Un hombre de 26 años fue detenido este jueves en la localidad de Santa Elena, provincia de Entre Ríos, luego de que protagonizara un incidente en el edificio de la municipalidad. Según consta en la denuncia, el sospechoso habría amenazado al personal e ingresado sin autorización al despacho del intendente Domingo Daniel Rossi.

El procedimiento fue realizado por los efectivos de la comisaría local, después de que un llamado los alertara sobre la situación. Todo comenzó cuando el joven se dirigió directamente al tercer piso, donde se encuentra la oficina del jefe comunal.

En ese momento, la secretaria del representante del municipio lo habría atendido y derivado al área de asistencia social. Sin embargo, al estar insatisfecho con la respuesta, el hombre evadió los controles internos y regresó al mismo sector para intentar hablar cara a cara con Rossi.

De acuerdo con la información obtenida por El Once, el individuo se encontraba alterado y profirió amenazas tanto contra empleados municipales como contra bienes del edificio comunal. A raíz de esto, el episodio generó momentos de tensión dentro de las instalaciones.

Por este motivo, tuvieron que solicitar la intervención inmediata del personal policial para controlar la situación y evitar que el conflicto escalara. Durante el procedimiento, los efectivos lograron contener al hombre mientras se realizaban las comunicaciones con la Fiscalía de turno. Finalmente, se dispuso la detención del involucrado por el supuesto delito de amenazas en flagrancia.

De esta manera, el hombre quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía interviniente. Por el momento, la investigación se centra en establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el hecho y determinar si el intendente se encontraba presente en el edificio cuando ocurrieron los incidentes, ya que esta información todavía no pudo ser confirmada.

Incendiaron la casa del familiar de un intendente de Chubut e investigan a un ex empleado municipal

El pasado 11 de junio, la Justicia de Chubut ordenó un allanamiento en la vivienda de un ex empleado municipal de Alto Río Senguer, que fue señalado por el incendio que destruyó la casa del abuelo del intendente Miguel Mongilardi. El incidente, ocurrido la madrugada del domingo 7 en el sudoeste provincial, no dejó personas heridas, aunque causó pérdidas materiales totales.

Durante el procedimiento en el domicilio del sospechoso, ubicado en la calle Islas Malvinas, los agentes hallaron tres fusiles de alto poder de fuego, un arma de puño, seis bidones plásticos con restos de combustible y dos teléfonos celulares.

Estos elementos fueron secuestrados y serán sometidos a peritajes informáticos para determinar si contienen comunicaciones relacionadas con el ataque, según la información publicada por Abcdiario. De la misma manera, los peritajes realizados tras el siniestro descartaron desde el inicio que su origen hubiera sido accidental.

De acuerdo con la División de Investigaciones Policiales (DPI) de Sarmiento, el presunto agresor habría roto un cristal para arrojar combustible dentro de la vivienda de Emiliano Estuardo, el abuelo materno del jefe comunal, lo que provocó la rápida propagación de las llamas. Este hecho motivó la apertura de una causa judicial bajo la sospecha de incendio intencional.

También se conoció que el imputado habría trabajado como empleado municipal durante la gestión anterior en Alto Río Senguer. Sin embargo, hasta el momento, no se han presentado cargos formales en su contra y la causa sigue en etapa investigativa.

En el marco de la investigación, el juez penal Francisco Quiroga dispuso una medida cautelar de prohibición de acercamiento por 30 días que alcanza tanto al intendente Mongilardi como a su grupo familiar directo. Según informó La Tecla Patagonia, los investigadores se encuentran abocados a establecer el móvil del ataque y la posible relación entre el sospechoso y el hecho, mientras avanzan las actuaciones judiciales.

En medio del escándalo desatado en Allen, provincia de Río Negro, este jueves el intendente Marcelo Román fue imputado por los delitos de administración fraudulenta y peculado. De la misma manera, se fijó un plazo de dos meses para la investigación penal preparatoria, que tendrá como fecha límite el 30 de agosto de este año.

De acuerdo con la causa impulsada por la fiscal jefe Graciela Echegaray y la fiscal del caso Celeste Benatti, entre marzo de 2024 y julio de 2025, el jefe comunal habría sustraído fondos públicos municipales para autorizar la compra de un teléfono celular por $479.999, bajo la modalidad de servicio corporativo, con un abono mensual a nombre de la Municipalidad que significó un gasto de $596.812,38.

Durante la última audiencia, la Fiscalía detalló que el imputado apartó el dispositivo de la actividad patrimonial del municipio y se lo entregó a una persona ajena a la administración pública, sin vínculo contractual que legitimara la tenencia del bien estatal.

En este sentido, los fiscales sostuvieron que, al entregar el bien, el intendente quebrantó la custodia legal que debía ejercer sobre el patrimonio municipal, debido a que permitió que un tercero ajeno dispusiera del recurso como propio y generara un perjuicio al erario público.

Según la información publicada por el Ministerio Público de Río Negro, en la audiencia también estuvo presente un segundo acusado. Para la Fiscalía, su papel fue considerado esencial para la consumación del delito, debido a que recibió y utilizó el teléfono pese a que tenía conciencia de que no era agente municipal ni tenía designación oficial alguna.

De la misma manera, este individuo habría utilizado el dispositivo para dar órdenes y directivas indirectas a empleados de la Municipalidad, por lo que consideraron que se habría hecho uso de facultades propias de la gestión y habría consolidado así la disposición privada del recurso estatal.

Por este motivo, ambos fueron acusados bajo la figura de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado todo en concurso ideal”, conforme a los artículos 173, inciso 7, en función del 174 inc. 5, 261 primer párrafo, 45 y 54 del Código Penal. No obstante, para el segundo imputado, la acusación es como partícipe necesario de administración fraudulenta.

Como parte del sustento probatorio, la Fiscalía mencionó la denuncia penal del Tribunal de Cuentas de Allen, documentación institucional como el acta de asunción del intendente, la carta orgánica y copias de comodatos de celulares corporativos, así como la factura de compra del aparato involucrado. Además, se sumaron más de 35 entrevistas tomadas en sede fiscal.

Al mismo tiempo, figuró un informe del Departamento de Contaduría Forense del Ministerio Público de Río Negro, que analizó las órdenes de pago secuestradas en el allanamiento a la sede municipal. Además, se incluyeron copias certificadas de pagos internos y externos, facturas y transferencias a una empresa de telefonía, el legajo de la investigación del Tribunal de Cuentas y reportes de las divisiones judiciales e investigativas de San Antonio Oeste y Allen.

Por su parte, las defensas solicitaron que no se tengan por formulados los cargos y requirieron imputar como partícipe necesario a la entonces secretaria de Hacienda. Además, exigieron la exclusión de la declaración de la exfuncionaria como testigo, así como de la documentación recabada durante el allanamiento, la pericia contable y las extracciones realizadas del celular de la mencionada mujer.

Desde que se abrió una investigación en contra de Román, la ciudad enfrenta una fuerte crisis institucional tras la presentación de más de 3.000 firmas vecinales que solicitan la revocatoria de su mandato. La iniciativa fue impulsada por Silvina Cantero, una docente jubilada y ex afiliada al gremio docente provincial, junto a una ex empleada municipal despedida durante la gestión actual.

Cantero comenzó a reunir firmas a fines de 2025, tras argumentar una “grave negligencia” en la prestación de los servicios públicos esenciales como eje central del reclamo. En el petitorio elevado al Concejo Municipal, se señaló que la administración evidenció una profunda ineptitud en el manejo de servicios básicos, lo que habría generado un estado de abandono progresivo que afectó la calidad de vida en los barrios de Allen.

Tras ser consultada por medios locales, la docente jubilada afirmó que la campaña para desplazar al intendente responde a una convicción personal y negó cualquier tipo de motivación política detrás de la iniciativa. Según la Carta Orgánica local, la acumulación de firmas permitiría activar el proceso formal de revocatoria de mandato ante el órgano legislativo municipal.

El petitorio fue entregado formalmente ante el Concejo Municipal en mayo de este año, por lo que deberá iniciar el procedimiento establecido por la normativa local. Mientras tanto, la gestión permanece bajo la presión de la investigación judicial y la demanda popular de cambio en la conducción del municipio.

En las últimas horas, la Justicia de Chubut ordenó un allanamiento en la vivienda de un ex empleado municipal de Alto Río Senguer luego de que un incendio ocurrido días atrás consumiera por completo la vivienda del abuelo del intendente de la localidad.

En el domicilio del sospechoso, las autoridades encontraron elementos que podrían vincularlo con el siniestro que afectó a Emiliano Estuardo, abuelo materno del jefe del Municipio, Miguel Mongilardi.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en el sudoeste de la provincia. Si bien no trascendió si la víctima se encontraba en el interior de la casa, no hubo que lamentar heridos. Los peritajes realizados en el lugar descartaron desde el inicio que el origen haya sido accidental, lo que derivó en el inicio de una investigación.

Según la línea que conduce la División de Investigaciones Policiales (DPI) de Sarmiento, el agresor habría roto un cristal de la vivienda para arrojar combustible al interior del inmueble, lo que provocó una rápida propagación de las llamas y pérdidas materiales totales en la propiedad.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó un allanamiento en un domicilio de la calle Islas Malvinas, donde reside el sospechoso. En el procedimiento, los agentes incautaron tres fusiles de alto poder de fuego, un arma de puño, seis bidones plásticos con restos de combustible y dos teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes informáticos para determinar si contienen comunicaciones vinculadas al ataque, de acuerdo con la información de Abcdiario.

Según informaron medios locales, el imputado habría prestado servicios como empleado municipal durante la gestión anterior en la localidad. Por el momento, no se formularon cargos definitivos en su contra y la causa permanece en etapa investigativa.

En el marco del expediente, el juez penal Francisco Quiroga dispuso una medida cautelar de prohibición de acercamiento por 30 días que alcanza al intendente Mongilardi y a los integrantes de su grupo familiar directo, según explicó La Tecla Patagonia. La medida rige mientras continúan las actuaciones judiciales. Los investigadores trabajan para establecer el móvil del ataque.

Incendió el edificio donde vive su mujer y lo detuvieron

Un hombre de 46 años fue detenido a fines de abril acusado de provocar un incendio intencional en un edificio de la calle Paraná al 400, en el barrio porteño de San Nicolás, donde vivía su pareja junto a la hija de ambos, de un año. El siniestro dejó 12 heridos, entre ellos la mujer y la bebé, que debieron ser evacuadas del séptimo piso por Bomberos de la Ciudad.

El fuego se originó en el dormitorio del departamento, ubicado entre Avenida Corrientes y Lavalle. Según fuentes policiales consultadas por Infobae, efectivos del cuerpo de Bomberos llegaron al lugar minutos antes de las 5 de la madrugada y controlaron las llamas. Fue en ese contexto que personal de la Comisaría Vecinal 1B redujo al sospechoso en las inmediaciones del edificio.

La mujer, de la misma nacionalidad peruana que el imputado, acusó a su pareja de haber iniciado el fuego de forma deliberada. Junto a su hija de un año, fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al hospital Ramos Mejía con diagnóstico de inhalación de monóxido de carbono. Otros diez vecinos fueron asistidos en el lugar, entre ellos dos efectivos policiales.

El detenido cuenta con una condena de cumplimiento efectivo por lesiones y había estado procesado con prisión preventiva por homicidio simple. Entre sus antecedentes también figuran tentativa de homicidio, lesiones leves y afectación de servicios de emergencia y seguridad. En diciembre de 2023 le habían colocado una tobillera electrónica.

Los vecinos del edificio relataron que la pareja ya había requerido intervención policial con anterioridad. “Sabemos que hubo una pelea doméstica en el piso siete y nos evacuaron a todos a los golpes. No sabemos nada. Se prendía fuego el edificio”, declaró una residente. Otra residente del lugar indicó que los pisos superiores no pudieron ser evacuados por la propagación del humo. El caso quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este.

Durante la charla, Rivarola primero relató su situación frente al momento que atraviesa el municipio: “Estoy muy triste porque no me da el cuerpo, chicos. No sé qué hacer. Te juro que no duermo, no como. Estoy internado hace dos días porque ya no sé qué hacer, te lo juro”, confesó.

Embalse: privatización, despidos y caída de la actividad

El intendente vinculó el deterioro social al impacto directo de la política nacional sobre el turismo social: “El disparador fue la decisión de Javier Milei de privatizar la unidad turística Embalse, que es uno de los complejos turísticos que está en manos del Estado nacional y que está destinado al turismo social”. Según Rivarola, la medida desencadenó despidos de trabajadores que vivían y trabajaban en el predio, sumando presión sobre una economía local ya resentida.

Rivarola detalló: “Nosotros lo que habíamos pedido a Nación era que si ellos no sabían, teniendo el polideportivo, el Hotel 7 y el Hotel 2, podíamos empezar a trabajar en un convenio con el gobernador Schiaretti, empezar a mandar jubilados cada tres días, 150 jubilados. Eso le daría trabajo a la gente, al mozo, a la mucama y al pueblo, a la fábrica de alfajores”. La emblemática fábrica, que llegó a emplear a 18 personas, hoy cuenta con menos de seis.

En cuanto al estado de las instalaciones, el intendente fue categórico: “Hay dos hoteles que están impecables, están listos para trabajar, porque en el tiempo de Lammens él arregló algunos hoteles. El uno le falta el 15% que hizo como departamentos por dentro, que son de tres o cuatro estrellas. Pero después hay hoteles como el cinco, como el seis, que están totalmente destruidos”.

Servicios desbordados y recursos en caída

El impacto de la crisis no se limita a la pérdida de fuentes de trabajo. Según Rivarola, el sistema de salud local atraviesa un colapso inédito: “Hicimos un hospital el año pasado, donde tendríamos 20, 30 personas por día y ahora estamos teniendo entre 75 y 100 personas por día, no solamente de Embalse sino de los pueblos aledaños y de algunas comunas. Entonces es como que te desborda la situación”.

A la presión de la demanda social se suma la asfixia financiera. Rivarola explicó: “De la coparticipación me entraron $220 millones, de Nación le bajaron la coparticipación a las provincias y la provincia nos tuvo que bajar a nosotros. Tengo $330 millones por mes en sueldos, tengo que sacar todos los meses crédito en el Banco de Córdoba para poder pagar los sueldos a los chicos que ganan miseria también. ¿Cómo puede ser?”.

En ese sentido, remarcó que el municipio debe recurrir a préstamos para cubrir salarios, en un contexto donde la recaudación local no alcanza y las transferencias nacionales se reducen mes a mes.

El costo humano y la autocrítica de la política

Lejos de victimizarse, el jefe comunal asumió la dificultad de gestionar en este contexto sin esconder la carga personal: “Estoy muy triste. No me da el cuerpo. No sé qué hacer. Te juro que no duermo, no como”.

Al mismo tiempo, hizo autocrítica sobre su rol y el de toda la dirigencia: “Siempre uno tiene autocrítica porque se confunde un montón. En autocrítica está bueno que escuchemos los vecinos y donde nos equivocamos, que prestemos atención, que nos están marcando el camino”.

En su mensaje final, Rivarola apuntó a la necesidad de reconstruir el vínculo entre política y sociedad: “Estamos más preocupados por ver de ser influencer que de solucionar los problemas del día a día de la gente. Con esto digo la educación, el trabajo, la seguridad, el sentido común que tenemos nosotros. Lo único que necesito es que le den laburo a la gente”.

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La intendente interina de Caraguatay (Misiones), Norma Gularte, asumió la conducción del municipio tras la denuncia penal contra el intendente titular, Mario Peyer, quien se encuentra de licencia desde hace casi un mes. En este contexto, la funcionaria inició un proceso de auditoría interna e identificó graves irregularidades en la gestión de los fondos.

El caso, iniciado tras la acusación de una empleada del Consejo Deliberante por abuso sexual, mantiene en vilo a la comunidad mientras la justicia avanza con la investigación.

Hoy miércoles, Peyer deberá presentarse a declarar ante el Juzgado de Instrucción N° 1 de Puerto Rico, mientras que mañana vence el plazo de la licencia que lo apartó del cargo.

Durante estos treinta días, Gularte no solo se ocupó de la gestión diaria sino que también impulsó una revisión exhaustiva de distintas áreas del municipio. La transición estuvo marcada por cambios en el gabinete: fueron removidos el tesorero, la jefa de personal, la directora de acción social y el director de obras públicas. La funcionaria interina puso el foco en detectar posibles irregularidades administrativas y operativas, algunas de las cuales ya fueron elevadas a la Justicia y a las autoridades policiales locales.

La revisión interna reveló datos de alto impacto sobre el uso de recursos municipales. Según Gularte, el 38% del combustible adquirido por el municipio se destinaba a un automóvil particular del intendente Peyer, mientras que otro 27% era utilizado por un camión perteneciente a un familiar directo. Solo el 35% restante quedaba disponible para la ambulancia y el resto de los vehículos municipales que prestan servicios a la comunidad. Estos números, recopilados en el informe preliminar, fueron remitidos ante la comisaría y la fiscalía de Puerto Rico para su investigación.

De acuerdo con lo informado por el portal El Territorio, en paralelo al control de recursos, la intendenta interina identificó que unas 20 personas no se presentaron a trabajar durante su gestión, al menos cinco de ellas con vínculos familiares directos con el intendente suspendido. Los salarios de ese grupo rondaban los 900 mil pesos mensuales.

Al dejar de pagar esos sueldos, el Municipio pudo redirigir fondos para obras públicas, como la colocación de veredas en más de 1.200 metros sobre la ruta de acceso a la localidad y el sostenimiento de servicios esenciales, entre ellos la recolección de residuos y la ambulancia.

Durante el proceso de auditoría también surgieron obstáculos en el acceso a la información financiera y administrativa del municipio. Según explicó la intendenta interina, el equipo a su cargo no pudo acceder a los archivos contables ni a los documentos digitalizados porque la contadora municipal y la jefa de personal no facilitaron las claves de ingreso al sistema informático. Esta situación, junto con otras inconsistencias detectadas, fue incluida en la denuncia formal ante la justicia local.

Además, se habló del hallazgo de cajas con medicamentos vencidos que no habrían sido entregados a la población, situación que continúa bajo investigación.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el intendente solicitará una prórroga de su licencia, que expira este jueves. Gularte subrayó que la administración interina aguardará la decisión de la Justicia y de Peyer, respetando los procedimientos legales y los derechos de todas las partes involucradas.

En caso de que el acusado decida retomar sus funciones, Gularte manifestó que volverá a ocupar su banca en el Concejo Deliberante y que exigirá explicaciones sobre las irregularidades observadas durante su gestión al frente del Ejecutivo local.

Ahora, el proceso judicial y la investigación administrativa avanzan en paralelo, mientras la comunidad de Caraguatay sigue de cerca los acontecimientos. A la espera de la declaración de Peyer, la estructura municipal se mantiene en estado de revisión y ajuste, con la promesa de mayor transparencia y control sobre la gestión de los recursos públicos.

“Hubo una denuncia en su momento por una situación de género”, dijo en referencia al progenitor. En este sentido, detalló que el hombre vivía en Córdoba capital junto a Tania López, la madre de la niña, hasta hace un tiempo. Sin embargo, hace aproximadamente un año la mujer se había mudado con la menor a Cosquín, donde vive la familia de ella.

Asimismo, Cardinalli indicó que en el municipio no había registro de situaciones de vulnerabilidad previas: “No tenemos ningún tipo de ficha de vulnerabilidad ni antecedentes en el SENAF local (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), tampoco hubo solicitudes de asistencia ante el área de desarrollo social”, indicó al medio cordobés.

El operativo de búsqueda y hallazgo

El intendente describió el predio donde fue encontrada la niña como una “excolonia de vacaciones” de 320 hectáreas, ubicada junto a la casa de la familia. Cardinali remarcó que en años anteriores, ese lugar “era un predio que estaba muy bien cuidado, con cabañas, sum, todo tipo de servicios. Pero con el paso del tiempo todo esto quedó abandonado, hay algunos animales sueltos y creció bosque nativo”, remarcó.

El operativo involucró a más de cien personas, entre efectivos de la policía, DUAR, bomberos y la guardia urbana municipal, además de perros entrenados y drones con sensores térmicos.

Cardinali subrayó que la zona donde finalmente fue hallada la niña ya había sido rastrillada en dos ocasiones: “Sospechamos que E. no pudo haberse trasladado sola entre toda esa naturaleza, unos 500 o 600 metros hasta donde fue encontrada”.

El intendente consideró que la investigación judicial debe profundizar en este punto, ya que la ubicación de la niña generó dudas sobre un posible traslado posterior a los primeros rastrillajes.

Estado de salud y peritajes médicos

El jefe comunal de Cosquín y médico de profesión fue uno de los primeros en llegar al lugar del hallazgo. En este sentido, confirmó que E. presentaba un grado leve de deshidratación, algunas picaduras de mosquito y raspones menores, pero no lesiones graves ni signos de violencia física visibles.

“No puede haber realizado esa caminata sola porque, si no, hubiera estado toda lastimada, inclusive está lleno de plantas con espinas”, indicó.

Actualmente, E. permanece internada bajo observación médica y se encuentra en buen estado general: “Ha comido, ha tomado mucho líquido, ha descansado”, informó Cardinali en diálogo con La Voz del Interior.

El intendente precisó que la investigación judicial continúa y que la fiscalía mantiene abiertas todas las hipótesis: “La fiscal dijo desde el primer momento: ‘No voy a descartar absolutamente nada’”. Se realizaron peritajes en el domicilio familiar y en viviendas cercanas al predio donde apareció la niña.

Nazareno Cruz Otamendi, intendente de Quehué, en la provincia de La Pampa, murió este sábado tras un accidente vial ocurrido en el kilómetro 285 de la ruta provincial 18, mientras viajaba en automóvil junto a su esposa y dos hijos rumbo a la costa atlántica.

El accidente se desencadenó luego de que el camión, que había partido desde San Pedro (provincia de Buenos Aires) con destino a Casa de Piedra, hizo escala en Ataliva Roca. Al momento del choque, transitaba sin carga, según fuentes policiales.

A las 05:55, el centro de emergencias recibió el aviso. Cuando llegaron los primeros agentes, encontraron a personal sanitario de Ataliva Roca en el lugar. El doctor Joao Taborda confirmó la muerte del intendente.

El cuerpo de Nazareno Otamendi yacía en el asiento del conductor, sin signos vitales. La Fiat Strada blanca había quedado detenida sobre la banquina sur de la ruta provincial. El frente del vehículo apuntaba hacia el este. El impacto era visible: el lado izquierdo, correspondiente al conductor, presentaba daños extensos. El parabrisas, astillado.

Su mujer, Pamela Sieira, estaba sentada a un costado, ilesa. Su relato fue directo: “Venía manejando Nazareno. Después de pasar un camión, algo golpeó por lo cual en ese momento perdió el conocimiento y tomé el volante, sacando el rodado hacia la banquina“. Y llamó al 101 para pedir auxilio.

La inspección inicial reveló el motivo: un gran objeto metálico, uno de los hidráulicos que va en los laterales entre la cabina y la caja, impactó en el área frontal del lado del conductor. El asiento del acompañante, manchado de fragmentos de vidrio. No había señales de frenadas extensas ni maniobras bruscas en la calzada.

Detrás de la Strada circulaba otro vehículo. Lucas Emanuel Beloqui conducía un Chevrolet Onix acompañado por su esposa, Melisa Sieira, y su hija de once años. Al ser interrogado, describió la secuencia: “Vi humo sobre el asfalto. De pronto, un fierro apareció en medio de la ruta. No pude esquivarlo”. Su auto terminó en la banquina norte, también con el frente orientado al este.

A pocos kilómetros, la policía localizó un camión Ford Cargo 1723. El chofer, Roberto Antonio Fernández, viajaba de este a oeste por la misma ruta, remolcando una grúa con la inscripción de JMG vial S.A. Los agentes detectaron el faltante de un hidráulico en la base izquierda de la grúa. El camión no presentaba daños evidentes, pero en la plataforma, el sistema hidráulico estaba incompleto.

La fiscalía a cargo del Dr. David López ordenó iniciar actuaciones bajo la carátula de homicidio culposo. Se solicitó intervención de la Agencia de Investigación Científica de General Acha.

Sieira fue trasladada, junto a sus hijos, a la posta sanitaria de Quehué. No tenía lesiones visibles, pero seguía en estado de shock. “Solo recuerdo el golpe. Tomé el volante y logré sacar el auto. Nazareno no reaccionaba”, repitió ante los agentes.

La secuencia de los hechos resultaba nítida: el camión circulaba en sentido contrario al de la camioneta. El hidráulico se desprendió y quedó sobre la ruta. Primero impactó contra la Fiat Strada; minutos después, el Chevrolet Onix también lo embistió.

El conductor del camión declaró ante la Policía que desconocía el desprendimiento de la pieza: “No sentí nada raro. Recién me avisaron cuando me detuvieron.” La Fiscalía ordenó el secuestro de los vehículos y el peritaje completo de la grúa.

Por su parte, la Agencia de Investigación Científica relevó pruebas en el lugar. Fotografías, mediciones de distancia y restos del hidráulico fueron documentados. El informe preliminar estableció que la pieza metálica tenía un peso superior a los 40 kilogramos y una longitud de más de un metro.

La intervención del personal médico y policial fue inmediata. El área permaneció cerrada durante más de dos horas. Los técnicos buscaron huellas y revisaron el sistema de sujeción de la grúa.

El conductor del camión permanece demorado, bajo la figura de homicidio culposo, en General Acha para avanzar en la causa, aunque desde la Policía de La Pampa afirmaron al diario La Arena que “no se constató intención de abandonar la escena”.

En respuesta al hecho, las autoridades cortaron los accesos de la ruta nacional 35 a la provincial 18 y de la nacional 152 a la provincial 9.

Veterinario de profesión y dirigente de la Unión Cívica Radical, Otamendi era conocido por su lazo con el campo y su gusto por la fotografía. Además, era hijo del jinete Rafael Otamendi. Había asumido la intendencia, bajo Juntos por el Cambio, en 2023.

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto, a través de su cuenta en X, despidió al intendente: "Mi más profundo pesar por el fallecimiento de Nazareno Cruz Otamendi. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor. En nombre del Gobierno de La Pampa, enviamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a su pueblo en este difícil momento".

Después de que se viralizara un video del discurso que brindó en una reunión vecinal en Cerrito, en el que mencionó que faltaría que mueran jubilados para que el resto pueda tener un mejor sueldo, el jefe comunal denunció que se habría tratado de un recorte hecho con malicia.

“Hay una mala intención, indudablemente. En esta asamblea se habla muy entre familia, muy entre amigos”, planteó Francou al remarcar que “hay una parte más -del video-, donde yo explico claramente y eso no se puso al aire”.

En este sentido, el intendente señaló que se había tratado de una conversación realizada en un ámbito de confianza y no de un discurso preparado para los medios. “Cuando uno habla así, en grupo, lo va diciendo medio salteado, lo va corrigiendo, lo va arreglando”, manifestó.

Por este motivo, sostuvo que “ustedes están escuchando lo que les mostraron nada más”, tras haber sido entrevistado en la radio Costa Paraná. Y apuntó: “Yo no sé quién grabó eso ahí, indudablemente alguien lo hizo, estuvo grabando todo, y salió eso. Pero está cortado”.

“Los demás intendentes se ríen porque entendieron clarito lo que yo dije y hablé en ese momento”, indicó Francou al reiterar que “hubo alguien con malas intenciones que cortó ahí y sacó la parte que queda de tener, la parte que sigue”.

La controversia se desató el miércoles por la mañana, cuando se difundió un video del intendente de Caseros, en el que alentaba a la ciudadanía a apoyar el equilibrio fiscal impulsado por el Gobierno nacional y puso como ejemplo la situación que atraviesan los jubilados.

“Creo que en el corto plazo vamos a empezar a mejorar. Hay cosas que van a llevar mucho tiempo”, inició Francou, para luego ejemplificar: “Mejorarle el sueldo a los jubilados va a llevar a que se mueran muchos, para que entren a cobrar mejor los demás”.

Frente a esto, el jefe comunal explicó que su argumento no significaba que esperaba la muerte de los jubilados, sino que se trataba de una crítica al deterioro del sistema jubilatorio. En específico, a la incorporación de beneficiarios a través de moratorias y jubilaciones por discapacidad, pese a que no habían generado aportes a lo largo de su vida.

“Yo no quiero que se mueran los viejos, porque yo tengo a mi papá que tiene 88 y mi mamá que tiene 86 y es un jubilado. ¿Cómo voy a querer que se mueran los viejos?”, cuestionó Francou al reiterar que se trataba de una proyección, en caso de que se continuara con los lineamientos marcados por Nación.

“Con este gobierno que tenemos y con el pensamiento que tiene del déficit cero, no va a sacar plata de otro lado para poner ahí. Entonces, de a poco, y va a llevar un montón de años, -va a- ir mejorando el sistema porque van a empezar a ingresar menos de los que salen”, amplió el intendente durante una conversación con Nueve Litoral.

Aunque se mostró comprensivo con la situación que atraviesan los jubilados, el jefe comunal de Caseros destacó: “El déficit cero me parece correcto porque es administrar”, y aseguró que en la municipalidad había encontrado el balance para cubrir los sueldos de los funcionarios y mantener las obras públicas con el monto que reciben de la coparticipación.

“El 60% se ocupa para el sueldo y hay un 40% que lo ocupamos para obra. Estamos haciendo obras. Mientras nadie hace obras, yo hago cordón, cuneta o cloaca”, ejemplificó al plantear: “Si todos estaríamos así, estaríamos mejor (sic)”.

Según informó el medio local El Tucumano, este domingo se realizaron allanamientos simultáneos en dos domicilios de Juan Bautista Alberdi en el marco de la causa que investiga la relación entre el empresario Chipi Giménez y funcionarios municipales. El operativo, ordenado por el Ministerio Público Fiscal del Centro Judicial de Concepción y ejecutado por personal policial de distintas jurisdicciones, incluyó la vivienda particular de Giménez y el ex mercado municipal, que figura como su domicilio legal declarado.

En la casa del barrio 111, donde reside un familiar directo de Giménez, los agentes secuestraron teléfonos celulares, documentación y el DVR del sistema de videovigilancia. En el ex mercado municipal, en cambio, no se hallaron elementos relevantes para la investigación. El medio también informó que la denuncia que motivó los procedimientos fue presentada por el jefe Joaquín Girveau.

Chipi Giménez, de 39 años, es conocido en Alberdi por su rol como contratista de obras públicas. Su empresa, Giménez Group, construyó una sala velatoria municipal destinada a vecinos de bajos recursos, por la que cobró al menos 15 millones de pesos. Además, estuvo a cargo de la recuperación del mercado municipal, aunque los trabajos se suspendieron por falta de pagos, ya que no recibía los fondos provinciales necesarios para continuar. Posteriormente, habría sido contratado para refaccionar el Centro Cultural de la ciudad.

El conflicto entre Giménez y el intendente Campos se originó tras el robo sufrido en el obrador del mercado municipal. En el audio viral, Giménez le reclama a Campos: “¿Quién me va a devolver los 16 millones de pesos que me llevaron?”. Este hecho fue denunciado ante las autoridades.

El intendente Campos reconoció públicamente que su voz es la que aparece en el audio, aunque negó cualquier implicación en actividades relacionadas con el narcotráfico. “De la grabación no recuerdo muchos detalles”, declaró Campos, quien situó la conversación hace aproximadamente un año y aseguró que el diálogo giraba en torno al robo sufrido por un tercero. Además, cuestionó la legalidad de la grabación, argumentando que “grabar a alguien sin su consentimiento es ilegal”.

Campos manifestó su disposición a colaborar con las autoridades y expresó: “Voy a dejar que la Justicia avance en la investigación. Soy el principal interesado en que esto se resuelva. Esto es un dime y direte. Hay un detenido en la causa de apellido Campos, yo soy de apellido Campos, pero no tengo nada que ver. Quiero limpiar mi apellido y me pongo a disposición de la justicia”. El intendente también afirmó que dio garantías al gobernador sobre su desvinculación de los hechos y ratificó su permanencia en el cargo: “No voy a tomar licencia. Estoy más firme que nunca. Se lo dije al Gobernador: no voy a renunciar. El pueblo de Alberdi está conmigo”.

El gobernador Jaldo se refirió a la gravedad de la situación y consideró la posibilidad de intervenir el municipio. “El intendente tiene que reaccionar, tiene que salir a hablar, porque hoy el municipio de Alberdi está muy comprometido. Y este gobernador puede conversar, puede charlar, pero también puede tomar medidas que van desde sanciones, cambio de gabinete, hasta la intervención del municipio”, declaró.

Jaldo enfatizó que no permitirá que funcionarios o políticos de Tucumán tengan vínculos con el narcotráfico. “Van a ir presos y el que tenga responsabilidad institucional los vamos a intervenir. No es merecedor de conducir una ciudad. En este caso es Alberdi, pero ni siquiera una comuna. Como gobierno vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Estamos tocando intereses. No es casualidad que un día antes hemos secuestrado un pan de cocaína en Alberdi. Están molestos, están intranquilos. Tenemos operativos permanentes en Alberdi con las unidades especiales de la Policía de Tucumán. Vamos a ir a fondo, no solo en Alberdi, sino en todos los lugares que lo venimos haciendo”, sentenció el mandatario provincial.

La situación se agrava por la reciente incautación de un pan de cocaína en Alberdi, hecho que, según el gobernador, evidencia la presencia de intereses afectados por los operativos policiales. Las autoridades provinciales reforzaron los controles en la zona y mantienen la vigilancia sobre el municipio, mientras la investigación judicial avanza con el análisis de los elementos secuestrados en los allanamientos.

El desarrollo de la causa y las eventuales decisiones institucionales, como la intervención del municipio o cambios en el gabinete local, dependerán de los resultados de la investigación y de las acciones que adopte la justicia.

Durante la madrugada de este martes, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, fue víctima de un robo, después de que un grupo de delincuentes rompiera los vidrios de su auto y se llevaran documentación. El mandatario del distrito señaló que “fue al azar”.

El incidente ocurrió en una dársena de la transitada Avenida Gobernador Freyre, frente al club Rivadavia Juniors, en las cercanías de su residencia. Este evento trae a la luz una problemática recurrente en la ciudad, el aumento de robos en zonas frecuentadas.

Desde el interior del coche, un vehículo de marca Toyota, los ladrones sustrajeron la documentación oficial del vehículo y otros papeles de importancia, a pesar de que otros objetos de valor, como el matafuegos y la rueda de auxilio, permanecieron intactos.

El mandatario no se mostró preocupado al relatar el suceso. “Al salir alrededor de las 5:15 de la mañana, me encontré con la desagradable sorpresa de que habían roto la ventanilla de mi auto. La guantera estaba abierta y no había rastro de la documentación”, aseguró en declaraciones en Aire de Santa Fe. Esta situación inesperada se produjo luego de que su hija utilizara el vehículo la noche anterior, dejando el coche estacionado en dicho lugar por motivos familiares ocasionales.

La dinámica del hecho, rápido y sin mayores daños que los materiales, sugiere que los atacantes actuaron sin premeditación. En palabras del propio Poletti, “no tenían un objetivo claro más que cualquier coche que se cruzara en su camino. Fue pura casualidad que me tocara a mí”.

Además, dejó de lado cualquier tipo de sospecha sobre posibles ataques personales y señaló que no recibió ningún tipo de amenaza. En tanto, aclaró que a pesar del infortunio, continuará con su rutina diaria sin cambios ni temores adicionales.

Según informó El Litoral, tras descubrir el robo, Poletti contactó inmediatamente a las autoridades marcando el 911. Muy pronto, arribó al lugar la brigada de la Unidad Regional I – Agrupación Cuerpos de la Policía de Santa Fe, quienes llevaron a cabo los procedimientos de rigor y calificaron el incidente bajo la carátula de “Daño”.

Allí, los efectivos constataron los destrozos en el cristal del copiloto y la falta de documentos. Ante la policía, el intendente formalizó la denuncia en la Comisaría 4ta para dar paso a una investigación más exhaustiva.

A pesar de lo ocurrido, no se tiene constancia de sospechosos ni se han reportado testigos que puedan ofrecer pistas concretas. El papel de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, ha sido puesto en valor para tratar de aclarar este episodio.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si las mismas han registrado actividades inusuales que puedan ayudar en la identificación de los responsables. “Esperamos que en las próximas horas podamos contar con más datos que nos ayuden en esta investigación”, señalaron fuentes de la policía local.

El área donde ocurrió el robo es un sector con significativa circulación vehicular y cuenta con buena iluminación.

“Este evento no cambiará cómo vivo aquí. Confío en nuestros sistemas de seguridad y en que este hecho no se repetirá”, concluyó el mandatario distrital de la ciudad más importante de la provincia.

Juan Pablo Poletti fue elegido como intendente de la ciudad en 2023 para suceder a Emilio Jatón en la municipalidad, a la par del gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, con la alianza de Juntos por el Cambio.

Su historia con la política no es algo que venga de vieja data, ya que antes de postularse era el director del Hospital Cullen, uno de los centros de salud más importantes de la región.

De esta forma, el médico de profesión Daniel Ximénez venció al nacionalista Mario García y se convirtió en el nuevo intendente, cargo que asumirá al próximo 10 de julio.

"¡Hicimos historia! Gracias por confiar, por acompañar. Lo que viene es responsabilidad y trabajo incansable. Desde mañana, nos ponemos al servicio de cada rincón del departamento, para que el cambio llegue con dignidad y futuro. ¡Gracias, de corazón! Este triunfo es colectivo", escribió en sus redes sociales.

Uruguay afrontó el pasado domingo unas elecciones departamentales y municipales en las que unos 2,7 millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a los intendentes de los 19 departamentos, a los ediles que legislarán en los parlamentos departamentales y a los alcaldes que estarán al frente de los distintos municipios.

Si bien el nombre de 18 de los nuevos intendentes se conoció ese mismo día, no fue así en el caso de Lavalleja, donde la diferencia en favor del frenteamplista fue de 116 votos.

Teniendo en cuenta que había 884 votos observados, se debió esperar a que estos fueran abiertos en esta jornada para saber si Ximénez conservaba o aumentaba su ventaja, así como también si García podía remontar.

Esos votos son emitidos por personas que, por diferentes motivos, como -por ejemplo- hacerlo en un circuito diferente al que tienen asignado, lo hacen en sobres de otro color.

Dichos votos no son abiertos en el primer escrutinio, ya que primero se juntan todos los que cumplen esa característica y luego se abren a la misma vez.

Finalmente, García no pudo remontar y Ximénez puso fin con su victoria a 35 años ininterrumpidos de gobiernos del Partido Nacional.

De esta forma, además, el Frente Amplio ganó su cuarto departamento, tras los triunfos en Montevideo, Canelones y Río Negro, por lo que mejoró lo hecho en las elecciones departamentales de 2020, en las que había ganado en tres (Montevideo, Canelones y Salto).

Mientras tanto, el Partido Nacional gobernará 14 departamentos y el Partido Colorado uno. EFE

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, le pidió en las últimas horas la renuncia a todo su gabinete. El jefe comunal le comunicó ayer la decisión a sus funcionarios en una breve reunión, de no más de 10 minutos, en donde les argumentó la necesidad de implementar una reestructuración que permita enfrentar la delicada situación financiera del municipio.

Passerini explicó que estos cambios no necesariamente se van a aplicar en todas las áreas y que uno de los factores que motivaron esta decisión es la disminución de los fondos que el gobierno nacional destinaba a la capital cordobesa.

Para hoy, según informaron medios locales, se esperan diversas reestructuraciones en el núcleo ejecutivo de la ciudad cordobesa que abarcarían recortes en roles desde secretarios hasta subdirectores, incluyendo también a las conducciones de los entes descentralizados, becarios y trabajadores bajo el régimen de monotributo.

“Tras la reunión de gabinete, los funcionarios pusieron a disposición su lugar para que el intendente realice cambios que considere pertinentes para eficientizar el cumplimiento de los objetivos que la gestión se propone”, informaron fuentes municipales a este medio.

Además, desde el entorno de Passerni informaron que “habrá un vocero o comunicado oficial cuando se tome alguna acción efectiva sobre el tema, de momento no hay declaraciones”.

El intendente cordobés ya les habría pedido a algunos funcionarios que renunciaran por decisión propia, ya que “sus reparticiones no habrían dado las respuestas esperadas a los vecinos”, informó Cadena 3. Los cambios en el Gabinete estarían encuadrados en obtener "mejores soluciones con menos recursos“.

El encuentro reunió a los 12 secretarios del gabinete y a cinco directores de entes descentralizados, entre ellos Tamse, COyS, Cormecor, el Ente de Fiscalización y Bio Córdoba. Según consignó el diario La Voz, se destacó que los recortes presupuestarios a nivel nacional están afectando gravemente a los municipios, lo que obliga a las administraciones locales a adaptarse y a redoblar esfuerzos para mostrar resultados a los vecinos.

El mensaje del intendente fue claro: es necesario un mayor compromiso por parte de los funcionarios y una gestión más visible para la ciudadanía. “Hay que adaptarse y mostrarle a la gente lo que estamos haciendo, acá nadie puede seguir pasando desapercibido”, indicó el jefe comunal.

Según el entorno del mandatario, los cambios podrían definirse en las próximas horas o días. La premisa para quienes permanezcan en el gabinete será clara: demostrar resultados tangibles y fortalecer la conexión con los ciudadanos.

Por otro lado, según declaraciones recogidas por La Voz, habrá modificaciones en las áreas de gestión, con posibles fusiones de departamentos, la salida de algunos funcionarios y la continuidad de otros en sus cargos. “Todas las opciones están abiertas”, señaló una fuente municipal cercana al intendente.

La reestructuración busca, en palabras del propio mandatario, “hacer más eficiente la gestión” en un contexto de restricciones presupuestarias, un tema recurrente desde que Passerini asumió el cargo hace 16 meses.

En medio del comienzo de otro año electoral, La Libertad Avanza (LLA) apunta su estrategia a engrosar sus filas, tanto en el Congreso, como con los dirigentes municipales. Uno de los territorios en disputa será la provincia de Buenos Aires, en donde comenzaron a allanar el terreno para sumar aliados. Entre ellos, la intendente de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado, quien fue recibida con los brazos abiertos luego de cortar lazos con el PRO.

En las últimas horas del viernes, el presidente de La Libertad Avanza (LLA) bonaerense, Sebastián Pareja, selló la alianza con la jefa comunal, luego de que le diera la bienvenida al partido por medio de un comunicado en las redes sociales. “¡Bienvenida a La Libertad Avanza, @FAstorino!“, escribió junto con el característico león que define al espacio liberal.

“Como dice el Presidente @JMilei, todos los que quieran aportar su esfuerzo y capacidad para hacer a la Provincia grande otra vez, tienen abiertas las puertas de nuestro partido”, ratificó el armador que, además, estuvo acompañado de otros dos intendentes que abandonaron el PRO por LLA: Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, y Juan Morillo, de 25 de Mayo.

Con una fotografía, en la que se lo vio rodeado de Valenzuela, Astorino Hurtado y Morillo, el titular del partido bonaerense afirmó: “La Libertad AVANZA y no podrán detenernos”. Por su parte, la jefa comunal emitió un comunicado en sus redes sociales, para explicar: “Me sumo a LLA porque la provincia necesita el cambio profundo que está en el país”.

“La Libertad se defiende con convicción y coraje. Hoy dimos en Capitán Sarmiento otro paso firme hacia la libertad en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo la ex dirigente del PRO, para luego agradecer a Pareja, Valenzuela, Karina Milei y Patricia Bullrich, las figuras que habrían estado detrás de la alianza.

Mientras que la hermana del presidente y titular del partido a nivel nacional no emitió opinión al respecto, la ministra de Seguridad Nacional le dio la bienvenida en la red social X. “¡Bienvenida, Fernanda Astorino, a sumar fuerzas para la defensa de la vida, la libertad y la propiedad!“, manifestó.

En línea con esto, la titular de la cartera de seguridad describió a Astorino Hurtado como “una intendente modelo” y aseguró que su gestión en Capitán Sarmiento sería un ejemplo a seguir. “Bajaron impuestos y devolvieron a los ciudadanos la libertad de trabajar y comerciar”, señaló, para concluir: “Así se construye el verdadero cambio”.

En la nueva incorporación que ganó el oficialismo, la ex candidata a presidente del PRO tuvo un rol clave, al igual que el intendente de Tres Febrero que, no solo se convirtió en el primer jefe comunal en dar el paso en la provincia de Buenos Aires, sino que habría estado detrás de las negociaciones con sus pares.

De hecho, fue el mismo Valenzuela, quien dejó registro de una reunión previa entre él, Bullrich y Astorino Hurtado. Se trata de una publicación que realizó el 27 de diciembre de 2024, en donde compartió un video de un acto de cierre de año que realizaron en Capitán Sarmiento. En la misma, confirmó que la intendente los había recibido y fue anfitriona del encuentro.

“Si nosotros nos unimos y trabajamos juntos en cada distrito, en cada sección electoral, sosteniendo el proyecto de Javier Milei y Patricia Bullrich, creo que nos va a ir muy bien en la provincia”, expresó el intendente de Tres de Febrero en esa oportunidad. Y vaticinó: “Vamos a ser una llave para que el cambio se consolide en el país”.

Por su parte, en su discurso, la ministra de Seguridad arengó a los presentes a “caminar la provincia de punta a punta”, para reforzar el espacio libertario. “No tenemos excusas, la tenemos que ganar. Tenemos que ganar la provincia de Buenos Aires”, concluyó la dirigente.

A pesar de que uno de los objetivos principales sería la provincia de Buenos Aires, Bullrich expandió su influencia para sumar a dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires. Apenas hace una semana, la titular de Seguridad Nacional confirmó que varios legisladores porteños, provenientes de su ala en el PRO, dejaron el espacio amarillo, para incorporarse a la bancada libertaria porteña.

El miércoles pasado, la funcionaria y Karina Milei se presentaron en el recinto porteño para hacer oficial la incorporación de los diputados Juan Pablo Arenaza, Silvia Imas y María Luisa González Estevarena. En la reunión de bienvenida también estuvo presente Pilar Ramírez, la presidente del bloque de legisladores de LLA en CABA.

“Hoy, el bloque de La Libertad Avanza en la ciudad es más grande, más sólido y avanza con más fuerza que nunca. Arenaza, Imas y González Estevarena son tres legisladores con una enorme potencia, que hoy fortalecen nuestro bloque. Ya veníamos trabajando juntos, pero este es un paso decisivo hacia un proyecto común”, explicó Ramírez durante un diálogo con Infobae.

De la misma forma, la diputada aseguró que el acuerdo será “una base sólida para encarar un año clave”. Sobre todo, desde que se oficializó la expulsión del legislador Ramiro Marra del partido, por lo que el espacio en la Ciudad quedó dividido.

Un intendente de la Policía Nacional, de 46 años, fue sentenciado a 18 años de prisión tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de una menor de 13 años.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el 11 de marzo de 2018 en el municipio de Itagüí, en el departamento de Antioquia.

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Sin embargo, tras años de investigación, el ente acusador logró confirmar y revelar que el uniformado abordó a la víctima mientras esta transitaba cerca de una subestación policial y utilizó su vehículo particular para cometer el delito.

De acuerdo con la Fiscalía, en ese año, el hombre ofreció llevar a la menor al lugar al que se dirigía. Sin embargo, una vez dentro del automóvil, la joven fue agredida sexualmente.

Además, se comprobó que el agresor intentó silenciar a la víctima ofreciéndole una suma de dinero para que no denunciara lo sucedido. Este intento de soborno fue uno de los elementos que reforzó la acusación en su contra.

El ente acusador logró demostrar la responsabilidad del condenado en varios delitos graves.

Los cargos que le imputaron

De acuerdo con el reporte oficial, al uniformado se le imputaron los cargos de actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años.

La sentencia de 18 años de prisión refleja la gravedad de los crímenes cometidos y la contundencia de las pruebas presentadas durante el proceso judicial.

La Fiscalía destacó que este caso subraya la importancia de proteger a los menores de edad frente a cualquier forma de abuso, especialmente cuando los responsables son figuras de autoridad como miembros de la fuerza pública.

Según consignó el organismo, el trabajo investigativo permitió esclarecer los hechos y garantizar justicia para la víctima, que tenía apenas 13 años al momento del ataque.

La Fiscalía General de la Nación reiteró su compromiso de perseguir y sancionar con rigor los delitos sexuales, especialmente aquellos que afectan a menores de edad y que involucran a miembros de las fuerzas del orden.

Capturan responsable del homicidio de un niño de 9 años en Pereira

El cuerpo sin vida de un niño de 9 años, reportado como desaparecido en el corregimiento de Caimalito, en Pereira, fue hallado tres días después de su desaparición en una zona boscosa.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, el menor habría sido atacado por un hombre que intentó robarle su teléfono celular.

De acuerdo con la institución, el menor salió de su casa con la intención de preguntar por el inicio de las novenas navideñas. Durante su recorrido, se habría encontrado con Julián Alexis Giraldo Bedoya, que, según las investigaciones, lo atacó con el propósito de sustraerle el celular.

La desaparición del niño fue reportada de inmediato por su familia, lo que activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), un protocolo diseñado para localizar a personas desaparecidas en el menor tiempo posible.

Tras tres días de búsqueda, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontraron el cuerpo del menor en una zona boscosa cercana al lugar donde fue visto por última vez.

Este hallazgo marcó el inicio de una investigación exhaustiva liderada por un fiscal de la Seccional Risaralda, con el apoyo de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes.

El 31 de diciembre de 2024, la Fiscalía informó que, en coordinación con la Policía Nacional, se logró la captura de Giraldo Bedoya en la ciudad de Armenia, capital del departamento de Quindío.

El hombre fue señalado como el presunto responsable del homicidio del menor. Según detalló la entidad, el capturado fue presentado ante un juez de control de garantías, donde se le imputaron los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado.

A pesar de las pruebas presentadas por la Fiscalía, Giraldo Bedoya no aceptó los cargos imputados. No obstante, el juez determinó que el procesado debía cumplir una medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

En la provincia de Río Negro, un juez del fuero civil condenó al exintendente de la Municipalidad de General Fernández Oro, Juan Reggioni, a indemnizar por daños y perjuicios con cerca de 131 millones de pesos a un motociclista que sufrió graves lesiones en un accidente vial ocurrido en octubre de 2019. El siniestro en cuestión, ocurrido al este del Alto Valle rionegrino, dejó a la víctima con una incapacidad permanente del 46.4%, según consignaron los informes médicos.

La sentencia, dictada por el titular de la Unidad Jurisdiccional Civil 1 -ex Juzgado Civil Comercial y Minería 1 de Cipolletti-, en manos del magistrado Diego Ariel De Vergilio, estipuló que una maniobra imprudente de Reggioni configuró la causa del choque en la intersección de la ruta provincial 65 y la calle Irigoyen. Allí se estableció que el demandado incumplió una norma de tránsito al no respetar la prioridad de paso y, con su camioneta Volskwagen Amarok, embistió con fuerza al conductor de una moto.

En tanto, la aseguradora Integrity Seguros Argentina S.A., citada en calidad de garante al proceso, deberá cubrir hasta seis millones de pesos conforme al límite de la póliza vigente en el momento del hecho. El resto de la suma deberá ser abonado directamente por el condenado.

Según publicó este viernes el diario Río Negro, el desembolso que deberá realizar el exfuncionario incluye compensaciones por daño físico, daño moral, gastos médicos y tratamiento psicológico para el damnificado, quien tras el impacto resultó afectado, según pericias especializadas, con una incapacidad permanente del 46.4%. Además, el magistrado fijó un cálculo de intereses desde la fecha del accidente hasta que se efectúe el pago integral.

En el ámbito penal, Reggioni, dos veces jefe de la comuna ubicada al oeste del Departamento General Roca, ya había llegado a un acuerdo con la víctima mediante el pago de 100.000 pesos. A través de ese trato, homologado posteriormente en los tribunales, el exmandatario logró el sobreseimiento respecto al delito de lesiones culposas, sin embargo, no quedó exento de responder bajo los parámetros de la responsabilidad civil.

No es la primera vez que Juan Oscar Reggioni enfrenta problemas con la justicia. En 2019, un tribunal de la jurisdicción de Cipolletti lo encontró penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, junto a otros funcionarios municipales. Este expediente ventiló la escrituración irregular de un loteo social durante su gestión al frente de la intendencia.

Allí Reggioni recibió una sentencia de un año y seis meses de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ocupar y desempeñar cargos públicos. Si bien apeló el fallo en distintas oportunidades, resultó confirmado en todas las instancias de la provincia. Ante esa situación, su defensa presentó un recurso extraordinario para tratar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el caso, que fue rechazado en mayo de este año.

El exmandatario intentó volver a postularse en 2023 como candidato a jefe comunal de Fernández Oro, pero su candidatura fue rechazada por una resolución del Juzgado Electoral fundada en la ordenanza de “ficha limpia”, que impide a los ciudadanos con condenas penales acceder a cargos públicos. Esta decisión, también judicializada, quedó ratificada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

Por otra parte, Reggioni se encuentra investigado en una causa conocida como “Techo Digno”, donde se analizan supuestas irregularidades en el manejo de fondos destinados a la construcción de una serie de viviendas sociales. Para la fiscalía de instrucción, en el marco de ese programa de ayuda estatal se produjeron desvíos de caudales a otros fines, además del incumplimiento de las correspondientes certificaciones de obra. Los abogados del ex jefe comunal, en tanto, pidieron su sobreseimiento por considerar que no hubo delito.

En un fallo dictado de forma unánime, la Corte Suprema de Justicia rechazó este martes una queja presentada por el intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro (68), quien había demandado por daños y perjuicios a un adversario político de esa localidad por comentarios realizados en un programa de radio, donde lo acusó de padecer una afectación psicológica.

Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2019, en plena campaña electoral, cuando Juan Miguel Cumba, médico cirujano, opositor político y candidato a primer concejal, durante una entrevista radial en la ciudad bonaerense se refirió al jefe municipal diciendo: “Está alterado, para mí está alterado. Seguro que está con alguna medicación especial…”. “Como soy médico, por eso te lo digo”, agregó en aquel momento.

A raíz de esa declaración, Zurro, intendente desde 2007 por el PJ y electo por última vez en 2023 a través de Unión por la Patria, inició una demanda para obtener una indemnización en virtud de haber sufrido, según alegó, “una intromisión en su intimidad que le ocasionó una grave afectación espiritual”. Según manifestó en su escrito inicial firmado por su abogado, la opinión brindada durante la entrevista “trascendió el debate político, pero no se trató de un agravio común, es decir, dicho por una persona no médica no causa más que la sensación de un mero agravio, en el caso se trata de un agravio con apariencia de opinión profesional”.

Y añadió: “El Doctor Cumba, conocedor de la autoridad y repercusión que su opinión profesional genera en la comunidad, utilizó su profesión de médico -y prestigioso como es- para lisa y llanamente agraviar a mi mandante con el propósito de crear la versión de que es un enfermo psiquiátrico -ingresando de ese modo en su intimidad-, recuérdese que expresó claramente en la entrevista radial ‘...como soy médico, por eso te lo digo…’”.

Al contestar la demanda, el defensor de Cumba reconoció los dichos vertidos al aire, pero consideró que no habían sido “una expresión soez ni peyorativa ni insultante. Ni tampoco fue esa la intención de mi principal”. También invocó la libertad de expresión y calificó como “excesivo” el monto reclamado.

Así las cosas, el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen rechazó la demanda en el mes de junio de 2021. Esto motivó una sucesión de apelaciones en los tribunales locales, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que en diciembre de 2022 resolvió desestimar sus planteos.

El caso avanzó con la presentación de un recurso extraordinario federal. En dicha instancia, el demandante argumentó que el magistrado de primera instancia había evaluado incorrectamente el asunto, ya que en lugar de analizar la violación al derecho a la intimidad, que era lo alegado en la demanda, examinó una posible afectación al derecho al honor. A su vez, destacó que la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Trenque Lauquen, en lugar de anular la resolución debido a esta confusión, intentó corregir el error y concluyó que no había habido afectación a la intimidad.

La defensa de Zurro también afirmó entonces que los comentarios del médico y opositor político constituían un diagnóstico profesional sobre una posible patología psiquiátrica no identificada, y que se mencionó un tratamiento con el único propósito de agraviarlo durante la campaña electoral para intentar obtener una ventaja política.

Como el recurso extraordinario fue descartado, el cinco veces jefe comunal de Pehuajó decidió interponer una queja para llegar ante la Corte Suprema de Justicia. Allí, con los votos de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, el Máximo Tribunal declaró “inadmisible” el planteo y decidió desestimarlo con base en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Ángel Fabián Constantino, ex intendente de la localidad de Gilbert, Entre Ríos, deberá cumplir 14 años y 6 meses en prisión por abuso sexual. Así lo resolvió la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), la cual confirmó la sentencia original tras rechazar el recurso extraordinario federal presentado por los defensores del acusado para que el caso sea analizado por la Corte Suprema de Justicia.

El ex jefe comunal entrerriano, que ya se encuentra cumpliendo la pena de manera domiciliaria desde hace varios meses, se quedó ahora sin instancias de apelación y será trasladado a una cárcel común al ser condenado por delitos contra la integridad sexual hacia tres mujeres.

Fue considerado como autor material y responsable de los delitos de abuso sexual simple y con acceso carnal que concurren de manera real entre sí de los tres hechos denunciados.

Las víctimas son vecinas del distrito que denunciaron haber sido violadas por el dirigente justicialista en diferentes oportunidades. Uno de estos episodios ocurrió en el año 2018, antes de que Constantino fuera electo, mientras que los otros dos sucedieron mientras se encontraba al frente de la gestión municipal, en 2021.

Los hechos salieron a la luz meses después y, en consecuencia, el ex intendente fue removido de su cargo. Se resolvió en un trámite exprés, en el que la Legislatura entrerriana aprobó la intervención al municipio para desplazar a Constantino.

Sobre él pesan tres cargos de abuso sexual con acceso carnal. Hay seis testimonios más que detallaron conductas aberrantes, pero que no están tipificadas en el Código Penal y, por lo tanto, no pueden ser consideradas como delitos.

El testimonio de una de las denunciantes

María Luján Aguirre, empleada de prensa municipal, fue quien reveló el infierno que vivió en 2021 en Gilbert, una localidad rural ubicada 75 kilómetros al norte de Gualeguaychú. Luego se sumaron los otros casos que ampliaron la acusación.

En su relato, mencionó los episodios a los que la sometió Constantino, quien llegó al gobierno local en 2019 como candidato del Justicialismo, luego de derrotar al entonces mandatario Jorge Holzmann (Cambiemos) por 446 votos contra 414.

En declaraciones al programa “Quién dice Qué” (Canal 11), la mujer comentó que en marzo de ese año, tras vivir algunas situaciones desagradables, pidió licencia. “Quería que (el intendente) se diera cuenta de lo que yo estaba viviendo. Estaba con stress y ataques de pánico”, narró.

Pensó que la situación terminaría y se reincorporó al trabajo porque necesita sostener a su hijo. “Pero fue doblemente peor”, describió. Entonces solicitó otro permiso hasta que Constantino la dejó sin empleo en la Municipalidad.

Además, comentó que otra compañera que padeció los abusos del intendente también quedó fuera de la Municipalidad.

“Hemos vivido situaciones muy feas. Me tiraron un auto encima. Iba con mi familia. Fue una persona del municipio muy relacionada con el intendente. Esa misma persona me seguía, me sacaba fotos”, contó. Y añadió: “Estoy segura que la gente del pueblo nos cree, nos conocemos todos. Pero yo me tuve que ir porque ya no se podía vivir allí por las situaciones oscuras que he pasado”.

Y, en aquel momento, concluyó: “Él está en un lugar donde, lamentablemente, puede conseguir cualquier cosa. En Gilbert la mayoría de la gente tiene una relación laboral o algo que ver con el Municipio. Para nosotras es doblemente difícil. Tengo mucho miedo. No merezco lo que estoy viviendo. No voy a tener paz hasta verlo preso. Sé que se va a hacer justicia”.

Ahora, con la confirmación de la condena, se espera que las víctimas logren recuperar parte de la paz con la que vivían antes de los abusos.