Florida se ha consolidado como el estado líder en educación laboral y formación técnica en Estados Unidos, cumpliendo cinco años antes de lo previsto la meta programada para 2030 de encabezar los índices nacionales en este campo.

El anuncio, realizado durante el Mes de la Educación Técnica y Profesional, fue respaldado por Ron DeSantis, quien detalló una inversión superior a USD 12 mil millones en los últimos años para transformar el sistema educativo, alinear los programas con las demandas del mercado laboral actual y consolidar la oferta técnica y profesional.

Reconocimientos nacionales y rankings: validación de la consultora Lightcast

Este avance responde a una política educativa robusta y a una estrategia de estado que priorizó la colaboración con el sector privado y la diversificación de los caminos hacia el éxito profesional. Tanto los informes oficiales proporcionados por el Departamento de Educación de Florida como las evaluaciones de la consultora laboral Lightcast y medios especializados en educación y empleo avalan la transformación del modelo formativo floridano.

El ranking anual de Lightcast Talent Attraction Scorecard ubicó a Florida, por tercer año consecutivo, como el primer estado en atracción y desarrollo de talento especializado. Este documento destaca que Florida encabeza el crecimiento del empleo calificado, la competitividad regional y la creación de empleos de altos ingresos.

Se sitúa en el primer lugar por crecimiento general de empleos y efecto competitivo, en el segundo por empleo calificado y en el tercero por empleo de alta remuneración.

Ron DeSantis enfatizó: “Estamos adelantados, formando una fuerza laboral lista para carreras de alta demanda y alto salario hoy”. La edición más reciente del scorecard también reporta que siete de las diez principales áreas metropolitanas del país en desarrollo de fuerza laboral están en Florida, incluyendo Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach y Orlando-Kissimmee-Sanford, lo que refleja el alcance de la política educativa estatal.

Medios como Fox 35 Orlando y Alachua Chronicle han recogido declaraciones de líderes estatales y empresariales que resaltan la colaboración entre universidades, industria y gobierno como factor esencial. El secretario de Comercio de Florida J.

Alex Kelly afirmó: “Estamos creando oportunidades para quienes buscan empleo y para quienes crean empleo, con un enfoque sólido en educación y capacitación laboral”.

Datos oficiales: matrícula récord y expansión de programas técnicos

Durante el ciclo académico 2024-2025, los centros educativos de Florida superaron los más de 1,3 millones de estudiantes inscritos en programas de Educación Técnica y Profesional (CTE). De ese total, 818.000 alumnos de K-12 participaron en opciones técnicas y casi 512.000 estudiantes postsecundarios siguieron esta vía.

El crecimiento del 30% respecto al ciclo 2018-2019 consolida una tendencia sostenida a todos los niveles educativos.

La formación para adultos también registró un aumento relevante, atendiendo a más de 189.000 personas en el estado. El sistema de aprendizaje y preaprendizaje alcanzó un récord de 25.000 participantes activos y un crecimiento interanual del 11%.

A su vez, los programas implementados recientemente crecieron un 14%, cubriendo así sectores de alta demanda.

Inversión pública y programas innovadores

La inyección de recursos estatales permitió el lanzamiento de 582 programas de Educación y Entrenamiento Integrado (IET) desde 2021, con más de 11.000 adultos obteniendo credenciales laborales reconocidas mientras completaban estudios secundarios.

El Programa de Incentivo de Capitalización para el Desarrollo de la Fuerza Laboral distribuyó USD 240 millones a 80 agencias estatales, financiando 812 programas nuevos o ampliados y aumentando la capacidad operativa en un 94%.

El programa Pathways to Career Opportunities aportó más de USD 105 millones en 350 propuestas que impactaron a 20.000 participantes en programas de aprendizaje registrados. Además, el presupuesto estatal 2025-2026 asignó USD 726,9 millones a educación laboral, mientras que desde 2019 se destinaron USD 291 millones en subvenciones para infraestructura y capacitación, generando más de 30.000 oportunidades educativas y 40.000 empleos nuevos.

Colaboración empresarial y alineación estratégica

La estrategia floridana se distingue por la cooperación continua entre el sector público, el sistema educativo y la industria privada. La incorporación de líderes empresariales y académicos al diseño curricular ha permitido adaptar los contenidos a las necesidades reales del mercado.

El State University System recibe inversiones específicas para atraer y retener profesores destacados, reforzando la transferencia de conocimiento y la empleabilidad de los egresados.

Crecimiento económico y generación de empleo

El reporte anual de CareerSource Florida y el Departamento de Comercio de Florida confirma que el estado mantiene la tercera fuerza laboral más grande de Estados Unidos, una tasa de desempleo inferior al promedio nacional y un récord en creación de empresas: en 2025 se han formado más de 360.700 negocios nuevos.

El Curso Lectivo 2026 inicia en Costa Rica con una inversión histórica en educación y avances notables en cobertura, equidad y modernización. Según detalló el Ministerio de Educación Pública (MEP), el presupuesto para este ciclo supera en más de un 6% al del año anterior, alcanzando ₡2,771,516 millones, es decir, unos 5,57 mil millones de dólares.

En este ciclo escolar, están matriculados 1.088.959 estudiantes en 5.315 centros educativos, donde laboran más de 88 mil personas. La entidad atribuye este crecimiento a una política sostenida que fortalece la infraestructura y los servicios de apoyo a la población estudiantil.

Entre las novedades para este año figura la implementación del primer mapa nacional de seguridad educativa, disponible en la plataforma SABER (SEGURED), herramienta que busca mejorar la protección de la comunidad escolar en todo el país. El MEP también resalta que 325,660 estudiantes reciben una beca del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y 161,909 se benefician del transporte escolar en 1.328 centros.

La cobertura educativa muestra una evolución positiva en la última década. El ciclo Interactivo II pasó de 60,2% a más del 100% de cobertura; en preescolar, el nivel de transición abarcó a la totalidad de la población correspondiente; en primaria, el incremento fue de 91,9% a 95%; y en secundaria, de 77,6% a 84,1%. Estas cifras reflejan el impacto de la expansión progresiva del sistema y la apuesta institucional por la universalización.

Desde el ministerio destacaron además la gradual mejora en la conectividad, ya que el 99% del alumnado tiene acceso a Internet, y 1,554 centros reportan incrementos considerables en la velocidad de conexión gracias a la fibra óptica instalada hasta 2025. Paralelamente, el Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT) cubre actualmente a 602,283 estudiantes en su dimensión técnica y a 325,040 en la dimensión pedagógica, alcanzando en el último año un 99% de cobertura en 4,579 centros. El Ministerio proyecta cerrar 2026 con la meta de cobertura total.

El arranque oficial del curso escolar incluye jornadas nacionales de capacitación, que se desarrollan desde el 9 hasta el 20 de febrero. Las clases comenzarán el lunes 23 de febrero de 2026, con un receso de medio periodo del 6 al 17 de julio, y finalizarán el viernes 9 de diciembre; los actos de graduación están previstos para el jueves 10 y viernes 11 de diciembre.

En el capítulo de infraestructura, se asignaron recursos por ₡29,850 millones para transferencias a juntas administrativas, ₡2.497,9 millones para adquisición de mobiliario y ₡2.500 millones más para mantenimiento de instalaciones. El sistema educativo suma además tres CEN-CINAI nuevos, 50 centros públicos y 31 privados que abrirán sus puertas este año. Simultáneamente, 758.228 estudiantes accederán a servicios de alimentación en 4.568 centros.

Entre los cambios normativos que marcarán el ciclo 2026 destacan las modificaciones al Reglamento de Uniforme Oficial, de aplicación obligatoria en todas las instituciones públicas. Se estandarizaron los criterios internos de los centros con el fin de fortalecer a las autoridades y reducir disparidades en funcionamiento. Para incrementar la seguridad, también se refuerza la revisión de bultos y se establecen pautas para el ingreso y permanencia dentro de los planteles.

El Ministerio eliminó el adelantamiento de materias del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y de la Conducta (REAC). Además, se presentó al Consejo Superior de Educación una propuesta para que la educación preescolar inicie a partir de los tres años.

Con el nombramiento de 396 puestos nuevos de profesionales, y el fortalecimiento de la estabilidad laboral de su personal, el Ministerio de Educación Pública afirma que el Gobierno de la administración Chaves Robles refuerza su compromiso con la educación como motor del desarrollo nacional.

La senadora Isabel Zuleta arremetió públicamente contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tras el anuncio de una millonaria inversión para la construcción de un megacolegio en la capital antioqueña.

El cruce de mensajes se produjo luego de que el mandatario informara, a través de su cuenta en X, de la apertura del proceso contractual para ejecutar el proyecto educativo en la comuna 12-La América.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Zuleta reaccionó también en X, donde cuestionó el enfoque de la inversión anunciada y puso en el centro del debate la deserción escolar y la necesidad de fortalecer programas sociales dirigidos a jóvenes. “Señor alcalde, parece que a usted le falta calle, hoy más que infraestructura se requieren programas sociales para que a los jóvenes les den ganas de estudiar”, escribió la congresista, en un mensaje dirigido directamente a Gutiérrez.

En su publicación, la senadora añadió que, a su juicio, las causas de la deserción han cambiado con el tiempo y planteó interrogantes sobre las acciones de la administración distrital en ese frente. “La deserción hoy no es por la confrontación entre estructuras o por el reclutamiento como antes sino por la ‘falta de ganas’ una pregunta ¿Qué ha hecho su administración y cuánto ha invertido en ello, para que las y los jóvenes de Medellín tenga ganas de estudiar?”, señaló textualmente.

Sobre la inversión y el proceso contractual

El pronunciamiento de Zuleta se registró en respuesta al anuncio realizado por el alcalde Federico Gutiérrez, tras informar que, de cumplirse el cronograma establecido, la comuna 12-La América contará con un megacolegio en 2027. El proyecto corresponde a la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe y contempla una inversión total de 31.500 millones de pesos.

El punto de partida de esta iniciativa es la apertura del concurso público para seleccionar a la firma contratista encargada de ejecutar la obra. La convocatoria fue publicada en la plataforma de contratación estatal Secop II por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

Según la información divulgada por la administración distrital, las obras del megacolegio Rafael Uribe Uribe están previstas para iniciar a comienzos del año 2026. El plazo de ejecución se extendería hasta abril de 2027, fecha en la que se espera que la institución entre en operación para atender a la comunidad educativa del sector.

De acuerdo con la administración local, las instalaciones del nuevo megacolegio estarán destinadas a beneficiar a 280 estudiantes en la jornada de bachillerato.

La meta: 10 megacolegios en el cuatrienio

De acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Medellín, la construcción del megacolegio en la comuna 12-La América se enmarca en la meta de edificar 10 megacolegios durante el gobierno local. Esta apuesta incluye tanto nuevas construcciones como renovaciones de sedes educativas existentes en diferentes comunas de la ciudad.

En ese contexto, recientemente fue adjudicada, mediante licitación pública, la obra correspondiente a la Sección Escuela Conrado González Mejía, ubicada en la comuna 7-Robledo. Este proyecto se convirtió en el primero de los megacolegios en iniciar el proceso hacia su operación dentro del actual plan de infraestructura educativa del Distrito.

Para esta licitación se presentaron 12 propuestas, representadas por 25 empresas. Tras surtirse el proceso de evaluación establecido en los pliegos de condiciones, la obra fue adjudicada al Consorcio Escuela Conrado, integrado por las firmas Inmobiliaria S. A. S. y SP Ingenieros S. A. S.

El megacolegio Sección Escuela Conrado González Mejía beneficiará a 580 estudiantes en las jornadas de preescolar y primaria. Para la renovación y adecuación de esta institución, la administración distrital proyectó una inversión superior a los $32.800 millones, según la información oficial del proceso contractual.

La inversión educativa cayó en 19 de las 24 provincias argentinas durante la última década: en 2024 gastaron menos en educación que en 2014. Solo San Luis, Salta, Santiago del Estero y Neuquén tuvieron en 2024 un presupuesto educativo mayor al de 2014, mientras que Río Negro mantuvo el gasto en niveles similares a los de diez años atrás.

El último informe de Argentinos por la Educación puso el foco en los presupuestos educativos provinciales. Mientras que los vaivenes en la inversión nacional son más fáciles de identificar, la información sobre el financiamiento provincial suele ser menos transparente y más difícil de comparar, al provenir de 24 jurisdicciones diferentes. Sin embargo, es información esencial para entender la inversión pública en educación: 3 de cada 4 pesos del sistema educativo –el 75% del total– son aportados por las provincias. El restante 25% es financiado por la Nación y se asigna centralmente al sistema universitario.

El documento fue elaborado por Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, y María Sol Alzú y Martín Nistal, de Argentinos por la Educación. Además de analizar la evolución del gasto en “Educación y Cultura” en las 24 jurisdicciones durante la última década, los autores relevaron la dinámica de los salarios docentes –que representan, en promedio, el 90% de los presupuestos educativos provinciales–.

Los datos muestran que, además de perder recursos en términos reales, la educación perdió prioridad frente a otras áreas del gasto público en 16 de las 24 provincias durante la última década. La participación del gasto educativo dentro del gasto público solo creció en San Luis, Chaco, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego: en estas 8 provincias, la educación fue priorizada frente a otros sectores entre 2014 y 2024.

El impacto de esta tendencia también se percibe en los salarios docentes. En 21 provincias, los salarios de 2025 son más bajos que los de 2014: las únicas excepciones son Chaco, Santiago del Estero y Río Negro.

Datos difundidos por el economista especializado Alejandro Morduchowicz habían revelado un panorama aún más grave: a nivel nacional, el salario docente en 2024 fue el más bajo de los últimos 20 años. Al analizar la evolución del salario docente promedio –tomando como referencia el cargo de un maestro de grado de jornada simple con 10 años de antigüedad– y compararla con la inflación, Morduchowicz encontró que, en el promedio nacional, en 2024 los sueldos docentes quedaron por debajo del nivel de 2005.

Qué pasó el año pasado

El informe de Argentinos por la Educación también permite observar cómo acompañaron los gobiernos provinciales el histórico ajuste del 42% en el presupuesto educativo ejecutado por el Estado nacional en 2024. Un primer dato en ese sentido es que, junto con la Nación, 21 provincias también recortaron su inversión en educación en 2024 en comparación con 2023.

Si bien ninguna efectuó un recorte de la magnitud del nacional, cuatro provincias redujeron sus presupuestos educativos más de un 30% interanual: son los casos de San Luis (-37,5%), Misiones (-32,3%), Córdoba (-31,4%) y La Pampa (-30,8%). En la provincia de Buenos Aires el ajuste educativo fue del 21,1%, similar al de Santa Fe (-19,3%). Por su parte, Mendoza (-11,9%) y CABA (-4,6%) realizaron recortes menores en 2024. Solo tres provincias fueron a contramano y mantuvieron o aumentaron el presupuesto educativo: Chaco (+0,3%), Neuquén (+3,6%) y Santiago del Estero (+20,7%).

Ese incremento, sin embargo, no logró impedir la caída de los salarios docentes en las tres provincias, como consecuencia de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) decidida por el Gobierno nacional. Aunque Santiago del Estero aumentó su presupuesto educativo un 20,7% entre 2023 y 2024, en ese período los salarios docentes cayeron 33,4%: fue la segunda mayor caída después de la de San Luis (-44% interanual).

En 2024 el salario docente cayó en todas las provincias del país: solo Tierra del Fuego (-4,1%), Chaco (-3,1%), Río Negro (-2,0%) y Santa Cruz (-0,7%) tuvieron caídas menores al 10%. Aunque en 2025 hubo mejoras interanuales en 13 provincias, los datos de junio de este año muestran que la caída de 2023 no se revirtió en la mayoría de las jurisdicciones. Solo los docentes de Chaco, Santa Cruz y Tierra del Fuego recuperaron en 2025 el poder adquisitivo que tenían en 2023.

En 11 provincias, el ajuste en el gasto educativo fue mayor al recorte efectuado sobre el gasto público en 2024: la educación perdió prioridad sobre otros sectores. Esas provincias son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Catamarca, Formosa, Corrientes, Misiones y La Pampa.

Para contextualizar el ajuste educativo del año pasado, Alejandro Morduchowicz analizó en su cuenta de la red social X también la evolución de los ingresos fiscales de las provincias entre 2023 y 2024. Los datos muestran que en 16 provincias los ingresos fiscales cayeron menos que el presupuesto educativo: allí, el ajuste en educación fue mayor a la caída de los ingresos. Las jurisdicciones que “protegieron” en alguna medida la inversión educativa frente a la caída de los ingresos fiscales fueron CABA, Chaco, Chubut, La Rioja, Mendoza, Santa Cruz y Santiago del Estero: allí, la baja del gasto educativo fue menor que la de los ingresos.

Una “década perdida”

Para Osvaldo Giordano, coautor del informe de Argentinos por la Educación, el saldo de los últimos diez años arroja una “década perdida”, signada por la “reducción del PBI per cápita, muy alta inflación, nula generación de empleos de calidad, caída de los salarios y aumento de la pobreza”.

“También para la educación es una década perdida –consideró Giordano–. El sistema educativo viene sufriendo un intenso proceso de degradación. La consecuencia son déficits de formación, especialmente entre los niños y jóvenes que integran los hogares más vulnerables. Preservar la inversión en educación y principalmente mejorar la gestión educativa es una de las reformas estructurales más importantes y urgentes”.

“El documento muestra cómo en casi la mitad de las provincias la educación fue perdiendo presencia en los últimos años en el sector público provincial. En particular, vemos que entre 2023 y 2024 un grupo aprovechó para ajustar los recursos en mayor medida en el sector educativo. Mientras que en otras, la caída fue menor en educación que en el gasto público general”, señaló Alejandro Morduchowicz.

“Ante la crisis, las respuestas provinciales hacia la educación no son homogéneas. Con lo cual vemos no solo una diferente valoración del sector, sino las dificultades para programar cualquier estrategia de mediano y largo plazo en el país”, agregó el especialista.

Para Javier Curcio, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de UBA y Conicet, las grandes disparidades entre provincias evidencian la necesidad de que el Estado nacional ejerza un rol de compensación: “Las diferencias regionales e interprovinciales señalan la necesidad de un rol nacional estabilizador que compense inequidades territoriales y permita planificar con previsibilidad. La eliminación del FONID y la restricción fiscal persistente refuerzan la necesidad de coordinar y articular esfuerzos entre la administración nacional y las provincias para mejorar la eficiencia de los gastos educativos”.

Para Curcio, los datos muestran “un deterioro del financiamiento educativo provincial en el mediano plazo, con la consecuente merma de las remuneraciones docentes, factor crítico para la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje”.

El proyecto de Presupuesto 2026, que se está discutiendo en comisiones en el Congreso nacional, propone derogar algunas normas que establecen metas de financiamiento para el sistema educativo. La más significativa es el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que desde 2006 exige destinar al menos el 6% del PBI a educación –sumando los aportes de la Nación y las provincias–. En los últimos 20 años, esa obligación se cumplió una sola vez, en 2015, cuando el Estado argentino invirtió el 6,07% del PBI en el sistema educativo.

La decisión de eliminar la meta generó reacciones diversas. Para algunos especialistas, implica sincerar lo que venía sucediendo de hecho: el objetivo no fue cumplido por los sucesivos gobiernos nacionales ni por los gobiernos provinciales (responsables del 75% del presupuesto educativo). Para otros, eliminar la meta supone desarmar un acuerdo en torno a la prioridad de la educación y restarle previsibilidad al financiamiento de jardines, escuelas y universidades.

En 2005, la Argentina invertía el 3,97% del Producto Bruto Interno (PBI) en educación: las provincias ponían 3,05% y la Nación, 0,92%, según los datos de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo. Con el objetivo de aumentar progresivamente el presupuesto, ese año se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo, que definió la obligación de alcanzar el 6% del PBI para 2010. La meta se incorporó luego a la Ley de Educación Nacional por medio del artículo 9, que en 2026 cumpliría 20 años.

Entre 2005 y 2015, la inversión educativa de la Nación y las provincias creció de manera sostenida, en paralelo a un aumento del PBI. Desde 2006 ya fue superior al 4% y en 2009 alcanzó un nuevo piso del 5%, hasta alcanzar –por primera y última vez– el 6% en 2015. En los años siguientes, el sistema educativo perdió más de un punto del PBI: en 2019 se destinó el 4,95%. En 2023 hubo una recuperación en la participación (5,2%); luego el ajuste de 2024 dejó la inversión en mínimos históricos, que se redujeron aún más en 2025.

Esa evolución se corresponde con la del salario docente, que alcanzó en 2015 su nivel más alto y luego inició un proceso de caída que –según los últimos datos difundidos por el economista especializado Alejandro Morduchowicz– dejó hoy los sueldos docentes en el nivel más bajo de los últimos 20 años.

El aumento de la inversión permitió la ampliación de la cobertura del jardín de infantes –sobre todo en las salas de 4 y 3– y de la escuela secundaria, que empezó a ser obligatoria en 2006. También se expresó en la ampliación del acceso a tecnología educativa (impulsada por Conectar Igualdad y los programas análogos de cada jurisdicción, como el Plan Sarmiento en CABA). Pero no impactó directamente en los aprendizajes medidos por las pruebas estandarizadas nacionales (Aprender) e internacionales (ERCE y PISA).

En 2023, un informe de Argentinos por la Educación elaborado por Mariano Narodowski, Gabriela Catri y Martín Nistal calculó la deuda que el Estado argentino había acumulado con el sistema educativo por el incumplimiento del artículo 9 entre 2006 y 2020: eran 26.000 millones de dólares, una cifra equivalente al 5% del PBI de ese momento. Morduchowicz estimó luego una actualización de ese cálculo para llegar hasta 2023: la deuda había ascendido al 7,8% del PBI.

Los titulares de esa deuda fueron los gobiernos nacionales y provinciales de distintos signos políticos –aunque no todos recortaron con la misma intensidad–. No hubo consecuencias por ese incumplimiento, tampoco reclamos eficaces –aunque, sin las metas, ni siquiera podría haberse cuantificado la “deuda educativa”–.

Además del 6%, el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno nacional desactiva otras metas de financiamiento del sistema educativo, también aprobadas por ley. Por un lado, deroga el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (de 2005), que establecía un fondo de 0,2% de los ingresos nacionales para la educación técnica. Por otro lado, elimina los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (de 2021), que disponían incrementar el presupuesto en Ciencia y Técnica hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032.

Esas dos metas también se incumplieron. Un informe sobre el presupuesto educativo nacional 2026 elaborado desde el espacio peronista Imaginar y Transformar muestra que el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional –destinado a fortalecer a las secundarias y terciarios técnicos– solo alcanzó la meta en 2009, cuando representó el 0,21% ingresos corrientes previstos en el presupuesto. Luego se mantuvo, en promedio, en 0,17% hasta 2015, y cayó de manera sostenida a partir de 2019 (0,08%) hasta tocar un mínimo de 0,04% en 2024 y 2025.

Con respecto a la inversión en Ciencia y Técnica –que en gran medida se ejecuta en las universidades públicas–, el informe de Imaginar y Transformar señala que, según el presupuesto oficial, en 2026 la inversión será del 0,13% del PBI, por debajo del 0,18% de 2025 y el 0,21% de 2024, que eran las marcas más bajas de los últimos 10 años. Tras la sanción de la ley, la inversión en ciencia había crecido entre 2021 y 2023, pero se desplomó desde 2024 y en 2026 será una cuarta parte de lo que preveía la ley (0,52%).

Las críticas a las metas

Si no se cumplen y si no hay consecuencias por el incumplimiento, ¿qué se pierde con la eliminación de las metas de inversión? Para algunos expertos, casi nada.

“La derogación del mandato de gasto educativo equivalente al 6% del PBI desnuda la impostura de una ley cosmética llamada a no cumplirse, como advertimos hace 20 años: solo se alcanzó en 2015 y estuvo cerca en 2017. Desde entonces, la inversión fue cayendo sistemáticamente, generando una deuda educativa acumulada que hoy ronda los 31.000 millones de dólares; es decir, fondos que debían destinarse a la educación, pero nunca llegaron a invertirse”, consideró Mariano Narodowski, director del Área de Educación de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

“La deuda es de todos los gobiernos: nacionales, provinciales y de todos los signos políticos. Todos transformaron un deber legal en una consigna discursiva. Incluso hasta 2013, funcionarios y especialistas usaban los datos falsos del INDEC de entonces para afirmar que la meta ‘se sobrecumplía’”, continuó Narodowski. Y expresó: “Al proponer derogar esta obligación, el presidente Javier Milei solo sincera lo que presidentes y gobernadores habían incumplido en los hechos, por lo que no se avizoran grandes resistencias parlamentarias”.

Para Narodowski, la Ley de Financiamiento Educativo “no es técnicamente seria, ni un ‘norte’ para la inversión, ni políticamente sostenible”. El especialista de la UTDT consideró necesario “avanzar en un modelo de gasto inteligente cuyo organizador debe ser el aprendizaje de los estudiantes, la calidad con equidad y el pluralismo en la oferta educativa”.

Desde la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano sostienen que no resulta apropiado medir la inversión educativa tomando como referencia el PBI. “Esa medida puede tener sentido en países con un crecimiento económico estable. Pero en contextos como el argentino, donde el PBI ha fluctuado constantemente –subiendo y bajando casi cada año– el indicador puede distorsionar la realidad: cuando el PBI baja, parece que se invierte más, y cuando sube, parece que se invierte menos, aunque en términos reales ocurra lo contrario”, dijeron a Infobae.

Fuentes de la Secretaría consideraron que una inversión del 4% o 5% del PBI “es lo que la experiencia internacional considera razonable y sostenible”. También hicieron referencia a los bajos resultados que arrojan las pruebas estandarizadas. En ese sentido, afirmaron que el aumento de la inversión no se tradujo en una mejora de los aprendizajes y plantearon la necesidad de poner el foco no en cuánto se gasta, sino en la gestión de los recursos y la política educativa.

“Gastar más no significa invertir mejor. En las últimas dos décadas, mientras crecía el gasto público general, también aumentaba el presupuesto educativo, pero los resultados de aprendizaje se deterioraron”, dijeron desde la Secretaría de Educación a Infobae, y plantearon que parte de los recursos se destinó a rubros “que no tuvieron impacto directo en las escuelas, los docentes o los alumnos”.

Entre otras cuestiones, mencionaron que se gastó en “infraestructura escolar sin una planificación demográfica adecuada”, una “formación docente excesivamente teórica” y “tecnología en lugar de materiales pedagógicos, libros o kits de alfabetización”, que –según aseguraron– “hoy se están recuperando como prioridad”.

En ese sentido, argumentaron que la discusión debería enfocarse no en la cifra sino en la calidad, la equidad y la eficiencia del gasto, y sostuvieron que en Argentina existe una distribución regresiva de los recursos: se invierte más por alumno en los sectores más favorecidos. “El foco no debe estar en cuánto se gasta, sino en cómo se invierte, cómo se distribuye y cómo se relaciona con los resultados de aprendizaje”, afirmaron.

Las fuentes y los objetivos

Varios especialistas señalan que los objetivos de financiamiento contribuyen a señalar prioridades para la política pública y a establecer un compromiso común entre la Nación y las provincias. En ese sentido, pueden contribuir a blindar la educación frente a otros recortes y a darle cierta previsibilidad a la discusión salarial docente a nivel nacional.

“La definición de metas de inversión es muy importante como norte a garantizar por el Estado, tanto a nivel nacional como provincial. Así operó la Ley de Financiamiento Educativo que, aunque solo se cumplió en 2015, traccionó un incremento notable del presupuesto educativo. Si bien insuficiente, ese parámetro es a la vez una condición necesaria para garantizar los recursos necesarios para la educación”, sostuvo Cecilia Veleda, doctora en Sociología y exdirectora del Instituto Nacional de Formación Docente.

“Definir un piso en una ley expresa una voluntad política de garantizar un mínimo de inversión educativa. Al mismo tiempo, si esa ley no se cumple –como ha ocurrido reiteradamente–, termina perdiendo sentido. No hay sanciones ni responsabilidades asociadas al incumplimiento. Sin embargo, me parece una mala señal eliminar de plano una pauta de priorización educativa”, consideró Javier Curcio, economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de UBA y CONICET.

“Entiendo que se quiera modificar una norma que no se cumple, pero no de esta forma. Además, hay un punto importante: los estándares internacionales. El Pacto Global para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas incluye indicadores específicos sobre cuánto se invierte en educación en relación con el PBI y con el gasto público total. Eliminar toda referencia normativa a esos objetivos sería un retroceso, porque debilita el compromiso del país con la mejora educativa”, agregó Curcio.

Algunos expertos resaltan la necesidad de precisar mecanismos y propósitos para el presupuesto educativo. La Ley de Financiamiento de 2005 no solo definía un número abstracto, sino que lo asociaba a objetivos concretos.

“Las metas estuvieron orientadas a la ampliación de cobertura, extensión de la jornada escolar, provisión de tecnologías y a mecanismos de compensación salarial docente entre provincias”, explican los especialistas Tamara Vinacur y Agustín Claus en un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado El financiamiento educativo inteligente en la Argentina.

Algunas alternativas que suelen mencionarse apuntan a definir responsabilidades específicas entre la Nación y las provincias, o a establecer metas basadas en el gasto público y no en el tamaño del PBI.

“Debería abrirse un debate serio sobre cómo garantizar compromisos más explícitos, por ejemplo, definiendo responsabilidades precisas entre niveles de gobierno o estableciendo mecanismos que vinculen el gasto educativo con el tamaño del sector público. Si el gasto público crece, la inversión en educación debería crecer proporcionalmente más; y en períodos de restricción, al menos no debería caer más rápido que el gasto total”, sostuvo Curcio.

Algunas propuestas

El Acuerdo por la Educación –una agenda de diez prioridades de política educativa elaborada desde Argentinos por la Educación a partir de la consulta a más de 200 referentes– sugería incrementar la participación de la Nación en el financiamiento educativo y llevarla desde el 25% actual hasta el 40%. También proponía fortalecer la coordinación bilateral entre Nación y provincias, definiendo por ejemplo metas monitoreables para la asignación de fondos nacionales orientados a reducir las desigualdades entre provincias.

“La incidencia de los recursos del Estado nacional, en su doble mecanismo de asignación (la coparticipación federal de impuestos y los programas educativos nacionales) tiene un potencial significativo para la disminución de las brechas de inversión educativa por alumno entre las distintas jurisdicciones”, sostiene el estudio de Tamara Vinacur y Agustín Claus.

“Tanto la Ley de Financiamiento como la de Educación nacional son una responsabilidad compartida con las provincias. Para que no sean letra muerta como hasta ahora, el Congreso tiene que decir cómo hará para que no solo el Estado nacional sino las provincias cumplan esas leyes. Si los legisladores no lo precisan, su rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo será solo discursivo, pero lo estarán avalando en la práctica”, consideró Morduchowicz, uno de los autores de la ley de 2005.

“Aunque parezca tautológico, una Ley de Financiamiento debe tener una estrategia de financiamiento y señalar el modo en que se cumplirá. Eso existió durante los primeros cinco años de su vigencia. Después ya no, y nadie lo corrigió. A nadie le interesó hacerlo. Por eso, también, estamos así”, dijo Morduchowicz a Infobae.

Si las metas no están acompañadas por reglas claras sobre las fuentes y responsabilidades de financiamiento, pierden su capacidad de generar previsibilidad al sistema educativo, advierten desde el BID.

“Tener objetivos ambiciosos de inversión ayuda a impulsar aumentos en el financiamiento escolar, pero por sí solos no son suficientes. Su efectividad depende de que haya fuentes fiscales reales que los respalden, buenos mecanismos de asignación y ejecución, y suficiente flexibilidad presupuestaria para responder a nuevas necesidades educativas”, señala un estudio del organismo titulado Gasto inteligente en educación escolar en América Latina y el Caribe.

En ese sentido, desde el BID consideran que un “presupuesto educativo inteligente” debe procurar tres cuestiones clave: asignar recursos con criterios de equidad territorial, monitorear la ejecución, y evaluar eficiencia y resultados.

Entre otras herramientas posibles, mencionan los presupuestos plurianuales y destacan el caso de Uruguay, que define el presupuesto educativo a cinco años. Eso le da más estabilidad, obliga a explicitar cuánto cuesta cada política (la extensión de la jornada, los comedores o la infraestructura) y le permite al Ministerio de Educación negociar con Economía no solo un “porcentaje”, sino recursos para inversión y para gasto corriente.

Hay un consenso bastante amplio: el aumento de la inversión no se traduce automáticamente en un progreso de los aprendizajes. Pero también hay otro consenso, no menos lógico: en un escenario de reducción de los recursos, es difícil esperar una mejora. Las distintas miradas coinciden, al menos, en la necesidad de garantizarle al sistema educativo un financiamiento más previsible, que les permita a las escuelas enfocarse en la enseñanza, sin que los vaivenes de la economía las mantengan en una constante incertidumbre.

Tegucigalpa, 27 jun (EFE).- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por 55 millones de dólares para apoyar a Honduras en el mejoramiento del acceso y la calidad educativa, con especial énfasis en zonas rurales y comunidades vulnerables, informó este viernes el organismo multilateral.

El proyecto será ejecutado por la Secretaría de Educación y beneficiará directamente a más de 30.000 estudiantes y docentes en 33 municipios priorizados del país, indicó el organismo en una nota de prensa.

La iniciativa busca fortalecer tanto la demanda como la oferta educativa, así como mejorar la capacidad institucional del sistema educativo hondureño.

Entre sus principales componentes se destacan la entrega de becas para estudiantes de secundaria, programas de tutorías en matemáticas y español; y el desarrollo de habilidades fundamentales como lectura, pensamiento lógico-matemático, competencias socioemocionales y digitales, señala la nota.

Según la información, el programa contempla estrategias para prevenir la deserción escolar en los niveles de educación básica y media, así como acciones para revincular a estudiantes que hayan abandonado el sistema educativo.

Con el plan, también se promoverá la inclusión y permanencia escolar de niños y adolescentes migrantes retornados, mediante formación docente especializada y acompañamiento a sus familias.

Además, los fondos permitirán financiar la mejora de infraestructura escolar, la dotación de mobiliario y equipamiento tecnológico, la implementación de un currículo contextualizado para zonas rurales y el fortalecimiento del sistema nacional de evaluación de aprendizajes, aclara el BID.

Como parte del proyecto, también se desarrollará un sistema nacional de información y evaluación educativa, orientado a optimizar la toma de decisiones en el sector.

El paquete financiero aprobado por el BID contempla un período de gracia de 5,5 años y una tasa de interés basada en SOFR (tasa preferente de financiación garantizada), señala el comunicado.

A este respaldo se sumará una donación de 12 millones de dólares del Fondo Multiplicador del Global Partnership for Education (GPE) y otros 3 millones del Canada Cooperation Framework (CCF), con lo que se consolida una inversión total de 70 millones de dólares para transformar la educación en Honduras.

La Corte Constitucional ha solicitado una revisión exhaustiva del decreto 0155 de 2025, emitido en el marco de la conmoción interior declarada por la Presidencia de la República debido a la crisis humanitaria y la violencia en el Catatumbo.

Este decreto permite al Fondo de Infraestructura Educativa (Ffie) construir centros de educación básica y superior en esta región, así como en el área metropolitana de Cúcuta y en los municipios de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, la medida ha generado cuestionamientos sobre su relación con la situación de violencia que afecta a la zona, según la información de W Radio.

La magistrada Cristina Pardo solicitó pruebas y explicaciones al Ministerio de Educación para determinar la constitucionalidad del decreto. Entre las inquietudes planteadas se encuentra la pertinencia de esta medida para enfrentar la crisis de violencia en el Catatumbo.

La magistrada ha cuestionado cómo la construcción de infraestructura educativa puede contribuir a resolver un problema que, según sus palabras, parece ser de carácter estructural.

El decreto 0155 de 2025 ha sido señalado como una herramienta clave para el Ministerio de Educación, liderado por el ministro Daniel Rojas, quien anunció una inversión millonaria en la región del Catatumbo.

Según el medio citado, esta medida busca cumplir con las directrices del presidente Gustavo Petro para fortalecer el sector educativo en zonas afectadas por la violencia.

Sin embargo, la Corte ha puesto en duda la relación directa entre esta inversión y la crisis de seguridad que motivó la declaración de conmoción interior.

Entre las preguntas formuladas por la magistrada Pardo se destacan:

• “¿Por qué resulta indispensable este decreto para hacer frente a la situación de violencia que vive el país en el Catatumbo?
• “¿Cómo la construcción de una sede de educación superior puede hacer frente a una ola de violencia?”

Otro de los puntos críticos señalados por la magistrada es la falta de claridad sobre el impacto socioeconómico de las obras proyectadas. Según W Radio, la Corte ha solicitado información detallada sobre la demanda educativa en la región, los recursos asignados y la población que se beneficiará de estas construcciones.

Además, se ha cuestionado la habilitación del Ffie para realizar obras de infraestructura en educación superior, ya que esta entidad está tradicionalmente enfocada en preescolar, básica primaria y media.

El medio también reportó que el decreto contempla la construcción de 55 sedes modulares en un plazo de menos de un año y medio, con una inversión superior a los 70.000 millones de pesos. Este ambicioso proyecto ha generado dudas sobre su viabilidad y sobre los mecanismos de administración de los recursos asignados.

Los impuestos decretados por el estado de conmoción interior

El pasado 22 de febrero entraron en vigor tres nuevos impuestos establecidos por el Ministerio de Hacienda, con el propósito de recaudar recursos para enfrentar la crisis social y de orden público en el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar.

Estas medidas, contempladas en el decreto 0175 del 14 de febrero de 2025, hacen parte de las acciones excepcionales adoptadas bajo el estado de conmoción interior decretado por el Gobierno nacional. Las disposiciones estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.

El origen de las medidas fiscales

El estado de conmoción interior fue declarado el 24 de enero mediante el decreto 062 de 2025, como respuesta a las graves alteraciones del orden público que han puesto en jaque la estabilidad institucional y la seguridad en la región.

Este mecanismo constitucional faculta al Gobierno para adoptar medidas extraordinarias, incluyendo ajustes fiscales, con el fin de restablecer el orden y proteger a la población civil.

El decreto 0175 introdujo tres impuestos temporales y excepcionales que buscan generar ingresos adicionales para atender la crisis. Según el Ministerio de Hacienda, estas medidas permitirán recaudar 1 billón de pesos en los primeros 90 días de su implementación.

Si el estado de conmoción interior se extiende por dos periodos adicionales, como lo permite la Constitución previa autorización del Senado, el recaudo total podría alcanzar los 3 billones de pesos.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado un préstamo de 300 millones de dólares (277 millones de euros) para apoyar la alfabetización inicial en Argentina, la primera operación de una línea de crédito para apoyar la mejora de la alfabetización integral en el país, por un total de hasta 1.000 millones de dólares (924 millones de euros).

El programa busca mejorar la enseñanza y oportunidades de aprendizaje en habilidades de lectura en la educación básica. Para ello, incluirá la formación de 390.000 docentes para la enseñanza de lectura, entre otras iniciativas.

Además, la operación financiará el sostenimiento y ampliación de la cantidad de escuelas primarias estatales que incorporen tiempo adicional para la enseñanza de habilidades en lectura.

Pese al alto nivel de participación en el sistema educativo, no todos los estudiantes de primera y secundaria adquieren las habilidades necesarias en su trayectoria educativa. Las dificultades de aprendizaje se vinculan con el escaso desarrollo de habilidades fundacionales, que van más allá de lectura, escritura, matemática, ciencias y el uso de tecnologías digitales. Estas habilidades se conocen como alfabetización integral.

El préstamo, la primera operación individual de una línea de crédito condicional para proyectos de inversión (Cclip), financiará la entrega de libros de literatura para estudiantes de primaria, libros para estudiantes con discapacidad auditiva o visual, bibliotecas móviles y cajas alfabetizadoras, entre otros.

Además, el programa fortalecerá las capacidades de los equipos técnicos para monitorear y evaluar programas educativos y permitirá mejorar la coordinación entre el nivel nacional y el subnacional en educación.

El préstamo del BID de 300 millones de dólares (277 millones de euros) tiene un período de desembolso de 4 años y tasa de interés basada en SOFR.

La inversión nacional en educación cayó un 40% este año en comparación con 2023. La caída fue de 40,2% si se analizan los fondos vigentes para la función “Educación y Cultura” dentro del presupuesto nacional. Si, en cambio, se miran solo los fondos de la Secretaría (ex Ministerio) de Educación de la Nación, la caída este año fue del 43% medida en términos reales, según el último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación.

La magnitud del recorte aplicado sobre el sistema educativo es casi del doble del ajuste general del gasto público nacional (21,1%), según surge de comparar la ejecución de 2023 con el crédito vigente de 2024. En otras palabras, la educación recibió un ajuste mayor que el resto del Estado. Y esa caída no llegará a revertirse en 2025, según lo proyectado en el presupuesto, de acuerdo con el documento, titulado “Presupuesto educativo nacional 2025″ y elaborado por Javier Curcio (economista de la UBA y Conicet), María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén (investigadoras del Observatorio de Argentinos por la Educación). A contramano del discurso del presidente Javier Milei, la “motosierra” nacional afectó más fuertemente a la educación básica (las escuelas) que a la educación superior (las universidades).

Entre 2023 y 2024 (con datos al 22 de septiembre), el recorte de fondos para las universidades fue del 30%. En ese mismo lapso, las caídas fueron del 71% para Conectar Igualdad, 64% para infraestructura y equipamiento, 57% para acciones de formación docente, 57% para formación tecnológica, 55% para fortalecimiento edilicio de jardines de infantes y 54% para becas a estudiantes: esos programas se dirigían a los niveles educativos obligatorios (inicial, primaria y secundaria). A estos recortes hay que sumarles la eliminación, en enero, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que suponía un aporte de la Nación a los salarios docentes (con una caída del 93%).

El ajuste de la inversión educativa nacional aplicado este año no tiene antecedentes comparables en los 40 años de democracia. Solo hubo una reducción interanual similar en 1992 (con una caída del 41%), como consecuencia de la Ley 24.049 de 1991, que estableció la transferencia de las escuelas secundarias y los institutos terciarios de la órbita nacional a las provincias, en el marco de una reforma estructural del Estado. En los años posteriores del menemismo, la inversión educativa volvió a crecer de la mano de la creación de las universidades nacionales de San Martín (UNSAM) y General Sarmiento (UNGS) en 1992, La Rioja (UNLaR) y Patagonia Austral (UNPA) en 1994, Lanús (UNLa), Tres de Febrero (UNTREF) y Villa María (UNVM) en 1995.

El ajuste educativo nacional de 2024 es mayor al efectuado durante las peores crisis económicas de las últimas décadas, como la de 1989 (con un ajuste educativo nacional del 24%) o la de 2002 (con un ajuste del 15%). Así surge de los datos de gasto público educativo del Ministerio de Economía tomados de un informe previo del Observatorio de Argentinos por la Educación elaborado por los economistas Alejandro Morduchowicz, Leyre Sáenz Guillén y Víctor Volman. Si se observan los últimos 20 años, las mayores caídas interanuales de la inversión educativa nacional (en pesos constantes) se habían dado en 2018 (-11%) y 2019 (-14%).

Entre 2023 y 2024, solo aumentaron de manera significativa los recursos públicos para Trabajo (+115,8%) e Inteligencia (+32,2%). De las 29 “funciones” que contempla el presupuesto nacional, “Educación y Cultura” (-40,2%) figura entre las 11 que recibieron los mayores ajustes. Si se mira el presupuesto por áreas de gobierno (y no funciones), el recorte para la Secretaría de Educación (-43%) fue mayor que el aplicado en el Poder Legislativo (-24,8%) y en el Poder Judicial (-21%). También supera los recortes en los ministerios de Seguridad (-17,7%), Defensa (-17,8%) y Economía (-26,7%), entre otros.

El Ministerio de Educación había recibido el 6,4% del presupuesto nacional en 2023, mientras que en 2024 la participación de la Secretaría de Educación se redujo al 4,6% del presupuesto. En el mismo lapso, la participación de la función “Educación y Cultura” en el presupuesto nacional se redujo del 7,3% en 2023 al 5,5% en 2024.

Las proyecciones del presupuesto 2025

Además de comparar la inversión educativa nacional de 2023 y 2024, el informe de Argentinos por la Educación analiza el presupuesto educativo nacional para 2025, teniendo en cuenta los gastos destinados a la función “Educación y Cultura” y los de la Secretaría de Educación del Ministerio del Capital Humano (que representa alrededor del 80% de la función “Educación y Cultura”, mientras que el restante 20% corresponde a otros ministerios como Defensa e Infraestructura). Los autores usaron los datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía sobre el crédito ejecutado en 2023 y sobre el crédito vigente (al 22 de septiembre) para 2024. Para 2025, analizaron el proyecto de Ley de Presupuesto que se está debatiendo actualmente en el Congreso.

“El debate presupuestario permite consensuar las prioridades y énfasis de los programas de gobierno planificados para el próximo período. Este año es crucial para el sector público nacional argentino para organizar la recuperación imprescindible, especialmente en el sector educativo. Se requiere un gran acuerdo nacional para identificar los problemas a resolver, organizar las respuestas y dotar de financiamiento adecuado a las intervenciones que cada nivel de gobierno debe ejercer para avanzar en el camino de superar la tragedia educativa que atravesamos”, afirmó Javier Curcio, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de UBA Conicet y coautor del informe.

Si bien el proyecto de presupuesto para el año próximo prevé un aumento interanual de los recursos para educación con respecto a 2024, la caída de este año fue tan significativa que en 2025 no llegará a haber una recuperación a los niveles de 2023, según lo muestra el informe de Argentinos por la Educación, como también un análisis del especialista Alejandro Morduchowicz y un informe de CTERA, entre otros estudios que hicieron foco en la dimensión educativa del nuevo presupuesto.

Luego de la caída del 40% en 2024, para 2025 se prevé que el presupuesto de la Secretaría de Educación varíe un 6,87%, mientras que para la función “Educación y Cultura” se espera una mejora del 0,65%, según la inflación estipulada en el proyecto de ley (18,3% en 2025). En cambio, si se considera la inflación del Relevamiento de Expectativas del Mercado (38,4%), en 2025 habrá una nueva caída de la inversión en términos reales, tanto de la Secretaría de Educación (-1,18%) como de la función “Educación y Cultura” (-6,93%).

De acuerdo con las proyecciones oficiales, la Secretaría de Educación será una de las cinco áreas del Estado con mayor incremento de fondos en 2025 (+6,87%), superada por el Ministerio de Salud (146,75%), Obligaciones a cargo del Tesoro (27,64%), Presidencia de la Nación (13,58%) y el Poder Judicial (6,97%). En tanto, la función “Educación y Cultura” queda en el puesto 14 en el ranking de aumentos presupuestarios con respecto a 2024 (+0,65%).

Si se la mide como porcentaje del PBI, la inversión nacional en educación en 2025 será del 0,88% del PBI, por debajo de lo invertido en 2024 (0,91%) y 2023 (1,48%). Si se la mide como porcentaje del presupuesto nacional, la Secretaría de Educación recibirá el 5,1% en 2025, por debajo del 6,4% recibido en 2023. En tanto, la inversión en la función “Educación y Cultura” será de 5,8% en 2025, por debajo del 7,3% de 2023. Como en años anteriores, la Seguridad Social (52,5%) y el Servicio de la Deuda Pública (8,7%) serán los principales rubros del presupuesto nacional en 2025.

Al analizar los programas presupuestarios de la Secretaría de Educación, surge que los fondos para universidades (“Desarrollo de la educación superior”) tendrán una recuperación del 2% en 2025: la cifra queda muy lejos de compensar la caída del -30% en 2024, que motivó el conflicto expresado en dos marchas federales –en abril y octubre– y, actualmente, la toma de universidades públicas y el plan de lucha anunciado por los sindicatos en todo el país.

Solo un programa de la Secretaría de Educación –”Gestión educativa y políticas socioeducativas” – tuvo incrementos en 2024 (15%) y 2025 (14%). Destinado a la educación obligatoria, este programa apunta a “acciones que atiendan la cobertura, la actualización curricular y el fortalecimiento de las prácticas de enseñanza”, entre otras cuestiones, según la descripción oficial. El resto de los programas experimentaron recortes en 2024 y volverán a caer en 2025; varios –entre ellos, Conectar Igualdad– directamente se eliminan.

Más allá de los recortes y eliminaciones, la gran novedad de 2025 es la aparición en el presupuesto del Plan Nacional de Alfabetización, al que se reasignarán fondos que antes correspondían a otras partidas (como jornada extendida o distribución de libros) y también financiamiento nuevo. La política de alfabetización, impulsada este año por la Secretaría en conjunto con el Consejo Federal de Educación, recibirá el 11,6% del presupuesto educativo nacional según el proyecto de presupuesto. Es el principal programa del Gobierno nacional para la educación obligatoria. En 2025, 2 de cada 3 pesos (66,5%) del presupuesto educativo nacional serán para las universidades, y el restante irá a las escuelas, jardines e institutos superiores (que, a diferencia de las universidades, dependen de las provincias).

“Un mecanismo primordial para dar cuenta de la prioridad asignada por parte de los distintos gobiernos a la educación es el análisis de la asignación presupuestaria”, plantea el documento del Acuerdo por la Educación, la iniciativa de Argentinos por la Educación, que buscó identificar 10 prioridades de política pública para la mejora del sistema educativo a partir de la consulta a más de 200 personas de diversos perfiles, incluyendo referentes educativos, funcionarios, dirigentes sociales, sindicales, políticos, religiosos y empresariales.

De las 10 prioridades identificadas, la número 5 es lograr una inversión suficiente y de calidad. Como parte de esa propuesta, se pide a la Nación y a las provincias “asegurar el piso de inversión del 6% del PIB en educación obligatoria incrementando la participación nacional”. Allí se sugiere aumentar el porcentaje de participación nacional en la inversión educativa hasta el 40% de la inversión consolidada (hasta ahora, el aporte nacional rondaba el 25%). La presentación del Acuerdo, en la previa del Día del Maestro, convocó este año a figuras de todo el arco político. Pero los datos muestran que ciertas prioridades que parecen gozar de amplio consenso discursivo están cada vez más lejos de volverse realidad.

La Argentina viene registrando una caída en los nacimientos que se aceleró en los últimos ocho años. Entre 2014 y 2022 disminuyó un 36%, y pasó de 777.012 nacimientos a 495.2952. Esta tendencia demográfica empezó a impactar en el sistema educativo: cayó la matrícula, primero en el nivel inicial y ahora también en la primaria. Los expertos señalan que este proceso –que se replica, a distintas velocidades, a escala global– permitirá invertir más recursos por estudiante para mejorar la calidad educativa.

En los próximos años se espera una caída de alrededor del 31% en la matrícula escolar, según el informe “Natalidad y demanda educativa”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, que analiza tres escenarios posibles para aprovechar la “oportunidad demográfica” y mejorar la calidad educativa.

“Entre 2014 y 2022 la fecundidad en Argentina descendió más rápidamente que en los 60 años anteriores. Este cambio trae desafíos importantes para la sociedad, pero también oportunidades únicas, especialmente en el sistema educativo, donde el menor número de niños liberará recursos que pueden resultar en una mejora de la calidad y resultados de nuestro sistema educativo”, afirmó Rafael Rofman, investigador principal de CIPPEC y coautor del informe junto con Martín Nistal y Leyre Sáenz Guillén.

El documento analiza tres alternativas para aprovechar la “oportunidad demográfica” en el sistema educativo. La primera es mantener la cantidad de cursos y reducir el número de alumnos por aula, para favorecer la personalización de la enseñanza.

“Las clases pequeñas permiten a los profesores adaptar su enseñanza a las necesidades y capacidades de cada alumno, haciendo que algunos reciban más tiempo, instrucción o ayuda del profesor que otros”, señalan los autores, citando investigaciones sobre el tema.

En otro escenario posible, el informe plantea que se podría mantener la cantidad de alumnos por aula. Allí se abren dos alternativas: aumentar la cantidad de docentes que ejerzan un rol de tutores, o diseñar un sistema de rotación en el que los docentes se capaciten mientras no están al frente de una clase.

El informe reseña distintas investigaciones que muestran que estas tres alternativas pueden repercutir en mejoras en los aprendizajes de los alumnos y también pueden impactar en mejores trayectorias académicas y laborales en el largo plazo. Los autores sostienen que la caída en los nacimientos “solo representará una oportunidad para mejorar la calidad educativa si se implementan las políticas adecuadas”.

Claves para repensar la inversión educativa

“Una menor cantidad de potenciales demandantes genera un mejor gasto relativo de los niveles inicial y primario. En consecuencia, la reducción del flujo de estudiantes genera que con el mismo presupuesto cada año es posible destinar más recursos a cada alumno”, explicó Fernando Manzano, economista, demógrafo e investigador del Conicet, a Infobae.

Además de las alternativas propuestas en el informe, Manzano planteó que “los nuevos recursos disponibles pueden utilizarse para dar cobertura a poblaciones donde aún falta, garantizar la universalidad en las salas de 3 años, mejorar las condiciones pedagógicas y de aprendizaje actuales, avanzar en la ampliación de la jornada escolar y aumentar la inversión en infraestructura escolar”.

“La notable reducción en la tasa de natalidad y su impacto en la matrícula escolar plantea un escenario inédito para el sistema educativo argentino. Con menos estudiantes ingresando al sistema, es esencial reimaginar cómo se distribuyen los recursos y se implementan políticas educativas innovadoras”, señaló Dolores de la Mata, economista principal del CAF - Banco de Desarrollo de América Latina. De la Mata resaltó especialmente las alternativas orientadas al “fortalecimiento del rol del docente”.

El informe “Tendencias demográficas recientes y su impacto en la matrícula escolar”, publicado el año pasado por la Secretaría de Evaluación e Información Educativa de la Nación, mostraba que solo entre 2019 y 2022 hubo 137.500 niños y niñas menos en el jardín de infantes. A partir de 2022, la baja de la natalidad también empezó a repercutir en la escuela primaria, con una caída en la cantidad de chicos que ingresan a primer grado. El documento oficial indica que a partir de 2022 se observa “una desaceleración de la demanda sobre la educación primaria” y que “hacia 2024 ingresaría en una fase claramente descendente”.

El informe de la Secretaría de Evaluación recomienda efectuar un estudio de vacancias para poder establecer “con el mayor nivel de desagregación territorial posible” cuál será la demanda de nivel inicial en los próximos años, y cotejarla con la oferta disponible actualmente. Así se podría evaluar con precisión en qué localidades es necesario focalizar la inversión en infraestructura, teniendo en cuenta que la cobertura de sala de 4 y, sobre todo, de sala de 3 sigue siendo baja en algunas zonas del país.

Un fenómeno que se registra en todo el país

En las 24 jurisdicciones del país cayó la cantidad de nacimientos entre 2014 y 2022. Las mayores bajas fueron en Tierra del Fuego (-49%), Jujuy (-44%) y CABA (-44%). Por otro lado, las menores caídas se dieron en Chaco (-21%), Santa Fe (-28%) y Misiones (-29%). Los mayores descensos se observan en las mujeres adolescentes y jóvenes menores de 25 años: entre ellas, la caída es del 40% al 60%.

Entre otros factores para explicar la baja en los nacimientos, en particular entre las mujeres más jóvenes, aparece la reducción del embarazo adolescente no intencional. Algunos expertos han asociado este proceso con la implementación de políticas como la Educación Sexual Integral, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). Al interior del sistema educativo, la caída del embarazo adolescente también ha sido mencionada como un factor que incidió en el descenso del abandono escolar en el nivel secundario desde 2018.

Como el resto de América Latina, Argentina atraviesa un “bono demográfico”: en estos años, cuenta con una proporción mayoritaria de población activa (jóvenes y adultos), mientras que disminuye la proporción de niños y adolescentes (por el descenso de la natalidad) y aún es bajo el peso relativo de los mayores de 65.

Según las estimaciones, el pico del bono demográfico se alcanzará a mediados de la década de 2030: a partir de ese momento, por el envejecimiento de la población habrá una proporción menor de personas económicamente activas. Mejorar la calidad educativa resulta un desafío crítico para poder afrontar ese escenario cada vez más próximo, en el que los trabajadores –los niños y jóvenes de hoy– deberán ser más productivos para poder sostener a una población envejecida.