El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) defendió la Resolución DM-0288-2026, que modifica la jornada laboral de los guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), luego de que un grupo de trabajadores presentara una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para intentar dejar sin efecto la medida.

La entidad sostuvo que el nuevo esquema busca garantizar la continuidad de un servicio público esencial, mientras que los funcionarios aseguran que la decisión fue adoptada sin consulta previa, afecta su vida familiar y ha derivado en presuntas represalias contra quienes manifestaron su desacuerdo.

En un comunicado, MiAmbiente afirmó que la resolución, publicada el 16 de junio de 2026 y corregida posteriormente mediante una Fe de Errata, responde a la necesidad de reconocer formalmente el trabajo de los guardaparques como un servicio público esencial y de primera necesidad, indispensable para la protección ambiental y la atención de emergencias en las áreas protegidas del país.

La entidad sostuvo además que el servicio tiene carácter esencial e ininterrumpido, por lo que la norma prohíbe el abandono injustificado del turno asignado, sin afectar los derechos laborales reconocidos por la legislación vigente.

La institución explicó que, durante años, los guardaparques no contaban con una jornada de trabajo claramente establecida, pese a desempeñar funciones permanentes de vigilancia, monitoreo, rescate y protección de la biodiversidad.

Con la nueva regulación se establece un esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso para quienes laboran en áreas protegidas cercanas a centros urbanos, mientras que el personal asignado a zonas remotas cumplirá 20 días continuos de trabajo por 10 de descanso, según determinen la coordinación del SINAP y la Dirección de Recursos Humanos.

La respuesta oficial se produjo pocas horas después de que guardaparques de distintas regiones del país acudieran a la Corte Suprema de Justicia para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución.

Durante declaraciones difundidas en un video publicado por Telemetro Reporta en sus redes sociales, representantes de la Asociación Nacional de Guardaparques aseguraron que el cambio fue impuesto sin diálogo y modifica de manera significativa las condiciones bajo las cuales han trabajado durante los últimos años.

Uno de los voceros explicó que la decisión sorprendió al personal porque inicialmente recibieron un memorando que planteaba una jornada de 21 días de trabajo por siete de descanso, propuesta que posteriormente fue descartada.

Sin embargo, aseguró que el Ministerio nunca atendió la solicitud de reunión presentada por la asociación para discutir el nuevo esquema laboral antes de aprobar la resolución.

Los representantes de los trabajadores señalaron que la Resolución de 2019 establecía, en la mayoría de las áreas protegidas, un régimen de siete días de trabajo por siete de descanso, mientras que en el Parque Nacional Coiba y el Parque Nacional Chagres se aplicaba un sistema de 15 días de trabajo por 15 de descanso.

Con la nueva normativa, indicaron, esos esquemas desaparecen y son sustituidos por jornadas de 20 días continuos de trabajo por 10 de descanso en buena parte de las áreas protegidas del país.

Según los guardaparques, el principal impacto recaerá sobre la vida familiar de los funcionarios. Durante la entrevista manifestaron que muchos trabajadores permanecen durante largos periodos alejados de sus hogares y que la ampliación de los turnos dificultará el cuidado de hijos pequeños y el acompañamiento de familiares en edad escolar.

Aseguraron que la modificación altera el equilibrio entre la vida laboral y personal de quienes laboran en sitios de difícil acceso.

Los voceros también denunciaron la existencia de presuntas represalias contra funcionarios que expresaron su rechazo a la medida. Indicaron que más de 400 guardaparques integran actualmente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y afirmaron que la mayoría firmó un documento manifestando su oposición a la resolución.

Según su versión, varios compañeros habrían sido destituidos posteriormente, situación que atribuyen a su participación en ese pronunciamiento colectivo.

Por su parte, MiAmbiente rechazó implícitamente esos cuestionamientos al señalar que la resolución se encuentra respaldada por la Constitución Política, la Ley General de Ambiente, la Ley que creó el Ministerio de Ambiente, la Ley de Carrera Administrativa y la Ley 287 de 2022, que reconoce los derechos de la naturaleza.

La institución sostiene que la reorganización de los turnos responde a las necesidades operativas de las áreas protegidas, especialmente aquellas ubicadas en zonas remotas y de difícil acceso, donde la presencia permanente del personal resulta indispensable.

Entre los cambios más relevantes de la resolución destaca la declaratoria del servicio de guardaparques como esencial e ininterrumpido, la prohibición de abandonar el turno sin justificación, la definición de dos esquemas diferenciados de jornadas laborales según la ubicación de las áreas protegidas y la facultad otorgada al SINAP y a la Dirección de Recursos Humanos para determinar qué funcionarios estarán sujetos al régimen de 20 días de trabajo por 10 de descanso.

Ahora corresponderá a la Corte Suprema de Justicia decidir si admite la demanda de inconstitucionalidad presentada por los guardaparques y evaluar si la resolución se ajusta a la Constitución.

Mientras ese proceso avanza, MiAmbiente mantiene vigente el nuevo esquema laboral, al considerar que constituye una herramienta para fortalecer la protección de las áreas protegidas, mientras los trabajadores insisten en que la medida debe ser suspendida y revisada mediante un proceso de diálogo con las autoridades.

El Gobierno de Panamá actualizó a 24 el número de ciudadanos identificados por las autoridades que se han incorporado a la guerra entre Rusia y Ucrania, una cifra superior a la reportada meses atrás y que mantiene la preocupación de la Cancillería por el destino de varios de ellos.

Cinco panameños se encuentran vinculados a las Fuerzas Armadas de Ucrania y 19 a las Fuerzas Armadas de Rusia, informó el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, quien confirmó que uno de los panameños que combatía del lado ruso falleció, mientras que varios permanecen desaparecidos y se desconoce su paradero.

El funcionario explicó que algunos continúan activos dentro de las estructuras militares, mientras que otros no han podido ser localizados, lo que dificulta cualquier gestión para conocer su condición o facilitar un eventual retorno al país.

La nueva actualización representa un aumento de nueve casos respecto al último balance oficial, cuando las autoridades habían reconocido la existencia de 15 panameños relacionados con el conflicto.

Guevara Mann explicó que el incremento responde a que más familiares han acudido a la Cancillería para solicitar apoyo y compartir información, permitiendo elaborar un registro más completo de ciudadanos incorporados a ambos bandos.

“Algunos se han acercado y gracias a esos acercamientos hemos podido tener un número más actualizado acerca de los individuos que se han vinculado a las fuerzas armadas de ambos bandos”, señaló.

El viceministro adelantó que sostendría una reunión con el encargado de negocios de Ucrania y recordó que el Gobierno mantiene conversaciones periódicas con el embajador de Rusia para dar seguimiento a estos casos y expresar la preocupación del Estado panameño.

No obstante, insistió en que todas estas personas viajaron de manera voluntaria, aunque muchas terminaron enfrentando una realidad distinta a la que les fue presentada.

El funcionario reiteró el llamado para que ningún panameño acepte ofertas de empleo o reclutamiento relacionadas con países inmersos en conflictos armados, al advertir que existen indicios de que varios ciudadanos fueron captados mediante promesas de trabajos civiles con salarios elevados que terminaron convirtiéndose en incorporaciones a fuerzas militares.

“Estos individuos, pena decirlo, pero están en realidad secuestrados por las Fuerzas Armadas donde han ido a prestar servicios, quizás a base de propuestas ilusorias y que no son reales”, afirmó Guevara Mann.

Agregó que Panamá no participa en ningún conflicto bélico y subrayó que ofrecerse como voluntario para combatir en el extranjero representa un riesgo extremo para la vida y la seguridad personal.

También reconoció que, una vez una persona ingresa a una estructura militar o permanece en una zona de combate, las posibilidades de actuación del Estado panameño se considerablemente, debido a que las autoridades militares pueden negar información sobre su ubicación o condición.

La Cancillería aseguró que mantiene un contacto permanente con las representaciones diplomáticas acreditadas en Panamá y con sus misiones en el exterior para solicitar información sobre los ciudadanos cuyo paradero aún es desconocido, aunque admitió que el proceso resulta complejo por las condiciones propias de la guerra y por la irregularidad con la que muchas veces se realizan estos reclutamientos.

Paralelamente, el Ministerio Público mantiene abiertas cuatro investigaciones para determinar si detrás de estos viajes existieron redes de reclutamiento, engaños laborales, trata de personas u otros delitos.

Dos expedientes surgieron a partir de denuncias de familiares y los otros dos por informes elaborados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Mientras avanzan esas pesquisas, el Gobierno reiteró que cualquier panameño que logre salir del conflicto y solicite ayuda recibirá apoyo para regresar al país, aunque insistió en que la mejor herramienta para evitar nuevos casos sigue siendo la prevención y la desconfianza frente a ofertas laborales poco claras o con remuneraciones extraordinarias en países involucrados en conflictos armados.

El Gobierno de Panamá aseguró que el país dejó atrás el desempleo de dos dígitos y que la recuperación del mercado laboral comienza a reflejarse en la economía de los hogares.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, afirmó que las cifras preliminares ubican la tasa de desempleo en alrededor de 9.1%, a la espera de la validación oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Como respaldo a esa afirmación, el Ministerio de Trabajo reportó que entre enero y junio de 2026 se firmaron 174,383 contratos de trabajo, un crecimiento de 22.5% frente a los 142,391 registrados durante el mismo período del año anterior.

Sin embargo, la recuperación todavía no alcanza los niveles observados antes de la pandemia, ya que en el primer semestre de 2019 el país contabilizó 202,108 contrataciones, unas 27,700 más que las alcanzadas este año.

El incremento de las contrataciones estuvo impulsado principalmente por empleos de carácter temporal. Las estadísticas del Mitradel muestran que los contratos definidos, es decir, aquellos con una duración previamente establecida, concentraron 94.922 registros, equivalentes a más de la mitad de todas las contrataciones realizadas durante el semestre y un aumento de 23,3% respecto al año anterior.

A ellos se sumaron 38,394 contratos por obra determinada, modalidad que registró el mayor crecimiento porcentual al aumentar 33.1%, favorecida por la recuperación gradual del sector construcción.

En contraste, los contratos indefinidos, que ofrecen una mayor estabilidad laboral, ascendieron a 41,067, con un incremento de 12.4%, lo que evidencia que el mercado todavía genera una proporción importante de empleos de corta duración.

Muñoz sostuvo que los resultados responden a la reactivación económica y a la ejecución de proyectos públicos y privados que comienzan a traducirse en oportunidades de empleo.

La ministra recordó que durante 2025 se generaron alrededor de 63.000 nuevos puestos de trabajo y aseguró que la meta anunciada por el presidente José Raúl Mulino de crear 80,000 nuevos empleos es alcanzable.

Añadió que los sectores de contabilidad, logística, administración, comercio y automóviles encabezan actualmente la demanda de trabajadores, mientras que la construcción continuará siendo uno de los principales motores de contratación gracias al desarrollo de obras de infraestructura contempladas por el Gobierno.

También destacó que 936 jóvenes consiguieron una plaza laboral mediante el programa Mi Primer Empleo durante el primer semestre, mientras que 636 participantes ya cuentan con una vacante garantizada dentro de Mi Primer Empleo Agro.

Las cifras también reflejan importantes diferencias por sexo y región. Del total de contratos firmados durante el primer semestre, 117.898 correspondieron a hombres y 56.485 a mujeres, mientras que la sede central del Mitradel, que comprende principalmente la ciudad de Panamá, concentró 94,804 contrataciones.

Entre las provincias sobresalieron Panamá Oeste, con 13.345 contratos; Chiriquí, con 11.800; y Colón, con 9.130. El mejor desempeño mensual se registró en junio, cuando se firmaron 32.784 nuevos contratos, un aumento cercano al 39% frente al mismo mes del año anterior, lo que confirma la aceleración observada durante la primera mitad del año.

Pese a estos resultados, el mercado laboral panameño continúa enfrentando desafíos estructurales. La última Encuesta de Mercado Laboral del INEC, correspondiente a septiembre de 2025, situó la tasa de desempleo en 10.4%, equivalente a 227,302 personas sin trabajo, mientras que la informalidad alcanzó 47.1%, es decir, cerca de 785,000 personas laboraban sin contrato formal ni cobertura de seguridad social.

Aunque el Gobierno sostiene que el empleo formal mantiene una trayectoria de recuperación, el reto ahora será consolidar ese crecimiento mediante puestos de trabajo permanentes y recuperar el volumen de contrataciones que el país registraba antes de la pandemia, cuando el mercado laboral mostraba un mayor dinamismo y estabilidad.

Las autoridades panameñas decomisaron 1,411 paquetes con presunta droga en dos operativos realizados durante las últimas horas en embarcaciones que se encontraban en aguas nacionales.

Las incautaciones se produjeron durante la revisión de cargas contenerizadas transportadas por buques en tránsito por Panamá, uno de los principales puntos logísticos de la región y una ruta utilizada por organizaciones criminales para enviar sustancias ilícitas hacia otros mercados.

En el primero de los casos, la Procuraduría General de la Nación, por medio de las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, informó sobre el decomiso de 1,130 paquetes rectangulares que presuntamente contenían sustancias ilícitas.

La carga pretendía salir del país a bordo de un buque, aunque las autoridades no precisaron el puerto de origen ni el destino final de la embarcación.

La operación se desarrolló de manera conjunta con unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Durante la inspección, los agentes detectaron alteraciones en el sello de seguridad de uno de los contenedores, lo que motivó una diligencia de allanamiento y registro. En el interior fueron ubicados varios bultos que no correspondían con la carga declarada en los documentos del contenedor.

Los paquetes fueron trasladados a un puerto seguro para realizar su verificación y conteo. En total, las autoridades contabilizaron 51 bultos de color blanco que contenían 1.130 paquetes rectangulares cubiertos con cinta adhesiva.

El Ministerio Público indicó que el material será sometido a pruebas científicas para determinar su composición y establecer el peso exacto de la sustancia decomisada.

En un segundo operativo, las fiscalías antidrogas incautaron otros 281 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita en un buque que navegaba sobre aguas territoriales panameñas.

La diligencia fue ejecutada con apoyo de la Dirección Nacional Antidrogas y la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas de la Policía Nacional, luego de localizar una carga sospechosa dentro de un contenedor.

La embarcación se encontraba específicamente en la bahía de Panamá, donde las autoridades realizaron una diligencia de allanamiento, registro, verificación y conteo.

Dentro de la carga contenerizada fueron encontrados siete bultos que contenían los 281 paquetes, los cuales también serán analizados por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para confirmar el tipo de sustancia.

Ambos casos reflejan una modalidad recurrente utilizada por las redes de narcotráfico: la contaminación de contenedores que transportan mercancías legales.

En estos casos, los grupos criminales introducen paquetes de droga en las unidades de carga y posteriormente reemplazan o manipulan los sellos de seguridad, con la intención de que los cargamentos pasen inadvertidos durante las inspecciones portuarias.

Esta forma de tráfico fue nuevamente expuesta durante la Operación Taurus, desarrollada días antes en la provincia de Colón por el Ministerio Público y el Senan. La investigación estaba dirigida contra nueve personas presuntamente vinculadas con delitos relacionados con drogas y tráfico internacional, entre ellas extrabajadores portuarios y transportistas de carga.

La operación surgió después de varios decomisos realizados entre 2022 y 2024, periodo durante el cual el Senan incautó más de 1.5 toneladas de cocaína en dos terminales portuarias de Colón. Según las investigaciones, el grupo utilizaba las plataformas logísticas de los puertos para contaminar contenedores con droga que tenía como destino final el mercado europeo.

Durante Taurus se realizaron nueve allanamientos en Buena Vista, Puerto Pilón, Cativá, Sabanitas y Cristóbal. Las autoridades aprehendieron a siete ciudadanos panameños, mientras otras dos personas quedaron pendientes de ubicación. También decomisaron un arma de fuego, tres proveedores calibre nueve milímetros, 49 municiones, 11 equipos electrónicos y cuatro sellos de la Autoridad Nacional de Aduanas, un elemento que refuerza la hipótesis sobre la manipulación de cargas y contenedores.

Además, durante las diligencias fueron incautados B/.6.447 en efectivo, teléfonos celulares, computadoras portátiles y radios. Los investigadores buscan determinar la participación específica de cada uno de los señalados y establecer si mantenían vínculos con organizaciones internacionales encargadas de recibir la droga en puertos europeos.

Las nuevas incautaciones se suman a las 47,04 toneladas de drogas decomisadas en Panamá entre enero y mayo de 2026, de acuerdo con cifras preliminares del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales.

Del total, 28.47 toneladas correspondieron a cocaína y 18,45 toneladas a marihuana, mientras el resto estuvo compuesto por metanfetaminas, THC, éxtasis y otras sustancias.

Colón encabezó las incautaciones durante los primeros cinco meses del año con 13.38 toneladas, seguido por Panamá, con 9.52 toneladas; Panamá Oeste, con 9,09 toneladas; Chiriquí, con 7.24 toneladas, y Los Santos, con 4.94 toneladas. Mayo fue el mes con mayor volumen decomisado, al registrar 12.49 toneladas, por encima de las 10.50 toneladas reportadas en febrero.

El comportamiento reciente mantiene a Panamá como uno de los países con mayores decomisos de droga en la región. Entre 2021 y 2025, las autoridades incautaron aproximadamente 659.94 toneladas de sustancias ilícitas, con un récord de 145,2 toneladas en 2021.

Los registros anuales fueron de 138.4 toneladas en 2022, 129.9 toneladas en 2023, 124.4 toneladas en 2024 y 122,04 toneladas en 2025.

La ubicación geográfica del país, sus puertos en ambos océanos y el elevado movimiento de contenedores convierten a Panamá en un punto atractivo para las organizaciones criminales.

Las autoridades han reforzado los controles portuarios y las operaciones de inteligencia, aunque los últimos decomisos evidencian que las redes continúan intentando utilizar buques comerciales y cargas legales para transportar droga hacia Europa y otros destinos internacionales.

Panamá acumuló 4,351 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 27 de 2026, correspondiente al periodo comprendido entre el 5 y el 11 de julio, después de registrar 446 contagios adicionales en solo una semana.

La actualización del Ministerio de Salud (Minsa) muestra que la incidencia nacional aumentó de 82.8 a 92.2 casos por cada 100,000 habitantes, mientras las hospitalizaciones y las muertes también mantuvieron una trayectoria ascendente.

El informe anterior contabilizaba 3.905 casos acumulados hasta la semana 26, por lo que el incremento semanal fue de aproximadamente 11.4%.

Los pacientes sin signos de alarma pasaron de 3,410 a 3,811, aquellos con señales de advertencia aumentaron de 464 a 514 y los casos clasificados como graves se redujeron de 31 a 26, una variación que puede responder a reclasificaciones efectuadas después de la evaluación clínica y no necesariamente a la desaparición de pacientes ya registrados.

La Región Metropolitana continúa concentrando la mayor cantidad de contagios, con 1,216 casos, seguida por Colón con 912, Panamá Oeste con 411, San Miguelito con 364, Bocas del Toro con 349 y Chiriquí con 311.

También se contabilizaron 234 casos en Panamá Este, 176 en Panamá Norte, 139 en Herrera, 72 en Veraguas y 59 en Los Santos, mientras que las cifras más bajas correspondieron a Guna Yala, Coclé, Ngäbe-Buglé y Darién.

Los mayores incrementos frente a la semana 26 ocurrieron en la Región Metropolitana, que agregó 186 casos, y en Colón, que sumó 122.

Veracruz se mantiene como el corregimiento con más contagios, al pasar de 303 a 436 casos en una semana, seguido por Puerto Pilón con 213, Tocumen con 209, 24 de Diciembre con 136, Cristóbal Este con 113, Sabanitas con 107, Nueva Providencia con 102 y Burunga con 101.

Las hospitalizaciones aumentaron de 479 a 520, mientras que las defunciones subieron de 12 a 13. Bocas del Toro y Los Santos registran tres fallecimientos cada una, la Región Metropolitana acumula dos y Coclé, Colón, Panamá Norte, Veraguas y Chiriquí reportan una muerte en cada jurisdicción.

El Minsa mantiene operativos de control de vectores y promoción de la salud, aunque insiste en que la eliminación doméstica de criaderos resulta indispensable para contener la transmisión.

El dengue suele comenzar entre cuatro y diez días después de la picadura de un mosquito infectado y puede provocar fiebre alta, dolor intenso de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, inflamación de ganglios y erupciones en la piel.

Sus síntomas iniciales pueden confundirse con influenza, COVID-19 y otras infecciones febriles, mientras que el dolor articular suele ser más intenso y prolongado en la chikunguña y el zika presenta con mayor frecuencia erupción, conjuntivitis y manifestaciones más leves. La confirmación definitiva depende de la evaluación médica y las pruebas de laboratorio.

La enfermedad puede volverse peligrosa precisamente cuando la fiebre comienza a desaparecer, generalmente entre el tercer y séptimo día desde el inicio de los síntomas.

El dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado de encías o nariz, la presencia de sangre en el vómito o las heces, la respiración rápida, la somnolencia, la irritabilidad, la sed excesiva y la piel pálida o fría requieren atención médica inmediata, debido al riesgo de hemorragias, afectación de órganos o choque por pérdida de plasma.

Las personas con fiebre y síntomas compatibles deben acudir a una instalación de salud y evitar la automedicación. No existe un antiviral específico contra el dengue y el manejo habitual incluye reposo, hidratación y acetaminofén o paracetamol para controlar la fiebre, bajo orientación profesional.

La aspirina, el ibuprofeno y otros antiinflamatorios no esteroideos deben evitarse porque pueden aumentar el riesgo de sangrado, especialmente cuando todavía no se ha descartado la enfermedad.

La transmisión ocurre por la picadura de mosquitos hembra del Aedes aegypti, ya que necesitan alimentarse de sangre para desarrollar sus huevos. El insecto adquiere el virus al picar a una persona infectada y puede transmitirlo posteriormente a otros seres humanos; los machos no propagan la enfermedad porque se alimentan principalmente de néctar y otras sustancias vegetales.

El mosquito suele permanecer cerca de las viviendas y presenta mayor actividad durante las primeras horas de la mañana y antes del anochecer.

La prevención requiere vaciar, cepillar o cubrir recipientes capaces de acumular agua, entre ellos tanques, cubos, floreros, bebederos de animales, canaletas, llantas y envases abandonados. También se recomienda utilizar repelente, colocar mallas en puertas y ventanas, vestir ropa que cubra brazos y piernas y dormir bajo mosquiteros cuando sea necesario.

Las personas enfermas también deben protegerse de nuevas picaduras, porque un mosquito puede adquirir el virus al alimentarse de ellas y continuar la cadena de transmisión dentro de la comunidad.

El panorama regional presenta menos contagios que durante los últimos años, aunque la circulación continúa siendo elevada. La Organización Panamericana de la Salud contabilizó 1.373.756 casos sospechosos en las Américas hasta la semana epidemiológica 26, con una incidencia de 133 por cada 100.000 habitantes.

La cifra representa una reducción de 61% frente al mismo periodo de 2025 y de 67% respecto del promedio de los cinco años anteriores, pero la OPS advierte que la circulación simultánea de distintos serotipos mantiene el riesgo de brotes y cuadros graves.

La tasa panameña de 92.2 casos por cada 100,000 habitantes se mantiene por debajo de la incidencia regional de 133, aunque la comparación debe interpretarse con cautela porque los informes corresponden a semanas epidemiológicas distintas y los países aplican mecanismos de vigilancia que pueden variar.

Un dato particular del dengue es que existen cuatro serotipos del virus: superar una infección genera inmunidad prolongada frente a ese tipo específico, pero no impide contraer otro y una segunda infección con un serotipo diferente puede elevar el riesgo de desarrollar dengue grave.

La compra de una vivienda nueva en Panamá podría resultar menos costosa si la Asamblea Nacional aprueba el proyecto de ley presentado por el Gobierno, que elimina el pago del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) en la primera venta de unidades habitacionales de hasta $120,000.

La iniciativa también reduce de manera escalonada la carga tributaria para inmuebles cuyo valor no supere los $200,000 y forma parte de la estrategia oficial para facilitar el acceso a la vivienda, dinamizar la construcción y generar empleos.

El proyecto fue aprobado por el Consejo de Gabinete y presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. La propuesta adiciona un artículo a la Ley 106 de 1974, que regula el impuesto sobre las transferencias de bienes inmuebles, y modifica la Ley 4 de 1994, relacionada con el sistema de intereses preferenciales.

Para acceder al beneficio, la primera venta de la vivienda nueva deberá formalizarse dentro de los dos años siguientes a la expedición del permiso de ocupación.

Chapman explicó que las viviendas de hasta $120,000 quedarían completamente exentas, frente al impuesto general del 2% que se venía aplicando.

En las viviendas cuyo precio supere esa cantidad, la exoneración cubrirá los primeros $120,000 y el impuesto se calculará exclusivamente sobre el excedente. La medida, aseguró, está enfocada principalmente en las familias panameñas de ingresos bajos y medios que buscan adquirir una propiedad.

“Esto está enfocado, primordialmente, en facilitar que las familias panameñas de menores ingresos puedan cumplir su sueño de adquirir una vivienda”, manifestó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El impuesto representa un costo relevante dentro de una operación inmobiliaria debido a que no suele formar parte del financiamiento hipotecario, por lo que debe ser cubierto con recursos disponibles al momento de cerrar la compraventa.

La escala propuesta establece una tarifa de 0.5% para el excedente de viviendas valoradas entre $120,001 y $130,000. La tasa aumentará a 1% para unidades de hasta $150.000; 1,4% hasta $170,000; 1.6% hasta $190,000, y 1.8% cuando el precio total de la propiedad se ubique entre $190,001 y $200,000.

Las viviendas que superen ese límite no estarán cubiertas por la escala preferencial planteada.

El proyecto también establece que el vendedor será responsable del pago del impuesto y declara nulo cualquier acuerdo mediante el cual se traslade directa o indirectamente esa obligación al comprador.

Con esta disposición, el Ejecutivo pretende evitar que los promotores incorporen el gravamen como un cargo adicional dentro de los contratos, aunque en la práctica los costos tributarios pueden terminar reflejándose en el precio final de la vivienda.

La propuesta representa un cambio frente al régimen establecido en 2025, cuando la Ley 468 eliminó la exoneración del ITBI para las primeras ventas de viviendas nuevas.

Desde entonces, los promotores quedaron obligados a pagar el 2% correspondiente a cada transferencia, una medida cuestionada por representantes del sector inmobiliario y de la construcción, quienes advirtieron que podía encarecer los proyectos, reducir los márgenes de las empresas y dificultar la compra de viviendas.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, sostuvo que la exoneración forma parte de una estrategia más amplia para atender las necesidades habitacionales y recuperar la actividad de la construcción.

De acuerdo con el funcionario, durante los primeros 24 meses de la administración del presidente José Raúl Mulino se lograron rescatar, terminar y entregar más de 6,200 soluciones de vivienda que habían quedado abandonadas por gobiernos anteriores.

Jované señaló que el presupuesto de 2027 permitirá continuar proyectos como Bambú y Mastranto, además de impulsar obras en el área metropolitana y en diferentes provincias. Entre las iniciativas mencionó Ave Fénix, en El Chorrillo; Pastor de Diego, en Chitré, y proyectos previstos en Portobelo, Los Santos, Aguadulce, Coclé y Veraguas.

El Miviot también ha iniciado licitaciones para paquetes de 150 mejoramientos habitacionales, con el objetivo de atender tanto el déficit cuantitativo como las deficiencias existentes en viviendas ya construidas.

El ministro adelantó que el Gobierno prepara además el programa “Abono Inicial Pa’ Ti”, mediante el cual se buscará reducir el impacto económico del primer pago que deben realizar las familias al comprar una propiedad.

El mecanismo se encuentra en revisión con los bancos hipotecarios, los promotores de vivienda y el Estado, que deberán establecer la estructura financiera y las condiciones para respaldar los desembolsos.

Jované aseguró que el Ejecutivo también trabaja para cancelar la deuda heredada del Bono Solidario de Vivienda, con la intención de que esos pagos permitan a los promotores desarrollar nuevos proyectos.

“Es un apoyo en conjunto con el sistema bancario, los promotores de vivienda y las familias que van a tener acceso a las mismas”, afirmó el ministro, quien considera que estas medidas pueden ayudar a “destrancar” la industria de la construcción.

Por su parte, el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, explicó que la exoneración del ITBI se integra a la estrategia anunciada por Mulino para generar más de 80.000 empleos.

El Gobierno espera que la reducción de los costos de compraventa aumente la demanda de viviendas nuevas y reactive una industria que genera encadenamientos en actividades como materiales, transporte, servicios financieros y contratación de mano de obra.

La propuesta deberá ser discutida ahora por la Asamblea Nacional, que podrá modificarla antes de su aprobación definitiva. De convertirse en ley, el beneficio volvería a exonerar la primera venta de viviendas nuevas, aunque con un alcance focalizado: exención completa hasta $120,000 y tarifas reducidas para propiedades de hasta $200,000.

La apuesta gubernamental es que el alivio tributario, acompañado por programas de apoyo al abono inicial y nuevas inversiones públicas, facilite el acceso a una vivienda y contribuya a recuperar uno de los sectores estratégicos de la economía panameña.

Panamá registró el mejor primer semestre turístico de los últimos años al recibir un millón 755 mil 998 visitantes internacionales entre enero y junio de 2026, un incremento de 17,4% en comparación con el mismo período del año anterior, según cifras preliminares presentadas por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

El desempeño estuvo acompañado por un crecimiento en el turismo de reuniones, una mayor ocupación hotelera y la consolidación de estrategias de promoción internacional que buscan posicionar al país como uno de los principales destinos de negocios y conexiones de la región.

La administradora general de la ATP, Gloria De León, presentó los resultados del segundo trimestre de 2026 durante un encuentro con representantes del sector turístico, medios de comunicación y líderes de opinión.

La funcionaria destacó que las cifras reflejan la recuperación y fortalecimiento de la actividad turística, uno de los sectores considerados estratégicos para la economía panameña, debido a su impacto sobre hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios.

Uno de los segmentos con mayor dinamismo fue el turismo de reuniones, congresos y convenciones. Entre enero y junio, Panamá fue sede de 74 eventos internacionales, que reunieron a 113.937 participantes, generaron la ocupación de 47.854 habitaciones de hotel y un impacto económico estimado en 91,5 millones de balboas.

Para la ATP, estos resultados consolidan la estrategia de convertir al país en un centro regional para la organización de eventos internacionales, aprovechando su conectividad aérea y su infraestructura hotelera.

Las perspectivas para el cierre del año también son positivas. De acuerdo con las proyecciones de la entidad, ya están confirmados 110 eventos internacionales para lo que resta de 2026, los cuales podrían atraer 149.636 visitantes, ocupar 82.498 habitaciones y generar un impacto económico cercano a 159,7 millones de balboas.

La ATP considera que este segmento seguirá siendo uno de los principales motores del crecimiento turístico y un generador de empleo para miles de personas vinculadas a la cadena de valor del sector.

El crecimiento también estuvo respaldado por una estrategia de promoción internacional basada en campañas de microtargeting, dirigidas a viajeros con mayor intención de visitar Panamá.

Durante el primer semestre del año, el país mantuvo 10 alianzas activas con empresas como Aeroméxico, Air Europa, Condor, Copa Airlines, WestJet/Sunwing, Despegar, eDreams, Expedia, Hotelbeds y Royal Caribbean, acciones que, según la ATP, contribuyeron a atraer más de 150.000 turistas y generar más de 375 millones de dólares en ingresos turísticos.

La recuperación también se reflejó en el desempeño del sector hotelero. Los indicadores de la firma STR muestran que la ocupación hotelera alcanzó el 67,6% durante los primeros seis meses de 2026, lo que representa un incremento de 14% respecto al mismo período de 2025.

Para las autoridades, este comportamiento evidencia una mayor llegada de visitantes y un fortalecimiento de la competitividad del destino panameño.

Otro de los programas que continúa mostrando resultados es Panama Stopover, desarrollado junto con Copa Airlines para incentivar que los pasajeros en tránsito permanezcan algunos días en el país.

Entre enero y junio, la iniciativa recibió más de 123.000 visitantes, un crecimiento de 38% frente al primer semestre del año pasado. La ATP atribuye este desempeño a una estrategia enfocada en convertir las escalas aéreas en oportunidades para conocer la oferta turística, cultural, gastronómica y natural de Panamá.

La entidad también destacó el desempeño de la Sala Panamá, ubicada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Hasta el 21 de junio, más de 70.000 viajeros habían recorrido este espacio, diseñado para mostrar los principales atractivos del país a quienes realizan conexiones internacionales.

La ATP considera que esta iniciativa busca despertar el interés de los pasajeros por extender su estadía y regresar posteriormente como turistas.

Durante la presentación de los resultados, De León afirmó que las cifras van más allá del número de visitantes y reflejan un impacto directo sobre la economía nacional. “Las cifras son importantes porque representan personas que eligieron descubrir Panamá.

Detrás de cada visitante hay una habitación de hotel ocupada, una mesa en un restaurante, un guía turístico compartiendo nuestra historia, un emprendedor creciendo y una comunidad que se beneficia del turismo”, expresó la administradora de la ATP.

La funcionaria sostuvo que el objetivo del país no es únicamente incrementar la llegada de turistas, sino lograr que cada viaje se convierta en una experiencia que motive a los visitantes a regresar y recomendar Panamá como destino.

Según indicó, la estrategia busca consolidar un turismo capaz de generar oportunidades económicas, fortalecer las economías locales y proyectar la imagen del país en los mercados internacionales.

La cooperación policial entre Panamá y Colombia permitió concretar la extradición de Jorge Antonio Zurita, alias “Gordo Pibe”, un ciudadano panameño requerido por la justicia por su presunta vinculación con delitos relacionados con drogas y señalado por las autoridades como uno de los principales operadores de estructuras criminales transnacionales.

El traslado fue ejecutado por la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Panamá, luego de que Zurita permaneciera prófugo desde 2023 y fuera capturado el 26 de mayo de 2025 en Medellín, Colombia, tras una operación coordinada entre ambos países.

La Policía Nacional informó que el extraditado llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen bajo un estricto dispositivo de seguridad para ser puesto a disposición de las autoridades competentes.

El caso de alias “Gordo Pibe” ha cobrado relevancia por el perfil criminal que le atribuyen las investigaciones panameñas y colombianas.

De acuerdo con información divulgada por autoridades de ambos países, Zurita es señalado como presunto líder de la pandilla “Kill the Nasty”, considerada por los organismos de seguridad como el brazo financiero de la organización criminal Sam 23, una estructura que, según las pesquisas, mantiene vínculos con redes de narcotráfico que operan entre Panamá y Colombia.

Esas acusaciones forman parte de investigaciones en curso y no constituyen una condena judicial, por lo que rige la presunción de inocencia.

Las investigaciones también apuntan a presuntos nexos con organizaciones criminales colombianas. Entre ellas figura el Clan del Golfo, uno de los grupos dedicados al narcotráfico más poderosos de ese país, así como las disidencias de las FARC lideradas por alias “Iván Mordisco”, conexiones que, según la información pública recopilada por las autoridades, habrían permitido fortalecer rutas y operaciones de tráfico de drogas entre ambos territorios.

Los reportes disponibles sostienen que estas relaciones forman parte de las líneas investigativas abiertas y continúan bajo verificación judicial.

La captura de Zurita fue posible gracias a una notificación roja de Interpol emitida por Panamá, luego de que se mantuviera evadiendo a la justicia desde 2023.

El operativo fue desarrollado por la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de ese país, en coordinación con Interpol y las autoridades panameñas.

Tras su detención en Medellín comenzaron los trámites de extradición que culminaron esta semana con su retorno al país.

Además de las investigaciones por narcotráfico, Zurita enfrenta señalamientos por presunto blanqueo de capitales. Entre los elementos divulgados por las autoridades colombianas figura la existencia de una empresa de turismo registrada a nombre de su esposa en el municipio de El Peñol, en Antioquia, que habría sido utilizada como fachada para actividades ilícitas.

Como parte de esa investigación, Colombia inició un proceso de extinción de dominio sobre la compañía, al considerar que existen indicios de que pudo haber servido para ocultar recursos provenientes del narcotráfico. Estas actuaciones forman parte de procedimientos judiciales independientes desarrollados en territorio colombiano.

Las autoridades panameñas sostienen que la extradición representa un nuevo resultado de la cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional.

La Policía Nacional destacó que continuará fortaleciendo el intercambio de información y las acciones conjuntas con otros países para localizar y capturar a personas requeridas por la justicia panameña, especialmente aquellas vinculadas con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y al lavado de activos.

Con su llegada a Panamá, alias “Gordo Pibe” deberá enfrentar los procesos judiciales que permanecían pendientes por delitos relacionados con drogas y presunto blanqueo de capitales.

A partir de ahora corresponderá al Ministerio Público y a los tribunales determinar, con base en las pruebas presentadas durante el proceso, la responsabilidad penal del extraditado.

Organizaciones ambientalistas de Panamá cuestionaron la solidez técnica de la auditoría integral realizada a la mina Cobre Panamá y advirtieron que una parte sustancial de sus conclusiones no puede verificarse con la documentación disponible.

La revisión fue elaborada por la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que identificó limitaciones metodológicas, vacíos de información y debilidades en la forma en que se sustentaron los resultados finales.

El principal cuestionamiento se concentra en 155 de los 371 compromisos evaluados, equivalentes a más del 40%, que, según la Mesa Técnica, no cuentan con evidencia suficiente dentro de los anexos publicados.

Pese a esta ausencia, la auditoría asignó al proyecto minero una calificación general de cumplimiento superior al 87%, resultado que los ambientalistas consideran imposible de respaldar de manera consistente con los datos que fueron puestos a disposición del público.

Isaías Ramos, biólogo y especialista en gestión ambiental, sostuvo que la auditoría se enfocó en comprobar si se habían presentado documentos, pero no necesariamente en determinar si las medidas ejecutadas produjeron los resultados ambientales, sociales, laborales y financieros esperados.

“Una auditoría válida tiene que estar sustentada en información técnica”, señaló Ramos, al reclamar mediciones, análisis, facturas, encuestas y otros elementos verificables que permitan sostener el porcentaje divulgado.

Ramos explicó que, durante una revisión inicial de aproximadamente el 10% de los compromisos, solo uno pudo considerarse plenamente cumplido bajo los criterios aplicados por la Mesa Técnica. Se trató del manejo de explosivos, debido a que existe un protocolo nacional de seguimiento vinculado con la seguridad del Estado.

En el resto de los casos analizados encontraron que la auditoría valoró principalmente la ejecución de acciones, sin comprobar suficientemente sus efectos o resultados concretos.

Según el especialista, esta metodología permitió que algunos compromisos fueran declarados conformes aun cuando los propios análisis reconocían dificultades, debilidades o falta de información.

Entre los puntos más sensibles aparecen la estabilidad de las instalaciones de relaves, el drenaje ácido, la calidad del agua, la biodiversidad y las inversiones comunitarias. Para los ambientalistas, la existencia de programas, talleres, órdenes de trabajo o documentos no demuestra por sí sola que una obligación fue cumplida eficazmente.

El biólogo y auditor ambiental Gabriel Jácome también señaló “fragilidad y debilidad” en la elaboración de las conclusiones. Explicó que encontraron compromisos evaluados mediante acciones que no guardaban relación directa con el objetivo examinado.

Citó como ejemplo controles sobre emisiones de vehículos que terminaron sustentándose con análisis generales de calidad del aire, así como obligaciones sobre ruido que fueron justificadas mediante mediciones realizadas en puntos que no correspondían necesariamente con las áreas vinculadas al compromiso evaluado.

Jácome agregó que existen informes de seguimiento ambiental de Minera Panamá con niveles de ruido superiores a los parámetros permitidos por la normativa, pero que esas situaciones no siempre fueron reflejadas como incumplimientos.

De acuerdo con la revisión independiente, más del 90% de la información utilizada procedía de reportes entregados por la propia empresa minera, sin suficiente contraste con documentos producidos por instituciones públicas u otras fuentes independientes.

Otro de los señalamientos está relacionado con la gestión del agua. La Mesa Técnica indicó que resultados de laboratorio de 2026 mostraron excedencias significativas en distintos parámetros, pero estos datos no fueron incorporados en el análisis final.

También sostuvo que no se verificó un protocolo integral de emergencia para las comunidades ubicadas aguas abajo ni mecanismos adecuados de alerta, mientras que la evaluación de la estabilidad geotécnica de los relaves presentó limitaciones que reducen la capacidad de responder ante posibles riesgos.

Los ambientalistas cuestionaron además la verificación de la inversión comunitaria. El compromiso establecía un desembolso de $5 millones anuales, pero la auditoría solo habría revisado registros correspondientes a 2018 y 2019.

A juicio de la Mesa, esta muestra no permite comprobar el cumplimiento durante toda la vida del proyecto. Las áreas con menor respaldo documental fueron precisamente biodiversidad, conservación, asuntos sociales y desarrollo comunitario, componentes relevantes dentro de una eventual planificación del cierre.

Daniel Holness, director ejecutivo del Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa), afirmó que las decisiones públicas deben apoyarse en información completa y verificable.

“Cuando una revisión encuentra que una parte de las conclusiones no puede corroborarse con la evidencia disponible, lo responsable es completar ese análisis antes de darlo por concluido”, manifestó. Holness recordó que el patrimonio natural de Panamá constituye un activo ambiental global y debe formar parte central de cualquier decisión.

Lilian Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental, sostuvo que la revisión no pretende sustituir las competencias de las autoridades, sino contribuir a que el proceso se conduzca con mayor rigor y transparencia. También rechazó que un eventual cierre permita continuar extrayendo material.

“El proceso de cierre no implica continuar extrayendo”, afirmó, al advertir que cualquier alternativa de reapertura enfrentaría los fallos de la Corte Suprema de Justicia, la moratoria minera y otras normas ambientales vigentes.

La Mesa Técnica solicitó al Gobierno no aceptar el informe final mientras continúen los vacíos metodológicos, emitir las no conformidades, exigir la evidencia faltante dentro de plazos definidos, iniciar procesos sancionatorios cuando corresponda y revisar la suficiencia de la garantía financiera frente a los pasivos ambientales.

También pidió garantizar transparencia y participación ciudadana conforme al Acuerdo de Escazú y a las disposiciones adoptadas por el Ejecutivo.

La auditoría fue elaborada por SGS Panama Control Services y evaluó aspectos legales, fiscales, ambientales, técnicos y operacionales del proyecto. El documento asignó 87,7% de cumplimiento global, con resultados de 88,2% en asuntos legales y fiscales, 87,6% en desempeño ambiental, 90,2% en aspectos operacionales y 81,7% en riesgos y pasivos ambientales.

Sin embargo, la revisión detallada ya había identificado resultados particularmente bajos en reforestación, expansión de la huella intervenida, biodiversidad y restauración ecológica.

El Gobierno mantiene el informe bajo análisis a través de una comisión integrada por los ministros Juan Carlos Navarro, Felipe Chapman y Julio Moltó.

El equipo espera presentar al presidente José Raúl Mulino una recomendación antes de finalizar 2026 sobre el futuro de la mina. Mientras tanto, First Quantum Minerals afirmó sentirse alentada por la auditoría y destacó el porcentaje de cumplimiento obtenido.

Los ambientalistas, en cambio, insisten en que un resultado numérico elevado pierde valor cuando una parte significativa de la evidencia no puede ser corroborada.

Aunque la mina permanece en fase de preservación y gestión segura desde la suspensión de sus operaciones tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023, la empresa reactivó recientemente el procesamiento del mineral de cobre que permanecía almacenado en las instalaciones.

La autorización otorgada por el Gobierno permite tratar las reservas ya extraídas antes del cierre de la operación, sin reanudar la extracción de nuevo mineral, una decisión que ha reactivado el debate sobre el futuro del proyecto mientras la Comisión de Alto Nivel analiza los resultados de la auditoría y prepara una recomendación para el presidente José Raúl Mulino.

Los interminables congestionamientos que a diario paralizan la ciudad de Panamá, especialmente durante las horas pico y cuando las lluvias reducen aún más la capacidad de las vías, son el problema que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) intenta atacar con una nueva licitación para modernizar la operación de 16 intersecciones semaforizadas mediante inteligencia artificial.

El proyecto, cuyo precio de referencia asciende a $296.800, contempla el suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas autónomos capaces de ajustar los tiempos de los semáforos en función del flujo vehicular en tiempo real, sin depender de una conexión permanente con un centro de control.

La iniciativa representa un cambio respecto al sistema centralizado que actualmente administra alrededor de 200 intersecciones de la capital. Según las especificaciones técnicas del pliego, el modelo vigente depende de una comunicación constante con servidores centrales.

Cuando esa conexión se pierde, los semáforos pasan a operar con programas preestablecidos, lo que reduce significativamente su capacidad para responder a las condiciones reales del tráfico.

Con la nueva tecnología, el procesamiento de la información se realizará directamente en cada intersección mediante computación en el borde (edge computing) e inteligencia artificial, permitiendo que cada controlador tome decisiones de manera autónoma y adapte los ciclos semafóricos conforme cambian los volúmenes de vehículos.

El sistema también utilizará cámaras y algoritmos de inferencia para detectar la demanda vehicular y optimizar los tiempos de espera.

Durante la reunión de homologación, la ATTT confirmó que mantendrá la exigencia de que los equipos cuenten con una capacidad mínima de 70 TOPS para ejecutar procesos de inteligencia artificial, además de conservar la obligatoriedad del WiFi y de una arquitectura descentralizada, pese a que algunos participantes solicitaron flexibilizar estos requisitos.

Estas especificaciones buscan garantizar que el análisis del tránsito se realice directamente en campo y no dependa de un servidor central.

El proyecto se desarrollará sobre tres de los corredores con mayor circulación vehicular de la ciudad. Ocho de las intersecciones se ubican sobre la avenida Ricardo J. Alfaro, incluyendo los accesos a El Bosque, Linda Vista, el Instituto América, la Universidad Tecnológica de Panamá, Villa de las Fuentes, los dos cruces de El Dorado y Dos Mares.

Otras cuatro corresponden a la avenida Simón Bolívar (Transístmica), en El Ingenio, Bethania, Panamotor y HOPSA; mientras que las cuatro restantes estarán sobre Vía España, en la Iglesia del Carmen, calle Elvira Méndez, avenida Eusebio A. Morales y calle Thais de Pons.

El contratista dispondrá de 130 días calendario para suministrar, instalar y poner en funcionamiento los nuevos equipos.

La ATTT celebró una reunión de homologación en la que participaron cuatro posibles proponentes: Panamá Asesores S.A., Aerodiv, INFOCAB S.A. y Raditek.

Durante esa sesión, las empresas formularon consultas administrativas y técnicas sobre el proyecto, varias de las cuales derivaron en modificaciones oficiales al documento.

Entre los cambios incorporados figura la corrección del mecanismo de presentación de propuestas, aclarando que estas deberán remitirse exclusivamente a través del portal PanamáCompra, así como la creación de un nuevo requisito que obliga a los participantes a demostrar que son distribuidores autorizados del fabricante del controlador y de la plataforma de gestión de tránsito, mediante una certificación específica y un nuevo Formulario No. 7.

Este fue uno de los principales ajustes solicitados por la industria y finalmente acogido por la entidad. No todas las observaciones fueron aceptadas. Panamá Asesores solicitó modificar el esquema de pagos para reemplazar dos desembolsos anuales por pagos mensuales, petición que finalmente no fue incorporada.

INFOCAB, por su parte, propuso eliminar algunos requisitos técnicos, permitir una arquitectura distinta a la planteada por el pliego, utilizar los controladores existentes y hacer opcional la conectividad WiFi; sin embargo, la ATTT decidió mantener las exigencias originales al considerar que responden al modelo tecnológico que pretende implementar.

Otras consultas relacionadas con cámaras y parámetros de desempeño fueron analizadas, pero tampoco dieron lugar a cambios en la adenda.

La licitación tiene previsto recibir propuestas el 19 de agosto y forma parte de la estrategia de modernización tecnológica que la ATTT impulsa para mejorar la movilidad urbana. La institución ha señalado en otras iniciativas recientes que busca fortalecer la gestión inteligente de la red semafórica y aprovechar nuevas herramientas digitales para hacer más eficiente la circulación vehicular.

Si la tecnología cumple las expectativas, estas 16 intersecciones se convertirán en un laboratorio para evaluar si la inteligencia artificial puede contribuir a aliviar uno de los problemas más persistentes de la capital: los tranques que, prácticamente a cualquier hora del día y con mayor intensidad durante las lluvias y las horas pico, incrementan los tiempos de desplazamiento de miles de conductores.

El déficit fiscal de Panamá se redujo 22.4% durante los primeros cinco meses de 2026, pero parte de esa mejora no solo obedeció al aumento de la recaudación, sino también a que el Estado ejecutó $174.3 millones menos en inversión pública que un año antes.

El resultado permitió reducir el desbalance de las cuentas públicas a $1,729.6 millones, equivalente al 1.82% del Producto Interno Bruto (PIB), frente a los $2,228.4 millones, o 2.46% del PIB, registrados en el mismo período de 2025.

El comportamiento de las cuentas públicas muestra que los ingresos crecieron mucho más rápido que los gastos. Entre enero y mayo, el SPNF registró ingresos por $6,016.7 millones, un aumento de 9.5% respecto al mismo período de 2025, mientras que los gastos totales apenas crecieron 0.3%, al pasar de $7,721.6 millones a $7,746.3 millones.

Esta diferencia permitió mejorar tanto el déficit total como el balance primario, que pasó de 1.11% a 0.52% del PIB, antes del pago de intereses de la deuda.

El aumento de los ingresos estuvo impulsado principalmente por la Caja de Seguro Social (CSS), cuyos ingresos crecieron $267.7 millones, además de $97 millones adicionales del Gobierno Central y $198.2 millones en ingresos de capital.

En paralelo, la recaudación tributaria del Gobierno Central aumentó 6.6%, impulsada por un mejor desempeño del ITBMS sobre ventas, el impuesto de inmuebles, el ITBMS a las importaciones y el impuesto sobre la renta proveniente de salarios. También crecieron los impuestos selectivos al consumo, especialmente sobre automóviles y cigarrillos.

Sin embargo, la reducción del déficit no se explica únicamente por una mayor recaudación. Uno de los factores con mayor incidencia fue la caída de la inversión pública, reflejada en un descenso de 11% del gasto de capital.

Entre enero y mayo, este rubro pasó de $1,578.6 millones a $1,404.3 millones, es decir, $174.3 millones menos que en igual período de 2025. Al ejecutarse menos recursos en infraestructura y otros proyectos, el crecimiento del gasto total permaneció prácticamente estancado, favoreciendo directamente la reducción del déficit.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) atribuye esa disminución a un efecto de comparación, al señalar que durante 2025 se realizaron desembolsos extraordinarios para proyectos de infraestructura del sector salud que elevaron la base del año anterior.

Según la entidad, la ejecución observada en 2026 mantiene un ritmo acorde con la programación prevista. Sin embargo, desde el punto de vista económico, la inversión pública suele ser el componente más flexible del presupuesto, ya que puede aplazarse para aliviar las presiones fiscales, a diferencia de gastos rígidos como salarios, pensiones o intereses de la deuda.

La inversión pública tiene además un papel determinante sobre la actividad económica, al financiar carreteras, hospitales, escuelas, obras de infraestructura y otros proyectos que impulsan el empleo y la demanda interna.

Si bien una menor ejecución contribuye a mejorar el balance fiscal en el corto plazo, también puede retrasar obras estratégicas y reducir el efecto dinamizador que estas tienen sobre sectores como la construcción, el transporte y los servicios.

El desafío para las autoridades será mantener la consolidación fiscal sin comprometer inversiones clave para el crecimiento económico.

Mientras tanto, las principales presiones sobre las finanzas públicas continúan concentrándose en el gasto rígido. Mientras la inversión pública cayó $174.3 millones, el Estado destinó $1,235.3 millones únicamente al pago de intereses de la deuda, un incremento de 1.1% respecto al año anterior.

A ello se suma que el gasto corriente de la Caja de Seguro Social aumentó 8.3%, impulsado por un mayor pago de pensiones y jubilaciones debido al crecimiento del número de beneficiarios.

Aunque el MEF destaca que logró reducir el costo promedio de la deuda de 4.97% a 4.65%, los intereses continúan absorbiendo una parte importante de los recursos públicos.

Los resultados acumulados hasta mayo muestran que Panamá se mantiene por debajo del límite fiscal de 3.5% del PIB establecido para 2026 y reflejan avances en el proceso de consolidación de las cuentas públicas.

Sin embargo, las propias cifras dejan claro que el reto para el resto del año será mantener la reducción del déficit sin seguir apoyándose en una menor ejecución de inversiones, al tiempo que se enfrentan las crecientes presiones derivadas de las pensiones y del servicio de la deuda, dos de los principales desafíos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Panamá vuelve a concentrar esta semana la atención de la industria mundial del café de especialidad. Un grupo de los catadores más influyentes del sector comenzó la evaluación de los 64 lotes que competirán por el título de los mejores cafés del país, un reconocimiento que no solo define prestigio, sino también el valor que alcanzarán en la subasta internacional del próximo 23 de septiembre, donde compradores de distintos continentes pujan por producciones consideradas entre las más exclusivas del mundo.

La XXX edición de la Cata Internacional del Best of Panamá (BOP) reúne en Boquete a 26 jueces oficiales procedentes de ocho países y 39 jueces invitados de 14 naciones, quienes durante varios días evaluarán los cafés bajo estrictos protocolos internacionales. En competencia participan 64 lotes, distribuidos en 16 varietales, 24 geishas naturales y 24 geishas lavados.

Los finalistas de la categoría varietales se conocerán el 31 de julio, mientras que la final de los geishas se realizará el 1 de agosto.

Para Ricardo Koyner, presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), el impacto del Best of Panamá va mucho más allá de reconocer a los mejores productores del año.

A su juicio, el certamen ha contribuido a posicionar a Panamá como una referencia mundial en cafés de alta gama y ha fortalecido la imagen del país dentro de una industria donde la reputación influye directamente en el valor del producto.

"Esta es la competencia que le ha dado prestigio mundial a Panamá. No solo en café; también le ha dado prestigio al país“, afirmó.

Koyner destacó que la competencia reúne a algunos de los catadores más respetados de la industria, procedentes de Asia, Europa, Oceanía y América, quienes representan el criterio de los principales mercados consumidores de café de especialidad.

Explicó que estos expertos funcionan como un puente entre los productores y los compradores internacionales, ya que su evaluación ayuda a consolidar la percepción de calidad del café panameño.

"Panamá marca la vara de lo que es calidad en el café a nivel mundial. En la medida en que el país tiene más prestigio, mejora la percepción de calidad de nuestros cafés y eso permite mejores precios para todos los productores“, sostuvo.

La responsabilidad de dirigir el proceso recae este año sobre Elen Fan, de China, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer en liderar el panel internacional de jueces en los 30 años del Best of Panamá.

La especialista recordó que inició su trayectoria en el café en 2016, motivada precisamente por los cafés que conoció a través de esta competencia. En 2017 participó por primera vez como jueza oficial y aseguró que alcanzar ahora la posición de jueza principal representa la realización de un objetivo profesional construido durante casi una década.

Fan explicó que el papel del juez principal consiste en garantizar que todo el panel realice las evaluaciones siguiendo los protocolos internacionales, utilizando descripciones precisas y criterios uniformes para que los resultados reflejen con fidelidad las características de cada lote.

Señaló que la responsabilidad ahora es mayor porque no solo debe evaluar los cafés, sino también supervisar el trabajo del resto de los catadores para asegurar la transparencia y consistencia del proceso.

La jueza principal también evitó hacer pronósticos sobre los posibles ganadores, aunque reconoció que los cafés panameños mantienen una capacidad constante para sorprender incluso a los especialistas con mayor experiencia.

"Los cafés que participan en esta competencia siempre han sorprendido a los jueces internacionales“, afirmó, al señalar que espera que la edición número treinta vuelva a destacar por la calidad alcanzada por los productores panameños.

Las primeras jornadas de evaluación parecen respaldar esa expectativa. En la semifinal de la categoría varietales, los primeros lotes obtuvieron calificaciones superiores a los 90 puntos sobre una escala de 100, una puntuación reservada para cafés considerados excepcionales dentro de los estándares internacionales.

Estos resultados anticipan una competencia reñida antes de definir los cafés que llegarán a la subasta electrónica de septiembre.

A lo largo de tres décadas, el Best of Panamá se ha consolidado como una de las competencias más influyentes del café de especialidad. Los lotes ganadores suelen captar el interés de tostadores, distribuidores y compradores de lujo de distintos continentes, quienes buscan producciones limitadas con perfiles sensoriales únicos.

Para los productores panameños, obtener una alta calificación no solo representa un reconocimiento técnico, sino también una oportunidad para acceder a mercados especializados donde la calidad puede traducirse en precios muy superiores a los del café convencional.

El desafío de esta edición no solo estará en escoger al mejor café, sino en superar el extraordinario nivel alcanzado por Panamá el año pasado. "Nosotros mismos rompemos nuestros propios récords todos los años y cada vez es más difícil alcanzar esos puntajes. Tener cafés con 98 puntos de promedio y algunos de 100 puntos es algo muy difícil de superar, incluso para el productor panameño, comentó Koyner“.

Paradójicamente, ese reto llega después de una de las cosechas más pequeñas de los últimos años.

Las condiciones climáticas redujeron la producción hasta en 50% en algunas fincas cafetaleras, una situación que obligó a los productores a seleccionar cuidadosamente los lotes enviados al concurso.

El Gobierno de Panamá lanzó una nueva advertencia a sus ciudadanos para que no acepten propuestas destinadas a incorporarlos a conflictos armados en el extranjero, ante los casos de panameños que han terminado vinculados con la guerra entre Rusia y Ucrania.

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Guevara Mann, afirmó que algunas de estas personas podrían encontrarse bajo el control de las fuerzas armadas a las que fueron incorporadas, luego de aceptar propuestas que no correspondían con la realidad.

“Estos individuos, pena decirlo, pero están en realidad secuestrados por las Fuerzas Armadas donde han ido a prestar servicios, quizás a base de propuestas ilusorias y que no son reales”, declaró el funcionario.

Guevara Mann insistió en que Panamá no participa en ningún conflicto bélico y remarcó que los ciudadanos no deben ofrecerse como voluntarios ni aceptar propuestas para prestar servicios en escenarios de guerra, debido al riesgo que esto representa para su vida y seguridad.

“No debe ningún ciudadano panameño ir a anotarse o hacerse voluntario para ninguna situación de este tipo, porque al final los pone en riesgo y atenta contra su propia seguridad personal”, señaló.

Las declaraciones se producen después de que las autoridades panameñas reconocieran la existencia de varios ciudadanos vinculados con la guerra entre Rusia y Ucrania, algunos de los cuales habrían viajado conscientes de que participarían en el conflicto, mientras que otros aseguran haber sido engañados mediante ofertas de empleos civiles con salarios elevados.

La cifra de al menos 15 panameños identificados desde 2025, así como la información de que uno habría fallecido y varios se encontraban desaparecidos, fue comunicada previamente por el entonces canciller encargado, Carlos Arturo Hoyos.

De manera paralela, el Ministerio Público informó anteriormente que mantiene cuatro investigaciones abiertas relacionadas con el presunto reclutamiento de panameños para el conflicto.

Dos expedientes surgieron por denuncias de familiares y los otros dos por informes de comunicación de hechos elaborados por la Dirección de Investigación Judicial.

Las pesquisas buscan determinar si detrás de los viajes existieron redes de reclutamiento, engaños laborales, trata de personas u otras conductas delictivas.

Entre los casos denunciados aparecen ciudadanos que habrían recibido propuestas para trabajar como ayudantes de cocina, guardias de seguridad u operadores de maquinaria pesada.

Guevara Mann explicó que la Cancillería mantiene un acercamiento constante con los gobiernos y las representaciones diplomáticas relacionadas con estos casos, aunque admitió que obtener información resulta difícil debido a la naturaleza irregular de los viajes y a las condiciones de la guerra.

“El acercamiento es permanente. Nuestras misiones diplomáticas hacen ese acercamiento, han solicitado a los gobiernos donde están acreditadas que provean la información”, manifestó.

Añadió que la Cancillería también ha convocado a los representantes diplomáticos acreditados en Panamá para insistir en la solicitud de información sobre los ciudadanos cuyo paradero o condición se desconoce.

“Se ha citado a sus representantes diplomáticos en Panamá a que vayan a la Cancillería y se los ha vuelto a citar”, explicó el viceministro.

El funcionario reconoció, sin embargo, que las posibilidades de actuación del Estado panameño son limitadas cuando una persona viaja por decisión propia y termina dentro de una estructura militar o en una zona de combate.

“El Gobierno de Panamá hace lo que puede, pero hay que tomar en cuenta que esta es una decisión personal de cada individuo”, afirmó.

Otro obstáculo es que las autoridades o las propias organizaciones involucradas pueden negar la presencia de los ciudadanos, especialmente cuando el proceso de reclutamiento, traslado o incorporación se realizó de manera irregular.

“Muchas veces hay una tendencia a negar esa presencia o esa situación por la irregularidad del proceso. Entonces, eso todo lo complica más”, sostuvo Guevara Mann.

Pese a esas dificultades, el viceministro aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha recibido instrucciones de facilitar el retorno de cualquier panameño que logre salir del conflicto y solicite asistencia para regresar.

“El canciller dio la orden de que cualquiera que se acercara y pidiera su traslado a Panamá se le sufragara, sin ningún tipo de contemplación, el traslado de vuelta a Panamá”, aseguró.

No obstante, advirtió que concretar una repatriación puede resultar extremadamente complejo cuando el ciudadano permanece dentro de una zona de guerra, no tiene acceso a una representación consular o está sometido al control de una fuerza militar.

Guevara Mann reiteró que la principal herramienta para evitar nuevos casos es la prevención y pidió a la ciudadanía desconfiar de propuestas que prometan salarios extraordinarios o trabajos poco claros en países involucrados en conflictos armados.

“Una vez más, el llamado a la población es: no se metan en eso, porque no trae buenos resultados para nadie”, expresó.

El funcionario concluyó que, tan pronto la Cancillería recibe información sobre un ciudadano en riesgo, el Gobierno procura brindar apoyo dentro de sus posibilidades, aunque insistió en que la capacidad de respuesta está condicionada por la situación de guerra y las decisiones tomadas previamente por cada persona.

Panamá quiere movilizar hasta $1,000 millones en financiamiento e inversión privada sin recurrir a deuda pública ni crear un fondo estatal.

Esa es la apuesta detrás de la alianza estratégica anunciada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con BID Invest, el brazo para el sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un modelo que busca canalizar recursos hacia empresas y proyectos con potencial de crecimiento mientras el Estado actúa únicamente como facilitador de las inversiones.

A diferencia de los préstamos tradicionales otorgados a los gobiernos, el dinero no ingresará al Tesoro Nacional ni será administrado por el Estado. Cada proyecto será identificado, evaluado y aprobado de forma independiente por BID Invest, que definirá si cumple con sus criterios financieros, ambientales y sociales antes de otorgar el financiamiento.

El papel del MEF consistirá en promover un entorno favorable para la inversión y facilitar la coordinación entre el sector privado y el organismo multilateral, sin asumir el riesgo financiero de las operaciones.

El esquema también contempla dos modalidades de financiamiento. Los recursos podrán llegar directamente a empresas privadas que desarrollen proyectos de inversión o canalizarse a través de bancos e instituciones financieras para ampliar el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), consideradas uno de los principales motores de la economía panameña.

Según el MEF, las operaciones serán asumidas por las empresas beneficiarias o por las entidades financieras que reciban los recursos, por lo que no se contabilizarán como deuda pública ni requerirán garantías soberanas del Estado.

BID Invest es un banco multilateral de desarrollo especializado en financiar al sector privado en América Latina y el Caribe. A diferencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que presta recursos a los gobiernos para obras públicas y programas estatales, BID Invest trabaja directamente con empresas, bancos y proyectos privados, combinando financiamiento, movilización de capital y asistencia técnica.

La institución administra una cartera superior a $22,000 millones y opera en 25 países de la región, con un enfoque en inversiones sostenibles y proyectos que generen impacto económico, social y ambiental.

El acuerdo tiene un alcance multisectorial. Aunque inicialmente se identificaron como prioritarios los sectores de construcción, turismo y logística, también podrán recibir apoyo iniciativas relacionadas con energía, agua y saneamiento, vivienda, infraestructura digital, manufactura, agronegocios y servicios financieros.

Todos los proyectos deberán cumplir estándares internacionales de gobernanza, integridad, sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. En algunos casos, el financiamiento comercial podrá complementarse con asistencia técnica o recursos concesionales para impulsar iniciativas vinculadas con energías renovables, eficiencia energética, movilidad eléctrica o infraestructura resiliente.

El modelo no parte de cero. BID Invest ya mantiene una cartera importante de proyectos privados en Panamá, lo que ofrece una referencia sobre el tipo de inversiones que podrían ampliarse con esta nueva estrategia.

Entre las operaciones recientes figura el financiamiento por $336 millones para el tramo subterráneo de la Línea 3 del Metro de Panamá, una estructura que permitió movilizar recursos de la banca comercial dentro de un paquete total superior a $1,330 millones para la obra.

También respaldó con hasta $58 millones la expansión del centro de distribución de Rey Holding, mediante Corporación Favorita, incluyendo un proyecto piloto de almacenamiento de energía con baterías en supermercados.

La entidad también ha impulsado operaciones en otros sectores estratégicos. Participó como inversionista ancla en el primer bono vinculado a sostenibilidad de Bern Hotels & Resorts, respaldó el primer bono sostenible emitido por Banistmo, otorgó un crédito verde a Global Bank para ampliar su cartera de financiamiento ambiental y aprobó $50 millones para apoyar la construcción de las plantas potabilizadoras Howard I y Sabanitas II, en Arraiján y Colón.

El MEF informó que durante el primer semestre de 2026 ya se comprometieron alrededor de $200 millones en nuevas operaciones vinculadas a esta estrategia y que el volumen continuará creciendo conforme se estructuren y aprueben nuevos proyectos.

El éxito de la iniciativa no se medirá únicamente por el monto movilizado, sino también por indicadores como la generación de empleo, el acceso al financiamiento para las mipymes, la ejecución de infraestructura, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico inclusivo.

Para el Gobierno, la alianza representa una herramienta para acelerar la inversión privada en un contexto de desaceleración económica, mientras que para BID Invest constituye una oportunidad para ampliar su presencia en uno de los principales centros logísticos de América Latina.

El desafío ahora será traducir la meta de $1,000 millones en proyectos concretos que impulsen la actividad productiva y generen resultados medibles para la economía panameña.

El Ministerio Público confirmó que mantiene abiertas cuatro investigaciones por el presunto reclutamiento de panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania, un caso que ha puesto bajo la lupa a las redes que captan ciudadanos mediante falsas ofertas de empleo para enviarlos a zonas de combate.

Las pesquisas avanzan mientras el Gobierno reconoce que al menos 15 panameños han sido vinculados al conflicto desde 2025, uno murió y varios permanecen desaparecidos.

La Procuraduría General de la Nación informó que las investigaciones corresponden a dos denuncias presentadas por familiares y dos informes de comunicación de hechos elaborados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Según el comunicado oficial, todos los casos guardan relación con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, mientras la institución reiteró su compromiso con la protección de los ciudadanos panameños y con el esclarecimiento de los hechos.

El avance de las investigaciones coincide con la información divulgada por el Gobierno hace unos días, cuando confirmó que ciudadanos panameños han sido reclutados para participar en la guerra.

El canciller encargado, Carlos Arturo Hoyos, reveló que desde 2025 las autoridades tienen identificados al menos 15 panameños, de los cuales uno falleció y varios permanecen desaparecidos, aunque evitó precisar en cuál de los dos bandos combatían.

"Es una lástima“, declaró el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, al referirse a estos casos. El funcionario subrayó que “no es un tema en que el Gobierno Nacional ni el presidente José Raúl Mulino tenga absolutamente nada que ver” y añadió que la administración panameña “no está de acuerdo, ni participa, ni tiene ninguna intención de que esto se dé”, en referencia al reclutamiento de ciudadanos para el conflicto.

Las investigaciones del Ministerio Público avanzan en paralelo con las gestiones diplomáticas emprendidas por la Cancillería, que desde noviembre de 2025 mantiene contacto con las autoridades rusas para obtener información sobre ciudadanos panameños que viajaron al este de Europa.

El seguimiento se realiza mediante la Embajada de Rusia en Panamá, la representación diplomática panameña en Moscú y reuniones con funcionarios de la Cancillería rusa.

De acuerdo con Hoyos, la cifra de 15 panameños corresponde únicamente a los casos sobre los que el Estado ha logrado obtener información. Sin embargo, reconoció que el número real podría ser mayor, ya que algunos ciudadanos viajan utilizando rutas comerciales y visas de turismo sin informar a las autoridades sobre su verdadero destino.

Las pesquisas apuntan a la posible existencia de redes de reclutamiento que utilizan ofertas laborales para atraer latinoamericanos. Según las denuncias recibidas por las autoridades, los reclutadores prometen empleos como guardias de seguridad, operadores de maquinaria pesada o ayudantes de cocina, con salarios elevados y oportunidades de trabajo en Europa. No obstante, al llegar a Rusia o Ucrania, algunos terminan incorporados a unidades militares.

Uno de los expedientes que investiga el Ministerio Público corresponde al caso de un hombre de 35 años, cuyos familiares denunciaron que aceptó una oferta para trabajar como ayudante de cocina en Ucrania.

Según el relato presentado ante las autoridades, al llegar recibió un uniforme militar y fue informado de que tendría una semana de entrenamiento antes de ser enviado al frente de combate.

Los familiares también aseguraron que el panameño permaneció 15 días detenido después de negarse a participar en operaciones militares y que posteriormente perdieron toda comunicación con él, motivo por el cual acudieron a las autoridades para denunciar su desaparición.

Este caso se suma a una denuncia presentada anteriormente en la provincia de Chiriquí, donde familiares aseguraron que varios jóvenes fueron captados mediante falsas ofertas laborales para trabajar en Europa, aunque finalmente terminaron en territorio ruso.

Los testimonios recopilados por las autoridades describen un patrón similar. Los reclutadores ofrecían salarios de hasta $10.000 mensuales por trabajos en fábricas, seguridad privada o manejo de maquinaria pesada. Una vez en Rusia, según las denuncias, los trabajadores eran despojados de sus documentos, obligados a firmar contratos redactados únicamente en ruso e incorporados a unidades militares.

Una investigación publicada previamente por Infobae reveló que estas organizaciones utilizan principalmente TikTok, Facebook y Telegram para captar ciudadanos latinoamericanos. Las ofertas prometen pagos iniciales de entre $25.000 y $50.000, salarios mensuales cercanos a $2.600 y la posibilidad de obtener la ciudadanía rusa.

El recorrido de los reclutados suele incluir escalas por Colombia, España y Turquía antes de ingresar a Rusia. Diversos testimonios indican que las supuestas vacantes civiles terminan convirtiéndose en contratos militares para ser enviados a algunas de las zonas más peligrosas del conflicto.

No obstante, las autoridades panameñas reconocen que no todos los casos responden al mismo patrón. El vicecanciller Hoyos explicó que algunos ciudadanos viajaron plenamente conscientes de que participarían en la guerra, mientras que otros sostienen haber sido engañados con falsas promesas de empleo.

La Cancillería también ha recibido reportes de ciudadanos fallecidos, desaparecidos y otros cuyo paradero sigue siendo incierto. Sin embargo, reconoce que la información llega de manera fragmentada y que resulta difícil confirmar si algunos murieron durante los combates o permanecen ocultos tras desertar de las fuerzas militares.

El Gobierno admite además que su capacidad de actuación es limitada, debido a que muchos de los ciudadanos se encuentran desplegados en zonas de combate donde no existe acceso consular permanente.

Mientras el Ministerio Público mantiene abiertas las cuatro investigaciones para determinar si existieron delitos de trata de personas, reclutamiento mediante engaño u otras conductas criminales, la Cancillería reiteró el llamado a la población para desconfiar de ofertas laborales relacionadas con países involucrados en conflictos armados, al advertir que detrás de promesas de altos salarios pueden ocultarse mecanismos de reclutamiento que ponen en riesgo la libertad y la vida de quienes las aceptan.

El relanzamiento de la relación comercial entre Panamá y Perú fue el principal resultado de la primera reunión entre el presidente panameño, José Raúl Mulino, y la nueva mandataria peruana, Keiko Fujimori.

Ambos gobiernos acordaron revisar el Tratado de Libre Comercio (TLC), impulsar un acuerdo de cielos abiertos, fortalecer la cooperación portuaria y avanzar en la adhesión de Perú al Tratado de Neutralidad del Canal, con el objetivo de dinamizar el intercambio económico entre dos países que buscan estrechar sus vínculos comerciales y de inversión.

Durante el encuentro, celebrado horas después de la juramentación de Fujimori para el período 2026-2031, ambos mandatarios coincidieron en que Panamá y Perú son economías complementarias y expresaron su interés en dar un nuevo impulso al acuerdo comercial vigente desde 2012.

Mulino también planteó la necesidad de que Panamá salga de la lista fiscal en la que permanece incluido por Perú e invitó oficialmente a la presidenta peruana a participar en el Foro Económico CAF 2027, que se realizará en Panamá.

“Tenemos la disposición de seguir avanzando en nuestra agenda, desempolvar un poco nuestro tratado de libre comercio; yo me voy muy optimista de este nuevo impulso de la relación Perú-Panamá”, afirmó el mandatario panameño.

El acercamiento ocurre en un momento en que el intercambio comercial entre ambos países mantiene un amplio margen para crecer. Las exportaciones panameñas hacia Perú alcanzaron apenas $2,6 millones entre enero y mayo de 2026, de acuerdo con cifras oficiales.

En los últimos años, los envíos mostraron una evolución irregular: pasaron de $500.000 en 2021 a $2,2 millones en 2022, aumentaron a $8,7 millones en 2023 y alcanzaron $10,2 millones en 2024. En 2025, sin embargo, descendieron a $9 millones, reflejando la necesidad de fortalecer el intercambio bilateral.

Las cifras acumuladas entre 2021 y mayo de 2026 muestran que Panamá exportó a Perú $33,2 millones. Los medicamentos lideraron los envíos con $15,1 millones, equivalentes al 45,6% del total.

Les siguieron las preparaciones y conservas de carne con $4,4 millones; la leche y nata concentradas, con $3,6 millones; el ron y otras bebidas espirituosas, con $2,6 millones; el pescado congelado, con $2,1 millones; y las preparaciones de extracto de malta, con $1,4 millones.

También figuran cacao, desperdicios de plástico, estructuras metálicas, tomates preparados y productos de iluminación, lo que refleja una mayor diversificación de la oferta exportable panameña.

Perú, por su parte, mantiene una presencia mucho más sólida en el mercado panameño. Entre los principales productos que exporta al país destacan las uvas frescas, libros e impresos, cítricos, productos de panadería, conservas de pescado, láminas de plástico, alimentos para animales, pastas alimenticias, medicamentos y baldosas cerámicas, según la ficha comercial del Ministerio de Comercio e Industrias.

Solo en 2024, Panamá importó desde Perú mercancías por $118,1 millones, mientras sus exportaciones alcanzaron $10,6 millones, una diferencia que evidencia el desafío de equilibrar el intercambio comercial.

La relación económica entre ambos países también se apoya en la actividad de la Zona Libre de Colón, desde donde las reexportaciones hacia Perú alcanzaron $396,7 millones en 2024.

Los principales productos enviados fueron teléfonos celulares, cables eléctricos, medicamentos, perfumes, equipos de impresión y computadoras, consolidando a Panamá como una plataforma logística para el comercio regional.

Antes de reunirse con Fujimori, Mulino sostuvo encuentros con los presidentes de Chile, José Antonio Kast, y de Bolivia, Rodrigo Paz, con quienes abordó temas relacionados con la geopolítica regional, los efectos del fenómeno de El Niño y la situación política boliviana.

Con Paz conversó sobre la iniciativa panameña de convocar una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para respaldar la estabilidad institucional de Bolivia, mientras que con Kast reafirmó el interés de fortalecer la cooperación bilateral.

La visita oficial marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre Panamá y Perú. Más allá de los anuncios diplomáticos, el reto será convertir los acuerdos alcanzados en Lima en un mayor flujo de inversiones, una mejor conectividad y un incremento de las exportaciones panameñas hacia uno de los mercados más importantes de Sudamérica.

Panamá registró 12,418 solicitudes de permisos de trabajo para ciudadanos extranjeros durante el primer semestre de 2026, una cifra que refleja la continua demanda de mano de obra internacional en distintos sectores de la economía.

De ese total, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) aprobó 8,781 permisos, mientras que 581 fueron negados, según el más reciente informe preliminar elaborado por el Departamento de Estadística de la entidad.

Las cifras muestran que más de siete de cada diez permisos aprobados fueron otorgados bajo la categoría de Permisos de Trabajo Decreto Ejecutivo 6, que acumuló 6,203 autorizaciones, equivalentes al 70.6% del total aprobado entre enero y junio.

Muy por detrás aparecen los permisos concedidos por Razón Humanitaria, con 1,383 aprobaciones, y los otorgados a residentes permanentes bajo el Decreto Ejecutivo No. 21, con 622.

Otras categorías con mayor volumen fueron los permisos para ciudadanos de países específicos (148), casados con nacionales panameños (141), extranjeros profesionales (98), trabajadores contratados dentro del límite legal del 10% (69) y técnicos especializados (52).

El comportamiento mensual también refleja un aumento en la demanda de permisos conforme avanzó el año. Las solicitudes pasaron de 1,549 en enero a 2,582 en junio, el nivel más alto del semestre.

En paralelo, las aprobaciones se mantuvieron por encima de las 1,400 durante los primeros cinco meses del año, aunque en junio descendieron a 576, una variación que podría responder a que parte de los expedientes continúa bajo evaluación debido al carácter preliminar de las estadísticas publicadas por el Mitradel. El informe, sin embargo, no detalla las razones de esa disminución.

El informe también revela que 581 solicitudes fueron rechazadas durante el período analizado. La mayor parte de las negativas correspondió igualmente a solicitudes tramitadas bajo el Decreto Ejecutivo 6, con 490 casos, seguido por 63 permisos por Razón Humanitaria, nueve solicitudes dentro de la categoría del 10%, ocho de residentes permanentes y cuatro de ciudadanos de países específicos.

La legislación panameña establece límites claros para la contratación de trabajadores extranjeros. El artículo 17 del Código de Trabajo dispone que las empresas deben mantener al menos un 90% de trabajadores panameños dentro de su personal ordinario, por lo que los extranjeros no pueden superar el 10% de la planilla.

La norma permite, además, que hasta un 15% de los trabajadores corresponda a personal técnico o especializado extranjero cuando las funciones requieran conocimientos que no puedan ser cubiertos por mano de obra nacional. Estos porcentajes también aplican al monto total de los salarios pagados por la empresa y pueden autorizarse excepciones en casos específicos contemplados por la ley.

Precisamente, el informe estadístico incorpora las categorías “Dentro del 10%” y “Excedente del 15%”, que corresponden a esos límites establecidos en el Código de Trabajo.

Entre enero y junio se registraron 95 solicitudes para permisos dentro del porcentaje del 10%, de las cuales 69 fueron aprobadas, mientras que la categoría de Excedente del 15% prácticamente no tuvo movimiento, con apenas una aprobación durante el semestre.

Esto evidencia que la mayoría de los trabajadores extranjeros obtiene sus permisos mediante regímenes especiales contemplados en otras disposiciones legales.

La categoría con mayor volumen, correspondiente al Decreto Ejecutivo 6, forma parte del nuevo régimen de permisos laborales implementado por el Gobierno para reorganizar las distintas modalidades de contratación de extranjeros.

Este decreto agrupa permisos vinculados con condiciones migratorias especiales, residencia permanente, reunificación familiar, razones humanitarias y otras categorías que no necesariamente están sujetas a los porcentajes generales del Código de Trabajo, razón por la cual concentra la mayor parte de las autorizaciones emitidas por el Mitradel.

Las estadísticas también reflejan el peso creciente de los regímenes especiales dentro del mercado laboral panameño. Solo las categorías de Permisos Decreto 6, Razón Humanitaria y Residente Permanente sumaron 8,208 permisos aprobados, equivalentes al 93,5% de todas las autorizaciones concedidas en el primer semestre del año.

El comportamiento evidencia que la incorporación de trabajadores extranjeros en Panamá se realiza mayoritariamente a través de mecanismos específicos previstos en la legislación migratoria y laboral, mientras el Estado mantiene los límites establecidos para proteger el empleo de los nacionales y regular la participación de mano de obra extranjera en el mercado laboral.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita ubicar a Carlos Roberto Aguilar Becerra, alias “Robert”, y Franklin Ariel Acevedo Zúñiga, alias “Franklin” o “Franklito”, considerados dos de los delincuentes más buscados de Panamá por su presunta vinculación con delitos de delincuencia organizada.

Ambos mantienen vigente una notificación roja de Interpol, lo que amplía su búsqueda a nivel internacional, mientras las autoridades insisten en que continúan siendo objetivos prioritarios en la lucha contra el crimen organizado.

La publicación difundida por la institución en sus redes sociales forma parte de una campaña permanente para localizar a los presuntos cabecillas de la organización Humildad y Pureza (HP), una estructura criminal que, según investigaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional, evolucionó de una pandilla dedicada a robos entre 2016 y 2017 hasta convertirse en un eslabón clave de las redes internacionales de narcotráfico que operan entre Colombia, Panamá, Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo mantiene vínculos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, actuando como receptor, custodio y transportista de grandes cargamentos de cocaína que ingresan al territorio panameño.

Las autoridades atribuyen a “Robert” y “Franklin” un papel central dentro de esa organización. Ambos son requeridos por investigaciones relacionadas con narcotráfico, delincuencia organizada, homicidios por encargo, porte ilegal de armas y blanqueo de capitales, delitos que, según la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, forman parte de la estructura criminal que dirigían.

La Policía ofrece 100.000 dólares por información que conduzca a la captura de Aguilar Becerra y 75.000 dólares por Acevedo Zúñiga, para un total de 175.000 dólares en recompensas, cifras superiores a las ofrecidas cuando fueron declarados prófugos en 2021.

La historia de Los HP cambió radicalmente en diciembre de 2021, cuando las autoridades ejecutaron la Operación Damasco, considerada uno de los mayores golpes contra esta organización.

Durante el operativo fueron detenidas alrededor de 30 personas, entre ellas presuntos colaboradores de la estructura, mientras que las investigaciones también alcanzaron a una funcionaria del Órgano Judicial y a Teresina Vigil, conocida como “La Patrona”, señalada por la Fiscalía de brindar apoyo logístico al grupo. Sin embargo, “Robert” y “Franklin” lograron escapar, convirtiéndose desde entonces en los principales prófugos del caso.

Las investigaciones sostienen que la organización operaba como una franquicia criminal al servicio del Clan del Golfo. Su función consistía en recibir cargamentos de droga procedentes de Colombia en las costas de Colón, almacenarlos temporalmente y trasladarlos posteriormente hacia la ciudad de Panamá o Centroamérica, utilizando rutas marítimas y terrestres.

Ese modelo permitió a la banda expandir sus operaciones y diversificar sus actividades hacia el sicariato, el lavado de dinero y el tráfico de armas, consolidándose como una de las estructuras criminales más importantes identificadas por las autoridades panameñas.

Aunque los dos principales cabecillas continúan prófugos, este año las autoridades han seguido golpeando estructuras vinculadas al nombre HP.

El pasado 25 de junio, la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron la Operación Bastión, mediante la cual fueron capturados seis presuntos integrantes de la pandilla HP San Joaquín, incluido su supuesto líder, alias “Cálido Lince”, investigado por homicidios, lesiones personales y delitos relacionados con drogas. Durante los allanamientos también fue decomisada un arma de fuego y otros indicios.

Las acciones continuaron semanas después. El 9 de julio, unidades policiales localizaron en una zona boscosa de San Joaquín a dos presuntos integrantes de esa misma estructura, conocidos con los alias “Mata Sapo” y “Potongo”, quienes permanecían prófugos tras la Operación Bastión.

Posteriormente, un juez de garantías ordenó su detención provisional mientras avanzan las investigaciones por el delito de asociación ilícita o pandillerismo.

Pese a los operativos, decomisos y decenas de capturas realizadas desde 2021, la captura de “Robert” y “Franklin” sigue siendo considerada una pieza clave para cerrar uno de los expedientes más emblemáticos contra el crimen organizado en Panamá.

La permanencia de ambos en condición de prófugos, sumada a las alertas rojas de Interpol y al aumento de las recompensas por información que permita ubicarlos, refleja que las autoridades consideran que la desarticulación total de Los HP aún no estará completa mientras sus presuntos máximos líderes permanezcan fuera del alcance de la justicia.

Mientras las autoridades panameñas lograron sacar de circulación 624 armas de fuego entre enero y mayo de este año, la violencia armada continúa dominando los delitos contra la vida en el país.

Las estadísticas del Ministerio Público muestran que 255 de los 300 homicidios registrados durante el primer semestre de 2026 fueron cometidos con armas de fuego, lo que significa que ocho de cada diez asesinatos ocurrieron utilizando este tipo de armamento, que sigue siendo el principal desafío para las estrategias de seguridad pública.

Las cifras del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) reflejan que las 624 armas recuperadas representan un promedio de más de cuatro armas sacadas de circulación cada día durante los primeros cinco meses del año.

La mayoría corresponde a pistolas, con 295 unidades, seguidas por 93 revólveres, 60 escopetas, 47 rifles y 15 fusiles, además de otras 114 armas clasificadas en diferentes categorías.

El informe también muestra que el 69% de las armas fueron decomisadas durante operativos de los estamentos de seguridad, mientras que un 25% fueron incorporadas como indicios dentro de investigaciones penales.

El resto corresponde a armas incautadas, recuperadas o encontradas durante diligencias de requisa. Estos datos reflejan que buena parte del armamento retirado de circulación proviene de acciones policiales dirigidas contra organizaciones criminales y otros delitos.

La distribución territorial evidencia que la provincia de Panamá concentra prácticamente la mitad de todas las armas recuperadas en el país.

Entre enero y mayo fueron contabilizadas 308 armas en esa provincia, seguida por Colón con 73, Panamá Oeste con 66, Veraguas con 44, Herrera con 40 y Chiriquí con 36. Solo Panamá, Colón y Panamá Oeste reúnen 447 armas, equivalentes a cerca del 72% del total nacional.

La evolución histórica también permite dimensionar el fenómeno. Desde que existen registros oficiales del SIEC, 2010 continúa siendo el año con la mayor cantidad de armas recuperadas, con 3.756, una cifra muy superior al resto de la serie estadística.

Tras ese pico se produjo una caída sostenida, aunque las recuperaciones volvieron a incrementarse en los últimos años. En 2021 se contabilizaron 387 armas, en 2022 fueron 619 y, aunque el dato de 2026 corresponde únicamente al período comprendido entre enero y mayo, ya suma 624 armas, superando esos registros parciales cuando todavía resta más de la mitad del año.

Las estadísticas de homicidios muestran por qué las armas de fuego continúan siendo una prioridad para las autoridades. Entre el 1 de enero y el 30 de junio se registraron 300 víctimas de homicidio, de las cuales 255 murieron por disparos, equivalente al 85% del total.

Muy por detrás aparecen los homicidios cometidos con arma blanca, con 24 casos (8%); asfixia mecánica, con ocho; objetos contundentes, con cuatro; incendiarismo, con tres, y golpes, con dos víctimas.

La geografía de la violencia también guarda similitudes con la distribución de las armas recuperadas. Panamá, donde se recuperó la mayor cantidad de armamento, también encabeza las estadísticas de homicidios con 133 víctimas durante el primer semestre.

Le siguen San Miguelito, con 54 homicidios; Colón, con 52; y Panamá Oeste, con 27, territorios donde igualmente se concentra una parte importante de las incautaciones realizadas por los organismos de seguridad.

El perfil de las víctimas también evidencia el impacto de la violencia armada sobre la población joven. Del total de homicidios registrados este año, 279 víctimas eran hombres, equivalente al 93%, mientras que 21 eran mujeres. El grupo de edad más afectado corresponde a los jóvenes entre 18 y 24 años, con 75 víctimas, seguido por las personas de 25 a 29 años, con 54, y las de 30 a 34 años, con 42 homicidios.

En cuanto al comportamiento mensual de las recuperaciones de armas, enero fue el mes con mayor cantidad, al registrar 158 armas, seguido por mayo con 134, febrero con 120, abril con 114 y marzo con 98.

Aunque las cifras muestran variaciones respecto al mismo período del año anterior, el promedio se mantiene por encima de las cuatro armas recuperadas por día.

Las estadísticas oficiales reflejan así una paradoja para las autoridades panameñas. Mientras cientos de armas ilegales son retiradas de circulación mediante operativos policiales, las armas de fuego continúan siendo el instrumento utilizado en la inmensa mayoría de los homicidios registrados en el país.

La coincidencia entre las provincias con mayor número de armas recuperadas y aquellas donde se concentran los asesinatos confirma que el combate al tráfico, porte y circulación ilegal de armamento sigue siendo uno de los principales retos para reducir la violencia en Panamá.

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico continúan recurriendo al uso de caletas subterráneas para ocultar cargamentos de droga, protegerlos de las autoridades y mantenerlos almacenados hasta encontrar el momento adecuado para trasladarlos por mar, tierra o aire hacia mercados internacionales.

Esta modalidad volvió a quedar al descubierto en Panamá luego de que unidades del Servicio Nacional Aeronaval localizaran una caleta clandestina en el sector de Cuango, Costa Arriba, de Colón, donde permanecían enterrados 280 paquetes de presunta sustancia ilícita.

El hallazgo fue resultado de labores de inteligencia y patrullajes terrestres desarrollados por unidades aeronavales desplegadas en el área. Tras varias horas de búsqueda, los agentes encontraron cinco sacos ocultos bajo tierra, una técnica utilizada por las organizaciones criminales para disminuir el riesgo de que la droga sea detectada durante operativos de vigilancia.

Las llamadas caletas constituyen uno de los métodos más utilizados por las redes del narcotráfico internacional en países de tránsito como Panamá.

Estos depósitos clandestinos suelen construirse en áreas boscosas, fincas, playas, manglares o zonas de difícil acceso, donde los cargamentos permanecen ocultos durante días o incluso semanas antes de ser recuperados por otros integrantes.

El objetivo es reducir la exposición de la droga durante los traslados y fragmentar la cadena logística para dificultar las investigaciones.

Tras el hallazgo en Cuango, la Aeronaval coordinó con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala el traslado de la evidencia hasta la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en Sherman. Allí fueron contabilizados 280 paquetes distribuidos en cinco sacos, cuyo contenido será confirmado mediante análisis periciales.

Con esta incautación, el Senan informó que durante 2026 ha decomisado 42.502 paquetes de sustancias ilícitas en 74 operaciones antidrogas, como parte de acciones permanentes para combatir las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional.

Las cifras oficiales reflejan que Panamá continúa siendo uno de los principales corredores del narcotráfico en la región. De acuerdo con el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), entre enero y mayo de este año fueron decomisadas 47,04 toneladas, de las cuales 28,47 toneladas correspondieron a cocaína y 18,45 toneladas a marihuana, mientras que el resto se distribuyó entre metanfetaminas, THC, éxtasis.

El informe también muestra que Colón concentra el mayor volumen de incautaciones del país, con 13,38 toneladas, seguido por Panamá (9,52 toneladas), Panamá Oeste (9,09 toneladas), Chiriquí (7,24 toneladas) y Los Santos (4,94 toneladas).

En el otro extremo aparecen Darién con 1,83 toneladas, Coclé con 0,77 y Guna Yala con 0,25 toneladas, mientras que Veraguas y Herrera no reportaron decomisos durante ese período.

El comportamiento mensual evidencia además que mayo fue el mes con mayor cantidad de droga decomisada, al acumular 12,49 toneladas, por encima de febrero (10,50 toneladas) y enero (9,95.

Las investigaciones por delitos relacionados con drogas también continúan avanzando en distintas provincias. En Chiriquí, la Fiscalía Regional logró una condena de 80 meses de prisión contra un hombre que aceptó su responsabilidad por el delito de comercialización de sustancias ilícitas.

El condenado fue capturado el pasado 23 de julio en David, durante una diligencia de registro e inspección en la que las autoridades encontraron drogas y otros. Además de la pena de prisión, el Tribunal le impuso una inhabilitación.

Mientras tanto, en la provincia de Panamá, la Operación Corsario permitió desarticular una estructura criminal que, según la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, era investigada desde 2024 con apoyo de autoridades del Reino de España.

Las diligencias de allanamiento realizadas en el corregimiento de Betania culminaron con cinco personas imputadas por presuntos delitos de conspiración para el tráfico de.

Como parte de esa investigación, dos de los imputados permanecerán en detención provisional, mientras que otros tres deberán cumplir la medida cautelar de reporte periódico durante el desarrollo de la investigación. Según la Fiscalía, la organización presuntamente utilizaba una estructura destinada a facilitar operaciones de narcotráfico y lavado de, en un caso que evidencia el alcance internacional de redes.

Tres estudiantes fueron expulsadas del Centro Educativo José María Barranco, en La Chorrera, por su presunta participación en una agresión contra una estudiante de 15 años que permaneció cerca de un mes hospitalizada debido a las lesiones sufridas.

El ataque ocurrió el pasado 25 de junio dentro de uno de los baños del plantel y se suma a una serie de episodios violentos registrados este año en centros educativos y zonas escolares de Panamá.

La adolescente fue golpeada en el cuello, la cabeza y el pecho, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital Nicolás A. Solano, donde permaneció recluida durante aproximadamente un mes.

Sus familiares presentaron una denuncia ante la Fiscalía, que deberá determinar las responsabilidades penales relacionadas con el ataque.

Autoridades del Ministerio de Educación visitaron este lunes el colegio y posteriormente se trasladaron a la residencia de la menor para dar seguimiento a su recuperación física y emocional.

También comenzaron a evaluar alternativas para que la estudiante y su hermana puedan continuar sus estudios en otro centro educativo donde se sientan seguras.

El director regional de Educación de Panamá Oeste lamentó lo ocurrido y aseguró que, desde el primer momento, docentes, directivos y personal especializado han acompañado a la familia. La prioridad, explicó, es facilitar la recuperación emocional de la adolescente y garantizar su reintegración al sistema educativo en un plantel diferente.

Las autoridades educativas confirmaron que las tres estudiantes señaladas fueron separadas del colegio. De acuerdo con el Meduca, las normas disciplinarias establecen que, ante agresiones de esta gravedad, los involucrados deben ser retirados inmediatamente del plantel, aunque el Estado mantiene la obligación de garantizarles la continuidad de sus estudios en otro centro.

La estudiante afectada relató que antes de la golpiza ya se habían producido amenazas y conflictos con otras compañeras. Según la información recopilada por el Meduca, los padres de familia tenían conocimiento de esas diferencias, aunque las jóvenes que habrían formulado las amenazas no fueron necesariamente quienes ejecutaron posteriormente la agresión.

El hecho ocurre en medio de un año marcado por múltiples ataques protagonizados por adolescentes en centros educativos panameños.

En junio, dos jóvenes de 15 y 16 años fueron enviados a detención provisional tras ser imputados por tentativa de homicidio debido a dos agresiones con arma blanca ocurridas con tres días de diferencia dentro de un plantel de la ciudad de Colón.

El primer ataque ocurrió el 16 de junio, cuando un adolescente de 16 años presuntamente hirió en el cuello a otro estudiante de 15 años. El segundo se produjo el 19 de junio, cuando otro alumno atacó con un arma blanca a un compañero de la misma edad.

Días después, un tercer estudiante resultó herido con un objeto punzocortante dentro del colegio José Guardia Vega. Además, el 4 de marzo, en los predios de un centro educativo de Puerto Escondido, en Colón, un adolescente de 16 años presuntamente efectuó múltiples disparos contra un menor de 14 años, quien tuvo que ser hospitalizado.

El señalado fue imputado por tentativa de homicidio y quedó bajo detención provisional.

Otro episodio ocurrió el 27 de abril en las inmediaciones de una escuela pública de Las Trancas, en San Miguelito. Un adolescente de 16 años realizó varios disparos contra personas que se encontraban en el lugar y causó heridas a un conductor y a un estudiante que transitaba por el área. El menor también disparó contra agentes policiales antes de ser capturado.

Las cifras del Ministerio Público muestran que entre enero y mayo de 2026 las Fiscalías Superiores de Adolescentes recibieron 1.998 denuncias por delitos presuntamente cometidos por menores de edad, un aumento del 21 % frente al mismo periodo de 2025. Los delitos contra la vida y la integridad personal registraron un crecimiento del 40,9 %.

Ante la preocupación de los padres del colegio José María Barranco, el Meduca informó que el plantel cuenta actualmente con seis inspectores y que se buscará reforzar la vigilancia durante los recreos, las entradas y las salidas, además de coordinar apoyo policial en los alrededores. Sin embargo, las autoridades admitieron que aumentar el número de inspectores no resolverá por sí solo el problema.

El director regional sostuvo que factores familiares y sociales están influyendo en la conducta de algunos jóvenes y pidió a los padres asumir un papel más activo. “Los primeros maestros de nuestros hijos son los padres”, señaló al defender la necesidad de promover desde el hogar una cultura de diálogo, disciplina y resolución pacífica de los conflictos.

El Meduca también anunció que reforzará los gabinetes psicopedagógicos, de los cuales actualmente existen 21 en Panamá Oeste.

El objetivo será identificar señales de violencia, acompañar a las víctimas y trabajar con estudiantes que presentan conductas agresivas, mientras avanzan las investigaciones judiciales relacionadas con la golpiza de La Chorrera.

El presidente José Raúl Mulino aseguró que la transformación institucional del Estado mediante una Asamblea Nacional Constituyente será una de las principales prioridades de su administración a partir de 2027 y, de concretarse, representará “el legado más grande” de su gobierno.

El mandatario sostuvo que el actual modelo institucional “no funciona” y requiere cambios profundos para responder a los desafíos que enfrenta el país.

Durante un encuentro organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Mulino explicó que 2027 será un año clave para su administración, ya que además de consolidar la recuperación económica buscará avanzar en la reforma del Estado mediante una constituyente con participación de distintos sectores de la sociedad, similar al proceso que dio origen a la Constitución de 1946.

“No le tengan miedo”, expresó el mandatario al referirse a la propuesta. Agregó que no será un mecanismo para disolver ningún poder del Estado ni para permitir una reelección presidencial, sino una oportunidad para construir un nuevo marco institucional de forma democrática. “Este sistema no funciona”, insistió durante su intervención ante empresarios y representantes de diversos gremios.

Mulino argumentó que la burocracia, los problemas de funcionamiento de las instituciones, la corrupción y la creciente infiltración del narcotráfico justifican una transformación constitucional.

A su juicio, la estructura actual dificulta la toma de decisiones y limita la capacidad del Estado para responder con mayor eficiencia a las necesidades de la población.

Las declaraciones del mandatario se producen mientras el Ejecutivo desarrolla el Programa Nacional de Alfabetización Constitucional, liderado por el constitucionalista Miguel Antonio Bernal desde la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (SEPRESAC).

La iniciativa busca que la ciudadanía conozca el contenido de la Constitución y participe de manera informada en el debate sobre una eventual reforma.

El programa contempla cabildos abiertos, seminarios, conferencias, jornadas de capacitación y consultas ciudadanas en todo el país.

De acuerdo con la hoja de ruta presentada por el Gobierno, 2025 corresponde a la etapa de alfabetización constitucional, mientras que 2026 estará dedicado a elaborar propuestas y definir el perfil de quienes podrían integrar una futura Asamblea Constituyente.

La planificación oficial contempla que la elección de los constituyentes pueda desarrollarse en 2027, para posteriormente someter el nuevo texto constitucional a referéndum y, de ser aprobado, entre en vigencia en 2029.

Los mecanismos para reformar la Constitución

La Constitución Política de Panamá establece dos mecanismos para introducir modificaciones a su texto.

El primero es la reforma parcial, mediante actos legislativos aprobados por la Asamblea Nacional en dos legislaturas ordinarias consecutivas y posteriormente sometidos a referéndum, o aprobados por dos tercios de los diputados en una sola legislatura y ratificados también mediante consulta popular.

El segundo mecanismo es la Asamblea Constituyente Paralela, incorporada mediante las reformas constitucionales de 2004. En este caso, la ciudadanía debe aprobar mediante referéndum la convocatoria de una constituyente y posteriormente elegir a los ciudadanos que tendrán la responsabilidad de redactar una nueva Constitución.

Aunque el debate público también ha girado en torno a una Asamblea Constituyente Originaria, esa figura no está regulada expresamente dentro de la Constitución vigente y su alcance jurídico ha sido objeto de distintas interpretaciones entre constitucionalistas.

La última reforma constitucional de gran alcance fue aprobada en 2004, durante la administración del expresidente Martín Torrijos, cuando se introdujeron cambios relacionados con la organización del Estado, el Canal de Panamá, el régimen municipal y diversas instituciones públicas.

Con sus declaraciones ante APEDE, Mulino volvió a colocar la reforma constitucional en el centro del debate nacional, al identificarla como una de las principales metas para la segunda mitad de su mandato.

Si bien el Gobierno mantiene en marcha el proceso de alfabetización constitucional, cualquier modificación a la Carta Magna deberá ajustarse a los procedimientos previstos por la Constitución y requerirá un amplio respaldo ciudadano y político antes de convertirse en una realidad.

El mercado asegurador panameño cerró el primer semestre de 2026 con $1,086 millones en primas suscritas, un aumento de 5.5% frente a los $1,029 millones registrados durante el mismo periodo del año pasado.

Las compañías también reportaron 2.43 millones de pólizas vigentes, 5.3% más, mientras que los siniestros pagados alcanzaron $484 millones, con un crecimiento de 2.3%.

Los seguros de personas mostraron el mayor dinamismo, con primas por $561 millones y un avance interanual de 7.5%. Este grupo, que incluye vida, salud y accidentes personales, representó 51.7% de las primas del mercado, frente a 48.3% aportado por los ramos generales. Los pagos por siniestros en este segmento aumentaron 7.2%, hasta $273 millones.

El ramo de salud continuó como el principal componente del negocio asegurador, al acumular $295 millones en primas, equivalentes a 27.2% del total.

La cifra aumentó 9.6%, aunque el número de pólizas bajó 2.7%, una combinación que apunta a un mayor valor promedio de las coberturas. Los siniestros médicos pagados ascendieron a $192 millones, 6.2% más que en 2025.

Los seguros de automóvil ocuparon la segunda posición, con $183 millones en primas y un incremento de 9.6%. Las pólizas vigentes crecieron 7.8% y superaron el millón, mientras los pagos por choques, daños y otras coberturas aumentaron 17.2%, hasta $128 millones.

Este comportamiento refleja una expansión del parque asegurado, pero también una mayor presión por reclamaciones.

En vida individual, las primas alcanzaron $105 millones y crecieron 11.3%. El número de pólizas subió 29%, impulsado por las renovaciones y las nuevas contrataciones.

Sin embargo, los siniestros aumentaron 50.7%, hasta $30 millones, debido principalmente al fuerte incremento en los pagos relacionados con pólizas renovadas.

Los seguros colectivos de vida mostraron un desempeño casi estable, con primas por $139 millones y un crecimiento de apenas 0.4%. La cantidad de personas aseguradas disminuyó 2.7% y las pólizas registraron una reducción de 77.4%, afectadas principalmente por el descenso en los colectivos de deudores. Los siniestros bajaron 9.2%, hasta $44 millones.

Entre los segmentos que crecieron destacó casco, que cubre embarcaciones y aeronaves, con un aumento de 14% en primas, hasta $25 millones. La expansión estuvo concentrada en las coberturas marítimas, que avanzaron 53.1%, mientras que el componente aéreo retrocedió 9.9%. Los siniestros totales del ramo cayeron 68.7%, por una fuerte reducción en las reclamaciones aeronáuticas.

También avanzaron riesgos diversos y fianzas. El primero aumentó 3.6%, hasta $94 millones, impulsado por responsabilidad civil y nuevas coberturas vinculadas al fraude con tarjetas. Las fianzas crecieron 7.4%, hasta $70 millones, aunque el número de pólizas cayó más de 54% por cambios en la clasificación de sus modalidades.

En contraste, incendio y líneas aliadas perdió 5.1%, al cerrar con $118 millones. Aunque el componente residencial aumentó 3.7%, las primas comerciales disminuyeron 9.2% y las industriales 15.3%. Los siniestros del ramo bajaron 21.5%, debido principalmente a menores pagos en coberturas comerciales.

Los seguros de multirriesgo retrocedieron 14.1%, transporte de carga bajó 5.9% y los ramos técnicos disminuyeron 13.8%. En transporte, el negocio terrestre cayó 24.6%, mientras el marítimo creció 16.7%. Los ramos técnicos estuvieron afectados por menores primas en construcción, montaje y equipo pesado, aunque aumentaron las coberturas de equipos electrónicos.

En la distribución exclusivamente local, la provincia de Panamá concentró 3.31 millones de unidades aseguradas, equivalentes a aproximadamente 73% del total nacional, además de 1.68 millones de pólizas vigentes. Le siguieron Chiriquí, con 322,173 unidades; Panamá Oeste, con 301,355; Veraguas, con 143,348; Colón, con 121,087; y Herrera, con 112,597.

La elevada concentración territorial muestra que el crecimiento del mercado sigue dependiendo principalmente de la capital y su zona metropolitana, mientras las provincias mantienen una participación considerablemente menor.

El desafío para el sector será ampliar la penetración de seguros de salud, vida, vivienda, actividad agropecuaria y pequeños negocios fuera de Panamá, donde una parte importante de la población continúa sin coberturas suficientes.

Panamá aprobó una nueva herramienta para endurecer el manejo ambiental de las granjas porcinas, con medidas que buscan evitar que el estiércol, la orina y otros residuos de la actividad terminen contaminando ríos, quebradas, suelos y fuentes subterráneas utilizadas para abastecer de agua a la población.

La Guía de Buenas Prácticas Agroambientales para la Gestión Integral de Residuos de las Granjas Porcinas en Cuencas Hidrográficas fue oficializada mediante la Resolución DM-0368-2026, del 17 de julio, publicada en la Gaceta Oficial del 20 de julio. Los productores tendrán hasta 12 meses para adecuar sus operaciones, bajo acompañamiento y fiscalización de las instituciones competentes.

La medida se aprueba después de que el manejo inadecuado de residuos pecuarios en la cuenca del río La Villa quedara señalado entre los factores que desencadenaron la crisis hídrica más grave sufrida por la península de Azuero.

Más de un año después, miles de usuarios de Herrera y Los Santos todavía no pueden beber directamente el agua que sale de sus grifos, porque continúa sin cumplir las condiciones para consumo humano.

Uno de los cambios más importantes es que toda granja porcina deberá implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, cuyo diseño tendrá que ser evaluado y aprobado por las autoridades.

El sistema deberá ajustarse a la cantidad de animales, la proyección de crecimiento, el volumen y características de los desechos, la permeabilidad del suelo, la topografía y el espacio disponible.

En la práctica, esto significa que no será suficiente mantener lagunas improvisadas o descargar los purines sin tratamiento adecuado. Los sistemas deberán reducir la materia orgánica, disminuir el nitrógeno que puede contaminar aguas superficiales y subterráneas, y controlar gases dañinos como el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno y el metano.

La guía contempla tecnologías como biodigestores, separación de sólidos y líquidos, tratamientos biológicos o fisicoquímicos, lagunas de estabilización, humedales artificiales y compostaje. También permite aprovechar los residuos tratados como fertilizantes o para producir biogás, siempre que se cumplan las normas ambientales y sanitarias vigentes.

Las lagunas deberán estar debidamente selladas para impedir filtraciones y ubicarse lejos de ríos, quebradas, acuíferos, viviendas y zonas recreativas. En suelos arenosos podrá requerirse una geomembrana impermeable, mientras que las fincas tendrán que establecer sistemas para evitar desbordamientos y franjas vegetales que frenen la escorrentía de contaminantes hacia cuerpos de agua cercanos.

Otro cambio relevante es la creación de un sistema de supervisión continua, que incluye evaluaciones anuales, revisión de documentos, toma de muestras de agua, suelo y aire, y verificaciones directas de las prácticas desarrolladas dentro de las fincas.

Las autoridades también podrán realizar inspecciones sin notificación previa para comprobar el cumplimiento cotidiano de las medidas.

Los productores deberán facilitar al menos dos inspecciones por año, mantener registros actualizados, documentar avances medibles y demostrar que las prácticas fueron incorporadas permanentemente a sus operaciones. Además, tendrán que registrarse en los sistemas oficiales de trazabilidad y reportar inmediatamente enfermedades infectocontagiosas que afecten a animales o trabajadores.

El incumplimiento también tendrá consecuencias. La guía permite suspender beneficios, certificaciones y apoyos institucionales cuando un productor no demuestre avances razonables, aplique prácticas contrarias a las reglas, impida las inspecciones o utilice fraudulentamente la certificación ambiental.

El documento exige además que las áreas de almacenamiento de estiércol tengan techos, pisos impermeables y sistemas que eviten escurrimientos hacia el exterior. Los residuos peligrosos deberán separarse desde su origen, registrarse y permanecer almacenados temporalmente por un máximo de tres meses antes de recibir una disposición final autorizada.

Las granjas también deberán contar con áreas específicas para animales muertos, protegidas contra el ingreso de otros animales y con mecanismos para controlar líquidos contaminantes. La guía recomienda retirar los cadáveres de los corrales en un plazo no mayor de 24 horas y prohíbe destinarlos al consumo humano o animal.

La herramienta fue elaborada por MiAmbiente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, junto con asociaciones del sector porcino. Está dirigida especialmente a pequeños y medianos productores, quienes recibirán orientación técnica, capacitación y evaluaciones periódicas para cumplir gradualmente con las nuevas exigencias.

La guía reconoce que la porcicultura genera unos 200 millones de dólares anuales, aporta el 7.7% del valor bruto de la producción agropecuaria y emplea a más de 30,000 personas. El reto ahora será comprobar que la fiscalización sea constante y que las nuevas disposiciones no queden únicamente escritas en un documento, especialmente después del impacto que la contaminación del río La Villa continúa teniendo sobre miles de habitantes de Azuero.

Lo que comenzó como una revisión rutinaria para mejorar un reporte interno de recaudación terminó destapando uno de los mayores casos de presunta manipulación del sistema tributario panameño.

Un informe técnico elaborado por la Dirección General de Ingresos (DGI) revela que fueron una serie de inconsistencias, omisiones y patrones repetitivos los que llevaron a descubrir una estructura que, según las investigaciones, habría generado un perjuicio superior a $40 millones mediante el sistema E-Tax 2.0.

El documento, que sirvió de base para la investigación penal conocida como Operación Pandora, permite reconstruir las nueve principales señales de alerta que despertaron las sospechas de los auditores y que posteriormente dieron paso a allanamientos, órdenes de captura y procesos judiciales contra funcionarios y particulares.

La primera señal surgió casi por accidente. Mientras la Sección de Agentes de Retención desarrollaba un nuevo reporte para comparar las declaraciones del formulario 4331 con los pagos efectivamente recibidos por la DGI, detectó que BAC International Bank aparecía con importantes retenciones registradas en el sistema, pero sin el correspondiente respaldo de pago en efectivo.

En cambio, el sistema mostraba documentos de ajustes que habían sido aplicados como si se tratara de pagos válidos.

La segunda alerta apareció cuando los auditores solicitaron oficialmente el listado completo de esos ajustes. El informe explica que dos movimientos nunca fueron incluidos en la documentación entregada inicialmente por el área de Cuenta Corriente, pese a que existían dentro del sistema. Esa omisión llevó a revisar directamente las bases de datos de E-Tax 2.0.

La tercera señal fue el propio volumen de operaciones. La auditoría identificó 61 ajustes por un valor superior a $42.471 millones, aunque cuatro de ellos correspondían a resoluciones legítimas previamente aprobadas por la DGI. Al excluir esas operaciones, permanecían decenas de movimientos sin justificación suficiente para iniciar la investigación.

La cuarta evidencia surgió al reconstruir la trazabilidad completa de cada trámite. Los investigadores imprimieron cada expediente, identificaron quién creó las solicitudes, quién las aprobó, qué funcionarios intervinieron, las fechas, los mensajes internos y los documentos asociados. El resultado fueron 17 expedientes físicos con aproximadamente 5.000 folios de evidencia documental.

La quinta señal fue quizás una de las más llamativas. Muchos de los ajustes se sustentaban en transacciones realizadas hacía cinco, diez y hasta más de quince años, cuyas operaciones originales ya habían concluido exitosamente y cuyos pagos figuraban correctamente registrados.

Sin embargo, años después fueron anulados o modificados para liberar créditos tributarios nuevamente utilizables. Los auditores calificaron como inusual que solicitudes de anulación se presentaran después de tanto tiempo sin existir nuevos elementos que las justificaran.

La sexta modalidad consistía en anular declaraciones tributarias utilizando una resolución que únicamente permite hacerlo cuando fueron presentadas “sin corresponder”.

Sin embargo, al revisar expedientes de compraventas de acciones, fincas y otros activos, los auditores comprobaron mediante escrituras públicas, registros oficiales e incluso información publicada por las propias empresas que las operaciones sí habían ocurrido, por lo que no existía fundamento aparente para anularlas.

La séptima señal fue la utilización de créditos provenientes de pagos no aplicados para beneficiar a otros contribuyentes. Según el informe, una vez liberadas las boletas mediante anulaciones o ajustes, esos montos eran trasladados posteriormente hacia terceros mediante solicitudes de corrección y cesión, cambiando completamente al beneficiario original del pago.

La octava alerta estuvo relacionada con la alteración del código tributario 202 (ITBMS) y otros movimientos realizados mediante solicitudes de corrección dentro del módulo BPM-GTR. La auditoría concluye que el sistema permitía modificar el destino final de pagos previamente registrados utilizando distintos tipos de ajustes administrativos.

Finalmente, la novena señal fue la existencia de ajustes sin respaldo documental suficiente. En algunos expedientes los auditores encontraron operaciones millonarias que carecían de memorandos, resoluciones u otra documentación que justificara los cambios realizados dentro del sistema, mientras otros ajustes solo estaban respaldados por un memorando específico cuya validez también fue sometida a revisión.

Más allá del sofisticado manejo informático, el propio informe deja ver que fueron los errores administrativos y la repetición de patrones los que terminaron exponiendo el mecanismo.

La investigación comenzó porque un reporte interno no coincidía con otro; luego aparecieron documentos omitidos, operaciones antiguas reactivadas, expedientes sin sustento y anulaciones sobre transacciones cuya existencia pudo verificarse mediante registros públicos, escrituras notariales e incluso publicaciones corporativas disponibles en internet.

Con esa evidencia, la DGI remitió el expediente al Ministerio Público, dando origen a la Operación Pandora, que actualmente investiga una presunta organización integrada por funcionarios y particulares dedicada a manipular E-Tax 2.0 para obtener beneficios económicos ilícitos.

La investigación alcanza a una estructura integrada por abogados, funcionarios en ejercicio y exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), quienes presuntamente aprovecharon sus conocimientos sobre los procedimientos internos y los accesos al sistema E-Tax 2.0 para ejecutar ajustes tributarios irregulares.

De acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público, el expediente involucra al menos a 19 personas y, hasta el momento, ya registra dos acuerdos de pena homologados y otros dos en proceso, mientras continúan las investigaciones para determinar el grado de participación y las responsabilidades individuales de cada uno de los implicados.

El Ministerio de Gobierno introdujo 13 grupos de modificaciones al pliego de cargos para la construcción del Complejo Penitenciario de Provincias Centrales y extendió hasta el 13 de agosto de 2026 el plazo para recibir las propuestas de las empresas interesadas.

La presentación estaba programada inicialmente para el 23 de julio, pero la primera adenda trasladó la entrega hasta las 10:00 a.m. del 13 de agosto, mientras que la apertura de las ofertas se realizará un minuto después. El cambio concede tres semanas adicionales a los participantes para preparar la documentación técnica, financiera y legal requerida.

La segunda adenda modificó algunas de las condiciones señaladas durante la reunión de homologación. Uno de los principales ajustes se produjo en el requisito de capital de trabajo: el documento original exigía que la suma correspondiente a 2024 y 2025 alcanzara al menos el 50% del precio de referencia. Ahora se tomará únicamente el estado financiero de 2025 y se exigirá un mínimo de $50 millones.

También se aclaró que las empresas podrán presentar hasta tres cartas de referencias comerciales para acreditar líneas de crédito de proveedores equivalentes al 5% del valor del proyecto. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio, cualquiera de sus integrantes podrá aportar esas cartas.

En materia de experiencia, se mantuvo la exigencia de presentar cinco certificaciones: dos relacionadas con obras de alta complejidad por al menos $100 millones y tres correspondientes a infraestructuras de seguridad.

Sin embargo, se precisó que, para acreditar experiencia obtenida mediante un consorcio anterior, la empresa deberá haber mantenido una participación igual o superior al 50%, en lugar de exigir que esta fuera estrictamente mayor.

Otro cambio amplió de 10 a 15 años la experiencia profesional considerada para arquitectos, diseñadores estructurales, gerentes de proyectos, residentes de obra e ingenieros electromecánicos. Además, se detallaron nuevas formas de certificar los proyectos ejecutados, mediante planos, notas notariales de empleadores y documentos que identifiquen el cargo, el período de participación y las obras realizadas.

Las modificaciones también alcanzaron las especificaciones de la infraestructura. Aunque el complejo mantendrá una capacidad para 3,000 privados de libertad, el sistema de agua potable y el tanque de reserva deberán dimensionarse para atender a 3,900 personas, al incluir también a custodios, funcionarios y demás personal que operará en las instalaciones.

En el componente estructural, la resistencia recomendada del concreto aumentó de 280 a 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Para las celdas se establecieron camas de acero inoxidable de calibre mínimo 12 y mobiliario, sanitarios, lavamanos y divisiones con materiales antivandálicos de calibre mínimo 14.

La adenda también precisó que los equipos tecnológicos deberán incluir integración, pruebas de funcionamiento y capacitación básica del personal. Se incorporaron referencias internacionales para videovigilancia, control de accesos, cableado y seguridad electrónica, sin restringir la participación de fabricantes.

El mantenimiento preventivo y correctivo se extenderá durante 1,095 días, equivalentes a 36 meses. Para reparaciones y fallas imprevistas se fijó un máximo de $1 millón, que solo podrá utilizarse cuando se produzcan eventos debidamente sustentados.

Los ajustes responden, en parte, a las observaciones formuladas por 18 empresas nacionales e internacionales durante la reunión previa. Entre las asistentes estuvieron Sucursal de Obras Huarte Lain Panamá, Contracta-UK, Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura.

También han mostrado interés CTL Ingeniería, Global Delfos International, Constructora de León, Asocsa, LAC Consulting, Tutum Tech, Eduadvance, Negocios Triple RRR, Impex Comercial, Centroequipos, Padeco Seguros y Assa Compañía de Seguros.

El complejo será construido en Los Canelos, distrito de Santa María, provincia de Herrera, bajo la modalidad de estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento. Tendrá capacidad para 3,000 privados de libertad, distribuidos entre módulos de mínima, media y alta seguridad.

El proyecto de $177.2 millones incluirá pabellones, celdas, áreas educativas, médicas y deportivas, talleres, espacios de atención psicosocial, sistemas de vigilancia, edificios administrativos e instalaciones para 450 custodios.

La obra busca responder al hacinamiento penitenciario: Panamá mantiene 24,831 privados de libertad en instalaciones diseñadas para 14,695, una sobrepoblación superior a 10,000 personas.

Sin embargo, residentes y autoridades locales de Santa María mantienen su rechazo. La comunidad considera que una inversión de esa magnitud debería priorizar agua potable, carreteras, escuelas, alcantarillados, instalaciones deportivas y proyectos productivos, y teme que la cárcel modifique la identidad agrícola, comercial y educativa de la región.

El Ministerio Público registró 381 casos criminales por delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial entre enero y junio de 2026, un incremento de 38% en comparación con las 276 denuncias presentadas durante el mismo período del año pasado.

Las estadísticas muestran un aumento de los casos relacionados con la destrucción de recursos naturales, el maltrato contra animales domésticos y los incendios de masa vegetal, mientras algunas provincias prácticamente duplicaron o triplicaron los registros del año anterior.

El informe del Ministerio Público revela que los delitos contra los recursos naturales continúan siendo el principal problema ambiental del país, con 212 investigaciones, equivalentes al 56% del total.

Le siguieron los delitos contra animales domésticos, con 132 casos; los delitos contra la vida silvestre, con 33 investigaciones; y los relacionados con el ordenamiento territorial, con apenas cuatro expedientes.

El delito más frecuente fue la destrucción de los recursos naturales, con 141 denuncias, un aumento de 50% frente a las 94 registradas en el primer semestre de 2025.

Este delito comprende acciones como destruir, contaminar, extraer o degradar recursos naturales en violación de la legislación ambiental y está sancionado con penas de tres a seis años de prisión, que pueden aumentar cuando el daño afecta áreas protegidas, cuencas hidrográficas, recursos hídricos o pone en peligro la salud de las personas.

El segundo grupo con mayor incidencia fue el de delitos contra animales domésticos, con 132 investigaciones, un crecimiento de 76% respecto a los 75 casos reportados en igual período de 2025.

Este delito sanciona los actos de crueldad que ocasionen la muerte o lesiones graves a animales utilizados como mascotas y contempla penas de 100 a 200 días multa o trabajo comunitario, dependiendo de las circunstancias previstas en el Código Penal.

Otro incremento significativo se produjo en los incendios de masa vegetal, que pasaron de tres a 12 investigaciones, equivalente a un aumento de 300%, coincidiendo con la temporada seca que enfrentó el país durante los primeros meses del año.

También crecieron 43% los casos relacionados con el manejo ilegal de aguas residuales, desechos sólidos, líquidos o gaseosos, al pasar de siete a diez investigaciones. Este delito contempla penas de cuatro a ocho años de prisión, especialmente cuando los residuos ponen en peligro el agua, el suelo, la atmósfera o la salud humana.

Las estadísticas también reflejan un incremento de 20% en los casos de tráfico de especies de la vida silvestre, al pasar de cinco a seis investigaciones.

Este delito comprende la comercialización, exportación, importación o transporte ilegal de especies protegidas o en peligro de extinción y puede ser castigado con penas de tres a cinco años de prisión, además de agravantes cuando se trata de especies endémicas o amenazadas.

En contraste, algunos delitos registraron reducciones durante el período analizado. La tala o destrucción de formaciones vegetales en áreas protegidas disminuyó 19%, al pasar de 48 a 39 casos, mientras las investigaciones por construcción de diques o desvíos de cauces sin autorización bajaron de dos a un caso.

También desaparecieron, durante este semestre, las investigaciones por incumplimiento de herramientas ambientales y construcción ilegal en áreas protegidas.

Por distribución geográfica, Panamá encabezó el número de investigaciones con 72 denuncias, seguido por Chiriquí, con 70, y Panamá Oeste, con 59.

Sin embargo, el mayor crecimiento porcentual ocurrió en la comarca Guna Yala, donde los casos aumentaron 300%, seguida por la comarca Ngäbe Buglé, con 250%; Chiriquí, con 159%; Panamá Oeste, con 136%; y Colón, con 131%.

En sentido contrario, Darién registró una disminución de 72%, al pasar de 25 a siete investigaciones, mientras que Los Santos redujo sus casos de 39 a 15, equivalente a una caída de 62%. San Miguelito y la comarca Emberá mantuvieron prácticamente el mismo comportamiento que el año anterior.

El informe evidencia que los delitos ambientales continúan concentrándose en actividades que afectan directamente los recursos naturales y la fauna, en un contexto en el que Panamá enfrenta mayores presiones sobre sus bosques, cuencas hidrográficas y ecosistemas.

Casos recientes como la contaminación del río La Villa, los incendios forestales registrados durante la estación seca y las investigaciones por minería y tala ilegal reflejan el impacto que este tipo de conductas puede tener sobre el ambiente y el abastecimiento de agua para la población.

Panamá registró 174,383 contratos de trabajo entre enero y junio de 2026, lo que representa un incremento de 22.5% respecto al mismo período del año anterior, cuando se contabilizaron 142,391.

En términos absolutos, el mercado laboral formal incorporó 31,992 contratos adicionales, en medio de los esfuerzos del Gobierno por estimular la inversión privada y la generación de empleo.

Las estadísticas preliminares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) muestran que los contratos definidos continúan siendo la modalidad predominante, con 94,922 registros, un aumento de 23.3% frente a los 76,998 reportados en el primer semestre de 2025.

Los contratos indefinidos también crecieron al pasar de 36,544 a 41,067 (+12.4%), mientras que los contratos por obra determinada registraron el mayor incremento proporcional, al subir de 28,849 a 38,394, equivalente a un crecimiento de 33.1%.

El dinamismo también se reflejó en el comportamiento mensual. Junio de 2026 cerró con 32,784 nuevos contratos, la cifra más alta del semestre y un aumento de casi 39% frente a los 23,557 registrados durante el mismo mes del año anterior.

Del total de contratos firmados este año, 117,898 correspondieron a hombres y 56,485 a mujeres, mientras que la Sede Central de Mitradel, que comprende principalmente la ciudad de Panamá, concentró 94,804 registros, frente a 79,579 en las direcciones regionales.

Entre las provincias con mayor cantidad de contrataciones destacaron Panamá Oeste (13,345), Chiriquí (11,800) y Colón (9,130). Pese a esta recuperación de las contrataciones formales, el mercado laboral panameño continúa enfrentando desafíos estructurales.

El aumento de los contratos durante los primeros seis meses de 2026 se produce después de que el mercado laboral cerrara 2025 con elevados niveles de desempleo e informalidad.

La Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), correspondiente a septiembre de 2025, situó la tasa de desempleo en 10.4%, equivalente a 227,302 personas sin trabajo, mientras que la informalidad alcanzó 47.1%, lo que significa que alrededor de 785,000 personas laboraban sin un empleo formal, contrato o cobertura de seguridad social.

Como parte de las estrategias para reducir el desempleo entre los jóvenes, el Gobierno mantiene activol programa Mi Primer Empleo, una iniciativa que busca facilitar el acceso al mercado laboral mediante pasantías en empresas privadas para personas que aún no cuentan con experiencia profesional.

Desde su implementación, el programa ha logrado incorporar 909 empresas, ha recibido 11,617 aspirantes, de los cuales 9,542 fueron capacitados, mientras que 2,769 jóvenes consiguieron una inserción laboral mediante pasantías.

Solo entre enero y junio de 2026 se registraron 188 empresas participantes, 2,523 jóvenes inscritos, 500 capacitados y 721 inserciones por pasantías, de las cuales 359 correspondieron a hombres y 362 a mujeres, reflejando una participación prácticamente equilibrada entre ambos sexos.

El programa busca reducir una de las principales barreras de acceso al mercado laboral para los jóvenes: la exigencia de experiencia previa. Para ello, las empresas participantes reciben practicantes previamente capacitados por el Mitradel, quienes pueden posteriormente ser contratados de forma permanente.

Aumentan los accidentes laborales

Las estadísticas laborales también muestran un deterioro en materia de seguridad ocupacional. Entre enero y junio de 2026, el Mitradel atendió 98 accidentes de trabajo, un aumento de 63.3% respecto a los 60 casos registrados durante el mismo período de 2025.

Como consecuencia de estos accidentes resultaron afectados 96 trabajadores, frente a 65 un año antes, lo que representa un incremento de 47.7%. De ellos, 85 sufrieron lesiones no fatales y 11 fallecieron, cuatro más que las siete muertes laborales registradas durante el primer semestre de 2025.

Dentro de los casos no fatales de este año se contabilizaron 55 lesiones leves, 28 graves y dos muy graves, mientras que marzo fue el mes con mayor cantidad de accidentes, con 24 casos, seguido por mayo, con 21.

Las cifras son utilizadas por la Dirección de Inspección de Trabajo para orientar las inspecciones y fortalecer las acciones preventivas en los sectores con mayor riesgo de accidentes laborales.

Promesa

El crecimiento del empleo formal forma parte de uno de los principales compromisos asumidos por el presidente José Raúl Mulino.

Durante su informe a la Nación del 1 de julio, el mandatario afirmó que su administración impulsará las condiciones necesarias para que el sector privado genere más de 80,000 nuevos puestos de trabajo, apoyado en una mayor inversión, el desarrollo de proyectos de infraestructura y la recuperación de sectores estratégicos de la economía.

La meta del Gobierno es que la inversión privada se convierta en el principal motor para ampliar el empleo formal y contribuir a reducir tanto el desempleo como la elevada informalidad que todavía afecta a casi uno de cada dos trabajadores en Panamá.

Además de generar nuevas plazas en el sector privado, el reto consiste en que una mayor proporción de esos puestos sea de carácter indefinido, ya que la estabilidad laboral fortalece la capacidad de consumo de los trabajadores y puede traducirse en una mayor demanda de bienes y servicios, con efectos positivos sobre otros sectores de la economía.

La nueva plataforma Mi Farma Digital superó las 150 mil visitas durante sus primeras 36 horas de funcionamiento, una cifra que, más allá del interés por una nueva herramienta tecnológica, pone nuevamente en evidencia uno de los problemas históricos que enfrentan miles de asegurados panameños: la incertidumbre sobre si encontrarán o no los medicamentos recetados por los propios médicos de la Caja de Seguro Social (CSS) cuando acuden a una farmacia institucional.

Durante décadas, la falta recurrente de medicamentos ha obligado a pacientes con enfermedades crónicas, jubilados, pensionados y trabajadores cotizantes a recorrer varias instalaciones de la CSS o, en muchos casos, comprar de su propio bolsillo los tratamientos que deberían recibir como parte de las prestaciones financiadas con los descuentos aplicados mensualmente a sus salarios.

Ese escenario explica, en parte, la rápida acogida que tuvo la nueva plataforma, diseñada para que los usuarios consulten desde cualquier dispositivo con acceso a internet si un medicamento forma parte del cuadro básico de la institución, en qué farmacia se encuentra disponible y cuál es el nivel de abastecimiento existente, evitando desplazamientos innecesarios.

El director general de la CSS, Dino Mon, aseguró que la herramienta representa un cambio en la forma en que la institución se relaciona con los asegurados, al poner a disposición del público la misma información que utilizan internamente para administrar el inventario de medicamentos.

“No presentamos una aplicación; presentamos una nueva forma de relacionarnos con los asegurados. Por primera vez, los ciudadanos tienen en sus manos la misma información oficial que utiliza la CSS para administrar sus medicamentos”, afirmó Mon durante la presentación oficial de la plataforma.

El funcionario explicó que el sistema busca ofrecer mayor transparencia y permitir que los pacientes puedan planificar sus visitas a las farmacias de la institución, reduciendo el tiempo invertido en filas, traslados y búsquedas que muchas veces terminaban sin éxito.

La plataforma incorpora dos modalidades de consulta. La primera permite verificar rápidamente si un medicamento está disponible y en cuál instalación puede retirarse. La segunda ofrece información más detallada sobre inventarios, consumo diario, disponibilidad proyectada, tipo de compra, proveedor y otros elementos relacionados con la gestión del abastecimiento.

Uno de los aspectos más novedosos es que el sistema muestra por primera vez los 572 medicamentos que integran la Lista Oficial de Medicamentos de la CSS, dejando claro cuáles tratamientos están cubiertos por la institución y cuáles no forman parte de su cuadro básico, independientemente de que sean recetados por un médico.

Además, la plataforma incorpora un sistema de semáforos que alerta cuando las existencias de un medicamento comienzan a disminuir, utilizando información de inventarios que se actualiza permanentemente durante el día.

También permite realizar búsquedas por nombre comercial o genérico, provincia y unidad ejecutora, sin necesidad de crear una cuenta o utilizar una contraseña.

De acuerdo con la CSS, la institución mantiene actualmente 93% de disponibilidad nacional de medicamentos, distribuidos a través de 75 farmacias y tres centros de almacenamiento en todo el país. La herramienta fue desarrollada tras integrar miles de registros relacionados con inventarios, reservas de pacientes, consumo diario y movimientos de abastecimiento.

Para Mon, uno de los principales aportes de Mi Farma Digital será que los propios asegurados puedan fiscalizar el nivel de abastecimiento y exigir mejoras en el servicio cuando detecten deficiencias.

El director de la CSS sostuvo que el objetivo es que el paciente tenga la certeza de que, antes de salir de su casa, podrá conocer si el medicamento está disponible y decidir a cuál instalación acudir.

También indicó que la información publicada busca eliminar dudas sobre la cobertura de determinados tratamientos y hacer más transparente la gestión de inventarios.

La rápida adopción de la plataforma también puede interpretarse como un reflejo de la necesidad acumulada de los asegurados. Para miles de pacientes con hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y otros padecimientos crónicos, conocer con anticipación la disponibilidad de un medicamento no representa únicamente un ahorro de tiempo o dinero, sino la posibilidad de evitar interrupciones en tratamientos esenciales y reducir la incertidumbre que durante años ha acompañado las visitas a las farmacias de la Caja de Seguro Social.

En ese sentido, el verdadero desafío para la institución no será únicamente mantener actualizada la plataforma, sino garantizar que la información refleje un abastecimiento suficiente y sostenido. De poco servirá que un paciente pueda verificar en línea la existencia de un medicamento si, al llegar a la farmacia, continúa enfrentando el mismo problema que históricamente ha marcado la atención farmacéutica de la CSS: la falta del tratamiento que necesita para cuidar su salud.

En los últimos días, el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá ha sido escenario de varios operativos migratorios que permitieron detener a una persona requerida por terrorismo e impedir el ingreso o tránsito de extranjeros vinculados con antecedentes penales, organizaciones armadas y documentación fraudulenta.

Los procedimientos abarcan ciudadanos de Europa, América Latina, Estados Unidos y Asia, detectados mediante alertas internacionales, verificaciones biométricas y controles documentales.

El caso de mayor impacto fue la aprehensión de una mujer con nacionalidad española y cubana, requerida por Lituania por su presunta vinculación con delitos relacionados con terrorismo. La pasajera llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen en un vuelo procedente de Estambul, Turquía, y tenía previsto continuar hacia La Habana, Cuba, cuando los controles migratorios activaron una Notificación Roja de Interpol.

La alerta internacional había sido emitida a solicitud de la oficina de Interpol en Vilna desde abril de 2025, con el propósito de localizarla y detenerla con fines de extradición.

Las autoridades lituanas la requieren por su presunta participación en un grupo organizado creado para cometer actos terroristas, aunque hasta ahora no han divulgado públicamente su identidad ni mayores detalles sobre los hechos investigados.

Tras confirmarse la vigencia de la orden, el Servicio Nacional de Migración le impidió continuar su tránsito por territorio panameño y la puso a disposición de las autoridades competentes.

El procedimiento se desarrolló en coordinación con Interpol Panamá, dentro de los mecanismos de cooperación utilizados para detectar personas requeridas por delitos graves antes de que ingresen al país o utilicen la terminal como escala.

Migración también negó el ingreso a un ciudadano colombiano que llegó en un vuelo procedente de Bogotá, luego de que las verificaciones revelaran una presunta vinculación con el Grupo Wagner.

El hombre fue devuelto a su punto de origen, debido a que su perfil representaba un posible riesgo para la seguridad nacional, según la información divulgada por las autoridades.

El Grupo Wagner surgió como una empresa militar privada vinculada con operaciones respaldadas por el Kremlin y desplegó combatientes en Ucrania, Siria, Libia, Mali y la República Centroafricana.

Estados Unidos lo designó como organización criminal transnacional, mientras la Unión Europea lo sancionó por torturas, ejecuciones extrajudiciales, intimidación de civiles y explotación de recursos naturales, entre otras violaciones del derecho internacional.

En otros controles, dos ciudadanos colombianos fueron devueltos a su país de origen después de comprobarse antecedentes relacionados con posesión de cocaína y con una red de préstamos asociada a prácticas de extorsión.

También se impidió el ingreso a un estadounidense con antecedentes por posesión de material sexual de menores y a un hondureño con registros penales por delitos contra menores.

Los inspectores migratorios detectaron además varios intentos de utilizar documentación falsa durante el tránsito internacional. Dos ciudadanos chinos con destino a México presentaron tarjetas de residencia italianas que fueron confirmadas como fraudulentas, por lo que se les negó el paso. En otro procedimiento, un tercer pasajero chino fue descubierto con documentos falsos y devuelto conforme a la normativa vigente.

Un ciudadano peruano también fue interceptado porque portaba un pasaporte fraudulento cuya identidad no coincidía con sus datos reales. Al cotejar la información, las autoridades comprobaron que mantenía documentación auténtica que acreditaba su nacionalidad peruana.

En operativos efectuados fuera del aeropuerto, Migración localizó además a personas con estadía vencida, condición irregular y actividades laborales no autorizadas.

Los casos reflejan el reforzamiento de los controles en la principal terminal aérea del país, donde las autoridades cruzan información migratoria, antecedentes penales, alertas internacionales y autenticidad documental.

Las medidas pueden terminar en inadmisión, devolución, detención provisional o entrega a organismos policiales, dependiendo de la situación jurídica del viajero y las órdenes de captura vigentes.

Deportaciones y expulsiones

Entre enero y junio de 2026, Panamá registró 588 deportaciones y expulsiones de ciudadanos extranjeros, de las cuales 330 correspondieron a deportaciones y 258 a expulsiones. Los hombres representaron el 82% de las personas sometidas a estas medidas, con 483 casos, mientras las mujeres sumaron 105, equivalentes al 18% del total.

La principal causa fue el ingreso irregular al país, con 359 procedimientos, seguida por 120 casos vinculados con posesión agravada de drogas. También se registraron 22 medidas por antecedentes penales, 22 por estadía vencida y 15 por reingreso después de una deportación. Otros ocho procedimientos estuvieron relacionados con tráfico ilícito de migrantes y 42 respondieron a distintas causales.

Los colombianos encabezaron las deportaciones y expulsiones con 300 casos, más de la mitad del total acumulado, seguidos por 132 nicaragüenses, 48 venezolanos y 25 ecuatorianos. También figuran ciudadanos de El Salvador, México, República Dominicana, China, Bangladesh y Estados Unidos, en medio de una política enfocada en impedir el ingreso o permanencia de personas que incumplan las normas o representen riesgos para la seguridad.

La violencia psicológica es hoy el delito más frecuente dentro de las lesiones personales investigadas por el Ministerio Público en Panamá y, lejos de disminuir tras el endurecimiento de las penas aprobado este año, continúa en ascenso.

Entre enero y junio de 2026 se registraron 2,792 noticias criminales por este delito, un incremento del 66% respecto al mismo período de 2025, convirtiéndose en la modalidad con mayor crecimiento entre los delitos contemplados en este capítulo del Código Penal.

El aumento resulta especialmente llamativo porque en febrero pasado la Asamblea Nacional aprobó una reforma al Código Penal para elevar las sanciones contra quienes cometan violencia psicológica, ampliando además la protección para que la norma alcance a cualquier víctima, sin importar su sexo o edad.

Sin embargo, las cifras oficiales muestran que el endurecimiento de las penas todavía no ha logrado persuadir a quienes incurren en este tipo de agresiones, uno de los principales desafíos para las autoridades encargadas de prevenir y perseguir este delito.

La reforma modificó el artículo 138-A del Código Penal, estableciendo penas de cinco a ocho años de prisión para quien, mediante amenazas, intimidación, persecución, chantaje, acoso, humillaciones, aislamiento o exigencias de obediencia y sumisión, cause violencia psicológica contra otra persona.

La ley también dispone que si se demuestra un daño psíquico comprobado en la víctima, la sanción podrá aumentar entre una tercera parte y la mitad del máximo previsto, reforzando el carácter punitivo de la norma.

La violencia psicológica no deja heridas visibles, pero especialistas en salud mental y organismos internacionales coinciden en que puede generar consecuencias tan graves como una agresión física.

Entre sus efectos más frecuentes figuran la ansiedad, la depresión, la pérdida de autoestima, el aislamiento social, el miedo permanente, el estrés postraumático y, en los casos más severos, pensamientos suicidas.

Debido a que suele manifestarse mediante conductas repetitivas y de difícil prueba, muchas víctimas tardan años en denunciar o nunca llegan a hacerlo.

El informe estadístico del Ministerio Público revela que la violencia psicológica representa casi la mitad de todos los delitos de lesiones personales registrados durante el primer semestre del año.

De las 5,854 noticias criminales contabilizadas, 2,792 correspondieron a esta modalidad, superando ampliamente a las lesiones personales simples, que sumaron 2,094 casos.

Las estadísticas también muestran que Panamá concentra la mayor cantidad de denuncias por violencia psicológica, con 1,088 casos, seguida por Panamá Oeste, con 559; Chiriquí, con 271; Veraguas, con 181; San Miguelito, con 175; y Coclé, con 155. Estas cifras reflejan que el fenómeno afecta tanto a las provincias más pobladas como a otras regiones del país.

Aunque el crecimiento de la violencia psicológica es el dato más preocupante del informe, no fue el único delito que aumentó. Las lesiones personales simples pasaron de 1,714 a 2,094 casos, un incremento del 22%, mientras que las lesiones culposas simples aumentaron de 606 a 762 , equivalente al 26%.

Más preocupante aún resulta el comportamiento de las lesiones personales con resultado de muerte, que crecieron un 167%, al pasar de seis a 16 investigaciones durante el mismo período.

En contraste, las lesiones personales agravadas disminuyeron un 21%, al bajar de 129 a 102 casos, mientras que las lesiones contra servidores de seguridad pública descendieron un 32%, pasando de 129 a 88 investigaciones.

A pesar de estas reducciones, el balance general refleja que los delitos de lesiones personales aumentaron un 37% en el país, al pasar de 4,264 casos en el primer semestre de 2025 a 5,854 durante el mismo período de 2026.

El incremento del 66% registrado después del endurecimiento de las penas evidencia que la reforma penal, por sí sola, no ha logrado frenar el crecimiento de este delito.

Especialistas consideran que, además del aumento de las condenas, será indispensable fortalecer la prevención, incentivar la denuncia, ampliar la atención psicológica a las víctimas y mejorar la capacidad del sistema de justicia para investigar y sancionar oportunamente una forma de violencia que no deja lesiones físicas visibles, pero que puede ocasionar daños permanentes en la salud mental y la calidad de vida de quienes la padecen.

La planilla estatal de Panamá cerró mayo de 2026 con 269,185 funcionarios y un costo mensual de $461.521 millones, después de incorporar a más de 4,000 personas en comparación con abril.

El crecimiento profundiza una tendencia que también se observa frente al año anterior: en doce meses, el Estado agregó 11,743 servidores públicos y elevó en casi $20 millones el gasto mensual destinado al pago de salarios.

Los datos corresponden al informe de la Contraloría General de la República, que incluye información de 95 entidades del Gobierno Central y del sector descentralizado.

El registro no contempla la Autoridad del Canal de Panamá, los municipios —salvo los representantes de corregimiento—, los patronatos ni pagos por horas extras, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones y algunas partidas vinculadas con proyectos de inversión.

Del total contabilizado en mayo, 249,091 eran funcionarios permanentes y 20,094 eventuales. El Gobierno Central concentró 175,261 trabajadores, mientras que el sector descentralizado reunió 93,924, distribuidos entre instituciones descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros.

La comparación mensual muestra que el aparato público pasó de 265,164 funcionarios en abril a 269,185 en mayo, una adición neta de 4,021 personas. Durante el mismo periodo, el sueldo bruto aumentó de $450.9 millones a $461.5 millones, lo que supone $10.5 millones adicionales y una variación de 2.3%.

La mayor parte de ese aumento mensual ocurrió en el Gobierno Central, que sumó 3,574 funcionarios. La Asamblea Nacional incorporó 1,452 personas respecto de abril; el Ministerio de Educación, 1,383; el Ministerio de Salud, 324; la Universidad Tecnológica de Panamá, 273; el Ministerio de Gobierno, 225; y el Órgano Judicial, 138.

La Asamblea fue también la entidad con el mayor incremento mensual en su gasto salarial: pasó de $8 millones en abril a $11.5 millones en mayo, un aumento de $3.4 millones. En Educación, el desembolso creció $3 millones; en Salud, $1.4 millones; y en la Universidad Tecnológica de Panamá, $808 mil.

La comparación interanual amplía la dimensión del crecimiento. En mayo de 2025, la planilla estatal estaba integrada por 257,442 funcionarios y costaba $441.596 millones. Un año después había 4.6% más empleados públicos, mientras el gasto salarial mensual había crecido 4.5%, equivalente a $19.9 millones.

De los 11,743 puestos adicionales registrados en doce meses, 9,774 correspondieron a personal permanente y 1,969 a trabajadores eventuales. El Ministerio de Educación presentó el mayor aumento interanual, con 4,515 funcionarios más, seguido por Seguridad Pública con 1,694, Gobierno con 1,622, la Asamblea Nacional con 1,318, Salud con 941 y la Caja de Seguro Social con 638.

El gasto acumulado también avanzó. Entre enero y mayo de 2026, el Estado pagó $2,219.416 millones en salarios, frente a $2,132 millones en el mismo periodo de 2025. La diferencia fue de $87.3 millones, equivalente a un crecimiento de 4.1%.

Las entidades que más personal sumaron entre enero y mayo

El Ministerio de Educación encabezó las incorporaciones durante los primeros cinco meses de 2026. Su planilla pasó de 58,476 funcionarios en enero a 66,243 en mayo, un aumento de 7,767 trabajadores. Durante ese periodo, la institución desembolsó $555.4 millones en salarios, la cifra acumulada más alta entre todas las entidades incluidas en el informe.

La Asamblea Nacional ocupó el segundo lugar al pasar de 3,144 a 5,797 funcionarios, una diferencia de 2,653 personas. El Legislativo pagó $41 millones en remuneraciones entre enero y mayo, con una marcada aceleración durante el último mes analizado.

El Ministerio de Gobierno agregó 1,695 funcionarios, al crecer de 3,231 a 4,926, y acumuló $20.8 millones en pagos salariales. La Universidad Tecnológica de Panamá incorporó 814 trabajadores, alcanzó una plantilla de 3,767 y desembolsó $36.2 millones en los primeros cinco meses.

También sobresalieron el Ministerio de Salud, que pasó de 19,524 a 20,418 funcionarios, con un gasto acumulado de $216.7 millones; el Ministerio de Ambiente, que sumó 272 personas; y Pandeportes, cuya plantilla aumentó de 771 a 1,016 empleados y acumuló $4.8 millones en salarios.

Las instituciones con las plantillas más grandes

Al cierre de mayo, el Ministerio de Educación continuaba como el mayor empleador público del país, con 66,243 funcionarios. Le seguían la Caja de Seguro Social, con 35,239; el Ministerio de Seguridad Pública, con 34,258; y el Ministerio de Salud, con 20,418.

Más atrás figuraban la Universidad de Panamá, con 9,541 trabajadores; la Procuraduría General de la Nación, con 7,713; el Órgano Judicial, con 7,435; la Asamblea Nacional, con 5,797; el Ministerio de Gobierno, con 4,926; y Transporte Masivo de Panamá, operador de MiBus, con 4,194 empleados.

El informe confirma que el crecimiento de la planilla no se limita a renovaciones temporales o movimientos estacionales. El aumento aparece tanto en el personal permanente como en el eventual y se traduce directamente en una presión creciente sobre el gasto público: en solo cinco meses, el pago de salarios ya superó los $2,219 millones, superando el costo de obras emblemáticas en el país como la línea 1 del Metro de Panamá.

Ciudadanos colombianos, venezolanos y nicaragüenses encabezan los permisos de residencia aprobados en Panamá durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, 4,768 colombianos, 2,885 venezolanos y 1,601 nicaragüenses obtuvieron autorización para residir legalmente en el país, de acuerdo con las estadísticas del Servicio Nacional de Migración.

También figuran entre las principales nacionalidades Estados Unidos, con 1,230 permisos; China, con 468; Cuba, con 430; Brasil y Perú, con 322 cada uno; y España, con 300.

En total, Migración tramitó 16,457 solicitudes de residencia, de las cuales 16,010 fueron aprobadas y 447 rechazadas. Esto representa una tasa de aprobación del 97%, frente a un 3% de solicitudes negadas, reflejando que la gran mayoría de quienes iniciaron el proceso logró cumplir con los requisitos establecidos por la legislación migratoria panameña.

Las estadísticas muestran que Panamá continúa consolidándose como uno de los principales destinos migratorios de la región, tanto para ciudadanos latinoamericanos como de Norteamérica, Europa y Asia.

Especialistas también atribuyen el sostenido interés por establecerse en Panamá a los incentivos migratorios y al dinamismo de su economía. Entre ellos destaca el programa de Inversionista Calificado, que agiliza la obtención de la residencia permanente para extranjeros que realizan inversiones inmobiliarias, financieras o en valores dentro del país.

A ello se suma la presencia de cerca de 200 empresas multinacionales que han instalado sus sedes regionales en Panamá bajo el régimen SEM, generando oportunidades laborales para ejecutivos y profesionales extranjeros.

Estos factores, junto con la posición geográfica del país como puente entre Norte y Suramérica y el constante flujo migratorio que atraviesa el istmo, han contribuido al incremento de las solicitudes de residencia registradas por el Servicio Nacional de Migración.

Los colombianos concentraron cerca del 30% de todos los permisos otorgados, mientras que venezolanos y nicaragüenses ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente, manteniendo una tendencia observada en los últimos años debido a razones económicas, laborales, familiares y humanitarias.

Del total de autorizaciones concedidas, 6,318 correspondieron a permisos de residente temporal, convirtiéndose en la categoría con mayor número de aprobaciones. Le siguieron 5,145 permisos de residente permanente, 2,442 prórrogas y 2,105 permisos provisionales, modalidades previstas en la legislación migratoria para responder a distintos perfiles de solicitantes.

Asimismo, los hombres representaron el 52% de los permisos aprobados, con 8,334 casos, mientras que las mujeres concentraron el 48%, equivalente a 7,676 autorizaciones.

Entre las categorías migratorias, la Protección de Seguridad Humanitaria (PPSH) encabezó las aprobaciones con 5,900 permisos, seguida por Dependientes, con 2,761; Regularización Permanente bajo el Decreto 235, con 2,037; Empleados o Ejecutivos de Empresas Multinacionales, con 1,423; y Países Amigos, con 1,011.

También aparecen permisos por matrimonio con panameños, reunificación familiar, jubilados y pensionados, educación, contratos laborales y otras categorías contempladas en la normativa vigente.

El informe también refleja que la mayor parte de los permisos de residencia fue otorgada a personas en edad laboral. El grupo de 18 a 35 años acumuló 5,959 aprobaciones, seguido por quienes tienen entre 36 y 49 años, con 5,118 permisos.

Más atrás aparecen los ciudadanos de 50 a 60 años, con 2,243 autorizaciones; de 61 a 70 años, con 1,203; y mayores de 71 años, con 466, mientras que los menores de edad representaron una proporción considerablemente menor.

Movimiento migratorio

Además del comportamiento de las residencias, el informe del Servicio Nacional de Migración refleja un intenso movimiento de viajeros por Panamá durante el primer semestre del año. Entre enero y junio se contabilizaron 4,211,223 movimientos migratorios, producto de 2,198,326 entradas y 2,012,897 salidas, cifras que consolidan al país como uno de los principales centros de conexión aérea de América Latina.

Del total de personas que ingresaron al país, el 53% correspondió a hombres y el 47% a mujeres. Asimismo, el 86% utilizó la vía aérea, mientras que el 8% ingresó por vía marítima y el 6% por vía terrestre, confirmando que el Aeropuerto Internacional de Tocumen continúa siendo la principal puerta de entrada al territorio panameño.

En cuanto a la procedencia de los viajeros extranjeros, Estados Unidos encabezó la lista con 312,602 ingresos, seguido por Colombia, con 275,549; Costa Rica, con 114,663; Ecuador, con 71,834; y Canadá, con 69,972.

También sobresalen Argentina, México, Alemania, Brasil, España, Venezuela y Perú entre los principales países de origen. Por regiones, Centroamérica aportó 705,241 ingresos, Sudamérica 608,201 y Norteamérica 442,478, evidenciando la importancia estratégica de Panamá como punto de conexión continental.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen se mantuvo como el principal punto de ingreso al país, con 1,768,650 viajeros, seguido por Home Port, con 114,688; el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, con 87,170; Paso Canoas, con 80,486; y Guabito, con 50,415.

Estas cifras reflejan no solo el dinamismo del turismo y los viajes de negocios, sino también el papel que desempeña Panamá como centro logístico y de movilidad regional, donde convergen miles de personas que ingresan por motivos comerciales, laborales, familiares o para establecer su residencia en el país.

Panamá confirmó que al menos 15 de sus ciudadanos se encuentran vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania, una cifra que más que duplica los siete casos conocidos hasta ahora y que evidencia el alcance de las redes de reclutamiento que operan en América Latina mediante falsas ofertas de empleo.

La Cancillería advirtió que varios panameños habrían sido engañados con promesas de trabajos como guardias de seguridad, operadores de maquinaria pesada o ayudantes de cocina, pero terminaron en zonas de combate.

Paralelamente, el Ministerio Público recibió una segunda denuncia por el presunto reclutamiento fraudulento de un panameño que habría sido enviado al frente de guerra.

La nueva cifra fue revelada este viernes por el vicecanciller Carlos Arturo Hoyos Boyd, quien explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó a investigar estos casos desde noviembre de 2025 y mantiene un seguimiento permanente mediante gestiones diplomáticas con las autoridades rusas.

Según indicó, la información se obtiene a través de la Embajada de Rusia en Panamá, la misión diplomática panameña en Moscú y reuniones sostenidas con funcionarios de la Cancillería rusa.

"Tenemos contabilizadas aproximadamente 15 personas sobre las que hemos recibido información y estamos constantemente preguntando por su estado", afirmó Hoyos.

No obstante, advirtió que el número real podría ser mayor debido a que muchos ciudadanos viajan utilizando rutas comerciales y visas de turismo, sin informar a las autoridades panameñas sobre su verdadero destino.

El vicecanciller explicó que la Cancillería ha recibido reportes de panameños fallecidos, desaparecidos y otros cuyo paradero continúa siendo incierto. Sin embargo, aclaró que la información llega de manera fragmentada y resulta difícil determinar si algunos desaparecieron durante combates o si permanecen ocultos tras desertar de las fuerzas armadas.

"Hay de todo un poco. Tenemos personas que sabían exactamente a qué iban y otras que aseguran haber sido engañadas con ofertas para trabajar en seguridad privada o manejando maquinaria pesada", señaló. Por ello lanzó una advertencia a quienes evalúan aceptar este tipo de propuestas laborales.

"Estas ofertas pueden ser lo más costoso que hagan en su vida, porque literalmente pueden costarles la vida. No los llevan allá para ver flores“, expresó Hoyos, al insistir en que los ciudadanos deben extremar las precauciones frente a anuncios de empleo relacionados con países inmersos en conflictos armados.

El funcionario reconoció además que la capacidad de actuación del Estado panameño es limitada, debido a que muchos de estos ciudadanos se encuentran desplegados en zonas de guerra y no en ciudades donde exista acceso consular permanente.

"Esta es una guerra del mundo real“, manifestó el vicecanciller al explicar que las autoridades panameñas no pueden desplazarse libremente hasta los lugares donde permanecen los ciudadanos involucrados en el conflicto.

Una segunda denuncia

De acuerdo con información publicada por La Prensa, el Ministerio Público recibió una segunda denuncia relacionada con el presunto reclutamiento mediante engaños de ciudadanos panameños para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El nuevo caso corresponde a un hombre de 35 años, quien aceptó una oferta para trabajar como ayudante de cocina en Ucrania. Sin embargo, según el relato de sus familiares, al llegar al país europeo recibió un uniforme militar y fue informado de que tendría una semana de entrenamiento antes de ser enviado al frente de combate.

Los familiares denunciaron además que el joven permaneció 15 días detenido después de negarse a participar en operaciones militares y que posteriormente perdieron contacto con él, motivo por el cual acudieron a las autoridades panameñas para denunciar su desaparición.

Esta denuncia se suma a la presentada anteriormente en Chiriquí, donde familiares aseguraron que varios jóvenes fueron captados mediante falsas ofertas laborales para trabajar en Europa, aunque finalmente terminaron en territorio ruso.

Según esos testimonios, los reclutadores prometían salarios de hasta 10 mil dólares mensuales por labores en fábricas, seguridad privada o manejo de maquinaria pesada. Sin embargo, una vez en Rusia, los trabajadores eran despojados de sus documentos, obligados a firmar contratos en ruso e incorporados a unidades militares.

Una nota publicada previamente por Infobae reveló que estas redes utilizan principalmente TikTok, Facebook y Telegram para captar a ciudadanos latinoamericanos mediante ofertas de empleo que prometen pagos iniciales de entre 25 mil y 50 mil dólares, salarios mensuales cercanos a 2,600 dólares y la posibilidad de obtener la ciudadanía rusa.

El recorrido suele incluir escalas por Colombia, España y Turquía, antes de ingresar a Rusia, donde los reclutados reciben contratos redactados únicamente en ruso, idioma que la mayoría no comprende. Diversos testimonios indican que las supuestas vacantes civiles terminan convirtiéndose en incorporación a unidades militares enviadas a las zonas más peligrosas del conflicto.

No obstante, las autoridades panameñas reconocen que no todos los casos responden al mismo patrón. Incluso un joven chiricano entrevistado por Radio Panamá aseguró que viajó voluntariamente sabiendo que participaría en la guerra y afirmó que algunos compatriotas decidieron no informar a sus familias para evitar que intentaran impedir el viaje.

Ante este panorama, la Cancillería reiteró el llamado a la población para desconfiar de ofertas laborales relacionadas con países en guerra y recordó que detrás de promesas de altos salarios pueden ocultarse mecanismos de reclutamiento que ponen en riesgo la libertad y la vida de quienes las aceptan.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que el país avanza hacia una expansión de su infraestructura portuaria, con nuevos proyectos en ambas entradas del Canal y la próxima licitación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

El mandatario sostuvo que la estrategia busca transformar a Panamá en una plataforma logística integral, capaz de conectar puertos, ferrocarriles, aduanas y sistemas tecnológicos para el seguimiento de la carga.

Mulino abordó estos planes durante la Cena Anual por la Libertad Económica de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), realizada ante empresarios, representantes diplomáticos y autoridades del Gobierno.

Durante su intervención, destacó que el ordenamiento de la macroeconomía y la reducción del riesgo país deben ser acompañados ahora por medidas que impulsen la inversión, fortalezcan al sector privado y generen empleos.

Uno de los principales puntos del discurso fue la administración temporal de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las entradas del Canal de Panamá. Mulino aseguró que ambas terminales están operando adecuadamente y que el movimiento de contenedores muestra señales de crecimiento, según los datos manejados por las empresas responsables de su gestión provisional.

El jefe del Ejecutivo adelantó que las dos concesiones serán sometidas a licitación lo antes posible, mediante procesos separados. Su objetivo es que, antes de mediados de 2027, puedan estar adjudicadas por períodos de entre 25 y 30 años, debido a la importancia estratégica de ambas instalaciones para el comercio exterior y la competitividad logística del país.

Balboa y Cristóbal fueron operados desde 1997 por Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison. Esa etapa terminó después de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley 5 de 1997, que aprobó el contrato de concesión, así como la prórroga otorgada en 2021.

El fallo, fechado el 29 de enero de 2026 y publicado en la Gaceta Oficial el 23 de febrero, dejó a PPC sin sustento jurídico para continuar administrando ambas terminales.

Tras quedar en firme la decisión judicial, el Gobierno ordenó la ocupación temporal de los puertos para garantizar la continuidad de las operaciones y preservar los empleos.

La Autoridad Marítima de Panamá otorgó contratos transitorios de hasta 18 meses a APM Terminals Panamá, filial del grupo danés Maersk, para administrar Balboa, y a TIL Panamá, brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC), para operar Cristóbal, mientras se prepara la licitación de las concesiones definitivas.

A estos proyectos se suman los puertos de Corozal y Telfers, promovidos por la Autoridad del Canal de Panamá, así como otras dos terminales que pretende desarrollar el Gobierno central.

Mulino afirmó que esta ampliación permitirá aumentar la capacidad portuaria y aprovechar mejor la posición de Panamá en las principales rutas del comercio mundial, especialmente en un momento de reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

El mandatario también destacó la recuperación de isla Margarita, en la provincia de Colón, considerada uno de los últimos espacios disponibles frente a la vía interoceánica para desarrollar infraestructura vinculada con el sector marítimo. Según explicó, el Gobierno logró recuperar el terreno después de revisar actuaciones anteriores que, a su juicio, comprometían un activo estratégico del Estado.

La visión oficial no se limita a construir nuevas terminales. Mulino planteó la integración de los puertos con ferrocarriles, aduanas y plataformas digitales, de manera que el país pueda conocer qué mercancías ingresan, cuáles salen y dónde se encuentra cada contenedor.

El objetivo es dar seguimiento a la carga durante todo su recorrido, aumentar la transparencia y reforzar los controles frente al contrabando y el narcotráfico.

El presidente señaló que Panamá ya registra avances en la digitalización de los procesos marítimos, logísticos y aduaneros, incluido un proyecto con la Zona Libre de Colón. Para Mulino, la modernización tecnológica permitirá reducir la burocracia, agilizar trámites y ofrecer mayor seguridad a las empresas que utilizan al país como centro de distribución regional.

Mayor coordinación con el Canal

Mulino reveló que ordenó crear una comisión conjunta entre el Gobierno central y la Autoridad del Canal de Panamá, integrada por representantes de ambas instituciones, para intercambiar información y dar seguimiento a los proyectos estratégicos. Explicó que tomó esa decisión porque, durante reuniones internacionales, recibía consultas sobre iniciativas del Canal que no habían sido comunicadas previamente al Ejecutivo.

Aunque reconoció la autonomía constitucional de la ACP, el mandatario afirmó que el Canal y el Gobierno forman parte del mismo Estado panameño y deben coordinarse cuando desarrollan proyectos que afectan la estrategia nacional. Según dijo, esta relación permitirá compartir experiencias, evitar duplicidades y presentar una visión coherente ante inversionistas, gobiernos extranjeros y operadores internacionales.

Mulino considera que la combinación de más puertos, mejores conexiones ferroviarias, procedimientos aduaneros modernos y trazabilidad de la carga elevará el perfil internacional de Panamá. Su apuesta es que el país deje de ser visto únicamente como una nación marítima y se consolide como un centro logístico capaz de generar inversiones, empleos y servicios de mayor valor agregado.

Durante el encuentro, encabezado por la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, el mandatario insistió en que la siguiente etapa de su administración debe concentrarse en reactivar la economía local. Para ello, aseguró que el Gobierno acompañará al sector privado con reglas claras, infraestructura competitiva y proyectos que conviertan las ventajas geográficas de Panamá en crecimiento económico sostenible.

Las autoridades panameñas reactivarán de manera gradual las visitas en las cárceles y centros de detención, casi dos meses después de la fuga masiva de 195 privados de libertad de La Joyita, un episodio que obligó al Gobierno a suspender los encuentros familiares y reforzar los controles dentro del sistema penitenciario.

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó que la reapertura fue autorizada mediante la Resolución número 6165, emitida el 23 de julio de 2026. El proceso se desarrollará en dos fases y estará acompañado de nuevas restricciones para los visitantes, mayores revisiones de seguridad y límites sobre los artículos que podrán ingresar.

La primera etapa comenzará el martes 28 de julio en los centros de detención ubicados dentro de cuarteles policiales. Posteriormente, el lunes 3 de agosto, se retomarán las visitas en La Joya, La Joyita, Mega Joya, El Renacer, Tinajitas, el Centro Femenino La Esmeralda y el centro penitenciario de Colón.

El retorno de los familiares se producirá bajo controles más estrictos de organización, ingreso y permanencia, según adelantó el Sistema Penitenciario. La institución aseguró que las medidas buscan garantizar un proceso seguro y ordenado, además de preservar la integridad de los detenidos, sus visitantes y el personal asignado a cada instalación.

Una de las principales modificaciones establece que solo podrá registrarse una persona por cada privado de libertad. Ese visitante será el único autorizado para ingresar al centro penitenciario y deberá ajustarse a los días y horarios fijados por la administración de cada cárcel.

La resolución también restringe de forma considerable la cantidad de prendas y productos de aseo permitidos durante las visitas. Cada persona podrá llevar tres suéteres, tres pantalones, tres prendas de ropa interior, una toalla, un par de chancletas y dos rollos de papel higiénico.

Además, estará autorizado el ingreso de un jabón de baño, una pasta dental, un cepillo de dientes, un desodorante, un galón de agua y una barra de jabón para lavar. Cualquier artículo distinto a los incluidos expresamente en el listado será rechazado por los agentes encargados de las inspecciones.

El Sistema Penitenciario advirtió que el cumplimiento de las nuevas disposiciones será obligatorio para todos los visitantes. Las personas que incumplan los controles o intenten introducir objetos no autorizados no podrán ingresar, una medida con la que se pretende reforzar la disciplina y reducir las vulnerabilidades dentro de los establecimientos.

La reapertura ocurre después de la fuga de 195 reclusos registrada el 1 de junio en La Joyita, uno de los mayores golpes sufridos por el sistema penitenciario panameño. La evasión provocó una operación nacional de búsqueda, revisiones internas y el endurecimiento de los procedimientos de acceso a las cárceles.

Durante las últimas semanas, la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial han concentrado sus operativos en Panamá Oeste y otras zonas del país, donde han sido localizados varios de los prófugos. Dos de los evadidos fueron recapturados recientemente en distintos sectores del distrito de Arraiján.

Uno de ellos es Joshua Darío Hurtado Stanziola, de 21 años, localizado dentro de una residencia en Nuevo Chorrillo, corregimiento de Cerro Silvestre. Su captura fue posible mediante labores de investigación desarrolladas por la Dirección de Investigación Judicial y datos suministrados a través de la colaboración ciudadana.

Además del proceso relacionado con su evasión, Hurtado Stanziola era requerido por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido el 7 de junio en el sector de Patio Limoso, en Cerro Cocobolo. Tras su aprehensión, fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones correspondientes.

El segundo recapturado fue Luis Pino Araúz, quien permanecía oculto dentro de una letrina en el sector de Invasión de Villa Antigua, corregimiento Juan Demóstenes Arosemena. Los agentes llegaron al lugar después de recibir una alerta sobre un hombre sospechoso en un terreno baldío cercano a la vía hacia Chapala.

Según la Policía Nacional, Pino Araúz fue encontrado acostado sobre una colchoneta dentro de la estructura. Cuando escapó de La Joyita, permanecía privado de libertad por un delito contra la vida y la integridad personal, específicamente bajo la modalidad de homicidio.

Con estas últimas aprehensiones, 188 de los 195 evadidos ya han sido recapturados, mientras siete continúan prófugos. La Policía mantiene operativos en diferentes puntos del territorio y ha pedido a la ciudadanía evitar cualquier intento de confrontación con las personas buscadas.

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 4,000 dólares por información efectiva que permita localizar y detener a cada uno de los fugitivos restantes. Los datos pueden ser suministrados de manera confidencial a través de los canales habilitados por los estamentos de seguridad.

La reactivación de las visitas representa un intento por recuperar cierta normalidad dentro del sistema penitenciario, pero se producirá bajo un escenario mucho más restrictivo. El desafío para las autoridades será mantener el contacto familiar de los detenidos sin repetir las fallas de control expuestas por la fuga masiva.

Aunque las nuevas medidas se concentran en reforzar los controles durante las visitas de familiares, diversos sectores de la sociedad también han planteado la necesidad de fortalecer la supervisión sobre el personal de custodia.

El argumento surge a partir de los numerosos decomisos realizados en los últimos meses dentro de distintos centros penitenciarios, donde las autoridades han encontrado armas de grueso calibre, antenas satelitales, paneles solares, drones, cientos de teléfonos celulares y más de 500 televisores, equipos cuyo tamaño y características hacen poco probable que hayan sido introducidos únicamente durante los días de visita, por lo que consideran indispensable reforzar los mecanismos de control internos.

Las intensas lluvias que han afectado a gran parte de Panamá en los últimos días cobraron una vida, luego de que un conductor intentara cruzar una quebrada que se había salido de su cauce en el corregimiento de Río Congo Abajo, provincia de Darién.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil, el hombre, de 26 años, fue arrastrado por la fuerte corriente cuando intentó atravesar con su vehículo tipo pick-up una quebrada afluente del río Platainilla, cuyo caudal había aumentado debido a las precipitaciones registradas durante la jornada.

Según testigos y videos divulgados en redes sociales, varias personas permanecían a la orilla del afluente esperando que el nivel del agua descendiera para poder continuar su recorrido. Sin embargo, el conductor decidió avanzar pese a la fuerza de la corriente.

En medio del cruce, el vehículo perdió potencia y comenzó a ser arrastrado por el agua, sin que quienes observaban la escena pudieran auxiliarlo debido a la violencia del caudal. El automóvil fue desplazado varios metros mientras la corriente arrastraba al conductor.

Horas más tarde, equipos de rescate localizaron el cuerpo sin vida del hombre, poniendo fin a las labores de búsqueda que se extendieron hasta la noche.

Aunque las autoridades no han revelado oficialmente su identidad, en redes sociales ha circulado información que lo identifica como un comerciante de origen asiático residente en la zona.

Tras el hallazgo, el Sinaproc reiteró el llamado a la población a no intentar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas durante o después de episodios de lluvias intensas, al advertir que el incremento repentino del caudal representa uno de los mayores riesgos.

El director general del Sinaproc, Omar Smith Gallardo, informó que las fuertes tormentas registradas durante las últimas horas provocaron afectaciones en varias provincias del país, obligando a mantener activo el Centro de Operaciones de Emergencia.

Explicó que desde tempranas horas se desplegaron equipos en Colón, donde las lluvias ocasionaron inundaciones, mientras que en Herrera y Los Santos se reportaron calles anegadas y algunas viviendas afectadas por el ingreso temporal de agua.

“Nos mantenemos en el Centro de Operaciones de Emergencia y continuamos desarrollando evaluaciones de daños y brindando asistencia humanitaria en las zonas afectadas", explicó Smith Gallardo, quien agregó que, hasta ese momento la única persona reportada como desaparecida era el conductor.

El director señaló además que las imágenes de radar mostraban una tormenta de alta intensidad, caracterizada por núcleos muy activos que posteriormente comenzó a disiparse; sin embargo, advirtió que condiciones atmosféricas continúan siendo.

Precisamente, el Sinaproc mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias y tormentas emitido desde el pasado 21 de julio y que se extenderá hasta la noche del 24 de julio.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, la activación de sistemas de baja presión y vaguadas está favoreciendo fuertes precipitaciones sobre distintas regiones del país, especialmente en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y el noreste de Chiriquí.

Las autoridades advierten sobre la alta probabilidad de crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones, deslizamientos de tierra y anegaciones en sectores vulnerables.

A este panorama se suma un aviso de prevención por oleajes en el Pacífico panameño, vigente desde el 23 hasta el 27 de julio. El IMHPA prevé un incremento gradual del oleaje y la llegada de un evento de mar de fondo que coincidirá con mareas vivas.

Ante este escenario, el Sinaproc reiteró sus recomendaciones de evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, mantenerse alejado de laderas inestables, asegurar techos y objetos expuestos al viento, atender los avisos oficiales y evitar ingresar al mar.

La Policía Nacional intensificó la búsqueda de 10 presuntos integrantes de la estructura criminal “MF” o Mafia Filipina, considerada una de las organizaciones delictivas con mayor presencia en el corregimiento de Betania, pocos días después de que un operativo conjunto con el Ministerio Público permitiera la captura de 14 personas vinculadas a la red.

La institución pidió a la ciudadanía colaborar de manera anónima a través de las líneas 104, 524-2514 y 511-9081, con el objetivo de ubicar a los requeridos, quienes son investigados por la presunta comisión de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales y pandillerismo. La Policía sostiene que la captura de estas personas resulta clave para completar la desarticulación de la estructura.

La ofensiva contra la denominada Mafia Filipina comenzó esta semana con una serie de allanamientos simultáneos en los edificios Santa María y Tira Chucunaque, en el corregimiento de Betania, considerados por los investigadores como uno de los principales centros de operaciones de la organización.

Durante las diligencias fueron detenidos 14 presuntos integrantes, además de dos personas capturadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras arribar en un vuelo procedente de Francia.

En los operativos también fueron decomisados un arma de fuego, sustancias ilícitas y otros indicios que forman parte de la investigación desarrollada por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial.

Según las autoridades, la organización no solo es investigada por delitos relacionados con drogas y lavado de dinero. La Policía la vincula además con homicidios, privaciones de libertad, extorsiones, robos, posesión ilícita de armas de fuego y otros hechos violentos ocurridos en distintos sectores de la capital.

La investigación también permitió identificar la presunta estructura de mando del grupo. Entre los diez hombres que continúan prófugos figuran alias “Woper” y “Toti”, considerados por los investigadores como dos de los principales cabecillas.

En el caso de “Toti”, las autoridades confirmaron que mantiene una notificación roja de Interpol, mecanismo mediante el cual se solicita su localización y captura en cualquier país miembro de la organización policial internacional.

El caso registró un nuevo giro un día después de la publicación de la lista de los más buscados, cuando Roberto Manuel Freeman Lara, de 60 años, se entregó voluntariamente en la Fiscalía de Central Park.

Las autoridades lo identificaron como presunto integrante de la estructura criminal “MF” o Mafia Filipina y lo requerían por la supuesta comisión del delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

La Mafia Filipina aparece identificada por la Policía Nacional como una de las más de 180 pandillas que, según datos oficiales citados por las autoridades, operan en Panamá con vínculos al narcotráfico y capacidad para ejercer influencia tanto en comunidades como dentro del sistema penitenciario.

Los investigadores sostienen que la organización mantiene una estructura jerárquica y una capacidad operativa que trasciende el pandillerismo tradicional, al incorporar delitos financieros como el blanqueo de capitales, además de actividades vinculadas al tráfico de drogas. Esa combinación de delitos es uno de los elementos que llevó a autoridades a describirla como una estructura criminal internacional.

Aunque el operativo representó uno de los golpes más importantes contra la organización en los últimos años, las autoridades consideran que la investigación permanece abierta y que la captura de los requeridos será determinante para esclarecer el funcionamiento completo de la red, identificar otros posibles colaboradores y establecer el alcance de sus operaciones dentro y fuera de Panamá.

Mientras tanto, la Policía insiste en que cualquier información que permita localizar a los prófugos puede suministrarse de forma confidencial mediante los canales oficiales habilitados para ese fin.

La muerte de un migrante venezolano de 30 años durante un accidente de tránsito en el este de Panamá volvió a poner de relieve los riesgos que enfrentan miles de personas incluso cuando emprenden el viaje de regreso hacia Sudamérica.

El fallecido formaba parte del flujo inverso controlado, el programa mediante el cual el Gobierno panameño facilita el retorno voluntario de migrantes que desistieron de continuar su ruta hacia Estados Unidos.

El accidente ocurrió la mañana de este jueves en las inmediaciones del Puesto de Control de Bayano, en el distrito de Chepo, cuando el autobús del Estado panameño tipo coaster en el que viajaban varios migrantes sufrió un accidente.

El Servicio Nacional de Migración confirmó que todas las personas que se encontraban a bordo habían solicitado formalmente acogerse al programa de retorno voluntario y eran trasladadas dentro del esquema oficial implementado por las autoridades panameñas.

La institución informó que el ciudadano venezolano falleció en el lugar, mientras que el resto de los migrantes y los inspectores migratorios recibieron atención médica en distintos centros hospitalarios y permanecen en condición estable. La investigación del accidente quedó a cargo del Ministerio Público, que determinará las causas del hecho.

El fallecimiento ocurre en un contexto de transformación del fenómeno migratorio en la región. Durante los últimos años, Panamá fue escenario del paso de cientos de miles de personas que cruzaban la selva del Darién con destino a Norteamérica.

Sin embargo, el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y la disminución de las posibilidades de obtener protección internacional han provocado que miles de migrantes emprendan ahora el recorrido en sentido contrario.

Las cifras oficiales reflejan ese cambio. Hasta el 19 de julio, el Servicio Nacional de Migración había contabilizado 5,265 migrantes dentro del flujo norte-sur o flujo inverso. De ellos, 4,834 eran venezolanos, equivalentes a más del noventa y uno por ciento del total.

También figuraban 181 colombianos, 58 ecuatorianos, 53 ciudadanos estadounidenses —hijos de migrantes nacidos en ese país— y ciento treinta y nueve personas de otras nacionalidades. En contraste, el tránsito irregular por el Darién se redujo drásticamente, con apenas 287 ingresos registrados durante 2026.

Los migrantes que participan en este programa son trasladados desde Costa Rica a través del territorio panameño hasta puertos del Caribe, desde donde continúan su recorrido hacia Colombia sin necesidad de volver a atravesar la selva del Darién, uno de los trayectos migratorios más peligrosos del continente.

Aunque las muertes de migrantes durante su paso por Panamá han estado asociadas principalmente al cruce de la selva del Darién, donde en los últimos años se han registrado fallecimientos por ahogamiento, agotamiento, enfermedades, accidentes y hechos violentos, el caso ocurrido en Chepo pone de relieve que los riesgos persisten incluso para quienes emprenden el viaje de regreso hacia Sudamérica mediante el programa de flujo inverso controlado.

El cambio de tendencia también se refleja en la composición de los flujos migratorios. Mientras en años anteriores la mayoría de las personas ingresaban al país desde Colombia con la intención de llegar a Estados Unidos, hoy predominan ciudadanos venezolanos que retornan después de haber permanecido durante meses o incluso años en México, Centroamérica o territorio estadounidense sin lograr regularizar su situación migratoria.

Las autoridades panameñas han señalado que el programa busca ofrecer un retorno ordenado y seguro, evitando que los migrantes vuelvan a internarse en la selva del Darién. Además del traslado terrestre, el operativo incluye coordinación logística para continuar el viaje por vía marítima hacia Colombia.

Tras el accidente, el Servicio Nacional de Migración reiteró que mantiene plena disposición para colaborar con las investigaciones que dirige la Fiscalía y precisó que cualquier adicional será divulgada únicamente a través de los canales oficiales, una vez sea debidamente confirmada.

La institución también expresó sus condolencias a los familiares del ciudadano venezolano fallecido y deseó una pronta recuperación a las personas que resultaron lesionadas. Hasta el momento, las autoridades no han revelado varios aspectos clave del caso.

Entre ellos, si el ciudadano venezolano viajaba solo o acompañado por familiares, cuántos migrantes y funcionarios se desplazaban en el autobús oficial, ni cuándo ingresó al territorio panameño como parte del flujo inverso.

Panamá reestructuró uno de sus principales compromisos financieros con la banca internacional al sustituir un préstamo vigente por una nueva facilidad de 1,700 millones de euros, equivalentes a casi $1,980 millones, una operación que no representa endeudamiento nuevo por la totalidad del monto, sino la renovación de una obligación existente bajo mejores condiciones y la incorporación de $580 millones adicionales para fortalecer la liquidez del Estado.

La operación fue autorizada mediante una resolución publicada en la Gaceta Oficial y establece los términos del contrato suscrito entre la República de Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); The Bank of New York Mellon, como agente de la facilidad; y Merrill Lynch International, como agente coordinador y prestamista.

A primera vista, el monto podría interpretarse como un nuevo préstamo por casi $2,000 millones, pero la estructura de la operación es distinta. Del total, aproximadamente $1,400 millones corresponden al saldo pendiente del crédito contratado en marzo de 2025, mientras que los otros $580 millones constituyen recursos frescos que serán desembolsados al Estado.

En otras palabras, el Gobierno cancelará anticipadamente el préstamo anterior, lo reemplazará por uno nuevo y, al mismo tiempo, obtendrá financiamiento adicional. Según la resolución, esos recursos podrán utilizarse para financiar parcialmente el Presupuesto General del Estado, futuras vigencias fiscales, proyectos de inversión y cubrir los costos asociados a la nueva operación financiera.

La propia resolución explica que el MEF negoció la nueva facilidad para mitigar los riesgos de mercado y mejorar las condiciones del financiamiento. Entre las principales modificaciones figura un plazo de cinco años amortizables y una tasa de interés fija, condiciones que reemplazan el contrato original firmado con Merrill Lynch en marzo de 2025.

Más allá de esta operación específica, el contrato confirma el cambio de estrategia que ha seguido Panamá para financiar sus necesidades de caja. Tradicionalmente, el país acudía a los mercados internacionales mediante emisiones de bonos soberanos, pero desde 2024 ha privilegiado la negociación directa con bancos comerciales internacionales, evitando nuevas colocaciones de deuda en un entorno de tasas de interés elevadas.

Las cifras oficiales reflejan ese cambio. Al cierre de junio de 2026, la deuda pública ascendía a USD 61,526.8 millones, de los cuales $9,692.4 millones correspondían a préstamos con banca comercial, equivalentes al 15.8 % del total del endeudamiento.

Aunque los bonos globales siguen siendo el principal componente de la deuda, con USD 31,096.7 millones, su peso relativo ha comenzado a disminuir frente al crecimiento de los créditos bancarios.

La estrategia responde principalmente a un criterio de costo financiero. Emitir bonos obliga al Gobierno a aceptar el rendimiento que exijan los inversionistas en ese momento. Tras el incremento de las tasas de interés internacionales y el deterioro de la calificación crediticia de Panamá en los últimos años, obtener recursos mediante préstamos bancarios ha resultado una alternativa más flexible, al menos mientras las condiciones de mercado mejoran.

Sin embargo, las calificadoras consideran que esta estrategia también implica riesgos. Fitch Ratings señala que Panamá ha continuado recurriendo a préstamos bancarios denominados principalmente en euros y francos suizos, evitando regresar al mercado internacional de bonos desde febrero de 2024.

Según la agencia, esta política permitió asegurar aproximadamente $5,300 millones equivalentes mediante financiamiento bancario durante 2025.

La preocupación de Fitch no se centra únicamente en el monto de la deuda, sino en el perfil de sus vencimientos. Mientras los bonos soberanos suelen emitirse a 10, 20 o incluso 30 años, los préstamos bancarios normalmente tienen plazos de dos a cinco años, lo que obliga al Estado a refinanciar con mayor frecuencia sus obligaciones y concentra importantes vencimientos entre 2027 y 2028.

La calificadora también advierte que el uso de créditos denominados en monedas distintas al dólar introduce riesgos cambiarios. Aunque Panamá mantiene una economía dolarizada, parte de estos préstamos deberá pagarse en euros o francos suizos, por lo que el costo final dependerá también de la evolución del mercado cambiario.

Con la operación autorizada esta semana, Panamá no solo sustituye un préstamo vigente, sino que incorpora alrededor de $580 millones en recursos adicionales para financiar parcialmente el Presupuesto General del Estado y futuras vigencias fiscales, mientras gana margen para volver al mercado internacional de bonos cuando las condiciones financieras resulten más favorables.

El desafío, sin embargo, trasciende esta operación puntual. Si bien la estrategia de acudir a la banca comercial puede reducir el costo inmediato del financiamiento y ofrecer mayor flexibilidad, también implica que una parte creciente de la deuda pública dependerá de créditos de menor plazo, aumentando las necesidades de refinanciación en los próximos años.

En un contexto donde la deuda pública supera los $61,500 millones y el pago de intereses continúa presionando las finanzas estatales, el equilibrio entre obtener liquidez y mantener un perfil sostenible de vencimientos será uno de los principales retos de la política fiscal panameña.

El Canal de Panamá consolidó un crecimiento en tránsitos, tonelaje, ingresos y utilidades durante los primeros nueve meses del Año Fiscal 2025-2026, al tiempo que comenzó a prepararse para un eventual Fenómeno de El Niño severo que podría obligar nuevamente a restringir el calado de los buques a partir de 2027.

Los resultados fueron presentados por el administrador de la vía interoceánica, Ricaurte Vásquez Morales, junto con la subadministradora y administradora designada, Ilya Espino de Marotta, y el vicepresidente de Finanzas, Víctor Vial, durante una actualización de mercado organizada por Bank of America Merrill Lynch.

Al 30 de junio de 2026, el Canal registró 10,726 tránsitos entre octubre de 2025 y junio de 2026, un 5.2% más que los 10,191 registrados durante el mismo período del año fiscal anterior.

El promedio de operación se situó en 35 tránsitos diarios, confirmando la recuperación de la demanda marítima internacional tras las restricciones impuestas durante la crisis hídrica de 2023.

El crecimiento también quedó reflejado en el movimiento de carga. Durante los primeros nueve meses del ejercicio fiscal, la vía interoceánica movilizó 389.96 millones de toneladas CP/SUAB, un incremento de 7.2% frente a las 363.66 millones de toneladas registradas en igual período del Año Fiscal 2024-2025.

Los portacontenedores y los buques de Gas Licuado de Petróleo (GLP) continuaron siendo los segmentos que impulsaron el mayor dinamismo del Canal.

Los resultados financieros acompañaron el crecimiento operativo. Los ingresos por peajes alcanzaron $4,802 millones, un aumento interanual de 17%, mientras que las utilidades ascendieron a $3,614 millones, equivalentes a un crecimiento de 19% respecto a los primeros nueve meses del año fiscal anterior.

El vicepresidente de Finanzas, Víctor Vial, calificó el período como “nueve meses muy sólidos”, al destacar que la institución continúa fortaleciendo su balance financiero para respaldar las inversiones estratégicas previstas durante los próximos años.

Añadió que la demanda por utilizar la ruta panameña se mantuvo fuerte, pese a la incertidumbre geopolítica que afectó temporalmente el comercio marítimo internacional.

Entre los proyectos que avanzan se encuentran la nueva terminal portuaria, el gasoducto, el Corredor Logístico y el embalse de Río Indio, iniciativas consideradas fundamentales para ampliar la capacidad logística del país y fortalecer la competitividad del Canal durante las próximas décadas.

Sin embargo, el principal desafío vuelve a ser el clima. Ricaurte Vásquez advirtió que la probabilidad de un Fenómeno de El Niño severo aumentó de 25% en abril a 81% en julio, razón por la cual la Autoridad del Canal mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y prepara medidas preventivas basadas en la experiencia adquirida durante la sequía de 2023 y 2024.

El administrador explicó que, de confirmarse ese escenario, podrían imponerse restricciones no solo en el calado permitido, sino también en la cantidad de reservas diarias disponibles para los clientes. No obstante, aclaró que la decisión dependerá de la evolución del mercado y de la disponibilidad de agua en los lagos que alimentan el sistema de esclusas.

Ese escenario fue ampliado por la subadministradora Ilya Espino de Marotta, quien recientemente reveló que la administración proyecta que el calado máximo para los buques Neopanamax podría reducirse hasta 44 pies durante el verano de 2027, el mismo límite aplicado durante la crisis hídrica de 2023 y considerado por la industria naviera como el mínimo económicamente viable para continuar utilizando la ruta panameña.

Actualmente, el Canal ya redujo el calado máximo de 50 a 49.5 pies y tiene previsto disminuirlo a 49 pies, como parte de una estrategia gradual que busca anticipar las restricciones y ofrecer mayor previsibilidad a las líneas navieras.

A diferencia de la crisis anterior, las autoridades aseguran que esta vez comenzaron a prepararse con mucha mayor anticipación mediante medidas de ahorro de agua y una administración más eficiente de los lagos.

Pese a ese panorama, la administración descarta, por ahora, reducir el número de tránsitos diarios. La vía volvió a operar alrededor de 37 buques diarios, luego del incremento temporal provocado por la crisis en el estrecho de Ormuz, y la meta sigue siendo mantener un flujo cercano a la capacidad sostenible de 36 tránsitos por día, limitando los ajustes únicamente al calado.

Uno de los pilares para enfrentar futuros períodos secos será el embalse de Río Indio, considerado la principal apuesta para garantizar la seguridad hídrica tanto del Canal como del abastecimiento de agua potable para más de dos millones de personas.

Más de 1,100 residentes ya participan en proyectos de conservación y desarrollo comunitario dentro de la cuenca, mientras avanzan los estudios ambientales, el diseño de ingeniería y la preparación de la licitación prevista para 2027.

Paralelamente, la Autoridad del Canal continúa ejecutando el plan de reasentamiento de las comunidades que serán impactadas por el nuevo lago, mantiene definidas las normas de compensación para las familias y desarrolla obras comunitarias antes del inicio de la construcción principal.

Con una demanda marítima que continúa creciendo, más ingresos para financiar nuevas inversiones y un fenómeno climático que amenaza con repetir las condiciones de hace tres años, el Canal de Panamá enfrenta el reto de mantener la competitividad de una de las rutas comerciales más importantes del mundo sin comprometer la disponibilidad de agua que requiere tanto la navegación como el consumo de la población panameña.

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta sanitaria para advertir a la población sobre la falsificación y comercialización ilegal de los productos Artri Ajo Rey y Artri Ajo King, dos suplementos promocionados para aliviar el dolor articular que contienen medicamentos no declarados y que, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), representan un riesgo potencialmente grave para la salud.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas informó que ninguno de estos productos cuenta con registro sanitario en Panamá y pidió a la ciudadanía abstenerse de comprarlos, especialmente a través de redes sociales, sitios web o vendedores informales, donde suelen ofrecerse como productos “naturales” para tratar artritis, dolores musculares y problemas de movilidad.

La advertencia panameña se sustenta en una actualización emitida por la FDA, que confirmó mediante análisis de laboratorio que Artri Ajo Rey contiene dexametasona, diclofenaco y metocarbamol, tres principios activos que no aparecen declarados en la etiqueta del producto.

En el caso de Artri Ajo King, la agencia estadounidense ya había detectado anteriormente la presencia oculta de diclofenaco, también sin informar al consumidor.

Aunque estos productos se promocionan como suplementos elaborados con ajo y otros ingredientes naturales, en realidad contienen medicamentos de prescripción cuya administración sin supervisión médica puede ocasionar complicaciones severas.

La dexametasona es un corticosteroide utilizado para tratar procesos inflamatorios. Su uso prolongado puede debilitar el sistema inmunológico, elevar los niveles de azúcar en sangre, provocar alteraciones psiquiátricas, afectar la masa ósea y suprimir el funcionamiento normal de las glándulas suprarrenales.

La FDA advirtió que suspender bruscamente este medicamento después de un consumo prolongado puede desencadenar un síndrome de abstinencia potencialmente peligroso, por lo que recomienda que cualquier paciente deje de utilizar el producto únicamente bajo supervisión médica.

El diclofenaco, por su parte, es un antiinflamatorio no esteroideo ampliamente utilizado para aliviar dolor e inflamación. Sin embargo, puede aumentar el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y hemorragias digestivas, además de provocar úlceras, perforaciones gastrointestinales y daño hepático.

El riesgo es aún mayor cuando la persona consume simultáneamente otros medicamentos con el mismo principio activo sin saberlo, precisamente porque el producto no lo declara en su composición.

El tercer ingrediente detectado fue metocarbamol, un relajante muscular que puede producir somnolencia, mareos, disminución de la presión arterial y afectar la capacidad para conducir vehículos u operar maquinaria pesada.

La combinación de estos tres medicamentos, administrados sin control médico y ocultos bajo la apariencia de un suplemento natural, fue una de las principales razones que motivó la alerta de las autoridades estadounidenses.

La preocupación de la FDA no es nueva. Desde 2022, la agencia mantiene una investigación sobre distintos productos comercializados bajo las marcas Artri y Ortiga, luego de recibir reportes de efectos adversos graves, incluidos casos de toxicidad hepática y muertes asociadas con su consumo.

En julio de 2023 informó que había recibido más de 30 nuevos reportes de eventos graves, entre ellos aumento repentino de peso, hemorragias gastrointestinales, alteraciones en los niveles de glucosa, insuficiencia suprarrenal y lesiones hepáticas.

Las investigaciones también derivaron en cartas de advertencia contra Amazon, Walmart y otros distribuidores por comercializar estos productos en Estados Unidos como suplementos dietéticos cuando, en realidad, contenían medicamentos no declarados.

La FDA determinó que se trataba de productos adulterados y etiquetados de forma engañosa, al ocultar ingredientes farmacológicos que solo deberían utilizarse bajo prescripción médica.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud reiteró que los medicamentos y suplementos deben adquirirse únicamente en farmacias autorizadas, ya que la compra a través de redes sociales, vendedores ambulantes o páginas web sin autorización impide garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas también solicitó a la población reportar cualquier punto de venta donde se comercialicen Artri Ajo Rey o Artri Ajo King llamando al 501-0306, mientras exhortó a médicos, farmacéuticos y demás profesionales de la salud a notificar cualquier evento adverso relacionado con estos productos.

La FDA, por su parte, recomendó que las personas que actualmente consuman Artri Ajo Rey consulten de inmediato a un profesional de la salud antes de suspenderlo, debido al riesgo de complicaciones derivadas de la dexametasona oculta en su formulación.

En el caso de Artri Ajo King, la agencia mantiene vigente su recomendación de no comprar ni utilizar el producto mientras continúan las investigaciones sobre su distribución y composición.

Treinta y seis años después de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, dos familias podrán finalmente dar sepultura a sus seres queridos. La Procuraduría General de la Nación entregó los restos óseos de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo, identificados mediante pruebas de ADN procesadas en Panamá y Guatemala como parte de las investigaciones sobre las víctimas del 20 de diciembre de 1989.

La entrega se realizó en el cementerio Jardín de Paz, con la presencia de familiares de ambas víctimas, quienes expresaron su satisfacción por el trabajo desarrollado para recuperar sus identidades.

Los estudios fueron efectuados por el Laboratorio de Análisis Biomolecular del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Laboratorio de Genética Forense de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.

La identificación constituye un nuevo avance en un proceso que permanece abierto más de tres décadas después de la operación militar estadounidense. Los restos forman parte de los sumarios que tramita la Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana para esclarecer las muertes, ubicar a los desaparecidos y determinar la identidad de cuerpos enterrados sin información suficiente tras los combates.

La invasión comenzó durante la madrugada del 20 de diciembre de 1989, cuando fuerzas estadounidenses ejecutaron la denominada Operación Causa Justa. El ataque fue desplegado por aire, tierra y mar contra 27 objetivos militares de manera simultánea, con la participación de aproximadamente 24,000 soldados, además de las tropas que Estados Unidos mantenía en territorio panameño.

El objetivo declarado era capturar al general Manuel Antonio Noriega, proteger a ciudadanos estadounidenses, defender el funcionamiento del Canal y respaldar la instalación del gobierno encabezado por Guillermo Endara.

Los ataques alcanzaron zonas densamente pobladas, entre ellas El Chorrillo, donde estaba ubicada la Comandancia de las Fuerzas de Defensa, además de San Miguelito, Río Hato y sectores de Colón.

El Chorrillo quedó marcado por los bombardeos y los incendios que destruyeron viviendas, comercios, una escuela, estaciones de autobuses y otras estructuras. Según los alegatos recogidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, miles de residentes fueron desplazados y unas 18,000 personas quedaron sin hogar, mientras el acceso a algunas áreas permaneció restringido durante días.

Treinta y seis años después de la invasión, Panamá continúa exhumando restos humanos para esclarecer uno de los capítulos más dolorosos de su historia.

El número de muertos continúa siendo uno de los puntos más controvertidos de la invasión. Estados Unidos reportó 202 civiles y 314 militares panameños fallecidos, para un total de 516 personas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y fuentes independientes estimaron que las víctimas civiles pudieron superar las 2,000, una diferencia que nunca ha sido aclarada definitivamente.

La ausencia de un conteo definitivo estuvo vinculada, entre otros factores, con entierros realizados sin registros completos, cuerpos no identificados y denuncias sobre fosas comunes. La CIDH también recogió cuestionamientos sobre la falta de preparación para identificar, registrar y disponer de los restos humanos con el detalle necesario, situación que prolongó durante décadas la incertidumbre de numerosas familias.

El Registro de Víctimas de la Comisión 20 de Diciembre, actualizado hasta marzo de 2026, contiene 443 nombres en distintas etapas de verificación. Los primeros 238 corresponden a fallecidos y desaparecidos confirmados, mientras que otros 205 nombres permanecen bajo investigación, a partir de información aportada por familiares, organizaciones de derechos humanos y fuentes documentales.

La Comisión advierte que el registro es un documento abierto y puede modificarse conforme se validen los datos con el Tribunal Electoral y otras instituciones. Además, algunas entradas en investigación coinciden con víctimas ya incorporadas en el listado confirmado, por lo que los 443 registros no representan necesariamente esa misma cantidad de personas distintas.

La lista reúne víctimas nacidas en diferentes provincias, panameños nacidos en el extranjero y ciudadanos de otras nacionalidades. Sus edades abarcan desde un recién nacido hasta personas mayores de 80 años, evidencia de que el impacto de la operación alcanzó a niños, jóvenes, adultos y ancianos, tanto civiles como integrantes de las fuerzas panameñas.

Durante los últimos años, las investigaciones recibieron un nuevo impulso mediante la exhumación de restos, la recuperación de cuerpos trasladados entre cementerios y el análisis de perfiles genéticos. Especialistas del Instituto de Medicina Legal y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala han comparado muestras óseas con el ADN aportado por familiares de personas desaparecidas.

Ese trabajo permitió previamente a víctimas como Ricardo Aurelio Arana Riquelme, mediante estudios genéticos realizados durante 2024, y a Eric Abdiel Bonilla Terrero, cuyos restos fueron ubicados en el antiguo cementerio de Cerro Batea y trasladados posteriormente al Jardín de Paz.

La entrega de Coulthrust Quiñones y Carol Ojo permite cerrar parcialmente dos historias familiares, pero también confirma que el proceso de identificación está lejos de concluir. Todavía existen restos pendientes de análisis, casos de desaparición sin resolver y familias que esperan una respuesta oficial sobre lo ocurrido con sus parientes durante y después de la invasión.

Cada identificación representa más que un resultado forense: restituye un nombre, permite completar un duelo y recupera una parte de la memoria histórica. Mientras continúen las exhumaciones y las pruebas genéticas, Panamá seguirá intentando esclarecer una tragedia cuyo número real de víctimas, 36 años después, permanece sin una respuesta definitiva.

Los delitos cometidos por menores de edad aumentaron 22.8% en Panamá durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, las Fiscalías Superiores de Adolescentes recibieron 2,475 denuncias, 460 más que las 2,015 reportadas en el mismo período de 2025.

Los casos relacionados con la libertad e integridad sexual encabezaron las estadísticas con 875 denuncias, seguidos por los delitos contra la vida y la integridad personal, con 483; los delitos contra el patrimonio económico, con 453; los delitos contra la seguridad colectiva, con 357; y los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, con 257.

Las cifras divulgadas por el Ministerio Público muestran que el incremento fue generalizado en casi todo el país. La provincia de Panamá concentró la mayor cantidad de denuncias con 640 casos, seguida de Panamá Oeste, con 433; Chiriquí, con 377; Bocas del Toro, con 255; San Miguelito, con 165; Colón, con 161; Veraguas, con 140; Coclé, con 110; Herrera, con 85; Los Santos, con 57; y Darién, con 52.

En comparación con el mismo período del año pasado, los mayores aumentos absolutos se registraron en Panamá, que pasó de 535 a 640 denuncias (+105); Panamá Oeste, de 328 a 433 (+105); Bocas del Toro, de 175 a 255 (+80); Veraguas, de 87 a 140 (+53); y Chiriquí, de 328 a 377 (+49).

También aumentaron los casos en Colón, Herrera, San Miguelito y Darién, mientras que Coclé y Los Santos mantuvieron exactamente la misma cantidad de denuncias que en 2025.

El crecimiento también fue evidente al analizar la evolución de los principales delitos. Las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual aumentaron de 385 a 875, lo que representa 490 casos adicionales en apenas un año.

Los delitos contra la vida y la integridad personal subieron de 205 a 483, mientras que los delitos contra el patrimonio económico crecieron de 256 a 453. Asimismo, los delitos contra la seguridad colectiva pasaron de 230 a 357, y los relacionados con el orden jurídico familiar y el estado civil aumentaron de 91 a 257.

El incremento de las denuncias también tuvo impacto en la actividad judicial. Durante el primer semestre de este año las Fiscalías Superiores de Adolescentes participaron en 4,100 audiencias, frente a las 3,461 realizadas durante el mismo período de 2025.

Entre las actuaciones más frecuentes figuraron 1,037 audiencias ante jueces de cumplimiento, 467 audiencias innominadas, 443 audiencias de formulación de imputación, 295 lecturas de sentencia y 272 audiencias de acuerdos de pena.

En cuanto a las medidas cautelares, el Ministerio Público reportó 328 durante el semestre. De ellas, 175 correspondieron a detención provisional y 153 a otras medidas distintas a la privación de libertad.

En contraste, durante el mismo período de 2025 se habían aplicado 516 medidas cautelares, de las cuales 133 fueron detenciones provisionales y 383 medidas distintas a la detención, lo que refleja un cambio en la composición de las decisiones cautelares adoptadas por los jueces.

Las estadísticas también muestran un aumento en las causas egresadas definitivas, que pasaron de 1,377 en el primer semestre de 2025 a 1,601 este año. El mecanismo más utilizado continuó siendo el criterio de oportunidad por resolución del fiscal, con 868 casos, seguido por 285 causas concluidas mediante sentencia, 253 declinatorias a la esfera administrativa, 53 sobreseimientos y 49 conciliaciones.

En materia de sentencias, entre enero y junio de 2026 se dictaron 305 fallos, frente a 236 en igual período del año anterior. La mayoría se resolvió mediante acuerdos de pena, con 258 sentencias, mientras que 25 correspondieron a procesos simplificados y 14 fueron producto de juicios orales.

Además, de las 348 sentencias clasificadas por tipo de fallo, 346 fueron condenatorias y solo dos absolutorias, equivalente a un 99% de condenas. En el primer semestre de 2025 se habían registrado 247 sentencias, de las cuales 241 fueron condenatorias y seis absolutorias.

El crecimiento de los delitos sexuales, contra la vida y contra el patrimonio muestra que el fenómeno no se limita a faltas menores y exige una respuesta coordinada entre las autoridades, las escuelas, las comunidades y los hogares.

El endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y el cierre de alternativas para solicitar asilo han provocado un cambio inédito en la dinámica migratoria del continente.

Miles de personas que cruzaron la selva del Darién con la intención de llegar al norte ahora recorren el camino de regreso. Panamá reportó que 5,096 migrantes irregulares han realizado el denominado flujo inverso o ruta norte-sur durante 2026, un fenómeno que refleja el retorno de quienes desistieron de continuar su viaje o no lograron ingresar al territorio estadounidense.

El flujo inverso corresponde al desplazamiento de migrantes desde Centroamérica hacia Sudamérica, en sentido contrario al recorrido habitual.

La mayoría son personas que llegaron hasta México o permanecieron durante meses en ese país y, tras el endurecimiento de las restricciones migratorias estadounidenses, decidieron regresar voluntariamente a sus naciones de origen o buscar nuevas alternativas en Sudamérica.

Muchos de estos migrantes emprendieron inicialmente el viaje impulsados por programas como CBP One, que permitía solicitar citas para ingresar legalmente a Estados Unidos, o con la expectativa de presentar solicitudes de asilo.

Sin embargo, el endurecimiento de los controles fronterizos, la eliminación de mecanismos de admisión y el incremento de las deportaciones redujeron considerablemente esas posibilidades, obligando a miles de personas a iniciar el retorno.

En Panamá, estos migrantes ingresan principalmente por Costa Rica, atraviesan el país bajo supervisión de las autoridades migratorias y son trasladados hacia Puerto Miramar, en Colón, desde donde embarcan rumbo a Puerto Obaldía, en la comarca Guna Yala.

Desde allí continúan hacia comunidades colombianas del Caribe para regresar a Sudamérica, evitando cruzar nuevamente la selva del Darién.

El reporte actualizado al 12 de julio de 2026 muestra que 4,665 de los migrantes del flujo inverso son venezolanos, lo que representa más del 91% del total.

Les siguen 181 colombianos, 58 ecuatorianos, 53 ciudadanos estadounidenses —correspondientes a hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos— y 139 personas de otras nacionalidades.

Las cifras también reflejan que enero fue el mes con mayor movimiento, con 1,250 personas, seguido de febrero (1,086) y marzo (916). A partir de abril comenzó una disminución progresiva, con 674 migrantes, luego 537 en mayo y 466 en junio. Hasta el 12 de julio se habían contabilizado 167 personas, lo que sugiere que el fenómeno continúa, aunque a un ritmo menor.

El comportamiento semanal también ha mostrado variaciones importantes. Entre el 28 de mayo y el 3 de junio se registraron 193 migrantes, mientras que del 11 al 17 de junio fueron 186.

Posteriormente el flujo cayó a 17 personas entre el 18 y el 24 de junio, no hubo registros en la semana siguiente y volvió a incrementarse con 48 migrantes entre el 2 y el 8 de julio y 119 durante la semana comprendida entre el 9 y el 15 de julio.

Al cierre del reporte permanecían 39 migrantes en la Estación Temporal de Recepción Migratoria (ETRM) de Darién, mientras que siete esperaban zarpar desde Puerto Miramar y 18 permanecían en Puerto Obaldía antes de continuar su retorno hacia Colombia.

En sentido contrario, el flujo tradicional por Darién se mantiene muy reducido, con 285 ingresos irregulares acumulados durante el año, de los cuales 244 corresponden a adultos y 41 a menores de edad.

Durante 2025, Panamá contabilizó 22,578 migrantes en flujo inverso, una cifra más de cuatro veces superior a los 5,096 registrados hasta julio de 2026.

Del total del año pasado, 20,979 eran venezolanos, equivalentes al 93%, seguidos por 772 colombianos, 189 ecuatorianos, 184 peruanos, 116 ciudadanos estadounidenses —principalmente hijos de migrantes nacidos en ese país— y 338 personas de otras nacionalidades.

Abril fue el mes con mayor cantidad de retornos en 2025, con 3,013 personas, seguido por marzo, con 2,804, y mayo, con 2,500. En sentido contrario, el flujo irregular hacia el norte a través del Darién cerró ese año con 3,088 ingresos, de los cuales 1,854 correspondieron a hombres, 747 a mujeres y 487 a menores de edad.

De forma paralela al comportamiento del flujo migratorio, el Servicio Nacional de Migración reportó que 618 extranjeros fueron detenidos entre enero y junio de 2026 por infringir la legislación nacional, estadísticas que corresponden a procedimientos administrativos y judiciales distintos al flujo inverso. El 84% eran hombres (517) y el 16% mujeres (101).

La principal causa de detención fue la estadía vencida, con 198 casos, seguida por personas remitidas tras cumplir condenas (193) y el ingreso irregular al país, con 181 detenciones. También se contabilizaron 14 casos relacionados con antecedentes penales, siete por investigaciones o procesos de verificación, seis por impedimentos migratorios, cuatro vinculados a tráfico de personas y 15 por otras causales.

Por nacionalidad, los ciudadanos colombianos encabezaron las detenciones con 309 casos, seguidos de nicaragüenses (118), venezolanos (78), ecuatorianos (20), salvadoreños (16), dominicanos (10), mexicanos (9) y hondureños (8). Además, se registraron 50 personas de otras nacionalidades.

En cuanto a la edad, el grupo más numeroso fue el de 28 a 37 años, con 228 personas detenidas, seguido por quienes tenían 18 a 27 años (134) y 38 a 47 años (132). Los grupos de mayor edad presentaron cifras considerablemente menores, según las estadísticas oficiales del Servicio Nacional de Migración.

Panamá dará un nuevo paso en su estrategia para llevar más visitantes directamente hacia el interior del país con la apertura de una ruta aérea entre Bogotá y Río Hato, que conectará al mercado colombiano con la Riviera Pacífica sin necesidad de pasar por la Ciudad de Panamá.

La operación será desarrollada mediante una alianza entre la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), PROMTUR Panamá (Fondo de Promoción Internacional), el mayorista On Vacation y la aerolínea Wingo.

Los vuelos comenzarán el 5 de octubre de 2026 y tendrán como destino el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, ubicado cerca de la principal zona hotelera de playa del país.

La conexión desde Colombia se sumará a los vuelos internacionales programados entre Ecuador y Río Hato, que comenzarán este sábado 25 de julio, ampliando la estrategia diseñada para convertir esta terminal aérea en una puerta de entrada permanente hacia destinos turísticos ubicados fuera de la capital panameña.

Hasta ahora, la operación internacional de Río Hato ha dependido principalmente de vuelos estacionales procedentes de Canadá, concentrados en los meses de mayor demanda. La incorporación de mercados latinoamericanos busca reducir esa dependencia y mantener un flujo de viajeros durante una mayor parte del año.

De acuerdo con el anuncio, los vuelos desde Bogotá serán operados en horarios nocturnos y tendrán una capacidad estimada de 1,395 pasajeros mensuales.

El trayecto tomará aproximadamente una hora y 40 minutos, lo que permitirá acercar a los viajeros colombianos a la oferta de playas, hoteles, naturaleza y experiencias turísticas de la Riviera Pacífica.

La ruta pretende aprovechar uno de los mercados emisores más relevantes para Panamá. Bogotá posee una amplia conectividad aérea interna, lo que podría facilitar que pasajeros procedentes de otras ciudades colombianas utilicen la capital como punto de conexión antes de viajar directamente a Río Hato.

La iniciativa también busca dinamizar la ocupación hotelera, los restaurantes, el transporte turístico, las excursiones y el comercio local. La Riviera Pacífica concentra resorts, villas y complejos turísticos ubicados principalmente en Río Hato, Playa Blanca, Buenaventura y Farallón, pero históricamente ha enfrentado dificultades para competir con destinos de playa que reciben vuelos internacionales directamente.

Actualmente, buena parte de los turistas que llegan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen debe completar un traslado terrestre de varias horas para llegar a estas zonas, dependiendo del tráfico vehicular.

Ese recorrido incrementa el costo de los paquetes y resta tiempo de vacaciones, una desventaja frente a destinos como Punta Cana, en República Dominicana, o Guanacaste, en Costa Rica.

Gloria de León, administradora general de la ATP, señaló que la nueva conexión representa un paso estratégico para consolidar la conectividad internacional y descentralizar los beneficios del turismo.

Según explicó, la articulación entre el sector público y privado permitirá atraer nuevos visitantes, fortalecer la economía local y posicionar a la Riviera Pacífica como un destino más competitivo en América Latina.

La presidenta de On Vacation, Laura Muñoz, indicó que la conectividad aérea constituye una herramienta para impulsar el crecimiento, el empleo y las oportunidades económicas. La compañía ampliará con esta ruta su portafolio internacional y asumirá un papel clave en la comercialización de paquetes dirigidos al mercado colombiano.

Una estrategia para descentralizar el turismo

La apertura de la conexión Bogotá-Río Hato forma parte de un plan más amplio para llevar vuelos internacionales a aeropuertos regionales.

El Gobierno aprobó una inversión de $4 millones a través de PROMTUR, complementada con otro millón de dólares aportado por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, para incentivar nuevas operaciones hacia terminales como Río Hato y David.

El modelo contempla compartir el riesgo comercial entre aerolíneas, operadores turísticos, hoteles y el sector público. Los mayoristas pueden adquirir anticipadamente parte de los asientos, las compañías aéreas venden otra porción mediante sus canales y los establecimientos hoteleros reservan cupos para sus huéspedes. PROMTUR aporta apoyo financiero durante la fase inicial para facilitar la consolidación de la demanda.

Las autoridades también han evaluado conexiones desde Medellín y otras ciudades latinoamericanas, además de nuevos enlaces hacia el Aeropuerto Internacional Enrique Malek, en David. En ese caso, el objetivo es combinar turismo de naturaleza, compras y playa, aprovechando la cercanía con Boquete, el Golfo de Chiriquí y la frontera con Costa Rica.

La estrategia responde a la meta de distribuir de manera más equilibrada los ingresos generados por el turismo. Panamá superó los tres millones de visitantes internacionales en 2025, pero gran parte del gasto continúa concentrándose en la capital.

Los vuelos directos hacia el interior buscan que hoteles, restaurantes, operadores y comunidades provinciales reciban una mayor participación de esa actividad económica.

La permanencia de estas rutas dependerá de la ocupación de los vuelos y de la capacidad para mantener una demanda constante. El reto será convertir operaciones inicialmente respaldadas por incentivos y paquetes turísticos en conexiones sostenibles durante todo el año, evitando que Río Hato vuelva a depender exclusivamente de temporadas específicas.

Los casos de infecciones respiratorias agudas graves aumentaron 11.4% en una semana en Panamá, mientras el Ministerio de Salud notificó una nueva muerte por influenza, con lo cual el acumulado de fallecimientos asociados a este virus ascendió a 55 durante 2026.

El informe correspondiente a la semana epidemiológica 26, comprendida entre el 28 de junio y el 4 de julio, contabilizó 468 casos de infecciones respiratorias agudas graves, frente a los 420 reportados una semana antes.

Esto representa 48 registros adicionales. El acumulado anual pasó de 9,150 a 9,634 casos, con una tasa de 208.4 por cada 100,000 habitantes.

El propio informe precisa que dentro de esta categoría se incluyen las bronconeumonías y las neumonías, enfermedades que comprometen los pulmones y pueden requerir hospitalización.

Los síntomas pueden comenzar con fiebre, tos, congestión, dolor de garganta y malestar general, pero el cuadro se vuelve grave cuando aparece dificultad para respirar, respiración acelerada, dolor en el pecho, confusión, coloración azulada en labios o rostro, fiebre persistente o deterioro rápido.

En paralelo al aumento de estos cuadros respiratorios graves, el informe también confirmó una nueva defunción por influenza, una enfermedad viral que puede provocar complicaciones severas, especialmente en adultos mayores, menores de un año y personas con padecimientos crónicos.

La nueva defunción elevó de 54 a 55 las muertes por influenza. Del total, el 58.2% correspondió a hombres, mientras que el 60% se concentró en personas de 65 años o más. Los menores de un año representaron otro 12.7%, lo que refleja el mayor impacto entre adultos mayores y lactantes.

El dato más contundente del reporte es que ninguna de las 55 personas fallecidas había recibido la vacuna correspondiente a la temporada actual. Además, el 82% tampoco estaba vacunado durante la temporada de 2025 y el 81.5% presentaba factores de riesgo, principalmente edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

La influenza suele manifestarse con fiebre de aparición repentina, tos seca, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, cansancio intenso, dolor de garganta y secreción nasal.

Aunque la mayoría de las personas mejora en aproximadamente una semana, puede agravarse, provocar neumonía o sepsis y conducir a hospitalización o muerte, especialmente entre niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.

En contraste con el aumento de los cuadros graves, las consultas por síndrome gripal bajaron de 1,204 a 1,064 casos semanales, una reducción de 140 registros. Sin embargo, el acumulado anual se situó en 22,616 casos, con una tasa de 489.1 por cada 100,000 habitantes.

Malaria y leishmaniasis también suman casos

La malaria alcanzó 4,671 casos acumulados, frente a 4,588 en el reporte anterior. Durante la semana epidemiológica 26 se notificaron 29 casos y se incorporaron otros 54 correspondientes a semanas previas, lo que supone un incremento acumulado de 83 registros entre ambos informes.

Los primeros síntomas de la malaria suelen ser fiebre, dolor de cabeza y escalofríos. Sin tratamiento oportuno, puede progresar hacia una forma grave caracterizada por dificultad respiratoria, anemia severa, alteraciones de conciencia, convulsiones, daño de órganos y, eventualmente, la muerte.

La leishmaniasis sumó 47 notificaciones durante la semana y alcanzó 1,452 casos, frente a los 1,404 acumulados en el informe anterior.

La forma cutánea, que es la más frecuente, provoca lesiones y úlceras en la piel; la mucocutánea afecta nariz, boca y garganta, mientras la visceral puede causar fiebre prolongada, pérdida de peso, anemia y aumento del tamaño del hígado y el bazo. Sin tratamiento, esta última es la variante más peligrosa.

El informe también actualizó el acumulado de zika de uno a dos casos; hantavirus de 11 a 12; leptospirosis de 22 a 26, y gusano barrenador en humanos de 57 a 60. En el caso del virus Oropouche, los registros aumentaron de siete a 16, aunque los ocho casos incluidos en la semana 26 correspondían a actualizaciones de semanas anteriores.

No se notificaron casos nuevos de mpox, antes conocida como viruela símica o viruela del mono, que mantiene un acumulado anual de seis contagios, ni de chikungunya, que conserva cuatro casos. Tampoco se registraron nuevos casos semanales de fiebre o síndrome cardiopulmonar por hantavirus ni de leptospirosis, aunque el sistema incorporó expedientes correspondientes a períodos anteriores.

Ante este panorama, el Minsa recomendó lavarse frecuentemente las manos, ventilar los espacios cerrados y utilizar voluntariamente mascarilla cuando aparezcan síntomas respiratorios. Las autoridades también pidieron buscar atención médica ante dificultad para respirar, fiebre persistente o empeoramiento acelerado, particularmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Durante años, estudiantes, docentes y padres de familia han denunciado el progresivo deterioro del Instituto José Dolores Moscote, uno de los planteles públicos más emblemáticos de Panamá.

Grietas, pabellones envejecidos, instalaciones insuficientes y espacios que dejaron de responder a las necesidades de la comunidad educativa forman parte de los problemas que motivaron numerosos reclamos.

Ahora, el Ministerio de Educación (Meduca) busca revertir esa situación con una licitación pública por $24.5 millones para ejecutar una transformación integral del centro educativo ubicado en Parque Lefevre.

El proyecto, que será adjudicado de manera global a un solo contratista, contempla mucho más que una remodelación. De acuerdo con el pliego de cargos, la iniciativa incluye demoliciones, nuevos diseños arquitectónicos, construcciones completamente nuevas y la rehabilitación de las áreas que aún pueden ser aprovechadas.

La entidad justifica la intervención por las condiciones en que se encuentran actualmente las estructuras del colegio y señala que el objetivo es ofrecer instalaciones modernas y una mejor calidad educativa para los estudiantes.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que la actividad académica podrá continuar mientras avanzan las obras.

Para ello, la primera fase contempla la instalación de pabellones temporales que albergarán oficinas administrativas, laboratorios de ciencias, aulas teóricas, laboratorios de informática, baterías sanitarias y pasillos de circulación, evitando la suspensión del servicio educativo o el traslado masivo de estudiantes a otros planteles. Esta estrategia permitirá mantener el calendario escolar mientras se desarrolla la construcción.

Posteriormente comenzará la demolición de gran parte de las estructuras existentes. El plan incluye la eliminación completa de los pabellones 1, 2, 3, 5, 6 y 7, además del gimnasio, la cafetería, el salón de profesores, el laboratorio de informática, la capilla, la plaza cívica, el parque, gazebos, cobertizos, canchas, aceras, tanque de reserva y otras edificaciones que ya cumplieron su vida útil.

También se realizarán movimientos de tierra, obras de contención y la construcción de un nuevo sistema pluvial.En reemplazo de esas instalaciones surgirán tres nuevos pabellones académicos.

El primero concentrará la administración del colegio, biblioteca, orientación, enfermería, odontología, asociación de padres de familia, gabinete psicopedagógico, más de 15 aulas teóricas, laboratorio de matemáticas, servicios sanitarios y depósitos, distribuidos en cuatro niveles, convirtiéndose en el principal edificio administrativo del plantel.

El segundo pabellón albergará un salón de conferencias, cuatro aulas teóricas y laboratorios especializados para bellas artes y artes industriales.

Mientras tanto, el tercer edificio reunirá laboratorios de química, ciencias naturales, biología, física, informática, lenguas, música y familia y desarrollo, además de siete aulas teóricas, depósitos y áreas de apoyo, consolidando un espacio orientado a fortalecer la enseñanza científica, tecnológica y artística.

El proyecto también contempla la remodelación del actual pabellón 4, donde serán rehabilitadas 29 aulas teóricas, cuatro módulos de servicios sanitarios, departamentos existentes y áreas de circulación.

A ello se sumará la construcción de patios internos, puentes de conexión entre edificios, cobertizos de concreto y la adecuación del acceso principal, con el propósito de mejorar la movilidad y la integración de todo el campus educativo.

Las mejoras alcanzarán igualmente las áreas deportivas y los espacios de convivencia. El Meduca prevé construir un nuevo gimnasio, un campo de fútbol, una cocina-comedor con cafetería, plaza cívica con tarima, estacionamientos, garita de acceso, cuarto de bombas, cuarto eléctrico principal, depósito de basura, quiosco y nuevas zonas verdes mediante un programa integral de paisajismo que transformará por completo la imagen del centro educativo.

La contratación también comprende todos los estudios previos necesarios para garantizar la viabilidad de la obra. La empresa que se adjudique el proyecto, deberá elaborar estudios topográficos, hidrológicos y geotécnicos, desarrollar los diseños arquitectónicos, estructurales y de ingeniería, obtener permisos municipales y ambientales, preparar el estudio de impacto ambiental y ejecutar el plan de manejo ambiental durante toda la construcción.

Además, el contrato incorpora costos asociados a seguridad ocupacional, supervisión técnica, materiales, equipos, seguros, permisos y gastos administrativos, calculados con base en referencias actualizadas del mercado y análisis homologados con la Contraloría General de la República.

Como parte del proceso de contratación, el Meduca recibirá las propuestas hasta el 31 de agosto de 2026. Antes de esa fecha se desarrollarán una visita técnica al sitio y una reunión de homologación para atender las consultas de las empresas interesadas.

El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de 900 días calendario, durante los cuales deberán completarse los estudios, diseños, demoliciones, construcción de las nuevas edificaciones y rehabilitación de la infraestructura existente.

El estudio de mercado elaborado por la entidad concluyó que el precio de referencia de B/.24,5 millones es competitivo y se ajusta a los costos actuales para desarrollar una obra de esta magnitud.

Una ciudadana colombiana fue condenada a siete años (84 meses) de prisión tras intentar ingresar a Panamá con 17 kilogramos de cocaína ocultos en prendas de vestir impregnadas con la droga, una modalidad de tráfico internacional utilizada por organizaciones criminales para dificultar la detección del estupefaciente en aeropuertos y otros puntos.

La condena fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la Procuraduría General de la Nación, luego de que la mujer aceptara los cargos mediante un acuerdo de pena durante una audiencia de garantías.

De acuerdo con el Ministerio Público, la mujer fue capturada el 20 de julio de 2026 por unidades de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional cuando ingresaba al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Las autoridades informaron que en su equipaje transportaba 5.27 kilogramos y otros 11.73 kilogramos de clorhidrato de cocaína, sustancias que habían sido impregnadas en diferentes piezas de ropa, para un total de 17 kilogramos del alcaloide.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la legalización de la aprehensión, formuló cargos por el delito de tráfico internacional de drogas y presentó un acuerdo de pena, que fue admitido tras la aceptación de responsabilidad por parte de la acusada.

¿Cómo funciona esta modalidad?

La impregnación de cocaína en textiles es una técnica utilizada por redes del narcotráfico para reducir la posibilidad de que la droga sea detectada durante las inspecciones convencionales.

En lugar de transportar paquetes compactos, los traficantes someten la cocaína a procesos químicos para convertirla en una solución líquida o una pasta que posteriormente es absorbida por telas, prendas de vestir, papel, cartón, cuero u otros.

Una vez el material llega a su destino, laboratorios clandestinos emplean reactivos químicos para separar nuevamente el alcaloide de las fibras textiles. El proceso permite recuperar la cocaína en estado sólido para su posterior distribución.

Especialistas en investigaciones antidrogas señalan que este método busca dificultar la labor de los controles aeroportuarios, ya que la droga no siempre presenta la apariencia habitual de los narcóticos ocultos en dobles fondos o compartimientos secretos.

Sin embargo, los equipos especializados utilizan análisis químicos, inspecciones técnicas y pruebas de laboratorio que permiten detectar la presencia del alcaloide incluso cuando ha sido mezclado o impregnado en otros materiales.

Aunque esta modalidad requiere una infraestructura más compleja para recuperar la sustancia, continúa siendo utilizada por organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas debido al alto valor comercial que puede alcanzar.

Operación contra el microtráfico

El caso en Tocumen se produjo mientras las autoridades también desarrollaban una ofensiva contra la venta de drogas en las inmediaciones de centros educativos mediante la operación “Impacto Escolar”, coordinada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

La operación dejó 21 condenas en distintas provincias del país, además de 15 personas detenidas provisionalmente, como parte de investigaciones relacionadas con el delito de venta de drogas.

En el área metropolitana se validaron seis condenas, entre ellas una de 140 meses de prisión, cuatro de 84 meses y otra de 80 meses. Además, tres personas quedaron bajo detención provisional mientras continúan las investigaciones.

En Colón, una persona fue condenada a 84 meses de prisión mediante acuerdo de pena, mientras otro imputado quedó detenido preventivamente.

En Panamá Oeste se dictaron cuatro condenas de 170, 90, 84 y 60 meses de prisión, además de tres detenciones provisionales por casos registrados en los distritos de Chame y San Carlos.

En Veraguas, un juez de garantías ordenó la detención provisional de tres ciudadanos investigados por venta de drogas.

Por su parte, en Bocas del Toro se logró una condena y una detención provisional. En Chiriquí se registraron cuatro imputaciones que derivaron en una condena, dos detenciones provisionales y un arresto domiciliario definitivo.

Finalmente, en las provincias de Herrera y Los Santos se validaron cuatro condenas de 95, 90 y dos de 84 meses de prisión, además de dos medidas cautelares de detención provisional.

Con estos resultados, las autoridades mantienen dos frentes de acción simultáneos: el combate al tráfico internacional de drogas, que utiliza métodos cada vez más sofisticados para mover cargamentos entre países, y la persecución del microtráfico, especialmente en áreas cercanas a centros educativos, donde las investigaciones buscan frenar la distribución local de sustancias ilícitas.

El Gobierno de Panamá estableció las fechas límite para realizar nuevos entierros en ocho cementerios comunitarios ubicados dentro del área donde se desarrollará el futuro embalse multipropósito de Río Indio, una obra impulsada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para reforzar el abastecimiento de agua potable y garantizar la operación de la vía interoceánica durante las próximas décadas.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Ejecutivo No. 26 del 21 de julio de 2026, publicado en la Gaceta Oficial. La medida forma parte de los preparativos para el reasentamiento de cerca de 500 familias residentes en comunidades de Coclé, Panamá Oeste y Colón que serán impactadas por el proyecto.

De acuerdo con el decreto, el 30 de julio de 2026 será el último día permitido para efectuar nuevos entierros en el cementerio El Limón, ubicado en la comunidad El Limón No. 1, corregimiento de La Encantada, distrito de Chagres, provincia de Colón. Tras esa fecha comenzará el cierre progresivo y definitivo de ese camposanto.

Para los otros siete cementerios, la fecha límite fue fijada para el 15 de enero de 2027. Se trata de Las Quebradas, ubicado en la comunidad del Coquillo de Uracillo; Boca de Uracillo; Palma Real, en El Barrero; Los Cajoncitos, en La Arenosa; y San Cristóbal, en Boquilla de Las Postreras. Todos están localizados en el corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

La lista se completa con los cementerios Tres Hermanas y Los Uveros, situados en comunidades del mismo nombre en el corregimiento de Cirí de Los Sotos, distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste. El cumplimiento de los plazos supondrá el cese definitivo de sus actividades, como parte del cierre operativo progresivo ordenado por el Ejecutivo.

La razón es que los ocho camposantos se encuentran dentro de la huella del futuro lago de Río Indio. Una vez construida la presa y comenzado el llenado gradual del reservorio, esas áreas quedarán expuestas a inundaciones permanentes, por lo que no son aptas para mantener cementerios ni recibir nuevos entierros.

El decreto explica que el cronograma técnico contempla el inicio de las fases de diseño y construcción a partir de 2027. Esos trabajos darán origen al futuro lago y obligan a adelantar la reubicación de estructuras comunitarias, especialmente los cementerios, por los plazos sanitarios que deben cumplirse antes de trasladar restos humanos.

La medida no significa que los restos actualmente sepultados quedarán abandonados o bajo el agua. El decreto autoriza excepcionalmente su retiro y traslado, siempre que hayan transcurrido por lo menos 18 meses desde el último entierro. La excepción se aplicará cuando exista una solicitud del Ministerio Público o una orden del Órgano Judicial.

Los restos serán llevados a nuevos cementerios que deberán construirse en las áreas de reasentamiento o, cuando resulte necesario, a camposantos autorizados cercanos. Los traslados deberán contar con la aprobación de la autoridad sanitaria regional y realizarse bajo las normas de salud pública vigentes.

Las autoridades locales coordinarán con la ACP la cobertura de todos los costos relacionados con la apertura de las sepulturas, el traslado de los restos y su posterior entierro. También se suministrarán ataúdes o urnas y se reemplazarán nichos, lápidas, tumbas o mausoleos en condiciones iguales o mejores que las existentes.

El decreto ordena que el proceso respete las creencias religiosas, el arraigo cultural, los derechos humanos y los vínculos afectivos de las comunidades. El Ministerio de Salud, la ACP y los municipios deberán mantener canales de diálogo con los familiares y divulgar las disposiciones en casas locales, casas de paz y centros sanitarios.

El proyecto hídrico de Río Indio

El embalse forma parte del Plan de Acción de Reasentamiento de Río Indio, que contempla la adquisición de tierras, la reposición de viviendas y el traslado de instalaciones comunitarias. El proceso será gradual y la ACP prevé acompañar a las familias más allá de 2034, hasta que recuperen sus medios de vida.

La obra principal requerirá una inversión estimada de 1,500 millones de dólares e incluirá una presa de concreto, tres presas auxiliares y un sistema para trasladar agua hacia el lago Gatún por gravedad. Su construcción tomaría aproximadamente cuatro años y generaría cerca de 2,700 empleos directos.

La ACP sostiene que el reservorio permitirá asegurar agua para el consumo humano y el funcionamiento del Canal durante los próximos 50 años. El cierre de los cementerios constituye así uno de los primeros efectos concretos del proyecto sobre las comunidades que deberán dejar los territorios donde se formará el nuevo lago.

Las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en Panamá registraron un incremento del 16% durante el primer semestre de 2026, al pasar de 2,771 casos entre enero y junio de 2025 a 3,216 en el mismo período de este año, lo que representa 445 denuncias adicionales, según el más reciente informe estadístico del Ministerio Público.

Las estadísticas, correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio, muestran que la mayor parte de las investigaciones continúa concentrándose en los delitos agrupados en el Capítulo I: Violación y otros delitos sexuales, que acumularon 2,945 denuncias, equivalentes al 91.6% del total.

El restante 8.4%, con 271 casos, corresponde al Capítulo II, que comprende delitos relacionados con corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas.

El delito más denunciado durante el semestre fue el de acceso sexual con una persona mayor de 14 y menor de 18 años, con 1,217 investigaciones, cifra que representa cerca de cuatro de cada diez denuncias registradas y que, además, experimentó un aumento del 35% respecto a las 902 denuncias contabilizadas en igual período de 2025.

Le siguieron las denuncias por violación, con 1,070 casos, que prácticamente se mantuvieron estables frente a las 1,065 investigaciones del año anterior, mientras que las violaciones doblemente agravadas ascendieron a 133 expedientes, un incremento del 2%.

Los actos libidinosos sumaron 504 denuncias, un crecimiento del 13%, mientras que el acoso sexual fue el único delito de este grupo que disminuyó, al pasar de 22 a 21 casos, una reducción del 5%.

Entre los delitos contemplados en el Capítulo II, el mayor aumento porcentual correspondió a corrupción de personas menores de edad, que pasó de 135 a 192 denuncias, un incremento del 42%.

También sobresale el crecimiento de las investigaciones por pornografía infantil, que aumentaron un 50%, al pasar de 30 a 45 casos, y de la exhibición de materiales pornográficos a menores o personas incapaces, que igualmente subió un 50%, aunque en cifras absolutas pasó de cuatro a seis denuncias.

En contraste, las denuncias por explotación sexual disminuyeron de ocho a seis casos (-25%), la posesión de pornografía infantil bajó ligeramente de 17 a 16 investigaciones (-6%) y las relaciones sexuales remuneradas con adolescentes entre 14 y 18 años descendieron de cinco a cuatro casos (-20%). Los delitos de turismo sexual permanecieron sin variación, con un caso registrado en ambos años.

El informe también revela una marcada concentración territorial de las denuncias. La provincia de Panamá encabezó el listado con 663 casos, seguida por Chiriquí, con 473; Panamá Oeste, con 423; la Comarca Ngäbe Buglé, con 389; y Bocas del Toro, con 308 denuncias. En el otro extremo se ubicaron la Comarca Emberá, con apenas 10 casos, y la Comarca Guna Yala, con 31.

Sin embargo, al comparar los resultados con los del primer semestre de 2025, la Comarca Guna Yala presentó el mayor crecimiento relativo del país, con un incremento del 107%, al pasar de 15 a 31 denuncias.

También registraron aumentos importantes la Comarca Ngäbe Buglé (+28%), la provincia de Panamá (+27%), Herrera (+21%), Darién (+20%), Panamá Oeste (+16%), Chiriquí (+15%) y San Miguelito (+15%).

Las únicas jurisdicciones que mostraron una disminución fueron la Comarca Emberá, donde las denuncias cayeron un 62%, al pasar de 26 a 10 casos, y Veraguas, con una reducción del 3%, al bajar de 209 a 203 investigaciones.

Mientras tanto, Los Santos, Colón, Coclé y Bocas del Toro también reportaron incrementos, aunque por debajo del promedio nacional.

En cuanto al comportamiento mensual, mayo fue el período con mayor cantidad de denuncias, al registrar 685 casos, seguido por junio, con 551, y abril, con 539. El mes con menos reportes fue febrero, cuando se contabilizaron 416 investigaciones.

El Ministerio Público recordó que las cifras son preliminares y pueden modificarse conforme avancen las investigaciones o se actualicen los registros dentro del Sistema Penal Acusatorio.

El Ministerio de Salud de Panamá ordenó el retiro inmediato de todos los lotes disponibles de dos protectores solares de la marca Nivea, luego de identificar que contienen el mismo ingrediente prohibido que motivó recientemente la salida del mercado de dos perfumes de la línea Britney Spears.

Las medidas alcanzan a Nivea Sun Protect & Refresh FPS 50 Sistema de Protección UVA UVB, con registro sanitario 106527, y Nivea Sun Protect & Refresh FPS 30 Protector Solar, registrado bajo el número 106521. Ambos productos fueron fabricados por Beiersdorf Manufacturing Tres Cantos de España.

Las resoluciones 100 y 101 fueron emitidas por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas el 7 de julio de 2026 y publicadas el 21 de julio en la Gaceta Oficial. Además de cancelar los registros sanitarios, la autoridad ordenó retirar inmediatamente todas las unidades disponibles en el mercado panameño, sin limitar la medida a un lote o fecha de fabricación determinados.

Los distribuidores deberán comunicar la decisión a los establecimientos que comercializan estos productos y remitir a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas un informe sobre el retiro, en un plazo no mayor de treinta días.

La decisión se originó tras una alerta difundida por Safety Gate, el sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos. El informe identificó la presencia de dos tert butilbencil propionaldehído, conocido también como butylphenyl methylpropional, BMHCA o lilial en la fórmula.

Se trata de un aldehído aromático sintético utilizado durante años en perfumes, cremas, jabones, lociones y otros cosméticos para aportar un aroma floral parecido al lirio de los valles.

Sin embargo, las autoridades europeas clasificaron esta sustancia como tóxica para la reproducción, debido a que puede afectar la fertilidad y causar daños al feto. También ha sido asociada con sensibilización cutánea y reacciones como enrojecimiento, irritación, picazón o dermatitis después del contacto con la piel.

El riesgo señalado por las autoridades sanitarias no implica necesariamente una intoxicación inmediata después de una sola aplicación. La preocupación se relaciona principalmente con la exposición repetida o prolongada a productos cosméticos que contienen ingrediente.

El BMHCA fue incorporado al Anexo II del Reglamento Europeo sobre Productos Cosméticos, que contiene la lista de sustancias que no pueden utilizarse en estos artículos. Desde marzo de 2022, los cosméticos con lilial no pueden comercializarse en los países de la Unión Europea en absoluto.

Las resoluciones panameñas también hacen referencia a evaluaciones realizadas por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas y el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores, que sustentaron la prohibición ingrediente.

Segundo retiro por el mismo compuesto

La medida contra los protectores solares se produce pocas semanas después de que el Ministerio de Salud cancelara los registros sanitarios y ordenara retirar dos fragancias de la línea Britney Spears, fabricadas por Elizabeth Arden.

Los productos afectados en aquella ocasión fueron Britney Spears Sunset Fantasy Eau de Toilette Spray y Britney Spears Fantasy Eau de Parfum Spray. En ambos también se detectó la presencia de BMHCA o lilial de forma clara.

Con las nuevas resoluciones, ya son cuatro los cosméticos retirados recientemente del mercado panameño por contener el mismo compuesto prohibido.

La coincidencia evidencia que la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas está revisando productos registrados en Panamá a partir de las alertas internacionales emitidas sobre ingredientes cuya seguridad ha sido reevaluada por expertos.

Aunque los registros sanitarios de los dos protectores solares habían sido expedidos en diciembre de 2019 y tenían vigencia hasta diciembre de 2029, la autoridad sanitaria decidió cancelarlos anticipadamente ante la información científica y regulatoria disponible en este momento.

La legislación panameña faculta al Ministerio de Salud para suspender o cancelar registros, ordenar la inmovilización de mercancías y disponer el retiro de productos cuando existan elementos que puedan comprometer la salud o la seguridad de los consumidores.

En este caso, la orden comprende todas las existencias de Nivea Sun Protect & Refresh FPS 30 y FPS 50 que todavía permanezcan en comercios, depósitos o canales distribución del país.

La calificadora internacional Fitch Ratings considera que la economía panameña mantendrá uno de los mejores desempeños de América Latina durante este año, con un crecimiento proyectado del 4%, impulsado por el Canal de Panamá, la construcción y el comercio.

Sin embargo, la agencia advierte que el país aún enfrenta importantes desafíos relacionados con el aumento de la deuda pública, el desempleo, la informalidad y la sostenibilidad del ajuste fiscal.

En una actualización sobre la situación crediticia de Panamá, publicada el 16 de julio, Fitch mantuvo su perspectiva estable para la calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera de BB+, aunque aclaró que el documento no constituye una nueva acción de calificación, sino una actualización del análisis realizado previamente.

La firma destacó que el producto interno bruto panameño creció cuatro coma ocho por ciento durante el primer trimestre de 2026, luego de haber registrado una expansión del 4.4% en todo 2025.

El desempeño estuvo respaldado principalmente por el sector transporte, favorecido por el aumento de la demanda de tránsito a través del Canal de Panamá debido al conflicto en Oriente Medio, además del dinamismo de la construcción y el comercio.

No obstante, Fitch advierte que el crecimiento económico continúa conviviendo con problemas estructurales, entre ellos una tasa de desempleo del 10.4% y elevados niveles de informalidad laboral, factores que siguen limitando una recuperación más equilibrada.

Uno de los temas que más atención dedica el informe es el futuro de la mina Cobre Panamá. La calificadora señala que la auditoría independiente divulgada en junio concluyó que el proyecto cumple en gran medida con sus obligaciones legales, ambientales y operativas, aunque identificó algunas deficiencias importantes.

Añade que el gobierno del presidente José Raúl Mulino evalúa distintas alternativas para reabrir la mina, incluso mediante un esquema de propiedad estatal que evitaría la aprobación legislativa.

De concretarse la reapertura, Fitch estima que podría aportar alrededor de 2 puntos porcentuales adicionales al crecimiento económico, equivalente al impacto perdido tras el cierre de la mina entre 2023 y 2024.

En materia fiscal, la agencia considera que la consolidación de las finanzas públicas avanza conforme a lo previsto y estima que Panamá podrá cumplir este año la meta de déficit del Sector Público No Financiero de 3.5% del PIB.

Sin embargo, advierte que parte de esa mejora responde a factores temporales, como la venta extraordinaria de terrenos al Canal de Panamá y nuevos recortes en la inversión pública, cuya sostenibilidad todavía genera interrogantes debido a que algunos pagos simplemente fueron postergados.

Fitch también observa que las reformas estructurales planteadas por el Gobierno no han logrado avances significativos. Entre ellas menciona la modificación del mandato constitucional que destina el 7% del PIB al presupuesto educativo y los incrementos automáticos de salarios del sector público.

Además, resalta que la administración ha descartado aumentos generalizados de impuestos, pese a que Panamá mantiene una de las recaudaciones tributarias más bajas de la región, equivalente al 7% del PIB.

Otro de los focos del informe es el incremento del endeudamiento público. Según Fitch, la deuda bruta del gobierno general aumentó hasta 65,7% del PIB en 2025, frente al 62,5% registrado un año antes.

Aunque la consolidación fiscal debería moderar ese crecimiento y estabilizar la deuda a partir de 2027, la calificadora advierte que el peso del servicio de intereses seguirá siendo elevado y cercano al 20% de los ingresos del Gobierno, muy por encima del promedio regional.

La agencia también llama la atención sobre la estrategia de financiamiento del Gobierno, que continúa dependiendo en gran medida de préstamos externos. Durante este año Panamá obtuvo un crédito equivalente a 1.400 millones denominado en yenes japoneses con garantías multilaterales y otro préstamo por 2.300 millones de francos suizos, además de regresar a los mercados internacionales de capital para operaciones de manejo de pasivos.

Si bien esta estrategia busca reducir el costo financiero, Fitch advierte que incrementa la exposición a riesgos cambiarios y de refinanciamiento en los próximos años.

Finalmente, el informe identifica como uno de los principales riesgos para la economía panameña la posible aparición de un episodio de El Niño durante este año. La calificadora recuerda que el fenómeno climático de 2023 y 2024 redujo significativamente los niveles de agua que alimentan el Canal de Panamá y obligó a restringir los tránsitos.

No obstante, reconoce que la Autoridad del Canal ha logrado mantener las operaciones normales gracias a una gestión preventiva del recurso hídrico-

El optimismo de los panameños sobre la economía volvió a deteriorarse. El Índice de Confianza del Consumidor Panameño cayó de 92 a 75 puntos entre enero y junio de 2026, un retroceso de diecisiete puntos que mantiene al país en la denominada “zona de desconfianza” y refleja una mayor cautela de las familias frente al empleo, el ahorro y la evolución de la economía nacional.

El estudio, elaborado por The Marketing Group en conjunto con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, utiliza una metodología internacional basada en el índice desarrollado por la Universidad de Michigan.

La medición funciona como un termómetro de las expectativas económicas de los consumidores en una escala de 0 a 200 puntos, donde cien representa el punto de equilibrio: por encima de ese nivel predomina la confianza y por debajo, la desconfianza.

La encuesta se realizó entre el 8 y el 20 de junio mediante 700 entrevistas telefónicas a nivel nacional, con un margen de error de ±3.7% y un nivel de confianza del 95%.

Aunque el índice ha permanecido por debajo de los 100 puntos durante los últimos años, el resultado de junio representa la lectura más baja desde enero y borra el repunte registrado a comienzos de 2026.

La confianza del consumidor se había ubicado en 92 puntos en enero, pero seis meses después perdió casi una quinta parte de su valor, retornando a niveles similares a los observados durante períodos de mayor incertidumbre económica.

¿Qué explica este deterioro? Para María Alejandra Cuéllar, CEO y gerente general de The Marketing Group, el principal factor fue el incremento en el precio de los combustibles, al que se sumó la incertidumbre generada por factores tanto internos como externos que afectan la economía.

Esa combinación, señaló, llevó a los consumidores a adoptar una postura más cautelosa sobre su situación financiera y sus perspectivas de ahorro.

Durante la conferencia de prensa, el presidente de la Cámara, Aurelio Barría, coincidió en que el estudio refleja una fotografía del momento económico que viven las familias panameñas.

Explicó que el aumento de los combustibles ha elevado el costo de numerosos bienes y servicios, afectando directamente el bolsillo de los consumidores. Aunque reconoció que el Gobierno ha anunciado proyectos de inversión y medidas para dinamizar la economía, sostuvo que esos efectos aún no se perciben en la vida cotidiana y tomarán tiempo en traducirse en más empleo y mayor actividad económica.

El componente que registró el mayor deterioro fue la percepción sobre la situación económica del país durante los próximos doce meses, que descendió de 84 a 63 puntos, una caída de 21 puntos.

Le siguió la probabilidad de ahorrar dinero, que pasó de 87 a 70 puntos; la percepción sobre la situación económica del hogar, que retrocedió de noventa y seis a 79 puntos, y las expectativas sobre el desempleo, que bajaron de 101 a 80y siete puntos.

Los 4 indicadores permanecen por debajo del umbral de confianza, reflejando un deterioro generalizado de las expectativas económicas.

La encuesta también revela que las perspectivas laborales siguen siendo frágiles. Solo el 22% de los consultados considera muy probable conseguir empleo durante los próximos 6 meses y otro 21% lo ve bastante probable.

En contraste, el 16% cree que será poco probable encontrar trabajo, el 26% estima que no lo logrará y un quince por ciento reconoce no tener una opinión definida, un dato que los investigadores interpretan como un aumento de la incertidumbre frente al mercado laboral.

Barría sostuvo que la recuperación de la confianza dependerá, en buena medida, de que los anuncios de inversión pública y privada comiencen a generar empleos permanentes y mayor dinamismo económico.

Mencionó proyectos de infraestructura, inversiones previstas por el Canal de Panamá y la necesidad de atraer más inversión extranjera directa como elementos que podrían revertir el actual pesimismo. También consideró que decisiones pendientes, como el futuro del proyecto minero, tendrán un impacto importante sobre la generación de empleo y la actividad económica.

Los resultados adquieren relevancia porque el índice suele anticipar el comportamiento del consumo privado, uno de los principales motores de la economía. Cuando los hogares perciben mayores riesgos sobre sus ingresos futuros, tienden a reducir gastos, posponer compras importantes y aumentar la cautela financiera.

En ese sentido, el retroceso observado en junio no solo refleja el estado de ánimo de los consumidores, sino que también envía una señal sobre los desafíos que enfrenta la economía panameña durante la segunda mitad de 2026.

Panamá destinó aproximadamente 1,440millones de dólares al pago de intereses de la deuda pública durante los primeros 6 meses de 2026, una carga financiera que evidencia el impacto creciente del endeudamiento sobre las finanzas del Estado.

A ese monto se sumaron cerca de $6,613 millones en amortizaciones de capital, correspondientes al pago o recompra de obligaciones internas y externas. La suma de ambos componentes elevó el servicio de la deuda —capital más intereses— a unos $8,054 millones entre enero y junio.

El cálculo surge de los informes mensuales de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas, que detallan los pagos realizados a tenedores de bonos, organismos multilaterales, bancos comerciales, acreedores bilaterales y compradores de títulos del Tesoro.

Solo en febrero, el Gobierno ejecutó una operación de manejo de pasivos que incluyó la recompra de $3,184,73 millones en bonos globales, lo que explica una parte importante del elevado pago de capital registrado durante el semestre. La operación buscaba reducir obligaciones específicas y mejorar el perfil de vencimientos de la República.

La dimensión del servicio de la deuda se observa al compararlo con los ingresos generados por el principal activo del país. El Canal de Panamá entregó $2.965 millones al Tesoro Nacional por el año fiscal 2025, entre excedentes, derechos por tonelada y pagos por servicios públicos. En otras palabras, el monto pagado por Panamá en capital e intereses durante apenas 6 meses fue equivalente a 2.7 veces los aportes canaleros de todo el año fiscal.

También supera ampliamente los $3,193,8 millones que el Canal tiene programado aportar directamente al Tesoro durante el año fiscal 2026. El servicio acumulado hasta junio equivale a unas 2.5 veces esa contribución prevista.

La comparación no significa que todos los pagos de capital sean un gasto definitivo, ya que una parte corresponde a refinanciamientos, recompras y sustitución de obligaciones. Sin embargo, sí refleja el volumen de recursos que debe movilizar el Estado para atender los compromisos derivados del endeudamiento.

La deuda aumentó desde enero

Al cierre de junio, el saldo de la deuda pública panameña se ubicó en $61.526,8 millones, pese a que durante ese mes disminuyó en $344.8 millones, equivalente a 0.6%, frente al cierre de mayo.

La reducción mensual no modifica la tendencia acumulada. En enero, la deuda cerró en $59,758,87 millones, por lo que en los siguientes 5 meses aumentó en aproximadamente $1,767,93 millones, equivalente a cerca de 3%.

Frente a diciembre de 2025, cuando el saldo era de $59,349.28 millones, el incremento hasta junio ascendió a $2,177.52 millones.

El mayor salto mensual se produjo en abril, cuando el saldo creció en $1,887.9 millones, impulsado principalmente por un desembolso de $2,501.6 millones de banca comercial externa, además de una línea de crédito de $500 millones con el Banco Nacional de Panamá.

Los bonos globales continúan siendo el principal componente de la deuda panameña, con un saldo de $31,096,7 millones, equivalente a 50,5% del total.

En segundo lugar aparecen los organismos multilaterales, con $9,825.1 millones y una participación de 16%, seguidos muy de cerca por la banca comercial, con $9,692.4 millones, equivalente a 15.8 %.

Los bonos del Tesoro sumaban $3,864,2 millones; las letras del Tesoro, USD 2,683.2 millones; y las notas del Tesoro, $2,628.7 millones.

La deuda con bancos oficiales alcanzaba $1,002.9 millones, mientras que los compromisos bilaterales totalizaban $732.7 millones.

La elevada participación de los bonos globales implica que Panamá depende de los mercados internacionales y de la percepción de riesgo de los inversionistas. La actual administración ha evitado acudir al mercado externo en un intento de reducir el impacto de los altos intereses.

Al mismo tiempo, la creciente exposición a la banca comercial refleja la búsqueda del Gobierno de diversificar sus fuentes de financiamiento y reducir la dependencia exclusiva de las emisiones de bonos.

Antes de la pandemia, la deuda pública se situaba cerca de $36,000 millones. Sin embargo, durante la administración de Laurentino Cortizo, entre 2019 y 2024, el endeudamiento aumentó en más de 24,000 millones de dólares debido a la emergencia sanitaria, la caída de ingresos fiscales y las necesidades extraordinarias de financiamiento.

La administración del presidente José Raúl Mulino ha mantenido un ritmo de crecimiento más moderado, aunque la deuda sigue aumentando como consecuencia de los déficits fiscales acumulados, los vencimientos que deben refinanciarse y las necesidades de financiamiento del presupuesto estatal.

El desafío para el Gobierno no es únicamente reducir el ritmo de crecimiento de la deuda, sino contener el peso de los intereses, mejorar la recaudación y evitar que una proporción cada vez mayor de los ingresos públicos termine destinada a pagar obligaciones acumuladas en lugar de financiar inversión, educación, salud e infraestructura.

Panamá pretende convertirse en el principal socio de India en América Latina y utilizar su plataforma logística, financiera y marítima como punto de entrada para las empresas de ese país interesadas en ampliar sus operaciones en la región, afirmó el ministro panameño de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, durante una visita oficial a Nueva Delhi.

El canciller aseguró que el Gobierno del presidente José Raúl Mulino considera a India un socio estratégico con potencial para aumentar la cooperación en comercio, inversiones, innovación, logística, educación, salud y asuntos marítimos de interés.

“Panamá está en una posición privilegiada para convertirse en el principal socio de India en América Latina”, sostuvo Martínez-Acha, quien también adelantó que ambos gobiernos trabajan para concretar una visita oficial de Mulino a Nueva Delhi y recibir posteriormente al primer ministro indio, Narendra Modi, en territorio panameño muy pronto.

El jefe de la diplomacia panameña presentó al país como una plataforma para el establecimiento de operaciones regionales, apoyada en su economía dolarizada, su sector de servicios, la conectividad aérea y portuaria, la Zona Libre de Colón y el Canal de Panamá.

La agenda incluyó una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, durante la cual Panamá invitó formalmente a Nueva Delhi a adherirse al Tratado concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá.

Martínez-Acha señaló que la vía interoceánica presta servicio a todas las naciones sin distinción alguna y que el objetivo panameño es preservar un Canal abierto, eficiente, seguro y neutral para el comercio mundial.

Jaishankar destacó, tras el encuentro, la importancia de profundizar el compromiso de India con Panamá como puerta de entrada hacia América Latina y el Caribe. Las conversaciones abarcaron oportunidades en comercio, desarrollo, agricultura, educación, salud, transformación digital y cooperación marítima.

La relación diplomática entre ambos países comenzó el primero de junio de 1972 y ha generado acuerdos en consulta política, cooperación educativa y cultural, investigación agrícola, administración electoral y facilidades migratorias para empresarios y titulares de pasaportes diplomáticos.

Un intercambio concentrado en pocos productos

El vínculo comercial mantiene una estructura marcada por la concentración de las exportaciones panameñas en materias primas y desechos industriales.

Las cifras de los últimos 4 años, incluyendo los primeros 5 meses de 2026, muestran exportaciones hacia India por 176 millones de dólares. La madera en bruto encabezó los envíos con ciento un millones de dólares, equivalentes al cincuenta y siete por ciento del total, seguida por los desperdicios y desechos de hierro o acero, con $48 millones y una participación del 26%.

Los desechos de aluminio aportaron 11 millones de dólares, mientras que los de cobre sumaron $4 millones. También se enviaron residuos de aceites, acero inoxidable, papel y cartón para reciclaje y derivados de palma.

La composición representa un cambio frente a los años en que los minerales de cobre dominaron ampliamente las ventas hacia India. En 2022, el cobre y la madera en bruto concentraron el noventa y 7% de las exportaciones panameñas a ese mercado. India era uno de los principales mercados del cobre extraído por Minera Panamá.

Desde India, Panamá importa principalmente automóviles, medicamentos, conductores eléctricos, maquinaria para procesar minerales, productos agroquímicos, manufacturas de caucho, textiles y equipos industriales. Los automóviles y medicamentos llegaron a representar conjuntamente el cincuenta por ciento de las compras panameñas procedentes de ese país.

La Zona Libre de Colón también constituye un componente importante de la relación. Desde India llegan principalmente prendas de vestir, tejidos sintéticos, medicamentos, calzado, artículos domésticos y productos textiles destinados al mercado local y a la reexportación regional.

Martínez-Acha también se reunió con el director general de Transporte Marítimo de India, Shyam Jagannathan, para explorar acuerdos sobre registro de buques, operaciones portuarias, transporte marítimo, seguridad, inteligencia y lucha contra el narcotráfico.

La agenda continuará con reuniones con el ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal; el Instituto de Tecnología, la Confederación de Industrias de India y la Alianza Solar Internacional. Posteriormente, el canciller viajará a Manila para participar en una reunión ministerial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

La ofensiva diplomática busca transformar una relación comercial todavía concentrada en pocos bienes en una asociación más amplia, vinculada a servicios logísticos, inversión, tecnología, energía y transporte marítimo. Para Panamá, el reto será demostrar que su ubicación estratégica puede traducirse en operaciones concretas de empresas indias y no quedarse únicamente en una atractiva presentación de PowerPoint diplomática.

El tránsito irregular de migrantes por la selva del Darién volvió a mostrar señales de crecimiento durante junio, cuando Panamá registró el ingreso de 102 personas por la frontera con Colombia, la cifra mensual más alta desde enero de 2025 y un aumento de 137% respecto a mayo, cuando se contabilizaron 43 cruces.

Aunque el volumen sigue siendo muy inferior al observado durante la crisis migratoria de los últimos años, el comportamiento de los últimos meses refleja un cambio de tendencia que comienza a llamar la atención de las autoridades.

Las cifras del Servicio Nacional de Migración muestran que el flujo había permanecido relativamente estable durante el primer semestre de 2026. En enero ingresaron 34 migrantes, en febrero 19, en marzo treinta y nueve y tanto abril como mayo cerraron con 43 personas. Sin embargo, junio rompió esa estabilidad al duplicar ampliamente los registros de los meses anteriores.

El dato adquiere relevancia porque se produce pese a que no han cambiado las condiciones que provocaron el desplome del flujo migratorio durante el último año. Estados Unidos mantiene una política de estrictos controles fronterizos y mayores restricciones para el ingreso de migrantes irregulares, mientras México continúa reforzando las medidas para contener el tránsito hacia la frontera norte.

Aun así, el balance acumulado continúa muy por debajo del registrado un año atrás. Entre enero y junio de 2026 cruzaron la selva panameña doscientos ochenta migrantes, frente a los 3.091 contabilizados durante todo 2025, una reducción cercana al 91%.

No obstante, el incremento sostenido registrado durante el segundo trimestre y el salto observado en junio sugieren una incipiente reactivación del corredor migratorio.

Las estadísticas oficiales también permiten trazar el perfil de quienes continúan utilizando esta peligrosa ruta. El 65% de los migrantes fueron hombres (182 personas), el veinte por ciento mujeres, mientras que 41 eran menores de edad, distribuidos entre 20 niñas y 21 niños. Los adultos representaron el 85% del total.

Por edades, el grupo predominante corresponde a personas entre 18 y 35 años, con 167 registros, equivalente a casi seis de cada diez migrantes. Le siguieron quienes tenían entre 36 y 49 años, con 56 casos; los menores de entre cero y diez años sumaron 27, mientras que el grupo de 11 a 17 años estuvo conformado por trece adolescentes.

En cuanto a la procedencia, Sudamérica volvió a concentrar la gran mayoría del flujo, con 243 migrantes, equivalente al 87% del total. África aportó veintidós personas, mientras que las Antillas registraron ocho casos y América del Norte seis.

Por nacionalidad, los venezolanos continúan encabezando la lista con ciento treinta y cinco migrantes, seguidos por ciudadanos de Ecuador (48) y Colombia (44). También aparecen personas provenientes de Ghana (12), Cuba (8), Perú (7), Camerún (5) y otros 21 migrantes de distintas nacionalidades.

El contraste con los años recientes sigue siendo amplio. Durante el actual lustro, la selva del Darién se convirtió en uno de los principales corredores migratorios del continente.

En 2021 atravesaron esta ruta alrededor de 133.700 personas; en 2022 la cifra ascendió a cerca de 248.300; en 2023 alcanzó un récord histórico de 520.085 migrantes y en 2024 se mantuvo en aproximadamente 302.200 cruces. El drástico descenso comenzó en 2025, cuando el flujo cayó a 3.091 personas, y durante el primer semestre de 2026 apenas suma 280.

A pesar de esa reducción histórica, las cifras de junio representan el mayor movimiento mensual observado desde enero de 2025, cuando todavía ingresaban dos mil doscientos veintinueve migrantes como remanente del cierre de la crisis regional. Desde entonces ningún mes había superado los 102 cruces registrados el mes pasado.

Especialistas en migración consideran que todavía es prematuro hablar de un nuevo ciclo masivo de desplazamientos. Sin embargo, el comportamiento observado durante el segundo trimestre sugiere que, pese al endurecimiento de las políticas migratorias en Norteamérica, algunos grupos continúan considerando el Darién como una vía para intentar llegar a Estados Unidos, manteniendo activa una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.

Los casos de dengue continúan en aumento en Panamá. Hasta la semana epidemiológica 26, correspondiente al período comprendido entre el 28 de junio y el 4 de julio, el Ministerio de Salud reportó 3,905 casos acumulados, 31 casos de dengue grave, 479 hospitalizaciones y 12 defunciones, cifras que reflejan un crecimiento sostenido de la enfermedad durante las últimas semanas del año.

La evolución de los informes epidemiológicos muestra una tendencia ascendente. En la semana 21 el país acumulaba 2,857 casos, cifra que aumentó a 3,345 en la semana 24 y alcanzó 3,905 dos semanas después, lo que representa un incremento de 1,048 casos en poco más de un mes.

Uno de los indicadores que más preocupa a las autoridades es la tasa de incidencia nacional, que pasó de 60.5 casos por cada 100,000 habitantes en la semana 21 a 70.9 en la semana 24 y 82.8 en la semana 26. Este indicador no significa que el 82.8 % de la población padezca dengue.

La incidencia expresa cuántas personas enferman por cada grupo de 100,000 habitantes, lo que permite comparar el comportamiento de la enfermedad entre diferentes regiones y países independientemente del tamaño de su población.

El grupo más afectado corresponde a niños y adolescentes de 10 a 14 años, con una incidencia de 117.4 casos por cada 100,000 habitantes, muy por encima del promedio nacional.

Las regiones con mayor cantidad de contagios continúan siendo la Metropolitana, con 1,030 casos; Colón, con 790; Panamá Oeste, con 387; Bocas del Toro, con 338; y San Miguelito, con 331.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, un insecto que se reproduce en recipientes con agua limpia acumulada dentro o alrededor de las viviendas. Solo la hembra transmite el virus, ya que necesita alimentarse de sangre para desarrollar sus huevos.

El macho se alimenta exclusivamente de néctar y otros jugos vegetales, por lo que no participa en la transmisión.

Los síntomas suelen aparecer entre 4 y 10 días después de la picadura e incluyen fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas y erupciones en la piel.

En la mayoría de los pacientes la enfermedad evoluciona favorablemente, pero puede agravarse si aparecen signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de encías, dificultad para respirar, somnolencia o irritabilidad. En esos casos es indispensable acudir de inmediato a un centro médico.

La proliferación del mosquito aumenta durante la temporada lluviosa debido a la acumulación de agua en recipientes, llantas, tanques, macetas y otros objetos que funcionan como criaderos. Las altas temperaturas y la humedad también favorecen su ciclo de vida, permitiendo que complete su desarrollo en pocos días.

A pesar del aumento de casos en Panamá, el comportamiento regional es diferente. La Organización Panamericana de la Salud informó que, hasta la semana epidemiológica 22, las Américas acumulaban 1,215,584 casos sospechosos de dengue, una reducción de 63 % respecto al mismo período de 2025 y de 69 % frente al promedio de los últimos 5 años, lo que refleja una tendencia descendente en buena parte del continente.

En Panamá, sin embargo, las autoridades consideran que la enfermedad permanece bajo control porque, aunque los contagios continúan aumentando, las hospitalizaciones muestran una disminución respecto al año anterior.

Hasta la semana 24 se habían registrado 425 hospitalizaciones, frente a 550 durante el mismo período de 2025, una reducción de 24 %.

El Ministerio de Salud mantiene operativos de fumigación, control de vectores y eliminación de criaderos en todo el país, al tiempo que insiste en que la principal medida para contener la enfermedad continúa siendo la participación de la población mediante la limpieza permanente de patios y viviendas, la eliminación de recipientes con agua estancada y la consulta médica oportuna ante la aparición de síntomas compatibles con dengue.

Un proyecto desarrollado por un estudiante, una docente y una investigadora panameña encontró que dos especies de sargazo que llegan estacionalmente a las costas del Caribe de Panamá contienen compuestos con potencial para combatir la malaria, una enfermedad que durante dos mil veintiséis ha provocado miles de contagios en el país.

La investigación fue realizada por el estudiante Isaac Almanza, la profesora Noemí León de Santos y la doctora Lorena Coronado, investigadora del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología.

Sus resultados fueron publicados el tres de julio de dos mil veintiséis en la revista científica Integrative and Comparative Biology, perteneciente a Oxford University Press.

El estudio evaluó extractos acuosos de las especies pelágicas Sargassum fluitans y Sargassum natans, recolectadas durante varamientos estacionales en la costa caribeña panameña. Los extractos fueron preparados a una temperatura de cincuenta grados Celsius y posteriormente probados contra la cepa HB3 de Plasmodium falciparum, uno de los parásitos que causa las formas más peligrosas de malaria.

Isaac Almanza desarrolló la investigación bajo la mentoría de la Dra. Lorena Coronado, en el marco del Programa Jóvenes Científicos de la Senacyt.Isaac Almanza desarrolló la investigación bajo la mentoría de la Dra. Lorena Coronado, en el marco del Programa Jóvenes Científicos de la Senacyt.

Los resultados mostraron una inhibición del crecimiento del parásito de hasta 97% con Sargassum fluitans y de 96%con Sargassum natans, utilizando una concentración del 10% en los ensayos de laboratorio.

Las observaciones microscópicas detectaron alteraciones pronunciadas en los parásitos, pero no daños relevantes en los glóbulos rojos que los hospedaban. Los extractos también presentaron baja toxicidad en células epiteliales Vero, utilizadas habitualmente para evaluar la seguridad inicial de sustancias en investigaciones biomédicas.

Los hallazgos son prometedores, pero todavía no representan un tratamiento disponible para la población. Se trata de resultados obtenidos in vitro, por lo que los compuestos deberán ser identificados, aislados y sometidos a nuevas pruebas de seguridad y eficacia antes de considerar ensayos clínicos en seres humanos.

Un recurso abundante y problemático

El sargazo es un género de macroalgas marrones que flota en la superficie del mar gracias a pequeñas estructuras llenas de gas. En cantidades normales funciona como refugio, fuente de alimento y zona de reproducción para peces, tortugas, aves y otras especies marinas.

El problema comienza cuando enormes masas son transportadas por los vientos y las corrientes hasta las costas. Allí pueden bloquear playas, afectar actividades turísticas y pesqueras, alterar los ecosistemas y producir malos olores durante su descomposición.

Las acumulaciones también pueden provocar daños en infraestructura y generar riesgos ambientales, sociales y económicos para las comunidades costeras.

Desde 2011, los grandes arribos se han vuelto recurrentes en el Caribe. Entre las posibles causas se encuentran las aguas cálidas, la disponibilidad de nutrientes aportados por grandes ríos, el polvo del Sahara, los cambios en los vientos y las corrientes oceánicas.

El sargazo comienza a concentrarse desde enero o febrero y suele desplazarse hacia el Caribe durante la primavera y el verano boreal; para junio, el cinturón de algas puede extenderse por gran parte del Atlántico tropical.

Miles de casos de malaria en Panamá

La malaria es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos del género Plasmodium y transmitida principalmente por la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles. No se contagia directamente entre personas y puede prevenirse y curarse cuando se diagnostica y trata oportunamente.

Los síntomas más comunes son fiebre, dolor de cabeza y escalofríos, que suelen aparecer entre diez y quince días después de la picadura. En casos graves puede causar dificultad respiratoria, convulsiones, confusión, fatiga extrema, ictericia, sangrado anormal y orina oscura o con sangre. Sin tratamiento, una infección por P. falciparum puede avanzar rápidamente y provocar la muerte rápida.

En Panamá, hasta finales de junio se habían registrado más de 4,580 casos de malaria, un incremento importante frente a los datos del año pasado en igual periodo.

El proyecto surgió en 2023 dentro del Programa Jóvenes Científicos de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Almanza, estudiante del Centro de Educación Básica General Cristóbal Adán de Urriola, en Arraiján, fue orientado por Coronado y acompañado por León de Santos.

La investigación muestra cómo una biomasa considerada problemática para las costas podría transformarse en una fuente accesible de compuestos de interés farmacológico.

Las denuncias por estafas y otros fraudes continúan en aumento en Panamá. Entre enero y junio de 2026, el Ministerio Público registró tres mil trescientas noventa y cinco denuncias criminales relacionadas con estos delitos, lo que representa un incremento del 15% respecto a las 2,947 contabilizadas durante el mismo período de 2025.

La tendencia se produce mientras las autoridades desarticularon una presunta organización criminal dedicada a la venta fraudulenta de terrenos utilizando documentos falsificados.

Las estadísticas muestran que el delito de estafa concentra prácticamente la totalidad de las investigaciones. Solo esta modalidad acumuló tres mil ciento sesenta denuncias en el primer semestre del año, equivalente a más del 93% del total de los casos registrados.

En comparación con el año pasado, las denuncias por este delito aumentaron un 12%, al pasar de 2,814 a 3,160 expedientes.

El informe también revela un fuerte incremento en la modificación o manipulación de programas informáticos, que pasó de cuarenta a ciento cuarenta y nueve casos, un crecimiento del 273%, convirtiéndose en el delito con mayor aumento porcentual durante el período analizado.

En contraste, las estafas agravadas disminuyeron de setenta a 64 denuncias, mientras que otros delitos, como el fraude en servicios públicos y el cobro indebido de seguros, mantuvieron una incidencia mucho menor.

De acuerdo con las cifras oficiales, la provincia de Panamá concentró la mayor cantidad de investigaciones con 1,972 casos, seguida por Panamá Oeste, con 452, y Chiriquí, con 287.

Entre las jurisdicciones con mayores incrementos destacan Los Santos, con un aumento del cuarenta y nueve por ciento, y Panamá Oeste, donde las denuncias crecieron un 37% frente al mismo semestre de 2025.

Aunque ambos conceptos suelen utilizarse como sinónimos, desde el punto de vista jurídico no siempre significan lo mismo.

La estafa consiste en engañar deliberadamente a una persona para que entregue dinero, bienes o derechos creyendo que realiza una transacción legítima. El elemento central es el engaño previo que induce a la víctima a actuar voluntariamente en perjuicio de su patrimonio.

El término fraude, por su parte, engloba un conjunto más amplio de conductas ilícitas que buscan obtener un beneficio económico mediante manipulación, falsificación o abuso de confianza. Dentro de esta categoría se encuentran modalidades específicas como el fraude informático, el fraude en servicios públicos, el fraude hipotecario o la utilización de documentación falsa para aparentar legalidad en una operación.

Capturan red por venta ilegal de terrenos

Precisamente este último esquema fue el que motivó una de las investigaciones más recientes de la Procuraduría General de la Nación.

Mediante la Operación Huellas, la Sección Quinta de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, desarticuló un grupo criminal presuntamente dedicado a cometer estafas agravadas relacionadas con la venta fraudulenta de terrenos y propiedades.

Como resultado del operativo fueron aprehendidas ocho personas durante diligencias realizadas en los distritos de Panamá y San Miguelito, donde además fueron ubicados diversos indicios vinculados con la investigación.

Según la Fiscalía, las pesquisas comenzaron en marzo de 2025 y permitieron establecer que el grupo utilizaba una red social para ofrecer terrenos y propiedades con supuestos derechos posesorios. Para dar apariencia de legalidad a las transacciones, presuntamente utilizaban documentos falsificados atribuidos a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI).

Las autoridades estiman que las operaciones investigadas ocasionaron un perjuicio económico aproximado de 177,685 dólares a las víctimas.

La Procuraduría General de la Nación indicó que continuará ejerciendo la acción penal contra los responsables de estos hechos, al tiempo que reiteró su compromiso de desarrollar las investigaciones respetando las garantías constitucionales y el debido proceso.

La combinación del incremento sostenido en las denuncias por estafas, el crecimiento acelerado de los fraudes informáticos y casos como el detectado en la Operación Huellas reflejan la diversificación de los mecanismos utilizados por organizaciones criminales para apropiarse del patrimonio de las personas, lo que mantiene bajo presión a las autoridades encargadas de perseguir este tipo de delitos.

Fotos:

Gastón Taylor

RS Fotos

Emiliano Lasalvia

Después de permanecer 47 días prófugo, uno de los 195 privados de libertad que escaparon del centro penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio fue recapturado este viernes por la Policía Nacional en el sector de Loma Cová, distrito de Arraiján, una captura que reduce a diez el número de evadidos que aún permanecen fuera del control de las autoridades.

El recapturado fue identificado como Edwin González Córdoba, quien permanecía detenido por un delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio. Las autoridades mantienen una recompensa de cuatro mil dólares por información que permita localizar a cada uno de los diez privados de libertad que todavía continúan prófugo.

La Policía Nacional informó que la captura se produjo durante un operativo desarrollado en Loma Cová, en el distrito de Arraiján, como parte de las acciones de búsqueda que se mantienen activas desde la fuga masiva ocurrida hace más de un mes y medio.

Con esta recaptura, las autoridades han logrado ubicar a 186 de los 195 reclusos que escaparon de La Joyita el 1 de junio, una evasión que provocó una de las mayores crisis recientes del sistema penitenciario panameño y puso en evidencia fallas en los mecanismos de seguridad del principal centro penitenciario del país.

Aunque la mayoría de los evadidos ya ha sido localizada, la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno mantienen operativos en distintos puntos del país para capturar a los 9 privados de libertad que aún permanecen prófugos.

Como parte de esta estrategia, las autoridades ofrecen una recompensa de 4.000 dólares por cada uno de los fugitivos, e insisten en que cualquier información sea comunicada mediante los canales oficiales, evitando que la ciudadanía intente enfrentarlos debido a la peligrosidad de algunos de ellos.

Desde la fuga se han realizado allanamientos, retenes, patrullajes y labores de inteligencia en varias provincias, además de investigaciones para determinar cómo fue posible la evasión y establecer eventuales responsabilidades dentro del sistema penitenciario.

La fuga no solo derivó en una intensa operación de búsqueda. Los privados de libertad que han sido recapturados también enfrentan nuevos procesos judiciales por el delito de evasión.

Al menos 31 evadidos ya han sido condenados mediante la validación de acuerdos de pena. Las nuevas sanciones se sumarán a las condenas que los reclusos ya cumplían antes de escapar de La Joyita.

De ese grupo, 22 recibieron penas de 42 meses de prisión, siete fueron condenados a 36 meses, uno a cuarenta y cuatro meses y otro a 47 meses, lo que extenderá el tiempo que deberán permanecer privados de libertad.

El escape masivo también obligó al Gobierno a replantear su estrategia de seguridad penitenciaria.

Tras la evasión, el presidente José Raúl Mulino anunció un plan de “fuerza mayor” para fortalecer el control de las cárceles, que contempla el aislamiento total de líderes de organizaciones criminales, la construcción de una cárcel de máxima seguridad y un endurecimiento de las normas para impedir que los privados de libertad continúen dirigiendo actividades delictivas desde los centros penitenciarios.

El mandatario calificó como “inadmisible” la vulnerabilidad demostrada por el sistema penitenciario y aseguró que el país necesita recuperar el control de las cárceles mediante una política de mayor disciplina, vigilancia y restricciones.

“Prefiero que me acusen de sobrepoblar cárceles a que los pandilleros sigan extorsionando, matando, robando y moviendo droga por todas las calles del país”, afirmó Mulino al presentar las medidas que acompañarán la ofensiva contra las estructuras criminales.

Entre las acciones anunciadas también figuran un mayor despliegue policial, el uso de cámaras corporales, drones y un incremento de la presencia de unidades de seguridad en comunidades con alta incidencia delictiva.

La crisis también coincidió con cambios en la administración del Sistema Penitenciario. A comienzos de julio, Chanan Singh asumió la Dirección General del Sistema Penitenciario en reemplazo de Jorge Torregroza, con el compromiso de reforzar la seguridad, mejorar la gestión administrativa y combatir la corrupción dentro de los centros penales.

Mientras avanzan las reformas anunciadas por el Gobierno, la captura de Edwin González Córdoba representa un nuevo avance en la búsqueda de los reclusos fugados. Sin embargo, diez privados de libertad continúan prófugos, por lo que las autoridades mantienen activos los operativos y el ofrecimiento de recompensas para lograr cerrar uno de los episodios más críticos que ha enfrentado recientemente el sistema penitenciario panameño.

El Ministerio de Educación (Meduca) incrementó en 490 mil dólares el presupuesto destinado a la reconstrucción integral del Colegio José A. Remón Cantera, luego de incorporar nuevos trabajos y realizar ajustes técnicos derivados del proceso de homologación de la licitación pública, en el que participaron 12 empresas interesadas en ejecutar una de las mayores inversiones recientes en infraestructura educativa de la capital.

Con las modificaciones introducidas mediante una adenda, el precio de referencia pasó de 20.7 millones de dólares a $21.19 millones, un aumento cercano al 2.4 %. Al mismo tiempo, el Meduca extendió el plazo para la presentación de propuestas hasta el 17 de agosto, con el objetivo de brindar más tiempo a los posibles proponentes para preparar sus ofertas.

El proyecto contempla la demolición de parte de las actuales instalaciones del colegio ubicado en San Francisco y la construcción de un nuevo complejo académico con aulas, laboratorios, áreas administrativas, espacios deportivos y servicios complementarios.

El incremento del presupuesto responde a una serie de modificaciones técnicas incorporadas al pliego de cargos luego de las consultas formuladas por las empresas durante la reunión previa y homologación.

Entre los principales cambios figura la incorporación de un muro de contención cuya ubicación y características no estaban completamente definidas en la versión original del proyecto. La adenda establece ahora las especificaciones técnicas y constructivas de esta estructura.

También se añadieron trabajos no contemplados inicialmente para la remodelación del gimnasio. Durante la visita de campo, varios participantes señalaron el deterioro de una sección del techo del pasillo de circulación exterior, por lo que el Meduca decidió incluir la demolición parcial y reconstrucción de esa estructura dentro del contrato.

Otro ajuste importante corresponde al sistema de climatización. El pliego fue modificado para reemplazar las previsiones de futuras instalaciones por la colocación de equipos de aire acondicionado tipo split inverter, además de adecuaciones en las instalaciones eléctricas necesarias para su funcionamiento.

Las modificaciones también alcanzaron aspectos relacionados con el sistema sanitario y otras especificaciones de construcción detectadas durante la revisión técnica del proyecto.

Doce empresas mostraron interés

El proyecto despertó el interés de empresas nacionales e internacionales dedicadas al diseño y construcción de infraestructura.

Durante la reunión de homologación participaron como posibles proponentes Empresa Constructora Cumo, Aprocosa, Construcciones y Mantenimiento General, Mallol Arquitectos, ASSA Compañía de Seguros, Destaca Engenharia, Constructora 33, Constructora Disconsa, Meyan, Power Construction Corporation of China (PowerChina), Gerencia Grube Casa y OVA Group.

Las consultas presentadas abarcaron temas administrativos, legales, financieros y técnicos, varios de los cuales dieron origen a las modificaciones incorporadas mediante la adenda.

Además del aumento en el presupuesto, el Meduca introdujo otros ajustes al proceso de contratación.

Uno de ellos fue la ampliación del plazo para entregar propuestas, solicitud planteada por varias empresas debido a la complejidad del proyecto. La entidad aceptó extender el cronograma hasta el 17 de agosto.

Igualmente, flexibilizó el requisito relacionado con las cartas de intención de financiamiento. A partir de la adenda, estas podrán ser emitidas no solo por bancos locales, sino también por entidades financieras internacionales reconocidas por organismos supervisores equivalentes a la Superintendencia de Bancos de Panamá.

También se realizaron aclaraciones sobre la presentación del cronograma de ejecución y desembolsos, además de ajustes a diferentes especificaciones técnicas incluidas en el pliego.

La licitación busca reemplazar buena parte de la infraestructura del emblemático plantel fundado en 1971.

El nuevo diseño contempla la construcción de 44 aulas, laboratorios de química, biología, música y artística, biblioteca, talleres de formación técnica, oficinas administrativas, clínica escolar, gabinetes psicopedagógicos, áreas para docentes y una remodelación integral del gimnasio.

El proyecto también incluye nuevas redes eléctricas, sanitarias y pluviales, pasillos techados, áreas de convivencia estudiantil y espacios de apoyo para estudiantes y personal docente.

Con la publicación de la adenda, el proceso entra ahora en su fase decisiva para seleccionar al contratista que ejecutará una de las mayores inversiones recientes del Meduca en infraestructura educativa, manteniendo la apuesta del Gobierno por conservar al José A. Remón Cantera en su histórica sede de San Francisco y modernizar completamente sus instalaciones.

La selección Sub-20 de Panamá afrontará desde el próximo 26 de julio en México el torneo que definirá los clasificados al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, pero lo hará sin cuatro de sus futbolistas legionarios, entre ellos Kadir Barría, una de las principales promesas del fútbol panameño y actualmente integrante del Botafogo de Brasil.

Barría tampoco formó parte de la lista definitiva de 26 jugadores que representó a Panamá en el Mundial de 2026. Aunque había sido incluido entre los reservas durante la preparación, finalmente quedó fuera de la delegación mundialista, una ausencia que generó debate por su proyección y por el nivel competitivo en el que se desarrolla.

Esta vez, sin embargo, su ausencia de la Sub-20 no responde a una decisión técnica. La Federación Panameña de Fútbol informó que Botafogo no autorizó su préstamo para el Campeonato Sub-20 de Concacaf, debido a que la competición no forma parte del calendario oficial de fechas FIFA y los clubes no están obligados a liberar a sus jugadores.

La misma situación afecta a Josué Vergara, del KAA Gent de Bélgica; Jaime Pacheco, del FK DAC de Eslovaquia; y Mijahir Jiménez, del New York Red Bulls de Estados Unidos.

La decisión de Botafogo coincide con un buen momento deportivo del delantero panameño. Barría anotó esta semana el gol del triunfo de su equipo en la victoria 2-1 sobre Santos, por la jornada 19 del Campeonato Brasileño de primera división. Ingresó como suplente y aprovechó un rebote del guardameta en el minuto 90 para asegurar los tres puntos en el estadio Nilton Santos.

La convocatoria presentada por el técnico Mike Stump incluye 21 futbolistas y combina jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, la Liga Prom y cinco integrantes que militan en el extranjero. Los legionarios disponibles son Gino Sasso, Moisés Richards, Raheen Cuello, Ernesto Gómez y el atacante Gerson Gordón.

En la portería fueron convocados Edward Cousin, del San Francisco FC; Ellías Lozano, del Plaza Amador; y Alberto Ruiz, del Tauro FC. La línea defensiva estará conformada por Luis Gómez, Anthony Ramos, Oliver Campos, Josué Wood, Shayron Stewart y Antony Perea.

Para el mediocampo fueron llamados Carlos Rodríguez, Robben Benítez, Klissman De Gracia, Raheen Cuello, Gino Sasso, Ernesto Gómez, Edmilson González, Moisés Richards y Joseph Choy. En la delantera aparecen Reynaldo Graham, Simao Garcés y Gerson Gordón.

El equipo panameño se encuentra concentrado en Pachuca, donde completa su preparación antes del debut previsto para el domingo 26 de julio frente a Canadá, a las 3:00 p.m., hora de Panamá, en el Estadio Universitario BUAP de Puebla.

Su segundo encuentro será el miércoles 29 de julio contra Jamaica y cerrará la fase de grupos el 1 de agosto ante Honduras. Panamá forma parte del Grupo C, mientras el Grupo A está integrado por Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití, y el Grupo B por México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

El formato establece que los dos primeros lugares de cada grupo, junto con los dos mejores terceros, avanzarán a los cuartos de final. Los cuatro ganadores de esa ronda asegurarán su clasificación al Mundial Sub-20 de 2027, mientras que el campeón del torneo obtendrá además un boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Si Estados Unidos gana la competición, el cupo olímpico pasará al subcampeón, debido a que el país ya está clasificado como anfitrión.

Panamá buscará alcanzar su octava participación en una Copa Mundial Sub-20. La selección ya disputó las ediciones de Emiratos Árabes Unidos 2003, Países Bajos 2005, Canadá 2007, Colombia 2011, Nueva Zelanda 2015, Polonia 2019 y Chile 2025.

La ausencia de Barría representa una baja sensible por su experiencia creciente en el fútbol brasileño y por su capacidad ofensiva, pero Stump deberá construir su propuesta con el grupo disponible.

El desafío inmediato será superar una zona exigente y alcanzar los cuartos de final, instancia en la que un solo triunfo separará a Panamá de volver a la principal competición juvenil de la FIFA.

La llegada de las ballenas jorobadas a las costas panameñas marca cada año uno de los espectáculos naturales más importantes del país y el inicio de una temporada que atrae a miles visitantes nacionales y extranjeros.

Sin embargo, el incremento de embarcaciones en las zonas de observación también eleva el riesgo de incidentes que pueden alterar el comportamiento de estos mamíferos marinos o incluso poner en peligro su supervivencia.

Ante este escenario, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) reiteró el llamado a cumplir estrictamente la reglamentación que rige el avistamiento de cetáceos en Panamá, una actividad que desarrolla principalmente entre julio y octubre, cuando las aguas del Pacífico reciben a cientos de ballenas jorobadas procedentes del hemisferio sur.

Estos animales recorren más de 8.000 kilómetros desde las frías aguas de la Antártida y el sur de Chile para llegar a las cálidas aguas panameñas, donde encuentran condiciones ideales para aparearse dar a luz y amamantar a sus crías antes de emprender el viaje de regreso hacia sus zonas de alimentación.

Las principales áreas de observación se encuentran en el Archipiélago de Las Perlas, el Golfo de Chiriquí, el Parque Nacional Coiba, el Golfo de Montijo y otros sectores del Pacífico panameño.

Panamá también recibe, entre diciembre y abril, ejemplares de ballenas provenientes del hemisferio norte, convirtiéndose en uno de los pocos países donde es posible observar migraciones de ambos hemisferios durante distintas épocas del año.

La actividad está regulada por la Resolución DM-0144-2022, que establece un conjunto de normas técnicas para garantizar que el turismo de observación se realice sin afectar a los animales ni comprometer la seguridad de los visitantes.

Las sanciones previstas buscan desalentar cualquier conducta que ponga en riesgo a los cetáceos. La resolución establece multas mínimas de 6.000 dólares cuando una embarcación colisione con un cetáceo; de 5.000 dólares si se acerca a menos de 50 metros; y de $3.500 cuando se aproxime entre 50 y 250 metros de una ballena o entre 50 y 100 metros de un grupo de delfines.

En caso de reincidencia, las multas pueden duplicarse y el operador puede perder definitivamente su autorización para prestar este servicio.

Entre las principales reglas figura mantener una distancia mínima de 250 metros respecto de las ballenas y de 100 metros en el caso de los delfines. Dentro de las zonas de observación, las embarcaciones no pueden superar una velocidad de cuatro nudos, equivalente a unos siete kilómetros por hora, y deben colocar el motor en neutro cuando los cetáceos se aproximen, evitando aceleraciones o cambios bruscos de velocidad.

La resolución también limita el tiempo de observation. Cada embarcación podrá permanecer un máximo de 30 minutos frente a un mismo grupo de cetáceos, mientras que el período se reduce a 15 minutos cuando se trate de una madre acompañada por su ballenato, con el propósito de minimizar el estrés durante una de las etapas más sensibles del ciclo reproductivo.

Pero la regulación va mucho más allá de las distancias. El documento establece que únicamente dos embarcaciones pueden observar simultáneamente al mismo grupo de ballenas y ambas deberán mantener una separación mínima de 200 metros entre sí. Si llegan otras embarcaciones, estas deberán esperar a más de 250 metros hasta que las primeras abandonen el área antes de iniciar el recorrido.

Asimismo, queda prohibido perseguir a los cetáceos, interceptar su trayectoria, rodearlos, dividir al grupo o seguir el punto donde emergen para respirar después de una inmersión. El acercamiento siempre debe realizarse de forma paralela y ligeramente por detrás del desplazamiento natural de los animales para evitar modificar su conducta.

La normativa también contempla situaciones específicas durante la observación. Si las ballenas comienzan a realizar saltos repetitivos, muestran conductas agresivas entre individuos, cambian bruscamente de dirección o interrumpen actividades como la alimentación, el apareamiento o el cuidado de las crías, las embarcaciones deben retirarse inmediatamente y a baja velocidad.

También está prohibido generar ruidos que puedan alterar a los animales, incluyendo música a alto volumen, aceleraciones innecesarias del motor o la reproducción de sonidos cetáceos.

Otra de las prohibiciones es alimentar a las ballenas o cualquier otro mamífero marino, así como intentar interactuar con ellas mediante natación, buceo, kayak, paddle u otras actividades acuáticas.

Incluso el uso de drones únicamente está permitido para investigaciones científicas monitoreo ambiental o producciones audiovisuales previamente autorizadas por MiAmbiente y la Autoridad Aeronáutica Civil.

El Ministerio de Ambiente recordó además que únicamente los operadores, embarcaciones, capitanes y guías inscritos en el registro oficial pueden ofrecer este servicio turístico. Todos deben cumplir requisitos de capacitación, seguridad, primeros auxilios, manejo responsable de cetáceos y presentar reportes periódicos sobre las actividades turísticas realizadas.

La fiscalización corresponde a MiAmbiente, que puede coordinar operativos con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y la Policía Nacional para supervisar el cumplimiento de las disposiciones durante toda la temporada.

El avistamiento de ballenas se ha convertido en uno de los principales atractivos del turismo de naturaleza en Panamá y genera ingresos para comunidades costeras, operadores turísticos, hoteles, restaurantes y servicios asociados.

Para las autoridades ambientales, preservar el comportamiento natural de estos gigantes marinos no solo protege una especie emblemática del Pacífico panameño, sino que también garantiza la sostenibilidad de una actividad económica que cada año cobra mayor relevancia para el país.

La violencia dentro del hogar sigue siendo una de las principales expresiones de criminalidad en Panamá. Lejos de mostrar señales de disminución, las denuncias continúan en aumento y afectan a parejas, niños, adultos mayores y otros integrantes del núcleo familiar, según las estadísticas del Ministerio Público correspondientes al primer semestre de 2026.

Entre enero y junio, la institución recibió 12.475 denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, un 21,8% más que en el mismo período del año anterior. De ese total, 9.239 correspondieron a violencia doméstica, equivalente a casi tres de cada cuatro investigaciones abiertas por este tipo de delitos.

El informe refleja que la violencia doméstica continúa siendo, por amplio margen, el delito más frecuente dentro de este grupo de investigaciones.

Además de los 9.239 casos de violencia doméstica, el Ministerio Público contabilizó 2.143 denuncias por maltrato de niños, niñas y adolescentes, 653 por maltrato al adulto mayor, 434 por delitos contra la familia y seis relacionados con delitos contra la identidad y el tráfico de menores edad.

Las cifras muestran que el comportamiento de las denuncias se ha mantenido prácticamente constante durante todo el año. En enero se registraron 2.186 denuncias; en febrero, 1.883; marzo cerró con 2.079; abril con 2.124; mayo con 2.136 y junio con dos mil sesenta y siete.

Aunque junio presentó una ligera disminución respecto a mayo, el promedio mensual se mantiene por encima de las dos mil denuncias, lo que evidencia que la problemática continúa sin variaciones significativas.

En el caso específico de la violencia doméstica, junio cerró con 1.532 denuncias, frente a 1.618 registradas en mayo y 1.572 en abril, manteniéndose como el delito con mayor incidencia dentro de las investigaciones por hechos que afectan al núcleo familiar.

El informe también evidencia un deterioro bastante marcado respecto al primer semestre de 2025. Las denuncias por violencia doméstica crecieron veinte por ciento, al pasar de 7.678 a 9.239 casos.

El maltrato de niños, niñas y adolescentes aumentó 17%, mientras que los delitos contra la familia registraron un incremento del 54%, impulsado principalmente por el aumento del 56% en los incumplimientos de deberes familiares.

Por su parte, el maltrato al adulto mayor aumentó 48%, mientras que los casos de maltrato culposo contra menores prácticamente se duplicaron al registrar un incremento del noventa y seis por ciento frente al mismo período del año pasado.

Panamá Oeste lidera el crecimiento

Por distribución geográfica, la provincia de Panamá concentró la mayor cantidad de denuncias durante el primer semestre, con 3.366 casos, seguida de Panamá Oeste con dos mil novecientos sesenta y dos y Chiriquí con 1.611.

Sin embargo, el mayor crecimiento porcentual se registró en Panamá Oeste, donde las denuncias aumentaron cincuenta y tres por ciento respecto al mismo período de 2025.

También sobresalen los incrementos registrados en la comarca Ngäbe Buglé (52%), Los Santos (32%), San Miguelito (31%), Veraguas treinta por ciento, Herrera (29%), Colón (20%) y Chiriquí (18%).

En contraste, Bocas del Toro fue la única provincia que reportó una disminución, con una reducción del 1%, mientras que la comarca Emberá presentó una caída del 33%, aunque sobre un volumen considerablemente menor de denuncias.

Las estadísticas muestran que la violencia dentro del hogar no se limita a las agresiones entre parejas. Los datos incluyen miles de denuncias por maltrato infantil, casos contra adultos mayores y delitos relacionados con el incumplimiento de deberes familiares, reflejando que el problema afecta a prácticamente todos los integrantes del núcleo familiar.

Especialistas en salud mental advierten que las consecuencias trascienden a la víctima directa. Niños y adolescentes que crecen en ambientes violentos presentan mayor riesgo de desarrollar ansiedad, depresión, trastornos de conducta, bajo rendimiento escolar e incluso reproducir patrones de violencia en la vida adulta.

En el caso de los adultos mayores, el maltrato suele derivar en aislamiento, deterioro físico y emocional, pérdida de autonomía y una mayor dependencia de terceros.

Julio mantiene la tendencia

Las estadísticas del Ministerio Público encuentran un reflejo en los casos que continúan llegando a los tribunales durante julio, lo que evidencia que la violencia intrafamiliar sigue presente en distintos puntos del país.

En los últimos días, tres hombres fueron enviados a detención provisional en procesos separados por presuntos hechos de violencia doméstica ocurridos en Chiriquí y Panamá Oeste.

En David, un hombre de 36 años fue imputado por presuntamente agredir físicamente a su pareja sentimental, una mujer de 25 años. Durante la audiencia, la Fiscalía Regional de Chiriquí sustentó riesgos procesales como la posibilidad de fuga y el peligro para la integridad de la víctima, por lo que el juez ordenó su detención provisional.

En el distrito de Arraiján, Panamá Oeste, otro hombre, de 31 años, quedó detenido provisionalmente tras ser acusado de realizar actos de hostigamiento contra su madre y su hermana en un hecho ocurrido el pasado 10 de julio en el sector de Loma Cová.

También en Arraiján, un ciudadano de 47 años fue enviado a prisión preventiva luego de que la Fiscalía lo imputara por presuntamente amenazar de muerte a su pareja y rociarla con gasolina durante un incidente registrado el 3 de julio.

Los tres casos, ocurridos en distintas circunstancias y con diferentes víctimas, reflejan que la violencia dentro del hogar continúa manifestándose en múltiples formas, desde agresiones físicas y amenazas hasta ataques que ponen en riesgo la vida de quienes integran el núcleo familiar, una realidad que las cifras oficiales muestran lejos de disminuir.

El aumento de los encuentros entre personas y cocodrilos en distintos sectores de Panamá ha llevado al Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) a reforzar el monitoreo científico de estos reptiles en áreas donde la expansión urbana convive cada vez más con sus hábitats naturales.

La estrategia no busca retirar indiscriminadamente a los animales, sino conocer su comportamiento, identificar cuáles representan un riesgo para la población y generar información que permita tomar decisiones basadas en evidencia científica.

Las labores se concentran actualmente en sectores como Clayton, Diablo y Albrook, donde especialistas han identificado una importante presencia de cocodrilos favorecida por la combinación de áreas boscosas, quebradas y cuerpos de agua que forman parte de su hábitat natural.

En estos sitios, MiAMBIENTE ha instalado señalizaciones preventivas y desarrolla inspecciones periódicas para documentar la presencia de los ejemplares, evaluar su interacción con las personas y reducir el riesgo de incidentes sin comprometer la conservación de la especie.

La investigadora Miryam Venegas-Anaya, conocida como la “doctora cocodrilo”, explicó que el monitoreo va mucho más allá de observar a los animales desde la distancia.

Cuando las condiciones lo permiten, los biólogos realizan capturas controladas para someter a los ejemplares a un proceso de evaluación científica que incluye la toma de medidas morfométricas, el registro de peso y su marcaje.

Cada individuo recibe una identificación que permitirá reconocerlo si vuelve a ser observado en el futuro. De esta manera, los investigadores pueden construir un historial de cada cocodrilo, conocer si permanece en una misma zona, establecer sus desplazamientos y evaluar cómo cambia su comportamiento con el paso del tiempo.

Venegas-Anaya señaló que este seguimiento también busca reforzar el comportamiento natural de los animales. La experiencia de captura pretende que los cocodrilos mantengan distancia de las personas y reduzcan la probabilidad de acercamientos a áreas frecuentadas por residentes o visitantes.

Uno de los aspectos centrales del programa es que cada ejemplar es sometido a una evaluación técnica para determinar el nivel de riesgo que representa.

Los especialistas aplican un cuestionario que considera variables como el tamaño del animal, su comportamiento, la frecuencia con la que ha sido observado en un mismo sitio y la cercanía de ese lugar con viviendas, senderos o espacios utilizados por la población.

Cuando el resultado indica un riesgo bajo o medio, el cocodrilo es liberado en el mismo lugar donde fue capturado y pasa a formar parte de un programa permanente de monitoreo.

Cada quince días los biólogos regresan para verificar si continúa en la zona, si modificó sus patrones de movimiento o si aumentó el nivel de interacción con las personas.

Solo cuando las evaluaciones técnicas concluyen que existe un riesgo significativo para la seguridad pública se consideran otras medidas de manejo, como la reubicación del ejemplar.

Precisamente bajo ese criterio, MiAMBIENTE trasladó recientemente un caimán de gran tamaño que habitaba en Albrook. La decisión respondió a una medida preventiva destinada a evitar posibles conflictos con otros reptiles presentes en el área.

No obstante, la institución aclaró que el resto de los animales reportados continúa bajo evaluación y que aún no es posible determinar cuántos podrían ser reubicados.

El monitoreo también servirá para alimentar el Protocolo de Contingencia para el Manejo de las Interacciones Negativas entre el Cocodrilo Americano (Crocodylus acutus) y los Seres Humanos, una iniciativa que estuvo bajo consulta pública hasta hace unas semanas y que desarrolla MiAMBIENTE junto con el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT AIP) de la Universidad Tecnológica de Panamá.

La información obtenida mediante el marcaje y seguimiento permitirá conocer con mayor precisión cómo utilizan estos reptiles los ambientes urbanos y periurbanos, qué factores favorecen los encuentros con personas y cuáles son las medidas más efectivas para prevenir incidentes.

Este trabajo representa un avance frente a una de las principales limitaciones identificadas por las autoridades ambientales: la escasez de información sistemática sobre el comportamiento de los cocodrilos y la dependencia histórica de reportes ciudadanos o publicaciones en redes sociales para conocer la magnitud del problema.

Educación para prevenir conflictos

El monitoreo científico se desarrolla de forma paralela a un programa permanente de educación ambiental dirigido a las comunidades donde son frecuentes los avistamientos de estos reptiles.

Durante los últimos tres meses, MiAMBIENTE ha realizado patrullajes, instalado señalizaciones preventivas y distribuido material educativo en distintos sectores. La primera jornada se desarrolló en El Chorrillo con la participación de residentes, estudiantes, líderes comunitarios y autoridades locales, mientras que las próximas actividades se extenderán a Don Bosco, Pacora y comunidades cercanas al río Matasnillo.

Las autoridades insisten en que muchas de las interacciones negativas pueden evitarse mediante cambios en el comportamiento de la población. Entre las principales recomendaciones figuran mantener una distancia prudente de los animales, no alimentarlos, evitar dejar restos de pescado o comida cerca de ríos, esteros y manglares, respetar la señalización instalada y reportar cualquier avistamiento a través de la línea 311 o de los canales oficiales de MiAMBIENTE.

El objetivo, subrayan los especialistas, no es eliminar a una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas acuáticos, sino aprender a convivir con ella de manera segura mediante información científica, monitoreo permanente y una ciudadanía mejor preparada para reducir los conflictos entre humanos y cocodrilos.

En una de las zones más aisladas de Panamá, donde el bosque nuboso permanece prácticamente inexplorado por la ciencia, un grupo internacional de investigadores emprendió una expedición que podría cambiar la forma en que se estudian los insectos en todo el mundo.

El escenario fue el Parque Nacional Cerro Hoya, ubicado en el extremo sur de la península de Azuero, una “isla en el cielo” separada de otros bosques montanos por cientos de kilómetros de tierras agrícolas.

Allí, científicos instalaron una nueva generación de trampas automatizadas capaces de fotografiar insectos durante toda la noche y procesar posteriormente las imágenes mediante inteligencia artificial, reduciendo de forma drástica el tiempo requerido para analizar la biodiversidad.

La expedición, liderada por Hubert Szczygieł junto con Andrew Quitmeyer, de Digital Naturalism Laboratories, forma parte del desarrollo de Mothbox, una tecnología descrita recientemente en las revistas científicas Methods in Ecology and Evolution e Integrative and Comparative Biology.

El proyecto también contó con la participación de investigadores especializados en ecología, entomología y documentación científica, de acuerdo con la información publicada por el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.

Una cámara trampa para insectos

La Mothbox funciona bajo un principio similar al de las cámaras trampa utilizadas para estudiar mamíferos.

Durante la noche, una fuente de luz atrae a los insectos hasta una superficie donde una cámara los fotografía automáticamente. Posteriormente, un sistema denominado Mothbot utiliza modelos de visión por computadora para identificar los organismos registrados, eliminando gran parte del trabajo manual que tradicionalmente requiere este tipo de investigaciones.

Los investigadores destacan que los insectos representan la mayor parte de la biodiversidad terrestre. Un estudio previo realizado por científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) estimó que en una sola hectárea de bosque tropical pueden existir más de 18.000 especies de insectos, muchas de ellas fundamentales para la polinización, la descomposición de materia orgánica y el equilibrio de los ecosistemas.

Sin embargo, estos organismos siguen siendo uno de los grupos menos monitoreados en los programas de conservación.

El objetivo inicial era instalar diez dispositivos a lo largo del gradiente altitudinal de Cerro Hoya para registrar simultáneamente la actividad de los insectos desde las zonas bajas hasta el bosque nuboso.

Pero el equipo decidió ir mucho más allá. Finalmente desplegó 19 Mothbox, ubicadas aproximadamente cada 100 metros de diferencia de elevación, creando uno de los monitoreos automatizados de insectos más ambiciosos realizados hasta la fecha en un bosque tropical.

El ascenso no fue sencillo. Los científicos caminaron durante varios días cargando combustible, alimentos y equipos de campamento mientras instalaban los dispositivos a diferentes alturas. En algunos sectores el sendero prácticamente había desaparecido, obligando al grupo a abrirse paso con machetes entre la vegetación.

Además de probar la nueva tecnología, la expedición permitió documentar numerosas especies características de Cerro Hoya. Los investigadores observaron escarabajos arlequín, gusanos aterciopelados, ranas de cristal, monos araña de Azuero, bromelias endémicas y diversas especies de polillas que acudían a las tradicionales sábanas iluminadas utilizadas por los entomólogos para atraer insectos nocturnos.

Uno de los momentos más destacados ocurrió durante el descenso de la montaña. El equipo encontró una enorme oruga que posteriormente identificó como la larva de la llamada bruja blanca (Thysania agrippina), considerada la polilla con la mayor envergadura alar del planeta.

Después de mantenerla en un terrario instalado en el Smithsonian, meses más tarde emergió el ejemplar adulto, aportando nueva información sobre una especie cuya fase larval permanecía prácticamente desconocida para la ciencia.

Una vez concluida la expedición comenzó el verdadero análisis. Los datos recopilados por las Mothbox revelaron más de 60.000 detecciones individuales, cada una con información precisa sobre el momento y la altitud en que fue registrada.

Los resultados permitieron identificar patrones imposibles de documentar mediante métodos tradicionales.

Los investigadores comprobaron, por ejemplo, que la actividad general de los insectos era mayor al inicio de la noche, aunque este comportamiento cambiaba dependiendo del grupo estudiado y de la altitud.

También descubrieron que, pese a la gran cantidad de insectos observados alrededor del campamento principal, la mayor diversidad se encontraba en las zonas bajas de la montaña.

El sistema permitirá comparar de manera estandarizada cómo evoluciona la biodiversidad a medida que los bosques recuperan su cobertura natural, facilitando además que organizaciones ambientales obtengan información sólida para respaldar programas de conservación y acceder a nuevas fuentes de financiamiento.

Los autores sostienen que el monitoreo automatizado podría documentar, en los próximos años, el regreso de numerosas especies a medida que la restauración forestal avance en la península de Azuero y vuelva a conectar a Cerro Hoya con otros bosques protegidos del país.

Panamá enfrenta este fin de semana una combinación poco habitual de fenómenos atmosféricos que mantiene bajo vigilancia a las autoridades: la llegada de partículas de polvo del Sahara y un nuevo episodio de calor extremo que, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se extenderá hasta el lunes veinte de julio.

Mientras el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) advirtió sobre la incursión de polvo sahariano entre el 17 y el 20 de julio, el IMHPA amplió la alerta por temperaturas elevadas y sensación térmica extrema en gran parte del país, con valores que podrían oscilar entre 35 °C y 42 °C.

Aunque ambos fenómenos tienen orígenes distintos, su coincidencia responde a las condiciones atmosféricas que predominan durante esta época del año y que favorecen un ambiente más seco estable y caluroso sobre el territorio panameño.

Un viaje de más de 8,000 kilómetros

El polvo del Sahara se origina en el desierto más grande del planeta, donde los fuertes vientos levantan millones de toneladas de partículas minerales que ascienden hasta varios kilómetros de altura.

Impulsadas por los vientos alisios, esas partículas atraviesan el océano Atlántico durante varios días hasta alcanzar el Caribe Centroamérica y parte del continente americano.

Se trata de un fenómeno natural que ocurre todos los años entre finales de la primavera y el verano boreal, cuando la denominada Capa de Aire Sahariano (Saharan Air Layer) se fortalece sobre el norte de África.

Las nubes de polvo contienen principalmente minerales como cuarzo, arcillas, óxidos de hierro y otros sedimentos extremadamente finos capaces de permanecer suspendidos en la atmósfera durante miles de kilómetros.

Aunque gran parte del polvo permanece en niveles altos de la atmósfera, una fracción desciende hacia la superficie, reduciendo la calidad del aire y disminuyendo la visibilidad.

¿Qué efectos produce?

El principal riesgo está relacionado con la salud respiratoria.

Las autoridades recomiendan que personas con asma, alergias, enfermedades pulmonares, adultos mayores, niños y mujeres embarazadas limiten la exposición prolongada al aire libre durante los días de mayor concentración de partículas.

Entre los síntomas más frecuentes asociados a la exposición al polvo del Sahara se encuentran la irritación de los ojos, la nariz y la garganta, la tos seca, la congestión nasal, la resequedad de las vías respiratorias y la dificultad para respirar, especialmente en personas con asma u otras enfermedades respiratorias preexistentes.

Por ello, Sinaproc aconseja utilizar mascarilla cuando sea necesario, mantenerse hidratado, lavar ojos y nariz con agua limpia o solución salina, limpiar con frecuencia las superficies del hogar para evitar la acumulación de polvo y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

El calor también aumenta

Al mismo tiempo, el IMHPA mantiene un aviso de vigilancia por temperaturas elevadas para provincias como Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Oeste Panamá Darién Colón y las comarcas Emberá y Guna Yala.

Según el organismo, las temperaturas máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C, pero la combinación de humedad elevada y otros factores atmosféricos hará que la sensación térmica alcance entre 35 °C y 42 °C, incrementando el riesgo de agotamiento por calor calambres e incluso golpes de calor.

El instituto advirtió que durante varias horas del día podrían alcanzarse condiciones catalogadas como de “precaución extrema”, especialmente para quienes realizan actividades físicas intensas bajo el sol.

Aunque el polvo sahariano y el calor extremo no tienen una relación directa de causa y efecto, ambos suelen coincidir porque responden a patrones atmosféricos bastante similares.

La masa de aire proveniente del Sahara es muy seca y estable lo que reduce la formación de nubes.

Con menos nubosidad, una mayor cantidad de radiación solar alcanza la superficie durante el día, favoreciendo el aumento de las temperaturas.

Al mismo tiempo, la elevada humedad característica del clima tropical panameño impide que el cuerpo elimine calor de manera eficiente mediante la evaporación del sudor, razón por la cual la sensación térmica puede superar ampliamente la temperatura registrada por los termómetros.

Especialistas señalan además que el calentamiento global está aumentando la frecuencia e intensidad de las olas de calor en distintas regiones del planeta, mientras fenómenos naturales como El Niño modifican la circulación atmosférica y favorecen condiciones más cálidas y secas en buena parte del Pacífico centroamericano.

Las autoridades recomiendan evitar actividades físicas al aire libre durante las horas de mayor radiación solar, mantener una adecuada hidratación, utilizar ropa ligera y de colores claros, proteger especialmente a niños y adultos mayores y permanecer atentos a los comunicados oficiales.

En el caso del polvo del Sahara, también aconsejan mantener puertas y ventanas cerradas cuando se observen altas concentraciones de partículas, utilizar mascarilla si se presentan síntomas respiratorios y acudir a un centro de salud en caso de dificultad para respirar o agravamiento de enfermedades pulmonares preexistentes.

La combinación de aire cargado de partículas y temperaturas extremas convierte este fin de semana en uno de los periodos de mayor vigilancia meteorológica del año en Panamá, donde las autoridades insisten en que la prevención será clave para reducir los efectos de ambos fenómenos sobre la población.

La Corte Suprema de Justicia aprobó la creación de cuatro nuevos juzgados especializados en Niñez y Adolescencia que estarán ubicados en David, La Chorrera, San Miguelito y Veraguas, como respuesta al crecimiento sostenido de los casos y a la saturación que enfrentan los despachos judiciales existentes.

La medida quedó establecida en el Acuerdo N.° 359 del 16 de junio de 2026, publicado en la Gaceta Oficial. La decisión había sido aprobada por el Pleno de la Corte durante una sesión ordinaria celebrada el pasado 14 de mayo.

Tres de los nuevos despachos serán juzgados municipales de Niñez y Adolescencia. El primero tendrá su sede en David, provincia de Chiriquí, y atenderá asuntos correspondientes al Tercer Distrito Judicial.

El segundo funcionará en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, bajo la denominación de Juzgado Primero Municipal de Niñez y Adolescencia del Tercer Circuito Judicial de Panamá.

La tercera dependencia será instalada en San Miguelito y corresponderá al Segundo Circuito Judicial de Panamá. El cuarto despacho tendrá funciones distintas: será el Juzgado Primero de Ejecución de Pensiones Alimenticias de Niñez y Adolescencia de Veraguas, dentro del Segundo Distrito Judicial.

La creación de estos tribunales busca ampliar la cobertura territorial, acercar los servicios judiciales a las familias y reducir la presión sobre los juzgados de circuito, que actualmente absorben la mayor parte de los expedientes relacionados con menores de edad y conflictos familiares.

Más de 17,000 procesos al año

El acuerdo advierte que la carga procesal dentro de la jurisdicción de Niñez y Adolescencia registra un crecimiento sostenido y exige una mayor capacidad de respuesta. Los juzgados de circuito del país reciben regularmente más de 17,000 procesos anuales.

Del total, aproximadamente el 56% corresponde estrictamente a asuntos de familia. Esa proporción equivale a más de 9,500 expedientes cada año relacionados con situaciones que pueden involucrar custodia, protección de menores, conflictos familiares y otras decisiones sensibles para niños y adolescentes.

La Corte identificó que el Primer y el Segundo Circuito Judicial concentran los volúmenes más elevados. Una situación similar ocurre en Panamá Oeste, Chiriquí y Veraguas, donde la carga de trabajo de los despachos existentes es considerada crítica.

Las estadísticas correspondientes a 2025 muestran que Chiriquí acumuló 2,371 casos entre la carga municipal y circuital, la cifra más alta entre las jurisdicciones mencionadas en el acuerdo.

Veraguas registró 1,669 expedientes; Panamá Oeste, 1,271; y San Miguelito, aproximadamente 968. En conjunto, estas cuatro zonas concentraron seis mil doscientos setenta y nueve casos ingresados durante el año pasado.

Para la Corte, las cifras reflejan una tendencia constante al aumento y justifican la apertura de nuevas dependencias que permitan ofrecer respuestas más rápidas. La intención es que los asuntos puedan ser atendidos cerca del lugar de residencia de los usuarios, sin trasladar toda la presión hacia los tribunales superiores.

Contar con más juzgados resulta especialmente importante en esta jurisdicción porque las demoras pueden afectar directamente derechos esenciales de menores de edad. En los procesos de pensión alimenticia por ejemplo, la ejecución oportuna de una decisión puede determinar el acceso de un niño a alimentación, salud, educación y vivienda.

Un despacho especializado en pensiones

El tribunal creado en Veraguas atenderá exclusivamente la ejecución de pensiones alimenticias conforme a las competencias establecidas en la Ley 42 de 2012. Su función será hacer efectivas las decisiones relacionadas con estas obligaciones y dar seguimiento a los procesos asignados desde el comienzo de su implementación.

El acuerdo recuerda que la legislación establecía que los juzgados de ejecución de pensiones alimenticias debían instalarse en 2023 y que en cada distrito judicial debía funcionar, como mínimo, una dependencia de este tipo.

Los tres juzgados municipales de Niñez y Adolescencia comenzarán a tramitar y decidir los nuevos procesos que les sean repartidos. Los despachos seccionales o de circuito existentes conservarán los expedientes que ya se encuentran bajo su conocimiento, lo que evita trasladar causas en curso y posibles retrasos adicionales.

Para la vigencia fiscal de 2026 se cuenta con los fondos necesarios para crear las cuatro dependencias, según el documento. La medida también se encuentra alineada con el Plan Estratégico Institucional 2020-2030 del Órgano Judicial.

La cantidad de funcionarios que integrará cada tribunal será determinada por la estructura de cargos de la institución. Las posiciones deberán ocuparse conforme a la Ley 53 de 2015, que regula la Carrera Judicial.

La apertura de los nuevos despachos representa un paso para descongestionar el sistema, pero su impacto dependerá de que reciban suficiente personal, presupuesto, equipos y apoyo técnico. Frente a más de 17,000 procesos al año, la cercanía territorial debe acompañarse de capacidad real para resolver casos con rapidez y garantizar que los derechos de niños y adolescentes no queden atrapados en la mora judicial.

El abogado José Miguel Jurado Rovira, quien se entregó voluntariamente después de ser requerido por las autoridades, quedó bajo detención provisional por su presunta participación en la red que habría manipulado el sistema E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI) para apropiarse y comercializar créditos fiscales.

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Meylin Jaén, imputó al abogado de 56 años por la presunta comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos, blanqueo de capitales, falsificación de documentos privados y delincuencia organizada.

Durante la audiencia celebrada en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, la juzgadora consideró que existían riesgos de desatención del proceso y afectación de los medios de prueba. También tomó en cuenta la naturaleza de los hechos y la cantidad de delitos atribuidos por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada.

Previamente, el tribunal legalizó la aprehensión de Jurado y dio por presentada la formulación de cargos realizada por el fiscal Dagoberto Alvarado. La defensa estuvo a cargo del abogado Víctor Harding, mientras que Jorge Gutiérrez y Diva Pinzón participaron como representantes de la querella presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Jurado se había entregado un día antes de la audiencia. El abogado figura como representante legal de Servicios de Asesoría y Administración Jurado e Inmobiliaria Riverside, dos sociedades mencionadas dentro de la investigación sobre la supuesta red que operó en la DGI.

De acuerdo con lo planteado por la Fiscalía, ambas compañías habrían servido como intermediarias en la cesión de por lo menos $23 millones en créditos fiscales. Esos recursos habrían sido desviados previamente mediante modificaciones irregulares realizadas por funcionarios con acceso al sistema tributario.

Al menos 17 personas procesadas

Con la comparecencia de Jurado, al menos 17 personas han sido imputadas dentro de esta fase de la Operación Pandora, según el recuento de las audiencias informadas por el Órgano Judicial.

En la primera audiencia, que se extendió durante tres días y concluyó el sábado 11 de julio, fueron presentadas inicialmente 16 personas. Sin embargo, dos investigadas sufrieron afectaciones médicas y debieron ser trasladadas a centros hospitalarios, por lo que en ese momento solamente se formularon cargos contra 14.

La jueza Zenia Pérez ordenó la detención provisional de 12 de los imputados y concedió arresto domiciliario a otros dos. Para aplicar la medida más severa, el tribunal valoró la pluralidad y gravedad de los delitos, la posible afectación al Estado y el riesgo de destrucción de pruebas.

Al día siguiente, las dos mujeres que no habían podido completar la primera audiencia fueron llevadas nuevamente ante un tribunal. Una recibió detención provisional y a la otra se le concedió arresto domiciliario por razones de salud.

Antes de la comparecencia de Jurado, el balance era de 13 personas detenidas provisionalmente y tres bajo arresto domiciliario. Con la nueva decisión judicial, la cantidad de investigados en prisión preventiva se elevó a 14.

Algunas de las medidas cautelares fueron apeladas y deberán ser revisadas el próximo 3 de agosto por el Tribunal Superior de Apelaciones en Plaza Fortuna. Las medidas no representan una condena, pues la investigación se mantiene en curso y los imputados conservan la presunción de inocencia.

Créditos fiscales vendidos a terceros

La causa se originó entre 2024 y 2025 y produjo más de 20 allanamientos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé. La investigación involucra a funcionarios, exfuncionarios de la DGI y particulares que presuntamente utilizaron accesos privilegiados para alterar registros tributarios.

Según la hipótesis del Ministerio Público, la red manipulaba el sistema E-Tax 2.0 para convertir pagos ya realizados por contribuyentes en créditos no aplicados. Estos montos quedaban disponibles dentro de la plataforma y posteriormente eran cedidos o comercializados con terceros.

Las autoridades estiman que el esquema ocasionó una lesión patrimonial cercana a $40 millones. Durante los allanamientos fueron decomisados equipos informáticos, dispositivos electrónicos y documentos que deberán ser sometidos a análisis pericial.

La investigación también alcanzó a BAC Panamá, entidad que reconoció haber adquirido créditos fiscales para utilizarlos posteriormente en el pago de sus propios impuestos. El banco sostuvo, sin embargo, que actuó de buena fe porque los montos aparecían oficialmente certificados dentro del sistema de la DGI.

BAC explicó que la compra y cesión de créditos fiscales constituye un mecanismo legal utilizado por diferentes empresas y aclaró que nunca recibió dinero del Estado por estas operaciones. Los créditos fueron aplicados exclusivamente a sus obligaciones tributarias.

“Las investigaciones señalan que el origen de esta situación radica en presuntas irregularidades cometidas por funcionarios y exfuncionarios de la DGI en el sistema de E-Tax para darle validez a créditos fiscales”, indicó la entidad financiera.

El banco aseguró que sus propios controles internos levantaron las alertas comunicadas a las autoridades y que una auditoría interna sobre las transacciones no encontró elementos que vincularan a la institución o a sus colaboradores con las presuntas irregularidades.

También afirmó que el caso no tiene relación con las cuentas, depósitos o fondos de sus clientes. El comunicado no precisó el monto total de los créditos adquiridos, el precio pagado por ellos ni las empresas intermediarias que participaron en las transacciones.

Según una publicación del diario La Prensa, una revisión realizada dentro de la Dirección General de Ingresos determinó que, de los $42.4 millones aplicados por BAC International Bank (Panamá) al pago de compromisos tributarios entre 2022 y 2025, aproximadamente $36.01 millones estarían asociados con acreditaciones que la institución fiscal cuestiona por carecer de legitimidad.

Chapman promete reforzar los controles

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó esta semana que el caso no tendrá impacto en la recaudación del Estado y aseguró que el Gobierno trabaja para fortalecer los controles de la administración tributaria.

Chapman reconoció que el tráfico irregular de créditos fiscales es un problema de larga data y que, durante años, bancos, empresas y aseguradoras han sido engañados mediante este tipo de operaciones.

“Eso demuestra la debilidad de nuestro sistema”, expresó el ministro, quien insistió en que las investigaciones no deben afectar la confianza de los contribuyentes.

Más allá de las responsabilidades penales individuales, la Operación Pandora ha dejado expuesta la vulnerabilidad de la principal plataforma tributaria del país. La investigación deberá determinar quiénes alteraron los registros, cómo se distribuyeron los beneficios y si las entidades que recibieron los créditos aplicaron controles suficientes antes de utilizarlos para cancelar sus impuestos.

El Gobierno de Panamá inició el proceso para adquirir el 41% de las acciones de Petroterminal de Panamá, S.A. (PTP) que permanece en manos privadas, una operación que, al concluir, convertirá al Estado en propietario del 100% de una de las principales infraestructuras energéticas y logísticas del país.

El socio privado de la empresa es NIC Holding Corp., compañía dedicada al almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, con sede en Melville, Nueva York. Además de participar en la asociación con la República de Panamá, la empresa estadounidense desarrolló el proyecto y ha estado a cargo de su administración.

Actualmente, la República de Panamá controla el 59% de la sociedad. La transacción anunciada comprende el 41% restante, pero el Ejecutivo no informó el precio estimado, el plazo para completar la operación ni las condiciones específicas de pago a los accionistas privados.

La adquisición se realizará mediante el ejercicio de un derecho de compra establecido en la Cláusula Décima del Contrato de Asociación. El acuerdo original fue aprobado mediante la Ley 30 de 1977 y posteriormente reformado, entre otras normas, por la Ley 14 de 1981.

El Gobierno subrayó que no se trata de una expropiación ni de una modificación unilateral de las condiciones acordadas con los inversionistas, sino de una opción de compra incorporada al contrato desde la creación de la empresa y aceptada por las partes.

El precio se determinará mediante la fórmula prevista en ese acuerdo, aplicada sobre los estados financieros auditados de Petroterminal. Según el Ejecutivo, este mecanismo permitirá calcular el valor con criterios objetivos y verificables, sin que pueda ser fijado discrecionalmente por el Gobierno o la compañía.

Uno de los principales componentes de la transacción será su mecanismo de financiamiento. La administración del presidente José Raúl Mulino aseguró que la compra será pagada con los ingresos y flujos generados por Petroterminal.

De acuerdo con el comunicado, la operación no requerirá fondos del Tesoro Nacional, no incrementará la deuda pública ni reducirá los recursos destinados a obras, programas sociales o inversiones gubernamentales.

Sin embargo, todavía no se conoce durante cuánto tiempo se comprometerán los flujos de PTP, qué proporción de sus ingresos se destinará a cancelar las acciones ni cómo se distribuirán los recursos entre el pago, la operación cotidiana y las inversiones futuras.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informará sobre las siguientes etapas del proceso, respetando la confidencialidad de la información financiera y contractual. Tampoco precisó quién administrará Petroterminal una vez que el Estado adquiera todas las acciones: si la gestión será asumida directamente por una entidad pública, contratada con un tercero o permanecerá a cargo de NIC Holding Corp., actual administradora de la compañía.

Esta definición será determinante porque, aunque Panamá posee actualmente el 59% de PTP, la administración y el conocimiento técnico de la operación han estado en manos del socio privado. El Estado no cuenta con una entidad dedicada específicamente al manejo de oleoductos transístmicos y terminales petroleras de esta escala, por lo que deberá explicar cómo garantizará la experiencia técnica, la continuidad comercial, la seguridad y la eficiencia de la infraestructura.

Una conexión petrolera entre dos océanos

Petroterminal cuenta con instalaciones para el almacenamiento, trasiego y transporte de hidrocarburos entre las costas del Caribe y el Pacífico panameño. Su principal activo es el Oleoducto Transístmico, una tubería de 131 kilómetros que conecta el Terminal Atlántico, ubicado en Chiriquí Grande, Bocas del Toro, con el Terminal Pacífico de Charco Azul, cerca de Puerto Armuelles, en Chiriquí.

La infraestructura permite movilizar petróleo entre ambos océanos sin que los buques tengan que atravesar las esclusas del Canal de Panamá. Por esa función, PTP se presenta como el canal petrolero del mundo, una plataforma que conecta a productores, comercializadores y mercados internacionales de hidrocarburos.

La empresa informa que sus terminales poseen una capacidad conjunta de almacenamiento de aproximadamente 14.6 millones de barriles. El oleoducto mueve millones de barriles de crudo cada mes, mientras cientos de buques utilizan anualmente sus instalaciones para transportar petróleo hacia Asia y la costa occidental del continente americano.

Los orígenes de la compañía se remontan a septiembre de 1977, cuando los hermanos Harold y Raymond Bernstein propusieron al Gobierno panameño construir instalaciones para el manejo y almacenamiento de petróleo en la bahía de Charco Azul.

Las primeras operaciones de trasiego comenzaron el 10 de abril de 1979. Un año después se autorizó la construcción del oleoducto y del terminal en la costa atlántica, lo que convirtió el proyecto original en una ruta energética transístmica.

La infraestructura surgió ante la necesidad de transportar el excedente de petróleo producido en Alaska hacia la costa este de Estados Unidos. Los grandes buques petroleros empleados para movilizar ese crudo no podían atravesar el Canal de Panamá debido a sus dimensiones, por lo que PTP ofreció una alternativa para transferir las cargas entre océanos.

Con el paso de los años, la operación se adaptó a nuevas rutas comerciales y el oleoducto fue habilitado para movilizar hidrocarburos en ambos sentidos.

Con la adquisición, la totalidad de los dividendos y del valor económico generado por Petroterminal quedaría en manos del Estado panameño. El Gobierno considera que esos recursos podrán utilizarse para promover nuevas inversiones en los sectores energético, marítimo y logístico, además de fortalecer la posición del país como centro regional de transporte y almacenamiento.

El Ejecutivo también garantizó la estabilidad de los puestos de trabajo, la continuidad de los contratos con proveedores y la prestación de los servicios a los clientes. La propiedad estatal estará acompañada, prometió, de un modelo basado en estándares internacionales de eficiencia, seguridad, transparencia, gobernanza corporativa y competitividad.

“Lo hacemos con estricto apego a la ley, a la responsabilidad financiera que exige la administración de los activos públicos y en armonía con los trabajadores, proveedores y accionistas”, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

El desafío comenzará después de concretarse la compra. El resultado dependerá del precio finalmente establecido, del plazo de pago y de la capacidad de PTP para mantener sus flujos, financiar su modernización y conservar su competitividad. El Estado deberá demostrar que el control total puede traducirse en mayores ingresos para Panamá sin afectar la eficiencia comercial de una compañía integrada al mercado petrolero internacional.

La Operación Impacto Escolar, desplegada para combatir la venta de drogas en áreas cercanas a centros educativos de Panamá, concluyó con 20 acuerdos de pena y otras 16 personas bajo detención provisional, según informó la Procuraduría General de la Nación.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas participó en 33 audiencias posteriores a las diligencias simultáneas realizadas en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Colón y Panamá.

Las condenas acordadas oscilan entre 60 y 170 meses de prisión, es decir, entre cinco años y poco más de 14 años. Entre las sanciones validadas por los tribunales aparecen penas de 60, 80, 84, 90, 95, 140, 160 y 170 meses.

Además de los 20 acuerdos, los jueces ordenaron la detención provisional de 16 personas mientras continúan las investigaciones. A otro imputado se le concedió arresto domiciliario, decisión que fue objeto de una apelación.

La operación estuvo dirigida contra personas presuntamente vinculadas con el microtráfico y la comercialización de sustancias ilícitas en las inmediaciones de escuelas. El Ministerio Público explicó que el objetivo es reducir el acceso de niños y adolescentes a las drogas y proteger a las comunidades educativas.

En el área metropolitana se validaron seis condenas. Una persona recibió una pena de 140 meses de prisión, equivalente a 11 años y ocho meses; otras cuatro fueron sentenciadas a 84 meses, o siete años, y un sexto implicado deberá cumplir 80 meses.

En esa misma región, tres personas quedaron bajo detención provisional por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de venta de drogas.

En la provincia de Colón, un imputado fue condenado mediante un acuerdo de pena a 84 meses de prisión. Otro permanecerá detenido provisionalmente mientras la Fiscalía desarrolla las diligencias correspondientes.

Panamá Oeste registró cuatro condenas por hechos investigados en los distritos de Chame y San Carlos. Las sanciones fueron de 170, 90, 84 y 60 meses de cárcel. Los tribunales también impusieron tres medidas de detención provisional por presunta venta de drogas.

La pena de 170 meses, equivalente a 14 años y dos meses, figura como la más elevada entre las detalladas por el Ministerio Público tras las audiencias de la operación.

En Veraguas, la Fiscalía de Drogas consiguió que un juez de garantías ordenara la detención provisional de tres ciudadanos. La medida deberá mantenerse durante el desarrollo de las investigaciones, salvo que sea revisada posteriormente por un tribunal.

Para Bocas del Toro se reportó una condena y una detención provisional. En Chiriquí se formularon cargos contra cuatro personas por venta de drogas: una fue condenada, dos quedaron detenidas provisionalmente y a la cuarta se le concedió arresto domiciliario.

En Herrera y Los Santos se validaron cuatro acuerdos de pena. Las condenas fueron de noventa y cinco meses, 90 meses y dos sanciones de 84 meses. También se aplicaron dos medidas cautelares de detención provisional.

Aunque Coclé estuvo entre las provincias intervenidas, la información difundida por la Procuraduría no desglosó los resultados específicos obtenidos en esa jurisdicción. Tampoco identificó a los condenados ni los centros educativos próximos a los puntos investigados.

Otras operaciones contra el narcotráfico

Impacto Escolar formó parte de una serie de intervenciones desarrolladas durante la semana por la Fiscalía de Drogas y los organismos de seguridad. Las autoridades también ejecutaron las operaciones Alianza, Oriente Sin Drogas y Azuero 3, dirigidas contra el narcotráfico, el microtráfico y la conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

En un puerto del Pacífico, agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional decomisaron 186 paquetes de presunta sustancia ilícita escondidos en la parte inferior de un contenedor cuyo destino era Hong Kong.

En otra acción, la Dirección Nacional Antidrogas localizó 151 paquetes dentro de una embarcación que era remolcada por un camión articulado a la altura del kilómetro 18 de la autopista Panamá-Colón.

En el marco de la Operación Alianza, las autoridades también consiguieron el comiso de cuatro vehículos y dinero en efectivo presuntamente vinculados con seis de los investigados. Esa intervención produjo la imputación de 26 personas por conspiración, tráfico internacional de drogas y delitos conexos.

La Procuraduría señaló que las investigaciones continuarán tanto en la capital como en el interior del país. En el caso de Impacto Escolar, las 20 condenas representan el primer resultado judicial de una ofensiva que coloca nuevamente bajo atención el riesgo que supone la venta de sustancias ilícitas alrededor de los centros educativos.

Los ingresos de la Caja de Seguro Social (CSS) por cuotas obrero-patronales alcanzaron los $2,245.7 millones durante los primeros seis meses de 2026, un aumento de $145.7 millones o 6.9% frente a los $2,100 millones recibidos en igual periodo de 2025.

El resultado refleja una mayor entrada de recursos para financiar pensiones, subsidios, atención médica y otras prestaciones. Sin embargo, ocurre al mismo tiempo que continúa creciendo la morosidad de los empleadores y que las entidades estatales tienen un peso determinante en el aumento reciente de la deuda.

La cartera morosa pasó de $279.47 millones en diciembre de 2025 a $301.9 millones en junio de 2026. La diferencia fue de veintidós millones, equivalente a un incremento de 8.02% en apenas seis meses transcurridos.

Aunque la recaudación creció, la deuda aumentó a una velocidad superior. Además, la CSS reveló que el 78% del nuevo saldo moroso se concentra en apenas diez empleadores del sector público. Esto equivale a aproximadamente $17.5 millones de los $22.42 millones incorporados a la cartera durante el periodo.

Entre esas instituciones aparece la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), cuya deuda con la seguridad social ascendía a $10.99 millones al momento del corte. Por sí sola, esa obligación representa cerca de la mitad del aumento registrado entre diciembre y junio.

La Unachi ha permanecido bajo escrutinio público en los últimos años por el crecimiento de su presupuesto, su planilla y los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos. Durante los 13 años de gestión de Etelvina Medianero de Bonagas, rectora de la institución, el presupuesto anual pasó de $36.4 millones en 2013 a más de $80 millones proyectados para 2026, mientras su administración manejó cerca de $988.2 millones.

Tras meses de cuestionamientos y semanas de una intensa crisis institucional, financiera y administrativa, Medianero de Bonagas presentó su renuncia, efectiva desde el 8 de junio de 2026.

La CSS precisó que algunas de las entidades que figuraban como morosas al cierre del informe ya cancelaron sus compromisos o iniciaron gestiones para ponerse al día. Esos movimientos se reflejarán en la publicación correspondiente al cierre de dos mil veintiséis.

La revisión de los cuadros provinciales muestra 213 entidades estatales con obligaciones en la vía administrativa. De ese total, 197 no tenían convenio y adeudaban $16.33 millones, mientras otras 16 mantenían acuerdos administrativos sobre compromisos por $915,098.

Chiriquí concentra la mayor cantidad registrada, con 53 entidades públicas: 45 sin convenio y ocho con acuerdos de pago. Le sigue la provincia de Panamá, con 50; Bocas del Toro, con 39; Panamá Oeste, con 22; Veraguas, con 14; Darién, con 12; y Coclé, con 11.

En Colón aparecen seis instituciones, Los Santos registra cuatro y Herrera, dos.

A las 213 instituciones bajo cobro administrativo se agregan otras 20 remitidas a jurisdicción coactiva, con una deuda de $8.72 millones. En total, 233 entidades estatales aparecen en las diferentes etapas de morosidad, con obligaciones que rondan los $25.97 millones.

Ese saldo representa aproximadamente el 8.6% de toda la cartera morosa de la CSS. Sin embargo, su impacto sobre el deterioro más reciente es mucho mayor, debido a que diez instituciones públicas explican el setenta y ocho por ciento del incremento semestral.

La diferencia es bastante importante: el sector público no concentra la mayor parte de la deuda histórica, dominada por miles de empleadores privados, pero sí fue el principal responsable del crecimiento registrado durante los primeros seis meses de 2026.

Al cierre de junio, 29,148 empleadores mantenían pendientes $301.9 millones en cuotas obrero-patronales y otros conceptos. En diciembre de 2025 eran 28,964 patronos con obligaciones por $279.47 millones.

En seis meses se añadieron 184 empleadores, apenas 0.64% más. No obstante, el monto pendiente creció 8.02%, lo que indica que la deuda promedio avanzó mucho más rápido que la cantidad de morosos actuales.

La provincia de Panamá concentra 18,537 empleadores y $196.71 millones, cerca de dos terceras partes del saldo nacional. Chiriquí registra 3,080 patronos y $30.24 millones; Colón, 1,590 y $24.27 millones; y Panamá Oeste registra otros 2,885 y $18.61 millones.

Los casos sin convenios administrativos suman 21,025 y representan $94.34 millones. Otros 6,955 empleadores fueron remitidos a jurisdicción coactiva sin arreglo de pago y concentran $170.64 millones, más de la mitad de toda la cartera.

La jurisdicción coactiva permite a la CSS ejecutar el cobro de cuotas, multas, recargos e intereses sin recurrir a los tribunales ordinarios. Los casos del sector público que continúan pendientes también fueron remitidos a esa instancia, según informó la dirección de Finanzas.

La violencia extrema contra las mujeres aumentó de forma significativa en Panamá durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, el Ministerio Público contabilizó 14 víctimas de femicidio y 17 de tentativa, cifras que representan incrementos de 100% y 89%, respectivamente, frente al mismo periodo del año anterior.

El informe estadístico de la Procuraduría General de la Nación también registra siete muertes violentas de mujeres que, tras la valoración del fiscal encargado y la aplicación de la Ley 82, no fueron consideradas femicidios.

En conjunto, los tres tipos de hechos dejaron 38 víctimas durante los primeros seis meses del año. En el periodo comparable de 2025 fueron reportadas, según las cifras revisadas incluidas en el informe más reciente, siete víctimas de femicidio, nueve de tentativa y siete muertes violentas, para un total de veintitrés casos registrados.

Esto supone que la suma de femicidios, tentativas y otras muertes violentas de mujeres aumentó aproximadamente 65% en un año.

La escalada es todavía más evidente al comparar los datos actuales con el cierre de 2025. Durante todo el año pasado se registraron 20 femicidios, 18 tentativas y 15 muertes violentas. En apenas seis meses de 2026, Panamá ya acumuló el 70% de los femicidios y el 94% de las tentativas contabilizadas en los 12 meses anteriores.

Los datos mensuales muestran una violencia bastante sostenida. Enero comenzó con un femicidio y siete tentativas, la mayor cantidad de ataques no consumados del semestre. En febrero se registraron dos femicidios y dos tentativas; marzo fue el mes con más víctimas mortales, con cuatro femicidios, tres tentativas y una muerte violenta.

En abril hubo dos femicidios, una tentativa y dos muertes violentas. Mayo cerró con dos casos en cada categoría, mientras que junio sumó tres femicidios, dos tentativas y dos muertes violentas. A diferencia de junio de 2025, cuando no se registraron femicidios ni tentativas en el informe publicado entonces, junio de este año terminó con cinco víctimas entre ambas categorías.

La provincia de Panamá concentró tres femicidios, cuatro tentativas y seis de las siete muertes violentas del semestre. San Miguelito registró otros tres femicidios y dos tentativas, mientras que Panamá Oeste acumuló tres casos en cada una de esas categorías.

Chiriquí reportó dos femicidios y una tentativa; Coclé, un femicidio y una tentativa; Colón, un femicidio; y Veraguas, un femicidio y dos tentativas. Darién no registró femicidios, pero contabilizó tres ataques en grado de tentativa. Bocas del Toro concentró la restante muerte violenta.

Frente al primer semestre de 2025, los femicidios aumentaron 200 por ciento tanto en San Miguelito como en Panamá Oeste, al pasar de uno a tres casos en cada jurisdicción, según la serie revisada del Ministerio Público. En Chiriquí se duplicaron, de uno a dos; Panamá pasó de dos a tres, un incremento de 50%, mientras que Coclé pasó de cero a un caso. Colón y Veraguas mantuvieron un femicidio cada una.

Las armas de fuego fueron el mecanismo más utilizado en los femicidios: estuvieron presentes en siete de los 14 casos. Dos mujeres murieron por arma blanca, dos por asfixia mecánica y una mediante un incendiarismo. En otros dos expedientes el mecanismo permanecía sin determinar.

En las tentativas, las armas blancas encabezaron la estadística con ocho víctimas, seguidas por las armas de fuego, con cuatro; tres casos sin determinar y dos relacionados con incendiarismo. Cinco de las siete muertes violentas fueron cometidas con armas de fuego.

El rango de edad revela que la violencia alcanzó tanto a menores como a adultas mayores. Entre las víctimas de femicidio hubo una menor de 10 a 14 años y otra de 15 a 17. Tres mujeres tenían entre 18 y 24 años; dos, entre 25 y 29; tres, entre 35 y 39; y dos, entre 40 y 44. También se registraron víctimas entre sesenta y sesenta y cuatro años y de 80 años o más.

Las tentativas afectaron principalmente a mujeres de 18 a 24 años, con cuatro casos. Otros seis ataques se distribuyeron por igual entre los grupos de 25 a 29 y de 30 a 34 años. Además, hubo dos víctimas de entre cinco y nueve años y dos de entre 70 y 74.

Los informes advierten que todas las cifras son preliminares y pueden cambiar conforme avanzan las investigaciones. De hecho, el documento publicado en junio de 2025 reportaba inicialmente ocho femicidios y seis muertes violentas, mientras que la comparación incorporada al reporte de 2026 revisó esos resultados a siete casos en cada categoría.

El informe actual también presenta una diferencia bastante notoria: registra 17 tentativas en los cuadros mensuales y por edad, pero 16 al distribuirlas geográficamente. Esa inconsistencia deberá ser aclarada por el Ministerio Público.

El clima en Panamá ha mostrado un comportamiento particularmente cambiante durante las últimas semanas, con episodios de fuertes lluvias, temperaturas elevadas, vientos intensos y oleajes que han obligado a mantener una vigilancia constante en distintas regiones del país.

En medio de este escenario, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió tres avisos relacionados con lluvias y tormentas eléctricas, condiciones marítimas adversas en el Caribe y temperaturas con sensaciones térmicas de hasta 42 grados Celsius.

El aviso por lluvias significativas permanecerá vigente hasta las 11:59 p.m. del sábado 18 de julio y comprende Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé el norte de Veraguas, Colón, las tierras altas de Chiriquí y ambos sectores marítimos nacionales.

Según el Imhpa, el flujo acelerado de viento sobre el mar Caribe favorecerá durante los próximos días la entrada de abundante nubosidad hacia las regiones central y occidental. Esta condición producirá cielos mayormente nublados, lluvias intermitentes de intensidades variables y tormentas eléctricas.

Los acumulados podrían oscilar entre 15 y 90 milímetros por día. Para los tres días de vigencia del aviso, se proyectan acumulaciones de entre 45 y 270 milímetros de lluvia.

La saturación de los suelos incrementa el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra en las zonas montañosas o con pendientes pronunciadas. La institución pidió a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar desplazamientos por áreas vulnerables durante los periodos de mayor intensidad.

Las lluvias coinciden con condiciones marítimas adversas en todo el litoral Caribe. El aviso por oleajes y periodos significativos también se mantendrá vigente hasta las 11:59 p.m. del 18 de julio.

En el Caribe occidental, que comprende Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas, las olas podrían alcanzar alturas de entre 1.8 y 2.5 metros, con vientos de 15 a 25 kilómetros por hora.

Para el Caribe central, incluyendo Costa Abajo, el centro y Costa Arriba de Colón, se esperan olas de entre 1.6 y 2.5 metros. En el Caribe oriental correspondiente a la comarca Guna Yala, el oleaje podría elevarse hasta 2.8 metros, acompañado de vientos que llegarían a 30 kilómetros por hora.

El fortalecimiento de los vientos alisios está aumentando la altura y el periodo de las olas, por lo que el Imhpa recomendó precaución a bañistas, pescadores y operadores de embarcaciones artesanales o livianas. También existe la posibilidad de incursiones de agua de mar en costas vulnerables.

Mientras el Caribe enfrenta lluvias y oleajes, gran parte del territorio registra condiciones muy cálidas. El aviso emitido por temperaturas y sensaciones térmicas elevadas contempló máximas de entre 33 y 35 grados Celsius, pero la combinación de humedad, radiación solar y otros factores atmosféricos puede hacer que el cuerpo perciba entre 35 y 42 grados.

Las áreas señaladas incluyen las tierras bajas de Chiriquí; el sur y centro de Veraguas; Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste Panamá Darién, Colón y la comarca Emberá, además de las costas de Guna Yala.

La autoridad meteorológica advirtió que desde primeras horas de la mañana se han registrado temperaturas cercanas a 30 grados. Durante el día, algunas zonas pueden alcanzar la categoría de precaución extrema, elevando la posibilidad de insolación, deshidratación, calambres y golpes de calor, especialmente entre adultos mayores niños personas con enfermedades crónicas y trabajadores expuestos al sol.

El Niño gana intensidad

La sucesión de lluvias, calor, viento y fuerte oleaje se produce mientras El Niño continúa fortaleciéndose en el Pacífico tropical. No todos estos eventos pueden atribuirse directamente al fenómeno, pues también responden a sistemas atmosféricos de corta duración y condiciones locales.

Sin embargo, las proyecciones internacionales apuntan a una intensificación durante los próximos meses. El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos sostiene que El Niño continuará fortaleciéndose hasta finales de 2026 y estima una probabilidad de 97% de que persista hasta comienzos de la primavera boreal de 2027. Además, calcula una posibilidad de 81 por ciento de que alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre. NOAA

La Organización Meteorológica Mundial también prevé que el episodio sea al menos moderado y posiblemente fuerte, una evolución que puede aumentar las probabilidades de temperaturas extremas, irregularidad en las precipitaciones y sequías en diversas regiones.

En Panamá, donde El Niño suele asociarse con una reducción de las lluvias y mayor presión sobre los recursos hídricos durante su evolución, el panorama obliga a vigilar tanto los eventos inmediatos como sus efectos acumulados sobre los embalses, la producción agropecuaria el suministro de agua y la generación eléctrica.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá recibió 839 reportes de operaciones sospechosas (ROS) durante el primer semestre de 2026, lo que representa una disminución de veintitrés por ciento frente a los 1,089 remitidos en el mismo periodo del año pasado.

Aunque el balance semestral muestra una caída, el comportamiento mensual revela una aceleración durante el segundo trimestre. En enero se presentaron 117 reportes; en febrero, 102; y en marzo, 126. El primer trimestre cerró así con 345 alertas.

En abril la cifra aumentó a 153, en mayo se situó en 143 y en junio escaló hasta 198, el volumen mensual más alto del semestre. Entre abril y junio se acumularon 494 reportes, cuarenta y tres por ciento más que los recibidos durante los tres primeros meses del año.

Un ROS no significa que se haya comprobado un delito. Se trata de una alerta generada cuando una transacción, el comportamiento de un cliente o el movimiento de determinados recursos no guarda relación con su perfil económico, carece de una explicación razonable o presenta señales que podrían vincularla con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva o delitos precedentes.

La UAF es el organismo estatal encargado de recibir, centralizar y analizar esa información bajo estrictos parámetros de confidencialidad. Su función consiste en transformar datos dispersos en inteligencia financiera y, cuando encuentra elementos relevantes, remitir los resultados a las autoridades competentes. No sustituye al Ministerio Público ni determina culpabilidades.

Ese trabajo es importante porque permite seguir la ruta del dinero, detectar estructuras que utilizan negocios legales para ocultar fondos ilícitos y advertir movimientos que, vistos de manera aislada, podrían parecer normales.

La obligación de reportar está contemplada en la Ley 23 de 2015 y forma parte del sistema panameño de prevención del blanqueo de capitales.

Los bancos concentran las alertas

El sector financiero originó 798 reportes hasta junio, equivalentes al 95% del total. Los bancos aportaron 694, es decir, más de ocho de cada diez alertas recibidas por la UAF. Sin embargo, el número fue doce por ciento inferior a los 788 reportados durante el primer semestre de 2025.

Las empresas de remesas ocuparon la segunda posición, con 41 reportes, pero registraron una caída de cuarenta y ocho por ciento frente a los 79 del año anterior. Las financieras presentaron 27, un aumento de 4%; las cooperativas, ocho; las casas de valores y las fiduciarias, siete cada una; las aseguradoras, seis; y los emisores de medios de pago y dinero electrónico, cinco.

El listado se completa con dos reportes del sector de leasing y uno de factoring. Frente a 2025, seguros disminuyó 88%; emisores de medios de pago, 83%; fiduciarias, 74%; leasing, 60%; cooperativas, 38%; y valores, 22%. El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo y las casas de cambio, que habían remitido cuatro y dos alertas, respectivamente, no presentaron ninguna hasta junio de 2026.

El sector no financiero generó apenas 41 reportes, el 5% del total y 27% menos que un año antes. Los juegos de azar encabezaron este grupo con 19 alertas, un incremento de 58%; seguidos por los abogados, con 17, aunque esta última cifra cayó cuarenta y ocho por ciento. Bienes raíces pasó de uno a cuatro reportes, un aumento de 300%, mientras la venta de automóviles se mantuvo en uno. No se recibieron alertas de entidades públicas supervisadas ni casas de empeño.

La serie histórica evidencia una disminución sostenida en el volumen de reportes. En 2022 la UAF recibió 5,028; en 2023 fueron 3,137; en 2024 bajaron a 2,611 y en 2025 cerraron en 2,011. La primera mitad de dos mil veintiséis añadió otros 839.

Buena parte de esa reducción se explica por el comportamiento de las remesas: pasaron de 3,236 reportes en 2022 a 1,247 en 2023, 735 en 2024, 173 en 2025 y solo 41 durante el primer semestre actual. Los bancos, en cambio, han mantenido el mayor volumen registrado: reportaron 1,519 alertas en 2023, 1,444 en 2024, 1,425 en 2025 y seiscientos noventa y cuatro hasta junio de 2026.

La caída de los ROS no debe interpretarse automáticamente como una reducción del riesgo criminal. También puede responder a cambios en los criterios de reporte, mejoras en los filtros internos o una menor actividad de determinados sectores. Un descenso demasiado pronunciado, sin embargo, obliga a examinar si todos los sujetos obligados están detectando y comunicando las señales correspondientes.

Al 9 de julio de 2026 había 16,727 sujetos obligados inscritos: 12,489 supervisados por la Superintendencia de Sujetos No Financieros, 3,468 por la Superintendencia de Seguros, 468 por la Superintendencia de Bancos, 158 por el Ipacoop y 144 por la Superintendencia del Mercado de Valores.

Entre ellos figuran bancos, remesadoras, financieras, fiduciarias, aseguradoras, cooperativas, casas de valores, casinos, inmobiliarias, promotores, vendedores de automóviles, abogados y otras actividades profesionales o comerciales expuestas al movimiento de fondos. Deben reportar porque ocupan la primera línea de detección: son quienes conocen al cliente, observan las transacciones y pueden identificar cuándo el dinero comienza a comportarse de manera extraña.

Panamá se prepara para enfrentar uno de los mayores cambios demográficos de las próximas décadas: una población cada vez más envejecida y un aumento acelerado de personas que necesitarán cuidados permanentes.

Ante ese escenario, el país comenzó a implementar un sistema que permitirá medir, con criterios técnicos, qué ciudadanos requieren apoyo para actividades básicas como alimentarse, movilizarse o asearse, una evaluación que determinará quiénes tendrán prioridad para acceder a los servicios públicos de cuidado.

La herramienta, conocida como Baremo de Valoración de la Dependencia, forma parte del desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados, creado mediante la Ley 431 de 2024, una norma que por primera vez reconoce el derecho al cuidado y establece la responsabilidad del Estado de organizar una red de servicios para personas que, por razones de edad, discapacidad o condición de salud, requieren apoyo para desarrollar su vida cotidiana.

Hasta ahora, Panamá no contaba con un mecanismo uniforme para determinar quién necesitaba cuidados y en qué nivel. Cada institución utilizaba criterios propios, lo que dificultaba establecer prioridades y distribuir los recursos públicos de manera equitativa.

Con el nuevo baremo, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), con asistencia técnica y financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), busca estandarizar ese proceso mediante una evaluación objetiva de la autonomía de cada persona.

A diferencia de un examen médico convencional, el instrumento no pretende diagnosticar enfermedades ni establecer discapacidades. Su función consiste en medir el grado de independencia de una persona para realizar actividades esenciales de la vida diaria, como alimentarse, vestirse, desplazarse, mantener su higiene personal, comunicarse o tomar decisiones básicas.

Con base en esa evaluación, el sistema clasificará a los usuarios en tres niveles de dependencia: moderada, severa y gran dependencia, categorías que servirán para definir el tipo de apoyo que requieren y establecer el orden de prioridad para acceder a los servicios del Sistema Nacional de Cuidados.

El BID explica que este tipo de herramientas constituye uno de los pilares de cualquier sistema moderno de cuidados porque permite asignar los apoyos utilizando criterios homogéneos y transparentes, evitando decisiones discrecionales y orientando los recursos hacia quienes presentan mayores necesidades.

Aunque estos instrumentos llevan décadas utilizándose en Europa, su implementación en América Latina aún es limitada. Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay y Barbados ya cuentan con sistemas similares. Con el desarrollo de esta escala, Panamá pasa a integrar el grupo de países de la región que han adoptado mecanismos estandarizados para valorar la dependencia funcional.

La necesidad de esta herramienta responde a una realidad demográfica que comienza a transformar al país. Los resultados del XII Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 2023 muestran que Panamá envejece de forma sostenida.

Mientras en 1980 las personas de 65 años y más representaban el 4,3 % de la población, para 2023 esa proporción aumentó hasta 9,8 %, más del doble en poco más de cuatro décadas. Al mismo tiempo, la edad mediana de la población pasó de 22 años en 1990 a 30 años en 2023, reflejo de una menor fecundidad y una mayor esperanza de vida.

Los datos oficiales permiten dimensionar aún más el desafío. Panamá cuenta actualmente con 563.641 personas de 60 años y más, mientras que 47.508 tienen 80 años o más, segmento de la población que presenta una mayor probabilidad de requerir cuidados permanentes debido a limitaciones funcionales asociadas al envejecimiento.

El BID advierte que esa presión continuará aumentando durante las próximas décadas. Las proyecciones indican que el número de personas mayores con dependencia funcional podría duplicarse hacia 2035 y triplicarse para 2050, lo que obligará al Estado a ampliar significativamente la cobertura de los servicios de cuidado y a fortalecer las capacidades institucionales para responder a esa demanda.

Con ese objetivo, durante 2026 el MIDES inició un proceso de capacitación para los equipos responsables de aplicar la nueva herramienta. Más de 25 profesionales del ministerio, de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) y de otras entidades públicas fueron formados para convertirse en instructores y garantizar que la evaluación se aplique bajo los mismos criterios en todas las provincias y comarcas del país.

Sin embargo, especialistas coinciden en que disponer de una escala de valoración constituye apenas el primer paso. El verdadero reto será construir la infraestructura necesaria para atender a una población que continuará envejeciendo.

Eso implica ampliar la oferta de centros de atención, formar más cuidadores, fortalecer los programas de atención domiciliaria y asegurar el financiamiento suficiente para sostener un sistema cuya demanda crecerá de manera sostenida.

El cambio también supone una transformación en la forma de entender los cuidados. Tradicionalmente, esa responsabilidad ha recaído casi exclusivamente sobre las familias —y especialmente sobre las mujeres— sin una política pública integral que articule servicios de apoyo.

El Sistema Nacional de Cuidados busca cambiar ese modelo mediante una red organizada que permita distribuir de forma más equitativa las responsabilidades entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado.

En el marco de su visita de trabajo a México, el presidente panameño, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión con el empresario Carlos Slim, participó en un foro con ejecutivos de algunas de las principales compañías mexicanas y desarrolló una agenda oficial con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La gira estuvo enfocada en atraer inversiones, fortalecer el comercio bilateral y promover a Panamá como plataforma logística para las empresas mexicanas con operaciones en América Latina, en un momento en que el Gobierno impulsa un amplio portafolio de proyectos de infraestructura y busca aprovechar la reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

Slim, considerado el decimosexto hombre más rico del mundo, recibió a Mulino en su residencia, donde conversaron sobre la coyuntura económica internacional, el nuevo escenario geopolítico y las oportunidades que ofrece Panamá para la inversión extranjera.

En el encuentro también participaron la primera dama, Maricel de Mulino; el canciller, Javier Martínez Acha; los ministros Julio Moltó, Roberto Linares y José Ramón Icaza; el embajador de Panamá en México, Abraham Martínez, y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.

Aunque actualmente no mantiene inversiones relevantes en el país, Slim ha tenido una presencia importante en Panamá. A través de Grupo Carso e Ideal Panamá desarrolló proyectos hidroeléctricos en Chiriquí, incluyendo las centrales Bajo de Mina y Baitún, con una capacidad conjunta de 145 megavatios.

En 2020 reorganizó esos activos mediante la adquisición del cien por ciento de Ideal Panamá por 152,6 millones de dólares, mientras que en 2022 también salió del mercado panameño de telecomunicaciones tras concretarse la venta de Claro Panamá a Liberty Latin America.

De acuerdo con la Presidencia panameña, durante la conversación con Slim se abordaron temas económicos y geopolíticos derivados del nuevo escenario internacional, además del potencial de Panamá como destino para las empresas mexicanas interesadas en expandirse hacia Centro y Sudamérica.

La agenda continuó con un encuentro entre Mulino y representantes de 23 empresas y gremios mexicanos vinculados con infraestructura, logística, tecnología, transporte, turismo, agroindustria, puertos y ciberseguridad, interesados en explorar oportunidades de negocios e inversión en Panamá.

Ante los empresarios, el mandatario aseguró que el país atraviesa el mayor ciclo de inversión en un siglo, respaldado por una economía que crece por encima del 4%, un centro bancario regional consolidado y un portafolio de obras públicas que supera los 30.000 millones de dólares, al que se suman los 8.500 millones de dólares en inversiones proyectadas por el Canal de Panamá.

“Miro esta sala y no veo competidores. Veo socios naturales. Ustedes son los mejores del continente en fabricar y nosotros nos especializamos en conectar al mundo. Ustedes producen y nosotros distribuimos. No competimos; nos complementamos", expresó Mulino.

El presidente presentó proyectos como el tren Panamá-David, nuevas carreteras, puertos, hospitales y otras obras estratégicas que buscan fortalecer la competitividad del país. También invitó a las empresas mexicanas a establecer sus sedes regionales en Panamá mediante el régimen especial para Sedes de Empresas Multinacionales, bajo el cual ya operan 192 compañías.

“A quienes ya miran hacia Panamá les digo sencillamente: los estamos esperando. El momento de invertir en Panamá es ahora", afirmó.nEntre las empresas participantes figuraron Google Cloud, International Atlantic Port, Agropark Querétaro, Grupo IPS, COMCE, CANIRAC, Polyshell, TSS Cyber y OR-B Logística, entre otras.

Una de las iniciativas que despertó interés fue International Atlantic Port, proyecto privado que busca desarrollar un complejo portuario multimodal en la costa atlántica panameña para ampliar la capacidad logística del país.

La gira también incluyó una reunión oficial de dos horas con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional, donde ambos gobiernos acordaron relanzar la relación bilateral con una agenda enfocada en comercio, inversiones, infraestructura, cooperación científica y tecnológica.

Uno de los principales compromisos fue impulsar un mejor aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá, vigente desde hace once años, con el propósito de incrementar el intercambio comercial y atraer nuevas inversiones.

Los mandatarios también destacaron la complementariedad entre el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Canal de Panamá, al considerar que ambas plataformas pueden fortalecer las cadenas globales de suministro y la conectividad logística de la región.

Como parte de ese entendimiento acordaron ampliar la cooperación en infraestructura, transporte e intercambio de experiencias ferroviarias, un tema de especial interés para Panamá debido al proyecto del ferrocarril entre la capital y la frontera con Costa Rica.

Otro de los anuncios relevantes fue el respaldo de México al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá. Durante el encuentro, Sheinbaum reiteró el apoyo de su país a ese régimen internacional, mientras Mulino destacó la importancia de seguir sumando aliados regionales para preservar la neutralidad de la vía interoceánica.

La declaración conjunta también incluyó acuerdos para fortalecer la cooperación en el combate al gusano barrenador del ganado, ampliar la colaboración científica y tecnológica, avanzar hacia un acuerdo de asistencia mutua en asuntos aduaneros y promover un memorando sobre transparencia y acceso a la información pública.

Además, ambos mandatarios coincidieron en impulsar una agenda de integración regional en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, al tiempo que instruyeron a sus cancilleres a convocar próximamente el Consejo del Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y Panamá.

Con esta visita, Mulino buscó proyectar a Panamá como un socio estratégico para México en un contexto de relocalización de inversiones y fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro.

La apuesta del Gobierno es que el país no solo sea un punto de tránsito para las mercancías mexicanas, sino también una plataforma desde la cual las empresas puedan coordinar sus operaciones, distribuir productos y ampliar su presencia en los mercados de América Latina.

El movimiento de carga en los puertos panameños mantuvo su tendencia de crecimiento durante los primeros seis meses de 2026. Entre enero y junio, el Sistema Portuario Nacional movilizó 4,915,466 TEU (contenedores de 20 pies), un incremento de 1,8% respecto al mismo período de 2025.

El desempeño se produjo en medio de uno de los mayores cambios institucionales que ha vivido el sector en décadas: la salida de Panama Ports Company (PPC) de los puertos de Balboa y Cristóbal tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato, sus adendas y la prórroga que mantenía a la filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison al frente de ambas terminales.

Aunque el crecimiento fue moderado frente al año anterior, las cifras de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) muestran que el sistema volvió a marcar un máximo reciente.

En el primer semestre de 2024 se movilizaron 4,750,876 TEU; en 2025 la cifra aumentó a 4,829,562, y este año alcanzó 4,915,466 TEU, consolidando una tendencia positiva impulsada por la recuperación del comercio marítimo y el fortalecimiento de las operaciones de trasbordo, principal actividad de los puertos panameños.

La evolución mensual fue irregular, pero terminó con un cierre bastante sólido. Junio se convirtió en el mes de mayor actividad del semestre, con 876.499 TEU, superando incluso a enero, que había iniciado el año con 865,677 TEU.

El punto más bajo se registró en febrero, cuando el movimiento cayó a 697,585 TEU, antes de recuperar un dinamismo sostenido entre marzo y junio. Esa recuperación permitió compensar el descenso de comienzos de año y cerrar el semestre con cifras superiores a las de 2025.

Sin embargo, el crecimiento del sistema no fue uniforme entre las terminales. SSA Marine MIT volvió a consolidarse como el puerto con mayor movimiento del país al manejar 1.610.841 TEU, un aumento de 23,1% respecto al año anterior.

También destacó Colón Container Terminal, que movilizó 981.246 TEU, un incremento de 19,8%, mientras PSA Panama International Terminal alcanzó 742,238 TEU, con un crecimiento de 5.4%. Entre las tres terminales compensaron ampliamente la caída registrada en Balboa y Cristóbal.

El comportamiento fue muy distinto en los dos puertos administrados hasta marzo por Panama Ports Company. Balboa, en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá, registró 1,143,984 TEU, una disminución de 11.9%, mientras Cristóbal, en el Atlántico, movilizó 409,685 TEU, lo que representó una caída del 34.9%, la mayor entre todas las terminales del sistema portuario nacional.

Ese desempeño coincidió con el proceso de transición iniciado tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato de concesión de 1997, las adendas posteriores y la extensión aprobada en 2021 para Panama Ports Company.

El fallo, publicado en la Gaceta Oficial el 23 de febrero de este año, permitió al Estado recuperar el control de las terminales de Balboa y Cristóbal y abrió un nuevo capítulo para dos de los puertos más estratégicos del país.

Como parte de ese proceso, el Gobierno designó administradores temporales por un período de 18 meses. La operación del puerto de Balboa quedó en manos de APM Terminals Panamá S.A., mediante un contrato por 26.1 millones de dólares para la operación, mantenimiento y gestión de la terminal del Pacífico.

En tanto, el puerto de Cristóbal pasó a ser administrado por TIL Panamá S.A., filial de Mediterranean Shipping Company (MSC), bajo un acuerdo por 15,8 millones de dólares para mantener las operaciones en la costa atlántica mientras se define el modelo definitivo de concesión.

La reorganización también trascendió el ámbito puramente logístico. La salida de PPC provocó un nuevo foco de tensión entre Panamá y China, luego de que autoridades del gobierno chino cuestionaran las decisiones adoptadas por el Estado panameño sobre una empresa vinculada al grupo CK Hutchison.

Panamá, por su parte, ha sostenido que las medidas responden exclusivamente al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema y al respeto del orden constitucional.

Las cifras de la AMP muestran además que el crecimiento del sistema continuó sustentándose en el trasbordo, que representó 4,35 millones de TEU, mientras la carga local alcanzó 537,315 TEU, un aumento de 9.7% respecto al primer semestre de 2025, reflejando un mayor movimiento de mercancías destinadas al mercado panameño y a las exportaciones nacionales.

Otro indicador que confirmó el dinamismo del sector fue el movimiento de vehículos. Entre enero y junio pasaron por los puertos panameños 90.301 automóviles, un crecimiento cercano al 24% frente al mismo período del año anterior.

El mayor impulso provino nuevamente de SSA Marine MIT, mientras que Balboa incrementó los embarques de vehículos y PSA mantuvo una tendencia positiva, compensando parcialmente la menor actividad registrada en Cristóbal.

Aunque el sistema portuario logró cerrar el semestre con un nuevo récord reciente de movimiento de contenedores, el segundo semestre estará marcado por un desafío bastante complejo: mantener el crecimiento mientras avanza la administración temporal de Balboa y Cristóbal y el Gobierno define el futuro de dos terminales consideradas piezas clave para la competitividad logística de Panamá y para una ruta interoceánica por la que pasa cerca del 3% del comercio marítimo mundial.

Panamá abrió la licitación de su tercer proyecto desarrollado bajo el régimen de Asociación Público-Privada (APP), una modalidad con la que el Gobierno busca acelerar la ejecución de grandes obras de infraestructura mediante inversión privada.

La iniciativa contempla la rehabilitación, ampliación y mantenimiento de la vía Centenario y la autopista Panamá–La Chorrera, uno de los corredores más congestionados del país, mediante un contrato con una vigencia de 30 años que comprometerá al Estado a realizar pagos semestrales millonarios durante la etapa de operación y mantenimiento de la carretera.

El proyecto beneficiará a unas 485.000 personas y generaría alrededor de 12.000 empleos directos e indirectos, según las estimaciones oficiales. El concesionario asumirá el diseño, financiamiento, rehabilitación, ampliación, operación y mantenimiento de 42,5 kilómetros entre la vía Centenario y la autopista Arraiján–La Chorrera.

Entre las principales intervenciones previstas figuran la construcción de dos carriles adicionales en los accesos al Puente Centenario, uno por cada sentido de circulación; la implementación de carriles reversibles en la autopista Panamá–La Chorrera.

También se contemplan mejoras en intercambiadores estratégicos como La Mitra, Bique y el Hospital Nicolás Solano; la rehabilitación integral del corredor y la incorporación de una red de Sistemas Inteligentes de Transporte para monitorear el flujo vehicular, gestionar incidentes y mejorar la seguridad vial.

La obra busca atender uno de los principales problemas de movilidad del país. El crecimiento acelerado de Panamá Oeste durante la última década convirtió al Puente Centenario y a la autopista Panamá–La Chorrera en uno de los mayores cuellos de botella de la red vial nacional.

Cada mañana y cada tarde miles de vehículos enfrentan largos congestionamientos para ingresar o salir de la capital, afectando no solo a residentes de Arraiján y La Chorrera, sino también al transporte de carga, al comercio y a la conexión con el interior del país.

A diferencia de una licitación tradicional, el proyecto será desarrollado mediante una Asociación Público-Privada (APP), mecanismo creado por la Ley 93 de 2019 para atraer inversión privada hacia obras públicas. Bajo este esquema el Estado conserva la propiedad de la infraestructura, pero el concesionario privado financia, construye y posteriormente mantiene la carretera durante el plazo contractual.

A cambio recibe una remuneración condicionada al cumplimiento de metas previamente definidas por el MOP, trasladando buena parte de los riesgos técnicos y financieros al sector privado.

El contrato establece una vigencia de 30 años, durante los cuales el concesionario será responsable no solo de ejecutar las obras, sino también de garantizar que la infraestructura mantenga niveles de servicio previamente establecidos. Es precisamente allí donde aparece uno de los aspectos más relevantes del pliego: el Estado no pagará simplemente por construir la carretera, sino por mantenerla en condiciones óptimas durante décadas.

Para ello, el documento fija un Compromiso Firme Semestral de referencia de hasta 38,5 millones de dólares durante la etapa de operación y mantenimiento. Ese monto representa el techo para las ofertas económicas que presenten los proponentes y no constituye un pago automático.

La remuneración efectiva dependerá de la propuesta ganadora y del cumplimiento de estrictos indicadores de desempeño, por lo que el MOP podrá aplicar deducciones cuando la vía no alcance los estándares establecidos en el contrato.

En otras palabras, el Estado asumirá un compromiso de pagos periódicos de gran magnitud durante la vida útil de la concesión, pero condicionados a que la empresa mantenga la carretera en los niveles de calidad pactados.

El pliego no define una duración específica para la etapa de operación y mantenimiento, ya que será el concesionario quien presente el cronograma definitivo del proyecto dentro de la vigencia total de 30 años.

El esquema de mantenimiento por estándares de desempeño representa una diferencia sustancial frente a los contratos tradicionales de obra pública.

El concesionario deberá garantizar permanentemente condiciones mínimas de servicio relacionadas con el estado del pavimento, señalización horizontal y vertical, iluminación, drenajes, limpieza, atención de incidentes, tiempos de respuesta y funcionamiento de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). Si cualquiera de esos indicadores se deteriora, los pagos podrán reducirse hasta que las deficiencias sean corregidas.

El pliego también revela que la mayor parte de los riesgos recaerá sobre la empresa privada. La matriz de riesgos asigna al concesionario las variaciones en los costos de diseño, construcción, materiales, financiamiento, mano de obra, mantenimiento, operation, disponibilidad de equipos e incluso cambios en el volumen de tráfico.

El Estado únicamente conservará responsabilidades relacionadas con modificaciones regulatorias, determinados procesos de adquisición de terrenos, algunas decisiones ambientales y actuaciones propias de la administración pública.

Desde el punto de vista financiero, el pliego establece un valor de referencia para la inversión inicial de 267,4 millones de dólares. La propuesta económica de cada empresa deberá considerar tanto la inversión en las obras como el compromiso de mantener la infraestructura bajo los estándares exigidos durante toda la concesión.

El cronograma prevé que la homologación del pliego se realice en agosto, mientras que la recepción de propuestas está programada para noviembre. Posteriormente, el MOP evaluará las ofertas técnicas y económicas antes de adjudicar uno de los contratos de infraestructura más importantes que licitará el país en los próximos años.

La Autopista Centenario será el tercer proyecto desarrollado bajo el régimen APP en Panamá. Los dos primeros ya se encuentran en ejecución y corresponden a la rehabilitación y mantenimiento de la Carretera Panamericana Este, entre Pacora y Yaviza (246,2 kilómetros), y la Carretera Panamericana Oeste, entre La Loma de Campana y Santiago de Veraguas (192 kilómetros), ambos adjudicados a concesionarios distintos.

El Gobierno considera que el éxito de este proceso servirá para consolidar el modelo de asociaciones público-privadas como una herramienta para desarrollar infraestructura de gran escala sin depender exclusivamente de recursos presupuestarios inmediatos.

La cartera de proyectos bajo análisis ya incluye un nuevo centro penitenciario, instalaciones deportivas y zonas agroindustriales, iniciativas que podrían seguir el mismo esquema si esta tercera experiencia logra atraer competencia, asegurar financiamiento y cumplir los estándares de calidad que exige el Estado.

Las pandillas en Panamá volvieron a quedar bajo la lupa de las autoridades tras una nueva ofensiva del Ministerio Público y la Policía Nacional que dejó nueve presuntos integrantes de estructuras criminales aprehendidos en las provincias de Panamá y la zona este de la capital.

Uno de los casos más preocupantes surgió en San Miguelito, donde la investigación reveló que un grupo delictivo no solo estaría vinculado con homicidios, armas y drogas, sino que además amenazaba a menores de edad para obligarlos a integrarse a la organización, una modalidad de reclutamiento forzado que las autoridades consideran una de las expresiones más graves del fenómeno pandilleril.

La principal acción se desarrolló mediante la Operación Harpía, ejecutada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita junto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Los allanamientos, realizados en Valle de Urracá y otros puntos del distrito de San Miguelito, permitieron la captura de siete personas presuntamente vinculadas con un grupo criminal investigado por homicidios ocurridos entre 2025 y 2026, porte ilegal de armas y delitos relacionados con drogas.

Durante las diligencias, las autoridades decomisaron un fusil, presunta droga y otros indicios que ahora forman parte de la investigación. Sin embargo, uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la presunta estrategia utilizada por la organización para fortalecer sus filas.

Según la Fiscalía, la investigación documentó que integrantes del grupo amenazaban y atacaban a menores de edad para obligarlos a incorporarse a la pandilla, una práctica que refleja la presión ejercida por estas estructuras sobre jóvenes que residen en comunidades vulnerables y que, en muchos casos, terminan involucrados en actividades delictivas bajo intimidación.

En un segundo operativo desarrollado en el sector de San Joaquín, corregimiento de Pedregal, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita capturó a otros dos presuntos integrantes de la pandilla Los HP, organización investigada por homicidios, tráfico de drogas y posesión ilegal de armas de fuego.

Estas capturas están relacionadas con la Operación Bastión, desarrollada semanas atrás, mediante la cual las autoridades realizaron 13 allanamientos y seis aprehensiones con el objetivo de desarticular esa estructura criminal que operaba en ese sector de la capital.

Los operativos forman parte del Plan Firmeza, la estrategia impulsada por el Gobierno para contener el crecimiento de la violencia asociada a las pandillas y al narcotráfico.

En paralelo, la Policía Nacional informó que durante las últimas 24 horas fueron aprehendidas 186 personas por diversos delitos. Del total, 108 eran requeridas por oficio judicial, 36 fueron detenidas por microtráfico, nueve en flagrancia, una por narcotráfico y 32 por faltas administrativas. Además, se realizaron 39 allanamientos, se decomisaron cinco armas de fuego, 337 paquetes de droga, municiones y vehículos vinculados a investigaciones criminales.

La nueva ofensiva ocurre en un contexto de creciente preocupación por la evolución de las pandillas en Panamá. Aunque las autoridades sostienen que el número de grupos identificados ha disminuido, advierten que las organizaciones restantes se han vuelto más violentas y especializadas.

De acuerdo con información divulgada recientemente por la Policía Nacional, actualmente operan 121 grupos pandilleriles en el país, frente a los 180 identificados anteriormente. Sin embargo, esa reducción no significa que el problema haya disminuido, ya que muchas de esas estructuras se han fragmentado y ahora funcionan como células vinculadas a organizaciones criminales de mayor alcance relacionadas con el narcotráfico internacional.

Las autoridades identifican al menos ocho grandes estructuras que concentran buena parte de la actividad criminal: Bagdad, Calor Calor, RG4AL, Mafia Filipina, Roca, Los HP, Killa y Sinaloa, organizaciones que mantienen redes de grupos asociados en distintos puntos del país y que disputan territorios utilizados para el almacenamiento, distribución y transporte de drogas.

Según datos oficiales, durante 2026 las autoridades han capturado 242 presuntos pandilleros, de los cuales 186 están vinculados a homicidios y otros 56 a tentativa de homicidio, como resultado de cerca de 250 operaciones desarrolladas en conjunto por el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Las investigaciones también han detectado un cambio en las estrategias de reclutamiento. La Policía ha advertido que varias pandillas están captando jóvenes que abandonan el sistema educativo o provienen de hogares vulnerables, ofreciéndoles dinero, protección o alojamiento para incorporarlos a actividades delictivas.

El caso detectado en San Miguelito representa un paso más allá: el uso de amenazas y agresiones contra menores para forzar su ingreso a estas organizaciones.

La administración de la Zona Libre de Colón (ZLC) respondió este martes a los cuestionamientos surgidos tras el informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), que la semana pasada advirtió sobre vulnerabilidades del principal centro logístico del país frente al contrabando y otros delitos transnacionales.

Su gerente general Luisa Napolitano, rechazó que el complejo facilite actividades ilegales, aseguró que la institución ha reforzado los controles de seguridad y trazabilidad desde 2024 y anunció que avanza en un ambicioso plan de expansión de más de 280 hectáreas, cuya primera fase requerirá una inversión cercana a los 250 millones de dólares.

Las declaraciones se produjeron durante una reunión con la junta directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), encabezada por su presidente Aurelio Barría, en la que ambas partes defendieron el papel estratégico de la Zona Libre para la economía nacional y coincidieron en que los retos asociados al comercio ilícito deben enfrentarse con mayor tecnología, coordinación institucional y fortalecimiento de los controles, sin afectar la reputación internacional del complejo comercial.

La Zona Libre de Colón tiene que quitarse ese nombre que le decían como si fuera un centro de contrabando. No lo es, afirmó Napolitano al responder directamente a las observaciones contenidas en el estudio de TRACIT, organización que ubicó recientemente a Panamá como el segundo país de Centroamérica con mejor desempeño frente al comercio ilícito, aunque advirtió que persisten vulnerabilidades relacionadas con las zonas francas, el contrabando de cigarrillos, la falsificación de mercancías y el crecimiento del comercio electrónico.

La gerente sostuvo que desde el inicio de la actual administración, en julio de 2024, la ZLC estableció una alianza con la Autoridad Nacional de Aduanas para fortalecer la trazabilidad del comercio, digitalizar procesos y modernizar los sistemas que regulan el movimiento de mercancías.

Entre las medidas mencionó la actualización del sistema de Declaración de Movimiento Comercial Electrónico (DMCE), la digitalización de procesos administrativos y legales, la instalación de más de 490 cámaras de videovigilancia, un centro de monitoreo que opera las 24 horas y la integración tecnológica con Aduanas para reforzar la supervisión de las operaciones comerciales.

Napolitano también aseguró que la estrategia de seguridad ha permitido reducir en 98% los incidentes relacionados con hurtos, plagio de mercancías y otras irregularidades que anteriormente afectaban a la Zona Libre.

Según explicó, ese resultado ha sido posible gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional, la Autoridad Nacional de Aduanas y los propios equipos de seguridad del complejo.

Sobre las críticas de TRACIT relacionadas con el contrabando de cigarrillos y otras mercancías, la funcionaria insistió en que cualquier empresa o usuario que incurra en actividades ilícitas es puesto a disposición de las autoridades competentes y defendió que la institución no tolera ese tipo de prácticas.

"Nosotros trabajamos en un comercio lícito. Si una empresa comete algún delito, eso se investiga y pasa a las autoridades correspondientes“, sostuvo.

La defensa de la administración de la Zona Libre estuvo acompañada por cifras que, a juicio de Napolitano, reflejan una confianza empresarial. Indicó que indicó que durante 2025 se registraron 264 nuevas empresas, un incremento de 52 % respecto al año anterior, mientras que el movimiento comercial superó los 25.000 millones de dólares, cerca de 2.000 millones más que en 2024.

Añadió que el desempeño también se mantiene positivo durante 2026. Según explicó, entre enero y junio el movimiento comercial aumentó en casi 5.000 millones de dólares frente al mismo período de 2025, pese al complejo escenario geopolítico internacional.

“Todos los meses han cerrado en números positivos. La Zona Libre de Colón está nuevamente brillando“, afirmó.

Como parte de esa estrategia para fortalecer la competitividad Napolitano presentó el proyecto New Field, considerado la principal apuesta de expansión del complejo en décadas.

La iniciativa contempla desarrollar más de 280 hectáreas adicionales mediante un plan maestro que incorporará actividades de manufactura ligera, ensamblaje, centros de datos, telecomunicaciones, energía y otros servicios de alto valor agregado, aprovechando las nuevas posibilidades introducidas por la Ley 412 de 2023.

La primera etapa abarcará 36 hectáreas y requirió una inversión cercana a 250 millones de dólares. La gerente explicó que el objetivo es licitar el proyecto antes de noviembre y convertirlo en un proyecto de Estado que trascienda la actual administración.

"Queremos dejar otros 75 años de Zona Libre de Colón", expresó, al recordar que el complejo acaba de cumplir 78 años de operaciones.

Durante el encuentro, el presidente de la CCIAP, Aurelio Barría respaldó la estrategia de modernización y sostuvo que la Zona Libre continúa siendo uno de los principales activos logísticos del país.

Aunque reconoció que el comercio ilícito representa un desafío regional, afirmó que los avances tecnológicos y el fortalecimiento institucional implementados por la administración actual constituyen señales positivas.

Barría añadió que la expansión de la Zona Libre tendrá un impacto relevante en la generación de empleo y en la atracción de nuevas inversiones, al tiempo que destacó que el complejo sigue siendo un actor importante para el crecimiento económico del país.

Las declaraciones se producen pocos días después de que TRACIT advirtiera que Panamá aún debe fortalecer los controles sobre las zonas francas, el comercio electrónico y el ingreso de pequeños paquetes procedentes del extranjero.

Panamá cerró el primer semestre de 2026 con 300 víctimas de homicidio, la cifra más alta para un período enero-junio desde al menos 2022, lo que confirma una tendencia sostenida al alza de la violencia letal en el país y coloca nuevamente a los hombres jóvenes como las principales víctimas de estos delitos.

Las estadísticas del Ministerio Público muestran que el incremento no es un hecho aislado. En el primer semestre de 2022 se contabilizaron 210 homicidios; en 2023 fueron 277; en 2024 la cifra aumentó a 293; en 2025 descendió ligeramente a 274 y este año volvió a dispararse hasta 300 casos, el registro más elevado de la serie reciente.

El comportamiento mensual también refleja momentos de mayor intensidad. Abril registró 62 homicidios, el pico del semestre, seguido de mayo con 58, mientras que marzo acumuló 53 víctimas. Solo entre esos tres meses se concentró cerca del 58% de todos los homicidios ocurridos en el país durante la primera mitad del año.

La provincia de Panamá continúa encabezando la estadística nacional con 133 víctimas, equivalentes al 44% del total. Le siguen San Miguelito, con 54 homicidios (18%), y Colón, con 52 casos (17%).

En conjunto, estas tres jurisdicciones concentraron 239 de los 300 homicidios, es decir, casi ocho de cada diez asesinatos registrados en el país. Panamá Oeste reportó otros 27 casos, mientras que Chiriquí sumó 17. Las comarcas Emberá, Guna Yala y Ngäbe Buglé no registraron víctimas por homicidio durante el período evaluado.

El perfil de las víctimas mantiene un patrón prácticamente inalterable. De las 300 personas asesinadas, 279 eran hombres, equivalentes al 93%, mientras que 21 eran mujeres. La violencia homicida sigue golpeando principalmente a la población masculina joven.

Por edades, el grupo más afectado fue el de 18 a 24 años, con 75 víctimas, seguido por quienes tenían entre 25 y 29 años, con 54 casos, y el grupo de 30 a 34 años, con 42 homicidios. En total, las personas entre 18 y 34 años representaron 171 víctimas, más de la mitad de todos los asesinatos registrados durante el semestre.

También preocupa la violencia contra menores de edad: el informe contabiliza 20 víctimas entre 15 y 17 años, además de cinco adolescentes de entre 10 y 14 años y un niño menor de cinco años.

El uso de armas de fuego continúa siendo el principal factor detrás de la violencia letal. De acuerdo con el Ministerio Público, 255 de los 300 homicidios, equivalentes al 85%, fueron cometidos con este tipo de arma.

Las armas blancas estuvieron presentes en 34 casos, mientras que el resto corresponde a asfixia mecánica, objetos contundentes, golpes, otros mecanismos y casos aún bajo investigación.

En Colón, un hombre de 34 años fue condenado a 22 años de prisión como cómplice primario del homicidio de un estudiante, ocurrido en agosto de 2023.

Según la investigación, trasladó al autor material hasta Sabanitas, donde este abordó un autobús vestido con uniforme escolar y disparó en múltiples ocasiones contra la víctima menor de edad.

En otro caso, una menor de edad quedó en detención provisional en Chiriquí tras ser imputada por su presunta participación en un homicidio y robo en grado de tentativa relacionados con un crimen ocurrido en junio de 2023 en David Sur.

La víctima fue atacada con un proyectil de arma de fuego al salir de un bar y murió como consecuencia de las heridas.

Aunque ambos procesos corresponden a hechos ocurridos hace tres años, reflejan el prolongado trabajo investigativo que requieren los homicidios y el peso que siguen teniendo las armas de fuego en la criminalidad panameña.

Las cifras del primer semestre dejan un mensaje claro: tras la reducción observada en 2025, los homicidios volvieron a crecer y alcanzaron el nivel más alto de los últimos cinco años.

El desafío para las autoridades no solo pasa por aumentar las capturas y lograr condenas, sino por contener una violencia que continúa concentrándose en jóvenes, en las áreas urbanas de mayor densidad poblacional y, sobre todo, en delitos cometidos con armas de fuego.

Las empresas dedicadas en Panamá a la recolección, procesamiento y exportación de materiales reciclables ferrosos y no ferrosos podrán enfrentar multas de entre $5,000 y $150,000, además de la suspensión o cancelación de sus registros, la inhabilitación para operar hasta cinco años y el decomiso de mercancías contaminadas o sin certificación.

Las sanciones forman parte de la Ley 542, publicada el 7 de julio de 2026, que establece por primera vez un marco específico para ordenar una actividad que incluye el manejo y envío al extranjero de chatarra de acero, hierro, aluminio, cobre, zinc, bronce, latón y sus distintas aleaciones.

El Ministerio de Ambiente será la entidad encargada de aplicar las multas y fiscalizar el cumplimiento de la norma, en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias, la Autoridad Nacional de Aduanas, el Ministerio de Salud, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y los municipios.

Las penalizaciones no serán automáticas por el simple hecho de exportar chatarra. Se aplicarán cuando las empresas operen sin estar registradas, no puedan demostrar el origen lícito de los materiales, incumplan las normas ambientales o intenten movilizar desechos contaminados, peligrosos o carentes de la certificación técnica exigida.

La legislación pretende cerrar los espacios de informalidad que durante años han dificultado conocer de dónde fueron almacenados y si su exportación cumple con los controles sanitarios y ambientales.

La exposición de motivos señala que la ausencia de una regulación específica favoreció la exportación sin trazabilidad y el tráfico ilícito de chatarra, con posibles consecuencias fiscales, ambientales y de seguridad ciudadana. El texto menciona, además, la necesidad de evitar que empresas compren materiales de procedencia dudosa, incluidos bienes metálicos robados.

El crecimiento de esta actividad también se refleja en el comercio exterior. Entre 2024, 2025 y los primeros cinco meses de 2026, las exportaciones panameñas de chatarra y otros desperdicios metálicos superaron los 150 millones de dólares.

Una parte importante de estos envíos tiene como destino fundidoras y plantas de reciclaje ubicadas en Asia, particularmente en mercados como Taiwán, India, China y Tailandia, donde estos materiales son utilizados como materia prima para la fabricación de acero y otros productos industriales.

Uno de los pilares de la nueva regulación será la creación del Registro Nacional de Empresas Recolectoras, Procesadoras y Exportadoras de Materiales Metálicos Reciclables No Peligrosos. Ninguna persona natural o jurídica podrá desarrollar estas actividades sin estar inscrita previamente.

Para operar, las compañías deberán contar con licencia comercial, permisos ambientales o un estudio de impacto ambiental cuando corresponda, instalaciones con condiciones de seguridad industrial y sanitaria, y registros actualizados ante la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Trabajo.

También tendrán que acreditar el origen lícito de cada carga y mantener la información necesaria para seguir el recorrido del material desde su recolección hasta su exportación. Ese proceso se conoce como trazabilidad y busca impedir que metales robados, alterados o contaminados entren en la cadena comercial como si fueran residuos reciclables legítimos.

La exportación requerirá autorización de MiAmbiente y Aduanas, previa verificación del cumplimiento ambiental y de la procedencia de los materiales. La norma también exige controles sobre aguas residuales, emisiones y disposición final de residuos peligrosos.

Uno de los puntos más relevantes es la obligación de demostrar, mediante certificación técnica y análisis previo, que los sustancias peligrosas conforme al Convenio de Basilea, tratado internacional que regula el movimiento transfronterizo y la eliminación de desechos peligrosos.

La razón sencilla: una carga que a simple vista parece chatarra común puede estar contaminada con productos químicos, aceites, residuos industriales u otras sustancias capaces de causar daños al ambiente o a la salud.

En caso de duda, la ley establece que deberá aplicarse el principio de precaución. Esto significa que el material será considerado potencialmente peligroso hasta que un análisis técnico demuestre lo contrario y quedará bajo la competencia del Ministerio de Salud.

Además de las multas, MiAmbiente podrá suspender temporalmente o cancelar el registro de una empresa, impedirle operar durante un periodo máximo de cinco años y decomisar los metales contaminados o no certificados. La sanción dependerá de la gravedad de la infracción y de si existe reincidencia.

La ley impulsada por el diputado Jamis Acosta también incorpora un componente de formalización. El Estado deberá promover la inclusión de recicladores informales, cooperativas y microempresas mediante capacitación, certificación laboral y acceso a mecanismos de financiamiento verde.

El objetivo no es frenar el reciclaje, sino separar a que quienes manejan responsable los residuos de quienes operan sin controles o utilizan el sector para comercializar materiales ilícitos.

La industria del reciclaje metálico cumple una función económica y ambiental importante porque reduce la necesidad de extraer nuevas materias primas y permite reincorporar acero, cobre y aluminio a los procesos productivos. Sin embargo, esa ventaja se pierde cuando las cargas representan un riesgo ambiental o proceden de actividades delictivas.

Con la nueva regulación, Panamá busca convertir una actividad dispersa y parcialmente informal en una cadena supervisada, trazable y sujeta a responsabilidades claras. Las empresas deberán probar no solo que pueden exportar los materiales, sino también que conocen su procedencia, que no representan un peligro y que su manejo cumple con la legislación nacional e internacional.

La ofensiva de las autoridades panameñas contra los delitos sexuales cometidos en perjuicio de menores de edad sumó esta semana nuevos resultados con la aprehensión de cuatro personas durante la Operación Escudo Infantil, mientras otros procesos paralelos concluyeron con condenas de hasta 16 años de prisión y la imposición de detenciones provisionales contra presuntos agresores en distintas provincias del país.

La Procuraduría General de la Nación informó que los cuatro aprehendidos quedaron a disposición de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana por su presunta vinculación con delitos contra la libertad e integridad sexual, específicamente por corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial mediante material de abuso sexual infantil y otras conductas relacionadas.

Los operativos fueron ejecutados de manera simultánea en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Bocas del Toro y Veraguas, con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, Interpol y la organización internacional Our Rescue, dedicada al combate de la explotación sexual infantil.

Durante las diligencias, los investigadores ubicaron y decomisaron equipos tecnológicos que presuntamente eran utilizados para almacenar material de abuso sexual infantil. Los dispositivos serán sometidos ahora a peritajes forenses especializados para determinar su contenido y establecer si existen nuevas víctimas o posibles vínculos con redes de distribución digital.

Concluidos esos análisis, el Ministerio Público presentará a los investigados ante un juez de garantías para solicitar las medidas cautelares correspondientes.

La operación ocurre mientras otras investigaciones por delitos sexuales avanzan en distintas etapas judiciales.

En la provincia de Chiriquí, un juez ordenó la detención provisional de un hombre imputado por corrupción de menores de edad, tras acoger la solicitud presentada por la Fiscalía Regional.

El caso se remonta al 29 de junio de este año, cuando, según la investigación, el imputado aprovechó la condición de vulnerabilidad de la víctima para cometer el delito en el corregimiento de Río Sereno, distrito de Renacimiento.

Durante la audiencia de garantías, la Fiscalía sustentó la legalidad de la aprehensión, formuló cargos y logró que el tribunal ordenara la medida cautelar más severa al considerar los riesgos procesales, entre ellos el peligro para la víctima y la comunidad.

En otro proceso, la Sección Primera de Delitos Sexuales de la Fiscalía Metropolitana obtuvo una condena de 14 años de prisión contra un hombre de 44 años hallado responsable de los delitos de actos libidinosos agravados y violación agravada en perjuicio de una menor de edad.

Además de la pena principal, el tribunal le impuso cinco años de inhabilitación para ejercer cargos, oficios o profesiones en parques, centros educativos, instalaciones deportivas o cualquier otro lugar donde habitualmente se concentren niños y adolescentes.

En Panamá Oeste también se registraron avances judiciales derivados de la denominada Operación Alba.

La Fiscalía Regional logró una condena de 16 años de prisión mediante acuerdo de pena para uno de los procesados por violación agravada, además de una prohibición de diez años para acudir a lugares frecuentados por menores de edad una vez cumpla la sanción principal.

En esa misma investigación, otros dos hombres permanecen bajo detención provisional mientras continúan las pesquisas por varios delitos contra la libertad e integridad sexual presuntamente cometidos entre 2021 y 2026.

Las actuaciones reflejan la estrategia del Ministerio Público de combinar investigaciones tecnológicas para detectar redes de explotación sexual infantil con el impulso de procesos penales por agresiones sexuales ocurridas en distintos puntos del país.

La legislación panameña contempla algunas de las sanciones más severas del Código Penal para este tipo de delitos. Tras las reformas introducidas en los últimos años, la corrupción de personas menores de edad se castiga con penas de ocho a diez años de prisión, que pueden aumentar hasta 15 años cuando la víctima tiene 14 años o menos, existe violencia, abuso de confianza, participación de varias personas o se presentan otras circunstancias agravantes.

Las penas también se endurecen para los delitos relacionados con explotación sexual comercial y material de abuso sexual infantil, especialmente cuando intervienen organizaciones criminales o las víctimas son menores de 14 años. La violación agravada, por su parte, puede alcanzar condenas de hasta 15 años de prisión, dependiendo de las circunstancias del hecho, mientras que la acumulación de delitos puede dar lugar a sanciones considerablemente mayores.

La Procuraduría General de la Nación mantiene abiertas las investigaciones derivadas de la Operación Escudo Infantil y reiteró que continuará desarrollando acciones coordinadas con organismos nacionales e internacionales para identificar a personas involucradas en la producción, almacenamiento, distribución y consumo de material de abuso sexual infantil, así como para llevar ante los tribunales a quienes resulten responsables de delitos sexuales contra niños y adolescentes.

Panamá recibió $141 millones en remesas durante el primer trimestre de 2026, un aumento de 3.4% frente a los $136,4 millones registrados en igual período del año anterior.

Sin embargo, el país continuó enviando más dinero del que ingresó por esta vía: las transferencias hacia el extranjero alcanzaron $157 millones, tras crecer 1% en comparación con los $155.4 millones de los primeros tres meses de 2025.

El balance dejó una salida neta cercana a $16 millones entre enero y marzo. Aunque la diferencia se redujo frente a los $19.1 millones del mismo lapso de 2025, las cifras confirman una característica que distingue a Panamá de buena parte de América Latina y el Caribe: en los años recientes ha funcionado más como emisor que como receptor de remesas.

Esa condición está relacionada, entre otros factores, con la presencia de trabajadores extranjeros que se han establecido en el país y envían parte de sus ingresos a sus familias.

El crecimiento de la población migrante durante la última década amplió los flujos hacia países como Colombia, Nicaragua, Venezuela y República Dominicana.

No obstante, las estadísticas no permiten atribuir todo el movimiento exclusivamente a trabajadores migrantes. El registro incluye operaciones realizadas mediante casas de remesas, bancos y otros canales, y también puede abarcar transferencias familiares efectuadas por residentes, profesionales, empresarios y personas con vínculos económicos en otros países.

Estados Unidos lidera los ingresos

Estados Unidos se mantuvo como el principal origen del dinero recibido por los hogares panameños, con $85,7 millones en el primer trimestre. Le siguieron Venezuela, con $14.6 millones; Reino Unido, con $11 millones; Colombia, con $5.8 millones, y España, con $2.6 millones.

El comportamiento por país fue desigual. Los envíos procedentes de Estados Unidos bajaron frente a los $88.4 millones del primer trimestre de 2025, pero ese retroceso fue compensado por mayores entradas desde Venezuela, Reino Unido, Colombia y España.

El incremento procedente de Venezuela fue particularmente significativo: pasó de $11.8 millones a $14.6 millones. Reino Unido también registró un avance importante, desde $8.6 millones hasta más de $11 millones.

En dirección contraria, Colombia recibió $71,9 millones desde Panamá, casi el 46% del total enviado al exterior. Le siguieron Venezuela, con $20.1 millones; Nicaragua, con $15,6 millones; Estados Unidos, con $9,3 millones, y República Dominicana, con $7,2 millones.

Aunque Colombia continuó dominando los destinos, el monto disminuyó frente a los $77,1 millones del primer trimestre anterior. La reducción fue contrarrestada por el fuerte aumento hacia Venezuela, que pasó de $13.6 millones a $20.1 millones.

El cambio registrado en 2025

El comportamiento reciente muestra una expansión mucho mayor en las remesas recibidas. Durante todo 2024, Panamá captó $467.6 millones y envió $592.7 millones, lo que produjo una salida neta superior a $125 millones.

En 2025, las entradas aumentaron a $561,2 millones, alrededor de 20% más, mientras las salidas llegaron a $607 millones, con un crecimiento cercano a 2,4%. La brecha se redujo así a aproximadamente $45.8 millones, aunque el país mantuvo su posición como emisor neto.

La comparación revela que Panamá continúa enviando más recursos de los que recibe, pero la distancia entre ambos flujos se ha estrechado por el fuerte crecimiento del dinero procedente del exterior.

El escenario panameño contrasta con el de numerosas economías centroamericanas y caribeñas, donde las remesas constituyen una fuente esencial de ingresos para los hogares y representan una proporción importante de la actividad económica.

Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo aportadas para este análisis, América Latina y el Caribe recibió un récord de $173.733 millones en 2025, un incremento de 7.3% frente a 2024. Para 2026, los datos preliminares apuntan a una expansión más moderada.

El BID atribuye parte del salto del año pasado a envíos extraordinarios efectuados por migrantes ante la incertidumbre sobre las políticas migratorias, financiados mediante ahorros y más horas de trabajo. Esa capacidad tendría límites en 2026 debido al agotamiento de reservas disponibles y a las condiciones del mercado laboral estadounidense.

Para Panamá, el crecimiento de las entradas puede favorecer el consumo de los hogares que reciben estos recursos, pero las salidas también reflejan el papel del país como fuente de empleo para comunidades extranjeras.

El primer trimestre confirma ambas realidades: ingresan más remesas, aunque todavía sale una cantidad mayor hacia los países de origen de miles de trabajadores y residentes.

Con una cosecha reducida por las condiciones climáticas, pero con la convicción de que la calidad volvió a superar las expectativas, Panamá iniciará la edición número 30 del Best of Panama (BOP) con un objetivo tan ambicioso como complejo: superar el histórico promedio de 98 puntos alcanzado en 2025 y reafirmar el liderazgo del café Geisha panameño en el segmento más exclusivo del mercado mundial.

La competencia reunirá este año 102 lotes de café de especialidad, preparados por 47 productores serán sometidos al escrutinio de jueces nacionales e internacionales antes de llegar a la tradicional subasta electrónica, donde compradores de Europa, Norteamérica y Medio Oriente compiten por los mejores cafés del país.

Del total de muestras, 70 corresponden a Geisha Lavado y 35 Geisha Natural—, mientras que las otras 32 pertenecen a la categoría Varietales, integrada por cafés de alta especialidad distintos al Geisha.

Cada lote pesa 30 kilogramos y representa meses de trabajo en fincas ubicadas principalmente en las tierras altas de Chiriquí, donde las condiciones de altitud, temperatura y manejo agrícola han convertido al café panameño en uno de los más cotizados del planeta.

La competencia comenzará con la Cata Nacional, programada del 20 al 24 de julio, cuando especialistas panameños seleccionarán los 24 mejores lotes de cada categoría.

Posteriormente, entre el 28 de julio y el 1 de agosto, un jurado internacional elegirá a los ganadores que pasarán a la subasta electrónica, considerada el evento que ha consolidado el prestigio internacional del café panameño.

Ricardo Koyner, presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), explicó que el certamen mantiene tres categorías claramente diferenciadas: Geisha Lavado, Geisha Natural y Varietales, estos últimos sometidos incluso a análisis de laboratorio en Europa para certificar que no contienen granos Geisha mezclados en las muestras.

“Son los mejores cafés los que llegarán a la subasta internacional, que es la que le ha generado tanto prestigio a este país", afirmó.

El dirigente destacó que el interés internacional continúa creciendo tres décadas después del nacimiento del concurso. Este año casi un centenar de jueces y especialistas del café especialidad viajarán a Boquete para participar en las evaluaciones, mientras que existe una lista de espera de hasta dos años para quienes desean integrar el panel de catadores.

“Cada año tenemos más interés y más afluencia. Incluso tenemos que limitar la cantidad de jueces internacionales porque la demanda supera la capacidad del evento", señaló.

Sin embargo, el desafío de esta edición no solo estará en escoger al mejor café, sino en superar el extraordinario nivel alcanzado por Panamá el año pasado.

En la edición de 2025, los lotes participantes registraron un promedio cercano a 98 puntos, mientras algunos cafés alcanzaron la calificación perfecta de 100 puntos, una marca prácticamente inédita en competencias internacionales.

"Nosotros mismos rompemos nuestros propios récords todos los años y cada vez es más difícil alcanzar esos puntajes. Tener cafés con 98 puntos de promedio y algunos de 100 puntos es algo muy difícil de superar, incluso para el productor panameño, comentó Koyner“.

Paradójicamente, ese reto llega después de una de las cosechas más pequeñas de los últimos años.

Las condiciones climáticas redujeron la producción hasta en 50% en algunas fincas cafetaleras, una situación que obligó a los productores a seleccionar cuidadosamente los lotes enviados al concurso.

Para Koyner, la menor cantidad no compromete la calidad.

“Fue una cosecha pequeña, pero los lotes obtenidos son muy buenos, de muy alta calidad. Los productores están haciendo todos los esfuerzos para presentar lo mejor que este país produce“, aseguró.

Entre ellos figura Graciano Cruz Landero, productor de Los Lajones Bambú, quien competirá con un Geisha Lavado, un Geisha Natural y un café Pacamara en la categoría Varietales.

Sus lotes provienen de parcelas ubicadas alrededor de 2.000 metros sobre el nivel del mar, una altitud que, combinada con un verano particularmente seco y una elevada luminosidad, produjo perfiles sensoriales diferentes.

“Hubo mucho sol y un verano muy seco. Eso contribuyó a que tengamos cafés muy dulces", explicó.

En el caso del Geisha Lavado, Cruz busca presentar el perfil clásico que ha hecho famoso al café panameño en el mundo: notas florales de jazmín y bergamota, acompañadas por cítricos, durazno y una textura cremosa.

Para el Geisha Natural, en cambio, apuesta por una taza mucho más intensa, donde predominan frutas tropicales, mango, papaya, frutos rojos y un floral capaz de sobresalir sobre toda esa carga aromática.

Otro de los grandes referentes de la caficultura panameña, Wilford Lamastus, llegará a la competencia convencido de que el nivel alcanzado este año podría incluso superar el de la edición anterior.

El productor de Lamastus Family Estate considera que el Best of Panama se ha convertido en la competencia cafetera más exigente del planeta precisamente porque reúne a los mejores cafés de alta gama del mundo.

“Yo creo que la competencia de café más difícil, también es donde están los mejores cafés del mundo", afirmó.

Lamastus sostuvo que los lotes preparados por su finca son los mejores que han catado en los últimos once años y atribuyó parte de ese éxito al trabajo colaborativo que durante tres décadas han desarrollado los productores agrupados en la SCAP.

“Nunca hemos dejado de trabajar juntos. Compartimos información y aprendemos unos de otros. Ese ha sido el éxito del café panameño“, señaló.

Su pronóstico para esta edición es contundente.

“Yo no creo que el puntaje baje de 98. Por lo que hemos catado y por lo que hemos escuchado de otros productores, los cafés están al mismo nivel que el año pasado o incluso mejor."

Con 102 lotes listos para competir y una reputación construida durante tres décadas, Panamá volverá a poner a prueba el prestigio de su café más emblemático. Esta vez, el país productor, sino el altísimo estándar que los propios caficultores panameños han impuesto en el escenario mundial.

Los precios al consumidor en Panamá rompieron en junio la tendencia alcista que habían mantenido durante los tres meses anteriores.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional Urbano registró una variación mensual de -0.3% respecto a mayo, impulsada principalmente por la reducción en los precios de los combustibles y del transporte aéreo, aunque en el acumulado del primer semestre el indicador mantiene un incremento de 2.3% frente a diciembre de 2025.

El resultado divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) sitúa el índice en 102,1 puntos, por debajo de los 102.4 registrados en mayo, marcando la primera disminución mensual desde febrero y poniendo fin a una racha de tres aumentos consecutivos observados entre marzo y mayo.

El IPC es uno de los principales indicadores económicos de un país porque mide la evolución promedio de los precios que pagan los consumidores por una canasta representativa de bienes y servicios, como alimentos, transporte, vivienda, salud, educación y comunicaciones.

En otras palabras, refleja cuánto cuesta mantener el nivel habitual de consumo de los hogares y constituye la referencia más utilizada para medir la inflación.

Su comportamiento tiene implicaciones directas sobre el poder adquisitivo de las familias, las negociaciones salariales, la formulación de políticas públicas y las decisiones de empresas e inversionistas, ya que permite conocer si el costo de vida aumenta, disminuye o permanece estable.

En junio, el principal factor detrás de la caída del índice fue la división de Transporte, que disminuyó 1.5%, convirtiéndose en el rubro con mayor incidencia negativa sobre el resultado general.

Según el informe del INEC, la reducción respondió principalmente a una baja de 4,2% en los combustibles y lubricantes para vehículos particulares, consecuencia de menores precios del diésel y la gasolina.

A ello se sumó un descenso de 3.8% en el transporte aéreo nacional e internacional, factores que compensaron los incrementos observados en otras categorías del consumo.

También registraron disminuciones las divisiones de Bebidas alcohólicas y tabaco (-0.6%), Vivienda, agua, electricidad y gas (-0.4%) y Muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar (-0.2%).

En el caso de vivienda, el principal elemento fue la reducción de 1.9% en el servicio de electricidad, mientras que en bebidas alcohólicas incidió la caída de 1.4% en los precios de destilados, licores y vinos.

No obstante, algunos grupos de gasto mostraron aumentos durante el mes. El mayor incremento correspondió a Seguros y servicios financieros, con 1.4%, impulsado por un aumento de 2.1% en los seguros de automóvil.

También aumentaron Información y comunicación (0.2%), debido principalmente al encarecimiento de los equipos de telefonía móvil; así como Salud (0.1%) y Prendas de vestir y calzado (0.1%), donde influyeron mayores costos en servicios de limpieza de ropa y algunos productos médicos.

Aunque la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas no mostró variación en términos generales durante junio, al interior de la canasta sí se registraron movimientos importantes.

Entre los productos que aumentaron destacaron las frutas (1.2%), las hortalizas, tubérculos y plátanos (0.6%), el chocolate (2.3%) y los helados (1.4%). En contraste, disminuyeron los precios de las carnes, los huevos, los aceites vegetales y los camarones frescos.

En términos acumulados, el IPC registra un incremento de 2.3% entre diciembre de 2025 y junio de 2026. El comportamiento mensual muestra un aumento de 0.2% en enero, 0.1% en febrero, 0.9% en marzo, 1.1% en abril y 0.3% en mayo, antes de la corrección observada en junio.

La provincia de Panamá también reflejó una disminución mensual de 0.3%, comportamiento similar al observado en el resto de las áreas urbanas del país. En ambos casos, el transporte volvió a ser el principal componente que explicó la reducción del índice.

Los resultados sugieren que, al cierre del primer semestre, las presiones inflacionarias continúan moderadas y altamente influenciadas por factores externos, especialmente la evolución de los precios internacionales de los combustibles.

Al mismo tiempo, muestran que algunos servicios —como los seguros y ciertos gastos de salud— mantienen una trayectoria al alza, mientras que los alimentos presentan un comportamiento mixto, con aumentos y reducciones que, por ahora, terminan compensándose dentro de la canasta de consumo de los hogares panameños.

El ritmo de la economía panameña ganó fuerza durante los primeros cinco meses de 2026. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), el principal termómetro que anticipa el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), acumuló un crecimiento de 4,88% entre enero y mayo, superando el 4,36% registrado en igual período de 2025 y consolidando una recuperación apoyada en el comercio, la logística, el sistema financiero y el turismo.

Solo en mayo, el indicador registró un crecimiento interanual de 5,19%, muy por encima del 2,95% observado en el mismo mes del año anterior.

La tendencia ciclo —que elimina parte de las fluctuaciones estacionales para reflejar la trayectoria de fondo de la economía— también mostró un avance de 5,06%, una señal de que la expansión mantiene una base relativamente sólida.

El IMAE es un indicador elaborado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) que permite medir la evolución de la actividad económica antes de que se publique el PIB trimestral o anual. Para economistas, empresas e inversionistas constituye una herramienta clave porque permite identificar con anticipación si la economía acelera, se desacelera o entra en una fase de contracción.

Aunque el IMAE no mide directamente el empleo, su comportamiento suele guardar una estrecha relación con la generación de puestos de trabajo. Cuando aumenta la producción de bienes y servicios, las empresas tienden a requerir más personal para atender la demanda.

Sin embargo, ese efecto no siempre ocurre con la misma intensidad, ya que algunos sectores son mucho más intensivos en capital que en mano de obra.

Los datos publicados por el INEC muestran que el crecimiento durante los primeros cinco meses del año estuvo impulsado principalmente por el comercio, el transporte, almacenamiento y comunicaciones, la intermediación financiera, la industria manufacturera, los hoteles y restaurantes, el sector agropecuario y las actividades comunitarias y de esparcimiento.

El comercio volvió a posicionarse como uno de los principales motores de la economía. El desempeño positivo obedeció tanto al comercio mayorista como al minorista, acompañado por el incremento de las reexportaciones desde la Zona Libre de Colón y una mayor venta de automóviles nuevos.

El sector logístico también mantuvo un comportamiento favorable. El aumento de los ingresos por peajes del Canal de Panamá, el mayor volumen de toneladas netas transportadas por los buques, el crecimiento del transporte aéreo y el movimiento de contenedores en el Sistema Portuario Nacional reflejan una recuperación de la actividad vinculada al comercio internacional, uno de los pilares de la economía panameña.

Otro componente con resultados positivos fue la intermediación financiera. El sistema bancario registró aumentos tanto en los depósitos externos como en la cartera crediticia y otras operaciones financieras. A ello se sumó el crecimiento de las primas suscritas por las aseguradoras, especialmente en los segmentos de salud, automóviles, vida individual y seguros colectivos.

La industria manufacturera también aportó al crecimiento gracias a un mayor procesamiento de carne de pollo, sacrificio de ganado vacuno y porcino, producción de derivados del tomate y elaboración de bebidas gaseosas y alcohólicas.

Mientras tanto, el sector agropecuario mostró avances en la cría de aves, ganado vacuno y porcino, además de un incremento en la producción de banano destinado a la exportación.

El turismo continúa consolidándose como uno de los sectores con mejor desempeño. El mayor flujo de visitantes internacionales impulsó la ocupación hotelera y elevó el consumo en restaurantes y establecimientos de servicios alimenticios, fortaleciendo una actividad con alta capacidad para generar empleo directo e indirecto en hoteles, restaurantes, transporte turístico, comercio y entretenimiento.

Las actividades recreativas también mostraron crecimiento, favorecidas por el aumento de los ingresos provenientes de juegos de suerte y azar, tanto en máquinas tragamonedas como en plataformas por Internet, así como por una mayor recaudación de la Lotería Nacional de Beneficencia.

Asimismo, el sector de electricidad y agua registró una expansión apoyada en la mayor generación térmica y el incremento del consumo energético en los sectores residencial, comercial e industrial.

No obstante, el crecimiento económico sigue mostrando importantes contrastes. La construcción permanece como el principal sector rezagado. El INEC atribuye su caída a la disminución en el valor de las edificaciones, adiciones y reparaciones medidas mediante los permisos de construcción, así como a una menor inversión pública en obras de ingeniería civil.

A ello se suman otras actividades que aún no logran recuperarse plenamente, entre ellas la captura y exportación de pescado, la generación de energía hidroeléctrica, la venta de gasolina de 95 octanos y la producción de leche y sus derivados.

La persistencia de la debilidad en la construcción tiene implicaciones relevantes para el mercado laboral. Históricamente, este sector ha sido uno de los mayores generadores de empleo para trabajadores de distintos niveles de calificación, por lo que su rezago limita la capacidad de la economía para traducir el crecimiento en una creación más amplia de puestos de trabajo.

En contraste, el dinamismo del comercio, el turismo, la logística y algunos segmentos de la manufactura podría sostener nuevas contrataciones durante el resto del año, especialmente en actividades de servicios.

Sin embargo, mientras la construcción y la inversión pública no recuperen un mayor ritmo, el crecimiento económico seguirá mostrando una recuperación desigual entre sectores, con efectos distintos sobre la generación de empleo y el ingreso de los hogares panameños.

Panamá realizó un nuevo vuelo de deportación y expulsión con 41 ciudadanos colombianos, en una operación que forma parte de la estrategia del Gobierno para reforzar el control migratorio y combatir la permanencia irregular de extranjeros en el país.

Paralelamente, el Servicio Nacional de Migración (SNM) notificó 48 resoluciones de multa a establecimientos que incumplieron la legislación laboral al contratar personal extranjero por encima de los límites permitidos.

Las dos acciones reflejan el endurecimiento de los controles migratorios y laborales impulsados por las autoridades, que durante el primer semestre de 2026 han deportado o expulsado a 588 personas de distintas nacionalidades.

El SNM informó que el vuelo realizado con los 41 ciudadanos colombianos se desarrolló en estricto cumplimiento de la normativa vigente y respetando el debido proceso administrativo que rige este tipo de procedimientos.

Aunque en el lenguaje cotidiano ambos términos suelen utilizarse como sinónimos, la legislación migratoria panameña establece diferencias entre una deportación y una expulsión.

La deportación es una medida administrativa aplicada, por regla general, a extranjeros que ingresan o permanecen de forma irregular en el territorio nacional o incumplen las disposiciones migratorias. La decisión es adoptada por la autoridad migratoria y conlleva la salida obligatoria del país.

La expulsión, en cambio, constituye una medida más severa. Generalmente se aplica cuando el extranjero representa un riesgo para el orden público, la seguridad nacional o ha sido condenado por determinados delitos, además de otros supuestos contemplados en la legislación migratoria.

En estos casos, además de abandonar el país, la persona puede enfrentar restricciones para reingresar a Panamá.

Las estadísticas oficiales muestran que entre enero y junio de este año Panamá registró 330 deportaciones y 258 expulsiones, para un total de 588 medidas migratorias ejecutadas. Los deportados representan el 56% de los casos, mientras que los expulsados equivalen al 44%.

Los colombianos encabezan ampliamente la lista de nacionalidades sujetas a estas medidas. De acuerdo con las cifras del Servicio Nacional de Migración, 300 ciudadanos colombianos fueron deportados o expulsados durante el primer semestre, cifra que representa poco más de la mitad del total registrado.

Les siguen ciudadanos de Nicaragua, con 132 casos; Venezuela, con 48; Ecuador, con 25; El Salvador y México, con 12 cada uno; República Dominicana, con ocho; China y Bangladesh, con siete respectivamente, y Estados Unidos, con cuatro.

En cuanto a las causas que motivaron las medidas migratorias, el ingreso irregular al país ocupa el primer lugar con 359 casos, seguido por delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de posesión agravada de drogas, con 120. También figuran antecedentes penales, estadía vencida, reingreso después de una deportación previa y tráfico ilícito de migrantes.

De manera paralela, el Juzgado Ejecutor del Servicio Nacional de Migración notificó 48 resoluciones de multa a establecimientos comerciales por infringir las normas que regulan la contratación de trabajadores extranjeros.

La medida forma parte de los operativos de fiscalización laboral que buscan verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias por parte de empleadores y empresas.

La legislación panameña establece límites claros para la contratación de personal extranjero. El Código de Trabajo dispone, como regla general, que los trabajadores extranjeros no pueden representar más del 10% de la planilla ordinaria de una empresa.

Existe una excepción para personal considerado especializado o técnico, cuyo porcentaje puede elevarse hasta un 15% de la fuerza laboral, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa y se cuente con los permisos correspondientes emitidos por las autoridades competentes.

El objetivo de estos límites es proteger el empleo de los trabajadores panameños sin impedir que las empresas incorporen talento extranjero cuando exista una necesidad técnica o especializada.

Las multas notificadas por Migración responden a incumplimientos detectados durante inspecciones realizadas a establecimientos comerciales y forman parte de una estrategia de fiscalización que se ha intensificado en los últimos meses.

Las autoridades no detallaron los montos de las sanciones ni identificaron a las empresas involucradas, pero señalaron que estas acciones buscan fortalecer la seguridad jurídica y garantizar el cumplimiento de las normas migratorias y laborales.

El Servicio Nacional de Migración ha sostenido que el fortalecimiento de los controles no solo busca combatir la migración irregular, sino también prevenir delitos asociados, como el tráfico ilícito de migrantes, la utilización de documentos falsos y otras actividades vinculadas al crimen organizado.

Con el nuevo vuelo hacia Colombia y las sanciones impuestas a empleadores, el Gobierno mantiene su estrategia de combinar controles fronterizos, medidas administrativas y fiscalización del mercado laboral como parte de la política migratoria implementada durante este año.

La justicia panameña ordenó la detención provisional de 22 personas y validó cuatro acuerdos de pena contra integrantes de una presunta organización criminal que utilizaba el Puerto de Balboa para enviar cargamentos de droga hacia Europa y Oceanía.

Las decisiones judiciales representan el resultado más reciente de la denominada Operación Alianza, desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y la Policía Nacional tras una investigación iniciada en agosto de 2024.

Durante las audiencias, los tribunales validaron acuerdos de pena de 120, 108, 64 y 60 meses de prisión. Esto equivale a condenas de diez años, nueve años, cinco años y cuatro meses, y cinco años, respectivamente.

Los acuerdos fueron alcanzados por delitos relacionados con conspiración para cometer delitos de drogas, tráfico internacional de drogas, delitos contra la seguridad colectiva y blanqueo de capitales, según informó la Procuraduría General de la Nación.

A otras 22 personas aprehendidas durante la operación se les legalizó la detención, se les formularon cargos y se les impuso la medida cautelar de detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

La decisión implica que los imputados permanecerán privados de libertad durante el desarrollo del proceso penal, debido a los riesgos procesales expuestos por el Ministerio Público ante el Tribunal de Garantías.

De forma paralela, la jueza de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Hiroko Tinoco Naranjo, declaró legal la incautación de cuatro vehículos y dinero en efectivo decomisados durante las diligencias.

La decisión fue adoptada durante una audiencia de control posterior de medidas cautelares reales solicitada por el Ministerio Público contra seis personas imputadas y un investigado que permanece pendiente de conducción.

El tribunal evaluó la resolución de aprehensión presentada por la Fiscalía y determinó que las medidas cumplían con los requisitos establecidos en los artículos 252 y 258 del Código Procesal Penal.

Como resultado, quedaron bajo control de las autoridades cuatro vehículos presuntamente utilizados por la organización y más de 14.000 dólares en efectivo encontrados durante los operativos.

La causa se originó el 8 de agosto de 2024, cuando la Fiscalía de Drogas inició una investigación contra una estructura señalada de contaminar contenedores con sustancias ilícitas en la Terminal Portuaria de Balboa, ubicada en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá.

Durante aproximadamente un año, los investigadores dieron seguimiento a 19 eventos relacionados con las actividades del grupo mediante técnicas especializadas de vigilancia, inteligencia y recolección de evidencia.

Las diligencias fueron realizadas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, así como en el distrito de San Miguelito.

En el transcurso de la investigación, las autoridades decomisaron 1.450 paquetes de droga, equivalentes a más de una tonelada de sustancias ilícitas, además del dinero y los vehículos que ahora quedaron formalmente incautados.

Según la Policía Nacional, la organización contaba con la participación de trabajadores portuarios ubicados en distintas áreas de la Terminal de Balboa.

Los empleados presuntamente utilizaban su acceso y conocimiento de los procedimientos internos para introducir droga en contenedores que transportaban mercancía legal hacia mercados internacionales.

La estructura también empleaba camiones articulados y vehículos particulares para trasladar grandes cargamentos hasta las instalaciones portuarias, donde permanecían a la espera de ser colocados dentro de los contenedores.

Los principales destinos identificados por los investigadores eran Australia, Nueva Zelanda y Bélgica.

La contaminación de contenedores es una modalidad utilizada por organizaciones criminales para introducir droga dentro de cargas comerciales sin que necesariamente los propietarios de la mercancía, exportadores o destinatarios conozcan que el embarque fue manipulado.

Las autoridades sostienen que la Operación Alianza permitió identificar la logística de la organización, sus medios de transporte, la presunta participación de trabajadores portuarios y las rutas internacionales utilizadas para movilizar los cargamentos.

En total, 25 personas fueron aprehendidas durante los operativos. Sin embargo, el resultado judicial dejó situaciones procesales distintas: cuatro personas aceptaron acuerdos de pena y otras 22 quedaron bajo detención provisional.

La diferencia entre ambas cifras puede responder a que los acuerdos judiciales y las medidas cautelares abarcan actuaciones procesales separadas dentro de la misma causa.

El Ministerio Público estuvo representado durante una de las audiencias por la fiscal María Sánchez, de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas. La defensa de los imputados fue ejercida por cinco abogados particulares y un representante de la Defensa Pública.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que continuará ejerciendo la acción penal contra los involucrados, mientras se mantienen las investigaciones para establecer responsabilidades adicionales dentro de la estructura.

Con las condenas, las detenciones provisionales y la legalización de los bienes incautados, la Operación Alianza pasó de la fase de allanamientos y capturas a una etapa judicial en la que ya se produjeron las primeras sentencias y se aseguraron bienes presuntamente vinculados con la actividad criminal.

La morosidad de los empleadores con la Caja de Seguro Social (CSS) volvió a crecer durante el primer semestre de 2026. Al cierre de junio, 29,148 patronos mantenían pendientes $301.9 millones en cuotas cuota obrero-patronal y otros conceptos asociados, una deuda que afecta directamente el financiamiento de las prestaciones de salud, maternidad, invalidez, vejez y muerte de los trabajadores.

En diciembre de 2025, la institución contabilizaba 28,964 empleadores morosos y una deuda de $279.47 millones. En seis meses se incorporaron 184 nuevos patronos, un aumento de 0.64%, mientras el monto pendiente creció en $22.42 millones, equivalente a 8.02%.

La deuda avanzó mucho más rápido que la cantidad de empresas incluidas en el listado, lo que refleja un incremento del saldo promedio acumulado por cada empleador.

La provincia de Panamá concentra la mayor parte del problema, con 18,537 patronos y obligaciones por $196.71 millones, alrededor del 65% del saldo nacional. Le siguen Chiriquí, con 3,080 empleadores y $30.24 millones; Colón, con 1,590 y $24.27 millones; y Panamá Oeste, donde 2,885 patronos adeudan $18.61 millones.

Los Santos registra $9.07 millones; Coclé, $8.19 millones; Herrera, $5.65 millones; Veraguas, $4.70 millones; Bocas del Toro, $4.13 millones; y Darién, $285,661. Aunque algunas provincias presentan menos empleadores, los montos pueden estar influidos por la antigüedad de las obligaciones, recargos, intereses y deudas de instituciones públicas.