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Con droga, un arma y camioneta blindada caen dos hombres en Ecatepec

Dos hombres fueron detenidos en la colonia Industrial Tulpetlac, en Ecatepec, luego de que personal de Agrupamientos Especiales los interceptaran cuando viajaban a bordo de una camioneta GMC Yukon blindada.

Durante la revisión del vehículo, los agentes aseguraron un arma calibre .22 abastecida con 10 cartuchos útiles. También localizaron 15 envoltorios con una sustancia con características de metanfetamina y 20 bolsas con hierba con características de marihuana, además de una libreta con anotaciones y 24 mil 697 pesos en efectivo.

Los dos detenidos, cuyos rostros fueron cubiertos en las fotografías difundidas, quedaron a disposición del Ministerio Público junto con los indicios asegurados, que incluyeron el arma, la droga, el dinero y la camioneta blindada. La autoridad ministerial determinará en los próximos días su situación jurídica.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss impulsó, según un comunicado comunicado oficial compartido la noche de este 3 de noviembre por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, la coordinación entre corporaciones de seguridad para atender los delitos en las colonias del municipio.

En el operativo participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y efectivos de Ecatepec.

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Tras renunciar en octubre, José Luis Álvarez Orozco vuelve a la Dirección Operativa de Seguridad de Toluca

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, designó a José Luis Álvarez Orozco como titular de la Dirección Operativa de Seguridad del municipio, cargo que ya había ocupado con anterioridad. La decisión, informada este 3 de noviembre de 2026, busca consolidar la estrategia de seguridad y fortalecer el trabajo policial en la capital mexiquense.

Álvarez Orozco había presentado su renuncia al cargo el pasado 16 de octubre por motivos personales. Una vez concluida esa etapa, el gobierno municipal formalizó su reincorporación y la nueva designación al frente del área operativa de la corporación.

Su experiencia previa y su conocimiento de la estructura policial, según información contenida en un comunicado del municipio de Toluca, permitirían dar continuidad a las labores de vigilancia, patrullaje preventivo y coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad, con atención particular a la presencia territorial y la proximidad ciudadana.

Con este nombramiento, el gobierno municipal afirma que se fortalecerán los recorridos preventivos en colonias, barrios y delegaciones, así como la capacidad de respuesta ante los reportes de la población.

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La guerra interna del Cártel de Sinaloa no solamente ha provocado bajas entre los principales operadores de Los Chapitos y La Mayiza, también ha debilitado sus estructuras mediante la salida de células criminales que antes trabajaban para ellos y que ahora buscan nuevas alianzas o mayor autonomía.

La pérdida de estos grupos puede resultar más perjudicial para Los Chapitos que la captura o muerte de algunos de sus dirigentes, debido a que implica ceder territorios, sicarios, fuentes de ingresos y redes de operación, explicó Víctor Sánchez Valdés, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y doctor en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), especializado en el estudio del crimen organizado.

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José Alfonso García Garza, identificado como mexicano con residencia permanente en Estados Unidos fue detenido cuando viajaba en un camión que intentaba cruzar hacia México por Texas.

Durante la inspección, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) encontraron seis armas de fuego y más de mil cartuchos de munición ocultos en una maleta dentro del remolque de carga.

/mexico/2026/11/03/hallan-seis-armas-y-mas-de-mil-cartuchos-en-un-camion-rumbo-a-mexico-le-habrian-pagado-900-dolares-por-transportarlos/

La la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Lino N, alias “El Patrón” o “El Señor”, líder de Los Linos (que operan en Morelos), en Ixtapaluca, Estado de México (Edomex).

El operativo se realizó como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del reforzamiento de la seguridad en Morelos, bajo instrucciones de la presidenta y con información del Centro Nacional de Inteligencia.

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El investigador de la Universidad de Guadalajara Jorge Ramírez vinculó el aumento de desapariciones de adolescentes en Jalisco y otros estados del Pacífico con un posible incremento del reclutamiento forzado por organizaciones criminales, informó el portal “A dónde van los desaparecidos”. Su análisis ubicó una concentración atípica de víctimas varones en el corredor que va de Michoacán a Baja California, una zona atravesada por la disputa armada entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Ramírez, doctor en Ciencias Sociales, describió al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una empresa criminal que suministraba reclutas para ese conflicto. Según el gobierno federal, Los Chapitos contaban con apoyo del CJNG, mientras Los Mayos era la facción rival dentro del Cártel de Sinaloa.

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Manasés “N” y Alberto “N”, alias “El Semáforo”, fueron detenidos al ser identificados como presuntos responsables del asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos que contaba con protección federal tras ser víctima de amenazas y ataques en años pasados en Chiapas.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal del estado, informó este martes que su captura se realizó tras el análisis de videograbaciones que permitieron identificarlos y determinar que se trató de un crimen premeditado.

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Nuevas revelaciones y detalles de la relación entre los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán, se mostraron en el documental La caída de El Mayo así como su relación con sus hijos que heredaron las riendas del negocio criminal.

El periodista de investigación Jesús Esquivel describió en el documental de tres capítulos, disponible desde el pasado 29 de octubre de 2026 en Netflix, que Vicente Zambada Niebla (primogénito de El Mayo) saludó con la cabeza e hizo un gesto con la mano llevándose el puño al corazón cuando entró a declarar contra Joaquín “El Chapo” en su juicio de 2019 en Estados Unidos.

/mexico/2026/11/03/el-gesto-que-le-hizo-el-vicentillo-a-su-compadre-el-chapo-al-declarar-en-su-contra-en-eeuu-no-es-mi-enemigo/

La Secretaría de Marina (Semar) golpeó en dos semanas distintas estructuras de mando de organizaciones criminales en cinco estados del país, mediante operaciones de Inteligencia Naval y coordinación con otras instituciones de seguridad que derivaron en la detención o muerte de cinco objetivos prioritarios.

Entre el 14 y el 28 de octubre, las acciones se concentraron en Jalisco, Colima, Sonora, Sinaloa y Oaxaca, donde fueron afectados presuntos liderazgos regionales, mandos operativos y responsables de logística de grupos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Salazar y el Cártel de Guasave.

/mexico/2026/11/03/de-jalisco-a-oaxaca-marina-golpea-liderazgos-del-cjng-los-salazar-y-cartel-de-guasave-en-solo-dos-semanas/

La defensa de los hermanos Farías Laguna, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de caer en contradicciones al afirmar que no cuenta con datos suficientes para investigar a Andrés Manuel López Beltrán por el caso de huachicol fiscal, esto pese a ser mencionado por un testigo protegido.

Luego de que la FGR reiteró en días pasados que no indaga al hijo del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, ni a Adán Augusto López Hernández por este caso, así como de señalar que las personas que los mencionan solo son “testigos de oídas”, la defensa de los exmarinos acusó que las menciones también fueron expuestas por un representante del Ministerio Público durante una audiencia judicial.

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La Secretaría de Segguridad Pública (SSPC) de Ahome informó que el operativo de Día de Muertos y Halloween dejó 100 detenciones en Los Mochis y comunidades rurales, principalmente por conducir bajo los efectos del alcohol y alterar el orden público durante los festejos del pasado fin de semana.

Carlos Francisco Rodríguez Ponce, secretario de Seguridad Pública de Ahome, indicó este lunes 2 de noviembre de 2026 que los elementos mantuvieron recorridos de vigilancia en calles y plazas, además de instalar dos puntos de control para realizar pruebas de alcoholimetría.

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Al menos 236 integrantes de instituciones de seguridad pública han sido asesinados en México durante los primeros diez meses de 2026. Cinco entidades concentran más de la mitad de las víctimas: Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Estado de México, de acuerdo con el registro de Causa en Común actualizado hasta el 29 de octubre.

El recuento de la organización civil contabiliza 37 agentes asesinados en Jalisco, 31 en Michoacán, 25 en Sinaloa, 20 en Guanajuato y 18 en el Estado de México. En conjunto, los cinco estados suman 131 víctimas, equivalentes al 55.5% de los casos documentados en el país.

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La presidenta Claudia Sheinbaum marcó este martes su postura frente a la decisión de Argentina de declarar organizaciones terroristas a cárteles mexicanos. Sostuvo que en México el fenómeno se denomina delincuencia organizada y que terrorismo “es otra cosa”. Advirtió además que esa etiqueta no puede convertirse en un pretexto de “invasión” o “injerencia” de ningún país.

Al ser cuestionada en conferencia sobre si la medida argentina va en línea con la política de Estados Unidos, la mandataria evitó calificar a otros gobiernos. Aclaró que su administración combate a estos grupos “todos los días” y trabaja por la seguridad y la paz del país.

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Tres hombres, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos en Culiacán, Sinaloa, por su probable relación con el ataque armado contra las instalaciones de la Feria Ganadera, ocurrido la mañana del lunes 2 de noviembre.

Durante el operativo de búsqueda, elementos estatales y militares les aseguraron cinco armas de fuego, más de 600 cartuchos, presuntas drogas y dos vehículos, entre ellos una motocicleta con reporte de robo.

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El pasado domingo 1 de noviembre, durante la celebración del Día de Muertos, Sharon Flores, conocida como La Pelos, recibió disparos junto a su hijo de tres años en calles de la colonia Morelos, en la Ciudad de México (CDMX). La agresión ocurrió cuando la joven acompañaba a su hijo a pedir “calaverita”.

Se informó que la mujer y el menor murieron a causa de las heridas sufridas durante el ataque, ocurrido mientras ella viajaba en una motoneta junto a su hijo y una amiga.

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La Secretaría de Marina (Semar) ubicó a través de labores de inteligencia las rutas marítimas que utilizaban los miembros de “Los Pichilinguillos” para adquirir cocaína desde Sudamérica y Centroamérica y distribuirla desde Michoacán.

El pasado jueves 29 de octubre fueron detenidos tres presuntos líderes de este grupo criminal en un operativo realizado en el municipio de Coahuayana, en el que también participaron elementos de seguridad estatal y federales.

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Más de un año después del asesinato de un elemento de la Guardia Nacional (GN) en Celaya, Guanajuato, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Juan “N”, señalado por su probable participación en el ataque armado que dejó a otro agente muerto y a una oficial gravemente herida.

La nueva resolución judicial se conoció el 30 de octubre de 2026, cuando la FGR informó que un juez federal procesó al imputado por los delitos de homicidio calificado con premeditación y alevosía, en su modalidad de sorprender, así como homicidio calificado en grado de tentativa.

/mexico/2026/11/03/a-un-ano-del-asesinato-de-un-agente-de-la-guardia-nacional-en-celaya-fgr-procesa-a-otro-presunto-agresor/

La abogada Mariel Colón planea pedir formalmente que Joaquín Guzmán Loera y su esposa Emma Coronel retomen comunicación mediante llamadas telefónicas monitoreadas, según reveló en el podcast El Interrogatorio con Said García.

La declaración cobra especial peso ahora que Coronel confirmó que su libertad condicional en Estados Unidos ya terminó, un año antes de lo previsto, eliminando así el principal obstáculo que la propia defensa había señalado tiempo atrás para hacer esa gestión.

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La noche del 1 de noviembre de 2025, mientras cientos de personas recorrían el Festival de las Velas en el centro de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, entonces alcalde del municipio, recibió seis disparos en un lapso de 13 segundos.

Un año después, una grabación que ha sido revelada por Milenio ventila que esa noche hubo un segundo tirador que la versión oficial nunca mencionó.

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El hecho ocurrió en la calle 119 con carrera 13. Un ciudadano que pasaba por el sector detectó la situación, alertó a la comunidad y frustró el presunto hurto. Los sospechosos huyeron antes de que lograran llevarse las autopartes.

El caso quedó registrado en video y se conoció en medio de los reclamos de los habitantes del sector por el aumento de los robos de automóviles, motocicletas y partes de vehículos.

Máicol González, un líder de la localidad, afirmó en diálogo con Citytv que los robos ocurren con frecuencia en esa zona y que varios de los presuntos responsables se movilizan en motocicletas, uno de los problemas de seguridad más recurrentes de la zona.

“Un hecho que sucedió en Santa Bárbara Central, donde perfectamente en cuadras como la 119 con 13 pueden estar ocurriendo hurtos cada cinco minutos por motociclistas, que quedan registrados en las cámaras de seguridad”, señaló.

El vocero insistió en que el subregistro dificulta establecer la dimensión de la situación. “Volvemos y reiteramos que la gente no denuncia”, agregó.

Denuncian alza en robos de automotores y motocicletas

De acuerdo con las cifras citadas por la comunidad, el hurto de automotores en Usaquén pasó de 51 a 78 casos registrados hasta octubre de 2026, frente al mismo periodo de 2025. El robo de motocicletas, por su parte, aumentó de 88 a 103 casos.

“Es decir, que vamos por encima del año 2025”, afirmó el líder comunitario.

Los residentes solicitaron una mayor presencia de la Policía y planes preventivos en los puntos donde se han reportado robos.

“Que implementen estrategias que en verdad beneficien a la ciudadanía y planes de prevención, y que no sean reactivas las acciones de las autoridades”, pidió el vocero.

La comunidad también recomendó a los conductores evitar zonas poco transitadas para estacionar, revisar las condiciones de seguridad del entorno y reportar ante las autoridades cualquier movimiento sospechoso.

Denunciaron otro presunto robo cerca de Unicentro

Dos personas fueron retenidas por la comunidad tras un presunto intento de hurto de celulares en inmediaciones de Unicentro, en el norte de Bogotá, durante la tarde del 26 de octubre de 2026.

El hecho ocurrió sobre la carrera 13. Residentes y transeúntes alertaron sobre la situación, mientras vigilantes del sector y del centro comercial interceptaron a dos hombres que se movilizaban en motocicleta. La Policía informó que los retenidos serían puestos a disposición de la autoridad competente y que dos motos fueron inmovilizadas.

La institución también aclaró que no hubo un tiroteo, pese a versiones difundidas en redes sociales sobre presuntos disparos en la zona.

Los dos hombres habrían sido golpeados por varias personas antes de la llegada de las autoridades y fueron trasladados a un centro asistencial. Hasta ahora, no se ha confirmado cuántas personas resultaron afectadas por el supuesto intento de hurto ni si existen denuncias formales.

Video registró atraco armado en un restaurante de Bella Suiza, en el norte de Bogotá

Un poco más de un mes atrás, una cámara de seguridad registró un presunto atraco armado contra una clienta de un restaurante en el barrio Bella Suiza, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. El hecho ocurrió el 26 de septiembre, en un establecimiento ubicado en la carrera octava con calle 128.

En las imágenes se observa a un hombre con camiseta blanca que se acerca a una mesa exterior, exhibe lo que parece ser un arma de fuego y despoja a la víctima de un celular.

Un segundo hombre aparece detrás de él y, según la denuncia, habría participado en el hecho.

La ciudadana Pilar Jiménez difundió el video en redes sociales y pidió la intervención de las autoridades. “Estamos mamados. Esto acaba de pasar en Bella Suiza en Usaquén… restaurante Shadaii… hasta cuándo”, escribió.

El caso ocurrió hace “tres meses y pico”, según la víctima, quien no precisó la fecha exacta ni el municipio. La agresión tuvo lugar cerca de las 20:00, cuando todavía había luz natural por el horario de verano, según explicó durante la grabación.

“Me cogieron de momento por el pelo y me halaron para un pasillo y me dijeron: ‘Si gritas, te matamos’”, contó la joven. “Yo no grité y ahí me cortaron el pelo, me robaron el teléfono, el power bank (batería), todo lo que llevaba encima”.

El video muestra el testimonio de la víctima antes de un cambio de corte, luego de que dejara crecer su cabello durante varios meses tras el asalto.

Los agresores llevaban el rostro cubierto

La mujer explicó que los atacantes usaban prendas para ocultar sus caras.

El robo de objetos personales formó parte del ataque, pero el corte forzado de cabello quedó en el centro de su relato. La joven señaló que perdió una melena que había cuidado durante años y que no había podido cortarse desde entonces.

La escena expone una modalidad de agresión que combina el despojo de bienes con una violencia física y psicológica contra la víctima. El cabello no aparece como un objeto de uso inmediato, como un teléfono o dinero, sino como parte de un ataque que dejó una marca visible y prolongó el impacto del hecho durante meses.

En el video, la mujer que la entrevista alertó a quienes tienen el cabello largo sobre los riesgos que, según planteó, enfrentan al caminar por las calles. También recomendó evitar salidas nocturnas. La víctima, sin embargo, aclaró que el episodio ocurrió a una hora en la que aún había movimiento y visibilidad en la zona.

La inseguridad gana espacio entre las preocupaciones cotidianas en Cuba

El relato se conoce en un contexto de aumento de denuncias ciudadanas por robos, asaltos y hechos violentos en Cuba, en medio de la falta de estadísticas oficiales periódicas y detalladas sobre la evolución del delito.

Registros de organizaciones independientes permiten dimensionar parte del problema, aunque no sustituyen un registro estatal completo. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) documentó 2.833 delitos durante 2025, un incremento del 115% frente al año anterior. De ese total, 1.536 correspondieron a robos.

Los datos dependen de denuncias públicas, reportes de medios independientes, publicaciones en redes sociales y otras fuentes abiertas. Por ese motivo, no reflejan todos los delitos ocurridos en el país. También muestran una realidad marcada por el subregistro: muchas víctimas desisten de denunciar por desconfianza, temor o la percepción de que sus pertenencias no serán recuperadas.

En Matanzas, por ejemplo, el OCAC contabilizó 155 robos en el primer semestre de 2026, una cifra superior a los 143 casos que había documentado en esa provincia durante todo 2025. Los reportes incluyen sustracciones en viviendas, robos de vehículos eléctricos, ataques a conductores y arrebatos de teléfonos.

Otro monitoreo, elaborado por Cubalex, organización independiente de defensa legal, registró 314 hechos de violencia e inseguridad en agosto de 2026, entre ellos 52 homicidios. La organización incluyó en ese recuento robos, asaltos con armas blancas y armas de fuego, así como tiroteos en zonas residenciales.

La ausencia de datos oficiales limita la dimensión real del problema

Las autoridades cubanas han reconocido en distintos momentos un incremento de la actividad delictiva y la presencia de armas de fuego en manos de civiles. Aun así, no existe una publicación sistemática y accesible de cifras sobre robos violentos, asaltos, homicidios o delitos cometidos con armas.

Esa falta de información pública impide establecer con precisión la magnitud del fenómeno, su distribución territorial, el perfil de las víctimas y el nivel de esclarecimiento de los casos. También dificulta conocer cuántas denuncias derivan en investigaciones, arrestos, juicios o condenas.

El Código Penal cubano castiga la tenencia, portación y tráfico ilegal de armas, pero los testimonios ciudadanos y los registros independientes dan cuenta de asaltos cometidos con cuchillos, machetes y armas de fuego. En paralelo, las denuncias sobre robos en viviendas, sustracción de motocicletas y triciclos eléctricos, ataques a custodios y violencia en espacios públicos se multiplicaron en redes sociales.

En ese escenario, algunas familias optaron por medidas domésticas de protección. En otro video viral, una mujer instaló ollas, palos y otros objetos detrás de la puerta de su casa para crear una alarma improvisada ante posibles intrusos. La imagen resumió una preocupación extendida: la sensación de que proteger bienes básicos depende cada vez más de recursos individuales y redes vecinales.

La joven asaltada describió una situación similar desde la experiencia de quien fue sorprendida a pocos metros de su casa. No identificó a los agresores ni ofreció más detalles sobre el lugar. Su testimonio quedó resumido en una frase que da cuenta de la violencia del episodio: “Me cogieron de momento por el pelo”.

Al menos 236 integrantes de instituciones de seguridad pública han sido asesinados en México durante los primeros diez meses de 2026. Cinco entidades concentran más de la mitad de las víctimas: Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Estado de México, de acuerdo con el registro de Causa en Común actualizado hasta el 29 de octubre.

El recuento de la organización civil contabiliza 37 agentes asesinados en Jalisco, 31 en Michoacán, 25 en Sinaloa, 20 en Guanajuato y 18 en el Estado de México. En conjunto, los cinco estados suman 131 víctimas, equivalentes al 55.5% de los casos documentados en el país.

La actualización incorporó cuatro asesinatos ocurridos entre el 23 y el 29 de octubre en Baja California, Sonora, Guanajuato y Puebla. Con estos casos, el acumulado nacional pasó de 232 a 236 agentes de seguridad asesinados.

La cifra incluye a policías municipales y estatales, pero también a integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y corporaciones federales. Por ello, el registro no se limita a los homicidios de policías preventivos, sino que reúne a personal de distintas instituciones que realizan labores de seguridad pública.

Jalisco encabeza la lista de agentes asesinados

Jalisco ocupa el primer lugar nacional con 37 integrantes de corporaciones de seguridad asesinados durante 2026. Michoacán aparece en segundo sitio, con 31 víctimas, mientras que Sinaloa acumula 25.

Guanajuato registra 20 homicidios y el Estado de México suma 18. La diferencia entre el primer y el quinto lugar es de 19 víctimas, mientras que Jalisco y Michoacán concentran juntos 68 asesinatos.

La distribución territorial muestra que los homicidios no se encuentran repartidos de manera uniforme entre las 32 entidades. Más de la mitad de los casos documentados por Causa en Común se concentra en cinco estados, aunque el registro también incluye víctimas en otras regiones del país.

Los datos deben leerse con una precisión: el número de agentes asesinados en cada entidad no permite establecer por sí mismo que todos los homicidios respondan a una misma causa o que estén relacionados con una organización criminal específica. Las circunstancias de cada agresión requieren investigaciones particulares.

Policías municipales y estatales concentran 171 víctimas

Las corporaciones municipales y estatales reúnen la mayor cantidad de víctimas dentro del registro de 2026.

De los 236 agentes asesinados, 93 pertenecían a policías municipales y 78 a corporaciones estatales. En conjunto, suman 171 homicidios, que representan aproximadamente el 72.5% del total nacional.

El resto de las víctimas se distribuye entre instituciones federales y las Fuerzas Armadas. Causa en Común documentó 45 integrantes de la Guardia Nacional asesinados, 12 elementos del Ejército, seis agentes de corporaciones federales vinculadas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, así como dos integrantes de la Secretaría de Marina.

La diferencia entre los registros de corporaciones locales y federales permite dimensionar el alcance de la violencia contra quienes realizan tareas de seguridad en los distintos niveles de gobierno. Los policías municipales y estatales representan casi tres cuartas partes de las víctimas, aunque los asesinatos también alcanzan a instituciones con presencia y despliegue en distintas regiones del país.

El registro no especifica que todos los agentes hayan sido asesinados durante el cumplimiento de sus funciones. Algunos homicidios ocurren durante operativos o patrullajes, mientras que otros se registran cuando los elementos se encuentran fuera de servicio, se trasladan a sus domicilios o abandonan sus turnos.

Cuatro agentes fueron asesinados durante la última semana de octubre

La actualización más reciente de Causa en Común identificó cuatro homicidios de integrantes de instituciones de seguridad pública entre el 23 y el 29 de octubre.

Los casos ocurrieron en Baja California, Sonora, Guanajuato y Puebla, con una víctima en cada entidad. Con esos asesinatos, el registro llegó a 236 casos durante 2026.

Uno de los antecedentes recientes documentados en Guanajuato ocurrió el 24 de octubre, cuando una policía municipal de Purísima del Rincón fue atacada a balazos al salir de su turno. La agente, identificada en reportes periodísticos como María Angélica, murió después de ser trasladada a un hospital.

La agresión ocurrió en las inmediaciones del bulevar Las Torres y el Libramiento Sur. En los primeros reportes no se había establecido públicamente el móvil ni confirmado que el homicidio estuviera directamente relacionado con sus funciones policiales.

Días antes, el 23 de septiembre, tres integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fueron asesinados durante una emboscada en la comunidad de Delgado de Arriba, en el municipio de Comonfort. En ese caso, las autoridades confirmaron que los agentes realizaban labores propias de su cargo cuando fueron atacados por hombres armados.

Ambos hechos muestran circunstancias distintas de agresión contra integrantes de corporaciones de seguridad en Guanajuato: una agente fue asesinada al salir de su turno y tres elementos estatales murieron durante una emboscada. No obstante, las investigaciones no permiten atribuir un mismo móvil a los dos episodios.

En 2025, Sinaloa encabezó los asesinatos de policías

La distribución de los homicidios por entidad también ha cambiado respecto a los registros de años anteriores.

Durante 2025, Causa en Común documentó 348 policías asesinados en México, un promedio de casi una víctima al día y un incremento de 9% frente a los casos registrados durante el mismo periodo de 2024.

Sinaloa encabezó entonces la lista estatal con 48 policías asesinados. Le siguieron Guerrero, con 39; Guanajuato, con 36; Michoacán, con 34, y Veracruz, con 24.

En 2024, el registro de la organización contabilizó al menos 320 policías asesinados. Guanajuato ocupó el primer lugar con 61 víctimas, seguido por el Estado de México, con 24; Guerrero, con 22; Chiapas, con 20, y Michoacán, con 17.

Un año antes, durante 2023, Causa en Común había documentado 412 homicidios de policías en el país. Guanajuato también encabezó ese recuento, con 60 casos, seguido por Guerrero, con 40; Zacatecas, con 32; Michoacán, con 28, y Jalisco, con 24.

Los 236 asesinatos registrados en 2026 corresponden únicamente al periodo del 1 de enero al 29 de octubre, por lo que no deben compararse como si fueran un resultado anual cerrado frente a los acumulados de 2023, 2024 y 2025.

Suman 678 agentes asesinados desde octubre de 2024

El registro de Causa en Común también permite observar los homicidios de integrantes de instituciones de seguridad pública desde el inicio de la actual administración federal.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 29 de octubre de 2026, la organización contabilizó al menos 678 agentes asesinados en México. De ese acumulado, 236 corresponden a los primeros diez meses de 2026.

El dato se conoce en un contexto de cuestionamientos sobre las condiciones laborales de las policías civiles. En un informe publicado en octubre de 2026, Causa en Común advirtió que 55% de los policías municipales percibe menos de 15 mil pesos mensuales y que solo 17 de las 32 corporaciones estatales cuentan con un servicio profesional de carrera formalmente constituido.

El mismo estudio señaló diferencias en el acceso a prestaciones: mientras 97.6% de los policías estatales está afiliado a una institución de salud, la proporción entre los municipales es de 53%. También documentó que, en 2024, solo 58% de los policías municipales contaba con seguro de vida y 28% tenía acceso a apoyos para familiares de agentes muertos en servicio.

Estas condiciones laborales no explican por sí mismas los homicidios registrados ni permiten establecer una relación directa entre las carencias institucionales y cada agresión. Sin embargo, forman parte del contexto en el que trabajan las corporaciones locales, que concentran la mayor proporción de víctimas en el recuento de 2026.

Tres hombres, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos en Culiacán, Sinaloa, por su probable relación con el ataque armado contra las instalaciones de la Feria Ganadera, ocurrido la mañana del lunes 2 de noviembre.

Durante el operativo de búsqueda, elementos estatales y militares les aseguraron cinco armas de fuego, más de 600 cartuchos, presuntas drogas y dos vehículos, entre ellos una motocicleta con reporte de robo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que los sospechosos fueron ubicados en el sector Barrancos, al sur de la capital, después de que las corporaciones desplegaron un operativo de búsqueda y seguimiento mediante herramientas tecnológicas. Los agentes localizaron dos vehículos cuyas características coincidían con las unidades presuntamente involucradas en la agresión contra el recinto ganadero.

Cuando los elementos se aproximaron, los ocupantes descendieron de los automóviles e intentaron escapar a pie, pero fueron alcanzados metros adelante. Los tres hombres quedaron a disposición de la autoridad competente junto con el armamento, las municiones, las sustancias y los vehículos asegurados.

La dependencia estatal precisó que uno de los detenidos es menor de edad, aunque no reveló sus identidades ni detalló qué participación habría tenido cada uno en el ataque. Un reporte de Línea Directa, basado en información de fuentes de seguridad, señaló que el adolescente tendría 15 años y habría sido quien disparó contra el inmueble. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por la SSP ni por la autoridad investigadora.

Aseguran cinco armas y 641 cartuchos

El inventario difundido por la Secretaría de Seguridad Pública estatal incluyó dos fusiles AK-47 calibre 7.62 por 39 milímetros, un fusil M15 calibre 5.56 por 45 milímetros y dos pistolas calibre 9 milímetros.

También fueron decomisados 18 cargadores para armas largas y seis para armas cortas, además de 581 cartuchos para fusil y otros 60 para pistola, un total de 641 municiones.

En el mismo operativo, los agentes encontraron 100 dosis de presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 114.8 gramos; 120 dosis de posible cocaína, equivalentes a 60.6 gramos, y 21 pastillas de presunto fentanilo.

Entre los vehículos asegurados se encuentra una motocicleta Italika DM300 con reporte de robo y un Volkswagen Jetta. La autoridad no precisó si ambos fueron utilizados durante la agresión o si su aseguramiento respondió a las características de las unidades que buscaban los elementos de seguridad.

La SSP indicó que los detenidos y los indicios quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones. Hasta el momento, no ha informado sobre una resolución judicial ni sobre resultados periciales que permitan establecer si alguna de las armas aseguradas fue utilizada para disparar contra la Feria Ganadera.

Así ocurrió el ataque contra las instalaciones de la Feria Ganadera

La agresión se registró alrededor de las 09:40 horas del lunes 2 de noviembre, sobre el bulevar Paseo Ganaderos, al sur de Culiacán. Hombres armados llegaron al recinto y dispararon contra la fachada, donde se encontraba un espacio utilizado por elementos militares para resguardar las instalaciones.

Los primeros reportes señalaron que los presuntos agresores se desplazaban en una motocicleta y huyeron después de realizar las detonaciones. En el lugar quedaron casquillos percutidos y se observaron daños en el acceso al inmueble.

Medios locales reportaron que fueron localizados alrededor de 17 indicios balísticos, aunque esa cantidad no fue precisada en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública.

La agresión provocó la movilización de corporaciones estatales y federales, así como la intervención de peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

La SSP informó inicialmente que mantenía un operativo para localizar a los responsables. Horas después, el seguimiento a dos vehículos permitió ubicar a los tres sospechosos en Barrancos.

Aunque algunos reportes periodísticos señalaron que los disparos también habrían estado dirigidos contra militares que se encontraban en el lugar, la información oficial difundida hasta ahora se limita a señalar que los detenidos podrían estar relacionados con los disparos contra la fachada. La autoridad no ha establecido públicamente cuál fue el objetivo de la agresión ni el motivo.

El recinto ya había sido atacado en 2024

El nuevo ataque ocurrió en un inmueble que ya había sido escenario de hechos violentos dos años antes. El 7 de noviembre de 2024, hombres armados dispararon contra las taquillas de la Feria Ganadera y posteriormente se reportó el incendio de esas instalaciones, en medio de una serie de amenazas relacionadas con la realización del evento.

La edición de ese año fue suspendida. En su momento, el Gobierno de Sinaloa informó que los organizadores habían tomado la decisión después de evaluar las expectativas de rentabilidad económica. Sin embargo, la cancelación también ocurrió en un contexto de inseguridad: días antes se habían registrado los disparos contra las taquillas y la colocación de mantas con amenazas en distintos puntos de Culiacán.

La suspensión afectó tanto a la exposición ganadera como al Palenque, donde estaban programadas presentaciones musicales. La decisión dejó además reclamos de personas que habían comprado boletos y exigían la devolución de su dinero.

La violencia volvió a interferir con la actividad del recinto el 2 de noviembre de 2026, precisamente cuando estaba previsto el inicio de la venta de entradas para el Palenque de Culiacán. La programación contempla espectáculos del 12 al 29 de noviembre y el regreso de los conciertos después de dos años sin actividad.

La organización de esta edición quedó a cargo de Fiesta MX Entertainment. Entre los artistas anunciados se encuentran Los Tucanes de Tijuana, Banda MS y Pancho Barraza, además de otros exponentes de la música regional mexicana.

El ataque del lunes coincidió con el arranque de la comercialización de boletos, pero las autoridades no han informado que exista una relación entre ambos acontecimientos. Tampoco han señalado que la agresión esté vinculada con los reclamos por los reembolsos pendientes de la edición de 2024.

Culiacán enfrenta una crisis de violencia desde septiembre de 2024

El ataque contra la Feria Ganadera ocurrió en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa desde septiembre de 2024, cuando comenzó una confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa. Desde entonces, Culiacán y otros municipios han registrado homicidios, desapariciones, enfrentamientos, robos de vehículos y agresiones contra viviendas y establecimientos.

Un recuento elaborado por el periódico Noroeste, con base en registros oficiales y seguimiento periodístico, contabilizó 4 mil 130 homicidios dolosos en Sinaloa entre el 9 de septiembre de 2024 y el 30 de octubre de 2026. En ese mismo periodo, el medio registró 4 mil 556 personas privadas de la libertad y 12 mil 822 vehículos robados.

El balance también refleja la dimensión de la respuesta de las autoridades: Noroeste contabilizó 4 mil 53 personas detenidas durante ese periodo. Se trata de un registro acumulado del medio, no de una cifra que permita atribuir todos esos casos a una sola organización criminal o a un mismo tipo de operación.

La confrontación ha afectado también las actividades económicas, los eventos públicos y la vida cotidiana de la población. La suspensión de la Feria Ganadera en 2024 fue uno de los ejemplos de cómo la inseguridad repercutió en actividades que tradicionalmente reúnen a productores, comerciantes y familias.

Por ahora, la detención de los tres sospechosos representa un avance en la investigación por los disparos contra el recinto, pero todavía falta que las autoridades determinen su posible responsabilidad individual. La SSP tampoco ha informado si existen más personas relacionadas con el ataque o si el armamento asegurado tiene correspondencia balística con los casquillos encontrados en la Feria Ganadera.

El productor y compositor Benny Blanco sostuvo en una entrevista con Mel Robbins que el fracaso, la duda y el rechazo pueden convertirse en parte del camino hacia una meta, durante un episodio de The Mel Robbins Podcast. A través de experiencias de su carrera musical y de su vida personal, explicó que avanzar requiere actuar incluso sin sentirse preparado.

Blanco, presentado en el programa como autor y productor nominado 12 veces a los Grammy y vinculado con 29 canciones que alcanzaron el número uno, relató que creció en Virginia sin contactos en la industria discográfica.

Según contó, su estrategia inicial fue buscar oportunidades de forma directa: asistir a estudios de grabación, contactar sellos discográficos y construir relaciones profesionales desde adolescente.

El músico afirmó que el punto de partida no exige tener todas las condiciones resueltas, sino que “se trata de empezar ahora”, al referirse a quienes postergan sus ideas mientras buscan recursos, experiencia o aprobación externa. Para él, una acción pequeña puede iniciar un proceso que termine en un destino distinto al imaginado originalmente.

El rechazo y los errores como obstáculos transitorios

Durante la conversación, el artista definió su forma de afrontar los tropiezos como una “amnesia al fracaso”, donde, después de un resultado adverso, procura no quedarse detenido en lo ocurrido. “Si te olvidas del fracaso, siento que todos los demás también se van a olvidar”, expresó.

Para explicar esa idea, comparó los errores con marcas en una pizarra que pueden borrarse. El productor consideró que las personas suelen recordar los logros ajenos, pero no los intentos que no funcionaron antes de alcanzarlos. En ese sentido, mencionó a figuras deportivas como Michael Jordan para señalar que las oportunidades perdidas forman parte de cualquier trayectoria competitiva.

Blanco también señaló que el miedo a la vergüenza es una de las principales razones por las que las personas no actúan. Para contrarrestarlo, propuso revisar qué tan grave es realmente el rechazo: sus efectos suelen ser menos duraderos de lo que se imagina.

La conductora compartió una etapa de dificultades económicas que atravesó en 2008, cuando tenía deudas, había perdido su empleo y no podía pagar las compras básicas. Robbins dijo que su cambio comenzó cuando dejó de esperar que otra persona resolviera sus problemas y se propuso demostrar con hechos que quería modificar su situación.

El trabajo constante como único requisito

El entrevistado sostuvo que perseverar no requiere un talento fuera de lo común. Se definió como “una persona normal” que trabaja para conseguir lo que quiere, y descartó tener un “poder especial”. Su argumento fue que presentarse, insistir y aprender durante el proceso puede generar oportunidades.

A modo de ejemplo, contó que de niño, con alrededor de 10 u 11 años, aguardaba en la puerta de estudios de grabación para pedirle a quienes salían que le permitieran participar en algo.

Sin computadora propia, dio sus primeros pasos en las redes sociales desde la biblioteca de su escuela, donde usaba MySpace para contactar personas del medio. También llamó a discográficas y logró establecer vínculos con asistentes e internos, algunos de los cuales continúan en su entorno laboral más de dos décadas después.

Entre las canciones de su trayectoria, enumeró trabajos vinculados con “I Kissed a Girl”, de Katy Perry; “Diamonds”, de Rihanna; “Moves Like Jagger”, de Maroon 5; “Love Yourself”, de Justin Bieber, y álbumes de Ed Sheeran.

Sin embargo, explicó que los resultados alcanzados no eliminaron sus inseguridades: “Todavía tengo síndrome del impostor”, en referencia a la sensación de no merecer los propios logros pese a contar con experiencia o reconocimiento. El músico relató además el proceso detrás de “Eastside”, su proyecto como artista junto a Halsey y Khalid.

Según contó, la publicación se demoró por negativas de otros intérpretes, ajustes vocales, desacuerdos vinculados al lanzamiento y una negociación que estuvo cerca de fracasar. La canción finalmente avanzó hasta convertirse, según su relato, en el ascenso más lento al número uno en la historia de la radio.

La estabilidad depende de tres áreas de la vida

El productor comparó la vida con un taburete de tres patas: relaciones, salud y propósito o carrera. Explicó que si alguna de esas áreas se debilita, el conjunto pierde equilibrio sin importar el estado de las demás.

En ese marco, habló de la importancia de atender los vínculos al terminar la jornada laboral. Al referirse a su esposa, Selena, explicó que una persona puede llegar cansada a casa, mientras que el tiempo compartido recién comienza para su pareja. Para él, escuchar y conectar al final del día también constituye una forma de logro.

Como cierre, el compositor propuso escribir una lista de objetivos, elegir uno y realizar una acción concreta ese mismo día: “Muévelo aunque sea un centímetro hacia adelante”. Su planteo final fue que la continuidad, incluso en jornadas difíciles, permite sostener un proyecto sin convertir cada tropiezo en un punto final.

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Condenan a 50 años de prisión a dos hombres por secuestrar a tres extranjeros en Veracruz

Óscar “N” y Porfirio “N” recibieron sentencias de 50 años de prisión por secuestro agravado, luego de que la Fiscalía General de la República acreditó su responsabilidad en la privación ilegal de la libertad de tres personas extranjeras. Ambos fueron detenidos en octubre de 2023 por elementos de la Guardia Nacional, cuando viajaban en una camioneta sobre la carretera estatal Tierra Blanca-Las Trancas, en Veracruz, con las víctimas a bordo. Tras quedar a disposición del Ministerio Público Federal, la Fiscalía Especializada de Control Regional integró la investigación y presentó las pruebas que permitieron obtener la condena. Además de la pena de cárcel, cada uno deberá pagar una multa de 414 mil 960 pesos.

Inés Gómez Mont busca ‘amparo’ en Estados Unidos para recuperar su libertad tras detención migratoria

Inés Gómez Mont recurrió a una corte federal de Florida para intentar recuperar su libertad, luego de ser detenida por autoridades migratorias estadounidenses la semana pasada. Sus abogados presentaron una demanda de habeas corpus para cuestionar su permanencia bajo custodia y evitar que sea trasladada fuera del área de Miami. El juez Jeffrey Kuntz rechazó conceder una suspensión inmediata, pero ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) justificar los motivos de su arresto a más tardar este miércoles.

Información ampliada:

/mexico/2026/11/02/ines-gomez-mont-busca-amparo-en-estados-unidos-para-frenar-su-detencion-migratoria-en-florida/

Detienen a mujer y adolescente por intentar ingresar marihuana al Reclusorio Oriente

Una mujer de 31 años y un adolescente fueron detenidos cuando presuntamente intentaban ingresar marihuana al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa. Durante la revisión de visitantes, personal de custodia encontró entre sus pertenencias dos envoltorios con aproximadamente 75 gramos de hierba verde y seca, con características similares a la droga. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Marina identifica rutas de cocaína en la costa de Michoacán tras detener a tres presuntos líderes criminales

Tres presuntos líderes de una célula delictiva detenidos el pasado 29 de octubre estarían relacionados con el control de rutas marítimas utilizadas para introducir cocaína a México desde Centro y Sudamérica, de acuerdo con información de la Secretaría de Marina. La organización habría operado en la franja costera entre Faro de Bucerías y Huahua, en el municipio de Aquila, Michoacán, desde donde los cargamentos eran trasladados a distintos puntos del país. La dependencia señaló que las detenciones derivaron de labores de inteligencia naval y coordinación con otras instituciones.

Sonora reporta ‘cifra histórica’ de órdenes de aprehensión y cateos durante octubre

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que durante octubre cumplimentó 590 órdenes de aprehensión y ejecutó 189 cateos en 38 municipios, las cifras más altas para un solo mes, según la dependencia. Las intervenciones, realizadas por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en coordinación con corporaciones de seguridad, permitieron asegurar narcóticos, vehículos con reporte de robo, equipo táctico y cartuchos. Entre los resultados destacan seis artefactos explosivos improvisados localizados y neutralizados por personal de la Defensa en dos cateos realizados en Magdalena de Kino.

Balacera en establecimiento de bebidas alcohólicas deja cuatro muertos en Campeche

Una discusión entre dos hombres terminó en una balacera que dejó cuatro personas muertas y dos heridas en un establecimiento de bebidas alcohólicas de Mayatecún II, en el municipio de Champotón, Campeche. De acuerdo con los primeros testimonios recabados por las autoridades, uno de los involucrados habría sacado un arma de fuego y disparado contra quienes se encontraban en el lugar. La Fiscalía estatal inició las investigaciones, mientras que elementos de seguridad desplegaron un operativo para localizar al presunto responsable, sin que hasta el momento se reporten detenciones.

Información ampliada:

/mexico/2026/11/02/rina-en-establecimiento-de-bebidas-alcoholicas-deja-cuatro-muertos-y-dos-heridos-en-campeche/

Balean en Uruapan a escolta de la síndica municipal durante el aniversario del asesinato de Carlos Manzo

Un policía municipal asignado a la protección de la síndica de Uruapan, Hilda Flor del Campo Maldonado Medina, fue baleado durante la madrugada del 1 de noviembre, cuando la ciudad conmemoraba el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo. El agente, identificado como Cristian Jesús R. M., recibió un disparo en el abdomen en la colonia La Tamacua y fue trasladado a un hospital, donde los primeros reportes médicos lo reportaron fuera de peligro. La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer el móvil de la agresión, sin que hasta el momento se haya confirmado alguna relación con el homicidio del exalcalde o con el Movimiento del Sombrero.

Información ampliada:

/mexico/2026/11/02/balean-en-uruapan-al-escolta-de-la-sindica-municipal-el-ataque-ocurre-un-ano-despues-del-asesinato-de-carlos-manzo/

Abogado de César Jáuregui justifica versiones contradictorias sobre agentes de EEUU

El litigante aseguró que César Jáuregui no mintió sobre la presencia de dos agentes estadounidenses en el operativo de El Pinal, sino que informó conforme recibió nuevos datos sobre el accidente en la sierra Tarahumara, donde murieron cuatro personas. Como argumento, sostuvo que las versiones iniciales pueden corregirse conforme avanzan las investigaciones y recordó el caso del aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburo anunciado inicialmente como huachicol.

Entrevista completa:

/mexico/2026/11/02/defensa-de-cesar-jauregui-niega-contradicciones-sobre-agentes-de-eeuu-en-chihuahua-y-compara-caso-con-megadecomiso-de-huahicol-en-guanajuato/

Miranda explicó que él y sus acompañantes se hospedaron cerca del aeropuerto El Dorado debido a que, según afirmó, los hoteles de la zona estaban completos por el concierto de la banda BTS.

De acuerdo con su testimonio, al llegar a la portería les solicitaron los pasaportes y los escoltaron hasta el apartamento: “Tenía cinco vigilantes cuando entramos en la portería”. El denunciante señaló que ese despliegue de seguridad le generó confianza antes de que ocurriera el incidente.

El turista indicó que encontró una ventana rota al regresar al inmueble durante el segundo día de la reserva. Tras abrir la puerta, vio ropa esparcida en el suelo y se dio cuenta de que faltaban dos maletas que habían llevado desde Canadá.

Entre los objetos reportados como robados había un computador Mac de Apple, un iPad que, según dijo, había sido comprado recientemente en Canadá, dinero en efectivo y dólares, por lo que estimó que el valor total de las pérdidas superó los $15 millones de pesos colombianos.

La denuncia también planteó interrogantes sobre el ingreso de quienes habrían cometido el robo. El ciudadano afirmó que los guardias del edificio no mostraron sorpresa cuando les comunicaron lo sucedido. A partir de esa reacción, expresó sospechas sobre una posible participación o colaboración del personal de seguridad: “Todo apunta allá”.

El denunciante no compartió información sobre posibles registros de cámaras de seguridad o avances de la investigación que permitieran establecer responsabilidades, por lo que hasta ahora su planteamiento es solo una hipótesis.

Miranda afirmó que presentó una denuncia ante las autoridades

Según la versión difundida en la red social, el propietario del apartamento acompañó a los afectados a formalizar el reporte. El extranjero aseguró que agentes acudieron al lugar a las 8:00 a. m. del día siguiente para tomar huellas y elaborar un informe sobre el caso.

El denunciante señaló que cuenta con los documentos del procedimiento y que la investigación quedó en curso en Bogotá. El trámite con las autoridades alteró el itinerario del grupo, que debía continuar su viaje hacia Chile al día siguiente.

En el video, Miranda pidió que su caso fuera difundido y apeló a las autoridades y al sector turístico para que se esclarezca lo ocurrido: “Les pido ayuda, les pido su aporte para que este país, Colombia, y su ciudad, Bogotá, demuestren que hay una calidad de vida normal para poder hacer turismo”.

El extranjero comparó la seguridad de Chile con la de Colombia

Después de relatar el robo, Miranda publicó otro video en el que contrastó su experiencia en Colombia con la sensación de seguridad que, según dijo, tiene en el sur de Chile.

En esa grabación, aseguró que puede sacar su teléfono y usar joyas sin esperar ser víctima de un delito: “Aquí no es normal que roben. La gente no normaliza estas cosas”.

Además, afirmó que en Chile ocurren hechos delictivos, pero consideró que no alcanzan el nivel de lo que asegura vivió en Bogotá.

El ciudadano cerró esa publicación con la frase “Chile sigue siendo lo mejor de Latinoamérica sin duda”, una valoración personal posterior a la denuncia. El caso, basado en su relato público, sigue a la espera de las diligencias que adelanten las autoridades colombianas y a la eventual identificación de los responsables del hurto denunciado.

“Como presidenta de la República, he asumido el compromiso de tomar todas las decisiones necesarias para que vuelva el orden. Ya no vamos a esperar más a nadie. Ahora somos nosotros los que estamos saliendo en su búsqueda. Ahora son ellos los que van a tener miedo”, declaró en un vídeo difundido en X, antes Twitter.

La mandataria, que acaba de regresar de El Salvador, donde se reunió con su homólogo Nayib Bukele, sostuvo que su prioridad será garantizar la protección de los ciudadanos que no cometen delitos y defendió la respuesta del Estado frente a las organizaciones criminales.

“Si es que hay que escoger y elegir, es velar por los derechos humanos de las personas inocentes, de las personas de bien, y a ellos hay que cuidarlos de estas lacras delincuenciales”, manifestó.

Fujimori aseguró que las medidas de su administración se ajustarán al marco legal vigente y reivindicó la facultad del Estado para responder ante las amenazas contra la población. “Vamos a ejercer nuestro legítimo derecho a la defensa de todos los peruanos. Vamos a hacer uso legítimo de la fuerza: la fuerza de la ley, la fuerza de la Constitución, la fuerza del orden”, agregó.

Solo unos días antes, durante un acto oficial en El Salvador, la mandataria había señalado que “el Perú necesita nuevamente recuperar el orden” frente a “estas bandas criminales que no respetan fronteras”, a las que calificó de “grupos terroristas”.

“Recibimos con mucha alegría la invitación del presidente Bukele para conocer lo que se viene haciendo ya aquí de manera exitosa. Pero, además de las organizaciones criminales internacionales, enfrentamos también a organizaciones de narcotráfico y de minería ilegal. Sabemos que en el Perú necesitamos la construcción de cárceles, terminar seis que están en proceso. Hoy este recorrido nos va a inspirar mucho para poder replicar estas cárceles con todas estas iniciativas”, dijo.

Asimismo, expresó su intención de culminar en unos siete meses la construcción de dos megacárceles, a la “misma velocidad” con la que se levantó en El Salvador el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), un objetivo que, según precisó, “va a depender mucho de la decisión política y de los presupuestos, que están ya programados para el próximo año”.

“Así es que yo estoy muy optimista de que nosotros vamos a poder implementar estas cárceles y además con el respaldo que estamos sosteniendo por parte de la Policía, de las Fuerzas Armadas y del sistema de justicia, creemos que poco a poco vamos a ir viendo que las estadísticas en cuanto a la lucha contra la delincuencia van a ir dando resultados muy positivos”, acotó.

Fujimori apuntó que en Perú tienen “seis cárceles que están paralizadas” y que “estas van a ser destrabadas como muchas de las obras que estamos destrabando desde que hemos iniciado el Gobierno”.

“Pero además de estas seis cárceles que vamos a destrabar, tenemos dentro de nuestro plan hacer dos grandes cárceles. Una para delincuentes de alta peligrosidad y la otra gran cárcel es para delincuentes comunes donde se implementarán talleres de trabajo”, refirió.

A diferencia de otros funcionarios que han visitado esta prisión de máxima seguridad, la jefa de Estado se limitó a visualizar el área de control e inspección de internos y la sala de armería, sin recorrer uno de los pasillos donde se encuentran encarcelados los pandilleros.

Dos centros de rehabilitación para personas con problemas de adicciones fueron atacados a balazos durante la tarde del domingo 1 de noviembre en Mazatlán, Sinaloa. Las agresiones ocurrieron en menos de cuatro horas en distintos sectores del puerto y dejaron tres personas muertas y cinco heridas.

El primer ataque se registró alrededor de las 12:30 horas en un inmueble acondicionado como centro de tratamiento contra las adicciones, ubicado en la colonia Felipe Ángeles, cerca del cruce de las calles Mayor J. Osuna y Acapulco.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados que viajaban en motocicletas llegaron al establecimiento y dispararon contra las personas que se encontraban en el acceso. Durante la agresión murieron dos internos identificados como Jesús, de 40 años, y Kevin, de 25.

Una tercera persona resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar después de recibir un reporte al número de emergencias 911, mientras que paramédicos auxiliaron a las víctimas.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes para recabar indicios y establecer las circunstancias del ataque.

Segundo ataque dejó un muerto y cuatro heridos

Menos de cinco horas después, alrededor de las 16:50 horas, se reportó una segunda agresión armada contra otro centro de rehabilitación, esta vez en la colonia Flores Magón.

El establecimiento se encontraba sobre la calle Azucena, entre Madre Selva y Jazmín, cerca de unas canchas deportivas donde se desarrollaba un partido de futbol.

Los primeros informes señalaron que hombres armados dispararon desde un vehículo en movimiento contra un grupo de internos que se encontraba en la calle, frente al inmueble, mientras observaba el encuentro deportivo.

Una persona murió en el lugar y otras cuatro resultaron heridas. Durante la agresión, algunos internos corrieron para escapar de los disparos, pero dos de ellos cayeron lesionados a unas dos cuadras del establecimiento.

Paramédicos de Bomberos Veteranos y de la Cruz Roja Mexicana trasladaron a los heridos a hospitales para recibir atención médica. Después de la balacera, el resto de los internos fue evacuado y algunos se retiraron del lugar por sus propios medios.

La zona quedó bajo resguardo de policías municipales y estatales, quienes esperaron la llegada de peritos de la Fiscalía para procesar la escena y realizar el levantamiento del cuerpo.

Hasta los primeros reportes sobre el caso no se había informado de personas detenidas por esta segunda agresión.

Investigan los ataques contra centros de rehabilitación

Los dos establecimientos fueron atacados durante la misma tarde en sectores distintos de Mazatlán. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado que exista una relación entre ambas agresiones ni han presentado una hipótesis sobre los motivos de los ataques.

En el primer establecimiento, los agresores habrían llegado en motocicletas, mientras que en el segundo dispararon desde un vehículo en movimiento. Las diferencias en las circunstancias de ambos hechos deberán ser consideradas durante las investigaciones.

Elementos del Ejército Mexicano desplegaron operativos de búsqueda para localizar a los responsables después de las agresiones, mientras que personal ministerial inició las diligencias para integrar las carpetas de investigación.

El saldo conjunto fue de tres personas asesinadas y cinco lesionadas en los dos centros de rehabilitación, sin que hasta ahora se haya informado si alguno de los establecimientos había recibido amenazas previas o si sus responsables tenían antecedentes de denuncias.

La Fiscalía estatal deberá establecer si los internos fueron atacados por su permanencia en esos lugares o si las agresiones estaban dirigidas contra personas específicas que se encontraban dentro de los inmuebles.

Dos hombres más fueron asesinados dentro de un automóvil en Cima Horizonte

La jornada violenta del domingo dejó otras dos víctimas mortales en el fraccionamiento Cima Horizonte, al norte de Mazatlán. Hombres armados que viajaban en motocicletas dispararon contra los ocupantes de un automóvil Hyundai Grand i10 blanco, estacionado sobre la calle Cima de las Rocas.

Tras la agresión, uno de los hombres quedó sin vida en el asiento del copiloto, mientras que el conductor alcanzó a abrir la puerta y cayó sobre la vialidad. Paramédicos acudieron al lugar, pero confirmaron que ambos habían muerto por las heridas de bala. Hasta los reportes consultados, las víctimas no habían sido identificadas y tampoco se había informado sobre personas detenidas.

Con este doble homicidio, los ataques a los dos centros de rehabilitación y la agresión contra los ocupantes del automóvil, Mazatlán acumuló cinco personas asesinadas y cinco heridas durante el 1 de noviembre. No hay información que permita establecer una relación entre los tres episodios.

Deep Ellum, el barrio de bares y música en vivo más frecuentado de Dallas, fue escenario de tres tiroteos que interrumpieron las celebraciones de Halloween y dejaron cuatro muertos y al menos 15 heridos en menos de cuatro horas.

El distrito, habitualmente animado los fines de semana, estaba colmado de personas disfrazadas cuando comenzaron los disparos pasada la medianoche del domingo 1 de noviembre de 2026.

Según la Policía de Dallas, la primera llamada de emergencia llegó a las 12:19 a.m. desde la cuadra 2600 de Elm Street; la segunda, poco después de la 1 a.m. en Main Street —a una cuadra del primer escenario—, donde murieron tres personas; y la tercera cerca de las 3:30 a.m. en South Ervay Street, con un fallecido adicional.

Entre el primero y el segundo episodio transcurrieron entre 30 minutos y una hora, según el propio Daniel Comeaux, jefe de la Policía, quien también cifró en aproximadamente 15 los lesionados en los tres escenarios y advirtió que el número podía seguir subiendo porque varias personas llegaron a los hospitales por sus propios medios.

Lo que confirmó el jefe de Policía

Comeaux precisó que en dos de los escenarios hubo víctimas fatales, mientras que en el tercero no hubo muertos aunque sí varios de los heridos contabilizados. Las investigaciones en los tres puntos siguen abiertas.

Las autoridades detuvieron al menos a un sospechoso y lo interrogaron junto a testigos presenciales, aunque no se anunciaron cargos formales ni se divulgaron identidades.

El jefe policial confirmó que la búsqueda de responsables continúa y pidió a la ciudadanía que aporte videos, fotos o cualquier material de redes sociales que haya registrado los hechos.

“Si tienen algo, aunque crean que no muestra nada relevante, contáctenlos. Estoy bastante seguro de que alguien captó el material que nos puede ayudar”, afirmó.

En uno de los episodios, un oficial realizó maniobras de reanimación en el lugar y logró estabilizar a una de las víctimas. Comeaux destacó los tiempos de respuesta: uno de los efectivos estaba a menos de dos cuadras cuando sonaron los disparos y llegó al lugar de forma inmediata.

FOX 4 informó que fuentes policiales consideran que los tres escenarios no guardan conexión entre sí. Varios bloques del barrio fueron clausurados y efectivos de distintas unidades de la ciudad fueron convocados para gestionar los frentes simultáneos.

La investigación incluirá la revisión de cámaras de vigilancia —el departamento opera un sistema de cámaras fijas en el área— y un recorrido negocio por negocio en busca de grabaciones privadas.

Las escenas y el contexto de la noche

Cinco de las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales cercanos y no tenían participación en los hechos, según la Policía de Dallas citada por CBS News Texas.

En uno de los escenarios, cerca de Commerce Street y South Crowdus Street, un automóvil colisionó contra varios vehículos estacionados, según imágenes difundidas desde el lugar.

La violencia en Deep Ellum no fue un hecho aislado esa noche. En Birmingham, Alabama, un muerto y nueve heridos se registraron tras un tiroteo afuera del estadio Legion Field durante el clásico de fútbol americano Magic City Classic.

En Fairfield, California, una mujer embarazada de 31 años murió y seis personas resultaron heridas en un centro comercial.

En Newark, Delaware, seis personas fueron baleadas cerca del campus de la Universidad de Delaware.

Los antecedentes del barrio

Aproximadamente seis meses atrás, otro tiroteo en Deep Ellum dejó a un guardia de seguridad muerto y a cinco personas heridas.

La recurrencia de incidentes en uno de los barrios de entretenimiento nocturno más concurridos de Dallas volvió a colocar la seguridad del distrito en el centro del debate.

Consultado al respecto, Comeaux defendió el trabajo policial y mencionó el programa de oficiales de policía municipal (MPO), que destina efectivos a patrullaje comunitario permanente en la zona. “Mientras sea jefe de policía, no vamos a abandonar el programa MPO”, subrayó. Las autoridades no descartaron realizar nuevas detenciones.

David Castro, conocido como “El Gallo” dentro de la música regional mexicana, murió tras ser alcanzado por una bala perdida durante un ataque armado en Cuautitlán, Estado de México.

El locutor circulaba en bicicleta cuando quedó en medio de una agresión dirigida presuntamente contra otro hombre, quien también falleció.

Los hechos ocurrieron el jueves 29 de octubre, aunque la identidad del comunicador se dio a conocer durante la mañana del viernes 30.

La noticia provocó consternación entre sus colegas y seguidores, además de una confusión que obligó a otro locutor, identificado también como “El Gallo”, a desmentir su supuesta muerte después de que algunos medios utilizaran equivocadamente su fotografía.

¿Quién era David Castro, el locutor conocido como “El Gallo”?

David Castro desarrolló su trayectoria profesional como locutor especializado en música regional mexicana, particularmente en el género grupero.

Su trabajo estuvo relacionado con estaciones de radio como La Mejor FM y La Z, espacios desde los cuales mantuvo contacto con artistas, promotores y seguidores del género.

Además de su actividad radiofónica, se desempeñaba como organizador, promotor artístico y conductor de eventos masivos.

En sus redes sociales compartía fotografías de sus participaciones en programas y espectáculos musicales, actividades que le permitieron construir una carrera dentro del entretenimiento en el Estado de México.

De acuerdo con reportes locales, tenía aproximadamente 34 años al momento de su fallecimiento.

¿Cómo murió David Castro durante el ataque en Cuautitlán?

La agresión ocurrió sobre la calle Melchor Ocampo, casi esquina con Plan de Ayala, en las inmediaciones de la Escuela Secundaria General número 43, Luis Guevara Ramírez.

Según información policial recogida por La Jornada, dos hombres que viajaban en motocicleta dispararon contra otro motociclista, aparentemente el objetivo del ataque.

En ese momento, David Castro transitaba por la zona a bordo de una bicicleta y fue alcanzado por uno de los proyectiles.

El comunicador cayó sobre el pavimento y murió en el lugar.

La otra víctima, un hombre de aproximadamente 26 años, también perdió la vida como consecuencia de los disparos.

La balacera provocó una movilización de policías municipales, personal ministerial y servicios de emergencia.

De acuerdo con reportes locales, estudiantes de la secundaria cercana permanecieron resguardados mientras las autoridades atendían la situación.

Los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro regional para realizar las diligencias correspondientes.

Luis Martínez, locutor de La Ke Buena, desmiente su muerte: “Estoy bien”

La difusión del homicidio provocó otra controversia después de que algunas publicaciones utilizaran una fotografía de Luis Martínez, también conocido como “El Gallo”, quien trabaja en La Ke Buena.

Ante los mensajes de preocupación, el comunicador publicó una aclaración en sus redes sociales. “QUIERO ACLARAR QUE ESTOY BIEN!”, escribió.

Posteriormente, explicó: “En redes sociales está circulando una noticia sobre el fallecimiento de un locutor, en la que están utilizando mi fotografía por error”.

Martínez enfatizó que no era la persona fallecida. También expresó sus condolencias a la familia de David Castro y solicitó compartir su aclaración para evitar nuevas confusiones.

¿Qué se sabe de los responsables del asesinato de “El Gallo”?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga el doble homicidio para identificar a los agresores y esclarecer el móvil.

Los primeros reportes señalan que el ataque estaba dirigido contra el otro motociclista y que Castro habría sido una víctima circunstancial.

Sin embargo, esa hipótesis todavía debe ser esclarecida mediante las investigaciones ministeriales.

Hasta el 31 de octubre no se habían reportado detenciones por el ataque. Las autoridades buscan identificar a los dos sujetos que dispararon desde una motocicleta y determinar las circunstancias en las que David Castro perdió la vida mientras circulaba por Cuautitlán.

El operativo comenzó tras un llamado al 911 que alertaba un robo en curso a un local de teléfonos celulares. La Policía Bonaerense actuó con celeridad y varios agentes que patrullaban el centro se acercaron al lugar. Los ladrones, al salir del negocio, se vieron rodeados. Ante esa situación, uno sujetó por el cuello desde atrás a una mujer de 40 años y la retuvo a punta de pistola, usándola como escudo humano.

Las imágenes de las cámaras municipales y los videos filmados por vecinos muestran ese momento. Con un arma en la otra mano, el asaltante empezó a retroceder por la peatonal, mientras efectuaba disparos contra los policías que lo seguían a pie.

En uno de las filmaciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales, tomada desde el interior de una peluquería, se escuchan numerosas detonaciones mientras el ladrón intenta escapar con la vecina de rehén. El otro sospechoso llevaba casco y una mochila, donde presuntamente había guardado parte de los teléfonos robados.

Durante la fuga, este último intentó llevarse una de las motos estacionadas en la zona, pero no logró encenderla. Luego la arrastró por la calle, mientras su cómplice continuaba con la rehén delante de él.

A pocos metros, el hombre armado se cruzó con un repartidor que caminaba junto a su moto. Según se observa en los videos, le apuntó, en aparente intento de quitarle el vehículo. Pero en ese mismo instante, su cómplice cayó herido tras recibir disparos policiales.

Al ver caer a su cómplice, el hombre que retenía a la mujer se rindió: soltó el arma, liberó a la vecina y levantó las manos. Los agentes lo redujeron contra el suelo. En las imágenes se le observa sangre en el rostro, aunque no se precisó en qué momento sufrió lesiones. Fue trasladado a la Comisaría Primera de la ciudad.

La mujer, aún afectada por lo ocurrido, abrazó al repartidor apenas recuperó la libertad. Poco después, fue asistida por personal médico, mientras que una ambulancia trasladó consciente al asaltante que llevaba el casco y la mochila. Tenía heridas en la pierna izquierda y el brazo derecho.

Fuentes policiales identificaron a los detenidos como Julián Crespo, de 21 años, y Eduardo Gómez Sosa, de 28. El parte indicó que Crespo vive en la villa Cri Cri, de la ciudad de Garín, en el partido de Escobar, mientras que Gómez Sosa reside en el barrio San Jerónimo, una villa usurpada de Pilar. Hasta el momento, no se establecieron antecedentes para ninguno de los dos.

Entre sus pertenencias tenían una pistola calibre 9 milímetros con numeración suprimida, $30.000, USD 1.400 y 12 celulares iPhone. Todo quedó secuestrado al igual que la moto Honda Transalp 750 con la que intentaron escapar, sin poder hacerla arrancar. Los efectivos que participaron del operativo no resultaron heridos.

La causa fue caratulada como abuso de arma y lesiones y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Zárate, con el fiscal Fernando Martín Reinas en turno, quien no dudó del trabajo de la Bonaerense y dispuso que la investigación quedara en manos de esa fuerza.

Un policía que estaba franco de servicio se defendió de un intento de robo y mató a uno de los dos motochorros que lo asaltaron este sábado por la mañana en la localidad de Altos de San Lorenzo, cerca del límite con Barrio Aeropuerto, en La Plata.

El episodio ocurrió en la zona de 606, entre las calles 14 y 15. De acuerdo con la reconstrucción parcial que se conoció hasta ahora, el efectivo fue interceptado por un hombre y una mujer que circulaban en una moto con fines de robo.

El sospechoso que iba como acompañante habría sacado un arma y le disparó al policía, aunque no llegó a herirlo. El agente respondió al ataque con su arma reglamentaria. El hombre murió en el lugar. La versión policial fue corroborada a Infobae por fuentes judiciales.

Ante esta situación, la mujer escapó en la moto y, según la información inicial, se llevó el arma que habría utilizado el asaltante fallecido. Por ese motivo, uno de los puntos centrales de la investigación será determinar su paradero y recuperar esa pistola.

Las fuentes consultadas por este medio identificaron al fallecido como A.M.A.C., quien había recuperado la libertad el 28 de julio pasado tras permanecer alojado en la Unidad Penitenciaria Nº35 de Magdalena.

A.M.A.C. tenía antecedentes por una tentativa de robo de 2022 y registraba una orden de captura activa desde el martes pasado, en una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego y cometido en poblado y en banda, tramitada bajo el número 53809 ante el Juzgado de Garantías Nº3 de La Plata.

En tanto, la cómplice fue identificada como P.A.C., también mayor de edad y con historial delictivo: según la información incorporada a la causa, registra antecedentes y expedientes por estafa y falso testimonio desde 2020.

Además, la mujer tenía una orden de captura vigente desde marzo del año pasado por tentativa de estafa, una restricción perimetral dictada en febrero de este año por atentado contra la autoridad y un pedido de paradero activo desde el 14 de julio, en una causa por robo agravado a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº15 de Cañuelas.

Hacia esta tarde, la Policía Científica seguía trabajando en la escena, donde también se acercaron familiares del fallecido.

Los investigadores ahora deberán establecer la secuencia completa del ataque, analizar las armas involucradas y definir si corresponde adoptar alguna medida procesal sobre el efectivo que intervino en el hecho. El caso está en manos del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, titular de la UFI Nº3 de La Plata.

Un video de la casa de su padre fue utilizado para intimidar a una víctima de extorsión en Xalapa. Las llamadas comenzaron el 8 de octubre, cuando un hombre le exigió 50 mil pesos y estableció pagos mensuales de 15 mil pesos. La presión aumentó hasta que la cantidad solicitada llegó a 95 mil pesos, por lo que la persona afectada acudió a denunciar ante la Fiscalía de Veracruz.

La investigación derivó en la detención de José Antonio “N”, quien fue intervenido en flagrancia el 28 de octubre por elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS). Durante el operativo, los agentes aseguraron un sobre amarillo que presuntamente contenía el dinero exigido, un teléfono celular que habría sido utilizado para cometer el delito y un vehículo.

El detenido quedó a disposición del fiscal especializado, quien determinará su situación jurídica. La Fiscalía General del Estado (FGE) lo señala por su probable responsabilidad en el delito de extorsión, en la modalidad de cobro de piso.

El caso muestra una de las formas en que se ejerce la presión económica contra las víctimas en Veracruz: las exigencias de dinero acompañadas de amenazas que involucran a sus familiares. Sin embargo, no es el único mecanismo documentado durante 2026. En otras investigaciones, las autoridades han identificado esquemas en los que grupos delictivos obligaban a pequeños comerciantes a instalar máquinas tragamonedas o exigían pagos para permitirles mantener abiertos sus establecimientos.

De las llamadas telefónicas a las amenazas contra familiares

La investigación de Xalapa comenzó después de que la víctima recibiera comunicaciones telefónicas con exigencias económicas. La serie de intimidaciones incluyó un video de la vivienda del padre de la persona afectada. Posteriormente, la exigencia aumentó hasta llegar a 95 mil pesos, situación que llevó a presentar una denuncia ante la UECS, con sede en la capital veracruzana.

La Fiscalía no detalló cómo se obtuvo la grabación ni si hubo otras amenazas directas contra integrantes de la familia. Tampoco precisó cuánto dinero contenía el sobre asegurado durante la detención.

La intervención del 28 de octubre permitió detener al presunto responsable y asegurar objetos que, de acuerdo con la investigación, estarían relacionados con la extorsión.

Máquinas tragamonedas, otra forma de extorsionar a pequeños comerciantes

En febrero de 2026, la Fiscalía de Veracruz documentó una modalidad distinta de cobro de piso en Xalapa: grupos delictivos presuntamente obligaban a pequeños comerciantes a permitir la instalación de máquinas tragamonedas en sus establecimientos y exigían pagos a quienes se negaban.

El 3 de febrero, elementos de la UECS, en coordinación con fuerzas federales y estatales, realizaron cateos en 15 establecimientos de distintas colonias de la capital veracruzana. Durante las diligencias aseguraron 180 máquinas tragamonedas que, según las investigaciones ministeriales, presuntamente pertenecían a un grupo delictivo.

La Fiscalía señaló que el mecanismo consistía en expandir la colocación de estos aparatos en negocios comerciales y exigir el pago de derecho de piso a los propietarios que rechazaban instalarlos.

La operación no se limitó a Xalapa. Ese mismo día, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó un cateo en un inmueble de la colonia Centro de Coatepec, donde aseguró 10 máquinas tragamonedas y dos motocicletas. En este expediente, la investigación federal se inició por una probable violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a partir de una denuncia sobre la presencia de estos aparatos cerca de planteles educativos.

Aunque ambos operativos ocurrieron en municipios cercanos y estuvieron relacionados con máquinas tragamonedas, las autoridades no establecieron que correspondieran a una misma organización ni que las investigaciones federales y estatales formaran parte de un solo expediente.

Comerciantes de Orizaba y Coatzintla también denunciaron cobros de piso

Las investigaciones ministeriales registraron otros casos durante 2026 en los que comerciantes fueron presuntamente presionados para entregar dinero a cambio de poder mantener sus actividades.

En Orizaba, un hombre identificado como Rodrigo “N” fue detenido el 5 de marzo cuando presuntamente exigía a un comerciante el pago de una cuota por cobro de piso. La Fiscalía estatal presentó datos de prueba para imputarlo por extorsión agravada, cohecho y delitos contra la salud.

La investigación también señaló que el detenido habría intentado obligar al comerciante a vender narcóticos en su establecimiento. Durante la intervención, los agentes le aseguraron bolsas con pastillas de metanfetamina.

Un juez de control le impuso prisión preventiva oficiosa mientras continuaba el proceso penal 90/2026.

Meses después, en la zona norte de Veracruz, la Fiscalía informó sobre otros expedientes relacionados con exigencias económicas a comerciantes.

Uno de ellos ocurrió el 10 de octubre en la colonia Adolfo Ruiz Cortines, en Coatzintla. Según las indagatorias, Juan “N” acudió acompañado de otros sujetos a un establecimiento comercial para exigir dinero bajo el concepto de cobro de piso.

El 29 de octubre, la UECS consiguió su imputación formal por el delito de extorsión agravada. Un juez de control ratificó la prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso penal 492/2026.

En otro expediente de la misma región, Jorge Alberto “N” y Zita “N” fueron vinculados a proceso por presuntamente exigir dinero a un comerciante de Coatzintla bajo la misma modalidad. Ambos quedaron sujetos a prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación judicial.

Los casos corresponden a expedientes distintos y no permiten establecer que los señalados pertenezcan a una misma estructura criminal. Sin embargo, documentan que las exigencias económicas contra establecimientos comerciales han sido investigadas en diferentes municipios de Veracruz.

Más de 5 mil líneas telefónicas utilizadas para extorsionar fueron inhabilitadas

La dimensión del problema también aparece en los registros de la Fiscalía estatal sobre extorsión telefónica.

Entre enero y septiembre de 2026, la dependencia reportó la inhabilitación de 5 mil 447 líneas telefónicas presuntamente utilizadas para cometer este delito. La cifra fue difundida por la Fiscalía a través de las acciones de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión.

El desglose reportado fue de 4 mil 371 números desactivados entre enero y julio, otros 635 durante agosto y 441 en septiembre.

La dependencia explicó que esas líneas eran utilizadas para contactar, amenazar, engañar o intimidar a posibles víctimas con la finalidad de obtener un beneficio económico.

También advirtió que los extorsionadores pueden aprovechar información publicada en redes sociales, así como datos personales y familiares, para construir situaciones de riesgo y generar temor entre quienes reciben las llamadas.

Por ello, la UECS recomendó evitar compartir ubicaciones, viajes y rutinas, además de verificar directamente cualquier situación relacionada con familiares que sean mencionados durante una comunicación sospechosa.

En caso de recibir amenazas o exigencias económicas, la Fiscalía aconsejó interrumpir la llamada, no realizar depósitos ni transferencias, bloquear el número telefónico y conservar los mensajes o capturas de pantalla para presentar una denuncia.

Las 5 mil 447 líneas inhabilitadas no representan el número de víctimas ni de carpetas de investigación por extorsión, sino el total de números telefónicos que las autoridades reportaron como desactivados durante los primeros nueve meses del año.

Los expedientes de Xalapa, Orizaba y Coatzintla muestran distintas formas de presión económica contra comerciantes y particulares: desde la imposición de máquinas tragamonedas hasta las llamadas con amenazas que involucran a familiares. En todos los casos, las investigaciones ministeriales deberán establecer las responsabilidades individuales y determinar si existen otros participantes.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur de Chihuahua desplegó un operativo de búsqueda en el municipio de Balleza para verificar el reporte sobre siete personas que presuntamente habrían sido privadas de la libertad en la zona serrana, luego de que un familiar alertara a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Guillermo Hinojos Hinojos, fiscal de Distrito Zona Sur, informó que la llamada se recibió después de la medianoche del jueves 29 de octubre. Según explicó, un familiar de una de las posibles víctimas solicitó apoyo luego de que una persona que supuestamente se encontraba retenida lograra comunicarse y proporcionara una ubicación donde estarían las demás.

A partir de ese aviso, personal de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas se movilizó hacia el área de El Vergel, en Balleza, para realizar recorridos y tratar de localizar el punto señalado.

El funcionario precisó que —hasta el momento de sus declaraciones— la Fiscalía no había recibido una denuncia formal por desaparición ni un reporte ante el Ministerio Público relacionado con estos hechos. Por ello, tanto el número de personas que podrían estar privadas de la libertad como las circunstancias del caso permanecían sin confirmación oficial.

Una llamada alertó sobre posibles víctimas en la zona serrana

La información sobre el caso comenzó a circular luego de que medios locales reportaran que una mujer había perdido contacto con su esposo mientras este viajaba por la región serrana. Según esas versiones, el hombre habría logrado comunicarse con ella y compartirle una ubicación para pedir ayuda.

Una de las primeras versiones periodísticas situó la presunta privación de la libertad en las inmediaciones de El Vergel, comunidad de Balleza, durante un trayecto entre Hidalgo del Parral y Guadalupe y Calvo. Otros reportes mencionaron la localidad de Guajolotes como el punto que habría sido compartido a través de la comunicación telefónica.

La información difundida por medios de la región también señaló que el hombre habría dicho que no estaba solo y que otras seis personas se encontraban retenidas. Sin embargo, la Fiscalía no ha confirmado públicamente la identidad de los posibles afectados ni que sean siete las personas involucradas.

Tampoco existe confirmación oficial sobre versiones que apuntan a que algunas personas habrían sido torturadas o asesinadas en el sitio donde supuestamente permanecen los cautivos. Esos señalamientos forman parte de los reportes difundidos después de la alerta, pero no han sido corroborados por las autoridades.

Fiscalía busca verificar la ubicación proporcionada

El despliegue de personal en El Vergel tiene como objetivo localizar el punto referido durante la llamada y establecer si existen personas privadas de la libertad. La Fiscalía no ha informado sobre un rescate, detenciones o hallazgos relacionados con el reporte.

La falta de una denuncia formal tampoco significa que las autoridades hayan descartado la alerta. Hinojos Hinojos confirmó que se activaron labores de búsqueda a partir de la comunicación recibida por el sistema de emergencias, mientras los agentes se trasladaban a la zona señalada.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación y la información disponible no permite establecer cuántas personas podrían estar involucradas, cuándo habría ocurrido la presunta privación de la libertad ni quiénes serían los responsables.

Homicidios, restos óseos y aseguramientos de armas: los antecedentes de violencia en Balleza

La comunidad de El Vergel registra antecedentes de homicidios y búsquedas relacionadas con personas desaparecidas. El 10 de agosto de 2024, un hombre identificado como David Pavel V. L., de 34 años, fue localizado sin vida en un callejón conocido como Sunny, con heridas producidas por arma blanca. Cuatro días después, la Fiscalía confirmó el hallazgo de otro hombre muerto, colgado de un árbol y con huellas de tortura, en el camino que conduce de El Vergel a la laguna Juanota.

Los hallazgos violentos continuaron en 2026. El 1 de febrero, fue localizado un hombre con impactos de bala en una brecha de la región de El Vergel, en el sector conocido como Las Antenas, rumbo a San Juan de los Iturralde. El 28 de julio, habitantes reportaron el hallazgo de dos hombres asesinados a balazos en las afueras de la misma comunidad.

Las investigaciones por desaparición también han llevado a las autoridades a realizar rastreos en puntos específicos de Balleza. En septiembre de 2024, durante una búsqueda en Cabeza de Venado, localidad de El Vergel, la Fiscalía encontró fragmentos presumiblemente óseos con alteración térmica. En mayo de 2025, agentes ministeriales, peritos y familiares de personas desaparecidas inspeccionaron otros cinco mil metros cuadrados en esa comunidad, aunque entonces no localizaron indicios de interés criminalístico.

Uno de los antecedentes más recientes corresponde precisamente al ejido Guajolotes. El 2 de septiembre de 2026, durante un rastreo en Mesa Pareja, personal de la Fiscalía localizó restos óseos con alteración térmica, seis casquillos calibre .223, dos calibre 7.62 por 39 milímetros y dos ojivas. Los restos fueron enviados a análisis para determinar si eran de origen humano y si podían relacionarse con alguna investigación por desaparición.

La presencia de personas armadas y vehículos robados también ha motivado intervenciones en el municipio. El 28 de agosto de 2025, un equipo integrado por agentes estatales y militares aseguró una camioneta con reporte de robo en la carretera Balleza-Guachochi; en su interior encontró dos fusiles, cargadores y 310 cartuchos útiles. Dos días después, en el ejido Guajolote, autoridades estatales aseguraron siete vehículos, cinco de ellos con reporte de robo, además de explosivos y equipo táctico.

El 7 de octubre de 2026, la Fiscalía reportó otro enfrentamiento entre civiles armados y militares en la localidad de Pinalejo, municipio de Balleza. Dos agresores murieron y las autoridades aseguraron fusiles AK-47 y AR-15, cargadores, municiones y cinco vehículos.

Estos hechos documentan antecedentes de homicidios, desapariciones, hallazgos de restos y aseguramientos de armamento en Balleza, incluidos puntos cercanos a El Vergel y Guajolotes. No existe información que permita vincularlos con el reporte sobre las siete posibles víctimas, ni utilizarlos para dar por ciertas las versiones de tortura o asesinato difundidas después de la llamada al 911.

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo emitió este día 30 de octubre una alerta de seguridad oficial en la que advierte a sus ciudadanos sobre un patrón delictivo de:

• Asaltos
• Agresiones sexuales
• Suministro de sustancias ilícitas contra viajeros en la República Dominicana.

Por lo que, la representación diplomática instó a quienes visitan la nación caribeña a extremar sus precauciones individuales ante denuncias periódicas de personas que resultaron drogadas y despojadas de sus pertenencias tras concretar encuentros sociales o alojarse en hospedajes privados.

Además, el aviso consular puntualizó que los agresores recurren a aplicaciones digitales de citas románticas, además de frecuentar bares y discotecas, para entrar en contacto con extranjeros.

De acuerdo con el documento diplomático, varias víctimas perdieron el conocimiento tras ingerir bebidas adulteradas con drogas sedantes suministradas por personas recién conocidas, lo que derivó en robos de dinero, pertenencias de valor o ultrajes sexuales en diferentes puntos turísticos y urbanos.

Las autoridades estadounidenses subrayaron que este tipo de delitos ya no ocurre exclusivamente en espacios públicos o traslados nocturnos. Los atacantes trasladan o citan a los turistas a viviendas de alquiler a corto plazo y hoteles, inmuebles donde los perpetradores ejecutan los despojos sin que las personas afectadas logren solicitar ayuda a tiempo.

Por este motivo, el Departamento de Estado de EEUU mantiene al país caribeño en el nivel dos de precaución de viaje, directriz que recomienda no acudir a sitios aislados, evitar el consumo de tragos desatendidos y coordinar encuentros únicamente en áreas públicas concurridas.

Los robos cayeron un 40.5% según los registros policiales dominicanos

El llamado de precaución consular coincide con la divulgación de las estadísticas de seguridad ciudadana presentadas por el Gobierno de la República Dominicana. Durante una sesión de la Fuerza de Tarea Conjunta encabezada por el presidente Luis Abinader, las autoridades informaron que los robos registraron una disminución del 40.5% al registrar 3,504 hechos frente a los 5,891 del período previo, según los cómputos oficiales al 25 de septiembre.

Esta cifra ratificó una tendencia a la baja frente a años anteriores, con reducciones acumuladas del 45.7% respecto a 2024 y del 55.4% en contraste con 2022.

No obstante, las autoridades reconocieron que la inquietud por atracos callejeros persiste entre los habitantes y los visitantes extranjeros que transitan fuera de los complejos hoteleros vigilados por la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur).

Las fuerzas de seguridad decomisaron armas y sustancias controladas en septiembre

Entre el primero y el 25 de septiembre de 2026, los cuerpos policiales y militares dominicanos ejecutaron más de 1,7 millones de acciones preventivas para contener los delitos comunes y el tráfico de sustancias ilícitas.

Durante ese mismo lapso de 25 días, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) desarrolló 32,826 intervenciones contra el microtráfico en todo el país. Los operativos derivaron en la captura de 3,121 personas y el decomiso de aproximadamente 737 kilogramos de narcóticos, además de la retención de 71 armas y 86 motocicletas.

Pese al volumen de estos operativos estatales y a la reducción general de los índices delictivos en septiembre, el aviso emitido por la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo expone que las redes delictivas continúan vulnerando a los turistas mediante modalidades encubiertas. Los reportes consulares confirman que los delincuentes eluden los controles callejeros al contactar a las víctimas en plataformas de citas y locales de ocio.

Un hombre murió y otro resultó herido de gravedad durante un presunto secuestro y robo en una vivienda cercana a la Universidad Nacional, en Medellín.

Según información de El Colombiano, el hecho ocurrió hacia las 2:00 a. m. de este viernes en una casa ubicada frente al parqueadero de motocicletas de la sede universitaria. Cerca de 10 hombres armados habrían ingresado al lugar para robar las pertenencias de los ocupantes.

En el inmueble había ocho personas, a quienes los atacantes ataron de pies y manos. Dos hombres fueron agredidos con armas blancas y objetos contundentes.

Uno de ellos murió, mientras que el otro fue trasladado por su compañera sentimental a un centro asistencial cercano. Su estado de salud es crítico.

Las autoridades cerraron varias vías de los alrededores de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, mientras realizan las diligencias para esclarecer el caso e identificar a los responsables.

Reporte de las autoridades

Sobre los hehcos la Policía de Medellín le confirmó a Infobae Colombia que un joven de 19 años murió y un ciudadano venezolano de 20 resultó herido tras un asalto en una vivienda del barrio Nueva Villa La Iguaná, en Medellín, cerca de la Universidad Nacional de Colombia.

El hecho ocurrió hacia las 2:00 de la madrugada de este viernes 30 de octubre. Según el testimonio de una de las víctimas, ocho hombres ingresaron a la residencia mientras sus ocupantes dormían, los amenazaron con armas blancas y de fuego, y les robaron $300.000 y tres teléfonos celulares.

Durante el ataque, los responsables amordazaron a los habitantes de la casa e hirieron con arma cortopunzante al esposo y al hermano de la denunciante.

La mujer trasladó a su esposo, un ciudadano venezolano de 20 años, a la unidad hospitalaria Policlínica. Más tarde, una patrulla que acudió al lugar encontró sin vida al hermano de la afectada, de 19 años, que presentaba varias heridas que habrían sido causadas con un arma cortopunzante.

Las autoridades investigan el homicidio y el robo ocurrido en inmediaciones de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Panorama de los delitos en Medellín durante 2026

Medellín registró una reducción en los homicidios durante 2026, aunque la extorsión, los robos y las actividades de estructuras criminales siguieron entre las principales preocupaciones de seguridad.

• Homicidios: con corte a septiembre, la ciudad acumulaba 183 asesinatos, frente a 249 en el mismo período de 2025, una reducción del 27%. La Alcaldía informó que septiembre cerró con cinco homicidios, la cifra mensual más baja de su registro histórico. También reportó descensos en homicidios relacionados con estructuras criminales, hurtos y uso de armas de fuego.
• Extorsión: este delito mantuvo una tendencia al alza. Hasta el 16 de octubre, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá registraba 758 denuncias, nueve más que en igual período de 2025. La modalidad presencial contra comerciantes y trabajadores del transporte concentraba 496 casos; las extorsiones por redes sociales sumaban 122. La Candelaria, Belén y Buenos Aires figuraban entre las comunas con más denuncias.
• Hurto y fleteo: en octubre se reportaron varios hechos violentos en el centro de la ciudad. Uno de ellos ocurrió cerca del edificio Coltejer, donde un comerciante fue baleado durante un robo de $64 millones que acababa de retirar para pagar la nómina de sus empleados. El caso fue el tercer tiroteo registrado en esa zona en menos de un mes, según El Colombiano.

• Robos con escopolamina: reportes locales advirtieron sobre un incremento de denuncias por hurtos cometidos mediante sustancias como la escopolamina. Las cifras pasaron de 299 a 566 casos en menos de un año, de acuerdo con registros divulgados en octubre.
• Estructuras delincuenciales: las autoridades realizaron operativos contra grupos señalados de homicidio, secuestro, extorsión, tráfico de drogas y desplazamiento forzado. En junio, una ofensiva dejó 46 capturas de presuntos integrantes de organizaciones como Los Chivos, Caicedo, Robledo, La Terraza y San Pablo.
• Capturas por delitos de alto impacto: la Alcaldía señaló que, hasta junio, se habían concretado 620 capturas por orden judicial contra personas investigadas por homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados y otras rentas ilegales.

Un camionero panameño permaneció amarrado durante horas dentro del camarote de su propio camión después de que una banda lo secuestrara en plena carretera para robarle un cargamento de USD 560,000 en tenis Puma y Nike.

El episodio, ocurrido en 2012 y relatado a InsightCrime, medio especializado en crimen organizado, ilustra el riesgo físico que enfrentan a diario los conductores que transportan mercancía por Costa Rica.

InsightCrime recorrió 520 kilómetros de carreteras costarricenses junto a Irvin Pérez, un camionero panameño que transporta carga desde 2017, para documentar cómo el robo de carga se transformó en una amenaza constante para quienes trabajan en los corredores de transporte del país.

El viaje expuso testimonios de secuestros, disparos y hasta un asesinato en ruta.

Las cifras recientes confirman esa tendencia. Según el reportaje de InsightCrime, las bandas robaron al menos 156 cargamentos en 2025, un promedio de tres camiones por semana, y hasta julio de 2026 ya sumaban 71 robos, un ritmo similar al del año anterior.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reúne estos datos desde 2016, cuando se registraron 121 camiones robados, y en la última década la cifra acumulada supera los 1,300 vehículos afectados en dos corredores de transporte principales.

El secuestro de un conductor en plena carretera

Ovidio Martínez, el camionero asaltado en 2012, relató a InsightCrime cómo un Nissan Sentra verde obligó a su camión a detenerse mientras entregaba el cargamento con destino a San José. Un hombre saltó al vehículo, abrió la puerta del conductor y le apuntó con una pistola al rostro. Otro hombre subió por el lado del copiloto.

Los asaltantes lo obligaron a meterse en la cabina-dormitorio, lo amarraron con sus propios cordones de zapatos y le taparon la boca. “No podía ver nada porque me tenían en el compartimento de descanso, boca abajo. En un momento, el peso de mi propio cuerpo me hizo sentir que me estaba asfixiando”, recordó Martínez ante el medio.

“El que estaba sentado conmigo le repetía al conductor que quería matarme, pero el otro le decía que me dejara en paz porque yo no estaba resistiendo y no había necesidad”, relató.

El conductor del camión robado chocó después con un motociclista, los asaltantes huyeron, y alguien encontró a Martínez amarrado y llamó a la policía.

Un caso con un patrón casi idéntico ocurrió 14 años después. Entre el 11 y el 12 de septiembre de 2026, un camionero que transportaba productos de higiene con destino a Honduras fue secuestrado en Liberia, Guanacaste, cuando se detuvo a descansar al costado de la ruta.

Dos sujetos armados lo golpearon, lo encerraron en el camarote del tráiler y le cubrieron el rostro para que no reconociera las rutas de traslado, según informó CRHoy.

Tras varias horas de cautiverio, los asaltantes desengancharon el contenedor en San Carlos y abandonaron al conductor dentro de la cabina.

El OIJ localizó la mercancía —3,953 bultos, cajas y bolsas de toallas femeninas, pañales y toallitas húmedas— en una bodega de Guápiles y detuvo a tres sospechosos en un retén policial, de acuerdo con el reporte de CRHoy.

¿Por qué Costa Rica se volvió un foco del robo de carga en Centroamérica? Porque las bandas detectaron que los corredores que conectan los puertos del Pacífico y el Caribe con Panamá, Nicaragua y Honduras concentran camiones con mercancía de alto valor, entre USD 100,000 y USD 500,000, fácil de revender: ropa, electrónicos, electrodomésticos, licor o neumáticos.

Un guardia armado y un conductor asesinado

Quienes viajan con seguridad privada tampoco están a salvo del todo. Josué, un guardia armado que custodia camiones, contó a InsightCrime que ya se enfrentó dos veces a asaltantes.

“Disparé tiros de advertencia para que supieran que había seguridad armada, y se retiraron”, dijo, aunque advirtió que algunos atacantes “cargan fusiles de asalto” frente a los cuales una pistola de nueve milímetros no alcanza.

El desenlace no siempre es ese. En El Roble, cerca del Puerto del Pacífico de Caldera, asaltantes mataron en 2024 al conductor panameño Krevith Holbart Shaw Beitia tras dispararle en la cabeza durante un robo, según documentó el medio.

La zona conecta dos corredores de transporte clave y queda próxima a las selvas nubladas del Parque Nacional Braulio Carrillo, donde la escasa señal de celular favorece el abandono de contenedores y conductores.

La violencia contra conductores no se detuvo ese año. El 7 de octubre, un trailero recibió un disparo en el hombro en una rotonda de la ruta 27, en El Coyol de Alajuela, durante un aparente intento de robo de su tráiler y la mercancía que transportaba, según relató Amprensa.

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital y, según información extraoficial, dos sospechosos quedaron detenidos minutos después.

Las bandas también se adaptaron a la tecnología de rastreo. Instalan inhibidores de señal para bloquear el GPS y dividen las caravanas de camiones al colarse entre los vehículos o rodearlos con varios autos, según explicó Andrés Muñoz, tesorero de la Cámara Nacional de Transporte de Carga de Panamá, a InsightCrime.

Cuando un contenedor no se recupera, la pérdida puede llegar a los USD 14,000, además del valor de la mercancía, que suele desaparecer en una economía informal de reventa.

El precio de protegerse en la ruta

Contratar seguridad privada armada puede elevar hasta un 25% el costo de transportar un contenedor a través de Costa Rica, de USD 2,000 a USD 2,500 por carga, de acuerdo con el reporte de InsightCrime.

Quienes no pueden pagar ese gasto adicional y se niegan a conducir de noche enfrentan demoras: trayectos de Panamá a Guatemala que antes tomaban tres o cuatro días ahora pueden extenderse hasta seis.

El agente Yeric Vega Blanco, del OIJ, describió ante el medio a los grupos criminales como ágiles y señaló que algunos están conectados con redes más poderosas vinculadas al narcotráfico. El investigador expresó frustración porque el organismo está demasiado disperso para atender el problema mientras enfrenta el repunte de la violencia del crimen organizado.

Esa frustración la comparten los camioneros, que se sienten indefensos. “El Gobierno nos dice: veamos qué pasa, veamos qué soluciones podemos encontrar”, dijo Martínez a InsightCrime. “Pero mientras tanto, seguimos viviendo con el riesgo de que nos maten”, agregó.

El robo sistemático también erosiona la confianza dentro del propio sector del transporte. “Te mancha la reputación gravemente”, afirmó Martínez.

“La gente empieza a preguntarse si la empresa de transporte pudo haber estado involucrada o si realmente fue solo un robo”, explicó el camionero, quien advirtió sobre la desconfianza creciente entre comerciantes y transportistas.

La respuesta oficial y la presión del sector privado

El impacto ya se refleja en las rutas comerciales. Según la investigación de InsightCrime, algunos clientes de la Zona Libre de Colón comenzaron a transportar sus productos en buques directamente a puertos de Honduras y Guatemala para evitar las carreteras costarricenses, pese a que ese trayecto implica tiempos de viaje más largos.

La presión del sector privado también creció en los últimos meses. La Cámara de Comercio Exterior (Crecex) pidió al Gobierno costarricense establecer una estrategia de cooperación que incluya intercambio de inteligencia entre autoridades y empresas, protocolos de denuncia y respuesta rápida, y mayor vigilancia en los corredores logísticos más afectados, según informó Delfino.cr.

El OIJ respondió con uno de sus mayores operativos del año. El 9 de octubre, 1,275 funcionarios judiciales ejecutaron 80 allanamientos simultáneos en nueve zonas del país y detuvieron a 31 personas vinculadas a una organización que operaba principalmente en Limón, según informó Infobae.

La estructura, investigada desde 2024 bajo el nombre de las causas Portus y Conexión, estaría ligada a al menos 11 robos de contenedores en Limón, Puntarenas, Liberia y San Ramón, con pérdidas estimadas en USD 1,5 millones.

El Ministerio de Hacienda reportó un aumento del 58% en los decomisos de mercancías entre mayo y julio de 2026 respecto del mismo período de 2025, y presentó solo en julio 15 denuncias penales vinculadas con evasión fiscal, de acuerdo con el análisis publicado por La República, diario costarricense.

Pese a esas acciones, el organismo reconoció que la respuesta no puede ser únicamente policial y que se requiere coordinación permanente entre autoridades, puertos, transportistas, importadores y exportadores.

El sector logístico también busca respuestas propias. El 5 de noviembre se realizará en Costa Rica el X Congreso de Seguridad de Mercancías en la Cadena Logística, organizado por la Cámara Costarricense de Navieros, la Cámara Nacional de Transportistas de Carga y la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad, según informó elmundo.cr.

El encuentro busca abordar la sustracción de contenedores, que según datos del OIJ dejó 156 denuncias en 2025, encabezadas por Alajuela con 58 casos, con afectaciones económicas cercanas a los 2.000 millones de colones.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que su gobierno utilizará las facultades otorgadas por el Congreso de la República para declarar como grupos hostiles y terroristas a las organizaciones criminales que operan en el territorio peruano. El anuncio se produjo este jueves durante una visita oficial al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad ubicada en Tecoluca, El Salvador.

La mandataria llegó al recinto penitenciario acompañada por el canciller Carlos Espá, el ministro del Interior, César Astudillo, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, en el marco de una agenda bilateral centrada en la cooperación en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado transnacional, según informó la Agencia Andina.

Crimen organizado y terrorismo

“Acabamos de recibir facultades del Congreso de la República. Y una de estas facultades es fundamental: declarar a estos grupos como hostiles, como terroristas. Hay que nombrarlos así, como lo que son, para luego tener todos los mecanismos legales para enfrentarlos, arrinconarlos y ponerlos en prisión”, declaró la jefa de Estado, en referencia a las bandas que operan en el país, según citó Andina.

La presidenta trazó un paralelo entre la violencia que vivió Perú durante las décadas de 1980 y 1990, a manos de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y la amenaza actual que representan las organizaciones criminales transnacionales. “Hoy el Perú necesita nuevamente recuperar el orden. Pero ya no de grupos terroristas, sino de estas bandas criminales que no respetan fronteras, pero que son grupos terroristas”, remarcó la mandataria, de acuerdo con la agencia estatal peruana.

Comando Unificado contra el crimen organizado

Fujimori explicó que su gobierno impulsa el fortalecimiento del Comando Unificado, instancia que articula las capacidades de inteligencia y acción de las instituciones encargadas de la seguridad en todo el territorio nacional. “Hemos logrado unificar a estas fuerzas a través del Comando Unificado para que la inteligencia y la acción de esas instituciones se desplieguen por todo el territorio nacional”, señaló, según el mismo medio.

La mandataria indicó además que el país enfrenta amenazas adicionales vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal, por lo que consideró necesaria una estrategia integral frente a organizaciones que operan en distintas zonas del territorio peruano.

Gobierno busca ampliar las cárceles en Perú

En otro momento de la visita, Fujimori resaltó la necesidad de ampliar la infraestructura carcelaria de Perú. “Sabemos que en el Perú necesitamos la construcción de cárceles, terminar seis que están en proceso. Y creo que hoy este recorrido nos va a inspirar mucho para poder replicar estas cárceles con todas estas iniciativas, como Plan Cero Ocio”, afirmó la mandataria, según Andina.

La comitiva técnica peruana fue recibida en el CECOT por el ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro, el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, y el director del recinto, Belarmino García, quienes expusieron los sistemas de gestión, infraestructura y control aplicados en el penal de máxima seguridad, según detalló Canal N.

Modelo de seguridad salvadoreño

Villatoro explicó que uno de los componentes centrales de la estrategia impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele desde 2019 ha sido la articulación entre las acciones de seguridad y las reformas legales orientadas a combatir a las pandillas. “Uno de los grandes secretos del Plan Control Territorial del presidente es mezclar la parte de seguridad con la parte de justicia”, indicó el funcionario, en declaraciones recogidas por Andina.

Por su parte, Merino recordó que, cuando Bukele asumió el gobierno en 2019, las pandillas controlaban el 83% del territorio salvadoreño. Ante ese escenario, las autoridades replantearon los métodos de intervención y establecieron mecanismos de coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil. “Cuando se nos ordenó a la Fuerza Armada brindar el apoyo a la Policía Nacional Civil, nos reunimos con el señor presidente y comenzamos a diseñar la política de cómo íbamos a dar nuestro apoyo”, relató el funcionario durante el encuentro en el CECOT.

Ante la falta de respuesta estatal, el gremio Transportistas Unidos evalúa ahora una medida radical: un paro indefinido de transporte. Así lo confirmó Julio Bretoneche, vocero de la organización, en una entrevista con el programa Buenos Días Perú, en la que detalló el nivel de violencia y extorsión que enfrenta el sector.

Ataques y amenazas a familiares de gerentes

Los atentados contra El Rápido se registraron durante todo el año, con disparos contra unidades con y sin pasajeros a bordo. En uno de los episodios anteriores, la empresa recibió una carta extorsiva que, según indicaron, atribuía el ataque a una organización identificada como “los primos del Cono Norte”. El patrón se repitió esta semana con agresiones contra las empresas Ipesa, Cora Cora y la 10 E, antes de alcanzar a El Rápido nuevamente.

Bretoneche advirtió que las amenazas ya no se limitan a los vehículos, sino que alcanzan directamente a los gerentes de las empresas y a sus familias. “Sabemos dónde está tu hijo, lo vamos a matar, tal colegio estudia”, citó el vocero como parte de un mensaje recibido por una gerente de una empresa de la zona sur de Lima.

Extorsiones y empresas paralizadas

El vocero gremial explicó que las organizaciones criminales se sectorizan por rutas, lo que obliga a cada empresa a pagar cupos a entre tres y cuatro bandas distintas según la extensión de su recorrido. Mientras más larga o extensa es una ruta, mayor es el monto exigido y más frecuentes resultan los atentados, según detalló.

Esa dinámica derivó en la paralización total de cinco empresas de transporte, entre ellas El Rápido y la 10 E, que suspendieron sus operaciones como medida de seguridad. Según Bretoneche, solo El Rápido emplea a más de mil familias a través de sus distintas rutas, mientras que la 10 E da trabajo a un promedio de doscientas. La paralización se suma a las deudas que las empresas mantienen con bancos y proveedores de servicios, en un contexto que el vocero calificó de crítico para la continuidad del negocio.

Menor herido y conductor en estado crítico

Uno de los ataques previos afectó a la empresa Machu Picchu, cuyo atentado dejó herida a una usuaria menor de edad, que permanece fuera de peligro. El impacto humano de la violencia también incluye a un conductor que permanece internado con pronóstico reservado tras recibir disparos, con riesgo de perder la movilidad de ambas piernas. El gremio señaló que recibió el apoyo de un hospital universitario, gestionado a través de la alcaldía de Lima, para intentar salvar las extremidades del trabajador.

Bretoneche cuestionó, además, las medidas de seguridad implementadas hasta el momento por las autoridades, entre ellas los despliegues con helicópteros, militares y tanquetas en los patios de maniobra de las empresas. “Para nosotros, el helicóptero no tenía sentido”, afirmó, y agregó que ese tipo de operativos no funcionó en experiencias previas, como ocurrió en San Juan de Lurigancho durante la gestión del entonces alcalde Alex González. Según indicó, sin una labor de inteligencia policial que permita capturar a los cabecillas y mandos medios de las organizaciones criminales, los operativos actuales solo representan una solución temporal frente a un problema que calificó de crítico.

Seguridad privada y posible paro indefinido

Consultado sobre la posibilidad de que las empresas contraten su propia seguridad armada, Bretoneche explicó que la medida enfrenta obstáculos legales de fondo. Según detalló, Lima cuenta con un parque de 24.000 buses en circulación, lo que exigiría un promedio de 50.000 personas dedicadas a labores de resguardo. El vocero añadió que, en caso de un enfrentamiento armado, las empresas podrían enfrentar responsabilidades civiles o penales, en un sector cuya obligación de garantizar la seguridad corresponde al Estado, de acuerdo con el artículo 44 de la Constitución.

Ante ese escenario, el gremio confirmó que evalúa una decisión conjunta entre las empresas afectadas, que podría traducirse en un paro indefinido de las unidades de transporte en Lima. “Estamos a punto de tomar ya prácticamente un paso, el paro indefinido”, señaló Bretoneche durante la entrevista con Buenos Días Perú. El vocero indicó que la medida respondería a lo que describió como la inacción del Estado frente a la violencia extorsiva que afecta al sector del transporte público en la capital.

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Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo Farías, líder de los Cárteles Unidos, está siendo “cercado” por autoridades de México y Estados Unidos (EEUU) para su detención en los próximos días o semanas.

Así lo aseguraron los periodistas y escritores especializados en narcotráfico José Luis Montenegro y Jesús Lemus, en su podcast Narcomundo, donde dijeron que “ya no tardan” en detener al narcotráficante.

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Las desapareciones de niñas y adolescentes en Guerrero y Puebla han alertado a la población y sus familias piden ayuda para encontrarlas ya que temen que puedan ser víctimas de algún tipo de delito.

Romina Querena Pomposo Tolama, de 8 años, desapareció el 12 de octubre de 2026 al salir de la escuela Guillermo Jiménez Morales, en Puebla. Según la información difundida por su familia, una mujer habría llevado a la menor cuando se encontraba en la plazuela del Calvario, en la colonia Plazas Amalucan.

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El sacerdote Clemente Morales Topete fue localizado con vida en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, luego de ser reportado como desaparecido el pasado sábado tras salir de una consulta médica.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que este martes el sacerdote fue localizado “sano y salvo” en la ciudad, tres días después de ser visto por última vez.

/mexico/2026/10/27/localizan-con-vida-al-sacerdote-clemente-morales-reportado-como-desaparecido-en-culiacan-blindan-parroquia-donde-daba-misa/

Dos narcolaboratorios para elaborar metanfetamina fueron localizados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio de Topia, en Durango. Su desmantelamiento provocó una afectación de más de 500 millones de pesos a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Los laboratorios clandestinos fueron localizados en dos acciones distintas en inmediaciones del poblado El Destierro, en el que el primer sitio fue ubicado durante labores de búsqueda de lugares para la fabricación de drogas, en el que aseguraron aproximadamente 3 mil litros de metanfetamina líquida.

/mexico/2026/10/27/marina-golpea-con-mas-de-500-millones-de-pesos-a-los-mayos-desmantelan-dos-narcolaboratorios-para-elaborar-metanfetamina-en-durango/

Zapopan se ha convertido durante 2026 en uno de los principales puntos de captura de objetivos prioritarios relacionados con organizaciones criminales, con al menos 12 personas detenidas en los primeros nueve meses del año y hasta octubre.

Los perfiles identificados por autoridades incluyen presuntos integrantes y operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), miembros de estructuras relacionadas con el Cártel de Sinaloa y Los Beltrán Leyva, además de personas investigadas por extorsión, lavado de dinero, tráfico de drogas y armas, homicidio y contrabando de hidrocarburos.

/mexico/2026/10/27/zapopan-refugio-del-crimen-organizado-12-objetivos-prioritarios-han-sido-detenidos-en-nueve-meses/

La detención de Israel Leonel Trigueros Muñoz, alias “El Isra”, abrió una nueva etapa para las investigaciones sobre la violencia atribuida a Los Rusos en el Valle de Mexicali.

La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, confirmó el 26 de octubre que el presunto operador tiene asuntos pendientes con la justicia estatal por homicidio y desaparición de personas, además de que las autoridades lo relacionan con los asesinatos de los agentes Rubén López Orduño y Manuel Enrique Guerrero Sánchez, así como con el de la esposa del primero.

/mexico/2026/10/27/los-rusos-tras-la-captura-de-el-isra-las-investigaciones-por-desapariciones-y-ataques-contra-policias-que-siguen-abiertas/

Al menos dos civiles habrían muerto durante un presunto enfrentamiento armado con elementos de la Secretaría de Marina registrado la tarde del lunes 26 de octubre en las inmediaciones de Estación Capomas, en el municipio de Guasave, Sinaloa.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el incidente ocurrió después de una persecución que habría comenzado en la sindicatura de Estación Bamoa y que posteriormente se extendió por caminos rurales hacia Estación Capomas y comunidades cercanas a Siete Ejidos.

/mexico/2026/10/27/persecucion-desata-operativo-de-marina-en-guasave-hay-dos-civiles-muertos/

Autoridades federales y de la Ciudad de México aseguraron 6 toneladas de cigarros apócrifos en un operativo realizado en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, luego de una investigación que derivó en cuatro cateos en inmuebles donde los almacenaban para su posterior comercialización.

La movilización de los agentes derivó de una investigación en la que dieron seguimiento a la venta de cigarros apócrifos en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde aseguraron máquinas para la elaboración, confección, empaquetado y distribución de cigarros.

/mexico/2026/10/27/los-empaquetaban-y-vendian-en-edomex-aseguran-6-toneladas-de-cigarros-falsos-que-almacenaban-en-bodegas-de-la-colonia-morelos/

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este martes, por medio de un mensaje posteado en sus redes sociales, que por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo; de la Secretaría de Marina (Marina), Raymundo Pedro Morales Ángeles, y él mismo, realizarán, durante esta semana, una agenda coordinada de visitas de supervisión en el estado de Sinaloa.

Harfuch señaló que el secretario de la Defensa Nacional acudirá este martes, mientras que la Marina y la SSPC realizarán sus respectivas visitas en diferentes días de la semana. Esta distribución, explicó, permitirá ampliar la presencia y la supervisión del Gabinete de Seguridad en territorio, así como dar seguimiento específico a las responsabilidades de cada institución.

/mexico/2026/10/27/cambian-estrategia-en-sinaloa-sheinbaum-ordena-a-mandos-de-las-fuerzas-armadas-visitar-el-estado-para-un-informe-de-seguridad/

El penal de Mazatlán, en Sinaloa, continúa registrando hechos violentos luego de la riña que dejó 12 muertos a principios de mes, y en la que estuvieron involucrados miembros de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

A menos de 20 días de los hechos, medios locales reportaron la desaparición de José Luis Vega Parra, identificado como médico del Centro Penitenciario “El Castillo”, en Mazatlán, quien fue visto por última vez el pasado 23 de octubre.

/mexico/2026/10/27/penal-de-mazatlan-sigue-en-medio-de-la-violencia-tras-rina-de-los-chapitos-que-dejo-12-muertos-desaparece-jose-luis-vega-doctor-de-la-prision/

Marcos Alejandro G., de 25 años y originario de Paso de Valencia, fue identificado por sus familiares como el joven localizado sin vida en las inmediaciones de la comunidad de Francisco Villa, en Papantla, Veracruz. El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía, que no informó las circunstancias del fallecimiento ni el posible móvil.

La víctima se dedicaba al corte de naranja y otros cítricos. Sus familiares acudieron ante las autoridades ministeriales para realizar el reconocimiento oficial y proporcionar la información requerida durante las diligencias.

/mexico/2026/10/27/identifican-a-hombre-cercenado-en-veracruz-tenia-25-anos-y-se-dedicaba-al-corte-de-naranja/

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas trasladó a un penal estatal a Armando “N”, alias “El Melo”, uno de los dos hombres señalados como presuntos responsables del feminicidio de Miriam, de 55 años, y su nieta Ariana Scarleth, de 12, ocurrido en el municipio de Ostuacán.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó mediante un video que “El Melo” fue llevado a un centro penitenciario para continuar con el proceso relacionado con los hechos ocurridos el pasado 23 de octubre.

/mexico/2026/10/27/el-melo-es-enviado-a-un-penal-tras-el-linchamiento-de-su-complice-por-el-feminicidio-de-miriam-y-su-nieta-ariana-de-12-anos/

El Gabinete de Seguridad negó la existencia de un informe o reporte de inteligencia federal que acredite la supuesta reunión de Ariadna Montiel Reyes con Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, luego de que se reportó que el encuentro habría tenido como objetivo beneficiar a candidatos de Morena en las elecciones de 2024.

Tras la publicación de la columna de Héctor de Mauleón para El Universal, en el que el periodista citó un informe de seguridad para reportar el presunto encuentro, las autoridades aseguraron que no existe información oficial que confirme la existencia o autenticidad de algún reporte, ni elementos que acrediten los supuestos acuerdos con el hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

/mexico/2026/10/27/gabinete-de-seguridad-niega-existencia-de-reporte-sobre-presunta-reunion-de-ariadna-montiel-con-el-guano-para-favorecer-candidatos-de-morena/

Una colilla de cigarro encontrada en la bodega donde terminaba el túnel de fuga del penal del Altiplano llevó a las autoridades hasta Édgar Coronel Aispuro, cuñado de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las escuchas telefónicas que se derivaron de ese hallazgo revelaron un encargo inesperado: ir por un changuito llamado Botas que la familia del capo había dejado abandonado en una casa cerca de la cárcel.

El traslado del animal confirmó la ubicación del escondite del narcotraficante más buscado de México, según revela la docuserie Operación Cisne Negro, producida por N+ Docs y estrenada este 27 de octubre en ViX.

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Previo a la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal federal del Altiplano por un túnel en 2015, reos de alta peligrosidad que compartían pabellón con el capo escucharon durante semanas el ruido de taladros y herramientas que provenía del subsuelo, alertaron a las autoridades penitenciarias y fueron ignorados o amenazados con ser trasladados a otro centro, según revelan testimonios en la docuserie Operación Cisne Negro, producida por N+ Docs y estrenada este 27 de octubre en la plataforma ViX.

Las declaraciones pertenecen a enemigos directos de “El Chapo” Guzmán —integrantes de Los Zetas, del Cártel de Tijuana y del Cártel Jalisco Nueva Generación— que compartían el mismo lugar de máxima seguridad donde el exlíder del Cártel de Sinaloa fue recluido tras su captura en febrero de 2014.

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Enrique Peña Nieto iba a bordo del avión presidencial rumbo a Francia la noche del 11 de julio de 2015 cuando un asistente se le acercó con un mensaje del entonces director del CISEN, Eugenio Ímaz. El texto era breve pero demoledor: “Lamento informarle, pero El Chapo se fugó”.

Así lo reveló el propio expresidente en la docuserie Operación Cisne Negro, producido por N+ Docs que se estrenó este martes 27 de octubre en la plataforma ViX.

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Un juzgado federal en Tijuana rechazó las dos primeras demandas de amparo con las que los empresarios Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices buscaban recuperar el acceso a sus cuentas bancarias, congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras ser señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos operadores financieros de La Mayiza, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, según reportó el semanario Zeta.

La resolución judicial abarca también las cuentas de al menos cuatro empresas vinculadas a Moreno Gómez Santelices: Inteliproof Efficient, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Corevial Constructora y Baja Fixer Group, todas con recursos inmovilizados en instituciones bancarias desde finales de septiembre de 2026.

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Los hijos de Domingo Atanacio Quirino, el único de ocho campesinos secuestrados en la sierra de Guerrero que permanece sin ser localizado, difundieron un nuevo video en el que piden a la presidenta Claudia Sheinbaum, al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch y a la gobernadora Evelyn Salgado que intervengan para traer de vuelta a su padre, esto a más de un mes de que fue secuestrado por hombres armados.

En la grabación, los menores aparecen sosteniendo una cartulina con las fotografías impresas de los tres funcionarios, cada una identificada con su nombre escrito a mano: “Evelyn”, “Omar” y “Claudia”. En el centro de la cartulina colocaron una ficha de búsqueda tipo “Se busca” con la fotografía de Domingo, su nombre, la leyenda “50 años” y la frase “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. A los costados escribieron: “Quiero a mi papi de regreso” y “Tus hijos te esperan”.

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En octubre de 2025, los comercios colombianos registraron 361 hechos asociados al hurto, con una afectación económica de más de $3.000 millones, según datos de Alto Colombia, empresa especializada en la gestión integral de riesgos operacionales.

Un año después, la compañía planteó que el aumento de visitantes, promociones y movimientos de mercancía obliga a revisar los controles preventivos en los establecimientos.

La celebración concentra cada año una mayor actividad comercial en Colombia, con compras de disfraces, dulces, maquillaje y accesorios, además de eventos en centros comerciales y otros puntos de venta, lo que modifica las dinámicas habituales de los locales y puede abrir espacios que faciliten la sustracción de productos.

Datos de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) muestran que, para Halloween de 2025, el 73% de los colombianos tenía previsto celebrar la fecha. Del total, el 26% planeaba salir a pedir dulces y el 24% contemplaba visitar centros comerciales, dos factores que incrementan el tránsito de personas en zonas de comercio.

La información recopilada por la empresa durante octubre de ese año ubicó el impacto económico de los hechos en $3.765 millones. De ese monto, las recuperaciones llegaron a $113,7 millones.

Los registros también señalan que el 31 de octubre hubo 12 casos, clasificados en su totalidad como hurto, con pérdidas estimadas en $16,1 millones.

Los comercios enfrentan cambios operativos durante Halloween

La mayor afluencia puede concentrar a compradores y visitantes en accesos, pasillos, áreas de pago, probadores y espacios destinados a actividades promocionales. En esas circunstancias, la supervisión sobre determinados productos puede resultar más compleja, especialmente si el personal debe atender un flujo superior al habitual.

La organización indicó que la prevención depende de identificar las condiciones propias de cada establecimiento antes de que se presenten incidentes.

La distribución temporal de la mercancía, la disposición de exhibiciones y los horarios especiales son aspectos que pueden alterar los puntos de control de una jornada ordinaria.

Para responder a esas variaciones, Alto Colombia propuso las siguientes medidas:

• Revisar los puntos vulnerables: vigilar las áreas con mayor tránsito y aquellos lugares en los que se dificulta el control de la mercancía.
• Fortalecer el control de productos: establecer cuáles son las categorías con mayor exposición y evaluar su ubicación, forma de exhibición y seguimiento durante el día.
• Preparar al equipo: definir protocolos para informar incidentes, preservar los datos relevantes y actuar sin exponer a trabajadores ni clientes.

Estas recomendaciones apuntan a que cada comercio ajuste su respuesta a sus propias condiciones de operación. La prevención puede incluir desde la reorganización de una exhibición hasta la comunicación interna entre los equipos de tienda y seguridad.

Herramientas y ferretería concentraron más casos caracterizados

Aunque Halloween impulsa la venta de artículos estacionales, como disfraces, golosinas y elementos de maquillaje, los registros del mes muestran que el riesgo no se limita a esas categorías. El valor del artículo, la facilidad para transportarlo, sus posibilidades de reventa y el nivel de vigilancia disponible influyen en la exposición de cada producto.

De los eventos caracterizados por la empresa en octubre de 2025, las herramientas representaron el 12,3% de los reportes. Les siguieron los productos de ferretería, con 8,9%; los activos empresariales, con 7,1%; y las prendas para dama, con 5,6%.

La distribución de los casos ofrece una guía para que los establecimientos prioricen la revisión de zonas y productos específicos. En una temporada de alto movimiento, esa lectura puede ayudar a asignar recursos de control en función del comportamiento previo de los incidentes, en lugar de aplicar medidas uniformes a toda la tienda.

El informe de la empresa señaló que el monitoreo de categorías debe considerar también los cambios de ubicación que pueden ocurrir por las campañas comerciales. Un producto que normalmente permanece en un área controlada puede quedar expuesto si se traslada a una exhibición temporal o a un espacio de alta circulación.

El ocultamiento de mercancía fue la modalidad más frecuente

Los datos de octubre de 2025 también describen las formas utilizadas en los casos registrados. El 24,2% correspondió al ocultamiento de mercancía en bolsos o morrales, mientras que el 21,9% se relacionó con el ocultamiento en bolsillos de pantalones o chaquetas.

Por otra parte, el 14,1% de las situaciones incluyó violencia sobre las cosas. En esta categoría se contemplan prácticas como el retiro forzado de sistemas de seguridad en los productos, conocido como “despine”, o daños a la infraestructura de los locales.

Estas modalidades permiten orientar los controles hacia situaciones concretas, como la protección de artículos pequeños o fácilmente transportables, la inspección visual de áreas de exhibición y la conservación de información sobre los hechos. El análisis del momento, la zona, el artículo involucrado y el método empleado puede servir para detectar repeticiones.

El country manager de Alto Colombia, Jorge Segura, reiteró lo siguiente: “Las fechas de alta actividad comercial requieren que las empresas miren el riesgo de una manera diferente. Halloween trae consigo mayor flujo de personas, cambios en la operación y una mayor exposición de determinadas mercancías, condiciones que pueden ser aprovechadas por quienes cometen delitos”.

Segura agregó: “La prevención no consiste únicamente en reforzar la vigilancia, sino en entender cómo cambian los riesgos, identificar patrones y utilizar la información para tomar decisiones antes de que ocurra un incidente”.

Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX dio a conocer que actualmente la Ciudad de México reporta 5 mil 225 casos de personas desaparecidas y no localizadas, sumando 24 mil 539 desde el comienzo del registro en 1952.

A partir de las interacciones de las víctimas con instituciones públicas, se ha recolectado diversos datos como teléfonos celulares y domicilios para que las autoridades verifiquen de manera directa cada una de las investigaciones.

“Es así como hemos llevado a cabo 23 mil 949 visitas de campo, casa por casa, múltiples veces cada caso y al mismo tiempo hemos llevado a cabo 29 mil 955 llamadas. ¿Para qué? Para verificar datos de contacto y verificar el estatus de las personas dadas como desaparecidas". explicó el funcionario.

Registros de personas desaparecidas en la CDMX

Después de actualizar los registros de estos casos en 2022, se dio a conocer que son 5 mil 225 las personas que aún no son localizadas en la capital del país, desglosando este resultado en tres puntos fundamentales:

• 447 personas ubicadas: se necesita recabar pruebas de vida
• 3 mil 394 confrontas, visitas y llamadas: denunciates que no han podido ser contactados después de al menos 23 mil visitas y 29 mil llamadas.
• Mil 385 desapariciones confirmadas: se construye un plan individual de búsqueda

Gómez Negrete puntualizó que en la mayoría de estos casos no se tiene la certeza de que sigan desaparecidos, ya que solamente se cataloga como no localizada cuando se obtiene alguna prueba de vida.

“Esto es una imagen de la persona desaparecida sosteniendo su foto boletín o sosteniendo un cartel con puño y letra donde establezca la situación de su ausencia, que podamos, en los casos de menores de edad, entrevistarlos, hacer una valoración médica y determinar qué fue lo que sucedió con ellos”, señaló.

Base de información de personas desaparecidas

La información recopilada de distintas fuentes se integra para completar los registros de la Ciudad de México:

Registro de la Ciudad de México

• Base de datos construida por los reportes y denuncias en Comisión y Fiscalía de la Ciudad de México.
• Incluye reportes abiertos por CNB sobre casos de personas desaparecidas.

Base Nacional de Carpetas de Investigación (BANCI)

• Registros con carpeta de investigación abierta por la comisión de delitos de desaparición.

Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)

• Registros con hipótesis de hechos en Ciudad de México.
• Incluye casos abiertos por instituciones de la Ciudad de México, CNB, FGR, comisiones y fiscalías estatales.
• También incorpora reportes ciudadanos realizados en el portal público.

Crisis de desaparecidos en la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concluyó la tercera fase del Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Civil de Dolores, donde recuperó 24 individuos y 417 elementos óseos de personas inhumadas sin identificación. Los hallazgos serán analizados para establecer posibles identidades y aportar información ante la crisis de desapariciones en México, estimada hasta hace unos meses en 135 mil personas.

Estas labores se realizaron durante 10 días, del 13 al 23 de octubre de 2026, en jornadas del 13 al 17 y del 20 al 23. Colectivos de la CDMX informaron que las tres fases del plan han permitido recuperar 76 individuos, de los cuales 12 ya fueron identificados mediante procedimientos previos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron agredidos con armas de fuego este martes en Celaya, Guanajuato, mientras intervenían ante un presunto robo a transporte de carga, informó Omar García Harfuch, titular de la dependencia.

A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que los agentes fueron atacados durante la intervención y que, como resultado de la agresión, uno de los presuntos agresores murió y otro resultó lesionado, aunque este último logró huir del lugar.

Harfuch indicó que el hecho ocurrió mientras los elementos de la SSPC actuaban ante un posible robo a transporte, una de las actividades delictivas que las autoridades federales buscan combatir mediante operativos e investigaciones dirigidas contra las organizaciones criminales que operan en las carreteras del país.

El funcionario aseguró que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantendrá una estrategia firme contra los grupos delictivos que afectan la seguridad de las carreteras.

SSPC busca desarticular redes dedicadas al robo de transporte

Tras la agresión registrada en Celaya, García Harfuch informó que la SSPC continuará trabajando en coordinación con la Guardia Nacional y las autoridades estatales para fortalecer las labores de inteligencia e investigación.

El objetivo, explicó, no consiste únicamente en evitar los robos a vehículos de carga, sino también en identificar y desmantelar las estructuras criminales que hacen posible este tipo de delitos.

“Uno de los objetivos” de la estrategia, de acuerdo con el mensaje del funcionario, es generar condiciones para que las carreteras sean más seguras tanto para quienes las utilizan diariamente como para los transportistas que movilizan mercancías.

Harfuch reconoció además la actuación de los agentes de la SSPC que participaron en el operativo y que, señaló, arriesgaron su vida durante el cumplimiento de sus funciones.

El titular de la dependencia destacó su valentía, compromiso y determinación para proteger a la ciudadanía.

El ataque ocurrió en un contexto en el que las autoridades federales han reforzado las acciones de seguridad en distintas zonas del país donde se han registrado delitos contra transportistas y usuarios de las carreteras.

Fuerzas federales alistan visitas de supervisión en Sinaloa

Como parte del contexto de la estrategia federal de seguridad, García Harfuch informó también este martes que los titulares de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana realizarán durante esta semana una agenda coordinada de visitas de supervisión en Sinaloa.

El secretario de la Defensa Nacional acudiría este martes, mientras que los titulares de Marina y Seguridad realizarán sus respectivas visitas en días distintos.

De acuerdo con Harfuch, esta distribución permitirá ampliar la presencia y supervisión del Gabinete de Seguridad en territorio, además de dar seguimiento específico a las responsabilidades de cada institución.

La agenda contempla revisar los despliegues de seguridad y conocer directamente las necesidades de la Policía Estatal y de las corporaciones municipales de Culiacán y Mazatlán.

También está prevista la revisión del funcionamiento del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C4), así como del terreno contemplado para la construcción de un nuevo penal en la entidad.

El funcionario explicó que las visitas forman parte de una misma estrategia y tienen como propósito mantener objetivos compartidos y una coordinación permanente entre las instituciones federales y las autoridades estatales y municipales.

Mientras en Sinaloa las fuerzas federales preparan estas visitas de supervisión, en Guanajuato la SSPC enfrenta un nuevo episodio de violencia durante una intervención contra el robo a transporte de carga.

Las autoridades deberán continuar con las investigaciones para determinar la identidad de los responsables de la agresión en Celaya y ubicar al segundo presunto agresor, quien resultó herido y logró escapar.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que se han registrado 518 feminicidios en México, de enero a septiembre del presente año, de los cuales el 26% se concentran en dos estados y al menos 54 víctimas son menores de edad.

En su informe mensual de violencia contra las mujeres, la dependencia indicó que Sinaloa continúa como el estado con más femincidios en lo que va del 2026, con un total de 97 casos registrados; seguido del Estado de México, con 38.

El mismo documento coloca a Tamaulipas como el tercer estado con más casos, con 34 víctimas; en cuarto lugar, la Ciudad de México, con 29; y en quinto, Chiapas y Chihuahua con 28 feminicidios cada uno.

Los cinco casos con menos casos son: Aguascalientes, Colima e Hidalgo, con tres cada uno; así como Nayarit y Tlaxcala, con dos víctimas respectivamente.

El Secretariado Ejectuvo precisó que en cuanto a la tasa de feminicidios por cada 100 mil habitantes, Sinaloa también encabeza el listado, con 5.99. En segundo lugar está Morelos, con 2.73.

Municipios con más feminicidios

El informe destacó que el 35.8% de los delitos registrados a nivel nacional se concentra en 20 municipios.

Culiacán, Sinaloa, encabeza la lista con 44 casos y 8,9%, seguido por Mazatlán, Sinaloa, con 21 casos y 4,3%; Escuinapa, Sinaloa, ocupa el tercer lugar con 17 casos.

Reynosa, Tamaulipas, ocupa el cuarto lugar al sumr 14 casos, mientras que Chihuahua, Chihuahua, reportó 10.

Benito Juárez, Quintana Roo, registró siete; Hermosillo, Sonora, seis; y Centro, Tabasco, cinco. Cuautla, Morelos; Juárez, Chihuahua; Mexicali, Baja California; Tapachula, Chiapas; y Venustiano Carranza, Ciudad de México, contabilizaron cinco casos cada uno.

Siguen el minicipio de Cuauhtémoc, Chihuahua; Gustavo A. Madero, Ciudad de México; León, Guanajuato; Mérida, Yucatán; Puebla, Puebla; Toluca, Estado de México; y Veracruz, Veracruz, registraron cuatro casos cada uno.

Al menos 54 víctimas son niñas y adolescentes

Respecto a la edad de las víctimas, el informe resaltó que al menos 54 eran mujeres ede entre 0 y 17 años.

Mientras que 428 eran mayores de 18 años, y las 36 restantes, son de edad desconocida.

Mujeres víctimas de homicidio doloso

El informe del Secretariado presentó también los casos de homicidio doloso de mujeres, que se han registrado a nivel nacional en el mismo periodo. Según el documetno, el total es de mil 100 víctimas.

De estos, Guanajuato registra 138 casos, equivalentes al 12,5%; Baja California, 95 (8,6%); Chihuahua, 77 (7,0%); Guerrero, 77 (7,0%); y Michoacán, 66 (6,0%). Estas cinco entidades concentran el 41,2% del total nacional, con 453 víctimas. Les siguen el Estado de México, con 62 casos (5,6%); Morelos, con 58 (5,3%); Ciudad de México, con 54 (4,9%); Jalisco, con 52 (4,7%); Colima, con 51 (4,7%); Puebla, con 50 (4,5%); Sonora y Oaxaca, con 46 cada uno (4,2%), y Veracruz y Tabasco, con 45 cada uno (4,1%).

Chiapas registra 39 víctimas (3,5%); Nuevo León, 26 (2,5%); Hidalgo, 26 (2,4%); Sinaloa, 18 (1,6%); Quintana Roo, 16 (1,5%); Durango, 12 (1,1%); Zacatecas, ocho (0,7%); San Luis Potosí y Coahuila, cinco cada uno (0,5%); Aguascalientes, Campeche, Tamaulipas y Tlaxcala, tres cada uno (0,3%); Baja California Sur, Querétaro y Yucatán, dos cada uno (0,2%), y Nayarit, uno (0,1%).

La violencia en Honduras mantiene una fuerte concentración en los principales centros urbanos, aunque los registros policiales también reflejan una incidencia importante en municipios del interior del país.

El Distrito Central, que comprende Tegucigalpa y Comayagüela, ocupa el primer lugar de la estadística municipal, con 229 homicidios registrados entre el 1 de enero y el 9 de octubre de 2026. En segundo lugar aparece San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, con 124 casos.

Ambos municipios suman 353 muertes violentas, de acuerdo con los datos publicados por el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), plataforma que recopila información sobre la incidencia delictiva en el territorio nacional.

Sin embargo, la distribución de los casos evidencia que la violencia no se limita a Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula, sino que también afecta a municipios de Yoro, Olancho, Atlántida, Comayagua, Copán y otras zonas del país.

Las estadísticas de SEPOL indican que, de los 298 municipios que conforman Honduras, 210 registraron al menos un homicidio durante el período analizado. En contraste, 88 municipios no reportaron incidencias de este tipo.

Operaciones contra la inseguridad

Esto significa que aproximadamente siete de cada diez municipios del país registraban al menos un homicidio en los datos disponibles hasta el 9 de octubre. La cifra muestra la extensión territorial del problema, aunque no implica que todos los municipios afectados presenten la misma intensidad de violencia.

Los datos deben interpretarse con cautela, ya que las cifras correspondientes a 2026 son preliminares y están sujetas a validación por parte de las instituciones competentes.

Después del Distrito Central y San Pedro Sula, El Progreso y Olanchito, ambos en el departamento de Yoro, registran 59 y 58 homicidios, respectivamente. La Ceiba, en Atlántida, ocupa el siguiente lugar, con 56 casos.

También aparecen entre los municipios con mayor incidencia Juticalpa y Catacamas, en Olancho; Comayagua, en el departamento del mismo nombre; Nueva Arcadia, en Copán; Choloma, en Cortés; y Danlí, en El Paraíso.

La presencia de localidades de distintas regiones evidencia que la violencia homicida no se concentra exclusivamente en las dos principales ciudades del país. Los registros también incluyen municipios de Choluteca, Colón, Islas de la Bahía y Francisco Morazán.

En total, los 20 municipios con más homicidios acumulan 1,027 casos, equivalentes a aproximadamente el 52.9 % de los 1,943 registrados a escala nacional entre enero y septiembre.

Población exige resultados

A escala nacional, Honduras registró 1,943 homicidios entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con las estadísticas policiales difundidas por SEPOL.

El comportamiento mensual presenta variaciones respecto al mismo período de 2025. Septiembre cerró con 241 homicidios, frente a los 205 registrados en septiembre del año anterior, lo que representa un aumento de 36 casos, equivalente a un incremento aproximado del 17.6 %.

Agosto también reportó un alza, al pasar de 222 homicidios en 2025 a 252 en 2026, es decir, 30 casos adicionales. En marzo se registró otro incremento, de 191 a 230 homicidios, una diferencia de 39 muertes violentas.

En contraste, otros meses mostraron reducciones. En febrero se contabilizaron 178 homicidios, frente a 192 en 2025. Junio registró 191 casos, 33 menos que los 224 del año anterior.

En enero se reportaron 194 homicidios, cuatro menos que los 198 contabilizados en enero de 2025. Abril cerró con 224 casos, uno menos que el año previo; mayo registró 243, frente a 254 en 2025; y julio pasó de 235 a 190 homicidios, una disminución de 45 casos.

Los registros disponibles ofrecen una referencia sobre la evolución de la violencia homicida y su distribución geográfica, pero no explican por sí solos las causas de las diferencias entre municipios.

Las estadísticas correspondientes a 2026 continúan sujetas a revisión. Por ello, tanto los acumulados nacionales como los municipales pueden experimentar modificaciones conforme avance la validación de los registros por las autoridades competentes.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, lamentó la muerte de Mario Puga, promotor cultural de Tepito, quien falleció tras ser embestido por un vehículo durante una persecución policial en la colonia Morelos. La mandataria informó que las personas presuntamente responsables fueron detenidas y aseguró que el caso tendría seguimiento para que se hiciera justicia.

En un mensaje publicado en X, Brugada expresó solidaridad con la familia, amistades y la comunidad de Tepito. También recordó el trabajo de Puga en favor de la cultura popular, las causas comunitarias y la preservación de la memoria del barrio.

“Con profunda tristeza y dolor despedimos a nuestro querido compañero Mario Puga, un hombre entrañable que dedicó su vida a la cultura popular, a las causas justas y a mantener viva la historia, la identidad y la memoria de Tepito”, escribió.

La muerte de Puga ocurrió la tarde del sábado 24 de octubre en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. El promotor viajaba en una motocicleta eléctrica cuando fue atropellado por un automóvil que escapaba de policías capitalinos.

Puga murió durante una persecución en calles de la colonia Morelos

El vehículo involucrado era perseguido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana luego de ser relacionado con robos a restaurantes de la Ciudad de México. La huida concluyó en el cruce de Tapicería y Herreros, donde el automóvil chocó contra la motocicleta eléctrica en la que viajaba Puga.

La información inicial de las autoridades reportó la muerte de una mujer de aproximadamente 55 años, pero durante la noche fue confirmada la identidad de Mario Puga como la víctima del atropellamiento.

Paramédicos atendieron a Puga tras el choque, aunque murió a causa de las lesiones. El lugar fue acordonado para permitir las diligencias periciales y el inicio de la investigación ministerial. El promotor cultural no tenía relación con los hechos que originaron la persecución.

La jefa de Gobierno sostuvo que las personas presuntamente responsables fueron llevadas ante el Ministerio Público. “En coordinación con la Fiscalía CDMX daremos puntual seguimiento y se hará justicia”, publicó Brugada.

Tres personas fueron detenidas tras el atropellamiento

Tres personas fueron detenidas después del choque: el conductor del automóvil y dos mujeres que viajaban en la unidad. Los tres quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones por la muerte de Puga y los delitos relacionados con la persecución.

El conductor fue identificado como Hugo Sergio Aldana Callejas. Los tripulantes del vehículo eran investigados por su probable participación en al menos 17 robos de relojes y artículos de lujo en restaurantes de la capital. Ese antecedente habría motivado el despliegue policial y el seguimiento de la unidad.

La Fiscalía capitalina deberá definir la situación jurídica de las personas detenidas y establecer las responsabilidades por el atropellamiento que causó la muerte del director del PILARES Morelos.

Clara Brugada recordó el trabajo de Mario Puga en Tepito

Brugada describió a Puga como un defensor de su comunidad y sus raíces. En el mensaje destacó sus actividades como director del PILARES Morelos, fundador del Espacio Cultural Tepito y creador de Fotografitos de Tepito.

“Mario fue mucho más que un promotor cultural: fue un defensor de su comunidad, de sus raíces y de la fuerza transformadora de la cultura”, escribió la mandataria capitalina.

La jefa de Gobierno recordó que Puga construyó espacios de encuentro, identidad y esperanza para habitantes de Tepito. Agregó que su legado permanecería en las calles, la memoria y el corazón del barrio.

PILARES CDMX también expresó condolencias por la muerte de quien se desempeñaba como Líder Coordinador de Proyecto Operativo. La institución lo reconoció como un referente comunitario y cultural de Tepito.

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La Secretaría de Seguridad de Jalisco detuvo este viernes en Zapopan a Miguel C., identificado como “Compa Mike 157”, ciudadano estadounidense requerido en California por acusaciones de homicidio y delitos contra la salud relacionados con narcotráfico. Su apodo también aparece en narcocorridos que lo retratan como un hombre con operaciones entre México y Estados Unidos, vehículos de lujo, armas y vínculos con grupos armados.

La orden de aprehensión contra el hombre de 36 años fue emitida en junio pasado en San Diego, California. Las autoridades de Jalisco lo localizaron tras intercambiar información con corporaciones estadounidenses, analizar datos de la Policía Cibernética y vigilar con drones los sitios que frecuentaba en territorio jalisciense. Fue relacionado con el Cártel de Sinaloa mientras que en las canciones presuntamente pertenecería al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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El gobierno de Donald Trump está ampliando un sistema de vigilancia con inteligencia artificial (IA) a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, mediante torres equipadas con cámaras y sensores capaces de detectar movimientos sin necesidad de supervisión humana constante, de acuerdo con The New York Times.

En un artículo publicado este viernes, el diario estadounidense detalló que estas estructuras forman parte de un denominado “muro inteligente” que complementa las barreras físicas y permite monitorear tanto zonas desérticas como comunidades habitadas en California, Arizona, Nuevo México y Texas.

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La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó este viernes sobre la detención en Zapopan de Miguel Casillas, alias “Compa Mike”, un ciudadano estadounidense buscado en California por los delitos de homicidio y contra la salud, relacionados con narcotráfico.

De acuerdo con la dependencia estatal, el hombre contaba con una orden de aprehensión emitida en junio pasado en San Diego, California. Su localización fue posible mediante un operativo coordinado con autoridades estadounidenses, el análisis de información recabada por la Policía Cibernética y el uso de drones para vigilar los sitios que frecuentaba en territorio jalisciense.

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Agencias de seguridad de Estados Unidos, especialmente la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), participaron con intercambio de información en los operativos para detener a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS).

Sin embargo, un punto de inflexión ocurrió cuando Guzmán Loera se reunió con la actriz Kate del Castillo y el actor Sean Penn en octubre de 2015 en Sinaloa, ya que las agencias estadounidenses pidieron no proceder con el operativo de su captura por la presencia de dos de sus ciudadanos. Esto, fue un parteaguas en su seguimiento para finalmente arrestarlo en enero de 2016.

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El director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, Tabasco, Cleofas Juárez Lara, fue detenido durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, como parte de las acciones del denominado Operativo Enjambre, por su presunta vinculación con la delincuencia organizada.

La captura ocurrió durante las primeras horas de este viernes en un domicilio ubicado en la colonia Bajo Usumacinta, en la cabecera municipal, donde elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca desplegaron acciones para cumplimentar las detenciones.

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La exclusión educativa, el reclutamiento por parte de grupos criminales y la falta de oportunidades figuran entre los factores que aumentan la vulnerabilidad de la niñez y adolescencia en Honduras, advirtió Cándida Maradiaga, representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), al pedir que las estrategias de seguridad no estigmaticen a los jóvenes.

La funcionaria sostuvo que los adolescentes vinculados al sistema de justicia no representan, por sí solos, la explicación de la criminalidad que afecta al país.

Por ello, instó a las autoridades a priorizar la prevención de la violencia, la protección integral y la rehabilitación de quienes entran en conflicto con la ley.

Maradiaga respaldó su planteamiento con cifras sobre la población sometida a medidas judiciales. Según detalló, 157 adolescentes permanecen privados de libertad, mientras que otros 1,426 cumplen medidas no privativas de libertad.

En contraste, señaló que 19,374 personas adultas están privadas de libertad, una diferencia que, a su juicio, evidencia la necesidad de analizar la inseguridad desde una perspectiva más amplia, sin atribuir la responsabilidad principal a la población adolescente.

La representante del Conadeh insistió en que las políticas públicas deben tomar en cuenta las condiciones sociales que rodean a los menores y las situaciones de riesgo que pueden llevarlos a entrar en contacto con estructuras delictivas.

Uno de los aspectos que preocupa al organismo de derechos humanos es la cantidad de niños y adolescentes que permanecen fuera de las aulas, una situación que puede limitar sus oportunidades de desarrollo y aumentar su exposición a diferentes formas de violencia.

Maradiaga señaló que más de 1.2 millones de niños y adolescentes están excluidos del sistema educativo, mientras que otros enfrentan problemas como el acoso escolar, el trabajo infantil y las labores peligrosas.

La funcionaria también alertó sobre el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos criminales, que, según explicó, utilizan a adolescentes para actividades ilícitas como la venta de drogas y la extorsión.

Estas situaciones representan un desafío para las instituciones responsables de garantizar los derechos de la niñez, especialmente en comunidades donde existen condiciones de vulnerabilidad social y económica.

A este panorama se suman los menores en situación de calle y los embarazos adolescentes, incluidos casos relacionados con abusos sexuales, problemáticas que requieren respuestas coordinadas entre las instituciones estatales y los sistemas de protección.

La representante del Conadeh consideró necesario evitar que los jóvenes sean señalados de manera generalizada por los problemas de seguridad del país, sin atender los factores que los exponen a la violencia y al involucramiento en actividades delictivas.

Ante este escenario, el Conadeh planteó la necesidad de fortalecer el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Honduras (SIGADENAH), creado en 2019 para articular acciones dirigidas a la protección de los menores.

Maradiaga también solicitó aumentar los recursos destinados a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), con el propósito de ampliar su capacidad de respuesta y mejorar la atención a la población infantil y adolescente en situación de riesgo.

La representante señaló que el Estado debe respaldar a las familias y reforzar los mecanismos de prevención, protección y rehabilitación, en lugar de concentrar sus esfuerzos únicamente en las medidas punitivas.

Desde esta perspectiva, la atención de la niñez requiere políticas que garanticen el acceso a la educación, reduzcan la exposición al reclutamiento criminal y permitan intervenir oportunamente cuando se detecten situaciones de vulnerabilidad.

Asimismo, el fortalecimiento de las instituciones responsables de proteger a los menores resulta clave para responder a las distintas formas de violencia y exclusión que afectan a esta población.

Maradiaga reiteró que las autoridades deben abordar las causas estructurales de la inseguridad y garantizar los derechos de los adolescentes que entran en conflicto con la ley.

Desde la tarde de este sábado 24 de octubre, en varias regiones del país se registran movilizaciones impulsadas por agrupaciones civiles y colectivos juveniles.

En Lima, Arequipa, Cusco, Ica, Huancayo, Trujillo y Juliaca, miles de personas se concentraron en diversos espacios públicos para dar a conocer su descontento al gobierno ante la ola de inseguridad que deben sorportar a diario y los efectos del Fenómeno El Niño.

En la capital, los manifestantes abarrotan la plaza San Martín desde las 16:00 horas, portando pancartas con el lema “Por el Perú, por nuestras familias”. Las delegaciones confluyen pacíficamente en el centro histórico buscando llamar la atención de las autoridades sobre la delincuencia y las contingencias ambientales.

De manera simultánea, en la Ciudad Blanca, la concentración convocada en la plaza España reunió a integrantes de la Red de Juventudes de Arequipa (RUJA), estudiantes, familias enteras y adultos mayores para exigir justicia ambiental, proteger la flora y fauna y prevenir nuevos siniestros.

Reclamos ambientales y pedidos al Congreso

El malestar por la gestión estatal frente a las emergencias ecológicas impulsa las protestas en el sur andino. David Calizaya, vocero del colectivo “Generación Z” en Arequipa, cuestionó la respuesta del Gobierno Central ante los siniestros que destruyeron cientos de hectáreas y causaron víctimas mortales entre comuneros y bomberos.

“Consideramos que la respuesta del Gobierno Central es tardía y eso ha permitido que no se puedan controlar los incendios y que se produzcan mayores pérdidas, tanto de biodiversidad como humanas”, señaló el dirigente a un medio local.

Por ello, los organizadores demandaron que el Parlamento constituya una comisión investigadora para esclarecer el origen de los siniestros y determinar si fueron provocados, además de garantizar una reparación adecuada para las comunidades afectadas.

Asimismo, Calizaya instó a las autoridades locales, regionales y nacionales a reforzar la prevención y prepararse para futuras emergencias climáticas. Aunque las lluvias recientes extinguieron los focos activos, los manifestantes sostienen que la vulnerabilidad de las zonas rurales continúa intacta frente a las amenazas meteorológicas.

Debate económico y alertas por El Niño

Esta movilización representa la primera protesta nacional que encara la actual administración, en un contexto marcado por contradicciones internas en el gabinete ministerial. Días atrás, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, generó polémica al proponer una suspensión perfecta de labores por 90 días, mecanismo que liberaría a las empresas del pago de sueldos durante desastres. Dicha alternativa fue descartada tajantemente por el ministro de Economía, Elmer Cuba, quien la calificó como una política extrema no aprobada por el Ejecutivo.

Cuba precisó que la estrategia gubernamental prioriza bonos familiares, liquidez corporativa y un pago extraordinario de 200 soles para 800 mil pensionistas. Paralelamente, el exministro de Energía y Minas, Pedro Gamio, advirtió que el alza del combustible diésel y los efectos climáticos amenazan el abastecimiento nacional de alimentos si no se habilitan rutas alternas.

Este panorama se complica tras el revés legislativo que aprobó apenas 27 de 66 facultades solicitadas, hecho que Cuba definió como un “sinsabor” tras archivarse las reformas tributarias para mypes e inversión, advirtiendo que el camino será “el más largo”. Al caer la noche, la ciudadanía mantiene su vigilia pese a la represión de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El procedimiento se realizó este viernes en las llamadas torres Etchepare, ubicadas en la zona de Pasaje Venezuela al 50 y 60. Allí, en las torres 1 y 2 del complejo, la Policía encontró 770 envoltorios de cocaína y 70 de marihuana, además de armas de guerra, armas de uso civil y tumberas.

Los videos y fotos incorporados a la causa muestran un entramado de accesos cerrados con rejas, pasillos con escasa iluminación, boquetes en los que se hallaron drogas, cámaras de seguridad instaladas estratégicamente dentro del complejo y ventanas desde donde los ocupantes observaban los movimientos en el exterior. También se vieron vigilantes armados en las terrazas de los edificios, preparados para alertar sobre la presencia policial.

El lugar estaba tomado por una organización autodenominada “Los Coppelos”. Según fuentes judiciales y policiales, la banda usaba departamentos y otros sectores internos del complejo como punto de encuentro antes de salir a robar y para fraccionar y vender drogas, con modalidad delivery. Eso no era todo: allí también ocultaban armas y objetos sustraídos, especialmente autopartes.

Tras reiteradas denuncias por hechos delictivos en la zona y unas 190 llamadas al 911 por disparos en las torres Etchepare, hace cerca de un año se inició la larga investigación que desembocó ayer en la llegada de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense al lugar. La causa está en manos de la fiscal Florencia Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº1 de Mar del Plata. La fiscalía había pedido 35 órdenes de allanamiento, aunque el juez Gabriel Bombini, del Juzgado de Garantías Nº5, autorizó 26.

Además de la droga mencionada, los procedimientos arrojaron la incautación de dos escopetas calibre 12/70 con numeraciones suprimidas; un revólver calibre .44; dos armas de fabricación casera tipo “tumbera”; dos revólveres calibre .32 y uno calibre .38, ambos con numeraciones suprimidas; municiones de distintos calibres y una granada de mano de gas CS, sin signos de detonación.

Los agentes también secuestraron teléfonos celulares, dinero, tres motos y otros objetos que serán analizados para establecer los vínculos entre los sospechosos y determinar si existen conexiones con otros delitos.

El operativo contó con un despliegue aproximado de 1.000 efectivos policiales, con participación de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado y la colaboración de personal de las Superintendencias de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), Cuerpos, Seguridad Siniestral, Seguridad Rural y de la Dirección de Explosivos y demás áreas operativas intervinientes.

Los 13 detenidos iban a ser indagados durante el fin de semana.

Por otra parte, tras los allanamientos, bomberos y personal especializado realizaron un relevamiento en las torres. El informe detectó deterioro en la estructura, con desprendimientos de hormigón y mampostería, hierros expuestos en columnas y vigas, filtraciones de agua y cielorrasos dañados.

También advirtieron problemas en las instalaciones eléctricas, como cables expuestos, conexiones precarias y falta de protecciones en el tablero general. A eso se sumaron la ausencia de extintores, señalización e iluminación de emergencia, obstáculos en los pasillos, residuos acumulados y agua estancada.

Ante esta situación, las torres quedaron bajo custodia policial y se prevé una evaluación técnica sobre su estado estructural, mientras organismos de asistencia social analizan las necesidades de las familias que vivían allí.

El arresto se concretó este viernes en el barrio Puerta de Hierro, en Isidro Casanova. El sospechoso fue identificado como Agustín Adolfo Guerrero y quedó a disposición de la Justicia por una causa que investiga un robo agravado y la tenencia ilegal de armas de fuego.

Todo comenzó el 12 de septiembre pasado en una casa de la calle Federico Russo, en suelo laferrense. De acuerdo con la denuncia, varios asaltantes armados ingresaron durante la madrugada, cerca de las 4:30, redujeron a las dos mujeres y luego escaparon con dinero y otras pertenencias. Las cámaras de seguridad de la zona fueron claves para la investigación, ya que captaron la fuga los delincuentes.

Una de las cámaras en particular incluso registró la salida del grupo de la propiedad de las víctimas. En las imágenes se los observa vestidos de negro, con guantes y capuchas puestos. Eran tres y llevaban las cosas robadas en bolsas de consorcio. Rápidamente, se subieron a un Honda Civic gris, conducido por un cuarto cómplice.

Los detectives siguieron el rastro del vehículo e identificaron la patente y el modelo. Entre otras medidas, también analizaron comunicaciones hasta finalmente llegar al titular del coche: Guerrero.

Con la información recabada, el Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza, a cargo del juez Gustavo Banco, ordenó dos allanamientos a los domicilios vinculados al sospechoso, ambos en la zona de Puerta Hierro, una de las zonas más peligrosas y vulnerables de La Matanza. Al acusado lo detuvieron en la vía pública, sobre la avenida Crovara, cuando llegaba a una de las viviendas, justamente a bordo del Honda Civic.

El auto fue incautado, al igual que otros elementos que se encontraron en el operativo: cuatro teléfonos celulares, ropa que habría sido utilizada en el robo, una mochila, una valija, juegos de llaves y $ 220.000. En uno de los domicilios, además, se hallaron una pistola calibre 22, una escopeta calibre 12 y municiones: 43 proyectiles calibre 22 y 19 cartuchos calibre 12, según informaron fuentes policiales.

La causa está en manos de la fiscal Andrea Palín, que dirige la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Entraderas N°9 de La Matanza. En las próximas horas, Guerrero será trasladado a sede judicial para prestar declaración.

El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Augusto Ramos Melo anunció un paro nacional indefinido de transportistas a partir del próximo lunes 26 de octubre.

La suspensión de actividades se da en un contexto donde los trabajadores han sido víctimas de extorsiones y presiones económicas por parte de organizaciones criminales, poniendo en riesgo su vida y labores diarias.

“No queremos detener a México. Queremos que México nos escuche”, escribieron en su cuenta oficial de X ante el aumentó de la inseguridad en las carreteras y tramos que recorren frecuentemente.

Transportistas en Puebla protestan por asesinato de delegado regional

Integrantes de la AMOTAC bloquearon durante más de ocho horas varios puntos carreteros de Puebla el pasado 22 de octubre de 2026, después del asesinato de Estanislao Hernández Lozano, delegado regional, en los límites con Veracruz. La protesta exigió mayor seguridad para los transportistas y el esclarecimiento del crimen.

Las movilizaciones también respondieron al aumento de agresiones contra choferes en autopistas y carreteras federales de la entidad. En junio, la organización realizó protestas en distintos puntos del país para exigir al Gobierno federal medidas de protección y soluciones para el transporte de carga.

El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala dio a conocer que los transportistas aceptaron retirar los bloqueos después de una mesa de diálogo con autoridades estatales. La siguiente reunión quedó prevista para el 28 de octubre, con la participación de Gobernación, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública.

En el encuentro también participó el vicealmirante Francisco Sánchez González, quien encabeza la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, autoridades acordaron revisar el reforzamiento de la vigilancia en las carreteras y dar seguimiento a las solicitudes del sector, incluido el caso de Hernández.

Estas fueron las vialidades afectadas tras las manifestaciones:

• Autopista Puebla – Orizaba
• Carretera Federal a Huejotzingo
• Caseta de Atlixco
• Carretera Puebla – Veracruz
• Carretera Federal Cholula – Huejotzingo
• Recta a Cholula
• Autopista Cuacnopalan – Oaxaca

Testimonios de transportistas afectados por la inseguridad

Los transportistas que recorren las carreteras de México enfrentan emboscadas, secuestros exprés y asesinatos de operadores, una violencia que los obliga a evitar paradas para descansar y acelerar los traslados hasta su destino. En la autopista Ciudad de México-Puebla, una de las rutas con mayor incidencia delictiva, los trabajadores también denuncian posibles vínculos entre corporaciones de seguridad y los grupos que los asaltan, según testimonios recabados por EFE.

Eduardo, trailero con 28 años de experiencia, explicó que la rutina de los viajes cambió por completo. “Ya son muy inseguras las carreteras, en este tiempo no es como antes que se podía quedar uno a descansar con las ventanillas abiertas”, dijo.

El operador añadió que los conductores buscan llegar lo antes posible: “Ahora ya no para uno, ya lo que quiere es llegar al destino porque corre uno mucho peligro”.

Las tres carreteras incluidas en el plan Cero Robos —México-Puebla, México-Querétaro y Culiacán-Mazatlán— concentran un tercio de los hurtos contra transportistas en el país, ante esto se desplego un operativo oficial de al menos mil 180 elementos de seguridad en esos corredores.

Robos con violencia alcanzan hasta 40 casos diarios

La Asociación Nacional Transportista registra entre 30 y 40 robos diarios a operadores de carga en las carreteras del país, de los cuales más de 70% de los casos ocurre con violencia.

El Estado de México, Puebla y Guanajuato concentran casi la mitad de estos delitos. Las tres entidades se localizan en la zona centro, donde se ubican algunas de las vías más transitadas por el autotransporte de carga.

Jonathan, operador de grúas con una década de experiencia en la ruta Ciudad de México-Puebla, sostuvo que los ataques dejaron de centrarse únicamente en el robo de mercancía o de unidades. “Ya no es solamente que se roben la carga o la unidad, ya literalmente matan a los operadores para evitar problemas con la policía”, denunció.

El chofer y su familia, quienes también trabajan en el transporte, han sufrido varios robos durante los últimos años. Uno de los asaltos ocurrió a balazos y dejó marcas que permanecen en su grúa.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló este viernes, durante su cuenta de la red social X, que durante el pasado mes de septiembre la persepción de inseguridad en México se ubicó en 58.1%, que es el nivel más bajo registrado desde que inició la encuesta, hace 13 años, en septiembre de 2013.

Esto, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Además, apuntó Harfuch, en comparación con septiembre de 2025, 28 ciudades registraron mejoras significativas en la percepción de seguridad.

La encuesta, señaló el funcionario en su publicación, muestra avances importantes en lo que las personas observan y escuchan en sus comunidades:

• La población que reportó haber presenciado o escuchado robos o asaltos cerca de su vivienda se ubicó en 45.3%, el menor nivel desde 2013.
• La atestiguación de disparos frecuentes con armas disminuyó 16.7% respecto al cuarto trimestre de 2024.
• La percepción de inseguridad en las escuelas se redujo a 12.2%.

Dijo que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Gabinete de Seguridad se continúa fortaleciendo la Estrategia Nacional de Seguridad mediante más inteligencia, investigación, atención a las causas, y coordinación con las autoridades de las 32 entidades federativas.

“Estos avances son importantes sin embargo hay mucho por hacer. La instrucción de la Presidenta @Claudiashein es seguir trabajando todos los días para reducir la violencia, combatir la impunidad y lograr que más familias mexicanas vivan con tranquilidad y paz”, concluyó el mensaje.

Con su publicación, Harfuch compartió otros post de la cuenta del INEGI, el informe citado.

De acuerdo con la publicación del INEGI, en septiembre, el 58.1% de las personas de 18 años o más, residentes en 91 áreas de interés, consideraron inseguro vivir en su ciudad.

De ellos, el 64.2% son mujeres y el 50.6% son hombres. Además, se informó que las ciudades con mayor percepción de inseguridad pública fueron:

• 90.5% en Irapuato
• 86.9% Chilpancingo de los Bravo
• 85.8% Mazatlán

Mientras que las ciudades con menor percepción de inseguridad pública fueron:

• 5.8% San Pedro Garza García
• 13.8% Benito Juárez
• 14.3% San Nicolás de los Garza y ​​Piedras Negras

Principales problemáticas

En cuanto a principales problemáticas que impactan las ciudades del país, en el informe se señala que el 83.1% de la población de 18 años y más consideró que fueron los baches en calles y avenidas, mientras que el 61.2% dijeron que eran las fallas y fugas en el suministro de agua potable y 57% señalaron que eran las coladeras tapadas por acumulación de desechos.

Por áreas urbanas de interés, de junio a septiembre de 2026, se tuvo un incremento en las problemáticas: en 10 áreas urbanas, por baches en calles o avenidas; en nueve, por coladeras tapadas por acumulación de desechos; y en ocho, por delincuencia (robos, extorsiones, secuestro, fraudes, etcétera). En contraste, se presentaron disminuciones en dichas problemáticas: en 44 áreas urbanas, por parques o jardines descuidados; en 43, por hospitales saturados o con servicio deficiente; y en 42, por falta de tratamiento de aguas residuales

En cuanto a conflictos o enfrentamientos, se informó que durante el tercer trimestre de este año, 39.8% de la población de 18 años o más tuvo algún problema de este tipo, de manera directa, con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o de escuela, personal de establecimientos o autoridades de gobierno.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 10:19 p.m., cuando Peñaranda se encontraba al aire desde un punto exterior. Dos hombres que circulaban en bicicleta se acercaron al comunicador con la intención de arrebatarle el dispositivo móvil que tenía en sus manos para la transmisión.

De acuerdo con el video, en un primer intento el reportero reaccionó con rapidez, esquivó a los ciclistas y alertó de inmediato a sus compañeros de transmisión, que se percataron de la situación.

“Uy, pasó un señor y casi me deja sin celular (...) Vea, dos”, expresó Peñaranda en medio de la emisión. En ese momento, el programa analizaba las declaraciones del exfuncionario Víctor de Currea-Lugo sobre los señalamientos de supuestas presiones al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Un colega del noticiero confirmó la doble agresión al aire

Jhonathan Taborda Carmona, locutor y productor audiovisual de Noticias Uno, corroboró lo sucedido durante la transmisión: “Lo están intentando robar en varias veces. Dos veces le intentaron rapar el celular”, señaló.

Otro de los participantes del enlace, el periodista y consultor Yezid Daniel Baquero, le sugirió a Peñaranda que se desplazara hacia una portería cercana para protegerse mientras continuaba su labor informativa.

Asimismo, sus compañeros que estaban desde sus viviendas, entre los que se encontraban el exdirector del Departamento de Prosperidad Social - DPS, Gustavo Bolívar, y Daniel Coronell le piden que se mueva a otro sitio para que se ponga en un lugar seguro y pueda continuar con la transmisión en directo.

No se informaron capturas ni denuncias formales tras el episodio

El propio noticiero difundió las imágenes del hecho a través de su cuenta oficial en la red social X, donde el video generó numerosas reacciones entre los usuarios. Según la información publicada por el medio, los agresores no lograron llevarse ninguna pertenencia del reportero.

Hasta el momento, no se conocen capturas relacionadas con el incidente ni se ha confirmado la presentación de una denuncia formal por parte del periodista ante las autoridades.

Así va el robo de celulares por localidades

Más de 14 mil celulares fueron hurtados en Bogotá entre enero y mayo de 2026, según cifras que la concejal Diana Diago obtuvo mediante un derecho de petición ante la Secretaría Distrital de Seguridad.

La cifra equivale a 101 hurtos diarios en apenas cinco meses. El dato llega en un contexto donde la recuperación de equipos robados retrocede en vez de mejorar.

Nueve de cada diez celulares robados no aparecen

De los 14.274 dispositivos hurtados en ese período, las autoridades solo recuperaron 1.649, es decir, apenas el 11,6% del total.

Eso significa que casi nueve de cada diez celulares robados en la ciudad permanecen en manos de los delincuentes o ya fueron comercializados de forma ilegal, sin que sus dueños vuelvan a tenerlos.

La comparación interanual agrava el panorama: en el mismo lapso de 2025 se habían recuperado 1.956 equipos, por lo que la caída en 2026 representa una reducción del 15,8% en la efectividad de las autoridades.

Suba, Engativá y Chapinero lideran el ranking

Según los registros de 2025 citados por la concejal, Suba encabezó los casos con 1.414 hurtos, seguida de Engativá con 1.409 y Chapinero con 1.376.

Completan la lista Teusaquillo, con 1.246 casos; Kennedy, con 1.028, y Usaquén, con 1.005 robos de celulares.

“Entre enero y mayo de 2026 se registraron más de 14 mil robos de celulares, lo que equivale a 101 hurtos diarios”, aseguró Diago.

La cabildante también cuestionó la gestión de la administración de Carlos Fernando Galán frente al fenómeno. “Bogotá no camina segura. La recuperación de celulares se desploma mientras la delincuencia se fortalece”, afirmó, y reclamó mayor liderazgo para desarticular las estructuras dedicadas al hurto y la venta ilegal de equipos.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, encabezó este miércoles la develación de un busto en memoria de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo Rodríguez, durante una ceremonia realizada con motivo del 161 aniversario luctuoso de los Mártires de Uruapan.

Durante el acto también se entregó a Diana Rodríguez la Presea Mártires de Uruapan en memoria del exedil, quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.

El homenaje estuvo acompañado por un llamado de Grecia Quiroz para que el crimen de su esposo sea esclarecido y para que las autoridades determinen quiénes fueron responsables del homicidio, sin importar su posición o influencia.

Grecia Quiroz exige justicia por el asesinato de Carlos Manzo

Durante su intervención, la alcaldesa señaló que la entrega de la presea no puede devolver a Carlos Manzo a su familia, pero representa un reconocimiento de Uruapan a la trayectoria que construyó durante su vida pública.

Quiroz García sostuvo que el recuerdo del exalcalde debe trascender las circunstancias de su muerte y permanecer ligado a sus acciones, sus convicciones y el vínculo que mantuvo con sus hijos y su comunidad.

“Esta presea no devuelve a Carlos a casa, pero expresa que Uruapan reconoce su entrega y que su recuerdo merece respeto; que sus hijos puedan crecer sabiendo que la historia de su padre no se reduce a la forma en que murió, sino a lo que hizo, a lo que defendió y al amor que dejó sembrado”, expresó.

Posteriormente, la alcaldesa hizo un llamado para que la investigación por el asesinato avance hasta determinar todas las responsabilidades relacionadas con el caso.

“Hoy, desde Uruapan, exijo justicia para Carlos Manzo, justicia verdadera, completa y sin excepciones; que se conozca toda la verdad, que las investigaciones lleguen a sus últimas consecuencias, que toda persona responsable sea identificada y sancionada conforme a la ley, sin importar su nombre, su influencia o su posición de poder”, declaró.

A la ceremonia acudieron el secretario del Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor; el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; el diputado Carlos Bautista Tafolla, y la diputada federal de El Movimiento del Sombrero, Guadalupe Araceli Mendoza.

Fiscalía reporta 90% de avance en el caso Carlos Manzo

El asesinato de Carlos Manzo ocurrió el 1 de noviembre de 2025 y permanece bajo investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

De acuerdo con los reportes de la institución, las indagatorias registran un avance de 90% y hasta el momento suman 33 personas detenidas por su presunta participación en los hechos.

Entre los detenidos se encuentran Ramón Ángel “N”, alias El R1, y Jorge Armando “N”, conocido como El Licenciado, señalados por las autoridades como presuntos autores intelectuales del homicidio.

Las investigaciones, sin embargo, continúan abiertas con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Una de las líneas de investigación contempla una posible represalia del crimen organizado relacionada con los operativos de seguridad impulsados durante la administración de Manzo en Uruapan, particularmente por acciones contra integrantes de grupos delictivos y la detención de René “N”, alias El Rino.

La Fiscalía estatal también ha señalado que, hasta el momento, sus investigaciones no apuntan a un móvil político.

Con la develación del busto, Grecia Quiroz sumó un nuevo acto de homenaje a la memoria de su esposo, al tiempo que reiteró su demanda para que el caso no quede limitado a las detenciones realizadas y se conozca de manera completa quiénes participaron en el asesinato de Carlos Manzo.

Un jubilado fue víctima de un robo de $350.000 tras retirar su dinero de una sucursal del Banco Provincia en el centro de La Plata. Dos hombres lo interceptaron cuando caminaba por las inmediaciones de la entidad, lo amenazaron por la espalda y huyeron con el efectivo.

El episodio ocurrió el martes cerca de las 10.20, en una zona de circulación bancaria sobre la Avenida 7, entre las calles 53 y 54. La víctima acababa de cobrar el dinero correspondiente a su jubilación y se había retirado de la sucursal cuando fue abordada por los sospechosos.

Según la denuncia, los autores actuaron sin exhibir un arma, aunque uno de ellos le apoyó un objeto en la espalda al hombre. El jubilado interpretó que podía tratarse de un arma de fuego y entregó el dinero ante la amenaza.

“Dame toda la plata”, le dijeron los asaltantes, de acuerdo con lo relatado por el jubilado en la denuncia. Frente a esa situación, el hombre entregó los $350.000 que acababa de retirar y los agresores escaparon sin que se registraran enfrentamientos ni lesiones informadas.

Según informó el portal 0221, después de quedarse con el dinero, los dos hombres huyeron por la calle 54 en dirección a 8, según pudo observar la víctima. El jubilado alcanzó a aportar una descripción de la ropa que utilizaban, un dato que podría servir para orientar la búsqueda de los responsables.

Uno de los presuntos autores llevaba una remera roja y pantalón de jean. El segundo vestía una campera negra con capucha y un pantalón deportivo azul y blanco. Por el momento, no se difundieron identidades ni se informó sobre detenciones vinculadas al robo en La Plata.

La pesquisa deberá identificar a los autores y reconstruir sus movimientos previos y posteriores al ataque. Entre los puntos a esclarecer está la posibilidad de que los delincuentes hayan contado con información sobre el cobro, aunque hasta el momento no se informó que exista una prueba que confirme esa hipótesis.

La causa se apoyará en el testimonio de la víctima, la descripción de los atacantes y las eventuales imágenes de cámaras de seguridad públicas o privadas que puedan existir en el trayecto de la avenida 7 y las calles cercanas. También será necesario determinar si hubo testigos del momento en que los hombres interceptaron al jubilado.

El hombre logró advertir la dirección de fuga, pero no pudo impedir que los asaltantes se alejaran con el efectivo.

Y otra salidera bancaria ocurrió a principios del mes de septiembre, en Pilar, cuando dos hombres en moto rompieron el vidrio de una camioneta y escaparon con un bolso que contenía 26 millones de pesos en efectivo, destinados a la compra de un vehículo.

La víctima fue un hombre de unos 60 años, que había sacado el dinero minutos antes de dirigirse hacia una concesionaria, ubicada sobre la traza de la Panamericana.

El episodio ocurrió cuando el damnificado salió de una sucursal de su banco con una suma superior a $26 millones en efectivo, abordó su vehículo y manejó hasta una agencia, situada a la misma altura, pero del otro lado de la autopista.

La maniobra delictiva fue rápida. Mientras el hombre descendía de su Renault Kangoo blanca para ingresar a la concesionaria, una moto Yamaha negra de 250 cc se acercó al vehículo estacionado. Uno de los ocupantes rompió los cristales con un objeto contundente, se inclinó dentro del habitáculo y retiró el bolso con el dinero. Después, ambos huyeron en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

Los investigadores buscan determinar si hubo un seguimiento desde el banco o si los ladrones detectaron la presencia del dinero cuando el utilitario quedó estacionado frente al comercio. Otra de las hipótesis que barajan es si existió algún tipo de complicidad con algún empleado del banco.

Tras el robo, las autoridades comenzaron a revisar registros fílmicos de la zona para establecer si la maniobra quedó captada por cámaras de seguridad públicas o privadas. El objetivo es precisar el trayecto de la moto, identificar rasgos de los dos ocupantes y reconstruir los movimientos previos al ataque.

Uno de los datos relevantes del hecho es que el retiro del dinero se produjo debido a que la compra no pudo concretarse por medios electrónicos. Esa circunstancia obligó a la víctima a trasladar una suma elevada en efectivo, un factor que terminó exponiéndola a un ataque en la vía pública.

Un adolescente de 14 años fue aprehendido este martes en el partido bonaerense de San Isidro, en el marco de la investigación por la violenta entradera al hermano de la ex jueza Julieta Makintach. Según supo Infobae, el menor habría sido localizado luego de realizar un pedido a través de una aplicación con el celular de la víctima. También detuvieron a otros dos sospechosos.

El procedimiento se realizó alrededor de las 20.15 en la intersección de las calles Rolón y Tomkinson, donde se registró la señal del dispositivo.

Al lugar se movilizó personal de la Comisaría 11ª, que halló al adolescente junto a otras dos personas e intervino en las detenciones. Todos fueron trasladados luego a esa dependencia policial.

Cómo fue el robo

El asalto ocurrió durante la madrugada del domingo en el barrio cerrado Ovejitas I, ubicado sobre la calle Guido al 2500, en la localidad de Beccar. La víctima fue Tomás Makintach, hermano de la ex magistrada que quedó en el centro del escándalo por el fallido juicio por la muerte de Maradona.

Todo comenzó alrededor de las 2.30, cuando una vecina alertó a la Policía porque escuchaba ruidos sobre los techos de las viviendas de la zona.

Efectivos policiales y personal de la Patrulla Municipal montaron un operativo cerrojo y revisaron las propiedades cercanas. Durante la inspección encontraron un bolso con un crique y sospecharon que los delincuentes podían haber ingresado al barrio cerrado lindero. Sin embargo, el personal de seguridad privada del complejo les impidió el acceso.

Poco después, a las 3.34, tres delincuentes ingresaron por la parte trasera de la casa de Makintach. Permanecieron entre 30 y 45 minutos en el interior de la vivienda y se llevaron 1.000 dólares en efectivo, un teléfono Samsung S26 Plus, un reloj Garmin y una PlayStation 3.

Además, realizaron una transferencia de 800.000 pesos desde la cuenta de Mercado Pago de la víctima y sustrajeron las llaves de un Honda Civic.

Antes de escapar, los asaltantes obligaron al hombre a subir a su camioneta Ford Kuga y salieron del barrio cerrado. La barrera de acceso fue abierta por el personal de seguridad privada.

Los delincuentes circularon por distintas calles de Beccar hasta llegar a Murature, donde la víctima logró salir de la camioneta. Los asaltantes abandonaron el vehículo y escaparon a pie hacia el barrio San Cayetano.

Este martes, el Municipio de San Isidro denunció penalmente a la empresa de seguridad privada por impedir el ingreso de la Policía durante la búsqueda de los sospechosos y permitir la salida de la camioneta en la que escaparon con la víctima.

La presentación fue realizada por presunta desobediencia a la autoridad y encubrimiento. Además, la comuna solicitó al Ministerio de Seguridad bonaerense que sancione e inhabilite a la empresa por incumplir su obligación de colaborar con las fuerzas policiales.

Según el reporte de ATV, los delincuentes accedieron al establecimiento con una llave maestra y ejecutaron el robo en apenas cuatro minutos. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que sustraían computadoras, parlantes, grupos electrógenos y otros aparatos tecnológicos, además de una camioneta con la tolva cargada con el botín.

Robo con llave maestra

De acuerdo con ATV, los asaltantes no contaban con que Castromonte, bombero en actividad, ya estaba al tanto del robo y había llegado al lugar a bordo de otro vehículo. Al advertir que se llevaban los equipos, impactó su auto contra la camioneta de los ladrones, quienes bajaron del vehículo y huyeron en una motocarga.

La persecución se extendió hasta el Óvalo de Santa Anita, donde Castromonte logró interceptar a uno de los sospechosos. “La policía no me respondía, no me respondía el serenazgo y la impotencia y la adrenalina de saber que se estaban llevando todo e íbamos a perder todo, acá tenía que haber un responsable. Decidimos actuar nosotros, que no es lo correspondiente y que no se debería hacer”, relató el excandidato para el citado medio.

Captura termina en enfrentamiento

El excandidato detalló que, tras someter a uno de los delincuentes, los otros dos acudieron en su auxilio. “Capturé a uno, me empecé a pelear con uno, vino otro más y no sentí un tercero que de verdad me ha dado en la pierna. Siento una patada en la pierna de un tercer malhechor y me empezó a dar tan duro que tengo aparentemente rotura de ligamento, del ligamento de la pierna izquierda”, narró.

A raíz de la lesión, Castromonte deberá someterse a una operación para recuperar la movilidad normal de la pierna afectada. El excandidato cuestionó la falta de respuesta de la policía y del serenazgo de La Molina pese a sus reiterados llamados durante el incidente, pues consideró que esa ausencia lo obligó a intervenir por cuenta propia.

Pese al riesgo que implicó el operativo improvisado, Castromonte expresó satisfacción por haber recuperado la totalidad del botín sustraído. Según indicó, los equipos tecnológicos formaban parte de un proyecto de ayuda social, lo que motivó su decisión de actuar pese a la falta de apoyo policial.

La joven relató que un hombre la contactó para asegurar que tenía a Huellas Emilio, el perro de su hermano, y le pidió dinero para devolverlo, pese a que el animal ya había regresado por su cuenta a su vivienda.

Todo comenzó cuando la mascota, raza cocker spaniel, salió de la casa y no pudo ser ubicado durante varias horas. Ante la preocupación, sus dueños recorrieron el vecindario, consultaron a residentes y compartieron carteles con información personal: “Puse mi número y puse el número de mi mamá. Ese cartel empezamos a difundirlo por todas partes, por grupos de Facebook, por redes sociales, mejor dicho, ese cartel estaba en todos lados”.

Según el relato publicado en TikTok, el animal volvió solo al hogar cerca de 2 horas después de que iniciara la búsqueda. Sin embargo, aproximadamente 30 minutos más tarde, la joven recibió una llamada de un número desconocido y la persona al otro lado de la línea le dijo: “Yo tengo a tu perro”.

Le pidieron dinero y su dirección para supuestamente devolver al perro

La joven explicó que decidió mantener la conversación con la persona que la llamó para entender qué ocurría, pese a que ya tenía a la mascota de la casa en sus brazos. En ese momento, el hombre le propuso que enviara dinero por una aplicación de transferencias y le pidió la dirección de la vivienda, con el argumento de que llevaría al animal hasta allí.

“A mí se me hizo muy raro y yo le dije como: ‘Ven, pero yo tengo a mi perro acá, de pronto estás confundido’. Pum, me colgó. Me colgó de una. Yo le devolví la llamada e intenté escribirle a ese número, como que lo desactivaron”, aseguró.

Este caso se convirtió en un ejemplo de cómo los datos incluidos en carteles de búsqueda, como teléfonos, fotografías, nombres y zonas de residencia, pueden ser utilizados por terceros para contactar a familias que atraviesan un momento de angustia, con el fin de aprovecharse de su vulnerabilidad.

En su testimonio, la joven reiteró que aquellos que han perdido un animal conocen el nivel de preocupación que provoca no saber dónde está. Por eso, pidió precaución ante llamadas en las que alguien asegure tener a una mascota y solicite dinero sin aportar elementos verificables: “Se aprovechan del dolor y de la desesperación de las personas para sacarles plata”.

En estos casos, los cuidadores pueden pedir pruebas antes de continuar cualquier conversación. Una fotografía reciente, un video en tiempo real o detalles físicos que no aparezcan en las publicaciones ayudan a verificar si la persona realmente tiene al animal. También conviene hacer preguntas sobre una marca particular, el collar o una característica que solo conozca la familia.

El Gaula recomienda no enviar dinero a extraños

Frente a una llamada de este tipo, la recomendación principal es conservar la calma y evitar entregar dinero, direcciones, documentos o información adicional. La Policía Nacional aconseja no confirmar datos personales ante desconocidos, guardar los mensajes y anotar el número telefónico, las cuentas de cobro y cualquier detalle de la conversación.

Si hay presión, amenazas o exigencias económicas, se debe cortar la comunicación y buscar apoyo de las autoridades. El Gaula dispone de la línea gratuita nacional 165, habilitada para recibir denuncias y asesorar ante hechos de extorsión o secuestro.

Para buscar una mascota sin exponer más información de la necesaria, los cuidadores pueden usar un número alterno, omitir datos de ubicación exacta y reservar algún rasgo distintivo para comprobar la identidad de la persona que dice haberla encontrado.

La Policía Nacional del Perú (PNP) asestó un nuevo golpe a la capacidad logística de la minería ilegal en la región Madre de Dios, al destruir bienes, equipos e infraestructura valorizados en más de S/ 1,3 millones. La intervención se ejecutó el 17 de octubre en el sector Balata, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, según informó la agencia Andina.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) de la PNP, con el apoyo de otras unidades especializadas de la institución. Entre los bienes inutilizados figuran seis balsas tracas, cinco motores sumergidos, seis tolvas, tres pozas y un motor adicional, equipos que formaban parte de la infraestructura utilizada para la extracción ilegal de oro en la zona.

Equipos y vehículos destruidos

La intervención también permitió neutralizar 650 galones de combustible diésel y 15 campamentos que servían de soporte logístico para la actividad ilícita. Según el reporte de Andina, entre los bienes hallados se contabilizaron además un generador eléctrico, una antena satelital, dos congeladoras, 15 motocicletas lineales y un motocarguero, sumados a otros enseres encontrados durante el operativo.

La destrucción de esta infraestructura busca limitar la capacidad operativa de las redes dedicadas a la minería ilegal en la región amazónica, una actividad que afecta de forma directa los ecosistemas de la zona. El valor total de los bienes destruidos superó el S/ 1,3 millones, de acuerdo con la cifra difundida por la agencia estatal.

Fiscalía y Sernanp participaron de la diligencia

En el operativo también intervinieron representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y personal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), encargados de verificar el cumplimiento de los procedimientos legales durante la destrucción de los bienes.

La acción se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno para combatir el crimen organizado vinculado a la minería ilegal. Según el reporte de Andina, el objetivo de este tipo de intervenciones es “anticiparse al crimen, debilitar su capacidad logística y recuperar el control territorial”, mediante operaciones focalizadas que afectan los recursos utilizados para sostener actividades ilegales.

El Mininter, a través de la PNP y en coordinación con las autoridades competentes, informó que continuará con la ejecución de acciones de interdicción contra la minería ilegal en distintas zonas del país. La entidad busca fortalecer la presencia estatal en las áreas afectadas por esta actividad, que ha generado un impacto ambiental sostenido en regiones como Madre de Dios durante los últimos años.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la calle Garzón al 3800, cuando un hombre se encontraba estacionando su auto y fue sorprendido por el sospechoso, quien lo amenazó con el arma y le robó un teléfono celular y un reloj pulsera.

Tras cometer el asalto, el delincuente intentó sustraerle las pertenencias a otra persona. Sin embargo, el hombre se identificó como oficial de la PSA y lo ahuyentó.

En medio de la huida, un vecino llamó al 911 y alertó que el sospechoso había ingresado a una vivienda ubicada sobre la calle Laguna al 9000.

A partir de esa información, efectivos de la Comisaría Vecinal 9C de la Policía de la Ciudad se dirigieron al lugar e ingresaron al inmueble, donde encontraron al acusado en el comedor y procedieron a detenerlo.

Durante el procedimiento, los agentes recuperaron el celular robado y secuestraron la réplica de ametralladora que el sospechoso había utilizado para amenazar a las víctimas.

Al identificarlo, los investigadores comprobaron que el hombre registraba 11 antecedentes desde 2018, por delitos como robo, tentativa de robo, hurto, lesiones, encubrimiento y atentado y resistencia contra la autoridad, entre otros.

Además, de acuerdo con la información policial, tenía dos condenas vigentes, dictadas en 2019 y 2022, y un procesamiento con prisión preventiva vigente desde 2023.

Un episodio similar ocurrió en junio de este año en el barrio porteño de Villa del Parque, cuando un delincuente intentó asaltar una dietética con un arma de utilería. El hecho sucedió en un comercio ubicado sobre la avenida Nazca al 1500 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

Como contó este medio, el sospechoso ingresó al negocio, saludó a la encargada y luego sacó una pistola de su campera para amenazarla. “Te pego un tiro, quedate ahí”, le dijo. A pesar de eso, la mujer se resistió al asalto y comenzó a gritar, lo que provocó que el delincuente escapara sin concretar el robo.

Tras la fuga, efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo en la zona y lograron detener al sospechoso.

La senadora Patricia Bullrich presentó un proyecto de resolución para exigir explicaciones a Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto a cargo de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), por las actuaciones del organismo ante el traslado de detenidos desde Devoto al nuevo complejo federal de Marcos Paz. La iniciativa le atribuye una conducta que, según la legisladora, obstaculiza el vaciamiento y cierre de la cárcel porteña.

El proyecto, ingresado por la Mesa de Entradas del Senado el miércoles 14 de octubre, reúne nueve pedidos de información sobre las gestiones de la Procuración, los criterios para asignar plazas, las condiciones de alojamiento y los controles de seguridad. Bullrich solicitó que el funcionario entregue un informe “pormenorizado, documentado y por escrito” dentro de los 15 días hábiles posteriores a una eventual aprobación de la iniciativa.

Por ahora, se trata de una presentación parlamentaria. Para que el requerimiento sea formal, deberá contar con el aval de la Cámara. La senadora busca que Cejas Meliare responda, entre otros puntos, por las intervenciones judiciales de la PPN durante la reorganización de la población carcelaria.

El cuestionamiento central figura en el tercer punto del proyecto. Bullrich le reclama que explique la “flagrante contradicción institucional” entre los reclamos históricos por mejores condiciones de habitabilidad y la oposición judicial al cierre de la cárcel. “Explique la flagrante contradicción institucional de exigir durante años la mejora de las condiciones de habitabilidad, para luego oponerse judicialmente al cierre definitivo y traslado inminente de los internos del Complejo Penitenciario Federal de la CABA (Cárcel de Devoto)”, plantea el texto.

La iniciativa define al penal, inaugurado en 1927, como un establecimiento “manifiestamente obsoleto”. Además, cuestiona las mesas de trabajo promovidas por la Procuración, que —según la interpretación de la senadora— demoran la relocalización de los internos e interfieren con el convenio firmado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con la clausura.

La Justicia rechazó el hábeas corpus colectivo, pero exigió notificaciones

La ofensiva de Bullrich se produjo mientras la controversia ya registraba decisiones judiciales en dos instancias. El jueves 15 de octubre, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el rechazo del hábeas corpus colectivo y correctivo que había promovido la PPN por el traslado de internos a Marcos Paz.

La resolución fue firmada por los camaristas Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López. Los jueces mantuvieron el criterio de primera instancia, aunque ordenaron precisiones sobre la comunicación de los traslados a las defensas y los tribunales, además del acceso de los inspectores penitenciarios a los establecimientos.

La presentación de la Procuración alcanzó a 326 detenidos. El organismo cuestionó que algunos movimientos se realizaran sin informar con anticipación los destinos a las defensas y a los juzgados intervinientes. También advirtió sobre el impacto para quienes estudiaban en el Centro Universitario Devoto, dentro del programa UBA XXII, y para los internos con salidas transitorias.

El juez Santiago Bignone, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, rechazó la acción colectiva, de acuerdo con el dictamen del fiscal Pablo Recchini. Entendió que no se acreditó una afectación colectiva actual ni un riesgo cierto e inminente de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Añadió que los reclamos por derechos individuales debían ser tratados por los magistrados competentes en cada caso.

La Cámara sostuvo esa decisión. Aunque señaló que las notificaciones no se ajustaron por completo al protocolo, concluyó que no se había demostrado un perjuicio concreto que justificara anular los traslados ya efectuados. Los jueces también consideraron que el regreso de internos a sectores de Devoto inhabilitados por razones de seguridad podía agravar sus condiciones de alojamiento.

Sin embargo, la resolución dispuso garantías para los próximos movimientos. La Cámara encomendó al juez Bignone exigir al Servicio Penitenciario Federal (SPF) el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Protocolo de Traslado de Personas Privadas de Libertad, que prevén comunicaciones a los órganos judiciales y las defensas con al menos 72 horas de anticipación. También ordenó garantizar de inmediato el ingreso del personal de la Procuración para inspeccionar y monitorear las cárceles.

Tras la sentencia, la PPN afirmó en un comunicado que no se opone al cierre de Devoto ni a la reorganización de plazas carcelarias. Sostuvo que su intervención apunta a asegurar planificación, transparencia y respeto de la ley y de los derechos de las personas detenidas. Bullrich, en cambio, considera que las actuaciones del organismo afectan una decisión del Poder Ejecutivo para desocupar el penal.

El proyecto reclama explicaciones por las plazas, las camas dobles y los controles de seguridad

El traslado de internos desde Devoto comenzó el domingo 11 de octubre, luego de años de demoras en la puesta en marcha del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. En las primeras dos jornadas, el SPF llevó 609 personas, más del 40 % de la población del penal porteño, al nuevo establecimiento, que tiene capacidad para 2.232 plazas.

Bullrich respalda su planteo en el convenio interjurisdiccional acordado en 2018 y ratificado por la Legislatura porteña mediante la Resolución 100/LCABA/18. En los fundamentos, sostiene que la redistribución de los detenidos debe avanzar hacia establecimientos adecuados y cuestiona que la Procuración busque influir sobre el destino específico de las vacantes del nuevo complejo.

El cuarto requerimiento le pide a Cejas Meliare que detalle “los fundamentos legales por los cuales la PPN pretende arrogarse facultades de administración penitenciaria exclusivas del Poder Ejecutivo”. De acuerdo con el proyecto, el organismo pretende que el penal de Marcos Paz sea utilizado de manera prioritaria para alojar a detenidos que permanecen en dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires, un criterio que Bullrich dice que bloquea la reubicación planificada de la población de Devoto.

Los dos primeros puntos de la iniciativa se refieren a las camas dobles en dependencias del SPF. La senadora solicita que se informe si la Procuración pidió, promovió o avaló su incorporación en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza o en el CPF II de Marcos Paz. También requiere conocer los fundamentos técnicos y jurídicos de un eventual cambio de posición frente a advertencias anteriores sobre “la sobrepoblación, el hacinamiento y los estándares mínimos de habitabilidad”.

Otro de los pedidos se concentra en el vínculo de los detenidos con sus familias. Bullrich busca que el funcionario explique cómo compatibiliza los planteos de la PPN sobre los efectos de trasladar internos fuera de Buenos Aires con las gestiones para derivar de forma progresiva a personas alojadas en comisarías y alcaidías porteñas a cárceles federales de distintas jurisdicciones.

La senadora también reclama precisiones sobre la transferencia a la Ciudad de las competencias penitenciarias por delitos no federales y sobre la construcción de infraestructura modular con 400 plazas adicionales en terrenos del SPF. El proyecto consulta si la Procuración acompañó, objetó o rechazó esas alternativas y bajo qué argumentos. A la vez, solicita comparar las inspecciones y acciones judiciales impulsadas en dependencias de fuerzas federales con las desarrolladas en establecimientos de la Policía de la Ciudad.

Uno de los puntos aborda posibles relaciones institucionales. Bullrich pide identificar si exfuncionarios, exagentes o empleados de la Procuración con licencia cumplen funciones en áreas penitenciarias del Gobierno porteño. Si fuera así, solicita que se informen los mecanismos destinados a “preservar la independencia, imparcialidad y objetividad” del organismo. El texto aclara que el planteo es un pedido de información y no supone, por sí mismo, la existencia de un conflicto de intereses.

El capítulo final se enfoca en las restricciones al ingreso de teléfonos celulares particulares en sectores de máxima seguridad. La senadora reclama que Cejas Meliare explique “los verdaderos motivos por los cuales la Procuración se resiste activamente” a cumplir las disposiciones vigentes. Según el proyecto, el ingreso de dispositivos personales en zonas restringidas “atenta directamente contra las directivas orientadas a desarticular el accionar del crimen organizado desde el interior de las cárceles”.

Cejas Meliare ocupa el cargo de procurador penitenciario adjunto y conduce el organismo por la vacancia de la titularidad. La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del Congreso ratificó su continuidad el 20 de noviembre de 2024. La PPN, creada por la Ley 25.875, tiene autonomía funcional y facultades para inspeccionar cárceles, examinar las condiciones de detención y promover actuaciones de protección de derechos, mientras que el Poder Ejecutivo administra el sistema penitenciario federal.

La iniciativa de Bullrich todavía deberá atravesar el trámite parlamentario. Mientras tanto, el cierre de Devoto seguirá bajo las condiciones fijadas por la Justicia: el rechazo del hábeas corpus colectivo y la obligación de que el SPF cumpla con las notificaciones previas y facilite las inspecciones durante los traslados.

Los operativos se realizaron en las últimas horas. Uno tuvo lugar en una quinta de Presidente Perón que funcionaba como búnker de vehículos y objetos robados.

En total, fueron tres los domicilios allanados. Los investigadores incautaron un Peugeot 208 que habría tenido participación en uno de los robos bajo investigación, dos motos con numeraciones de motor y cuadro suprimidas, celulares, una tablet, una memoria externa, alhajas, relojes, una máquina para contar billetes, televisores, herramientas, sogas, guantes, pasamontañas y una caja fuerte que había sido forzada y cortada con soplete.

También se secuestraron $104 mil, USD 401 y varias patentes de vehículos y motos, una de las cuales coincidía con la de un auto utilizado por un grupo de delincuentes durante un reciente golpe comando a un barrio privado de Guernica.

Ese hecho ocurrió cerca de la 1 de la madrugada del 30 de septiembre, en el acceso al Country Horizonte al Sur, situado sobre la Ruta 16 y la avenida Néstor Kirchner. Las cámaras de seguridad del lugar registraron el asalto: al menos seis delincuentes llegaron en dos autos, armados, con chalecos antibalas y pasamontañas.

En las filmaciones se observa que uno de los vehículos se aproximó hasta la cabina de seguridad y varios de sus ocupantes descendieron para reducir al personal de vigilancia privada y a un policía que prestaba apoyo en el lugar. Los asaltantes golpearon a los custodios y le quitaron al efectivo su arma reglamentaria. Luego se retiraron sin ingresar al predio.

La investigación estableció que uno de los vehículos registrados por las cámaras llevaba la patente AC130RX. Durante los allanamientos vinculados con la banda investigada se encontraron dos chapas con ese dominio, que corresponde a un Volkswagen Golf.

No obstante, este no es el único hecho que se le endilga a la banda: la Justicia los investiga por otras dos entraderas en San Vicente. Una fue el 18 de septiembre, cuando al menos siete hombres intentaron ingresar a una casa tras forzar una reja. De acuerdo con el expediente, lograron llevarse una caja de herramientas que estaba en el patio y escaparon en un Peugeot 408 blanco y un Volkswagen Gol Trend gris.

El segundo episodio ocurrió el miércoles pasado. Esa vez, varios delincuentes llegaron a la propiedad de las víctimas en un Volkswagen Gol y un Peugeot 208 blanco, ingresaron por una ventana trasera y robaron dinero, zapatillas, televisores, joyas y una caja con alimentos.

A partir de tareas de campo, los investigadores localizaron la quinta donde se ocultaban vehículos y objetos robados. También identificaron domicilios vinculados con algunos de los sospechosos. Así, se solicitaron tres órdenes de allanamiento.

En uno de los allanamientos, uno de los investigados escapó a bordo de un Peugeot 208 blanco, el mismo vehículo que había sido asociado al segundo robo en San Vicente. La persecución se extendió hasta Almirante Brown, donde el auto chocó. El conductor abandonó el vehículo y huyó a pie hacia un descampado.

Además de las placas AC130RX, los agentes secuestraron otras patentes con pedido de secuestro activo. Entre ellas había una correspondiente a una Toyota Hilux denunciada como robada en Cañuelas el 19 de septiembre, otra de una Volkswagen T-Cross robada en agosto y una de una Ford Ecosport denunciada en San Vicente el 12 de octubre.

Mientras continúa la búsqueda del sospechoso que logró escapar, los tres detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de San Vicente.

Fuentes del Municipio indicaron a Infobae que el hecho ocurrió el lunes al mediodía en pleno centro del distrito y terminó con la recuperación total del dinero sustraído, gracias a un operativo que combinó alertas vecinales, agentes a pie y el seguimiento por cámaras.

Entre los aprehendidos hay cinco mayores de edad y un menor. Todos fueron trasladados a la Comisaría Primera de San Isidro luego de que la Justicia reconstruyera el recorrido completo de la fuga, desde el robo original hasta la intercepción del vehículo en el que escapaban.

Cómo fue el robo y la persecución

Según la reconstrucción del hecho y los videos de las cámaras de seguridad a los que accedió este medio, varios hombres abordaron a la víctima, un hombre de 40 años, y simularon estar armados para quitarle el bolso. El grupo escapó en dos motocicletas por las calles del centro de San Isidro.

En la intersección de Alem y Rivadavia, una de las motos chocó contra un auto. Sus ocupantes la abandonaron en el lugar y subieron a un auto Volkswagen Up! que los esperaba. De la segunda moto bajaron dos de sus tres ocupantes, que también se trasladaron al auto, mientras que el tercero continuó la fuga por su cuenta.

Ese cambio de vehículo buscaba dificultar el seguimiento policial, pero terminó siendo el punto a partir del cual el Centro de Operaciones Municipal (COM) pudo trazar el recorrido completo del auto hasta su intercepción, con el bolso y la totalidad del dinero robado todavía en el interior.

El operativo cerrojo que permitió la detención

Las primeras alertas llegaron desde la calle. Un vecino avisó a través de la aplicación Ojos en Alerta que un hombre había intentado abrir un vehículo. Casi al mismo tiempo, una vecina se acercó a un oficial a pie de la Patrulla Municipal para advertirle sobre el robo. El agente, de inmediato transmitió la información al COM.

En paralelo, otro oficial que también circulaba por la zona encontró la moto azul abandonada en Alem y Rivadavia, dato que permitió reconstruir el trayecto de la fuga. Con esa información, los operadores siguieron por las cámaras de videovigilancia el recorrido del Volkswagen Up! y lo transmitieron en tiempo real a los móviles de la Patrulla Municipal y del Comando.

El auto fue detectado a la altura de Márquez e Isabel la Católica, y a partir de ese punto se montó un operativo cerrojo. Los efectivos finalmente interceptaron el vehículo en Rolón y Monroe, donde viajaban cinco hombres y una mujer, que quedaron detenidos en el acto.

En presencia de un testigo, los agentes encontraron el bolso con los $37,9 millones dentro del auto. El dinero fue recuperado en su totalidad y restituido a la víctima.

“Ese seguimiento fue posible porque San Isidro cuenta con 2900 cámaras y puntualmente en la zona céntrica con más de 40 cámaras que hasta el año pasado no existían. La instalación de esas cámaras amplió la cobertura del COM a un área de mucha circulación de vecinos y comercios, y fue determinante para que los sospechosos no se perdieran en la fuga”, señalaron desde el Municipio a este medio.

Situación judicial

En una primera instancia, en el caso intervino la Fiscalía de Drogas Ilícitas de San Isidro, a cargo del fiscal Esteban Álvarez, que se encontraba de turno al momento de las detenciones.

El martes 13, el fiscal Leandro Miguel Orduna y la fiscal Laura Elizabeth Zyseskind indagaron a los cinco mayores de edad en el marco de la causa por robo agravado en poblado y en banda. Tras la declaracion, la Justicia convirtió la aprehensión de los cinco en detención formal.

El menor detenido también permanece privado de su libertad, en el marco de la misma causa judicial, añadieron las fuentes consultadas por ste medio.

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, recibió hoy a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para coordinar medidas frente a la crisis de inseguridad que atraviesa la ciudad. El encuentro se inscribió en las gestiones que el jefe comunal activó con los gobiernos de Javier Milei y Axel Kicillof luego de retomar la conducción municipal.

La reunión estuvo enfocada en el trabajo de las fuerzas federales, la situación delictiva y las acciones que podrían articularse con la administración bonaerense. Montenegro planteó la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del Estado y de evaluar eventuales refuerzos de personal, aunque por el momento no se anunciaron nuevos despliegues.

El municipio de General Pueyrredón busca establecer un esquema de trabajo que integre los recursos locales de prevención, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y las fuerzas federales presentes en la ciudad. Esa iniciativa exige acuerdos entre administraciones de distintos espacios políticos y con responsabilidades compartidas en materia de seguridad.

Del encuentro participaron el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; Gustavo Jara, del área de Operaciones y Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad Nacional; y el diputado nacional Alejandro Carrancio, referente de La Libertad Avanza en Mar del Plata.

Visita al Centro de Monitoreo de Mar del Plata

Según se informó oficialmente, durante la reunión se revisaron las tareas que las fuerzas federales desarrollan en el territorio y las principales problemáticas delictivas. Luego, Monteoliva recorrió junto a Montenegro el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde conoció las herramientas que utiliza el municipio para prevenir delitos y responder ante incidentes.

La visita se produjo una semana después de que Montenegro volviera a asumir la conducción municipal, en medio de cuestionamientos por la inseguridad y tras evaluar el impacto de los delitos entre los vecinos.

El intendente resolvió regresar a la gestión en un proceso de aproximadamente 48 horas. La decisión estuvo ligada a una sucesión de episodios de violencia, entre ellos entraderas, homicidios y robos, que elevaron la preocupación en la ciudad.

En su entorno admitieron en diálogo con Infobae que fue una decisión con impacto político. Montenegro retomó la responsabilidad directa de una administración atravesada por un problema cuya resolución depende, en buena medida, de definiciones de los gobiernos provincial y nacional.

La seguridad se había consolidado como una de las principales inquietudes de los vecinos y comenzó a condicionar la agenda pública de Mar del Plata, a las puertas de una nueva temporada turística.

El regreso del intendente estuvo acompañado por contactos con autoridades que tienen injerencia en la seguridad local. Uno de los primeros interlocutores fue el gobernador Axel Kicillof. De acuerdo con la información obtenida por Infobae, ambos mantuvieron una conversación telefónica de entre 20 y 30 minutos para analizar la situación delictiva y las posibilidades de intervención de la Provincia.

Montenegro también habló con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y mantuvo reiteradas conversaciones con el ministro de Seguridad, Javier Alonso. Esos contactos resultan relevantes porque la Policía bonaerense constituye el principal recurso estatal para intervenir ante los delitos comunes.

En paralelo, el intendente inició gestiones con funcionarios nacionales. La semana pasada conversó con Diego Santilli y con la propia Monteoliva, quien finalmente viajó a Mar del Plata para participar de la reunión de este miércoles.

La secuencia de contactos refleja la dimensión política de la estrategia de Montenegro. Para avanzar, necesita acuerdos con dos administraciones que mantienen diferencias públicas sobre distintos asuntos de gobierno, incluida la seguridad.

En el municipio consideran que la presencia de fuerzas federales puede ser más efectiva si se articula con la Policía bonaerense y los dispositivos locales. La eventual llegada de efectivos de Gendarmería Nacional o Prefectura Naval Argentina permanece entre las alternativas bajo análisis, aunque las autoridades todavía no comunicaron una decisión.

La reunión con Monteoliva apuntó a avanzar en acuerdos concretos, más que a presentar un operativo extraordinario. Fuentes consultadas señalaron que el objetivo inmediato es mejorar el funcionamiento de los recursos ya disponibles, sin descartar refuerzos en una etapa posterior.

Pico de delitos y sensación de falta de seguridad

La preocupación por la seguridad también aparece en los relevamientos de opinión pública que maneja la administración municipal. Según información a la que accedió Infobae, el 90% de los consultados manifestó sentirse más inseguro que un año atrás, mientras que el 42% afirmó que él o algún integrante de su familia sufrió un hecho delictivo.

Las cifras surgen de encuestas utilizadas por el municipio para medir el clima social. Se trata de percepciones y experiencias declaradas por los entrevistados, por lo que deben diferenciarse de las estadísticas oficiales de criminalidad. No se difundieron los detalles metodológicos de esos estudios.

En el entorno de Guillermo Montenegro sostienen que esos resultados ayudan a explicar la decisión de retomar personalmente la gestión. La inquietud por la inseguridad había generado una demanda sobre el intendente, a quien parte de la población identifica como el principal responsable político de la administración local.

El regreso a Mar del Plata también modificó sus prioridades. El jefe comunal concentró su actividad en un problema cuya evolución tendrá efectos sobre la evaluación de su gestión y sus próximos movimientos políticos.

De acuerdo con el diagnóstico municipal, los episodios que más preocupación generan están vinculados con la delincuencia urbana, como los robos de vehículos, las entraderas y la actuación de bandas dedicadas a delitos contra la propiedad. Las fuentes consultadas diferenciaron ese escenario de los casos relacionados con organizaciones narcocriminales de mayor escala, que motivaron intervenciones federales especiales en otras ciudades.

Ese diagnóstico explica que la estrategia esté centrada, por ahora, en obtener compromisos de Nación y Provincia antes de anunciar un operativo excepcional.

La agenda de Monteoliva en Mar del Plata también incluyó una actividad con dirigentes de La Libertad Avanza, espacio en el que Carrancio tiene un papel relevante. Esa instancia partidaria fue diferenciada de la reunión institucional con Montenegro, que estuvo acompañado por funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional.

Para el intendente, el encuentro representó un nuevo paso en una negociación que deberá continuar con las autoridades nacionales y provinciales. La evolución de la situación delictiva y las medidas que puedan instrumentarse definirán los próximos pasos de la gestión municipal.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad instalada frente a la propiedad. Las imágenes muestran la desesperación del cronista y su familia al regresar, cuando los delincuentes todavía se encontraban en el interior del lugar.

Las grabaciones ya se encuentran en poder del fiscal Luciano Borda, de la UFI N° 1 departamental, quien encabeza la investigación y trabaja para identificar y localizar a los sospechosos.

“Le taparon la cara a mi hija”, lamentó este miércoles un angustiado Juan Fernández, durante su participación en el programa Buen Día A24, emitido por la señal homónima.

Según contó el propio Fernández al aire, y tal como se observa en el video que encabeza esta nota, la secuencia comenzó a las 15.37, cuando un auto negro, sin patentes colocadas, comenzó a merodear por las inmediaciones de la vivienda. En ese momento, Fernández había salido a comprar helado junto a su mujer, su hijo de 11 años y sus dos sobrinos.

Tras unos 20 minutos de recorrer la zona y estacionar en tres lugares diferentes, dos de los delincuentes descendieron del vehículo y caminaron hacia el portón del garaje de la propiedad. Mientras tanto, el tercero se dirigió a la puerta principal.

En ese contexto, los asaltantes lograron abrir una puerta de acceso que, según precisó el periodista, estaba cerrada, aunque sin llave. Una vez adentro, trabaron la puerta y bajaron las persianas del living.

En ese momento, E., una de las hijas de Fernández, escuchaba música en su habitación. De acuerdo con el relato de la adolescente a su familia, los hombres entraron a su pieza, le taparon la boca y le colocaron un pantalón sobre la cabeza para impedirle ver sus movimientos y reconocer sus rostros.

Una vez que la menor fue reducida, la llevaron a la habitación de su hermano menor, que da al patio, y la encerraron.

Al brindar su testimonio, Fernández contó que, al regresar, su mujer escuchó un ruido mientras pasaba por la cochera. Al advertir que algo no estaba bien, se acercó a la puerta, miró por la cerradura y descubrió que había un desconocido dentro de la vivienda.

Desesperado, el periodista corrió por la vereda hasta la ventana de la habitación de su hija e intentó verla desde afuera. Sin embargo, al no encontrarla allí, comenzó a temer lo peor.

“Lo único que rogaba es que cuando yo abriera la ventana, verla a ella en la habitación. O atada, o como fuera. Pero que esté ella”, recordó durante la entrevista televisiva.

Al no ver a su hija, Fernández comenzó a gritar su nombre y a pedir ayuda a los vecinos y a la Policía. En ese momento, uno de los delincuentes salió de la vivienda armado y lo apuntó para obligarlo a alejarse. “Yo me acerco y me vuelvo a alejar porque él me apuntaba para que me aleje. Estaba apuntando”, relató mientras observaba las imágenes del episodio.

Según contó Fernández, los hombres también amenazaron con sus armas a los vecinos que comenzaron a salir de sus casas al escuchar los pedidos de auxilio del periodista y su familia. “¡Hijos de puta! ¡La concha de su madre!”, se escucha gritar al cronista mientras los delincuentes escapaban del lugar.

El video concluye con la aparición de la adolescente. Entre lágrimas, salió por la puerta principal de la vivienda y abrazó a su padre, mientras intentaba contarle lo que acababa de vivir.

Fernández aseguró que su principal preocupación ahora es el impacto emocional que el episodio pueda tener en su hija. Desde el asalto, la adolescente ya no se queda sola en su casa y, por el momento, dejó de asistir al colegio.

Finalmente, los delincuentes huyeron sin llevarse objetos de valor y permanecen prófugos. Son buscados por la Policía Bonaerense, bajo las directivas del fiscal Borda.

Un grupo de hombres armados logró robar siete automóviles de lujo en apenas 15 minutos de un edificio residencial de la colonia Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo de Ciudad de México. El locutor y conductor Fer Gay denunció el atraco, durante el cual dos vigilantes fueron encañonados y amarrados por los delincuentes.

El robo ocurrió la madrugada del 13 de octubre en un inmueble ubicado sobre la calle Melchor Ocampo. Lo que más desconcierta a los afectados es que los responsables aparentemente consiguieron entrar mediante un engaño, sin necesidad de forzar la puerta principal.

En entrevista con Pamela Cerdeira para MVS Noticias, Fer Gay reconstruyó los hechos y cuestionó cómo fue posible sacar tantos vehículos en tan poco tiempo sin que los responsables fueran detectados.

Así robaron siete autos de lujo en la colonia Anzures

De acuerdo con el testimonio del conductor, dos hombres llegaron durante la madrugada y solicitaron acceso al edificio, donde existen aproximadamente 50 departamentos.

Los desconocidos preguntaron por uno de los residentes y proporcionaron su nombre. Cuando los vigilantes abrieron, los amagaron con armas de fuego.

“Alrededor de las cuatro de la mañana, dos sujetos tocaron a la puerta, preguntaron por un vecino, o sea, dieron el nombre del vecino. En el momento en el que abrieron la puerta, encañonaron a los vigilantes”, relató.

Posteriormente, los delincuentes subieron hasta el último piso, donde se encontraba el sistema de videovigilancia, y lo arrancaron.

En cuestión de minutos desaparecieron siete vehículos. “Se llevaron en quince minutos siete autos”, explicó Fer Gay, quien reconoció que todavía desconocen cuántas personas participaron realmente.

El periodista Carlos Jiménez reportó que entre las unidades robadas había vehículos de las marcas Audi, BMW y Toyota. También señaló que los sospechosos llegaron alrededor de las 02:00 horas, un horario distinto al mencionado por Fer Gay.

¿Cómo escaparon los delincuentes sin ser detectados?

Uno de los principales cuestionamientos es cómo consiguieron retirar siete automóviles de un inmueble habitado sin activar una respuesta inmediata.

Durante la entrevista, Pamela Cerdeira planteó que la cantidad de vehículos robados sugería la participación de más personas.

Fer Gay reconoció que los afectados tampoco descartan que algunos cómplices estuvieran previamente dentro del edificio.

“No hay ningún registro de cámaras externas que indique que hayan entrado tantas personas y en tan poco tiempo”, señaló.

Los delincuentes también se apoderaron de llaves de otros vehículos que no consiguieron llevarse.

El conductor explicó que los vigilantes resguardaban las llaves debido a la necesidad de mover automóviles dentro del estacionamiento.

Amarran a vigilantes y Fiscalía de CDMX abre investigación

Después del asalto, los guardias consiguieron liberarse. Uno avisó a un residente, quien comenzó a contactar a sus vecinos para verificar los vehículos.

“Pues el coche de siete personas, bueno, siete coches no estaban ya”, recordó Fer Gay.

El conductor expresó preocupación por la facilidad con la que los delincuentes vulneraron la seguridad del inmueble.

“Todos en el edificio estamos, pues muy sacados de onda y vive mucha gente, muchas familias”, declaró a Pamela Cerdeira.

Por su parte, la alcaldía Miguel Hidalgo que personal de seguridad capitalino participa en las investigaciones y que instaló una carpa del programa Blindar para apoyar a los vecinos.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México confirmó la apertura de una carpeta de investigación para localizar los automóviles e identificar a los responsables.

Carlos Jiménez difundió imágenes de presuntos involucrados y señaló que uno de los vigilantes llevaba apenas ocho días trabajando en el lugar.

Hasta los reportes disponibles del 14 de octubre, no se habían confirmado detenciones ni la recuperación de los vehículos.

Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una persona en inmediaciones de un caño del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. El procedimiento se activó tras un aviso de residentes del sector.

Según informó Citytv, uniformados llegaron al lugar, acordonaron la zona y solicitaron la presencia del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Los funcionarios realizaron la inspección del sitio y trasladaron el cadáver para los procedimientos forenses.

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) también acudió al punto para revisar cámaras de seguridad y recoger testimonios que permitan establecer cómo llegó el cuerpo al caño e identificar a los responsables, si los hubo.

Algunos vecinos afirmaron que el cadáver habría estado dentro de una maleta y que presentaría signos de desmembramiento. Esa versión no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades.

El oficial Cristian Velásquez, de la guarnición de Bogotá, indicó que la alerta llegó a través de los canales de atención de la Policía Nacional. “La ciudadanía en la localidad de Ciudad Bolívar brinda a las zonas de atención información sobre el posible hallazgo del cuerpo de una persona tendida en la vía”, explicó.

El uniformado señaló que, al verificar el reporte, los policías ubicaron a una persona sin vida al interior de un caño. La Fiscalía asumió las labores investigativas para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el hecho.

Identificaron el cadáver de un hombre encontrado en el interior de un carro en el norte de Bogotá

La muerte de un hombre hallado dentro de un automóvil verde en el barrio Aures, en la localidad de Suba, fue investigada por la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades no confirmaron la identidad de la víctima ni la causa del fallecimiento.

El hallazgo ocurrió el 19 de septiembre en Bogotá. Los residentes y comerciantes alertaron sobre el vehículo, que estaba estacionado frente a varios locales y parecía abandonado.

Las autoridades investigan qué ocurrió antes de que el cuerpo fuera encontrado dentro del carro. Una patrulla llegó al lugar tras el aviso de los vecinos y el Cuerpo Técnico de Investigación realizó la inspección y el levantamiento del cadáver.

Las imágenes difundidas por testigos mostraron que el automóvil tenía las llantas pinchadas. La víctima vestía prendas similares a las que utilizan los vigilantes de seguridad.

Una hipótesis inicial plantea que el hombre pudo haber sufrido heridas con un arma cortopunzante, aunque la Fiscalía no ha confirmado esa versión.

Un conocido identificó a la víctima como Don José

Un hombre que trabajaba en el sector aseguró que conocía a la víctima como Don José y afirmó que se desempeñaba como vigilante detrás de su lugar de empleo. “Imagínate la mía al enterarme de que el suceso le pasó a él”, dijo el conocido a City Noticias al referirse a la reacción que provocó la noticia entre quienes trabajaban en el área.

El testigo señaló que llevaba entre cuatro y cinco años trabajando en esa zona de Suba. También lo describió ante el medio regional como “un señor muy humilde, un señor muy recatado, muy calladito”.

Según su testimonio, la víctima era apreciada por las personas que frecuentaban el área comercial y era recordada como alguien generoso y trabajador.

La Fiscalía avanza con la reconstrucción de los hechos

La investigación se concentra en establecer las circunstancias previas al hallazgo y en analizar los resultados de la inspección técnica. Los habitantes y comerciantes observaron las diligencias mientras las autoridades acordonaban el área alrededor del vehículo y culminaban con el procedimiento correspondiente.

El Congreso de Perú avanza en el trámite de un dictamen que delegaría al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y atención al fenómeno El Niño. La iniciativa, aprobada ya por la Cámara de Diputados, pasó a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado para su análisis, debate y eventual aprobación antes de llegar al pleno de la Cámara Alta, según informó Andina Noticias.

El dictamen contempla un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en el país. Entre los puntos centrales figuran el control de celulares utilizados para delitos, el bloqueo de comunicaciones desde los penales, restricciones al acceso a armas de fuego y reformas en el sistema penitenciario, además de un endurecimiento de las sanciones para delitos de alto impacto.

Celulares contra la extorsión

Una de las medidas más relevantes del dictamen faculta al Gobierno a fortalecer los mecanismos de identificación, localización y geolocalización de los equipos celulares utilizados para cometer delitos. La propuesta incluye el registro, la trazabilidad y la suspensión, baja y bloqueo de líneas empleadas de manera ilícita.

Para ello, se ampliarán las competencias de supervisión y fiscalización del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) sobre las empresas operadoras respecto de las líneas y equipos ilícitos. De forma complementaria, el texto habilita al Ejecutivo a dictar normas que permitan implementar tecnología avanzada para detectar y bloquear señales de comunicación ilegales emitidas desde los establecimientos penitenciarios y centros juveniles, con el fin de contrarrestar las extorsiones originadas dentro de las carceletas. El dictamen precisa que estos bloqueos deberán aplicarse con precisión técnica para no interrumpir la cobertura celular de los vecinos de las zonas aledañas.

Más restricciones a las armas de fuego

El dictamen también plantea cambios en el control de armamento. Se eliminará el beneficio de registrar armas ilimitadas bajo las modalidades de caza y deporte, mientras que las denuncias falsas por supuestas pérdidas o robos de armas se sancionarán con la cancelación definitiva de la licencia de por vida. La suplantación de identidad para adquirir o portar armamento será castigada penalmente.

En paralelo, se contemplan reformas en la gestión de los penales, entre ellas la cesión de cuarteles de las Fuerzas Armadas para su reacondicionamiento como recintos penitenciarios bajo administración del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), destinados a reclusos de baja peligrosidad. La norma establece, además, que los adolescentes en conflicto con la ley penal que cumplan la mayoría de edad mientras purgan condena por delitos graves serán trasladados de los centros juveniles a unidades diferenciadas de máxima seguridad en penales comunes.

Penas más severas para delitos graves

El dictamen busca endurecer las sanciones y limitar los beneficios procesales para delitos de alto impacto como:

• La extorsión.
• El sicariato.
• El secuestro.
• La minería ilegal.

Para estos casos, se acortarán las opciones de conversión de penas privativas de la libertad y la terminación anticipada. El texto también contempla la actualización de la Ley de Delitos Informáticos, con el fin de perseguir con mayor eficacia la suplantación digital, los fraudes en línea y el uso de tecnologías por parte de redes de delincuencia organizada.

A esto se suma la optimización de la plataforma de Denuncia Digital, que buscará garantizar la trazabilidad y privacidad de los denunciantes, sin que el registro informático constituya por sí solo una prueba condenatoria automática. El dictamen, según precisó Andina Noticias, es materia de debate en la Comisión de Constitución del Senado antes de pasar al pleno de la Cámara Alta. De ser aprobado, el Ejecutivo tendrá 90 días calendario para promulgar las medidas mediante decreto legislativo.

Todo comenzó cuando agentes de la División Investigaciones Comunales 9, que realizaban tareas de prevención en la zona comercial de Mataderos, observaron un movimiento que les llamó la atención: un Chevrolet Corsa con tres ocupantes circulaba a baja velocidad por la avenida Juan Bautista Alberdi, siguiendo de cerca a un Mercedes Benz A200.

De acuerdo con la reconstrucción policial, la conductora del Mercedes Benz también avanzaba lentamente, aparentemente en busca de un lugar para estacionar. Mientras tanto, los ocupantes del Corsa continuaban detrás de ella.

La maniobra terminó de despertar las sospechas de los investigadores cuando la mujer encontró un lugar para dejar su vehículo, descendió y se alejó. Fue entonces cuando los tres ocupantes del Chevrolet bajaron de su auto y se acercaron al Mercedes Benz para intentar abrirlo.

Sin embargo, los policías que habían advertido la situación intervinieron antes de que lograran concretar el robo. Los efectivos se identificaron como integrantes de la fuerza y detuvieron a los tres sospechosos.

Se trata de dos hombres de 60 y 20 años y una mujer de 37, todos de nacionalidad colombiana.

Durante la requisa, los agentes secuestraron un equipo de comunicación de frecuencia de señal, tres teléfonos celulares, una mochila y una cartera. Los investigadores deberán determinar las características y la posible utilización del dispositivo incautado.

En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44, a cargo de Alejandro Ferro, con la Secretaría N° 115 de Karina González.

El magistrado dispuso la detención de los tres involucrados y el secuestro de los elementos hallados durante el procedimiento.

Un niño de 12 años resultó herido en el pecho en medio de un robo que ocurrió mientras caminaba con su padre por el barrio Pablo VI de Bucaramanga (Santander), en la tarde del domingo 11 de octubre de 2026.

El hecho ocurrió sobre las 2:45 p. m., cuando el niño y su padre, Juan Carlos Díaz Parra, de 38 años, salieron de una droguería antes de ser abordados por dos hombres que vestían de negro.

Según la información conocida por la Policía local y divulgada por el medio Q’hubo Bucaramanga, los presuntos responsables se movilizaban en una motocicleta Suzuki Gixxer negra y se acercaron al adulto para despojarlo de una cadena de oro cuyo valor fue calculado en cerca de $2 millones.

Después, los asaltantes exigieron al menor que entregara una pulsera que llevaba, pero él no accedió a la petición. De acuerdo con el relato entregado por el padre a los uniformados, tomó un casco de motocicleta y lo lanzó contra los atacantes, con el fin de defenderse.

El menor recibió un disparo en el pecho

La reacción de uno de los asaltantes fue sacar un arma que, según la versión inicial, sería traumática, y disparar contra el niño. El proyectil lo impactó en el pecho, lo que desató preocupación entre las personas que se encontraban cerca, que buscaron ayuda de inmediato.

Tras el ataque, los dos hombres escaparon en la motocicleta con dirección al sector de La Salle. Habitantes de la zona alertaron a los policías adscritos al CAI La Victoria, aunque para entonces el niño ya había sido trasladado por particulares a la Policlínica de la Ciudadela Real de Minas.

En ese primer centro asistencial, el personal médico examinó la herida y estableció que el impacto no representaba un riesgo vital para el menor. Sin embargo, los profesionales ordenaron su remisión en ambulancia a la Clínica Chicamocha, donde recibió una valoración especializada.

Fue durante la atención médica cuando agentes de la Policía entrevistaron a Díaz Parra para reconstruir la secuencia del asalto, identificar las características de los responsables y saber más detalles sobre la dirección que tomaron al abandonar el lugar.

Autoridades inspeccionaron el lugar

Los investigadores que llegaron al punto del atraco hallaron una vainilla y un perdigón de goma negro, según Q’hubo Bucaramanga. Estos elementos fueron recogidos para su análisis dentro de la indagación que busca esclarecer las circunstancias en las que el menor fue herido y determinar el arma utilizada.

La Policía desplegó un operativo de búsqueda en La Salle y sectores cercanos, ante la información de que los sospechosos huyeron por esa ruta.

Por ahora, las autoridades mantienen la búsqueda de los dos señalados por lo que piden que cualquier ciudadano que haya presenciado el hecho, cuente con grabaciones de cámaras de seguridad o conozca información sobre los ocupantes de esa motocicleta se dirija a la Policía, con el fin de orientar las labores de identificación y judicialización.

El caso reitera la importancia de tomar medidas básicas de prevención al caminar en esa y otras ciudades, incluso durante los recorridos cortos. Entre las recomendaciones está evitar exhibir cadenas, pulseras, teléfonos u otros objetos de valor, mantener atención al entorno y procurar desplazarse acompañado cuando sea posible.

Ante una interceptación, las autoridades suelen recomendar priorizar la integridad física y evitar reacciones que puedan escalar la violencia. También resulta útil memorizar, sin exponerse, rasgos de los responsables, el tipo de vehículo, placas, prendas de vestir y la dirección en la que huyen los delincuentes.

La denuncia formal ante las autoridades y la entrega de los datos son determinantes para que los investigadores relacionen casos, revisen registros de videovigilancia y avancen en la ubicación de aquellos que cometen actos en contra de la ley.

Un hombre murió mientras cumplía un arresto administrativo en los separos de Seguridad Pública de San Felipe, Guanajuato. La Fiscalía General del Estado investiga las circunstancias del fallecimiento, ocurrido el 7 de octubre, mientras las grabaciones de videovigilancia y los registros médicos forman parte de las pruebas que pueden ayudar a reconstruir lo sucedido.

El caso tiene antecedentes en otros municipios de Guanajuato. En Comonfort, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) determinó en octubre de 2025 que cuatro policías municipales omitieron salvaguardar la vida de un hombre que murió después de ser detenido y trasladado a los separos.

En León, otro fallecimiento ocurrido ese mismo año generó cuestionamientos después de que la causa de muerte consignada en el acta de defunción contradijera la primera versión difundida por la Policía Municipal. En Juventino Rosas, un hombre también murió bajo custodia en mayo de 2025 y se anunció una investigación interna para revisar los procedimientos aplicados.

Los tres antecedentes tienen circunstancias diferentes y no permiten anticipar qué ocurrió en San Felipe. Sin embargo, documentan casos en los que las actuaciones de los agentes, la atención médica, los testimonios y las pruebas disponibles resultaron relevantes para esclarecer muertes ocurridas durante una detención.

El hombre fallecido en San Felipe tenía aproximadamente 30 años y cumplía un arresto administrativo de 36 horas por un presunto intento de robo de vehículo y una agresión contra policías, de acuerdo con reportes locales. La muerte ocurrió alrededor de las 18:00 horas dentro de las instalaciones municipales ubicadas en la salida hacia la carretera San Felipe-Ocampo.

Según la versión de la alcaldesa Saraí Lepe Monjaras, el detenido permanecía en una celda acompañado de otro interno. Este último se percató de que el hombre comenzó a presentar complicaciones de salud y alertó a los guardias, quienes solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

El personal que acudió al lugar realizó maniobras de atención y reanimación, pero el hombre murió dentro de las instalaciones. Protección Civil señaló inicialmente la posibilidad de un paro cardiorrespiratorio, aunque la causa oficial debía ser determinada por la autoridad competente y el médico legista.

La alcaldesa informó que las cámaras de videovigilancia habían registrado parte de lo ocurrido y que las grabaciones serían entregadas a las autoridades investigadoras. El director de Seguridad Pública municipal, Fernando Delgado, señaló que el hombre llevaba alrededor de dos horas detenido cuando comenzó a convulsionar, de acuerdo con declaraciones difundidas por medios locales.

Hasta el cierre de esta nota informativa no se había confirmado una conclusión médico-forense definitiva sobre la causa de muerte ni se habían dado a conocer posibles responsabilidades de los funcionarios que se encontraban de turno. La existencia de un certificado médico de ingreso, referida por el director municipal, tampoco permite establecer por sí sola cuál era el estado de salud del hombre durante las horas posteriores a su detención.

Comonfort: derechos humanos documentó agresiones dentro de los separos

El antecedente más documentado ocurrió en Comonfort el 5 de mayo de 2024. Un hombre de 25 años fue detenido después de participar en una riña y murió posteriormente en los separos municipales.

El 17 de octubre de 2025, la PRODHEG emitió una resolución de recomendación en la que determinó que cuatro policías municipales omitieron salvaguardar el derecho a la vida del detenido. El organismo también señaló al juez calificador por no proteger su derecho a la seguridad jurídica.

La resolución se sustentó en declaraciones de los agentes, testimonios, grabaciones de videovigilancia y el dictamen de necropsia. De acuerdo con este último documento, la causa de muerte fue un traumatismo profundo de tórax. El cuerpo presentaba diversas lesiones y fracturas en cinco costillas.

Las imágenes revisadas por la PRODHEG permitieron observar agresiones contra el detenido dentro de las instalaciones. Los testimonios incorporados al expediente también describieron golpes y quejidos antes de que el hombre se desplomara.

El organismo concluyó que los policías señalados no protegieron la vida del detenido. En el caso del juez calificador, determinó que presenció una agresión sin impedirla ni adoptar medidas posteriores para proteger a la víctima.

La resolución de Comonfort constituye un antecedente relevante por la manera en que se reconstruyeron los hechos. Las grabaciones no se analizaron de forma aislada: se contrastaron con los testimonios y las pruebas médico-forenses para establecer qué ocurrió durante la custodia.

En San Felipe, la existencia de cámaras también puede ayudar a determinar la secuencia de los acontecimientos, aunque hasta ahora no se ha informado de hallazgos que permitan equiparar ambos casos.

León: el acta de defunción contradijo la primera versión policial

En septiembre de 2025, Armando, de 51 años, murió en instalaciones de la Policía Municipal de León, después de haber sido detenido la tarde anterior. El caso generó cuestionamientos por las diferencias entre la versión inicial de la corporación y la información contenida en el acta de defunción.

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León sostuvo inicialmente que el hombre no presentaba huellas de violencia durante su estancia en las instalaciones policiales. También circularon versiones iniciales sobre una posible congestión alcohólica.

Sin embargo, familiares de Armando señalaron que el cuerpo presentaba golpes y compartieron el acta de defunción, que consignaba como causa de muerte un traumatismo profundo de tórax. El documento también indicaba que no había recibido atención médica durante la enfermedad o lesión previa a su fallecimiento, según la información publicada por el periódico AM.

La Fiscalía General del Estado intervino para investigar las circunstancias de la muerte y realizar las diligencias correspondientes. La información difundida entonces no permite establecer quién provocó las lesiones ni atribuir una responsabilidad penal definitiva.

El caso mostró la importancia de distinguir entre las primeras explicaciones ofrecidas después de una emergencia y los resultados de las pruebas médico-forenses. En San Felipe, la hipótesis inicial de un paro cardiorrespiratorio tampoco debe confundirse con una conclusión definitiva sobre la causa del fallecimiento.

Juventino Rosas: también se anunció una revisión interna

El 14 de mayo de 2025, un joven murió en los separos municipales de Juventino Rosas, donde se encontraba bajo detención preventiva. La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato confirmó el fallecimiento y notificó a la Fiscalía estatal para que iniciara la investigación correspondiente.

La dependencia también anunció una investigación interna para verificar si el personal había cumplido los procedimientos operativos del área de detención. Además, informó que facilitaría los registros videográficos disponibles y que se brindaría acompañamiento a los familiares mediante la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.

El alcalde de Juventino Rosas, Fidel Armando Ruiz Ramírez, afirmó públicamente que el joven se había suicidado dentro del área de barandillas. Esa versión fue difundida mientras la Fiscalía investigaba el caso.

A diferencia de Comonfort, donde la PRODHEG emitió una resolución que atribuyó omisiones a servidores públicos, en el caso de Juventino Rosas las fuentes consultadas documentaron el inicio de las investigaciones ministerial y administrativa, pero no una resolución equivalente sobre responsabilidades.

La distinción es importante: la apertura de una investigación no demuestra por sí misma que los agentes hayan cometido una irregularidad. Su objetivo es establecer qué ocurrió y si se cumplieron los procedimientos aplicables.

Los protocolos de custodia, bajo revisión

Las muertes ocurridas en instalaciones policiales también han sido objeto de supervisión preventiva por parte de organismos de derechos humanos. En diciembre de 2022, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un informe sobre visitas realizadas en junio de 2021 a 11 separos municipales de Guanajuato.

El documento identificó factores de riesgo relacionados con las certificaciones médicas, las condiciones de alojamiento, la alimentación y el acceso a comunicación con familiares y asistencia jurídica. El objetivo era detectar situaciones que pudieran favorecer actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El informe no incluyó a San Felipe entre los municipios supervisados, por lo que sus hallazgos no pueden atribuirse directamente a las instalaciones donde murió el hombre en octubre de 2026. El antecedente, sin embargo, documenta que las condiciones de detención municipal ya habían sido objeto de revisión institucional en el estado.

En el caso de San Felipe, las preguntas pendientes son concretas: qué estableció la necropsia, qué muestran las grabaciones, cuál era el estado de salud del detenido al ingresar, qué atención recibió cuando comenzó a convulsionar y cuánto tiempo transcurrió entre el aviso a los guardias y la llegada de los servicios de emergencia.

Los antecedentes de Comonfort, León y Juventino Rosas muestran que las muertes bajo custodia pueden derivar en investigaciones con resultados distintos. En San Felipe, la causa del fallecimiento y las posibles responsabilidades siguen pendientes de esclarecimiento.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo el miércoles a uno delincuentes. En el video que acompaña esta nota se observa cómo uno de los sospechosos le apuntó con un arma de fuego mientras el vehículo circulaba a gran velocidad por la traza principal de la autopista.

La secuencia generó una situación de extrema tensión para la víctima, que fue interceptada por los delincuentes mientras manejaba por la autopista. Lejos de desistir ante la huida del conductor, los sospechosos continuaron la persecución desplazándose en moto a gran velocidad durante una distancia considerable.

Las imágenes muestran el momento en que los dos atacantes se acercaron al vehículo y lo siguieron de cerca. A uno de los ladrones se lo llega a ver con la cara descubierta.

Ante la amenaza, el conductor aceleró para distanciarse de los motochorros y finalmente logró dejarlos atrás, lo que le permitió escapar y evitar que el robo se concretara.

Tras el intento de asalto, la Policía identificó y detuvo a uno de los presuntos involucrados en el hecho. Por el momento no trascendieron precisiones sobre su identidad ni sobre las circunstancias en las que se concretó el procedimiento.

Quién es el detenido

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el motochorro detenido fue identificado como Lautaro Nahuel Estigarribia, de 19 años, quien fue arrestado tras un operativo de la fuerza de seguridad bonaerense en la Villa Inflamable de Dock Sud, partido de Avellaneda. Quedó acusado de robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa.

El procedimiento estuvo a cargo del Destacamento Vial Autopista. En ese sentido, las fuentes indicaron a Infobae que el joven ya tenía un pedido de captura y detención vigente en su contra por un robo simple, que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°01 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

Con ese dato confirmado, se hizo efectiva la detención del joven, quien fue trasladado a la Comisaría Avellaneda 3ra. Ahora deberá afrontar la acusación de robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa, por lo que hizo en la autopista Buenos Aires-La Plata.

Según dijeron a este medio, Estigarribia permanece a disposición del Juzgado de Garantías de Avellaneda en calidad de detenido en las dos causas que se le imputan.

Un grupo armado irrumpió en una vivienda de Papantla, Veracruz, y abrió fuego contra una mujer y un menor de edad, quienes posteriormente murieron debido a la gravedad de las heridas. De manera preliminar, las autoridades investigan si el ataque estaría relacionado con un presunto cobro de piso.

Los hechos ocurrieron durante la noche de este jueves en la localidad de El Corcho, también conocida como Mesa Chica Nueva, ubicada en la zona del llano papanteco.

De acuerdo con el parte policial, habitantes de la comunidad solicitaron auxilio después de que se registrara el ataque. Elementos de corporaciones policiales y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender a las víctimas.

Una de ellas fue identificada como Luciana Gaspar Zacarías, de aproximadamente 34 años, quien presentaba varias heridas producidas por disparos de arma de fuego.

La mujer fue trasladada a un hospital de Papantla para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los especialistas, murió a consecuencia de las lesiones.

Menor de 14 años fue trasladado de emergencia

Durante la agresión también resultó herido un menor de 14 años, quien fue atendido inicialmente en el mismo hospital de Papantla.

Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, los médicos determinaron que era necesario trasladarlo de emergencia a una clínica ubicada en el municipio de Poza Rica.

El parte médico indicó que tanto la mujer como el adolescente habían sido considerados en estado grave desde que recibieron atención prehospitalaria.

Finalmente, las autoridades confirmaron que ninguna de las dos víctimas sobrevivió al ataque.

La información disponible hasta el momento señala que una de las principales líneas de investigación apunta a un posible cobro de piso, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades ministeriales conforme avance la investigación.

Después de la agresión, elementos de distintas corporaciones de seguridad implementaron un operativo para tratar de ubicar a los responsables.

Sin embargo, el despliegue concluyó sin que se informara sobre personas detenidas por estos hechos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el móvil del ataque, identificar a los responsables y determinar si las víctimas tenían alguna relación con la actividad que presuntamente habría motivado la agresión.

Ataque en Veracruz ocurre en medio de violencia contra civiles y periodistas

El caso de Papantla ocurre mientras distintos estados del país registran ataques armados y homicidios vinculados, de acuerdo con las investigaciones preliminares de cada autoridad, con disputas entre grupos criminales y otras actividades ilícitas.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Oaxaca, donde el periodista Hamurabi Huesca Manzano, quien también trabajaba como taxista, fue asesinado durante un ataque armado en el municipio de Pinotepa Nacional.

La Fiscalía de Oaxaca informó que en esa agresión murieron tres personas y señaló como una de las principales líneas de investigación una disputa entre células criminales locales cuyo objetivo habría sido asesinar a un hombre identificado con el alias de “El Darío”, señalado por las autoridades como generador de violencia en la región.

De acuerdo con la hipótesis ministerial, Huesca se encontraba realizando su trabajo como taxista y esperaba a un cliente cuando recibió los disparos.

El periodista era director del portal Pinotepa Comunica, un medio digital dedicado a información local y regional que cuenta con más de 50 mil seguidores.

Hasta el momento, las autoridades no han descartado que su actividad periodística pudiera estar relacionada con el crimen ni han informado sobre personas detenidas.

El asesinato también volvió a poner el foco en los riesgos que enfrentan los comunicadores en México. De acuerdo con el recuento proporcionado, nueve periodistas han sido asesinados en el país durante 2026, entre ellos comunicadores de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Nuevo León y Guerrero.

Entre los casos se encuentran los asesinatos de Carlos Castro, Luis Ángel López Valdez y Roxana Guzmán Ramírez, ocurridos en Veracruz; así como los de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, Juan David Gámez, Manuel Alejandro Moreno Serna y Josué Martínez Contreras, además del fotógrafo Ricardo Zúñiga Rosas.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) considera a México el país más letal para ejercer el periodismo en América desde hace al menos 15 años. La organización ubica al país en el lugar 122 de 180 en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 y ha documentado más de 150 periodistas asesinados y 28 desaparecidos desde el año 2000.

El robo se produjo entre la noche del martes 6 y la madrugada del miércoles 7 de octubre en el inmueble situado en Julián Álvarez 866, donde funciona el centro cultural y comunitario conocido como Araguaney.

Como s ve en el video que encabez esta nota, los autores forzaron las puertas de acceso y, según informó la organización, ocasionaron importantes daños en distintos sectores de las instalaciones.

Las mismas fuentes policiales detallaron que los delincuentes forzaron la puerta principal y sustrajeron cuatro notebooks, una tablet y dinero en efectivo. Por su parte, la asociación denunció también el robo de equipos técnicos y de sonido, además de otros elementos utilizados para desarrollar talleres, encuentros y actividades destinadas a los migrantes venezolanos que viven en la Argentina.

“Nos robaron en el Centro Venezolano Argentino, un espacio que construimos y sostenemos con muchísimo esfuerzo para acompañar a nuestra comunidad”, expresó Alianza por Venezuela a través de un comunicado.

Tras el hecho, personal de la Policía de la Ciudad intervino en el establecimiento para realizar las primeras tareas de investigación. Según precisaron las fuentes consultadas por este medio, las cámaras de seguridad no registraron el robo por dentro, por lo que hasta el momento no se cuenta con imágenes del ingreso de los delincuentes. La investigación continúa para intentar identificar a los responsables.

La asociación confirmó que radicó la denuncia correspondiente y manifestó su expectativa de que las pesquisas permitan esclarecer lo sucedido.

Como consecuencia del robo y de los daños ocasionados, el centro suspendió las actividades previstas para los próximos días, mientras sus integrantes evalúan las pérdidas y trabajan para acondicionar nuevamente las instalaciones.

En ese contexto, la organización también lanzó una campaña para reunir fondos destinados a recuperar los equipos sustraídos. “Lo que hemos construido juntos es mucho más que un espacio físico: es una comunidad que seguirá adelante”, señalaron desde la ONG.

Un punto de encuentro

El Centro Venezolano Argentino Araguaney fue inaugurado el 12 de abril de 2025 en una casona de Villa Crespo que fue restaurada con el trabajo de voluntarios.

Desde entonces, funciona como un punto de encuentro para la comunidad venezolana, con propuestas de integración cultural, social y profesional. Allí se realizan talleres de inserción laboral, capacitaciones para emprendedores y charlas sobre regularización migratoria y homologación de títulos.

Al cumplir su primer aniversario, la organización informó que había desarrollado 416 actividades y casi 300 encuentros de integración, con la participación de más de 150 voluntarios. Según su balance, las iniciativas alcanzaron directamente a unas 21.000 personas e indirectamente a más de 100.000.

“Aquí celebramos nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras raíces. Aquí alzamos la voz, y también encontramos espacios para el silencio, la fe y el encuentro”, había destacado la asociación al celebrar su primer año.

*Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante Mercado Pago, a través del alias yo.dono o haciendo clic acá.

Manuel Jaime Ramírez Camacho, director general del Tren Maya señaló que la cancelación de vuelos a Tulum de las aerolíneas Aeroméxico y Volaris no está relacionado con un tema de inseguridad.

“A nosotros nunca nos han mencionado cuestiones de inseguridad en Tulum”, informó.

Durante la mañanera de este 8 de octubre en Palacio Nacional, el funcionario descartó que estas acciones sean por temas de violencia, asegurando que son cuestiones propias de las empresas, las cuales pueden estar vinculadas a diversas problemáticas globales.

Por lo que respecta a Aeroméxico manifestó que retiró temporalmente sus vuelos debió al alza de combustible. Mientras que Volaris solo restringió sus operación en el trayecto Guadalajara-Tulum, manteniendo los demás viajes.

Temporada baja en turismo en México

Asimismo, Ramírez Camacho recordó que actualmente el país está pasando por un temporada baja en turismo, pero recordó que en aproximadamente un mes este sector registrara un alta en visitantes nacionales e internacionales.

“Viene la temporada alta, que es de noviembre a marzo, y nosotros ya tenemos mucha operaciones o reservas de otras aerolíneas”, dijo.

Anunció que desde el 25 de octubre, empresas aéreas extranjeras como Air Canada, WestJet e Air Transat, abrirán rutas nuevamente a Tulum.

Guerra en Irán afecta vuelos a nivel mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó la disminución de vuelos en Tulum al encarecimiento de la turbosina por la guerra en Irán, sosteniendo que el incremento en los costos de combustible afecta a la aviación de otros países.

Durante su conferencia matutina, respondió a los cuestionamientos sobre una posible revisión de tarifas aeroportuarias ante las quejas de compañías aéreas, afirmando que existe comunicación permanente con el sector, pero no confirmó cambios en los cobros ni medidas para garantizar el regreso de rutas suspendidas.

La mandataria mencionó entre las empresas con las que hay diálogo a Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobus y algunas aerolíneas regionales. Señaló que estas compañías también mantienen contacto con autoridades federales encargadas del transporte y con la Secretaría de Economía.

Aeroméxico suspende su conexión entre Tulum y Ciudad de México

La discusión ocurre después de que Aeroméxico suspendió temporalmente sus vuelos hacia y desde Tulum. El 30 de septiembre fue la última fecha programada para su conexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, desde el 1 de octubre, la ruta dejó de aparecer en los itinerarios disponibles.

La empresa atribuyó el ajuste a condiciones de mercado y a una reorganización de su red, sin informar cuándo podría reanudar el servicio.

El retiro de esa ruta coincidió con un periodo de menor actividad turística. Representantes hoteleros informaron ocupaciones inferiores al 20% durante septiembre en establecimientos de la zona costera de Tulum; esa cifra corresponde a ese segmento y no al conjunto de alojamientos del municipio.

Sheinbaum colocó el caso dentro de un escenario internacional de mayores costos para el transporte aéreo. Explicó que la guerra en Irán elevó el precio de la turbosina y de otros combustibles, lo que ha repercutido en las operaciones de las aerolíneas.

Asimismo, reconoció que el destino quintanarroense enfrenta circunstancias adicionales, aunque no detalló cuáles son. Tampoco presentó cifras sobre el número de vuelos reducidos, las variaciones en el precio del combustible o la proporción de los ajustes atribuible a la turbosina.

Cerca de 150 habitantes de cinco comunidades de la sierra poniente de Zihuatanejo, Guerrero, abandonaron sus viviendas debido a la presencia y presuntas amenazas de grupos de la delincuencia organizada, de acuerdo con testimonios recogidos por el medio local El Sur.

Los pobladores de San Ignacio, El Mamey, La Vainilla, Pie de la Cuesta y El Puertecito señalaron que la situación se agravó durante los últimos días, después de que hombres armados irrumpieran en la comunidad de San Ignacio y ocuparan una escuela primaria.

Uno de los habitantes desplazados explicó que la mayoría de las familias de la zona se dedica a la ganadería y que una célula del grupo criminal que opera en la región presuntamente comenzó a acosarlos desde 2021.

Según su testimonio, recientemente los habitantes tenían que pagar una cuota por cada kilogramo de carne de res que comercializaban, situación que habría incrementado la presión sobre los pobladores.

Hombres armados se instalaron en una escuela

El habitante relató que el miércoles de la semana pasada, un grupo de hombres armados llegó a San Ignacio y se instaló en la escuela primaria.

De acuerdo con su versión, los habitantes no podían bajar hacia la zona urbana para conseguir alimentos, por lo que tuvieron que comunicarse con familiares para informarles sobre la situación.

El poblador señaló que las familias quedaron en medio de un enfrentamiento entre grupos rivales, debido a que los hombres armados que llegaron a la comunidad presuntamente mantenían una disputa con otra organización.

“Se han estado tirando”, relató el habitante, quien explicó que los pobladores tuvieron que buscar la manera de pedir ayuda mientras permanecían en la comunidad.

Fue hasta el sábado 3 de octubre cuando elementos del Ejército llegaron a la zona. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio, los hombres armados ya habían abandonado el lugar antes del arribo de los militares.

El desplazado afirmó que los elementos castrenses les informaron que no podían permanecer en la parte alta de la sierra y que el apoyo que podían brindarles consistía en escoltarlos para que abandonaran sus comunidades.

En San Ignacio, explicó, había 17 viviendas habitadas, pero 16 fueron abandonadas. Únicamente permaneció un matrimonio de adultos mayores que decidió quedarse.

Familias dejan casas y ganado

Conforme las familias comenzaron a descender de la sierra, habitantes de otras comunidades también abandonaron sus viviendas.

El desplazado señaló que varias familias se trasladaron a Pantla, donde permanecen con familiares mientras esperan que las autoridades puedan garantizar condiciones de seguridad para regresar.

“Preferimos mil veces que el gobierno federal nos dé seguridad en lugar de programas sociales”, expresó el habitante, al señalar que las familias necesitan condiciones para continuar trabajando y mantener sus actividades productivas.

Los pobladores aseguran que el problema no comenzó recientemente. El entrevistado explicó que desde 2021 padecen el acoso de un grupo criminal y que, ante esa situación, intentaron organizarse mediante la Asociación Civil Ranchos Unidos de la Costa Grande de Guerrero.

Según su testimonio, la organización buscaba proteger a los habitantes de la región, pero posteriormente habría sido debilitada por la incorporación de algunos de sus integrantes a grupos criminales.

El campesino aseguró que algunos de los líderes de esa agrupación fueron asesinados, lo que habría dejado a las comunidades sin una estructura capaz de hacer frente a los grupos armados.

La principal preocupación de las familias desplazadas ahora es el ganado que dejaron abandonado.

El habitante explicó que los animales representan años de trabajo y constituyen el principal patrimonio de las familias ganaderas, por lo que solicitaron al gobierno acompañarlos a la sierra para recuperar sus vacas.

“Son años de trabajo, son nuestro patrimonio, es lo único que tenemos”, expresó.

Los habitantes también cuestionaron que las fuerzas de seguridad los hayan escoltado para salir de sus comunidades, en lugar de permanecer en la zona para garantizar que pudieran continuar viviendo y trabajando ahí.

El poblador negó poder afirmar que exista algún acuerdo entre autoridades y grupos criminales, pero cuestionó la estrategia de seguridad aplicada en la región.

Los desplazados aseguraron que quieren regresar a sus casas, pero señalaron que necesitan garantías de seguridad para hacerlo junto con sus familias y recuperar sus actividades ganaderas.

En Puerto Amado, una localidad del norte de Misiones a 60 kilómetros de las Cataratas del Iguazú y pegado a la frontera con Paraguay, Ricardo Ranger cultiva naranjas, mandarinas y limones en 200 hectáreas desde hace años. También convive con una realidad conflictiva. Es que varias veces por semana, alguien entra a su chacra, corta el alambrado, arranca la fruta directamente de las plantas y se la lleva en bolsas para revenderla en la calle a $1000 el kilo.

“Es endémico, nos roban permanentemente”, dijo Ranger a Infobae, a la vez que reveló que desde el 5 de septiembre de 2023, acumula 115 denuncias policiales por robo, un promedio cercano a una por semana que convirtió su establecimiento en un caso testigo de la inseguridad rural en la zona de frontera.

Según contó el productor, hace aproximadamente tres años y medio, el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Gabriel Pérez, —que tiene a la Policía bajo su órbita— se reunió con Ranger y le hizo un pedido concreto: que denunciara cada robo, uno por uno, para dimensionar el problema con datos oficiales.

Cuando la cifra rondaba las 80 exposiciones, el productor llevó un informe al Ministerio con la expectativa de que el registro sirviera de algo. “La verdad que respuesta ninguna, porque nos siguen robando”, afirmó. Esta tarde, aseguró a este medio, presentará la denuncia número 116.

Robos de hasta 1.000 kilos por semana

Los episodios no son esporádicos, sino que ocurren una, dos o hasta tres veces por semana. Según detalló Ranger, los delincuentes se llevan entre 100 y 200 kilos por incursión, aunque en algunas oportunidades el volumen trepó a los 1.000 kilos. La semana pasada, aseguró, le sustrajeron 400 kilos; en los días siguientes, otros 300. La mercadería —mandarina, naranja y limón— se revende después en la vía pública, y el productor asegura que conoce a buena parte de los responsables: “siempre los mismos, que reinciden sin consecuencias”.

El fenómeno tuvo su pico hace cuatro años, cuando las pérdidas alcanzaron las 400 toneladas de fruta por año. Hoy el volumen es menor, pero la frecuencia se mantiene.

La violencia escaló al punto de que sostener vigilancia privada en determinados sectores resulta inviable. “Ningún obrero se anima a trabajar”, contó Ranger a este medio. Según su relato, los delincuentes ingresan armados y disparan contra quienes intentan frenarlos. “Es tierra de nadie y una anarquía total”, definió.

El propio productor reconoció que hubo períodos en los que el trabajo policial permitió reducir los robos a cero. “Cuando las cosas se hicieron bien, logramos el robo cero. Se logró cuando la Policía hizo las cosas bien”, admitió.

Sin embargo, Ranger cuestionó el funcionamiento del sistema judicial en la zona. “La Policía agarró a un grupo de ladrones varias veces. Pero la Justicia al otro día los larga”, sostuvo. Mantiene además 15 causas como querellante, todas paralizadas según su testimonio, y presentó 12 prontos despachos para intentar acelerar los expedientes. Existe, además, un oficio judicial emitido hace aproximadamente tres años que ordena a la Policía realizar recorridas en los sectores donde se concentran los robos. “Está todo judicializado, pero nos siguen robando”, señaló.

La inseguridad transformó la estructura productiva de la región. Varios productores vecinos abandonaron el cultivo de cítricos y reconvirtieron sus campos a la forestación o a la yerba mate ante la imposibilidad de contener los saqueos. El establecimiento de Ranger es, en la práctica, el último de su tipo que resiste en el área y emplea a unas 10 familias de la zona.

Pese al desgaste acumulado, el productor aseguró que seguirá denunciando. “Si uno no tiene Justicia ni seguridad jurídica, no puede trabajar”, concluyó.

Los detalles de la oportuna reacción policial se conocieron la mañana del martes 6 de octubre de 2026, y los hechos se presentaron en una de las calles del barrio San Fernando, después de que el hoy detenido y su cómplice abordaron con una motocicleta al extranjero que se movilizaba en un vehículo.

Los criminales contaron con mala suerte, puesto que todo ocurrió “mientras una patrulla de vigilancia adelantaba labores, observó a dos personas, quienes mediante uso de armas de fuego, hurtaron un reloj de alta gama”, explicó a medios de comunicación el teniente coronel Fabián Andrés Beltrán Cristancho, comandante de la estación de Policía de Barrios Unidos.

El vocero por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) destacó el trabajo por parte de los uniformados del cuadrante que, además de recuperar el elemento de valor, aprehendieron a uno de los malhechores.

Al hoy detenido de 34 años se le incautó un arma traumática y se le inmovilizó la motocicleta en la que pretendía escapar con su cómplice. Además, el coronel Beltrán precisó que el automotor “presentaba la placa alterada”.

Asimismo, este sujeto deberá responder por el delito de hurto y de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y quedó puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Alcalde Galán contó detalles de la captura de señalado motoladrón en Bogotá

Por medio de un video que compartió la mañana del mismo martes desde su cuenta de X, el alcalde capitalino Carlos Fernando Galán destacó la respuesta por parte de las autoridades la tarde del lunes 5 de octubre.

“La rápida reacción de la policía en Barrios Unidos permitió ayer, a eso de las tres de la tarde, recuperar un reloj de cuarenta millones de pesos que había sido robado en un atraco violento por parte de dos delincuentes y fue capturado uno de esos delincuentes. Mientras que forcejeaban con la víctima, la policía los sorprendió”, puntualizó el mandatario distrital.

El alcalde Galán dijo que en la persecución los efectivos de la Mebog capturaron a uno, “y más adelante encontraron la motocicleta en la que huyó el otro delincuente”, y añadió que continuarán “trabajando con la Policía para enfrentar el delito en Bogotá”.

El caso se suma al del ciudadano alemán herido durante intento de hurto de su reloj en Bogotá

En días recientes, un juez ordenó el envío a prisión de dos hombres señalados de participar en el robo violento de un reloj a un ciudadano alemán en el norte de Bogotá.

Los procesados fueron capturados después de que varios transeúntes que se encontraban cerca de la calle 100 con carrera Novena, junto con integrantes de un esquema de seguridad, los retuvieran hasta la llegada de la Policía.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que los detenidos deberán responder por hurto calificado y agravado, además de falsedad marcaria. Este último delito está relacionado con la motocicleta en la que se movilizaban y que tenía placas adulteradas.

El ataque ocurrió el martes 29 de septiembre de 2026 y quedó registrado en un video que se hizo viral en redes sociales. Según el mandatario, la reacción de ciudadanos y escoltas permitió frustrar la huida de los sospechosos después de la agresión contra el extranjero.

La víctima resultó herida durante el intento de robo

La víctima habría opuesto resistencia al hurto, por lo que recibió varios golpes durante el episodio.

De acuerdo con el concejal Samir Abisambra, que registró parte de la situación, el ciudadano alemán sufrió una lesión por el roce de un disparo en uno de sus brazos. También presentó sangre en la cabeza, según las grabaciones difundidas en redes sociales.

La teniente coronel Viviana Mendivelso, de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que la lesión de la víctima no revistió gravedad y recibió atención tras el procedimiento.

Los uniformados recuperaron el reloj que, según la información oficial, pretendían llevarse los dos hombres. Durante la intervención también incautaron un arma traumática e inmovilizaron la motocicleta vinculada con el caso.

El alcalde Galán sostuvo que los implicados pusieron en riesgo a varias personas durante el intento de hurto. “A la cárcel los dos delincuentes”, escribió en su cuenta de X al confirmar la medida de aseguramiento.

El mandatario distrital también afirmó que la ciudad mantendrá acciones contra quienes cometan delitos violentos. “Seguiremos persiguiendo sin descanso” a quienes afecten la seguridad de los habitantes, añadió.

Los asaltantes derribaron a la víctima de un empujón, le dispararon en una pierna y huyeron en moto, coincidieron en informar los medios locales.

El joven recibió un balazo calibre .22 que quedó alojado en la pierna sin orificio de salida, informaron fuentes policiales a 0221 y El Día.

El ataque ocurrió cerca de las 7.40 en la calle 58, entre 147 y 148. Vecinos de la zona auxiliaron al herido y permanecieron a su lado hasta la llegada de la Policía y una ambulancia. Según se observa en el video de la cámara de seguridad de una vivienda, los efectivos llegaron rápidamente, ya que a las 7.54 ya se ve a varios de ellos asistiendo al joven.

Una cámara de seguridad de un vecino registró claramente la secuencia. Las imágenes muestran que los delincuentes circulaban en sentido contrario al del ciclista, se ve cómo lo interceptaron, provocaron su caída y uno de ellos, que es el único que baja de la moto, le dispara mientras estaba en el suelo, antes de que ambos huyeran. El asaltante que hirió a la víctima es quien toma su bicicleta y escapa en ella.

La motocicleta usada por los sospechosos tenía una denuncia por robo presentada pocas horas antes del asalto, según 0221. No trascendieron las circunstancias en las que fue robada ni el origen del vehículo.

Además, la Policía habría comunicado a quienes auxiliaron al joven que los ocupantes de la moto eran seguidos desde la zona de Melchor Romero, próxima a Los Hornos.

Sin detenidos tras el robo y el disparo

Los dos sospechosos escaparon tras apoderarse de la bicicleta, tal como se ve en el video. Ninguna de las fuentes informó identidades oficiales de los agresores ni detenciones vinculadas con el caso.

Los investigadores procuraban reconstruir el recorrido de fuga y determinar si la motocicleta fue utilizada en otros delitos.

Según los testimonios mencionados por El Día, la violencia del asalto generó preocupación entre los vecinos de la zona. Los autores permanecen sin identificación pública ni detenciones reportadas.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó sobre la detención de José Alberto “N”, señalado como probable responsable del delito de robo de vehículo automotor agravado y presunto integrante de una célula delictiva vinculada con Los Tlacos, relacionada con asaltos en la Autopista del Sol.

La aprehensión se realizó en Chilpancingo de los Bravo como resultado de trabajos de investigación y campo efectuados de manera coordinada por las autoridades de Guerrero y Morelos, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Estatal.

De acuerdo con la Fiscalía guerrerense, el detenido estaría relacionado con el robo con violencia de vehículos que circulaban por la Autopista del Sol, particularmente unidades procedentes de Morelos con dirección a Chilpancingo.

Los hechos que derivaron en la orden de aprehensión ocurrieron el 26 de noviembre de 2024, cuando José Alberto “N”, presuntamente acompañado por otros dos hombres, habría participado en el robo violento de un vehículo mediante el uso de armas de fuego.

Tras su captura, el hombre será puesto a disposición de la autoridad judicial del estado de Morelos que lo requiere, donde se determinará su situación jurídica conforme al procedimiento correspondiente.

Presunto vínculo con Los Tlacos

La Fiscalía de Guerrero señaló que las investigaciones identifican a José Alberto “N” como presunto integrante de una célula relacionada con Los Tlacos, grupo delictivo al que las autoridades atribuyen actividades criminales en distintas zonas de Guerrero.

La dependencia no informó sobre otros posibles integrantes de la célula ni precisó cuántos robos de vehículos podrían estar relacionados con el detenido. La investigación deberá establecer también su probable responsabilidad individual en los hechos por los que fue requerido.

La captura se suma a otros casos recientes en Guerrero en los que autoridades han investigado presuntos vínculos entre integrantes de corporaciones de seguridad, funcionarios y grupos criminales, aunque cada caso cuenta con investigaciones y acusaciones distintas.

Uno de ellos corresponde al asesinato del agente de la Guardia Nacional Eduardo Bustos Pérez, ocurrido el pasado 5 de septiembre.

Antes de ser asesinado, Bustos Pérez difundió un video de más de ocho minutos en el que aseguró que existía una presunta red de complicidad entre mandos de la Guardia Nacional, funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y Los Tlacos.

Los señalamientos fueron realizados por el propio agente y no habían sido corroborados por las autoridades al momento de difundirse la grabación.

Detienen a comisario de Xaltianguis tras asesinato de agente

En este contexto, el pasado 15 de septiembre fue detenido Said Sánchez Sandoval, comisario municipal de Xaltianguis, señalado por su presunta participación en el homicidio de Bustos Pérez.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Sánchez Sandoval fue aprehendido a las 14:50 horas en la colonia Renacimiento, en Acapulco de Juárez, frente a una oficina de la Agencia del Ministerio Público del fuero común. La captura fue realizada por la Policía Ministerial de Guerrero.

Posteriormente, la Defensa informó que la detención derivó de trabajos de investigación conjunta entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía estatal, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez.

En el video difundido antes de su muerte, Bustos Pérez, quien se identificó con el sobrenombre de “Cotito”, aseguró que había recibido instrucciones de un superior al que identificó como “El Cabo Medina” para vigilar movimientos de Los Ardillos en Xaltianguis.

Según su relato, elaboraba informes, tomaba fotografías y ubicaba puntos en Xaltianguis, Ocotitlán y Tierra Colorada. También afirmó que ese material era enviado a “Medina”, quien supuestamente reportaba a un funcionario de la Fiscalía estatal identificado como “Montoro”.

Bustos Pérez sostuvo que ambos actuaban bajo instrucciones de Los Tlacos y que el objetivo era favorecer el control de Xaltianguis y Juan R. Escudero. Estas acusaciones fueron parte del testimonio del agente y no han sido establecidas judicialmente.

La Fiscalía de Guerrero señaló que la captura de José Alberto “N” forma parte de la coordinación con otras instituciones para localizar a personas requeridas por la justicia.

Un jubilado de 75 años fue víctima de un salvaje asalto en su casa ubicada a pocos metros de la sede del fuero penal de la ciudad de La Plata: según denunció, fue golpeado, atado de pies y manos, y amenazado con un cuchillo durante aproximadamente una hora por cuatro delincuentes que irrumpieron en su vivienda.

Según informaron medios platenses, el ataque ocurrió durante la tarde de ayer en una casa de la calle 56 entre 8 y 9. El hombre se encontraba solo en el domicilio cuando fue sorprendido por los cuatro asaltantes, de acuerdo con su denuncia. Mientras lo golpeaban y le exigían dólares, uno de los agresores le ordenó que no levantara la mirada, y luego lo trasladaron por distintos sectores de la propiedad para continuar con las amenazas.

De acuerdo con el diario El Día, recién después de que los cuatro hombres se retiraran, la víctima logró liberarse de las ataduras y salir a la calle para pedir ayuda. El jubilado sufrió golpes en el rostro, el labio superior, la espalda, las muñecas y los pies, y al momento de realizar la denuncia todavía no había concurrido a un centro médico, aunque manifestó que tenía previsto hacerlo.

Los delincuentes escaparon con un teléfono celular, documentación personal, un anillo de oro y varias tarjetas bancarias. Según el relato de la víctima, los cuatro actuaron con el rostro descubierto, aunque no pudo aportar características precisas que permitieran identificarlos.

Uno de los puntos que ahora intenta esclarecer la investigación es cómo lograron entrar a la vivienda: el hombre explicó que no advirtió daños visibles en puertas ni ventanas y que desconoce de qué manera accedieron los asaltantes. También señaló que una cámara vinculada al sistema de alarma de la casa estaba apagada al momento del hecho.

En el lugar se solicitó la intervención de la Policía Científica y se dispuso el reconocimiento médico de la víctima. El robo se produjo en una zona de intensa circulación durante el día: a pocos metros de donde funcionan tribunales y juzgados del fuero penal de La Plata y cerca de la Escuela Normal 3, por donde transitan empleados judiciales, abogados, alumnos y familias.

Pese a ese movimiento constante, los cuatro delincuentes permanecieron dentro de la vivienda durante alrededor de una hora y sometieron al jubilado con total impunidad. La investigación quedó en manos de la Policía y de la Justicia, que deberán reconstruir el caso para identificar a los cuatro delincuentes.

El hecho ocurrió el jueves por la noche, poco después de las 23, frente a una casa ubicada en inmediaciones de la calle Cabral al 2300. Allí, D., un hombre de 61 años, se encontraba con el motor en marcha y su vehículo estacionado sobre la vereda, hasta que de repente fue emboscado por dos delincuentes a bordo de un auto Volkswagen Suran de color gris. Tenían la intención de asaltarlo. Un tercer ladrón se quedó a bordo del rodado.

De acuerdo con lo que se ve en la filmación, el hombre prácticamente sin dudarlo aceleró y embistió a uno de los sospechosos, que segundos antes de acercarse al auto tropezó y cayó. Las imágenes son impactantes y muestran cómo D., en ese momento, pasó por encima del ladrón, lo aplastó y escapó de la escena para evitar ser robado.

La secuencia no terminó ahí. En la grabación se observa cómo el cómplice arrastró a su compañero inconsciente hasta el Suran en el que había llegado al lugar. A su paso, se puede ver cómo quedó en el asfalto el rastro de sangre del ladrón, que estaba prácticamente muerto. Después de que logró subir a su compañero herido al vehículo, se fueron de la escena.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, que lleva adelante el fiscal Claudio Fornaro, de la UFI de Homicidios de La Matanza, el sospechoso fallecido fue identificado como Ángel Nahuel Gilardoni, de 25 años. Sus compañeros lo trasladaron hasta una vivienda ubicada en la calle Cochabamba al 1800, en la localidad de Villa Madero, donde reside la madre del joven. Fue la mujer quien llamó al 911 para denunciar que su hijo había sido llevado a la casa por un amigo, inconsciente y ensangrentado.

Cuando el personal policial llegó junto a un equipo médico, constató que Gilardoni ya estaba sin vida. A partir de ese hallazgo, los investigadores pudieron vincular el cuerpo de Gilardoni con el robo frustrado ocurrido horas antes en Lomas del Millón.

El seguimiento de las cámaras de seguridad permitió identificar la Volkswagen Suran utilizada por los delincuentes. El vehículo pertenecía a un joven de 28 años, que se presentó en una dependencia policial junto a su pareja y explicó que lo usaba como remís.

Según su relato, se lo había alquilado esa noche a un hombre identificado como Franco Abadie, de 27 años. De acuerdo con lo que dijo el propietario, el joven les llevó el auto a los mañana diciendo que había tenido un accidente de tránsito. Sin embargo, cuando lo revisaron se dieron cuenta de que tenía manchas de sangre en el interior.

Con esos datos, Fornaro ordenó allanar la vivienda del sospechoso, que resultó detenido. Le secuestraron el teléfono celular y el vehículo, que quedó incautado para la realización de las pericias correspondientes.

Abadie es, hasta el momento, el único imputado en la causa y permanece detenido por robo calificado por el uso de armas, cometido en lugar poblado y en banda, en grado de tentativa. La Policía continúa en la búsqueda de los restantes integrantes de la banda. En el lugar donde ocurrió el intento de robo, los peritos encontraron una pistola Bersa calibre .22, cuyo número de serie deberá ser determinado por Policía Científica, y la culata de un revólver.

Guillemo Montenegro tiene todo preparado para volver a la intendencia de General Pueyrredón, cuya principal ciudad es Mar del Plata, actualmente gobernada por Agustín Neme, quien asumió en diciembre de 2025 cuando Montenegro se tomó licencia para ir al Senado bonaerense, banca que ganó en las elecciones provinciales, que fueron desdobladas de las nacionales y tuvo muchos nombres de peso en la contienda.

Según pudo saber Infobae, el dirigente iniciará el trámite el lunes para que sea tratado en la sesión del próximo martes. Allí, como ocurrió en tantas otras oportunidades, el senador pedirá que se apruebe su licencia, algo que descuenta. Luego de eso, deberá realizarse el mismo proceso en el Concejo Deliberante de Mar del Plata para que le acepten retornar. Por el armado político que construyó, Montenegro no tendrá problemas en lograrlo.

Los motivos detrás de la decisión están claros. El primero es la creciente inseguridad que afecta a toda la provincia de Buenos Aires, pero que en el último tiempo golpeó a Mar del Plata, algo que le valió ser noticia en varios medios locales y nacionales. Las preocupaciones por lo que ocurre en todo el territorio bonaerense llegaron hasta el gobierno nacional, que en la última reunión de mesa política incluyó a la ministra Alejandra Monteoliva y dijo que había una “escalada en inseguridad”.

Guillermo Montenegro fue ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires con Mauricio Macri y sonó fuertemente para asumir en la cartera nacional cuando Patricia Bullrich se fue al Senado. Sin embargo, esa negociación no prosperó. Pero el dirigente tiene experiencia en la materia y reconoce que es él quien debe asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo, sobre todo por su espalda para coordinar tareas con las fuerzas federales.

En el último tiempo, Mar del Plata registró una seguidilla de hechos delictivos que incluyó entraderas, casos de robos de infraestructura urbana y episodios de violencia. Estos, ocurridos en distintos barrios y bajo distintas modalidades, volvieron a encender el reclamo por la seguridad en la ciudad.

Uno de los hechos más recientes fue una entradera en el barrio Divino Rostro. Cinco hombres con el rostro cubierto irrumpieron en una vivienda de la calle Matheu al 1600, redujeron a la familia y escaparon con cerca de $20 millones, además de una suma en dólares.

También se investiga a una banda acusada de robar cables subterráneos en distintos puntos de Mar del Plata. La Justicia Federal acumuló más de diez denuncias sobre una organización que llegaba desde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), actuaba de madrugada con vehículos de carga, generadores y ropa similar a la de una empresa de telefonía, y se retiraba de la ciudad a las pocas horas.

El otro motivo es político, aunque todo está conectado. El ex fiscal cree que si la situación de la inseguridad sigue escalando, el riesgo de perder la intendencia frente al kirchnerismo crecerá a la par. Cerca suyo repiten que hay que defender el modelo de ciudad creado todos estos años y que la mejor manera es con Montenegro en el territorio.

El recorrido

En noviembre de 2025, el entonces intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, solicitó una licencia con vigencia desde el 10 de diciembre para asumir la banca de senador bonaerense que obtuvo en las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

La conducción municipal quedó de forma interina en manos del concejal Agustín Neme, dirigente de su confianza. Desde el entorno del jefe comunal habían señalado que la gestión mantendría su orientación y que no se trataba de una transición definitiva.

La decisión de pedir licencia, en lugar de presentar una renuncia, dejó abierta la posibilidad de que Montenegro retomara la intendencia de Mar del Plata, algo que finalmente ocurrirá ahora. El dirigente había llegado al Senado provincial tras participar de la alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió alrededor de las 20.50, cuando Diego regresó a su domicilio después de realizar unas compras.

El video que encabeza esta nota, registrado por una cámara de seguridad de una propiedad lindera, muestra la secuencia del asalto, ocurrido a unos 300 metros del Camino de Cintura.

Luego de estacionar su auto y abrir el portón del garaje, Diego ingresó a la vivienda, vio que su hijo menor estaba en el comedor y volvió a salir para retirar las compras del vehículo.

Cuando sacaba las bolsas del baúl, fue sorprendido por tres delincuentes encapuchados que, a punta de pistola, lo obligaron a entrar nuevamente a la casa. Allí lo hicieron arrodillarse y luego lo tiraron al piso. Mientras tanto, apareció un cuarto integrante de la banda, que se subió al Peugeot 2008 blanco de la familia.

Al escuchar los bocinazos que comenzó a hacer el delincuente que estaba al volante, sus cómplices apuraron el robo: tomaron teléfonos celulares y dinero en efectivo que había en la propiedad y, pocos segundos después, huyeron en dirección a Don Bosco a bordo de dos vehículos: el Peugeot de las víctimas y el auto en el que habían llegado.

“Me vieron vulnerable e ingresaron a mi domicilio. Yo temía por mis hijos porque en la planta baja tenía a mis chicos, que son menores. Mi esposa estaba en la planta alta haciendo los quehaceres”, relató Diego pocas horas después del asalto.

Según contó, los cuatro delincuentes estaban armados, tenían los rostros cubiertos y llevaban guantes de látex. “Me exigían dinero y yo, ante el susto, lo único que atiné a decirles es que estuvieran tranquilos, que se llevaran todo lo que quisieran, que había algo de plata, pero que no lastimen a los chicos”, explicó.

El momento de mayor desesperación ocurrió cuando uno de los asaltantes lo mantuvo reducido en el piso del patio con una pistola apoyada sobre la nuca, mientras sus cómplices recorrían la casa.

“Yo no sabía nada de lo que estaba pasando adentro, y mientras tanto tres delincuentes estaban adentro, armados, con mis hijos y mi esposa. Me decían: ‘Vos tranquilo, nosotros venimos a robar y nos vamos’. Y me preguntaban dónde estaba la plata. Les dije que estaba arriba y ahí escuché que uno subió rápido la escalera y mi esposa lo llevó hacia un lugar donde estaban las carteras. Las carteras no se las llevaron, pero sí agarraron un bolso”, precisó.

La investigación quedó a cargo del fiscal Pablo Masferrer, de la UFI N° 2 de Morón, quien dispuso una serie de medidas para identificar y localizar a los sospechosos. Entre ellas, ordenó al personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 1ª de Morón analizar las cámaras de seguridad de la zona y tomar declaración a posibles testigos.

Los dos detenidos por la violenta entradera que sufrió el reconocido abogado y economista Guillermo Cabanellas en su casa de Martínez fueron indagados este miércoles a la tarde por la fiscal Carolina Asprella. Mientras Katerine Lovaiza declaró y dio su versión sobre las pruebas que la vinculan con el caso, Braian Britez hizo uso de su derecho a negarse a declarar, según pudo saber Infobae.

Lovaiza, a quien la Fiscalía le atribuye una participación necesaria en el robo, reconoció su vínculo con Britez y admitió algunas de las circunstancias que forman parte de la acusación en su contra.

Entre ellas, haber ido a la cafetería donde quedó registrada por una cámara de seguridad después de la entradera. Sin embargo, sostuvo que desconocía el origen ilícito de los elementos que la investigación vincula con el asalto, indicaron fuentes del caso a este medio.

La secuencia en la cafetería es, justamente, una de las pruebas que la complican. Horas después del robo a Cabanellas y su pareja, Lovaiza quedó filmada cuando intentó realizar una compra con una de las tarjetas sustraídas a las víctimas, de acuerdo con la reconstrucción de los investigadores.

Con ese y otros elementos incorporados al expediente, Lovaiza continuará imputada como partícipe necesaria del robo.

La postura de Britez durante la indagatoria fue diferente. Se negó a declarar ante la fiscal Asprella y no respondió preguntas sobre el hecho que se le atribuye.

El joven, de 24 años, es señalado como uno de los presuntos autores materiales de la entradera y ya estaba bajo investigación por otros robos. Al momento de ser localizado tenía, además, un pedido de captura vigente en una causa por otro asalto a mano armada.

Precisamente, ese otro expediente tenía escuchas telefónicas en curso, una circunstancia que también permitió a los investigadores avanzar sobre sus movimientos.

La situación de Tamara Lovaiza

Durante los procedimientos también fue identificada Tamara Lovaiza, hermana de Katerine y titular del Volkswagen Bora que aparece en la investigación.

Fuentes judiciales aclararon a Infobae que Tamara no quedó aprehendida ni está imputada por la entradera.

El Bora es una de las piezas que permitieron reconstruir los movimientos de la banda. Las cámaras de seguridad municipales lo registraron tanto en el recorrido relacionado con el asalto como durante la fuga y posteriormente fue localizado por los investigadores.

El asalto

La entradera ocurrió durante la madrugada del domingo 27 de septiembre en la casa de Cabanellas, de 76 años, en Martínez, partido de San Isidro.

De acuerdo con la reconstrucción, al menos cuatro delincuentes irrumpieron en la propiedad mientras el abogado dormía junto a su pareja. Una vez dentro, uno de los asaltantes golpeó a Cabanellas en el ojo izquierdo y la banda redujo a las víctimas.

Los ladrones escaparon con 4.800 dólares, teléfonos celulares, joyas y tarjetas de crédito, entre otras pertenencias.

La investigación posterior combinó el análisis de cámaras de seguridad con el seguimiento de los movimientos realizados con los medios de pago robados. Esa reconstrucción condujo hasta Britez y Katerine Lovaiza, quienes quedaron aprehendidos.

En el caso de ella, uno de los elementos centrales fue justamente el intento de utilizar una de las tarjetas sustraídas después del asalto. Britez, por su parte, quedó bajo la lupa no solo por las pruebas reunidas en esta causa sino también por la investigación previa que ya pesaba sobre él.

Frente a la sucesión de robos, entraderas, tiroteos y homicidios registrados en distintos puntos del conurbano, Alonso defendió las estadísticas oficiales y destacó la reducción de los asesinatos en territorio bonaerense.

“Hace 20 años teníamos 2.700 homicidios por año en la provincia. Hace diez años teníamos 1.700. Desde que estamos nosotros, estamos en torno a los 800. El año pasado tuvimos 780. En 2022 tuvimos 740, cifras muy bajas”, sostuvo.

El funcionario atribuyó parte de esa evolución a una mayor coordinación entre los municipios, la Policía Bonaerense, los fiscales, los jueces y los sistemas de monitoreo. “El hecho característico fue haber logrado alinear los esfuerzos de los gobiernos municipales con el gobierno provincial, la actuación de la Policía con todo lo que tiene que ver con el monitoreo de cámaras, con la articulación con los jueces, con los fiscales, con muchas mesas de coordinación”, explicó.

Alonso también rechazó que haya sectores de la provincia sin presencia policial. “No hay zonas liberadas”, afirmó, y explicó que los intendentes pueden conocer dónde se encuentra cada patrullero mediante un sistema de GPS y controlar los tiempos de respuesta ante las llamadas al 911.

Para el ministro, el homicidio constituye uno de los principales indicadores para evaluar la evolución de la inseguridad. “El homicidio es un punto de llegada, la cifra más blanca que hay sobre la seguridad. Cuando bajan los homicidios, en general hay un correlato también en los otros delitos”, sostuvo.

La situación en La Matanza

Alonso también se refirió a la situación de La Matanza, uno de los distritos más poblados y complejos de la provincia. Allí destacó el despliegue policial y los resultados de los operativos realizados durante el año.

“En estos ocho meses llevamos 4.600 personas detenidas en La Matanza. Tenemos 400 vehículos patrullando La Matanza”, aseguró.

El funcionario destacó además una reducción del robo automotor. Según las cifras que presentó, el delito cayó un 41% entre 2024 y 2025 y volvió a reducirse un 15% entre 2025 y 2026.

También señaló una disminución de los homicidios en ocasión de robo: 24 casos en 2024, 18 en 2025 y 14 durante el año en curso. “En todo septiembre tuvimos un homicidio en ocasión de robo”, afirmó.

Alonso vinculó parte de los problemas de seguridad de determinados barrios con la pobreza, la desigualdad y la falta de infraestructura. En ese contexto, destacó las intervenciones realizadas en Puerta de Hierro y San Petersburgo, donde, según explicó, se desarmaron cientos de construcciones y búnkeres vinculados al narcomenudeo.

El reclamo por los recursos contra el narcotráfico

El combate contra el narcotráfico fue otro de los ejes centrales de la entrevista. Alonso aseguró que existe coordinación con el Gobierno nacional, pero cuestionó la cantidad de recursos destinados a la Provincia. “La coordinación está, lo que no están son los recursos”, afirmó.

El ministro señaló que durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación mantuvo numerosas reuniones y compartió información de inteligencia criminal. Sin embargo, cuestionó el equipamiento que, según su perspectiva, recibió la Provincia.

“¿Vos sabés cuántos patrulleros compró el Gobierno nacional? Yo no lo sé, no vi ninguno. Bullrich una sola vez anunció la compra de 90 motos”, sostuvo.

Alonso también planteó una diferencia entre la estructura destinada a combatir el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe. Según indicó, en Santa Fe hay un fiscal dedicado a la lucha contra la droga cada 88.000 habitantes, mientras que en territorio bonaerense hay uno cada un millón.

El funcionario sostuvo además que algunas investigaciones recientes permitieron detectar redes con conexiones internacionales y movimientos de personas entre distintos países de la región. “La frontera no existe”, afirmó.

Más detenidos y una mirada sobre los homicidios

Otro de los datos utilizados por Alonso para defender la política de seguridad fue el crecimiento de la población penitenciaria bonaerense.

“En toda la provincia hay 18 mil personas más en la cárcel que cuando llegué. Había 47 mil personas en el sistema penitenciario y hoy hay 65 mil”, afirmó.

El ministro también desglosó las principales causas de los homicidios registrados en la provincia. Según explicó, el 25% corresponde a ajustes de cuentas entre delincuentes, vinculados con disputas territoriales, narcotráfico o deudas; el 18% se relaciona con conflictos interpersonales y el 13% ocurre durante robos.

Alonso agregó que un 20% corresponde a delincuentes abatidos y que el resto se distribuye entre otras categorías, entre ellas los femicidios.

En relación con la violencia de género, destacó la utilización de dispositivos de prevención para las mujeres que realizan denuncias. “Apenas una mujer hace la denuncia, se pone una aplicación en el teléfono, con un botón antipánico. Cada vez que el violento se acerca a la casa, eso nos permitió una presencia permanente”, explicó.

Alonso habló de Kicillof y la interna peronista

La entrevista también derivó hacia la interna del peronismo y el futuro político del gobernador bonaerense. Consultado por las diferencias con sectores de La Cámpora, Alonso distinguió entre las posiciones de algunos dirigentes y el respaldo que, según afirmó, existe entre las bases electorales. “La base electoral de La Cámpora quiere que Axel Kicillof sea presidente”, sostuvo.

El ministro consideró que las diferencias dentro del espacio responden principalmente a una discusión entre dirigentes y aseguró que el gobernador bonaerense está ampliando su respaldo político. “Axel está creciendo en cada una de las provincias donde va. Está creciendo como una esperanza, es un reconocimiento que viene de abajo hacia arriba”, afirmó.

Alonso también defendió la realización de elecciones primarias como mecanismo para definir candidaturas. “Para mí sería muy importante que la PASO exista, que haya una PASO y que se legitimen los candidatos en una PASO”, sostuvo.

Ante una eventual competencia entre Kicillof y Cristina Kirchner, evitó anticipar un escenario electoral concreto. Sobre la expresidenta, señaló: “Ojalá que la situación de Cristina sea de otra manera. Hoy entendemos que la situación está difícil para que sea candidata”.

Por último, Alonso cuestionó la relación institucional con el Gobierno nacional y aseguró que la Provincia solicitó en reiteradas oportunidades una reunión con el presidente Javier Milei. “21 cartas le enviamos al Presidente pidiendo audiencia”, afirmó.

El funcionario, sin embargo, destacó que hubo coordinación entre Nación y Provincia para preparar el operativo de seguridad previsto para la visita del papa León XIV. Según explicó, el dispositivo contempla los estándares exigidos por la Guardia Vaticana y un despliegue especial para las actividades previstas en el Cottolengo y la misa en Luján.

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Ayer martes, dos días después del hecho, la Policía Bonaerense arrestó a tres sospechosos, en un trabajo unificado de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de San Isidro y la Departamental San Isidro bajo la Superintendencia AMBA Norte I del comisario general Lucas Borge. Se trata de Braian Agustín Britez, de 24 años, con domicilio en Don Torcuato, ex empleado de una empresa de limpieza de edificios de Tigre. Lo siguen Katerine y Tamara Lovaiza, dos mujeres oriundas de Maquinista Savio y José C. Paz.

La causa en su contra, por el delito de robo triplemente agravado, está a cargo de la UFI Martínez, con la fiscal Carolina Asprella, que indagará a los sospechosos hoy miércoles al mediodía.

La detenida que se pidió un café

La ruta de cámaras de seguridad relevada por la Secretaría de Seguridad local los complicó particularmente; la Bonaerense obtuvo el video de la fuga de la banda, a bordo de un Volkswagen Bora, en un video que ilustra esta nota. El vehículo finalmente fue encontrado en los allanamientos al grupo; ya había sido grabado por cámaras de seguridad municipales, camino al hecho.

Britez, por su parte, tiene largo prontuario según autoridades policiales. No solo había sido investigado por varios hechos de robo previos, con antecedentes desde 2019 como menor de edad y un paso tumbero por la Unidad N°47 de San Martín en 2025. También tenía un pedido de captura vigente por robo, con una causa que databa de este año por otro asalto a mano armada. La investigación por este último expediente, insólitamente, tenía escuchas telefónicas en curso.

Sin embargo, la ruta de la plata que siguió al asalto fue la prueba que terminó con la banda presa.

Tamara Lovaiza recuperó la libertad. El VW Bora se encuentra a su nombre, sin embargo, no habría pruebas hasta el momento para vincularla al hecho.

Katerine Lovaiza, sin embargo, cometió el peor traspié. La banda le robó tarjetas de crédito a los Cabanellas. La detuvieron teñida de rubio. Con su pelo todavía de color negro, recogido tras un buzo, se presentó en una conocida cafetería de la zona de Pilar horas después del asalto. Allí, filmada por una cámara de seguridad, pidió un café. Lo pagó, supuestamente, con la tarjeta de una de sus víctimas.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, recibió este martes a familiares de víctimas de delitos horas antes de que comenzara el tratamiento formal del proyecto de adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil porteño al nuevo marco legal establecido a nivel nacional. La jornada combinó escucha directa con afectados por la inseguridad y un primer paso institucional hacia una reforma que definirá cómo la Ciudad aplicará las reglas penales vigentes para adolescentes de entre 14 y 18 años.

El proyecto, impulsado por Ramírez, busca alinear la normativa porteña con el Régimen Penal Juvenil nacional sancionado por el Gobierno nacional, que fijó la responsabilidad penal a partir de los 14 años. La iniciativa establece reglas procesales específicas para ese rango etario, contempla medidas alternativas a la privación de libertad, incorpora mecanismos de seguimiento y amplía los derechos de las víctimas dentro del proceso judicial. La adecuación resulta necesaria para que la ley federal pueda aplicarse de manera efectiva en el ámbito de la Ciudad.

La urgencia del debate quedó subrayada por el antecedente concreto de la jueza que declaró inconstitucional la ley nacional y sobreseyó a un joven de 14 años acusado de un delito. Ese episodio puso de manifiesto la tensión entre el marco normativo federal y su implementación en la jurisdicción porteña, y otorgó al proyecto un carácter que trasciende lo meramente técnico para convertirse en una disputa sobre la capacidad del sistema judicial de dar respuestas a quienes sufrieron un crimen.

“El Gobierno nacional estableció la responsabilidad penal desde los 14 años y ahora la Ciudad tiene que adecuar su legislación para que ese régimen pueda aplicarse. No podemos volver a tener situaciones como la de una jueza que declaró inconstitucional la ley nacional y sobreseyó a un delincuente de 14 años. Las víctimas necesitan respuestas y quien comete un delito tiene que responder ante la Justicia”, sostuvo Ramírez durante el encuentro.

Del lado de las organizaciones, participó María Luján Rey, directora del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados de la Nación (ODV), junto a familiares de víctimas de distintos hechos de inseguridad. Durante la reunión, la legisladora escuchó sus experiencias y recorrió con ellos las dificultades que atravesaron a lo largo de los procesos judiciales: el acceso a la información, los plazos de la Justicia, el acompañamiento por parte del Estado y las herramientas necesarias para garantizar la participación y los derechos de quienes padecieron un delito.

Concluido ese encuentro, se realizó en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña la reunión informativa conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, en la que legisladores y funcionarios abordaron en detalle el proyecto de adecuación. Esa instancia marcó el inicio formal del tratamiento parlamentario de una reforma que, de aprobarse, modificará las reglas bajo las cuales la Ciudad juzga a sus adolescentes en conflicto con la ley.

Las detenciones se concretaron durante dos allanamientos realizados en el partido de Pilar, luego de una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, testimonios y tareas encubiertas, según indicaron fuentes policiales.

Los detenidos fueron identificados como Brian Agustín Britez, de 23 años; Katherine Lovaiza, de 25; y Tamara Lovaiza, de 22.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron un Volkswagen Bora patente IPA-808, señalado como el vehículo utilizado durante el robo, además de pertenencias de las víctimas y otros elementos considerados de interés para la causa.

El hecho ocurrió el domingo 27 de septiembre en una vivienda de la calle Juan José Paso al 1000, en San Isidro. Como contó este medio, los delincuentes irrumpieron en la propiedad y golpearon al abogado, tras lo cual escaparon con dinero y joyas.

A partir de la denuncia, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 4ª de San Isidro comenzaron una serie de tareas para reconstruir los movimientos de los asaltantes. De acuerdo con la información policial, la recolección de testimonios y el análisis de material fílmico permitieron identificar a los sospechosos y obtener las órdenes de allanamiento.

En ese trabajo también intervino la Secretaría de Seguridad de San Isidro. Según informaron desde el municipio, las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM), junto con registros privados, permitieron reconstruir el recorrido de los delincuentes e identificar el vehículo utilizado en la entradera.

El seguimiento se realizó en coordinación con la Policía Bonaerense, la Fiscalía y la Justicia. Las imágenes obtenidas fueron incorporadas a la investigación que derivó en los allanamientos realizados en Pilar.

Los operativos se realizaron este martes de manera simultánea en Pilar y terminaron con las tres aprehensiones.

Según los investigadores, Britez está señalado como autor material del asalto y también es investigado por otros cuatro hechos cometidos bajo la modalidad entradera.

Además, de acuerdo con los antecedentes incorporados a la investigación, tenía un pedido de captura en otra causa por robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, con efracción y escalamiento, con intervención del Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro.

Por esa investigación, indicaron las fuentes policiales consultadas, Britez ya era investigado y tenía sus comunicaciones intervenidas.

En cuanto a Katherine y Tamara Lovaiza, los investigadores las señalan como presuntas partícipes necesarias e integrantes de la banda. La sospecha es que habrían realizado transferencias y compras utilizando las cuentas y tarjetas que les habían sustraído a las víctimas durante el asalto.

La causa por la entradera quedó en manos de la UFI Descentralizada de Martínez, que ahora deberá avanzar con las indagatorias y determinar la situación procesal de los tres detenidos.

Ambos hampones resultaron heridos. El primero, de apellido Bustamante, recibió una bala en la espalda. El segundo, cinco disparos en diversas partes del cuerpo. Bustamante fue hallado a metros de su moto.

Su identidad fue cruzada con las bases de datos de la Justicia de La Matanza. Allí, el fiscal del caso, Adrián Arribas, descubrió que el motochorro estaba buscado desde 2025 con captura internacional por un asalto que terminó con un delincuente muerto, investigado por la UFI de Homicidios matancera con el fiscal Diego Rulli. Este hecho también ocurrió en González Catán, aseguran fuentes del caso a este medio; el sospechoso habría sido el chofer de la fuga. La víctima, también, fue un policía. Así, el fiscal dispuso la captura de Bustamante por este hecho, calificado bajo los delitos de robo en banda y tentativa de homicidio.

En cuanto al segundo sospechoso, permanece detenido e internado en grave estado en el Hospital Simplemente Evita. El fiscal Arribas descubrió, tras una investigación a cargo de la Policía Bonaerense, que la propia familia del delincuente lo llevó al centro médico. El auto del traslado fue hallado. Allí, se encontró la pistola que ambos motochorros habrían usado en el ataque a tiros al suboficial de la PFA.

La ministra Monteoliva, por su parte, se refirió al hecho en un posteo en su cuenta de X. Allí, aseveró:

“Esta madrugada, el suboficial mayor Farías de PFA, perteneciente a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, fue herido de bala en un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio en La Matanza. Dos delincuentes intentaron robarle. El suboficial se encontraba en uso de su licencia extraordinaria”.

“Acompañamos a él y a su familia en este momento. A nuestros policías los respaldamos. Y los delincuentes, quienes ya se encuentran identificados y detenidos, van a responder ante la Justicia”.

La investigación a cargo del fiscal Arribas, mientras tanto, continúa su curso. El suboficial evoluciona favorablemente, fuera de peligro; el fiscal del caso no adoptó ningún temperamento en su contra.

Los hermanos Juan Pablo Gómez Cardoso y Diego Armando Gómez Cardoso, conocidos como alias Pablito y alias Pachanga, en la mañana del 29 de septiembre de 2026 aceptaron en audiencia su responsabilidad por los delitos de secuestro extorsivo y hurto. El caso ocurrió el 22 de febrero de 2026, cuando Diana Ospina salió de una discoteca en Chapinero, tomó un taxi y fue retenida durante cerca de 43 horas.

La investigación estableció que alias Pachanga cumplía detención domiciliaria por otros delitos cuando ocurrió el secuestro. Para evitar ser ubicados, los hermanos cambiaron de residencia cuatro veces, eliminaron sus redes sociales y usaron celulares con números internacionales, hasta que fueron localizados por integrantes del Gaula y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Durante la retención, los acusados habrían obligado a Ospina a entregar sus claves bancarias y a realizar retiros. Las autoridades señalaron que los hermanos creían que la mujer tenía más de $1.000 millones en sus cuentas. El proceso avanza hacia la definición de la pena, que será informada el próximo 23 de octubre.

Así fue el secuestro y robo de la mujer luego de salir de una discoteca en Bogotá

Diana Ospina salió de Theatron, en Chapinero, y tomó un taxi rumbo a su vivienda, en el barrio Santa María del Lago. Antes de perder el contacto con su familia, envió a una amiga las placas del vehículo. Ese dato permitió a las autoridades trazar la ruta e iniciar la búsqueda.

La mujer permaneció retenida durante unas 40 horas. En ese lapso, los responsables realizaron operaciones desde sus cuentas bancarias.

Su sobrina, Stefanía Acosta Ospina, confirmó que efectuaron 13 retiros por casi $40 millones. La familia también perdió $2.500.000 en una transacción fraudulenta que los delincuentes presentaron como un pago para obtener la liberación de Diana.

Los captores exigieron además un rescate de hasta $10 millones, una suma que disminuyó tras las negociaciones con los familiares. Noticias Caracol y El Tiempo reportaron ese pedido.

Las cámaras de seguridad y los testimonios permitieron reconstruir parte de la interceptación: dos hombres descendieron de otro taxi y abordaron a Ospina antes de que ingresara a su domicilio. La investigación apunta a una organización dedicada a intimidar a pasajeros de taxis o vehículos de transporte público para obligarlos a entregar dinero o realizar transferencias.

Ospina fue liberada y encontrada en la vía a Choachí, consciente, pero en estado de shock. La Policía la asistió antes del reencuentro con su familia.

Taxis vinculados a otro secuestro y homicidio

La Fiscalía encontró coincidencias entre los vehículos relacionados con el caso de Ospina y los utilizados en el homicidio del profesor Neill Felipe Cubides Ariza, ocurrido en enero. En ambos hechos, las víctimas abordaron un taxi, fueron interceptadas durante el trayecto y retenidas para exigirles dinero.

Fredy Alexander Ayala Santamaría, propietario de los taxis involucrados, afirmó que administra una flota de 30 vehículos que arrienda a conductores y que desconocía que fueran utilizados para cometer delitos.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que la pesquisa continuará hasta identificar a todos los responsables. “Este proceso de investigación se realizó en paralelo con el que llevó a la captura de los responsables del secuestro y asesinato del profesor Neil Cubides”, afirmó.

Después de su liberación, Ospina participó en el encuentro “Un paso adelante contra el secuestro y la extorsión”, organizado por la Policía Nacional a través del Grupo Gaula. Allí destacó la importancia del acompañamiento psicológico durante su recuperación: “Volver a casa y ver a mi familia y a mis mascotas me dio fuerzas. Es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana, y es fundamental denunciar para que no le pase a nadie más”.

Otro sangriento intento de robo ocurrió en González Catán, jurisdicción de La Matanza durante la madrugada del martes. Esta vez, la víctima es fue un policía, un suboficial mayor de la Policía Federal, que sufrió un intento de robo a manos de dos delincuentes. El policía, de 61 años, es miembro de la División Seguridad y Custodia, destinado al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la protección de la ministra Alejandra Monteoliva.

En el intento de robo, dos motochorros a bordo de una Yamaha lo cruzaron en la calle Gallardo al 800, mientras viajaba en su auto Toyota Etios. Sin mediar palabra, los delincuentes comenzaron a dispararle, según la versión de la Policía Bonaerense, que trabaja para esclarecer el hecho. Una de las balas impactó en el vidrio del asiento del conductor.

Así, el suboficial tomó su arma y respondió. El policía terminó con un tiro en el hombro. El primer ladrón terminó con un tiro en la espalda. El segundo delincuente se llevó la peor parte; sus familiares lo llevaron al hospital Simplemente Evita, donde le descubrieron cinco impactos de bala. El policía, fuera de peligro, fue también trasladado a un centro médico.

El fiscal Adrián Arribas, de la UFI Descentralizada N°2, trabaja para esclarecer el hecho con la Comisaría 2° Sur de González Catán.

Policías remiseros en riesgo

Otro policía de la Federal fue atacado a tiros por delincuentes la semana pasada, también en La Matanza. Ocurrió el jueves pasado en las inmediaciones de Villa Palito, San Justo. la víctima fue un subinspector del área de Investigaciones Contra el Narcotráfico de la Policía Federal, un joven de 27 años atravesado por más de $13 millones en deudas según datos del Banco Central.

Al ser asaltado, el policía conducía un auto de alquiler para una aplicación de viajes. El policía, según fuentes del caso, se resistió al asalto y fue baleado: recibió dos disparos en la espalda y otro en una pierna. Los ladrones huyeron. Se recupera hasta hoy en el Hospital Churruca.

Días antes, otro efectivo de la PFA que estaba de franco y trabajaba como chofer de una aplicación de viajes baleó a un joven de 17 años durante un intento de robo que ocurrió en Villa Tranquila, Avellaneda.

La ciudadana Pilar Jiménez, a través de sus redes sociales, publicó el momento exacto del ataque armado en contra de una ciudadana que estaba sentada a la mesa del restaurante, y pidió la intervención de la Alcaldía en la zona.

El hecho ocurrió en el interior del restaurante Shadai, en la carrera octava con calle 128, una zona muy concurrida por los establecimientos comerciales, restaurantes y supermercados.

En la zona de mesas exteriores que tiene el punto de comidas estaba sentada la víctima cuando un hombre de camiseta blanca entró de inmediato, con una pistola, a sustraerle sus pertenencias. Otro hombre que estaba detrás, al parecer, a la espera.

“Estamos mamados. Esto acaba de pasar en Bella Suiza en Usaquén… restaurante Shadaii… hasta cuándo”, escribió Jiménez en su cuenta de redes sociales. En el mismo mensaje, etiquetó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y agregó: “Alcalde, por favor ayúdenos”.

David Cote vinculó la denuncia con la reincidencia delictiva

El representante a la Cámara David Cote reaccionó a la denuncia y planteó que los jueces requieren herramientas legales para enfrentar los casos de reincidencia.

“La mayoría de los ladrones tienen antecedentes y siguen libres”, afirmó el congresista en su cuenta de X.

Cote sostuvo que se debe reforzar la respuesta judicial frente a quienes cometen delitos de forma reiterada. “Es hora de darle a los jueces una herramienta para que impartan justicia a favor de las víctimas”, señaló.

El representante también anunció que el proyecto de ley 054, enfocado en la reincidencia, será debatido próximamente en el Congreso. “Ya casi se debatirá nuestro proyecto 054 contra la reincidencia. No más puerta giratoria para los bandidos”, escribió.

Buscan a ladrón que está atracando residentes cerca de Unicentro

El creador de contenido bogotano Pablo Matiz también residente de la localidad, denunció en redes sociales un presunto atraco ocurrido en inmediaciones de los conjuntos de apartamentos de Multicentro, cerca del centro comercial Unicentro, y pidió a las autoridades verificar la información sobre una motocicleta que, según relató, habría sido usada en el hecho.

Matiz aseguró que presenció el episodio mientras se desplazaba por el sector, cerca de Unicentro. De acuerdo con su relato, una mujer gritó tras el paso de una moto y señaló que los ocupantes habrían cometido el robo. El creador de contenido afirmó que la víctima entregó a las autoridades la placa que alcanzó a identificar.

“No sé, la policía o lo que sea, qué puta mierda que estén robando otra vez por Multicentro, plena luz del día, son las doce del día, hoy, ZYN59G, para que la tengan en cuenta. Man solo, una motico de esas medio anaranjadita. Qué puta mierda. Comparta el video para que al menos cojan a esa rata o sepan y la tengan entre ojos (sic)”, dijo.

“Ya la señora dio las placas; ella está poniendo la denuncia”, manifestó Matiz, que pidió que las autoridades adelanten las verificaciones correspondientes.

Antes de presenciar el presunto hurto, Matiz contó que había visto al mismo hombre con una mochila de Rappi y un letrero en el que manifestaba que no tenía celular y buscaba trabajo.

El creador de contenido dijo que decidió regresar al sector con la intención de entregarle un teléfono. “Si ven al tipo que tiene un letrero que dice ‘No tengo celular, quiero trabajar’, avísenme, que le tengo un celular”, señaló.

Matiz pidió a sus seguidores compartir el video para ubicar al hombre. También solicitó que las autoridades revisen las denuncias que puedan existir sobre hechos similares en la zona y determinen si hay responsabilidad penal de los involucrados en el presunto atraco.

Ayari Andrei Espinoza Berrio, Dilan Alexis Cañón Bustamante y José Luis Puerta Manjarres fueron capturados por la Policía Nacional tras el hecho ocurrido el 19 de septiembre de 2026 en ese municipio. Un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el cargo de secuestro extorsivo agravado, que no aceptaron. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

El conductor, de 41 años, respondió ese día a una solicitud de servicio con destino al barrio Villa Carola, en Soacha. Al llegar al punto acordado, los tres imputados abordaron el vehículo. Durante el recorrido, según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación, Cañón Bustamante y Puerta Manjarres lo amenazaron con un cuchillo, mientras Espinoza Berrio utilizó un arma de fuego para obligarlo a pasarse al asiento trasero del automotor.

La víctima permaneció retenida mientras los captores la presionaban para que realizara transacciones electrónicas desde su propio dispositivo móvil y la despojaban de dinero en efectivo, joyas, un reloj, un celular y el vehículo. El conjunto de bienes sustraídos superó los $60 millones.

Así se especificó en la diligencia por parte de la fiscal encargada: “Luego del apoderamiento de, de los bienes, ustedes, señores Cañón, Puerta y Espinosa, proceden a quitarle los zapatos, amarrarle las manos a este ciudadano con los cordones de los tenis y amenazarlo con armas cortopunzantes en la humanidad de la víctima, con el propósito de obligarle a realizar varias transferencias bancarias en un aproximado de un millón de pesos.

Proceden a abandonar al señor en el kilómetro cinco, vía que conduce de Soacha a Mosquera, sector rural, donde lo obligan a cruzar una cerca y no voltear a mirar con la amenaza de matarlo, apoderándose de los bienes y del vehículo. Y logra tener contacto con agentes de Policía Nacional, que luego de esto, ustedes fueron capturados en situación de flagrancia en la carrera 16H con calle 28 sur, barrio La Fontana, del municipio de Soacha".

Tras el robo, los imputados abandonaron al conductor en una zona boscosa ubicada en el kilómetro 5 de la vía Soacha–Mosquera.

Las unidades de la Policía Nacional lograron capturar a los tres señalados en el barrio La Fontana, también en Soacha.

En Bogotá, las autoridades reportaron dos casos de capturas por robos contra conductores de plataformas durante 2026, entre muchos otros sucesos de los que han sido víctimas cientos de trabajadores de este gremio:

• Red que usaba perfiles falsos: la Fiscalía judicializó a Ronald Camilo Vera Pulido, Pedro Alexis Téllez Ariza y Carlos Anderson Méndez Pulido. Según la investigación, solicitaban viajes con perfiles falsos, amenazaban a los conductores con armas de fuego y elementos cortopunzantes, los inmovilizaban y exigían las claves de aplicaciones bancarias. También les robaban pertenencias y, en algunos casos, los vehículos. Los delitos imputados fueron concierto para delinquir agravado, secuestro simple y hurto calificado y agravado. Dos investigados fueron enviados a prisión y el tercero quedó con detención domiciliaria.
• Cuatro capturados en Kennedy: el 14 de julio, cuatro hombres fueron detenidos en flagrancia luego de pedir un servicio por aplicación e intimidar con un arma de fuego al conductor para quitarle el vehículo. La Policía recuperó el arma que, de acuerdo con el reporte oficial, fue abandonada dentro del automóvil durante la huida. Los capturados, de 19, 23, 25 y 28 años, quedaron a disposición de la Fiscalía. 

Un hombre fue asesinado a balazos frente a la estación Metro Hidalgo, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. La agresión provocó un despliegue policial que terminó con la detención de dos hombres presuntamente relacionados con el homicidio.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo, donde, de acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la víctima fue atacada de manera directa. El agresor habría escapado inmediatamente después de realizar los disparos.

Peatones que se encontraban afuera de la estación dieron aviso a los servicios de emergencia mediante el 911. La víctima quedó tendida junto a un puesto de venta de postres.

La víctima recibió al menos cinco disparos

De acuerdo con información proporcionada en el sitio, el hombre presentaba impactos de arma de fuego en la cabeza, cuello y pecho. Cerca del cuerpo quedaron una gorra, una mochila, una mancha de sangre y al menos cinco casquillos percutidos.

Los indicios fueron señalados con vasos de unicel colocados sobre el pavimento y sujetados con una piedra para evitar que se movieran mientras llegaban las autoridades ministeriales.

Paramédicos acudieron para brindar atención al hombre y posteriormente lo trasladaron a un hospital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que posteriormente fue diagnosticado sin signos vitales.

Una vendedora de dulces que presenció lo ocurrido también recibió atención en el sitio, al igual que otra persona que presuntamente sufrió una lesión por arma de fuego.

El operativo generó una amplia movilización de la SSC, con más de 40 elementos desplegados en la zona, además de motocicletas y patrullas. La entrada del Metro Hidalgo y establecimientos cercanos fueron resguardados mientras se esperaba la intervención de la Fiscalía.

SSC detiene a dos hombres presuntamente relacionados

Tras el reporte de la agresión, personal del C2 Centro realizó labores de monitoreo y búsqueda para ubicar a los posibles responsables.

En su tarjeta informativa, la SSC señaló: “Resultado de las acciones implementadas para esclarecer una agresión con disparos de arma de fuego, efectivos de la SSC detuvieron a dos hombres presuntamente relacionados con el homicidio de un ciudadano”.

La dependencia indicó que uno de los detenidos tiene 21 años y que presuntamente habría realizado la agresión. Durante su detención le fue asegurada un arma de fuego.

El segundo detenido tiene 27 años y, según la SSC, estaría aparentemente relacionado con los hechos.

Ambos hombres fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y llevará a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer el homicidio ocurrido frente al Metro Hidalgo.

Al margen de las investigaciones, el periodista de nota roja Carlos Jiménez reportó en la red social X que el crimen fue ordenado desde un penal de la CDMX: “Un preso q está encarcelado acusado de homicidio, los mandó a matar al tipo, en @AlcCuauhtemocMx. Gerardo le disparó. Braulio fue a tomarle fotos al cadáver (sic)”, señaló.

Esta información no ha sido confirmada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Alejandro Gutman llega puntual a la cita, en el bar de una librería porteña, con la misma energía con la que llena estadios y gimnasios de jóvenes salvadoreños. El empresario argentino, desde hace veinticinco años dedicado a proyectos sociales en El Salvador, habla con la convicción de quien ha repetido su relato cientos de veces ante auditorios muy distintos —jóvenes de barrios marcados por las pandillas, diplomáticos en Naciones Unidas, empresarios escépticos— y sigue creyendo en él. “Hay que estar”, repite varias veces durante la charla, una frase del ex director técnico Carlos Bilardo que usa como resumen de su método: no se cambia la vida de una comunidad desde un escritorio.

En El Salvador Gutman construyó, primero desde la sociedad civil y ahora desde el Estado, un modelo que bautizó “cultura de la integración”: la idea de que la pobreza no se combate solo con dinero, sino tendiendo puentes —en la escuela, la universidad, la empresa— entre los sectores marginados y el resto de la sociedad. Hoy preside, con carácter ad honorem, la Dirección de Integración, el organismo que el presidente Nayib Bukele creó a su medida para convertir en política pública lo que antes hacía, con recursos mucho más escasos, al frente de la Fundación Forever. Infobae lo entrevistó por primera vez en enero de 2021, cuando todavía dirigía la fundación, y por segunda vez en septiembre de 2023, recién nombrado en su nuevo cargo. Esta es la tercera conversación, y llega en un momento bisagra.

El 23 de agosto, Bukele anunció ante un estadio Mágico González repleto de jóvenes la entrega de 50.000 becas para estudios superiores, respaldadas por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. El próximo 29 de septiembre miles de bachilleres de escuelas públicas recibirán la certificación que los habilita a inscribirse en la universidad. Gutman, que fue el arquitecto técnico de ese anuncio, lo resume sin matices: “Para el país marca un cambio de época, una nueva etapa, un cambio de sistema”, dice. “Para mí es la concreción de una utopía, de una lucha de veinticinco años.”

— El 23 de agosto se hizo el anuncio de las 50.000 becas ante un estadio lleno. ¿Qué significó ese día para usted y para el país?

—Marca un cambio de época, una nueva etapa, un cambio de sistema. Es muchísimo más que hablar de un montón de becas. La historia de El Salvador es una historia llena de embudos, de falta de acceso, que impidió a millones de salvadoreños llegar a la educación superior. Ese evento reunió a 32.500 jóvenes: 23 mil de escuelas públicas, 8 mil de los 14 mil que ya son becados, y 1.500 entre maestros y directores. Marcó una nueva etapa en la que la educación superior dejó de ser un privilegio para pocos y se convirtió en un derecho para todos. Para mí es la concreción de una utopía, de una lucha de veinticinco años.

— Explíquele a alguien que no conoce El Salvador ese cambio: de privilegio a derecho.

—El Salvador es una sociedad clasista, desintegrada históricamente. Esa desintegración llevó a vidas de violencia durante generaciones: primero una guerra civil, después el fenómeno de las pandillas. Eso hizo que solo del uno al cinco por ciento de quienes terminaban la escuela pública pudiera ingresar a la universidad. Hoy ese número llega, fácilmente, a un cincuenta por ciento. Y eso pasó en dos o tres años. Cuando fui a la ONU representando a El Salvador, ministras de Finlandia y de otros países hablaban de un milagro: cómo hicimos para pasar del cinco al cincuenta por ciento.

— Muchos especialistas en pobreza sostienen que quienes crecen en comunidades marginadas no acceden a la universidad porque, entre otras cosas, sienten que no pertenecen a ese ámbito. ¿Cómo se trabaja ese obstáculo del lado de los propios jóvenes?

—Es cierto. Los chicos ni conocían las universidades. Sus familias tampoco habían tenido acceso. Y las universidades tampoco iban a buscar a sus estudiantes: le dieron la espalda a un pueblo. Hubo que hacer un cambio cultural muy grande en universidades, escuelas, familias y maestros.

— ¿Y cómo lograron ese cambio cultural?

—Todo eso que se instaló, sobre todo en Latinoamérica, de que los chicos viven en la “cultura del ni-ni” —que ni quieren estudiar ni quieren trabajar— es una mirada muy prejuiciosa e ignorante de la realidad de los jóvenes. Los chicos tienen un enorme deseo. En los primeros meses del año anduve llenando estadios, escuelas y gimnasios con cuarenta, cincuenta mil chicos, con un interés y una atención tremendos: cómo puede ser que un viejo de sesenta y cinco años como yo les hable durante una, dos, hasta tres horas y me presten atención así. Nunca tengo que levantar la voz. Si uno va con un mensaje que a los chicos no les interesa... pero, ¿cómo saben lo que les interesa si no están, si no tratan? Eso ha sido fundamental: enamorarlos, que descubran que el conocimiento no tiene por qué ser aburrido.

— ¿Y las empresas? ¿Colaboran en esta transformación?

—Son las más difíciles. Si hay algo en la sociedad salvadoreña que me ha costado modificar es la actitud del empresariado. Algunos sí colaboran, pero en general al empresario todavía le falta un camino más profundo, una mirada más enriquecida, conocer más a su gente. Y te lo dice un empresario también: a mí me ha ido muy bien, soy un agradecido. Pero en general el empresario siente que ya llegó, se queja y pide, pero le cuesta un gesto de generosidad. Inventaron la responsabilidad social empresarial, que es casi una nueva industria: es como sacarse una culpa de encima.

— El 29 de septiembre los jóvenes reciben sus certificaciones. ¿Cómo funciona el sistema, qué es ese documento y qué les permite hacer?

—Todos los chicos del último año de bachillerato de las escuelas públicas —y próximamente también de colegios privados de cuota baja— pueden hacer un proceso formativo, gratuito y voluntario. Hoy tenemos a todas las universidades del país participando del sistema. De lo que cuesta cada beca, la mitad la paga cada universidad y la otra mitad el Estado. El BID nos dio cien millones de dólares para esto. Si querés ir a la universidad, tenés que cumplir seis actividades del proceso formativo: refuerzo de Matemática y Lenguaje los sábados durante todo el año, el curso “ADN de la pobreza”, entre otras. Para escuelas técnicas hay que cumplir cuatro actividades, y para cursos vocacionales, dos. El 29 les vamos a enviar a alrededor de 23 mil jóvenes su certificado —Dirección de Integración o Dirección de Integración Plus— y con eso ya pueden inscribirse: tienen siete u ocho días para anotarse en las carreras, universidades y modalidades que quieran.

— ¿Y después? ¿Quién decide quién entra?

—Son las universidades las que deciden a quién aceptan. Si a un chico lo aceptaron en cinco carreras distintas, tiene que elegir una de inmediato y libera los demás cupos. Se hace una segunda y una tercera etapa para que todos tengan acceso.

— ¿Es la primera vez que se hace el sistema así, con las universidades eligiendo directamente?

—Sí. Antes nosotros definíamos los cupos según los requerimientos, y ahora son directamente las universidades las que eligen. Pero esto ya se hizo este año, 2026: tenemos catorce mil chicos que están terminando este primer año.

—Insiste en que esto no es un regalo.

—No lo es. Tienen que cumplir esas actividades; si no las cumplen, no acceden. Y una vez adentro, logramos algo que ojalá todas las universidades del mundo hicieran: cambiamos el sistema de ingreso. Antes, al becado le exigían más notas que a un alumno regular; si no se sacaba un siete o un ocho, perdía la beca. Hoy tiene las mismas obligaciones y los mismos derechos que cualquier alumno regular. Es un triunfo invisibilizado pero muy importante. Hoy tenemos un nivel de deserción del diez por ciento, frente a un treinta o cuarenta por ciento entre los alumnos regulares.

— ¿Cómo miden esa deserción, y qué pasa con la inserción laboral de los graduados?

—Tenemos gente en cada una de las 42 universidades siguiendo cómo les va. Sobre inserción laboral es muy pronto, recién empieza, pero vamos a publicar esos datos.

— En un país con tanta emigración histórica, ¿puede el mercado formal absorber a todos estos graduados?

—Yo creo que hoy hay mucha menos emigración y bastante más inmigración. Está volviendo gente, y tenemos que ver cómo la integramos. Además, el mundo va a cambiar enormemente en cinco o diez años, y los chicos son parte de ese mundo cambiante; ellos mismos van a encontrar nuevas salidas. No podés pensar en los chicos olvidándote de lo que les gusta, de sus sueños, de todo lo que pueden construir para el país.

— ¿Cómo se sostiene económicamente el programa a futuro?

—Hay un mecanismo que se llama CLIPP, de hasta 300 millones de dólares. Estos cien millones del BID son para los primeros años, y cuando haga falta más, en dos o tres años, se recurrirá a esos otros fondos. Fondos hay y hay voluntad política, que es importantísima.

—¿Y qué están haciendo para que esto se institucionalice, para que sobreviva cuando usted no esté más al frente y no esté más este presidente?

—Los protagonistas de este cambio son los jóvenes, los maestros, los padres, las universidades, las escuelas, el Ministerio de Educación y, por supuesto, la voluntad política del presidente, sin la cual esto hubiera sido imposible. Hoy vuelvo a sentirme libre, porque cada vez soy menos importante, y eso me da alegría. Es política pública: ya no depende solo de mí.

—La ley de “cultura de la integración” se aprobó en 2019 con el apoyo de todos los partidos. ¿Ese respaldo político transversal se mantiene hoy?

—Hoy es muy difícil que alguien se oponga. Aparecieron algunas voces disonantes, pero se apagaron rápido porque no tienen eco. Todos los presidentes anteriores, incluso alguno me dio una ley, pero nunca hubo un acompañamiento real del Estado. Una ley sin fondos y sin acompañamiento total no sirve de nada.

—¿Qué relación hay entre este cambio educativo y la política de seguridad de Bukele? Porque la primera etapa del Gobierno fue de represión.

—Represión, sí. Fue la primera etapa, y fue fundamental. El clima de seguridad que hoy tiene el país abrió las posibilidades. Yo hablo del florecimiento salvadoreño: un país donde la seguridad abrió las posibilidades. Yo soy un ejemplo claro con la fundación: logramos graduar a algunos miles, pero era un aspecto muy reducido. Los directores de escuela me cerraban la puerta. La seguridad fue lo que generó la posibilidad de este cambio de sistema. Le digo siempre al presidente: usted hizo dos cambios de sistema. Revolucionó la seguridad, y ahora revoluciona el sistema educativo.

— ¿Qué cambió en las escuelas y en las comunidades que antes eran territorio de las pandillas?

—Antes no querían estudiar en la escuela pública porque antes estaba muy asociada al pandillerismo y a situaciones de muchísima dificultad. Hoy la escuela pública tiene un nivel de seguridad como si fuera el mejor colegio del mundo. El país está viviendo una seguridad tremenda. Nosotros entramos durante veinticinco años, y prácticamente éramos los únicos que entrábamos. Hoy ya no hay pandillas ahí.

— ¿Y qué impacto tiene, a su vez, este cambio educativo sobre la seguridad?

—Un impacto tremendo, porque les está dando a los chicos, por primera vez, la posibilidad de elegir. Y junto a los chicos van las familias y los vecinos. Esa es la base para salir de la pobreza. La seguridad también se nota en que el país ganó un espacio enorme en turismo y en construcción: hay un boom tremendo, en parte por salvadoreños de afuera que quieren volver o invertir. Se están desarrollando otras zonas que antes estaban relegadas, como San Miguel o Santa Ana. Y hay lugares todavía muy alejados, como Chalatenango, donde antes la única mirada de los jóvenes era irse del país.

— ¿Ya pudieron medir el impacto de estos programas en la reducción de la pobreza?

—Para nosotros la pobreza tiene una significación que va mucho más allá de lo económico: tiene que ver con la cantidad y calidad de relaciones integradoras entre personas e instituciones. Es difícil salir de la pobreza si no crecés como persona, si no accedés a educación, si no armás una red de relaciones. Los salvadoreños dejaron de vivir con una pulsión introspectiva, centrípeta, por miedo a hablar de sus emociones, y pasaron a una pulsión centrífuga, mucho más natural, de relacionarse con otros. Ese pasaje de la introspección al florecimiento es, para mí, la mejor medida de salir de la pobreza. Lo que pasa es que los gobiernos y las organizaciones internacionales miden con parámetros cada vez más ineficientes.

— ¿Trabajan también con familias de personas detenidas o liberadas?

—Hablamos con todos, no hacemos ninguna exclusión. Hacemos ferias, festivales, actividades de continuidad académica, y no preguntamos si alguien está detenido o no, ni si le gusta o no el presidente. En la Dirección de Integración jamás preguntamos eso. En algunos casos queda cierto resentimiento, cada vez menos, aunque tengan familiares detenidos en el CECOT, la cárcel de máxima seguridad. Pero la vida de los chicos sigue, y nosotros no hacemos ninguna distinción.

— ¿Qué desafíos quedan pendientes, qué es lo que todavía no funciona como quisieran?

—Hay varios. Uno tiene que ver con las empresas, como le decía. Tengo un proyecto que ya hablé con el presidente, aunque no sé si voy a poder llevarlo adelante: el fortalecimiento de las comunidades, uno de los cinco pilares para salir de la pobreza. La participación de la gente es fundamental, aunque parezca un concepto simple no se entiende bien: no alcanza con decirle a la gente “participá”, así no funciona. Hace falta el acompañamiento del Estado nacional y local, y acercar universidades y empresas, para que la comunidad tenga sentido de pertenencia y la gente no quiera irse apenas mejora su situación. Porque si eso pasa, nunca mejora nada a nivel comunitario. La idea no es hacer una “pequeña Nueva York” en una comunidad con plata de una organización internacional, algo que después no se puede replicar ni sostener. Y hay algo que todavía falta profundizar: naturalizar más la relación con el arte y el entretenimiento —eso lo estamos haciendo bien—, con los abuelos y con la tecnología.

— De acá a cinco años, ¿qué tendría que haber pasado para decir que este modelo fue un éxito?

—Que haya relaciones integradoras naturalizadas entre personas e instituciones: entre escuelas y universidades, entre empresas y comunidades. Mejores liderazgos, una política más cerca de las comunidades, medios de comunicación que realmente escuchen a su pueblo. No puede haber desarrollo sin la participación de un pueblo; si no, queda en utopía sin cumplir. Lo que se logró en tan pocos años demuestra que es posible. Esto se construye día a día y nunca termina, porque nunca se sabe si mañana los que se beneficiaban de una sociedad desintegrada no van a querer volver a esa posición de poder.

—¿Cómo ve su propia salida y la continuidad del modelo?

—Yo todavía ocupo un rol, pero cada vez doy más pasos hacia un lugar más alejado, con la sensación de “ya le di mi vida al país”. No creo en las revoluciones de liderazgo único, porque ahí se te cae todo. Hay que dejar las cosas más o menos bien armadas. Por eso hay que cuidarse de que la política, en el mal sentido, no termine desvirtuando las cosas.

Antes de despedirse, añade, casi de improviso, una reflexión final. “Algo optimista, sobre el tema de los sueños”, dice. “Me gustaría que tantos soñadores latinoamericanos, que hicieron pequeñas cosas y a veces se frustraron, vean en esto —que costó veinticinco años construir contra todo, contra la violencia, contra las pandillas— no un ejemplo mío, sino el ejemplo de que se puede transformar una sociedad. Que sean perseverantes, que estudien, que aprendan a frustrarse y a ganar batallas importantes. Como dice esa frase popular, ‘soñar no cuesta nada’; lo que cuesta es llevar adelante esos sueños. Los sueños se conquistan, hay que pelear por ellos”.

El procedimiento comenzó cuando la central de radio alertó sobre la presencia del automóvil sospechoso. El conductor desatendió la orden de detenerse y huyó del lugar.

Las autoridades activaron un plan candado e interceptaron el vehículo varias cuadras más adelante. Sus ocupantes bajaron e intentaron escapar por distintas direcciones, pero los uniformados lograron detenerlos.

Los cinco sospechosos fueron capturados en flagrancia por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además de utilización ilegal de uniformes e insignias. El automóvil quedó inmovilizado.

Durante la requisa, la Policía encontró dos armas de fuego, dos chaquetas de policía judicial, dos gorras y documentos falsos.

Las indagaciones preliminares apuntan a que el grupo buscaba usar órdenes de allanamiento falsas para entrar en viviendas y cometer hurtos en esa zona de la capital.

Uno de los detenidos registra antecedentes por hurto calificado y agravado, homicidio, secuestro simple, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Otros dos tienen anotaciones por hurto, homicidio y lesiones personales.

Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá avanzar con el proceso de judicialización.

Secuestró y violentó física y sexualmente a su pareja sentimental durante nueve días

La Fiscalía imputó cuatro delitos a un hombre capturado en la localidad de Kennedy por un caso de presunta violencia contra su pareja. Un juez de control de garantías legalizó el procedimiento, según informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

La víctima acudió a un hospital del sur de Bogotá el 6 de septiembre y relató que había estado retenida contra su voluntad dentro de una vivienda. Allí denunció agresiones físicas, sexuales y psicológicas durante el tiempo que permaneció en el inmueble.

El caso corresponde a una mujer que mantenía una relación sentimental de cerca de un año con el ahora detenido, aunque ambos no convivían. De acuerdo con su testimonio, el hombre la habría privado de la libertad durante nueve días.

La investigación comenzó después de la atención médica de la denunciante. La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) asumió las labores para identificar y ubicar al señalado agresor, con acompañamiento de la Fiscalía Local de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy.

Los investigadores establecieron que el hombre frecuentaba el sitio en el que habrían sucedido los hechos. Con esa información, la Fiscalía solicitó una orden judicial para registrar la vivienda, capturarlo y obtener elementos de prueba.

La diligencia se realizó el 17 de septiembre con participación de agentes de la Sijín y del Grupo de Operaciones Especiales (Goes). Durante el procedimiento, las autoridades incautaron elementos que entraron a análisis dentro de la investigación.

La Fiscalía formuló cargos por secuestro simple, acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura. El señalado quedó a disposición de la justicia tras la legalización de la captura.

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que la investigación continuará para determinar las circunstancias de los hechos denunciados y el alcance de los elementos recolectados en el allanamiento.

La institución pidió a la ciudadanía reportar hechos de violencia o conductas delictivas a través de la línea de emergencias 123 o ante el Comando de Atención Inmediata más cercano.

Capturas por delitos en Bogotá durante 2026

Durante 2026, las autoridades de Bogotá reportaron operativos que dejaron capturas por homicidio, extorsión, hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, estafa, violencia intrafamiliar, delitos sexuales y corrupción de alimentos.

En junio fueron detenidas 2.089 personas en procedimientos relacionados con extorsiones, hurto de bicicletas, producción de licor adulterado y “paseo millonario”. Durante la primera semana de agosto se registraron 442 capturas por robos a comerciantes y vehículos de valores, homicidios, tráfico de drogas y hurtos en grandes superficies.

La primera semana de septiembre dejó 665 capturados, entre ellos presuntos integrantes del Tren de Aragua investigados por homicidio agravado, además de personas señaladas por extorsión, hurto y porte de armas. El 15 de septiembre, 17 allanamientos permitieron detener a 30 personas por tráfico de estupefacientes, homicidio agravado, violencia intrafamiliar, estafa, actos sexuales con menor de 14 años, hurto calificado y corrupción de alimentos.

El hecho ocurrió el jueves 10 de septiembre, alrededor de las 5.45, en la esquina de Godoy Cruz y Charcas. En el video que encabeza esta nota se observa a la víctima caminando sola por la vereda cuando aparecen cinco jóvenes.

Dos avanzaban por la misma vereda que el hombre, otros dos lo hacían por la de enfrente y un quinto caminaba unos metros más atrás. Al advertir que parte del grupo comenzó a acercarse, la víctima empezó a correr.

“En cuanto vi el movimiento de que tres se cruzaron hacia mi vereda, empecé a correr”, recordó Hernán, la víctima, en una entrevista con Radio Mitre. Durante la persecución, según relató, escuchó que le gritaban: “Dame todo” y “Agarralo”.

La huida continuó hasta que el hombre se encontró con un efectivo de la Policía de la Ciudad que circulaba en moto por la zona. Según su relato, el agente logró interceptar a dos de los sospechosos, mientras que otro policía que se encontraba en las inmediaciones atrapó a otros dos. El quinto involucrado consiguió escapar y permanece prófugo.

Los aprehendidos fueron un adolescente de 13 años, M.I.A., de 14, y otros dos jóvenes de 16 años. Uno de ellos, de acuerdo con la información incorporada al expediente, tenía un antecedente por una tentativa de robo.

El fallo que sobreseyó al adolescente de 14 años

La situación judicial de M.I.A. cambió esta semana. La jueza De Marinis declaró inconstitucional la aplicación al caso de la nueva Ley Penal Juvenil, que redujo la edad de punibilidad, y sobreseyó al adolescente de 14 años por la tentativa de robo.

En su resolución, la magistrada consideró que la reducción de la edad a partir de la cual un menor puede ser sometido al sistema penal resulta regresiva y vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Al conocer la decisión, Hernán cuestionó el fallo. “Se nota que ella no tiene que caminar la calle”, expresó.

“Si deja en libertad al menor y vuelve al mismo lugar, no tiene demasiado sentido. ¿Y la contención del Estado dónde está? Tendría que haber resuelto que ese menor se fuera a un lugar donde tenga la alimentación, la educación, la contención… pero ponerlo en el fallo y controlarlo. Pero bueno, es más fácil liberarlo”, agregó.

La resolución también provocó cuestionamientos políticos. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que impulsará un pedido de juicio político contra la magistrada. “Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, afirmó Macri. “Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”, sumó.

También cuestionó la decisión la senadora y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

En paralelo, la discusión continuará en los tribunales. El fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Riggi, confirmó que el Ministerio Público Fiscal porteño apeló la resolución y solicitó que la Cámara trate el planteo con rapidez.

Además, el fiscal coordinador Mauro Andrés Tereszko, de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil (UFEPJ), apeló la decisión y pidió que De Marinis sea apartada de la causa.

La jueza, por su parte, defendió los fundamentos de su resolución. “Se trata de un chico que no fue conocido por el Estado, que estaba sin educación y sin poder alimentarse; nos enteramos de su situación por el sistema penal y entonces le aplicamos el sistema penal. ¿A usted le parece razonable? Yo expliqué que no es proporcional”, sostuvo De Marinis en diálogo con Radio Con Vos.

Cada semana muere más gente por cada delito cometido en Cuba, aunque el número total de hechos delictivos registrados haya caído. Así lo revela el nuevo Informe de Inseguridad Pública del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), organización que monitorea la seguridad pública en la isla, que documentó 10.35 muertes por cada 100 delitos entre enero y junio de este año, frente a 5,23 en el mismo período de 2025.

El índice de letalidad se duplicó: subió 97,9% en apenas doce meses.

La isla registró 985 delitos en el primer semestre, un 25,3% menos que los 1.319 contabilizados un año antes. Sin embargo, el número de víctimas mortales no bajó: aumentó.

Menos casos reportados, más muertos

Entre enero y junio murieron 102 personas por hechos delictivos en Cuba, 33 más que las 69 fallecidas en igual lapso de 2025. El salto equivale a un 47,8%.

¿Por qué caen los delitos reportados pero suben los asesinatos? El OCAC explica que sus cifras constituyen un subregistro basado en hechos que logran hacerse públicos. La caída de reportes no significa menos inseguridad, sino menos capacidad para documentarla, en un contexto de apagones y cortes de internet que golpean al ecosistema informativo independiente.

El organismo atribuye esa merma en la documentación a los prolongados cortes eléctricos y a las interrupciones de conexión que enfrentan las fuentes independientes en la isla. Los hechos delictivos documentados son menos, pero resultan más violentos.

Los asesinatos pasaron de 63 a 90 casos entre ambos semestres, un alza del 42,9%. La cifra devuelve a Cuba casi al nivel de 2024, cuando se habían contado 91 asesinatos, tras una baja transitoria registrada en 2025.

La violencia se aceleró mes a mes

El informe detecta además una progresión dentro del propio semestre. Los asesinatos treparon de 36 casos en el primer trimestre a 54 en el segundo, un incremento del 50%.

Abril concentró 19 casos, mayo 17 y junio 18. Los tres meses superaron el peor registro mensual de 2025, que había sido marzo con 13 asesinatos.

El OCAC vincula parte del incremento de fallecidos a la aparición de crímenes con víctimas múltiples, un fenómeno que antes era excepcional en sus registros y que comenzó a repetirse durante 2025 y 2026.

Los robos bajan pero apuntan al Estado

Los robos siguen siendo la categoría delictiva más numerosa, aunque también retrocedieron: de 721 casos en el primer semestre de 2025 a 592 en 2026, una baja del 17,9%. Pese a la caída, la cifra actual todavía supera en 127,7% la de 2024 y en 397,5% la de 2023.

Lo que cambió fue el blanco de esos delitos. Los robos contra ganado bajaron de 193 a 149 casos y los que afectan propiedad privada cayeron de 266 a 234.

En cambio, los robos contra propiedad estatal subieron a 158 casos, un 12,9% más, y pasaron a representar el 26,7% de los objetivos identificados, frente al 19,4% del año anterior.

Una parte de ese desplazamiento se explica por el saqueo de infraestructura eléctrica. Según cifras de la Fiscalía citadas por el informe del OCAC, entre 2025 y el primer semestre de 2026 se abrieron más de 460 investigaciones penales por delitos contra el Sistema Electroenergético Nacional.

Más de 300 de esas causas corresponden al robo de aceite dieléctrico de transformadores, sustraído para su venta en el mercado negro. El dossier documenta incluso casos de autores de esos robos que murieron electrocutados durante el hecho.

Los delitos en grupo se multiplican

El informe también identifica un aumento de la actuación colectiva. De los delitos de 2026 en los que pudo determinarse la modalidad, 278 fueron cometidos por dos o más personas, un 33,7% del total.

Entre los robos, la proporción de hechos grupales llegó al 37,7%, la más alta registrada hasta ahora por el OCAC para esa categoría delictiva.

Los asaltos, aunque menores en volumen total, también crecieron: de 61 a 67 casos, un 9,8% más respecto a 2025 y un 71,8% frente a 2024. El repunte se dio en un semestre en el que el total de delitos reportados disminuyó.

La justicia por mano propia gana terreno

El informe cierra con una advertencia sobre episodios en los que ciudadanos persiguieron o retuvieron a presuntos delincuentes ante la falta de respuesta policial. El OCAC documentó casos de familias que dijeron haber esperado más de diez horas para que la policía acudiera.

El organismo alerta sobre el riesgo de que estas dinámicas deriven en formas de justicia por mano propia, en un escenario donde la violencia se intensifica mientras la capacidad de documentarla y de responder a ella se debilita.

La escena quedó registrada en una cámara de seguridad y fue difundida por el noticiero Subrayado de Canal 10. La imagen en redes sociales se hizo viral y causó indignación.

“Qué hijo de la siete mil puta. Ojalá se pudra en la cárcel”, escribió el senador del opositor Partido Nacional Sebastián Da Silva en la red social X. Fue uno de los cientos de comentarios que tuvo la publicación.

El episodio ocurrió el 12 de septiembre y el esclarecimiento de los hechos fue una prioridad para la Policía, al punto que el jefe de Montevideo, Alfredo Clavijo, convocó para este miércoles a una conferencia de prensa para hablar sobre el avance de la causa.

“Fue un hecho muy comentado por la opinión pública porque se traficó mucho por redes. Una señora de 82 años fue rapiñada por un cobarde criminal que podría haber generado lesiones muy graves a esa persona”, definió el jefe de la Policía de la capital uruguaya.

Clavijo detalló que desde el momento del arrebato los efectivos trabajaron para identificar al responsable. Dos días después del hecho, se supo quién era. La semana pasada se realizó un allanamiento para intentar detenerlo, pero no fue posible.

Sin embargo, este martes, policías que estaban patrullando por Montevideo vieron a este hombre, lo identificaron y lo detuvieron. El agresor es un hombre de 33 años, que tenía siete antecedentes penales.

El hombre vivía en la zona. Al momento de la detención, tenía seis antecedentes por hurto y un único por rapiña, en 2017.

Por la tarde de este miércoles, en tanto, fue imputado por otra rapiña. Como medida cautelar se dispuso su prisión preventiva.

El relato de la mujer

Tras el episodio violento, la mujer de 82 años contó al noticiero Telenoche de Canal 4 que el arrebato le provocó una fisura en el hombre. La víctima dijo que llegó a imaginarse que el hombre se acercaba a ella para robarle pero lamentó que no tuvo tiempo para reaccionar ni para tirar la mochila que llevaba para la casa del vecino.

“Estoy achacosa, estoy inútil porque tengo que estar dependiendo de los demás”, relató. Los días siguientes al violento episodio debió usar un cabestrillo. Hasta ese día, la mujer llevaba una vida activa, que incluía salidas a caminar y su asistencia a un centro diurno para adultos mayores. Pero los golpes provocaron que se deba quedar en su casa, dependiendo de la ayuda de hijos y nietos.

“Yo soy una persona activa: camino, tengo un centro diurno con gente adulta. Y todo eso lo extraño. Tengo que molestar a mis hijas. Ellas tienen su trabajo”, relató al canal 4.

Además de las consecuencias del golpe por el tirón que le provocó el delincuente, la víctima relató que empezó a vivir con miedo. Ahora tiene “pánico” de salir a la calle, una sensación que es compartida por otros ancianos que viven en el barrio.

“Es tremendo. Los viejos somos un blanco fácil para ellos”, lamentó.

La mujer ya había sido víctima de la inseguridad hace un año. Mientras esperaba en la parada de ómnibus, le arrebataron el teléfono de las manos. El delincuente llegó, también, en bicicleta.

“Todos los días es un caso diferente. Estamos asustados, no salimos, no tenemos vida social. Yo tengo pánico ahora, me da miedo salir”, se quejó.

El hecho ocurrió este martes por la tarde, alrededor de las 16:20, en las inmediaciones del Centro de Formación Integral (CFI) Santa Inés, una institución de educación especial y formación laboral para jóvenes con discapacidad, perteneciente a la Obra del Padre Mario.

En el video que encabeza la nota se observa que los chicos se encontraban caminando y jugando al fútbol en la vereda cuando fueron abordados por dos motochorros. En las imágenes se ve que uno de los ladrones, que vestía un jean gris, un buzo negro y un casco oscuro, se acercó a una de las víctimas y lo amenazó con un arma de fuego para que le entregue sus pertenencias.

En un momento, el delincuente levantó el brazo con la intención de golpearlo. Ante esta situación, el chico se asustó y se tiró al piso. Segundos después, el sospechoso le pegó un culatazo en la cara. Producto de la agresión, el damnificado quedó tendido sobre el pasto.

El ladrón aprovechó la situación y le robó las pertenencias que tenía en su bolsillo. Luego, se acercó a los otros dos adolescentes y les exigió los celulares, quienes sin poner resistencia se los entregaron.

Tras el asalto, el ladrón se subió a la moto donde estaba su cómplice y antes de darse a la fuga disparó al aire. Por su parte, el adolescente herido fue auxiliado por sus compañeros. Afortunadamente, todos se encuentran en buen estado de salud.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que, debido a que el hecho no fue denunciado, tomó intervención de oficio el fiscal Fernando Garate, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada Nº1 de La Matanza, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad para determinar el recorrido que hicieron los delincuentes tras el robo. A su vez, dispuso la toma de testimoniales a las víctimas, sus familiares y los vecinos del barrio.

Según pudo saber este medio, se dio intervención al Centro de Asistencia a la Víctima del Delito del Departamento Judicial de La Matanza que brindó contención y acompañamiento a las víctimas y a sus familiares. Por el momento, los delincuentes no fueron identificados y continúan prófugos.

Florencia Flores, miembro del equipo de comunicación al centro de estudios donde asisten las víctimas, habló este jueves durante una entrevista radial y confirmó que, pese al momento vivido, los chicos se encuentran bien. Incluso, tres de ellos ya regresaron a clases.

“Los chicos están muy bien. Y el que fue golpeado también se encuentra bien. Tres de los chicos que no habían sufrido golpes ayer -por este miércoles- regresaron al centro y se pudo trabajar con ellos, acompañados por los docentes, en lo que pasó y para brindarles contención”, explicó la vocera durante un reportaje para radio Mitre.

Luego, Florencia explicó que si bien los alumnos tienen distintos grados de discapacidad, la institución lleva adelante un proyecto de autonomía para que los estudiantes, poco a poco, puedan desenvolverse en la sociedad sin la necesidad de acompañantes.

“Para nosotros es importante que los chicos puedan volver solos a sus casas porque forma parte de un proyecto de autonomía, porque son chicos que tanto en su escuela como su familia los acompañamos para que ellos tengan herramientas y estén en la sociedad. Y haber pasado una situación nos afecta muchísimo”, reconoció.

Por último, Florencia destacó la reacción de los chicos ante el ataque de los motochorros. “Lo rescatable es cómo ellos se unieron ante esa situación. Salieron a pedir ayuda, con la forma que ellos pudieron expresar lo que les estaba pasando. Es una población muy sensible, muy emocional, y eso en la escuela lo trabajamos mucho”, concluyó.

Ayer miércoles, la Policía Bonaerense detuvo en Ciudad Evita, jurisdicción de La Matanza, a un sospechoso a bordo de un auto robado. El auto, en sí, tiene una historia interesante.

Personal de la Comisaría Centro 3° de Ciudad Evita llevaba adelante un operativo de saturación en la zona, coordinado con la Departamental local y diversos gabinetes técnicos. Así, en medio del recorrido, encontraron a un Mercedes Benz A200 modelo 2013 en el cruce de La Quila y La Viudita. Al chequear su patente, descubrieron que el auto tenía pedido de secuestro: había sido denunciado como robado el día anterior en una comisaría de Lomas del Millón, con una causa a cargo de la UFI N°12 de Matías Marando.

Entonces, tras un operativo cerrojo, cruzaron al Mercedes Benz y detuvieron al conductor. Se trataba de un joven de 20 años, oriundo de Ciudad Evita, que quedó detenido en una celda, acusado del delito de encubrimiento con una causa a cargo de la UFI N°1 matancera.

El auto tenía otra particularidad: toda la documentación de la víctima del robo seguía allí. El Mercedes Benz, de acuerdo a su patente, acumula más de $7 millones en multas por exceso de velocidad, con unas veinte infracciones que datan desde mediados de 2015. El miércoles 23, horas antes del arresto, mientras estaba robado, el auto sumó una infracción más por exceso de velocidad, al ser captado por una cámara de la avenida Alvear al 4000 en Tres de Febrero.

El operativo de saturación ocurre en medio de una semana caliente para La Matanza, y para Ciudad Evita en particular. El sábado último por la madrugada, una feroz batalla a tiros se extendió durante horas en el Complejo 19, la zona de monoblocks en La Tablada. Una víctima fatal ingresó al Hospital Balestrini poco después del tiroteo. Se trata de Alan Gabriel Chazarreta, con domicilio en Ciudad Evita. Llegó gravemente herido al centro médico cercano al lugar.

Ayer, casi en simultáneo con el arresto en Ciudad Evita, tres delincuentes intentaron asaltar a tiros la sucursal del Banco Galicia de Lomas del Mirador, ubicada en la esquina de avenida San Martín y Eva Perón. Los propios clientes redujeron a uno de ellos, un hombre de 42 años.

Un jubilado de 85 años murió en medio de una entradera en su casa de Bernal Oeste, en el partido bonaerense de Quilmes.

El hecho ocurrió este martes, cerca de las 21.30, y la víctima fue identificada como Antonio José Lamas, quien cenaba con su esposa cuando un grupo de delincuentes irrumpió en la casa, ubicada en la esquina de Zapiola y Origone.

Fueron al menos cuatro los asaltantes que ingresaron a la propiedad, mientras un cómplice los esperaba en una camioneta para facilitar la fuga.

Los investigadores sospechan que el robo pudo haber sido planificado y que los ladrones contaban con información previa sobre el inmueble. Según reconstruyeron, accedieron al pasillo de una casa vecina tras saltar su reja frontal. Desde ese lugar, saltaron una medianera y llegaron al patio trasero de la casa de Lamas. Luego entraron al living a través de una ventana.

La vivienda del matrimonio es amplia y, al escuchar ruidos, el jubilado fue a verificar qué sucedía. Allí se encontró con los ladrones, quienes le pegaron al menos una vez en el rostro. La víctima habría intentado defenderse hasta que en un momento se desvaneció, de acuerdo con las primeras averiguaciones.

Tras ello, los asaltantes escaparon por el mismo recorrido: salieron al patio del fondo, volvieron a saltar la medianera y se dirigieron hacia el pasillo de la propiedad lindera.

En las primeras horas circuló la versión de que Lamas había sufrido un infarto durante el asalto. Sin embargo, la causa de muerte aún no fue establecida. Los peritos deberán determinar si el fallecimiento se produjo por un cuadro cardíaco, por el golpe recibido o por otras lesiones que pudieran haber sido ocasionadas durante la entradera.

La investigación está a cargo de Mariana Curra Zamaniego, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Quilmes. La fiscal ordenó la autopsia del cuerpo y el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia e identificar a los autores.

En el marco de la causa, además, los investigadores ya le tomaron declaración a un vecino que llamó al 911 tras advertir movimientos sospechosos en la cuadra.

El hombre volvía caminando de la casa de un amigo cuando vio una camioneta estacionada y a unos cinco hombres encapuchados que salían de la vivienda lindera. Sin saber aún que el asalto se había producido en la casa de Lamas, se alejó hasta la otra esquina y alertó a las autoridades.

“Estaba volviendo caminando de la casa de un amigo. Pasando por la cuadra, me encuentro con una camioneta acá parada esperando a los delincuentes que salieron de la casa blanca”, relató a TN. El testigo se refería a la propiedad vecina que los sospechosos usaron para entrar y escapar.

El hombre contó que en ese momento creyó que el robo había ocurrido en esa casa. “Entonces me voy a la otra esquina y hago el llamado al 911. Me quedo ahí esperando”, continuó.

Según su testimonio, la Policía llegó unos 20 minutos después del llamado. “Justo en ese momento también sale la mujer y dice que le habían robado a ellos y que el marido estaba mal”, recordó.

El vecino describió a los asaltantes como jóvenes, delgados y ágiles. Dijo que llevaban pasamontañas, guantes y ropa negra, por lo que no pudo reconocerlos. “Yo venía justo por la mano que salieron, me miraron y no me hicieron nada. No vi que estuvieran armados”, señaló.

“Es una lástima vivir así, estar con esto todos los días. Apuntan a gente mayor que no se puede defender”, concluyó.

A continuación, la entrevista completa en formato de preguntas y respuestas.

Nieves Zuberbühler: ¿Cómo fue su participación en la Asamblea General de la ONU?

Javier Milei: Muy satisfecho con el mensaje que llevamos recién a la ONU, donde básicamente planteamos aquello de lo que se debe ocupar las Naciones Unidas y no hace. En ese contexto, pivoteamos el reclamo sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgia del Sur, y el espectro marítimo circundante.

Después, sobre las cosas de las que no se debería ocupar y se ocupa, como la agenda del nuevo milenio, la Agenda 2030 y la Agenda 2045. El caso más extremo de intromisión de la ONU es el de la Organización Mundial de la Salud, el desastre hecho con la pandemia, que desde nuestro punto de vista constituye un genocidio.

La otra parte tuvo que ver con desestimar los escenarios distópicos. El que hace una buena lectura de Adam Smith lo tiene. De hecho, ayer a la noche, después de la última reunión, nos encontramos con un economista muy prestigioso, Xavier Sala-i-Martin, que es profesor en Columbia y uno de los mayores especialistas en crecimiento económico. Él me trajo un libro sobre inteligencia artificial y no es ni el infierno ni el paraíso.

Por lo tanto, el miedo no conduce a nada. Muchos de los que están tratando de meter miedo son los que ya hicieron las grandes inversiones para asociarse con el Estado y generar barreras de entrada para que nadie pueda competir. No tenemos que caer en esa psicopateada ni del Estado ni de los empresarios que quieren proteger sus beneficios extraordinarios.

La corbata de Milei y la referencia a Adam Smith

NZ: Ahí hay un guiño con la corbata, ¿no es cierto?

JM: Sí, exactamente. Es Adam Smith. A esta corbata le tengo mucho cariño porque me la regaló Gerardo Bongiovanni en una de las premiaciones que me hizo. Tengo entendido que se la regaló Milton Friedman; si no, es muy parecida a las que usaba Friedman.

Es toda una declaración, porque yo nunca uso corbatas rayadas, siempre uso corbatas planas. Pero, dado el rol de la inteligencia artificial, me parece un gran momento para revivir las ideas de Adam Smith. Smith tiene errores en su texto, pero eso no quita la parte maravillosa de su contribución.

La relación con Estados Unidos y el reclamo por las Malvinas

NZ: ¿Cómo fue ayer la reunión con Marco Rubio? ¿Se llevaron algo concreto respecto a Malvinas?

JM: Nosotros con Estados Unidos trabajamos profundamente en temas de geopolítica. La geopolítica incluye desde cuestiones vinculadas a la soberanía hasta recursos naturales, la estrategia de la nueva conformación del mundo y el rol que va a jugar Argentina como, sin duda, uno de los mayores aliados de Estados Unidos.

NZ: Y mañana tienen una reunión también con Netanyahu, otro aliado de la Argentina. ¿Qué se espera de esa reunión?

JM: Aliado y amigo. Tanto Trump como Netanyahu son dos personas muy por encima, ya no solo de la media de los individuos normales, sino dentro del concierto de las naciones.

Si no fuera por Netanyahu, que es un líder extraordinario con una visión geopolítica y que entiende además el vínculo con la batalla cultural como muy pocas personas en el mundo, salvo Marco Rubio, Donald Trump o Scott Bessent, tengo mis dudas de que hoy siguiera existiendo Israel. Eso sería un verdadero peligro, no solo para Israel, sino para Europa y para todo Occidente.

NZ: Ayer su hijo habló apoyando a la Argentina respecto a Malvinas. ¿Le preocupa que Andy Burnham, el primer ministro británico, y Trump hayan encarado una buena relación, según palabras del propio Burnham?

JM: No, no me importa, porque las Malvinas son argentinas. No vamos a ceder en ese reclamo. Son argentinas por historia, por derecho, por geografía, y vamos a reclamarlas. Vamos a lograr que en algún momento, por la vía diplomática, las recuperemos.

Esto ya ha pasado en otro momento con el Reino Unido: lo ha hecho con Hong Kong. ¿Por qué no debería hacerlo con nosotros? Además, el Reino Unido tiene grandes problemas. Hoy ya piden fragmentarse Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Por lo tanto, es probable que el Reino Unido en algún momento se llame a la reflexión y nos devuelva las islas, que son nuestras.

Caputo anticipó inversiones en energía, minerales, alimentos y talento humano

NZ: Última pregunta, ya que los tengo a los dos. ¿Cómo encontraron a los inversores en Nueva York?

JM: Él estuvo hablando con los inversores.

LC: Yo le traje el plato fuerte, así que ya está con eso.

JM: Dale, te toca laburar a vos.

NZ: ¿Se vienen inversiones a la Argentina? ¿Qué noticias tenemos?

JM: Argentina es la nueva tierra prometida.

LC: Lo que más atrae es el presidente y las políticas que estamos llevando a cabo. Se trata de inversiones en la economía real, que es lo que el país necesita y el mundo también.

Hoy el mundo necesita todo aquello en lo que Argentina tiene ventaja comparativa: energía, minerales críticos, alimentos y talento humano. Como decimos con el Presidente, tenemos una suerte de cobertura natural. Si la situación mundial se pone aún más tensa, más van a demandar esas cosas.

Por supuesto, nadie quiere ver un shock externo, pero si eso pasara estamos en la mejor posición. Por eso hay tanto interés en venir a invertir en Argentina. Hay muchas cosas que van a venir que todavía no se saben, pero el nivel de inversiones en la economía real va a ser fenomenal.

JM: Te lo hago simple, sobre lo que dice el ministro acerca de esa cobertura natural. Hoy tenés un shock petrolero negativo. Eso contrae la oferta, hace saltar los precios, se manifiesta como una mayor inflación de corto plazo y entonces la Reserva Federal sube las tasas.

Uno puede decir que la suba de tasas complica el financiamiento. Pero no ven que, desde la balanza comercial, nuestra balanza este año va a trepar a USD 25.000 millones. Pasamos de un déficit comercial energético de USD 5.000 millones a un superávit de USD 10.000 millones o más.

Entonces, los dólares que no tenés en el mercado financiero los tenemos en abundancia desde el lado real, desde la balanza comercial. Cada impacto que antes, en Argentina, te disparaba una crisis, hoy hace que nuestro problema sea que los dólares nos salen por las orejas.

Nuestro problema es que, si compramos tantos dólares, se nos escape la tasa de inflación; y si los esterilizamos, que se nos escape la tasa de interés. Nunca creíamos que en Argentina, frente a semejante shock externo negativo, se generaran situaciones de superabundancia de dólares.

Las prioridades económicas hacia fin de año

NZ: ¿Cuáles son las prioridades económicas de acá a fin de año?

JM: Las prioridades son siempre las mismas: que la economía siga creciendo, que la inflación siga bajando y que así la pobreza siga cayendo. Eso lo estás viendo.

Llevamos 28 meses seguidos creciendo. Si trabajamos con el EMAE desestacionalizado, para poder tener frecuencia mensual, el primer año nos expandimos al 6,7 % y el segundo a casi 4 %. Si mantenemos las proyecciones de mercado, no las nuestras, estaríamos entre 18 % y 20 % de crecimiento en los cuatro años.

Pensá que el último gobierno de Cristina creció 1,5 %, con una OCDE creciendo al 7 %. Mauricio Macri cayó 3,8 % o 3,9 %, con el mundo y la OCDE creciendo alrededor de 6 % o 7 %. Alberto Fernández recuperó la caída de Macri en un mundo de 5 % o 6 %, y nosotros vamos a estar creciendo 18 %. Es decir, aun tomando el valor más bajo, sería tres veces más de lo que crece la OCDE.

En materia de inflación, Néstor Kirchner la recibió en 3,7 % y la devolvió en 8,3 %. Cristina la recibió en 8,3 % y la entregó en 25 %. Macri la recibió en 25 % y la entregó en 54 %. Alberto la recibió en 54 % y la dejó en 200 %.

Nosotros, desde niveles de 200 % —o de 300 % si se toma la inflación mayorista—, la estamos dejando este año entre 20 % y 30 %. Estamos cumpliendo todas las promesas.

Hemos terminado con la inseguridad. Teníamos 9.000 piquetes por año y hoy son cero. Estamos en los indicadores de homicidios más bajos de la historia. La idea es que la economía siga creciendo.

La pobreza, desde niveles de 27 %, la bajamos a la mitad, a 14 %, después de haberla recibido en 57 %. Sacamos a 14 millones de personas de la pobreza. En indigencia, bajamos de casi 20 % a 6 %. En los niños, del 70 % al 42 %.

La foto sigue siendo mala, pero la película es la mejor película de la historia. Si yo fuera peronista y le pusiera pauta a los medios, la mitad de las calles de Argentina tendrían mi nombre.

NZ: Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que están los dos muy ocupados esta semana.

JM: Muchas gracias.

NZ: Suerte con lo que les queda. Gracias.

La extorsión alcanzó en el primer semestre de 2026 su nivel más alto para un periodo similar en 11 años, con 6 mil 562 víctimas registradas entre enero y junio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) retomados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El dato representa un incremento de 9.17% frente al mismo periodo de 2025 y coloca a la extorsión como el único de los principales delitos monitoreados por Coparmex que presentó un aumento durante los primeros seis meses del año.

El impacto ya trasciende el pago exigido a una empresa o establecimiento. Coparmex señaló que la extorsión está afectando decisiones relacionadas con la operación, la inversión y el crecimiento de los negocios, en un escenario donde el sector empresarial también enfrenta robo a negocios, transporte, ciberdelitos y lavado de dinero.

La organización presentó estos datos durante su Foro de Seguridad 2026, realizado el 22 de septiembre, donde reunió a representantes empresariales y autoridades de seguridad para analizar los riesgos que enfrenta el sector privado.

43.3 homicidios y 34.3 extorsiones cada día

El Monitor de Seguridad de Coparmex registró entre enero y junio un promedio diario de 34.3 carpetas de investigación por extorsión. En el mismo periodo se contabilizaron 43.3 carpetas diarias por homicidio doloso, 1.7 por feminicidio, 13.9 por robo a transportista y 174.2 por robo a negocio, según los datos presentados por el organismo empresarial.

La extorsión, sin embargo, presenta una trayectoria distinta al resto de esos delitos. Coparmex reportó que durante el primer semestre aumentó 551 víctimas respecto al mismo periodo de 2025, mientras que homicidio doloso, feminicidio, secuestro, robo a negocio, robo a transportista y robo de vehículo registraron reducciones.

El crecimiento tampoco se distribuyó de manera uniforme. Entre enero y junio, 19 entidades registraron un aumento de víctimas respecto al mismo periodo de 2025 y 12 alcanzaron su máximo histórico de los últimos 11 años, de acuerdo con el análisis de Coparmex.

Chihuahua presentó el mayor incremento porcentual, al pasar de cuatro víctimas en el primer semestre de 2025 a 97 en el mismo periodo de 2026. Le siguieron Zacatecas, con un aumento de 35 a 228 casos; Yucatán, de uno a cinco, y Tabasco, de 82 a 233.

Por tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, Morelos encabezó el registro nacional con 18.8, seguido por Querétaro con 15.5, Zacatecas con 13.2, Ciudad de México con 12.7 y Baja California Sur con 12.4.

Siete de cada 10 extorsiones son a distancia

El comportamiento del delito también cambió en cuanto a las modalidades registradas. Coparmex reportó que siete de cada 10 extorsiones contabilizadas durante el semestre ocurrieron a distancia, mediante internet, redes sociales o teléfono.

Las extorsiones presenciales representaron alrededor de dos de cada 10 casos y el resto correspondió a tentativas, según la metodología utilizada en el nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva.

El organismo empresarial también señaló que 13 entidades superaron el promedio nacional de 14% de tentativas. Entre ellas se encuentran Campeche, Aguascalientes y Tabasco.

La cifra oficial, además, representa solo una parte del fenómeno. Coparmex cita al INEGI para señalar que 97% de los casos de extorsión no se denuncia ni queda registrado, por lo que las carpetas de investigación no reflejan la dimensión total del delito.

Cuautla concentra la mayor tasa municipal

La concentración territorial también aparece en los datos del primer semestre. Diez de los 20 municipios con las tasas más altas de extorsión se encuentran en Guanajuato y Ciudad de México: cinco en cada entidad.

El registro municipal más elevado correspondió a Cuautla, Morelos, con una tasa de 61.1 víctimas por cada 100 mil habitantes durante el periodo analizado por Coparmex.

El caso de Cuautla ya generó una respuesta específica de las autoridades. Entre enero y julio, el municipio acumuló 96 denuncias por extorsión presencial, la cifra más alta entre las ciudades mexicanas de más de 100 mil habitantes, de acuerdo con datos del SESNSP analizados por Morelos Rinde Cuentas.

El Plan Cuautla, implementado para atender la violencia en la región, reportó hasta septiembre 60 cateos relacionados con el combate a la extorsión, 28 detenciones en flagrancia y 18 vinculaciones a proceso. La estrategia también incorporó a 2 mil 336 establecimientos a una Red de Protección contra la Extorsión.

Los datos corresponden a cortes distintos: los 96 casos de Cuautla abarcan enero-julio, mientras que los resultados del operativo llegan hasta septiembre, por lo que no permiten establecer por sí mismos una reducción o aumento posterior de las denuncias.

La extorsión también modifica el gasto de las empresas

El problema no se limita a las cifras de víctimas. En la medición Data Coparmex 2026 presentada en agosto, 45.6% de las empresas afiliadas reportó haber sido víctima de algún delito durante el último año y la extorsión o cobro de piso apareció como uno de los principales riesgos para el sector.

En esa misma medición, 23% de los socios consideró que era un buen momento para invertir, 16.5 puntos porcentuales menos que en el ejercicio anterior. Coparmex relacionó el deterioro del ánimo empresarial con un entorno marcado por inseguridad, incertidumbre y corrupción.

La medición también mostró que 58.7% de las empresas encuestadas incrementó su gasto en seguridad, un costo adicional para mantener sus operaciones frente a un escenario de riesgo.

El nuevo reporte de septiembre coloca la extorsión dentro de ese mismo problema desde otra perspectiva: ya no sólo como un delito que afecta directamente a quienes reciben amenazas o exigencias económicas, sino como un factor que, de acuerdo con Coparmex, interviene en las decisiones que toman las empresas sobre dónde operar, cuánto invertir y cómo mantener sus actividades.

El organismo empresarial presentó estos datos mientras autoridades y representantes del sector privado analizaban mecanismos de prevención, denuncia y respuesta ante la extorsión, el robo a negocios y transporte, los ciberdelitos y el lavado de dinero.

En la madrugada del jueves, otro policía que complementaba su sueldo como chofer de aplicación para llegar a fin de mes sintió el gatillo de la inseguridad de la zona oeste en la cabeza. Esta vez, la víctima fue un subinspector del área de Investigaciones Contra el Narcotráfico de la Policía Federal, un joven de 27 años atravesado por más de $13 millones en deudas según datos del Banco Central.

El hecho ocurrió en Villa Palito, en San Justo, donde el subinspector llegó para tomar un viaje en plena noche. Minutos antes, había levantado a dos pasajeros en la zona de Ramos Mejía. Al llegar al cruce de Gibraltar en José Hernández, en Villa Palito, cayó en la clásica trampa: sus falsos pasajeros eran ladrones, decididos a robarle su vehículo, que ni siquiera era suyo. El VW Polo que manejaba había sido alquilado en una agencia.

Así, comenzó el asalto. El policía, según fuentes del caso, se resistió y fue baleado: recibió dos disparos en la espalda y otro en una pierna. Los ladrones huyeron. Descartaron su pistola bajo una cubierta a pocos metros del lugar del hecho.

El subinspector fue trasladado en helicóptero al Hospital Churruca y evoluciona favorablemente. El fiscal a cargo de esclarecer el caso, Matías Marando, llegó al lugar poco después del ataque con personal del GTO de la Comisaría de San Justo de la Policía Bonaerense para coordinar las tareas de Policía Científica y el rastreo de cámaras. No se encontró ninguna en las inmediaciones del lugar del hecho; la Bonaerense recorría al cierre de esta nota las cuadras aledañas en busca de imágenes de la fuga de la banda.

El hecho, sin dudas, impacta en la Policía. “Los sueldos son muy bajos. Muchos tienen que salir a remisear con las aplicaciones. Estamos muy mal”, asegura una importante fuente de uniforme.

Los casos se repiten, con heridos de ambos lados del asiento del conductor, y en hechos con guiones idénticos al de Villa Palito. A comienzos de diciembre pasado, un adolescente de 15 años murió tras recibir un disparo de un agente de la PFA, que trabajaba como chofer en su día libre, luego de un intento de asalto en la Villa San Petersburgo, en La Matanza.

Esta semana, otro efectivo de la PFA que estaba de franco y trabajaba como chofer de una aplicación de viajes baleó a un joven de 17 años durante un intento de robo que ocurrió en Villa Tranquila, Avellaneda.

Una familia fue víctima de una entradera en el barrio Divino Rostro de Mar del Plata. Los delincuentes se llevaron una suma cercana a $20 millones, así como también un monto en dólares que no fue especificado.

Todo ocurrió en un chalet de la calle Matheu al 1600, donde cinco hombre encapuchados ingresaron en horas de la noche y redujeron a quienes se encontraban dentro.

El asalto se extendió durante unos 15 minutos, de acuerdo con la reconstrucción inicial del caso. En ese lapso, los autores amenazaron a los propietarios, revisaron distintos sectores de la vivienda y se llevaron el dinero que buscaban.

La investigación quedó centrada en el recorrido de los sospechosos y en las imágenes que puedan aportar las cámaras públicas y privadas de los alrededores. Los delincuentes huyeron en un vehículo con patentes adulteradas, una circunstancia que dificulta la identificación inmediata del auto utilizado en la fuga.

Según informó el portal del diario local La Capital, las autoridades no pudieron identificar a los ladrones.

El monto denunciado por la familia como robado ronda los $20 millones, mientras que el valor total del botín todavía no puede establecerse porque resta precisar la cantidad de dólares que fue sustraída.

Ahora, la investigación se centra en establecer si los asaltantes contaban con información previa sobre la presencia de dinero en el chalet o si eligieron el domicilio por otros motivos. Por ahora, no hay una hipótesis oficial difundida sobre ese punto.

Mientras tanto, personal policial inició el relevamiento de las imágenes registradas por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). A ese material se sumarán, en la medida en que estén disponibles, las filmaciones de cámaras instaladas en domicilios particulares y comercios de la zona.

El análisis de los registros apunta a reconstruir los movimientos anteriores y posteriores al asalto. La pesquisa busca establecer si el vehículo fue visto merodeando el barrio antes del ingreso al chalet, cuánto tiempo permaneció en las cercanías y por qué calles se retiró tras el robo.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Robos Calificados de Casas Particulares, encabezada por Mariano Moyano. Desde esa dependencia se dispondrán las medidas necesarias para avanzar sobre la identidad de los responsables y sobre la ruta de fuga.

En paralelo, efectivos de la Comisaría Novena llevan adelante las primeras diligencias. Entre ellas se encuentran la toma de testimonios, el relevamiento del lugar y la recopilación de elementos que puedan aportar información sobre la secuencia delictiva.

Hace tan solo unos días, una mujer de 51 años fue víctima de una entradera en su casa de Mar del Plata. El asalto ocurrió el jueves 10 de septiembre, cerca de las 20.30, en una casa del barrio Stella Maris. Los ladrones redujeron a la mujer, a su madre de 74 años y a su padre, que padece una enfermedad neurodegenerativa. La hija justamente había llegado a la ciudad para acompañarlos antes de la intervención quirúrgica que tenía prevista el hombre al día siguiente. Durante el robo, relató que intentó contenerlo para evitar que su estado de salud se agravara con la situación.

“Por suerte yo estaba ahí adentro para calmarlo, tratar de que no diga ni pase nada”, explicó al diario La Capital de Mar del Plata. Y lamentó: “Fue una pesadilla, jamás pensé que me iba a tocar vivir algo así. Todavía no lo puedo creer”.

Una cámara de seguridad registró la llegada de los asaltantes y su ingreso por el portón del garaje. En las imágenes se observa primero a tres hombres, vestidos con ropa oscura, guantes y los rostros cubiertos. Poco después se sumó un cuarto delincuente. La víctima afirmó que, en total, fueron cinco los ladrones que participaron del hecho.

En el video se oyen los gritos de la mujer. Asustada y sorprendida, una soltó: “¿Cómo entraste?”. El mecanismo utilizado para abrir el portón aún es materia de investigación. La familia sospecha que los delincuentes pudieron haber usado o clonado un control remoto, aunque ese punto no fue confirmado. En la filmación se lo ve semiabierto, los intrusos tuvieron que forzarlo para acceder al interior.

Fuentes oficiales indicaron que los asaltantes no tenían armas de fuego. Una vez dentro, maniataron a las víctimas con corbatas y cordones. Cerca de media hora después de la irrupción, la alarma de la vivienda comenzó a sonar y huyeron.

Allison sostuvo que su principal compromiso es convertir a Lima en una ciudad segura y planteó una serie de acciones que incluyen la creación de un serenazgo metropolitano, mayor videovigilancia, un sistema de recompensas para capturar sicarios y medidas coordinadas con Migraciones.

Allison plantea la seguridad como prioridad

El candidato señaló que su objetivo es que las familias de Lima recuperen el derecho a vivir en paz y proteger su vida y patrimonio. Como parte de su experiencia, afirmó que logró que Magdalena del Mar fuera “el sitio más seguro” y mencionó también la publicación de su libro El crimen organizado en el Perú. Conocer al enemigo para vencerlo.

Para enfrentar la delincuencia común, Allison propuso destruir los lugares donde se comercializan objetos robados. Según explicó, esta medida ya fue aplicada durante su gestión en Magdalena del Mar y buscaría replicarla en toda Lima.

Serenazgo tendrá policías armados

Otra de sus propuestas consiste en crear un serenazgo metropolitano, financiado por la Municipalidad de Lima y encargado de patrullar las principales avenidas de la ciudad. El objetivo, según Allison, es ampliar la capacidad de vigilancia y protección en distintos sectores de la capital.

El candidato planteó además que cada vehículo de serenazgo cuente con un efectivo policial armado. A esta medida sumó la instalación de iluminación LED y sistemas de videovigilancia en zonas con alta incidencia delictiva y lugares de gran concurrencia ciudadana.

Recompensas de S/25 mil para capturar sicarios

Para enfrentar al crimen organizado, Allison propuso implementar desde enero un plan de recompensas. Su planteamiento contempla entregar S/25.000 a quienes proporcionen información que permita identificar y capturar a cada sicario que haya disparado en Lima.

El candidato también señaló que se entregaría una suma mayor por información que permita identificar y capturar a los cabecillas de las organizaciones criminales que ordenen estos ataques. Esta estrategia, afirmó, estaría acompañada de una inversión de millones de soles en inteligencia policial, investigación criminal y criminalística.

Convenio con Migraciones para expulsiones

Allison también planteó firmar un convenio con Migraciones para que la Municipalidad de Lima pague los pasajes de extranjeros que, según su propuesta, hayan llegado al país para delinquir. El candidato diferenció esta medida de su posición frente a quienes llegan al Perú para trabajar, a quienes dijo que se debe “abrazar” y proteger.

En el caso de quienes hayan cometido delitos, sostuvo que el municipio asumiría el costo de los pasajes para su expulsión mediante el convenio con Migraciones. La propuesta fue presentada como parte de sus medidas para enfrentar la inseguridad en la capital.

Educación, arte y deporte como prevención

Finalmente, Allison señaló que la seguridad ciudadana no debe abordarse únicamente desde medidas represivas. Por ello, propuso trabajar en la prevención para evitar que niños y jóvenes incurran en delitos en el futuro.

Su planteamiento contempla reforzar el trabajo en educación, arte y deporte como herramientas dirigidas a este sector de la población. De esta manera, el candidato cerró su exposición sobre seguridad ciudadana en el Debate Municipal 2026 con una propuesta orientada a complementar las medidas contra la delincuencia con acciones preventivas.

Urresti sostuvo que Lima atraviesa una situación de violencia y mencionó varios casos para sustentar su crítica. “La Lima que nos deja López Aliaga es una Lima donde la vida no vale nada, donde matan una madre de una ollita común, donde matan a dos anticucheras simplemente por cobrarles un cupo, donde balean a un adolescente en una losa deportiva por no pagar el maldito cupo”, declaró durante el debate.

Crítica a Rafael López Aliaga

El candidato afirmó que López Aliaga habría utilizado la gestión municipal como un trampolín para sus aspiraciones presidenciales. “Él solamente utilizó la ciudad como un trampolín para querer llegar a la presidencia. Sin embargo, esto nos costó la vida de más de dos mil limeños”, aseguró.

Urresti también atribuyó parte de las muertes registradas en Lima a lo que calificó como “la indiferencia y la ambición política de López Aliaga”. “No solamente murieron por la bala de los sicarios, también los mató la indiferencia y la ambición política de López Aliaga”, sostuvo.

Mil patrulleros para resguardar Lima

Como parte de su plan de seguridad, Urresti planteó poner 1.000 patrulleros a disposición de la Policía Nacional mediante el sistema de renting. El candidato cuestionó la cantidad de vehículos disponibles para atender la seguridad en Lima y afirmó que actualmente la institución cuenta con 200 patrulleros para atender a la población de la capital.

También propuso construir cuatro megacomplejos policiales en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. Según explicó, estos espacios concentrarían unidades operativas y especializadas de la Policía y funcionarían además como centros de flagrancia con presencia de fiscales y jueces.

“Delincuente que cae ahí será sentenciado rápidamente y pasará directamente a la cárcel”, afirmó el candidato al explicar esta propuesta.

Cierre de mercado ilegales

Otra de las medidas anunciadas por Urresti fue el cierre de los mercados ilegales donde, según señaló, se comercializan objetos robados. El candidato sostuvo que estos espacios permiten que los delincuentes obtengan dinero rápidamente después de cometer un robo.

“Yo me comprometo a cerrar los mercados donde venden cosas manchadas de sangre en los primeros seis meses”, afirmó, al plantear esta medida como parte de su estrategia contra la delincuencia común.

Recompensas contra el crimen

Como quinta medida, Daniel Urresti planteó mejorar el equipamiento tecnológico de la Policía. “Es increíble que las bandas criminales tengan mejor tecnología que la policía”, señaló.

Según su propuesta, la Municipalidad de Lima entregaría equipamiento y software especializado a la Policía Nacional para enfrentar a las bandas dedicadas a la extorsión y al sicariato.

Finalmente, planteó implementar un programa de recompensas para obtener información que permita identificar y capturar a sicarios y extorsionadores. “Estas son propuestas serias de un candidato serio”, concluyó el candidato de Podemos Perú al presentar sus medidas de seguridad ciudadana.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió durante la mañana del domingo, cuando el cabo primero de la División Custodias Estratégicas circulaba en su moto particular realizando viajes para la app DiDi.

En esas circunstancias, recibió una solicitud de viaje de una mujer en Dock Sud. Sin embargo, cuando llegó al punto indicado, se presentó un joven que, de acuerdo con la reconstrucción policial, intentó robarle.

Segundos después aparecieron otros dos sospechosos, quienes comenzaron a palpar al efectivo para quitarle sus pertenencias. Fue entonces cuando advirtieron que llevaba un arma en la cintura.

De acuerdo con la información de la PFA, los tres jóvenes forcejearon con el policía y comenzaron a golpearlo. En medio del enfrentamiento, el efectivo sacó su arma reglamentaria y efectuó seis disparos.

Uno de los sospechosos, de 17 años, resultó herido.

En el video que encabeza esta nota se observa el momento en que el adolescente cae sobre la vereda. Otro de los jóvenes intenta arrastrarlo para alejarlo del lugar, pero finalmente lo deja tendido en la vía pública.

Siempre según las fuentes consultadas, después de los disparos varios vecinos comenzaron a mostrarse hostiles hacia el policía, quien tomó su motocicleta y se retiró del lugar. El efectivo resultó ileso.

A raíz de un llamado al 911, personal de la Comisaría 1ª de Avellaneda acudió a Villa Tranquila. Poco después, los investigadores fueron informados del ingreso de un joven herido al Hospital Fiorito.

Luego se estableció que se trataba del adolescente baleado durante el intento de robo. El joven permanece internado con pronóstico reservado.

La causa quedó en manos de la fiscal Natalia Milione, de la Fiscalía N°2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Inicialmente, el hecho había sido caratulado como tentativa de robo y lesiones.

Posteriormente, la investigación quedó encuadrada como robo calificado en poblado y en banda, agravado por el uso de arma de fuego. De acuerdo con la información policial, no pudo acreditarse la aptitud para el disparo del arma atribuida a los sospechosos.

El adolescente herido quedó imputado y continúa alojado en el Hospital Fiorito, mientras que el efectivo de la PFA fue considerado damnificado en la causa.

El procedimiento fue realizado este sábado por personal de la Departamental La Matanza, en conjunto con efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría de San Justo, en el marco de una causa que tramita ante la UFI N°8 del Departamento Judicial La Matanza.

Los detenidos fueron identificados como Ariadna Rocío Salmone, de 24 años, y Adriel Joel Pérez, de 29. Ambos están investigados por una serie de hechos ocurridos en las localidades de San Justo y Ramos Mejía. Como se observa en el video que encabeza esta nota, se movilizaban en moto. Él bajaba para cometer los robos mientras ella hacía de campana. Luego, ambos escapaban juntos.

La investigación avanzó a partir de distintas tareas realizadas por los efectivos para establecer dónde se encontraban los sospechosos. De acuerdo con el parte policial, los investigadores determinaron que la pareja tenía domicilio en Brasil al 4100, aunque ya no residía allí porque sabía que sus imágenes circulaban en redes sociales vinculadas a distintos robos.

Por ese motivo, los policías montaron una vigilancia encubierta durante varias horas en las inmediaciones de la vivienda. Mientras aguardaban, observaron a personas que realizaban una mudanza. Finalmente, cuando los sospechosos aparecieron en el lugar, los efectivos los identificaron y procedieron a detenerlos.

Al momento del procedimiento, la pareja estaba acompañada por sus tres hijas menores de edad. Tras comunicarse con la fiscalía interviniente, se dispuso que las niñas quedaran al resguardo de su abuela materna.

Durante el operativo, además, fueron secuestrados teléfonos celulares, documentación perteneciente a las víctimas, una notebook y varias carteras. Los investigadores buscan determinar ahora a cuáles de los hechos investigados corresponde cada uno de los objetos recuperados.

Una de las denuncias que circuló públicamente había sido realizada por una mujer que aseguró haber sido atacada en Ramos Mejía. En una publicación en redes sociales sostuvo que un hombre había intentado robarle y que, al resistirse, la golpeó en el rostro.

También señaló que el acusado se movilizaba en moto acompañado por una mujer y difundió imágenes del presunto agresor tomadas por cámaras de seguridad.

La causa quedó en manos de la fiscalía a cargo de Alejandra Núñez, que avaló el procedimiento y dispuso la aprehensión de ambos por robos reiterados, además de las diligencias judiciales correspondientes.

El procedimiento se produjo en medio de una serie de hechos de inseguridad registrados durante las últimas semanas en La Matanza. El jueves pasado, también en San Justo, cuatro adolescentes fueron detenidos luego de robarle el auto a una mujer de 38 años, a quien golpearon y amenazaron con un arma.

El hecho ocurrió en el cruce de Inclán y Ombú. Tras el asalto, los sospechosos escaparon en el Peugeot 207 de la víctima, pero fueron perseguidos por la Policía Bonaerense y terminaron detenidos después de chocar durante la fuga. Dos de los acusados tienen 14 años y los otros dos, 16.

Días antes, efectivos de la misma comisaría detuvieron a cuatro integrantes de una banda acusada de robar celulares a pasajeros del Metrobus de La Matanza. Los sospechosos fueron interceptados en San Justo cuando circulaban en un Fiat Cronos y, durante el procedimiento, la Policía secuestró 14 teléfonos celulares que habían sido sustraídos a las víctimas.

Dos ataques armados ocurridos en canchas de futbol de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con 12 días de diferencia dejaron tres personas asesinadas y cinco heridas. Los hechos ocurrieron en las colonias Las Granjas y 27 de Febrero, donde entre las víctimas hay menores y adolescentes.

El caso más reciente ocurrió la noche del viernes 18 de septiembre en Las Granjas. Hombres armados que se desplazaban en motocicletas dispararon contra varias personas que se encontraban en el sitio; tres murieron y tres resultaron heridas, entre ellas un menor, de acuerdo con fuentes de seguridad citadas por La Jornada. La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó posteriormente sobre la detención de presuntos responsables.

La agresión ocurrió en un espacio utilizado para actividades deportivas y, según reportes periodísticos, el menor lesionado se encontraba participando en un torneo infantil. Se identificó al niño como un jugador de 11 años que se desempeñaba como portero y recibió un impacto de bala en la cabeza.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó inicialmente la detención de seis personas identificadas como Richard “N”, Johnny “N”, Martha “N”, Carlos “N”, Iré “N” y Cristóbal “N”. De acuerdo con la dependencia, durante su captura habrían manifestado pertenecer a un grupo delictivo. Posteriormente, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, informó que el número de detenidos relacionados con el caso había aumentado a 13.

Las autoridades no han establecido públicamente el móvil de la agresión. Tampoco han informado que la cancha, el torneo o los jugadores fueran el objetivo del ataque. Testimonios citados por La Jornada ofrecieron versiones distintas sobre la ubicación de las personas contra las que se realizaron los disparos, por lo que la investigación deberá determinar las circunstancias y el objetivo de la agresión.

Doce días antes, dos adolescentes fueron baleados

El primer episodio ocurrió el 6 de septiembre en una cancha de la colonia 27 de Febrero. Dos adolescentes, de 14 y 19 años, fueron atacados a tiros mientras se encontraban en el lugar.

El joven de 14 años recibió cuatro impactos de bala y fue localizado en un área de pastizal; su estado fue reportado como crítico. El de 19 años recibió un disparo en el abdomen. Testigos señalaron que los agresores llegaron a bordo de una motocicleta, dispararon y escaparon del lugar. Las familias de ambos jóvenes dijeron desconocer el motivo de la agresión.

En ese caso tampoco se estableció públicamente que el ataque estuviera relacionado con la actividad deportiva. La coincidencia con el episodio de Las Granjas está en que ambos ocurrieron en espacios utilizados para jugar futbol y que en los reportes sobre los dos hechos aparecen motocicletas, pero no existe información que permita atribuirlos a los mismos responsables.

La violencia armada alcanza espacios deportivos

Los dos hechos permiten documentar la presencia de violencia armada en espacios deportivos de la capital chiapaneca. Hasta el cierre de esta nota informativa, en Las Granjas todavía no se ha informado de manera oficial cuál fue el móvil ni quiénes eran exactamente los objetivos de los disparos.

La presencia de menores entre las víctimas sí muestra el riesgo que representa una agresión armada en espacios donde se concentran niños, adolescentes y familias. En el caso del 18 de septiembre, además, existe una versión periodística que ubica al menor lesionado como participante de un torneo infantil.

Hasta ahora tampoco existe una relación acreditada entre los dos episodios. La similitud en el uso de motocicletas constituye un elemento coincidente de las narraciones sobre ambos hechos, pero no permite determinar que hayan sido ejecutados por la misma célula o dentro de una misma disputa criminal.

Las Granjas arrastra antecedentes de violencia

El ataque del 18 de septiembre ocurrió en Las Granjas, una colonia de Tuxtla Gutiérrez que ha registrado otros episodios violentos durante los últimos años.

Aristegui Noticias ha documentado que Las Granjas y Patria Nueva han concentrado distintos hechos relacionados con violencia criminal y recordó episodios anteriores en los que también hubo menores entre las víctimas. La zona ha aparecido además en reportes sobre disputas entre grupos delictivos que operan en Chiapas.

En abril de 2026, por ejemplo, un enfrentamiento registrado en la colonia Xamaipac involucró a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y presuntos integrantes de un grupo criminal. Un vehículo utilizado durante la huida fue localizado posteriormente en Las Granjas.

Ese antecedente sirve para ubicar el contexto de seguridad de la colonia, pero no permite vincularlo de manera directa con el ataque ocurrido en la cancha ni establecer que las dos agresiones de septiembre formen parte de una misma disputa.

CJNG y Cártel de Chiapas y Guatemala tienen presencia documentada en Tuxtla

El contexto criminal de Tuxtla Gutiérrez incluye la presencia documentada de al menos dos organizaciones. En agosto, la Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que dos personas detenidas en la colonia Las Granjas por delitos contra la salud manifestaron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La dependencia aseguró 47 dosis de una sustancia con características similares al cristal.

Un mes antes, la misma corporación reportó la detención de Rudy “N” en el barrio San Francisco, a quien identificó como presunto integrante del Cártel de Chiapas y Guatemala. En su poder fueron aseguradas dosis de presunta metanfetamina y marihuana.

El Cártel de Sinaloa también tiene actividad documentada en la entidad. En junio, la Secretaría de Marina detuvo a Rigoberto “N”, señalado como líder de esa organización en Chiapas, durante un operativo realizado en la carretera San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez. El hecho acredita actividad del grupo en el estado y en el corredor carretero, pero no permite afirmar que mantenga el mismo nivel de presencia dentro de la capital.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha identificado a esas tres organizaciones —Cártel de Sinaloa, Cártel de Chiapas y Guatemala y CJNG— como grupos que han participado en disputas territoriales en Chiapas. Sus declaraciones se refieren al contexto estatal, particularmente a regiones de la frontera y la Sierra, por lo que no permiten atribuir a alguno de ellos los ataques registrados en las canchas de Tuxtla.

Chiapas reporta una reducción de homicidios

Los ataques ocurrieron pocos días después de que el Gobierno federal informara una reducción de 64 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en Chiapas.

El 11 de septiembre, el Gobierno federal señaló que el promedio pasó de 2.5 homicidios diarios en diciembre de 2024 a 0.9 en agosto de 2026. La cifra corresponde al comportamiento estatal y fue presentada como el promedio más bajo registrado en la entidad desde 2015.

Ese indicador corresponde al conjunto de Chiapas y no permite medir por sí mismo la incidencia de episodios específicos en Tuxtla Gutiérrez. Los dos casos registrados en septiembre muestran, en cambio, que persisten agresiones armadas localizadas capaces de alcanzar espacios de convivencia deportiva.

Las investigaciones de ambos hechos deberán determinar si existe alguna relación entre ellos, quiénes fueron los objetivos de las agresiones y cuáles fueron sus motivos.

El operativo comenzó mientras se desarrollaba una movilización en el sector comprendido entre el Congreso Nacional y Plaza de Mayo.

Según informaron fuentes policiales, operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) detectaron a través de las cámaras de seguridad a un grupo de hombres que robaba pertenencias a los asistentes aprovechando la concentración de personas.

A partir de ese momento comenzó un seguimiento en tiempo real. Los operadores advirtieron que el grupo se había dividido: dos de los sospechosos se encontraban cerca de la dársena del Metrobus 9 de Julio, a la altura de Alsina, mientras que los otros cinco intentaban escapar a bordo de un Peugeot por la calle Lima, a la altura de la avenida Rivadavia.

Con las descripciones y la ubicación aportadas desde el centro de monitoreo, efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo cerrojo.

Cinco de los acusados fueron interceptados cuando se encontraban dentro del vehículo, en Lima al 80. Los otros dos fueron detenidos poco después en Bernardo de Irigoyen al 80.

Durante las requisas, los policías secuestraron seis teléfonos celulares, una cadena de oro, una llave de vehículo y el Peugeot en el que se movilizaba parte del grupo.

Los siete detenidos tienen entre 20 y 26 años y domicilio en la provincia de Buenos Aires.

Al verificar sus identidades, los investigadores determinaron además que dos de ellos tenían antecedentes judiciales. Uno, de 23 años, registraba causas por encubrimiento y robo por dos hechos ocurridos en noviembre de 2023.

En tanto, sobre otro de los sospechosos, de 20 años, pesaba un pedido de captura y detención vigente por robo agravado por el uso de arma de fuego.

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, a cargo de Mariano Amaduri, que dispuso que los siete acusados permanezcan detenidos.

La detención de la banda se produjo el mismo día en que otro procedimiento de la Policía de la Ciudad permitió localizar en Villa Lugano a un hombre de 36 años que tenía un pedido de captura internacional por una causa de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y corrupción de menores agravada.

En ese caso, el operativo se inició cerca de las 8.20, luego de un llamado que alertó sobre varias personas que intentaban abrir un Chevrolet Aveo estacionado en la vía pública. Cuando los policías llegaron al lugar comprobaron que no se trataba de un robo: el dueño había dejado accidentalmente las llaves dentro del auto y, junto a otras personas, intentaba abrirlo con un alambre.

Sin embargo, los efectivos identificaron a todos los presentes y descubrieron que uno de ellos tenía una orden de captura y detención activa desde el 11 de septiembre. Era buscado por la Justicia del Departamento Judicial de La Matanza por abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, agravado por la guarda y la convivencia preexistente, en concurso real con corrupción de menores agravada.

El hombre quedó detenido a disposición del Juzgado de Garantías N°6 de La Matanza, a cargo de la jueza Carina Andrijasevich.

Las imágenes muestran al servidor público concentrado en su labor cuando un sujeto se aproxima por detrás. Sin previo aviso, el hombre le propina un puñetazo que lo derriba de inmediato. Tras la agresión, el responsable se aleja a toda velocidad al advertir la llegada de otros uniformados.

El episodio fue divulgado por la cuenta Colombia Oscura el sábado 19 de septiembre de 2026. Hasta el momento, no se informó la identidad del atacante ni las circunstancias que motivaron la actuación de tránsito que antecedió al ataque.

El agresor escapó tras derribar al funcionario

El video no permite establecer si existió una discusión previa entre el agente y el agresor. Tampoco se conoce si el funcionario requirió atención médica después del impacto.

De acuerdo con la publicación que difundió el caso, las autoridades iniciaron la búsqueda del responsable. La grabación sería uno de los elementos para identificarlo y ubicarlo.

El ataque ocurrió en plena vía pública y ante la presencia de otras personas. En la secuencia, el hombre aprovecha que el agente no lo observa para lanzar el golpe. Luego corre en dirección contraria a los uniformados que aparecen segundos después en el lugar.

La agresión abrió una discusión entre usuarios de redes sociales sobre el respeto a los funcionarios y las actuaciones de las autoridades durante procedimientos en espacios públicos.

Usuarios cuestionaron el ataque y también criticaron al agente

Algunos comentarios condenaron la forma en que ocurrió el hecho. Un usuario calificó al atacante como un “cobarde” y señaló que actuó por la espalda antes de escapar.

Otro internauta escribió que el video reflejaba una “falta de autoridad” frente a conductas delictivas. Estas reacciones apuntaron a la necesidad de identificar al responsable y avanzar con las acciones judiciales correspondientes.

Capturaron a un hombre señalado de agredir a tres agentes de tránsito en Antioquia

Una discusión por la inmovilización de una motocicleta derivó en la captura de un hombre de 39 años, señalado de atacar a tres agentes de tránsito en Sabaneta, Antioquia. El procedimiento ocurrió en el sector de Calle Larga y quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

La Administración Municipal indicó que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de violencia contra servidor público. Las autoridades también informaron daños materiales durante el incidente, aunque no detallaron su alcance.

El hecho comenzó mientras los funcionarios adelantaban labores de regulación vial y aplicaban una medida de tránsito sobre una motocicleta. En las imágenes se observa a un hombre vestido con camiseta negra y jean que discute con los agentes mientras uno de ellos sostiene el vehículo.

La tensión aumentó en pocos segundos. El ciudadano empujó y golpeó a uno de los trabajadores, mientras los otros participantes del operativo intentaban mantener bajo control la motocicleta.

Según la versión oficial, los tres agentes fueron alcanzados por las agresiones. El registro audiovisual también muestra que varias personas salieron de viviendas y comercios cercanos después de escuchar los insultos dirigidos a los funcionarios.

Algunos residentes se aproximaron al lugar para intervenir a favor de los agentes. En ese momento, el hombre señalado como agresor se alejó del sitio por una de las calles del sector.

De acuerdo con la Policía, el hombre buscó refugio en una vivienda tras advertir la presencia de los uniformados. Posteriormente, salió del inmueble y volvió a escapar.

El seguimiento contó con el apoyo de las cámaras de videovigilancia del municipio. Los policías continuaron la persecución a pie hasta que lograron alcanzarlo luego de que cayera al suelo.

Tras la detención, el ciudadano quedó bajo custodia para su judicialización. La autoridad competente deberá definir su situación jurídica por la conducta que se le atribuye.

La pentatleta mexicana Catherine Mayran Oliver denunció que sufrió una agresión mientras realizaba su entrenamiento matutino en el Bosque del Ocotal, en Ciudad de México. La deportista relató que un hombre de entre 35 y 40 años la interceptó y forcejeó con ella, un episodio que le dejó lesiones en la piel.

De acuerdo con una publicación en Instagram, el incidente ocurrió el jueves 17 de septiembre, alrededor de las 6:40 de la mañana. Un día después, la atleta decidió hacer público lo sucedido mediante un mensaje acompañado de fotografías y un video.

Así ocurrió el incidente contra Catherine Mayran Oliver

La pentatleta explicó que se encontraba en medio de su entrenamiento de carrera cuando un hombre se acercó y comenzó a forcejear con ella.

“El jueves 17 de septiembre, aproximadamente a las 6:40 a. m., mientras realizaba mi entrenamiento de carrera en el Bosque del Ocotal, en la Ciudad de México, un hombre de aproximadamente 35 a 40 años me interceptó y forcejeó conmigo”.

Mayran Oliver logró liberarse y ponerse a salvo. Sin embargo, señaló que sufrió algunas lesiones en la piel y que desconoce cuáles eran las intenciones del hombre.

“Afortunadamente, logré liberarme rápidamente y ponerme a salvo, aunque sufrí algunas lesiones en la piel. Desconozco cuáles eran sus intenciones, pero lo ocurrido fue una situación de violencia que puso en riesgo mi integridad”.

La deportista decidió compartir el episodio para alertar a otras personas que suelen entrenar o transitar por la zona. En particular, dirigió el mensaje a integrantes de la comunidad deportiva que utilizan espacios públicos para realizar actividad física.

“Comparto mi experiencia para alertar a quienes entrenan o transitan por esta zona y para recordar que ninguna persona debería sentir miedo al practicar deporte, caminar o disfrutar de un espacio natural”.

La atleta también cuestionó que situaciones de violencia puedan ocurrir en lugares utilizados habitualmente para entrenar y recrearse.

“La responsabilidad nunca será de quien sale a entrenar, sino de quien decide agredir”.

Mayran Oliver cerró su publicación con una frase que condensó el impacto que tuvo el episodio en ella: “Te amo, mi México, pero me dueles”.

¿Quién es Catherine Mayran Oliver?

Catherine Mayran Oliver, de 25 años, es una pentatleta mexicana con una trayectoria marcada por participaciones internacionales y múltiples medallas.

Su acercamiento al deporte comenzó durante la infancia. Según información de la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno, empezó a practicar actividad deportiva alrededor de los nueve años por recomendación médica.

Uno de los primeros grandes momentos de su carrera llegó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, donde consiguió dos medallas de oro. Ese mismo año fue reconocida con el Premio Estatal del Deporte en el Estado de México.

También alcanzó el octavo lugar en un Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno, resultado que representó uno de los mejores registros para México dentro de la rama femenil de esta disciplina.

Más recientemente, Mayran Oliver volvió a subir al podio internacional. El 6 de agosto de 2026, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) informó que la mexicana y Yael Marmolejo conquistaron la medalla de oro en el relevo mixto de pentatlón moderno de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La Conade destacó que esa presea contribuyó a que México superara los 145 títulos obtenidos en San Salvador 2023 y estableciera su mejor actuación histórica en la competencia regional.

Ahora, la atleta vuelve a aparecer en el centro de la conversación pública, pero por un episodio ocurrido lejos de las pistas y mientras realizaba una de las actividades que forman parte de su preparación deportiva.

Todo comenzó cerca de las 10.30 en la calle García Lorca al 600, en la zona de Punta Mogotes. Según medios locales, la víctima es un gasista que aguardaba la llegada de un cliente dentro de su Peugeot 208 cuando ocurrió el ataque. Al margen de ello, lo concreto es que estaba dentro del vehículo al momento de ser abordado por dos delincuentes que se movían en una motocicleta.

En las imágenes se observa que el motochorro que viajaba como acompañante descendió con un arma, se acercó al conductor y le apuntó. Luego lanzó un disparo al aire para intimidarlo. No está claro todavía si pretendía robarle el coche u otras pertenencias. Lo cierto es que la víctima se resistió y comenzó a forcejear con el ladrón.

Así, ambos cayeron al asfalto. En ese momento, el conductor le gritó desafiante: “¡Dale, vení, gato!”. El asaltante disparó tres veces mientras le apuntaba y luego corrió hacia la moto, donde lo esperaba su cómplice ya listo para darse a la fuga.

Pese a las heridas, el automovilista logró ponerse de pie y siguió increpando al agresor. Antes de subir a la moto para escapar, el delincuente se dio vuelta y efectuó un quinto disparo. Ese tiro también alcanzó al hombre.

Los dos sospechosos huyeron, mientras la víctima se subió a su Peugeot 208 y por sus propios medios se dirigió a la Unidad de Pronta Atención (UPA) N°8 de Punta Mogotes. Desde allí luego lo derivaron al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Sufrió heridas de arma de fuego en el abdomen y las piernas. Fue operado y su estado es reservado.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°4, a cargo de la fiscal María Constanza Mandagarán. Por el momento, los investigadores buscan identificar a los dos motochorros que escaparon sin concretar el robo.

Un joven cubano expuso en redes sociales una preocupación que se repite en distintos barrios de la isla: la inseguridad dejó de ser una sensación aislada y pasó a formar parte de la vida cotidiana. Su mensaje vinculó los robos, la violencia y el crecimiento de conductas delictivas entre adolescentes con una crisis económica y social que, según planteó, dejó a muchos jóvenes sin expectativas.

Aunque no existen estadísticas oficiales periódicas y detalladas sobre criminalidad que permitan medir el fenómeno en todo el país, las denuncias difundidas por vecinos y medios independientes muestran episodios reiterados en zonas urbanas. En Santiago de Cuba, por ejemplo, residentes alertaron sobre asaltos nocturnos y robos de teléfonos, mientras que en otras provincias se informaron delitos en hospitales, estacionamientos y espacios públicos.

Robos y arrebatos en las denuncias vecinales

El mensaje del joven cubano describe una realidad en la que transitar por determinadas calles, regresar de noche a casa o portar un teléfono móvil puede convertirse en un riesgo. Esa percepción se alimenta de publicaciones de residentes que relatan capturas de presuntos ladrones por parte de vecinos, ante demoras o ausencia de respuesta policial.

En septiembre, un médico persiguió y retuvo a un joven acusado de arrebatar un teléfono en Santiago de Cuba. El caso se sumó a otras denuncias de robos en la ciudad, donde los habitantes de las zonas de Trocha y Gasómetro habían advertido sobre una sucesión de asaltos durante la madrugada, consignó Ciber Cuba.

En agosto, organizaciones como Cubalex documentaron un incremento significativo en robos a viviendas, asaltos y homicidios en Cuba, según Univisión.

Drogas sintéticas entre los jóvenes

El planteo publicado en redes también apunta a la circulación de drogas de bajo costo, entre ellas los cannabinoides sintéticos conocidos popularmente como “químico” o “papelito”. En los últimos meses, las autoridades cubanas informaron operativos contra redes de distribución en barrios de La Habana.

El Ministerio del Interior desplegó acciones en municipios como Centro Habana, donde fueron detenidas 13 personas en una operación vinculada con el tráfico de drogas. Entre los elementos decomisados había soportes impregnados con cannabinoides sintéticos.

La expansión de estas sustancias preocupa por su precio y por la facilidad con la que pueden circular en entornos vulnerables. Un informe citado por medios independientes indicó que una dosis de “químico” puede costar alrededor de 250 pesos cubanos, una suma inferior al precio de otras drogas que también aparecen en operativos policiales.

La presencia de estas sustancias añade tensión a comunidades atravesadas por el deterioro económico. El joven que difundió su reflexión asoció el consumo y la violencia con la falta de empleo formal, la deserción escolar y la ausencia de espacios de contención para adolescentes.

La emigración y la fragmentación familiar

Otro de los ejes del planteo fue el efecto de la emigración sobre la vida familiar. Cuba atraviesa desde hace varios años una salida masiva de ciudadanos hacia Estados Unidos, América Latina y Europa.

La separación familiar no explica por sí sola el aumento de la inseguridad, pero forma parte de un escenario de fragilidad social. La falta de supervisión cotidiana, las dificultades para sostener la escolaridad y la precariedad económica pueden profundizar la exposición de niños y adolescentes a dinámicas de consumo, violencia o pequeños delitos.

En ese marco, el reclamo publicado en redes cuestiona una respuesta centrada exclusivamente en patrullajes y detenciones. El joven sostiene que las acciones policiales pueden actuar sobre hechos concretos, aunque no resuelven las condiciones que empujan a parte de la juventud hacia los márgenes.