El vino argentino atraviesa un momento clave en su proyección internacional. Si bien las exportaciones mostraron en febrero una recuperación en volumen, ese alza no se tradujo en mayores ingresos en dólares por esas ventas.

Un análisis de Centro Cepa detectó una tendencia que complica al sector: el vino argentino pierde terreno en el segmento premium, mientras se vuelca cada vez más al vino a granel, un formato menos elaborado y de menor valor agregado. El resultado de esta situación es un incremento en exportaciones en volumen, pero con un menor nivel de ingresos.

Cepa se basó en los últimos datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). De acuerdo con la entidad, en febrero de 2026 el volumen total de vino exportado creció 8,5% interanual en febrero, mientras que los despachos de mosto concentrado aumentaron 12,7 por ciento.

El motivo principal fue el fuerte avance de las ventas a granel, con un alza del 55,7% interanual en volumen, que compensó la caída de los despachos fraccionados, especialmente los vinos de mayor valor, que retrocedieron 7,7 por ciento.

Es por eso que el valor en dólares de esas exportaciones cayó 7,6% respecto al año pasado. Según el INV, los envíos al exterior totalizaron unos USD 45,9 millones en febrero, frente a los USD 49,7 millones en el mismo mes del año pasado.

El segmento de granel, tradicionalmente asociado a productos de menor valor y escaso valor agregado, explica el grueso de la recuperación en volumen. Los vinos blancos a granel se dispararon un 168,8% y los de color, un 42,9%, mientras que en la modalidad fraccionada la caída afectó tanto a blancos como a tintos. Como resultado, el precio promedio de exportación se resintió y, si bien se vendió más, se ganó menos.

Primarización y pérdida de posicionamiento

El vuelco hacia el vino a granel implica una “comoditización” del perfil exportador, sostiene el informe. Los productos que lideraron el salto en volumen son, en buena parte, vinos sin mención varietal a granel, que aumentaron más de 600% interanual, y varietales a granel que también crecieron (19,4%), en tanto sus pares fraccionados cayeron.

Históricamente, el posicionamiento internacional de la Argentina se basó en la calidad y el valor agregado, con marcas y varietales icónicos como el Malbec.

Entre los destinos, Reino Unido lidera los envíos, especialmente como receptor y reexportador de granel, y se suman mercados como Estados Unidos (cuya participación en el total exportado saltó del 14% al 22% en solo un mes), Brasil, Canadá y Alemania. Pero mientras algunos países compran vino argentino para embotellarlo localmente o usarlo en mezclas, la competencia se endurece para el vino de calidad fraccionado y embotellado con marca de origen nacional.

Más volumen, menos ingresos

El sector vitivinícola atraviesa un escenario complejo. A esta caída en el valor de las exportaciones, se le suman los elevados costos productivos y logísticos y la falta de una demanda interna robusta —el mercado doméstico absorbe cerca del 70% de la producción pero no muestra señales de recuperación— siguen recortando los márgenes del sector.

El deterioro del valor exportado se da, además, en un contexto delicado para la vitivinicultura argentina. El sector viene de registrar uno de sus peores desempeños exportadores en casi dos décadas, afectado tanto por factores locales como internacionales.

Según datos del INV, en 2025 las exportaciones de vino alcanzaron 1,93 millones de hectolitros, una caída de 6,8% frente al año anterior. Se trató del volumen más bajo desde 2004, cuando los despachos al exterior habían totalizado 1,55 millones de hectolitros.

En términos de valor, las ventas externas sumaron USD 661 millones, con una baja interanual del 7,2%. Fue el nivel más bajo desde 2009, cuando el sector había exportado por USD 553 millones.

Esta vez fue el turno de la vitivinicultura. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación en conjunto con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado pusieron en marcha un plan para eliminar casi 1.000 normas que al día de hoy regulan el funcionamiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Los cambios, introducidos a través de la Resolución N° 37/2025 del INV, significan una profunda reforma que cambia por completo el marco regulatorio del sector. Desde el Gobierno, aseguraron que están “eliminando trabas burocráticas y devolviendo la libertad a la industria”.

Qué cambia en la industria

La modificación del marco regulatorio de la industria vitivinícola implica numerosos cambios, en su mayoría referidos a cuestiones técnicas. Sin embargo, hay un gran cambio que resume en pocas palabras hacia donde apunta el Gobierno. Desde ahora, el INV se encargará de controlar los productos una vez terminados. Es decir que ya no intervendrá como fiscalizador durante el proceso de elaboración.

“Durante décadas, la actividad estuvo regida por más de 1.000 normas dispersas, muchas de ellas obsoletas. Para poner orden, se elaboró un Digesto Normativo que revisa, actualiza y simplifica toda la normativa existente. De un total de 1.207 normas en materia vitivinícola se derogan 973. Con esto damos lugar a un nuevo régimen basado en la libertad, la responsabilidad y la competencia”, explicaron desde Nación.

Esta reforma redefine el rol del INV. El organismo dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo para concentrarse exclusivamente en el control del producto final, garantizando que los vinos sean aptos para el consumo y no estén adulterados. En otras palabras, el INV dejará de fiscalizar todo el proceso productivo y se enfocará en asegurar la calidad del vino que llega a los consumidores.

“El cambio responde a un diagnóstico compartido por toda la industria: los excesivos controles y trámites impuestos por el INV habían generado costos, demoras y pérdida de competitividad. Los inspectores no fiscalizarán más en las bodegas y se verificará únicamente el producto terminado, es decir, en el tramo final de la cadena productiva. Con esta medida se dejarán de realizar aproximadamente unas 5.000 fiscalizaciones presenciales al año”. subrayaron desde Nación.

Qué dice el INV

El presidente del INV, Carlos Tizio, aseguró que la industria estaba preparada para este giro regulatorio. “La industria está muy madura. Si vemos cuántas sanciones hubo en los últimos años, el 85 o 90% de las bodegas no tuvo ni una sola. Se trabaja muy bien y se hacen vinos excelentes, de todos los niveles”, afirmó.

Para el titular del organismo, la reforma permite concentrarse en lo verdaderamente relevante: “Controlar el producto final, que es lo importante para el consumidor. La misma industria va a relegar a los pocos que hacen alguna macana. No tenés que regular para los buenos, porque los buenos son el 99%”.

Los nuevos criterios de control, focalizados en la etapa final de comercialización, no implican riesgos para la calidad ni para la seguridad del producto

Bodegas de Argentina

Además, sostuvo que el nuevo esquema no implica una reducción de personal ni de capacidad operativa. “Vamos a necesitar hacer un volumen bastante mayor de muestreo, así que seguimos con la misma gente y el mismo equipo. Los inspectores son licenciados en enología, ingenieros agrónomos, gente muy capacitada”, señaló.

Reunión clave

El viernes pasado el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se reunió con el presidente del INV y directivos de diferentes entidades vitivinícolas, con el fin de escuchar a la industria y terminar de definir la letra chica del nuevo marco regulatorio.

Horas más tarde, el ministro hizo una mención del encuentro en su cuenta de X, en donde ilustró el cambio significativo en la cantidad de normas que dejarán de existir.

Diferentes entidades se manifestaron a favor y en contra de las medidas anunciadas por el Gobierno. Bodegas de Argentina, por ejemplo, emitió un comunicado su respaldo a los cambios. “Tras un análisis técnico, confirmamos que los nuevos criterios de control, focalizados en la etapa final de comercialización, no implican riesgos para la calidad ni para la seguridad del producto. Por el contrario, mantienen la trazabilidad desde el viñedo hasta la botella y aportan mejoras en la competitividad del sector”, señalaron.

Laboratorios y herramientas técnicas

Uno de los ejes de la reforma es fortalecer la precisión de los análisis que realizan las bodegas. Tizio anunció que el INV elaboró 600 muestras patrón que se compartirán con los establecimientos elaboradores. Las bodegas enviarán sus resultados de forma anónima, lo que permitirá detectar desvíos y mejorar el funcionamiento de los laboratorios privados.

“Es muy importante apoyar para tener mayor precisión y poner en regla los aparatos. Más del 95% de los libres de circulación se hace por declaraciones juradas, con análisis que realizan las propias bodegas o laboratorios privados. Hay que ayudar a calibrar esos equipos”, detalló.

También mencionó que el INV participa del programa internacional Bureau Interprofessionnel d’Analyses (Bipea), una red global de verificación analítica. Según dijo, el organismo local ya tiene más bodegas inscriptas que los laboratorios que participan a nivel mundial.

Finalmente, destacó avances en materia de simplificación digital: el INV desarrolló una interoperabilidad informática con Brasil que permite que ese país reciba los certificados de exportación en forma automática, sin papeles ni trámites presenciales. “Antes un certificado viajaba con el camión. Ahora el sistema del Mapa de Brasil toma los datos de inmediato. Queremos hacer lo mismo con Perú y Colombia”, indicó.

Qué se derogó

Se eliminaron la Declaración Jurada semanal de elaboración, las multas y sanciones por presentaciones tardías de Declaraciones Juradas, y los permisos de tránsito (para mover sus productos las bodegas generaban más de 140.000 permisos de tránsito por año que debían solicitar al Instituto).

Con esta nueva norma, las certificaciones de origen, añada y varietal pasan a ser optativas. El INV continuará emitiendo las certificaciones exigidas para exportaciones, tal como lo requieren los países de destino.

Esta reforma pone fin a un esquema regulatorio sobredimensionado, oneroso, ineficaz y burocrático, que durante años obstaculizó el desarrollo de una de las principales economías regionales de la Argentina.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), junto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, impulsó la derogación de 973 normas y modernizó el sistema de regulación sobre la producción, industrialización, comercialización, exportación e importación de vinos en la Argentina. La Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, inicia la aplicación de un régimen que elimina cerca del 80% de las antiguas disposiciones vigentes, calificadas como obsoletas tanto por los organismos como por referentes del sector.

La nueva norma suprime requisitos presenciales, verificaciones repetitivas y múltiples trámites burocráticos. De acuerdo con la información del Gobierno nacional, el INV y los ministerios responsables elaboraron este marco luego de detectar que el sector arrastraba más de 1.200 normas, muchas de ellas dispersas y superpuestas, que generaban costos, demoras y pérdida de competitividad para las bodegas. La reforma establece un sistema basado en la libertad, la responsabilidad y la competencia para los productores y demás actores de la cadena vitivinícola.

Según el texto de la resolución, el Estado deja de controlar cada etapa del proceso productivo para concentrar su actividad en la fiscalización de los productos terminados. El énfasis recae en asegurar la aptitud para el consumo del vino y descartar adulteraciones o incumplimientos en el producto final. “El organismo dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo para concentrarse exclusivamente en el control del producto final, garantizando que los vinos sean aptos para el consumo y no estén adulterados”, indica el comunicado enviado por el Gobierno.

A quiénes afecta la resolución

El impacto directo de la resolución afecta tanto a productores primarios, bodegas, elaboradores artesanales, fábricas de mosto y espumosos, elaboradores de vino casero, plantas fraccionadoras, laboratorios de análisis y todos los operadores con registro en el INV. Ahora, la autoridad de aplicación solo verificará el producto terminado en el tramo final de la cadena, lo que implica el cese de aproximadamente 5.000 fiscalizaciones presenciales anuales en toda la industria.

Uno de los cambios inmediatos es la eliminación de la Declaración Jurada semanal de elaboración, así como las multas y sanciones por la presentación fuera de término de declaraciones juradas y los permisos de tránsito. Según los datos oficiales, las bodegas generaban más de 140.000 permisos cada año que debían solicitar al instituto para mover sus productos.

El texto normativo aclara que las certificaciones de origen, añada y varietal pasan a ser opcionales y estarán a disposición de los productores interesados por razones comerciales. El INV, no obstante, mantendrá la emisión de las certificaciones requeridas para exportaciones cuando lo exijan los países compradores.

De acuerdo con los fundamentos presentes en la resolución, el cambio persigue dos objetivos principales: simplificar procesos y alinearse con las mejores prácticas internacionales, promoviendo a la vez una “gestión pública ágil, eficaz y de calidad en la atención del bien común”. A su vez, la eliminación de los controles en etapas intermedias busca cerrar espacios para la discrecionalidad en la aplicación de sanciones y fiscalizaciones, y reducir riesgos de corrupción.

El presidente del organismo, Carlos Tizio, firmó la resolución y especificó que el nuevo régimen entrega a la industria la capacidad de responder con rapidez a los desafíos del contexto internacional. La medida cuenta con el apoyo del titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien celebró en redes sociales la supresión de normas y la redefinición total del rol del instituto regulador. “La Resolución 37/2025 deja atrás décadas de burocracia absurda en el sector vitivinícola. La Resolución deroga 973 normas (sí, 973!) y redefine completamente el rol del organismo”, subrayó Sturzenegger en su posteo.

Sturzenegger remarcó la escala de la industria: “Argentina produce 900 millones de litros de vino por año, lo que la convierte en el quinto productor mundial. Exportamos USD 800 millones anuales”. En su mensaje, subrayó la necesidad de dotar al sector de más flexibilidad para adaptarse al cambiante consumo global: “Es un imperativo darle a la industria la flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno”.

En otro tramo, el funcionario explicó la transformación en los sistemas de control: “El organismo dejará de intervenir en cada una de las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (como la producción en el viñedo, la cosecha, la elaboración o el transporte) para concentrarse exclusivamente en el control de los productos finales embotellados, garantizando que sean aptos para el consumo y no estén adulterados”. Agregó que “los controles de trazabilidad (certificaciones de origen, añada y varietal) pasarán a ser optativos, a disposición de los productores que los requieran en función de sus necesidades comerciales”.

El funcionario también describió la carga que representaba el esquema anterior: en 2024, el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5.000 inspecciones a bodegas, existiendo empresas que recibían inspección cada dos días. El INV también determinaba año tras año el grado alcohólico mínimo permitido para cada tipo de vino según la zona.

En la justificación del cambio, Sturzenegger indicó: “Menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción. Al eliminar las fiscalizaciones intermedias los inspectores sólo tomarán muestras de los productos embotellados y los enviarán a analizar, cerrando la puerta para la discrecionalidad y la corrupción. En otras palabras, ya no andarán los inspectores del INV interfiriendo en la producción de las bodegas (un reclamo de los productores que se repetía sin cesar)”.

La reforma tiene su raíz en una estrategia de simplificación a nivel administrativo nacional. Las autoridades informaron que la medida acompaña el Plan de Modernización del Estado y la Ley de Bases sancionada en 2024, que impulsaron la revisión de marcos regulatorios sectoriales, con la meta de estabilizar la “previsibilidad normativa” y evitar duplicidades. Según el INV, la tarea principal ahora se centra en la trazabilidad, autenticidad y transparencia en la calidad del producto final bajo un enfoque digital y de declaración jurada.

El Gobierno oficializó las nuevas autoridades que estarán al frente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de otros organismos, que fueron disueltos o transformados durante los últimos días de vigencia de las facultades extraordinarias delegadas al Ejecutivo a través de la Ley Bases. Los recientes nombramientos se hicieron bajo el Decreto 684/2025.

La norma lleva la firma del titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo, mediante el cual se establecieron los nombramientos para el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), además del instituto agropecuario. Los cambios que se habían aplicado sobre los mencionados organismos, junto a otros, fueron desactivados a través de la Resolución 95/2025 de la Cámara de Diputados. En el texto enviado al Presidente, quedaba establecido el rechazo al “Decreto de Facultades extraordinarias 462/2025″, que se obtuvo en una extensa sesión llevada a cabo el 6 de agosto. La votación resultó con 141 votos afirmativos, 65 negativos y 1 abstención.

El texto, que modificaba los mencionados institutos, había sido publicado el mismo día que caducaban las facultades delegadas, es decir el 8 de julio. A través de dicho decreto, el INTA se transformaba en un organismo desconcentrado, respetando sus funciones esenciales. La modificación apuntó a mejorar la coordinación con otras áreas de la administración y dotarlo de mayor flexibilidad, manteniendo sus funciones esenciales de investigación, asistencia técnica y articulación territorial. A partir de la medida oficializada este martes y cuya fecha de vigencia rige desde el día 3, el Gobierno nombró al ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich como presidente, y al médico veterinario Carlos Alberto Antonio Vera como vicepresidente. El organismo está abocado a la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimientos al sector agropecuario, generando innovación y modernización en las distintas cadenas productivas nacionales.

En paralelo, la presidencia del Instituto Nacional de Semillas (INASE) durante los próximos dos años, quedó a cargo del ingeniero agrónomo Martín Famulari. Este organismo, junto a la Comisión de Semillas, había sido disuelto traspasando sus facultades regulatorias a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El INASE cumple funciones clave en la regulación, control y fiscalización de la producción y comercialización de semillas a nivel nacional, custodiando la trazabilidad genética, la protección de la propiedad intelectual y la certificación de variedades vegetales. Estas tareas fueron desarrolladas por el Comité Asesor de Semillas.

Con la misma fecha de asunción, el ingeniero agrónomo Carlos Raúl Tizio Mayer fue designado presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), encargado del seguimiento y control del sector vitivinícola. Meses atrás, mediante el Decreto 462/2025, establecieron que el mismo dejaba de tener estatus de organismo descentralizado y pasaba a funcionar bajo la estructura de la Secretaría de Industria y Comercio. Con la restitución de las normas que habían sido eliminadas, el INV continuará su ejercicio de asegurar la calidad, autenticidad y origen de los productos vínicos y coordinar la proyección del sector en los mercados nacional e internacional.

Otros entes que se vieron afectados por la medida del Ejecutivo, fueron la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), ambos quedaban disueltos; el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

El 3 de septiembre se publicaron los Decretos 627/2025 y 628/2025, los cuales restituyeron las disposiciones que habían sido derogadas, modificadas o sustituidas por los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25. Entre las principales modificaciones dejadas sin efecto se encuentra la reincorporación del Banco Nacional de Datos Genéticos como organismo autónomo, tras quedar sin aplicación su traspaso a la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Asimismo, se revirtió la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeano con el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y se reestableció el funcionamiento de Vialidad Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial después de haber sido disueltas temporalmente.

También se ordenó el regreso a los objetivos originales del Teatro Nacional Cervantes, la estructura previa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)y las facultades propias de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Y se restablecieron las funciones de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y de la Secretaría de Hacienda.

Por su parte el Decreto 628/2025 anuló los cambios aplicados al Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, regresando al sistema regulatorio previo y eliminando la declaración de “servicio esencial” para la navegación marítima y fluvial. Dicho régimen, que había flexibilizado requisitos laborales y reducido barreras administrativas, quedó oficialmente desactivado.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) publicó un informe que detalla la evolución de las variedades de uva Vitis vinífera L. reconocidas como de Alta Calidad Enológica (ACE) en Argentina, un aspecto clave para la actividad nacional. Estas variedades están autorizadas para la elaboración de vinos con Indicaciones Geográficas (IG) y Denominaciones de Origen Controlada (DOC), distinciones que garantizan la calidad y el origen del producto.

El informe examina los cambios en la superficie cultivada de estas variedades en las principales provincias vitivinícolas del país, basándose en los censos vitícolas de 2000, 2010, 2020 y datos correspondientes a 2024.

Crece la superficie destinada a uvas ACE en la Argentina

De acuerdo con el informe del INV, la superficie total de vid en Argentina actualmente se mantiene estable con 201.095 hectáreas, lo que refleja una leve disminución (-0,01%) respecto al año 2000, aunque con una caída más significativa del 7,6% en comparación con 2010. Sin embargo, las variedades de Alta Calidad Enológica (ACE) han experimentado un crecimiento notable del 20,7% desde el año 2000 y una leve reducción de solo un 1% respecto a 2010. Hoy en día, las variedades ACE representan el 74% de las uvas aptas para la elaboración de vino, un notable aumento respecto al 60,4% registrado en 2000.

A pesar de la disminución general en la superficie total de vid en la Argentina, el aumento de la participación de las variedades ACE destaca un claro enfoque en la calidad por parte de los productores argentinos, alineados con las exigencias del mercado global y los estándares de calidad internacionales. La tendencia hacia la diversificación de las variedades, con un crecimiento de nuevas cepas blancas y rosadas, también señala un horizonte de innovación y adaptabilidad en el sector vitivinícola nacional.

Un cambio en las preferencias de los vitivinicultores

Dentro de las variedades ACE, las tintas siguen predominando, con un 77,6% de la superficie cultivada en 2024. Las variedades blancas, por su parte, representan solo el 21,9%, mientras que las rosadas apenas alcanzan el 0,5%. Este crecimiento de las variedades tintas y rosadas ha sido significativo, con un aumento de un 8,9% en las tintas y un 35,7% en las rosadas desde 2010. En cambio, las variedades blancas han mostrado una disminución del 25,4% en la misma comparación, lo que refleja un cambio en las tendencias del mercado y la demanda de vino, según puntualiza el relevamiento del INV.

Mendoza, San Juan y Catamarca, aún lejos de las variedades ACE

En cuanto a la distribución geográfica de las variedades ACE en Argentina, el informe destaca que las provincias de Mendoza, San Juan y Catamarca tienen la menor participación de variedades de Alta Calidad Enológica en relación con el total de uvas aptas para la elaboración de vino. En Mendoza, por ejemplo, las variedades ACE representan el 75,8% del total, mientras que en San Juan y Catamarca esa cifra es del 57,1% y 58,5%, respectivamente. Este fenómeno se debe en parte a la producción de mosto, especialmente la variedad Cereza, que no forma parte de la lista de variedades ACE y se utiliza en la elaboración de productos no vínicos. En cambio, en el resto de las provincias vitivinícolas del país, la participación de las variedades ACE supera el 80% del total de uvas aptas para la vinificación, lo que subraya el énfasis en la producción de vinos de alta calidad en esas regiones.

El Malbec no deja de crecer

En el análisis de las variedades más destacadas, el informe del INV muestra que el Malbec ha sido la variedad de uva tinta que más ha aumentado en superficie, con un crecimiento de 16.020 hectáreas desde 2010, consolidándose como la principal variedad en Argentina. En contraste, el Cabernet Sauvignon ha experimentado una disminución de 3.459 hectáreas, lo que indica un cambio en las preferencias de los productores.

En el segmento de variedades blancas, el informe destaca el crecimiento de las variedades implantadas en los últimos años, como el Petit Manseng y el Alvarinho, que suman 11 hectáreas cada una, aunque todavía representan una pequeña fracción del total. En cuanto a las variedades en declive, el Pedro Giménez ha experimentado una disminución significativa de 3.679 hectáreas, lo que subraya una tendencia a la baja en su producción.

Por último, en el segmento de las variedades rosadas, se observa un crecimiento de la superficie cultivada con Pinot Gris (+241 hectáreas) y Traminer (+17 hectáreas), lo que refleja una creciente demanda de estos vinos frescos y aromáticos.

Argentina, históricamente reconocida como una de las grandes productoras y consumidoras de vino a nivel mundial, enfrenta un escenario crítico: el consumo per cápita está en el nivel más bajo de toda su historia, o al menos desde que se tienen registros.

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), este es un escenario que se repite desde hace varios años, pero que cada vez se profundiza más. La tendencia de caída es de larga data. La serie histórica en base a datos del INV arranca en 1963, con un consumo per cápita de 82,9 litros al año y alcanza un pico de 87,5 litros en 1968 (ver gráfico, abajo). Luego se produce una caída hasta 1973, cuando el consumo promedio llega a 72,5 litros año y una posterior recuperación hasta 1978 (81,6 litros). A partir de ese momento comenzó una largo camino a la baja casi sin freno.

El techo de la última década se dio en el año 2013, cuando se midió un consumo de 25,6 litros. Luego, se registraron valores cada vez más bajos de forma sucesiva hasta llegar a los 16,7 litros per cápita en 2023, el número anual más bajo del que se tiene registro.

Los cambios de tendencias de consumo y el aumento del de tras bebidas alcoholicas, como la cerveza, en especial por parte de los segmentos más jóvenes de la población, contribuyeron a desplazar hacia abajo los niveles de consumo de vino, tendencias que se mantuvo en las últimas dos décadas.

Esa caída no parece encontrar una meseta en la cual estabilizarse.

¿Qué está pasando en 2024?

Este año la caída continúa y todo parece indicar que la temporada cerrará con un consumo menor a los 16,7 litros per cápita del año pasado. De acuerdo a la información publicada por el INV, durante los primeros nueve meses del 2024 los argentinos consumieron 12 litros per cápita, lo que representa una caída del 1,9% en comparación al mismo período del 2023, cuando se contabilizaron 12,24 litros por cada argentino.

Las ventas siguen cayendo

Las últimas estadísticas publicadas por el INV confirman un retroceso en el consumo dentro del país. En detalle, los números indican que entre enero y octubre de este año se vendieron en el mercado interno 6.324.387 hectólitros de vino, lo que representa una baja del 2% en comparación a los 6.452.855 hectólitros que se vendieron en el mismo período del 2023.

La baja no se produjo en el tradicional vino embotellado (ese segmento creció 0,5% en los primeros diez meses del año), sino que se dio en el Tetra Brik. En detalle, se pasó de 2.218.885 a 2.123.948 hectólitros comercializados en ese formato entre 2023 y 2024, lo que marcó una retracción del 4,3%. También cayeron las ventas del vino en damajuana (-20,4%), lata (-12,3%) y bag in box (-28,5%).

Este panorama plantea un desafío complejo para la vitivinicultura argentina, una industria profundamente arraigada en la cultura del país. La caída sostenida del consumo interno obliga a repensar estrategias para revitalizar el mercado local y atraer nuevamente a los consumidores.

Las bodegas están explorando opciones como la modernización de sus propuestas, la innovación en los formatos de presentación y la promoción de vinos entre públicos más jóvenes. Asimismo, el sector enfrenta el reto de educar sobre la calidad y diversidad de los vinos argentinos, destacando su valor en un contexto donde otras bebidas, como cervezas y espirituosas, ganan terreno en las preferencias de los consumidores.

Expectativas de mejora

La situación es crítica, pero para los referentes de la industria vitivinícola, el consumo de vino está tocando su piso en este momento. “A medida que mejore la actividad económica, se recuperará el consumo. Hay una mejora evidente en varios parámetros con este gobierno. Hay realidades que van mostrando que hay un camino de mejora”, comentó Carlos Tizio, presidente del INV.

“Además, es normal que crezca el consumo en noviembre y diciembre por las ventas de fin de año, aunque es difícil estimar de antemano cuál será el impacto en el consumo de vino per cápita”, apuntó.

También compartió su opinión Carlos Fiochetta, gerente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). “Hay una mirada más estructural y otra más específica en relación al contexto del consumo de vinos. Lo estructural lo venimos estudiando desde hace mucho con el Fondo Vitivinícola. En general vemos que hay convergencia a un consumo de 18 a 20 litros per cápita en países de consumos tradicionales, como España o Francia. Argentina no está muy lejos de esa realidad”, indicó.

“En lo específico de Argentina, observamos que este año en particular el consumo del vino en general no ha caído tanto como otros productos de consumo masivo. Estamos viendo que en un año de crisis en Argentina, tener una caída en general del 2% no es tan negativo. El consumo de cerveza y de carne, por ejemplo, está en una situación más delicada”, agregó Fiochetta.

“Apostamos a una recuperación el año que viene. Esperamos una cosecha más abundante, con mejores precios y consumo en alza”, cerró.

Aumentan las exportaciones

La buena noticia para las bodegas, es que el mal momento que atraviesa el mercado interno no se repite en el sector externo. De acuerdo con los datos oficiales, Argentina exportó en los once primeros meses de 2024, 90,3 millones de litros de vino (+5,7 %). Se exportaron 10,3 millones de litros más con respecto al mismo período del año 2023. De ese total, 143,7 millones (75,5%) corresponden a vinos fraccionados (+3,3%) y 46,6 millones (24,5%) son vinos a granel (+13,7%).

Las exportaciones de mosto concentrado en todo el año ascienden a 74.464 toneladas, un 107,8% más en volumen y un 77% más de ingreso de divisas respecto al mismo período del año anterior. El precio promedio del mosto concentrado en el acumulado del año llega a 1.597,2 dólares/tonelada y en noviembre se comercializó a un precio promedio de 1.521,9 dólares por tonelada.