El procedimiento fue realizado este sábado por personal de la Departamental La Matanza, en conjunto con efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría de San Justo, en el marco de una causa que tramita ante la UFI N°8 del Departamento Judicial La Matanza.

Los detenidos fueron identificados como Ariadna Rocío Salmone, de 24 años, y Adriel Joel Pérez, de 29. Ambos están investigados por una serie de hechos ocurridos en las localidades de San Justo y Ramos Mejía. Como se observa en el video que encabeza esta nota, se movilizaban en moto. Él bajaba para cometer los robos mientras ella hacía de campana. Luego, ambos escapaban juntos.

La investigación avanzó a partir de distintas tareas realizadas por los efectivos para establecer dónde se encontraban los sospechosos. De acuerdo con el parte policial, los investigadores determinaron que la pareja tenía domicilio en Brasil al 4100, aunque ya no residía allí porque sabía que sus imágenes circulaban en redes sociales vinculadas a distintos robos.

Por ese motivo, los policías montaron una vigilancia encubierta durante varias horas en las inmediaciones de la vivienda. Mientras aguardaban, observaron a personas que realizaban una mudanza. Finalmente, cuando los sospechosos aparecieron en el lugar, los efectivos los identificaron y procedieron a detenerlos.

Al momento del procedimiento, la pareja estaba acompañada por sus tres hijas menores de edad. Tras comunicarse con la fiscalía interviniente, se dispuso que las niñas quedaran al resguardo de su abuela materna.

Durante el operativo, además, fueron secuestrados teléfonos celulares, documentación perteneciente a las víctimas, una notebook y varias carteras. Los investigadores buscan determinar ahora a cuáles de los hechos investigados corresponde cada uno de los objetos recuperados.

Una de las denuncias que circuló públicamente había sido realizada por una mujer que aseguró haber sido atacada en Ramos Mejía. En una publicación en redes sociales sostuvo que un hombre había intentado robarle y que, al resistirse, la golpeó en el rostro.

También señaló que el acusado se movilizaba en moto acompañado por una mujer y difundió imágenes del presunto agresor tomadas por cámaras de seguridad.

La causa quedó en manos de la fiscalía a cargo de Alejandra Núñez, que avaló el procedimiento y dispuso la aprehensión de ambos por robos reiterados, además de las diligencias judiciales correspondientes.

El procedimiento se produjo en medio de una serie de hechos de inseguridad registrados durante las últimas semanas en La Matanza. El jueves pasado, también en San Justo, cuatro adolescentes fueron detenidos luego de robarle el auto a una mujer de 38 años, a quien golpearon y amenazaron con un arma.

El hecho ocurrió en el cruce de Inclán y Ombú. Tras el asalto, los sospechosos escaparon en el Peugeot 207 de la víctima, pero fueron perseguidos por la Policía Bonaerense y terminaron detenidos después de chocar durante la fuga. Dos de los acusados tienen 14 años y los otros dos, 16.

Días antes, efectivos de la misma comisaría detuvieron a cuatro integrantes de una banda acusada de robar celulares a pasajeros del Metrobus de La Matanza. Los sospechosos fueron interceptados en San Justo cuando circulaban en un Fiat Cronos y, durante el procedimiento, la Policía secuestró 14 teléfonos celulares que habían sido sustraídos a las víctimas.

Dos ataques armados ocurridos en canchas de futbol de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con 12 días de diferencia dejaron tres personas asesinadas y cinco heridas. Los hechos ocurrieron en las colonias Las Granjas y 27 de Febrero, donde entre las víctimas hay menores y adolescentes.

El caso más reciente ocurrió la noche del viernes 18 de septiembre en Las Granjas. Hombres armados que se desplazaban en motocicletas dispararon contra varias personas que se encontraban en el sitio; tres murieron y tres resultaron heridas, entre ellas un menor, de acuerdo con fuentes de seguridad citadas por La Jornada. La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó posteriormente sobre la detención de presuntos responsables.

La agresión ocurrió en un espacio utilizado para actividades deportivas y, según reportes periodísticos, el menor lesionado se encontraba participando en un torneo infantil. Se identificó al niño como un jugador de 11 años que se desempeñaba como portero y recibió un impacto de bala en la cabeza.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó inicialmente la detención de seis personas identificadas como Richard “N”, Johnny “N”, Martha “N”, Carlos “N”, Iré “N” y Cristóbal “N”. De acuerdo con la dependencia, durante su captura habrían manifestado pertenecer a un grupo delictivo. Posteriormente, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, informó que el número de detenidos relacionados con el caso había aumentado a 13.

Las autoridades no han establecido públicamente el móvil de la agresión. Tampoco han informado que la cancha, el torneo o los jugadores fueran el objetivo del ataque. Testimonios citados por La Jornada ofrecieron versiones distintas sobre la ubicación de las personas contra las que se realizaron los disparos, por lo que la investigación deberá determinar las circunstancias y el objetivo de la agresión.

Doce días antes, dos adolescentes fueron baleados

El primer episodio ocurrió el 6 de septiembre en una cancha de la colonia 27 de Febrero. Dos adolescentes, de 14 y 19 años, fueron atacados a tiros mientras se encontraban en el lugar.

El joven de 14 años recibió cuatro impactos de bala y fue localizado en un área de pastizal; su estado fue reportado como crítico. El de 19 años recibió un disparo en el abdomen. Testigos señalaron que los agresores llegaron a bordo de una motocicleta, dispararon y escaparon del lugar. Las familias de ambos jóvenes dijeron desconocer el motivo de la agresión.

En ese caso tampoco se estableció públicamente que el ataque estuviera relacionado con la actividad deportiva. La coincidencia con el episodio de Las Granjas está en que ambos ocurrieron en espacios utilizados para jugar futbol y que en los reportes sobre los dos hechos aparecen motocicletas, pero no existe información que permita atribuirlos a los mismos responsables.

La violencia armada alcanza espacios deportivos

Los dos hechos permiten documentar la presencia de violencia armada en espacios deportivos de la capital chiapaneca. Hasta el cierre de esta nota informativa, en Las Granjas todavía no se ha informado de manera oficial cuál fue el móvil ni quiénes eran exactamente los objetivos de los disparos.

La presencia de menores entre las víctimas sí muestra el riesgo que representa una agresión armada en espacios donde se concentran niños, adolescentes y familias. En el caso del 18 de septiembre, además, existe una versión periodística que ubica al menor lesionado como participante de un torneo infantil.

Hasta ahora tampoco existe una relación acreditada entre los dos episodios. La similitud en el uso de motocicletas constituye un elemento coincidente de las narraciones sobre ambos hechos, pero no permite determinar que hayan sido ejecutados por la misma célula o dentro de una misma disputa criminal.

Las Granjas arrastra antecedentes de violencia

El ataque del 18 de septiembre ocurrió en Las Granjas, una colonia de Tuxtla Gutiérrez que ha registrado otros episodios violentos durante los últimos años.

Aristegui Noticias ha documentado que Las Granjas y Patria Nueva han concentrado distintos hechos relacionados con violencia criminal y recordó episodios anteriores en los que también hubo menores entre las víctimas. La zona ha aparecido además en reportes sobre disputas entre grupos delictivos que operan en Chiapas.

En abril de 2026, por ejemplo, un enfrentamiento registrado en la colonia Xamaipac involucró a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y presuntos integrantes de un grupo criminal. Un vehículo utilizado durante la huida fue localizado posteriormente en Las Granjas.

Ese antecedente sirve para ubicar el contexto de seguridad de la colonia, pero no permite vincularlo de manera directa con el ataque ocurrido en la cancha ni establecer que las dos agresiones de septiembre formen parte de una misma disputa.

CJNG y Cártel de Chiapas y Guatemala tienen presencia documentada en Tuxtla

El contexto criminal de Tuxtla Gutiérrez incluye la presencia documentada de al menos dos organizaciones. En agosto, la Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que dos personas detenidas en la colonia Las Granjas por delitos contra la salud manifestaron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La dependencia aseguró 47 dosis de una sustancia con características similares al cristal.

Un mes antes, la misma corporación reportó la detención de Rudy “N” en el barrio San Francisco, a quien identificó como presunto integrante del Cártel de Chiapas y Guatemala. En su poder fueron aseguradas dosis de presunta metanfetamina y marihuana.

El Cártel de Sinaloa también tiene actividad documentada en la entidad. En junio, la Secretaría de Marina detuvo a Rigoberto “N”, señalado como líder de esa organización en Chiapas, durante un operativo realizado en la carretera San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez. El hecho acredita actividad del grupo en el estado y en el corredor carretero, pero no permite afirmar que mantenga el mismo nivel de presencia dentro de la capital.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha identificado a esas tres organizaciones —Cártel de Sinaloa, Cártel de Chiapas y Guatemala y CJNG— como grupos que han participado en disputas territoriales en Chiapas. Sus declaraciones se refieren al contexto estatal, particularmente a regiones de la frontera y la Sierra, por lo que no permiten atribuir a alguno de ellos los ataques registrados en las canchas de Tuxtla.

Chiapas reporta una reducción de homicidios

Los ataques ocurrieron pocos días después de que el Gobierno federal informara una reducción de 64 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en Chiapas.

El 11 de septiembre, el Gobierno federal señaló que el promedio pasó de 2.5 homicidios diarios en diciembre de 2024 a 0.9 en agosto de 2026. La cifra corresponde al comportamiento estatal y fue presentada como el promedio más bajo registrado en la entidad desde 2015.

Ese indicador corresponde al conjunto de Chiapas y no permite medir por sí mismo la incidencia de episodios específicos en Tuxtla Gutiérrez. Los dos casos registrados en septiembre muestran, en cambio, que persisten agresiones armadas localizadas capaces de alcanzar espacios de convivencia deportiva.

Las investigaciones de ambos hechos deberán determinar si existe alguna relación entre ellos, quiénes fueron los objetivos de las agresiones y cuáles fueron sus motivos.

El operativo comenzó mientras se desarrollaba una movilización en el sector comprendido entre el Congreso Nacional y Plaza de Mayo.

Según informaron fuentes policiales, operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) detectaron a través de las cámaras de seguridad a un grupo de hombres que robaba pertenencias a los asistentes aprovechando la concentración de personas.

A partir de ese momento comenzó un seguimiento en tiempo real. Los operadores advirtieron que el grupo se había dividido: dos de los sospechosos se encontraban cerca de la dársena del Metrobus 9 de Julio, a la altura de Alsina, mientras que los otros cinco intentaban escapar a bordo de un Peugeot por la calle Lima, a la altura de la avenida Rivadavia.

Con las descripciones y la ubicación aportadas desde el centro de monitoreo, efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo cerrojo.

Cinco de los acusados fueron interceptados cuando se encontraban dentro del vehículo, en Lima al 80. Los otros dos fueron detenidos poco después en Bernardo de Irigoyen al 80.

Durante las requisas, los policías secuestraron seis teléfonos celulares, una cadena de oro, una llave de vehículo y el Peugeot en el que se movilizaba parte del grupo.

Los siete detenidos tienen entre 20 y 26 años y domicilio en la provincia de Buenos Aires.

Al verificar sus identidades, los investigadores determinaron además que dos de ellos tenían antecedentes judiciales. Uno, de 23 años, registraba causas por encubrimiento y robo por dos hechos ocurridos en noviembre de 2023.

En tanto, sobre otro de los sospechosos, de 20 años, pesaba un pedido de captura y detención vigente por robo agravado por el uso de arma de fuego.

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, a cargo de Mariano Amaduri, que dispuso que los siete acusados permanezcan detenidos.

La detención de la banda se produjo el mismo día en que otro procedimiento de la Policía de la Ciudad permitió localizar en Villa Lugano a un hombre de 36 años que tenía un pedido de captura internacional por una causa de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y corrupción de menores agravada.

En ese caso, el operativo se inició cerca de las 8.20, luego de un llamado que alertó sobre varias personas que intentaban abrir un Chevrolet Aveo estacionado en la vía pública. Cuando los policías llegaron al lugar comprobaron que no se trataba de un robo: el dueño había dejado accidentalmente las llaves dentro del auto y, junto a otras personas, intentaba abrirlo con un alambre.

Sin embargo, los efectivos identificaron a todos los presentes y descubrieron que uno de ellos tenía una orden de captura y detención activa desde el 11 de septiembre. Era buscado por la Justicia del Departamento Judicial de La Matanza por abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, agravado por la guarda y la convivencia preexistente, en concurso real con corrupción de menores agravada.

El hombre quedó detenido a disposición del Juzgado de Garantías N°6 de La Matanza, a cargo de la jueza Carina Andrijasevich.

Las imágenes muestran al servidor público concentrado en su labor cuando un sujeto se aproxima por detrás. Sin previo aviso, el hombre le propina un puñetazo que lo derriba de inmediato. Tras la agresión, el responsable se aleja a toda velocidad al advertir la llegada de otros uniformados.

El episodio fue divulgado por la cuenta Colombia Oscura el sábado 19 de septiembre de 2026. Hasta el momento, no se informó la identidad del atacante ni las circunstancias que motivaron la actuación de tránsito que antecedió al ataque.

El agresor escapó tras derribar al funcionario

El video no permite establecer si existió una discusión previa entre el agente y el agresor. Tampoco se conoce si el funcionario requirió atención médica después del impacto.

De acuerdo con la publicación que difundió el caso, las autoridades iniciaron la búsqueda del responsable. La grabación sería uno de los elementos para identificarlo y ubicarlo.

El ataque ocurrió en plena vía pública y ante la presencia de otras personas. En la secuencia, el hombre aprovecha que el agente no lo observa para lanzar el golpe. Luego corre en dirección contraria a los uniformados que aparecen segundos después en el lugar.

La agresión abrió una discusión entre usuarios de redes sociales sobre el respeto a los funcionarios y las actuaciones de las autoridades durante procedimientos en espacios públicos.

Usuarios cuestionaron el ataque y también criticaron al agente

Algunos comentarios condenaron la forma en que ocurrió el hecho. Un usuario calificó al atacante como un “cobarde” y señaló que actuó por la espalda antes de escapar.

Otro internauta escribió que el video reflejaba una “falta de autoridad” frente a conductas delictivas. Estas reacciones apuntaron a la necesidad de identificar al responsable y avanzar con las acciones judiciales correspondientes.

Capturaron a un hombre señalado de agredir a tres agentes de tránsito en Antioquia

Una discusión por la inmovilización de una motocicleta derivó en la captura de un hombre de 39 años, señalado de atacar a tres agentes de tránsito en Sabaneta, Antioquia. El procedimiento ocurrió en el sector de Calle Larga y quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

La Administración Municipal indicó que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de violencia contra servidor público. Las autoridades también informaron daños materiales durante el incidente, aunque no detallaron su alcance.

El hecho comenzó mientras los funcionarios adelantaban labores de regulación vial y aplicaban una medida de tránsito sobre una motocicleta. En las imágenes se observa a un hombre vestido con camiseta negra y jean que discute con los agentes mientras uno de ellos sostiene el vehículo.

La tensión aumentó en pocos segundos. El ciudadano empujó y golpeó a uno de los trabajadores, mientras los otros participantes del operativo intentaban mantener bajo control la motocicleta.

Según la versión oficial, los tres agentes fueron alcanzados por las agresiones. El registro audiovisual también muestra que varias personas salieron de viviendas y comercios cercanos después de escuchar los insultos dirigidos a los funcionarios.

Algunos residentes se aproximaron al lugar para intervenir a favor de los agentes. En ese momento, el hombre señalado como agresor se alejó del sitio por una de las calles del sector.

De acuerdo con la Policía, el hombre buscó refugio en una vivienda tras advertir la presencia de los uniformados. Posteriormente, salió del inmueble y volvió a escapar.

El seguimiento contó con el apoyo de las cámaras de videovigilancia del municipio. Los policías continuaron la persecución a pie hasta que lograron alcanzarlo luego de que cayera al suelo.

Tras la detención, el ciudadano quedó bajo custodia para su judicialización. La autoridad competente deberá definir su situación jurídica por la conducta que se le atribuye.

La pentatleta mexicana Catherine Mayran Oliver denunció que sufrió una agresión mientras realizaba su entrenamiento matutino en el Bosque del Ocotal, en Ciudad de México. La deportista relató que un hombre de entre 35 y 40 años la interceptó y forcejeó con ella, un episodio que le dejó lesiones en la piel.

De acuerdo con una publicación en Instagram, el incidente ocurrió el jueves 17 de septiembre, alrededor de las 6:40 de la mañana. Un día después, la atleta decidió hacer público lo sucedido mediante un mensaje acompañado de fotografías y un video.

Así ocurrió el incidente contra Catherine Mayran Oliver

La pentatleta explicó que se encontraba en medio de su entrenamiento de carrera cuando un hombre se acercó y comenzó a forcejear con ella.

“El jueves 17 de septiembre, aproximadamente a las 6:40 a. m., mientras realizaba mi entrenamiento de carrera en el Bosque del Ocotal, en la Ciudad de México, un hombre de aproximadamente 35 a 40 años me interceptó y forcejeó conmigo”.

Mayran Oliver logró liberarse y ponerse a salvo. Sin embargo, señaló que sufrió algunas lesiones en la piel y que desconoce cuáles eran las intenciones del hombre.

“Afortunadamente, logré liberarme rápidamente y ponerme a salvo, aunque sufrí algunas lesiones en la piel. Desconozco cuáles eran sus intenciones, pero lo ocurrido fue una situación de violencia que puso en riesgo mi integridad”.

La deportista decidió compartir el episodio para alertar a otras personas que suelen entrenar o transitar por la zona. En particular, dirigió el mensaje a integrantes de la comunidad deportiva que utilizan espacios públicos para realizar actividad física.

“Comparto mi experiencia para alertar a quienes entrenan o transitan por esta zona y para recordar que ninguna persona debería sentir miedo al practicar deporte, caminar o disfrutar de un espacio natural”.

La atleta también cuestionó que situaciones de violencia puedan ocurrir en lugares utilizados habitualmente para entrenar y recrearse.

“La responsabilidad nunca será de quien sale a entrenar, sino de quien decide agredir”.

Mayran Oliver cerró su publicación con una frase que condensó el impacto que tuvo el episodio en ella: “Te amo, mi México, pero me dueles”.

¿Quién es Catherine Mayran Oliver?

Catherine Mayran Oliver, de 25 años, es una pentatleta mexicana con una trayectoria marcada por participaciones internacionales y múltiples medallas.

Su acercamiento al deporte comenzó durante la infancia. Según información de la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno, empezó a practicar actividad deportiva alrededor de los nueve años por recomendación médica.

Uno de los primeros grandes momentos de su carrera llegó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, donde consiguió dos medallas de oro. Ese mismo año fue reconocida con el Premio Estatal del Deporte en el Estado de México.

También alcanzó el octavo lugar en un Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno, resultado que representó uno de los mejores registros para México dentro de la rama femenil de esta disciplina.

Más recientemente, Mayran Oliver volvió a subir al podio internacional. El 6 de agosto de 2026, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) informó que la mexicana y Yael Marmolejo conquistaron la medalla de oro en el relevo mixto de pentatlón moderno de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La Conade destacó que esa presea contribuyó a que México superara los 145 títulos obtenidos en San Salvador 2023 y estableciera su mejor actuación histórica en la competencia regional.

Ahora, la atleta vuelve a aparecer en el centro de la conversación pública, pero por un episodio ocurrido lejos de las pistas y mientras realizaba una de las actividades que forman parte de su preparación deportiva.

Todo comenzó cerca de las 10.30 en la calle García Lorca al 600, en la zona de Punta Mogotes. Según medios locales, la víctima es un gasista que aguardaba la llegada de un cliente dentro de su Peugeot 208 cuando ocurrió el ataque. Al margen de ello, lo concreto es que estaba dentro del vehículo al momento de ser abordado por dos delincuentes que se movían en una motocicleta.

En las imágenes se observa que el motochorro que viajaba como acompañante descendió con un arma, se acercó al conductor y le apuntó. Luego lanzó un disparo al aire para intimidarlo. No está claro todavía si pretendía robarle el coche u otras pertenencias. Lo cierto es que la víctima se resistió y comenzó a forcejear con el ladrón.

Así, ambos cayeron al asfalto. En ese momento, el conductor le gritó desafiante: “¡Dale, vení, gato!”. El asaltante disparó tres veces mientras le apuntaba y luego corrió hacia la moto, donde lo esperaba su cómplice ya listo para darse a la fuga.

Pese a las heridas, el automovilista logró ponerse de pie y siguió increpando al agresor. Antes de subir a la moto para escapar, el delincuente se dio vuelta y efectuó un quinto disparo. Ese tiro también alcanzó al hombre.

Los dos sospechosos huyeron, mientras la víctima se subió a su Peugeot 208 y por sus propios medios se dirigió a la Unidad de Pronta Atención (UPA) N°8 de Punta Mogotes. Desde allí luego lo derivaron al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Sufrió heridas de arma de fuego en el abdomen y las piernas. Fue operado y su estado es reservado.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°4, a cargo de la fiscal María Constanza Mandagarán. Por el momento, los investigadores buscan identificar a los dos motochorros que escaparon sin concretar el robo.

Un joven cubano expuso en redes sociales una preocupación que se repite en distintos barrios de la isla: la inseguridad dejó de ser una sensación aislada y pasó a formar parte de la vida cotidiana. Su mensaje vinculó los robos, la violencia y el crecimiento de conductas delictivas entre adolescentes con una crisis económica y social que, según planteó, dejó a muchos jóvenes sin expectativas.

Aunque no existen estadísticas oficiales periódicas y detalladas sobre criminalidad que permitan medir el fenómeno en todo el país, las denuncias difundidas por vecinos y medios independientes muestran episodios reiterados en zonas urbanas. En Santiago de Cuba, por ejemplo, residentes alertaron sobre asaltos nocturnos y robos de teléfonos, mientras que en otras provincias se informaron delitos en hospitales, estacionamientos y espacios públicos.

Robos y arrebatos en las denuncias vecinales

El mensaje del joven cubano describe una realidad en la que transitar por determinadas calles, regresar de noche a casa o portar un teléfono móvil puede convertirse en un riesgo. Esa percepción se alimenta de publicaciones de residentes que relatan capturas de presuntos ladrones por parte de vecinos, ante demoras o ausencia de respuesta policial.

En septiembre, un médico persiguió y retuvo a un joven acusado de arrebatar un teléfono en Santiago de Cuba. El caso se sumó a otras denuncias de robos en la ciudad, donde los habitantes de las zonas de Trocha y Gasómetro habían advertido sobre una sucesión de asaltos durante la madrugada, consignó Ciber Cuba.

En agosto, organizaciones como Cubalex documentaron un incremento significativo en robos a viviendas, asaltos y homicidios en Cuba, según Univisión.

Drogas sintéticas entre los jóvenes

El planteo publicado en redes también apunta a la circulación de drogas de bajo costo, entre ellas los cannabinoides sintéticos conocidos popularmente como “químico” o “papelito”. En los últimos meses, las autoridades cubanas informaron operativos contra redes de distribución en barrios de La Habana.

El Ministerio del Interior desplegó acciones en municipios como Centro Habana, donde fueron detenidas 13 personas en una operación vinculada con el tráfico de drogas. Entre los elementos decomisados había soportes impregnados con cannabinoides sintéticos.

La expansión de estas sustancias preocupa por su precio y por la facilidad con la que pueden circular en entornos vulnerables. Un informe citado por medios independientes indicó que una dosis de “químico” puede costar alrededor de 250 pesos cubanos, una suma inferior al precio de otras drogas que también aparecen en operativos policiales.

La presencia de estas sustancias añade tensión a comunidades atravesadas por el deterioro económico. El joven que difundió su reflexión asoció el consumo y la violencia con la falta de empleo formal, la deserción escolar y la ausencia de espacios de contención para adolescentes.

La emigración y la fragmentación familiar

Otro de los ejes del planteo fue el efecto de la emigración sobre la vida familiar. Cuba atraviesa desde hace varios años una salida masiva de ciudadanos hacia Estados Unidos, América Latina y Europa.

La separación familiar no explica por sí sola el aumento de la inseguridad, pero forma parte de un escenario de fragilidad social. La falta de supervisión cotidiana, las dificultades para sostener la escolaridad y la precariedad económica pueden profundizar la exposición de niños y adolescentes a dinámicas de consumo, violencia o pequeños delitos.

En ese marco, el reclamo publicado en redes cuestiona una respuesta centrada exclusivamente en patrullajes y detenciones. El joven sostiene que las acciones policiales pueden actuar sobre hechos concretos, aunque no resuelven las condiciones que empujan a parte de la juventud hacia los márgenes.

Nataly Osma Pinilla, una mujer colombiana de 29 años, fue localizada sin vida la mañana del jueves 17 de septiembre dentro del departamento que rentaba mediante Airbnb en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar la causa de muerte. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que se trate de un homicidio ni han informado una causa oficial.

Nataly Osma Pinilla salió con una amiga antes de morir

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, Nataly salió con una amiga durante la tarde y noche del miércoles 16 de septiembre, en el contexto de las celebraciones por el Día de la Independencia de México.

Después de la salida, ambas regresaron al departamento donde se hospedaban. La mañana siguiente, Nataly fue encontrada sin vida sobre una cama del inmueble.

Los primeros reportes indican que la joven no presentaba lesiones visibles. Cerca de su cuerpo también fueron localizados restos de vómito, un indicio que deberá ser examinado por especialistas y que, por sí solo, no permite establecer qué provocó su muerte.

¿Qué encontraron en el Airbnb?

Durante la inspección del departamento, las autoridades localizaron el pasaporte, identificaciones y otras pertenencias personales de Nataly Osma Pinilla.

Los objetos permanecían dentro del inmueble, por lo que hasta ahora no existe información que confirme un robo como explicación del fallecimiento.

La investigación busca reconstruir las últimas horas de la joven colombiana, desde su salida con su amiga hasta el momento en que fue localizada sin vida.

La ausencia de lesiones visibles y los indicios encontrados en el departamento tampoco permiten determinar si se trató de una causa médica, un accidente o un hecho relacionado con algún delito. Para establecerlo serán fundamentales los estudios periciales y las diligencias ministeriales.

Fiscalía de CDMX investiga la muerte de la joven colombiana

La FGJCDMX realiza las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer si existe alguna responsabilidad penal.

Hasta la publicación de esta información, la Fiscalía no había difundido una causa oficial de muerte. Por ello, las versiones que circulan sobre lo ocurrido deben considerarse preliminares hasta que las autoridades concluyan los estudios correspondientes.

También se estableció contacto con representantes de Colombia para atender los procedimientos derivados del fallecimiento de la ciudadana colombiana.

El caso de Nataly ocurre tras otros fallecimientos de extranjeros

La muerte de Nataly Osma Pinilla ocurre pocos días después de que otro caso involucrara a una ciudadana extranjera en México: Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba una estancia académica en Morelos.

También se han registrado otros casos de extranjeros fallecidos en distintas circunstancias en el país, incluidos ciudadanos colombianos y una turista canadiense que murió durante un tiroteo en abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México.

Sin embargo, no existe información pública que permita relacionar esos hechos con la muerte de Nataly Osma Pinilla.

La investigación permanece abierta. Hasta que concluyan los estudios periciales, las autoridades no han establecido públicamente qué ocurrió dentro del Airbnb de la alcaldía Cuauhtémoc ni cuál fue la causa del fallecimiento de la joven colombiana.

Tres jóvenes de entre 21 y 25 años fueron detenidos por su presunta vinculación con la muerte de un trabajador y el robo de varios bienes en el parqueo del Hospital General Docente Ernesto Guevara, en Las Tunas, ocurrido durante la madrugada del 24 de agosto de 2026. La causa del fallecimiento aún no fue divulgada y tampoco se informaron los resultados de los análisis forenses y toxicológicos mencionados tras el hecho.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, aunque no se conocieron sus identidades ni los cargos que enfrentarían. La información fue difundida por el oficialista Periódico 26, que citó fuentes oficiosas y los señaló como presuntos autores.

Durante el episodio fueron robados una bicimoto, una bicicleta de paseo y un teléfono móvil. El custodio del área de bicicletas murió, mientras que otro trabajador, vinculado al área de gases según uno de los reportes, resultó lesionado y no estuvo en peligro de muerte.

La incógnita sobre la causa del fallecimiento

El trabajador fallecido fue identificado como Rafael Jiner Guerra, de 64 años, quien llevaba más de tres décadas empleado en el centro sanitario. Las primeras versiones no establecieron cómo murió ni precisaron si sufrió una agresión física.

Los reportes iniciales indicaron que no se habían detectado signos de violencia física en las víctimas. Sin embargo, la situación fue descrita como un hecho violento, una caracterización que alimentó cuestionamientos y distintas versiones entre residentes y usuarios de redes sociales.

El perfil oficialista Claridad Tunera sostuvo que los dos trabajadores estaban juntos en el parqueo de bicicletas del Hospital Provincial Dr. Ernesto Guevara cuando ocurrió el robo. Ese medio señaló que, “al parecer”, desconocidos habrían puesto algún tipo de somnífero en el café que consumieron.

La posibilidad de que una sustancia sedante o tóxica hubiera sido utilizada para inmovilizar a los trabajadores no fue confirmada por las autoridades. También circuló la hipótesis de que el custodio hubiera sufrido un fallo cardíaco asociado al estrés, ante la ausencia de heridas o golpes visibles, pero tampoco se conoció una conclusión oficial sobre esa versión.

El hermetismo inicial sobre la investigación favoreció la propagación de rumores sobre lo sucedido en la instalación médica. Los nuevos reportes sobre las detenciones no detallaron la causa de muerte de Guerra ni aclararon si los exámenes toxicológicos y forenses ya habían concluido.

Robos en parqueos y hospitales de Cuba

El caso de Las Tunas se produjo en medio de denuncias sobre robos en estacionamientos y centros de salud de distintas provincias cubanas. La crisis económica también se refleja en una mayor percepción de inseguridad, especialmente por la sustracción de motocicletas, bicicletas eléctricas, teléfonos y otros bienes de alto valor en el mercado informal.

Vecinos de Camagüey expresaron durante agosto preocupación por el aumento de robos de motos y bicicletas eléctricas en parqueos. Algunas bicicletas podían superar los USD 1.700, mientras que determinadas motocicletas alcanzaban más de USD 2.000 en operaciones informales.

En hospitales de Santiago de Cuba también se denunciaron robos reiterados ese mes. En menos de dos semanas habrían sido sustraídos más de 11 teléfonos, además de sábanas y ventiladores.

En noviembre de 2025, dos personas fueron detenidas por su presunta relación con el robo de un vehículo en el parqueo del hospital pediátrico de Matanzas. Ese antecedente volvió a poner el foco sobre la seguridad en las áreas de estacionamiento de instituciones sanitarias.

El hecho ocurrió este miércoles por la noche, alrededor de las 20.14, en un comercio ubicado en 446 y 27. En el video que encabeza esta nota se observa al sospechoso, identificado por fuentes policiales como Jonathan Braian Laprida, vestido con un pantalón y un buzo negros.

Las imágenes muestran cómo el joven merodea durante algunos minutos por la vereda y observa una moto Gilera Smash 110 gris y negra. Luego se acerca al vehículo, comienza a llevárselo a pie y, segundos después, acelera el paso hasta salir de la escena.

Tras el robo, personal del Comando de Patrullas La Plata Norte fue alertado y se dirigió hasta el supermercado. Allí, los efectivos entrevistaron a un hombre de 50 años, personal de seguridad del comercio, quien denunció la sustracción de la motocicleta.

A partir de ese momento se desplegó un operativo para encontrar al sospechoso y recuperar el vehículo.

En medio de la búsqueda, en 446 y 28, los policías encontraron una moto Corven. Al consultar sus datos en el sistema, constataron que tenía un pedido de secuestro activo por robo desde el 13 de septiembre, solicitado por la Comisaría 12ª de La Plata en una causa con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°9.

La investigación continuó hasta que los agentes determinaron que el sospechoso estaba herido y le había pedido ayuda a un camionero para trasladarse.

Finalmente, en la zona de 467 y 144, efectivos de la Comisaría Décima de City Bell interceptaron el camión blanco en el que viajaba el joven y lo detuvieron. Durante el procedimiento, además, fueron secuestradas las dos motocicletas vinculadas a la investigación.

Según pudo saber Infobae, al momento de ser capturado el acusado presentaba una fractura en una pierna, por lo que debió ser asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y posteriormente trasladado al Hospital San Roque de Gonnet.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de La Plata y fue caratulada como robo calificado y encubrimiento. El joven permanece internado en ese centro de salud con custodia policial.

Días atrás, también en La Plata, dos hermanos de 22 y 16 años fueron detenidos acusados de intentar robarle una moto a un joven de 24 años.

El episodio ocurrió el domingo por la noche en la intersección de avenida 60 y calle 26. Tras el intento de robo, la víctima dio aviso a la Policía y se inició un operativo de búsqueda.

Personal del Comando de Patrullas encontró a los sospechosos a pocas cuadras, en 59 y 29, y recuperó la motocicleta. Ambos fueron trasladados a la Comisaría Quinta de La Plata y quedaron a disposición de la Justicia en una causa caratulada como robo doblemente calificado en grado de tentativa.

La organización operaba en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del Conurbano bonaerense y está vinculada con al menos 15 hechos delictivos y un homicidio, de acuerdo con la información policial a la que accedió Infobae.

Uno de los métodos utilizados por la banda para atacar a los conductores consistía en solicitar viajes a través de aplicaciones bajo el pretexto de una supuesta urgencia médica. De esa manera, conseguían que las víctimas se dirigieran hacia zonas previamente seleccionadas.

En algunas oportunidades, los sospechosos se presentaban acompañados por mujeres o menores para no despertar sospechas. Cuando el conductor llegaba al punto acordado, era emboscado y reducido mediante el uso de armas de fuego y violencia física.

Luego, los delincuentes les robaban dinero, teléfonos celulares, documentación, prendas de vestir y distintos accesorios de los vehículos.

Según los investigadores, el hombre detenido ahora participó activamente del homicidio de un chofer de una aplicación de transporte ocurrido el 24 de febrero de este año. La víctima había sido asaltada por integrantes de la organización, quienes ejercieron violencia contra el trabajador hasta provocarle la muerte.

De acuerdo con la PFA, aquel episodio llevó a la empresa de transporte a implementar nuevos protocolos y sistemas de seguridad en la Argentina y otros países de la región.

La investigación también determinó que la banda no se limitaba a atacar a conductores. Sus integrantes están acusados de cometer robos en viviendas particulares mediante la simulación de falsos allanamientos policiales.

La causa tuvo un avance el 16 de abril, cuando agentes federales realizaron ocho allanamientos en el Barrio Padre Mugica, la Villa 21-24/Zavaleta, el Barrio Bermejo y la localidad bonaerense de Virrey del Pino.

Como resultado de esos procedimientos, fueron detenidos cinco presuntos integrantes de la organización. Sin embargo, uno de los sospechosos permaneció prófugo y la Justicia ordenó su captura.

Desde entonces, agentes del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la PFA realizaron distintas tareas para determinar dónde se encontraba. Finalmente, establecieron que se ocultaba en un domicilio de Virrey del Pino.

Con esa información, los efectivos montaron un operativo cerrojo en las inmediaciones de la vivienda. Según la versión policial, cuando el sospechoso advirtió la presencia de los agentes intentó escapar y se resistió a la detención. Sin embargo, fue reducido y capturado en la vía pública.

Al verificar su identidad en los sistemas policiales, los investigadores constataron además que registraba antecedentes penales por homicidio.

La pesquisa se encuentra bajo la dirección de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°23, a cargo del fiscal Marcelo Retes, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, interinamente a cargo de María Rita Acosta, y la Secretaría N°109, a cargo de Soledad Nieto.

El detenido quedó a disposición de la Justicia por los delitos de asociación ilícita y robo con armas y deberá prestar declaración indagatoria.

El asalto ocurrió el jueves de la semana pasada, cerca de las 20.30, en una casa del barrio Stella Maris. Los ladrones redujeron a la mujer, a su madre de 74 años y a su padre, que padece una enfermedad neurodegenerativa. La hija justamente había llegado a la ciudad para acompañarlos antes de la intervención quirúrgica que tenía prevista el hombre al día siguiente. Durante el robo, relató que intentó contenerlo para evitar que su estado de salud se agravara con la situación.

“Por suerte yo estaba ahí adentro para calmarlo, tratar de que no diga ni pase nada”, explicó al diario La Capital de Mar del Plata. Y lamentó: “Fue una pesadilla, jamás pensé que me iba a tocar vivir algo así. Todavía no lo puedo creer”.

Una cámara de seguridad registró la llegada de los asaltantes y su ingreso por el portón del garaje. En las imágenes se observa primero a tres hombres, vestidos con ropa oscura, guantes y los rostros cubiertos. Poco después se sumó un cuarto delincuente. La víctima afirmó que, en total, fueron cinco los ladrones que participaron del hecho.

En el video se oyen los gritos de la mujer. Asustada y sorprendida, una soltó: “¿Cómo entraste?”. El mecanismo utilizado para abrir el portón aún es materia de investigación. La familia sospecha que los delincuentes pudieron haber usado o clonado un control remoto, aunque ese punto no fue confirmado. En la filmación se lo ve semiabierto, los intrusos tuvieron que forzarlo para acceder al interior.

Fuentes oficiales indicaron que los asaltantes no tenían armas de fuego. Una vez dentro, maniataron a las víctimas con corbatas y cordones. Cerca de media hora después de la irrupción, la alarma de la vivienda comenzó a sonar y huyeron.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°13, dirigida por el fiscal Mariano Moyano. Por el momento no hay detenidos. Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras y buscan determinar cuántas personas intervinieron en el robo y de qué forma lograron acceder a la propiedad.

El hecho comenzó en el cruce de las calles Inclán y Ombú. La banda, a la pesca, estilo piraña, abordó a la víctima, que viajaba en su Peugeot 207 de color bordó. Tras cruzarla, le dieron una paliza y la amedrentaron con una pistola. Así, le quitaron su auto.

La Bonaerense comenzó un operativo cerrojo. Pocas cuadras después, interceptaron a la banda sobre el Peugeot 207. El fiscal de menores Marcelo Germinario dispuso que los cuatro sospechosos queden detenidos. Tres tuvieron que ser atendidos en hospitales por las heridas que sufrieron.

A comienzos de este mes, los efectivos de esta misma comisaría detuvieron a cuatro integrantes de una banda de delincuentes que se dedicaba a robar teléfonos celulares de pasajeros del Metrobus de La Matanza

Los sospechosos, todos ellos de nacionalidad peruana, cayeron en el cruce de Ruta Provincial 4 y Moldes, donde los agentes frenaron la marcha del Fiat Cronos en el que se movían. Fueron identificados como Alexander Johan Guerra Román (27 años); Miguela Galeno (26); Julio Prado Huaman (43) y Roberto Prado Huaman (37).

Se les incautó una suma no determinada de dinero en efectivo y 14 teléfonos celularesde distintas marcas y modelos

La desaparición de Daniel Maximiliano, un niño de cuatro años, terminó con el hallazgo de su cuerpo sin vida en Xalapa, Veracruz, y la detención de tres personas señaladas por la Fiscalía General del Estado (FGE) como presuntas responsables de los hechos.

El caso ocurre apenas dos semanas después de la muerte de otro menor en el puerto de Veracruz, en un expediente relacionado con presunto maltrato infantil.

¿Cómo localizaron el cuerpo de Daniel Maximiliano?

La FGE informó que Gilberto “N”, Ana Susana “N” y Fernanda “N” fueron detenidos en flagrancia durante las diligencias para localizar a Daniel. De acuerdo con la autoridad, los tres serán puestos a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica.

El 13 de septiembre se activó la búsqueda del menor después de que fue reportado como desaparecido. Según la información proporcionada por las autoridades, Daniel había sido visto en la colonia Coapexpan.

La investigación incluyó labores de búsqueda y vigilancia, revisión de videograbaciones, análisis de información relacionada con líneas telefónicas y otras diligencias ministeriales.

Operativo derivó en cateo en casa de 3 familiares

Con autorización judicial, el 14 de septiembre se realizaron tres cateos en inmuebles de Xalapa, donde fueron asegurados diversos indicios que se incorporaron a la carpeta de investigación. Un día después, el 15 de septiembre, las autoridades localizaron al niño sin vida dentro de un domicilio de la colonia Benito Juárez.

La fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, señaló que la investigación se desarrolló en un “contexto de sustancias”, aunque no ofreció mayores detalles debido a que el expediente se encuentra próximo a su judicialización.

La funcionaria también confirmó que entre los detenidos están el padrastro del menor, la madre del padrastro y la hermana de este. Los investigados enfrentan señalamientos por homicidio doloso calificado y hechos vinculados a la desaparición cometida por particulares en agravio del niño.

Segundo caso de infanticidio en Veracruz

El caso de Daniel ocurre poco después de la muerte de Leonel, un niño de cinco años, en el puerto de Veracruz. El menor falleció durante la madrugada del 2 de septiembre en un hospital del IMSS, después de ingresar con múltiples lesiones que, de acuerdo con los reportes, eran compatibles con presunto maltrato.

Por estos hechos fueron detenidas Cecilia “N”, madre de Leonel, y Claudia Isabel “N”, pareja sentimental de la madre. Ambas fueron presentadas ante un juez de control para iniciar el proceso penal correspondiente.

La Fiscalía también realizó un cateo en el domicilio donde vivía el menor, ubicado en el fraccionamiento Palma Real. Durante las diligencias se buscaron indicios relacionados con las lesiones que presentaba el niño.

El caso provocó una muestra de solidaridad entre vecinos, quienes colocaron veladoras, globos blancos, un peluche y juguetes frente al inmueble donde vivía Leonel.

Con la investigación por la muerte de Daniel Maximiliano, Veracruz suma un nuevo caso que involucra la muerte violenta de un menor y familiares entre las personas bajo investigación. En ambos expedientes, corresponderá a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades penales conforme avance cada proceso.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el hecho ocurrió el domingo 30 de agosto, cerca de las 2.34, en un departamento ubicado en Anasagasti al 2000, a pocos metros del shopping Alto Palermo. Las grabaciones muestran a los dos sospechosos abrigados y con el rostro cubierto mientras ingresaban al inmueble.

Tras atravesar la puerta principal sin forzar la cerradura, se dirigieron hacia uno de los ascensores. De acuerdo con las fuentes consultadas, tampoco violentaron el acceso al departamento de Perín.

Casi dos horas después, alrededor de las 4.25, las cámaras los captaron cuando salían del ascensor con un objeto dentro de una bolsa de residuos. Una vez fuera del edificio, se subieron a una camioneta gris y escaparon.

El robo fue advertido por el encargado, quien encontró abierta la puerta principal de la vivienda de la periodista. El hombre ingresó por el acceso de servicio para comprobar qué había ocurrido y descubrió que el interior estaba revuelto.

Tras tomar conocimiento del hecho, Perín, quien estaba ausente al momento del robo, constató el faltante de una caja fuerte con dinero y otros elementos de valor. También aportó las grabaciones del ingreso y la salida de los ladrones.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, a cargo del fiscal Edgardo Orfila, quien dispuso la intervención de la División de Investigaciones Comunales 14. Los investigadores analizan las imágenes para identificar y localizar a los sospechosos.

Días después del robo, Perín habló con los medios y expresó: “Por suerte no me pasó nada porque no estaba”. La periodista contó que se encontraba de viaje y que regresó aquella misma madrugada.

En diálogo con ElTrece, también manifestó su sorpresa por la forma en que actuaron los delincuentes. “Parecen atletas preparados para robar”, afirmó.

Según explicó, la cerradura de su departamento se desbloquea con su huella dactilar o mediante una clave. “El código de la cerradura la tienen dos personas”, señaló, aunque aclaró que no sospecha de ninguna de ellas porque las conoce desde hace varios años.

En cuanto a los elementos sustraídos, Perín detalló que dentro de la caja fuerte guardaba objetos de valor que pertenecían a sus familiares y lamentó la posibilidad de no recuperarlos. “Salí a hablar porque esto le tiene que servir a alguien para que no le pase lo mismo”, concluyó.

El Concejo Deliberante de Morón aprobó la interpelación del intendente Lucas Ghi o algún miembro de su gabinete en medio de la crisis de inseguridad que atraviesa el municipio después de que un hombre fue herido frente a una escuela.

Según confirmó la presidenta del Concejo, la audiencia se llevará a cabo el próximo jueves 17 de septiembre a las 9. Si bien la convocatoria es para el intendente municipal, existe la posibilidad de que sea otro miembro del Poder Ejecutivo quien se presente.

Existe la posibilidad de que sea el secretario de Seguridad del municipio, Damián Cardoso. El funcionario se presentará por segunda vez ante el Concejo en el año: ya compareció en mayo tras el escándalo por la funcionaria involucrada en una causa de narcotráfico.

La interpelación tiene como fundamento solicitar al Ejecutivo “un informe detallado sobre la creciente inseguridad que sufren los vecinos de Morón, y las políticas tomadas y/o que tomará en materia de seguridad”. La citación fue votada por bloques opositores como La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Todo por Argentina, Nuevo Pro Morón y Fuerza Patria, agrupación que en el distrito mantiene un enfrentamiento abierto con el intendente.

Según consta en los fundamentos del proyecto aprobado, el pedido de interpelación es el resultado de “varios pedidos de medidas concretas como la instalación y reparación de alarmas, mayor iluminación, incorporación y mantenimiento de cámaras de videovigilancia, incremento del patrullaje y una mayor presencia territorial tanto del personal policial como de los agentes de la guardia urbana”.

El detonante político tuvo un correlato directo en las calles. El jueves 10 de septiembre, alrededor de las 7.15, Hernán Mariano Catarraso, de 51 años y excomisario mayor de la Policía Bonaerense, llevaba a su hija al jardín de infantes del Colegio Emaús, en la localidad de El Palomar, cuando tres delincuentes descendieron de un vehículo sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900 e intentaron robarle la camioneta. Catarraso se identificó como miembro de la fuerza de seguridad, lo que derivó en un enfrentamiento armado: recibió un disparo en el abdomen y quedó tendido sobre el asfalto, aunque consciente. Según informó Infobae, testigos del hecho aseguraron que el exoficial llegó a dispararle a dos de los asaltantes. Fue trasladado de urgencia al Hospital Posadas, donde ingresó a terapia intensiva.

Ya herido, la primera reacción de Catarraso fue preguntar por su hija. “¿Te fijás la nena? Ey, ¡la nena!”, se escuchó decir al hombre en uno de los videos registrados tras el ataque, según reprodujo el mismo medio. Fueron vecinos de la cuadra y otros padres que en ese momento llegaban al establecimiento quienes asistieron a la menor y llamaron al 911.

Lucila, una madre que presenció el ataque, describió lo ocurrido en declaraciones a TN: “Nosotros llegábamos y frenaron dos autos, empezaron a bajar personas y a apuntarle a todos los autos que estaban estacionados. Y ahí empezaron los disparos”. Según su relato, durante la huida los delincuentes también le robaron el vehículo a otra mujer que se dirigía al colegio con sus dos hijos.

La violencia del episodio no fue un caso aislado para los residentes del barrio. Claudio C., vecino de El Palomar desde hace 13 años, contó a Infobae que semanas antes del tiroteo se había producido otro robo en la puerta del mismo colegio, mientras los alumnos salían de clases. Dijo que tras aquel incidente el municipio dispuso la presencia de agentes de la Guardia Urbana en los alrededores, pero que la medida duró apenas unos días. “No hay policías, no hay patrulleros. Es todo el barrio igual”, afirmó. La causa quedó en manos del fiscal Pablo Masferrer, titular de la UFI N.° 2 del Departamento Judicial Morón, para identificar a los sospechosos, aún prófugos.

Horas después del tiroteo, padres de alumnos y vecinos se movilizaron en reclamo de mayor seguridad. La concentración partió desde la intersección de Dinamarca y Gobernador D’Amico y avanzó hasta la puerta de la casa del intendente Lucas Ghi, con cacerolazos y al grito de “Seguridad”. “No podemos vivir más así”, expresaron algunas de las mujeres que participaron. Una vecina sintetizó la situación con una frase: “En El Palomar es jugar a la ruleta: te bajás del auto y no sabés qué te va a pasar”, según recogió Infobae. La protesta tuvo continuidad al día siguiente frente a la Municipalidad de Morón.

En paralelo al reclamo por más presencia policial, otro de los ejes sobre los que los concejales interrogarán al funcionario convocado está vinculado a la Policía Municipal, una fuerza que se encuentra en proceso de creación y que cuenta con el respaldo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y del Departamento Judicial Morón. Sin embargo, los fundamentos del proyecto aprobado cuestionaron su naturaleza jurídica: “La propia normativa recientemente difundida establece que la estructura creada por el Departamento Ejecutivo es, más allá de la denominación elegida públicamente, no se trata jurídicamente de una fuerza policial en sentido estricto”, indica el texto. La discusión sobre el alcance legal y operativo de esa fuerza será uno de los puntos centrales de la audiencia del 17 de septiembre.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió el 27 de agosto, cuando cuatro hombres armados irrumpieron en una casa ubicada en el Paraje Santa Irene.

Allí redujeron a las víctimas, un hombre de 53 años y una mujer de 84, y les robaron una camioneta BAIC, garrafas, herramientas y ruedas de bicicletas mountain bike. Luego escaparon.

La camioneta fue hallada posteriormente incendiada y sin ocupantes sobre el Camino Independencia, a la altura de la Escuela Agraria Bernardo Yraizos, en Miramar.

La investigación quedó a cargo de la UFI Descentralizada de Miramar, encabezada por el fiscal Ramiro Anchou, en una causa caratulada como robo doblemente agravado.

A partir del hecho, personal de la DDI Mar del Plata y de la Sub DDI Miramar comenzó una serie de tareas para intentar identificar a los autores. Los investigadores analizaron comunicaciones telefónicas y cámaras de seguridad, realizaron relevamientos en la zona y tomaron testimonios.

Con los elementos reunidos, lograron avanzar sobre la identidad de tres sospechosos y la Justicia ordenó tres allanamientos, que fueron realizados este lunes.

Durante los operativos fueron aprehendidos Álvaro Miguel Ángel Sandoval, de 34 años; Andrés Sebastián Hurie, de 45; y Ricardo Luis Torrente, también de 45.

Además, los investigadores encontraron prendas que habrían sido utilizadas durante el asalto y objetos sustraídos a las víctimas, según indica el parte policial.

La lista de elementos secuestrados incluye herramientas, una garrafa, cinco teléfonos celulares, binoculares, tres relojes, cadenas y dijes, una tarjeta de débito, un DVR, un maletín, dos handys y cuatro tarjetas de memoria.

Uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue el de siete DNI pertenecientes a personas ajenas a los domicilios allanados.

La Policía también incautó una réplica de una pistola 9 milímetros, municiones de distintos calibres, un cartucho calibre 12 intacto, un escudo policial, una pistolera y un cuchillo, entre otros elementos.

Los tres aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

Otra violenta entradera en Miramar

A fines de julio, una pareja de jubilados fue víctima de una entradera en su casa de Miramar, en otro hecho ocurrido en la ciudad.

En aquella oportunidad, tres delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en la intersección de las calles 12 y 25 a través de un ventanal. Una vez dentro, amenazaron a las víctimas y las ataron de pies y manos.

Durante aproximadamente 40 minutos, los asaltantes recorrieron las habitaciones en busca de objetos de valor. De acuerdo con la denuncia, escaparon con dinero en efectivo y alhajas.

Luego de que los ladrones abandonaran la vivienda, las víctimas lograron desatarse y alertaron a la Policía.

El presidente Nasry Asfura confirmó que las autoridades trabajan en la identificación de los lugares donde podría implementarse esta medida, con el propósito de concentrar las acciones de seguridad en los sectores con mayor incidencia delictiva. La propuesta busca evitar una aplicación generalizada y dirigir los esfuerzos hacia territorios específicos que enfrenten mayor violencia.

Asfura señaló que analizan cuáles serían los puntos donde la situación de inseguridad justificaría una intervención especial.

El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, también se refirió a la posibilidad de retomar esta medida y dejó claro que no es partidario de establecer un estado de excepción amplio. El funcionario explicó que prefiere acciones dirigidas contra las personas involucradas en actividades delictivas, para que las operaciones no terminen afectando a ciudadanos sin relación con la criminalidad.

“Yo soy más propenso a realizar acciones más quirúrgicas que vayan directamente al delincuente sin estropear la vida del ciudadano común”, manifestó Rodríguez Burchard.

El titular de Defensa confirmó que el tema podría debatirse en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que tendría que analizar la propuesta y determinar si existen condiciones para declarar un estado de excepción parcial.

Uno de los elementos bajo análisis es la delimitación territorial de la medida. En lugar de extender las restricciones a todo el país, la propuesta apunta a identificar municipios o sectores donde los índices de criminalidad justifiquen una intervención extraordinaria.

La medida sería focalizada

El analista en seguridad Germán Licona consideró que esta posibilidad refleja las dificultades que enfrenta la actual administración para alcanzar resultados para reducir la inseguridad y señaló que la propuesta tiene similitudes con el estado de excepción implementado durante el gobierno anterior, aunque en esta ocasión se plantea concentrar las acciones en un número determinado de municipios con mayor incidencia delictiva.

Licona mencionó que podrían ser alrededor de 30 municipios los que eventualmente quedarían incluidos en una estrategia de este tipo, aunque la definición final dependerá del análisis de las autoridades.

La focalización busca que las medidas extraordinarias se apliquen únicamente donde la situación de inseguridad las haga necesarias, en lugar de afectar de manera general a la población de todo el territorio nacional.

Población exige seguridad

El posible retorno del estado de excepción revive el debate generado durante la administración anterior, cuando esta medida permaneció vigente durante varios años como parte de la estrategia gubernamental para enfrentar la delincuencia. Su aplicación prolongada fue cuestionada por distintos sectores, principalmente por las implicaciones sobre los derechos y garantías de la población.

Ante ese antecedente, el planteamiento de las autoridades busca establecer una intervención más delimitada territorialmente. La discusión deberá determinar no solo los lugares donde podrían aplicarse las medidas, sino también las condiciones, la duración y el alcance de una eventual declaratoria.

Para Licona, cualquier medida extraordinaria debe estar acompañada por un fortalecimiento de la investigación criminal. El analista consideró que las autoridades no deben concentrar la estrategia únicamente en operativos de seguridad, sino garantizar que las investigaciones permitan identificar a los responsables y presentar ante los tribunales casos respaldados por pruebas suficientes.

La persecución del delito tendría que continuar más allá de las acciones realizadas en las zonas donde eventualmente se establezca el estado de excepción. Por ahora, la decisión permanece bajo análisis y será el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad el que deberá valorar la propuesta y establecer si procede una nueva declaratoria de estado de excepción parcial y cuáles serían las zonas incluidas.

Al menos 212 agentes de seguridad pública han sido asesinados en México en lo que va de 2026, de acuerdo con el registro actualizado de la organización Causa en Común. El recuento, con corte al 10 de septiembre, incluye a policías municipales y estatales, así como integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Federal y la Marina.

Jalisco encabeza la lista nacional con 36 agentes asesinados, seguido por Michoacán, con 29; Sinaloa, con 25, y Estado de México y Morelos, con 14 casos cada uno.

Los policías municipales concentran la mayor cantidad de víctimas dentro del registro, con 85 asesinatos. Les siguen los policías estatales, con 66; integrantes de la Guardia Nacional, con 44; elementos del Ejército, con 11; policías federales, con cuatro, y miembros de la Marina, con dos.

La actualización más reciente de Causa en Común incorporó además 10 asesinatos ocurridos entre el 4 y el 10 de septiembre en siete entidades. Guerrero concentró tres casos y Veracruz dos, mientras que Durango, Sinaloa, Michoacán, San Luis Potosí y Jalisco registraron una víctima cada uno.

El registro de la organización permite dimensionar la violencia contra quienes integran las corporaciones de seguridad en los distintos niveles de gobierno. Hasta el corte del 10 de septiembre, policías municipales y estatales reunían 151 de las 212 víctimas documentadas durante 2026.

Jalisco encabeza los asesinatos de agentes de seguridad

Los 36 casos registrados en Jalisco colocan a la entidad en el primer lugar nacional por asesinatos de agentes de seguridad pública durante 2026.

Michoacán ocupa la segunda posición con 29 víctimas y Sinaloa la tercera con 25. Más abajo aparecen Estado de México y Morelos, ambos con 14 agentes asesinados.

En conjunto, estas cinco entidades concentran 118 de los 212 asesinatos documentados por Causa en Común, es decir, más de la mitad de los casos registrados en el país hasta el 10 de septiembre.

El listado también muestra un cambio respecto al año anterior. Durante todo 2025, Sinaloa encabezó el registro de policías asesinados con 48 víctimas, seguido por Guerrero, con 39; Guanajuato, con 36; Michoacán, con 34, y Veracruz, con 24.

Para 2026, en cambio, Jalisco ocupa el primer lugar del recuento, mientras Michoacán y Sinaloa permanecen entre las entidades con mayor número de víctimas.

La comparación permite observar cómo cambia la distribución territorial de los asesinatos de integrantes de corporaciones de seguridad de un año a otro. Sin embargo, el acumulado de 2026 todavía corresponde únicamente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de septiembre, mientras que las cifras de 2025 abarcan el año completo.

Policías municipales, el grupo con más víctimas

Los policías municipales son el grupo más afectado dentro del registro actualizado, con 85 víctimas. La cifra representa el mayor número entre todas las corporaciones consideradas por Causa en Común.

La diferencia entre las corporaciones es relevante porque el registro no se limita a homicidios de policías municipales. Causa en Común incorporó en su actualización de 2026 a agentes de seguridad pública pertenecientes a los distintos niveles de gobierno y a corporaciones federales y militares.

Por esa razón, aunque el reporte se denomina “Registro de policías asesinados”, la actualización más reciente utiliza un universo más amplio de agentes de seguridad pública y especifica la corporación a la que pertenecía cada víctima.

El registro suma 654 agentes asesinados desde octubre de 2024

Causa en Común también presentó un acumulado correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 10 de septiembre de 2026. Durante ese lapso, la organización documentó al menos 654 agentes de seguridad pública asesinados en México.

La cifra incorpora los casos registrados durante los últimos tres meses de 2024, los documentados a lo largo de 2025 y los ocurridos hasta el 10 de septiembre de 2026.

El dato permite colocar el acumulado de este año dentro de un periodo más amplio. Tan sólo durante 2025, Causa en Común documentó 348 policías asesinados en el país.

Esa cifra representó un aumento de 9% respecto al número de casos registrados por la organización durante el mismo periodo de 2024. Los estados con más víctimas durante 2025 fueron Sinaloa, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Veracruz.

El nuevo corte de 2026 muestra una modificación en las entidades que concentran los mayores registros, con Jalisco en el primer lugar y Michoacán y Sinaloa en las siguientes posiciones.

Los asesinatos de policías superaron los 300 casos en cada uno de los últimos años

El registro histórico de Causa en Común permite observar que los asesinatos de policías y otros integrantes de corporaciones de seguridad se han mantenido como una constante en el país.

Durante 2025, la organización documentó 348 policías asesinados. En 2024 registró al menos 320 casos y en 2023 contabilizó 412.

Guanajuato encabezó los registros de 2024 con 61 policías asesinados. Le siguieron Estado de México, con 24; Guerrero, con 22; Chiapas, con 20, y Michoacán, con 17. Ese mismo año también aparecieron entre las entidades con mayor número de víctimas Nuevo León y Tamaulipas, con 16 casos cada uno, así como Sinaloa, con 16.

En 2023, Guanajuato también encabezó la lista con 60 policías asesinados, seguido por Guerrero, con 40; Zacatecas, con 32; Michoacán, con 28, y Jalisco, con 24.

La presencia recurrente de entidades como Michoacán y Jalisco en los distintos recuentos contrasta con los cambios en otros estados que han encabezado las listas de un año a otro.

Causa en Común realiza un seguimiento hemerográfico desde 2018

Las cifras utilizadas para el recuento provienen del “Registro de policías asesinados” elaborado por Causa en Común junto con una red de periodistas especializados en temas de seguridad.

La organización mantiene este seguimiento desde 2018 y reúne los casos documentados públicamente para elaborar sus registros anuales y actualizaciones periódicas.

Por ello, el reporte debe entenderse como un registro elaborado a partir de un seguimiento hemerográfico de los asesinatos de agentes, con la clasificación de las víctimas según la corporación a la que pertenecían y la entidad donde ocurrió cada caso.

La organización actualiza de manera periódica sus cifras y mantiene disponibles los registros de los últimos años, desde 2018 hasta el corte más reciente de 2026.

El asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en Morelos, volvió a colocar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) frente a una serie de hechos violentos que han marcado a su comunidad durante 2026.

La joven, originaria de Canarias y alumna de la Universidad de Granada, fue asesinada la noche del 12 de septiembre tras ser atacada con un arma blanca en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se realizaba la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

Tras la agresión, Claudia alcanzó a correr hacia el recinto para pedir ayuda, pero murió a causa de las heridas. La principal hipótesis difundida inicialmente apunta a un presunto asalto. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Morelos investiga el crimen bajo protocolo de feminicidio y estableció comunicación con autoridades consulares de España.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, declaró: “La Fiscalía General del estado intervino desde el primer momento en el levantamiento del cuerpo con protocolo de feminicidio, que esa es una de las indicaciones que se han dado para cualquier muerte violenta de una mujer”.

Los primeros días de marzo de 2026 marcaron el inicio de una crisis en la UAEM. Kimberly Joselín Ramos Beltrán fue localizada sin vida el 2 de marzo y, tres días después, el 5 de marzo, Karol Toledo Gómez también fue encontrada asesinada. Ambos feminicidios provocaron una movilización que derivó en tomas de instalaciones y un paro estudiantil que se prolongó durante semanas.

Dos meses después, Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años, desapareció el 24 de mayo y fue localizada sin vida nueve días después, el 2 de junio. Así, el asesinato de Claudia se convirtió en el cuarto caso de una estudiante vinculada con la UAEM que fue asesinada o localizada sin vida durante los primeros nueve meses del año.

Aunque los cuatro expedientes tienen circunstancias y clasificaciones distintas, los casos provocaron movilizaciones, exigencias de justicia y reclamos para reforzar la seguridad de la comunidad universitaria.

Kimberly Joselín Ramos, el feminicidio que detonó las protestas

Kimberly Joselín Ramos Beltrán tenía 18 años y estudiaba en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM. Desapareció el 20 de febrero y su familia inició la búsqueda después de perder contacto con ella.

El 2 de marzo, su cuerpo fue localizado en la zona norte de Cuernavaca. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos condenó públicamente el feminicidio y declaró que la comunidad universitaria se encontraba de luto.

Durante la investigación fue detenido Jared Alejandro “N”, también estudiante de la UAEM y señalado por las autoridades como probable responsable. La Fiscalía informó que durante las diligencias fueron localizadas pertenencias de Kimberly y el caso quedó bajo investigación judicial.

Mientras Kimberly permanecía desaparecida, estudiantes comenzaron a organizarse para exigir avances en su búsqueda. Tras la confirmación de su asesinato, la protesta escaló con la toma del edificio de Rectoría y el inicio de un plantón en Ciudad Universitaria, donde decenas de alumnos permanecieron durante la noche y convocaron a nuevas movilizaciones.

La respuesta también llegó desde el Gobierno de Morelos. La gobernadora Margarita González Saravia aseguró que daría seguimiento al caso y pidió que no hubiera impunidad en las investigaciones.

Karol Toledo desapareció el mismo día que fue localizada Kimberly

Karol Toledo Gómez, de 18 años y estudiante de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, desapareció el 2 de marzo, el mismo día en que fue localizado el cuerpo de Kimberly y mientras la comunidad universitaria comenzaba a movilizarse por el primer feminicidio. La crisis universitaria se profundizó de inmediato.

La UAEM exigió públicamente su localización y estudiantes, familiares y compañeros realizaron movilizaciones mientras continuaba su búsqueda.

Tres días después, el 5 de marzo, Karol fue localizada sin vida. Las autoridades confirmaron que su muerte era investigada como feminicidio y la Fiscalía de Morelos descartó posteriormente una relación entre su caso y el de Kimberly.

Su asesinato provocó una nueva reacción de alumnos, familiares y autoridades universitarias. La protesta que había comenzado con la exigencia de justicia para Kimberly se transformó en una movilización más amplia que exigía respuestas por ambas jóvenes, además de garantías de seguridad dentro y fuera de los espacios universitarios.

Michelle Itzayana fue localizada sin vida nueve días después de desaparecer

El 24 de mayo, Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años y alumna del Sistema Universitario de Educación Mixta de la UAEM, desapareció en Yautepec.

Durante los nueve días posteriores, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria realizaron acciones para difundir su ficha de búsqueda y exigieron avances en su localización. La propia UAEM expresó solidaridad y acompañamiento a su familia. El 2 de junio, Michelle fue localizada sin vida.

A diferencia de los casos de Kimberly y Karol, las autoridades no habían informado públicamente una clasificación definitiva como feminicidio en las actualizaciones disponibles. su asesinato volvió a provocar indignación y exigencias de esclarecimiento entre sectores de la comunidad universitaria.

La UAEM lamentó el hallazgo y exigió que los hechos fueran esclarecidos, además de expresar solidaridad con su familia.

Claudia Tacoronte, la estudiante española asesinada durante un intercambio

El cuarto caso ocurrió más de tres meses después de que Michelle fuera localizada sin vida. Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, era originaria de Canarias y cursaba el cuarto año de Educación Infantil en la Universidad de Granada. Había llegado a Morelos para realizar una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

La noche del 12 de septiembre fue asesinada en Cuautla. La Fiscalía de Morelos investiga el crimen bajo el protocolo de feminicidio, mientras las autoridades españolas mantienen contacto con la familia y las autoridades judiciales mexicanas.

La UAEM exigió una investigación exhaustiva y con perspectiva de género. La Universidad de Granada también condenó el asesinato y puso a disposición de la familia y de las autoridades consulares españolas su apoyo.

El crimen también provocó reacciones en Canarias. El Ayuntamiento de Santa Brígida, municipio donde residía Claudia, expresó su consternación e indignación por su asesinato, mientras otras instituciones españolas se sumaron a las muestras de condena.

El paro estudiantil que siguió a los feminicidios de Kimberly y Karol

Los feminicidios de Kimberly y Karol, localizadas sin vida entre el 2 y el 5 de marzo, no sólo provocaron pronunciamientos institucionales.

Desde los primeros días de ese mes, estudiantes de distintas unidades académicas iniciaron protestas que incluyeron la toma de instalaciones, un plantón en Ciudad Universitaria y la suspensión de actividades.

La UAEM abrió una serie de comunicaciones con el movimiento denominado Resistencia Estudiantil. Durante marzo se realizaron gestiones para establecer una mesa central de diálogo y la Rectoría entregó una Carta Institucional de Garantías para los alumnos que participaron en la protesta.

Para el 19 de marzo, cuando habían transcurrido más de 20 días de movilización, las demandas estudiantiles ya incluían justicia para Kimberly y Karol, garantías de seguridad y medidas para atender las condiciones de riesgo en los distintos espacios universitarios.

La institución mantuvo su exigencia de justicia con perspectiva de género por ambos feminicidios y aseguró que establecería mecanismos de atención para las demandas de los estudiantes.

La Universidad de Granada rinde homenaje a Claudia Tacoronte

Este lunes 14 de septiembre, mientras en Morelos continuaban las investigaciones por el asesinato de Claudia Tacoronte, la Universidad de Granada realizó el homenaje que había convocado para las 11:00 horas, tiempo local de España.

Profesores, estudiantes y trabajadores guardaron un minuto de silencio en memoria de la joven en los accesos de distintos centros universitarios. El homenaje se replicó en la comunidad académica donde Claudia cursaba Educación Infantil antes de viajar a México, mientras compañeros y docentes expresaron su consternación por el asesinato de la estudiante durante su estancia de intercambio.

Un fusil de asalto AK-47, una pistola Glock calibre 9 milímetros y municiones fueron incautados durante la captura en flagrancia de un presunto integrante de la banda criminal “Los Sahuesos NG”, en un operativo desarrollado en Villa María del Triunfo, en Lima Sur. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El detenido, identificado como Rubber Oscar Junior Medina Espinoza y conocido con el alias de “Chaval”, permanecía en un inmueble de la zona cuando fue reducido por agentes de la División de Emergencia (Diveme). La operación se ejecutó como resultado de una labor de inteligencia previa orientada a desarticular estructuras criminales que operan en el sur de la capital peruana.

Armas incautadas serían usadas para extorsionar

Según las primeras investigaciones, la pistola Glock, que presentaba la numeración de serie erradicada, junto con el fusil AK-47 y las municiones halladas en el lugar, serían utilizados para cometer extorsiones y otros ilícitos en Villa María del Triunfo y zonas aledañas. La eliminación del número de serie en el arma corta constituye un indicio adicional que las autoridades tomarán en cuenta durante las diligencias en curso.

“Los Sahuesos NG”, la organización a la que pertenecería el detenido, estaría vinculada a delitos contra el patrimonio y a extorsiones registradas en el sur de Lima. El material incautado y el propio Medina Espinoza fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa María del Triunfo, donde continúan las diligencias con conocimiento del Ministerio Público.

Antecedentes de los detenidos

Las verificaciones policiales establecieron que Medina Espinoza cuenta con antecedentes por el delito de robo agravado, además de dos requisitorias que, según los registros consultados, no se encontraban vigentes al momento de su captura. Estos datos forman parte del expediente que las autoridades competentes utilizarán para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

En paralelo, la PNP desplegó otro operativo de carácter preventivo en la Carretera Central, a la altura de Chosica, donde intervino a 15 personas que vestían prendas distintivas de Alianza Lima tras registrarse hechos que alteraron el orden público. Entre los intervenidos se identificó a un hombre de 31 años con una requisitoria vigente por robo agravado, mientras que tres personas con lesiones fueron trasladadas a un centro de salud local para recibir atención médica.

“Los números dicen otra cosa”. La frase emana del gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, y llega como respuesta al pedido de interpelación que La Libertad Avanza (LLA) impulsó contra el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en la Legislatura provincial, ante los últimos episodios delictivos con foco en el conurbano bonaerense. Un requerimiento que fue ordenado a las espadas legislativas de los libertarios por parte del presidente del partido y diputado nacional, Sebastián Pareja. Los hechos de esta semana en la región metropolitana volvieron a poner el foco en una agenda que suele ganar centralidad a medida que avanza el calendario electoral. El gobierno bonaerense plantea que tanto en José C. Paz como en Morón los homicidios bajaron en relación al año pasado. La problemática también permea la discusión del peronismo.

Tras el crimen de David Elías Ojeda Vázquez, que ocurrió en José C. Paz, y el tiroteo en la puerta de la escuela Emaús en El Palomar, Morón, la problemática de la inseguridad volvió a ganar centralidad. Los bloques legislativos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires pidieron la interpelación del ministro de Seguridad del gobierno de Axel Kicillof. En La Plata aseguran que detrás de la irrupción opositora exigiendo la presencia de Alonso en la Legislatura está la venidera campaña electoral. Desde el Ministerio de Seguridad le bajaron el precio a la avanzada libertaria y aseguran que los hechos de inseguridad tanto en José C. Paz como en Morón bajaron y que de hecho “es lo que celebraba Patricia Bullrich y ahora (Alejandra) Monteoliva”, en referencia a la ex y actual ministra de Seguridad de la Nación. “No hay posibilidad de que bajen los delitos a nivel nacional si no pasa lo mismo en la provincia de Buenos Aires, donde vive casi el 40% de los argentinos”, explican.

En medio de los hechos delictivos que por estos días se llevaron la atención, Kicillof buscó mostrar una agenda proactiva. Les tomó juramento a 2.075 cadetes en la Escuela de Policía Juan Vucetich, que a fin de año se incorporarán a la policía bonaerense. Se mostró con la cúpula policial que hoy integran el jefe de la Policía provincial, Javier Villar y el subjefe, Leandro María Sarloy. El jueves inauguró una subcomisaría en Tristan Suárez, partido de Ezeiza, y planteó que Milei los dejó ”solos”, al hacer referencia al recorte de recursos. Ante los policías había planteado que la provincia sostiene “una inversión histórica en materia de seguridad a pesar de un Gobierno nacional que ajusta y nos quita ilegalmente los recursos que nos corresponden”. También añadió: “Aquí no hay lugar para la motosierra: los cadetes y las familias bonaerenses pueden contar con nuestro compromiso innegociable para consolidar una fuerza que esté a la altura de las demandas de nuestro pueblo”.

La Libertad Avanza buscará forzar la presencia de Alonso en la Legislatura. A priori, no tiene los votos. En Diputados, si bien cualquier legislador “puede pedir la presencia de uno o más ministros del Poder Ejecutivo para una sesión determinada”, dicha sesión deberá realizarse una vez aprobado un proyecto alusivo. En el Senado, el pedido también debe ser respaldado por el Cuerpo.

Números propios

Con el caso de José C. Paz y de Morón, el Ministerio de Seguridad divulgó dos informes internos realizados por la Superintendencia de Análisis Criminal. Los mismos marcan que del 1 de enero al 11 de septiembre de 2025 y del 1 de enero de 2026 al 11 de septiembre de 2026 los homicidios dolosos bajaron un 14,3%. Están discriminados por homicidio en ocasión de robo, delincuente en ocasión de robo, femicidios, violencia intrafamiliar, ajuste de cuentas, por conflictos interpersonales y otros. El informe sostiene que en José. C. Paz entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de 2025 se registraron 21 hechos, mientras que para el mismo período de 2026 se informaron 18. La principal disminución se observa en los homicidios vinculados a ajustes de cuentas, que pasaron de 11 casos a 5, una reducción del 54,5%. También descendieron los casos en los que murió un delincuente durante un robo: de 3 a 2 hechos.

En cambio, los homicidios en ocasión de robo se mantuvieron sin variaciones, con tres casos en cada período. También permanecieron estables los femicidios, con un hecho registrado en ambos años, y los homicidios derivados de conflictos interpersonales, con dos casos.

La misma dependencia midió Morón, otro territorio caliente. Allí, la información oficial marca que el total de los homicidios dolosos bajó en un 60% en el mismo período comprendido. Del 1 de enero al 1 de septiembre de 2025 contra el 1 de enero al 1 de septiembre de 2026: 10 homicidios en 2025 y cuatro en 2026.

“Pareja puede ir cuando quiera a recorrer Puente 12 y dejar de hacer campaña”, contestaron desde el entorno de Kicillof sobre el requerimiento del diputado nacional y presidente de LLA en PBA para que Alonso comparezca en la Legislatura. En Puente 12 —ubicado en la intersección de Camino de Cintura y la Autopista Riccheri— funciona el centro de coordinación operativo y complejo policial de la Policía Bonaerense.

“Sabemos que en la Provincia no existen datos, no hay estadísticas sobre el personal, rutas de patrullaje, siquiera un mapa del delito actualizado y accesible. Ni hablar del daño que hizo una mirada garantista de la seguridad y de lo que vivimos estos días”, había dicho el dirigente que responde directamente a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei. Una confrontación discursiva a la que también se plegó el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. Si las elecciones a gobernador fueran hoy, tanto Pareja como Santilli serían parte de la oferta electoral de LLA.

Aunque diga hacia afuera que no es tiempo de candidaturas y que este año es de construcción política, los movimientos que viene dando Kicillof -y que profundizará hasta principios del 2027 con recorridas por más provincias como la que se está preparando a Río Negro, para medidados de octubre, el viaje a Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU para este mes y otra visita a China en la previa a la llegada del Papa León XIV- se parecen bastante a los de un candidato. En este marco, la agenda de la seguridad es probable que esté sobre la mesa.

Se trata de una temática que siempre -o casi siempre- aflora. Uno de los ejemplos más explícitos se dio cuando distintos espacios políticos suspendieron los cierre de la campaña electoral del 2023, debido al asesinato de Morena Domínguez, la nena de 11 años que fue asesinada en Lanús cuando se dirigía a la escuela.

Hay más antecedentes que calan en el peronismo. A finales de 2024, en el marco de una reunión del PJ bonarense, la ex presidenta Cristina Kirchner le había advertido a Kicillof que si desdoblaba los comicios legislativos, el foco se iba a posar sobre su gestión y que la inseguridad iba a jugarle en contra. El gobernador igualmente desdobló esas elecciones. Fuerza Patria ganó por casi 14 puntos sobre LLA para los cargos legislativos provinciales, pero luego en la elección general de octubre —cuando se eligieron diputados nacionales— el resultado no fue el mismo. Santilli, que encabezó la boleta libertaria de forma inesperada ante la renuncia de José Luis Espert, se impuso sobre el peronismo.

Datos de la Justicia

Para defenderse discursivamente en esta agenda, el Ejecutivo bonaerense también se aferra a los números del Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires. Datos que no son de su procesamiento, sino que están a cargo del organismo que conduce Julio Conte Grand. Para darle más “independencia”, funcionarios provinciales suelen recordar que Conte Grand fue funcionario durante la gestión de María Eugenia Vidal. La Procuración trabaja sobre las denuncias radicadas por los delitos. En un comparativo que hizo entre las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) de 2024 en relación con 2025, se destaca que en el Fuero Criminal y Correccional las denuncias bajaron un 6,4%. Se elaboraron sobre los departamentos judiciales; es decir, que no están discriminados por municipios. En el departamento judicial de San Martín —en el que se encuentra el municipio de José C. Paz y además abarca los partidos de San Martín, Malvinas Argentinas, San Miguel, Tres de Febrero y General San Martín— hubo de 2024 a 2025 2854 denuncias menos.

Estas cifras no incluyen las IPP registradas bajo el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. En ese ámbito, los números aumentaron: 1.989 IPP iniciadas en 2024 contra 2.198 IPP iniciadas en 2025, lo que se traduce en un incremento del 10,5%. Es decir, denuncias que tuvieron a menores de 18 años con distintos grados de participación.

En el departamento judicial de Morón —que abarca los municipios de Morón, Hurlingham, Ituzaingó y Merlo— las IPP iniciadas en el Fuero Criminal y Correccional bajaron de 2024 a 2025. El año pasado se registraron 6233 investigaciones penales preparatorias menos que en el período anterior. Sin embargo, en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Morón, casi que se sostuvo el mismo nivel de IPP: una leve disminución del 0,4% con cinco IPP menos de un año al otro.

Intendentes a la espera de una ley de policías municipales

Más allá de los números y las acusaciones cruzadas entre el Ejecutivo bonaerense y los libertarios, la discusión intervino también en la interna del peronismo. En José C. Paz, cuyo jefe político es Mario Ishii, el municipio difundió un comunicado planteando, tras el asesinato de Ojeda Velázquez, que “ante la gravedad de lo sucedido, exigimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y en especial en nuestro distrito”.

En tanto que el intendente de Morón, Lucas Ghi, que forma parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio de Kicillof, elevó una señal a la Legislatura e implícitamente al Ejecutivo. Es que el gobierno bonaerense cerró tiempo atrás la ronda de consulta con intendentes para avanzar en la presentación de una ley que reglamente la actividad de las policías municipales y le dé poder a los intendentes para disponer de funciones y despliegue pleno de las fuerzas locales. Un marco legal del que hoy se carece. Hasta el momento, ese proyecto no se presentó.

Producto del tiroteo en la puerta de la escuela, el intendente padeció una movilización de un grupo de vecinos de Morón en la puerta de su domicilio personal. En diálogo con Infobae en Vivo, Ghi admitió falta de patrulleros en Morón y sostuvo que los recursos policiales provinciales destinados al distrito no alcanzan. El municipio presentó una nota formal para solicitar 20 unidades adicionales.

La novedad fue informada este sábado por el Colegio Emaús y la Fundación Padre Luis, que difundieron un comunicado luego de una reunión entre autoridades municipales, el secretario de Seguridad Ciudadana de Morón, el comisario regional, representantes de la institución y referentes de las familias.

Según indicó el colegio, el encuentro se realizó este viernes y tuvo como objetivo definir medidas ante los hechos de inseguridad denunciados en los alrededores del establecimiento. Las familias y las autoridades escolares plantearon la necesidad de reforzar las tareas preventivas y la presencia policial durante los horarios de entrada y salida.

El comunicado señaló que el operativo comenzó este mismo viernes y que incluye el despliegue de personal policial y otros recursos destinados a la zona, aunque no se precisó la cantidad de efectivos, los horarios ni la duración de la medida.

“Desde el Colegio Emaús, junto a nuestras familias, continuaremos solicitando las medidas necesarias para garantizar las condiciones que nos permitan desarrollar nuestra misión educativa con tranquilidad y confianza”, expresaron desde la escuela.

El jueves, tras el ataque, el colegio ya había difundido un primer texto en el que aseguró que la problemática de seguridad en el barrio no era nueva. También afirmó que había realizado reclamos ante el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, las comisarías de la zona y autoridades municipales.

El hecho que motivó la reunión ocurrió cerca de las 7:15, sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900. La víctima, un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense, de 51 años, acababa de dejar a su hija en el jardín de infantes cuando fue abordado por delincuentes que intentaron robarle la camioneta.

De acuerdo con la información policial, el hombre se identificó como integrante de una fuerza de seguridad y dio la voz de alto. Tras ello, hubo un tiroteo y el ex comisario recibió un disparo en el abdomen.

La víctima quedó tendida sobre el asfalto, aunque consciente. El video que encabeza esta nota muestra los instantes posteriores al tiroteo. “¿Te fijás la nena? Ey, ¡la nena!“, se escucha gritar al hombre, desesperado por conocer el estado de salud de su hija.

Padres, vecinos y personal de la escuela asistieron a la niña y pidieron ayuda al 911. Minutos más tarde, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias trasladó al ex jefe policial al Hospital Posadas, donde quedó internado en terapia intensiva.

La investigación quedó a cargo del fiscal Pablo Masferrer, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 del Departamento Judicial de Morón. Personal de Policía Científica realizó pericias en el lugar para buscar elementos de interés para la causa.

Lucila, una madre que vivió en primera persona el ataque de los delincuentes, contó al canal de noticias TN: “Los ladrones se subieron a los autos y salieron. Eran dos autos, uno que frenó más adelante y una camioneta que se detuvo a la altura de mi auto. Y apenas abrieron la puerta me apuntaron por la ventanilla, y enseguida comenzó el tiroteo”.

Consultada por la versión que indica que el hombre llegó a herir a dos de los asaltantes, la madre señaló que ella no vio nada, pero otros testigos aseguraron que dijo que llegó a dispararle a dos ladrones. “Estaba consciente y pidió que le avisen a la mamá de la nena”, concluyó.

En la investigación se conoció que, antes del tiroteo con el ex comisario, la misma banda le había robado el auto a una mujer que justamente se dirigía al Colegio Emaús junto a sus dos hijos.

La sucesión de hechos de inseguridad en el conurbano, el crimen de David Elías Ojeda Vázquez en José C. Paz y la suspensión judicial del nuevo Régimen Penal Juvenil sumaron presión política sobre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que este viernes sumó un nuevo capítulo. La oposición elevó el tono de sus cuestionamientos contra la gestión provincial y La Libertad Avanza (LLA) presentó en ambas Cámaras de la Legislatura bonaerense un pedido para que el ministro de Seguridad, Javier Alonso, sea interpelado.

El proyecto apunta a que el funcionario detalle el despliegue policial, las estrategias de prevención y los recursos destinados a combatir el delito en la provincia de Buenos Aires. El presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, cuestionó la falta de datos públicos sobre la política de seguridad. “El ministro Alonso debe dar explicaciones. Sabemos que en la Provincia no existen datos: no hay estadísticas sobre el personal, rutas de patrullaje ni siquiera un mapa del delito actualizado y accesible”, afirmó.

El diputado nacional también apuntó contra lo que definió como una visión “garantista” de la seguridad y vinculó ese enfoque con los robos violentos y homicidios que se registraron en distintos distritos del conurbano. “Cada día tenemos un nuevo caso de inseguridad, robos violentos y homicidios. Tiene que venir a la Legislatura y rendir cuentas”, agregó. El jefe del bloque libertario en el Senado provincial, Carlos Curestis, sostuvo que los vecinos necesitan respuestas y no discursos. En el mismo sentido, el titular de la bancada de LLA en Diputados, Juanes Osaba, reclamó que Kicillof asuma un rol más activo frente a la situación que atraviesan los bonaerenses.

El crimen de José C. Paz derivó en un reclamo desde un municipio peronista

La presión sobre el Gobierno bonaerense se profundizó tras el asesinato de David Elías Ojeda Vázquez, quien fue atacado durante el robo de su moto en José C. Paz. El joven volvía de un gimnasio el lunes por la noche cuando dos delincuentes lo interceptaron en la calle Polonia, entre Piñero y Matheu. Según reconstruyeron los investigadores, los atacantes le dispararon por la espalda, le quitaron el vehículo y escaparon. El joven fue trasladado al Hospital Mercante, pero murió por las heridas. Los sospechosos continuaban prófugos y la investigación analizaba imágenes aportadas por vecinos para reconstruir la fuga.

La intendenta interina de José C. Paz, Lorena Espina, criticó a Kicillof por la inseguridad tras el crimen del joven de 23 años. En medio de la conmoción por el homicidio, amigos y vecinos de Ojeda Vázquez marcharon por el centro de José C. Paz y se concentraron frente a la sede municipal para reclamar justicia y mayores medidas de prevención. La protesta incluyó la quema de neumáticos y carteles con la imagen de la víctima.

Fue entonces cuando la Municipalidad de José C. Paz difundió un comunicado en el que exigió a Kicillof que refuerce la seguridad en el distrito y en el resto del territorio bonaerense. El documento fue firmado por Espina, y por el director general de Seguridad local, Miguel Narváez. “Ante la gravedad de lo sucedido, exigimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y en especial en nuestro distrito”, expresó el municipio. El texto reclamó “acciones inmediatas” y sostuvo que el Gobierno provincial debe asumir la “total y completa responsabilidad” por la seguridad de los vecinos.

El planteo tuvo peso político porque provino de un distrito alineado con el peronismo y conducido políticamente por el intendente en uso de licencia Mario Ishii, quien actualmente ocupa una banca como senador provincial y desde ese lugar también confronta con el Ejecutivo y con la vicegobernadora, Verónica Magario. Ishii, además, es vicepresidente de la Cámara Alta. Esto quiere decir que cuando Magario no está a cargo del Senado, quien tiene facultad para convocar a sesionar es el paceño.

En el comunicado emitido días atrás, la comuna también defendió los recursos propios destinados a prevención. Señaló que cuenta con más de 250 efectivos y 70 móviles de la Patrulla Urbana Municipal, además de cámaras de monitoreo en el Centro de Operaciones Municipal. Aseguró, además, que aporta combustible y reparaciones para sostener el funcionamiento de patrulleros de la Policía Bonaerense.

Cuestionamientos a Alonso por la gira de Kicillof a Misiones

Además del pedido de interpelación presentado por LLA, el senador provincial de Hechos, Marcelo Leguizamón, sumó otro cuestionamiento al ministro de Seguridad. El legislador criticó que Alonso formara parte de la comitiva que acompañó a Kicillof durante una gira por Misiones, en medio de los reclamos por la inseguridad bonaerense. “¿De verdad le parece que este es el momento para estar de campaña en Misiones?”, expresó Leguizamón en redes sociales. El senador sostuvo que la Provincia requiere “presencia, gestión y respuestas concretas” de su ministro de Seguridad. También recordó que, según su planteo, el funcionario aún no concurrió al Senado provincial para responder preguntas sobre la política de seguridad. “Su responsabilidad está acá, ministro. En la provincia de Buenos Aires. La seguridad no puede quedar en segundo plano por una campaña política”, afirmó.

En medio de los cuestionamientos, el Ejecutivo desplegó una agenda enfocada en la prevención del delito y en la inversión en seguridad. Primero, Kicillof y Alonso encabezaron esta semana el acto de jura de fidelidad a la bandera nacional de 2.075 cadetes en la Escuela de Policía Juan Vucetich, ubicada en Berazategui.

El gobernador afirmó que su administración invierte en infraestructura, equipamiento, tecnología y capacitación de los agentes. A fin de año, los cadetes que completen su formación se incorporarán a una fuerza que, según datos oficiales, supera los 90 mil efectivos.

Luego, el jueves, Kicillof también inauguró junto al intendente de Ezeiza, Gastón Granados, el edificio de la subcomisaría Cuatro Bocas, en Tristán Suárez. Allí aseguró que la nueva dependencia permitirá ampliar la presencia policial y los dispositivos de prevención. Alonso señaló que ya se inauguraron más de 18 destacamentos para reforzar la seguridad en los barrios.

“Esta nueva subcomisaría garantiza la presencia permanente de las fuerzas de seguridad en el barrio: junto al municipio, estamos fortaleciendo los dispositivos de prevención para dar respuestas más rápidas y concretas”. “Esto lo hacemos mientras Javier Milei sigue ajustando en la seguridad, la salud y la educación: nos han dejado solos, pero la Provincia y el partido de Ezeiza siguen poniendo la cara por su gente”, replicó Kicillof desde Ezeiza.

En medio de todo, la suspensión por 60 días de la ley de responsabilidad penal juvenil

La discusión por la seguridad sumó tensión a partir de la decisión de la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La magistrada fundamentó su resolución en la falta de dispositivos, recursos profesionales e infraestructura para aplicar el nuevo sistema. Pascual afirmó que respalda la baja de la edad de imputabilidad, aunque sostuvo que no estaban dadas las condiciones para implementar la ley en el territorio bonaerense. La norma redujo de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad y entró en vigencia el 5 de septiembre.

Dos días después, la decisión judicial frenó su aplicación en la Provincia, lo cual derivó en cuestionamientos de referentes opositores contra la jueza y contra el Gobierno de Kicillof. Hasta ahora, se presentaron tres pedidos de jury contra Pascual. Uno fue impulsado por el diputado de Hechos Manuel Passaglia; otro, por el senador provincial del PRO Guillermo Montenegro; y el tercero, por el exjuez del Tribunal en lo Criminal N° 1 de La Matanza Alfredo Drochi.

Esa fue la orden que Arturo García Martínez, de 27 años, escuchó antes de que una bala atravesara su pierna izquierda durante un intento de asalto en el bulevar Aeropuerto, en Huejotzingo, Puebla.

Arturo acababa de salir del invernadero de su familia y se dirigía a casa. En la cajuela llevaba frambuesas que había ayudado a cosechar cuando un hombre armado y encapuchado apareció entre los terrenos de cultivo y le exigió que descendiera de su automóvil.

El joven decidió acelerar para escapar.

Entonces escuchó el disparo.

La bala, de calibre nueve milímetros, atravesó la puerta del lado del conductor y terminó impactando en su pierna izquierda, a la altura de la tibia.

“Pensé que eran seis, pero no, solo era uno”, relató el fotógrafo a El Sol de Puebla, medio al que narró los detalles del ataque.

Una bala le cambió los siguientes tres meses

El intento de asalto ocurrió la noche del martes 8 de septiembre, alrededor de las 20:00 horas, cuando Arturo abandonaba el invernadero familiar ubicado sobre el bulevar Aeropuerto.

Después de recibir el impacto, el joven decidió conducir hasta el aeropuerto de Huejotzingo en lugar de detenerse en el sitio del ataque.

Ahí recibió ayuda y se solicitó una ambulancia para trasladarlo al Hospital de Traumatología y Ortopedia Rafael Moreno Valle, donde los médicos realizaron diversos estudios para determinar el alcance de la lesión.

El proyectil entró por la pantorrilla y salió por la zona de la tibia, pero el impacto también afectó el hueso.

Arturo terminó con un yeso en la pierna y una estimación médica de aproximadamente tres meses de recuperación, además de terapias posteriores.

Para el joven, la lesión no sólo representa un problema físico.

También amenaza directamente su fuente de ingresos.

Arturo trabaja como fotógrafo profesional y tenía varios eventos programados para las próximas semanas. Debido a la movilidad limitada que tendrá durante su recuperación, ahora deberá buscar a otros fotógrafos que puedan cubrir los compromisos que ya había adquirido.

A la par de su actividad profesional, el joven ayuda a su familia en el cultivo y cosecha de frambuesa.

“Ya habíamos sufrido robos”: la inseguridad llegó al negocio familiar

El ataque, aseguró Arturo, no es el primer episodio de inseguridad que afecta a su familia.

En ocasiones anteriores, personas desconocidas han ingresado al invernadero para robar herramientas, mangueras y parte de la cosecha.

El fotógrafo incluso sospecha que los responsables podrían estar relacionados con otros robos registrados en la zona, incluido el ingreso de delincuentes a un corralón donde, según su relato, varios vehículos han sido desmantelados.

Para Arturo, el problema es que esos primeros delitos no recibieron la atención necesaria.

Consideró que la falta de respuesta permitió que la situación escalara hasta llegar a un ataque armado en el que él terminó herido.

“Realmente ya habíamos sufrido robos anteriormente, pero pues ni la policía local ni la Fiscalía hacen nada al respecto”, señaló.

El joven cuestionó que los delitos cometidos contra campesinos o pequeños productores puedan ser considerados de menor importancia y pidió que las autoridades atiendan las denuncias antes de que la violencia llegue a consecuencias mayores.

Ahora, además de enfrentar tres meses de recuperación, Arturo deberá continuar con el proceso legal para intentar encontrar al hombre que lo atacó.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla ya tomó su declaración y el fotógrafo aseguró que dará seguimiento a la investigación para que las autoridades ubiquen al responsable.

Mientras tanto, su rutina cambió por completo: el fotógrafo que salió del invernadero con una cosecha de frambuesas regresó de aquella noche con una bala en la pierna, un yeso y tres meses de trabajo en pausa.

Un intento de robo registrado durante la madrugada de este jueves volvió a encender las alertas por la inseguridad en City Bell, La Plata. Un grupo de delincuentes llegó en un Peugeot gris hasta una vivienda situada en la zona de calles 27 y 463, pero se retiró pocos segundos después de advertir la presencia del propietario, quien abrió fuego contra ellos.

El vehículo se detuvo frente a una casa ubicada en 27 y 463. Los sospechosos descendieron del Peugeot gris y se dirigieron hacia la propiedad. La maniobra duró apenas unos instantes.

Según esa reconstrucción, los delincuentes se encontraron con el dueño de la vivienda, que estaba armado. Tras esa situación, volvieron rápidamente al auto y escaparon a gran velocidad. Algunos vecinos relataron que se escucharon detonaciones en la huida. Sin embargo, los tiros fueron realizados por el propietario de la vivienda, quien intentó disuadir a los ladrones.

Por el momento, y según lo informado por el portal 0221, no se conocieron detalles acerca de una investigación judicial o policial vinculada al intento de ingreso a la vivienda. Tampoco se informó si las grabaciones de seguridad fueron aportadas a las autoridades para avanzar con la identificación de los ocupantes del automóvil.

El dato que generó preocupación entre los residentes de City Bell es la presunta aparición del mismo vehículo en otro episodio delictivo. De acuerdo con los testimonios, un Peugeot gris había sido visto durante un robo registrado la semana pasada en 28 bis y 464, una zona próxima al lugar del intento de robo de este jueves.

La reiteración de denuncias llevó a que los vecinos mantengan mecanismos de comunicación ante movimientos que consideran sospechosos. Uno de ellos explicó que el sector cuenta con una alarma vecinal y describió el clima de inquietud que atraviesan los residentes. “Hay muchos robos en la zona, los vecinos estamos constantemente en alerta. Tenemos alarma vecinal”, sostuvo.

Otro reclamó una mayor presencia de patrulleros en las calles del barrio. “Es tierra de nadie. Los vecinos vivimos con miedo. Falta seguridad y patrullaje”, manifestó al mismo medio.

La preocupación de los habitantes de la zona también está vinculada con un episodio ocurrido apenas tres días antes del intento de robo. Un joven denunció que le sustrajeron su bicicleta en la esquina de 28 y 460, dentro del mismo sector de City Bell.

Este miércoles, la mamá y el hermano del ex futbolista Luciano Galletti fueron víctimas de un violento robo en una inmobiliaria de La Plata.

El episodio transcurrió en una oficina ubicada en las calles 6 y 46, en pleno centro platense, a donde ambas víctimas habían llegado poco antes del asalto. Aparentemente, los atacantes ya estaban dentro del inmueble cuando la mujer, de 70 años, y el hermano del ex jugador, de 47, ingresaron al lugar.

Según las primeras actuaciones, los delincuentes los sorprendieron, los redujeron y los maniataron para exigirles la entrega del dinero que llevaban consigo. Después de tomar el bolso, huyeron y hasta el momento no se informó el monto que contenía.

Las víctimas recibieron asistencia tras el hecho y, aunque atravesaron una situación de fuerte tensión, no sufrieron heridas. De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, uno de los puntos que concentra la atención de los investigadores es que el dinero había sido trasladado a la inmobiliaria ese mismo miércoles, por lo que sospecharían que los autores del robo habrían contado con información previa.

Por esa razón, las autoridades intentan reconstruir la secuencia completa del hecho, establecer cómo ingresaron los asaltantes al inmueble y determinar si hubo tareas de seguimiento o algún dato interno sobre los movimientos de las víctimas.

La seguridad en el corredor carretero entre el sur de Zacatecas y Aguascalientes llevó a cuatro presidentes municipales a solicitar formalmente una intervención coordinada de las autoridades estatales y federales, luego de reportes ciudadanos sobre presuntos hechos delictivos, principalmente en el tramo Huanusco-Calvillo.

Alcaldes exigen a David Monreal reforzar seguridad en corredor Zacatecas-Aguascalientes

Cuatro alcaldes de municipios de Zacatecas y Aguascalientes solicitaron al gobernador David Monreal Ávila y a las autoridades de seguridad estatales y federales reforzar la vigilancia en el corredor carretero que conecta Jalpa, Huanusco y Calvillo, ante los recientes reportes ciudadanos sobre presuntos hechos delictivos.

La petición fue formalizada mediante un documento fechado el 9 de septiembre de 2026 y firmado por Olegario Viramontes Gómez, presidente municipal de Jalpa; Julieta Isamar Camacho García, de Huanusco; Carlos Fabián Vera Loera, de Tabasco, y Daniel Romo Urrutia, alcalde de Calvillo, Aguascalientes.

El oficio fue dirigido al gobernador de Zacatecas y enviado con copia a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la Guardia Nacional y la Sedena.

La Higuera, uno de los puntos señalados por los alcaldes

Los presidentes municipales señalaron que la solicitud deriva de reportes ciudadanos sobre presuntos hechos delictivos registrados en el tramo carretero Huanusco-Calvillo, particularmente en las inmediaciones de la comunidad de La Higuera, en Huanusco.

En la información difundida sobre la situación se mencionan reportes de robos de vehículos y asaltos a conductores. También se han señalado incidentes de mayor gravedad en distintos puntos de las carreteras del sur de Zacatecas, entre ellos bloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos armados.

Uno de los hechos referidos en el contexto de esta problemática corresponde a un asalto contra cuatro familias en la carretera federal 70, cerca de La Higuera, en los límites entre Jalpa y Calvillo.

Los reportes también incluyen un enfrentamiento armado contra policías estatales de Zacatecas en la zona limítrofe, con saldo de personas heridas.

La situación ha generado preocupación entre autoridades municipales y usuarios de las vías que conectan ambas entidades, por tratarse de rutas utilizadas para el traslado cotidiano entre Zacatecas y Aguascalientes.

Alcaldes piden llevar el caso a la Mesa Estatal de Construcción de Paz

En su primer punto, los alcaldes solicitaron una valoración inmediata de las condiciones de seguridad en el tramo Huanusco-Calvillo y que el asunto sea incorporado a la Mesa Estatal de Construcción de Paz.

El segundo planteamiento está dirigido a las corporaciones encargadas de la seguridad.

Los municipios pidieron que la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, la Guardia Nacional y, dentro de sus atribuciones, la Sedena coordinen y, en su caso, refuercen las labores de vigilancia, patrullaje, prevención y auxilio.

Entre los principales planteamientos del documento se encuentran:

• Evaluar de manera inmediata las condiciones de seguridad en el tramo Huanusco-Calvillo.
• Incorporar la situación a la Mesa Estatal de Construcción de Paz.
• Coordinar y reforzar patrullajes y acciones de vigilancia y prevención.
• Analizar un esquema regional de seguridad entre Jalpa, Huanusco y Calvillo.
• Dar seguimiento institucional a las medidas que sean determinadas.

El tercer punto plantea establecer un esquema coordinado de vigilancia regional que abarque la ruta Jalpa-Huanusco-Calvillo, tomando en cuenta la incidencia delictiva y los puntos y horarios considerados de mayor riesgo.

Finalmente, los alcaldes solicitaron que exista seguimiento institucional y que los ayuntamientos firmantes sean informados sobre las medidas que eventualmente se adopten.

Corredor carretero enfrenta reportes de asaltos y bloqueos

La solicitud de los cuatro presidentes municipales ocurre en un contexto de distintos reportes de violencia en carreteras del sur de Zacatecas.

Además de los hechos señalados en el tramo Huanusco-Calvillo, se han reportado bloqueos e incendios de vehículos utilizados para impedir el tránsito en diferentes puntos carreteros. También se ha señalado como zona de atención la autopista Aguascalientes-Zacatecas, a la altura de la caseta de Vetagrande, así como conexiones hacia Ojuelos y Luis Moya.

Ante los hechos, autoridades de Aguascalientes y entidades colindantes han activado filtros de vigilancia y revisión con el objetivo de impedir el desplazamiento de civiles armados.

La problemática también se relaciona con otros episodios recientes registrados en Zacatecas. El 31 de agosto, un vehículo cargado con explosivos detonó frente a instalaciones de seguridad en Ojocaliente, de acuerdo con el contexto proporcionado, ocasionando daños en viviendas y establecimientos cercanos.

Alcaldes buscan vigilancia coordinada entre Zacatecas y Aguascalientes

El corredor señalado por los municipios conecta distintas localidades del sur de Zacatecas con Calvillo, en Aguascalientes, y forma parte de una zona carretera que también mantiene conexiones con otros municipios.

En días recientes, el senador Saúl Monreal señaló que Ojocaliente y Luis Moya forman parte de un corredor utilizado para el tránsito entre Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. También sostuvo que la región enfrenta disputas territoriales entre organizaciones criminales y que la violencia puede extenderse hacia municipios como Villa García, Pinos, Villanueva y Jerez.

Los señalamientos del legislador se produjeron después del ataque con explosivos en Ojocaliente y de otro atentado contra una patrulla en Luis Moya.

No obstante, el documento firmado por los cuatro alcaldes precisa que su solicitud tiene carácter preventivo y de coordinación institucional.

Los municipios aclaran que no buscan establecer responsabilidades sobre los hechos reportados, debido a que corresponde a las autoridades competentes investigar las circunstancias de cada caso.

La petición conjunta busca que las corporaciones estatales y federales establezcan una estrategia de vigilancia en el corredor Jalpa-Huanusco-Calvillo y que los gobiernos municipales reciban información sobre las acciones que se determinen para atender los reportes de inseguridad.

El tiroteo frente a una escuela de El Palomar que terminó con la muerte de un ex comisario de la Policía Bonaerense que llevaba a su hija a clases, derivó en un nuevo cruce entre el gobierno nacional y el de la Provincia por la inseguridad en el conurbano.

Primero se manifestó en sus redes sociales Patricia Bullrich, senadora nacional y ex ministra de Seguridad: “¿Dónde está Kicillof? ¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo, rodeados de violencia y terror? Y si no se anima a hablar con ellos, prenda la tele: ‘Todos los días pasa lo mismo’, dicen. Nota tras nota, siempre el Conurbano", lanzó la legisladora oficialista.

Además, ironizó sobre la orden judicial que frenó la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires: “El colmo: si son menores, quedarían libres por la locura de la jueza garantista”.

Desde la administración de Kicillof la respuesta no tardó en llegar. Fue a través de su ministro de Seguridad, Javier Alonso.

“Patricia, no sea contradictoria. Cuando usted era ministra, sus propias estadísticas mostraban a la Argentina como uno de los países más seguros de la región. Hoy, Monteoliva difunde números similares y, de repente, todo es violencia y terror. ¿En qué quedamos? Explique cómo serían esos resultados sin el trabajo de la Provincia, que está todos los días en los 135 municipios, invirtiendo y fortaleciendo la seguridad con recursos provinciales", comenzó su publicación el funcionario.

Y dejó una queja: “Dejen la chicana, trabajen y devuélvanles a los bonaerenses los miles de millones de dólares que les quitaron. Esos recursos también hacen falta para seguir construyendo una Provincia más segura”.

“Mientras ustedes chicanean en redes, la droga que llega a la Provincia recorre miles de kilómetros atravesando una frontera llena de agujeros que este Gobierno no logra contener. ¿No sería mejor que trabajaran seriamente para impedir que esa droga llegue al territorio bonaerense? Y no se pongan nerviosos. El Gobernador está sólido, trabajando todos los días, recorriendo la Provincia y acompañado por el pueblo bonaerense en las urnas. No gestionan, no invierten, no les importa el prójimo. Nuevamente, ¿será que mostrar indignación en las redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos? Trabajen con seriedad y dejen de mentirle a la gente", concluyó Alonso.

Bullrich no se quedó atrás ante el embate del ministro bonaerense y redobló sus críticas.

“Su ministro responde, Gobernador. Pero estos datos los tiene que tomar en cuenta usted, porque la seguridad de los bonaerenses es responsabilidad de su Gobierno. Primero: la inseguridad no existe solo en las redes sociales, como dice su Ministro. No tomen de tontos a los bonaerenses. Caminen por los barrios, sin militantes, o, al menos, prendan la televisión. Segundo: la Argentina es hoy el país más seguro de la región gracias al esfuerzo que hacemos desde el Gobierno Nacional, muchas provincias y las Fuerzas. Pero ese resultado se logra, en buena medida, a pesar de la Provincia de Buenos Aires”, expuso.

Y detalló: “En los municipios del Conurbano, el índice de homicidios duplica al del resto de la Provincia y al nacional, mientras que los robos con violencia aumentaron más de 150% en el último año. Escudarse en el cuento de los 135 municipios les permitió durante años profundizar sus políticas pro delincuentes”.

“El esfuerzo para sacar a la Argentina de la catástrofe que dejó su Gobierno en 2023 lo estamos haciendo todos, menos su Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ustedes siguen con más de 20 ministerios, choferes, estructuras gigantes y contrataciones masivas. ¿Cuánto gastan en mantener todo eso? ¿Para qué tienen un Ministerio de la Mujer si no sirve? ¿De verdad no pueden achicarse para poner más recursos donde hacen falta: en seguridad, por ejemplo?“, insistió.

Bullrich, concluyó, sin dirigirse en ningún momento a Alonso: “Gobernador, esta pelea no tiene sentido porque nuestras posiciones sobre cómo combatir la inseguridad son opuestas. Para ustedes, una clara defensa a los delincuentes. Para nosotros, una sola regla: el que las hace, las paga”.

Lejos de culminar la discusión con ese mensaje, y a pesar de no haber sido nombrado por la senadora, Alonso volvió a responder. Destacó que Buenos Aires “tiene la cifra más baja de homicidios de su historia” y que la administración de Kicillof está “haciendo la mayor inversión en seguridad de la historia de la Provincia”.

“La inversión en seguridad que su Presidente le negó a la Provincia fue afrontada por nuestro Gobernador, reasignando partidas para sostener los recursos que necesitaban los bonaerenses. Mientras ustedes recortan, nosotros invertimos. Mientras ustedes hablan, nosotros ponemos patrulleros en la calle”, expuso el ministro.

La declaración se produjo en el marco de un episodio de inseguridad registrado frente al Colegio Nacional de Morón, institución de la que Ghi es egresado, donde sus hijos asisten y en la que fue docente antes de asumir la intendencia.

Un padre baleado a metros del colegio donde el intendente deja a sus hijos cada mañana

El hecho que disparó el debate ocurrió durante el horario de ingreso de los alumnos. Un excomisario identificado como Hernán, de más de 50 años, fue asaltado y baleado a 25 metros de la entrada del establecimiento —el mismo punto donde Ghi deja a su hijo todas las mañanas—. En paralelo, se registró un segundo incidente: una mujer que llevaba a sus hijos al colegio fue interceptada por un automóvil cuyos ocupantes, armados, la obligaron a descender de su vehículo. Ambos hechos generaron una convocatoria vecinal para las 18 horas del mismo día, con concentración en las calles Dinamarca y D’Amico, a una cuadra del establecimiento.

“Hernán deja el auto a veinticinco metros de donde lo dejo yo todas las mañanas cuando llevo a mi hijo”, señaló el intendente, quien reconoció estar afectado por el episodio en múltiples dimensiones: como padre de alumnos del colegio, como exalumno, como exdocente y como responsable político del municipio donde ocurrieron los hechos.

La policía comunal usará sus propias armas hasta que la ley provincial autorice al municipio a proveerlas

Ghi explicó que la primera promoción de la policía comunal de Morón —130 efectivos— estará operativa en los primeros días de diciembre, tras cuatro meses de reentrenamiento. Se trata de exintegrantes de fuerzas de seguridad que pasaron a retiro de forma voluntaria y que conservan estado policial. Por esa condición, tienen legítima portación de sus armas personales y están facultados para hacer uso de ellas ante situaciones que así lo requieran.

Sin embargo, el marco normativo vigente no le permite al municipio, como empleador, proveerles armamento letal. Ante esa restricción, el intendente anticipó que trabaja junto a la provincia de Buenos Aires para impulsar una ley que habilite esa posibilidad. Se está trabajando con la provincia para que exista una ley provincial que nos permita tener personal armado bajo nuestra jurisdicción, afirmó.

En la práctica, el esquema funcionará de la siguiente manera: el municipio les proveerá armas de baja letalidad como dotación institucional, pero los efectivos podrán recurrir a su arma personal reglamentaria ante situaciones extremas, en virtud de su estado policial. El intendente consideró que ese modelo es suficiente en el corto plazo, al tiempo que presiona para ampliar las atribuciones legales de la fuerza.

El Concejo Deliberante aprobó la interpelación a Ghi por la inseguridad

En paralelo, el Concejo Deliberante de Morón aprobó este jueves citar al intendente Lucas Ghi para que dé explicaciones sobre la inseguridad en el distrito y las medidas tomadas por su gestión.

Según el proyecto, Ghi —o el funcionario que designe— deberá presentarse públicamente en el recinto dentro de los próximos cinco días hábiles y brindar un informe detallado sobre la problemática.

La iniciativa fue impulsada por concejales de distintos bloques de la oposición, que aseguraron haber reclamado en reiteradas oportunidades medidas para reforzar la seguridad, como la instalación de alarmas y cámaras de videovigilancia, mejoras en la iluminación y mayor patrullaje.

Además, el proyecto plantea interrogantes sobre la nueva Policía Municipal anunciada por Ghi. Los concejales señalaron que, según la normativa difundida, se trata de un programa municipal “de carácter civil y administrativo” que “carece de estado policial” y sostuvieron que “no se trata jurídicamente de una fuerza policial en sentido estricto”.

De 2.200 postulantes a 130 efectivos: cómo se formó la primera promoción

El proceso de selección partió de un universo de 2.200 postulantes, todos con estado policial. El municipio realizó un análisis exhaustivo de legajos para descartar a quienes hubieran sido cesanteados por inconducta o motivos penalmente reprochables. Luego, una evaluación psicofísica redujo aún más el número hasta llegar a los 130 seleccionados que integran la primera promoción.

El promedio de edad del grupo es de 40 años. Según Ghi, la mayoría son vecinos de Morón o de la región que se alejaron de sus fuerzas de origen por razones personales —cambios de domicilio, proyectos comerciales propios— y respondieron a la convocatoria municipal. Su condición de expolicías con estado policial permitió acortar el proceso de reentrenamiento a cuatro meses, frente al año o más que demandaría la formación de personal sin experiencia previa.

La fuerza tendrá funciones de policía de proximidad: no realizará tareas de investigación, allanamientos ni traslado de detenidos, pero sí podrá intervenir ante delitos en la vía pública. El foco estará puesto en los corredores escolares, las zonas comerciales y los puntos de alto tránsito. Una segunda promoción está prevista para el primer cuatrimestre del año siguiente.

El intendente pide 20 patrulleros más y reconoce que el municipio financia gastos que debería afrontar la provincia

En paralelo a la construcción de la fuerza propia, Ghi reconoció que los recursos policiales provinciales asignados a Morón son insuficientes. El municipio ya presentó una nota formal solicitando 20 patrulleros adicionales y gestiona la renovación de otra parte de la flota a través de un leasing con el Banco Provincia.

El intendente también admitió que, como ocurre en otros distritos de distintos signos políticos, el municipio asumió gastos que en principio corresponden a la órbita provincial: pago de horas adicionales a efectivos bonaerenses, instalación de sistemas de videovigilancia y alarmas. El vecino no reconoce jurisdicciones, justificó Ghi, quien afirmó mantener contacto directo con el gobernador y con el ministerio de Seguridad bonaerense para reforzar los dispositivos en la zona.

El debate en la provincia: dos proyectos en la Legislatura y críticas al modelo

La iniciativa de Morón se inscribe en una discusión más amplia que lleva meses en la Legislatura bonaerense. Dos proyectos avanzan en la Cámara de Diputados por carriles independientes a la reforma que prepara el gobierno de Axel Kicillof: uno presentado por el diputado Carlos Puglelli (Fuerza Patria), que propone crear Policías Comunales e incorporarlas al sistema de la Ley 13.482 —lo que implicaría habilitarlas con el mismo estatus que las fuerzas provinciales—, y otro del diputado Leonardo Moreno (Unión por la Patria), orientado a un modelo de proximidad y prevención con un perfil más acotado. El municipio de Zárate también impulsó en marzo de este año una ordenanza para crear su propia fuerza local armada, aunque condicionó el uso de armas de fuego a que la legislación provincial lo habilite de forma expresa.

La marcha vecinal y la postura del intendente ante el reclamo

Para la tarde del mismo día en que se registraron los hechos, los padres del colegio convocaron a una movilización bajo la consigna «Basta de inseguridad. Nuestros hijos también tienen derecho a estudiar tranquilos». El reclamo, según el flyer que circuló entre las familias, apunta al gobierno provincial.

Consultado sobre si asistiría a la marcha, Ghi se mostró cauto. Señaló tener comprometida a esa misma hora una reunión con autoridades de la fiscalía a cargo del caso —a quienes el municipio puso a disposición imágenes de sus cámaras de videovigilancia y de cámaras de particulares— y no descartó sumarse si la agenda se lo permite. No va a faltar desde algún sector de la política quien quiera sacar algún provecho, advirtió al explicar su prudencia, aunque reafirmó su compromiso de acompañar a las familias y las autoridades del establecimiento.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió cerca de las 7:15 sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900, cuando la víctima dejaba a su hija en el jardín de infantes de la institución.

De acuerdo a la información a la que accedió este medio, Hernán Mariano Catarraso, de 51 años y excomisario mayor de la Policía Bonaerense, observó que al menos tres sospechosos descendieron de un vehículo y le apuntaron para robarle su auto. En ese contexto, se identificó como miembro de la fuerza de seguridad y su voz de alto originó un enfrentamiento armado en el lugar, que terminó con el padre herido de bala en la zona del abdomen.

El video que encabeza esta nota muestra los instantes posteriores al tiroteo, producto del cual la víctima quedó tendida sobre el asfalto, aunque consciente. “¿Te fijás la nena? Ey, ¡la nena!“, se escucha gritar al hombre, desesperado por conocer el estado de salud de su hija.

Mientras tanto, un vecino de la cuadra y otros padres que estaban en el lugar para dejar a sus hijos en el colegio se encargaron de asistir a la menor y de pedir ayuda al 911.

Tras la llegada de una ambulancia del SAME, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Posadas, donde fue ingresado en terapia intensiva.

“A las 7:25 llevo a mi nene al colegio porque 7:40 tocan el timbre de entrada. Cuando estoy dando la vuelta, los papás estaban cortando la calle y me tuve que bajar una cuadra y media antes del colegio. Pregunté qué había pasado y me dijeron que le habían pegado un balazo a un papá, un comisario retirado”, contó Claudio, el padre de un alumno del establecimiento educativo, en diálogo con el programa “Desayuno Americano” (América).

Por su parte, Lucila, otra madre que vivió en primera persona el ataque de los delincuentes, contó que todo ocurrió cuando ella llegaba al colegio para dejar a su hijo.

“Nosotros llegábamos y frenaron dos autos, empezaron a bajar personas y a apuntarle a todos los autos que estaban estacionados. Y ahí empezaron los disparos”, recordó en diálogo con el canal de noticias TN.

Y en esa línea, completó: “Los ladrones se subieron a los autos y salieron. Eran dos autos, uno que frenó más adelante y una camioneta que se detuvo a la altura de mi auto. Y apenas abrieron la puerta me apuntaron por la ventanilla, y enseguida comenzó el tiroteo”.

Respecto al padre que resultó baleado, la mujer recordó que él fue quien intentó amedrentar a los delincuentes tras identificarse como miembro de la fuerza policial. “En un momento yo escucho tiros, baja este señor y empieza a correr a los delincuentes. Los ladrones se suben a los autos y salen rapido, y en ese momento el padre cae en la calle con la herida en el abdomen”, explicó.

Consultada por la versión que indica que el hombre llegó a herir a dos de los asaltantes, la madre señaló que ella no vio nada, pero otros testigos aseguraron que dijo que llegó a dispararle a dos ladrones. “Estaba consciente y pidió que le avisen a la mamá de la nena”, concluyó.

En el lugar del hecho trabaja personal de Policía Científica, abocado a realizar las pericias correspondientes y el levantamiento de pruebas que sean de interés para la causa que encabeza el fiscal Pablo Masferrer, titular de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Morón.

Preocupación por la ola de robos en la zona

En otro tramo de la entrevista, la mujer que observó el hecho expresó que los vecinos y docentes tuvieron que tomar cartas en el asunto ante los reiterados hechos de inseguridad en el barrio.

“Las autoridades del colegio están conmocionadas con la situación, incluso los mismos docentes y personal de la escuela ha sido víctima de robos. Nosotros como papás y familia del colegio estábamos pidiendo un corredor de seguridad o alguna otra medida al municipio”, puntualizó.

Y en cuanto a su situación personal, adelantó que tomará medidas de recaudo a la hora de dejar a sus hijos en el colegio. “Cambiaré la ubicación de estacionar, buscaré otra cuadra, algo un poco más seguro entre comillas”, completó.

Un padre fue baleado durante un intento de robo frente a una escuela de El Palomar este jueves por la mañana, en un ataque cometido por varios delincuentes armados que llegaron en dos vehículos, y apuntaron contra los autos estacionados en plena franja de ingreso escolar. La secuencia ocurrió frente al Colegio Emaús, donde Lucila relató que todo sucedió cuando varias familias dejaban a sus hijos en el establecimiento.

El hecho se registró cerca de las 7.15 sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900, en El Palomar, partido de Morón. La víctima fue un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense, que recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado de urgencia al Hospital Posadas.

De acuerdo con el testimonio de Lucila en diálogo con TN, la escena comenzó cuando dos vehículos frenaron en la cuadra y varios hombres descendieron armados. “Bajan todos. Todos armados y todos apuntando a todos los autos que estábamos estacionados”, describió la mujer, que había llegado al lugar con su hijo dentro del auto.

La testigo precisó que uno de los rodados se detuvo más adelante y otro, una camioneta, frenó a la altura de su vehículo. “Apenas abrieron la puerta me apuntaron por la ventanilla y enseguida empezaron los disparos”, afirmó. También estimó que en cada auto iban entre tres y cuatro delincuentes. En su reconstrucción, definió la maniobra como un ataque “tipo piraña”, por la cantidad de asaltantes que bajaron de manera simultánea para encañonar a los conductores que estaban estacionados o descendiendo con sus hijos.

A su vez, señaló que el padre que resultó baleado estaba con su hija dentro del vehículo cuando comenzó el episodio. De acuerdo a sus palabras, la nena iba dormida en el asiento trasero y no llegó a ver la secuencia. Lucila dijo que, en medio de los tiros, el hombre descendió del auto y luego cayó herido sobre la calle. “Él estaba consciente y lo único que pedía era que se encarguen de la hija”, recordó. Entre otros padres que estaban en la cuadra, los presentes asistieron a la niña e intentaron contener a los chicos que habían quedado en medio de la balacera.

La mujer también relató que una vecina se presentó como enfermera y pidió toallas para asistir al hombre hasta la llegada de la ayuda médica. Después, la víctima fue trasladada para recibir atención en el Hospital Posadas.

La mujer contó que en su auto estaba su hijo de cinco años, que escuchó los disparos sin comprender del todo lo que ocurría. “Él sabe ya con ese chip de que al auto hay que subirse rápido porque vienen ladrones”, sentenció.

En este punto, la testigo afirmó que hace quince días hubo un hecho similar en una esquina cercana, también en horario escolar. Además, sostuvo que tiempo atrás ya se había registrado una modalidad parecida frente a la escuela, con autos que frenan, delincuentes que bajan armados y robos a conductores. Y señaló que las familias vienen reclamando medidas de seguridad más amplias que una custodia fija sobre la puerta del colegio.

Una familia fue víctima de un violento asalto armado dentro de su vivienda durante la mañana del miércoles. El episodio ocurrió en el barrio Santa Rita, en el departamento de Junín, provincia de Mendoza donde dos delincuentes ingresaron por la fuerza, golpearon a los ocupantes y escaparon con dos teléfonos celulares.

Al dirigirse hacia el comedor, cerca de las 09:00, uno de los dueños de casa se encontró con dos hombres delgados y con el rostro cubierto. En ese momento, la familia advirtió que varias habían irrumpido en el inmueble. Uno de los asaltantes lo amenazó con un arma de fuego y le ordenó que se tirara al piso.

Mientras uno de los asaltantes le exigía dinero y un arma de fuego al dueño de casa, el segundo delincuente ingresó a otro sector de la vivienda con un cuchillo de unos 20 centímetros de hoja. Allí amenazó a una mujer y le reclamó dinero y objetos de valor. En medio del robo, la víctima fue golpeada con la culata de un arma. Además, en otra habitación, un hombre con discapacidad también sufrió una agresión en la cabeza.

Después de reducir a las víctimas, los asaltantes consiguieron apropiarse de dos teléfonos celulares, objetos que estaban en poder de las personas que fueron abordadas durante el hecho. Los ladrones huyeron, desplazándose en una dirección que hasta ahora no fue especificada por los investigadores que están a cargo de la causa.

La secuencia fue advertida por una vecina que observó movimientos extraños en la vivienda y llamó al 911 para alertar a las autoridades. Cuando el personal policial llegó al lugar, encontró a las víctimas golpeadas y puso en marcha un operativo para intentar localizar a los autores del hecho. Hasta el momento, los delincuentes no fueron detenidos.

En las últimas horas, el departamento de Junín también quedó bajo el foco por otro hecho contra la propiedad registrado en Los Barriales. En ese caso, delincuentes ingresaron a una vivienda del barrio Jardín Norte durante la ausencia de su propietario, luego de romper una ventana y forzar una reja.

Cuando el dueño regresó al inmueble, encontró desorden en distintas habitaciones y constató el faltante de una suma de dinero en dólares, 2 millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares y un arma de fuego. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal Junín-Rivadavia y, hasta el momento, no se habían informado detenciones.

Fuera de Mendoza, en las últimas semanas también se conocieron episodios de características similares al ocurrido en Junín. Uno de los casos más recientes salió a la luz en Mar del Plata, donde una jubilada de 77 años denunció haber sufrido una violenta entradera durante la madrugada en su departamento, ubicado en un edificio de la zona de General Rivas al 2300, frente a Playa Varese.

Los asaltantes habrían llegado hasta la vivienda trepando por los balcones e ingresaron tras romper un vidrio que daba al comedor. Una vez dentro, sorprendieron a la mujer mientras dormía, la golpearon en el rostro, la ataron y comenzaron a exigirle la entrega de dinero en dólares. Según su propio testimonio, los ladrones insistían en que había más plata guardada en el lugar.

El robo terminó con la sustracción de 3.000 dólares, 700.000 pesos y un teléfono celular. Después de la fuga de los delincuentes, la víctima logró soltarse por sus propios medios y pidió ayuda a vecinos del edificio. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°13 de Mar del Plata, especializada en robos calificados en viviendas, mientras los investigadores analizaban cámaras de seguridad y otras pistas para tratar de identificar a los responsables.

Tras la caída de los estandartes libertarios de la lucha contra la corrupción, por el caso Adorni, y la diferenciación de la “casta”, el Gobierno despliega una nueva batalla cultural y reacomoda el orden de los emblemas. Además de la causa Malvinas, que Javier Milei abraza desde la semana pasada como flamante bandera principal de La Libertad Avanza (LLA), el Gobierno se volcó de lleno a la discusión sobre inseguridad, reflotada con fuerza por el fallo de la polémica jueza que frenó la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires.

La medida de titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, Marta Pascual y el video que exhibió su postura en un caso de asesinato cometido por un menor, le dejaron servida al oficialismo la disputa contra el kirchnerismo. “Nos la ponen fácil”, reconocieron con satisfacción en la Casa Rosada.

En un momento incómodo para la Casa Rosada, que acumula derrotas en el Congreso y teme por el futuro de la reforma política, la viralización de la grabación de una antigua, indignante entrevista de Pascual fue vivido como un triunfo. El golpe final, a su favor, dijeron, en las disputas con la oposición por la “narrativa” de los temas de la agenda pública.

La batalla en ese terreno se les había hecho cuesta arriba con el capítulo de la ley de Tierras de la ley de “inviolabilidad de la Propiedad Privada” de Federico Sturzenegger, que terminó cayendo estrepitosamente en el Congreso. Y el tema de la aplicación de la ley penal juvenil hizo sentir cómodo y seguro al oficialismo en las últimas 48 horas.

La inseguridad, de hecho, empieza a subir, según algunas consultoras, en la lista de prioridades de los argentinos. Y en el Gobierno dan por descontado -y esperan- que sea uno de los grandes ejes de discusión en la campaña bonaerense.

Mientras enfrentan un panorama complicado en el Congreso —con la reforma política trabada y, ayer mismo, un revés legislativo por el tema del endeudamiento y los fondos para discapacidad—, se abrazaron al efecto político del caso de la jueza Pascual.

El respaldo de Mauricio Macri a la postura del oficialismo en la confrontación con Axel Kicillof fue música para los oídos libertarios, que vislumbran una alianza con el PRO en la Provincia. Mientras Diego Santilli, jefe de Gabinete y aspirante libertario a disputar la provincia de Buenos Aires en 2027 se ponía al frente de los cruces contra la cuestionada jueza bonaerense.

El humor libertario en la Provincia contrasta con los últimos indicadores económicos, que aparecieron en rojo, ayer, y con el clima en el Congreso nacional. Al punto de que, en medio de los tropiezos por la discusión sobre la creciente morosidad, y en plena sesión, Karina Milei tuvo que acudir al Palacio Legislativo.

Sin embargo, mientras la oposición festejaba haber logrado sesionar a pesar de la resistencia oficialista y haber emplazado la discusión en comisiones, en Balcarce 50 hacían una lectura opuesta y se mostraban triunfales. “Salió incluso mejor de lo esperado”, dijo un funcionario. “Con los plazos previstos anteriormente, no pudieron tratar proyectos sin dictamen y lo pasamos a comisiones, y todo lo que lo que se dictamine no tendrá costo fiscal”, agregó.

En paralelo a la ola de funcionarios, tuiteros que se sumaba, junto al propio Milei, a la discusión sobre la inseguridad en PBA, la administración libertaria se mostraba decidida a no dejar caer la causa Malvinas. Un tema que funciona como consenso transversal y genera bajo desgaste político, al que el Presidente no dejó de referirse en sus últimas alocuciones, incluyendo la reunión de Gabinete del lunes, y su discurso de ayer por la mañana en la inauguración del Museo de los Granaderos. Y desde los comunicados oficiales de la Oficina del Presidente, y de la Cancillería.

Según adelantaron en la Casa Rosada, el tema de las Islas probablemente vuelva a aparecer en la reunión que convocó el Presidente con diputados y senadores propios prevista para el lunes por la tarde en Casa Rosada, a pesar de que el motivo original del encuentro sea analizar la economía y generar “cercanía” entre el jefe del Ejecutivo y los legisladores de LLA.

La lectura que se hace en el oficialismo es que entre un Congreso hostil y una economía que no da respiro, Malvinas y seguridad le permiten a Milei disputar la agenda pública sin depender enteramente de las variables económicas ni de los números en las comisiones y el recinto.

La pregunta que queda abierta es cuánto puede durar ese efecto antes de que la realidad legislativa y económica vuelvan a imponerse. Con la reforma política empantanada, el frente parlamentario complicado, en la Casa Rosada saben que la ventana para sostener esta agenda alternativa no es ilimitada.

La protesta comenzó alrededor de las 17, a casi tres kilómetros del lugar del crimen. Los manifestantes cortaron el tránsito y reclamaron mayor presencia policial en la zona. Llevaron remeras, banderas y carteles con el rostro de “Tito”, apodo con el que llamaban a la víctima.

“Vamos a pedir que no nos abandonen”, manifestó Julián, amigo de Elías, en diálogo con Infobae. Según relató, hasta ese momento no habían recibido comunicaciones de la fiscalía ni de las comisarías de José C. Paz.

El joven también describió los problemas de seguridad que, según sostuvo, afectan al barrio. Afirmó que la mayoría de las cámaras de seguridad no funcionan y que hay patrulleros con las ruedas pinchadas. “Esta semana hubo más de 30 robos”, señaló.

Como ejemplo, mencionó otro ataque ocurrido el martes por la noche. Según su relato, a un chico “le robaron la moto y le pegaron tres tiros”. Julián aseguró que esa víctima se encuentra fuera de peligro.

La movilización tuvo lugar pocas horas después del entierro de Ojeda, que se realizó pasadas las 14 en el cementerio de José C. Paz. Julián indicó que “mucha gente se hizo presente ya que Elías era un chico conocido”.

“Era una persona que se esforzaba día a día para superarse”, recordó sobre su amigo. “Nos daba el ejemplo para intentar ser mejores”, agregó.

El reclamo del Municipio a la Provincia

Horas antes de la marcha, la Municipalidad de José C. Paz difundió un comunicado en el que expresó su solidaridad con la familia y exigió al gobernador Axel Kicillof reforzar la seguridad en la provincia de Buenos Aires, en particular en el distrito.

“La Municipalidad de José C. Paz expresa su profundo pesar por el fallecimiento de David Elías Ojeda Vázquez y acompaña con respeto y solidaridad a su familia y seres queridos”, señaló el texto.

A continuación, planteó: “Ante la gravedad de lo sucedido, exigimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y, en especial, en nuestro distrito”.

Desde el municipio sostuvieron que realizan un “enorme esfuerzo con recursos propios” y atribuyeron la responsabilidad por la seguridad al gobierno provincial. “La seguridad requiere acciones inmediatas y es el Gobierno de la provincia de Buenos Aires quien debe asumir la total y completa responsabilidad, garantizando la misma para todos los vecinos y vecinas de José C. Paz”, concluyeron.

El caso

Ojeda fue asesinado el lunes por la noche en la esquina de Polonia y Piñero, en Sol y Verde, cuando regresaba del gimnasio. Dos delincuentes que se movilizaban en moto y llevaban indumentaria similar a la de repartidores lo interceptaron para robarle el vehículo.

Según la reconstrucción inicial, el joven intentó escapar y recibió un disparo por la espalda. Los agresores se llevaron su moto y huyeron. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

La causa se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°18 del Departamento Judicial de San Martín, que caratuló el caso como homicidio criminis causa. Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

La mandataria hizo estas declaraciones este 9 de septiembre, cuando se cumplen dos años del inicio de la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, periodo durante el cual la entidad ha registrado una crisis de seguridad que, reconoció, todavía no ha podido ser superada por completo.

Durante una Jornada de Paz realizada en Villa Juárez, Navolato, Domínguez Nava sostuvo que el escenario actual también debe analizarse a partir de las condiciones sociales y económicas acumuladas durante décadas.

Graciela Domínguez señala a gobiernos anteriores por las condiciones de violencia

La gobernadora interina afirmó que durante más de 30 años el Estado mexicano, sus instituciones y el poder político estuvieron, desde su perspectiva, al servicio de una minoría.

“Es importante no olvidar y los invito a reflexionar que durante más de treinta años el Estado mexicano, sus instituciones y el poder político fueron lamentablemente puestos al servicio de una minoría privilegiada, a quienes no les interesaron las necesidades del pueblo de México, sus problemas y sus demandas”, declaró.

De acuerdo con su planteamiento, ese periodo habría profundizado las desigualdades y la pobreza, condiciones que posteriormente contribuyeron a generar un entorno favorable para la violencia criminal.

Domínguez Nava también vinculó ese proceso con la falta de alternativas para una parte de los jóvenes, al señalar que algunos tuvieron como opciones emigrar a Estados Unidos, incorporarse a la delincuencia o sobrevivir mediante el subempleo.

“Esas, por supuesto, son parte de lo que ha propiciado la violencia que hoy lastima a familias mexicanas y a raíces, desgarrando en algunas regiones el tejido social y agravando a la sociedad”, afirmó.

A dos años de la crisis, admite que la seguridad aún es insuficiente

La gobernadora también reconoció que los esfuerzos realizados durante los últimos dos años no han sido suficientes para que la población vuelva a sentirse completamente segura.

“Hay avances, pero no han logrado ser suficientes para que la ciudadanía se sienta totalmente segura”, reconoció.

La crisis comenzó el 9 de septiembre de 2024, tras el secuestro y detención de Ismael “El Mayo” Zambada, hecho que precedió a la confrontación entre las facciones conocidas como Chapos y Mayos.

Domínguez Nava aseguró que los gobiernos federal, estatal y municipales continuarán trabajando de manera coordinada para recuperar la tranquilidad en las zonas afectadas.

Entre los principales puntos señalados por la mandataria se encuentran:

• Este 9 de septiembre se cumplen dos años del inicio de la actual crisis de violencia.
• La gobernadora reconoció que los avances en seguridad todavía son insuficientes.
• Domínguez Nava atribuyó parte de las condiciones actuales a problemas acumulados durante más de tres décadas.
• Villa Juárez, Navolato, fue presentado como ejemplo de recuperación.
• El gobierno estatal plantea combinar seguridad con acciones sociales en educación, salud, vivienda y combate a la pobreza.

Villa Juárez, ejemplo de recuperación tras dos años de violencia

La mandataria puso como ejemplo a Villa Juárez, comunidad donde, recordó, las condiciones de inseguridad llegaron a afectar actividades cotidianas como la asistencia de estudiantes a las escuelas.

“Antes era complicado estar aquí, no había clases; hoy todo esto se ha recuperado. Con hechos se demuestra que sí puede haber planes integrales de recuperación”, expresó.

Para Domínguez Nava, la recuperación de la seguridad no depende únicamente de la presencia de corporaciones policiales.

Señaló que también deben atenderse las condiciones sociales y económicas de las comunidades afectadas.

Por ello, mencionó acciones relacionadas con educación, salud, vivienda y combate a la pobreza como parte de los planes integrales que, sostuvo, deben acompañar las estrategias de seguridad.

Gobierno de Sinaloa busca recuperar las calles y la tranquilidad

La gobernadora aseguró que su administración no minimizará ningún hecho violento y que cada acontecimiento representa un llamado a fortalecer las estrategias de seguridad y prevención.

“Lo que nos interesa es que recuperemos nuestras calles”, afirmó.

Domínguez Nava evitó establecer un plazo para determinar cuándo terminará la confrontación.

En cambio, señaló que la expectativa es continuar con los avances registrados en Villa Juárez y Navolato y extenderlos a otras regiones de Sinaloa.

“Esperamos que, así como Navolato y Villa Juárez han ido en la recuperación, podamos continuar así para que recuperemos de manera permanente la tranquilidad y la paz”, expresó.

Seguridad será tema central en visita de Claudia Sheinbaum a Sinaloa

La gobernadora interina confirmó además que la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Sinaloa continúa prevista para el próximo 20 de septiembre, aunque todavía se encuentran pendientes de definir la agenda, horarios y sedes.

Domínguez Nava adelantó que entre los temas prioritarios estará el seguimiento de las estrategias de seguridad pública y el fortalecimiento de las actividades productivas de la entidad.

“La presidenta está muy al pendiente de cómo hemos seguido avanzando en la estrategia de seguridad y el fortalecimiento de las actividades productivas, que están directamente vinculadas a que tengamos tranquilidad”, señaló.

Domínguez Nava asumió como gobernadora interina el 25 de agosto de 2026, después de que Rubén Rocha Moya solicitara nuevamente licencia indefinida. Antes de ocupar el Ejecutivo estatal fue secretaria de Educación y Cultura de Sinaloa y diputada federal con licencia.

A 15 días de asumir el cargo y frente al segundo aniversario de la crisis de violencia, la mandataria reconoce que persisten pendientes en seguridad, mientras su administración plantea continuar con una estrategia que combine acciones de seguridad con atención a las condiciones sociales que, según su diagnóstico, contribuyeron a la problemática actual.

“Lo que se va a buscar es que se modernice el sistema de vigilancia aérea y marítima, la inteligencia satelital en tiempo real, la modernización de las comunicaciones y el avance en todo lo que es ciberseguridad”, señaló Vallas. El especialista agregó que la iniciativa contempla capacitación técnica en ciberdefensa para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el objetivo de enfrentar al crimen organizado transnacional.

El secretario de Estado de EE.UU. sostendrá este jueves una reunión con la presidenta Fujimori en Palacio de Gobierno, como parte de una gira regional que también incluye a otros países interesados en fortalecer sus esquemas de seguridad con Washington, explicó el especialista al citado medio.

Marco Rubio proyectos de China en Perú

El funcionario estadounidense publicó una columna en su cuenta de X en la que cuestionó los proyectos vinculados al Partido Comunista Chino en Perú. “Los proyectos respaldados por el Partido Comunista chino pasan por alto los marcos legales del Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos”, escribió Rubio

China respondió mediante al menos tres comunicados oficiales y sostuvo que “el hemisferio occidental no es el patio trasero de nadie”. Frente a esta disputa, Vallas señaló que la Cancillería peruana mantiene una política de multialineamiento estratégico o neutralidad activa.

El internacionalista comparó además la presencia económica de ambas potencias. Estados Unidos anunció 5 millones de dólares para la búsqueda de tierras raras y minerales críticos, mientras China mantiene una inversión minera de 16.000 millones de dólares y un monto aproximado de 30.000 millones de dólares en el país. En el ámbito comercial, las exportaciones peruanas hacia China representan cerca del 40% del total, frente al 11% dirigido a Estados Unidos.

APEC será otra oportunidad para Perú

El especialista mencionó también la próxima cumbre de líderes económicos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China, y a la que se espera que asista la presidenta Fujimori.

Según Vallas, el encuentro permitirá reafirmar los vínculos comerciales entre ambos países y mantener el flujo de exportaciones e inversiones chinas.

En paralelo, Perú buscaría plantear ante Marco Rubio un pedido de exención arancelaria, similar al presentado por Colombia tras el terremoto que sufrió ese país, debido a los posibles efectos económicos del fenómeno de El Niño. Sin embargo, el especialista precisó que este tema todavía no figura en la agenda oficial de la visita del secretario de Estado.

¿Nueva Doctrina Monroe?

El internacionalista sostuvo que la política de seguridad regional impulsada por el presidente Donald Trump puede interpretarse como una actualización de la histórica Doctrina Monroe, formulada por el presidente James Monroe en 1823 para limitar la influencia de las potencias europeas en el continente americano.

“Quiere, en estos momentos, es claro, que no quiere la influencia de China en la región”, sostuvo el internacionalista. No obstante, remarcó que corresponde a cada Estado soberano decidir cómo gestiona sus relaciones exteriores.

En ese escenario, Perú deberá mantener un equilibrio entre la cooperación militar con Estados Unidos y sus mercados y relaciones comerciales con China.

Un repartidor fue despojado de su motocicleta a punta de pistola en Miramontes y semanas antes una mujer fue asaltada por motociclistas en Lomas del Mayab.

Dos videos grabados por cámaras de seguridad en sectores residenciales de Tegucigalpa volvieron a poner bajo discusión la seguridad cotidiana en la capital hondureña.

El caso más reciente ocurrió la noche del martes en la colonia Miramontes, donde un repartidor que acababa de entregar un pedido fue interceptado por hombres armados y obligado a entregar su motocicleta.

La secuencia duró apenas segundos. El joven había estacionado frente a una vivienda y se disponía a marcharse cuando fue amenazado con armas de fuego.

Los asaltantes huyeron con la motocicleta, su herramienta de trabajo, mientras vecinos auxiliaron a la víctima.

El hecho quedó registrado por cámaras de vigilancia y la Dirección Policial de Investigaciones inició el análisis de las imágenes para intentar establecer identidades y la ruta de escape, de acuerdo con los reportes preliminares.

El episodio recuerda otro asalto registrado semanas antes en Lomas del Mayab.

En aquella ocasión, una cámara captó a varios motociclistas pasando frente a una mujer que se encontraba junto a su vehículo. Tres de ellos regresaron posteriormente, la rodearon y le quitaron la cartera.

Dos presuntos implicados fueron detenidos posteriormente, según los reportes difundidos sobre el caso.

Aunque se trata de hechos distintos, ambos comparten elementos: ocurren rápidamente, utilizan motocicletas para movilizarse y quedan expuestos gracias a sistemas privados de videovigilancia.

La paradoja entre estadísticas y sensación de inseguridad

La difusión de estos videos ocurre mientras las autoridades presentan resultados positivos en otros indicadores de seguridad.

La Secretaría de Seguridad informó recientemente que más de 100 municipios registraban cero homicidios, además de 117 estructuras criminales desarticuladas, más de 5.000 capturas y cerca de 4.000 armas decomisadas.

Pero reducir los homicidios no significa necesariamente que desaparezcan otras formas de criminalidad.

Los robos, asaltos callejeros, extorsiones y hurtos forman parte de la experiencia diaria de seguridad de una población y pueden mantener una elevada percepción de riesgo incluso cuando bajan los asesinatos.

Ese contraste ayuda a explicar por qué un video de pocos segundos puede generar una reacción ciudadana muy distinta a la que sugieren algunos indicadores oficiales.

Las motocicletas están en el centro del problema

La propia Policía reconoce el peso que tiene el robo de automotores en la capital.

Hasta julio, la DPI reportaba haber recuperado 277 vehículos robados durante 2026: 230 motocicletas y 47 automóviles, mediante operaciones desarrolladas principalmente en Tegucigalpa y Comayagüela.

La institución también ha advertido que algunas unidades robadas son modificadas mediante alteraciones de números de motor y chasis para dificultar su identificación y facilitar su comercialización ilegal.

Para un trabajador de delivery, además, perder la motocicleta significa algo más que sufrir un robo: puede representar quedarse sin la herramienta que genera sus ingresos.

Las cámaras se convierten en testigos

Los dos casos muestran además la importancia creciente de la videovigilancia privada.

Las cámaras permiten reconstruir movimientos, vestimenta, vehículos y rutas utilizadas por los sospechosos. En Lomas del Mayab, las imágenes habrían contribuido a seguir la pista de los presuntos asaltantes.

Pero su utilidad comienza después del delito. El reto de seguridad sigue siendo evitar que el asalto ocurra.

Honduras puede exhibir menos homicidios, más capturas o vehículos recuperados y, al mismo tiempo, enfrentar ciudadanos que siguen sintiéndose vulnerables al salir de casa, estacionarse frente a una vivienda o realizar una entrega.

Por eso, la seguridad no se mide únicamente por cuántas personas dejan de morir, sino también por cuántas pueden vivir, trabajar y desplazarse sin miedo a convertirse en la próxima imagen viral de una cámara de vigilancia.

La explosión de un coche bomba frente a una comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, el pasado 30 de agosto dejó 11 personas heridas y daños en viviendas, vehículos e instalaciones policiales. En el automóvil fueron utilizados aproximadamente 200 kilos de material explosivo.

El ataque ocurrió en uno de los territorios donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene una disputa con grupos rivales. Zacatecas comparte esa condición con Guanajuato y Michoacán, entidades donde la organización ha buscado ampliar su presencia frente a estructuras criminales que conservan posiciones en corredores y municipios estratégicos.

Para Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad, los ataques registrados en esas entidades tienen un elemento común: ocurren en zonas donde el CJNG intenta avanzar sobre territorios bajo control o influencia de otras organizaciones. El uso de vehículos explosivos, explicó, puede entenderse dentro de esa disputa territorial y no únicamente como una forma de atacar un objetivo específico.

“Lo que distingue a esta ola —de ataques— es el uso, por parte del Cártel Jalisco, de estos explosivos en aquellas entidades que se puede decir que son una frontera criminal, en donde están buscando expandirse”, explicó Sánchez Valdés en entrevista con Infobae México.

Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, las fronteras criminales

Guanajuato es uno de los principales escenarios de esa disputa. El CJNG mantiene una rivalidad con el Cártel Santa Rosa de Lima por el control de distintas zonas de la entidad, una confrontación que ha tenido consecuencias en municipios donde ambas organizaciones buscan conservar o ampliar su presencia.

“Hay que recordar que Guanajuato es una entidad que, desde hace varios años, tiene más homicidios a nivel nacional. Es una entidad que vienen peleando el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Santa Rosa de Lima. Y que, por tanto, se puede decir que es una de las fronteras criminales que hoy sigue disputando el Cártel Jalisco”, señaló el investigador.

Michoacán representa otro de esos espacios de confrontación. La frontera con Jalisco concentra zonas donde el CJNG se ha enfrentado con organizaciones locales y facciones que buscan conservar áreas de influencia. Para Sánchez Valdés, el uso de explosivos se inscribe en ese intento de modificar el equilibrio territorial.

Zacatecas presenta una configuración distinta. El investigador explicó que el CJNG mantiene presencia en la parte sur de la entidad, mientras que en el norte operan grupos vinculados con Los Cabrera Sarabia, aliados de La Mayiza, del Cártel de Sinaloa.

En ese escenario ocurrió el ataque de Ojocaliente. García Harfuch señaló el 4 de septiembre que una de las principales líneas de investigación relacionaba el atentado con la disputa entre células del CJNG y el Cártel del Pacífico por el control de rutas, territorios y actividades ilícitas. El funcionario también informó que tres personas habían sido detenidas por su presunta participación en el ataque.

La ubicación del municipio resulta relevante por su posición en el sureste de Zacatecas y por su conexión con zonas limítrofes con Aguascalientes. El ataque contra la comandancia ocurrió en una región donde también se habían registrado otros hechos con explosivos días antes, de acuerdo con el reporte presentado por las autoridades federales.

El coche bomba también busca condicionar a las autoridades

La utilidad del explosivo no se limita al enfrentamiento entre grupos criminales. Sánchez Valdés explicó que estos ataques también pueden funcionar como una advertencia dirigida a corporaciones locales y estatales para dificultar su colaboración con organizaciones rivales, es decir, para que no establezcan alianzas con sus grupos antagonistas.

“Estos artefactos no sólo están enfocados en los rivales. O sea, sirven para demostrar este músculo, amedrentar a las autoridades, y evitar que estas, tanto locales como estatales, ayuden a sus rivales”, explicó.

En esa lógica, una comandancia policial adquiere un doble valor como objetivo: representa a la autoridad que interviene en un territorio disputado y permite exhibir ante los grupos rivales la capacidad de una organización para atacar una instalación oficial.

El especialista señaló que esa capacidad implica disponer de recursos, logística y personal capaz de trasladar un volumen considerable de explosivos, colocarlo dentro de un vehículo y hacerlo detonar sin que los responsables permanezcan en el lugar.

“Es la lógica criminal es el hecho de decir: yo tengo la capacidad operativa de conseguir, como en Ojocaliente, 200 kilos de explosivos, ponerlos en un auto, detonarlos a distancia y tronarlo frente de una estación de policía”, señaló Sánchez Valdés.

El ataque del 30 de agosto dejó 11 personas lesionadas y provocó daños en viviendas, vehículos e instalaciones de la corporación. García Harfuch detalló que diez viviendas sufrieron daños severos y otras 53 afectaciones menores, además de daños en 15 vehículos.

Atacar a distancia reduce el riesgo para los integrantes del grupo

Otra de las ventajas de esta modalidad, de acuerdo con Sánchez Valdés, está en la posibilidad de activar el artefacto sin que quienes participan directamente en el ataque tengan que permanecer junto al vehículo.

“El poder activarlo a distancia, el no poner en peligro a su propia gente. Obviamente, el tamaño de la explosión es muy grande y causa miedo”, explicó.

Esa característica modifica también el propósito del ataque. Para el investigador, el efecto buscado no necesariamente depende de provocar el mayor número posible de víctimas mortales, sino de generar una respuesta social y mediática que permita transmitir la capacidad de la organización.

“No se está buscando tanto la letalidad, sino más bien el impacto social y mediático. O sea, es por ello, pues que mucha gente habla que se trata de actos terroristas. Yo coincido con esa apreciación”, afirmó.

La elección de instalaciones policiales refuerza ese efecto. El objetivo no es únicamente el daño material provocado por la detonación, sino mostrar que una organización criminal puede llevar un artefacto explosivo hasta una zona vigilada y utilizarlo contra una corporación que forma parte de la estructura de seguridad local.

Zacatecas y Michoacán enfrentan un escenario político adicional en 2027

Para Sánchez Valdés, la disputa territorial adquiere una dimensión adicional en entidades que tendrán procesos electorales locales en 2027. El especialista no plantea que los ataques tengan necesariamente un origen electoral, sino que la transición política puede aumentar el interés de las organizaciones criminales por influir en las autoridades locales.

En ese contexto, los ataques pueden convertirse también en mecanismos de presión sobre funcionarios y corporaciones que intervienen en zonas donde los grupos criminales buscan consolidar posiciones.

“También se convierten en mecanismos para presionar a las autoridades locales. En el caso de Zacatecas y Michoacán, tendrán elecciones a la gubernatura el siguiente año. Entonces, eso tiene una implicación o un grado más de interés: ir condicionando esta transición”, señaló.

Insight Crime: la disputa por Zacatecas se extiende a rutas y municipios estratégicos

El contexto territorial descrito por Sánchez Valdés coincide con un análisis reciente publicado por Insight Crime sobre el repunte de la violencia en Zacatecas.

El portal especializado en crimen organizado señaló que la confrontación entre el CJNG y La Mayiza se desarrolla alrededor del control de territorios y corredores utilizados para actividades criminales.

De acuerdo con Insight Crime, Ojocaliente se encuentra dentro de una zona estratégica del sureste de Zacatecas, cercana a las rutas que conectan con Aguascalientes. El medio ubicó la violencia reciente dentro de la disputa entre estructuras relacionadas con el CJNG y La Mayiza, particularmente por el control de esa franja del estado.

Insight Crime también señaló que el aumento de los enfrentamientos ha estado acompañado por el uso de distintas modalidades de explosivos, entre ellas vehículos y motocicletas cargados con artefactos, drones y minas. El medio identificó ese cambio táctico como parte de la evolución de la confrontación entre los grupos que buscan ampliar sus posiciones en Zacatecas.

Según la investigación de Insight Crime, el incremento de los ataques con explosivos se ha producido junto con una mayor presión sobre autoridades y comunidades de las zonas donde se desarrolla la disputa. El medio también documentó mensajes atribuidos a integrantes del CJNG en los que se dirigían amenazas contra integrantes de La Mayiza y funcionarios de Zacatecas.

El contexto descrito por Insight Crime permite dimensionar el ataque de Ojocaliente más allá de la detonación frente a una comandancia. La agresión ocurrió dentro de una zona donde dos estructuras criminales disputan posiciones, rutas y capacidad de influencia, mientras que la instalación policial funcionó como un objetivo que permitió trasladar esa confrontación al espacio de las autoridades.

La entrevista con Sánchez Valdés apunta a la misma dirección desde otra perspectiva: el valor de un coche bomba dentro de una disputa criminal no depende únicamente de las víctimas que pueda provocar, sino también de la capacidad que exhibe para penetrar un territorio rival, presionar a las autoridades y comunicar que el grupo cuenta con recursos para disputar una zona.

En las últimas horas, el principal sospechoso de uno de los hechos de inseguridad más crueles de la historia reciente fue capturado por la Policía Bonaerense. Se trata de José Robledo, alias “Pachi”, acusado del robo ocurrido en marzo de 2025 que terminó con la muerte de Sofía, la hija de Natalia Heizenrreder, que llevaba a su bebé en brazos en Pablo Nogués y fue atropellada por los delincuentes mientras huían de los agentes en el auto que habían robado en la zona de El Talar. Sofía tenía apenas once meses.

Personal de la Superintendencia AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge, encontró a Robledo en la misma zona del crimen, en una cancha de fútbol de Pablo Nogués, donde había ido a jugar un partido.

Los detectives de la Superintendencia obtuvieron un dato de calle que marcaba a Robledo en el lugar. Así, fueron por él. Tras resistirse al arresto, el acusado del crimen de Sofía fue esposado. La causa en su contra está a cargo de la UFI El Talar. Otros dos sospechosos fueron capturados en los días posteriores al hecho.

El crimen de Sofía

El hecho ocurrió el 28 de marzo de 2025. Los tres delincuentes escapaban de las autoridades tras cometer una entradera en la zona de Ricardo Rojas, partido de Tigre; en una fuga en la que intercambiaron disparos con el patrullero que los perseguía.

Habían asaltado a una mujer de 40 años armados con una pistola 9 milímetros robada en abril pasado en Brandsen: se llevaron su Jeep Renegade, un cochecito de bebé y dos millones de pesos en efectivo.

Con un móvil del COT de Tigre que seguía sus pasos, los delincuentes regresaron a Pablo Nogués, su zona de origen, en busca de refugio. En medio de la fuga, un joven que pasaba con una moto recibió un disparo en el tobillo derecho.

Poco después, el ladrón que manejaba la Jeep perdió el control. Al llegar a la esquina de Curie y Morse, en Pablo Nogués, los ladrones volcaron tras chocar contra un Fiat Punto, cuya conductora resultó ilesa.

En el impacto, golpearon a Sofía y a su madre, Natalia Heizenrreder, mamá de al menos otros dos chicos. Ambas fueron trasladadas a un hospital cercano. La bebé murió poco después. Natalia terminó en coma farmacológico.

Diez años antes, en 2015, Natalia había perdido a su hijo adolescente, Franco Emmanuel Heizenrreder, asesinado de una puñalada en el pecho cuando intentó defender a una amiga.

Un hombre fue asesinado a tiros la noche del martes dentro de una panadería de la colonia Popotla, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Los primeros reportes señalan que la víctima se encontraba en un establecimiento ubicado en el cruce de Mar de Japón y Felipe Carrillo Puerto cuando un sujeto ingresó al inmueble y le disparó de forma directa.

Después del ataque, el agresor salió del lugar y abordó una motocicleta donde otro individuo ya lo esperaba. Ambos escaparon antes de la llegada de las autoridades.

Paramédicos acudieron al sitio, pero solo pudieron confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona y comenzaron el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables y establecer la ruta de escape.

Hasta el momento no se ha informado el móvil del homicidio ni la identidad de la víctima. Reportes preliminares señalan que la víctima, de 52 años de edad, era propietario del establecimiento.

Fiscalía de CDMX reporta baja en homicidios durante agosto

El asesinato ocurrió días después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reportara una reducción en las investigaciones por homicidio durante agosto.

De acuerdo con cifras presentadas por la institución, durante ese mes se iniciaron 43 investigaciones por homicidio, la cifra mensual más baja de los últimos 20 años.

La Fiscalía también informó que 69 personas fueron vinculadas a proceso por homicidio y feminicidio. En materia judicial, reportó 384 sentencias obtenidas, de las cuales 353 fueron condenatorias, equivalentes a 92 por ciento.

La institución señaló además avances en la ejecución de órdenes de aprehensión, con 502 relacionadas con homicidio doloso, 246 por robo de vehículo y 502 por extorsión.

Estos datos corresponden al conjunto de la capital y no permiten establecer una relación directa entre la tendencia general y el homicidio ocurrido en Popotla.

¿Qué grupos criminales operan en la Miguel Hidalgo?

La Miguel Hidalgo forma parte de las alcaldías donde autoridades han identificado presencia de distintas organizaciones delictivas.

Según la información proporcionada, entre los grupos con zonas de operación en esta demarcación aparecen La Unión Tepito, Fuerza Anti Unión y La Ronda 88.

La Unión Tepito registra presencia señalada en alcaldías como Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

Fuerza Anti Unión aparece vinculada en reportes a Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

En el caso de La Ronda 88, las zonas señaladas incluyen Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

La investigación de la Fiscalía y el análisis de las cámaras serán determinantes para establecer quién cometió el ataque y cuál fue el motivo.

La Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango confirmó el hallazgo del menor, quien permaneció privado de la libertad durante varias horas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), con apoyo de autoridades de Tlaxcala, ubicó al niño en Santa María Acuitlapilco. Las autoridades señalaron que se encuentra sano y salvo.

Hasta el momento, los sujetos que lo sustrajeron no han sido detenidos. La Fiscalía mantiene las investigaciones para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

Rapto de Dastan queda registrado en video

Dastan salió con su madre hacia una tienda en la colonia Misiones de San Francisco cuando dos hombres, a bordo de un vehículo, interceptaron a la mujer.

El ataque quedó registrado en video. En las imágenes se observa cómo los sujetos se acercan a la madre, la derriban y toman al menor por la fuerza. Algunos vecinos acudieron para auxiliar a la mujer, pero los responsables lograron escapar con el niño.

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía de Puebla inició las investigaciones y pidió apoyo a autoridades de Tlaxcala ante la posibilidad de que el menor hubiera sido trasladado hacia esa entidad.

Horas después, Dastan fue localizado en Santa María Acuitlapilco y quedó bajo resguardo de las autoridades.

¿Cuál es el estado de salud de Dastan tras ser secuestrado en Puebla?

El reporte oficial señala que el menor fue localizado sano y salvo. La autoridad no informó sobre lesiones ni dio a conocer que requiriera atención médica tras su localización.

La investigación continúa para establecer cómo ocurrió la sustracción, identificar a los responsables y determinar si hubo más personas involucradas.

Puebla registra un alza en rapto de menores

El caso ocurre en un contexto de aumento en las carpetas de investigación por sustracción de menores e incapaces en Puebla.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el estado acumuló 445 carpetas entre enero y julio de 2026. Julio concentró 79 casos, la cifra mensual más alta del periodo, frente a las 64 carpetas de junio.

La cifra de julio representó un aumento de 23.4 por ciento respecto al mes anterior. Abril ocupó el segundo sitio, con 77 investigaciones.

Los registros también muestran que niñas y niños de entre 0 y 12 años concentran la mayor parte de las víctimas identificadas: 506 de las 568 personas registradas en ese periodo, equivalente a cerca de 89.1 por ciento.

La sustracción de menores se reportó en 76 municipios poblanos. Puebla capital acumuló 141 carpetas, seguida por Tehuacán, con 29; San Andrés Cholula, con 21; y Atlixco y San Pedro Cholula, con 14 cada uno.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSP Sinaloa) informó que, durante la noche del martes 8 de septiembre de 2026, se registraron hechos de inseguridad en distintos sectores de Culiacán. Los reportes comenzaron a partir de las 19:30 horas y motivaron el despliegue de corporaciones estatales y federales en la capital sinaloense.

De acuerdo con la institución en un mensaje compartido por su red oficial de X, los incidentes incluyeron detonaciones de arma de fuego y un vehículo incendiado en tres puntos distintos de la ciudad. La dependencia detalló cada caso y pidió a la población evitar las zonas mencionadas mientras las autoridades atienden la situación.

Hechos registrados en distintos sectores de Culiacán

El primer reporte ubicado por la SSP Sinaloa corresponde a la intersección de avenida Patria y México 68, donde se escucharon detonaciones de arma de fuego. La dependencia no precisó si el hecho dejó personas lesionadas ni las causas del enfrentamiento.

El segundo punto señalado fue la colonia Chapultepec, donde se reportó un automóvil incendiado. El comunicado no especificó el modelo del vehículo ni si el siniestro tuvo relación directa con los otros hechos reportados esa misma noche.

El tercer incidente se ubicó en la zona de Gustavo Díaz Ordaz. Ahí, de acuerdo con la SSP Sinaloa, se registraron detonaciones de arma de fuego derivadas del robo de un vehículo. La dependencia no aportó datos adicionales sobre las personas involucradas ni sobre el estatus del automóvil sustraído.

Los tres hechos fueron reportados en un lapso cercano, lo que llevó a la dependencia estatal a emitir de forma inmediata una alerta pública dirigida a los habitantes de Culiacán.

Despliegue de autoridades y recomendaciones a la ciudadanía

La SSP Sinaloa indicó que las corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional ya se encuentran desplegadas en los puntos donde ocurrieron los hechos. Este grupo trabaja de manera conjunta para atender los reportes y brindar seguimiento a cada uno de los incidentes.

La dependencia no detalló qué corporaciones específicas conforman el Grupo Interinstitucional en este operativo ni cuántos elementos fueron movilizados hacia las tres zonas señaladas. La recomendación busca evitar riesgos adicionales mientras las autoridades realizan las labores correspondientes en cada punto.

La dependencia también pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Con ello, busca evitar la propagación de información no verificada sobre los hechos ocurridos en Culiacán.

El comunicado cerró con el llamado a la ciudadanía para que atienda las indicaciones de las autoridades en caso de encontrarse cerca de alguna de las zonas mencionadas. La SSP Sinaloa no ofreció, hasta el momento de la publicación del reporte, un balance sobre personas detenidas, lesionadas o el estatus final de las investigaciones derivadas de los tres hechos registrados esa noche en Culiacán.

Otro hecho violento se registro hoy en Jesus Maria

Los hechos reportados esta noche en distintos sectores de Culiacán se suman a un ataque registrado apenas unas horas antes en la sindicatura de Jesús María, ubicada a unos 30 kilómetros al norte de la capital sinaloense.

Según confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, elementos de la Policía Federal fueron agredidos con armas de fuego mientras realizaban labores de vigilancia sobre la carretera federal México 15. Los uniformados repelieron el ataque y detuvieron a cuatro personas vinculadas al robo de vehículos, sin que se reportaran policías heridos.

Durante el operativo, las autoridades federales aseguraron tres armas de fuego, 30 cargadores, 502 cartuchos, chalecos balísticos y un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE) confirmó también el ataque y precisó que los uniformados realizaban recorridos de seguridad cuando fueron blanco de la agresión.

Jesús María concentra una carga simbólica particular para las fuerzas de seguridad en Sinaloa. Fue en ese poblado, de poco más de cinco mil habitantes, donde el Ejército capturó a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el 5 de enero de 2023. Aquel operativo dejó un saldo de 29 muertos y desató una ola de narcobloqueos y balaceras en Culiacán conocida como el Culiacanazo 2.0.

El ataque contra los policías en Jesús María se suma a una cadena de agresiones contra elementos de seguridad en Sinaloa durante 2026. De acuerdo con la organización Causa en Común, al menos 23 integrantes de instituciones de seguridad habían sido asesinados en el estado hasta el 13 de agosto de este año.

La organización Causa en Común advirtió que las cifras oficiales de delitos pueden no mostrar toda la violencia que ocurre en México, al identificar variaciones atípicas, posibles reclasificaciones y discrepancias entre registros de distintas autoridades.

Para llevar a cabo este análisis, Causa en Común consultó al periodista Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, quien explicó el seguimiento que su medio lleva a cabo sobre la violencia en Sinaloa, y compartió algunas de las diferencias encontradas entre sus registros y las cifras oficiales.

Causa en Común encuentra discrepancias en los registros de delitos

De acuerdo con la organización, analizó 10 delitos considerados relevantes para la población y la discusión pública. En todos halló alertas relacionadas con variaciones estadísticas atípicas.

También identificó señales de posible reclasificación en homicidio, feminicidio y secuestro, así como posibles casos de subregistro en estos delitos:

• Extorsión,
• Trata de personas
• Robo de vehículos con violencia
• Robo a transportistas

Estados presentan cambios atípicos de un año al otro

Tan solo en el primer semestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, algunos estados de la República presentaron cambios superiores al 50 por ciento.

Un ejemplo de lo anterior es Aguascalientes, que reportó 94 por ciento menos extorsiones, mientras Chihuahua registró un aumento de dos mil 325 por ciento. En feminicidio, Nayarit tuvo una reducción de 82 por ciento frente a un incremento de 600 por ciento en Zacatecas.

Causa en Común también encontró diferencias en homicidio y narcomenudeo. En estos casos, San Luis Potosí reportó 82 por ciento menos homicidios, mientras que Guanajuato registró 50 por ciento menos casos de narcomenudeo y Veracruz tuvo un aumento de 132 por ciento.

La organización aclaró que las variaciones antes descritas no significan por sí mismas que las cifras sean falsas, pero consideró que cambios de esa magnitud requieren una explicación por parte de las autoridades.

Hallan inconsistencias en la reclasificación de delitos y feminicidios

Otro datos que generaron dudas durante el análisis fue la manera en que algunos delitos han sido clasificados. Como el caso de Morelos, donde reportaron 514 víctimas de homicidio durante el primer semestre de 2026, nueve por ciento menos que en el mismo periodo de 2025.

Sin embargo, en esa entidad, en la categoría de “otros delitos contra la vida” registró 659 víctimas, un aumento del 114 por ciento.

A su vez, en la Ciudad de México se reportaron cinco víctimas de secuestro, pero mil 737 víctimas fueron clasificadas dentro de “otros delitos contra la libertad”.

Campeche e Hidalgo muestran patrones similares.

En Campeche, los feminicidios cayeron 40 por ciento, pero los homicidios dolosos contra mujeres subieron 100 por ciento. En Hidalgo, los feminicidios bajaron 82 por ciento, mientras los homicidios dolosos de mujeres crecieron 33 por ciento.

Causa en Común señaló que estas cifras no prueban por sí solas una reclasificación deliberada. La organización planteó, sin embargo, una pregunta central: ¿qué explica que una categoría de delito baje justo cuando otra, relacionada con ella, sube?

Reportes oficiales no coinciden con cifras periodísticas en Sinaloa

Un caso que uso como referencia Causa en Común para este análisis fue lo que ocurre en Sinaloa, ya que el diario Noroeste mantiene un registro diario de la violencia en la entidad mediante información oficial, fuentes periodísticas y datos de colectivos.

En ese sentido, un ejemplo de las inconsistencias ocurrió en junio, donde el medio documentó 159 homicidios, mientras que la Fiscalía General del Estado reportó 116. De acuerdo con el director de Noroeste, Adrián López, el principal problema se encuentra en la clasificación de los casos.

¿Qué ocurre con las desapariciones?

Respecto a las desapariciones, Causa en Común planteó que la reducción de homicidios debe analizarse junto con las cifras de personas desaparecidas y no localizadas.

Otro ejemplo es el de Nuevo León, donde durante el primer semestre de 2026 se registraron 225 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, 49 por ciento menos que en el mismo periodo de 2025. Al mismo tiempo, se contabilizaron 338 desapariciones, un aumento del 56 por ciento.

Sobre estos casos, la organización aclaró que una persona desaparecida no puede considerarse automáticamente víctima de homicidio, y tampoco se debe asumir que detrás de cada desaparición existe una muerte violenta.

¿Cifras son capaces de medir la violencia?

Causa en Común identificó tres etapas donde las estadísticas pueden fallar: el registro del delito, su clasificación y su comunicación.

La organización aclaró que una alerta estadística no equivale a una prueba de manipulación. Advierte, sin embargo, que cuando estas señales aparecen en casi todos los delitos analizados, las autoridades tienen la obligación de explicar su origen y garantizar que los datos puedan verificarse.

Estas soluciones propone Causa en Común

Causa en Común propone tres medidas concretas: auditorías independientes y periódicas a los registros delictivos, la homologación de criterios entre fiscalías para que los delitos se registren y clasifiquen de manera uniforme, y mayor transparencia ante variaciones extraordinarias o discrepancias entre fuentes.

La discusión, según la organización, trasciende lo estadístico. Detrás de cada registro hay víctimas y familias. Conocer cómo se construyen las cifras es indispensable para evaluar tanto la violencia como las políticas de seguridad.

Ante una autoridad que se ha caracterizado por la opacidad, Causa en Común, por medio de un análisis, advirtió que las cifras de los delitos podrían no medir el nivel de la violencia en México.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la investigación comenzó tras el vilento robo ocurrido el martes 2 de septiembre en la esquina de avenida San Martín y Emilio Castro. Gabriel F., de 26 años, y Adrián H., de 24, se encontraban en la estación de servicio esperando a un supuesto comprador para concretar una operación acordada previamente por Facebook.

Según contó Gabriel, había invertido cerca de $3 millones en la compra de 12 celulares para iniciar un negocio de compraventa. Adrián, por su parte, también llevó equipos que comercializaba por su cuenta luego de que el interesado manifestara que quería comprar iPhone. En un principio, las víctimas habían rechazado encontrarse en una vivienda y propusieron la estación de servicio porque consideraban que sería un lugar más seguro.

Mientras aguardaban dentro del local, dos hombres entraron armados y les robaron los aparatos. La secuencia completa fue registrada por Adrián, quien llevaba anteojos equipados con una cámara. Según explicó posteriormente, su intención era utilizar las imágenes como contenido para sus redes sociales.

Tras el asalto, los delincuentes escaparon a bordo de un Ford Fiesta Kinetic bordó, que fue encontrado abandonado poco después en Lomas de Zamora. Al verificar los datos del vehículo, los investigadores determinaron que tenía un pedido de secuestro activo desde el 28 de agosto, solicitado por la Comisaría 6ª de Avellaneda.

La causa quedó en manos de la UFI N° 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús, que inició actuaciones por robo y ordenó una serie de medidas para identificar y localizar a los sospechosos. A partir del análisis realizado durante la investigación, los agentes establecieron que, después de abandonar el Ford Fiesta, los acusados habrían continuado la fuga en otro vehículo.

Con los elementos reunidos, este lunes el Juzgado de Garantías N°1 Descentralizado de Avellaneda-Lanús ordenó dos allanamientos en Villa Fiorito. En uno de ellos, realizado en una vivienda de la calle Necol, efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Primera de Lanús detuvieron a Ayala y Ocampo.

En el lugar, además, secuestraron una Renault Kangoo blanca que, según la investigación, habría sido utilizada después de que los asaltantes abandonaran el Ford Fiesta.

También encontraron una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, un cargador, 12 municiones del mismo calibre, un correaje con portacargador y portaesposas, un cuello polar negro, un par de guantes negros de neopreno y un iPhone.

El cuello polar y los guantes coinciden con la vestimenta que llevaba uno de los asaltantes durante el robo y que quedó registrada en el video del ataque, una de las pruebas analizadas por los investigadores para avanzar sobre los sospechosos.

El segundo allanamiento se realizó en un domicilio de la calle Zárate, también en Villa Fiorito, aunque, según pudo saber Infobae, el procedimiento dio resultado negativo.

Ayala y Ocampo quedaron a disposición de la Justicia acusados de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y tenencia de arma de guerra. Este martes, ambos fueron trasladados a sede judicial.

David Elías Ojeda Vázquez tenía 23 años, vendía artículos por Internet y usaba su moto para trabajar y trasladarse. En su rutina también había lugar para el gimnasio y las tardes de PlayStation con sus amigos. El lunes por la noche, cuando regresaba de entrenar, dos delincuentes vestidos como repartidores lo interceptaron en Sol y Verde, José C. Paz, y lo asesinaron de un disparo por la espalda para robarle el vehículo.

Quienes lo conocían lo llamaban “Tito”. Entre ellos estaba Thiago, uno de sus amigos más cercanos, con quien compartió tres meses de convivencia junto a otro joven el año pasado. Este martes, Thiago lo recordó con dolor. “Es la mejor persona que me pudo haber tocado como amigo y ya no lo tengo. Quedan los recuerdos nomás”, dijo a TN.

Thiago contó que Elías trabajaba por su cuenta y que la moto que le robaron también era una herramienta para su actividad comercial. “Era un chico muy bueno. No buscaba quilombo, iba a entrenar. Era un emprendedor, laburaba para él”, relató.

Su padre, José Luis, coincidió en esa descripción. Dijo que su hijo no tomaba alcohol ni fumaba y recordó cómo organizaba sus días: “Él iba a la tarde al gimnasio, trabajaba de día”.

Horas antes del crimen, “Tito” había estado en la peluquería de un amigo. Se cortó el pelo, jugó un rato a la PlayStation y anunció que se iba a entrenar. Thiago recordó la despedida: “A las siete de la tarde me dijo: ‘Voy al gimnasio y vengo’. Y no vino más”.

Los recuerdos de sus allegados también aparecieron en las redes sociales. “Sus amigos y familiares están destruidos”, expresó Paola, tía de uno de los amigos del joven, en su cuenta de Facebook. “Tito no tenía maldad. Tenía muchas ganas de vivir”, sostuvo la mujer.

“¡Queremos Justicia para Tito! Tenía toda una vida por delante. No tenía maldad, era un chico sano y con ganas de vivir”, compartió otra conocida de la víctima.

Los mensajes de despedida se combinaron con pedidos para que encontraran a los responsables. “Siento mucha bronca, quisiera que se haga un poquito de justicia. La policía se está moviendo, pero quisiera que se muevan un poquito más”, expresó José Luis ante TN.

Al reclamo de la familia se sumaron los vecinos del barrio. “Hay que ir a manifestarnos todos al municipio. Hacernos escuchar”, escribió uno de ellos.

Los familiares y amigos de Ojeda adelantaron que el miércoles, a las 19 horas, harán una manifestación, con corte de tránsito sobre la Ruta 197, para pedir justicia por “Tito”, reclamar avances en la investigación y exigir mayor seguridad en el barrio.

El caso

El hecho ocurrió el lunes por la noche, a las 21.28, según el horario que muestra la cámara de seguridad que registró el ataque, en la esquina de las calles Polonia y Piñero, en la localidad de Sol y Verde. Según informaron fuentes judiciales a Infobae, Ojeda regresaba a su casa tras salir del gimnasio cuando fue perseguido por dos motochorros. Los sospechosos llevaban indumentaria similar a la que utilizan repartidores de aplicaciones de delivery.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, los delincuentes lo interceptaron y lo amenazaron con un arma de fuego para que les entregara el vehículo. Cuando la víctima intentó escapar, recibió un disparo en la espalda. La grabación muestra cómo cayó sobre la vereda tras el ataque. Los agresores se llevaron su moto y escaparon.

Minutos después, llegó una ambulancia que lo trasladó al Hospital Mercante, donde constataron su fallecimiento.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°18 del Departamento Judicial de San Martín, que caratuló el caso como homicidio criminis causa y dispuso la realización de la autopsia.

Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y otros elementos que permitan identificar a los sospechosos. Hasta el momento, no hay detenidos y la moto no fue recuperada.

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, la víctima, identificada como David Elías Ojeda Vázquez, circulaba por el barrio cuando fue perseguido por dos delincuentes que también se movilizaban en moto. Los sospechosos llevaban indumentaria similar a la que utilizan repartidores de aplicaciones de delivery.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, los atacantes interceptaron a Elías en la esquina de las calles Polonia y Piñero y lo amenazaron con un arma de fuego para que entregara el vehículo. La víctima intentó escapar, pero recibió un disparo por la espalda. El joven cayó sobre la vereda y los agresores escaparon llevándose la moto.

Una ambulancia llegó al lugar minutos después y trasladó al herido al Hospital Mercante. Elías, sin embargo, falleció al llegar como consecuencia de la lesión.

El hecho es investigado por la UFI N° 18 Descentralizada de Malvinas Argentinas. Los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona y otros elementos que permitan identificar a los autores del homicidio. Hasta el momento, la moto robada no fue recuperada y no hay detenidos.

La causa está caratulada como homicidio criminis causa. Familiares y amigos de la víctima preparan movilizaciones y cortes sobre la Ruta 197 para reclamar avances en la investigación.

El caso generó conmoción en el barrio de la familia. José Luis, el padre de “Tito”, como le decían a la víctima, habló ante las cámaras de TN. “Siento mucha bronca, quisiera que se haga un poquito de justicia. La policía se está moviendo, pero quisiera que se muevan un poquito más”, dijo.

Además, dijo que espera que las autoridades sepan las cosas que pasan en el barrio y que “no se hagan los pelotudos”. José Luis se emocionó al recordar a su hijo, aseguró que era un chico sano que no consumía ni alcohol ni fumaba.

“Él iba a la tarde al gimnasio, trabajaba de día. Que estas ratas inmundas lo maten por la espalda, porque son larvas, son ratas... estoy re caliente”, cerró con una bronca latente que se notaba en su forma de hablar.

Junto a la familia se encontraban varios vecinos que trabajan realmente de repartidores y que estaban con sus motos. Uno de ellos aseguró que este tipo de casos les genera indignación y miedo porque creen que les podría pasar a ellos también. “Ya no nos preocupamos por llegar a la semana o a fin de mes, sino de volver a nuestras casas”, sentenció.

En La Plata estaba por abrir su gimnasio y le robaron la moto

El pasado 2 de septiembre, el dueño de un gimnasio fue asaltado por dos motochorros a la salida de su local en La Plata. Los delincuentes le sustrajeron el celular, la documentación y su moto.

El episodio tuvo lugar cerca de las 7 en la zona de 72 entre 25 y 26. Para obligar a la víctima a retroceder, los atacantes abrieron fuego.

El hombre acababa de arribar al lugar cuando lo sorprendieron al descender de su vehículo. Según el relato al que accedió el medio local 0221, los delincuentes se movilizaban en una moto 110 blanca, detuvieron la marcha a su lado y actuaron con velocidad para consumar el robo. En cuestión de segundos, le quitaron su moto Boge 500 negra junto a los efectos personales que tenía encima.

Los disparos apuntaron hacia sus piernas, aunque la víctima no presentó lesiones. Con el vehículo en su poder, los asaltantes huyeron por calle 72 a contramano con rumbo al cementerio. Hasta ahora, ninguna fuente oficial confirmó su identificación ni su detención. Tampoco se divulgaron precisiones sobre un posible seguimiento por cámaras de seguridad o indicios que permitan reconstruir el recorrido posterior a la fuga.

La pesquisa deberá avanzar sobre la identidad de los autores y el destino final del rodado sustraído.

La desesperante secuencia fue captada por una cámara de seguridad de la cuadra, cuyas imágenes ya son analizadas para identificar y atrapar a los delincuentes, que se fugaron con el auto de los damnificados.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió minutos antes de las 11 de la mañana en el cruce de Machado y boulevard Marco Avellaneda, justo enfrente del Hogar de Abuelos “Los Araucas”.

El video que encabeza esta nota muestra que las víctimas estacionaron un Toyota Yaris color gris del lado izquierdo de la calle Machado al 3600 y la conductora se disponía a bajar algunas bolsas del baúl.

Justo en ese momento, un vehículo de color blanco frenó su marcha de forma sospechosa, justo detrás del auto de las víctimas. De inmediato, un delincuente descendió del lado del acompañante y comenzó a correr al hermano de la conductora, que ya estaba a unos pocos metros del ingreso al geriátrico de su madre.

Mientras tanto, el cómplice bajó del lado del conductor, se abalanzó sobre la hermana, la arrinconó contra el baúl de su auto y la arrojó al asfalto.

Tras unos segundos de forcejeo, el asaltante le sustrajo las llaves del vehículo a la mujer y se dio a la fuga. Por su parte, la víctima intentó impedir que el delincuente escapara y se colgó de la puerta del conductor, pero finalmente desistió ante el peligro que conllevaba su maniobra.

Consumado el robo, el segundo asaltante tomó el volante del auto en el que circulaba junto a su compañero y también escapó del lugar. En tanto, la mujer tomó las bolsas de la calle y, resignada, caminó hacia el geriátrico de su madre.

Según contaron los vecinos del barrio, los robos en la zona se multiplicaron en los últimos meses. Hace unos días, en la misma cuadra, habían robado una camioneta de una familia que también venía a uno de los dos geriátricos que hay en la manzana.

“Puede ser a la madrugada, al mediodía, uno no sabe ya qué hacer, necesitamos vigilancia, que en la zona no hay”, se quejó Mirta, una vecina que habló con el canal de noticias TN. Y en esa línea, sumó: “Uno sale y tiene que estar alerta”, se quejó.

Consultada por la mañana del robo, señaló: “Lo que escuché fue una corrida y un grito de ‘alto policía’. No salí porque pensé que iban a salir a los tiros, hasta eso uno tiene que pensar. Cuando salí, ya la estaban asistiendo -a la conductora del Yaris-”.

La investigación quedó en manos de la fiscal Yanina Vanesa Estevez, titular de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, quien ya trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad para dar con los sospechosos.

La orden judicial que frenó la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires abrió, apenas horas después de conocerse, un cruce directo entre la Casa Rosada y la administración de Axel Kicillof.

La ofensiva la encabezó Patricia Bullrich, senadora y ex ministra de Seguridad e impulsora de la ley, quien escribió en sus redes sociales que en la Provincia “tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”.

El reproche no quedó ahí. Bullrich sumó un segundo mensaje en el que apuntó contra el sistema judicial provincial: “Tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”, sostuvo.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se sumó horas después con un planteo similar: “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”. El mensaje contó con el respaldo explícito del presidente Javier Milei.

El diputado nacional Luis Petri fue por el mismo camino, aunque con un dato adicional: cuestionó a la jueza que firmó la medida por su supuesta afiliación política. “El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”, escribió, y agregó que “aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores, no hay excusa para no aplicarla”. El dirigente Sebastián Pareja, por su parte, calificó la resolución como “profundamente antidemocrática” y remarcó que la norma “no fue una decisión unilateral del Ejecutivo nacional”, sino el resultado de un proceso legislativo que atravesó todas las instancias del Congreso.

El ministro de Seguridad bonaerense respondió a Santilli

La respuesta desde La Plata no tardó en llegar. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, contestó de manera directa al planteo de Santilli y le pidió que se concentre en “hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado”.

Alonso introdujo un cuestionamiento de fondo sobre la aplicación de la reforma: “¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?”, preguntó.

El funcionario provincial fue más allá y calificó la reforma impulsada por Nación como “apenas una modificación en los papeles” y “un eslogan de campaña” ante la falta de recursos e inversión para su implementación.

Además, cuestionó por qué Santilli le reclamaba al Poder Ejecutivo una decisión que, según remarcó, corresponde al Poder Judicial: “¿No estamos en una República acaso? O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos”, cerró en su publicación.

Los fundamentos del fallo judicial

La medida que encendió la polémica fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, apenas 48 horas después de que la Ley N° 27.801 entrara en vigencia. La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio de los adolescentes privados de su libertad, lo que derivó en la paralización temporal de la norma en todo el territorio bonaerense por 60 días.

El eje de la resolución no giró en torno a la constitucionalidad de la ley, sino a la falta de infraestructura y recursos materiales del Estado provincial para absorber el incremento de jóvenes que ingresarían al sistema penal. La nueva legislación reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, lo que habilita el procesamiento judicial de adolescentes de esa franja etaria por los delitos contemplados en el Código Penal. Pascual argumentó que esta modificación generará un aumento considerable en la cantidad de menores detenidos, tanto por el flujo de nuevos ingresos como por la mayor permanencia dentro del sistema de encierro, y puso en duda si la provincia cuenta con las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para albergar a esa población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez.

En declaraciones a Now 97.9 tras la firma del fallo, la jueza defendió su postura y aclaró que no está en desacuerdo con la baja de la edad de imputabilidad. “No romantizo con los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, planteó. Ante las críticas de Bullrich, respondió de manera puntual: “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquilamente”.

A diferencia de otros funcionarios nacionales, el Ministerio de Capital Humano no se refirió de manera directa contra la medida judicial. Sin embargo, compartió un posteo que retuiteó el propio Milei, en el que se señalaba que la Ley N° 27.801 establece que, desde los 14 años, los adolescentes pueden responder penalmente por los delitos que cometan, y que amenazar a una escuela, portar armas, planificar ataques, vender o distribuir sustancias ilegales o difundir imágenes íntimas son conductas tipificadas como delito.

Qué establece la reglamentación nacional

Un día antes del fallo, el Gobierno nacional había reglamentado la Ley N° 27.801 mediante el Decreto 875/2026, firmado por Milei, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el propio Santilli. La reglamentación designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación, con la responsabilidad de coordinar el sistema, dictar normas complementarias y celebrar convenios con provincias, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

El nuevo esquema prohíbe las condenas a prisión perpetua para menores de edad y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad, que deberá cumplirse exclusivamente en centros especializados y sin contacto con adultos. Incorpora también penas alternativas como la reparación del daño, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y el uso de tobilleras electrónicas. Para el seguimiento individual de cada joven, el decreto creó la figura del “supervisor especializado”, un profesional con formación en psicología, trabajo social, pedagogía o áreas afines, y dispuso un registro transitorio de habilitados con un plazo máximo de 180 días para realizar la primera convocatoria pública definitiva.

Cuál es el plazo para resolver la implementación

La jueza Pascual planteó un objetivo concreto para el período de suspensión: que en esos 60 días los poderes del Estado se pongan de acuerdo sobre quién será el supervisor de cada joven, con qué recursos contarán los centros de detención y cómo se implementarán las medidas alternativas que la propia ley contempla. “Lo que pido es que nos pongamos todos de acuerdo y no que, si no pasa nada, sea solo encerrarlo, o que haya provincias donde están haciendo una pared y mandándolos a la cárcel común”, advirtió la magistrada.

La resolución judicial ordenó, además, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires que adopten de manera inmediata las medidas necesarias para operativizar la suspensión. Pascual convocó a una audiencia en la sede del tribunal para el 16 de septiembre, en la que las autoridades del Poder Ejecutivo provincial vinculadas a la temática deberán detallar qué acciones implementaron, cuáles tienen proyectadas y en qué plazos prevén ejecutarlas para adecuar el sistema a las exigencias de la nueva normativa.

Luego del fallo judicial que ordenó suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, desde el Gobierno Nacional salieron a cuestionar la medida y apuntaron contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Una de las primeras en expresarse al respecto fue la senadora y ex ministra de Seguridad, que impulsó la nueva legislación, Patricia Bullrich, quien escribió en sus redes sociales: “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”.

En tanto, añadió: “Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”.

Otro de los que rápidamente salió al cruce del gobierno bonaerense fue el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que afirmó: “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”.

El mensaje contó con el respaldo del presidente Javier Milei.

El diputado nacional Luis Petri fue más directo en su crítica. “El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la Provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”, escribió en sus redes. “Aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores, no hay excusa para no aplicarla. Las víctimas no pueden seguir pagando la improvisación y el abandono de Kicillof y la Justicia provincial”, sostuvo.

El Ministerio de Capital Humano no se refirió directamente contra la medida judicial, pero compartió un posteo que retuiteó el presidente Milei. Allí, señalaban que la Ley N° 27.801 establece que, desde los 14 años, los adolescentes pueden responder penalmente por los delitos que cometan, y que amenazar a una escuela, portar armas, planificar ataques, vender o distribuir sustancias ilegales o difundir imágenes íntimas son conductas tipificadas como delito.

Por su parte, el dirigente Sebastián Pareja cuestionó la decisión judicial y la calificó como “profundamente antidemocrática”. “Esta ley es una respuesta concreta para intentar elevar el costo de delinquir. El gobierno provincial, en cambio, insiste con un sistema que garantiza impunidad”, afirmó. Pareja subrayó además que la norma no fue una decisión unilateral del Ejecutivo nacional, sino el resultado de un proceso legislativo que atravesó todas las etapas correspondientes en el Congreso de la Nación.

La medida judicial que encendió estas reacciones fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, apenas 48 horas después de que la normativa nacional entrara en vigencia. La magistrada resolvió hacer lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio de los adolescentes privados de su libertad, lo que derivó en la paralización temporal de la aplicación de la ley en todo el territorio bonaerense.

El mensaje de Santilli, vale destacar, no tardó en recibir respuesta: el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le contestó directamente a Santilli y le pidió que se concentre en “hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado”. El funcionario provincial planteó, además, que bajar la edad de imputabilidad no alcanza sin la infraestructura necesaria para sostener la reforma: “¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?”, cuestionó.

Alonso calificó la reforma impulsada por Nación como “apenas una modificación en los papeles” y “un eslogan de campaña” ante la falta de recursos e inversión para su aplicación. El ministro también le retrucó a Santilli por qué reclamaba al Poder Ejecutivo una decisión que, según remarcó, corresponde al Poder Judicial: “¿No estamos en una República acaso? O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos”, cerró en su publicación.

El eje de la resolución no fue la constitucionalidad de la norma en sí, sino la falta de infraestructura y recursos materiales del Estado provincial para absorber el incremento de jóvenes que ingresarían al sistema penal. La nueva legislación reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, lo que habilita el procesamiento judicial de adolescentes de esa franja etaria por los delitos contemplados en el Código Penal.

Pascual argumentó que esta modificación generará un aumento considerable en la cantidad de menores detenidos, tanto por el flujo de nuevos ingresos como por la mayor permanencia dentro del sistema de encierro, y cuestionó si la provincia cuenta con las condiciones edilicias, institucionales y profesionales para albergar a esa población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez.

A nivel federal, el Gobierno nacional reglamentó este lunes la Ley N° 27.801 mediante el Decreto 875/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el jefe de Gabinete Diego Santilli. La reglamentación designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación, con la responsabilidad de coordinar el sistema, dictar normas complementarias y celebrar convenios con provincias, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

El nuevo esquema prohíbe las condenas a prisión perpetua para menores de edad y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad, que deberá cumplirse exclusivamente en centros especializados y sin contacto con adultos. Incorpora también penas alternativas como la reparación del daño, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y el uso de tobilleras electrónicas. Para el seguimiento individual de cada joven, el decreto creó la figura del “supervisor especializado”, un profesional con formación en psicología, trabajo social, pedagogía o áreas afines, y dispuso un registro transitorio de habilitados con un plazo máximo de 180 días para realizar la primera convocatoria pública definitiva.

La aplicación de la Ley N° 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Argentina, sufrió un freno inmediato en el territorio bonaerense. Apenas dos días después de que la normativa nacional entrara en vigencia, la Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó suspender de manera preventiva su implementación por un plazo de 60 días.

La medida cautelar fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La magistrada resolvió de este modo al hacer lugar a un habeas corpus preventivo colectivo que presentó la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio “de los adolescentes que se encuentran privados de su libertad”.

El eje central de la resolución judicial radica en la falta de infraestructura y de recursos materiales del Estado provincial para absorber el incremento de jóvenes que ingresarán al sistema penal. La nueva legislación disminuye la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, lo que permite procesar judicialmente a jóvenes de esa franja etaria por los delitos tipificados en el Código Penal.

La jueza Pascual argumentó que esta modificación legal provocará un aumento considerable en la cantidad de personas menores de edad detenidas, tanto por el flujo de nuevos ingresos como por la mayor permanencia dentro del sistema de encierro.

Frente a este escenario, la magistrada cuestionó si la provincia de Buenos Aires posee las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez.

En su fallo, la jueza puntualizó que el Poder Judicial tiene el deber de intervenir de forma anticipada si existen elementos que hagan presumir que se producirá una vulneración de derechos fundamentales, apoyándose en el principio precautorio.

El estado de los centros de detención

Para justificar la paralización temporal de la ley, la jueza Pascual analizó la situación actual de los dispositivos de alojamiento bonaerenses. Recordó que su propio juzgado debió imponer anteriormente un límite máximo de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, debido a que el establecimiento no cumplía con los requisitos mínimos de habitabilidad.

Si bien la resolución judicial reconoció que existieron mejoras recientes en aspectos como la provisión de agua potable, la comida y las estructuras edilicias, determinó que el sistema aún no alcanza el piso mínimo necesario para asegurar que las detenciones no comprometan la responsabilidad internacional del país. Entre las falencias detectadas, mencionó las dificultades en el acceso a la educación, la capacitación laboral y la reinserción en el empleo, además de la necesidad de disminuir los períodos de aislamiento de los internos.

La jueza advirtió que el hacinamiento de los jóvenes genera consecuencias negativas para la seguridad pública. Explicó que las condiciones de detención influyen de manera directa en los niveles de violencia con los que los adolescentes recuperarán la libertad una vez cumplidas sus penas.

Bajo estos argumentos, la resolución judicial ordenó al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires que adopten de forma inmediata las medidas necesarias para operativizar la suspensión de la Ley N° 27.801.

Asimismo, la magistrada convocó a una audiencia en la sede del tribunal para el próximo 16 de septiembre. En dicho encuentro, las autoridades de las áreas del Poder Ejecutivo provincial vinculadas a la temática deberán presentarse para detallar qué acciones implementaron, cuáles tienen proyectadas y en qué plazos prevén ejecutarlas para adecuar el sistema a las exigencias de la nueva normativa.

El nuevo régimen

A nivel federal, el Gobierno nacional reglamentó la Ley N° 27.801 mediante el Decreto 875/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el jefe de Gabinete Diego Santilli. Esta reglamentación designó al Ministerio de Justicia como la autoridad de aplicación encargada de coordinar el sistema.

El nuevo esquema penal juvenil prohíbe las condenas a prisión perpetua para los adolescentes y establece un límite máximo de 15 años de privación de la libertad, la cual debe cumplirse únicamente en centros especializados y sin contacto con adultos. También incorpora penas alternativas como la reparación del daño, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y el uso de tobilleras electrónicas para el monitoreo.

Para el seguimiento de los jóvenes, el decreto nacional creó la figura del “supervisor especializado” y un registro provisorio de profesionales en áreas como psicología, trabajo social y pedagogía.

Además, se dispuso la conformación de un Comité Interministerial y de una Mesa Federal para coordinar las políticas públicas entre la Nación y las provincias. Para financiar la puesta en marcha de este sistema, el Congreso de la Nación asignó una partida presupuestaria de $23.739.155.303,08.

Según los datos de la Policía Nacional, el tráfico de drogas concentra la mayor cantidad de casos entre las mujeres detenidas durante este período, con 195 registros. Le sigue el maltrato familiar, con 67 casos, mientras que el resto de las detenciones corresponde a otros delitos investigados por las autoridades.

Dunia Palma vocera de la institución explicó que las capturas se registraron en distintos puntos del territorio nacional, aunque la mayor incidencia se concentró en la zona central y norte de Honduras, en particular en los departamentos de Cortés y Yoro.

Del total de 641 mujeres detenidas, 307 fueron capturadas en flagrancia, mientras que otras 321 fueron detenidas mediante orden judicial, detalló la portavoz policial. La diferencia restante correspondió a otros procedimientos de captura registrados por la institución durante el período.

Las cifras corresponden a los registros de la DPI en lo que va de 2026 y reflejan las actuaciones realizadas por las autoridades de investigación en diferentes zonas del país.

La subinspectora Dunia Palma explicó que entre las mujeres detenidas por casos relacionados con narcomenudeo y microtráfico figuran personas que, según las investigaciones policiales, tendrían vínculos con estructuras criminales como la MS y la Pandilla 18.

También se identificó a mujeres que presuntamente operarían de manera independiente en actividades relacionadas con la distribución y comercialización de drogas.

La Policía sostuvo que la participación femenina en este tipo de actividades no se limita a una sola estructura criminal, sino que se presenta en diferentes modalidades y zonas del país.

Otros delitos investigados

Además del tráfico de drogas y el maltrato familiar, la Dirección Policial de Investigaciones reportó mujeres detenidas por otros delitos. Entre ellos figuran extorsión, asesinato, homicidio imprudente, lavado de activos, atentados y tráfico ilícito de personas, de acuerdo con la información proporcionada por la institución.

La funcionaria no precisó que todas estas personas hayan sido condenadas, por lo que los casos continúan sujetos a los procedimientos establecidos por la legislación hondureña y a las resoluciones que correspondan en cada proceso.

En el caso de los delitos contra la vida, Palma señaló que se contabilizan 19 mujeres vinculadas a investigaciones por asesinatos. Uno de los aspectos que preocupa a las autoridades es la participación de menores de edad en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Según las cifras de la DPI, dentro de las 641 mujeres detenidas durante 2026 se encuentran 12 menores de edad. La Policía advirtió que las estructuras dedicadas al tráfico de drogas también recurren a menores para desarrollar diferentes actividades vinculadas con estas operaciones ilícitas.

Zonas con mayor incidencia

Las detenciones se produjeron en diferentes departamentos del país, pero los registros policiales mostraron una mayor incidencia en la zona central y norte.

Entre los departamentos mencionados por la DPI se encuentran Cortés y Yoro, donde las autoridades desarrollaron diferentes operaciones contra estructuras dedicadas a actividades delictivas.

La concentración de capturas en estas zonas respondió, según los reportes policiales, a investigaciones relacionadas principalmente con delitos de tráfico de drogas y otras actividades criminales.

De acuerdo con la DPI, durante el mismo período de 2025 se contabilizaban más de 800 mujeres detenidas, mientras que en 2026 la cifra asciende a 641.

Aunque los registros muestran una disminución en el número de capturas, las autoridades advirtieron que persiste la participación de mujeres en actividades vinculadas con estructuras criminales y diferentes delitos.

En los casos en que existen órdenes judiciales, las capturas forman parte de procesos investigativos previamente desarrollados, mientras que las detenciones en flagrancia se producen cuando los agentes sorprenden a las personas presuntamente cometiendo un delito.

Allí, personal del GTO de Isidro Casanova capturó a los acusados, con la colaboración de la Subestación Centro, el Comando de Patrullas matancero y la Policía local. Uno de los detenidos resultó ser menor de edad, pero punible por su edad, 17 años. El otro ya es mayor: se trata de Jeremías Aaron Domínguez, con su pelo teñido de rubio, edad 18.

“Caballero, hace 15 minutos se robaron un vehículo. Ahora vamos a hacer la requisa a ver si tiene un celular”, le dijo el policía que lo arrestó. Hasta aquí, todo normal. Luego, el policía le corrió la botamanga del pantalón. “Mire, testigo, tobillera”, gritó el oficial. Rodríguez, si es que es culpable, salió a robar bajo prisión domiciliaria.

Así, lo trasladaron junto a su cómplice y los ficharon en la Comisaría 2° de Isidro Casanova -parte de la Superintendencia AMBA Oeste de la fuerza provincial-, donde ambos quedaron arrestados a disposición de la UFI N°6. Por qué estaba preso Jeremías Aaron en su casa es el dato más inquietante en toda esta historia: por un homicidio.

La historia de aquel crimen fue particularmente cruel. Ocurrió, literalmente, a una cuadra de donde Domínguez fue detenido el viernes pasado.

La causa data de sus días como menor de edad punible, iniciada el 27 de enero de 2025, a cargo del fiscal Pablo Insúa y el Juzgado N°2 del fuero de menores matancero. La víctima fue un chofer de aplicación, Omar Quispe Tecse, de 38 años y nacionalidad peruana, con domicilio en La Paternal.

El crimen fue descubierto por los vecinos del barrio Santa Clara de Isidro Casanova, que hallaron a Quispe Tecse ya muerto, con un tiro en la cabeza, su cadáver ensangrentado.

El fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios matancera, llevó adelante a una investigación para detener a los sospechosos. El primer sospechoso en caer fue identificado como Thiago Ezequiel Caruatti, de 20 años. Domínguez fue detenido poco después.

Dos años antes, en 2023, Domínguez ya había sido detenido por robo agravado. Repitió la imputación al año siguiente, con dos nuevos arrestos por la misma calificación.

Tras su nuevo arresto el viernes pasado, un miembro de su familia se presentó en la Comisaría 2°, donde protagonizó un pequeño escándalo.

El ataque ocurrió en una sucursal de una firma reconocida en la ciudad, ubicada sobre avenida Constitución y Montes Carballo. Según la información disponible, los intrusos ingresaron corriendo tras romper el acceso principal y se movieron con rapidez dentro del salón.

Hasta el momento, lo que se conoce indica que los atacantes escaparon pocos segundos después de entrar, sin que en las imágenes se distinga con precisión cuáles fueron los objetos o productos que lograron llevarse.

De acuerdo con esas imágenes, uno de los hombres avanzó directamente hacia la parte posterior del mostrador, mientras el otro se dirigió hacia una heladera ubicada dentro del comercio. El segundo sospechoso intentó abrir uno de los equipos de refrigeración, pero no lo consiguió.

De acuerdo con lo informado por el portal 0223, se trató de la segunda vez en una semana que la misma heladería fue atacada.

Violento robo a una familia en Mar del Plata

Un grupo de delincuentes sorprendió a una familia en su casa de Mar del Plata y tras golpearlos y amenazarlos, escaparon con dinero en efectivo y varios elementos de valor. El episodio ocurrió cerca del mediodía y quedó registrado en una cámara del interior de la vivienda.

Los cinco delincuentes irrumpieron armados en la vivienda del barrio San Carlos poco en horas de la mañana cuando la pareja se preparaba para salir junto al niño para llevar al gato al veterinario. La puerta principal de la casa ubicada sobre la calle Vieytes, entre Urquiza y Pellegrini, estaba abierta, aunque la reja se encontraba cerrada sin llave.

La secuencia duró más de 20 minutos y durante ese lapso golpearon al dueño de casa e intimidaron al menor de 11 años y su madre. “Me pegaron para que dejara de gritar y me amenazaron con que me iban a cortar la lengua si seguía gritando y con que le iban a pegar a mi hijo”, describió la víctima.

El menor se encontraba en la planta superior cuando comenzó todo. “Mi nene estaba arriba y se encerró en su habitación. Primero no lo descubrieron, pero después sí y lo bajaron”, indicó y añadió que luego de eso, los encerraron a ella y el niño en la cocina.

Al esposo lo dejaron en el living donde utilizaron un palo de hockey para atacarlo a golpes. “Lo desfiguraron a golpes. Hasta con el palo de hockey del nene le pegaron”, apuntó la mujer. “Nos gritaban: ‘¡Los dólares, los dólares!’. Pero no tenemos dólares”, explicó sobre el motivo por el cual habían ingresado a la vivienda.

El episodio ocurrió el viernes por la tarde, pasadas las 19, en la intersección de la avenida España y el Pasaje Fortín Rivadavia, en la ciudad de Barranqueras, Chaco.

En el video que encabeza esta nota se observa el momento en que la víctima, un joven de 29 años, circulaba a bordo de una Zanella ZB 110 gris plata cuando fue interceptado por los motochorros. Dos viajaban en una Honda Wave roja con cascos negros. Los otros dos iban con capucha en un segundo rodado oscuro de mayor cilindrada.

Uno de estos últimos descendió, se acercó a la víctima y le apuntó a la cara con un arma de fuego. “Dame, dame porque te meto un tiro, te quemo”, lo amenazó, según consta en la denuncia policial a la que accedió este medio.

Ante la amenaza, el joven entregó su Zanella ZB 110 sin oponer resistencia. En cuestión de segundos, los cuatro delincuentes escaparon del lugar con la moto robada.

Poco más de una hora después, a las 20.45, la víctima realizó la denuncia en la Comisaría Tercera de Barranqueras. A partir de allí, personal del Servicio Externo inició una serie de tareas investigativas para localizar el vehículo.

La moto finalmente fue encontrada abandonada entre las malezas en la zona de las avenidas Nicaragua y España. Los efectivos verificaron sus datos en el Sistema de Gestión Biométrica (SIGEBI), donde constataron que tenía un pedido activo por el robo denunciado horas antes, y procedieron a secuestrarla.

El caso quedó en manos de la Fiscalía N° 13, que interviene en la causa por robo a mano armada. Tras la recuperación de la motocicleta, el fiscal dispuso que fuera restituida a su propietario.

Mientras tanto, los cuatro sospechosos permanecen prófugos y la investigación continúa para intentar identificarlos y detenerlos.

Michael B. Jordan confesó en el podcast On Purpose de Jay Shetty que durante gran parte de su carrera vivió entre la culpa y el síndrome del impostor. Recién hace apenas uno o dos años, reconoció haber sentido que ese camino era realmente el suyo y que podía aceptar por completo sus bendiciones.

El actor, criado en Newark, Nueva Jersey, repasó en la conversación los años en que compatibilizaba el colegio, el baloncesto, la iglesia y los viajes a Nueva York para presentarse a castings siendo un niño.

Fue en ese período, cuando comenzó a distanciarse silenciosamente de quienes lo rodeaban: “Volvías a casa con experiencias que no podías compartir con nadie. No querías que nadie se sintiera menos”.

Sus padres ocultaron la precariedad económica durante años

Jordan describió la infancia en Newark como una etapa que, vista en perspectiva, estuvo marcada por dificultades materiales que sus padres lograron mantener fuera de su campo de visión.

“Crecimos siendo muy pobres, pero no lo sentíamos así. Creo que hicieron un buen trabajo escondiendo esas cosas”, afirmó durante el episodio. Solo con los años, dijo, llegó a entender detalles que entonces le pasaban desapercibidos: “Dormíamos en la cocina con el horno abierto”. Asimismo, también recordó los períodos en que la familia se instalaba durante semanas en casa de la abuela.

El actor destacó que tener a ambos padres presentes y comprometidos con su desarrollo fue “algo poco común” en su círculo cercano. Esa estructura familiar, junto con una educación orientada hacia la disciplina y el servicio a la comunidad —con su casa como punto de encuentro del barrio—, es lo que identifica como el origen de los valores que guían su trabajo hoy.

Dos décadas de carrera marcadas por la pregunta “¿por qué yo?”

Jordan reconoció que el peso del éxito se volvió especialmente confuso a medida que avanzaba en una industria en la que cada vez veía menos personas que se parecieran a él. “Empezás a preguntarte por qué sos vos el que tiene éxito y la gente que tiene exactamente tu cara y está justo a tu lado en el día a día no lo tiene”, dijo al conductor del programa.

Esa duda, según describió, lo acompañó durante casi dos décadas. La herramienta para procesarla fue, en parte, la búsqueda deliberada de recursos: un entrenador ejecutivo, un asesor espiritual y un trabajo sostenido sobre sus propias creencias. “Hace apenas uno o dos años llegué a sentir que este era mi camino”, admitió. Hasta entonces, las bendiciones le resultaban difíciles de aceptar por completo, según afirmó el propio actor.

El nombre Michael Jordan y el chip competitivo

Uno de los episodios más reveladores de la conversación giró en torno a su propio nombre. Jordan contó que crecer con el mismo nombre que la leyenda del baloncesto lo expuso a burlas constantes que, en un primer momento, llegaron a alejarlo de los deportes.

La reacción, sin embargo, fue la opuesta a rendirse: “Me dije que iba a competir. Al menos vas a verme. Voy a ser alguien”. Ese “chip saludable”, como lo llamó, fue uno de los motores que lo empujaron a labrarse una identidad propia.

Romper ciclos generacionales como propósito declarado

A lo largo del diálogo con Shetty, Jordan formuló con claridad cuál considera su propósito actual: interrumpir los patrones que se repiten de generación en generación en su comunidad y en su familia.

“Una vez que lo ves, no podés dejar de verlo. Y yo me niego a ignorarlo”, afirmó. Mencionó a su sobrino como ejemplo concreto de por qué esa responsabilidad le resulta urgente: el niño, dijo, imita cada uno de sus gestos y posturas, lo que lo obliga a actuar con intención en todo momento.

El actor también habló de su expansión hacia los negocios como una extensión de ese mismo propósito. Mencionó su participación en el club de fútbol inglés AFC Bournemouth junto al empresario Bill Foley, así como su incursión en inversiones inmobiliarias, fondos de capital y la creación de una empresa conjunta para el desarrollo de productos propios.

“Me enteré de cosas que existen —sociedades de inversión, fondos de capital— que nunca había escuchado en mi vida. Eso es lo que quiero transmitirle a la próxima generación”, señaló.

La autenticidad como frecuencia, no como exposición total

Ante la pregunta de Shetty sobre las percepciones erróneas que circulan sobre él, Jordan adoptó una postura deliberada: prefirió no amplificar lo que considera falso. “Si le dás vida, empieza a existir”, explicó.

En cambio, definió la autenticidad en términos de energía constante: “Mi energía nunca cambió. Cuando alguien que no vi en años me dice ‘sigues siendo el mismo’, sé que no me estoy perdiendo a mí mismo”.

El episodio ocurrió en la calle República Árabe Siria al 1900, donde la víctima, un conductor de 61 años, fue interceptado por tres varones. De acuerdo con la denuncia, los atacantes lo golpearon y le sustrajeron el Fiat Cronos en el que trabajaba.

Luego de haber denunciado lo ocurrido al 911, las autoridades activaron la alerta radial. Fue gracias a esto que el personal del Grupo de Prevención Motorizada logró interceptar el vehículo en la esquina de Rivadavia y Salvador Vivas, pocos minutos después del robo.

Según la información obtenida por el medio marplatense 0223, dentro del rodado, los efectivos detuvieron a los dos menores. No obstante, un tercer sospechoso logró escapar y todavía era buscado en el marco de la investigación.

La intervención quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que dispuso la notificación de la causa y el traslado de ambos adolescentes al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán, el cual tiene como objetivo mantener detenidos a los menores que tengan delitos con la ley penal.

De esta manera, el proceso que enfrentarán los dos menores detenidos se encuadrará bajo el nuevo marco legal en materia penal juvenil, ya que este mismo sábado comenzó a regir la Ley Nacional 27.801, que dispone que las personas menores de 18 años pueden ser alcanzadas por sanciones penales desde los 14 años.

En este sentido, el nuevo Régimen Penal Juvenil contempla medidas socioeducativas y mecanismos orientados a la reinserción. Entre sus puntos centrales, la ley prohíbe la prisión perpetua y la reclusión perpetua para adolescentes.

También fija que las penas privativas de la libertad no podrán superar los 15 años y habilita el acceso a la libertad condicional cuando se cumplan dos tercios de la condena y los demás requisitos legales.

De todos modos, la entrada en vigencia del régimen no supone que todo delito cometido por una persona menor de 18 años derive automáticamente en una medida de encierro. Por esto, incorpora alternativas para determinados casos, en especial cuando la escala penal prevista es superior a tres años y no excede los diez.

Entre esas herramientas aparecen las restricciones de acercamiento, la reparación del daño causado a la víctima, reglas de conducta y la obligación de participar en actividades educativas o comunitarias. Además, se incorpora la amonestación, entendida como un llamado de atención formal que puede aplicarse de manera complementaria con otras medidas.

Otra de las novedades es la posibilidad de utilizar monitoreo electrónico para controlar el cumplimiento de ciertas sanciones dentro del régimen penal juvenil. En cuanto al alojamiento, establece que los menores privados de la libertad deberán permanecer en establecimientos preparados para ese fin y bajo supervisión de personal especializado.

De ese modo, se prevé que esa medida pueda cumplirse en institutos abiertos, institutos especializados de detención o, en algunos supuestos, bajo arresto domiciliario. A la vez, conserva la prohibición de difundir nombres, apodos, datos filiatorios, parentesco, domicilio o imágenes que permitan identificar al adolescente imputado.

Por otro lado, la normativa amplía la intervención de las víctimas en el proceso judicial, ya que podrán participar del trámite y recibir información sobre el avance de la causa. También establece la responsabilidad civil de los padres de los menores sometidos a proceso penal por los daños que se atribuyan a sus hijos.

En cualquier caso, su aplicación dependerá de cada expediente y de las decisiones de los organismos judiciales competentes, con evaluación de la edad del adolescente involucrado, la gravedad del hecho investigado y las particularidades de cada situación.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Elías “N”, señalado como presunto autor material del homicidio de Farath Coronel, conocido como “Brujo Mexicano” y colaborador del programa Hoy. El crimen ocurrió la mañana del viernes 4 de septiembre en el domicilio de la víctima, ubicado en la colonia Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Elías “N” se desempeñaba como elemento de seguridad privada de Coronel. Tras el ataque, vecinos alertaron a las autoridades y agentes de seguridad acudieron al inmueble, donde localizaron al influencer sin vida.

El detenido quedó a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien integra la carpeta de investigación. La autoridad determinará su situación jurídica y solicitará la intervención de un juez de control para la audiencia inicial.

Filtración de audios previo a la detención

Antes de la captura de Elías “N” circuló un audio atribuido a un presunto amigo de Farath Coronel, difundido por medios como TV Notas. En la grabación, el hombre relata una posible secuencia de los hechos y menciona al escolta como supuesto responsable del ataque.

Según esa versión, Farath, Elías y otro hombre identificado como “Kendal” se encontraban juntos poco antes del crimen. El supuesto amigo afirma que el vidente tuvo una discusión con sus escoltas y describe a Elías como una persona de carácter explosivo.

“Ya sabes cómo es mi comadre, con su carácter, ya sabes cómo regaña él”, se escucha en el audio.

El relato sostiene que Farath habría enviado a Elías a un Oxxo después del altercado. El hombre regresó solo al domicilio, según esta versión, y posteriormente habría cometido el homicidio.

El audio también afirma que después del ataque fueron sustraídos dinero, joyas, armas, perfumes, ropa y una camioneta. Además, señala que Elías habría bloqueado contactos, dado de baja su línea telefónica y escapado.

Estas afirmaciones corresponden a una versión extraoficial y deberán ser corroboradas por la investigación ministerial.

Surge último video de Farath Coronel regañando con ira a sus escoltas

Tras conocerse el asesinato, también comenzó a circular una transmisión reciente de Coronel en la que reprende a sus elementos de seguridad. En el video, el influencer reclama a Elías por el manejo de un arma larga.

“¡Elías! No se me muevan de aquí los dos, por favor. Cosa uno y cosa dos. Le vas a pegar con el rifle en la cara a ella, ¿no te fijaste, pende**?”, dice Coronel.

El escolta responde: “Sí me fijo, patrón”. El vidente insiste: “Sí, sí, sí, con el pinche rifle acá en la cara así”.

En otro momento, Coronel cuestiona las aspiraciones económicas de sus empleados y exige mayor preparación: “Perfecciona todo lo de seguridad si quieres ganar dinero”.

El material también muestra que Coronel establecía reglas estrictas para sus escoltas. “Usted es empleado, un empleado debe seguir reglas”, afirma en la transmisión.

La relación laboral entre la víctima y sus elementos de seguridad adquiere relevancia tras la detención de Elías, aunque el contenido del video no demuestra por sí mismo una participación criminal.

En 2022, Coronel ya había relatado un episodio de violencia durante un traslado. En una transmisión desde una camioneta afirmó que una unidad blanca les cerró el paso sobre Viaducto y que su escolta respondió después de escuchar disparos. El vidente sostuvo entonces que se trató de un intento de secuestro.

¿Quién fue Farath Coronel?

Farath Coronel ganó notoriedad en México por sus participaciones como vidente en Hoy y otros espacios de televisión, revistas y radio en México y Estados Unidos. Realizaba predicciones, lecturas de cartas y consultas de numerología para figuras del espectáculo.

Durante sus últimos años también desarrolló contenido para redes sociales, donde compartía transmisiones, fotografías, trabajos de modelaje y aspectos de su vida personal.

La FGJEM mantiene abierta la investigación para esclarecer el homicidio y determinar la responsabilidad de las personas relacionadas con el caso.

El hecho sucedió cerca de las 4. La víctima dormía en su vivienda, situada en el tercer piso, cuando los asaltantes lograron llegar hasta una ventana que da al comedor. De acuerdo con su reconstrucción, treparon por los balcones del edificio e ingresaron rompiendo un vidrio.

Los ladrones sorprendieron a la jubilada en la habitación, la agredieron, la maniataron y luego revisaron los ambientes en busca de dinero.

“Eran tres. Me despertaron y me querían sacar la plata, todos los dólares. Me pegaron, me dejaron la cara hinchada y no se iban. Me ataron y después me decían que querían más plata”, relató la propietaria al medio local LU6.

Los agresores encontraron los ahorros de la víctima, tres mil dólares y 700 mil pesos. La mujer contó que, en medio de la situación, le insistían con que entregara una suma mayor. Pensando en una manera en que se terminara la pesadilla, ella les dijo que tenía dinero en su auto, aunque luego explicó que esa versión era falsa.

“Yo más plata no tenía. Entonces al final les dije que sí tenía, pero en el coche, algo que era mentira. Me decían: ‘Si es mentira te mato, te vamos a matar’”, relató.

La jubilada, además, reveló otro diálogo que tuvo con uno de los atacantes, al que aseguró identificar: lo reconoció como un hombre que trabaja como cuidacoches en la zona de Güemes, a quien había visto días antes.

Según su testimonio, en aquella oportunidad le entregó mil pesos luego de que limpiara parte de su vehículo. Recordando esto, le reprochó al acusado haber participado del asalto. “¿Cómo tú me puedes hacer esto? Un día te di mil pesos”, le dijo. El sospechoso le habría respondido: “¿Mil pesos nada más?”.

Los asaltantes escaparon y la dueña quedó atada. Como pudo y pese a los dolores en todo el cuerpo por los golpes, logró soltarse y bajó hasta el segundo piso del edificio para pedir auxilio a los vecinos, quienes la asistieron.

“Mi error fue que tengo una persiana ahí, que no la bajo porque es eléctrica. No la bajo porque nunca pasó nada. Pero mirá ahora lo que pasó”, dijo en la entrevista, y lamentó: “Estás en tu casa, donde debería ser un lugar seguro, donde no debería ingresar nadie más que los que vos crees”.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°13 de Mar del Plata, dedicada a investigar de Robos Calificados en Viviendas y a cargo del fiscal Mariano Moyano.

De momento, los investigadores enfocan la búsqueda en el sospechoso señalado por la jubilada, mientras también se analiza si los asaltantes conocían previamente que ella tenía dinero ahorrado. A la vez, se inició el relevamiento de las cámaras de seguridad del edificio y la zona.

La estudiante ecuatoriana Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, de 40 años, permanece desaparecida desde el pasado 26 de agosto, cuando fue vista por última vez en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Bolívar cursa el Doctorado en Historia en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y forma parte de la Unidad Peninsular de la institución. Su desaparición motivó un pronunciamiento del centro de investigación ante la falta de noticias sobre su paradero.

¿Quién es Jenny Kalindy Bolívar?

Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo es una estudiante de origen ecuatoriano que realiza estudios doctorales en Historia en el CIESAS. Tiene 40 años y, según la información difundida por la institución, su familia se encuentra fuera de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió una ficha de búsqueda con datos para facilitar su identificación. La dependencia señala que Jenny mide 1.57 metros y presenta melasma principalmente en las mejillas.

La ficha establece que fue vista por última vez en Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, el 26 de agosto. Al momento de su desaparición vestía un vestido negro.

CIESAS exige buscarla con vida

Al cumplirse ocho días sin noticias sobre Jenny, el CIESAS difundió este 3 de septiembre un pronunciamiento dirigido a las autoridades de los gobiernos de la Ciudad de México y federal.

La institución exigió una búsqueda inmediata y exhaustiva, con prioridad en la localización con vida de la estudiante.

“Hacemos un llamado enérgico y urgente a las autoridades competentes para que se activen y agoten de inmediato todos los protocolos especializados de investigación y búsqueda en vida, con perspectiva de género y en estricto apego a la Ley General en Materia de Desaparición de Personas”.

Ante la ausencia de familiares de Jenny en el país, el CIESAS informó que asumirá “el acompañamiento solidario y la exigencia de celeridad en las actuaciones ministeriales”.

El centro también pidió apoyo a la sociedad civil, la comunidad académica y los medios de comunicación para difundir el fotoboletín oficial de búsqueda.

Hasta ahora, la información proporcionada por las autoridades y el CIESAS no establece qué ocurrió con la estudiante después de su última ubicación conocida ni confirma alguna hipótesis sobre su desaparición.

Desaparición de mujeres aumenta en 26 estados de México

El caso de Jenny se suma a una crisis de desapariciones con un impacto particular entre mujeres y niñas. Un informe de Red Lupa y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) reportó un aumento de este fenómeno en buena parte del territorio nacional.

El documento contabilizó 134 mil 257 personas desaparecidas en México con corte al 16 de mayo de 2026. De esa cifra, 104 mil 833 corresponden a hombres y 29 mil 27 a mujeres, mientras que en 397 casos se desconoce la identidad de género.

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, 26 de las 32 entidades del país registraron un incremento en el número de mujeres y niñas desaparecidas. En ese periodo, el total de personas desaparecidas aumentó 4.33 por ciento, según el informe.

Los casos tampoco presentan una distribución uniforme. El análisis señala que 48 por ciento de las desapariciones de niñas y mujeres se concentra en cinco entidades.

Coahuila fue la única entidad que mantuvo el mismo número de casos de mujeres desaparecidas respecto a 2025. Tabasco, que figuraba entre los cinco estados con más casos en el informe anterior, descendió al décimo lugar.

La población más joven concentra una parte importante de las desapariciones de mujeres. El grupo de 15 a 19 años representa 20.7 por ciento del total de mujeres y niñas desaparecidas, aunque registró una ligera reducción frente al 21 por ciento reportado en 2025.

En el caso de Jenny Kalindy Bolívar, la búsqueda continúa en la Ciudad de México. El CIESAS mantiene su llamado a las autoridades para que agoten los protocolos especializados y prioricen su localización con vida.

La concejala del Pacto Histórico, Quena Ribadeneira, denunció que Bogotá cuenta con apenas una cámara distrital por cada 1.363 habitantes y que 1.599 de los 5.824 dispositivos instalados están fuera de servicio.

La cabildante alertó por el deterioro de la red de videovigilancia, con especial énfasis en Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, localidades del sur y suroccidente que concentran 469 cámaras sin funcionamiento.

La denuncia se fundamentó en una respuesta de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y en cifras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), con fecha de corte del 15 de julio de 2026. Según esos datos, Bogotá tiene 5.824 cámaras públicas instaladas, de las cuales 4.225 operan y 1.599 permanecen fuera de servicio.

Ribadeneira sostuvo que la cantidad de cámaras disponibles resulta insuficiente para una ciudad de cerca de 7,9 millones de habitantes. La relación expuesta por su despacho equivale a 0,73 cámaras distritales por cada 1.000 personas, una cifra que, de acuerdo con la concejala, muestra una diferencia frente a referentes internacionales de ciudades que superan 39 dispositivos por cada 1.000 habitantes.

La principal preocupación, según la cabildante, está en que la infraestructura existente no cuenta con mantenimiento suficiente. De las 1.599 cámaras reportadas fuera de servicio, 1.357 están inactivas por mantenimiento, cifra que representa la mayor causa de indisponibilidad en la red distrital.

Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar concentran 469 cámaras fuera de servicio

La situación de las cámaras genera una preocupación particular en localidades del sur y suroccidente de Bogotá:

• En Kennedy hay 501 dispositivos instalados, pero 175 están fuera de funcionamiento, equivalentes al 35% de la red registrada en esa localidad.
• Bosa tiene 472 cámaras en total y 146 fuera de servicio, lo que representa cerca del 31%.
• Ciudad Bolívar cuenta con 492 dispositivos instalados, de los cuales 148 no están operativos, cerca del 30%.

Las tres localidades reúnen 1.465 cámaras de la red distrital y 469 equipos fuera de operación. Según Ribadeneira, esta concentración plantea una brecha territorial, pues se trata de sectores que enfrentan problemáticas de seguridad y requieren herramientas disponibles para apoyar las labores de vigilancia y respuesta institucional.

“En Bogotá la seguridad también tiene brechas territoriales. En varias localidades del sur, tres de cada 10 cámaras están fuera de servicio, justamente en sectores que enfrentan importantes problemáticas de inseguridad”, señaló la concejala del Pacto Histórico.

La cabildante cuestionó que el distrito anuncie inversiones y programas mientras una parte de la infraestructura de videovigilancia ya instalada permanece apagada. Para Ribadeneira, la prioridad debe estar en reparar los equipos existentes, ampliar la cobertura y actualizar las capacidades tecnológicas de la red.

El documento de la Secretaría de Seguridad registra otros niveles de inactividad en localidades como Los Mártires, con 98 cámaras fuera de servicio de un total de 237; Santa Fe, con 98 de 304; Engativá, con 105 de 441; y Suba, con 125 de 495.

El mantenimiento, la principal causa de cámaras inactivas

La información suministrada por el C4 identifica cinco causas para la salida de operación de las 1.599 cámaras. El mantenimiento ocupa el primer lugar, con 1.357 equipos, seguido por siniestros, con 102 casos, y obras civiles del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), con 84.

También se reportaron 49 cámaras fuera de servicio por fallas de energización y siete por problemas de conectividad. La distribución muestra que la indisponibilidad de los dispositivos no se explica principalmente por daños causados por hechos externos o dificultades de conexión, sino por requerimientos de mantenimiento.

Según la respuesta citada por Ribadeneira, Bogotá necesita una inversión cercana a $77.300 millones para alcanzar una cobertura óptima de videovigilancia. La concejala cuestionó que, mientras persiste esa necesidad, se destinen cerca de $80.000 millones a programas como Guardianes del Orden.

“Si la propia Administración reconoce que necesita $77.300 millones para lograr una cobertura óptima, la prioridad debería ser evidente: reparar las 1.599 cámaras apagadas, ampliar la cobertura y modernizar la red”, afirmó Ribadeneira.

La cabildante añadió que las cámaras instaladas no cuentan con inteligencia artificial ni reconocimiento facial, según la información entregada por el Distrito. Esa condición, sostuvo, limita las herramientas tecnológicas disponibles en la red de videovigilancia distrital.

Cobertura limitada y dependencia de cámaras privadas

Ribadeneira afirmó que cerca del 70% de Bogotá no cuenta con cobertura de videovigilancia del Distrito. La concejala señaló además que aproximadamente tres de cada 10 cámaras integradas al C4 pertenecen a privados.

La diferencia entre cámaras distritales e integradas al centro de monitoreo es uno de los elementos señalados en la denuncia. La red pública reportada por la Secretaría cuenta con 5.824 dispositivos, mientras que una parte de la vigilancia integrada depende de sistemas privados conectados al C4.

Para la concejala, la dependencia de equipos que no pertenecen directamente al Distrito refuerza la necesidad de ampliar y mantener la infraestructura pública. Su cuestionamiento se dirige a que la ciudad pueda contar con cobertura suficiente sin que sectores de la capital queden con menor capacidad de monitoreo.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia informó que la Administración Distrital estima una inversión de $1,67 billones para implementar y mantener un sistema de seguridad, convivencia y justicia acorde con las necesidades de Bogotá y las metas del Plan Distrital de Desarrollo.

La tabla remitida a la concejala registra 4.225 cámaras en funcionamiento y 1.599 fuera de servicio, con corte al 15 de julio de 2026.

Las declaraciones se produjeron durante una visita de trabajo a la provincia de Rioja, en la región San Martín, donde Fujimori también anunció la compra estatal de arroz para pequeños productores y la entrega de ocho mil títulos de propiedad agrícola.

Facultades para fortalecer inteligencia y penales

La mandataria explicó que las facultades solicitadas permitirían determinar a las organizaciones criminales como grupos hostiles o terroristas, una calificación que endurecería el marco legal para su persecución. “Necesitamos fortalecer el servicio de inteligencia, porque desde hace unos años no tienen capacidad operativa”, afirmó Fujimori en declaraciones recogidas por TV Perú.

La presidenta añadió que el objetivo también incluye lograr que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúen de manera conjunta y asuman mayor control de los penales del país. “Invocamos al Congreso de la República a que ellos puedan analizar este pedido de facultades de una manera rápida”, sostuvo.

Coordinación institucional

Sobre el trabajo actual en materia de seguridad, Fujimori detalló que existe coordinación entre la Policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial. La mandataria calificó el pedido de facultades especiales como la parte más relevante de su agenda de seguridad, al vincularlo directamente con la recuperación del orden público y la respuesta al fenómeno climático de El Niño.

Consultada sobre una obra paralizada en la carretera Soritor-Rodríguez de Mendoza, la presidenta indicó que existen miles de proyectos detenidos a nivel nacional y que cada ministerio realiza un análisis técnico para garantizar su financiamiento y ejecución.

Expulsión de inmigrantes indocumentados

La presidenta Keiko Fujimori señaló que el pedido de facultades especiales presentado ante el Congreso incluye una política para acelerar la expulsión de inmigrantes indocumentados. La medida forma parte de las acciones planteadas por el Ejecutivo en materia de seguridad, junto con el combate a las organizaciones criminales, el fortalecimiento del servicio de inteligencia y una mayor participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Fujimori precisó que el Congreso recibió la solicitud de facultades el día previo a su visita a San Martín y exhortó al Legislativo a evaluar el pedido con rapidez. La mandataria no detalló el mecanismo que se aplicaría para acelerar las expulsiones ni estableció un plazo para su implementación.

El asalto ocurrió este martes en una estación de GNC ubicada en la esquina de avenida San Martín y Emilio Castro, según indicaron fuentes policiales a Infobae.

Las víctimas son Gabriel F., de 26 años, y Adrián L., de 24, quienes habían pactado la operación a través de Facebook. “Teníamos un mal presentimiento”, reconocieron después del robo en una entrevista para Lape Club Social (América).

Todo comenzó luego de que una persona contactó a Gabriel para hacer una compra de celulares, pero con la condición de que el joven se trasladara hasta una vivienda para cerrar el negocio.

Adrián, que ya tenía experiencia en la compraventa de teléfonos, le recomendó a su amigo cambiar el punto de encuentro. “Me dijo lo hicéramos en un lugar público para que fuera más seguro”, relató Gabriel.

Cuando le propusieron encontrarse en la estación de servicio, el supuesto comprador no puso reparos. Ese detalle terminó por tranquilizarlos. “Nos confiamos. Teníamos la sensación de que podía salir mal, pero nunca pensamos que se la iban a jugar así”, agregó.

Para Gabriel, además, se trataba de su primera experiencia en la compraventa de celulares. Tiene un quiosco y había decidido utilizar sus ahorros para probar suerte con un nuevo negocio.

Según precisó, había invertido unos $3 millones y comprado 12 celulares. Adrián, por su parte, llevó también equipos que comercializaba por su cuenta luego de que el interesado manifestara que quería comprar iPhone.

El contacto con el supuesto cliente se mantuvo durante todo el día. Hablaron por WhatsApp, negociaron el precio y acordaron que el pago sería en efectivo. Incluso siguieron intercambiando mensajes cuando Gabriel y Adrián ya estaban dentro de la estación de servicio.

Antes del encuentro, Adrián llevaba puestos unos anteojos con cámara incorporada. Su intención, dijo, era utilizar las imágenes como contenido para sus redes sociales y mostrar el detrás de escena de una operación.

“Filmé el antes porque dije: ‘Bueno, para generar contenido’. Para decirle a la gente: ‘Miren, nosotros vinimos, cumplimos, arreglamos el número, nos mantuvimos en contacto. Acá no hay nada raro’”, relató.

La venta, sin embargo, nunca llegó a concretarse. Tal como se ve en las imágene que encabezan esta nota, dos hombres armados aparecieron mientras las víctimas esperaban dentro de la estación de servicio y les sustrajeron los celulares a punta de pistola. Afortunadamente, ninguno de los dos resultó herido.

De acuerdo con el parte policial, los delincuentes escaparon a bordo de un automóvil bordó, que posteriormente fue encontrado abandonado en Lomas de Zamora. Al verificar sus datos, los investigadores determinaron que tenía pedido de secuestro por un hecho ocurrido el 28 de agosto, con intervención de la Comisaría 6ª de Avellaneda.

El caso quedó en manos de la UFI N°6 descentralizada de Avellaneda-Lanús, que inició actuaciones por robo. Personal policial trabaja ahora para identificar a los dos asaltantes.

Tras el ataque ocurrió algo que sorprendió a las propias víctimas: el contacto que había coordinado la compra continuó respondiendo los mensajes de WhatsApp.

Gabriel le escribió y le advirtió que intentaría encontrarlo. Incluso le mencionó que su padre era policía. Del otro lado, el hombre negó cualquier relación con el asalto.

“Me decía: ‘No, amigo, nada que ver. ¿Cómo te iba a mandar a robar?’”, recordó Gabriel. Según contó, el supuesto comprador insistió una y otra vez en que no había organizado la emboscada y utilizó un argumento particular para defenderse: “Si fuera yo, ya te hubiese bloqueado”.

El impactante hecho fue registrado por dos cámaras de seguridad de la zona: una captó el hecho en sí, mientras que la otra grabó la posterior fuga de los delincuentes, uno de los cuales lucía totalmente drogado y disparaba al aire para amedrentar a las víctimas.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el ataque sucedió en el cruce de las calles Jujuy y Tuyuti, a tan solo una cuadra de la concurrida avenida Remedios de Escalada de San Martín.

El video que encabeza esta nota muestra que eran las 7 de la mañana cuando la mujer llegaba a su casa a bordo de un Volkswagen Gol Trend negro. El plan, como ocurría todos los días, era llevar a su nieto al colegio y a su hija, la madre del menor, a su lugar de trabajo.

Sin embargo, en un descuido, un delincuente la abordó por la espalda para robarle el vehículo, mientras que uno de sus cómplices ingresó al domicilio y se encargó de reducir a la hija de la víctima.

En ese contexto, la desesperación de la mujer fue in crescendo debido a que su nieto ya estaba sentado dentro del auto, por lo cual le suplicó al asaltante que le permitiera descender al menor.

Ante los reclamos de la mujer, el ladrón que intentaba arrancar el auto la apartó con un empujón y le empezó a apuntar con el arma de fuego. Y ante la insistencia de la víctima, reaccionó con violencia y le disparó con su pistola en la pierna izquierda.

“¡Aaaay!”, se escucha gritar de dolor a la abuela, que había caído sobre la vereda tras recibir el impacto de bala.

En simultáneo, el nieto de la mujer aprovechó ese momento para bajar del asiento trasero del VW Gol Trend y corrió hacia su casa. En un primer intento se observa que no pudo abrir, porque la puerta estaba cerrada, pero luego de unos segundos logró ingresar y quedó al resguardo de su madre.

Mientras los delincuentes trataban de huir de la escena, otro cómplice apareció caminando desde el fondo de la calle y disparando al aire.

Al cabo de aproximadamente un minuto de tensión, el ladrón que conducía el auto sustraído perdió el control del mismo y se estrelló contra un poste.

Tras lograr maniobrar el Gol, el delincuente inició la fuga y en las imágenes de una segunda cámara de seguridad se observa que casi deja abandonados a sus cómplices. Finalmente, estos lo alcanzaron a la vuelta, sobre la calle Santiago del Estero, y huyeron del lugar.

Por su parte, la mujer herida fue trasladada en un patrullero al Hospital Evita de Lanús, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro. Los médicos de turno evaluaron su cuadro y, finalmente, decidieron no extraerle la bala.

“Venía uno totalmente drogado, que no se mantenía en pie, disparando, a los tiros. Y entonces siento un calor acá y dije ‘me la dieron’”, contó Graciela, la víctima, en diálogo con el programa “Desayuno Americano” (América).

Si bien los asaltantes lograron darse a la fuga, luego efectivos de la comisaría 1ª de Lanús encontraron el vehículo robado en avenida Presidente Perón y Crottis, a poco más de 3 kilómetros del lugar del hecho.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, cuya titular, la fiscal Yanina Vanesa Estevez, dispuso una serie de medidas para dar con los sospechosos y proceder a sus detenciones.

El hijo de seis años de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, será llamado a declarar ante el Ministerio Público una vez que se cumplimente la orden de aprehensión por homicidio contra los dos detenidos por el multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El menor sobrevivió al ataque registrado el martes 1 de septiembre dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en la zona conocida como Zona Esmeralda. Autoridades localizaron al niño con vida y sin signos de violencia, mientras que cuatro personas fueron encontradas sin vida.

El pequeño permanece bajo el resguardo de sus familiares y con acompañamiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Su testimonio podría aportar información para establecer qué ocurrió antes y durante el ataque.

Líneas de investigación del caso

La FGJEM estableció de forma preliminar que el multihomicidio ocurrió entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes. Las primeras diligencias apuntaron a que no hubo daños en las cerraduras ni señales evidentes de un robo, una circunstancia que llevó a los investigadores a considerar que los agresores pudieron ingresar gracias a una relación de confianza con las víctimas.

La Fiscalía informó que dos hombres fueron detenidos como probables participantes. Se trata de Diego Sebastián “N”, identificado como socio de Jonathan Meléndez, y Gerardo “N”. El primero fue detenido con apoyo de autoridades federales y capitalinas, mientras que Gerardo “N” había sido asegurado previamente.

La dependencia señaló que los sospechosos habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al inmueble.

“El día de ayer 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de Atizapán de Zaragoza informó del hallazgo de cuatro víctimas privadas de la vida”, informó la Fiscalía mexiquense.

Según la autoridad, dos víctimas fueron localizadas maniatadas. La menor de tres años presentó un impacto de arma de fuego en la cabeza, mientras que otra de las víctimas recibió un disparo en la espalda. El perro de la familia también fue localizado maniatado.

La investigación contempla además una posible disputa económica. Fuentes cercanas a la dependencia citadas por medios de comunicación señalaron que una de las hipótesis apunta a una deuda superior a 300 mil pesos y diferencias administrativas relacionadas con una agencia de viajes que Jonathan Meléndez habría compartido con Diego Sebastián “N”. Esta versión todavía forma parte de las líneas bajo investigación y no constituye una conclusión de la Fiscalía.

El pasado de Diego Sebastián “N” también ha llamado la atención. Meses antes de su detención, usuarios de redes sociales lo señalaron por presuntos fraudes relacionados con rentas vacacionales.

En julio, una publicación en un grupo de Facebook aseguró que más de 11 personas habían sido afectadas por operaciones vinculadas con hospedajes en distintos destinos turísticos. Estas acusaciones son independientes de la investigación por el multihomicidio.

Identifican a la cuarta víctima del multihomicidio

Además de Jonathan Meléndez, de 38 años, su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo, y la hija de ambos, de tres años, las autoridades localizaron a una mujer de 21 años.

La joven fue identificada de manera preliminar como Aleida Romero, quien habría trabajado como empleada doméstica de la familia. La identidad trascendió a través del periodista Antonio Nieto y posteriormente fue reconocida por familiares.

Aleida fue localizada en una habitación contigua y presentó heridas por arma de fuego en la espalda. Algunos reportes señalan que también colaboraba con labores de cuidado dentro del hogar.

Jonathan Meléndez era compositor y tecladista de Camilo Séptimo, agrupación mexicana vinculada con los géneros synthpop e indie rock. Su asesinato, junto con el de su esposa, su hija y Aleida Romero, permanece bajo investigación de la FGJEM.

La Fiscalía adelantó que dará a conocer más detalles sobre las circunstancias del crimen y la situación jurídica de los detenidos conforme avance el proceso.

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Sinaloa desplegará operativo de seguridad para las Fiestas Patrias de septiembre

El gobierno de Sinaloa desplegará un plan de seguridad para las Fiestas Patrias del 13 al 16 de septiembre, con el propósito de generar condiciones seguras para las actividades cívicas, deportivas y culturales que se realizarán en los 20 municipios del estado durante la conmemoración de la Independencia de México. La planeación del operativo quedó a cargo del Grupo Interinstitucional, que reunió a cuerpos de auxilio y corporaciones de los tres órdenes de gobierno en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

En representación del secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, el subsecretario de Seguridad, de Prevención y Reinserción Social encabezó la mesa de trabajo y explicó que el operativo buscará prevenir delitos, accidentes y conductas antisociales durante los eventos patrios programados en todo el territorio estatal. La reunión sirvió para definir tareas específicas entre las corporaciones participantes, con miras a cubrir cada uno de los actos que integrarán el calendario de festejos.

El operativo iniciará el 13 de septiembre con las actividades por el 179 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, que marcarán el primer punto del calendario cívico. Dos días después, el 15 de septiembre, las autoridades concentrarán sus esfuerzos en los eventos por el Grito de Independencia, mientras que la jornada concluirá el 16 de septiembre con el desfile cívico militar que se realizará tanto en Culiacán como en otras localidades del estado.

Para la noche del 15 de septiembre, cuando se llevarán a cabo los actos por el Grito, se instalará una unidad móvil C2 que integrará a autoridades federales, estatales y municipales en un mismo punto de mando. Ese dispositivo permitirá concentrar la supervisión de los eventos y facilitar la comunicación entre las corporaciones que participarán en el operativo durante la noche de mayor afluencia.

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El coche bomba detonado frente a la Comandancia de Policía de Ojocaliente no constituye un hecho aislado en Zacatecas. De acuerdo con autoridades estatales, durante los últimos dos años se han registrado 17 ataques con explosivos improvisados contra elementos de corporaciones de seguridad, una escalada de violencia que ha incluido artefactos colocados en motocicletas y vehículos.

El atentado más reciente ocurrió en Ojocaliente, donde un vehículo cargado con explosivos fue detonado frente a las instalaciones policiales. Las primeras investigaciones apuntan a una posible participación de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que es señalada por las autoridades como una de las líneas de investigación.

/mexico/2026/09/01/zacatecas-enfrenta-escalada-de-ataques-con-explosivos-van-17-en-dos-anos/

Un juez desechó el amparo contra la extradición a Estados Unidos de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) acusado de ser el autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Tras ser acusado en el Distrito de Columbia por conspiración para traficar cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, así como por posesión de arma de fuego, este lunes el líder de “Los Rs” solicitó un amparo contra actos realizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), es decir, su extradición o expulsión del país.

/mexico/2026/09/01/el-r1-se-queda-en-mexico-juez-desecha-amparo-contra-su-extradicion-a-eeuu-tras-ser-detenido-por-el-asesinato-de-carlos-manzo/

Un grupo de personas armadas que se encontraban en una vivienda del municipio de Rosario, en Sinaloa, fueron detenidos durante labores de vigilancia por parte de elementos del Ejército Mexicano y del Grupo de Operaciones Especiales del Estado (GOES).

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que entre los arrestados se encuentran 2 mujeres, una menor de edad, 4 colombianos y un cubano, quienes fueron ubicados en un domicilio del poblado Agua Verde con armamento.

/mexico/2026/09/01/capturan-a-grupo-de-sicarios-atrincherados-en-una-casa-de-sinaloa-cuatro-son-colombianos-y-uno-cubano/

Kenia Os habría iniciado un procedimiento legal contra la página de Facebook ¿Sabías qué? – Versión Artistas por publicaciones que la vincularon con el feminicidio de Valeria Márquez y con presuntos nexos con el narcotráfico.

La cuenta informó el pasado domingo 30 de agosto de 2026 que fue notificada de la acción, que sería atendida por sus abogados y que no dará detalles para no intervenir en el proceso.

/mexico/2026/09/01/kenia-os-iria-contra-pagina-que-la-vinculo-al-feminicidio-de-valeria-marquez-y-de-tener-nexos-con-el-narcotrafico/

Luego de la detonación de un coche bomba frente a las instalaciones de la Comandancia Municipal de Ojocaliente, en Zacatecas, las actividades escolares y el resto de la vida cotidiana en el municipio fueron reanudadas este martes tras la agresión en la que estaría detrás el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de gobierno del estado, detalló que el ataque dejó como saldo final 11 personas lesionadas, entre ellos una agente de la Policía Municipal que ya se encuentra fuera de peligro. De ese total, ocho recibieron atención médica y fueron dados de alta, mientras que tres permanecen internados.

/mexico/2026/09/01/ojocaliente-reanuda-actividades-tras-coche-bomba-que-dejo-11-heridos-y-danos-en-aproximadamente-40-viviendas-hay-un-detenido/

Un operativo de vigilancia realizado en calles de la colonia Morelos, en la zona centro de la Ciudad de México, terminó con 12 personas detenidas, entre ellas cuatro que fueron identificadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como presuntos integrantes de La Anti-Unión Tepito, organización criminal con presencia en esa zona de la capital.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Mineros y Carpintería, donde policías capitalinos realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un grupo de personas que presuntamente manipulaba bolsas de plástico con una hierba verde y seca en su interior.

/mexico/2026/09/01/caen-cuatro-presuntos-integrantes-de-la-anti-union-tepito-en-la-colonia-morelos/

Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5” (también conocido como “Wicho”), identificado como líder del Cártel de Los Reyes, murió la noche del 30 de agosto durante un operativo de fuerzas federales en el municipio de Tocumbo, Michoacán.

Su muerte, confirmada por el Gabinete de Seguridad, ocurrió apenas cuatro semanas después de la captura de Alfonso Lara, “Poncho la Quiringua”, otro de los principales mandos de la organización.

El operativo en el que murió “R5” se realizó en una zona del occidente de Michoacán, donde mantiene presencia el Cártel de Los Reyes. Durante el despliegue se registró un enfrentamiento entre los elementos de seguridad y presuntos integrantes del grupo criminal.

/mexico/2026/09/01/golpe-consecutivo-al-cartel-de-los-reyes-caen-sus-lideres-r5-y-poncho-la-quiringua-en-un-mes/

Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5″ o “Wicho”, líder del Cártel de Los Reyes, fue abatido durante un operativo del Ejército Mexicano desplegado en el municipio de Tocumbo, Michoacán, la noche del domingo 30 de agosto.

El líder criminal fue ubicado derivado de trabajos de inteligencia de la XII Región Militar, provocando un despliegue de elementos tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Guardia Civil de Michoacán para lograr su detención.

/mexico/2026/09/01/asi-es-el-sitio-en-tocombo-donde-fue-abatido-el-r5-lider-del-cartel-de-los-reyes-en-michoacan/

Un elemento del Primer Batallón de Fuerzas Especiales murió el 31 de agosto después de activar una mina durante un recorrido de vigilancia en la comunidad de Las Playitas, en Tumbiscatío, Michoacán.

El efectivo, identificado como Juan Manuel B. M., resultó herido por la detonación y fue trasladado a la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, donde posteriormente falleció a consecuencia de las lesiones.

/mexico/2026/09/01/michoacan-acumula-al-menos-18-militares-muertos-por-minas-y-explosivos-desde-2024/

Un elemento del Primer Batallón de Fuerzas Especiales murió el 31 de agosto después de activar una mina durante un recorrido de vigilancia en la comunidad de Las Playitas, en Tumbiscatío, Michoacán.

El efectivo, identificado como Juan Manuel B. M., resultó herido por la detonación y fue trasladado a la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, donde posteriormente falleció a consecuencia de las lesiones.

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Un agente de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicanomurió este lunes tras la explosión de una mina antipersona durante un operativo en la zona serrana del municipio deTumbiscatío, en la región de Tierra Caliente de Michoacán.

Con este caso, autoridades estatales reportaron que suman 18 explosiones de minas antipersona en Michoacán, con un saldo acumulado de 14 personas muertas y 20 heridas. Entre los lesionados se encuentran 10 militares y cinco policías, lo que evidencia el riesgo que representan estos artefactos para las fuerzas de seguridad que realizan patrullajes y operativos en zonas rurales.

/mexico/2026/09/01/explosion-de-mina-deja-un-militar-muerto-en-la-sierra-de-tumbiscatio-michoacan/

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó el abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5″ o “Wicho”, líder del Cártel de Los Reyes, durante un operativo desplegado en el municipio de Tocumbo, Michoacán, realizado la noche del domingo 30 de agosto.

La acción se llevó a cabo derivado de trabajos de inteligencia de la XII Región Militar, donde personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Guardia Civil de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

/mexico/2026/09/01/defensa-confirma-abatimiento-del-r5-lider-del-cartel-de-los-reyes-en-michoacan/

Un operativo militar en Los Reyes, Michoacán, dejó este 31 de agosto un nombre flotando entre versiones extraoficiales y silencio de las autoridades: Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, líder del Cártel de Los Reyes, habría muerto en un enfrentamiento con fuerzas federales.

Mientras la Fiscalía de Michoacán no confirma el hecho, en internet circula desde hace años otra versión de este hombre, contada por él mismo o por quienes decidieron cantarle: al menos tres corridos que narran su ascenso, presumen su poder de fuego y nombran a la gente que lo rodeaba.

/mexico/2026/09/01/el-wicho-o-r5-que-revelan-los-corridos-del-lider-del-cartel-de-los-reyes/

Las autoridades federales han dado al menos cinco golpes contra líderes de células criminales en Michoacán entre enero y agosto de 2026, en un ciclo que arrancó con la captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, líder de Los Blancos de Troya, y que llegó hasta el presunto abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5” o “El Wicho”, operador del Cártel de Los Reyes.

Las detenciones alcanzaron principalmente a estructuras locales dedicadas a la extorsión de aguacateros, limoneros, madereros y mezcaleros, cadenas productivas que sostienen buena parte de la economía de Michoacán. Los golpes se concentraron en la Tierra Caliente, el occidente del estado y el sur de Morelia, zonas donde operaban Los Blancos de Troya, Los Sierra, Los Rs y el Cártel de Los Reyes.

/mexico/2026/09/01/de-el-botox-al-posible-abatimiento-de-el-r5-la-caida-de-lideres-criminales-en-michoacan-en-8-meses/

Jesús Sandoval, alias “Chuchito Nini”, lugarteniente señalado del líder criminal Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, habría muerto durante el operativo federal del 31 de agosto en la región de Los Reyes, Michoacán.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que la madrugada de ese lunes hubo un enfrentamiento armado en la zona, derivado de un operativo con participación de la Sedena, la Guardia Nacional y la Guardia Civil de Michoacán. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han confirmado abiertamente el abatimiento el líder de Los Reyes, señalado principalmente de extorsionar a los aguacateros.

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Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho sucedió a las 10:30 de la mañana, cuando las víctimas regresaban de cobrar la jubilación del hombre mayor y realizar algunas compras. Para llevar a cabo el traslado, pidieron un auto de una aplicación de viajes, que los llevó desde el centro de la ciudad hasta el barrio Villa Revol.

El video que encabeza esta nota permite ver que el delincuente disfrazado de chofer de aplicación aprovechó un descuido del jubilado, que al descender del vehículo de color gris, dejó la mochila con el dinero en el asiento trasero.

Al notar que los pasajeros habían cerrado las puertas del auto y ya estaban parados sobre la vereda, el conductor aceleró a fondo sin mediar palabras y huyó del lugar. Se llevó un bolso en cuyo interior había poco más de 1.600.000 pesos en efectivo, correspondientes a la jubilación de uno de los damnificados.

“Nos dejó destrozados a mí y a mi abuelo. Él tiene problemas de rodilla y camina con dificultad. Lo acompañé a cobrar el dinero e hicimos unas compras en el centro”, contó Misael Barzola en diálogo con Cadena 3.

Luego, el joven explicó que él bajó primero del auto para asistir a su abuelo para que pudiera descender del vehículo sin inconvenientes. “Lo ayudé y puse las bolsas en la vereda. Mi abuelo me dio la llave y, cuando lo quiero ayudar y me doy vuelta, el Uber agarra y arranca con todo. Se llevó la mochila con la jubilación”, relató.

“¡Pará, pará, pará!“, se escucha gritar a Misael, desesperado, al notar que el chofer se marchaba con el dinero de su abuelo.

En cuanto a las cámaras de seguridad que registraron el hecho, Misael detalló que las imágenes muestran cómo el asaltante estaba al tanto de que el bolso contenía dinero en su interior. “Vi que agarra mi bolso, lo pone en su regazo, lo abre y arranca. Se ve a mi abuelo gritando por el bolso”, aseguró.

Consumado el robo, Misael y su abuelo radicaron la denuncia en una comisaría cercana y, luego, también acudieron a la Fiscalía n.º 1, turno 4, de Córdoba, a cargo de la investigación para encontrar y detener al sospechoso.

Según consigna el citado medio cordobés, de la investigación surgió que el automóvil utilizado por el conductor figuraba como dado de baja y estaba denunciado como robado.

La actuación de la aplicación de viajes

Desde Uber reconocieron al chofer acusado como socio conductor de su aplicación y explicaron que cuando recibieron el reporte, el equipo de Soporte de Seguridad activó el protocolo de investigación interna, que incluye el contacto con las partes involucradas. “Asimismo, nos pusimos a disposición de las autoridades a cargo de la investigación para colaborar en todo aquello que resulte necesario para el esclarecimiento del caso”, indicaron.

“Hasta el momento, del análisis realizado por nuestro equipo de soporte especializado sumado al análisis de los datos que brindan nuestras herramientas de tecnología, podemos informar lo siguiente: El usuario solicitó un viaje que fue aceptado por un socio conductor que cuenta con la documentación de identidad y del vehículo verificadas, además certificado de antecedentes penales sin anotaciones. El viaje concluye sin inconvenientes en el punto de destino”, señalaron en un comunicado.

Y concluyeron: “El proceso de investigación continúa abierto. Mientras tanto y como parte de las medidas de seguridad, hemos tomado acciones preventivas que incluyen, entre otras, inhabilitar preventivamente la cuenta del socio conductor mientras las autoridades públicas esclarecen la situación”.

La violencia registrada en Trujillo durante el fin de semana del 29 y 30 de agosto volvió a poner en evidencia las dificultades que enfrenta el Estado peruano para responder frente al avance de organizaciones criminales. Para José Luis Pérez Guadalupe, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, el episodio refleja las brechas institucionales que persisten en materia de seguridad ciudadana y que requieren una estrategia que vaya más allá de la intervención policial.

El estudio “Seguridad ciudadana y política criminal del Estado”, elaborado por Pérez Guadalupe y Lucía Nuñovero para Agenda 2026, plantea que el combate contra el crimen debe involucrar a distintas entidades públicas. Además, advierte que la inseguridad no solo genera consecuencias sociales, sino también un impacto económico significativo: los costos asociados al crimen y la violencia en países como el Perú superan el 3% del PBI.

Trujillo muestra las limitaciones de una respuesta solo policial

El caso ocurrido en la ciudad norteña evidencia, según el documento, que las organizaciones criminales cuentan con niveles de planificación que demandan una respuesta coordinada. De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), el operativo involucró seguimiento previo, varios vehículos y cerca de 10 participantes, características que muestran la necesidad de enfrentar estructuras delictivas y no únicamente hechos aislados.

En esa línea, Pérez Guadalupe y Nuñovero consideran necesario integrar el trabajo del Congreso, Ministerio Público, Poder Judicial, PNP y sistema penitenciario, junto con instituciones como la UIF, la Contraloría y organismos reguladores. La propuesta busca que la política criminal deje de depender de acciones separadas y avance hacia una intervención conjunta del Estado.

Inteligencia y prevención, claves frente al crimen organizado

Otro de los principales planteamientos es reforzar la inteligencia criminal y la capacidad de anticipación de las autoridades. La propia Policía había recibido alertas, desde tres meses antes, sobre la preparación de un secuestro en Trujillo. El desafío, de acuerdo con el estudio, consiste en transformar esa información disponible en acciones concretas de prevención y respuesta.

El documento también plantea fortalecer las unidades especializadas, incorporar tecnologías de información y ampliar la cooperación entre instituciones nacionales y extranjeras. Asimismo, el uso de uniformes y equipamiento similares a los de unidades policiales especializadas durante el ataque representa una amenaza para la capacidad de control estatal y puede alimentar la percepción de impunidad y desconfianza en las instituciones.

Cárceles: otro punto crítico de la estrategia

El sistema penitenciario constituye otro de los frentes que el estudio considera prioritarios. Los investigadores proponen construir al menos 20 nuevos establecimientos penitenciarios, cada uno con capacidad para 2.000 internos, aunque remarcan que ampliar la infraestructura no sería suficiente para enfrentar el problema.

La propuesta incluye inteligencia penitenciaria, bloqueo de comunicaciones, sistemas de información y mayor equipamiento. También contempla la incorporación de 1.000 agentes penitenciarios por año, como parte de una estrategia orientada a mejorar el control de los establecimientos y limitar su utilización por parte de organizaciones criminales.

La inseguridad también genera costos para la economía

El impacto de la violencia trasciende la seguridad y alcanza directamente a la actividad económica. Según la investigación, los costos del crimen en países como el Perú superan el 3% del PBI, considerando factores como el incremento del gasto en seguridad, las pérdidas de inversión y el aumento de los costos que enfrentan las empresas.

El episodio de Trujillo también expone esta conexión, debido a que el empresario atacado estaba vinculado con la actividad minera en Pataz. Para los autores, este tipo de hechos vuelve a poner sobre la mesa la relación entre economías criminales, minería ilegal y violencia, mostrando cómo la expansión del delito puede afectar tanto a la población como al entorno productivo.

Un Pacto Nacional como respuesta

El estudio cuestiona que la política de seguridad se limite al llamado “populismo punitivo”, basado principalmente en elevar penas o desplegar mayor fuerza. En lugar de medidas aisladas, plantea recuperar la capacidad del Estado para investigar, anticiparse, desarticular y sancionar de manera efectiva a las organizaciones criminales.

Como salida, Pérez Guadalupe y Nuñovero proponen un Pacto Nacional por la Seguridad Ciudadana, liderado por el Ejecutivo y construido con los otros poderes del Estado, gobiernos locales, Ministerio Público, universidades, centros de investigación y sociedad civil. La iniciativa busca establecer una respuesta interinstitucional y sostenida, sustentada en inteligencia y coordinación, para evitar que las acciones contra el crimen dependan únicamente de reacciones posteriores a episodios de violencia.

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CJNG estaría detrás de la escalada de ataques con explosivos contra policías en Zacatecas

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una de las principales líneas de investigación por tres agresiones contra corporaciones de seguridad ocurridas en menos de una semana en Zacatecas. El último episodio ocurrió la noche del domingo en Ojocaliente, donde un vehículo cargado con un artefacto explosivo improvisado estalló frente a la Comandancia Municipal y dejó 10 personas lesionadas, entre ellas dos policías y ocho civiles, además de daños en 17 inmuebles. El fiscal estatal, Cristian Paul Camacho Osnaya, explicó que la agresión podría estar relacionada con la captura de William “N”, un joven de 18 años detenido 48 horas antes y quien, según el funcionario, se identificó como integrante del CJNG.

Información ampliada:

/mexico/2026/08/31/cjng-incrementa-violencia-en-zacatecas-cartel-estaria-detras-de-coche-bomba-en-instalaciones-de-la-policia-de-ojocaliente/

Detienen a 12 personas tras operativo contra grupo ligado a narcomenudeo y extorsión en CDMX

Doce personas fueron detenidas durante un operativo de seguridad en Avenida Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Cuatro de ellas fueron aseguradas con presunta marihuana, cocaína y un arma de fuego corta, mientras que las otras ocho fueron arrestadas por presuntamente intentar impedir la intervención policial y agredir a los agentes. De acuerdo con Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los detenidos estarían vinculados con un grupo dedicado a la venta y distribución de narcóticos, además de extorsiones y otros delitos violentos en la zona centro de la capital.

Operativo en Michoacán contra el Cártel de Los Reyes deja enfrentamiento y posible abatimiento de “R5”

La Defensa, Guardia Nacional y Guardia Civil de Michoacán realizaron un operativo contra el Cártel de Los Reyes que derivó en un enfrentamiento. De manera extraoficial se reportó el posible abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5” o “Wicho”, señalado como segundo al mando del grupo, aunque la información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Información ampliada:

/mexico/2026/08/31/defensa-arma-operativo-en-michoacan-contra-el-cartel-de-los-reyes-reportan-posible-abatimiento-del-r5-uno-de-sus-lideres/

Aseguran 210 armas provenientes de Texas con destino a grupos criminales en Nuevo León

Tres personas fueron detenidas en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, cuando transportaban 210 armas de fuego provenientes de Texas, Estados Unidos, que presuntamente tenían como destino grupos criminales en México. El aseguramiento fue realizado por fuerzas federales durante un operativo sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey.

Información ampliada:

/mexico/2026/08/31/trafico-de-armamento-desde-texas-capturan-a-tres-personas-que-transportaban-mas-de-200-armas-y-cartuchos-en-nuevo-leon/

Gabinete de Seguridad despliega acciones tras ataque con explosivo contra comandancia de Ojocaliente

El Gabinete de Seguridad informó esta mañana que las instituciones que lo integran colaboran con las autoridades de Zacatecas para esclarecer el ataque con un artefacto explosivo contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente e identificar y detener a los responsables. La agresión se registró la noche de este domingo.

Información ampliada sobre el ataque:

/mexico/2026/08/31/violencia-en-zacatecas-gabinete-de-seguridad-despliega-operativo-en-ojinaga-tras-ataque-con-explosivos-a-comandancia-de-la-policia-municipal/

La investigación por el violento robo a un matrimonio de jubilados en Córdoba dio un giro inesperado cuando la pesquisa comenzó a apuntar hacia el propio entorno de las víctimas: la consuegra de la pareja fue detenida bajo sospecha de haber aportado la información que permitió concretar el asalto.

La mujer, identificada como Analía Palacios, de 44 años, habría sabido que Carlos y Victoria, ambos de alrededor de 80 años, guardaban ahorros en su casa porque planeaban realizar un viaje a Europa. La hipótesis de los investigadores es que ese dato llegó luego a los dos hombres señalados como autores materiales del robo. Uno de ellos ya fue detenido y el otro permanece prófugo.

El hecho ocurrió el pasado 24 de julio en una casa ubicada en la calle Olleros al 2900, en el barrio San Salvador, en la zona oeste de la ciudad de Córdoba. Aquella madrugada, dos delincuentes rompieron una de las ventanas del inmueble y sorprendieron a la pareja mientras dormía.

Según denunciaron las víctimas, los ladrones, que estaban armados con cuchillos y púas, los amenazaron y golpearon para exigirles que entregaran todos sus ahorros. Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que los asaltantes se llevaron unos 6500 dólares, 2500 euros y 2.500.000 millones de pesos que el matrimonio había reunido, entre otros motivos, para realizar el viaje.

La violencia, sin embargo, no terminó cuando consiguieron el dinero. De acuerdo con el relato de los jubilados, los delincuentes continuaron golpeándolos antes de escapar. “Lo que me preocupa es la violencia con la que actúan: entran a matar”, expresó Carlos posteriormente en una nota para ElDoce. Y lamentó: “Somos dos viejos de 80 años, ¿qué resistencia podemos ofrecer nosotros?”.

Victoria, por su parte, contó que el episodio les provocó una crisis emocional “inmensa”. “Nos han invadido nuestro lugar, nuestro refugio”, aseguró. “Nos robaron la tranquilidad”, resumió su marido.

La investigación quedó a cargo del fiscal Horacio Vázquez, de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 4. Aunque en un comienzo, la pesquisa avanzó con dificultades y con poca colaboración de personas de la zona, el análisis de cámaras de seguridad permitió obtener los primeros resultados, según indicaron fuentes cercanas al expediente.

En ese contexto, los investigadores lograron identificar a los dos hombres sospechados de haber ingresado a la vivienda y detuvieron a Miguel Cabrera (35).

Sin embargo, la pesquisa no terminó allí. Había un interrogante que todavía debía resolverse: cómo supieron los ladrones que el matrimonio tenía dinero guardado en su casa.

Con el avance de las medidas surgió entonces una pista que conducía al entorno familiar de las víctimas. Los investigadores comenzaron a sospechar que alguien que conocía la existencia de los ahorros había transmitido esa información a los autores del asalto.

A través de testimonios, allanamientos y el secuestro de teléfonos celulares, la investigación llegó hasta Analía Palacios.

La mujer es la madre de la pareja de uno de los hijos del matrimonio, con quien su hija tiene hijos en común. Sin embargo, fuentes judiciales explicaron a Infobae que Palacios prácticamente no tenía relación con los jubilados y que tenían sus diferencias .

En paralelo, los investigadores reconstruyeron vínculos de la sospechosa con personas de un entorno atravesado por consumos problemáticos de drogas. Esa línea, según explicaron las fuentes consultadas, resultó clave para avanzar sobre quienes finalmente quedaron señalados como los presuntos autores del robo.

Por el moemnto, la hipótesis principal de la Fiscalía es que Palacios se enteró de que Carlos y Victoria tenían ahorros destinados a un viaje a Europa y transmitió esa información a otras personas, que posteriormente habrían concretado el asalto.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la mujer fue detenida. La semana pasada prestó declaración y negó cualquier participación en el hecho. “No tengo nada que ver”, dijo. Actualmente permanece alojada en un establecimiento penitenciario.

La Justicia analiza ahora el grado de intervención que le atribuirá en el robo, si fue instigadora o partícipe necesaria, mientras que los otros involucrados están imputados como coautores de robo calificado por el uso de arma.

Hasta el momento, el dinero robado no fue recuperado. Para los investigadores, el caso está prácticamente esclarecido, aunque todavía resta una medida central: capturar al segundo sospechoso, que continúa prófugo.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ofrece una recompensa de hasta $10 millones para quienes aporten información que permita localizar y detener a Dylan Ezequiel Santillán, de 20 años, acusado de participar del crimen de Matías Nahuel Ceballos, el agente de la Policía Federal Argentina (PFA) asesinado durante un robo en Lanús.

Santillán se fugó el pasado 20 de agosto de la Unidad Penitenciaria N°57 de Campana, donde se encontraba detenido con prisión preventiva como coautor del homicidio. Escapó junto a Andrés Ponce, otro interno con el que compartía celda y que estaba alojado allí por una causa diferente.

Fuentes del caso consultadas por Infobae detallaron que ambos utilizaron una cuerda para sortear uno de los muros del penal y abandonar el establecimiento.

La reconstrucción de la fuga sumó luego otro dato clave. Un compañero de celda que los habría escuchado mientras escapaban declaró ante personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que un auto blanco esperaba a Santillán y Ponce sobre la Ruta Provincial N°6, en las inmediaciones de la cárcel.

Desde entonces, ambos permanecen prófugos. La investigación por la fuga de Santillán está encabezada por el fiscal Alejandro Irigoyen, titular de la UFI N°1 departamental, quien dispuso una serie de medidas para intentar dar con los evadidos.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad bonaerense incluyó a Santillán entre los prófugos buscados y estableció una recompensa de entre $5 millones y $10 millones para quienes aporten información fehaciente que permita localizarlo y detenerlo.

Según la ficha oficial difundida por la cartera que conduce Javier Alonso, Santillán es de contextura media, piel olivácea, ojos marrones oscuros y cabello corto castaño oscuro, y mide aproximadamente 1,75 metros.

La orden de captura fue librada en el marco de la causa en la que está imputado por los delitos de robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego, en concurso real con homicidio agravado criminis causae y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Por ese expediente, Santillán se encontraba detenido con prisión preventiva como coautor del homicidio de Ceballos y alojado en la Unidad Penitenciaria N°57 de Campana hasta el momento de su fuga.

La recompensa será otorgada de acuerdo con el mérito de la información aportada. Las autoridades garantizaron la confidencialidad de los datos y la reserva de identidad de quienes colaboren con la búsqueda.

Quienes tengan información pueden presentarse ante las fiscalías generales de los distintos departamentos judiciales bonaerenses, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Avellaneda-Lanús o la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas.

El crimen del policía en Lanús

Matías Nahuel Ceballos fue asesinado el pasado 27 de marzo en Lanús, cuando cuatro motochorros lo abordaron frente a un supermercado para robarle la moto. El cabo de la División Talleres de la PFA estaba junto a su pareja e intentó defenderse con su arma reglamentaria, pero recibió dos disparos, uno en el tórax y otro en una pierna.

Murió poco después en el Hospital Evita.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y testimonios, los investigadores determinaron que los delincuentes se movilizaban en dos motos y escaparon hacia Villa Diamante. Las tareas permitieron identificar, entre otros sospechosos, a Dylan Santillán, Miguel Ángel Giménez, alias “Papa”, y Tiziano Stefano Quiroga, quien se entregó el 28 de abril.

Santillán permaneció prófugo hasta el 16 de mayo, cuando fue detenido durante un allanamiento de urgencia en la casa de una tía, en Villa Jardín. La investigación continuó y permitió identificar a Facundo Darío Salazar, alias “Flaco”, señalado como el conductor de una de las motos utilizadas durante el asalto.

Finalmente, el 20 de agosto, la Policía Bonaerense capturó a Salazar y a “Papa”, los dos sospechosos que permanecían prófugos. En los procedimientos también se secuestró una moto que, según los investigadores, habría sido utilizada durante el crimen, además de cargadores, municiones y teléfonos celulares.

La particularidad fue que ese mismo día, mientras la investigación conseguía detener a los últimos dos prófugos por el asesinato de Ceballos, Santillán escapó de la Unidad Penal N°57 de Campana. Así, poco más de tres meses después de su captura, volvió a ser buscado por la Justicia.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió minutos antes de las 5:00 de la madrugada en “Cucu Café”, ubicado en la esquina de Epecuén y Ladines, a tan solo 700 metros de la avenida General Paz.

El video que encabeza esta nota, compartido en redes por los propios dueños del café de especialidad, muestra que eran las 4:48 de la madrugada cuando el delincuente, vestido íntegramente de negro y con su rostro tapado, se acercó al local gastronómico y arrojó un adoquín para violentar la puerta de ingreso.

Acto seguido, el asaltante utilizó su cuerpo y lanzó algunas patadas para terminar de destrozar el blindex, pero al no conseguirlo implementó su cabeza.

En menos de un minuto, el atacante se dirigió hacia el mostrador, tomó la caja registradora y se fugó del lugar por el mismo agujero que había realizado, sin que nadie detectara su accionar.

Al día siguiente, el dueño del café llegó al lugar para iniciar la jornada laboral y se encontró con la rotura del vidrio de la puerta de ingreso y el faltante de la caja registradora.

Tras realizar la denuncia al 911, personal de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad se presentó en el lugar, realizó una recorrida por las inmediaciones y halló el elemento sustraído.

“El tema es la bronca de que vos querés emprender, querés salir adelante... Y viene uno sin intención y te rompe todo. Agradecemos que solo fue la caja registradora porque podría romper cualquier cosa”, señaló este lunes Valentín, uno de los dueños del comercio, durante una entrevista para LN+.

La investigación es encabezada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 32, a cargo de Leonel Gómez Barbella, Secretaría Única de Fernanda Insaurralde, que inició actuaciones por “robo”.

La persecución a balazos marcó la madrugada de Irving Martínez, tercer portero del primer equipo de Club León, cuando siete sujetos entraron a robar a su casa en el fraccionamiento La Valenciana, en León. El futbolista contó que persiguió a uno de los intrusos y, en ese momento, le dispararon por la espalda, aunque no resultó herido.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:15 horas del sábado 29 de agosto, tras el regreso del equipo desde la Ciudad de México luego del empate 1-1 ante Atlante en la fecha 6 del torneo. Según el relato del guardameta, él fue el primero en entrar al domicilio, detectó a los hombres dentro de la propiedad y comenzó a pedir ayuda.

Martínez contó a Mediotiempo que al llegar a su vivienda advirtió la presencia de los intrusos. Según su versión, seis estaban sobre la barda y otro más dentro del inmueble.

“Sí, justo regresando del viaje. Y como yo fui el primero en entrar, pues fui el que vio a los tipos, y pues yo empecé a gritar, pues de que, a mis papás de que nos están robando y, pues, como están en la barda aquí del jardín, pues me, o sea, arranqué y, pues, gritando y pidiendo ayuda y así. Y eran siete tipos”.

“Sí, se metieron siete tipos y todavía, o sea, estaban seis en la barda, el de la pistola igual en la barda, y uno más adentro. Entonces, cuando llegamos, el que se queda adentro como que se paniqueó, y mi balcón justo da al jardín”.

Así fue el asalto al portero de León, cámaras captaron el incidente

Las cámaras de seguridad de la vivienda captaron a varios sujetos sobre la barda perimetral del jardín. En las imágenes aparecen con ropa en tonos claros y oscuros, gorras, cubrebocas o pasamontañas, además de guantes y mochilas.

Uno de los videos muestra el momento en que uno de ellos se agacha sobre la barda antes de bajar al interior de la propiedad. Otro clip ya muestra a dos intrusos dentro de la casa: uno sentado cerca de la entrada, vestido de oscuro y con el rostro cubierto, y otro de pie junto a la sala, con ropa clara y mochila.

Irving Martínez narró que él y su madre acorralaron a uno de los hombres después de que el sujeto se aventó desde una parte alta de la vivienda. En ese punto, dijo, los asaltantes los apuntaron para frenar cualquier intento de detenerlo.

“El sujeto se aventó desde ahí, está alto. Y cuando cae, lo acorralamos mi mamá y yo, pero, pues, nos empezaron a apuntar y ya, pues, dijimos como de, no, tranquilos. Y nos dijeron como de, no, no hagan pend***as, ya. No, tranquilos, tranquilos”.

Después, el portero siguió al hombre cuando buscó una salida. En esa maniobra ocurrió el disparo que, según su relato, pasó por detrás de él.

“Entonces, se voltean, y este güey, como que desesperado, buscando por dónde salir, vuelve a correr, y ahí es cuando yo, pues, dije, aquí lo agarro, y es cuando el tipo corre, yo voy atrás de él y me tiran el disparo atrás”.

Cuál es el estado de salud de Irving Martínez

Un video adicional muestra a dos personas en movimiento por el jardín hacia la barda perimetral. Esas imágenes coinciden con el tramo de la persecución que describió el futbolista.

Más tarde, el guardameta reconoció que correr detrás del intruso fue una decisión impulsiva. También explicó que los hombres escaparon por una zona del mismo fraccionamiento que, según dijo, tiene vulnerable la barda perimetral.

Ni Irving Martínez ni su familia resultaron lesionados durante el incidente. De acuerdo con fuentes cercanas al jugador, en esa zona se han detectado condiciones de vulnerabilidad en materia de seguridad.

Madres buscadoras y colectivos de búsqueda hacen el trabajo que las autoridades mexicanas se niegan a realizar: buscar a las 132 mil 836 personas que se mantienen con un estatus de desaparecido y no localizado en México. Sin embargo, enfrentan a diario un ambiente hostil que pone en riesgo su vida y que no garantiza su seguridad ante la falta de cumplimiento de compromisos institucionales.

En 2025, Amnistía Internacional señaló que la búsqueda de personas desaparecidas se ha convertido en una “labor de alto riesgo” para quienes buscan a sus seres queridos; la organización detalló que esta actividad le ha costado la vida a 16 mujeres desde 2011.

La violencia, el riesgo que corren las personas que buscan a sus seres queridos

Además de la inseguridad y la violencia institucional, las madres buscadoras enfrentan situaciones de precariedad y discriminación estructural por diversos factores, alzar la voz y señalar las omisiones del estado, así como visibilizar los riesgos que padecen al buscar en zonas controladas por el crimen organizado, las puede llevar a ser blanco de múltiples situaciones sin una mayor protección del Estado.

El informe “Desaparecer otra vez”, realizado por la organización internacional mencionada, destaca las diferentes violencias y afectaciones a las que se vieron sometidas alrededor de 600 mujeres que se dedican a buscar a sus familiares desaparecidos en México, El Salvador, Guatemala y Honduras.

El 97 por ciento de las mujeres buscadoras entrevistadas declaró haberse enfrentado a amenazas (45%); extorsiones (39%); ataques, (27%), desplazamientos forzados (27%); secuestros (6%), tortura (10%), e incluso violencia sexual, desapariciones y asesinatos.

Un artículo realizado por “A dónde van los desaparecidos” da cuenta de por lo menos 27 personas buscadoras asesinadas desde 2010 a la fecha; además, subraya que al menos tres más han sido desaparecidas por buscar a sus seres queridos, siendo Guanajuato el que concentra estos tres caso:

• Lorenza Cano Flores
• Luz Alejandra Lara Cárdenas
• Óscar Iván Jiménez Torres

Agresión de la policía en acciones de búsqueda

Algunas de las acciones de búsqueda que realizan las madres buscadoras son acompañadas por elementos de seguridad, sin embargo, a veces se convierten en los perpetradores de la violencia, tal es el reciente caso denunciado por Jacqueline Palmeros durante una jornada de búsqueda en la alcaldía Tláhuac, en Ciudad de México.

El incidente expuso una contradicción que las madres buscadoras han señalado en reiteradas ocasiones: los cuerpos de seguridad que deberían acompañarlas en las jornadas de rastreo terminan por obstaculizarlas o, como en este caso, agredirlas.

Palmeros no solo enfrenta la ausencia institucional en la búsqueda de su hija Yael Montserrat, desaparecida desde julio de 2020 cuyos restos parciales localizó en el Ajusco cuatro años después, sino también la violencia de quienes portan uniforme y arma del Estado.

Ante los hechos, Palmeros exigió la destitución inmediata de la agente Edith Gómez Díaz y que se ejerza acción penal en su contra, descartando que el caso se resuelva con una sanción administrativa o un simple cambio de adscripción.

Para la buscadora, el intento de desenfundar el arma de cargo contra una madre civil y desarmada no es un error aislado: es evidencia de que el Estado falla en la selección y en la formación de sus elementos, y de que esa falla tiene consecuencias letales.

Una madre buscadora fue atacada a balazos en Culiacán

Previo al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la madre buscadora Alma Rosa Rojo fue atacada a balazos la tarde del sábado 29 de agosto en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, al surponiente de Culiacán.

Viajaba en un Toyota Yaris blanco junto con su hija -también integrante del colectivo Voces Unidas por la Vida, que ella fundó- y sus tres nietas. Rojo, quien busca a su hermano Miguel Ángel desde su desaparición el 4 de julio de 2009, quedó con una herida de bala en el brazo y fue reportada estable.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa) activó el Código Plata para proteger a las víctimas en el hospital, con participación del Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal Preventiva.

La FGE abrió una carpeta por feminicidio en grado de tentativa y explora si el ataque se vincula con la actividad de búsqueda de Rojo. El colectivo Sabuesos Guerreras calificó la agresión como “un acto de violencia cobarde” y exigió al Estado medidas de protección inmediatas para las buscadoras de Sinaloa.

El senador y principal figura de la oposición en las próximas elecciones presidenciales de Brasil, Flávio Bolsonaro, presentó este domingo un programa que contempla la creación de 500.000 plazas para reclusos mediante la construcción de nuevas cárceles y la ampliación de las ya existentes. La propuesta busca endurecer el combate contra el delito y replica elementos del enfoque implementado en El Salvador bajo la gestión de Nayib Bukele, cuya estrategia se ha vuelto objeto de análisis en la región.

El anuncio fue realizado tras una reunión entre Bolsonaro y Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, en la ciudad de San Pablo.

“Tenemos que abrir presidios. Hay pocos presos en Brasil. Tenemos que encarcelar a más, pero no lo conseguimos porque la legislación es frágil”, declaró el senador y candidato presidencial.

Enfatizó que su intención es que incluso quienes cometan delitos como el robo de celulares permanezcan en prisión por al menos ocho años, eliminando beneficios que permitan su salida anticipada.

El plan detalla la construcción de al menos cinco centros federales de máxima seguridad inspirados en el modelo salvadoreño, en particular el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), conocido por sus estrictos protocolos y capacidad masiva. Bolsonaro remarcó que la experiencia de El Salvador “permite garantizarle a la población el más elemental de sus derechos, que es el de ir y venir en seguridad”.

El contexto de esta propuesta se da en medio de una campaña electoral polarizada, donde la inseguridad aparece como una de las preocupaciones dominantes según encuestas nacionales. El sistema carcelario brasileño ya alberga a aproximadamente 965.000 personas y se encuentra sobrepasado en un 28 % de su capacidad, de acuerdo con cifras oficiales. A pesar de ello, el senador sostiene que “hay pocos presos en Brasil” y atribuye esa situación a la debilidad de la legislación actual.

La propuesta de Bolsonaro incluye la eliminación de salidas temporales y beneficios de libertad condicional, así como el aislamiento estricto de los internos para evitar la formación de redes delictivas dentro de los presidios.

“El preso sabrá que tendrá que permanecer preso, que tendrá que pagar por los crímenes que cometió, y eso, sin duda, desincentivará a mucha gente a continuar practicando crímenes”, afirmó.

El modelo de seguridad adoptado por Bukele ha sido destacado en la región por la reducción de homicidios, aunque organismos internacionales y grupos de derechos humanos han cuestionado la legalidad de las detenciones masivas en El Salvador, donde cerca de 100.000 personas fueron arrestadas bajo un régimen de excepción. A pesar de las críticas, el enfoque de Bukele ha ganado simpatía entre sectores políticos que buscan respuestas rápidas frente a la criminalidad.

Durante el anuncio, Bolsonaro hizo énfasis en la necesidad de reformas legislativas para permitir la expansión carcelaria y endurecer el código penal.

“Vamos a crear más de medio millón de plazas en cárceles”, señaló. La iniciativa contempla la obtención de respaldo parlamentario para modificar el marco normativo y habilitar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios.

Confrontación electoral

La campaña electoral en Brasil está marcada por la confrontación entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, quienes encabezan las encuestas de intención de voto. Ambos candidatos han centrado parte de su discurso en la seguridad pública, aunque con propuestas divergentes. Mientras Lula insiste en políticas de inclusión social y prevención, Bolsonaro apuesta por el endurecimiento del castigo y la replicación de modelos internacionales de mano dura.

La ampliación del sistema penitenciario propuesta por Bolsonaro representa un giro en la política criminal del país, con un enfoque en la reclusión prolongada y el control estricto sobre los internos.

“El encuentro con Villatoro nos inspira mucho para que podamos implementar un plan muy eficaz y firme para defender a los ciudadanos, a las víctimas y no a los delincuentes, como hace el gobierno actual”, señaló Bolsonaro.

La madrugada del sábado, un grupo de hombres armados ingresó al domicilio del portero del club León, Irving Martínez, ubicado en el fraccionamiento La Valenciana, sobre la salida hacia Lagos de Moreno.

Medios locales reportaron que el guardameta resultó ileso tras ser atacado a tiros al intentar frustrar el robo. Sin embargo, hasta las primeras horas del domingo el club deportivo no había hecho un pronunciamiento sobre el hecho.

Videos del robo son difundidos

Grabaciones del sistema de seguridad del inmueble fueron divulgadas en X, antes Twitter. Con base en datos de los videos, el robo ocurrió entre las 4:15 y 4:23 horas.

Al menos seis sujetos ingresaron al domicilio por una propiedad contigua. Medios locales confirmaron que Irving Martínez arribó a su casa durante la madrugada, proveniente de Ciudad de México, donde León disputó un partido contra el club Atlante en el Estadio Azteca.

Martínez entró a su casa y, al notar la presencia de un sujeto en el jardín, descendió de su auto e intentó detenerlo. Una cámara de vigilancia ubicada en el patio registró al hombre subir por una escalera, mientras otros lo esperaban en el extremo de la barda.

Uno de ellos disparó contra Irving Martínez para frenarlo. A pesar de la corta distancia, el guardameta resultó ileso y pudo refugiarse.

En declaraciones para Multimedios, el arquero relató que durante el robo no había ningún familiar en el domicilio. No obstante, se desconoce si el hecho fue denunciado ante las autoridades.

¿Cuál es el estado de salud de Irving Martínez?

Irving Martínez no fue lesionado ni requirió atención médica complementaria por crisis nerviosa. No obstante, el caso ha sido manejado con hermetismo tanto por el futbolista como por las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia de Jalisco no ha brindado información sobre el avance de las investigaciones.

Mientras tanto, Irving Martínez mantiene un perfil bajo. En sus cuentas oficiales no ha compartido contenido.

¿Quién es Irving Martínez?

Irving Martínez es originario de León de los Aldama. Tiene 22 años y en 2023 fue fichado por La Fiera para formar parte del primer equipo.

Actualmente está registrado como el tercer arquero del León. Según el portal Transfer Market, suma 180 minutos en Primera División.

El viernes 28 de agosto, el entrenador Javier Gandolfi lo convocó para disputar el partido correspondiente de la sexta jornada del Apertura 2026 ante el Atlante en Ciudad de México.

Martínez no vio acciones en el juego que terminó empatado a un gol y envuelto en la controversia, debido a cuestionamientos hechos por Miguel “Piojo” Herrera contra el arbitraje.

El incidente en su casa fue tema de conversación en X, donde los videos del robo y la agresión en su contra se volvieron virales durante la noche del sábado.

Un vecino del barrio Bosque Alegre, situado en Mar del Plata, permanece internado en grave estado tras haber sido asaltado y golpeado durante un violento robo. La víctima, un pintor de la zona, caminaba para visitar a su madre cuando fue interceptada por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta.

El hecho ocurrió en las últimas horas del sábado en la zona de Los Álamos y Los Cipreces. Según pudo reconstruirse, el hombre había estado en una vivienda cercana, donde se realizaba un festejo de cumpleaños, y luego salió con destino a la casa de su madre. Ambas propiedades estaban ubicadas en el mismo barrio.

De acuerdo con el testimonio de una vecina, tiempo atrás la víctima solía hacer ese recorrido en bicicleta, pero había dejado de hacerlo por miedo a sufrir un robo. Por ese motivo, había empezado a trasladarse a pie.

Mientras caminaba junto a un familiar, fue abordado por dos hombres que circulaban en moto. Fue así que, en medio del asalto, se produjo un forcejeo y la víctima recibió un fuerte golpe que la hizo caer al suelo y le provocó heridas de extrema gravedad.

En un primer momento, debido al estado de confusión posterior a la agresión, el hombre creyó que los atacantes se desplazaban en un auto blanco. Según la información publicada por La Capital de Mar del Plata, poco después, los registros de una cámara de seguridad permitieron establecer que en realidad se trataba de una motocicleta con dos ocupantes.

Luego de que se produjera el ataque, el familiar que lo acompañaba huyó del lugar atemorizado, mientras que el vecino quedó tendido en la calle con lesiones severas. No obstante, un vecino de la zona alertó de inmediato a la Policía y al servicio de emergencias.

Según relató el testigo, tanto los efectivos como la ambulancia llegaron pocos minutos después del llamado. Así, la víctima fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde continúa internada.

A raíz de las heridas sufridas, los médicos debieron extirparle un ojo y, además, mantienen bajo observación un coágulo en el cerebro. Los profesionales evalúan su evolución general, especialmente por las complicaciones neurológicas derivadas del golpe. Además, evaluarían una eventual derivación a una clínica especializada en oftalmología.

Actualmente, su familia sigue de cerca su estado de salud, mientras los investigadores analizan cámaras de seguridad para reconstruir con precisión la secuencia del hecho e identificar a los responsables. Por el momento, no hay detenidos por el hecho.

Detuvieron a dos acusados por la violenta entradera a una familia en Mar del Plata

Dos de los acusados de haber participado en una violenta entradera ocurrida días atrás en Mar del Plata fueron detenidos este viernes durante una serie de allanamientos. Sin embargo, otros dos sospechosos continúan prófugos y son intensamente buscados por la Justicia.

El hecho había ocurrido el lunes, cuando una familia se disponía a salir de su casa para llevar al gato al veterinario. En ese momento, tres delincuentes encapuchados y con guantes los sorprendieron al ingresar a la vivienda, mientras un cuarto integrante permanecía en la vereda haciendo de campana.

Según el relato de la mujer asaltada, dos de los atacantes redujeron a su esposo, mientras que otro la amenazó con un cuchillo. Durante el asalto, la banda golpeó al hombre y también intimidó a la mujer y a su hijo de 11 años.

De acuerdo con su testimonio, los delincuentes la agredieron para que dejara de gritar y la amenazaron con lastimarla a ella y a su hijo. También aseguró que su marido fue brutalmente golpeado, incluso con un palo de hockey perteneciente al nene.

Los ladrones reclamaban dinero en moneda extranjera, aunque la familia aseguró no tener dólares. Finalmente, escaparon en una Volkswagen Amarok robada de la propiedad y se llevaron además un anillo de oro, una PlayStation 5, un perfume y 300 mil pesos.

La investigación avanzó a partir del seguimiento de la camioneta sustraída. Mediante cámaras de seguridad públicas, los investigadores localizaron el vehículo abandonado en la zona de Olazar y Manrique. Tras un rastrillaje en el sector, la policía detuvo a un adolescente de 17 años en el patio de una vivienda cercana, sospechado de haber dejado allí la Amarok.

Sobre el vehículo, la Policía Científica realizó pericias y levantó una huella para cotejo. Además, los investigadores secuestraron prendas de vestir y el teléfono celular del menor, quien se negó a declarar y a entregar la clave del dispositivo.

Con el avance de las tareas investigativas, se logró identificar a otros presuntos involucrados: tres hombres mayores de edad y otro adolescente de 16 años. En ese marco, este viernes fueron detenidos dos de los sospechosos mayores, identificados como J. O., de 23 años, y A. O., de 28.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron Infobae que A. O. está acusado de haber golpeado a las víctimas con un palo de hockey y también con los puños. Además, durante los procedimientos también fueron aprehendidas otras dos personas, de 48 y 49 años, en el marco de una presunta infracción a la Ley 23.737 de drogas, ya que se secuestraron más de 4 kilos de cogollos de marihuana.

Por otro lado, la policía incautó un Peugeot 2008, señalado como el vehículo presuntamente utilizado para la fuga, prendas que habrían sido usadas durante el robo, una gorra con visera y dos teléfonos iPhone, que serán sometidos a peritajes.

La causa por el robo es investigada por la Unidad Funcional de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, mientras continúan los operativos para dar con los otros dos sospechosos que siguen prófugos.

San Isidro cerró los primeros siete meses de 2026 con una reducción de 35,2 % en los delitos consumados frente al mismo periodo del año anterior, según informó la municipalidad. El resultado se registra en el marco de una estrategia orientada a reforzar la seguridad ciudadana y la capacidad de respuesta ante incidencias.

La estrategia municipal combina el patrullaje de Serenazgo, la videovigilancia, el uso de tecnología y la coordinación permanente con la Policía Nacional del Perú (PNP). Actualmente, el distrito cuenta con 987 efectivos de Serenazgo y 663 cámaras de videovigilancia operativas, integradas a una plataforma tecnológica para atender incidencias de manera permanente.

A estas herramientas se suman los drones y los sistemas de monitoreo en tiempo real, además del fortalecimiento del patrullaje en las calles. En materia de tránsito, la comuna también opera la Red Semafórica Centralizada, que comprende 54 intersecciones y es gestionada en tiempo real mediante las plataformas Swarco Cloud y Omnia.

Nuevo Centro de Control de Operaciones

Como parte del fortalecimiento de la infraestructura destinada a la seguridad, la Municipalidad de San Isidro se encuentra próxima a inaugurar su nuevo Centro de Control de Operaciones. La infraestructura permitirá reforzar las labores de monitoreo, vigilancia y respuesta ante incidencias en el distrito.

El proyecto representa una inversión superior a S/17 millones y se suma a las herramientas tecnológicas que ya utiliza la comuna para supervisar lo que ocurre en distintos puntos del distrito. La municipalidad sostiene que estas acciones buscan mejorar su capacidad de reacción ante situaciones que afecten la seguridad ciudadana.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, señaló que los resultados alcanzados comprometen a la gestión a continuar fortaleciendo el patrullaje, la tecnología y el trabajo coordinado con la Policía Nacional. Asimismo, reconoció que todavía existen desafíos pendientes en materia de seguridad.

Renovación de luminarias y fiscalización

Las acciones de seguridad también incluyen intervenciones sobre el espacio público. En coordinación con Luz del Sur, la municipalidad inició la renovación de 1.280 luminarias distribuidas en los cinco sectores de San Isidro. El proyecto contempla una inversión de S/1,6 millones y un plazo de ejecución de 90 días.

La comuna indicó que la mejora de la iluminación busca generar mejores condiciones de seguridad en calles y avenidas. Estas labores forman parte de las acciones orientadas a intervenir el espacio público y reforzar las condiciones para los vecinos y usuarios del distrito.

En paralelo, se intensificaron las acciones de control y fiscalización del transporte y el tránsito. Desde el inicio de operaciones del nuevo depósito vehicular, el pasado 6 de julio, más de 70 vehículos fueron internados por prestar el servicio de transporte de personas sin autorización.

Más de 3.000 infracciones durante 2026

En lo que va del año, la municipalidad informó que se han impuesto 3.261 infracciones, de las cuales más de 2.300 corresponden a la prestación informal del servicio de transporte. A ello se suman más de 400 infracciones detectadas durante las acciones de fiscalización al transporte de carga.

Asimismo, se han realizado más de 6.000 intervenciones mediante medios electrónicos a vehículos mal estacionados. Estas medidas buscan fortalecer el control del tránsito y la fiscalización de las actividades que se desarrollan en las calles del distrito.

Las acciones se realizan en el marco de los convenios de cooperación suscritos con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), además del trabajo articulado con la PNP.

Servicios públicos e inversiones

La agenda municipal también comprende el mantenimiento permanente de las áreas verdes y los programas de reciclaje. Los servicios de limpieza pública, que incluyen el barrido de calles y la recolección de residuos sólidos, se desarrollan durante los 365 días del año, incluidos domingos y feriados.

En materia de inversiones, la actual gestión informó que entre 2023 y la fecha ha culminado 10 obras y concretado ocho adquisiciones de terrenos y equipamiento, con un total de 18 inversiones ejecutadas. Además, dos obras se encuentran actualmente en ejecución.

Entre las principales intervenciones figuran la construcción y acondicionamiento de un nuevo centro para atención de personas con discapacidad (OMAPED), el nuevo Centro de Control de Seguridad Ciudadana, el Centro Médico Municipal y proyectos de mejoramiento de pistas, veredas, iluminación y espacios públicos. La municipalidad señaló que estas acciones forman parte de una agenda centrada en seguridad, infraestructura, servicios y recuperación del espacio público.

Todo comenzó cerca de las 5 en la esquina de avenida Colón y Fortunata García. Según se supo, Rueda se dirigía en su Honda Wave blanca hacia un desfile institucional en Alberdi cuando fue abordado por dos ladrones que también circulaban en moto. De hecho, tenía puesto su uniforme de gala, aunque no a la vista, ya que encima llevaba una campera y jogging.

Los atacantes le dispararon y escaparon con el vehículo. Según fuentes del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, un testigo relató que vio la escena y escuchó la detonación antes de que ambos rodados huyeran, dejando a la víctima en el pavimento. Minutos después, personal médico confirmó el fallecimiento de Rueda al arribar al lugar.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale y la auxiliar de fiscal Luz Becerra. “Hemos sufrido una pérdida de una persona muy valiosa para la provincia, un servidor público”, lamentó Sale en declaraciones al medio Tendencia de noticias.

El fiscal amplió sobre la mecánica del hecho: “Estamos tratando de individualizar a los responsables, en principio son dos. Aparentemente fue todo muy rápido: lo interceptan, le cruzan la moto, le efectúan un disparo y le quitan la moto, prácticamente de inmediato. Al parecer, la víctima no se resistió y, en principio, le robaron solo la moto”.

Mientras se analizan cámaras de seguridad en busca de pistas, durante la tarde hubo novedades en la investigación: efectivos policiales localizaron la motocicleta robada oculta en un cañaveral, a unos 40 metros de un sendero de tierra en inmediaciones de Diagonal 26/31 Suroeste y Miguel Lillo, en una zona descampada cercana al Canal Sur.

Desde el MPF informaron que una comisión del Departamento de Investigación Criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), junto a peritos de Criminalística y Química Legal, realizó peritajes en el rodado.

Como parte de las tareas, se tomaron muestras biológicas en la empuñadura derecha, manija de freno delantero, empuñadura izquierda y agarradera trasera. Además, en busca de residuos de disparo, se levantaron muestras mediante hisopados y stubs en el tablero, sector medio del cubrepiernas y control ambiental.

En el lugar también colaboraron efectivos del GEAM y de la División Homicidios, que quedó a cargo de la custodia de la moto.

Rueda cursaba la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía de Tucumán. Era oriundo de Bella Vista y, tras conocerse el triste hecho, desde el Municipio lo despidieron a través de las redes sociales oficiales.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Kevin Rueda, quien fue alumno de nuestro Centro Municipal de Idiomas y de nuestro Centro de Estudios Universitarios en la primera cohorte de la carrera de Programación. Acompañamos con respeto a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Que encuentren consuelo y fortaleza para atravesar esta irreparable pérdida. Que su recuerdo permanezca siempre entre quienes compartieron parte de su camino. Descansa en paz, Kevin”, publicaron junto a una serie de fotos del joven.

Allegados al joven se sumaron a los comentarios del posteo. “Querido Kevin, mi querido alumno bueno, respetuoso, soñador y muy trabajador. Te vi desde niño en la escuela, luego en nuestro CeMI y tuve el orgullo de saludarte todas las semanas cuando ya vestías tu uniforme, la noticia de tu partida me duele en el alma, pido justicia por vos y consuelo para tu hermosa familia”, lo despidió una docente.

“Kevin, yo fui profesora tuya, de artes marciales. Una persona excelente, un chico excelente en todo. Que el cielo te reciba con los brazos abiertos”, escribió otra usuaria.

En el caso intervino también el Equipo de Contención a la Víctima (ECAV) para brindar asistencia al padre de la víctima, presente en la escena del crimen.

Un joven de 23 años fue baleado en la cabeza al final de un viaje solicitado por aplicación y murió horas después. El ataque ocurrió el jueves por la noche en Centenario, provincia de Neuquén, y es investigado como un homicidio cuya secuencia todavía no pudo ser reconstruida por completo.

Según informó LM Neuquén, el ataque ocurrió cuando una chofer de una app de viajes llegó en un Renault Sandero hasta una vivienda ubicada al final de la calle Cuba, en el sector Parcelas de Centenario. En el auto iban su hija menor de edad y dos pasajeros. Uno de ellos era Walter Subensa Figueroa, de 23 años.

Cuando el vehículo arribó al destino, el acompañante de Walter descendió primero, mientras el joven de 23 años permaneció en el asiento trasero. Segundos después se oyeron disparos. Los primeros peritajes indicaron que al menos uno de los proyectiles ingresó por la luneta e impactó en la nuca de la víctima.

La conductora lo trasladó de urgencia al hospital Natalio Burd de Centenario. Desde allí fue derivado al hospital Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén, donde quedó internado en terapia intensiva. Su muerte se confirmó horas más tarde y a partir de ese momento la pesquisa quedó encuadrada como un caso de homicidio.

El coordinador de la Dirección Seguridad, el comisario inspector Marcos Mazzone, informó que acompañaba a la víctima un joven de menor edad. Cuando la Policía llegó al lugar, esa persona ya se había retirado. La declaración de la chofer permitió establecer una primera referencia temporal de los hechos.

A partir de esa secuencia, los investigadores trabajan para determinar si el ataque estaba dirigido al joven que murió, al otro pasajero o si ambos quedaron involucrados en un episodio cuyo origen aún no fue esclarecido. En esa línea, el relevamiento de cámaras de seguridad, las entrevistas a testigos y las pericias sobre el vehículo aparecen como medidas centrales para reconstruir la secuencia.

El estudio pericial permitió comprobar el orificio de entrada en la luneta. El comisario Héctor Fabián Ramírez explicó que esa evidencia se confirmó cuando el vehículo ya se encontraba en el área de acceso de ambulancias del hospital de Centenario, donde los especialistas comenzaron con las tareas de criminalística.

Con el fallecimiento de la víctima, la investigación quedó de lleno bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios, a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, quien intervino desde las primeras diligencias. La funcionaria dispuso la realización de una autopsia y coordinó un trabajo conjunto con distintas divisiones policiales. Participaron la Comisaría 52, personal de Criminalística, efectivos de Seguridad Personal en Homicidios y la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II.

La víctima llevaba una pistola 9 milímetros en una riñonera, dato que abrió nuevas preguntas dentro del expediente. Los pesquisas buscan establecer si el arma estaba registrada, si había sido usada, si pertenecía al joven o si guardaba relación con el ataque. Hasta el momento, ese elemento no permite explicar por sí solo lo ocurrido, aunque sí aporta contexto a una escena que todavía presenta zonas oscuras.

El episodio reavivó además el debate sobre la exposición de los choferes de apps de viajes a situaciones de inseguridad. Los traslados hacia barrios alejados, los horarios nocturnos y la falta de contacto directo previo con los pasajeros forman parte de las condiciones que suelen mencionarse entre los principales factores de riesgo.

Por ahora, no trascendieron detenciones ni imputaciones. El relevamiento de cámaras de seguridad y el análisis de testimonios aparecen entre las herramientas centrales para completar ese rompecabezas. La causa sigue abierta y con varias preguntas sin respuesta. Los resultados de la autopsia, las pericias balísticas, el análisis del arma encontrada serán determinantes.

Todo ocurrió el lunes pasado, cuando las víctimas se proponían salir en auto, para llevar a su gato al veterinario. En ese momento, fueron sorprendidos por tres delincuentes encapuchados y con guantes. Gracias a que la vivienda contaba con cámaras en el interior, el episodio quedó grabado por completo.

“En un momento, miré para atrás y vi que se metían tres ladrones: dos agarraron a mi marido y a mí se me vino uno con un cuchillo. El cuarto se quedó vigilando en la vereda”, relató la mujer. Según la investigación, los asaltantes los redujeron, entraron a la vivienda y escaparon en una Volkswagen Amarok robada del lugar.

En declaraciones a La Capital de Mar del Plata, la mujer denunció que la banda no solo había golpeado a su esposo, sino que también la habían intimidado tanto a ella como a su hijo, un pequeño de 11 años. “Me pegaron para que dejara de gritar y me amenazaron con que me iban a cortar la lengua si seguía gritando y con que le iban a pegar a mi hijo”, recordó.

“Lo desfiguraron a golpes. Hasta con el palo de hockey del nene le pegaron”, apuntó la mujer sobre el ataque que sufrió su esposo. “Nos gritaban: ‘¡Los dólares, los dólares!’. Pero no tenemos dólares”, explicó sobre el motivo por el cual habían ingresado a la vivienda.

Además de la camioneta, los ladrones se llevaron un anillo de oro, una PlayStation 5, un perfume y 300 mil pesos. Y, según fuentes oficiales consultadas por Infobae, el seguimiento del vehículo fue clave para poder ordenar los allanamientos.

Por medio de las cámaras de seguridad públicas, los efectivos encontraron el vehículo abandonado en la zona de Olazar y Manrique. Tras un rastrillaje, lograron detener a un adolescente de 17 años en el patio de una vivienda cercana, que fue señalado como la persona que había dejado la camioneta en el lugar.

Sobre la Amarok, la Policía Científica realizó pericias y levantó una huella para cotejo. Asimismo, se secuestraron prendas de vestir del menor y su teléfono celular, aunque el sospechoso se negó a declarar y a aportar la clave del dispositivo.

Con el avance de la investigación, los investigadores lograron identificar a otros presuntos involucrados, entre ellos, tres hombres mayores de edad y otro adolescente de 16 años. Fue así que, finalmente, este viernes se concretó la detención de dos de los adultos.

Según confirmaron fuentes cercanas a la causa a este medio, estos fueron identificados como J. O. (23) y A. O. (28). En el caso de este último, fue acusado de haber golpeado a las víctimas con un palo de hockey y con los puños.

En los procedimientos también fueron aprehendidas otras dos personas, A. J. (48) y D. O. (49), por una presunta infracción a la Ley N° 23.737 de Narcotráfico. Asimismo, indicaron que en la vivienda se incautaron 4.335 kilos de cogollos de marihuana.

Como parte de los operativos, la policía secuestró el Peugeot 2008, es decir, el vehículo presuntamente utilizado para la fuga. Además, hallaron prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el robo, una gorra con visera y dos teléfonos iPhone que serán sometidos a las pericias correspondientes.

Actualmente, la causa por el robo es investigada por la Unidad Funcional de Responsabilidad Penal Juvenil (UFRPJ) Nº 1, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, mientras que los investigadores continúan con tareas para localizar a los otros dos sospechosos que aún permanecen prófugos.

“Es un apoyo técnico para la PNP para apoyarla en el proceso de seguridad y eso es lo que vamos a hacer y vamos a seguir haciendo”, señaló Navarro a los medios de prensa. El diplomático subrayó que los resultados del trabajo conjunto ya son visibles y que la ciudadanía y los medios de comunicación los perciben a diario. “Muchas pandillas, muchos carteles, muchos grupos transnacionales. Nos estamos enfocando en ello y lo estamos viendo diariamente”, precisó.

Enfoque en crimen organizado

El embajador no ofreció cifras ni detalles sobre operaciones concretas, pero dejó en claro que el eje del convenio es el combate al crimen organizado de carácter internacional. La colaboración entre el FBI y la PNP apunta a elevar las capacidades técnicas de la policía peruana frente a estructuras delictivas que operan más allá de las fronteras nacionales.

Exitosa informó que Navarro encabezó el acto conmemorativo por el septuagésimo aniversario del programa Fulbright en Perú, una iniciativa de becas internacionales financiada por el gobierno de Estados Unidos que promueve el intercambio académico entre ambos países. A la ceremonia también asistió el canciller Carlos Spá.

Suspensión de citas para visas en 75 países

Sobre otro tema que generó atención en la agenda bilateral, el embajador se refirió a la suspensión de citas para la obtención de visas estadounidenses en 75 países del mundo. Consultado al respecto por Exitosa, Navarro indicó que la medida no es exclusiva del Perú y que los casos están bajo revisión. “Es una cosa que está pasando en todo el mundo, pero no un tema solamente para el Perú. Así que eso se va a estudiar y vamos a seguir en los procesos que tenemos”, afirmó.

La suspensión afecta a decenas de naciones y responde a una revisión de los procedimientos consulares de Estados Unidos a escala global, según precisó el diplomático sin entregar mayores detalles sobre plazos o alcances de la medida.

Consejo Espacial bilateral y programa Fulbright

Además del convenio de seguridad y la situación de las visas, el embajador anunció el lanzamiento del Consejo Espacial Estados Unidos-Perú, un nuevo espacio de cooperación bilateral en materia espacial que amplía el marco de la relación entre ambos países más allá de los temas de seguridad y educación.

El programa Fulbright, cuyo aniversario fue el motivo central de la ceremonia presidida por el embajador, opera en Perú desde hace 70 años y forma parte de la red de intercambio académico más extensa que financia el gobierno estadounidense en el mundo.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, la oficial advirtió la presencia de dos jóvenes armados que se trasladaban en una motocicleta. Los sospechosos se aproximaron hasta un hombre de 34 años, identificado como Leonel Enrique González, con la intención de asaltarlo a punta de pistola. Ante esa situación, la mujer extrajo su arma reglamentaria, una pistola Pietro Beretta, y efectuó cinco disparos en dirección a los asaltantes para repeler el ataque.

De acuerdo con la información oficial, dos de los disparos impactaron en uno de los sospechosos, quien fue identificado como Román Maximiliano Bravo, de 17 años. El joven sufrió heridas de arma de fuego en el abdomen y en la pierna izquierda. Su acompañante logró escapar del lugar a bordo de la motocicleta, sin que hasta el momento pudiera ser identificado ni detenido. Tanto la víctima del intento de robo como la oficial policial resultaron ilesos.

A los pocos minutos del hecho, arribó una ambulancia al lugar y el personal médico procedió a trasladar al herido al Hospital Simplemente Evita. Bravo permanece internado bajo observación, a la espera de estudios que permitan determinar la gravedad de sus lesiones. Hasta el momento, no se reportó su fallecimiento.

En paralelo, la Policía de la Provincia de Buenos Aires desplegó un operativo en la zona para localizar al segundo sospechoso, quien permanece prófugo. La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado y quedó bajo investigación judicial. Las autoridades buscan establecer las circunstancias precisas del hecho y si la intervención de la oficial se ajustó a los protocolos vigentes para situaciones de este tipo, según precisaron fuentes consultadas por Infobae.

La víctima, identificada como E. V. E. de 42 años, denunció ante las autoridades que el robo tuvo lugar en el momento en que llegó manejando su Mercedes Benz Sprinter blanca hasta la intersección de las calles Ferre y Carabelas, sitio donde tenía previsto realizar la entrega de un cargamento de mercadería.

Según la información a la que accedió Infobae, justo cuando se preparaba para realizar la entrega, fue sorprendido por tres hombres que estaban armados. Los sujetos le sustrajeron el vehículo y toda la carga.

Tras la denuncia, personal de la Comisaría Avellaneda 6ª inició tareas investigativas. A partir del análisis de cámaras de seguridad privadas y registros del Centro de Monitoreo, lograron identificar un vehículo que habría sido utilizado como apoyo durante el asalto.

Con esas imágenes, los agentes reconstruyeron parte del recorrido posterior al robo, detectaron movimientos en distintos puntos de Avellaneda y Lanús y reunieron elementos para solicitar los allanamientos. La causa, que sigue bajo la órbita de la UFI N° 4 de Avellaneda, mantiene además la búsqueda de un cuarto sospechoso.

El primer allanamiento fue en Madariaga al 2100, Avellaneda, donde detuvieron a un joven identificado como Díaz, de 24 años. En ese lugar, se secuestraron varios elementos de interés, tales como: un camperón negro, un pantalón gris y un par de zapatillas blancas, prendas que, según los investigadores, coincidirían con las utilizadas durante el robo.

El segundo procedimiento se hizo en México 600, donde fue identificada una mujer que manifestó alquilar el inmueble desde hacía aproximadamente un mes. El resultado del operativo fue negativo.

El tercer objetivo fue en Paso de Burgos 221, Lanús, domicilio vinculado a la familia de uno de los presuntos participantes, identificado como Valdez, de 19 años. Allí, su madre informó que el joven alternaba entre ese lugar y la casa de su padre, en Anatole France 810. A partir de ese dato, los efectivos montaron un operativo en la zona y concretaron su detención cuando salía de la vivienda. Además, secuestraron una campera negra.

El cuarto allanamiento se realizó en Jean Jaurès 2800, Lanús, donde fue aprehendido Vedovi, de 20 años. En ese procedimiento se incautó un par de zapatillas negras con suela blanca. Según el parte policial, el joven habría mencionado de forma espontánea y ante testigos que otro de los sospechosos, que aún no fue detenido, habría vendido hace un mes la camioneta Renault Kangoo roja presuntamente utilizada en el hecho.

Durante el operativo intervinieron efectivos que forman parte de los GTO pertenecientes a las comisarías de Avellaneda y se contó con la presencia de personal de la UPPL Avellaneda. Además, participaron agentes que prestan servicio en la Comisaría Berazategui 5ª, así como efectivos de la Comisaría Lanús 10ª. A ellos se sumaron miembros que integran la Fuerza de Operaciones Especiales.

Por disposición del fiscal González, se avaló lo actuado, se convalidaron los secuestros y se notificó a los detenidos sobre la formación de la causa. Los tres detenidos tienen entre 19 y 24 años y quedaron imputados por robo agravado en poblado y en banda, con uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.

La investigación sigue adelante con el objetivo de localizar al sospechoso que permanece prófugo y establecer si tuvo una presunta participación en los hechos investigados. Mientras tanto, los detenidos serán trasladados a la sede judicial correspondiente.

Los apagones en Santiago de Cuba han dado cobertura a una ola de robos y violencia que el Gobierno no reconoce públicamente: en la noche del 13 de agosto, un joven fue atacado a machetazos para quitarle una motorina en el distrito José Martí, mientras a pocos metros un tiroteo entre pandillas sembraba pánico entre los vecinos, en un escenario que, según Diario de Cuba, expone el deterioro de la seguridad pública en medio de la crisis socioeconómica.

La Policía llegó 30 minutos después del tiroteo en el parquecito del bloque L, a unos 300 metros del lugar donde ocurrió el asalto. Los vecinos creen que se trató de una disputa entre pandillas juveniles, y los atacantes abandonaron la motorina más adelante porque no pudieron arrancarla.

El motorista quedó hospitalizado y perdió varios dedos. El diario sitúa ese episodio como parte de un aumento de la criminalidad favorecido por la oscuridad de los cortes eléctricos y por una respuesta policial que, de acuerdo con los testimonios recogidos, concentra sus recursos en la protección de la propiedad estatal y de las tiendas en divisas.

“Eran como las 19:00 y estábamos en apagón, como siempre”, relató Carlos Alberto, vecino del distrito José Martí, al medio. Contó que muchas personas salen de sus casas por el calor, los mosquitos y porque en la calle consiguen algo de señal de datos móviles, y que en ese contexto vio cómo varios hombres atacaron al conductor de la motorina y lo dejaron tendido en el suelo antes de que empezaran los disparos.

Un robo en una vivienda tardó 12 horas en obtener respuesta policial

La inseguridad no se limita a la calle. En el barrio de Micro 7, la ausencia nocturna de José, un guardia de seguridad que vive solo, fue aprovechada para desvalijar su apartamento.

“Se lo llevaron todo: los cárnicos que tenía en el refrigerador, la tanqueta del arroz, colchones, ropa y la motorina de un amigo que vive en un piso alto y la guardaba en su casa, que es un primer piso”, dijo Aida, novia de José, citada por la publicación.

Cuando el hombre regresó a las 6:00 de la mañana y encontró la puerta abierta, fue a la estación de Policía de Micro 9 para denunciar el robo. Aida contó que allí le dijeron primero que debía esperar al cambio de turno de las 7:00, y que después de formalizar la denuncia volvió a su casa a esperar a los agentes.

La Policía apareció a las 20:00, 12 horas después. Más de dos meses más tarde, las pertenencias no habían sido recuperadas y no se había detenido a los responsables.

Según Diario de Cuba, ese tipo de demoras ha profundizado el descrédito de las fuerzas policiales entre los ciudadanos. Los testimonios reunidos por el medio sostienen que la actuación más diligente se reserva para las prioridades económicas del régimen y para la represión política.

También se roban cables, tuberías y equipos de servicios públicos

La depredación se ha extendido a infraestructuras básicas. El texto fuente describe robos de aceite de transformadores, cables eléctricos y tuberías de agua, con instalaciones de servicios públicos convertidas en objetivo habitual de los ladrones.

Uno de los casos citados afectó a cinco edificios del barrio de Micro 8, donde fueron sustraídos los cables que suministraban corriente. Los vecinos detectaron el problema cuando volvió la electricidad y comprobaron que en otros inmuebles se escuchaban televisores encendidos, mientras en los suyos no había servicio.

“Yo sabía del robo de las tuberías de los edificios, pero nunca pensé que podían llevarse los cables eléctricos”, dijo Anaisa, residente en uno de los bloques afectados. Explicó que, con ayuda de un vecino que conoce de electricidad, confirmaron el robo y empezaron a reclamar a la compañía para conseguir los cables de reposición. Ese robo dejó a los edificios en apagón total durante cinco días. Anaisa añadió que los responsables tampoco habían sido capturados.

“Esto que me pasó a mí le pasa todos los días a muchísimos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, y en mi caso, por suerte, zafé y la saqué barata”, dijo Brey en diálogo con Teleshow, ya un poco más tranquila, pero con la certeza de que en cualquier momento podría volver a vivir un hecho similar.

Según precisó Mariana en “A la Barbarossa” (Telefé), uno de sus trabajos, todo ocurrió alrededor de las 15:30, una hora antes de que tuviera que volver a salir a la calle para retirar a su hija del colegio.

La grabación que encabeza esta nota muestra que Brey estacionó su camioneta sobre la vereda de su casa y, tras unos pocos segundos, descendió del vehículo. En ese instante, dos asaltantes pasaron justo por delante de sus ojos a bordo de una moto color negro, pero la periodista no alcanzó a divisarlos porque estaba tomando su bolso del asiento trasero.

Brey rodeó su camioneta y llegó a la puerta de su propiedad. Pero mientras buscaba las llaves en su cartera y tenía el teléfono celular en sus manos, los motochorros volvieron sobre sus pasos: uno lo hizo a bordo de la moto, a baja velocidad, mientras que el segundo venía unos pasos por detrás y a pie.

Ese fue el detalle que alertó a la periodista, que en la filmación se observa cómo posó su mirada sobre los delincuentes, como si ya supiera lo que iba a venir.

Y el instinto no le falló. El ladrón que caminaba por la calle corrió hacia ella en un intento por reducirla, pero Mariana, rápida de reflejos, fue más veloz y alcanzó a escapar de la apremiante situación.

Sin lograr su cometido, el atacante se subió a la moto y huyó del lugar junto a su cómplice.

“Hoy ya estoy bien. Obviamente, después de una situación así te queda la sensación de vulnerabilidad y empezás a mirar algunas cosas de otra manera. Pero tampoco quiero aceptar como normal que sea yo la que tenga que cambiar mi vida por lo que pasó“, señaló Brey durante el contacto con este medio.

A pesar de que finalmente no fue asaltada, Brey aclaró que decidió hacer público su caso porque, al ser una figura de la TV, tiene la posibilidad de visibilizar “una realidad que mucha gente vive y quizás no tiene dónde contarla”.

“No quiero vivir encerrada, ni esconderme, ni sentir que para estar segura tengo que resignar mi vida cotidiana. Obviamente, yo puedo tomar precauciones, pero llega un punto en el que la pregunta no puede ser siempre qué tiene que cambiar la víctima”, enfatizó.

Por último, dejó un reclamo para las autoridades. “Son los que tienen la responsabilidad de generar las condiciones para que los ciudadanos podamos hacer nuestra vida sin sentir que salir a la calle es asumir un riesgo permanente. Ellos son los que tienen que modificar el cómo. Son los que nos dan seguridad”, concluyó.

Un grupo de delincuentes robaron en una financiera del centro de Mendoza y ahora la Policía busca a tres sospechosos, que huyeron en un auto sin patente colocada.

El episodio ocurrió en calle Las Heras al 219 pocos minutos después de la salida del personal de seguridad privada. La secuencia, de acuerdo con los datos iniciales del caso, se produjo cerca de las 20.43, cuando tres empleados se preparaban para cerrar el establecimiento. En ese momento, entraron dos hombres con capuchas y guantes, exigieron el dinero disponible y se llevaron además tres teléfonos celulares de las personas que estaban en el lugar.

Uno de los elementos que concentra la atención de los investigadores es que los asaltantes, según las primeras declaraciones recogidas por fuentes policiales, habrían actuado con información previa sobre el funcionamiento del local y sobre quiénes permanecían dentro a esa hora.

De acuerdo con lo informado por el portal Mendoza Today, los dos hombres que ingresaron a la financiera no efectuaron disparos, aunque uno de ellos levantó su ropa para mostrar que llevaba un arma de fuego en la cintura, siempre de acuerdo con el relato inicial de los investigadores.

Esa amenaza alcanzó para forzar la entrega del dinero. El monto sustraído todavía no fue precisado, ya que al momento de las primeras actuaciones continuaba el proceso de constatación del faltante.

Además del efectivo, los asaltantes se apoderaron de tres teléfonos celulares pertenecientes a las personas presentes en el local. Ese dato forma parte del inventario preliminar de lo robado y podría resultar útil para reconstruir movimientos posteriores, en caso de que alguno de los dispositivos aporte geolocalización, actividad de línea o intento de descarte.

Tras concretar el robo, los dos autores salieron del establecimiento y escaparon con apoyo externo. En las inmediaciones los esperaba un tercer hombre en un Toyota Etios blanco que, según la primera información del caso, circulaba sin chapa patente colocada.

La intervención policial comenzó después de una alerta ingresada a la línea 911. A partir de ese llamado se dispuso un patrullaje en el área céntrica para intentar localizar a los sospechosos y establecer una posible ruta de fuga. Al mismo tiempo, se inició el análisis de registros de video de las inmediaciones de Las Heras, una tarea que busca determinar desde qué punto llegaron los autores, cuánto tiempo permanecieron en el lugar y hacia dónde se dirigieron después.

Dentro de ese trabajo participan efectivos de la División Investigaciones y de Policía Científica, que avanzan sobre la escena del hecho con medidas orientadas a preservar rastros, relevar testimonios y consolidar una secuencia horaria precisa. La revisión del local, de los accesos y de los movimientos previos forma parte de las primeras diligencias.

En el plano judicial y policial, la prioridad inmediata se concentra en identificar a los tres participantes, precisar el monto total robado y reconstruir el circuito de escape. También se intenta establecer si existieron tareas previas de observación sobre el local financiero del centro mendocino.

El expediente sigue abierto con peritajes en curso, toma de declaraciones y análisis de cámaras de seguridad y quiénes integraron la banda que actuó el miércoles por la noche.

Uno de los hechos ocurrió durante la madrugada de este miércoles. Un joven resultó herido al ser atacado por un grupo de motochorros en la calle Chacabuco, minutos antes de las 7, cuando salía de su casa.

Las cámaras de seguridad del barrio muestran la secuencia: los delincuentes se movían en tres motos y al interceptar a la víctima le gritaron: “Tirate al piso”. El joven fue agredido en esas circunstancias y luego debió ser trasladado en ambulancia.

Diego, un vecino de la zona, dialogó con Infobae. Dijo que la escena quedó marcada por “un reguero de sangre impresionante” desde la esquina hasta más de media cuadra. Y describió: “Escuchamos gritos terribles y enseguida activé la alarma vecinal. Llegó un patrullero y después una ambulancia, incluso apareció un helicóptero, algo muy poco común en el barrio”.

También hoy, alrededor de las 12.30, otro episodio quedó grabado por las cámaras de seguridad de la calle Chacabuco. Esta vez, el video muestra a dos sujetos: uno se sube a un vehículo blanco, mientras el otro, vestido con una remera de fútbol y una gorra gris, se acerca al coche por el lado del acompañante y recibe un buzo, que se coloca rápidamente.

Después de que el auto se retirara del lugar, ese mismo sospechoso permanece unos minutos observando la zona, espera a que no haya movimiento y luego cruza la vereda para intentar ingresar a un domicilio. Las imágenes registran el momento en que intenta trepar una reja o pared, falla y cae al piso.

La seguidilla de robos también incluye un tercer hecho que ocurrió hace dos semanas, el 13 de agosto por la tarde, a plena luz del día, también sobre la calle Chacabuco. La víctima fue una vecina a la que dos ladrones le robaron su auto Peugeot. El video encabeza esta nota y, según refirió Diego, el vehículo luego fue hallado en la localidad de Isidro Casanova.

Otro asalto tuvo lugar el lunes pasado en una zona cercana a Chacabuco, a metros de Constitución y Triunvirato. Esa noche, minutos después de las 22, dos motochorros disfrazados con una mochila de una reconocida empresa de delivery le robaron la moto a un joven de 19 años cuando estaba por ingresar a su casa.

El video registrado por una cámara de seguridad muestra el momento en el que los asaltantes apuntan con un arma mientras la víctima entrega el rodado y se esconde detrás de un auto. En medio de la tensión, los delincuentes no pudieron arrancar la moto y se la llevaron empujando hasta la esquina, donde finalmente lograron encenderla y escapar.

Según relató Susana, vecina de la cuadra que habló con TN, en ese caso el adolescente actuó con calma, levantó las manos y se apartó para evitar una reacción violenta de los delincuentes. “Por suerte no le hicieron nada, está bien y su madre agradece que puede abrazar a su hijo y no estar velándolo”, expresó.

“Hay hechos de robo todos los días, de inseguridad, de moto, de auto, que entran a las casas. La verdad que sinceramente no se puede vivir más, no solamente acá en Ramos, sino en toda La Matanza. No se puede vivir más en La Matanza”, lamentó indignada la vecina.

El diagnóstico se repite en testimonios como el de Diego, quien recordó que ante una ola de robos ocurrida a principios de año, muchas casas de la zona aparecieron marcadas con cinta adhesiva y que, tras esos hechos, se había reforzado el patrullaje policial, pero la tranquilidad duró poco. “Ahora se ensañaron con la zona otra vez. Estamos preocupados, más que cansados, muy asustados”, resumió.

Los cinco delincuentes irrumpieron armados en la vivienda del barrio San Carlos poco antes de las 10 de la mañana cuando la pareja se preparaba para salir junto al niño para llevar al gato al veterinario. La puerta principal de la casa ubicada sobre la calle Vieytes, entre Urquiza y Pellegrini, estaba abierta, aunque la reja se encontraba cerrada sin llave.

Fue en ese momento que los delincuentes aprovecharon para ingresar sin mayor resistencia. “En un momento, miré para atrás y vi que se metían tres ladrones: dos agarraron a mi marido y a mí se me vino uno con un cuchillo. El cuarto se quedó vigilando en la vereda”, relató la mujer en declaraciones a La Capital de Mar del Plata.

La secuencia duró más de 20 minutos y durante ese lapso golpearon al dueño de casa e intimidaron al menor de 11 años y su madre. “Me pegaron para que dejara de gritar y me amenazaron con que me iban a cortar la lengua si seguía gritando y con que le iban a pegar a mi hijo”, describió la víctima.

El menor se encontraba en la planta superior cuando comenzó todo. “Mi nene estaba arriba y se encerró en su habitación. Primero no lo descubrieron, pero después sí y lo bajaron”, indicó y añadió que luego de eso, los encerraron a ella y el niño en la cocina.

Al esposo lo dejaron en el living donde utilizaron un palo de hockey para atacarlo a golpes. “Lo desfiguraron a golpes. Hasta con el palo de hockey del nene le pegaron”, apuntó la mujer. “Nos gritaban: ‘¡Los dólares, los dólares!’. Pero no tenemos dólares”, explicó sobre el motivo por el cual habían ingresado a la vivienda.

Los intrusos recorrieron distintos sectores del inmueble y revolvieron las habitaciones. Arrancaron incluso un pedazo del cielorraso en la planta alta antes de reunir el botín. Se llevaron 300 mil pesos, una PlayStation 5 perteneciente al menor y un par de perfumes importados; y escaparon en la camioneta de la familia, una Volkswagen Amarok V6.

En horas de la tarde, los efectivos policiales localizaron el vehículo y aprehendieron a un adolescente de 16 años que estaría vinculado con el hecho, según explicó el portal local.

Aparentemente se trataba del quinto integrante de la banda que aguardaba al volante de un Peugeot 2008 negro estacionado en las inmediaciones de la vivienda. Parte del robo quedó registrado de forma parcial por las cámaras de seguridad de la propia vivienda y por dispositivos instalados en casas de vecinos. Uno de los dispositivos ubicados dentro del domicilio captó parte del asalto hasta que los delincuentes advirtieron su presencia y la desconectaron.

Tras darse a la fuga, arribaron al domicilio las ambulancias del SAME para atender a las víctimas, entre ellas el hombre que había recibido la golpiza. l personal de la comisaría novena y peritos de la Policía Científica también se trasladaron al lugar para intervenir en el procedimiento. El fiscal Mariano Moyano quedó a cargo de la investigación con el objetivo de identificar y ubicar al resto de los integrantes de la banda.

El viernes pasado por la noche, una pareja de efectivos de la Policía de la Ciudad mató a tres delincuentes que intentaron asaltarlos en la zona de Rafael Castillo, dentro de la jurisdicción. El hecho ocurrió en la calle Sudamerica al 2400, cuando la pareja llegaba al lugar a bordo de su Volkswagen Fox Gris. Los ladrones descendieron de una camioneta Renault Sandero, pistola en mano; una cámara de seguridad filmaba la secuencia completa. Así, los policías dispararon.

Kevin Martínez, de 18 años, y Walter Ponce, de 22, murieron en el acto. Un tercer asaltante, Rodrigo Vargas, de 22 años, fue trasladado herido al Hospital Paroissien, donde más tarde se confirmó su muerte. El cuarto, un menor de edad, fue rozado por una bala y trasladado al Hospital Simplemente Evita. El quinto está prófugo. Horas más tarde, la familia de Kevin Martínez iniciaba una colecta por alias en redes sociales para pagar su funeral, algo que se repite entre las familias de otros ladrones muertos en el conurbano en los últimos tiempos.

El fiscal Claudio Fornaro, uno de tres que forman la UFI de Homicidios matancera, determinó que ambos policías habían actuado en legítima defensa. Ese mismo viernes, en hpoas de la tarde, Lorenzo Fiorentino fue asesinado por delincuentes en su casa de San Justo. Tres hampones cubiertos con pasamontañas entraron a su casa para maniatarlo, luego de cortar su reja. Le dieron una paliza frente a su mujer para robarle su magra jubilación. El shock le causó la muerte a Lorenzo. Tenía 82 años. El crimen, de alta sensibilidad, de claro impacto negativo para cualquier discurso de políticas de seguridad, movilizó a varias comisarías matanceras de la Bonaerense.

Y el jueves, en la esquina de Toluca y Francisco Beazley, también en Rafael Castillo, otro hombre fue encontrado muerto a tiros. Un bunker de venta drogas se encontraba a metros del lugar. Este domingo por la noche, otro joven fue baleado mientras iba a bordo de su moto en Virrey del Pino.

Fornaro terminó su turno quincenal ayer por la medianoche, para entregarle el mando a su compañero Adrián Arribas. Su predecesor en el calendario, Diego Rulli, fue anoticiado de 9 hechos en el turno: siete ocurrieron en un plazo de díez días.

Las muertes, ahora, tienen repercusiones, terremotos en La Matanza tras el tiro inicial. Esta semana, el velatorio tumbero de un ladrón de quince años muerto por un policía en Laferrere terminó con un disturbio de cinco detenidos y un enfrentamiento a balazos con la Bonaerense. El padre del chico muerto fue detenido con una pistola calibre .380, según el informe de la Policía Bonaerense. A la par de las muertes violentas, otras cosas en el tablero preocupan a las autoridades.

Cuatro bebés perdieron la vida por causas no traumáticas en la última quincena en La Matanza, confirman las mismas fuentes. Se investigaron, al menos, cinco suicidios. Una alta fuente que lidia a diario con la problemática dice: “Empezaron a aparecer los suicidios por deudas”.

La Matanza no es el único lugar donde la morosidad récord de la Argentina actual, posiblemente, termina en muerte. En CABA, una fiscalía porteña investiga hace semanas una supuesta instigación al suicidio, también motivada por deudas.

Existe una respuesta oficial, un reagrupamiento de fuerzas. La fiscal Andrea Palin encabeza una unidad de reciente creación, dedicada a investigar entraderas, la causa de varias muertes resonantes, una problemática que también investiga la DDI local.

La Superintendencia AMBA Oeste de la Policía Bonaerense tiene un nuevo jefe, tras una serie de cambios y salidas en las comisarías del municipio luego de una serie de asesinatos narco el mes pasado. En los últimos días, la nueva conducción llevó adelante operativos contra bandas narco ordenado por la Justicia federal de Morón, con resultados exitosos.

Aún así, ola tras ola, la muerte matancera parece incontenible, con tres fiscales de reconocida experiencia -los encargados de esclarecer el triple crimen narco- al límite de sus capacidades. Hoy, luego de Rulli y Fornaron, Adrián Arribas comienza su nuevo turno en la UFI de crímenes local.

Una increíble seguidilla de hechos se registró durante la mañana de este domingo en los partidos bonaerenses de Merlo y Morón, donde un delincuente armado irrumpió en la terminal de la línea 216, abordó un colectivo que se encontraba en marcha y se hizo pasar por un chofer de la empresa. En ese contexto, circuló varios kilómetros a bordo de la unidad, respetó todo el recorrido y hasta subió pasajeros. Finalmente, fue detenido a metros de una comisaría y, al dar la explicación de lo ocurrido, brindó un insólito argumento.

Ante la consulta de Infobae, fuentes policiales indicaron que eran las 6:30 cuando el sospechoso tomó el control del colectivo en la terminal que la empresa 216 posee sobre la calle Moreno, en la localidad de Pontevedra, a pasos de la estación Merlo del ferrocarril Sarmiento. Al notar que el chofer de turno no se encontraba dentro del vehículo, el delincuente subió sin levantar sospechas, aprovechó el descuido y le dio arranque a la unidad, que tenía las llaves de ignición colocadas.

El delincuente se hizo pasar por un chofer de la compañía y realizó el recorrido completo hasta Morón. Luego, retornó a Pontevedra y volvió a salir en dirección contraria.

Tras recibir la denuncia correspondiente desde la compañía, luego de que uno de los choferes de otra unidad lo cruzara en medio de su ruta, personal de la comisaría 4ª de Morón intervino en la situación y emprendió un seguimiento controlado.

Al cabo de un recorrido que se extendió por más de 11 kilómetros, el sospechoso fue interceptado por trabajadores de la línea 216 en el cruce de Eva Perón y Santo Domingo, a metros de la comisaría 4ª de Gervasio Pavón, en el partido de Morón. Allí, un conductor se quedó a bordo de la unidad con el sospechoso, mientras que otro se dirigió de inmediato a la sede policial para dar aviso de lo sucedido.

“Quería cumplir mi sueño de ser colectivero”, indicó el sospechoso cuando el efectivo le comunicó sobre su detención, según consigna el medio Primer Plano Online.

La UFI Nº 2 de Morón, a cargo del fiscal Fernando Capello, dispuso la realización de una pericia psicológica para analizar si el asaltante, a quien le secuestraron un cuchillo tipo Tramontina al momento de su detención, es imputable o no.

Un presunto ladrón murió en medio de un intento de robo en el barrio Lagos 2 del municipio de Floridablanca, ubicado en Santander, en un hecho de justicia por mano propia que sorprendió a los habitantes de la región, que no dudaron en utilizar las redes sociales para “felicitar” al implicado, asegurando que lo hizo en defensa propia.

De acuerdo con los reportes policiales y testimonios recogidos en el lugar, el sujeto ultimado fue identificado como Ronald Stiven Tobón Bustos, que estaba armado con un revólver y abordó a un grupo de personas que se encontraba en la calle 48 con carrera 5 el sábado 22 de agosto de 2026.

En ese momento, el sujeto intimidó a un hombre que sería un ingeniero e instructor de defensa personal para despojarlo de una cadena de oro, de acuerdo con el medio local Enlace Televisión, un canal digital de Barrancabermeja.

Las versiones preliminares del caso indican que el asaltante apuntó con el arma al ciudadano, que de inmediato respondió sacando su propio revólver calibre 38 para disparar al sujeto.

Tobón Bustos recibió dos impactos de bala, pero alcanzó a responder con su arma, lo que generó un intercambio de disparos en plena vía pública y desató el pánico entre los presentes.

El reporte de los medios locales indica que la víctima logró herir al asaltante en el abdomen y la pierna, según lo relatado por testigos que presenciaron el acto y después fueron entrevistados por las autoridades.

Tobón Bustos intentó huir hacia una motocicleta que lo esperaba, pero terminó por caer en la vía por la gravedad de las heridas.

El reporte de Enlace Televisión indicó que la víctima del robo entregó las armas a las autoridades que llegaron minutos después al lugar de los hechos ante el llamado de la comunidad.

Los uniformados trasladaron al herido en una patrulla hasta la Clínica Foscal de Floridablanca, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones, de acuerdo con el reporte médico del caso.

Entre tanto, el hombre que disparó fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación, que deberá determinar si su reacción se puede definir como un caso de legítima defensa, ya que, según el relato inicial, fue amenazado con un arma de fuego durante el atraco.

Después de conocer detalles del caso, el ente judicial abrió una investigación para establecer con claridad cómo ocurrieron los disparos y quién accionó cada arma durante el enfrentamiento.

Además, según los reportes locales, las autoridades indagan si Tobón Bustos mantenía vínculos con otros robos recientes en Bucaramanga y trabajan en la identificación del cómplice que lo esperaba en la motocicleta.

Este caso ha generado atención en la comunidad de Floridablanca debido a que involucra un enfrentamiento armado entre un presunto delincuente y un ciudadano que, al parecer, intentaba defenderse.

Entre las reacciones en las redes sociales por lo ocurrido se encuentran algunas como: “Por qué motivo tienen que quitarle el arma al instructor, eso se llama defensa personal o sea q los pícaros si las pueden usar para cometer atrocidades”, “Actuó en defensa propia”, “No estoy de acuerdo que le quiten el arma al instructor” y “Uno menos en la calle, un buen final”.

Estas declaraciones son frecuentes en los casos de justicia por mano propia, teniendo en cuenta que la comunidad ha perdido la confianza en las autoridades y, en redes sociales, aseguran que este debería ser el final de todos aquellos que se atreven a atacar a los ciudadanos, bien sea por robarles sus pertenencias o por cometer otros delitos.

En contraste, hay quienes piensan que es necesario dejar este tipi de asuntos en manos de la Policía y que sea el sistema legal el que se encargue.

Edilberto Portillo, fundador y uno de los cantantes de Beto y sus Canarios, fue atacado a tiros la noche del sábado 22 de agosto en Chicoloapan, Estado de México, cuando se disponía a participar en un concierto de música de Tierra Caliente.

El músico michoacano recibió al menos cinco impactos de arma de fuego frente al centro de espectáculos Rodeo Texcoco, ubicado sobre la carretera México-Texcoco. El ataque ocurrió poco antes de las 22:00 horas y provocó una movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.

Reportes preliminares indican un ataque directo

De acuerdo con reportes preliminares de la policía, Portillo descendía de su autobús para ingresar al inmueble cuando fue interceptado por hombres armados. Los agresores habrían disparado en repetidas ocasiones y escapado del lugar.

El cantante estaba anunciado en el espectáculo “Los 4 patrones de Tierra Caliente”, junto con Los Player’s de Tuzantla, La Dinastía de Tuzantla y Súper Banda Los Pajaritos. Pese al atentado contra el fundador de Beto y sus Canarios, los organizadores decidieron mantener el evento.

Hasta el momento, las autoridades de Chicoloapan no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer públicamente el posible móvil del ataque.

¿Cuál es su estado de salud?

Tras la agresión, personal de seguridad y asistentes solicitaron ayuda médica. Edilberto Portillo fue trasladado en ambulancia a un hospital ubicado en la zona oriente del Valle de México.

Fuentes de seguridad indicaron que el músico ingresó a la zona de choque alrededor de las 22:30 horas. Su estado de salud fue reportado como grave, debido a las lesiones provocadas por los impactos de arma de fuego.

Infobae México confirmó con el entorno del cantante que permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El atentado generó preocupación entre seguidores de la agrupación, una de las más reconocidas dentro del género de Tierra Caliente y con una trayectoria de casi cuatro décadas en escenarios de México y Estados Unidos.

¿Quiénes son Beto y sus Canarios?

Beto y sus Canarios es una agrupación originaria de Huetamo, Michoacán, fundada en 1987 por Edilberto Portillo y el director musical Gabino García. El proyecto nació en la región de Tierra Caliente y comenzó con presentaciones en eventos comunitarios y reuniones sociales.

Después de varios meses de ensayos, el grupo empezó a consolidarse con canciones que trascendieron el ámbito regional. Temas como “Mi última contrabanda” y “Carga fina” ampliaron su presencia y abrieron la puerta a presentaciones en Estados Unidos.

El reconocimiento nacional llegó con mayor fuerza en 2001, cuando la agrupación lanzó el álbum Tuve una novia. Su sencillo “Noche eterna” alcanzó el primer lugar en la lista Billboard Hot Latin Songs.

Beto y sus Canarios también es considerado uno de los proyectos que ayudaron a llevar la música de Tierra Caliente a nuevos públicos, junto con agrupaciones surgidas de la misma región, entre ellas La Dinastía de Tuzantla.

Su catálogo incluye dos temas ubicados entre las canciones regionales mexicanas más destacadas en los recuentos históricos de Billboard: “Está llorando mi corazón” y “No puedo olvidarte”.

El ataque contra Edilberto Portillo ocurrió precisamente antes de una presentación que reunía a varias figuras representativas de ese movimiento musical. La investigación permanece abierta mientras el cantante continúa bajo atención médica.

Un informe reciente del Departamento de Información y Estadísticas posiciona a la provincia de Santo Domingo como el epicentro del robo de motocicletas en la República Dominicana.

Entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026, se reportaron 375 robos solo en esta provincia, lo que representa una proporción considerable respecto a los 887 casos registrados a nivel nacional. Esta cifra ubica a Santo Domingo por encima de otras demarcaciones de alta densidad poblacional, según lo consigna el boletín divulgado por el organismo estatal.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Información y Estadísticas, la incidencia delictiva en Santo Domingo duplica la de la segunda provincia con mayor número de casos, Santiago, donde se contabilizaron 130 robos de motocicletas en ese mismo periodo.

El Distrito Nacional aparece en tercera posición con 108 denuncias, seguido por La Altagracia (62) y La Romana (60). Otras provincias muestran números notablemente inferiores: Duarte (32), La Vega (25) y Monseñor Nouel (21).

El informe destaca que demarcaciones como Dajabón, Elías Piña, María Trinidad Sánchez, Independencia, Hato Mayor, San José de Ocoa y Santiago Rodríguez no reportaron incidentes de este tipo durante el trimestre evaluado.

El boletín subraya que más del 57% de los robos se concentran en Santo Domingo y Santiago, lo que refleja una tendencia de focalización delictiva en los principales polos urbanos. Esta situación genera mayor preocupación tanto en las autoridades como en los residentes, que demandan mayor presencia policial y estrategias preventivas específicas para estas áreas.

El estudio del Departamento de Información y Estadísticas también profundiza en la distribución de los robos según el día de la semana. Los lunes encabezan la estadística con un 18% de los incidentes, seguidos por los sábados (16%) y los viernes (15%).

Los martes y jueves registran la menor incidencia, cada uno concentrando un 12% de los casos. Miércoles y domingos presentan cifras relevantes, con 14% y 13% respectivamente. Esta dispersión sugiere que las bandas operan de manera continua, pero con mayor intensidad al inicio y cierre de la semana laboral.

La franja horaria constituye otro de los focos del análisis. El 29% de los robos ocurre durante la madrugada, entre las 00:01 y las 05:59, lo cual evidencia el alto riesgo para los propietarios de motocicletas en este horario. El periodo comprendido entre las 18:00 y las 23:59 concentra el 28% de los delitos, mientras que las horas diurnas también muestran actividad significativa: entre las 06:00 y las 11:59 se produce el 21% de los robos, y de 12:00 a 17:59, el 22%. La probabilidad de ser víctima de este delito se mantiene elevada durante todo el día, aunque muestra un repunte en horarios nocturnos y de madrugada.

En respuesta a este panorama, el informe recomienda reforzar los operativos de vigilancia y prevención en las provincias con mayor incidencia, especialmente en Santo Domingo y Santiago. Además, insta a los propietarios de motocicletas a extremar precauciones, evitando dejar sus vehículos en lugares apartados y denunciando cualquier actividad sospechosa ante las autoridades competentes.

Las autoridades subrayan la necesidad de una mayor articulación entre la comunidad, la policía y los organismos de inteligencia para enfrentar el fenómeno. El impacto de estos delitos trasciende la esfera individual, afectando también el desarrollo de actividades comerciales y el transporte en la República Dominicana.

El reporte del Departamento de Información y Estadísticas concluye que Santo Domingo permanece como el principal foco nacional del robo de motocicletas, un desafío que exige respuestas urgentes y coordinadas para proteger la seguridad ciudadana y la movilidad en el país.

La autopsia al cuerpo de Lorenzo Fiorentino, el jubilado de 84 años asesinado durante una entradera en su casa de la localidad de San Justo, aportó un dato relevante para la investigación, ya que modificó la hipótesis inicial sobre la muerte de la víctima.

En un primer momento, los investigadores estimaban que Fiorentino había fallecido a raíz de una descompensación causada por el impacto del robo. Sin embargo, de acuerdo con fuentes judiciales, el análisis forense determinó que el hombre sufrió un paro traumático por asfixia por estrangulamiento, un dato que reorienta el trabajo de los investigadores y refuerza la gravedad del hecho.

El crimen ocurrió en las primeras horas de este viernes, entre las 5 y las 6, cuando al menos tres delincuentes ingresaron al domicilio de las víctimas. Los asaltantes irrumpieron en la vivienda utilizando un cricket para romper la ventana del fondo que da a la cocina.

Lorenzo y su esposa Ángela, de 80 años, se encontraban durmiendo. Según el reporte policial, los ladrones estaban armados y tenían puestos pasamontañas y guantes. Revolvieron cada ambiente y atacaron al matrimonio en la cama, donde quedaron rastros de sangre.

Luego conseguir dinero en efectivo, escaparon llevándose también las llaves del domicilio: salieron por la puerta principal.

La propiedad está ubicada en una zona de casas bajas. De un lado no hay vecinos y del otro existen departamentos. La periodista Patricia Fiorentino, una de las hijas de la pareja, dijo que sospechan que los asaltantes pudieron haber accedido al fondo del terreno a través de los techos de las viviendas linderas.

El ataque fue reportado a la policía cerca de las 6:30, momento en el que los ladrones ya se habían retirado. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Ángela golpeada, mientras que su esposo yacía sin vida. Personal médico asistió a la mujer por las lesiones.

La UFI Temática Homicidios de La Matanza tomó intervención en el caso. El expediente no se modificó tras el resultado de la autopsia y sigue caratulado como homicidio en ocasión de robo.

Como parte de las primeras medidas, los investigadores comenzaron a analizar cámaras de seguridad de la zona y a tomar testimonios, además de realizar los peritajes correspondientes en la escena. Por el momento, los homicidas continúan prófugos.

“Según comenta mi mamá, eran personas de unos 30 años, ágiles, flacas, que estaban con la boca tapada, solo se le veían los ojos”, agregó este sábado la hija en diálogo con TN. Y contó: “Mi papá estaba muy bien de salud. Había circulado que tenía 82 años, pero tenía 84. Hoy nos llegó el certificado de defunción. Lo que tuvo no fue un paro cardíaco por susto, fue un paro traumático por asfixia por estrangulamiento. Lo asfixiaron, lo estrangularon”.

Tras difundirse el caso, la Asociación de Periodistas de Tránsito y Transporte de la República Argentina (APTTA) expresó: “Lorenzo era un hombre de bien, tenía 82 años, era jubilado luego de una larga vida de trabajo como obrero metalúrgico. Llegó muy joven desde su Italia natal en busca de mejores oportunidades para él y los suyos. Descansaba junto a su esposa cuando fue salvajemente asesinado por delincuentes que ingresaron a su casa en la localidad bonaerense de San Justo. Lorenzo era el papá de nuestra queridísima Patricia Fiorentino, locutora y periodista de tránsito, integrante fundamental de APTTA y trabajadora incansable, tal como le enseñó su padre”.

En el comunicado, la organización reclamó la captura de los responsables y sostuvo: “Exigimos celeridad para que se esclarezca el caso y los asesinos de Lorenzo Fiorentino reciban todo el peso de la ley por la brutalidad que cometieron. No debemos ni queremos naturalizar la violencia con la que se vive y se muere en la Argentina”.

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, Martínez tenía un largo historial delictivo para su corta edad. Acumulaba causas por robo agravado en tres hechos, portación ilegal de arma de guerra y lesiones.

El fallecido era vecino de la zona y no se encontraba registrado con empleos formales. En su perfil de Instagram aparecía frecuentemente con la campera de Boca Juniors que llevaba puesta anoche durante el intento de asalto.

Tras conocerse su muerte, sus familiares organizaron una colecta para el sepelio, difundiendo una foto del joven con alas de ángel. Su novia lo despidió en redes sociales expresando: “Mi amor, por qué te me fuiste. Cuántas veces te pedí que cambies, te llevaba a la iglesia conmigo, por qué tuvieron que terminar así las cosas”.

Otros allegados escribieron: “Cómo turriabas, chakal (sic). Me quedo con los mejores momentos, hermano”.

Ponce y Vargas también contaban con antecedentes. Ambos habían sido investigados por robos cuando eran menores de edad, con expedientes en el fuero de responsabilidad penal juvenil.

El primero figuraba desde septiembre del año pasado con deudas y “alto riesgo de insolvencia” según la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, donde además constaba como comerciante.

El perfil de Vargas, en tanto, muestra un registro laboral para una empresa recolectora de basura.

El cuarto sospechoso, un adolescente de 17 años identificado como T.N.G., permanece internado tras recibir el roce de una bala en la espalda. Las fuentes judiciales consultadas confirmaron que no tenía antecedentes previos.

El hecho ocurrió cerca de las 23.45 de este viernes, cuando la pareja de policías, ambos vestidos de civil y pertenecientes a la fuerza porteña, llegaba en un Volkswagen Fox gris a un domicilio de la calle Sudamérica.

Al descender del vehículo, fueron abordados por cuatro delincuentes armados que bajaron de un Renault Sandero negro. Dos asaltantes se dirigieron al conductor, de 25 años, mientras otro se aproximaba a la puerta del acompañante, donde estaba la joven policía de 21 años.

Ambos agentes extrajeron sus armas, se habrían identificado como policías y se desató un intercambio de disparos a corta distancia. Como consecuencia, Martínez y Ponce murieron en el lugar, mientras que Vargas falleció más tarde en el Hospital Simplemente Evita.

El quinto integrante de la banda, quien conducía el Sandero, escapó y sigue siendo buscado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El auto utilizado por los delincuentes fue hallado abandonado en la zona de Augusto Bravard y Estanislao de Campo, también en Rafael Castillo. Tras las primeras averiguaciones, se conoció que el coche no tenía impedimentos legales y estaba registrado a nombre de una familia de la Avenida Congreso, en Capital Federal. Los investigadores fueron hasta allí.

La policía fue recibida por la hija del titular, quien informó que el rodado estaba actualmente en posesión de su hermano, domiciliado en Ramos Mejía. Al llegar los efectivos a ese lugar, encontraron otro Sandero con el mismo dominio, lo que hace presumir la existencia de un vehículo mellizo.

El auto empleado en el robo tenía la patente grabada en los cristales, pero hasta ahora se desconoce el número de chasis y motor.

En la causa interviene el fiscal Claudio Fornaro, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza. Como parte de las medidas inciales, se ordenó el secuestro de las armas de ambos policías y de los delincuentes, entre ellas un revólver calibre .22 y una réplica, además de nueve vainas servidas de 9 milímetros y seis proyectiles de plomo.

Por el momento, los agentes permanecen a disposición de la Justicia, aunque no se dispusieron medidas en su contra, al considerarse que actuaron en legítima defensa.

La investigación continúa bajo la carátula de tentativa de robo a mano armada y enfrentamiento armado con personal policial involucrado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió esta semana una advertencia a sus ciudadanos ante el incremento de hechos violentos, terrorismo y secuestros en varias regiones de Ecuador. La alerta, publicada el 21 de agosto, afecta a viajeros estadounidenses, residentes legales y a cualquier ciudadano que planifique desplazarse al país sudamericano, según reportaron agencias internacionales y medios como el New York Post.

El aviso oficial, que eleva la alerta al nivel 2 de precaución, identifica áreas específicas donde la situación de inseguridad es más grave. De acuerdo con el Departamento de Estado, la criminalidad ligada al narcotráfico se ha expandido en Ecuador, con registros de asesinatos, secuestros, asaltos y robos armados, especialmente en las provincias de Guayas, Manabí y Santa Elena. El comunicado, recogido por TravelPulse, detalla que la violencia afecta tanto a residentes como a turistas, y que ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de secuestro y extorsión en estos territorios.

Esta actualización se encuadra en la tendencia regional de los últimos años, en la que varios países sudamericanos han enfrentado un aumento de la violencia asociada a organizaciones transnacionales. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los estadounidenses representaron aproximadamente un tercio de las llegadas internacionales a Ecuador durante 2025, lo que convierte a este grupo en el mayor contingente extranjero de turistas en el país.

¿Cuáles son las zonas más peligrosas de Ecuador según el Departamento de Estado?

La advertencia oficial de Estados Unidos identifica varias zonas urbanas y rurales donde el riesgo para los viajeros es mayor debido a la actividad de organizaciones criminales. Entre las áreas señaladas se encuentran:

• Los distritos de Nueva Prosperina y Pascuales en Guayaquil.
• Las zonas al sur de la avenida Portete de Tarqui, también en Guayaquil.
• Huaquillas y Arenillas, en la provincia de El Oro.
• Quevedo, Quinsaloma y Pueblo Viejo, en Los Ríos.
• Durán, en la provincia de Guayas.
• La ciudad de Esmeraldas y áreas al norte de esta ciudad, hasta la frontera con Colombia.

El comunicado aconseja “reconsiderar el viaje” a provincias como Manabí, Santa Elena, Sucumbíos y Santo Domingo. Las restricciones también afectan a empleados del gobierno estadounidense, quienes tienen prohibido desplazarse a varias de estas localidades.

¿Qué tipo de delitos se reportan en Ecuador contra turistas?

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que la violencia en Ecuador está vinculada a operaciones de narcotráfico y a la presencia de bandas internacionales. Los delitos que se reportan incluyen:

• Secuestros exprés: donde las víctimas son privadas de su libertad por cortos periodos, en los que se exige un rescate inmediato.
• Extorsión: tanto residentes como turistas han sido forzados a transferir dinero bajo amenaza.
• Robos a mano armada: principalmente en áreas urbanas y carreteras transitadas por turistas.
• Uso de plataformas de citas para atraer a víctimas extranjeras a lugares apartados, con posterior exigencia de pago por rescate.

La alerta subraya que “ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes han sido víctimas de secuestros y extorsión”, como se detalla en el comunicado y en reportes de New York Post.

¿Cuáles son las recomendaciones para viajar a Ecuador según Estados Unidos?

El Departamento de Estado sugiere a los ciudadanos estadounidenses que evalúen cuidadosamente la conveniencia de viajar a Ecuador y que extremen las medidas de seguridad. Entre las principales recomendaciones destacan:

• Consultar la página oficial travel.state.gov antes de viajar.
• Inscribirse en el programa Smart Traveler Enrollment Program (STEP), que permite recibir alertas y facilitar la localización en caso de emergencia.
• Evitar todas las zonas identificadas como de alto riesgo.
• No utilizar aplicaciones de citas para encuentros con desconocidos.
• Preferir transporte seguro y autorizado por hoteles o aplicaciones verificadas.
• Mantener a familiares informados sobre rutas y horarios de traslado.
• Seguir instrucciones de las autoridades locales ante disturbios, bloqueos o situaciones de peligro.

El comunicado enfatiza que la capacidad de respuesta de las autoridades locales y de la embajada estadounidense puede ser limitada, especialmente en áreas apartadas.

¿Qué diferencias existen entre las zonas de mayor riesgo y los destinos turísticos principales?

De acuerdo con el aviso de Estados Unidos, los destinos más populares entre los turistas, como Quito, Cuenca y las Islas Galápagos, no forman parte de las áreas con restricciones severas. Estas zonas mantienen la posibilidad de recibir visitantes siempre que se tomen precauciones adicionales, según se indica en reportes de TravelPulse y en el comunicado oficial.

Las áreas costeras y urbanas, como Guayaquil, Manabí y Santa Elena, concentran los mayores riesgos, mientras que las zonas de la sierra y las islas siguen abiertas al turismo bajo condiciones de vigilancia y medidas preventivas.

¿Cuál es el impacto de la alerta en el turismo estadounidense en Ecuador?

El turismo estadounidense constituye un segmento fundamental para la economía de Ecuador. De acuerdo con cifras del INEC recogidas por New York Post, los visitantes de Estados Unidos representaron el 33% de las llegadas internacionales en 2025. La emisión de advertencias y la imposición de restricciones en ciertas provincias podrían afectar el flujo de viajeros, especialmente en regiones costeras y urbanas fuera de los principales circuitos turísticos.

El sector turístico local ha mostrado preocupación ante la posible caída en el número de visitantes. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas han reforzado patrullajes y controles en puntos críticos, aunque la capacidad operativa en zonas rurales y remotas permanece limitada.

¿Qué medidas han tomado las autoridades ecuatorianas frente a los delitos reportados?

El gobierno de Ecuador ha implementado estrategias de patrullaje y control en sectores identificados como críticos, además de colaborar con el gobierno estadounidense para la actualización de advertencias. El comunicado oficial señala que “la ayuda de las autoridades locales o del gobierno estadounidense puede resultar muy restringida en regiones apartadas”, lo que implica que los viajeros deben estar preparados para actuar de forma autónoma ante emergencias.

Las autoridades ecuatorianas señalan que los esfuerzos de seguridad se concentran en áreas de alta incidencia delictiva, sin afectar el acceso a los destinos turísticos principales. No obstante, recomiendan a los visitantes actuar con precaución y seguir las indicaciones oficiales.

¿Qué otros países de la región han recibido advertencias similares?

La actualización del aviso para Ecuador se enmarca en una serie de advertencias emitidas este año por el Departamento de Estado de Estados Unidos para destinos turísticos de América Latina y el Caribe. Países como las Bahamas y Turks and Caicos también recibieron alertas por el aumento de delitos contra turistas, que incluyen robos, asaltos y extorsiones, según información recopilada por TravelPulse y Travel and Tour World.

La periodicidad y severidad de estas advertencias reflejan una tendencia regional de incremento de la inseguridad, particularmente asociada a organizaciones criminales transnacionales.

¿Cómo deben prepararse los viajeros ante las nuevas condiciones de seguridad?

El Departamento de Estado sugiere que los viajeros estadounidenses mantengan una actitud vigilante y adaptable. Entre las recomendaciones adicionales destacan:

• Llevar siempre consigo documentos de identidad y mantener copias digitales.
• Evitar el uso de cajeros automáticos en la vía pública.
• Utilizar servicios de transporte recomendados por hoteles o agencias reconocidas.
• Establecer horarios fijos de contacto con familiares o amigos para comunicar novedades.
• Reportar cualquier situación sospechosa a la embajada o al consulado más cercano.

La alerta enfatiza que “la situación de seguridad puede cambiar de manera repentina”, por lo que recomienda actualizar la información de viaje antes y durante la estadía en Ecuador.

¿Qué se puede esperar en adelante para quienes viajan a Ecuador?

La actualización de la alerta implica un impacto inmediato sobre los planes de viaje de ciudadanos estadounidenses y residentes legales. Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de canales oficiales, inscribirse en programas de asistencia consular y adaptar los itinerarios según evolucione la situación local. El seguimiento riguroso de las recomendaciones institucionales y la preparación para imprevistos se perfilan como las principales medidas preventivas para quienes deban visitar Ecuador en los próximos meses.

Durante la madrugada de este viernes, un hombre de 82 años murió tras un violento asalto en una vivienda de San Justo, La Matanza. El episodio ocurrió entre las 5 y las 6, cuando al menos tres sospechosos ingresaron al domicilio de las víctimas, según indicaron fuentes policiales a Infobae. El hecho está bajo investigación por parte de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y el Grupo Táctico Operativo (GTO).

El episodio ocurrió cuando los asaltantes irrumpieron en la casa donde residían dos adultos mayores, Ángela Bellavista, de 80 años, y su esposo, Lorenzo Fiorentino, de 82. De acuerdo con la reconstrucción de las autoridades, durante el asalto, la anciana, que resultó herida por los ladrones, dijo que junto a su marido “fueron sorprendidos por al menos tres hombres con pasamontañas y guantes, uno de ellos empuñando arma de fuego”.

Según su relato, previamente, los delincuentes ingresaron a la vivienda cortando la reja de la ventana del comedor que da a la parte trasera de la casa. Y que, luego de revolver toda la vivienda, golpearon brutalmente a su esposo y se retiraron por la puerta principal sustrayendo dinero en efectivo y llaves de la vivienda, dándose a la fuga.

El hecho fue reportado a la policía cerca de las 6:30, cuando los ladrones ya se habían retirado del lugar. Al arribar a la casa, los agentes detectaron que la mujer presentaba signos de haber recibido golpes. Su esposo, en cambio, sufrió una descompensación durante el robo y falleció en el lugar.

Fuentes policiales detallaron a Infobae que los investigadores trabajan para identificar a los responsables y determinar si contaban con información previa sobre el domicilio o sus habitantes. El procedimiento de la DDI y el GTO incluye el relevamiento de cámaras de seguridad, toma de testimonios en la zona y pericias en el lugar del hecho.

El deceso del hombre, que se habría producido como consecuencia de una crisis durante el asalto, es uno de los datos centrales en la causa. La esposa del fallecido fue atendida por personal médico debido a las lesiones sufridas. El Ministerio Público Fiscal interviene en la investigación.

La causa está caratulada como homicidio en ocasión de robo. Hasta el momento, los investigadores de la DDI y el GTO mantienen activa la búsqueda de los tres sospechosos. Aún resta la declaración de la mujer, quien podría aportar datos clave para el avance de la investigación.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el caso comenzó el pasado 27 de marzo, cuando la víctima, quien se desempeñaba como cabo en la División Talleres de la PFA y era papá de una niña de 10 años, circulaba junto a su pareja en una moto Honda XR 250. Al llegar a la intersección de Hipólito Yrigoyen y Remedios de Escalada, fueron interceptados por cuatro delincuentes armados en dos motos.

Los asaltantes efectuaron dos disparos, hiriendo al agente en el tórax y en la pierna derecha. Tras sustraerle la moto y el arma reglamentaria, escaparon a toda velocidad. Debido a la gravedad de las lesiones, Ceballos fue trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde ingresó en estado crítico y falleció poco después.

Tras el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de declaraciones a testigos, los investigadores determinaron que los agresores se movilizaban en dos motos, una negra y otra blanca, y que se fugaron hacia la localidad bonaerense de Villa Diamante.

Las tareas de campo permitieron identificar a uno de los autores como Dylan Ezequiel Santillán, un joven de 20 años que residía en el barrio Villa Jardín.

Con esta información, se llevaron a cabo cuatro allanamientos, pero en ninguno se logró localizar a Santillán. Sin embargo, durante los procedimientos, se obtuvieron testimonios clave que lo ubicaban en la escena junto a Miguel Ángel Giménez, alias “Papa”, de 20 años.

En esa primera etapa también apareció mencionado Carlos Miguel Martínez Giménez, alias “Cali”. Días después, identificaron a Tiziano Stefano Quiroga, de 18 años.

Con esas identificaciones, se realizaron otros dos allanamientos, los cuales volvieron a arrojar resultados negativos. El 28 de abril, Quiroga se presentó junto a su abogado en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Avellaneda-Lanús y fue detenido. El aprehendido quedó alojado en la Comisaría Primera de Lanús.

Tras tomar conocimiento de que Santillán, señalado como autor material, se encontraría oculto en la casa de una de sus tías, ubicada en el barrio de emergencia Villa Jardín de Lanús, ordenaron un allanamiento de urgencia en dicha vivienda. El procedimiento, llevado a cabo el pasado 16 de mayo, culminó con la detención del prófugo.

El análisis de las comunicaciones y de los teléfonos secuestrados permitió individualizar a Facundo Darío Salazar, alias “Flaco”, de 23 años, como el conductor de una de las motos utilizadas durante el asalto. Con esta información, dispusieron la detención del individuo y seis órdenes de allanamiento.

Finalmente, este jueves, efectivos de la Policía Bonaerense lograron capturar a Salazar y a “Papa”. Durante los operativos, incautaron una moto Bajaj Rouser de color rojo que, según los investigadores, fue utilizada en el hecho, dos cargadores calibre 9 milímetros, un cargador calibre 22 milímetros, municiones, cartuchos, una réplica de revólver, un estuche de arma de fuego marca Bersa, tres teléfonos celulares y un reloj.

Con estas detenciones y las anteriormente efectuadas, la DDI Avellaneda-Lanús dio por esclarecido el hecho. Todos los detenidos quedaron a disposición de la UFIFRPJ N°1 de Avellaneda-Lanús.

El hecho ocurrió esta tarde sobre la avenida Remedios de Escalada, a metros de la avenida Hipólito Yrigoyen, prácticamente en el límite de las localidades de Lanús Oeste y Gerli.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el policía asesinado se llamaba Matías Nahuel Ceballos, de 34 años, quien se desempeñaba como cabo en la División Talleres de la PFA.

El ataque sucedió durante un intento de robo. Al momento del hecho, Ceballos se encontraba con su pareja. Cuatro delincuentes, que se movían en dos motos, lo abordaron y lo atacaron a balazos.

El agente recibió dos impactos de arma de fuego, uno en el tórax y otro en la pierna. Tras ello, los homicidas le robaron su moto y escaparon.

Cevallos fue trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde ingresó en estado crítico y falleció poco después debido a las heridas.

La investigación del caso recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez.

En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría 1ª de Lanús y de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, encargada de las pericias.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, la Superintendencia Federal de Investigaciones también desplazó personal de la División Homicidios, División contra el Automotor y División Robo Organizado para colaborar en la investigación y asistir a las autoridades bonaerenses.

En el lugar además estuvo presente el jefe de la DUOF Avellaneda, quien se acercó para supervisar las actuaciones judiciales y coordinar el trabajo de los equipos especializados de investigación y apoyo a la familia de la víctima.

Hasta el momento, los delincuentes permanecen prófugos. Las autoridades analizan cámaras de seguridad de la zona para identificarlos y reconstruir sus movimientos previos y posteriores al ataque.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se refirió al hecho a través de sus redes sociales: “Asesinaron a un efectivo de la Policía Federal en Lanús, provincia de Buenos Aires, durante un intento de robo. Fue atacado a tiros por delincuentes en moto. Acompañamos a su familia y a sus compañeros en este momento”.

Y concluyó: “Los responsables van a ser identificados y puestos a disposición de la Justicia”.

Oriundo de Alejandro Korn, Ceballos era padre de una niña de 10 años.

Según confiaron fuentes del caso a Infobae, el análisis de las cámaras de seguridad permitió a los investigadores de la DDI local identificar a los asaltantes, reconstruir su recorrido y descifrar cómo marcaron a la víctima.

Sánchez, de 32 años, fue detenido este miércoles en un domicilio ubicado sobre la calle Viamonte al 1500, a tan solo una cuadra y media del anexo para el fútbol amateur que posee el Club Olimpo.

Los detectives de la DDI bahiense de la Policía Bonaerense llegaron hasta él a través del seguimiento de cámaras que efectuaron durante las primeras tareas investigativas ordenadas por el fiscal Diego Conti, titular de la UFI N° 11 departamental y quien encabeza la causa para esclarecer el hecho.

Según se observa en el video que encabeza esta nota, Sánchez y su cómplice, que hasta este jueves al mediodía continuaba prófugo, hicieron un trabajo de campo antes de cometer la entradera y lo primero fue marcar la casa de la víctima, ubicada en Córdoba al 300.

Una cámara de seguridad los registró de espaldas mientras caminaban por la vereda de enfrente al domicilio de la jubilada, ambos encapuchados en un intento por evitar que sus rostros fueran filmados.

Horas después, otra cámara de seguridad, instalada en el frente de la casa de un vecino, expuso a los delincuentes al momento de su arribo a la casa de la víctima. Lo hicieron a bordo de una moto de color azul, pero en esta oportunidad cubrieron sus rostros con cascos.

Sánchez y su cómplice irrumpieron en la propiedad y sorprendieron a Elisa, la víctima, cuando ella abrió la puerta para salir al patio. Con pasamontañas y guantes colocados en sus manos para no dejar huellas, maniataron y golpearon a la señora para que entregara sus pertenencias de valor.

Los delincuentes contaron con todo el tiempo necesario para revolver cada rincón de la vivienda, de la cual se fugaron con 12 dólares y 1.000.000 de pesos en efectivo, alianzas, joyas varias y tres armas de fuego que eran propiedad de su marido.

Varias horas más tarde, Sánchez y su cómplice volvieron a ser filmados por la misma cámara de seguridad que había registrado su llegada al domicilio de la víctima. Ya con el botín en sus manos, huyeron por la calle Nicaragua.

Una vez iniciada la investigación, agentes de la DDI bahiense lograron identificar a los sospechosos a partir de tareas de inteligencia criminal, toma de testimonios y el análisis de cámaras privadas y municipales.

Así, el fiscal Conti presentó la solicitud para llevar a cabo dos allanamientos en domicilios apuntos como presuntos lugares de ocultamiento de Sánchez y su cómplice, lo cual fue avalado por el Juzgado de Garantías N° 3 local.

Este miércoles, los agentes se presentaron en una de las propiedades y arrestaron a Sánchez, mientras que en el otro domicilio secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos dos cascos de moto; prendas de vestir utilizadas en otros hechos investigados; tres pares de guantes; pasamontañas; seis teléfonos celulares; 3.199.000 pesos en efectivo y un reloj marca Rolex.

En el marco de la investigaciòn, los detectives lograron determinar que Sánchez y su cómplice ya habían estado involucrados en otras dos entraderas durante este año. El primero de ellos, el pasado 30 de abril, en una causa por robo agravado, mientras que el último 7 de agosto ambos imputados cometieron un robo en uno de los domicilios allanados.

Asimismo, los agentes verificaron que Sánchez había salido de prisión ocho días antes de protagonizar la entradera a la jubilada, tras purgar una condena en la Unidad Penitenciaria 4 de Bahía Blanca, imputado por dos hechos de robo agravado.

El fiscal Conti dispuso la inmediata detención de Sánchez, a quien imputó por robo agravado (modalidad entradera), privación ilegítima de la libertad y lesiones graves.