecto de inteligencia artificial en Microsoft, lo resumió así: “Una de las mejores cosas que el dinero puede comprar, en términos generales, son las opciones”.

El diario señala que Peter Thiel, empresario tecnológico y exresidente de California, está tramitando la ciudadanía argentina debido a su preocupación por la situación en Estados Unidos y la posibilidad de que en California se apruebe un impuesto para multimillonarios, según informa The New York Times.

Estados Unidos también tiene su propio programa de residencia para grandes patrimonios. En 2025, el presidente Trump presentó la Trump Gold Card, que permite solicitar residencia tras un aporte de USD 1 millón, aunque la iniciativa enfrenta actualmente un desafío judicial.

La discusión sobre el futuro del sector energético argentino tuvo este miércoles en el AmCham Energy Forum una síntesis concreta: el desafío ya no pasa por describir el potencial del país, sino por traducirlo en infraestructura, reglas estables y proyectos de escala. En el encuentro realizado en el Hotel Alvear Icon de Buenos Aires, el funcionario que concentró las definiciones más precisas fue Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, con anuncios y diagnósticos sobre transmisión eléctrica, subsidios, Vaca Muerta y el régimen de incentivos a las inversiones.

La jornada, organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) bajo el lema “La energía en clave federal”, reunió a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios y ejecutivos del sector en un momento en que la producción de hidrocarburos, la discusión sobre tarifas y la necesidad de nueva infraestructura aparecen en el centro de la agenda oficial y privada.

En su conversación con la periodista Sofía Diamante, González colocó al sistema eléctrico entre las urgencias inmediatas. El secretario destacó la salida del pliego de AMBA I, una obra de ampliación de transmisión que, según explicó, beneficiará al área metropolitana y al sistema interconectado en su conjunto. “Es parte de lo que necesitamos hacer urgente”, sostuvo, al describir una red “estresada en forma permanente” después de años de falta de inversión.

El funcionario dijo que la obra forma parte de una secuencia más amplia, que incluye nuevas ampliaciones de red y las licitaciones de almacenamiento con baterías para el AMBA y el sistema interconectado. En esa línea, fijó una definición política y económica sobre el esquema de financiamiento: si el objetivo es contar con un mejor servicio y mayor disponibilidad, el costo subirá y quedará a cargo de la demanda. “No lo va a pagar el Estado nacional”, afirmó.

Ese punto le permitió conectar la situación actual del sistema con la discusión de fondo sobre tarifas y subsidios. González sostuvo que la meta de la política energética no se limita a recortar transferencias estatales, sino a reducir el costo de la energía en el mediano plazo a partir de mayor inversión y desregulación. “La mejor manera de reducir los subsidios es bajar el costo de la energía”, planteó, aunque aclaró que en el corto plazo las mejoras de infraestructura implican un costo adicional.

Al hacer un balance del año, el secretario reconoció que el invierno tuvo un costo mayor al previsto por la suba del GNL y por una menor hidraulicidad al comienzo de la estación. Aun así, defendió la trayectoria oficial de reducción de subsidios y dijo que, desde la llegada del actual Gobierno, el recorte acumulado ronda casi un punto del producto. Para este año, estimó un ajuste de alrededor de 0,55 puntos del PBI, apenas por encima de la meta inicial de medio punto.

González también puso el foco en la composición del esquema de subsidios. Señaló que más de la mitad de los usuarios residenciales aún recibe asistencia y que, en el caso de la electricidad, esa cobertura supera el 60% del costo de la energía, mientras que en gas llega al 75% durante el invierno. La discusión hacia adelante, señaló, pasa por decidir si la prioridad será reducir la cantidad de usuarios subsidiados, achicar el porcentaje subsidiado o avanzar con una combinación de ambas herramientas.

Dentro de ese capítulo, uno de los pasajes más duros de su exposición estuvo dedicado al régimen de zonas frías. González calificó de “aberración” que el esquema se haya extendido a localidades que, a su juicio, no reúnen esas condiciones y criticó que el subsidio alcance el total de la factura y no solo el costo del gas. Para ilustrar esa distorsión, usó un ejemplo que buscó contrastar ingresos y beneficiarios: “No tiene ningún sentido que un jubilado en La Matanza esté subsidiando al dueño de un departamento para alquilar en Mar del Plata”.

El otro gran eje de su intervención estuvo en Vaca Muerta, que dominó buena parte del intercambio y volvió a aparecer como la principal plataforma de crecimiento del sector. González reveló que un nuevo estudio del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas estimó en 30.000 millones de barriles los recursos técnicamente recuperables de petróleo en la formación, casi el doble de las estimaciones integrales disponibles hasta ahora, que tenían unos quince años.

Ese cálculo le permitió reforzar la idea de urgencia en torno al desarrollo del shale. Según planteó, al ritmo actual de producción el volumen estimado equivaldría a casi un siglo de actividad, mientras que medido sobre las exportaciones presentes implicaría unos 250 años. Bajo esa lógica, defendió la necesidad de acelerar proyectos y evitó cualquier lectura gradualista. “Un barril perdido de petróleo hoy lo perdiste”, afirmó, con el argumento de que esa producción no se recupera después en términos económicos.

En ese tramo, González ubicó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una pieza de apoyo a la infraestructura y al desarrollo del upstream. Mencionó entre los casos relevantes el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), destinado a ampliar la salida de crudo al Atlántico, y anticipó que YPF avanzaría con la presentación de Argentina GNL al esquema de beneficios. Su lectura fue que el RIGI no solo acelera planes ya existentes, sino que vuelve viables áreas o desarrollos marginales que antes quedaban fuera de cartera.

El secretario describió esa orientación como un cambio de enfoque regulatorio. Según dijo, la política energética dejó atrás una lógica de administración de la escasez y empezó a mirar el sector desde la “gestión de la abundancia”. En esa formulación incluyó la salida de viejos conceptos de autosuficiencia y la decisión de intervenir menos en la formación de precios, con la expectativa de que el sector privado tome la delantera en la expansión de producción e infraestructura.

Ese mensaje tuvo un eco político e internacional en la exposición del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien participó en la charla “Argentina y Estados Unidos: alianza estratégica para la inserción internacional”. Frente a un auditorio dominado por ejecutivos y referentes de la cadena energética, Lamelas elogió el rumbo de las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei y ligó la atracción de inversiones a la profundización de ese proceso.

“Todo es posible en Argentina”, dijo al comienzo de su intervención. Luego sostuvo que la energía constituye una base del desarrollo económico y de la seguridad nacional y que el ingreso de capitales requiere reglas de juego claras, menos burocracia y más protagonismo del sector privado. También afirmó que muchas provincias reclaman más inversión estadounidense, aunque aclaró que el Gobierno de su país no puede ordenar a las empresas privadas dónde colocar capital.

En ese marco, el embajador destacó que el RIGI recibió 40 proyectos por 100.000 millones de dólares y señaló que una parte ya obtuvo aprobación. Sumó a ese panorama el acuerdo comercial ATI y la posibilidad de financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos (DFC) y del Exim Bank para iniciativas vinculadas con energía, minería y tecnología. Su planteo fue que la discusión ya no pasa por si la Argentina puede transformarse en una potencia energética, sino por quiénes participarán de ese proceso.

Lamelas también introdujo un componente geopolítico al advertir sobre la seguridad tecnológica y la infraestructura de datos. Cuestionó el uso de equipamiento de Huawei y sostuvo que las empresas chinas están obligadas a otorgar al Estado acceso a la información que circule por sus redes y sistemas de inteligencia artificial. En ese pasaje, vinculó la protección de datos con la seguridad nacional y con las condiciones que observan los inversores internacionales al evaluar proyectos en la Argentina.

La apertura institucional del foro estuvo a cargo de Mariana Schoua, presidenta de AmCham Argentina, quien propuso encuadrar la discusión en una perspectiva federal. Schoua señaló que la Argentina atraviesa una oportunidad histórica después de pasar en pocos años de importador de energía a exportador neto y sostuvo que el reto consiste en transformar esa ventaja en inversiones concretas, proveedores locales y empleo de calidad en las provincias donde se genera la energía.

En su mensaje, Schoua mencionó tres elementos como diferencial argentino: recurso, previsibilidad y alineamiento estratégico con Estados Unidos. También remarcó que la continuidad macroeconómica, la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica serán determinantes para que proyectos de gran escala logren financiamiento y ejecución. Sobre el final de su discurso, anunció además el cierre de su etapa al frente de la entidad y señaló que Gabriela Renaudo asumirá la presidencia de la cámara con aprobación del board.

El programa del foro recorrió después una agenda amplia sobre producción, exportación, financiamiento e impacto territorial. Hubo paneles sobre cuencas productivas, tecnología, proveedores e infraestructura de evacuación, con participación de ejecutivos de Tenaris, TGS y AWS; sobre Vaca Muerta como plataforma exportadora, con referentes de Vista y TotalEnergies; y sobre el ingreso argentino al mercado global de GNL, con voces de Southern Energy y de la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro.

La grilla incluyó además un bloque sobre normalización del mercado eléctrico, señales para la inversión y competitividad, con representantes de Schneider Electric, Central Puerto y AES; otro sobre capital para la energía argentina, con Facundo Gómez Minujin, de JP Morgan, y Jorge Brito, de Genneia; y un panel sobre desarrollo territorial, infraestructura y transformación productiva, con referentes del Consejo Federal de Inversiones, del Senado y de gobiernos locales.

El componente federal del evento quedó reforzado con la participación de los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut; Alberto Weretilneck, de Río Negro; y Alfredo Cornejo, de Mendoza, en conversaciones individuales que buscaron mostrar el vínculo entre desarrollo energético, infraestructura y estrategia provincial. El cierre quedó a cargo de Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina.

En el marco del Día Nacional de las Zonas Francas, el gobierno de la República Dominicana informó sobre los avances y desafíos de este sector, que se consolida como uno de los principales motores de la economía nacional y un referente en América Latina.

Las zonas francas dominicanas registraron exportaciones por US$4,359.7 millones entre enero y junio de 2026, cifra que representa un aumento de 3.2 % respecto al mismo periodo del año anterior. Este desempeño ratifica la posición del país como líder regional en exportaciones bajo este régimen especial.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), el primer semestre de 2026 estuvo marcado por un incremento en los volúmenes exportados y una expansión de la manufactura de 5.8 % solo en junio. Además, el sector experimentó un alza de 6.1 % en las exportaciones durante ese mes respecto a junio de 2025.

En el contexto latinoamericano, la República Dominicana se posiciona como el segundo país con mayor concentración de exportaciones en zonas francas en la región CARD (Centroamérica, Panamá y República Dominicana), con 56.9 % del total de sus exportaciones nacionales bajo este régimen, solo por detrás de Costa Rica, según el informe “Estadísticas de zonas francas de Iberoamérica 2025” elaborado por la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA).

Sectores de mayor inversión: auge en logística y servicios

El informe sectorial destaca que los principales focos de inversión en las zonas francas dominicanas se concentran en logística y servicios, rubros que representan 32 % del total de empresas instaladas bajo este régimen. Las zonas económicas especiales han sido diseñadas para atraer capital orientado a plataformas logísticas, servicios globales y actividades de valor agregado, en respuesta a la demanda internacional y a la necesidad de diversificación productiva.

De las 820 empresas operativas en 2023, un 25.9 % se ubicó en el Distrito Nacional y Santo Domingo, mientras que el 52.4 % de los parques industriales está en la Región Norte, lo que refleja una distribución estratégica de la infraestructura para atender diferentes mercados y facilitar la integración logística.

El crecimiento exportador se apoya en industrias de alto valor agregado. Dispositivos médicos, tabaco y sus derivados, y productos eléctricos y electrónicos lideran la oferta exportadora de las zonas francas. Estos sectores amplían la presencia de la República Dominicana en el comercio global y fortalecen la capacidad exportadora nacional.

La diversificación sectorial ha permitido el acceso a nuevos mercados y la mejora de la calidad de la oferta exportadora. El desarrollo de capacidades en áreas tecnológicas y de salud refuerza la reputación nacional como proveedor competitivo.

El impacto de las zonas francas incluye la creación de empleos formales y de calidad. Más de 200,000 empleos directos se registraron al cierre de 2025, con 54 % de los puestos ocupados por mujeres. Entre 2020 y 2025, el empleo directo creció 67 %, según cifras oficiales. Estos resultados posicionan al sector como uno de los principales generadores de empleo formal en el país.

La alta proporción de mujeres en el empleo del sector aporta a los avances en inclusión y equidad laboral.

Incentivos, tendencias y retos estructurales

El régimen de zonas francas ofrece exoneración fiscal, facilidades aduaneras y acceso a financiamiento preferencial, lo que incentiva la instalación de nuevas empresas y la inversión extranjera. En 2023, la inversión en zonas francas dominicanas ascendió a US$7,496 millones. Las importaciones del sector sumaron US$4,887 millones, lo que evidencia una balanza positiva y una alta integración en cadenas globales de valor.

El enfoque actual en logística y servicios, la capacidad para generar empleo y el atractivo para la inversión extranjera posicionan a las zonas francas como un pilar clave para el crecimiento y la competitividad de la economía dominicana. Las autoridades del CNZFE y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) reiteran su compromiso de fortalecer el sector, superar los desafíos identificados y mantener el país caribeño como referente regional en zonas francas y exportaciones.

La economista definió el escenario actual como uno de “cambio de régimen”, en contraste con lo que identificó como un ciclo anterior marcado por restricciones severas. “Ese es el principal logro del gobierno y es el cambio de régimen”, sostuvo Camino al analizar el paso de una economía “con inflación alta, desequilibrios fiscales, controles y trabas a las importaciones” hacia un contexto de mayor apertura y estabilización. “La macro se alcanzó”, insistió, aunque reconoció que la estabilización no resultó homogénea y que los efectos concretos en el entramado productivo siguen siendo desparejos.

Según Camino, “no hay una sola Argentina”. La CEO de ABECEB describió la coexistencia de “sectores exportadores que crecen al 24,4%” y otros, como el “consumo masivo”, que “te cae casi tres, está en menos dos coma nueve”. Para la economista, la diferencia entre la dinámica de los sectores orientados al mercado externo y los vinculados al mercado interno se profundizó tras el ajuste fiscal y la liberalización comercial. “Hoy la economía se abrió y somos parte del mundo”, subrayó, remarcando que la inserción internacional implica también mayores exigencias para competir.

El análisis de Camino abordó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como un instrumento central para atraer capitales y generar proyectos de alto impacto. “Las grandes inversiones encuentran en el régimen del RIGI previsibilidad y condiciones de competencia”, explicó, aunque aclaró que “no es solamente el RIGI” lo que determina el flujo de inversiones. Para la fundadora de ABECEB , el cambio de reglas y el orden macroeconómico funcionaron como señales para los inversores, mientras que la estabilidad de las cuentas públicas resultó “algo bueno”, aunque insuficiente para garantizar un crecimiento sostenido en todos los sectores.

En ese sentido, Camino remarcó que “hoy tenés las cuentas públicas ordenadas”, pero advirtió que la agenda social se torna prioritaria. “El consumo te crece y la góndola no lo nota”, sintetizó, en referencia a la demora en la recuperación del poder adquisitivo y la persistencia de la desigualdad en la distribución de los beneficios del crecimiento. “Va a llegar en algún momento y en algunas zonas está llegando”, agregó, aunque reconoció que el proceso de derrame es lento y desigual.

El impacto de las nuevas reglas sobre las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ocupó un lugar destacado en el análisis de Camino. “El crédito es más lento, lo está traccionando ahora de distintas maneras”, indicó. La economista señaló que la presión impositiva y el acceso al financiamiento constituyen obstáculos para el desarrollo de las PYMES, ya que el gobierno priorizó la estabilidad fiscal ante la expansión del crédito. “Argentina tiene muchos problemas”, afirmó, y situó en primer plano la necesidad de una mejora en las condiciones de acceso a financiamiento para el sector privado, en especial entre los actores de menor escala.

Camino diferenció el rol del Estado en el nuevo escenario. “La intervención del Estado es más indirecta”, señaló, distinguiendo la etapa actual de modelos previos con fuerte presencia estatal en la asignación de recursos y en la regulación de precios y salarios. Según la CEO de ABECEB, el objetivo oficial se orienta a “dar condiciones generales para que el privado genere condiciones para que ese derrame llegue”.

El fenómeno de la economía a dos velocidades aparece, para Camino, tanto en la comparación entre sectores —industriales, exportadores, servicios, consumo— como entre regiones y territorios. “No llega a la góndola”, repitió, para ilustrar la falta de impacto directo en la vida cotidiana de amplios segmentos sociales. La economista sostuvo que los datos de crecimiento todavía conviven con “una Argentina enorme que va muy lento”, mientras que una “Argentina potente, chiquitita” muestra signos de dinamismo. Aunque la frase no corresponde textualmente a Camino, ella la validó y sumó su perspectiva: “Eso sería un fracaso”.

En el plano de los datos, Camino aportó cifras para dimensionar la brecha entre sectores. “La economía que exporta crece veinticuatro coma cuatro”, enfatizó, y contrastó ese desempeño con el de las ramas orientadas al mercado interno. La fundadora de ABECEB insistió en que la estabilización macro no resolvió por sí sola las asimetrías, y que los efectos del crecimiento requieren tiempo para reflejarse en el conjunto del entramado productivo.

El debate sobre la legitimidad política y social ocupó un lugar relevante en la entrevista transmitida por Infobae en Vivo. Camino planteó que la sostenibilidad del esquema económico depende de que los beneficios lleguen a la mayor cantidad posible de personas y regiones. “No va a haber legitimidad política ni social si no converge todo”, reiteró, asociando el éxito del programa económico a la capacidad de “converger” sectores y territorios en una trayectoria común de crecimiento.

La presión sobre los indicadores sociales, en particular el consumo y el empleo, motivó varias de las intervenciones de Camino. “El consumo masivo te cae casi tres”, sostuvo, y relacionó ese retroceso con la persistencia de salarios bajos y la lenta recuperación del empleo público. Al referirse a la dinámica de las inversiones, la economista destacó que “hay récord de anuncios de inversión en sectores dinámicos”, aunque matizó que “el empleo generado por esos grandes proyectos es limitado”.

Camino enfatizó que el círculo virtuoso de consumo e inversión depende de la confianza y de la estabilidad macroeconómica, pero que la velocidad de la reactivación sigue condicionada por factores estructurales. “Es un problema gravísimo”, sintetizó al referirse a la demora en el traspaso del crecimiento a la vida cotidiana de la mayoría. El mensaje de la CEO de ABECEB giró en torno a la necesidad de construir mecanismos que permitan que el crecimiento sectorial se traduzca en mejoras para el conjunto.

El régimen RIGI, según la visión de Camino, “da previsibilidad” y “condiciones de competencia”, pero no garantiza automáticamente el derrame sobre toda la economía. La economista destacó que “fuera del RIGI hay dificultades”, y que la generación de empleo masivo requiere políticas complementarias. En el análisis de Camino, el Estado debe mantener un rol de facilitador, sin intervenir de manera directa en la asignación sectorial de recursos, pero sí asegurando reglas claras y estabilidad.

Camino abordó también la cuestión fiscal y su impacto sobre la economía real. “No hay duda que normalizar la macro es algo bueno”, afirmó, aunque admitió que la consolidación fiscal plantea desafíos para la recuperación del crédito y la expansión de la demanda interna. La fundadora de ABECEB sostuvo que la clave reside en lograr que la estabilidad macroeconómica se transforme en crecimiento inclusivo.

El recorrido por los principales desafíos del momento incluyó referencias a la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas, impulsar la inversión y promover la integración de los distintos sectores productivos. Camino insistió en que la apertura de la economía obliga a las empresas argentinas a competir “con el mundo”, lo que requiere eficiencia y adaptabilidad.

Durante la entrevista, la fundadora de ABECEB subrayó la importancia de construir un clima de negocios previsible y de fortalecer la confianza en las instituciones. “No es una mirada optimista, es una mirada de dinámicas”, aclaró, posicionando su análisis en términos de procesos y tendencias antes que de expectativas. Camino evitó juicios de valor y se centró en la exposición de datos y en la descripción de los mecanismos que, a su entender, ordenan la economía actual.

La transmisión de Infobae en Vivo reflejó la tensión entre los logros macroeconómicos de la administración Milei y los desafíos pendientes en materia de equidad y cohesión social. Camino sintetizó esa dicotomía al señalar que “no hay una sola Argentina” y que el reto principal consiste en lograr que el crecimiento sectorial converja en beneficios para el conjunto.

La entrevista dejó planteada la pregunta sobre el camino hacia la convergencia de las distintas velocidades de la economía argentina. Camino reiteró su advertencia: “No va a haber legitimidad política ni social si no converge todo”.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

El crecimiento de las zonas francas en Costa Rica proyecta una marcada desaceleración en 2026. El Banco Central de Costa Rica estima una expansión de 4.6 % para este año, una cifra considerablemente inferior al 12.7 % alcanzado en 2025. Este sector sostiene cerca del 15 % del producto interno bruto nacional y aporta más de 265,000 empleos directos e indirectos, según el Informe de Política Monetaria de julio de 2026.

La economía costarricense en su conjunto también mostrará un menor dinamismo. De acuerdo con datos citados por CR Hoy, se anticipa un crecimiento del 3.4 % para 2026, por debajo del 4.6 % registrado el año anterior. Las zonas francas, que agrupan industrias de manufactura avanzada, ciencias de la vida, tecnología y servicios corporativos, han sido pieza clave en la atracción de inversión extranjera y la generación de empleo calificado.

El Banco Central señala factores internacionales

El Banco Central atribuye la moderación del crecimiento a una menor demanda externa de bienes y servicios, en medio de un entorno internacional más incierto y una expansión global más lenta. El organismo destaca que las exportaciones de implementos médicos, tras el crecimiento atípico de 2025, han reducido su ritmo, lo que afecta el resultado general de los regímenes especiales. El sector servicios, especialmente los vinculados con manufactura, también experimenta un menor dinamismo.

El informe sintetizó su postura con la siguiente frase: “Los regímenes especiales estarían afectados por una menor demanda externa de manufacturas, así como por un menor dinamismo de los servicios de transformación y empresariales”. La entidad considera que el contexto internacional incide tanto en las exportaciones como en las perspectivas de inversión extranjera directa.

De este modo, la producción nacional en 2026 avanzaría a un ritmo más pausado, reflejando el menor empuje tanto en el régimen especial como en el régimen definitivo, según la información difundida por CR Hoy.

Analistas señalan causas internas y mencionan “enfriamiento”

El economista Daniel Ortiz, socio director de Consejeros Económicos y Financieros, señaló que el desempeño de 2025 fue excepcional, impulsado por adelantos de pedidos de dispositivos médicos realizados por Estados Unidos; un comportamiento que, según explicó, difícilmente se repetirá en 2026. Ortiz remarcó que el entorno internacional volátil puede limitar la inversión extranjera directa y, en consecuencia, el crecimiento de los regímenes especiales.

Ortiz también advirtió sobre el impacto de la apreciación del colón frente al dólar en los costos operativos, especialmente en el sector servicios de los regímenes especiales. Resumió el efecto de este factor: “A estas empresas se les ha encarecido operar en el país, se les sigue encareciendo más, solo este año un 10 %, y para empresas cuyo mayor gasto es el gasto en planilla, pues naturalmente que la planilla se encarezca un 10 % tiene implicaciones sobre lo que se puede crecer, sobre la rentabilidad y las posibilidades de expansión futura”.

El investigador Sandro Zolezzi, de la Universidad LEAD y de la Academia de Centroamérica, utilizó el término “enfriamiento marginal” para describir la situación del régimen de zona franca y de las empresas de inversión extranjera directa. Según Zolezzi, atribuir la desaceleración del PIB únicamente a factores externos como el petróleo o choques internacionales “oculta el problema de fondo: el enfriamiento marginal del Régimen de Zona Franca”. En su opinión, el país enfrenta costos sistémicos en energía, infraestructura, rigidez regulatoria y un tipo de cambio que ha erosionado márgenes operativos.

Zolezzi concluyó que, sin reformas que incentiven el valor agregado y una mayor sofisticación en la inversión extranjera directa, el margen de maniobra para sostener el crecimiento seguirá reduciéndose. Para el investigador, la desaceleración evidencia que la inercia del modelo llegó a su límite y requiere ajustes estructurales.

La menor expansión de las zonas francas en 2026 responde a una combinación de menor demanda internacional, factores cambiarios y desafíos internos, siendo el “enfriamiento” del régimen especial un concepto subrayado por analistas como Zolezzi. Las autoridades y especialistas coinciden en la importancia de este sector para la economía del país, aunque difieren en la interpretación de las causas y la urgencia de las reformas necesarias.

El miércoles por la tarde, ocurrió algo inesperado para la política argentina. La popular cantante y actriz Tini Stoessel, por primera vez, se manifestó en un tema políticamente sensible. El gesto fue de una simpleza notable: simplemente, subió a su cuenta de Instagram un hermoso paisaje argentino con la leyenda: “La Patria no se vende”. En esas horas, el Senado se preparaba para debatir la ley por la cual el Gobierno pretendía ampliar la participación de capitales extranjeros en la compra de tierras argentinas. De repente, Javier Milei y Patricia Bullrich ya no discutían con Cristina Kirchner o Axel Kicillof -ese lugar tan cómodo-, sino con un adversario mucho más difícil de vencer: una joven artista popular que, además, como podía comprobar cualquiera a esa hora, no estaba sola.

Cuando un artista popular se mete en el terreno político corre el riesgo de ofender a muchos seguidores que no piensan como él o ella, o en recibir represalias, sobre todo si su opinión difiere de la del actual gobierno. Es una decisión audaz que, dados sus evidentes costos, sólo puede ser motivada por una fuerte convicción. Sin embargo, en esas horas, Lali Espósito, Nicki Nicole, Wos, María Becerra, Emilia Mernes, L-Gante, Dante Spinetta, uno a uno, fueron sumando posteos, convocando a marchas, opinando lo mismo que Tini: que la Patria no se vende.

Tal vez la gente grande no los conozca. Pero todos ellos son artistas con decenas de millones de fans dentro y fuera del país. Algunas de sus canciones han logrado una cantidad de visualizaciones que superan cómodamente la cantidad de seres humanos que existen en el planeta. Millones de jóvenes de todas las ideologías y clases sociales los quieren, los escuchan, los adoran. Milei ya ha agredido a otras personas como Tini: Lali Espósito y María Becerra sufrieron sus bravuconadas, aunque no se dejaron atemorizar. Esta vez, no opinó.

Ese fenómeno político tan novedoso fue acompañado por manifestaciones muy cercanas a la Selección Nacional de fútbol. De hecho, Stoessel es desde hace varios años la pareja de Rodrigo De Paul, el talentoso mediocampista, íntimo amigo de Lionel Messi. Lisandro López, uno de los dos centrales del equipo argentino, sumó su propio posteo. Y Antonella Roccuzzo, la mujer del mejor jugador de la historia, le dio like a una editorial en la que Diego Leuco, un periodista que fue siempre muy crítico del kirchnerismo, cuestionaba la iniciativa oficial. Otra vez: el enemigo esta vez no tenía el rostro de Cristina Kirchner. Era más fresco, popular, masivo y por ende menos vulnerable.

La Selección Nacional ya había hecho su aporte al inesperado fervor nacionalista que atraviesa en estos días a un sector importante de la sociedad argentina. Fue hace tres semanas, apenas terminado el partido en que habían derrotado a Inglaterra en una épica semifinal. Antes del match, el gobierno de Javier Milei había aceptado que ningún argentino ingresara al estadio con imágenes de las islas Malvinas. “Con el mapita de Malvinas, no se puede entrar”, precisó su ministra de Seguridad, en una intervención notable. “Mapita”, dijo.

Pero alguien llevó al estadio una sábana con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”, y la arrojó al campo de juego en medio de los festejos. Los jugadores de la Selección la extendieron sobre la cancha y luego la exhibieron ante el mundo entero. El contraste entre ese gesto y el del Gobierno fue tremendo. “Las Malvinas no se recuperan con gestos de adolescentes termoneuronales”, dijo, para colmo, Milei en ese contexto. Además, Cuti Romero, el otro central del equipo, evitó saludar a Donald Trump al recibir la medalla de plata.

Todo este recorrido tal vez aporte elementos para entender por qué el Gobierno debió retirar el capítulo de la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” con la que intentó, primero, eliminar cualquier límite para la compra de tierras argentinas por parte de extranjeros, y luego elevarlo significativamente. Más allá del contenido de la ley, evidentemente, muchísimas personas estaban inquietas ante la posibilidad de que Milei y los suyos vendieran “la patria”.

Y el Gobierno hacía un enorme aporte para convencerlos. Una de las escenas que quedarán grabadas para siempre fue un fragmento del reportaje que Eduardo Feinmann le hizo esta semana al canciller Pablo Quirno.

-¿Pero podría un extranjero comprar un pueblo o una provincia entera?—preguntó Feinmann.

Quirno no dudó:

-Sí. Podría. Y sería muy beneficioso.

La viralización de ese diálogo potenció todos los sentimientos previos. No era para menos: el canciller argentino proclama que está dispuesto a vender provincias enteras. ¿Qué podría entender cualquier persona normal?

El Gobierno salió de las elecciones de octubre pasado muy fortalecido y empezó a aprobar leyes –el super RIGI, la reforma laboral— a velocidad crucero y por amplia mayoría. No está claro aún si esas leyes sirvieron para lo que se decía que servían. Por ambas normativas se favoreció a sectores muy poderosos de la economía con el argumento de que aumentaría la inversión y el trabajo en blanco. Por ahora, ninguna de las dos cosas sucedió. La luna de miel comenzó a debilitarse a medida que el malestar económico se profundizaba y, luego, con el extenso debate acerca de los gastos inexplicables de Manuel Adorni, a quien el Presidente volvió a respaldar en uno de sus últimos reportajes.

Esta semana pareció claro que el clima político cambió. Los voceros del Gobierno intentaban instalar su discurso pero ya nadie los escuchaba, salvo cuando patinaban. Y patinaban a cada paso. “La patria no se vende”, retumbaba en algunas canchas de fútbol y, sobre todo, en el estadio Movistar Arena, donde miles de jóvenes con capacidad adquisitiva cantaban la consigna, mientras Rosalía, la genial cantante española, agitaba la celeste y blanca desde el escenario. En ese contexto, se supo que un senador era propietario de una inmobiliaria que vendía tierras a extranjeros. La peligrosa idea de un gobierno “vendepatria” amenazaba con instalarse.

Pero el problema no es solo la ley en cuestión. Desde el mes de febrero, entonces, la situación se ha complicado. Eso lo reflejan absolutamente todas las encuestas, que hasta hace poco el Presidente difundía con orgullo y ahora pone en duda. Se trata de uno de esos momentos que atraviesan todos los gobiernos, en los que sería recomendable ser sensible a las dificultades que padecen las personas de carne y hueso. Sin embargo, por momentos pareciera que el cansancio, el dogmatismo, o el apuro producen el efecto contrario y es el mismo Gobierno, como en el caso de Quirno, el que agrava sus propios problemas y agrede a sus interlocutores.

En todos los sondeos aparece como uno de los principales problemas la dificultad para llegar a fin de mes. En contraste, el Gobierno se encierra en una agenda que no le habla a quienes la sufren. Inviolabilidad de la propiedad privada, inocencia fiscal, independencia del Banco Central: ¿de qué manera esas iniciativas interpelan a un trabajador en negro con un ingreso de 700 mil pesos? Lo que quedó de esa ley destripada que aprobó el Senado, ahora irá a Diputados, donde las estrellas del oficialismo deberán explicar, entre otras cosas, por qué simplifican el procedimiento para desalojar a inquilinos desesperados porque no llegan a pagar un alquiler que hace dos años podían pagar.

Esa disociación se profundizó esta semana cada vez que un periodista le preguntó a un funcionario qué va a hacer el Gobierno para aliviar la situación de 7 millones de deudores morosos. Las respuestas parecen destinadas a ofenderlos:

-Nadie les puso una pistola en la cabeza para que se endeudaran—les dijo el Presidente, en tono muy airado y aleccionador.

-Es un riesgo moral intervenir. Son acuerdos entre privados—agregó el ministro de Economía, unos días antes de tratar de “tarados” a quienes se preocupan por la situación de la industria.

-Es un problema digestivo (?) –aclaró el presidente del Banco Central, Santiago Bausili—No podemos acelerar el proceso. Se trata de un acuerdo entre privados. Además, hemos hablado con el sector privado y ellos no quieren que intervengamos.

El periodista Maximiliano Montenegro cuestionó estas respuestas con sentido común. “No le digas que es un inútil y que se está fundiendo por su culpa a un empresario pyme al que le siguen aumentando las tarifas de servicios públicos, y tiene su carga impositiva, tiene deuda con ARCA, con la provincia, con el municipio. Tiene las ventas por el piso y la rentabilidad destruida porque le vienen subiendo todos los insumos, el costo salarial, los servicios. Y no pueden remarcar porque no hay actividad. Al que está moroso no le digas que fue un idiota de tomar un crédito porque por ahí necesitaba ese crédito para complementar ingresos porque no llegaba a fin de mes. No le digas que es su responsabilidad porque no evaluó y nadie le puso una pistola en la cabeza”.

La realidad es que en 2024 el Gobierno puso en marcha un plan que derrumbó salarios y jubilaciones a partir del shock inflacionario y del aumento de los servicios. En ese contexto de reducción de ingresos, las mismas personas que los sufrían eran acosadas por billeteras virtuales que les ofrecían créditos a un solo click, a tasas increíblemente altas, desreguladas por el mismo gobierno. La tentación era mucha, especialmente porque el mismo Presidente prometía que rápidamente los salarios se recuperarían. Las deudas crecieron enormemente luego de la suba brutal de tasas de interés, que decidió el mismo Banco Central en agosto de 2025. Pero los salarios no subieron. Fue una trampa mortal, en cuya construcción el Gobierno jugó un rol muy activo. Encima de todo eso, le dicen a los deudores que se arreglen solos que es tema de ellos. Bausili dice que habló con los privados y le dijeron que no interviniera. ¿Se referirá a todos los privados o solo a los acreedores? ¿No es evidente en su propia formulación que hay un costado del problema que ni siquiera contempla?

A eso se refirió el jefe de la Iglesia, Ignacio García Cuerva, en su homilía por el Día de San Cayetano. “San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo, que no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía, y que haya que tener dos o más empleos para llegar a fin de mes, o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias”.

Si un Gobierno no debe ocuparse de un drama que afecta a 7 millones de personas, y que por eso, además, se transforma en un problema serio para la macroeconomía, ¿de qué debería ocuparse?

Problema digestivo, arreglo entre privados, mapita de Malvinas, vender provincias enteras, nadie les puso una pistola en la cabeza, los tarados que hablan de la industria, gestos de adolescentes termoneuronales.

Tal vez sea un error de percepción.

Pero parece pertinente preguntarse si el Gobierno no empieza a pavimentar el camino hacia una derrota.

Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, sostuvo que la mayor parte de los cambios introducidos al proyecto afectaron el capítulo de tierras. “Donde más cambios hubo en la discusión fue en el tema tierras”, sostuvo en Infobae Al Mediodía.

Según Cacace, esa reforma buscaba facilitar la llegada de inversión extranjera, especialmente en sectores productivos como la forestación en provincias del litoral. Explicó que la ley vigente fija un límite de mil hectáreas para la compra de tierras por extranjeros y prohíbe adquisiciones en zonas de frontera, lo que, según su visión, impide proyectos de gran escala.

Cacace afirmó: “Lo que más necesita Argentina es inversión extranjera directa”. Señaló que las restricciones actuales desalientan proyectos productivos. “Hay proyectos como los forestales, que requieren a veces 70.000 hectáreas para que tenga sentido como unidad productiva. Con mil no se hace nada”, remarcó.

Restricciones para extranjeros y debate sobre inversión

El funcionario explicó que la Constitución argentina garantiza los mismos derechos a extranjeros y nacionales para adquirir bienes raíces. “La Constitución dice: ‘Los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales, entre ellos a comprar bienes raíces y a enajenarlos’”, citó Cacace.

Reconoció que la actual tenencia de tierras por extranjeros no supera el 6% a nivel nacional, pero insistió en que el límite de superficie y las restricciones en zonas de frontera funcionan como trabas para la inversión.

Cacace señaló que la titularidad de la tierra no implica dominio sobre los recursos naturales: “Si yo compro una propiedad, no soy dueño ni del agua, ni de las minas, ni de los minerales, ni del petróleo. El Estado en Argentina tiene el dominio público”, enfatizó.

El capítulo de tierras quedó fuera del dictamen que se debatió en el recinto, pero el Gobierno anunció que insistirá en tratar el tema por separado para buscar una legislación específica.

Cambios en la ley de expropiaciones

El proyecto endurece los requisitos para que el Estado avance con expropiaciones. Cacace afirmó que “todo lo que está haciendo esta regulación, es decir, tiene que ser más difícil expropiar”. Explicó que la iniciativa exige una declaración precisa de utilidad pública, indemnización previa y justa, y elimina las expropiaciones genéricas. El funcionario consideró que el nuevo texto protege mejor a los propietarios frente al Estado.

Uno de los puntos centrales es la incorporación del lucro cesante en las indemnizaciones. “Si el Estado te expropia, te tiene que reponer realmente el valor de lo que tenías. Si yo tenía un establecimiento productivo ahí y me haces perder de ganar un montón de dinero, indemnizámelo. Eso es el lucro cesante. Antes no existía como concepto”, detalló Cacace. El afectado podrá reclamar y probar en juicio el daño económico sufrido por la expropiación, más allá de la tasación oficial.

Modificaciones a la ley de manejo del fuego

El proyecto modifica la ley vigente sobre manejo del fuego y reduce la prohibición de cambio de uso tras incendios. Cacace aclaró que la reforma no habilita automáticamente el cambio de destino productivo tras un incendio, sino que traslada a las provincias la potestad de definir el ordenamiento territorial. “No es que se está flexibilizando en el sentido de que se sanciona esto y ahora se puede hacer cualquier cosa. Hay que respetar los ordenamientos territoriales que las provincias hacen”, sostuvo.

La iniciativa mantiene la protección absoluta sobre los bosques nativos, donde no se permite cambiar el uso nunca, y flexibiliza el régimen en otras áreas como humedales y bosques implantados. El funcionario explicó que la competencia ambiental está compartida entre Nación y provincias y que serán estas últimas las que determinen los usos posibles tras un incendio, según los relevamientos periódicos.

Objetivos oficiales y efectos esperados

Cacace consideró que el objetivo central del proyecto es “dejar a la propiedad privada con mucho más respeto y con inviolabilidad”. Destacó que la ley también extiende la vigencia de la ley Pierri para regularización dominial y prevé mecanismos más rápidos para desalojos. El funcionario remarcó que la reforma da una señal a propietarios y posibles inversores sobre el respeto al derecho de propiedad.

El secretario de Desregulación reconoció que la discusión generó conflicto y costo político, pero sostuvo que “cuando uno está dispuesto a reformar, siempre va a pagar costo político y siempre se van a generar estas discusiones”. Añadió que el Gobierno apunta a crear condiciones estables, con reglas claras y seguridad jurídica, para atraer inversiones productivas al país.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

El bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación sigue recibiendo malas noticias respecto a la posibilidad de conseguir media sanción en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, puntualmente en lo que se refiere a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros.

Con una votación casi en paridad, cualquier movimiento de un lado u otro cambia radicalmente el escenario de cara a la sesión de mañana. Y durante la mañana de hoy, dos gobernadores que suelen ser aliados al oficialismo expresaron públicamente que se oponen al capítulo.

El primero fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien señaló que conversó con las dos senadoras provinciales y ambas “manifestaron su rechazo a la iniciativa”. “Beatriz Ávila y Sandra Mendoza se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”, señaló el gobernador tucumano.

En el oficialismo tenían a Ávila y a Mendoza en la columna de los votos a favor.

Otro jefe de estado provincial que hoy despejó dudas fue Rolando Figueroa. El gobernador de Neuquén, que había dicho que iba a enviar una ley para que la provincia no pueda vender tierras fiscales a extranjeros, había hecho silencio respecto del tratamiento en el Senado. Esta mañana publicó un video en sus redes sociales en donde asegura que la senadora Juelieta Carroza de La Neuquinidad votará en contra de la venta de tierras. Otra baja de la columna de los votos a favor.

“El número de 35 a 34 está cambiando. Hay que ver qué sucede en el transcurso de la jornada, si insistir o deciden no ir al recinto”, señaló un senador de la oposición con buen diálogo con el mundo libertario.

Pero esos no son los únicos legisladores que ponen en duda la sesión de mañana. Otro aliado de la Casa Rosada, el gobernador Gustavo Saenz de Salta, está en duda si acompaña o no, y eso pone en duda el apoyo de la senadora Flavia Royón quien, aseguran, le hizo saber al despacho de Patricia Bullrich que estaba analizando su voto. Algo similar es el posicionamiento de Ignacio Torres, gobernador de Chubut, que también tiene un voto con la legisladora Edith Terenzi, legisladora que dice tener una posición tomada pero que no la adelanta.

“No llegan a los 37, no importa si están en 35, 36 o 32”, señaló un peronista que se ilusiona con que se caiga la ley.

Pero no solo hay gobernadores aliados que anunciaron que no acompañarán sino que la senadora del PRO, María Victoria Huala, dijo a medios de su provincia que entendía que no estaban dadas las condiciones para sesionar. Este punto también fue repetido en off the record por algunos legisladores libertarios que percibían que ir al recinto es encaminarse a una derrota

“No tenemos los 37 por ahora”, dijo en un tono apesadumbrado un legislador libertario.

En el medio de esta suma y resta de votos el debate ahora se centra en si hay sesión o no mañana. “No hace falta buscar el quórum para abrir la sesión porque estamos en un cuarto intermedio. Ahora, para poder avanzar en las votaciones de cada uno de los capítulos sí”, señalaron desde el bloque de La Libertad Avanza.

El dato no es menor porque ahora el oficialismo deberá decidir durante la jornada de hoy si avanza con el resto de la norma mañana y deja que la oposición rechace el capítulo III que es el que se refiere a la venta de tierras rurales o, finalmente, define levantar la sesión y no poner en juego caudal político pensando en otros temas que el Ejecutivo busca sancionar.

En el video, la artista fue directa al convocar a su audiencia: “Nos encontramos el jueves en el Congreso”, señaló al inicio de su mensaje. Luego, argumentó la importancia de asistir a la protesta y remarcó el objetivo de rechazar cualquier avance sobre la libre venta de tierras nacionales. Espósito hizo hincapié en la necesidad de defender los recursos naturales y la soberanía, al advertir sobre las posibles consecuencias de una modificación en la legislación vigente. “Para defender nuestra tierra, el agua, los recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí”, subrayó.

El llamado de Lali rápidamente se viralizó en redes sociales, donde recibió apoyo de otros referentes del espectáculo y de distintos sectores sociales. La cantante, reconocida también por su participación en debates públicos, ha sostenido una actitud activa en temas de interés general. En diversas oportunidades, utilizó sus plataformas para opinar sobre medidas adoptadas por el Gobierno y para respaldar causas vinculadas con derechos sociales y ambientales.

Esta nueva intervención pública refuerza el perfil de Espósito como figura comprometida con la agenda social y política. Su convocatoria a movilizarse contra la reforma de la Ley de Tierras se suma a una serie de posicionamientos previos, en los que manifestó su preocupación por el rumbo de determinadas políticas públicas y su impacto en la vida de la sociedad argentina.

Actualmente, el oficialismo persiste en su intento de modificar la ley de tierras y, para lograr la aprobación del proyecto, ha introducido sucesivas modificaciones en busca de reunir los votos necesarios. El debate parlamentario ya suma cinco intentos frustrados en el recinto, lo que llevó a los legisladores oficialistas a revisar en profundidad el texto original. Desde entonces, el proyecto atravesó 17 borradores, en una negociación marcada por desacuerdos internos y resistencia de bloques aliados. Ahora, referentes del oficialismo aseguran haber encontrado una propuesta que podría destrabar el tratamiento de la ley.

El punto más controvertido del texto es el referido a las restricciones para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros. La versión inicial, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, proponía la eliminación total de los límites, suprimiendo el tope que establece la ley vigente: 15% del territorio nacional para la compra de tierras por personas o empresas extranjeras. Esta postura generó amplio rechazo, tanto en la oposición como en sectores del oficialismo, especialmente en provincias con fuerte presencia agropecuaria.

Ante la falta de consenso, y tras meses de estancamiento, la bancada de La Libertad Avanza cedió en su planteo original y aceptó modificar el texto. Las nuevas negociaciones permitieron arribar a una fórmula intermedia: el límite para la compra de tierras por extranjeros se ampliaría del 15% al 25% del territorio nacional, manteniendo un control pero flexibilizando la restricción vigente.

El despacho enviado desde la presidencia del bloque libertario a los aliados parlamentarios incluye la siguiente redacción: “La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia”. El cambio busca garantizar el apoyo de bloques provinciales y de sectores que, si bien rechazan la apertura total, están dispuestos a aceptar una ampliación del tope actual como parte de un acuerdo político más amplio.

Con estas modificaciones, el oficialismo espera destrabar el tratamiento en el Senado y avanzar finalmente en la aprobación de la ley, tras varios meses de negociaciones y reiteradas postergaciones. El debate sobre la propiedad de la tierra y la intervención de capitales extranjeros se mantiene como uno de los temas centrales en la agenda legislativa y continúa generando posiciones encontradas tanto en el ámbito político como en la sociedad civil.

La agencia federal de inversión internacional de Estados Unidos apunta a El Salvador como destino prioritario para proyectos de infraestructura y tecnología, según declaró Ben Black, director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC, por sus siglas en inglés), tras una visita oficial al país centroamericano.

“Su liderazgo audaz ha hecho de El Salvador un país más seguro y un amigo más cercano de los Estados Unidos”, escribió Black en su cuenta de X al dirigirse directamente al presidente Nayib Bukele, en un mensaje que también anunció el interés de la agencia por “profundizar la alianza mediante inversiones en infraestructura que impulsarán el crecimiento y la prosperidad de ambas naciones”.

La DFC es la institución a través de la cual el gobierno estadounidense moviliza capital privado para financiar proyectos en países aliados.

Ofrece préstamos directos, garantías de inversión, participaciones de capital y seguros contra riesgos políticos, con foco en sectores como energía, tecnología, salud e infraestructura. Su misión está vinculada a los objetivos de política exterior de Washington.

Qué hay detrás del interés de la DFC en El Salvador

El acercamiento no ocurre de forma aislada. Ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes el 15 de julio, Black reveló que la DFC cuenta con una capacidad de inversión de USD 205,000 millones y una cartera activa de más de 340 oportunidades de negocios por un total de USD 78,000 millones en sectores que van desde agricultura hasta minerales críticos.

El hemisferio occidental figura entre las regiones que la agencia identifica como prioritarias.

En ese mismo testimonio, Black subrayó que uno de los ejes centrales de la estrategia de la DFC es desafiar la influencia china en sectores tecnológicos y de telecomunicaciones, especialmente en América Latina.

“La Ruta de la Seda Digital de China no puede arraigar su influencia”, afirmó ante los legisladores, al tiempo que presentó el acuerdo alcanzado con una de las mayores redes de telecomunicaciones de Kazajistán como modelo a replicar “en el Hemisferio Occidental”.

En mayo, la DFC también se reunió con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, para explorar oportunidades de inversión, lo que confirma que la visita a El Salvador forma parte de una gira más amplia por Centroamérica.

El Salvador en un momento de contracción de inversión extranjera

La señal de la DFC llega en un momento delicado para la economía salvadoreña. Según datos del Banco Central de Reserva, la inversión extranjera directa neta cayó 40.4% en el primer trimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior, al pasar de USD 366.24 millones a USD 217.96 millones. La tendencia se arrastra desde 2025, cuando el indicador anual retrocedió 37.1% respecto de 2024.

Estados Unidos ya es el principal origen de la inversión extranjera que llega al país, con USD 106.36 millones aportados solo entre enero y marzo.

Esa posición dota de peso concreto al anuncio de Black: cualquier proyecto que impulse la DFC reforzaría un flujo que ya encabeza la lista, pero que en términos netos ha perdido volumen.

La apuesta tecnológica de Bukele como argumento de atracción

Black describió a El Salvador como un país que “ha trazado un rumbo ambicioso para convertirse en un destino líder para la inversión tecnológica”. La afirmación coincide con la narrativa que el gobierno salvadoreño ha construido ante organismos internacionales en las últimas semanas.

El 28 de julio, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, visitó El Salvador y recorrió proyectos de tecnología educativa y telesalud impulsados por el gobierno.

Entre ellos, una plataforma de aprendizaje con inteligencia artificial instalada en una escuela de Santa Tecla y el sistema nacional de telesalud con triaje automatizado.

Ese encuentro se produjo en el marco del programa AprendES, aprobado en marzo de 2026 con un fondo de USD 501 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para el período 2026-2031.

La convergencia de señales: la DFC, el Banco Mundial y el alineamiento explícito con la política exterior de Washington dibuja un patrón. El Salvador se posiciona como vitrina de la agenda de inversión estadounidense en la región, aunque los montos concretos de los proyectos de la DFC aún no fueron anunciados.

El oficialismo sigue con las modificaciones al texto de la ley de tierras con el afán de obtener los votos necesarios para avanzar con el proyecto que ya tuvo cinco intentos fallidos en el recinto.

Este martes, por la tarde, la senadora Patricia Bullrich dará una conferencia de prensa en donde, espera, contar cómo será el texto del proyecto que llevará el jueves al recinto. Luego de 17 borradores, en el oficialismo aseguran haber encontrado la salida a un callejón sin salida.

En el capítulo que se refiere a la eliminación de las restricciones para la compra a capitales extranjeros, la ley de tierras pasó de no tener límites a ampliar el límite existente.

Según los últimos cambios que negoció La Libertad Avanza, quedaron totalmente olvidadas las pretensiones originales del autor del proyecto, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de que no exista ningún límite a la compra de tierra, eliminando el que establece la ley actual de 15% del territorio nacional.

Luego de varios meses, y fracasos, el oficialismo cambió de posición y negoció en busca de votos pasar del 15% al 25% del territorio nacional que puede ser adquirido por capitales extranjeros.

“La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia”, es el texto que partió del despacho de la presidencia del bloque libertario hacia los bloques aliados.

Sobre este esquema se referirá Bullrich en la conferencia, prevista para las 16. En busca de ordenar el discurso, esta mañana se realizó un zoom con los senadores del bloque libertario. Ahí se definió cuál será la línea discursivo y que de la conferencia de prensa participarán Bullrich, Nadia Márquez -la comisaria política de Karina Milei en el bloque- y Agustín Coto.

“Hoy no tienen los votos, pero no solo porque algunos nos oponemos, sino porque nadie sabe cuál es el proyecto que van a llevar al recinto. Lo cambiaron tantas veces desde que llegó que es imposible saber qué quedó y qué no”, explicó un senador que, en principio, se opone a la venta de tierras. “Me estuvieron llamando todo el fin de semana, pero no queda claro cuál es el texto final”, agregó.

Bullrich apura el tratamiento porque entiende que necesita avanzar con otros temas que son de importancia para el Ejecutivo y que los proyectos “desreguladores” de Sturzenegger generan más problemas que soluciones.

“Estos proyectos arman quilombo y tenés que prometer cosas que necesitas para otros temas, como puede ser la reforma política. Pero el problema es que vienen con el visto bueno de Javier Milei, por algo le dice el coloso, y hay que avanzar", explicó un senador libertario que no está conforme con esta pérdida de tiempo.

Hasta el fin de semana, el anotador de Bullrich mostraba que, como máximo, podía aspirar a tener 34 votos. Con este cambio aspira a alcanzar los 36 necesarios para poder avanzar y lograr la media sanción.

El riesgo que también lograron quitar es el “efecto Villarruel”. La vicepresidenta de la Nación ya adelantó que está en contra del proyecto de Sturzenegger y, aunque ella no es senadora, frente a un empate en los votos a favor y los votos en contra, es la presidencia del Senado la que define.

En este esquema, Milei adelantó su partida a Ecuador para el miércoles a la noche. En el momento en el que el mandatario abandone el espacio aéreo argentino, Villarruel pasará a ser la presidenta en ejercicio: no podrá presidir la sesión, y lo hará el libertario Bartolomé Abdala. “Por las dudas, es un voto menos para ellos y uno más para nosotros”, ironizó, entre risas, un senador libertario.

La discusión por la modificación a la Ley de Tierras que impulsa el gobierno de Javier Milei -buscará aprobarla la semana que viene en el Senado- pareció despertar al peronismo en territorio bonaerense y, en medio de la discusión interna del sector, mostrarse discursivamente emparentado con todos los espacios.

Es que esta semana el sector kirchnerista de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires formalizó un proyecto que busca establecer un régimen de protección del dominio provincial sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. La iniciativa lleva las firmas del presidente del bloque Fuerza Patria, Facundo Tignanelli —referente cercano a Máximo Kirchner—, de Noelia Saavedra, alineada con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y de Cintia Romero, diputada de Patria Grande de Juan Grabois. A la par, días atrás el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez, fijó la posición formal del gobierno de Axel Kicillof sobre el debate en el Senado: rechazar la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incluye la derogación o modificación de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), que desde 2011 establece límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Ante esta situación, el kirchnerismo presentó un proyecto en la Cámara baja provincial que va en contramano de lo que busca establecer Milei en el orden nacional. La iniciativa bonaerense, fija límites a la tenencia extranjera de tierras y responde a la derogación de la Ley Nacional de Tierras, así como al avance de la extranjerización en zonas estratégicas del territorio bonaerense.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también había rechazado la derogación de la Ley de Tierras. En un acto realizado el 19 de julio en Avellaneda, el mismo día en que el Senado de la Nación se aprestaba a debatir la modificación de la ley de tierras —propuesta que no se votó por falta de acuerdos y que volverá a tratarse el 6 de agosto—, Kicillof advirtió: “Hoy, en el Congreso Nacional, están queriendo votar una ley para que se pueda vender el territorio argentino al mejor postor”.

En ese momento, el mandatario bonaerense consideró que la iniciativa nacional representa una cesión de soberanía y reclamó que no prospere: “Vamos a decir acá desde Avellaneda que eso no va a pasar, que no tiene que pasar y que es responsabilidad de todos los que, por fondos o por lo que sea, quieren levantar la mano para la venta del territorio argentino”.

El gobernador también había denunciado presuntas presiones del Gobierno nacional sobre los mandatarios provinciales y los legisladores para conseguir apoyo a la iniciativa: “Así vayamos cortándola un poco con eso de extorsionar a las provincias, de extorsionar a los legisladores para que voten la entrega del territorio nacional”.

En su discurso, Kicillof apelaba al triunfo de la Selección Argentina de fútbol sobre Inglaterra y pidió que ese clima se traslade al Senado: “Esperemos que, como ayer dio un ejemplo la Selección, quienes tienen que votar piensen en la celeste y blanca”.

En paralelo, el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político que encabeza Kicillof, organiza una movilización para el próximo 6 de agosto. La convocatoria busca expresar rechazo a la modificación de la ley de tierras cuando el Senado de la Nación retome el debate sobre el proyecto que habilita la extranjerización de tierras rurales.

El proyecto presentado en la Legislatura bonaerense propone la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales y establece un límite del 15% para la tenencia extranjera a nivel provincial y municipal, con un máximo del 30% para ciudadanos de una misma nacionalidad. Ningún titular extranjero podrá acumular más de mil hectáreas en la zona núcleo agrícola del territorio bonaerense.

La normativa incorpora requisitos de información y transparencia, prohíbe la titularidad o posesión extranjera de inmuebles ribereños a cuerpos de agua de importancia y define zonas de protección territorial estratégica. La autoridad de aplicación podrá denegar permisos si considera que la operación pone en riesgo la soberanía alimentaria, el acceso al agua o favorece procesos de especulación y concentración.

Entre los argumentos de los autores, se menciona que la provincia de Buenos Aires representa el 38,9% de las exportaciones nacionales y el 52,6% de la región pampeana y que la derogación de la Ley Nacional de Tierras, mediante el DNU 70/2023, reactivó el debate sobre la defensa de los recursos naturales bonaerenses.

La iniciativa fue presentada como: “En oposición a Milei, el kirchnerismo busca limitar la compra de tierras en manos extranjeras en PBA”.

A priori, la discusión sobre la tenencia y el control de las tierras rurales sugiere un eje capaz de acercar posturas entre los distintos sectores del oficialismo bonaerense. En un escenario atravesado por tensiones internas y matices en torno a la estrategia y construcción política en vistas a las elecciones del 2027, el rechazo a la extranjerización logra alinear a referentes kirchneristas, del Frente Renovador de Sergio Massa y espacios afines a Axel Kicillof.

Casi todos tenemos la misma foto en algún cajón. Un hombre joven bajando de un barco en Buenos Aires, con una valija de cartón y un apellido que todavía no sabía pronunciarse acá. No traía capital en el sentido en que hoy usamos la palabra: traía dos brazos, un oficio y, con suerte, unos ahorros cosidos en el forro del saco. Llegaba a un país casi vacío que le ofrecía algo que el suyo le negaba: la posibilidad de ser dueño de la tierra que iba a trabajar.

Esa oferta no fue un gesto de generosidad improvisada. Estaba escrita. El artículo 20 tiene una claridad que hoy incomoda: los extranjeros gozan “de todos los derechos civiles del ciudadano” y pueden “poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos”. Es una equiparación lisa y llana, sin cupos ni graduaciones. Y el artículo 25 le prohíbe al Gobierno federal “restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno” la entrada de los extranjeros que vengan “a labrar la tierra”. Un régimen que les fija un techo de hectáreas y un cupo sobre el territorio da vuelta ese diseño: convierte en cuota lo que la Constitución escribió como derecho.

Hay un pudor contemporáneo que se emociona con el inmigrante que vino a laburar y desconfía del capital que viene a invertir, como si fueran dos especies morales distintas. Alberdi no hacía esa distinción: para él la Argentina carecía de las dos cosas a la vez y las dos llegaban en la misma persona. Sin una inmigración “inteligente y trabajadora”, escribió, “los metales ricos se quedarán siglos y siglos en las entrañas de la tierra”. El inmigrante era capital extranjero.

Hay un pudor contemporáneo que se emociona con el inmigrante que vino a laburar y desconfía del capital que viene a invertir, como si fueran dos especies morales distintas

Hoy el paquete llega desagregado. A veces viene una familia; a veces, un fondo que financia un sistema de riego o una forestación que recién rinde a los quince años. Cuesta explicar por qué los bisabuelos piamonteses que compraron veinte hectáreas en Santa Fe merecen nuestra gratitud y quien hoy pone dólares en un cultivo bajo riego en San Juan merece nuestra sospecha. Hay, eso sí, una diferencia honesta que conviene decir en voz alta: los bisabuelos se quedaron, y el fondo puede girar sus utilidades afuera. Es verdad. Pero lo que se gira es la utilidad, nunca el activo: la forestación queda plantada donde está, la gente que trabaja en ella vive en el pueblo de al lado y el impuesto se paga en la provincia.

La ley vigente impone dos restricciones distintas, y sobran las dos. Una es un cupo colectivo: los extranjeros no pueden tener en conjunto más del quince por ciento de la tierra rural del país. La otra es un techo individual: ningún titular extranjero puede superar las mil hectáreas en la zona núcleo. Es la segunda la que mantiene al capital afuera.

Mil hectáreas es un campo. No es un proyecto. Una forestación de escala industrial necesita decenas de miles de hectáreas para sostener un ciclo de corte que empieza a rendir recién a los quince años; la agricultura bajo riego en zonas áridas solo amortiza la infraestructura sobre superficies grandes; en la meseta patagónica la receptividad del suelo es tan baja que una unidad productiva viable se mide también en decenas de miles. En todos esos casos la escala es la condición misma de que la actividad exista. Con ese techo el inversor externo no invierte menos: no entra. La cuenta no le cierra desde el primer día, así que ni se sienta a hacerla.

Los números no la muestran: la tierra rural en manos extranjeras ronda el 5 o 6 por ciento del total, contra un tope legal del 15 que en más de diez años de vigencia nunca se alcanzó

Se dirá que se viene la extranjerización. Los números no la muestran: la tierra rural en manos extranjeras ronda el 5 o 6 por ciento del total, contra un tope legal del 15 que en más de diez años de vigencia nunca se alcanzó. Se responderá que el número es bajo precisamente porque la ley lo contuvo. La cronología dice otra cosa: el Registro Nacional de Tierras Rurales fue creado por esa misma ley, empezó a funcionar a mediados de 2012 y entregó su primer relevamiento en 2013. La primera medición que existió es posterior a la norma, y lo que midió fue el stock que ya estaba ahí: un siglo y medio de compras hechas sin que existiera ningún cupo. Ese porcentaje es la foto de lo que la ley encontró al llegar. Y si lo que contuvo no fue el cupo colectivo sino el techo de mil hectáreas, entonces “el límite funcionó” y “el límite ahuyentó inversiones” son la misma frase: uno la dice con orgullo y el otro con preocupación, pero los dos hablan del capital que no vino.

Queda la objeción de la soberanía, que descansa en una confusión: se usan “dominio” y “soberanía” como si fueran la misma cosa, y son categorías de órdenes distintos. Ya el derecho romano separaba el dominium del imperium. El dominio es una relación de derecho privado entre una persona y una cosa; existe porque el ordenamiento argentino lo reconoce, se prueba con una escritura inscripta en un registro argentino y se defiende ante jueces argentinos. La soberanía, en cambio, es la condición de que ninguna otra autoridad pueda desplazar a la nuestra.

Pensemos qué pasa el día después de la compra. El nuevo dueño descubre que el ordenamiento territorial de la provincia le dice qué puede hacer con cada hectárea; que si hay bosque nativo manda la ley de bosques; que a su gente la rige el convenio argentino; y que si el Estado necesita esa tierra para una obra pública se la expropia mediando ley e indemnización previa, porque el artículo 17 sigue ahí. Y descubre algo que suele omitirse: que no compró el agua ni lo que hay debajo. El artículo 124 reserva a las provincias el dominio originario de los recursos naturales de su territorio. Compró la superficie, y heredó entera la autoridad que ya pesaba sobre el campo. El proyecto en discusión agrega, además, una restricción que la ley vigente no tiene: prohíbe la compra por Estados extranjeros y condiciona la de las empresas que ellos controlen.

La objeción de la soberanía descansa en una confusión: se usan “dominio” y “soberanía” como si fueran la misma cosa, y son categorías de órdenes distintos

Por eso “vender la tierra es vender la patria” es, técnicamente, un error. La jurisdicción nunca estuvo en el patrimonio del vendedor, y nadie puede transferir lo que no tiene. El territorio se pierde por tratado o por la fuerza, nunca por una compraventa.

La apuesta de 1853 fue que a un país vacío se lo llena abriendo la propiedad, no condicionándola al lugar de nacimiento. “Todo argentino cuya familia llegó en barco desciende de alguien que, el día que pisó el puerto, era exactamente aquello que hoy se quiere mantener afuera.” No le pedimos certificado de arraigo: le dimos el artículo 20 y lo dejamos entrar. Esa apuesta construyó la Argentina que después nos dio de comer. No la abandonamos por una discusión seria de soberanía (la soberanía nunca estuvo en juego): la abandonamos por miedo. Y el miedo, en materia de inversión, se paga en campos que no se plantan, en pueblos que no crecen y en trabajo que no existe.

No tenemos que proteger la tierra de los que quieren venir a trabajarla. Nunca tuvimos que hacerlo.

El autor es secretario de Desregulación del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado

El sector energético y la minería captaron la atención de los mercados internacionales al recibir el 40.2 % de la inversión extranjera directa (IED) que ingresó a la República Dominicana durante el primer semestre de 2026.

Este comportamiento, según el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, refleja la consolidación de ambas áreas como motores clave de la economía dominicana.

La información preliminar del Banco Central indica que la IED totalizó USD 3,276.7 millones entre enero y junio, lo que representa un incremento del 7.7 % respecto al mismo periodo de 2025.

Dentro de ese monto, el sector energético lideró con USD 910.87 millones (27.8 % del total nacional), seguido por la minería, que sumó USD 406.29 millones (12.4 %).

Energía: expansión y transición en la matriz

El aumento de la inversión en energía está relacionado con el proceso de transformación experimentado por el sector en los últimos años. La capacidad instalada del sistema eléctrico pasó de 4,921 megavatios (MW) en 2020 a 7,120 MW en 2025, mientras que la participación de energías renovables subió del 11% al 29% en la matriz eléctrica nacional.

Durante el año 2025, se incorporaron 1,138 MW de nueva capacidad de generación, de los que 697 MW correspondieron a proyectos renovables, principalmente solares y eólicos.

Según Santos, los resultados acumulados en 2025 y lo que va de 2026 confirman el liderazgo de la energía y la minería dentro de la economía nacional, además de consolidar al país entre los mercados energéticos más dinámicos de América Latina y el Caribe.

Minería: crecimiento, exportaciones y aporte fiscal

En minería, el sector mostró una expansión interanual del 18.1 % en junio y un crecimiento acumulado del 11.3 % en el primer semestre de 2026.

El ministro señaló que la minería, especialmente el oro, mantiene su papel como uno de los mayores contribuyentes al fisco mediante el pago de impuestos y otros aportes al Estado, y se posiciona entre los líderes en exportaciones.

La inversión extranjera directa en minería durante el semestre sumó USD 406.29 millones, equivalente al 12.4 % del total nacional. Según Santos, este dato refleja la confianza de los inversores en el potencial del sector.

Como ejemplo del fortalecimiento de la actividad extractiva, el ministro mencionó la producción de 188,696 libras de larimar —piedra nacional— entre enero y junio de 2026. Atribuyó estos resultados a iniciativas que buscan mejorar las condiciones de extracción, comercialización y valor agregado del mineral, lo que ha favorecido a las economías locales y ampliado la contribución del sector minero al desarrollo económico.

Factores que acompañan el flujo de inversión

El crecimiento sostenido de la inversión extranjera, según el titular de Energía y Minas, está asociado a factores como la estabilidad macroeconómica y política, la seguridad jurídica, los incentivos a la inversión, la modernización de la infraestructura, el desarrollo de las telecomunicaciones y políticas públicas que buscan fortalecer la confianza de los inversores.

Los datos disponibles muestran que energía y minería mantuvieron una participación significativa en la captación de capital extranjero durante el primer semestre de 2026, en un contexto de cambios en ambos sectores y de presencia continua de interés por parte de inversiones foráneas.

El Inward FDI Performance Index para proyectos greenfield ubicó a Costa Rica en el cuarto puesto mundial en 2025, según destacó una nota de CR Hoy.

De acuerdo a la información, el país obtuvo una puntuación de 6.5, lo que representa una baja en comparación con los valores alcanzados en años anteriores: 13.39 en 2021, 12.70 en 2022 y 7.9 en 2023.

El índice compara la cantidad de proyectos de inversión extranjera directa que recibe cada país en proporción al tamaño de su economía. El análisis incluyó a 98 países que captaron al menos 10 proyectos en 2025, con datos de fDi Markets, la base de datos del Financial Times.

Según CR Hoy, Costa Rica se mantuvo como el país mejor ubicado de América Latina y el Caribe, pero fue superado por Emiratos Árabes Unidos, Namibia y Ruanda.

El país líder del ranking logró 19.21 veces más proyectos de inversión extranjera directa de lo que sugería el tamaño de su economía, mientras Namibia alcanzó 7.74 y Ruanda 6.99.

El informe señaló que, aunque Costa Rica descendió en el ranking global, continúa atrayendo inversión por sus políticas favorables a las empresas y su red de zonas económicas especiales. También destacó el desempeño en dispositivos médicos y otras actividades orientadas a la exportación.

De los 98 países evaluados, 74 superaron una puntuación de 1.0, lo que indica que su cuota de proyectos greenfield anunciados en el mundo fue mayor que su participación en el producto interno bruto global, según el Fondo Monetario Internacional.

Los otros 24 países quedaron por debajo de 1.0, lo que refleja una menor capacidad de atracción de inversión en relación al tamaño de sus economías.

La medición se realizó antes de la contracción de los flujos de inversión extranjera directa asociada al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Cambios recientes y análisis de expertos

De acuerdo con información de CR Hoy, Sandro Zolezzi, de la Universidad LEAD y la Academia de Centroamérica, expresó que en 2021 y 2022 Costa Rica alcanzó una “cima extraordinaria en la geografía económica global”.

Según Zolezzi: “Liderar el Inward FDI Performance Index en proyectos greenfield, elaborado por fDi Intelligence, con registros que superaron las 11 y 13 veces la atracción teórica esperada respecto al tamaño de nuestra economía posicionó al país, de manera indiscutible, como el número uno del mundo”.

El investigador vinculó los resultados de esos años a factores externos como la relocalización de cadenas globales de suministro, así como a medidas internas como el fortalecimiento del talento humano, el papel de las zonas francas y la estabilidad jurídica. Para Zolezzi, la salida del primer lugar muestra señales de agotamiento del modelo de atracción de inversión extranjera directa.

Zolezzi explicó que la atracción de inversión requiere resolver asimetrías de información, reducir costos sistémicos de producción, modernizar la infraestructura crítica y fortalecer la formación de capital humano en sectores de alta tecnología. También advirtió que, si el país permanece en sectores ya consolidados sin avanzar a áreas como investigación y desarrollo, inteligencia artificial y cadenas energéticas sostenibles, la ventaja frente a sus competidores podría reducirse. Añadió: “Alejarse del número uno del mundo y caer al cuarto puesto con un puntaje de 6.5 no debe interpretarse con alarmismo infundado, pero tampoco puede ocultarse bajo una narrativa triunfalista”.

Por su parte, el economista Daniel Ortiz, de la firma Consejeros Económicos y Financieros, señaló que la caída también podría estar vinculada con medidas arancelarias de Estados Unidos y la apreciación del colón frente al dólar, lo que encarece los costos operativos de los sectores exportadores y reduce la competitividad relativa de Costa Rica.

El informe resaltó que países como El Salvador, Perú, Colombia, Chile y México avanzan en atracción de inversión extranjera directa, lo que reduce la diferencia que llevaba Costa Rica respecto a otros países de la región.

La inversión extranjera directa (IED) en República Dominicana alcanzó un nuevo máximo en el primer semestre de 2026 al sumar USD 3.276 millones, cifra que representa un incremento de 7,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Según informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), este desempeño se registró en un contexto internacional de recuperación desigual de los flujos globales de inversión, con la economía local y resistió la volatilidad externa.

La mayor parte de la IED se orientó hacia el sector energético, que concentró el 27,8% del total captado entre enero y junio. El turismo ocupó la segunda posición, con el 20,1%, seguido por el desarrollo inmobiliario y la minería, ambos con una participación del 12,4%, indica EFE. El informe del BCRD atribuye estos resultados a la estabilidad económica y política del país, así como a la seguridad jurídica y los incentivos ofrecidos a los inversionistas extranjeros.

El desempeño de la inversión extranjera directa se reflejó también en los principales indicadores externos del país caribeño. Las exportaciones totalizaron USD 8.745 millones en el primer semestre, lo que supuso un crecimiento de 16,6% frente al mismo periodo de 2025. El aumento en las ventas de oro fue el motor principal de este avance, según datos de la entidad emisora.

El aporte del turismo

En el ámbito turístico, la República Dominicana recibió más de 6,5 millones de visitantes en los primeros seis meses del año. Los ingresos generados por el turismo ascendieron a USD 6.716 millones, lo que implicó un alza de 15,3% respecto al año previo. “El flujo de visitantes consolida la posición del país como uno de los destinos más dinámicos de la región”, apuntó el Banco Central en declaraciones recogidas por EFE.

La suma de los ingresos provenientes de la inversión extranjera directa, remesas, turismo, exportaciones de bienes y otros servicios superó los USD 26.500 millones entre enero y junio de este año, lo que representa aproximadamente USD 2.800 millones más que en igual periodo de 2025. Este resultado, según el BCRD, refuerza la capacidad de la economía dominicana para generar divisas y sostener el crecimiento.

La proyección oficial para 2026

El Banco Central de la República Dominicana atribuyó el flujo de inversión a la solidez macroeconómica, los incentivos fiscales, la mejora regulatoria, la promoción de sectores estratégicos y la continuidad de políticas favorables a la inversión. El organismo prevé que la IED podría ubicarse por encima de los USD 5.300 millones al cierre de 2026, pese a un entorno internacional marcado por la competencia entre países emergentes para captar nuevos flujos de capital.

También se subrayó el papel de los acuerdos de libre comercio y la integración regional, que han favorecido la llegada de nuevas empresas y el desarrollo de proyectos de infraestructura.

A pesar del crecimiento observado, el BCRD advirtió sobre la necesidad de fortalecer la diversificación sectorial para reducir la dependencia de segmentos específicos y mitigar los riesgos asociados a la volatilidad internacional. Según el informe divulgado por EFE, la institución reiteró su compromiso de monitorear el panorama global y adaptar sus políticas para salvaguardar la estabilidad y el atractivo del país como destino de inversión.

Costa Rica consolidó su posición como referente regional en atracción de inversión extranjera directa al registrar una mejora en su puntuación dentro del Greenfield FDI Performance Index 2026, aunque descendió al cuarto lugar a nivel mundial, según reportó delfino.cr.

El índice, elaborado por la revista fDi Intelligence con datos de 2025, evalúa la capacidad de los países para atraer proyectos de inversión en relación con el tamaño de sus economías.

Costa Rica se mantuvo como la única nación de América Latina y el Caribe dentro del top 10 global y lideró cómodamente la región.

De acuerdo con información de delfino.cr, Costa Rica superó su puntaje anterior al alcanzar una proporción de proyectos 6.5 veces mayor respecto a lo esperado por el tamaño de su Producto Interno Bruto (PIB).

La cifra mejoró el registro previo de 6.18, aunque el país descendió del tercer al cuarto puesto mundial. Por delante se ubicaron Emiratos Árabes Unidos (19.21), Namibia (7.74) y Ruanda (6. 99).

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), citada por delfino.cr, subrayó que estos resultados reflejan la confianza de las empresas internacionales en el entorno costarricense, sostenido por factores como el talento humano, la seguridad jurídica y la apuesta por la innovación y la sostenibilidad.

“Nuevamente, Costa Rica demuestra su capacidad para atraer inversión de alto valor. Estos resultados reflejan la confianza de las empresas en nuestro talento humano, seguridad jurídica, innovación y sostenibilidad, pero su verdadero significado está en lo que permiten construir: más empleo de calidad, encadenamientos y más oportunidades dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana”, afirmó Laura López Salazar, según recogió delfino.cr.

El análisis destaca que Costa Rica encabeza el listado de países latinoamericanos y caribeños en el índice. El segundo mejor ubicado de la región, El Salvador, aparece en el puesto 38 con un puntaje de 2.25.

Ningún otro país latinoamericano figura entre los primeros veinte lugares, lo que refuerza la posición costarricense como líder regional en atracción de inversión.

En el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Costa Rica también sobresale al ser el único miembro de la organización ubicado entre los quince primeros puestos del índice.

Esta clasificación, detalló delfino.cr, ofrece un marco comparativo internacional independiente para evaluar las capacidades de atracción de inversión más allá de los números absolutos de cada economía.

Según la misma fuente, la Procomer precisó que la metodología del índice puede favorecer a economías pequeñas que logran captar pocos, pero significativos, proyectos de inversión. Así, Namibia y Ruanda alcanzaron el segundo y tercer lugar mundial con apenas 16 y 15 proyectos respectivamente, en comparación con mercados más grandes.

En cuanto a la cantidad de proyectos de inversión extranjera directa por millón de habitantes, Costa Rica se ubicó en la octava posición global, con 18,1 proyectos anunciados durante 2025, conforme a los datos publicados por delfino.cr.

El ranking lo encabezó Emiratos Árabes Unidos con 134,6 proyectos por millón de habitantes, seguido por Catar (55,4), Singapur (54,5), Luxemburgo (49,9), Irlanda (37,3), Dinamarca (22,7) y Malta (19,5). Por detrás de Costa Rica figuraron Chipre (17,3) y Hong Kong (15,0).

La gerente general de Procomer, Laura López Salazar, remarcó que la permanencia de Costa Rica en posiciones privilegiadas del índice obedece al esfuerzo sostenido por ofrecer condiciones atractivas para las empresas globales, según el reporte de delfino.cr.

El organismo recalcó que este tipo de clasificaciones no reemplaza las estadísticas oficiales de inversión, pero sí constituye una referencia internacional relevante para comparar el desempeño de diferentes países en la captación de proyectos.

Por último, la promotora costarricense advirtió sobre la interpretación de los resultados, pues la metodología puede magnificar el rendimiento de economías pequeñas con movimientos puntuales en proyectos de inversión. Aun así, la posición lograda por Costa Rica refuerza su papel como destino competitivo y referente para la inversión extranjera directa en la región y a nivel internacional.

Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, respaldó la gestión de Javier Milei y afirmó que la Argentina transita el rumbo económico adecuado, aunque reconoció que el riesgo político de cara a las elecciones de 2027 sigue latente entre los inversores, en declaraciones al periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

La economía, los récords y “las inversiones impensadas”

Gabbi fue directo al evaluar la política económica del Gobierno. “Nosotros creemos que la línea política y económica del Gobierno es la correcta”, afirmó, y agregó que los datos que el presidente expuso en su discurso en el acto del aniversario de la Bolsa son verificables: “Los números que el presidente dio son los reales”.

El titular de la Bolsa enumeró los indicadores que, a su juicio, respaldan esa lectura. Señaló el récord de exportaciones y destacó que la política económica internacional posicionó al país en una situación inédita: Argentina está “muy cerca de que la recalifiquen”, en referencia a una eventual mejora en la calificación crediticia soberana del país.

Gabbi también subrayó el ingreso de capitales extranjeros como una señal concreta del cambio de clima para los negocios. “Están llegando inversiones impensadas”, dijo, y anticipó que esos flujos “van a tener sus frutos en corto plazo”.

“¿Esa gente en otras oportunidades llegaba a fin de mes?”

Feinmann le planteó la otra cara del cuadro: la de los argentinos que no llegan a cubrir sus gastos básicos mes a mes. La respuesta de Gabbi fue sin rodeos.

“Honestamente creo que habría que ver si esa gente en otras oportunidades llegaba a fin de mes”, dijo. La frase condensó su posición: el punto de comparación no es el presente aislado, sino la trayectoria histórica del país.

El presidente de la Bolsa reconoció que los tiempos de la recuperación tienen sus límites. “Es muy difícil en dos años y medio solucionar los problemas de todo el país”, admitió. Aun así, sostuvo que el avance es innegable: “Se han solucionado muchísimos problemas y el país está claramente en el camino correcto y estamos en el radar de las economías internacionales”.

El riesgo 2027: “Salir del camino correcto para entrar en el camino incorrecto”

El periodista Eduardo Feinmann también le preguntó por el peso que tiene el calendario electoral en las decisiones de los inversores. Gabbi reconoció que el temor existe, aunque tiende a moderarse con el tiempo.

“Va disminuyendo, pero sigue existiendo el riesgo”, precisó. Y explicó por qué ese riesgo tiene una dimensión particular en el caso argentino: “Es salir del camino correcto para entrar en el camino incorrecto”.

Esa definición —que implica un juicio sobre lo que representaría un eventual regreso del peronismo al poder— tiene consecuencias directas sobre el flujo de capitales. “Una persona que tiene que venir a invertir lo piensa muy bien”, señaló.

Con todo, Gabbi cerró esa parte de la conversación con una perspectiva optimista. Citó al ministro de Economía para sostener que la dinámica económica tiene fuerza propia: “La economía se va a llevar por encima la política”, reprodujo.

Qué le dijo Milei realmente

La entrevista arrancó por un episodio que ocurrió la semana pasada durante una visita de Milei a la Bolsa. Feinmann aludió a versiones periodísticas sobre la frase que Milei le habría dicho a Gabbi al terminar su discurso en el acto del aniversario.

La versión publicada indicaba que el presidente le pidió: “El año que viene traelo de vuelta”. Gabbi la matizó. Contó que, al finalizar el acto, se acercó a Milei a pedirle disculpas por el episodio con el socio que lo interrumpió. La respuesta del presidente fue otra: “No, no te hagas problema, salió muy bien y ojalá el año que viene salga mejor todavía”.

“Es más o menos lo publicado, pero no exactamente las palabras”, aclaró Gabbi ante Feinmann. Y cuando el periodista le preguntó en forma directa si Milei dijo “traelo de vuelta”, respondió sin dudar: “No, no”. Aunque añadió que el presidente “dio a entender como que le había servido”.

El ingeniero de 80 años que interrumpió a Milei

El protagonista del acto fue el ingeniero Jorge Castellanos, socio de la Bolsa desde hace más de tres décadas. Gabbi lo describió como alguien con “una línea política conocida” y le atribuyó “mala memoria”.

El argumento de Gabbi fue que la institución recibió en su momento al expresidente Néstor Kirchner y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner “sin ningún inconveniente, escuchándolo y no diciendo absolutamente nada”. Castellanos, en cambio, “no resistió”.

El episodio se desató cuando Milei hablaba de los gobiernos anteriores y Castellanos lo interrumpió con el grito: “Como ahora, terminala”. El presidente no ignoró el comentario. Le respondió de inmediato y, en un segundo intercambio, lanzó la frase que concentró la atención del auditorio: “Si no te gusta, andate, ‘kuka’”.

Gabbi evaluó que la interrupción tuvo un efecto inesperado sobre el tono del discurso presidencial. “El presidente tenía un discurso muy económico, teórico, y pasó a la práctica del día a día”, describió. Y añadió: “Fue un discurso de una gran violencia por parte del presidente al final, gracias a esta participación”.

Las exportaciones guatemaltecas entre enero y mayo crecieron 5,5% respecto al mismo periodo de 2025, sumando USD 7,199 millones. La inversión extranjera directa también mostró avances, con un incremento del 6.88% en el primer trimestre, lo que totalizó USD 529 millones. “El crecimiento de la economía está trayendo más empleo y desarrollo”, aseguró el presidente. Según Arévalo, el Gobierno busca que “el progreso de nuestro país no dependa de un gobierno específico, sino de una visión de un Estado democrático que trabaja para el bien común”.

La directora de Crecimiento de las Exportaciones de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Aída Fernández, dijo recientemente a medios locales que el volumen exportado por Guatemala aumentó 7.8%, un desempeño que atribuyó a una expansión sostenida tanto en cantidad como en valor, con el desafío de elevar el valor agregado de la oferta nacional.

Según la Agexport, el crecimiento de los envíos hacia Europa, México y Canadá mostró avances en la diversificación de mercados, un factor que explicó la mejora del desempeño exportador en lo que va del año.

Sobre los próximos meses, Fernández sostuvo: “Para el resto del año, el panorama es favorable, aunque seguirá sujeto a la demanda internacional, al entorno logístico y geopolítico. Por ello, es vital impulsar la diversificación, innovación y valor agregado para sostener el avance exportador y traducirlo en mayor inversión, empleo y desarrollo para Guatemala”.

En su discurso, el mandatario guatemalteco descartó que los resultados respondan a la casualidad o a la inercia de administraciones anteriores. “No se trata ni de la casualidad ni de una inercia heredada, sino de decisiones adoptadas por este Gobierno”, enfatizó. “Guatemala está creciendo y eso es un hecho innegable”, sostuvo el presidente, que se mostró convencido de que la solidez de los números oficiales “es la mejor prueba de que las políticas públicas están funcionando”.

El jefe de Estado vinculó el desempeño económico con la confianza institucional y la obra pública. Resaltó que “la utilización estratégica de la inversión pública en marcha” y “la confianza que este gobierno ha construido ante los agentes económicos, la inversión nacional e internacional” han sido factores para alcanzar estos resultados. “No lo decimos nosotros”, aclaró Arévalo, aludiendo a evaluaciones externas. “Lo confirman los informes de calificadoras de riesgo y el último informe del Fondo Monetario Internacional”, añadió.

Exportaciones y destinos clave

El presidente detalló también la composición de las exportaciones. El café encabezó la lista de productos vendidos al exterior, con USD 892 millones, equivalente al 12,4% del total, seguido por los artículos de vestuario, con USD 665 millones (9,2%). En relación con los destinos de las exportaciones, Centroamérica y Estados Unidos lideraron las compras, con USD 2.339 millones (32,5%) y 2.315,3 millones (32,2%) respectivamente. La Eurozona, México y Canadá también figuraron entre los mercados principales.

“Esto quiere decir más empleo, implica que se han agregado dos millones de ingresos con Seguro Social”, puntualizó el presidente. Para Arévalo, la consolidación de estos datos permite proyectar “un futuro con mayor certeza” para la población guatemalteca y para las empresas interesadas en invertir en el país.

Apertura comercial y tratado con Perú

El presidente aprovechó la ocasión para destacar la política de apertura comercial, señalando que este mes entró en vigencia el tratado de libre comercio con Perú. “Guatemala es un socio y el mundo lo reconoce”, afirmó. Actualmente, el país cuenta con 16 tratados de libre comercio activos y acceso preferencial a 45 mercados, según precisó la ministra de Economía, Gabriela García, quien acompañó al mandatario en la conferencia.

Arévalo concluyó su intervención remarcando que los avances económicos “no son un episodio aislado”, sino el resultado de una política definida para “reducir brechas de pobreza, rescatar las instituciones de justicia y garantizar certeza jurídica para la inversión”.

La economía centroamericana experimenta una transformación marcada por la mayor participación de las mujeres, quienes ocupan el 60% de los espacios en sectores clave, según el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035 de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

El informe ubica a las mujeres como protagonistas en la gestión de conocimiento y en la promoción comercial, consolidando su presencia en organismos de integración económica y en la modernización de los mercados regionales.

El sector servicios se consolida como uno de los motores del crecimiento económico en la región. Durante 2024, las exportaciones de servicios alcanzaron los $48.482 millones, lo que representa el 47% del total exportado. Turismo, transporte y servicios empresariales figuran como los rubros con mayor dinamismo, con Panamá y Costa Rica liderando la generación de valor.

Las importaciones del sector sumaron $27,544 millones, dejando un saldo superavitario que refleja la solidez del sector. El comercio de servicios registra tasas de expansión superiores al 15% anual, lo que impulsa la creación de empleo y nuevas oportunidades para la población femenina.

El dinamismo económico de la región se apoya en la articulación de sectores tradicionales y emergentes, así como en el fortalecimiento de la conectividad regional. Las estrategias de integración, sumadas a la digitalización contribuyen al desarrollo de cadenas de valor en las que las mujeres adquieren un rol cada vez más visible.

La inversión extranjera directa (IED) constituye otro pilar fundamental para el desarrollo centroamericano. En 2024, las entradas netas de IED llegaron a $12,519 millones, con Costa Rica (37%), Panamá (24%) y Guatemala (14%) a la cabeza de la captación de capitales.

Los sectores con mayor recepción de inversión fueron manufactura (47%), actividades financieras y seguros (18.8%) seguidos por comercio (7.4%). El principal origen de la IED fue Estados Unidos (38.5%), mientras que México mostró el mayor crecimiento relativo, con un aumento del 59.7%. La inversión intra-regional mantiene una tendencia al alza, especialmente en MIPYMES impulsadas por mujeres.

Economía creativa y biodiversidad: nuevos motores regionales

La economía creativa y las actividades ligadas a la biodiversidad añaden dinamismo y valor a las exportaciones del istmo. En 2024, las exportaciones de bienes creativos sumaron $413.6 millones, orientadas principalmente al mercado centroamericano (49.8%) y a Estados Unidos (39.4%). Entre los productos con mayor presencia figuran manualidades, impresos y audiovisuales, que reflejan la capacidad de innovación y la diversificación productiva de la región.

Las exportaciones basadas en la biodiversidad como alimentos, fibras, madera y productos naturales, totalizaron $30.480 millones, con un incremento del 0.7% respecto al año anterior, lideradas por Guatemala y Costa Rica. El comercio de productos marinos alcanzó $4.952 millones, impulsado por la incorporación de manufacturas de alta tecnología en el sector.

El Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035 destaca la importancia de la inclusión de género en la economía. Las mujeres son mayoría en actividades de gestión de conocimiento vinculadas al comercio exterior con el 57% y en la promoción comercial representan el 53%.

Esta tendencia revela una creciente especialización y liderazgo femenino en los espacios de integración regional. Además, continúan los proyectos enfocados en fortalecer las MIPYMES, la digitalización comercial y la integración profunda, en este contexto destaca la participación plena de El Salvador en el sistema aduanero regional.

La economía centroamericana enfrenta desafíos en la distribución equitativa de los beneficios, el desarrollo de infraestructura logística y la reducción de las asimetrías internas. Según la SIECA, la diversificación exportadora y la consolidación de esquemas colaborativos avanzan, con la participación de las mujeres como un factor estructural de cambio en la región.

Las cifras del Plan Maestro muestran que Centroamérica se apoya en servicios, inversión extranjera y nuevas economías para sostener su desarrollo. La consolidación de la presencia femenina en estos sectores marca una transformación en la integración y la competitividad regional.

Las zonas francas de Centroamérica concentran 633 de las más de 800 operativas en América Latina, lo que equivale al 77% del total regional, según el informe Zonas Francas, el ecosistema que define la inversión en la región, elaborado por EY.

Esa densidad convierte a la subregión —que incluye a Panamá y República Dominicana por su integración económica— en el núcleo más activo del modelo en todo el hemisferio.

El peso de estos regímenes en las economías nacionales no es marginal. En países como Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, Honduras y El Salvador, las zonas francas generan entre el 40% y el 80% de las exportaciones totales. Costa Rica encabeza ese indicador: el 60% de sus ventas al exterior proviene de estos regímenes, y una proporción equivalente de la inversión extranjera directa se canaliza hacia ellos.

Más de 10,000 empresas y cientos de miles de empleos

La subregión alberga más de 10,000 empresas instaladas, conectadas principalmente a cadenas de valor norteamericanas y europeas. Ese volumen ha convertido a Centroamérica en un destino natural para el nearshoring, la estrategia de relocalización productiva que busca acercar la manufactura a los mercados de consumo final.

El empleo directo generado alcanza cifras que definen mercados laborales enteros. Costa Rica supera los 184,000 puestos de trabajo formales en zonas francas; Honduras, los 162,000; y Nicaragua, más de 133,000. Cada uno de esos empleos arrastra encadenamientos indirectos que multiplican el efecto en las economías locales.

Un rasgo que el informe de EY subraya con énfasis es la composición de esa fuerza laboral. En Nicaragua y El Salvador, las mujeres representan más del 50% del empleo en zonas francas, lo que convierte a estos regímenes en instrumentos activos de reducción de brechas de género.

El retorno fiscal que justifica los incentivos

Uno de los argumentos más frecuentes contra las zonas francas es el costo tributario que implican para los Estados. Los datos del informe de EY cuestionan esa lectura.

En varios países centroamericanos, el retorno económico generado por estos regímenes supera entre 6 y 7 veces el monto exonerado en incentivos fiscales. República Dominicana ofrece el ejemplo más contundente: por cada peso dominicano que el Estado deja de recaudar en gasto tributario, el régimen devuelve RD$7 en actividad económica directa. Si se incorpora el impacto total de la cadena productiva, esa relación escala hasta 14 veces.

El informe concluye que el modelo no representa una carga para las haciendas públicas, sino una herramienta de desarrollo con rentabilidad documentada.

De la maquila al dispositivo médico

La imagen de las zonas francas como enclaves de manufactura de bajo costo y ensamble simple quedó atrás. En la última década, la composición sectorial se transformó hacia actividades de mayor complejidad.

Costa Rica lidera en Centroamérica la producción de dispositivos médicos, un sector que exige estándares regulatorios estrictos y mano de obra calificada. A ese segmento se suman servicios de procesos de negocio (BPO) y de conocimiento (KPO), logística especializada, electrónica y componentes automotrices. La sostenibilidad ambiental y la digitalización de procesos se incorporaron como requisitos operativos, no como opciones.

Ese giro responde a dos presiones simultáneas: las exigencias crecientes de los mercados internacionales y la necesidad de diferenciarse en un entorno global más competitivo.

Panamá y el nodo logístico regional

Dentro del ecosistema, Panamá ocupa un lugar específico. La Zona Libre de Colón funciona como el principal hub logístico de la subregión, con una posición geográfica que facilita la redistribución hacia América del Norte, del Sur y Europa. Su modelo complementa al de los países del istmo, que han construido marcos regulatorios estables orientados a la formación de clusters industriales.

República Dominicana, por su parte, se consolida como el referente en número y sofisticación de parques industriales y empresas instaladas, seguida por Costa Rica y Honduras en ese ordenamiento.

Los retos que el modelo aún debe resolver

El informe de EY no presenta un panorama sin tensiones. Aunque el modelo superó su fase inicial de adopción y opera en una etapa de madurez, persisten desafíos que condicionan su sostenibilidad a largo plazo.

La dependencia de sectores de baja complejidad en algunos países sigue siendo un riesgo. La necesidad de mayor diversificación sectorial, el impulso sostenido a la innovación tecnológica y la consolidación de marcos regulatorios que ofrezcan certeza a los inversionistas en horizontes de largo plazo son las tres áreas que el documento identifica como prioritarias.

La resiliencia demostrada durante la pandemia y los episodios de volatilidad geopolítica reciente habla a favor del modelo. Su estabilidad normativa y la disponibilidad de talento especializado mantuvieron la confianza de las multinacionales en momentos en que otras plataformas productivas fallaron. Pero sostener esa confianza hacia adelante requiere una transformación activa, no solo la administración de lo construido.

La Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) informó este domingo 19 de julio recibió a una delegación de empresarios alemanes interesada en conocer oportunidades de inversión en el país, en una visita promovida por la Embajada de El Salvador en Alemania y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según COEXPORT, el grupo conoció opciones en sectores como turismo, textiles de alto valor agregado, desarrollo tecnológico y energía, durante un encuentro en el que la entidad presentó la oferta exportable, los sectores estratégicos y las ventajas competitivas de El Salvador.

COEXPORT indicó que puso a disposición de la delegación su asesoría para impulsar proyectos de inversión.

El miércoles, la presidenta de la Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria (CASCI), Karla Klaus, expresó satisfacción y optimismo tras recibir a una delegación de empresas de Alemania que busca identificar nuevas oportunidades de inversión en El Salvador.

En declaraciones recogidas por la entidad de apoyo internacional, la titular de la CASCI subrayó la importancia de que compañías extranjeras reconozcan el dinamismo de sectores como el turismo, impulsando la imagen del país como destino atractivo para inversionistas internacionales.

“La llegada de este grupo empresarial, organizado junto con la Cancillería y nuestra embajada en Berlín, confirma que El Salvador está generando un interés genuino en actores económicos globales”, afirmó la presidenta. Según la directiva, la delegación mostró particular interés en el crecimiento que presenta el sector turístico y valoró de forma positiva la posibilidad de participar en ese proceso de transformación.

Relaciones comerciales sólidas con Alemania

El comercio entre El Salvador y Alemania mostró en febrero de 2026 un déficit de 10,3 millones de euros para la economía salvadoreña, en un intercambio marcado por el aumento simultáneo de exportaciones e importaciones y por una relación bilateral en la que el país europeo mantiene una escala comercial muy superior, según datos del Observatorio de Complejidad Económica.

Las ventas salvadoreñas al mercado alemán sumaron 8,58 millones de euros ese mes, mientras que las compras desde Alemania llegaron a 18,8 millones de euros. Frente a febrero de 2025, las exportaciones crecieron 24,1%, al pasar de 6,92 millones a 8,58 millones de euros, y las importaciones aumentaron 56,0%, desde 12,1 millones hasta 18,8 millones.

Ese salto de las importaciones amplió el saldo negativo mensual de El Salvador con su socio europeo. La diferencia entre lo vendido y lo comprado dejó un desequilibrio de 10,3 millones de euros en febrero de 2026.

Los dispositivos electrónicos lideraron las exportaciones salvadoreñas de febrero

En el detalle mensual, los principales productos exportados por El Salvador a Alemania fueron los dispositivos electrónicos, con 5,48 millones de euros, seguidos por otros productos químicos finales, con 1,11 millones, y por prendas de vestir de punto, de seda o de fibras sintéticas o artificiales, con 575 mil euros.

Del lado de las importaciones, las principales compras salvadoreñas desde Alemania fueron una aeronave, por 3,6 millones de euros, artículos de plástico, por 1,96 millones, y equipo médico, quirúrgico y aparatos ortopédicos, por 1,51 millones.

El crecimiento interanual de las exportaciones salvadoreñas se explicó sobre todo por los dispositivos electrónicos, que aportaron 675 mil euros adicionales y avanzaron 14,0%. También incidieron el café, con un alza de 426 mil euros y 410%, y las prendas de vestir de tejidos de punto de algodón, con 201 mil euros más y un incremento de 402%.

En las importaciones, la mayor expansión provino de la aeronave, con 2,72 millones de euros adicionales y una suba de 309%. A eso se sumaron los artículos de plástico, con 1,58 millones más y 411%, y otra maquinaria, con 768 mil euros y 149%.

En declaraciones recogidas por la entidad de apoyo internacional, la titular de la CASCI subrayó la importancia de que compañías extranjeras reconozcan el dinamismo de sectores como el turismo, impulsando la imagen del país como destino atractivo para inversionistas internacionales.

“La llegada de este grupo empresarial, organizado junto con la Cancillería y nuestra embajada en Berlín, confirma que El Salvador está generando un interés genuino en actores económicos globales”, afirmó la presidenta. Según la directiva, la delegación mostró particular interés en el crecimiento que presenta el sector turístico y valoró de forma positiva la posibilidad de participar en ese proceso de transformación.

La CASCI ofreció en su visita a los visitantes un espacio de intercambio directo con expertos y socios de la cámara, quienes compartieron experiencias sobre el contexto legal y operativo en el país. La presidenta consideró fundamental que los empresarios alemanes conozcan de primera mano los casos de éxito de empresas como DHL, Siemens y DQS, entre otras, para comprender cómo han logrado consolidarse y expandirse en el mercado salvadoreño.

“Los hemos puesto en contacto con nuestros expertos, tanto dentro de la junta directiva como dentro de los socios, para que conozcan temas legales, para que conozcan casos exitosos de empresas como DHL, empresas de energía, empresas de certificaciones como DQS, empresa como Siemens, que también es parte de nuestra junta directiva”, detalló la titular de la Cámara en un video colgado este miércoles en las plataformas oficiales.

La presidenta valoró el entusiasmo de los visitantes y consideró que este tipo de iniciativas fortalecen los vínculos bilaterales. “Para nosotros una gran alegría escuchar que se sienten atraídos por el boom que ven en El Salvador y han decidido acompañar esa delegación”, manifestó. De acuerdo con la directiva, la agenda de la semana permitirá a las empresas alemanas acceder a información relevante y establecer nuevas conexiones con actores clave de la economía salvadoreña.

Encuentro con el sector gubernamental

La delegación está integrada por representantes de la industria hotelera, inteligencia artificial, desarrollo de software y energías renovables, entre otros sectores. El grupo fue recibido el lunes por la ministra de Turismo, Morena Valdez, y la embajadora de El Salvador en Alemania, Florencia Vilanova, quienes encabezaron una reunión de trabajo sobre las ventajas competitivas y los incentivos para inversionistas extranjeros.

Durante el encuentro, las autoridades presentaron información sobre áreas de oportunidad en el sector turístico, con énfasis en Surf City. Valdez dijo que la mayoría de los empresarios de la misión alemana expresó interés en el turismo, aunque también observó otras áreas de desarrollo.

Vale señalar que El Salvador cerró 2025 con un saldo negativo de inversión extranjera directa, una señal de que salieron más recursos de los que ingresaron, en un año en que Centroamérica y República Dominicana también redujeron la captación regional de capitales, según el informe de Balanza de Pagos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano.

El Senado debate una reforma profunda a la legislación que regula la propiedad y posesión de tierras rurales en Argentina, en uno de los capítulos del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El nuevo proyecto introduce límites estrictos para la compra de campos por parte de extranjeros y empresas vinculadas a estados, en especial ante el crecimiento de inversiones provenientes de China. El dictamen de comisión revela los principales ejes normativos y muestra el trasfondo político que enfrenta al oficialismo y la oposición.

La iniciativa, en análisis en el Congreso, busca regular la tenencia de tierras rurales. El texto apunta a impedir que estados extranjeros o compañías bajo su control directo o indirecto accedan a inmuebles rurales, un fenómeno que generó controversias en los últimos años. Según el dictamen, las provincias mantienen la jurisdicción sobre sus territorios, pero el Gobierno nacional supervisa las autorizaciones para las operaciones de compra que involucren a extranjeros.

El documento establece que los extranjeros conservan los derechos reconocidos por la Constitución, pero introduce restricciones específicas para la adquisición de campos rurales. El límite para personas físicas y jurídicas extranjeras se fundamenta en la preocupación por el avance de fondos y empresas estatales sobre recursos estratégicos. De acuerdo al proyecto, queda prohibida la compra de tierras rurales por parte de cualquier estado extranjero. Esta prohibición se extiende a empresas con participación estatal extranjera, a menos que cuenten con una autorización expresa tanto de la provincia donde se encuentre el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional.

El dictamen precisa que, si no hay respuesta oficial a la solicitud de autorización en los plazos previstos, la operación se considera aprobada por el mecanismo de “silencio administrativo” al cabo de 180 días de entrada en vigencia de la ley.

El texto resalta que la norma apunta a evitar maniobras para esquivar los controles: es decir, se declara ilegal la utilización de personas físicas o jurídicas como pantalla para simular titularidad y eludir límites legales. En esos casos, se considerará configurado un fraude y se aplicarán las sanciones correspondientes.

La regulación para zonas fronterizas incorpora exigencias adicionales. Para adquirir inmuebles rurales ubicados en áreas de seguridad de frontera, los extranjeros deben obtener el aval tanto de la provincia como del Poder Ejecutivo Nacional, bajo el mismo esquema de plazos y aprobación automática si no hay respuesta.

La iniciativa no afecta derechos adquiridos con anterioridad a su sanción. Se derogan varios artículos de la Ley 26.737 y del decreto ley 15385/44, eliminando restricciones previas y estableciendo un nuevo marco normativo, según consta en el dictamen analizado.

La discusión en el Senado adquirió un tono de alta tensión política. La previa de la sesión estuvo marcada por un cruce entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, dos figuras centrales del oficialismo. Infobae reveló que ambas protagonizaron un intercambio de acusaciones y mensajes críticos por la definición de la agenda parlamentaria y el control de la sesión. El entorno de Bullrich cuestionó la estrategia de Villarruel respecto a la inclusión del capítulo tierras en el temario, lo que abrió una grieta interna en el bloque gobernante.

El trasfondo internacional también impacta en el debate. El Gobierno de China emitió una directiva que obliga a las empresas chinas en el extranjero a priorizar la legislación del país asiático por sobre las normativas locales. Esta política generó inquietud en varias naciones, incluido Argentina, por el riesgo de que compañías con respaldo estatal adquieran terrenos estratégicos y actúen bajo intereses de Beijing.

Algunos sectores interpretan que el capítulo de tierras en el proyecto de ley responde a este escenario. Las restricciones a empresas con participación estatal extranjera apuntan de manera indirecta a frenar el desembarco de capitales chinos en el sector agropecuario y de recursos naturales, un fenómeno que se aceleró en los últimos años. El dictamen no menciona explícitamente a China, pero el contexto y los antecedentes internacionales alimentan la lectura de que la norma busca limitar el margen de acción de empresas asociadas a gobiernos extranjeros, en especial asiáticos.

La controversia por la venta de tierras a extranjeros se enmarca en una disputa más amplia sobre el control de los recursos estratégicos. Los defensores de la reforma argumentan que el país necesita proteger su soberanía y evitar que actores ligados a otros estados acumulen grandes extensiones de terreno. Los críticos sostienen que las trabas pueden desalentar inversiones legítimas y afectar el desarrollo productivo.

El debate promete continuar en las próximas semanas con el tratamiento del proyecto en el recinto y la presión de distintos sectores económicos y políticos. El desenlace dependerá del equilibrio de fuerzas en el Congreso y de la capacidad del oficialismo para sostener el texto original frente a los pedidos de modificaciones impulsados por la oposición y algunos gobernadores.

El capítulo de tierras rurales aparece así como uno de los puntos más sensibles y disputados en la agenda legislativa, con derivaciones que alcanzan tanto la política interna como la estrategia geopolítica en el vínculo con China y otros países que promueven inversiones en el sector agropecuario argentino.

República Dominicana lidera la región con la generación de más de 198 mil empleos directos vinculados a las zonas francas, consolidando su papel central en el crecimiento económico del país.

La expansión del sector de zonas francas ha impulsado de manera sostenida la economía dominicana y se ha convertido en uno de los motores principales de generación de empleos y desarrollo industrial.

Según el informe “Zonas francas: El ecosistema que redefine la inversión en la región”, el país destaca como referente regional por la magnitud e impacto de este régimen especial, que no solo proporciona puestos de trabajo, sino que también dinamiza las exportaciones, la inversión extranjera y la diversificación productiva.

El territorio dominicano cuenta actualmente con 286 zonas francas operativas, una de las cifras más altas de América Latina, y 820 empresas instaladas al cierre de 2023, lo que representa un aumento del 6% respecto al año anterior.

Esta infraestructura industrial, distribuida en 87 parques a lo largo del país, facilita la llegada de nuevas inversiones y promueve la competitividad regional.

Más de la mitad de los parques industriales se encuentra en la Región Norte, seguidos por el Distrito Nacional, Santo Domingo, la Región Sur y la Región Este. La propiedad de estos parques es mayoritariamente privada, lo que aporta flexibilidad y dinamismo al ecosistema.

El impacto sobre el empleo es contundente: las zonas francas generan cerca de 693,119 empleos entre directos e indirectos, posicionando a República Dominicana en el primer lugar de América Latina en este indicador. Además, el régimen representa una alternativa laboral clave para miles de familias y contribuye de manera significativa al tejido productivo local. Los salarios promedio en estas empresas se sitúan en $624 mensuales, cifra que se encuentra por encima de la media regional y permite mantener un equilibrio entre costos y productividad.

Las zonas francas dominicanas han logrado consolidar una amplia diversificación sectorial. Un 32% de las empresas pertenece al rubro de servicios, mientras que el resto se distribuye entre manufactura textil, tabaco, dispositivos médicos, productos eléctricos, logística y agroindustria, entre otros sectores. Esta variedad ha incrementado la resiliencia del sector frente a desafíos globales y ha abierto oportunidades para la relocalización de empresas extranjeras, en especial bajo la tendencia de nearshoring.

El dinamismo exportador es otro de los pilares de este modelo. Más del 56% de las exportaciones nacionales proviene de las zonas francas, lo que refuerza el papel de República Dominicana como eje de la inserción internacional en la región.

En 2023, las exportaciones realizadas bajo este régimen alcanzaron los $7,965 millones, mientras que las importaciones se ubicaron en 4,887 millones de dólares, datos que evidencian la capacidad de generar valor agregado y la balanza positiva en la economía nacional.

El aporte de las zonas francas al Producto Interno Bruto (PIB) se sitúa en 3.1%, indicador que refleja la magnitud de su influencia en la economía. Los incentivos fiscales y la normativa estable han permitido que, por cada peso dominicano exonerado en impuestos, el sector aporte siete pesos en valor agregado directo y hasta 14 pesos considerando toda la cadena de valor. Esta relación contribuye al sostenimiento de la inversión privada y la expansión de capacidades productivas.

Las ventajas competitivas de República Dominicana frente a otros países de la región radican en su masa crítica de infraestructura, la madurez institucional y un entorno regulatorio estable. Organismos como el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) han impulsado la facilitación aduanera, la digitalización de trámites y la atracción de inversión extranjera directa, lo que posiciona al país como destino preferente para empresas que buscan eficiencia operativa y acceso a mercados internacionales.

El informe subraya la capacidad dominicana para adaptarse a las tendencias globales como la relocalización de procesos industriales y el friendshoring. El país también ha avanzado en iniciativas orientadas a la sostenibilidad ambiental y la transformación digital dentro de las zonas francas, facilitando la llegada de proyectos tecnológicos.

Entre los retos identificados, el informe señala la necesidad de ampliar la capacidad física disponible, ya que la ocupación de los parques industriales es elevada. También resalta la importancia de seguir optimizando el gasto tributario y de incrementar el valor agregado de las actividades instaladas, con el fin de atraer inversiones de mayor nivel tecnológico y salarios más altos.

La política pública ha jugado un papel relevante a través de exenciones fiscales, programas de financiamiento y apoyos a la inversión. El modelo de alianzas público-privadas ha permitido que el 76% de los parques industriales sea de propiedad privada, fortaleciendo la flexibilidad y la capacidad de respuesta del sector ante los desafíos del mercado global.

República Dominicana ocupa el segundo lugar absoluto en número de zonas francas en América Latina y es el país con mayor generación de empleo en este régimen. El modelo dominicano se distingue por su escala, estabilidad y capacidad de adaptación, situando al país como un polo estratégico para la inversión, la producción y el comercio internacional.

El Salvador cuenta con activos logísticos estratégicos que pueden potenciarse para el crecimiento económico, según el empresario Rodrigo Tona. Durante una entrevista en la Telecorporación Salvadoreña (TSE), subrayó que el país dispone de condiciones favorables para la inversión en infraestructura logística e industrial, así como de mecanismos financieros innovadores como la titularización, que facilitan la ejecución de proyectos de gran escala.

De acuerdo con el directivo, El Salvador posee una ubicación geográfica privilegiada que lo convierte en un centro natural para la distribución en Centroamérica.

El país dispone de una red de autopistas que conecta de forma efectiva con Guatemala, Honduras y Nicaragua, además de contar con un aeropuerto internacional entre los mejores de la región por su conectividad y modernización.

La proximidad a puertos claves y nuevas rutas logísticas terrestres con México refuerzan el potencial para consolidarse como un nodo logístico regional, según relató Tona.

Uno de los proyectos emblemáticos del grupo empresarial es el parque logístico Nío Smart Properties, ubicado en Nejapa, que ya opera a plena capacidad. La infraestructura desarrollada se clasifica como de clase A, con estándares internacionales en ingeniería y tecnología, lo que permite a sus clientes optimizar la eficiencia logística y reducir costos operativos. El ejecutivo explicó que la tecnología y el diseño aplicados permiten transformar la logística de un costo tradicional a una ventaja competitiva para las empresas establecidas en el parque.

El sector privado ha impulsado la innovación en modelos de financiamiento, según explicó Tona. La compañía implementó el primer modelo de titularización en El Salvador para el sector logístico industrial, lo que ha permitido atraer inversiones a largo plazo y consolidar proyectos de gran envergadura.

Este mecanismo, poco utilizado en la región, representa una ventaja diferenciadora para el país y una herramienta para continuar desarrollando activos estratégicos.

Tona destacó que el compromiso con la sostenibilidad también es un factor clave en las estrategias empresariales. Asimismo, señaló que la mano de obra salvadoreña es altamente calificada y se adapta con rapidez a procesos industriales avanzados.

Esta capacidad ha facilitado la expansión internacional de la compañía que lidera, misma que opera en mercados como México, Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y Vietnam.

El empresario subrayó además la importancia de invertir en formación técnica y en el fortalecimiento del talento local para sostener el crecimiento del sector exportador.

En cuanto a perspectivas de crecimiento, Tona explicó que el grupo empresarial busca duplicar su negocio de empaques en los próximos siete años y continuar ampliando su presencia en mercados internacionales. El desarrollo de nuevos parques logísticos forma parte de una visión largo plazo para posicionar a El Salvador como un centro regional de servicios logísticos e industriales.

La experiencia relatada por Tona evidencia que el desarrollo logístico requiere colaboración entre el sector privado y el público, así como una estrategia clara para potenciar los activos del país. El empresario enfatizó que la confianza y la previsibilidad en el entorno de negocios son factores determinantes para atraer inversiones y consolidar al país como un referente en logística y exportación en la región.

Rodrigo Tona es CEO de Grupo Ternova, consorcio empresarial ganador del premio al Exportador 2026, entregado anoche por la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT).

Las exportaciones desde las zonas francas de El Salvador representan cerca del 80% del total exportado por el país, una concentración que convierte a estos enclaves productivos en el eje estructural del modelo de comercio exterior salvadoreño, según el Informe Zonas Francas elaborado por la financiera EY.

El régimen, establecido en 1998, aporta aproximadamente el 10.6% del PIB nacional. En términos de escala, el sistema alberga 18 zonas francas con 170 empresas instaladas y una inversión estimada en USD 590 millones vinculada a infraestructura y operación.

El empleo como termómetro social del régimen

Las zonas francas generan alrededor de 81,405 empleos directos, una cifra que se ha mantenido estable durante la última década. El dato más revelador de su impacto social es la composición de esa fuerza laboral: entre el 53% y el 54% de los puestos son ocupados por mujeres.

Esa proporción ubica a El Salvador como referente de inclusión de género en la región, según el informe de EY. A los empleos directos se suman los indirectos generados a lo largo de la cadena de valor asociada, aunque el documento no precisa esa cifra.

La manufactura textil, columna vertebral con señales de cambio

El sector textil y de confecciones sigue siendo el núcleo de la actividad en zonas francas. No obstante, el informe de EY advierte que esa concentración sectorial representa también una vulnerabilidad: la dependencia de un solo sector expone al país a cambios bruscos en la demanda internacional.

La pandemia de COVID-19 ilustró ese riesgo. Las exportaciones registraron una caída durante el período de mayor restricción global, aunque los años posteriores mostraron una recuperación que el informe describe como significativa y que reafirmó la centralidad del régimen para la economía salvadoreña.

El marco regulatorio como señal a los inversionistas

El Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Zonas Francas y el Ministerio de Hacienda han mantenido un marco regulatorio estable desde la creación del régimen. Esa continuidad institucional es, según EY, uno de los factores que sostiene la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales.

El régimen también ha funcionado como canal de atracción de inversión extranjera directa, aunque el informe no desagrega qué porción de los USD 590 millones estimados corresponde específicamente a capital foráneo.

Los desafíos que el modelo aún no ha resuelto

EY identifica tres frentes pendientes para el régimen salvadoreño. El primero es la diversificación sectorial, para reducir la dependencia del textil.

El segundo es el avance hacia actividades de mayor valor agregado, con incorporación de innovación tecnológica. El tercero es la sostenibilidad ambiental, como condición para mantener competitividad en cadenas de valor internacionales cada vez más exigentes en ese aspecto.

Un modelo que cumplió una etapa y busca la siguiente

Durante sus primeros 25 años de operación, las zonas francas salvadoreñas pasaron de ser un mecanismo de incentivos fiscales a convertirse en plataformas de desarrollo económico y social, según la lectura de EY.

El reto que plantea el informe es si el modelo puede dar un segundo salto: de la manufactura intensiva en mano de obra hacia sectores con mayor densidad tecnológica, sin perder los empleos formales que hoy sostienen a más de 81 mil trabajadores y, en particular, a la mayoría femenina de esa fuerza laboral.

La respuesta, concluye el análisis, depende de decisiones de política pública y de la capacidad del país para insertarse en cadenas de valor más complejas a nivel regional e internacional.

Una delegación de empresarios alemanes llegó este lunes a El Salvador para evaluar oportunidades de inversión en turismo y otros sectores. Según un anuncio de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, el grupo participará en una agenda de cinco días para conocer incentivos fiscales, proyectos urbanísticos e infraestructura hotelera.

La delegación está integrada por representantes de la industria hotelera, inteligencia artificial, desarrollo de software y energías renovables, entre otros sectores. El grupo fue recibido por la ministra de Turismo, Morena Valdez, y la embajadora de El Salvador en Alemania, Florencia Vilanova, quienes encabezaron una reunión de trabajo sobre las ventajas competitivas y los incentivos para inversionistas extranjeros.

Durante el encuentro, las autoridades presentaron información sobre áreas de oportunidad en el sector turístico, con énfasis en Surf City. Valdez dijo que la mayoría de los empresarios de la misión alemana expresó interés en el turismo, aunque también observó otras áreas de desarrollo.

¿Qué temas se trataron en la reunión?

Valdez dijo que en la reunión se abordaron las brechas en el sector de alojamiento y las necesidades para fortalecer la infraestructura turística privada. “Hemos logrado transmitirles una visión integral de nuestra estrategia, en la que Surf City ocupa un lugar central, pero también han mostrado interés en otros destinos turísticos”, afirmó la ministra.

Vilanova señaló que la delegación busca conocer de primera mano los incentivos fiscales, además de los proyectos de desarrollo urbanístico y la infraestructura hotelera en expansión. También mencionó el interés de los empresarios por conocer volcanes, sitios arqueológicos y tradiciones locales.

La agenda de la delegación en el país

La agenda incluye un recorrido de cinco días por distintas regiones del país, con el objetivo de evaluar posibilidades de inversión y promover una mayor afluencia de turistas europeos hacia El Salvador.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia indicó que la visita forma parte de un plan gubernamental para atraer inversiones extranjeras.

Vale señalar que El Salvador cerró 2025 con un saldo negativo de inversión extranjera directa, una señal de que salieron más recursos de los que ingresaron, en un año en que Centroamérica y República Dominicana también redujeron la captación regional de capitales, según el informe de Balanza de Pagos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca).

La región terminó el año con un flujo de inversión de USD 11.246,8 millones, un descenso de 8,5% frente a los USD 12.289,2 millones de 2024, de acuerdo con el organismo. El reporte regional describió una brecha entre las economías que atrajeron capital y las que registraron retiros de inversión.

En ese grupo quedaron El Salvador, Honduras y Nicaragua. El saldo salvadoreño fue de -USD 445,4 millones, mientras Honduras registró -USD 809,5 millones y Nicaragua -USD 1.469,5 millones.

El dato responde de forma directa a qué ocurrió con la inversión extranjera en el país: El Salvador sí recibió capital foráneo en 2025, pero el balance neto del año fue negativo porque las salidas superaron a las entradas. En términos económicos, eso implica que la IED neta cerró en rojo.

Hay palabras que poseen una enorme fuerza política. Pocas, sin embargo, han sido tan utilizadas —y tan frecuentemente mal utilizadas— como la palabra soberanía.

El proyecto de ley que propone eliminar las restricciones a la compra de tierras por extranjeros ha reavivado ese fenómeno. La Pastoral Social, sostuvo que la iniciativa “atenta contra la soberanía” y calificó algunos de sus artículos como “alarmantes”. La CGT proclamó que “nuestro suelo es soberanía, no mercancía” y advirtió que “sin soberanía sobre nuestros recursos no hay independencia económica”. El senador Wado de Pedro afirmó, en la misma línea, que “lo que está en juego es la soberanía argentina”. El obispo de Chascomús llama a defender la soberanía…

Las expresiones son impactantes. El problema es que parten de una premisa equivocada. La soberanía no es un atributo del propietario de un inmueble. Es un atributo del Estado.

Quien compra un campo en la Argentina —sea argentino, uruguayo, brasileño, estadounidense o ecuatoriano— no adquiere soberanía. Adquiere un derecho real de propiedad, sometido íntegramente a la Constitución Nacional y a las leyes argentinas. Debe pagar impuestos en la Argentina, cumplir las normas ambientales argentinas, respetar la legislación laboral argentina, someterse a los tribunales argentinos y aceptar el ejercicio del poder de policía del Estado argentino.

La soberanía no es un atributo del propietario de un inmueble. Es un atributo del Estado

Nada de eso cambia por la nacionalidad del propietario.

La soberanía consiste precisamente en la potestad exclusiva del Estado para legislar, administrar justicia, recaudar impuestos, ejercer la defensa nacional y regular el uso del territorio y de los recursos naturales. Ninguna escritura pública ni contrato de transferencia de acciones transfiere semejante potestad.

Sostener que la compra de un establecimiento rural por un extranjero compromete la soberanía supone admitir, implícitamente, que el Estado argentino perdería capacidad para ejercer sus competencias sobre ese inmueble. Nadie sostiene seriamente semejante conclusión.

La Constitución Nacional tampoco.

Desde 1853, la Constitución reconoce a los extranjeros el goce de los derechos civiles de los ciudadanos (artículo 20), protege la propiedad privada (artículo 17) y, significativamente, ordenaba al Gobierno federal fomentar la inmigración europea y no restringir la entrada de extranjeros que vengan a trabajar, invertir y desarrollar actividades útiles para el país (artículo 25). Podrá discutirse si esa norma debe interpretarse literalmente en el siglo XXI o adaptarse a un contexto distinto. Lo que difícilmente pueda sostenerse es que el espíritu constitucional haya sido el de desconfiar, por principio, del extranjero.

Quienes se oponen al proyecto suelen agregar un segundo argumento: la protección de los recursos naturales.

La nacionalidad no constituye una categoría jurídica apta para medir el compromiso ambiental de una persona

Es una preocupación legítima, pero para locales como extranjeros por igual. Y, nuevamente, aparece una confusión.

Si el problema es la preservación del ambiente, entonces el instrumento adecuado son buenas leyes ambientales y organismos capaces de hacerlas cumplir sin ideologismos. Si la preocupación es el uso del agua, existen normas específicas para regular su aprovechamiento. Si lo que se busca evitar es la concentración de la tierra, el debate debería girar sobre la concentración, no sobre la nacionalidad del propietario.

La nacionalidad no constituye una categoría jurídica apta para medir el compromiso ambiental de una persona.

Sería difícil sostener, con un mínimo de evidencia empírica, que un argentino cuida necesariamente mejor el suelo que un canadiense, un brasileño o un italiano. Tampoco que un extranjero invierte millones de dólares para luego destruir el activo que acaba de adquirir.

La doctrina social de la Iglesia también ha sido invocada para justificar estas restricciones.

Resulta llamativo.

El reciente documento pontificio citado por la Pastoral Social insiste —como corresponde— en la protección de la creación, la dignidad de toda persona humana y el desarrollo humano integral. Son principios valiosos y ampliamente compartibles. Pero de ellos no se desprende que los extranjeros representen un riesgo especial para el ambiente ni que la propiedad privada deba diferenciarse según el pasaporte del titular.

Durante décadas, la Argentina convivió con enormes concentraciones de tierras en manos de ciudadanos argentinos sin que ello despertara similares invocaciones a la soberanía

La doctrina social de la Iglesia jamás ha sostenido que la dignidad humana dependa de la nacionalidad. Tampoco que existan propietarios ambientalmente virtuosos por haber nacido dentro de nuestras fronteras.

La función social de la propiedad, concepto frecuentemente invocado en este debate, tampoco conduce a esa conclusión. Ese principio recuerda que el ejercicio del derecho de propiedad debe armonizarse con el bien común. Pero esa obligación alcanza exactamente por igual al propietario argentino y al extranjero.

¿Por qué habría de hacerlo la Iglesia católica, la CGT, el obispo de Chascomús y el Sr. Wado de Pedro?

Hay, además, una paradoja difícil de ignorar.

Durante décadas, la Argentina convivió con enormes concentraciones de tierras en manos de ciudadanos argentinos sin que ello despertara similares invocaciones a la soberanía. Nadie sostuvo que el país perdiera soberanía porque un empresario argentino adquiriera cientos de miles de hectáreas. Sin embargo, cuando el eventual comprador posee un pasaporte extranjero, el debate parece transformarse inmediatamente en una cuestión de independencia nacional.

Resulta una diferencia difícil de explicar desde el derecho y desde el sentido común.

Pero desde la demagogia y el populismo...

La palabra soberanía ha sido utilizada históricamente en la Argentina para justificar políticas muy diversas. En ocasiones se invocó para defender monopolios estatales ineficientes; en otras, para resistir inversiones extranjeras; muchas veces, simplemente, para clausurar el debate.

La doctrina social de la Iglesia jamás ha sostenido que la dignidad humana dependa de la nacionalidad

El riesgo es que un concepto esencial del derecho constitucional termine convertido en una consigna.

La verdadera soberanía no consiste en impedir que un extranjero compre un campo.

Consiste en que el Estado argentino conserve intacta su capacidad para dictar leyes, recaudar impuestos, proteger el ambiente, administrar justicia y hacer cumplir sus decisiones sobre todo en el territorio nacional, cualquiera sea la nacionalidad de quien sea propietario de un inmueble.

Eso es lo que distingue a un Estado soberano.

Todo lo demás pertenece al terreno de la política, de la ideología o de las preferencias económicas. No parece ser legítimo discutir si conviene o no limitar la compra de tierras por extranjeros presentando esa discusión como si de ella dependiera la existencia misma de la soberanía nacional.

La demagogia y el populismo en nuestro país han tergiversado cantidad de conceptos. Desde que la inflación es algo bueno, que el gasto más allá de los ingresos es saludable porque contempla las necesidades de los ciudadanos (“ajuste con la gente adentro”). Que cualquier necesidad de gasto puede cubrirse con mayor carga impositiva…

En fin, el concepto de soberanía también debería ser utilizado seriamente.

Por suerte hoy el país parece encaminado a revertir ese proceso decadente.

El autor es abogado y socio de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

El sector minero espera que el gobierno de Abelardo de la Espriella abra una nueva etapa para destrabar proyectos represados y recuperar la confianza de los inversionistas. La Asociación Colombiana de Minería, ACM, calcula que podrían movilizarse inversiones por más de 2.600 millones de dólares si se agilizan trámites, licencias y decisiones pendientes en proyectos estratégicos, especialmente en cobre.

La expectativa del gremio surge después de cuatro años de fuertes tensiones con el Gobierno de Gustavo Petro. Según las cifras citadas por la asociación, este periodo cerraría con una caída del 21 % en las exportaciones mineras, una reducción del 88 % en la inversión extranjera directa y la pérdida de más de 14.000 empleos en la explotación de carbón.

La información publicada por Blu Radio señala que el Gobierno saliente mantuvo una postura crítica frente a la explotación de carbón y defendió la transición hacia una economía libre de combustibles fósiles. Esa visión se tradujo, según el sector, en mayores cargas tributarias, una regulación más estricta y decisiones como la prohibición de vender carbón a Israel.

Gremio minero habla de una nueva etapa

El presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, afirmó que el sector logró mantenerse activo pese a la presión regulatoria de los últimos años. Según dijo, la asociación tuvo que emitir al menos 800 documentos técnicos para responder a medidas y propuestas que consideró perjudiciales para la actividad minera.

“Esto hubiera podido ser muchísimo más profundo si la asociación y el gremio no hubieran contenido estos cuatro años todo lo que contuvieron”, señaló Nariño al hacer un balance del periodo que está por terminar.

El dirigente sostuvo que, pese a las dificultades, la minería sigue en capacidad de aportar al crecimiento económico, a la estabilización de las finanzas públicas y a la generación de oportunidades laborales. Para el gremio, la llegada de una administración con una visión distinta frente al sector podría permitir la reactivación de proyectos frenados.

Nariño aseguró que “el sector todavía está vivo” y que los próximos cuatro años serán claves para reconstruir la confianza en el país. Su planteamiento apunta a que las reglas, los permisos y el respaldo institucional serán determinantes para que los inversionistas vuelvan a mirar proyectos mineros en Colombia.

La ACM estima que solo con destrabar un grupo de proyectos pendientes podrían llegar inversiones por más de 2.600 millones de dólares. El mayor interés estaría concentrado en iniciativas de cobre, un mineral considerado relevante para la transición energética y para los procesos de electrificación.

Cobre y oro concentran las expectativas

Además de los proyectos ya identificados, el gremio calcula que la exploración minera podría atraer cerca de 200 millones de dólares al año si el país ofrece condiciones de confianza a los inversionistas. Esa cifra dependería de la estabilidad regulatoria, la agilidad de los trámites y el acompañamiento institucional a las empresas interesadas.

Las oportunidades mencionadas por la ACM se concentran principalmente en oro y cobre. En el caso del cobre, el sector lo presenta como un mineral estratégico para tecnologías asociadas a energías limpias, redes eléctricas y movilidad eléctrica.

El reto para el gobierno de De la Espriella será definir cómo impulsará la inversión minera sin dejar de atender las exigencias ambientales, sociales y territoriales que acompañan este tipo de proyectos. La expectativa empresarial está puesta en que el nuevo Ejecutivo revise los obstáculos que han frenado licencias, permisos y decisiones administrativas.

El cambio político abre una discusión sobre el papel que tendrá la minería en la economía nacional durante los próximos cuatro años. Para la ACM, el punto de partida debe ser recuperar la confianza, facilitar la inversión y aprovechar los recursos minerales como una fuente de empleo, ingresos fiscales y desarrollo regional.

El proyecto de ley, conocido como Inviolabilidad de la Propiedad Privada, avanza en la Cámara de Senadores y busca reformar varias normas vigentes en la Argentina. El texto firmado en el Congreso todavía no cuenta con los votos necesarios para su aprobación. La iniciativa propone transferir a las provincias la facultad de regular la venta de tierras rurales a extranjeros, eliminando el límite nacional que establecía un máximo del 15% del territorio.

Uno de los puntos centrales del debate es la posible pérdida de control nacional sobre territorios y recursos estratégicos. La transferencia de la regulación a las provincias plantea interrogantes sobre la capacidad para restringir la extranjerización en áreas sensibles.

Juan Martín Paleo, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, advirtió en Infobae en Vivo: “La soberanía hoy no está en juego solo cuando se define quién tiene potestad o dominio sobre ese territorio, sino sobre los recursos críticos o estratégicos de ese territorio”. Paleo consideró que el título del proyecto busca “enmascarar detrás de un título algo más de fondo, que es justamente la modificación de la ley de extranjería”.

El militar también señaló que “hoy el dominio de las capacidades y las posibilidades de lo que está dentro del territorio es soberanía, es una forma de ejercer la soberanía”. Destacó la importancia de mantener el control estatal sobre activos estratégicos y alertó: “Los países modernos consideran que la soberanía se empieza a proteger desde medidas como estas”.

Comparación internacional y argumentos en el Congreso

Al mismo tiempo, Paleo expuso ejemplos de otros países. Mencionó que Brasil limita la adquisición de tierras por extranjeros y requiere aprobación de la Abogacía General de la Unión. Canadá impone restricciones a inversionistas extranjeros y controles provinciales estrictos. Estados Unidos prohíbe la extranjerización en territorios de frontera y está evaluando ampliar esas restricciones. También citó a Australia, Nueva Zelanda, China y México, que cuentan con regulaciones especiales sobre la propiedad de tierras y activos estratégicos.

La propuesta de transferir la regulación a las provincias generó desacuerdos. Paleo expresó: “Que tengan el poder de decisión absoluto para mí no es correcto. Primero, porque somos una nación”. Consideró que debe existir un acuerdo parlamentario para definir qué recursos son estratégicos y requieren protección nacional.

El debate incluyó la necesidad de una ley de protección de activos estratégicos. Paleo afirmó: “Lo que creo que debería haber discutirse previamente es una ley de protección de activos estratégicos. Así lo enumero, como tiene la mayoría de los países”.

Contexto político y geopolítico

El proyecto se discute en un contexto de falta de una directiva de Defensa Nacional actualizada. Paleo indicó que el gobierno no ha emitido ese documento, que orienta a las fuerzas armadas sobre los puntos estratégicos a defender. La directiva vigente data de 2021, firmada durante la gestión anterior.

El Congreso cuenta con dictámenes de mayoría y minoría, y el texto sigue en debate con modificaciones. El gobierno sostiene que la flexibilización de la normativa busca atraer inversiones y aumentar el ingreso de dólares al país. La discusión parlamentaria se produce en un escenario de tensión por la relación entre federalismo y control nacional de los recursos, así como por los antecedentes de cesión de soberanía en otras áreas.

La definición sobre el control de tierras rurales y recursos estratégicos sigue abierta, con posiciones encontradas sobre el alcance que debe tener la regulación y el rol del Estado frente a la inversión extranjera.

Cambios en la regulación de tierras rurales

El dictamen de mayoría elimina el límite nacional para la compra de tierras rurales por extranjeros. Cada provincia tendrá la potestad de fijar restricciones o no imponer ninguna. La medida también elimina el tope de mil hectáreas en la zona núcleo, lo que permitía evitar grandes concentraciones de territorio en áreas productivas.

La regulación actual establece que una persona extranjera, sea particular o Estado, puede adquirir hasta un 15% de tierras rurales del territorio nacional. Ese límite desaparece y pasa a depender de la decisión de cada provincia. Las jurisdicciones podrán autorizar, regular o vetar la compra de tierras por extranjeros según sus propios criterios.

Las limitaciones que existen para la compra de tierras por parte de Estados extranjeros también quedarán eliminadas. La discusión se centra en la posibilidad de que recursos hídricos estratégicos y áreas de frontera queden en manos extranjeras si las provincias no establecen restricciones.

Nuevos requisitos para expropiaciones y desalojos

El proyecto de ley modifica el régimen de expropiaciones y endurece los requisitos para que el Estado pueda avanzar sobre la propiedad privada. La declaración de utilidad pública deberá ser específica, necesaria y proporcional. Además, la indemnización tendrá que pagarse antes de la toma de posesión.

La iniciativa incorpora el concepto de lucro cesante. Los propietarios podrían reclamar no solo el valor actual del bien sino también la ganancia que podrían obtener en el futuro por su explotación. La resolución de estos reclamos podría judicializarse, según lo explicado en el debate legislativo.

Respecto a los desalojos, el Senado amplía el plazo de intimación por falta de pago de tres a diez días. El proyecto establece salvedades para garantizar que no habrá desalojos masivos, especialmente en barrios populares. La protección vigente suspende los desalojos hasta octubre de 2032, plazo durante el cual debería resolverse la regularización de la propiedad y el territorio.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

La Argentina no debería necesitar regímenes promocionales. Lo deseable sería un país donde invertir, exportar, contratar o producir no requiera pedir permiso, obtener una excepción ni entrar en un régimen especial.

Pero la Argentina todavía no es ese país. Mientras arrastra impuestos distorsivos, trabas cambiarias, déficits crónicos y una alarmante facilidad para cambiar las reglas cuando cambia el poder político, los regímenes promocionales pueden cumplir una función imperfecta y transitoria: crear islas de normalidad para ciertos sectores cuando, por razones fiscales, políticas o institucionales, todavía resulta muy difícil ofrecer reglas razonables para todos.

No son el ideal ni deberían convertirse en un sistema permanente de privilegios selectivos. Pero pueden servir como puente hacia un país más razonable, siempre que no sean atacados cuando empiezan a funcionar, sino tomados como referencia para extender mejores reglas al resto de la economía.

La lección de la Ley de Software

A veces, incluso en gobiernos de orientación estatista, la Argentina hace algo razonable. La Ley de Promoción de la Industria del Software, sancionada en 2004, fue una de esas excepciones.

Lo deseable sería un país donde invertir, exportar, contratar o producir no requiera pedir permiso, obtener una excepción ni entrar en un régimen especial

El kirchnerismo llegó al poder con un punto de partida macroeconómico extraordinariamente favorable: superávits gemelos, capacidad ociosa después de la crisis, precios internacionales muy altos, baja deuda pública tras la reestructuración y un mundo dispuesto a comprar lo que el país podía producir. Sin embargo, su orientación general no predicaba precisamente la libertad económica ni la previsibilidad de largo plazo. En los años siguientes, esa orientación profundizaría la presión tributaria, el intervencionismo, las distorsiones cambiarias, las afectaciones al derecho de propiedad y la desconfianza hacia el sector privado, hasta desembocar en una economía al borde de la hiperinflación.

En ese contexto, la Ley de Software hizo algo distinto. Identificó una actividad con potencial exportador, empleo calificado y capacidad de competir globalmente, y le ofreció beneficios, estabilidad fiscal y previsibilidad.

No hizo magia. Mercado Libre ya existía, y la ley no explica por sí sola el crecimiento de Globant, Despegar y otras compañías argentinas con escala internacional. Pero ayudó a construir un ecosistema donde el talento tecnológico no nacía condenado de antemano por el contexto político y la gestión del país. La propia Mercado Libre fue declarada beneficiaria de esa estabilidad fiscal y terminó convirtiéndose en el unicornio argentino por excelencia.

Argentina promueve sectores cuando son incipientes y los ataca cuando empiezan a funcionar

El punto no es atribuir esos éxitos a una ley, sino advertir algo mucho más importante: una política razonable puede remover parte del castigo que el régimen general impone sobre sectores con potencial y crear un entorno donde el talento no se esconda, no se vaya y encuentre razones para invertir y quedarse.

Extender lo que funciona

El problema argentino aparece después. La Argentina promueve sectores cuando son incipientes y los ataca cuando empiezan a funcionar. Mientras una industria es chica, todos hablan de innovación, futuro, empleo calificado y exportaciones. Pero cuando aparecen empresas grandes y empresarios exitosos, pasan a convertirse en posibles presas fiscales, en lugar de preguntar qué condiciones permitieron ese crecimiento y cómo replicarlas.

Precisamente por eso, el paso siguiente no debía ser mirar con sospecha lo que había funcionado, sino ampliar esa lógica. La Ley de Economía del Conocimiento intentó hacerlo, ya durante la administración de Mauricio Macri: ante la dificultad presupuestaria de establecer una baja global de impuestos, buscó extender la experiencia de la Ley de Software a otros sectores intensivos en talento y con capacidad de vender valor agregado al mundo.

Fue, en algún sentido, el intento de transformar la isla del software en un archipiélago más amplio de sectores dinámicos. Si la Argentina no podía ofrecer un sistema tributario razonable para toda la economía, al menos podía hacerlo para actividades capaces de traer dólares, empleo calificado y modernización productiva. Fue una forma brutalmente pragmática de intentar la reforma posible donde la reforma general era políticamente inviable.

Pero apenas asumió Alberto Fernández, su gobierno suspendió la aplicación del régimen y abrió una revisión inmediata. Una ley aprobada con muy amplio consenso y pensada para dar estabilidad fue puesta en duda antes de empezar y luego modificada y limitada mediante la Ley 27.570. La señal fue pésima: en la Argentina ni siquiera una política moderna, consensuada y orientada a exportar valor agregado está a salvo del manoseo político.

No alcanza con aprobar buenas leyes. Hay que lograr que sobrevivan al próximo gobierno

Ese es el problema central. No alcanza con aprobar buenas leyes. Hay que lograr que sobrevivan al próximo gobierno y al próximo ataque de resentimiento contra quienes pueden ganar dinero en el país.

El factor cambiario

La experiencia tecnológica dejó otra lección: no alcanzan los beneficios fiscales si el régimen cambiario destruye el incentivo. Durante años, muchos exportadores de servicios —amparados tanto por la Ley de Software como por la Ley de Economía del Conocimiento— debieron liquidar dólares al tipo de cambio oficial mientras competían por talento en un mercado global. Se promovía la exportación de conocimiento con una mano y se la castigaba con la otra.

De ahí una conclusión que la Argentina aprendió a la fuerza: sin previsibilidad para acceder, conservar o disponer de divisas, cualquier promoción queda incompleta. En la mayoría de los países, un régimen promocional no necesita capítulo cambiario; en la Argentina, lamentablemente, no puede prescindir de él.

El RIGI y el Súper RIGI

Tanto el RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones— como el Súper RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, que obtuvo media sanción en Diputados el 24 de junio y que al momento de escribir estas líneas esperaba su tratamiento en el Senado— deben leerse en esa clave.

El RIGI original respondió a una necesidad urgente: atraer inversiones grandes a sectores de capital intensivo, largos plazos de recupero y capacidad concreta de generar divisas. Energía, minería, infraestructura, petróleo y gas son los ejemplos más evidentes. Después de años de distorsiones, desinversión, cepos, atraso relativo de precios y reglas poco confiables, no alcanzaba con decir que la Argentina estaba abierta al capital. Había que ofrecer un marco especial para que proyectos de gran escala pudieran entrar, financiarse y madurar.

No alcanzan los beneficios fiscales si el régimen cambiario destruye el incentivo

El Súper RIGI apunta a otra dimensión del mismo problema. Ya no se trata solamente de escalar sectores existentes o recomponer áreas estratégicas deterioradas, sino de atraer inversiones en actividades que casi no existen en el país o que están en fase experimental: inteligencia artificial, infraestructura digital, semiconductores, biotecnología avanzada y otras industrias del futuro. Es una apuesta más agresiva: no solo reparar capacidades dañadas, sino crear capacidades nuevas.

Por eso no son el mismo régimen con distinto umbral. Son dos respuestas distintas a una misma anomalía argentina. El RIGI busca que vuelvan o se aceleren inversiones grandes en sectores estratégicos que el país necesita para crecer y generar dólares. El Súper RIGI intenta que entren de una vez inversiones capaces de abrir industrias nuevas, en un país que difícilmente podría atraerlas bajo su régimen general.

El Súper RIGI apunta a inversiones de al menos USD 1.000 millones y ofrece un paquete contundente: Ganancias al 15 %, quebrantos sin límite temporal, exención de derechos de exportación, estabilidad normativa por 30 años con arbitraje internacional, límites a la carga provincial para las jurisdicciones que adhieran y reglas más favorables para la disponibilidad de divisas.

La lógica es clara: si el régimen general argentino no ofrece todavía condiciones normales, se intenta construir un marco excepcional para que ciertas inversiones puedan ocurrir igual. No porque el ideal sea llenar la economía de excepciones, sino porque, mientras se ordena el país, determinadas actividades requieren incentivos y garantías reforzadas para animarse a entrar.

Conviene además una precisión: el RIGI y el Súper RIGI se impulsan en un contexto más delicado que el de las leyes anteriores. Este Gobierno lo hace en una economía todavía en transición, con minoría parlamentaria y bajo un ancla fiscal estricta. Esa combinación no debilita el argumento a favor: lo explica. Cuando el país necesita inversión que tarda en llegar, las excepciones dejan de ser un privilegio ideológico y se vuelven una herramienta necesaria.

Si el régimen general argentino no ofrece todavía condiciones normales, se intenta construir un marco excepcional para que ciertas inversiones puedan ocurrir igual

El Súper RIGI, entonces, no es solo una lista de beneficios fiscales, aduaneros o cambiarios. Es una prueba institucional: la verdadera cuestión no es solo si la Argentina puede aprobar un régimen atractivo para nuevas industrias, sino sobre todo si podrá respetarlo cuando empiecen a aparecer ganadores visibles.

Porque eso es lo que suele costarnos: tolerar el éxito cuando deja de ser una promesa y empieza a generar empresas grandes, exportaciones y rentabilidad visible.

Objeciones previsibles

Las objeciones al proyecto merecen ser analizadas. La desigualdad de trato es la más atendible: es injusto que algunos sectores reciban beneficios que otros no tienen. Pero la respuesta no debería ser destruir las islas que funcionan, sino extender al resto de la economía las condiciones que las hacen posibles.

También es injusto condenar a toda la economía a la igualdad en la decadencia. Si un sector no existe, la recaudación que supuestamente se resigna es una ficción. Si nace y crece, el país gana empleo, exportaciones, inversión, conocimiento y actividad económica. Pero además suma recaudación por una actividad que antes no existía.

La otra crítica apunta al arbitraje internacional y a la estabilidad de 30 años como una supuesta renuncia a la soberanía regulatoria. Pero aquí conviene invertir la pregunta: “¿por qué un inversor exigiría arbitraje internacional y estabilidad con rango legal?” Precisamente por la historia que esta nota repasa, y por muchos otros antecedentes en los que los inversores tuvieron que acudir a esos foros para reclamar sus derechos.

La respuesta no debería ser destruir las islas que funcionan, sino extender al resto de la economía las condiciones que las hacen posibles

Los cambio en la Ley de Economía del Conocimiento antes de su entrada en vigencia es una buena explicación de por qué el Súper RIGI necesita candados institucionales tan robustos. El arbitraje es una prima de riesgo que cobra el mundo por décadas de reglas incumplidas. El día que la Argentina acredite una trayectoria de respeto a los contratos, esas garantías dejarán de ser necesarias.

El desafío del RIGI y del Súper RIGI será repetir lo mejor de la Ley de Software y evitar el manoseo de la Ley de Economía del Conocimiento. No alcanza con aprobar beneficios. Hace falta que el sistema político tolere el éxito si finalmente aparece.

Ese compromiso no debería depender solamente del gobierno actual. Si los referentes de la oposición aspiran a volver al poder, deberían despejar cualquier duda sobre algunas cuestiones básicas: moneda estable, equilibrio fiscal, respeto por los contratos, seguridad jurídica, impuestos razonables y un sector privado que pueda invertir, exportar y ganar dinero. La Argentina ya probó demasiadas veces el camino inverso. Volver a recorrerlo sería imperdonable.

Hacia un país sin excepciones

El éxito del RIGI y del Súper RIGI no debería medirse solamente por cuántas inversiones atraen, sino por si ayudan a demostrar qué reglas necesita toda la economía argentina.

Una isla que funciona puede ser una palanca de reforma. Una isla que se cristaliza como privilegio permanente pierde su sentido original.

La meta es que las excepciones dejen de ser necesarias. El pragmatismo manda crearlas; la ambición, convertirlas en reglas generales. Y el desafío argentino, tantas veces postergado, es no confundir el punto de partida con el destino.

El autor es abogado, profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral y socio en Expansión Business

La apertura del Americas Investment Forum (AIF) 2026 en Santo Domingo marcó el miércoles un hito para la proyección internacional de la República Dominicana.

El presidente Luis Abinader aseguró ante más de 2,000 representantes de 52 países que el país ofrece confianza y estabilidad, convirtiéndose en un destino preferido para la inversión extranjera. “La confianza es la moneda más valiosa de la economía moderna”, afirmó el jefe de Estado al iniciar el evento organizado por ProDominicana.

Durante su intervención en Santo Domingo, Abinader resaltó que la nación caribeña cuenta con instituciones sólidas, reglas claras, transparencia y cumplimiento de compromisos, factores que, según su visión, refuerzan el atractivo para los capitales internacionales.

Dirigiéndose a una audiencia en la que figuraban delegaciones de China, Corea del Sur, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, el mandatario puntualizó: “Convierte una idea en inversión y una oportunidad en empresa. Permite que el capital cruce fronteras para crear empleos, impulsar la innovación y apostar por el futuro”.

El presidente subrayó el impacto de la inversión extranjera directa (IED) en la economía dominicana. Indicó que en 2025 la IED superó los $5,000 millones, mientras que el país recibió más de 11 millones de visitantes anuales. Además, las zonas francas dominicanas generan más de 200,000 empleos directos y abarcan más del 60% de las exportaciones nacionales.

“Más importante que las cifras es lo que representan: empleos, oportunidades, innovación y confianza en nuestra gente”, sostuvo el mandatario, enfatizando el sentido social detrás de los datos económicos.

Las palabras de Abinader buscaron proyectar a la República Dominicana más allá de sus fronteras. Instó a los países de la región a dejar atrás la narrativa tradicional del potencial y adoptar una visión basada en resultados concretos.

“Durante mucho tiempo se habló de las Américas como una región con potencial, pero ha llegado la hora de que el mundo empiece a hablar de las Américas como una región de resultados”, declaró.

Su llamado se centró en aprovechar el contexto global de reconfiguración de cadenas de suministro y nearshoring, que ha generado nuevas oportunidades para atraer inversiones de empresas interesadas en eficiencia, seguridad y cercanía a los mercados.

El foro se presenta como un espacio clave para el diálogo de alto nivel sobre políticas públicas y la promoción de proyectos en sectores estratégicos como turismo sostenible, energía, infraestructura, logística, manufactura, agroindustria, tecnología e inteligencia artificial.

Abinader afirmó que la celebración de este evento confirma que “los ojos del mundo están sobre la República Dominicana”. Además, señaló que el desafío inmediato es avanzar de la cantidad a la calidad, privilegiando iniciativas que impulsen la transferencia tecnológica, el encadenamiento productivo y la sostenibilidad.

La agenda del AIF 2026, afiliada a la Conferencia Mundial de Inversiones de la WAIPA, se extenderá hasta el 3 de julio y contempla la participación de figuras como el Dr. Ricardo Hausmann, director del Growth Lab de la Universidad de Harvard.

También se entregará el Reconocimiento a la Inversión en la República Dominicana 2026 a empresas extranjeras que hayan tenido un impacto positivo en el desarrollo nacional.

En su mensaje a los asistentes, el presidente concluyó: “El futuro no pertenece a quienes esperan o lo observan desde la distancia. El futuro pertenece a quienes se atreven a construirlo. Y nosotros estamos listos para construirlo juntos”.

La estructura del foro abarca plataformas de negocios y mecanismos de articulación entre agencias de promoción de inversiones, con el objetivo de fortalecer la integración y elevar la calidad de la inversión extranjera en la región.

La inversión extranjera directa (IED) en Nicaragua alcanzó los 1,503 millones de dólares durante 2025, una cifra que, aunque relevante en el contexto centroamericano, esconde señales de estancamiento en la llegada de capital fresco al país. Así lo revela el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), citado por el medio Artículo 66, donde se advierte que detrás del monto de inversión se encuentra una marcada desaceleración en la atracción de nuevos recursos.

El informe subraya que el 63 % de la inversión extranjera recibida en Nicaragua corresponde a la reinversión de utilidades. Es decir, la mayor parte de los fondos provino de ganancias generadas por empresas extranjeras ya instaladas, que optaron por mantener su capital en el país, en lugar de destinarlo a nuevos proyectos o iniciativas. Esta tendencia no solo se observa en Nicaragua, sino que es dominante en la región centroamericana: la reinversión de utilidades representó el 51 % del total de la IED regional, según la CEPAL.

La CEPAL expresa preocupación ante la escasa llegada de nuevas inversiones. Nicaragua mantiene desde hace varios años un ritmo bajo en el anuncio de nuevos proyectos de inversión. Entre 2010 y 2019, el promedio anual de anuncios de proyectos ascendió a 490 millones de dólares, con un promedio de 12 proyectos por año. Desde 2020, el promedio cayó a apenas dos anuncios anuales. En 2025, solo se reportó un nuevo proyecto, ligado al sector inmobiliario, por un valor de 16 millones de dólares. Este monto representa el nivel más bajo desde al menos 2005, lo que sitúa al país en clara desventaja frente a otras economías de la región.

En comparación, países como Panamá y Costa Rica encabezaron el bloque regional con anuncios de inversiones extranjeras superiores a 900 millones de dólares cada uno, seguidos por Guatemala, El Salvador y Honduras. Los datos evidencian una marcada y continua desaceleración en el flujo de capitales hacia Nicaragua, una tendencia que se ha profundizado en los últimos cinco años.

Nicaragua en desventaja regional

Con 1,503 millones de dólares en inversión extranjera captada durante 2025, Nicaragua quedó por debajo de Guatemala (1,882 millones) y muy lejos de Costa Rica, que lideró con 5,587 millones de dólares, impulsados por inversiones en tecnología y manufactura avanzada. El país solo superó a Honduras, que captó 1,396 millones, y a Panamá y El Salvador, con 938 y 764 millones respectivamente.

La CEPAL destaca que Costa Rica continúa liderando la atracción de inversiones de alta tecnología, mientras que Nicaragua mantiene una alta dependencia de sectores tradicionales, especialmente la manufactura básica y servicios orientados al mercado estadounidense.

Impacto en el empleo y vulnerabilidad externa

A pesar del bajo dinamismo en nuevos proyectos, la inversión extranjera sigue siendo importante para el empleo. Nicaragua registra el mayor promedio de generación de empleo por cada millón de dólares invertido en la región, con seis empleos por millón, frente al promedio regional de 4,7. Este indicador refleja la dependencia de sectores intensivos en mano de obra, donde la inversión foránea sigue siendo clave para la creación de puestos de trabajo.

Finalmente, la CEPAL advierte sobre la alta concentración de las exportaciones nicaragüenses hacia Estados Unidos: el 52.9 % de las ventas externas del país tiene como destino ese mercado, representando el 22.4 % del Producto Interno Bruto. Esta concentración aumenta la vulnerabilidad de Nicaragua ante cambios en la política económica o comercial de Washington, ubicando al país solo por detrás de México en la región respecto al peso de las exportaciones al mercado estadounidense.