Un intento de introducir drogas y dispositivos prohibidos al Establecimiento de Ejecución Penal de Cipolletti fue frustrado por el personal del Servicio Penitenciario de Río Negro.

El operativo se desencadenó tras una inspección rutinaria al sector de carpintería, donde el hallazgo de sustancias ilícitas y tecnología de comunicación puso en evidencia la sofisticación de las maniobras para vulnerar los controles internos de la institución.

La revisión, efectuada en el marco de los protocolos de control habituales, se centró en un envío de materiales destinados al Taller 8 del penal. Lo que en apariencia eran simples palets de madera destinados a tareas de carpintería, ocultaba un mecanismo adaptado para eludir la vigilancia penitenciaria. El personal penitenciario detectó irregularidades en los tacos, lo que motivó una inspección más detallada y permitió descubrir el ardid.

Según informó el portal del diario Río Negro, el procedimiento reveló que la madera había sido modificada con huecos ocultos y rellenos con globos de colores, además de un recipiente con tinta utilizado como camuflaje. Al desmontar la estructura, los agentes encontraron dos envoltorios con cocaína —con un peso total de 19,3 gramos— y quince envoltorios con marihuana, que sumaban 36 gramos. También se hallaron dos chips de telefonía móvil y un auricular, elementos considerados de alto riesgo en el contexto carcelario por su uso potencial para mantener comunicaciones no autorizadas desde el interior del penal.

La intervención fue supervisada por la Fiscalía Federal de General Roca, a cargo de la fiscal Ivana Mesina.

Según indicaron fuentes del Servicio Penitenciario, el operativo fue registrado en video y fotografía, y se labraron actas conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de actuaciones. Posteriormente, la Fiscalía inició las investigaciones para determinar la procedencia del envío y la posible existencia de connivencia con personas privadas de la libertad.

Intentaron ingresar cocaína en una comisaría de Chaco

Días atrás, el intento de ingreso de cocaína a una dependencia policial terminó con un joven de 22 años aprehendido en la Comisaría Séptima de Resistencia. La sustancia, que estaba oculta dentro de facturas destinadas a un detenido, dio positivo para cocaína tras la prueba de campo realizada por personal especializado.

El episodio ocurrió cuando el joven se presentó en la guardia de la seccional con la intención de entregar alimentos a un interno alojado en esa dependencia. Como parte del protocolo habitual de seguridad, el personal policial procedió a inspeccionar los paquetes antes de autorizar su ingreso.

Durante la revisión de los panificados, los efectivos detectaron irregularidades en la textura y el peso de los cañoncitos con dulce de leche. Al examinarlas con mayor detenimiento, encontraron cinco pequeños envoltorios de polietileno —comúnmente conocidos como “bochitas”— que contenían una sustancia blanquecina compacta, cuidadosamente escondida en el interior de los alimentos.

De inmediato, se dio intervención al Departamento Consumos Problemáticos, cuyos agentes se trasladaron hasta la dependencia para realizar las pruebas correspondientes.

Mediante el reactivo químico de campo, se confirmó que la sustancia incautada era cocaína, con un peso total de 2,7 gramos. Tras la constatación, se procedió al secuestro formal de la droga y a la notificación de las autoridades judiciales competentes.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Antidrogas N° 1, a cargo de la doctora Andrea Lovey Pessano, quien dispuso la aprehensión inmediata del joven por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

Además del secuestro de la sustancia, la fiscalía ordenó la apertura de actuaciones judiciales para determinar las circunstancias del hecho y establecer si el detenido actuó por cuenta propia o si formaba parte de una maniobra más amplia de suministro de drogas dentro de lugares de detención.

El joven aprehendido quedó alojado en carácter de comunicado y a disposición de la Justicia, mientras avanzan las diligencias para esclarecer completamente el hecho.

Un operativo de control alimentario en la Comisaría Segunda de Villa Ángela, Chaco, permitió detectar un intento de introducir droga entre los alimentos destinados a un detenido en la unidad policial.

El hecho se produjo durante un control de rutina aplicado a los productos que familiares o allegados entregan para los internos alojados en la dependencia chaqueña.

Según informó el portal del Diario Época, el procedimiento se inició cuando personal de la Comisaría Segunda de Villa Ángela revisó una bolsa con verduras y tubérculos en los controles habituales previos al ingreso a la zona de detención. Durante la revisión, uno de los efectivos notó que una papa presentaba un corte anormal, lo que motivó una inspección más detallada.

Al abrirla, los policías encontraron seis envoltorios en su interior. Dos de los ellos contenían una sustancia blanquecina, mientras que los cuatro restantes guardaban un material vegetal color verde amarronado, lo que generó sospechas de inmediato.

Tras el hallazgo, se solicitó la intervención de personal especializado de la División Drogas Interior Villa Ángela. Los técnicos realizaron pruebas de campo sobre los envoltorios, las cuales arrojaron resultado positivo para cocaína en los paquetes con sustancia blanca, con un peso total de 0,09 gramos. Los envoltorios con material verde dieron resultado positivo para marihuana, con un peso de 3,09 gramos.

De inmediato, se puso a disposición de la Justicia Federal el resultado del procedimiento. El magistrado interviniente dictó el secuestro de la sustancia y ordenó el inicio de actuaciones por infracción a la Ley N° 23.737, que contempla penas por tráfico y tenencia ilegítima de estupefacientes.

El hecho se encuentra ahora en etapa de instrucción, a la espera de mayores peritajes sobre los envoltorios y la indagatoria a las personas que fueron responsables de traer los alimentos al establecimiento penitenciario.

Intentaron ingresar droga oculta en panes en un penal de Córdoba

Hace unos meses, un operativo en el Establecimiento Penitenciario N° 9, de Córdoba, permitió a las autoridades incautar droga oculta en su interior de unos panes criollos.

Según el comunicado difundido por el Servicio Penitenciario de Córdoba, los trabajos se concretaron tras notar características irregulares en los alimentos ingresados para uno de los internos.

“Durante una requisa de paquetes, se pudo observar que en el interior del pan criollo se encontraban elementos extraños de manera oculta”, publicó el Servicio Penitenciario en X.

Las autoridades detallaron que la intervención formó parte de los controles regulares implementados para prevenir el ingreso de sustancias prohibidas.

Parte de los “criollitos” con marihuana que intentaron ingresar en el Establecimiento Penitenciaria N°9 de Córdoba (La Voz)

La verificación minuciosa permitió confirmar que los seis criollos observados ocultaban en sus migas un total de seis envoltorios de nylon por unidad. En cada pan, el personal penitenciario halló pequeños paquetes de marihuana cuidadosamente disimulados.

La droga fue inmediatamente decomisada, conforme al protocolo previsto para este tipo de casos, y quedó bajo el resguardo preventivo en espera de nuevas instrucciones judiciales.

Y tras el secuestro de la marihuana, el hecho fue puesto en conocimiento inmediato de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), organismo responsable de investigar delitos vinculados al tráfico y tenencia de estupefacientes en la provincia. La causa será analizada por equipos especializados para determinar el origen del envío y la identidad del destinatario dentro del penal.

El miércoles por la mañana, un intento de detención por parte de agentes federales en el estacionamiento de una escuela primaria en Washington D. C. ha generado alarma entre los padres, estudiantes y personal educativo.

Según informó ABC 7 News On Your Side, el incidente ocurrió en la Escuela Primaria HD Cooke, ubicada en el vecindario de Adams Morgan, cuando agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), intentaron detener a un contratista de atención médica asignado al centro educativo.

El hecho tuvo lugar durante la llegada matutina de los estudiantes, lo que incrementó la tensión en la comunidad escolar. De acuerdo con un comunicado emitido por las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS), el personal administrativo de la escuela solicitó a los agentes federales que presentaran una identificación y una orden judicial, en cumplimiento con los protocolos establecidos por la Fiscalía General de DC.

Tras este intercambio, los agentes abandonaron el lugar sin realizar ningún arresto.

Reacciones de la comunidad y temor entre los padres

El intento de detención ha dejado una profunda inquietud entre los padres de familia. Bernadette Maya, madre de un estudiante de la escuela, expresó su preocupación al medio: “Hay tantos países en esa escuela. Algunos tendrán miedo. No es justo. Tengo miedo”. Este sentimiento refleja el temor generalizado en una comunidad diversa, donde muchos de sus miembros son inmigrantes.

El incidente también ha generado cuestionamientos sobre la presencia de agentes federales en un espacio educativo. Bill Mefford, director ejecutivo del Festival Center, una organización cercana a la escuela, declaró: “No puedo entender cómo alguien que trabaja en una escuela es tan peligroso que tendrían que recogerlo”.

Declaraciones oficiales y falta de claridad

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que el intento de detención estuviera relacionado con una acción coercitiva. En un comunicado, un portavoz afirmó: “No. El ICE no llevó a cabo ninguna acción coercitiva en la escuela. Agentes del HSI estuvieron presentes en la escuela sin relación alguna con ninguna acción coercitiva”.

Sin embargo, esta declaración ha generado dudas, ya que las Escuelas Públicas de DC confirmaron que los agentes intentaron detener al contratista en el estacionamiento de la escuela.

ABC 7 News On Your Side intentó obtener respuestas más claras sobre el propósito de la presencia de los agentes y si un intento de detención puede considerarse una acción de ejecución. Hasta el momento, no se han recibido respuestas a estas preguntas.

Contexto de las operaciones federales en la región

Este incidente se enmarca en un contexto de creciente actividad por parte de agencias federales en el área metropolitana de Washington D. C. En los primeros tres meses de la segunda administración de Donald Trump, se han llevado a cabo múltiples operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), muchos de ellos en los suburbios de la capital.

A principios de esta semana, el exdirector interino de ICE, Tom Homan, defendió públicamente los arrestos de inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales violentos. Homan argumentó que las políticas de las llamadas “ciudades santuario” obligan a los agentes a realizar más arrestos en las comunidades, lo que incrementa las detenciones colaterales.

Además, la actual Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, participó recientemente en una operación conjunta entre ICE y el FBI en el norte de Virginia, lo que subraya la intensificación de estas acciones en la región.

Impacto en la comunidad educativa

El intento de detención en la escuela ha generado una atmósfera de ansiedad entre estudiantes, padres y personal educativo.

Michael Katski, maestro de las Escuelas Públicas de DC, comentó que la falta de claridad y orientación por parte de los líderes escolares ha dejado a los docentes buscando recursos externos para entender sus derechos y cómo actuar en situaciones similares. “Los padres y la comunidad están definitivamente tensos, y los docentes también tienen que buscar fuentes externas para capacitarse sobre sus derechos”, señaló Katski.

Por su parte, las Escuelas Públicas de DC aseguraron que, en este caso, se siguieron los protocolos establecidos por la Fiscalía General. Sin embargo, no se ha especificado si existen políticas adicionales para manejar incidentes similares en el futuro.

Apoyo a la comunidad inmigrante

Organizaciones locales han intensificado sus esfuerzos para apoyar a la comunidad inmigrante tras este incidente. Julio Hernández, director ejecutivo de Congregation Action Network, explicó que su organización distribuye tarjetas informativas con los derechos de los inmigrantes y ofrece una línea directa de emergencia para casos de interacción con agentes de inmigración.

Hernández también destacó la importancia de la preparación familiar en caso de deportaciones, un proceso que incluye designar tutores legales para los niños que podrían quedar separados de sus padres. “Son conversaciones muy difíciles, muy dolorosas. Los niños preguntan: ‘¿Quién será mi próximo padre, mi próxima madre si deportan a mis padres?’”, señaló.

El impacto de las deportaciones ya se ha sentido en la comunidad local. Hernández mencionó el caso de una madre soltera deportada, cuyos tres hijos quedaron bajo el cuidado de la comunidad. Según explicó, los procedimientos para establecer tutelas varían según el estado. Por ejemplo, en Maryland, el proceso puede completarse en tres meses con papeleo; en Washington D. C., se requiere un notario; y en Virginia, es necesario acudir a los tribunales.

Horas después del incidente, líderes comunitarios de Adams Morgan organizaron una marcha por el vecindario para expresar su solidaridad con la comunidad inmigrante. Este acto de apoyo busca contrarrestar el temor y la incertidumbre generados por las recientes acciones federales.

En afirmaciones que generaron duras reacciones en las redes, el presidente Gustavo Petro insistió el lunes 9 de septiembre que, además de fraguarse un golpe de Estado en su contra, habría grupos criminales interesados en asesinarlo. Una tormenta de señalamientos luego de que conociera un concepto del Consejo de Estado, en relación con la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre presunta violación de topes de campaña.

En un extenso mensaje en X, también insistió en que el pueblo colombiano debe ir más allá de tomarse la Plaza de Bolívar y buscar el poder, el jefe de Estado insistió en que hay un “grupo mafioso que busca asesinarlo, utilizando para ello dinero en pro de quebrantar la Constitución Política. Y todo porque el organismo electoral avanza en las investigaciones sobre las finanzas de su aspiración, que estarían desfasadas en $5.355 millones.

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Pero a los mensajes en su perfil, Petro, durante la presentación de la nueva directiva presidencial por la libertad de prensa, insistió en que las pruebas que tiene el CNE en su contra son “chambonas” y “violentas”, además de prever una oleada violenta en el territorio nacional en caso de su salida del cargo; una especie de amenaza velada a los organismos que lo investigan, entre ellos el CNE y la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

¿Por qué Gustavo Petro la emprendió contra el CNE?

Pero, el origen de estos mensajes no sería otro que, a juzgar sus palabras, el temor de que en máximo órgano electoral se concluya que, en efecto, la campaña no cumplió con la normativa electoral y que, por ende, se formule pliego de cargos tanto al que fue su gerente, Ricardo Roa, como a la campaña como tal, ante las inconsistencias en la presentación de facturas sobre gastos relacionados con la misma; en especial, a las donaciones.

“Cada paso dado contra el presidente en el consejo electoral construye un golpe de Estado”, dijo Petro en su perfil de X el 7 de septiembre, en uno de sus primeros mensajes enfocados en esta línea. “¿Se quejan de Venezuela? En Colombia avanza un golpe de Estado contra el presidente”, agregó ese día, con lo que empezó a darle rienda suelta a sus afirmaciones apuntando hacia el mismo y claro objetivo.

Y es que, al menos en los últimos tres días, los mensajes de Petro han sido insistentes. Incluso, se atrevió a comparar su situación con la del expresidente chileno Salvador Allende, ultimado en el palacio de la Moneda en Santiago, el 11 de septiembre de 1973, por orden del golpista y luego dictador Augusto Pinochet; una figura con la que pretende asemejarse ante el asedio, según él, al que ha sido sometido por la “derecha”.

“Una artista trae un retrato de Allende que colgaré en las salas del Palacio. Solo le decimos al grupo mafioso que se detenga, porque no sabe qué huracán está desatando”, dijo Petro. En ese sentido, ha señalado la que es considerada su principal victoria contra lo que llama el establecimiento: la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que levantó la sanción proferida por el exprocurador Alejandro Ordóñez.

El temor de Petro radicaría en que, en caso de que al menos cinco de los nueve magistrados que integran la sala plena del Consejo Nacional Electoral se decanten a formular cargos contra su campaña, sería este el primer paso hacia un eventual juicio político; aunque el paso siguiente sea en la cuestionada Comisión de Investigación y Acusaciones, de la que hacen parte 18 representantes, en su mayoría cercanos al Gobierno.

Un panorama que se prevé no se cumpla, pese de la presión de los diferentes sectores opositores al mandatario, pues contaría con los votos para que dicha aspiración no prospere.

Petro insiste en que quieren cometer un golpe de Estado en su contra

Y es que, a su favor, sacó pecho de cómo en ese entonces contó con el apoyo ciudadano para exigir su continuidad en el cargo, luego de ser destituido e inhabilitado por el contrato de las basuras en Bogotá. Y se atrevió a convocarlo de nuevo a las calles, como lo ha hecho en otras ocasiones, cuando desde el balcón ha querido redireccionar el curso del contexto político y mostrarse fuente ante las constantes críticas.

“Aquella vez el pueblo bogotano fue determinante. Seis veces llenó la plaza de Bolívar. Esta vez le toca al pueblo colombiano y ya no es llenar la plaza de Bolívar, sino ir por el poder”, afirmó Petro. Y señaló cómo desde el CNE se intenta, desde su óptica, “burlar” el fallo de la Cidh, apoyándose de una Comisión de Acusaciones de la Cámara “compuesta no de jueces penales, sino de políticos, muchos derrotados en las elecciones del 2022″.

En ese contexto, el presidente criticó lo que considera una campaña de desinformación patrocinada por sectores adinerados del país. En su delicada denuncia dijo que hay “empresas de saboteo de redes” financiadas desde Miami, Tel Aviv y Bogotá, destinadas a dividir al pueblo colombiano y argumentó que algunas de ellas buscan difundir una serie de hechos carentes de verdad para desestabilizar su Gobierno y provocar su caída.

“Dicen que tenemos miedo o que le tememos al juez, cuando ningún juez nos juzga”, aseguró el mandatario en su declaración, que como era de esperarse causó una fuerte respuesta de los sectores de la oposición, que salieron en defensa de las instituciones que, por mandato constitucional, tienen la facultad no solo de investigar al presidente, sino de tomar decisiones en el sentido de convocar a juicio político, como sucede con la Cámara.