En el Concejo de Bogotá, la cabildante Diana Diago denunció cómo los menores de edad están siendo claves en la crisis de inseguridad y violencia que se registra en la capital de Colombia.

Durante su pronunciamiento, Diago mencionó datos entregados por la Secretaría de Seguridad en los que se menciona que entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2025 se registraron 4.331 aprehensiones de menores de edad entre los 14 y 17 años por la comisión de distintos delitos en Bogotá.

“Esto no es un tema de percepción. Son miles de menores aprehendidos cometiendo delitos bajo el conocimiento de las autoridades. Lo que estamos viendo es cómo el crimen organizado está reclutando jóvenes y armándolos”, afirmó la concejal Diago.

La concejal también advirtió un preocupante aumento en la participación de menores de edad en delitos de alto impacto como el homicidio. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, las aprehensiones de adolescentes entre 14 y 17 años por este delito pasaron de niveles estables entre 10 y 12 casos anuales entre 2020 y 2023 a un incremento significativo en los últimos años, alcanzando 30 casos en 2024 y 25 en 2025

“Aquí lo que estamos viendo es un cambio en la gravedad de la criminalidad juvenil. Ya no es solo hurto, estamos viendo menores involucrados en homicidios, lo que evidencia un escalamiento de la violencia y un mayor nivel de instrumentalización por parte del crimen organizado”.

Diago indicó que el tema preocupa más cuando se analiza el acceso a armas. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación, entre 2019 y noviembre de 2025, 461 menores de edad fueron indiciados por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

Diago también alertó sobre la magnitud del tráfico de armas en la ciudad, un fenómeno que está alimentando directamente la criminalidad juvenil. Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, solo en 2025, con corte a noviembre, se registraron 1.542 indiciados por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones.

“Estamos hablando de una circulación masiva de armas en Bogotá. Para dimensionarlo, la ciudad tiene 1.776 km², lo que significa que, en promedio, habría al menos una persona vinculada a este delito por cada kilómetro cuadrado. Es decir, en prácticamente todos los barrios hay presencia de este mercado ilegal”.

Para la cabildante, esta realidad facilita que las armas se comercien, se presten o incluso se alquilen, aumentando el riesgo de que terminen en manos de menores de edad. “Hoy en Bogotá hay menores portando armas, custodiando economías ilegales y siendo utilizados como escudos penales por estructuras criminales. El crimen organizado ya entendió que es más rentable y menos riesgoso utilizar a un menor que a un adulto”.

Diago citó cifras del Idipron para afirmar que el distrito no cuenta con datos sobre cuántos jóvenes con antecedentes penales ingresan a sus programas ni cuántos reinciden, debido a que no existe cruce de información con la Fiscalía, la Policía ni mecanismos de trazabilidad posterior.

“Aquí hay una falla estructural gravísima: el Distrito atiende jóvenes en alto riesgo sin saber nada de ellos, pero, peor aún, salen de los programas y no hacen seguimiento. Una política pública que no mide reincidencia es una política que no sabe si funciona”, señaló Diago.

La concejala indicó que evidenció que el alcance de la oferta institucional es limitado. En 2025, el Idiprón identificó 14.581 jóvenes en riesgo, pero solo 2.138 aceptaron la atención, lo que significa que más del 85% de esta población queda por fuera de cualquier intervención del Estado.

“Hoy tenemos miles de jóvenes en riesgo, sin atención institucional, mientras el crimen organizado sí los está reclutando, armando y utilizando. Si el Estado no llega primero, el crimen lo seguirá haciendo”, puntualizó la cabildante, que pidió que la alcaldía gestione el inicio de una estrategia integral que frene el mercado ilegal de armas, fortalezca la coordinación interinstitucional y garantice una intervención efectiva sobre los jóvenes en mayor riesgo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el día de hoy una reducción preliminar del 45 % en el promedio diario de homicidios dolosos al comparar los datos de 2024 y el primer trimestre de 2026.

El gobierno federal destaca que el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 91.7 en 2024 a 50.8 en los primeros tres meses de 2026.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalla que en septiembre de 2024 se registraron 86.9 homicidios diarios, mientras que en marzo de 2026 la cifra bajó a 51.4.

Este nivel representa el promedio mensual más bajo desde 2016 y significa 35 homicidios diarios menos en comparación con el inicio del periodo medido.

Esta tendencia a la baja se atribuye a la Estrategia Nacional de Seguridad, acompañada por la creación de la Escuela para Mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública. El objetivo de esta escuela es mejorar la formación de altos cargos policiales.

Figueroa indica que siete estados concentran el 50.2 % de los homicidios en marzo de 2026:

• Guanajuato reúne 9.2 %
• Chihuahua 8.3 %
• Baja California 8 %
• Morelos 6.4 %
• Guerrero 6.3 %
• Estado de México 6 %
• Oaxaca 5.9 %

Al mismo tiempo, otras entidades registran reducciones en su promedio diario de este delito.

La Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada de julio de 2025 a marzo de 2026, derivó en la detención de 1.106 presuntos extorsionadores en 24 estados. En ese mismo lapso, el número 089 recibió 180 mil llamadas relacionadas con extorsión; el 88.6 % de estos intentos no se concretó, y el 11.4 % se consumó. En consecuencia, las fiscalías abrieron 6.821 carpetas de investigación.

Delitos violentos van a la baja en 2026

Las cifras divulgadas muestran una reducción importante en los delitos de alto impacto. El balance de 2026 refleja un descenso del 52 % frente a 2018: el promedio diario bajó de 969.4 en ese año a 461.3 en 2026.

El robo de vehículo con violencia destaca por su disminución de 56.4 %, pasando de 209.9 a 91.6 casos diarios.

Entre octubre de 2024 y marzo de 2026, de acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, las autoridades detuvieron a 49.530 personas relacionadas con delitos graves.

Durante ese periodo, se aseguraron 25.700 armas de fuego, cerca de 500 toneladas de droga y se desmantelaron 2.330 laboratorios clandestinos y áreas de concentración.

Atención a las causas y acciones preventivas

La estrategia del gobierno de abrir el programa Jóvenes Transformando México ha tomado fuerza y avanzado con la habilitación de mil 358 gimnasios en el programa Boxeando por la Paz, en el que 53 mil jóvenes reciben entrenamiento por parte de 3 mil boxeadores. Iniciaron además los proyectos “Las y los Jóvenes Unen al Barrio” y la Jornada Nacional de Fútbol, con 159 mil jóvenes participantes en actividades deportivas.

Por otra parte, la Escuela para Mandos fue creada para formar secretarios y subsecretarios de Seguridad Pública bajo criterios de honestidad, profesionalismo, visión humanista y respeto a los derechos humanos, de acuerdo con Sheinbaum. Esta institución tiene el propósito de fortalecer la coordinación entre instancias de seguridad, entidades y fiscalías, dentro de la estrategia federal para consolidar estos resultados recientes en materia de seguridad y continuar la reducción de la violencia.

La reciente serie de hechos violentos en Tabasco, incluidos hallazgos de restos humanos en distintos puntos del estado, fue atribuida por el gobernador Javier May a una confrontación interna entre organizaciones criminales.

El mandatario aseguró que, pese a la gravedad de los eventos, su administración mantiene operativos constantes en coordinación con autoridades federales y municipales para contener la situación.

Gobierno de Tabasco señala origen de la violencia

Durante declaraciones a medios, el gobernador explicó que los actos violentos corresponden a una pugna entre grupos delictivos que buscan retomar el control de sus estructuras.

Precisó que esta confrontación ha derivado en ejecuciones, pero sostuvo que no existe impunidad.

May indicó que las autoridades estatales realizan acciones todos los días y han logrado detenciones vinculadas con estos eventos.

Subrayó que quienes cometen delitos son perseguidos y llevados ante la justicia, al tiempo que reiteró que ningún grupo criminal está por encima del Estado.

Postura de Seguridad Pública ante hechos recientes

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Serafín Tadeo Lazcano, afirmó que la estrategia de seguridad se mantiene activa de forma permanente.

Tras el hallazgo de cuerpos desmembrados, el funcionario señaló que las corporaciones trabajan de manera diaria y coordinada.

El secretario expresó que existe confianza en los resultados obtenidos hasta ahora, destacando que se realizan detenciones de forma continua.

Asimismo, aseguró que no se permitirá que personas o grupos vulneren la seguridad de la población, reiterando el compromiso institucional de mantener el orden en el estado.

Hallazgo de restos humanos en Centro

Uno de los eventos más recientes ocurrió en la Villa Macultepec, municipio de Centro, donde fueron localizadas bolsas con restos humanos a la altura del kilómetro 19 de la carretera Villahermosa–Frontera.

En el mismo sitio se encontraron hieleras con cabezas humanas y un mensaje de amenaza presuntamente firmado por el grupo criminal La Barredora.

Elementos de seguridad estatal acudieron al lugar tras el reporte ciudadano, acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, que inició la carpeta de investigación correspondiente.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley e identificación de las víctimas.

Incremento de víctimas en lo que va de 2026

Con estos hechos, suman al menos nueve personas ejecutadas y decapitadas en Tabasco en lo que va del año 2026.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los casos y determinar responsabilidades.

Registro de casos recientes en la entidad

La violencia en la región ha mostrado continuidad en los últimos meses, con diversos hallazgos en municipios como Centro y Nacajuca:

• 21 de febrero: se reportó el primer caso del año, correspondiente a un adolescente en la ranchería Río Viejo.
• 25 de febrero: segundo caso en Acachapán y Colmena, donde se dejó una hielera con restos humanos.
• 4 de marzo: tercer caso en la colonia La Manga 1.
• 5 de marzo: cuarto hallazgo en el Ejido Marín, municipio de Cunduacán.
• 31 de marzo: quinta víctima localizada en la colonia José María Pino Suárez, junto a una iglesia.
• 7 de abril: dos personas ejecutadas en Centro y Nacajuca.
• 14 de abril: hallazgo más reciente en la carretera Villahermosa–Frontera.

Las autoridades estatales han reiterado que continuarán con los operativos de seguridad y las investigaciones correspondientes, mientras la violencia asociada al crimen organizado se mantiene como uno de los principales desafíos en Tabasco.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el operativo se desarrolló cerca del mediodía del sábado 4 de abril, luego de que la fuerza de seguridad porteña fuera alertada sobre la presencia de personas armadas en el establecimiento, ubicado en la intersección de las calles Presidente Luis Sáenz Peña y México.

Con las descripciones de los sospechosos aportadas por los testigos y el sentido en el que ambos se fugaron, los efectivos lograron interceptar a los sospechosos.

El primero cayó en la calle Chile al 1100, a quien, en presencia de peatones que circulaban por la zona, se le halló un bolso tipo morral con una pistola Bersa modelo Thunder calibre .40, cuya numeración estaba suprimida, además de varias municiones.

El segundo implicado no llegó muy lejos. Tras la rápida acción de los efectivos, fue capturado a pocas cuadras.

Los arrestos estuvieron a cargo del personal de la División Investigaciones Comunales 1 Sur de la Policía de la Ciudad. Ambos quedaron detenidos a disposición de Flagrancia Sur, bajo la dirección del fiscal Carlos Caputo, quien ordenó el secuestro del arma y continuar con las medidas correspondientes.

En el caso del primer detenido, se constató que posee antecedentes por tres hechos entre 2019 y 2021, por robo, hurto e infracción a la Ley de Drogas.

La víctima fue identificada como Darío Gabriel Mansilla, quien había salido de su vivienda con destino a su empleo en la empresa Edenor. Según reconstruyeron los investigadores, el hombre se encontraba en la intersección de las calles Languenheim y Carlos Dihel cuando fue abordado por dos ladrones.

De acuerdo con las primeras pericias y el relevamiento de cámaras de seguridad, los delincuentes —que se movilizaban en una motocicleta— intentaron sustraerle la mochila, en la que llevaba ropa, su billetera con documentación personal, tarjetas de crédito y un teléfono celular perteneciente a su empleador. En medio del asalto se produjo un forcejeo: Mansilla enfrentó a uno de los motochorros para evitar el robo e intentó huir.

El delincuente lo corrió, logró arrebatarle la mochila y luego se subió a la moto para darse a la fuga. Antes, le disparó en el brazo derecho. Tal como se observa en la filmación, la víctima se agarró el pecho y se desplomó en la verada.

Personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 y encontró al hombre ya sin vida. Peritos de la Policía Científica se hicieron presentes en el lugar, mientras que un médico policial confirmó el fallecimiento.

En el lugar también se hizo presente la esposa de Mansilla, quien declaró que su marido padecía problemas cardíacos, un dato que ahora forma parte de la investigación para determinar las causas exactas de la muerte.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y tareas de campo, los investigadores lograron reconstruir la ruta de escape de los sospechosos. Un elemento clave fue el rastreo del celular robado, propiedad de la empresa Edenor, que permitió establecer su geolocalización en dirección a la localidad de Guernica.

Con esa información, efectivos de la DDI de Lomas de Zamora, junto al Departamento de Homicidios y grupos operativos de la Policía bonaerense, lograron identificar un domicilio en la calle Avellaneda al 1100 donde los delincuentes se habían ocultado.

Con aval judicial, se realizó un allanamiento de urgencia que culminó con la detención de dos hombres: Roberto Héctor Pifano, de 26 años, y Marcelo Alejandro Vaira, de 30.

Durante el operativo, los agentes secuestraron una motocicleta Honda Titan 150cc azul utilizada en el hecho, otra moto con pedido de secuestro activo por robo desde marzo, cinco teléfonos celulares —entre ellos el sustraído a la víctima—, un revólver calibre 22 con dos cartuchos intactos y una vaina servida, una réplica de pistola calibre 9 mm, tres cascos negros y un camperón.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Almirante Brown, a cargo de la fiscalía correspondiente, que investiga el caso como “homicidio en ocasión de robo agravado”.

Mientras tanto, los detenidos permanecen a disposición de la Justicia y se espera que en las próximas horas sean indagados.

Un hombre fue asesinado de un disparo cuando intentó resistirse a un robo en la zona de Bermejo, en el departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza. El crimen ocurrió en la puerta de su casa durante la madrugada de este sábado.

La víctima, identificada como Germán David Di Giovambattista, de 40 años, vivía en el lugar junto a su familia. Según la información que Infobae obtuvo de fuentes policiales, todo sucedió cerca de las 00:05 en una vivienda ubicada en Avenida Mathus Hoyos al 4440.

El ataque comenzó cuando Di Giovambattista y su esposa escucharon ruidos en el portón de entrada. Al salir para ver qué pasaba, se encontraron con un grupo de cinco delincuentes que ingresaron al domicilio gritando: “¡Dame la moto!”.

De acuerdo al relato que dio la esposa a las autoridades, la reacción instantánea del hombre fue tomar un machete para enfrentar a los asaltantes, pero uno de ellos le disparó con una pistola calibre 9 milímetros.

El proyectil impactó en el costado izquierdo de Di Giovambattista y salió a la altura de la axila derecha. Los agresores escaparon rápidamente en un auto, que según los primeros datos sería un Volkswagen Bora.

Vecinos y personas que pasaban por la zona se acercaron para ayudar a la víctima. Intentaron reanimarlo hasta la llegada del personal médico, pero cuando los profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se presentaron en la escena, confirmaron que Di Giovambattista ya no tenía signos vitales.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal N°2 de Guaymallén y la investigación la lleva adelante la fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta. Por el momento, no hay detenidos y los detectives analizan las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar a los responsables y reconstruir la ruta de escape.

Di Giovambattista era empleado estatal y padre de dos hijas. El caso generó conmoción en Guaymallén.

Tras conocerse lo sucedido, sus allegados comenzaron a reclamar justicia en la redes sociales. “Justicia ya. Una gran persona, trabajador incansable. Que paguen las ratas de una vez por todas”, expresó una persona cercana. Otro mensaje apuntó: “Justicia! Arruinaron una familia. Dejaron a una esposa destruida, dos hijitas sin su papá, una madre sin un hijo. Que los encuentren”.

Recientemente, Mendoza fue escenario de otro caso de violencia tras un robo. El pasado 3 de marzo, un ladrón murió atropellado en la localidad de Las Heras, luego de que el dueño de una camioneta lo persiguiera tras el robo de una bicicleta en el barrio Altos del Oeste. La víctima fatal tenía antecedentes por distintos robos.

El episodio se produjo cerca de las 6.15 de la mañana, cuando dos delincuentes entraron a robar a una vivienda. La dueña de casa alertó rápidamente al 911 y su pareja salió detrás de los ladrones con una camioneta, alcanzándolos en la esquina de Río Diamante y Los Horcones. En ese lugar, uno de los sospechosos fue atropellado por el vehículo y falleció a los pocos minutos.

Los registros judiciales permitieron identificar al hombre atropellado y constatar que acumulaba causas por robo agravado por escalamiento, robo simple y otros hechos similares ocurridos en los últimos años. El otro sospechoso logró escapar y era buscado por personal de la Comisaría 43ª.

Entre enero de 2020 y marzo de 2026, se documentaron 3 mil 036 masacres en México, definidas como el asesinato de tres o más personas en un solo evento, lo que equivale a un caso por día en promedio, de acuerdo con el colectivo Causa en Común.

En un comunicado, el colectivo detalló que del total, 2 mil 976 masacres ocurrieron entre el 2020 y 2025, mientras que los 60 restantes se registraron en los primeros tres meses del presente año.

Explicó que dichos casos fueron documentados a través de reportajes periodísticos de medios nacionales y locales, pero advirtió que la intimidación de criminales y autoridades hacia los reporteros y comunicadores limita cada vez más la labor informativa.

Señaló que esto último, podría generar alguna imprecisión en las cifras reales e incluso, aparentar una disminución en los casos.

“La intimidación por parte de criminales, y por parte también de autoridades, distorsiona cada vez más los flujos informativos locales y nacionales, y de hecho ha transformado diversas entidades o regiones en “zonas de silencio”, en las que la violencia no se reporta o se reporta parcialmente.

“Tomando esto en cuenta, los eventos de violencia extrema, como es el caso de las masacres, seguramente están subrepresentados en los reportes periodísticos; por la misma razón, reducciones en dichos registros no necesariamente indican una reducción real en la violencia, sino posibles vacíos de información”, puntualizó.

Casos se concentran en cinco estados

Destacó que en el caso de Sinaloa, la cifra pasó de un promedio de cinco masacres anuales entre 2020 y 2023, a 38 y 40 casos en 2024 y 2025, respectivamente.

No obstante, en el mismo documento, destacó que “durante estos años”, Guanajuato se ha mantenido como la entidad con más registros de masacres, con 535 casos entre 2020 y 2025.

Agregó que le sigue Guerrero, con 237 casos, Michoacán con 223 y Zacatecas con 217.

Causa en Común subrayó que estos patrones muestran territorios donde convergen disputas criminales, economías ilegales, y omisiones y debilidades institucionales, configurando entornos donde la violencia extrema se reproduce con facilidad.

Por ello, el colectivo sostiene que documentar y difundir estas violencias es indispensable para enfrentarlas y reconocer la magnitud del problema.

Sin embargo, aseberó que también se requiere proteger a periodistas en riesgo y revertir la omisión institucional, ya que hasta hoy no existe ningún programa ni presupuesto relevante para fortalecer a las policías y a las fiscalías del país”.

“Desde Causa en Común insistimos en que documentar y visibilizar estas violencias es un paso indispensable para enfrentarlas.

“Se requiere reconocer la magnitud del problema, sí, pero no es suficiente; también se requiere proteger a periodistas en riesgo, y se requiere revertir la grave omisión con nuestras instituciones pues hasta hoy no existe ningún programa ni presupuesto relevante para fortalecer a las policías y a las fiscalías del país”, concluyó.

El hecho ocurrió este jueves a las 20 en la calle 16 al 2700, en la esquina con 127, frente a un almacén atendido a través de una ventana enrejada.

El joven, que trabaja como repartidor, había llegado en su moto Honda GLH roja. Tras esperar unos segundos su turno para comprar, cuando comenzó a ser atendido fue sorprendido por los asaltantes.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad del comercio y las imágenes muestran que, tras escuchar el ruido del motor y darse vuelta, la víctima fue interceptada por el acompañante, quien bajó armado y le apuntó directo.

El ladrón, de aspecto joven, con menos de 20 años según la comerciante, gritó varias veces: “¡Dame la llave, dame la llave!”, intentando intimidar al joven, que, nervioso, se resistió unos segundos.

En ese momento, el motochorro disparó al piso, a centímetros de las zapatillas de la víctima, mientras este suplicaba: “¡Pará, pará!”. Los balazos fueron tan cercanos que dejaron marcas en la vereda y en la ventana del local.

Bajo amenaza, el delincuente le sacó las llaves y el celular y fue hacia la moto de la víctima, que estaba estacionada en la vereda. Tras encender el vehículo, el repartido, aún en shock, reaccionó arrojándole su casco al ladrón antes de empezar a correrlo por la calle.

En ese instante, se activó una alarma vecinal, mientras los asaltantes escapaban en dos motos: la robada y la que utilizaron para llegar.

Noelia, la comerciante que atenía al repartidor al momento del robo, relató a América Noticias: “No pude dormir anoche. Fue todo muy rápido, me asustó mucho. Yo lo estaba atendiendo al chico, vino la moto y ya con el arma bajó, le apuntó y empezó a los tiros. Yo, del miedo, salí corriendo, y desde adentro se escuchaba cómo el chico suplicaba“.

La testigo dijo no poder creer “la maldad con la que actuó” el motochorro, al que describió como joven. “Para mí, era chico, tenía menos de 20 años”.

“Después del hecho, me acerqué al chico (la víctima), le pregunté cómo estaba, si lo habían lastimado, porque cuando estaba encerrada pensé que al salir lo iba a encontrar tirado. El chico estaba llorando, decía ‘me tiraron a matar’”, completó su relato.

Personal del Comando de Patrullas de Berazategui llegó poco después del ataque y entrevistó al joven. La Policía Científica realizó peritajes en la vereda y la fachada del kiosco, donde quedaron visibles los impactos de bala y se recuperaron los casquillos para analizar el calibre del arma, de acuerdo a fuentes policiales.

La causa fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Borrone. Hasta el momento no hay detenidos.

Los investigadores analizan los registros de las cámaras de seguridad del comercio y de la zona para reconstruir la ruta de escape de los autores.

El hombre fue identificado como Luis Barabino López, de 49 años, alias “Orejón”, quien era investigado por presuntamente exigir pagos a una comerciante a cambio de brindarle seguridad. Según la información policial, el intervenido habría aprovechado un descuido durante el control de identidad para iniciar su fuga.

Caída y estado de salud

De acuerdo con el reporte, el sospechoso corrió hacia el muro y se arrojó al vacío en cuestión de segundos. Un agente policial intentó sujetarlo para evitar la caída, pero no logró retenerlo. Finalmente, el hombre impactó contra la lona de un local comercial, lo que no evitó que sufriera lesiones de consideración.

Tras el hecho, fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital José Agurto Tello, donde se confirmó que presenta múltiples fracturas en la pelvis y en la vértebra lumbar. Debido a la gravedad de sus lesiones, permanece internado bajo custodia policial mientras se monitorea su evolución.

Denuncia e investigaciones en curso

La intervención policial se produjo luego de que una comerciante denunciara que el sujeto le exigía dinero de manera reiterada. La víctima lo reconoció como el presunto responsable de las amenazas, indicando además que no actuaría solo, sino en compañía de otro individuo.

Las investigaciones del caso están a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Chosica-Chaclacayo, que viene realizando diligencias para identificar y ubicar al segundo implicado en el presunto delito de extorsión.

Las autoridades informaron que, una vez que el intervenido se recupere de sus lesiones, será puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las acciones legales correspondientes. El caso se mantiene en investigación mientras se recaban más elementos que permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Extorsión afecta a 25% de peruanos

Uno de cada cuatro peruanos mayores de 18 años ha sido víctima o conoce a alguien afectado por extorsión en los últimos tres meses, según el Observatorio del Crimen y la Violencia. El fenómeno alcanza a más de seis millones de personas y evidencia una expansión territorial: mientras la incidencia disminuye levemente en Lima, aumenta en regiones del centro, sur, oriente y zonas rurales. Esta redistribución responde a dinámicas del crimen organizado, que busca operar en áreas con menor acceso a protección y financiamiento formal.

El informe también señala un aumento sostenido de delitos asociados a la criminalidad económica. Modalidades como el préstamo informal denominado “gota a gota” pasaron de afectar al 15% de la población en 2024 al 19% en 2025. Además, las estafas digitales y telefónicas impactan al 27% de los adultos, superando los 6,6 millones de afectados, impulsadas por el uso extendido de teléfonos móviles y plataformas digitales. Las acciones policiales, pese a registrar cerca de mil operativos exitosos en 2025, resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.

La concentración de homicidios se mantiene en regiones específicas, con Lima, Callao y La Libertad como principales focos, mientras que el sector transporte figura entre los más afectados por la extorsión. El uso de armas de fuego predomina en los crímenes asociados a redes de extorsión, y la debilidad institucional limita la efectividad de las respuestas judiciales y policiales. El reporte advierte que la falta de sistemas integrados de seguridad y las deficiencias en el marco legal agravan la vulnerabilidad de los sectores más expuestos.

Todo comenzó la mañana del 24 de diciembre último, cerca de las 9.30, en una vivienda ubicada sobre la calle en Montes Carballo. Según el relato de las víctimas -ambas de 70 años-, cuatro ladrones entraron por una ventana trasera y les robaron un Citroën C3 Aircross, además de dos celulares y otros objetos de valor.

Nadie resultó herido en el hecho. La jubilada pudo aportar datos sobre los atacantes y la policía científica trabajó en el lugar, en el marco de una causa a cargo del fiscal Mariano Moyano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°13 de Mar del Plata.

La investigación de la DDI Mar del Plata avanzó a partir del análisis de las antenas de telefonía y los informes de la empresa prestataria. De ese modo, los agentes detectaron que uno de los teléfonos sustraídos, justamente el de la mujer, fue activado nuevamente y vinculado a un número que corresponde a una joven de 25 años identificada como Rocío Mailen Antonella Montano.

Con esa información, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento para una vivienda de Arana y Goiri al 11.800, en la misma ciudad.

El operativo se realizó en el amanecer de hoy. Fuentes policiales informaron que, durante el procedimiento, los policías encontraron el teléfono robado en poder de Lucas Gabriel Salvatierra, de 19 años, quien es pareja de Rocío Montano. Por disposición del fiscal Moyano, quedó bajo arresto por el delito de encubrimiento.

Además, en el lugar se incautaron otros dos celulares que serán analizados para determinar si están relacionados con el robo o con otros delitos.

Salvatierra fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán y en las próximas horas será indagado.

Mientras tanto, la investigación sigue adelante para identificar al resto de los involucrados.

El caso no es aislado. Esta semana, en la ciudad balnearia un jubilado de 86 años fue víctima de una violenta entradera tras permitir la entrada a su casa de una mujer a la que conocía y había ayudado en otras oportunidades.

El hecho ocurrió en una vivienda de Marcelo T. de Alvear al 2100. Los asaltantes redujeron al jubilado, lo ataron de manos, lo golpearon y lo amenazaron con un arma blanca. Luego, se dedicaron a revisar cada espacio de la casa en busca de dinero y objetos de valor.

En su intento de huida, los ladrones procuraron llevarse pertenencias en el auto del jubilado, pero el vehículo no arrancó y, ante ese contratiempo, escaparon a pie. La mujer, en tanto, permaneció junto a la víctima e intentó hacerle creer que también había sido reducida durante el asalto.

Sin embargo, el análisis de las cámaras de seguridad de la zona reveló otra realidad: las imágenes permitieron establecer que ella había llegado al lugar junto a los delincuentes y se mantuvo con ellos antes de ingresar a la vivienda, lo que confirmó su participación activa en el hecho.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, ambos cuentan con numerosos antecedentes: uno de ellos acumula 16 registros y tres condenas previas.

Las detenciones ocurrieron luego de que efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación (DUTP) del Barrio 21-24 detectaran un Peugeot 2008 blanco, a partir de una alerta emitida por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

A partir de ese momento se desplegó un operativo cerrojo que culminó en la intersección de la avenida Amancio Alcorta y el Pasaje 70, en las inmediaciones del asentamiento.

El robo fue registrado por las cámaras de seguridad y se realizó un monitoreo en tiempo real del vehículo en el que circulaban los ladrones por parte de la fuerza de seguridad porteña. El video que acompaña esta nota retrata esa secuencia.

Los sospechosos circulaban en ese vehículo, que había sido utilizado en distintos hechos delictivos: el robo de la cartera de una mujer en Moreno y Maza, y el asalto a dos menores, a quienes les sustrajeron sus teléfonos celulares en Venezuela y 24 de Noviembre.

Al momento de la detención, los efectivos encontraron dentro del auto un morral y una cartera de mujer, aunque sin pertenencias en su interior.

El detenido de 35 años, quien registra la mayor cantidad de antecedentes, cuenta con condenas por robo, robo agravado por el uso de arma y tentativa de robo. En cuanto a sus ingresos a comisarías, la mayoría de los registros corresponden a hurto, usurpación, lesiones leves, tenencia de arma no convencional e infracción a la Ley de Drogas 23.737.

Por su parte, el segundo sospechoso, de 41 años, presenta un antecedente por encubrimiento agravado.

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°40, a cargo de Verónica González, quien avaló las detenciones y dispuso el secuestro del vehículo, la cartera y el morral, destacaron las fuentes a este medio.

Una ciudadana denunció que en menos de un minuto, un delincuente logró llevarse su automóvil, un Chevrolet gris con placa KGD775, mientras ella asistía a la unidad de salud del Virrey Solís. El hecho, que fue captado por cámaras de seguridad, revela la rapidez y precisión con la que actúan los ladrones en la capital.

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La afectada contó a Infobae Colombia que el vehículo fue estacionado cerca de las 7:45 a. m. por la imposibilidad de encontrar parqueadero en la zona. A las 8:02 a. m., un hombre se acercó, observó el entorno y examinó el interior del automóvil. El video muestra cómo el individuo pasó varias veces junto al carro antes de decidirse a actuar, asegurándose de que no hubiera testigos ni ocupantes.

El testimonio de la víctima y la respuesta de las autoridades

La víctima relató que el delincuente utilizó lo que parecía una llave maestra para abrir la puerta. Luego recogió un morral, abordó el automóvil y huyó del lugar en cuestión de segundos. “El tipo abre el vehículo, se da su maña, lo prende y se lo lleva”, expresó la afectada en diálogo con este medio.

La grabación, facilitada por una residente de la zona, fue entregada a las autoridades, que respondieron que debían esperar y que no podían actuar de inmediato. La mujer pidió ayuda a la comunidad para identificar al sujeto captado en las imágenes, mientras exigió a las autoridades soluciones efectivas ante un escenario en el que los hurtos de vehículos se incrementaron de manera alarmante.

Infobae Colombia conoció que, hasta el momento, la afectada continúa sin respuestas por parte de las autoridades.

Captura de un ladrón revelaría el ‘modus operandi’

Durante la misma jornada, en las inmediaciones de la estación de Transmilenio Olaya, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá detuvieron a un hombre de 60 años, sorprendido con más de nueve llaves maestras y varios controles de vehículos. La alerta se activó tras identificar un automóvil con la alarma encendida y el sujeto que se presentó como dueño, pero no logró justificar su presencia.

Durante la inspección, la denunciante que expuso su caso a Infobae Colombia llegó para informar que su vehículo Chevrolet había desaparecido mientras asistía a una cita médica.

Las autoridades confirmaron que el detenido intentaba suplantar la identidad de otra persona y había sido privado de la libertad en 2017 por hechos similares. El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía, donde enfrenta cargos por hurto. Se espera esclarecer si los casos estarían conectados.

El auge del robo de vehículos: cifras y modalidades

Los casos reportados en el barrio Olaya se suman a una tendencia creciente. Datos recogidos por el concejal de Bogotá Leandro Castellanos muestran que, en lo que va de 2026, se han registrado más de 525 robos de vehículos en la ciudad.

En 2025, entre enero y mayo, se reportaron 1.147 hurtos, mientras que en 2024 la cifra superó los 4.600 casos. Actualmente, el promedio diario alcanza seis robos de automóviles en Bogotá.

Las localidades con mayor incidencia de este delito son Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Suba y Fontibón, según informes oficiales. Las marcas más afectadas incluyen Kia, Chevrolet, Toyota y Mazda, además de motocicletas, que encabezan las estadísticas en volumen. También se identificó a los taxis como un objetivo frecuente, especialmente durante las noches.

Las modalidades más comunes de hurto abarcan el “halado” de automóviles estacionados en vía pública, atracos con arma de fuego, engaños al conductor y el desmantelamiento exprés para venta de autopartes.

La marcación previa de vehículos en zonas residenciales permite a los delincuentes seleccionar sus objetivos con antelación y actuar con rapidez.

“Miren pues a estos, dizque vendiendo flores… queriendo robar fue que los vimos", escribió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

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De acuerdo con la información que compartió el mandatario local en sus redes sociales, las capturas tuvieron lugar luego de que los operadores del sistema de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad de la capital antioqueña identificaron que uno de los individuos, camuflado como vendedor ambulante, buscaba aprovechar la fachada para acercarse a posibles víctimas en las calles de la ciudad.

Una vez se acercaba a los transeúntes, el individuo buscaba hacer movimientos rápidos con una de sus manos en los bolsillos de sus víctimas para sustraerles pertenencias, especialmente, celulares.

En el caso que fue captado por las cámaras de vigilancia al servicio de las autoridades, el transeúnte objetivo, al parecer extranjero, se percató del “cosquilleo” y logró evitar que el hombre lo robara. Reaccionó de manera rápida y con una leve patada distanció al ladrón.

La rápida notificación a los agentes permitió realizar acciones de seguimiento en tiempo real e identificar una motocicleta presuntamente involucrada en la operación. Federico Gutiérrez detalló en la publicación del video: “Gracias al monitoreo permanente de nuestras cámaras de seguridad y a la rápida reacción de la Policía nos anticipamos a un intento de hurto”.

La intervención permitió que los uniformados capturaran a los dos sospechosos mientras merodeaban en motocicleta alrededor de la zona en búsqueda de transeúntes.

Las autoridades inmovilizaron la motocicleta y trasladaron a los dos hombres ante la justicia. Desde la administración municipal se reiteró que la vigilancia y la respuesta operan sin interrupciones. “En Medellín estamos alertas 24/7: aquí reaccionamos a tiempo y cuidamos a la gente”, afirmó el mandatario.

Percepción de seguridad mejoró en plataformas de transporte en Medellín, según análisis

La percepción de seguridad en las aplicaciones de transporte en Medellín tuvo un crecimiento notable durante el último año. Según un estudio elaborado por la consultora Cifras y Conceptos, el 53% de quienes utilizan estas plataformas en la ciudad afirman sentirse más seguros en comparación con otros medios de transporte, una mejora atribuida a la adopción de tecnologías como la geolocalización, la verificación de datos y el uso de códigos específicos.

El informe, citado por El Colombiano, señaló que la confianza de usuarios y conductores en estas aplicaciones constituye un avance relevante en el contexto de la movilidad urbana local.

Entre las cifras más destacadas del estudio, se encuentra el dato de que el 74% de los conductores y el 29% de los pasajeros evitan operar o utilizar estas plataformas en ciertas zonas y horarios, alegando motivos de seguridad. Esta estadística ilustró que, aunque las medidas implementadas han tenido impacto, persiste una cautela significativa respecto al contexto geográfico y temporal en el que se usan estos servicios.

De forma específica, la aplicación InDrive reforzó sus estrategias de protección este último año, y se enfocaron en que la herramienta de geolocalización contribuya a la tranquilidad tanto de usuarios como de conductores. Christiam Alfonso, gerente de Seguridad de InDrive para América Latina, señaló en diálogo con el medio antioqueño la relevancia de la tecnología para la seguridad de los usuarios y dijo:

“En una ciudad como Medellín, donde los desplazamientos hacen parte esencial de la rutina diaria, la tecnología cumple un papel fundamental para fortalecer la tranquilidad de los usuarios”. Según el estudio de Cifras y Conceptos, la función de geolocalización incrementa la seguridad percibida en un 35% de los usuarios y en un 41% de los conductores de InDrive.

La explicación de este fenómeno radica en la implementación de características como los códigos de seguridad, empleados por aplicaciones como Uber, y la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real, lo cual permite mantener informados a familiares y amigos durante los recorridos.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció la suspensión momentánea del paro nacional tras denunciar agresiones contra manifestantes en distintas carreteras del país.

En un comunicado urgente, la organización afirmó que la decisión se tomó luego de que no existen condiciones para garantizar la seguridad de quienes participan en las movilizaciones. Además, sostuvo que la protesta surgió como una exigencia legítima para trabajar sin riesgos.

“Ayer, hombres trabajadores (…) decidimos ejercer nuestro derecho a manifestarnos de manera pacífica. No salimos a pedir privilegios. Salimos a exigir lo más básico: poder trabajar sin miedo a no volver a casa”.

ANTAC aseguró que las movilizaciones buscaban visibilizar problemas como la inseguridad en carreteras, los costos operativos y la falta de condiciones dignas para el sector.

ANTAC acusa al gobierno de intimidación

La organización transportista acusó que la respuesta de las autoridades en estados como Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua fue violenta, y señaló que, pese a su ausencia en otras ocasiones, en esta ocasión actuaron de forma represiva contra quienes solo buscan condiciones dignas para vivir y trabajar.

Ante este escenario, la organización informó que se alcanzó un acuerdo con autoridades estatales para detener las movilizaciones de forma temporal.

“Hemos llegado a un acuerdo responsable (…) vamos a detener las movilizaciones momentáneamente (…) porque hoy no podemos garantizar la integridad, la libertad ni la vida de quienes protestan”.

No obstante, advirtió que en los próximos días anunciará nuevas acciones y subrayó que el movimiento no tiene un carácter económico, sino que responde a una crisis de seguridad.

Paro nacional del 6 de abril: bloqueos y discrepancias en cifras

El paro nacional fue convocado por ANTAC en conjunto con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), con movilizaciones reportadas por las organizaciones en al menos 20 estados del país.

En contraste, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que se registraron 11 bloqueos en nueve entidades, lo que evidenció diferencias entre las cifras oficiales y las de los convocantes.

Las afectaciones se concentraron en carreteras estratégicas, principalmente en accesos a la Ciudad de México y rutas comerciales clave.

Gobierno federal rechaza motivos del paro y llama al diálogo

Previo y durante las movilizaciones, la Secretaría de Gobernación sostuvo que “no existe razón para manifestarse”, al asegurar que las demandas del sector han sido atendidas.

La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, reiteró la disposición del Gobierno federal para mantener el diálogo y pidió evitar bloqueos que afecten a terceros.

Según la dependencia, se han realizado mesas de trabajo y otorgado apoyos al sector transporte y agrícola en los últimos meses.

Sheinbaum minimiza impacto de bloqueos y reitera apertura

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “pocos” los bloqueos registrados durante la jornada y aseguró que en varios casos se habilitaron rutas alternas.

“Fueron realmente pocos bloqueos (…) y se atiende, siempre va a haber diálogo”, declaró.

También reiteró que los apoyos gubernamentales se entregan de manera directa a los trabajadores, no a organizaciones.

Inseguridad y costos, eje de las demandas del transporte

Las organizaciones convocantes han insistido en que el paro responde a problemas estructurales, especialmente la inseguridad en carreteras.

Denuncian que delitos como robos, extorsiones y agresiones forman parte de la actividad cotidiana del sector, lo que impacta directamente en operadores y sus familias.

A ello se suman los altos costos operativos, como el precio del diésel, peajes y otros insumos.

Principales exigencias de transportistas y productores

Durante la jornada, transportistas y productores agrícolas plantearon demandas concretas al Gobierno federal:

• Mayor seguridad en carreteras y combate a robos y extorsiones
• Reducción en el costo del diésel y otros insumos
• Eliminación de actos de corrupción en retenes
• Tarifas justas para el transporte de carga
• Apoyos directos al campo y mejores condiciones de comercialización
• Mejora de infraestructura carretera
• Fin a la criminalización del transporte y del sector agrícola

Conflicto abierto y próximas movilizaciones

Aunque la ANTAC suspendió temporalmente el paro, el conflicto con autoridades federales permanece abierto.

La organización dejó claro que la pausa responde a condiciones de riesgo y no a la resolución de sus demandas, por lo que prevé retomar movilizaciones en los próximos días.

“No hay mesa de diálogo que pueda sustituir la realidad que se vive en el asfalto”.

El desenlace dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse entre autoridades y organizaciones en un contexto donde el transporte de carga y el campo mantienen un papel clave en la economía nacional.

Tras casi dos horas de tormentos, los asaltantes huyeron del lugar en el vehículo y, según confirmaron fuentes del caso a Infobae, hasta este lunes, continuaban prófugos.

El hecho ocurrió el viernes pasado, cerca de las 2.47 de la madrugada, cuando las cámaras de seguridad registraron los movimientos de los sospechosos. Llegaron a bordo de un auto de color blanco y estacionaron en la esquina de Esteban de Luca y Patrón y Domingo Victorio de Achega, en el barrio Las Nieves y a tan solo 300 metros de la transita ruta nacional N° 3.

Una vez en el lugar, uno de los delincuentes descendió del vehículo y se aseguró de que no haya testigos. Segundos después, detrás de él aparecen sus dos cómplices, que se pararon frente a la puerta de ingreso a la vivienda, se treparon a la fachada y saltaron al patio interno de la casa.

La víctima fue sorprendida por los asaltantes mientras descansaba sola en su habitación, debido a que, según confiaron fuentes del caso a este medio, su esposo estaba de viaje. Entredormida, la mujer escuchó ruidos en la parte trasera de su casa, abrió la puerta del fondo y fue en ese momento cuando los asaltantes lograron acceder al interior de la vivienda.

Con las pertenencias de valor en su poder y la víctima maniatada en el baño, los tres atacantes abrieron el portón del garage de la vivienda, se subieron a la camioneta utilitaria de la jubilada y al Fiat Cronos en el que se movía la banda, y huyeron en dirección a la calle Pedro M. Obligado.

Según consigna el medio Primer Plano Online, la mujer fue asistida tras lograr ser liberada, pero no logra superar el shock por la pesadilla que vivió en su propia casa.

La investigación está en manos del fiscal Gastón Bianchi, titular de la UFI N° 3 de La Matanza, quien trabaja para dar con los sospechosos. En ese sentido, una de las grabaciones a las que accedió este medio muestra el rostro al descubierto de uno de ellos, lo cual puede ser determinante para que los investigadores puedan determinar su identificación.

¿Qué tema marca la conversación pública en América Latina? Por años, las discusiones y análisis se centraron en inflación, devaluación, crecimiento económico o reformas del Estado. Hoy es claro que el eje de la discusión política se ha desplazado, convirtiendo a la seguridad en la protagonista del debate, la principal preocupación de los ciudadanos y, cada vez más, el factor decisivo de las elecciones.

No se trata de un fenómeno aislado. Es la expresión acumulada de una realidad: el avance del crimen organizado, la expansión de economías ilegales y la pérdida progresiva de control territorial por parte del Estado en todo el continente. Frente a esto, el ciudadano ha cambiado su prioridad. Ya no busca únicamente promesas de desarrollo. Exige algo más básico y urgente: poder vivir sin miedo.

Las campañas políticas han respondido a esta demanda. Desde la narrativa de “law and order” que fue uno de los temas centrales de las campañas de Donald J. Trump en Estados Unidos, hasta la elección de Daniel Noboa en Ecuador, la propuesta de José Antonio Kast en Chile, y el debate actual en Perú, el patrón es evidente. Los votantes están premiando a quienes ofrecen orden, control y resultados, y están castigando la ambigüedad, la indecisión o la incapacidad de confrontar al crimen.

Es precisamente a partir de la centralidad de este tema que se ha construido el caso de éxito de El Salvador, que en pocos años pasó de ser el país más violento del mundo a convertirse en un referente regional de recuperación de la autoridad estatal, la reducción de los índices de criminalidad y la disuasión contra las estructuras criminales. Zonas enteras que antes vivían bajo el control de pandillas y maras, hoy muestran actividad económica y una sensación de normalidad que parecía impensable hace pocos años. Este resultado en materia de seguridad es el que explica la fuerza político–electoral del presidente Nayib Bukele.

A pesar de esta innegable transformación, sería un error asumir que existe una receta salvadoreña replicable. Lo que observamos, y que constituye una lección valiosa, es una combinación de factores específicos. Basado en la experiencia comparada y en los años de seguimiento a este tema desde mi rol en la Casa Blanca, destaco tres conclusiones fundamentales para enfrentar el problema de la inseguridad.

Marco legal. La lucha contra el crimen exige políticas públicas y herramientas legales que, de manera efectiva, disuadan la actividad criminal, castiguen apropiadamente a aquellos que cometan delitos, y reduzcan la probabilidad de reincidencia. Durante décadas, los países de la región enfrentaron estructuras criminales complejas con herramientas jurídicas obsoletas: tipos penales simples y delitos individuales. El resultado fue un desbalance evidente: organizaciones con jerarquías, control territorial y capacidad de intimidación masiva frente a sistemas legales débiles, fragmentados y lentos. Lo que sucede en el mundo de hoy exige reformas sustantivas y procesales que permitan perseguir a organizaciones completas, responsabilizar cadenas de mando y agilizar la respuesta del sistema de justicia. Incorporar delitos complejos y abordar temas que van desde la violencia común hasta el cíber crimen. No se trata únicamente de endurecer penas; hay que hacer viable la acción estatal frente a una realidad criminal distinta.

Infraestructura. Garantizar el orden público requiere no solo herramientas legales, sino también recursos y herramientas físicas que le permitan a las fuerzas del orden hacer su trabajo. Hacen falta buenos equipos de protección, armamentos y tecnología. No se puede enviar a un policía a patrullar las calles en bicicleta o a un soldado a un campo de batalla con un cuchillo. Hay que equiparlos con los vehículos, las armas y las tecnologías más efectivas y sofisticadas. También hay que pagarles bien: a los militares, a los policías, a los fiscales, a los jueces, y a todos los funcionarios públicos encargados de nuestra seguridad.

Igualmente, se requieren centros de rehabilitación y cárceles bien diseñadas, construidas y supervisadas, con los controles de seguridad más avanzados y estrictos. En un mundo de crimen transnacional, híper conectado y tecnificado, la seguridad también exige inteligencia criminal, integración de bases de datos, sistemas de identificación, análisis de información y profesionalización de los agentes estatales que intervienen en todas las etapas. Es el paso de una lógica reactiva a una estrategia basada en anticipación y conocimiento. Sin estas capacidades, incluso el mejor marco legal queda reducido a una declaración de intenciones.

Actitud. Si bien la lucha contra el crimen requiere herramientas legales que deben pasar por un proceso político y herramientas físicas que necesitan presupuesto, hay un tercer ingrediente que es imprescindible y, afortunadamente, gratis: una actitud adecuada –una actitud implacable contra el crimen, equipada con las “herramientas mentales” necesarias para enfrentar al problema de una manera contundente. Llámese liderazgo, convicción o carácter, me refiero a la certeza inquebrantable de los tomadores de decisiones y de la sociedad en general que el objetivo de recuperar la seguridad no es negociable.

Tiene que quedar claro que el Estado existe, primero, para proteger a quienes cumplen la ley; que su prioridad está en los derechos de las víctimas, no de los victimarios. Los cambios legislativos, las políticas públicas, la asignación de recursos, todas envían señales. Definen a quién se protege primero y a quién se coloca en el centro de la acción estatal. Esto fue lo que más me llamó la atención cuando tuve la oportunidad de compartir experiencias con el Ministro de Seguridad de El Salvador en el curso ejecutivo que el Adam Smith Center for Economic Freedom organizó hace poco en Lima, Perú. El Ministro Villatoro expuso sin ambages una idea importante: quien despoja de humanidad a sus víctimas, debe ser tratado en consecuencia. Quien va en contra de los derechos de los otros, perderá los propios, y el Estado es el encargado de que eso se cumpla.

Cuando esta idea se toma en serio, el Estado deja de ser neutral y su mensaje debe ser claro: la prioridad es proteger y defender a quien cumple la ley, a quien respeta la vida, la integridad, la propiedad. Son esas personas las que están en el centro de la acción estatal. No es normal vivir con miedo, o que los ciudadanos inocentes vivan encarcelados en sus propias casas. Pagar extorsiones no es el costo de hacer negocios. Los jóvenes deben saber que sus opciones y su futuro están en la legalidad.

Las críticas a las políticas de “mano dura” han planteado una falsa disyuntiva: como si el legítimo debido proceso de un investigado debiera debilitar la protección de las víctimas y quienes cumplen la ley. El desafío real no es elegir entre uno u otro, sino restablecer el equilibrio. El Estado debe garantizar los derechos humanos de quien los respeta en sus pares y debe usar la fuerza legítima para asegurar que así suceda. Los ciudadanos están reorganizando el mapa político a favor de quienes estén en esa línea, y lo hacen con toda razón.

*El autor es empresario, estratega político y exdirector de Políticas Públicas de la Casa Blanca. Es el Director Fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmó el inicio de un paro nacional indefinido a partir del lunes 6 de abril, ante lo que calificó como falta de respuestas “reales y efectivas” por parte del gobierno federal.

En un comunicado, la organización informó que la movilización se realizará mediante la presencia de unidades en carreteras y puntos estratégicos del país, lo que podría generar afectaciones en distintas vialidades de alta circulación.

La ANTAC señaló que la decisión responde a una crisis acumulada en el sector, marcada por inseguridad, costos elevados y falta de condiciones para operar.

Inseguridad en carreteras, principal detonante del conflicto

De acuerdo con el posicionamiento, la violencia en carreteras federales es uno de los factores centrales del paro.

Los transportistas denunciaron que delitos como robos, homicidios, desapariciones y extorsiones forman parte de su actividad cotidiana.

“La falta de acción efectiva de las autoridades ha dejado al sector en estado de indefensión”, expuso la organización.

Además, señalaron que no existen mecanismos suficientes de protección para los operadores ni para las familias de quienes han perdido la vida en el ejercicio de su trabajo.

Costos operativos y corrupción agravan la crisis del transporte

Otro de los puntos señalados por los transportistas es el impacto económico que enfrentan, particularmente por el aumento en el precio del combustible, peajes y cargas fiscales.

Indicaron que estas condiciones afectan principalmente al llamado “hombre-camión” y a pequeños transportistas, quienes enfrentan mayores dificultades para sostener sus operaciones.

A esto se suma la denuncia de prácticas de corrupción en retenes y puntos de revisión, lo que, aseguraron, incrementa los costos y vulnera la actividad del sector.

Carreteras y autopistas con posibles bloqueos

El paro contará con la participación del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, que agrupa a productores agrícolas. Ambas organizaciones prevén bloqueos desde las primeras horas del lunes en vías clave del país.

Entre las carreteras donde se anticipan afectaciones se encuentran:

• México–Puebla
• México–Querétaro
• México–Pachuca
• México–Cuernavaca
• México–Jorobas
• Carretera 45 (Panamericana)
• Carretera 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)
• Autopista de Occidente
• Culiacán–Mazatlán
• Morelia–Pátzcuaro
• Salamanca–Celaya
• Vía corta a Chihuahua

Las movilizaciones se concentrarán especialmente en accesos a la Ciudad de México y rutas estratégicas para el traslado de mercancías.

Exigencias del sector transportista

Las organizaciones convocantes señalaron que el paro busca presionar para el cumplimiento de acuerdos previos y la implementación de medidas inmediatas.

Entre sus principales demandas se encuentran:

• Seguridad permanente en carreteras federales
• Fin a la extorsión y corrupción en retenes
• Condiciones económicas justas para el transporte de carga
• Apoyo a familias de transportistas víctimas de la violencia
• Eliminación del IEPS al diésel para el sector
• Cumplimiento de acuerdos establecidos con el gobierno federal
• Atención al abandono del campo y mejora en políticas agrícolas

Llamado al gobierno y a la ciudadanía

Los transportistas subrayaron que el movimiento será pacífico y que no está dirigido contra la población, sino contra las condiciones que afectan al sector.

“Este movimiento es pacífico y en defensa de nuestro derecho a trabajar con dignidad”, indicaron.

Por su parte, Álvaro Martínez Aguilar, director jurídico nacional de la ANTAC, afirmó: “El gobierno no ha cumplido las promesas de meter mayor seguridad en las carreteras (…) las molestias son temporales y los beneficios deben ser permanentes”.

Las organizaciones hicieron un llamado a la ciudadanía a anticipar traslados y tomar previsiones ante posibles afectaciones.

En tanto, la Secretaría de Gobernación solicitó evitar bloqueos y mantener el diálogo para no perjudicar a terceros.

El paro ocurre tras una mesa de diálogo reciente entre autoridades y transportistas, sin que hasta ahora se hayan alcanzado acuerdos que frenen la movilización.

Desde la reconocida tienda de café Castello Café informaron que el mismo hombre también habría sustraído dinero y un teléfono móvil de una de las empleadas del establecimiento. Según la publicación oficial de la empresa, el adulto mayor “aprovecha un momento de distracción de nuestros colaboradores, para sacar una suma importante de dinero de la caja y para robar el celular de una de las baristas”.

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El hecho ocurrió el 23 de diciembre de 2024 a las 11:32 a. m., de acuerdo con la tienda, aunque la difusión del video tomó fuerza recientemente, luego de que se hicieran públicas las grabaciones de su robo en El Dorado.

Al parecer, el modus operandi del hombre mantiene características similares en ambos delitos. Su apariencia formal, con traje, corbata, y su comportamiento tranquilo le permiten pasar desapercibido.

Ante este incidente, el establecimiento publicó las imágenes del suceso ocurrido en su momento y destacó su preocupación por el hecho de que una persona de este tipo actuara restando importancia al esfuerzo y trabajo de quienes laboran allí.

“Nos duele profundamente que existan personas que viven de hacerle daño a quienes trabajamos con esfuerzo y honestidad (...) Pero agradecemos que las autoridades actúen y que poco a poco se haga justicia”, escribieron desde la cuenta de Instagram de la tienda.

Robo en El Dorado: adulto mayor captura la atención de Bogotá

El miércoles 1 de abril, mientras la ciudad vivía la agitación propia de la temporada de Semana Santa, el Aeropuerto Internacional El Dorado se convirtió en escenario de un robo que ha sorprendido tanto a viajeros como a comerciantes. Un hombre de avanzada edad, con cabello completamente canoso y vestido con traje y corbata, con un maletín de oficina, ingresó a un local de tecnología y sustrajo aproximadamente cuatro millones de pesos.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron cada movimiento del individuo; en el registro, que circula ampliamente en redes sociales, se observa cómo analiza el entorno con cuidado antes de actuar.

Asegurándose de que la tienda se encontraba vacía, abrió un cajón del mostrador y retiró el dinero, que fue de aproximadamente $4 millones, guardándolo dentro de su saco sin mostrar nerviosismo. Posteriormente, abandonó el lugar con total normalidad, como si nada hubiera ocurrido.

El local afectado, Almacén Wefone, confirmó oficialmente la pérdida y entregó las grabaciones a las autoridades. Según la información proporcionada, el hurto ocurrió alrededor de las 11:00 a. m., momento en el que la afluencia de clientes era baja, lo que facilitó la acción del adulto mayor.

Así reaccionaron en redes sociales a la similitud de los casos de robo

Ahora, con el hecho de que se conoció la identidad y que, al parecer, se trataría del mismo hombre, las personas y usuarias de las redes sociales han mostrado su rechazo hacia la actuación del hombre. Sienten que se aprovecha de su apariencia más “mayor” y “decente” para robar. Por lo tanto, aunque no está confirmado que sea la misma persona, las imágenes parecen indicar que sí lo es, aunque falta la confirmación de las autoridades.

En la publicación de la tienda de café, los usuarios expresaron: “Es el mismo que sale en otro robo en el dorado, ojo”; “Ya está identificado, lo que tienen es que apresarlo”; “Imposible que nadie lo conozca. Hay que dar nombre, donde vive, con quien vive, toda la información”; “Ese sr se la pasa en el centro pir los lados de la Unoverosdad Javeriana ,super bien vestido y pidiendo dinero diciendo que lo habían acabado de robar”.

La víctima fue identificada como Deysi G.M. (30), quien se encontraba alojada en el hostal Rodrigo’s, situado en la avenida Costanera. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró alrededor de las 8:30 p. m., cuando se escucharon al menos tres disparos que interrumpieron la tranquilidad del lugar.

Ataque armado y traslado de la víctima

Tras el ataque, la mujer fue auxiliada de emergencia y trasladada al Hospital Regional del Cusco. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los impactos de bala.

El hecho se produjo dentro del establecimiento de hospedaje, lo que generó alarma entre los presentes. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para recabar información y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el crimen.

Huida del presunto autor

Las cámaras de seguridad del hospedaje registraron el momento en que el presunto responsable abandonó el lugar tras perpetrar el ataque. En las imágenes se observa a un sujeto vestido de negro y con el rostro cubierto, quien, antes de escapar, realizó disparos contra la puerta de vidrio del local.

Posteriormente, el individuo salió a la vía pública e intentó abordar un vehículo que transitaba por la zona; no obstante, al no lograrlo, continuó su fuga a pie con rumbo desconocido. La secuencia registrada ha permitido reconstruir parte de la ruta de escape del sospechoso.

Evidencias y acciones policiales

Las grabaciones de videovigilancia se han convertido en un elemento clave para la investigación, ya que muestran tanto la llegada del sujeto como su salida del hospedaje tras el ataque. Estas imágenes son analizadas por las autoridades para identificar al presunto autor.

La Policía Nacional del Perú informó que se han desplegado operativos en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de ubicar y capturar al responsable. Hasta el momento, no se ha precisado el móvil del crimen, mientras continúan las investigaciones.

Conmoción y proceso de investigación

El asesinato ha generado consternación en la población cusqueña, especialmente por tratarse de una turista extranjera y por haberse producido en una fecha significativa como el Viernes Santo. El caso ha sido tipificado como delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos, determinar las circunstancias del ataque y establecer responsabilidades. Asimismo, se espera que el análisis de las pruebas recopiladas permita avanzar en la identificación y captura del presunto agresor.

Un hombre de avanzada edad, vestido con traje y corbata, ingresó a un local de tecnología y robó aproximadamente $4 millones, según confirmaron las autoridades y el propio establecimiento afectado. El video, difundido ampliamente en redes sociales, muestra la manera en que el individuo actuó con total sigilo durante la mañana, alrededor de las 11:00, cuando la tienda se encontraba vacía.

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Las imágenes de seguridad documentan cada paso del hurto. Primero, el hombre observa el entorno con suma cautela. Permanece cerca del mostrador, asegurándose de que nadie se aproxime.

Luego, abre un cajón previamente identificado y extrae un fajo de billetes que deposita en su saco. Sale del establecimiento sin levantar sospechas, mientras toda la secuencia es grabada por las cámaras del lugar. El local afectado, Almacén Wefone, reportó oficialmente la pérdida del dinero.

El material audiovisual del hurto en el Aeropuerto El Dorado se convirtió en el elemento central de la investigación. La Policía ya tiene en su poder las imágenes y trabaja en la identificación plena del presunto responsable.

En el video, de aproximadamente 30 segundos, se observa cómo el hombre, de cabello canoso, ejecuta la acción sin mostrar nerviosismo y abandona el local en cuestión de segundos. Hasta el momento, ni el establecimiento afectado ni la administración del aeropuerto han emitido un pronunciamiento público sobre el caso.

Reacciones y preocupación por la seguridad en El Dorado

La difusión del video provocó una oleada de reacciones en redes sociales. Decenas de usuarios expresaron su inquietud ante lo que consideran una falla grave en los protocolos de vigilancia del Aeropuerto El Dorado, considerado el de mayor tráfico aéreo en Colombia.

Varios comentarios manifestaron temor ante la posibilidad de que hechos similares puedan repetirse y pusieron en duda la seguridad de los comercios que operan dentro de la terminal.

Algunos usuarios también señalaron que, en días recientes, varias personas han estado solicitando dinero en distintos comercios dentro del aeropuerto, lo que genera mayor preocupación entre viajeros y trabajadores.

En este contexto, la Policía y los administradores del aeropuerto iniciaron una revisión exhaustiva de los sistemas de vigilancia y esperan que el análisis del material videográfico permita identificar y capturar al responsable del robo.

El contexto de los hurtos en Bogotá

Con base en datos oficiales de la Alcaldía de Bogotá, los casos de hurto en la ciudad mostraron un descenso en lo que va de 2026. Entre enero y febrero, el hurto a personas disminuyó un 38,3%, al pasar de 21.088 reportes en 2025 a 13.017 en el mismo periodo de 2026.

Esta reducción equivale a 8.071 denuncias menos respecto al año anterior, según informó la Administración. La estrategia para combatir este delito incluye operativos interinstitucionales y controles en todas las localidades.

En cuanto al hurto a celulares, también se reportó una disminución del 33%. Los casos pasaron de 6.262 en 2025 a 4.175 en 2026. Las autoridades implementan verificaciones de Imei en los puntos de venta y controles para desincentivar la comercialización de equipos robados.

Por su parte, el hurto a comercios, como el ocurrido en El Dorado, mostró una caída drástica del 74,8%: en los dos primeros meses de 2026 se registraron 453 casos, frente a 1.795 en 2025. Este descenso representa 1.342 comerciantes menos afectados.

Percepción de seguridad

La reciente Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá indica que, aunque hay una leve mejora en la percepción de seguridad, la preocupación ciudadana persiste.

El 66% de los encuestados considera que la inseguridad ha aumentado, cifra ligeramente menor al 69,3% del 2025. El porcentaje de personas que declaró haber sido víctima de algún delito pasó de 15,3% a 14,9%, y los delitos cibernéticos experimentaron un incremento importante, afectando al 19,5% de los consultados.

Según el testimonio de la víctima, recogido por CityTv, la situación se desarrolló en cuestión de segundos.

“Nos bajamos del taxi, entramos al establecimiento y no duramos sino en sentarnos; en dos minutos fue cuando entró la persona a hurtarnos la cadena. Eso fue el momentico en que entró, hizo forcejeo con la persona y, gracias a Dios, la Policía Nacional llegó muy oportunamente”, aseguró el afectado.

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Las cámaras de seguridad del local captaron cuando el joven, portando un arma de fuego, intimidó a un hombre que compartía mesa con una mujer. El asaltante logró quitarle una cadena de oro valorada en cerca de $2 millones, generando momentos de pánico entre los presentes.

La reacción colectiva y la intervención policial

De acuerdo con el reporte del medio citado, un ciudadano sentado detrás de la víctima fue el primero en responder y enfrentó al agresor. Luego, otros clientes del restaurante se sumaron y lograron reducir al joven, estableciendo un forcejeo que se prolongó durante varios segundos.

El comandante de la Policía de Antonio Nariño, coronel Carlos Rodríguez, explicó que “había ingresado un ciudadano de 18 años a hurtar las pertenencias de uno de los comensales”. Además, señaló que las patrullas de vigilancia, que recorrían la zona de restaurantes, fueron alertadas por la activación de una alarma en el local.

“Nuestra patrulla de vigilancia policial observa que al interior de este establecimiento se estaba presentando un forcejeo entre algunos ciudadanos”, detalló el oficial, citado por CityTv.

La acción conjunta de los clientes y la oportuna llegada de la Policía permitieron la captura del presunto delincuente. Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un arma de fuego tipo revólver, de características traumáticas, y recuperaron la cadena robada. Además, hallaron en poder del joven un anillo y una manilla de oro, cuya procedencia está bajo investigación.

Heridos y consecuencias del incidente

En medio del forcejeo, el presunto ladrón accionó el arma traumática y causó una herida leve en el hombro a uno de los comensales. El propio agresor también sufrió una lesión en el pie. “Durante ese forcejeo se acciona el arma de fuego tipo revólver, traumática, lesionando no de gravedad en el hombro a uno de los ciudadanos”, informó el coronel Rodríguez.

Tanto el ciudadano lesionado como el joven detenido fueron trasladados a un centro médico, donde recibieron atención y se confirmó que ninguno presentaba heridas de gravedad. El implicado quedó bajo custodia y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos de hurto, porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales.

Las autoridades verifican si los objetos en poder del detenido, además de la cadena recuperada, están vinculados a otros hechos similares en la ciudad. El hecho ocurrió específicamente en la calle 17 con carrera 12, una zona reconocida por su actividad comercial y gastronómica en el sur de la capital.

El llamó la atención, tanto por la rápida reacción de los ciudadanos como por la respuesta de la Policía Nacional. La secuencia registrada en video, circual en redes sociales evidenciando la tensión y el riesgo de este tipo de incidentes en espacios públicos de Bogotá.

La captura del presunto agresor se suma a las acciones que la Policía Metropolitana de Bogotá adelanta en diferentes puntos de la ciudad, donde se han reportado casos similares de robo en restaurantes y establecimientos comerciales.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, seis personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos simultáneos en el Gran Buenos Aires, por orden de la Unidad Fiscal de Concordia y el Juzgado de Garantías N° 1 de Entre Ríos. Fueron en el marco de una investigación por el robo agravado a la casa de una mujer de 55 años, ocurrido el 17 de febrero pasado.

De acuerdo con la denuncia, la víctima sufrió el robo tras regresar de viaje y hallar violentada una puerta lateral. Los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, joyas, relojes, prendas de vestir y elementos de perfumería.

La detención de la banda se dio a raíz del análisis de material fílmico, seguimiento de vehículos, entrecruzamiento de llamadas y geolocalización, lo permitió identificar a la banda organizada presuntamente por los hermanos Chiesa y dedicada a robos en propiedades lujosas de la zona.

A partir de los elementos recabados en la investigación, se libraron seis órdenes de allanamiento vía exhorto en territorio bonaerense. Los lugares señalados por los investigadores fueron los partidos de Moreno, Merlo, San Miguel y Malvinas Argentinas. En la investigación se estableció que la organización aprovechaba la ausencia de los dueños de las casas para lograr su objetivo.

Allí, durante los procedimientos -que se realizaron el martes- se secuestraron dos inhibidores de señal, un revólver calibre 32 Doberman con dos municiones, un revólver calibre 22 Pasper sin numeración, 55 municiones calibre 9 mm, relojes de distintas marcas, joyas, perfumes, una bicicleta Alpina, una estufa, aires acondicionados, un horno eléctrico, televisores, afeitadoras, cajas de herramientas, una PlayStation 5, grifería y equipos de telefonía celular.

Parte de los objetos secuestrados habían sido adquiridos con dinero proveniente de los robos que habían cometido, según las fuentes judiciales consultadas por este medio.

Entre los detenidos se encuentran Norberto Ángel Chiesa (43), Luciana Cisterna (45), Geremías Horacio Pacheco (40), Macarena Melina Alcaraz (34), Blanca González Velázquez (34) y David de Sena Arias (43). Los últimos dos, de acuerdo con las fuentes, tienen DNI extranjero. Los acusados serán llevados a la provincia de Entre Ríos en las próximas horas.

De acuerdo con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua - Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), los asesinatos de los activistas Samir Flores y Sandra Rosa Camacho no son hechos aislados, más bien existe un patrón de asesinato político. La organización declaró que el homicidio de Sandra Rosa Camacho fue un mensaje.

Samir Flores fue un defensor de los pueblos indígenas, quien se opuso a la construcción de una planta termoeléctrica internacional en Morelos, misma que tuvo un gran impacto negativo en el medio ambiente. Luego de hacer frente directamente a las autoridades del estado, fue asesinado a tiros en su casa en 2019.

Hace cuatro días, la situación volvió a suceder; Sandra Rosa Camacho, activista de Temoac denunciaba en 2025 la inseguridad en su localidad y señaló directamente al alcalde, Valentín Lavín Romero y a allegados. El 27 de marzo, Sandra Rosa, al igual que Samir, fue acribillada.

El Frente de Pueblos denuncia patrón sistemático

La exigencia de una investigación a fondo contra el alcalde con licencia de Temoac, Valentín Lavín Romero, ha escalado en los últimos días, luego de que diversas organizaciones comunitarias lo señalaran como presunto responsable de los asesinatos de los activistas Samir Flores y Sandra Rosa Camacho. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala sostiene que ambos crímenes revelan una continuidad en la violencia política y el control caciquil, marcando un fenómeno de impunidad que ha caracterizado a la región durante los últimos nueve años.

Una cifra que expone la magnitud de la crisis y diferencia a Temoac de otras regiones rurales de la entidad es la reportada por el propio Frente: 15 personas fueron asesinadas en los últimos cuatro meses en el municipio, víctimas de la “célula del crimen organizado” asociada a la familia Aparicio, sin que las autoridades hayan neutralizado su influencia ni ofrecido garantías de seguridad.

En una jornada marcada por la violencia, Sandra Rosa Camacho murió el 26 de marzo tras recibir un disparo en la cabeza cuando salió de su domicilio para atender a una persona que alegó llevar una cooperación para la iglesia, un modus operandi que, de acuerdo con el abogado Juan Carlos Flores del Frente de Pueblos Indígenas de la Tierra y el Agua, repite el esquema empleado en el homicidio de Samir Flores.

Denuncias previas e impunidad: el desafío de investigar al alcalde

Pocos meses antes de su asesinato, el 11 de agosto de 2025, Sandra Rosa había intervenido en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad. Frente a la gobernadora Margarita González Saravia y al propio Valentín Lavín Romero, denunció la existencia de redes de extorsión y violencia y solicitó la presencia de la Guardia Nacional, al advertir: “He dicho siempre: mi vida está en riesgo porque soy la única que se está inconformando”. Durante su intervención, advirtió: “Queremos que la paz vuelva a Temoac… no tenemos nada en contra de nadie, pero sí nos molesta que vengan a abusar de la gente”, refiriéndose a los cobros extorsivos en pequeños comercios.

La respuesta institucional a sus denuncias fue calificada de insuficiente. En ambos crímenes persiste “un grado de impunidad que no puede ser soportable si no es por una protección que venga de las más altas esferas del gobierno”, denunció el Frente, quienes también acusaron: “¿Cuántas reuniones más seguirá teniendo con el edil de Temoac sin hacer absolutamente nada para investigarlo y detenerlo a él y a la familia de los Aparicio?”

Sandra Rosa Camacho y Samir Flores fueron asesinados en circunstancias casi idénticas mientras enfrentaban desde la organización social y política al poder local en Temoac, ambos bajo la gestión de Valentín Lavín Romero, cuya responsabilidad es ahora exigida públicamente para evitar la perpetuación de la impunidad y la violencia estructural en la región.

El Gobierno de José María Balcázar oficializó la creación de un grupo de trabajo que tendrá hasta 330 días para diseñar un programa de gasto en seguridad ciudadana, en medio de una escalada de violencia que golpea especialmente al transporte público en Lima y otras ciudades del país. La medida fue aprobada mediante una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y no implica acciones inmediatas contra la delincuencia.

La norma establece la conformación de un equipo multisectorial que deberá elaborar un Programa Presupuestal orientado a Resultados (PPoR), es decir, un plan técnico que defina cómo debe usarse el dinero del Estado para reducir la criminalidad.

Un plazo de casi un año en medio de extorsiones

El dato que llama la atención en la resolución es el tiempo: el grupo tendrá hasta 330 días calendario para cumplir su tarea. Esto ocurre en un contexto en el que los ataques contra transportistas no se detienen.

En los últimos días, un chofer y dos pasajeros murieron tras un atentado contra la empresa “Los Rojitos” en San Juan de Miraflores. Además, las amenazas ya no solo se dirigen a buses, sino también a las viviendas de los conductores, lo que ha generado temor en el sector.

A esto se suman protestas, anuncios de paro y el despliegue de policías y militares en cocheras y rutas. Solo en Lima Norte, cerca de 500 efectivos resguardan 64 patios de maniobra, en un intento por contener la violencia. Pero todo esto parece insuficiente.

En ese escenario, la decisión de tomarse varios meses para diseñar un plan abre el debate sobre la velocidad de respuesta del Estado frente a la inseguridad. Además, a esto se suma los constantes cambios en los ministerios.

¿Qué hará exactamente este grupo de trabajo?

Según la norma, el equipo estará integrado por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, el MEF, el Ministerio del Interior, la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Su tarea principal será diseñar un programa que identifique qué acciones funcionan para reducir delitos y cómo deben financiarse. Para ello, deberán basarse en evidencia y realizar discusiones técnicas.

El resultado final será un informe que se entregará al Ministerio de Economía.

Además, podrán convocar a otras entidades como el INPE, Migraciones o la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiendo de los temas que se aborden.

No hay más dinero ni medidas inmediatas

Uno de los puntos clave de la disposición es que este grupo no contará con presupuesto adicional. Funcionará con los recursos ya existentes de las instituciones involucradas y sus integrantes no recibirán pagos extra.

Esto ocurre mientras otras entidades, como el Ministerio Público, enfrentan serias limitaciones. Fiscalías en el interior del país han reportado que no tienen presupuesto suficiente ni siquiera para pagar servicios básicos como luz o internet.

En ese contexto, especialistas, como Jorga Chávez Cotrina, Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada recordó que el problema no solo pasa por diseñar estrategias, sino por contar con recursos para ejecutarlas.

Medidas paralelas que avanzan lentamente

Mientras se diseña este nuevo programa, el Gobierno ha anunciado otras acciones, como la instalación de cámaras en buses. Sin embargo, estas medidas también han tenido retrasos.

El exministro del Interior señaló que se instalarán 40 mil cámaras en unidades de transporte en un plazo menor a 60 días. No obstante, esta iniciativa ya había sido planteada meses atrás y su implementación sigue un proceso administrativo que incluye licitaciones.

En paralelo, la Policía ejecuta operativos como “Corredor Seguro” y “Transporte Seguro”, con patrullaje en rutas y presencia de agentes dentro de buses.

Un plan que aún no llega a las calles

La creación del grupo de trabajo responde a una disposición incluida en la Ley de Presupuesto 2026, que declaró la seguridad ciudadana como prioridad del Estado.

Sin embargo, la resolución no introduce cambios inmediatos en la lucha contra la delincuencia. Tampoco modifica leyes ni dispone nuevas acciones operativas.

En la práctica, el Estado ha iniciado un proceso para definir cómo gastar mejor el dinero en seguridad, pero ese proceso tomará meses.

Dos delincuentes con un amplio prontuario delictivo fueron detenidos este fin de semana en el barrio porteño de San Cristóbal, luego de que ambos se hicieran pasar por pasajeros de un taxi y asaltaran al conductor con un cuchillo de cocina. A pesar de que escaparon con la recaudación del trabajador, personal de la Policía de la Ciudad detuvo a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del hecho, donde también recuperaron el dinero.

Tras haberlos atrapado, las autoridades pudieron confirmar que se trataba de dos individuos de 29 —identificado como I.A.D.— y 30 años —individualizado como L. A. B.— , con un importante historial delictivo que incluye robos, hurto agravado de vehículos, infracciones a la Ley de Drogas, lesiones y amenazas.

Fuentes vinculadas al caso indicaron a Infobae que uno de los acusados arrastraba causas por hurto agravado de vehículos y también por lesiones, mientras que el otro enfrentaba procesos por infracciones a la Ley de Drogas y por efectuar amenazas.

Las autoridades remarcaron que ambos habían recuperado la libertad en los últimos meses y se encontraban bajo vigilancia por reincidencia.

La víctima, un hombre de 68 años de Lomas de Zamora, sufrió graves heridas de arma blanca, visibles al momento de hacer la denuncia el jueves de la semana pasada. De acuerdo con su relato ante las autoridades policiales, los ahora imputados simularon ser pasajeros para abordar un taxi en la zona de Pavón al 2400.

Cuando llegaron a destino, lo amenazaron con un cuchillo y lo obligaron a entregar la recaudación. La intervención policial se activó tras la denuncia inmediata del taxista que detuvo a un móvil y relató lo acontecido con las dos personas de sexo masculino.

Los efectivos de la Comisaría Vecinal 3B recibieron la alerta y desplegaron un operativo cerrojo en el área, utilizando las descripciones aportadas por el conductor para identificar a los sospechosos. Ambos fueron interceptados a pocas cuadras del hecho -dado que habían escapado a pie-, y reducidos sin que opusieran resistencia significativa.

Los imputados fueron identificados y detenidos. Así, pudieron establecer que se trata de hombres en situación de calle. Al momento de la detención, se hallaron entre sus pertenencias el dinero sustraído y un cuchillo tipo Tramontina con mango negro, que habría sido utilizado en el asalto.

Inmediatamente, el personal policial procedió a secuestrar los elementos involucrados en el ataque. De esta manera, iniciaron las medidas de rigor correspondientes para la investigación del hecho.

El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°15, a cargo de la Dra. Karina Zucconi, con intervención de la Secretaría N°146 del Dr. Patricio Iuzzolino. Se labraron actuaciones bajo la carátula de “robo con arma blanca y lesiones”, mientras los imputados permanecen detenidos a disposición de la Justicia. Los investigadores evalúan posibles conexiones con otros hechos recientes bajo una modalidad similar en la Ciudad de Buenos Aires.

A principio de mes, la Policía Bonaerense detuvo a cuatro personas acusadas de integrar una banda dedicada a asaltar a choferes de aplicaciones en el partido de Lomas de Zamora. La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 del fiscal Pablo Rossi y con intervención de los Juzgados de Garantías N°4 y N°5, se inició tras denuncias por al menos tres robos ocurridos entre el 7 de octubre y el 12 de noviembre del año pasado.

Según fuentes policiales, el grupo contactaba a los conductores a través de identidades falsas en las plataformas digitales y los citaba en distintos puntos de Lomas de Zamora. Al llegar al lugar, los choferes eran interceptados por varios asaltantes armados, quienes les robaban los vehículos y objetos personales.

Entre los detenidos se encuentra un joven de 21 años, señalado como uno de los principales autores de los asaltos. También quedaron aprehendidos una mujer de 47, un hombre de la misma edad y otro de 37, encargados de solicitar los viajes que culminaban en los robos.

Los operativos de detención fueron realizados por el Departamento Casos Especiales de la Policía Bonaerense. Durante los allanamientos, se secuestraron seis teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

En marzo de 2024 fui víctima de motochorros. No tendría que estar escribiendo esta nota, porque tendría que haber muerto en una banquina de la autopista Panamericana.

Me dispararon a quemarropa un tiro certero al pecho con una frialdad y naturalidad propia de quien realiza una tarea repetitiva. Me emboscaron para robarme la moto. No me resistí; estaba lleno de gente, en hora pico a plena luz del día saliendo del trabajo. No les importó nada.

Atravesé un infierno (5 cirugías), sobreviví de milagro, con secuelas que me quedarán de por vida.

No tuve justicia… lo único que obtuve de la justicia fue el dato de que los que me dispararon eran de un barrio de emergencia de San Martín, GBA... y la recomendación sobre qué moto comprar para que no me roben.

Anteriormente me habían intentado robar múltiples veces cada vez con mayor violencia, en lugares y horarios que antes consideraba seguros. Me fui acomodando, resignando... acostumbrando.

Luego del ataque no quedé con estrés postraumático, ni ataques de pánico, miedo o resentimiento… quedé con bronca y un feroz sentido de propósito.

Creo que resignarse y acostumbrarse implica aceptar que estemos cada vez peor; por eso elijo tener bronca...

Imposible procesar lo que viví como una “anécdota triste”… porque no fue un hecho aislado, ocurre constantemente. Está concentrado en el conurbano bonaerense pero se replica en muchas otras partes de nuestro país, que parecen zonas de guerra donde no se puede salir a la calle. Ahí el Estado brilla por su ausencia o administra la inseguridad y la batalla la damos nosotros solos, sin poder defendernos. “A la buena de Dios”.

Invertimos en alarmas, rejas, cámaras, seguros carísimos, no podemos circular por ciertos lugares u horarios o hacemos verdaderas estrategias logísticas para entrar o salir de nuestras casas o para caminar a la parada del colectivo, etc., etc. cuando ya estamos pagando impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales ridículas para que nos garanticen seguridad. Una verdadera estafa que cuesta vidas, detrás de cada hecho de inseguridad quedan familias destrozadas.

El sentido común y la lógica no importan, las propuestas más elementales chocan con la política, estando todo a la vista... las redes sociales como herramienta del delito, subcultura marginal aspiracional, el delito como un trabajo, los celulares en las cárceles (PyMES del delito), los casos impunes, los delincuentes haciendo lo que quieren, la ausencia de consecuencias. Teniendo fuerzas de seguridad que conducen autos de aplicaciones para no estar por debajo de la línea de pobreza... mantener un preso cuesta casi tres sueldos de un policía. Hay drones para fotomultas pero no combustible para los patrulleros, etc.

Cada vez peor y nadie hace nada

Se puede revertir. Otros países con menos recursos lo lograron y con problemas de inseguridad aún más graves. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de grandes recursos, con impacto inmediato en la realidad de la gente.

Necesitamos medidas drásticas urgentes. Con leyes (reforma del código penal) únicamente no alcanza. Lo que se está haciendo no sirve, el sistema está mal; no hay una única solución. Tiene que existir voluntad política de combatir la inseguridad seriamente, con sentido común. Se pueden adaptar soluciones que funcionan en otros países, no hay que inventar nada.

El costo de delinquir tiene que aumentar (resumido: la probabilidad de que los agarren y la pena impuesta tiene que ser mayor que el beneficio que puedan ganar).

Tan simple como que los busquen, los agarren, no los suelten y que cuando salgan no se hayan perfeccionado en el delito. Tan obvio, tan lógico y tan tremendamente difícil de que ocurra...

Las fuerzas de seguridad necesitan menos marketing y mejores sueldos, que no se castigue la iniciativa, que estén capacitadas y equipadas a la altura de la situación que vivimos; empoderadas pero responsables, auditadas y profesionales.

Lo que pasé me convirtió involuntariamente en referente. Bien o mal, hablo desde mi lugar de víctima con bronca. Espero mucho de la nueva política porque prometió soluciones; de la vieja política que nos trajo a esta realidad no espero nada.

No es una sensación, no es una batalla perdida, no es más divertido que Suiza. La inseguridad no es un derecho adquirido; no es joda.

Personalmente apoyo todo lo que sume en seguridad. Inicié una petición online para exigir medidas urgentes (casi tengo más amenazas que firmantes), convoqué a marchas; impulsé y presenté propuestas y proyectos como el agravamiento de penas y encubrimiento (Art. 277 166 del código penal) que quedará dentro del proyecto de reforma del código penal. Esperemos que lo traten y aprueben en el Congreso lo antes posible.

Hice, hago, y haré todo lo posible con esa bronca hasta que las cosas cambien. Antes que resignación, elijo tener bronca y creo que sería lógico que todos la tengamos.

Los Caamaño cayeron en dos countries de la zona de Hudson, en medio de una redada que incluyó 14 allanamientos entre partidos como Avellaneda y Berazategui.

Emiliano, señalado como el líder de la organización, intentó escapar por los techos; había diseñado un sistema de fuga con una escalera en su flamante casa, que no le sirvió de mucho. Los detectives lo corrieron para detenerlo mientras lo filmaban, con un video que ilustra esta nota.

La causa en su contra comenzó el 18 de febrero pasado, cuando su banda, según la acusación de la UFI N°7 de Quilmes a cargo del fiscal Javier Barrera, asaltó con un comando de siete pistoleros la planta de una reconocida empresa multinacional en Bernal dedicada a los rubros de packaging y logística. Así, se llevaron 40 mil dólares y una serie de lingotes de oro, para luego escapar en tres vehículos.

De todo

La Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos de la fuerza provincial, a través de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado, comenzó a rastrear a la banda de los Caamaño con seguimientos de cámaras de seguridad, triangulaciones de antenas de teléfonos y matches en patentes en vehículos de fuga, filmados por domos municipales. Entonces, allanaron.

La lista de material incautado es notable. Están los lujos de los capos de la banda, para empezar. Estos vecinos de country cayeron con dos motos de agua Yamaha GP 1900P valuadas en casi 30 mil dólares cada una, ocho relojes de marcas como Rolex, cadenas de oro, más de 40 millones de pesos y más de 40 mil dólares en cash crocante, una máquina de contar billetes.

Luego, estaba su ferretería: más de 20 piezas de heavy metal, entre ganzúas, amoladora con disco de repuesto, martillo percutor, taladro demoledor, una esmeriladora, tenazas y destornilladores.

Ni hablar de las armas: seis pistolas y revólveres calibres .22 y 9 mm de marcas internacionales como Sig Sauer, varias con cargadores extensibles.

La banda, que años atrás se había vuelto célebre por su uso de drones, decidió un cambio en su tecnología: ahora, según la investigación, empleaban baroscopios, cámaras de endoscopía controladas por celular, que les permitían espiar a sus objetivos y -sospechan los detectives- romper cajas fuertes.

Un baroscopio no es una pieza exclusiva: cuesta entre 60 y 200 mil pesos en cualquier sitio de e-commerce.

Y, finalmente, estaba el cotillón. Les encontraron 16 aerosoles de espuma de carnaval -muy útil para bloquear lentes de cámaras de seguridad-, así como máscaras de monstruos y dos bizarras y poco creíbles pelucas.

Les incautaron una camioneta Volkswagen Taos con patente melliza y pedido de secuestro firmado en noviembre de 2025. También, un Peugeot 208 sin chapa: su número de chasis reveló que había sido robado en Quilmes en febrero de este año.

Un hombre de negocios

Emiliano Caamaño, de 28 años, se encuentra registrado en el rubro de venta de autos de ARCA, con un domicilio en Wilde. Irónicamente, tiene el pago del monotributo al día, de acuerdo a registros comerciales.

En la última década, enfrentó causas por asociación ilícita, violación de domicilio y resistencia a la autoridad en jurisdicciones como La Plata y Quilmes.

Su hermano Matías, por su parte, dice ser DJ.

Un hombre fue hallado asesinado en la madrugada de este domingo sobre una vereda de la ciudad de Mar del Plata, a unas tres cuadras de la Plaza Colón, muy cerca de playa Bristol, pero como no tenía documentos encima, los investigadores debieron esperar a la autopsia para poder ponerle nombre y apellido a la víctima. Esta tarde se conoció quién era y su oscuro pasado. Por eso, aunque sospechan que lo apuñalaron en el marco de un robo, no se descarta ninguna hipótesis.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que a las manos de la fiscal Constanza Mandagaran llegaron esta tarde los informes sobre la identidad de la víctima, que se presuponía tenía aproximadamente unos 60 años. Se llamaba Félix Villalba y su edad era 74 años.

“Tenía una condena por abuso sexual contra una víctima menor familiar. Había cumplido condena en arresto domiciliario y estaba desde noviembre del año pasado excarcelado en términos de libertad condicional en el marco de esa causa”, confiaron las fuentes del caso sobre el prontuario de la víctima.

También dijeron que tenía poca relación con algunos de sus familiares a raíz de esa causa por la que terminó preso.

El hallazgo del cuerpo ocurrió esta madrugada en el cruce de las calles Buenos Aires y Gascón, a tres cuadras de la avenida Colón y muy cerca del Casino; y los primeros indicios indicarían que lo mataron en el marco de un robo.

“Los familiares dicen que solía andar con el celular y la billetera y no las tenía”, acotaron las fuentes consultadas por este medio el punto sobre el que se basan los investigadores para sospechar de un asalto.

Pero los investigadores del caso no dejan nada librado a las suposiciones. A juzgar por los antecedentes penales del fallecido, es lógico que quede una puerta abierta a otras hipótesis.

Por lo pronto, la autopsia determinó que Villalba sufrió una puñalada en la zona del tórax, abajo de la axila, que le terminó perforando el pulmón y fue la herida mortal. Después, los forenses hallaron otros cortes en el cuerpo, pero compatibles con signos de defensa.

Por lo pronto, los investigadores intentaban localizar a los dueños de los comercios con cámaras de seguridad de la zona donde fue encontrado el cadáver que pudieran haber captado lo sucedido: “Es domingo y hay muchos negocios cerrados”, explicaron las fuentes del caso a este medio.

Un hombre de, aproximadamente, 60 años fue hallado asesinado este domingo a unas tres cuadras de la Plaza Colón de la ciudad de Mar del Plata, muy cerca de playa Bristol, y los investigadores sospechan que lo apuñalaron en el marco de un robo.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que todo se está investigando por estas horas bajo el mando de la fiscal Constanza Mandagaran y que la víctima no tenía encima nada con lo que pudieran identificarla, por lo que su familia aún no se ha enterado de lo sucedido.

Mientras tanto, se aguardaba para esta tarde la autopsia al cuerpo de la víctima para determinar, entre otras cosas, su identidad.

También los investigadores intentaban localizar a los dueños de los comercios con cámaras de seguridad que pudieron haber captado lo sucedido: “Es domingo y hay muchos negocios cerrados”, explicaron las fuentes del caso a este medio.

El hallazgo del cuerpo fue en el cruce de las calles Buenos Aires y Gascón, a tres cuadras de la avenida Colón y muy cerca del Casino; y los primeros indicios indicarían que lo mataron en el marco de un robo.

Un sospechoso de nacionalidad chilena fue detenido por la Policía de la Ciudad tras robar notebooks y documentación de una oficina ubicada en el Microcentro porteño.

El hecho se produjo en un edificio de la calle 25 de Mayo al 100, donde el sospechoso, de 32 años, forzó el acceso a una oficina administrativa en el octavo piso y sustrajo cuatro computadoras portátiles, chequeras y otros elementos.

La encargada del edificio advirtió la presencia del delincuente cuando el ladrón salía del lugar.

En su huida, el hombre rompió la puerta de blindex de la entrada principal. La empleada alertó de inmediato a personal policial que patrullaba la zona, lo que permitió iniciar el operativo de búsqueda.

Efectivos de la División Servicios Especiales de Tránsito interceptaron al sospechoso a pocas cuadras del lugar del robo, recuperando la totalidad de los objetos sustraídos, entre ellos cuatro notebooks, cuatro chequeras y un destornillador utilizado para forzar la puerta de la oficina.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, a cargo del fiscal Rouco Oliva, dispuso la detención del hombre, quien quedó a disposición de la Justicia.

“Esta gente no sabe lo que hace. No puedo aguantar que cuatro mocosos de menos de 20 años hagan conmigo, de 82 años, lo que hicieron. Y nadie hace nada”, afirmó Clotilde, la víctima, en un móvil a A24. “Yo ya no puedo vivir más acá porque la próxima vez me matan”, agregó.

Su hija, Gabriela, reveló en TN que, en plena pandemia, su padre murió tras lesiones sufridas en otro asalto en el mismo hogar.

En esta oportunidad, los delincuentes “subieron la ventana, ingresaron y revolvieron todo”. Además de los golpes, intentaron amordazarla. Tras el robo, la mujer salió a la calle, bajo la lluvia, para pedir ayuda.

“Se llevaron la jubilación que había cobrado hace pocos días. También un par de cosas, el celular y los auriculares de mi nieta. Revolvieron y tiraron todo”, detalló Gabriela.

“¿No tienen abuelo estos chicos? ¿No tienen madre? ¿Qué tienen?”, se quejó Gabriela. Y se preguntó: “¿Tengo que perder a mi mamá también?”.

La hija de la víctima indicó que la casa apareció llena de hollín negro, por lo que supone que los ladrones se untaron las manos con esa sustancia, según cree, para evitar dejar rastros.

En la escena, efectivos de la Policía de la Ciudad recolectaron evidencia y huellas dactilares. Incluso se identificaron marcas negras en una puerta de la terraza en desuso. Aún no hay detenidos por el robo.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, a cargo de Leonel Gómez Barbella.

El homicidio del marido de Clotilde

El robo sufrido por Clotilde reavivó un antecedente trágico para la familia. Su esposo fue atacado en un robo en 2020: “Le pegaron con la culata del revólver y se le hizo un hematoma subdural, del cual falleció a los seis meses porque no lo atendieron como correspondía, en plena pandemia”, relató Gabriela. La hija denunció, además, que PAMI no se hizo cargo de los estudios médicos necesarios para su padre.

En su momento, la familia evaluó vender su vivienda, tras perder al padre, pero decidió permanecer “apostando al barrio”. Sin embargo, la situación para Gabriela y su mamá se volvió insostenible: “Este barrio ya no sirve, ya es cualquier cosa. Está lleno de delincuentes y malandras, nadie respeta a nadie. Y no se puede seguir viviendo así”, señaló.

La mujer aseguró que en el barrio los robos son frecuentes, pero que la mayoría no se hace público por miedo a represalias. Hace seis años, ella misma optó por el silencio cuando su padre fue asesinado. Ahora, resolvió visibilizar el caso. En ese sentido, exigió mayor presencia policial.

Al mismo tiempo, confió que se llevará a su madre a vivir con ella, mientras piensan alternativas para la propiedad.

Al mismo tiempo, a raíz de la muerte del presunto delincuente, se ordenó una custodia en el domicilio del gendarme por temor a represalias.

El hecho ocurrió este sábado, cerca de las 23, en la intersección de Avenida Roca y Vasco Da Gama, cuando G.D.V., de 28 años, que se desempeña en la Región 1 de Campo de Mayo, fue abordado por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta Honda Wave sin patente, uno de ellos armado con lo que luego se comprobó era una réplica de pistola 9 mm.

Ante la amenaza, el gendarme extrajo una Bersa Thunder Pro calibre 9 mm, y realizó entre cuatro y cinco disparos hacia los asaltantes.

De acuerdo con lo reconstruido por la Policía bonaerense y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Moreno, Ariel Otaiz, de 23 años, recibió un impacto de bala en el tórax y fue trasladado por el SAME al hospital, donde ingresó sin vida.

En tanto, S.N.D., de 17 años, sufrió heridas en el tórax y en la pierna derecha, y permanece en estado crítico bajo custodia policial. El gendarme fue detenido.

El incidente motivó el despliegue de personal de la Policía Científica, que realizó peritajes en el lugar y secuestró tanto la motocicleta de los presuntos delincuentes como el arma utilizada por el gendarme.

Las cámaras de seguridad de la zona permitieron corroborar la versión dada por la víctima del intento de robo. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la fiscal Rebeca Patiño, junto a su secretario, se presentaron en la comisaría 2da de Trujui durante la madrugada para tomar declaración a G.D.V. y verificar los registros fílmicos.

De acuerdo con las fuentes, la titular de la UFI N° 4 "comprobó la veracidad de los dichos del gendarme con las cámaras de seguridad obtenidas en inmediaciones al lugar del hecho”.

Al mismo tiempo, informaron que, como medida preventiva, la fuerza asignó una consigna policial fija en el domicilio del gendarme para garantizar su seguridad ante potenciales represalias por parte de familiares de los involucrados. Además, se dispuso la disponibilidad de personal especializado para brindar contención psicológica al suboficial.

El gendarme sufrió heridas leves producto de la caída de su motocicleta durante el forcejeo, consistentes en raspones.

Las autoridades judiciales aguardan la revisión de nuevas imágenes para definir si corresponde otorgarle la libertad, quien continúa a disposición de la Justicia en el marco de la investigación.

Ante el alza de ataques a automovilistas con piedras, el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México (PAN CDMX) hizo un llamado al Gobierno capitalino para establecer un marco legal que permita sancionar a quienes lanzan piedras a automovilistas y calificarlo como un delito grave.

La dirigencia del partido solicitó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que coordine acciones entre el C5 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para prevenir ataques con piedras a automovilistas en Circuito Interior.

“Es urgente tomar medidas, revisar la legislación y establecer protección en los puentes para imposibilitar arrojar piedras”, señaló la dirigente del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez Ureña.

La petición surge ante el incremento de incidentes en los que personas arrojan piedras desde puentes peatonales, poniendo en riesgo la vida de quienes circulan por una de las principales arterias viales de la capital.

Luisa Gutiérrez explicó la necesidad de legislar al respecto debido a que, ya sea con el objetivo de asaltar o por otras razones, estas acciones han provocado lesiones en automovilistas.

Proponen colocar mallas en puentes peatonales

El partido blanquiazul destacó que es necesario tomar medida al respecto, pues la situación se ha vuelto ya un problema de seguridad pública.

Entre las propuestas planteadas por el PAN CDMX se encuentra la posibilidad de instalar mallas o protecciones de cristal en los puentes peatonales, con el objetivo de evitar este tipo de incidentes y salvaguardar la integridad de los conductores.

El partido recordó que en el pasado fue quien visibilizó la situación de los “pinchazos” que atravesó el año pasado la población capitalina.

“Nosotros visibilizamos ese modus-operandi y gracias a ello, diputados de todos los partidos en el Congreso presentaron iniciativas para combatirlo y hasta que no actuó el Gobierno ejerciendo sus facultades de investigación, se detuvo y sancionó a responsables”, destacó la dirigente del PAN.

Además, entre las exigencias propuestas por el partido, se encuentra aclarar si existe algún tipo de seguro o póliza que pueda cubrir los gastos médicos de las víctimas por parte del gobierno capitalino. Del mismo modo que si se brinda acompañamiento a las familias afectadas por estos hechos.

“Hay personas que lamentablemente han perdido la vida por este tipo de situaciones, reconocemos también la actuación de la policía local para detener ya, por lo menos, a cuatro personas en situación de calle, pero hay que ir más allá”, expresó.

El PAN CDMX reiteró su disposición para trabajar junto al Gobierno en la revisión y eventual modificación del marco legal, con el objetivo de tipificar como delito grave el arrojar piedras a automovilistas.

“Lo peor que puede hacer el Gobierno es no hacer nada y seguir minimizando los hechos”, advirtió por su parte el diputado panista Federico Döring.

El partido insistió en que la estrategia debe combinar acciones policiales inmediatas con políticas públicas de atención y canalización para personas en situación de calle, sin criminalizarlas, pero garantizando la seguridad de la ciudadanía.

El violento asalto ocurrió este jueves, cerca de las 13, en la calle Cotagaita al 2100 y quedó grabado por una cámara de seguridad ubicada en la cuadra.

En las imágenes, que circularon en redes sociales y grupos de vecinos, se observa cómo un auto negro se detiene al lado de la víctima. Tres de los asaltantes -todos encapuchados- descienden y van directamente hacia la mujer, mientras un cuarto permanece al volante.

La secuencia muestra el primer reflejo de la víctima, que intenta escapar y sale corriendo, aunque los delincuentes la rodean, la tiran al piso y la golpean en la cabeza. En el piso, la tironean y la sujetan del cabello, arrastrándola sobre el pavimento.

Tras ello, los atacantes la dejan tendida y golpeada en medio de la calle, suben a su auto y huyen a toda velocidad.

La mujer logró ponerse de pie y fue hacia la vereda para resguardarse con la ayuda de su amiga salió alertada por los gritos. Fuera de peligro, luego fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica por los golpes.

Luz, la amiga de la víctima, relató a Mediodía Noticias: “Tardé unos minutos en abrir la puerta. Cuando veo por la ventana que estaban agrediéndola, ahí abro, salgo con el perro para poder auxiliar. La habían golpeado, le dolía la cabeza, le habían pegado con la culata”.

Tras el robo, los delincuentes dejaron abandonado el coche con el que habían llegado, que terminó impactando contra otro vehículo tras quedar sin conductor.

Mientras las autoridades analizan las imágenes de las cámaras para intentar identificarlos, hasta ahora, todos permanecen prófugos.

Horas más tarde y a solo cinco cuadras del primer ataque, otro hecho de inseguridad se produjo en la esquina de Alvear y Caupolicán. Allí, un grupo de cuatro delincuentes, que circulaban en tres motos, le robaron a una mujer la mochila y otras pertenencias.

Este episodio ocurrió pasadas las 18, en una zona muy transitada y a pocos metros de un colegio: según se observa en las imágenes, mientras los ladrones asaltaban a la víctima, una pareja pasó junto a una menor vestida con ropa escolar.

Durante el robo, se escuchó a la mujer suplicar: “No, por favor”, mientras los asaltantes le exigían dinero.

Automovilistas que pasaban intentaron ahuyentar a los motochorros tocando bocina, y algunos vecinos salieron a la calle para intervenir. Una mujer les arrojó una botella y un hombre, un palo. Nada pudo impedir el robo y los motochorros finalmente huyeron del lugar.

Ataque motochorro en La Plata

Un hecho de características similares ocurrió en la madrugada del miércoles en La Plata, en la zona de Barrio Norte. Una mujer fue sorprendida por dos motochorros mientras caminaba por la vereda de la calle 35 entre 8 y 9, cerca de las 5.45. Todo quedó registrado en imágenes de una cámara de seguridad.

En el video se ve a los delincuentes encapuchados que arrinconan a la víctima. Uno baja de la moto, la empuja y forcejea con ella hasta que cae sobre la vereda. El asaltante le arrebata la cartera y vuelve al vehículo para escapar junto a su cómplice. A pesar de que la mujer se resistió, los agresores escaparon con sus pertenencias.

Personal de la Comisaría Segunda de La Plata trabaja para identificarlos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que, aunque la economía peruana mantiene una base macroeconómica sólida, enfrenta riesgos crecientes que podrían limitar su expansión en los próximos años. Entre los principales factores de preocupación figuran el deterioro de la seguridad ciudadana y el avance de la minería ilegal, fenómenos que impactan directamente en la inversión, la institucionalidad y el desempeño del mercado laboral.

El diagnóstico del organismo se da en el marco de la consulta del Artículo IV 2026, realizada en marzo, donde también se reconoce que el país viene de un 2025 con resultados positivos, tras crecer 3,4% impulsado por el consumo y el dinamismo de la inversión privada. No obstante, el escenario hacia adelante es más moderado: se proyecta una expansión de 2,8% en 2026, en un contexto externo menos favorable y con tensiones internas aún sin resolver.

Ajuste fiscal y eficiencia del gasto

Uno de los ejes centrales del informe es la necesidad de fortalecer la posición fiscal del país. Si bien el déficit se redujo a 2,2% del PBI el año pasado, el FMI advierte que aún existen presiones estructurales que obligarán a tomar medidas adicionales en los próximos años.

“Con las políticas actuales, se requeriría una consolidación de aproximadamente el 0,9% del PBI para 2028 a fin de cumplir con la meta de déficit a mediano plazo”, señaló el organismo. Para lograrlo, plantea racionalizar el gasto público, evitar iniciativas legislativas sin financiamiento y mejorar la calidad de la inversión estatal.

Asimismo, sugiere corregir ineficiencias en la gestión pública, incluyendo una revisión del crecimiento del empleo estatal y de las remuneraciones, además de optimizar los procesos de contratación para maximizar el impacto económico y social del gasto.

Reformas pendientes y rol de Petroperú

El FMI también puso énfasis en la necesidad de avanzar en reformas estructurales, tanto en el ámbito tributario como en empresas públicas. En el primer caso, considera que elevar la recaudación es clave para cerrar brechas en infraestructura, salud y educación, sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

En cuanto a Petroperú, el organismo insiste en que se debe continuar con los cambios orientados a mejorar su gobernanza y reducir costos. Esto ocurre en un contexto en el que el Gobierno ha anunciado una inyección de USD 146,3 millones (S/ 500 millones) para reforzar la operatividad de la empresa en sus principales refinerías.

El FMI advierte que cualquier apoyo estatal debe ser temporal, focalizado y diseñado de manera que no distorsione los precios del mercado energético ni genere riesgos fiscales adicionales.

Impacto de la inseguridad y la minería ilegal

Más allá de las variables fiscales, el organismo identifica amenazas estructurales que trascienden lo económico. La expansión de la minería ilegal, favorecida por los altos precios de los metales, se ha convertido en un factor que desalienta la inversión formal y debilita el marco institucional.

“La ambigüedad normativa en el proceso de formalización está permitiendo que los operadores ilegales se expandan con impunidad”, advierte el FMI. A ello se suma la persistencia de altos niveles de inseguridad, que afectan tanto la actividad empresarial como las condiciones sociales.

En este escenario, el organismo recomienda reforzar la capacidad del Estado en materia de seguridad, mejorar la fiscalización y fortalecer la lucha contra la corrupción. También considera clave cerrar vacíos legales y promover alternativas económicas en las zonas donde proliferan estas actividades ilícitas.

Sistema financiero y mercado de capitales

En el frente financiero, el FMI destaca que el sistema se mantiene estable, aunque alerta sobre medidas que podrían debilitarlo en el largo plazo. En particular, cuestiona los retiros de fondos de pensiones, al considerar que afectan la profundidad del mercado de capitales.

“Estos retiros recurrentes han reducido la rentabilidad de las carteras de las AFP”, indica el informe, al tiempo que advierte que la liquidación de activos y la migración hacia instrumentos más líquidos limitan la capacidad de financiamiento de largo plazo en la economía.

Perspectivas y hoja de ruta

Pese a los riesgos identificados, el organismo reconoce que el Perú cuenta con fortalezas importantes, como un nivel de deuda pública manejable, reservas internacionales elevadas y acceso a financiamiento en condiciones favorables.

Sin embargo, enfatiza que sostener el crecimiento requerirá decisiones oportunas. En ese sentido, señala que el proceso de adhesión a la OCDE puede servir como guía para implementar reformas que mejoren la productividad, reduzcan la informalidad y fortalezcan la institucionalidad.

El mensaje final es claro: sin avances en seguridad, control de actividades ilegales y disciplina fiscal, el país podría ver limitado su potencial de crecimiento en el mediano plazo.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum diera un informe sobre los casos de desaparecidos en México, la organización Data Cívica denunció que cifras tan sensibles no caben solo dentro de una carpeta de investigación.

“Reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es solo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas”, denunció la organización.

A través de un comunicado manifestó su preocupación, junto con otras organizaciones que se dedican al acompañamiento de familias buscadoras, sobre la presentación de los avances del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) que presentó el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Utilizar solo las carpetas de investigación para medir la magnitud de la desaparición en México produce una distorsión de la realidad, dado que la cifra negra de delitos no denunciados en el país alcanza el 93%, se lee en el comunicado.

“Sugerir que la apertura de una carpeta de investigación es indispensable para realizar acciones de búsquedas, merma el derecho de todas las personas a ser buscadas”, advirtió Data Cívica.

Denuncian retroceso legal

De acuerdo a lo anunciado hoy durante la conferencia matutina, las fiscalías estarán “obligadas” a abrir carpetas de investigación por desaparición, sin embargo, Data Cívica aclaró al respecto que esta obligación ya existe desde la entrada en vigor de la Ley General de 2017.

“Afirmar que esto es una novedad ignora que el verdadero obstáculo no es la falta de leyes, sino las malas prácticas, la corrupción y la omisión sistemática de las fiscalías”, aseveró la organización.

Señaló que “condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta es premiar la ineficiencia institucional”.

Además, cuestiona que durante la presentación del informe esta mañana, no se haya dado a conocer la metodología que sustentó afirmaciones como “que el 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delito”.

Este tipo de mensajes, advierte, puede minimizar la gravedad de la crisis y desdibujar las obligaciones del Estado mexicano frente a las familias.

¿Y la responsabilidad del Estado?

El Estado no es un espectador antes la situación de desapariciones en México. Data Cívica alertó sobre la narrativa del gobierno donde atribuye las desapariciones al crimen organizado o a la llamada Guerra Sucia, eximiendo de responsabilidad al Estado actual.

De acuerdo a la organización hay al menos tres formas de responsabilidad estatal: la participación directa o aquiescencia en desapariciones y fosas, la omisión y corrupción que permite operar redes criminales con libertad y la impunidad como resultado de investigaciones incompletas o inexistentes. Sin embargo, nada de ello fue señalado desde Palacio Nacional.

“Mientras apenas una fracción mínima de los casos reconocidos cuente con una investigación real, el mensaje del Estado es de permisividad”, aseveró.

Data Cívica, junto con otros colectivos, reiteraron su exigencia de que la gestión de la crisis de desaparición no se reduzca a una cuestión administrativa, insistiendo en “la responsabilidad del Estado y el derecho de las familias a la verdad y la justicia”.

“Escuchar menciones de colaboración con organizaciones en espacios oficiales, mientras en la práctica se nos excluye de la construcción de las metodologías y se posponen las mesas de trabajo, es una forma de simulación”, finaliza el comunicado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó, recientemente, un mapa interactivo con el nivel de riesgo para viajar a cada país del mundo. Aunque México, en general está en nivel 2 de riesgo, de cuatro, es el único país del mundo en el que se le califica con diferentes niveles de riesgo, dependiendo del estado.

En ese contexto, seis estados del país son colocados al mismo nivel de inseguridad que países señalados en nivel cuatro, o sea, el más peligroso.

En ese nivel se coloca a países como Rusia, Irán, Pakistán, Yemen, Sudán, Nigeria, Birmania y Libia, entre otros.

Luego de que el Gobierno del presidente Donald Trump emitiera una alerta mundial para todos los estadounidenses para que extremaran precauciones fuera del país, autoridades de ese país lanzaron ese mapa en el que se especifican cuál es la situación de riesgo en cada país del mundo, con especificaciones sobre si solamente tienen algunas zonas de riesgo, o si de plano piden no acudir a él ante la situación de inseguridad. Esto se midió en cuatro niveles, que son los siguientes:

• Nivel 1, color azul: Tome las precauciones normales (países como Canadá, Australia y Portugal).
• Nivel 1, color azul con rayas blancas: Contiene áreas con mayor riesgo de seguridad (países como Argentina, El Salvador y Paraguay).
• Nivel 2, color amarillo: Extreme las precauciones (países como España, Francia y China).
• Nivel 2, color amarillo con rayas blancas: Contiene áreas con mayor riesgo de seguridad (países como Brasil, India y Egipto).
• Nivel 3, color naranja: Reconsidere viajar (países como Nepal, Qatar y Azerbaiyán).
• Nivel 3, color naranja con rayas blancas: Contiene áreas con mayor riesgo de seguridad (países como Colombia, Venezuela e Israel).
• Nivel 4, color rojo: No viaje (países como Irán, Rusia y Palestina).

El mapa fue presentado a casi un mes del inicio de la guerra con Irán. México es el único país en el que hay diferentes niveles, dependiendo de cada estado, siendo el occidente y el norte de las zonas señaladas como recomendadas para no viajar.

Los seis estados del país que fueron señalados como nivel 4 de riesgo para viajar, fueron: Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Michoacán y Guerrero.

El nivel de riesgo de cada estado en México, de acuerdo con el mapa del Gobierno estadounidense, son:

• Nivel 1, Tome las precauciones normales: Yucatán y Campeche.
• Nivel 2, Extreme las precauciones: Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, San Luis Potosí, Nuevo León, Aguascalientes, Nayarit, Coahuila, Durango, Quintana Roo y Baja California Sur.
• Nivel 3, Reconsidere viajar: Chiapas, Morelos, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Sonora y Baja California.
• Nivel 4, No viaje: Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Michoacán y Guerrero.

Dos asesinatos ocurrieron en la tarde de este jueves en la ciudad de Rosario. El primero de los hechos tuvo como víctima a Agustín Adrián Torales, de 29 años, quien fue acribillado de ocho disparos mientras estaba en la vía pública. El otro fue el Ercilio Centurión, de 75 años, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante una entradera perpetrada por al menos dos delincuentes.

Hay que recordar que el miércoles por la noche hubo otros dos crímenes, por lo que son cuatro los homicidios ocurridos en la ciudad en las últimas 24 horas.

El crimen de Torales ocurrió a las 17 en inmediaciones de Pasco y José María Rosa (colectora de avenida Circunvalación), en el barrio Santa Lucía. La pareja del joven señaló que estaba en su domicilio cuando escuchó “explosiones” en la calle. Al salir, encontró a su novio tendido en el suelo, con múltiples heridas.

Una ambulancia del Sies examinó al joven, pero no llegó a trasladarlo a un hospital, ya que falleció prácticamente en el acto. De inmediato, se realizaron medidas por pedido del Ministerio Público de la Acusación: relevamiento de cámara de videovigilancia de la zona, pericias balísticas, de rastros y fotografía.

Según datos aportados por investigadores, Torales había resultado herido en dos oportunidades, una en 2023 y la otra en 2020. Además, había sido detenido en 2023 en Villa Gobernador Gálvez con un arma de fuego.

El crimen del jubilado

El otro asesinato fue descubierto pasadas las 18.30 en Francia al 4800, en barrio Plata, cuando un hombre de 46 años llamó al 911 porque halló a su tío, Ercilio Centurión, tirado en el suelo del living de su casa, que estaba completamente revuelta.

El sobrino de la víctima se acercó al ver que la puerta estaba abierta y constató que el hombre tenía un fuerte golpe en la cabeza.

Vecinos de Ercilio señalaron que antes del homicidio vieron a dos hombres que podaban un árbol en la vereda, quienes luego fueron vistos saliendo de la propiedad del jubilado a toda velocidad.

“Esto fue a plena luz del día. Nosotros vivimos enfrente. Este es un barrio de gente mayor, a esa hora ya están todos adentro. Cuando un señor me lllamó, le pedí a mi hermano que entrara porque yo no me animaba. Después, cuando no me dejaron pasar, me di cuenta de que había pasado algo”, dijo a Canal 3 la sobrina de Ercilio, hermana de quien halló el cuerpo.

Otros dos homicidios

En un ataque a tiros perpetrado a las 20 del miércoles por dos gatilleros en moto en Ricardo Rojas y Pasaje 1.707, en el barrio Santa Lucía, mataron a Alexis Damián Barrios (36), quien murió en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez como consecuencia de disparos en el tórax y en el abdomen.

Una mujer que estaba junto a él, de 32 años, fue trasladada al Policlínico San Martín con heridas en las dos piernas.

En la escena de la balacera, los peritos forenses incautaron nueve vainas servidas que fueron enviadas a analizar.

Pasadas las 23, ocurrió el otro asesinato. Allí, Oscar Ramón Sarria (62) fue baleado de manera directa por los ocupantes de una moto en Machain y Larrechea, en el barrio Unión. Alcanzó a ser trasladado al Heca, pero murió en la madrugada de este jueves.

Sarria figuraba en el registro policial, ya que había sido condenado en 2024 a 3 años de prisión condicional por una balacera que había cometido un año antes en Ghiraldo al 2400, donde hirió a un hombre en un brazo y en una pierna.

Todo ocurrió en la tarde de este miércoles sobre la calle Belgrano, en una de las zonas más transitadas de la capital mendocina. Según medios locales, personal de preventores realizaba un patrullaje habitual cuando notó a un hombre en actitud sospechosa, revisando varias puertas de vehículos estacionados.

El sospechoso fue observado tanto por los agentes en la calle como desde el Centro de Operaciones y Videovigilancia de la Ciudad de Mendoza.

Las cámaras captaron el momento exacto en el que el hombre abrió la puerta de un auto, entró y salió segundos después con una cartera de tela verde, dentro de la cual había un monedero, documentación personal, una agenda y un par de anteojos.

Al notar la presencia policial, el ladrón intentó escapar a pie. Durante su huida, arrojó la cartera al suelo. La persecución se extendió por pocos metros. Un grupo de preventores, algunos en bicicleta y otros a pie, siguió al sospechoso junto a un móvil policial que también circulaba por la zona.

La detención ocurrió cuando uno de los agentes municipales interceptó al sospechoso y lo redujo con un tackle. El arresto se realizó en plena vía pública, a plena luz del día, ante la mirada de transeúntes y automovilistas. El video de la secuencia fue registrado por las cámaras municipales y se viralizó en redes sociales.

Posteriormente, el hombre, de 39 años y con domicilio en Las Heras, fue trasladado al Polo Judicial, donde quedó a disposición de la Justicia. Según el reporte policial, la cartera recuperada fue restituida a su dueña con todas sus pertenencias.

También durante la tarde del miércoles se produjo otra detención por un intento de robo con la misma modalidad. Desde el centro de operaciones detectaron a un hombre en actitud sospechosa en la esquina de San Luis y Federico Moreno. Las cámaras mostraron cómo ingresaba a un vehículo por la ventanilla delantera derecha y sustraía objetos del interior.

Tras el seguimiento, el ladrón fue aprehendido en la intersección de Corrientes e Ituzaingó. En el operativo se le secuestraron varios elementos, entre ellos, un botiquín de primeros auxilios, un monopatín, un gato hidráulico y un kit de seguridad.

En los últimos días, el sistema de cámaras de la Ciudad de Mendoza se integró al 911 provincial. A partir de esta medida, las imágenes captadas por más de 90 cámaras instaladas en puntos estratégicos ahora pueden ser monitoreadas en tiempo real junto con otras cámaras del territorio provincial, de acuerdo a lo informado por el municipio.

El sistema también suma lectores de patentes y alarmas comunitarias, lo que hace posible una coordinación más ágil entre los operadores del centro de monitoreo y la policía ante situaciones de emergencia o hechos delictivos.

El enfrentamiento a cuchillo, ocurrido en la localidad de Los Martires, quedó registrado en un video ciudadano, donde dos hombres, uno con chaqueta negra y otro con camiseta blanca, habrían pactado un negocio que terminó mal.

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Detalles de la riña

La situación comenzó cuando el hombre vestido de negro le habría comprado un celular al sujeto vestido de blanco; sin embargo, no contaba con que el dispositivo, al parecer, era un “dummy” o celular falso.

Según conoció Blu Radio, al descubrir el engaño, el sujeto regresó a reclamarle al vendedor y exigirle el reembolso; para ello, el supuesto comprador sacó un cuchillo y amenazó al vendedor, propinándole una herida con el objeto cortopunzante.

En el video se observa que, posteriormente, una tercera persona, presuntamente aliada del vendedor, se suma al enfrentamiento y también utiliza un arma blanca, logrando herir en la mano al comprador.

La riña se desarrolló ante la mirada de varios transeúntes que circulaban por la zona. En medio de la disputa, una mujer, que parecía acompañante del comprador, intentó intervenir para detener la pelea, pero sus esfuerzos no lograron calmar la situación.

Al finalizar el enfrentamiento, el hombre de camiseta blanca, que resultó con varias lesiones y empuñaba un palo, se retiró del lugar junto a su acompañante.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que ambos heridos fueron trasladados al Hospital Santa Clara, donde recibieron atención médica y posteriormente se informó que se encontraban fuera de peligro, según conoció Blu Radio.

Asimismo, el medio conoció que los involucrados permanecen en libertad, ya que no se presentó ninguna denuncia formal tras el altercado. Las autoridades reiteraron la importancia de que los ciudadanos denuncien este tipo de hechos para que puedan avanzar las investigaciones y se tomen las medidas legales correspondientes.

En el video, que circula en redes sociales y fue tomado por testigos, se aprecia la secuencia completa de la pelea, desde el reclamo inicial hasta la intervención de otros actores y la retirada de los implicados.

“El de blanco está vivo por pura misericordia del man del cuchillo.Y el cómplice es mucho gil”; “Así como cuando van por lana y salen muy trasquilados, se metieron con el que no era respecto al señor de la chaqueta” ; “Cero policías, no hay alcalde, no hay ley, no hay políticos, etc.. solo un poco de ladrones y políticos corruptos (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Capturan a motoladrón buscado por homicidio en Bogotá

En otro hecho relevante relacionado con la seguridad ciudadana, un presunto motoladrón de 24 años fue capturado en la localidad de Barrios Unidos, en el norte de Bogotá, tras cometer un hurto y utilizar identidad falsa.

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, el sujeto fue interceptado por uniformados que patrullaban el barrio La Castellana, luego de que la comunidad alertara sobre un robo en la vía pública.

Al llegar al sitio, los agentes hallaron a dos hombres forcejeando. Uno de ellos portaba un arma cortopunzante, con la que había intimidado a su víctima para robarle un teléfono móvil valorado en $4.000.000.

Durante el procedimiento, los policías incautaron el arma y recuperaron el celular hurtado, mientras que la víctima relató que sufrió una lesión al intentar resistirse al asalto.

El delincuente intentó engañar a las autoridades presentando documentación falsa. Sin embargo, la verificación en los sistemas policiales permitió establecer que tenía una orden de captura vigente por el delito de homicidio. Tras ser judicializado, un juez con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Secretaría de Seguridad reiteró la necesidad de denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea 123, para facilitar la acción de las autoridades y prevenir la impunidad en casos de violencia urbana.

El hecho ocurrió esta tarde sobre la avenida Remedios de Escalada, a metros de la avenida Hipólito Yrigoyen, prácticamente en el límite de las localidades de Lanús Oeste y Gerli.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el policía asesinado se llamaba Matías Nahuel Ceballos, de 34 años, quien se desempeñaba como cabo en la División Talleres de la PFA.

El ataque sucedió durante un intento de robo. Al momento del hecho, Cevallos se encontraba con su pareja. Cuatro delincuentes, que se movían en dos motos, lo abordaron y lo atacaron a balazos.

El agente recibió dos impactos de arma de fuego, uno en el tórax y otro en la pierna. Tras ello, los homicidas le robaron su moto y escaparon.

Cevallos fue trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde ingresó en estado crítico y falleció poco después debido a las heridas.

La investigación del caso recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez.

En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría 1ª de Lanús y de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, encargada de las pericias.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, la Superintendencia Federal de Investigaciones también desplazó personal de la División Homicidios, División contra el Automotor y División Robo Organizado para colaborar en la investigación y asistir a las autoridades bonaerenses.

En el lugar además estuvo presente el jefe de la DUOF Avellaneda, quien se acercó para supervisar las actuaciones judiciales y coordinar el trabajo de los equipos especializados de investigación y apoyo a la familia de la víctima.

Hasta el momento, los delincuentes permanecen prófugos. Las autoridades analizan cámaras de seguridad de la zona para identificarlos y reconstruir sus movimientos previos y posteriores al ataque.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se refirió al hecho a través de sus redes sociales: “Asesinaron a un efectivo de la Policía Federal en Lanús, provincia de Buenos Aires, durante un intento de robo. Fue atacado a tiros por delincuentes en moto. Acompañamos a su familia y a sus compañeros en este momento”.

Y concluyó: "Los responsables van a ser identificados y puestos a disposición de la Justicia”.

Oriundo de Alejandro Korn, Ceballos era padre de una niña de 10 años.

Frente a este inesperado giro en la causa, según confiaron fuentes del caso a Infobae, el fiscal Arribas dispuso la libertad de los hermanos Portillo y le abrió un expediente por falso testimonio al vecino que le había dado una pista errónea a los investigadores.

“No tienen nada que ver. Y hay muchas pruebas que lo demuestran”, sostuvo el jueves pasado Alejandra, tía de Dylan y Brian, en diálogo con este medio. Y la mujer, aparentemente, no mentía.

La detención de ambos fue a raíz de una solicitud presentada por el fiscal Arribas, quien, luego de que la Policía Bonaerense hallara la moto descartada en la que se movían los supuestos asesinos, entrevistó a un testigo que identificó a los delincuentes como los hermanos Portillo y dijo que eran vecinos suyos.

Con esa información precisa, Arribas pidió allanar dos domicilios de la localidad de San Justo, en uno de los cuales se concretó la detención de Dylan, de 22 años.

Ya en la sede judicial, el joven declaró en su indagatoria que esa noche había asistido a una fiesta junto a su novia en la localidad de Pontevedra, partido de Merlo. En ese sentido, fuentes del caso consultadas por este medio precisaron que brindó la contraseña de su teléfono celular para que los investigadores pudieran corroborar que su relato fuera cierto.

“Al celular de Dylan lo tuvieron en las manos el día del allanamiento y los de inteligencia preguntaron: ‘¿Qué hacemos con esto?’. Y les contestaron: ‘Nada, déjaselo a la piba’ (por la novia del sospechoso). Esas fueron sus palabras”, aseguró la tía de los, hasta ese momento, principales y únicos sospechosos.

En el caso de Brian (31), hermano mayor de Dylan, él mismo se presentó en la Fiscalía de Homicidios para conocer la situación de su familiar. Y en ese contexto, el fiscal Arribas ordenó su inmediata detención.

Brian Portillo declaró, al igual que su hermano, que nada tenía que ver con el asesinato de Gómez. Aseguró que, durante la noche en la que ocurrió el hecho, él dormía junto a su familia en su propia casa.

Ante esa declaración, el fiscal Arribas le solicitó su teléfono celular para constatar la versión, pero al momento de ser detenido no lo llevaba consigo.

Tras permanecer más de una semana detenidos, este miércoles Brian y Dylan Portillo recuperaron en libertad. Fuentes del caso explicaron a este medio que los investigadores pudieron verificar que sus coartadas eran reales, mientras que el testigo que los había vinculado con el crimen de Gómez asistio a la fiscalía y, con la presencia de sus abogados, no pudo sostener sus dichos.

En ese sentido, el fiscal Arribas dispuso el inicio de una causa al vecino por falso testimonio.

El caso

Eduardo Gómez, de 53 años, fue asesinado de un disparo durante un asalto registrado cerca de las 6:30 del pasado 15 de marzo. La víctima se dirigía a su trabajo en una agencia de remises cuando fue abordada por dos motochorros, según muestra el video filmado por una cámara de seguridad de la cuadra donde ocurrió el hecho.

La violenta secuencia ocurrió en la intersección de las calles Guatemala y Moldes. Gómez, la víctima, caminaba hacia la agencia, ubicada sobre la calle León Gallo.

En las imágenes se observa que intentó resistirse con un palo que llevaba en la mano. Uno de los atacantes extrajo un arma de fuego y le disparó a corta distancia. El remisero recibió un tiro en la pierna izquierda y, aunque cayó al piso, se reincorporó, mientras los asaltantes escapaban a toda velocidad con su celular.

Vecinos que presenciaron el hecho alertaron a la Policía y asistieron a Gómez, quien fue trasladado al hospital Pariossien de Isidro Casanova. Pese al esfuerzo de los médicos, el remisero falleció a raíz de la herida de arma de fuego. La bala le perforó la arteria femoral.

Unos 40 minutos más tarde, cuando le envió un mensaje para cerciorarse de que había llegado a destino, su mujer recibió una respuesta que la tranquilizó: “Sí, ya llegué”.

No sabía que eran los ladrones que habían logrado desbloquear el aparato, mientras su marido agonizaba. El celular del remisero de 53 años todavía no apareció, indicaron fuentes del caso.

“No tienen nada que ver. Y hay muchas pruebas que lo demuestran”, sostuvo este jueves Alejandra, tía de los principales sospechosos, en diálogo con Infobae.

La detención de ambos fue a raíz de una solicitud presentada por el fiscal Adrián Arribas, de la UFI Temática Homicidios departamental, quien, luego de que la Policía Bonaerense hallara la moto descartada en la que se movían los sospechosos, entrevistó a un testigo que reconoció a los dos delincuentes y dijo que eran vecinos suyos.

Con esa información precisa, Arribas pidió allanar dos domicilios de la localidad de San Justo, en uno de los cuales se concretó la detención de Dylan, de 22 años y con antecedentes por encubrimiento agravado.

Ya en la sede judicial, el joven declaró en su indagatoria que esa noche había asistido a una fiesta junto a su novia en la localidad de Pontevedra, partido de Merlo. En ese sentido, fuentes del caso consultadas por este medio precisaron que brindó la contraseña de su teléfono celular para que los investigadores pudieran corroborar que su relato, efectivamente, fuera cierto.

“Al celular de Dylan lo tuvieron en las manos el día del allanamiento y los de inteligencia preguntaron: ‘¿Qué hacemos con esto?’. Y les contestaron: ‘Nada, déjaselo a la piba’ (por la novia del sospechoso). Esas fueron sus palabras”, aseguró la tía de los sospechosos.

En el caso de Brian (31), hermano mayor de Dylan, él mismo se presentó en la Fiscalía de Homicidios para conocer la situación de su familiar. Y en ese contexto, el fiscal Arribas ordenó su inmediata detención.

Brian Portillo declaró, al igual que su hermano Dylan, que nada tenía que ver con el asesinato de Gómez, al asegurar que, durante la noche en la que ocurrió el hecho, él dormía junto a su familia en su propia casa.

Ante esa declaración, el fiscal Arribas le solicitó su teléfono celular para encontrar pruebas de que no mentía con su versión de los hechos, pero al momento de ser detenido no lo llevaba consigo. Dijo que lo presentaría en las próximas horas en la fiscalía, pero hasta este jueves a la mañana el dispositivo no había sido recibido por el equipo de Arribas, según confirmaron fuentes del caso a este medio.

Hasta tanto los investigadores no puedan cotejar que los relatos de los detenidos son reales, Dylan y Brian Portillo continuarán detenidos. Pero si se confirmara que no mienten ante la Justicia, podrían recuperar la libertad en las próximas horas.

El caso

Eduardo Gómez, de 53 años, fue asesinado de un disparo durante un asalto registrado cerca de las 6:30 de este domingo. La víctima se dirigía a su trabajo en una agencia de remises cuando fue abordada por dos motochorros, según muestra el video filmado por una cámara de seguridad de la cuadra donde ocurrió el hecho.

La violenta secuencia ocurrió en la intersección de las calles Guatemala y Moldes. Gómez, la víctima, caminaba hacia la agencia, ubicada sobre la calle León Gallo.

En las imágenes se observa que Gómez intentó resistirse con un palo que llevaba en la mano. Uno de los atacantes extrajo un arma de fuego y le disparó a corta distancia. El remisero recibió un tiro en la pierna izquierda y, aunque cayó al piso, se reincorporó, mientras los asaltantes escapaban a toda velocidad con su celular.

Vecinos que presenciaron el hecho alertaron a la Policía y asistieron a Gómez, quien fue trasladado al hospital Pariossien de Isidro Casanova. Pese al esfuerzo de los médicos, el remisero falleció a raíz de la herida de arma de fuego. La bala le perforó la arteria femoral.

Unos 40 minutos más tarde, cuando le envió un mensaje para cerciorarse de que había llegado a destino, su mujer recibió una respuesta que la tranquilizó: “Sí, ya llegué”.

No sabía que eran los ladrones que habían logrado desbloquear el aparato, mientras su marido agonizaba. El celular del remisero de 53 años todavía no apareció, indicaron fuentes del caso.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae explicaron que, hasta este jueves a la mañana, el damnificado no había presentado la denuncia del ataque. Sin embargo, ante la viralización del hecho, las fiscales Fabiana Ruiz y Daniela D’Elia, de la UFI N° 2 de San Martín, iniciaron una investigación de oficio para intentar identificar a los autores y a la víctima.

El hecho ocurrió poco después de las 23:15 sobre la calle Iguazú al 9100, entre Corrientes e Ituzaingó. En el video que encabeza esta nota se observa que la víctima, vestida con buzo y pantalón negros y zapatillas blancas, caminaba por la vereda cuando fue sorprendido por dos ladrones con cascos colocados, que se subieron en moto a la vereda.

El joven comenzó a correr a toda velocidad para escapar de los asaltantes, que intentaron atropellarlo, pero no lo lograron.

Rápido de reflejos, frenó sobre sus pasos antes de llegar a la esquina y los hizo pasar de largo. En medio de la desesperación, el joven resbaló y empezó a correr en la dirección contraria. Ese fue el momento en el que se escuchó la primera detonación.

Ya con uno de los delincuentes que lo perseguía a pie, la víctima volvió al lugar donde había sido abordado inicialmente y le volvieron a disparar otras tres veces.

Al no poder concretar el robo en el tiempo que estimaban, el delincuente que había quedado a pie se subió a la moto en la que se movían con su cómplice y ambos se fugaron del lugar.

Según consigna el portal 24con, la víctima resultó ilesa del ataque y pudo preservar todas sus pertenencias.

Con el objetivo de salir de la agenda internista, el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, instruyó a sus legisladores a avanzar con una agenda de gestión en seguridad que tenga impacto en el territorio bonaerense. En las últimas semanas proliferaron distintos proyectos de ley en ese sentido: autorizar el uso de armas no letales para la policía bonaerense, volver a reclamar la creación de policías comunales y la prohibición del uso de celulares en cárceles, son las tres primeros proyectos que el massismo intentará llevar a la mesa para su discusión, primero en el peronismo y luego al resto de los bloques.

El diputado provincial y exintendente de San Andrés de Giles, Carlos Puglelli, presentó en los últimos días un proyecto de ley que promueve la autorización para que las policías de la Provincia empleen armas electrónicas no letales. No es la primera vez que se busca instalar el tema en la Legislatura bonaerense. Pero la iniciativa no logró, hasta el momento, llegar a algunos de los recintos, ya sean de diputados o de senadores.

La avanzada legislativa de este sector del peronismo tiene como objetivo correrse de las discusiones internas o de índole electoral o de reforma política que se empiezan a discutir en distintos ámbitos. “Hay que discutir temas que le interesen a la gente y le resuelvan sus problemas. Ocuparse de la seguridad en la Provincia”, cuentan que planteó Massa a sus legisladores. Allí fue que se decidió avanzar con estos proyectos.

En esa línea discursiva es que también se impulsó el proyecto para que las petroleras avisen de los aumentos con al menos 72 horas de anticipación; un texto que lleva la firma de Ayelén Rasquetti, también del massismo.

El FR tiene diez integrantes dentro de la bancada peronista que ostenta un total de treinta y nueve miembros repartidos entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el cristinismo y los movimientos sociales. La bancada que conduce el camporista Facundo Tignanelli, es la primera minoría en la Cámara baja provincial.

Las opiniones al respecto sobre el uso de Taser son variadas. Hay varios proyectos, a favor y en contra. En el Senado, por ejemplo, el senador Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos UCR Identidad, viene presentando expedientes en la misma línea. En Diputados, la ex legisladora Susana González que responde al intendente de Ensenada, Mario Secco (MDF), había propuesto un proyecto de ley que prohibía el uso de armas no letales.

Cuando era ministro de Seguridad bonaerense, el hoy jefe del bloque de senadores peronistas en la Cámara alta provincial, Sergio Berni, se había manifestado a favor de que la policía porte Taser. De hecho, movió algunos expedientes de compra dentro del ministerio, pero el armamento no llegó a la portación de los efectivos policiales. Hoy Berni mantiene distancia del esquema de Kicillof —a quien siempre reconoció meramente como su jefe administrativo— y reporta a Cristina Kirchner.

La iniciativa que lleva la firma de Puglelli y la legisladora Ayelén Rasquetti, también del FR, establece que el uso de este tipo de armas solo estará permitido para el personal activo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes deberán superar exámenes técnicos y psicofísicos. Además, el artículo 14 ter —a incorporar en la Ley 13482— define estos dispositivos como aquellos “que solo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano, sin provocar la pérdida de conocimiento”, diferenciando las armas electrónicas no letales de las letales, cuyo uso está prohibido por la regulación nacional.

También detalla que solo podrán emplearse dispositivos que sean definidos formalmente como no letales por la normativa nacional vigente. En este sentido, la legislación nacional establece que las armas electrónicas forman parte de la categoría de armas y municiones de uso civil únicamente si su efecto sobre el organismo humano es pasajero y no conlleva pérdida de conciencia.

El proyecto se basa en la regla de Tueller, creada por el sargento Dennis Tueller de la policía de Salt Lake City, Estados Unidos. Esta regla indica cuánta distancia y tiempo necesita un policía para responder si un agresor tiene un arma blanca. Determina que un agente tarda al menos 1,5 segundos en sacar su arma y disparar, tiempo en el que el atacante puede avanzar unos 6,5 metros. Los estudios citados muestran que si la distancia es menor, las posibilidades de que el policía sobreviva bajan mucho frente a un ataque con cuchillo.

Asimismo, dicho informe resalta que los ataques con armas blancas pueden ser más letales que los enfrentamientos con armas de fuego, dada la velocidad y cercanía con la víctima, y que el efectivo argentino, al no poder retirarse, se ve obligado a repeler la agresión, enfrentando riesgos legales y de vida considerables. Si el agente dispara un arma de fuego y resulta letal para el atacante, enfrentará procesos administrativos y penales; si no lo hace, puede exponer su vida.

“No es darle el arma y nada más. Implica un programa que le brinde el elemento, pero también la capacitación y los estudios necesarios, que haya protocolos: que, en determinadas circunstancias, tenga el elemento para poder defenderse. Además, muchas veces va en beneficio del propio policía, pero también de la víctima, porque ante determinadas circunstancias, con un arma letal apuntás a la muerte. Entonces, si ya le damos armas letales a la policía, lo que implica todo un riesgo, ¿por qué no legislar sobre armas no letales?“, fundamentó Puglelli ante la consulta de Infobae.

El proyecto para el uso de armas no letales va en paralelo con la iniciativa que el FR presentó en el Senado, a través de Malena Galmarini, para prohibir el uso de celulares en las cárceles de jurisdicción provincial y el que en Diputados propone la creación de policías comunales, una vieja bandera del Frente Renovador desde la época de la gobernación de Daniel Scioli, que también es una demanda de algunos intendentes.

En Diputados aún no se oficializaron las comisiones. Hasta el año pasado, Puglelli presidía la de Seguridad y, de no haber mayores inconvenientes, podría repetirse el esquema. De ser así, creen en el FR, el tema podría avanzar al menos en la comisión; toda vez que es una agenda en la que también está interesada la oposición a gobierno de Kicillof.

El hecho comenzó en la tarde del martes, luego de que un llamado al 911 alertara sobre un asalto en Villa Devoto. Tras la denuncia, se dio inicio a un operativo para interceptar y detener a los ladrones que terminó involucrando a personal especializado de Villa Soldati.

La secuencia se inició en la calle Nazarre al 5200, donde dos individuos armados a bordo de una motocicleta rompieron el vidrio de un auto detenido en un semáforo para robar pertenencias, según informaron fuentes policiales a Infobae. La descripción física y de vestimenta aportada por testigos permitió a los agentes montar un dispositivo de búsqueda en la zona.

A partir de la denuncia, patrulleros de la Policía de la Ciudad desplegaron un seguimiento que se extendió por varias cuadras. La persecución avanzó hacia el sur hasta alcanzar el cruce de Avenida 27 de Febrero y Avenida Cámpora, en los límites de Villa Soldati y en cercanías al Riachuelo. En ese punto, los efectivos lograron detener a uno de los sospechosos, un hombre de 32 años que cuenta con antecedentes penales vinculados al narcotráfico, de acuerdo con la información a la que accedió Infobae.

El segundo, por su parte, implicado abandonó la moto e intentó escapar a pie. Al verse cercado, tomó una drástica e inesperada decisión para las autoridades: se arrojó al Riachuelo para evitar la detención, lo que dio inicio a un operativo de rastrillaje en el agua y en la ribera.

En ese contexto, personal del grupo especial DOEM (División Operaciones Especiales Metropolitanas) se sumó al despliegue y localizó al prófugo dentro de un conducto de desagüe, donde fue finalmente reducido y esposado, según precisaron fuentes policiales a Infobae.

El detenido, de 35 años, tenía dos antecedentes por robo que datan de 2024. Tanto él como su cómplice son vecinos del partido bonaerende de Lanús.

Ahora ambos detenidos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Nro. 18, que ordenó el alojamiento de los dos en la comisaría correspondiente y la continuidad de las actuaciones judiciales. Asimismo, la intervención de las fuerzas de seguridad permitió recuperar elementos robados.

Durante su intervención, el postulante inició con un diagnóstico crítico de la situación del país, al señalar la existencia de un “pacto mafioso” entre actores políticos y económicos. En ese contexto, afirmó que la criminalidad afecta directamente a sectores como transportistas, comerciantes y pequeños empresarios, quienes —según indicó— son víctimas constantes de extorsión y violencia.

Asimismo, propuso una reorganización total del Estado, que incluye la eliminación de la bicameralidad mediante referéndum y la derogación de leyes que, a su juicio, favorecen al crimen. Estas medidas, sostuvo, formarían parte de un cambio estructural en la administración pública.

Servicio militar obligatorio y medidas de control

Uno de los planteamientos centrales del candidato fue el retorno del servicio militar obligatorio dirigido a jóvenes que no estudian ni trabajan. Según explicó, esta medida busca reforzar la disciplina social y contribuir a la seguridad interna.

En el mismo eje, Carrasco planteó otras acciones vinculadas al control del orden público:

• Expulsión de extranjeros en situación migratoria irregular en un plazo de 48 horas
• Implementación de cadena perpetua para extorsionadores, sicarios y corruptos
• Creación de incentivos económicos para la policía y para ciudadanos que brinden información sobre delitos

Estas propuestas fueron presentadas como parte de una estrategia para reducir la criminalidad en el corto plazo.

Sistema de justicia y seguridad

En materia institucional, el candidato propuso fortalecer el sistema de seguridad mediante la creación de unidades especializadas de inteligencia y contrainteligencia policial. Además, planteó el retorno de una policía de investigación con mayor capacidad operativa.

También anunció la implementación de juzgados de ejecución penal en comisarías, con el objetivo de acelerar los procesos judiciales. Según indicó, estos permitirían que los delincuentes sean sentenciados en un plazo de 48 horas.

A ello se suma la descentralización de los institutos de criminalística en todas las regiones del país, con el fin de mejorar la capacidad de investigación en el interior.

Política penitenciaria y eliminación de la ATU

En el ámbito penitenciario, Carrasco propuso el cierre de cárceles ubicadas en zonas urbanas y la construcción de “megacárceles” en áreas alejadas, con capacidad para albergar a miles de internos.

Asimismo, planteó que los reclusos realicen trabajos como condición para su manutención, junto con una reorganización integral del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El candidato también incluyó propuestas vinculadas a la reorganización de entidades públicas, entre ellas la eliminación de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Superintendencia de Transporte Terrestre (SUTRAN), como parte de una reforma del sistema de transporte.

Propuestas sociales y económicas

En el tramo final de su participación, Charlie Carrasco presentó medidas orientadas al ámbito social y laboral. Entre ellas, el nombramiento automático de docentes contratados y mejoras en las pensiones para jubilados.

Además, propuso la homologación y aumento de salarios en sectores como educación, salud, fuerzas armadas y policía, así como beneficios para bomberos y licenciados del servicio militar.

El conjunto de propuestas fue expuesto como parte de un plan integral que, según el candidato, busca atender la inseguridad ciudadana y reestructurar el funcionamiento del Estado en distintos niveles.

Las declaraciones se dieron en un contexto donde la criminalidad organizada, los ataques a transportistas y los hechos de violencia siguen generando preocupación en la ciudadanía, especialmente en Lima. Frente a ello, el jefe de Estado sostuvo que su administración no ha “bajado la guardia” y que, por el contrario, se encuentra ejecutando estrategias junto a la Policía y las Fuerzas Armadas para contener esta problemática que también impacta en la economía y la percepción de seguridad.

Gobierno asegura avances en plan contra la criminalidad

Durante el diálogo, Balcázar destacó la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual —según indicó— se viene ejecutando con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas y nuevas herramientas tecnológicas. En esa línea, remarcó que el objetivo es dejar una base sólida para la siguiente gestión gubernamental.

“Silenciosamente estamos trabajando, porque ya verá usted los resultados que están bajando”, afirmó el mandatario, al insistir en que las acciones emprendidas ya estarían reflejando una disminución progresiva de los delitos. No obstante, reconoció que existen situaciones que surgen de manera imprevista, lo que impide una reducción inmediata de todos los casos.

El presidente también hizo énfasis en que la lucha contra la delincuencia en Lima es una prioridad, al tratarse de uno de los principales factores que afectan la inversión y la tranquilidad de la población. “Es uno de los grandes problemas que ahuyenta las inversiones y la tranquilidad”, señaló, al tiempo que destacó que el tema se mantiene en el centro de la agenda política.

En otro momento, el jefe de Estado defendió el trabajo articulado con su gabinete, resaltando el rol del presidente del Consejo de Ministros y del titular del Ministerio del Interior. “Tenemos un buen premier y un buen ministro del Interior que están dedicados exclusivamente a combatir este flagelo”, sostuvo.

Asimismo, Balcázar reveló que personalmente viene exigiendo resultados a las autoridades encargadas del sector. “Yo mismo estoy exigiendo todos los días para que nos traigan mejores resultados y podamos bajar sustancialmente esta ola que azota a Lima”, manifestó, evidenciando la presión interna en el Ejecutivo frente a la creciente demanda ciudadana por mayor seguridad.

Mientras tanto, la extorsión se expande y afecta a más de 6 millones de peruanos

En paralelo con las declaraciones del mandatario, un reciente informe del Observatorio del Crimen y la Violencia advierte que la extorsión en Perú ya alcanza al 25% de la población adulta, lo que equivale a más de 6 millones de personas afectadas directa o indirectamente en los últimos tres meses. El estudio revela que este delito no solo se mantiene como una de las principales amenazas, sino que además ha cambiado su comportamiento territorial, mostrando una ligera reducción en Lima, pero un crecimiento sostenido en regiones del interior y zonas rurales.

El reporte también evidencia la expansión de la criminalidad económica, con modalidades como el préstamo ilegal “gota a gota”, que pasó de afectar al 15% de la población en 2024 al 19% en 2025. A esto se suman las estafas digitales y telefónicas, que ya impactan al 27% de los adultos, impulsadas por el mayor uso de celulares, redes sociales y plataformas digitales. Estos delitos se concentran cada vez más fuera de la capital, donde la población tiene menos acceso a mecanismos formales de protección.

En ese mismo contexto, el documento advierte que la respuesta del sistema de justicia sigue siendo limitada. A pesar del aumento de denuncias, el número de personas encarceladas por extorsión se ha mantenido prácticamente sin cambios en los últimos años, lo que refleja dificultades en la investigación y sanción. Esta situación, sumada a la falta de infraestructura como sistemas integrados de seguridad, contribuye a la expansión del delito y a la percepción de impunidad en distintas zonas del país.

La extorsión continúa consolidándose como uno de los principales problemas de seguridad en el Perú. Según el más reciente reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, el 25% de la población mayor de 18 años afirma haber sido víctima o conocer a alguien afectado por este delito en los últimos tres meses, lo que representa a más de 6.000.000 de personas a nivel nacional.

El informe señala que, lejos de reducirse, el fenómeno ha experimentado cambios en su distribución territorial. En el último año, la incidencia de la extorsión ha disminuido ligeramente en Lima, pero se ha incrementado en el interior del país, especialmente en regiones del centro, sur y oriente, así como en zonas rurales.

Este desplazamiento refleja una diversificación del delito, que ahora alcanza a sectores de la población con menor acceso a mecanismos formales de protección y financiamiento. En ese contexto, el reporte advierte que la expansión territorial de la extorsión responde a dinámicas del crimen organizado que buscan nuevos espacios de operación.

Expansión de delitos económicos

El estudio también identifica un crecimiento sostenido de modalidades vinculadas a la criminalidad económica. Entre ellas destaca el préstamo informal conocido como “gota a gota”, cuya incidencia pasó de 15% en 2024 a 19% en 2025, con aumentos significativos en el interior urbano y en regiones del centro del país.

Asimismo, las estafas a través de medios digitales y telefónicos afectan al 27% de la población adulta, con más de 6.6 millones de personas expuestas a este tipo de delitos. Este incremento está asociado al mayor uso de teléfonos móviles, redes sociales y plataformas digitales.

En paralelo, el reporte documenta cerca de mil operativos policiales exitosos durante el 2025 contra el crimen organizado. Sin embargo, advierte que estos resultados son insuficientes frente a la magnitud del problema y se ven limitados por deficiencias estructurales en la institución policial.

Focalización de homicidios y patrones delictivos

El análisis territorial de los homicidios muestra una alta concentración en determinadas regiones. Lima, Callao y La Libertad concentran una proporción significativa de los casos, mientras que provincias como Trujillo, Piura y Sullana destacan como focos persistentes de violencia.

A nivel distrital, la incidencia se concentra en zonas específicas, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas. Esta focalización permite identificar patrones claros para la intervención estatal, aunque el informe señala que aún no se aplican estrategias sostenidas en estos territorios.

En cuanto a los horarios, el reporte identifica diferencias entre Lima y otras regiones. Mientras en la capital no existe una brecha marcada entre delitos diurnos y nocturnos, en otras zonas la incidencia de homicidios durante la noche casi duplica a la del día.

Armas, transporte y violencia de género

El uso de armas de fuego predomina ampliamente en los homicidios registrados, con más de 1.300 casos vinculados a este tipo de armamento. Estos crímenes están asociados principalmente a sicarios que operan dentro de redes de extorsión.

El acceso a estas armas se produce a través de distintas vías, entre ellas el robo, el mercado ilegal y la participación de agentes corruptos. El informe señala que restringir este acceso es clave para reducir los niveles de violencia.

En paralelo, el sector transporte se consolida como uno de los más afectados por la criminalidad. Durante el 2025 se registraron 239 transportistas asesinados, incluidos mototaxistas, taxistas y conductores de transporte público, en su mayoría víctimas de redes de extorsión.

Feminicidios y debilidad institucional

El reporte también aborda la violencia contra la mujer, señalando que los feminicidios se producen principalmente en el entorno doméstico y afectan sobre todo a mujeres entre 18 y 40 años. A diferencia del crimen callejero, estos casos involucran con mayor frecuencia agresiones físicas y armas distintas a las de fuego.

Pese al aumento de denuncias por extorsión, el informe advierte una baja efectividad del sistema de justicia. El número de personas privadas de libertad por este delito se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años, lo que evidencia limitaciones en la investigación y sanción.

Esta situación genera un escenario en el que las víctimas no obtienen resultados concretos tras denunciar, lo que podría contribuir a la subdenuncia y a la expansión del delito en distintos sectores del país.

Infraestructura de seguridad y marco legal

El reporte destaca la importancia de implementar sistemas integrados de seguridad, como los centros de comando C5i, que permiten coordinar información en tiempo real y mejorar la respuesta ante delitos. Sin embargo, advierte que en el Perú no existe actualmente un sistema de este tipo plenamente operativo.

La ausencia de esta infraestructura limita la capacidad de prevención y reacción frente a delitos como la extorsión y el sicariato, especialmente en sectores críticos como el transporte público.

Finalmente, el documento revisa las normas legales recientes vinculadas a la seguridad ciudadana y al crimen organizado. Si bien algunas medidas buscan endurecer el marco normativo, también se advierte que ciertos cambios podrían dificultar la acción estatal o generar riesgos de corrupción en su implementación.

La extorsión y el cobro de cupos se han consolidado como la principal preocupación en materia de seguridad ciudadana en el Perú. De acuerdo con una encuesta de Ipsos, el 76% de la población —equivalente a cerca de 19 millones de personas— identifica estos delitos como los más alarmantes, superando ampliamente a otros como la corrupción de funcionarios (41%), la violencia sexual (37%), el secuestro (35%) y el robo agravado (32%).

Los resultados evidencian un cambio en la percepción ciudadana sobre la inseguridad, con un enfoque cada vez más marcado en delitos vinculados al crimen organizado y a economías ilegales. Este panorama refleja la creciente presencia de prácticas extorsivas en distintos ámbitos, desde el comercio hasta el transporte y la construcción.

Un estudio comparativo del Observatorio del Crimen y la Violencia, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, refuerza esta tendencia. Según el informe, una cuarta parte de la población —alrededor de 6 millones de personas— ha sido víctima de extorsión o conoce a alguien que lo ha sido en los últimos tres meses.

Expansión del crimen y economías ilegales

El informe también advierte sobre la expansión y diversificación de las modalidades delictivas. Entre ellas destaca el sistema conocido como “gota a gota”, que pasó del 15% al 19% en el mismo periodo analizado, lo que evidencia un crecimiento sostenido de estas prácticas.

En paralelo, la encuesta señala que el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas encabezan las preocupaciones entre las economías criminales, ambas con un 64%, seguidas por la minería ilegal con un 52%. Estas cifras dan cuenta de la magnitud de actividades ilícitas que operan de manera articulada en el país.

Especialistas advierten que el crimen en el Perú ha dejado de manifestarse como hechos aislados para evolucionar hacia estructuras más complejas. En este escenario, convergen la criminalidad común, el crimen organizado urbano y diversas economías ilegales, con creciente capacidad de expansión territorial e influencia.

Pesimismo ciudadano y demandas de acción

El contexto se agrava por un extendido pesimismo en la población respecto a la capacidad del Estado para enfrentar la inseguridad. Según la encuesta, el 58% de los peruanos considera que el próximo gobierno no será capaz de combatir eficazmente estos problemas, frente a un 36% que mantiene expectativas positivas.

Ante esta situación, la ciudadanía ha definido prioridades claras. Más de la mitad (54%) considera que el próximo gobierno debe concentrar sus esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado y las economías ilegales. A ello se suman la necesidad de reformar el sistema de justicia (45%) y fortalecer a la Policía Nacional (44%).

En respuesta a este diagnóstico, el Observatorio del Crimen y la Violencia plantea una serie de propuestas orientadas a mejorar la respuesta estatal. Entre ellas destacan la consolidación de una estrategia de seguridad como política de Estado, el fortalecimiento de la inteligencia policial y una mayor articulación entre instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

El sitio, ubicado sobre la avenida Boyacá con avenida Tunjuelito, es paso frecuente para estudiantes, residentes y pacientes del Hospital de Meissen, pero su ambiente solitario genera alerta.

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La experiencia de cruzar este puente quedó registrada en un video donde el creador de contenido lalitoysamu narró su trayecto: “Bueno, muchachos, vamos aquí a empezar a cronometrar cuánto me demoro pasando hasta el otro lado y hasta el hospital del Meissen. ¿Listo? Uno, dos, tres, ya”.

Durante el recorrido, el influencer advirtió: “Es un sitio muy peligroso. Lo bueno es que esta vez yo decidí subir por este lado”. A mitad del trayecto señaló: “Algo de lo que toca tener mucho cuidado es con la inseguridad. Si ustedes ven algo así como raro, es mejor que se devuelvan”.

La infraestructura presenta obstáculos para personas con movilidad reducida: “Supuestamente esto era para los discapacitados, pero acá hay como unos escalones, vea. Entonces una persona en silla de ruedas no va a poder pasar por acá”.

Añadió su perspectiva sobre la soledad del lugar: “No hay ni una sola persona que usted diga: ‘Juepucha, no hay nadie. Solamente yo crucé el puente’”. Para muchos, el puente representa más un riesgo que una solución de movilidad.

Tras completar el recorrido Lalitoysamu concluyó: “Nos demoramos 3:38:34 milésimas. Bueno, digámosle 3:40. A una persona así, un abuelito, yo creo que le toman por ahí unos 5 o 6 minutos, porque ellos pues andan más despacio. Un puente que no sirve para nada, muchachos, de verdad, algo que hicieron que absolutamente fue un robo”.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en multiplicarse. Usuarios expresaron su indignación y escepticismo sobre la estructura: “Pero quién, qué arquitecto se le ocurrió hacer ese puente así tan largo y mal hecho, que brutalidad con ese puente así”.

Otros relataron sus experiencias: “Es que nadie pasa ese puente ni de día ni menos de noche yo trabajo en Meissen y prefiero ir hasta el semáforo y pasar las vías y ya”. Hubo quienes relativizaron el peligro: “Yo he pasado varías veces y nunca me ha pasado nada”, mientras que otra voz resumió el motivo de la deserción: “Pero creo que la gente no lo pasa es porque es muy largo, no porque sea tan peligroso”.

Este puente se ha ganado el calificativo de el más largo de Bogotá según medios nacionales. La extensión y el diseño han sido objeto de crítica, pero el fondo del asunto revela un problema mayor: la percepción de inseguridad y el estado de la infraestructura peatonal en la ciudad.

En abril de 2025, el concejal Julián Forero alertó sobre el deterioro de los puentes en Bogotá, tanto peatonales como vehiculares. Con base en datos oficiales, detalló que el 44,55% de los 625 puentes vehiculares presentan estado regular o malo. De los 452 puentes peatonales, el 37,7% muestra fallas estructurales y problemas de servicio, lo que impacta directamente en la seguridad de los peatones.

El concejal fue enfático: “No es justo que, además del caos en la movilidad, los bogotanos tengan que jugarse la vida cruzando puentes en mal estado. Es una falta total de respeto y compromiso con la ciudadanía”.

Según Forero, la situación es crítica porque algunos puentes, como el de la Avenida Ciudad de Cali sobre el Canal Salitre y el de la Avenida Primero de Mayo con Avenida Boyacá, llevan más de 16 años sin recibir mantenimiento.

Pese a la preocupación, las estadísticas de la Secretaría de Seguridad muestran otra cara. En los primeros dos meses de 2026, los indicadores de criminalidad ligados a los puentes y otros espacios públicos han descendido. Los homicidios bajaron un 12,5% y los hurtos a personas un 38,3% respecto al mismo periodo de 2025. Los robos a residencias y comercios también disminuyeron de manera significativa.

Sin embargo, la encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio revela que la sensación de inseguridad persiste. Aunque el 66,2% de los encuestados en 2025 considera que la situación empeoró, la comparación con 2021 indica una mejora de 21,5 puntos. El objetivo a largo plazo es acercarse al 41,4% de percepción negativa que se registró en 2016.

El Gobierno enfrenta un escenario complejo en el terreno político y económico, marcado por tensiones institucionales y una aceleración inflacionaria que continuaría en marzo. A pesar del impacto del alza de precios en la vida cotidiana, la inflación ya no encabeza el listado de inquietudes para los argentinos. Según la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, los bajos salarios, la falta de trabajo y la corrupción la desplazaron y pasaron al centro de las preocupaciones sociales.

El estudio de la casa de estudios, realizado entre el 10 y el 17 de marzo de 2026, reveló que esas tres temáticas lideran el listado de problemas que afectan actualmente a la sociedad argentina. El informe, que abarcó a más de mil personas con ponderación según el voto de 2025, mostró un cambio en el eje de las preocupaciones: la inflación perdió centralidad y cedió espacio a cuestiones vinculadas con el ingreso y el trabajo.

La encuesta ubicó a los bajos salarios como el principal problema nacional, con el 37% de las respuestas. Si se mira a nivel desagregado, la preocupación es mayor en mujeres (38%) que en hombres (35%), en la clase media alta (41%) y en la generación X, personas que tienen entre 44 y 59 años (39%). En términos de cómo votaron en 2023, entre quienes eligieron a Sergio Massa, un 40% está preocupado por esta variable, mientras que entre los que optaron por Javier Milei, la cifra baja a 32 por ciento.

La falta de trabajo se posicionó en segundo lugar, con el 36%, siendo nuevamente mayor entre mujeres (37%) que entre hombres (35%). Aunque en términos socioeconómicos es una preocupación más presente en la clase baja (38%) y también en la generación X. En términos de a quién eligieron como candidato a presidente en 2023, lidera entre los votantes de Myriam Bregman, preocupa a un 51% y en los de Milei solo lo hace en un 33% de los casos.

La corrupción ocupó el tercer puesto, alcanzando un 33 por ciento. En esa variable, es a los hombres a quienes más les pesa (36%) mientras que las mujeres lo hacen en un 29 por ciento. Este dinámica prevalece en mayor medida en la clase alta con un 38%, mientras que a los sectores con menores recursos solo le preocupa esta variable en un 29% de los casos. En términos del votante de Milei, lo hace en un 32%, al igual que el de Patricia Bullrich, aunque el de Juan Schiaretti lo afecta en un 39 por ciento.

Estos temas superaron a la inseguridad, que reunió el 30%, y a la pobreza, que figuró con el 27 por ciento. La inflación, que en otros períodos dominó la agenda, registró solo el 20%. Lo que llama la atención, dado que el IPC desde el mes de julio viene con una tendencia de aceleración, que lo llevó a que en enero y febrero de este año se ubicara en 2,9 por ciento.

El informe de la Universidad de San Andrés detectó que el empleo y la remuneración se consolidaron como ejes transversales de malestar en todos los grupos sociales, sin diferencias significativas por género, clase o generación. El dato de la transversalidad resultó relevante para comprender la magnitud del fenómeno. Entre los votantes de diferentes fuerzas políticas, estas preocupaciones también se mantuvieron al tope, lo que indica una fuerte coincidencia más allá de las diferencias partidarias.

El relevamiento también incluyó una evolución de las preocupaciones a lo largo de los últimos años. La falta de trabajo mostró un aumento de seis puntos porcentuales (p.p.) respecto a mediciones previas, mientras que la inflación subió cinco puntos. En cambio, los bajos salarios se mantuvieron como el principal problema, sin cambios sustanciales en el período reciente.

La encuesta reflejó, además, un alto nivel de insatisfacción con la marcha general de las cosas. Solo el 33% de los consultados expresó satisfacción, lo que significó una caída de siete puntos en comparación con noviembre de 2025. Un 65% se manifestó insatisfecho, consolidando una tendencia negativa. La desaprobación presidencial registró un 59%, siete puntos más que en la última medición, mientras que la aprobación se ubicó en el 38 por ciento. Este nivel de aprobación resultó inferior al que tuvo Mauricio Macri en el mismo punto de su mandato, aunque duplicó el de Alberto Fernández.

El documento de la Universidad de San Andrés subrayó que la percepción de crisis institucional se profundizó en los últimos meses, mientras que la agenda pública se reconfiguró en torno a los problemas económicos más inmediatos. La corrupción, que durante años ocupó el primer plano de las preocupaciones, descendió un escalón, pero se mantuvo en un lugar destacado.

Perspectivas a futuro

El informe aportó datos sobre la evaluación retrospectiva y prospectiva que hacen los argentinos. El 56% consideró que la situación del país empeoró en el último año, mientras que solo el 13% observó una mejora. Al proyectar hacia el futuro, el 46% estimó que la situación empeorará en el próximo año y un 30% manifestó expectativas de mejora.

El reporte detalló que los votantes oficialistas manifestaron expectativas de mejora a futuro, mientras que los opositores proyectaron escenarios más negativos. En términos de identificación de problemas, la encuesta mostró un consenso amplio: salarios, empleo y corrupción dominaron en todos los segmentos sociodemográficos.

La encuesta también profundizó en la imagen de figuras políticas. Javier Milei encabezó la imagen positiva bruta con un 38%, seguido por Patricia Bullrich (36%) y Myriam Bregman (33%). Ningún dirigente político obtuvo diferencial de imagen positivo. Diego Santilli, funcionario, alcanzó el 28% de imagen positiva, mientras que Karina Milei registró el mayor nivel de rechazo con un diferencial negativo de -50.

En el plano de la satisfacción con las políticas públicas, Defensa, Política Exterior y Economía obtuvieron los mejores puntajes, aunque la insatisfacción prevaleció en todos los ámbitos. La política de Obras Públicas mantuvo el nivel más bajo de satisfacción, con apenas un 20 por ciento.

La crisis de confianza hacia las instituciones políticas y sociales se reflejó en los datos de la encuesta. Los científicos, las PyMEs y los ambientalistas sobresalieron como los actores mejor valorados, mientras que los partidos políticos y los sindicatos mantuvieron los índices más altos de imagen negativa.

La Universidad de San Andrés concluyó que el crédito social experimentó un ajuste ante la persistencia de los problemas económicos, en particular el empleo y la remuneración. Los datos permiten observar una transformación en la agenda pública, con el foco puesto en variables concretas del día a día, como el salario y el acceso a puestos de trabajo. La agenda de prioridades, según el estudio, mostró una reconfiguración en el lugar que ocupan las preocupaciones económicas y la corrupción, desplazando otros temas como la inflación y la seguridad en la consideración pública.

Pero como si eso fuera poco, los delincuentes luego le usaron las tarjetas de crédito que la víctima tenía en el morral que le sustrajeron: se fueron a cenar a un local de comidas rápidas e hicieron compras en el supermercado.

Todo ocurrió en el cruce de Moyano y General Urquiza, a tres cuadras de la Estación de Palomar de Ciudad Jardín. El robo fue el pasado viernes pasadas las 17, en un horario donde los chicos salen de la escuela. Por caso, a dos cuadras de allí está el colegio Alas, con Maternal, Jardín, Primaria y Secundaria; y a 100 metros, la avenida Mosconi.

La víctima, de 34 años, relató que fue asaltado a mano armada cuando circulaba en su motocicleta Honda NX4, acompañado de su pareja.

Según su declaración, tras cruzar la barrera del ferrocarril San Martín y girar hacia la arteria Moyano, al llegar a la intersección con la calle General Urquiza, advirtió la presencia de una motocicleta azul con dos sospechosos.

La víctima los describió ante la Policía Bonaerense: el conductor tenía contextura robusta, tez blanca y vestía campera y gorra; el acompañante, por su parte, de contextura delgada, aproximadamente 1,60 metros de altura y tez morena.

Fue ese delincuente el que giró, lo miró y extrajo un arma de fuego. En ese instante, el acompañante le apuntó y lo amenazó: “Bajate, mira que no es joda, te voy a romper el pecho”.

La víctima le dijo que se quede tranquilo, que le daba todo mientras su pareja se tiraba de la moto: se lastimó. Él se quedó quieto, le dio todo, pero igual lo intimidó: “Esto no es joda, salame, te rompo el pecho”. Luego, realizó dos disparos al aire.

Los asaltantes lo obligaron a descender del vehículo, lo despojaron de una cadena de oro que llevaba en el cuello, su morral y la moto para darse a la fuga por General Urquiza en dirección a la localidad Caseros.

En el morral tenía un celular iPhone, la llave de un vehículo Chevrolet Cruze, la cédula de la moto Honda, una billetera con su documento, la licencia de conducir, dos cédulas de vehículos Fiat Fiorino, tarjetas de crédito de diversos bancos y una de Mercado Pago y 12.000.000 pesos en efectivo.

La víctima les dijo a los policías de la Comisaría de Tres de Febrero que un vecino le informó que en su domicilio de la calle Urquiza había cámaras que podrían haber registrado la secuencia, y se ofreció a aportar las imágenes: son las que ilustran esta nota.

Luego, en diálogo con el portal Primer Plano, la víctima contó que los ladrones después gastaron casi un millón de pesos con sus tarjetas de crédito porque no podía comunicarse con los bancos para bloquearlas, y una quedó en uso: gastaron 132 mil pesos en una casa de comidas rápidas de la avenida San Martín. Y el resto de las compras fueron en supermercados.

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 de La Plata condenó la semana pasada a 23 años y cuatro meses de prisión a Tobías Godoy (18) por el crimen sin piedad de Kim Gómez, la chiquita de 7 años que fue arrastrada y asesinada durante el robo del auto a su mamá.

Los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcenaro fueron durísimos en sus fundamentos: hablaron de desprecio por la vida, de una pésima impresión del imputado, de un tratamiento tutelar no satisfactorio y remarcaron que era necesaria una condena y que debería caberle perpetua: era adolescente al momento del hecho.

“La impresión causada por el joven durante todo el desarrollo del juicio es negativa en función de los dichos vertidos ante el Tribunal en sus últimas palabras que revelan ausencia de arrepentimiento y desprecio a la vida humana... Conocía que la niña se hallaba dentro del vehículo e intentó deshacerse de ella, sin importarle las consecuencias", destaca el fallo en uno de sus puntos más fuertes.

Y sigue: “Se desprende la necesidad de... que adopte una actitud reflexiva y autocrítica, superadora de su actual posicionamiento... Es por eso que considero necesaria la aplicación de una pena, con el objeto de continuar ese proceso de reintegración social y de que el joven asuma una actitud responsable y una función constructiva en la sociedad".

Pero los jueces no solo hablan de una necesidad de recibir una condena, sino también de un “merecimiento” porque “la extrema violencia desplegada, el resultado no satisfactorio del tratamiento tutelar y la pésima impresión personal causada" por Godoy en la audiencia “hacen necesaria la sanción”.

En tal sentido, los jueces consideraron que por haber “acabado con la vida de una niña de 7 años, empleando una violencia desmedida e inusitada, causándole padecimientos innecesarios, demostrando un desprecio hacia la vida humana”, la petición de la fiscal de 23 años y 4 meses “aparece como un límite insuperable en cuanto a la pena a imponer”, aunque en este caso “se le debería imponer la prisión perpetua”.

Por ello, agregaron: “No debe perderse de vista que nos hallamos frente a uno de los hechos más graves y resonantes de nuestro fuero, cometido por un menor de edad que acabó con la vida de una niña de 7 años de edad... que impone que sea sancionado con una pena que se ajuste al caso concreto”.

Por eso, además de la pena por el homicidio “criminis causa”, los magistrados pidieron que inicie un tratamiento psiquiátrico-psicológico “que lo acompañe en este proceso de responsabilización”; y que realice una capacitación o tratamiento relacionado con el respeto de la vida y la dignidad humana, “con perspectiva hacia personas en situación de vulnerabilidad, en especial de mujeres y niños, a fin de que asuma una actitud constructiva y responsable hacia la sociedad, adquiriendo respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas".

Sabía que Kim estaba en el auto

Es que uno de los puntos más duros del juicio fue la prueba que marcaba que el imputado, al volante del coche, sabía que Kim estaba en el auto y que no le importó que quedara trabada por el cinturón de seguridad.

“Los testimonios confirman que la salida de la niña del vehículo no fue un accionar por violación al deber de cuidado, por negligencia, imprudencia, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, sino el resultado de un acto deliberado del encausado para facilitar su escape“.

Según el fallo, en base a las pruebas, Godoy “frenó a mitad de cuadra sobre la avenida 72 para intentar sacarla del vehículo... Pero no tuvo en cuenta que la nena todavía tenía puesto el cinturón de seguridad, y a consecuencia de esa maniobra, la niña no cayó al piso, sino que quedó enganchada al auto, siendo arrastrada cuando el imputado aceleró nuevamente para huir. En su desesperación por deshacerse de ella, terminó provocando una trampa mortal”.

Pero lo más doloroso fue: “Tampoco puede sostenerse bajo ningún concepto que desconocía que la niña había quedado enganchada al vehículo. Según los testimonios recogidos en el debate, su huida no fue silenciosa: una multitud de ciudadanos, testigos directos del horror, lo alertaron a gritos y mediante señas desesperadas sobre la situación de la menor. A pesar de este ‘sinfín de advertencias’ de los vecinos, decidió no detenerse. Esto demuestra que no hubo ignorancia, sino una decisión deliberada de continuar la marcha a cualquier precio, aceptando el resultado mortal con tal de asegurar su impunidad”.

Las fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que en el transcurso de los allanamientos, solicitados por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°5 de Escobar, a cargo de la fiscal Mabel Edith Amoretti, los efectivos arrestaron a Kevin Leonardo Cuello Glavas, un mecánico de Pilar que ahora es acusado como presunto partícipe de una serie golpes cometidos durante los últimos meses.

Además, los investigadores recuperaron un total de siete vehículos, de los cuales cinco registraban secuestro activo y dos presentaban dominios apócrifos. Uno de los automóviles incautados, un Toyota Corolla blanco, tenía pedido de secuestro, aunque portaba un dominio que no correspondía con su numeración original.

El video que encabeza esta nota da cuenta del modus operandi de la banda, cuyos integrantes tenían roles definidos. En las imágenes, registradas el pasado 21 de febrero a la noche por la cámara de seguridad de una de las casas atacadas, se observa que uno de los sospechosos, que vestía una gorra, remera y bermudas claras, y zapatillas negras y blancas, pasa caminando por la puerte de la casa a robar, mientras la dueña aguardaba que su marido sacara el auto del garage.

Tres minutos después, ya sin la presencia de las víctimas en el domicilio, otro integrante de la banda, también con una gorra en su cabeza, pasa a pie por la puerta de la casa y coloca una marca en la puerta de ingreso. Así, sus cómplices ya sabrían cuál era la vivienda a ingresar.

Casi una hora más tarde, tres delincuentes arribaron al lugar en un auto de color negro y, encapuchados, irrumpieron en la propiedad, que estaba vacía y a merced de ellos para concretar el robo.

Al obtener las grabaciones en cuestión, la fiscal Amoretti ordenó una serie de medidas para tratar de dar con los sospechosos, entre ellas el análisis de material fílmico tanto de cámaras municipales como privadas y otras tareas de campo encubiertas.

En ese contexto, los agentes de la Estación de Policía de Seguridad Escobar y el Gabinete Técnico Operativo jurisdiccional lograron establecer la existencia de dos domicilios donde ocultaban los elementos y vehículos sustraídos.

Asimismo, los efectivos secuestraron 28 chapas patentes, entre las que se destaca una correspondiente a uno de los robos investigados, y un arsenal compuesto por armas de diferentes calibres: un revólver Colt calibre .22 LR con la numeración suprimida y seis municiones intactas; una pistola Bersa calibre .380 con cargador de ocho cartuchos y una vaina servida; un rifle Hatsan calibre .5,5 mm modelo BT 65; una pistola KK USP calibre .4,5 mm; 40 municiones calibre .380 marca Remington, 229 de calibre 22 Magnum y 30 balas teflonadas calibre .9 mm. Junto a este material fueron hallados inhibidores de señal —dos de la marca Baofeng y dos Ghost Finder—, dos radios portátiles, un sistema DVR Hikvision modelo y otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, se hallaron 118 envoltorios plásticos que contenían 54 gramos de cocaína.

La investigación continúa abierta, con posibilidad de ampliación conforme al avance en el análisis de los elementos recolectados, indicaron las huerlas.

Vehículos con pedido de secuestro y patentes falsas

Durante el operativo, los agentes recuperaron cinco automóviles que contaban con pedido de secuestro activo: dos Toyota Corolla blancos, un Jeep Renegade gris oscuro, un Citroën C4 Cactus blanco y una lista detallada que incluye la verificación cruzada de dominió colocado y numeración de chasis.

A estos hallazgos se suman dos vehículos con dominio apócrifo. El primero de ellos, un Chevrolet Cruze gris topo, portaba un dominio colocado, pero presentaba un grabado de cristales con otro distinto y pedido de secuestro activo bajo la carátula de “robo automotor”, solicitado por la Unidad Fiscal y de Juicio N° 13 de La Matanza.

El segundo, un Volkswagen Gol Trend blanco con un dominio colocado diferente al que aparecía en el grabado de cristales, presentaba un pedido de secuestro activo por hurto con intervención de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Los investigadores creen que estos vehículos eran parte de la logística de la organización.

Un delincuente murió tras ser baleado por la Policía Bonaerense durante un enfrentamiento en Avellaneda. El hecho ocurrió este domingo cuando dos personas intentaron robarle la moto a un prefecto cerca del puente Pueyrredón. El otro involucrado resultó herido, permanece hospitalizado y está bajo custodia policial.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que todo comenzó en la intersección de la avenida Mitre y José Ignacio Rucci, donde efectivos de Prefectura Naval Argentina (PNA), que realizaban una recorrida preventiva visualizó cómo dos asaltantes, a bordo de una Honda XR300, trataban de robarle la moto a un agente de la misma fuerza de seguridad, de 31 años.

Al dar la voz de alto, la situación derivó en un enfrentamiento armado con los dos sospechosos, uno de los cuales, identificado como A.F., de 22 años, sufrió heridas de bala en la mandibula, uno de sus hombros, el muslo izquierdo, la zona del abdomen y el brazo derecho. Fue trasladado al hospital Fiorito, donde este lunes a la mañana continuaba internado bajo custodia policial.

Su cómplice, identificado como P.M. (29), se dio a la fuga en medio de la balacera y se escondió dentro de un contenedor ubicado en el cruce de Levalle y Montes de Oca, a tan solo dos cuadras de donde había comenzado la secuencia. Al arribar al lugar, personal del Comando de Patrulla local encontró al sospechoso y se produjo un segundo tiroteo que derivó en la muerte del asaltante. En el lugar, los agentes además secuestraron el arma de fuego que había utilizado para abordar a la víctima.

P.M., según pudieron determinar los investigadores, registraba un pedido de captura en el marco de una causa que tramita otro Departamento Judicial.

Ante la consulta de este medio, fuentes del caso confirmaron que la víctima, que resultó ilesa, presta servicio en la Dirección Protección Ciudadana de Prefectura Naval Argentina.

La investigación quedó en manos del fiscal Mariano Zitto, titular de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, quien ordenó las diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Asimismo, dispuso no tomar medidas contra el personal policial que intervino en el hecho.

El ataque a un oficial de Policía de la Ciudad

Casi en simultáneo, pero en otro hecho, un oficial de la Policía de la Ciudad fue baleado por motochorros que intentaron robarle en el centro Avellaneda. El efectivo, que repelió el asalto con su pistola reglamentaria, permanece internado.

Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes oficiales, la víctima tiene 40 años y, al momento del hecho, circulaba vestido de civil a bordo de su moto particular, una Honda Tornado. Cumple funciones en la División de Contravenciones y Faltas de la fuerza porteña.

En la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen (ex Pavón) y Teniente Coronel Lafuente, una zona céntrica de la ciudad, el policía fue abordado por dos motocicletas, con dos ocupantes en cada una. Todo ocurrió a plena luz del día, cerca de las 15. Los motochorros intentaron robarle el vehículo a punta de pistola.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el efectivo respondió al ataque con su arma y se desató un tiroteo. Hasta el momento no se tiene precisión de cuántos balazos hubo, aunque la cifra rondaría la decena de detonaciones.

Los disparos alertaron a un móvil del Comando de Patrullas de Avellaneda que estaba en la zona. Agentes de la Policía Bonaerense encontraron a su camarada porteño tendido en el asfalto, con seis orificios de bala en el tórax, ambos tobillos, la mano izquierda, la cadera y el muslo derecho.

Cuando llegaron a asistirlo, se encontraba consciente, al punto que llegó a dar algunas precisiones sobre los delincuentes.

El oficial herido fue trasladado en un patrullero hacia el Hospital Fiorito, donde lo estabilizaron y le hicieron las primeras intervenciones de urgencia. Luego los médicos comenzaron los preparativos para trasladarlo al Hospital Italiano, en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra en ese centro médico.

El efectivo baleado se encuentra en estado reservado. En tanto, los motochorros no fueron identificados y permanecen prófugos. La investigación, al igual que el intento de robo a un prefecto, también recayó en manos del fiscal Zitto.

“Los atacantes se dieron a la fuga sin sustraer pertenencias personales ni institucionales”, confirmaron fuentes oficiales a este medio.

Un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue baleado este domingo en un asalto a mano armada perpetrado por cuatro motochorros en el partido bonaerense de Avellaneda. El efectivo, que repelió el asalto con su pistola reglamentaria, permanece internado.

Según pudo reconstruir Infobae de fuentes oficiales, la víctima tiene 40 años y, al momento del hecho, circulaba vestido de civil a bordo de su moto particular, una Honda Tornado. Cumple funciones en la División de Contravenciones y Faltas de la fuerza porteña.

En la esquina de las calles Avenida Hipólito Yrigoyen (ex Pavón) y Teniente Coronel Lafuente, una zona céntrica de la ciudad, el policía fue abordado por dos motocicletas, con dos ocupantes en cada una. Todo ocurrió a plena luz del día, cerca de las 15.

Los motochorros intentaron robarle el vehículo a punta de pistola.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el efectivo respondió al ataque con su arma y se desató un tiroteo. Hasta el momento no se tiene precisión de cuántos balazos hubo, aunque la cifra rondaría la decena de detonaciones.

Los disparos alertaron a un móvil del Comando de Patrullas de Avellaneda que estaba en la zona. Agentes de la Policía Bonaerense encontraron a su camarada porteño tendido en el asfalto, con seis orificios de bala en el tórax, ambos tobillos, la mano izquierda, la cadera y el muslo derecho.

Cuando llegaron a asistirlo, se encontraba consciente, al punto que llegó a dar algunas precisiones sobre los delincuentes.

El oficial herido fue trasladado en un patrullero hacia el Hospital Fiorito, donde lo estabilizaron y le hicieron las primeras intervenciones de urgencia. Luego los médicos comenzaron los preparativos para trasladarlo al Hospital Italiano, en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra en ese centro médico.

El efectivo baleado se encuentra en estado reservado.

En cuanto a los motochorros que abordaron al oficial, hasta el momento no fueron identificados y permanecen prófugos. La investigación está a cargo de la Fiscalía N° 4 de Avellaneda, cuyo fiscal es el Dr. Mariano Zitto.

“Los atacantes se dieron a la fuga sin sustraer pertenencias personales ni institucionales”, confirmaron fuentes oficiales a este medio.

El oficial principal Diego Carlos Manuel Méndez, jefe del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Don Bosco de la Policía Bonaerense, circulaba el pasado viernes a bordo de su Volkswagen T-Cross por las calles Rosales y Fray Cayetano cuando su trayecto fue interrumpido abruptamente.

Dos sospechosos armados descendieron de un Peugeot 208 y lo interceptaron, colocándose al lado de su vehículo y exhibiéndole un arma de fuego a través de la ventanilla. Intentaron robarle el automóvil y posiblemente otras pertenencias.

En ese instante, Méndez se identificó como personal policial y extrajo su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros, según se desprende de la reconstrucción oficial.

El enfrentamiento armado se desató en plena vía pública, en una zona transitada y a plena luz del día. Las balas cruzaron el aire mientras uno de los asaltantes intentaba huir tras recibir disparos. El otro, ante la reacción del policía, escapó rápidamente de la escena y logró perderse entre las calles de la zona.

Uno de los atacantes fue alcanzado por los disparos y cayó herido tras unos metros de fuga. La rápida intervención policial permitió la aprehensión de Marcelo David González, de 41 años y oriundo de El Palomar.

González presentaba una herida de arma de fuego en el tórax y un roce de bala en el rostro. En el procedimiento, los agentes secuestraron un arma de fuego Bersa calibre .380 con cinco municiones en poder del detenido.

Al consultar los registros, se confirmó que esa pistola tenía pedido de secuestro activo desde el 19 de junio de 2025, solicitado por la Comisaría 3ª de San Martín en el marco de una causa por robo.

El Peugeot 208 en el que se movilizaban los asaltantes también figuraba con pedido de secuestro activo por robo, solicitado por la Comisaría 2ᵃ de Morón desde el 6 de marzo de 2026.

Ambos elementos fueron incautados como parte de las pruebas esenciales para la investigación.

El caso quedó bajo la órbita de la UFI N°20 de La Matanza, desde donde se dispusieron las diligencias de rigor y la realización de pericias por parte de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) ya que estaba involucrado un oficial bonaerense. De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, la fiscalía dispuso no adoptar medidas para con el policía, quien resultó ileso tras el enfrentamiento.

Los antecedentes del detenido

Uno de los aspectos más relevantes del hecho fue el perfil del detenido. El sistema de registros arrojó un prontuario extenso para González: antecedentes penales por encubrimiento, portación ilegal de arma de guerra y resistencia a la autoridad (23 de octubre de 2021); encubrimiento y robo calificado (4 de mayo de 2015); homicidio (12 de diciembre de 2008); tentativa de robo calificado (15 de noviembre de 2008); y dos episodios de tenencia ilegal de arma de guerra en 2004.

La causa que se abrió por el intento de robo al policía se encuentra en sus primeras horas de instrucción. González permanece detenido, imputado por tentativa de robo agravado por el uso de arma.

El otro sospechoso, que logró fugarse tras el tiroteo, sigue prófugo y es buscado por las autoridades. Tanto el arma como el vehículo robado permanecen incautados y serán sometidos a peritajes.

“La Banda del Millón” cuenta con prácticamente la totalidad de sus miembros mayores de edad detenidos: son 21 los acusados que están alojados en la Unidad Carcelaria N° 61 de Melchor Romero, incluso el padre de dos de los líderes.

Pero al caso le faltan cuatro figuritas difíciles: los prófugos de una organización criminal que ya no puede usar celulares para planear los ataques desde la cárcel. Son dos mayores y dos menores de edad.

“Los únicos mayores actualmente prófugos son Rubén Siles y Damián Fernández, quienes se encuentran colateralmente vinculados a la banda”, explicaron fuentes del caso a Infobae que investiga del fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari y la DDI de ese distrito de la Policía Bonaerense.

Y esas fuentes dijeron que, en cuanto a los integrantes menores, varios permanecen alojados en centros de detención juvenil, otros ya han cumplido las medidas de seguridad judicialmente impuestas y dos siguen siendo buscados: N.S. y M.M..

Justamente, esos dos delincuentes adolescentes son algunos de los autores de un ataque bestial ocurrido en diciembre de 2024, que tuvo como víctima a un jubilado que por entonces tenía 86 años y a quien torturaron durante varias horas en su domicilio de la localidad de Acassuso para robarle joyas y la suma de 250.000 dólares.

Ocurrió el 30 de noviembre de 2024. Al menos cuatro delincuentes golpearon al jubilado con fiereza y, además de llevarse un botín cuantioso, intentaron irse en el BMW de la víctima, pero no pudieron abrir el portón. Luego, a algunos los atraparon en un shopping de la zona norte mientras gastaban los supuestos dólares que le quitaron a su víctima.

Uno de ellos era “Nata”, N.S. y que tenía por ese entonces 16 años. Hoy se encuentra prófugo desde el 2 de septiembre de 2025, tras haberse evadido del centro de detención juvenil donde cumplía medidas de seguridad.

El caso de M.M. es diferente: se fugó el 19 de enero pasado, luego de quebrantar las medidas durante su primera salida autorizada, destacaron las fuentes consultadas por este medio.

La Banda del Millón

De acuerdo a la causa, “La Banda del Millón" es responsable de una serie de violentos robos a viviendas de alto poder adquisitivo en el norte del conurbano bonaerense. Con una estructura interna sofisticada, hace del reclutamiento sistemático de menores de edad una herramienta para evadir las consecuencias penales: entre sus miembros se identificaron adolescentes de entre 12 y 17 años.

Así, la banda funcionaba bajo la coordinación de adultos. Dos que sobresalen son los hermanos Hugo Isaías (21) y Elían Castillo San Martín (18), quienes organizaban y planificaban los golpes incluso estando presos.

Hugo David Castillo (47), padre de Hugo y Elian, también fue detenido y esta semana que pasó fue alojado en el penal de Melchor Romero con el resto de los implicados. Además, le prohibió el uso de celulares en la cárcel.

Sin celular

A pedido del fiscal Ferrari, el juez Ricardo Costa del Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro dictó la prohibición absoluta de uso, tenencia y acceso a teléfonos celulares, dispositivos electrónicos o cualquier aparato con conexión a internet para Castillo padre.

La medida se fundamentó en los mensajes y audios extraídos de su teléfono, donde aparecen conversaciones con sus hijos sobre la coordinación de robos, entrega de dinero y estrategias para eludir controles en las cárceles.

También intercambiaron mensajes sobre la entrega de dinero a través de terceros y la necesidad de ocultar celulares ante eventuales controles.

Para la fiscalía, “dichos diálogos no solo permiten presumir la existencia de otros hechos delictivos en los que tanto el padre, el aquí imputado Castillo, como sus hijos pudieran haber participado, que a la fecha no han logrado establecerse, sino también el uso indiscriminado de sus aparatos de telefonía celular para continuar la operatividad y control de la organización criminal de mención desde sus lugares de encierro y la constante intención de mantenerlos ocultos ante la autoridad competente”.

El juez Costa coincidió con ese planteo y consideró que, si bien las personas privadas de su libertad tienen derecho a mantener contacto con el exterior, ese derecho puede ser restringido cuando se utiliza para fines ilícitos. Por eso resolvió que, en este caso, la prohibición absoluta de celulares era una medida excepcional pero necesaria para evitar nuevos delitos y garantizar el normal desarrollo del proceso.

La decisión judicial llegó justo cuando se cumplen cuatro semanas desde la aplicación del aislamiento tecnológico sobre los líderes de la banda. Los investigadores señalan que, desde entonces, no se registraron nuevos hechos atribuibles a “La Banda del Millón”.

58 años es una edad notable para un delincuente. Tal vez sea un número probable para un estafador, un mago mentiroso de las finanzas, algún ladrón de guante blanco, pero no para un pistolero. En el mundo del crimen con pólvora, llegar a viejo es casi una quimera.

Muchos caen por la ley de plomo que rigió sus vidas. Otros enferman prematuramente. “Vivimos en años de perros”, se ríe un histórico del robo que dejó una prisión bonaerense semanas atrás luego de transitar su tercera condena. “Mirame, ¡no tengo ni 55 y ya estoy hecho mierda!”. La cárcel, precisamente, se encarga del resto. El Sistema Nacional de Ejecución de la Pena, a cargo de elaborar las estadísticas de las prisiones argentinas, cuenta poco más de diez mil detenidos de 55 años en adelante en los penales nacionales de un total de 120 mil presos en el país.

Por su edad, o por su insistencia, Julio Esteban Baldes, “El Chino”, se convierte en un personaje singular. El hombre de 58 años, oriundo de Adolfo Sordeaux, fue detenido esta semana, en medio de una trama al menos curiosa, que incluye uno de los videos más insólitos en la historia reciente del delito bonaerense.

“El Chino”, bailarín de murga en sus ratos libres, ex empleado de una empresa dedicada al negocio de la salud, fue arrestado junto a otros cinco cómplices, incluido su hijo Federico, de 31 años, tras una investigación en su contra a cargo de la Comisaría 3° de Tigre, que depende de la Superintendencia AMBA Norte I bajo las órdenes del comisario general Lucas Borge.

El fiscal José Amallo, subrogante de la UFI de Tigre, lo acusa de ser el jefe de una banda dedicada a cometer entraderas en la zona norte del conurbano. El método que empleaban para robar era un clásico de la historia reciente, una figurita repetida desde los tiempos de la pandemia: conformar una asociación ilícita para disfrazarse de policías, entrar a casas a los gritos y robar en poblado y en banda.

Al “Chino” le encontraron una serie de chalecos de policía en su casa. Dijo que no eran suyos en su indagatoria. Básicamente, que se los habrían plantado. También dijo ser inocente, que en los días de los dos robos que el fiscal Amello le imputó se encontraba pintando su casa.

A los Baldes ya lo habían allanado y detenido a fines de diciembre pasado por supuestamente asaltar la imprenta Madygraf en Garín el mes anterior, un asalto con un botín de diez millones de pesos. Sin embargo, terminaron liberados por falta de pruebas. Luego, volvieron a caer. La Justicia sospecha que la banda que dirigía “El Chino” habría cometido, por lo menos, cuatro entraderas, con tres de ellas en un lapso de 48 horas.

Ensayo general para la farsa actual

La reticencia de Baldes padre a cantar se entiende, a pesar de la matemática investigación de los detectives a cargo del comisario Borge. La insignia “32: ni ortivas ni traidores”, un clásico del mundo tumbero, puede verse en sus redes.

Tal vez, aprendió los códigos en la cárcel. Una ficha policial marca causas en su contra por robo en 2001 y 2007 en la jurisdicción de San Isidro. Estuvo preso en el penal de Gorina desde mayo de 2010 hasta enero de 2012, a disposición del Juzgado de Ejecución Penal N°1 de San Isidro. El delito: otra vez, robo en poblado y en banda.

Sin embargo, la era del reel y el exhibicionismo le pudo a su banda. “Los chorros, hoy, hacen cualquier cosa con el teléfono”, se ríe un investigador. Un insólito video hallado a uno de los sospechosos en su teléfono fue la punta del iceberg que permitió encontrar y detener al resto de la banda.

Luciano Matías Colayago, un hombre de Don Torcuato de 33 años, fue el primer sospechoso de la banda en caer. Lo arrestaron el 20 de febrero, a bordo de un Volkswagen Fox, tras supuestamente cometer dos robos en una noche. Los lectores municipales de patentes le marcaron la suerte. Le encontraron dos teléfonos.

En uno de estos aparatos se encontró el video que ilustra esta nota. Dos sospechosos de la banda detenidos, junto a un tercero que todavía no fue arrestado, apodado “El Lágrima”, ensayan sus papeles de policías antes de un asalto. ”Los polis tenemos fierros", dice uno de ellos, tomándose la cosa en serio.

El teléfono de Colayago reveló conversaciones con Baldes hijo. También, con Baldes padre. El contenido del aparato fue clave para incriminarlo. Hoy, el fiscal Amallo sospecha que “El Chino” no participaba de los asaltos. Al menos, no en el hecho mismo: se dedicaba, supuestamente, a reunir al grupo, a señalar los blancos y a vestir a los ladrones con sus chalecos. Una suerte de director de casting, vestuarista y productor general.

El hecho ocurrió sobre la avenida Felipe Amoedo, a metros de Calchaquí, y terminó en la intersección con Antonio Roca. Durante la persecución, los agresores se acercaron al vehículo de la pareja y los presionaron, lo que provocó que perdieran el control de su rodado Corven 110 y cayeran al asfalto.

Los motochorros se fugaron de inmediato. Segundos después, vecinos del barrio se acercaron rápidamente para brindar ayuda y llamaron a la Policía y al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

De acuerdo con fuentes policiales, ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Iriarte de Quilmes. Roldán permanece internada allí con lesiones severas en los pulmones, fracturas en costillas y clavícula, y un corte profundo en la rodilla.

En el caso de Paniagua, tras recibir la asistencia inicial fue derivado al Hospital Bicentenario de Monte Grande, con una fractura de cráneo de alta gravedad. Tanto él como su novia continúan en estado reservado.

Inicialmente, en la causa fue caratulada como lesiones culposas e intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°22 de Quilmes, especializada en Delitos Culposos y a cargo de la fiscal Mara Torres, que comenzó a trabajar junto a la comisaría novena local.

El jueves, Torres se declaró incompetente y el expediente así pasó a la UFI N°4 del distrito, encabezada por la fiscal Karina Gallo, quien dispuso labrar actuaciones por el delito de tentativa de robo, según informaron fuentes del caso a Infobae.

Los investigadores buscan imágenes de cámaras de seguridad que ayuden a reconstruir el recorrido de las motos y encontrar a los responsables del hecho. Hasta el momento, solo se hallaron dos grabaciones: en una se ve la caída de la pareja y el paso posterior de otra moto, pero no se logró captar el momento del acercamiento previo. Las imágenes encabezan esta nota.

En el otro registro fílmico, tampoco se observa un forcejeo, pero sí que la moto de los ladrones se coloca a la par de las víctimas.

En redes sociales, allegados y familiares de las víctimas difundieron mensajes pidiendo colaboración de testigos y registro de cámaras, además de cadenas de oración.

“Dos ratas intentaron robarle la moto a Brian y a Zamira en Amoedo y Roca partido de Quilmes pido con mucho compromiso compartir ya que dos jóvenes luchan por su vida estando en estado crítico en el Hospital Iriarte de Quilmes. Necesitamos la colaboración de más cámaras de seguridad de la zona. Pedimos cadena de oración por mi hermana Zamira Roldán y Brian Paniagua, desde ya muchas gracias”, publicó una familiar.

“Zamira y Brian iban en moto, y fueron embestidos por un vehículo que luego se dio a la fuga. Fue en Amoedo y Roca, en Quilmes. Están muy graves... Buscamos y rogamos por testigos posibles que puedan aportar datos. Comunicarse con Comisaría Quilmes 9na. Pedimos también sus oraciones por ellos.... Están en las manos de Dios sus vidas”, decía otro mensaje.

Los familiares recibieron contención de parte de las autoridades.

/mexico/2026/03/21/departamento-de-justicia-de-eeuu-pide-desestimar-apelacion-de-garcia-luna-para-disminuir-su-condena/

Un remolque con autos clásicos que fueron exhibidos en Cancún fueron robados por un comando armado en Amozoc, Puebla. Tras viralizarse el caso en redes sociales, los delincuentes abandonaron el remolque en Tecamachalco, en el mismo estado.

https://www.infobae.com/mexico/2026/03/21/remolque-con-autos-clasicos-que-regresaban-de-exhibicion-en-cancun-es-robado-por-hombres-armados-en-puebla-ya-se-recupero/

Mónica Zambada Niebla, hija del narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada, continúa en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero, además de que sigue vigente su alerta y sus sanciones económicas.

/mexico/2026/03/21/monica-zambada-hija-de-el-mayo-zambada-sigue-en-la-lista-negra-del-departamento-del-tesoro-de-eeuu-por-lavado-de-dinero/

Te mostramos las noticias sobre narcotráfico y seguridad más destacadas del día en tiempo real.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Infobae, todo comenzó sobre la calle Huaura al 100, cuando un vecino de la cuadra observó movimientos sospechosos. Se trataba de un hombre que había ingresado a una vivienda, mientras que un auto Chevrolet Onix de color gris aguardaba en el cordón de la vereda con dos personas en su interior.

Al ver la situación, el testigo alertó al 911 y un móvil policial llegó al lugar en minutos. Cuando notó la presencia de los uniformados, el delincuente que había ingresado a la casa se subió de inmediato al Onix donde estaban sus cómplices y emprendieron las fuga.

Se inició entonces una persecución a alta velocidad por calles internas de Haedo, con la intervención de móviles y motos policiales.

La persecución concluyó en la calle Doctor Monte, cuando el Chevrolet Onix chocó contra un vehículo estacionado y luego colisionó de frente contra otro que circulaba en sentido opuesto. El conductor quedó atrapado en su asiento y fue aprehendido de inmediato por la Policía Bonaerense, mientras que los otros dos sospechosos intentaron huir a pie, a toda velocidad. Sin embargo, los arrestaron a las pocas cuadras.

Los detenidos fueron identificados como Luis Eduardo Maestre (24, venezolano),Brian Oscar Albarracín (27, argentino) y Alexis Fari Figueroa Montoya (50, peruano), los dos primeros domiciliados en Lomas de Zamora y el tercero en Isidro Casanova, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

La Policía revisó el vehículo y determinó, a partir del grabado de cristales y la existencia de un dominio apócrifo, que el Onix había sido sustraído el 24 de febrero en Don Bosco. En el baúl se hallaron chapas patentes falsas junto con un “kit para entraderas”: guantes, destornilladores, una llave trípode y un atornillador automático. También se secuestró dinero en efectivo.

Antecedente en Wilde

Una furiosa persecución policial entre tres patrulleros y un vehículo particular, que comenzó en Wilde(Friuli y General Belgrano, partido de Avellaneda), atravesó parte de Quilmes y volvió a la zona de origen, terminó con un choque y dos automóviles subidos a la vereda en la esquina de esquina de Raposo y Coronel Lynch.

El incidente ocurrió la semana pasada cuando el automovilista, que sería un docente y conducía un Fiat Cronos negro, huyó de la Policía Bonaerense luego de eludir varios controles de tránsito en Wilde. La secuencia se inició en el momento que los efectivos policiales detectaron que el automóvil circulaba en zigzag e intentaron detenerlo, por evidentes signos de alcoholemia. Y emprendió la huida en dirección a Quilmes.

Luego de varias cuadras de persecución, por parte de tres patrulleros, ocurrió un hecho que dejó a dos móviles fuera de camino: chocaron en la calle 175, entre Los Andes y Chaco, por lo cual los agentes fueron derivados al Hospital Iriarte de Quilmes con politraumatismos, todos fuera de peligro.

El frenético raid continuó hasta el cruce de Raposo y Lynch cuando un cuarto móvil de la Bonaerense -una camioneta- interceptó el paso del sospechoso y terminó impactando contra el Cronos, que terminó destrozado.

A raíz de la potencia y velocidad de la colisión, el móvil se subió a la vereda, chocó contra otro coche estacionado (una Renault Stepway) que -a su vez- protegía a otro vehículo. El móvil volcó -sobre su derecha- en la acera. El vehículo estacionado que fue chocado por el móvil policial, rompió la pared del frente de la vivienda y quedó incrustado en el patio de la casa.

Dos agentes -un hombre y una mujer-se encontraban conscientes tras el brutal impacto, aunque uno de ellos presentaba lesiones notables. Fueron trasladados al Hospital Perón de Avellaneda y al Hospital Iriarte de Quilmes por politraumatismos y cortes.

Por otro lado, el sospechoso que conducía el automóvil en fuga también resultó herido, fue hospitalizado y permanece con custodia policial. Se encuentra estable.

Hasta el momento, la policía no confirmó si existía un delito previo al inicio de la persecución, aunque descartó que el conductor viniera de cometer un robo.

En la inspección del vehículo vinculado al hecho, las autoridades verificaron que no se encontraron objetos relevantes y, tras la consulta informática, no constan restricciones legales tanto sobre el rodado como sobre el acusado.

La UFI N°3 de Avellaneda, a cargo de Solange Cáceres, dispuso la detención de L.K.M.J. por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones culposas.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió el lunes por la noche, después de que la víctima concretara una cita con una mujer identificada como Luly, a quien conocía desde diciembre del año pasado y con quien mantenía encuentros esporádicos en distintos puntos del Barrio San Francisco.

El hombre relató que la noche del miércoles 18 de marzo, después de compartir bebidas con la mujer en su casa, perdió el conocimiento y solo logró recuperarlo a la mañana siguiente, cuando notó la ausencia de la visitante y la falta de su camioneta Ford Ecosport, dos televisores Smart TV y 500.000 pesos.

La relación entre ambos había comenzado meses atrás a través de mensajes y encuentros ocasionales, pero esta fue la primera vez que la mujer acudió a la vivienda del denunciante.

Según la policía, la investigación permitió identificar y localizar a la sospechosa en un domicilio de la calle Ferraroti al 800. El fiscal de turno, Fernando Semisa, autorizó un allanamiento de urgencia en el lugar, que resultó en la detención de L.G.B., de 33 años, conocida como Luly. Durante el procedimiento, las autoridades lograron secuestrar 107.500 pesos, parte del supuesto botín sustraído a Herrera.

El caso fue puesto bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Esteban Echeverría, bajo la intervención del fiscal Semisa, quien avaló las actuaciones de la fuerza policial. De acuerdo con lo consignado en el acta, la detenida no presentaba impedimentos legales previos.

La modalidad del hecho fue calificada como hurto bajo la tipología de “viuda negra”, una figura utilizada para describir delitos en los que la víctima es abordada tras una cita amorosa, quedando vulnerable ante la sustracción de objetos de valor y dinero.

El antecedente de una viuda negra que cayó en Villa Urquiza

Una joven de 24 años, acusada de cometer robos bajo la modalidad de “viuda negra”, resultó detenida por la Policía de la Ciudad en Villa Urquiza tras descubrir rastros que la conectaban con un hecho ocurrido el 1 de junio de 2025: su huella dactilar apareció en una copa de vidrio y en latas de bebidas energizantes.

La División Investigaciones Comunales 11, responsable del procedimiento, informó que la sospechosa fue hallada en un departamento ubicado en la calle Valdenegro al 3400, luego de reunir pruebas y recuperar los objetos robados.

Durante el operativo, las autoridades secuestraron tres teléfonos móviles, una cámara y tres remeras. También incautaron dos tipos de sedantes, según informaron fuentes del caso a Infobae. Las mismas fuentes creen que la mujer planeaba realizar nuevos delitos.

La investigación se originó a partir de la denuncia de un hombre que había conocido a una mujer a través de una aplicación de citas. Según los datos del expediente, tras compartir bebidas alcohólicas en su departamento de la calle Nogoyá al 2400, la víctima perdió el conocimiento y, al despertar, advirtió tanto la ausencia de su acompañante como de varias pertenencias.

Las cámaras de seguridad grabaron la fuga de la viuda negra con el botín. Las imágenes forman parte del expediente.

El avance clave en la pesquisa se produjo cuando la Superintendencia de Policía Científica analizó los rastros hallados en el lugar. La huella dactilar permitió identificar a la sospechosa, cuyos perfiles en redes sociales coincidían con las imágenes captadas.

La información fue remitida a la sección AFIS de la División Identificaciones Papiloscópicas. Tras el análisis, los resultados “arrojaron la identidad de la delincuente a través del cruzamiento de datos con el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad”, explicaron a este medio.

En la última etapa del operativo, los investigadores advirtieron que la buscada solía mudarse con frecuencia para evitar ser localizada. No obstante, tras una investigación exhaustiva, confirmaron que se encontraba en una vivienda del barrio de Villa Urquiza, donde finalmente fue detenida.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11, Secretaría N°133, encabezado por la Dra. Turner, intervino en la causa, que se caratuló como “robo en poblado y en banda”.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que en el último año se registró una disminución del 79% en el promedio diario de homicidio doloso en Quintana Roo.

En ‘La Mañanera del Pueblo’, desde Cancún, la funcionaria federal precisó que de septiembre del 2024 a febrero del 2026, el promedio diario pasó de dos a 0.43 casos.

Figueroa Franco destacó que el promedio diario de delitos de alto impacto en la entidad también registró una baja de 36% al comparar los datos actuales con los de octubre de 2024.

La funcionaria afirmó que estos resultados son consecuencia directa de la estrategia de seguridad implementada de manera conjunta por los gobiernos federal y local.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que entre los avances del combate a la delincuencua están detenciones de alto perfil en la región, resaltando que en febrero de 2026 se realizaron operativos en los municipios de Bacalar, Isla Mujeres y Benito Juárez.

Una de las detenciones señaladas por el gobierno federal fue la de Otmane Khalladi en Playa del Carmen, quien era buscado por Estados Unidos por cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y participación en esquemas de fraude a adultos mayores.

Agregó la captura de Mikael Michalis “N”, conocido como “El Griego”, en Benito Juárez en octubre de 2025, quien figura en la lista de fugitivos de Europol y cuenta con órdenes de arresto en Suecia, relacionado con el liderazgo del grupo criminal Dalen y cargos de tráfico de armas, drogas y lavado de activos.

Según el funcionario, este caso ilustra la dimensión internacional de la amenaza criminal en la región.

Las autoridades federales reportaron operativos coordinados en otros estados. En Colima, la intervención en nueve inmuebles permitió la detención de seis integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto con el aseguramiento de drogas, vehículos robados y equipos de radiocomunicación.

Entre los resultados figura la captura de cuatro presuntos miembros del Cártel del Pacífico, incluido Shamir “N”, apodado “Shamir”, vinculado al homicidio de un empresario, así como el decomiso de armas, drogas y dinero en efectivo.

La ofensiva contra el crimen organizado en Quintana Roo se reflejó también en el decomiso de 21 mil 919 cartuchos, mil 039 cargadores y 20 pastillas de fentanilo en operativos recientes, lo que representa un golpe a la capacidad logística de los grupos criminales armados que operan en la entidad.

En cuanto a los delitos patrimoniales, resaltó una reducción de 45% en la incidencia de extorsión en Quintana Roo entre el 6 de julio de 2025 y el 28 de febrero de 2026.

Este descenso se atribuye a acciones focalizadas en redes de cobro ilegal y amenazas.

Finalmente, agregó que la entidad alcanzó un nuevo piso estadístico en materia de seguridad, impulsado por la baja histórica en homicidios, la detención de objetivos prioritarios, decomisos de armas y la reducción de delitos como la extorsión.

Omar García Harfuch dijo en la conferencia de prensa matutina que, a casi un mes del asesinato de El Mencho, el CJNG sigue siendo un grupo delincuencial muy fuerte y continúa teniendo presencia a nivel nacional.

/mexico/2026/03/20/es-un-grupo-con-alta-peligrosidad-harfuch-advierte-que-pese-a-muerte-de-el-mencho-el-cjng-mantiene-operaciones-en-todo-el-pais/

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó durante la conferencia de prensa matutina que, el pasado jueves, Mónica Zambada Niebla, hija del narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada, fue retenida por parte de elementos de las fuerzas federales, pero al no contar con órdenes de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos, fue liberada.

/mexico/2026/03/20/harfuch-asegura-que-monica-zambada-niebla-no-cuenta-con-orden-de-aprehension-ni-en-mexico-ni-en-eeuu-la-retuvieron-con-una-menor/

Mandos de Fuerzas Especiales del Pentágono advirtieron que la violencia de los cárteles del narcotráfico representa un riesgo particular para los residentes permanentes estadounidenses que viven en México, así como a los turistas que visitan el país cada año. Esto, en un contexto marcado por la proximidad de la Copa del Mundo de Futbol 2026, que iniciará el próximo mes de junio.

/mexico/2026/03/20/alerta-pentagono-a-estadounidenses-por-violencia-en-mexico-previo-al-mundial-2026-ofrece-ayuda-a-las-fuerzas-armadas-mexicanas/

Te mostramos las noticias sobre narcotráfico y seguridad más destacadas del día en tiempo real.

La Justicia dictó esta semana la prisión preventiva para Hugo David Castillo (47), padre de dos de los principales jefes de ”La Banda del Millón”, que ya están presos. Además, le prohibió el uso de celulares en la cárcel.

Castillo fue trasladado este jueves a la Unidad Carcelaria N°61 de Melchor Romero, donde quedó alojado bajo las nuevas restricciones, según informaron fuentes del caso a Infobae.

El sospechoso, que es padre de Hugo Isaías (21) y Elían Castillo San Martín (18), fue arrestado el mes pasado acusado por un robo ocurrido a fines de noviembre en una casa de la localidad de Martínez.

Cayó en el marco de una investigación llevada adelante por el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari, quien también encabeza la causa principal contra la organización criminal a la que se le atribuyen al menos dos homicidios y una larga serie de robos violentos en la zona norte del conurbano.

La investigación que desembocó en el arresto del sospechoso se inició después de que una mujer de 45 años denunciara que, durante su ausencia, desconocidos forzaron la puerta de su vivienda, rompieron la cerradura de una caja fuerte en el vestidor y se llevaron tres mil dólares.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron los movimientos de un Ford Focus gris, que fue identificado por los investigadores como propiedad de Castillo padre.

La Policía montó una vigilancia encubierta en la Villa La Cava, en Béccar, y, al observar que el acusado se acercaba al vehículo, lo interceptaron y detuvieron.

En el auto encontraron un destornillador tipo palanca, un par de medias y binoculares, elementos que los agentes consideraron vinculados con la modalidad del robo.

Para Castillo no fue su primera vez tras las rejas: con antecedentes por robo calificado, lesiones leves, encubrimiento, daño y resistencia a la autoridad, pasó por diferentes períodos de encierro entre 2011 y 2020.

En su fallo, el juez Ricardo Costa -del Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro- consideró acreditado su accionar en el robo, la existencia de un plan común con al menos otro cómplice y el uso de su vehículo como medio para cometer el delito.

El magistrado también valoró el peligro procesal: sostuvo que el acusado podría fugarse o entorpecer la investigación, ya que, además de los antecedentes, Castillo ayudó a sus hijos a evadir a la Justicia en el pasado, según consta en la resolución.

Por esos motivos, dispuso la prisión preventiva y ordenó el traslado a la cárcel de Melchor Romero.

Sin celular

A pedido del fiscal Ferrari, el juez Costa dictó además la prohibición absoluta de uso, tenencia y acceso a teléfonos celulares, dispositivos electrónicos o cualquier aparato con conexión a internet para Castillo.

La medida se fundamentó en los mensajes y audios extraídos de su teléfono, donde aparecen conversaciones con sus hijos sobre la coordinación de robos, entrega de dinero y estrategias para eludir controles en las cárceles.

En uno de los mensajes que figuran en el expediente, Castillo le pregunta a su hijo Elian: “Todos los videos esos que yo te mandé de la casa, que yo te explicaba ahí lo que había que hacer y todo eso, esos que estaban en el teléfono, ¿los borraste?”.

En otra charla, Elian detalla que logró esconder su celular antes de una requisa y que los referentes del pabellón lo habían alertado. Castillo, por su parte, le aconseja: “Tenés que estar atento. Cuando estés hablando, tenés que estar con un espejito ahí mirando para afuera”.

También intercambiaron mensajes sobre la entrega de dinero a través de terceros y la necesidad de ocultar celulares ante eventuales controles.

Para la fiscalía, “dichos diálogos no solo permiten presumir la existencia de otros hechos delictivos en los que tanto el padre, el aquí imputado Castillo, como sus hijos pudieran haber participado, que a la fecha no han logrado establecerse, sino también el uso indiscriminado de sus aparatos de telefonía celular para continuar la operatividad y control de la organización criminal de mención desde sus lugares de encierro y la constante intención de mantenerlos ocultos ante la autoridad competente”.

El juez Costa coincidió con ese planteo y consideró que, si bien las personas privadas de su libertad tienen derecho a mantener contacto con el exterior, ese derecho puede ser restringido cuando se utiliza para fines ilícitos.

En la resolución, sostuvo así que el uso de celulares por parte de Castillo y sus hijos desvirtuaba el espíritu de las normas que autorizan la comunicación, facilitando la continuidad de actividades delictivas y el control de la organización desde la cárcel.

Por eso resolvió que, en este caso, la prohibición absoluta de celulares era una medida excepcional pero necesaria para evitar nuevos delitos y garantizar el normal desarrollo del proceso.

La decisión judicial llega justo cuando se cumplen cuatro semanas desde la aplicación del aislamiento tecnológico sobre los líderes de la banda. Los investigadores señalan que, desde entonces, no se registraron nuevos hechos atribuibles a “La Banda del Millón”.

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, la escena se desplegó alrededor de las 18 de este miércoles y un testigo registró en video el momento exacto desde el interior de un vehículo.

Todo sucedió en la intersección de Colombres y Posadas, a unas 15 cuadras del centro de Lomas de Zamora, un punto clave donde los vecinos venían advirtiendo sobre robos reiterados vinculados a una motocicleta roja.

El video, al que tuvo acceso Infobae, capta el instante en que, luego de perseguirlo por varias cuadras, los ladrones dejaron una moto de gran porte tirada en el asfalto y los dos motochorros, ambos con cascos, ocuparon el centro de la calle.

Uno de los ladrones, vestido con una campera negra y casco rojo con negro, sostenía un arma de fuego y apuntó hacia la víctima, amenazándola para que se aleje de su moto.

En ese momento, pasó un auto gris por la zona y la visión del teléfono que grabó el ataque se vio interrumpida durante un breve instante. Cuando el teléfono se levanta de nuevo, una segunda moto, tipo cross y de color rojo, apareció con dos ocupantes, uno de ellos con campera azul. Al mismo tiempo, el sujeto del casco verde regresó apresurado al lugar donde quedó la moto caída y se fue rápidamente con el rodado robado.

Según confiaron fuentes del caso, la víctima recibió un disparo en la pierna.

Vecinos de la zona identificaron la moto roja como la misma vinculada a episodios de robo recientes: “Ese tornado rojo anda robando hace rato por la zona”.

Unos 40 minutos más tarde, cuando le envió un mensaje para cerciorarse de que había llegado a destino, su mujer recibió una respuesta que la tranquilizó: “Sí, ya llegué”.

No sabía que eran los ladrones que habían logrado desbloquear el aparato, mientras su marido agonizaba. Ambos fueron detenidos. El celular del remisero de 53 años todavía no apareció, indicaron fuentes del caso.

Se trata de Dylan Portillo, de 20 años, y de su hermano Brian Portillo, de 31. El primero de ellos, con antecedentes por encubrimiento agravado, fue atrapado tras allanamientos de urgencia solicitados por el fiscal de Homicidios Adrián Arribas. Efectivos de la Policía Bonaerense llegaron a su casa y abrieron la puerta de su casa, ubicada a seis cuadras de la escena del crimen, con un ariete táctico.

Brian fue detenido cuando fue a la comisaría, junto a su familia, a preguntar por su hermano. Los policías notaron que su rostro era similar al que mostraban los videos de las cámaras de seguridad que registraron el hecho.

Ambos deberán declarar ante Arribas este martes. El fiscal también investiga el homicidio del docente Cristian Pereyra, asesinado, presuntamente, por un policía que ya fue detenido y se negó a declarar.

El caso

Gómez intentó resistirse con un palo que llevaba en la mano. Uno de los atacantes extrajo un arma de fuego y le disparó a corta distancia. El remisero recibió un tiro en la pierna izquierda y, aunque cayó al piso, se reincorporó, mientras los asaltantes escapaban a toda velocidad con su celular.

Vecinos que presenciaron el hecho alertaron a la policía y asistieron a Gómez, quien fue trasladado al hospital Pariossien de Isidro Casanova. Pese al esfuerzo de los médicos, el remisero falleció a raíz de la herida de arma de fuego.

Toda la secuencia fue registrada por una cámara de seguridad. El video, en manos de los investigadores, acompaña este artículo. Las imágenes permitieron a los investigadores identificar a los atacantes y determinar el recorrido realizado antes y después del crimen.

También en La Matanza, este sábado por la noche, fue asesinado el docente Cristian Eduardo Pereyra, de 39 años, mientras realizaba un viaje de aplicación, labor a la que se dedicaba en sus tiempos libres para poder llegar a fin de mes.

Según la investigación, el último pasajero que subió a su auto, un agente de la Policía bonaerense, le disparó con su arma reglamentaria en la autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino. Pereya murió casi en el acto.

Matías Alejandro Vizgarra Riveros, que se desempeña en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), fue detenido luego de que el fiscal Arribas detectara inconsistencias en su declaración.

Las detenciones se producen en un contexto de creciente preocupación por el avance del sicariato en el Callao y su expansión hacia otras zonas del país. De acuerdo con las primeras diligencias, los intervenidos estarían implicados no solo en crímenes ocurridos en Lima, sino también en coordinaciones para atentados en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), lo que evidencia el alcance de esta red criminal.

Golpe a “Los Malditos del Centenario”: así operaba la red de sicarios

De acuerdo con las investigaciones policiales, esta organización criminal operaba principalmente en sectores como Centenario, Puerto Nuevo y avenidas clave como Argentina y Venezuela, donde se habrían registrado varios ataques contra empresas de transporte y carga pesada. La hipótesis de los investigadores apunta incluso a una modalidad más sofisticada: la infiltración de trabajadores en compañías para recopilar información que luego era utilizada para ejecutar atentados o extorsiones.

Durante el operativo, ejecutado con orden judicial y presencia del Ministerio Público, se allanaron al menos nueve viviendas. En estos inmuebles fueron detenidos sujetos identificados como presuntos brazos operativos de la red, entre ellos quienes habrían participado directamente en asesinatos y labores de reglaje. La organización estaría liderada por un sujeto conocido como alias “Ñaja”, sindicado como el encargado de planificar los crímenes y coordinar las acciones del grupo.

Entre los elementos incautados figuran drogas, celulares, prendas de vestir y calzado que serían clave para vincular a los detenidos con hechos registrados por cámaras de seguridad. Precisamente, uno de los hallazgos más reveladores fue una conversación de WhatsApp en la que se coordinaba un presunto asesinato por encargo en la zona de Pichari, en el VRAEM, por un pago de 4 mil soles. El mensaje detalla incluso ofrecimientos de hospedaje y pasajes para concretar el crimen, lo que evidenciaría el alcance de esta red fuera de Lima.

Las autoridades también investigan la posible participación de los detenidos en diversos homicidios ocurridos en el Callao durante los últimos meses. Entre estos casos figuran ataques en Puerto Nuevo y Ciudadela Chalaca, donde las víctimas fueron interceptadas y asesinadas en la vía pública, presuntamente como parte de ajustes de cuentas o cobros extorsivos.

Callao en emergencia: asesinatos rozan un promedio diario y golpean al transporte público

El Callao atraviesa una de sus etapas más críticas en materia de violencia criminal, incluso bajo el estado de emergencia decretado por el gobierno de José María Balcázar. En lo que va del 2026, las cifras reflejan una escalada sostenida: entre el 1 de enero y el 15 de marzo se registraron 46 homicidios, mientras que en apenas 16 días —del 28 de febrero al 15 de marzo— se reportaron 14 asesinatos, lo que equivale a un promedio cercano a una víctima por día.

Este escenario no solo supera registros anteriores, sino que evidencia una tendencia más agresiva que la vivida durante el último estado de emergencia. En ese periodo previo, se contabilizaron 53 homicidios en 121 días, una cifra considerablemente menor en comparación con la actual frecuencia de crímenes. Los distritos del Cercado del Callao y Bellavista concentran la mayor cantidad de casos, consolidándose como focos de alta incidencia delictiva.

El impacto de esta ola de asesinatos recae principalmente sobre trabajadores del transporte urbano, quienes se han convertido en blanco constante de extorsiones y ataques armados. En distritos como Ventanilla, se han registrado atentados consecutivos contra conductores en cuestión de días, incluyendo balaceras contra unidades con pasajeros y asesinatos a plena luz del día. Detrás de estos hechos estarían bandas que exigen pagos diarios por vehículo, en un contexto donde el control territorial, el narcotráfico y la débil respuesta institucional siguen alimentando el avance del crimen organizado.

Todo comenzó la madrugada del 13 de julio del año pasado en la sucursal del Banco Nación ubicada en la calle 4 entre 35 y 36, en una zona residencial de La Plata.

Aquella noche, la gerente de la entidad recibió un aviso telefónico del centro de alarmas y monitoreo, que le informaba que se habían activado los sensores del banco.

Si bien inicialmente ella pensó que la alarma había sonado en varias oportunidades durante la semana previa por problemas con la electricidad, decidió ir a la sucursal para asegurarse de que no se tratara de una verdadera emergencia. No se equivocaba.

Frente a la situación, entonces, la mujer llamó al 911 e ingresó al lugar junto a personal policial. Allí se encontraron con una abertura en el techo, en el sector donde se encuentra la caja fuerte, así como herramientas de corte y daños en una de las cajas, aunque no faltaba dinero ni otros bienes.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, la investigación determinó que al menos cuatro delincuentes participaron en el frustrado asalto.

Ingresaron al banco durante la madrugada a través del techo, usando mantas de aluminio para bloquear los sensores de movimiento. Y luego permanecieron cerca de dos horas dentro del edificio.

Los ladrones trataron de abrir una caja fuerte con una amoladora, pero el humo generado activó los sensores y disparó la alarma. Esto los obligó a abandonar el lugar sin concretar el robo.

El análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas llevó a la identificación de los dos autos con los que se movía la banda: un Fiat Cronos y un Toyota Yaris, ambos de color blanco. Las grabaciones también mostraron que, tras escapar, los vehículos tomaron la autovía Buenos Aires-La Plata en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

Mediante las imágenes se pudo establecer que el Fiat Cronos tenía placas robadas el día anterior en José C. Paz y que el Toyota Yaris pertenecía a una empresa de alquiler. El paso siguiente fue obtener información clave sobre el usuario que había rentado ese vehículo, un hombre domiciliado en La Matanza.

Con la colaboración de la Dirección de Tecnologías Aplicadas a la Investigación Criminal, además, se estableció que el abonado telefónico del locatario del Toyota Yaris estuvo en la zona del banco tanto el día del hecho como el anterior, coincidiendo con los horarios observados en los registros fílmicos y de GPS.

A partir de las pruebas reunidas, la Policía Bonaerense realizó dos allanamientos en las últimas horas. Uno fue en una casa ubicada sobre la calle La Rioja, entre José Hernández y San Martín, en San Justo, donde fue detenido José David Caballero Jara, de 36 años y nacionalidad paraguaya.

En el lugar, además, se incautaron un teléfono iPhone 13 blanco, una campera negra con detalles verdes, un par de zapatillas blancas y una barreta de hierro, objetos que coincidían con los registrados en los videos de la noche del intento de robo.

En un segundo operativo, en Pasaje II entre La Rioja y Padre Bachi, también en San Justo, las autoridades secuestraron otro teléfono para ser peritado.

No es la primera detención para Caballero Jara. Entre sus antecedentes constan una investigación por robo agravado en La Plata en febrero de 2024 y una causa por hallazgo de automotor en Quilmes, en junio del mismo año.

El sospechoso ahora quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza, en el marco de un expediente calificado como robo en grado de tentativa.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la organización operaba de manera planificada y con una particularidad: para concretar los robos, se hacían pasar por policías. Utilizaban chalecos antibalas, armas de fuego cortas y largas, gorras y prendas similares a las de las fuerzas de seguridad. Además, se desplazaban en vehículos que facilitaban el acceso rápido a los lugares seleccionados.

Los asaltos iniciaban con la irrupción en los domicilios o en comercios, donde los sospechosos se presentaban como agentes, exhibían pistolas y chalecos, y con amenazas reducían a las víctimas para sustraer dinero y objetos de valor. La logística incluía tareas previas de inteligencia, vigilancia y una estricta coordinación interna para evitar ser detectados, según la investigación.

En los últimos meses, la banda había llevado a cabo una seguidilla de asaltos de este tipo, todos en la zona norte del conurbano bonaerense.

El primero fue el 23 de noviembre de 2025, cuando se registró un robo en la imprenta Madygraf de Garín. La vícitma fue una mujer de 55 años. El 15 de enero de 2026, en Tigre, cometieron otro asalto similar. El 19 de febrero de 2026, en Don Torcuato, atacaron a un adolescente de 18 con la misma maniobra. Finalmente, el pasado 20 de febrero, un hombre de 47 sufrió un robo de la banda en el barrio San Pablo de El Talar.

Estos hechos -investigados por distintas unidades fiscales, entre ellas la UFI Garín, la UFI Rincón del Milberg y la UFI El Talar- se sumaron al caso que dio inicio a la causa y derivaron en los allanamientos y detenciones concretados por la policía. En la investigación participó personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Tigre (EPDS Tigre) y el Grupo Táctico Operativo (GTO).

Las autoridades atribuyen a esta banda todos estos robos realizados bajo esta modalidad en distintas localidades del norte del conurbano bonaerense.

Así, tras dos meses de investigación, lograron identificar a los miembros de la organización. Según se reconstruyó, la banda era liderada por Julio Esteban Baldes (58), quien fue aprehendido junto a Federico Mario Nahuel Baldes Gonzalez (31), Ana Laura Umbidez (30), Giménez Nicolás (39), Gabriel Emiliano Gavilán Herrera (28) y Luciano Matías Colayago (33).

Durante los procedimientos también se incautaron un Volkswagen Fox, fundas de chalecos antibalas, dinero, teléfonos celulares, gorras, prendas policiales y otros elementos de interés para la causa que refuerzan la hipótesis del accionar simulado como policía.

De acuerdo con el reporte del caso, el hecho ocurrió en la mañana del 15 de marzo de 2026, cuando el propietario del vehículo lo dejó encendido por unos minutos mientras compraba una bebida, lo que permitió al hombre tomar el carro y huir. Según informó el medio Vanguardia, la falta de destreza al volante del criminal del hecho provocó que perdiera el control a las pocas cuadras y estrellara el carro contra el andén.

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De acuerdo con testimonios recogidos por el medio local, los hechos comenzaron en inmediaciones del sector sobre las 8:30 a. m., en el momento en el que el dueño del carro descendió solo unos instantes para realizar una compra en un establecimiento cercano, dejando las llaves puestas y el motor encendido. Esta acción facilitó que el delincuente abordara el vehículo e iniciara la huida, aunque fue ampliamente rechazada por los habitantes del sector que consideran que la inseguridad está desbordada y bastan escasos segundos para ser víctimas de robo.

Las consecuencias del hecho incluyeron daños materiales considerables en el vehículo. Según los registros audiovisuales difundidos en redes sociales, el impacto dañó de manera grave la parte delantera, uno de los costados y el techo del automóvil de color negro.

Varios vecinos se acercaron para increpar al presunto ladrón, demostrando su molestia: “Degenerado, vamos a darle una leñera. Se iba a robar el carro. Ojalá se hubiera matado”.

La rápida reacción de la comunidad facilitó la detención del criminal

El propietario advirtió rápidamente el robo y comenzó una persecución a pie por el sector, intentando recuperar su carro. Esta reacción, sumada al accidente sufrido durante la huida, permitió que patrullas de la Policía llegaran con rapidez al lugar y adelantaran la captura del señalado. El hombre fue puesto bajo custodia de las autoridades y quedó a disposición para responder por el delito de hurto, según confirmaron las autoridades a Vanguardia.

Un video del momento posterior al choque muestra al hombre descendiendo del vehículo que chocó, mientras los uniformados ejecutan el arresto tras recibir la alerta. La Policía informó que, de acuerdo con las versiones preliminares y el comportamiento observado en el sitio, el sujeto no sabía conducir correctamente, lo que explicaría la pérdida de control durante la huida.

El caso, que ocurrió en el norte de Bucaramanga, puso sobre la mesa el debate de los riesgos de dejar vehículos encendidos en la vía pública y la importancia de la reacción comunitaria en la pronta intervención ante delitos de este tipo.

Inseguridad en Bucaramanga

Un hombre identificado como alias Fabián fue detenido en el barrio La Juventud de Bucaramanga el 17 de marzo de 2026, después de que los policías le hallaran un revólver calibre 38 y 30 cartuchos, según informó la Fiscalía General de la Nación.

El detenido, que presenta antecedentes judiciales por homicidio, fue capturado durante una diligencia de registro y allanamiento, de acuerdo con datos recogidos por Vanguardia. El arma y la munición incautadas quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Tras su detención, “Fabián” fue puesto a disposición de la Fiscalía, donde deberá responder por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, según detalló el mismo organismo. El caso será evaluado por un juez de control de garantías en las próximas horas, instancia que determinará la situación jurídica del acusado.

Dos hombres fueron detenidos por la Policía Metropolitana de Bucaramanga tras ser acusados de robar $29.600.000 en efectivo en una vivienda del barrio Zapamanga V, ubicado en Floridablanca (Santander), tras inmovilizar a su víctima con cuerdas para evitar que pudiera reaccionar o defenderse de los delincuentes.

El operativo policial permitió recuperar el dinero, dos celulares y dos motocicletas que los criminales se habrían llevado durante el asalto que tiene en alerta a los habitantes del sector, que piden una mayor presencia de las autoridades y que a los involucrados en este crimen les caiga todo el peso de la ley.

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La reacción de los agentes impidió que se consolidara el delito, según indicó el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en su reporte oficial sobre lo ocurrido, que fue difundido por medios locales como Vanguardia.

Del mismo modo, se confirmó que los sospechosos son dos hombres de 46 y 31 años, que ingresaron a la vivienda ubicada en la calle 113 con carrera 47, donde, de acuerdo con la denuncia, intimidaron y amarraron a un hombre de 58 años con un arma cortopunzante para apropiarse del dinero, dispositivos móviles, objetos de valor y las llaves del inmueble.

La búsqueda policial se orientó a partir de las características proporcionadas por la víctima, localizando en la calle 112A con carrera 47 una motocicleta que coincidía con la descripción. Uno de los presuntos implicados fue sorprendido en el techo de un inmueble y, tras ser obligado a descender, se le incautó un cuchillo.

Sobre el segundo sospechoso, las autoridades reportaron que intentó fugarse por los techos de viviendas contiguas, pero cayó en otra residencia donde fue detenido con una alcancía con dinero y dos teléfonos móviles.

La víctima identificó a ambos detenidos y señaló las pertenencias recuperadas, incluida la motocicleta usada para el escape frustrado gracias a la intervención de los agentes que evitaron un peor desenlace.

Entre tanto, se dio a conocer que los capturados quedaron bajo disposición de la Fiscalía General de la Nación que se encargará de presentarlos ante un juez que definirá su situación legal.

Alerta por inseguridad en Floridablanca

Varios casos de robos y secuestros tienen en alerta a los habitantes del municipio. Uno de los más recordados ocurrió a finales de enero, cuando una menor de 16 años fue privada de la libertad durante un intento de hurto mientras se desplazaba junto a su madre en un vehículo de transporte ilegal.

El hecho fue registrado por cámaras de seguridad del sector, que muestran cómo la madre logra abandonar el vehículo tras una maniobra brusca del conductor, quedando la adolescente atrapada en el interior.

Minutos después, la joven fue dejada en libertad en la zona de La Salle, Bucaramanga. Sin embargo, el preocupante suceso elevó las alertas entre las autoridades, que reforzaron el llamado a evitar el uso del transporte ilegal.

Ante la gravedad del caso se pronunció el director de Tránsito de Bucaramanga, Jair Manrique, que confirmó que se han registrado varias denuncias por hechos similares en la capital santandereana y su área metropolitana: “Si ustedes utilizan el transporte legal pueden siempre llegar seguros a sus hogares y evitar que estas situaciones se sigan presentando“.

Entre otro de los casos de inseguridad más sonados en la región está un ataque armado que se llevó a cabo en el barrio San Miguel, en Bucaramanga, que terminó con una adolescente de 16 años asesinada y dos mujeres heridas. Las autoridades identificaron a un presunto responsable, un joven de 17 años que habría sostenido una relación sentimental con la víctima fallecida.

Durante las últimas horas el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), generó polémica al pedir a todo el pueblo azteca donar para mejorar la vida de los ciudadanos cubanos. Dicha propuesta no fue bien recibida por muchos, en especial por el activista Adrián LeBarón quien pidió que se tomen en cuenta otras causas.

Desde sus redes sociales, el líder religioso externó su preocupación porque el fundador de Morena haya pedido para beneficiar a un pueblo ajeno al mexicano pese a que en el país se ha desatado una ola de violencia, pobreza y escasez que afectan a miles de pobladores alrededor de la república mexicana.

“Que buen detalle de López Obrador, espero en Dios, que el pueblo cubano salga adelante. Y no critiquemos al señor, porque seguro mañana va a pedir colecta para las madres buscadoras; para llevar medicinas a todos los pueblos del país; pedirá para rescatar a jóvenes reclutados por el crimen organizado; para apoyar a padres de niños con cáncer que se han quedado sin dinero por cuidar a sus hijos; para que todas las familias exiliadas puedan pagar aunque sea un cuartito donde se mantengan con con vida; para que sobrevivan todos negocios extorsionados a punto de quebrar. Seguro mañana le toca su bondad a los mexicanos”, escribió en su cuenta de X de manera irónica.

¿De dónde viene la polémica?

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha desatado un intenso debate tras convocar a una colecta de donativos destinada a apoyar a Cuba, utilizando para ello una cuenta bancaria perteneciente a una asociación civil de reciente creación.

La iniciativa, gestionada por figuras cercanas a su círculo político, busca recaudar fondos para enviar ayuda humanitaria a la isla en medio de su crisis económica; sin embargo, la falta de una estructura institucional gubernamental para canalizar estos recursos ha levantado sospechas entre diversos sectores de la oposición.

Los críticos y especialistas en fiscalización señalan con preocupación la opacidad que rodea a la organización receptora de los fondos, cuestionando la rapidez con la que fue constituida y la ausencia de mecanismos claros de rendición de cuentas.

Miembros de la oposición han advertido que el uso de una asociación privada para fines de política exterior podría contravenir normativas legales y éticas, exigiendo una auditoría profunda sobre el origen y destino del dinero recolectado para garantizar que no se desvíe hacia otros propósitos.

Pese a los señalamientos, los impulsores de la colecta defienden la medida como un acto de solidaridad latinoamericana necesario ante el bloqueo y las carencias que enfrenta el pueblo cubano.

Argumentan que la asociación civil permite una agilidad que la burocracia estatal no ofrece, asegurando que cada peso será transformado en alimentos y suministros médicos. Mientras tanto, el debate continúa escalando en el ámbito público, dividiendo la opinión entre quienes ven un gesto humanitario legítimo y quienes denuncian una estrategia política carente de transparencia.

¿Qué le sucedió a la familia LeBarón?

La familia LeBarón ha enfrentado una historia marcada por la violencia del crimen organizado en el norte de México, cuyo episodio más doloroso ocurrió el 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, donde un comando armado emboscó y asesinó a tres mujeres y seis niños de la comunidad.

Este ataque, que conmocionó a la opinión pública internacional, se suma a una serie de conflictos previos que incluyen secuestros y el asesinato de líderes comunitarios como Benjamín LeBarón en 2009 por oponerse a la extorsión.

Desde entonces, la familia ha pasado de ser una próspera comunidad agrícola a un referente del activismo civil, luchando por la justicia frente a la impunidad y exigiendo al Estado mexicano el reconocimiento de su derecho a la seguridad y la autodeterminación para protegerse de los cárteles que operan en la región.

Matías Alejandro Visgarra Riveros (23), el agente bonaerense acusado por el crimen de Cristian Eduardo Pereyra, se negó a declarar. El policía está detenido desde el lunes por el homicidio del docente de 39 años, quien trabajaba como chofer de aplicación. Según la reconstrucción del hecho, la vícima fue asesinada a tiros por el uniformado cuando este se subió como pasajero a su auto.

El imputado, que trabajaba en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de La Matanza, se sentó en las últimas horas frente al fiscal Carlos Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, y permaneció en silencio ante las preguntas que le realizaron sobre el crimen que se le imputa

Según pudo saber Infobae a partir de fuentes del caso, Visgarra Riveros, quien acumulaba deudas por más de $1,7 millones con créditos bancarios y villeteras virtuales, decidió no hablar durante su indagatoria y permanece detenido como el único sospsechoso de haber matado a Pereyra sobre la Autopista Presidente Perón, a la altura de la localidad de Virrey del Pino.

Más tarde, el fiscal Arribas mantuvo un encuentro con Brenda y Victoria, las hermanas de la víctima. Durante esa reunión, de acuerdo a lo que pudo corroborar este medio, no surgieron datos relevantes para la investigación, pero sí sirvió para que la familia del educador fallecido conozca los avances de la causa.

Pereyra se desempeñaba como docente técnico de tres escuelas del partido de La Matanza. Acumulaba horas de trabajo para llegar a fin de mes con más dinero en su bolsillo, pero aún así se le complicaba. Por eso, en sus tiempos libres también trabajaba como chofer de aplicaciones de viajes.

Este sábado por la noche, mientras realizaba un traslado, fue asesinado. Según la investigación, el último pasajero que subió a su auto, Visgarra Riveros, le disparó con su arma reglamentaria en la autopista Presidente Perón. La víctima murió casi en el acto.

Empleado de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Pereyra enseñaba en tres instituciones al mismo tiempo: la Técnica N° 2 de Ciudad Evita, la EEST N° 8 “Jorge Newbery” de Villa Luzuriaga y la Técnica N° 10 de Villa Madero.

“En este difícil momento acompañamos con profundo pesar a su familia, seres queridos y amistades, especialmente a su pequeña hija, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y solidaridad. Informamos que hemos dispuesto un día de duelo para el lunes 16 de marzo, retomamos las actividades el día martes 17 de marzo. Acompañamos a su familia en este doloroso momento”, publicaron desde la Técnica N° 8 matancera en sus redes sociales, en relación al brutal crimen de Pereyra.

Amante de los autos, Cristian también era mecánico de su propio taller. Incluso, solía asistir al picódromo de La Matanza para asistir a los eventos de picadas.

“En marzo, los docentes quedan a disposición de buscar más horas y él era provisional. Entonces tenía que buscar más horas para cobrarlas en abril. Marzo era el mes que estaba más flojo de dinero. Entonces salió a hacer más viajes de lo habitual para pagar su alquiler”, explicaron este lunes las hermanas de Cristian, al dialogar con los medios de prensa que aguardaban su palabra.

Fue en ese contexto que Cristian, durante la noche del último sábado, tomó un viaje en la localidad de Mariano Acosta. El pasajero era Visgarra Riveros.

En circunstancias que aún investiga el fiscal Arribas, el atacante disparó contra Pereyra, quien agonizó en el lugar del hecho durante varios minutos hasta que falleció, de acuerdo a las fuentes.

Luego, Riveros se subió al auto de la víctima, un Chevrolet Corsa color gris oscuro, y condujo hasta la localidad de Ciudad Evita. Una vez allí, descartó el vehículo sobre la calle Coronel Espejo, entre El Airampu y El Esporal, a la vera de las vías del tren Belgrano Sur, y caminó hasta la base de la UTOI La Matanza, ubicada a unas 15 cuadras y donde, casualmente, se le practicó la autopsia al cuerpo de su victima.

“El policia se va a trabajar con el auto de mi hermano. Lo descarta en Ciudad Evita, a 10 cuadras de Puente 12, y es el mismo lugar donde le terminan haciendo la autopsia a mi hermano. O sea, este policia estaba trabajando con total impunidad mientras le hacian la autopsia a mi hermano”, advirtió una de las hermanas de Cristian.

Según lo describieron ellas mismas, Cristian era un muy buen padre y muy querido en la localidad de Virrey del Pino, donde residía junto a su mujer y su hija de 3 años.

De perfil familiero, solía compartir distintos momentos con su círculo más cercano. “Fue la peor noticia que nos podrían haber dado en la vida. Somos tres hermanos, muy unidos, siempre estamos juntos, nos vamos de vacaciones juntos, comemos los fines de semana”, contaron Brenda y Victoria entre lágrimas.

El fiscal Arribas ordenó la aprehensión de Visgarra Riveros, quien en la app de viajes aparecía como el último pasajero que había levantado la víctima.

“Estamos destruidos, nos arruinaron la vida. No pudimos dormir pensando en que mi hermano estuvo tirado en la autopista, en la oscuridad, agonizando, teniendo miedo y seguramente llorando, porque quería ser parte de la vida de su hija. Acá estamos paradas por mi hermano, porque mis papás ni se pueden levantar de la cama”, concluyeron las hermanas de la víctima.

Este sábado por la noche, mientras realizaba un traslado, fue asesinado. Según la investigación, el último pasajero que subió a su auto, un agente de la Policía bonaerense, le disparó con su arma reglamentaria en la autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino. Pereya murió casi en el acto.

Empleado de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, la víctima enseñaba en tres escuelas: la Técnica N° 2 de Ciudad Evita, la EEST N° 8 “Jorge Newbery” de Villa Luzuriaga y la Técnica N° 10 de Villa Madero.

“En este difícil momento acompañamos con profundo pesar a su familia, seres queridos y amistades, especialmente a su pequeña hija, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y solidaridad. Informamos que hemos dispuesto un día de duelo para el lunes 16 de marzo, retomamos las actividades el día martes 17 de marzo. Acompañamos a su familia en este doloroso momento”, publicaron desde la Técnica N° 8 matancera en sus redes sociales, en relación al brutal crimen de Pereyra.

Amante de los autos, Cristian también era mecánico de su propio taller. Incluso, solía asistir al picódromo de La Matanza para presenciar a los eventos de picadas.

“En marzo, los docentes quedan a disposición de buscar más horas y él era provisional. Entonces tenía que buscar más horas para cobrarlas en abril. Marzo era el mes que estaba más flojo de dinero. Entonces salió a hacer más viajes de lo habitual para pagar su alquiler”, explicaron este lunes Brenda y Victoria, hermanas de Cristian, al dialogar con los medios de prensa que aguardaban su palabra.

Fue en ese contexto que Cristian, durante la noche del último sábado, tomó un viaje en la localidad de Mariano Acosta. El pasajero, un agente que prestaba servicio en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de La Matanza.

En circunstancias que aún investiga el fiscal Carlos Arribas, titular de la UFI de Homicidios departamental, el atacante, identificado como Matías Alejandro Visgarra Riveros, de 23 años, disparó contra Pereyra, quien agonizó en el lugar del hecho durante varios minutos hasta que falleció, de acuerdo a las fuentes.

Luego, Riveros se subió al auto de la víctima, un Chevrolet Corsa color gris oscuro, y condujo hasta la localidad de Ciudad Evita. Una vez allí, descartó el vehículo sobre la calle Coronel Espejo, entre El Airampu y El Esporal, a la vera de las vías del tren Belgrano Sur, y caminó hasta la base de la UTOI La Matanza, ubicada a unas 15 cuadras y donde, casualmente, se le practicó la autopsia al cuerpo de su victima.

“El policia se va a trabajar con el auto de mi hermano. Lo descarta en Ciudad Evita, a 10 cuadras de Puente 12, y es el mismo lugar donde le terminan haciendo la autopsia a mi hermano. O sea, este policia estaba trabajando con total impunidad mientras le hacian la autopsia a mi hermano”, advirtió una de las hermanas de Cristian.

Según lo describieron ellas mismas, Cristian era un muy buen padre y muy querido en la localidad de Virrey del Pino, donde residía junto a su mujer y su hija de 3 años.

De perfil familiero, solía compartir distintos momentos con su círculo más cercano. “Fue la peor noticia que nos podrían haber dado en la vida. Somos tres hermanos, muy unidos, siempre estamos juntos, nos vamos de vacaciones juntos, comemos los fines de semana”, contaron Brenda y Victoria entre lágrimas.

El fiscal Arribas ordenó la aprehensión de Visgarra Riveros, quien en la app de viajes aparecía como el último pasajero que había levantado la víctima. Según pudo saber este medio, el principal sospechoso será indagado durante la mañana de este lunes. "Acá estamos paradas por mi hermano, porque mis papás ni se pueden levantar de la cama", concluyeron las hermanas de la víctima.

“Estamos destruidos, nos arruinaron la vida. No pudimos dormir pensando en que mi hermano estuvo tirado en la autopista, en la oscuridad, agonizando, teniendo miedo y seguramente llorando, porque quería ser parte de la vida de su hija. Acá estamos paradas por mi hermano, porque mis papás ni se pueden levantar de la cama”, concluyeron las hermanas de la víctima.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a tres personas por su probable participación en el robo con violencia cometido contra la influencer Evelyn Villa, ocurrido en su domicilio en Toluca.

La detención fue dada a conocer por el periodista Carlos Jimenez, quien informó que los implicados —identificados como Alberto “N”, Francisco “N” y César “N”— formarían parte de una banda dedicada a robos a casa habitación.

Arresto ocurrió en CDMX

De acuerdo con el reporte, los sujetos fueron capturados en la alcaldía Álvaro Obregón, donde se trasladaban en un vehículo presuntamente utilizado en otros atracos.

El caso cobró notoriedad luego de que la creadora de contenido denunciara públicamente que cuatro hombres ingresaron por la fuerza a su vivienda en la comunidad de Capultitlán.

En su testimonio, Villa relató que fue interceptada al llegar a su casa, golpeada, sometida y privada de la libertad mientras los agresores robaban dinero, joyas y objetos de valor.

“Al cerrar el portón, un hombre se metió a la fuerza detrás de mí. Me quitó el control, me trató de asfixiar, me azotó en el piso y me golpeó. Abrió el portón y dejó que entraran otros tres hombres”, narró.

También denunció agresiones físicas y tocamientos durante el ataque. “Después me volvió a tomar del cuello y me arrastró hacia adentro, en donde dos de estos hombres me amarraron, me golpearon y me tocaron mis partes íntimas”, señaló.

Amenazas y seguimiento del caso

La influencer afirmó que los agresores la amenazaron con hacer daño a su hijo si no cooperaba, lo que incrementó el nivel de violencia del delito.

“Me amenazaron: que si no paraba de gritar y si no cooperaba, iban a buscar a mi hijo, que sabían cómo se llamaba… y que lo iban a matar”, denunció.

Tras hacer público el caso, Villa también reportó amenazas de muerte en redes sociales, lo que llevó a reforzar la seguridad en su domicilio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que ya existe una denuncia formal y que continúan las investigaciones para ubicar al resto de los responsables.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar la participación de los detenidos y esclarecer si están vinculados con otros delitos similares en la región.

¿Quién es Evelyn Villa?

Evelyn Villa es una figura emergente de las redes sociales. Su contenido se centra en belleza y cuidado personal. En Instagram, donde ha ganado popularidad, suma más de 35 mil seguidores.

La decisión de denunciar públicamente el delito del que fue víctima y las amenazas que recibió posteriormente aumentaron su visibilidad digital.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Guatemala y Moldes. Según la investigación preliminar, a cargo del fiscal Adrián Arribas, Gómez caminaba hacia la agencia, ubicada sobre la calle León Gallo.

Gómez intentó resistirse con un palo que llevaba en la mano. Uno de los atacantes extrajo un arma de fuego y le disparó a corta distancia. El remisero recibió un tiro en la pierna izquierda y, aunque cayó al piso, se reincorporó, mientras los asaltantes escapaban a toda velocidad con su celular.

Vecinos que presenciaron el hecho alertaron a la policía y asistieron a Gómez, quien fue trasladado al hospital Pariossien de Isidro Casanova. Pese al esfuerzo de los médicos, el remisero falleció a raíz de la herida de arma de fuego. La bala le perforó la arteria femoral.

Toda la secuencia fue registrada por una cámara de seguridad. El video, en manos de los investigadores, acompaña este artículo. Las imágenes permitieron a los investigadores identificar a los atacantes y determinar el recorrido realizado antes y después del crimen.

Allanamientos de urgencia autorizados por Arribas permitieron a la Policía bonaerense atrapar a uno de los sospechosos, identificado como D.R.P., de 20 años edad y antecedentes por encubrimiento, a solo seis cuadras del hecho. Ahora, buscan a su cómplice.

También en La Matanza, este sábado por la noche, fue asesinado el docente Cristian Eduardo Pereyra, de 39 años, mientras realizaba un viaje de aplicación, labor a la que se dedicaba en sus tiempos libres para poder llegar a fin de mes.

Según la investigación, el último pasajero que subió a su auto, un agente de la Policía bonaerense, le disparó con su arma reglamentaria en la autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino. Pereya murió casi en el acto.

Matías Alejandro Vizgarra Riveros, que se desempeña en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), fue detenido luego de que el fiscal Arribas detectara inconsistencias en su declaración.

La víctima se desempeñaba como docente, bajo la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en tres escuelas: la Técnica N° 2 de Ciudad Evita, la EEST N° 8 “Jorge Newbery” de Villa Luzuriaga y la Técnica N° 10 de Villa Madero.

Amante de los autos, Cristian también era mecánico de su propio taller. Incluso, solía asistir al picódromo de La Matanza para asistir a los eventos de picadas.

Un comerciante de Ituzaingó, identificado como Andrés Aníbal Cerviño, de 54 años, fue torturado y asesinado durante una feroz entradera registrada el viernes pasado, sobre calle Bacacay al 900, entre General Miguel Soler y General Las Heras.

Tras el robo, efectivos de la DDI de Morón, junto agentes de la Policía de la Ciudad, detuvieron en el barrio porteño de Mataderos al propietario del auto en el que se movía la banda que atacó a Cerviño.

Sus cómplices son buscados por los detectives. Creen que habrían participado del asalto otros tres delincuentes. En la causa interviene la fiscal María Alejandra Bonini, titular de la UFI N°2 de Ituzaingó.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron la hermana de la víctima descubrió el crimen. La mujer, que había ido a visitar a Cerviño, notó que la puerta de ingreso se encontraba abierta.

Según su relato, caminó hasta la habitación de su hermano y lo encontró tendido sobre el suelo, atado de pies y manos, en medio de un importante desorden que habrían dejado los ladrones mientras buscaban dinero en efectivo y objetos de valor. Asimismo, constató que la reja de una de las ventanas estaba forzada.

Al llegar al lugar del hecho, un médico del SAME constató que el comerciante estaba muerto.

La fiscal Bonini dispuso el análisis de imágenes de las cámaras de seguridad privadas de la zona y municipales de Ituzaingó.

Dichas grabaciones fueron determinantes para identificar el auto en el que se movían los sospechosos, un Renault Fluence color gris que había sido utilizado, cinco días antes, en otra entradera a una jubilada, a quien le quemaron las yemas de los dedos.

En simultáneo, los investigadores verificaron que el mismo vehículo había sido publicado en la plataforma Facebook Marketplace en octubre de 2025, mediante un perfil apócrifo a nombre de Ariel Gutierrez, en cuya publicación se lo ofrecía a la venta, pero con la particularidad de que se hallaba inhibido.

Del mismo modo, se logró establecer que el auto se encuentra registrado en una aplicación de viajes, por lo cual la fiscal Bonini solicitó los informes correspondientes a fin de determinar la persona habilitada.

Luego de requerir la colaboración a los anillos digitales y Centro de Monitoreo de la ciudad de Buenos Aires, el auto en el que se movía la banda fue divisado por personal de la Policía de la Ciudad cuando circulaba por la intersección de las avenidas Castañares y Larrazabal, a tan solo una cuadra de la autopista Dellepiane.

Al solicitar que detuviera su marcha, los agentes procedieron a la aprehensión del conductor, identificado como Víctor Fernando David Cequeira (42), quien llevaba puesta una gorra de color amarillo que había utilizado en los dos hechos delictivos.

La fiscal Bonini ordenó la inmediata detención del sospechoso y dispuso el secuestro del su vehículo y el teléfono celular que portaba entre sus pertenencias.

Horas después de concretar el arresto del presunto homicida, personal de la DDI Morón, junto a efectivos de la Comisaría Comunal 8A de la Policía de la Ciudad, allanaron el domicilio del aprehendido, localizado en CABA. Una vez allí, confiscaron otros tres teléfonos móviles que serán peritados en busca de más pruebas de valor para la causa.

Cequeira enfrenta cargos por el delito de homicidio en ocasión de robo y robo agravado bajo modalidad entradera por ambos hechos.

La fiscal Bonini, además, solicitó realización de la autopsia al cadáver de Cerviño, cuyo informe preliminar, según confirmaron fuentes de la investigación a est emedio, arrojó que la víctima murió por asfixia por compresión y sofocación Además, presentaba múltiples heridas en el rostro y ambas piernas.

El crimen de Cristian Eduardo Pereyra se convirtió en una marca de la época: un docente de Virrey del Pino, trabajador de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, empujado al pluriempleo, asesinado de un tiro en medio de un asalto mientras conducía un auto de aplicación, un Chevrolet Corsa II por el que debía una multa de 142 mil pesos al municipio de Presidente Perón, por pasarse apenas once kilómetros del límite de velocidad. Pereyra, de 39 años, amado por su comunidad, era padre de una hija.

El presunto asesino, esta vez, no es un delincuente común: es un policía. Se trata de Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, efectivo con rango de oficial de la Policía Bonaerense, miembro de la tropa especial UTOI, estacionada en Puente 12. Vizgarra también es oriundo de Virrey del Pino. Su domicilio se ubica a 25 cuadras del de su presunta víctima. Un viaje entre los domicilios de ambos, en la misma aplicación en la que Pereyra conducía, cuesta poco más de seis mil pesos.

Pereyra fue el sospechoso inmediato; había sido, con nombre y apellido, el último pasajero en la lista de la víctima, con un viaje pedido a las 3:45 de la madrugada del domingo a la calle Los Jazmines, zona de Merlo. El fiscal Adrián Arribas, a cargo de esclarecer el caso, lo confrontó el domingo en la base de la UTOI. Allí, en su lugar de trabajo, Vizgarra comenzó a trastabillar. Su relato fue endeble.

Así, Arribas -parte del equipo de la UFI de Homicidios de La Matanza que esclareció el triple crimen narco- ordenó que la propia Policía Bonaerense lo esposara, literalmente un arresto en vivo.

Un verano de deudas calientes

En paralelo a la detención, el Corsa era hallado por la Policía Federal -la fuerza encargada de las pericias del expediente- en la esquina de Coronel Espejo y El Airampú, a 15 cuadras de la base de la UTOI en Ciudad Evita.

No fue difícil identificarlo. La patente seguía atornillada al vehículo. En su luneta podía verse un sticker con la leyenda “bebé a bordo”. El baúl tenía un orificio compatible con un impacto de bala. La UFI de Homicidios todavía espera el informe balístico final del caso. La sospecha es que este orificio de bala sería, por lo pronto, de larga data.

Vizgarra enfrentará al fiscal Arribas para ser indagado hoy lunes. Si mató, entonces, ¿por qué lo hizo? Una hipótesis recorre la Justicia en las últimas horas. En el último mes, el policía acusado acumuló deudas por más de $1,7 millones, con créditos del Banco Provincia, billeteras virtuales y firmas de microcréditos, según descubrió Infobae en sus registros crediticios. Le debía, también, otros $190 mil a otra firma de préstamos. “El número supera su salario mensual por lejos”, asegura una fuente clave en el expediente.

Las deudas, estiman fuentes del caso, duplican el salario mensual Vizgarra.

Las pericias del caso: ¿hay más sospechosos?

Arribas ordenó el secuestro del celular de Vizgarra. También, que se le realice el dermotest en sus manos para detectar restos de un disparo.

Así, un subinspector del área de Búsqueda de Evidencias de la PFA le administró un test con dos tiras de adhesivo de carbono en ambas manos. Otras muestras fueron retiradas de sus manos con una gasa.

En paralelo, la pistola Bersa 9 milímetros reglamentaria que Vizgarra portaba al momento de la detención también fue incautada. Se encontraron 13 balas en el cargador; Vizgarra deberá explicar el faltante. Fue trasladado a una comisaría de Virrey del Pino poco después de su arresto.

Pereyra fue hallado por personal de la Comisaría de Virrey del Pino todavía consciente, malherido, sobre Autopista Presidente Perón. altura Ruta 3, sentido a Ezeiza. Allí, relató el asalto que sufrió. Supuestamente, según el primer informe policial, aseveró que otros delincuentes abordaron el vehículo y que fue interceptado en pleno viaje.

Falleció poco después de la llegada de la ambulancia. El primer informe forense determinó que tenía cuatro heridas de bala en el tronco y en los brazos.

El ataque se produjo en un kiosco ubicado sobre la calle 49, entre 139 y 140, cuando dos asaltantes llegaron al lugar a bordo de una motocicleta Yamaha de baja cilindrada. Según publicó el sitio 0221.com los delincuentes irrumpieron en el comercio con aparentes intenciones de robo y rápidamente se generó una tensa situación con el comerciante.

En medio de la secuencia, el kiosquero intentó resistirse al asalto, lo que desató la violenta reacción de los ladrones. En cuestión de segundos, uno de los atacantes extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos contra la víctima. La víctima recibió cuatro impactos de bala, tres de los cuales atravesaron su cuerpo, mientras que el cuarto proyectil quedó alojado en uno de sus tobillos.

La brutalidad del ataque no terminó allí. Además de los disparos, los delincuentes también golpearon al comerciante en la cabeza, provocándole heridas adicionales que agravaron aún más su estado de salud. Tras el violento episodio, el hombre quedó tendido y con graves lesiones, por lo que debió ser asistido de urgencia.

Un policía de civil intervino y también resultó herido

En medio del dramático escenario, un efectivo policial que se encontraba de civil y aguardaba el paso de un colectivo en las inmediaciones advirtió lo que estaba ocurriendo. Sin dudarlo, el agente se acercó para intentar asistir al kiosquero y frenar el ataque.

Sin embargo, al intervenir también fue agredido por los delincuentes, quienes lo golpearon durante el forcejeo. Como consecuencia de la agresión, el policía sufrió una herida en la cabeza y debió ser trasladado al Hospital Italiano de La Plata, donde recibió ocho puntos de sutura para cerrar el corte provocado por el golpe.

Por su parte, el kiosquero fue derivado posteriormente al Hospital San Martín de La Plata, donde permanece internado bajo observación médica. De acuerdo con lo que indicaron sus familiares, el comerciante se encuentra medicado con fuertes calmantes debido al intenso dolor provocado por las heridas de bala, aunque continúa siendo monitoreado por los profesionales de salud.

El ataque generó una profunda conmoción entre los vecinos del barrio San Carlos, quienes alertaron rápidamente a las autoridades tras escuchar las detonaciones. Minutos después del hecho, varios patrulleros llegaron al lugar y se desplegó un operativo en la zona con el objetivo de dar con los responsables.

Pese al despliegue policial, los dos delincuentes lograron escapar del lugar a bordo de la motocicleta en la que habían llegado, perdiéndose por las calles del barrio.

La investigación quedó en manos de la Subcomisaría La Unión, cuyos efectivos trabajan para identificar y localizar a los autores del asalto. La causa fue caratulada como “robo agravado y lesiones”, mientras que los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona y el video que registró el violento ataque, material que podría resultar clave para reconstruir lo ocurrido y avanzar en la identificación de los sospechosos.

Este sábado por la noche, en el partido bonaerense de La Matanza, asesinaron a Cristian Eduardo Pereyra, quien durante el día era docente y por la noche se subía a un auto para hacer viajes con aplicaciones para llegar a fin de mes. El principal sospechoso es el pasajero que llevaba en el asiento trasero: un policía que le habría intentado robar.

El crimen ocurrió sobre la autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino. Pereyra recibió tres balazos que resultaron mortales.

Quien tiene a cargo la causa es el fiscal Adrián Arribas, titular de la Fiscalía especializada en Homicidios de La Matanza.

Según se logró reconstruir, Pereyra manejaba un Chevrolet Corsa verde oscuro, patente GXF 616, y llevaba a un pasajero que lo contactó a través de una app. Le dispararon cuando se encontraba en el barrio San Javier, sobre la mano de la autopista que va hacia Ezeiza.

El fiscal citó a declarar al pasajero, quien inmediatamente después de dar su versión de los hechos pasó a ser el principal sospechoso. “A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y se fue a trabajar a la UTOI. La institución que nos tiene que cuidar lo mató”, denunció en redes sociales Brenda Anahí, una de las hermanas de la víctima.

Con las primeras pruebas recabadas en la investigación, el fiscal Arribas solicitó la detención del imputado, que ya fue concedida por la Justicia bonaerense.

Quién era la víctima

Cristian Pereyra era profesor en las escuelas de Educación Secundaria Técnica Nº 2, Nº 8 y Nº 10 de La Matanza. Era padre de una nena de 3 años, según dieron a conocer allegados a la víctima en redes sociales.

“Desde la Unión Docentes Argentinos La Matanza, expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y demás seres queridos de nuestro compañero Cristian Eduardo Pereyra quien perdiera la vida en un hecho de inseguridad. Acompañamos el pedido de justicia y expresamos nuestro más enérgico repudio hacia todo hecho de violencia hacia los y las docentes y al conjunto de todos los trabajadores”, comunicaron desde la UDA-Matanza en un posteo.

También se pronunciaron desde las instituciones en las que se desempeñaba el docente.

“La comunidad educativa de la EEST N.° 8 ‘Jorge Newbery’ lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Cristian Eduardo Pereyra, quien se desempeñaba como profesor y formaba parte de nuestra institución”, informó esa escuela.

“En este difícil momento acompañamos con profundo pesar a su familia, seres queridos y amistades, especialmente a su pequeña hija, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y solidaridad. Informamos que hemos dispuesto un día de duelo para el lunes 16 de marzo, retomamos las actividades el día martes 17 de marzo. Acompañamos a su familia en este doloroso momento”, completaron las autoridades.

Una modalidad de robo al alza

Hacerse pasar por pasajeros parece ser una coartada efectiva para los delincuentes. Un caso similar había ocurrido a fines de diciembre con un conductor de 58 años, que fue víctima de una emboscada durante un viaje solicitado por una aplicación en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora.

De acuerdo a fuentes policiales, el viaje inició con cuatro personas a bordo; apenas avanzó tres cuadras hasta el cruce de Mirasol y Chicago, donde descendieron dos mujeres. El conductor continuó y, dos cuadras más adelante, a la altura de Mirasol y Suecia, dos hombres sacaron un arma y le robaron el dinero, documentos y el teléfono celular. Tras ello, lo obligaron a bajarse y escaparon con el coche.

El vehículo -un Renault Sandero- apareció abandonado poco después en la esquina de Mirasol y Costa Rica, a cinco cuadras del asalto.

Ya en enero, en el barrio porteño de Villa Soldati, ocurrió otro violento intento de robo a un chofer de aplicaciones, quien recibió un disparo en una de sus piernas cuando se resistió a que un delincuente le sustrajera su auto.

Producto del ataque, la víctima fue hospitalizada, fuera de peligro. Todo ocurrió en avenida Fernández de la Cruz y Mariano Acosta, donde el conductor de un Fiat Cronos color negro fue abordado por un asaltante que pretendía robarle el vehículo y otras pertenencias.

Al recibir la alerta sobre lo sucedido, personal de la Comisaría Vecinal 8 B se desplazó hasta el lugar del ataque y entrevistó al damnificado, de unos 40 años. En diálogo con los agentes, el chofer contó que había ido a buscar un paquete al complejo habitacional Soldati, y al llegar fue abordado por un hombre que lo amenazó con un arma de fuego.

El cantante Christian Nodal confirmó que él y su esposa, Ángela Aguilar, estuvieron en medio de un tiroteo ocurrido en Zacatecas, luego de que se difundieran versiones sobre un operativo policial cerca del rancho de la familia Aguilar en febrero pasado.

Tras su presentación en la Feria de Texcoco la noche del sábado, el intérprete habló públicamente del episodio y reconoció que el incidente le dejó una fuerte reflexión sobre la vida.

“Agradecido por estar vivo, pero realmente siempre he valorado mucho cada instante, ¿no? Creo que así es como he manejado mi vida, llevándome cien por ciento de emociones, cien por ciento del corazón y, bueno, obviamente, la experiencia de Zacatecas vino a reforzarlo más”, declaró el artista.

El momento del tiroteo

De acuerdo con el relato del propio Nodal, el enfrentamiento armado ocurrió cuando él y Ángela Aguilar transitaban por una carretera cercana al rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar.

En ese momento se desarrollaba un operativo de fuerzas estatales contra presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que derivó en un intercambio de disparos.

El cantante recordó qué pensamientos cruzaron por su cabeza en esos momentos. “Pues (suspira) no sé, mi esposa... Tenía mucho miedo, me tocó tirarme al piso. No sé, la verdad que no sé, simplemente mucho miedo y más estar a salvo”, expresó.

Según explicó, la reacción de su equipo de seguridad fue clave para evitar una tragedia. “Los escoltas hicieron un gran trabajo y todo salió bien”, afirmó.

Autoridades descartan ataque directo

A mediados de febrero, el fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó que la pareja quedó en medio del enfrentamiento, aunque subrayó que la agresión no estuvo dirigida contra ellos.

El funcionario explicó que el operativo ocurrió en la carretera federal 54, cerca del municipio de Tabasco, Zacatecas, donde fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro personas presuntamente vinculadas al CJNG, entre ellas Flavio Alberto “N”, alias “El Braca”, señalado como jefe de plaza del grupo criminal en la zona.

Tras percatarse del tiroteo, Nodal y Aguilar regresaron al rancho familiar para resguardarse. Más tarde recibieron apoyo de la policía estatal para trasladarse al aeropuerto y viajar a Ciudad de México.

Un episodio que marcó al cantante

Aunque el incidente no dejó heridos entre los artistas ni daños a sus vehículos, el episodio generó gran impacto entre sus seguidores y volvió a colocar el tema de la seguridad en carreteras del país en el debate público. Para Nodal, la experiencia reforzó su visión sobre la vida.

En otro eje central en su vida, Nodal confirmó que su defensa legal busca llegar a acuerdos con su expareja, Cazzu, para limitar la exposición pública de su hija en común: “Todo el tema de mi hija lo estoy reservando para que ella, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener cien por ciento mi apoyo, pero la verdad, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes. De hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, señaló.

El caso comenzó una noche de mayo del año pasado, cuando un profesional de la salud de 35 años fue sorprendido por un grupo armado que le robó su Toyota Yaris frente a un local de comidas.

Lo que parecía un caso más de inseguridad fue el puntapié para descubrir y desarmar a una organización delictiva que se movía por el sur del conurbano y que usaba autos robados para distintos golpes.

El hecho inicial ocurrió cerca de las 22, cuando la víctima y un amigo se detuvieron frente a un negocio sobre la calle Miguel García Fernández de Monte Grande.

Mientras el conductor permanecía a bordo de su Toyota Yaris, su acompañante descendió del vehículo. En ese momento, un Volkswagen Golf, conducido por Brian Javier Leiva (23), se detuvo al lado. De allí bajaron tres ladrones armados, que sorprendieron e intimidaron al profesional de la salud con amenazas.

Los asaltantes lo obligaron a entregar el coche. Segundos después, dos de ellos escaparon en el auto robado, mientras que Leiva y el cuarto integrante huyeron en el Volkswagen en dirección a la localidad de 9 de Abril.

Ese Volkswagen, se supo luego, tenía colocada una patente trucha, pero en sus autopartes y luneta figuraba un dominio con pedido de secuestro activo por un robo ocurrido siete días antes, a solicitud de la subcomisaría Aldo Bonzi.

Persecución y tiroteo

Alertada del robo por el llamado al 911, la Policía Bonaerense montó un operativo y localizó el Volkswagen en la zona de Juan Díaz de Solís y Moreno. Los patrulleros iniciaron una persecución.

Durante la huida, los delincuentes dispararon contra los móviles policiales y luego buscaron refugio en un domicilio de la calle General José María Paz. Allí, el cómplice de Leiva logró ingresar y escapar a pie, disparando nuevamente contra los efectivos, mientras que Leiva quedó en el auto y fue detenido en el lugar.

A Leiva se le secuestró un celular, clave para avanzar en la investigación. El análisis de ese teléfono abrió una nueva línea en la causa: los mensajes, fotos y contactos que aparecieron en el dispositivo sirvieron para reconstruir la estructura de un grupo dedicado al robo y adulteración de autos, la venta ilegal y el uso de vehículos para cometer entraderas en distintos partidos del sur del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de esos datos, la DDI de Lomas de Zamora fue identificando nombres y roles. Según los investigadores, la banda tenía un líder que ya estaba preso, Darío Ezequiel Crivelli, de 46 años, condenado por dos homicidios y que seguía manejando las operaciones desde la cárcel.

El grupo estaba dividido en tareas: ladrones armados que robaban autos, proveedores de armas y documentación, especialistas en adulterar rodados, choferes y encargados de mover el dinero de los delitos. El expediente fue sumando pruebas y, según fuentes judiciales, se estableció la participación de al menos 20 personas en la organización, aunque la lista podría ampliarse.

El enfrentamiento en la pool party

El lunes de esta semana, la investigación pegó un salto. Un dato aportado por los detectives ubicó a dos sospechosos en una fiesta en una quinta de 9 de Abril. Según pudo saber este medio, uno de los acusados había subido a redes sociales una foto en una pileta, mostrando un arma.

Con esa información, el fiscal Andrés Devoto, de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Esteban Echeverría, ordenó un allanamiento de urgencia.

El Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpió en el lugar y fue recibido a tiros. Desde una habitación en la planta alta, Diego Ezequiel López, de 23 años, disparó contra los efectivos y trató de escapar saltando por una ventana. Murió tras recibir dos balazos, uno en la cabeza y otro en el pecho.

Otros dos jóvenes, Jonathan Alejandro Rodríguez (21) y Nicolás Eduardo Llanelli (22), fueron arrestados en el lugar y puestos a disposición del fiscal.

En la quinta, los peritos de Gendarmería Nacional levantaron 17 vainas servidas y dos proyectiles. Como parte de las tareas realizadas, los agentes de la fuerza federal también le practicaron un dermotest al fallecido en el hospital zonal Santa Marina.

Nuevos operativos

En las horas siguientes, la Policía realizó 33 allanamientos más en la zona sur del conurbano y en varias cárceles. Ocho sospechosos fueron arrestados o notificados de la causa: Brian Uriel Torres (20), Tamara Micaela Montenegro (20), Gonzalo Uriel Alderete (23), Andrés Yamil Cisterna (19), Ismael Esteban Díaz (24), José Luis Torres Loto (34), Fernando Fabián Tripichio y el mencionado Crivelli. Salvo los dos primeros, los demás ya estaban presos.

En los operativos, además, fueron aprehendidos Hugo Domingo Pelayes (72) por tenencia ilegal de armas, Lautaro Joaquín Torres (22) por falsificación de numeración de objetos registrados y Eros Emanuel Benítez (19) por infracción a la ley de drogas y tenencia ilegal de armas.

También se secuestraron seis armas, celulares, drogas, documentación falsa, una moto Honda Wave denunciada como robada, una camioneta Ford F-100 y una moto Honda 125 con numeraciones adulteradas, una máquina para contar billetes, guantes negros y precintos.

En los días siguientes, la fiscalía avanzó con las indagatorias, que avanzaron a paso lento por problemas de traslados del Servicio Penitenciario. El primer grupo de seis acusados que fue trasladado para declarar ante el fiscal se negó a hacerlo.

La imputación es por asociación ilícita. A la banda se le adjudica al menos 15 hechos de robo de autos y entraderas, cometidos desde el 29 de noviembre de 2024 en adelante. Operaban en Esteban Echeverría, Almirante Brown, Lomas de Zamora y CABA.

Un oficial de la Policía de la Ciudad fue detenido por el presunto homicidio agravado de un joven y lesiones a otro durante un enfrentamiento a tiros ocurrido en la localidad de San Alberto, partido de Ituzaingó.

Este viernes por la tarde, el agente porteño fue indagado por la fiscal del caso y se negó a declarar. El juez de garantías ordenó que quede preso. Mientras tanto, se espera para este sábado el resultado de la autopsia al fallecido que se hará en la morgue judicial de Lomas de Zamora.

Todo ocurrió en la madrugada del jueves en la intersección de las calles Martín Rodríguez y Perdomo, donde se produjo el tiroteo. El agente dijo que fue ante un supuesto intento de robo, mientras que el sobreviviente afirmó que solo estaban yendo a un partido de fútbol.

El policía fue identificado como Lucas Adrián Gómez, de 36 años, quien prestaba servicios en la División Servicio Especial Autopista de la Policía de la Ciudad. De acuerdo con la información oficial, circulaba en una motocicleta Honda XR blanca junto a su pareja cuando notó que los dos sospechosos lo seguían. En consecuencia, frenó bruscamente y descendió del rodado.

En ese momento, según la denuncia, se identificó como Policía y efectuó dos disparos con su arma reglamentaria Thunder Pro 9 mm, impactando a ambos jóvenes. Uno de los heridos fue identificado como Daniel Enrique Kuhne, de 20 años, y el otro, Juan Cruz Leal, también de 20 años, ambos de Ituzaingó.

Leal fue quien recibió un disparo en la ingle: fue mortal. Fue trasladado al Hospital Bicentenario de la zona pero, pese a los intentos de reanimación, falleció a las 5AM. Su compañero, por su parte, sufrió una herida de arma de fuego en la zona axilar y fue trasladado al Hospital Posadas, donde no se reportó riesgo de vida.

El oficial Gómez relató ante las autoridades que los dos jóvenes, que se movilizaban en una Honda Twister negra sin impedimento legal, intentaron interceptarlo con fines ilícitos. Según su versión, al advertir la maniobra, se identificó como policía y disparó en defensa propia.

Tras el hecho, intervino la Policía Bonaerense, cuyos agentes llegaron a la escena y se secuestraron dos vainas servidas calibre 9 mm, el arma reglamentaria con 14 proyectiles intactos y uno en recámara, pero no se hallaron elementos vinculados a un posible robo de los jóvenes.

Tras recibir el alta médica, Kuhne, el acompañante del fallecido, declaró que ambos se dirigían a un partido de fútbol y que la motocicleta de Gómez se detuvo bruscamente metros antes de la esquina, tras lo cual el conductor disparó sin mediar palabra. Su relato fue incorporado a la causa.

El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Ituzaingó, a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, quien dispuso la aprehensión de Lucas Adrián Gómez bajo la acusación de homicidio agravado.

La fiscal lo indagó este viernes, pero el policía se negó a declarar y luego la justicia de garantías ordenó su detención formal.

Según informes de la Policía Nacional, el ataque se produjo en la aldea El Espino, un corredor montañoso zona que ha sido identificada como ruta habitual para esquivar los operativos policiales, donde en días recientes se han intensificado los patrullajes tras otros episodios violentos.

El hallazgo de los cuerpos motivó la intervención inmediata de los equipos de investigación y de Medicina Forense, quienes acordonaron la escena para recolectar pruebas.

Los agentes encontraron a cinco hombres, jóvenes en su mayoría, con múltiples impactos de bala; algunos presentaban mutilaciones y portaban chalecos antibalas.

Además, entre las pertenencias de los fallecidos se localizaron camisetas con la inscripción “Cartel del Diablo C.D.D.” y gráficos de paquetes de droga y armas doradas. Este elemento, señalado por los investigadores, fortalece la hipótesis de que las víctimas mantenían vínculos directos con actividades ilícitas en la región, como el microtráfico de drogas y la extorsión.

La violencia en Sulaco no constituye un caso aislado. La masacre de El Espino representa el segundo crimen múltiple en el municipio en menos de siete días

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si existe relación entre ambos escenarios violentos, aunque la proximidad temporal y el contexto delictivo abren interrogantes sobre una posible escalada de enfrentamientos entre bandas.

En el sitio del ataque, la presencia de armas de grueso calibre y la indumentaria hallada en los cuerpos fueron consignadas como señales claras de que el grupo asesinado operaba bajo la estructura del denominado Cartel del Diablo, liderado por “El Esteban”, de acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional.

Tras recibir los reportes de la balacera, los agentes desarrollaron un dispositivo de seguridad en las comunidades aledañas y reforzaron los controles en los accesos a las zonas montañosas, con el objetivo de ubicar a los posibles responsables y evitar un nuevo aumento de la violencia. Al finalizar la jornada, las autoridades no habían informado capturas relacionadas con el caso.

El subcomisionado Eduardo Rivera, de la Policía Nacional de Honduras, afirmó que se han establecido varias líneas de investigación. Explicó que las primeras indagaciones apuntan a dos escenarios principales, que el múltiple homicidio haya sido una venganza entre estructuras criminales, o bien el resultado de un enfrentamiento motivado por la disputa del control sobre actividades ilícitas, en especial la extorsión y el microtráfico en el corredor nororiente de Honduras.

Según el subcomisionado: “Ellos se dedican al microtráfico y se dedican a la extorsión, pues tienen múltiples enemigos; entonces el día de hoy tuvieron un enfrentamiento entre bandas y a estas cinco personas les quitaron la vida”, declaró en el informe policial.

También detalló que la emboscada ocurrió en una ruta frecuentada por estos grupos para evadir la presencia policial, y agregó que los agresores conocían los movimientos de sus víctimas, lo que permitió realizar un ataque sorpresivo de alto grado de violencia.

En las horas posteriores al ataque, los forenses identificaron a dos de los fallecidos: César Mauricio Banegas García y Luis Omar Aquino, ambos jóvenes presuntamente vinculados al Cartel del Diablo. Las autoridades siguen el proceso para identificar los otros tres cuerpos mediante reconocimiento familiar y análisis pericial, mientras los operativos policiales continúan activos en la zona.

La recurrencia de hechos como este mantiene la preocupación de la población en niveles elevados. Líderes comunitarios solicitan a las autoridades el aumento de estrategias de seguridad para contener la violencia y reducir el riesgo de que los enfrentamientos entre grupos criminales generen nuevas víctimas en Sulaco y los alrededores

Un oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires mató a un adolescente de 16 años que, junto a otros tres cómplices, intentó robarle la moto en la que circulaba por la localidad de José C. Paz.

El hecho ocurrió el martes pasado cerca de las 23.30 en el cruce de las calles Carmen Puch y Luis María Drago.

El policía, de 39 años, iba vestido con parte de su uniforme y volvía de cumplir tareas de vigilancia en una cancha de la zona norte del conurbano bonaerense. En ese momento fue abordado por cuatro ladrones armados que se movilizaban en dos motos.

Uno de los asaltantes, que iba como acompañante, descendió y lo amenazó a punta de pistola para exigirle el rodado. Frente a esta situación, el agente sacó su arma reglamentaria, una Bersa Thunder Pro 9 mm, y gatilló tres veces.

Uno de los disparos impactó en el sospechoso adolescente, quien aun así intentó huir con sus cómplices a bordo de la moto. A pocos metros, el menor perdió el control y cayó al suelo tras chocar contra un Volkswagen Gol Trend conducido por un hombre de 44 años.

Los otros tres asaltantes decidieron abandonarlo en el lugar y escaparon. Son buscados por las autoridades.

Al llegar al lugar, personal del Comando Patrulla constató que el adolescente baleado ya no tenía signos vitales. En la escena incautaron una pistola Bersa .22 largo con la numeración limada que estaba en poder del fallecido.

En la causa interviene la fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial San Martín, a cargo de Mateo Guidoni.

Según pudo saber Infobae, se realizó la autopsia al cuerpo del adolescente, aunque aún no se han difundido los resultados. Además, se secuestraron proyectiles en la escena y se le tomó declaración a un testigo presencial, mientras se siguen revisando las cámaras de seguridad.

Fuentes judiciales informaron que, hasta el momento, no se adoptó temperamento alguno para con el policía.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el más reciente de los asaltos ocurrió el pasado 20 de febrero. Ese día, cinco hombres armados llegaron al comercio Marbel, empresa de productos ganaderos, en las calles 815 y 882 bis a bordo de una camioneta Renault Oroch. Se trata de una zona cercana al arroyo Las Piedras.

Allí sustrajeron el botín y huyeron. Luego, abandonaron la camioneta y cambiaron nuevamente de vehículo. En uno de los videos que acompañan este artículo se cómo los delincuentes armados se llevaron el dinero en poco más de un minuto.

El primer robo

No era la primera vez que la banda actuaba. Once días antes, en la intersección de las calles 187 y Roque Cisterna, en Quilmes, varios hombres armados irrumpieron en un mayorista, sustrajeron $300.000 y le robaron la camioneta a un cliente para huir. Se trataba de la misma Renault Oroch que usarían para el siguiente asalto.

De acuerdo con la investigación, la banda llegó a bordo de un Volkswagen Cross Fox, que sería abandonado poco después en la zona de la calle 196 Bis y Monseñor De Andrea; tenía pedido de secuestro activo por hurto.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía N°7 de Quilmes, que, tras analizar cámaras de seguridad, detectó que los delincuentes cambiaban de vehículo tras los robos y se daban a la fuga en un Nissan Versa. Ese fue su error, ya que el uso de ese modelo de vehículo permitió conectar ambos hechos y dar con los sospechosos.

El 27 de febrero pasado, tras un patrullaje del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía bonaerense, se logró interceptar un auto con las mismas características en la zona Quilmes Oeste, donde se detuvo a tres sospechosos. Uno de ellos portaba una pistola Bersa 9 mm con 10 proyectiles.

La presencia de un policía bonaerense entre los detenidos activó la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA)y la apertura de un sumario en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. El agente quedó desafectado y fue imputado por robo agravado, junto con los otros dos acusados.

El informe policial señala que la investigación sigue en curso para establecer la participación de otros involucrados y recuperar los montos sustraídos. De acuerdo con lo que trascendió, Los tres detenidos se negaron a declarar ante la fiscalía, que investiga la posible conexión de la banda con otros hechos similares en la zona sur del Gran Buenos Aires.

Un operativo coordinado entre las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén permitió detener en la ciudad de General Roca al principal sospechoso del millonario robo a una jubilada de Santa Rosa, La Pampa. Se trata del hijo de un ex policía que fue echado de la Fuerza por corrupto.

Al detenido no solo lo buscaban por llevarse 600 mil dólares de la casa de la mujer de 75 años, también lo han vinculado a un violento asalto a un matrimonio de adultos mayores en Cipolletti, que tiene a uno de los sospechosos preso.

El dato curioso fue que, durante los allanamientos para arrestar al ladrón que entró en la casa de la jubilada, los investigadores hallaron que una casa vinculada a uno de los integrantes de la banda funcionaba como un “búnker” de estafas telefónicas.

En esa vivienda, habitada por la pareja de uno de los imputados, se secuestraron más de 60 blisters con tarjetas SIM de distintas compañías de telefonía móvil, una importante cantidad de teléfonos celulares y joyas de oro que podrían corresponder a parte de lo sustraído en robo a la jubilada de Santa Rosa.

Los investigadores sospechan que esa vivienda era un centro de operaciones desde donde una banda realiza llamadas masivas para engañar a víctimas y obtener dinero o datos personales.

Este tipo de estructuras suele funcionar como un call center ilegal que concentra múltiples líneas telefónicas, decenas de chips a nombre de terceros y dispositivos electrónicos utilizados para realizar estafas bajo distintas modalidades, como el “cuento del tío”, falsos empleados bancarios o supuestos organismos oficiales.

La investigación, que demandó varios meses de trabajo, incluyó análisis de cámaras, comunicaciones telefónicas y redes sociales, y derivó en múltiples allanamientos y el secuestro de pruebas clave.

Hijo de un ex policía corrupto

La Brigada de Investigaciones de la Policía de La Pampa fue la que detuvo en la ciudad rionegrina de General Roca al sospechoso considerado pieza clave en la investigación por el robo a la vecina de 75 años que ocurrió el 30 de octubre pasado.

Ese día, los dos ladrones se llevaron una suma estimada en 600 mil dólares, además de joyas de oro, en una causa que lleva la fiscal de La Pampa Leticia Pordomingo.

Sospechan que el detenido pertenece a la banda que actuó en el golpe en Cipolletti, el auto que usó junto a su cómplice fue clave en el caso, y le secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas en el hecho, teléfonos celulares, municiones de 9 milímetros, cartuchos de escopeta y una granada de gas lacrimógeno.

El imputado cuenta con antecedentes penales y es hijo de un ex policía de General Roca, también separado de la fuerza por hechos delictivos. Ambos habían sido arrestados en 2019 en Punta Alta por un robo agravado en el que se les secuestró un vehículo, un handy y un arma de fuego.

El preso

“El otro involucrado se encontraría detenido en el marco de otra investigación en la ciudad de Cipolletti”, señaló a Infobae la fiscal Pordomingo, al frente de los siete allanamientos que se hicieron este miércoles en simultáneo en Neuquén, Cipolletti y General Roca.

En Neuquén capital se allanó una vivienda ubicada en calle Richieri, vinculada al imputado que se encuentra preso desde diciembre en establecimiento de Ejecución Penal N°5 de Cipolletti. El pabellón y sectores donde se resguardan efectos personales de los internos también fueron requisados: se secuestraron seis celulares que ahora serán sometidos a peritajes.

Según la investigación, este sospechoso permanece detenido por el violento robo al matrimonio de adultos mayores en Cipolletti, donde los asaltantes redujeron a las víctimas dentro de su casa y les sustrajeron dinero y otros bienes, causando lesiones gravísimas al hombre, que aún permanece con secuelas.

En esa causa, también están involucrados dos policías rionegrinos, que fueron detenidos e imputados como integrantes de banda.

Una nueva masacre sacudió la madrugada de este jueves al departamento de Yoro, en Honduras, cuando cuatro jóvenes fueron asesinados a balazos en la aislada aldea La Fragua, dentro de la jurisdicción del municipio de El Progreso.

Desde primeras horas del día, autoridades policiales y forenses se desplazaron a la zona luego de que residentes informaran un intenso tiroteo, cuya duración, de acuerdo con testigos, se extendió entre 30 y 40 minutos. Estudios balísticos iniciales permitieron localizar 150 casquillos de armas de fuego en la escena, lo que dimensiona la. magnitud del ataque, según la información de la Policía Nacional de Honduras

El hecho, que ocurrió en un sector conocido por su difícil acceso y reiteradas disputas criminales, eleva a cuatro el número de homicidios múltiples registrados en el país durante 2026 y agrega 14 víctimas al total anual de este tipo de crímenes, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El OV-UNAH cifra en más de 400 muertes violentas en lo que va de 2026, con un promedio de seis homicidios diarios, una tasa semejante a la de 2025. Entre las víctimas, se contabilizan 42 mujeres, dato que mantiene la preocupación entre organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad, quienes advierten sobre patrones diferenciados de ensañamiento en los crímenes contra mujeres.

La directora del observatorio, Migdonia Ayestas, explicó que, aunque el número de víctimas es inferior al registrado en el mismo período de 2025, “el impacto de la violencia sigue siendo significativo” para la sociedad hondureña.

Agregó que la criminalidad se sostiene por factores estructurales como desempelo, pobreza, desintegración familiar y proliferación de armas de fuego. Solicitó políticas integrales que combinen prevención, control y estrategias de reinserción. Para Ayestas, “la seguridad debe tratarse como una política de Estado que involucre a múltiples instituciones y sectores de la sociedad”.

El enfrentamiento comenzó durante la noche, cuando una serie de disparos fueron escuchados. Al llegar las fuerzas de seguridad, los equipos encontraron los cuerpos de cuatro jóvenes acribillados. Las identidades permanecen bajo confirmación, ya que los procedimientos de reconocimiento se desarrollaban en la morgue de San Pedro Sula, detalló la Policía Nacional de Honduras.

Las primeras investigaciones apuntan a que tres de las víctimas pertenecerían a la Mara Salvatrucha y la cuarta tendría vínculo con la banda La Kleibona. Aunque el enfrentamiento puede estar relacionado con disputas por territorio entre organizaciones delictivas, hasta el cierre de este informe las autoridades no han confirmado ese extremo ni descartado la posible participación de otros actores en el tiroteo.

La zona permanece acordonada para preservar elementos probatorios, mientras expertos en balística trabajan para identificar el calibre y cantidad de armas usadas. El análisis de la trayectoria de los proyectiles busca reconstruir la dinámica del conflicto armado.

Entre los episodios recientes sobre homicidios multiples en Honduras, figura el del 9 de marzo en la aldea Copantio, municipio de San Andrés, departamento de Lempira. Allí, tres hermanos, Juan Manuel López, Daniel López Vásquez y José Nahún López Vásquez,pame fueron asesinados, generando conmoción en la localidad. La principal hipótesis de la Policía Nacional de Honduras relaciona el hecho con enemistades personales entre las víctimas y los autores.

En ambos incidentes, los cuerpos fueron remitidos a la morgue de San Pedro Sula para autopsia y posterior entrega a familiares, procedimiento habitual en este tipo de crímenes en Honduras.

La frecuencia y gravedad de estos episodios exponen la limitada capacidad estatal para controlar grandes zonas del país. Migdonia Ayestas advirtió que la criminalidad persiste por causas estructurales y señaló “características distintas, muchas veces con mayor ensañamiento en comparación con los casos que afectan a los hombres”, en las agresiones hacia mujeres.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que todo comenzó por una denuncia radicada el pasado 5 de marzo en la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, pero que la banda había alquilado las camionetas en una agencia de CABA el 24 de febrero pasado. Se trataba de dos Ford Ranger y una Toyota SW4.

Así, se abrió una causa a cargo del fiscal Alberto Mendivil, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 11, con asiento en la ciudad de La Quiaca. El delito es “estafa por abuso de confianza”.

“Técnicamente, el delito no es robo porque no hubo violencia. El delito es una estafa a través de una apropiación por medio de un ardid. ¿Cuál es el ardid? Van, alquilan el vehículo, dicen: ‘Bueno, lo alquilo y te lo devuelvo a los tres días’. No lo hacen, los engañan y se llevan los vehículos para la frontera. Es una estafa por abuso de confianza", comentaron las fuentes consultadas por este medio.

En la causa, la Fiscalía dispuso la intervención de personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 5 de la Policía de Jujuy, que comenzó con las tareas para ubicar los rodados.

Debido a la magnitud del caso, también se solicitó la colaboración de Gendarmería y de la Policía del Estado Plurinacional de Bolivia, lo que permitió iniciar un seguimiento que finalmente derivó en la localización de los vehículos en distintas localidades del vecino país.

Esta semana desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy se informó que, como resultado de una investigación que contó con la participación de organismos provinciales, nacionales e internacionales, se logró recuperar en Bolivia tres vehículos de alta gama que habían sido denunciados como robados.

Las camionetas fueron encontradas en la localidad de San Juan, en el departamento de Chuquisaca, y en Challapata, ubicada a unos 600 kilómetros de la zona fronteriza de La Quiaca–Villazón, algo que sorprendió a los investigadores. Ahora, los vehículos fueron restituidos a sus propietarios.

Sin embargo, lo que puso en alerta a los investigadores fue que, aparentemente, es una banda que opera de esta manera hace tiempo y que tiene contactos en la Ciudad de Buenos Aires y en otras provincias, y que manda las camionetas a la frontera.

Fuentes de la investigación dijeron a Infobae que la DDI de Luján de la Policía Bonaerense este jueves se llevó a cabo un allanamiento en el partido Moreno y apresó a un sujeto vinculado al robo e intento de homicidio de H..

Heberto Jorge Pepe, de 58 años, quedó detenido por el delito de “homicidio agravado criminis causa en tentativa” y “robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego apta para el disparo”, en una causa que investiga la Unidad Funcional de Instrucción N°2, a cargo de Matías Lattaro.

Todo sucedió el 15 de febrero pasado por la noche. Tres sospechosos se movilizaban a bordo de una camioneta Renault Kangoo blanca por Marcos Paz y así arribaron al domicilio de un vecino portando armas de fuego.

“Aguardaron a que los dueños de la vivienda salieran y forzaron una reja, logrando ingresar a la propiedad y apoderarse de dinero en efectivo, elementos de electrónica, prendas varias, entre otros elementos de valor”, detallaron las fuentes del caso a este medio.

Al notar el regreso del propietario, los delincuentes se retiraron por la parte trasera del domicilio y abordaron la camioneta Renault Kangoo en la que habían llegado. Pero la víctima se dio cuenta y comenzó a seguir a los sospechosos.

Cuando llegaron al cruce de las calles Berlín y Centenario, como se ve en el video que encabeza esta nota, la Renault Kangoo se detuvo y la víctima se ubicó a la par. Nunca imaginó lo que sucedería después: el sospechoso que manejaba el vehículo comenzó a dispararle, secundado por otro de los ladrones que se bajó de la camioneta y volvió a gatillarle. Así pudieron darse a la fuga.

Como pudo, H. se bajó del coche, intentó caminar, regresó a su vehículo y se fue al hospital Cuenca de Cañuelas. Ingresó a la guardia la madrugada del 16 de febrero con heridas de arma de fuego en el rostro, en el brazo y en el estómago: se salvó de milagro. Allí contó que le habían hecho un escruche, que siguió a los ladrones y que fue en ese contexto que lo balearon.

Los delincuentes le robaron $10 millones, USD 1.100, alhajas, prendas de vestir y aparatos de telefonía celular.

En las últimas horas, la Justicia de Garantías de Moreno avaló el allanamiento en una casa de la calle Colombia al 1400 de Moreno, donde lograron la detención de uno de los sospechosos.

Le secuestraron una pistola marca Browning con numeración suprimida, USD 701, $ 271.650, ocho celulares, prendas de vestir y tres joysticks de consola.

Merlín Díaz tenía 30 años, era peluquera y fue engañada: les entregó 14 millones de pesos a tres mujeres gitanas que la convencieron de que tenía un “trabajo malicioso” y necesitaba una limpieza espiritual. Merlín no pudo afrontar que le hubieran robado todos sus ahorros y se mató. No fue la única víctima de estas estafadoras buscadas por la Justicia y, en ese contexto, en las últimas horas se entregó a la fiscalía una de las sospechosas. Luego se fue a su casa.

Fuentes de la investigación dijeron a Infobae que María Silvia Mitrovich, de 78 años y que vive en la localidad de José Mármol, se presentó ante el fiscal Ignacio Torrigino de la UFI N°19 de Lomas de Zamora junto a su abogado, pero antes de hacerlo había pedido una “eximición de prisión”.

“Se la aceptaron, la notificaron y se presentó a declarar ya segura de que no iba presa”, ampliaron las fuentes consultadas por este medio.

A María Silvia y a sus cómplices, Mirta Noemí Mitrovich (56) y Nancy Marina Yovanovich (52), que están prófugas, las buscaban desde hacía casi dos meses.

El caso se conoció por la carta que Merlín dejó escrita antes de quitarse la vida: allí explicó la estafa, identificó a las sospechosas y le pidió perdón a su pareja: “Amor, adiós. Te amo. Perdón, amor. Te mentí. Espero me perdones... Los gitanos son los culpables, me robaron toda mi vida, me robaron toda mi plata”.

Todo había comenzado el pasado 15 de enero, cuando las acusadas acudieron a la peluquería ubicada en San Juan y Olimpo, en Ingeniero Budge, donde trabajaba Merlín. Desde ese día, las tres comenzaron a frecuentar a la peluquera y se ganaron su confianza.

Fue entonces que la convencieron de que había una maldición sobre su dinero. Tras haberle sembrado la duda, le propusieron que les entregara los ahorros de su familia, para poder hacerles un ritual de limpieza y eliminar los supuestos bloqueos.

La pareja de Merlín le advirtió sobre las verdaderas intenciones de las mujeres y ella le prometió que cortaría el contacto con ellas. Pero no lo hizo. El 20 de enero les entregó $14 millones con la promesa de que, tras un “trabajo ritual”, recuperaría el dinero.

Nunca más supo de las tres mujeres que se llevaron todos los ahorros. Merlín lo intentó todo: “Mari, ¿ya vienen? Por favor, no me hagas sufrir. Te di mi confianza, te di todo de mí. ¿Me mintieron?”.

Desesperada, la peluquera se rindió. “Si no vienen, van a cargar con mi vida”, les advirtió a las acusadas. Pese a que su pareja la ayudó y la llevó al hospital más cercano, Merlín fue declarada muerta apenas ingresó al centro médico.

Tras la muerte y con la carta de la mujer en sus manos, el fiscal Torrigino decidió secuestrar el celular de la víctima y pedir las cámaras de seguridad de la zona. Y entonces pudo identificar a las sospechosas, pero cuando las fueron a buscar no estaban. Por eso, las tres tenían pedido de captura y detención.

Este miércoles, una de ellas dio la cara ante el fiscal a sabiendas de que no iba presa. Eso sí, la declaración en sede judicial de la acusada de 78 años dejó algunas incógnitas entre los investigadores.

María Silvia alegó que la conocía y que iba a la peluquería de Merlín a hacerse las manos, desligándose de las acusaciones; pero cuesta creer que solo para una manicura haga un viaje desde José Mármol hasta Ingeniero Budge que demora, mínimo, 50 minutos, según informó Diario Conurbano.

Mientras tanto, se conoció que una profesional y sus cinco amigas fueron engañadas por las mismas mujeres y que varias evitaron denunciar porque el dinero era parte del patrimonio familiar o sus parejas desconocían la situación. El quiebre se produjo cuando, en una reunión, decidieron enfrentar juntas el problema y denunciar a la banda.

La tradicional Feria de la Flor de Cuernavaca fue pospuesta por el ayuntamiento debido al clima de tensión social y la crisis de seguridad que atraviesa el estado de Morelos, particularmente tras los recientes feminicidios de dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El alcalde José Luis Urióstegui informó que la decisión se tomó en coordinación con la gobernadora Margarita González Sarabia, al considerar que las condiciones actuales no son adecuadas para celebrar un evento masivo de carácter festivo.

Crisis de seguridad en Morelos lleva a posponer la Feria de la Flor

Durante una conferencia, el presidente municipal explicó que el contexto social generado por los recientes hechos de violencia influyó en la determinación del gobierno local.

Señaló que, ante la situación que vive la comunidad universitaria, realizar una feria dedicada al esparcimiento resultaría contradictorio.

Urióstegui señaló que el ambiente social exige respeto y sensibilidad ante los hechos recientes, por lo que el ayuntamiento optó por aplazar el evento hasta que existan condiciones más favorables.

El alcalde aclaró que la feria no ha sido cancelada definitivamente, sino que se realizará en una fecha aún por definir.

Feminicidios de estudiantes de la UAEM sacuden a la comunidad universitaria

La decisión ocurre después de los asesinatos de Kimberly Joselín Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, ambas estudiantes de 18 años vinculadas a la UAEM.

Kimberly, alumna de contaduría, desapareció tras dirigirse al campus Chamilpa en Cuernavaca y fue localizada sin vida once días después.

Por este caso fue detenido Jared Alejandro N, presuntamente relacionado con la venta de droga en los alrededores del campus.

Pocos días después se reportó la desaparición de Karol Toledo, quien estudiaba en el plantel de Mazatepec. Su cuerpo fue hallado en el municipio de Coatetelco.

Los casos generaron indignación entre estudiantes, quienes iniciaron protestas, marchas y la toma de algunas instalaciones universitarias para exigir justicia y mayor seguridad.

Protestas estudiantiles y paro universitario en Morelos

Tras los feminicidios, estudiantes de la UAEM iniciaron movilizaciones en distintos municipios del estado, incluyendo Cuernavaca, Mazatepec y Jojutla.

Las protestas han incluido marchas, jornadas de búsqueda con familiares y la toma de edificios universitarios, como la torre de rectoría y el campus Chamilpa.

En varios planteles también se suspendieron clases presenciales.

Los estudiantes exigen justicia para sus compañeras y medidas reales para frenar la violencia en los alrededores de la universidad.

Autoridades anuncian medidas de seguridad y apoyo a estudiantes

Ante la presión social, autoridades estatales y universitarias anunciaron diversas acciones para reforzar la seguridad en los campus.

Entre las medidas planteadas se encuentran:

• Implementación de un plan integral de seguridad universitaria
• Refuerzo de la coordinación entre autoridades universitarias y corporaciones de seguridad pública
• Instalación de “Puntos Violeta” para atención y protección de mujeres
• Acompañamiento psicológico con perspectiva de género para estudiantes
• Revisión de protocolos ante protestas y manifestaciones

Estas acciones buscan responder a las exigencias de la comunidad universitaria y reducir los riesgos para los estudiantes.

Qué es la Feria de la Flor de Cuernavaca y su importancia cultural

La Feria de la Flor, también conocida como Feria de la Primavera, es uno de los eventos más tradicionales de Cuernavaca.

Habitualmente se celebra entre marzo y abril y reúne actividades culturales, comerciales y recreativas.

El evento suele instalarse en la zona de Vista Hermosa y destaca por su enfoque familiar y comunitario.

Entre sus principales características se encuentran:

• Venta de plantas y flores por viveristas locales
• Presentaciones musicales en el teatro del pueblo
• Exhibición de productos artesanales y gastronómicos
• Juegos mecánicos y áreas de entretenimiento
• Exposiciones agropecuarias y actividades culturales

Para 2025 se había previsto realizarla del 11 al 20 de abril en el recinto ferial del Hípico Vista Hermosa, con espectáculos musicales y actividades tradicionales.

Aunque la feria fue pospuesta, el alcalde indicó que sí podrían realizarse conciertos organizados por iniciativa privada en el recinto ferial, con apoyo de seguridad por parte del municipio.

Inseguridad y violencia agravan el panorama en Morelos

La decisión de posponer la feria también ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el estado. Morelos registra altos niveles de delitos como homicidio doloso, extorsión, robo de vehículos y feminicidio.

En ciudades como Cuernavaca, una gran parte de la población reporta sentirse insegura, mientras que la presencia de grupos delictivos y la violencia han impactado tanto la vida cotidiana como las actividades económicas y educativas.

En este escenario, las autoridades municipales consideran que esperar mejores condiciones sociales permitirá retomar la Feria de la Flor en un ambiente más adecuado para la convivencia familiar.

El asalto ocurrió en la mañana del 8 de julio de 2025 en el local ubicado en la avenida 844 y 897, pleno centro de San Francisco Solano. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia completa: en las imágenes se observa que un hombre muy abrigado, dejando ver solo los ojos, ingresó al comercio y empezó a consultar por joyas para una mujer y dijes para un cumpleaños de 15.

Segundos más tarde, mientras el empleado le mostraba la mercadería, el supuesto cliente se ofreció a abrir la puerta a otro hombre que llegaba en silla de ruedas acompañado de un tercero.

Apenas cruzaron la puerta, el hombre en silla de ruedas se paró de un salto y, junto a sus cómplices, sacó un arma de fuego. En ese momento, el grupo obligó a entrar a dos personas que estaban mirando la vidriera del local, entre ellas una mujer y un hombre mayor, a quien terminaron arrastrando por el piso.

Los empleados y clientes fueron reducidos bajo amenazas, mientras los asaltantes exigían dinero y vaciaban las estanterías de alhajas de oro y plata.

Toda la escena quedó grabada por dos cámaras internas. Los delincuentes actuaron a cara semicovertida, con gorros y cuellos tapando la mitad del rostro. En solo dos minutos cargaron bolsos con joyas, relojes y dinero en efectivo.

Antes de huir, además, apuntaron a los clientes que estaban en la vereda y les robaron las llaves de un Toyota Corolla, en el que escaparon en dirección a la calle 897.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, los investigadores identificaron semanas después a Matías Alejandro Almirón, de 32 años, como el “falso cliente” que abrió la puerta a sus cómplices.

A mediados de agosto, la Policía fue a buscarlo a los tres domicilios relacionados, en Florencio Varela, Almirante Brown y la Ciudad de Buenos Aires. Pero no estaba en ninguno de esos lugares: había decidido dejar su hogar y mantenerse oculto ante la exposición mediática del hecho.

Almirón, quien tiene antecedentes penales, finalmente fue arrestado este miércoles en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda, tras tareas de vigilancia encubierta en la zona del domicilio de un familiar. Llevaba un DNI trucho con su foto y los datos de otra persona.

El prontuario de Almirón es extenso. Registra causas por infracción a la ley de drogas, robos calificados, encubrimiento agravado, portación ilegal de arma de uso civil, robo automotor y hasta una causa por homicidio agravado cometido por un miembro de una fuerza de seguridad. Los expedientes figuran en distintos juzgados y fiscalías de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

Por el ataque a la joyería, sumó ahora cargos por el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, y por el uso de arma de fuego.

La investigación judicial está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Quilmes, con intervención del Juzgado de Garantías N°3 de dicha jurisdicción. Mientras continúa la búsqueda del resto de los acusados, Almirón será indagado en las próximas horas.

El intento de robo ocurrió en un comercio ubicado sobre Avenida San Martín al 600. Fueron dos vecinos, que advirtieron la presencia de los sospechosos junto al comercio cerrado, quienes reportaron el hecho a través de mensajes de WhatsApp al sistema municipal de emergencias.

Los operadores de Ojos en Alerta recibieron las advertencias y, con las descripciones aportadas —“remera azul y visera, sin remera y bermuda de jean, remera marrón y buzo con capucha”—, activaron el seguimiento a través de las cámaras de seguridad del municipio.

Las imágenes mostraron a los sospechosos mientras intentaban abrir la ventana del kiosco, intercambiando herramientas y vigilando el movimiento en la calle.

Un patrullero se acercó al lugar del robo y detuvo a uno de los sospechosos en el lugar del hecho. Los otros tres, que se dispersaron al notar la presencia policial, fueron interceptados en la esquina de la avenida San Martín y Estrada.

El video que encabeza esta nota captó tanto la aprehensión del primer sospechoso —identificado por la remera azul— como la detención de los otros tres. En los minutos posteriores, la policía recuperó un cargador de notebook que los jóvenes habían logrado sacar del comercio y abandonaron en la vereda durante la huida. No se llevaron nada más que eso.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, tres de los detenidos eran menores de edad: dos tenían 16 años y otro de 14. El mayor fue identificado como B.C.J.A. de 54 años, todos domiciliados en la zona.

La Policía los trasladó hacia la Comisaría 2ª de Bella Vista, donde quedaron a disposición de la Justicia.

En cuanto al comercio que fue dañado, el personal de defensa civil se encargó de reparar la ventana, mientras agentes de asistencia a la víctima y familiares de los menores fueron notificados y convocados a la dependencia policial.

En ese operativo, las autoridades arrestaron a dos sospechosos luego del enfrentamiento que terminó con un muerto, y después de ese hecho se realizaron más de 30 allanamientos en los que otros ocho hombres quedaron detenidos por el caso, relacionado con el robo de autos y asaltos a viviendas.

Según contaron fuentes de la investigación a Infobae, cinco de los detenidos fueron indagados este miércoles por el fiscal a cargo del expediente, Andrés Devoto, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Esteban Echeverría.

Todos optaron por negarse a declarar.

Para este jueves se espera que se presenten otros seis acusados ante la fiscalía.

La investigación del caso lleva ya un largo tiempo: arrancó en mayo del año pasado, cuando la Policía Bonaerense se tiroteó con una banda que había robado un Toyota Yaris. A partir del secuestro de un celular durante ese operativo, los investigadores detectaron el funcionamiento de una organización dedicada al robo y adulteración de vehículos, venta ilegal y uso de autos para cometer entraderas en la zona sur del Gran Buenos Aires.

En el marco de la causa, el lunes se llevó a cabo un operativo de urgencia en una quinta de 9 de Abril, donde se realizaba una fiesta. Los investigadores llegaron hasta allí luego de que uno de los acusados subiera a su cuenta de Instagram una foto en la que se lo veía posando en la pileta y con una pistola calibre 9 milímetros.

Tras la autorización de la Justicia, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpió en el lugar. Los delincuentes los recibieron a los tiros.

Diego Ezequiel López, de 23 años, murió tras enfrentarse con los agentes y tratar de escapar saltando por una ventana. Otros dos jóvenes, Jonathan Alejandro Rodríguez (21) y Nicolás Eduardo Llanelli (22), fueron arrestados en el lugar y puestos a disposición del fiscal.

Con los datos obtenidos, la DDI de Lomas de Zamora identificó a los distintos miembros de la banda, que tenía como líder a Darío Ezequiel Crivelli (46), actualmente alojado en la Unidad Penal 14 de General Alvear.

Oriundo de Esteban Echeverría, Crivelli supo ser propietario de un lavadero de autos y actualmente cumple una condena a 30 años de prisión por dos homicidios. Durante su carrera delictiva registra fugas de dos sedes policiales.

Pese a estar bajo arresto, Crivelli, de acuerdo a las fuentes consultadas, era el cabecilla que dirigía a los otros sospechosos identificados en la investigación y detenidos en los 33 allanamientos realizados tras el tiroteo: Brian Uriel Torres (20), Tamara Micaela Montenegro (20), Darío Ezequiel Crivelli (46), Gonzalo Uriel Alderete (23), Andrés Yamil Cisterna (19), Ismael Esteban Díaz (24), José Luis Torres Loto (34) y Fernando Fabián Tripichio. Todos están acusados de conformar una asociación ilícita.

Salvo los dos primeros, los demás ya estaban presos en distintas unidades penitenciarias.

En los operativos, además, fueron aprehendidos Hugo Domingo Pelayes por tenencia ilegal de armas, Lautaro Joaquín Torres por falsificación de numeración de objetos registrados y Eros Emanuel Benítez por infracción a la ley de drogas y tenencia ilegal de armas.

Entre los elementos secuestrados en los allanamientos figuran seis armas de fuego, 111 municiones, celulares, documentos falsos, vehículos adulterados y una máquina para contar billetes.

En los operativos, además, se secuestraron varias armas de fuego, municiones, herramientas y una camioneta vinculada a los hechos.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, las detenciones se concretaron este martes, cuando efectivos de la DDI Junín y de la SDDI Lincoln localizaron una pick-up Nissan Frontier azul en la ciudad de Capitán Sarmiento: los investigadores del caso identificaron a la camioneta como vehículo utilizado por la organización.

El rodado fue detectado al salir de un galpón ubicado sobre la calle Carlos Urioste al 100. Los policías lo interceptaron y detuvieron a dos sospechosos identificados como Elías Nicolás Ullua Nayas, de 39 años, y Santiago Ramiro Ullua Anavitarte, de 22. Ambos son oriundos de Capitán Sarmiento y familiares entre sí.

Inmediatamente después registraron el galpón. Allí, de acuerdo al reporte policial, encontraron una pistola Taurus calibre 9 milímetros, una Taurus calibre .45, una pistola Bersa Thunder 9 milímetros, una ametralladora Halcón con silenciador y una escopeta recortada doble caño. Todo quedó secuestrado.

Entre los elementos incautados también figuran una mochila y un morral negro, siete pares de guantes, tres celulares, equipos de comunicación como cuatro cargadores de handy, precintos y un DVR con imágenes de cámaras de seguridad y un reloj de marca premium.

Según la investigación, Ullua Nayas encabezaría la banda que llevó adelante, al menos, cuatro robos bajo la misma modalidad en barrios cerrados de Junín y Lincoln.

En los asaltos, los ladrones forzaban el ingreso tras sortear alambrados perimetrales, irrumpían armados en las casas mientras las víctimas dormían y las ataban con precintos para luego robar dinero, joyas y objetos de valor.

Los robos

Los hechos atribuidos a la banda delictiva ocurrieron entre el 19 de febrero y el lunes pasado. El primero de los ataques fue en el barrio Chacras de Cuminao de Lincoln, donde cuatro delincuentes armados redujeron a los dueños de casa y robaron 20.000 dólares, tres teléfonos y una escopeta calibre 16.

Doce días más tarde, el 3 de marzo, en el country San Ignacio de Junín, la seguridad privada detectó a cuatro sospechosos intentando levantar el alambrado, pero estos escaparon antes de ingresar.

El lunes, en Costa Verde, se denunciaron otros dos robos: en una vivienda se llevaron 100.000 dólares, dos cadenas de oro y una billetera con tarjetas; en otra, los asaltantes robaron 500.000 pesos y varias tarjetas de crédito, siempre usando la misma mecánica.

Las tareas de campo, el análisis de comunicaciones y la revisión de cámaras de seguridad llevaron a los detectives a identificar la camioneta Nissan y a señalar a Ullua Nayas como el cabecilla del grupo, que contaría con al menos otros tres cómplices.

Según pudo saber este medio, Ullua Nayas registra antecedentes laborales en firmas de la industria avícola y está calificado como deudor “irrecuperable” ante el Banco Central de la República Argentina, la peor calificación crediticia, con deudas que superan el año de atraso, están en gestión judicial o son incobrables.

Tanto él como su familiar quedaron bajo arresto, a disposición de las fiscalías N°6 y N°8 del Departamento Judicial Junín, en el marco de una causa por los delitos de robo calificado, privación ilegítima de la libertad y robo en grado de tentativa.

La investigación sigue abierta para determinar el grado de participación de ambos y lograr la captura de otros sospechosos.

Un día después del violento tiroteo entre una banda delictiva y personal de la Policía Bonaerense durante una pool party en una quinta de la localidad 9 de Abril, Esteban Echeverría, el fiscal Andrés Devoto, a cargo de la causa, continuó con una serie de allanamientos en distintas unidades penitenciarias de la provincia.

Los procedimientos fueron ordenados en el marco de la causa que tramita en Unidad Funcional de Instrucción N°1. Los delincuentes forman parte de una organización dedicada al robo de autos y a cometer entraderas en la zona sur del Conurbano bonaerense.

En uno de los operativos, llevado a cabo en la Unidad Penal 14 de General Alvear, los investigadores de la DDI lomense concretaron la detención del líder de la organización, identificado como Darío Ezequiel Crivelli (46).

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, Crivelli, con domicilio en la localidad 9 de Abril y quien supo ser propietario de un lavadero de autos, cumple una condena a 30 años de prisión por dos homicidios.

Asimismo, durante su carrera delictiva registra fugas de dos sedes policiales.

De acuerdo a la información a la que accedió este medio, fue en mayo de 2014 cuando el Tribunal en lo Criminal N° 9 del Departamento Judicial Lomas de Zamora condenó a Crivelli a 16 años de prisión por el delito de homicidio.

Meses después, ya en 2015, Crivelli se fugó por primera vez de la cárcel, cuando se encontraba alojado en una comisaría de Monte Grande.

Dos años más tarde, Crivelli volvió a matar. Fue hallado culpable de los delitos de homicidio agravado por haberse cometido con violencia ejercida mediante el empleo de arma de fuego, en concurso real con homicidio en grado de tentativa agravado por haberse cometido con violencia ejercida mediante el empleo de arma de fuego, hechos ocurridos el 10 de noviembre del año 2017 en la localidad bonaerense de El Jagüel.

La decisión del tribunal fue unificar las penas a las que había sido sentenciado Crivelli, por lo cual hoy en día cumple una condena de 30 años que, seguramente, se extenderá por su participación activa en la banda que robaba autos y cometía entraderas en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Tiroteo en una pool party y más de 30 allanamientos

El pasado lunes, una fiesta que se llevaba a cabo en una quinta de la localidad de 9 de Abril, en el partido de Esteban Echeverría, terminó con un enfrentamiento armado entre la Policía Bonaerense y sospechosos de una banda dedicada al robo de autos, con un muerto de 23 años y dos detenidos.

La causa que derivó en el allanamiento empezó en mayo del año pasado, cuando agentes policiales se tirotearon con un grupo que había robado un Toyota Yaris.

En ese operativo, uno de los delincuentes quedó detenido y le secuestraron un celular que, al ser revisado luego, expuso el funcionamiento de una organización dedicada al robo y adulteración de autos, venta ilegal y uso para cometer entraderas.

A partir de ese teléfono y otras pruebas, la DDI de Lomas de Zamora identificó a los distintos miembros de la banda y su relación con un jefe -Crivelli- que ya estaba preso en una cárcel bonaerense.

Los investigadores también definieron los roles de cada integrante: en el reporte policial se detalló que había “encargados de la sustracción violenta de los rodados, proveedores de armas/documentación, sujetos dedicados a la adulteración de los rodados, choferes y responsables de la administración de los fondos producto de ilícito”.

En la investigación se comprobaron al menos 15 hechos, lo que llevó a la Justicia a dictar 33 órdenes de allanamiento.

Respecto del operativo de la pool party, se activó porque, en medio de la investigación, los detectives obtuvieron el dato de que en la quinta de 9 de Abril estaban dos de los sospechosos buscados. Así también se dispuso el allanamiento de urgencia al lugar.

Fueron agentes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) los que entraron al predio. Allí fueron recibidos por un delincuente armado que apareció en la planta alta de la casa, apuntando a los policías. Los efectivos dispararon y el sospechoso, que saltó al vacío y cayó herido con balazos en la cabeza y el pecho, murió.

El procedimiento fue filmado por los efectivos. En las imágenes se observa a un primer hombre saltar desde una ventana hacia el patio del terreno lindero, apenas ingresaron los policías.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que el fallecido tenía antecedentes, una orden de captura vigente y que el arma que llevaba también figuraba como robada. De 23 años, fue identificado como Diego Ezequiel López.

Por su parte, entre la madrugada y la mañana de este martes, la Policía y la DDI de Lomas de Zamora llevaron a cabo 33 nuevos allanamientos en los que además de notificar a Crivelli de la causa en su contra, arrestaron a Brian Uriel Torres (20), Tamara Micaela Montenegro (20), Gonzalo Uriel Alderete (23), Andrés Yamil Cisterna (19), Ismael Esteban Díaz (24), José Luis Torres Loto (34) y Fernando Fabián Tripichio.

Salvo Torres y Montenegro, los demás ya estaban presos en las unidades penitenciarias de La Plata, Magdalena y General Alvear.

En los procedimientos, además, resultaron aprehendidos Hugo Domingo Pelayes (72) por el delito de tenencia ilegal de armas; Lautaro Joaquín Torres (22), por infracción al artículo 289 del Código Penal, que refiere a la falsificación de marcas/contraseñas oficiales, billetes de transporte público, o la alteración/supresión de la numeración de objetos registrados legalmente; y Eros Emanuel Benítez (19), por infracción a la Ley de drogas 23.737 y tenencia ilegal de armas.