La inseguridad en la Ciudad de México no solo deja víctimas y pérdidas materiales, sino que también impacta de manera profunda en el empleo y la vida cotidiana de sus habitantes.

El fenómeno criminal, lejos de circunscribirse a un problema de violencia, representa una amenaza directa al funcionamiento de la economía de la ciudad y la estabilidad de las comunidades. Este vínculo entre delito y pérdida de oportunidades laborales ha sido objeto de un análisis detallado por parte del Dr. César Velázquez Guadarrama, académico de la Universidad Iberoamericana.

A través de su estudio, publicado en la revista SobreMéxico de la IBERO, el especialista explora los efectos de la criminalidad sobre las empresas y el trabajo en la capital, utilizando como base las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) para obtener una visión precisa de lo que sucede en barrios y colonias específicas.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024, la preocupación por la inseguridad es compartida por más de la mitad de la población. Las consecuencias del crimen van más allá de los daños directos: afectan la inversión, reducen el consumo y obligan a los negocios a incurrir en gastos adicionales para protegerse o a cerrar sus puertas definitivamente.

Empresas medianas, las más vulnerables ante la delincuencia

Uno de los hallazgos centrales de la investigación es que la incidencia delictiva no afecta por igual a todos los tipos de empresas. Son las compañías de tamaño intermedio, aquellas que emplean de seis a cien personas, las que sufren el mayor impacto.

En estos establecimiento, un solo robo puede traducirse en la eliminación de hasta 1.3 puestos de trabajo, y la ocurrencia de un nuevo delito puede representar una reducción adicional de 0.7 empleos en promedio.

En casos extremos, la pérdida ocasionada puede variar entre 1.4 y casi 3 trabajos, dependiendo del tamaño exacto de la empresa. Esta vulnerabilidad se explica porque las firmas medianas carecen de los recursos suficientes para implementar sistemas de seguridad avanzados, pero enfrentan costos que exceden su capacidad de absorción, a diferencia de las grandes corporaciones.

Por el contrario, las microempresas y las grandes firmas muestran una mayor capacidad de adaptación. Los pequeños negocios, con hasta cinco empleados, tienden a permanecer en el lugar y ajustarse a las condiciones adversas, mientras que las empresas de mayor tamaño disponen de recursos para protegerse mejor y amortiguar el impacto del delito.

La inseguridad trasciende fronteras administrativas

El estudio revela que la criminalidad no solo afecta a la zona donde ocurre el delito, sino que también influye en áreas vecinas. Los niveles de inseguridad en colonias colindantes repercuten directamente sobre el empleo y el funcionamiento de los negocios en una localidad determinada, confirmando que el crimen opera como un fenómeno urbano que supera las divisiones administrativas.

Son necesarias políticas públicas capaces de considerar a la CDMX como un sistema interconectado. Proteger la actividad económica local y fortalecer los espacios de convivencia comunitaria resulta esencial para mantener la calidad de vida en la capital. Sólo así será posible diseñar estrategias que combinen la seguridad con el desarrollo económico y el bienestar social de sus habitantes.

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“Los problemas de la señora comenzaron cuando la asociación de copropietarios, que no es una junta de acción comunal, sino una asociación civil sin la calidad jurídica de una propiedad horizontal, pretendió cobrarle coercitivamente cuotas de administración mediante un proceso ejecutivo”, fueron las palabras con las que Jorge Andrés Patiño Hurtado, apoderado en el caso y abogado con maestría en derecho del estado empezó a contarle a Infobae Colombia la situación que está viviendo una mujer con su mamá (señora de la tercera edad) y sus mascotas en Ibagué desde hace más de 10 años.

De acuerdo con el penalista, la historia cada vez es más grave y se ha convertido en un escenario de incertidumbre y maldad que la llevó a tener preocupación diaria por su hogar e incluso ha llegado a pensar que podrían atentar en contra de su mamá, razón por la que quiso dar a conocer los hechos ante los medios locales y nacionales.

Según el testimonio, cuando los papás de la denunciante se divorciaron, la casa familiar ubicada en El Palmar etapa 2, en Ibagué, quedó a nombre de la mamá tras la repartición de bienes. Luego surgió una disputa por supuestos pagos con la asociación que administraba los temas de la urbanización en esa época, lo que desató el conflicto.

“La urbanización El Palmar segunda etapa es un conjunto abierto conforme a la Ley 675 del 2001, solo los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal mediante escritura pública registrada pueden constituir una persona jurídica, cobrar cuotas de administración, establecer zonas comunes y realizar cerramientos. Un conjunto abierto, por definición legal, no cumple ninguno de esos requisitos; sus vías, andenes y zonas verdes son espacio público, no zonas comunes y no le es aplicable ese régimen. Ese proceso concluyó con sentencia del 2014, en la que se determinó que la asociación no tiene la calidad que la norma exige para ejecutar cobros de administración, por tratarse de una facultad exclusiva de las propiedades horizontales debidamente constituidas. A pesar de esa sentencia, la asociación siguió operando como si fuera un conjunto cerrado. La señora (madre de la denunciante) se negó a pagar y esa negativa desencadenó más de diez años de hostigamiento“, explicó el representante de las víctimas a Infobae Colombia.

Después de que el juzgado entregó la casa, una comisaria de Picaleña acudió al predio con un señor y les dijo que la vivienda quedaba en secuestre porque había sido llevada al Juzgado 6.º Civil para ser embargada. Ante el temor de perderla y al creer que debían dinero por no pagar la supuesta administración, una tía les prestó la plata para saldar la deuda y realizaron una transacción de al menos siete millones de pesos, según recuerdan.

Días después, cuando se presentaron en el juzgado donde estaría el problema legal, la jueza Martha Jeannette López señaló que el cobro había sido ilegal porque no se trataba de un conjunto cerrado, sino de una urbanización abierta que fue cerrada y simplemente creó una asociación de copropietarios.

“El inmueble de propiedad de la señora (nombre completo de la mamá de la denunciante) no se encuentra afectado al régimen de propiedad horizontal, razón por la cual no se le puede citar como copropietaria, amén de que no tiene vínculo con la asociación actora. (...) De lo antedatado claramente se colige que el Conjunto Residencial (nombre del lugar) segunda etapa no está sometido a régimen de propiedad horizontal y, por lo tanto, no se le pueden aplicar las normas relativas al mismo. (...) No es un conjunto de casas cerrado sino abierto, entonces constituyó una asociación para el beneficio de todos, pero como asociación no se está obligado a pertenecer a ella y tampoco hay obligación de contribuir económicamente en el sostenimiento de la asociación", dice la juez en la sentencia radicada el 11 de abril de 2014.

En ese momento, la juez resolvió por “declarar probada la excepción, terminado el proceso, levantar las medidas cautelares y ordenar el archivo”; sin embargo, el dinero entregado nunca se le devolvió y desde ese momento inició un pleito, tanto legal como de convivencia entre las personas que querían la plata de la supuesta administración como con los propietarios que se acogieron a la orden del juzgado, pues otros vecinos se sumaron a separarse de la asociación.

“Le cierran los portones con llave, le dificultan la entrada y la salida, le han impedido el ingreso de ambulancias, las hostigan. Por estas razones, acudimos a la Dirección de Espacio Público de la Alcaldía, que constató la ocupación ilegal y profirió una resolución ordenando la restitución del espacio público, es decir, el retiro de los portones y cerramientos. Sin embargo, la propia administración municipal revocó esa resolución aduciendo una nulidad por indebida notificación a la administración del conjunto abierto y en su lugar abrió un proceso de concertación ante la Personería Municipal al amparo del artículo 51 de la Ley 2079 del 2021. Este proceso es el que se adelanta actualmente”, aseguró el abogado.

Aun con la sentencia en mano y las pruebas a su favor, la persona que asumió la cabeza de la supuesta administración empezó a expresar inconformidades con la forma de ser, la manera de vivir y la vivienda de la señora, según relató el abogado al que acudió la hija. De distintas maneras y con diferentes formas de maltrato, varios vecinos manifestaron su rechazo a que ella no quisiera pertenecer a la asociación ni hacer aportes económicos.

De acuerdo con la denuncia, sin importar quién ocupe ese cargo, la situación ha escalado: se habría incentivado la animadversión entre otros habitantes y cada vez serían más los insultos, ataques y amenazas contra la señora, con el argumento de que debería irse de la casa, abandonar el lugar o someterse a la supuesta administración y sus normas.

“Cochina, persona indeseable, tiene la casa sucia”, “Loca”, “Enferma”, “tiene problemas mentales”, “Yo le mandé a fumigar la casa”, “Con la manito quite las plantas de su casa”, “Malparida”, “Ahí viene la perrera municipal”, “Le voy a mandar a quitar los perros”, entre otras, serían los improperios que le lanzarían constantemente a la señora de la tercera edad.

Incluso, al parecer, en repetidas oportunidades han arremetido contra la hija de la señora cuando va de visita a la casa materna. Según la denuncia, le han dicho frases como: “hijueputa, malparida, necesita un hombre que la adoctrine, yo sí le doy una palmada”, “le quedó lindo el culo suyo”, “igual de loca a la mamá”, entre otras, por parte de residentes hombres y mujeres que habitan en el lugar.

Pero no solo eso. La víctima, que decidió denunciar “el calvario” ante los medios y por medio de sus abogados, comentó que en los últimos dos años han cambiado las personas a cargo de la administración y que cada una habría incentivado la burla, invitaría al bullying y habría maltratado verbal y psicológicamente a su mamá porque no paga la supuesta cuota legal.

Sin oportunidad de diálogo ni respuesta a los documentos enviados en los que pidieron respeto y relataron lo ocurrido, el abogado indicó que las víctimas han soportado discursos por parte de algunos integrantes de la asociación en los que aseguran que “la propietaria está loca”, “es sucia” y que el conjunto sí es cerrado. No obstante, hasta la fecha no se ha demostrado esa situación ni se han respetado los documentos legales que, según las víctimas, las amparan; por el contrario, “han iniciado una persecución”.

“Nuestra posición es que la concertación no puede convertirse en un mecanismo para convalidar una ocupación ilegal del espacio público ni que se convierta en motivo de hostigamiento”, aseguró el abogado.

Mientras tanto, el 13 de septiembre de 2024, el director de Espacio Público de Ibagué, John Ferley Amaya, envió un nuevo documento en el que indicó que “de las pruebas analizadas se constata la afectación permanente y grave del espacio público... hecho que impide la libre circulación y locomoción de sus habitantes... y en la dirección no reposa la expedición de resoluciones o certificaciones de registro de las personas jurídicas sometidas al régimen de propiedad horizontal”.

Sin embargo, esto no ha sido motivo para que los vecinos de la casa ni la persona en cabeza de la asociación respeten la decisión tomada. Según la denuncia, por el contrario, se incrementaron los maltratos y se buscaron distintos medios para agredirlas y dañarlas, como los insultos mencionados y el presunto maltrato a sus mascotas.

Cuando la mamá de la denunciante saca a los perros a realizar sus necesidades en un espacio que, según los documentos legales, es público, comienzan los gritos de “perros hijueputas, cochina, recoja la mierda, loca, por qué no se va señora, sucia, está enferma, nadie la quiere”, entre otros, según confirmaron a Infobae.

Además, aunque tienen conocimiento de que las fumigaciones en los conjuntos cerrados (si estuviera constituido así) deben realizarse periódicamente y con aviso previo, e incluso con autorización, de manera constante aplican en el antejardín de su casa un supuesto químico para plagas que, según la denuncia, en realidad ha sido glifosato. Esto ocurrió pese a que les han pedido que no lo hagan y han advertido que estarían envenenando a sus mascotas, poniendo en riesgo su vida y la salud de las propietarias.

“Han fumigado las áreas públicas con herbicidas de uso agrícola sin aviso ni personal idóneo. Esas fumigaciones, según certificación veterinaria, han causado daño a la salud de sus mascotas. Le prohibieron sacar sus perros al espacio público. Sobre esto último, el artículo 117 de la Ley 1801 del 2016 prohíbe restringir el tránsito de mascotas, incluso en los conjuntos cerrados legítimos. Con mayor razón, es improcedente en un conjunto abierto donde esas áreas son espacio público”, explicó el abogado a este medio.

Al problema se sumó un hombre que se mudó al conjunto que se habría tomado el espacio público, que ha dicho ser abogado. Según la denuncia, desde la puerta de su casa —ubicada a dos viviendas de la de la afectada— grita improperios tanto a la señora como a sus mascotas, especialmente cuando la ve sola. Indicaron que el fin de semana del 17 y 18 de mayo de 2025 la hija tuvo que salir al escuchar la situación y solo así el hombre guardó silencio.

En su momento, el vecino argumentó que su hijo, de unos siete años, estaba siendo “traumatizado” por los ladridos de los perros, y que no puede pasar por el lugar porque supuestamente lo atacan. Sin embargo, el apoderado de la denunciante sostuvo que “eso jamás ha pasado” y que los animales “siempre están guardados tras las rejas del jardín”, y aseguró que tienen pruebas.

Según el testimonio, cada vez serían más las acciones similares, las advertencias, la persecución y los malos ratos. Por esa razón solicitaron una medida de protección ante la Policía, que, hasta el momento, no habría sido efectiva. El abogado representante afirmó que la violencia de género habría aumentado y que ahora incluso un hombre que les dijo tener el cargo de pastor en una iglesia también estaría atacando a la adulta mayor.

De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían escalado al punto de temer que pueda pasar a mayores, como ataques personales, represalias o violencia directa, especialmente porque la adulta mayor vive sola en la casa de Ibagué. También señalaron que el jueves 21 de mayo de 2026 el celador del lugar realizó acciones que generaron temor en la familia.

“Un familiar de la señora, al intentar hablar con uno de los residentes que se empeñan en hostigarla, fue retenido y amenazado por el portero. Respecto de este incidente, no me corresponde la clarificación penal de los hechos, pero lo que este episodio demuestra es el grado de control ilegal que ejerce esta asociación mediante la vigilancia privada. Un vigilante que retiene a una persona, le impide salir, le toma fotos y lo amenaza con un arma blanca, no está prestando seguridad, está ejerciendo control coercitivo sobre la movilidad en un espacio que es público. Eso es exactamente lo que hemos denunciado, que un grupo de personas sin habilitación legal se apropió del espacio público, impuso un régimen de cobros y restricciones que no les corresponde y ha sometido a una persona de la tercera edad a más de una década de hostigamiento por negarse a pagar lo que la justicia declaró improcedente", puntualizó Jorge Andrés Patiño Hurtado, apoderado en el caso y abogado con maestría en derecho del estado.

Ante esta situación el llamado es nuevamente a las autoridades correspondientes, pues el abogado aseguró que hasta la fecha ya se han realizado reuniones y se ha pedido la intervención inmediata de la Policía, Casa de la Justicia, Personería de Ibagué, la oficina de Espacios Públicos de la ciudad, entre otros mecanismos, pero hasta la fecha no hay una solución con la que se dé certeza de protección y seguridad para la señora agredida, sus familiares, ni mucho menos “que haya una solución ante el problema” que generó el cerramiento.

La madrugada del jueves, una mujer de 23 años murió tras recibir un disparo en el ojo izquierdo durante una fiesta en el Bronx. La víctima, identificada como Reyna Caceres, originaria de República Dominicana, se encontraba cerca de un parque y de una escuela primaria en el momento del ataque, informaron las autoridades a CBS News.

El tiroteo ocurrió poco después de las 12:10 de la madrugada, en las inmediaciones de Aqueduct Avenue. En medio del festejo, una persona vestida de negro disparó contra la multitud. La policía explicó que Caceres no era el objetivo, sino una “víctima accidental” que falleció, según ABC7NY.

El hecho tuvo lugar en un parque de University Heights, una zona residencial del distrito, durante la madrugada del jueves. El sitio exacto fue a pasos de un área de juegos y una escuela elemental.

Los agentes respondieron a un llamado por asalto y hallaron a la joven herida. La trasladaron de inmediato al Hospital St. Barnabas, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento, informó CBS News.

Agentes y peritos acordonaron el área y buscaron pruebas entre vasos, botellas y prendas ensangrentadas que quedaron dispersas tras el evento. Las calles cercanas quedaron cerradas para facilitar el trabajo de los investigadores, detalló Bronx News 12.

Quién era la víctima y cómo reaccionó la comunidad

Reyna Caceres fue descrita por sus allegados como una persona de “buen corazón, siempre sonriente y dispuesta a ayudar”, según un familiar citado por ABC7NY. Los seres queridos se acercaron al sitio del crimen, aunque la conmoción les impidió hablar con los medios.

El dolor y la preocupación dominaron el ambiente, especialmente por la proximidad a una escuela.

Algunos padres expresaron temor por la seguridad de sus hijos y la sensación de vulnerabilidad que se vive en el vecindario. “No me siento seguro trayendo a mi hijo a la escuela”, confesó un residente a CBS News.

Qué se sabe sobre el responsable y el posible motivo

Hasta el momento, la policía no ha realizado arrestos ni ha difundido una descripción precisa del atacante. Las investigaciones señalan que el ataque podría relacionarse con un conflicto previo, ya que un familiar de la víctima figura como investigado en tres tiroteos anteriores. No obstante, las autoridades insisten en que Caceres no era el objetivo.

La investigación continúa y la policía solicita la colaboración ciudadana. Quienes tengan información relevante pueden comunicarse de manera confidencial a las líneas habilitadas por la policía de Nueva York (NYPD) o por canales digitales.

Impacto social y testimonios de vecinos

El tiroteo profundizó el sentimiento de inseguridad en University Heights. Un vecino, entrevistado por CBS News, lamentó la falta de recursos y oportunidades para los jóvenes del barrio: “Cuando no existen opciones para que los chicos se alejen de la calle, pasan estas cosas”.

Otra residente, Chanel, relató a Bronx News 12 que escuchó los disparos desde su casa y vio a una joven cubierta de sangre. Admitió sentirse culpable por no haber llamado antes a la policía, ya que suele denunciar fiestas ruidosas, pero esa noche dudó. “Me siento mal, quizás pude haber ayudado”, expresó.

Acciones de las autoridades tras el crimen

La policía mantuvo presencia frente al domicilio de la víctima y continuó la recolección de pruebas en el parque. Entre los objetos recogidos había vasos, alcohol y una camiseta manchada, aunque no se sabe si pertenecían a la víctima o a otros asistentes.

Los investigadores también revisaron cámaras de seguridad en busca de indicios sobre el atacante, detalló Bronx News 12.

Por el momento, no se han revelado nuevos datos sobre el motivo exacto del tiroteo ni se ha identificado públicamente a un sospechoso. La comunidad exige respuestas y mayor presencia policial para evitar que episodios similares se repitan.

El hecho delictivo ocurrió el miércoles por la mañana en una casa ubicada en el barrio cerrado ubicado en Moreno. Allí, una banda de delincuentes ingresó a robar una vivienda mientras sus dueños no estaban.

Las cámaras de seguridad del country registraron el momento en el que los sospechosos arribaron al domicilio. A las 10.01 una de las grabaciones los muestra circulando por las calles del barrio.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, minutos después ingresaron al inmueble al forzar la puerta balcón del patio trasero. Tras el robo, pasadas las 11.14, una cámara captó a los delincuentes dejando la casa que habían asaltado.

Según denunciaron las víctimas, los ladrones se llevaron una caja de seguridad que contenía 10 mil dólares, 600.000 pesos en efectivo y diversas pertenencias personales.

A partir de las tareas investigativas, el personal de la DDI logró establecer dos domicilios presuntamente utilizados como aguantaderos en la misma localidad de Moreno. Con la intervención de la UFI N°3 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, se solicitaron y obtuvieron dos órdenes de allanamiento para avanzar sobre esos lugares.

Durante los procedimientos, los efectivos procedieron a la aprehensión de Santandrea y al secuestro de un Audi A3 color blanco, que habría sido utilizado por los delincuentes durante el robo. Además, se incautaron dos teléfonos celulares, 1.140 dólares, 8.399.000 pesos, un par de ojotas marca Diésel color azul, un cargador marca Bersa, municiones de distintos calibres y marcas, cuatro llaves de bronce, una llave de ignición Chevrolet, un reproductor de DVD y un bolso de mano plástico negro marca Paraná.

La investigación continúa para dar con el resto de los autores y recuperar la totalidad de los elementos sustraídos. Según informaron fuentes policiales, la causa quedó a disposición de la UFI N°3, que evaluará la situación procesal de la aprehendida, quien está acusada del delito de robo agravado por efracción.

El caso se suma a una serie de hechos delictivos recientes en la zona. La semana pasada, en el barrio Las Catonas de Moreno, un supermercado chino fue asaltado por una banda armada. Los delincuentes amenazaron a empleados y clientes, y escaparon con la recaudación y pertenencias.

La investigación avanzó a partir de un celular que uno de los delincuentes perdió durante la fuga. El análisis del aparato, junto con las grabaciones de las cámaras de seguridad y testimonios, permitió identificar a los sospechosos y vincular el episodio con otros robos ocurridos entre septiembre y noviembre del año pasado.

En ese operativo, las fuerzas detuvieron a cuatro hombres, entre ellos un empleado de seguridad privada que habría aportado información para facilitar el golpe. Los allanamientos se llevaron a cabo en distintos puntos del conurbano bonaerense. Se secuestraron una pistola 9 mm, municiones, cinco celulares y prendas de vestir similares a las utilizadas durante el asalto.

La bombilla del mate gigante de Mar del Tuyú fue robada, un hecho que generó indignación entre vecinos, comerciantes y turistas de la ciudad balnearia del Partido de La Costa. La escultura, construida con neumáticos reciclados y ubicada en el acceso al muelle, era uno de los puntos más visitados de la localidad costera.

Diego Artes, creador de la obra, fue quien realizó la denuncia pública tras encontrar la estructura dañada. El robo dejó al mate gigante sin su parte más característica: la enorme bombilla metálica que completaba la escultura y que, con el paso del tiempo, se había convertido en parte de la identidad turística del lugar.

La imagen del monumento mutilado no tardó en viralizarse a través de las redes sociales, donde desató una catarata de reacciones. Los comentarios apuntaron contra una ola de inseguridad que afecta a la ciudad de la Costa Atlántica. “Ya no respetan nada”, fue una de las frases que más se repitió entre quienes expresaron su malestar.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de los autores del robo. La expectativa está puesta en las cámaras de seguridad de la zona, que podrían aportar datos para identificar a los responsables del daño a la obra.

El avance del mar generó preocupación por la erosión costera en Mar del Tuyú

La avanzada del mar sobre Mar del Tuyú generó alarma entre los residentes de la zona tras las tormentas y el episodio de ciclogénesis que azotó la Costa Atlántica semanas atrás, con un agravamiento de la erosión costera del balneario durante el último fin de semana. En varios sectores el agua llegó hasta las viviendas, lo que derivó en evacuaciones y dejó numerosas construcciones al filo del derrumbe.

Residentes y visitantes captaron el momento en que las olas embistieron directamente edificaciones levantadas hace décadas. En varios casos los cimientos quedaron totalmente al descubierto, las losas de hormigón se partieron y las defensas improvisadas cedieron ante el embate. En ciertos puntos, la playa desapareció por completo.

Las marejadas más violentas se extendieron desde Monte Hermoso hasta Mar del Plata, pero en Mar del Tuyú el golpe fue especialmente visible. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la escala del desastre: paseos abiertos por grietas y una antigua calle asfaltada que afloró tras permanecer enterrada bajo la arena desde 1984. Uno de los puntos más afectados fue el Paseo Stella Maris, una construcción relativamente reciente que quedó prácticamente suspendida en el vacío.

“Los terrenos están en el mar, el mar no está haciendo nada malo”, declaró una de las vecinas entrevistadas en diálogo con A24, quien recordó que antes había unos cien metros de médano entre las casas y el agua. Esa distancia se redujo por completo en las últimas décadas.

Según el mismo testimonio, los inversores “venían y compraban estos terrenos por dos mangos”. “Retiraron los médanos para hacer negocio. Este es el resultado”, lamentó. En las redes sociales, comentarios en esa línea se multiplican entre los lugareños, que apuntan al histórico intendente del Partido de la Costa, Juan de Jesús, quien actualmente ejerce el cargo, y a su hijo Juan Pablo, uno de sus predecesores.

El fuerte oleaje y una pleamar excepcional provocaron también una pérdida masiva de arena y dejaron al descubierto estructuras que normalmente permanecen cubiertas. Además del daño al turismo y el riesgo edilicio, el deterioro de las construcciones genera una acumulación notoria de escombros que nadie retira. “Hay peligro, porque si estás veraneando con niños y gente adulta, se pueden enganchar los pies o un fierro abrirte la pierna. Y te quita el lugar tuyo donde vos tenés derecho a ponerte con la reposera y tomar el sol”, denunciaron.

La erosión costera en Mar del Tuyú acumula más de treinta años de antecedentes, con el temporal de 1993 como uno de los más recordados. Desde entonces proliferaron obras privadas para intentar frenarla: paredones de hasta tres metros de altura, acumulaciones de piedra, bolsones de arena y pilas de neumáticos usados como barrera frente al mar. La situación se profundiza con cada nuevo temporal, ya que cada tormenta reduce aún más la superficie de playa disponible.

Tras el temporal de 1993 se dispuso la interdicción de nuevas obras y la provincia sancionó la ley 14.664, que contempla la expropiación de 324 inmuebles en riesgo. No obstante, su aplicación depende de recursos económicos que el municipio no tiene. La normativa fue prorrogada en 2021 y vencerá el 16 de julio próximo, sin avances en las expropiaciones.

La noche del 9 de mayo, la tranquilidad de un bar en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, se vio interrumpida cuando Jeisson Polanía, administrador del establecimiento, fue atacado con arma blanca por un cliente al que no conocía.

Según relató el propio Polanía a Noticias RCN, el incidente comenzó cuando pidió la devolución de los envases de cerveza antes del cierre del local. En ese momento, el cliente respondió con violencia:

“Solamente por pedir el envase de vuelta, esta persona me pega una patada en la cara. Se me estalla el lente de contacto. Me paro y trato de reaccionar, ahí es cuando me agarra a puños en todo el cuerpo”, declaró el afectado ante el medio.

El conflicto escaló rápidamente. Tras la agresión inicial, el cliente sacó un cuchillo y le propinó seis puñaladas a Polanía, que terminó hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Dos de las heridas afectaron una arteria en el antebrazo izquierdo, lo que obligó a una cirugía vascular de emergencia. Tres heridas adicionales en los dedos requirieron intervención quirúrgica. “Todo fue en cuestión de segundos, yo me paré, reaccioné y me propinó puñaladas”, agregó la víctima.

Obstáculos para formalizar la denuncia

Tras el violento episodio, el administrador intentó interponer una denuncia penal ante las autoridades judiciales. Sin embargo, según explicó en declaraciones recogidas por el noticiero citado, los funcionarios le solicitaron el nombre y número de cédula del atacante para poder dar trámite a la denuncia.

“Yo no conozco a la persona que me agredió, él nunca había ido al bar. La gente dice que nunca lo habían visto. Voy a interponer la denuncia y me piden el nombre y cédula de la persona, no tengo de dónde sacarla”, sostuvo Polanía.

A pesar de contar con grabaciones de las cámaras de seguridad del local, donde quedó registrado el momento del ataque y el rostro del agresor, el proceso judicial permanece suspendido por la falta de datos de identificación.

El afectado expresó su indignación ante la imposibilidad de avanzar en la investigación: “Lo que quiero en este momento es que esto no quede impune y que él se haga responsable de todo lo que me hizo”, reclamó.

La familia del administrador también solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Metropolitana de Bogotá que inicien una investigación de oficio utilizando los materiales audiovisuales disponibles. El objetivo es identificar al responsable y establecer su paradero para que responda ante la justicia por el delito de lesiones personales o tentativa de homicidio.

Frente a la persistencia de hechos como el sucedido en Bosa, familiares y allegados de la víctima esperan que la difusión del caso en medios de comunicación contribuya a que las instituciones empleen herramientas como el reconocimiento facial o labores de vecindario para dar con el paradero del agresor.

Contexto de inseguridad y aumento de la violencia en Bogotá

El caso de Jeisson Polanía se produce en un entorno marcado por un incremento en los hechos violentos en Bogotá. Con base en datos del Observatorio de Seguridad, citados por la concejal Diana Diago del partido Centro Democrático, los casos de lesiones personales en la ciudad aumentaron un 29,1% durante el primer bimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

La edil cuestionó la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas por la administración distrital, señalando que “Hoy Bogotá es más violenta que hace un año. Los ciudadanos no solo enfrentan inseguridad, sino agresiones constantes en sus propios barrios, sin que exista una respuesta clara y contundente por parte del Distrito”.

Las localidades más afectadas por este tipo de delitos, según las cifras oficiales, son Kennedy, San Cristóbal, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar. Uno de los patrones identificados en la ocurrencia de estos hechos señala que los sábados por la noche y los domingos en la madrugada concentran el 12,3% de los ataques, lo que evidencia la ausencia de controles eficaces justamente en los horarios de mayor riesgo.

Ante el aumento de la violencia, la administración de Bogotá destinó más de $66.000 millones anuales a la contratación de cerca de 1.700 personas en el programa de “gestores del orden”.

Según la concejal Diago, los resultados de esta iniciativa no demostraron avances concretos en la reducción de delitos ni en la mejora de la convivencia ciudadana. “Mientras la administración tiene previsto destinar más de $50.000 millones a esta iniciativa, los resultados son inexistentes. Hoy las cifras demuestran que no han servido para resolver los problemas de convivencia, y por el contrario, la violencia sigue creciendo en toda la ciudad”, afirmó.

La violencia contra abogados en Honduras dejó al menos 296 denuncias entre 2016 y 2025 por amenazas, atentados y desplazamiento forzado, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

El organismo advirtió que el riesgo aumentó desde 2022 y que en 2025 ya atendió 24 quejas, varias vinculadas a peligro inminente de abandonar el hogar.

Las denuncias fueron registradas por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno y equivalen al 3% de los 10.077 casos de desplazamiento forzado atendidos por la institución en ese período.

Así mismo el año 2023 se ubicó con más reportes: 64 denuncias relacionadas con desplazamiento forzado, un promedio de unos cinco casos al mes.

Tipos de agresión

El CONADEH informó que la violencia contra profesionales del derecho se concentró en los últimos cuatro años del período analizado. Entre 2022 y 2025 se contabilizaron 176 denuncias, el 59% del total registrado entre 2016 y 2025.

Según el organismo, en lo que va de 2025 atendió 24 quejas presentadas por abogados: el 71% correspondió a personas en riesgo inminente de desplazamiento y el 29% ya había abandonado su hogar por amenazas o hechos de violencia.

Las amenazas fueron el factor de riesgo principal. El CONADEH señaló que, solo en 2025, el 58% de quienes acudieron a la institución denunció amenazas directas.

El registro también incluyó tentativa de homicidio (13%), además de extorsión, despojo de bienes, lesiones y violencia intrafamiliar, de acuerdo con el desglose divulgado por la organización.

“El ejercicio del derecho implica, en muchos casos, enfrentar directamente a estructuras criminales, actores políticos y hasta a funcionarios del Estado. Defender a una víctima o litigar contra el poder puede costar el desplazamiento o la vida”, advirtió el organismo.

Conocen a sus víctimas

Uno de los puntos subrayados por el CONADEH fue el perfil de los presuntos responsables. En las denuncias, el 29% de los agresores señalados eran personas conocidas por las víctimas, un dato que el organismo presentó como un patrón relevante en los casos atendidos.

En los expedientes también figuran miembros de la Policía Nacional, integrantes de partidos políticos, estructuras de maras y pandillas, además de exparejas y familiares, según el mismo reporte.

El CONADEH indicó que la violencia contra abogados se extendió a varias zonas del país. En 2025, la institución recibió denuncias de once municipios ubicados en siete departamentos.

Francisco Morazán y Cortés concentraron el 58% de los casos reportados ese año, de acuerdo con las cifras oficiales. También se registraron quejas en Choluteca, Yoro, Colón, Copán y Valle.

Llamado al Estado

El CONADEH advirtió que el desplazamiento forzado de abogados afecta a familias y también al funcionamiento del sistema judicial. Según el organismo, varios profesionales se ven obligados a abandonar oficinas, suspender procesos, cambiar de residencia o salir del país para protegerse, lo que impacta en el acceso a la justicia.

“La defensa de derechos no debería costar la vida ni la seguridad personal”, sostuvo la institución al pedir al Estado hondureño medidas de protección oportunas y efectivas.

El comisionado recordó que Honduras tiene la obligación de garantizar que los abogados ejerzan sus funciones sin intimidaciones, amenazas o represalias, según los estándares de derechos humanos citados en el informe.

La preocupación por la violencia contra el gremio jurídico se arrastra desde hace años. Desde 2004, alrededor de 220 profesionales del derecho fueron asesinados en Honduras, en un contexto de impunidad que organizaciones defensoras de derechos humanos estiman cercana al 90%.

El informe describió modalidades reiteradas en esos homicidios: ataques dentro de vehículos, en viviendas, en bufetes y en la vía pública.

En 2026, al menos tres profesionales del derecho fueron asesinados en distintas regiones del país: uno en Comayagua, otro en San Pedro Sula, Cortés, y una abogada en Tocoa, Colón.

Organismos nacionales e internacionales advirtieron que la falta de investigación y judicialización de estos crímenes refuerza la impunidad y aumenta el riesgo para quienes trabajan en la defensa legal y de derechos humanos.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el episodio -que quedó registrado por una cámara de seguridad- ocurrió el sábado pasado, poco después de las 3 de la madrugada, en la calle La Rioja al 2800.

El episodio comenzó cuando el personal del Comando de Patrullas Quilmes observó un Citroën C4 blanco estacionado a contramano en actitud sospechosa. Al notar la aproximación del móvil policial, el auto aceleró y huyó del lugar.

En ese momento, cuatro hombres salieron a toda velocidad del patio delantero de una vivienda, todos con capuchas y guantes. Los delincuentes se dividieron en dos grupos para despistar a los uniformados, tres tomaron en una dirección y el restante huyó por otra: los uniformados fueron detrás del grupo mayoritario.

Los policías iniciaron en ese momento una persecución y, durante la huida, uno de los sujetos arrojó un bolso al suelo. Finalmente, los agentes lograron interceptar y reducir a Quici y Libera, quienes llevaban guantes colocados. Los otros dos implicados lograron darse a la fuga.

Al regresar a la propiedad, los uniformados constataron signos evidentes de violencia en la reja perimetral exterior: el acceso había sido forzado con un expansor hidráulico o mecánico.

Tras llamar a la puerta y entrevistarse con los propietarios, los uniformados establecieron que los moradores no llegaron a sufrir ningún robo ni daños en las aberturas internas, ya que la intervención policial se produjo antes de que los delincuentes pudieran entrar a la vivienda.

Los dueños permitieron el ingreso de la policía para una inspección detallada de la vivienda.

En el exterior, los agentes recuperaron el bolso arrojado por uno de los detenidos durante la fuga. En su interior hallaron diversas herramientas compatibles con la apertura y forzamiento de aberturas y rejas, además de guantes y gorros con visera. Todos estos elementos quedaron secuestrados como evidencia para la causa.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, paralelamente, tras emitir un alerta radial, personal de la Prefectura Naval Argentina localizó el Citroën C4 blanco a varias cuadras del sitio del hecho.

Al identificar el dominio AA-419-XM, los efectivos establecieron que el vehículo contaba con un pedido de secuestro activo desde el 25 de abril, solicitado por la Seccional Séptima de Lomas de Zamora, en el marco de una investigación por robo automotor con intervención de la UFI Nº7 del Departamento Judicial de Quilmes. El vehículo fue incautado y trasladado a la dependencia policial como parte de la evidencia.

Los dos jóvenes, junto con los elementos incautados y el automóvil recuperado, fueron trasladados a la Comisaría Quilmes 3ra.

Allí, se dio intervención inmediata a la Unidad Funcional de Instrucción Nº5 de Quilmes, que dispuso la detención de ambos jóvenes bajo los cargos de violación de domicilio y daños en grado de tentativa bajo la modalidad de entradera. La fiscalía impartió directivas para la continuidad de las actuaciones y requirió la presentación de los sospechosos en sede judicial.

La investigación continúa con el análisis de las cámaras municipales para identificar y detener a los dos prófugos restantes.

El barrio San Antonio, en el norte de Bogotá, fue escenario de un robo que dejó a una familia de comerciantes sin más de 80 millones de pesos en efectivo. El asalto, ocurrido en una vivienda de la localidad de Usaquén, quedó registrado en cámaras de seguridad, lo que podría ser determinante para la identificación de los responsables.

Las imágenes captadas muestran cómo al menos tres hombres accedieron al inmueble en ausencia de sus ocupantes. Utilizaron varias llaves para abrir la puerta principal y comenzaron a retirar electrodomésticos y televisores, siguiendo el patrón de los llamados “apartamenteros”.

La situación cambió cuando uno de los delincuentes ingresó a una habitación y halló el dinero. La suma, según relató una de las víctimas, correspondía a las ganancias conseguidas durante la temporada de Semana Santa y estaba destinada al pago de proveedores, empleados e insumos del negocio de venta de pescado.

“Se ingresaron al apartamento, alcanzaron a bajar televisores, pero en el momento se metieron a mi pieza y yo tenía una suma de dinero”, señaló una de las víctimas en diálogo con Noticias Caracol.

A partir de ese hallazgo, los ladrones abandonaron los electrodomésticos y se concentraron en llevarse el efectivo. El comerciante expresó su sospecha de que se trataba de ladrones de apartamentos, aunque reconoce que el descubrimiento del dinero modificó el objetivo inicial de los delincuentes.

“Bajaron la mayoría de todos los televisores. Cuando vieron el monto de dinero no les importó más sino el efectivo”, relató el comerciante.

La familia afectada manifestó su inquietud por la posibilidad de que el caso quede impune. Aunque la policía acudió al lugar tras el hurto, el propio dueño de la vivienda expuso su preocupación.

“Ellos vinieron, pero uno dice que muchas veces esos casos quedan ahí”, indicó al medio nacional. La desconfianza respecto al esclarecimiento de este tipo de delitos es recurrente, sobre todo cuando se trata de montos elevados y bienes de comerciantes.

Las autoridades han centrado parte de la investigación en los videos de seguridad del sector. Las grabaciones reveladas por Noticias Caracol muestran el momento en que los delincuentes llegan y acceden a la vivienda.

Según lo conocido hasta ahora, las imágenes permitirían identificar los rostros de los responsables, algo que podría facilitar la labor de las autoridades.

Joven resultó herida durante asalto armado en bus del Sitp en Bogotá

Una joven resultó herida en la cabeza durante un asalto armado dentro de un bus del Sitp en Bogotá la noche del sábado 23 de mayo, un ataque ocurrido en la intersección de la Avenida Ciudad de Cali con Calle 80 que volvió a poner el foco sobre la seguridad del transporte público en la capital colombiana.

Según testimonios recopilados por la plataforma ciudadana @PasaenBogota en X, el robo ocurrió hacia las 9:10 p. m., cuando tres delincuentes armados con pistola y cuchillo abordaron un vehículo de la ruta G147 con destino a Metrovivienda. Los agresores intimidaron al conductor y a los pasajeros y les exigieron entregar sus pertenencias.

“Se subieron tres personas, uno con arma y otro con cuchillo, amenazaron al conductor. La muchacha entregó el celular y aun así le pegaron dos veces con la cacha del arma”, narró uno de los testigos.

En videos difundidos por la comunidad se observa a la víctima ensangrentada dentro del vehículo, mientras otros usuarios intentaban contener la hemorragia. Tras el ataque, el conductor avanzó unos metros y pidió apoyo a la Policía Metropolitana de Bogotá.

Una patrulla llegó al lugar para coordinar la atención médica de la joven, que fue llevada de urgencia a un hospital cercano. Hasta el momento, las autoridades no han informado la gravedad de las lesiones ni han precisado en qué centro asistencial fue atendida.

Hay un problema aquí. Los perfiles de los acusados no cuadran. Jimenez y Zuñiga tienen 29 y 22 años; son presuntos ladrones internacionales buscados por la Justicia de Estados Unidos, acusados de asaltar a atletas famosos como Travis Kelce, el novio de Taylor Swift. D’Amelio es un hombre de 39 años, argentino, con domicilio en San Martín, ex trabajador gastronomómico y beneficiario de planes sociales como el que permite acceder a una garrafa.

D’Amelio, vinculado al auto empleado en el robo a Del Potro según la investigación, debe plata. Su perfil en la Central de Deudores del BCRA -uno de los sitios web para entender a la Argentina actual- revela un rojo intenso de más de 9 millones de pesos, con créditos a dos bancos. El principal crédito está marcado por entidades crediticias como “irrecuperable”.

Esto supone un cambio. Los ladrones de antes no vivían a crédito: vivían a tiros. No le debían plata al banco, a la tarjeta de crédito, o alguna supuesta financiera. Aquí entra un problema reciente. La morosidad record es uno de los relatos de época más crudos del presente. La gente se endeuda cada vez más, y no paga.

En febrero de este año, la Cámara Argentina Fintech junto con el ITBA reveló que que un 30,5% de los créditos de billeteras virtuales, los más fáciles de obtener a tasas de interés elevadas, no eran devueltos. La consultora EcoGo determinó que los préstamos catalogados como “irrecuperables” dentro de la cartera total de crédito no bancario pasó de 2,6% en marzo de 2025 a 10,8% en marzo de 2026, lo que implica que se cuadruplicó en apenas un año.

Este problema de deudas que pasaban del verde al rojo furioso, inevitablemente, iba a derramarse en el delito, de una forma u otra. Hoy, los imputados por hechos altamente violentos o de guante blanco con deudas millonarias se repiten cada vez más, y en casos de alto perfil.

¿La situación económica de la Argentina acaso influye? ¿Roban porque deben? ¿O deben porque no les importa y roban igual? Esa es una pregunta para el juez o fiscal que los indaga. Decir que nada justifica cometer un delito, desde ya, es un pecado de literalidad.

Cuatro policías

Los ejemplos se repiten en varios niveles de intensidad, los imputados van de simples robos leves a homicidios. Maximiliano Gabriel Gorosito, el policía de la Bonaerense detenido por robar un kiosco de su barrio en Lanús este mes -filmado en primer plano por las cámaras del comercio- tuvo siete trabajos en blanco antes de ser policía. Lo contrató, por ejemplo, una conocida empresa productora de neumáticos. Debe $1,4 millones a diferentes financieras.

Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, efectivo con rango de oficial de la Policía Bonaerense, miembro de la tropa especial UTOI, fue detenido por el crimen de Cristian Eduardo Pereyra. El asesinato de Pereyra, cometido en marzo de este año, se convirtió en otra marca de la época: un docente de escuela publica de Virrey del Pino empujado al pluriempleo, muerto de un tiro en medio de un asalto mientras conducía un auto de aplicación.

En el mes previo al crimen, el policía acusado había acumulado deudas por más de $1,7 millones, con créditos del Banco Provincia, billeteras virtuales y firmas de microcréditos, según descubrió Infobae en sus registros crediticios. Le debía, también, otros $190 mil a otra firma de préstamos.“El número supera su salario mensual por lejos”, asegura una fuente clave en el expediente.

Angel Espinoza, otro efectivo de la tropa UTOI, fue detenido por supuestamente robar un supermercado chino en Almirante Brown a fines de enero, adeuda también: más de #20 millones de pesos, $16 millones de un crédito del Banco Provincia, marcado con un riesgo alto de insolvencia en un sistema crediticio. Su ficha previsional muestra otros seis trabajos en blanco antes de su entrada a la Bonaerense. No existe una estadística oficial para determinar la problemática, identificada al relevar caso por caso.

Estilo Mario Fendrich

El robo de guante blanco también es parte dela historia. María Celeste Nellen, de 36 años, tesorera de la sucursal local del mismo banco, es acusada en la Justicia federal por robar, literalmente, fajos de dinero del tesoro del lugar, con un monto calculado en $40 millonesde pesos.

Imputada por el delito de peculado, o malversación de dinero público con una causa en su contra a cargo del fiscal Matías Di Lello, Nellen -algo así como la versión femenina de podría ser condenada de 2 a 10 años de prisión, con una inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.

Nellen debe mucho más de lo que supuestamente robó. Su perfil en la Central de Deudores es impactante: los datos revelan que la tesorera tiene un rojo de más de $90 millones con 14 organismos como bancos, financieras, empresas de microcrédito y préstamos de billeteras virtuales. Le debe, por ejemplo, $11 millones a una firma de créditos express. El 40% de esta deuda corresponde al Banco Nación.

Secuestrada por los usureros del barrio

La usura barrial, a la que los deudores acuden cuando el sistema crediticio les cierra el camino, es otro punto incómodo en la nueva Argentina deudora donde el acreedor es víctima en vez de victimario. “De repente, se llenó”, dice un comisario de altísimo rango con mando en una sección del Conurbano. Una deuda con un prestamista que anda con una pistola al cinto, desde ya, puede terminar mal.

A fines del mes pasado, el Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal detuvo a tres sospechosos en Villa Ballester y Villa Melo, en la zona norte del Conurbano bonaerense, con una causa en su contra a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Operaban en villas de la periferia de Munro y San Martín como la Melo, la Loyola o La Rana Entregaban, según la acusación, montos pequeños, pero las tasas que cobraban eran exorbitantes, literales préstamos leoninos para desesperados. Un detective del caso aseguraba: “Si les pedías $200 mil, a los 15 días tenías que devolver el doble. Dos semanas después, tenías que pagar $700 mil”.

Los acusaban de secuestrar a una mujer que les debía plata. Ex empleada de una conocida cadena de comidas rápidas, sin empleo en blanco ni planes sociales siquiera, le pidió prestado al trío.

Ya acarreaba una deuda de casi 200 mil pesos a un sitio de préstamos, marcada en el sistema bancario con un bordó casi irrecuperable desde febrero último, lo que la convertía una paria para cualquier préstamo serio. Varios de los acusados cobraban planes sociales ellos mismos.

Cuatro personas asesinados reactivaron la alarma por la violencia en el norte de Honduras: el ataque ocurrió cerca de la medianoche del lunes en la colonia Filadelfia, en el municipio de La Lima, departamento de Cortés. Según información preliminar de las autoridades, hubo víctimas en distintos puntos del sector y una quinta persona quedó herida y fue trasladada a un centro asistencial privado.

El múltiple crimen se produjo en un radio de tres a cuatro cuadras, de acuerdo con el despliegue policial que acordonó la zona tras los disparos que escucharon los vecinos.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Yoselin Guifarro García, de 30 años; Jorge Orlando Dubón González, de 37; José Noel Gómez, de 40; y Cristofer Jared Suazo Vázquez, de 18.

Según la información preliminar que manejan las autoridades, el primer ataque ocurrió dentro de una vivienda de la colonia, donde una pareja fue asesinada.

Minutos después, agentes localizaron el cuerpo de José Noel Gómez a una cuadra del primer punto. El cadáver de Cristofer Jared Suazo Vázquez apareció a cerca de cuadra y media del lugar inicial, siempre dentro del mismo sector, de acuerdo con los reportes oficiales.

Durante el ataque también resultó herida una quinta persona, a quien efectivos de la Policía Nacional auxiliaron y trasladaron de emergencia a un centro asistencial privado. Las autoridades informaron que permanece bajo observación médica.

Hipótesis sobre el móvil

Las investigaciones preliminares apuntan a un posible vínculo con estructuras criminales asociadas a maras y pandillas que operan en la zona norte del país, según indicaron fuentes de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil exacto y mantienen abiertas varias líneas de investigación para establecer responsabilidades y la secuencia completa de los hechos.

Recuento de asesinatos

La masacre en La Lima ocurrió días después de otros hechos violentos que elevaron la preocupación por los asesinatos múltiples en el país.

Uno de los episodios con mayor número de víctimas se registró en la comunidad de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón, donde 20 personas fueron asesinadas dentro de una finca de palma africana.

De acuerdo con esa información, las víctimas eran trabajadores agrícolas y fueron atacadas por hombres armados cuando se preparaban para iniciar labores. Las autoridades investigan posibles vínculos con el crimen organizado y disputas por control territorial en la región del Bajo Aguán.

A esos hechos se sumó otra matanza en Corinto, en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, también atribuida en los reportes iniciales a un ataque armado. Con el caso de La Lima, Honduras contabiliza al menos 13 asesinatos múltiples en lo que va de 2026, según el recuento difundido en informes locales de seguridad.

Masacres en Honduras

La violencia colectiva tiene antecedentes en Honduras. Entre los casos citados con frecuencia figura lo ocurrido en la cárcel de El Porvenir, en La Ceiba, en 2003, cuando murieron 69 privados de libertad en un incendio y en enfrentamientos dentro del penal, según registros oficiales y reportes de época.

En 2004, el país volvió a conmocionarse con la masacre de Chamelecón: 28 pasajeros de un autobús fueron asesinados en San Pedro Sula en un hecho atribuido a pandillas y que tuvo repercusión internacional, de acuerdo con investigaciones y reportes policiales de entonces.

En 2012 y 2013 se registraron matanzas en Choloma y San Pedro Sula, con ataques en bares, billares y unidades de transporte público que dejaron más de una decena de muertos en distintos episodios, según reportes de autoridades y prensa local.

Organismos defensores de derechos humanos y sectores de la sociedad civil atribuyen el aumento de asesinatos múltiples a la persistencia de estructuras criminales, narcotráfico, extorsión y disputas entre grupos armados, según pronunciamientos públicos difundidos en los últimos días.

Tras los últimos hechos registrados en Colón y Cortés, cuerpos de seguridad informaron que reforzarán operativos y acciones de inteligencia en las zonas que consideran de mayor conflictividad.

La abogada Yesenia Molina fue asesinada la noche del lunes dentro de su vivienda en la comunidad de Quebrada de Arena, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, Honduras.

La Policía Nacional acordonó la escena y Medicina Forense hizo el levantamiento del cuerpo. Hasta ahora, las autoridades no informaron el móvil ni identificaron sospechosos.

Según información preliminar conocida por la Policía Nacional de Honduras, hombres no identificados ingresaron a la casa de la profesional del derecho y la atacaron en el interior del inmueble. Molina murió en el lugar.

El caso quedó bajo investigación. Fuentes policiales señalaron que no descartan ninguna línea mientras avanzan las diligencias para reconstruir la secuencia del ataque.

Avances e investigación

Agentes de la Policía Nacional de Honduras preservaron la escena y comenzaron las primeras actuaciones, de acuerdo con el informe inicial citado por fuentes policiales. Peritos recolectaron indicios para incorporarlos a la investigación.

Equipos de Medicina Forense realizaron el levantamiento cadavérico y los procedimientos de rigor. El Ministerio Público, según fuentes de la institución, prepara diligencias para profundizar en el caso, sin que por ahora se haya comunicado una hipótesis oficial.

Violencia contra la mujer

El asesinato de Molina se registró en un contexto de violencia sostenida en el departamento de Colón. Autoridades regionales de seguridad informaron un aumento de agresiones contra mujeres en esa zona.

Con este caso, ya suman al menos 12 mujeres asesinadas en lo que va de 2025 en Colón, según datos preliminares de registros regionales de seguridad citados por fuentes locales.

Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres advirtieron sobre la continua ola de violencia de género en Honduras y reclamaron medidas de prevención y mejora en la investigación de estos crímenes, de acuerdo con pronunciamientos difundidos tras el ataque.

En el plano local, familiares y vecinos de Quebrada de Arena exigieron justicia e investigación para identificar y capturar a los responsables, según relataron pobladores de la comunidad.

Asociaciones del sector legal manifestaron en ocasiones anteriores preocupación por los riesgos que afrontan abogados, jueces y operadores de justicia, en un escenario de amenazas y hechos violentos, según comunicaciones de entidades gremiales.

Crímenes bajo impunidad

Fuentes vinculadas al sector judicial y de seguridad indicaron que no existe un registro único, oficial y actualizado que consolide el número de abogados asesinados en 2025, debido a la dispersión de datos entre instituciones estatales y publicaciones periodísticas.

La Policía Nacional no brindó hasta el momento más detalles sobre avances en la identificación de los atacantes.

En términos generales, Honduras continúa registrando niveles elevados de violencia contra distintos sectores de la población.

En el caso del gremio jurídico, aunque no existe una base oficial única y consolidada que precise con exactitud cuántos abogados han sido asesinados en los últimos dos años los registros parciales de instituciones y reportes de prensa evidencian que el sector ha sido impactado por hechos violentos en los últimos años, en un contexto donde también se reportan ataques contra operadores de justicia, reflejando un panorama de inseguridad persistente en el país.

Precisamente, eso fue lo que le ocurrió a un joven, identificado como Brayan Quezada, que compartió a través de su cuenta de Instagram el curioso momento en el que un habitante de calle sin camisa va colgado de un carro en movimiento por una concurrida avenida de Bogotá, lo que no solo puso en peligro su vida, sino que desató todo tipo de especulaciones sobre lo que pudo pasar antes de que el clip fuera grabado.

Una de las versiones que tomó fuerza en las redes sociales está relacionada con una supuesta petición de monedas por parte del habitante de calle al conductor del vehículo, que habría tomado la determinación de poner el vehículo en movimiento. Esta hipótesis fue difundida por portales como Colombia Oscura y Blu Radio.

Sin embargo, el mismo joven que grabó el clip desmintió que el protagonista del video estuviera pidiendo monedas a los ocupantes del carro. A través de una publicación en su storie comentó: “No fue por monedas”.

Así, otra de las versiones que también tomó fuerza está relacionada con que el habitante de calle estaba intentando robar uno de los espejos del vehículo. El joven también escribió en los comentarios de su publicación que el hecho se extendió por varios segundos: “Manito, venía 3 cuadras así colgado”.

Entre los comentarios de los internautas se destacan algunos de humor como: “Bien por el del carro, que mamera esos desechables”, “El man iba bien feliz hasta que el asfalto lo acarició”, “Los ñeros se pueden tirar del quinto piso y siguen como si nada jaja”, “Ciudad de locos” y “Se le cayó el pasajero al del Uber”.

En medio de las burlas, algunas personas se mostraron empáticas con la situación, aunque reconocieron la problemática de inseguridad en la ciudad. Entre las reacciones de este tipo se destacan: “Omg me imagino el daño que se hizo. 😢 Da lástima pero una vez me pasó algo similar con unos personajes como estos cuando vivía en Bogotá hace muchísimos años, intentaron robarme el carro y tuve que acelerar y el que no se quitara lo iba a arrollar, sentí que era mi vida o la de ellos” y “Antes que nada, no olviden que esa persona es hijo o hermano de alguien. Creo que todos desconocemos el contexto pero hacer eso con otro ser humano solo refleja el nivel de ignorancia y carencia de valores”.

Otro video viral de un habitante de calle en Bogotá

Esta no fue la única situación que llamó la atención durante la jornada, pues un habitante de calle fue captado en el puente de una estación de TransMilenio mientras era detenido por una uniformada de la Policía, que pretendía evitar que se “lanzara”.

Sin embargo, lo único que pretendía el sujeto era pasar al otro lado del puente por la estructura metálica, aunque todos los presentes creían que atentaría contra su vida, según se escucha en el registro audiovisual, pues una persona le dice a la agente: “Déjalo que se lance”.

“Todos pensando que el habitante de calle se iba lanzar del puente y el hombre solo quería pasar de un puente al otro, cosas que solo pasan en mi Bogotá”, indicó la cuenta RUTA 50 Movilidad y Seguridad que compartió el hecho viral en la red social X.

El hallazgo del cuerpo de una niña de 10 años en La Colorada, municipio de El Progreso, departamento de Yoro, volvió a encender las alarmas este domingo en Honduras. La menor había sido denunciada como desaparecida desde el sábado. La Policía Nacional y Medicina Forense realizaron el levantamiento y trasladaron el cadáver a la morgue de San Pedro Sula.

La niña fue buscada durante varias horas por familiares y vecinos que se sumaron al rastreo en la zona, según relataron pobladores. La comunidad siguió el operativo a medida que la información se difundía entre residentes y allegados.

Información preliminar apunta a que la menor murió por ahogamiento, pero la autopsia y las pericias oficiales deberán confirmar la causa y establecer cómo ocurrió la desaparición, de acuerdo con fuentes policiales.

Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense intervinieron en el sitio donde fue localizada la menor. Tras el procedimiento, el cuerpo fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula, donde se realizará el examen forense antes de la entrega a la familia, según informaron autoridades.

La investigación sigue abierta para precisar las circunstancias del caso y descartar o confirmar la participación de terceros. Las autoridades también buscan reconstruir el recorrido de la niña desde el momento en que fue reportada como desaparecida.

Desapariciones de menores

El caso ocurre en un país donde las desapariciones de menores mantienen registros sostenidos, según datos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y reportes institucionales citados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). En el período 2022-2025 se acumularon más de 700 denuncias de menores desaparecidos, con mayor incidencia en niñas, que concentran cerca del 73% de los casos.

Las cifras consignadas en esos reportes detallan 176 casos en 2022, 188 en 2023 y 238 en 2024. Entre enero y agosto de 2025 se contabilizaron al menos 127 reportes, que siguieron acumulándose hacia el cierre del año, de acuerdo con los mismos registros citados por el CONADEH.

Organizaciones de protección infantil sostienen que las desapariciones pueden vincularse con conflictos familiares, violencia, migración irregular, explotación y la posible participación de estructuras criminales, factores que complican la prevención y la resolución de expedientes, según advertencias difundidas por entidades del sector.

En ese marco, la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN) alertó que en 2025 se registraron más de 300 muertes violentas de menores y adolescentes, un indicador que ubica las desapariciones dentro de un contexto más amplio de riesgos para la niñez.

Registros oficiales

En 2026, los reportes del CONADEH y la DPI registraron que hasta abril se contabilizaban 167 expedientes de personas desaparecidas en general, entre los que se incluyen casos de menores de edad. Según esas fuentes, el dato implica un incremento cercano al 10% interanual frente al mismo período del año anterior.

La muerte de la niña hallada en Yoro queda ahora bajo las diligencias forenses y policiales, mientras las autoridades avanzan con la reconstrucción de los hechos y la verificación de la causa de muerte.

De acuerdo con testimonios recopilados por la plataforma ciudadana @PasaenBogota, en la red social X, el asalto se produjo alrededor de las 9:10 p. m. cuando tres delincuentes, armados con pistola y cuchillo, abordaron un bus de la ruta G147 con destino a Metrovivienda. Los agresores intimidaron al conductor y a los pasajeros, obligando a todos a entregar sus pertenencias.

El episodio tomó un giro más violento cuando, pese a la entrega de los objetos exigidos, una de las pasajeras fue golpeada en la cabeza con la cacha de un arma de fuego. “Se subieron tres personas, uno con arma y otro con cuchillo, amenazaron al conductor. La muchacha entregó el celular y aun así le pegaron dos veces con la cacha del arma”, relató uno de los testigos al canal de denuncias ciudadanas.

En videos difundidos por la comunidad, se observa a la víctima ensangrentada dentro del vehículo, siendo auxiliada por otros usuarios que intentaban detener la hemorragia.

Respuesta de las autoridades y traslado hospitalario

Tras el ataque, el conductor del Sitp detuvo la marcha unos metros más adelante para solicitar ayuda a la Policía Metropolitana de Bogotá. Una patrulla llegó al lugar para coordinar la atención médica de la joven, que fue trasladada de urgencia a un hospital cercano.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre la gravedad de las lesiones ni han precisado el centro asistencial en el que fue atendida.

La denuncia ciudadana sobre este caso se suma a los reiterados llamados de la comunidad del sector de la Calle 80, que exige a la Secretaría de Seguridad y a TransMilenio un incremento en los esquemas de vigilancia y controles policiales, especialmente en los paraderos y puentes de la Avenida Cali, identificados como puntos críticos durante las noches.

Recrudecimiento de la inseguridad en el Sitp

Durante el mismo fin de semana, otro hecho violento se registró en el barrio Floridablanca. Dos pasajeros, un hombre de 54 años y una mujer de 28, fueron atacados con armas blancas durante el hurto en un bus del Sitp.

Ambos debieron ser trasladados al Hospital de Engativá para recibir atención médica, según confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá. La institución indicó que el caso permanece bajo investigación y que unidades judiciales trabajan en la identificación y captura de los responsables.

Estos episodios de violencia incrementaron la preocupación entre los usuarios del Sitp, que denuncian una tendencia al alza en los hurtos dentro de buses y estaciones, principalmente en los corredores con mayor flujo de pasajeros en horario nocturno.

Aumento de los hurtos y reclamos por una estrategia integral de seguridad

El deterioro de la seguridad en el sistema de transporte público de Bogotá quedó reflejado en denuncias y cifras oficiales. De acuerdo con información presentada en febrero de 2026 por la concejal Diana Diago, los hurtos al interior de los buses de TransMilenio y Sitp aumentaron un 45% en 2025, en comparación con el 2024.

Con base en datos de la Secretaría de Seguridad, durante 2025 se reportaron 8.623 hurtos dentro de los buses, lo que equivale a 2.673 casos más que los 5.950 hurtos documentados en 2024. Los buses articulados (rojos) concentraron la mayor cantidad de incidentes con 3.388 casos, seguidos por los alimentadores (verdes) con 2.144 y por los buses del Sitp (azules) con 1.383.

La concejal Diago señaló en su momento: “Vengo denunciando desde hace años la inseguridad en TransMilenio: Ya denuncié las estaciones más inseguras, nada pasó, ahora denuncio la situación que se vive al interior de los buses, que es lamentable. El sistema de transporte de los bogotanos está en manos de los delincuentes”.

Seis personas fueron asesinadas en distintos sectores de capital del departamento de Valle del Cauca durante el sábado 24 de mayo, según informó la Policía Metropolitana de Cali.

Los homicidios, ocurridos principalmente en el oriente de la ciudad, se produjeron en hechos separados y todos estuvieron relacionados con ataques con arma de fuego. El reporte policial detalló que algunas víctimas murieron en el lugar de los hechos y otras fallecieron tras su traslado a centros médicos por la gravedad de las heridas.

Sectores afectados y modalidades de los crímenes

La violencia se hizo sentir en varias comunas de Cali. De acuerdo con datos oficiales, uno de los asesinatos ocurrió en la intersección de la calle 25 con carrera 61, en el sector de Cañaveral, donde un hombre murió por disparos en el sitio.

Otro hecho se registró en la carrera 50 con calle 29, donde la víctima recibió impactos de bala y falleció en el lugar. En el barrio Villa del Lago, específicamente en la carrera 25J con calle 70, las autoridades reportaron el asesinato de un hombre mediante arma de fuego.

Un cuarto caso se presentó en el barrio El Vergel, sobre la carrera 32A con calle 46. Allí, una persona herida en un ataque fue trasladada al hospital Carlos Holmes Trujillo y falleció minutos después.

Otra víctima fue atacada en el sector Sindical, en la carrera 27 con calle 44. A pesar de ser llevada al hospital Primitivo Iglesias, murió debido a la gravedad de las lesiones.

El sexto homicidio de la jornada se registró en la invasión El Valladito de Comuneros, donde un hombre fue atacado al interior de una vivienda.

Es preciso mencionar que las autoridades no entregaron detalles sobre posibles capturas ni revelaron las identidades de las víctimas. Tampoco existe hasta ahora una hipótesis oficial sobre las circunstancias de cada crimen.

Cifras en aumento y población vulnerable

El contexto de los homicidios en Cali se agrava al revisar los datos del Observatorio de Seguridad de Cali. Entre el 1 de enero y el 18 de mayo del 2026, se cometieron 409 asesinatos en la ciudad, lo que representa un incremento del 2% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se documentaron 401 casos.

Uno de los segmentos más afectados es el de los jóvenes. El Observatorio reportó que 136 personas de entre 18 y 28 años fueron asesinadas. Además, 27 menores de entre 14 y 17 años figuran entre las víctimas de homicidio en lo que va del año.

Según el informe, estos datos refuerzan la preocupación por la escalada de violencia que golpea a la población más joven.

Reacción institucional y búsqueda de soluciones

Tras los hechos violentos del fin de semana, las autoridades locales reiteraron su compromiso con la investigación de los crímenes y la adopción de medidas para frenar el fenómeno.

La Policía Metropolitana de Cali continúa desplegando operativos en los sectores afectados, aunque hasta el momento no se han anunciado resultados concretos en cuanto a detenciones o esclarecimiento de los móviles de los asesinatos.

Violencia en el norte del Valle del Cauca

El clima de inseguridad no se limita a la capital departamental. El viernes 22 de mayo, en el municipio de Toro, tres personas identificadas como Mercedes, Octavio y Silvio fueron asesinadas en hechos aislados.

Esta situación motivó un consejo extraordinario de seguridad con la participación del Departamento de Policía Valle, la Administración Municipal de Toro, el Ejército Nacional y autoridades departamentales, que definieron nuevas estrategias para reforzar la presencia institucional en la zona.

Entre las medidas adoptadas destacan restricciones al parrillero hombre, reducción de horarios de funcionamiento de establecimientos públicos y prohibición de permanencia de menores en espacios públicos después de las 8:00 p. m.

Las autoridades expresaron que estas disposiciones buscan proteger a la población y reducir los factores que facilitan hechos delictivos.

La Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta $30 millones para quienes entreguen información que permita la ubicación de los responsables de los homicidios más recientes.

El asalto se produjo durante la mañana del 21 de enero pasado, cerca de las 7.30. Tres ladrones armados forzaron la puerta de ingreso y sorprendieron al dueño de casa, un hombre de 50 años. Lo redujeron y lo maniataron, para luego revisar cada ambiente en busca de objetos de valor. Más tarde, escaparon con dinero y varias joyas familiares.

La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción N°4 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Mariano Zitto, quien coordinó la investigación con la DDI de Avellaneda-Lanús.

Parte del hecho quedó registrado por una cámara de seguridad colocada en el interior de la vivienda. En el video se observa cómo dos de los asaltantes abordaron a la víctima y, tras reducirlo, junto al tercer cómplice comenzaron a revolver las cosas.

Esas imágenes, junto a otras tomadas por las cámaras del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Avellaneda, resultaron claves para identificar a los sospechosos.

Según el reporte policial, al revisar los registros, los efectivos detectaron un detalle particular: uno de los delincuentes vestía unas zapatillas negras y blancas de diseño llamativo. A partir de este calzado, posteriormente, se vinculó a uno de los detenidos con el hecho.

Los investigadores también analizaron comunicaciones telefónicas y rastrearon los dos vehículos usados por la banda para la huida. Con todos los datos reunidos, la Justicia dispuso dos órdenes de detención y cuatro allanamientos.

Los operativos se realizaron el miércoles pasado en distintos puntos del conurbano y terminaron con los arrestos de Eduardo Oscar Martínez, de 49 años, y Christian Ramón Sandoval, de 36. Ambos quedaron imputados por “robo agravado por el ingreso en finca con moradores”.

Durante los allanamientos, además, los efectivos secuestraron una moneda de colección que habría sido robada a la víctima, guantes negros, prendas de vestir y el par de zapatillas que había sido captado por las cámaras de seguridad. También hallaron dos teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes.

Mientras se investiga si los sospechosos pudieron haber participado en otros hechos similares en la zona, sigue la búsqueda del tercer integrante de la banda, que ya está identificado.

El mismo miércoles, personal policial de Avellaneda detuvo a cinco menores acusados de robar una camioneta Toyota Hilux.

Según informaron fuentes policiales, operadores de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal advirtieron el paso del vehículo, que había sido sustraído minutos antes en la zona de Wilde. Tras una persecución que se extendió por varias calles y finalizó en el estacionamiento de un complejo de torres, los sospechosos abandonaron la camioneta e intentaron esconderse en las escaleras de una vivienda cercana.

Los efectivos lograron interceptar a los adolescentes, de entre 14 y 17 años, quienes quedaron a disposición de la justicia de menores. Interviene el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°3 del Departamento Judicial de Avellaneda.

En tanto, la camioneta recuperada fue devuelta a su propietario, que se presentó en la comisaría tras ser notificado del hallazgo.

Una nueva ola de violencia golpeó al estado de Veracruz durante las últimas horas, dejando al menos ocho personas asesinadas y tres más heridas en distintos hechos ocurridos en municipios como Coatzacoalcos, Poza Rica, Cuitláhuac, Tlapacoyan y Atzalan.

Los hechos se registraron apenas unos días después de que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, afirmara públicamente que trabaja para mantener un estado “seguro y en paz”, en medio de los crecientes reclamos ciudadanos por el aumento de la violencia en diversas regiones de la entidad.

La cadena de hechos violentos comenzó desde el pasado domingo 17 de mayo con el feminicidio de dos comerciantes y continuó hasta el martes 19, cuando un hombre fue asesinado en Poza Rica. Sin embargo, la situación volvió a intensificarse el jueves 21 de mayo con nuevos ataques armados y ejecuciones.

Uno de los casos que más impacto generó fue el asesinato de Carlo Cano, gerente del Ingenio Central La Providencia, quien fue emboscado por hombres armados mientras circulaba sobre la carretera Yanga-Omealca, cerca de la comunidad San José de Abajo, en el municipio de Cuitláhuac.

De acuerdo con reportes preliminares, sujetos armados interceptaron el vehículo del empresario y abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de escapar. Autoridades estatales desplegaron un operativo en la zona, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Ataques armados en bares, carreteras y negocios

Horas después del homicidio del empresario, otro ataque armado ocurrió en el “Video-bar El Arrecife”, ubicado en la colonia Francisco Villa de Coatzacoalcos.

El atentado se registró alrededor de las 11 de la noche dentro del establecimiento localizado sobre la calle Juan Osorio López, casi esquina con Náhuatl, donde hombres armados dispararon contra las personas presentes. El saldo preliminar fue de un hombre muerto y otro lesionado por arma de fuego.

La violencia continuó este viernes en distintos municipios veracruzanos. En Poza Rica, un ataque armado contra el depósito de cerveza “El Farolito”, ubicado sobre la avenida Ruiz Cortines frente a la plaza Garibaldi, en la colonia Ávila Camacho, dejó dos personas muertas y dos heridas.

Testigos reportaron que sujetos armados arribaron al negocio y dispararon directamente contra las víctimas antes de huir del lugar, lo que provocó una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de emergencia.

En otro hecho, un hombre fue asesinado a balazos en el municipio de Tlapacoyan cuando circulaba a bordo de un automóvil Nissan Sentra gris sobre la carretera federal 129, cerca de la comunidad Palmilla.

Taxista y mujer también fueron asesinados

La jornada violenta también dejó el asesinato del taxista Alexander López, quien conducía la unidad marcada con el número económico 193 del sitio Mercado, en el municipio de Cuitláhuac.

De acuerdo con reportes locales, hombres armados interceptaron el taxi y dispararon contra el conductor, quien murió en el lugar antes de recibir atención médica.

Mientras tanto, en el municipio de Atzalan, ubicado en la zona norte de Veracruz, una mujer identificada como Macrina Rodríguez fue asesinada con arma blanca dentro de su vivienda localizada en la colonia Buena Vista.

El crimen ocurrió al interior del domicilio marcado con el número 203 de la calle 20 de Noviembre. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos provenientes de la vivienda.

La nueva escalada violenta ha provocado preocupación entre habitantes de distintas regiones del estado, donde empresarios, comerciantes, transportistas y ciudadanos han denunciado el incremento de ataques armados y homicidios.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado si los distintos hechos violentos registrados en Veracruz están relacionados entre sí o vinculados con operaciones de grupos del crimen organizado que mantienen presencia en la entidad.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el delincuente fue detenido en la localidad de Quilmes, luego de una investigación que incluyó análisis de cámaras y un seguimiento.

El hecho que originó la investigación ocurrió el 19 de abril pasado, cuando cinco hombres encapuchados irrumpieron en una vivienda de la calle 133 entre 44 y 45, en La Plata, y redujeron a sus dueños. Sustrajeron dinero y objetos de valor.

Los asaltantes escaparon rápidamente, pero la policía local logró interceptar poco después el auto Chevrolet Spin, en el que viajaban dos de ellos: identificados con los apellidos de Soto Gómez y Reyes, quienes fueron aprehendidos y trasladados a sede judicial, junto con elementos que los vinculaban al robo.

A partir de ahí, la DDI La Plata se hizo cargo de la investigación por disposición de la UFIJ Nº 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, quien tiene a su cargo el expediente.

La investigación avanzó rápidamente y gracias a los primeros trabajos de los detectives bonaerenses, se logró identificar a un delincuente de nombre Marcelo Ezequiel Gómez como uno de los autores. La clave fue el hallazgo de una huella en la escena. Fue así que lograron establecer que tenía domicilio en la zona de Lanús, aunque sin encontrarlo todavía.

La investigación no terminó allí: de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el análisis de cámaras y otros elementos permitió establecer la participación de Salvatierra, quien ya poseía antecedentes penales por diversos delitos.

El 1 de mayo pasado, por orden judicial, se realizaron seis allanamientos para lograr detención de Gómez y Salvatierra. En esos procedimientos, la policía secuestró una Chevrolet Captiva con pedido de secuestro activo por hurto automotor, una gorra utilizada por Salvatierra el día del robo, zapatillas y un celular de interés para la causa.

El Fiscal dispuso continuar con las tareas para localizar a los prófugos vinculados a la organización. Paralelamente, se relevaron testimonios y analizaron más cámaras de seguridad.

El 21 de mayo, la Policía profundizó las tareas investigativas y determinó que Salvatierra se hallaba en un departamento alquilado desde hacía quince días, en la calle Conesa entre Moreno y San Martín, en la zona del centro de Quilmes. El sospechoso utilizaba una camioneta Volkswagen Tiguan para movilizarse. Se montó una vigilancia encubierta y, tras observarlo salir del edificio, fue arrestado cuando paseaba a un perro. En su poder se secuestró un celular.

La Fiscalía solicitó un allanamiento de urgencia en el departamento y la requisa del vehículo. Allí fueron identificados y detenidos Brenda Cantero y Maximiliano Alejandro Osorio. Osorio tenía un pedido de captura activo por robo, emitido el 22 de marzo de 2023 por el Juzgado de Garantías N.º 5 de La Plata.

Durante el procedimiento se incautaron una pistola Bersa con pedido de secuestro activo por robo agravado del 18 de febrero de 2026, seis cargadores de pistola, un corta hierro hidráulico tipo tijera, 97 municiones calibre 9 mm,129 municiones calibre 22, cartuchos de escopeta, un ladrillo de cocaína de 940 gramos, una bolsa de 139 gramos de cocaína, la Tiguan sin impedimentos legales, 14.200 dólares,7900 pesos, dos celulares y una tablet.

La UFI 20 Quilmes dispuso la aprehensión de Cantero y Osorio por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, mientras que la UFI 5 Quilmes imputó a los tres por tenencia compartida ilegal de arma de uso civil condicional.

Todos los elementos secuestrados fueron remitidos a la justicia para su análisis y pericia forense, especialmente los dispositivos electrónicos y el vehículo, que fue inspeccionado por Policía Científica para relevamiento fotográfico y de rastros.

El Ministerio Público Fiscal dispuso la remisión inmediata de las actuaciones y de los detenidos a sede judicial. Osorio manifestó interés en declarar ante el magistrado interviniente.

En ese sentido, las fuentes consultadas por este medio indicaron que se estableció que Salvatierra estaría involucrado en al menos tres robos armados cometidos entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 en La Plata, Berisso y Los Hornos.

En todos los casos, las víctimas denunciaron la irrupción de sujetos armados y encapuchados, que los redujeron y sustrajeron dinero, vehículos y objetos de valor. En uno de los hechos, sucedido el 5 de marzo de 2026 en un barrio privado de Ruta 11, los delincuentes robaron una camioneta Toyota Hilux, que fue recuperada posteriormente.

Salvatierra tiene un prontuario extenso, con causas por robo calificado, amenazas agravadas, lesiones y antecedentes de libertad en unidades penales de La Plata y Magdalena. Osorio también acumula procesos penales previos y una orden de captura vigente. Cantero, por su parte, no tenía antecedentes registrados.

Por el robo de la casa fueron imputado por robo calificado bajo la modalidad entradera y encubrimiento.

En los últimos 12 meses, la demanda de protección a vehículos en México registró un crecimiento estimado de hasta 20% anual en medio de un incremento de la percepción de inseguridad de los habitantes, de acuerdo con cifras oficiales.

El Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CNB) informó que la industria del blindaje automotriz presenta un impulso ante la creciente necesidad de protección de los mexicanos. Esto llevó al país a posicionarse como el segundo mercado más importante en solicitudes de blindaje automotriz, tan solo después de Brasil.

De acuerdo con los datos, la necesidad de protección se ha enfocado en el sector ejecutivo y empresarial, que han llevado a que cada año se blinden aproximadamente 4 mil vehículos y un aumento en las solicitudes de entre 15% y hasta 20% anual.

En 2025 incrementó la percepción de inseguridad

El informe del Índice de Paz en México 2026 refiere que cerca de tres cuartas partes de los mexicanos han reportado sentirse inseguros en su estado desde 2015, la cual presentó su máximo histórico en 2018 (con 79.4%).

Tras disminuir de manera gradual en los siguientes años, en 2025 esta cifra volvió a presentar un aumento luego de que 75.6% de los mexicanos dijeron sentirse inseguros en los estados donde viven.

Las entidades que presentaron mayor percepción de inseguridad son Morelos (con 90.1%), Tabasco (89.8%), así como Guanajuato, Estado de México y Zacatecas con 87% cada uno.

Por su parte, los estados con mayores índices de violencia fueron Colima (por cuarto año consecutivo), Sinaloa, Guanajuato, Morelos y Baja California (este ultimo pese a que la percepción de inseguridad fue de poco más del 30%).

Los hallazgos refieren que en algunas entidades con percepción alta de inseguridad no se tienen índices altos de violencia, lo que también podría deberse a que los hechos del pasado causaron gran impacto y pese al tiempo se mantiene esta sensación.

Lo anterior debido a que la percepción de inseguridad contrasta con la cifra de paz en México, pues en 2025 se estimó una mejora de 5.1% tras cuatro años de deterioros, impulsada por una reducción del 22.7% en los homicidios, (equivalente a 7 mil muertos menos que el año pasado); sin embargo, el informe destaca que “a pesar de esta mejora, la violencia sigue siendo elevada en relación con los niveles históricos”.

Crimen organizado es el principal impulsor de la violencia extrema: CJNG y Cártel de Sinaloa encabezan los dos hechos que definirán la seguridad

Los hallazgos del Índice de Paz en México refieren que la consolidación del poder del Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha provocado en el pasado que los niveles de violencia disminuyan al bajar los conflictos entre grupos criminales, tal y como sucedió desde inicios de 2020.

Sin embargo, dos acontecimientos dentro de dichos cárteles podrían definir la seguridad en México en los próximos meses: la detención en julio de 2024 de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, y el abatimiento en febrero de 2026 de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del CJNG.

El informe también detalla que el incremento de homicidios causada por la caída de “El Mayo” no solo se registró en Sinaloa, sino que el máximo se concentró en Sonora.

Derivado de la detención del exlíder, comenzó una alianza entre la facción de Los Chapitos y el CJNG que también estaría impactando en los homicidios relacionados con el conflicto previo (desde 2010) que esta organización criminal mantenía con el Cártel de Sinaloa para detener su expansión. Dicha cifra ha disminuido luego de presentar un máximo histórico en 2021 de 15 mil muertes a 11 mil en 2024, el último año documentado.

La víctima participó en varios programas de la Alcaldía de Bogotá y, según la Oficina de Turismo de Bogotá, fue fundador de LaK-Zona, un espacio que durante años promovió el encuentro ciudadano, la memoria, el arte y el turismo comunitario en el centro de la ciudad. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes lo identificó además como gestor cultural, educador comunitario y artista plástico.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, Piñeros estaba fuera de un local comercial en el centro de la capital, cuando otra persona se le acercó y le disparó en varias ocasiones.

El teniente coronel Ricardo Cháves, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó lo sucedido: “Se presenta un hecho en la localidad de Santa Fe, donde una persona que se encontraba en un establecimiento público, desafortunadamente, es abordada por una persona que le propina varios impactos de arma de fuego”.

El oficial añadió: “Nuestra zona de atención, nuestro personal de la localidad, inmediatamente, inicia una búsqueda también con nuestra Policía judicial, con trazabilidad de cámaras y para poder verificar cuáles fueron los hechos que rodearon esta desafortunada muerte”.

En su llamado, pidió a aquellos que tengan información que la entreguen a la línea 123.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el homicidio y exigió avances rápidos en la investigación: “Rechazamos el asesinato de Alberth Piñeros, un líder cultural que participó en varios programas de la Alcaldía de Bogotá. Les pido a las autoridades esclarecer cuanto antes los móviles y las circunstancias del asesinato, así como identificar y capturar a los responsables”.

La Secretaría de Gobierno también lamentó la muerte y definió a Piñeros como líder comunitario, gestor cultural y defensor de la memoria del centro de Bogotá. La entidad destacó su trabajo en Santa Fe y su participación en iniciativas como el Mapa Sonoro de los Derechos Humanos.

Por su parte, la Oficina de Turismo de Bogotá sostuvo que Piñeros impulsó procesos ciudadanos que fortalecieron el tejido social y cultural de los territorios desde su trabajo en la localidad de Santa Fe. La entidad aseguró que sus iniciativas conectaban el turismo con la identidad local, la apropiación comunitaria y la construcción de espacios seguros para el diálogo y la participación.

Esa misma oficina señaló que LaK-Zona se consolidó como un escenario de encuentro para artistas, gestores, colectivos y comunidades, y que también se convirtió en un referente de turismo comunitario y cultural en el centro de la ciudad.

El Ministerio de las Culturas también se pronunció

La cartera expresó sus condolencias y definió a Piñeros como un promotor de la transformación territorial, la preservación de la memoria y la circulación cultural abierta a todos los géneros y expresiones musicales. En su pronunciamiento, el ministerio hizo un llamado a las garantías de protección y seguridad para los líderes culturales del país.

Según el ministerio, las obras plásticas realizadas por el joven evocan la herencia indígena, la reivindicación de los saberes originarios y la recuperación de un sector que la entidad describió como olvidado y afectado por la delincuencia.

La muerte de Piñeros dejó, según el ministerio, “un profundo vacío en toda la comunidad cultural de Bogotá y el país” que trabajó en la creación, la circulación, la investigación y el fomento de la cultura.

En el Bajo Aguán, donde la tierra ha sido durante años motivo de disputa, miedo y muerte, el jueves volvió a amanecer con olor a pólvora. Lo que comenzó como reportes confusos sobre disparos en una finca de palma africana en Trujillo, Colón, terminó convirtiéndose en una de las jornadas más violentas registradas este año en Honduras.

Al interior de una plantación ubicada en la aldea Rigores, se reportaron los hallazgos de al menos 11 cuerpos. Primero unos pocos. Luego más. Al cierre de los reportes preliminares, la cifra superaba las 17 víctimas, entre ellas varias mujeres, en un escenario descrito por pobladores como una emboscada ejecutada con armas de alto calibre.

Las primeras versiones indicaban que las víctimas eran trabajadores agrícolas que se dirigían a iniciar labores dentro de la finca, específicamente tareas de mantenimiento y recolección en la plantación de palma africana, cuando fueron interceptados por hombres armados.

Algunos cuerpos quedaron tendidos cerca de una caseta utilizada como punto de control dentro de la finca, mientras que otros fueron hallados dispersos entre los surcos de palma africana, en distintos puntos del terreno.

Equipos de Medicina Forense realizaron el levantamiento bajo resguardo policial en una escena marcada por la violencia del ataque y la evidencia de una emboscada.

Hasta ahora la información es escueta, incluso en los reportes preliminares de las autoridades.

“Fue una matanza”, afirma un habitante del sector que prefirió no identificarse por temor.

La escena volvió a poner bajo atención nacional al Bajo Aguán, una extensa región agrícola del litoral atlántico hondureño que desde hace décadas está atrapada entre disputas de tierra, intereses económicos y presencia de estructuras criminales.

La zona de Rigores, donde ocurrió la masacre, forma parte de un corredor históricamente conflictivo. Allí convergen asentamientos campesinos, fincas de palma africana y reclamos agrarios que en distintos momentos han derivado en enfrentamientos armados, desalojos y asesinatos.

Por años, organizaciones campesinas y defensores de derechos humanos han denunciado que el Aguán se ha convertido en uno de los puntos más violentos del país para quienes viven y trabajan en áreas rurales.

Mientras el país aún intentaba comprender la magnitud de la matanza en Colón, otro hecho armado sacudía simultáneamente el norte hondureño.

Más violencia en un jueves negro

Mientras la población hondureña asimilaba el impacto de la violencia en Bajo Aguán, a más de 150 kilómetros de distancia, en Corinto, Omoa, departamento de Cortés, un operativo antidrogas ejecutado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) terminó en un intenso enfrentamiento armado con presuntos integrantes de una estructura criminal.

La operación había iniciado como una intervención contra una banda vinculada al tráfico de drogas en la zona fronteriza con Guatemala. Al ingresar a una vivienda, los agentes fueron recibidos a disparos por hombres fuertemente armados.

Vecinos señalan que las detonaciones se prolongaron durante varios minutos mientras patrullas policiales y vehículos militares ingresaban al sector. Comercios cerraron sus puertas y decenas de familias se refugiaron dentro de sus viviendas, como se aprecia en el material audiovisual que acompaña esta crónica.

Las primeras informaciones hablaban de al menos seis policías muertos, agentes desaparecidos y civiles fallecidos en medio del intercambio de disparos. Versiones preliminares indicaban que varios miembros de cuerpos élite habrían perdido la vida, junto a presuntos integrantes de la estructura criminal, aunque las autoridades continuaban verificando las cifras oficiales. Entre los heridos figuraba incluso el jefe de la Policía de Fronteras.

El nivel de violencia obligó al cierre temporal del paso fronterizo entre Honduras y Guatemala por Corinto. Horas antes de ese enfrentamiento, otro agente policial había sido asesinado en Chamelecón, San Pedro Sula, durante otra operación de seguridad.

La jornada terminó convertida en una cadena de violencia simultánea que volvió a exponer la fragilidad de la seguridad en varias regiones del país.

Ante la presión pública, la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado anunciando una intervención inmediata en las zonas de Trujillo y Omoa, prometiendo operaciones intensivas, despliegue conjunto de policías y militares, equipos especiales de investigación y acciones “contundentes” para capturar a los responsables.

También se anunció la conformación de grupos integrados por fiscales, unidades de inteligencia y especialistas de Medicina Forense para esclarecer ambos casos.

El Bajo Aguán arrastra décadas de violencia ligada a conflictos agrarios y disputas territoriales. En paralelo, sectores fronterizos como Corinto se han convertido en corredores estratégicos para actividades vinculadas al narcotráfico, tráfico de armas y crimen organizado.

Hondureños demandan seguridad

Solo en lo que va de 2026, Honduras registra al menos 11 masacres con decenas de víctimas, que han dejado cerca de 47 personas fallecidas en distintos puntos del norte del país, según reportes preliminares de observatorios y medios locales.

Mientras en Rigores los familiares seguían llegando en busca de respuestas y en Corinto los retenes militares permanecían instalados en medio del temor, Honduras cerraba otra jornada marcada por masacres, enfrentamientos armados y regiones enteras atrapadas entre el crimen organizado, las disputas territoriales y una violencia que parece no dar tregua.

El hecho ocurrió en octubre del año pasado, cuando varios delincuentes ingresaron al local ubicado en la avenida Libertador al 4800 y amenazaron a los empleados con un arma de fuego. Se llevaron la recaudación del día, teléfonos celulares y pertenencias de trabajadores y clientes, para luego escapar rápidamente.

El caso quedó en manos de la ayudantía especializada en robos bajo la modalidad “entradera”, dependiente de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 de Moreno, a cargo de las fiscales Solange Castelli y Érica Chiessi.

La investigación reunió a personal de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense y de la División de Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina. El Juzgado de Garantías N°2, a cargo del juez Gabriel Alberto Castro, intervino en la causa.

Una situación infortuita para los ladrones fue el teléfono que dejó caer uno de ellos en medio del escape. Ese elemento resultó fundamental: a partir del análisis del aparato y de las imágenes de las cámaras de seguridad, sumados a distintos testimonios que se agregaron al expediente, los investigadores pudieron reconstruir la secuencia e identificar a todos los sospechosos.

El primero cayó a fines de diciembre. Fue identificado como Lautaro Rubén Ferreira, de 23 años, hoy preso en el penal de Sierra Chica.

La investigación del asalto al supermercado chino llevó a relacionar ese hecho con otros dos robos de similares características cometidos en la zona entre septiembre y noviembre del mismo año, siempre bajo la misma modalidad. El monto sustraído durante los hechos asciende a nueve millones de pesos.

Se determinó entonces que detrás del violento asalto al supermercado había una banda que cometía este tipo de golpes.

Los detectives avanzaron con la apertura de antenas telefónicas, el análisis de IMEI y SIM de equipos sustraídos, y triangulación de geolocalización. Además, la información obtenida del teléfono incautado permitió determinar los domicilios y movimientos de otros tres sospechosos. Así, fueron a buscarlos.

Los allanamientos se realizaron en las últimas horas en distintos puntos del conurbano bonaerense: uno en El Talar, uno en Moreno, uno en Malvinas Argentinas y tres en Don Torcuato.

Durante los operativos, las autoridades detuvieron a Jorge Adrián López (42) y a Leandro Luis Vera (30). El primero está señalado en la causa como un empleado de seguridad privada que habría aportado datos sobre horarios y movimientos del comercio para facilitar el golpe.

También hubo un cuarto sospechoso arrestado, Carmelo Alfredo Ríos (42), quien al momento del allanamiento estaba vestido de la misma forma que uno de los asaltantes vistos en las filmaciones.

En los procedimientos, además, los agentes secuestraron una pistola 9 mm marca Taurus con municiones, cinco celulares y prendas de vestir similares a las que usaron los autores del robo. No encontraron droga ni vehículos en los domicilios allanados.

Desde la Fiscalía General del Departamento Judicial de Moreno - General Rodríguez destacaron que el trabajo conjunto y el uso de herramientas técnicas lleva tiempo arrojando resultados en la zona, con varias bandas desarticuladas y un índice de eficacia que duplica el promedio provincial y del Conurbano.

La Ayudantía de Robo con armas fue creada por la Fiscalía General en abril de 2021 y el año pasado la UFI N°7 sumó una nueva agente fiscal y una funcionaria para reforzar su equipo.

En medio de la crisis de seguridad que se vive en Bogotá, en la mañana del jueves 21 de mayo se conoció la historia de un hombre que sobrevivió a un ataque armado en el sector de Alcalá, luego de que una bala impactara su teléfono móvil y no su cuerpo.

Según información revelada por el noticiero Citynoticias, el hecho, que ocurrió cerca de las 12:30 a. m. del miércoles 20 de mayo, dejó al afectado con lesiones físicas, pero fuera de peligro.

El intento de robo se produjo mientras la víctima organizaba sus pertenencias dentro de su vehículo al llegar a su vivienda. Varios sujetos armados, que se movilizaban en otro automóvil, lo interceptaron y cercaron el automotor.

“Prácticamente, me salvó la vida. Yo venía de trabajar y puse el carro al frente de donde yo estoy viviendo. Fui a bajar mis objetos personales para después guardar el vehículo. Y en ese instante, mientras que estaba arreglando las cosas para bajarme, llegó un vehículo de una gama más alta que el mío, un Mazda 3 más actualizado, en el cual se bajaron cuatro sujetos del vehículo”, señaló la víctima al noticiero local.

Tres de los agresores abrieron la puerta del conductor, mientras uno más hizo lo propio con la del copiloto, dando inicio a un forcejeo violento.

Durante el asalto, uno de los delincuentes disparó con una arma traumática modificada. Uno de los proyectiles fue desviado por el celular del conductor, lo que evitó que la bala ingresara a su cuerpo y causara heridas de mayor gravedad. El impacto fue tan potente que perforó también la chaqueta de la víctima.

“El que abrió la puerta del copiloto tenía una arma traumática modificada, en el cual me dieron dos disparos. Uno que fue en la costilla, que prácticamente ingresó dos centímetros. También otro disparo en lo que fue que cayó el celular, porque iba para mis partes íntimas. Y pues digamos que adicional a eso, me comenzaron a golpear a puños, patadas, me comenzaron a pegar en la cabeza, pues tengo muchas lesiones en la cabeza y en la cara”, señaló la víctima a Citynoticias.

El ataque armado en el sector de Alcalá dejó al conductor con diversas lesiones físicas, pero el celular que llevaba en su ropa absorbió el impacto de una de las balas, salvando su vida. Los delincuentes, al no lograr su cometido, huyeron rápidamente del lugar.

El hombre relató que, además de los disparos, fue agredido con puños, patadas y golpes en la cabeza. Sufrió lesiones en el rostro y el cráneo durante el forcejeo, mientras intentaba evitar que los asaltantes se llevaran su vehículo. El enfrentamiento se prolongó durante varios minutos, con la víctima aferrándose al coche para impedir el robo.

“Mi reacción fue aferrarme al carro. En ese momento duraron casi uno o dos minutos tratando de agredirme y cuando de un momento a otro, no pudieron literalmente quitarme el vehículo, salieron corriendo y aceleraron a toda velocidad en el carro que venía”, comentó la víctima al noticiero.

Tras la fallida tentativa de hurto, los delincuentes desistieron y escaparon en su automóvil, dejando al conductor lesionado, pero con vida. El afectado fue trasladado a un centro médico donde recibió atención por los golpes sufridos; ninguna de las lesiones comprometió su integridad vital.

Sin embargo, residentes del sector pidieron a las autoridades mayor control y vigilancia ante un incremento descontrolado de la criminalidad. Según indicaron los afectados, estos ataques se estarían presentando de forma repetitiva en diferentes calles de Alcalá.

“Estamos en este momento en una inseguridad terrible. Estamos solicitando apoyo del CAI de La Alquería y ellos, pues hemos ido allá, nos han dado números telefónicos, pero nunca contestan, nunca están ellos. Y para que uno lo solicite, ellos se demoran a veces demasiado en llegar”, señaló uno de los residentes.

La violencia volvió a golpear al norte de Honduras este jueves tras un ataque armado ocurrido en el sector de Palmeras, en la zona de Paso Aguán, municipio de Trujillo, departamento de Colón, a unas seis horas de la capital hondureña, donde fueron encontrados múltiples cuerpos tras una emboscada dentro de una finca de palma africana.

De forma preliminar, las autoridades reportaron que al menos 14 personas habrían perdido la vida en el hecho violento, entre ellas tres mujeres cuyos cuerpos fueron localizados en las afueras de la propiedad, mientras que el resto de las víctimas permanecían en el interior de la finca.

Según versiones iniciales de habitantes de la zona, las víctimas serían trabajadores agrícolas que se dirigían a iniciar sus labores cuando fueron sorprendidos por un grupo armado. Los atacantes utilizaron armas de grueso calibre, lo que provocó la muerte inmediata de las personas en el lugar.

Testigos indicaron que los cuerpos quedaron dispersos en distintos puntos de la propiedad, incluso en estructuras tipo caseta dentro de la finca, lo que da cuenta de la magnitud y brutalidad del ataque.

El hecho ocurrió en la zona de Rigores, un asentamiento campesino del Bajo Aguán, una región históricamente marcada por conflictos agrarios, disputas por la tenencia de la tierra e invasiones que han derivado en enfrentamientos entre grupos campesinos, guardias de seguridad privada y fuerzas del orden.

En este territorio opera una de las principales zonas de producción de palma africana del país, actividad que ha estado durante años vinculada a tensiones sociales y reclamos de tierras por parte de organizaciones campesinas.

Violencia en la zona norte

El Bajo Aguán es uno de los puntos más conflictivos de Honduras debido a la persistencia de disputas agrarias que, en distintos momentos, han escalado a hechos de violencia armada.

Como antecedente, reportes de seguridad y organizaciones locales han señalado que en lo que va de 2026 se han registrado múltiples episodios violentos en la región, incluyendo al menos 11 masacres que han dejado cerca de 47 personas fallecidas en distintos puntos del norte del país.

Las autoridades han advertido sobre la circulación de armas de alto poder y la presencia de estructuras criminales en zonas rurales, lo que ha complicado la contención de la violencia en comunidades campesinas y áreas productivas.

De manera paralela, en otros puntos del norte del país también se han registrado hechos violentos contra agentes del orden.

En el sector de Corinto, en Omoa, Cortés, se reportaron recientemente ataques armados en los que habrían perdido la vida al menos cinco policías en dos incidentes distintos, según reportes preliminares difundidos en la zona fronteriza, lo que refleja la expansión de la violencia hacia corredores estratégicos del occidente y norte del país.

Las autoridades policiales confirmaron el despliegue de equipos especiales en el área de Trujillo para asegurar la escena del crimen, coordinar el levantamiento de los cuerpos junto a Medicina Forense y avanzar en las investigaciones para establecer la identidad de las víctimas y los responsables del ataque.

Hasta el momento no se ha emitido una versión oficial detallada sobre el móvil del crimen, mientras la zona permanece bajo fuerte resguardo policial en espera de las diligencias forenses correspondientes.

Información en desarrollo

Se trata de Nicolás Gustavo Emanuel Coria, 21 años, oriundo de Melchor Romero, detenido en la Unidad N°18 de Gorina, con dos causas en su historia por robo a mano armada. Lo sigue Tobías Leonardo Monzón, 23 años, domicilio en Ensenada, encerrado en la Unidad N°61 de Melchor Romero. Su historial revela causas en su contra por robo calificado y tentativa de homicidio.

Anton Daniel Monzón, su hermano, de 32 años, está irónicamente registrado como kiosquero en ARCA; changarín si le pregunta, se encuentra preso en Olmos por homicidio agravado. Sigue en la lista Franco Nicolás Rodríguez detenido en Olmos también, con otra causa por robo.

Así, el área de Cibercrimen de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense entró a sus celdas tras casi tres años de investigación en su contra. La fiscal Cecilia Corfield de la UFI N°15, los acusa de conformar una asociación ilícita que se convirtió en una verdadera pyme del delito en la capital provincial, supuestos expertos en entraderas todos.

Hay diez acusados identificados en la causa: Ignacio Camilo Pugliese, el primero en la lista de la fiscal Corfield, fue detenido esta semana también.

La banda, aseguran investigadores del caso, comenzó en la calle y continuó desde prisión, con inteligencia y directivas enviadas desde las celdas. Se nucleaban en torno a un grupo de WhatsApp, llamado “El 79″, el número que representa al ladrón en la quiniela.

Sus teléfonos -incautados en diversos allanamientos- los delataron, con audios que ilustran esta nota, charlas obvias sobre “salir a laburar”, marcar a un vecino que vive “con la jermu y tres pibes”, o a otro vecino “con una Ranger toda brillante”. El grupo, como toda banda bonaerense de ladrones, era ciertamente ambicioso. En otro audio, que es parte de esta nota, uno de sus miembros agitaba a otro para recolectar “un par de millones largos”.

Sus stories de Instagram muestran el altar a un hampón muerto al que le ofrendaban velas y licor, cuchillos y pistolas. Uno de ellos hasta firmaba documentos en prisión con ese número. El show obsceno en redes continuaba con chicanas entre ellos, poses con pistolas, cosas así. “Soy un real bandido, no tu príncipe azul”, decía Tobías Monzón.

Las entraderas no eran lo único en su menú. Se dedicaban también a “robos y hurtos de automotores, robos y hurtos de chapas patente, falsificación o adulteración de bienes registrables, y tenencia y portación ilegal de armas de fuego de diferentes calibres”, de acuerdo a la imputación de Corfield.

La fiscal, puntualmente, los acusa de cometer cinco entraderas entre noviembre y diciembre de 2023, con botines que incluyeron 600 mil pesos en efectivo y 2800 dólares, televisores, joyas, zapatillas y hasta una pistola Bersa Thunder 22.

Los hermanos Monzón se destacan en la lista. Anton, el mayor, “el más picante”, fue complicado por los teléfonos de sus amigos. “Le apagamos la tele a muchos”, dice un mensaje que la fiscal le atribuye. “Los quiero hermanos, pronto vamos a contar muchos millones y no se olviden que la chispa es una”, continuó, un líder nato.

Tobías, el menor, fue ubicado por la fiscal Corfield en el hecho más lucrativo de la banda, cometido el 17 de diciembre de 2023 en una casa de la calle 135. Una chica fue la víctima. Allí, cuatro delincuentes, entre ellos Ignacio Pugliese -uno de los interlocutores usuales de Anton Monzón en los chats-, se habrían llevado 2800 dólares y un Volkswagen Fox, además de un puñado de joyas de oro.

Los Monzón tienen cierta fama en el submundo del delito provincial. Habían desafiado a la Bonaerense a fines de aquel año. “Gorras, nunca tocaron un millón”, le espetaron a la Comisaría 9° de La Plata, para terminar presos poco después por los mismos policías a los que chicanearon.

Los hermanos cayeron por separado luego de tres allanamientos en las zonas de Berisso y La Unión, realizados con una tropa de asalto, con una causa en su contra a cargo de la UFI N°17.

Instagram, otra vez, era su fetiche. Allí, publicaban fotos de los botines que robaba, de sus armas y sus billetes, mientras desafiaba abiertamente a la Bonaerense. La imputación en su contra incluía, por lo menos, otros siete hechos de robo agravado supuestamente cometidos a lo largo de 2023.

Todo comenzó a las 21 del martes, cuando el padre de la niña detuvo el rodado en la esquina de calle 28 de Julio y Mosconi para entregar mercadería en un negocio familiar. Bajó del vehículo por un momento, dejó la llave puesta y a su hija dormida en el habitáculo trasero.

Ese instante fue suficiente para que un individuo se subiera al auto y se diera a la fuga. Al regresar, el hombre constató la ausencia del vehículo y se dirigió de inmediato a la base del CAP Distrito 9 para dar aviso a las autoridades, según le indicaron fuentes oficiales a Infobae.

La respuesta policial fue veloz. Efectivos de distintas especialidades de la Policía de Córdoba desplegaron un operativo en el sector, con cierre de accesos y pasos colindantes al lugar del hecho.

Fue el sistema de cámaras de la Policía el que aportó la pista decisiva: las imágenes captaron el vehículo en la intersección de calles Mariano Fragueiro y Mosconi, donde un sujeto descendió a toda velocidad y emprendió la huida a pie por calle Mosconi.

Al arribar al lugar, el personal policial encontró a la pequeña dormida e ilesa dentro del automóvil. Según informó el comisario inspector Diego Scodelaro, jefe del Distrito 7 de la Policía de Córdoba, de inmediato se brindó “contención y asistencia psicológica a los familiares”. El agente confirmó además que el autor habría abandonado el rodado para luego darse a la fuga corriendo.

El procedimiento quedó a cargo de la Unidad Judicial N° 16, que continúa con las actuaciones para identificar al autor del hecho.

Detuvieron a tres sospechosos que realizaban salideras bancarias y robos de autos en Córdoba

Tres delincuentes identificados como integrantes de “La Banda de los Tucumanos” fueron detenidos este miércoles en el centro de Córdoba por su presunta participación en robos a vehículos y salideras bancarias. El operativo se concretó tras una investigación policial que rastreó los movimientos de los tres hombres, de 29, 31 y 36 años.

El procedimiento concluyó en la esquina de calle 25 de Mayo y General Alvear, a escasos metros del corazón de la ciudad. Las autoridades mantienen la pesquisa sobre los aprehendidos, todos oriundos de Tucumán, para determinar si el grupo tiene vínculos con otros delitos locales o denuncias previas. A su vez, el Ministerio Público Fiscal analiza si existía una red de soporte logístico externo que facilitara los ilícitos en la zona céntrica.

La banda operaba con un método preciso: seleccionaban a sus víctimas en entidades bancarias, las seguían hasta sus vehículos o taxis y, con punzones y guantes, quebraban los vidrios para apoderarse del dinero retirado. La maniobra sacaba partido de la congestión vehicular del centro para actuar en segundos y escapar con bolsos, mochilas o maletines.

Durante el allanamiento, se secuestró un elemento metálico de nueve centímetros con punta, presuntamente utilizado para fracturar los cristales de los rodados, junto a un par de guantes de tela blancos con aislante azul, según ElDoce.tv. El operativo incluyó también el aseguramiento de un Citroën C4 Lounge, en el que se trasladaban los implicados, y el hallazgo de un envoltorio con brotes de marihuana oculto entre la ropa de uno de los detenidos.

Fuentes policiales señalaron que la articulación entre distintas dependencias y el trabajo integrado resultaron claves para desbaratar a “La Banda de los Tucumanos” y para prevenir futuras salideras por parte de este tipo de organizaciones delictivas.

La tasa de homicidios en ocasión de robo en la provincia de Buenos Aires subió un 12,9% en 2025, en comparación con el año anterior, según reveló el último informe elaborado por la Procuración General bonaerense.

De acuerdo con las estadísticas, publicadas en el sitio oficial del Ministerio Público de la Provincia, se registraron 35 expedientes iniciados por este delito, de los cuales se consumaron 27 mientras que 8 fueron calificados en grado de tentativa.

En 2024, la cifra de homicidios en ocasión de robo había sido de 31 hechos denunciados: 24 se consumaron y 7 fueron intentos de homicidio en un contexto de inseguridad.

La información estadística correspondiente a las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas en el Fuero Criminal y Correccional (FCC) y en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ) en el año 2025 y su comparación con el año anterior.

En cuanto a los homicidios, el año pasado hubo 1219, de los que 502 se consumaron y 717 fueron en grado de tentativa. Esta cifra supone un aumento del 3,7%. Los homicidios criminis causa, es decir matar para ocultar otro delito, descendieron un 8,8 por ciento.

Los homicidios culposos, por su parte, subieron a 1269 causas iniciadas, lo que representa 41 casos más que en el 2024 o un ascenso del 3,1%.

Según explicó el MPF de la Provincia, “se relevaron todas las IPP iniciadas por el Ministerio Público Fiscal, ya sea por delitos consumados como tentados”.

En 2025, se iniciaron 1.035.350 expedientes en toda la provincia, de las cuales 1.012.857 corresponden al Fuero Criminal y Correccional y 22.493 al Fuero juvenil, que representa el 2,2% del total. En ambos fueros se observó una disminución respecto de 2024: 6,4% y 0,9% menos respectivamente.

Lomas de Zamora, San Martín y Quilmes lideran la distribución de investigaciones en el Fuero Criminal y Correccional, lo que representa cerca de un tercio del total. Todos los departamentos judiciales reportaron caídas interanuales: se destacan La Matanza (-12%), Junín (-9,4%), La Plata (-9%) y Bahía Blanca y Necochea (-8,2%).

En el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Lomas de Zamora, La Plata y San Martín suman aproximadamente el 30% de las investigaciones iniciadas. Algunos departamentos, como Mercedes, La Plata y Zárate-Campana, presentan caídas superiores al promedio provincial, mientras que otros, como Moreno-General Rodríguez, Pergamino, San Martín y Trenque Lauquen, reflejan aumentos en las IPP.

En el Fuero Criminal y Correccional, los delitos contra las personas comprendieron un 12,3% del total de los expedientes de 2025, con un aumento del 3,2% respecto al año anterior. Las causas por lesiones leves se mantuvieron estables, mientras que las lesiones culposas crecieron un 11,9%. Los homicidios dolosos totalizaron 1.724, lo que representa un alza del 1,1% por el aumento en homicidios en grado de tentativa (6,5%), aunque los consumados bajaron un 6% (44 casos menos).

El total de delitos contra la integridad sexual bajó un 1,5%, con descensos en abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, pero con un incremento del 16,9% en otros delitos, principalmente por producción y comercialización de representaciones sexuales de menores y grooming.

Los delitos contra la propiedad fueron el 37,5% de las causas y disminuyeron un 12,3%, destacándose la caída en hurto agravado de vehículo en la vía pública (-21%), robo (-16,1%) y robo agravado por uso de arma (-12,4%).

Durante 2025, se informa que la cantidad de investigaciones penales preparatorias disminuyó un 6,4% en el fuero criminal y correccional y un 0,9% en el penal juvenil respecto al año anterior.

En el fuero juvenil, los delitos contra las personas representaron un 19,5% del total, con un crecimiento interanual del 7,7%. Los homicidios dolosos consumados subieron un 12,9% y los tentados un 25,2%, sumando un alza global del 20,5 por ciento.

Los delitos contra la integridad sexual constituyeron el 10,8% de las IPP y presentaron dinámicas mixtas: disminución en abuso sexual simple, aumento en abuso con acceso carnal y en otros delitos sexuales.

Los delitos contra la libertad, en el Fuero Correccional Criminal equivalieron al 10,8% del total, con un aumento del 2,9% impulsado por un alza en amenazas (3,3%), mientras que apremios ilegales y torturas bajaron un 13,2%. Las investigaciones por delitos contra la seguridad pública sumaron 84.697 casos, un 8,4% del total, y las vinculadas a la Ley de Estupefacientes se mantuvieron estables.

En el FRPJ, los delitos contra la libertad representaron el 13,3% de las IPP, con un incremento del 12,2% por el crecimiento de amenazas (16%). Los delitos contra la propiedad en este fuero abarcaron el 28,8% del total y mostraron una disminución del 12,1%, destacándose las caídas en robo y hurto, de 21% y 19,3% respectivamente.

Por su parte, los delitos contra la Administración Pública reflejaron un aumento del 6,1% en desobediencia y una reducción del 9,3% en encubrimiento en el FCC. En el fuero juvenil, no se observaron cambios relevantes en esta categoría.

El hecho ocurrió mientras participaba en el programa Activo Deportes, donde analizaba los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil. La escena quedó captada en tiempo real y generó impacto en redes sociales debido a la forma en que los delincuentes interceptaron al comunicador frente a la cámara.

Así ocurrió el asalto contra Fer Vargas

De acuerdo con el reporte, Fernando Vargas decidió refugiarse dentro de su vehículo debido a la lluvia y estacionó en una gasolinería para completar su participación televisiva desde el celular.

Mientras ofrecía sus comentarios deportivos, un hombre abrió violentamente la puerta del automóvil. El agresor cortó cartucho para intimidarlo y le ordenó descender del vehículo.

Durante la transmisión, Vargas intentó mantener la calma mientras pedía al asaltante que no le hicieran daño. Segundos después desapareció de cuadro mientras los conductores del programa observaban atónitos lo sucedido.

Los delincuentes le quitaron cartera, teléfono celular y otras pertenencias. También se llevaron el automóvil. El periodista pidió conservar alguna identificación, pero los responsables rechazaron su solicitud.

Minutos más tarde, elementos de la Guardia Nacional auxiliaron al comunicador, quien logró contactar a familiares y posteriormente acudió ante las autoridades para levantar la denuncia correspondiente.

¿Quién es Fer Vargas?

Fernando Vargas Nolasco cuenta con una amplia trayectoria en el periodismo y la gestión deportiva en México, especialmente dentro del baloncesto profesional.

Actualmente se desempeña como Director de Comunicación de la Liga Caliente.mx LNBP, donde coordina estrategias relacionadas con prensa, contenidos y manejo de talentos. También encabeza proyectos empresariales como Director de Operaciones de Grupo Empresarial Díaz.

Además de su faceta directiva, Fer Vargas mantiene presencia en medios como columnista de Eje Central y académico en la Universidad Amerike, donde imparte clases de maestría enfocadas en gestión deportiva.

Su experiencia incluye más de 23 años dentro del periodismo especializado en baloncesto nacional e internacional. Entre sus antecedentes destacan cargos como Director del Diario Deportivo Estadio y Director General de Deportes en Capital Media.

También formó parte de las Selecciones Nacionales de Baloncesto durante los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

El caso de Fernando Vargas reavivó la conversación sobre los riesgos que enfrentan periodistas y ciudadanos en espacios públicos. Las imágenes del asalto circularon rápidamente en redes sociales y provocaron muestras de solidaridad hacia el comunicador, quien confirmó que no sufrió lesiones físicas pese al violento episodio.

Todo ocurrió minutos antes de las 20 sobre la calle Urien, a la vera del Camino del Buen Ayre, justo frente al ingreso al supermercado “El Gitano”.

El video que encabeza esta nota muestra que, de repente, una moto aparece circulando sobre la vereda del comercio, mientras que una segunda, con dos ocupantes a bordo, frena su marcha sobre la calle.

En ese momento, uno de los hombres que ocupaba el primer rodado se percató de que lo estaban por robar y repelió el ataque por sus propios medios. Rápido de reflejos, descendió de la moto, se alejó algunos metros del lugar y comenzó a disparar contra sus perseguidores.

La grabación captada por una segunda cámara de seguridad, instalada en el frente de una casa ubicada en la cuadra siguiente, permite escuchar el impactante tiroteo que protagonizaron los motochorros y su tirador. Incluso, en las imágenes se observa cómo dos vecinas que caminaban por la calle Urien al momento del hecho debieron correr para refugiarse de los disparos.

En medio de la balacera, los asaltantes no pudieron ni descender de la Yamaha XTZ en la que circulaban y arrancaron a toda velocidad en dirección a la calle El Caldén. En esa esquina, el conductor perdió el control, volcó sobre la calzada y escapó, mientras que su cómplice, identificado como Maximiliano Darío Borras, menor de edad, recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza y falleció en el lugar.

El cuerpo de Borras, quien presentaba antecedentes penales por robo automotor agravado por ser en poblado y en banda, y por el uso de armas, fue reconocido por su propio padre, que fue notificado del hecho por personal de la comisaría Virrey del Pino de la Policía Bonaerense y se presentó en el lugar.

Con el delincuente que yacía sobre el asfalto y el otro que se había dado a la fuga, el tirador se subió a la moto en la que circulaba y se retiró del lugar. El fiscal Claudio Fornaro, de la UFI Temática Homicidios de La Matanza, encabeza la investigación y trabaja para localizarlo.

Una madre y su hija fueron privadas de la libertad por un grupo armado y posteriormente asesinadas en el municipio de Cosoleacaque, al sur del estado de Veracruz, en un nuevo hecho de violencia que ha generado temor entre los habitantes de la región.

Las víctimas fueron identificadas como Yalina Cristal Lezama González, de 25 años, y Ana Lilia González Mateos, de 42, quienes de acuerdo con reportes policiacos eran comerciantes y residentes de ese municipio conurbado con Minatitlán.

Según la información preliminar, ambas mujeres habrían sido privadas de la libertad durante la tarde del domingo 17 de mayo presuntamente por hombres armados. Horas después, durante los primeros minutos delm lunes, sus cuerpos fueron abandonados sobre una calle del Barrio Cuarto de Cosoleacaque.

De acuerdo con el parte oficial, las víctimas fueron arrojadas desde una camioneta en movimiento sobre la calle Emiliano Zapata, entre Vicente Guerrero y la carretera Transístmica, a la altura del segundo puente peatonal.

Fueron vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia de los cuerpos sobre la vialidad.

Presentaban impactos de bala y huellas de violencia

Elementos de seguridad que acudieron al sitio confirmaron que ambas mujeres ya no contaban con signos vitales y presentaban impactos de arma de fuego, además de visibles huellas de tortura y violencia física.

La escena fue acordonada por corporaciones policiacas mientras personal ministerial y pericial realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

De manera preliminar, autoridades informaron que la camioneta utilizada para trasladar a las víctimas era una Toyota con placas XY-8628-B del estado de Veracruz, propiedad de Ana Lilia González Mateos.

Según versiones recabadas en la zona, el vehículo fue abandonado en el mismo lugar donde otros sujetos esperaban para facilitar la huida de los agresores, quienes hasta el momento no han sido detenidos.

Habitantes exigen mayor seguridad en el sur de Veracruz

El doble homicidio provocó preocupación entre habitantes de Cosoleacaque, quienes denunciaron el incremento de hechos violentos en la región sur de Veracruz, particularmente en municipios como Minatitlán, Coatzacoalcos y Cosoleacaque.

Tras el hallazgo de las dos mujeres asesinadas, vecinos de la colonia señalaron sentir temor ante la presencia constante de grupos armados y exigieron a las autoridades estatales y federales reforzar la seguridad en la zona.

Algunos habitantes indicaron que durante los últimos meses han aumentado las ejecuciones, desapariciones y ataques armados, situación que mantiene a la población en un clima permanente de incertidumbre.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha informado sobre personas detenidas ni sobre alguna línea de investigación específica relacionada con el crimen.

El caso se suma a otros episodios violentos registrados recientemente en el sur del estado, una región golpeada por la disputa entre grupos criminales y los delitos de alto impacto.

El hecho se produjo en la parada de colectivos ubicada frente a la estación de trenes, donde la periodista relevaba el impacto de la suba de tarifas directamente con los pasajeros. Durante la interacción con los usuarios, las cámaras captaron la disputa entre dos personas en la fila del colectivo, lo que obligó a modificar el eje de la cobertura.

Mientras Vismara consultaba por el efecto del incremento, una joven denunció públicamente que otra mujer le había sustraído el celular. Al interrogar a la acusada, la transmisión mostró a la mujer —que portaba una mochila de tipo carry on— devolviendo el dispositivo tras un forcejeo. Acto seguido, la implicada se retiró rápidamente del lugar y cruzó la calle hacia la terminal ferroviaria, eludiendo cualquier intervención efectiva de los presentes.

Inmediatamente, la cronista buscó apoyo policial y localizó a un agente fuera de servicio, a quien le transmitió las características de la presunta implicada. El recorrido posterior por el interior de la estación no permitió dar con la persona señalada, que ya se había perdido entre los pasajeros. En paralelo, la joven denunciante se retiró del área.

Luego, un testigo informó en cámara que la víctima del robo había recuperado su teléfono antes de retirarse del lugar en un colectivo de la línea 168. El hombre —también usuario habitual del transporte público— relató que observó todo el intercambio y que la devolución del objeto fue resultado directo del reclamo y la intervención de la joven.

El mismo testigo mostró sorpresa por la edad avanzada de la acusada y valoró la decisión de no intervenir físicamente, tras comprobar que la situación se había resuelto. La transmisión continuó con normalidad, retomando la consulta original sobre el encarecimiento del transporte para los usuarios. Minutos después, un patrullero policial arribó a la estación de Constitución, ya sin presencia de los protagonistas del incidente.

Hace poco más de un mes, sucedió otro hecho que quedó registrado. A mediados de abril, el equipo periodístico de A24 fue víctima de un robo en vivo durante la cobertura de las inundaciones en Dock Sud, en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires. El incidente ocurrió cuando el cronista Diego Lewen y su camarógrafo se encontraban transmitiendo sobre los efectos de las lluvias que afectaron la zona, en una de las últimas ciclogénesis.

De acuerdo con el relato de Lewen, tras finalizar la transmisión sobre las calles anegadas, el equipo regresó a su vehículo y constató que la ventanilla trasera había sido destrozada. El periodista detalló que se habían llevado pertenencias personales, equipos, una rueda de auxilio, baterías, accesorios de filmación y luces de trabajo. Minutos después del robo, los periodistas divisaron a los presuntos ladrones en las inmediaciones y comenzaron una persecución a pie, mientras seguían transmitiendo en directo. Durante esta secuencia, el camarógrafo observó a un hombre alejándose con una rueda, y los vecinos confirmaron la presencia de sospechosos en fuga.

El cronista describió la ausencia de cámaras de seguridad en el área. Mientras recorría la zona, Lewen identificó nuevamente a dos sospechosos y los enfrentó, relatando en vivo: “¡Se llevan el trípode, es increíble! Están con capuchas. ¡Vení acá, chorro!”. Tras perderlos de vista, el periodista encontró una garita policial y reclamó a los agentes por la falta de reacción, señalando que los ladrones pasaron frente al destacamento sin ser interceptados.

La zona de Torres de Dock Sud fue descrita por la Policía de la provincia de Buenos Aires como “peligrosa”. Sin embargo, tras el hecho, se desplegó un operativo con varios patrulleros y agentes que recorrieron el complejo edilicio, aunque, según el cronista Fabián Rubino, los delincuentes lograron ocultarse en los pasillos y accesos del lugar.

Vecinos del barrio denunciaron la recurrencia de robos y la falta de respuesta policial efectiva. “Los robos acá suceden todo el tiempo y se meten abajo de las torres para esconderse”, explicó una testigo. Unas dos horas después del incidente, Lewen confirmó la detención de una persona que tenía en su poder un trípode del equipo robado.

El exministro de Salud Fernando Ruiz lanzó duras críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que la apuesta de reemplazar los ingresos petroleros con turismo está fracasando por el deterioro de la seguridad en Colombia.

En una columna de opinión publicada en Revista Semana, Ruiz afirmó que mientras la producción de hidrocarburos cayó a niveles no vistos en décadas, el turismo tampoco logró consolidarse como motor económico del país, pese a la estrategia impulsada desde el inicio del actual gobierno.

Según planteó Fernando Ruiz en su columna publicada en Revista Semana, la promesa de transformar a Colombia en “el país de la belleza” y en una potencia turística terminó golpeada por la percepción de inseguridad, el aumento de secuestros y las alertas internacionales emitidas por varios países.

Fernando Ruiz cuestionó estrategia económica del Gobierno Petro

En el texto titulado Sin petróleo y sin turismo, el exministro recordó que Gustavo Petro prometió al inicio de su mandato sustituir progresivamente los ingresos derivados del petróleo por los generados por la industria turística.

Ruiz señaló que esa apuesta incluía dejar atrás los combustibles fósiles y fortalecer una economía basada en actividades sostenibles y servicios turísticos.

Sin embargo, aseguró que, después de más de tres años de gobierno, el país no solo perdió fortaleza en el sector petrolero, sino también la autosuficiencia en gas natural.

“El presidente Petro prometió, muy al inicio de su mandato, reemplazar progresivamente los ingresos petroleros por los derivados del turismo”, escribió el exfuncionario.

La ocupación hotelera cayó desde finales de 2025

Fernando Ruiz también citó cifras de Cotelco para advertir que el turismo empezó a desacelerarse desde mediados de 2025.

Según explicó, el año con mejores cifras recientes fue 2022, cuando la ocupación hotelera nacional alcanzó un promedio de 61,3 %, impulsada en parte por la reactivación posterior a la pandemia.

No obstante, sostuvo que en 2025 la ocupación cayó hasta el 50 %, sin señales de crecimiento durante 2026.

El exministro aseguró que ciudades como Medellín registraron una caída del 10 % en ocupación hotelera entre 2022 y 2025, mientras Bogotá tuvo un descenso cercano al 8 %.

Inseguridad y alertas internacionales afectarían el turismo

Uno de los principales puntos de la columna gira alrededor de la inseguridad en el país.

Fernando Ruiz afirmó que las advertencias emitidas por países como Estados Unidos y Reino Unido, relacionadas con secuestros, terrorismo y robos, terminaron afectando la llegada de turistas con mayor capacidad económica.

A juicio del exministro, esos viajeros son los que realmente dinamizan la economía del sector turístico colombiano.

Además, aseguró que empresarios e inversionistas han frenado proyectos relacionados con turismo debido al aumento en costos de seguridad privada y seguros.

“La paz total no llegó”, aseguró el exministro

En la parte final de su columna, Ruiz lanzó fuertes cuestionamientos contra la política de paz total impulsada por el Gobierno Petro.

El exfuncionario aseguró que la “laxitud” frente a grupos criminales terminó pasándole una factura al país tanto en seguridad como en turismo.

También mencionó hechos recientes como el regreso de secuestros terrestres en las entradas de Bogotá, situaciones que, según dijo, no se veían desde hacía décadas.

“La tozudez de este gobierno en mantener una laxitud frente a reconocidos delincuentes le está pasando una factura más a los colombianos”, escribió.

Finalmente, Fernando Ruiz sostuvo que el deterioro de la seguridad y el fracaso de la paz total se convertirán en temas centrales del debate político de cara a las elecciones presidenciales.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el arresto del sospechoso, identificado como Alberto Gabriel Isasi, ocurrió el pasado 7 de mayo, alrededor de las 19:30, en la zona de las avenidas Dellepiane y Escalada. Allí, personal de la División Investigaciones Comunales 8 acudió tras una alerta emitida por el CMU después de haber detectado el robo a un conductor.

“Se genera constancia, Escalada y Dellepiane, masculino de campera negra, pantalón gris. El mismo habría intentado cometer ilícito a un vehículo en el semáforo”, se escucha decir a la operadora del CMU en el video que encabeza esta nota.

La grabación muestra que Isasi aprovechó que el semáforo estaba en rojo para atacar a su víctima, que justo utilizaba el teléfono celular dentro de su auto. De repente, el delincuente apareció entre los autos y, sin mediar palabras, le sustajo el dispositivo al damnificado, cruzó corriendo la avenida y se ocultó en uno de los pasillos del barrio lindero.

Al conocer las características del sospechoso, los efectivos de la Policía lograron interceptarlo en la intersección de Escalada y Zuviría. Durante el cacheo preventivo, se le halló un teléfono móvil entre sus prendas, el cual no pudo desbloquear ante los agentes.

Consumado el arresto, los efectivos repasaron los registros de Isasi y detectaron que contaba con cinco condenas judiciales por robo en grado de tentativa (2017, 2021 y 2022), encubrimiento agravado y robo (2020) y daño agravado en bienes públicos y evasión (2023).

Además, presenta múltiples antecedentes por robo (2020, 2021 y 2026), daños agravados (2023), robo agravado por el uso de arma (2023), tentativa de robo (2022), encubrimiento agravado (2019), tenencia de estupefacientes para consumo personal (2022 y 2023), desobediencia a cargas procesales (2022) y resistencia o desobediencia a la autoridad, amenazas y lesiones (2020 y 2021).

Los registros laborales de Isasi, a los cuales tuvo acceso este medio, indican que Isasi, casualmente, fue empleado del Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE) del Servicio Penitenciario Federal (SPF), un organismo público cuyo objetivo es modernizar los talleres de laborterapia y capacitar laboralmente a las personas privadas de libertad. En ese sentido, gestiona la producción industrial y agropecuaria en unidades federales para fomentar la reinserción social.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo del juez Manuel De Campos, Secretaria N° 116 de la doctora Tamara Julieta García, .que avaló la detención de Isasi y lo imputó por el delito de robo.

El hecho ocurrió cerca de la 1.30, en una casa ubicada en calle 3, entre 35 y 36, donde la jubilada se encontraba junto a su nieto. Según relató María, hija de la víctima, todo comenzó cuando tres hombres encapuchados ingresaron por la fuerza, sorprendieron a la familia y los redujeron.

“La agarraron a ella, lo agarraron a mi sobrino, que estaba en la otra pieza, y lo tiraron al piso. Uno lo apuntaba al nene, mientras el otro tenía a mi mamá. Le pedían la plata, las cosas de oro. Revolvieron todo, encontraron algo y se fueron rápido, en 10 minutos”, contó María, en diálogo con Infobae.

Según reconstruyó la familia, los ladrones se llevaron joyas, dinero en efectivo, perfumes, zapatillas y otras pertenencias que encontraron en el dormitorio principal. Durante el asalto, la jubilada recibió cachetadas y su nieto fue golpeado con la culata de un arma. Ninguno de los dos sufrió lesiones graves.

“Nos tenemos que conformar con que solo fueron golpes, que no estaban drogados y que se fueron rápido. Mi mamá está asustada, pero por suerte no tuvo que ser hospitalizada”, agregó María.

El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad de la cuadra. Las imágenes muestran cómo un auto se detuvo frente a la casa, bajaron tres personas y, tras el robo, el vehículo quedó esperando de cola para facilitar la huida. “Se llevaron la llave del auto, pero después la tiraron en la casa del vecino de enfrente. Los celulares los dejaron en la puerta. Es raro, porque se llevaron cosas, pero para semejante despliegue no fue tanto”, señaló la hija de la víctima.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda de La Plata. De acuerdo con la familia, la Policía llegó rápidamente al lugar y luego intervino personal de Policía Científica. Además, María detalló que incluso se comunicaron con ella desde el Ministerio de Seguridad bonaerense.

La familia sospecha que los delincuentes utilizaron un inhibidor para anular la alarma de la vivienda. El sistema, según explicaron, no se activó durante el ingreso, aunque después comprobaron que funcionaba correctamente.

“Hicimos la prueba y la alarma funciona. Ellos entraron por la ventana y nunca sonó”, dijo María.

Tras el robo, la familia descubrió otro dato que podría ser clave para la investigación: los delincuentes habrían usado una tarjeta de crédito sustraída para cargar combustible en una estación de servicio de Villa Elvira, lo que podría aportar pistas a la investigación si consiguen identificarlos.

María también advirtió sobre otros hechos similares ocurridos en la zona: “El barrio está fatal. Hace poco hubo otros casos parecidos, siempre de noche y con la misma modalidad. Entran por una ventana, patean puertas, te sorprenden cuando menos lo esperás. Ya no se puede ni sacar la basura o barrer la vereda porque te pueden asaltar”.

Después del asalto, la casa quedó revuelta, especialmente el dormitorio, donde los asaltantes buscaron y seleccionaron objetos de valor. “Lo más doloroso son las cosas sentimentales: la alianza de mi mamá, pulseras que le regaló su padre. No se puede vivir así, no es justo tener que ponerle rejas a todo o mudarse. Deberían ser ellos los que estén presos, no nosotros encerrados”, expresó María.

Mientras tanto, la investigación continúa y la familia espera respuestas. “Estamos en contacto con la Policía, pero hasta ahora no hay detenidos. Ojalá los agarren, pero a mi mamá la imagen de mi sobrino en el piso, con un arma en la cabeza, no se le borra más”, concluyó.

El robo ocurrió durante la madrugada de este domingo en el yacimiento Lindero Atravesado Occidental, ubicado cerca de Centenario, en una zona próxima a la Ruta 51. Según informaron medios locales, el vehículo pertenece a la empresa Sitec Ingeniería y estaba cargado con materiales, entre ellos cables.

De acuerdo con lo publicado por el portal Río Negro, tras subirse al rodado, los ladrones escaparon por una de las picadas a marcha lenta y luego se fugaron a toda velocidad hacia el otro sector de la zona petrolera.

La secuencia quedó registrada porque el camión tenía cámaras de seguridad instaladas dentro de la cabina. En las imágenes, que fueron difundidas por la empresa, se observa a tres hombres dentro del vehículo. En un momento, uno de ellos advierte la presencia del dispositivo y tapa el lente con la mano.

Según publicó LM Neuquén, el robo fue descubierto horas después, cuando trabajadores de la firma regresaron al lugar tras realizar tareas de rutina y advirtieron que el camión no estaba. El mismo medio indicó que el vehículo llevaba cables y que los sospechosos no habrían advertido inicialmente que estaban siendo grabados.

Tras el hecho, Sitec Ingeniería difundió capturas de los sospechosos en sus redes sociales y ofreció una recompensa de $2 millones para quienes puedan aportar datos concretos sobre el paradero del camión o de los autores del robo.

La denuncia fue radicada en la Comisaría N°52 de Centenario, según consignaron los medios locales. Sin embargo, fuentes del Ministerio Público Fiscal de Neuquén indicaron a Infobae que, hasta este domingo por la tarde, la presentación todavía no había sido remitida al organismo.

El episodio se suma a otros antecedentes de robos e intentos de robo registrados en áreas petroleras de Neuquén, donde el cableado de cobre y los equipos vinculados a la operación de los pozos aparecen como uno de los principales objetivos.

En junio de 2024, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén informó que un hombre fue declarado responsable por haber intentado robar cables y equipamiento de un pozo de YPF en el yacimiento Desfiladero Bayo, cerca de Rincón de los Sauces. El hecho ocurrió el 3 de septiembre de 2021: el acusado ingresó junto a otros tres hombres a la celda de comando de un pozo, sustrajo cables y equipamiento, y escapó después de ser detectado por personal de seguridad.

A fines de ese mismo año, LM Neuquén contó que dos trabajadores petroleros fueron acusados de robar cables de cobre en una planta de YPF ubicada en Challacó, cerca de Plaza Huincul. Según dicho medio, los sospechosos habían cortado cables vinculados a un transformador y se retiraron en un vehículo de la empresa.

También en 2022, el portal Río Negro informó un robo de cables de cobre en el yacimiento Puesto Hernández, entre Añelo y Rincón de los Sauces. En ese caso, personal de seguridad advirtió la presencia de una camioneta sospechosa y dio aviso a la Policía. El material recuperado superaba los 200 kilos de cobre.

El operativo culminó cuando el vehículo se metió dentro de una zanja en la zona de 155 y 43, en el barrio San Carlos.

La acción policial comenzó cerca de las 2 de la madrugada, cuando una mujer de 54 años denunció el robo de su camioneta, detalló 0221. Los ladrones actuaron utilizando inhibidores de señal y herramientas específicas para burlar los sistemas de seguridad, sin forzar ingresos.

La Policía ya investigaba una serie de hurtos similares en la región, con el mismo modus operandi y el uso de un Renault 9 como vehículo de apoyo. Por esa razón, agentes encubiertos recorrían la zona. Según pudo saber Infobae, los investigadores tenían información de que los sospechosos se movilizaban en un Renault 9 gris y montaron tareas encubiertas hasta detectar el vehículo en la zona de calle 11 entre 42 y 43.

De acuerdo con la reconstrucción policial, los tres hombres bajaron del Renault 9, se acercaron a la Toyota SW4 blanca, aproximaron un dispositivo electrónico, lograron abrirla, subieron y la pusieron en marcha. En ese momento, los efectivos dieron el alerta radial y comenzó la persecución.

Durante la huida, los sospechosos intentaron eludir el cerco policial. Testigos del barrio relataron que, al intentar esquivar un patrullero, la Toyota SW4 subió a la vereda, derribó dos árboles y cayó a una zanja, por lo que sufrió daños considerables en la parte delantera.

Bomberos del cuartel de San Carlos debieron intervenir durante varias horas para retirar el vehículo accidentado, detallaron las fuentes.

En el procedimiento fueron arrestados tres hombres, dos de 28 años y uno 30, todos oriundos de Guernica, según precisaron fuentes policiales a Infobae. Fueron identificados como Kevis Agustín Gozón, Franco Leonel Centurión y Nelson Nahuel Cardozo.

Al momento de la detención, los implicados abrieron fuego contra los agentes, aunque no se registraron heridos. Los efectivos incautaron un set de herramientas y dos dispositivos electrónicos, uno de los cuales estaba colocado en la camioneta robada.

Además de la Toyota SW4 sustraída, la Policía secuestró el Renault 9 en el que se movilizaban los sospechosos, tres teléfonos celulares, dos computadoras vinculadas al sistema de ignición o inhibición —una de ellas colocada en la camioneta robada—, una plaqueta inhibidora de señal, una plaqueta electrónica, herramientas de mano, guantes, gorras, un pasamontañas, documentación vehicular y varios juegos de llaves.

El informe policial sobre los detenidos agrega otro dato: dos de ellos registraban causas previas por delitos graves o vinculados a vehículos.

Centurión figuraba en una investigación iniciada el 9 de marzo de este año por hurto agravado de un vehículo dejado en la vía pública, también con intervención de la UFI N° 15 de La Plata. Además, tenía registros por encubrimiento y robo agravado.

Cardozo, por su parte, registraba una causa por portación ilegal de arma de guerra y otra por tentativa de homicidio, además de registros de libertad y traslados de unidades penitenciarias. En el caso de Gozón, el informe menciona un trámite contravencional de 2018 por provocación o pelea y desorden.

Las fuentes policiales detallaron que los detenidos enfrentan cargos por tentativa de hurto automotor agravado por ser cometido en poblado y en banda, en concurso real con resistencia a la autoridad y abuso de arma. Interviene la UFI N° 15 del Departamento Judicial La Plata.

La investigación sigue en curso para determinar su vinculación con otros hechos delictivos recientes bajo la misma modalidad. Sospechan que se trata de los mismos delincuentes que merodeaban la zona, revelaron.

El operativo generó un importante despliegue en el barrio y fue seguido por numerosos vecinos, que registraron el desenlace en video. Las imágenes que acompañan esta nota, al igual que el momento de la persecución, fueron captadas por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Municipal (COM) de La Plata.

El ex tenista Juan Martín del Potro fue víctima en las últimas horas de un episodio de inseguridad en la ciudad bonaerense de Tandil. A plena luz del día, al menos dos delincuentes ingresaron a su casa ubicada en la zona de Don Bosco y se llevaron pertenencias de alto valor. En la propiedad actualmente reside su madre, quien alertó y denunció el robo.

Según señalaron fuentes del caso a Infobae la entradera ocurrió entre las 17 y las 19 horas de este viernes. La mujer, de 66 años, lo descubrió cuando regresó a su vivienda: vio que el ventanal del living estaba roto, que había un gran desorden adentro y llamó a la policía.

De acuerdo a los detalles de la denuncia, los delincuentes habrían estado largos minutos dentro de la casa. O por lo menos, el tiempo suficiente para recorrer la planta baja y alta de la casa. Sin embargo, por algún motivo, no se llevaron demasiadas cosas.

Específicamente la madre de Juan Martín del Potro detectó que del living se robaron una cadena de oro que tenía el dije de una cruz del mismo material y una alianza, también de oro, que rezaba “Patri 23-12-1983”.

Del primer piso, donde están las habitaciones, se llevaron una raqueta de tenis blanca y amarilla de la marca Babolat y dos relojes sin funcionar: uno blanco de la marca swatch y el otro rojo de Nike.

Al denunciar el hecho, la víctima dijo que todo ocurrió cuando ella no estaba presente, pero que, por las cosas puntuales que se robaron, puede ser que los sospechosos hayan tenido información previa.No obstante, dijo que no tenía sospechas sobre quién pudo haber ingresado al domicilio.

En este contexto, puso a disposición las cámaras de seguridad que tiene en el exterior e interior de la casa, que grabaron a los delincuentes cuando cometieron la entradera.

Las imágenes ya están en manos de la DDI de Tandil, que intervino en el caso y analiza los videos para dar con los sospechosos, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

Al mismo tiempo, se abrió una investigación que recayó en la UFI Nº 16 Tandil, a cargo del fiscal José Marcos Eguzquiza, del Departamento Judicial de Azul, quien también realiza sus respectivas averiguaciones para esclarecer el hecho.

Un grupo de delincuentes desvalijó la casa del ex tenista Juan Martín del Potro en la ciudad bonaerense de Tandil durante la noche este viernes. De acuerdo con las primeras informaciones, los ladrones se llevaron dinero, joyas, relojes, trofeos, medallas y recuerdos deportivos, incluidas algunas raquetas del ex deportista.

Según publicaron medios locales tandilenses, el hecho ocurrió en la vivienda ubicada en la zona de Don Bosco. Los delincuentes ingresaron a la propiedad tras romper uno de los ventanales y aprovecharon la ausencia de la familia del ex jugador en el lugar para llevarse distintos objetos de valor, publicó El Diario de Tandil.

La madre de Del Potro, Patricia Lucas, fue quien descubrió el robo al regresar al domicilio. Al regresar a la vivienda se encontró con la escena del desorden y los daños provocados por los ladrones.

De inmediato notificó a la Policía, que se presentó en la propiedad para realizar peritajes y desplegó un operativo de búsqueda en la zona. Al momento del hecho, la mujer no se encontraba en la vivienda.

Al parecer, los delincuentes recorrieron todas las habitaciones y se llevaron efectos personales de alto valor, entre ellos raquetas y trofeos que forman parte del patrimonio deportivo del ex tenista. Además, sustrajeron joyas, relojes y hasta camisetas pertenecientes a Del Potro.

Los primeros datos extraoficiales publicados por el medio La Voz de Tandil, se tomaron el tiempo necesario para dar el golpe, lo que hace suponer que los asaltantes tenían información previa sobre los objetos y su ubicación, además de que la propiedad estaría sola al momento de ingresar.

De igual manera trascendió que los delincuentes se llevaron una alianza que pertenecía al papá de Del Potro. La policía local continúa desde con las investigaciones en la finca para dar con los responsables y tratar de recuperar lo robado. Hasta el momento, no se reportaron detenciones ni se recuperaron los objetos sustraídos.

Del Potro, alejado de las canchas pero vinculado al tenis

Lejos del circuito, pero todavía atravesado por el tenis, Del Potro encontró un nuevo lugar desde donde seguir vinculado al deporte que lo marcó. Ya no desde la competencia, sino como guía, observador y referente de las nuevas generaciones. En su rol como embajador de Roland Garros Junior, el tandilense sigue activo y sobre todo, comprometido con el desarrollo de los jóvenes.

En una entrevista con Infobae desde San Pablo en el mes de abril, el ex tenista contó cómo se siente lejos del circuito profesional y cómo el momento en que finalmente decidió retirarse de la actividad.

“Hasta ese momento siempre pensaba en cómo hacía para volver a jugar y cómo hacía para curar la rodilla. Ahora, cuando veo jugar a Cilic, Wawrinka, Djokovic, a veces siento que podría estar ahí, pero ya sin bronca. Con nostalgia, sí, pero disfrutando de verlos jugar”.

Ese cambio de perspectiva le permitió redefinir su vínculo con el tenis. Hoy se lo ve cómodo en su rol, disfrutando del reconocimiento del público y participando en eventos puntuales. “Creo que voy a seguir haciendo este tipo de cosas. Ahora que ya no me duele tanto ir a los grandes torneos, disfruto del reconocimiento que me hacen, me estoy dando esa oportunidad. También jugar alguna exhibición. Y siempre volver a Tandil, que es mi cable a tierra”, asegura.

“Este es mi cuarto año como embajador del evento. Es un torneo que realmente parece Roland Garros de París, lo trasladan a Brasil”, contó la Torre de Tandil. Según explica, la experiencia va mucho más allá de la competencia: “En una semana viven algo muy cercano a lo que implica ser profesional. No solo por lo deportivo, sino también por todo lo que rodea al jugador: medios, redes sociales, comunicación y charlas motivacionales”.

En ese contexto, Delpo asume un rol clave: acompañar, escuchar y, especialmente, bajar la presión. “Muchos chicos llegan con muchas expectativas.Todo el mundo habla de la presión, y trato de sacarle ese miedo. Hacerles entender que, si bien es un torneo especial, no deja de ser uno más en su carrera”, explica, con la tranquilidad de quien ya atravesó ese camino.

La relación con los jugadores, pero también con sus familias y entrenadores, abre un espacio de consulta constante. Y ahí aparece una de las definiciones más contundentes del ex número 3 del mundo: “Ser bueno de junior no te asegura ser un profesional top 100, top 50 o top 10”. Una frase que baja a tierra una realidad muchas veces distorsionada por la urgencia de resultados.

Cabe destacar que el certamen reunió a 32 tenistas menores de 17 años de América Latina, donde tanto el campeón como la campeona obtuvieron plazas para disputar el cuadro principal de Roland Garros Junior en París. En ese escenario, en su primera edición en 2022, el título quedó en manos del brasileño João Fonseca, uno de los nombres más destacados de la nueva generación.

Recuerda que, incluso teniendo un potencial evidente, atravesó dudas y momentos de desconexión: “Yo tenía todo el potencial del mundo, pero a veces me quería ir a Tandil, o jugar al fútbol o hacer otras cosas. Eso también es válido. El tenis es un deporte en el que tenés presión desde el primer día en que te dan la raqueta hasta que la colgás; después, ahí empieza la vida sin esa carga emocional”. En ese sentido, su mensaje apunta a descomprimir y humanizar el proceso formativo de los jóvenes.

Su memoria lo lleva inevitablemente a sus primeros pasos en el circuito junior, especialmente en Roland Garros. “Debo haber ido entre 20 y 30 veces a París, pero tengo una sola foto en la Torre Eiffel, de la primera vez. Estaba asombrado de todo”, recuerda. Aquella etapa también estuvo marcada por situaciones que hoy relata con una sonrisa: “Querías entrar a las canchas principales o a los vestuarios, pero te cerraban las puertas. Te miraban la credencial y te decían que no”.

Los delincuentes que irrumpieron en la casa situada emplearon métodos y herramientas propios de operativos oficiales: con el rostro y manos cubiertos, así como el calzado protegido con medias para evitar dejar rastros, violentaron la doble puerta de ingreso mediante rápidos y precisos golpes con un ariete. Fue un robo exprés.

Débora, la madre de la familia y una de las víctimas, relató en TN que el ataque fue tan metódico que “no parecían el clásico ladrón”, lo que generó incertidumbre acerca de si los autores tenían algún vínculo con las fuerzas de seguridad. “Alguien les pasó el dato, pero mal”, agregó.

El episodio duró poco más de dos minutos y medio, período durante el cual los asaltantes permanecieron dentro de la vivienda mientras la familia se intentó refugiar en una de las habitaciones. Durante el robo, uno de los integrantes de la familia logró salir al techo para pedir auxilio a los vecinos y activar el cerco eléctrico.

El accionar de los ladrones no se detuvo pese al sonido de la alarma vecinal, la cual se activó simultáneamente con una segunda alarma en el interior de la casa. Solo la persistencia de ambas señales precipitó la retirada de los delincuentes, que escaparon a pie y en auto, sin mostrar urgencia ni temor a ser identificados. Una vecina advirtió que al irse, “uno de los asaltantes saludó con la mano a uno de los vecinos”, en un gesto de absoluta impunidad, expresó indignada la mujer.

La familia había dispuesto elementos de seguridad adicionales a las cerraduras, como cerco eléctrico, cámaras de vigilancia y puertas metálicas, pero esto no impidió el violento ingreso de los ladrones. Y dos datos: la vivienda está ubicada a solo veinte metros de una de las principales arterias del distrito, la avenida Intendente Carlos Ratti. La hora del robo no fue entrada la madrugada, sino a las 20:20.

La secuencia fue capturada por cámaras de seguridad, donde se aprecia a un cuarto integrante maniobrando un vehículo en el exterior y alineándolo frente al domicilio. Pese al revuelo generado por las alarmas y el tránsito, los atacantes huyeron con calma, reforzando la hipótesis de un grupo experimentado.

Golpes y búsqueda de dólares

Débora detalló que al momento de la irrupción se encontraba en el primer piso junto a su esposo e hija. La joven fue la primera en alertar sobre la entrada violenta por los golpes en la puerta externa. El padre intentó escapar por el balcón y el techo en busca de ayuda, mientras la madre y la hija eran reducidas.

Durante la amenaza, los asaltantes exigieron dólares en reiteradas oportunidades. “Pedían dólares, querían plata. Le ofrecí todo lo que teníamos y les di las llaves de los autos, pero solo querían dinero en efectivo”, relató la mujer.

Al ver que no poseían la suma esperada, los atacantes aplicaron violencia física: “Me pegaron en la cabeza y a mi hija también”, confirmó Débora. El resultado del ataque fue el robo de una consola de videojuegos, una billetera y un celular. La familia decidió realizar la denuncia policial.

El asalto se produjo en un contexto de creciente preocupación entre los vecinos de Ituzaingó por hechos delictivos con modos violentos y coordinados. Débora subrayó que la alarma vecinal “se activa casi cada dos días por intentos de robo o sustracción de vehículos”.

Dos delincuentes fueron capturados después de interceptar a una pareja y robarle más de $5 millones en la vía que conecta a Bucaramanga con el municipio de Matanza, en Santander. Los hechos ocurrieron en la jornada del jueves 14 de mayo de 2026 a plena luz del día, lo que tiene en alerta a los ciudadanos que se movilizan por el importante corredor vial.

Las autoridades informaron que el juez frente al caso dictó la medida de aseguramiento en contra de los detenidos, al considerarlos un peligro para la seguridad ciudadana, mientras avanza el proceso judicial en su contra y se determina la condena que deben pagar por este acto delictivo.

De acuerdo con la información difundida por el medio local Vanguardia, la rápida intervención de efectivos policiales permitió recuperar tres pulseras, así como $1.650.000 en efectivo, un teléfono celular y documentos personales pertenecientes a las víctimas y sus hijos, que fueron los objetos que los criminales se llevaron tras amenazar a los ciudadanos.

Los voceros del Departamento de Policía Santander indicaron que los dos capturados son jóvenes, de 22 y 24 años, que cuentan con anotaciones judiciales vigentes por el delito de porte ilegal de armas desde enero de 2026. Del mismo modo, se confirmó que tienen antecedentes por tráfico de estupefacientes y receptación.

El robo ocurrió en el kilómetro 18, vereda Jaboncillo, jurisdicción del municipio de Matanza, por lo que la comunidad que transita por esta zona pide incrementar la presencia policial para evitar nuevos ataques por parte de los criminales que pretenden afectar la tranquilidad de residentes y visitantes.

Cabe mencionar que la captura se produjo mientras los implicados intentaban huir de la zona, debido a que se llevó a cabo la implementación de un plan candado tras la denuncia y el resultado del operativo fue exitoso, según el reporte de las autoridades en diálogo con Vanguardia.

Después de que los criminales quedaran en poder de las autoridades, se conoció el pronunciamiento del comandante coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, que destacó el papel de la comunidad y la respuesta policial para recuperar los objetos perdidos.

“Logramos sacar de las calles a estos dos actores criminales que venían afectando la tranquilidad de los viajeros y residentes en la vía hacia Matanza. No son primerizos en el mundo delictivo; ambos registran procesos activos por porte ilegal de armas de este mismo año”, señaló.

Alerta por delitos en Santander

Dos hombres señalados como presuntos miembros del Tren de Aragua fueron identificados por la Fiscalía General de la Nación como sospechosos del secuestro extorsivo y tortura de un comerciante venezolano en Norte de Santander el 29 de abril de 2026.

Según el ente judicial, Edward Yesid Palencia Garavito y Javier Alexander Ortiz Amado habrían exigido $80 millones para liberar a la víctima, que fue privada de su libertad y sometida a actos que atentaron contra su integridad física mientras se encontraba retenida.

El reporte de la Fiscalía indicó que el comerciante fue inicialmente retenido en una propiedad del corregimiento de Urimaco (San Cayetano), y posteriormente trasladado a una vivienda del barrio 20 de Julio en Villa del Rosario, donde permaneció cautivo bajo la vigilancia y custodia de los acusados. El rescate se realizó mediante un operativo de unidades del Gaula de la Policía Nacional, que permitió liberar al comerciante.

Como resultado de los elementos materiales probatorios, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los dos hombres por los delitos de secuestro extorsivo agravado y tortura. Tras el proceso judicial, la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario fue aceptada por un juez penal de control de garantías.

La víctima publicó un video en TikTok en el que reveló que los hechos ocurrieron mientras regresaba caminando a su casa desde Unicentro alrededor de las 9:00 p. m., cuando fue interceptada por dos hombres en motocicleta y uno de ellos la amenazó con dispararle si no entregaba su celular. Afortunadamente, se salvó porque no llevaba el móvil y lo demostró a los delincuentes.

En su video, la joven relató: “Me acaban de intentar robar. Afortunadamente me había quedado sin pila en el celular, entonces dejé el celular, pues no lo llevé y me estaba volviendo a mi casa caminando”.

Antes de llegar a su destino, la joven observó dos personas sospechosas detrás de ella en una motocicleta, por lo que se preocupó, debido a que antes había sufrido un robo por parte de otros moteros.

A pocos metros de su casa, identificó a un hombre vestido de negro con casco y maleta, simulando hablar por teléfono: “Ya estaba demasiado cerca como para salir corriendo, cualquier cosa. Entonces, el señor se me acerca y me dice como: ‘Buenas noches, mucho gusto’. Se me acerca demasiado y ahí aparece un tipo en otra moto y se parquea al lado”.

Uno de los sujetos, presentándose con un nombre falso, pidió ayuda con una dirección. Sin embargo, la situación se tornó amenazante: “No vaya a gritar ni a salir corriendo o le pego un tiro”. Luego de decirle esas palabras le exigió que entregara el celular.

Álvarez le dijo a los delincuentes que no llevaba su teléfono: “No lo tengo”. Sin embargo, ellos no le creyeron, pero ante la insistencia ella decidió mostrar sus bolsillos vacíos para probarlo. “Señor, se lo juro que no lo tengo, se lo juro que no lo tengo”. Finalmente, el hombre comprobó la historia y le dijo que se fuera: “Bueno, no vaya a hacer show, váyase”.

En medio de la desesperación, la joven notó que los sujetos escaparon en moto y luego corrió a su casa, donde informó al portero lo sucedido para sentirse a salvo.

Después de lo ocurrido decidió grabar el video para recomendar a los ciudadanos tener precaución: “Oigan, tengan demasiado cuidado. Se los juro que llegué con el corazón en la mano. Afortunadamente no tenía mi celular porque no sé qué habría hecho, pero quedé en verdad tiesa y fría”.

La percepción de inseguridad en Bogotá continúa incrementando

El relato de Catalina Álvarez generó una avalancha de comentarios en TikTok, red social en la que cientos de usuarios mostraron su preocupación y miedo ante el crimen urbano en la capital colombiana.

Entre las reacciones se destacan algunas como: “Caminar de noche en Bogotá ya cuenta como deporte de alto riesgo”. Otros internautas compartieron experiencias personales similares: “Me pasó lo mismo!!! Y me asusté tanto que salí corriendo y grité como loca. Creo que lo asusté tanto que él también salió corriendo, pero qué susto, porque uno nunca sabe cuando sí puedan tener armas o hacerle algo a uno”.

Otras voces expresaron: “La inseguridad ya no deja vivir en Bogotá” y personas de otras regiones ya temen visitar la capital: “Yo me quiero ir a vivir a Bogotá a hacer mi carrera universitaria pero viendo esto ahora no sé”.

El hecho, que se volvió alerta viral, se convirtió en ejemplo de una percepción persistente de vulnerabilidad frente a la delincuencia.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó sobre la detención de un ex empleado de Banamex señalado como presunto líder de una banda criminal dedicada al robo de cuentahabientes, grupo relacionado con el robo de 3.6 millones de pesos pertenecientes a la nómina del Sistema DIF Oaxaca.

De acuerdo con el fiscal estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla, el detenido y otros cinco presuntos integrantes operaban en al menos seis estados del país, donde identificaban a clientes bancarios que retiraban fuertes cantidades de dinero para posteriormente asaltarlos con violencia.

El caso que permitió desarticular parcialmente la organización ocurrió el pasado 29 de abril, cuando un trabajador del DIF Oaxaca retiró cerca de 3.6 millones de pesos de una sucursal bancaria ubicada en Plaza del Valle, recursos destinados al pago de nómina.

Poco después, la víctima fue asaltada por integrantes de la banda.

Investigación reveló filtración de información bancaria

La Fiscalía detalló que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia, análisis de cámaras de videovigilancia, rastreo de llamadas telefónicas y diversos indicios recabados durante las investigaciones.

En total fueron detenidas seis personas, entre ellas un menor de edad.

Según explicó el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, el ex trabajador de Banamex estaba adscrito al Área de Inteligencia y Monitoreo de la sede central del banco en la Ciudad de México, desde donde presuntamente filtraba información privilegiada sobre movimientos bancarios y perfiles de clientes.

Las autoridades detectaron que la organización criminal tenía acceso a imágenes y videos captados dentro de las sucursales bancarias, lo que les permitía identificar a potenciales víctimas antes de cometer los asaltos.

Uno de los elementos clave de la investigación fue una fotografía del trabajador del DIF Oaxaca tomada dentro de la sucursal bancaria minutos antes del robo.

Ese hallazgo llevó a los investigadores a centrar las indagatorias en personal con acceso a sistemas internos, cámaras y bases de datos sensibles.

Audios y registros hoteleros fueron clave

La Fiscalía también informó que obtuvo grabaciones de audio entre el presunto líder de la banda y otra persona involucrada en la filtración de información bancaria.

En dichas conversaciones hacían referencia a montos millonarios, movimientos de efectivo y posibles objetivos para futuros robos.

Además, las investigaciones establecieron que los presuntos responsables llegaron un día antes del asalto a la ciudad de Oaxaca y se hospedaron en el Hotel Emperador.

Los registros del hotel permitieron obtener nombres, números telefónicos y otros datos de identidad que ayudaron a ubicar y detener a los integrantes del grupo delictivo.

Las autoridades señalaron que el modus operandi consistía en monitorear retiros importantes desde el interior de las instituciones bancarias para después seguir a las víctimas y despojarlas del dinero mediante amenazas o violencia.

Operaban en al menos seis estados

El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla indicó que la banda tenía presencia en Oaxaca, Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México y Aguascalientes.

Asimismo, agradeció el apoyo brindado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, así como de la Fiscalía de Puebla, instituciones que colaboraron en la localización y captura de los presuntos responsables.

La Fiscalía de Oaxaca continúa con las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas dentro de instituciones bancarias o relacionadas con otros robos cometidos en distintas entidades del país.

Un delincuente de 24 años fue aprehendido este miércoles en La Plata acusado de haber entrado a robar a la casa de una jubilada de 84 años, mientras la mujer estaba dentro de la vivienda. A pesar de su corta edad, no era un principiante: registraba once antecedentes previos en causas penales.

El hecho ocurrió el 11 de mayo y derivó en un allanamiento realizado dos días después por personal de la Comisaría 5ª.

Según confiaron fuentes policiales, la víctima denunció que estaba en su domicilio cuando advirtió la presencia de un hombre dentro de la casa. Al ser descubierto, el sospechoso huyó rápidamente, saltó el paredón y escapó con una caja pequeña. Poco después, la mujer notó la ausencia de una planchita de pelo.

A partir de la denuncia, el Gabinete Técnico Operativo de la seccional comenzó a relevar cámaras de seguridad de la zona y a tomar testimonios. Tras esas medidas, los investigadores identificaron como sospechoso a Laureano Badia, domiciliado en la zona de 73 y 28, a menos de diez cuadras de la casa de la jubilada.

Con esos elementos, la Justicia autorizó una orden de allanamiento en su domicilio. El procedimiento dio resultado positivo: los policías secuestraron una campera color crema, un pantalón negro, un pasamontañas negro y una gorra negra, elementos considerados de interés para la causa por ser compatibles con la vestimenta utilizada durante el hecho.

Badia fue aprehendido en el marco de una causa caratulada como “hurto agravado por escalamiento y violación de domicilio”. Según supo este medio, tiene un frondoso historial delictivo: registra al menos once antecedentes informados por la Policía, en su mayoría vinculados a delitos contra la propiedad.

El más reciente es del 3 de marzo de este año, por una causa de violación de domicilio tramitada en Berisso-Ensenada. Antes, el 16 de enero, había sido imputado por robo en La Plata. También figura un antecedente del 19 de febrero de 2025 por hurto.

El listado incluye, además, varias causas de 2022. Entre ellas, tres expedientes por robo agravado con escalamiento, fechados el 20, 21 y 26 de junio de ese año. En septiembre y octubre de 2022, en tanto, aparece mencionado en causas por tentativa de hurto y resistencia a la autoridad.

Su historial se completa con otros registros de 2021: una causa por hurto y resistencia a la autoridad, del 15 de febrero; otra por tentativa de hurto y resistencia a la autoridad, del 13 de marzo; y una más, con la misma calificación, del 7 de mayo. En el informe también figura una causa de noviembre de 2019 por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

La causa quedó en manos de la UFI N° 3, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial La Plata. El aprehendido será indagado en las próximas horas.

Una mujer ecuatoriana embarazada enfrenta la deportación de Estados Unidos junto a sus dos hijas mientras su solicitud de visa para víctimas de trata sigue sin resolver.

El caso, revelado por ABC News, expone los riesgos humanitarios vinculados a cambios recientes en la política migratoria estadounidense.

La protagonista, Maria Isabel Loja-Loja, fue retirada momentáneamente del proceso de expulsión tras una orden de emergencia dictada por un juez federal en Boston, en medio de temores fundados por su seguridad y la de sus hijas si retornan a Ecuador.

Según ABC News, Loja-Loja y su letrado, Todd Pomerleau, argumentan que ella fue víctima de trata en 2024 en territorio estadounidense y recibió amenazas directas de presuntos traficantes desde entonces. El abogado detalló al canal que los agresores llegaron a enviarle imágenes de sus hijas y mensajes intimidantes: “Empezaron a mandarle mensajes de texto cuando estaba en Estados Unidos, diciendo: ‘Te vamos a encontrar’”, relató Pomerleau.

La ecuatoriana, de cuatro meses de embarazo, relató el temor que implica regresar a su país. “Ecuador está peligroso en este momento, tengo miedo por mis hijas si tengo que regresar”, expresó Loja-Loja a ABC News en español, citando el aumento de delitos como robos, asesinatos y trata de personas.

Antes de emigrar, trabajaba como secretaria en una organización rural que combatía grupos criminales y promovía la concienciación sobre el crimen, lo que, según su testimonio, la convierte en un blanco. Ahora empleada en la construcción, teme que un eventual retorno implique un alto riesgo para ella y su familia.

En Ecuador, la inseguridad se agravó durante los últimos años. En 2023, el país registró una de las tasas de homicidios más altas de Sudamérica, superando los 45 asesinatos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con informes internacionales.

Cambios de política en Estados Unidos permiten la deportación de víctimas pese a peticiones pendientes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revirtió en 2025 una política que facultaba a funcionarios de ICE a posponer expulsiones mientras se tramitaban visados “T” y “U” —instrumentos legales creados para amparar a víctimas de delitos graves y trata de personas—, según consta en la demanda de habeas presentada por el abogado de Loja-Loja.

A través de un comunicado enviado a ABC News, un portavoz del DHS aclaró: “Una solicitud pendiente NO otorga ningún tipo de estatus legal en Estados Unidos. Si una persona entra ilegalmente en nuestro país, está sujeta a detención o deportación. Cada inmigrante ilegal recibe el debido proceso”.

El organismo también especificó que Loja-Loja fue liberada bajo monitoreo GPS mientras avanza el proceso de expulsión acelerada, aunque su postulación a una visa humanitaria siga pendiente.

La solicitud de visa “T” fue presentada por Loja-Loja el 30 de abril. Estas visas, que conceden residencia temporal a ciertos supervivientes de trata, tienen un cupo anual de 5.000. Sin embargo, en 2022 solo se aprobaron alrededor de 2.100 solicitudes “T” en todo el país.

Las visas “U”, destinadas a víctimas de otros delitos graves, tienen un límite anual de 10.000, pero el tiempo de espera puede superar los cinco años debido al elevado volumen de solicitudes pendientes.

Según información de ABC News, un día después de solicitarla, la ecuatoriana fue notificada por un oficial del programa de supervisión de ICE para presentarse ante una posible deportación.

Organizaciones y litigios contra la nueva ley migratoria

La posibilidad de expulsión inmediata a Ecuador, aun con solicitudes de protección en trámite, promovió acciones judiciales colectivas como la presentada el año pasado en California por el Center for Human Rights and Constitutional Law, organización de defensa legal con sede en Los Ángeles.

El grupo denuncia que, por primera vez, la política del DHS posibilita “la detención y deportación de sobrevivientes inmigrantes de delitos violentos” aun con solicitudes de visado por resolver.

“ICE ahora deporta rutinariamente a sobrevivientes de trata y delitos que tienen solicitudes pendientes de visas U y T que el Congreso creó específicamente para protegerlos de la deportación”, informó la organización en un comunicado a ABC News.

El gobierno estadounidense sostiene en sus escritos que estos ajustes buscan cumplir órdenes ejecutivas que priorizan la remoción de cualquier extranjero susceptible de ser expulsado.

El caso de Loja-Loja ilustra el impacto directo de estas políticas. Tras la negativa inicial de su petición de asilo por parte de un juez migratorio y la Junta de Apelaciones, fue incluida en un sistema de monitoreo GPS.

Pomerleau sostuvo que expulsarla antes de que se resuelva su solicitud de visa equivale a negar sus derechos procesales básicos: “Lo que vemos aquí es que las víctimas de estos crímenes están siendo nuevamente victimizadas por el gobierno”, declaró el abogado a ABC News. “Buscan refugio de los traficantes, e ICE intenta impedirles usar el proceso que el Congreso creó para ellos”.

Loja-Loja expresa temor por su familia y demanda protección

El testimonio de Loja-Loja ante ABC News resume la encrucijada en que se encuentra: “Necesito protección para mis hijas y tengo otro bebé en camino”.

Su situación queda en suspenso hasta que se resuelva el litigio y su solicitud de visa, mientras permanece bajo control judicial y la vigilancia de las autoridades estadounidenses.

Según un informe difundido por Panamericana Televisión, un centro odontológico fue atacado el pasado 11 de mayo a plena luz del día. El caso volvió a poner en evidencia el incremento de hechos delictivos dirigidos contra consultorios y clínicas privadas, en medio del avance de las extorsiones en distintos rubros del país.

Colegio Odontológico alerta incremento de denuncias

El Colegio Odontológico del Perú confirmó que existen múltiples casos de extorsión contra cirujanos dentistas y propietarios de clínicas odontológicas. De acuerdo con el gremio, entre 2024 y 2025 se registraron al menos 18 denuncias relacionadas con este delito, mientras que en lo que va de 2026 ya se reportaron tres casos públicos.

Ricardo Rojas, representante del Colegio Odontológico del Perú, indicó en entrevista con Panamericana que la mayoría de amenazas se realizan mediante mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Además, señaló que muchos afectados prefieren mantener las denuncias en reserva por temor a represalias.

Amenazan a través de teléfonos de atención

El representante del gremio explicó que la Policía Nacional recomendó a clínicas y consultorios retirar sus números telefónicos de letreros y publicidad visible, debido a que estos datos eran utilizados por los delincuentes para iniciar los contactos extorsivos.

Las amenazas, según indicó, comienzan generalmente con mensajes intimidatorios enviados a los teléfonos de los establecimientos odontológicos. Posteriormente, los extorsionadores exigen pagos a cambio de no atentar contra los profesionales o los locales.

Pacientes expresan temor ante inseguridad

La situación también ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes consideran que la inseguridad ya alcanza espacios relacionados con la atención médica. Algunos pacientes manifestaron que acudir a un consultorio dental ya no transmite tranquilidad debido al riesgo de asaltos o ataques.

Ante este escenario, el Colegio Odontológico del Perú pidió a las autoridades reforzar las acciones contra la delincuencia y garantizar la seguridad de los profesionales del sector. El gremio exigió que se aplique la ley y se sancione a los responsables de las amenazas y ataques contra clínicas y consultorios dentales.

Líneas de emergencia contra extorsión

La Central 111 contra la extorsión funciona de manera gratuita, confidencial y permanente las 24 horas del día en todo el país. Este servicio permite que las víctimas de amenazas, cobro de cupos o préstamos conocidos como “gota a gota” puedan realizar denuncias de forma anónima para resguardar su seguridad y la de sus familias.

Al comunicarse con esta línea, los casos son atendidos por psicólogos y agentes especializados de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (Divise) de la Dirincri. El personal evalúa el nivel de riesgo y activa los protocolos de seguridad correspondientes según cada situación reportada.

La Policía Nacional del Perú también recordó que la Línea 105 permanece habilitada para emergencias inmediatas relacionadas con extorsión o amenazas. Además, las autoridades recomendaron conservar mensajes, audios, capturas de pantalla y números telefónicos vinculados a los delincuentes, ya que esta información facilita el rastreo y la identificación de las bandas criminales.

Tras darse a conocer que cientos de familias indígenas de Chilapa, Guerrero, han tenido que cambiar de residencia debido a que llevan varios días siendo atacados por presuntos miembros del grupo criminal Los Ardillos, ha salido a la luz que varios miembros del poder del municipio están ligados a esa organización delincuiencial.

En medio de la crisis de inseguridad que se ha registrado en la entidad desde hace unos días, el gobierno municipal de Chilapa es encabezado por Mercedes Carballo Chino, quien ganó la elección para el periodo 2024-2027, postulada por la alianza PRI-PAN-PRD. Ella está ligada a Los Ardillos, pues es hermana de la esposa de Celso Ortega Jiménez, alias La Vela, uno de los líderes de esa organización criminal. Esto quiere decir que la alcaldesa y el líder criminal son cuñados.

Además, Irving Ortega Carballo es secretario particular en el ayuntamiento. Esto no tendría nada de extraño, si no fuera porque Ortega Carballo es hijo de Celso Ortega, y por ende, sobrino de la presidenta municipal. Por esto, organizaciones sociales han considerado esto como una muestra de la influencia del grupo criminal dentro de la administración pública local.

Desde hace diez años, los pueblos indígenas han resistido ataques, desapariciones y asesinatos vinculados a policías municipales y operadores de Los Ardillos. Así lo denunció el dirigente del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata, Plácido Galindo. Dicho consejo agrupa 18 comunidades de la región.

“Tenemos 76 compañeros asesinados y 25 desaparecidos por el grupo de policías municipales de Chilapa”, denunció el activista, quien aseguró que autoridades estatales y federales conocen la relación entre integrantes del crimen organizado y distintos gobiernos municipales en la región, sin embargo, no resuelven el problema.

Los ataques, que la población ha atribuído a Los Ardillos, han provocado desplazamientos de más de 800 personas hacia comunidades y municipios cercanos como Tixtla, Xicotlán y Acahuetlán. Los pobladores denunciaron incursiones armadas, detonaciones constantes e incluso el uso de drones para hostigar a las comunidades indígenas de la zona.

Cabe destacar que Los Ardillos son considerados uno de los principales grupos criminales con presencia en, al menos, 13 municipios de la zona Centro y Montaña Baja de Guerrero, como Chilpancigo, Quechultenango, Tixtla, Zitlala y Ahuacuotzingo.

A la organización se le atribuyen delitos como extorsión, cobro de piso, homicidios, secuestros, desapariciones y narcotráfico. Pobladores han denunciado que obligan a campesinos e indígenas a sembrar amapola, marihuana y hoja de coca para ser traficado a Estados Unidos. También mantienen el control en rutas de transporte público y de carga en el corredor Chilpancingo-Tixtla-Chilapa.

Celso Ortega ha aparecido en diversos videos que se han hecho públicos. En julio de hace tres años, en 2023, se divulgó una grabación en la que sostuvo una reunión con Norma Otilia Hernández, entonces alcaldesa de Chilpancingo. En febrero de 2024, se difundieron imágenes de un encuentro con un delegado estatal de transporte.

También se vincula a Los Ardillos con el asesinato de Alejandro Arcos, ex alcalde de Chilpancingo. La organización mantiene, actualmente, una disputa con Los Tlacos, otro grupo delictivo encabezado por Onésimo Marquina, mismo que ha recrudecido la violencia en diversas regiones del estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México alcanzó en abril de 2026 el nivel más bajo de homicidios dolosos para un mes de abril en los últimos 11 años, al registrar un promedio diario de 52.5 asesinatos, una reducción de 40 por ciento respecto a septiembre de 2024, cuando la cifra se ubicaba en 86.9 casos diarios.

Durante “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria destacó que la disminución equivale a 34 homicidios menos cada día y atribuyó los resultados a la coordinación permanente entre el Gobierno federal y las entidades del país dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum celebró el descenso y afirmó que “vamos avanzando”, luego de que los datos oficiales colocaran a abril de 2026 como el mes con menos homicidios desde 2016.

Estrategia de seguridad presume decomisos y captura de extorsionadores

El informe presentado por el Gabinete de Seguridad señala que del 1 de octubre de 2024 al 30 de abril de 2026 fueron aseguradas 28 mil armas de fuego, más de 391 toneladas de droga y se desmantelaron 2 mil 337 laboratorios clandestinos en 22 estados del país.

Además, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que mil 310 personas relacionadas con delitos de extorsión fueron detenidas como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, explicó que el promedio diario de homicidios en el primer cuatrimestre de 2026 también fue el más bajo desde 2016, con 51.2 asesinatos diarios.

Chihuahua, Guanajuato y Sinaloa concentran homicidios en México

Pese a la reducción nacional, ocho entidades concentraron el 53 por ciento de los homicidios dolosos registrados durante abril de 2026.

Chihuahua y Guanajuato encabezaron la lista con 8.2 por ciento de los casos cada uno, seguidos por Morelos con 7.1 por ciento.

También aparecen Baja California y Sinaloa con 6.4 por ciento respectivamente, además del Estado de México, Veracruz y Guerrero.

En el caso de Sinaloa, el reporte federal detalló que compartió el cuarto lugar nacional con Baja California, al contabilizar 101 homicidios durante abril.

Aunque las cifras oficiales muestran una tendencia descendente, especialistas y reportes locales han señalado discrepancias en algunos estados respecto a la clasificación de homicidios dolosos y otros delitos violentos, particularmente en entidades como San Luis Potosí.

Estados con mayor reducción de violencia durante 2026

El Gobierno federal destacó que 26 entidades lograron disminuir su promedio diario de homicidios al comparar el primer cuatrimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026.

Entre los estados con mayores reducciones aparecen:

• San Luis Potosí con una baja de 80.8 por ciento.
• Zacatecas con una reducción de 61.8 por ciento.
• Quintana Roo con una disminución de 60.3 por ciento.
• Estado de México con una caída de 55 por ciento respecto a septiembre de 2024.
• Sonora con una reducción de 55 por ciento.
• Guanajuato con una baja de 66 por ciento en comparación con febrero de 2025.

Las autoridades también informaron que los delitos de alto impacto disminuyeron 52 por ciento respecto a 2018, al pasar de un promedio diario de 969.4 casos a 461.5 durante 2026.

Percepción de inseguridad sigue alta pese a reducción de homicidios

A pesar de la baja en homicidios dolosos reportada por el Gobierno federal, la percepción de inseguridad continúa siendo elevada en México.

Durante el primer trimestre de 2026, el 61.5 por ciento de la población adulta consideró inseguro vivir en su ciudad, aunque la cifra representó una ligera disminución frente al 63.8 por ciento registrado al cierre de 2025.

La percepción de inseguridad es mayor entre mujeres, con 67.2 por ciento, mientras que entre hombres el indicador se ubicó en 54.6 por ciento.

Entre las ciudades con mayores niveles de temor aparecen Irapuato, Guadalajara, Ecatepec, Uruapan, Culiacán y Ciudad Obregón.

En contraste, San Pedro Garza García fue identificada como la ciudad con menor percepción de inseguridad en el país.

El hecho ocurrió el jueves pasado, cerca de las 17.30, en un local ubicado en Uriarte al 1600. Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales en las últimas horas, muestran la secuencia completa del intento de asalto.

En el video, que encabeza esta nota, se observa cómo uno de los ladrones ingresa al comercio y amenaza a los trabajadores con un arma de fuego. Insiste una y otra vez con la misma pregunta, sin obtener otra respuesta que la negativa de los empleados.

“¿Dónde está la plata? ¿Cómo que no hay plata? La conch@ de tu madre”, repite. Ante la desconfianza del asaltante, una de las empleadas incluso se ofrece a abrir la caja registradora para demostrarle que estaba vacía. “Amigo, no tenemos nada. No tenemos nada”, le dice.

Aunque en las imágenes solo aparece uno de los asaltantes —el que recorre el local y busca y pide dinero a punta de pistola—, no estaba solo: contaba con un cómplice que mantenía a los trabajadores bajo amenaza.

El robo, sin embargo, duró pocos minutos. Un llamado al 911 alertó a la Policía de la Ciudad, y efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A llegaron rápidamente al lugar.

“¡Al piso, al piso!”, fue la orden. Los delincuentes no llegaron a escapar: fueron reducidos y detenidos dentro del bar.

Según pudo saber Infobae, se trata de dos hombres de 46 y 35 años. Uno de ellos tenía pedido de captura vigente y ambos cuentan con antecedentes.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos revólveres —calibres .38 y .22— y un Volkswagen Bora que estaba estacionado a pocos metros del lugar, vehículo que utilizaban para movilizarse.

Ambos quedaron detenidos y a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación.

Otro intento de robo en un bar porteño

En el mes de abril, otro bar fue blanco de un violento intento de asalto en el barrio de Monserrat. El hecho se registró cerca del mediodía en un local de la intersección de Presidente Luis Sáenz Peña y México. Dos hombres armados irrumpieron en el establecimiento y amenazaron a los clientes con una pistola Bersa Thunder calibre .40.

Tras la alerta de los presentes, la Policía de la Ciudad montó un operativo y logró interceptar a los sospechosos cuando intentaban escapar. El primero fue detenido en la calle Chile al 1100, con el arma y municiones en su poder; el segundo fue capturado a pocas cuadras.

Ambos detenidos, de 26 y 28 años, quedaron a disposición de la Fiscalía de Flagrancia Sur, a cargo de Carlos Caputo. En el caso del primer arrestado, se constató que tenía antecedentes por robo, hurto e infracción a la Ley de Drogas entre 2019 y 2021. Los investigadores secuestraron el arma utilizada y tomaron testimonios a los clientes y empleados que presenciaron el asalto.

El dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Azul, Jairo Mandujano, informó que durante su gestión se registraron al menos 80 solicitudes de cambio de adscripción de docentes en Michoacán derivadas de amenazas y condiciones de inseguridad en sus centros de trabajo.

Durante una entrevista con medios de comunicación, el representante sindical explicó que los maestros buscaron respaldo del sindicato para ser reubicados en otras escuelas o municipios ante hechos relacionados con la violencia en distintas regiones del estado.

Mandujano señaló que las peticiones se concentraron principalmente en zonas donde trabajadores de la educación reportaron riesgos para desempeñar sus actividades laborales.

“Las zonas de riesgo son las mismas que hemos señalado con anterioridad, la Ciénega, Tierra Caliente y algunos municipios de la región Morelia como Queréndaro y Zinapécuaro”, declaró el dirigente sindical.

Mandujano sostuvo que la violencia comenzó a impactar directamente las condiciones laborales del magisterio en Michoacán y reconoció que existe preocupación entre maestros que laboran en municipios con presencia recurrente de hechos violentos.

Las solicitudes de reubicación ocurrieron en medio de un contexto de violencia e inseguridad que persiste en distintas regiones del estado, particularmente en zonas como Tierra Caliente, donde autoridades federales y estatales mantienen operativos de seguridad ante disputas entre grupos criminales.

En los últimos años, organizaciones magisteriales y trabajadores de la educación denunciaron afectaciones relacionadas con extorsiones, amenazas, bloqueos carreteros y dificultades para trasladarse a comunidades rurales en municipios considerados de riesgo.

La detención se concretó tras una serie de tareas de inteligencia, vigilancias encubiertas y el seguimiento de movimientos financieros y digitales, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

La investigación por el homicidio de Agustín, de 21 años, se inició el 24 de abril, cuando el joven regresaba de la facultad y fue interceptado en la esquina de Dinamarca y Ericson, en el barrio San José. En ese sitio, un grupo de delincuentes abordó a la víctima, quien fue amenazada a punta de pistola.

La reacción inmediata del universitario ante el asalto fue tirar su mochila al piso, entregándosela al ladrón. Sin embargo, el sospechoso no quería el bolso, sino su teléfono. Así, se abalanzó sobre el joven y se lo sacó de la mano. El atacante le disparó en el abdomen y huyó con su teléfono móvil. La víctima fue trasladada por un vecino al hospital, donde falleció poco después.

Las cámaras de seguridad permitieron identificar la secuencia de los hechos y los vehículos utilizados por la banda. El Volkswagen Voyage en el que se movían los agresores había sido robado horas antes en Lanús, al igual que una Renault Kangoo utilizada como apoyo. Ambos autos fueron hallados esa misma noche en diferentes puntos del sur del conurbano.

En los días siguientes, la DDI de Lomas de Zamora y el Departamento de Homicidios desplegaron tareas de análisis fílmico, pericias científicas y múltiples allanamientos.

El 25 de abril se logró la detención de Lautaro Ezequiel Silva y Miguel Ángel “Minion” Silva, quienes permanecen imputados por homicidio criminis causa y robo agravado. Durante esos procedimientos, se incautaron dos celulares y prendas de vestir presuntamente usadas durante el asalto.

Con los principales sospechosos identificados, la investigación se concentró en dar con el prófugo

Según fuentes oficiales, Daller cortó todo contacto telefónico y dejó de utilizar su tarjeta SUBE para dificultar su localización. Las pesquisas incluyeron el seguimiento de impactos de antenas, movimientos de billeteras virtuales y la vigilancia de domicilios de allegados.

El avance clave llegó cuando los investigadores detectaron que Daller permanecía en contacto con dos ex novias a través de redes sociales, comunicaciones telefónicas y transferencias de dinero.

Las fuentes detallaron que una de las mujeres declaró como testigo y reveló que, luego de cometer el asesinato, Daller fue a su casa y le confesó el crimen. De acuerdo a los detectives, le dijo que actuó junto a los hermanos “Lauti” y “Minion” y un tercer involucrado a quien no conoce.

Ofuscada, le pidió que se vaya. El sospechoso se llevó la SUBE del hijo de su ex pareja y ropa. Más tarde regresó buscando refugio, pero lo volvió a echar del lugar. Al día siguiente, la llamó diciéndole que estaba en la puerta y pidiéndole una campera.

En tanto, los investigadores detectaron que otra ex pareja ofrecía en redes un teléfono celular que coincidía con uno de los dispositivos vinculados al prófugo. El encuentro pactado para concretar la venta en la localidad de Villa Elvira, en La Plata, permitió a los agentes montar un operativo de vigilancia.

En ese punto, Daller fue finalmente arrestado y quedó a disposición de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. En el procedimiento se secuestró el celular implicado y se notificó de inmediato a la fiscalía interviniente.

Los investigadores continúan tras la pista de otros posibles involucrados y analizan pruebas recolectadas en los allanamientos.

El caso de Rivero generó fuerte repercusión en la comunidad universitaria y en el barrio, donde familiares y allegados de la víctima reclamaron justicia y mayor seguridad.

Todo comenzó a partir de una alerta emitida por el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) sobre una moto Yamaha XSR700 gris que había sido utilizada en un robo en la Ciudad de Buenos Aires. Con esa información, efectivos del Departamento Motorizada desplegaron un operativo de búsqueda y localizaron al sospechoso a la altura de la avenida 9 de Julio y San Juan.

Cuando los efectivos intentaron identificarlo, el hombre aceleró y escapó a gran velocidad. Así comenzó una persecución que atravesó varias cuadras y terminó en la esquina de Carlos Calvo y Quintino Bocayuva, donde el delincuente perdió el control de la moto y cayó al asfalto. Allí fue reducido y detenido.

Fuentes policiales informaron que el acusado es un ciudadano colombiano de 32 años que registraba antecedentes por robo a mano armada en 2025 y otra causa por robo en 2024. Además, tenía un pedido de captura vigente en una investigación tramitada ante el Juzgado Oral en lo Criminal y Correccional N°9.

Los investigadores también detectaron imágenes en las que el sospechoso aparecía involucrado en otro robo bajo la modalidad arrebato ocurrido el pasado 4 de mayo en la esquina de Thames y Camargo, en el barrio porteño de Villa Crespo.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró 700 dólares, 92.100 pesos en efectivo y la moto utilizada durante la fuga. La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo del fiscal Ezequiel Gastón Gravella, que dispuso la detención del acusado y el secuestro de todos los elementos vinculados al expediente.

Tras el operativo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la captura del sospechoso y aseguró que desde la Ciudad ya solicitaron su expulsión del país. “Detuvimos a este motochorro colombiano que pretendía fugarse. Tenía un amplio prontuario y pedido de captura”, escribió en su cuenta de X.

Otra persecución reciente

En marzo pasado, la Policía de la Ciudad protagonizó otra persecución que terminó con la detención de dos motochorros, también de nacionalidad colombiana, tras una intensa persecución entre los barrios de Colegiales y Villa Crespo.

El operativo comenzó luego de una alerta por dos sospechosos que se movilizaban en una moto blanca y negra y que habrían participado de robos en la zona de Elcano y Delgado, en Colegiales. Cuando los agentes de la Comisaría Vecinal 13-C intentaron interceptarlos, ambos escaparon a gran velocidad y hasta circularon varias cuadras en contramano.

Durante la fuga, los delincuentes descartaron un teléfono celular robado. Finalmente, el conductor perdió el control de la moto en la esquina de Luis Viale y Acoyte, impactó contra un patrullero y ambos sospechosos terminaron detenidos sobre el asfalto.

En ese procedimiento, los agentes secuestraron una Rouser 200, dos teléfonos celulares robados y 20 mil pesos en efectivo. Uno de los policías resultó herido y tuvo que ser trasladado por el SAME al Hospital Durand con politraumatismos. La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, a cargo del juez Martín Del Viso.

El ataque ocurrió la madrugada del 8 de mayo y quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran cómo los sospechosos descendieron desde los techos e intentaron forzar el acceso principal de la propiedad hasta lograr ingresar por la fuerza.

Dentro de la vivienda se encontraban la víctima, su pareja y su hijo de 4 años. Según fuentes del caso, los asaltantes encerraron a la mujer y al niño en una de las habitaciones mientras golpeaban al hombre y le exigían dinero.

Los delincuentes utilizaron un martillo para atacar al dueño de casa, lo maniataron y lo obligaron a permanecer en el piso mientras revisaban el inmueble. Finalmente, escaparon con dinero y distintos objetos de valor.

Producto del ataque, el hombre resultó herido y tuvo que ser trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde recibió atención médica. Según trascendió, se encuentra fuera de peligro.

Tras el hecho, la pareja del hombre expresó su indignación en redes sociales y aseguró que era la segunda vez que su hijo atravesaba una situación similar: “Un bebé de 4 años pasando esto otra vez. No respetan nada. ¡Le abrieron la cabeza a mi pareja de un martillazo porque no teníamos plata! Si esas balas salían mi pareja no la contaba. Es triste que te esfuerces en tener tus cosas y de la nada unos pendejos menores de edad caigan así en plena madrugada”.

“Que esto no sea un caso en el que se dan vuelta y nadie mira. Queremos justicia que agarren a los cuatro y no vuelva a pasarle esto a nadie más, hoy fuimos nosotros mañana pueden ser ustedes. Lo que más me duele es que mi hijo haya presenciado todo, estábamos en su pieza mientras uno nos apuntaba con un arma y mientras los otros violentaban a mi pareja para que le de “dolares y oro” ni siquiera pesos teníamos“, sumó la mujer.

Por el caso fueron detenidos dos adolescentes de 14 y 16 años, acusados de “robo agravado por el uso de arma bajo la modalidad entradera”. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Matanza, a cargo de Juan Pablo Pepe Volpicina.

Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para identificar y localizar a los otros dos integrantes de la banda, que permanecen prófugos.

Otro caso similar, también en González Catán

Días atrás, una jubilada de 75 años también fue víctima de una violenta entradera en el barrio Las Nieves, a menos de 300 metros de la Ruta Nacional N°3.

El asalto ocurrió durante la madrugada del 3 de abril, cuando tres delincuentes armados llegaron en un auto blanco, escalaron la fachada de la vivienda y sorprendieron a la mujer mientras dormía sola en la casa.

Según la investigación, los atacantes la golpearon, la maniataron en el baño y permanecieron casi dos horas dentro de la propiedad antes de escapar con objetos de valor y la camioneta de la jubilada, además del auto en el que se movilizaba la banda.

Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia y una de las grabaciones captó el rostro descubierto de uno de los sospechosos. La causa quedó en manos del fiscal Gastón Bianchi, titular de la UFI N°3 de La Matanza.

Hasta el momento, los tres sospechosos permanecen prófugos.

Los vecinos consultados por El País afirman que la esquina de la Calle 9 con Carrera 18 se convirtió en un punto crítico para la acumulación de basuras, el consumo de sustancias ilícitas y el refugio improvisado de habitantes de calle.

“Desde cuando decidieron construir en El Calvario, todos los habitantes de calle que estaban ahí han venido migrando a los barrios aledaños, ubicándose puntualmente en esta esquina”, sostuvo una de las denunciantes, cuya identidad permanece reservada.

La misma fuente describió que este cambio trajo “residuos de basura y expendios de vicio a altas horas de la noche”, una realidad que, según los residentes, ya no se limita a ciertos horarios.

Impacto en salubridad y seguridad

El incremento de personas en condición de calle generó afectaciones visibles en la higiene y la seguridad de la zona. De acuerdo con testimonios recogidos por el medio citado, el paso del carro de basura apenas logra contener el problema, ya que inmediatamente después aparecen nuevas bolsas rotas y residuos esparcidos en las vías.

Un residente relató: “Ya sobre la calle 9 no se puede transitar porque en toda esa esquina hay reguero de toda la basura y uno ve cómo hacen sus necesidades”.

Intentos comunitarios, como la instalación de señales para prohibir arrojar basura, no han tenido efecto. Los vecinos describen un entorno cada vez más complejo, con robos frecuentes en viviendas y comercios, especialmente en la carrera 23 entre calles 10 y 11.

“Se metieron a un restaurante, se llevaron televisores, bafles y dinero de la caja registradora; incluso identificamos que fueron ellos porque quedaron grabados en las cámaras de seguridad”, señalaron los afectados a El País.

Estrategias de autoprotección insuficientes

Ante la falta de respuesta oficial, algunos residentes optaron por reforzar la seguridad de sus viviendas con alambre concertina. Una vecina aseguró que los delincuentes buscan entrar por los techos de casas deshabitadas, donde abren huecos para desvalijar los inmuebles. Alrededor del Puesto de Salud Bretaña también se reportan aglomeraciones y presuntos expendios de sustancias alucinógenas.

Un testigo advirtió: “Hay un expendio que hace que vengan vehículos y personas de todo tipo a comprar droga. Eso se puede observar a diario”. Además, los habitantes viven episodios de intimidación al negarse a entregar dinero o comida a quienes permanecen frente a sus viviendas.

“Si uno les dice que no, se portan groseros, han llegado a tratar de agredirlo a uno”, manifestó una fuente local.

Comercio bajo presión

La situación afecta directamente a los negocios de Alameda y Bretaña. “Afuera de los locales se puede ver a cinco o incluso seis habitantes de calle consumir drogas y dejar bolsas de basura”, explicó un comerciante del sector.

Álvaro Pulido, comerciante local, indicó en declaraciones al mismo medio que “los últimos tres años nos hemos visto invadidos por muchos habitantes de calle que han convertido esta zona en su sede para hurgar en la basura y meter droga. Aquí se reúnen de 15 a 20 personas a diario”.

Pulido señaló que, aunque la comunidad limpia constantemente, el esfuerzo resulta insuficiente ante la magnitud del problema y la escasa intervención municipal. “Nosotros permanentemente estamos barriendo, organizando la basura y todo esto mantiene muy sucio por la acción directa de los habitantes de la calle y por la falta de atención de la ciudad”.

Algunos vecinos atribuyen el aumento de habitantes de calle a intervenciones urbanas en otros sectores, pero otros, como Pulido, consideran que la problemática es más amplia y afecta a toda Cali. “Usted se mueve por Cali y en todas las esquinas ve la cantidad de habitantes de la calle. Es un problema social muy grande”, afirmó.

Petición de acciones urgentes

La comunidad de Alameda y Bretaña insiste en la urgencia de medidas concretas. Varias voces piden mayor presencia de la Policía y acciones integrales por parte de la Alcaldía de Cali para restablecer la seguridad y la salubridad.

“Nosotros pedimos ayuda a la Alcaldía. Necesitamos más presencia de la Policía porque estamos inseguros en nuestras propias casas”, expresaron los vecinos entrevistados por El País.

El robo ocurrió el pasado jueves 23 de abril en una casa ubicada sobre la calle Rincón. Las víctimas fueron identificadas como A.A.G y M.E.M.R., ambos de 83 años.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, los asaltantes ingresaron a la propiedad tras romper una ventana. Después de concretar el robo, escaparon a pie. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona: en las imágenes se los ve caminando con un bolso en la mano, tal como muestra el video que encabeza esta nota.

La investigación quedó en manos de la UFI descentralizada N°1 de Don Torcuato, que trabajó junto a efectivos de la Comisaría 3ª de Tigre y de la Subcomisaría Bancalari. A partir de tareas encubiertas, análisis de cámaras municipales y privadas y la recolección de testimonios, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores del hecho.

Con esos elementos, la Justicia ordenó tres allanamientos en la zona de Bancalari. Allí fueron detenidos Juan Román Núñez, de 20 años, y Leandro Luis Vera, alias “Perrito”, de 30. Durante los procedimientos también se secuestraron prendas de vestir que, según los investigadores, habrían sido utilizadas durante el asalto.

De acuerdo con fuentes policiales, Vera había recuperado la libertad el 15 de julio de 2025 tras cumplir una condena por robo calificado agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda. También registraba antecedentes por tentativa de homicidio criminis causa e incendio.

La causa fue caratulada como “robo agravado con uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada”.

El ataque en Don Torcuato se suma a una serie de violentas entraderas contra jubilados registradas en los últimos meses en territorio bonaerense.

En marzo pasado, un hombre de 76 años fue abordado por delincuentes cuando cortaba el pasto en el frente de su casa de Villa Elisa.

Las cámaras de seguridad grabaron toda la secuencia: 97 segundos en los que la víctima fue golpeada y arrastrada por los asaltantes mientras intentaban meterlo por la fuerza dentro de la vivienda.

Los ladrones escaparon después de que el hijo del jubilado activara la alarma de la propiedad al advertir el ataque.

En la atención de emergencias, la facultad de comprender quién pide ayuda y bajo qué circunstancia lo hace revela la voluntad por convertir una línea telefónica en herramienta de justicia social con perspectiva de género.

La implementación de “gafas violeta” en el C5 ha transformado la respuesta inmediata en un mecanismo de protección para las mujeres, especialmente, para las madres ante situaciones de riesgo en los hogares, donde ellas son víctimas y testigos de la violencia ejercida hasta en un 80 por ciento de los casos por consanguíneos o familiares elegidos.

Esta óptica reconoce la violencia de género como un ciclo de vulnerabilidad, frente al cual la línea *765, operada exclusivamente por mujeres, elimina la barrera del juicio y establece una conexión de confianza inmediata, fundamental cuando prácticamente uno de cada cinco reportes corresponde a agresiones físicas en proceso.

No se trata solo de enviar una patrulla, sino de activar un ecosistema de protección, la canalización al apoyo jurídico, psicológico y médico. Este enfoque adquiere una dimensión crítica al vincularse con la realidad de la maternidad.

Las madres, quienes según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo cargan con el 66.8% del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, suelen postergar su propia seguridad por la protección de sus hijas e hijos o por la dependencia económica.

En ese contexto, el avance hacia un Sistema Público de Cuidados, como el impulsado en la CDMX por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, marca un quiebre histórico al establecer constitucionalmente el derecho al cuidado, liberando a la mujer de la exclusividad de esta carga y obligando al Estado a proveer infraestructura para garantizar el autocuidado y la vida digna.

La protección de mamás y mujeres en general no termina en la redistribución del trabajo doméstico; se extiende a la garantía de seguridad en momentos de mayor vulnerabilidad. Es aquí donde la atención de emergencias adquiere una relevancia crítica bajo una perspectiva de género.

Integrar este esfuerzo con los canales de emergencia —911 para emergencias, 089 por denuncia anónima y 55 5036 3301 contra extorsión y fraude— y los botones de auxilio permite que la tecnología deje de ser solo vigilancia para convertirse en una red de acompañamiento.

Este 10 de mayo, la celebración pasa por la exigencia de autonomía. No hay homenaje genuino si persiste la impunidad ante la violencia o si el cuidado es una cadena que impide el desarrollo profesional y personal.

Mirar con gafas violetas es entender que la igualdad se garantiza. La Ciudad de México traza una ruta donde protección y cuidado dejan de ser asuntos privados para transformarse en pilares de la agenda pública.

@guerrerochipres

Mientras continúan las críticas hacia el funcionamiento del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro por retrasos, averías y problemas de mantenimiento rumbo al Mundial de 2026, una joven alemana desató un intenso debate en redes sociales al afirmar que se siente más segura viajando en el transporte público de la capital mexicana que en el de Berlín.

La polémica comenzó luego de que la creadora de contenido Patzi Contenido compartiera un video en TikTok donde habló sobre su experiencia utilizando el Metro y el Metrobús en la Ciudad de México. Sus declaraciones rápidamente acumularon millones de reproducciones y miles de comentarios divididos.

“Me siento más segura en el metro de Ciudad de México que en el metro de Berlín. Cuando yo les cuento eso a las personas aquí en Ciudad de México, no me creen. Se les juro que me siento así y es por una razón”, explicó la influencer.

La joven señaló que uno de los aspectos que más tranquilidad le genera es la existencia de espacios exclusivos para mujeres y niños dentro del transporte público capitalino.

“En el metro y en el metrobús de Ciudad de México siempre existe esa parte que es solamente para niños y mujeres. La primera vez que vi esto me dio mucha tristeza. Pensé: ‘¿cómo es posible que llegamos a un punto que las mujeres necesitan una parte para ellas?’”, comentó.

Sin embargo, relató que vivió situaciones de miedo en Alemania que modificaron su percepción sobre la seguridad en espacios públicos.

“Pero sinceramente, he tenido una situación en mi vida en la que realmente tuve miedo a una mujer. Y eso fue en un parque en Berlín”, dijo.

La creadora recordó que vio “una mujer muy drogada y traía un palo enorme de madera y neta le tenía miedo”, además de asegurar que en distintas ocasiones se sintió vulnerable ante hombres en su país.

“Yo ahí (Metro CDMX) me siento en paz, pongo mi musiquita, nadie me pela, nadie me mira, nadie me toca, nadie me hace nada”, afirmó.

También respondió anticipadamente a quienes podrían cuestionar su postura sobre la inseguridad en el transporte.

“Y yo sé que va a haber unos güeyes que van a decir: ‘ay, pero también te puede robar una mujer’. Sí, me puede robar una mujer, pero la verdad sí, da agüite si alguien me roba algo. Pero eso no es mi miedo, ¿eh? Hay cosas muchísimo peores que te puedan pasar en un metro”.

Las declaraciones provocaron reacciones encontradas entre usuarios mexicanos. Algunos respaldaron su experiencia, mientras otros criticaron la comparación.

“Yo te creo poco”, “Eso es mentir por convivir. Saludos”, “Ok, cambiamos. Tú quédate y yo me voy a Alemania”, y “Si no hubiera separación no dirías lo mismo”, fueron algunos de los mensajes más compartidos.

Según las primeras investigaciones, los criminales actuaron con frialdad y planificación. Con mascarillas para evitar ser identificados, una mujer y su cómplice lograron ganarse la confianza de la víctima tras entablar una breve conversación en la vía pública. Lo que parecía un simple pedido de ayuda terminó convirtiéndose en un robo agravado que dejó pérdidas cercanas a los S/ 26 mil entre dinero en efectivo y joyas de alto valor.

Delincuentes dopan a adulta mayor para robarle S/ 26 mil en Comas

Las cámaras de seguridad del condominio registraron el momento en que una mujer, vestida con sombrero y ropa clara, se acerca a la víctima para iniciar una conversación. Segundos después, aparece un hombre con mochila y camisa de manga larga, quien se suma a la escena. Ambos llevaban mascarillas, lo que dificulta su identificación.

Bajo el pretexto de pedir un vaso con agua, la pareja logró ingresar primero al condominio y luego al departamento de la adulta mayor. Una vez dentro, según la denuncia, habrían utilizado algún tipo de sustancia para doparla, dejándola en estado de vulnerabilidad.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, la víctima perdió el conocimiento tras recibir un objeto que contenía la sustancia. “Mi mamá abrió una cartuchera negra que le dieron y no recuerda nada más”, relató su hija. Tras ello, los delincuentes la sacaron del inmueble y la trasladaron hasta un centro comercial de la zona, donde intentaron retirar dinero de sus tarjetas bancarias.

Sin embargo, no lograron concretar esa parte del plan, ya que la adulta mayor no recordaba las claves. A pesar de ello, los sujetos regresaron a la vivienda y sustrajeron diversas pertenencias, entre ellas joyas de alto valor y aproximadamente S/ 6 mil en efectivo, elevando el monto total del robo a casi S/ 26 mil.

Cuando la víctima recuperó la conciencia y regresó a su hogar, descubrió que había sido despojada de sus pertenencias. La denuncia fue presentada en la comisaría de Santa Luzmila, donde ya se iniciaron las diligencias correspondientes.

Estado de Emergencia en Lima y Callao: violencia persistente y delitos que no ceden

La reciente ampliación del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 60 días responde a un escenario que las autoridades consideran aún crítico. Informes técnicos de la Policía Nacional del Perú (PNP) advierten que la criminalidad sigue activa y no ha mostrado una reducción sostenida, lo que ha obligado a mantener medidas excepcionales en ambas jurisdicciones.

Entre los delitos que sustentan esta decisión destacan el homicidio, el sicariato y la extorsión, considerados indicadores clave del incremento de la violencia urbana. De acuerdo con el diagnóstico oficial, estos hechos no se presentan de forma aislada, sino como parte de un patrón delictivo más amplio que afecta tanto a ciudadanos como a actividades económicas, evidenciando la presencia de organizaciones criminales con mayor nivel de operación.

Frente a este panorama, el Estado ha reforzado las intervenciones en calles con la participación conjunta de la PNP y las Fuerzas Armadas, ampliando su capacidad de respuesta en zonas críticas. La medida también contempla restricciones temporales de ciertos derechos y mayores controles en actividades públicas, mientras se evalúan los resultados de estas acciones en un plazo definido por las autoridades.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el asaltante, de 28 años, fue localizado alrededor de las 10:55 horas, cuando personal de Patrulla Municipal fue alertado por un vecino sobre la presencia de varias personas que dormían en una vivienda abandonada ubicada sobre calle 14 de Julio al 1900.

Al arribar al lugar, los agentes corroboraron la existencia de una finca en estado de abandono y localizaron a un hombre en situación de calle durmiendo a la intemperie. “Hermosa mañana verdad, ¿no?“, se escucha decir a uno de los policías en el video que encabeza esta nota, emulando al tradicional festejo que el actor Guillermo Francella comparte cuando gana su Racing Club de Avellaneda.

Luego, ya con más autoridad, el uniformado le ordenó: ”Parate, dale, parate y ponete contra la pared“.

Al mostrarle las imágenes captadas por una cámara de seguridad oculta en la puerta de ingreso a la ferretería que había robado horas antes, el delincuente se quedó en silencio, y solo se dedicaba a observar la pantalla del teléfono celular del policía. No había coartada posible, su rostro había sido filmado en primer plano.

Tras ser identificado, los efectivos revisaron sus pertenencias y hallaron distintos elementos, entre ellos cables pasa corriente y una cadena. En ese momento, personal policial de la comisaría 1ª informó sobre un robo ocurrido horas antes en una ferretería, la cual había amanecido con una vidriera rota y herramientas faltantes.

A partir de la comparación entre las imágenes que aportó la víctima y el rostro del hombre, se estableció que el detenido coincidía con las características del ladrón de la ferretería, por lo que se dio inmediata intervención a la Fiscalía de Flagrancia.

“Es muy parecido a vos, ¿no? Rompiendo una vidriera, robando cosas a un comerciante que labura, que se levanta todos los días para laburar. Y vos vas y le rompés la vidriera, le robás cosas...", le reclamó el encargado del operativo al asaltante, mientras era esposado y custodiado hasta el patrullero.

Desafiante, el delincuente pareció no hacerse mucho problema por el arresto, e incluso llegó a consultar a la Policía si recuperaría la libertad en el corto plazo. “Si, igual te vamos a ir a buscar de vuelta. ¿Cuál es el problema?”, le respondió, lejos de amilanarse, uno de los agentes.

Una vez dentro del móvil policial, el detenido lanzó una amenaza para el policía que le mostró las imágenes del robo que había protagonizado. “¡Yo me voy a acordar de tu cara, eh!“, advirtió, antes de ser trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

Posteriormente, el damnificado se presentó en la dependencia policial y confirmó el faltante de diversos objetos, entre ellos cables pasa corriente, herramientas, una cadena y una cinta métrica, los cuales coincidían con los hallados en poder del imputado.

La fiscal interviniente dispuso la detención por el delito de robo y, además, ordenó la realización de diligencias, entre ellas una inspección ocular en el lugar del hecho, la realización de un croquis, toma de testimonios, relevamiento de cámaras y restitución de los elementos sustraídos a su propietario.

Los sospechosos arrestados fueron descubiertos tras un robo cometido el 27 de marzo pasado en una vivienda de calle Pellegrini, en Capilla del Señor. Fue en marco de una investigación llevada a cabo por Juan Manuel Esperante, a cargo de la Fiscalía de Exaltación de la Cruz, con colaboración de efectivos de la Estación de Policía Comunal.

A partir de las tareas realizadas, los investigadores lograron establecer que los sospechosos actuaban de manera coordinada y con roles asignados. Su modus operandi era particular: primero realizaban tareas de marcación y vigilancia en el domicilio y luego atacaban.

En el caso del asalto en Capilla del Señor, un día antes del hecho, uno de los sospechosos fue grabado por una cámara de seguridad mientras caminaba por la puerta de la vivienda. Luego, cerca de las 20:13, otra cámara de seguridad lo captó dejando una bolsa de basura en la puerta. Fuentes del caso señalaron que esa maniobra funcionó como una forma de marcar el inmueble y verificar si existía movimiento en la casa.

Durante la noche del 27, pasadas las 21:40, una de las cámaras captó a dos delincuentes ingresar al predio. Una vez en el sector trasero del domicilio, neutralizaron la iluminación del garaje y se retiraron.

Más tarde regresaron, forzaron el vidrio de una puerta de atrás y se robaron una llave y una herramienta. Sin embargo, una de las alarmas de la casa se activó y se dieron a la fuga.

A partir del análisis de las cámaras privadas y las cámaras municipales del Centro de Apoyo Vecinal, se logró identificar a los sospechosos: un hombre y una mujer. En este contexto, la jueza de Garantías N.º 1 de Zárate-Campana, Graciela Adriana Cione, ordenó cuatro allanamientos en distintas localidades, entre ellas Capilla del Señor, Parada Robles y Villa Adelina.

Durante un procedimiento realizado en Capilla del Señor se concretó la captura de uno de ellos. Mientras era detenido, el delincuente se sacó los precintos, empujó a uno de los efectivos y se dio a la fuga. Incluso, ingresó a una vivienda, donde finalmente fue reducido luego de oponer resistencia.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la otra sospechosa fue aprehendida durante un allanamiento en un domicilio ubicado en Boulogne.

Durante el procedimiento en Villa Adelina, por su parte, las autoridades no lograron dar con otro de los sospechosos, quien continúa prófugo. No obstante, secuestraron un vehículo vinculado a la investigación y teléfonos celulares de interés para la causa.

Los sospechosos están acusados del delito de robo triplemente calificado por efracción, escalamiento y por ser cometido en poblado y en banda. Fuentes judiciales aseguraron que serán indagados el jueves.

La violencia volvió a irrumpir en espacios destinados a la salud. Un grupo armado ingresó a una clínica privada en la región de la Costa Chica de Guerrero y asesinó a balazos al médico y propietario del establecimiento, un hecho que ha generado conmoción entre la población local y encendió alertas sobre la seguridad del personal sanitario.

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque ocurrió la mañana del martes dentro de la clínica “La Familia”, ubicada en el municipio de Marquelia. Sujetos armados irrumpieron en el inmueble y dispararon directamente contra el doctor Alberto Álvarez, quien se encontraba en su consultorio.

Tras la agresión, los atacantes huyeron del lugar, mientras que personal del establecimiento intentó auxiliar al médico y solicitó apoyo de los servicios de emergencia; sin embargo, la víctima falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Ataque directo dentro del consultorio

Los primeros informes indican que el crimen ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando hombres armados ingresaron directamente al establecimiento y abrieron fuego contra el médico, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

El doctor era considerado un profesional reconocido en Marquelia y municipios cercanos, donde atendía a pacientes de manera constante, lo que hizo que su asesinato causara consternación entre la comunidad.

Investigación en curso y contexto de violencia

El homicidio se suma a una serie de hechos violentos registrados en la región de la Costa Chica, donde ataques armados y enfrentamientos han dejado víctimas en distintos municipios en los últimos días.

La Fiscalía de Guerrero mantiene abierta la investigación para determinar si el asesinato del médico fue un ataque directo, una represalia o está relacionado con la atención brindada a personas heridas en otros eventos violentos.

El caso también reabre el debate sobre la vulnerabilidad del personal médico en zonas con presencia del crimen organizado, donde clínicas y hospitales han dejado de ser espacios seguros.

De acuerdo con medios locales, Álvarez fue esposo de la doctora Paulina Ramos Gutiérrez, actual regidora de salud por Morena, y era presidente del Colegio Médico de Marquelia, con su organización Valle de las Tortugas también se dedicaba a la preservación de la especie.

Cabe destacar que ni Javier Tacuba Salas, presidente municipal de Marquelia, municipio en el que ocurrieron los hechos; ni Evelyn Salgado Pineda, gobernadora del estado; ni Zipacná Jesús Torres Ojeda, fiscal general del estado, se pronunciaron ni emitieron ningún mensaje por los hechos registrados en los que perdió la vida el médico.

De acuerdo con versiones extraoficiales, difundida por medios locales, el médico habría sido sometido, torturado y degollado, sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por autoridades.

Ante la consulta de Infobae, fuentes policiales precisaron que los asaltantes fueron detectados por personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría 2ª de Morón, en el marco de un operativo de prevención de entraderas, cuando patrullaban por el cruce de Flora y Dalmacio Vélez Sarsfield.

En ese lugar, los uniformados visualizaron un Peugeot 308 color negro con cuatro ocupantes a bordo, quienes al advertir la presencia policial emprendieron la fuga a toda velocidad.

La Policía Bonaerense dispuso un operativo cerrojo de urgencia para detener a los sospechosos, que fueron detenidos al cabo de una intensa persecución que se extendió por casi un kilómetro y medio.

Los asaltantes chocaron contra un poste de luz ubicado en la intersección de avenida Don Bosco y Camino de Cintura, en Villa Luzuriaga, pero lograron descender del vehículo de inmediato. En ese contexto, uno de ellos extrajo un arma de fuego de entre sus ropas y apuntó contra el personal policial, lo cual derivó en un violento enfrentamiento entre los ladrones y la Policía.

El video que encabeza esta nota muestra cómo se desarrolló el tiroteo entre la Policía y los delincuentes a la vera del Camino de Cintura, donde los delincuentes intentaron escapar a pie. Sin embargo, los efectivos repelieron el ataque con sus armas reglamentarias y lograron reducir a los cuatro asaltantes. Fueron identificados como L.N. (23); R.L. (34); F.G. (21) y J.C. (23).

Como consecuencia del tiroteo, uno de los delincuentes sufrió heridas de arma de fuego en la zona abdominal y dorsal, por lo cual debió ser sometido a una intervención quirúrgica, mientras que dos de sus cómplices presentaron una lesión leve en el cuero cabelludo y otra en los miembros inferiores, respectivamente. Todos ellos fueron trasladados al hospital local.

El cuarto detenido, en tanto, resultó ileso, al igual que el personal policial que intervino en el hecho.

En el lugar de la detención, los agentes secuestraron un revólver calibre .22 largo cargado, y herramientas como llaves y un criquet, comúnmente utilizadas para realizar escruches.

Al repasar los registros, la Policía corroboró que el Peugeot 308 en el que se movía la banda tenía un pedido de secuestro activo por robo automotor, solicitado el 25 de abril pasado por la Comisaría 1ª de Morón.

La investigación quedó en manos de la UFI N° 4 de Morón, a cargo de la fiscal Paula Salevsky, quien imputó a los detenidos por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, resistencia a la autoridad, disparos de arma de fuego y encubrimiento agravado (copia automotor).

Maximiliano Bianchi fue asesinado el 11 de julio de 2015 en la Plaza Alsina de Villa Sarmiento, jurisdicción de Morón. Hijo de un comisario retirado de la Federal, técnico electromecánico, había cobrado su primer sueldo días antes. Entonces, decidió festejarlo. Salió con un grupo de amigos al viejo Showcenter de Haedo. Luego, abordó su auto, un Volkswagen Gol Trend, y se dirigió a la Plaza Alsina, para seguir la noche.

Llegó allí con sus amigos poco después de la medianoche. Un grupo de delincuentes que descendió de un Chevrolet Onix los sorprendieron para robarles. Les exigieron dinero a Bianchi y a sus amigos, lo que tuvieran. Finalmente, el técnico electromecánico fue ejecutado de un tiro en la nuca. Tenía 20 años.

Los delincuentes escaparon a Fuerte Apache tras matar a Maximiliano; la Policía Bonaerense los cruzó, se enfrentaron a tiros. Roberto, el padre de Maximiliano, encabezó marchas junto a su hija Vanina, reclamó por justicia y seguridad.

Varios sospechosos fueron detenidos en los meses posteriores, tres mayores de edad y un menor. Con el tiempo, fueron condenados. El Tribunal Oral Criminal N.º 2 de Morón les dictó penas de 15 años a los mayores en abril de 2018, en un juicio abreviado. Un año antes, el menor, de edad punible, el supuesto autor del disparo, había recibido otros diez años de cárcel.

El caso parecía cerrado. Sin embargo, quedaba un prófugo más. Ayer martes, casi once años después, ese prófugo cayó. Su indagatoria se espera en las próximas horas.

El último acusado en la historia es Matías Norberto Chazarreta, un hombre de 35 años, con domicilio registrado en la zona de Caseros. Chazarreta fue capturado tras una minuciosa investigación de la División Homicidios de la Policía Federal, dirigida por el fiscal Patricio Ventricelli.

Chazarreta, según confirmaron fuentes del caso a Infobae, fue capturado mientras trabajaba en una gomería de Ituzaingó. Un testigo del tiroteo en Fuerte Apache permitió a la Justicia marcarlo para pedir su captura. Sin embargo, Chazarreta evadió a las autoridades todos estos años. “Su nombre estuvo en la investigación desde el comienzo, pero no se lo encontraba”, asegura una fuente clave en el expediente.

Prófugo con trabajo en blanco: así encontraron a Chazarreta

El nuevo acusado -que se suma a los imputados ya condenados, como Leonel Hernán González, Luis Norberto Miño y Elías Pedro Álvarez- tuvo cuatro empleos en blanco en la última década según sus registros previsionales, el último en una metalúrgica porteña.

Irónicamente, el Ministerio de Seguridad bonaerense había emitido el 24 de noviembre de 2015 una recompensa de 50 mil pesos para quien lo entregara, poco más de cinco mil dólares al cambio ofical de aquel día. La recompensa es fácilmente hallable con una búsqueda online: la ficha incluye la foto de most wanted del presunto asesino de Maximiliano Bianchi. Así y todo, los investigadores a cargo del caso en aquel entonces no daban con su paradero, mientras Chazarreta conseguía un trabajo tras otro.

Entonces, ante la posibilidad de que la causa prescriba por el paso del tiempo, Ventricelli decidió convocar a la División Homicidios de la Federal, que ubicó al prófugo en la gomería donde trabajaba, ubicada sobre el Acceso Oeste. Rastrear a su entorno fue una de las claves que llevó a su arresto. Los detectives llegaron a su actual pareja: la comparación de fotos y perfiles de redes sociales llevó a identificar su domicilio.

Allí, se montó una vigilancia. Chazarreta salió en bicicleta. Vestía una campera: en su espalda estaba el nombre de la gomería donde trabajaba, y donde finalmente cayó.

Recientes hechos de delincuencia común en las calles de la ciudad de Panamá, a cualquier hora del día, mantienen en zozobra a los miembros de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), que expresó su preocupación ante esta situación cada vez más creciente.

Los delitos ya ocurren en zonas de alta circulación turística, por lo que advirtieron sobre las posibles repercusiones negativas que puedan tener en la percepción internacional del país.

Hace unos días dos turistas fueron brutalmente asaltados por tres delincuentes a la supuesta salida de un hotel en la transitada Avenida Balboa, sin que fueron auxiliados por seguridad alguna, que en muchas ocasiones brilla por su ausencia.

Las imágenes del asalto se difundieron por diversas redes sociales.

El gremio de hoteleros señaló que estos incidentes no solo afectan la seguridad ciudadana, sino que también inciden de manera directa en la imagen de Panamá como destino seguro, un atributo que según dijeron ha sido construido durante años mediante esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado.

“El turismo es altamente sensible a la seguridad. Cada evento de esta naturaleza tiene un efecto multiplicador que trasciende el hecho puntual, impactando la confianza del visitante, la reputación del destino y la competitividad frente a otros mercados de la región”, indicó la organización en un pronunciamiento.

En este contexto, APATEL hizo un llamado respetuoso, pero firme a las autoridades panameñas para adoptar acciones inmediatas que refuercen la seguridad en el país.

Entre las medidas solicitadas destacan el incremento de la presencia policial preventiva en zonas turísticas, áreas hoteleras y puntos de alto tránsito de visitantes, así como el fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia y la capacidad de respuesta oportuna ante incidentes.

El sector hotelero reiteró además su disposición de colaborar activamente con las instituciones del Estado en la implementación de estrategias conjuntas que garanticen la seguridad tanto de nacionales como de extranjeros, subrayando que este es un elemento indispensable para la sostenibilidad del turismo.

Los hoteleros advirtieron que Panamá no puede permitirse retroceder en uno de sus principales activos: la confianza de quienes visitan el país, en un contexto global donde la seguridad se ha convertido en un factor determinante en la elección de destinos turísticos.

De marzo a abril de este año el país experimentó un repunte en los hechos delincuenciales, cerrando el primer trimestre con 130 homicidios, de acuerdo con el Ministerio Público citado por medios de prensa.

Los hoteleros sostienen que hacen su esfuerzo para colaborar a mantener a flote la actividad turística. Recientemente rechazaron el Anteproyecto de Ley No. 131, que proponía la creación de una tasa de $10 para pasajeros en conexión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, al advertir sobre sus posibles efectos adversos en la competitividad aérea y el desempeño del sector turístico.

El gremio manifestó su “profunda preocupación” por la iniciativa, denominada “Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito” (TUIAT), al considerar que sentaría un precedente negativo al utilizar un sector estratégico como fuente de recaudación para fines ajenos a su sostenibilidad.

De igual manera, firmaron con la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa un convenio de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer el sector turístico como motor clave del desarrollo económico y territorial del país.

El acuerdo establece una hoja de ruta conjunta para promover la competitividad, la atracción de inversiones, la formación de talento humano y la consolidación de Panamá como un destino turístico sostenible y de alto valor.

Según informaron fuentes policiales, los arrestados fueron identificados como L.M.L., de 25 años y M.P.G., de 21. El primero está señalado como parte de la estructura de la organización criminal que asaltó al titular del Juzgado de Garantías N°5 de Morón. La segunda es sobrina de otro de los integrantes que se mantiene prófugo y con pedido de captura.

Ambos sospechosos fueron detenidos en cuatro allanamientos realizados este lunes 4 de mayo. En los operativos, además, la policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros, otra Bersa calibre 380, ocho municiones calibre 380 y cinco municiones calibre 9 milímetros.

También incautaron un auto Peugeot 308, nueve teléfonos celulares, un pasamontañas, precintos plásticos, un conjunto deportivo negro, un pantalón negro, varios marcadores de colores, un parlante portátil, un par de zapatillas blancas y ocho cámaras de seguridad.

De acuerdo a la investigación de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado, la banda se dedicaba a asaltar casas, a veces sin moradores; esta última una modalidad conocida como escruche.

En el golpe a Rodríguez, fueron cinco los delincuentes armados que irrumpieron en su casa por la parte trasera del terreno mientras la víctima dormía junto a su esposa durante la madrugada del 17 de diciembre.

Los asaltantes maniataron y golpearon a ambas víctimas para exigirles dinero y objetos de valor. El grupo permaneció varios minutos en el domicilio y se llevó aproximadamente 20 millones de pesos, 10.000 dólares y un arma de fuego reglamentaria propiedad del magistrado, que ya había sido robada y recuperada en otro hecho años atrás.

El ataque mostró un alto grado de organización y conocimiento previo de los movimientos y costumbres del juez. Los investigadores sospechan que hubo tareas de inteligencia sobre la rutina y la distribución de la vivienda.

El caso comenzó a ser investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de La Matanza, a cargo del fiscal Federico Medone y luego contó con la participación de la UFI N°11 del distrito.

Las tareas de inteligencia incluyeron análisis de llamadas, registros de cámaras de seguridad y seguimientos en territorio. El despliegue de los operativos movilizó a distintas divisiones policiales, entre ellas el Grupo Halcón, GAD, Infantería y equipos de drones.

En total, desde fines de marzo pasado se efectuaron 21 allanamientos en tres etapas y en distintos puntos del partido de La Matanza y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con secuestro de 10 armas de fuego, siete autos y motos, 22 teléfonos celulares, herramientas para violentar domicilios, dinero en efectivo, prendas de vestir y cámaras de seguridad.

Entre los 12 detenidos figura un ahora ex policía bonaerense, aprehendido el 14 de abril en su casa, tras ser identificado como presunto facilitador de información y encargado de liberar la zona para la banda.

En ese operativo también se allanó la comisaría de Villa Madero, donde el uniformado trabajaba en el Gabinete Técnico Operativo. Tras su arresto, la Auditoría General de Asuntos Internos dispuso su desafectación.

La causa sigue en trámite y se esperan novedades pronto, ya que todavía hay tres personas prófugas con pedido de captura vigente. La policía continúa con tareas de campo para localizarlas.

Un hombre de 39 años murió tras ser apuñalado en las inmediaciones de Times Square poco antes de la medianoche del martes, en un crimen que llevó a la Policía de Nueva York a buscar a tres sospechosos identificados por su vestimenta negra.

El ataque, ocurrido en una de las zonas más visitadas y videovigiladas de la ciudad, intensificó el despliegue policial y motivó un pedido formal de colaboración ciudadana, de acuerdo con información de medios locales como NBC New York, CBS News y Telemundo 47.

La agresión se produjo específicamente en la calle 43 Oeste, frente al restaurante Burger & Lobster Bryant Park, entre Broadway y la Sexta Avenida, en pleno Distrito Teatral de Manhattan.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) citado por Univision, los agentes acudieron al lugar tras una llamada de emergencia alrededor de las 23:30 y encontraron al hombre con múltiples heridas de arma blanca en la cara, el pecho y la espalda. La víctima fue trasladada en estado crítico a un hospital cercano, donde falleció poco después a causa de la gravedad de sus lesiones.

Durante las horas posteriores, el área permaneció cercada y con impactantes rastros de la escena del crimen. Tirado sobre el asfalto estaba el sombrero de la víctima y había varias manchas de sangre.

La identidad del hombre no se divulgó aún, ya que las autoridades esperan notificar primero a sus familiares, según informó el NYPD a los medios presentes.

Cámaras de seguridad como elemento central en la investigación

El área donde ocurrió el asesinato, próxima al Teatro Stephen Sondheim, se caracteriza por su alta concentración de cámaras de vigilancia, tanto de establecimientos privados como del propio NYPD.

Los investigadores analizan estos registros como elemento determinante para intentar identificar a los responsables. Ninguno de los sospechosos fue capturado.

De esta manera, las únicas características conocidas y verificadas por el departamento de policía son que los tres vestían prendas negras. La policía aún no recuperó el arma ni logró establecer el motivo del crimen o si existía alguna relación previa entre víctima y agresores, según detalló Telemundo 47.

La violencia registrada se produce en una zona especialmente concurrida y expuesta, lo que añade presión sobre las autoridades para hallar a los responsables con rapidez.

La comunidad: pieza clave para resolver el caso

Ante la ausencia de detenidos y la falta de mayores descripciones sobre los sospechosos, la policía intensificó el llamado a la comunidad. Se solicita a cualquier persona que posea datos relevantes que se comunique con Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS en inglés o al 1-888-57-PISTA (74782) en español, según consignó NBC New York.

Las autoridades subrayaron que la colaboración pública será decisiva para avanzar en la investigación y esclarecer un homicidio que conmocionó a una de las áreas más transitadas y emblemáticas de la ciudad.

Hechos violentos recientes en el área refuerzan la alarma social

El crimen se inscribe en un contexto de incidentes violentos recientes en las cercanías de Times Square y otros sectores céntricos de Manhattan. El domingo 26 de abril, un joven de 18 años fue apuñalado varias veces en la esquina de la calle 39 con la Octava Avenida, también dentro de Midtown Manhattan y permanece en condición estable en el Hospital Bellevue, según información oficial. Aunque no se estableció relación entre los casos, la sucesión de hechos en una zona altamente transitada mantiene en alerta tanto a residentes como a autoridades.

Antes, el 11 de abril, un hombre armado con un machete atacó a tres personas en la estación Grand Central de Nueva York. Las víctimas, entre ellas un hombre de 84 años y una mujer de 70, sufrieron heridas graves.

El agresor, identificado como Anthony Griffin, se mostró desafiante ante los agentes de policía que acudieron al lugar tras recibir alertas de empleados y testigos sobre la presencia del hombre armado en los andenes de las líneas 4, 5 y 6.

A pesar de las reiteradas órdenes para que soltara el arma y se entregara, Griffin se negó a colaborar, avanzó hacia los oficiales e incluso los desafió verbalmente. Ante la amenaza, uno de los policías disparó y Griffin fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Criminalidad en mínimos históricos: la Policía de Nueva York reportó cifras récord

Pese a los casos de inseguridad recientes, el estado de Nueva York registró el menor número de homicidios de su historia durante los primeros cuatro meses de 2026, con un total de 76 asesinatos entre enero y abril.

Este dato representa una reducción significativa respecto a años anteriores y consolida una tendencia sostenida a la baja en la criminalidad, respaldada por una disminución en otros delitos graves como tiroteos, robos y hurtos de vehículos. Destacan casos como el de Staten Island, donde no se reportaron homicidios en lo que va del año, y hubo una reducción de delitos en el transporte público y los comercios.

A pesar de estos avances, las denuncias de violación aumentaron un 10,1% respecto al año pasado, fenómeno que el NYPD atribuye a la ampliación de la definición legal de violación desde 2024.

La comisionada Jessica Tisch señaló que estos resultados provienen de una estrategia de vigilancia policial de precisión, enfocada en combatir armas ilegales, reforzar la presencia en zonas críticas y desmantelar bandas violentas.

Dos delincuentes de nacionalidad colombiana y una mujer argentina de 22 años que registraba antecedentes por homicidio, fueron detenidos días atrás en el barrio porteño de Caballito, donde fueron capturados tras ingresar a robar en un edificio de la zona e intentar escapar por los techos. Y tras consultar los registros penales de la integrante de la banda, los agentes de la Policía de la Ciudad corroboraron que no solo se dedicaba a las entraderas: era buscada por un homicidio.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que los tres delincuentes irrumpieron el pasado 25 de abril, alrededor de las 16:30, en una torre ubicada sobre Otamendi al 400, entre Doctor Juan Felipe Aranguren y el pasaje Escribano.

Una vez dentro del edificio, los ladrones subieron hasta el segundo piso e irrumpieron en un departamento para desvalijarlo.

La policía de CABA fue alertada por una vecina que denunció que un grupo de personas intentaba ingresar a una unidad de su edificio, por lo cual personal de la Comisaría Vecinal 6A se desplazó hasta el lugar.

Al llegar, los oficiales advirtieron que en el segundo piso, efectivamente, había personas ajenas al inmueble y dieron la voz de alto. Sin embargo, los delincuentes desoyeron la orden y escaparon por los techos hacia un edificio lindero ubicado sobre Aranguren al 100, donde forzaron una puerta para salir a la calle.

De inmediato, los agentes emitieron una alerta y desplegaron un operativo cerrojo en la zona.

Finalmente, la mujer, identificada como Violeta Macarena Aranda, y uno de los hombres fueron interceptados en el Pasaje Numancia, mientras que el tercer implicado fue detenido en las inmediaciones del Parque Centenario.

Durante la requisa por la zonas aledañas a lugar del robo y la posterior detención de los sospechosos, la policía secuestró una mochila, una llave de fuerza, tres destornilladores y un par de guantes.

La inspección posterior permitió constatar que en el segundo piso del edificio al que había ingresado la banda había un departamento deshabitado, cuya puerta estaba violentada.

En cuanto a Aranda, la única integrante mujer de la banda, fuentes policiales confirmaron a este medio que la consulta en el SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) arrojó que tenía un pedido de captura vigente por homicidio simple emitido el 21 de abril de este año, solicitado por el Juzgado Nacional de Menores N° 4.

Los otros dos detenidos, de 36 y 46 años no registran antecedentes penales en el país.

La investigación es encabezada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, a cargo del juez Carlos Bruinard.

Con evidente angustia y preocupación, Romina, la dueña de una rotisería ubicada a 15 cuadras de la estación José C. Paz del tren San Martín, habló este lunes con Infobae y contó detalles del violento robo piraña que sus empleados sufrieron el pasado jueves, cuando un grupo de al menos 10 delincuentes descendió de dos autos y, armados, ingresaron a robar al comercio. En ese contexto, los asaltantes golpearon a los repartidores que se encontraban sentados afuera del local y se llevaron dos de las motos con las que solían hacer los repartos por la zona, además de dinero en efectivo y sus teléfonos celulares.

La impactante secuencia, registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la fachada del negocio, ocurrió minutos antes de las 20 en “La Más Rica”, un local de comidas situado en la avenida Héctor Arregui al 1500, entre Montes de Oca y Blandengues, en el barrio Alberdi de José C. Paz.

El video que acompaña esta nota expone la impunidad con la que se manejaron los asaltantes, que frenaron sus vehículos en plena avenida y descendieron armados a la vista de otros automovilistas que pasaban por la zona.

Encapuchados y con armas de fuego en sus manos, los delincuentes abordaron a los cuatro empleados que charlaban afuera de la rotisería y les exigieron que entregaran las llaves de sus motos. "Los deliveries son dos, y los otros dos son acompañantes porque como están robando mucho en la zona, andan de a dos. Uno ni siquiera para la moto, la deja en marcha, el otro entrega el pedido y sube de vuelta. Le pedimos a los clientes que estén atentos porque está muy complicada la situación", detalló la propietaria.

Los ladrones actuaron con violencia desde el primer momento y golpearon a las víctimas, de las cuales solo uno se resistió al robo de su moto. “La tercera -moto- no se la pudieron llevar porque al chico que se la quisieron robar ya le habían robado otra moto la semana anterior. Entonces no la quería entregar, es su fuente de trabajo. Se puso firme en que no le daba la llave y le terminaron rompiendo la cabeza de un culatazo. Quedó tirado en el piso y perdió mucha sangre”, explicó la empleadora.

Una vez que los repartidores estaban reducidos, parte de la banda ingresó al comercio y atacó a los parrilleros. Se llevaron sus teléfonos celulares y el poco dinero en efectivo que había en la caja registradora, ya que recién estaba por comenzar la jornada laboral.

Madre de una nena de apenas tres meses, Romina, la propietaria, contó que suele ir a trabajar junto a su hija, pero ese día se demoró más de la cuenta y, por fortuna, no estuvo al momento del ataque. “Tengo que agradecer que no pasó nada más grave. Y la denuncia no la hice porque las veces que han pasado cosas así hemos recuperado las cosas gracias a la ayuda de los vecinos. La Policía por lo visto no da a basto para cubrir el distrito de José C. Paz, porque no los pudieron agarrar”, lamentó la comerciante.

El robo inicial se produjo en una farmacia ubicada en Carlos Pellegrini al 400, donde los acusados sustrajeron mercadería antes de escapar en un vehículo. Una vez recibida la denuncia, personal de la Comisaría Vecinal 1ª localizó e interceptó el automóvil sobre Carlos Pellegrini y Avenida Del Libertador, a pocas cuadras del sitio del primer hecho. Los tres fueron encontrados en posesión de perfumes, potes de crema para el cabello y una mochila donde ocultaban los productos robados.

Tras realizar la aprehensión, los agentes verificaron que la banda había actuado momentos antes en otra sucursal de la misma cadena, ubicada en Yrigoyen al 900, donde emplearon la misma modalidad para apoderarse de mercadería. Según la investigación inicial, este grupo integraría una organización dedicada a robos sistemáticos en locales comerciales de la Ciudad, un patrón observado en recientes operativos de campo.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, bajo la titularidad de Manuel Bruniard, dispuso la intervención inmediata para determinar la posible vinculación de los involucrados con otros hechos perpetrados bajo similares características en el corredor comercial porteño. Los procedimientos incluyeron la recuperación de los elementos sustraídos y su restitución a la firma damnificada.

Los tres sospechosos quedaron a disposición judicial para la continuidad de las actuaciones y eventuales cargos adicionales conforme avance la investigación.

A comienzos del mes pasado, la Policía de la Ciudad logró desarticular una banda delictiva compuesta por tres ciudadanos chilenos acusados de robos bajo la modalidad de “escruche” (robos cometidos en ausencia de moradores). La operación fue resultado de una investigación iniciada tras un asalto ocurrido la madrugada del 17 de febrero de 2026 en una empresa de alimentos situada en la calle José Martí, en Villa Soldati. La causa recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, que encomendó la pesquisa a la División Robos y Hurtos.

A partir del robo, los investigadores desplegaron un trabajo exhaustivo que incluyó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas y ciberpatrullaje. Gracias a estas herramientas, se reconstruyeron los movimientos de los sospechosos antes y después del hecho. Así, lograron identificar a los tres presuntos autores, determinar los domicilios que frecuentaban y el vehículo utilizado, un Peugeot 408 que fue visto cerca de la fábrica antes de un corte de luz, lo que reforzó la hipótesis de un golpe planificado.

Durante la investigación, se detectaron además conversaciones que apuntaban a la organización de futuros delitos, lo que aceleró las acciones policiales para evitar nuevos hechos. Ante el cúmulo de pruebas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 ordenó dos allanamientos en el barrio de San Nicolás. El primero se realizó en un edificio de la calle Lavalle al 1700, donde se detuvo a dos sospechosos en la vía pública y al tercero en un departamento del noveno piso. En el lugar se secuestraron el vehículo usado en el robo, teléfonos celulares, herramientas para forzar accesos, guantes, prendas vinculadas al delito, dispositivos electrónicos tipo handy (utilizados como inhibidores de señal), pasaportes de los detenidos y otros objetos de interés.

El segundo allanamiento fue en un local comercial de la calle Paraná al 400, pero no se hallaron elementos vinculados al robo. Sin embargo, se entrevistó al responsable del local para descartar nexos con los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como Alfredo Benjamín Contrera Ríos, de 36 años; Sergio Antonio Espina Queupo, de 34; y Carlos Antonio Torres Fuente Alba, de 40, todos de nacionalidad chilena. Uno de ellos tenía una alerta verde de Interpol, lo que implicaba seguimiento internacional previo. Tras su detención, quedaron incomunicados y a disposición de la Justicia.

La investigación contó con la participación de diversas áreas especializadas, como Ciberpatrullaje, Video Judicial, Enlace Interpol, Innovaciones Tecnológicas Especiales y Patrones Delictuales. La colaboración de estos equipos permitió reunir prueba clave para avanzar en el caso. Las autoridades consideran que el hecho quedó esclarecido y no descartan que la banda esté vinculada a otros robos similares en la Ciudad de Buenos Aires.

Bullrich, a través de su cuenta en la red social X, cuestionó la gestión del gobernador Axel Kicillof y del propio Alonso, a quien calificó como “no ministro”. En sus mensajes, la exministra de Seguridad en las gestiones de Mauricio Macri y en el inicio del actual gobierno nacional, expresó: “Yo no entiendo. El inútil de Kicillof y su no Ministro de Seguridad ven esto, ¿y no les genera nada? ¿Le roban a un nene de 12 años violentamente y dicen que está todo bien?”.

En otro posteo, la senadora agregó que “asesinan vecinos, roban a mansalva y no hacen nada. No pasa nada, sin consecuencias para los delincuentes. Es más… los protegen y abandonan a los argentinos de bien”. Bullrich sostuvo que “mucha campaña y sonrisitas, pero la realidad es hoy. Los bonaerenses necesitan seguridad HOY”.

Javier Alonso respondió horas después mediante un extenso mensaje, comenzando con una frase que solía usar Néstor Kirchner con sus rivales políticos: “Qué le pasa, Bullrich, ¿está nerviosa?”. El ministro defendió el trabajo de la cartera de Seguridad provincial, al remarcar que “no se dicta condena, de eso se ocupa la Justicia, porque así funciona una República”.

Alonso afirmó que la gestión de Axel Kicillof presenta “los niveles más altos de esclarecimiento” de delitos y recordó la colaboración de la provincia en operativos de seguridad en Rosario. El funcionario contestó a la acusación de “no hacer nada” con una referencia directa a la etapa de Bullrich al frente de Seguridad: “El año pasado se le escapó ‘Pequeño J’ caminando y en 2019 Alberto Samid se le fugó en canoa hacia Paraguay”, rememoró desde las redes sociales. La referencia del primer caso apuntaba a Tony Janzen Valverde Victoriano, principal sospechoso de los narcofemicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, quien finalmente será extraditado desde Perú a Argentina. El segundo refiere al conocido carnicero mediático, que se fue del país y fue blanco de una orden de captura mientras afrontaba un juicio por evasión millonaria y asociación ilícita, que primero fue condenado y luego fue sobreseído.

Según el ministro, la crítica de Bullrich responde a una “campaña sucia” solo para instrumentalizar el caso de inseguridad urbana para fines políticos. “Tenga dignidad y deje de usar a las víctimas para su sucia campaña. ¿Será que la imagen de Milei se desploma y salen en fila a intentar difamar a Kicillof para tapar sus propios fracasos?”, concluyó Alonso.

La asalto cometido en Tolosa forma parte de una serie de episodios de inseguridad recientes en distintos barrios de La Plata, donde se registraron otros robos y asaltos tanto a adultos como a menores.

En el barrio La Loma, en la localidad platense, una vecina fue interceptada durante la madrugada por una banda de tres delincuentes en plena maniobra para guardar su vehículo. La secuencia se agravó por la desesperación de la víctima, que después de varios segundos de forcejeo, pudo escapar.

Según un informe de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), publicado en 2025, los robos violentos en el Gran Buenos Aires (GBA) registró un crecimiento sin precedentes en la última década, con un aumento acumulado superior al 500% entre 2015 y 2024.

De acuerdo a ese relevamiento, estos delitos representan hoy el 51% de los hechos registrados a nivel nacional y el 70% de los ocurridos en la provincia de Buenos Aires.

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), a través de su programa ProCiencia, lanzó el concurso “Proyectos de Investigación en Seguridad Ciudadana y Lucha contra el Crimen”, iniciativa orientada a promover investigaciones científicas y soluciones tecnológicas que contribuyan a prevenir y combatir la criminalidad violenta en el país.

Según informó Andina Noticias, la convocatoria busca generar conocimiento aplicable y herramientas transferibles que puedan ser utilizadas por las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana para fortalecer las estrategias de prevención, control y respuesta frente a delitos de alto impacto.

El concurso también pretende articular el trabajo de investigadores, universidades, entidades públicas y organizaciones vinculadas al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec), con el fin de facilitar la implementación de tecnologías y propuestas innovadoras en políticas públicas relacionadas con la seguridad.

Priorizarán proyectos sobre criminalidad y economías ilegales

De acuerdo con el Concytec, las investigaciones deberán enfocarse en problemas vinculados a la criminalidad violenta y delitos críticos como homicidio, extorsión, secuestro, robo agravado y otras actividades asociadas a economías ilegales contempladas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028.

La entidad precisó que las propuestas tendrán que alinearse a una de las tres líneas prioritarias de ciencia, tecnología e innovación definidas para el concurso. Estas áreas fueron identificadas previamente en un informe elaborado por la Dirección de Investigación y Estudios (DIE) del Concytec.

Entre las líneas priorizadas destacan:

• Prevención del delito mediante patrullaje inteligente.
• Investigación e inteligencia digital a través de análisis forense digital e interoperabilidad.
• Investigación en ciencias sociales para evaluar respuestas estatales frente a fenómenos criminales y economías ilegales.

Asimismo, el programa busca fortalecer estudios relacionados con cultura política, acción ciudadana y legitimidad institucional, con el objetivo de mejorar la comprensión de los factores sociales vinculados a la inseguridad y la violencia.

Financiamiento hasta S/ 400 mil

El concurso contempla la entrega de al menos 12 subvenciones económicas no reembolsables para financiar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. El monto máximo de financiamiento podrá alcanzar los S/ 400.000 por iniciativa, dependiendo de la modalidad de postulación.

Según detalló Concytec, las subvenciones estarán distribuidas en tres categorías estratégicas. La primera corresponde a proyectos de investigación en ciencias sociales, que podrán acceder a financiamiento de hasta S/ 130.000, mientras que la segunda modalidad está orientada a proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico avanzados, con montos de hasta S/ 200.000.

La tercera categoría corresponde a proyectos multidisciplinarios de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, cuyo financiamiento máximo asciende a S/ 400.000. Además, el plazo de ejecución de las iniciativas seleccionadas será de hasta 18 meses.

¿Quiénes podrán postular?

La convocatoria está dirigida a universidades licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), entidades públicas vinculadas al Sinasec, ministerios, centros de investigación, instituciones dedicadas al desarrollo tecnológico, organizaciones privadas sin fines de lucro y empresas peruanas.

Asimismo, las propuestas deberán contar con entidades asociadas nacionales o extranjeras, entre ellas universidades, institutos de educación superior, centros de investigación y empresas vinculadas al ámbito científico y tecnológico, con el objetivo de fortalecer el componente técnico y multidisciplinario de los proyectos.

Según informó Andina Noticias, las consultas sobre las bases del concurso podrán realizarse hasta el 11 de mayo de 2026, mientras que la publicación de las bases integradas está prevista para el 21 de mayo. El cierre de postulaciones será el 2 de julio de 2026 y los resultados se conocerán a partir del 30 de octubre del mismo año.

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Vinculan a proceso a Juan “N”, hombre detenido con más de 400 kilos de drogas en Tabasco

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como Juan “N” por delitos contra la salud, luego de que autoridades estatales lo detuvieron el 25 de abril de 2026 en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, con más de 400 kilos de drogas.

Durante una revisión en el Punto de Verificación e Inspección Federal “Tonalá”, agentes estatales localizaron drogas en la caja de una camioneta cerrada.

En el operativo, la Secretaría de Seguridad de Tabasco aseguró 357 kilos de marihuana y 114 kilos de metanfetamina.

Juan “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, que inició la carpeta de investigación correspondiente.

El juez de Control calificó como legal la detención y resolvió la vinculación a proceso del imputado. La acusación incluye el transporte de marihuana y metanfetamina, conductas sancionadas por el Código Penal Federal.

La FGR informó que Juan “N” continuará su proceso bajo las medidas dictadas por la autoridad judicial, mientras el caso permanece bajo investigación.

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La violenta e indignante secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del barrio. Según se ve en la filmación, el ataque ocurrió a las 6:26 de la mañana, cuando la víctima caminaba rumbo a clases. Repentinamente, al llegar a mitad de cuadra, se ve cómo el agresor lo intercepta bruscamente por la espalda, lo toma del cuello y lo reduce al piso.

De acuerdo al medio local 0221, el delincuente había seguido largos metros al niño hasta alcanzarlo. Cuando logró tirarlo, le quitó la mochila y el buzo que llevaba.

El robo fue veloz: se concretó en apenas 25 segundos y la víctima no logró defenderse. Tras el hecho, el asaltante escapó rápidamente del lugar y el niño pidió ayuda en las inmediaciones de la zona, donde los vecinos lo asistieron.

Fueron ellos quienes luego revisaron las cámaras de seguridad y vieron la agresividad del robo al menor. La grabación luego circuló en redes sociales junto a insistentes pedidos para reforzar la seguridad en la zona.

Asimismo, advierten que el hecho forma parte de una serie de episodios de inseguridad recientes en distintos barrios de La Plata, donde se registraron otros robos y asaltos tanto a adultos como a menores.

Días atrás, el barrio La Loma en la ciudad de La Plata experimentó una madrugada marcada por la violencia e impotencia, cuando una vecina fue interceptada por una banda de tres delincuentes en plena maniobra para guardar su vehículo.

Según la información del portal del diario El Día, el episodio ocurrió en la medianoche, en la calle 45 entre 21 y 22, momento en que la mujer se disponía a ingresar su auto a una cochera. Según reconstruyó la víctima, fue sorprendida por tres hombres con el rostro cubierto que actuaron de manera coordinada.

“Fue una situación de absoluta desigualdad: tres hombres contra una mujer sola”, narró la mujer en su denuncia pública, detallando los instantes de gritos, forcejeos y pánico que se sucedieron en apenas segundos.

La secuencia se agravó por la desesperación de la víctima, quien, tras varios segundos de forcejeo, logró escapar. “Logré escapar corriendo luego de varios segundos de tensión”, manifestó al hacer pública su experiencia. El suceso no solo puso en riesgo su integridad física, sino que también dejó al descubierto la falta de respuesta de las fuerzas de seguridad en la zona, que ahora vuelven a reclamar los vecinos.

Luego del cuádruple homicidio del pasado 28 de abril en la Ciudad de México, autoridades de los tres órdenes de gobierno montaron un operativo que se extendió hasta el Estado de México para detener a los presuntos responsables.

Durante la acción coordinada recuperaron dos camionetas de lujo robadas a las víctimas, aseguraron 95 dosis de aparente droga y decomisaron armas de fuego, además de la captura de 4 sospechosos del crimen. Estas detenciones fueron realizadas en dos partes.

Extraoficialmente se ha señalado que las víctimas fueron Omar Cejudo Nava, director de la farmacéutica Genéricos RALCA, su esposa y sus dos hijas menores de edad. A todas las víctimas se les encontraron heridas provocadas con arma blanca.

Entre los objetos asegurados figuran una GMC Yukón Denali XL de color azul, con precio de contado de 2 millones 152 mil 400 pesos, y una BMW X6 M60i valuada en 2 millones 264 mil 900 pesos.

En la GMC, elementos de seguridad capturaron a María de Jesús “N”, José María “N” y Francisco Javier ”N”, y hallaron prendas, zapatos y artículos robados de la casa de la familia Cejudo.

El conductor de la BMW, identificado como Emiliano “N”, fue localizado después en un hotel y resultó herido durante un enfrentamiento con policías municipales.

Reportes periodísticos señalaron que en el cuerpo del padre de familia fue localizado un narcomensaje atribuido a La Unión de Tepito, pero las indagatorias vinculan a los detenidos con un grupo conocido como “Los Julios”.

Operativo coordinado y secuencia de las capturas

El despliegue inició luego de que el C2 Poniente de la Ciudad de México detectó que las camionetas robadas ingresaron al Estado de México.

El C5 Edomex realizó el rastreo videográfico y ubicó la GMC en Las Arboledas, Atizapán de Zaragoza. Ahí fueron capturados los tres primeros implicados.

En paralelo, el conductor de la BMW, Emiliano Villaseñor Barrera, trató de ocultarse en un hotel del municipio. Fue localizado y disparó contra los agentes, resultando herido y trasladado bajo custodia al Hospital Adolfo López Mateos en Toluca.

Dos policías municipales recibieron disparos y se reportaron fuera de peligro tras su traslado a un hospital.

Las autoridades aseguraron 55 dosis de marihuana y 40 envoltorios de posible cocaína en piedra, además de dos armas cortas, cargadores, cartuchos útiles y un silenciador tras los dos operativos.

Las camionetas traían placas de Morelos y San Luis Potosí y estaban reportadas como robadas tras el ataque en la vivienda de Guanábana 146.

Imágenes de Google Maps muestran una camioneta similar a la GMC, frente al domicilio donde ocurrió el crimen,

Todos los objetos, drogas y armas fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público de la Ciudad de México junto con los detenidos.

Investigaciones: vínculos familiares y móvil económico

Las indagatorias indican que la célula estaría relacionada con delitos de extorsión, despojo de inmuebles, narcomenudeo y homicidio en el Estado de México y zonas limítrofes de la capital.

Además, versiones extraoficiales indican que tres de los detenidos son hermanos, mientras que el otro es pareja de María de Jesús “N”.

Una de las líneas apunta a que Emiliano “N” era pareja de Valentina Cejudo, la hija de 16 años de la familia asesinada.

Reportes del periodista Carlos Jiménez (“c4jimenez”) señalan que Emiliano habría revelado que la banda "Los Julios" le prometió 40 mil pesos por asesinar a la familia, aunque esa versión no ha sido confirmada por autoridades.

La investigación sobre el cuádruple homicidio y la operación del grupo criminal continúa.

Una balacera ocurrida durante un velorio en el sector de Manzanilla, en el Cercado de Lima, dejó como saldo una mujer fallecida y más de diez personas heridas, en medio de la creciente ola de criminalidad en el país.

El ataque se registró durante la madrugada en las inmediaciones del jirón García Naranjo, cerca de la avenida Aviación. De acuerdo con información difundida por Exitosa, sujetos armados ingresaron al lugar donde se realizaba el velorio y efectuaron varios disparos contra los asistentes, generando escenas de pánico entre las personas presentes.

Disparo en la garganta

Según la información difundida, la víctima mortal recibió un impacto de bala a la altura de la garganta. Aunque fue trasladada de emergencia a un centro de salud, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Tras el ataque, varios de los asistentes resultaron heridos y salieron del lugar en busca de ayuda. Parte de las víctimas fue trasladada al hospital Dos de Mayo, ubicado a pocas cuadras de la zona del ataque, mientras que otros heridos fueron llevados al hospital Hipólito Unanue para recibir atención médica.

Cámaras registraron huida de atacantes

Las autoridades informaron que cámaras de seguridad instaladas en los alrededores captaron el momento en que los presuntos atacantes escapaban de la zona luego de realizar los disparos. De acuerdo con las imágenes revisadas preliminarmente, los sujetos se encontraban encapuchados.

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del atentado e identificar a los responsables. Agentes de la comisaría de San Cayetano acudieron al lugar para acordonar la escena y recoger evidencias.

Antecedentes y testimonios

Según informó el citado medio, algunas de las personas involucradas en el caso registrarían antecedentes por tráfico ilícito de drogas y robo agravado. No obstante, las autoridades continúan recopilando información para esclarecer el móvil del ataque.

El hecho ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana en una zona considerada altamente comercial y cercana al emporio de Gamarra. Debido a la gran cantidad de negocios y viviendas con cámaras de vigilancia en el sector, la Policía espera obtener más imágenes que permitan reconstruir la ruta de escape de los atacantes y avanzar en las investigaciones.

Debido a los atentados terroristas que se han registrado recientemente en las carreteras de Colombia, diferentes entidades del sector del transporte han emitido alertas sobre una crisis de inseguridad en las vías principales del territorio nacional.

Al respecto, la Asamblea Nacional del Transporte (ANT), expuso que entre agosto de 2022 y abril de 2026, el gremio reportó un panorama marcado por asesinatos, destrucción de vehículos, bloqueos masivos, extorsión y millonarias pérdidas económicas que afectan la cadena de suministro y el abastecimiento en el país.

Las cifras recopiladas por el observatorio de la asamblea hablan de 68 transportadores que han sido asesinados en las vías colombianas durante el periodo señalado, víctimas de acciones criminales que, de acuerdo con el gremio, se han intensificado en los últimos meses.

Desde la asamblea afirman que identificaron que el tránsito por las carreteras nacionales se ha convertido en una actividad de altísimo riesgo para quienes ejercen el oficio de transportar bienes esenciales.

El informe detalla que 142 vehículos de carga fueron incendiados o destruidos en hechos vinculados a paros armados y represalias de grupos ilegales; además, se contabilizaron más de 2.950 bloqueos en vías nacionales, situación que restringió el derecho constitucional al libre tránsito y al trabajo para miles de conductores y empresas dedicadas al transporte.

De acuerdo con la ANT, la piratería terrestre y la extorsión se manifiestan en la recepción de más de 5.200 denuncias de saqueos, robos de mercancía y cobros ilegales o “vacunas” por parte de organizaciones al margen de la ley.

El impacto económico de estos hechos se traduce en una afectación acumulada que supera los 14 billones de pesos, según la asamblea, el gremio se ha unido para advertir que esta cifra refleja el daño directo sobre el patrimonio de los transportadores y sobre la infraestructura logística y la cadena de suministro nacional, por lo que la organización denuncia que estos hechos afectan el abastecimiento regular de alimentos y productos de primera necesidad en diferentes regiones.

Desde la asamblea mencionaron que el panorama más crítico se localiza en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, identificados por la ANT como el epicentro de la crisis de seguridad vial en la actualidad.

En estos territorios del suroccidente colombiano, el informe revela que 24 conductores han perdido la vida en las carreteras en los últimos años; además, 58 vehículos de carga han sido incinerados o destruidos en la región, lo que equivale a más del 40% del total nacional sobre casos de esta índole.

Sobre la crisis de inseguridad solo enfocada en esta región, se afirma que las perdidas superan los cinco billones de pesos, una consecuencia directa de la operación sistemática de redes de extorsión, secuestro exprés y cobro de “vacunas”, crímenes que afectan cotidianamente a los transportadores y a las empresas del sector.

La Asamblea Nacional del Transporte sostiene que la criminalidad actúa con impunidad en estos corredores viales, lo que incrementa la vulnerabilidad de los trabajadores en todo momento.

En el comunicado, la Asamblea Nacional del Transporte enfatiza que los transportadores y sus familias se han convertido en víctimas directas del conflicto armado y la violencia en el país.

“Transitar por las carreteras ha dejado de ser un derecho para convertirse en una profesión de altísimo riesgo”, es parte del documento en el que se exige que las autoridades y el Gobierno nacional aseguren un “transporte digno, seguro y justo”.

Es por ello que en la parte final resaltan la labor de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; sin embargo, resaltan que el esfuerzo de las autoridades en el terreno resulta insuficiente sin directrices claras y eficaces desde el nivel central del Gobierno Nacional.

El asesinato de cuatro integrantes de una familia en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, registró actualizaciones este miércoles, 24 horas después de que el crimen fue reportado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Pablo Vásquez Camacho, titular de la dependencia, confirmó la detención de tres hombres y una mujer en Atizapán, Estado de México, por su probable participación en el multihomicidio.

“Gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia del C2 Poniente y del C5 Edomex, se ubicaron dos camionetas robadas del predio y, tras implementar un operativo coordinado, se detuvo a María de Jesus “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N”, detalló el funcionario en la red social X.

Los imputados son investigados por la muerte de una pareja de 47 años y sus hijas de 16 y 12 años. De acuerdo con versiones periodísticas, las autoridades establecieron como línea principal de investigación una represalia por el incumplimiento de cuotas a una organización criminal.

Carlos Jiménez, periodista especializado en temas de seguridad y violencia, informó en X que en el lugar de los hechos se halló un mensaje en el que se atribuía el crimen al grupo delictivo La Unión Tepito: “Por no pagarle a La Unión”, afirmó.

Robo, conexión con Los Julios y una investigación en curso

Tras la detención, Jiménez reportó información preliminar sobre las primeras declaraciones de los imputados. De acuerdo con el periodista, Emiliano “N”, presunto autor material, indicó que recibirían un pago de parte de la organización criminal Los Julios"

“DICEN q LES PROMETIERON $40 MIL por el CRIMEN; CREEN q MIENTEN Emiliano Villaseñor dijo q Los Julios de Atizapán les prometieron $ por matar a la familia Cejudo. Emiliano era novio de Valentina Cejudo en el @TecdeMonterrey, pero el papá de ella no permitía la relación. @PoliciaAtizapan y @SSC_CDMX los detuvieron”, escribió en X.

Sus reportes involucran a dos organizaciones criminales catalogadas por autoridades capitalinas y federales como cárteles generadores de violencia en la capital y el Estado de México.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha informado sobre avances y las líneas de investigación que siguen. Al dar a conocer el arresto, Pablo Vásquez Camacho destacó que al momento de su detención, las cuatro personas indagadas tenían posesión de camionetas sustraídas del lugar del crimen, dos armas de fuego aseguradas y otros objetos posiblemente robados del domicilio.

¿Quiénes son Los Julios?

Los Julios es una organización criminal activa principalmente en el Estado de México, reconocida por operar bajo la fachada de un sindicato para llevar a cabo actividades delictivas como extorsión, despojo de inmuebles y narcotráfico.

Operaciones y modus operandi

• Despojo de viviendas: Esta banda se especializa en invadir casas habitación, incluso en zonas residenciales de alto nivel como el condado de Sayavedra en Atizapán de Zaragoza.
• Extorsión: Amedrentan a constructores, comerciantes y particulares, exigiendo grandes sumas de dinero (se han reportado casos de exigencias millonarias para devolver propiedades).
• Fachada sindical: Utilizan conexiones sindicales (vinculados con la CATEM) y políticas para operar con impunidad.
• Infiltración: Se ha señalado que cuentan con personas infiltradas en altos mandos policiacos para facilitar sus operaciones. 

Zona de influencia

Actúan principalmente en los municipios mexiquenses de:

• Atizapán de Zaragoza.
• Naucalpan.
• Tlalnepantla.

Liderazgo y detenciones

• Alejandro Maya, alias “El Bebé”: Identificado como presunto líder de esta organización, fue capturado en septiembre de 2023 en Atizapán de Zaragoza por la Fiscalía de Asuntos Especiales de la FGJEM.
• Se ha reportado que “El Bebé” tiene antecedentes como expolicía.

Investigaciones relacionadas

• La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha investigado a este grupo no solo por despojos, sino también por amenazas y narcotráfico.
• Su rastro delictivo ha sido vinculado con el asedio a constructores, incluyendo obras como el Tren Interurbano México-Toluca.

Por su parte, La Unión de Tepito se consolidó como organización criminal entre 2009 y 2010 en la Ciudad de México, bajo la influencia de Edgar Valdez Villarreal (“La Barbie”).

Opera principalmente como un cártel en la alcaldía Cuauhtémoc, dedicándose al narcomenudeo, extorsión, secuestro y despojo de inmuebles.

Caso centra la atención en la violencia en CDMX y Edomex

A pesar de la detención de María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N”, la brutalidad del homicidio múltiple derivó en presión social sobre autoridades capitalinas.

Cinco integrantes de una banda delictiva conocida como “Los roba techos de zona norte” fueron detenidos en las últimas horas en San Isidro tras ser acusados de cometer al menos ocho robos a autos durante los últimos meses. Su especialidad eran los techos solares, los cuales luego revendían. “Estoy desesperado por plata”, se admitían entre ellos, según consta en un chat descubierto por los investigadores.

Los sospechosos cayeron en el marco de una causa a cargo de la fiscal Natalia Castronovo, de la UFI Boulogne, quien comenzó a investigar tras recibir una serie de denuncias similares sobre ataques a vehículos estacionados en la vía pública.

Según supo Infobae de fuentes del caso, detrás de estos robos había una organización que actuaba con un modus operandi muy particular: recorrían zonas residenciales en horarios nocturnos, elegían modelos específicos y desmontaba los techos de vidrio en pocos minutos. En general, los blancos eran autos Peugeot 206 y 207.

Muchos de estos delitos quedaron grabados por las cámaras privadas y municipales de las zonas donde concretaban los hechos, a partir de las cuales las autoridades lograron identificar a los involucrados.

Además analizaron registros telefónicos, redes sociales y movimientos bancarios que indicaron una posible red de reventa de autopartes detrás de la maniobra.

Con esta prueba, la fiscal ordenó una serie de allanamientos simultáneos autorizados por los juzgados de garantías 1, 3 y 4 del Departamento Judicial de San Isidro que permitieron desarticular el grupo. En el marco de los operativos, realizados por la DDI de San Isidro, secuestraron vehículos y elementos clave para la causa.

Entre la evidencia recolectada, los investigadores incluyeron prendas de vestir usadas en los robos, los celulares de los detenidos, un sistema de grabación de video (DVR), y dos autos: un Peugeot 308 y un Fiat Idea. Ambos vehículos aparecen en los registros de circulación cerca de los lugares donde ocurrieron los hechos.

Los teléfonos fueron peritados. Y en su contenido, las autoridades encontraron más prueba clave: los chats entre los integrantes de la banda. En uno de ellos, adjunto en esta nota, se ve cómo uno le responde un estado de WhatsApp a otro diciéndole “unas ganas de hacer plata”.

“Yo también amigo, estoy desesperado. Hasta en la empresa conseguí un préstamo y no me dan ni kbida (sic). Una sal”, le responde.

Este mismo luego continúa la conversación diciendo: “Lo que sea que pinte sumame tío. Vamos a hacer inteligencia a algún lado, secuestramos a alguno de la calle, lo llevamos a la casa, no sé, algo”.

Según quedó asentado en el expediente, la banda acumula al menos ocho robos documentados bajo el mismo método. Las víctimas denunciaron la sustracción mientras sus autos estaban estacionados frente a sus domicilios en diferentes barrios de la zona norte del conurbano bonaerense.

Otro dato relevante es que al menos en dos oportunidades los asaltantes escaparon en un Fiat Palio Weekend verde, lo que permitió vincular los hechos.

Los detenidos y sus antecedentes

Entre los detenidos figuran Osmar Gerónimo Pérez (42 años), Luis Alfredo Espínola (32 años) y Gonzalo Ezequiel Barrionuevo (32 años). A ellos se suman los aprehendidos Lucas Daniel Paredes (36 años) y Daniel Eduardo Zurita (39 años), señalados por su participación o apoyo logístico en la banda.

El expediente revela que Pérez había cumplido condenas previas por “homicidio calificado”, “robo calificado”, “portación ilegal de arma de uso civil” y “robo agravado con arma de fuego”.

Espínola y Barrionuevo tenían antecedentes por “robo simple” en dos hechos cada uno. Este punto fue considerado por la fiscalía al solicitar la intervención urgente.

Según fuentes del caso, “los investigados poseen diversos antecedentes penales por robo y homicidio en ocasión de robo”, lo que refuerza la hipótesis de un grupo criminal organizado y reincidente.

La decisión de extender el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 60 días se sustenta en un diagnóstico claro: la criminalidad no ha disminuido y continúa afectando la seguridad en estas zonas.

El decreto identifica una serie de delitos que explican la continuidad de esta medida. Entre ellos destacan el homicidio, el sicariato y la extorsión, considerados como formas graves de violencia que impactan directamente en la vida diaria de la población.

La Policía Nacional del Perú, a través de informes técnicos, advirtió que estos delitos siguen ocurriendo en ambas jurisdicciones, lo que motivó la recomendación de mantener el régimen excepcional.

Los crímenes que mantienen en alerta a Lima y Callao

El documento señala que la situación en Lima y Callao sigue siendo preocupante debido a la frecuencia y gravedad de los delitos registrados.

El homicidio aparece como uno de los principales indicadores de violencia, mientras que el sicariato refleja la presencia de estructuras criminales más organizadas. A ello se suma la extorsión, que afecta tanto a ciudadanos como a actividades económicas.

Estos delitos no son hechos aislados, sino parte de un escenario más amplio de inseguridad que incluye otras situaciones de violencia.

La evaluación policial se basa en estadísticas, indicadores y análisis del comportamiento delictivo, lo que permite identificar patrones y zonas donde el crimen es más frecuente.

Cómo responde el Estado frente a la delincuencia

Ante este panorama, el Estado optó por mantener el Estado de Emergencia como una herramienta para enfrentar la violencia. La medida permite reforzar la intervención de las fuerzas del orden y ampliar su capacidad de acción.

La Policía Nacional continúa liderando el control de la seguridad, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Este trabajo conjunto busca responder con mayor fuerza en zonas donde la delincuencia sigue activa.

El decreto establece que las intervenciones deben realizarse bajo reglas claras, que incluyen condiciones, límites y criterios para el uso de la fuerza, tanto para la Policía como para las Fuerzas Armadas.

Una medida que continuará mientras persista la inseguridad

La prórroga del Estado de Emergencia refleja que la situación no ha sido superada y que el Gobierno considera necesario mantener medidas extraordinarias.

Además de los operativos en calles, la norma permite restringir temporalmente algunos derechos como parte de la estrategia para recuperar el control de la seguridad.

También se establecen condiciones para actividades públicas masivas, que deberán contar con autorización previa, en un contexto donde la prevención sigue siendo clave.

Qué pasará cuando termine el Estado de Emergencia

Al término de los 60 días, las autoridades deberán presentar un informe con los resultados obtenidos durante este periodo.

El documento incluirá las acciones realizadas y permitirá evaluar si la medida ayudó a mejorar la seguridad en Lima y Callao.

Este informe será remitido a distintas instituciones del Estado para su revisión y análisis.

Cómo se sostendrán las acciones contra la delincuencia

El decreto establece que las medidas se financiarán con el presupuesto de las entidades involucradas.

En caso sea necesario, el Ministerio de Economía podrá autorizar recursos adicionales, dependiendo de la disponibilidad.

Además, se mantendrán vigentes otras disposiciones adoptadas previamente, lo que permitirá dar continuidad a las acciones que ya se vienen aplicando para enfrentar la inseguridad.

Nelson Carlos Sebastián Fernández, un hombre de 48 años, fue detenido en las últimas horas por la División Homicidios de la PFA, acusado de cometer uno de los crimenes más resonantes de la última década.

Según la imputación en su contra, mató a un joven de 24 años años mientras tenía sexo con su novia para robarle al costado de una ruta en González Catán. Fernández pasó cinco años prófugo: en el medio, llegó a convertirse en pastor de una iglesia evangélica.

El hecho fue cometido el 16 de marzo de 2021, en el cruce de Scarlatti y la Ruta Nacional 3. Matías P., la víctima fatal, había conocido a Stefania en una iglesia evangélica de su barrio. Así, comenzaron una relación esporádica. Se dirigieron en el Chevrolet Corsa de Matías a un descampado, cercano a un basural

La novia de la víctima fatal terminó herida con una bala en el glúteo derecho. Tras recuperarse, la joven declaró.

Según el relato de Stefanía, comenzaron a tener relaciones sexuales en el descampado, cuando dos delincuentes los abordaron a punta de pistola y le dijeron a Matías: “Estás robado, quedate quieto que perdiste y danos el auto”. En ese momento, Matías puso en marcha el vehículo, aceleró para escapar y los delincuentes le dispararon. Luego, los ladrones huyeron corriendo de la escena.

El caso, inicialmente investigado por el avezado fiscal Federico Medone durante su turno en la UFI de Homicidios de La Matanza, fue calificado como un homicidio criminis causa.

Así cayó el acusado

Fernández, con domicilio en Virrey del Pino y un pasado como empleado en una empresa de seguridad privada, no fue el primer sospechoso en caer. Su hijo Maximiliano Sebastián también fue arrestado por el hecho.

Insólitamente, Fernández padre se registró en los rubros de seguridad e investigación de la ex AFIP en octubre de 2022, casi un año y medio después del crimen.

Fernández padre, precisamente, cayó en Gorostiaga y Colastiné, Virrey del Pino. Tenía una cita en ese lugar, según descubrieron los detectives de la DFI. Allí, se encontraría con un remisero que lo había chocado días atrás, para mantener una conversación. Así, lo atraparon para trasladarlo a una comisaría de la zona.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió a las 18:30 en la panadería Panebianco, ubicada sobre calle Rivadavia al 5000, entre Tres Arroyos y Bordabehere.

Según muestra el timer de la cámara de seguridad que grabó el hecho, eran las 18:30 cuando el delincuente, que llevaba una gorra negra en su cabeza y vestía pantalón, campera y zapatillas oscuras, irrumpió a los gritos y con arma en mano.

“¡Dame la plata, dale, quédense ahí! La plata dale“, se escucha decir al atacante ni bien ingresó al comercio, donde en ese momento un cliente dialogaba con los propietarios del lugar.

Mientras las víctimas le repetían una y otra vez que se llevara todo lo que quería, el ladrón, que lucía con evidentes signos de alteración, no bajaba el arma de fuego que llevaba en su mano derecha y apuntaba a los rostros de los damnificados.

“Quedate quieto o te pego un tiro”, amenazó al cliente que estaba de espaldas a la cámara, mientras agarraba dinero en efectivo que le pasaba la cajera y lo guardaba en los bolsillos de su abrigo.

Al cabo de un total de 19 segundos, y mientras las víctimas le imploraban que no disparara, el ladrón escapó del lugar con 30 mil pesos en efectivo.

Una vez que el asaltante había huído, el cliente presente en el lugar atinó a salir del comercio para perseguirlo, pero los dueños le imploraron que no lo hiciera: “No Cristian, por favor, no necesito...”.

Ante este hecho de inseguridad, los comerciantes evalúan “poner rejas y atender por detrás de las mismas”, según consigna el medio marplatense 0223.com.ar.

El caso es investigado por la UFI N° 14 departamental, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, quien ya dispuso las diligencias para dar con el sospechoso y esclarecer el hecho.

Un hombre de 54 años quedó internado en estado crítico tras sufrir un violento intento de robo en su domicilio de la localidad de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe. Para evitar que ingresaran a la casa, se defendió, al punto de que le cortaron un dedo con un machete y golpearon a su madre no vidente.

El hecho ocurrió pasada la medianoche, concretamente a las 00:30 horas del lunes, en un domicilio ubicado en Los Naranjos al 3000. El personal de la Unidad Regional II - Comisaría de Baigorria llegó al lugar tras ser alertado por la central operativa 911 por la presencia de un hombre herido de arma blanca.

Al arribar, los efectivos hallaron a la víctima, identificada como C. R., tendida en la entrada de la vivienda, con la reja de acceso cerrada, rodeada de un charco de sangre y en estado de inconsciencia. Junto a él se encontraba su madre, S. R., de 84 años, en estado de crisis.

Ante la gravedad de las lesiones visibles, los efectivos solicitaron de inmediato la presencia del Sistema de Emergencias de Salud (SIES). Lo asistieron en el lugar y trasladaron al hombre al Hospital Eva Perón. Según supo Infobae, sigue internado en grave estado y con asistencia respiratoria. Además de la amputación del dedo en su mano derecha, también tiene múltiples lesiones en su cabeza, así como la mandíbula y el cráneo fracturados.

“A él lo dejaron tirado, casi muerto, entre el hall, un living, digamos, y la galería, bañado en sangre”, describió una familiar de las víctimas durante un diálogo con el noticiero de El Tres. Asimismo, aseguró que el hombre “llegó casi muerto” al hospital, debido a la gravedad de las heridas que sufridas.

Respecto al estado de salud de la mujer, una de sus nietas confirmó que le administraron un calmante y que no habría sufrido fracturas producto del golpe que recibió. “Por ahora ella está bien”, indicaron.

Según reconstruyó la joven, su abuela se encontraba en la cama cuando comenzó a escuchar los ruidos. “Pensó que él estaba renegando con la puerta, que no la podía cerrar. Y, en eso, entra a la habitación uno de los muchachos, la saca de la cama y ahí fue cuando le pegó”, relató.

Luego de que los policías asistieran a las víctimas, durante una inspección en el patio delantero hallaron el dedo amputado, un machete de acero y un televisor LED sobre el suelo, elementos que quedaron bajo resguardo para la investigación del episodio.

Acto seguido, dos vecinos fueron entrevistados por los uniformados dado el estado en que se encontraba la mujer mayor. Ambos relataron que escucharon gritos provenientes de la vivienda y que, segundos después, vieron cómo un hombre con vestimenta azul saltó la reja del domicilio y huyó a pie por calle Los Naranjos hacia el norte.

La Fiscalía de Flagrancia tomó intervención en el caso, la cual dispuso el envío de personal de gabinete y la confección de las actas correspondientes. También se libró comunicación con la Policía de Investigaciones (PDI), con recepción a cargo del inspector Castillo.

Al día siguiente, la investigación dio con los sospechosos. Este martes, a las 13:05 horas, mientras personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II patrullaba la zona asignada sobre calle Richieri, dos hombres con características físicas coincidentes con las imágenes del material fílmico del caso fueron avistados.

Ante la voz de alto, ambos ignoraron la orden y emprendieron la fuga a pie hacia el Monte Celulosa. Durante el seguimiento a pie, uno de los sujetos se desprendió de una campera azul con presuntos restos de material biológico. El operativo concluyó con la aprehensión de R. A. M., de 25 años, y M. G., de 22 años.

Ya en la Seccional 24.ª, se detectó que los dos aprehendidos estaban sindicados en un acta de entrevista con una testigo. La mesa de enlace dispuso la realización de las diligencias de estilo y ordenó que la sumariante de turno realizara una nueva consulta con la fiscalía.

Tras las detenciones, los familiares de las víctimas manifestaron: “Estamos tranquilas de que lo agarraron y que van a estar ahí”. Además, confirmaron que ambos fueron localizados “porque estaban con la misma ropa del video y estaban todavía manchados con sangre”.

En Malambo, Atlántico, el Gaula detuvo a una adolescente de 17 años y otros dos jóvenes vinculados a Los Costeños, grupo señalado por su actividad extorsiva en la región.

La operación fue resultado que permitió identificar el modus operandi y las conexiones entre los implicados. Durante la intervención, los uniformados confiscaron una pistola, panfletos intimidatorios, una suma de dinero relacionada con los cobros ilegales y una motocicleta utilizada en los desplazamientos de los capturados.

Estos elementos fueron presentados como pruebas del grupo criminal que operaba en el corregimiento de Caracolí, una de las zonas más afectadas por la presión sobre el comercio local.

Así operaban los criminales

Según las declaraciones del general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la instrucción de estos jóvenes provenía de alias 27, que a pesar de estar recluido, mantenía el control sobre las operaciones en el sector.

La instrumentalización de adolescentes para ejecutar amenazas y ataques evidencia una estrategia calculada de los cabecillas para evadir controles policiales y judiciales. El uso de la violencia física y simbólica, como los disparos y la quema de fachadas, refleja el nivel de intimidación que sufren los comerciantes de la zona.

Difusión en redes sociales

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la práctica de grabar los ataques y difundirlos en plataformas digitales. Las imágenes y videos que circulaban tenían el propósito de aumentar el temor entre los ciudadanos.

Esta forma de exhibición pública de los delitos refuerza la presión sobre quienes se resisten a las exigencias de los extorsionistas. Así, el miedo no solo se propaga por los hechos directos, sino por la exposición constante en redes sociales, lo que incrementa la sensación de inseguridad en el municipio.

El despliegue de la Policía Metropolitana de Barranquilla logró no solo la aprehensión de los implicados, también el decomiso de elementos que los vinculan directamente con la cadena de extorsión. Entre los objetos incautados destacan el arma de fuego y los panfletos utilizados para amenazar a las víctimas.

Las autoridades resaltaron que el éxito de la operación representa un alivio para los comerciantes, que eran blanco frecuente de intimidaciones y daños materiales. Además, la captura permite avanzar en las investigaciones sobre el funcionamiento interno de Los Costeños y el papel de alias 27 en la coordinación de los ilícitos desde el interior de un centro penitenciario.

Además, la investigación permitió identificar cómo los implicados recibían instrucciones precisas para atacar locales y luego difundir las evidencias, en el que consolidaban así su reputación dentro del grupo delincuencial.

Llamado a la denuncia

El general Camelo subrayó la importancia de las denuncias ciudadanas para desarticular estas redes. La colaboración de la comunidad fue fundamental para localizar a los responsables y recolectar pruebas que sustentaran las órdenes de captura.

Las autoridades insisten en que la participación activa de los habitantes facilita la intervención efectiva de las fuerzas de seguridad y contribuye a debilitar las estructuras criminales. Por ello, remarcan la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos para recibir información sobre cualquier actividad sospechosa o acto de extorsión.

El impacto de las actividades extorsivas en Malambo dejó huellas profundas en el sector comercial. Los constantes ataques y amenazas generan pérdidas económicas y un ambiente de temor que dificulta el desarrollo normal de las actividades cotidianas.

En el municipio de Malambo, la presión de bandas como Los Costeños ha condicionado la vida de comerciantes y vecinos. La intervención de las fuerzas de seguridad muestra que la coordinación entre ciudadanía y autoridades puede ser clave para enfrentar este tipo de amenazas.

La detención de los tres jóvenes y la incautación de pruebas materiales marcan un avance en la lucha contra la extorsión en la región. Las investigaciones continúan para determinar el alcance de la red y evitar que se repitan hechos similares en el futuro.

El acusado, oriundo de la zona de Villa Jardín, tiene 18 años: era menor de edad al momento del crimen. Llegó a la mayoría de edad con un pedido de captura sobre su cabeza. Al verse sitiado por detectives de la División Homicidios de la PFA en su barrio, decidió presentarse ante la Justicia y quedó detenido.

En el medio, aceptó ser indagado por la fiscal a cargo de la UFI de Menores N°2 de Avellaneda-Lanús. Otros tres motochorros participaron en el hecho: todos ellos continúan prófugos.

El hecho ocurrió el jueves 26 de marzo pasado, a plena luz sobre la avenida Remedios de Escalada, a metros de la avenida Hipólito Yrigoyen, en el límite entre Gerli y Lanús Oeste. Ceballos, de 34 años, que se desempeñaba como cabo en la División Talleres de la PFA, se encontraba con su novia al momento del hecho.

Cuatro delincuentes, que se movían en dos motos, lo abordaron para luego dispararle. Así, recibió dos disparos, uno en el tórax y otro en una pierna. Los delincuentes tomaron su moto y escaparon.

Ceballos fue trasladado al Hospital Evita de Lanús, donde ingresó en estado crítico y falleció poco después. El caso fue inicialmente investigado por el fiscal Martín Rodríguez, con tareas delegadas a la División Homicidios de la DFI de la Federal. Al detectar la presencia de menores en la banda, Rodríguez envió el expediente a la fiscalía en turno.

Oriundo de Alejandro Korn, Ceballos era padre de una niña de 10 años.

Al conocer la noticia, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se refirió al hecho a través de sus redes sociales: “Asesinaron a un efectivo de la Policía Federal en Lanús, provincia de Buenos Aires, durante un intento de robo. Fue atacado a tiros por delincuentes en moto. Acompañamos a su familia y a sus compañeros en este momento", escribió.

Y concluyó: "Los responsables van a ser identificados y puestos a disposición de la Justicia”.

Todo empezó cerca de las 10.30, cuando los asaltantes entraron al comercio ubicado en la peatonal Pedro Luro al 5900. De acuerdo a la información confirmada a Infobae por fuentes judiciales, los ladrones se abalanzaron sobre el custodio privado, le quitaron el arma y le pegaron en la cabeza, provocándole un corte.

En medio del forcejeo, los atacantes dejaron caer una pistola. El custodio la tomó y disparó para intentar frenar el robo. Dos de los delincuentes recibieron disparos: uno en el abdomen y otro en la espalda. Aún así trataron de escapar junto a sus cómplices.

Mientras tanto, un policía que hacía custodia en un banco cercano escuchó los tiros y se sumó al operativo. Dos de los ladrones fueron aprehendidos en la vía pública y otro fue abandonado herido por sus cómplices en la puerta del hospital Equiza de González Catán. El cuarto detenido fue capturado cuando trataba de huir a pie.

Durante la balacera, además, un jubilado de 86 años que caminaba por el lugar fue alcanzado por un disparo en la pierna izquierda. Recibió atención médica y no está en riesgo. La policía secuestró una moto Honda GLH negra y roja utilizada por uno de los delincuentes. También un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Los cuatro detenidos quedaron así a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada N°1 de Laferrere, a cargo del fiscal Fernando Garate, quien los indagará en las próximas horas.

Dos de ellos siguen internados por heridas de bala, aunque ninguno presenta lesiones de gravedad.

En tanto, los otros dos integrantes de la banda continúan prófugos y los investigadores revisan las cámaras de seguridad para dar con ellos.

En septiembre del año pasado, otra joyería ubicada a solo una cuadra del hecho de este martes también fue blanco de un golpe comando en la localidad matancera.

En esa oportunidad, una banda armada irrumpió en el local de Avenida Luro y López May y, en cuestión de segundos, escapó con parte de la mercadería y otros objetos de valor.

Según denunció el dueño del comercio, los asaltantes ingresaron armados, redujeron a las empleadas que estaban en el mostrador y lo atacaron a culatazos cuando intentaron acceder a la parte trasera del local.

El comerciante relató que los ladrones le exigieron la caja fuerte, pero desistieron de su objetivo al escuchar los gritos de auxilio de una vecina.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local y el propietario detalló que los delincuentes se llevaron lo que pudieron alcanzar antes de huir.

El excampeón mundial Julio César Chávez reaccionó a una transmisión en vivo de la presentadora de televisión Yolanda Andrade, figura clave en su vida, donde solicitó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reabrir el caso Las Quintas de Culiacán, donde su medio hermano Rommel Andrade es vinculado con la desaparición forzada de tres jóvenes ocurrida en junio de 1996.

En el directo, Yolanda Andrade se dirigió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien le pidió “ponerse los pantalones” para detener la ola de violencia que azota al estado.

“¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están las autoridades? ¿Por qué, Dios mío, permiten tanta corrupción, tanta injusticia?”, cuestiona Andrade, cuya voz denota los estragos de la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que le fue diagnosticada a finales de 2025.

Los señalamientos de Yolanda Andrade contra su medio hermano

A punto de cumplirse tres décadas, el caso permanece sin resolver. Familiares de Abraham Hernández Picos, Juan Emerio Hernández Argüelles y Jorge Cabada Hernández han denunciado opacidad y tráfico de influencia para retrasar la indagatoria.

Andrade subraya que su reclamo exige ser autocrítica, por lo que pide al gobernador comenzar por instruir que el caso de Las Quintas no se archive.

“El buen juez por su casa empieza, señor gobernador Rubén Rocha Moya, le pido por favor, por favor, que se reabra el caso de los tres desaparecidos de Las Quintas, donde tiene que ver mi medio hermano Rommel Andrade”.

Julio César Chávez: “No se me hizo de buen gusto”

Las expresiones de Yolanda Andrade devolvieron el caso a la agenda pública. Sin embargo, personas cercanas a ella, como Julio César Chávez, consideraron que las declaraciones fueron desafortunadas.

“Voy a hablar con esta cabro**, a ver por qué dijo esas palabras. Sí, oí el comentario y, no se me hizo de buen gusto, la verdad. Entonces vamos a pegarle unas nalgaditas (ríe)”.

Respecto al reclamo que hizo a la presidenta Sheinbaum, Julio César Chávez se pronunció por respetar la libertad de opiniones: “Yo respeto las opiniones de cada persona, ¿me entiendes? Yolanda es mi hermana, es mi amiga y al ratito voy a hablar con ella".

En un tono más serio, el sinaloense admitió estar preocupado por el estado de ánimo de su amiga: “Me preocupa. No tenía por qué sacar esas declaraciones. A lo mejor en su estado anímico, cómo se encontraba. Ya ves que un día está bien y otro día se siente que se va a morir y a lo mejor lo agarró en un estado crítico y sacó todo lo que tenía que sacar”, señaló.

Julio César Chávez ha sido una constante en la vida de la presentadora. A finales de los años 90 y la primera década de los 2000, ambos lidiaron contra las adicciones.

Juntos, con el respaldo de una estructura creada por Chávez para asistir a personas con adicciones, lograron superar esa etapa. Desde 2024, el exboxeador acompaña a la comunicadora en su batalla contra la ELA.

¿Qué pasó en Las Quintas de Culiacán?

Abraham Hernández Picos, Juan Emerio Hernández Argüelles y Jorge Cabada Hernández asistieron a una fiesta en la casa de Rolando Andrade.

Testigos relatan que, tras una pelea con Rommel Andrade, los jóvenes salieron del lugar. Una patrulla municipal los detuvo y, según declaraciones ministeriales recopiladas por Ríodoce, los entregó a personal de seguridad de la familia Andrade. Desde entonces, no se supo más de ellos.

El expediente, que supera las 40 mil hojas, no arrojó resultados concretos. Las familias de las víctimas denuncian que relaciones políticas entre los Andrade, el entonces gobernador Renato Vega y el presidente Ernesto Zedillo habrían frenado el avance judicial, según familiares de las víctimas.

El caso sigue abierto porque la desaparición forzada se considera delito de lesa humanidad. Andrade pidió públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Rubén Rocha Moya que reabran el caso y llamó a la sociedad a unirse contra la impunidad.

A casi tres décadas, el destino de los jóvenes permanece sin respuesta y la exigencia de justicia sigue vigente en Las Quintas.

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, informó que desde junio desde hace casi un año se detectó la presencia de un tirador en las inmediaciones de la explanada de la alcaldía, un hombre que en al menos cinco ocasiones disparó en contra de automóvilistas, patrullas y peatones, aparenteme de forma aleatoria.

En un video publicado en sus redes sociales, la alcaldesa precisó que la investigación comenzó luego de que se detectó un patrón en automovilistas que reportaron haber recibido un balazo, cuando transitaban por la calle Mina.

“Hace mucho quería contarles esta historia, porque no es cualquier cosa, pero cuando lo escuchen van a entender por qué me tomó tanto tiempo y por qué no podíamos soltarla así como así.

“Todo empezó con algo que no hacía sentido. El equipo de seguridad empezó a ver detalles sueltos, cosas que no cuadraban y poco a poco se fueron conectando. Ya no era coincidencia, era un patrón. Era alguien actuando y nadie lo estaba viendo”, dijo la alcaldesa.

Precisó que el primer caso se detectó el 22 de junio del 2025, cuando una bala atravesó el vidrio trasero de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que iba llegando a la alcaldía, “sin explicación”.

Posteriormente, se registraron tres casos más en fechas distintas: el 8 de agosto, el 23 del mismo mes y el 6 de septiembre, que ocurrieron de la misma forma que con la patrulla.

Sin embargo, resaltó que los afectados prefirieron no denunciar, presuntamente por temor.

“Después vinieron más: 8 de agosto, 23 de agosto, 6 de septiembre. Balas en los vehículos. Mismo lugar, calle Mina, misma forma, mismo silencio. Autos con impactos de bala y gente que prefería no denunciar.

“Porque sí, en esta ciudad hay quien aprende a vivir con miedo. Y cuando nadie habla, el miedo manda. Pero esto fue creciendo”, agregó.

Aseguró que en su momento, ella atendió personalemtne el tema, “revisando cámaras, tratando de entender qué estaba pasando y de dónde venían los disparos”, por lo cual confirmó que ya no se trataban de casos aislados.

Rojo de la Vega mencionó que en uno de los casos posteriores una de las balas alcanzó a una persona que iba a abodro de un auto en movimiento, lo que le provocó la muerte y derivó en una investigación por homicidio.

Durante las indagatorias se determinó que los disparon “no venían de la calle”, sino de un edificio cercano.

“Porque algo estaba claro: esto no era al azar. Hasta que pasó lo peor. Un disparo alcanzó a un coche en movimiento y esta vez no fue un susto, fue un homicidio. Un hombre perdió la vida.

“Ahí, obviamente ya no había dudas. Los disparos no venían de la calle, venían de arriba, de un edificio, de una ventana, de alguien que se sentía intocable”, puntualizó.

Poco después, un habitante de dicho edificio acusó que el posible tirador era un vecino suyo, que tenía antecedentes de haber herido a una persona, usando el mismo modus operandi en 2022 y que aún así, fue liberado.

“Y entonces alguien rompió el silencio. Un vecino habló y señaló a un hombre, un hombre con antecedentes, un hombre que ya había disparado antes, que en 2022 hirió a una persona y aun así fue liberado. Sí, así mismo, liberado”, condenó.

Mencionó que tras el homicidio en 2025 pasaron meses antes de que se registrara un nuevo caso, y fue hasta abril del 2026 que el tirador volció a actuar y le disparó a ambulancias, autos e incluso peatones.

No obstante, remarcó que en esta ocasión hubo denuncias, pruebas y se le dio seguimiento, por lo que “hoy ya hay un detenido”.

“Disparó contra ambulancias, contra coches, contra la gente. Pero esta vez fue distinto. Esta vez hubo denuncias, esta vez hubo pruebas, esta vez hubo seguimiento. Y hoy ya hay un detenido. No por todo lo que hizo todavía, pero ya no está escondido.

“La historia ya no está incompleta. Imagínense, todo esto sucedía en la puerta de la alcaldía Cuauhtémoc”, añadió.

Finalmente, hizo un llamado a que las autoridades correspondientes hagan lo que por años no se hizo, aclaren el caso y que el tirador paguen las consecuencias.

Asimismo, envió un mensaje a las víctimas, pidiiendo que se acerquen a denunciar el ataque.

“Ahora le toca a la autoridad hacer lo que por años no se hizo: cerrar este caso y que pague las consecuencias. Y a quienes vivieron esto les digo muy claro: denuncien, porque el silencio protege a los agresores.

“Aquí no se trata de suerte, se trata de justicia. Y en la Cuauhtémoc lo decimos sin rodeos, el que dispara desde la sombra también responde ante la ley. Aquí el miedo no manda, aquí manda la ley”, concluyó.

Nadia Núñez fue quien lo asistió en sus últimos momentos, luego de que recibiera un disparo en el abdomen. En declaraciones a la prensa, brindó un desgarrador testimonio sobre lo ocurrido en la intersección de las calles Dinamarca y Ericson en horas de la tarde.

“Fue desgarrador verlo a Agustín así”, describió la vecina, quien conocía a la víctima desde su infancia porque era amigo de su hijo. Y siguió: “Yo no me voy a olvidar más de la cara de Agus esperando que pase ese maldito auto y bajarse esa persona que le sacó la vida”.

Según relató la mujer, momentos antes del asalto advirtió a la distancia el vehículo de los delincuentes y pensó que podía embestir a Agustín, por lo que le pidió que se quedara quieto. En ese instante, uno de los hombres descendió del vehículo y lo amenazó: “Dame todo”.

“Y le dio todo. No se resistió en ningún momento, porque están diciendo que se resistió, que peleó. Agustín no se resiste, no es un nene que va a pelear, que te va a decir nada. Es un nene sano”, lamentó.

Como se observa en el video que encabeza la nota, la reacción inmediata de Agustín durante el asalto fue arrojar su mochila al suelo, en un intento de entregársela al delincuente. Sin embargo, el agresor no buscaba el bolso, sino su celular, por lo que se abalanzó sobre el joven y se lo arrebató de la mano.

Durante ese forcejeo, el delincuente disparó contra el estudiante y la bala impactó en su abdomen. Luego, el atacante se fugó a bordo del Volkswagen Voyage negro.

La mujer ingresó al joven a su domicilio, donde este solo alcanzó a disculparse con su hijo por chocarse con los objetos dentro de la casa: “Lo primero que hice fue llamar a la mamá. Por allá vi al papá y lo cargaron en un auto y se lo llevaron. Hasta ahí nada más es lo que sé”, continuó la mujer, quien precisó que más tarde tuvo que llamar al 911 por su propio hijo.

“Se crió con él. Jugaban juntitos desde que tenían tres, cuatro, cinco, seis años. Es un amiguito de toda la vida”, detalló.

Agustín volvía caminando de una clase de inglés, ya que debía rendir un examen parcial de la materia: “Es un nene que tenía que estar acá con todos. Nos rompieron a todos los vecinos y más a sus papás, que no sé cómo van a seguir”.

“Mi hijo estaba sudando, porque se desploma en los brazos de mi hijo. No se olvida más esto. Cuando entró a mi casa estaba consciente porque me dice ‘llamame la ambulancia’ y después se desplomó”, cerró. Rivero falleció poco después de ser trasladado al hospital local.

El robo del auto utilizado para el crimen

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el Volkswagen Voyage usado en el asalto del joven fue robado a las 16:00 en la calle Madariada al 1700, partido de Lanús. Tres horas después, el grupo delictivo cometió el homicidio y, tras el hecho, se detectó la participación de la Renault Kangoo como vehículo de apoyo.

Ambos rodados fueron localizados poco antes de la medianoche: el Voyage, en la intersección de Martín Tito y Pasaje Aldas, Avellaneda; la Kangoo, en Blas Pladeras y Camino General Belgrano, Monte Chingolo.

Personal de la DDI realizó tareas de campo que incluyeron el levantamiento de rastros genéticos y papilares. Además, observaron movimientos sospechosos cerca de uno de los vehículos, lo que derivó en un allanamiento de urgencia en una vivienda de la calle Blas Pladeras al 300, Lanús.

En esa operación, se concretó la detención de Lautaro Ezequiel Silva (21) y Miguel Ángel Silva (25), ambos con antecedentes por robo en las zonas de Temperley y San José, según comunicaron fuentes policiales a Infobae.

La investigación apunta ahora a identificar al resto de la banda, entre ellos dos sospechosos identificados como Alejandro Alexander, apodado “Lecoque”, y Matías Ezequiel Daller.

Durante la requisa, la policía incautó dos teléfonos celulares, un buzo negro con la inscripción Jordan, un buzo rojo Calvin Cley y zapatillas que habrían sido utilizadas durante los hechos, según precisaron los voceros.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que dispuso la aprehensión de los acusados bajo los cargos de homicidio criminis causa y robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda. Las tareas continúan para dar con los prófugos y avanzar en las pericias sobre los vehículos y las pruebas recolectadas, informaron fuentes consultadas por Infobae.

El hecho ocurrió en la cuadra diez de la avenida Brasil, donde una mujer esperaba la entrega de productos de limpieza que había solicitado por WhatsApp. Todo parecía normal hasta que, sin saberlo, ya estaba siendo parte de un plan delictivo cuidadosamente ejecutado. Los delincuentes no solo buscaban el celular, sino aprovechar que Yape estuviera abierto para realizar transferencias inmediatas.

Nueva modalidad de robo en Lima: delincuentes se hacen pasar por delivery para vaciar cuentas en segundos

Según el testimonio de la víctima, el supuesto repartidor la contactó para confirmar la entrega. “Entonces, le di la dirección del edificio y me llamaron. A la hora me llamaron y me dijeron que ya estaban esperándome abajo”, relató. Sin embargo, detrás de esa llamada no había un trabajador, sino un delincuente que ya tenía todo preparado.

El sujeto le consultó por el método de pago. “Me había preguntado cómo iba a ser efectuar el pago. Yo le dije con Yape. Ah, ya, me dijo”, contó. Minutos después, al verlo desde lejos, la mujer decidió abrir la aplicación para concretar la transferencia. “Yo abrí mi Yape para cancelarlo, porque supuestamente el señor me iba a entregar el producto”, explicó.

Ese fue el momento clave. Mientras la víctima mantenía su celular desbloqueado y con la app abierta, el falso delivery dio la señal. En segundos, un cómplice a bordo de una motocicleta apareció a gran velocidad y le arrebató el dispositivo. Toda la escena fue captada por cámaras de seguridad de la zona.

El impacto no terminó ahí. Con el celular en su poder, los delincuentes realizaron transferencias inmediatas. “Ya me habían robado y habían hecho cuatro ‘clines’ de quinientos. Me robaron dos mil soles”, denunció la afectada, evidenciando la rapidez con la que operan estos grupos.

Un caso similar se registró en Surco, en el jirón Teniente Ferrer. Las imágenes muestran a un motociclista siguiendo a un vehículo, observando que el conductor tenía un celular de alta gama en la mano. Tras dar vueltas para no levantar sospechas, el delincuente estacionó, dejó la moto encendida y, caminando con aparente normalidad, arrebató el equipo antes de huir.

Ambos episodios evidencian un patrón: los delincuentes estudian a sus víctimas, esperan el momento exacto y actúan cuando detectan distracción o vulnerabilidad, especialmente cuando los usuarios manipulan aplicaciones de billeteras digitales en la vía pública. La combinación de tecnología y delincuencia ha dado paso a una modalidad que preocupa por su efectividad y rapidez.

Otra modalidad en Lima: falsos delivery en motocicleta usan uniforme para acercarse y robar celulares en segundos

Una segunda modalidad delictiva viene generando preocupación en distritos residenciales de Lima, especialmente en San Isidro, donde delincuentes se hacen pasar por repartidores de aplicaciones para cometer robos al paso. Según reportes periodísticos, estos sujetos utilizan motocicletas y vestimenta similar a la de delivery, lo que les permite circular sin levantar sospechas incluso en zonas con vigilancia y cámaras de seguridad.

En la avenida Pablo Carriquiry, por ejemplo, se han registrado al menos tres asaltos en menos de un mes bajo este mismo esquema. Las cámaras municipales captaron a los falsos repartidores desplazándose incluso por veredas y actuando a plena luz del día. En uno de los casos documentados, un joven fue interceptado mientras revisaba su celular y el delincuente le arrebató el equipo para luego huir rápidamente en dirección a otra avenida, sin que la presencia de testigos o dispositivos de vigilancia lo detuviera.

El patrón se repite: los delincuentes siguen a sus víctimas durante varias cuadras, esperan un momento de distracción —como usar el celular mientras caminan— y ejecutan el robo en segundos. Los vecinos advierten que estos hechos ocurren con mayor frecuencia al mediodía y en la noche, y que el principal objetivo sigue siendo el teléfono móvil, debido a su valor y a la información que contiene. Esta modalidad, sumada a la del falso delivery que coordina entregas para robar con apps abiertas, evidencia cómo la delincuencia está adaptando sus estrategias en la capital.

No es una estadística abstracta. Es un niño, una niña, un adolescente que deja de estar. En México, 29 menores de edad desaparecen cada día, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el colectivo Hasta Encontrarles, presentados este 27 de abril en la Glorieta de las y los Desaparecidos, sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

El acto —una “cascarita” futbolística en vísperas del Día de la Niñez— buscó, en palabras de los organizadores, “visibilizar la indolencia de las autoridades en resolver este problema”.

Los números que el gobierno no quiere ver

Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, presentó un panorama que se agrava año con año:

• En 2025 se registraron 10 mil 700 reportes de desaparición de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional.
• Casi 3 mil 000 menores siguen sin ser localizados.
• El número de casos aumentó 0.3% respecto a 2024, cuando se reportaron 10,631.
• El dato más alarmante: los niños de 0 a 7 años sin localizar crecieron 30.3% en un solo año, al pasar de 2,192 a 2 mil 856 casos.

“Muchos son encontrados con vida, pero siguen sin ser localizados casi 3 mil infantes”, advirtió Ramírez.

Tres estados concentran la mitad del problema

La crisis no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Las entidades con mayor número de casos son:

• Estado de México: 4 mil 116 reportes — uno de cada cinco casos del país.
• Tamaulipas: mil 738 reportes (8.6%).
• Ciudad de México: mil 628 reportes (8.9%).

En conjunto, dos de cada cinco desapariciones de menores en México se concentran en estas tres entidades.

Las ONG exigen una respuesta urgente

Redim y Hasta Encontrarles no solo denuncian: también demandan acciones concretas a las autoridades. Entre sus principales exigencias destacan:

• Búsquedas inmediatas desde el momento en que se reporta la desaparición de un menor.
• Investigaciones diligentes con perspectiva de género y enfoque intercultural.
• Fortalecimiento forense y atención integral a las familias afectadas.
• Políticas integrales contra homicidios, feminicidios, reclutamiento y trata que tomen en cuenta las realidades de cada territorio.

La crisis de desapariciones de menores en México lleva años en aumento. Los niños de 0 a 7 años —los más vulnerables— son ahora quienes muestran el incremento más alarmante. Mientras las organizaciones civiles salen a las calles a jugar futbol para que el país no olvide, miles de familias esperan una respuesta que no llega.

Un delincuente de 26 años fue abatido y otro quedó detenido después de una entradera que derivó en un enfrentamiento armado con la policía en la localidad de San Justo, partido bonaerense de La Matanza. El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes, luego de una persecución que involucró dos vehículos y la intervención de personal del Comando de Patrullas Centro de la Policía Bonaerense.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que la secuencia comenzó cuando efectivos realizaban una recorrida de rutina por las calles Hilario Almeira y Alfredo Zinny, en Isidro Casanova. Allí, los agentes identificaron un Volkswagen Gol Trend con tres ocupantes en actitud sospechosa.

Al notar la presencia policial, los sospechosos huyeron y la Policía activó un operativo cerrojo. La persecución se extendió por más de cinco kilómetros, hasta Perú y La Rioja, San Justo, donde los asaltantes descendieron e intentaron escapar a pie.

En medio de su intento de fuga, abordaron un Peugeot 207 y, tras una colisión a pocos metros, los agentes detuvieron a uno de los sospechosos, identificado como Joel Alexis Zalewski (24).

Sin embargo, sus dos cómplices continuaron la fuga en dirección al cruce de las calles Lezica y Pedriel, donde se produjo un enfrentamiento armado con uno de los uniformados.

Durante el tiroteo, Kevin Igor Espinosa (26), uno de los sospechosos, recibió un impacto de bala en el glúteo derecho y debió ser trasladado al hospital Ballestrini.

Finalmente, Espinosa falleció en el centro de salud como consecuencia de la herida de bala, mientras que el oficial resultó ileso. En tanto, un tercer sospechoso armado logró escapar de la Policía y se perdió en el barrio La Palito.

La investigación a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, titular de la UFI de Homicidios departamental, determinó que, momentos antes, los involucrados habían ingresado a robar a la casa de una vecina de 46 años, en la calle Pasteur al 4300. Tras ser recuperados en la escena del tiroteo, la víctima reconoció las pertenencias sustraídas, entre ellas dos computadoras y dinero en efectivo.

Por su parte, el Volkswagen Gol Trend utilizado al comienzo de la huida tenía pedido de secuestro activo desde el pasado viernes requerido por la comisaría de González Catán.

El fiscal Arribas dispuso preservar la escena y la intervención de la Policía Federal Argentina para las pericias. Hasta el momento, no se adoptaron medidas procesales respecto al efectivo policial involucrado, quien, según el investigador, actuó en defensa propia.

La percepción de inseguridad en Nezahualcóyotl disminuyó de 60.8% a 55.5% entre marzo de 2025 y marzo de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Se trata del nivel más bajo registrado en el municipio en la última década; sin embargo, el dato indica que más de la mitad de la población todavía considera inseguro vivir en la demarcación.

A nivel nacional, el promedio se ubicó en 61.5%, lo que coloca a Nezahualcóyotl por debajo de esa media, aunque sin eliminar la percepción generalizada de inseguridad.

Las autoridades estatales han señalado que los cambios en la percepción están relacionados con la implementación de operativos coordinados entre los tres órdenes de gobierno, a través de mecanismos como las Mesas de Paz.

Estas acciones incluyen el despliegue de fuerzas de seguridad en zonas con mayor incidencia delictiva, así como intervenciones enfocadas en la prevención y el combate a estructuras criminales.

Evaluación ciudadana de la policía muestra contrastes

La ENSU también reporta que la policía municipal de Nezahualcóyotl obtuvo una aprobación de 67.2%, colocándose entre las corporaciones mejor evaluadas del país.

No obstante, especialistas en seguridad advierten que estos indicadores deben analizarse junto con datos de incidencia delictiva para ofrecer una visión más completa.

Seis municipios del Edomex mejoran; otros registran retrocesos

El informe del INEGI indica que seis de los ocho municipios evaluados en el Estado de México presentaron una reducción en la percepción de inseguridad durante el mismo periodo:

• Nezahualcóyotl: de 60.8% a 55.5%
• Chimalhuacán: de 86.1% a 81.3%
• Naucalpan: de 82.4% a 80.8%
• Cuautitlán Izcalli: de 83.2% a 81.8%
• Atizapán de Zaragoza: de 57.2% a 56.3%
• Toluca: de 76.1% a 75.5%

En contraste, Ecatepec de Morelos registró un aumento de 85% a 87.6%, mientras que Tlalnepantla de Baz pasó de 74.2% a 74.6%, lo que refleja que los resultados en la entidad no son uniformes.

Persisten desafíos en percepción y seguridad pública

Aunque los datos muestran una tendencia a la baja en algunos municipios, la ENSU evidencia que la percepción de inseguridad continúa siendo alta en gran parte del Estado de México.

Analistas coinciden en que la reducción sostenida de este indicador dependerá no solo de operativos de seguridad, sino también de resultados tangibles en la disminución de delitos.

Claves de la ENSU sobre seguridad en Edomex:

• Nezahualcóyotl alcanzó su nivel más bajo de percepción de inseguridad en 10 años
• Más del 55% de su población aún se siente insegura
• Seis de ocho municipios evaluados registraron mejoras
• Ecatepec y Tlalnepantla mostraron incrementos en el indicador
• La media nacional se mantiene por encima del 60%

Los resultados reflejan avances puntuales en percepción de seguridad, pero también subrayan la persistencia de retos estructurales en materia de seguridad pública en la entidad.

En un foro reciente organizado por Causa en Común, una persona que busca a su familiar desaparecido sintetizó en una frase la dimensión del colapso institucional en México: ya no tiene esperanza en que este gobierno le ayude a encontrarlo.

No es un testimonio aislado. Es la conclusión colectiva de miles de familias que llevan años enfrentando omisiones, simulaciones y promesas incumplidas.

México acumula más de 130 mil personas desaparecidas. Pero el dato que revela la magnitud real de la crisis no es ese número, sino su trayectoria: el 90% de los casos se concentra en los últimos años, y solo en 2024 se registró un máximo histórico de 12 mil 759 desapariciones.

No es una herencia del pasado. Es una crisis activa que crece.

Un andamiaje institucional que existe sobre el papel

Desde 2018, México cuenta con una Ley General en materia de desaparición, fiscalías especializadas, comisiones de búsqueda y un sistema nacional de coordinación. En teoría, el marco existe. En la práctica, no funciona.

De los más de 130 mil casos registrados, apenas 3 mil 869 están vinculados a una carpeta de investigación. El mensaje es claro: en México, la desaparición prácticamente no se investiga.

El colapso también alcanza a los servicios forenses. Estimaciones independientes apuntan a más de 72 mil cuerpos sin identificar acumulados en morgues de todo el país. Colectivos de familiares lo describen como una “segunda desaparición”: personas que, incluso después de ser encontradas sin vida, permanecen sin nombre.

Las familias buscan donde el Estado no llega

En ausencia institucional, son los propios familiares quienes asumen la tarea de búsqueda. Entre 2020 y 2025 se documentaron al menos 3 mil 38 hallazgos de fosas clandestinas, la mayoría localizados por colectivos.

Buscar tiene un costo. Al menos 35 integrantes de colectivos han sido asesinados y ocho más han desaparecido.

La ausencia del Estado no es solo administrativa: es también física.

La respuesta del gobierno: depurar, no buscar

Frente a este escenario, la estrategia del gobierno federal ha sido centrar el debate en los registros. La revisión del padrón nacional de desaparecidos introduce categorías que clasifican casos según la “calidad” de su información o supuestas actividades posteriores a la desaparición.

El efecto es político: el problema se redefine como uno de depuración estadística, no de búsqueda e identificación.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ya confirmó lo que las víctimas denuncian desde hace años: México enfrenta desapariciones generalizadas, con impunidad casi absoluta e indicios de participación o tolerancia de autoridades. La respuesta oficial ha sido rechazar ese diagnóstico.

La señal que el Estado envía

Como señala el análisis de Causa en Común, cuando las instituciones no buscan, no investigan y no informan, dejan de ser referentes de justicia para convertirse en obstáculos.

Si las desapariciones no se investigan, si los cuerpos no se identifican y si las cifras se manipulan, el mensaje implícito es demoledor: desaparecer en México no tiene consecuencias.

En México se continúan registrando altas cifras de feminicidios, en medio de un contexto que ya no solo implica una mejora en las políticas para prevenir los casos, investigarlos y sancionarlos, sino también la atención al aumento de la difusión de mensajes en contra de las mujeres a través de redes sociales.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSS), informó que se han registrado 148 feminicidios a nivel nacional durante el primer trimestre del 2026.

De acuerdo con su reporte con corte al 31 de marzo, el 46.6% de los casos se concentran en seis estados:

Sinaloa continúa como el estado con más feminicidios, al reportar 15 casos, seguido de Chiapas, con 13.

En tercer lugar está la Ciudad de México y el Estado de México, con 11 casos cada uno. Sonora se encuentra en quinto lugar con 10 feminicidios, y Veracruz en sexto, con nueve.

Les siguen Chihuahua y Morelos, con ocho femincidios, así como Jalisco y Tamaulipas, con seis casos. Mientras que Baja California, Guanajuato y Oaxaca, tienen cinco cada uno.

En Guerrero y Nuevo León se han reportado cuatro casos, respectivamente, seguidos de Durango, Puebla y San Luis Potosí, con tres en cada entidad.

Municipios con más delitos de feminicidio

• Culicán, Sinaloa: 12
• Reynosa, Tamaulipas: 4
• Venuastiano Carranza, Ciudad de México: 4
• Hermosillo, Sonora: 3
• Juárez, Chihuahua: 3
• Tapachula, Chiapas: 3
• Anáhuac, Nuevo León: 2
• Cajeme, Sonora: 2
• Centro, Tabasco: 2
• Cuauhtémoc, Chiahuahua: 2
• Cuautla, Morelos: 2
• Cuernavaca, Morelos: 2
• Iztacalco, Ciudad de México: 2
• La Magdalena Contreras, Ciudad de México: 2
• Mexicali, Baja California: 2
• Tecpan de Galeana, Guerrero: 2
• Tijuana, Baja California: 2
• Toluca, Estado de México: 2
• Tuxtla Chico, Chiapas: 2
• Victoria, Tamaulipas: 2

Edades de las víctimas

Según la misma información, 118 de las víctimas fueron mujeres mayores de 18 años, sin especificar cuántas eran menores de edad.

En el desglose por estado se señalan nueve casos de menores de 12 años de edad y cinco más de entre 13 y 17 años.

Asimismo, se detectaron nueve de adultas mayores y de 16 casos no se tiene dicha información.

Víctimas de homicidio doloso

En este delito, Guanajuato lidera la cifra de casos, con 46 casos, seguido de Michoacán, con 38 y Guerrero, con 30, así como Morelos, con 26.

Sheinbaum propone Ley contra el Feminicidio: en esto consiste

La Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de unificar la definición y sanción de este delito en todo México.

Y esta semana, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa y está siendo sicutida en los congresos estatales.

La propuesta contempla penas de 40 a 70 años de prisión y multas de mil a dos mil UMAS para quienes cometan feminicidio, además de establecer que toda muerte violenta de mujeres debe investigarse como feminicidio desde la apertura de la carpeta, con perspectiva de género.

La iniciativa incluye 52 artículos distribuidos en ocho títulos y entre los elementos clave para tipificar el feminicidio se consideran la violencia sexual, agresiones motivadas por prejuicios o estereotipos, antecedentes de violencia y la condición de vulnerabilidad de la víctima, como ser niña, adolescente, adulta mayor, embarazada o con alguna discapacidad.

El Ministerio Público podrá solicitar productos de inteligencia y servicios periciales para robustecer las investigaciones, y se exige la existencia de unidades especializadas en fiscalías estatales y la federal, con atención continua y protocolos específicos con perspectiva de género.

Se garantiza la revisión de antecedentes de violencia, incluso sin denuncias previas, y la protección de menores en orfandad, así como la dignidad de las víctimas.

Las penas aumentan hasta en una mitad cuando la víctima pertenezca a grupos vulnerables, sea periodista, defensora de derechos o migrante, o si se emplearon sustancias como ácido.

El responsable perderá derechos de patria potestad, herencia e inhabilitación para cargos públicos, sin acceso a libertad anticipada ni amnistía. La aprobación de esta ley representa un avance relevante para combatir la violencia feminicida en México.

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Sonora: vinculan a proceso a empresa distribuidora de papa por homicidio culposo

Un juez de Sonora vinculó a proceso a la empresa Distribuidora de Papa La Costeña, S.A. de C.V. por el presunto delito de homicidio culposo, tras la muerte de Alan Gerardo “N” en 2024, quien perdió la vida al ser aplastado por un montacargas durante su jornada laboral.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que la empresa habría incurrido en omisiones en materia de seguridad, supervisión y condiciones del centro de trabajo.

El juez impuso como medida cautelar una garantía económica de 20 mil pesos a la persona moral imputada.

El plazo para el cierre de la investigación complementaria quedó establecido en cuatro meses, de acuerdo con la resolución judicial. La FGJES sostuvo que mantiene atención institucional a las manifestaciones públicas de los familiares de la víctima.

La Fiscalía reiteró su compromiso de procurar justicia con apego a la legalidad, respeto al debido proceso y atención a las víctimas.

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Crímenes en San Juan de Aragón

La mañana de este viernes un grupo de personas disparó a un automovilista en la avenida San Juan de Aragón y poco después las autoridades encontraron un cadáver embolsado en Gran Canal, a unos 5 kilómetros del primer crimen, sin embargo las indagatorias continúan y se sigue investigando si ambos hechos están relacionados.

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Matan a dos personas en Martín Carrera, CDMX

Personal de la Fiscalía de la Ciudad de México realizó las indagatorias por un doble asesinato con arma blanca en un domicilio de la colonia Martín Carrera, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Hay un detenido.

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Luego del caso que denunció el periodista Luis Eduardo Maldonado del robo de una de las llantas del vehículo de su hijo la noche del viernes 24 de abril, ese mismo día se conoció otro caso similar que dejó afectada a la colega del reportero de Noticias Caracol, María Paola Sierra.

La ciudadana compartió los detalles, en medio de la indignación, por el robo que sufrió por cuenta de los rateros, que se llevaron un dispositivo tecnológico que su hija había dejado dentro de su camioneta.

Sin embargo, lo que más generó rechazo por parte de Sierra fue la reacción por parte de uno de los efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá.

“Acaban de romper el vidrio de mi carro para robar el iPad de mi hija. Lo primero que me dijo la policía fue: ‘no dejen nada de valor a la vista’”, inicia el mensaje que acompañó con un video y varias fotografías la periodista.

“Siento dolor, rabia e impotencia. En 2 años es mi tercer robo en Bogotá”, agregó en la publicación Sierra, que compartió también en la red social X otro de los episodios amargos que ha vivido en la capital por cuenta de los hechos de inseguridad.

“El segundo robo del que fui víctima en Bogotá, fue en el parking de Jumbo PARQUEADERO PRIVADO (adjunto pruebas). Insistes en re victimizar a la víctima, pero no te culpo, esta sociedad está enferma y normalizó lo anormal”, le contestó Sierra un usuario (@diegochaustre) que la cuestionó por haberle dejado más fácil el hurto al ladrón.

“3 robos en dos años y no aprende? Claro que el ladron es el culpable, pero ud le dejó todo el camino despejado. Lamentable es que no entienda la realidad de este país y ciudad. Siga dejando el carro en la calle”, señaló Chaustre.

A lo anterior, la periodista añadió en otra de las réplicas al mismo usuario: “Diego, lamentable que tu opinión sea responsabilizar a la víctima y no al delincuente; esa mentalidad es la que tiene a la ciudad de rodillas”.

“Confundir la libertad de circular con “dar papaya” es síntoma de una sociedad enferma que normalizó el miedo por encima del derecho", cerró la usuaria.

Cabe recordar que en Colombia, la expresión “dar papaya” significa exponerse innecesariamente a una situación de riesgo o dejarse aprovechar por otros, facilitando que alguien se aproveche de uno.

Es una advertencia popular para evitar ser descuidado y más en contextos donde puede haber robos, engaños o abusos.

Por ejemplo, dejar el celular descuidado en un lugar público sería “dar papaya”, porque se incrementa el riesgo de que alguien lo robe.

La frase se usa en la vida cotidiana como una forma de aconsejar precaución y no ponerse en situaciones vulnerables.

El robo al hijo del periodista Luis Eduardo Maldonado, de Noticias Caracol

El otro episodio de robo provino de Luis Eduardo Maldonado, periodista de Noticias Caracol, quien reveló que, en cuestión de cinco minutos, delincuentes desmontaron y sustrajeron las cuatro llantas del automóvil de su hijo mientras este se encontraba estacionado frente a un reconocido almacén de cadena en el barrio El Polo (Barrios Unidos).

El hecho, sucedido en una de las zonas de mayor circulación de la ciudad, impulsó nuevas críticas directas tanto al alcalde Carlos Fernando Galán como al presidente Gustavo Petro, quienes recibieron señalamientos de usuarios en redes sociales que responsabilizan a las autoridades por la percepción de desprotección y el colapso del orden público.

El clima de alarma se intensificó especialmente tras los eventos ocurridos la noche del 27 de marzo de 2026.

En esa fecha, dos mujeres fueron asaltadas a mano armada en el barrio La Calleja, cuando sujetos que viajaban en una camioneta las interceptaron, intimidaron con armas de fuego y robaron tanto su vehículo como pertenencias, tal como mostraron las grabaciones de cámaras de seguridad difundidas en portales y redes.

Menos de veinticuatro horas antes, otra familia sufrió un robo en condiciones similares en el parqueadero de un restaurante de comida rápida sobre la calle 127 con autopista Norte.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, todo comenzó cuando el joven -identificado como Agustín Rivero- caminaba de regreso a su casa. En ese momento, un Volkswagen Voyage negro se detuvo bruscamente a su lado y un hombre armado se bajó amenazándolo.

El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad, cuyo video encabeza esta nota, en el que se ve que la reacción inmediata de Agustín ante el asalto fue tirar su mochila al piso, entregándosela al ladrón. Sin embargo, el sospechoso no quería el bolso, sino su teléfono. Así, se abalanzó sobre el joven y se lo sacó de la mano.

Sin embargo, en ese corto forcejeo, el asaltante disparó contra Rivero y la bala impactó en su abdomen. Inmediatamente, el atacante se dio a la fuga a bordo del vehículo -en el que iban otros tres sospechosos- y el joven cruzó de calle en busca de auxilio.

Ante la situación, un vecino lo trasladó de urgencia al hospital local, donde falleció poco después.

El episodio fue denunciado a las autoridades y la Policía Bonaerense intervino para identificar a los responsables. En este contexto, se confirmó que el vehículo utilizado para el delito había sido robado horas antes en Lanús.

Las investigaciones, en las que participaron la DDI Lomas de Zamora y el Departamento de Homicidios, incluyeron el análisis de cámaras de seguridad privadas y municipales. Los registros permitieron reconstruir el recorrido de los sospechosos y vincular el automóvil Volkswagen Voyage, al robo de otro vehículo, una Renault Kangoo gris, minutos antes en el barrio San José, también con violencia y armas de fuego.

El robo del auto utilizado para el crimen

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el Volkswagen Voyage usado en el asalto del joven fue robado a las 16:00 en la calle Madariada al 1700, partido de Lanús. Tres horas después, el grupo delictivo cometió el homicidio y, tras el hecho, se detectó la participación de la Renault Kangoo como vehículo de apoyo.

Ambos rodados fueron localizados poco antes de la medianoche: el Voyage, en la intersección de Martín Tito y Pasaje Aldas, Avellaneda; la Kangoo, en Blas Pladeras y Camino General Belgrano, Monte Chingolo.

Personal de la DDI realizó tareas de campo que incluyeron el levantamiento de rastros genéticos y papilares. Además, observaron movimientos sospechosos cerca de uno de los vehículos, lo que derivó en un allanamiento de urgencia en una vivienda de la calle Blas Pladeras al 300, Lanús.

En esa operación, se concretó la detención de Lautaro Ezequiel Silva (21) y Miguel Ángel Silva (25), ambos con antecedentes por robo en las zonas de Temperley y San José, según comunicaron fuentes policiales a Infobae.

La investigación apunta ahora a identificar al resto de la banda, entre ellos dos sospechosos identificados como Alejandro Alexander, apodado “Lecoque”, y Matías Ezequiel Daller.

Durante la requisa, la policía incautó dos teléfonos celulares, un buzo negro con la inscripción Jordan, un buzo rojo Calvin Cley y zapatillas que habrían sido utilizadas durante los hechos, según precisaron los voceros.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que dispuso la aprehensión de los acusados bajo los cargos de homicidio criminis causa y robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda. Las tareas continúan para dar con los prófugos y avanzar en las pericias sobre los vehículos y las pruebas recolectadas, informaron fuentes consultadas por Infobae.

Más de la mitad de la población que habita zonas urbanas en México considera su ciudad insegura, y este temor condiciona la vida diaria: el 61.5% de los mexicanos reporta esta percepción al cierre del primer trimestre del 2026.

Por otra parte, la cifra escala al 67% entre las mujeres, quienes modifican rutinas, evitan salir de noche o acudir a reuniones familiares para prevenir riesgos, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.

La encuesta exhibe una brecha de género notable, mientras que el 67.2% de las mujeres considera insegura su ciudad, el porcentaje es de 54.6% en los hombres.

El dato anterior se amplía en espacios como el transporte público, donde la percepción de riesgo responde, en parte, a la persistencia del acoso callejero. Lo mismo ocurre en lugares privados, como los centros de trabajo y la vivienda, donde la encuesta detecta un efecto de la violencia laboral y doméstica.

Estados con la mayor percepción de inseguridad

Guadalajara e Irapuato, en Guanajuato aparecen al frente de las localidades con mayor percepción de inseguridad. En ambas ciudades, más del 90% de los habitantes declara sentirse en riesgo en su entorno, un registro que coincide con los episodios de violencia extrema en Jalisco durante febrero del 2026.

Los enfrentamientos entre células del crimen organizado y las Fuerzas Armadas, motivados por la captura del narcotraficante “El Mencho”, intensificaron la idea de peligro entre los residentes, señala la ENSU.

Las áreas urbanas de interés con mayor incremento entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 fueron:

• Puerto Vallarta, de 32.0 a 59.9 %
• Tepic, de 37.9 a 53.9 %
• Zapopan, de 54.7 a 70.8 por ciento.

Mientras que las las áreas urbanas con mayor reducción fueron:

• San Pedro Garza García, de 8.7 a 4.4 %
• Saltillo, de 28.1 a 16.7 %
• Torreón, de 29.5 a 20.3 %,

Comportamientos cotidianos alterados por el temor a la delincuencia

El fenómeno rebasa la mera percepción y cambia las rutinas. El 40% de los mexicanos habitantes de ciudades afirma haber cambiado hábitos diarios para evitar ser víctima de algún delito.

Esta conducta incluye evitar portar objetos de valor, restringir salidas nocturnas, impedir que menores salgan solos e, incluso, dejar de visitar a familiares si hay riesgo.

Entre los espacios de mayor alerta, más del 70% declara sentirse inseguro al utilizar cajeros automáticos en la vía pública. Cerca del 65% menciona temor al transitar por las calles de su colonia. El transporte público y otros sitios de convivencia diaria quedan señalados como críticos.

La ENSU aclara que estos resultados miden el sentimiento social frente a la inseguridad, mas no los delitos denunciados o investigados formalmente.

El registro es útil para anticipar cómo los mexicanos interpretan la situación de violencia y cómo adaptan sus decisiones cotidianas a este entorno urbano.

En marzo de 2026, 61.5% de la población mexicana de 18 años o más que reside en 91 áreas urbanas considera inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

De acuerdo con el reporte, la percepción de inseguridad es más alta entre las mujeres, pues el 67.2% señala que su ciudad es insegura, frente a 54.6% de los hombres.

Ciudades con mayor percepción de inseguridad

Las áreas urbanas que registran el mayor incremento en la percepción de inseguridad entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 son Puerto Vallarta, que pasa de 32.0% a 59.9%; Tepic, de 37.9% a 53.9%, y Zapopan, de 54.7% a 70.8%.

En contraste, San Pedro Garza García baja de 8.7% a 4.4%; Saltillo, de 28.1% a 16.7%, y Torreón, de 29.5% a 20.3%.

Percepción de inseguridad se intensifica en espacios públicos

El 70.6 % de la población declara sentirse insegura en cajeros automáticos en la vía pública, 65.3% en las calles, 64.1% en el transporte público y 60.1% en las carreteras.

Sobre las expectativas para los próximos 12 meses, 30.1% de la población considera que la situación de la delincuencia e inseguridad seguirá igual de mal, y 27.1% opina que empeorará. Solo 24.7% cree que mejorará.

En el primer trimestre de 2026, las conductas delictivas o antisociales que más presencia tienen en los alrededores de las viviendas son el consumo de alcohol en la vía pública (57.7%), robos o asaltos (45.5%), venta o consumo de drogas (39.3%), vandalismo (38.4 %) y disparos frecuentes con armas (36.5%).

El 38.2% de los adultos reporta haber tenido algún conflicto o enfrentamiento directo con personas de su entorno, con los mayores porcentajes en las alcaldías Coyoacán (61.0%), Cuauhtémoc (58.1%) y Cuajimalpa de Morelos (56.7%), y los menores en Fresnillo (10.5%), Piedras Negras (12.9%) y Ciudad Obregón (13.5%).

El temor al delito también modifica las rutinas: 43.7% evita llevar objetos de valor; 39.2% restringe la salida de menores sin compañía; 39.1% cambia hábitos respecto a caminar de noche y 25.8% limita visitas a familiares o amistades.

Respecto al desempeño de las autoridades, la Marina es percibida como la más efectiva (87.3%), seguida del Ejército (85.5%), la Fuerza Aérea Mexicana (84.9%), la Guardia Nacional (77.0%), la policía estatal (56.1%) y la policía preventiva municipal (50.8%).

Entre los problemas más graves en las ciudades, la población identifica los baches en calles y avenidas (82.7%), fallas en el suministro de agua potable (59.2%) y el alumbrado público insuficiente (56.3%).

Solo 32.3 % de los adultos considera que el gobierno de su ciudad es efectivo para resolver sus principales problemas.

Las áreas con mejor percepción de efectividad son Piedras Negras (67.3%), Apodaca (62.6%) y Saltillo (60.0 %); las más bajas son Cuautitlán Izcalli (14.8 %), Ciudad Obregón (15.4 %) y Los Cabos (16.3 %).