El video, difundido en la red social X por la cuenta informativa @PasaenBogota, muestra cómo el conductor realizó maniobras a alta velocidad dentro del espacio deportivo a las 6:15 de la mañana del martes 3 de marzo de 2026.

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A esa hora, peatones que acudían a sus lugares de trabajo circulaban cerca del espacio deportivo.

Sin embargo, la motocicleta involucrada ya cuenta con un historial de infracciones. Este vehículo está matriculado en el municipio de Funza y, de acuerdo con el valor comercial actual, está avaluado en cerca de 15 millones de pesos.

Según información confirmada por El Tiempo, la moto acumula dos comparendos por un total de 992.063 pesos en multas pendientes; el primer comparendo, impuesto el 8 de marzo de 2025 en la localidad de Chapinero, corresponde al código C24, asignado a quienes conducen motocicletas sin prendas reflectivas. El valor inicial de la multa fue de 604.100 pesos, pero los intereses por mora elevaron la deuda a 652.902 pesos.

El segundo comparendo, registrado el 29 de julio de 2025 en la localidad de Los Mártires, se relaciona con la circulación del vehículo con la placa levantada, infracción tipificada bajo el código B03.

Aunque la norma exige la inmovilización del automotor en estos casos, el reporte oficial indica que el agente permitió que el conductor corrigiera la irregularidad y evitara la inmovilización en ese momento. La multa asociada fue de 321.800 pesos, cifra que aumentó a 339.161 pesos debido a los intereses por retraso en el pago, de acuerdo con el medio.

Fuentes de las autoridades de Tránsito, indicaron en diálogo con El Tiempo que, de la misma manera, el propietario de la motocicleta podría enfrentar una nueva sanción tras la difusión del video. El presunto infractor fue identificado como Ángel Nicolás Díaz Malpica.

La comunidad del barrio Florencia y usuarios en redes sociales expresaron su preocupación por la exposición de peatones y deportistas a situaciones de riesgo en espacios recreativos. “Salió este tipo en moto a darle vueltas a la cancha pensando que está en un autódromo. Al pedirle que se bajara a la calle sale con la excusa de que le pareció buena idea practicar en la mitad del parque”, se leyó en la denuncia publicada en X.

Entre críticas y defensas, esto dijeron los internautas

Otros usuarios agregaron en la sección de comentarios: “Está entrenando para cuando quede debajo de una mula en carretera (sic)”; ”Practicar moto en parque residencial viola las leyes: 1801 (ruido y riesgo) + reglamento Idrd. Interrumpe convivencia y daña el espacio público. Ley 769 y Código de Policía".

“Lo mismo sucede en el parque san Cayetano, barrio San Ignacio, localidad Engativá… Una vez por semana en horario nocturno y las autoridades no hacen nada"; “Los moteros viven en una realidad totalmente alterna jaja. Y los que lo defienden diciendo que a esa hora no hay nadie en la cancha, ¿qué? ¿Todo bien en casa? Son igual de bobos hptas que el infractor del video (sic)“.

Otros defendieron al motociclista, y apuntaron que se el sujeto no vulneró los derechos de otros ciudadanos: “Ya muy cansones. A esa hora nadie está usando el parque, y estoy seguro que si le dicen que van a usar las canchas el man se baja. Ya es joder por joder (sic)”; “Son las 6 de la mañana y el tipo esta practicando curvas. ¿Cuál es el hpta problema? A esa hora no hay gente usando el parque y es un espacio donde se puede ‘totasear’ sin generar mas tráfico en una ciudad putamente congestionada. Salgan de la burbuja y dejen de mkear (sic)“.

A pesar de las múltiples campañas de concientización y la instalación de puestos de control que buscan crear consciencia en los conductores, en Colombia se siguen registrando casos en los que han sido detenidos ciudadanos manejando bajo el efecto del alcohol, lo que pone en peligro no solo su vida, sino la de los demás actores viales.

Por ejemplo, en el fin de semana del 24 y 25 de febrero, en Bucaramanga fueron capturados dos conductores que, según el director de Tránsito de esta ciudad, Carlos Bueno, era claro que habían consumido bebidas embriagantes. Sin embargo, esto no pudo ser comprobado porque en ambos casos los sujetos se negaron a presentar la prueba de alcoholemia e intentaron agredir a los agentes de tránsito.

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“Esta persona, aparte de la infracción que ya se le aplicó por 55 millones de pesos, se estaba negando a que su vehículo fuera inmovilizado. Tenemos el apoyo de la Policía Nacional que lo está deteniendo”, afirmó Carlos Bueno al respecto.

Desconociendo las normas, estos conductores terminaron recibiendo una multa superior a la que hubieran sido merecedores si se confirmaban que estaban conduciendo ebrios, ya que negarse a practicar la prueba de alcoholemia es la multa de tránsito más costosa actualmente en Colombia.

Por este comportamiento, los infractores fueron multados por $54′961.920, que es 10 veces mayor a dar positivo en grado cero de alcoholemia; sumado a esto, el vehículo les será inmovilizado y su licencia será suspendida.

“Los conductores que no accedan a que se les practique la prueba de alcoholemia serán sancionados con multa y la suspensión de la licencia de conducción entre 5 y 10 años. Así lo dispone la Ley 1548, que modifica el Código de Tránsito (Ley 769 del 2002) y la Ley 1383 del 2010″.

En Colombia, las multas de tránsito se dividen en seis ramas de manera alfabética, siendo la más grave la que se mide con la letra F.

Tipos de infracción de tránsito en Colombia

• tipo A: 161.150.
• tipo B: 321.839.
• tipo C: 604.054.
• tipo D: 1.207.762.
• tipo E: 1.811.816.
• TIPO F: 40.432.

Por su parte, en la infracción tipo F, que es dar positivo en prueba de alcoholemia, el valor a pagar por el infractor dependerá del grado que registre el etilómetro o el alcoholímetro.

Valor de la multa por dar positivo en prueba de alcoholemia

Para los infractores que han sido descubiertos por primera vez, dependiendo el grado de alcoholemia, el conductor recibirá una multa de entre $3.340.040 y $27.840.240; sumado a inhabilidad de su licencia por mínimo un año y máximo diez; de la misma forma, esta persona deberá realizar acciones comunitarias.

En caso de reincidencia, el infractor recibirá una multa de entre $5.220.045 y $41.760.360, suspensión de su licencia, mínimo por un año, y en caso de que el grado de embriaguez sea superior a tres, será totalmente cancelada.

Si el conductor es reincidente por tercera vez, la multa mínima será de $6.960.060 y máxima de $54′961.920; mientras que se inhabilitará su licencia solo si el grado de ebriedad es de cero, en caso de que sea superior será cancelada.

Cabe destacar que el pago equivalente a negarse a hacer la prueba de alcoholemia solo es alcanzado por los infractores que sean reincidentes por tercera vez y registren grado tres.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió este jueves cuatro disposiciones mediante las que prohibió la comercialización de diferentes productos tras detectar infracciones a la normativa sancionada en materia de seguridad alimentaria.

En tan solo una semana, el organismo prohibió una segunda golosina de características muy similares a la anterior. Se trata de un producto conocido como “gallinita”, hecho a base de oblea y azúcar, fabricada por la empresa “PEPO S.R.L.”, con domicilio en Tucumán. La marca "Gallinita Orly” fue retirada del mercado por tratarse de un producto ilegal y apócrifo.

La actuación administrativa fue iniciada por la Dirección General de Control de la Industria Alimentaria de la provincia de Córdoba, debido a irregularidades observadas durante un programa de monitoreo alimentario. El producto presentaba registros que en realidad son inexistentes.

En este sentido, ANMAT informó en la normativa la imposibilidad de identificar fehacientemente el origen real del producto, limitando cualquier posibilidad de control de elaboración y condiciones sanitarias. De esta manera, frenó su elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, plataformas de venta en línea y cualquier presentación, una medida que quedó plasmada en la Disposición 7834/2025 de Boletín Oficial

Adicionalmente, la Administración que conduce Nélida Bisio dictó una medida de igual características, sobre un suplemento conocido como ashwagandha comercializado bajo la denominación “Extracto hidroalcohólico - Reishi y Ashwagandha, marca Health Zana, Suplementos Funcionales, Adaptógeno”, cuya procedencia está declarada en Pilar, Buenos Aires.

En dicho caso, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) constató que el producto “Reishi y Ashwagandha” carece de registro sanitario de establecimiento y además, los números de rótulos tampoco se corresponden con registros válidos en la provincia.

La decisión recae sobre este reconocido suplemento a base de plantas, cuyo consumo fue creciendo en el último tiempo y es utilizado para regular los niveles de ansiedad producidos en exceso por la hormona del estrés, también conocida como cortisol.

Ante la imposibilidad de identificar, validar o controlar las condiciones de manufactura y trazabilidad, la Disposición 7832/2025 prohibió su expendio y fraccionamiento para el mercado argentino, alcanzando a cualquier producto donde figure ese número de expediente, por estar falsamente rotulado.

Las otras dos disposiciones restantes alcanzan a dos marcas de productos de cocina. Por un lado, se restringe la venta y consumo del “Aceite de oliva extra virgen, marca: Olivos de Arauco” por presentar registros sanitarios pertenecientes a un elaborador diferente y carecer de autorizaciones válidas ante la autoridad competente.

De acuerdo con la investigación iniciada por una consulta de un ciudadano ante el INAL, el paquete exhibía números de registros nacionales que pertenecían a otra razón social, por lo que el producto ofrecido no correspondía a la procedencia registrada ni podía garantizar la trazabilidad, inocuidad, condiciones de elaboración ni calidad bajo parámetros oficiales.

Tras las consultas a la provincia de San Juan y a la Dirección de Seguridad Alimentaria de La Rioja, se determinó que tampoco se encontraba registrado en este último distrito, a pesar de que figuraba como su origen. Esta situación llevó a ANMAT a calificarlo como “producto apócrifo” a través de la Disposición 7831/2025.

Una medida similar se estableció en la Disposición 7833/2025 para el “Aceite de oliva extra virgen - Primera prensada en frío, sabor intenso; marca Cumbres Riojanas” de supuesta procedencia en La Rioja y envasado por “Cumbres Riojanas S.A.”. Dicho producto tampoco contaba con registros válidos en el sistema oficial.

El artículo presentaba además declaraciones de envasado y elaboración imposibles de verificar ante las autoridades provinciales correspondientes. Por este motivo, la administración sanitaria resolvió su prohibición en todo el ámbito nacional, abarcando ventas digitales y cualquier formato de empaque o lote.

Desde el organismo se comunicaron con todas las autoridades sanitarias provinciales, las del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las áreas de control y prevención correspondientes para garantizar la efectividad de estas medidas.

La finalidad es preservar la salud pública, evitar la circulación de productos con registros inexistentes o falsos y reforzar el sistema de vigilancia para identificar irregularidades en el mercado alimentario y de suplementos.

La noche del pasado miércoles, un hombre se disponía a enterrar a su fallecido gato en un parque público de Villeneuve-d’Ascq, en el norte de Francia, cuando se topó con algo totalmente inesperado. Mientras excavaba un hoyo para enterrar a su mascota, se encontró lo que parecía un cráneo humano, según informó a La Voix du Nord.

Impactado por el hallazgo, el hombre decidió avisar a la policía municipal al día siguiente. Poco después, los agentes acudieron al lugar de los hechos y confirmaron de que se trataba, efectivamente, de restos humanos. A partir de ese momento, la investigación quedó en manos de la policía forense, que ahora trabaja para determinar la edad de los huesos. Si los restos son recientes, podría abrirse una investigación penal.

Pero, ¿cómo se puede saber si un cráneo pertenece a alguien que murió hace décadas, siglos o apenas unos años? Los forenses cuentan con diversas herramientas científicas para estimar su antigüedad. Los expertos analizan principalmente las suturas craneales (las uniones entre los huesos del cráneo, que se cierran progresivamente con la edad) y la dentición (el estudio de los dientes), clave para establecer la edad en individuos jóvenes. En el caso de restos más antiguos, se recurre a métodos como la datación por carbono-14, una técnica que mide la cantidad de este isótopo en los tejidos orgánicos para estimar su antigüedad.

No obstante, el envejecimiento óseo no es un proceso exacto: factores genéticos, ambientales y de salud pueden influir en el desarrollo y conservación de los huesos. Por eso, los análisis ofrecen rangos de edad aproximados más que una cifra concreta, tal como explica el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Descubrimiento tras una infracción: está prohibido enterrar animales

Tanto en España como en Francia está prohibido enterrar mascotas en espacios públicos o terrenos no autorizados, como jardines particulares, el campo o zonas de montaña. En el caso de España, esta restricción está respaldada por la Ley 8/2003 de Sanidad Animal y la reciente Ley 7/2023 de Bienestar Animal. A nivel comunitario, el Reglamento Europeo también regula esta práctica, recomendando la incineración como método preferente para la eliminación de restos animales. Aunque no prohíbe expresamente el entierro, lo desaconseja firmemente debido a los riesgos sanitarios que puede implicar tanto para otros animales como para las personas. El motivo principal detrás de esta normativa es por razones de salud pública e higiene. Enterrar restos animales sin control puede contaminar el suelo y las fuentes de agua, además de atraer fauna carroñera o propagar enfermedades.

Entonces ¿cuál es la forma correcta de actuar? La normativa es clara: los restos de un animal deben ser tratados por empresas autorizadas o ser llevados a cementerios de animales, crematorios o instalaciones municipales para su retirada.

Las consecuencias de ignorar esta ley no son menores. Aunque para muchos dueños enterrar a su mascota pueda parecer una práctica inofensiva, de amor o respeto, las sanciones pueden ser muy severas: en España pueden llegar incluso a los 60.000 euros de multa.

En este caso, sin embargo, la infracción terminó derivando en algo mucho más significativo: un posible hallazgo arqueológico o, incluso, un caso policial. Por eso, no sería descabellado pensar que las autoridades opten por mostrar cierta tolerancia y lo indulten de la multa correspondiente.

En la vida diaria de la Ciudad de México, muchos conductores buscan proteger la información personal que se exhibe en sus vehículos u optan por sortear los sistemas de videovigilancia y control vial. Dentro de esta tendencia, los cubre placas se han vuelto accesorios populares en el mercado automotriz local.

La función principal de los cubre placas resulta sencilla pero controversial: cubrir, oscurecer o dificultar la lectura de las matrículas vehiculares, ya sea con materiales reflectantes, micas translúcidas, láminas oscuras o incluso mecanismos electrónicos capaces de distorsionar los datos impresos.

Estos cubre placas responde, en muchos casos, a la intención de ocultar la identidad del propietario del automóvil, impedir la toma de la imagen de la matrícula por cámaras de seguridad o bien dificultar la visualización por parte de terceros. Su diseño puede incluir añadidos de neón, capas tratadas para reflejar la luz o materiales que alteran la visibilidad de los números y letras. 

El Reglamento de Tránsito de la CDMX es la norma que define los lineamientos y restricciones en materia de equipamiento vehicular y establece de manera específica las consecuencias de portar elementos que obstruyan la visibilidad de las placas. El artículo 43 prohíbe explícitamente la utilización de luces de neón, porta placas, micas, láminas transparentes u oscuras que dificulten la identificación de la matrícula de cualquier automóvil.

La multa por portar cubre placas, según lo dispuesto en el reglamento, se impone en función de la Unidad de Medida y Actualización, conocida por sus siglas como UMA. Para el año 2025, esta fue fijada oficialmente en 113.14 pesos diarios.

En términos prácticos, la multa para quienes son sorprendidos usando cubre placas o cualquier accesorio que impida leer adecuadamente la información de la matrícula vehicular asciende a 10, 15 o 20 veces el valor de la UMA vigente. El monto específico se determina de acuerdo con la evaluación de la falta y a criterio de la autoridad correspondiente.

Con la cifra actual, la sanción para este tipo de infracción se ubica entre 1 mil 131.40 pesos, en el caso mínimo (10 UMA), y 2 mil 262.80 pesos para la infracción máxima (20 UMA). Este rango aplica únicamente a las faltas relacionadas con la obstrucción intencional de la visibilidad de las placas.

En paralelo, el reglamento integra prohibiciones a otros dispositivos o modificaciones orientados a dificultar el control y regulación vehicular. Entre ellos destacan los sistemas antirradares, ruedas metálicas, luces de faro que no cumplen con las normas establecidas, sistemas de escape modificados para generar ruido excesivo, claxon que produzca sonidos no autorizados y vidrios con un polarizado superior al 20%.

No cumplir con la presentación de la declaración anual de impuestos puede derivar en importantes consecuencias para los contribuyentes en México. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación (CFF), “No presentar las declaraciones, las solicitudes (...), o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (...) constituye una infracción” (artículo 81, fracción I)

Esta infracción aplica directamente para quienes omiten la declaración anual, obligación clave para personas físicas y morales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El CFF establece en su artículo 82 fracción I que la multa para quien no presente la declaración anual oscila entre 1 mil 810 hasta 22 mil 400 pesos por cada obligación no declarada. La reincidencia o el retraso en la presentación puede incrementar el monto de la sanción para el contribuyente, ya que la multa se impone por cada incumplimiento.

Si el contribuyente atiende el requerimiento fuera del plazo o no lo cumple, el artículo 82 en la fracción I del inciso b) indica que la multa sube a un rango de 1 mil 810 a 44 mil 790 pesos por cada obligación afectada y no declarada en tiempo.

Otras multas sobre la declaración anual

El CFF contempla también sanciones por otras irregularidades relacionadas, como presentar la declaración incompleta, con errores o por medios distintos a los autorizados. Así lo indica el artículo 81, fracción II, el cual dice que es motivo de infracción “Presentar las declaraciones... incompletos, con errores o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales”.

Para estos casos, el artículo 82 fracción II señala multas adicionales, que pueden ir de 30 pesos hasta 18 mil 360 pesos, dependiendo del tipo de información que falte. Por ejemplo, son 240 pesos por cada dato “no asentado o asentado incorrectamente.” y que no está en los anexos o 4 mil 480 pesos máximos en caso de que el nombre y el domicilio del contribuyente sea erróneo o no esté.

En el caso de que no se hayan hecho los pagos correspondientes en la declaración anual, la ley contempla cierta laxitud. El artículo 81 en su fracción III dice que es motivo de infracción:

“No pagar las contribuciones dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales, cuando se trate de contribuciones que no sean determinables por los contribuyentes, salvo cuando el pago se efectúe espontáneamente.”

Esto significa que, en caso de que el contribuyente se retrasara en el pago de su saldo en contra, pero lo hace antes de que la autoridad se lo exija entonces no habrá ningún recargo extra. De lo contrario, la ley dice en el artículo 82 fracción III que las multas serán de “$1,810.00 a $44,790.00, tratándose de la señalada en la fracción III, por cada requerimiento.”, es decir, una sanción monetaria por cada solicitud.

El uso de motocicletas en la Ciudad de México ha cobrado relevancia como alternativa de movilidad. Sin embargo, esta popularidad también ha hecho que las autoridades pongan mayor atención a la seguridad y al cumplimiento de las normas viales. Uno de los aspectos más vigilados es el número de personas permitidas a bordo de una motocicleta, ya que transportar a más pasajeros de los autorizados puede derivar en sanciones severas.

El Reglamento de Tránsito establece de manera precisa la restricción sobre el número de ocupantes en una motocicleta. El artículo 37, fracción III, inciso b), indica que los motociclistas deben “llevar a bordo sólo la cantidad de personas que señale la tarjeta de circulación”. Esto significa que la ley prohíbe explícitamente llevar más pasajeros de los oficialmente establecidos para cada vehículo, y usualmente la capacidad máxima es de dos individuos.

Esta prohibición a los motociclistas viene acompañada de una sanción correspondiente. El propio Reglamento estipula en el artículo 37: “En caso de infringir lo dispuesto en el inciso b) y d) de esta fracción, serán sancionados con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, y tres puntos a la licencia para conducir”.

Actualmente, la UMA tiene un valor de 113.14 pesos mexicanos, así que la infracción monetaria va de 1 mil 131.40 pesos hasta 2 mil 262.80 pesos, además de la pérdida de puntos en la licencia.

El Reglamento de Tránsito establece otras normas para quienes manejan motocicleta. El artículo 37, fracción III, especifica que es obligatorio circular en todo momento con las luces traseras y delanteras encendidas, así como portar aditamentos luminosos o bandas reflejantes en la noche. La misma disposición exige el uso de casco protector diseñado especialmente para motociclistas.

El incumplimiento de estas disposiciones genera también sanciones económicas. Por ejemplo, los motociclistas que conduzcan sin encender las luces o sin bandas reflejantes en horario nocturno pueden recibir una multa de 5, 7 o 10 UMAs y la deducción de un punto en la licencia. La omisión del uso del caso recibe el mismo castigo que el de llevar un exceso de pasajeros.

Otro apartado relevante es el artículo 38, que prohíbe acciones puntuales a los motociclistas como transportar carga que impida mantener ambas manos en el manubrio, sujetarse a otro vehículo en movimiento, o llevar pasajeros menores de doce años de edad.

El Reglamento también prohíbe transportar a un pasajero entre el conductor y el manubrio, así como llevar a un menor incómodo o inseguro sobre la motocicleta, a menos que cuente con los aditamentos diseñados para ese propósito. Dependiendo de la falta, la infracción de estas reglas puede derivar en sanciones de entre 5 hasta 20 UMAs y la pérdida de puntos en la licencia.

En la Ciudad de México, la regulación sobre el manejo responsable de los desechos de animales domésticos en espacios públicos se encuentra establecida en la Ley de Cultura Cívica de dicha entidad.

La Ley de Cultura Cívica, diseñada para mantener la armonía del entorno urbano, contiene disposiciones muy claras respecto a la obligación de las personas dueñas o responsables de mascotas de recoger las heces de los animales bajo su cuidado.

Según el artículo 29 de esta ley, se consideran infracciones contra el entorno urbano conductas como la fracción I de dicha disposición, que dice a la letra: “abstenerse de recoger del espacio público las heces de un animal de su propiedad o bajo su custodia, así como tirar o abandonar dichos desechos fuera de los contenedores;”.

¿Cuáles son los castigos para los que no recogen los desechos de sus mascotas?

La Ley de Cultura Cívica contempla un sistema de clasificación de las faltas y sus correspondientes sanciones, las cuales están detalladas a partir del artículo 31. En el caso específico de quienes no recojan las heces de sus animales, la conducta se configura como una infracción tipo B, tal y como lo indica el cuadro explicativo del artículo 32.

La sanción correspondiente para las infracciones tipo B, conforme al artículo 31 de la ley, contempla tres posibles vías de penalización. La autoridad puede imponer una multa equivalente de once a cuarenta veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que ajustado a su valor en el 2025 la sanción sería de 1 mil 244.54 a 4 mil 525.60 pesos.

Alternativamente, quienes incurran en esta conducta pueden recibir un arresto de trece a veinticuatro horas, o bien la obligación de realizar trabajo en favor de la comunidad durante seis a doce horas.

Esta gama de sanciones permite que la autoridad considere las circunstancias específicas de cada caso y defina la medida que juzgue más efectiva para disuadir la reincidencia y educar sobre la importancia del tema. Además, la propia ley otorga margen al órgano juzgador para que, dependiendo de la gravedad del hecho y la existencia o no de antecedentes previos en el registro del juzgado, imparta solo una amonestación en lugar de las sanciones anteriormente señaladas.

Al definir responsabilidades claras y sanciones específicas, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México aborda de frente una de las conductas que más afectan el entorno urbano. Además, al establecer la posibilidad de trabajo comunitario o arresto como alternativas a la sanción económica, se promueve no solo la penalización, sino también la sensibilización y la participación activa en la mejora del espacio público

Esas disposiciones se refieren a la Directiva europea de 2019 que exige, por ejemplo, que los trabajadores reciban información completa y oportuna sobre aspectos esenciales de su trabajo, como el horario de trabajo y la remuneración, informó el Ejecutivo comunitario.

La Comisión precisó que, según las medidas notificadas, "España no cuenta con dichas normas".

Bruselas abrió el procedimiento de infracción contra España en septiembre de 2022 mediante el envío de una carta de emplazamiento, seguida de un dictamen motivado en junio de 2023.

El pasado febrero España notificó a la Comisión medidas nacionales que transponían algunas, pero no todas, las disposiciones de la directiva a su Derecho nacional.

La Comisión considera que "los esfuerzos de las autoridades han sido insuficientes hasta la fecha" y por ello ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para solicitar la imposición de sanciones financieras. EFECOM

A partir del próximo 14 de junio de 2025, los taxistas independientes de Lima y Callao deberán haber pintado sus vehículos de color amarillo, de acuerdo con una disposición de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Esta medida tiene como objetivo estandarizar y facilitar la identificación externa de las unidades formales, reforzando la seguridad vial y la visibilidad de los taxis en la ciudad.

La ATU recordó que los conductores que no cumplan con este requisito se enfrentan a dos tipos de infracciones. La primera es la infracción T-19, por incumplimiento de la identificación del vehículo, que conlleva una multa de S/ 535 y una posible suspensión precautoria de la habilitación. Además, se aplicará la infracción T-27, correspondiente a conducir una unidad sin la adecuada identificación externa, lo que implica una sanción adicional de S/ 267.50.

Esta medida forma parte de la campaña Taxi amarillo, primero, que busca promover una flota vehicular formalizada y distinguir a los taxis autorizados del transporte informal. Además, el uso del color amarillo mejora la visibilidad de los vehículos durante las 24 horas del día, contribuyendo a la seguridad de los pasajeros y otros usuarios de la vía.

¿Cuánto cuesta pintar tu auto en Lima?

Los taxistas que necesiten pintar sus vehículos de amarillo para cumplir con la normativa de la ATU enfrentarán un costo que puede variar considerablemente. Según el portal Geely, el precio de pintar un auto en Lima oscila entre S/ 2.000 y S/ 5.000, dependiendo de diversos factores, como el tamaño del vehículo, el tipo de pintura elegido y la calidad del trabajo. Autos más grandes o camionetas generalmente requieren más tiempo y materiales, lo que aumenta el costo.

Por otro lado, la empresa Pinta tu Auto, en conversación con Infobae Perú, explicó que los precios específicos para los vehículos destinados al servicio de taxi se encuentran entre S/ 2.000 y S/ 3.600. Este rango de precios también varía según la calidad del trabajo y los detalles de la pintura, pero representa un estimado para aquellos conductores que deseen cumplir con la disposición antes del 14 de junio de 2025.

Factores que influyen en el costo:

• Tamaño del vehículo: Los autos más grandes o camionetas requieren más pintura y tiempo de trabajo, lo que incrementa el costo de la pintura.
• Tipo de pintura: El costo varía dependiendo del tipo de pintura elegido. La pintura básica es más económica, pero tiene una vida útil más corta y menor durabilidad. Por otro lado, la pintura premium ofrece mayor durabilidad y protección contra rayones, pero es más cara. Las pinturas especiales, como metálicas o perladas, también son más costosas debido a los materiales adicionales que requieren.
• Calidad del trabajo: Un taller con experiencia y materiales de alta calidad ofrecerá un trabajo de mejor nivel, lo que puede justificar un precio más elevado.
• Preparación del auto: La preparación del vehículo antes de la pintura, que incluye lijado, limpieza e imprimación, también influye en el precio final.

Para evitar sanciones y continuar prestando el servicio de taxi, los conductores deberán cumplir con este plazo establecido por la ATU, eligiendo el tipo de pintura y taller que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto.

Deberás registrar el cambio de color en Sunarp

Al cambiar el color de su vehículo a amarillo para cumplir con la norma de la ATU, el taxista debe actualizar la información en la Sunarp. Este trámite asegura que la Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica (TIVE) refleje correctamente las características del vehículo y previene sanciones por datos desactualizados.

Aquí te monstramos que pasos debes seguir:

• Completar el formato correspondiente: Llenar el formulario de “Cambio de características de vehículo automotor” con el nuevo color del taxi, disponible en las oficinas de la Sunarp o en su portal web.
• Presentar la solicitud: Entregar la documentación en una oficina registral de la Sunarp. Si la gestión la realiza un tercero, debe presentar una carta poder con firma certificada o una certificación notarial de la firma del titular.
• Pagar los derechos registrales: El costo del trámite es de S/ 48.10, y el pago se realiza en las cajas de la Sunarp al presentar la solicitud.
• Verificación de identidad: Realizar la verificación biométrica mediante la lectura de la huella dactilar en el sistema del RENIEC.
• Recepción de la TIVE actualizada: Tras la aprobación, la Sunarp emitirá una nueva Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica (TIVE) con el color actualizado, la cual podrá descargarse desde el portal web.

Cabe mencionar que, la Sunarp considera una infracción grave no actualizar los datos del vehículo, como el color. Si un conductor pinta su taxi de amarillo pero no registra el cambio, puede recibir una multa de S/ 428 y, además, las autoridades pueden retener el vehículo hasta que se regularice la situación. La actualización en la TIVE es esencial para que el vehículo siga siendo considerado un taxi formal en Lima.

Los espacios exclusivos para mujeres en el transporte público de la Ciudad de México han sido implementados como una respuesta directa a la violencia de género, particularmente al acoso sexual. De igual modo, busca también garantizar una movilidad más segura y equitativa para las mujeres.

Esta medida comenzó a implementarse formalmente en el 2008 como parte del programa “Viaje Seguro”, impulsado por el entonces Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. En ese año, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro introdujo los primeros vagones exclusivos para mujeres y menores de 12 años durante los horarios de mayor afluencia.

En 2010, el Metrobús adoptó una medida similar al establecer zonas de ascenso exclusivas para mujeres y menores en la parte frontal de los autobuses. Estas áreas fueron señalizadas con distintivos de color rosa y contaron con personal de vigilancia para garantizar su correcto uso.

¿Cuáles son los castigos para los que invaden los espacios exclusivos para mujeres en la CDMX?

En la capital de la república, la normativa que regula ese tipo de aspectos de conducta de la población (sin llegar al aspecto penal) es la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México cuenta con el artículo 29, el cual habla de las “infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad”. En la fracción XI de dicha disposición se establece a la letra lo siguiente:

“Ingresar a zonas señaladas como de acceso restringido en los lugares o inmuebles destinados a servicios públicos, sin la autorización correspondiente o fuera de los horarios establecidos;”

Esta norma también abarca los espacios exclusivos para mujeres en el transporte público, cuyos accesos están limitados a ellas (de cualquier edad) y a menores de 12 años.

La observancia de este artículo está a cargo de los elementos de seguridad, como la Policía Bancaria e Industrial, quienes tienen la facultad de retirar a las personas que infrinjan esta norma y remitirlas ante un Juzgado Cívico en ese caso.

Además, las sanciones para quienes violen están especificadas en el artículo 30 de la ley antes mencionada. Una vez ante la autoridad correspondiente, se determina la pena. Los castigos pueden incluir una multa económica que oscila entre 11 y 40 UMAS (1 mil 244 a 4 mil 525 pesos), un arresto de entre 13 y 24 horas, o la realización de trabajo comunitario por un periodo de 6 a 12 horas.

La actuación, que se produjo el pasado 20 de mayo según informa este lunes en un comunicado la Guardia Civil, se llevó a cabo en la CA-136 cuando una patrulla vio al hombre conduciendo por esa carretera el patinete.

Ese tipo de vehículo está prohibidos en vías interurbanas, por lo que los agentes le pararon para notificarle la infracción y al hacerlo vieron que podía estar conduciendo bajo los efectos del alcohol.

Al realizarle la prueba de alcoholemia, dio positivo con 0,73 miligramos por litro de aire espirado, casi el triple de lo permitido (lo máximo es 0,25 para la conducción de este tipo de vehículos).

La denuncia interpuesta por la Guardia Civil puede suponer una sanción económica de 1.000 euros, al dar positivo en la prueba de alcoholemia, y otros 200 euros por circular por la vía interurbana.

Sin embargo, no lleva aparejada la retirada de puntos al no ser necesario estar en posesión de un permiso para conducir un patinete eléctrico. EFE

Según ha comunicado la CNMC este viernes, la investigación analiza una posible infracción derivada del incumplimiento de los compromisos que Telefónica adquirió para poder comprar DTS (antigua Sogecable) y de una resolución de julio de 2021.

Esta investigación, según las mismas fuentes, forma parte de la labor de vigilancia de la CNMC para verificar que Telefónica cumple con dichos compromisos.

Competencia recuerda que autorizó la compra de Sogecable en 2015 con la condición de que Telefónica cumpliera una serie de compromisos, que se prorrogaron y estuvieron vigentes hasta 2023.

Entre estos, se incluía que la compañía no podía incluir obligaciones de permanencia a sus clientes que estuvieran asociadas directa o indirectamente a los servicios de televisión, pago, empaquetados o no con servicios de comunicaciones electrónicas.

En julio de 2021, la CNMC consideró que la oferta de Telefónica denominada "Fusión + 'smartphone'", donde se incluía el alquiler de un teléfono inteligente sujeto a condiciones de permanencia durante 36 meses, incumplía dichos compromisos.

Competencia instó a modificar las condiciones y a remitir información a clientes y regulador.

En marzo de 2023, la CNMC multó con seis millones de euros a la empresa por la infracción derivada del incumplimiento del compromiso de no incluir obligaciones de permanencia.

En la misma nota, Competencia apunta que la nueva política comercial de la operadora relativa a Fusión y miMovistar con televisión de pago y dispositivo -vigente desde 30 de agosto de 2021 y 30 de abril de 2023- seguía conteniendo previsiones que entorpecieron la movilidad de los clientes de Telefónica.

En enero de 2024, CNMC declaró el incumplimiento del compromiso 1.1 y 1.1.2 de la Resolución de 22 de abril de 2015 y de la Resolución de 22 de julio de 2021.

Competencia recuerda que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación y que se abre ahora un periodo máximo de tres meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC. EFECOM

En el caso de la Ciudad de México la conducción puede ser muy demandante, además de la precaución que debe tomarse siempre que alguien toma el volante, también están los conductores descuidados, el tráfico y sus múltiples razones así como tener cuidado de no cometer alguna acción que produzca una infracción.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México es la normativa vigente que regula las causas de multa así como los penas por infringir alguno de la ley. De igual modo, los únicos miembros de la fuerza pública facultados para levantar multas y tomar decisiones en materia de seguridad vial son los policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con la normativa antes mencionada, la infracción más costosa es circular dentro de los carriles exclusivos al transporte público (como el del Metrobús) e interferir en ellos al dar vuelta a la izquierda, derecha o en “U”.

El artículo 11 del reglamento de Tránsito es el que establece las prohibiciones a todos los vehículos y sus excepciones. Dicha regla establece que los castigos para quienes invadan el carril confinado son:

-Una multa de entre 40 y 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un monto de $4,525.60 a $6,788.40 pesos.

-La pérdida de seis puntos en la licencia de conducir.

Según el Reglamento, esta multa no amerita que el vehículo sea remitido al corralón.

Otros castigos costosos del Reglamento de Tránsito

Aunque la invasión al carril exclusivo del transporte público, también hay otras multas cuya sanción es alta económicamente:

-Circular sin seguro de responsabilidad civil vigente: 20 a 40 UMA, equivalente a $2,262.80 a $4,525.60 pesos

-Insultar o agredir a personal de tránsito: 20 a 30 UMA, equivalente a $2,262.80 a $3,394.20 pesos .​

-Conducir bajo los efectos de estupefacientes: 60 UMA, equivalente a $6,788.40 pesos mexicanos aplicable para el infractor o el dueño del vehículo. También se estipula el Arresto administrativo, Remisión del vehículo y Penalización de seis puntos en la licencia de conducir

¿Qué es una UMA?

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es un indicador económico importante en México, tiene un valor de $113.14 pesos en 2025. Este dato es fundamental para calcular diversas obligaciones financieras, como multas, impuestos y derechos.

El valor de la UMA se actualiza anualmente teniendo como base el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), su creación respondió a la necesidad de establecer un mecanismo que permitiera ajustar los montos de obligaciones económicas sin afectar directamente los ingresos de los trabajadores.

Antes de su implementación, el salario mínimo era utilizado como referencia para estos cálculos, lo que generaba un vínculo directo entre los incrementos salariales y el aumento de costos en multas e impuestos.

Santiago de Compostela, 12 ene (EFE).- Un joven ha sido detenido en el municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa por conducir sin carné en vías públicas a una velocidad superior a la permitida, cuya actitud grababa en vídeo y difundía por redes sociales telemáticas, ha informado este domingo la Policía Nacional.

La publicación de los vídeos llevó a la Policía a abrir una investigación por su actitud conduciendo con "peligrosas maniobras" un vehículo que "podría estar poniendo en grave riesgo tanto la vida de quienes le acompañaban" en su interior, como el resto de usuarios de vías públicas por las que circulaba, señala la nota policial.

Según los investigadores, el joven circuló a 120 kilómetros por hora en zonas de vías urbanas donde hay una limitación de un máximo de 30 kilómetros hora, una infracción legal que cometió hasta en cuatro ocasiones.

Además, en los vídeos difundidos, los agentes también observaron que el conductor iba "desprovisto del cinturón de seguridad" obligatorio.

Tras la investigación para determinar su identidad, la Policía Nacional averiguó que el joven que efectuaba esas maniobras de conducción peligrosas era el mismo que difundía los vídeos en redes sociales, por lo que procedieron a arrestarlo acusado de atentar contra la seguridad vial.EFE

Madrid, 10 ene (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha animado a los conductores a denunciar los grupos de WhatsApp que alertan de la ubicación de los controles policiales de alcohol y drogas, una de las conductas "más irresponsables que podemos tener los ciudadanos".

Lo ha dicho Marlaska este viernes en la rueda de prensa en la que ha presentado el balance de siniestralidad vial de 2024, en la que ha explicado que se está debatiendo en el Parlamento cómo abordar esa conducta sancionable y el medio por el que se comunica la existencia de controles de alcohol.

Se trata de una proposición de ley del Grupo Socialista por la que se reforma la ley de tráfico, actualmente en tramitación parlamentaria, que recoge la prohibición de la difusión de información sobre controles policiales de alcohol y drogas, así como de cualquier otro establecido por razones de seguridad vial.

La nueva norma fijará la responsabilidad de la infracción en la persona física que difunda el contenido, aunque se sirva para ello de plataformas o servicios de la sociedad de la información o se trate de redifusiones con origen en otros datos o informaciones de terceros. EFE

(foto) (vídeo)

En días recientes la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha llevado a cabo operativos para verificar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito que establece que las placas deben ser visibles.

Dicha medida se establece en el Artículo 45, fracción primera inciso B del Reglamento de Tránsito de la CDMX, que señala que todas las placas de circulación deben estar bien colocadas, visibles y sin ningún objeto que dificulte su lectura.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que esta medida se realiza para facilitar el seguimiento de personas presuntamente vinculadas con delitos, así como la detención y sanción de vehículos que incurren en conductas que ponen en peligro la vida de los capitalinos.

“Estamos poniendo especial atención en aquellas placas cuyos dígitos han sido alterados, tapados con marcador, con cinta adhesiva o con cualquier otro producto o material”, detalló el secretario.

En caso de que sus vehículos cuenten con portaplacas que dificulten la visibilidad de las letras, dígitos y entidad a la que corresponden podrían ser acreedores a una infracción, por lo que es importante revisar sus automóviles y evitar sanciones.

El Reglamento de Tránsito señala las personas que no cumplan con esta disposición serán sancionadas con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y la Actualización Vigente, es decir, de 2 mil 262.80 pesos hasta los 3 mil 394.20 pesos.

En el Estado de México el Reglamento de Tránsito indica que quienes no porten sus placas en buen estado, libres de objetos, rótulos, micas o dobleces que impidan o dificulten su legibilidad serán sancionados con 20 días de salario mínimo, es decir, poco más de 5 mil pesos.

¿Te pueden llevar al corralón?

Es importante mencionar que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México señala que quien incumpla con el artículo 45, fracción primera inciso B, serán acreedores solo a una multa, por lo que no amerita remisión al corralón.

Lo que sí está permitido:

• Llevar placas de matrícula frontal y posterior, colocadas en el lugar destinado por el fabricante.
• Los portaplacas pueden ser de cualquier material que permita leer los dígitos y la entidad que expidió la matrícula.
• Placa y entidad federativa que expide deben estar visibles.

En caso de que sea detectada alguna alteración en las placas realizada con tintes, películas, adhesivos o luces de neón que cubran o modifiquen la placa, serán infraccionados.

Pablo Vázquez Camacho señaló que no habrá tolerancia con vehículos oficiales, incluyendo patrullas y motocicletas de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por lo que estas unidades también deberán cumplir con lo señalado en el reglamento en materia de portaplacas.

“Es por la seguridad de todas y todos. Si tu portaplacas no impide la visibilidad de los dígitos o de la entidad federativa emisora de la misma, podrás usarla sin problema”, aseguró.

Lima, 19 dic (EFE).- La Fiscalía peruana exhortó este jueves al Congreso a establecer o delimitar los plazos para tramitar las denuncias constitucionales, la fórmula empleada en Perú para denunciar a altos funcionarios del Estado, pues ha presentado 21 que se encuentran pendientes en el Legislativo.

"Exhortamos a los señores congresistas a fin de que se establezcan o delimiten en el reglamento del Congreso, un plazo en el procedimiento del trámite de las denuncias constitucionales", indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Una denuncia constitucional es un recurso que puede presentar la Fiscalía al Congreso contra el presidente, ministros, parlamentarios, entre otros.

La interpone si considera que alguno de estos funcionarios públicos ha cometido una infracción a la Constitución y por todo delito cometido en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de haber cesado en estas.

Una vez presentada al Congreso, la denuncia es debatida en varias comisiones antes de llegar al pleno, donde los parlamentarios votan su eventual aprobación, para que la Fiscalía siga el procedimiento judicial.

El Ministerio Público informó este jueves que ha presentado una nueva denuncia constitucional, esta vez contra la congresista Hilda Portero, como presunta autora del delito de colusión en agravio del Estado por supuestamente haber obligado a sus trabajadores a entregar dinero.

"Con este documento suman 21 las denuncias constitucionales puestas en conocimiento del Congreso de la República y que se encuentran pendientes de respuesta, muchas de ellas presentadas a inicio de 2024", añadió la Fiscalía.

En este sentido, la fiscal general, Delia Espinoza, sostuvo este domingo que el Congreso aún no ha tramitado numerosas denuncias constitucionales presentadas contra parlamentarios y ni tampoco las dos contra la presidenta. EFE

Bruselas, 16 dic (EFECOM).- La Comisión Europea abrió este lunes un procedimiento de infracción contra España y otros veintidós Estados miembros por controles "injustificados" a los profesionales que desean prestar servicios de forma temporal u ocasional, informó la institución en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario considera que España y Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Grecia, Francia, Italia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia "exigen controles previos de forma injustificada para varias profesiones", en especial en tres sectores de particular importancia: la construcción, el transporte y los servicios empresariales.

La directiva europea de 2005 sobre cualificaciones profesionales de la UE facilita a los profesionales la prestación de sus servicios de forma temporal y ocasional en diferentes Estados miembros, al tiempo que garantizan la protección de los consumidores y ciudadanos.

Excepcionalmente, en el caso de profesiones que tengan implicaciones para la salud y la seguridad públicas, los Estados miembros podrán comprobar las cualificaciones antes de permitir la prestación de servicios.

Estos controles previos pueden retrasar significativamente el inicio de las actividades y, por tanto, sólo pueden imponerse en condiciones estrictas, en particular cuando la falta de cualificación profesional pueda provocar daños graves a la salud o la seguridad del destinatario del servicio, recordó hoy Bruselas.

Al considerar que España y los otros veintidós Estados miembros han incumplido los requisitos, Bruselas envió hoy una carta pidiendo información a las respectivas administraciones, que tienen dos meses a partir de ahora para responder, según explicó el Ejecutivo comunitario sin dar más detalles.

En caso de no hacerlo, Bruselas podría enviarles una segunda carta, que es el paso previo antes de poder llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, si España y los demás cree que sigue incumpliendo con los procedimientos europeos. EFECOM

Bruselas, 16 dic (EFECOM).- La Comisión Europea inició este lunes un procedimiento de infracción contra España por incumplir las disposiciones europeas sobre las instrucciones de clasificación de residuos, al incluir unos requisitos que pueden obstaculizar la libre circulación de mercancías.

Bruselas pidió a España "que garantice que sus requisitos de etiquetado para la clasificación de residuos cumplan el principio de libre circulación de mercancías", indicó esa institución en un comunicado.

Según considera la Comisión, los requisitos de etiquetado nacional en España "pueden suponer un obstáculo importante para el mercado único, socavando gravemente el principio de libre circulación".

El Ejecutivo comunitario envió a España una carta de emplazamiento, primer paso del procedimiento de infracción.

El país tiene ahora dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión.

A falta de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría seguir adelante con el expediente, emitiendo un dictamen motivado.

Aunque en España los envases domésticos deben estar etiquetados indicando cómo desecharlos, "las autoridades españolas no parecen haber realizado un análisis suficiente de la proporcionalidad de la medida, ya que existen otras opciones adecuadas, menos restrictivas del comercio entre Estados miembros", indicó la Comisión.

La UE carece de normas armonizadas que regulen las instrucciones para los consumidores sobre la clasificación de residuos, aunque el nuevo Reglamento sobre envases y residuos de envases, que está en su etapa final de adopción, incluye disposiciones para la armonización de las normas.

La Comisión precisó que, hasta que estos requisitos a nivel de la UE estén vigentes, "las leyes nacionales no deberían crear una carga innecesaria para el comercio dentro de la UE". EFECOM

Un hombre estadounidense dejó sólo a su bebé al interior de una camioneta color gris en la que se trasladaban mientras realizaba un par de compras en establecimientos ubicados en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Una mujer que caminaba por el sitio se percató de que el bebé, de tan solo 5 meses de edad, se encontraba llorando en el vehículo sin la compañía de un adulto, por lo que de inmediato alertó a las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que realizaban un patrullaje por las calles de Tonalá y Jalapa fueron requeridos por la mujer, quien les informó la situación.

Los policías procedieron a custodiar el automóvil y preguntaron en los negocios cercanos para localizar a los padres, sin embargo, ante el paso de los minutos un elemento jaló la manija de la puerta del copiloto y notó que estaba abierta, por lo que de inmediato retiró al pequeño de la silla de seguridad y lo cargó para tranquilizarlo.

Después de varios minutos, llegó un hombre extranjero que mostró un documento que lo acredita como residente de los Estados Unidos así como una fotografía del pasaporte del bebé, con lo que se supo que era su padre.

Al no hablar español, la mujer que alertó a los policías también fungió como la traductora para verificar que el menor de edad era el hijo del hombre que se acercó por él.

“Dijo que bajó del auto para realizar unas compras rápidas en un establecimiento de la zona, sin embargo tardó más de lo pensado”, detalló la SSC en un comunicado.

Luego de acreditar el parentesco con su hijo, los elementos de la SSC le hicieron una amonestación verbal y le dieron recomendaciones para evitar esos actos que podrían derivar en su detención y el resguardo del bebé por las autoridades.

Finalmente, los policías levantaron una infracción al extranjero por estacionar su vehículo fuera de las líneas del cajón marcado por el parquímetro.

Cuáles son las posibles consecuencias de dejar a un niño dentro del auto

Un bebé que permanece varios minutos dentro de un coche cerrado puede sufrir graves consecuencias para su salud debido al llamado golpe de calor. Los vehículos pueden alcanzar temperaturas extremadamente altas en poco tiempo, incluso si están estacionados a la sombra o con ventanas entreabiertas.

El cuerpo de un bebé regula el calor de manera menos eficiente que el de un adulto, lo que los hace especialmente vulnerables. Dentro del coche, la temperatura corporal del bebé puede subir rápidamente, provocando hipertermia. Esto puede llevar a síntomas como deshidratación, irritabilidad, letargo, vómitos y dificultad para respirar. En casos graves, puede causar daño neurológico permanente, insuficiencia orgánica múltiple e incluso la muerte.

El golpe de calor puede desarrollarse en cuestión de minutos, ya que las temperaturas internas en un coche cerrado pueden superar los 50 °C en menos de una hora, incluso cuando la temperatura exterior es moderada. Por esta razón, no se debe dejar nunca a un bebé solo en un coche, aunque sea por poco tiempo. Las autoridades recomiendan verificar siempre el asiento trasero antes de salir del vehículo para evitar olvidos involuntarios.

La exdirectora de Gabinete de Íñigo Errejón y aún diputada de Más Madrid, Loreto Arenillas, ha notificado a su formación su baja médica, según han explicado a Europa Press desde su partido.

Loreto Arenillas volvía a ausentarse este jueves del Pleno de la Asamblea, el segundo consecutivo desde que estallase el 'caso Errejón', se le acusara de "mediar con una víctima" y Más Madrid la cesara de sus cargos orgánicos y requiriese su acta.

Este viernes se cumplen tres semanas desde que Loreto Arenillas informara en un comunicado de que se daría de baja de la formación y entregaría su acta. Cuestión que no ha llegado a formalizar y ha tensado la relación con el partido que insiste en remitirse a este compromiso.

Fuentes de la Asamblea han explicado a Europa Press que la Mesa no ha recibido notificación de esta baja laboral y que entienden que solo podría informarle ella misma y no el grupo parlamentario. Esto es relevante ya que Arenillas si no viniera al próximo Pleno estaría incurriendo en una "infracción por incumplimiento de los deberes de los diputados".

Es el artículo 33 del Reglamento de la Cámara el que recoge que dejar de asistir tres días consecutivos o cinco no consecutivos al Pleno o comisiones en el mismo periodo de sesiones "sin justificación para ello y sin que se haya procedido a la sustitución del diputado" supondrá una infracción. Si Arenillas incurriera en este supuesto podría sancionársele quitándole una parte proporcional de su sueldo y suspendiéndole de parte de sus derechos como diputado.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, al ser preguntada este jueves a mediodía por si había novedades sobre Arenillas ha indicado que lo último que sabía era el comunicado de hace 20 días en el que "decía que iba a dejar el acta y ella por ahora no ha cumplido su palabra".

"Ya se imaginarán que en la dirección del Grupo Parlamentario de Más Madrid, ante la comunicación de una persona que dice públicamente en un comunicado que va a entregar su acta, nuestra responsabilidad es reordenar el Grupo Parlamentario para que ninguna de nuestras comisiones deje de poder hacer frente a las peores políticas del Partido Popular de España, que son el Partido Popular de Madrid", ha añadido Bergerot.

Asimismo, el partido pidió a la Mesa esta semana que movieran su escaño, situado en la segunda fila de la bancada de Más Madrid, y lo situaran en la última y en el extremo derecho del mismo.

Pese a las campañas del Distrito para desincentivar a quienes acostumbran a hacer sus necesidades fisiológicas en espacio público, algunos conductores parecen desconocer que este comportamiento podría acarrear una multa de 32 salarios mínimos diarios vigentes; es decir, 1′386.656 pesos para el año en curso.

Este es el caso de un taxista que fue visto aprovechando el cambio de semáforo en la avenida Guayabal de Medellín para bajar de su vehículo y orinar.

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El caso llama la atención, ya que no se acercó a un árbol o pared, sino que lo hizo en frente de otros conductores, sin importarle que tenía uno al lado y varios detrás.

“Mírele la cultura a este malparid@#$%, orinando en la calle en toda la avenida Guayabal, qué gran hijueput@#$% y después quieren que la gente se les suba (al carro)”, se escucha de fondo en la grabación del video denuncia que compartieron sus espectadores, con la esperanza de perduadir a otras personas de imitar sus acciones.

“¿Cómo es posible que un gamín de estos que, según el Simit, tiene más de 16 millones de pesos en comparendos preste un servicio público?”, “Muy mal, pero en Colombia hacen falta baños públicos para estos trabajadores”, “Medellín, la más educada”, “No e spor necesidad. Bien pudo haber ido a los árboles”, “Normal en este gremio”, se lee en algunos de los comentarios de rechazo que despertó la publicación del video en X.

A conductor en Medellín pretendían inmovilizarse su vehículo por pararse a orinar en cercanías al Pueblito Paisa

El video de un ciudadano oriundo de Medellín que protagonizó un tenso enfrentamiento con un agente de Tránsito, al que le acusó de intentar multarlo e inmovilizar su vehículo por “una meada”, se hizo viral a mediados de septiembre (2024) en las redes sociales.

Según dijo en la grabación, un agente lo detuvo tras bajarse del carro para orinar a mitad de la vía, en una zona desértica cercana al Pueblito Paisa, y lo amenazó con llevarse su vehículo a los patios. En su denuncia, señaló: “Acá el señor del tránsito me dijo que me iba a retener el carro, que porque me iba a pegar una meada… por una hijueput@#$% meada, eso sí son mentiras”.

Aunque esperaba apoyo, la situación dio un giro inesperado. El hecho de orinar en la vía pública ha sido una práctica cada vez más vigilada y combatida en Medellín, y muchos usuarios en redes sociales se pusieron del lado del agente, considerando que el comportamiento del hombre no era justificable. De hecho, varios comentarios cuestionaron la actitud del ciudadano, que insistía en su versión de los hechos, sin reconocer su infracción.

El hombre continuó argumentando que su accionar no era tan grave, pues aseguró no haber orinado en la vía, sino que simplemente se había bajado del vehículo. “Le pedí muchas veces el favor y ni siquiera oriné, simplemente me bajé del carro y me empezó a decir que me tenía que partir, que me iba a llevar el carro a los patios”, declaró, mientras mostraba pruebas de que estaba enfermo y necesitaba hacer una parada. Sin embargo, sus argumentos no fueron suficientes para ganarse la simpatía de los paisas, quienes en su mayoría apoyaron la decisión del agente.

Por su parte, el agente de Tránsito insistió en que la verdadera razón por la que pretendía inmovilizar el carro no era solo la supuesta infracción de orinar en la vía pública, sino la negativa del conductor a presentar los documentos del vehículo. A pesar de que el hombre aseguraba tenerlos en la mano, la situación no mejoró. El agente alegó que la verdadera infracción era el comportamiento irrespetuoso del conductor hacia la autoridad, lo que derivó en una confrontación más tensa.

Finalmente, el ciudadano acusó al agente de querer hacerle daño sin justificación, pero la mayoría de los comentarios en redes no respaldaron su versión. Incluso, algunos sugirieron que él mismo había grabado las pruebas de su doble infracción, lo que ponía en evidencia tanto su desobediencia como su intento de manipular la situación. En resumen, el video que pretendía ser una defensa personal terminó convirtiéndose en un punto de discusión sobre el respeto por las normas y el comportamiento en los espacios públicos.

Beda Koorey, una jubilada de Long Island, enfrenta una situación insólita al recibir multas de tráfico de todo Estados Unidos, a pesar de haber dejado de conducir y entregado sus placas especiales de Star Trek en el año 2020. Según informa CBS New York, Koorey afirma: “No tengo coche, no conduzco. Esas placas fueron entregadas,” sin embargo, las multas continúan llegando.

Un fenómeno peculiar parece ser la causa de este problema. En declaraciones a CBS New York, Koorey reveló que sus antiguas placas personalizadas rendían homenaje a Star Trek y compartían el mismo número que la nave estelar Enterprise, NCC-1701. La situación se complica con la facilidad de compra de placas de novedad en plataformas como Amazon o eBay por 15 dólares, lo que ha permitido que otros puedan utilizar estas placas de forma fraudulenta. “El correo llegó ayer desde Chicago, multas por exceso de velocidad. Son 100 dólares cada una,” comentó Koorey, añadiendo que ha recibido multas por infracciones como pasar semáforos en rojo y estacionar en zonas prohibidas.

News 12 Long Island destaca la desesperación de Koorey, quien afirma recibir llamadas hasta de lugares tan distantes como Montreal, Canadá. “Tuve que explicar a ese oficial que no era yo, que entregué mi coche en 2020, que nunca he estado en Canadá”, dijo Koorey al medio. Además de las llamadas, Koorey ha tenido que lidiar con una comunicación continua con diversas autoridades estatales para aclarar estas situaciones. “Vienen de todo el país, desde Oklahoma hasta Texas y Florida,” explicó Koorey, quien ha llegado a contactar con el fiscal general de Florida para intentar resolver el problema.

¿Quién es culpable de que sigan multando a Beda Koorey?

El Departamento de Vehículos de Motor de Nueva York (DMV), según informa News 12 Long Island, asegura que la utilización ilegal de placas de novedad en las carreteras es un tema que corresponde a las fuerzas del orden, y que su sistema no relaciona a Koorey con su antigua placa. Sin embargo, ella responsabiliza al DMV porque, según sus palabras, “cuando estas personas están ingresando esas placas, me están incluyendo a mí”, aunque el DMV insiste en que cada entidad de cobro debe asegurarse de utilizar los datos más actuales del DMV.

La situación también ha generado considerables gastos financieros para Koorey, quien está obligada a responder a cada multa para que no se acumulen. Afirmó al medio: “Me he quedado sin tinta y sin sellos,” y agregó que su impotencia le ha llevado a llorar de frustración. Con más de 16 mil 500 dólares en cargos provenientes de Nueva York, Koorey siente que “todo el país tiene mi nombre y dirección para multas que ni siquiera debo”.

Beda Koorey ha suplicado a las autoridades por una solución

Esta situación extraordinaria pone de manifiesto un vacío legal y logístico que afecta no solo a Koorey, sino potencialmente a muchas otras personas que, como ella, podrían estar siendo víctimas de un uso indebido de placas personalizadas y de la falta de un sistema unificado y actualizado para la emisión y seguimiento de multas de tráfico a nivel nacional.

En palabras a News 12 Long Island, Koorey se muestra decidida a seguir luchando y a compartir su historia con la esperanza de que alguien pueda ofrecerle una solución: “Hagan algo porque estoy llegando al punto en que las multas simplemente se quedan ahí y quiero llorar,” expresó. Mientras tanto, su historia resalta un problema que requiere atención urgente tanto por parte de los ciudadanos como de las instituciones encargadas de regular el tráfico y la identificación vehicular.

Tras el despiste de un autobús que ocasionó la muerte de doce personas, entre ellas adolescentes y familias, el pasado sábado en Moyobamba, San Martín, la empresa Móvil Bus SAC, propietaria de la unidad de transporte interprovincial, así como el conductor y su copiloto, fueron denunciados por la presunta comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, así como por omisión de socorro.

Este martes, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que, a través de su Procuraduría Pública, presentó una denuncia penal contra los responsables del accidente, que también dejó decenas de personas heridas. En la denuncia se incluyen tanto a los conductores Mario Santos Rosales Bonifacio y Edghar Wilfredo Rosas Milla, como a la empresa.

Como parte de las acciones de fiscalización, Sutran suspendió temporalmente la autorización para que la empresa Movil Bus SAC opere en la ruta Piura - Olmos - Chamya - Bagua Grande - Jazan - Nueva Cajamarca - Rioja - Moyobamba - Tarapoto, durante un plazo de 10 días. Además, la licencia de conducir de Rosales Bonifacio fue suspendida por 30 días, así como la habilitación vehicular del autobús de placa F4B-960 por el mismo período.

Asimismo, la entidad reafirmó su compromiso de intensificar la fiscalización de los vehículos de transporte interprovincial y recordó a los conductores la importancia de respetar los límites de velocidad para evitar tragedias similares.

Cabe señalar que, previamente, el organismo de control confirmó que el autobús cumplía con todos los requisitos legales, incluyendo la vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el certificado de inspección vehicular.

Más de 700 multas por exceso de velocidad

El accidente, que involucró a escolares de un viaje de promoción, docentes y padres de familia, habría sido causado por un exceso de velocidad en una peligrosa curva de la carretera Fernando Belaúnde Terry. La empresa Móvil Bus ha sido multada en varias ocasiones por infracciones relacionadas con exceso de velocidad (M20), una de las faltas más graves en el ámbito del transporte terrestre.

En 2021, la unidad involucrada en el accidente ya había recibido tres sanciones por superar los límites de velocidad, y tras el incidente, se le impusieron otras tres más. Entre otras infracciones cometidas por la unidad se encuentran la P.1, relacionada con el exceso de peso bruto vehicular, y la P.25, por conducir un vehículo bajo lluvia, llovizna o garúa sin tener operativo el sistema de limpia-parabrisas.

Las multas por exceso de velocidad oscilan entre S/975 y S/2.575, según el grado de infracción registrado. Según información obtenida por el medio radial Exitosa, la empresa ha acumulado 751 sanciones por esta falta desde 2021, las cuales están vinculadas al monitoreo de velocidad a través de los sistemas de GPS instalados en sus autobuses, cuya información es fiscalizada por Sutran.

La empresa, además, tendría una deuda total de S/696.170 debido a estas infracciones, aunque la Sutran no ha podido cobrar dicho monto, ya que las sanciones han sido impugnadas y observadas por los procuradores y abogados de la compañía.

Conductor permanece en libertad durante investigaciones

El conductor Mario Rosales Bonifacio, quien sufrió una fractura en la pierna derecha pero se encuentra fuera de peligro, fue puesto en libertad tras la decisión del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Moyobamba, a cargo del juez Andrés Loli Sánchez. La Fiscalía Provincial Mixta de Jepelacio había solicitado su detención preliminar en flagrancia, pero el juez consideró que no existían indicios de peligro de fuga, dado que el domicilio de Rosales Bonifacio estaba registrado en su DNI.

Este fallo generó indignación en la población de Moyobamba y comunidades cercanas, quienes expresaron su descontento por la falta de una medida más severa ante la gravedad del accidente.

El autobús de Movil Bus transportaba a estudiantes, docentes y padres del colegio San Jacinto de Vice, Piura, y se dirigía a Tarapoto como parte de un viaje de promoción. El vehículo sufrió un despiste y cayó por una pendiente de aproximadamente 150 metros, lo que resultó en las muertes y heridas que consternaron a la región. La investigación sobre las causas del accidente continúa.

En el municipio de El Peñol, en el oriente antioqueño, las autoridades de tránsito detuvieron una Cybertruck de Tesla, al parecer, por cuenta de varias infracciones.

Según informaron varios medios locales, el vehículo fue inmovilizado porque el conductor no tenía licencia de conducir. Además, el vehículo carecía de placa delantera y el color no coincidía con el registrado en la matrícula. Según las autoridades, estas infracciones derivarían en mínimo una multa de 30 días de salario mínimo legal vigente.

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Esta Cybertruck, que está en Colombia desde agosto, ha sido vista circulando por las calles de Medellín en varias ocasiones. Este vehículo, cuyo valor ronda los 835 millones de pesos, de hecho, no deja de captar la atención de varias celebridades tanto nacionales como internacionales, entre las cuales ha habido compradores como el cantante colombiano Yeison Jiménez.

Entre los propietarios del prestigiosos automotor detenido en el departamento antioqueño se encuentra Kevin Thobias, un empresario estadounidense de 29 años radicado en Medellín, conocido por sus negocios en criptomonedas. Thobias también es famoso por haber importado el primer Bugatti Chiron a Colombia.

El empresario ha compartido en redes sociales las modificaciones realizadas a su camioneta de estilo futurista, incluyendo rines de lujo y un cambio de color, lo que podría haber contribuido a las infracciones detectadas por las autoridades, ya que en una de sus últimas fotografías que fue publicada con la ubicación de Medellín, aparece el vehículo Tesla con otro color, en medio de otros tres automóviles de lujo.

La camioneta permanecerá inmovilizada hasta que una persona con licencia de conducir válida pueda retirarla, lo cual podría ocurrir el sábado 11 de octubre o el martes 15 del mismo mes, dependiendo de la disponibilidad de los trámites necesarios.

El diseño de la Cybertruck causa polémica en Colombia; usuarios la comparan con un “nevecón con llantas”

La llegada de la Tesla Cybertruck a Colombia ha generado una ola de reacciones en las redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su descontento con el diseño del vehículo.

Por ejemplo, un joven de Barranquilla capturó en video la camioneta eléctrica mientras circulaba por las calles de la ciudad y no dudó en calificar su apariencia como “fea”. Este comentario refleja una de las muchas críticas que han surgido desde que este vehículo exclusivo hizo su aparición en el país.

La Cybertruck, desarrollada por la empresa de Elon Musk, es conocida por su diseño futurista y su avanzada tecnología. Sin embargo, su estética ha sido objeto de controversia desde su lanzamiento.

De hecho, en el país, el vehículo ha sido visto en lugares como El Poblado en Medellín (que habría sido el primero en llegar a Colombia) y en Barranquilla, lo que ha desatado una serie de comentarios en línea. Muchos internautas han comparado su diseño con un “nevecón con llantas”, mientras que otros lo han descrito como una “lavadora con ruedas”.

A pesar de ser considerada una de las camionetas más tecnológicas del mundo, la Cybertruck no ha logrado conquistar a todos los entusiastas de los automóviles. Su estructura robusta y capacidad de rendimiento son características que la diferencian de otros vehículos eléctricos en el mercado.

La lujosa Tesla de Yeison Jiménez

En abril del 2024 Yeison Jiménez acaparó atención de sus seguidores al mostrar en redes sociales su nueva adquisición: una Cybertruck de Tesla. Este vehículo, conocido por su diseño futurista y su alto rendimiento eléctrico, tiene un costo estimado de 1.600 millones de pesos colombianos debido a los impuestos de importación.

El cantante de música popular compartió imágenes desde Miami, Estados Unidos, donde se le ve al volante de esta camioneta eléctrica, que ha sido objeto de gran expectación desde su anuncio por Elon Musk.

Entre las características del vehículo, se encuentra una autonomía de 515 kilómetros y una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,7 segundos. Además, puede alojar hasta cinco pasajeros y cuenta con una pantalla táctil central de 18,5 pulgadas y otra trasera de 9,4 pulgadas. Su capacidad de remolque alcanza los 4.990 kilogramos, y su carrocería está diseñada para resistir impactos, lo que maximiza la seguridad de sus ocupantes.

Bruselas, 11 oct (EFE).- La Comisión Europea pidió este viernes por segunda vez a la empresa china Temu que le informe sobre las medidas que está llevando a cabo para evitar la venta de productos ilegales en su plataforma, como le obliga la ley de servicios digitales.

En concreto, Bruselas quiere saber qué está haciendo para evitar la presencia y reaparición en su página web de empresas que venden productos ilegales y de qué forma mitiga los riesgos asociados para los consumidores.

El Ejecutivo comunitario también exigió a Temu que le dé detalles sobre cómo funciona su sistema de recomendación de contenidos y cómo garantiza la protección de datos de los usuarios.

La Comisión ya pidió información a Temu a finales de junio y hoy le dio de plazo hasta el próximo 21 de octubre para que le dé los detalles.

En caso de que incumpla el plazo, Bruselas podría abrir un procedimiento de infracción contra la compañía para, en ese escenario, imponerle multas periódicas si incumple los futuros plazos. EFE

Madrid, 27 sep (EFE).- La Fiscalía de Madrid pide tres años y medio de cárcel para un agente de movilidad de Madrid acusado de facilitar a un compañero los datos de un hombre que creía que tenía una relación con su exnovia para que le pusieran una multa por una infracción que no había cometido.

Según ha informado este viernes la Fiscalía, está previsto que el juicio se celebre el próximo miércoles en la sección sexta de la Audiencia Provincial por unos hechos ocurridos el 27 de noviembre de 2022.

Ese día, según el relato de la Fiscalía, el acusado, agente de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, trabaja junto a un compañero en la Plaza de la Independencia de la capital cuando el segundo vio cómo un conductor que iba usando el móvil se saltó un semáforo en rojo.

La rapidez con la que ocurrieron los hechos hizo que este agente de movilidad no pudiera recoger los datos de la matricula en su PDA y que se los pidiera al acusado, para poder tramitar la oportuna denuncia.

Entonces el acusado "actuando con la finalidad de perjudicar" a un hombre que creía que mantenía una relación sentimental con la que había sido su pareja, decidió facilitar a su compañero los datos del vehículo de ese hombre, "a sabiendas de que los mismos no se correspondían con el vehículo infractor", sigue la Fiscalía.

El compañero del acusado acabó tramitando sendas denuncias por las infracciones de tráfico observadas haciendo constar los datos que le dio el acusado.

Esas denuncias dieron lugar a los correspondientes expedientes sancionadores contra la víctima, que fueron recurridos.

Por estos hechos la Fiscalía imputa al acusado un delito de falsedad en documento oficial por el que pide tres años y medio de cárcel, multa de 3.600 euros, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por dos años y seis meses. EFE

En video quedó registrada la “estrategia” imprudente de una familia en moto, que cada vez es más frecuente entre los miembros del gremio en el Valle de Aburrá, según la publicación, realizada a través de diversas plataformas de denuncia por un conductor de vehículo particular.

Y es que, con tal de caber en un solo vehículo, familias de tres, cuatro e, incluso, cinco integrantes obligarían a los más chicos a movilizarse de pie en el asiento para ahorrarse algo de espacio.

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Así quedó registrado en un video que ha escandalizado a otros actores viales del departamento de Antioquia, en el que, de fondo, se escucha preguntar al denunciante: “¿Ustedes quieren ver gente bruta?... vean, vean a esa señora. No llevan casco y la niña parada a la mitad de la moto. ¡Qué lindos!”.

Poco o nada les importó pasar en frente del Comando de Atención Inmediata del sector de Zamora, conocido como el CAI del Playón, en Medellín. Lo anterior generó reacciones negativas, tanto por su falta de sentido común, como por la inacción de las autoridades.

“Este es el resultado de entregar la licencia sin curso y la moto solo con la cédula”, “Entonces ese CAI es de adorno”, “Y los policías chateando o durmiendo”, “Rebrutos”, “Y vendrán cosas peores, dice la biblia”, “Que fuera solo en Zamora, pero eses es el pan de cada día en Bello”, “¿Conocerán algo sobre el centro de masa?”, “Tierra de nadie, sin Dios y sin ley. Tanto desgaste con el tal Código de Tránsito y no lo hacen cumplir ¿pa´qué eso?”, se lee en algunos de los comentarios de la publicación.

Anotaciones que irían bajo la misma línea que el artículo 2° del Código Nacional de Tránsito, en donde se establece que el vehículo automotor de dos ruedas en línea tiene una capacidad de dos: el conductor y su acompañante.

Domiciliario fue “pillado” transportando a un menor en su nevera por Bogotá

Un video publicado también a manera de denuncia, aunque a finales de junio, generó preocupación entre los bogotanos al mostrar a un repartidor de la empresa OHG Mensajería transportando a un menor de edad dentro de una nevera.

El incidente desató controversia entre otros conductores y ciudadanos, los cuales señalaron que esta práctica pone en grave peligro la vida del niño. Las imágenes del video reflejan que la única medida de seguridad eran las cremalleras de la maleta, que se mantenían abiertas junto a los candados y hebillas para facilitar la entrada de aire.

La pieza audiovisual rápidamente se hizo viral en las redes sociales, donde los usuarios exigieron medidas correctivas para evitar que situaciones similares se repitan. Hasta el momento, persisten preguntas sobre el estado de salud del menor involucrado.

En Colombia no existe una normativa específica que regule el transporte de menores de edad en motocicletas o vehículos de dos ruedas. No obstante, el decreto número 35 del 2009 prohíbe en Bogotá y su área metropolitana la circulación de motocicletas y otros vehículos de dos ruedas con acompañantes menores de diez años o mujeres embarazadas.

La controversia por esta peligrosa práctica ha impulsado el debate sobre la necesidad de actualizar y reforzar las regulaciones en materia de movilidad y seguridad vial en la capital del país.

Precauciones adicionales a la hora de viajar con niños en moto

Especialistas en movilidad y seguridad vial han sugerido que los menores de diez años no sean transportados como acompañantes en motocicletas por razones de seguridad.

Para los niños que hayan superado esta edad, es crucial cumplir con las medidas de seguridad indicadas por Ley. Deben usar un casco y un chaleco que se ajusten apropiadamente a su tamaño y es fundamental que el niño viaje siempre en el asiento trasero para minimizar riesgos, nunca en la parte delantera de la motocicleta.

Además, la postura del infante durante el trayecto es de vital importancia. Las piernas del niño deben alcanzar los posapiés y este debe ubicarse en el centro del asiento, evitando inclinarse a los lados para no comprometer su seguridad ni la estabilidad del vehículo.

Antes de subir a un vehículo de dos ruedas, el menor debe ser instruido sobre la importancia de mantenerse quieto mientras la motocicleta se desplaza, ya que movimientos bruscos pueden distraer al piloto y provocar un accidente.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una medida preventiva a un hombre responsable de un cultivo de papa que invadió parte del páramo de Arce, ubicado en el municipio de Subachoque.

Esta área es parte del páramo de Guerrero, una zona protegida bajo la legislación medioambiental colombiana. La infracción fue identificada en una inspección realizada por la Dirección Regional Sabana Occidente de la CAR, durante la cual se constató la presencia de maquinaria agrícola y la siembra de 8,3 hectáreas de papa en la vereda El Oso, según la información que emitió la entidad.

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Ospina cuestionó la práctica del cultivo ilegal en zonas de páramo, subrayando la importancia de proteger estas áreas. La CAR ha determinado que se otorgarán garantías para un debido proceso al propietario del terreno afectado, quien deberá enfrentar las consecuencias de haber sobrepasado los límites permitidos para la agricultura. En este contexto, la directora regional de Sabana Occidente de la CAR, Mercy Johanne Ospina Cuartas, anunció que “al propietario se le otorgarán las garantías para un debido proceso”.

Ospina también enfatizó que el organismo intensificará sus esfuerzos de monitoreo y control en estos ecosistemas estratégicos. Explicó que “en cumplimiento de los compromisos del nuevo Plan de Acción, fortaleceremos el seguimiento y control que nos corresponde, más aún si se trata de ecosistemas estratégicos indispensables para la regulación del recurso hídrico”.

El páramo de Guerrero es crucial para la región, ya que alberga una diversidad significativa de flora y fauna y es la fuente de importantes recursos hídricos que, incluso, alimentan el río Subachoque. La intervención agrícola en este hábitat amenaza la estabilidad del ecosistema y el suministro de agua a la región. Según la CAR, el área afectada supera la frontera agrícola establecida, ocupando un espacio que está legalmente protegido.

Adicionalmente, la CAR está comprometida en la implementación de programas de educación ambiental y sensibilización entre los agricultores locales. Esta iniciativa busca fomentar una cultura de corresponsabilidad con los ecosistemas de páramo. La formación pretende subrayar la importancia de estos espacios naturales, no solo para la biodiversidad, sino también para la sostenibilidad social y económica de la región.

CAR impuso sanciones a tres empresas turísticas por actividades ilegales en páramos de Bogotá: prohiben senderismo en algunas zonas

La Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión inmediata de las actividades de Grand Tour, Tygua Travel y Sociedad Ingenio S. A. S. en las reservas ecológicas de los páramos Cruz Verde y Sumapaz en Bogotá. Las medidas preventivas se impusieron por la promoción y oferta de caminatas, excursiones y campamentos en áreas donde el acceso turístico está prohibido.

El director general de la CAR, Alfred Ballesteros, precisó que las empresas deben llevar a cabo una campaña de sensibilización sobre los daños causados a estos ecosistemas y la importancia de su protección. Además, explicó que dichas acciones buscan no solo sancionar, sino también educar a la población sobre el rol crítico de los páramos en el ciclo hidrológico y el abastecimiento de agua en la región.

Ballesteros subrayó la restricción del uso de vehículos a motor y otras actividades deportivas en los páramos. Además, recordó la intervención previa contra la empresa Nativos Road, que promovía motocross en el páramo Cruz Verde. Indicó que las empresas pueden enfrentar multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales si reinciden en estas prácticas ilegales.

El funcionario hizo un llamado a los operadores turísticos para liderar la protección medioambiental y abstenerse de realizar actividades prohibidas conforme a la Ley 1333 de 2009, que busca prevenir acciones que puedan afectar el medio ambiente y la salud humana.

En lo que va del 2024, la CAR ya ha intervenido en cinco ocasiones diferentes a empresas que operaban sin autorización en zonas protegidas, con un llamado urgente al acatamiento a las normativas ambientales vigentes, en especial, tras la salida de un fuerte fenómeno de El Niño, que impactó la profucción hídrica en el centro del país.