El Aeropuerto Internacional El Dorado ampliará su papel económico más allá del transporte de pasajeros con el proyecto Dorado Max, que plantea atraer inversión, fortalecer la logística, impulsar exportaciones, generar empleo y conectar la terminal con el desarrollo urbano de Engativá y Fontibón.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó los alcances de la iniciativa durante el foro “El Dorado Max, la gran apuesta país”, realizado el miércoles 9 de septiembre.

El funcionario señaló que el plan de desarrollo “Bogotá Camina Segura” incorporó por primera vez un capítulo dedicado al aeropuerto, al que reconoce como un activo estratégico de la ciudad. La propuesta busca que la ampliación y transformación de El Dorado se traduzcan en oportunidades para los habitantes y las empresas de Bogotá y Cundinamarca.

El Dorado como eje de empleo, logística e inversión

El alcalde explicó que el Distrito creó el programa Bogotá Ciudad Aeropuerto para articular la infraestructura aérea con el ordenamiento territorial, el transporte masivo y las actividades económicas que se desarrollan en el entorno de la terminal. Uno de los frentes planteados es mejorar la llegada de los sistemas de transporte público al aeropuerto.

“Nosotros diseñamos el programa Bogotá Ciudad Aeropuerto porque entendimos que tenemos que trabajar en varios frentes, uno de ellos corregir la llegada del transporte masivo al aeropuerto”, afirmó Galán durante el encuentro organizado por Prisa Media, con el apoyo de Bancolombia, Latam, Lagos de Torca y Región Metropolitana.

La Administración distrital ya adoptó la Actuación Estratégica de Engativá y avanza en el instrumento correspondiente a Fontibón. Con estas decisiones, Bogotá busca habilitar suelo alrededor de El Dorado para desarrollos vinculados con la industria aeronáutica, los servicios logísticos, el comercio electrónico y otras actividades empresariales.

El proyecto Dorado Max contempla incentivos para que compañías se instalen o amplíen operaciones en el área de influencia de la terminal aérea. Galán planteó que Bogotá puede aplicar estímulos tributarios para atraer inversiones, con referencias a estrategias usadas en Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires y San José.

“Creemos que con incentivos tributarios como lo están haciendo ciudades como Sao Paulo, Río, Buenos Aires y San José, Bogotá puede atraer muchas inversiones que nos traen empleo, actividad económica y desarrollo completo del potencial que tiene el aeropuerto”, puntualizó el alcalde.

La propuesta incluye programas de formación para residentes de las localidades cercanas que quieran capacitarse en actividades relacionadas con la industria aeronáutica. El objetivo es que la demanda de empleos generada por la expansión de los servicios aeroportuarios también pueda ser atendida por habitantes de Engativá, Fontibón y otros sectores próximos.

Menor impacto residencial y conexión con la ciudad

El alcalde Galán afirmó que Dorado Max no debe convertirse en un proceso de desplazamiento de las comunidades que viven en las áreas vecinas al aeropuerto. Según explicó, el proyecto busca incorporar a los residentes en las dinámicas de desarrollo que se generen alrededor de la infraestructura.

“El proyecto Dorado Max no es una apuesta de gentrificación, es una propuesta incluyente con la que queremos que la gente que vive alrededor del aeropuerto pueda ser partícipe de su desarrollo”, señaló el mandatario. La estrategia incorpora obras viales para reducir el impacto del tránsito sobre las zonas residenciales próximas a la terminal.

La discusión sobre El Dorado ocurre mientras Bogotá mantiene obras y proyectos de movilidad en ejecución. Galán indicó que la ciudad tiene más de 1.200 frentes de obra abiertos y mencionó el avance de 82,33% de la cola de maniobras de la primera línea del Metro.

El alcalde también se refirió a avances en la avenida 68, la avenida Cali y el cable de San Cristóbal, cuya entrega proyectó para finales de 2026. Añadió que el Distrito ajusta aspectos del proyecto de la calle 13 y espera adjudicar esa obra como parte de la infraestructura estratégica de la ciudad.

La viceministra de Infraestructura, María Fernanda Santa, afirmó: “Tenemos el objetivo de destrabar proyectos de infraestructura y mejorar la conectividad”. La ampliación de El Dorado se vincula con esa meta, al requerir conexiones eficientes entre la terminal, Bogotá, los municipios de Cundinamarca y los corredores regionales de carga.

Más capacidad para pasajeros, carga y exportaciones

La dimensión actual de El Dorado respalda la discusión sobre su expansión. En el primer semestre de 2026, el aeropuerto movilizó 22,6 millones de pasajeros, lo que representa un aumento de 4,2% frente al mismo periodo de 2025. Más de 8,1 millones correspondieron a viajeros internacionales.

Las cifras muestran que El Dorado es una puerta de conexión con mercados nacionales e internacionales. Para la Región Metropolitana, la ampliación debe permitir que esa conectividad se traduzca en mayor valor agregado, inversión, empleo y capacidad exportadora para Bogotá y Cundinamarca.

Los análisis de Planeo y Huella Urbana indican que 88,4% de la actividad productiva identificada en la huella aeroportuaria corresponde a usos logísticos e industriales. Estas actividades se localizan en corredores que conectan a Funza, Mosquera, Chía, Cajicá y Zipaquirá con la terminal.

La región cuenta con empresas que pueden beneficiarse de una conectividad aérea más amplia, especialmente aquellas que producen mercancías de alto valor, poco peso, sensibles al tiempo o perecederas. Entre ellas aparecen las flores, frutas frescas, productos farmacéuticos y biotecnológicos, cosméticos y alimentos especializados.

Luis Lota, director de la Región Metropolitana, sostuvo: “El Dorado debe pensarse como una plataforma de desarrollo económico para Bogotá, Cundinamarca y Colombia”. El funcionario planteó que el aeropuerto también puede convertirse en un centro para el mantenimiento de aeronaves y apoyar las exportaciones de las industrias cundinamarquesas.

Turismo regional y viajeros en escala

La conectividad aérea también abre una posibilidad para ampliar el turismo de Bogotá y Cundinamarca. La capital avanza en una estrategia de stopover, orientada a que viajeros internacionales en tránsito conviertan sus conexiones aeroportuarias en visitas y permanencias dentro de la ciudad.

La Región Metropolitana propuso extender esa visión hacia los municipios cundinamarqueses, con ofertas de naturaleza, cultura, gastronomía y patrimonio. En 2025, cerca de 1,9 millones de visitantes extranjeros no residentes llegaron a la región y el 56% de ellos lo hizo por motivos turísticos.

La apuesta es que los pasajeros que aterricen en El Dorado encuentren opciones para recorrer el territorio y no limiten su paso a una conexión aérea. La ampliación del aeropuerto quedaría ligada así a nuevos flujos de visitantes, actividades turísticas y servicios asociados en Bogotá y Cundinamarca.

La Secretaría de Economía publicó este 7 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad, una norma que fija las bases para aplicar esa ley y que, según el comunicado de la dependencia, busca dar certeza al sistema regulatorio, facilitar el comercio y reforzar las condiciones para producir, invertir, importar y exportar en México.

El nuevo reglamento también incorpora herramientas de digitalización y gestión de información, entre ellas la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad, PLATIICA, además de mecanismos de coordinación e intercambio de datos entre las autoridades que integran el sistema nacional.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la publicación del reglamento fortalece el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad y busca asegurar el nivel, seguridad y desempeño de los bienes y servicios que llegan al mercado. La dependencia sostuvo que ese marco regulatorio acompaña la transformación económica del país y brinda mayor certeza a empresas, autoridades y personas consumidoras.

La secretaría señaló que el reglamento fue resultado de una coordinación encabezada por su titular, Marcelo Ebrard Casaubon, en su calidad de presidente permanente de la Comisión Nacional de la Infraestructura de la Calidad. En ese proceso participaron instituciones normalizadoras del Ejecutivo Federal, cámaras de comercio, la academia, la industria y personas consumidoras.

El reglamento ordena normas técnicas, verificación y metrología

Según el comunicado, la Infraestructura de la Calidad opera a partir de varios instrumentos: normalización, estándares, normalización internacional, evaluación de la conformidad, verificación, vigilancia y metrología. Esos componentes, de acuerdo con la dependencia, permiten establecer reglas técnicas, revisar su cumplimiento y generar confianza en los mercados nacionales e internacionales.

La Secretaría de Economía afirmó que esa política pública económica facilita el cumplimiento regulatorio, fomenta la inversión y crea condiciones de competencia equitativas. También planteó que ayuda a que las empresas mexicanas se integren a las cadenas globales de valor.

El gobierno federal presentó la publicación como parte de un marco regulatorio moderno para la calidad de productos, procesos y servicios. En el mismo documento, la dependencia la vinculó con la protección de las personas consumidoras y con el fortalecimiento de la competitividad nacional.

Economía vincula la medida con el Plan México

La dependencia indicó que el Reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad está alineado con los objetivos del Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por Marcelo Ebrard como secretario de Economía. En esa ruta, sostuvo que la norma consolida reglas para fortalecer capacidades productivas nacionales y preparar a la economía mexicana ante el nuevo orden comercial mundial.

El comunicado añadió que la medida refleja coordinación entre dependencias y reglas claras para generar confianza en los mercados. También subrayó que el reglamento acompaña la consolidación de una economía más competitiva.

La Secretaría de Economía reconoció la participación de las instituciones normalizadoras del Ejecutivo Federal y de sus titulares en la elaboración del instrumento. En la lista aparecen Segob, Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda, Bienestar, Semarnat, Energía, Agricultura, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SEP, Secihti, Salud, Trabajo, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Turismo.

La secretaría sostuvo que con este reglamento refrenda su compromiso con una infraestructura de la calidad construida junto con sectores productivos, comerciales e industriales.

Exportaciones tecnológicas de México rebasan a las de autos en los últimos 12 meses

México ya exporta más tecnología que autos, un giro en el comercio exterior que durante los últimos 12 meses llevó las ventas al exterior de productos ligados a la inteligencia artificial a 163 mil millones de dólares y abrió la posibilidad de que los electrónicos desplacen al transporte como principal motor industrial del país.

El cambio también se refleja en la balanza comercial. Durante el último año y medio, el sector tecnológico registró un superávit superior a 20 mil millones de dólares y mejoró ese saldo en cerca de 23 mil millones de dólares, equivalentes a 0.7% del PIB en términos anualizados, de acuerdo con un informe de UBS Global Research.

Según el reporte, esa contribución se reduce a cerca de 0.6 puntos porcentuales una vez ajustado el efecto de los precios de importación y exportación. Aun así, el desempeño implica que la tecnología explicó más de la mitad del crecimiento de la economía mexicana a lo largo del último año.

Exportaciones tecnológicas crecieron 148% en un año

El informe señaló que las exportaciones mexicanas de tecnología aumentaron 148% en el último año. Ese avance permitió que el sector rebasara al conjunto de las exportaciones del transporte, incluidos los automóviles, que hasta ahora había sido la industria dominante en el comercio exterior del país.

La firma suiza vinculó este auge con el aumento de la inversión de Estados Unidos en inteligencia artificial y con el papel de México como ensamblador y exportador de tarjetas de cómputo y servidores. El país ganó espacio como proveedor de esos bienes en el mercado estadounidense en medio del cambio en la demanda.

La maestra Idalmis comenzó el curso escolar con un aula improvisada en el portal de su vivienda, después de que la escuela Rigoberto Corcho López, ubicada en el poblado de Sumidero, municipio de Limonar, se mantenga sin condiciones para recibir a sus alumnos.

La situación fue difundida por Christian Arbolae, quien señaló por medio de Facebook que las familias del poblado alertaron sobre el deterioro del único centro educativo de la comunidad antes del inicio de las clases. Pese a esas advertencias, los padres afirman que no recibieron una respuesta que permitiera reparar el inmueble ni habilitar un espacio alternativo para los estudiantes.

Según la denuncia, los sanitarios de la escuela permanecen clausurados y la carpintería de madera presenta daños por la acción de la polilla y el comején. A esa situación se suma el deterioro de las vigas que sostienen la cubierta del edificio. Parte del techo ya colapsó, con sectores que, de acuerdo con los padres, no ofrecen seguridad para alumnos ni docentes.

Las clases comenzaron en el portal de una vivienda ante deterioro de una escuela

Ante la falta de una solución, Idalmis acondicionó el portal de su casa para continuar las clases. La decisión permitió que los niños del poblado no perdieran los primeros días del calendario escolar, aunque trasladó a una vivienda particular una responsabilidad que corresponde a las autoridades educativas y administrativas.

Las familias aseguran que notificaron la situación del centro escolar al Ministerio de Educación antes de que comenzara el curso. El reclamo incluía el cierre de los baños, los daños en puertas y ventanas, y los problemas estructurales en el techo.

La preocupación principal está vinculada con la integridad de los estudiantes. Los padres sostienen que el centro no reúne las condiciones mínimas para desarrollar actividades docentes con normalidad. El deterioro de la cubierta y de la madera aumenta el riesgo de nuevos desprendimientos dentro de la instalación.

La falta de baños habilitados también plantea un problema para la jornada escolar. Las familias remarcan que se trata de la única escuela de Sumidero, por lo que la interrupción de las clases o el traslado de los alumnos a otro sitio implicaría dificultades adicionales para padres, docentes y niños.

En ese escenario, la alternativa que surgió fue el portal de la maestra. La medida resolvió de forma temporal el inicio de las actividades, pero no reemplaza las condiciones que debe garantizar una institución educativa. Un domicilio particular carece de los espacios, el mobiliario, los servicios sanitarios y las medidas de seguridad necesarios para sostener la enseñanza de un grupo de alumnos durante todo el curso.

La denuncia atribuida puso el foco en la distancia entre los anuncios sobre el comienzo del curso escolar y la situación que enfrentan los estudiantes de Sumidero.

La iniciativa de Idalmis evitó que los alumnos perdieran clases en el arranque del año lectivo. Sin embargo, los padres reclaman que esa respuesta no sea interpretada como una solución definitiva ni como un motivo para postergar las reparaciones pendientes en el centro educativo.

“Tenemos un desafío impostergable: la reforma impositiva. Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Esperamos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido”, sostuvo Villarruel, en su discurso inaugural de la 74ª Exposición Rural de Chivilcoy.

Acompañada por el intendente Guillermo Britos y entidades agropecuarias, la titular del Senado situó a Chivilcoy como uno de los partidos productivos más importantes de la provincia de Buenos Aires, al destacar su perfil económico vinculado al agro. Como dato central de ese entramado, señaló que el distrito produce 800 mil toneladas anuales de cereales y oleaginosas.

“Porque cuando hablamos de producción de campo no hablamos solamente de lo que sucede detrás de una tranquera. Hablamos de un sector productivo, de una serie de cadenas que atraviesan todo Chivilcoy mostrándonos algo fundamental: que el desarrollo comienza en el territorio”, consideró la vicepresidenta.

En otro mensaje por elevación a la Casa Rosada, formuló como pedido “una política productiva que mire mucho más al territorio”. “Aquí se habló de los caminos rurales, los puentes, los desagües, la conectividad, la energía y las rutas. Y toda infraestructura productiva y para producir más necesita mayor y mejor infraestructura. El Estado no reemplaza al productor ni al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir”, consideró.

En otro pasaje, reclamó una articulación más concreta “entre el sector público y el privado”, al afirmar que si bien “son dos responsabilidades diferentes”, ambas “tienen que trabajar detrás de un mismo objetivo”, que es “desarrollar el territorio para que se siga invirtiendo, arriesgando, innovando y generando empleo”.

En ese marco, insistió en que hay que “construir un sistema donde el que produce más, el que agrega valor y el que toma un trabajador tenga incentivos para seguir creciendo”. “Tenemos que producir más para ser competitivos, para exportar, para generar divisas y para incorporar tecnología. Pero fundamentalmente producir más para generar trabajo, porque la verdadera transformación de una comunidad ocurre cuando la producción se convierte en empleo y el trabajo se convierte en salario, y el salario permite sostener una familia y ahorrar”, completó.

La actividad oficial reunió otra vez a Villarruel con el intendente Britos, tres veces electo al frente de la jefatura comunal, con quien ya había compartido en abril los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Participaron del convite también la presidenta de Rural Chivilcoy, Yamila Farrell, el vicepresidente de CARBAP, Fernando Ferrari, y el referente local de Sociedad Rural Argentina, Martín Jáuregui, entre otros.

Entre los discursos, se escucharon varios de reclamos sectoriales, como la exigencia para que se apliquen “retenciones cero” a los productos del campo, que fue una promesa de campaña de Javier Milei. Britos criticó al Gobierno por la concesión de la RN° 5 por 20 años, sin la obligación de construir la autovía o una tercera mano.

Otros, como Ferrari, apuntó contra la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que establece la libre elección de veterinarios privados acreditados. Advirtió que el nuevo esquema de vacunación podría afectar la cobertura sanitaria de productores con rodeos pequeños, y pidió un organismo “fuerte”.

En ese marco, la vicepresidenta aprovechó la ocasión para defender las instituciones públicas vinculadas al sector, y que sufrieron fuertes recortes en el presupuesto en los últimos años, como el mencionado SENASA, y el INTA, INTI y CONICET. “Todo esto forma parte de uno de los dispositivos sociales más competitivos del planeta en el sector agropecuario”, sostuvo.

Sobre el cierre de su intervención, Villarruel concluyó: “Producción, salario, trabajo y familia. Estos son los pilares sobre los cuales podemos construir una Argentina que vuelva a crecer desde el interior hacia el mundo”.

El colapso parcial del Puente Colgante de Pongpet —también conocido como Puente Merah Putih— dejó varios heridos leves, entre ellos la regente del distrito de Pangandaran, Citra Pitriyami, y la jefa del Departamento de Obras Públicas, Ling Ling Nugraha Senjaya. La policía local confirmó que no hubo víctimas fatales. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la estructura se inclina bruscamente y varias personas caen desde la pasarela.

El exceso de personas provocó que un cable se desprendiera del anclaje principal

El Ejército Indonesio (TNI AD), que participó en la construcción del puente, precisó que la estructura no sufrió un derrumbe total. “Lo que ocurrió no fue un colapso ni una falla completa de la estructura”, afirmó el brigadier general Donny Pramono, jefe de comunicaciones del TNI AD, en declaraciones recogidas por el New York Post. Según el portavoz, el cable de suspensión del lado izquierdo se desprendió del punto principal de anclaje, lo que provocó que la pasarela se inclinara hacia un costado y varias personas cayeran hacia el río, ubicado unos 3 metros más abajo.

El incidente se produjo minutos después de que concluyera el acto de inauguración, cuando un grupo de funcionarios y vecinos comenzó a cruzar la pasarela simultáneamente. “El incidente ocurrió luego de que más de 50 personas cruzaran al mismo tiempo, superando la capacidad especificada, lo que provocó que el cable del lado izquierdo se soltara del sistema principal de fijación y causara la inclinación del puente”, indicó el ejército en un comunicado, según el medio.

Las señales de alerta estaban colocadas, pero fueron ignoradas durante la celebración

Antes de la inauguración, el Comando Militar del Distrito de Pangandaran había instalado avisos con las normas de seguridad y los límites de circulación. Sin embargo, el entusiasmo de los vecinos tras el corte de cinta llevó a que esas indicaciones fueran desatendidas, según informó Kompas, el principal diario indonesio.

El jefe de la aldea de Margacinta, Enceng Anwar Solihin, quien estaba sobre el puente en el momento del accidente, declaró que la estructura empezó a oscilar antes de ceder. “El puente ya había comenzado a balancearse de lado a lado”, relató. Solihin precisó que la norma establecía que no debían cruzar más de tres personas a la vez.

La regente Pitriyami sufrió hematomas en una mano al ser golpeada por un cable. Según su equipo de comunicación, citado por Kompas, su estado no fue grave y retomó sus actividades. El comisario Ikrar Potawari, jefe de la Policía de Pangandaran, confirmó en un comunicado oficial que todos los asistentes al acto sobrevivieron y que las autoridades aseguraron el perímetro de forma inmediata.

El puente permanece cerrado mientras se realizan reparaciones y una evaluación técnica

Con 60 metros de extensión y piso de tablas de madera sostenido por cables de acero, el Puente de Pongpet funciona como un nexo vital entre comunidades rurales del distrito de Cijulang. Los vecinos lo utilizan a diario para acceder a escuelas, centros de salud y sus lugares de trabajo. Tras el accidente, las autoridades clausuraron el paso de forma inmediata y mantienen el cierre hasta tanto concluyan las reparaciones y una evaluación técnica de la integridad estructural.

El Comando Militar 0625/Pangandaran y la Agencia de Obras Públicas y Vivienda de Pangandaran llevan adelante conjuntamente las tareas de inspección. Las investigaciones apuntan a determinar las causas exactas del desprendimiento del cable y a revisar el sistema de anclaje y la capacidad máxima de carga de la estructura antes de autorizar su reapertura.

Un total de 237 centros educativos públicos no pudo iniciar las clases con estudiantes durante la primera semana del año escolar 2026-2027, de acuerdo con un informe presentado este miércoles por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). La entidad atribuyó la mayor parte de los casos a deficiencias en la infraestructura, obras inconclusas y falta de servicios básicos como agua y electricidad.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, difundió los resultados del Primer Monitoreo de Apertura del Año Escolar 2026-2027, elaborado por el Observatorio Educativo Profesor Rafael Santos Badía. El relevamiento evaluó las condiciones de apertura, la asistencia, la disponibilidad de personal, la alimentación escolar y el estado de los planteles públicos.

“Uno de cada ocho centros reportados no abrió con estudiantes para un total de 237 centros educativos del país”, afirmó Hidalgo durante la presentación del estudio.

La muestra incluyó 1,729 escuelas, equivalentes al 22.3% de los 7,760 centros públicos del país. La ADP recibió 1,832 respuestas válidas de docentes, directores y representantes gremiales de distintas zonas de República Dominicana. El trabajo de campo se realizó entre el 24 y el 28 de agosto de 2026.

De acuerdo con los datos, 1,487 centros, el 81.2%, iniciaron la docencia con estudiantes. Otros 108 establecimientos, el 5.9%, abrieron de forma parcial, ya fuera en determinadas tandas o niveles educativos. En conjunto, 345 centros, el 18.8% de los relevados, no lograron una apertura plena.

El 60.3% de los planteles no recibió reparaciones durante las vacaciones

El informe de la ADP señaló que 1,105 escuelas no recibieron trabajos de reparación durante el receso escolar, lo que representó el 60.3% de los establecimientos consultados. La organización sostuvo que esta situación incidió en las dificultades para el comienzo del ciclo lectivo.

Entre las escuelas que sí tuvieron intervenciones, 121 planteles, el 6.6%, todavía mantenían obras en ejecución al momento del relevamiento. Según el gremio docente, esos trabajos impidieron que las clases comenzaran con normalidad en algunos casos.

Hidalgo afirmó que el deterioro de los edificios escolares se ubicó como la principal causa de las limitaciones en la apertura. De los 345 centros que no comenzaron plenamente las actividades, 199, el 57.7%, señalaron problemas vinculados con el estado del plantel.

“De los 345 centros sin apertura plena, 199 señalan el estado del plantel: obras sin terminar, aulas inservibles y falta de agua o de electricidad”, detalló el presidente de la organización.

El reporte también identificó otras causas. En 88 escuelas, el 25.5% de los casos sin apertura completa, los estudiantes no asistieron pese a que el personal y las instalaciones estaban disponibles. La falta de docentes o de otros trabajadores afectó a 34 centros, el 9,9%, mientras que la acción gremial apareció eFn cinco casos, el 1,4%.

La asistencia estudiantil estuvo por debajo del 75% en los tres niveles

La baja concurrencia de alumnos también fue uno de los aspectos destacados por el monitoreo. Entre las escuelas que sí iniciaron las clases, el 59.1% de los centros de nivel Inicial informó una asistencia inferior al 75%.

En Primaria, la proporción fue de 58.7%. En Secundaria, el 57.6% de los establecimientos que comenzaron las actividades indicó que menos de tres cuartas partes de los alumnos asistieron durante los primeros días. Además, el 13.3% de los centros secundarios no aportó datos sobre la asistencia, el porcentaje más alto entre los tres niveles relevados.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció este miércoles el inicio del proceso licitatorio para ampliar y renovar el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, con una inversión prevista de 26 millones de dólares que transformará la infraestructura aeroportuaria de la provincia.

La terminal pasará a operar hasta siete vuelos en simultáneo

El proyecto, a cargo de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), contempla una refuncionalización integral de la terminal. La superficie total pasará de 13.000 a 14.400 metros cuadrados, producto de 2.500 m² de remodelación y 1.400 m² de obra nueva. Con estas modificaciones, El Plumerillo podrá gestionar siete operaciones aéreas al mismo tiempo, frente a la capacidad actual.

La sala de embarque de cabotaje crecerá un 30%

Entre las obras más relevantes figura la ampliación de la sala de embarque de cabotaje, cuya capacidad aumentará un 30%. A eso se sumará la incorporación de nuevas áreas comerciales y gastronómicas en ambas plantas del edificio, un nuevo núcleo sanitario y la readecuación de las puertas de embarque. En la planta baja, se construirán núcleos para partidas remotas nacionales e internacionales y un espacio de arribos internacionales.

Dos nuevas salas VIP y mayor control migratorio

El plan incluye además la creación de una sala VIP Nacional con visuales hacia el paisaje de montaña y una nueva sala VIP Internacional. En materia operativa, se ampliarán las instalaciones de Migraciones tanto en el sector de partidas como en el de llegadas, y se incorporarán espacios para sanidad, una sala de requisas y un nuevo control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en partidas nacionales.

Un edificio anexo albergará oficinas administrativas y organismos del Estado

La iniciativa contempla también la construcción de un edificio anexo destinado a las oficinas de administración de AA2000 y de su Unidad de Negocios Oeste, con salas de conferencias y reuniones. Allí también funcionarán dependencias del Registro Nacional de Armas (Renar) y de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), además de un nuevo puesto fijo de control de acceso peatonal y vehicular.

La licitación se abre el 15 de septiembre

Cornejo realizó el anuncio durante la inauguración de la ampliación del Aeropuerto de San Rafael, acto en el que participó el CEO de AA2000, Daniel Ketchibachian. Según informó Los Andes, la convocatoria a licitación pública quedará abierta el próximo 15 de septiembre, lo que marca el inicio formal del proceso para ejecutar una de las obras de infraestructura de mayor escala en la historia reciente de la aviación mendocina.

El encuentro se desarrolló como parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la cooperación bilateral y generar condiciones que permitan atraer nuevos capitales al país.

Durante la reunión se abordó la posibilidad de establecer una plataforma de intercambio y conectividad que permita articular proyectos relacionados con puertos, aeropuertos y carreteras, además de promover la participación de empresas estadounidenses en iniciativas de desarrollo nacional.

Asfura explicó que el propósito es aprovechar las oportunidades existentes y fortalecer los vínculos económicos entre ambas naciones, particularmente mediante proyectos que contribuyan a mejorar la capacidad logística y productiva de Honduras.

El mandatario destacó que Estados Unidos mantiene interés en acompañar a Honduras en el desarrollo de su sector energético, considerado uno de los componentes fundamentales para mejorar la competitividad nacional.

Uno de los principales temas abordados fue el desarrollo de la infraestructura portuaria, con especial atención en proyectos destinados a mejorar la conectividad del país.

Asfura mencionó específicamente el puerto de Amapala, en el Pacífico hondureño, como una de las iniciativas que podrían adquirir mayor relevancia dentro de la estrategia de conexión entre ambas costas. También destacó la necesidad de continuar fortaleciendo Puerto Castilla, en el Caribe, para ampliar las capacidades de comercio y transporte de mercancías.

La estrategia también contempla el fortalecimiento del denominado corredor interoceánico, mediante inversiones en carreteras y otras obras de infraestructura que permitan conectar de manera más eficiente el Pacífico con el Atlántico.

De acuerdo con el mandatario, esta conectividad es fundamental para facilitar el movimiento de mercancías, reducir tiempos de transporte y convertir a Honduras en un punto estratégico para el comercio regional.

En este proceso, Asfura también resaltó la importancia de las inversiones que se realizan en Puerto Cortés, considerado uno de los principales puntos de entrada y salida de mercancías del país.

El fortalecimiento de esta infraestructura forma parte de una visión más amplia para consolidar una red logística nacional que integre puertos, carreteras, aeropuertos y otros puntos estratégicos para facilitar el comercio internacional.

El presidente también vinculó la atracción de nuevas inversiones con la necesidad de establecer reglas claras y condiciones de seguridad jurídica para los inversionistas.

Particularmente, destacó el sector energético y señaló que la aprobación de una nueva legislación en el Congreso Nacional podría contribuir a crear mejores condiciones para transformar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en una institución estatal con mayor capacidad operativa y mejores resultados.

Según Asfura, el respaldo de Estados Unidos en materia energética representa una oportunidad para fortalecer las capacidades del país y avanzar en la solución de algunos de los principales desafíos que enfrenta el sistema eléctrico nacional.

El mandatario consideró que, mediante cooperación, inversión y reformas institucionales, Honduras puede mejorar su infraestructura energética y crear condiciones más favorables para el crecimiento económico.

La reunión también fue presentada como una oportunidad para ampliar las relaciones bilaterales y generar beneficios económicos para Honduras.

El Gobierno sostiene que una mayor participación de capital estadounidense puede traducirse en nuevos proyectos, generación de empleo, transferencia de conocimientos y fortalecimiento de sectores estratégicos, siempre que existan condiciones adecuadas para la inversión.

Finalmente, Asfura reconoció que todavía existen importantes retos y oportunidades para su administración y aseguró que continuará trabajando en proyectos destinados a transformar las capacidades productivas y de infraestructura del país.

El mandatario destacó el mensaje de cooperación expresado por el funcionario estadounidense y aseguró que ambas partes comparten el objetivo de impulsar el desarrollo de Honduras.

Brasil definió una hoja de ruta de largo plazo para ampliar y reorganizar su infraestructura logística hasta 2050, con inversiones proyectadas por 1,225 billones de reales, equivalentes a unos 237.200 millones de dólares. La planificación alcanza carreteras, ferrocarriles, vías navegables, aeropuertos y puertos, y pone especial atención en la integración entre los distintos modos de transporte.

La proyección forma parte del Plan Nacional de Logística (PNL) 2050, que establece 31 ejes de transporte dentro de su escenario objetivo y otros 11 dentro de un banco de proyectos para posibles desarrollos futuros. Del monto total, alrededor de 142.200 millones de dólares corresponderían a inversiones privadas, mientras que 95.000 millones serían inversiones públicas.

Las equivalencias en dólares son aproximadas y fueron calculadas a partir del tipo de cambio de referencia del 12 de agosto de 2026. Los valores originales establecidos en el plan brasileño están expresados en reales.

El documento busca orientar las decisiones de inversión pública y privada y la formulación de políticas de mediano y largo plazo. Para ello, analiza las dimensiones del territorio brasileño, sus particularidades geográficas y ambientales, las distancias recorridas y los diferentes tipos de mercancías transportadas tanto para exportación como para abastecimiento interno.

31 ejes para reorganizar los flujos de transporte

Dentro del escenario objetivo, el PNL 2050 definió 12 ejes carreteros, ocho ferroviarios, cuatro fluviales y siete intermodales. Estos agrupan inversiones consideradas estructurales para crear nuevas rutas o mejorar las existentes mediante una mayor conexión entre diferentes infraestructuras.

Además, otros 11 ejes quedaron incorporados al banco de proyectos, lo que abre la posibilidad de que sean estudiados en etapas posteriores. La delimitación de las cinco regiones brasileñas y la definición de un escenario para cada eje buscan identificar qué infraestructuras deberían priorizarse para atraer inversiones.

El plan no establece todavía cómo se ejecutará cada proyecto. La definición entre obra pública, concesión o autorización al sector privado quedará para etapas posteriores de planificación, cuando se desarrollen los planes correspondientes a cada modo de transporte.

A partir del PNL, las áreas nacionales responsables de carreteras, ferrocarriles, vías navegables, aeropuertos y puertos deberán estructurar sus planes sectoriales, donde se especificarán las iniciativas e intervenciones previstas para cada sistema.

Exportación, consumo y abastecimiento interno

En materia de mantenimiento, Brasil dividió sus corredores prioritarios en tres grandes grupos: exportación, consumo interno e integración territorial. Los primeros concentran movimientos de productos como mineral de hierro, soja, maíz, pulpa, azúcar y productos manufacturados.

Los corredores de consumo interno, en cambio, reúnen los flujos destinados a satisfacer la demanda del mercado brasileño, ya sea a partir de producción nacional o de importaciones. Los corredores de integración territorial incluyen las infraestructuras que conectan distintas zonas del país, entre ellas municipios ubicados en regiones fronterizas.

El PNL también fijó 112 objetivos prioritarios de actuación. Del total, 79 están asociados a problemas identificados en el sistema de transporte, 12 a demandas emergentes y 21 a oportunidades de desarrollo regional.

De los 79 objetivos relacionados con problemas específicos, 54 corresponden directamente al transporte de cargas, ocho al movimiento de pasajeros y 17 a cuestiones generales. Dentro de los desafíos vinculados a mercancías, 18 corresponden a exportaciones, 23 al mercado interno y 13 al abastecimiento interno.

Para los flujos de exportación, el análisis contempla productos como soja, maíz, mineral de hierro, azúcar, pulpa, carne y manufacturas. En el mercado interno aparecen productos manufacturados y siderúrgicos, combustibles derivados del petróleo, biocombustibles, petróleo crudo, sólidos minerales a granel, alimentos para animales y arroz.

El abastecimiento constituye otro de los puntos del diagnóstico. En ese segmento, el PNL analiza el transporte de fertilizantes y bienes esenciales como alimentos, combustibles y medicamentos, además de insumos destinados a la actividad agrícola.

Los nuevos flujos de carga que Brasil espera hacia 2050

El plan también intenta anticipar demandas que actualmente tienen volúmenes relativamente reducidos pero podrían crecer hacia 2050. Para ello estableció 12 objetivos vinculados con flujos emergentes, a partir de proyecciones económicas y de la investigación cualitativa realizada con el sector productivo.

Entre ellos aparece una mayor producción de maíz en Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul para el mercado interno, así como el crecimiento de la soja en Goiás y de la harina de soja para exportación en Bahía.

También se contempla la expansión del azúcar en Goiás y Mato Grosso do Sul, de productos manufacturados y siderúrgicos en Pernambuco y Bahía, y de papel y pulpa en Minas Gerais, Rio Grande do Sul y Santa Catarina, en estos últimos casos con orientación exportadora.

A esos cambios se suma una posible relocalización parcial de la producción de carne destinada a exportación hacia Mato Grosso, Goiás y Pará, además del crecimiento de los biocombustibles, incluido el etanol de maíz, en Bahía, Maranhão, Mato Grosso y Pará.

El escenario proyectado también incluye una mayor descentralización de la producción de arroz para el mercado interno, con crecimiento previsto en Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Santa Catarina y Tocantins.

Una matriz todavía concentrada en las carreteras

La diversificación de la matriz de transporte aparece como uno de los principales desafíos del PNL 2050. Según los datos de Infra SA incluidos en el documento, el 54% del tráfico brasileño se concentra actualmente en las carreteras, mientras que los ferrocarriles representan el 27%, el transporte fluvial el 19% y el aéreo menos del 1%.

Frente a esa distribución, la planificación apunta a incrementar la integración entre carreteras, ferrocarriles, vías navegables y aviación. Entre las acciones planteadas aparecen la ampliación ferroviaria, el fortalecimiento de las vías navegables, la expansión de las operaciones aéreas y el mantenimiento de las rutas terrestres.

La red ferroviaria brasileña cuenta actualmente con alrededor de 30.000 kilómetros, y su expansión forma parte de las líneas de actuación previstas. En paralelo, el plan contempla promover concesiones en distintos modos según las necesidades de cada estado.

Con esta planificación, Brasil busca establecer una referencia para decidir dónde concentrar las futuras inversiones en transporte y cómo conectar los flujos productivos de sus cinco regiones, considerando tanto las exportaciones como el consumo y el abastecimiento interno.

El auge de la Inteligencia Artificial a escala mundial está impulsando como nunca antes las inversiones en infraestructura digital. Al mismo tiempo, la energía, la fibra óptica, la capacidad de cómputo y el almacenamiento se consolidan como pilares inseparables de la infraestructura que requieren la economía digital y las nuevas aplicaciones de Inteligencia Artificial.

En este contexto, Argentina se encuentra frente a una oportunidad histórica. El proceso de apertura al mundo que atraviesa el país está mejorando las condiciones para atraer capital internacional y le permite posicionarse con un perfil más competitivo frente a los grandes hyperscalers y actores estratégicos de la IA, que hasta ahora concentraron su mirada en otros mercados de la región.

En América Latina, Brasil y Chile concentran buena parte de los proyectos de hyperscalers y centros de datos, configurándose como los principales hubs regionales de infraestructura digital y servicios cloud, mientras que Argentina todavía presenta un desarrollo más limitado y altamente concentrado en la Ciudad de Buenos Aires y el GBA.

Argentina tiene hoy una enorme oportunidad para atraer inversiones que permitan ampliar y fortalecer su infraestructura digital. Especialmente en materia de centros de datos y recuperar terreno frente al fuerte desarrollo que otros países de la región supieron consolidar durante los últimos años.

Para capitalizar esa oportunidad única, hace falta que Argentina genere las condiciones necesarias para atraer inversiones. La disponibilidad de energía, fibra óptica, regulación, estabilidad fiscal, incentivos y disponibilidad territorial son algunos de los factores clave que quienes toman estas decisiones evalúan al momento de definir dónde radicar sus proyectos.

En este sentido, la incorporación de la infraestructura digital como un rubro dentro del régimen de promoción del Súper RIGI es un muy buen primer paso en la dirección correcta.

Luego de muchos años en los que Argentina no contó con políticas de impulso a las inversiones en infraestructura digital y conectividad, una situación que dejó al país en desventaja frente a Santiago de Chile y San Pablo, este nuevo régimen de incentivos marca un nuevo rumbo que es necesario profundizar con otras medidas orientadas a la promoción de inversiones de menor escala.

Se trata de entender, por un lado, que la infraestructura digital es el motor de la economía del futuro y, por el otro, que para atraer inversiones de largo plazo hay que ofrecer incentivos, seguridad jurídica, previsibilidad y eliminar la burocracia, y en ese proceso, el sector público debe ser un facilitador y no un obstáculo.

Además, ese marco de promoción e incentivos debe estar alineado entre el Estado nacional, las provincias y los municipios para alcanzar un desarrollo verdaderamente federal, incluyendo a pymes y cooperativas a los regímenes de promoción, desregulación y reducción de carga impositiva, contemplando umbrales de inversión mínima adecuados para este tipo de actores fundamentales del ecosistema digital.

Se trata de generar las condiciones para ser un destino atractivo para las mega inversiones de hyperscalers y grandes superficies de data centers, pero también de muchos otros jugadores que con inversiones de menor porte permitirán triplicar o cuadruplicar rápidamente la capacidad instalada de Argentina. Hoy por debajo de los 40 MW totales con apenas 14 datacenters de más de 1 MW que brindan servicio a terceros, según el último relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Internet.

Argentina tiene hoy las condiciones para convertirse en la sala de máquinas del hemisferio sur y, para aprovechar esta gran oportunidad, es necesario unir fuerzas y seguir desarrollando políticas públicas que promuevan la inversión privada y el despliegue de una infraestructura digital verdaderamente federal.

El autor es presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase)

Río Negro y Neuquén avanzarán en una planificación conjunta de la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento productivo del Alto Valle, la Confluencia y Vaca Muerta. Los gobernadores Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa firmaron junto al secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, un acuerdo para desarrollar un estudio integral de conectividad con foco en movilidad, logística e inversiones de largo plazo.

La iniciativa apunta a ordenar las necesidades de una región en la que el incremento de la actividad productiva, energética y urbana modificó los desplazamientos de cargas, trabajadores, bienes y servicios. El CFI financiará y brindará asistencia técnica para el estudio, mientras que ambas provincias participarán con sus equipos institucionales y técnicos.

Un diagnóstico para anticipar las necesidades de infraestructura

El trabajo buscará relevar los flujos actuales de tránsito y proyectar su evolución, identificar problemas en la infraestructura existente y determinar qué intervenciones deberían priorizarse en los próximos años. A partir de ese diagnóstico, podrán evaluarse nuevas conexiones, ampliaciones, trazas y otras obras estructurales para responder a una dinámica regional que creció en escala.

La planificación abarcará tanto infraestructura vial como ferroviaria e incluirá corredores y plataformas logísticas, transporte de cargas, movilidad urbana e interurbana y circulación de trabajadores. También analizará las necesidades vinculadas con el abastecimiento de la actividad hidrocarburífera y con la logística de la producción frutícola del Alto Valle.

El estudio podrá incorporar además infraestructura aeroportuaria y portuaria, sistemas inteligentes de transporte y distintas alternativas para financiar las obras que eventualmente sean definidas como prioritarias. En ese punto, el CFI participará no sólo en el financiamiento de la consultoría, sino también en su seguimiento técnico y en el análisis de posibles instrumentos para futuras inversiones.

La iniciativa se vincula asimismo con la decisión de Río Negro de asumir un rol directo sobre las Rutas Nacionales 22 y 151 y el Tren del Valle. Según la información difundida, la intención es que la planificación no quede limitada a atender el deterioro de la infraestructura existente, sino que contemple las nuevas necesidades derivadas del crecimiento económico y demográfico de la región.

Vaca Muerta y el Alto Valle, dentro de una misma planificación

Uno de los ejes centrales será encontrar una infraestructura capaz de acompañar simultáneamente la expansión de la actividad vinculada con Vaca Muerta y el desarrollo productivo histórico del Alto Valle. El objetivo es ordenar los nuevos flujos asociados al sector energético sin comprometer la movilidad cotidiana, la seguridad vial ni la competitividad de otras actividades regionales.

Ese punto adquiere especial relevancia por la convivencia de distintas demandas logísticas dentro de un mismo territorio. Por un lado, el abastecimiento de la actividad hidrocarburífera genera movimientos de insumos, equipos, bienes y trabajadores. Por otro, la producción frutícola e industrial necesita mantener sus propios circuitos de transporte y conexión con los distintos puntos de destino.

El acuerdo prevé que Río Negro, Neuquén y el CFI conformen una mesa de trabajo tripartita, integrada por sus equipos técnicos, para acelerar el desarrollo del estudio y coordinar las respuestas frente a las necesidades logísticas identificadas. Al proceso también podrán sumarse municipios, empresas, cámaras empresarias, universidades y otros actores vinculados con el desarrollo regional.

La propuesta busca así integrar bajo una misma mirada las rutas, el ferrocarril, los corredores logísticos y el resto de la infraestructura que sostiene la movilidad entre ambas provincias. Más que definir de antemano un listado cerrado de obras, el estudio servirá para establecer prioridades sobre la base de los flujos actuales y de las necesidades que pueda generar el crecimiento futuro.

Con esta planificación, Río Negro, Neuquén y el CFI buscan anticipar cómo deberá evolucionar la conectividad de una región donde confluyen producción energética, actividad frutícola, industria, movilidad urbana y transporte de cargas, con el objetivo de contar con una infraestructura acorde a la escala que alcanzaron esos movimientos.

“Lo ideal, cuando se trabaja con una minera, es poder ser un socio estratégico y planificar en conjunto”. Así resume Rocío la lógica que atraviesa su trabajo diario: coordinar el traslado de equipos de perforación, los tiempos de aduana y los plazos contractuales con clientes mineros, donde cualquier demora logística repercute directamente en el cronograma de exploración.

¿Cómo se vincula el proceso de exploración inicial con la logística y el comercio exterior?

La logística es un pilar, diría que es un componente principal a la hora de plantear cualquier etapa del ciclo de vida de una mina, incluida la exploración. Hay proyectos que están a seis o siete horas del pueblo más cercano.

Muchas máquinas no están en el mercado local, así que hay que traerlas desde afuera, y a eso se suma el esfuerzo de trasladar un equipo de grandes dimensiones por caminos de tierra durante cuatro o cinco horas hasta el proyecto. Esa es la primera planificación que se hace al iniciar una campaña.

Hay que definir cómo se van a trasladar los módulos, los campamentos, la parte de catering y hasta los comedores. Todo eso, sin excepción, se traslada al proyecto en camiones, así que planificar ese movimiento es un eje fundamental por donde empezar cualquier campaña.

¿Cómo entra la parte contractual en esa planificación logística?

Ahí lo principal es poder transmitirle al cliente cómo se va a trasladar el equipo, en qué tiempos y bajo qué compromisos, y qué permisos requiere ese traslado. En nuestro caso serían las máquinas para perforar, que son lo de mayor dimensión.

Hay que considerar cuánto va a tardar en llegar un equipo desde Canadá o desde donde sea, hasta cruzar a destino. Es una cadena que empieza en buscar una cotización, conseguir la naviera, hacer el tránsito y la aduana, y traerlo hasta la base.

Recién ahí se puede ser claro con la parte comercial y transmitir los tiempos exactos, para que a su vez esos plazos se puedan comprometer con el cliente. Es un compromiso que empieza puertas adentro, mucho antes de que el equipo llegue a destino.

¿Cómo se equilibra la necesidad de planificar con la rigidez de los contratos y los tiempos que no siempre se cumplen?

Lo ideal, cuando se trabaja con una minera, es poder ser un socio estratégico y planificar en conjunto, justamente por esos tiempos. Uno puede empezar la planificación tres meses antes para traer una máquina y de golpe perder el barco, que son entre 28 y 30 días más de tránsito según de dónde venga.

Esa demora afecta tanto al proveedor como a la minera en la programación de la perforación. Son riesgos que hay que asumir entre las dos partes, y se van planificando de forma conjunta para tratar de hacer todo en tiempo y forma, de manera segura.

¿Qué rol juega la comunicación en esa relación con el cliente?

La comunicación es importante desde el lado del contratista, porque ya no alcanza con cumplir el trabajo y ejecutarlo correctamente. Hay que tener una comunicación efectiva y ser socios en ese aspecto, porque hay que anticiparse a los problemas y tener capacidad de respuesta.

No sirve ser comunicativo recién cuando aparece un desvío. Lo importante es anticiparse y resolver los desvíos de forma conjunta, porque en el proyecto están las dos partes y cualquier problema afecta tanto comercialmente como en el cronograma.

¿Cómo describirías la disponibilidad de transporte especializado para este tipo de operaciones?

La disponibilidad de equipos de transporte es escasa. Se puede conseguir transporte para lo que es ruta, pero es complicado encontrar proveedores que puedan llegar hasta el proyecto, porque los camiones necesitan adecuaciones para subir a grandes alturas o hacer tramos largos en caminos de ripio.

No siempre hay disponibilidad en el mercado y también es costoso. Son puntos clave a mirar antes de definir una fecha, porque a la hora de salir a cotizar uno se da cuenta de que capaz no hay camiones disponibles para afrontarlo.

Hay proveedores locales que se dedican al transporte, pero también hace falta desarrollarlos para que puedan abarcar el mercado actual, porque en etapas exploratorias pueden arrancar siete u ocho proyectos al mismo tiempo y no alcanza la capacidad para cubrir todo eso.

¿Qué reflexión te queda sobre la infraestructura y la competitividad del sector?

Actualmente no se pueden desarrollar los proyectos en Argentina si no se los acompaña con infraestructura. Se puede tener inversión, pero si no hay infraestructura un proyecto no va a ser viable, y eso queda muy atado a las expectativas que tenemos como sector.

Hace falta poner foco en el desarrollo de caminos, en mejorar tiempos y costos logísticos, porque hay cosas que nos dejan fuera de competencia. Es importante ver cómo mejorar esos puntos para posicionar a Argentina como un actor estratégico y competir mundialmente con Perú, Chile y otros países de la región.

El presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, definieron este martes 25 de agosto una agenda de trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y el Distrito, con énfasis en seguridad, infraestructura, transporte masivo, vivienda, inversión social y proyectos estratégicos para la capital.

El encuentro se produjo el mismo día en que De la Espriella anunció la designación de la exconcejal Clara Lucía Sandoval como gerente especial para Bogotá, quien tendrá entre sus responsabilidades articular las acciones entre la Nación y la administración distrital.

Tras la reunión, realizada en el Palacio de San Carlos, el presidente destacó la necesidad de establecer una coordinación directa con la Alcaldía para avanzar en iniciativas consideradas prioritarias para la ciudad.

“Tuvimos una muy fructífera reunión de trabajo con el alcalde para iniciar una nueva etapa de articulación directa entre el Gobierno Nacional y el Distrito, alrededor de las grandes obras, de los proyectos estratégicos, del futuro de la ciudad, de la seguridad y, por supuesto, también de la gran inversión social que requiere la ciudad”, afirmó el Jefe de Estado.

El mandatario resumió el propósito del encuentro con un mensaje dirigido a la relación entre ambas administraciones: “Bogotá necesita que trabajemos juntos”.

Metro de Bogotá, uno de los principales acuerdos

Uno de los asuntos centrales de la reunión fue el futuro del Metro de Bogotá. De la Espriella aseguró que el Gobierno garantizará su participación para que la Primera Línea del Metro continúe avanzando hasta su terminación.

El presidente también manifestó su intención de trabajar junto con el Distrito para sacar adelante la Línea 2, avanzar en los estudios de factibilidad de la Línea 3 y comenzar la proyección de una eventual Línea 4.

“Vamos a trabajar conjuntamente para sacar adelante la línea dos. Avanzar en la factibilidad de la línea tres y comenzar a soñar y a proyectar, querido alcalde, la línea cuatro”, señaló.

De acuerdo con el mandatario, Bogotá requiere una red de transporte masivo planificada con una visión de largo plazo y bajo criterios técnicos.

“Bogotá necesita una verdadera red de transporte masivo, planeada con visión de largo plazo, sin ideología, sin sesgos políticos ni ideológicos; con rigor técnico y con cifras, como corresponde”, sostuvo.

Galán calificó como importante el compromiso expresado por el Gobierno frente a las diferentes líneas del sistema y reiteró que el Distrito busca avanzar hacia un sistema intermodal de transporte.

“Lo que el presidente ha dicho de la línea 1, de la línea 2, de la línea 3 y de la línea 4 para Bogotá es importantísimo”, afirmó el alcalde.

Gobierno y Distrito revisarán el Regiotram

Dentro de la agenda de infraestructura también quedó incluido el Regiotram del Norte, proyecto destinado a fortalecer la conexión entre Bogotá y Cundinamarca.

De la Espriella aseguró que la Nación y el Distrito articularán esfuerzos alrededor de esta iniciativa, al considerar que resulta fundamental para mejorar la conectividad regional.

El proyecto ha generado inquietudes en la administración distrital por aspectos relacionados con sus posibles impactos urbanísticos y por la manera en que podría integrarse con otros sistemas de transporte de Bogotá, entre ellos TransMilenio y el Metro.

La integración de los diferentes modos de transporte aparece así como uno de los asuntos que deberán ser revisados en la nueva etapa de coordinación entre ambas administraciones.

PTAR Canoas también está en la agenda

Otro de los proyectos mencionados por el presidente fue la PTAR Canoas, obra que calificó como estratégica para avanzar en la recuperación del río Bogotá.

La iniciativa se suma a otros proyectos de infraestructura vial, vivienda, renovación urbana y servicios públicos que, según el presidente, serán objeto de revisión y coordinación entre el Gobierno y el Distrito.

El presidente señaló que la intención de su administración es establecer responsables, cronogramas y mecanismos de seguimiento para evitar que las reuniones institucionales se limiten a anuncios.

“No quiero reuniones que terminen en fotos o en un documento que después nadie vuelva a consultar. No quiero foros y reuniones interminables. Quiero responsables, cronogramas, seguimientos y, por supuesto, lo que más me gusta, resultados”, afirmó.

Seguridad, una prioridad para Bogotá

La seguridad fue otro de los principales temas abordados durante el encuentro. El Jefe de Estado aseguró que esta será una “prioridad absoluta” de su gobierno y planteó un trabajo coordinado entre el Gobierno, la Alcaldía y la Fuerza Pública.

Entre las acciones mencionadas se encuentran el fortalecimiento del pie de fuerza, la inteligencia, la tecnología y las capacidades de seguridad urbana.

“Vamos a imponer la ley como corresponde. Los bogotanos tienen derecho a caminar tranquilos por sus barrios”, manifestó el presidente.

De la Espriella también se refirió a situaciones que afectan a los ciudadanos en su vida cotidiana, como el acoso en el transporte público, la extorsión a comerciantes y la inseguridad en los entornos de estudio y trabajo.

En ese sentido, planteó que las instituciones deben actuar de manera coordinada frente al crimen organizado.

“En seguridad, el Gobierno nacional, la alcaldía y la Fuerza Pública tenemos que actuar como un solo cuerpo, como un solo equipo monolítico para enviarle un mensaje contundente al crimen organizado”, afirmó.

Vivienda, inversión social y desarrollo urbano

La hoja de ruta acordada entre la Nación y el Distrito también contempla una agenda relacionada con vivienda, desarrollo social, infraestructura vial, renovación urbana, servicios públicos, ambiente y competitividad.

Galán destacó que la administración distrital ha trabajado en una agenda propia en materia de vivienda y aseguró que el respaldo del Gobierno permitirá fortalecer estos esfuerzos.

El alcalde también resaltó el interés de De La Espriella en profundizar la agenda social de la capital y avanzar en proyectos que requieren coordinación entre las dos administraciones.

Para Galán, el encuentro representa una nueva etapa en la relación entre Bogotá y el Gobierno, después de un periodo en el que, según afirmó, existieron dudas sobre el cumplimiento de compromisos de la Nación con la ciudad.

“El presidente ha sido claro, vamos a cumplir todos esos compromisos, a sacar adelante esos proyectos; eso es una gran noticia para Bogotá”, sostuvo.

El alcalde añadió que las diferencias que puedan surgir entre la Nación y el Distrito serán discutidas por los canales institucionales con el propósito de alcanzar acuerdos sobre los proyectos de la ciudad.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) subrayó la necesidad de implementar medidas inmediatas para fortalecer la infraestructura de los centros educativos y ampliar la plantilla de maestros en todo el país.

Según informó Infobae, el gremio docente enfatizó que persisten deficiencias importantes en numerosos planteles, lo que afecta directamente el inicio y desarrollo normal del año escolar.

De acuerdo con declaraciones de Eduardo Hidalgo, presidente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el gremio ha presentado durante años un diagnóstico detallado sobre las condiciones de infraestructura y la falta de personal en distintos centros educativos. Hidalgo destacó que el levantamiento más reciente identificó aproximadamente 42 escuelas en condiciones críticas, con problemas como paredes y techos agrietados, filtraciones y baños fuera de servicio. Esta información fue publicada por Infobae, que recogió testimonios de familias y docentes afectados.

El caso del Politécnico Federico Henríquez y Carvajal, en el Distrito Educativo 10-06, ejemplifica la situación. En este centro, padres y madres decidieron no iniciar las clases porque una sola conserje debe atender 42 espacios, mientras otra empleada se encuentra de licencia. “Las familias consideran inhumano que una sola persona se encargue de la limpieza de todas las áreas y expresaron estar agotadas de suplir una función que corresponde al Estado”, relató Hidalgo, según recogió Infobae.

El presidente de la ADP aseguró que la organización actualiza anualmente el estado de las infraestructuras escolares desde 2019 y que muchas de las advertencias siguen sin respuesta efectiva. “A pesar de esa situación, la ADP hizo un llamado responsable a iniciar la docencia”, afirmó Hidalgo, remarcando el compromiso del gremio por salvaguardar el derecho a la educación aun en condiciones adversas.

El inicio del ciclo escolar evidenció que decenas de planteles no pudieron iniciar actividades con normalidad, como ocurrió en el centro Unión Panamericana, próximo a la avenida Máximo Gómez en la capital. Además, la ADP exhortó al Ministerio de Educación a verificar directamente la situación en localidades como Guayubín, Neiba, La Vega, Santiago, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo, donde persisten situaciones críticas.

En Guayubín, alrededor de 20 escuelas esperan intervención prometida por el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, mientras el liceo principal de Neiba permanece sin avances tras su demolición. La ADP reiteró que estos problemas no solo afectan a docentes y estudiantes, sino que implican a toda la comunidad educativa.

Durante la apertura del año escolar, el ministro de Educación aseguró que las autoridades trabajan para superar las precariedades denunciadas y cuestionó la magnitud de los problemas señalados por el gremio. Frente a estas declaraciones, Hidalgo instó a las autoridades a acelerar los procesos de solución y verificar personalmente los reportes presentados por los actores escolares.

La ADP insistió en la importancia de abordar de manera urgente la contratación de más docentes y personal de apoyo, así como la reparación de planteles, para garantizar condiciones óptimas de aprendizaje y trabajo en el sistema educativo nacional.

El presidente Luis Abinader recibió una medalla de reconocimiento por el respaldo que, según la Presidencia de la República, resultó decisivo para el desarrollo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Durante el acto también fueron homenajeados los integrantes del Comité Organizador y dirigentes deportivos destacaron el impacto de la competencia.

La distinción consistió en una medalla institucional cuya inscripción agradece la labor del jefe de Estado en apoyo al comité organizador de los juegos. La presea fue entregada por Marcos Valespín, presidente de la Federación Dominicana de Golf, a Félix Sánchez, medallista olímpico dominicano en los 400 metros con vallas, para que se la impusiera al mandatario.

El reconocimiento al mandatario fue promovido por la Federación Dominicana de Golf, la Asociación de Clubes de Campos de Golf, la Fundación Creando Sueños Olímpicos y el expresidente del Comité Olímpico Dominicano José Joaquín Puello.

El acto puso el foco en el legado de infraestructura y formación

José Joaquín Puello afirmó que se trató de “los mejores juegos de la historia” y vinculó ese resultado al papel de Abinader en la preparación de la justa. También sostuvo que el legado de estos juegos centenarios será reconocido en los años por venir y quedará inscrito en la historia.

Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, agradeció al presidente la inversión económica destinada al certamen y su implicación en el proceso organizativo. A su juicio, esos aportes permitieron consolidar una edición para la región.

José Monegro, presidente del Comité Organizador, señaló que el principal saldo fue material y humano. Destacó la formación de recursos humanos altamente capacitados y la construcción de instalaciones con certificación internacional.

Entre esas obras mencionó la piscina olímpica, la Arena Banreservas Profesor Virgilio Travieso Soto y los pabellones de Voleibol y Gimnasia. Monegro agregó que la calidad de esos recintos exige una estructura de gestión propia para asegurar su conservación.

Por eso propuso la creación de una dirección con autonomía para garantizar el mantenimiento continuo y la preservación de las edificaciones deportivas levantadas o acondicionadas para la competencia.

Dirigentes deportivos atribuyeron al Gobierno el sostén de la organización

El ministro de Deportes Kelvin Cruz valoró el apoyo del presidente en cada etapa de la preparación y ejecución de los juegos. Según explicó, ese respaldo se expresó en la disposición de recursos económicos, humanos y logísticos para sacar adelante el evento.

La Presidencia de la República presentó ese acompañamiento como uno de los factores que explican el resultado final de Santo Domingo 2026. En esa misma línea, las entidades que impulsaron el homenaje dejaron asentado en la inscripción de la medalla que la labor de Abinader fue “extraordinaria” en apoyo al comité organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La edición del centenario de la justa regional más antigua del mundo se celebró en la República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto, reuniendo a más de 6,000 atletas de 37 países que compitieron en 40 deportes y 53 disciplinas.

El presidente Bernardo Arévalo inició en Guatemala la construcción de una red inédita de complejos deportivos fuera de la capital, con una inversión superior a USD 14 millones en su primera obra y el objetivo de revertir más de siete décadas de concentración de grandes instalaciones en Ciudad de Guatemala.

La obra arrancó en Zaragoza, en el departamento de Chimaltenango, a unos 64 kilómetros al oeste de la capital. Según EFE, el proyecto forma parte de un plan estatal que prevé otras sedes en Los Amates, Izabal; Las Cruces, Petén; y una locación aún no definida en el sureste del país.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, la Ciudad Deportiva de Zaragoza será construida sobre 41,911.18 metros cuadrados y requerirá una inversión de Q110.5 millones, equivalentes a USD 14,2 millones. Las autoridades calculan que beneficiará de forma directa a unas 32 mil personas de Zaragoza y, en un alcance más amplio, a 1,2 millones de habitantes de Chimaltenango y Sololá.

El acto de colocación de la primera piedra se realizó en el sector La Cascada, zona tres de Zaragoza, y fue encabezado por Arévalo y el ministro de Cultura y Deportes Luis Méndez Salinas. El ministerio indicó que la sede estará orientada tanto al deporte competitivo como a la recreación.

El complejo de Zaragoza incluirá velódromo, atletismo y espacios comunitarios

El recinto contará con un velódromo, patinódromo, pista de atletismo y pista de trote, además de canchas de fútbol once, tenis y áreas polideportivas. También tendrá parque de skateboard, muro de escalada, gimnasio al aire libre, zonas de calistenia, juegos infantiles, áreas verdes, plaza cívica, plaza cultural y anfiteatro.

Según la programación oficial, ninguno de los cuatro complejos repetirá diseño. Cada uno será desarrollado con base en las disciplinas más practicadas en la región donde se construya.

Ese criterio fue subrayado por Méndez Salinas, quien presentó el proyecto como parte de una Red Nacional de Ciudades Deportivas con enfoque de inclusión universal. El ministro dijo que la iniciativa está pensada para niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres.

“Estamos parados en un terreno que hasta esta mañana no figuraba en el mapa deportivo. Casi 42 mil metros cuadrados de tierra, de monte y de una pendiente donde estamos hoy y que a partir de hoy va a empezar a tener un significado diferente a la vida de esta comunidad”, afirmó el ministro.

El Gobierno busca tener cuatro complejos listos el próximo año

Arévalo sostuvo que la red responde a una demanda ciudadana de obras concretas vinculadas al bienestar y al esparcimiento. En su discurso, citado por EFE, recordó que la última gran inversión estatal en infraestructura deportiva de esta naturaleza se realizó durante el gobierno de su padre, Juan José Arévalo, entre 1945 y 1951.

“Durante la primavera democrática iniciada en 1944, específicamente durante el gobierno de mi padre, Juan José Arévalo, se hizo la última gran inversión en obras deportivas en Guatemala. Setenta años después, al llegar al gobierno, decidí que era momento de recuperar el tiempo perdido”, dijo el presidente.

El mandatario añadió que la meta es que el próximo año el país cuente con cuatro complejos al servicio de la recreación. “Hoy aquí, en Zaragoza, estamos dando el banderazo de salida que nos va a permitir que el año entrante tengamos cuatro complejos deportivos como los que no había habido durante mucho tiempo al servicio del esparcimiento de la juventud, de la niñez y de todas las comunidades”, señaló.

La siguiente colocación de primera piedra está prevista para el 25 de agosto en Los Amates. Después avanzarán los proyectos de Las Cruces y del suroriente guatemalteco, cuya ubicación todavía no fue definida.

Arévalo vinculó la estrategia con los resultados recientes del deporte guatemalteco en los Juegos Olímpicos de París 2024 y con la intención de formar nuevos medallistas. En esa línea, destacó el surgimiento de atletas chimaltecos como Jerson Toc, Sergio Chumil y Lidia Inay en competencias internacionales.

Méndez Salinas agregó un argumento histórico para justificar la elección de Chimaltenango como punto de partida. Dijo que se trata de un departamento con tradición ciclista y recordó que hace 90 años allí terminó el primer campeonato de ese deporte, mientras que en 1950 el Estado construyó la única ciudad olímpica que tiene Guatemala, donde se encuentra el Estadio Doroteo Guamuche. Según el ministro, pasaron 76 años para que el país volviera a impulsar una obra deportiva de esa escala.

Los desafíos de las instituciones educativas ya no se limitan a incorporar tecnología en las aulas, sino a construir un espacio donde la infraestructura, inteligencia artificial (IA) y ciberseguridad actúan de manera integrada para transformar la formación del talento que demandará el futuro.

Este modelo, conocido como Campus Inteligente, impulsa a universidades, colegios y centros de formación a repensar la gestión académica y administrativa para responder a las nuevas exigencias del mercado laboral y la innovación tecnológica.

En este contexto de digitalización continua, la integración efectiva de infraestructura, conectividad, datos, inteligencia artificial y ciberseguridad se presenta como la clave para asegurar una formación alineada con las demandas de una economía basada en el conocimiento.

Qué define a un campus inteligente y cómo transforma la educación

Un campus inteligente se caracteriza por la capacidad de integrar todos los procesos académicos y administrativos en un ecosistema digital centralizado.

La transformación digital, en este contexto, no se limita a la adquisición de dispositivos o plataformas. Consiste en construir un ecosistema donde cada elemento, desde la conectividad hasta la protección de datos, contribuye a la eficiencia y seguridad del espacio educativo.

La inteligencia del campus radica en el uso de herramientas avanzadas para comprender cómo aprenden los estudiantes, detectar necesidades y anticipar escenarios de colaboración e investigación.

“Los planteles de educación que impulsen esta evolución estarán mejor preparados para atraer estudiantes, responder a las necesidades cambiantes del mercado laboral y ofrecer experiencias educativas alineadas con las nuevas exigencias de formación”, afirmó Mauricio Arcila, Smart Solutions sales manager for Latam Spanish de Lenovo.

Cómo se integra la inteligencia artificial en la educación

La inteligencia artificial es uno de los pilares de los campus inteligentes, porque permite analizar grandes volúmenes de datos y adaptar la enseñanza a las necesidades de cada estudiante.

Según Carlos Rebellón, director de Asuntos Gubernamentales para Latinoamérica en Intel, “la capacidad de la IA en América Latina para competir estará estrechamente ligada a la rapidez con que sus universidades y centros educativos logren adaptarse para satisfacer las demandas de esta realidad tecnológica”.

La IA facilita la personalización del aprendizaje, la detección temprana de dificultades y la creación de espacios colaborativos que impulsan la innovación. Permite a las instituciones anticipar tendencias y adaptar sus programas académicos para responder a las necesidades emergentes del mercado laboral

Por qué la infraestructura y la ciberseguridad son factores claves

El despliegue de infraestructura tecnológica robusta es esencial para garantizar la conectividad y el funcionamiento seguro de los campus inteligentes. Esto incluye redes de alta velocidad, sistemas de almacenamiento, dispositivos interconectados y plataformas de gestión académica y administrativa.

Asimismo, la seguridad de estos sistemas se vuelve prioritaria ante el aumento de los riesgos asociados al manejo de datos personales y académicos. La protección de la información y la prevención de ciberataques han adquirido un lugar central en el diseño de los nuevos ecosistemas educativos.

“Avanzar desde ahora en esta transformación les permitirá aprovechar el ritmo de la innovación tecnológica, fortalecer su capacidad de adaptación y consolidar una posición de liderazgo frente a un entorno cada vez más dinámico”, afirmó Arcila.

Qué habilidades y profesiones serán claves ante el avance de la IA

La programación se posiciona como una competencia esencial para el siglo XXI. Según Bill Gates, es una alfabetización indispensable, porque constituye el lenguaje estructural de sectores estratégicos como la salud, la comunicación y la seguridad.

Más allá de la programación, el auge de la IA impulsa la demanda de profesionales en biotecnología, edición genética y medicina personalizada. En paralelo, la transición hacia energías limpias y la innovación en tecnologías como el hidrógeno verde abren nuevas oportunidades para quienes lideren estos procesos.

El Congreso de Guatemala impulsa una iniciativa de ley que confía a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA) la responsabilidad de implementar el proyecto Metroriel.

Según la iniciativa de ley presentada por diputados oficialista al Congreso, FEGUA planificar, contratar y supervisar todas las etapas del proyecto ferroviario.

Esta decisión se basa en el carácter descentralizado y autónomo de FEGUA, que cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad para adquirir derechos y obligaciones asociadas al transporte ferroviario público nacional.

Oficina internacional para la gestión técnica

Para asegurar la ejecución bajo estándares internacionales, la ley, de ser aprobada, faculta a FEGUA a contratar directamente a una firma o consorcio internacional especializado en proyectos de infraestructura ferroviaria.

Esta firma implementará la Oficina de Gestión Técnica del Proyecto (OGTP), encargada de proporcionar asistencia técnica desde la planificación inicial hasta la entrega del sistema.

De acuerdo con la normativa, el proceso de contratación se realizará en el marco de la cooperación con el Reino Unido, conforme al Memorándum de Entendimiento vigente entre ambos países.

La OGTP deberá demostrar experiencia y capacidad técnica en proyectos de similar complejidad. El modelo organizativo toma como referencia experiencias previas en Latinoamérica, en especial el caso de Perú, según consta en la iniciativa.

Funciones estratégicas de la OGTP

Entre las funciones mínimas asignadas a la OGTP, se destacan:

• Estructuración y validación de las etapas iniciales y estudios técnicos del Metroriel.
• Elaboración de instrumentos de planificación, monitoreo y control integral del proyecto en todas sus fases.

• Redacción de documentos técnicos, operativos y administrativos para gestiones de contratación de bienes, servicios y obras.
• Diseño de estrategias de contratación y transferencia de capacidades de gestión integral tanto para FEGUA como para entidades públicas asociadas.
• Preparación de informes técnicos y administrativos sobre el avance, gestión contractual y financiera, además de recomendaciones para asegurar cumplimiento en plazos, calidad y costos.
• Gestión de la comunicación estratégica y el relacionamiento con actores clave del proyecto.

La ley indica que la OGTP estará a cargo de la gestión y control de los contratos de construcción, supervisión y otros servicios especializados, aplicando herramientas para la prevención y atención temprana de riesgos y controversias.

Estándares internacionales y modelo contractual

El texto legal subraya que la complejidad del Metroriel requiere mecanismos distintos a los de una obra pública convencional.

Se hace énfasis en la necesidad de contar con estudios técnicos especializados, coordinación interinstitucional, estrategias de gestión de riesgos y modelos de financiamiento sostenibles.

La OGTP deberá proponer a FEGUA una Estrategia de Contratación específica para cada paquete de bienes, servicios y obras, definiendo el sistema de entrega, tipo de contrato y procesos de evaluación y ejecución.

Entre los modelos contractuales recomendados, se menciona el uso de los contratos NEC (New Engineering Contract), utilizados internacionalmente para infraestructura ferroviaria.

El objetivo es asegurar procesos de contratación transparentes, competitivos y orientados al valor por dinero, con criterios objetivos para seleccionar propuestas que maximicen calidad, desempeño y costo a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Transferencia de conocimiento y sostenibilidad

La transferencia de capacidades y gestión de conocimientos a FEGUA y otras entidades públicas es un pilar de este modelo.

La OGTP estará a cargo de capacitar al personal local en gestión integral de proyectos y aplicación de estándares internacionales, con el fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad de la operación más allá de la etapa inicial.

La normativa establece que este enfoque busca replicar experiencias exitosas de la región, dotando al país de una estructura organizativa robusta para la ejecución de grandes proyectos ferroviarios.

Proceso en el Congreso

La iniciativa fue conocida en el pleno del Congreso el martes 18 de agosto. Fue enviada a Comisión de trabajo donde será analizada y se establecerán los cambios que los diputados consideren necesarios.

Al tener una dictamen favorable, la propuesta regresará al pleno para someterse a la aprobación o rechazo por parte de los congresistas, pero todo dependerá de los votos o acuerdos que logren obtener los diputados oficialistas, quienes, hasta ahora, no les ha ido muy bien en la búsqueda de consensos.

Una de las justificaciones del proyecto es la falta de sistemas efectivos y confiables para la movilidad en la Ciudad de Guatemala, generando que los guatemaltecos pierdan cerca de 54 días al año en el tránsito vehicular.

El último dato de Datum es alentador: seis de cada diez peruanos miran el futuro del país con optimismo. Desde el mundo empresarial, deberíamos leerlo como una oportunidad y, a la vez, como una responsabilidad, porque el optimismo por sí solo no mueve una inversión. Lo que mueve una inversión es la confianza sostenida en el tiempo, y esa confianza se construye con predictibilidad.

Las empresas no toman decisiones de largo plazo sobre la base de un buen momento anímico, sino de reglas de juego claras, seguridad jurídica y capacidad real de ejecución. Si el nuevo escenario político y económico ofrece señales concretas en esa dirección, el optimismo actual puede convertirse en decisiones de inversión reales.

Hay, además, una tarea impostergable en el destrabe de proyectos. Perú tiene una cartera importante de iniciativas de inversión e infraestructura que necesitan pasar de la intención a la ejecución con mayor velocidad; la simplificación de procesos suele marcar la diferencia entre un proyecto que se concreta y uno que se posterga indefinidamente.

A esto se suma una oportunidad que no podemos dejar pasar: la productividad a través de la tecnología. La adopción de inteligencia artificial y herramientas digitales, en empresas y en el Estado, debe ser uno de los motores más potentes para que el crecimiento no dependa solo de más inversión, sino de mejor inversión.

Una pregunta legítima es cuánto tiempo toma que una mayor inversión empresarial se traduzca en empleo e ingresos. Depende del tipo de inversión, pero en sectores como construcción, servicios y tecnología, la activación de proveedores y la generación de empleo pueden verse en cuestión de meses.

El verdadero reto no es activar ese primer impulso, sino sostenerlo, y ahí entra un elemento poco mencionado en la conversación pública: el talento. La economía del futuro demandará cada vez más capacidades digitales y de inteligencia artificial, por lo que la agenda de inversión y empleo deben ir de la mano de una agenda de formación y reconversión laboral. No es solo crear más puestos, sino empleos de mayor productividad y mejores oportunidades reales, con capacidad de entrenamiento continuo.

Es cierto que el empresariado y la ciudadanía miran el mismo momento del país desde ángulos distintos. Las empresas siguen de cerca variables como estabilidad, productividad y competitividad; los ciudadanos esperan que todo eso se traduzca, cuanto antes, en su vida diaria: un mejor empleo, más ingresos, seguridad y mejores servicios públicos.

Pero estas dos miradas no son contradictorias, son complementarias. El desafío real está en lograr que el crecimiento económico se sienta en el día a día de las personas. Y para que ambas expectativas empiecen a converger, el gobierno tendrá que mostrar resultados visibles y tempranos en seguridad, generación de empleo formal, destrabe de inversiones e infraestructura. El crecimiento que no se siente en la vida cotidiana termina siendo, para la mayoría, una cifra abstracta.

Los primeros meses de cualquier gestión son determinantes para consolidar o erosionar la confianza empresarial. Entre las señales más relevantes para sostenerla, y convertirla en decisiones de inversión de largo plazo, destacaría la seguridad, la estabilidad regulatoria, el destrabe efectivo de proyectos, la simplificación de trámites y una agenda clara de infraestructura y tecnología.

A esto se suma la necesidad de avanzar en la modernización del Estado y en el desarrollo de talento digital. La competitividad del Perú de los próximos años va a depender, en buena medida, de nuestra capacidad para incorporar tecnología, innovación con rigor e inteligencia artificial en los distintos sectores de la economía, tanto públicos como privados.

El Perú tiene, hoy, una oportunidad que no siempre se presenta: un nivel de optimismo ciudadano y empresarial que rara vez coincide. Si logramos combinar estabilidad, inversión, tecnología, talento y capacidad de ejecución, ese optimismo puede dejar de ser una expectativa y convertirse en un ciclo de crecimiento sostenido e inclusivo, uno que finalmente se sienta en la vida de todos los peruanos.

El Gobierno federal asignó USD 78,9 millones para sustituir el centenario puente ferroviario sobre el río St. Lucie, en Stuart, un proyecto que busca destrabar un punto crítico donde conviven trenes de pasajeros y convoyes de carga en el mismo corredor.

La obra prevé levantar una nueva estructura de doble vía en reemplazo del actual St. Lucie River Railroad Bridge, por el que circulan tanto los servicios de Brightline como los trenes de carga de Florida East Coast Railway.

El anuncio lo hizo el Departamento de Transporte de Estados Unidos el martes 18 de agosto. La subvención se suma a los USD 130,5 millones otorgados en 2023 para el mismo proyecto y, según un comunicado de prensa de Brightline, eleva la estimación del costo total a USD 262 millones.

El reemplazo del puente apunta a mejorar el tránsito ferroviario y, al mismo tiempo, a reducir las interferencias con la navegación en el área.

La ayuda de 2023 había sido concedida a Stuart a través del programa federal Mega, con el objetivo de reemplazar el puente de casi 100 años por una estructura de doble vía. En términos operativos, la iniciativa busca eliminar un tramo que hoy limita la capacidad del corredor y que obliga a coordinar, con frecuencia, el paso de los trenes con el movimiento de embarcaciones.

Más altura y más ancho para reducir aperturas del puente

Uno de los cambios centrales del proyecto será el aumento del espacio disponible para las embarcaciones que utilizan el Okeechobee Waterway, el canal federal que une las costas este y oeste de Florida.

La separación horizontal pasará de 50 pies a unos 90 pies. Además, la altura libre sobre la pleamar media crecerá de 6,5 pies a cerca de 17,75 pies cuando el puente permanezca cerrado al tráfico marítimo.

Los responsables de la obra sostienen que esa nueva altura permitirá que más del 90% de las embarcaciones pase por debajo sin necesidad de elevar la estructura. El funcionamiento del puente actual generó durante años choques entre las necesidades del tráfico ferroviario y la navegación, hasta el punto de que la Guardia Costera estableció horarios especiales de operación para equilibrar ambos usos.

El puente es una pieza estratégica de la infraestructura de transporte de Florida. Documentos del Florida Inland Navigation District identificaron la estructura actual como el único tramo de vía única que seguía en esta parte del corredor ferroviario de Florida East Coast Railway, un factor que influye en la capacidad de circulación y en la gestión de los cruces.

La modernización también busca reducir costos de operación y mantenimiento, disminuir la probabilidad de cruces de calles bloqueados por trenes y rebajar el riesgo de colisiones con vehículos. Patrick Goddard, director ejecutivo de Brightline Trains Florida, dijo que “el ferrocarril es una infraestructura crítica para nuestro estado: mueve mercancías y mueve personas”.

Goddard añadió que la subvención beneficiará a todos los usuarios del corredor, desde la industria marítima y los municipios hasta los operadores ferroviarios.

Michael Kennedy, comisionado de Martin County ante el Florida Inland Navigation District, afirmó que la sustitución reducirá de forma considerable las afectaciones para navegantes, tráfico marítimo comercial, conductores del centro de Stuart y embarcaciones que recorren la región.

El representante federal Brian Mast sostuvo que la infraestructura actual es demasiado baja y estrecha para las necesidades presentes. “Es un dolor de cabeza diario para los navegantes y un riesgo de seguridad para todos los que comparten ese corredor”, afirmó.

Cuando Stuart obtuvo la subvención federal de 2023, la ciudad calculaba la obra en alrededor de USD 218 millones y proyectaba entonces la apertura de la nueva estructura para 2028.

Para enero de 2026, documentos y reuniones públicas de Stuart situaban ya el proyecto en torno a USD 262 millones y señalaban que hacían falta aproximadamente USD 78 millones adicionales para completar la financiación.

Cocoa sumará una estación en una línea que hoy atraviesa Brevard sin paradas

En paralelo a la obra en Stuart, una subvención federal de USD 57,5 millones permitirá que Cocoa, en el condado de Brevard, tenga una estación de Brightline sobre la línea de tren de alta velocidad que conecta el sur de Florida con Orlando.

La financiación apunta a convertir el paso actual de los trenes por el condado —sin recoger pasajeros— en un acceso ferroviario directo para residentes y visitantes de la Costa Espacial.

La financiación fue concedida a la ciudad de Cocoa y a la Organización de Planificación del Transporte de Space Coast por la Administración Federal de Ferrocarriles.

El dinero se destinará a completar el diseño y la construcción de una estación multimodal conectada con la red actual de la empresa, con el objetivo de sumar una parada en un tramo donde hoy el servicio no se detiene.

Brightline circula por Miami, Aventura, Fort Lauderdale, Boca Ratón, West Palm Beach y Orlando. En ese recorrido atraviesa el condado de Brevard sin recoger pasajeros.

La nueva estación busca cubrir esa ausencia con una infraestructura que, además de atender a usuarios ferroviarios, funcione como punto de intercambio con otras opciones de movilidad.

El plan incluye una estación de pasajeros en línea, servicios para familias, aparcamiento y unas cuatro millas adicionales de doble vía. Brightline construirá la estación junto con el ayuntamiento y se ocupará de su operación y mantenimiento.

Según World Red Eye, la estación se ubicará en un terreno de 90 acres cerca de la carretera estatal 528, la US-1 y Clearlake Road. Esa localización daría a la Costa Espacial acceso ferroviario directo al Aeropuerto Internacional de Orlando, un enlace relevante para el movimiento de viajeros entre el centro del estado y la costa.

La ubicación también quedará cerca de Puerto Cañaveral y del Centro Espacial Kennedy. Esa conexión ampliará las opciones de traslado para quienes viajan hacia la zona de cruceros o buscan llegar al área de lanzamientos espaciales, con una parada ferroviaria en un corredor que ya une el sur de Florida con Orlando.

El gasto en inversión pública en República Dominicana durante el primer semestre de 2026 superó los registros de los últimos siete años, según datos del Ministerio de Hacienda y Economía (MHE).

La ejecución alcanzó RD 60,644.1 millones (aproximadamente USD 1,045 millones), lo que representa un aumento sustancial frente a los niveles históricos de este periodo.

Durante los primeros seis meses de 2026, el gobierno central canalizó recursos a través de dos vías principales: RD 51,358.2 millones (aproximadamente USD 885 millones) mediante financiamiento tradicional y RD 9,285.9 millones (aproximadamente USD 160 millones) a través de fideicomisos públicos. De acuerdo con el informe de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública, el monto ejecutado representa un 47 % por encima del promedio histórico de los primeros semestres desde 2019.

El informe señala que la inversión pública en este semestre equivale al 43.8 % del presupuesto inicial anual asignado a estos proyectos. Este porcentaje supera el promedio de 38.8 % registrado en años anteriores. Además, la cifra ejecutada representa el 1.3 % del producto interno bruto (PIB), lo que implica un crecimiento de 0.3 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2025.

Sectores con mayor inversión y distribución de recursos

Dentro de las áreas priorizadas, el sector transporte fue el principal receptor de fondos, concentrando RD 23,420.8 millones (aproximadamente USD 404 millones), que corresponden al 46 % del total invertido. El MHE detalló que cerca del 90 % de los recursos destinados al transporte se orientaron a intervenciones en la red vial.

El área de vivienda y servicios comunitarios recibió RD 5,735.6 millones (aproximadamente USD 99 millones), mientras que los proyectos enfocados en la protección del aire, agua y suelo sumaron RD 4,095.8 millones (aproximadamente USD 71 millones). El enfoque gubernamental ha estado puesto en potenciar el desarrollo y la calidad de vida a través de obras de carreteras, abastecimiento de agua potable, protección ambiental y educación.

En el primer trimestre, los desembolsos alcanzaron RD 19,711.4 millones (aproximadamente USD 340 millones) y en el segundo trimestre RD 31,646.9 millones (aproximadamente USD 545 millones), todos mediante financiamiento tradicional. Esto implica que la inversión en el segundo trimestre fue significativamente mayor, en línea con la aceleración de la ejecución presupuestaria.

Mecanismos de financiamiento y rol de los fideicomisos

La inversión pública bajo mecanismos fiduciarios desempeñó un papel relevante, con énfasis en proyectos gestionados por el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram) y el correspondiente a la expansión de la red vial principal (RD Vial). Estos instrumentos permitieron canalizar recursos adicionales fuera de los canales tradicionales.

En total, el gasto de capital del Gobierno central durante el semestre fue de RD 82,119.6 millones (aproximadamente USD 1,415 millones), siendo la inversión pública su principal componente. Este comportamiento, según explicó el MHE, responde a una política orientada a cubrir necesidades sociales y estimular el crecimiento económico mediante proyectos de impacto directo en la población.

La inversión pública en República Dominicana durante el primer semestre de 2026 experimentó un crecimiento excepcional, evidenciando un enfoque sostenido en infraestructura, servicios y desarrollo territorial.

El aumento de los desembolsos y la diversificación de los mecanismos de financiamiento reflejan el interés oficial en acelerar la transformación de áreas estratégicas y responder a las demandas sociales con mayor eficiencia.

El Gobierno de El Salvador alcanzó el pasado viernes la cifra de 900 centros escolares intervenidos a través del programa “Dos Escuelas por Día”, una iniciativa lanzada en 2024 por el Ministerio de Educación con el objetivo de mejorar la infraestructura educativa a escala nacional. Esta meta marca un avance del 15.29% respecto al total de 5,885 escuelas identificadas como prioritarias cuando se puso en marcha el plan.

Las intervenciones, distribuidas en los 14 departamentos del país, han significado una inversión acumulada de 858.2 millones de dólares y la renovación de 961,376 metros cuadrados de infraestructura escolar.

De acuerdo con los datos oficiales, departamentos como La Libertad, San Salvador y San Miguel concentran el mayor número de escuelas intervenidas, mientras que Chalatenango y Morazán presentan los menores avances porcentuales.

Según los registros del Gobierno, La Libertad encabeza la lista con 131 escuelas intervenidas, lo que representa el 22.43% de sus centros educativos. Le siguen San Salvador con 129 escuelas (13.75%) y San Miguel con 105 (20.29%). En contraste, Chalatenango registra solo 18 escuelas intervenidas, es decir, el 4.27% de sus 422 centros, y Morazán suma 13 (3.85% de 338).

Otras zonas con avances destacados son La Paz, donde se ha intervenido el 28.79% de las escuelas, y San Vicente, con el 28.87%. Entre los departamentos que superan el promedio nacional del 15.29% se encuentran Cabañas, Cuscatlán, La Unión y Sonsonate, aunque con cifras más moderadas.

El programa no solo se mide en cantidad de escuelas, sino también en términos de inversión y superficie intervenida. La Libertad representa la mayor inversión acumulada, con 119.1 millones de dólares y 127,886 m² renovados. San Salvador ha recibido una inversión de 118.2 millones de dólares, abarcando 133,415 m², mientras que en San Miguel se han destinado 92.6 millones de dólares para 107,601 m² de obras.

A nivel global, los 900 centros escolares intervenidos hasta el viernes 14 de agosto han requerido una inversión total de 858,261,769 dólares. El área intervenida en conjunto asciende a 961,376 metros cuadrados, lo que evidencia la magnitud del esfuerzo logístico y financiero que implica el programa.

Objetivo y contexto de “Dos Escuelas por Día”

El programa fue anunciado por el presidente de la República, Nayib Bukele, como una de las principales apuestas del Gobierno para modernizar y dignificar los espacios educativos públicos, el 22 de mayo de 2025. El objetivo central es garantizar condiciones adecuadas de infraestructura, acceso a servicios básicos y ambientes propicios para el aprendizaje en todos los departamentos del país.

La selección de los centros a intervenir responde a criterios de priorización definidos por el Ministerio de Educación, que incluyen el estado físico de los inmuebles, la densidad poblacional y la demanda educativa en cada territorio. La meta es intervenir todas las escuelas identificadas como prioritarias en el menor plazo posible, ejecutando obras que van desde la mejora de aulas y techos hasta la construcción de baños, áreas deportivas y accesos para personas con discapacidad.

Aunque la cifra de 900 escuelas intervenidas representa un hito para el programa, el porcentaje de avance global (15.29%) refleja que el desafío es considerable para cubrir el total de 5,885 centros escolares estimados. Las diferencias en el ritmo de ejecución entre departamentos ponen de relieve la necesidad de ajustar estrategias y recursos para asegurar una cobertura equitativa.

El avance del programa será un indicador clave en la política educativa nacional durante los próximos años, a medida que se evalúe su impacto en la calidad del entorno escolar y la permanencia estudiantil.

El seguimiento a la ejecución presupuestaria y la transparencia en la selección de las escuelas seguirán siendo elementos centrales en la discusión pública sobre el futuro de la educación en El Salvador.

El Parque Nacional Iguazú retira desde el 3 de agosto pisos y barandas de las pasarelas de Garganta del Diablo, en un operativo de 40 días pensado para resguardar la estructura frente a la crecida del río Iguazú que anticipa el fenómeno El Niño para septiembre y octubre.

El caso ilustra un desafío que se repite en distintos puntos del país: cómo diseñar, transportar y mantener infraestructura turística en entornos naturales hostiles, donde el clima, la humedad y la escasa accesibilidad condicionan cada decisión de obra pública.

Desarmar antes de que rompa el agua

En Iguazú, la pasarela más expuesta fue pensada para un desmontaje parcial y rápido. Los tramos de piso y baranda se retiran a mano, se numeran y se acopian cerca de la estación ferroviaria del circuito hasta que el caudal baja lo suficiente para reinstalarlos.

La lógica surge de la experiencia: la crecida de octubre de 2023, con un caudal de 24.000 metros cúbicos por segundo, destruyó tramos completos y mantuvo cerrado el circuito durante nueve meses. Reconstruir demandó mucho más tiempo y presupuesto que desarmar a tiempo.

Ventanas de trabajo que dependen del clima

A diferencia de una obra urbana, la logística en áreas protegidas se organiza en ventanas acotadas: tramos del año con menor caudal, menor afluencia de visitantes o condiciones climáticas más estables para mover materiales, maquinaria liviana y personal técnico.

En el glaciar Perito Moreno, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, el mantenimiento del circuito de pasarelas se concentra en los meses de menor demanda turística, entre febrero y el inicio de la temporada baja, para intervenir sin afectar el flujo de visitantes.

Esa estructura supera los cinco kilómetros de extensión y combina piso metálico con barandas de material símil madera, elegido por su resistencia a la humedad constante y a los cambios abruptos de temperatura propios del frente glaciario patagónico.

Traslado de materiales a zonas de difícil acceso

Buena parte del desafío logístico no está en la obra en sí, sino en llegar hasta ella. Muchos senderos y miradores de los parques patagónicos y del norte argentino solo son accesibles por caminos de ripio, embarcaciones o tramos a pie, lo que obliga a fraccionar cargas.

Esa fragmentación implica planificar el transporte de materiales con semanas de anticipación, coordinar cuadrillas que trabajan por turnos cortos y prever repuestos en el lugar, ya que un imprevisto climático puede aislar una obra durante varios días.

En áreas de acceso estacional, como el Parque Nacional Perito Moreno en Santa Cruz, el cierre invernal se aprovecha directamente para tareas de mantenimiento y monitoreo, porque los caminos internos quedan intransitables para el público entre mayo y septiembre.

El financiamiento y la ejecución de estas obras suelen combinar a la Administración de Parques Nacionales con gobiernos provinciales y concesionarios de servicios, un esquema que reparte costos pero también exige coordinar cronogramas entre distintos organismos.

Un mismo patrón en distintos ecosistemas

Selva, hielo o desierto: el patrón de gestión se repite con variantes. Primero, anticipar el riesgo con datos hidrológicos o climáticos; segundo, definir una ventana de intervención que no afecte la temporada alta; tercero, priorizar estructuras modulares y desmontables.

Esa lógica reduce costos frente a la alternativa de reconstruir después de un daño mayor y permite que la mayoría del predio siga operativo mientras se interviene solo el tramo afectado, como ocurre hoy en Iguazú con el resto de sus circuitos habilitados.

Con el cambio climático elevando la frecuencia de eventos hidrológicos extremos, la planificación logística de estas infraestructuras dejó de ser una tarea de mantenimiento rutinario para convertirse en una variable central de la gestión turística en todo el país.

La capacidad de anticipar, desarmar y volver a montar con rapidez definirá, cada vez más, qué atractivos naturales logran mantenerse abiertos durante todo el año sin poner en riesgo ni la seguridad de los visitantes ni la integridad de la infraestructura.

La competitividad de la logística argentina, las necesidades de infraestructura y la incorporación de tecnología concentraron buena parte de las definiciones de referentes del sector durante la apertura de un encuentro de referencia del sector de la logística y el transporte.

Las exposiciones también pusieron sobre la mesa los costos del transporte, el acceso al financiamiento, la capacitación y el papel que puede cumplir la actividad frente al crecimiento de distintas economías regionales.

Uno de los principales ejes fue planteado por Hernán Sánchez, presidente de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETyL), quien sostuvo que la logística productiva argentina se encuentra fundamentalmente soportada por el sector privado y se apoya, al mismo tiempo, en la infraestructura que brinda el Estado.

Para Sánchez, es justamente la combinación entre infraestructura general y eficiencia privada la que determina buena parte del desempeño logístico del país. En ese sentido, cuestionó que la actividad sea presentada habitualmente solo como un problema de competitividad y planteó la necesidad de considerar las características particulares de Argentina antes de realizar comparaciones internacionales.

“Los que conocemos sabemos muy bien que la logística en Argentina es muy eficiente”, afirmó, aunque reconoció que el sector todavía tiene distintos frentes sobre los cuales avanzar.

Tecnología y competitividad para acompañar el crecimiento

Entre los desafíos mencionados, Sánchez ubicó la necesidad de incorporar nuevas tecnologías, mejorar la competitividad de la fuerza laboral y adaptar los convenios colectivos de trabajo.

También destacó las particularidades geográficas y productivas que condicionan las operaciones. Mencionó la distancia que separa al país de algunos mercados del comercio contenerizado, la ubicación fluvial de su principal puerto de importación y exportación y la distancia existente entre las zonas donde se encuentran los recursos mineros y los principales puntos de salida.

En ese contexto, sostuvo que las comparaciones sobre desempeño deben considerar las condiciones bajo las cuales opera cada sistema logístico y reivindicó los niveles de productividad alcanzados por el sector privado.

La mirada estuvo también puesta sobre el crecimiento de nuevas actividades productivas. Sánchez señaló a la minería como uno de los sectores con potencial para convertirse en motor de las exportaciones argentinas y vinculó ese proceso con la capacidad logística necesaria para acompañar su desarrollo.

El alcance, sin embargo, no se limita a los grandes proyectos. Según planteó, una logística federal también resulta necesaria para que pequeñas y medianas empresas puedan colocar sus productos en diferentes mercados en tiempo y forma.

“La logística sea ese motorcito que impulse a todas las economías en todos los niveles de la Argentina, desde las grandes mineras hasta la pequeña pyme”, sintetizó.

Costos e infraestructura, entre los desafíos del transporte

Desde la perspectiva del transporte de cargas, Cristian Sanz, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), puso el foco en un escenario de actividad desigual y en las dificultades que atraviesan las empresas para absorber distintos incrementos de costos.

Sanz destacó las perspectivas vinculadas con la minería, pero advirtió al mismo tiempo sobre una caída en actividades relacionadas con la construcción y la demanda de bienes durables, que impacta sobre determinados segmentos del transporte.

También señaló los efectos que tuvieron los aumentos de costos y, particularmente, del combustible. Según explicó, para numerosas empresas trasladar esos incrementos a las tarifas de cargas no resultó inmediato, sino que se convirtió en un proceso lento.

Frente a ese escenario, identificó dos necesidades concretas para el sector: mayor capacidad de acceso al crédito e infraestructura adecuada para operar.

El estado de las rutas ocupó un lugar destacado en su intervención. Sanz reclamó mejores obras que permitan tanto facilitar la salida de la producción argentina hacia los mercados externos como incrementar la seguridad vial, y sostuvo que la situación de distintos corredores viene siendo objeto de reclamos desde hace más de un año.

Al mismo tiempo, señaló que comenzaron a aparecer alternativas vinculadas con provincias que asumirán la gestión de determinados tramos y corredores, aunque remarcó la necesidad de que las mejoras avancen con rapidez.

La profesionalización gana espacio

Otro de los puntos centrales de la exposición de Sanz estuvo relacionado con la profesionalización de la actividad. En ese camino incluyó la tecnificación y la formación de los distintos perfiles que participan en la operación.

El dirigente destacó la necesidad de capacitar no solamente a niveles directivos, sino también a mandos medios, conductores y mecánicos, como parte de un proceso más amplio destinado a elevar los estándares profesionales del transporte.

La capacitación también apareció en las definiciones de Oscar Antelo, presidente de la Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG), quien la vinculó directamente con la integración de toda la cadena de valor.

Antelo planteó la necesidad de avanzar hacia una logística más eficiente y sustentable y alineada con estándares internacionales, apoyándose en una mayor formación de los profesionales y trabajadores del sector.

Dentro de ese proceso, señaló como prioridades el desarrollo de mejores técnicas y procesos, la incorporación de nuevas tecnologías, la eficiencia y la sustentabilidad.

Las tres exposiciones coincidieron así en una agenda que excede el movimiento físico de las mercaderías. Infraestructura, acceso a tecnología, formación, costos y competitividad laboral aparecen como variables centrales para que la logística pueda acompañar tanto a los grandes proyectos productivos como a las cadenas regionales y a las pymes.

A través de historias de ciudadanos y trabajadores, el documental ilustra el proceso por el cual Bogotá avanza hacia una nueva era de movilidad. La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá ya supera el 80 % de ejecución, detalla la producción, y transforma el panorama de una ciudad donde millones de personas invierten una parte sustancial de su tiempo en traslados diarios.

Entre los testimonios recogidos aparece el de María Eugenia, una usuaria del sistema de transporte público cuya rutina empieza a las 4:00 a.m. Su experiencia refleja la realidad de muchos habitantes, quienes dedican alrededor de 200 horas al año solo para llegar a sus destinos. El documental sigue su recorrido por la ciudad y muestra cómo la llegada de la primera línea del Metro promete recuperar hasta dos horas diarias para usuarios como ella. Canal Capital destaca que esta historia encarna los desafíos y expectativas de quienes ven en el nuevo sistema una posibilidad de mejorar su calidad de vida.

Las cifras técnicas del proyecto ilustran la magnitud del esfuerzo: más de 150.000 toneladas de acero estructural, equivalentes al peso de 375 aviones Boeing 747 cargados, y un volumen de concreto suficiente para construir once Torres Colpatria sólidas. Además, la renovación de espacio público alcanza el tamaño de tres veces el Parque Simón Bolívar, según los datos recopilados para el documental. De acuerdo con Canal Capital, estos números adquieren pleno sentido cuando se relacionan con el día a día de los ciudadanos y el objetivo de transformar la movilidad.

La obra, considerada la más relevante en materia de infraestructura de movilidad en Colombia, involucra a entidades como la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Empresa Metro de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD). Estas instituciones, según el reporte de Canal Capital, unieron esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para registrar el desarrollo del proyecto y acercarlo a la ciudadanía a través de este documental.

El filme no solo documenta aspectos técnicos y logísticos. Dedica un espacio relevante a la llegada de los primeros vagones desde China, que recorrieron el país desde Cartagena hasta el Patio Taller en Bogotá. Esta secuencia, incluida en la producción, resalta la dimensión internacional del proyecto y su integración en la vida urbana local.

‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’ propone una mirada que va más allá de la infraestructura. El documental plantea preguntas sobre cómo el tiempo recuperado por los usuarios puede incidir en la vida laboral, familiar y personal. Según las voces recogidas, el “tiempo” deja de ser solo un indicador económico o de productividad y pasa a entenderse como un activo fundamental en la vida cotidiana. Una movilidad eficiente, señala la producción, constituye el medio que permite el ejercicio de derechos fundamentales como el trabajo, la salud, la educación y el descanso.

A través de un enfoque coral, el documental reúne testimonios de ciudadanos, especialistas, trabajadores y representantes institucionales. Estos relatos muestran cómo la continuidad institucional y la unidad de propósito han sido determinantes para que la ciudad avance, superando tensiones ideológicas y políticas que, durante décadas, aplazaron la concreción del Metro.

La historia del Metro de Bogotá se remonta a más de ochenta años atrás, cuando la idea comenzó a figurar en los planes de desarrollo de sucesivas administraciones. Aunque cada alcalde prometía inaugurar la primera línea, el proyecto atravesó incontables estudios y postergaciones. Ahora, con la obra superando el 80 % de ejecución, el documental marca un punto de inflexión y refleja el inicio de la cuenta regresiva para la transformación definitiva de la movilidad en la capital.

El estreno de ‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’ coincide con la proximidad del aniversario número 488 de la ciudad. Canal Capital transmitirá el documental por televisión abierta y en plataformas digitales, buscando ampliar el acceso de los ciudadanos a un registro audiovisual integral del proceso. Se espera que la producción aporte elementos para la apropiación colectiva de la obra y fomente la reflexión sobre las oportunidades que abre una movilidad renovada.

El documental estará disponible en la pantalla de Canal Capital en los canales Claro 116, DirecTV 143, Movistar 113 y 164, ETB 270, Tigo 105, en señal TDT, así como en www.canalcapital.tv y en el canal de YouTube de la emisora pública.

Las imágenes y testimonios incluidos en la producción buscan mostrar el impacto del Metro no solo en los desplazamientos, sino en la vida diaria de quienes habitan Bogotá. Según Canal Capital, el viaje más relevante no es únicamente el de los vagones o el avance de la obra, sino el de una ciudad que transforma su presente y construye un futuro en el que el tiempo, la movilidad y las oportunidades están cada vez más cerca para todos.

La discusión por el nivel de presión tributaria que soportan empresas, comercios y vecinos sumó un nuevo elemento en la provincia de Buenos Aires. El senador provincial y economista Diego Valenzuela presentó este viernes un “Semáforo Fiscal”, una herramienta digital que permite comparar a los municipios bonaerenses a partir de distintos indicadores vinculados con las tasas, las alícuotas, el tamaño del Estado, la infraestructura y el empleo.

El proyecto, “Menos impuestos, más trabajo”, surgió después de un año de trabajo de Valenzuela junto con economistas y especialistas tributarios. La plataforma (www.menosimpuestos.com.ar) utiliza un sistema de colores —verde, amarillo y rojo— para ordenar los resultados y permite consultar los datos de cada distrito y establecer comparaciones. “Esta iniciativa está diseñada para que comerciantes, empresarios y vecinos sepan dónde se cuida el bolsillo y dónde no es conveniente invertir o generar empleo”, expresó el ex intendente de Tres de Febrero.

La herramienta fue presentada esta mañana el Auditorio de la Torre Macro ante empresarios, funcionarios, economistas, representantes de fundaciones e investigadores. Valenzuela estuvo acompañado por la senadora nacional Patricia Bullrich, quien inauguró el evento. “Si metemos el método Valenzuela en cada municipio, podemos ganar la Provincia. La Libertad se mide en el territorio”, enfatizó.

Uno de los principales indicadores de la herramienta es la presión fiscal municipal, que se calcula a partir del promedio de las alícuotas nominales correspondientes a cinco actividades: banca minorista, hipermercados, industria, comercio minorista y comercio mayorista. El cálculo incorpora además ajustes vinculados con la Tasa Vial y el cobro por habilitaciones.

Con esa metodología, San Pedro quedó en el primer lugar del segmento verde, con una presión de 0,52%. Le siguieron Tres de Febrero, con 0,55%, y Chivilcoy, con 0,75%. Ninguno de esos tres distritos cobra Tasa Vial.

En una zona cercana al verde quedaron Florencio Varela, con 1,28%; Junín, con 1,29%; y General Rodríguez, con 1,30%. Entre los municipios que apenas llegaron al amarillo aparecieron Tigre, con 1,63%; Coronel Rosales, con 1,67%; y La Costa, con 1,74%.

En el extremo rojo se ubicaron Hurlingham, Lanús y Marcos Paz. Hurlingham registró una presión fiscal de 3,16%, Lanús alcanzó 3,06% y Marcos Paz llegó a 2,88%. Los tres cobran Tasa Vial y presentan todas las alícuotas por encima del 1%.

La plataforma no se limita a las tasas. Valenzuela explicó que el objetivo fue reunir siete indicadores que permitan observar distintas características de cada administración local. Entre ellos mencionó presión fiscal, alícuotas, tamaño del Estado y empleo público, infraestructura, empleo privado, habilitaciones y Tasa Vial.

Infraestructura y empleo público

Otro de los componentes del Semáforo Fiscal es la cobertura de infraestructura, que contempla los servicios de agua, gas y cloacas. El indicador utiliza el promedio de cobertura de esos tres servicios para cada municipio.

Vicente López registró el nivel más alto, con 92,46% de cobertura. Tres de Febrero llegó a 90,02% y San Isidro alcanzó 89,36%.

En el extremo opuesto, José C. Paz registró una cobertura de 19%, según los datos del Censo 2022 utilizados para la comparación. Otro municipio que tiene un bajo nivel de infraestructura es Malvinas Argentinas (24,05%), que comparte el podio con General Rodríguez, que tiene el mismo nivel de cobertura de servicios.

La herramienta también incorpora información vinculada con el tamaño del Estado, el empleo público municipal y el peso del gasto salarial. Valenzuela señaló que existen distritos en los que el gasto en salarios representa una proporción muy elevada de los recursos.

San Nicolás aparece con el menor porcentaje mencionado por el legislador, con 15,27%. Coronel Rosales, en cambio, registra 74,03%. Tres de Febrero tiene 27% y Morón llega a 60%. “Si vas a un municipio que tiene 60% en salarios, resultado fiscal negativo y que invierte 2% en gasto de capital, no esperes una buena gestión”, sostuvo Valenzuela en diálogo con Infobae.

Además de San Nicolás, La Matanza y La Plata también tienen bajos niveles de gasto salarial, con 19,05% y 20,08%, respectivamente, de acuerdo con lo que puede observarse en la plataforma.

El senador planteó que esos datos pueden servir para analizar la relación entre el tamaño de las estructuras municipales, el resultado de las cuentas públicas y el nivel de inversión que puede esperarse. La plataforma también busca ofrecer información para el mundo empresarial. Según Valenzuela, la comparación puede servir para evaluar dónde invertir, instalar una empresa o generar puestos de trabajo. Al mismo tiempo, señaló que los datos pueden ser utilizados por académicos e investigadores para realizar comparaciones entre los distintos distritos.

La pelea por las tasas municipales

La presentación del Semáforo Fiscal se produjo dentro de una discusión que el Gobierno de Javier Milei mantiene desde el comienzo de su gestión con gobernadores e intendentes por la presión tributaria.

La administración nacional sostiene una agenda de reducción de impuestos y reclama que los distintos niveles del Estado acompañen ese proceso. En ese planteo, el Gobierno apunta no solamente a Nación, sino también a provincias y municipios, con el argumento de que la baja de la carga tributaria debe alcanzar al conjunto del sector público.

La disputa por las tasas municipales generó además enfrentamientos concretos y, en algunos casos, llegó a la Justicia. El Gobierno nacional cuestionó distintas modalidades utilizadas por municipios para cobrar tasas y planteó la necesidad de que esos tributos tengan relación con los servicios que efectivamente prestan las administraciones locales.

La discusión se desarrolló al mismo tiempo que los municipios afrontaron un escenario de menores fondos girados desde Nación a partir del ajuste aplicado durante la gestión de Milei. Frente a esa situación, distintos gobiernos locales incrementaron impuestos y tasas para reforzar sus recursos propios.

Este debate también llevó al Gobierno nacional a generar sus propias herramientas de comparación. En diciembre del año pasado, el Ministerio de Economía publicó el Portal de Transparencia Tributaria Municipal, que reúne información de los municipios de todo el país y pone el foco en la estructura de determinadas tasas. El Gobierno también elaboró un Mapa Tributario Municipal, que permite identificar bases imponibles y alícuotas y comparar los sistemas tributarios de distintas jurisdicciones.

“Menos impuestos, más trabajo”

El proyecto de Valenzuela se vincula con una propuesta política que el senador provincial denomina “Menos impuestos, más trabajo”. La idea central es que una menor carga tributaria puede favorecer la actividad económica, la inversión y la generación de empleo.

“Pensamos que si bajas las tasas, aumenta la recaudación y aumenta el empleo”, afirmó. En ese sentido, Valenzuela planteó que los municipios tienen un papel que excede la prestación de servicios y el cobro de tasas. Según su visión, las administraciones locales también pueden generar condiciones para atraer inversiones y favorecer la creación de puestos de trabajo.

“Creo que actualmente los gobiernos locales no pueden ser ‘municipios ABL’, hoy tienen que fomentar el empleo y la inversión a través de gestos impositivos y quita de burocracia. El que no lo haga, quedará a mitad de camino y disociado de la ciudadanía”, afirmó.

El senador también mencionó casos de empresas y bancos que cambiaron su localización entre distintos distritos. Consultado sobre el escenario económico actual, que motivó a muchas firmas a bajar la persiana, aclaró que “el dato relevante no está solamente en los cierres o aperturas individuales, sino en el resultado neto del empleo. En ese sentido, comparó a Tres de Febrero con San Martín y señaló que mientras que el primer distrito creó 1.200 empleos netos, el segundo perdió 2.000 en el mismo contexto macroeconómico.

A partir de esa comparación, Valenzuela sostuvo que los municipios pueden adoptar políticas que contribuyan a mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad privada, en lugar de limitarse a señalar las dificultades derivadas del escenario macroeconómico.

Posadas recibió la jornada con lluvia y envuelta en un fuerte operativo de seguridad. La Policía misionera se desplegó en puntos estratégicos para custodiar la 24° Asamblea del Norte Grande. A la cita asistieron diez mandatarios del NOA y el NEA.

Además del anfitrión Hugo Passalacqua, los que dieron el presente fueron el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el correntino Juan Pablo Valdés; el del Chaco, Leandro Zdero; el jujeño Carlos Sadir; el de Tucumán, Osvaldo Jaldo; el de Salta, Gustavo Sáenz y el de Santiago del Estero, Elías Suárez.

El de Formosa, Gildo Insfrán y el riojano Ricardo Quintela faltaron a la cita pero enviaron representantes.

El jefe de Gabinete Diego Santilli estuvo cara a cara con ellos durante la asamblea a la que también se sumó el titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

Los planteos

Varios mandatarios hablaron al término del cónclave. El catamarqueño Jalil relató que, dentro de los temas que se debatieron, estuvo el acceso a la infraestructura y al gas natural. Sobre este punto, durante el debate, Passalacqua tuvo una intervención tragicómica. Marcó que todos hablan del gas, pero destacó que no llega a Misiones. “Estamos como en el siglo XIX: quemando leña en la industria”, expresó al tiempo que reclamó la conexión para su provincia.

El mandatario catamarqueño adelantó que en relación a la cuestión energética habrá una reunión la semana próxima en Buenos Aires. El Gobierno de Javier Milei busca recortar los alcances de la ley de “zonas frías”. La iniciativa ya tiene media sanción del Senado. Los gobernadores pretenden que se avance en “zonas cálidas” para subsidiar el consumo de electricidad en verano a cambio.

Jalil también consignó que se abordó la cuestión de las rutas y la necesidad de inversión de la Nación en las que son de su jurisdicción.

Valdés, en tanto, puso el acento en las previsiones para enfrentar los efectos climáticos de El Niño. Remarcó que este fenómeno trae lluvias e inundaciones. Y que luego vendrá “La Niña”, con sequías e incendios. “Tenemos un mal recuerdo”, consignó el gobernador correntino.

El mandatario también remarcó la necesidad de extender la red de gas. “Nos daría más igualdad”, sentenció. Su provincia, al igual que Chaco y Misiones, no tienen acceso al fluido. “En el Norte Grande hay falta de infraestructura de gas, electricidad y de rutas”, consignó.

El gobernador correntino también hizo mención a que se reclamó a Santilli por la hidrovía. Su provincia, al igual que Chaco, pretende que el calado del río Paraná frente a sus costas llegue a los 12/14 pies para facilitar la navegación y mejorar la competitividad de los puertos.

Jaldo, por su parte, consignó que al Jefe de Gabinete le pidieron por la reversión del gasoducto del norte. La obra es clave para asegurar la provisión del gas de Vaca Muerta a las provincias del NOA.

Por último, destacó la presencia de Santilli y el diálogo con el Gobierno nacional. “Hay que terminar con las grietas y las diferencias que tanto mal le hicieron a la Argentina. Los Gobernadores representamos al 100% de los que viven en nuestras provincias. Y el Presidente nos representa a todos porque fue electo en democracia por voluntad popular. Quienes tenemos responsabilidad institucional debemos estar a la altura de las circunstancias. La Argentina no está bien. Sólo se mejoraron algunas variables macroeconómicas. Pero eso no llegó a la gente”.

“Venimos de una película de terror”

Al arribar al aeropuerto de Posadas, el Jefe de Gabinete habló con la prensa local. “Para mí es muy importante escuchar a los gobernadores. Tenemos una agenda muy amplia con ellos para el desarrollo del Norte: energía, transporte de cabotaje y coparticipación”, citó.

Sobre la inversión en rutas nacionales, apuntó: “Se preadjudicaron todas las concesiones de corredores viales. Son más de 9 mil kilómetros, el 70% de la red vial argentina. Estarían entrando en obra a fin de mes, principios de septiembre. Ahora se adjudicarán los últimos 3 mil km que faltan. Hay obras que estamos conversando una a una” con los mandatarios provinciales, agregó.

Santilli afirmó luego: “El 90% de la agenda con los gobernadores está resuelta”. “Estamos en un proceso de transición de una economía que destruía los sectores productivos a una que los fortalece. Llevamos dos años. El esfuerzo que ha hecho la sociedad es enorme. Veo que (el país) comenzará a crecer”, agregó. Cuando le preguntaron por el cierre de fábricas, respondió: “También se están abriendo muchas”.

“Hay industrias que crecen. Otras que no. Nosotros tratamos de que la (mejora de la) economía llegue a todos los sectores. Yo creo que va a llegar”, añadió.

En el tramo final le preguntaran cuál sería el mensaje al argentino que no tiene trabajo, no llega a fin de mes y no puede pagar los servicios. “En primer lugar, agradecerle el esfuerzo que viene haciendo- contestó - Llevamos dos años y sé que no es sencillo, no es fácil. Pero teníamos 57% de pobreza. Hoy hay un cambio. Existen sectores que todavía la están padeciendo, pero el cambio llegará a todos”.

“¿Cuándo? - agregó - El problema del país es el atajo que nos llevó a esos niveles de pobreza. Venimos de una película de terror y eso está cambiando”, concluyó.

En detalle

El encuentro comenzó a las 10 con la recepción de los mandatarios. Veinte minutos más tarde se tomó la foto institucional. El lugar elegido fue la explanada del Parque del Conocimiento ubicado a corta distancia del aeropuerto. La Asamblea comenzó cerca de las 11 y se extendió hasta las 13. Al concluir se hizo la rueda de prensa.

Santilli llegó en un vuelo de línea a la tierra colorada. Desarrolló una agenda institucional exclusiva. No hubo encuentros partidarios con referentes de LLA misionera. La pregunta que estaba en el aire era si se iba a reunir con el caudillo Carlos Rovira. Hasta hace poco era una parada obligada. Pero la ruptura con el gobernador Passalacqua y el quiebre del oficialismo menguó en forma sensible el poder de Rovira. Santilli no hizo foto pública con el caudillo.

El quiebre es “una situación de la provincia. Nosotros no nos podemos meter”, dijo a los medios locales al arribar a Posadas. Al terminar el cónclave de mandatarios regresó a Buenos Aires.

Quien sí se metió en la interna misionera fue el salteño Sáenz. “Se terminaron los capangas”, soltó al llegar a Posadas. “Yo acompaño al Gobernador que ha elegido la gente. No puede gobernar un fantasma, un señor ingeniero que no lo conoce nadie, o por lo menos no lo conozco yo. Rovira creo que se llama”, agregó. “Me parece fundamental este proceso que están viviendo acá. Que se democratice de una vez por todas Misiones”, concluyó.

Costa Rica consolida su posición como referente latinoamericano en la transparencia y divulgación de información sobre infraestructura pública, según el Informe de Revisión Independiente (IR) 2026 de la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (CoST). El reporte destaca que el país ha establecido nuevos estándares en acceso a datos de proyectos estatales y rendición de cuentas, superando ampliamente los niveles alcanzados en años anteriores.

De acuerdo con la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (CoST), Costa Rica alcanzó un promedio del 79% de cumplimiento en la divulgación proactiva de datos en las etapas de contratación y ejecución de proyectos públicos, cifra que representa un salto respecto al 51% reportado en 2019. Esta mejora posiciona al país a la vanguardia regional en sistematización de información vinculada a la gestión de infraestructura.

El informe, citado por CoST, también subraya que la recuperación de información bajo solicitudes específicas —conocida como divulgación reactiva— oscila entre el 67% y el 83% según la fase del proyecto. Este resultado evidencia la existencia de mecanismos efectivos para la gestión documental y la respuesta institucional, superando los rezagos históricos relacionados con la opacidad y la lentitud en el flujo de información pública.

El fortalecimiento de la transparencia se explica, en parte, por el desarrollo de plataformas digitales y una estructura normativa más robusta. El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), bajo la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), junto al Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) y el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), han permitido integrar y facilitar el acceso a datos relevantes sobre obras, contratos y procesos de inversión estatal.

CoST detalla que las áreas de agua y saneamiento, transporte vial y gestión de riesgos presentan niveles de divulgación superiores al 90%, lo que demuestra que la institucionalidad costarricense ha adoptado buenas prácticas internacionales en sectores fundamentales para el desarrollo. Este avance se ha visto reforzado por recientes reformas legales, como la Ley General de Contratación Pública y la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, que establecen el principio de máxima publicación y garantizan el derecho ciudadano a información clara y comparable.

A pesar de los avances, el informe reconoce que existen desafíos pendientes en la publicación y sistematización de datos en las fases de operación, mantenimiento y cierre de los proyectos. CoST recomienda fortalecer la trazabilidad y la integración de la información a lo largo de todo el ciclo de vida de la obra pública, consolidar la interoperabilidad entre plataformas y avanzar en la estandarización de los mecanismos de registro para facilitar la supervisión ciudadana y la evaluación de resultados.

En el terreno de la sostenibilidad y la gestión de riesgos climáticos, el reporte menciona avances en proyectos como el Acueducto de Pérez Zeledón y la ampliación del Acueducto de Limón, donde la documentación y el control de calidad han sido ejemplares.

No obstante, señala la necesidad de profundizar la integración de criterios ambientales, sociales e institucionales desde la etapa de preinversión hasta la operación de las infraestructuras.

La calidad de la información y el éxito de los proyectos tienen una correlación directa con la madurez institucional. Según CoST, entidades como AyA Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Consejo Nacional de Vialidad ( CONAVI ) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), destacan por su gestión documental y la disponibilidad de datos, lo que favorece proyectos más previsibles y eficientes.

Actualmente, Costa Rica ha superado el problema de ausencia de información y enfrenta el desafío de asegurar que los datos sean útiles y comparables, permitiendo supervisar tanto la ejecución como el impacto y la sostenibilidad de los proyectos públicos en el mediano y largo plazo.

La proyección del informe apunta a que, si se fortalece la integración de sistemas, la estandarización de la información y la capacitación institucional, el país podrá consolidar una cultura de transparencia que facilite la rendición de cuentas y fomente una inversión pública resiliente y alineada con los objetivos de desarrollo sostenible.

El inicio del año escolar 2026-2027 en República Dominicana presenta diversos retos vinculados a la infraestructura y la cobertura educativa. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) señaló que 153,000 niños de tres años podrían no contar con cupo en el nivel inicial debido a la falta de 7,000 aulas.

Además, el déficit impactaría a más de 321,000 estudiantes de otros niveles, según estimaciones del gremio, lo que genera preocupación a pocos días del comienzo del ciclo escolar.

El informe “Condiciones de Finalización del Año Escolar 2026-2027”, citado por Listín Diario, indica que más del 82.0% de las escuelas no dispone de mantenimiento escolar regular.

Asimismo, el 57.7% de los planteles presenta filtraciones y el 56.0% registra grietas o roturas en su infraestructura. Estos datos reflejan condiciones que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades educativas.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, explicó que, en algunos centros, la falta de aulas ha llevado a recibir hasta 35 niños en salones diseñados para 20 estudiantes.

Según sus palabras, esta medida busca evitar que más alumnos queden fuera del sistema. Hidalgo también comentó que en municipios como Higüey la demanda de cupos es especialmente alta en relación con la capacidad instalada de los planteles.

De acuerdo con Hidalgo, cada año aumenta la cantidad de estudiantes que ingresan al sistema educativo y la construcción de nuevas escuelas, aunque relevante, no ha alcanzado el ritmo necesario para equiparar esa demanda.

El dirigente mencionó que, según cálculos del gremio, el gobierno habría entregado entre 100 y 200 escuelas en seis años, una cifra que, en el contexto del crecimiento de la matrícula, no cubre la totalidad de los requerimientos actuales.

El déficit de aulas afecta a distintos niveles

La ADP detalla que la falta de aulas repercute no solo en el nivel inicial, sino también en los grados superiores. Para el ciclo 2026-2027, el gremio calcula que faltarían espacios para 153,000 niños de tres años y para más de 321,000 estudiantes de otros niveles.

Esta situación se traduce, según la organización, en la necesidad de al menos 7,000 aulas nuevas solo para cubrir la demanda del nivel inicial.

El secretario de Investigación y Estadística de la ADP, Ángel Cuello, sostuvo que una educación personalizada requiere grupos de alrededor de 20 estudiantes por aula.

Explicó que esta proporción está asociada al modelo Montessori y a la posibilidad de dar seguimiento individual al trabajo de cada alumno. Cuello señaló que los colegios privados suelen adoptar este límite para favorecer la atención personalizada.

Infraestructura y servicios en los planteles

El informe del gremio también expone carencias en los servicios básicos de las escuelas. El 45.0% de los centros reporta acceso a agua durante al menos cinco días a la semana.

Por su parte, el 19.0% de los inodoros y el 23.0% de los lavamanos no disponen de agua, mientras que el 22.0% de las cocinas carece de agua corriente.

Según lo informado por Listín Diario, Cuello mencionó que el abastecimiento de agua mejoró un 7.0% respecto al ciclo anterior, pero consideró que la situación todavía requiere atención. Indicó que en algunos centros, docentes y alumnos deben utilizar los baños de viviendas cercanas ante la falta de agua en la escuela. También afirmó que el agua es necesaria para la limpieza y la higienización de los estudiantes.

El documento reporta además un déficit de butacas del 36.6% y deficiencias en escaleras y barandales en el 9.5% de los centros evaluados. Según la directiva de la ADP, estas condiciones, sumadas al deterioro físico de los planteles, podrían afectar la seguridad de estudiantes, docentes y personal.

La organización recordó que en 2020 el Ministerio de Educación tenía 10,700 aulas en proceso de construcción y que, seis años después, solo se ha concluido el 48.5% de esas obras.

Fotografías presentadas por el gremio muestran centros educativos con grietas, fisuras, filtraciones y desgaste en las paredes, además de acumulación de agua. La ADP señala que estos problemas todavía no han sido resueltos.

Frente a este panorama, la ADP solicitó a la Dirección de Infraestructura Escolar la realización de un levantamiento nacional para identificar y corregir deficiencias antes del inicio del año escolar 2026-2027.

La organización considera que atender estos aspectos contribuiría a garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las clases.

El bullicio típico de la región norte de República Dominicana suma una nueva expectativa: la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao alcanzó el 85% de avance en su estructura, según datos oficiales divulgados esta semana.

El rápido progreso de la obra ha comenzado a captar el interés de residentes, empresarios y viajeros frecuentes, que ven en la ampliación una promesa concreta para transformar la experiencia aeroportuaria y la conectividad de Santiago y zonas aledañas.

La información fue confirmada por Félix García, presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional del Cibao, durante una inspección reciente a las instalaciones.

De acuerdo con el ejecutivo, la obra avanza en varias fases de manera simultánea, una estrategia que permite mantener el ritmo y el cronograma acordado desde el inicio del proyecto.

El reporte detalla que actualmente se encuentra finalizada la mayor parte de la estructura y de la obra gris, lo que abre paso a nuevas etapas centradas en el techado, las instalaciones técnicas y la adecuación de los espacios interiores.

Para la región norte del país, la ampliación de la terminal representa más que una simple mejora física.

Según el propio García, la nueva infraestructura permitirá duplicar la capacidad operativa del aeropuerto, una necesidad que responde al crecimiento sostenido en la demanda de servicios aéreos en los últimos años.

El aeropuerto se consolida como un nodo estratégico para la movilidad de millones de personas, con instalaciones que buscan facilitar la llegada de nuevas aerolíneas y la apertura de rutas internacionales.

El proceso de modernización no se limita a la estructura. El plan contempla la instalación de tecnología de última generación en materia de seguridad, control y operaciones aeroportuarias. Una vez completada la etapa estructural, el equipo de trabajo avanzará en la implementación de estos sistemas, junto con el equipamiento especializado requerido para los distintos servicios que brindará la terminal.

Esta fase incluye también un periodo de pruebas para asegurar el correcto funcionamiento antes de que la infraestructura entre en operación definitiva.

La administración del aeropuerto ha conformado un equipo de transición integrado por representantes de las áreas operativas, administrativas y técnicas.

El grupo será responsable de coordinar el traslado gradual de las operaciones desde la terminal actual hacia la nueva, un proceso que ha sido planificado en etapas para garantizar la continuidad de los servicios y evitar cualquier tipo de interrupción que afecte a los usuarios.

De acuerdo con los planes presentados, el traslado y la puesta en marcha de la nueva terminal se desarrollarán bajo una estricta supervisión. La administración destaca la importancia de mantener la coordinación entre las múltiples empresas y equipos involucrados, con el objetivo de cumplir los plazos establecidos y asegurar que cada sistema funcione como se espera.

El impacto que tendrá la nueva terminal va más allá de la infraestructura. Para los habitantes de Santiago y otras provincias del Cibao, la ampliación trae consigo la posibilidad de acceder a una mayor cantidad de destinos y servicios, lo que podría dinamizar el flujo de turistas y fortalecer la economía local. Además, la obra ha sido concebida bajo parámetros de eficiencia y sostenibilidad, factores que favorecen la operación a largo plazo y el respeto al entorno en el que se inserta.

Según el reporte oficial, la nueva terminal está diseñada para movilizar hasta seis millones de pasajeros cada año, una cifra que refleja la ambición y la proyección de crecimiento del aeropuerto. La incorporación de nuevos espacios, tecnologías y servicios coloca al Aeropuerto Internacional del Cibao a la vanguardia de la infraestructura aeroportuaria en el Caribe.

El seguimiento constante de la obra es una prioridad para la administración, que insiste en la importancia de la supervisión permanente para mantener la calidad y la seguridad en todas las etapas del proyecto.

El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala anunció la construcción de dos Ciudades Deportivas a través de un proyecto que el Gobierno presenta como la reactivación de la infraestructura para deporte de alto rendimiento y actividad física tras más de 76 años sin inversiones de este tipo.

De acuerdo con el ministro de Cultura guatemalteco, Luis Méndez Salinas, las Ciudades Deportivas se construirán en los departamentos de Chimaltenango e Izabal con el propósito de descentralizar la inversión gubernamental y promover el deporte en todo el país.

Los proyectos entrarán en su fase de arranque este mes, con la colocación de la primera piedra el 21 de agosto en Zaragoza, Chimaltenango y el 25 de agosto en Los Amates, Izabal.

El funcionario hizo el anuncio durante La Ronda de este lunes y vinculó la ejecución de la red de complejos con décadas de abandono de la infraestructura deportiva y sostuvo que el país no había impulsado obras de esta naturaleza desde la construcción de la Ciudad Olímpica, el Gimnasio Nacional y el Estadio Doroteo Guamuch Flores.

También dijo que se avanza en las gestiones para una tercera ciudad deportiva en Las Cruces, Petén, y para otro desarrollo en el suroriente del país. En el caso de Petén, Méndez Salinas precisó que el proyecto ya está en proceso de generación en el Sistema Nacional de Inversión Pública, paso previo para avanzar hacia su construcción.

El ministro explicó que la prioridad oficial no se limita a levantar infraestructura, sino a reconocer la recreación, el deporte y la actividad física como factores asociados a la salud pública, la convivencia y la vida democrática. En esa línea, atribuyó el impulso del plan a una prioridad presidencial.

Méndez Salinas dijo que estas nuevas ciudades deportivas buscan corregir una concentración histórica de instalaciones de calidad en la capital. Según afirmó, durante décadas el único complejo deportivo de referencia estuvo ubicado en Ciudad de Guatemala.

Cada departamento tendrá un diseño ligado a sus disciplinas más practicadas

Los complejos no repetirán un mismo plano. El titular del Ministerio de Cultura y Deportes explicó que cada diseño responde a los deportes más practicados en el departamento donde será construido.

En Zaragoza, el proyecto dará prioridad al ciclismo y se prevé una inversión de 110.5 millones de quetzales (USD 14.2 millones).

Mientras que en Los Amates, el énfasis estará en el patinaje y se estima una inversión de 129.3 millones de quetzales (USD 16.6 millones).

Por su parte, la futura ciudad deportiva de Las Cruces tendrá un componente orientado al boxeo y, por ahora, se desconoce el costo, debido a que la obra no se ha sacado en licitación.

Cada Ciudad Deportiva contará con espacios multipropósito, además de ese componente particular definido para cada sede. Esa estructura busca combinar uso general con especialización por disciplina.

Durante su intervención, Méndez Salinas resumió el sentido político e institucional del proyecto con una frase: “Es retomar esa visión del país y de una institucionalidad que trabaja activamente para procurar la felicidad de sus habitantes”.

Además, cada uno de los proyectos contará con su propia planta de tratamiento, cuarto eléctrico, guardianía, garita de control, estacionamiento para vehículos y motocicletas, vestidores, juegos infantiles, una plaza cívica y otra cultural, así como áreas verdes múltiples.

El Gobierno creó un fideicomiso de destino exclusivo para administrar los fondos que obtenga por la venta de locomotoras y vagones del Belgrano Cargas. Además, en el marco de la privatización de la empresa ferroviaria estatal, el Ejecutivo avanza en paralelo en la habilitación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para las obras de infraestructura que deberán ejecutar los futuros concesionarios.

Hasta ahora, los fondos del remate debían depositarse en un fideicomiso creado en 2001 que maneja una gran variedad de recursos —desde la recaudación del impuesto al gasoil hasta tasas viales— y atiende a múltiples destinatarios. El Gobierno decidió que mezclar el dinero del Belgrano Cargas en ese fondo complicaría y ralentizaría el pago de las obras ferroviarias, por lo que optó por crear un vehículo separado, con un único propósito: financiar las obras que deberán ejecutar los concesionarios

El decreto, que cuenta con la firma de Javier Milei y Luis Caputo, instruye al Ministerio de Economía a suscribir el contrato del nuevo fideicomiso, dictar las normas operativas complementarias y determinar el precio de venta del material rodante incluido en los contratos de concesión. Para fijar ese precio, deberá tomar como valor mínimo de referencia la tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Los fondos provendrán tanto del remate público de locomotoras y vagones como de la venta del material rodante que quede incorporado directamente en los contratos de concesión de vías.

Las estimaciones oficiales proyectan que el plan de obras ferroviarias exigido por el Estado rondará los USD 800 millones, y que la subasta de material rodante cubrirá algo más de la mitad de esa cifra. El resto quedará a cargo de los concesionarios, quienes deberán ejecutar lo que los pliegos denominan “obras urgentes” en los primeros años de la concesión.

El RIGI como condición de inversión

En paralelo al decreto, fuentes de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas —el organismo que conduce Diego Chaher— confirmaron a Infobae que el Gobierno trabaja en la posibilidad de que las obras de infraestructura ferroviaria se adhieran al RIGI, aunque la medida aún no fue publicada en el Boletín Oficial. “Estamos trabajando en esa posibilidad pero aún no está oficializado”, precisaron desde esa dependencia, aunque deslizaron que la salida de los pliegos es inminente.

La habilitación del RIGI para las obras ferroviarias fue el principal factor que demoró la publicación de los pliegos, al sumar nuevas áreas del Estado al proceso de revisión y aprobación. El régimen fija un piso de inversión de USD 200 millones y otorga beneficios impositivos y seguridad jurídica a proyectos de gran escala. Según fuentes al tanto del expediente, su aplicación quedará restringida a las obras de infraestructura de vías y no alcanzará otras inversiones que los adjudicatarios quieran realizar.

El cronograma que manejan los funcionarios apunta a publicar los pliegos antes de que termine agosto. Luego se abrirá un período de presentación de ofertas y análisis de propuestas que llevaría la adjudicación a abril o mayo de 2027.

Tres líneas, nueve procesos

El diseño de la licitación contempla tres concesiones independientes —una por cada ramal: Belgrano, San Martín y Urquiza—, y cada una se subdivide en tres procesos: la concesión de la operación de vías, los talleres ferroviarios y la venta del material rodante. El esquema habilita que un mismo concesionario opere las vías y sea propietario de los trenes, lo que permite ofertas de integración vertical, pero también abre la puerta a que distintos operadores compitan por unidades de negocio separadas.

El sistema previsto es de open access, un modelo de acceso abierto establecido por la Ley 27.132 de Política Ferroviaria que obliga al operador de la infraestructura a permitir que otras empresas usen las vías mediante el pago de un peaje. Eso significa que el Belgrano Cargas no quedaría reservado para un solo dueño: cualquier operador que cumpla las condiciones regulatorias podría correr sus propios trenes sobre la misma red.

Uno de los consorcios interesados en quedarse con la concesión aseguró que el open access es condición para la viabilidad económica del negocio: “Una operación eficiente y con escala permite ampliar la base de usuarios, no reducirla. Cuanta más carga diversa tenga el sistema, más sólido y sustentable será”. El modelo contempla el transporte de productos como oro, cobre, plata, litio, azúcar y otros bienes vinculados a las economías regionales, además de granos.

Los interesados

Uno de los grupos que adelantó que se presentará a la licitación es Grupo México Transportes (GMXT), operador de más de 11.000 kilómetros de vías en México y el sur de Estados Unidos. La empresa, que moviliza más de 100 millones de toneladas anuales, declaró en reiteradas oportunidades su disposición a invertir USD 3.000 millones para modernizar los ferrocarriles de cargas argentinos, a cambio de seguridad jurídica bajo el RIGI y la concesión de vías, talleres y material rodante. En junio, GMXT selló un acuerdo estratégico con la estadounidense Wabtec, proveedora de tecnología ferroviaria, para presentar una propuesta conjunta.

El principal competidor es un consorcio de cerealeras integrado por Aceitera General Deheza (AGD) y las multinacionales Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Según pudo confirmar Infobae, no se descarta la participación de otros grupos locales ni de alguna empresa minera; aunque en todos los casos están a la espera de la publicación de los pliegos para presentar alguna propuesta.

La red que se licita abarca 7.600 kilómetros de vías distribuidos en 15 provincias: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca. Los pliegos estipulan un plazo de concesión de 50 años y un período de 90 días para que las empresas interesadas presenten sus propuestas.

El gobierno de Javier Milei dejará un país con problemas estructurales que no pueden ocultarse detrás de un dato de inflación o de un supuesto equilibrio fiscal. La estabilidad financiera es importante y necesaria, pero debe llegar al bolsillo de las familias, que hoy están siendo golpeadas por un ajuste torpe y brutal. Un país no está verdaderamente ordenado cuando las cuentas públicas cierran, pero las familias viven cada vez más endeudadas, las empresas venden menos y el empleo se deteriora. En esta línea, el presidente, cuando deje el cargo a finales de 2027, dejará 3 problemas graves:

1. Un problema económico profundo. Nos quieren convencer de que la macroeconomía está ordenada, cuando la realidad cotidiana muestra otra cosa. Las empresas producen menos, los comercios venden menos y las familias consumen menos por lo que la economía no despega. La estabilidad debe ser el punto de partida de un proyecto de desarrollo, nunca su objetivo final.
2. Un problema de infraestructura. Mientras el mundo invierte para ganar competitividad, la Argentina paralizó rutas, obras energéticas, infraestructura hídrica y proyectos de conectividad. No existe desarrollo sin inversión. Cada obra que se detiene representa pérdida de empleo y oportunidades que no llegan.
3. El tercer problema será el trabajo. La desigualdad como punto de máxima preocupación y un interior vuelve a quedar relegado, es la real escena que nos dejan. Sin trabajo no hay movilidad social, no hay crecimiento sostenible ni posibilidad de construir un proyecto de vida. Las economías regionales, la minería, la agroindustria, el turismo, la energía y la industria necesitan reglas claras, planificación, previsibilidad y un Estado que acompañe el desarrollo en lugar de resignarse al estancamiento.

De estos tres problemas surgen, además, dos consecuencias profundas. Una gran crisis social, por el enfrentamiento constante al que nos somete el gobierno nacional. Cuando faltan oportunidades, aumentan la incertidumbre, la pobreza y la desesperanza. Una sociedad que pierde expectativas comienza a naturalizar aquello que nunca debería aceptar. Y se suma, una crisis moral. El insulto reemplazó al diálogo. La descalificación desplazó a las propuestas. La agresión pasó a ser una forma de ejercer el poder. La violencia simbólica con la soberbia constante. Se instaló la idea de que quien piensa distinto es un enemigo. Una sociedad enfrentada discute entre sí, mientras los verdaderos problemas permanecen sin resolver.

Frente a este escenario, sería muy cómodo solo describir los problemas. Es momento de proponer soluciones. La Argentina necesita tres grandes revoluciones. Una revolución económica. Combinar orden fiscal con orden familiar. Equilibrar las cuentas públicas es imprescindible, pero también lo es recuperar el equilibrio en la vida cotidiana de las familias, que hoy están ahogadas en cuentas por pagar. Este gobierno trasladó el déficit propio a todos los argentinos, una vez más. Y la gente lo sufre en el día a día. Debemos transformar definitivamente la matriz económica del país, con un plan propio de por regiones. Generar estabilidad con crecimiento, crédito, producción y previsibilidad para quienes invierten y trabajan.

Una revolución en infraestructura. Tenemos que reactivar las obras que el país necesita, si no jamás llegará el verdadero desarrollo. Rutas, puertos, energía, conectividad. La infraestructura no tiene ideología ni partido político: es la base sobre la cual se construye cualquier nación moderna.

Una revolución del trabajo. Necesitamos un gran programa nacional de incentivos para la creación de empleo privado, fortaleciendo a quienes producen, invierten y generan oportunidades. El futuro del país pasa por recuperar la cultura del trabajo y por convertir al sector privado en el gran motor del crecimiento. Cada región de nuestra Argentina tiene potencial para crecer. El interior argentino no puede seguir mirando con la ñata contra al vidrio. Necesitamos un gran acuerdo nacional que reúna al Estado, las provincias, los trabajadores, las universidades, los empresarios y los sectores productivos para definir un proyecto común. No propongo volver al pasado. Propongo construir una Argentina distinta. El país no puede construirse desde el insulto ni desde la revancha permanente. Necesitamos una Argentina que produzca más, que invierta más, que exporte más y que genere más trabajo. Un país donde el equilibrio fiscal conviva con el desarrollo familiar; donde la infraestructura vuelva a ser una política de Estado; donde el trabajo recupere el lugar que nunca debió perder; y donde el diálogo vuelva a imponerse sobre la confrontación.

Si este gobierno deja tres grandes problemas, nuestra responsabilidad es impulsar tres grandes revoluciones para resolverlos. Porque la verdadera discusión no es quién grita más fuerte. Hoy la verdadera discusión es quién puede hacer que los argentinos vivan mejor. Porque el futuro no se espera. El futuro se construye.

La empresa Vicuña, la empresa a cargo del que se considera el mayor proyecto minero del país, avanza en la consolidación de su marco normativo en San Juan a partir de una serie de definiciones vinculadas con las obligaciones ambientales y financieras que rigen su operación.

En ese marco, Vicuña y el gobierno local firmaron un acuerdo de compromiso relativo a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. Según informó la compañía a través de un comunicado, el entendimiento incluye un aporte de USD 250 millones por parte de la minera para que el Estado sanjuanino realice obras de infraestructura.

En concreto, el documento establece un mecanismo para cumplir con las obligaciones financieras previstas en la DIA y para apoyar el desarrollo de infraestructura en San Juan. Al mismo tiempo, según remarcó Vicuña, “brinda mayor certeza sobre aspectos clave del desarrollo del proyecto”.

Qué dice el acuerdo

Entre los aspectos centrales del entendimiento se encuentra la estabilización de las regalías provinciales en el 3% de los ingresos durante toda la vida útil del proyecto, aplicable a las propiedades mineras actuales y futuras de Vicuña dentro del alcance establecido en el convenio.

El acuerdo también dispone la creación de un fideicomiso a través del cual se gestionarán de manera transparente las contribuciones estipuladas en la DIA para financiar obras previamente acordadas. En ese marco, se estableció un pago anticipado de USD 250 millones a ese fideicomiso, con el objetivo de proveer fondos a la provincia de San Juan destinados a infraestructura.

A ese desembolso se suma una contribución del 1,5% de las ventas brutas, conforme a lo establecido en la DIA, cuyo pago comenzará en el sexto año de operaciones. Esta contribución funcionará como una fuente anual de financiamiento para infraestructura y otras iniciativas, adicional a los fondos de regalías que se abonan cada año.

El acuerdo consolida, además, las obligaciones financieras establecidas en la DIA en un único mecanismo contractual, lo que según la compañía aporta mayor previsibilidad al desarrollo del proyecto. A esto se agrega el compromiso de la provincia de no imponer a Vicuña contribuciones adicionales de naturaleza análoga a la contribución de la DIA por ningún concepto relacionado con el proyecto, lo que brinda certeza de que el marco acordado representa la obligación definitiva y final derivada de esa declaración.

Sobre el alcance del entendimiento, el CEO de Vicuña Corp, Ron Hochstein, señaló: “Proyectos de esta magnitud requieren reglas claras y previsibilidad a largo plazo. Este acuerdo representa un paso importante para seguir creando las condiciones necesarias para el desarrollo del Proyecto Vicuña, brindando mayor certeza tanto para la inversión como para el cumplimiento de los compromisos asumidos con la provincia”.

Plazos y próximos pasos

De acuerdo con la compañía, la firma de este entendimiento marca la primera etapa de un proceso de acuerdos que continuará abordando otros aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto. El convenio queda sujeto a la aprobación de la Legislatura provincial para convertirse en ley, y se prevé que el pago anticipado se complete a finales del cuarto trimestre de 2026.

Vicuña indicó que continuará trabajando junto al Gobierno de San Juan y las diversas partes interesadas para seguir desarrollando los acuerdos e iniciativas que respaldan el desarrollo del proyecto.

El gobierno de San Juan, por su parte, precisó que el acuerdo pone fin a una controversia administrativa iniciada en 2022 en torno al aporte previsto en la DIA, que hasta ahora permanecía objetado en sede administrativa. El convenio será enviado a la Cámara de Diputados provincial para su ratificación por ley.

Desde la gobernación destacaron que los fondos se destinarán a la ejecución de obras viales, hídricas, de saneamiento y de infraestructura pública antes de que la provincia comience a percibir regalías mineras.

El proyecto Vicuña

Vicuña Corp. es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining formada para el desarrollo del depósito Josemaría, un proyecto avanzado de cobre ubicado en la provincia de San Juan. La compañía impulsa además el depósito de cobre, oro y plata Filo del Sol, ubicado también en San Juan y en la III Región adyacente, en Chile.

El proyecto prevé una inversión inicial de USD 9.700 millones, con un potencial de expansión hasta USD 18.000 millones, y fue incorporada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Su desarrollo se realizará en tres etapas, con el inicio de la construcción previsto para 2027.

El proyecto se estructura en tres fases centradas en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en el límite cordillerano de San Juan con Chile, y prevé una producción anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata una vez en plena operación.

Durante el pico de construcción, entre 2027 y 2030, el proyecto demandará alrededor de 12.000 puestos de trabajo directos. En la etapa operativa sostendrá unos 5.000 empleos directos y 19.000 indirectos, con la expectativa de que cerca del 90% de la mano de obra sea local. Cuando alcance su producción plena, el proyecto proyecta exportaciones por aproximadamente USD 6.000 millones anuales, un monto que, según el Gobierno provincial, equivale al total de las exportaciones mineras argentinas registradas en 2025.

La agencia federal de inversión internacional de Estados Unidos apunta a El Salvador como destino prioritario para proyectos de infraestructura y tecnología, según declaró Ben Black, director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC, por sus siglas en inglés), tras una visita oficial al país centroamericano.

“Su liderazgo audaz ha hecho de El Salvador un país más seguro y un amigo más cercano de los Estados Unidos”, escribió Black en su cuenta de X al dirigirse directamente al presidente Nayib Bukele, en un mensaje que también anunció el interés de la agencia por “profundizar la alianza mediante inversiones en infraestructura que impulsarán el crecimiento y la prosperidad de ambas naciones”.

La DFC es la institución a través de la cual el gobierno estadounidense moviliza capital privado para financiar proyectos en países aliados.

Ofrece préstamos directos, garantías de inversión, participaciones de capital y seguros contra riesgos políticos, con foco en sectores como energía, tecnología, salud e infraestructura. Su misión está vinculada a los objetivos de política exterior de Washington.

Qué hay detrás del interés de la DFC en El Salvador

El acercamiento no ocurre de forma aislada. Ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes el 15 de julio, Black reveló que la DFC cuenta con una capacidad de inversión de USD 205,000 millones y una cartera activa de más de 340 oportunidades de negocios por un total de USD 78,000 millones en sectores que van desde agricultura hasta minerales críticos.

El hemisferio occidental figura entre las regiones que la agencia identifica como prioritarias.

En ese mismo testimonio, Black subrayó que uno de los ejes centrales de la estrategia de la DFC es desafiar la influencia china en sectores tecnológicos y de telecomunicaciones, especialmente en América Latina.

“La Ruta de la Seda Digital de China no puede arraigar su influencia”, afirmó ante los legisladores, al tiempo que presentó el acuerdo alcanzado con una de las mayores redes de telecomunicaciones de Kazajistán como modelo a replicar “en el Hemisferio Occidental”.

En mayo, la DFC también se reunió con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, para explorar oportunidades de inversión, lo que confirma que la visita a El Salvador forma parte de una gira más amplia por Centroamérica.

El Salvador en un momento de contracción de inversión extranjera

La señal de la DFC llega en un momento delicado para la economía salvadoreña. Según datos del Banco Central de Reserva, la inversión extranjera directa neta cayó 40.4% en el primer trimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior, al pasar de USD 366.24 millones a USD 217.96 millones. La tendencia se arrastra desde 2025, cuando el indicador anual retrocedió 37.1% respecto de 2024.

Estados Unidos ya es el principal origen de la inversión extranjera que llega al país, con USD 106.36 millones aportados solo entre enero y marzo.

Esa posición dota de peso concreto al anuncio de Black: cualquier proyecto que impulse la DFC reforzaría un flujo que ya encabeza la lista, pero que en términos netos ha perdido volumen.

La apuesta tecnológica de Bukele como argumento de atracción

Black describió a El Salvador como un país que “ha trazado un rumbo ambicioso para convertirse en un destino líder para la inversión tecnológica”. La afirmación coincide con la narrativa que el gobierno salvadoreño ha construido ante organismos internacionales en las últimas semanas.

El 28 de julio, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, visitó El Salvador y recorrió proyectos de tecnología educativa y telesalud impulsados por el gobierno.

Entre ellos, una plataforma de aprendizaje con inteligencia artificial instalada en una escuela de Santa Tecla y el sistema nacional de telesalud con triaje automatizado.

Ese encuentro se produjo en el marco del programa AprendES, aprobado en marzo de 2026 con un fondo de USD 501 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para el período 2026-2031.

La convergencia de señales: la DFC, el Banco Mundial y el alineamiento explícito con la política exterior de Washington dibuja un patrón. El Salvador se posiciona como vitrina de la agenda de inversión estadounidense en la región, aunque los montos concretos de los proyectos de la DFC aún no fueron anunciados.

Oleoductos del Valle (Oldelval), la empresa que opera la principal red de transporte de petróleo de la Argentina y por cuyos ductos circula el 75% del crudo producido en Vaca Muerta, reveló ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) que sufrió un ataque informático que afectó sus sistemas administrativos.

Aunque la propia compañía aclaró que el incidente no tuvo impacto sobre la operación de transporte de crudo, referentes de la empresa aseguraron que el episodio fue “100% controlado” y apuntaron tanto a hackers locales como extranjeros como los principales sospechosos.

La firma -cuyo mayor accionista es la petrolera de mayoría estatal YPF- comunicó el hecho el viernes en un hecho relevante dirigido al regulador bursátil, tal como lo exigen las normas de la CNV. En el texto, la sociedad precisó que aplicó su protocolo de ciberseguridad y logró restaurar la totalidad de los sistemas afectados, lo que permitió retomar la actividad administrativa con normalidad. El transporte de petróleo se mantuvo sin interrupciones durante todo el episodio.

Si bien no se descarta la participación de hackers locales, la hipótesis que toma mayor fuerza es la de un ataque de origen extranjero.

De hecho, uno de los mayores ciberataques a un sistema de oleoductos, fue en 2021 a Colonial Pipeline, empresa de Estados Unidos de distribución por ductos de crudo y combustibles líquidos. Fue una operación de ransomware (esto es, ataque extorsivo, a cambio de rescate para devolver el control informático del sistema) que durante una semana afectó la provisión de combustible en parte de la costa este norteamericana. Colonial pagó 75 bitcoins de rescate (unos USD 4,3 millones entonces, de los cuales el FBI pudo recuperar 2,3 millones) al grupo criminal ruso Dark Side (Lado Oscuro).

Oldelval no brindó precisiones sobre el tipo de amenaza detectada ni sobre el vector de ingreso utilizado por los atacantes y señaló que continúa evaluando el alcance definitivo del incidente y avanza con las presentaciones ante las autoridades competentes.

El episodio reaviva el debate sobre la vulnerabilidad de la infraestructura energética ante amenazas digitales. Los oleoductos y terminales de exportación operan hoy con sistemas cada vez más automatizados y conectados en red, lo que los convierte en blancos de interés para ataques que buscan desde el robo de información hasta la interrupción de operaciones.

El ataque, reivindicado en redes por The Gentlemen, que se presenta como un grupo de “RaaS” (Ransomware as a Service) habría ocurrido una semana después de que el mismo grupo atacó a EcoPetrol, la mayor petrolera colombiana, que detectó el acceso irregular a sus sistemas y logró impedir el cifrado masivo de sus archivos, pero no evitar la descarga no autorizada de información de unas 3.300 cuentas de usuarios y datos almacenados en la nube de 15 empresas del grupo empresarial.

La operación de Oldelval

Oldelval administra una red de más de 1.700 kilómetros de oleoductos que conecta los principales yacimientos de la Cuenca Neuquina con las terminales de almacenamiento y exportación en Puerto Rosales, en Bahía Blanca. Por esa infraestructura transita alrededor del 90% del petróleo que produce Vaca Muerta, lo que convierte a la transportista en una pieza central tanto para el abastecimiento de refinerías locales como para el crecimiento de las exportaciones de crudo.

Entre sus clientes figuran prácticamente todas las grandes compañías que operan en la formación no convencional: YPF, Vista Energy, Pan American Energy (PAE), Chevron, Shell, Tecpetrol, Pluspetrol, Pampa Energía y TotalEnergies. La composición accionaria de la transportista refleja ese peso dentro del negocio: YPF es su accionista principal con el 37% del capital, seguida por ExxonMobil, Chevron, PAE, Pluspetrol, Tecpetrol y Pampa Energía.

El incidente ocurre en un momento de fuerte expansión de la compañía. Oldelval tiene en marcha el proyecto Duplicar Norte, un nuevo oleoducto de 207 kilómetros que unirá la estación de bombeo de Puesto Hernández, en Neuquén, con la de Allen, en Río Negro, con una inversión estimada de USD 380 millones. La obra fue adjudicada a Techint, la empresa del empresario Paolo Rocca, que ya había ejecutado el segundo módulo de Duplicar Plus —un tramo de 254 kilómetros— y lo entregó en diciembre de 2024 antes del plazo contractual.

Duplicar Norte avanzará bajo un esquema “ship or pay” con cuatro cargadores principales: Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén, en línea con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La puesta en marcha temprana está prevista para fines de 2026, con habilitación definitiva proyectada para el primer trimestre de 2027. Una vez operativo, el sistema permitirá transferencias de entre 20.000 y 45.000 metros cúbicos diarios entre las estaciones de bombeo de Oldelval y el sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Al integrarse con los sistemas Duplicar Plus y Vaca Muerta Sur, el nuevo ducto permitirá canalizar cerca del 80% del petróleo producido en la región hacia los puertos de Puerto Rosales y Punta Colorada, con el objetivo de sostener exportaciones de crudo por entre USD 6.000 y USD 8.000 millones anuales, según estimaciones de la propia compañía.

El proyecto, anunciado como una solución histórica para la educación superior en el noroccidente de Bogotá, enfrenta retrasos, falta de claridad en su fase definitiva y advertencias sobre el riesgo de quedarse en una etapa provisional indefinida, según alertó la bancada del Partido Político Mira.

El concejal Fabián Puentes, vocero de la bancada Mira, envió una carta al presidente electo Abelardo de la Espriella y a la ministra designada de Educación Nacional, Viviane Morales Hoyos, solicitando una reunión urgente y respuestas concretas sobre el futuro del Multicampus.

Puentes advierte que la obra definitiva no cuenta ni con contratista, ni con interventoría, ni con un cronograma de ejecución. A partir de información oficial, señala que la Agencia Nacional de Infraestructura Modular (Anim) confirmó que no existe proceso de selección en curso ni proyectado, y que el contrato vigente solo contempla la fase provisional.

El Multicampus fue concebido como un campus público permanente para 15.000 estudiantes, meta que ahora ha sido revaluada debido a la escasez de recursos, sin que se conozca la cifra actualizada de cupos. La carta de la bancada Mira recalca que el avance visible de la obra se limita al montaje de aulas modulares, que a la fecha presenta un bajo porcentaje de ejecución.

“Nuestra preocupación central es que lo provisional termine ocupando el lugar de lo permanente”, enfatizó Puentes, al insistir en que las aulas modulares son solo un paso intermedio y no pueden convertirse en la solución definitiva.

Falta de redes y riesgos críticos

El informe de seguimiento también advierte dos riesgos calificados como de impacto alto: la ausencia de redes de energía y acueducto. Si estos problemas no se resuelven, el campus no podría operar aunque los módulos estén listos. La Secretaría de Educación del Distrito descartó la alternativa de utilizar colegios distritales para suplir la demanda, ya que estas instituciones funcionan en doble jornada y no pueden recibir a los nuevos estudiantes universitarios.

La preocupación se extiende al cronograma y al alcance del proyecto. La bancada Mira solicitó que el Multicampus sea incluido como prioridad en la agenda del nuevo gobierno, y que se avance en la estructuración, financiación y contratación de la obra definitiva. El concejal Puentes anunció que el seguimiento continuará hasta que exista un cronograma público y transparente para la construcción final del campus.

Retraso y dudas ante el inicio de clases

La situación fue corroborada por el concejal Jesús Araque, del Nuevo Liberalismo, quien denunció que el Multicampus de Suba aún no registra avances en la construcción de su sede definitiva y que existen inconsistencias entre los cupos anunciados y los datos oficiales.

Mientras el Gobierno nacional informó de 920 cupos universitarios disponibles, documentos del Ministerio de Educación mencionan solo 300 cupos nuevos por semestre. Además, Araque señaló que ni los estudios y diseños han sido finalizados, ni se ha obtenido la licencia de construcción, ni se han contratado las obras, pese a que la inauguración se anunció para el 3 de agosto.

Araque advirtió que, si la infraestructura definitiva no avanza, existe el riesgo de que los estudiantes sean acogidos en instalaciones temporales, como sucedió con el Multicampus de Kennedy, lo que limitaría el acceso a laboratorios, bibliotecas y espacios adecuados para la formación académica.

“La localidad de Suba merece una sede universitaria con la infraestructura necesaria para garantizar educación de calidad”, afirmó, e hizo un llamado al presidente electo para que asegure la ejecución integral del proyecto.

Respuesta institucional y expectativa de la comunidad

La Universidad Pedagógica Nacional será una de las instituciones encargadas de operar el Multicampus, con programas en Licenciatura en Educación Física, Educación Comunitaria y profesionalización en Artes Gráficas y Visuales, fortaleciendo la formación docente y artística en la localidad.

El campus se ubicará en la calle 145 con carrera 115 y, en su primera etapa, contará con aulas, laboratorios, biblioteca, salas de sistemas y espacios de bienestar, con una inversión inicial que supera los $23.000 millones.

El proyecto Multicampus fue uno de los compromisos del Gobierno de Gustavo Petro, pero la falta de avances y coordinación con la Alcaldía de Bogotá han generado polémica. El distrito, que debía entregar los lotes para el campus, lo hizo apenas a finales de marzo, y la Secretaría de Educación de Bogotá reportó retrasos significativos en el montaje de la infraestructura modular, que debería estar lista en agosto pero no ha alcanzado el 88,53% de avance previsto.

La secretaria de Educación, Julia Rubiano, pidió al Gobierno nacional claridad sobre el estado actual de la obra y las medidas para atender a los jóvenes inscritos, ya que en junio se cerraron las inscripciones y no se sabe cómo se garantizará la atención a cientos de estudiantes. “Como distrito queremos pedir ese tipo de claridad y poder saber cuál es el plan para brindar atención a los jóvenes”, subrayó.

A pesar de la proximidad de la fecha de inicio de clases, el Multicampus Universitario de Suba enfrenta incertidumbre sobre su operación, cobertura, infraestructura definitiva y condiciones para recibir a los estudiantes.

La comunidad educativa y los concejales insisten en que no se puede permitir que la solución provisional se convierta en el destino final de un proyecto llamado a transformar la educación superior en el noroccidente de Bogotá.

La aprobación de la adhesión de un nuevo proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) pone en marcha un esquema que combina el desarrollo de infraestructura, la incorporación de equipamiento importado y un marco de incentivos para una futura operación de exportación minera. La resolución del Ministerio de Economía aprobó el plan de inversión como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo para la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata en la provincia de San Juan.

Más allá de la explotación de los yacimientos, el proyecto contempla la construcción de la infraestructura necesaria para sostener toda la cadena logística asociada a la operación. El plan prevé el desarrollo de obras e instalaciones destinadas tanto a la etapa productiva como a la futura salida de los minerales hacia los mercados internacionales, en el marco de los beneficios previstos por el RIGI.

Infraestructura para sostener la operación logística

Entre las obras incluidas en el plan aprobado figuran operaciones de minería a cielo abierto, una planta concentradora para el procesamiento de minerales, instalaciones de lixiviación, infraestructura eléctrica, sistemas de suministro de agua, caminos de acceso y alojamientos para los trabajadores. La resolución también contempla trabajos de exploración adicionales y el desarrollo de la infraestructura considerada necesaria para la ejecución integral del proyecto.

El expediente señala además que el proyecto incorpora activos en etapa de prospección, con trabajos exploratorios para identificar fuentes alternativas de agua y avanzar en la instalación de infraestructura mediante las correspondientes servidumbres mineras. Estas acciones forman parte del desarrollo previsto para hacer viable la futura operación de extracción y procesamiento de los minerales.

Importaciones para la etapa de desarrollo

La resolución también incorpora un componente vinculado al comercio exterior y al abastecimiento de la operación. El Ministerio de Economía aprobó el listado de mercaderías y servicios que el proyecto podrá importar al amparo de la franquicia prevista en el artículo 190 de la Ley 27.742, luego de la validación realizada en el marco de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA).

Según los considerandos de la resolución, el listado validado comprende exclusivamente bienes de capital y bienes de informática y telecomunicaciones (BK/BIT), destinados al desarrollo del proyecto. Asimismo, la norma instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para aplicar los incentivos tributarios y aduaneros previstos por el RIGI y comunica al Banco Central la aplicación de los incentivos cambiarios correspondientes.

Un proyecto orientado a la exportación

El proyecto fue aprobado como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, categoría prevista dentro del RIGI. De acuerdo con la documentación presentada, su objeto es la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata, además de la exploración de las restantes concesiones mineras que integran el emprendimiento.

En la presentación incorporada al expediente, la empresa también acompañó un informe para acreditar que el proyecto permitirá posicionar a la Argentina como un proveedor de largo plazo en los mercados globales de cobre y doré, fundamento utilizado para su encuadre dentro de la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo.

Una inversión prevista en dos etapas

La resolución detalla que el plan contempla una inversión total de 9.737 millones de dólares, de los cuales 9.024 millones corresponden a activos computables. El cronograma prevé una primera etapa entre julio de 2024 y diciembre de 2026 y una segunda entre enero de 2027 y diciembre de 2031. Además, establece que el proyecto deberá cumplir con el monto mínimo de inversión en activos computables antes del 31 de diciembre de 2028.

Con la resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía aprobó la adhesión del proyecto al RIGI, ordenó su inscripción en el Registro de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo y encomendó a la Secretaría de Minería la fiscalización y el control del cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley 27.742 y su normativa reglamentaria.

La nueva escuela también fue equipada con pupitres nuevos. La obra se suma a una iniciativa que, según el texto fuente, busca ampliar el acceso a infraestructura educativa para estudiantes de escasos recursos que antes estudiaban en condiciones precarias.

En noviembre de 2025, Fujiyama había alcanzado la meta de entregar la escuela número 100 en el país, tras 20 años de trabajo por medio de su fundación. Ese centro fue inaugurado en Juticalpa, Olancho, en la escuela Ramón Daniel Sarmiento.

La meta de 1,000 escuelas ya superó las 115 inauguradas

El proyecto de Fujiyama no se detuvo en ese punto. Después de la escuela 100, los avances continuaron en distintas zonas del país hasta superar las 115 escuelas inauguradas, impulsadas por maratones, retos extremos y alianzas locales.

El objetivo final es construir 1.000 escuelas en territorio hondureño. De acuerdo con la información en la página web oficial, el esfuerzo ha sido posible por donaciones ciudadanas, patrocinadores y voluntarios vinculados a su organización.

La fundación detrás de ese trabajo es la Fundación 1000 Escuelas, conocida en inglés como One Thousand Schools y antes llamada Students Helping Honduras. La organización sin fines de lucro fue cofundada por Shin Fujiyama y orienta su tarea a erradicar la pobreza extrema y la violencia en Honduras mediante infraestructura educativa y el empoderamiento juvenil.

Entre los datos que se detallan sobre esa entidad figuran la construcción de más de 60 escuelas y el beneficio para miles de estudiantes. El modelo de trabajo incluye la participación de padres de familia y consejos de aldea para sostener y cuidar los centros educativos.

Fujiyama se instaló en Honduras tras conocer las necesidades en El Progreso

Shin Fujiyama es un filántropo y creador de contenido de ascendencia japonesa y nacionalidad estadounidense. Ha dedicado su vida a transformar la educación en Honduras y, a través de Students Helping Honduras, ha liderado la construcción de más de 115 centros educativos en comunidades vulnerables.

Nació en Japón el 16 de septiembre de 1984. Durante su infancia vivió en Brasil y después se mudó con su familia a Estados Unidos, donde cursó sus estudios universitarios.

En 2007 se graduó de la Universidad de Mary Washington, en Fredericksburg, Virginia, con una licenciatura en Asuntos Internacionales. A partir de esa etapa comenzó a involucrarse en acciones de ayuda a comunidades necesitadas.

Tras viajar a Honduras y conocer de cerca las carencias en El Progreso, Yoro, decidió quedarse de forma permanente en el país. Junto con su hermana Cosmo Fujiyama, fundó Students Helping Honduras, organización con la que logró recaudar fondos e impulsar proyectos educativos.

Una entrevista de un medio nacional, también señala que, por su formación académica y su experiencia en distintos países, Fujiyama habla con fluidez japonés, inglés, portugués y español.

Mientras el tráfico aéreo en Colombia continúa creciendo, la infraestructura aeroportuaria enfrenta rezagos que, según la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), ya están generando riesgos para la operación y la seguridad. La organización presentó al Gobierno nacional un diagnóstico en el que advierte que las inversiones no han avanzado al mismo ritmo que la demanda de pasajeros.

El documento, titulado El país más que nunca vuela sobre la misma infraestructura, sostuvo que más de 57 millones de personas transitaron por los aeropuertos del país, lo que representó un crecimiento superior al 340%. Sin embargo, Asocapitales aseguró que la capacidad física y tecnológica de las terminales no ha tenido una evolución equivalente.

Uno de los principales focos de preocupación es la situación de los aeropuertos administrados directamente por la Aeronáutica Civil. De acuerdo con el informe, las terminales de Cali y Barranquilla presentan retrasos en obras y dificultades que afectan su funcionamiento. El director de Asocapitales, Andrés Santamaría, afirmó que el panorama en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali evidencia problemas acumulados desde hace varios años. “Más de 10 cronogramas de licitación incumplidos en Cali desde el año 2020, fisuras en la pista sin informe técnico oficial, desmoronamiento de las condiciones de infraestructura y deterioro continuo”, aseguró.

En Barranquilla, agregó, el panorama tampoco muestra avances significativos. Según explicó, tras la liquidación de la concesión, las obras apenas alcanzan un 6% de ejecución.

Santamaría señaló además que, más allá de los retrasos en infraestructura, persisten fallas en la prestación de servicios básicos para los usuarios. Durante una entrevista con Blu Radio, indicó que problemas relacionados con baños y sistemas de aire acondicionado se suman a situaciones que considera más delicadas para la operación aeroportuaria.

“Si algo no funciona, pues la entidad responsable por sus acciones u omisiones sigue siendo la entidad que tiene la responsabilidad del transporte aeronáutico”, manifestó el director de Asocapitales. El informe también dedicó un apartado al aeropuerto El Dorado de Bogotá, terminal que concentra más del 40% del tráfico aéreo nacional. Allí, la organización advirtió sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de seguridad operacional y acelerar la modernización tecnológica.

Como ejemplo, Santamaría recordó el episodio en el que un menor de edad logró intervenir las comunicaciones aéreas. “El tráfico aéreo de Bogotá estuvo por 3 minutos por parte de un adolescente sin tener los criterios ni las calificaciones para ello”, afirmó. A ese caso, añadió, se suman “alertas con temas de control y seguridad” y la falta de actualización de equipos considerados estratégicos, entre ellos radares y torres de control.

Para el directivo, estas situaciones requieren una respuesta inmediata debido a su impacto sobre la seguridad de las operaciones. “En la seguridad aérea no puede haber errores... están jugando con las vidas de las personas”, sostuvo. El diagnóstico de Asocapitales también planteó la necesidad de ampliar la capacidad del aeropuerto José María Córdova, en Rionegro. Según el informe, la pista de esa terminal lleva “40 años sin intervención estructural profunda”, pese a ser el segundo aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros del país.

Además de las recomendaciones sobre infraestructura, la organización propuso revisar algunos costos asociados al transporte aéreo para facilitar el acceso de los viajeros, especialmente en ciudades intermedias. En ese sentido, Santamaría planteó reducir la carga tributaria sobre los tiquetes. “El tema del IVA del 19%, yo creo que hay que empezar a replantearlo al 5%”, afirmó, al considerar que tanto los impuestos nacionales como el costo del combustible tienen un efecto importante sobre las tarifas que pagan los pasajeros.

El diagnóstico de Asocapitales también planteó la necesidad de ampliar la capacidad del aeropuerto José María Córdova, en Rionegro. Según el informe, la pista de esa terminal lleva “40 años sin intervención estructural profunda”, pese a ser el segundo aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros del país y uno de los más importantes para la conectividad nacional e internacional.

Además de las recomendaciones sobre infraestructura, la organización propuso revisar algunos costos asociados al transporte aéreo para facilitar el acceso de los viajeros, especialmente en ciudades intermedias. En ese sentido, Santamaría planteó reducir la carga tributaria sobre los tiquetes. “El tema del IVA del 19%, yo creo que hay que empezar a replantearlo al 5%”, afirmó, al considerar que tanto los impuestos nacionales como el costo del combustible tienen un efecto importante sobre las tarifas que pagan los pasajeros.

El Gobierno ejecutará en los próximos cinco años un conjunto de proyectos de infraestructura vial orientados a mejorar la conexión entre las zonas productoras y los principales mercados del país, informó el ministro de Desarrollo Agrícola y Riego, Marco Vinelli. La iniciativa contempla la construcción de carreteras principales y vías de penetración para fortalecer el traslado de productos agrícolas.

“Habrá un shock de infraestructura en los próximos años que nos permitirá desarrollar corredores logístico-económicos para la mejor circulación de los productos en favor de los pequeños productores”, manifestó el titular del sector.

Según explicó Vinelli, estas obras permitirán que los agricultores tengan mejores condiciones para comercializar sus cultivos, lo que podría favorecer la generación de mayores ingresos y mejores resultados económicos para las familias dedicadas a esta actividad.

Proyectos viales buscarán conectar zonas productivas con mercados

El ministro señaló que el desarrollo de nuevos corredores logísticos será clave para facilitar el transporte de productos desde las zonas de producción hacia los centros de comercialización. La apuesta busca reducir las dificultades que enfrentan los pequeños productores para trasladar sus cosechas.

Asimismo, destacó que la ejecución de carreteras y vías de acceso permitirá fortalecer la actividad agrícola al brindar mejores condiciones para la salida de productos hacia distintos puntos del país.

Gobierno definirá pedido de facultades en Consejo de Ministros

Por otro lado, Vinelli indicó que la versión final del pedido de delegación de facultades que presentará el Ejecutivo al Congreso será aprobada en una próxima sesión del Consejo de Ministros.

“En el primer Consejo de Ministros se presentó un borrador, una propuesta de lo que sería el pedido de facultades, que fue distribuida entre los ministros. El próximo domingo se aprobaría la versión definitiva”, dijo.

El ministro explicó que el documento incluirá medidas destinadas a que el Gobierno pueda actuar frente a distintos problemas nacionales, entre ellos la lucha contra la criminalidad.

Fuerzas Armadas apoyarán control externo de penales

En materia de seguridad ciudadana, Vinelli afirmó que la presidenta Keiko Fujimori ha planteado como objetivo restablecer el orden, lo que también incluye acciones dentro de los establecimientos penitenciarios.

“Ello también implica poner orden dentro de los penales”, señaló. Además, recordó que el Ejecutivo anunció desde el inicio de su gestión el uso de las Fuerzas Policiales y las Fuerzas Armadas para enfrentar la inseguridad.

“En ese sentido, ayer se aprobó, que las Fuerzas Armadas puedan controlar el perímetro de los penales directamente para poder hacer las revisiones de las cosas que ingresan y salen de los penales”, afirmó.

El titular del Midagri adelantó que el pedido de facultades incluirá una solicitud para que el Congreso autorice medidas contra la criminalidad.

“Uno de los pedidos es que nos autoricen a legislar para que nuestras Fuerzas Armadas, de manera temporal, puedan entrar a los penales y restablecer el orden”, aseveró.

Gobierno plantea reforzar acciones contra la delincuencia en las calles

Vinelli sostuvo que para recuperar el control de las calles será necesario el trabajo conjunto de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, especialmente en zonas con altos niveles de delincuencia.

“Poner orden implica que ahí estén la Policía, las Fuerzas Armadas y la fiscalía. Es importante que ellos puedan acompañar para, en caso de una detención, puedan iniciar el procesamiento rápidamente”, comentó.

Además, señaló que se fortalecerán las Unidades de Flagrancia, debido a que permiten acelerar los procesos judiciales cuando una persona es detenida cometiendo un delito.

“Posteriormente, algo que tomará más tiempo, es la construcción de cárceles. Tenemos un plan completo para poder atacar la alta criminalidad”, resaltó Vinelli.

“Las industrias de la región vinculadas al agro tienen un potencial elevadísimo”. Alejandro repasa, desde su experiencia como asesor de comercio exterior, los mitos que persisten entre las empresas a la hora de exportar o importar, cómo el estado de la logística regional condiciona ese proceso, y qué sectores ve con mayor potencial para insertarse en el mercado externo.

¿Qué cambios en materia de comercio exterior notaste en el último año, tanto a nivel país como en las empresas de tu zona?

Durante este último año noté varios cambios vinculados a la normativa, que hicieron aflorar en la mayoría de las empresas la idea de que había una apertura gradual de la economía, con nuevas oportunidades y nuevas cuestiones vinculadas al exterior.

Ese tipo de situaciones generan cambios en la actitud de la gente y de las empresas, nuevos rumbos. Se empezó a notar cada vez más un entusiasmo por cuestiones vinculadas al exterior, antes sin acceso y ahora con una accesibilidad un poco más necesaria.

En la zona de Junín ese movimiento no quedó ajeno. La mayoría de las empresas empezaron a identificar que les va a costar un poco más competir con los productos importados, y notaron una necesidad de insertarse en el mercado externo.

No solamente para exportar sus productos, sino también para importar insumos u otros productos que le den amplitud a la oferta de la producción local. Es un cambio bastante radical en empresas que buscan adaptarse a un nuevo contexto.

¿Cómo juega tu rol como asesor de comercio exterior en ese proceso de adaptación de las empresas?

Tengo más de 25 años de experiencia en el rubro de comercio exterior, y mi función es identificar a las empresas y bajar a tierra el concepto que ellos tienen inicialmente, como por ejemplo: me gustaría importar determinada cosa, pero no sé bien cómo.

Mi trabajo es ayudarlos a bajar esa idea a tierra, identificar la necesidad y los factores necesarios para poder ejecutarla: analizar los productos que tiene la empresa, su capacidad productiva, sus costos marginales y algunos índices iniciales.

¿Qué peso tiene la logística en una ciudad como Junín, ubicada en un punto medio respecto a los polos logísticos del país?

Junín tiene una situación geográfica particular: está a 260 kilómetros de la capital, en la intersección de dos rutas nacionales, la siete y la 188. Eso le da accesibilidad para moverse hacia el oeste o hacia Buenos Aires.

La accesibilidad es relativamente buena, aunque la incidencia del transporte genera impacto en los costos. Se han abierto algunos parques logísticos nuevos y hay un poco más de oferta de transporte, pero el armado de la logística es parte central de la instrucción para cualquier proyecto de exportación o de importación de insumos.

¿Qué herramientas podría desarrollar la logística para impulsar la industria en zonas como esa?

La infraestructura es muy deficiente, no hay autopista, las rutas están totalmente destruidas. Existe una estrategia de haber frenado la obra pública para después generar algo nuevo, pero la realidad es que los movimientos no paran, y el deterioro afecta bastante los tiempos de traslado.

Existe un tren, el San Martín, que llega hasta Junín y debería llegar hasta Venado Tuerto. Tiene potencial para cargar contenedores y debería tener la posibilidad de sumar piernas de camión en cada estación. Habría que trabajar mucho en logística para integrar a la región.

¿Qué mitos persisten entre las empresas a la hora de exportar o importar?

Es realmente un mito lo que las empresas creen en relación al comercio exterior. Las que tienen algunos profesionales con la cabeza más enfocada en la internacionalización lo pueden ver como un paso en el camino de crecimiento de la empresa.

Otras, más familiares o de generación en generación, con un producto estrella sobre el cual pretenden sobrevivir en un contexto tan cambiante, lo identifican como un problema. Ahí es necesario devolver la tranquilidad y hacerlos sentir que ese paso es un paso hacia adelante.

¿Cómo imagina que seguirá este proceso de cambio el año que viene, y qué industrias ves con mayor potencial exportador?

Creo que se van a ir profundizando los cambios. Todas las industrias se van a tener que ir adaptando, manejando variables que hasta acá no tenían, para poder competir con productos importados y mejorar los costos y la calidad de lo que se fabrica.

Es un proceso que ya arrancó y que va a seguir hacia adelante. Esperamos que el cambio genere productos más económicos, de mejor calidad, con mayor penetración de mercado, y que sea el consumidor quien defina lo que el producto realmente vale.

Las industrias de la región vinculadas al agro tienen un potencial elevadísimo. La producción agroindustrial argentina está extremadamente bien vista en todo el mundo, y la de agroquímicos locales es de una calidad muy valuada internacionalmente.

Esa producción se genera localmente, aunque algunos reactivos o insumos adicionales deberían integrarse desde el exterior, generando una sinergia entre lo que viene de afuera y lo que se puede producir acá, según la necesidad de cada productor.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) concluyó la construcción de un nuevo puente vehicular sobre el río Rey, una obra que busca mejorar la conectividad de comunidades rurales e indígenas ubicadas entre los cantones de Puriscal y Parrita y que representa un paso importante para la recuperación de la infraestructura afectada por fenómenos naturales en el país.

La estructura se ubica en la comunidad de Bajo El Rey, distrito de Chires, exactamente en el límite entre ambos cantones, y funcionará como una vía alterna a las rutas nacionales 318 y 239, que también comunican esta región del país. De acuerdo con la CNE, el proyecto permitirá fortalecer la movilidad de personas, mercancías y servicios esenciales para cientos de habitantes que durante varios años enfrentaron dificultades para desplazarse debido al deterioro del antiguo puente.

Según la institución, el beneficio directo alcanzará a más de 450 personas que viven en comunidades como la Reserva Indígena de Zapatón, Alto Pérez, Bajo El Rey y Mastatal. La nueva infraestructura garantizará un tránsito más seguro tanto para peatones como para vehículos, facilitando el acceso a centros educativos, servicios de salud, comercios y otras actividades cotidianas que resultaban complicadas durante la época lluviosa.

El puente sustituye a una estructura que sufrió severos daños tras el paso del huracán ETA en 2020. Las intensas lluvias asociadas a ese fenómeno meteorológico afectaron la movilidad de los habitantes y limitaron el transporte de la producción agrícola, una de las principales actividades económicas de la zona.

En esta región predominan cultivos como la palma africana, el plátano y la papaya, productos que constituyen la principal fuente de ingresos para numerosas familias. La nueva infraestructura permitirá que los agricultores puedan trasladar sus cosechas con mayor seguridad y continuidad, reduciendo las dificultades que generaba el deterioro del antiguo paso sobre el río Rey.

Además del impacto en la producción agrícola, la CNE destacó que el puente contribuirá al desarrollo del turismo local. A unos 500 metros de la nueva estructura se encuentran varias cataratas que constituyen uno de los principales atractivos naturales de la zona, por lo que la mejora en la conectividad facilitará la llegada de visitantes y fortalecerá los emprendimientos turísticos impulsados por las comunidades.

Uno de esos proyectos es el que desarrolla la Asociación de Mujeres Emprendedoras Indígenas de Zapatón. Damaris García, integrante de la organización, aseguró que la nueva infraestructura representa una oportunidad para atraer más turistas y dinamizar la economía local.

“Uno se motiva al ver un puente tan lindo como este que hicieron, porque antes era un riesgo constante cruzar el río por el puente viejo”, expresó García, al destacar la importancia que tendrá la obra para las familias de la comunidad.

La inversión destinada al proyecto fue de aproximadamente ₡811 millones (USD 1.78 millones) recursos provenientes del Fondo Nacional de Emergencias, mecanismo financiero que permite atender y reconstruir infraestructura dañada por eventos naturales que afectan a distintas comunidades del país.

Con esta intervención, la CNE suma una nueva obra enfocada en fortalecer la resiliencia de comunidades vulnerables frente a los efectos de fenómenos hidrometeorológicos, al tiempo que mejora las condiciones de desarrollo para poblaciones rurales e indígenas.

La construcción del puente no solo representa una solución para la movilidad diaria de cientos de vecinos, sino que también busca convertirse en un motor para el crecimiento económico de la región. El acceso seguro permitirá reducir tiempos de traslado, facilitar el transporte de mercancías y generar mejores condiciones para actividades productivas y turísticas que dependen de una infraestructura vial confiable.

Para los habitantes de la Reserva Indígena de Zapatón y de las comunidades vecinas, la nueva estructura marca el fin de varios años de incertidumbre tras los daños ocasionados por el huracán ETA. La obra restablece una conexión estratégica entre Puriscal y Parrita y abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social de una de las zonas rurales del país que más dependía de esta vía de comunicación.

Sebastián explica cómo la matriz energética y la infraestructura de rutas definen hoy la eficiencia del transporte de cargas en Argentina, en un mercado que empieza a abrirse a más competencia internacional. Sobre la renovación del parque de camiones, es tajante: “un camión mal usado se rompe, uno bien usado no”.

¿Qué está cambiando hoy en la industria de fabricación de vehículos pesados y qué innovaciones se vienen a futuro?

Lo que viene son nuevas tecnologías puestas a disposición del mercado, porque la sostenibilidad hoy la tiene que buscar cualquier compañía. Pero antes hay que mirar la matriz energética de cada país: en Argentina, con la producción de Vaca Muerta, el camino más claro es el gas, y ahí la tecnología es clave para lograr esa sostenibilidad.

Europa, en cambio, está migrando a eléctricos por normativa, pero el año pasado esa tecnología fue apenas el 1% de sus ventas: si el cliente no ve un costo operativo comparable al diésel, no compra. En Argentina la apuesta es al gas, con desarrollos de GNL, eléctricos e híbridos disponibles pero condicionados a que sean aplicables en cada mercado.

¿Hay alguna particularidad del mercado argentino que no se vea en otros países?

A nivel logístico hay mucho para hacer en infraestructura. Argentina tiene todo por construir, sobre todo si se compara con mercados donde la logística ya es integral: no es solo transporte de una mercadería, sino el depósito donde la fábrica la despacha, el primer tramo del recorrido y la última milla, combinando camión, tren y avión.

Si se logra esa logística integral, con mejores nexos y conectividad, eso genera crecimiento, porque significa más mercadería moviéndose. Argentina va a crecer este año un 3% del producto bruto, lo que implica más volumen de agro, de petróleo o de minería para transportar. Si la infraestructura y la logística no están en armonía, el sistema colapsa y el crecimiento se frena.

¿Qué tan integrada está la cadena logística en la práctica, considerando que hay producción que sale de Argentina y vuelve a entrar?

Todas las empresas buscan hoy eficiencia, porque ya no hay devaluación ni inflación que puedan cubrir una logística o una producción ineficiente. Una planta como la que tenemos en Tucumán, instalada en su momento por un régimen de promoción industrial, tuvo un cambio clave cuando la industria migró a un esquema de plantas integradas globalmente.

Eso significa que una fábrica que depende de insumos de otro continente necesita una logística muy bien armada, porque si tiene que esperar un barco no llega a cumplir los tiempos. Por eso la decisión de la compañía fue tener plantas en Latinoamérica, en Europa y en Asia, para cubrir la demanda global sin depender de una sola cadena de abastecimiento.

¿Qué tanta demanda de camiones hay hoy en el mercado argentino?

El mercado de camiones de más de 16 toneladas de capacidad mueve unas 15.000 unidades por año. Cuando hubo restricciones de importación o de pago de divisas, ese número bajó a 8.000 durante mucho tiempo, y eso hizo que las flotas quedaran obsoletas. El año pasado fue récord: se vendieron 18.000 camiones en total.

Además, Argentina está migrando hacia sectores de mucho volumen, como Vaca Muerta o la minería, con un potencial enorme todavía sin desarrollar: Chile exporta 40.000 millones de dólares al año en minería y Argentina apenas 3.000, con la misma cordillera de por medio. Ahí hay toda una logística por construir, desde el campamento y la ruta de acceso hasta el transporte del mineral.

¿Qué nuevas exigencias aparecieron en el mercado, pensando en digitalización y en el seguimiento en tiempo real de las unidades?

La conectividad permite tener información permanente sobre cómo se está usando un vehículo: cómo lo maneja el conductor, y qué alertas técnicas está dando antes de que se rompa. Hay sistemas que miden y califican la forma de manejo, con un puntaje que en Europa promedia entre 70% y 75%; llevarlo a un 90% puede representar un litro y medio de ahorro de combustible cada 100 kilómetros.

En Argentina ese puntaje está más cerca del 60%, así que hay mucho margen de mejora con entrenamiento y seguimiento de las flotas. Un camión mal usado se rompe, uno bien usado no. Por eso el cambio es cultural: hay que revertir un parque rodante que está muy obsoleto, sobre todo en unidades que ya superaron el millón de kilómetros.

Va a llegar más competencia con la apertura del mercado, y esa es la realidad. Por eso el foco siempre tiene que estar puesto en el servicio: lo que hace eficiente a un transporte no es el valor de compra de un camión, sino el costo operativo en el tiempo, el mantenimiento y el valor de reventa.

Playa El Faro, ubicada en San Pedro de Macorís, recibe una de las mayores inversiones públicas en su historia reciente, en un momento en que el Ministerio de Turismo de República Dominicana intensifica sus trabajos de inspección y modernización para potenciar el atractivo económico y turístico del litoral este del país.

Los avances en infraestructura reflejan el compromiso del gobierno dominicano con la renovación de destinos clave, impulsando oportunidades para el desarrollo de negocios locales de la mano del fortalecimiento del sector turístico en la región.

Las labores supervisadas por el ministro de Turismo, David Collado, se centran en la modernización integral de la playa El Faro. El proyecto abarca la adecuación de 570 metros lineales y una superficie total de 12,398 metros cuadrados, con una inversión de 67 millones de pesos dominicanos ($1.1 millones).

La obra incorpora estacionamientos, áreas recreativas, módulos sanitarios, infraestructuras para pescadores, mobiliario urbano y sistemas de iluminación, además de una caseta para la Policía Turística.

Se ejecutan mejoras viales, paisajismo, cancha de voleibol, juegos infantiles y sistemas de drenaje pluvial para mitigar el riesgo de inundaciones.

El puerto y la zona de playa El Faro constituyen un punto estratégico para la economía de San Pedro de Macorís. Esta área no solo atrae a visitantes locales y extranjeros, sino que también beneficia a pescadores, comerciantes y una amplia gama de servicios vinculados al turismo.

El entorno renovado fortalece la imagen del destino, promueve la inversión privada y estimula la apertura de nuevos negocios en gastronomía, recreación y hospedaje.

Las mejoras en infraestructura favorecen el flujo de visitantes y el desarrollo de actividades económicas en la ciudad y sus alrededores, consolidando a la provincia como un punto de referencia para el turismo nacional e internacional.

La importancia de esta intervención radica en su impacto directo sobre la calidad de los servicios ofrecidos y la experiencia del visitante. La modernización de la playa El Faro responde a una demanda histórica de la comunidad, que buscaba la recuperación y adecuación del espacio público costero.

Renovación del Malecón impulsa desarrollo urbano y turístico en Santo Domingo Este

La transformación del Malecón de Santo Domingo Este representa otro ejemplo de inversión estratégica en espacios públicos costeros. La segunda etapa de este proyecto concluyó con una inversión total de 685 millones de pesos dominicanos, abarcando 4.1 kilómetros de franja marítima y más de 237 mil metros cuadrados de parque natural junto al mar Caribe.

Esta intervención, inaugurada por el presidente Luis Abinader y el ministro David Collado, busca consolidar el malecón como un espacio público multifuncional y motor de desarrollo urbano.

El Malecón impulsa la economía del municipio al atraer a residentes y turistas, favoreciendo la apertura de negocios y la generación de empleo. Además, integra la recuperación de frentes marinos en un programa nacional orientado a revitalizar el litoral para uso público, fortaleciendo el tejido social y económico de la zona.

El programa de recuperación de espacios turísticos también contempla la intervención y modernización del malecón de San Pedro de Macorís, donde el gobierno ha invertido 267 millones de pesos dominicanos en la rehabilitación y recuperación de áreas públicas.

Esta iniciativa complementa las obras en la playa El Faro y refuerza la estrategia de convertir la zona en un enclave turístico competitivo.

El reforzamiento de la infraestructura y los servicios en El Faro y en el malecón responde a la visión de posicionar a la República Dominicana como un destino atractivo para la inversión y el turismo.

La intervención en estos espacios fomenta la actividad económica local, favorece la diversificación de la oferta turística y mejora la calidad de vida de los residentes, consolidando el litoral este como un polo de desarrollo sustentable y generador de oportunidades de negocio.

Dos de los principales corredores logísticos de Norteamérica registraron novedades casi en simultáneo. Mientras Estados Unidos y Canadá pusieron en funcionamiento un nuevo puente internacional sobre el río Detroit para fortalecer uno de los cruces fronterizos más transitados del continente, México confirmó que retomará durante agosto las exportaciones de ganado hacia el mercado estadounidense tras más de un año de restricciones sanitarias.

La coincidencia se produce en un escenario de tensiones comerciales entre Washington y Ottawa por la reciente imposición de nuevos aranceles estadounidenses a productos canadienses, y en paralelo a la coordinación sanitaria entre Estados Unidos y México para contener la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo, condición necesaria para reabrir el intercambio ganadero.

Aunque responden a contextos diferentes, ambos hechos impactan sobre flujos clave del comercio exterior regional.

Un nuevo puente para uno de los pasos fronterizos más transitados

El nuevo puente internacional Gordie Howe, de 2,4 kilómetros de longitud, comenzó a operar este lunes uniendo Detroit, en el estado de Michigan, con Windsor, en la provincia canadiense de Ontario. La infraestructura atraviesa el río Detroit y constituye un nuevo enlace carretero entre ambos países.

Su entrada en funcionamiento busca aliviar la presión sobre el cercano puente Ambassador, considerado uno de los cruces fronterizos con mayor movimiento de mercancías de Norteamérica y por el que circulan diariamente miles de camiones que abastecen cadenas de suministro industriales y comerciales entre ambos países.

La inauguración, sin embargo, estuvo marcada por el contexto político. Canadá suspendió la ceremonia conjunta prevista inicialmente luego del anuncio de nuevos aranceles estadounidenses sobre la mayoría de los productos canadienses. A ello se sumaron declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos obtendrá el 50% de las ganancias derivadas de la nueva infraestructura.

Más allá de ese escenario, la puesta en marcha del puente incorpora una nueva alternativa para el transporte por carretera entre dos de las economías con mayor intercambio comercial del continente.

México prepara la reapertura de un flujo comercial clave

En el extremo sur del corredor norteamericano, México confirmó que durante agosto comenzará el proceso para reanudar las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos, luego de que las autoridades estadounidenses levantaran la prohibición que regía desde hace más de un año para evitar la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó la decisión a la coordinación técnica mantenida entre ambos gobiernos, que incluyó medidas sanitarias como la instalación de trampas para controlar la plaga y la puesta en marcha de una planta en Chiapas destinada a producir moscas estériles para limitar la expansión del insecto.

Según lo informado por el Gobierno mexicano, la reapertura comenzará por el estado de Sonora y luego continuará por Chihuahua, ambos ubicados sobre la frontera con Estados Unidos. Del lado estadounidense, el Departamento de Agricultura prevé reanudar inicialmente las importaciones a través del puerto de entrada de Douglas, Arizona, para posteriormente habilitar otros dos pasos fronterizos en Nuevo México.

Dos movimientos sobre corredores estratégicos

Aunque uno responde a una obra de infraestructura y el otro a una decisión vinculada con la sanidad animal, ambos anuncios tienen como denominador común su incidencia sobre corredores terrestres estratégicos para Norteamérica.

Por un lado, la apertura del puente Gordie Howe incorpora capacidad a uno de los principales enlaces viales entre Estados Unidos y Canadá. Por el otro, la reanudación gradual de las exportaciones ganaderas permitirá restablecer un flujo comercial entre México y Estados Unidos que permanecía interrumpido por motivos sanitarios.

En conjunto, ambos acontecimientos reflejan movimientos sobre dos de los principales ejes fronterizos de la región, donde la infraestructura, los controles sanitarios y la coordinación entre países forman parte del funcionamiento cotidiano de las cadenas de suministro y del comercio exterior norteamericano.

El primer mensaje a la Nación de Keiko Fujimori rompe de manera sustantiva con la tradición maratónica y fatigosa de cada 28 de julio. Un documento de 14 páginas, donde la mandataria propone una hoja de ruta caracterizada por la síntesis política. El punto de partida no fue el habitual inventario ministerial, sino una cifra reveladora que busca marcar la línea de su gestión: le quedan exactamente 1,826 días de gobierno. Con este denominado “cronómetro en marcha” el Ejecutivo intenta reemplazar la retórica por un compromiso de trabajo sujeto a metas cuantitativas concretas, disciplina operativa y rendición de cuentas.

El mensaje anunció siete objetivos nacionales diseñados para restaurar el orden e impactar en la economía familiar. En seguridad ciudadana, busca dar un golpe de autoridad al disponer que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno en zonas de emergencia. Esta medida se plantea como un despliegue táctico contra las mafias de extorsión y el crimen organizado que asfixian al pequeño comerciante, apoyado por inteligencia artificial para el mapeo del delito y Unidades de Flagrancia. Ante la amenaza del Fenómeno El Niño, el plan busca pasar de la respuesta tardía a la prevención inmediata, priorizando la descolmatación masiva de ríos, el despliegue de maquinaria pesada y la asistencia técnica y financiera directa a los agricultores. Vamos contra el reloj.

En el ámbito social, el discurso estructuró sus compromisos en tres políticas de estado centradas en el ciclo de vida. Destacan el incremento de la Remuneración Mínima Vital a 1.300 soles con un bono compensatorio para las MYPEs, la duplicación de Pensión 65 a 700 soles bimestrales, el relanzamiento del PRONAA y la meta de reducir a la mitad la anemia infantil. Asimismo, incluye la masificación de la Identidad Digital para simplificar la burocracia.

Un aspecto fundamental del mensaje fue la articulación estratégica con los gobiernos regionales y locales. Para superar la histórica desconexión entre el Ejecutivo central y las regiones, la propuesta plantea un trabajo conjunto entre ministerios, gobernadores y alcaldes. Una propuesta indispensable no solo para destrabar obras paralizadas en provincias por deficiencias técnicas o trabas administrativas, sino también para garantizar que las acciones de prevención frente al clima, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la atención social lleguen de manera oportuna a cada municipio del país.

En conectividad, la presidenta planteó cerrar la brecha del 72% de carreteras departamentales no pavimentadas, impulsando la Nueva Carretera Central, la Longitudinal de la Sierra, metros regionales y trenes de cercanías. Sin embargo, la gran interrogante es si cinco años serán suficientes. La respuesta se mueve a dos velocidades. Por un lado, subir el sueldo mínimo, entregar bonos, implementar la identidad digital y emitir decretos contra la delincuencia son decisiones que dependen del impulso directo del Ejecutivo, cuidando la caja fiscal.

Por otro lado, el gran cuello de botella estará en la infraestructura pesada. Elaborar expedientes técnicos, liberar interferencias, expropiar terrenos y licitar megaobras viales o ferroviarias toma habitualmente entre ocho y doce años. Es probable que 1,826 días queden cortos. Muchos proyectos apenas llegarán a firmarse o iniciar obras, siendo imposible verlos concluidos antes del 2031.

A la jefa de Estado, efectivamente, le corresponde fijar la visión estratégica y el tono político. No obstante, la viabilidad presupuestal-financiera y la letra chica operativa le corresponderán al primer ministro cuando acuda al Congreso a exponer la Política General del Gobierno y solicitar el Voto de Confianza. Estemos atentos.

El próximo 24 de agosto, la República Dominicana dará comienzo al ciclo escolar 2026-2027 con una amplia movilización de recursos para mejorar la infraestructura educativa y la provisión de útiles escolares. El Ministerio de Educación (Minerd) junto a diversas entidades del sector han puesto en marcha acciones para asegurar que estudiantes y docentes cuenten con los materiales necesarios desde el primer día de clases.

Provisión de materiales y mejoras en infraestructura

El Ministerio de Educación de República Dominicana, en coordinación con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y la Dirección de Infraestructura Escolar, ha desplegado un plan para distribuir 3,071,765 libros de texto en los diferentes niveles educativos. Según el cronograma oficial, 127,746 libros corresponden al nivel Inicial, 2,273,714 a Primaria y 670,305 a Secundaria.

Además, se han entregado 4,532,609 cuadernos de trabajo para Primaria y Secundaria, utilizando centros logísticos ubicados en Haina, Pedro Brand y Santiago como puntos de distribución, según datos oficiales.

El Inabie reporta la entrega de 678,925 kits de utilería escolar, cifra que representa el 38 % del total previsto para el año académico. Estos insumos han llegado a 33 distritos educativos, abarcando 1,574 centros distribuidos en distintas provincias. La meta gubernamental apunta a garantizar útiles y uniformes sin costo a 1,806,872 estudiantes de 6,577 escuelas, lo que se traducirá en un ahorro familiar estimado de entre 3,864 y 5,433 pesos por alumno.

En materia de infraestructura, la Dirección de Infraestructura Escolar planea habilitar 1,500 nuevas aulas en agosto y agregar otras 2,500 antes de finalizar el año. Esta expansión busca atender el crecimiento de la matrícula disponible, de modo que la cobertura educativa esté asegurada para el inicio de las clases.

Retos persistentes del sector educativo

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha manifestado su preocupación por carencias estructurales que persisten a pocos días del regreso a clases.

El dirigente magisterial Sixto Gabín advirtió sobre un déficit de 28 mil aulas, cifra que podría dejar sin cupo a más de 200 mil estudiantes en todo el país, según declaraciones brindadas al Diario Libre. Además, más de 600 centros educativos presentan problemas de infraestructura y no han sido intervenidos durante el receso escolar.

La ADP cuestiona que el Ministerio de Educación no haya aprovechado las vacaciones para atender los retos pendientes del ciclo anterior. El déficit de personal docente se mantiene, con más de 3,000 maestros faltantes, junto con la escasez de conserjes, guardianes y personal de apoyo, especialmente en las escuelas que implementan la Jornada Escolar Extendida.

Sobre la distribución de materiales, el representante del gremio señaló que los libros de texto para el nuevo ciclo aún no han llegado a muchos centros. Además, cerca del 70 % de las escuelas carece de laboratorios de ciencias, lo que limita la experiencia educativa.

La ADP advierte que la Jornada Escolar Extendida enfrentará el inicio del ciclo con déficit de monitores de artes, educación física y personal de apoyo, lo que afecta la formación integral de los estudiantes. El gremio solicita al Minerd mayor transparencia sobre la situación y la adopción de medidas inmediatas antes del inicio de clases, especialmente en cuanto a la evaluación docente.

El distrito municipal de Hacienda Estrella, en la provincia Santo Domingo, cuenta desde este fin de semana con un renovado y ampliado hospital municipal que promete transformar el acceso a la salud para más de 60,000 residentes. La inauguración de la moderna infraestructura fortalece la red pública sanitaria dominicana y responde a una demanda histórica de la comunidad.

El acto oficial estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader, quien exhortó a la población local a preservar las nuevas instalaciones. “Este hospital representa un patrimonio de toda la comunidad y una herramienta fundamental para garantizar servicios de salud de calidad a las presentes y futuras generaciones”, expresó el mandatario frente a autoridades civiles y representantes del sector salud. Además, propuso la creación de una comisión de veeduría conformada por distintos sectores sociales, con el objetivo de acompañar el funcionamiento del hospital.

El Hospital Municipal Hacienda Estrella presenta una imagen completamente nueva tras la intervención realizada por el Servicio Nacional de Salud (SNS). La obra incluyó la rehabilitación integral de áreas clave como farmacia, vacunación, consultorios especializados, quirófano, sala de partos, recuperación, internamiento con diez camas, laboratorio, rayos X, sonografía y espacios administrativos. Esta transformación requirió una inversión superior a los RD 103.7 millones que permitieron la construcción de una nueva área de Emergencia y el equipamiento completo del centro.

La nueva Emergencia incorpora espacios como sala de espera y registro, triaje, área de curas, nebulización, observación, box de reanimación, consultorios de medicina general, pediatría y ginecología. Estos ambientes están diseñados para proporcionar una atención más eficiente, así como para fortalecer la capacidad resolutiva del centro. La mejora busca reducir la necesidad de referimientos a otros hospitales, descongestionar la red sanitaria y elevar la calidad de vida en Hacienda Estrella.

El impacto de la obra fue resaltado por el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, doctor Julio César Landrón, quien subrayó la política del Gobierno de modernizar la infraestructura hospitalaria en todo el país. “Cada obra que entregamos representa el compromiso de acercar servicios de salud de calidad a la gente. En Hacienda Estrella, hoy entregamos un hospital más moderno, con una Emergencia completamente equipada y espacios adecuados para ofrecer una atención más humana, oportuna y segura”, afirmó Landrón durante su intervención en la ceremonia.

El SNS informó que la ampliación y remozamiento del hospital permitirá atender a más de 60,000 personas, ampliando la capacidad de respuesta y garantizando servicios dignos.

Durante su discurso, el presidente Abinader anunció que el Gobierno planea iniciar, antes de finalizar 2026, otras obras de infraestructura en la zona. Entre ellas se encuentran la construcción de un acueducto, dos techados deportivos uno en Hacienda Estrella y otro en Guanuma y el asfaltado de las principales calles del distrito municipal.

La ceremonia incluyó la bendición de la obra, a cargo del padre José Manuel de Jesús, quien manifestó la satisfacción de la comunidad y calificó la apertura del hospital como “una oración respondida” para los habitantes de Hacienda Estrella. Tras el corte de cinta, Abinader recorrió las instalaciones y recibió detalles sobre el funcionamiento de las nuevas áreas y la oferta de servicios disponibles para la población.

Según datos del SNS, durante la actual gestión gubernamental se han entregado 116 centros de salud remozados en todo el país, como parte de una estrategia para ofrecer atención con mayor calidad, seguridad y eficiencia. El hospital de Hacienda Estrella se suma a esta red reforzada, consolidando la apuesta estatal por una salud pública más cercana y moderna.

Los proyectos de infraestructura ocupan un lugar central en el debate económico desde hace años. Rutas, gasoductos, la red eléctrica y la hidrovía forman parte de un conjunto de temas que, según distintos análisis, condicionan la capacidad de producción y de comercio exterior del país. En ese marco, avanza en distintas etapas de ejecución un conjunto de obras energéticas, viales, ferroviarias y fluviales que, en un horizonte de cinco años, podría modificar la forma en que Argentina produce, transporta y exporta.

La mayoría de estas iniciativas comparte un mismo rasgo: son financiadas con capital privado, en varios casos bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el esquema que el Gobierno nacional impulsó para atraer desembolsos de gran escala en sectores estratégicos.

En otros casos, son obras internacionales desarrolladas en gran medida por los países vecinos, pero que tendrán impacto directo en la economía argentina. Los montos comprometidos, tomados de manera individual, van desde USD 800 millones hasta USD 50.000 millones, según el proyecto.

Obras energéticas, viales, ferroviarias y fluviales podrían, en un horizonte de cinco años, modificar la forma en que Argentina produce, transporta y exporta

Más allá de la magnitud de cada inversión, lo que las vuelve relevantes es el tipo de restricción que buscan resolver: la escasez de divisas y los costos logísticos que, durante años, condicionaron la competitividad de la economía.

Energía y divisas: el eje central

El bloque energético concentra la mayor parte de la inversión proyectada y también los plazos más cortos de ejecución. La ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Moreno, a cargo de Transportadora de Gas del Sur (TGS), fue incorporada al RIGI a través de la Resolución 676/2026 y demandará una inversión de USD 550 millones. La obra prevé instalar 95.400 HP ISO de potencia de compresión entre Tratayén, en Neuquén, y Salliqueló, en Buenos Aires, con el objetivo de sumar 12 millones de metros cúbicos diarios de gas al anillo bonaerense antes del invierno de 2027.

Según el Ministerio de Economía, ese volumen adicional permitirá abastecer a usuarios residenciales, industrias y plantas de generación eléctrica a un costo menor que el del gas natural licuado importado. De hecho, la cartera económica destacó que se trata del regreso del capital privado al financiamiento y la venta de capacidad de transporte de gas entre privados, algo que no ocurría hacía más de veinte años.

El Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) ya superó la mitad de su ejecución. Se trata de una traza de 437 kilómetros que conectará Añelo, en Neuquén, con la terminal portuaria de Punta Colorada, en Río Negro, con capacidad para transportar 550.000 barriles diarios hacia 2027. La obra, impulsada por un consorcio liderado por YPF e integrado por Vista, Pan American Energy, Chevron, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol y Pampa Energía, demandará una inversión total de USD 3.000 millones. Para financiarla se utilizó un préstamo sindicado de USD 2.000 millones que fue distinguido como el mayor crédito comercial para infraestructura en la historia argentina y uno de los cinco financiamientos más grandes del sector de petróleo y gas en América Latina.

El proyecto energético de mayor escala, sin embargo, es Argentina LNG, el desarrollo de YPF para producir y exportar gas natural licuado. Según explicó el presidente de la petrolera, Horacio Marín, la inversión total ascenderá a USD 50.000 millones, de los cuales USD 30.000 millones se ejecutarán en los primeros cuatro años. La iniciativa contempla llevar gas de Vaca Muerta hasta un puerto sobre el Atlántico, en Río Negro, para licuarlo en dos unidades flotantes con capacidad de 6 millones de toneladas anuales cada una.

La inversión total ascenderá a USD 50.000 millones, de los cuales USD 30.000 millones se ejecutarán en los primeros cuatro años (Marín)

La meta inicial es alcanzar 12 millones de toneladas de GNL por año hacia 2030, con exportaciones que podrían llegar a los USD 14.000 millones anuales. El proyecto contempla además una expansión a 18 millones de toneladas anuales, lo que elevaría las ventas externas hasta USD 20.000 millones al año.

YPF avanzó también en acuerdos con las petroleras Eni y XRG, que se sumarán al segmento de producción del proyecto con una participación del 32% cada una, mientras la compañía argentina conservará el 36 por ciento.

A esa oferta de GNL se suma el Gasoducto San Matías, la obra de USD 1.300 millones que unirá Neuquén con el Golfo San Matías, en Río Negro, incorporada al RIGI en junio. El ducto abastecerá al proyecto Southern Energy (SESA), integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, que contempla dos unidades flotantes de licuefacción, Hilli Episeyo y Esperanza, con capacidad conjunta de 6 millones de toneladas anuales.

Según el Ministerio de Economía, el gasoducto habilitará ventas externas por unos USD 2.500 millones anuales, mientras que el consorcio proyectó exportaciones totales de hasta USD 20.000 millones entre 2027 y 2035.

Corredores para conectar con el mundo

Otro grupo de obras apunta a reducir distancias con los mercados internacionales. Una de ellas es el Corredor Bioceánico Capricornio, una traza de 2.400 kilómetros que atraviesa Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, con un costo estimado de USD 10.000 millones, pensada para competir con el Canal de Panamá como alternativa de conexión entre el Atlántico y el Pacífico. El tramo argentino, que une Salta con Jujuy, es el que registra mayor atraso en su ejecución respecto del resto del trazado regional.

Con un objetivo similar, aunque orientado al transporte ferroviario, avanza el proyecto del Tren Trasandino, con una inversión prevista de USD 9.600 millones a cargo de un consorcio integrado por la chilena Beler S.A. y la singapurense International Nusantara Investment. La obra contempla un túnel ferroviario de 54 kilómetros entre Uspallata y la ciudad chilena de Los Andes, una doble vía electrificada de 420 kilómetros, un centro modal de cargas en Longotoma y un puerto submarino de aguas profundas en la comuna de La Ligua, pensado especialmente para exportar granos de Argentina, Brasil y otros países de la región hacia Asia.

El cambio de modelo permitirá además la extinción de los contratos vigentes y el cierre de la empresa estatal Corredores Viales S.A. (Caputo)

El tercer eje de conectividad externa pasa por la vía fluvial. El Gobierno nacional adjudicó la concesión de la Vía Navegable Troncal, la hidrovía Paraná-Paraguay, al consorcio formado por la belga Jan De Nul y Servimagnus, que conformaron la sociedad Vía Navegable Argentina (VNA).

La firma tendrá a cargo la operación, el mantenimiento y la modernización del corredor fluvial durante los próximos 25 años, con inversión privada, equipamiento propio y tecnología de última generación.

Rutas, electricidad y ferrocarriles

El resto de las obras está orientado a mejorar la circulación de bienes y energía dentro del país. El esquema de Corredores Viales fue reemplazado por la Red Federal de Concesiones (RFC), un plan que prevé licitar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales bajo un esquema de inversión totalmente privada.

Según dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, alrededor del 80% del tránsito nacional circula por los corredores incluidos en ese esquema. El cambio de modelo permitirá además la extinción de los contratos vigentes y el cierre de la empresa estatal Corredores Viales S.A., que en 2023 había generado un resultado negativo superior a $142.000 millones, lo que representaría un ahorro fiscal estimado en USD 6.100 millones.

El proceso avanza en tres etapas: la primera ya fue licitada, la segunda incluye tramos de las rutas nacionales 7, 8, 9, 33, 35, 36, 188 y 193 en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis, con ofertas económicas abiertas en julio, y la tercera abarca más de 3.900 kilómetros distribuidos en ocho corredores, con ofertas presentadas en mayo.

En el segmento eléctrico, el Gobierno lanzó un programa de obras por USD 6.600 millones enmarcado en el Plan Nacional de Transporte Eléctrico, destinado a evitar cortes de suministro. El mismo contempla 17 proyectos financiados y ejecutados íntegramente por empresas privadas bajo un esquema de concesión.

Las obras se solventarán mediante un concepto adicional en las tarifas de los usuarios beneficiados, una vez que las líneas estén en funcionamiento

Las obras se solventarán mediante un concepto adicional en las tarifas de los usuarios beneficiados, una vez que las líneas estén en funcionamiento. Entre los proyectos figuran refuerzos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), líneas de 500 kV que conectarán Puerto Madryn con Bahía Blanca y otras que unirán Mendoza con Buenos Aires, además de interconexiones internacionales con Bolivia y Paraguay y una vinculación eléctrica entre Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El décimo proyecto corresponde al transporte ferroviario de cargas. En el Gobierno afirman que la publicación de los pliegos para privatizar el Belgrano Cargas y Logística está próxima a concretarse, con un plazo de 90 días para que las empresas interesadas se presenten y la adjudicación prevista para fin de año o comienzos de 2027. El proceso incluirá las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, y habilitará la posibilidad de que un mismo grupo empresario se presente por la totalidad de la red.

La compañía Ferromex, del Grupo México, es la principal candidata extranjera y ya delineó un plan de inversiones de hasta USD 3.000 millones para modernizar las líneas. El objetivo declarado es revertir la baja densidad de carga, los altos costos fijos y el deterioro de la infraestructura ferroviaria, en un esquema en el que las obras estatales previstas rondan los USD 800 millones y la venta del material rodante cubriría algo más de la mitad de ese monto.

El impacto económico

Para el economista Sebastián Laza, este conjunto de obras permitiría aprovechar mejor sectores en los que Argentina tiene una ventaja comparativa, como la energía, el agro y la minería. En un primer momento, sostuvo, los beneficios se concentrarán en esas actividades y en la construcción, la metalmecánica, el transporte y los servicios asociados.

Sin embargo, Laza planteó que, si las obras logran aumentar las exportaciones, generar más divisas y bajar los costos logísticos y energéticos, el efecto terminará alcanzando al resto de la economía, en la medida en que mejora la capacidad del país para crecer sin chocar de manera permanente con la restricción de dólares.

En la medida en que mejora la capacidad del país para crecer sin chocar de manera permanente con la restricción de dólares (Laza)

José Vargas, economista y director de Evaluecon, consideró que estos proyectos tienen el potencial de producir un cambio estructural en la economía argentina, porque apuntan a uno de sus problemas históricos: las restricciones de infraestructura que limitan la producción, las exportaciones y la competitividad.

Vargas destacó que “mientras en el corto plazo el beneficio aparece sectorizado, en el mediano y largo plazo puede extenderse a toda la actividad productiva”.

Qué condiciones macroeconómicas se necesitan

Ambos economistas coincidieron en que la concreción de estas obras depende, en gran medida, de la estabilidad macroeconómica. Laza remarcó que se trata de inversiones que se recuperan en muchos años, por lo que requieren inflación baja, equilibrio fiscal, acceso al financiamiento y reglas cambiarias, impositivas y regulatorias estables, y cierta continuidad política.

Vargas planteó, que el capital privado invierte en la medida en que percibe que podrá recuperar esa inversión en un contexto estable y con baja incertidumbre. La estabilidad macroeconómica, aclaró, no garantiza por sí sola la concreción de las inversiones, pero constituye una condición necesaria para que los proyectos se desarrollen y logren sostenerse en el tiempo.

La estabilidad macroeconómica, aclaró, no garantiza por sí sola la concreción de las inversiones, pero constituye una condición necesaria para que los proyectos se desarrollen (Vargas)

De cara a los próximos años, la combinación de estas diez obras ubica a la energía como el sector con mayor volumen de inversión comprometida, con Argentina LNG a la cabeza de un conjunto que, entre gas, petróleo y electricidad, supera ampliamente los USD 60.000 millones proyectados para lo que resta de la década.

El balance de ejecución de los proyectos de infraestructura para educación superior que deja el Gobierno de Gustavo Petro registra una inversión de $1,79 billones y 122 iniciativas. De ese total, 44 no arrancaron y 62 tuvieron un avance por debajo del 10%, según los informes de empalme que el Ministerio de Educación entregó al Departamento Nacional de Planeación (DNP).

El inventario al que accedió El Tiempo también muestra diferencias con otros balances divulgados por el propio sector educativo y con las metas que se presentaron para 2022-2026. El registro, además, señala que no todo el paquete corresponde a obras o universidades nuevas.

Diferencias entre el inventario final y las cifras anunciadas

En los documentos de empalme, el Ministerio de Educación consigna 32 proyectos terminados. Esa cifra es inferior a los 37 que el Viceministerio de Educación Superior había informado en la sesión de “Empalme con el pueblo”. La misma brecha aparece en los proyectos en curso. El inventario reporta 46, mientras el Viceministerio hablaba de 57.

La información de empalme también difiere del detalle presentado por la cartera en esa serie de exposiciones sobre la gestión oficial. Esas presentaciones se realizaron después de la suspensión de las sesiones con el equipo de Abelardo de la Espriella.

De las metas iniciales al listado final de 122 proyectos

Al comienzo del gobierno Petro, el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) hablaba de 26 nuevas universidades y sedes universitarias, 16 complejos universitarios y cinco mejoras de infraestructura. Esa combinación sumaba 47 proyectos iniciales, denotan los datos publicados por el medio citado.

Más adelante, la meta se redondeó a 100 proyectos de nuevas sedes, multicampus y complejos de educación superior públicos. El listado final entregado en el empalme, sin embargo, subió a 122 proyectos de infraestructura que no equivalen necesariamente a nuevas construcciones.

Ese cambio de medición alteró la manera de presentar los avances durante el cuatrienio. En el inventario final, la única universidad nueva que aparece de manera expresa es la Universidad del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander.

Cómo se contaron obras y contratos como proyectos separados

Parte del aumento en la cifra total responde a la manera en que se contó el inventario. Varios proyectos corresponden a una misma institución, a una misma sede e incluso a una misma obra dividida en varios contratos.

En la sede Mar Agrícola de la Universidad de Nariño en Tumaco se registran por separado cuatro contratos distintos. Los cuatro corresponden a dotación y no a construcción.

En la sede Soacha de la Universidad de Cundinamarca se cuentan tres contratos como proyectos independientes. Uno es para estudios y diseños, otro para instalación de ambientes modulares y el tercero para la adquisición del predio.

El mismo criterio aparece en el multicampus de Bogotá, con un contrato para estudios y diseños y otro para instalación de ambientes modulares. También ocurre en la sede sur de la Universidad del Tolima en Chaparral, donde figuran por separado un proyecto para estudios y diseños y otro para la construcción de la sede.

El inventario también incluye proyectos de edificios nuevos o de nuevas sedes en zonas que no tenían oferta de educación superior. A esa lista se suman iniciativas del programa Educación Superior en Tu Colegio.

Entre los casos que muestra el inventario aparece el multicampus de Kennedy, en Bogotá. Allí la ejecución física figura en 0%, pero el registro señala que ya se usaron $7,4 billones de los $8,2 billones asignados.

En el otro extremo está el edificio de laboratorios y escuelas de la Universidad Internacional del Trópico Americano en Yopal. Ese proyecto muestra una ejecución de obra del 99,8%, aunque el inventario indica un uso de $1 billón de los $46 billones destinados.

El balance final deja una concentración amplia de proyectos con avances mínimos. Solo con los 44 que siguen en 0% y los 62 que no superan el 10%, más de la mitad del paquete pasa al nuevo Gobierno con una ejecución muy baja.

Más de 700,000 habitantes de Guanacaste serán los principales beneficiarios de una serie de proyectos de infraestructura financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que buscan fortalecer la conectividad, mejorar el acceso a servicios esenciales y promover el desarrollo económico y social de la provincia del Pacífico Norte de Costa Rica.

Las inversiones incluyen tanto obras actualmente en ejecución como proyectos ya concluidos, consolidando al BCIE como uno de los principales organismos multilaterales que respaldan el desarrollo de la región. Entre las iniciativas destacan el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) y el Proyecto de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PAACUME), considerados dos de los programas de mayor impacto para la provincia.

Uno de los proyectos con mayor alcance es PROERI, que contempla una inversión superior a los 45 millones de dólares destinada a la construcción y rehabilitación de infraestructura afectada por fenómenos naturales y al fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades.

El programa comprende 26 obras distribuidas en nueve de los once cantones guanacastecos. Entre ellas se encuentran la construcción y rehabilitación de 15 puentes, cinco tramos de carretera y seis centros educativos, obras que buscan mejorar la movilidad, facilitar el acceso a servicios y reforzar la seguridad de miles de personas que diariamente dependen de esta infraestructura.

De acuerdo con el BCIE, varias de estas intervenciones ya muestran avances importantes. El puente sobre el río Chingo, ubicado en el cantón de La Cruz, se convirtió en la primera obra finalizada dentro del programa durante 2025 y actualmente beneficia a más de 2,000 habitantes de la zona.

A esta infraestructura se suman los nuevos puentes sobre los ríos Gallina y Carrizal, en el cantón de Carrillo, que entraron en funcionamiento durante junio de este año. Estas obras mejoran la conectividad para más de 9,000 personas y facilitan el tránsito de visitantes hacia diversos destinos turísticos de Guanacaste, una de las principales regiones turísticas del país.

El componente educativo también forma parte de las inversiones impulsadas por el organismo regional. La construcción de la nueva Escuela Matías Duarte Sotela, ubicada en la comunidad de El Cacao de Santa Cruz, se encuentra en su fase final y se prevé que concluya durante el mes de agosto.

Mientras tanto, otras obras contempladas en PROERI continúan avanzando en diferentes etapas administrativas y constructivas, que incluyen procesos de adjudicación, formalización de contratos y ejecución de trabajos, con el objetivo de ampliar el impacto del programa en distintos cantones de la provincia.

Otro de los proyectos estratégicos financiados por el BCIE es el Proyecto de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PAACUME), considerado una de las iniciativas de infraestructura hídrica más importantes del país.

La institución multilateral aporta 425 millones de dólares para esta obra, la cual presenta un avance general del 21,6 %. Actualmente se desarrollan trabajos relacionados con la captación y conducción de agua, la construcción del camino de acceso al proyecto, el canal temporal de riego y las excavaciones necesarias para la toma de aguas.

Asimismo, el BCIE informó que la línea de distribución eléctrica que abastecerá las obras se encuentra prácticamente concluida. Esta infraestructura permitirá, en una etapa posterior, incorporar la energía generada al Sistema Eléctrico Nacional y respaldar el funcionamiento del proyecto.

Cuando entre en operación, PAACUME busca garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano, fortalecer los sistemas de riego agrícola y brindar mayor disponibilidad del recurso hídrico para actividades productivas, en una provincia donde la gestión del agua constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo económico y la adaptación al cambio climático.

Además de los proyectos que actualmente están en ejecución, el BCIE destacó otras inversiones ya finalizadas que han contribuido al desarrollo de Guanacaste. Entre ellas sobresale la nueva torre de hospitalización del Hospital de La Anexión, en Nicoya, que fortaleció la capacidad de atención médica de la región.

También figura el Proyecto Geotérmico Las Pailas, reconocido como una de las principales iniciativas de generación de energía renovable del país, así como la ampliación y mejoramiento del Acueducto de Bagaces, obra que incrementó la capacidad de abastecimiento de agua para las comunidades del cantón.

Con estas inversiones, el BCIE reafirma su estrategia de apoyar proyectos de infraestructura que impulsen el crecimiento económico, fortalezcan la resiliencia de las comunidades y mejoren la calidad de vida de cientos de miles de habitantes de Guanacaste, mediante obras que buscan responder tanto a las necesidades actuales como a los retos de desarrollo que enfrenta la provincia.

El ministro de Obras Públicas y Transporte de El Salvador, Romeo Rodríguez, informó este martes 22 de julio, en el programa Frente a Frente que el proyecto de ampliación y viaducto en Los Chorros presenta un 60% de avance, con la expectativa de concluir la mayoría de las obras viales antes de finalizar el año.

Los trabajos en este tramo, según el funcionario, continúan en puntos críticos como los taludes y la remoción de contenedores, actividades que se mantendrán hasta agosto y octubre, dependiendo de cada segmento. La intervención en Los Chorros incluye la construcción de un viaducto principal que superará el kilómetro de longitud y otro adicional de aproximadamente 300 metros.

El funcionario explicó que ya se retiró la mayor parte de los contenedores que resguardaban los taludes, especialmente en la parte superior, y que solo permanece la fila inferior debido a la necesidad de controlar la escorrentía de aguas lluvias mientras concluyen las obras de drenaje y pavimentación.

El avance en los viaductos es otro de los puntos destacados. El funcionario señaló que el viaducto principal, con más de un kilómetro de extensión, ya cuenta con parte de las estructuras listas para iniciar el colado del tablero.

En paralelo, el viaducto de Los Guarumos, de poco más de 300 metros, permitirá ampliar la calzada siguiendo la quebrada, lo que facilitará mayor fluidez vehicular. “La mayor parte de la carretera estará culminada a final de este año. Únicamente nos vamos a quedar con los viaductos”, puntualizó el titular de Obras Públicas en la entrevista transmitida por Frente a Frente.

Durante la entrevista, el ministro también se refirió a los planes de ampliación para la carretera Panamericana, desde San Vicente hasta San Miguel, y de la carretera Litoral, desde Zacatecoluca hasta Usulután. Ambos proyectos cuentan con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades financieras internacionales.

Proyecto del teleférico: avance y proyección

Otro de los temas abordados fue el proyecto del teleférico, el primero de su tipo en la capital salvadoreña. Romeo Rodríguez reveló que la obra presenta un 60% de progreso, con la instalación de varias torres y el inicio de la construcción de cuatro estaciones principales:

• Zacamil
• Universidad de El Salvador
• Parqueo de Cancillería
• Inmediaciones del parque Cuscatlán.

El Aerocable, como se le conoce al sistema, contará con 23 torres en total y funcionará como alimentador de un futuro sistema de transporte masivo de mayor capacidad. “El teleférico tiene una capacidad de transportar pasajeros menor que la de un metro, pero la idea es que sea alimentador del sistema principal”, sostuvo el funcionario.

El plan contempla la utilización de buses de manera temporal mientras concluyen las obras, para garantizar la movilidad de los usuarios. Además, existen proyectos para instalar teleféricos adicionales en Soyapango, El Boquerón, Panchimalco y Puerta del Diablo, con el fin de conectar zonas de difícil acceso y facilitar la integración al sistema de transporte mayor.

“Tenemos varios teleféricos planteados. Uno es el de Mejicanos, pero en Soyapango tenemos dos teleféricos que pensamos ejecutar para sacar a la gente de Las Margaritas y otros sectores hacia diferentes zonas”, expuso Rodríguez.

Finalmente, el ministro anunció que en las próximas semanas, iniciará la ampliación de la carretera Surcity hacia El Zonte, que pasará de dos a cuatro carriles y será construida en concreto hidráulico. El titular puntualizó que el proyecto, valorado en aproximadamente 150 millones de dólares, tiene un plazo contractual de 18 meses y que la empresa adjudicada está lista para comenzar tras la resolución de temas de terrenos. “Esperaríamos que a partir del 11 de agosto ya las obras se inicien en ese sector”, señaló.

Para niñas, niños, adolescentes y familias que recurren a servicios de acompañamiento y protección social, el lugar donde reciben atención no es un detalle menor. Un techo con filtraciones, una instalación eléctrica que requiere mejoras o un acceso deteriorado pueden limitar las actividades diarias y elevar los riesgos dentro de un establecimiento.

Ese fue el tipo de necesidades atendidas en 28 centros que reciben a población en situación de vulnerabilidad en distintas regiones del país. Cerca de 15 mil personas utilizan estos espacios para acceder a servicios de cuidado, orientación y apoyo familiar.

Las obras comprendieron la reparación de techos, el mejoramiento de redes eléctricas y sanitarias, la renovación de accesos, la instalación de pozos a tierra y el refuerzo de los sistemas de iluminación. Se trata de componentes básicos para que las actividades puedan desarrollarse con regularidad y en condiciones adecuadas para usuarios y trabajadores.

Los trabajos demandaron una inversión total de S/1.139.647 y se ejecutaron en 22 Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) y seis Centros de Extensión administrados por el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).

Entre S/36 mil y S/43 mil por establecimiento

Cada local recibió una inversión de entre S/36 mil y S/43 mil, según las reparaciones programadas y las condiciones identificadas en cada sede.

Las intervenciones se concentraron en ambientes de uso frecuente. Además de atender la infraestructura visible, como techos y accesos, incluyeron componentes menos notorios, pero necesarios para la seguridad del establecimiento, como las conexiones eléctricas, las redes sanitarias y los pozos a tierra.

“Cada ambiente acondicionado y cada mejora estructural representan una protección directa para la niñez que confía en nuestros servicios”, señaló Melina Locatelli Alfaro, directora ejecutiva del Inabif.

La funcionaria indicó que el mantenimiento busca reducir riesgos y asegurar que los menores puedan participar en actividades educativas, recreativas y de acompañamiento dentro de espacios adecuados.

Centros intervenidos en Lima y regiones

Los trabajos alcanzaron establecimientos ubicados en Lima y otras regiones del país. Entre ellos figuran los CEDIF Año Nuevo, Turquezas, Dalias, Collique, Pestalozzi, Villa Hermosa, Tahuantinsuyo, Pamplona, Huaraz, Tambopata, Yurimaguas, Cajamarca, Ayacucho, Juli y Bagua.

También se realizaron mejoras en los Centros de Extensión IV Zona Tahuantinsuyo, Ermitaño, Hogar Policial Rosa de Lima, Yurimaguas, CRF Iquitos y CRF El Agustino.

La intervención corresponde al segundo Plan de Infraestructura ejecutado por el Inabif y alcanzó tanto a locales de atención directa como a espacios que extienden sus servicios hacia otras zonas.

¿Qué es el Inabif y qué atención brinda?

El Inabif es una unidad ejecutora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), con autonomía administrativa, funcional y técnica. Tiene sede en el distrito de Pueblo Libre, en Lima, y opera a nivel nacional bajo la dependencia del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables.

Su misión es brindar protección social a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de abandono, violencia o riesgo social. Para ello, administra albergues y centros de acogida, ofrece atención integral en salud, alimentación, educación y soporte emocional, y promueve la reintegración familiar o social de las personas que atiende.

Entre sus principales servicios figuran los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF), donde se ofrecen programas de cuidado diurno, talleres de capacitación ocupacional y fortalecimiento de vínculos familiares; los centros de acogida residencial para menores sin cuidados parentales; y el Servicio de Educadores en la Calle, orientado a restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de calle.

Más de 900 estudiantes de Los Cerros de Sabana Perdida tienen acceso a una educación de calidad en instalaciones modernas y seguras tras la apertura de la Escuela Básica Minerva Mirabal. El nuevo plantel transforma la experiencia educativa para niños y adolescentes de la zona, quienes ahora cuentan con aulas y espacios diseñados para favorecer su aprendizaje.

La inauguración estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader, quien presentó la obra como parte de las iniciativas del Gobierno de República Dominicana para robustecer la educación pública. Durante el acto de inauguración este fin de semana, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, subrayó: “Cada escuela que entrega el Gobierno representa una inversión en el futuro del país y reafirma el compromiso de garantizar que ningún niño, niña o adolescente quede fuera de las aulas”.

El inicio del año escolar 2026-2027, programado para el 24 de agosto, marca el contexto en el que la Escuela Básica Minerva Mirabal abre sus puertas. De Camps García sostuvo que la prioridad institucional es asegurar que cada estudiante disponga de un centro educativo abierto, organizado y en condiciones óptimas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, gracias a la coordinación entre las distintas áreas del Ministerio. Añadió que “una educación de calidad requiere el compromiso conjunto de estudiantes, docentes, familias y comunidades”, e insistió en que las escuelas deben ser espacios seguros donde se desarrollan las capacidades y los proyectos de vida de los menores que asisten.

La nueva infraestructura consta de 27 aulas de las cuales 24 para nivel primario y tres para nivel inicial, áreas administrativas, comedor, cocina, biblioteca, salón de orientación, enfermería, cancha deportiva, plaza cívica, zonas recreativas y diversos espacios de apoyo, lo que posibilita un entorno adecuado para el aprendizaje integral.

En representación del estudiantado, Helen Nicol Alcántara resaltó el significado de la obra: “La nueva escuela simboliza mucho más que una infraestructura física, ya que será el lugar donde cientos de niños y jóvenes podrán descubrir sus talentos, fortalecer sus valores para construir un mejor futuro”. Alcántara expresó su agradecimiento al mandatario dominicano, Luis Abinader, al Ministerio de Educación y a quienes hicieron posible la escuela, y destacó que “invertir en educación significa invertir en el desarrollo de la República Dominicana y en las oportunidades de las nuevas generaciones”.

En lo que va del año el mandatario ha entregado un paquete de seis nuevas obras de infraestructura escolar sumando un total de 1,000 aulas nuevas.

El plantel fue construido por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), bajo la dirección de Roberto Herrera, en el marco de un programa de fortalecimiento de la infraestructura educativa que busca garantizar espacios seguros y modernos para los estudiantes. El acto de apertura contó con la presencia de los viceministros de Educación Alexis Jiménez y Kenia Xiomara Guante, la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba, la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, el director de la DIE, representantes de la comunidad educativa, docentes, estudiantes, familias y líderes comunitarios de Los Cerros de Sabana Perdida.

El gobierno de Panamá informó la entrega del Hospital General de Bugaba, una obra que quedó al servicio de más de 170 mil habitantes de Chiriquí y que comenzó a operar el viernes 28 de noviembre, con una apertura por fases que busca llevarlo a su capacidad plena en un plazo de 18 meses.

La inauguración se realizó en noviembre de 2025 y fue encabezada por el presidente José Raúl Mulino Quintero y el ministro de Salud Fernando Boyd Galindo. En ese acto se oficializó la puesta en marcha de un proyecto que había permanecido abandonado durante años, con estructuras deterioradas y una inversión pública ya comprometida.

Según un posteo de la cuenta oficial del gobierno en X, el nuevo centro hospitalario atiende a residentes del distrito de Bugaba y comunidades vecinas. La publicación lo presentó como una respuesta para acercar la atención médica a quienes más la necesitan.

El hospital funcionará por etapas hasta completar su operatividad

El hospital abrió con un esquema gradual. Durante los primeros 90 días presta servicios de urgencia, área de observación y servicios básicos.

Entre los tres y seis meses comenzará la consulta externa y la hospitalización parcial con 40 camas. Entre los seis y 12 meses entrarán en funcionamiento los quirófanos, el área de maternidad y la Unidad de Cuidados Intensivos.

Entre los 12 y 18 meses se habilitarán todas las especialidades, los servicios de TAC y resonancia magnética, y la ampliación hasta 130 camas, con lo que alcanzará el 100% de su operatividad.

El hospital tiene una capacidad total proyectada de 172 camas y está distribuido en dos niveles completamente equipados. En la planta baja se ubican la consulta externa, el laboratorio, el banco de sangre, imagenología, urgencias, farmacia, morgue, patología, administración, docencia y áreas de apoyo como lavandería, almacén, nutrición y dietética, además de edificios de talleres y zona industrial.

También incorpora un nuevo edificio de quimioterapia y hemodiálisis. Ese sector cuenta con 15 sillones para hemodiálisis y 15 sillones para quimioterapia, además de áreas complementarias para ambos servicios.

La planta alta concentra hospitalización, cirugía y cuidados intensivos

En la planta alta estarán los servicios de hospitalización pediátrica, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía, neonatología y la Unidad de Cuidados Intensivos. El área quirúrgica y ginecobstétrica incluye tres quirófanos modulares y dos salas de parto modulares.

El complejo también dispone de capilla o sala de oración, residencia médica y oficinas de especialidades. La distribución de camas contempla 13 para neonatología y cuidados intensivos; 26 para medicina interna; 26 para ginecobstetricia; 26 para cirugía; 42 para hospitalización pediátrica; 12 para cirugía y nueve para ginecobstetricia.

Durante el acto inaugural, el ministro de Salud pidió a los residentes de Bugaba que usen, cuiden y valoren la obra. Recordó que cada inversión realizada pertenece al pueblo panameño y no a un partido político ni a una figura en particular.

La apertura del Hospital General de Bugaba fue presentada por las autoridades como un refuerzo para la atención médica en la provincia de Chiriquí, en el occidente de Panamá, una región conocida por su diversidad geográfica, que abarca playas y manglares en el Golfo de Chiriquí, además del Volcán Barú, de 3,475 metros sobre el nivel del mar, y zonas montañosas de clima fresco como Boquete y Tierras Altas.

En un importante esfuerzo por fortalecer el desarrollo deportivo y modernizar la infraestructura nacional, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con 57 votos a favor, una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 que permite la incorporación de US$1,140,514 destinados específicamente para la ejecución de proyectos de inversión deportiva.

Estos fondos serán gestionados por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) en el marco de la fase 11 del “Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos (PRODEPORTE 11)”.

Esta aprobación responde a la iniciativa presentada por el Presidente de la República, Nayib Bukele, a través del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de dotar al INDES de los recursos necesarios para la adecuada gestión, administración y ejecución de proyectos deportivos en todo el país.

El monto autorizado permitirá financiar rubros operativos, administrativos y de inversión, fortaleciendo de manera significativa el ecosistema deportivo nacional.

El financiamiento de este proyecto proviene del contrato de préstamo No. 2362, firmado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un total de hasta US$150 millones, específicamente orientados a la modernización y rescate de escenarios deportivos distribuidos en diversos departamentos del país.

De este gran paquete financiero, el monto recién autorizado constituye el primer impulso para echar a andar la administración y unidad ejecutora del programa PRODEPORTE 11.

Este crédito permitirá no solo mejorar la cobertura territorial de la infraestructura deportiva, sino también consolidar los avances logrados en los últimos años en materia de espacios para la práctica deportiva, favoreciendo tanto a atletas de alto rendimiento como a comunidades que históricamente han carecido de instalaciones adecuadas.

Según el decreto aprobado, los recursos estarán dirigidos a la Unidad Presupuestaria “Infraestructura”, dentro del INDES, y específicamente a la línea de trabajo “Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos Fase 11”.

Entre las principales metas se encuentran:

Modernización, rehabilitación y construcción de gimnasios, canchas, estadios y demás instalaciones deportivas con estándares internacionales.

Garantía de acceso y condiciones adecuadas para atletas, entrenadores, delegaciones deportivas y público general.

Capacidad de albergar competencias nacionales e internacionales, posicionando a El Salvador como un referente regional en organización de eventos deportivos de alto nivel.

La reforma presupuestaria permite además un aumento en las asignaciones de gastos de capital y la provisión de fondos para gastos administrativos y operativos de la unidad ejecutora, asegurando que las inversiones se manejen eficientemente y con transparencia.

Argumentos y respaldo institucional

Durante el proceso de aprobación, representantes del Ministerio de Hacienda defendieron la iniciativa resaltando la importancia de mejorar la infraestructura deportiva como factor clave para la cohesión social, la prevención de la violencia y la promoción de hábitos saludables.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, luego de analizar la propuesta, consideró pertinente y urgente la asignación, emitiendo un dictamen favorable que permite al INDES disponer del crédito presupuestario necesario para ejecutar las acciones planificadas en 2026.

Esta decisión legislativa marca un paso fundamental en la política de Estado orientada al fortalecimiento del deporte como motor de desarrollo. La modernización de escenarios y la expansión de la cobertura a más departamentos del país generarán un impacto positivo en la calidad de vida, el desarrollo de la juventud y el surgimiento de nuevos talentos deportivos.

Además, la inyección de estos recursos se reflejará en la dinamización económica local, la generación de empleos directos e indirectos y la potenciación de El Salvador como destino atractivo para el turismo deportivo.

En conclusión, la aprobación de US$1,140,514 para proyectos deportivos bajo el paraguas de PRODEPORTE 11 representa un compromiso renovado con el deporte y el deporte, la juventud y la sana convivencia, sentando bases firmes para un El Salvador más saludable, competitivo y orgulloso de su infraestructura deportiva.

La inauguración de Expo Amaprosan 2026 en Santiago reunió a comerciantes y empresarios del norte de la República Dominicana para entregar un reconocimiento al presidente Luis Abinader.

La distinción, otorgada por asociaciones de comerciantes y mayoristas del Cibao y Santo Domingo, destacó el impulso presidencial a la transformación integral del Hospedaje Yaque, una obra largamente esperada por la comunidad local y considerada un compromiso histórico con la ciudad de Santiago.

El acto resaltó la importancia estratégica de este mercado para la economía regional y la vida de miles de familias.

Durante la apertura de la trigésima quinta edición de Expo Amaprosan, representantes de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan) y otras organizaciones valoraron la decisión del mandatario de priorizar la recuperación de uno de los principales centros de abastecimiento de la región norte.

Según los organizadores, esta intervención fortalecerá la actividad comercial y mejorará las condiciones económicas, sociales, sanitarias y ambientales de la provincia. El evento sirvió como escenario para resaltar la colaboración entre el sector público y privado, clave para el desarrollo de proyectos de gran impacto local.

Un año después, el sector comercial reconoció el avance de la iniciativa y el cumplimiento de la palabra empeñada por el mandatario. Los comerciantes señalaron que la transformación del Hospedaje Yaque permitirá organizar el comercio, promover un entorno seguro y ordenado, dignificar el espacio de trabajo de miles de personas y generar un impacto positivo en la economía, el entorno social y el ambiente de Santiago.

“Esta intervención demuestra la disposición del presidente Abinader de escuchar las necesidades de los distintos sectores productivos y promover soluciones que impactan positivamente la vida de comerciantes, trabajadores, familias y ciudadanos”, expresaron las entidades.

Al agradecer el reconocimiento, Abinader aseguró que representa un compromiso aún mayor con Amaprosan, con Santiago y con toda la región del Cibao. El presidente recordó que desde joven escuchaba sobre las condiciones del Hospedaje Yaque, un mercado necesario para productores y comerciantes, pero marcado por problemas de logística e higiene.

“Espero que, con este proyecto que impulsa el Gobierno junto con el Ayuntamiento de Santiago, el Hospedaje se convierta en un ejemplo de comercio y beneficie a las miles de familias que dependen de esa actividad”, afirmó.

El mandatario explicó que en su gestión ha buscado escuchar a todos los sectores y que las decisiones que adopta buscan el interés nacional. Anunció que el Gobierno desarrolla junto al Ayuntamiento otras obras para mejorar la calidad de vida de la población. Entre ellas se encuentra el fortalecimiento del suministro de agua potable en Santiago, mediante la optimización del sistema del Acueducto Cibao Central y la construcción de un nuevo acueducto en la zona norte.

La presidenta de Amaprosan, Hilsa López Olivares, valoró las obras impulsadas por el Gobierno y las autoridades municipales, especialmente el inicio del proyecto del Mercado Hospedaje Yaque y la transformación del entorno de Nueva York Chiquito. Explicó que Amaprosan ha participado activamente en las mesas de diálogo y en la elaboración de propuestas para estos proyectos y aseguró que la institución continuará como aliada y veedora responsable durante todo el proceso.

Durante la ceremonia, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, agradeció al presidente su apoyo al comercio organizado y señaló que la ciudad reconoce el respaldo recibido. Expo Amaprosan 2026 fue inaugurada bajo el lema “Comercio, industria y sociedad: Pilares del desarrollo” y dedicada al Grupo Bocel, en reconocimiento a su trayectoria empresarial. La feria ofrecerá durante cinco días actividades empresariales, culturales y de salud, además de un pabellón ecológico coordinado con la Sociedad Ecológica del Cibao.

El Salvador cuenta con activos logísticos estratégicos que pueden potenciarse para el crecimiento económico, según el empresario Rodrigo Tona. Durante una entrevista en la Telecorporación Salvadoreña (TSE), subrayó que el país dispone de condiciones favorables para la inversión en infraestructura logística e industrial, así como de mecanismos financieros innovadores como la titularización, que facilitan la ejecución de proyectos de gran escala.

De acuerdo con el directivo, El Salvador posee una ubicación geográfica privilegiada que lo convierte en un centro natural para la distribución en Centroamérica.

El país dispone de una red de autopistas que conecta de forma efectiva con Guatemala, Honduras y Nicaragua, además de contar con un aeropuerto internacional entre los mejores de la región por su conectividad y modernización.

La proximidad a puertos claves y nuevas rutas logísticas terrestres con México refuerzan el potencial para consolidarse como un nodo logístico regional, según relató Tona.

Uno de los proyectos emblemáticos del grupo empresarial es el parque logístico Nío Smart Properties, ubicado en Nejapa, que ya opera a plena capacidad. La infraestructura desarrollada se clasifica como de clase A, con estándares internacionales en ingeniería y tecnología, lo que permite a sus clientes optimizar la eficiencia logística y reducir costos operativos. El ejecutivo explicó que la tecnología y el diseño aplicados permiten transformar la logística de un costo tradicional a una ventaja competitiva para las empresas establecidas en el parque.

El sector privado ha impulsado la innovación en modelos de financiamiento, según explicó Tona. La compañía implementó el primer modelo de titularización en El Salvador para el sector logístico industrial, lo que ha permitido atraer inversiones a largo plazo y consolidar proyectos de gran envergadura.

Este mecanismo, poco utilizado en la región, representa una ventaja diferenciadora para el país y una herramienta para continuar desarrollando activos estratégicos.

Tona destacó que el compromiso con la sostenibilidad también es un factor clave en las estrategias empresariales. Asimismo, señaló que la mano de obra salvadoreña es altamente calificada y se adapta con rapidez a procesos industriales avanzados.

Esta capacidad ha facilitado la expansión internacional de la compañía que lidera, misma que opera en mercados como México, Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y Vietnam.

El empresario subrayó además la importancia de invertir en formación técnica y en el fortalecimiento del talento local para sostener el crecimiento del sector exportador.

En cuanto a perspectivas de crecimiento, Tona explicó que el grupo empresarial busca duplicar su negocio de empaques en los próximos siete años y continuar ampliando su presencia en mercados internacionales. El desarrollo de nuevos parques logísticos forma parte de una visión largo plazo para posicionar a El Salvador como un centro regional de servicios logísticos e industriales.

La experiencia relatada por Tona evidencia que el desarrollo logístico requiere colaboración entre el sector privado y el público, así como una estrategia clara para potenciar los activos del país. El empresario enfatizó que la confianza y la previsibilidad en el entorno de negocios son factores determinantes para atraer inversiones y consolidar al país como un referente en logística y exportación en la región.

Rodrigo Tona es CEO de Grupo Ternova, consorcio empresarial ganador del premio al Exportador 2026, entregado anoche por la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT).

La ExpoRural 2026 inició su ciclo en Buenos Aires, más precisamente en La Rural, bajo el lema “el campo nos une” y con la expectativa puesta en la presencia del presidente Javier Milei en el acto de inauguración. En este contexto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino marcó la postura del sector respecto a los principales temas que hoy conforman la agenda agropecuaria.

Según explicó Pino, la relación con el Gobierno se sostiene a través de un diálogo constante, especialmente con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. El dirigente resaltó que el sector mantiene como demanda prioritaria la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX), un reclamo histórico que consideran indispensable para el desarrollo de la actividad.

Insistió en que el sector necesita alcanzar el “0% de retenciones lo antes posible”, aunque valoró el anuncio de la reducción gradual hasta 2028 al considerar que “va por el buen camino”.

No obstante, Pino señaló que actualmente la agenda se amplió e incluye problemáticas como la infraestructura y el acceso al financiamiento. En su análisis, la falta de caminos y soluciones logísticas adecuadas dificulta el traslado de la producción y limita la capacidad de crecimiento. Además, advirtió que el “costo argentino” continúa incrementándose y afecta la competitividad del agro.

Dentro de los nuevos ejes de gestión, Pino consideró que el crédito representa una herramienta fundamental que todavía no se encuentra en condiciones favorables para el productor. Planteó que las tasas actuales no permiten planificar ni invertir con previsibilidad, por lo que el financiamiento forma parte de las discusiones con el Gobierno.

De cara al discurso que ofrecerá Javier Milei en la clausura del evento el próximo domingo 26 de julio, Pino prefirió mantener la cautela. Si bien el Presidente eligió la ExpoRural del año pasado para anunciar una reducción de retenciones, esta vez el dirigente evitó anticipar posibles medidas y consideró que cualquier novedad será comunicada directamente en el acto oficial.

Como suele ocurrir, se espera una gran afluencia de visitantes y una fuerte presencia de la dirigencia política. Además, habrá 15 provincias que exhibirán el potencial de sus economías regionales, lo que también estará acompañado por la visita de sus respectivos gobernadores. En ese sentido, Pino destacó que la exposición se convierte en una “caja de resonancia”.

Vale mencionar que el tradicional evento del agro argentino, que en esta oportunidad coincide con los 160 años de la SRA, congrega productores, empresarios, técnicos, profesionales y familias, con más de 400 stands comerciales que incluyen laboratorios, empresas de agroinsumos, maquinaria agrícola, automotrices, entidades financieras, centros de genética, provincias y talabarterías, junto a más de 4.500 expositores de animales y 2.000 ejemplares en exhibición.

De este modo, la ExpoRural reafirma su papel como un punto de encuentro clave para la actividad agropecuaria, en el que convergen demandas y desafíos actuales del sector. La expectativa por los anuncios oficiales y la amplia participación de actores vinculados al agro confirman la vigencia de la muestra como espacio de diálogo, exhibición de innovación y referencia para el futuro productivo del país.

Este martes ya ingresaron los primeros animales a La Rural, en Palermo. En primer lugar, se encuentra “Tim Payne”, un carnero de la raza Romney Marsh presentado por la Estancia Moeraki, ubicada en Cacharí, partido bonaerense de Azul. Nacido el 20 de octubre de 2024, pesa 110 kilos y fue seleccionado como representante de los 90 años de la Asociación Argentina de Criadores de Romney Marsh.

También llegó “Tini Tini”, una vaca de la cabaña La Cotidiana de la raza Limousin. El animal, que nació durante la propia Exposición Rural el 27 de julio de 2022, pesa 706 kilos y regresa este año junto a su ternero “De Paul”, de seis meses de edad y 255 kilos.

El Gobierno de Gustavo Petro dejará una ambiciosa política de reactivación férrea, con más de 1.500 kilómetros de corredores en obras, factibilidad o estructuración, según el balance oficial del Ministerio de Transporte.

De acuero con la cartera de Tranporte, la apuesta busca modernizar la red ferroviaria nacional y reducir la dependencia del transporte por carretera, para así mismo consolidarse como un eje estratégico para la integración logística, la competitividad y la reactivación económica de Colombia.

El proyecto emblemático de este periodo es la APP La Dorada – Chiriguaná, que une el centro del país con la Costa Caribe y ya ha comenzado a mostrar resultados históricos en el transporte de carga. Además, se avanza en corredores fundamentales como Bogotá-Belencito, el Regiotram de Occidente en la sabana de Bogotá, la estructuración del corredor interoceánico Pacífico-Caribe, y proyectos de modernización regional como el Tren de Zipaquirá.

El mapa férreo de la reactivación

Actualmente, Colombia cuenta con 12 proyectos ferroviarios activos o en estructuración, bajo la supervisión directa del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI):

1. Corredor Férreo del Atlántico

• En operación y mantenimiento desde septiembre de 1999.
• Contrato vigente hasta marzo de 2030.

2. Corredor Férreo Albania - Fundación

• Etapa: Exploratoria de prefactibilidad.
• Inversión estimada: $11.485 millones.
• Plazo de estudios: 5 meses.

3. Corredor Férreo Interoceánico (Pacífico-Caribe)

• Prefactibilidad completada (222 km).
• Valor de estudios: $5.722 millones.
• Entrega de prefactibilidad a la ANI: junio de 2026.
• Próximos pasos: publicación de pliegos para factibilidad en agosto de 2026.
• Este corredor busca posicionar a Colombia como eje logístico regional.

4. Corredor Férreo del Pacífico (Buenaventura - Palmira)

• Prefactibilidad terminada en 2025.
• En estructuración: estudios de factibilidad e intervención en 120 km.
• Inversión en consultoría e interventoría: $61.025 millones.
• Contrato de administración y mantenimiento vigente hasta agosto de 2026.

5. Corredor Férreo Yumbo – Caimalito – La Felisa

• Estudios de viabilidad técnica, social y ambiental (301 km).
• Inversión en consultoría e interventoría: $29.273 millones.
• Obra pública en licitación (499 km, $296.815 millones).
• Inicio de obra: segundo semestre del 2026.

6. Corredor Férreo Villavicencio - Férreo Central

• Prefactibilidad en marcha.
• Alternativas de trazado: entre 337 y 392 km.
• Inversión en estudios: $5.426 millones.

7. Corredor Férreo Villavicencio – Puerto Gaitán

• Factibilidad en desarrollo para 193 km.
• Inversión en consultoría/interventoría: $60.550 millones.
• Estudios por tramos hasta enero de 2027.
• Fecha estimada de adjudicación: entre marzo y junio de 2028.

8. Regiotram de Occidente

• En construcción: 39,6 km, 17 estaciones.
• Inversión: $1,91 billones.
• Inicio de operación: octubre de 2027.
• Reducirá el viaje Facatativá-Bogotá de tres horas a 45 minutos.

9. Tren de Zipaquirá

• En contratación, 48,9 km, 17 estaciones.
• Inversión: $17,3 billones.
• Prepliegos de licitación publicados en julio de 2026.
• Beneficiará a más de 187.000 personas diarias.

10. Corredor Férreo Bogotá – Belencito

• Licitación de obra pública en estructuración (278 km).
• Contrato interadministrativo con FINDETER para modernización (53 km).
• Inversión total: más de $445.000 millones.

11. Corredor Férreo Conexión Férreo Central

• Factibilidad en desarrollo (448 km).
• Inversión en consultoría/interventoría: $102.609 millones.
• Fecha estimada de adjudicación: febrero de 2029.

12. APP La Dorada – Chiriguaná

• Concesión adjudicada en abril de 2025 (526 km).
• Inversión total: $3,39 billones.
• Transporte de carga superó el millón de toneladas anuales tras la adjudicación (récord histórico).

Impacto del proyecto ferroviario

El corredor interoceánico Pacífico-Caribe es uno de los proyectos de mayor impacto, con 222 km para unir los dos océanos y transformar la posición logística de Colombia. “El corredor interoceánico puede transformar la posición estratégica de Colombia frente al comercio global y convertir al país en un eje logístico clave para América Latina”, destacó la ministra de Transporte.

La APP La Dorada – Chiriguaná se convirtió en la primera gran concesión ferroviaria de carga general en 25 años. Antes de la adjudicación, el corredor movilizaba unas 224.000 toneladas anuales; en 2026, superó el millón de toneladas.

En la actualidad, solo el 10% de la carga nacional se mueve por tren, mientras que el 84% sigue en carretera, lo que eleva los costos logísticos y limita la competitividad. Por ello, el Gobierno Petro y el ministerio han impulsado una estrategia integral de intermodalidad y han apostado por fortalecer la gobernanza férrea, la innovación tecnológica y la formación de talento especializado en el sector.

El Regiotram de Occidente y el Tren de Zipaquirá modernizarán la movilidad urbana y regional, integrando a Bogotá con la Sabana y reduciendo tiempos de viaje.

El balance de los cuatro años del saliente gobierno, muestra una política férrea que trasciende la coyuntura y deja proyectos en marcha para las próximas décadas, con inversión histórica, cooperación internacional y la meta de que el tren recupere su papel estratégico en la economía y la integración nacional.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, informa que la construcción del Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz está en su etapa final al registrar un avance del 80 por ciento.

Con una inversión de 820 millones de pesos, se prevé que esta obra estratégica abra a la circulación vehicular en agosto próximo, en beneficio de 780 mil 441 habitantes.

Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz

El Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz es una nueva infraestructura que busca mejorar la movilidad en una de las zonas logísticas más importantes del país.

Se trata de un paso superior de dos kilómetros de longitud, compuesto por dos cuerpos y dos carriles por sentido, lo que permitirá a los usuarios ahorrar hasta 25 minutos en sus traslados diarios.

La obra, que inició su construcción en julio de 2025, se desarrolló por etapas. Primero se liberaron las laterales para no interrumpir el flujo vehicular y posteriormente se construyeron los carriles centrales.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ya concluyó el montaje de 264 trabes y el colado de las losas. Actualmente, se encuentran en proceso la construcción del muro mecánicamente estabilizado y el tendido de la carpeta asfáltica en el cuerpo B, además de diversas obras complementarias.

Nueva infraestructura vial en Veracruz

Ubicado sobre la vía Xalapa-Veracruz de la Carretera Federal MEX-140, el distribuidor generará 2,460 empleos y beneficiará directamente a habitantes de municipios como Veracruz, Boca del Río, Medellín de Bravo y Jamapa.

La SICT destaca que este proyecto fortalece la movilidad y el desarrollo regional, al consolidar una infraestructura vial moderna y sostenible. Además de mejorar los tiempos de traslado, la obra apunta a impulsar el desarrollo social y económico del estado de Veracruz, en especial en torno a uno de los puertos clave para la economía nacional.

El Reino Unido, junto con 18 agencias de 12 países, pidió a los sectores de infraestructura crítica que refuercen sus defensas frente a operaciones de inteligencia rusa, después de identificar métodos usados por el Servicio de Seguridad Federal (FSB, por sus siglas en inglés) para comprometer routers vulnerables y penetrar redes estratégicas cuya caída podría afectar servicios esenciales y, en casos extremos, dejar sin electricidad a cientos de miles de personas.

La advertencia, publicada por el National Cyber Security Centre del Reino Unido, coincide con la atribución formal a Rusia del ataque de diciembre de 2025 contra la red eléctrica de Polonia. Según las autoridades británicas y los Estados miembros de la Unión Europea, esa operación fue obra del Centro 16 del FSB y, de haber tenido éxito, podría haber dejado sin suministro a 500.000 civiles.

El aviso fue emitido junto con organismos de Australia, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Polonia, Suecia y Estados Unidos. El centro británico, que forma parte del Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ), señaló que el objetivo es ayudar a las organizaciones de sectores críticos a comprender mejor la amenaza y a defenderse de actividad maliciosa.

Los sectores que el documento identifica como más expuestos son comunicaciones, defensa, energía, servicios financieros, gobierno y salud. La campaña no se limita al Reino Unido: el texto indica que el Centro 16 está atacando de forma oportunista redes de infraestructura nacional crítica en todo el mundo.

Qué busca el Centro 16 del FSB

El organismo británico explicó que los actores vinculados al Centro 16, también conocidos como Berserk Bear, Energetic Bear, Crouching Yeti, Dragonfly, Ghost Blizzard y Static Tundra, fueron detectados rastreando internet en busca de dispositivos que todavía usan contraseñas predeterminadas o débiles y cadenas comunitarias inseguras del protocolo SNMP.

De acuerdo con el aviso, su técnica principal consiste en usar escaneos de SNMP para localizar y comprometer routers vulnerables. El mismo grupo también explotó fallas conocidas en dispositivos Cisco, la función Cisco Smart Install y vulnerabilidades en portales web para tomar control de equipos de red.

La recomendación central para los operadores es concreta: adoptar SNMPv3, desactivar versiones heredadas del protocolo, establecer contraseñas fuertes y únicas para los dispositivos de red y restringir el acceso a los protocolos de administración mediante controles de acceso adecuados. El objetivo es reducir la superficie de exposición que este tipo de actores aprovecha para entrar en redes sensibles.

Jonathon Ellison, director de Resiliencia Nacional del NCSC, afirmó que el organismo y sus socios internacionales han expuesto de forma repetida “las herramientas avanzadas y las campañas coordinadas de actores cibernéticos rusos que buscan persistentemente explotar cualquier vulnerabilidad que encuentran”.

Ellison añadió que la nueva guía conjunta ofrece “instrucciones decisivas y aplicables de la comunidad global de seguridad que los defensores de redes deben implementar para protegerse contra operaciones de inteligencia rusa y asegurar la infraestructura crítica del Reino Unido”. También pidió a todas las organizaciones, en especial a las responsables de redes críticas británicas, que adopten estas medidas “de inmediato” para reducir el riesgo de intrusión.

El NCSC también instó a las organizaciones a obtener la certificación Cyber Essentials, el esquema respaldado por el gobierno británico que acredita el cumplimiento del estándar mínimo reconocido de ciberseguridad en el Reino Unido. A eso sumó la recomendación de utilizar la versión actualizada del Cyber Assessment Framework para medir la madurez de seguridad, corregir vulnerabilidades y fortalecer la resiliencia frente a amenazas en aumento.

La publicación del aviso coincidió con una nueva tanda de sanciones del gobierno del Reino Unido contra 24 personas y entidades señaladas por operaciones cibernéticas e híbridas destructivas. Entre ellas figuran ciberdelincuentes involucrados en redes de intermediación vinculadas a los servicios de inteligencia rusos.

Según el National Cyber Security Centre, la advertencia fue refrendada de forma conjunta por agencias de seguridad de 12 países. El mensaje común apunta a una misma conclusión: las redes críticas siguen siendo un blanco activo de operaciones rusas y las fallas conocidas en equipos de red continúan siendo una puerta de entrada aprovechable si no se corrigen.

La provincia de Samaná cuenta con un nuevo escenario para el deporte tras la inauguración del Play municipal, una obra que requirió una inversión de más de 14 millones de pesos dominicanos. El acto congregó a decenas de vecinos y autoridades, que celebraron la apertura de un espacio largamente esperado por la comunidad joven y los deportistas locales.

La remodelación del Play municipal trae cambios visibles. El terreno de juego luce renovado, las gradas ahora cuentan con techado y el sistema de iluminación permite el uso seguro del campo en horario nocturno. La instalación también incorpora una nueva verja perimetral y trabajos de pintura, condiciones que muchos residentes consideraban necesarias desde hace años.

Durante la actividad, el presidente Luis Abinader recorrió el campo acompañado por funcionarios y representantes municipales. El evento sirvió para dar respuesta a una demanda histórica de los habitantes de la zona, que durante mucho tiempo reclamaron espacios donde practicar deporte en condiciones adecuadas.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, compartió con la comunidad la visión de dotar a la provincia de lugares aptos para el desarrollo físico y la recreación. Desde el gobierno insisten en que estas obras buscan ofrecer alternativas al ocio y a la vez fortalecer la formación de los jóvenes, que ahora encuentran en el Play municipal un entorno más seguro y moderno.

El alcalde de Samaná, Nelson Núñez, resaltó que la obra marca un antes y un después para el municipio. Por su parte, la gobernadora provincial, Teodora Mullix, recordó que durante la actual gestión se han entregado cerca de 60 proyectos en la zona, señalando al nuevo Play como una de las obras más solicitadas por la población infantil y juvenil.

La inauguración se inserta en una estrategia de revitalización de espacios públicos deportivos. La apuesta por la infraestructura física es vista por las autoridades como una vía para ampliar las oportunidades de los jóvenes y fomentar la convivencia en la provincia.

Gobierno anuncia acciones para fortalecer la educación en la provincia

En el mismo contexto, el presidente Luis Abinader se reunió con estudiantes de distintos municipios de Samaná para escuchar sus inquietudes y necesidades. El encuentro giró en torno a los desafíos que enfrenta el sistema educativo local y a las iniciativas para garantizar que más jóvenes permanezcan en las aulas.

El mandatario supervisó los programas de Alimentación Escolar y Transporte Estudiantil (TRAE), dos herramientas que, según el gobierno, contribuyen a reducir la deserción escolar y a mejorar las condiciones materiales para el aprendizaje. Las autoridades presentaron además el programa Beca tu Futuro, que ofrece oportunidades de formación profesional para quienes buscan continuar sus estudios superiores.

Otro de los temas discutidos fue la enseñanza del inglés, vista como una herramienta esencial en una provincia con fuerte presencia turística. El idioma, sostienen funcionarios, puede abrir nuevas posibilidades de empleo para la juventud local.

El avance en la construcción del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Samaná fue otro de los anuncios relevantes. La obra permitirá que los estudiantes accedan a la educación universitaria sin tener que trasladarse a otras ciudades, lo que supone un alivio económico para muchas familias.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, señaló que el gobierno trabaja en la ampliación y mejora de los centros educativos, así como en la entrega de nuevas aulas y laboratorios. Durante la visita, se confirmó que la provincia recibirá una nueva escuela en Las Terrenas y el techado de la Escuela Primaria José Gabriel García. Además, se equiparán más de 300 laboratorios en diversas áreas del conocimiento para fortalecer la formación práctica de los estudiantes y adaptar la oferta educativa a las necesidades del mercado laboral.

Más de dos semanas después de que dos potentes terremotos sacudieran el centro-norte de Venezuela, el país sigue enfrentando una de las mayores tragedias naturales de su historia reciente.

La cifra oficial de fallecidos ya supera las cuatro mil personas, mientras miles continúan desaparecidas bajo toneladas de escombros, más de dieciséis mil personas resultaron heridas y decenas de miles perdieron sus hogares. La magnitud del desastre mantiene en incertidumbre el inicio de una recuperación que podría extenderse durante años.

Las imágenes de edificios colapsados, barrios enteros reducidos a escombros y hospitales operando al límite no solo han movilizado a la comunidad internacional. También han encendido las alarmas entre especialistas en ingeniería sísmica de América Latina, quienes consideran que la tragedia venezolana deja lecciones que países como Panamá no pueden ignorar.

Ese fue precisamente el eje de la Jornada de Ingeniería Sísmica: Avances y Desafíos en la Región, organizada por la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), donde expertos de Costa Rica, México y Panamá analizaron qué aprendizajes deja el desastre y cómo pueden incorporarse a las normativas nacionales antes de que ocurra un evento similar.

Para Luis Pinzón, director de Investigación de la USMA y miembro del Comité Consultivo Permanente para el Reglamento de Diseño Estructural Panameño, el principal desafío consiste en transformar el conocimiento científico en ciudades realmente resilientes.

Durante la jornada explicó que los recientes terremotos recuerdan que el riesgo sísmico continúa siendo uno de los mayores desafíos para América Latina y que, aunque la ingeniería sísmica ha avanzado considerablemente durante las últimas décadas, todavía existe una brecha entre la existencia de reglamentos y su aplicación efectiva.

Pinzón sostuvo que el terremoto de Venezuela demuestra que no basta con disponer de buenos códigos de diseño, sino que es indispensable garantizar su cumplimiento mediante inspecciones rigurosas durante las obras, programas permanentes de evaluación de edificaciones existentes y una fiscalización efectiva por parte de las autoridades competentes.

También insistió en que hospitales, escuelas y demás infraestructura crítica deben diseñarse para mantenerse operativos después de un gran sismo.

Una de las experiencias que más llamó la atención fue la presentada por el ingeniero Diego Hidalgo, de la Universidad de Costa Rica, quien explicó que el éxito de su país no depende únicamente de un código moderno, sino de que ese reglamento tiene fuerza de ley nacional.

En Costa Rica ninguna construcción puede obtener permisos municipales sin la aprobación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y sin que exista un profesional responsable que asuma civilmente cualquier falla estructural. Esa obligación legal, explicó, ha contribuido a mantener relativamente bajo el porcentaje de construcciones informales frente a otros países latinoamericanos.

Hidalgo destacó además que la comisión encargada de redactar el Código Sísmico costarricense funciona de manera independiente de intereses políticos, empresariales o gremiales. Está integrada por especialistas con perfil técnico y académico, lo que facilita que los avances científicos lleguen rápidamente a la normativa utilizada por el sector de la construcción.

Desde México, el doctor Miguel Mánica, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presentó otro enfoque basado en tecnología.

Explicó que la Ciudad de México dispone de un sistema digital que, utilizando las coordenadas exactas del terreno donde se levantará una edificación, genera automáticamente el espectro sísmico de diseño más adecuado para ese sitio.

El investigador señaló que esa metodología permite considerar las características particulares del suelo y reducir incertidumbres que pueden afectar el comportamiento de una estructura durante un terremoto, gracias a la extensa red acelerográfica desarrollada por México tras los devastadores sismos de 1985 y 2017.

Las conclusiones de la jornada coincidieron en tres aspectos considerados fundamentales para el futuro de la ingeniería sísmica regional: continuar fortaleciendo el conocimiento sobre las amenazas sísmicas y actualizar permanentemente los reglamentos; incorporar con mayor rigor las condiciones del terreno y los efectos de sitio en el diseño estructural; y garantizar construcciones de calidad mediante el cumplimiento efectivo de las normas técnicas.

La advertencia cobra especial relevancia mientras Venezuela enfrenta una reconstrucción monumental. Según estimaciones de Naciones Unidas, los daños físicos en edificios e infraestructura ascienden a unos treinta y siete mil millones de dólares, mientras más de un millón de personas requerirán asistencia humanitaria en los próximos meses.

La remoción de escombros continúa en numerosas zonas afectadas y cientos de familias siguen esperando noticias de sus seres queridos desaparecidos.

Para los especialistas reunidos en Panamá, la mayor enseñanza del desastre venezolano es clara: la prevención comienza mucho antes de que ocurra un terremoto. Empieza con reglamentos sólidos, pero sobre todo con la decisión de hacerlos cumplir.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) inauguró el segundo mini campo de fútbol construido en El Salvador bajo el programa FIFA Arena, que está ubicado en el Complejo Educativo Colonia Río Zarco, en la carretera a Metapán, kilómetro 69 ½, primera etapa, del departamento de Santa Ana.

Este centro educativo cuenta con una población estudiantil de 1,308 alumnos, quienes ahora tendrán acceso a una infraestructura moderna y adecuada para la práctica deportiva.

Este proyecto contó con el apoyo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y el Ministerio de Educación (MINED).

La inauguración de esta segunda cancha forma parte de un esfuerzo global liderado por la FIFA para promover el desarrollo del fútbol desde edades tempranas, mediante la construcción de mini campos en centros educativos.

El objetivo principal es fomentar la actividad física y el deporte como herramientas para la formación integral de la niñez y juventud, así como para la detección y desarrollo de nuevos talentos futbolísticos en todo el mundo. El programa FIFA Arena tiene como meta global la implementación de 1,000 canchas en diferentes países para el año 2031.

Durante el acto inaugural, el presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, expresó su satisfacción por la culminación de este proyecto y destacó la importancia de la colaboración institucional.

“Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Agradezco todo el apoyo que hemos recibido del Ministerio de Educación y de INDES para hacer realidad este proyecto. Les deseo el mayor de los éxitos. Disfruten al máximo esta cancha y aprovechen cada oportunidad que les brinde el deporte”, dijo Bukele.

René Martínez, presidente del INDES, subrayó el impacto positivo que este tipo de infraestructura tiene en la vida de los estudiantes. “Es un honor para mí inaugurar la FIFA Arena.

Felicito a la Federación de Fútbol por impulsar oportunidades de crecimiento para nuestros niños y jóvenes a través de las escuelas, porque una cancha representa mucho más que un espacio para jugar: es un lugar donde se forman buenos estudiantes y mejores ciudadanos”, afirmó.

En el evento, la línea de honor realizó el corte de cinta inaugural, abriendo oficialmente la nueva cancha y dejando constancia de la obra mediante una placa conmemorativa.

El programa FIFA Arena representa un nuevo paso en el desarrollo del fútbol formativo en El Salvador, consolidando la visión de dotar a los centros educativos de espacios seguros y adecuados para la práctica deportiva.

A diferencia de iniciativas anteriores, este proyecto no solo contempla la entrega de infraestructura, sino que también incluye la provisión de balones, chalecos y material de entrenamiento, además de la capacitación de docentes y entrenadores a través del programa Football for Schools.

FIFA Arena fue lanzado en mayo de 2025 durante el Congreso de la FIFA, celebrado en Asunción, Paraguay. Desde entonces, el programa se ha expandido a varios países, incluyendo Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, Ruanda, Francia, México, Marruecos y la Franja de Gaza en Palestina. En el caso de El Salvador, la alianza entre FIFA, FESFUT, INDES y MINED ha permitido que el país se sume a la lista de naciones beneficiadas, con la perspectiva de que más centros educativos puedan acceder a este tipo de canchas en el futuro cercano.

La implementación de estos campos de fútbol responde a la necesidad de crear espacios seguros, accesibles y modernos para la infancia y juventud salvadoreña, en un contexto donde el deporte se reconoce como un elemento clave para la prevención de la violencia, la promoción de valores y la integración social.

La segunda cancha FIFA Arena en Santa Ana se convierte así en un símbolo del compromiso de las autoridades y la comunidad internacional con el desarrollo integral de los estudiantes, reforzando el papel del fútbol como motor de cambio social y educativo en El Salvador.

Centroamérica necesita invertir USD 52,488 millones en infraestructura logística antes de 2035 si quiere consolidarse como un territorio competitivo a escala global, según el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística aprobado por los países miembros del istmo.

El plan contempla 374 proyectos estratégicos que abarcan carreteras, ferrovías, puertos y aeropuertos. Tres países concentran la mayor presión de capital: Costa Rica, El Salvador y Guatemala, cada uno con requerimientos que superan los USD 9,000 millones en obras prioritarias.

La quinta economía de América Latina y sus brechas internas

La región ya ocupa ese lugar en el escalafón latinoamericano, con un Producto Interno Bruto que supera los USD 386,000 millones y una población de más de 52 millones de habitantes, de acuerdo con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

El sistema logístico moviliza cerca de 195 millones de toneladas métricas al año, con Panamá a la cabeza del movimiento de carga marítima.

La infraestructura disponible incluye 44 puertos marítimos, 21 aeropuertos internacionales y 148 mil kilómetros de carreteras. El problema es que solo el 44% de esa red vial está pavimentada, una cifra que esconde una brecha interna pronunciada: Costa Rica pavimentó el 68% de sus vías, mientras que Nicaragua apenas alcanza el 19.5%.

Panamá encabezó en 2025 el crecimiento del tráfico aéreo en Centroamérica con un alza del 9% y casi 21 millones de pasajeros, según Centroamérica360, en un año en que Costa Rica, Guatemala y El Salvador también movieron más de cinco millones de viajeros o rozaron ese umbral.

El repunte de pasajeros coincidió con el peso regional de Panamá en el transporte de mercancías. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, el país concentró en 2023 el 63.7% de la carga regional, con unos 8.3 millones de TEUS.

Costa Rica transportó 6.4 millones de pasajeros en 2025 y registró un crecimiento interanual del 3.2%, mientras Guatemala movilizó 5.1 millones con un avance del 3.8%, citó el medio. El Salvador alcanzó 5.2 millones.

Qué proyecta el Plan Maestro Regional 2035

El plan aprobado por los gobiernos centroamericanos prioriza la modernización de pasos fronterizos y la coordinación aduanera, dos puntos que la SIECA identifica como cuellos de botella para el tránsito comercial.

La integración de esos cruces es considerada condición para avanzar hacia un esquema de mercado único centroamericano.

Panamá y El Salvador aparecen en el documento como las plataformas logísticas y aéreas del istmo. Sobre ellas recae buena parte de la expectativa de posicionar a la región como un corredor competitivo frente a otros bloques de América Latina.

Los obstáculos que frenan la ejecución

La SIECA advierte tres frenos concretos: la lentitud en la ejecución de proyectos, la heterogeneidad en el nivel de desarrollo de infraestructura entre países y la falta de financiamiento sostenido. El informe no ofrece un modelo de financiamiento cerrado, sino que apunta a la cooperación internacional y a esquemas de inversión privada como vías de respaldo.

La dinámica comercial de la región sigue en ascenso pese al entorno internacional adverso, según el mismo informe. Esa resistencia es el argumento central que la SIECA usa para justificar la urgencia de las inversiones y la profundización de la integración regional.

Para más de 447.000 estudiantes y docentes en Colombia, Ecopetrol desplegó iniciativas para ampliar el acceso a la educación y mejorar la infraestructura escolar en 47 municipios de 17 departamentos. Entre 2023 y 2025, la compañía ejecutó 106 proyectos de educación con inversiones superiores a $175 mil millones, que incluyeron adecuación de infraestructura de instituciones educativas, dotaciones de mobiliario, menaje para comedores, material pedagógico, kits escolares y becas de educación superior.

Según cifras de la compañía, entre 2023 y 2025, 843 sedes educativas fueron dotadas con mobiliario, 92.216 estudiantes recibieron material pedagógico y didáctico y 4.407 estudiantes se beneficiaron con una mejor infraestructura educativa. Cabe señalar que, en el departamento de la Guajira, fueron dotadas 14 instituciones educativas y 65 centros de desarrollo infantil.

Asimismo, en zonas rurales, donde el mal estado de las vías dificulta que niños, jóvenes y docentes puedan acceder a las escuelas, entre 2023 y 2025, Ecopetrol destinó más de $193 mil millones para proyectos de inversión social en infraestructura pública y comunitaria, e intervino 399 kilómetros de vías en más de 40 municipios de 15 departamentos, que benefician a más de 578.000 personas.

En paralelo, avanzan obras de mantenimiento y mejoramiento de otros 97,5 kilómetros de carreteras, que favorecerán a cerca de 370.000 habitantes entre 2026 y 2027.

Teniendo en cuenta las intervenciones integrales de inversión social que realiza la empresa, a la par de la mejora del componente pedagógico, al interior de las instituciones educativas, trabaja, de forma articulada, con las administraciones públicas en la mejora de la malla vial.

Un ejemplo de estas intervenciones conjuntas en el territorio es la zona de la Institución Educativa Santa Bárbara, en Guamal (Meta). Allí, al tiempo que se mejoraron 4,1km vía de acceso para facilitar la asistencia, especialmente en temporada de lluvias, con una inversión de $8.3 mil millones; se entregaron kits escolares a los estudiantes y docentes; y se optimizó la infraestructura educativa, incrementando la seguridad y el confort de los ambientes escolares.

Otro proyecto destacado es la construcción y dotación de la sede La Esperanza del Colegio Integrado Francisco José de Caldas, en Tibú, Norte de Santander. La obra contó con una inversión superior a $11.700 millones y benefició a cerca de 1.000 estudiantes.

Además de las inversiones en educación, Ecopetrol desarrolla proyectos de infraestructura vial y comunitaria enfocados en mejorar la conectividad, el acceso de pequeños productores a mercados, y generar espacios para la convivencia, deporte y salud.

La compañía considera que una mejor infraestructura facilita el acceso a servicios, reduce tiempos de desplazamiento y contribuye a dinamizar las economías locales, especialmente en territorios rurales y apartados.

Uno de los proyectos más relevantes es la pavimentación de la vía Alto Neblinas-Rubiales, en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. De acuerdo con Ecopetrol, el primer tramo de 9,5 kilómetros ya fue culminado, en el marco de la alianza entre entidades públicas y empresas del sector energético, que ya cuenta con la financiación para pavimentar cerca de 58 kilómetros. En el mismo municipio se mejora la institución educativa Rubiales, que tendrá una dotación de mobiliario y a la que será más fácil acceder, gracias a la pavimentación de la vía que lleva al municipio.

En paralelo, con el programa de infraestructura social de Ecopetrol se intervinieron 37 espacios comunitarios, (como la cancha en grama sintética de Villa del Carmen en Yopal; la caseta comunal de la vereda Tres Matas, en Cumaribo, Vichada, el mejoramiento de la Oficina de Asuntos Indígenas en Uribia, el mantenimiento de la biblioteca pública de Cantagallo, en Bolívar, el mejoramiento del centro de inclusión social, de Guamal, Meta), que benefician a más de 387.000 personas.

Para el desarrollo de estos proyectos se dio prioridad a la compra y uso de materiales locales y sostenibles, así como a la contratación de mano de obra regional para impulsar las economías de los municipios.

El mapa productivo argentino atraviesa una nueva etapa de diferenciación entre provincias. Mientras algunas consolidan un ciclo de expansión apoyado en sectores exportadores, otras arrastran un freno de años. La segunda mitad de 2026, según los analistas, acentuará esa distancia en un contexto de redefinición del rol del Estado nacional y de los gobiernos provinciales.

Los economistas consultados por Infobae coinciden en que el fenómeno no es coyuntural. Lo atribuyen a un esquema de incentivos que favorece a los territorios con recursos naturales estratégicos y perjudica a aquellos que no lograron construir una matriz productiva propia. En el medio, un conjunto de provincias deberá definir en los próximos meses si acompaña ese proceso o queda rezagado.

La discusión excede el plano fiscal. Involucra el diseño del federalismo, el esquema tarifario heredado de décadas de subsidios cruzados y la capacidad de cada distrito para atraer inversión privada en un escenario de tasas de interés todavía elevadas, aunque en descenso.

El esquema fiscal y productivo

El diagnóstico de fondo no pasa solo por el equilibrio de las cuentas públicas, sino por una estructura de recaudación y gasto que dejó a la mayoría de los distritos sin margen propio de decisión.

Martín Kalos, economista de EPyCA Consultores, plantea que el problema de fondo no se resuelve únicamente con ajuste.

La mayoría de las provincias no cuenta con recursos propios suficientes para sostener sus políticas productivas ni, en muchos casos, sus gastos corrientes (Kalos)

Según su diagnóstico, la mayoría de las provincias -con la excepción de los cinco distritos más grandes del país- no cuenta con recursos propios suficientes para sostener sus políticas productivas ni, en muchos casos, sus gastos corrientes.

Esa dependencia estructural de los fondos nacionales convive con una exigencia creciente: que cada provincia ejecute las principales partidas de gasto social y, al mismo tiempo, diseñe su plan de desarrollo.

Kalos fue categórico al describir ese esquema: “En Argentina chocamos de forma constante con un federalismo fiscal y productivo parcial, que en muchos aspectos termina siendo ficticio”.

La recaudación sigue concentrada en la Nación, mientras las provincias asumen la ejecución de áreas sensibles como educación, salud y seguridad. Ese desacople entre quién recauda y quién gasta explica buena parte de la parálisis productiva del interior.

El economista remarcó además que existen herramientas de diagnóstico subutilizadas. El Consejo Federal de Inversiones, dijo, dispone de estudios provincia por provincia que rara vez se traducen en una estrategia concreta, porque la urgencia fiscal cotidiana termina desplazando cualquier planificación de largo plazo.

Esa combinación -recursos escasos, agenda urgente y ausencia de un perfil productivo definido- es, para Kalos, la verdadera raíz del atraso relativo de buena parte del país.

Tarifas, subsidios y redistribución territorial

Ese reacomodamiento fiscal tiene un correlato directo en el esquema de tarifas, que durante años funcionó como un mecanismo de transferencia de recursos desde el interior productivo hacia el área metropolitana.

Está plenamente demostrado que los productores agropecuarios e industriales reinvierten la mayor parte de sus excedentes en sus propias zonas de influencia (Abram)

Aldo Abram, director ejecutivo de Libertad y Progreso, explicó: “Las provincias con perfil exportador financiaron con una elevada presión impositiva y retenciones un sistema de tarifas subsidiadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que beneficiaba de manera generalizada incluso a sectores que no necesitaban esa asistencia”.

La quita de esos subsidios, mantenidos ahora de forma focalizada solo para los sectores vulnerables, traslada el costo del ajuste a los usuarios del AMBA. La consecuencia directa, según Abram, es que la riqueza generada en las provincias productoras deja de derivarse hacia el área metropolitana y permanece en origen.

El conomista sostuvo: “Está plenamente demostrado que los productores agropecuarios e industriales reinvierten la mayor parte de sus excedentes en sus propias zonas de influencia”. Ese mecanismo, afirmó, es uno de los motores que dinamizará con más fuerza a las economías regionales exportadoras en lo que resta del año.

Abram advirtió que no todas las provincias se benefician de la misma manera con este reacomodamiento. Las que dependían de barreras proteccionistas, y no de una competitividad genuina, enfrentan el riesgo de perder terreno frente a la apertura comercial. El resultado para cada distrito dependerá del balance entre el alivio impositivo y el fin de los subsidios cruzados que antes las favorecían.

Minería, energía y el efecto RIGI

En el contexto de apertura comercial, el consenso entre los economistas consultados por Infobae es amplio: las provincias con minería, petróleo y gas concentran las mejores perspectivas del semestre.

Federico Belich, jefe de la regional Patagonia del Ieral de Fundación Mediterránea, ubicó a Neuquén en el centro de esa dinámica, con la puesta en funcionamiento a fin de año del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur como hito central. Río Negro, agregó, puede capturar parte de ese derrame a través de infraestructura, logística y de su porción de Vaca Muerta, hoy subexplotada frente al peso mediático de Neuquén.

Río Negro puede capturar parte de la nueva infraestructura del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y de su porción de Vaca Muerta, hoy subexplotada frente al peso mediático de Neuquén

Martín Kalos coincidió en que el impacto de Vaca Muerta ya trascendió los límites neuquinos. Según su análisis, Mendoza y La Pampa participan como proveedoras secundarias a través de su entramado de empresas de servicios, un rol que se consolidará con el correr de los años.

San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy completan el cuadro de provincias mineras, aunque Belich advierte que ese impacto se hará visible con mayor claridad recién en 2027, dado que las inversiones de capital intensivo demandan tiempos de maduración más largos.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aparece como la pieza que ordena ese tablero.

Daniel Garro, director de Value International Group, advirtió, sin embargo, que depender exclusivamente del RIGI no alcanza si una provincia no construye además una política económica propia, capaz de generar un impulso local autónomo más allá de los ciclos de inversión externa.

San Juan, dijo, es el caso testigo: la concentración de proyectos mineros le garantiza movimiento, pero sin una reforma fiscal provincial ese impacto quedará acotado al sector extractivo y no se derramará al resto de su economía.

Infraestructura, tasas y participación privada

El otro gran condicionante para el interior es la infraestructura. Belich cuenta que en Neuquén el cuello de botella ya no pasa por la productividad de los pozos, sino por la logística necesaria para sacar el gas y el petróleo hacia los puertos y los mercados de exportación. Esa lógica se repite en distintas escalas a lo largo del país, donde rutas, puertos y ferrocarriles arrastran años de infraestructura insuficiente.

Aldo Abram plantea que ese esquema empieza a modificarse a partir de un mecanismo financiero.

Los proyectos de participación público-privada, hoy prácticamente paralizados por el costo del crédito, comenzarán a activarse a medida que la tasa de interés continúe su descenso. El economista sostuvo: “El efecto dinamizador comenzará en la etapa de construcción, ya que el proceso de obra genera un circuito de inversión muy virtuoso”.

Esto implica que el impacto en el empleo y la demanda de servicios locales no esperará a la inauguración de cada obra, sino que se sentirá desde el momento en que arranquen los trabajos.

El impacto en el empleo y la demanda de servicios locales no esperará a la inauguración de cada obra, sino que se sentirá desde el momento en que arranquen los trabajos (Abram)

Daniel Garro coincidió en que la reconstrucción de la infraestructura del interior quedará mayormente en manos privadas, dado que los estados provinciales carecen de margen fiscal para financiar grandes obras por su cuenta. Como excepción crítica, mencionó el caso de Mendoza, donde, a su criterio, el uso de los fondos de resarcimiento en determinados proyectos no generó el valor genuino ni el dinamismo de largo plazo que la provincia necesitaba.

El ritmo de esta transición, agregó, lo marcarán las licitaciones viales, la participación privada en los ferrocarriles y la apertura del sector aerocomercial.

Las jurisdicciones más rezagadas

El escenario menos alentador es el de las provincias que continúan dependiendo casi con exclusividad del empleo estatal. Abram fue tajante al señalar que, bajo el modelo económico actual, esas economías estatales no tienen margen de viabilidad si no se abren a la atracción de capitales privados. El caso que eligió para graficarlo fue el de Formosa, una provincia donde el peso del Estado como principal empleador y motor de consumo dejó un entramado privado subdesarrollado.

Para el economista de Libertad y Progreso, ese modelo tiene además una dimensión política. Cuando la mayoría de una población depende del empleo público o de venderle al empleado estatal, sostuvo, se perpetúa una relación de dependencia directa hacia el gobernador de turno que condiciona incluso la libertad de elección de los ciudadanos.

La salida de ese esquema, remarcó, solo es posible si el sector privado gana peso relativo y la sociedad deja de depender de las decisiones del gobierno provincial para garantizar su propio bienestar.

Aldo Abram identificó además un caso con potencial desaprovechado: La Rioja, que a su juicio reúne condiciones para sorprender a largo plazo, pero que bajo la conducción actual mantiene un perfil que él calificó de “populista y feudal”, funcional a preservar un sector privado subdesarrollado y una ciudadanía dependiente del Estado provincial.

La comunidad rural de Villa Modelo, situada en el distrito de El Divisadero en el oriente de El Salvador, celebra la llegada de un nuevo sistema de agua potable que beneficiará a más de 700 personas. La iniciativa, desarrollada por la Dirección de Obras Municipales (DOM), busca transformar la calidad de vida de 176 familias que durante años han enfrentado dificultades para acceder al recurso.

El proyecto avanza actualmente en su segunda fase, la cual contempla la edificación de una cisterna con capacidad para 25 metros cúbicos y un tanque de almacenamiento de 50 metros cúbicos. Esta infraestructura garantizará el suministro para la demanda actual y permitirá responder a futuras necesidades de la zona. En una etapa previa, los trabajos incluyeron la perforación de un pozo de 250 metros de profundidad, capaz de aportar un flujo de 420 galones por minuto.

El diseño del sistema incluye una planta de tratamiento y purificación de agua, así como una red de impulsión de 188 metros lineales de tubería de hierro galvanizado de 4 pulgadas de diámetro. Esta red contará con válvulas de control que facilitarán el transporte del agua desde el pozo hasta la cisterna. Dos bombas, una sumergible y otra de turbina vertical, se encargarán de extraer y movilizar el agua hacia el almacenamiento principal.

Para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de la infraestructura, el proyecto incorpora una subestación eléctrica dimensionada para abastecer la totalidad del sistema. La red de distribución cubrirá más de 10 kilómetros y conectará directamente a los 176 hogares, con instalaciones que incluyen medidores, válvulas y grifos individuales para cada residencia.

El plan de obra también prevé la construcción de una caseta de bombeo, la planta de tratamiento, muros y malla ciclón para proteger la infraestructura, instalaciones eléctricas complementarias, cajas de válvulas y anclajes, además de canaletas y cajas para el manejo adecuado de aguas lluvias. Con estas acciones, la DOM proyecta una solución integral para mitigar los problemas de escasez y garantizar el acceso a agua segura en la región.

La ejecución de este sistema se suma a una serie de intervenciones de la Dirección de Obras Municipales en el departamento de Morazán. Ya se han entregado cinco sistemas de agua potable en los distritos de San Isidro, Arambala, Cacaopera, Jocoro y Sociedad, lo que evidencia un esfuerzo sostenido por ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de vida en zonas rurales.

La presencia de la DOM en El Divisadero también incluye la finalización de una nueva unidad de salud y la reconstrucción en curso del Instituto Nacional local, lo que diversifica el impacto de la inversión pública en diferentes áreas del bienestar comunitario.

En el panorama departamental, la Dirección de Obras Municipales mantiene cerca de un centenar de proyectos activos en Morazán, de los cuales más de la mitad ya han concluido. Entre las obras relevantes se encuentran 27 proyectos viales, que han permitido recuperar más de 75 kilómetros de calles urbanas y rurales, así como la ejecución de cuatro unidades de salud adicionales.

El impulso a la electrificación también forma parte de la agenda, con tres proyectos en marcha o finalizados, y la recuperación de centros históricos en dos localidades. A esto se suma la creación de un parque recreativo en el distrito de Torola, destinado a ampliar los espacios de convivencia y recreación para las comunidades.

Una sala de emergencia con triaje, sala de curas, sala de nebulización, camas de observación y box de reanimación integra el Hospital Municipal de Guayubín, recientemente renovado tras una inversión de RD 138,246,715 (aproximadamente USD 2,340,000). También se incorporaron consultorios de medicina general, odontología y ginecología, así como servicios de sonografía, rayos X, laboratorio y toma de muestras, con el propósito de ampliar la cobertura sanitaria en Guayubín y zonas aledañas.

El proyecto incluyó la actualización de un quirófano, sala de partos y áreas para esterilización, preparación y recuperación. La sala de recuperación cuenta con dos camas, al igual que la sala de preparación, lo que permite la atención posterior a intervenciones médicas. En el área de neonatos, el hospital dispone de tres cunas, lo que beneficia la atención a recién nacidos.

La infraestructura renovada beneficia de manera directa a más de 39,000 habitantes del municipio y contribuye al fortalecimiento de la red pública de salud en la provincia Montecristi. El hospital suma 14 camas de internamiento, farmacia, área administrativa y almacén de medicamentos, lo que incrementa la capacidad operativa. Además, cuenta con servicios generales, área de vacunación y morgue, ampliando la oferta de servicios médicos y logísticos.

La sala de Emergencia, ahora renovada, incorpora sala de espera y registro para optimizar el ingreso de los pacientes. La zona de triaje facilita la clasificación de casos, mientras que la sala de nebulización, equipada con tres sillones, permite el tratamiento inmediato de problemas respiratorios. El box de reanimación y las camas de observación facilitan la atención en situaciones de emergencia.

Inversión y ampliación de servicios en la región

Durante el acto de entrega, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, señaló que la intervención forma parte de la estrategia para mejorar la infraestructura hospitalaria en la región. Afirmó que el objetivo es acercar servicios médicos y garantizar la accesibilidad para la población, independientemente de su lugar de residencia.

Landrón indicó que la comunidad había solicitado mejoras en la atención sanitaria y que la renovación del hospital responde a esa necesidad. También mencionó que en la región noroeste se han realizado intervenciones en otros centros, como hospitales de Esperanza, Laguna Salada, Villa Los Almácigos, Partido, Dajabón y Santiago Rodríguez. Según el funcionario, la inclusión de especialidades como salud mental, oncología, unidades para pie diabético y hemodiálisis facilita que los pacientes reciban atención sin necesidad de desplazarse a otros lugares.

La inversión se distribuyó en RD 65,618,275 para infraestructura, RD 40,030,488 para la nueva emergencia y RD 32,597,951 para equipamiento (equivalentes a USD 1,111,000, USD 677,000 y USD 552,000 respectivamente). La gobernadora provincial, Leissa Virginia Cruz Polanco, expresó que la obra facilitará el acceso a servicios de salud adecuados para la población local.

El acto de inauguración contó con la presencia de autoridades locales, personal de salud y representantes comunitarios. La bendición estuvo a cargo del pastor Oniel Vargas de la Iglesia Adventista Séptimo Día. Con las nuevas instalaciones, se espera que los residentes de Guayubín y áreas vecinas dispongan de mayor cobertura y eficiencia en la atención médica, en línea con los objetivos de mejora del sistema público de salud en la provincia.

El fenómeno de El Niño amenaza con generar pérdidas económicas que podrían alcanzar hasta S/42 mil millones y provocar un retroceso de hasta 4 % en el Producto Bruto Interno de Perú (PBI), según estimaciones oficiales y voces especializadas.

El análisis del impacto de El Niño sobre la economía peruana parte de antecedentes contundentes. Según cifras del Banco Central de Reserva (BCR) citadas por el Colegio de Economistas de Lima, las pérdidas en el periodo 1982-1983 alcanzaron los tres mil millones de dólares, equivalentes aproximadamente al 3 % del PBI de ese momento. Para el episodio de 1997-1998, el monto ascendió a tres mil quinientos millones de dólares y representó entre 1,5 % y 2 % del PBI de entonces.

En 2017, el país enfrentó el llamado Niño costero, considerado un evento de magnitud considerable, que se sumó a una secuencia de fenómenos climáticos extremos con repercusiones directas en la economía nacional.

Las proyecciones actuales, de acuerdo con el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), sitúan el rango de pérdidas económicas y materiales vinculadas al próximo Niño costero entre S/15 mil millones y S/42 mil millones.

Pérez advirtió en declaraciones a Canal N que este escenario tendría “un impacto severísimo en el crecimiento del PBI del Perú”.

Falta de financiamiento

La respuesta presupuestaria del Ejecutivo ha sido calificada como insuficiente por autoridades regionales. El crédito suplementario de S/9.596 millones que discute el Congreso solo destina S/300 millones a acciones directas frente al fenómeno climático, según precisó Pérez.

El gobernador cuestionó la disponibilidad de recursos, señalando que existen proyectos de intervención en ríos paralizados por falta de presupuesto. “Hoy tenemos ríos intervenidos por la PCM cuyos proyectos se iniciaron hace tres años y ahora están paralizados por falta de presupuesto”, expuso.

Por su parte, el Gobierno Regional de Lambayeque ha asignado S/100 millones para culminar obras heredadas de la extinta Reconstrucción con Cambios, hoy bajo la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). No obstante, estos fondos no permiten la intervención en proyectos estratégicos como las cuencas de los ríos Olmos, Motupe, Chancay, La Leche y Zaña, ni en el drenaje pluvial de Chiclayo, debido a que forman parte de contratos de Gobierno a Gobierno.

Saneamiento y vulnerabilidad social

El colapso del sistema de alcantarillado en Lambayeque se perfila como un riesgo adicional. Humberto Heredia, de la Comisión de Grandes Proyectos del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, alertó sobre la gravedad de este problema: “El fenómeno de El Niño va a agravar la situación. La gente utilizará los desagües para botar el agua y vamos a tener calles llenas de excrementos. Eso es peligroso”.

Heredia explicó que la región arrastra un déficit de infraestructura en saneamiento y drenaje pluvial, derivado de la falta de ejecución de obras de gran envergadura. Según sus palabras, esta situación incrementa la vulnerabilidad de la población frente a eventos climáticos extremos.

Llamado urgente a la acción estatal

El gobernador regional de Piura y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Luis Neyra, instó al presidente de la República, José María Balcázar, a ejecutar de inmediato las obras de prevención y mitigación. “No hay que esperar al nuevo gobierno. Desde ahora deben iniciarse todos los trabajos de mitigación y prevención que puedan culminarse hasta fin de año para hacer frente a esta inclemencia climática”, declaró Neyra.

La ANGR también pidió que los ministerios incluyan en sus planes de ejecución los proyectos priorizados por las regiones, con el objetivo de cerrar brechas de infraestructura y fortalecer la capacidad de respuesta ante lluvias y otros eventos extremos.

El riesgo para el PBI: estimaciones y advertencias

En cuanto al posible impacto en el crecimiento económico, el ex funcionario y experto Carlos Neuhaus sostuvo recientemente a El Comercio: “Dependiendo de la gravedad de El Niño, se puede retroceder hasta un 3 % o 4 % del PBI”.

Este rango coincide con los antecedentes históricos documentados por el Colegio de Economistas de Lima, así como con las cifras actuales planteadas por las autoridades regionales y el Indeci. La magnitud final dependerá de la intensidad y duración de las lluvias, la capacidad de ejecución de obras y la rapidez con que se asignen los recursos necesarios para la prevención.

A lo largo de su historia reciente, Perú ha enfrentado repetidos embates de El Niño. Los registros económicos y las alertas técnicas coinciden en que el fenómeno puede comprometer seriamente los indicadores macroeconómicos, además de exponer a millones de personas a riesgos sociales y sanitarios.

La Argentina suele celebrar sus cosechas mirando los números en el puerto de Rosario, pero se olvida sistemáticamente de mirar el mapa completo. Lejos de la pampa húmeda, la realidad productiva cambia de color, y no en términos de capacidad y tecnología. Producir en el norte argentino dicta una sentencia silenciosa. Para el productor, el puerto del Gran Rosario está económicamente más lejos que el trayecto en barco desde Santa Fe hasta Shanghái.

El horizonte podría estar más cerca de lo que creemos

Históricamente, en las regiones del NOA y NEA, la capacidad productiva ha demostrado una resiliencia formidable, aportando entre el 10% y el 15% del volumen nacional de soja, por ejemplo. Pero hoy nos enfrentamos a lo que denomino una “aduana invisible”. El costo asfixiante del flete terrestre de larga distancia, llega a devorarse desde un 20% al 30% del valor de la tonelada en camión o tren antes de que esta toque la cubierta de un buque transatlántico.

La hiperconcentración en el polo agroexportador rosarino es una realidad industrial innegable. La pregunta que surge inevitablemente cuando miramos el mapa desde el interior es ¿por qué esa producción tiene que viajar entre 500 a 1000 kilómetros por ruta existiendo una salida fluvial como el Puerto de Barranqueras a escasos kilómetros?

La respuesta rápida se ampara en las limitaciones físicas: las fluctuaciones de calado en el Paraná Superior, la imposibilidad de recibir buques oceánicos y la falta de escala de molienda en origen. Pero mirar el problema desde ahí es errar el diagnóstico. El norte no necesita competir con la infraestructura colosal de Rosario; necesita aliarse con ella.

Un mapa de flujos en perspectiva de crecimiento

Para transformar esta realidad, la ingeniería logística no debería pensarse desde la imposición de un único modelo, sino desde la articulación inteligente de las herramientas que ya tenemos. Es una invitación a rediseñar el mapa de flujos.

Para empezar, el camión carga con el desgaste de viajes kilométricos en rutas agotadas y los márgenes acotados de ganancia, cuando su verdadera fortaleza reside en la cercanía, en ese flete corto de poco más de cien kilómetros que une el lote con el acopio o la vía. Si logramos asegurar la conectividad rural, ofrecer tarifas razonables y el mantenimiento de los caminos secundarios para que una tormenta no detenga el origen de la cadena, el transporte automotor se convierte en el eslabón más ágil del sistema.

A partir de allí, el desafío se traslada a las venas de acero. El ferrocarril, con el Belgrano Cargas como principal protagonista, posee la escala natural para mover grandes volúmenes a una fracción del costo. Nuestra herramienta logística con mayor potencial, pero más olvidada.

A pesar de algunas renovaciones parciales, la desinversión acumulada de décadas nos deja con velocidades comerciales lentas y una incapacidad para absorber el grueso de la producción.

La articulación directa con los puntos más productivos de la zona, una ampliación de ramales y la creación de un punto logístico eficiente que coordine directamente con los acopios, serían algunas de las soluciones inmediatas. Pero primero debemos terminar con el debate sobre si debería ser estatal o privado, acelerar el proceso, cualquiera sea la solución. Seguidamente dar paso a la acción sin mucho acto de inauguración, poniendo manos a la obra y tendremos una solución logística con todas las letras.

El Puerto Norte, una posible salida

Finalmente, el río espera. Concebir a Barranqueras no como un competidor rezagado del Gran Rosario, sino como un puerto alimentador continuo y específico para barcazas de bajo calado, cambia por completo la ecuación. El éxito de esta salida fluvial no depende solo de garantizar un dragado previsible en su riacho de acceso, sino de resolver un enigma de ida y vuelta: la logística inversa. El río se vuelve económicamente imbatible cuando entendemos que las barcazas no solo deben bajar cargadas con el esfuerzo del norte, sino regresar repletas de los insumos críticos que la región demanda para seguir produciendo, como combustibles o fertilizantes, disolviendo así el costo del retorno vacío.

Reducir la distancia que separa al norte argentino del mundo no es solo una cuenta matemática para mejorar la rentabilidad de las empresas agrícolas; es una necesidad estratégica para estabilizar las economías regionales y expandir la frontera productiva de manera sustentable. Para que el interior profundo libere todo su potencial, el debate debe madurar. Dejar de mirar los modos de transporte como competidores individuales y empezar a pensarlos como eslabones de una misma cadena. Solo cuando logremos descifrar este entramado, la aduana invisible dejará de ser el techo del esfuerzo, y el norte encontrará la fluidez que su propio motor productivo reclama.

Por último, y no menos importante, debemos entender que la política pensada como proyección y crecimiento, sin importar el color, es la que debería coexistir con el sector productivo. No podemos intentar cambiar las cosas si seguimos con métodos demagogos con fines últimos lejanos a la realidad.

Cada solución o proyecto que se plantea, sea la problemática que sea, debe ser solvente en el tiempo, no ser pensada para fines políticos cortoplacistas cuyo fin abstracto, es mantenerse en el poder. El foco debe cambiar, el impacto social-económico de cualquier inversión pensada en términos de productividad, va a afectar siempre positivamente al ciudadano de a pie en la medida que se hagan las cosas correctamente, y eso, es lo que definitivamente importa.

La conversación se centró en el rol de las ciudades y los municipios. Según Asinelli, la CAF realizó un informe sobre las ciudades en la región, donde identificó que existen más de dieciocho mil gobiernos locales en América Latina y el Caribe. En el caso de Argentina, la cifra supera los dos mil doscientos municipios, mientras que Brasil tiene más de cinco mil y México más de dos mil quinientos. El funcionario remarcó la “mucha disparidad en toda la región” y subrayó que “lo que no se resuelve en el tema local, en el territorio, es muy difícil que se resuelva a nivel nacional”.

El contacto directo con la ciudadanía, a juicio de Asinelli, permite entender rápidamente los problemas y, en muchas ocasiones, buscar soluciones más efectivas. Sin embargo, reconoció que la capacidad fiscal y administrativa de los municipios varía considerablemente según el país y la estructura política. En América Latina, solo Argentina, Brasil, Venezuela y México tienen sistemas federales, mientras que el resto de los países son unitarios, con una centralización de la toma de decisiones.

En este contexto, Asinelli planteó que la CAF enfoca su trabajo en los gobiernos subnacionales, ya que considera que la solución a muchos desafíos regionales está en el ámbito local. Temas como el acceso al agua y el saneamiento, donde existen grandes brechas incluso dentro de una misma provincia, forman parte de las prioridades del banco de desarrollo. “Dentro de una misma provincia podés tener lugares que tienen el setenta, ochenta, noventa por ciento de acceso a agua limpia y hay otros que tienen el veinte, treinta, cincuenta”, ejemplificó.

Durante la entrevista, el vicepresidente de la CAF detalló que en los últimos cinco años la entidad financió unos seis mil millones de dólares en proyectos específicamente del ámbito subnacional. En el lustro anterior, la cifra ascendía a dos mil doscientos millones, lo que refleja un crecimiento en el financiamiento orientado a ciudades y provincias. Este salto estuvo asociado a la capitalización más grande en la historia del banco, aprobada por los ministros de Economía que integran el directorio, y que permitió ampliar la capacidad de préstamo.

La CAF, según Asinelli, cuenta con una calificación doble A, superior a la de la mayoría de los países miembros, lo que facilita el acceso a financiamiento más barato para proyectos fundamentales en las ciudades. El funcionario consideró esto como un logro colectivo de los países latinoamericanos, quienes lograron consolidar un bien público regional a través del banco y avanzar en el desarrollo de infraestructura crítica.

La entrevista de Infobae en Vivo abordó el tema de las capacidades institucionales y la generación de redes entre ciudades. Asinelli valoró las redes como espacios donde los gobiernos locales pueden interactuar, acceder a información, buscar alternativas de financiamiento y encontrar soluciones compartidas. “Cuando caminas toda América Latina y el Caribe, los problemas son parecidos”, aseguró, y destacó la importancia de “aprender de la experiencia ajena” para acelerar los procesos de mejora.

El funcionario mencionó el caso de la ciudad de Córdoba, donde el exgobernador Schiaretti impulsó la creación de un ente metropolitano para coordinar políticas públicas con los veintisiete municipios del área. Una de las prioridades fue la gestión de residuos, dado que los municipios más pequeños no contaban con los recursos necesarios para afrontar ese desafío. Otro ejemplo citado fue Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, que avanzó en capacitación y separación de residuos para cerrar el mayor contenedor de residuos de la provincia.

Asinelli explicó que la CAF, junto a organismos como el Banco Mundial y el BID, tiene un rol estratégico en la región, pero advirtió que los bancos de desarrollo no pueden resolver todos los problemas estructurales. En América Latina, la necesidad anual de infraestructura para cerrar las brechas ronda los cuatrocientos mil a quinientos mil millones de dólares, mientras que el conjunto de bancos de desarrollo presta unos cincuenta mil millones. En ese sentido, remarcó la importancia de la coordinación y la eficiencia para seleccionar los proyectos prioritarios.

Respecto a la normativa para el financiamiento, Asinelli precisó que la institucionalidad de cada país define si la CAF puede otorgar créditos de manera directa a los municipios. En Colombia, Uruguay y Ecuador, por ejemplo, la normativa permite el financiamiento directo. En Argentina, en cambio, los municipios necesitan la garantía soberana del Estado nacional para acceder a créditos. Esto otorga al gobierno central un control sobre la distribución del financiamiento y puede influir en la dinámica política entre provincias y el Estado central.

Otro aspecto abordado fue el principio de subsidiariedad, según el cual las tareas que pueden gestionar los gobiernos locales no deberían trasladarse a instancias superiores. Asinelli subrayó que esto requiere que los municipios cuenten con equipos técnicos y personal capacitado para diseñar y ejecutar proyectos, un factor que consideró clave para la sostenibilidad de las políticas públicas.

La planificación urbana y la integración entre lo público y lo privado también formaron parte del análisis. El vicepresidente de la CAF indicó que, al igual que en el diseño de un centro comercial, la planificación de una ciudad requiere pensar de manera integral, considerando tanto la política pública como la lógica privada. En su opinión, la experiencia argentina en municipalismo es sólida y existen muchos intendentes y dirigentes capacitados para asumir este enfoque.

El turismo, tanto de eventos como religioso, surgió como un ejemplo de cómo los gobiernos locales pueden impulsar el desarrollo sin depender completamente de los niveles provincial o nacional. La ciudad de Buenos Aires, con sus alianzas con otras ciudades, fue citada como modelo de gestión autónoma y exitosa en la promoción del turismo.

Durante la charla, Asinelli puso en valor el compromiso de los intendentes y las intendentas de la región. Destacó que muchos de ellos, tras superar una primera gestión con dificultades, logran consolidar su liderazgo y obtienen altos niveles de aprobación en las siguientes elecciones. “La cercanía es la clave”, sostuvo, al referirse al vínculo directo de los jefes comunales con la ciudadanía.

El funcionario recordó que en las décadas del ochenta y noventa los gobiernos locales recibieron nuevas responsabilidades, como la educación y la recolección de residuos, aunque muchas veces no recibieron el financiamiento adecuado para ejercerlas. Esta situación generó desafíos persistentes y demandó mayor creatividad y capacidad de gestión por parte de los intendentes.

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Mirá la entrevista completa a Christian Asinelli:

A pesar de que la Argentina logró en mayo un superávit en su balanza energética de USD 1.395 millones, a la vez que es sede de Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo, el país sigue dependiendo de las importaciones de gas en invierno.

La paradoja tiene una explicación estructural. La Argentina produce alrededor de 140 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas, pero la demanda invernal supera los 180 MMm3/d. La red de transporte no tiene capacidad suficiente para trasladar todo el gas desde las cuencas productoras hasta los centros de consumo en los picos estacionales.

Es por eso que el gas natural licuado (GNL) importado opera como un seguro para cubrir esos faltantes puntuales —aunque la mayor parte del volumen importado termina destinado a la industria, no a los hogares—. Este invierno, ese seguro llegó, pero con un precio que el sector productivo dice no poder pagar.

“Llevo 10 días con la gente parada sin producir y acumulé $100 millones en multas en cinco días. Estoy generando multas sin producir", comentó a Infobae la dueña de una fábrica de ladrillos en la provincia de Buenos Aires. Su horno no puede apagarse: necesita mantener un mínimo técnico para no arruinar la estructura. Pero la distribuidora le ordenó consumo cero. Cada día que produce para sostener ese piloto, le llega una multa de alrededor de $50 millones, con el riesgo adicional de que le corten el suministro por completo. “Claramente esto se va a judicializar”, advirtió.

El caso, no obstante, no es aislado. Alrededor de 130 fábricas en todo el país sufrieron cortes o decidieron frenar la producción ante el salto en el precio del GNL importado, que este invierno el Gobierno decidió trasladar íntegramente a la industria, sin subsidios del Tesoro, como se hacía desde 2008. La razón detrás de esa decisión se alinea con la intención del Gobierno que los usuarios paguen el “precio real de la energía”.

El mayor impacto se concentra en el litoral y el norte del país, donde los cortes e interrupciones alcanzan al 50% de las industrias, según fuentes del sector.

El detonante fue una combinación de factores. El conflicto bélico en Medio Oriente disparó el precio internacional: el GNL pasó de cotizar en torno a los USD 11 por millón de BTU —la unidad de medida térmica inglesa usada en el sector— a valores de entre USD 23 y USD 26. Para las industrias que no participaron de las subastas públicas organizadas en el mercado electrónico de gas (Megsa), el precio final llegó a ser casi diez veces superior al del gas de red local, que ronda los USD 4,5 por millón de BTU.

“Ya llevamos 15 años de crisis energética. Sabemos cómo es el invierno y armamos nuestros planes de producción en base a esa oferta de gas para que no falte en los hogares”, explicaron en el sector industrial.

“Nunca nos pasó que nos mandaran a consumo cero”, dijo la dueña de la empresa de ladrillos. Y continuó: “La Argentina tiene gas pero falta infraestructura; el gas que compró el país lo pagó en medio del conflicto de Medio Oriente y la industria no puede absorber de ninguna manera esos costos. Es un sobrecosto inviable para el sector que encima viene deprimido hace un año y medio”.

El precio que pagan los que no compraron en subasta

Si bien la importación de GNL estaba en manos de Enarsa desde hace casi 20 años, este año el gobierno buscaba que la operación quedara en manos privadas. Y, aunque hubo dos oferentes para hacerse cargo del negocio, finalmente quedó bajo la órbita estatal. Según pudo reconstruir este medio, los plazos de importacion y la necesidad de garantizar el suministro fueron determinantes para acelerar esta decisión.

Como respuesta a esta situación, Enarsa compró los buques, pero también organizó subastas para que las industrias adquirieran GNL de forma directa en el Megsa. Las empresas que no participaron quedaron expuestas a negociar con Trafigura, la comercializadora de materia prima que en una de esas licitaciones adquirió el equivalente a cinco cargamentos de GNL. Fuentes oficiales sostienen que “la industria tuvo acceso al volumen antes que cualquier comercializador” y que las compañías que hoy negocian con el trader “son las que decidieron no tomar ese volumen en las subastas”.

Las distribuidoras reconocen que aplican cortes tanto en contratos interrumpibles —aquellos que ofrecen gas más barato a cambio de no garantizar el suministro— como en contratos firmes con ventanas, que contemplan restricciones parciales por períodos acordados.

En la práctica, los contratos interrumpibles están cortados en su totalidad. Los firmes con ventana, en cambio, permiten a la distribuidora tomar días de corte hasta un máximo de 60 días por año, que pueden aplicarse de forma discontinua según la necesidad operativa. Camuzzi Gas Pampeana, por ejemplo, aplica esa ventana sobre los grandes usuarios del área metropolitana de Buenos Aires. Para las industrias con contrato firme que igualmente reciben cortes, la situación deriva en una discusión jurídica sobre el incumplimiento de acuerdos vigentes. Varias cámaras empresariales ya anticipan acciones legales.

La Cámara Industrial de Cerámica Roja (Cicer) advirtió que “el impacto es especialmente grave en las empresas de menor escala, que constituyen la base del entramado productivo del sector”. La Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa) expresó “profunda preocupación” por la falta de suministro y la escalada de costos. Desde la Unión Industrial de Salta informaron que la falta de gas golpea al polo cerámico, los ingenios azucareros, las empresas citrícolas y tabacaleras, además de distintas economías regionales.

La Unión Industrial Argentina (UIA) elevó por escrito al secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, una propuesta para llegar al ministro de Economía, Luis Caputo: dividir en partes iguales la diferencia entre el precio del GNL importado y el valor local, con el Estado absorbiendo la mitad como subsidio. El costo fiscal estimado era de USD 130 millones para el período junio-mediados de agosto. Caputo la rechazó.

El norte, el eslabón más débil

En el norte del país, la situación es estructuralmente más grave que en el centro o el AMBA: las obras de reversión del Gasoducto Norte aún no están terminadas, lo que limita el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia provincias como Salta, Jujuy y Tucumán. El GNL aparece allí como alternativa, pero a un costo que lo vuelve prácticamente inviable: su precio llega a ser seis veces superior al del gas proveniente de la cuenca neuquina.

El impacto no se limita a la industria. Las estaciones de Gas Natural Comprimido (GNC) también sufrieron restricciones, con largas filas y piquetes registrados en La Plata. Desde fines de abril, las principales distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires ordenaron limitar las ventas de GNC al cupo del firme contratado.

El costo de importar en un año de guerra

Este invierno entrarán al país alrededor de 25 cargamentos de GNL con un costo cercano a los USD 1.000 millones, a razón de unos USD 20 por millón de BTU. El ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Juan José Carbajales proyectó que la factura total podría trepar hasta USD 1.400 millones, el doble de lo que costó en 2025. El salto responde a la escalada global de precios tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán: antes de la guerra, el GNL cotizaba alrededor de USD 11 por millón de BTU.

El sobrecosto energético tampoco se limita al gas. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) había proyectado en febrero un precio de USD 65 el MWh para mayo, pero terminó pagándose USD 105. En junio, el valor trepó a USD 142, en gran parte por el mayor uso de combustibles líquidos importados para generar electricidad ante la escasez de gas. La industria, que consume energía eléctrica de manera intensiva, paga así más caro tanto el gas como la luz en el momento de menor actividad del año.

La ampliación del gasoducto Perito Moreno —antes llamado Néstor Kirchner— debería reducir a la mitad la dependencia del GNL importado en 2027. Hoy, la segunda parte del proyecto que permitirá ampliar aún más la capacidad de transporte del ducto, y, una vez finalizada, garantizar el abastecimiento de gas en el interior del país sobre todo durante los meses de invierno, ya está dentro del marco del RIGI.

Las inversiones en infraestructura de transporte bajo supervisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) mantuvieron una trayectoria positiva durante los primeros cinco meses del 2026. Entre enero y mayo, las inversiones valorizadas alcanzaron los USD 495,4 millones, cifra que representa un incremento de 29,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por los proyectos aeroportuarios y viales, mientras que las obras ferroviarias también conservaron un ritmo de ejecución favorable. De acuerdo con el regulador, estos resultados reflejan el avance sostenido de las concesiones destinadas a fortalecer la infraestructura de transporte en el país.

Aeropuertos y carreteras lideran las inversiones

El sector aeroportuario concentró el mayor volumen de recursos durante el periodo analizado, con inversiones valorizadas por USD 266,3 millones, equivalentes a un crecimiento de 48,4% frente a los primeros cinco meses del 2025. Este resultado estuvo respaldado por las obras que se ejecutan en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y en diversos aeropuertos regionales.

En tanto, el mayor crecimiento porcentual correspondió al rubro de carreteras, que registró una expansión de 173,5% al acumular USD 48,5 millones. Por su parte, las inversiones en ferrocarriles y el Metro de Lima ascendieron a USD 173,3 millones, 21% más que un año atrás, impulsadas por los trabajos de la Línea 2 y el Ramal Av. Faucett-Av. Gambetta. El sector portuario, en tanto, valorizó inversiones por USD 7,3 millones.

Mayo estuvo marcado por el avance de proyectos aeroportuarios

Solo durante mayo, las concesionarias supervisadas por Ositrán ejecutaron inversiones valorizadas por USD 15,9 millones. De ese total, el sector aeroportuario aportó USD 9,5 millones, consolidándose nuevamente como el principal impulsor de la inversión mensual.

Dentro de este segmento destacó Lima Airport Partners (LAP), que destinó USD 8,3 millones a la mejora denominada A-20-P006.20 “Equipos PBSS - Landside”. Asimismo, el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales (AdP) ejecutó USD 1,1 millones en trabajos de mantenimiento periódico del sistema eléctrico y de la infraestructura civil en terminales ubicados en Trujillo, Anta, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, Talara y Tarapoto.

Obras viales y portuarias complementaron la inversión del mes

En el sector carretero se valorizaron inversiones por USD 5,6 millones durante mayo. Entre las principales intervenciones figuraron los USD 3 millones ejecutados por IIRSA Norte en obras accesorias de distintos tramos de la carretera Paita-Yurimaguas y del puente Querpón.

También sobresalieron las inversiones de IIRSA Sur Tramo 4, con USD 1,5 millones destinados a mejoras de seguridad vial y al equipamiento del túnel Ollachea, así como los USD 1,06 millones invertidos por Red Vial 4 en obras provisionales para la vía de evitamiento de Chimbote.

En el ámbito portuario, las inversiones del mes sumaron USD 775.553. Los principales desembolsos correspondieron al Terminal Portuario de Paita, que adquirió un cargador frontal; al Terminal General San Martín de Pisco, que avanzó en la automatización del monitoreo de contenedores refrigerados y del sistema eléctrico; y al Terminal Norte Multipropósito del Callao, donde se ejecutaron trabajos de reubicación de infraestructura para graneles líquidos.

La inversión acumulada supera los USD 14.420 millones

Ositrán informó que, desde el inicio de los contratos de concesión hasta el 31 de mayo del 2026, la inversión acumulada en las 35 infraestructuras de transporte bajo su supervisión llegó a USD 14.420,3 millones.

Esa cifra representa el 64% del compromiso total de inversión previsto en los contratos de concesión, que asciende a USD 22.530,5 millones, reflejando el avance progresivo de los proyectos orientados a modernizar la infraestructura de transporte del país.

El presidente Luis Abinader dispuso este viernes en Duvergé un plan especial para la infraestructura escolar de la provincia Independencia y anunció que coordinará la evaluación de un liceo experimental de la UASD en Jimaní, una decisión que el Gobierno vincula con la preparación de los jóvenes ante las oportunidades de empleo, emprendimiento y producción que prevé para la región Sur con la futura carretera Duvergé-Pedernales.

En la misma jornada, el ministro de Educación Luis Miguel De Camps informó que entre junio y julio comenzará la instalación de equipos en más de 330 politécnicos del país. También adelantó la renovación de equipos de robótica y la dotación de laboratorios de ciencias e informática, incluidos centros de Duvergé y Jimaní.

Abinader se reunió en un almuerzo con estudiantes de liceos, politécnicos y colegios para escuchar necesidades sobre educación, infraestructura y la situación de sus comunidades. Tras oírlos, pidió al director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, que presente un informe en la próxima reunión del Gabinete de Construcción.

El Gobierno vinculó las obras escolares con el desarrollo previsto para el sur

Durante el encuentro, el mandatario sostuvo que la construcción de la carretera Duvergé-Pedernales, cuya licitación dijo que será anunciada próximamente, permitirá una conexión más directa entre ambas provincias. Según explicó, esa vía facilitará que los habitantes de Independencia aprovechen el desarrollo turístico y económico de Pedernales.

“Después de Pedernales, Independencia será una de las provincias más beneficiadas”, afirmó Abinader. El presidente exhortó a los jóvenes a prepararse para acceder a los empleos, emprendimientos y actividades productivas que, según señaló, surgirán con el crecimiento de la región.

Ese planteamiento fue acompañado por decisiones concretas sobre el sistema educativo local. El jefe de Estado instruyó la elaboración de un plan especial para atender las necesidades de infraestructura escolar en la provincia, incluida la construcción y ampliación de centros educativos.

Sobre el liceo experimental, indicó que coordinará con el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo la evaluación de la iniciativa. La propuesta, según explicó, busca fortalecer la oferta educativa para los jóvenes de la provincia Independencia.

Los estudiantes pidieron más aulas, formación técnica y acceso al empleo

Los alumnos plantearon necesidades relacionadas con el fortalecimiento de la infraestructura educativa, la ampliación de espacios para la docencia y la formación técnico-profesional. También pidieron mantener la mejora del equipamiento tecnológico y crear más oportunidades de capacitación y acceso al empleo para los jóvenes de la provincia.

En ese intercambio solicitaron ampliar la cobertura educativa, reforzar la oferta académica de los politécnicos y mejorar las condiciones en que reciben docencia en distintos centros. Abinader explicó que el objetivo de la reunión era conocer de primera mano tanto las opiniones de los estudiantes sobre la educación como los problemas de sus escuelas, liceos y comunidades.

“Es un intercambio para nosotros explicarles la posición del Gobierno y, al mismo tiempo, conocer a viva voz y directamente las necesidades de cada una de sus escuelas, liceos y comunidades, también para tomar nota y proceder de la manera más acelerada posible ante los problemas que surjan”, manifestó el presidente.

Al responder a esas inquietudes, De Camps dijo que el Gobierno trabaja en el fortalecimiento de la infraestructura escolar, la capacitación docente y la dotación de materiales y equipos. Añadió que el Inafocam intervendrá la Regional 18 para mejorar la preparación de maestros y maestras.

El ministro también señaló que se impulsan programas de formación ciudadana, liderazgo estudiantil y voluntariado. Sumó que el Gobierno avanza en facilidades de financiamiento y becas para que los jóvenes continúen estudios superiores.

En materia de infraestructura, informó que fue creada una unidad ejecutora especializada para acelerar intervenciones en centros educativos. Entre esas obras mencionó la construcción y terminación de techados escolares en la región.

Abinader defendió la enseñanza de ética y el aprendizaje de inglés

Al dirigirse a los estudiantes, Abinader recomendó ejercer cualquier profesión con ética. Explicó que por esa razón el Gobierno reintrodujo la asignatura de Moral y Ética, al considerar que la formación profesional no cumple su propósito si no está acompañada de valores, justicia y responsabilidad social.

El presidente ejemplificó que de nada sirve un médico que recomiende procedimientos innecesarios para obtener beneficios económicos o un ingeniero que incumpla códigos estructurales y ponga en riesgo la seguridad de las personas. “Lo más importante es que ustedes asuman su profesión, sea cual sea la que vayan a ejercer, con ética”, expresó.

También exhortó a los jóvenes a aprender inglés. Sostuvo que ese conocimiento permite acceder a empleos de mayor calidad y amplía las posibilidades de desarrollo profesional.

Abinader agregó que, con la modificación de la Ley de Educación, el Gobierno procura facilitar la incorporación de más profesores de inglés y de áreas técnicas, en especial en los politécnicos. En el acto, acompañado por De Camps y Herrera, entregó computadoras portátiles a los estudiantes y participó en la fotografía oficial junto a los jóvenes.

La construcción de viviendas experimenta una transformación en Argentina con la llegada de Grondplek, la empresa que impulsa una solución que permite montar la estructura de casas de hormigón de 120 metros cuadrados en sólo 48 horas. El proyecto, encabezado por Mateo Salvatto, busca acelerar y hacer más eficiente la industria, en un contexto de altos costos y gran demanda habitacional.

El sistema de impresión 3D de hormigón que Grondplek utiliza representa un cambio de paradigma en la edificación tradicional. Mediante equipos de gran formato, la compañía logra imprimir muros, paredes y estructuras internas para casas y piezas de infraestructura en tiempos que antes resultaban impensados para el sector. La tecnología, originaria de Europa y adaptada a los estándares regionales, elimina pasos clásicos como el uso de encofrados y la espera por el secado, optimizando tanto materiales como recursos humanos.

La propuesta de Grondplek surgió tras una etapa de investigación que incluyó el análisis de tecnologías globales y la adaptación de métodos a las necesidades de Latinoamérica. En 2019, el equipo identificó una oportunidad para transformar el mercado local y, al año siguiente, centró sus esfuerzos en validar materiales y prototipos. En 2021, la compañía inició operaciones en Argentina como distribuidor oficial de COBOD International, líder mundial en impresión 3D de hormigón. Ese mismo año, Grondplek se consolidó como la única empresa certificada en el país para operar este tipo de equipos de gran escala.

La impresora principal de Grondplek cuenta con una base de 11 metros de ancho por 11 metros de largo y alcanza una altura de 7 metros. El proceso se apoya en una planta mezcladora compacta que bombea una mezcla de cemento y aditivos directamente al cabezal impresor. El material se deposita capa a capa, siguiendo un diseño digital, lo que permite precisión y control sobre la cantidad utilizada. Según datos de la empresa, este método elimina los desperdicios y reduce los tiempos de obra en más de un 30% en comparación con la construcción convencional.

Mateo Salvatto, cofundador de Grondplek, enfatiza que la impresora completa la “obra gris” en 48 horas, es decir, estructura, muros y divisiones, pero no incluye terminaciones como instalaciones eléctricas, plomería o acabados. “La casa del futuro no se imprime sola, pero sí se automatiza la parte más pesada y repetitiva”, sostiene. Este enfoque permite que la intervención humana se concentre en las etapas de planificación, supervisión y terminación, desplazando tareas físicas intensivas hacia trabajos de mayor especialización.

La automatización no implica la desaparición de oficios, sino una reconfiguración de roles en la obra. El sistema requiere técnicos que ajusten la mezcla, operadores para controlar la impresora y especialistas que finalicen carpintería, pintura y colocación de servicios. De este modo, la tecnología se integra en la cadena productiva sin reemplazar completamente al trabajador, sino potenciando su labor.

El impacto de la impresión 3D de hormigón no se limita al mercado premium. De acuerdo con la información disponible, el déficit habitacional en Argentina afecta a 3,5 millones de personas. La Universidad Nacional de La Plata y la Provincia de Buenos Aires ya trabajan en proyectos de vivienda social que aprovechan la escalabilidad de este sistema. Las máquinas pueden construir estructuras de hasta tres pisos y producir módulos habitacionales en serie, lo que facilita su aplicación en soluciones masivas.

La alianza estratégica de Grondplek con Techint, uno de los mayores grupos de ingeniería civil de la región, marcó un hito en 2023 con la venta de la primera impresora BOD2 para proyectos de infraestructura de gran escala. Desde entonces, la empresa ha impreso más de 500 metros cúbicos de hormigón y fabricado alrededor de 1.400 piezas para distintos usos. Las aplicaciones de la tecnología incluyen piezas industriales, drenajes, cámaras, muros y soluciones para obras de infraestructura, además de viviendas.

Entre las características técnicas más destacadas, las viviendas impresas pueden incorporar doble pared con cámara de aire para mejorar el aislamiento térmico y acústico. Las estructuras están diseñadas para soportar condiciones sísmicas, lo que amplía su rango de uso en distintas regiones del país. Los promotores de la tecnología describen el sistema como una “fábrica de premoldeados portátil” que puede trasladarse, instalarse y operar en diferentes terrenos con rapidez.

El modelo de negocio de Grondplek combina la distribución de equipos, la operación directa en obra y la asistencia técnica a empresas que buscan incorporar la impresión 3D de hormigón. En la actualidad, la empresa cuenta con 14 profesionales en Argentina y Uruguay y cuatro subsidiarias activas. Este enfoque permite adaptar la tecnología a diferentes escalas y tipos de proyectos, desde viviendas particulares hasta grandes desarrollos industriales.

El recorrido de Mateo Salvatto en la tecnología y la innovación se remonta a su adolescencia. Nacido en Buenos Aires en 1999, se formó en electrónica en las Escuelas Técnicas ORT y se consagró en competencias de robótica a nivel nacional e internacional. Más tarde, se graduó como Analista en Sistemas y obtuvo una Maestría en Administración de Empresas en el IAE. Antes de cofundar Grondplek, Salvatto fundó Asteroid Technologies y lanzó la aplicación Háblalo (actualmente Hearlo), utilizada por miles de personas con dificultades del habla en todo el mundo.

La trayectoria de Salvatto incluye la publicación de dos libros, premios internacionales como Humanitarian Innovator of the Year por la MIT Technology Review en 2018, Mejor Innovador Social por la Universidad de Pekín y Emprendedor Global del Año por One Young World en 2023. Además, participa como director de innovación en ORT y en proyectos de educación e inteligencia artificial.

La llegada de la impresión 3D de hormigón a la Argentina se da en un escenario donde los costos de la construcción se mantienen elevados y la demanda de soluciones habitacionales ágiles se incrementa. Según las proyecciones, el método de Grondplek permite una rebaja de hasta el 30% en los costos respecto a sistemas tradicionales y acorta los plazos de ejecución en un 35%. La máquina deposita solo la cantidad exacta de mezcla necesaria, lo que evita pérdidas habituales en la obra convencional.

El sistema, que ya se utiliza en Estados Unidos, Japón y Europa, encuentra su primera aplicación regional en Argentina, Uruguay y Paraguay. Grondplek se presenta como el operador y distribuidor de referencia en el Cono Sur. La empresa describe su tecnología como una herramienta industrial capaz de cambiar la logística de la obra y agilizar el proceso desde la planificación hasta la entrega del inmueble.

El potencial de escalabilidad se refleja en los proyectos de vivienda social impulsados desde el sector público y en la integración de la tecnología por parte de grandes constructoras. La posibilidad de construir módulos habitacionales en serie y estructuras de hasta tres plantas amplía el alcance de la solución. La durabilidad de las piezas impresas, definida por sus creadores como “inquebrantable”, suma un factor de seguridad a la propuesta.

El avance de la impresión 3D de hormigón en la región marca una tendencia que trasciende la vivienda y se extiende a la infraestructura urbana e industrial. La tecnología permite fabricar elementos para obras de gran envergadura y piezas específicas para drenajes, cámaras y muros, lo que incrementa su versatilidad y atractivo para distintos segmentos del mercado.

El proceso de adopción de la tecnología requiere aún escalar producción, ajustar regulaciones y comparar costos reales con los modelos tradicionales. No obstante, los primeros resultados en la región muestran una reducción significativa de tiempos y materiales, así como la incorporación de soluciones técnicas avanzadas en la construcción.

La alianza entre Grondplek y Techint, sumada al trabajo con universidades y gobiernos provinciales, impulsa la expansión de la impresión 3D de hormigón en el país. La empresa ya superó los 500 metros cúbicos impresos y produce más de 1.400 piezas, consolidando un modelo industrial en crecimiento.

La experiencia internacional de COBOD International y la adaptación de la tecnología a las condiciones locales fueron claves para la consolidación de Grondplek como referente regional. El objetivo de la empresa es posicionar la impresión 3D de hormigón como una alternativa viable y escalable en la industria de la construcción, tanto para viviendas como para infraestructura.

El desarrollo de Grondplek y su integración con actores clave de la ingeniería y la obra pública abren nuevas posibilidades para la innovación en el sector. La empresa sostiene que su sistema puede reducir el impacto ambiental al optimizar materiales y disminuir residuos, mientras aporta soluciones para el déficit habitacional.

El mercado argentino observa con atención la evolución de la impresión 3D de hormigón y su impacto en los próximos proyectos de vivienda, infraestructura y urbanismo. Los próximos pasos de Grondplek incluyen la ampliación de su capacidad operativa y la incorporación de nuevas alianzas estratégicas para expandir su alcance en la región.

Las condiciones en las que viven las personas no dependen solo de sus ingresos, sino también del lugar donde residen. Un nuevo informe de la Fundación Tejido Urbano elaboró un ranking de las 80 ciudades argentinas con más de 50.000 habitantes según su situación habitacional, y los resultados confirman una brecha profunda entre el norte del país y la franja central: mientras algunas ciudades intermedias de la región pampeana muestran indicadores relativamente sólidos, varias urbes del noroeste y noreste registran déficits en casi todas las variables analizadas.

El trabajo construyó un Índice de Hábitat Urbano (IHU) que va de 0 a 10 —donde 0 es la peor situación y 10 la ideal— e integra siete aspectos de medición: hacinamiento, viviendas irrecuperables, viviendas compartidas por más de un hogar, viviendas con deficiencias recuperables, falta de acceso a servicios básicos, irregularidad en la tenencia y falta de acceso a la propiedad. El valor promedio para el conjunto de ciudades analizadas fue de 6,2 puntos. De las 80 ciudades relevadas, 27 quedaron por debajo de ese umbral y 53 por encima.

El informe se construyó a partir de datos del Censo 2022 del Indec y forma parte de una serie de trabajos anteriores que ya habían analizado la situación habitacional a nivel nacional y provincial. Como punto de partida, Tejido Urbano recuerda que, del total de 14,6 millones de hogares urbanos censados en 2022, 10,7 millones —el 73%— presentan algún tipo de problema habitacional.

Las ciudades con mayores dificultades

En el extremo inferior del ranking se ubican Tartagal, San Ramón de la Nueva Orán, Clorinda, Perico, Presidencia Roque Sáenz Peña, Puerto Iguazú y Formosa, todas con menos de 5 puntos en el IHU. Estas ciudades acumulan déficits simultáneos en hacinamiento, viviendas irrecuperables y hogares que comparten una misma unidad con otra familia, lo que el informe identifica como el núcleo más crítico de vulnerabilidad habitacional.

Entre las ciudades de mayor tamaño, también se destacan por sus bajos índices San Miguel de Tucumán (5,3), Santiago del Estero (5,3), el Gran Buenos Aires sin incluir a CABA (5,3), Salta (5,4), Corrientes (5,5) y Resistencia (5,5). En estos casos, el peso demográfico convierte los déficits en problemas de mayor escala.

El informe advierte además que muchas de las ciudades con problemas materiales severos también presentan altos niveles de irregularidad en la tenencia de la vivienda. En Clorinda, Puerto Iguazú, Perico, Tartagal y Orán, entre otras, el puntaje en ese subíndice es 0, lo que implica que más de la mitad de los hogares carece de documentación adecuada sobre su vivienda. “A los problemas materiales se suma la precariedad en las modalidades de tenencia, lo que puede limitar procesos de formalización dominial y restringir oportunidades de acceso al financiamiento”, señala el informe.

Las ciudades mejor posicionadas

En el extremo opuesto, las ciudades con mejor IHU son mayormente intermedias y están ubicadas en el centro del país. Río Tercero, San Francisco, General Pico, Villa María y Tres Arroyos encabezan el ranking, aunque ninguna supera los 8 puntos sobre 10, lo que da cuenta de que incluso las mejor posicionadas registran déficits en alguna de las dimensiones analizadas.

Entre los grandes aglomerados urbanos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la que mejor posición relativa tiene, seguida por Rawson-Trelew, Mar del Plata, Bahía Blanca y Viedma-Carmen de Patagones, con índices de entre 7 y 8 puntos. Mendoza (6,8), Rosario (6,6) y Córdoba (6,3) se ubican levemente por encima del promedio nacional, aunque Córdoba aparece con déficits importantes en el acceso a servicios básicos.

El problema de los servicios básicos

La falta de acceso a agua potable de red y a cloacas es uno de los aspectos que el informe identifica como más extendidos y, a la vez, más independientes del nivel general de vulnerabilidad. A diferencia del hacinamiento o las viviendas irrecuperables —que tienden a concentrarse en las ciudades del norte—, el déficit de servicios básicos aparece de manera dispersa en todo el país, incluso en ciudades con buenas condiciones habitacionales en otros aspectos.

Entre las ciudades con mayor déficit en este subíndice figuran Eldorado, Puerto Iguazú, La Costa, Presidencia Roque Sáenz Peña, Oberá, Venado Tuerto, Santiago del Estero, Villa Carlos Paz, Clorinda, Córdoba y el Gran Buenos Aires, todas con un puntaje de 0 en este componente, lo que significa que más de la mitad de sus hogares no tienen acceso completo a estos servicios.

El informe atribuye esta particularidad a una lógica diferente a la que explica otros déficits: “Mientras los problemas de materiales y tenencia de la vivienda tienen que ver con la situación socioeconómica de las familias, la falta de servicios básicos se asocia más bien a problemas de planificación urbana, y particularmente a la modalidad de expansión desordenada sin su correspondiente correlato con la infraestructura”. Los casos de La Costa y Villa Carlos Paz son citados como ejemplos de ciudades con baja vulnerabilidad en otros aspectos pero con deficiencias severas en infraestructura de servicios.

Hacinamiento y viviendas en mal estado

El hacinamiento crítico —definido como más de tres personas por cuarto— afecta en mayor proporción a ciudades del norte. Tartagal, Perico, Goya, Formosa y Clorinda registran los subíndices más bajos en esta dimensión, con más del 4% de los hogares en esa situación. En contraste, ciudades como San Francisco, CABA, General Pico, Santa Rosa, Tandil y Mar del Plata presentan subíndices superiores a 8,5, con tasas de hacinamiento crítico por debajo del 1,5% de los hogares.

En cuanto a las viviendas irrecuperables —ranchos, casillas, piezas de inquilinato o pensión que no pueden ser mejoradas con refacciones—, Tartagal y Orán tienen el subíndice más bajo posible: 0. Allí, más del 13% de los hogares habita en ese tipo de estructuras. Presidencia Roque Sáenz Peña, Puerto Iguazú y Concordia también están entre las peores posicionadas en este aspecto.

El caso particular del alquiler

Uno de los hallazgos que el informe destaca es la relación inversa entre el déficit habitacional clásico y la proporción de hogares inquilinos. Las ciudades que encabezan el ranking por falta de acceso a la propiedad —entendida como la dependencia del alquiler— son precisamente algunas de las mejor posicionadas en el resto de los indicadores: Villa María, Villa Carlos Paz, CABA, San Francisco, Rafaela y Tandil, donde más del 30% de los hogares alquila.

El informe aclara que el alquiler “puede ser una opción elegida”, pero señala que la propiedad de la vivienda tiene ventajas en términos de seguridad patrimonial y que la proporción de inquilinos viene creciendo de manera generalizada en todo el país. En ciudades con presencia de universidades, empleo estacional o crecimiento reciente, el mercado de alquiler responde a una dinámica propia, aunque eso no neutraliza las implicancias de fondo sobre el acceso al patrimonio familiar.

Honduras y Japón revisaron en Casa Presidencial proyectos de cooperación sobre agua potable para el Distrito Central e infraestructura vial vinculada al libramiento de Puerto Cortés. La reunión fue encabezada por el ministro de la Presidencia Juan Carlos García y el embajador de Japón en Honduras Kazuhiro Nakai.

También participó Soshi Otomo, secretario y jefe de Cultura y Relaciones Públicas de la misión diplomática japonesa, junto con representantes de instituciones involucradas en la planificación y ejecución de las iniciativas analizadas.

Durante el encuentro, ambas delegaciones analizaron áreas de colaboración de la agenda bilateral entre Honduras y Japón, con foco en desarrollo económico, infraestructura, salud, educación y fortalecimiento institucional.

Agua potable para el Distrito Central

Uno de los temas centrales fue el abastecimiento de agua potable para el Distrito Central, ante las dificultades de acceso regular al recurso hídrico en Tegucigalpa y Comayagüela.

Las autoridades evaluaron iniciativas para fortalecer los sistemas de suministro de agua, mejorar la capacidad operativa de las redes existentes y desarrollar soluciones sostenibles frente al crecimiento poblacional y los desafíos derivados del cambio climático.

En el encuentro participaron la viceministra de Infraestructura y Transporte Leana Martínez; el director de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) Gustavo Boquín; y Mirna Solano, en representación de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

La presencia de esas entidades permitió abordar aspectos técnicos relacionados con la viabilidad de los proyectos y las oportunidades de cooperación que podrían surgir en los próximos meses para fortalecer áreas prioritarias para el país.

Infraestructura vial y libramiento de Puerto Cortés

Otro de los puntos abordados fue el análisis de proyectos de infraestructura vial vinculados al libramiento de Puerto Cortés, una obra para mejorar la conectividad logística del país y el movimiento comercial a través del principal puerto hondureño.

Las autoridades señalaron que el desarrollo de nuevas vías de comunicación puede reducir los tiempos de traslado, optimizar las operaciones de transporte de mercancías y aumentar la competitividad de Honduras en los mercados regionales e internacionales.

También indicaron que el fortalecimiento de la infraestructura vial puede atraer inversiones, impulsar la actividad económica y generar nuevas oportunidades de empleo en distintas regiones del país.

Cooperación Honduras y Japón

La reunión forma parte de una serie de acercamientos para ampliar la cooperación bilateral y consolidar alianzas orientadas a la ejecución de proyectos con impacto directo en la población.

Durante las conversaciones, las autoridades coincidieron en que la cooperación internacional continúa siendo una herramienta para impulsar el desarrollo sostenible y mejorar las condiciones de vida de la población hondureña.

Además, destacaron que la experiencia de Japón en gestión de recursos hídricos, planificación urbana, infraestructura y desarrollo tecnológico representa una oportunidad para Honduras.

La relación entre ambos países ha permitido la ejecución de numerosos proyectos a lo largo de los años, incluidas obras de infraestructura, programas de asistencia técnica y apoyo a iniciativas comunitarias en distintas regiones.

Tanto las autoridades hondureñas como la representación diplomática japonesa reafirmaron su compromiso de mantener un diálogo constante que facilite la identificación de nuevas áreas de colaboración y permita avanzar en proyectos de impacto social y económico.

Los recursos destinados a las áreas de Salud, Educación, mercados, conectividad y aeropuertos han sido señalados como factores que han incidido en la infraestructura y los servicios públicos de El Salvador en los últimos siete años.

Así lo expresó el sociólogo, docente y escritor René Martínez durante la entrevista AM, donde describió que la política pública reciente ha priorizado el fortalecimiento de lo estatal y la ampliación del acceso a servicios para la población.

En la entrevista, Martínez mencionó antecedentes como la guerra civil y el deterioro de los servicios estatales. Expresó que, posteriormente, la inversión pública ha generado modificaciones en diversos sectores. Comentó que la administración reciente ha implementado criterios financieros y administrativos en la gestión de los recursos. De acuerdo con Martínez, la población percibe estos cambios a través de las obras y servicios vigentes.

Educación, tecnología y servicios públicos

En el área educativa, Martínez mencionó la construcción de nueva infraestructura, la entrega de computadoras y tablets a estudiantes del sector público y la integración de recursos tecnológicos en la enseñanza.

Habló del programa “Dos escuelas por día” y consideró que estas iniciativas pueden influir en la motivación social y en el nivel de escolaridad. También se refirió a la reducción de la brecha digital, indicando que la disponibilidad de tecnología en las escuelas y el uso de inteligencia artificial como tutor son elementos que distinguen la situación educativa actual de la de años previos.

Martínez también citó ejemplos de obra pública en el sector salud, como el Hospital Rosales, el Hospital de Nejapa y el Hospital Magisterial. Explicó que estas infraestructuras han cambiado las condiciones para los usuarios y los trabajadores, tanto en la atención médica como en el acceso a servicios en diferentes regiones del país.

En relación con los mercados, mencionó la renovación de espacios como San Miguelito, Santa Ana y San Miguel, y afirmó que estas acciones han tenido impacto en la funcionalidad y la imagen de los espacios públicos.

También señaló que la modernización de estos mercados ha incidido en la dignidad y las condiciones laborales de los vendedores y en la experiencia de los usuarios.

Sobre la conectividad vial, Martínez citó obras como el puente Carolina, que, según indicó, han tenido repercusión en la movilidad y en el entorno de las comunidades. Explicó que la construcción de nueva infraestructura no solo responde a criterios funcionales, sino que también puede influir en la integración territorial y en el uso del espacio público.

Infraestructura aeroportuaria y percepción social

Respecto a la infraestructura aeroportuaria, Martínez se refirió a la ampliación del Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero y al avance en la construcción del Aeropuerto del Pacífico. Explicó que estos proyectos facilitan la movilidad de personas y mercancías, y pueden promover el empleo y el intercambio cultural. Martínez señaló que la incorporación de tecnología y servicios especializados es una característica de estas obras y que pueden aportar a la relación con la diáspora salvadoreña, así como a nuevas oportunidades laborales en sectores vinculados al turismo y los servicios aeroportuarios.

Martínez también sostuvo que las obras públicas recientes, como hospitales, mercados, aeropuertos y puentes, pueden ser vistas como referentes para quienes viven en el país y para quienes lo visitan. Consideró que la mejora de los espacios públicos tiene influencia en la percepción de El Salvador y en el sentido de pertenencia de la población.

YPF acordó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Invest un financiamiento de hasta USD 500 millones para obras viales en la provincia de Neuquén, en el marco de su estrategia de expansión en Vaca Muerta.

El CEO de la petrolera estatal, Horacio Marín, confirmó la firma de una carta mandato con James Scriven, titular del BID Invest, para estructurar los fondos destinados a la infraestructura de rutas que la formación no convencional necesita para sostener su crecimiento.

“Firmamos una carta mandato para estructurar un financiamiento de hasta USD 500 millones destinado a obras viales estratégicas en la provincia de Neuquén, como parte de nuestro Plan 4x4”, publicó Marín en su cuenta oficial de X. Según pudo confirmar Infobae, el acuerdo no implica que YPF ejecute directamente las obras, sino que la empresa contribuye con la provincia a identificar vías de financiamiento para una red vial que acusa el impacto del boom productivo de la cuenca.

El Plan 4x4 es la hoja de ruta que Marín diseñó para cuadruplicar el valor de YPF en cuatro años y convertirla en una exportadora de hidrocarburos no convencionales de escala mundial hacia 2030. La infraestructura vial es uno de los cuellos de botella que el plan -y el desarrollo de la industria en la provincia- enfrenta: el salto de actividad en Vaca Muerta provocó un colapso en la red de rutas de Neuquén y Río Negro, con consecuencias directas sobre la operación diaria, como accidentes, horas perdidas por congestión y demoras en la llegada de insumos a Añelo, el epicentro del shale argentino.

Ante ese escenario, el gobierno neuquino recurrió a mecanismos de financiamiento público-privado. De hecho, un consorcio de 10 compañías operadoras conformó un fideicomiso para financiar y ejecutar un bypass vial de 60 kilómetros de pavimentación en Añelo.

Además, avanzan acuerdos para pavimentar rutas mediante el adelanto de capital que las empresas recuperarían a través de esquemas de peajes o compensaciones sobre regalías hidrocarburíferas. El acuerdo con el BID Invest suma ahora una alternativa de financiamiento multilateral a ese menú.

La logística, el otro desafío de la cuenca

La presión sobre la infraestructura vial se explica, en parte, por la magnitud logística que exige el shale. Uno de los insumos que más tensiona las rutas es la arena de fractura hidráulica, indispensable para mantener abiertas las microfracturas en la roca y permitir el flujo de petróleo y gas.

Vaca Muerta consume actualmente alrededor de 7 millones de toneladas de arena por año, un volumen que podría escalar a 9 millones de toneladas anuales hacia 2028, según proyecciones de la industria. Traducido en logística, eso equivale a unos 300.000 viajes de camión por año —más de 800 unidades diarias dedicadas exclusivamente al transporte de ese insumo.

La arena proviene históricamente de Entre Ríos, a más de 1.000 kilómetros de distancia, lo que encarece cada etapa de fractura y multiplica el tráfico pesado sobre una red vial que no fue diseñada para soportar esa intensidad y que, todavía, no está asfaltada. Las proyecciones de la industria indican que el desafío logístico se profundizará en los próximos años, a medida que crezca la producción de shale oil y shale gas en la cuenca.

Tras la firma de la carta mandato, trascendió que Scriven podría visitar Vaca Muerta para interiorizarse de las necesidades de infraestructura sobre el terreno, aunque esa visita no fue confirmada de manera oficial. El financiamiento multilateral llega en un momento en que la industria energética argentina atraviesa una oleada de acuerdos de gran escala. En los últimos meses, Citigroup, Banco Santander y JP Morgan trabajan en un paquete de financiamiento de cerca de USD 1.000 millones para un proyecto de Transportadora de Gas del Sur (TGS) en la misma cuenca. YPF, por su parte, avanza en paralelo en el cierre del financiamiento para el proyecto Argentina LNG, con compromisos que rondarían los USD 14.000 millones en lo que el propio Marín definió como el project finance más importante de la industria energética en América latina.

La llegada del Mundial 2026 a Kansas City produjo una transformación palpable en la vida urbana. Calles, plazas y corredores centrales pasaron a ser escenario de celebraciones, encuentros espontáneos y una convivencia inédita entre residentes y miles de visitantes de todo el mundo.

Según informó The Kansas City Star, desde el 11 de junio, la ciudad experimentó un cambio radical en su pulso habitual, marcado por la presencia de banderas, cánticos y manifestaciones culturales de países tan diversos como Argentina, Ecuador, Países Bajos y Curazao.

Los espacios públicos del centro, en especial el corredor entre la Power & Light District y Union Station, se vieron colmados de aficionados que, como señaló The Kansas City Star, transformaron la rutina diaria.

Celebraciones masivas, como la marcha naranja de los hinchas neerlandeses y los festivales en la KC Live! Plaza, imprimieron una energía inusual a la ciudad, generando postales que quedarán en la memoria local. Las cifras difundidas por el diario indican que más de 100.000 personas circularon por esa área desde el inicio del torneo, superando ampliamente los registros de veranos anteriores.

El sistema de transporte público debió ajustarse para responder al aumento de pasajeros, especialmente en el tranvía y en los alrededores del Arrowhead Stadium, escenario principal de los partidos.

Autoridades municipales implementaron operativos especiales de seguridad y limpieza, en un esfuerzo coordinado que, según el análisis de The Kansas City Star, permitió mantener el orden durante las jornadas de máxima concurrencia, particularmente en las cercanías del National World War I Museum and Memorial, sede del FIFA Fan Festival.

Convivencia, adaptación y rutinas alteradas

Más allá del ambiente festivo, la Copa del Mundo alteró rutinas y costumbres de los habitantes de Kansas City. La convivencia forzada entre turistas y residentes generó escenas de intercambio cultural, desde la multiplicidad de idiomas en las calles hasta la proliferación de manifestaciones artísticas y gastronómicas inspiradas en los países participantes.

Cafeterías, parques y espacios de uso común se convirtieron en puntos de encuentro donde los hinchas compartieron historias y experiencias, según The Kansas City Star.

No todos los sectores vivieron el evento de la misma manera. Para muchos vecinos, el Mundial representó una oportunidad para mostrar la hospitalidad local y sumarse a la celebración global; otros, en cambio, eligieron evitar el centro y modificar sus desplazamientos habituales ante la llegada masiva de visitantes.

El diario local recogió testimonios de residentes que optaron por permanecer en barrios alejados del bullicio o, incluso, aprovecharon la ocasión para explorar otros rincones de la ciudad menos afectados por el flujo turístico.

La agenda mundialista también incentivó la realización de eventos culturales paralelos: ferias, muestras de arte, conciertos y actividades comunitarias se multiplicaron, potenciando el intercambio y la integración de identidades diversas.

Las comunidades migrantes encontraron oportunidades para conectarse con compatriotas y visitantes, creando lazos que trascendieron el ámbito deportivo.

Efecto económico, desafíos urbanos y balance ciudadano

El movimiento de aficionados internacionales impactó sobre el funcionamiento urbano y la vida cotidiana. Como analizó The Kansas City Star, la llegada de turistas generó una demanda extraordinaria de transporte, alojamiento y servicios, con jornadas de fuerte actividad alternadas con momentos de menor intensidad, de acuerdo al calendario de partidos.

Aunque algunos comercios y sectores ligados al entretenimiento aprovecharon la oportunidad para ampliar horarios y propuestas, el efecto económico no fue uniforme en todos los rubros ni en todos los barrios.

El sistema de transporte público, la gestión de residuos y la organización de espectáculos al aire libre pusieron a prueba la infraestructura urbana. Las autoridades diseñaron planes especiales para garantizar la circulación y la limpieza en las zonas de mayor afluencia, con resultados positivos en términos generales, aunque no exentos de desafíos logísticos.

La experiencia, según el balance provisional recogido por The Kansas City Star, mostró una ciudad capaz de adaptarse a grandes concentraciones y de mantener la convivencia en un contexto de alta demanda.

El comportamiento de los hinchas extranjeros también incidió en la dinámica urbana. Muchos aficionados optaron por estancias breves, siguiendo a sus selecciones de ciudad en ciudad, lo que generó una rotación constante de público y un pulso oscilante en la ocupación hotelera y el movimiento en las calles.

La percepción social del evento fue diversa. Para sectores de la comunidad, el Mundial representó una experiencia de apertura cultural, integración y proyección internacional; otros, en cambio, valoraron la necesidad de adaptarse a una ciudad más congestionada y, por momentos, menos accesible en la vida diaria.

El torneo dejó imágenes de alegría, intercambio y convivencia, pero también evidenció tensiones y debates sobre la capacidad de la ciudad para absorber grandes eventos.

El paso del Mundial de 2026 por Kansas City se consolidó como un punto de inflexión en la memoria urbana. Más allá del resultado deportivo, la ciudad vivió semanas de convivencia global, desafíos logísticos y transformación social, con un impacto que se sintió en los espacios públicos, el transporte y la percepción colectiva.

La experiencia, reflejada en las páginas de The Kansas City Star, perfila a Kansas City como una urbe capaz de abrirse al mundo y reinventarse, al menos por una temporada.

El Salvador apuesta por consolidarse como un hub logístico regional, con el puerto de La Unión viviendo una etapa de crecimiento acelerado y el puerto de Acajutla avanzando en un proceso de modernización e inversión sin precedentes.Luis Canto, gerente general de la Unión Portuaria del Pacífico, destacó en entrevista con Diálogo que La Unión recibió más de 70 barcos el año pasado y en lo que va de este año registra un incremento del 30 % en operaciones, reflejo del interés creciente de nuevas empresas y del avance en infraestructura especializada.

La consolidación de La Unión como punto estratégico para el movimiento de vehículos, cemento y fertilizantes está acompañada de inversiones en equipamiento y en el fortalecimiento del capital humano local, en un contexto de transformación logística para el país.

El directivo explicó que La Unión se ha convertido en un centro de distribución de vehículos no solo para el mercado salvadoreño, sino también para países vecinos. La llegada de cemento y fertilizantes alimenta la actividad agrícola de la región oriental.

“Hay interés exponencial de nuevas empresas que quieren instalarse y operar desde La Unión”, afirmó Canto, resaltando el dinamismo empresarial que impulsa la demanda logística.

El puerto está en proceso de recibir dos grúas nuevas y más de veinte equipos, entre tolvas, cucharas, retroexcavadoras y cargadoras frontales. Actualmente, el calado permitido es de 8.7 metros, pero se prevé ampliarlo a 10.5 metros en los próximos meses, lo que permitirá la llegada de barcos de mayor tamaño y abrirá nuevas oportunidades económicas para la zona.

Canto también mencionó la creación de alianzas con universidades locales para incorporar jóvenes profesionales al sector portuario y logístico, fortaleciendo el capital humano y generando empleo calificado en la región.

Modernización e inversión en Acajutla: salto en infraestructura portuaria

El proceso de modernización portuaria avanza en varias fases, con una inversión total que supera los $1,600 millones, destinada principalmente al puerto de Acajutla. La primera etapa contempla la construcción de un muelle de 610 metros de largo en Acajutla, equipado con grúas de última generación y tecnologías semiautomatizadas.

Estas obras, ya aprobadas por el Gobierno, iniciarán antes de fin de año e involucran a empresas internacionales especializadas.

“Queremos convertir al puerto de Acajutla en uno de los más avanzados de Centroamérica y la costa del Pacífico”, subrayó el gerente general.

Canto detalló que la meta es eliminar cuellos de botella y garantizar operaciones ágiles, con capacidad para atender hasta cinco barcos en simultáneo y optimizar los tiempos de carga y descarga.

El gerente presentó cifras que evidencian el impacto de las mejoras en infraestructura y gestión. El movimiento de contenedores creció más de un 10 % el año pasado y ya supera el 30 % en el presente.

La carga general —materiales de construcción y productos básicos— aumentó un 40 % en 2025 y este año ya está 50 % por encima, lo que duplica las cifras de 2024.

En el rubro de exportación de azúcar, Canto destacó que se atendió a más de 35 barcos casi sin demoras, lo que representa un récord para el sector y mejores ingresos de divisas para el país.

El aumento en la eficiencia operativa permite que los barcos lleguen más cargados y se despachen en menor tiempo, eliminando la congestión portuaria. Este avance acelera los ciclos de exportación e importación, beneficiando a la economía nacional.

Desafíos logísticos y condiciones para la inversión

Pese a los avances, Luis Canto reconoció que permanecen retos importantes, especialmente en la infraestructura complementaria como carreteras, parques industriales y servicios logísticos.

“Necesitamos que toda la infraestructura acompañe al puerto, porque el puerto solo no se mueve”, advirtió el gerente.

La coordinación mensual o bimensual con ministerios y gremios empresariales ha permitido identificar problemas y resolverlos de manera conjunta.

Canto insistió en que el desarrollo de rutas terrestres y la ampliación de parques industriales deben continuar para consolidar a El Salvador como plataforma logística del Pacífico.

En cuanto al futuro, el gerente apuntó que la instalación de un centro logístico en Acajutla ya permite controlar operaciones locales y también la gestión de puertos en Ecuador y España, situando al país en el mapa regional. Destacó además el compromiso y la preparación del capital humano salvadoreño: “La gente de El Salvador tiene garra, tiene ganas y hay profesionales preparados. Por eso estamos haciendo de El Salvador un centro logístico regional”.

El auge de la construcción en El Salvador está transformando no solo el entorno urbano, sino también la economía y el empleo en todo el país. Así lo explicó el sociólogo, docente y escritor Mauricio Rodríguez durante la Entrevista AM, donde detalló los factores que han impulsado este fenómeno y los retos que aún enfrenta el sector.

Rodríguez señaló que la actividad constructora se ha multiplicado en todo el territorio nacional, con proyectos que abarcan desde remodelaciones pequeñas hasta grandes edificios de apartamentos y oficinas.

“En cualquier parte que de El Salvador que nosotros vayamos, sí vamos a encontrar diferentes núcleos de construcción en medianos, pequeños, grandes o grandísimos, si queremos usar el término”, afirmó.

Esta expansión ha permitido que muchas personas encuentren empleo formal, lo que se refleja en la dificultad para conseguir mano de obra disponible en oficios como albañilería, fontanería o electricidad. “Hoy no encuentra un albañil, no encuentra un fontanero, no encuentra un electricista. ¿Por qué? Porque todos están trabajando, con salarios fijos en diferentes empresas privadas o instituciones de gobierno”, indicó.

Esta alta demanda ha llevado también a la contratación de trabajadores temporales provenientes de Honduras, Guatemala y Nicaragua. Según el especialista, “va a ser necesario contratar braceros, personas que vienen de otros países”, para cubrir las necesidades del sector.

Factores que impulsan el auge y el empleo

En el análisis de Rodríguez, las condiciones que han impulsado la inversión en construcción son principalmente la seguridad pública y jurídica, la estabilidad económica y la digitalización de los trámites estatales. “El Salvador tiene en este momento los dos elementos esenciales que le dan fiabilidad a todos los empresarios a que puedan venir”, comentó. Sostuvo que la reducción de la criminalidad y la claridad en las reglas del juego han sido determinantes para atraer capital extranjero y para que las empresas locales expandan sus operaciones.

El sociólogo también destacó el papel de la inversión pública en infraestructura como catalizador para la atracción de capital privado. Mencionó proyectos como la modernización de aeropuertos, la ampliación de la red vial y el desarrollo de zonas costeras, que facilitan la logística y mejoran la competitividad del país. Rodríguez afirmó que iniciativas como las realizadas en Surf City han permitido dinamizar el turismo y estimular otros sectores económicos: “Ha permitido que muchas de las personas que vivían ahí con pequeños emprendimientos ahora hayan mejorado sus negocios”.

En cuanto a la capacidad habitacional, Rodríguez señaló que el país enfrenta un déficit estimado de 400,000 unidades. Explicó que las nuevas generaciones prefieren la vivienda vertical, lo que ha impulsado la construcción de edificios de apartamentos.

“La gente joven ya no está pensando en ir a comprar una casita, sino en vivir en altura”, sostuvo. Programas como Casa Joven y créditos de hasta $100,000 a través del Fondo Social para la Vivienda son herramientas mencionadas por el entrevistado para facilitar el acceso a estos nuevos modelos de vivienda.

Turismo, retos ambientales y sostenibilidad

Rodríguez subrayó que el turismo se ha beneficiado del entorno de mayor seguridad y de la modernización de la infraestructura. La atracción de visitantes internacionales, la organización de eventos y la creación de nuevas rutas turísticas han dinamizado la economía local en diversas regiones del país.

Entre los desafíos identificados, el sociólogo mencionó la importancia de garantizar la sostenibilidad ambiental en los desarrollos y de fortalecer la oferta educativa y técnica para responder a la demanda de talento humano. “Es importante concientizar que las empresas que vienen acá también tengan una conciencia verde, una conciencia que les permita desarrollar sus proyectos, pero también protegiendo el medio ambiente”, advirtió.

Rodríguez indicó que el auge de la construcción se relaciona con un entorno caracterizado por mayores niveles de seguridad, nuevas condiciones económicas y avances en la modernización de procesos estatales. Según el entrevistado, estos factores han generado un escenario que facilita la llegada de inversiones y la expansión del empleo en el país.

La avenida Campos Elíseos, una de las vialidades más representativas de Polanco, fue sometida a una renovación integral que busca mejorar la movilidad peatonal, la accesibilidad y las condiciones urbanas de la zona, informó la alcaldía Miguel Hidalgo.

La obra fue entregada por Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, quien señaló que la intervención forma parte de las acciones de preparación ante la celebración del Mundial 2026, evento que atraerá a miles de visitantes nacionales e internacionales a la Ciudad de México, una de las sedes del torneo.

¿Qué trabajos se realizaron en Campos Elíseos?

La intervención abarcó el tramo comprendido entre las calles Arquímedes y Julio Verne, donde se llevaron a cabo diversas mejoras en infraestructura urbana.

Durante la entrega de la obra, Mauricio Tabe destacó que el proyecto busca mejorar las condiciones de movilidad en una de las zonas con mayor afluencia de visitantes de la capital.

Entre las acciones reportadas se encuentran la ampliación de banquetas, la rehabilitación de camellones y jardineras, la repavimentación de la superficie de rodamiento en ambos sentidos, la instalación de nueva iluminación y la construcción de rampas para personas con discapacidad.

Asimismo, fueron habilitados siete cruces seguros, con el objetivo de facilitar el tránsito peatonal y reforzar las condiciones de seguridad vial en una zona que concentra actividad comercial, turística y hotelera.

Recuperan 40% más espacio para peatones

Según datos proporcionados por la alcaldía, el proyecto permitió recuperar 40 por ciento más de espacio para peatones, sin modificar el número de carriles destinados a la circulación vehicular.

La directora ejecutiva de Planeación de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo, Gabriela Salido Magos, explicó que la intervención contempló tanto mejoras para peatones como para automovilistas, además de acciones de reiluminación y reverdecimiento para favorecer la conservación del corredor urbano en el largo plazo.

La funcionaria señaló que la obra permitió modernizar la infraestructura peatonal y la superficie de rodamiento, además de mejorar la accesibilidad y seguridad de quienes transitan diariamente por la zona.

Obra fue financiada mediante medidas de mitigación urbana

De acuerdo con la información difundida por la alcaldía, los trabajos no fueron financiados con recursos del presupuesto público, sino mediante las medidas de mitigación que deben aportar desarrolladores inmobiliarios conforme a la normatividad vigente.

Las autoridades señalaron que estos recursos fueron destinados a obras de mejoramiento urbano dentro de la propia demarcación, con el propósito de fortalecer la infraestructura y los espacios públicos.

La renovación de Campos Elíseos forma parte de los proyectos de adecuación urbana impulsados en distintas zonas de Miguel Hidalgo ante el incremento previsto de visitantes durante el Mundial 2026, así como para atender necesidades permanentes de movilidad, accesibilidad y seguridad vial en la alcaldía.

El auge de Vaca Muerta convirtió a la provincia de Neuquén en uno de los pocos destinos del país donde el empleo registrado crece y las empresas se multiplican. Esa imagen de bonanza, sin embargo, choca con una advertencia que viene repitiendo el gobierno provincial desde hace meses y que en los últimos días volvió a ganar fuerza: viajar sin trabajo confirmado tiene riesgos concretos, y la infraestructura de Añelo —el municipio en el corazón del yacimiento— ya no da a basto.

El intendente de esta localidad, Fernando Banderet, fue directo en su mensaje. “No se vengan con la familia. Hace dos años atrás, en 2024 y principios de 2025, recibimos prácticamente familias enteras, sobre todo del norte del país, principalmente desde Salta y Tucumán”, señaló en diálogo con el programa Buenas Tardes China. Precisó que sólo en 2024 llegaron más de 1.400 personas, 1.700 en 2025, y 546 en lo que va de 2026. A eso se suma un 20% adicional de personas que ni siquiera hicieron el cambio de domicilio en los registros.

Las consecuencias de ese flujo migratorio ya se sienten en los servicios básicos. “Esa migración lo que nos generó fue una saturación sobre las currículas escolares. Las escuelas quedaron superpobladas y el sistema de salud quedó con una alta demanda de asistencialismo, por lo cual tuvieron que trabajar y abordar esta problemática el gobierno provincial y el municipio para darle una solución”, explicó Banderet. Aun así, el intendente aclaró que la localidad no cierra sus puertas. “El que quiere venir a buscar una oportunidad, bienvenido sea. Añelo recibe a todo el mundo, lo recibimos con los brazos abiertos, pero que vengan con algo seguro”, dijo.

La lámpara de Aladino que no existe

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, también salió a enfriar las expectativas hace algunas semanas, en una entrevista para Infobae en Vivo. Con una imagen que apunta directamente a la percepción que se tiene del yacimiento desde afuera, planteó que “muchas veces desde acá se mira que Vaca Muerta es como una lámpara de Aladino, que uno la frota y sale riqueza, y es muy diferente a eso”. La frase sintetiza la preocupación de la administración provincial ante una ola migratoria que, según sus propias autoridades, no siempre tiene sustento real.

Figueroa, a su vez, reconoció que la provincia tiene una deuda pendiente con sus propios habitantes. “Estamos eliminando una de las mayores injusticias de la provincia. No podemos permitir que, en el corazón de Vaca Muerta, de donde sale el gas para todo el país, nuestra gente no tenga gas natural”, afirmó, en referencia a la inauguración de la primera etapa del gasoducto en Añelo, realizada en marzo de este año por YPF, que permitió abastecer a 2.000 personas de la meseta que vivían sin acceso a la red domiciliaria. El mandatario también fue claro sobre las prioridades de su gestión: “Nosotros estamos focalizados en sacar gente de Neuquén del desempleo y la pobreza”.

“No sobran puestos de trabajo”

El mensaje no es nuevo. En abril, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén, Lucas Castelli, publicó un video en sus redes sociales que se volvió viral y que marcó el tono de la postura oficial. “En Neuquén no sobran puestos de trabajo”, fue la frase central. Castelli explicó que la provincia lleva más de dos años liderando el ranking nacional de empleo registrado —el único distrito donde creció el número de empresas privadas desde 2023—, pero que eso no se traduce en una disponibilidad ilimitada de puestos.

“Nos enorgullece liderar el ranking de empleo registrado en todo el país. Hace ya más de dos años que lo venimos realizando y eso habla de que el modelo neuquino realmente funciona, algo que nos pone sumamente orgullosos”, afirmó. Pero remarcó el límite: “Venimos diseñando distintas políticas públicas para darle la prioridad a aquellos neuquinos y aquellas neuquinas que están esperando una oportunidad en distintas fuentes laborales”. La política provincial, en definitiva, prioriza a los residentes históricos sobre los recién llegados.

El gobernador Figueroa también puso el acento en la formación como condición de acceso al mercado laboral del yacimiento. “No nos sobra trabajo. Para que alguien pueda acceder a trabajo en Vaca Muerta se tiene que formar. Nosotros tenemos el Instituto Vaca Muerta, que es el más moderno del mundo, pero requiere de mucha formación”, indicó.

La advertencia apunta a uno de los problemas estructurales que plantea la migración no planificada: quienes llegan sin las calificaciones que demanda la industria hidrocarburífera difícilmente consigan empleo en el sector, y terminan en ocupaciones informales o de baja calificación en gastronomía, hotelería o servicios.

La visión desde Nación

La perspectiva del gobierno nacional contrasta con la cautela de las autoridades neuquinas. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que “a Neuquén se van a ir en los próximos 30 años, un millón y medio de personas”. La declaración pinta un escenario de transformación demográfica de largo plazo, pero no aborda los desafíos inmediatos de infraestructura y mercado laboral que enfrentan quienes migran hoy.

Esa tensión entre la visión de largo plazo que proyecta Nación y la realidad cotidiana que administran la provincia y el municipio es, en buena medida, el nudo del problema. El boom de producción es real: en abril, Neuquén registró un nuevo récord hidrocarburífero con 628.924 barriles equivalentes de petróleo por día, un 36,18% más que en el mismo mes de 2025.

El presidente de YPF, Horacio Marín, estimó que se necesitarán alrededor de 40.000 nuevos puestos de trabajo netos hacia 2030. Pero esa demanda futura no resuelve el desajuste presente entre la cantidad de personas que llegan y la capacidad real del territorio para absorberlas.

Una ciudad que no para de crecer

Añelo creció un 142% entre los censos de 2010 y 2022, según datos relevados por el Laboratorio de Ideas Sostenibles. La investigadora María Delia Porta, que estudia el desarrollo urbano territorial en el área de Vaca Muerta, calculó que la localidad recibe cerca de 1.500 habitantes por año y que su población ya supera los 10.000 habitantes.

“Imagínense para un pueblo de unos 6.500 habitantes recibir 1.500 habitantes por año. Lo que eso implica a nivel demanda de infraestructura, demanda de servicios básicos, equipamiento comunitario, salud, educación y vivienda”, describió. La ciudad avanzó de manera horizontal sobre el territorio, pero la infraestructura no acompañó ese crecimiento. El déficit habitacional ronda el 60%.

El otro dato que complica el panorama es la brecha de calificación. Más del 60% de los mayores de 18 años que viven en Añelo no completó el nivel secundario, lo que genera un desajuste con la demanda de mano de obra calificada que requiere la industria. Como señaló Porta, el costo de vida en la zona es muy alto y los salarios del sector petrolero, aunque elevados, no son accesibles para quienes llegan sin una oferta laboral confirmada: “Hay mucha gente que se traslada sin una oportunidad laboral confirmada. Los salarios son altos, pero también el costo de vida es muy alto”.

El Gobierno nacional adjudicó la concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como la hidrovía Paraná-Paraguay, al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus. Ambas empresas celebraron la decisión oficial y conformaron Vía Navegable Argentina (VNA), la firma que estará a cargo de la operación.

El anuncio oficial confirmó que Jan De Nul, empresa de origen belga, junto con Servimagnus, conformarán la nueva sociedad Vía Navegable Argentina (VNA), que tendrá a su cargo la operación, el mantenimiento y la modernización del corredor fluvial por los próximos 25 años. Las compañías aseguraron que su propuesta se sustenta en la inversión privada, el uso de equipamiento propio y la incorporación de tecnología avanzada.

En un comunicado, Wim Bosteels, apoderado de Jan De Nul, expresó: “Recibimos esta ratificación con satisfacción, pero sobre todo con una profunda responsabilidad. Somos plenamente conscientes de la importancia que tiene la Vía Navegable Troncal para la competitividad de la Argentina y para el desarrollo de sus cadenas productivas. Nuestro compromiso es poner al servicio del país las mejores capacidades técnicas, humanas y tecnológicas para seguir fortaleciendo una infraestructura estratégica para las próximas décadas”.

Por su parte, Marcos De Vincenzi, gerente general de Servimagnus, remarcó que la adjudicación representa el resultado de “un compromiso histórico con el desarrollo de la infraestructura logística de la Argentina”. En su declaración, enfatizó: “Presentamos una propuesta sumamente sólida, sustentada en la inversión privada, la utilización de equipamiento propio, el cuidado del ambiente, un equipo profesional altamente calificado, y una inédita transferencia tecnológica. Nuestro propósito es brindar a los usuarios y al Estado las garantías operativas necesarias para contar con una vía navegable moderna, transparente y competitiva a nivel global”.

El proyecto, que impulsará la conformación de la Vía Navegable Argentina (VNA), tiene previsto generar empleo directo e indirecto para más de 600 familias. Las empresas destacaron la relevancia del corredor fluvial para el desarrollo económico nacional y para el fortalecimiento de la competitividad argentina en los mercados internacionales.

En el comunicado conjunto, las compañías subrayaron que los trabajos de profundización y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal durante los últimos 30 años contribuyeron al crecimiento de la producción nacional, la expansión de la superficie sembrada y el aumento de los volúmenes de exportación. Afirmaron: “Durante los últimos 30 años, los trabajos de profundización y mantenimiento ejecutados en la Vía Navegable Troncal han contribuido decisivamente al crecimiento de la producción nacional, la expansión de la superficie sembrada, el aumento de los volúmenes exportados y la generación de divisas para la Argentina”.

Respecto a los próximos pasos, Jan De Nul y Servimagnus anunciaron que pondrán a disposición su experiencia y recursos para la ejecución de las obras, el mantenimiento y la operación de la vía. En la nueva etapa, anticiparon la incorporación de tecnología de última generación, con estándares occidentales de calidad, seguridad y desempeño ambiental. Según el comunicado, la VNA trabajará para “impulsar una vía navegable más moderna, eficiente y sustentable, incorporando tecnología de última generación bajo los más altos estándares occidentales de calidad, seguridad y desempeño ambiental con el objetivo de fortalecer la competitividad del sistema logístico argentino, reducir los costos asociados al comercio exterior y contribuir al crecimiento de las exportaciones y al desarrollo económico del país”.

Las empresas insisten en que el proyecto busca no solo mantener la operatividad sino también modernizar la infraestructura, con el objetivo de garantizar una vía navegable transparente y eficiente en el largo plazo. La sociedad que administrará la concesión desarrollará una política de generación de empleo y transferencia tecnológica, priorizando el impacto positivo sobre la economía local y regional.

En sus declaraciones, los responsables del consorcio enfatizaron la importancia estratégica de la hidrovía para la economía nacional y para las cadenas productivas ligadas a la agroindustria y la exportación. Jan De Nul y Servimagnus remarcaron que su gestión se basará en la aplicación de recursos propios y en la implementación de innovaciones tecnológicas que permitan dar un salto de calidad en el funcionamiento del corredor fluvial.

El proyecto implica la creación de una nueva sociedad, Vía Navegable Argentina, que asumirá la gestión integral del sistema. La iniciativa prevé mejoras en la infraestructura, el uso de tecnologías de última generación y la aplicación de estándares internacionales en materia de seguridad y protección ambiental. Según los responsables del consorcio, el modelo de gestión elegido permitirá “brindar a los usuarios y al Estado las garantías operativas necesarias para contar con una vía navegable moderna, transparente y competitiva a nivel global”.

El anuncio de la adjudicación de la concesión y la conformación de la nueva sociedad recibió respaldo por parte de los actores involucrados, quienes consideran que la continuidad y modernización del corredor fluvial representa una oportunidad para consolidar el crecimiento económico y la inserción internacional de la Argentina.

La presidenta Laura Fernández Delgado confirmó la aprobación para reiniciar las obras del tramo central de la carretera San Carlos y el impulso de una reforma que facilitará vuelos internacionales privados en la región, durante una multitudinaria actividad en El Tanque de La Fortuna, San Carlos.

En un ambiente festivo con música y presencia de autoridades locales y nacionales, Laura Fernández Delgado, presidenta de la República, anunció ante medios y vecinos que la Contraloría General de la República otorgó el aval para continuar con el tramo central de la carretera de San Carlos, una obra que los habitantes aguardaron durante casi sesenta años. “Ya la Contraloría General nos dio el visto bueno para seguir adelante con el tramo central de la carretera de San Carlos. Esa es una supernoticia para San Carlos”, afirmó la mandataria, quien estuvo acompañada por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Zeledón, y el diputado Wilson Jiménez.

El acto congregó a comerciantes, alcaldes de la región, representantes legislativos y empresarios turísticos. En ese marco, Fernández Delgado también adelantó que el gobierno impulsará una reforma legal para crear la figura de los aeroparques turísticos, permitiendo que los aeródromos privados de La Fortuna y otras localidades reciban vuelos internacionales de jets privados. Actualmente, Costa Rica cuenta con setenta y nueve aeródromos privados, diecinueve de los cuales ya reciben vuelos turísticos, comerciales y chárter, sumando más de 25,000 aterrizajes y despegues en el último año.

De acuerdo con la presidenta, la reforma busca que “las decisiones técnicas las tomen los expertos en aviación y no una camisa de fuerza escrita hace décadas”. Esto permitiría construir pistas de mayor tamaño y habilitar servicios complementarios, como hangares y abastecimiento de combustible para aeronaves privadas. “Hay un sector del turismo que no mide la distancia en kilómetros, la mide en minutos. Esos minutos son los que pretendemos disminuir para que más turistas vengan al cantón de San Carlos”, señaló Juan Diego González Picado, alcalde de San Carlos.

El gobierno estima que, con el marco jurídico adecuado, será posible atraer un mayor flujo de turistas con alto poder adquisitivo y estimular inversiones privadas en infraestructura, generando empleo y desarrollo local. Solo el año pasado, los turistas internacionales que utilizaron los aeropuertos del país generaron más de 900 millones de dólares para la economía nacional.

Durante la actividad, Fernández Delgado también abordó desafíos pendientes, como la situación en Crucitas, donde la minería ilegal y la inseguridad persisten. Recordó que el Ejecutivo ha presentado proyectos de ley para resolver el problema y convocó a los diputados a acompañarla en una visita a la zona afectada. “Cada día que pasa sin esa ley aprobada perdemos plata, perdemos tranquilidad y seguridad y perdemos a nuestro medio ambiente y al recurso hídrico también”, declaró, remarcando la urgencia de una solución legislativa.

La presidenta concluyó su intervención enfatizando la prioridad del gobierno en la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de la seguridad pública. Además, reiteró el llamado a la cooperación de los distintos poderes del Estado para lograr avances en materia de infraestructura, turismo y seguridad.

La gobernadora Kathy Hochul anunció una inversión de USD 74 millones para abaratar proyectos locales de agua y alcantarillado en todo el estado de Nueva York. La inyección de fondos busca proteger la salud pública, reducir riesgos futuros, mejorar la calidad del agua y generar empleos bien remunerados, de acuerdo con el comunicado oficial.

La junta directiva de la Environmental Facilities Corporation (EFC) dio luz verde al financiamiento asequible y a las subvenciones previamente comunicadas, destinadas a los principales programas de inversión en infraestructura hídrica en Nueva York. Estas iniciativas buscan que las comunidades puedan evitar incrementos significativos en sus tarifas.

La decisión de la Junta marca un hito en el proceso de obtención de fondos y habilita a las localidades para concretar acuerdos y disponer de estos recursos en sus proyectos. Aquellas iniciativas que logran la aprobación de la Junta han superado las evaluaciones ambientales y cumplen con los estándares exigidos por el programa.

Los fondos combinan dinero estatal y federal

El estado aprobó dinero para que municipios de distintas regiones reparen, amplíen o sustituyan redes de agua potable y saneamiento con préstamos, subvenciones o una mezcla de ambos instrumentos.

La financiación procede de los fondos rotatorios estatales de agua limpia y agua potable, que movilizan más de USD 1.000 millones al año en préstamos de bajo costo y subsidios para comunidades de Nueva York.

La segunda vía son los subsidios estatales para mejoras de infraestructura hídrica, que desde 2015 permitieron ahorrar más de USD 8.300 millones a los usuarios en todo el estado.

Proyectos en distintas regiones de Nueva York

En la región capital, el pueblo de Athens recibirá USD 1,8 millones en subsidios estatales y financiación de bajo costo para planificar, diseñar y construir mejoras en el alcantarillado sanitario con el fin de reducir infiltraciones y proteger la calidad del agua del río Hudson.

La ciudad de Troy obtuvo USD 15,6 millones en subsidios federales y financiación de bajo costo para instalar un nuevo sistema de tratamiento contra la corrosión y sustituir el sistema de alimentación de cal de la planta de tratamiento de agua. La oficina de la gobernadora indicó que esa obra mejorará la calidad del agua y la confiabilidad del sistema.

En el centro de Nueva York, el pueblo de Lenox recibirá USD 660.000 para instalar 7.700 pies (2.347 metros) lineales de cañería de agua potable, además de sus componentes asociados y una conexión con la Autoridad de Agua del condado de Onondaga para abastecer a unas 36 viviendas que dependen de pozos privados.

El pueblo de Skaneateles obtendrá USD 4,4 millones para instalar 15.700 pies (4.785 metros) lineales de red y construir un tanque elevado de 150.000 galones (567.800 litros), junto con una nueva estación de bombeo.

En la región de Finger Lakes, Honeoye Falls recibió USD 17,8 millones para avanzar con mejoras en su planta de aguas residuales de 1930 y continuar obras orientadas a mejorar la calidad del agua en Honeoye Creek.

En Mohawk Valley, el condado de Oneida obtuvo USD 8,1 millones en financiación de bajo costo para planificar, diseñar y construir un sistema de desinfección ultravioleta en una planta de control de contaminación del agua, con impacto previsto sobre la calidad del río Mohawk.

El pueblo de Wilna recibirá USD 154.527 para mejoras en la planta de tratamiento de aguas residuales que presta servicio a la aldea de Herrings y protege la calidad del río Black.

En el sur del estado, se le otorgó USD 23,1 millones al pueblo de Endicott en subsidios y financiación sin intereses para mejorar su planta de tratamiento de aguas residuales

El pueblo de Margaretville obtuvo USD 1,5 millones para reemplazar un tanque antiguo por uno nuevo de 80.000 galones (302.800 litros), sustituir medidores de agua y actualizar la telemetría y los controles del sistema.

En el oeste de Nueva York, el pueblo de Alden recibirá USD 532.560 para crear el Distrito de Agua de Cayuga Creek con 6.500 pies (1.981 metros) lineales de tubería, hidrantes, medidores y otros componentes. El proyecto dará servicio seguro y confiable a residentes de Cayuga Creek Road y Three Rod Road que hoy utilizan pozos privados con fallas.

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) publicó el Índice de Transición Energética (ETI) y mostró que la Argentina avanzó en el ranking global, impulsada principalmente por el amplio acceso a la energía. Aún así, el país sigue enfrentando desafíos en infraestructura, inversiones y capacitación de recursos humanos.

El indicador evalúa la eficacia de los sistemas energéticos nacionales en tres ejes fundamentales: seguridad, sostenibilidad y equidad, así como la preparación de un entorno propicio para apoyar la transición.

En términos generales, los resultados se mantuvieron prácticamente sin cambios en relación al año pasado, lo que refleja una desaceleración del ritmo mundial debido a un deterioro de la seguridad energética en el contexto de la guerra en Medio Oriente y las consecuentes interrupciones en el paso por el estrecho de Ormuz.

La puntuación de Argentina en el ETI pasó de 55,6 en 2025 a 57,4 en 2026, lo que representa un incremento de aproximadamente 1,8 puntos. De este modo, sobre 120 países, ascendió del puesto 57 al puesto 56 este año, ubicándose inmediatamente por debajo de Arabia Saudita y por encima de Ucrania.

Desde el WEF contaron a Infobae cuáles fueron los factores más relevantes que incidieron en dicha mejora. En primer lugar, señalaron que el desempeño del sistema energético se mantuvo sólido, con una puntuación de 69,7 en 2026, una de las más altas de América Latina. Esto se sustenta sobre todo en un perfil estructuralmente fuerte en materia de equidad, “gracias a una amplia cobertura de acceso a la energía combinada con costos relativamente favorables”.

Más en detalle, la asequibilidad energética sumó 5,7 puntos. “El avance refleja una caída en el precio mayorista del gas, a la vez que los precios de la electricidad para hogares e industrias se mantuvieron relativamente estables. Esta subdimensión explica la mayor parte del incremento de la puntuación de Argentina”.

Asimismo, la dimensión regulación y compromiso político subió 2 puntos, gracias a una mayor estabilidad política y a un leve aumento de la libertad económica.

En cuanto al desarrollo económico, que mejoró un punto respecto del año anterior, el avance se explicó fundamentalmente por la reducción de los subsidios energéticos como proporción del PBI, aunque este efecto fue parcialmente compensado por una menor competitividad relativa en tecnologías bajas en carbono.

En contraposición, la infraestructura, que presentó una caída de 2,4 puntos, fue el principal factor de deterioro, derivado de una desaceleración en la incorporación de capacidad renovable. Los indicadores de transporte e infraestructura digital también retrocedieron ligeramente.

“Las mejoras en preparación para inteligencia artificial y en exposición a minerales críticos para tecnologías limpias no fueron suficientes para compensar estas bajas”, indicaron desde el WEF y afirmaron que la aceleración de la modernización de la red eléctrica y la simplificación de los procesos de autorización deben considerarse prioridades inmediatas.

Por otra parte, en materia de Seguridad, el país se encuentra entre los ocho mejores del mundo en el subpilar de suministro, reflejando la sólida disponibilidad de recursos domésticos y la diversificación de las fuentes de abastecimiento.

Sin embargo, dentro de esta dimensión se registró un retroceso en la flexibilidad del sistema, que marcó un descenso de 2,1% interanual y del 15% en la última década. “Esto refleja una menor capacidad para equilibrar oferta y demanda y para absorber perturbaciones a medida que se incorpora una mayor proporción de generación variable”, remarcó el WEF.

“Fortalecer la flexibilidad mediante almacenamiento energético, gestión de la demanda y una red eléctrica más adaptable debería ser una prioridad para reforzar la seguridad energética de largo plazo”, añadió.

En paralelo, el indicador de Minerales Críticos —incorporado recientemente al índice— posiciona a Argentina entre los 16 mejores países del mundo, destacando su ubicación estratégica dentro del denominado “Triángulo del Litio” y su creciente relevancia para las cadenas globales de suministro de tecnologías limpias.

La preparación para la transición energética (Transition Readiness) sigue siendo la principal debilidad estructural. En 2026, obtuvo apenas 38,9 puntos, una de las menores puntuaciones a nivel global. “Las limitaciones en ese sentido provienen de déficits en infraestructura, innovación, educación y financiamiento”.

En perspectiva, la región exhibió una caída general de 0,5% en las puntuaciones del ETI, motivada por un retroceso en los niveles de preparación en áreas como infraestructura, regulación e innovación. De esta manera, Argentina mostró un desempeño relativo superior al promedio regional. Igualmente, Brasil, Perú, Costa Rica, Chile y Uruguay ocupan mejores posiciones en el ranking.

No obstante, en la comparación surgen deficiencias. Una de ellas se vincula con la educación y capital humano: “A medida que la transición energética se convierte cada vez más en un desafío de implementación, la reducción de la disponibilidad de trabajadores capacitados en ingeniería, operación de redes y tecnologías limpias constituye una debilidad crítica. La inversión focalizada en capacitación para energías limpias y educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) es fundamental para incrementar la capacidad futura de ejecución”.

A su vez, las inversiones financieras se mantienen persistentemente por debajo del promedio regional. “Las restricciones de crédito soberano, la volatilidad cambiaria y el elevado riesgo de inversión continúan limitando el acceso al financiamiento necesario para la transición energética”, dijeron desde el WEF.

“Este problema es especialmente relevante considerando que las economías emergentes enfrentan costos de financiamiento entre dos y tres veces superiores a los de los mercados desarrollados”, apuntaron.

En lo que refiere a sostenibilidad, subrayan que lleva una década de retroceso neto, pese al impulso global de las energías limpias. “Existe un patrón de incorporación de nuevas fuentes energéticas más que de sustitución efectiva de combustibles fósiles”.

Por último, en el WEF proyectaron: “Con su dotación de recursos naturales, la orientación de sus políticas y la mejora gradual de sus fundamentos macroeconómicos, Argentina cuenta con condiciones favorables para acelerar su ascenso en el ETI en los próximos años si logra avanzar en estas áreas”.

“El panorama de Argentina en 2026 se caracteriza por fundamentos sólidos del sistema energético y un creciente impulso de las políticas públicas, donde la asequibilidad para los consumidores, la equidad y el liderazgo en recursos estratégicos posicionan favorablemente al país mientras continúa fortaleciendo las bases necesarias para una transición energética exitosa en el futuro", sintetizaron.

El Hospital Nacional de Niños enfrenta un proceso de deterioro en su infraestructura que ha afectado su funcionamiento desde 1997, según Marcela Hernández de Mezerville, directora interina del HNN, citada por Diario Extra.

Esta situación se evidencia en la acumulación de trece órdenes sanitarias vigentes del Ministerio de Salud, que abarcan problemas estructurales, eléctricos e hidrosanitarios en distintas áreas del centro médico. Tanto la Defensoría de los Habitantes como la dirección hospitalaria han reportado la existencia de fugas de aguas residuales, daños en tuberías y afectaciones en diversos componentes del edificio.

Uno de los episodios más críticos tuvo lugar en noviembre del año pasado, cuando una fuga de aguas negras inundó el servicio de nutrición y provocó el cierre de varias áreas clave. Este incidente dejó en evidencia el avanzado desgaste de las tuberías de hierro negro, instaladas en la década de los 50.

Hernández señaló a Diario Extra que “muchas de las tuberías han ido colapsando literal; se han llenado de residuos o han sufrido tal corrosión que, cuando se intentan intervenir, más bien se rompen”. El hecho aceleró la revisión del enfoque de renovación que se venía considerando para el hospital.

La Junta Directiva de la CCSS calificó la situación del hospital como de “atención urgente” y “emergencia” en enero, según el mismo medio. El informe de la Defensoría de los Habitantes describió un panorama con fugas de aguas negras y el mal estado general del edificio, mientras el personal sanitario sigue trabajando en condiciones que requieren una intervención definitiva para resguardar la seguridad de pacientes y trabajadores.

Cambio de estrategia en la renovación hospitalaria

El deterioro acumulado y los incidentes recientes llevaron a replantear la estrategia de renovación. Inicialmente, la construcción de la Torre de Cuidados Críticos, conocida como Torre de la Esperanza, se consideraba la principal solución para modernizar parte de las instalaciones. Sin embargo, la licitación para esa obra fue declarada “infructuosa” en abril, lo que, según la Defensoría, representó un retraso adicional en la modernización del hospital.

La dirección hospitalaria consideró que el desgaste prolongado y las fallas estructurales hacían inviable limitar la solución a una sola torre. Hernández detalló a Diario Extra que el edificio principal muestra señales de deterioro estructural, eléctrico e hidrosanitario desde 1997 y que las fallas recientes evidencian la necesidad de una respuesta integral. La CCSS concluyó que no era suficiente construir una torre nueva mientras el edificio principal seguía expuesto a un potencial colapso técnico.

En consecuencia, la CCSS resolvió integrar la Torre de la Esperanza en un plan general de renovación para todo el hospital, dejando de tratarla como un proyecto aislado. Esto implica un ajuste respecto a los plazos originales, aunque Hernández indicó que se busca una solución más amplia para la atención pediátrica.

Plazos y continuidad de la atención

En la actualidad, no existe una fecha definitiva para la finalización del nuevo proyecto de renovación. La presidencia de la CCSS solicitó que en seis meses se presente una propuesta integral con los planes médico-arquitectónicos para todo el hospital, según lo informado por Hernández a diario extra.

Mientras ingenieros y arquitectos trabajan en la elaboración de esa propuesta, el hospital continúa ofreciendo atención en instalaciones que presentan daños materiales y estructurales documentados. Las autoridades han planteado la necesidad de encontrar una solución definitiva para garantizar la seguridad y la continuidad del servicio.

La expansión de proyectos de vivienda, infraestructura y servicios básicos está empujando la demanda de técnicos especializados en el Perú. En sectores como construcción y saneamiento, las empresas y entidades públicas requieren cada vez más perfiles con formación práctica para responder a obras, mantenimiento, gestión de redes, tratamiento de agua y desarrollo urbano en distintas regiones del país.

Este escenario abre una ruta laboral para jóvenes que buscan carreras de rápida inserción, con contacto directo con el entorno productivo y posibilidades de especialización. Las áreas vinculadas a edificaciones, topografía, administración de obras, geomática, tratamiento de aguas y tecnologías aplicadas a la construcción aparecen entre las más requeridas por un mercado que necesita personal calificado para sostener el crecimiento de estos sectores.

Carreras técnicas con alta demanda laboral

Con el objetivo de acercar estas alternativas a los futuros profesionales, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) participará en ExpoUniversidad 2026, feria en la que presentará su oferta académica orientada a la formación de técnicos especializados para los sectores construcción y saneamiento.

“La ejecución de proyectos de infraestructura, vivienda y servicios básicos requiere personal con conocimientos especializados y experiencia práctica. Formar ese talento es fundamental para acompañar el crecimiento del país y generar mayores oportunidades para los jóvenes”, señaló el presidente ejecutivo del Sencico, Francisco Dumler Cuya.

Durante el encuentro, la institución brindará información sobre nueve carreras profesionales técnicas diseñadas para responder a las necesidades actuales del mercado laboral. Entre ellas figuran:

• Edificaciones
• Diseño de Interiores
• Topografía y Geodesia
• Administración de Obras de Construcción Civil
• Dibujo Digital Aplicado a la Construcción
• Geomática y Laboratorio de Suelos
• Concreto y Asfalto

La oferta también incluye especialidades vinculadas al saneamiento, como:

• Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales
• Gestión de Redes de Agua Potable y Aguas Residuales

Estas carreras se desarrollan bajo un modelo de formación dual, que combina aprendizaje académico con experiencia práctica en campo.

Formación para construcción, obras y servicios básicos

La necesidad de técnicos no se limita a las grandes obras. También alcanza a proyectos de vivienda, mantenimiento urbano, ampliación de servicios de agua y saneamiento, supervisión de obras, levantamiento topográfico, análisis de suelos y uso de herramientas digitales para el diseño y la gestión de proyectos.

En ese contexto, la formación técnica se presenta como una alternativa para jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral con competencias concretas. A diferencia de otros procesos formativos más largos, estas carreras permiten desarrollar habilidades aplicadas y responder a necesidades específicas de sectores que mantienen actividad en distintas regiones del país.

Además de las carreras profesionales técnicas, Sencico dará información sobre cursos especializados dirigidos a estudiantes, trabajadores y público en general. Entre los más solicitados figuran Instalaciones Eléctricas para Edificaciones, Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, Albañilería, Encofrado y Fierrería, AutoCAD, Revit Architecture y Metrados en Edificaciones.

Estas competencias son valoradas en obras de construcción, remodelación, mantenimiento, diseño y ejecución de proyectos. También permiten a trabajadores del sector actualizar conocimientos o complementar su experiencia práctica con herramientas técnicas más demandadas.

Examen de admisión y feria educativa

Los asistentes a EXPOUNIVERSIDAD 2026 también podrán conocer detalles del Examen de Admisión 2026-II, programado para el próximo 8 de agosto en 13 ciudades del país. La convocatoria busca acercar la formación técnica a jóvenes de distintas regiones, especialmente en áreas vinculadas a sectores estratégicos para el desarrollo nacional.

La feria se realizará entre el 24 y 27 de junio en el Centro de Exposiciones Jockey, en Surco. En ese espacio, Sencico presentará sus carreras, cursos y alternativas de capacitación para quienes buscan una opción formativa ligada a la construcción, infraestructura y saneamiento.

El Gobierno de Honduras y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) reafirmaron su compromiso de continuar impulsando proyectos estratégicos orientados al crecimiento económico, la modernización de la infraestructura y la mejora de la calidad de vida de la población hondureña.

La agenda de trabajo fue abordada durante una serie de reuniones sostenidas entre la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez; el director por Honduras ante el organismo regional, Tulio del Cid; el presidente de la República, Nasry Asfura; autoridades de la Secretaría de Finanzas y representantes del Banco Central de Honduras.

Los encuentros permitieron revisar el estado de los proyectos actualmente financiados por el BCIE y analizar nuevas oportunidades de inversión alineadas con las prioridades de desarrollo del país.

Durante las reuniones, las autoridades coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre Honduras y el principal organismo financiero regional, con el objetivo de impulsar iniciativas que generen empleo, mejoren la competitividad y promuevan un crecimiento sostenible.

El BCIE mantiene actualmente una cartera de proyectos en Honduras superior a los 1,600 millones de dólares, de los cuales más de 1,400 millones están orientados principalmente al desarrollo de infraestructura estratégica. Esta inversión convierte al organismo en uno de los principales socios financieros del país para la ejecución de obras de impacto nacional.

Entre los proyectos revisados destacan importantes corredores viales que buscan mejorar la conectividad nacional y facilitar el transporte de personas y mercancías.

Dentro de estas iniciativas figuran el Programa de Carreteras Resilientes, que incluye los tramos Danlí-Trojes y Ojo de Agua-Cantarranas, así como proyectos turísticos y de conectividad que buscan fortalecer la actividad económica en distintas regiones del territorio nacional.

Las autoridades también evaluaron el avance de los hospitales de Choluteca y Tocoa, considerados proyectos prioritarios para ampliar la capacidad de atención médica y mejorar los servicios de salud en zonas estratégicas del país.

Asimismo, se analizaron programas vinculados al acceso al agua potable, la gestión sostenible de los recursos hídricos y la recuperación ambiental del Lago de Yojoa, una de las principales reservas naturales de Honduras.

En materia energética, las reuniones permitieron discutir acciones destinadas a fortalecer la sostenibilidad y eficiencia del sistema eléctrico nacional. Entre los temas abordados se encuentran iniciativas orientadas a reducir pérdidas, modernizar infraestructura y mejorar la calidad del servicio para los usuarios.

Otro aspecto relevante fue el respaldo brindado por el BCIE a programas dirigidos a fortalecer la prevención del lavado de activos y el combate al financiamiento del terrorismo, mediante proyectos que buscan robustecer las capacidades institucionales y cumplir con estándares internacionales en materia de transparencia y seguridad financiera.

Las autoridades también exploraron nuevas oportunidades de inversión actualmente en fase de preparación. Entre ellas destacan proyectos de movilidad urbana para Tegucigalpa, obras relacionadas con infraestructura hídrica y programas orientados a fortalecer la resiliencia del país frente a fenómenos climáticos.

Dentro de las iniciativas que se encuentran bajo análisis figura la construcción de un sistema de teleférico para la capital y el desarrollo de la represa de Quiebramontes, proyectos que buscan responder a necesidades de movilidad, abastecimiento de agua y desarrollo urbano.

La presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, destacó la importancia de Honduras como país fundador y socio estratégico del organismo financiero regional, reiterando el compromiso de continuar acompañando al país en la ejecución de proyectos que generen desarrollo económico y bienestar social.

Las reuniones también sirvieron para resaltar la fortaleza financiera del BCIE, respaldada por calificaciones internacionales de alto nivel que le permiten acceder a financiamiento en condiciones competitivas y trasladar esos beneficios a los países miembros mediante préstamos para proyectos de alto impacto.

Finalmente, tanto el Gobierno de Honduras como el BCIE coincidieron en que la cooperación entre ambas instituciones seguirá siendo clave para impulsar obras de infraestructura, fortalecer los servicios públicos, generar oportunidades económicas y promover un crecimiento sostenible que beneficie a miles de familias hondureñas en los próximos años.

El Gobierno de República Dominicana inauguró la primera etapa del plan integral de modernización y fortalecimiento institucional del Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso, ubicado en el Distrito Nacional.

Este proceso, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, marca el inicio de una transformación profunda en la infraestructura y los servicios de este espacio, reconocido como uno de los pulmones verdes más importantes del país caribeño.

La fase inicial del proyecto requirió una inversión de 50 millones de pesos dominicanos (aproximadamente $4.2 millones de dólares) y se centró en la renovación de zonas clave para la atención a los visitantes y el personal.

Entre las obras ya ejecutadas se encuentra la remodelación de la entrada principal, la cual ahora ofrece mejores condiciones de acceso y seguridad.

También se construyó un dispensario médico dentro del parque, destinado a la atención de emergencias tanto para el personal como para quienes disfrutan de las instalaciones. Este nuevo espacio busca garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad de salud.

La rehabilitación de los baños, otra de las acciones prioritarias, permite que los usuarios cuenten con instalaciones modernas y adecuadas al flujo diario de visitantes. Además, se mejoraron y acondicionaron espacios usados para actividades culturales, educativas y recreativas, con el objetivo de fomentar la integración y la participación ciudadana en el entorno natural del jardín.

El plan integral contempla una inversión total de 250 millones de pesos dominicanos para todas las etapas, que se implementarán de manera progresiva. Las obras a realizar en las siguientes fases incluyen la intervención de pabellones históricos, la modernización de estructuras que no han sido renovadas durante décadas y la mejora del herbario, una de las colecciones botánicas más relevantes de la región.

El proyecto también abarca la recuperación de una cañada que atraviesa el parque, con trabajos enfocados en la limpieza y el control de la contaminación, para eliminar los malos olores reportados por usuarios y proteger la biodiversidad del área.

Otra de las prioridades para las próximas etapas es la construcción de una oficina de seguridad equipada con un sistema de videovigilancia tanto interno como externo. Esta medida busca reforzar la protección de los visitantes y el personal, permitiendo una mejor respuesta ante cualquier incidente. Asimismo, se renovará la iluminación en senderos y áreas de recreación, lo que contribuirá a aumentar la seguridad durante las horas de menor luz y a hacer más atractiva la experiencia de recorrer el jardín en distintos horarios.

Dentro del plan de modernización también se prevé la ampliación y mejora de los espacios para eventos, en particular la modernización del domo, que será equipado con mejores condiciones acústicas y de climatización. Esto permitirá que el Jardín Botánico continúe siendo un punto de referencia para actividades culturales y educativas, así como un espacio de encuentro para la comunidad.

El proyecto busca mantener la accesibilidad del parque durante el tiempo que duren los trabajos. Las autoridades han habilitado accesos alternativos y han organizado las labores de forma que las visitas y actividades habituales no se vean interrumpidas. El objetivo es asegurar que el Jardín Botánico siga abierto al público mientras se desarrollan las obras.

Debido a la magnitud de las mejoras, algunos servicios y espacios podrían experimentar ajustes en sus tarifas para contribuir al mantenimiento y sostenibilidad de las nuevas instalaciones, aunque hasta el momento no se ha determinado el monto de estos posibles cambios.

La secuencia se conoció a partir de un informe de Associated Press. En el mismo informe, las autoridades recordaron que ingresar a esa red es ilegal y peligroso. La ciudad opera un sistema de alcantarillado de 12.000 kilómetros que, además de transportar aguas residuales, incluye conducciones antiguas y tramos construidos en el siglo XIX.

Para Steve Duncan, ex explorador urbano, las imágenes fueron más compatibles con una incursión planificada para recorrer esos conductos que con un movimiento improvisado. “Hicieron su investigación”, dijo.

Duncan, de 48 años y residente en Maryland, relató que lo más difícil de sus años bajo tierra no fueron las ratas, los olores ni los gérmenes, sino las cucarachas. “Están por todas partes: trepan por las paredes y te caen encima”, describió. “Fueron lo peor”.

Según explicó, algunas de esas conducciones superan los 1,8 metros (5,9 pies) de diámetro, una altura que permite a la mayoría de las personas caminar erguidas. En ciertos tramos aún se observan ladrillos hechos a mano y arcos, una arquitectura funcional que sobrevivió a ampliaciones y reparaciones. Duncan también señaló que parte del trazado replica antiguos cursos de agua que abastecían a la ciudad antes de que la industrialización los contaminara y derivara en su canalización como alcantarillas.

Duncan sostuvo que el sistema no solo fue una infraestructura sanitaria: también conservó capas de historia urbana. Describió que algunos túneles siguieron recorridos de arroyos enterrados a medida que la ciudad creció alrededor. “Estos arroyos antiguos quedan bajo tierra a medida que las ciudades crecen a su alrededor”, explicó. “Asombra cuánto de ese viejo entorno natural sigue siendo parte de la ciudad”.

Esa motivación, remarcó, no elimina el carácter ilegal de las incursiones ni el riesgo operativo. La idea de “recorrer” el sistema se enfrenta a tapas de registro, puntos bajo control y condiciones que cambian rápido por lluvias, descargas y obstrucciones. Para Duncan, incluso quienes bajan con planificación se exponen a escenarios que se deterioran en minutos.

El avance, explicó, rara vez es lineal. Aun en tramos amplios hay lodo, superficies resbaladizas, desniveles y corrientes de agua que obligan a reducir el ritmo y a elegir cada paso. Esas dificultades, añadió, también distorsionan la percepción del tiempo.

Qué implica pasar horas dentro de una alcantarilla

Los videos sugirieron que algunos grupos permanecieron hasta tres horas bajo tierra. Duncan dijo que ese lapso puede ser consistente con una caminata lenta en un ambiente hostil, con pausas para orientarse y decidir por dónde seguir. En algunos sectores, agregó, el agua puede alcanzar 30 centímetros (11,8 pulgadas) o más, y esa altura cambia la dinámica de movimiento y el margen de error.

Duncan sostuvo que quienes descendieron eligieron un momento que consideraron favorable. Mencionó que lluvias intensas en los días previos pueden arrastrar parte de los residuos y “limpiar” tramos del sistema. También indicó que ingresar temprano reduce el volumen de descarga asociado a las horas de mayor actividad en la superficie.

El riesgo sanitario y químico es central. Duncan relató que terminó hospitalizado en dos ocasiones por infecciones graves en las extremidades, un antecedente que lo llevó a retirarse de esa actividad. En su experiencia, el contacto con agua contaminada y superficies sucias puede derivar en lesiones que se complican rápido si no se tratan de inmediato.

Además, advirtió sobre la exposición a gases. Señaló que exploradores con experiencia suelen llevar medidores para detectar concentraciones peligrosas, entre ellas el sulfuro de hidrógeno, un compuesto inflamable producto de la descomposición. La presencia de ese gas, indicó, puede ser crítica en espacios con ventilación limitada y puntos donde el aire queda estancado.

Sobre el olor, sostuvo que no siempre coincide con la imagen más extendida del subsuelo urbano.

Dijo que, cuando el sistema funciona correctamente, el olor puede asemejarse al de material orgánico en descomposición controlada, pero que en sectores deteriorados o con acumulación el ambiente se vuelve mucho más agresivo.

Sospechas, seguridad y antecedentes recientes

La difusión del material reabrió otra discusión: la seguridad de infraestructuras sensibles y la posibilidad de que algunas incursiones no estén motivadas por la exploración. En los videos se observó a personas con botas, linternas frontales y herramientas que parecían palas u otros elementos, un detalle que alimentó especulaciones entre residentes.

El profesor de ingeniería Magued Iskander, de la Universidad de Nueva York, advirtió que el acceso a alcantarillas puede ofrecer rutas de entrada o salida vinculadas a edificios y que, por eso, es difícil atribuir todas las incursiones únicamente a la búsqueda de emoción. “Las alcantarillas pueden funcionar como puntos de entrada o salida a edificios, y todos vimos películas en las que delincuentes escapan por allí”, señaló. “Tiene que haber una razón más allá de la emoción para entrar a un lugar sucio como una alcantarilla”.

Los antecedentes citados sumaron contexto. El año pasado, tres hombres fueron acusados de robo y otros delitos luego de buscar oro, joyas y otros objetos de valor en una alcantarilla de Brooklyn. 10 años antes, la policía arrestó a otros tres al salir de una zanja de mantenimiento; entre ellos había un empleado del Departamento de Protección Ambiental de la ciudad, área responsable de gestionar el sistema.

Para el detective retirado David Sarni, del Departamento de Policía de Nueva York y profesor del John Jay College of Criminal Justice en Manhattan, el caso expuso una vulnerabilidad: la visibilidad de puntos de acceso y la pregunta sobre si podrían ser aprovechados por personas con intenciones de causar daño. Planteó que la posibilidad no puede descartarse y que el análisis debe contemplar escenarios adversos.

Duncan rechazó que el dinero sea, en general, el motor principal. Sostuvo que en recorridos por túneles de Nueva York, Londres y París, a comienzos de los años 2000, casi nunca encontró objetos valiosos, salvo hallazgos menores como una tarjeta o una billetera gastada. Para él, la combinación de planificación, incomodidad y riesgo vuelve poco razonable la idea de ingresar por una ganancia eventual.

En su reconstrucción, la mayoría de quienes bajan lo hacen por una razón distinta: observar una parte de la ciudad que no está a la vista y recorrer una infraestructura que combina ingeniería, historia urbana y condiciones extremas. Esa motivación, subrayó, convive con una advertencia que, en los hechos, sigue siendo la misma para cualquier curioso: el acceso es ilegal y el entorno puede volverse peligroso en minutos.

Durante años, hablamos de inteligencia artificial como si fuera solamente software, algoritmos o automatización. Pero algo empezó a cambiar en 2025: la IA dejó de ser un fenómeno puramente digital y empezó a impactar de lleno sobre la economía real.

Porque detrás de cada modelo de inteligencia artificial hay algo mucho más concreto: servidores, centros de datos, fibra óptica, energía y enormes inversiones en infraestructura. Y eso ya se empieza a reflejar en el comercio mundial.

Según el informe Geopolitics and the Geometry of Global Trade: 2026 Update, del McKinsey Global Institute, el comercio global de bienes creció 6,5% en 2025 y alcanzó los US$ 25 billones, incluso en un contexto de mayores tensiones geopolíticas y suba de aranceles. El dato no es menor. Sobre todo porque gran parte del mercado esperaba un escenario de desaceleración comercial producto de la guerra arancelaria.

La infraestructura detrás de la IA

Lo más interesante del informe aparece cuando se analiza qué sectores impulsaron ese crecimiento. Según McKinsey, el comercio global de hardware vinculado a inteligencia artificial —chips, servidores y equipos de red— creció cerca de 40% interanual durante 2025 y explicó aproximadamente un tercio de la expansión total del comercio mundial.

Eso empieza a modificar bastante la lógica tradicional. Durante años se instaló la idea de que la economía digital iba a “desmaterializar” buena parte de la actividad económica. Pero lo que empieza a verse es casi lo contrario: cuanto más avanza la IA, más infraestructura física necesita el mundo.

Los centros de datos consumen enormes cantidades de energía y requieren transformadores, turbinas, sistemas de refrigeración industrial, fibra óptica y equipamiento tecnológico de alta complejidad.

Estados Unidos habría concentrado cerca de la mitad de la nueva capacidad global de data centers durante 2025, mientras China avanzó fuerte en infraestructura tecnológica y construcción de capacidad industrial asociada. Se comenzaron a mover cadenas globales enteras.

La guerra comercial no frenó el comercio

Otro de los puntos más relevantes del informe es que la tensión entre Estados Unidos y China no terminó generando una caída global del comercio, sino una reconfiguración de los flujos. El comercio bilateral entre ambos países cayó cerca de 30%, pero gran parte de esos movimientos terminaron redireccionándose hacia terceros mercados. Es decir: el comercio global no desapareció. Cambió de socios, de rutas y de sectores estratégicos.

Eso también ayuda a explicar por qué Europa empezó a acelerar acuerdos comerciales que llevaban años trabados y a buscar mayor diversificación de mercados. Ahí aparece parte de la lógica detrás del avance del acuerdo MERCOSUR – UE.

El nuevo escenario y la oportunidad para Argentina

En este contexto, empiezan a ganar relevancia sectores donde Argentina tiene potencial. La expansión global de la inteligencia artificial aumenta la demanda de energía, minerales estratégicos y servicios basados en conocimiento. Y ahí aparecen discusiones donde el país ya empieza a posicionarse: litio, cobre, gas, infraestructura energética y economía del conocimiento. No es casualidad que el carbonato de litio haya ingresado al top ten de productos exportados por Argentina en marzo de 2026, según datos del INDEC.

Tampoco es menor que la economía del conocimiento se haya consolidado como uno de los principales complejos exportadores argentinos, acercándose a los US$ 10.000 millones exportados en 2025.

El desvío de flujos comerciales entre Estados Unidos y China empieza a abrir oportunidades para nuevos proveedores en distintos mercados.

La discusión ya dejó de ser solamente tecnológica

La lectura de fondo es bastante más estructural de lo que parece. La inteligencia artificial ya no impacta solamente sobre productividad o automatización. Empieza a modificar inversiones, cadenas globales, demanda energética y comercio internacional.

Y probablemente ahí esté uno de los cambios más importantes que empezó a atravesar la economía global en los últimos años. Porque la IA ya no solamente mueve datos. Empieza a mover el comercio mundial.

Dante Dell’Elce, gerente general de Litoralgas, estuvo presente en Infobae Talks Energía donde repasó el estado actual de la compañía, los desafíos del sector y el plan de inversiones que la distribuidora lleva adelante en la provincia de Santa Fe y el noreste bonaerense.

Presencia en el corazón productivo y agroindustrial del país

El ejecutivo explicó que la compañía se desempeña en el eslabón final de la cadena de suministro: el downstream, donde el combustible llega efectivamente a los usuarios.

La empresa distribuye gas en toda la provincia de Santa Fe, así como en los partidos del noreste de la provincia de Buenos Aires, una zona que se destaca por su alta densidad productiva y urbana.

La escala de la operación es considerable: 774.000 clientes, más de 25.000 pymes, 400 grandes industrias y 185 estaciones de GNC. Dell’Elce destacó que la región donde opera concentra actividad agropecuaria, industrial y desarrollo urbano de peso para la economía nacional.

Inversiones para expandir la infraestructura regional

La compañía atraviesa un proceso de reconversión regulatoria que incluyó la revisión quinquenal de tarifas y derivó en un plan que inyectará más de 110 millones de dólares en un plazo de cinco años. Al cierre del segundo año, Litoralgas habrá invertido 30 millones de dólares, con impacto directo en la expansión de la red.

El programa contempla el desarrollo de más de 300 kilómetros de ductos y alcanzará a más de 28 localidades de la zona de concesión.

Los desafíos de la transición en la cadena de suministro

Más allá de la inversión en infraestructura, el panorama que enfrenta es más amplio: la reconfiguración de toda la cadena de abastecimiento y transporte del gas natural. Dell’Elce explicó que ese proceso comenzó hace dos años y que el año 2026 representó su punto de mayor intensidad.

“Nosotros somos los que en definitiva recolectamos todo ese proceso de cambio para entregárselo a los clientes”, afirmó el ejecutivo. Ese rol de cierre de cadena implica absorber las modificaciones que se producen aguas arriba —en la producción y el transporte— y trasladarlas al servicio final sin interrupciones.

A eso se suma el contexto general de transformación que atraviesan todas las empresas: cambios acelerados que obligan a revisar permanentemente la estrategia y la forma de ejecutarla.

El valor central de la operación

Para Litoralgas, la seguridad va más allá de un requisito regulatorio: es el eje de su cultura organizacional. Dell’Elce distinguió dos dimensiones: la confiabilidad del suministro —garantizar que el gas esté disponible en todo momento y en condiciones óptimas— y el resguardo de las operaciones internas, que incluye el desarrollo de infraestructura, procesos de prevención y capacitación del personal.

“Para nosotros, la seguridad es siempre lo más importante. Tenemos reglas operativas que permiten que cada persona esté preparada y empoderada para actuar”, expresó el vocero. El ejecutivo también señaló que esa responsabilidad se extiende más allá de la empresa: gasistas matriculados y usuarios finales deben respetar las normas técnicas para prevenir accidentes que, en muchos casos, son evitables.

Cuatro pilares estratégicos para gestionar el cambio

La estrategia de la distribuidora se organiza en torno a cuatro ejes: seguridad, calidad del servicio, excelencia operacional y desarrollo de infraestructura. Dentro de ese marco, la compañía combina dos modalidades de gestión del cambio.

Por un lado, proyectos transformacionales impulsados desde la alta dirección (top-down) que se implementan a través de equipos de trabajo. Por el otro, una cultura que habilita a los propios empleados a proponer mejoras (bottom-up), con mecanismos concretos para que cada persona pueda promover iniciativas desde su área.

El combustible de las próximas décadas

Dell’Elce fue categórico respecto al rol del gas natural en la transición energética argentina. Con una participación de entre el 50 y el 60% en la matriz energética del país y reservas aseguradas por Vaca Muerta por varias décadas, el gas natural reúne las condiciones para seguir siendo el eje del abastecimiento energético nacional.

“Es un complemento ideal para la transición energética y, sin lugar a dudas, va a ser fundamental en Argentina por varias décadas”, afirmó el ejecutivo. Esa perspectiva de largo plazo es, para Litoralgas, el marco dentro del cual cobra sentido toda la inversión que la compañía lleva adelante hoy.

El Ministerio de Educación Nacional, por orden del Gobierno Petro, puso en marcha una transformación en la infraestructura de la educación superior pública en Colombia, que beneficiará a miles de jóvenes en el país.

Con una inversión superior a $700.000 millones, más de 30 proyectos estratégicos avanzan en todo el territorio nacional, con lo que se impactan especialmente las regiones Caribe y Centro. De acuerdo con la cartera, la apuesta busca cerrar brechas, modernizar campus universitarios y ampliar la cobertura y la calidad de la educación pública, un derecho fundamental y un motor de desarrollo regional.

Región Caribe: inversiones y universidades beneficiadas

El Caribe colombiano es uno de los grandes protagonistas de esta transformación, con más de $404.000 millones destinados a 18 proyectos de infraestructura. La financiación se canaliza a través de entidades como Findeter y la Agencia Nacional Inmobiliaria (Anim), así como mediante transferencias directas del Ministerio de Educación a las instituciones de educación superior (IES).

Entre las universidades e instituciones beneficiadas se destacan:

• Universidad de La Guajira (Riohacha): construcción del bloque IX ($50.748 millones) y bloque X ($57.826 millones), y fortalecimiento en Maicao, Riohacha, Fonseca y Villanueva ($64.332 millones).
• Universidad del Atlántico (Soledad, Atlántico): segunda fase de la sede ($46.991 millones).
• Institución Universitaria del Caribe (Ciénaga, Magdalena): ampliación sede Costa Verde ($34.500 millones).
• Universidad Popular del Cesar (Valledupar y La Jagua de Ibirico): bloque J sede Sabana ($33.904 millones) y nueva sede en La Jagua ($15.815 millones).
• Instituto Universitario del Caribe (Santa Cruz de Mompox, Bolívar): construcción de sede ($28.578 millones).
• Universidad Militar Nueva Granada (Becerril, Cesar): fortalecimiento de infraestructura ($21.108 millones).
• Universidad de Córdoba (Tierralta, Córdoba): ampliación y dotación ($13.754 millones) y sede Montería ($68.841 millones).
• Universidad de Cartagena (Magangué y Cartagena): ambientes modulares ($14.513 millones), reforzamiento del Claustro San Agustín ($96.498 millones), y nueva sede en Magangué.
• Universidad del Magdalena “Aluna” (Santa Marta): infraestructura y ambiente modular ($14.981 millones y $64.619 millones).
• Proyectos adicionales en Montelíbano, Simití, Buritaca, Minca, Majagual, Curumaní, San Onofre, San Andrés, San Benito Abad, Uribia-Nazareth, El Carmen de Bolívar, Arenal y Ayapel.

Entre los proyectos de mayor impacto se encuentran la nueva sede de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac - Matuna) en Cartagena ($131.699 millones), la apropiación de TIC en la Universidad de Córdoba ($120.495 millones) y el fortalecimiento de la Universidad Popular del Cesar y otras universidades de la región.

La distribución por departamentos de la región Caribe se divide de la siguiente manera:

• Bolívar: $308.344 millones (3 universidades)
• Córdoba: $300.594 millones (3 universidades)
• Sucre: $255.476 millones (2 universidades)
• Magdalena: $219.985 millones (2 universidades)
• La Guajira: $154.354 millones (2 universidades)
• Atlántico: $101.542 millones (1 universidad)
• Cesar: $68.841 millones (1 universidad)
• San Andrés y Providencia: $61.723 millones (2 instituciones)

Región Centro: modernización y expansión universitaria

En la Región Centro (Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima), la inversión asciende a $313.164 millones, impulsando la construcción, ampliación y adecuación de nuevas sedes, ambientes modulares, dotaciones y estudios para fortalecer la capacidad de las IES públicas.

Proyectos destacados:

• Universidad Pedagógica Nacional (sede Valmaría, Bogotá): ambientes modulares ($12.560 millones).
• Proyecto Multicampus Suba, Bogotá: integración de la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Distrital, Colegio Mayor de Cundinamarca y el Instituto Técnico Central ($24.515 millones).
• Universidad de Cundinamarca (Soacha): ambientes modulares ($11.677 millones) y estudios para nueva sede ($3.319 millones).
• Proyecto Multicampus Villeta (Universidad Pedagógica Nacional): $15.482 millones.
• Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) (Moniquirá, Boyacá): ambientes modulares ($11.746 millones), ampliación sede Chiquinquirá ($2.690 millones).
• Universidad Nacional de Colombia (Bogotá): construcción del bloque A Facultad de Artes ($70.000 millones).
• Universidad Surcolombiana (Pitalito, Huila): ampliación de sede ($6.459 millones).
• Universidad del Tolima (Chaparral y Espinal): sede sur en Chaparral ($37.896 millones), ampliación de la sede Espinal ($33.970 millones), estudios para sede Mariquita.
• Infotep de San Andrés: complejo de educación superior ($43.748 millones).

La apuesta del Gobierno nacional y el Ministerio de Educación no se limita a ladrillos y cemento. Se trata de ambientes de aprendizaje modernos, integración de tecnologías de la información, ampliación de cobertura y fortalecimiento institucional. El Conpes 4181 de 202 6 prioriza 114 nuevos proyectos para 2026 y 2027, de los cuales 24 corresponden a la región Caribe por más de $1.47 billones.

Finalmente, la cartera señaló que las inversiones impactarán a decenas de miles de estudiantes, docentes e investigadores, mejorando la calidad educativa, la equidad territorial y la competitividad regional.

Las inversiones ejecutadas en infraestructura de transporte concesionada registraron un importante crecimiento durante los primeros cuatro meses de 2026. De acuerdo con información difundida por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y recogida por Agencia Andina, las valorizaciones en carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas y sistemas de metro alcanzaron los 479.5 millones de dólares entre enero y abril.

La cifra representa un incremento de 85.2% en comparación con los 258.9 millones de dólares registrados durante el mismo periodo de 2025, reflejando una mayor ejecución de obras en distintos proyectos de infraestructura a nivel nacional. Solo en abril, las concesionarias supervisadas por Ositran reportaron inversiones por 115 millones de dólares, monto que superó ampliamente los 18.8 millones registrados en igual mes del año anterior.

Según detalló Agencia Andina, el desempeño estuvo impulsado principalmente por los sectores aeroportuario y ferroviario, que concentraron la mayor parte de los recursos destinados a la ejecución de proyectos de ampliación, modernización y mantenimiento de infraestructura estratégica para el transporte de pasajeros y mercancías.

Aeropuertos lideran inversiones

El sector aeroportuario registró inversiones por 61.4 millones de dólares durante abril, convirtiéndose en el principal motor del crecimiento observado en el periodo. Esta cifra fue 10 veces superior a la registrada en el mismo mes de 2025, de acuerdo con los datos difundidos por Ositran.

Dentro de este rubro destacaron las inversiones ejecutadas por Lima Airport Partners, que valorizó 51.4 millones de dólares. Los recursos estuvieron vinculados principalmente al avance del proyecto denominado “Paquete de Trabajo 3 - EPC Terminal, Plataforma y Accesos (WP3)”, correspondiente a las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Asimismo, Aeropuertos del Perú reportó inversiones por 9.9 millones de dólares destinadas al mantenimiento de sistemas eléctricos y pavimentos en diversos terminales regionales, entre ellos los aeropuertos de Cajamarca, Chachapoyas, Tarapoto, Trujillo, Anta, Iquitos, Pisco y Pucallpa. Estas intervenciones forman parte de las acciones orientadas a garantizar la operatividad y seguridad de la infraestructura aeroportuaria.

Avance de la Línea 2

Otro de los sectores que mostró un crecimiento significativo fue el de ferrocarriles y metro. Durante abril, las inversiones alcanzaron los 46.8 millones de dólares, cifra que superó ampliamente los 6.1 millones reportados en el mismo mes del año pasado. Con ello, el acumulado del sector llegó a 173.3 millones de dólares en lo que va de 2026.

Según información recogida por Agencia Andina, la totalidad de las inversiones del mes correspondió a la concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Los recursos fueron destinados a la adquisición de equipamiento electromecánico, instalación de infraestructura ferroviaria, construcción de túneles y ejecución de obras civiles en diversas estaciones del proyecto.

Entre los trabajos desarrollados figuran intervenciones en las estaciones Bocanegra, Carmen de la Legua, Morales Duárez, Tingo María y Parque Murillo, además de inversiones relacionadas con arquitectura, inserción urbana y material rodante. El avance de este proyecto continúa siendo uno de los principales componentes de la inversión en infraestructura de transporte urbano del país.

Ejecución en carreteras y puertos

En el sector vial, las concesionarias reportaron inversiones por 6.6 millones de dólares durante abril, el doble de lo registrado en el mismo periodo de 2025. Entre los proyectos destacados figuran las obras desarrolladas en la Autopista del Sol, así como intervenciones ejecutadas por IIRSA Norte e IIRSA Sur Tramo 4 orientadas a mejorar la seguridad vial y la conectividad en distintas regiones.

Por su parte, el sector portuario registró inversiones por 316,436 dólares durante abril, realizadas por operadores de terminales concesionados. Con ello, el acumulado anual del sector alcanzó los 6.5 millones de dólares.

Ositran informó además que, desde el inicio de los contratos de concesión hasta el 30 de abril de 2026, la inversión acumulada llegó a 14,404.4 millones de dólares. Este monto representa el 65.3% de los compromisos totales de inversión asumidos por las concesionarias, que ascienden a 22,058.4 millones de dólares. Entre los sectores con mayor nivel de ejecución destacan las carreteras, que lideran con un avance de 83.2%, seguidas por ferrocarriles y metro con 75.96%, aeropuertos con 65.58% y puertos con 57.02%.