El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Nacional de Panamá formalizaron un préstamo A/B por hasta $500 millones, destinado a ampliar el crédito para más de 3.300 pequeñas y medianas empresas. La operación no constituye deuda soberana contratada por el Gobierno, sino un financiamiento otorgado directamente a Banconal para canalizarlo hacia sectores productivos.

El acuerdo fue suscrito por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, y Milciades Denis, subgerente general de Finanzas y Tesorería de Banconal, con la presencia del ministro Felipe Chapman. Es el primer préstamo de esta modalidad estructurado por CAF en Panamá y su mayor operación local de ventanilla no soberana.

Mediante este mecanismo, CAF participa directamente en el tramo A del crédito y moviliza capital de entidades privadas para el tramo B. La estructura incorporó $400 millones de siete instituciones internacionales, mientras Banco Nacional asumirá la obligación financiera y colocará los fondos entre los beneficiarios que cumplan las condiciones.

BBVA New York Branch actuó como organizador principal, acompañado por Bladex, Commerzbank, Occidental Bank de Barbados, Bradesco Bank, BlueOrchard y Bancaribe Curaçao. Díaz-Granados destacó que algunas de estas instituciones ingresan por primera vez a Panamá, atraídas por una operación que combina recursos multilaterales con capital privado internacional

Al menos el 50% del dinero será dirigido al financiamiento de actividades agropecuarias y agroindustriales, principalmente en áreas rurales. Los recursos también respaldarán pymes productivas y proyectos verdes relacionados con eficiencia energética, energías renovables y sostenibilidad, con atención especial a empresas encabezadas por mujeres.

La proyección establece que más de 3.300 pequeñas y medianas empresas recibirán financiamiento, incluyendo al menos 1.000 lideradas por mujeres. El programa pretende facilitar capital para adquirir tecnología, modernizar procesos y aumentar la producción, mientras estimula la generación de empleos en comunidades rurales.

Díaz-Granados explicó que CAF no pretende limitarse a entregar recursos. El financiamiento será acompañado por asistencia técnica y promoción en el interior del país, para que los productores conozcan las líneas disponibles y puedan utilizarlas, en lugar de mantener programas con escasa divulgación o concentrados en los centros urbanos.

“Es conocimiento generado por especialistas de la región para la región”, afirmó al referirse al Reporte de Economía y Desarrollo 2026. El presidente de CAF señaló que el documento busca cambiar la conversación sobre la ruralidad, al presentarla como un territorio de oportunidades y no solamente como un conjunto de carencias que deben resolverse.

El ejecutivo identificó tres grandes agendas que tendrán como escenario el mundo rural: seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y transición energética. En esos territorios se encuentran las tierras para producir alimentos, los recursos naturales y la capacidad energética que necesitará la región, pero también algunas de sus mayores concentraciones de pobreza.

Díaz-Granados destacó que América Latina y el Caribe cuentan con una relación favorable entre población y disponibilidad territorial. Sin embargo, advirtió que el potencial natural no se ha transformado plenamente en productividad, bienestar o empleos de calidad, mientras las tasas de pobreza rural continúan duplicando las registradas en las ciudades.

En el caso panameño, sostuvo que cerca del 15% de las exportaciones tiene origen en actividades vinculadas con el mundo rural. Panamá puede aprovechar su posición geográfica, conectividad marítima y plataforma logística para diversificar esa producción y convertirse en un referente, siempre que mejore la tecnología, la infraestructura y el acceso al crédito.

El presidente de CAF también resaltó que aproximadamente el 68% del territorio panameño mantiene cobertura boscosa, situación que coloca al país entre los de mejor balance regional de carbono. Ese patrimonio representa una oportunidad para desarrollar bioeconomía y servicios ambientales, pero exige políticas que garanticen la conservación efectiva de los bosques.

Milciades Denis destacó que el acuerdo no se limita a suministrar liquidez al Banco Nacional. La operación incorpora una estrategia de cooperación técnica internacional, con herramientas para mejorar la estructuración de créditos agropecuarios y fortalecer la evaluación de los riesgos propios de las actividades rurales.

El funcionario explicó que la iniciativa permitirá modernizar las metodologías utilizadas por la banca pública y ofrecer un acompañamiento más cercano a los productores. Esto incluye capacitaciones en educación financiera y habilidades de gestión, además de instrumentos para vincular la colocación de crédito con resultados ambientales, sociales y económicos medibles.

Según Denis, la operación refleja una evolución del negocio bancario, porque combina la entrega de capital con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. El objetivo es que el financiamiento no termine únicamente contabilizado como una cartera de préstamos, sino que permita conocer qué cambios produce entre empresas, trabajadores y comunidades.

CAF proporcionará además cooperación técnica no reembolsable al Banco Nacional, destinada a mejorar sus capacidades institucionales. El acompañamiento incluirá herramientas para analizar proyectos agropecuarios, medir la huella de carbono, gestionar riesgos y ofrecer educación financiera a productores y pequeños empresarios.

Chapman respaldó el programa, pero insistió en que uno de sus principales retos será la divulgación. El ministro contó que frecuentemente conversa con productores que desconocen los mecanismos de apoyo disponibles, pese a que existen herramientas para financiar inversiones, incorporar tecnología y crear empleos en sus propias comunidades.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas pidió a CAF y al Banco Nacional llevar la información fuera de la capital. “Muchos dicen: ‘No sabemos que esto existe’”, relató Chapman, al advertir que un crédito sin promoción ni acompañamiento pierde efectividad, especialmente entre empresas pequeñas con menor acceso a asesoría especializada.

Chapman también sostuvo que el financiamiento, por sí solo, no solucionará los problemas del sector rural. Para elevar la productividad se necesitan carreteras, conectividad digital, formación, asistencia técnica y acceso a mercados, porque producir más carece de sentido si las mercancías no pueden trasladarse competitivamente hasta los compradores.

El Gobierno mantiene para 2026 una cartera superior a $600 millones en proyectos viales, según el ministro. Estas inversiones buscan reducir los tiempos de traslado de personas y productos, aunque su impacto dependerá de que las obras lleguen a los territorios con mayores dificultades de acceso y comercialización.

Chapman mencionó además el inicio del Centro de Especialidades Agropecuarias, que formará a cien jóvenes como técnicos superiores en ciencias agroalimentarias. La iniciativa persigue incorporar innovación y tecnología al campo, facilitar el relevo generacional y evitar que los jóvenes migren por falta de oportunidades laborales.

A esa estrategia se suman 10.000 becas de TalentUP Panamá en inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad y computación en la nube. El propósito consiste en vincular las nuevas competencias con turismo, logística y agroindustria, para que las empresas eleven su productividad y los trabajadores accedan a empleos mejor remunerados.

La firma coincidió con la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo 2026 de CAF, titulado “Raíces del futuro: el nuevo mundo rural de América Latina y el Caribe”. El estudio plantea dejar de considerar la ruralidad como un problema y comenzar a entenderla como una fuente de oportunidades productivas, ambientales y culturales.

El documento analiza una región donde aproximadamente 120 millones de personas, equivalentes al 18% de la población, viven en zonas rurales. Aunque esos espacios concentran recursos decisivos para la alimentación y la biodiversidad, la pobreza rural alcanza el 34%, el doble del 17% registrado en las áreas urbanas latinoamericanas.

En Panamá, la población rural representa cerca de un tercio del total nacional, proporción superior al promedio regional. La medición armonizada incluida en el informe coloca la pobreza rural panameña en 32,3%, frente al 4,8% en las ciudades, diferencia que evidencia la profundidad de la desigualdad territorial.

La productividad constituye otro desafío. Aunque América Latina posee condiciones naturales favorables, sus rendimientos permanecen por debajo de otras regiones. En Panamá, solamente alrededor del 20% de las unidades productivas agropecuarias posee maquinaria, una limitación que reduce su capacidad para producir más y competir.

La conectividad vial también refleja rezagos. El RED 2026 calcula que el 48% de la población rural panameña vive a menos de dos kilómetros de una carretera, pero la proporción baja al 37% cuando se consideran exclusivamente vías pavimentadas, dejando a numerosas comunidades alejadas de mercados y servicios.

Las diferencias también aparecen en la calidad del suministro eléctrico. Durante el segundo semestre de 2024, la frecuencia de las interrupciones en áreas rurales de Panamá duplicó la registrada en los centros urbanos. Los cortes duraron entre dos y tres horas, aproximadamente el doble del promedio observado en las ciudades.re

Chapman señaló que la pobreza multidimensional disminuyó de 14,7% en 2022 a 12,4% en 2025, lo que representaría unas 84.000 personas menos bajo esa condición. Sin embargo, reconoció que Panamá todavía mantiene desigualdades difíciles de justificar, considerando sus recursos y las oportunidades económicas disponibles en el país.

El reto será comprobar que los $500 millones lleguen a los sectores anunciados y no se concentren entre clientes con mayor capacidad financiera. El programa ofrece una herramienta relevante, pero su impacto dependerá de las condiciones de los créditos, la divulgación y la transparencia aplicada para seleccionar beneficiarios y medir los resultados obtenidos.

El proyecto ferroviario que conectará la capital panameña con la frontera de Costa Rica amplió su alcance para convertirse en un corredor de desarrollo económico, capaz de albergar infraestructura eléctrica, fibra óptica, tuberías de agua y telecomunicaciones. La iniciativa proyecta más de 100.000 empleos entre la construcción y las inversiones asociadas.

Representantes de la Secretaría Nacional del Ferrocarril explicaron que la franja reservada tendrá 60 metros de ancho a lo largo del recorrido. Dentro de esa servidumbre coexistirían las vías ferroviarias con otros servicios indispensables, una fórmula que busca reducir costos y acelerar nuevas inversiones en distintas provincias.

El planteamiento llevó a la institución a mantener conversaciones con empresas interesadas en utilizar el corredor. Entre ellas aparece la Empresa de Transmisión Eléctrica, ETESA, que trabaja en la planificación de su cuarta línea de transmisión y podría encontrar una ruta disponible dentro de la servidumbre ferroviaria.

La Secretaría también se reunió con representantes de las empresas de telecomunicaciones para analizar el posible soterramiento de redes de fibra óptica. Según explicaron los voceros, buena parte de esa infraestructura en el interior del país permanece instalada sobre postes, una condición que puede afectar la estabilidad de las comunicaciones ante accidentes o fenómenos climáticos.

La franja igualmente podría recibir tuberías para conducción de agua, torres celulares y otros componentes tecnológicos. El objetivo consiste en que la inversión ferroviaria facilite la instalación de servicios básicos, en lugar de limitarse al traslado de pasajeros y mercancías, mientras mejora la conectividad de las comunidades cercanas al trazado.

Los voceros sostienen que esa disponibilidad de electricidad, agua y telecomunicaciones favorecerá la llegada de comercios, industrias y proyectos inmobiliarios. Las empresas podrían establecerse cerca de las estaciones y reducir parte de sus costos operativos, lo que permitiría crear nuevas actividades productivas fuera del área metropolitana.

La estrategia contempla desarrollar zonas comerciales, residenciales y de servicios alrededor de las terminales, bajo el modelo conocido como desarrollo orientado al transporte. Cada estación podría convertirse así en un nuevo centro de actividad económica, conectado con otros puntos del país mediante un sistema ferroviario para pasajeros y carga.

Las autoridades anticipan además una revalorización de los terrenos próximos al recorrido, debido a la llegada de infraestructura y transporte. Ese efecto, sin embargo, dependerá del ordenamiento territorial adoptado en cada zona, así como de los procesos de adquisición de tierras, planificación urbana y protección de las comunidades residentes.

Según las estimaciones compartidas por representantes de la Secretaría, el conjunto de obras e inversiones podría superar los 100.000 empleos. La cifra combina la mano de obra requerida para construir el ferrocarril con las oportunidades generadas por servicios públicos, comercios, industrias y desarrollos privados vinculados al corredor.

El trazado completo tendría aproximadamente 475 kilómetros y 14 estaciones, desde Ciudad de la Salud y Albrook hasta Paso Canoas. La primera etapa abarcaría más de 200 kilómetros entre Panamá y Divisa, con paradas en Panamá Pacífico, La Chorrera, Chame-Coronado, Río Hato y la ciudad de Penonomé.

Esa fase también contempla una terminal multimodal en Capira, concebida como puerto seco, y un nuevo puente ferroviario sobre el Canal de Panamá. El sistema se integraría con los puertos del Atlántico y el Pacífico, la Línea 3 del Metro y el actual ferrocarril interoceánico.

Las etapas posteriores extenderían la vía desde Divisa hacia Santiago, Soná, San Félix, David, Bugaba y Paso Canoas. Además de facilitar los desplazamientos, el Gobierno pretende fortalecer la plataforma logística del país y ampliar las oportunidades económicas en territorios que permanecen alejados del eje canalero.

Actualmente continúan los estudios de demanda, ingeniería conceptual, ambiente, finanzas, geotecnia, hidrología y modelación hidráulica, con participación de firmas internacionales. Mientras se define el costo y la estructura financiera, el proyecto ferroviario incorpora una visión económica más amplia, aunque su impacto final dependerá de las decisiones técnicas y presupuestarias pendientes.

El cuerpo de una mujer de aproximadamente 27 años fue encontrado durante la madrugada de este sábado en un herbazal del sector 2 de Mayo, en Burunga, distrito de Arraiján. La víctima estaba en ropa interior y presentaba indicios que deberán ser examinados por los peritos para establecer cómo murió.

El hallazgo ocurrió cerca de las 5:00 de la mañana, a un costado de la calle Macaraqueña. Un residente que transitaba por el lugar observó el cuerpo entre la vegetación y alertó a las autoridades, lo que provocó la llegada de unidades policiales y personal encargado del levantamiento y las primeras diligencias.

Habitantes de la comunidad indicaron que conocían a la mujer como “Melany” y que presuntamente trabajaba en un bar cercano. Esa información forma parte de las versiones proporcionadas por los vecinos, pero su identidad completa todavía deberá ser confirmada oficialmente mediante los procedimientos forenses y la comunicación con sus familiares.

La forma en que fue encontrada generó sospechas sobre una posible agresión sexual, aunque esa hipótesis no ha sido confirmada por el Ministerio Público. La ausencia de determinadas prendas tampoco permite establecer por sí sola cómo ocurrió el hecho, por lo que serán determinantes la necropsia y los análisis científicos.

Los investigadores deberán establecer si la víctima murió en el herbazal o si su cuerpo fue trasladado desde otro punto. También buscarán cámaras de vigilancia, registros telefónicos y posibles testigos, además de reconstruir sus últimos movimientos y determinar con quién estuvo antes de producirse su muerte.

El caso fue presentado inicialmente como el homicidio número 31 registrado durante 2026 en Panamá Oeste. Sin embargo, esa clasificación puede variar conforme avance la investigación, especialmente si aparecen elementos que permitan considerar el hecho como femicidio o si la autopsia determina una causa distinta de muerte.

La legislación panameña considera femicidio la muerte de una mujer provocada por razones relacionadas con su género, dentro de circunstancias específicas establecidas por la ley. Por eso, no todo homicidio de una mujer recibe automáticamente esa clasificación y corresponde a los fiscales demostrar los elementos vinculados con violencia, discriminación o relaciones de poder.

Hasta el 31 de julio, Panamá Oeste acumulaba dos femicidios, tres tentativas y una muerte violenta de mujer, de acuerdo con el último informe disponible del Ministerio Público. Las cifras son preliminares y pueden ser modificadas por la recalificación jurídica de los expedientes en investigación.

En el ámbito nacional fueron contabilizados 13 femicidios y 17 tentativas durante los primeros siete meses del año. También se registraron 10 muertes violentas de mujeres clasificadas separadamente, lo que significa que 30 mujeres fueron víctimas de ataques femicidas consumados o intentados, sin incluir otros fallecimientos todavía investigados bajo una categoría diferente.

Panamá Oeste duplicó los femicidios registrados durante el mismo periodo del año anterior, al pasar de uno a dos. La provincia aparece además entre las jurisdicciones con mayor incidencia, detrás de Panamá y San Miguelito, que acumularon tres víctimas cada una, mientras Chiriquí también reportó dos casos hasta el cierre de julio.

Uno de los femicidios ocurridos en Panamá Oeste se registró en enero, también en Burunga, donde un hombre mató a su pareja con un arma de fuego y posteriormente se quitó la vida. El hecho dejó a dos niñas sin su madre y marcó el primer crimen de este tipo reportado durante el año en el distrito de Arraiján.

La violencia extrema contra las mujeres también ha dejado sobrevivientes en esa comunidad. En mayo, un hombre fue detenido provisionalmente después de ingresar presuntamente a la residencia de una vecina de 45 años y atacarla junto con otro hombre, un expediente investigado como tentativa de femicidio y tentativa de homicidio por la Fiscalía de Panamá Oeste.

El nuevo hallazgo ocurre en una provincia que ya contabiliza 31 homicidios durante 2026, según reportes divulgados este sábado. En abril, las autoridades registraban al menos 16 víctimas, por lo que los hechos posteriores confirman una continuidad de la violencia, especialmente en sectores densamente poblados de Arraiján y comunidades sometidas al avance de grupos delictivos.

Las estadísticas de femicidios, sin embargo, no deben mezclarse automáticamente con el total de asesinatos. Una parte de los homicidios en Panamá Oeste está relacionada con disputas criminales, armas de fuego y pandillas, mientras la violencia contra las mujeres responde a dinámicas particulares, como control, amenazas, agresiones previas y conflictos dentro de relaciones sentimentales o familiares.

El Ministerio Público deberá determinar ahora si la muerte de la joven constituye un homicidio, un femicidio u otra clase de hecho. Hasta que concluyan los primeros exámenes, las versiones sobre abuso sexual o la identidad del responsable permanecen sin confirmar, mientras las autoridades intentan establecer qué ocurrió durante las últimas horas de la víctima.

La cooperación policial entre Panamá y Costa Rica permitió la captura de Favio Javier Enrique Díaz Bascombe, alias “Chombón”, quien figuraba entre los más buscados por las autoridades panameñas. El hombre es requerido por pandillerismo y homicidio agravado, según confirmó la Policía Nacional.

Díaz Bascombe fue detectado en Punta Arenas, distrito de Las Cuestas, en territorio costarricense, después de un intercambio de información entre organismos de inteligencia. La operación contó con la participación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional de Costa Rica y las unidades investigativas panameñas.

Las autoridades costarricenses coordinaron su expulsión y posterior entrega en Paso Canoas, principal cruce terrestre entre ambos países. Tras ingresar a Panamá, el sospechoso quedó bajo custodia de la Dirección de Investigación Judicial, encargada de ponerlo a disposición de la autoridad que solicitó su aprehensión.

La captura muestra el papel que cumple la cooperación binacional frente a sospechosos que cruzan la frontera para intentar evadir procesos penales. En este caso, la localización dependió del intercambio previo de información, pues el requerido ya había salido de la jurisdicción donde se investigan los delitos atribuidos.

Los controles fronterizos también permitieron inadmitir a dos ciudadanos costarricenses con antecedentes por robo agravado. Ambos fueron detectados en el Puente Binacional de Bocas del Toro y devueltos a Costa Rica después de que las autoridades aplicaran el artículo 50 de la normativa migratoria panameña.

Esa disposición permite al Servicio Nacional de Migración negar la entrada o el tránsito a extranjeros cuando existen circunstancias que comprometen la seguridad pública. La inadmisión es una decisión administrativa adoptada en el punto de entrada y se diferencia de una captura penal, porque la persona no necesariamente es requerida por Panamá.

Pero no toda la actividad migratoria se concentró en la frontera: en las terminales aéreas también se desarrollaron procedimientos. Un ciudadano brasileño fue identificado mientras permanecía en tránsito por Panamá. Sobre el viajero existía una alerta vinculada con una orden de arresto vigente en Massachusetts, Estados Unidos, por un presunto delito relacionado con narcotráfico, lo que activó las coordinaciones internacionales correspondientes.

Las verificaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen permitieron detectar a un venezolano con una orden de aprehensión por delitos contra el orden económico. El ciudadano fue entregado a la Dirección de Investigación Judicial, que deberá identificar a la autoridad solicitante y continuar los trámites establecidos dentro del expediente.

Por su parte, en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, una colombiana procedente de Bogotá fue inadmitida tras comprobarse que mantenía antecedentes por hurto agravado. Migración aplicó la misma disposición utilizada en el Puente Binacional y ordenó su devolución, sin permitir que la viajera ingresara formalmente al territorio nacional.

Operación Terracota

A estos procedimientos se sumó la Operación Terracota, desarrollada en el área del Terraplén, en Santa Ana, y en el distrito de La Chorrera. Durante el operativo fueron aprehendidos cuatro ciudadanos venezolanos y una mujer panameña, por presuntas irregularidades migratorias y delitos vinculados con bienes de procedencia ilícita.

La acción interinstitucional incluyó 15 diligencias de allanamiento y registro ejecutadas por la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Migración y la Autoridad Nacional de Aduanas. Los agentes incautaron dinero en efectivo, equipos tecnológicos, relojes y cajas de cigarrillos, junto con otros artículos cuya procedencia será verificada durante la investigación.

Las autoridades vinculan a los detenidos con presuntos delitos de hurto y receptación de bienes provenientes de actividades ilícitas. También identificaron casos de estadía vencida, una infracción administrativa que puede derivar en multas, deportación o impedimentos de entrada, dependiendo de la situación migratoria y los antecedentes de cada persona.

La Alcaldía de Panamá mantiene activas dos licitaciones que suman $1,100,524 para organizar sus actividades navideñas y de fin de año. Los procesos abarcan el encendido del árbol, el desfile, celebraciones comunitarias y un espectáculo masivo el 31 de diciembre en la Cinta Costera.

La primera contratación tiene un precio de referencia de $533,000 para desarrollar las Actividades Navideñas 2026. El proyecto incluye el encendido oficial del árbol, el programa Calles que Brillan, el desfile, presentaciones culturales y recreativas, además de las tradicionales fiestas del Día de Reyes de 2027.

La programación comenzará el 29 de noviembre con el encendido del árbol en el Mirador del Pacífico. El desfile se realizará el 12 de diciembre en la Cinta Costera, mientras Calles que Brillan y las celebraciones de Reyes llegarán a tres corregimientos de Panamá Centro, Norte y Este.

Buena parte del presupuesto será destinada a la logística y seguridad del desfile navideño. El pliego solicita 9,000 cupones de alimentación para los estamentos de seguridad y emergencia, 200 baños portátiles, cinco ambulancias, 20 agentes privados y 15 radios para coordinar al personal desplegado durante el recorrido.

La contratación también comprende cinco unidades móviles de sonido, tres puntos con efectos especiales, torres de iluminación, gradas, camerinos y diferentes tarimas. Una estará destinada a la transmisión del desfile, otra a invitados especiales y una tercera ofrecerá accesibilidad y visibilidad a personas con discapacidad.

El Municipio fijó los $533,000 después de recibir tres cotizaciones directas por $545,084, $566,286 y $576,954. El promedio alcanzó $562,775, pero fue reducido en $29,775.40 para ajustarlo a la disponibilidad aprobada dentro del presupuesto municipal para este proyecto.

Los registros muestran que la contratación equivalente de 2025 fue adjudicada por $414,180 para las actividades de esa temporada. El nuevo precio de referencia representa un aumento de $118 mil, equivalente a aproximadamente 28.7%, aunque la programación y los servicios incluidos no son exactamente iguales.

La segunda licitación activa asciende a $567,524 para la Fiesta de Fin de Año I Star PTY 2026. La actividad se celebrará el 31 de diciembre en el Mirador del Pacífico y concentrará la producción artística, técnica y operativa necesaria para recibir 2027.

El espectáculo tendrá dos artistas internacionales del género tropical, cuatro intérpretes nacionales de música urbana y dos exponentes panameños de música típica. El proveedor seleccionado asumirá la contratación, hospedaje, transporte y requerimientos técnicos de los artistas, además de coordinar los ensayos y las presentaciones.

El montaje incluirá un escenario de aproximadamente 60 por 40 pies, 48 módulos de sonido, 12 subwoofers y 80 luminarias profesionales. También se requieren 150 metros cuadrados de pantallas LED, circuito cerrado de televisión, instrumentos, consolas y equipos audiovisuales para la transmisión de contenidos durante la celebración.

El pliego agrega 12 generadores eléctricos, 62 baños portátiles, ocho torres de iluminación, 70 agentes de seguridad privada y dos ambulancias. La empresa deberá encargarse igualmente de los permisos, la conectividad, la publicidad y la limpieza, junto con un espectáculo pirotécnico de al menos diez minutos.

La consulta de mercado para esta fiesta tampoco recibió propuestas mediante PanamaCompra. Posteriormente, tres empresas remitieron directamente cotizaciones por $565,465, $570,399 y $566,708, cuyo promedio permitió establecer el precio máximo de $567,524, incluyendo el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios.

Los dos procesos no asignan recursos específicos para la fabricación de carros alegóricos destinados al desfile. En 2025, empresas privadas financiaron sus carruajes y participaron en activaciones, decoraciones y patrocinios de alimentos o bebidas.

A los $1.1 millones de ambas licitaciones se suma el contrato de alumbrado navideño adjudicado por $3,299,893 a Disaroca Group, S.A. La empresa, única participante del acto público, iluminará 35 espacios distribuidos en los 26 corregimientos del distrito y mantendrá parte de las instalaciones después de las festividades.

Al integrar el alumbrado, las actividades navideñas y la fiesta del 31 de diciembre, la inversión municipal prevista alcanza $4,400,417. La cifra combina un contrato ya adjudicado con dos procesos todavía activos y supera los desembolsos identificados para 2025, cuando las luces costaron $2.8 millones y las actividades $414,180.

Un pescador resultó herido después de caer al agua y ser atacado por un cocodrilo en el puerto de Coquira, ubicado en el distrito de Chepo, provincia de Panamá. El incidente ocurrió el viernes 11 de septiembre en una zona frecuentada diariamente por trabajadores dedicados a la pesca y la descarga de productos del mar.

La información preliminar indica que el reptil alcanzó al hombre y le provocó una herida en la pierna derecha. Otros pescadores y personas presentes reaccionaron para auxiliarlo, lograron sacarlo del agua y lo trasladaron posteriormente a un centro médico, donde recibió atención por las lesiones causadas durante el ataque.

El Ministerio de Ambiente inició una investigación para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el incidente. Una de las hipótesis que deberán evaluar las autoridades es que el cocodrilo reaccionara al movimiento producido cuando el pescador cayó accidentalmente al agua, aunque todavía no existe una conclusión oficial sobre lo sucedido.

Puerto Coquira combina la presencia habitual de estos reptiles con una intensa actividad humana vinculada a la pesca artesanal y comercial. Embarcaciones llegan diariamente para descargar sus productos, mientras pescadores, compradores y trabajadores permanecen cerca del agua, una convivencia que aumenta las posibilidades de encuentros peligrosos si los animales pierden su comportamiento natural.

Durante las últimas semanas circularon en redes sociales videos que muestran varios cocodrilos desplazándose alrededor del puerto. Las imágenes generaron preocupación entre quienes trabajan en el sector debido al número de ejemplares observados y a la cercanía de los animales con embarcaciones, muelles y personas que desarrollan sus actividades cotidianas.

Una evaluación de MiAmbiente identificó alrededor de 20 cocodrilos en un tramo de dos kilómetros, comprendido entre un kilómetro aguas arriba y otro aguas abajo del puerto. Otros reportes periodísticos elevaron a más de 30 la cantidad detectada en el sector de Coquira, aunque las cifras corresponden a áreas de evaluación diferentes.

Las autoridades también investigan la práctica de arrojar alimentos o restos de pescado a los cocodrilos, conducta registrada en algunos videos divulgados en redes sociales. Cuando son alimentados por personas, estos animales pueden asociar las embarcaciones y la presencia humana con comida, acercándose con mayor frecuencia y perdiendo progresivamente su temor natural.

Que un cocodrilo se aproxime esperando alimento no significa que se haya convertido en un animal dócil. Su reacción continúa siendo imprevisible y puede desencadenarse por movimientos repentinos, disputas por comida o la caída de una persona al agua. MiAmbiente reiteró la prohibición de alimentarlos, atraerlos o provocarlos deliberadamente.

El ataque ocurre pocas semanas después de aprobarse un protocolo obligatorio para atender interacciones negativas entre cocodrilos y seres humanos. La Resolución DM-0445-2026, publicada el 28 de agosto en la Gaceta Oficial, establece criterios técnicos para vigilar, disuadir, capturar, trasladar o eliminar excepcionalmente a un ejemplar peligroso.

El documento menciona a Puerto Coquira entre los sitios del país con antecedentes de reportes de cocodrilos, junto con Clayton, Albrook, Chame y varias playas de Panamá Oeste, Coclé y Veraguas. También incluye los ríos Santa María y La Villa, además de las cuencas del Tuira y Balsas, en Darién.

Cada caso debe evaluarse considerando el tamaño, comportamiento y especie del animal, la frecuencia de los reportes y la cercanía con sitios concurridos. También se analiza si acepta alimentos, se aproxima a embarcaciones, afecta actividades pesqueras o ha protagonizado incidentes anteriores con personas o animales domésticos.

El protocolo clasifica las situaciones en cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto. Los casos menos graves requieren señalización, educación y monitoreo; los intermedios incorporan barreras y medidas de disuasión, mientras el riesgo alto permite capturar y trasladar al ejemplar mediante personal especializado y con autorización previa.

La eliminación del cocodrilo queda reservada como último recurso ante una amenaza comprobada e inminente, cuando hayan fracasado las alternativas anteriores o no exista un lugar apropiado para reubicarlo. Incluso ante un riesgo muy alto, la muerte del animal no puede ordenarse automáticamente sin una evaluación técnica que sustente la decisión.

Tras el ataque, MiAmbiente anunció nuevas jornadas de capacitación para los pescadores. El desafío inmediato será reducir las conductas que atraen a los reptiles hacia el puerto, aplicar el protocolo y establecer medidas de seguridad compatibles con la actividad pesquera, porque la presencia documentada de numerosos ejemplares ya dejó de ser únicamente un avistamiento.

Una organización que utilizaba vehículos para distribuir y vender sustancias ilícitas como si realizara entregas convencionales fue desarticulada en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, Panamá.

La denominada Operación Apple Delivery terminó con nueve personas condenadas, apenas un día después de las capturas efectuadas en el corregimiento de La Concepción.

La investigación apuntaba a que los integrantes movilizaban la droga en automóviles y coordinaban las entregas bajo una dinámica semejante a la de los servicios de mensajería. Los vehículos permitían trasladar los pedidos hacia distintos puntos, reducir el tiempo de permanencia en cada lugar y dificultar la identificación de una ubicación fija de venta.

La jueza de garantías Ana González validó los acuerdos de pena alcanzados entre la Fiscalía y las defensas y emitió la sentencia condenatoria número 613 del 11 de septiembre. Los nueve procesados, seis hombres y tres mujeres de entre 21 y 60 años, fueron responsabilizados por tres delitos diferentes.

El castigo más elevado recayó sobre un hombre de 21 años, condenado a 96 meses de prisión por venta de sustancias ilícitas. La decisión también ordenó el pago de una multa de 500 dólares con 83 centésimos, dinero que las autoridades vincularon con la actividad por la cual fue procesado.

Otros dos hombres, de 21 y 30 años, recibieron penas de 84 meses de prisión por el mismo delito. Ambos también fueron sancionados con 24 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas, medida que comenzará a aplicarse una vez que hayan cumplido la condena principal impuesta por el tribunal.

La sentencia incluyó a tres hombres de 22, 26 y 31 años, declarados responsables de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Las penas fueron fijadas en 62 y 60 meses de prisión, mientras que las sanciones accesorias incluyeron el comiso de cuatro automóviles y periodos de inhabilitación para funciones públicas.

El componente financiero de la operación quedó reflejado en las condenas impuestas a tres mujeres por blanqueo de capitales. Una mujer de 48 años recibió 60 meses de prisión y perdió siete vehículos mediante una orden de decomiso, una cantidad que muestra el peso atribuido a los automóviles dentro de la estructura.

Las otras dos procesadas, de 28 y 60 años, fueron condenadas a 48 meses de prisión, reemplazados por el pago de 400 dólares dentro de un plazo de seis meses. Para una se dispuso el decomiso de un automóvil y para la otra, 12 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La audiencia se extendió durante casi seis horas, desde las 10:09 de la mañana hasta las 3:52 de la tarde. El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Ninfa González, Edgar Tamayo y Estefanía González, mientras que los sentenciados contaron con defensores públicos y abogados particulares durante el procedimiento.

Las aprehensiones se produjeron el 10 de septiembre durante un despliegue desarrollado en La Concepción, distrito de Bugaba. De acuerdo con el Órgano Judicial, las autoridades incautaron vehículos, equipos tecnológicos y dinero en efectivo, elementos utilizados posteriormente dentro de la causa penal y los acuerdos de pena.

El uso de automóviles como supuesto servicio de entrega muestra la capacidad del microtráfico para adoptar dinámicas comerciales cotidianas. La movilidad reduce la exposición de los vendedores y facilita variar recorridos, horarios y puntos de encuentro, mientras los teléfonos permiten coordinar pedidos sin mantener un puesto permanente fácilmente identificable por las autoridades.

No es la primera estructura detectada este año que intentaba camuflar la venta de droga detrás de una actividad lícita. En agosto, la operación Caballo de Troya descubrió que presuntos microtraficantes utilizaban puestos de buhonería como fachada en varios sectores del distrito populoso de San Miguelito.

Aquella intervención se desarrolló en Los Andes, Paraíso, Santa Marta, San José y La Gran Estación. Según informó la Procuraduria, siete personas fueron aprehendidas y se decomisaron dinero y sustancias ilícitas. En La Gran Estación, algunos investigados se presentaban como vendedores ambulantes cerca de áreas comerciales concurridas.

Apple Delivery y Caballo de Troya revelan dos formas distintas de ocultar operaciones de microtráfico: una basada en entregas móviles realizadas mediante automóviles y otra apoyada en puestos ambulantes. En ambos casos, la estrategia consistía en insertar la actividad ilícita dentro del movimiento cotidiano, aprovechando escenarios donde circular o entregar productos no despierta sospechas inmediatas.

La escena es mínima y poderosa: una sola tarde, una sola habitación, un padre y su hija. Sarmiento tiene 77 años, está sordo, le tiemblan las manos y tiene frío. Ana Faustina, su hija, lo cuida. Y él sigue corrigiendo cuadernos de los jornaleros que trabajan en su casa, enseñándoles a leer hasta el último día.

Leyrado retoma al Sarmiento que ya conoce, pero 40 años más tarde

Leyrado ya había interpretado a Sarmiento en “El Libertador”, el corto anterior de la saga de Infobae, donde el personaje tenía 35 años y visitaba a San Martín en Francia. Ahora lo retoma cuatro décadas después, con todo lo que eso implica en términos actorales: la sordera, el cansancio acumulado, el peso de una vida entera de trabajo.

“La sordera, el cansancio, el final de algo, el trabajo. Es un hombre que ha trabajado mucho, que se ha forzado mucho, es un tipo que puso mucha pasión y mucha energía y mucha tenacidad en todo”, describió el actor al explicar cómo construyó vocalmente al Sarmiento de 77 años, diferenciándolo del de 35.

Para Leyrado, esta no es una relación nueva con el personaje. Desde hace tres años interpreta a Sarmiento en el unipersonal teatral *Sarmiento, la clase*, en el Centro Cultural de la Cooperación, y ese trabajo lo llevó a adentrarse en la figura del prócer con una profundidad que lo sorprendió. “El ponerme a trabajar en Sarmiento me enseñó realmente cosas que no sabía de él. Y que me hace muy bien para reconocerlo como personaje, más allá de las diferencias que puedo tener con él”, contó.

Esa experiencia también lo llevó a reflexionar sobre la vigencia del legado educativo de Sarmiento en el presente. “Lo que estamos pasando y fundamentalmente lo que tiene que ver con la educación pública”, dijo al conectar el corto con el contexto actual. Y agregó: “Si nos centramos solo en eso, que es una parte nada más de lo que podemos ver de Sarmiento, fue un argentino que trabajó por una Argentina que él pensaba y quería que sea de esa manera. En el caso de la educación, estoy totalmente de acuerdo”.

Peterson construyó a Faustina como la hija que cuida y no le deja pasar una

Carla Peterson se suma por primera vez a la saga. Le da voz a Ana Faustina, la hija mayor de Sarmiento, un personaje que casi nadie conoce: nació en 1832 en Chile, cuando su padre tenía 21 años y estaba exiliado, fue criada por la familia de él y aprendió a escribir en gran parte a través de las cartas que Sarmiento le enviaba desde donde estuviera. Enviudó de Augusto Belin y eligió vivir al lado de su padre hasta el final.

La actriz reconoció que llegó al proyecto con más preguntas que respuestas. “Fue transitar un terreno muy desconocido para mí. Generalmente los actores estamos acostumbrados a doblar sobre la imagen, a poner la voz sobre la imagen, y acá fue al revés. Entonces ahora que lo veo entiendo de qué se trata el trabajo, pero cuando lo hice, lo hice con más preguntas que respuestas”, explicó.

Sobre Faustina, Peterson admitió que no sabía casi nada de ella antes de sumarse al proyecto. “Fuimos construyendo estos diálogos con Juan, sin saber cómo se iban a completar, cómo se iban a mover”, contó. El trabajo fue, en ese sentido, un proceso de descubrimiento compartido con Leyrado, con quien la une una larga relación artística y personal. “Siempre trabajar con Juan es una alegría, y de ese encuentro siempre salen cosas interesantes, además de anécdotas divertidas”, dijo.

La reflexión de Peterson sobre el legado de Sarmiento fue directa. “Sarmiento fundó las bases de la educación moderna. Hizo cosas que requieren mucha valentía y mucha osadía”, dijo, y conectó eso con el presente: “Cuando vemos hoy los problemas que seguimos teniendo, creo que nos está faltando esa mirada profunda y generosa para todos, no solamente para los que pueden”. Y fue más lejos: “Me duele ver que el legado tan importante que nos dejó no lo tenemos que recordar solamente el 11 de septiembre”.

Las voces mandan: la IA se construyó sobre la actuación, no al revés

El método de producción del corto invierte el orden habitual. Las voces se grabaron primero, en los estudios de Infobae. Todo lo visual se construyó después, sobre esa actuación. Los tiempos, las pausas y la carga emocional los definen los actores; la inteligencia artificial se adapta a ellos.

Leyrado valoró especialmente esa decisión. “Me conmovió mucho el hecho de que él primero quería hacer la voz y después poner la imagen. Yo creo que eso es un acierto y no solamente un acierto, sino es una de las formas de lo que se puede encarar para nosotros los artistas en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial”, señaló. Y resumió su postura sobre la convivencia entre actores y tecnología: “La inteligencia artificial ya está puesta, ya llegó. No es que va a venir. Con lo cual nosotros no tenemos que dar la espalda y encontrar a ver qué le podemos dar y qué nos puede dar”.

Opy Morales, director de Estrategia de IA de Infobae y responsable de la idea y la dirección general del corto, sintetizó el resultado desde adentro: “Con Juan ya habíamos hecho al Sarmiento de 35 años que le pregunta todo a San Martín. Acá está el de 77, que ya no pregunta, contesta. Y Carla construyó a Faustina como lo que fue: la hija que lo cuidó hasta el final y que no le dejaba pasar una. Lo que ellos grabaron es el corto entero; todo lo demás se hizo para acompañar eso”.

El dato que Sarmiento llevaba consigo: 77 de cada 100 argentinos no sabían leer

El corto está anclado en un hecho histórico verificado que le da su mayor fuerza dramática. En 1869, siendo presidente, Sarmiento impulsó el primer censo nacional y pidió que se incorporara una pregunta que en aquel momento resultaba incómoda: ¿sabe leer y escribir? La respuesta fue contundente: cerca del 77% de los argentinos contestó que no sabía.

Ese dato, que Sarmiento guardaba en su casa de Asunción, atraviesa el corto como una obsesión. La escena en que los encuestados bajan los ojos, aprietan las manos y dicen que no saben leer ni escribir es uno de los momentos más conmovedores de la producción y cobra una inquietante actualidad.

La historia de Sarmiento tiene además otra marca que el corto no esquiva: su hijo adoptivo Dominguito murió en 1866 en la batalla de Curupaytí, en Paraguay, el mismo país donde el prócer pasaría sus últimos días. Sarmiento escribió su vida durante veinte años y la publicó en 1886, dos años antes de morir.

Morales: “Que Sarmiento deje de ser una estatua y vuelva a ser un hombre”

“Infobae es un medio, y un medio existe para contar. Lo que la inteligencia artificial nos dio es la posibilidad de contar cosas que antes no podíamos: la alternativa a estos cortos no era una producción enorme, era que no se hicieran”, explicó Morales. “Queremos que un chico de quince años que no se sentaría a ver un documental sobre Sarmiento se quede diez minutos mirando a un hombre de 77 años que corrige cuadernos, y salga sabiendo quién fue. Ese es el objetivo”, añadió.

“Sarmiento, el Maestro” es el tercer corto de la saga de docuficciones históricas de Infobae producidas con inteligencia artificial, después de “25 de Mayo de 1810″ y “El Libertador”. El guion es de Marcelo Camaño, conocido por títulos como “Resistiré”, “Montecristo” y “Vidas robadas”, y el asesoramiento histórico es de Adrián Pignatelli. La realización estuvo a cargo de Alejo García Sosa y Alexander Wittmann con el equipo de Visuales IA de Infobae, que investiga, escribe con guionistas profesionales, valida con asesoramiento histórico y graba con actores en sus propios estudios.

El corto está disponible en el canal de YouTube de Infobae y en su sitio web, donde también pueden verse los dos cortometrajes anteriores de la saga.

Una propuesta para que un niño, niña o adolescente sea reasignado a otra familia en un plazo máximo de 15 días, cuando los solicitantes decidan terminar la convivencia, fue incorporada a las consultas del proyecto de ley 570, que reforma el régimen de adopciones en Panamá.

La iniciativa fue presentada por Roderick Burgos, de la Fundación Pro-Familia, durante una mesa técnica de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, presidida por la diputada Olga Paulette Thomas. El planteamiento busca evitar que el menor permanezca sin una alternativa familiar definida.

La modificación propone considerar como “devolución” la decisión voluntaria de los solicitantes de poner fin a la convivencia con el menor que les fue entregado, tanto durante el acogimiento preadoptivo como después de constituida la adopción. Ante esa situación, la reasignación deberá efectuarse dentro del plazo establecido.

El término no supone que el cambio de familia pueda ejecutarse de manera automática. La propuesta deberá precisar desde cuándo comienzan a contarse los 15 días, qué autoridad determinará la nueva asignación y cuáles evaluaciones acompañarán al menor.

También deberá establecer cómo operará el procedimiento cuando la adopción ya sea definitiva.

El proyecto 570, presentado por los diputados Manuel Cheng Peñalba y Janine Prado, se encuentra en la etapa final de consultas con los sectores involucrados. Una vez concluida esta fase, el equipo asesor revisará las modificaciones y preparará un informe para la discusión en primer debate, según la Asamblea Nacional.

La propuesta de reasignación introduce un plazo concreto ante una situación que puede provocar una nueva ruptura emocional en menores previamente separados de su entorno familiar. Su aplicación requeriría combinar la rapidez administrativa con evaluaciones que garanticen la seguridad, compatibilidad y estabilidad de la siguiente familia seleccionada.

El objetivo es impedir que la interrupción de una convivencia derive en una permanencia prolongada dentro del sistema de protección. Sin embargo, una segunda asignación también exige acompañamiento psicológico y seguimiento institucional, debido a que el menor puede enfrentar sentimientos de rechazo, pérdida de confianza o temor a otro abandono.

La reforma contempla, además, que antes de avanzar hacia una adopción se priorice la permanencia o el retorno del menor con familiares aptos. Solamente después de agotar las alternativas dentro de su entorno familiar correspondería aplicar otras medidas de protección, incluida su integración a una familia adoptiva.

Entre los cambios discutidos figura la activación de la atención psicosocial durante las primeras 24 horas posteriores al ingreso del menor al sistema y la apertura del expediente dentro de las siguientes 72 horas. El procedimiento incluiría la identificación de familiares que puedan asumir responsablemente su cuidado.

La investigación psicosocial inicial tendría un plazo máximo de 30 días hábiles e incluiría la elaboración del árbol familiar, apoyada con información del Registro Civil. Si aparece un pariente apto, las instituciones deberán valorar programas de reunificación o fortalecimiento, siempre que esa alternativa proteja el interés superior del menor.

Cuando no exista una opción familiar viable, la autoridad dispondría de tres días hábiles para presentar la solicitud correspondiente ante el tribunal competente. Las extensiones de la investigación solamente podrían concederse de forma justificada, con el propósito de evitar que la búsqueda familiar se convierta en una demora indefinida.

La propuesta también establece periodos para la evaluación de los aspirantes y la asignación. La valoración preadoptiva tendría una duración máxima de dos meses, mientras la decisión sobre la idoneidad debería emitirse en cinco días hábiles. Posteriormente, el acogimiento preadoptivo se desarrollaría durante 30 días calendario.

La selección correspondería al Comité de Asignación Familiar, que se reuniría cada 15 días y deberá tomar sus decisiones con base en las necesidades y características particulares de cada menor, no en las preferencias de los adultos. La reforma también procura preservar el vínculo entre hermanos durante el proceso de adopción.

Las familias acogentes que hayan cuidado a un menor durante más de un año podrían postularse como adoptantes y recibir consideración prioritaria, siempre que cumplan los requisitos legales y exista una declaratoria de adoptabilidad. Esta posibilidad busca reconocer relaciones estables sin convertir el acogimiento temporal en un acceso automático a la adopción definitiva.

El debate sobre los 15 días incorpora ahora uno de los momentos más delicados del proceso: qué ocurre cuando fracasa la convivencia con la familia seleccionada. La versión definitiva deberá equilibrar la necesidad de una respuesta rápida con garantías suficientes para que la nueva asignación no produzca otra separación perjudicial para el menor.

Nueve integrantes de una pandilla que operaba en San Miguelito recibieron condenas de entre 72 y 100 meses de prisión, mientras otras cuatro personas fueron sentenciadas a penas de hasta 224 meses por pandillerismo agravado. Los fallos corresponden a las operaciones Custodia y Corintios, desarrolladas contra estructuras vinculadas con delitos violentos.

En el primer proceso, la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita consiguió penas de 72, 84 y 100 meses para los nueve acusados. Las sentencias fueron dictadas después de las aprehensiones realizadas mediante la Operación Custodia en diferentes puntos de Belisario Frías, distrito populoso de San Miguelito.

La investigación, iniciada en 2025, vinculó a la agrupación autodenominada Los Jota o JDM con homicidios, tentativas, lesiones personales, drogas y posesión ilegal de armas. También se le atribuyeron constantes hurtos, desalojos y actos de incendiarismo contra residentes de Santa Marta y Las Colinas.

Durante el operativo fueron capturadas nueve personas, incluidos dos señalados como presuntos cabecillas, conocidos con los alias de “Pollito” y “Bebito”. Las autoridades ejecutaron más de 20 diligencias de allanamiento y decomisaron equipos tecnológicos, radios de comunicación y otros indicios asociados con las actividades investigadas.

La segunda condena está relacionada con la Operación Corintios. Cuatro personas recibieron penas de 162, 168 y 224 meses de prisión después de ser declaradas penalmente responsables por pandillerismo agravado. El juicio comenzó el 20 de julio y terminó el 10 de agosto de 2026.

En ese expediente, otras 21 personas ya cumplen condenas en centros penitenciarios. La estructura operaba presuntamente desde 2016 en La Siesta y Buena Vista, en Tocumen, donde se le relacionó con homicidios, robos, narcotráfico, hurtos, daños a propiedades y extorsiones contra comercios del sector.

Mientras esas sentencias cerraron fases judiciales, el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional de tres investigados mediante la Operación Combate 2. Los sospechosos enfrentan cargos por pandillerismo y estarían vinculados con una organización que mantenía control territorial en Santa Eduviges, corregimiento de Tocumen.

Combate 2 fue ejecutada el 20 de agosto como continuación de una investigación abierta en marzo de 2023. La Policía informó que el operativo dejó inicialmente cinco presuntos integrantes aprehendidos, además del decomiso de un arma de fuego, municiones, dinero en efectivo y otros elementos incorporados al expediente.

Las acciones contra esa estructura habían comenzado en mayo mediante la primera Operación Combate, cuando fueron capturadas siete personas relacionadas presuntamente con la pandilla Bagdad-Santa Eduviges. Entre ellas figuró alias “Rungito”, señalado por las autoridades como uno de sus cabecillas. Las diligencias abarcaron Tocumen, Pacora y San Miguelito.

Para agosto, las autoridades contabilizaban 30 presuntos miembros detenidos, entre ellos Jean Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, considerado uno de los principales dirigentes de la organización. El sospechoso había sido extraditado desde España mediante coordinación con Interpol, según informó la Policía Nacional.

Otros operativos de gran alcance fueron desplegados durante 2026. La Operación Secuela realizó más de 30 allanamientos en Río Abajo y permitió aprehender a 13 presuntos miembros de HP14-R14, incluido alias “Bocare”, identificado como supuesto cabecilla de una estructura relacionada con homicidios, drogas, armas y robos.

En Coclé, la Operación Legado dejó 19 aprehendidos durante diligencias efectuadas en Farallón y Nuevo Farallón. Entre los capturados figuró alias “Hueso”, señalado como líder de Blindaje 7. Posteriormente, 15 personas quedaron bajo detención provisional por su presunta pertenencia a esa pandilla, de acuerdo con las autoridades.

La Operación Harpía también permitió detener a siete personas en San Miguelito y decomisar un fusil y presunta sustancia ilícita. La investigación relaciona al grupo con homicidios ocurridos entre 2025 y 2026, tenencia ilegal de armas y amenazas contra menores para obligarlos a incorporarse a la organización criminal.

Las autoridades identifican 121 pandillas activas en Panamá, agrupadas alrededor de ocho grandes corrientes criminales. Entre las principales aparecen Bagdad, Calor Calor, Roca, RG 4Life, Killa, Mafia Filipina y HP o Manzana Cero, con presencia en Panamá, San Miguelito, Panamá Oeste y Colón.

Bagdad y Calor Calor son consideradas las dos federaciones con mayor alcance, mientras otras estructuras mantienen dominio sobre sectores específicos. Estos grupos han evolucionado desde pandillas territoriales hacia redes dedicadas al microtráfico, sicariato, extorsión y apoyo logístico, además de disputarse rutas, barrios y puntos vinculados con el movimiento de drogas.

Los operativos muestran una ofensiva sostenida contra mandos y células territoriales, pero las condenas también evidencian la extensión de los procesos. Corintios comenzó con allanamientos en 2022 y terminó parcialmente cuatro años después. El desafío no consiste únicamente en realizar capturas, sino en convertir las investigaciones en sentencias firmes y evitar que otras facciones ocupen los espacios dejados por las estructuras desarticuladas.

Los próximos tres meses serán decisivos para que el Canal de Panamá pueda recuperar parte del almacenamiento de sus principales embalses y reunir reservas suficientes antes de una temporada seca de 2027 que podría comenzar anticipadamente y extenderse hasta mayo, como consecuencia del fortalecimiento del fenómeno de El Niño.

Ayax Murillo Burgos, gerente de Hidrología de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), explicó que septiembre, octubre y noviembre constituyen el trimestre determinante para conocer si Gatún y Alhajuela alcanzarán niveles que permitan garantizar el consumo humano y mantener los tránsitos proyectados durante el próximo verano.

El especialista destacó particularmente noviembre porque, según los registros históricos, es el mes con mayores precipitaciones dentro de la cuenca canalera. Octubre, en cambio, genera preocupación debido a que sus aportes de agua durante las últimas tres décadas se han mantenido generalmente por debajo del promedio esperado.

“Si octubre logra superar el comportamiento de 2023 y noviembre supera el de 2013, las condiciones serían favorables”, señaló Murillo durante un conversatorio organizado por el Canal y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. Sin embargo, reconoció que será necesario esperar los resultados completos de ambos meses.

Las proyecciones elaboradas por la ACP utilizan escenarios especialmente secos para determinar cuánto podría almacenarse antes de diciembre. Los cálculos incorporan los aportes observados durante octubre de 2023 y el comportamiento de noviembre de 2013, con el propósito de medir la respuesta del sistema bajo condiciones mínimas de disponibilidad hídrica.

Bajo ese escenario, Murillo considera que la ACP podría llenar Alhajuela, aunque reconoció que completar el almacenamiento de Gatún resultará considerablemente más difícil. Aun así, el volumen proyectado permitiría atender las plantas potabilizadoras y sostener las operaciones de acuerdo con las estimaciones actualizadas el pasado 20 de agosto.

El estado actual refleja la distancia que todavía deben recuperar los embalses. Al cierre de la tarde del 11 de septiembre, Gatún registraba 84,06 pies, 3,44 pies por debajo de su máximo operativo de referencia de 87,50 pies. Alhajuela marcaba 239,02 pies, unos 10,98 pies menos que la referencia superior de 250 pies.

Los valores, consultados en el tablero hidrológico del Canal, proceden directamente de los instrumentos de medición y todavía no habían sido revisados por el personal técnico. Además, expresan elevación y no porcentaje de llenado: no sería correcto afirmar que la diferencia equivale directamente al volumen faltante, porque la capacidad cambia según la forma de cada embalse.

Alhajuela mostró una recuperación frente a los 237,55 pies observados el 5 de septiembre, mientras Gatún permaneció prácticamente estable alrededor de 84 pies. El comportamiento confirma que las lluvias todavía no han producido una recuperación sostenida, por lo que la ACP mantiene su vigilancia sobre los aportes efectivos que ingresan a ambos lagos.

Murillo explicó que no toda precipitación termina convertida automáticamente en agua almacenada. El equipo técnico analiza la relación entre lluvia y escurrimiento porque el caudal que finalmente alcanza los ríos y embalses determina cuánto puede reservarse para las plantas potabilizadoras y para el funcionamiento de las esclusas durante la sequía.

El año hidrológico utilizado por la ACP comienza en mayo y concluye en abril. Durante el periodo actual, los aportes hacia Alhajuela rondaban 58 metros cúbicos por segundo, frente a 50 registrados en 1997, 61 en 2015 y 57 en 2023, valores que acercan el comportamiento de 2026 al último episodio crítico.

El referente más severo continúa siendo 1997, cuando ingresó a la cuenca aproximadamente la mitad del caudal habitual. En un año promedio se reciben cerca de 180 metros cúbicos de agua por segundo, mientras en aquella ocasión fueron solamente 90. Durante 2015 entraron 110 y en 2023 la cifra se situó alrededor de 105.

El comportamiento de 2026 aparece “encajonado” entre los registros de 1997 y 2023, ambos considerados años secos, explicó el directivo de la ACP. La comparación no significa que el resultado será idéntico, pero permite establecer límites para las proyecciones hidrológicas y preparar respuestas operativas ante distintos escenarios de disponibilidad y duración del verano.

Octubre constituye el mayor foco de incertidumbre. Incluso en 2025, cuando el balance anual terminó por encima del promedio, ese mes quedó por debajo de sus valores habituales, indicó Murillo. Además, octubre de 2023 fue el más seco desde 1959, un antecedente que ahora forma parte de los escenarios empleados para distribuir el agua disponible.

Steve Paton, director de Monitoreo Físico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, calificó 2026 como un año insólito por sus marcados contrastes. La temporada seca registró lluvias extraordinarias, mientras el periodo que normalmente concentra las precipitaciones ha presentado déficit, en medio de un episodio de El Niño que continúa intensificándose.

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, Luz Graciela de Calzadilla, advirtió que los pronósticos apuntan hacia un evento de El Niño potencialmente muy fuerte. Sus efectos podrían adelantar el inicio del verano a la segunda mitad de noviembre y afectar la agricultura, la generación eléctrica, la salud y el abastecimiento de agua.

Ese posible adelanto reduce el tiempo disponible para recuperar los lagos. Si las lluvias disminuyen desde la segunda quincena de noviembre, la ventana efectiva para acumular reservas sería más corta que en un año habitual. Por eso, la respuesta de la cuenca durante septiembre y octubre será tan importante como el volumen recibido durante noviembre.

Luis Rovira, vicepresidente de Administración del Recurso Hídrico de la ACP, señaló que El Niño representa uno de los mayores retos para la gestión de un recurso compartido por el Canal y la población. Las decisiones, indicó, descansan en décadas de información hidrológica, investigación científica y experiencia acumulada frente a periodos anteriores de sequía.

La base de información del Canal se extiende desde 1890 hasta 2026 y permite comparar el episodio actual con fenómenos anteriores. Murillo destacó que cada dato es validado antes de convertirse en información operativa, porque las proyecciones deben actualizarse semanalmente y combinarse con las mediciones realizadas directamente por los equipos de campo.

Esos registros también muestran una mayor frecuencia de El Niño. Murillo recordó que anteriormente los eventos podían aparecer separados por 18 o 25 años, pero desde 2013 se han presentado cuatro episodios. Entre los más recientes figuran 2015, 2019, 2023 y 2026, una secuencia que incrementa la presión sobre la planificación hídrica de largo plazo.

La cuenca de río Indio mantiene un comportamiento deficitario relacionado con El Niño. Las mediciones muestran aportes superiores a 18 o 20 metros cúbicos por segundo, información considerada dentro de los estudios para el futuro embalse.

Mientras espera las lluvias, la ACP mantiene medidas de conservación iniciadas desde diciembre de 2025. Entre ellas figura el uso de las tinas de reutilización de agua en las esclusas neopanamax y el llenado cruzado en las esclusas centenarias, mecanismo que permite movilizar dos buques panamax aprovechando un mismo volumen.

Murillo indicó que las tinas se utilizan aproximadamente al 60% en el lado sur y al 10% en el norte. Estas prácticas reducen el consumo por esclusaje, aunque pueden aumentar el tiempo necesario para completar los tránsitos y requieren coordinación con las navieras para preservar la eficiencia sin desperdiciar las reservas disponibles.

El Canal también redujo su capacidad diaria de 36 a 34 tránsitos y estableció una disminución posterior a 32. La decisión responde a que, entre mayo y agosto, las precipitaciones quedaron 34% por debajo del promedio, mientras los aportes hacia los embalses disminuyeron 44%, una diferencia que confirma que la lluvia recibida no produjo suficiente escurrimiento.

Por ahora, la ACP mantiene en 48 pies el calado máximo de los buques neopanamax, después de suspender una disminución programada a 47,5 pies. La medida ofrece alivio a las navieras, pero no significa que Gatún haya recuperado el agua perdida ni descarta la aplicación de nuevas restricciones durante los primeros meses de 2027.

La situación recuerda la crisis de 2023 y 2024, cuando la sequía obligó a reducir hasta 22 los tránsitos diarios. Aquella experiencia ocasionó esperas, mayores costos logísticos y alteraciones en las cadenas internacionales de suministro, además de demostrar la vulnerabilidad de una vía que depende del agua dulce para movilizar barcos.

El desafío no se limita al comercio marítimo. Gatún y Alhajuela alimentan plantas potabilizadoras que abastecen a más de la mitad de la población panameña. La estrategia debe, por tanto, equilibrar el tránsito de buques con el consumo humano y conservar reservas capaces de sostener ambos usos durante una estación seca potencialmente extensa y más exigente.

Aunque más de 130 años de información permiten anticipar riesgos, ninguna proyección puede sustituir el agua que debe entrar efectivamente a los lagos. Para el Canal, octubre mostrará la verdadera magnitud del déficit, mientras noviembre representará la última gran oportunidad para almacenar reservas antes del posible comienzo anticipado de la temporada seca de 2027.

Dos procesos por ataques que dejaron tres mujeres heridas avanzaron esta semana en Panamá, después de que tribunales ordenaran la detención provisional de dos hombres. Uno de los casos fue imputado como tentativa de femicidio en La Chorrera y el otro como tentativa de homicidio contra una joven y una menor de edad en San Miguelito.

El primer hecho ocurrió el 6 de septiembre, aproximadamente a la 1:30 p.m., en Puerto Caimito, distrito de La Chorrera. Un hombre de 46 años habría ingresado a la residencia de su expareja, donde presuntamente intentó causarle la muerte en circunstancias que ahora investiga la Fiscalía Regional de Panamá Oeste.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, el tribunal legalizó la aprehensión, admitió la imputación y ordenó la detención provisional del sospechoso. El juez consideró que existían riesgos de afectación de las pruebas, peligro para la comunidad y la posibilidad de que el imputado volviera a atentar contra la víctima.

El segundo proceso está relacionado con un ataque armado ocurrido el 6 de julio, cerca de un colegio público ubicado en la vía principal de Samaria, corregimiento de Belisario Porras. Según la investigación, dos hombres realizaron múltiples disparos contra una joven y una menor, quienes resultaron heridas en el ataque.

Uno de los presuntos responsables quedó detenido provisionalmente por tentativa de homicidio. La Fiscalía Regional de San Miguelito sustentó que el hecho ocurrió en un lugar frecuentado por estudiantes y otros ciudadanos, lo que elevó el peligro para las víctimas, sus familiares y las personas presentes en el sector.

El tribunal también valoró la gravedad de la conducta, el posible riesgo de afectación de las pruebas y la amenaza que representaría el imputado para la comunidad. Aunque las víctimas son mujeres, el cargo presentado en este expediente es tentativa de homicidio y no tentativa de femicidio, una diferencia jurídica que debe conservarse.

Los dos procesos se conocen pocos días después de que otros dos hombres, quienes son hermanos, fueran enviados a detención provisional en San Miguelito. Uno quedó imputado por violencia doméstica contra su expareja, mientras al segundo se le atribuyó violencia psicológica en perjuicio de su excuñada y del hermano menor de la mujer.

Ese incidente ocurrió la noche del 5 de septiembre, en el sector 4 de El Futuro, corregimiento de Arnulfo Arias. Los imputados presuntamente amenazaron de muerte a la víctima dentro de la residencia de ambos. Posteriormente, uno de ellos acudió a la vivienda de la mujer y repitió las amenazas contra ella y su hermano.

La sucesión de casos ocurre en un contexto marcado por el aumento de la violencia extrema contra las mujeres. Entre enero y julio de 2026, Panamá contabilizó 13 víctimas de femicidio y 17 de tentativa, además de diez muertes violentas de mujeres que, tras la valoración fiscal, no fueron clasificadas como femicidios.

Las cifras preliminares muestran que los femicidios aumentaron 44% frente a los nueve registrados durante igual periodo de 2025. El crecimiento fue todavía mayor en las tentativas, que pasaron de nueve a 17 víctimas, un incremento de 89%. Las muertes violentas permanecieron sin variación, con diez casos en cada año.

Enero concentró siete de las tentativas reportadas hasta julio, seguido por febrero, marzo, mayo y junio, con dos casos cada uno. Abril y julio contabilizaron una víctima respectivamente. La distribución confirma que los ataques no se limitaron a un solo periodo, aunque el comienzo del año presentó la mayor concentración mensual.

Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Darién acumularon tres tentativas cada uno, mientras San Miguelito y Veraguas registraron dos casos y Coclé uno. En cuanto a los femicidios, Panamá y San Miguelito contabilizaron tres víctimas cada uno, seguidos por Chiriquí y Panamá Oeste, con dos casos por territorio.

La estadística también muestra que la violencia alcanzó a diferentes grupos de edad. Cuatro víctimas de tentativa tenían entre 18 y 24 años; tres se encontraban entre los 25 y 29 años y otras tres entre los 30 y 34. Además, dos niñas de entre cinco y nueve años fueron víctimas, al igual que dos mujeres de 70 a 74 años.

Las armas blancas fueron empleadas en ocho de las 17 tentativas registradas hasta julio, mientras cuatro ataques involucraron armas de fuego. Dos casos estuvieron relacionados con incendiarismo y en tres no se había determinado el mecanismo utilizado. En los femicidios, las armas de fuego provocaron seis de las 13 muertes.

Los procesos conocidos en septiembre son posteriores al cierre de ese informe y, por tanto, no deben sumarse automáticamente a sus cifras. La clasificación de cada caso puede variar conforme avancen las investigaciones, se conozcan nuevos elementos y los fiscales determinen si la conducta encaja en la definición legal de femicidio.

Los tres expedientes muestran distintas expresiones de violencia: el ingreso a la vivienda de una expareja, un ataque armado cerca de un colegio y amenazas reiteradas dentro del entorno familiar. En todos, los tribunales consideraron que la detención era necesaria para proteger a las víctimas, preservar las pruebas y reducir el riesgo de nuevas agresiones.

Un hombre de 34 años quedó bajo detención provisional por su presunta participación en una trama que habría permitido alterar la plataforma tributaria de Panamá y generar créditos fiscales ficticios. El perjuicio contra la Dirección General de Ingresos (DGI) superaría los 21 millones de dólares, según el Ministerio Público.

La decisión fue adoptada por la juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Clara Montenegro, durante una audiencia celebrada el jueves 10 de septiembre. Al sospechoso se le imputaron los delitos de corrupción de servidores públicos y delincuencia organizada, ambos en calidad de autor.

Antes de ordenar su detención, el Tribunal de Garantías declaró legal la aprehensión y el allanamiento excepcional, además de dar por presentada la formulación de cargos. La investigación es desarrollada por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y fue sustentada durante la audiencia por la fiscal Elizabeth Carrión.

La defensa del imputado estuvo a cargo de la defensora pública Melissa Pineda. Después de escuchar los argumentos de ambas partes, la juez concluyó que la privación de libertad era necesaria, idónea y proporcional, considerando la gravedad de los hechos investigados y la naturaleza de los delitos atribuidos.

Entre los riesgos procesales identificados figuran el peligro de fuga, la posible afectación de pruebas y el riesgo para la sociedad. El tribunal también consideró que existen suficientes elementos para vincular al hombre con la investigación, aunque la imputación no constituye una sentencia y permanece vigente la presunción de inocencia.

La pesquisa comenzó en 2023, cuando el sospechoso presuntamente entregó dinero a servidores públicos de la DGI mediante cuentas bancarias y otras modalidades de pago. A cambio, los funcionarios habrían intervenido la plataforma utilizada por la institución para incorporar créditos fiscales que no tenían respaldo legítimo.

Los créditos fiscales representan montos reconocidos a favor de un contribuyente y pueden utilizarse para compensar determinadas obligaciones tributarias. Cuando son creados sin sustento y cargados al sistema oficial, reducen artificialmente los impuestos que deben pagarse y pueden ocasionar pérdidas directas al Estado, además de favorecer su transferencia o comercialización irregular.

La información divulgada por las autoridades no precisa cuántos funcionarios habrían participado, cuántas operaciones fueron realizadas ni quiénes se beneficiaron de los créditos. Tampoco identifica públicamente al imputado. Esos elementos deberán establecerse conforme avance la investigación patrimonial, bancaria y tecnológica, cuyo expediente permanece abierto.

Este proceso no corresponde al denominado caso Pandora y las autoridades no han informado sobre una conexión entre ambas investigaciones. Pandora sí constituye un antecedente reciente de presunta manipulación del sistema tributario, porque también examina la creación, transferencia y comercialización de créditos fiscales irregulares dentro de la DGI.

En el caso Pandora, las pesquisas se han concentrado en presuntas alteraciones realizadas en la plataforma E‑Tax 2.0 y en un perjuicio estimado en alrededor de 40 millones de dólares. La investigación reveló posibles fallas de control y acceso que habrían permitido modificar información tributaria y dar apariencia de legitimidad a créditos sin respaldo económico.

Otros expedientes conocidos como E‑Tax 2.0 y Publicano también han colocado bajo escrutinio la seguridad de la plataforma administrada por la DGI. En esas investigaciones se reportaron funcionarios detenidos e imputaciones relacionadas con la creación de créditos ficticios, aunque cada expediente posee hechos, participantes y montos diferentes.

La coincidencia entre estos procesos está en el mecanismo investigado: el presunto aprovechamiento de accesos internos y controles insuficientes para modificar registros con consecuencias sobre la recaudación. No significa que todos formen una sola estructura criminal ni que las personas investigadas estén vinculadas entre sí; esa relación tendría que ser acreditada judicialmente.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ha advertido que la manipulación del sistema E‑Tax afecta no solamente las finanzas públicas, sino también la seguridad jurídica y la confianza de los contribuyentes. El gremio planteó la necesidad de fortalecer los controles, revisar los permisos internos y determinar responsabilidades administrativas y penales.

El Ministerio Público deberá ahora reconstruir la ruta del dinero entregado presuntamente a los funcionarios, identificar las modificaciones efectuadas y determinar quiénes aprovecharon los créditos. También tendrá que demostrar que existió una organización con división de funciones, requisito relevante para sostener la imputación por delincuencia organizada.

La detención provisional no establece la culpabilidad del investigado, pero permite mantenerlo privado de libertad mientras continúa la recopilación de pruebas. El caso vuelve a exponer la vulnerabilidad de un sistema que administra recursos públicos y la necesidad de que los accesos, cambios y autorizaciones dentro de la plataforma tributaria sean auditables y verificables en tiempo real.

Dos nuevas muertes por influenza en Panamá fueron incorporadas por el Ministerio de Salud (Minsa) durante la semana epidemiológica 33, comprendida entre el 16 y el 22 de agosto. Con estos registros, el acumulado nacional aumentó de 61 a 63 fallecimientos en lo que va de 2026.

La actualización mantiene a los adultos mayores como el grupo más afectado por las complicaciones mortales. De las 63 defunciones registradas, el 61.9% correspondió a personas de 65 años o más, mientras que los menores de un año y los adultos de 60 a 64 años representaron conjuntamente el 9.5%.

El historial de vacunación también expone una característica recurrente entre las víctimas. El Minsa informó que el 98.4% no había recibido la vacuna contra la influenza de la temporada actual y el 82.5% tampoco estaba vacunado contra la temporada de 2025. Además, el 82.5% tenía factores de riesgo.

Entre las condiciones asociadas con mayor frecuencia aparecen la edad avanzada y las enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales. Estos antecedentes pueden reducir la capacidad del organismo para responder a la infección y favorecer cuadros como neumonía, descompensación de enfermedades crónicas, insuficiencia respiratoria o afectación de varios órganos.

La influenza generalmente comienza con fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, cefalea, dolores musculares y cansancio intenso. Aunque muchas personas se recuperan en pocos días, la aparición de dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión, deshidratación o un deterioro repentino exige atención médica.

En niños pequeños, las señales de urgencia incluyen respiración acelerada, labios o rostro azulados, fiebre acompañada de erupciones, convulsiones y dificultad para mantenerse despiertos. También debe buscarse asistencia cuando los síntomas mejoran y después regresan con fiebre o una tos más intensa, porque puede existir una complicación secundaria.

El síndrome gripal también mostró un incremento entre ambos informes. Los casos notificados pasaron de 696 en la semana 32 a 741 durante la semana 33, una diferencia de 45 y un aumento aproximado del 6.5%. Pese a esa variación, la cifra fue inferior a los 1,236 casos observados en igual periodo de 2025.

El acumulado anual de síndrome gripal alcanzó 28,441 casos y una tasa de 615.1 por cada 100,000 habitantes. En la semana anterior se contabilizaban 27,645. La diferencia entre ambos acumulados supera los casos reportados en el último periodo, lo que puede responder a actualizaciones incorporadas posteriormente al sistema de vigilancia.

Las infecciones respiratorias agudas graves, categoría que incluye bronconeumonías y neumonías, permanecieron estables. El reporte pasó de 483 a 482 casos semanales, apenas uno menos. Sin embargo, el acumulado aumentó de 12,833 a 13,379, con una tasa de 289.4 casos por cada 100,000 habitantes.

Una infección respiratoria puede volverse mortal cuando los pulmones dejan de oxigenar adecuadamente la sangre, aparece sepsis o se descompensa una enfermedad previa. El riesgo aumenta en adultos mayores, bebés, embarazadas, personas inmunosuprimidas y pacientes con problemas cardíacos, pulmonares, renales o metabólicos, especialmente si demoran la consulta médica.

En malaria, el total acumulado pasó de 5,062 a 5,186 casos, una diferencia de 124. Sin embargo, este aumento no representa únicamente contagios detectados durante la semana 33: el Minsa notificó 11 casos recientes e incorporó otros 113 correspondientes a periodos anteriores.

La malaria suele provocar fiebre, escalofríos y dolor de cabeza, síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades febriles. En sus formas graves puede causar cansancio extremo, alteración de conciencia, convulsiones, dificultad respiratoria, orina oscura, ictericia o sangrado. Sin tratamiento, algunas infecciones pueden avanzar rápidamente y resultar mortales.

Los registros de fiebre por hantavirus también aumentaron de 17 a 19 casos acumulados. El informe incluye un caso notificado durante la semana 33 y otro correspondiente a semanas anteriores. El síndrome cardiopulmonar por hantavirus, la manifestación más peligrosa de la infección, se mantuvo en 16 casos durante 2026.

La enfermedad puede comenzar con fiebre, dolor de cabeza, molestias musculares, náuseas, vómitos o dolor abdominal. El cuadro se vuelve crítico cuando aparecen tos, falta de aire, acumulación de líquido en los pulmones, presión arterial baja y choque. En América, este síndrome puede presentar una elevada proporción de desenlaces mortales.

El chikungunya aumentó de cuatro a seis casos, uno de ellos importado, mientras la leishmaniasis pasó de 1,719 a 1,762. Leptospirosis avanzó de 37 a 39 mediante actualizaciones de semanas anteriores y mpox subió de seis a ocho, aunque no se reportaron infecciones nuevas en el periodo analizado.

Las cifras confirman que la reducción general frente a 2025 no elimina el riesgo individual de sufrir complicaciones graves. Fiebre con dificultad respiratoria, sangrado, convulsiones, confusión o deterioro acelerado requiere valoración inmediata. La vacunación, el diagnóstico oportuno y evitar la automedicación continúan siendo las principales barreras frente a desenlaces mortales.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen contará con un presupuesto de $526,5 millones para 2027, cifra que representa un incremento de $139,8 millones frente a los $386,7 millones aprobados para 2026.

El aumento equivale al 36,2% y estará concentrado principalmente en la ejecución de obras para ampliar la capacidad operativa de la terminal.

La inversión pasará de $111,1 millones en 2026 a $225,6 millones durante el próximo ejercicio fiscal, un crecimiento de $114,5 millones, equivalente al 103%. Con esta variación, los recursos destinados a infraestructura se duplicarán y elevarán su participación dentro del presupuesto total, del 28,7% al 42,8%.

Los gastos de funcionamiento alcanzarán los $300,9 millones en 2027, frente a los $275,6 millones asignados este año. La diferencia es de $25,3 millones, equivalente al 9,2%, mientras que los servicios personales permanecerán sin aumento y conservarán una partida de $53,8 millones.

El incremento responde al crecimiento previsto del movimiento aeroportuario. Tocumen calcula cerrar 2026 con aproximadamente 23,1 millones de pasajeros y recibir 25,4 millones durante 2027. Esto supondría 2,3 millones de viajeros adicionales y un aumento cercano al 10% en un año, según las estimaciones presentadas ante los diputados.

Entre las principales intervenciones aparece el proyecto Muelle Sur, cuyo precio de referencia asciende a $208,75 millones. La estructura será conectada con la Terminal 2 e incorporará diez puertas de abordaje de contacto, cuatro salas destinadas a posiciones remotas y una plataforma para el traslado de pasajeros en autobuses.

La obra comprenderá alrededor de 21.097 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, además de una nueva plataforma, calles de rodaje, iluminación, drenajes y sistemas de combustible. También permitirá reconfigurar las posiciones 220, 221 y 222, con un plazo estimado de 30 meses de construcción y 12 de mantenimiento.

Otro proyecto contempla el estudio, diseño, construcción y mantenimiento de la ampliación integral del campo de vuelo, con una inversión estimada de $98 millones. Los trabajos abarcarán pistas, plataformas y calles de rodaje, además de ocho posiciones remotas para recibir aeronaves de diferentes dimensiones y configuraciones operativas.

Las nuevas posiciones estarán ubicadas cerca del muelle norte de la Terminal 1 y podrán atender aeronaves de código C, como el Boeing 737, con compatibilidad para modelos de código E, como el Boeing 777. Su ejecución requerirá aproximadamente 27 meses, seguidos por un periodo de mantenimiento de 12 meses.

Tocumen también prevé avanzar con la modernización integral de la Terminal 1, mediante una licitación cuyo precio de referencia alcanza los $22,2 millones. Paralelamente, continúa la rehabilitación de las dos pistas y sus calles de rodaje, un proyecto de $56,9 millones que registra 75% de avance.

La planificación incluye otros $12 millones para las fases cuatro y cinco del sistema de equipaje. Una vez concluidas las ampliaciones proyectadas, el aeropuerto dispondrá de 64 puentes de abordaje y 20 posiciones remotas, para una capacidad conjunta de 84 espacios para aeronaves en sus terminales y plataformas.

Dentro del programa anual, 12 proyectos estratégicos concentrarán $143,2 millones de la inversión prevista, equivalentes al 63% del total. Otros $13,5 millones financiarán once intervenciones en aeropuertos regionales, mientras que el portafolio completo estará integrado por 86 proyectos administrados por Tocumen S.A.

La empresa proyecta obtener durante 2027 ingresos corrientes por $398,1 millones. Cerca del 64% procederá de actividades aeronáuticas y el 36% de operaciones no aeronáuticas. Hasta el 31 de julio de 2026 había recaudado $212,1 millones, el 99% de la meta programada para ese periodo.

Actualmente, Tocumen mantiene conexiones con 93 destinos ubicados en América y Europa, atendidos por 15 aerolíneas de pasajeros y otras 15 compañías de carga. El nuevo presupuesto busca acompañar esa red con mayor capacidad, mientras el aeropuerto se prepara para superar los 30 millones de viajeros hacia 2030.

Panamá Travel Pro, una plataforma gratuita de capacitación en línea dirigida a agentes de viajes, mayoristas, operadores turísticos y diseñadores de experiencias fue lanzada este jueves.

La herramienta busca que los profesionales internacionales conozcan mejor el país y puedan comercializarlo con información suficiente sobre sus destinos, atractivos y productos turísticos.

La iniciativa aparece pocas semanas después de la presentación de “Panamá, Anfitrión del Mundo”, la nueva marca país que busca construir una identidad común. Aunque el turismo ocupa un lugar importante, la estrategia también comprende inversiones, exportaciones, cultura, conectividad y capacidad productiva, por lo que trasciende la promoción de viajes.

Ambas herramientas tienen puntos de contacto. La marca define los atributos con los cuales Panamá quiere presentarse internacionalmente, mientras Panamá Travel Pro convierte parte de esa narrativa en contenido práctico para quienes recomiendan destinos.

El objetivo es que estos profesionales puedan preparar itinerarios y responder con mayor seguridad a sus clientes.

La plataforma organiza la capacitación en tres módulos. “Descubre Panamá” aborda la ubicación, conectividad, biodiversidad, cultura y gastronomía, además del turismo de reuniones.

También presenta la posibilidad de combinar distintos productos dentro de un territorio pequeño, una ventaja para diseñar viajes con varias experiencias durante una misma estadía.

El módulo “Destinos clave” recorre Ciudad de Panamá, Taboga, Bocas del Toro, Boquete, la Riviera Pacífica, la costa pacífica de Veraguas, Los Santos y Portobelo.

La selección permite ampliar la oferta más allá de la capital y orientar a los vendedores sobre las características particulares de cada región.

“Experiencias inolvidables”, el tercer componente, incluye comunidades indígenas, cultura afropanameña, folclore y festivales, junto con alternativas de aventura, naturaleza e islas. La propuesta intenta que los agentes no dependan exclusivamente de los circuitos tradicionales y puedan construir programas ajustados a diferentes perfiles de viajeros.

El curso está disponible en español, inglés y portugués, idiomas vinculados con varios de los principales mercados emisores. Cada participante puede avanzar de acuerdo con su propio ritmo y recibe un certificado al terminarlo. El acceso se ofrece mediante el portal Panamá Travel Pro y aplicaciones gratuitas para dispositivos iOS y Android.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, sostuvo que un profesional que domina el destino recomienda con criterio, prepara mejores itinerarios y genera más reservas.

También consideró que formar a quienes comercializan el país constituye una inversión rentable para la promoción turística internacional.

La plataforma, sin embargo, atiende principalmente el conocimiento de quienes venden Panamá y no resuelve por sí sola la calidad del servicio que encuentra el viajero al llegar.

Las críticas recurrentes sobre atención, hospitalidad y preparación del personal requieren capacitación directa para hoteles, restaurantes, transportistas, comercios y operadores locales.

Los profesionales panameños también pueden utilizar la herramienta, lo que abre una oportunidad para reducir esa brecha. Su alcance dependerá de cuántos prestadores locales completen realmente la formación y apliquen lo aprendido. Un certificado acredita conocimientos sobre el destino, pero la experiencia del visitante se define durante la prestación del servicio.

El lanzamiento coincide con un crecimiento importante de la actividad. Panamá recibió 1.755.998 visitantes internacionales entre enero y junio de 2026, un incremento del 17,4% frente al mismo periodo del año anterior.

El resultado constituye el mejor primer semestre registrado por el país, segun la ATP.

“Panamá, Anfitrión del Mundo” fue desarrollada con recursos del Fondo de Promoción Turística y un presupuesto de $6,5 millones para dos años. El Gobierno anunció que promoverá una ley para darle continuidad, evitar que sea reemplazada con cada administración y permitir actualizaciones sin modificar su identidad central.

El desafío será convertir el crecimiento estadístico y la nueva narrativa internacional en una experiencia coherente. Panamá Travel Pro puede mejorar la manera en que el destino se explica y comercializa, pero el posicionamiento dependerá de que esa promesa coincida con la atención, infraestructura y calidad encontradas por cada visitante.

El Gobierno convocó a una segunda reunión para analizar alternativas al proyecto de ley 226, aprobado por la Asamblea Nacional para ampliar los descuentos de jubilados, pensionados y adultos mayores. El encuentro fue programado tentativamente para el 15 de septiembre en el Palacio de las Garzas, con participación de los sectores enfrentados por la propuesta.

La convocatoria surgió después de que el presidente José Raúl Mulino recibiera a representantes de los jubilados, gremios empresariales y propietarios de farmacias.

Las partes acordaron establecer un mecanismo formal de diálogo antes de la decisión presidencial, debido a que la iniciativa todavía puede ser sancionada o vetada total o parcialmente por el Ejecutivo.

El análisis será realizado por delegados de los jubilados y del sector privado, junto con el Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de la Presidencia. El ministro Juan Carlos Orillac aseguró que existen coincidencias en algunos artículos, aunque no detalló cuáles disposiciones alcanzaron consenso ni qué modificaciones podrían incorporarse al texto aprobado.

El proyecto recibió 47 votos favorables y uno en contra durante el tercer debate legislativo. La propuesta modifica la Ley 6 de 1987 y mantiene como beneficiarias a las mujeres desde los 55 años y los hombres desde los 60, además de los jubilados y pensionados, independientemente de la edad que tengan al solicitar los descuentos.

Uno de los cambios más discutidos eleva del 20% al 30% la rebaja obligatoria en medicamentos. También incorpora un 15% para insumos de salud e higiene, 20% en pañales desechables para adultos y 25% en sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, camas hospitalarias y otros equipos destinados a personas con movilidad reducida.

La iniciativa añade una reducción del 30% en internet y televisión por cable para contratos residenciales de hasta $50 mensuales. En el servicio de agua, el beneficio aumentaría del 25% al 30%, siempre que el consumo no supere $30 y la cuenta corresponda a la vivienda principal del beneficiario.

En el sector financiero, la reducción sobre la tasa de los préstamos hipotecarios para vivienda propia pasaría del 1% al 2%. Además, se aplicaría un descuento del 15% en anualidades de tarjetas de crédito y débito, así como en pólizas contratadas para asegurar determinados productos bancarios o financieros.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá había solicitado al presidente vetar completamente el proyecto de ley 226. El gremio advirtió que ampliar los beneficios sin evaluar su impacto podría elevar los costos operativos, distorsionar los precios y trasladar a las empresas obligaciones correspondientes a una política social del Estado.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa también expresó su rechazo y alertó que los descuentos obligatorios podrían generar mayores costos para los negocios, especialmente para pequeñas y medianas empresas con márgenes limitados. APEDE cuestionó que la ampliación fuera aprobada sin suficientes estudios técnicos sobre sus consecuencias económicas, tributarias y fiscales.

Una de las disposiciones más sensibles permite que todos los beneficios concedidos sean reconocidos como crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta. Actualmente, ese tratamiento está limitado principalmente a restaurantes y establecimientos de comida rápida. El Ministerio de Economía y Finanzas advirtió que extenderlo podría reducir la recaudación y afectar la sostenibilidad fiscal.

El sector empresarial también ha señalado que la propuesta podría generar aumentos en los precios regulares para compensar los descuentos. Los efectos serían especialmente relevantes en farmacias, hoteles, restaurantes, bancos, aseguradoras y empresas de telecomunicaciones, cuyos servicios quedarían sometidos a beneficios ampliados o incorporados por primera vez dentro de la legislación panameña.

Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, moderó su posición después del encuentro con Mulino y consideró positiva la apertura del diálogo. Explicó que los consensos alcanzados servirán de orientación para la decisión presidencial, pero insistió en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los jubilados y la realidad financiera de los establecimientos obligados.

Los gremios de jubilados defienden la reforma como una actualización necesaria de una ley aprobada hace casi cuatro décadas. Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, había solicitado la sanción presidencial del proyecto, argumentando que los beneficios aliviarían el costo de medicamentos, servicios básicos y productos indispensables para personas con pensiones reducidas.

Tras la primera reunión, Cortés afirmó que el diálogo fue fructífero y que la propuesta continuaba bajo análisis. El dirigente manifestó que esperan obtener resultados favorables para jubilados y pensionados, con el objetivo de conseguir el mejor texto posible para los adultos mayores, en lugar de cerrar la discusión entre una aprobación sin cambios y un veto completo de la iniciativa.

Alicia Jiménez, presidenta de Fedecámaras, sostuvo que los beneficios deben quedar correctamente calibrados con las condiciones de propietarios de negocios y farmacias. La discusión se concentra ahora en determinar quién asumirá realmente el costo de los nuevos descuentos y cómo evitar que las rebajas terminen reflejándose en mayores precios, menor oferta o presiones adicionales sobre las finanzas públicas.

Mientras el Ejecutivo adopta una decisión, los porcentajes propuestos todavía no pueden ser exigidos. La Ley 6 de 1987 conserva plena vigencia y los comercios deben aplicar únicamente los beneficios actuales. La reunión del 15 de septiembre buscará acercar posiciones antes de que Mulino decida si sanciona, modifica mediante veto parcial o devuelve completamente el proyecto a la Asamblea.

El Ministerio de Salud licitará por $4.8 millones la remodelación y el equipamiento de la morgue, el laboratorio de patología y la sala de autopsias del Hospital Santo Tomás. El proyecto busca ampliar la capacidad para conservar cadáveres y corregir fallas de refrigeración, drenaje y bioseguridad acumuladas durante más de dos décadas.

La morgue fue inaugurada en 2003 y actualmente registra una demanda superior a su capacidad instalada. Durante 2024 recibió un promedio de 119 cuerpos mensuales, equivalentes a cuatro diarios, para un total estimado de 1,424 ingresos. Sin embargo, dispone de alrededor de 40 espacios simultáneos, varios en condiciones subóptimas.

Las 27 gavetas mortuorias originales presentan problemas en los sistemas de refrigeración y deterioro en puertas y soportes. Tampoco cuentan con drenajes adecuados para su limpieza y desinfección. Los equipos fueron descontinuados por el fabricante, lo que impide conseguir repuestos y realizar las reparaciones necesarias para recuperar su funcionamiento.

El cuarto frío, concebido para almacenar desechos orgánicos y cadáveres no reclamados, tiene capacidad para 20 cuerpos. Durante la pandemia de covid-19 llegó a albergar hasta 60, una sobreocupación que demostró las limitaciones del área y complicó el manejo sanitario y digno de los fallecidos.

Para enfrentar la emergencia, el hospital adquirió una morgue modular con capacidad para 40 bandejas mortuorias. La unidad permitió atender temporalmente el aumento de ingresos, pero no solucionó los problemas de la infraestructura original ni respondió de forma permanente a las necesidades operativas del servicio de patología.

La nueva instalación podrá conservar hasta 53 cuerpos mediante sistemas de refrigeración y congelación. Las cámaras incorporarán mecanismos automáticos de lavado y desinfección, además de equipos para introducir y extraer los cadáveres, con el objetivo de reducir la manipulación manual y la exposición del personal a agentes biológicos.

La construcción se desarrollará en el mismo Hospital Santo Tomás, en el nivel 000 del edificio de Especialidades, ubicado en el corregimiento de Calidonia. Los trabajos no implican trasladar la morgue hacia otro terreno, sino renovar completamente las áreas existentes destinadas a patología, almacenamiento de cuerpos y realización de autopsias.

Las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas el 15 de septiembre de 2026, hasta las 9:00 de la mañana. La fecha original era el 31 de agosto, pero fue modificada mediante una adenda. La contratación se realizará bajo la modalidad de mejor valor y será adjudicada de manera global.

El precio de referencia quedó fijado en $4.8 millones, aunque el estudio de mercado había calculado un costo promedio de $5.76 millones, incluido el ITBMS. El pliego establece que cualquier oferta superior a $5.04 millones será considerada onerosa, al rebasar en más de 5% el monto establecido para la licitación.

La obra abarcará los estudios, diseños, planos, descontaminación y demolición requeridos para transformar el espacio. También se renovarán paredes, pisos, cielos rasos, instalaciones eléctricas, plomería, drenajes y redes de comunicación, junto con los sistemas de videovigilancia, detección de incendios, control de acceso y tratamiento de las aguas residuales.

Uno de los cambios principales será la construcción de una sala de autopsias con nivel de bioseguridad BSL-3, diseñada para trabajar con agentes infecciosos que pueden transmitirse por el aire y causar enfermedades graves. El área tendrá acceso restringido, presión negativa, filtración especializada y controles para evitar la dispersión de aerosoles contaminados.

Las nuevas condiciones buscan proteger al personal frente a riesgos como el virus de inmunodeficiencia humana, la tuberculosis y las hepatitis B y C. El diseño separará los recorridos del personal, los cadáveres y los familiares, evitando cruces dentro del servicio y mejorando la privacidad durante la entrega y el reconocimiento de los cuerpos.

El equipamiento médico y no médico incluye mesas de autopsia, carros para trasladar e introducir cadáveres, cámaras frigoríficas y unidades de congelación. También contempla sierras, balanzas, microscopios, autoclaves y gabinetes de bioseguridad, además de camillas, refrigeradores, mobiliario de acero inoxidable y equipos especializados para lavado y desinfección.

La climatización será reemplazada por un sistema capaz de controlar la temperatura, la humedad, la presión diferencial y la calidad del aire. Las instalaciones BSL-3 contarán con filtros de alta eficiencia y ventilación sin recirculación de aire contaminado, mientras los equipos esenciales permanecerán conectados a la planta eléctrica de emergencia del hospital.

El contratista tendrá 14 meses para completar la remodelación desde la emisión de la orden de proceder. Después deberá proporcionar 36 meses de mantenimiento preventivo, correctivo y operativo para los equipos médicos e industriales, más dos meses para la liquidación contractual. También tendrá que capacitar al personal y atender emergencias durante las 24 horas.

La reunión de homologación reunió a 13 empresas: Copisa, Panamerican BC, Gerencias de Obras Civiles, Servicios y Maquinarias del Istmo, Constructora Nova, Constructora Mercosur y CTL Ingeniería. También participaron Pilot Construction, Alpha Mediq, Airtech International, Ingeniería REC, Construcciones y Mantenimiento General y Riefas Group.

Con la intervención, la capacidad estable pasará de los aproximadamente 40 espacios disponibles a 53, mientras serán reemplazados equipos sin repuestos y áreas que no cumplen las condiciones requeridas.

La remodelación permitirá integrar conservación, autopsias, análisis patológicos y controles de bioseguridad, dentro de una infraestructura preparada para la demanda regular y eventuales emergencias sanitarias.

La Operación Fisher llegó a una fase decisiva casi cinco años después de su ejecución, con un fallo que estableció responsabilidades por blanqueo de capitales y asociación ilícita. El proceso fue seguido contra 14 personas naturales y dos sociedades jurídicas, investigadas por su presunta participación en una estructura vinculada con el tráfico internacional de drogas.

El Tribunal de Juicio de la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada comunicó su decisión el 9 de septiembre, luego de valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público y las defensas. El debate comenzó el 23 de julio de 2025 y se extendió durante más de 13 meses, una duración excepcional para un juicio penal en Panamá.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Anabel Varela Lara, en calidad de presidenta; Dieter Targanski Gómez, como relator; y Baloisa Marquínez Morán, como tercer juez. Algunos de los procesados participaron presencialmente y otros permanecieron conectados de manera virtual durante la audiencia en la que se comunicó el sentido del fallo.

Después de las deliberaciones, los jueces declararon probada la teoría del Ministerio Público respecto de 11 procesados por el delito de blanqueo de capitales. En cuanto a la asociación ilícita para delinquir, el Órgano Judicial informó que quedó establecida la responsabilidad penal de seis de las personas acusadas.

Las cifras no deben sumarse como si correspondieran a grupos distintos, porque algunos procesados pudieron ser declarados responsables por ambos delitos. Aunque el Ministerio Público mencionó siete condenas relacionadas con la asociación ilícita, el informe del Órgano Judicial señaló seis. La sentencia permitirá precisar el alcance individual de las decisiones adoptadas.

El tribunal también concluyó que dos personas jurídicas fueron creadas con el propósito de convertir dinero procedente de actividades ilícitas en fondos y bienes aparentemente legítimos. Las sociedades habrían formado parte del mecanismo utilizado para incorporar los recursos a actividades económicas y ocultar la procedencia atribuida al narcotráfico.

La decisión no fue condenatoria en todos sus extremos. Los jueces consideraron que la asociación ilícita no quedó probada respecto de dos investigados y ordenaron la liberación inmediata de uno de ellos, quien permanecía bajo detención provisional. El proceso continuaría con la individualización judicial de las sanciones correspondientes.

La Operación Fisher fue ejecutada en diciembre de 2021, después de una investigación dirigida por las fiscalías superiores especializadas en delitos relacionados con drogas. El objetivo era desarticular una red criminal presuntamente relacionada con el Clan del Golfo, que operaba desde las costas de Colón y utilizaba Panamá como ruta para trasladar cargamentos hacia el norte del continente.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la organización recibía y almacenaba grandes cantidades de droga procedentes de Colombia en sectores de Costa Arriba y Costa Abajo. Posteriormente, las sustancias eran ocultadas en vehículos y trasladadas a través del territorio nacional antes de continuar hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Los vehículos utilizados habían sido acondicionados con compartimentos de doble fondo para esconder los cargamentos, mientras que otras cantidades eran introducidas en cilindros de gas, llantas y espacios clandestinos. Después del recorrido terrestre, la droga era movilizada hacia el norte mediante lanchas rápidas empleadas por la organización.

Como resultado de la operación, las autoridades reportaron la incautación de 1.5 toneladas de drogas y cerca de 10 millones de dólares en efectivo. También fueron identificados aproximadamente 20 millones de dólares en activos, incluidos al menos 38 vehículos de alta gama y armas de fuego relacionados con la investigación.

El proceso no se concentró únicamente en el traslado de las sustancias ilícitas. Las investigaciones también abarcaron el movimiento del dinero generado por las actividades criminales, la adquisición de bienes y el uso de sociedades jurídicas. Esos elementos sustentaron las acusaciones presentadas por blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.

Antes del inicio del juicio, el Ministerio Público alcanzó casi 30 acuerdos de pena durante la etapa intermedia del proceso. Estos convenios produjeron condenas y permitieron decomisar propiedades y dinero, mientras que los acusados que no llegaron a acuerdos continuaron sometidos al debate oral iniciado en julio de 2025.

La audiencia de individualización judicial fue programada para el 11 de septiembre, cuando las partes debían presentar sus argumentos sobre las sanciones aplicables. La lectura de la sentencia quedó fijada para el 6 de octubre a las 9:00 de la mañana, fecha en la que se conocerán las penas y la fundamentación completa de la decisión.

El fallo representa el resultado de una investigación desarrollada desde 2021 y de un juicio prolongado por más de un año. Sin embargo, el proceso no concluye con la comunicación del sentido condenatorio, debido a que todavía debe leerse la sentencia y posteriormente podrán presentarse los recursos establecidos dentro del sistema penal panameño.

El flujo migratorio inverso, que describe el desplazamiento de personas desde el norte hacia el sur del continente, sumó 6,293 ingresos a Panamá hasta el 7 de septiembre de 2026.

El movimiento ocurre en sentido contrario a la ruta utilizada durante años para llegar a Estados Unidos y está compuesto, principalmente, por migrantes que desistieron de continuar su viaje.

El cambio comenzó a intensificarse en 2025, después de la suspensión de mecanismos para solicitar asilo y el endurecimiento de los controles migratorios estadounidenses. Miles de personas quedaron varadas o sin posibilidades de ingresar legalmente a ese país, por lo que decidieron regresar a Sudamérica, aun cuando hacerlo implicaba recorrer nuevamente varios países y asumir elevados costos.

Durante todo 2025, Panamá contabilizó 22,833 personas dentro de este movimiento norte-sur. Al sumar los 6,293 registros acumulados hasta el 7 de septiembre de 2026, el país ha recibido 29,126 migrantes en flujo inverso desde el año pasado, de acuerdo con los reportes oficiales divulgados por el Servicio Nacional de Migración.

La frontera panameña con Costa Rica dispone de tres puntos formales de ingreso: Paso Canoas y Río Sereno, en Chiriquí, y Guabito, en Bocas del Toro. Sin embargo, la ruta coordinada para atender este movimiento se ha concentrado principalmente en Paso Canoas, desde donde los migrantes son trasladados hacia instalaciones bajo supervisión institucional.

El esquema es descrito por las autoridades como un flujo controlado porque los traslados son coordinados entre Costa Rica y Panamá, con registros migratorios y transporte hacia las zonas de salida.

Esto no significa que cada desplazamiento esté completamente vigilado: también persisten movimientos por cuenta propia y riesgos asociados con redes de tráfico, particularmente en los trayectos marítimos.

Después de entrar por la frontera occidental, los viajeros son movilizados hacia Panamá oriental para continuar a Colombia sin atravesar la selva del Darién. Puerto Miramar y Puerto Palenque, en Colón, han funcionado como puntos de embarque, mientras Puerto Obaldía permite atender inadmitidos y facilitar la salida marítima hacia comunidades colombianas cercanas a la frontera.

El informe del 7 de septiembre señala que 16 migrantes permanecían en la Estación Temporal de Recepción Migratoria de Darién, dos esperaban en Puerto Miramar el zarpe previsto para el día siguiente y ninguno estaba en Puerto Obaldía. Estas cifras reflejan existencias puntuales en las instalaciones, no el acumulado de personas movilizadas durante el año.

Venezuela domina ampliamente la composición del flujo inverso de 2026, con 5,754 personas, equivalentes a más del 91% del total. Le siguen Colombia con 222, Ecuador con 74 y Estados Unidos con 64, categoría que corresponde a hijos de migrantes irregulares nacidos en ese país. Otras nacionalidades agruparon 179 registros.

Los datos mensuales muestran una reducción desde los 1,250 ingresos contabilizados en enero hasta 537 en mayo, aunque junio subió a 622 y agosto alcanzó 568. Septiembre acumulaba 170 hasta el día 7. En las semanas recientes, el movimiento pasó de 253 personas entre el 20 y el 27 de agosto a 166 entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre.

La comparación interanual evidencia una desaceleración. Al 7 de septiembre de 2025 se habían registrado 17,530 migrantes en dirección norte-sur, frente a 6,293 este año, una disminución de 11,237 personas o aproximadamente 64%. Venezuela también encabezaba entonces el movimiento con 16,431 viajeros, seguida de Colombia con 571, Perú con 129 y Ecuador con 118.

En paralelo, el tránsito irregular en sentido tradicional a través del Darién sumó 481 personas durante 2026: 422 adultos y 59 menores. Agosto tuvo la cifra mensual más alta, con 148 cruces, seguido de junio con 102. Entre los viajeros figuraban 240 venezolanos, 85 colombianos, 68 ecuatorianos y 88 ciudadanos de otras nacionalidades.

Ese resultado contrasta con los 2,944 cruces reportados hasta el 7 de septiembre de 2025, cuando enero concentró 2,229. La reducción interanual alcanza aproximadamente 84%, aunque el registro de 2026 muestra repuntes puntuales y no una desaparición completa de la ruta. El día previo al último informe no se notificaron nuevas llegadas por Darién.

El reporte también contabilizó 3,562 personas deportadas o expulsadas durante 2026, de las cuales 2,816 correspondieron a deportaciones y 746 a expulsiones. Del total, 3,045 eran hombres y 517 mujeres.

Colombia encabezó las nacionalidades con 2,035 casos, seguida de Ecuador con 484, India con 237 y otros países con 806 personas.

Mediante el acuerdo con Estados Unidos fueron removidas 3,060 personas: 2,625 hombres y 435 mujeres. En ese grupo hubo 1,816 colombianos, 470 ecuatorianos, 236 ciudadanos de India, 57 de Vietnam, 39 de Camerún y 442 de otras nacionalidades. Además, 134 venezolanos y cinco ecuatorianos recibieron retorno asistido.

Hasta la fecha del informe se habían realizado 73 vuelos chárter y 266 operaciones comerciales vinculadas con el acuerdo, además de tres vuelos chárter gestionados directamente por Panamá y 70 bajo el memorando de entendimiento. En 2025, el reporte de la misma fecha acumulaba 2,576 deportados y expulsados, 986 menos que en 2026.

Panamá cerró agosto con un promedio aproximado de dos homicidios diarios, una frecuencia que equivale a una muerte cada 15 horas. En los primeros ocho meses de 2026 fueron contabilizados 402 casos, frente a 385 en igual periodo de 2025, lo que representa 17 víctimas adicionales y un incremento del 4%.

El informe del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), actualizado al 31 de agosto, precisa que 394 homicidios fueron intencionales y ocho no intencionales. La primera categoría aumentó 4%, al sumar 14 casos más que los 380 registrados durante el mismo periodo del año anterior.

Solo en agosto se reportaron 50 homicidios, cinco más que en igual mes de 2025. De ese total, 49 fueron intencionales y uno no intencional. Abril continúa como el mes más violento de 2026, con 62 casos, seguido de mayo con 56, marzo con 54 y julio con 51.

El promedio de las últimas seis semanas fue de 11 homicidios intencionales por semana, mientras que entre las dos más recientes se produjo un aumento del 67%, al pasar de nueve a 15. El SIEC ubicó el comportamiento nacional en una escala “significativamente alta”, condición que también atribuyó a la provincia de Panamá.

Las rencillas delincuenciales permanecieron como la principal causa identificada, con 137 homicidios, aunque disminuyeron 14% respecto de los 160 registrados en 2025. En contraste, los casos asociados con pandillerismo aumentaron 110%, al pasar de 30 a 63, la variación absoluta más pronunciada del periodo.

También crecieron los femicidios, de nueve a 16, un incremento del 78%, mientras que las muertes durante riñas subieron de 19 a 29. Los homicidios vinculados con robos pasaron de 19 a 23 y las rencillas personales aumentaron de 21 a 22, según la clasificación preliminar.

Los casos relacionados con ajustes de cuentas bajaron de 31 a 12; los vinculados con drogas o narcotráfico, de 15 a ocho; y los pasionales, de cinco a uno. Asimismo, 24 víctimas murieron como daño colateral, tres menos que en 2025, mientras 49 expedientes permanecían bajo investigación, nueve más que el año anterior.

Dentro de los homicidios intencionales también aparecen cuatro casos por evasión, cuatro por violencia doméstica, uno por cumplimiento del deber y uno por encargo. Entre los ocho hechos no intencionales, seis correspondieron a acciones policiales y dos a defensa. El informe no registró homicidios accidentales ni infanticidios durante el periodo.

La provincia de Panamá concentró 250 homicidios intencionales, 12 más que en 2025, seguida de Colón con 68, Panamá Oeste con 32 y Chiriquí con 19. Aunque Colón disminuyó 11% y Panamá Oeste 9%, Chiriquí experimentó un aumento del 138%, al pasar de ocho a 19.

Coclé duplicó sus casos, de seis a 12, y Los Santos pasó de uno a tres. Por el contrario, Veraguas registró la mayor reducción porcentual, con una caída del 67%, de seis a dos. Darién disminuyó de tres a dos, mientras Guna Yala y la comarca Emberá no reportaron casos.

Por distritos, Panamá encabezó la lista con 174 homicidios, seguido de San Miguelito con 73, Colón con 63 y Arraiján con 20. David y La Chorrera acumularon ocho casos cada uno, mientras Penonomé registró seis. Antón, Chagres y Chame contabilizaron cuatro homicidios cada uno.

En San Miguelito, los corregimientos con más casos fueron Belisario Frías con 21, Omar Torrijos con 15 y Arnulfo Arias Madrid con 13. En el sector este del distrito de Panamá sobresalieron Pedregal con 15, 24 de Diciembre con 14 y Tocumen con 10; mientras Cristóbal Este lideró en Colón con 15.

La tasa nacional de homicidios intencionales se situó en 8.5 por cada 100,000 habitantes. Panamá, con 15.1, y Colón, con 21.5, fueron las únicas provincias clasificadas con una tasa moderada, asociada con violencia notable que requiere atención. El resto del país quedó dentro del nivel considerado bajo.

El documento señala que 57% de las muertes ocurrió entre personas vinculadas con estructuras delincuenciales, organizadas o comunes, y que 12% de las víctimas relacionadas con esas causas eran inocentes. Las cifras son preliminares y pueden cambiar conforme avancen las investigaciones y se actualice la clasificación de cada expediente.

Panamá puso en vigencia nuevos requisitos para el etiquetado de productos cosméticos, que amplían de 24 a 81 los alérgenos de fragancias que deberán identificarse individualmente. La medida alcanza perfumes, cremas, lociones, champús y otros artículos que contengan estas sustancias por encima de los límites establecidos.

La actualización fue comunicada por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud mediante la Nota 068/SCV/DFV/DNFD-2026, fechada el 3 de agosto de 2026. El cambio incorpora los criterios del Reglamento 2023/1545, aprobado por la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica.

La normativa europea pide declarar los alérgenos cuando superen 0,001% en productos que permanecen sobre la piel, como perfumes o cremas, y 0,01% en aquellos que se enjuagan, entre ellos champús y geles. Hasta ahora, solo 24 componentes requerían identificación individual.

El cambio no significa que los 81 ingredientes estén prohibidos. La obligación consiste en informar claramente su presencia en la lista de componentes, de manera que las personas sensibilizadas puedan reconocerlos y evitar su uso.

Algunas sustancias sí tienen restricciones o prohibiciones adicionales, pero esas condiciones dependen de su evaluación toxicológica particular.

La Comisión Europea explica que la alergia de contacto constituye una reacción específica del sistema inmunitario que puede mantenerse durante toda la vida. Tras exposiciones repetidas puede aparecer dermatitis, mientras una persona ya sensibilizada puede reaccionar ante concentraciones menores, con enrojecimiento, picazón, inflamación o lesiones similares a un eccema.

Los productos introducidos por primera vez en el mercado panameño desde el 1 de agosto de 2026 deben cumplir las nuevas exigencias. La fecha determinante no es cuándo fueron fabricados, sino cuándo comenzó su comercialización, una diferencia importante para identificar cuáles mercancías necesitan etiquetas ajustadas a la lista ampliada.

Los cosméticos que fueron introducidos hasta el 31 de julio de 2026 podrán continuar vendiéndose hasta el 31 de julio de 2028, aunque mantengan el etiquetado anterior. Este periodo transitorio busca facilitar el agotamiento de inventarios y permitir que fabricantes e importadores actualicen gradualmente fórmulas, empaques y expedientes técnicos.

Héctor Rivera, socio líder de Health & Life Sciences para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, explicó que la adaptación supera el simple reemplazo de una etiqueta. Las compañías deberán revisar formulaciones, expedientes técnicos, listas de ingredientes, empaques e inventarios, además de coordinar las áreas involucradas en cada lanzamiento.

“La anticipación permite a las empresas transformar un cambio regulatorio en un proceso planificado”, señaló Rivera. El especialista indicó que identificar brechas y priorizar los productos afectados puede reducir reprocesos, retrasos o decisiones de última hora, especialmente cuando las modificaciones requieren la participación de equipos de calidad, producción, compras, mercadeo y cadena de suministro.

La lista ampliada también obliga a revisar productos que antes podían utilizar únicamente términos generales como “parfum” o “aroma”. Cuando las concentraciones superen los umbrales fijados, deberán aparecer los nombres individuales correspondientes en el empaque, permitiendo que consumidores con antecedentes alérgicos tomen decisiones basadas en información más específica sobre la composición.

Para los compradores, el principal cambio será encontrar etiquetas más extensas y detalladas. La recomendación es revisar la lista de ingredientes, especialmente cuando exista historial de dermatitis o sensibilidad a fragancias, y suspender el uso si aparecen irritación, picazón, enrojecimiento o inflamación persistente, además de buscar orientación médica.

La actualización fortalece el control preventivo, pero su efectividad dependerá de la fiscalización de productos importados y comercializados en Panamá. La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas deberá verificar que los nuevos registros, empaques y mercancías cumplan los requisitos, mientras continúa el seguimiento de alertas internacionales sobre ingredientes prohibidos o incorrectamente declarados.

Panamá acumuló 7.086 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 33, comprendida entre el 16 y el 22 de agosto de 2026. Aunque el Ministerio de Salud destacó una reducción de 30,4% frente al mismo periodo de 2025, la comparación semanal muestra un incremento de los contagios registrados.

En la semana 32, correspondiente del 9 al 15 de agosto, el país reportaba 6.616 casos acumulados. Una semana después, la cifra subió en 470, equivalente a un aumento de 7,1%, aunque parte de esa diferencia podría incluir notificaciones tardías incorporadas por el sistema de vigilancia epidemiológica.

La variación también aparece en las clasificaciones clínicas. Los pacientes sin señales de alarma pasaron de 5.767 a 6.172, mientras aquellos con síntomas que requieren vigilancia aumentaron de 810 a 874. Los cuadros graves avanzaron de 39 a 40 casos durante el periodo comparado.

Las hospitalizaciones acumuladas pasaron de 753 en la semana 32 a 815 en la siguiente, un crecimiento de 62 ingresos o 8,2%. Las muertes también aumentaron de 16 a 17, aunque el total de pacientes internados permanece 14,7% por debajo del registrado durante 2025.

La mayor variación territorial ocurrió en Colón, que pasó de 1.595 a 1.753 diagnósticos, con 158 registros adicionales. La Región Metropolitana añadió 81 y alcanzó 1.861; San Miguelito sumó 54 y Panamá Norte incorporó 48. Chiriquí reportó 45 casos más y Panamá Oeste agregó 41.

Los corregimientos con más de 100 contagios incluyen Veracruz, con 663; Puerto Pilón, con 381; y Tocumen, con 280. También figuran Sabanitas, Cristóbal Este, Burunga, Cristóbal y 24 de Diciembre. El grupo de 10 a 14 años presenta la incidencia más elevada, con 227,7 casos por cada 100.000 habitantes.

La mayoría de las infecciones produce fiebre, dolor intenso de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares o articulares, náuseas, vómitos y sarpullido. Los síntomas suelen comenzar entre cuatro y diez días después de la picadura y pueden mantenerse durante varios días, según la Organización Mundial de la Salud.

El peligro puede aparecer cuando la fiebre comienza a disminuir. Dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de encías o nariz, cansancio extremo, irritabilidad, dificultad respiratoria, piel fría o presencia de sangre requieren atención médica inmediata, porque pueden indicar pérdida de plasma, hemorragias o afectación de órganos.

El dengue se transmite principalmente mediante la picadura de hembras infectadas del mosquito Aedes aegypti. Los machos no propagan el virus porque se alimentan de néctar y otras sustancias vegetales; son las hembras las que necesitan sangre para desarrollar sus huevos y pueden adquirir el agente infeccioso al picar a una persona enferma.

Posteriormente, el insecto puede transmitirlo a otros seres humanos durante nuevas picaduras. El contagio directo entre personas no constituye la vía habitual. Los mosquitos tienen mayor actividad durante el día y depositan sus huevos en recipientes con agua estancada, incluso en cantidades pequeñas acumuladas dentro o alrededor de las viviendas.

En el escenario regional, la transmisión permanece activa, aunque con comportamientos distintos entre países. América registró en 2024 su peor epidemia documentada, con más de 12,6 millones de casos, antes de observar una reducción durante 2025. La circulación simultánea de varios serotipos continúa elevando el riesgo de cuadros graves en personas infectadas previamente.

Durante 2026 persisten focos importantes. El estado brasileño de São Paulo contabilizaba hasta el 1 de septiembre 58.271 casos y 41 muertes, con 81 municipios en condición epidémica, aunque sus cifras eran inferiores a las de los dos años anteriores. El dato muestra un panorama regional heterogéneo, sin una disminución uniforme.

El Ministerio de Salud insiste en eliminar objetos inservibles, tapar depósitos, cepillar recipientes y renovar frecuentemente el agua almacenada. También recomienda evitar la automedicación, especialmente con aspirina o ibuprofeno, porque pueden incrementar el riesgo de sangrado, y acudir a una instalación sanitaria cuando aparezcan señales de alarma o deterioro repentino.

La comparación entre las semanas 32 y 33 confirma que el acumulado nacional continuó creciendo, pese al descenso frente a 2025. Por ello, la reducción interanual no significa que la transmisión se haya detenido: el aumento de casos, hospitalizaciones y una nueva defunción evidencia que el riesgo continúa presente en varias regiones del país.

La posibilidad de contratar médicos especialistas extranjeros volvió a la agenda del Gobierno panameño, una propuesta que ha sido planteada durante distintas administraciones, pero que enfrenta resistencia gremial y dificultades para concretarse.

El debate reaparece mientras profesionales formados en el país reclaman oportunidades laborales y residencias médicas.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, confirmó que el Ejecutivo analiza recurrir a personal foráneo si no logra cubrir con panameños las vacantes existentes en especialidades críticas. La prioridad, aseguró, será contratar nacionales antes de buscar candidatos fuera del país para fortalecer la atención en hospitales públicos.

“Realmente, médicos en Panamá hay suficiente cantidad de médicos generales. Especialistas hacen falta y tenemos que ver cómo cubrimos esa necesidad”, declaró Boyd. Entre las áreas con mayor escasez mencionó cardiología, anestesiología y oncología, disciplinas que requieren varios años adicionales de formación profesional.

El anuncio surgió después de una reunión con representantes del Organismo Internacional de Energía Atómica, quienes inspeccionaron la instalación de un acelerador lineal destinado al tratamiento del cáncer.

La ampliación de la capacidad tecnológica obliga al sistema a disponer también de oncólogos, físicos médicos, radioterapeutas y personal entrenado para operar los nuevos servicios.

Sin embargo, la contratación internacional no es una idea nueva. En marzo de 2026, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social ya habían abierto una convocatoria para cubrir 71 plazas críticas, permitiendo la participación de extranjeros cuando no existieran postulantes nacionales. Los interesados debían entregar sus credenciales para verificar formación, experiencia e idoneidad.

El problema tampoco comenzó con el actual Gobierno. La Ley 69 de 2013 autorizó al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social a contratar profesionales y técnicos extranjeros en áreas deficitarias, bajo determinadas condiciones. Su aplicación ha tropezado con cuestionamientos relacionados con la idoneidad, la equiparación académica y la protección del empleo para los panameños.

Durante la pandemia, en 2020, el Gobierno consideró traer especialistas ante la presión que soportaban los hospitales. La propuesta provocó el rechazo de organizaciones médicas, que exigieron comprobar primero la disponibilidad de profesionales nacionales. El plan fue inicialmente pausado, aunque posteriormente Panamá contrató personal cubano para reforzar la respuesta contra la COVID-19.

Aquella controversia dejó una discusión que continúa vigente: traer especialistas puede cubrir una urgencia inmediata, pero no corrige las fallas de planificación, formación y distribución. Los gremios sostienen que antes de acudir al exterior deben ofrecerse nombramientos, estabilidad y condiciones adecuadas a quienes ya poseen idoneidad en Panamá.

La magnitud del déficit tampoco cuenta con una cifra oficial única y actualizada. Se ha estimado que faltan entre 3.000 y 4.000 médicos, entre generales y especialistas. El cálculo parte de una necesidad de entre 11.000 y 12.000 profesionales frente a unos 7.400 disponibles.

La estimación, sin embargo, no significa que todas esas personas puedan ser contratadas inmediatamente. El déficit incluye desigualdades territoriales y necesidades acumuladas, mientras la creación de plazas depende del presupuesto público. De esa manera, un médico puede estar disponible para trabajar y, al mismo tiempo, existir una comunidad donde la atención sanitaria continúa incompleta.

Esa contradicción también se observa en la formación. Más de 200 aspirantes aprobados quedaron sin plazas para realizar su internado médico, mientras las oportunidades de residencia para especializarse se han reducido. Sin suficientes cupos de entrenamiento, el país gradúa médicos generales, pero limita el camino que les permitiría convertirse en los especialistas que el sistema necesita.

La escasez tampoco está distribuida de manera uniforme. Las áreas urbanas concentran buena parte del recurso humano, mientras hospitales del interior y regiones de difícil acceso tienen mayores problemas para atraer y retener personal especializado. La falta de equipos, vivienda, incentivos, estabilidad familiar y posibilidades de desarrollo profesional condiciona la aceptación de plazas alejadas de la capital.

El propio Boyd reconoció que el fenómeno trasciende a Panamá. Representantes del Organismo Internacional de Energía Atómica le señalaron que la falta de especialistas afecta a toda América Latina, lo que también complica la contratación en el exterior: los países buscan perfiles similares y compiten por profesionales con experiencia en áreas de alta complejidad asistencial.

La regionalización de oncología aumentará esa demanda. El Ministerio proyecta brindar cobertura desde Bugaba para Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y las comarcas, además de extender posteriormente los servicios hacia las provincias centrales.

Instalar equipos fuera de la capital será insuficiente si cada centro no cuenta con personal capaz de atender pacientes y mantener operativa la tecnología.

Por eso, la discusión no puede reducirse a escoger entre médicos panameños o extranjeros. Una respuesta sostenible exige determinar cuántos profesionales hacen falta, en cuáles especialidades y en qué regiones, además de abrir plazas, ampliar residencias y ofrecer incentivos. La contratación externa podría resolver vacantes puntuales, pero no sustituye una política permanente de formación y retención.

El Gobierno deberá demostrar primero qué puestos permanecen desocupados después de convocar a profesionales nacionales y cuáles requisitos aplicará a los candidatos extranjeros. Sin esa información, la propuesta corre el riesgo de repetir debates anteriores: anuncios de emergencia, oposición de los gremios y pocas soluciones duraderas para pacientes que continúan esperando una consulta o procedimiento especializado.

Diputados panameños calificaron como una injerencia en las decisiones del Legislativo el comunicado mediante el cual la Embajada de China expresó su rechazo a la conformación del Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario Panamá-Taiwán y exigió a sus integrantes rectificar su posición.

Los parlamentarios consultados por Infobae defendieron que Panamá es un país democrático, libre y soberano, donde la conducción de las relaciones diplomáticas corresponde al Ejecutivo, pero la Asamblea Nacional mantiene independencia para promover intercambios legislativos. También afirmaron que la separación de poderes está reconocida constitucionalmente.

La representación del régimen de China manifestó su “fuerte descontento y enérgico rechazo” ante la iniciativa. Además, pidió a los diputados atenerse a la política exterior panameña, abandonar sus acercamientos con Taiwán y dejar de “entorpecer y socavar” las relaciones que Panamá mantiene con la República Popular China.

El presidente del grupo, el diputado Medin Jiménez, sostuvo que la iniciativa tiene carácter estrictamente parlamentario y no pretende asumir funciones diplomáticas. Según explicó, 45 legisladores firmaron su conformación, mientras otros manifestaron respaldo, pero no pudieron suscribir el documento durante su circulación por el pleno.

Jiménez rechazó el planteamiento de la Embajada china de considerar a la Asamblea como una institución que debe someterse al Ejecutivo en esta materia. “Somos un país de democracia, donde el primer órgano del Estado es la Asamblea”, declaró, al reivindicar la autonomía de los diputados para establecer vínculos con otros parlamentos.

El diputado del partido Panameñista aseguró que Panamá puede mantener intercambios con cualquier territorio, independientemente de disputas geopolíticas externas. Consideró que los conflictos entre Beijing y Taipéi pertenecen a su ámbito político y que los diputados deben concentrarse en obtener oportunidades de inversión, comercio y conocimiento que produzcan beneficios para la población panameña.

La directiva del grupo deberá reunirse ahora para definir una agenda y un plan de trabajo. Jiménez mencionó entre los asuntos prioritarios el intercambio parlamentario, las relaciones comerciales, el aprovechamiento del tratado de libre comercio y la seguridad jurídica para exportadores y productores nacionales.

También destacó la importancia de Taiwán para las exportaciones panameñas de camarón blanco. Según los datos citados por el diputado, durante el último periodo fiscal se comercializaron más de $158 millones en mariscos y otros productos, mientras una proporción relevante del camarón consumido en Taiwán tendría procedencia panameña.

Jiménez afirmó que el grupo continuará funcionando pese al rechazo de Beijing. “Ellos tienen su postura y nosotros tenemos la nuestra como panameños”, manifestó. Agregó que su creación no constituye una actuación ilegal ni supone un desconocimiento de las atribuciones que el Ejecutivo ejerce sobre la diplomacia oficial.

El diputado independiente Luis Duke coincidió en que el pronunciamiento representa una intervención en asuntos propios de la Asamblea. Explicó que los legisladores decidieron establecer una relación con el Yuan Legislativo debido al potencial taiwanés en semiconductores, tecnología, innovación y diseño de políticas públicas que podrían aportar conocimientos útiles para Panamá.

Duke aclaró que el acercamiento no modifica las relaciones diplomáticas panameñas ni contradice necesariamente los acuerdos existentes. “Nosotros no nos estamos metiendo en las relaciones diplomáticas del Estado”, señaló, antes de remarcar que se trata de decisiones parlamentarias orientadas a fortalecer el intercambio entre ambos órganos legislativos.

El diputado vinculó la iniciativa con los esfuerzos de Panamá por desarrollar capacidades relacionadas con la industria de semiconductores. Taiwán ocupa una posición central dentro de esa cadena mundial y, según Duke, su experiencia podría contribuir a las etapas de prueba, distribución y generación de conocimientos que el país pretende incorporar a su estrategia económica.

Duke confirmó que el bloque seguirá activo y celebrará reuniones para determinar sus próximos pasos. “El grupo sigue”, afirmó, al señalar que la posición expresada por la Embajada china no detendrá sus actividades ni el diálogo previsto entre la Asamblea Nacional panameña y el Yuan Legislativo de Taiwán.

Por su parte, José Pérez Barboni, del partido político Movimiento Otro Camino, calificó el comunicado como una respuesta “muy reactiva” y desafortunada. Cuestionó especialmente que la Embajada invitara a los diputados a rectificar, como si fuera incorrecto relacionarse con un territorio que varios legisladores consideran democrático, autónomo y dotado de autoridades propias.

Pérez Barboni reconoció que el Ejecutivo dirige la política exterior del Estado, pero sostuvo que cada diputado puede formar su propio criterio sobre los países o parlamentos con los cuales desea intercambiar experiencias. “Es una injerencia extranjera querer decidir” cómo deben actuar los diputads, expresó al rechazar el tono empleado por Beijing.

El parlamentario pidió a la representación del régimen chino respetar las decisiones adoptadas dentro de la Asamblea e hizo el mismo llamado al presidente José Raúl Mulino. A su juicio, los vínculos parlamentarios no deben interpretarse automáticamente como una modificación de las relaciones diplomáticas reconocidas por el Gobierno central panameño.

Mulino había marcado distancia de los viajes de diputados a Taiwán al recordar que la política exterior corresponde al Órgano Ejecutivo y que esas delegaciones no contaban con el aval de su administración. Tras la conformación del nuevo bloque, reiteró esa posición y sostuvo que la iniciativa no representa al Gobierno panameño.

Los acercamientos legislativos tampoco comenzaron con la instalación del grupo. Diputados panameños han efectuado dos viajes a Taiwán durante el actual periodo legislativo: el primero generó una disputa diplomática a finales de 2025 y una segunda delegación viajó el 31 de enero de 2026, nuevamente sin representar oficialmente al Ejecutivo.

Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en 2017 y reconoció desde entonces el principio de una sola China. Sin embargo, persisten vínculos comerciales, empresariales y académicos con la isla, argumento utilizado por los diputados para defender una instancia parlamentaria que, aseguran, no sustituye la política exterior del país.

La controversia deja abiertas dos posiciones dentro del Estado: el Ejecutivo reafirma su competencia exclusiva sobre la diplomacia, mientras los legisladores reivindican la independencia constitucional de la Asamblea Nacional. Para los integrantes del grupo, aceptar que una representación extranjera determine sus contactos supondría limitar la autonomía de uno de los órganos estatales.

Una cuenta bancaria perteneciente a un restaurante habría sido utilizada para recibir más de $51.000 generados mediante transacciones con tarjetas de crédito robadas. El dinero era retirado posteriormente en cajeros automáticos o transferido a cuentas personales, según la investigación desarrollada durante la Operación Carder.

La Procuraduría General de la Nación informó que dos personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con delitos financieros y blanqueo de capitales.

Las diligencias fueron ejecutadas por la Fiscalía Metropolitana, mediante su Sección de Delitos contra el Orden Económico, junto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial.

El esquema comenzaba con hurtos cometidos dentro de automóviles, de donde eran sustraídos artículos de valor y tarjetas bancarias. Poco después, los responsables presuntamente utilizaban los plásticos para realizar transacciones no autorizadas, antes de que las víctimas pudieran bloquearlos o denunciar su desaparición ante las entidades emisoras.

Los pagos eran procesados mediante un dispositivo móvil de punto de venta, conocido como MPOS, vinculado con la cuenta del establecimiento de comida. Los investigadores sostienen que las operaciones no correspondían a consumos reales, sino que permitían convertir el crédito disponible en dinero depositado dentro del sistema bancario.

Un MPOS permite conectar un teléfono o dispositivo portátil con una plataforma para aceptar tarjetas. Su funcionamiento es similar al de una terminal utilizada en un comercio, donde el pago se acredita en la cuenta afiliada después de registrar la compra de un producto o servicio ofrecido al cliente.

Una vez ingresados los fondos, la propietaria del restaurante supuestamente realizaba retiros en efectivo mediante cajeros automáticos. También enviaba dinero a una cuenta personal y a dos cuentas de su socio, identificado como chef, quien presuntamente le devolvía parte de las cantidades después de completar las transferencias bancarias.

La sucesión de pagos, retiros y envíos entre distintas cuentas es analizada por la Fiscalía para determinar si pretendía dificultar la identificación del origen del dinero. También deberá comprobarse si los involucrados conocían que los fondos procedían de tarjetas sustraídas y participaron deliberadamente en su movilización.

La afectación económica acumulada supera los $51.000, de acuerdo con la estimación preliminar de las autoridades. La investigación deberá establecer cuántas tarjetas fueron utilizadas y el número total de víctimas, además de determinar si otras personas participaron en los hurtos o se beneficiaron de las operaciones posteriores.

Mientras la Fiscalía seguía el recorrido digital de esos fondos, otro procedimiento puso la atención sobre el movimiento físico de efectivo. En Kuna Nega, la Policía Nacional retuvo a un ciudadano colombiano que viajaba en motocicleta, quien portaba más de $4.000 cuya procedencia no pudo justificar durante la verificación.

El caso fue remitido ante las autoridades judiciales para determinar el origen y propósito del dinero. Junto con el efectivo, distribuido parcialmente en billetes de baja denominación, fue decomisada una libreta que contenía anotaciones sobre cobros diarios, elemento que reforzó las sospechas de una posible relación con préstamos informales bajo la modalidad “gota a gota”.

Aunque esos indicios orientan la investigación, la tenencia del dinero y de la libreta no demuestra por sí sola que el ciudadano cometiera un delito. Corresponderá al Ministerio Público determinar si los fondos procedían de actividades ilícitas, identificar a posibles prestatarios y establecer si los registros encontrados están vinculados con cobros realizados mediante amenazas u otros actos delictivos.

La retención ocurrió pocos días después de que otro colombiano fuera aprehendido en Chitré, provincia de Herrera. En ese procedimiento, la Policía informó que el extranjero realizaba cobros vinculados con préstamos “gota a gota” cuando fue localizado durante la Operación Perseus. También fue verificada su condición migratoria dentro del país.

Esta modalidad, surgida y extendida principalmente desde Colombia hacia otros países latinoamericanos, ofrece préstamos rápidos sin garantías ni evaluaciones crediticias. Los clientes suelen ser comerciantes o personas excluidas de la banca, quienes deben devolver el dinero mediante cuotas diarias acompañadas de intereses elevados.

El acceso inmediato puede transformarse en una deuda difícil de pagar. Algunos cobradores recurren a amenazas, intimidación, agresiones o apropiación de bienes cuando el prestatario se atrasa. La frecuencia de los abonos también puede provocar que la persona entregue dinero constantemente sin disminuir sustancialmente la obligación acumulada.

En Panamá, prestar dinero informalmente o pactar intereses altos no constituye por sí solo el delito de usura, porque esa figura no está incluida en el Código Penal vigente. La responsabilidad penal puede surgir cuando el método de cobro incorpora extorsión, amenazas, lesiones, coacción u otras conductas ilícitas.

También podría configurarse blanqueo de capitales cuando los préstamos son financiados con recursos procedentes de actividades criminales y utilizados para incorporarlos a la economía. Ambos expedientes muestran cómo el efectivo, las cuentas comerciales y las plataformas de pago pueden facilitar movimientos sospechosos, aunque cada investigación deberá probar responsabilidades de manera independiente.

Las personas aprehendidas mantienen su presunción de inocencia y deberán responder únicamente por los hechos que puedan demostrarse ante los tribunales. Las diligencias continúan para identificar el origen y destino final de los fondos, reconstruir las operaciones realizadas y determinar si existen otros integrantes dentro de ambos esquemas.

Los bancos de Panamá tendrán prohibido cobrar comisiones por retiros y depósitos presenciales, cartas de saldo, referencias bancarias y otras operaciones a partir del 4 de enero de 2027. Las nuevas reglas fueron establecidas por la Superintendencia de Bancos mediante el Acuerdo 7-2026, aprobado el 25 de agosto.

La regulación modifica los artículos 4 y 5 del Acuerdo 4-2011, que contiene las reglas aplicables a determinadas comisiones y recargos. El objetivo declarado es mejorar el equilibrio entre las entidades y sus clientes, además de aumentar la transparencia sobre los costos asociados con las operaciones bancarias.

Uno de los principales cambios beneficia a quienes utilizan las sucursales. Los bancos no podrán cobrar comisiones por retirar dinero en efectivo de cuentas de ahorro o corrientes, cuando la operación sea realizada presencialmente. La prohibición también comprende los depósitos efectuados en ventanilla durante el horario de atención.

La gratuidad de los depósitos tendrá una excepción para el manejo de grandes cantidades de efectivo. El banco podrá aplicar cargos cuando una persona realice uno o varios depósitos que superen $10,000 durante un mismo mes calendario. El límite se reduce a $5,000 mensuales cuando la operación se efectúe con monedas, incluidas las de un balboa.

El acuerdo también prohíbe cobrar por designar o cambiar beneficiarios en cuentas de ahorro, corrientes o depósitos a plazo fijo. De igual forma, las entidades deberán emitir sin costo la confirmación de un mensaje SWIFT, aunque esto no significa que la transferencia internacional completa tenga que ser gratuita.

Los clientes con préstamos tampoco tendrán que pagar por efectuar presencialmente los abonos correspondientes a sus obligaciones crediticias. La eliminación se refiere a la comisión por recibir el pago en la sucursal y no modifica los intereses, seguros u otros compromisos contractuales asociados con el financiamiento.

Otros documentos bancarios pasarán a ser gratuitos. Las entidades no podrán cobrar por emitir y entregar la carta de saldo, documento que muestra la situación crediticia del deudor. Tampoco podrán exigir pagos por una carta de referencia bancaria ni por un historial de pagos solicitado una vez al año.

La gratuidad del historial tiene un límite claro: el acuerdo garantiza una emisión anual sin comisión, pero no impide que el banco cobre por solicitudes adicionales realizadas durante el mismo año. Esta precisión resulta importante porque la norma no elimina indiscriminadamente todos los cargos documentales aplicados por las entidades.

En los créditos hipotecarios para vivienda, no podrán cobrarse comisiones por cancelación anticipada, pagos extraordinarios o traslado de la deuda a otro banco cuando hayan transcurrido más de cinco años del plazo originalmente pactado. Si la entidad aumenta la tasa nominal durante los primeros cinco años, el cliente podrá cancelar o migrar sin pagar esas penalidades.

La protección es más amplia para los préstamos de consumo, agropecuarios y las hipotecas de vivienda amparadas por leyes especiales de interés preferencial. En estos casos, los bancos no podrán cobrar, en ningún momento, por cancelar anticipadamente, realizar aportes extraordinarios o trasladar el financiamiento, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde su contratación.

El acuerdo también cambia la aplicación de los pagos superiores a la cuota mensual. Cuando el cliente esté al día y entregue una cantidad mayor, el excedente deberá reducir directamente el capital pendiente del préstamo. El banco no podrá dirigir ese dinero hacia intereses ni utilizarlo para cubrir cuotas futuras que todavía no hayan vencido.

Por ejemplo, si la mensualidad es de $400 y el deudor paga $550, los $150 adicionales deberán descontarse del capital, siempre que la obligación esté al día. Esta medida permitirá reducir el saldo sobre el cual se calculan intereses, en lugar de convertir el excedente en un adelanto de mensualidades posteriores.

En materia de seguros, los bancos no podrán cobrar una comisión porque el cliente no presente la renovación de una póliza. Si la aseguradora comunica la cancelación o suspensión y no se entrega una nueva cobertura, la entidad podrá incorporar el bien a una póliza colectiva, pero deberá realizar previamente las notificaciones exigidas por la regulación bancaria.

Si el cliente demuestra que entregó la póliza y, aun así, recibió un cargo, el banco tendrá que revertir inmediatamente el monto cobrado. La misma obligación se aplicará cuando la entidad incluya el bien en su cobertura colectiva, pese a que ya existía una póliza individual presentada oportunamente.

Las personas con créditos morosos conservarán, además, el derecho a consultar la información de su obligación mediante la banca electrónica. La entidad no podrá bloquear ese acceso debido al atraso.

Las disposiciones no perdonan deudas ni eliminan intereses por mora; únicamente impiden cobros específicos y establecen reglas más favorables para el manejo de pagos y documentos.

Las personas que superaron un cáncer en Panamá podrán omitir ese antecedente médico al solicitar servicios bancarios, crediticios o de seguros, una vez transcurridos cinco años desde la finalización del tratamiento sin recaídas. La protección comenzó a regir este 9 de septiembre, tras la sanción y promulgación de la Ley 547.

La norma fue firmada por el presidente José Raúl Mulino y publicada el 8 de septiembre. Su entrada en vigor representa el paso definitivo de una iniciativa que recibió respaldo unánime en la Asamblea Nacional, donde 41 diputados aprobaron el entonces proyecto de Ley 350.

El denominado derecho al olvido oncológico permite que una persona recuperada no tenga que declarar que padeció cáncer, siempre que haya completado el periodo médico establecido sin recurrencia o reincidencia. También impide que ese diagnóstico anterior sea utilizado para excluirla o imponerle condiciones económicas desfavorables.

La legislación alcanza la contratación de seguros, créditos, productos bancarios y otros servicios financieros. Las empresas no podrán aplicar cláusulas, restricciones, exclusiones ni aumentos de primas basados en una enfermedad oncológica superada cuando hayan transcurrido cinco años desde el final del tratamiento sin que el paciente presente una recaída posterior.

Cualquier condición contractual que desconozca ese derecho será considerada nula. La protección evita, por ejemplo, que una aseguradora cobre una prima mayor o rechace una solicitud únicamente porque el interesado recibió tratamiento contra el cáncer años atrás, pese a encontrarse recuperado y cumplir el periodo libre de enfermedad exigido legalmente.

La ley no elimina el historial clínico ni impide que los médicos utilicen esa información durante la atención del paciente. Su finalidad es evitar que un dato necesario dentro del ámbito sanitario se convierta en una barrera permanente al contratar servicios financieros o aseguradores, después de que la enfermedad haya sido médicamente superada.

El cumplimiento del periodo deberá acreditarse mediante una certificación médica que confirme la finalización del tratamiento y el tiempo transcurrido sin recaídas. La documentación permitirá establecer si la persona cumple las condiciones necesarias para ejercer el derecho y evitará que la aplicación dependa únicamente de una declaración del solicitante.

La normativa contempla además plazos diferenciados que pueden ser inferiores a cinco años, dependiendo del tipo, comportamiento y características del cáncer diagnosticado. Una tabla técnica permitirá determinar el periodo aplicable a determinadas patologías oncológicas, debido a que las posibilidades de recurrencia y los tiempos de recuperación no son iguales en todos los casos.

La certificación estará a cargo de un comité integrado por representantes de las sociedades de Oncología y Hematología de Panamá, con participación de especialistas según la enfermedad evaluada. El documento deberá precisar cuándo terminó el tratamiento y cuánto tiempo lleva la persona sin recaídas, además del plazo correspondiente al diagnóstico específico analizado por los médicos.

La iniciativa fue presentada originalmente por el diputado Jorge Bloise como Anteproyecto de Ley 123 y posteriormente fue discutida como proyecto de Ley 350. Durante su análisis participaron representantes de pacientes, especialistas, aseguradoras y entidades privadas, antes de que el pleno legislativo la aprobara de manera unánime y la remitiera al Ejecutivo para su sanción.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, sostuvo que haber padecido cáncer no puede transformarse en “una sentencia financiera para siempre”. Aseguró que la nueva legislación permitirá a los sobrevivientes volver a solicitar financiamiento para viviendas, bienes o emprendimientos, así como contratar seguros de vida y hospitalización sin cargar indefinidamente con el diagnóstico anterior.

Panamá se incorpora con esta decisión a un grupo de aproximadamente 30 países que han adoptado regulaciones similares. En Europa, el concepto ha avanzado mediante leyes nacionales y disposiciones comunitarias dirigidas a impedir que las personas recuperadas continúen pagando consecuencias económicas por su enfermedad, incluso después de haber recibido el alta y superado los periodos médicos de riesgo.

La medida tiene especial relevancia en un país donde el cáncer constituye la segunda causa de muerte y la principal causa de mortalidad prematura, según información del Ministerio de Salud. Los tumores de próstata, mama, cuello uterino, colon y recto, y estómago figuran entre los de mayor incidencia en la población panameña.

Además de sus consecuencias sanitarias, la enfermedad puede reducir ingresos, interrumpir carreras profesionales y elevar los gastos familiares durante años. Después del tratamiento, muchos sobrevivientes enfrentan dificultades adicionales para obtener créditos o contratar pólizas, debido a evaluaciones de riesgo que mantienen el diagnóstico como condicionante, aunque su situación médica haya cambiado favorablemente.

La Ley 547 busca cortar esa prolongación de las consecuencias económicas, pero su efectividad dependerá de su aplicación. Bancos, financieras y aseguradoras deberán ajustar formularios, evaluaciones de riesgo y condiciones contractuales, mientras las autoridades tendrán que garantizar mecanismos para denunciar incumplimientos y evitar que la discriminación continúe mediante criterios menos visibles.

El nuevo derecho tampoco significa que todas las solicitudes deberán aprobarse automáticamente. Las entidades conservarán la posibilidad de evaluar ingresos, capacidad de pago y otros factores legítimos. Lo que cambia es que un cáncer superado dejará de ser un criterio válido para encarecer o negar servicios, cuando el solicitante cumpla el periodo médico fijado por la legislación.

El buque Min Jiang Kou, que sufrió un incendio mientras navegaba por el Pacífico en agosto, registró un aumento de temperatura en determinadas áreas de sus cubiertas durante las operaciones de salvamento desarrolladas en aguas panameñas.

La embarcación permanece sin tripulación y sin suministro eléctrico a bordo, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La nueva situación fue detectada durante la noche del 7 de septiembre y está siendo atendida mediante labores de enfriamiento en las zonas afectadas. La autoridad aclaró que las circunstancias relacionadas con el incremento térmico continúan bajo evaluación técnica, por lo que no ha confirmado que se haya producido un segundo incendio.

El barco permanece bajo la asistencia de una empresa especializada que solicitó autorización para ingresar a aguas panameñas. Tres remolcadores participan actualmente en las tareas de atención, estabilización y vigilancia, mientras la AMP mantiene seguimiento sobre las condiciones de seguridad y la evolución del incidente a bordo de la nave.

La operación tiene como objetivo controlar cualquier riesgo, estabilizar la embarcación y garantizar que pueda ser trasladada posteriormente a un astillero en Asia. Sin embargo, la fecha de ese desplazamiento no ha sido informada y dependerá de los resultados de las evaluaciones técnicas y de las condiciones de seguridad alcanzadas durante el salvamento.

El caso comenzó el 6 de agosto, cuando el Min Jiang Kou navegaba desde Tianjin, China, hacia el puerto de Manta, Ecuador. Algunos registros marítimos identifican Shanghái como punto de salida porque el buque habría pasado por esa terminal durante el recorrido, antes de continuar su travesía por el océano Pacífico hacia Sudamérica.

El incendio se originó en la sala de máquinas cuando la embarcación se encontraba aproximadamente a 630 millas al sur de Costa Rica, una ubicación que la AMP describió como unas 600 millas náuticas de Panamá.

Los tripulantes activaron el sistema de extinción mediante dióxido de carbono y lograron contener inicialmente las llamas. Horas después, el humo comenzó a aumentar dentro de la embarcación, por lo que el capitán ordenó evacuarla.

Los 22 marinos descendieron a los botes salvavidas, mientras el oficial permaneció temporalmente a bordo para supervisar la emergencia.

La Guardia Costera de Estados Unidos coordinó el rescate mediante un sistema internacional que localiza embarcaciones cercanas disponibles para responder a emergencias. El granelero Jin Hai Ping recogió con vida a los 22 tripulantes, mientras el buque cisterna Degu, registrado en Panamá, desvió su recorrido y permaneció en el área como apoyo.

Los sobrevivientes fueron trasladados hacia Akita, Japón, sin que se reportaran personas heridas. En ese momento, las autoridades tampoco identificaron contaminación o daños ambientales ocasionados por el incendio.

La compañía estadounidense Resolve Marine fue contratada para controlar la emergencia y recuperar el barco, que había quedado a la deriva sin capacidad para navegar mediante sus propios medios.

El Min Jiang Kou es una embarcación tipo Ro-Ro, denominación utilizada para los barcos en los que la carga ingresa y sale mediante rampas. Construido en 2024, mide aproximadamente 200 metros de largo, cuenta con 13 cubiertas y posee capacidad para transportar hasta 7,500 vehículos entre automóviles, camiones y maquinaria pesada.

La nave está registrada en las Islas Marshall y es operada por COSCO Shipping. Posee un tonelaje bruto de 72,255 toneladas y un sistema de propulsión dual que puede utilizar diésel y gas natural licuado. Hasta ahora, no se ha determinado públicamente qué originó el incendio ni si alguno de sus combustibles tuvo relación con la emergencia registrada en agosto.

Tampoco existe información oficial sobre los vehículos que transportaba. Algunas publicaciones marítimas mencionaron que posiblemente llevaba automóviles eléctricos fabricados en China, pero esa versión no ha sido confirmada por el operador.

La ruta entre China y Ecuador se desarrolla completamente por el Pacífico y no requiere atravesar el Canal de Panamá. En consecuencia, el barco no había utilizado la vía interoceánica durante este viaje. Su ingreso a aguas bajo jurisdicción panameña respondió exclusivamente a las necesidades de estabilización y seguridad planteadas por los salvadores.

El déficit del Sector Público No Financiero de Panamá llegó a $2.642 millones entre enero y julio de 2026, equivalente al 2,78% del producto interno bruto. Aunque el resultado mantiene una fuerte presión sobre las cuentas estatales, representa una reducción interanual de $313 millones, o 10,60%.

Durante los primeros siete meses de 2025, el desbalance había alcanzado $2.955 millones y representaba el 3,27% del PIB. La mejora de 0,49 puntos porcentuales estuvo acompañada por un descenso del déficit primario, que pasó de $1.261 millones a $910 millones este año.

Los ingresos totales del sector público sumaron $8.376 millones hasta julio, con un incremento interanual de $618 millones, equivalente al 8,00%. El avance estuvo impulsado principalmente por las recaudaciones del Gobierno General y por los mayores aportes recibidos por la Caja de Seguro Social.

Los ingresos corrientes del Gobierno General llegaron a $7.920 millones, unos $459 millones adicionales frente al año anterior. Dentro de ese total, el Gobierno Central aportó $4.729 millones, mientras la Caja de Seguro Social recibió $3.060 millones, un aumento del 14,10%.

El Gobierno Central también registró un comportamiento favorable en sus ingresos tributarios, que alcanzaron $3.894 millones y crecieron 5,10%. La mayor contribución provino de los impuestos indirectos, con $1.708 millones, mientras los tributos directos generaron $2.186 millones durante el periodo analizado.

Entre los principales motores de la recaudación sobresalió el impuesto a la transferencia de bienes y servicios, cuya modalidad aplicada a ventas internas aumentó $78 millones. El cobro sobre importaciones sumó $29 millones adicionales y el impuesto de inmuebles aportó otros $25 millones.

También crecieron $21 millones los ingresos por transferencia de propiedades, mientras los gravámenes selectivos sobre automóviles avanzaron $15 millones y los aplicados a cigarrillos aumentaron $11 millones. Los peajes vinculados al Canal de Panamá generaron $23 millones más que en 2025.

Ese desempeño contrastó con la caída de 10,30% registrada en los ingresos no tributarios, que quedaron en $930 millones hasta julio. La comparación estuvo afectada por recursos extraordinarios recibidos en 2025 de Tocumen, la Lotería Nacional y otros fondos, que no se repitieron con igual magnitud durante 2026.

Del otro lado de las cuentas, el gasto total del Sector Público No Financiero alcanzó $11.018 millones, un incremento interanual de 2,80%. Los desembolsos corrientes concentraron $9.004 millones, mientras la inversión y otras erogaciones de capital representaron $2.014 millones en los primeros siete meses.

El gasto corriente excluyendo intereses aumentó 4,40% y se situó en $7.272 millones, reflejando las necesidades operativas de las instituciones. La Caja de Seguro Social gastó $2.848 millones, unos $179 millones más, debido principalmente al crecimiento de las jubilaciones y pensiones pagadas a nuevos beneficiarios.

En el Gobierno Central, los servicios personales absorbieron $2,570 millones y aumentaron $131 millones. Las compras de bienes y servicios llegaron a $375 millones, mientras las transferencias bajaron 19,80%, hasta $1.810 millones, por un desembolso extraordinario realizado a la CSS durante 2025.

El servicio de la deuda continuó entre las mayores presiones. Panamá pagó $1.732 millones únicamente en intereses, un crecimiento de $38 millones. De esa suma, $1.497 millones correspondieron a obligaciones externas y $235 millones a compromisos contraídos dentro del mercado local.

Pese al mayor desembolso, el costo promedio ponderado de la deuda pública descendió desde 4,97% en diciembre de 2025 hasta 4,67% al cierre de julio de 2026. La reducción ofrece cierto alivio financiero, aunque el volumen de las obligaciones mantiene los intereses como uno de los gastos más significativos del presupuesto.

La inversión pública, en cambio, mostró una ligera contracción. Los gastos de capital del sector público bajaron $38 millones y quedaron en $2.014 millones, equivalentes al 2,12% del PIB. En el Gobierno Central alcanzaron $1.777 millones, con un crecimiento interanual moderado de $21 millones.

El balance del Gobierno Central fue más amplio que el consolidado del sector público: registró un déficit de $3.371 millones, inferior en $536 millones al observado un año antes. El resultado representó 3,54% del PIB, frente al 4,32% de julio de 2025, con una mejora de 0,77 puntos porcentuales.

Para todo 2026, el límite legal del déficit del Sector Público No Financiero es 3,5% del PIB, estimado en $95.102 millones. Esto equivale a un máximo aproximado de $3.329 millones, por lo que el desbalance acumulado hasta julio ya representa cerca del 79,4% del margen autorizado para todo el año.

En términos nominales quedarían alrededor de $686 millones antes de alcanzar ese techo, aunque la trayectoria no puede proyectarse de manera lineal. Cerca del 44,50% de los ingresos anuales suele concentrarse en el último trimestre, cuando ingresan aportes del Canal y dividendos de empresas públicas recibidos principalmente en diciembre.

Esa estacionalidad podría moderar el déficit durante el cierre del año, pero el resultado dependerá de la recaudación efectiva y del ritmo de ejecución presupuestaria. Las pensiones, la planilla, los intereses y las necesidades de inversión seguirán condicionando unas finanzas que, aunque mejoraron frente a 2025, mantienen un espacio fiscal limitado para los próximos meses.

El turismo panameño mantuvo hasta julio un crecimiento de dos dígitos en la llegada de visitantes internacionales, al recibir 1.8 millones de personas, sin incluir viajeros en tránsito directo ni tripulantes. La cifra representa un aumento de 19.3% frente a los 1.5 millones registrados en 2025.

Dentro de este grupo, 1.6 millones fueron turistas, categoría que comprende a quienes permanecen más de 24 horas o realizan al menos una pernoctación en el país. Ese segmento creció 18.3% frente a los 1.4 millones contabilizados durante los primeros siete meses del año anterior.

Otros 196,000 ingresos correspondieron a excursionistas o visitantes del día, quienes permanecen menos de 24 horas y no utilizan alojamiento para pasar la noche. Su llegada aumentó 10.6%, mientras los pasajeros de cruceros alcanzaron aproximadamente 42,000, cuatro veces más que los 10,000 reportados hasta julio de 2025.

Julio reforzó la tendencia con 285,000 visitantes, 23.5% más que los 230,000 recibidos durante el mismo mes de 2025. De ese total, 248,000 fueron turistas, 32,000 excursionistas y cerca de 4,000 pasajeros de cruceros, aunque las cifras redondeadas pueden presentar pequeñas diferencias al realizar la suma.

El desempeño mensual de los turistas también avanzó 23.4%, mientras los excursionistas crecieron 10.3%. La llegada por cruceros experimentó una variación extraordinaria por partir de una base casi nula, pues en julio del año anterior la cantidad había sido inferior al mínimo reflejado por la unidad estadística utilizada en el informe.

El gasto efectuado por los visitantes alcanzó $4,449 millones entre enero y julio de 2026, un incremento de 15% frente a los $3,868 millones del mismo periodo de 2025. Solo durante julio ingresaron $657.9 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 16.9%.

La ocupación hotelera durante julio se mantuvo en niveles similares a los registrados en junio, cuando los establecimientos alcanzaron aproximadamente 66% de utilización de sus habitaciones disponibles. Ese indicador refleja una recuperación de la demanda, aunque no todos los visitantes se hospedan en hoteles ni permanecen exclusivamente en la ciudad de Panamá.

Las cifras de la Contraloría incluyen, además, 5.2 millones de viajeros en tránsito directo y tripulantes, pero estas personas no deben contabilizarse como visitantes turísticos del país. La mayoría, unos 5.0 millones, pasó por el Aeropuerto Internacional de Tocumen sin ingresar formalmente a Panamá para realizar actividades asociadas con una estadía.

Al sumar visitantes, pasajeros en tránsito y tripulantes, el movimiento global alcanzó 7.0 millones de viajeros, 14.2% más que un año antes. Sin embargo, utilizar esa cifra para medir turismo inflaría artificialmente el número de personas que recorrieron o permanecieron en Panamá, porque casi tres de cada cuatro correspondieron al tránsito internacional.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen mantuvo su papel como principal centro de conexión, con un aumento de 12.7% en los viajeros que continuaron hacia otros destinos. Los tripulantes de cruceros sumaron alrededor de 206,000 hasta julio, 7.5% más, pero tampoco forman parte de la medición directa de visitantes internacionales.

La evolución acumulada fue positiva durante todos los meses. El crecimiento interanual de visitantes alcanzó 19.8% en enero, 18.4% en febrero y 22.7% en marzo, antes de moderarse en abril. Mayo volvió a acercarse a 20%, junio avanzó 14.7% y julio registró el incremento mensual más alto del periodo.

Uno de los segmentos que ha impulsado la llegada de visitantes es el turismo de reuniones, congresos y convenciones, con más de 100 eventos confirmados para 2026. Este mercado genera demanda para hoteles, restaurantes, transporte y servicios especializados, además de atraer viajeros con un nivel de gasto generalmente superior al del turista vacacional.

Fuentes del sector señalan que las reservas confirmadas para la segunda mitad de 2026 mantienen una evolución positiva y podrían superar los resultados alcanzados durante el primer semestre. La programación prevista fortalece las perspectivas de ocupación y consumo turístico, especialmente en la capital, donde se concentra la mayor parte de la infraestructura para eventos internacionales.

El resultado muestra que Panamá está atrayendo más viajeros que permanecen en el territorio y generando un flujo económico superior al observado durante 2025. El reto ahora no consiste únicamente en elevar las llegadas, sino en ampliar la estadía, distribuir el consumo hacia otras provincias y conseguir que cada visita produzca mayor valor para la economía local.

Un hombre de 27 años fue condenado a 30 años de prisión por el femicidio de su expareja, una joven de 21 años asesinada con un cuchillo en Pocrí, distrito de Aguadulce. El sentenciado aceptó su responsabilidad durante la audiencia intermedia celebrada en la provincia de Coclé.

La Procuraduría General de la Nación informó que la condena, equivalente a 360 meses, fue validada después de que la Fiscalía imputara los delitos de femicidio y violencia de género. El tribunal también prohibió al agresor portar armas de fuego durante 10 años después de cumplir la sanción principal.

El crimen ocurrió durante la mañana del domingo 12 de octubre de 2025. El hombre citó a la víctima en el parque de Pocrí con el argumento de conversar y, una vez reunidos, la atacó con un arma blanca. La joven murió mientras era trasladada al Hospital Rafael Estévez.

La Fiscalía señaló los celos como el detonante del ataque, aunque esa referencia no reduce ni justifica la responsabilidad del agresor. La violencia ejercida contra parejas o exparejas constituye uno de los elementos considerados para clasificar una muerte como femicidio, cuando existe una relación de poder o discriminación basada en el género.

La pena impuesta se encuentra en el límite máximo del rango ordinario establecido para el femicidio en Panamá. El artículo 132-A del Código Penal contempla entre 25 y 30 años de cárcel cuando la víctima mantiene o mantuvo una relación de pareja o intimidad afectiva con el agresor.

Panamá acumuló hasta el 31 de julio de 2026 13 víctimas de femicidio, frente a nueve durante igual periodo de 2025, lo que representa un aumento de 44%. El Ministerio Público también contabilizó 17 tentativas, casi el doble de las nueve reportadas un año antes, y 10 muertes violentas de mujeres no clasificadas como femicidios.

Los meses con mayor incidencia fueron marzo, con cuatro víctimas, y junio, con tres. En enero se registró un caso; febrero y mayo sumaron dos cada uno, mientras abril reportó uno y julio cerró sin nuevos femicidios confirmados. Las cifras son preliminares y pueden variar conforme avanzan las investigaciones de los fiscales.

La distribución territorial muestra tres casos en la provincia de Panamá y otros tres en San Miguelito, contabilizado separadamente en el informe. Chiriquí y Panamá Oeste registraron dos cada uno, mientras Coclé, Colón y Veraguas reportaron una víctima respectivamente. En San Miguelito, el número se triplicó frente al mismo periodo de 2025.

Las armas de fuego fueron utilizadas en seis de los 13 femicidios registrados hasta julio, mientras dos mujeres murieron por ataques con armas blancas. Otros tres casos fueron causados por asfixia mecánica, uno por incendiarismo y otro permanecía sin determinar, de acuerdo con la clasificación preliminar del Ministerio Público.

Las estadísticas muestran que la violencia femicida alcanza a mujeres de edades muy diferentes. Hasta julio de 2026, las víctimas incluían dos jóvenes de 18 a 24 años, tres mujeres de 35 a 39 y dos de 40 a 44, además de dos menores de edad y dos adultas mayores.

Durante 2026 también se han dictado otras condenas relevantes. El mismo 7 de septiembre, un tribunal impuso 25 años de cárcel por el femicidio de una joven de 20 años ocurrido en Altos de Los Lagos, Colón. La víctima recibió múltiples disparos en febrero de 2023, y el responsable fue declarado culpable durante un juicio oral.

En marzo, otro hombre fue sentenciado a 25 años por matar mediante asfixia a una mujer costarricense cuyo cuerpo fue encontrado en un hospedaje de Golfito, Costa Rica. El agresor, de nacionalidad panameña, fue capturado en Chiriquí y aceptó su culpabilidad mediante un acuerdo de pena.

La justicia también condenó en abril a un hombre a 14 años de prisión por intentar asesinar a su expareja con un cuchillo en Belisario Frías, San Miguelito. La víctima sufrió heridas en la mano, el rostro y el cuello, pero sobrevivió al ataque, mientras el agresor terminó entregándose a las autoridades.

La dimensión del problema supera las fronteras panameñas. Los datos regionales más recientes indican que al menos 3,770 mujeres fueron víctimas de femicidio, feminicidio o violencia letal de género en 26 países y territorios de América Latina y el Caribe durante 2024, equivalente a por lo menos 11 muertes cada día.

En los últimos cinco años, la región acumuló más de 19,200 asesinatos de mujeres por razones de género. Las diferencias legales y estadísticas entre países impiden comparaciones completamente uniformes, pero el volumen muestra que las condenas, aunque necesarias, deben acompañarse de prevención, protección temprana y atención efectiva de las denuncias.

El Ministerio de Ambiente autorizó una serie de intervenciones extraordinarias para enfrentar inundaciones y la sequía prevista por el fenómeno de El Niño en Panamá.

Las medidas incluyen dragados, construcción de obras en cauces, instalación de puentes modulares, protección de fuentes de agua y rescate de animales y plantas amenazados.

Las disposiciones aparecen en la Resolución DM-0433-2026, publicada el 7 de septiembre en la Gaceta Oficial. El documento desarrolla las acciones ambientales que podrán ejecutarse durante la emergencia nacional y hasta 60 días después de su finalización, con un límite fijado inicialmente para el 30 de junio de 2027.

Una de las medidas de mayor alcance permite que determinadas obras estatales sean ejecutadas sin completar una evaluación de impacto ambiental, siempre que estén directamente vinculadas con la mitigación de los daños.

La excepción incluye trabajos en cauces, dragados y colocación de puentes modulares para restablecer comunicaciones o reducir riesgos.

Esto abre la puerta a retirar sedimentos, árboles, rocas y otros materiales que obstruyan ríos o aumenten el peligro de desbordamientos. También podrían realizarse adecuaciones destinadas a recuperar el flujo del agua y proteger comunidades, carreteras o infraestructuras amenazadas, aunque la resolución no autoriza intervenciones privadas bajo esta excepción.

La exoneración del estudio ambiental no representa un permiso ilimitado. Cada proyecto tendrá que estar relacionado directamente con la emergencia y quedar inscrito ante MiAmbiente.

Las autoridades deberán documentar su descripción, ubicación y entidad responsable, además de mantener controles que permitan revisar posteriormente sus efectos y el cumplimiento de las medidas de protección.

Las direcciones nacionales y regionales también podrán autorizar el aprovechamiento de madera caída como consecuencia del desastre. La medida permitirá retirar y utilizar árboles derribados por inundaciones, deslizamientos u otros eventos, pero exigirá su registro y la emisión de los permisos y las guías necesarias para transportar los productos forestales.

Para evitar que esa autorización sea utilizada como cobertura para la tala ilegal, los puestos de control de los organismos de seguridad verificarán las guías forestales emitidas durante la emergencia.

El uso indebido de estos documentos podrá generar sanciones administrativas, además de responsabilidades civiles o penales, dependiendo de la infracción cometida.

MiAmbiente deberá aplicar medidas especiales en áreas protegidas, fuentes de agua y zonas ambientalmente sensibles. La resolución permite restringir temporalmente el acceso a lugares considerados de alto riesgo o severamente afectados, una decisión que podría alcanzar parques, reservas, nacimientos de ríos y otros espacios vulnerables ante incendios, sequías o deslizamientos.

El documento también ordena priorizar el rescate, traslado, cuidado y protección de especies de flora y fauna expuestas a los efectos del fenómeno climático. Cuando resulte necesario, las autoridades podrán establecer centros temporales de rehabilitación para atender animales afectados y preparar su recuperación o posterior retorno a condiciones seguras.

Otra línea de acción será el seguimiento de los niveles de cuencas hidrográficas, lagos y embalses del país, con atención específica al lago Bayano. MiAmbiente coordinará con el Sistema Nacional de Protección Civil, la Autoridad del Canal de Panamá y otras instituciones el reporte de condiciones que puedan agravarse por la falta de lluvias.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá prevé un déficit de precipitaciones entre octubre de 2026 y marzo de 2027, mientras los efectos de El Niño podrían extenderse hasta mayo. Esta situación amenaza el abastecimiento de agua, la generación hidroeléctrica, la agricultura y la disponibilidad hídrica requerida para las operaciones del Canal de Panamá.

La emergencia tiene una naturaleza doble porque Panamá debe responder simultáneamente a los daños causados por inundaciones y al riesgo de una próxima sequía. Entre enero y agosto, 15,643 personas resultaron afectadas por eventos pluviales, con más de 70% de los casos concentrados en Bocas del Toro y Colón.

El Consejo de Gabinete autorizó hasta $80 millones para obras, bienes y servicios relacionados con la emergencia, mediante procedimientos especiales de contratación. Sin embargo, ese monto no pertenece exclusivamente a MiAmbiente ni constituye una transferencia automática: los recursos deberán incorporarse según la disponibilidad presupuestaria y ser aprobados para cada intervención solicitada.

Las medidas provisionales tendrán que ser supervisadas, controladas y fiscalizadas durante toda su ejecución, mientras las dependencias ambientales presentarán informes mensuales.

La rapidez concedida para actuar reduce trámites ante una amenaza climática, pero también exige controles efectivos para evitar que la emergencia termine justificando obras innecesarias, daños ambientales o gastos sin suficiente sustento.

Jesús Vergara, conductor de una plataforma de transporte, se convirtió en la cuarta persona imputada por el asesinato del empresario suizo-español Miguel Ángel González, ocurrido el 15 de abril en la ciudad de Panamá. El nuevo investigado se entregó voluntariamente a las autoridades después de permanecer requerido por el caso.

El juez de garantías Eric González legalizó su aprehensión, admitió la formulación de cargos y ordenó su detención provisional mientras continúa la investigación. La audiencia se desarrolló durante aproximadamente cuatro horas en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, donde la Fiscalía presentó los elementos que presuntamente lo vinculan con el ataque.

Vergara fue imputado por los delitos de homicidio doloso agravado y robo en grado de tentativa, según confirmó Martín Caicedo, abogado querellante de la familia. La medida cautelar implica que permanecerá recluido mientras los fiscales reconstruyen su presunta participación en el seguimiento y la interceptación de la víctima.

La investigación sostiene que Vergara conducía un Nissan Versa utilizado para perseguir el Kia Sportage gris de González. El vehículo habría impactado por detrás el automóvil del empresario en Llano Bonito, corregimiento de Juan Díaz, como parte de una maniobra destinada a detenerlo y apoderarse del cargamento.

González regresaba de retirar 77 kilos de plata que habían llegado del extranjero, valorados dentro de la investigación en aproximadamente $300 mil. La principal hipótesis apunta a que los responsables recibieron información previa sobre el traslado y organizaron una operación coordinada para seguirlo desde varias horas antes.

Los investigadores analizan videos que presuntamente muestran una caravana de automóviles siguiendo los desplazamientos del empresario. Uno de los vehículos habría interrumpido el tránsito frente a un camión, obligando a González a reducir la velocidad, mientras el Nissan Versa conducido supuestamente por Vergara lo colisionaba desde la parte posterior.

Tras detenerlo, los atacantes intentaron abrir las puertas del automóvil para retirar la plata, pero un desperfecto habría impedido acceder rápidamente al interior. Según la versión presentada por los abogados de la familia, los agresores interpretaron que González se resistía y abrieron fuego repetidamente contra el vehículo.

Los peritos de Criminalística recuperaron más de 15 casquillos de arma de fuego en la escena y documentaron numerosos impactos en el automóvil. González recibió heridas de bala en la espalda, la cadera y el muslo izquierdo, perdió el control del vehículo y terminó chocando contra un poste.

El empresario fue auxiliado y trasladado al Hospital San Miguel Arcángel, donde su fallecimiento fue confirmado alrededor de las 12:25 de la tarde. Las primeras versiones indicaron que algunos atacantes utilizaban prendas y chalecos similares a los policiales, un elemento que reforzó la hipótesis de una acción previamente planificada.

Pese al avance de las pesquisas, todavía no se ha determinado quién realizó los disparos que causaron la muerte de González. La Fiscalía deberá establecer la función atribuida a cada sospechoso, identificar al autor material y comprobar si todos conocían previamente el propósito del seguimiento y el intento de robo.

Las otras tres personas vinculadas judicialmente son Cristopher Robert, identificado como funcionario del Municipio de Panamá; Aristides Ardines Gómez y Yamizuri Elizabeth Gómez. Robert y Ardines permanecen bajo detención provisional por decisión de una jueza de garantías, mientras Gómez recibió arresto domiciliario durante el desarrollo de la investigación penal.

Los tres primeros investigados fueron aprehendidos mediante la Operación Destello, ejecutada casi cinco meses después del homicidio. Las diligencias se desarrollaron en Pacora, Las Cumbres y San Miguelito, con participación de la Fiscalía Metropolitana, la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.

Después del ataque, varios de los presuntos participantes se habrían dirigido hacia el sector de San Pedro, donde opera la pandilla Los Galácticos. Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente si el crimen fue organizado directamente por esa estructura o si algunos sospechosos mantienen vínculos individuales con sus integrantes.

La investigación también busca determinar quién proporcionó la información sobre el traslado de la plata. Ese posible “soplo” resulta decisivo para explicar cómo los atacantes conocieron el recorrido, el momento del retiro y el vehículo utilizado por González, además de precisar si participaron personas relacionadas con la operación comercial.

González tenía 60 años y acumulaba más de tres décadas de experiencia en banca internacional y mercados financieros. Era cofundador, director ejecutivo y miembro de la junta directiva de Firmus Financial Inc., una casa de valores establecida en Panamá, y también prestaba asesoría a la Superintendencia de Bancos.

La incorporación de Vergara amplía a cuatro el número de imputados, pero el expediente continúa abierto y podrían producirse nuevas aprehensiones. Los fiscales todavía deben localizar a otros posibles participantes, y demostrar quién planificó la operación, quién filtró los movimientos del empresario y quién ejecutó materialmente el ataque armado.

Después de dos años, un mes y 16 días desde el asesinato de Eneritz Argintxona Fraile, su familia cuenta con una decisión que permite cerrar una de las etapas judiciales más dolorosas. Un Tribunal de Apelaciones confirmó 48 años de prisión para cada uno de los dos responsables del crimen cometido en Panamá.

La turista española fue asesinada el 23 de julio de 2024 en Isla Carenero, provincia de Bocas del Toro, mientras recorría Centroamérica. Los condenados, de 24 y 39 años, la golpearon para apoderarse de sus pertenencias y dejaron su cuerpo en un paraje cercano al mar.

El cadáver fue encontrado el 26 de julio, tres días después de que la joven fuera vista con vida por última vez. Residentes del área alertaron a las autoridades sobre el hallazgo en una playa, mientras familiares y amigos participaban desde la distancia en la búsqueda iniciada tras perder contacto con ella.

Argintxona Fraile tenía 30 años y era originaria de Erandio, en la provincia de Vizcaya, País Vasco. Se hospedaba en un hostal de Isla Carenero, una pequeña isla situada frente a Isla Colón, dentro de uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe panameño.

La identificación fue confirmada mediante pruebas de ADN realizadas con la colaboración de sus familiares, quienes viajaron desde España para participar en las diligencias. La autopsia estableció que la joven murió por un traumatismo craneoencefálico, descartando un accidente y orientando la investigación hacia una muerte provocada violentamente.

Durante el juicio, la Fiscalía acreditó que uno de los responsables golpeó a la turista con el mango de un machete, mientras el otro se apoderó de su teléfono celular y su cámara fotográfica. Esa actuación permitió establecer la relación entre la agresión mortal y el propósito de robarle sus bienes.

La investigación incorporó más de 50 elementos, entre pruebas testimoniales, periciales y documentales presentadas durante el juicio oral. El expediente también incluyó inspecciones en Isla Carenero, entrevistas, recuperación de pertenencias y la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima antes de ser atacada por los dos hombres.

Uno de los principales sospechosos, un hombre de 39 años conocido como alias “Leche”, fue capturado en agosto de 2024. Las diligencias permitieron posteriormente identificar y procesar al segundo implicado, hasta que ambos fueron llevados ante un tribunal por los delitos de femicidio y robo agravado.

El 28 de junio de 2026, el Tribunal de Juicio declaró a los dos acusados culpables mediante un fallo unánime sustentado en las pruebas reunidas por la Fiscalía. El 13 de julio se realizó la lectura de la sentencia, que impuso 30 años por femicidio y 18 por robo agravado.

Además de la pena de prisión, ambos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 20 años después de recuperar su libertad. La sanción accesoria comenzará una vez que terminen de cumplir los 48 años establecidos como condena principal por el asesinato y la sustracción de las pertenencias.

Las defensas solicitaron a un Tribunal de Apelaciones que revisara el fallo emitido en primera instancia. La Fiscalía de Bocas del Toro se opuso y argumentó que existían pruebas suficientes para sostener la responsabilidad penal de ambos condenados, además de una correspondencia entre la gravedad del crimen y la extensión de las penas impuestas.

Después de escuchar a las partes, los magistrados desestimaron los planteamientos de la defensa y mantuvieron íntegramente el veredicto y las sanciones originales. La confirmación emitida el 8 de septiembre consolidó la respuesta judicial en un expediente que generó seguimiento tanto en Panamá como en España y marcó a la comunidad de Bocas del Toro.

El asesinato provocó vigil, marchas y concentraciones en Isla Carenero e Isla Colón, donde residentes, comerciantes y organizaciones comunitarias exigieron justicia para Eneritz. Las manifestaciones incluyeron flores, velas y mensajes de solidaridad dirigidos a sus familiares, además de reclamos para reforzar la seguridad en el archipiélago panameño.

El caso también abrió un debate sobre la protección de visitantes en una provincia cuya economía depende ampliamente del turismo. Tras el crimen, las autoridades reforzaron la presencia policial en diferentes puntos del archipiélago, mientras empresarios y residentes reclamaban medidas que permitieran recuperar la confianza sin minimizar la gravedad de lo ocurrido en Isla Carenero.

La decisión de segunda instancia no puede reparar la pérdida ni borrar los más de dos años transcurridos desde el asesinato. Sin embargo, para la familia representa la confirmación judicial de la responsabilidad de los dos agresores y el cierre de una etapa marcada por la búsqueda, la investigación y la espera de una condena firme.

Un grupo de delincuentes intentó robar un camión blindado la noche del lunes 7 de septiembre mientras retiraba dinero de un cajero automático en una sucursal bancaria de Marbella, en la ciudad de Panamá.

La reacción de los custodios frustró el asalto y provocó un intercambio de disparos en esta concurrida zona comercial y financiera.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:40 de la noche en Calle 53 Este, cuando el personal de la empresa transportadora trasladaba bolsas con dinero entre el cajero automático y el vehículo blindado. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento en que comienza el ataque armado contra los custodios.

En una de las grabaciones se observa a tres hombres con los rostros cubiertos por pasamontañas acercándose al lugar donde se realizaba la operación. Sin embargo, los informes preliminares conocidos posteriormente señalan que al menos cuatro personas habrían participado en el intento de robo, incluyendo a quienes permanecían en los vehículos de apoyo.

Los atacantes llevaban armas de fuego y buscaron sorprender a los agentes encargados de proteger el dinero, pero el personal de seguridad respondió al ataque. El enfrentamiento generó múltiples detonaciones y obligó a los delincuentes a abandonar rápidamente el lugar, sin que lograran apoderarse de los valores transportados.

Uno de los colaboradores de la empresa transportadora resultó herido durante el intercambio de disparos. La entidad bancaria informó que el trabajador fue atendido y se encontraba estable y fuera de peligro. Al momento del ataque no había clientes ni empleados del banco dentro de la sucursal, debido a que había concluido el horario de atención.

Tras fracasar el asalto, los sospechosos escaparon en el automóvil utilizado para llegar al establecimiento, pero el conductor perdió el control y el vehículo terminó volcado frente a la sucursal bancaria y un comercio cercano. El accidente convirtió la vía en una segunda escena vinculada con la investigación del caso.

Pese al vuelco, los ocupantes consiguieron salir del automóvil y continuaron la fuga en otro vehículo tipo sedán, identificado preliminarmente como un taxi. Las primeras versiones indican que ese segundo automóvil aparentemente formaba parte del dispositivo de vigilancia y escape preparado por el grupo para apoyar la ejecución del atraco.

La existencia de un vehículo adicional, junto con la participación de varias personas y el uso de armas, apunta a una acción organizada con funciones distribuidas entre los involucrados.

No obstante, las autoridades todavía no han informado si los responsables estudiaron previamente los movimientos del blindado o conocían el horario de retiro del dinero.

La Policía Nacional acordonó el área después del tiroteo, mientras funcionarios del Ministerio Público comenzaron la recopilación de evidencias y la revisión de las cámaras de seguridad. Calle 53 Este permaneció cerrada durante las primeras horas del martes 8 de septiembre, pero posteriormente fue reabierta al tránsito vehicular.

Los investigadores deberán analizar las imágenes disponibles, el automóvil abandonado y otros indicios recuperados para establecer la identidad y participación de cada sospechoso.

También deberán determinar la procedencia de las armas, la propiedad de los vehículos utilizados y si los atacantes mantienen vínculos con alguna estructura criminal organizada.

Hasta el momento, la Policía Nacional y el Ministerio Público no han comunicado la aprehensión de ninguna persona relacionada con el ataque. Tampoco se ha precisado la cantidad de dinero que era transportada.

El Banco General confirmó que el camión se encontraba retirando dinero de un cajero automático de su sucursal de Marbella cuando comenzó el asalto. La entidad atribuyó el fracaso del robo a la reacción de la empresa de seguridad y decidió mantener cerrada temporalmente la oficina durante el martes.

La institución indicó que sus clientes podían utilizar otras 75 sucursales y los canales digitales mientras se desarrollaban las diligencias. Aunque la operación bancaria no dejó usuarios expuestos directamente al enfrentamiento, los disparos provocaron alarma entre residentes, conductores y trabajadores que permanecían en los alrededores de esta zona de la capital.

El caso recuerda el riesgo que enfrentan los trabajadores encargados del transporte de valores, cuyas operaciones se realizan en espacios abiertos y durante movimientos rutinarios de efectivo.

La coordinación utilizada por los atacantes también revela que estos delitos pueden incluir vigilancia previa, vehículos de respaldo y rutas alternativas, aunque esas circunstancias todavía deben comprobarse en esta investigación.

El automóvil volcado y las grabaciones constituyen ahora piezas centrales para reconstruir la secuencia. Las autoridades mantienen la búsqueda de los responsables del fallido asalto, mientras intentan establecer cómo lograron escapar después del accidente y si recibieron ayuda adicional.

La Operación Custodia dejó ocho personas aprehendidas por su presunta vinculación con una pandilla que operaba en el distrito de San Miguelito, uno de los territorios con mayor incidencia de homicidios relacionados con estructuras delincuenciales en Panamá durante 2026.

La Procuraduría General de la Nación informó que más de 20 diligencias de allanamiento fueron ejecutadas en Belisario Frías y otros sectores donde el grupo mantenía control territorial. Las acciones contaron con la participación de unidades de inteligencia e investigación de la Policía Nacional.

La investigación comenzó en 2025 y se concentra en hechos ocurridos en el sector 42 de Santa Marta y Las Colinas. A la organización se le atribuyen presuntamente hurtos, desalojos forzados e incendios contra residentes, además de homicidios, tentativas de asesinato y lesiones personales.

Las autoridades también investigan la posible participación de sus integrantes en delitos relacionados con drogas y posesión ilícita de armas de fuego. Los aprehendidos deberán comparecer ante un juez de garantías, que determinará la legalidad de las capturas, las imputaciones y las medidas cautelares aplicables a cada caso.

El operativo ocurre después de que los homicidios asociados al pandillerismo aumentaran 76% entre enero y el 16 de agosto de 2026, al pasar de 29 a 51 casos frente al mismo periodo del año anterior. En total, San Miguelito acumulaba 73 asesinatos, 20 de ellos en Belisario Frías.

La situación no se limita a ese distrito. La Dirección de Investigación Judicial contabiliza 121 pandillas activas distribuidas en Panamá, agrupadas alrededor de ocho grandes estructuras o corrientes criminales. Estas organizaciones mantienen presencia en puntos vinculados con puertos, corredores logísticos, zonas costeras y sectores urbanos densamente poblados.

Entre las estructuras señaladas durante 2026 aparecen Bagdad, Calor Calor, Mafia Filipina, HP o Manzana Cero, RG 4Life, Roca y Killa. La Policía sostiene que las pandillas dejaron de funcionar únicamente como grupos barriales y ahora prestan servicios de transporte, vigilancia, distribución de drogas y sicariato a redes criminales de mayor alcance.

En agosto, la Operación Secuela permitió aprehender a 13 presuntos integrantes de la pandilla HP14-R14, incluido su supuesto cabecilla, tras más de 30 allanamientos en Río Abajo. La estructura es investigada por su posible participación en homicidios, robos, hurtos, drogas y posesión ilegal de armas.

Un mes antes, las autoridades capturaron a 14 personas presuntamente vinculadas con Mafia Filipina, dos de ellas ubicadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando llegaban de Francia. La investigación abarca pandillerismo, conspiración relacionada con drogas, blanqueo de capitales y posibles vínculos con homicidios y extorsiones.

También en julio, la Operación Harpía dejó siete aprehendidos en el corregimiento Arnulfo Arias, en San Miguelito. Los sospechosos fueron relacionados con Ratitas, también denominada Niños del Detroit Special, una pandilla investigada por homicidios, robos, lesiones, drogas y un ataque contra una unidad policial.

La ofensiva se ha extendido al interior del país. En marzo, 19 personas fueron aprehendidas mediante la Operación Legado en Farallón y Nuevo Farallón, provincia de Coclé. Dieciocho eran señaladas como integrantes de Blindaje 7 y la restante fue detenida por presunta posesión ilícita de un arma de fuego.

Los operativos muestran una actividad sostenida contra estos grupos, pero las aprehensiones no equivalen automáticamente a condenas ni garantizan su desarticulación.

La fragmentación de las pandillas y su conexión con organizaciones superiores permiten que nuevos integrantes ocupen los espacios dejados por los capturados, mientras persisten las disputas territoriales y los homicidios asociados.

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) y la Clinton Health Access Initiative (CHAI) firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer el análisis epidemiológico de la malaria.

El acuerdo busca mejorar el uso de los datos y orientar las decisiones de prevención, diagnóstico, vigilancia y tratamiento.

La firma extiende una cooperación iniciada hace más de una década, durante la cual CHAI ha brindado asistencia técnica y herramientas para organizar la información sanitaria. El nuevo documento pretende mantener ese acompañamiento mientras Panamá intenta reducir los contagios y avanzar hacia la eliminación de la transmisión local.

El comunicado oficial, sin embargo, no especifica la duración del memorándum, los recursos financieros comprometidos ni las metas cuantificables que deberán alcanzarse. Tampoco detalla un cronograma de ejecución, las regiones priorizadas o los mecanismos que se utilizarán para evaluar los resultados de la alianza renovada

Esos elementos serán relevantes porque el valor del acuerdo dependerá de su capacidad para transformar la información en intervenciones concretas. La vigilancia epidemiológica permite identificar dónde aparecen los contagios y cómo se desplazan, pero su utilidad disminuye cuando los registros llegan tarde o no activan respuestas rápidas en las comunidades afectadas.

CHAI trabaja con Panamá desde 2014 y apoya programas contra la malaria en otros países de América Latina y el Caribe. Su estrategia incluye fortalecer las redes de trabajadores comunitarios y los sistemas de detección, además de mejorar el diagnóstico, el tratamiento, el control del mosquito y la planificación basada en evidencia.

Uno de los aportes de esa cooperación fue el desarrollo de un módulo especializado dentro del sistema nacional de vigilancia. La plataforma integra datos sobre notificación, tratamiento, clasificación, investigación y seguimiento de pacientes, que pueden ser consultados por localidad, foco de transmisión, región o provincia.

El sistema permite que las autoridades observen la evolución territorial de la enfermedad con mayor precisión y decidan dónde concentrar personal, medicamentos, pruebas diagnósticas o acciones contra el mosquito. También ayuda a detectar posibles retrasos en el seguimiento y diferencias entre los registros regionales.

Antes de incorporar esas herramientas, parte de la vigilancia panameña dependía de formularios en papel y bases de datos separadas. Ese esquema generaba demoras, duplicidad de tareas e inconsistencias. La digitalización busca facilitar el acceso oportuno a los reportes, aunque requiere conectividad, capacitación y uso constante en campo.

Carlos Echeverría, director regional de operaciones de CHAI, señaló que Panamá fue el primer país que acogió la iniciativa regional dirigida a eliminar la malaria. La organización mantiene presencia principalmente en países donde la transmisión persiste dentro de comunidades rurales, indígenas o con acceso sanitario limitado.

En Panamá, esas condiciones dificultan la respuesta porque numerosos poblados están separados por ríos, montañas o extensas distancias. La detección temprana depende con frecuencia de la presencia de equipos de salud y colaboradores comunitarios, capaces de localizar casos, tomar muestras y facilitar el tratamiento completo de las personas diagnosticadas.

El memorándum fue firmado mientras el país registra 5.298 casos acumulados hasta la semana epidemiológica 34. La cifra es 50,3% inferior a los 10.663 casos reportados en igual periodo de 2024 y 31,7% menor que los 7.758 contabilizados durante 2025.

La reducción interanual muestra una mejora, pero no debe interpretarse como una disminución continua durante las últimas semanas. En la semana 32 se contabilizaban 5.062 casos, por lo que el total aumentó en 236 registros entre ambos cortes, incluyendo posibles notificaciones correspondientes a periodos anteriores.

La malaria se transmite mediante la picadura de mosquitos infectados del género Anopheles y puede provocar fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza. El diagnóstico y tratamiento oportunos reducen el riesgo de complicaciones y ayudan a interrumpir la cadena de transmisión.

El Departamento de Control de Vectores participa desde 1956 en la estrategia nacional contra la malaria. Sus labores incluyen vigilancia, diagnóstico y control del mosquito, con especial atención a las zonas de difícil acceso donde la cobertura permanente de servicios médicos resulta más compleja y costosa.

La Organización Panamericana de la Salud mantiene como objetivo eliminar la enfermedad en las Américas hacia 2030. Alcanzar esa meta exige llevar a cero los contagios locales, investigar cada caso y conservar sistemas preparados para detectar rápidamente cualquier reaparición.

El nuevo memorándum proporciona una base para continuar la cooperación, pero sus efectos dependerán de objetivos verificables, recursos suficientes y presencia sostenida en las comunidades. La reducción de casos constituye un avance; el desafío será convertir mejores datos en respuestas capaces de cerrar definitivamente los focos de transmisión.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) introdujo cambios en las condiciones de participación y evaluación de la licitación para ampliar el Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall, en Isla Colón. La entidad mantuvo el precio de referencia de $25 millones, el alcance de las obras y el plazo de ejecución establecido en 24 meses.

Las modificaciones quedaron incorporadas mediante la Adenda 2 y un nuevo pliego de cargos, publicados después de la reunión de homologación del 21 de agosto. Los ajustes buscan ampliar la competencia entre los proponentes, al flexibilizar requisitos relacionados con la experiencia empresarial, el personal clave y determinados documentos técnicos.

Uno de los principales cambios beneficia a quienes aspiren a ocupar la gerencia del proyecto. La AAC redujo de diez a cinco años la experiencia profesional mínima exigida y amplió los tipos de obras que podrán acreditarse, incluyendo centros comerciales, edificios residenciales, oficinas, hospitales, instalaciones deportivas, aeropuertos y carreteras de alto tráfico.

La misma apertura fue aplicada al ingeniero civil o arquitecto residente. Además de proyectos aeroportuarios y viales, ahora podrán reconocerse trabajos realizados en distintas edificaciones de gran escala. Si el profesional no posee todavía el certificado del seminario PIRO, será admitida una carta que comprometa su presentación posteriormente.

Para los especialistas en pavimentos, la institución también redujo de diez a cinco años la experiencia mínima. El requisito continúa concentrado en carreteras de alto tráfico, con cuatro carriles o más, diseñadas para equipos pesados y con espesores específicos de rodadura en pavimento flexible, según establece el pliego modificado.

La experiencia del ingeniero electromecánico fue reformulada para aceptar trabajos de diseño, instalación, inspección o puesta en funcionamiento de sistemas de bombeo pluvial y sanitario. Antes, la redacción estaba centrada en la adecuación de esos equipos; ahora incorpora más etapas de ejecución dentro de proyectos de infraestructura.

La Adenda 2 eliminó además el límite máximo de certificaciones que podían aportar varios integrantes del equipo. Las constancias podrán ser emitidas por empresas, autoridades competentes, clientes o responsables directos, siempre que permitan comprobar las características, el valor, las fechas y las funciones desarrolladas por cada profesional.

También cambió la forma de acreditar la experiencia técnica de las compañías. El nuevo documento separa los antecedentes en diseño y construcción, acepta proyectos aeroportuarios, sistemas pluviales o carreteras de alto tráfico y establece que, para acumular experiencia, cada certificación deberá corresponder a una obra de al menos $3 millones.

La evaluación conserva una puntuación total de 100 puntos: 45 corresponden a la oferta económica, 34 a criterios administrativos, 15 a la capacidad financiera y seis al diseño conceptual. Dentro del componente administrativo, la trayectoria de la empresa representa 18 puntos y el personal clave aporta los otros 16.

En construcción, el máximo de 14 puntos será otorgado cuando las obras acreditadas acumulen $16 millones o más. Los antecedentes comprendidos entre $8 millones y $16 millones recibirán siete puntos, mientras que los montos inferiores obtendrán tres. Para diseño, la calificación máxima será de cuatro puntos.

Otro ajuste alcanza a las pruebas contra la corrosión para los sistemas de climatización. La AAC permitirá presentar ensayos sobre materiales y recubrimientos específicos, o reportes correspondientes a equipos similares fabricados con la misma tecnología. Los documentos deberán acreditar al menos 2.000 horas de exposición a niebla salina.

Esos certificados técnicos podrán tener una antigüedad máxima de cinco años y, cuando estén redactados en otro idioma, deberán presentarse con su correspondiente traducción al español. La precisión responde a las condiciones salinas de Isla Colón, donde la resistencia de equipos y componentes resulta determinante para su funcionamiento.

La ampliación mantendrá como pieza central una nueva terminal de pasajeros de al menos 2.400 metros cuadrados, con áreas para registro, espera, embarque, equipajes, Migración, Aduanas, aerolíneas y comercios.

El edificio podrá atender operaciones nacionales e internacionales y deberá incorporar una arquitectura tropical vinculada con Bocas del Toro.

El proyecto también contempla ampliar la pista de 25 a 30 metros de ancho, construir una extensión de 160 metros, rehabilitar pavimentos y colocar nuevas luces LED. Se añadirán una calle de rodaje, plataforma para aeronaves, estacionamientos, drenajes, tratamiento de aguas residuales y sistemas de abastecimiento y protección contra incendios.

La terminal actual será demolida después de que la nueva infraestructura pueda asumir las operaciones, para reducir las interrupciones a pasajeros y aerolíneas. Durante los trabajos, el contratista deberá coordinar las intervenciones en pista y plataforma, mientras el aeropuerto continúa prestando servicio al destino turístico.

La AAC indicó en una nota aclaratoria del 3 de septiembre que no responderá nuevas consultas sobre el procedimiento, porque el periodo para formularlas concluyó durante la homologación. Las propuestas deberán presentarse electrónicamente el 24 de septiembre, mientras la obra conservará cuatro meses para diseño y 20 para construcción.

La nueva terminal será levantada en el extremo opuesto a las instalaciones actuales, sobre un globo de terreno adquirido recientemente para desarrollar el proyecto. La ubicación permitirá construir el edificio sin paralizar el servicio y, cuando esté operativo, la terminal existente será demolida para completar la reorganización aeroportuaria.

Una pieza central de la ampliación será la construcción de una cerca perimetral alrededor de las áreas operativas, destinada a impedir la entrada de personas y animales a la pista. Este tipo de incursiones, registradas anteriormente, representa un riesgo para las aeronaves durante los despegues y aterrizajes y compromete la seguridad operacional.

La licitación despertó el interés de 13 empresas nacionales e internacionales, que participaron en la reunión de homologación convocada por la Autoridad Aeronáutica Civil. La concurrencia aumentó frente al proceso anterior y anticipa una mayor competencia por el contrato, aunque la participación no garantiza que todas presenten propuestas.

El Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall constituye la principal puerta de entrada aérea a Isla Colón, centro de la actividad hotelera, gastronómica y recreativa del archipiélago. Su ampliación busca fortalecer la conectividad de Bocas del Toro, considerado uno de los destinos turísticos más importantes de Panamá, y mejorar la experiencia de los visitantes.

Panamá permanecerá bajo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas hasta las 6:00 p.m. del lunes 7 de septiembre. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) incluyó todo el territorio nacional y sus zonas marítimas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) también emitió un aviso de prevención para la población, ante la posibilidad de inundaciones, deslizamientos, crecidas repentinas de ríos y quebradas, ráfagas de viento, caída de árboles y reducciones de visibilidad en las carreteras.

La inestabilidad está relacionada con el paso de la onda tropical número 43, cuyo ingreso al istmo comenzó durante las primeras horas del sábado. Su interacción con sistemas de bajas presiones y la vaguada monzónica favorecerá la formación de lluvias y tormentas entre moderadas y fuertes.

El IMHPA anticipó que los episodios más intensos podrían producirse durante el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre. El mapa de vigilancia presenta acumulaciones aproximadas de entre 50 y 200 milímetros en distintos sectores, aunque los registros variarán según cada distrito.

Las precipitaciones pueden estar acompañadas por actividad eléctrica y vientos capaces de desplazar objetos o derribar ramas. Las zonas con suelos saturados, pendientes pronunciadas y drenajes insuficientes enfrentan una mayor posibilidad de afectaciones, incluso cuando los aguaceros sean de corta duración.

El aviso ocurre mientras Panamá se encuentra bajo la influencia del fenómeno de El Niño, asociado al calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial. Este evento modifica la circulación atmosférica y suele generar temperaturas elevadas, lluvias irregulares y periodos secos más prolongados.

El Niño no significa, sin embargo, que dejará de llover durante toda la temporada. En Panamá suele reducir o alterar la distribución normal de las precipitaciones, pero ondas tropicales, bajas presiones y la vaguada monzónica todavía pueden coincidir y producir tormentas intensas en periodos relativamente cortos.

La diferencia está en la regularidad. Una temporada puede terminar con un déficit acumulado de agua, aunque determinados días registren aguaceros muy fuertes. Esas lluvias concentradas generan escorrentías rápidas, inundaciones y deslizamientos, sin garantizar necesariamente una recuperación sostenida de ríos, suelos y embalses.

El pronóstico más reciente asigna una probabilidad del 100% de persistencia de El Niño durante el resto de 2026 y hasta comienzos de 2027. Los modelos también anticipan un fortalecimiento del episodio durante los próximos meses.

En Panamá, sus efectos suelen sentirse con mayor fuerza en la vertiente del Pacífico y el Arco Seco, donde disminuye la disponibilidad de agua para actividades agrícolas y ganaderas. También pueden aumentar las temperaturas, el estrés sobre los cultivos y el riesgo de incendios durante los periodos secos.

La irregularidad de las lluvias mantiene además la atención sobre los lagos que abastecen al Canal de Panamá y a una parte de la población. Los aguaceros puntuales pueden elevar temporalmente algunos niveles, pero la recuperación depende de precipitaciones constantes dentro de las cuencas que alimentan los embalses.

Ante las condiciones previstas, Sinaproc pidió evitar ríos, quebradas y áreas inundadas, especialmente durante y después de las lluvias. También recomendó no permanecer en playas o espacios abiertos mientras haya tormentas eléctricas y mantener distancia de árboles, estructuras inestables y tendidos eléctricos.

Los conductores deberán reducir la velocidad y conservar una distancia prudente entre vehículos, debido a la disminución de visibilidad y la acumulación de agua sobre las vías. La institución también aconsejó evitar estacionamientos bajo árboles y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas asociadas a las tormentas.

En zonas propensas a inundaciones, las autoridades recomendaron identificar rutas seguras, proteger documentos y mantener disponibles linternas, baterías, agua y medicamentos. Si comienza una crecida, la indicación es trasladarse hacia un punto elevado y evitar atravesar corrientes a pie o en vehículos.

El Centro de Operaciones de Emergencias Nacional mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas. La población debe seguir los comunicados del IMHPA y Sinaproc, mientras cualquier emergencia puede reportarse mediante la línea 911 o el teléfono 520-4426 habilitado por Protección Civil.

Las restricciones aplicadas por el Canal de Panamá están provocando cambios en el transporte marítimo internacional. Algunos buques gaseros han comenzado a modificar sus recorridos, mientras la competencia por los espacios disponibles elevó las subastas a cifras millonarias y el menor calado reduce la cantidad de carga transportada.

La presión combina dos fenómenos externos: el fortalecimiento de El Niño y las interrupciones en el estrecho de Ormuz. La menor disponibilidad de agua obliga al Canal a restringir su capacidad operativa, mientras los problemas en Medio Oriente desvían más embarcaciones hacia Panamá y aumentan la demanda por atravesar la vía interoceánica.

Un reporte de Bloomberg reveló que la congestión está obligando a algunos transportistas de gas licuado de petróleo a explorar rutas excepcionales.

Los buques neopanamax, utilizados habitualmente para llevar cargamentos desde el golfo de Estados Unidos hasta Asia, enfrentan los mayores aumentos en tarifas y tiempos de espera.

Uno de los casos corresponde al Gas Scorpio, un supertanquero que emprendió un recorrido poco frecuente alrededor de Sudamérica para dirigirse hacia Estados Unidos. El desvío, que lo llevó frente a las costas chilenas, puede agregar aproximadamente un mes al viaje. Una operación similar solo se había observado durante la sequía de 2023.

La congestión también generó movimientos de carga frente a Balboa. El buque panamax Energia Grandeur, que navegaba por el Pacífico hacia Japón, regresó para transferir gas al neopanamax Eneos Wisdom.

Según operadores consultados por Bloomberg, mantener la nave viajando durante un mes hasta Asia resultaba menos conveniente que utilizarla como transporte auxiliar a través del Canal.

Al momento del reporte existían 14 embarcaciones sin reserva esperando cerca de la vía, dentro de un total de 115 programadas para transitar. Los buques sin cupo que viajaban hacia el norte enfrentaban demoras máximas de ocho días, mientras aquellos con dirección sur podían esperar cuatro. Algunos operadores prefirieron pagar millones para abandonar la fila.

La competencia por esos espacios aumentó considerablemente. Ricaurte Vásquez, administrador saliente del Canal, explicó a gCaptain que la proporción de embarcaciones que llegaba sin reserva pasó de 10% a entre 20% y 25%. Cuando aparece un cupo disponible, las navieras interesadas presentan ofertas y gana la más alta.

En una de las subastas participaron hasta 18 embarcaciones por un solo espacio, frente a los dos o tres competidores registrados normalmente. Durante mayo y junio hubo un promedio de cuatro oferentes por cupo neopanamax; en julio aumentó a ocho y, durante agosto, llegaron a presentarse hasta 15 aspirantes en una misma jornada.

La escalada también quedó reflejada en los precios. Antes del conflicto con Irán, los cupos subastados se situaban entre $135,000 y $140,000. En marzo y abril aumentaron hasta aproximadamente $385,000, pero en agosto una oferta alcanzó el récord de $5.3 millones, superando los $4.6 millones pagados durante la semana anterior.

La administración canalera sostiene que no establece directamente el precio final de las subastas. Las tarifas resultan de la competencia entre las embarcaciones que llegaron sin una reserva y deciden participar cuando surge una plaza. Tres cupos diarios se reservan para segmentos como el gas natural y el gas licuado, que necesitan espacios con poca anticipación.

A la disminución de cupos se suma la reducción del calado máximo, es decir, la profundidad hasta la cual puede hundirse una embarcación. El límite para los neopanamax bajó de 15.24 metros, equivalentes a 50 pies, a 14.63 metros o 48 pies, obligando a algunos buques a transportar menos mercancía para navegar con seguridad.

El exadministrador Jorge Quijano explicó a AFP que un barco pierde alrededor de 200 contenedores por cada reducción de 30 centímetros en el calado. Como el ajuste aplicado fue de aproximadamente 61 centímetros, un portacontenedores podría dejar de movilizar cerca de 400 unidades, aunque el impacto exacto depende de su diseño y distribución de carga.

El cálculo resulta relevante para embarcaciones con capacidad de hasta 16,000 contenedores. De acuerdo con el reporte de AFP, una reducción prolongada puede traducirse en mayores costos de transporte y tiempos de entrega, con posibles consecuencias sobre los precios pagados finalmente por los consumidores.

El Canal había contemplado disminuir posteriormente el límite hasta 47.5 pies, pero esa nueva reducción fue pospuesta hasta otro aviso debido al nivel reciente del lago Gatún y las proyecciones meteorológicas. Por ahora se mantienen los 48 pies, lo que evita que los buques tengan que sacrificar aproximadamente otros 100 contenedores adicionales.

La reducción de la capacidad diaria añade otra presión. Desde septiembre, el Canal comenzó a disminuir los cruces de 36 a 34 embarcaciones, con una segunda etapa prevista para llevarlos a 32. Con menos espacios, más competidores y barcos obligados a reducir carga, cada tránsito adquiere un valor comercial considerablemente mayor.

El nuevo escenario muestra cómo el clima, la geopolítica y el comercio mundial están convergiendo en Panamá. Las navieras deben escoger entre esperar, pagar una subasta millonaria, transferir mercancía o realizar un recorrido mucho más largo. En cualquiera de esas opciones, la escasez de agua termina convertida en costos logísticos.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen prepara dos proyectos estratégicos por aproximadamente $306,75 millones para ampliar la Terminal 2 y modernizar su campo de vuelo.

Las intervenciones buscan incrementar la capacidad de pasajeros y aeronaves, además de corregir deficiencias existentes en pavimentos y calles de rodaje.

La iniciativa de mayor tamaño corresponde al diseño, construcción y equipamiento del Muelle Sur de la Terminal 2, con un precio de referencia de $208,75 millones. La licitación fue publicada el 16 de julio y recibirá propuestas hasta el 28 de septiembre de 2026.

El proyecto despertó el interés de 26 empresas nacionales e internacionales, que participaron en la reunión previa y de homologación celebrada el 7 de agosto.

La asistencia no garantiza que todas entreguen ofertas, pero refleja la atención generada por una de las mayores contrataciones aeroportuarias recientes.

El Muelle Sur tendrá aproximadamente 21.097 metros cuadrados distribuidos en tres niveles y estará conectado física y operativamente con la Terminal 2.

Incorporará diez nuevas puertas de embarque en contacto, además de cuatro salas para posiciones remotas y un puesto destinado a autobuses de plataforma.

Las posiciones actuales 220, 221 y 222 serán reconfiguradas para integrarlas al nuevo alineamiento del edificio. En esas áreas se ejecutarán trabajos de pavimentación, señalización, drenaje, cimentaciones y canalizaciones, necesarios para instalar los puentes de abordaje y conectarlas con la ampliación prevista.

La obra incluirá una nueva plataforma para estacionar aeronaves, calles de rodaje, iluminación, ayudas visuales, drenajes pluviales y sistemas de abastecimiento de combustible.

También se extenderá la vía utilizada para acceder a la pista, mejorando la circulación entre las nuevas posiciones y el resto del complejo aeroportuario.

Una parte relevante del contrato será la sustitución de pavimentos flexibles por estructuras rígidas de concreto alrededor de la Terminal 2. La medida busca resolver las deformaciones detectadas en determinadas plataformas y reducir las reparaciones recurrentes que afectan el movimiento cotidiano de las aeronaves.

La Universidad Tecnológica de Panamá realizó estudios sobre las condiciones estructurales de los pavimentos afectados y entregó los resultados a Tocumen. Especialistas aeroportuarios analizaron posteriormente las causas de las irregularidades y determinaron las intervenciones técnicas incorporadas en el nuevo proyecto.

Los trabajos deberán desarrollarse por etapas para mantener el aeropuerto funcionando durante la construcción. Primero serán habilitadas las posiciones remotas 513 a 517 y las calles S8 y S9; posteriormente se intervendrán las posiciones 220, 221 y 222 para completar la integración del Muelle Sur.

El contratista dispondrá de 30 meses para diseños, permisos, construcción, equipamiento y pruebas, seguidos por un año adicional de mantenimiento. Hacia el mes 28 deberán estar sustancialmente terminados el nuevo edificio y su plataforma, mientras la entrega definitiva está prevista para el mes 30.

El segundo proyecto contempla una inversión estimada de $98 millones para modernizar integralmente el campo de vuelo. Las obras abarcarán pistas, plataformas y calles de rodaje, con el propósito de mejorar la seguridad, agilizar los movimientos y elevar la capacidad operativa del aeropuerto.

Esta intervención incorporará ocho posiciones remotas para aeronaves Clave C, categoría que incluye modelos como el Boeing 737, con una configuración que también permitirá atender aviones Clave E, como el Boeing 777. Los espacios estarán ubicados cerca del Muelle Norte de la Terminal 1.

El proyecto del campo de vuelo tendrá un plazo estimado de 27 meses, seguido igualmente por un periodo de mantenimiento de 12 meses. Tocumen no precisó en su comunicado la fecha de convocatoria, presentación de propuestas o adjudicación de esta segunda iniciativa, que permanece dentro de su planificación de infraestructura.

Con ambas ampliaciones, Tocumen proyecta alcanzar 64 puentes de embarque y 20 posiciones remotas, para un total de 84 espacios destinados a aeronaves. El aumento permitiría recibir más operaciones simultáneas y reducir presiones sobre plataformas que actualmente atienden un flujo creciente de vuelos y conexiones internacionales.

Durante 2025, la terminal aérea movilizó 20.978.865 pasajeros, un aumento de 8,6%, mientras para 2026 espera alcanzar aproximadamente 22,6 millones. Solo durante el primer semestre registró 11,53 millones de viajeros, alrededor de 15% más que en el mismo periodo del año anterior.

La planificación apunta a superar los 30 millones de pasajeros hacia 2030. Como más de tres cuartas partes de sus viajeros utilizan Tocumen para realizar conexiones, aumentar la capacidad permitirá acompañar nuevas rutas y frecuencias, fortalecer el turismo y mantener la posición de Panamá como centro aéreo regional.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) abrió una consulta para actualizar las reglas de calidad aplicables al servicio de internet en Panamá.

La propuesta incorpora nuevas mediciones, mayores obligaciones de información y compensaciones para consumidores afectados por interrupciones o degradaciones severas.

El documento todavía no constituye una regulación vigente. Actualmente continúan aplicándose las normas adoptadas mediante resoluciones de 2016 y 2017, junto con sus modificaciones. La ASEP evaluará los comentarios recibidos durante la consulta antes de aprobar, rechazar o modificar el texto definitivo.

La iniciativa responde a transformaciones como la expansión de la fibra óptica hasta los hogares, el internet fijo inalámbrico y los servicios satelitales. También considera el crecimiento de videoconferencias, plataformas audiovisuales, educación virtual y aplicaciones alojadas en la nube.

Uno de los cambios más visibles sería la obligación de acreditar dinero por interrupciones no atribuibles al usuario. La devolución se activaría cuando la falta de servicio supere 3,6 horas acumuladas, continuas o discontinuas, durante un mismo periodo de facturación.

El cálculo incluiría el cargo fijo de internet y otros servicios asociados, como telefonía fija o televisión pagada, mediante un prorrateo por el tiempo sin conexión. Si la interrupción atribuible al proveedor supera 24 horas, la compensación aumentaría progresivamente hasta duplicarse cuando exceda 72 horas.

Después de restablecer la conexión comenzaría un periodo de garantía de 48 horas consecutivas. Si durante ese plazo ocurre otra falla atribuible al operador y provocada por la misma causa, se consideraría una continuación del evento original y aumentaría el tiempo utilizado para calcular la devolución.

La regulación también consideraría una interrupción la degradación severa de la conexión, definida cuando la velocidad, latencia, variación de latencia o pérdida de paquetes registre un resultado igual o inferior al 40% contratado. Para reclamar, el cliente deberá efectuar mediciones durante dos días consecutivos.

Las pruebas deberán realizarse mediante una herramienta gratuita proporcionada por cada operador en su página web. El sistema mostrará velocidades de descarga y carga, latencia, fluctuación de la señal, pérdida de paquetes, fecha, hora y dirección IP, mientras conservará los resultados durante cuatro meses.

Las mediciones efectuadas por wifi no serían válidas para presentar ese reclamo. El usuario tendría que conectar directamente una computadora al equipo del proveedor mediante un cable Ethernet y desconectar otros dispositivos, con el propósito de evitar alteraciones en los resultados obtenidos.

Los contratos y facturas deberán identificar las velocidades de carga y descarga del plan adquirido, además de sus características comerciales. Los acuerdos vigentes necesitarán una adenda, que podrá tramitarse electrónicamente siempre que el proveedor pueda demostrar el consentimiento expreso del cliente.

La compensación deberá aparecer en la factura siguiente con el monto, la duración y la fecha del evento. Cuando la interrupción afecte un paquete de servicios, la devolución también alcanzaría cargos fijos asociados, una disposición que amplía el impacto económico para los operadores.

Ante una avería imprevista, las compañías tendrán que informar las áreas afectadas y el tiempo estimado de recuperación mediante páginas web, plataformas digitales o mensajes de texto. Además, deberán contactar directamente a los clientes perjudicados y mantener actualizaciones mientras continúe la interrupción.

Los proveedores también publicarían mensualmente sus indicadores de calidad de servicio. Cada trimestre divulgarían la cantidad de averías, fallas masivas, tiempos de reparación, incidentes informados a la ASEP y compensaciones realizadas, mediante contenidos fáciles de localizar y comprender.

La propuesta establece que las redes fijas deberán entregar al menos el 95% de las velocidades contratadas de carga y descarga. Para las conexiones inalámbricas fijas y satelitales de nueva generación, el umbral sería de 70%, debido a las diferencias entre estas tecnologías.

La latencia máxima sería de 50 milisegundos para redes fijas, 80 para conexiones inalámbricas y 100 para satelitales. Las instalaciones deberán completarse en tres días laborables y las averías atribuibles al concesionario repararse en dos, con un cumplimiento mínimo del 95% de los casos.

Las compañías tendrían que instalar una sonda por cada 5.000 clientes en cada provincia. Los equipos realizarían pruebas cada 30 minutos durante todo el día. Si una sonda incumple los parámetros durante dos meses consecutivos, se configuraría una violación de las normas de calidad.

Los operadores con menos de 5.000 clientes podrían quedar exceptuados de determinadas mediciones mediante una solicitud sustentada. Aunque la excepción busca evitarles cargas desproporcionadas, podría generar diferencias en la fiscalización disponible para los consumidores atendidos por empresas pequeñas.

La consulta comenzó el 4 de septiembre y permanecerá abierta hasta las 3:30 p.m. del 5 de octubre de 2026. Los comentarios podrán entregarse en la sede de la ASEP o enviarse a cpinternet@asep.gob.pa, antes de que la institución adopte una decisión definitiva.

En un túnel rodeado por los bosques de Gamboa, en Panamá, un grupo de murciélagos se prepara para convertirse en protagonista de una investigación poco común.

Los científicos quieren descubrir qué hacen cuando su sistema inmunitario detecta una amenaza: si descansan, modifican su alimentación, evitan a sus compañeros o buscan en la naturaleza algún remedio para recuperarse.

La investigación forma parte de SELFCURE, un proyecto internacional desarrollado con participación del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI).

El estudio comenzó en 2023 y reúne especialistas de Panamá, Alemania, Estados Unidos y Ucrania para responder una pregunta que parece sencilla, pero todavía no tiene una explicación científica definitiva: ¿los murciélagos se automedican?

La iniciativa está financiada por el Programa de Ciencias de la Frontera Humana y es dirigida por Rachel Page, Ralph Simon y Dan Becker, quienes combinan conocimientos sobre comportamiento animal, inmunología, ecología y tecnología de seguimiento.

La automedicación no es exclusiva de los seres humanos. Los chimpancés mastican determinadas cortezas para combatir parásitos intestinales, algunas orugas ingieren plantas tóxicas contra las moscas que las infectan y ciertas aves incorporan colillas de cigarrillos en sus nidos para repeler ácaros. El reino animal posee un botiquín sorprendente, aunque sus recetas no lleven instrucciones.

En experimentos piloto realizados antes del trabajo de campo, los investigadores ofrecieron diferentes frutas a murciélagos sanos y a ejemplares con síntomas de enfermedad inducidos de manera controlada.

De acuerdo con el material publicado por el STRI, algunos animales escogieron alimentos que normalmente no figuraban entre sus primeras opciones, pero que contenían compuestos medicinales o eran empleados en prácticas tradicionales. La elección despertó una sospecha fascinante.

Para comprobarlo en condiciones naturales, el equipo trabaja con murciélagos del género Carollia, frecuentes en los bosques tropicales panameños.

Entre ellos se encuentra el murciélago de cola corta de Seba, una especie que consume principalmente frutos del género Piper. Panamá alberga alrededor de 120 especies de murciélagos, con dietas y formas de buscar alimento extraordinariamente variadas.

La jornada comienza en un túnel de Gamboa, donde los investigadores colocan redes de niebla cerca de las entradas. Los ejemplares capturados son trasladados cuidadosamente en bolsas individuales hasta el laboratorio.

Solo se seleccionan machos y hembras adultos, mientras se excluyen las hembras preñadas y las madres lactantes para evitar riesgos innecesarios durante los procedimientos.

Cada murciélago recibe algo parecido a un chequeo médico: identificación, peso, temperatura, medidas corporales, hisopados de piel y boca, además de muestras de sangre y materia fecal.

Estos análisis permiten establecer si el animal se encontraba sano antes del experimento y conocer qué había comido. Aquí no basta con preguntar cómo se siente el paciente.

Después del examen, los ejemplares se dividen en tres grupos. Uno recibe una solución salina, mientras los otros son tratados con sustancias que simulan señales de una infección bacteriana o viral.

Los compuestos no provocan una enfermedad real, pero activan temporalmente el sistema inmunitario y pueden generar fiebre, cansancio o pérdida de apetito, como ocurre después de algunas vacunas.

La respuesta desaparece aproximadamente 24 horas después, pero ese intervalo ofrece a los científicos una oportunidad excepcional.

Pueden observar si los murciélagos permanecen en su refugio, vuelan menos, cambian sus zonas de alimentación o consumen plantas distintas de las habituales. También analizan si evitan el contacto con otros individuos mientras atraviesan el desafío inmunológico creado en el laboratorio.

Seguir a un animal pequeño y veloz durante la noche no es precisamente un paseo por el bosque. Los dispositivos GPS tradicionales resultan demasiado pesados para buena parte de los vertebrados de menor tamaño.

Por esa razón, cada murciélago lleva un transmisor VHF de aproximadamente 0.4 gramos, más pequeño que la uña del dedo meñique.

El aparato se coloca entre los omóplatos mediante un adhesivo soluble e inocuo, que se desprende entre diez y quince días después. Nueve estaciones de telemetría instaladas en Gamboa reciben una señal emitida cada segundo y permiten reconstruir los desplazamientos nocturnos.

Así se identifica cuánto tiempo permanece cada ejemplar cerca del refugio y qué sectores del bosque visita.

Dentro del túnel, cámaras infrarrojas graban continuamente durante dos días sin alterar la rutina de la colonia. Los investigadores distinguen a los animales tratados mediante pequeñas cintas reflectantes colocadas en el lomo.

La combinación de video, telemetría y análisis biológicos permite comparar el comportamiento individual con el estado inmunitario de cada murciélago observado.

El equipo ya ha seguido a más de 50 ejemplares y encontró patrones muy individuales. Las observaciones preliminares indican que probablemente cada murciélago busca alimento por su cuenta, en áreas diferentes.

Los científicos necesitan ahora identificar las plantas existentes en esos lugares y analizar las muestras fecales para determinar qué consumieron durante las noches posteriores al tratamiento.

La investigación también podría ayudar a definir qué tipos de bosque necesitan estas especies para obtener alimento y posibles recursos medicinales. Si determinadas plantas resultan importantes durante una respuesta inmunitaria, conservar solo los refugios no sería suficiente: también habría que proteger las rutas de vuelo y las zonas donde los animales encuentran los frutos necesarios para recuperarse.

Los murciélagos son animales sociales, poseen una notable memoria espacial y pueden aprender observando a otros miembros de su colonia.

Además, algunas especies intercambian información para localizar refugios o áreas productivas. SELFCURE intenta establecer si esa capacidad de aprendizaje también incluye conductas de autocuidado y si el conocimiento sobre ciertos alimentos puede transmitirse entre individuos.

Comprender estas respuestas ayudaría igualmente a estudiar la circulación de patógenos y a reducir encuentros riesgosos entre fauna y personas.

El Smithsonian advierte que las enfermedades zoonóticas están relacionadas con la destrucción de los hábitats, porque la deforestación y el crecimiento urbano empujan a los animales hacia zonas pobladas, aumentando el estrés y la posibilidad de contacto con los humanos.

Lejos de ser únicamente criaturas asociadas con cuevas, miedo y películas de terror, los murciélagos poseen sistemas inmunitarios eficientes y una longevidad extraordinaria.

El récord documentado para un ejemplar silvestre alcanza los 41 años, una edad notable para un animal tan pequeño. Descubrir cómo controlan las infecciones podría ofrecer nuevas pistas para la salud humana.

Los resultados definitivos todavía deberán esperar. El equipo procesa la información recogida en Gamboa y espera realizar otra ronda de seguimiento en Panamá.

Entretanto, queda abierta una posibilidad tan científica como intrigante: los murciélagos podrían conocer remedios naturales que los humanos aún ignoramos. Tal vez el próximo descubrimiento médico no esté en una farmacia, sino volando silenciosamente sobre el bosque tropical.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) pospuso hasta nuevo aviso la reducción del calado máximo autorizada para los buques neopanamax, luego de evaluar el nivel del lago Gatún y las proyecciones meteorológicas más recientes. La medida permite mantener el límite vigente de 48 pies, equivalente a 14.63 metros en agua dulce tropical.

La disminución a 47.5 pies, o 14.48 metros, debía comenzar el 1 de octubre de 2026, según el calendario comunicado previamente a las navieras. Sin embargo, la ACP determinó que las condiciones actuales permiten conservar medio pie adicional de calado mientras continúa vigilando el comportamiento de las lluvias y los aportes a los embalses.

El aviso no establece una fecha nueva para ejecutar la reducción. La institución indicó que notificará oportunamente cualquier ajuste futuro que pueda modificar las condiciones de navegación, dependiendo de la evolución del lago Gatún y de las previsiones climáticas para la cuenca hidrográfica.

Los registros de la División de Hidrometeorología muestran que Gatún se encontraba en aproximadamente 84 pies durante la mañana del 5 de septiembre. Frente al techo de 89 pies utilizado en la escala del monitoreo, el embalse presentaba una diferencia cercana a cinco pies, lo que confirma que todavía permanece lejos de sus niveles superiores de almacenamiento.

La evolución mensual tampoco refleja una recuperación continua. Gatún comenzó agosto en 84.59 pies y descendió hasta 83.80 pies el día 26, su punto más bajo del periodo. Posteriormente experimentó una recuperación parcial de 0.28 pies, al alcanzar 84.08 pies el 30 de agosto, antes de estabilizarse alrededor de 84 pies.

Al comparar el inicio del mes con el registro del 4 de septiembre, cuando marcó 84 pies, el balance todavía representaba una disminución de 0.59 pies. Por tanto, la decisión de conservar el calado no responde a que Gatún haya recuperado todo lo perdido, sino a una estabilización reciente combinada con las proyecciones meteorológicas consideradas por la ACP.

El lago Alhajuela, identificado también como Madden en el sistema de monitoreo, registraba 237.55 pies durante la mañana del 5 de septiembre. Esa lectura se encontraba 12.45 pies por debajo de 250 pies, límite superior del rango favorable señalado por el tablero, y 17.45 pies debajo del techo de 255 pies mostrado en su escala.

Alhajuela cumple una función distinta, aunque complementaria, porque almacena agua que puede transferirse hacia Gatún mediante el río Chagres. Ambos embalses abastecen las operaciones del Canal y las plantas potabilizadoras que sirven a sectores de Panamá, Colón y Panamá Oeste, por lo que su manejo también debe proteger el consumo humano.

El calado determina la profundidad hasta la cual puede hundirse un buque con seguridad. Una reducción obliga a las embarcaciones, principalmente portacontenedores y graneleros, a disminuir la cantidad de carga transportada.

Mantener los 48 pies permite conservar mayor capacidad comercial y ofrece más previsibilidad a las navieras para organizar sus itinerarios.

La decisión representa un alivio operativo, pero no supone el retiro de las demás restricciones adoptadas frente a la reducción de las precipitaciones. La ACP había anunciado que los tránsitos diarios bajarían progresivamente, primero a 34 y después a 32, mientras las esclusas neopanamax quedarían limitadas a nueve cruces diarios.

Entre mayo y agosto, las lluvias acumuladas en la cuenca estuvieron 34% por debajo del promedio, mientras los aportes de agua a los embalses se redujeron 44%, según cifras divulgadas por la administración canalera. Ese déficit explica por qué la entidad mantiene una estrategia preventiva pese al repunte registrado al finalizar agosto.

La ACP ya había modificado dos veces el calendario. Primero trasladó la entrada en vigor de los 48 pies del 26 de agosto al 2 de septiembre y luego movió el recorte a 47.5 pies hasta octubre. Ahora deja esa reducción suspendida, una señal favorable para el transporte marítimo, aunque sujeta a un escenario hídrico todavía frágil.

En consecuencia, el Canal conserva una mayor capacidad de carga para los neopanamax, pero la amenaza de nuevas restricciones no ha desaparecido. El comportamiento de Gatún durante las próximas semanas será determinante, especialmente porque el embalse necesita acumular suficiente agua antes de la estación seca para sostener la navegación y el abastecimiento de la población.

Desde el 4 de septiembre, el Canal de Panamá redujo su capacidad diaria de 36 a 34 tránsitos, como parte de las medidas adoptadas ante el déficit de lluvias. El programa establece una segunda disminución a 32 cruces diarios desde el 15 de septiembre, mientras los cupos para buques neopanamax quedaron limitados a nueve por día.

Es la segunda vez en la historia reciente que el Canal de Panamá reduce los tránsitos diarios por una crisis hídrica asociada con El Niño. El antecedente ocurrió durante la sequía de 2023 y 2024, cuando la capacidad llegó a disminuir de 38 a 22 cruces diarios, acompañada de restricciones de calado y prolongados tiempos de espera.

Un ciudadano colombiano fue detenido en Chitré, en la provincia de Herrera, durante el Operativo Perseus, por su presunta vinculación con préstamos informales bajo la modalidad “gota a gota”.

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó que esa actividad era incompatible con el estatus migratorio que mantenía en Panamá.

El extranjero fue trasladado al Centro de Detención Administrativo Migratorio Masculino, mientras se realizan los trámites correspondientes. La información oficial no precisa cuánto dinero habría prestado, cuántas personas estarían involucradas ni si existen denuncias por amenazas, violencia o cobros relacionados con una posible estructura criminal.

El “gota a gota” consiste en entregar préstamos rápidos, generalmente sin contratos, garantías ni evaluación financiera. El dinero suele ofrecerse a comerciantes o personas sin acceso al sistema bancario, quienes deben realizar pagos diarios durante períodos cortos, con intereses que pueden resultar considerablemente superiores al capital recibido.

La modalidad no constituye automáticamente un delito únicamente por exigir pagos diarios. Sin embargo, puede adquirir carácter criminal cuando incorpora amenazas, intimidación, lesiones, extorsión, retención de documentos o daños a propiedades.

También puede generar responsabilidades cuando los prestamistas operan sin las autorizaciones exigidas por la legislación panameña.

La Dirección General de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias es la encargada de regular estas actividades, conforme a la Ley 42 de 2001. El MICI mantiene un registro de entidades autorizadas, por lo que prestar dinero de forma organizada y habitual exige cumplir requisitos legales y comerciales.

Además del posible incumplimiento financiero, un extranjero puede enfrentar consecuencias migratorias cuando realiza actividades remuneradas o comerciales distintas de las permitidas por su condición de permanencia. En este caso, el SNM señaló que el supuesto cobro diario no correspondía con su estatus, pero no anunció una imputación penal contra el colombiano.

El operativo ocurre después de que la Policía Nacional mencionara esta semana el “gota a gota” como una de las líneas investigadas por el asesinato de una pareja en Villa Lucre. La mujer estaba embarazada y falleció posteriormente por las heridas ocasionadas durante el ataque armado contra el vehículo.

Las autoridades, sin embargo, no han confirmado que una deuda originada mediante ese sistema fuera la causa del doble homicidio. El posible vínculo continúa bajo investigación y, hasta el momento, no se han reportado aprehensiones por el crimen, según la información divulgada sobre el caso.

El Servicio Nacional de Migración también informó sobre otros procedimientos desarrollados en diferentes puntos del país. En Los Santos fueron detectados dos ciudadanos nicaragüenses que presuntamente ingresaron por un puesto no habilitado.

Ambos quedaron remitidos a la Secretaría Judicial regional para continuar los trámites migratorios correspondientes.

En el Aeropuerto Internacional de Tocumen, las autoridades inadmitieron a un ciudadano estadounidense que, según el reporte oficial, mantenía antecedentes por hurto agravado y abuso sexual. El viajero habría presentado un pasaporte alterado, por lo que fue devuelto a Estados Unidos sin ingresar a Panamá.

En la terminal de Panamá Pacífico fue retenido un ciudadano colombiano que intentaba abandonar el territorio nacional. Al verificar sus datos, los funcionarios confirmaron que mantenía una orden de aprehensión vigente por delitos sexuales. Su salida fue impedida y posteriormente quedó a órdenes de la Dirección de Investigación Judicial.

Un procedimiento similar se desarrolló contra un ciudadano peruano cuando se disponía a salir del país. Una alerta migratoria reveló que era requerido por delitos contra la propiedad intelectual y la seguridad informática. El hombre también fue remitido a la DIJ para hacer efectiva la orden judicial pendiente.

Panamá investigó 297 casos relacionados con trata de personas entre enero de 2015 y el 30 de junio de 2026, informó la Procuraduría General de la Nación. La cifra comprende más de una década de investigaciones desarrolladas por la Fiscalía, aunque el reporte no presenta un desglose anual de los expedientes.

La información tampoco precisa cuántas investigaciones derivaron en imputaciones, condenas o archivos, ni la cantidad total de víctimas identificadas durante el periodo.

La Procuraduría destacó que las mujeres jóvenes figuran entre las principales afectadas, dentro de un delito asociado con la explotación y las organizaciones criminales transnacionales.

Los datos fueron divulgados durante el inicio del Mes contra la Trata de Personas, acompañado por la iluminación azul de la sede de la Procuraduría. La campaña busca promover la prevención y aumentar las denuncias, además de reforzar la protección y restitución de los derechos de las víctimas.

Entre los expedientes destacados aparece la Operación Kosovo, que permitió rescatar a dos mujeres panameñas y obtener una condena. También figura Luz de Esperanza, desarrollada para rescatar a cinco víctimas menores de edad, investigación que terminó con dos mujeres declaradas penalmente responsables.

Las autoridades describen estas estructuras como organizaciones que pueden operar en distintos países, movilizar dinero, falsificar documentos y aprovechar situaciones de vulnerabilidad.

La nueva Fiscalía Superior Especializada en Casos de Alta Complejidad pretende fortalecer la investigación de redes transnacionales y mejorar la identificación de sus integrantes y recursos financieros.

Durante 2025, la Operación Libertad permitió aprehender a tres personas investigadas por presunta trata con fines de explotación sexual.

El Ministerio Público realizó cuatro diligencias de allanamiento en edificios de la capital y rescató a 14 mujeres, según los resultados oficiales divulgados después del operativo.

Otro caso fue registrado en marzo de 2026 mediante la Operación Manos Protectoras, desarrollada en San Isidro, distrito de San Miguelito. Las autoridades aprehendieron a un hombre de 28 años investigado por captar menores y mujeres adultas, quienes eran promocionadas mediante catálogos digitales y aplicaciones como WhatsApp.

Según la Policía Nacional, el sospechoso recibía pagos mediante transferencias bancarias derivados de la presunta explotación sexual. Durante el allanamiento fueron incautados equipos tecnológicos que serían sometidos a análisis, con el propósito de identificar posibles víctimas, clientes y otros participantes.

Las investigaciones también alcanzaron una modalidad distinta: el supuesto reclutamiento de panameños para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. En julio, la Policía aprehendió en Tocumen a un hombre señalado de captar personas mediante falsas ofertas laborales y rescató a dos ciudadanos que se disponían a viajar.

El detenido mantenía en su poder los pasaportes de ambas personas, según el reporte policial. Las autoridades estiman que la red habría contactado a panameños desempleados ofreciendo salarios para combatir en el extranjero, mientras algunos documentos eran retenidos después del traslado, una práctica asociada con el control ejercido sobre las víctimas.

Un segundo investigado fue detenido en agosto por presuntamente participar en el mismo esquema. Las pesquisas señalan que alrededor de 18 personas habrían sido reclutadas, entre ellas un panameño que murió en el frente de batalla y otro cuyo paradero permanece desconocido, mientras el proceso continúa sin sentencia definitiva.

Los expedientes muestran que la trata no exige necesariamente cruzar una frontera ni se limita a la explotación sexual. El delito puede involucrar trabajo forzoso, servidumbre, reclutamiento para actividades criminales o conflictos armados, siempre que exista captación o sometimiento mediante engaño, amenaza, abuso, fuerza o coacción.

El panorama regional confirma la diversidad de estas modalidades. Datos citados por organismos internacionales señalan que el trabajo forzoso representa una parte importante de los casos detectados en América Latina, mientras mujeres, menores, migrantes y personas empobrecidas continúan entre los grupos con mayor exposición.

El Informe sobre Trata de Personas de 2025 del Departamento de Estado mantuvo a Panamá en el nivel 2. La clasificación significa que el país no cumple completamente los estándares mínimos para eliminar el delito, aunque desarrolla esfuerzos para mejorar la persecución penal, prevención y asistencia a sobrevivientes.

Las denuncias pueden presentarse en las sedes del Ministerio Público o mediante los teléfonos 505-3225 y 505-3266. Las autoridades recomiendan reportar retención de documentos, amenazas y situaciones de explotación, especialmente cuando las víctimas tienen limitada su libertad, dependen económicamente de terceros o temen represalias contra sus familiares.

Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, continuará bajo arresto domiciliario luego de que una jueza rechazara modificar las medidas cautelares impuestas en su contra. El investigado está vinculado a la Operación Jericó por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

La decisión fue adoptada por la jueza de garantías Clara Montenegro, durante una audiencia celebrada en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora. La juzgadora concluyó que los riesgos procesales identificados anteriormente no han disminuido y justifican mantener las restricciones vigentes.

La defensa particular solicitó eliminar el brazalete electrónico y reemplazar la detención domiciliaria por reportes periódicos los lunes, miércoles y viernes. También pidió autorización para que Rico Pineda pudiera trabajar, mientras permanecían vigentes la entrega del pasaporte y el impedimento de salida del país.

Montenegro negó las solicitudes después de escuchar los planteamientos de la defensa y del Ministerio Público. La jueza consideró que los elementos presentados no reducían los riesgos procesales, conforme al artículo 240 del Código Procesal Penal, y rechazó igualmente el permiso laboral solicitado por el imputado.

Uno de los aspectos valorados por el tribunal fue la información registrada mediante el sistema de geolocalización. De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, el brazalete electrónico detectó desplazamientos fuera del perímetro autorizado, pese a que Rico Pineda debía permanecer dentro de su residencia.

La jueza le advirtió sobre la obligación de cumplir estrictamente las condiciones establecidas. El Ministerio Público sostuvo que la vinculación del imputado se encuentra fortalecida y que no han desaparecido los riesgos relacionados con la gravedad de los hechos investigados y el peligro para la comunidad.

La defensa, encabezada por el abogado Víctor Orobio, anunció que apelará la decisión. La audiencia fue programada para el 18 de septiembre, a las 2:00 p.m., en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Fortuna, donde un tribunal superior revisará los argumentos sobre las medidas cautelares.

Orobio ha sostenido que la investigación ya concluyó y que mantener las restricciones podría representar una pena anticipada. También afirmó que un informe financiero permitiría justificar los bienes de su cliente, argumento que será nuevamente presentado durante la revisión anunciada ante el tribunal de apelaciones.

Rico Pineda fue aprehendido el 20 de agosto de 2024 como parte de la Operación Jericó y permaneció aproximadamente 17 meses en detención provisional.

El 2 de febrero de 2026, el tribunal le concedió arresto domiciliario con vigilancia electrónica, medida que ahora continuará vigente mientras avanza el proceso.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas lo investiga por una transferencia de una elevada suma de dinero que presuntamente estaría relacionada con actividades ilícitas.

Según la tesis del Ministerio Público, los fondos habrían sido movilizados mediante estructuras empresariales para ocultar o dificultar la identificación de su origen.

Entre las sociedades investigadas figura Servicios Múltiples Rama S.A., vinculada a Rico Pineda y que mantuvo contratos con entidades públicas. Los fiscales sostienen que una de las compañías habría sido utilizada para estratificar dinero presuntamente procedente del narcotráfico, planteamiento que todavía deberá ser demostrado judicialmente.

La Operación Jericó comenzó formalmente el 30 de junio de 2023 para investigar una supuesta organización dedicada al tráfico internacional de drogas y al blanqueo de capitales. Las diligencias incluyeron interceptaciones telefónicas, seguimientos y análisis financieros, además de investigaciones sobre rutas, empresas, vehículos y propiedades.

La investigación reconstruyó una ruta que presuntamente comenzaba en Colombia y atravesaba Panamá y Costa Rica antes de continuar hacia México. Los cargamentos habrían ingresado por Guna Yala y Darién, para después ser trasladados mediante mochileros y vehículos con compartimentos ocultos hacia San Miguelito, Juan Díaz y Chiriquí.

Los operativos comprendieron más de 50 allanamientos en Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Darién, Coclé y Los Santos. Las autoridades reportaron al menos 31 personas aprehendidas, además del decomiso de más de una tonelada de drogas, más de $300,000, vehículos y armas de fuego.

Cinco procesados aceptaron recientemente acuerdos de pena por reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Sin embargo, esos fallos no corresponden a Rico Pineda ni determinan su responsabilidad, pues su expediente continuará junto con otros imputados durante la etapa intermedia prevista para febrero de 2027.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó este viernes 4 de septiembre a Guayaquil para reunirse con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa Azín, en una visita de un día.

La agenda bilateral incluye seguridad, comercio, inversiones, migración, energía e intercambio de información financiera.

Mulino arribó a la Base Aérea Simón Bolívar, donde fue recibido por autoridades ecuatorianas y representantes diplomáticos. Antes del viaje, el mandatario panameño explicó que Noboa lo había invitado a compartir un almuerzo y conversar sobre asuntos de interés común para ambos países.

“Todos sabemos la difícil situación del Ecuador y el esfuerzo que estamos haciendo; lo que Panamá pueda hacer para colaborar con nuestros vecinos lo vamos a hacer”, afirmó Mulino. El presidente advirtió que existe una amenaza latente que continúa incrementándose y requiere unir esfuerzos regionales.

Uno de los principales asuntos será la cooperación contra las organizaciones criminales, las mafias y el narcoterrorismo. Noboa adelantó que ambos gobiernos buscan ampliar el intercambio de datos entre la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador y organismos reguladores bancarios de los dos países.

La coordinación pretende facilitar la identificación de operaciones sospechosas, movimientos financieros y posibles vínculos con estructuras delictivas transnacionales.

Panamá y Ecuador enfrentan el uso de puertos, sistemas logísticos y circuitos comerciales por organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y otros delitos conexos.

Esta semana, los estamentos de seguridad panameños decomisaron 290 paquetes de droga dentro de un contenedor procedente de Ecuador y con destino a España.

En el ámbito comercial, representantes de ambos gobiernos suscribirán los términos de referencia de un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica. El documento no constituye todavía un tratado comercial, sino que establece el marco político y técnico para comenzar las negociaciones bilaterales entre los dos países.

El proceso se desarrollará bajo la Asociación Latinoamericana de Integración y el Tratado de Montevideo de 1980, en consonancia con las obligaciones de la Organización Mundial del Comercio. Los términos serán firmados por el ministro panameño de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y la ministra ecuatoriana Sahira Moya.

Noboa también mencionó la posibilidad de establecer un esquema de “empleo circular”, mediante el cual trabajadores podrían trasladarse temporalmente según las necesidades productivas de cada país. Ecuador podría enviar personal a Panamá durante determinadas temporadas y recibir mano de obra panameña cuando enfrente escasez en actividades específicas.

Otro punto planteado por el mandatario ecuatoriano es una eventual cooperación energética regional. Noboa sostuvo que Panamá podría vender electricidad a Ecuador durante periodos de excedentes, utilizando la futura interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia y la conexión ya existente entre Colombia y territorio ecuatoriano.

La propuesta depende, sin embargo, de la culminación de la infraestructura que permitirá conectar eléctricamente a Panamá con Colombia. Por tanto, la posibilidad de exportar energía hacia Ecuador constituye un planteamiento de mediano plazo y no una operación disponible de manera inmediata entre los dos mercados.

La visita ocurre días después de que Panamá incluyera oficialmente a Ecuador en el listado de países amigos, mediante el Decreto Ejecutivo 16 del 31 de agosto de 2026. La decisión permite que los ciudadanos ecuatorianos puedan solicitar la residencia bajo esa categoría migratoria, siempre que cumplan las condiciones vigentes.

La incorporación fue presentada como una medida de reciprocidad después de que Ecuador excluyera a Panamá de su lista sectorial de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. El decreto panameño sostiene que esa decisión elimina barreras técnicas e impositivas y puede favorecer el comercio, la coinversión, la logística, el turismo y las actividades marítimas.

El beneficio migratorio no concede automáticamente la residencia permanente. Los solicitantes ecuatorianos deberán pasar por una fase de residencia provisional de dos años, además de cumplir los costos, depósitos de garantía y requisitos relacionados con actividad económica, ejercicio profesional o inversión establecidos por la normativa panameña.

El decreto aclara también que la residencia no sustituye el permiso de trabajo, que deberá gestionarse por separado ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Tampoco autoriza a los beneficiarios a ejercer profesiones reservadas o reguladas por leyes especiales dentro de Panamá.

Como parte de la jornada, los cancilleres Javier Martínez-Acha y Roberto Kuri firmarán un acuerdo interinstitucional para intercambiar información migratoria. La comitiva panameña incluye además a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y a Jorge Vallarino, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.

La visita busca convertir el acercamiento diplomático reciente en mecanismos concretos de cooperación económica, migratoria y de seguridad. Tras concluir las reuniones y el almuerzo con Noboa, Mulino y su delegación tienen previsto regresar a Panamá durante la tarde del viernes.

En menos de tres meses, el Gobierno de Panamá adjudicó la construcción y equipamiento de dos nuevos centros penitenciarios, que representarán una inversión conjunta de $267,100,631 y permitirán incorporar 5,500 plazas.

Ambas licitaciones fueron ganadas por Constructora Rigaservices, S.A., después de recibir solamente dos ofertas en cada proceso.

El proyecto más costoso corresponde al Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, conocido como la cárcel de Divisa, que será levantado en Los Canelos, distrito de Santa María, provincia de Herrera.

El Ministerio de Gobierno adjudicó la obra por $181,1, pese al rechazo expresado por residentes, autoridades locales y organizaciones comunitarias.

La convocatoria fue publicada en PanamáCompra el 8 de junio de 2026 y la adjudicación se emitió el 1 de septiembre, mediante la Resolución RA-031. Entre ambas fechas transcurrieron 85 días calendario, periodo durante el cual se efectuó la homologación, se modificó el pliego, se recibieron las propuestas y se completó su evaluación

Aunque 18 empresas participaron en las etapas preliminares, solo dos entregaron propuestas cuando venció el plazo el 13 de agosto. Rigaservices ofertó $181,188,813, mientras que el Consorcio de Infraestructura Social Los Canelos propuso $181,629,000. La diferencia entre ambas ofertas fue de apenas $440,187, equivalente a 0.24%.

La propuesta ganadora superó en aproximadamente $3.99 millones el precio de referencia de $177.2 millones, pero permaneció por debajo del límite establecido para considerarla onerosa.

La comisión verificadora concluyó que Rigaservices cumplió los requisitos del pliego y presentó el precio más bajo, sin que se registraran observaciones o reclamos contra su informe.

El complejo de Los Canelos tendrá capacidad para 3,000 personas privadas de libertad y alojamiento para unos 450 custodios. Sus pabellones estarán diferenciados para internos de mínima, mediana y alta seguridad; los dos primeros grupos ocuparán dormitorios colectivos, mientras que las personas consideradas de alta peligrosidad permanecerán en celdas individuales.

La infraestructura contará con áreas administrativas, educativas, médicas, industriales y de custodia, además de tres anillos de seguridad.

También incorporará videovigilancia, controles biométricos y sistemas de inspección, destinados a controlar los accesos y la circulación interna. El plazo estimado de ejecución será de 36 meses desde la orden de proceder.

La adjudicación se produjo pese a que residentes de Santa María y Divisa han rechazado la ubicación del proyecto. Las comunidades sostienen que una inversión de esa magnitud debería atender primero las necesidades de agua potable, carreteras, escuelas, alcantarillados, instalaciones deportivas y actividades productivas de la región.

También han advertido sobre el posible impacto de la cárcel en la identidad agrícola y comercial de la zona. Miembros de la Asociación Nacional de Egresados del Instituto Nacional de Agricultura han señalado que unas 35 de las 45 hectáreas destinadas al proyecto presentarían condiciones de inundabilidad, situación que podría elevar su complejidad y costo.

La segunda adjudicación corresponde al Centro de Resarcimiento y Rehabilitación de Las Garzas, ubicado frente a La Joya, La Joyita y La Nueva Joya.

La convocatoria se publicó el 29 de junio y la resolución de adjudicación fue emitida el 21 de agosto, por lo que el procedimiento tomó 53 días calendario.

Rigaservices obtuvo este contrato por $85,911,818, frente a los $88,301,155.66 ofrecidos por el Consorcio de Infraestructura Social Las Garzas. La diferencia alcanzó $2,389,337.66. El precio de referencia era de $85 millones, de manera que la oferta adjudicada lo superó en $911,818, cerca de 1.1%.

Este centro albergará a 2,500 personas preliberadas o sometidas a un régimen diferenciado de confianza, además de 160 custodios. Los dormitorios serán diseñados para un máximo de seis internos e incluirán baños individuales, espacios de estudio y áreas de convivencia, con un modelo orientado hacia la preparación para recuperar la libertad.

El proyecto incorporará seis aulas, dos salones multipropósito, laboratorio de informática, biblioteca y espacios de apoyo académico.

También tendrá consultorios médicos y psicológicos, áreas de terapia grupal y talleres de herrería, soldadura, carpintería, ebanistería, panadería y fabricación de estructuras prefabricadas de concreto.

Las instalaciones incluirán dos canchas multiuso techadas, una cancha sintética de fútbol rápido y un gimnasio, junto con espacios para ajedrez, juegos de mesa, actividades culturales, atención familiar y oración.

Para los custodios se construirán dormitorios, áreas de descanso, servicios sanitarios, vestidores e instalaciones deportivas propias.

Los dos proyectos buscan responder a la sobrepoblación que durante años ha presionado el sistema penitenciario panameño. Las cifras oficiales registraban 24,553 personas privadas de libertad al cierre de julio de 2026, mientras que la capacidad instalada se estimaba en aproximadamente 14,700 plazas a comienzos del año.

Esa diferencia representa unas 9,853 personas por encima de la capacidad disponible y una ocupación cercana al 167%. Si las 5,500 nuevas plazas entraran en funcionamiento y la población penitenciaria permaneciera en el nivel actual, la capacidad nacional aumentaría a aproximadamente 20,200 cupos.

Aun así, persistiría un déficit superior a 4,300 espacios, lo que evidencia que construir cárceles aliviaría la presión, pero no eliminaría por sí solo el hacinamiento.

¿Quién es Constructora Rigaservices?

Las dos adjudicaciones penitenciarias se suman a una cartera de obras públicas obtenida por Constructora Rigaservices, fundada en 1995 y presidida por Ricardo Gardellini Escobar.

Una parte importante de esa contratación corresponde a proyectos de la Caja de Seguro Social, entre ellos la Ciudad de la Salud y las policlínicas de Aguadulce, Penonomé, David y San Antonio. También figuran el Hospital de Almirante y el Instituto de Salud de los Trabajadores, además de obras de adecuación y equipamiento médico.

La empresa también ha obtenido contratos para instalaciones deportivas, mercados y proyectos de infraestructura en diferentes provincias. Entre ellos aparecen la Ciudad Deportiva de Bocas del Toro, el estadio Mariano Rivera, las villas deportivas de Changuinola y el Mercado Periférico de Alcalde Díaz. Ahora, las dos cárceles agregan $267.1 millones a su cartera de adjudicaciones estatales.

La economía de Panamá atraviesa un cambio decisivo hacia un escenario más favorable, impulsado por la aceleración de la actividad, los ingresos del Canal y el ajuste de las finanzas públicas, según UBS.

El banco considera que las preocupaciones que dominaron el panorama durante los últimos dos años están perdiendo intensidad.

El informe Panama: Let the Good Times Roll, publicado por la oficina de inversiones de UBS Global Wealth Management, sostiene que el producto interno bruto crecerá alrededor de 5% en 2026.

La entidad incluso estima que la expansión podría superar ese nivel, apoyada por varios motores y no solamente por un efecto estadístico.

Durante el primer semestre de 2026, la actividad económica aumentó 5.5%, el desempeño más sólido entre las principales economías latinoamericanas, de acuerdo con el reporte. UBS señala que también constituye el mejor resultado semestral de Panamá desde 2017, excluyendo el rebote extraordinario registrado después de la pandemia.

El crecimiento ha estado respaldado por el consumo de los hogares, la recuperación de la construcción y los ingresos vinculados al turismo. A esos factores se suma el desempeño del Canal de Panamá, cuyas actividades se beneficiaron de la reorganización de rutas comerciales provocada por las tensiones en el estrecho de Ormuz.

La expansión ocurre después de que la economía creciera cerca de 4.5% en 2025, por lo que UBS descarta que el avance actual responda únicamente a una baja base de comparación. Sin embargo, advierte una paradoja: el crédito bancario permanece contenido mientras la actividad económica continúa acelerándose.

El banco considera que esa combinación indica que la demanda interna está siendo financiada con ingresos disponibles de los hogares o inversión extranjera. Desde 2024, los depósitos privados han aumentado entre $5,000 millones y $6,000 millones anuales, una suma equivalente a aproximadamente 5% del producto interno bruto.

Pese a esa disponibilidad de recursos, los bancos han destinado gran parte de la liquidez a inversiones financieras, principalmente fuera del país, en lugar de aumentar los préstamos locales. UBS explica que los proyectos nacionales podrían ofrecer rendimientos ajustados al riesgo menos atractivos que los activos internacionales, favorecidos por las elevadas tasas globales.

Panamá posee, por tanto, la capacidad financiera necesaria para sostener un ciclo crediticio más fuerte, pero todavía no cuenta con suficientes incentivos para generarlo. La liquidez no representa la principal limitación; el desafío consiste en canalizar esos recursos hacia actividades productivas y proyectos domésticos rentables.

El ajuste fiscal constituye otro de los puntos centrales. El déficit del sector público no financiero bajó de 6.4% del PIB en el primer trimestre de 2025 a 3.3% en el segundo trimestre de 2026. UBS califica la consolidación ejecutada por el Gobierno como una de las más profundas del continente.

La reducción se sustentó en recortes del gasto equivalentes a cerca de dos puntos porcentuales del PIB, distribuidos de forma similar entre funcionamiento e inversión. Paralelamente, los ingresos tributarios aumentaron aproximadamente 0.7 puntos porcentuales, mientras el déficit primario descendió hasta 0.3% del producto interno bruto.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha manifestado que el Gobierno pretende alcanzar un superávit primario durante 2026. Para UBS, el avance fiscal ha sido más rápido de lo esperado y permitió que la trayectoria de la deuda pública comenzara a estabilizarse, aunque todavía supera los niveles anteriores a la pandemia.

La deuda bruta se ha mantenido entre 65% y 67% del PIB durante los últimos cuatro trimestres, comportamiento que reduce los riesgos inmediatos sobre su sostenibilidad. UBS reconoce que las métricas siguen siendo imperfectas, pero considera que la magnitud del ajuste respalda la conservación del grado de inversión de Panamá.

El análisis incorpora también una advertencia política. Aunque la economía avanza, la aprobación del presidente José Raúl Mulino habría caído por debajo de 20%, más de 50 puntos porcentuales frente a dos años atrás. El deterioro estaría relacionado con la percepción de que el crecimiento no beneficia a la mayoría de la población.

Según UBS, los ciudadanos consideran que las mejoras se concentran principalmente entre los sectores de mayores ingresos, una desconexión que podría limitar el respaldo a las reformas. Aun así, el banco sostiene que los riesgos de gobernabilidad permanecen contenidos, porque la administración ha logrado impulsar su agenda pese a su menor popularidad.

Entre los avances menciona la aprobación de la reforma de la seguridad social, la reducción del déficit y la posibilidad de reabrir la mina de cobre. Este último punto representa una expectativa de UBS y no una decisión concretada. El informe añade que las relaciones con Estados Unidos permanecen sólidas y el Canal mantiene ingresos elevados.

En materia de inversión, Panamá conserva una calificación soberana compuesta de BBB- y sus bonos en dólares acumulan un retorno cercano a 3% durante 2026. La deuda ofrece rendimientos de entre 5% y 6%, aproximadamente 150 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro estadounidense.

UBS concluye que el panorama macroeconómico es considerablemente más sólido que hace algunos trimestres, cuando el deterioro fiscal y el cierre minero amenazaban la calificación del país. No obstante, identifica los fenómenos climáticos y los riesgos de gobernabilidad como amenazas capaces de afectar la economía y las operaciones del Canal.

Pese a la mejora registrada, la deuda pública mantiene al país con un margen fiscal reducido para responder a nuevas crisis. Un aumento del costo del financiamiento, una emergencia climática o una desaceleración internacional podrían obligar al Gobierno a realizar ajustes adicionales o buscar nuevas fuentes de ingresos.

El ajuste fiscal también plantea un desafío, debido a que los recortes se distribuyeron entre los gastos de funcionamiento y la inversión pública. Si la reducción del gasto de capital se prolonga, podría limitar la ejecución de infraestructuras, la generación de empleo y la capacidad productiva futura del país, señala el banco.

Otra vulnerabilidad procede de la dependencia de los ingresos turísticos, la inversión extranjera y las actividades relacionadas con el comercio internacional. Para la entidad bancaria, una desaceleración mundial, nuevos conflictos geopolíticos o cambios en las rutas marítimas podrían debilitar algunos de los motores que actualmente sostienen el crecimiento panameño.

Para el asesor empresarial René Quevedo, el informe de UBS plantea un panorama optimista para la economía panameña, sustentado en un ajuste fiscal más rápido de lo esperado, una leve mejora de los ingresos tributarios y reducciones del déficit y del gasto público.

Quevedo destaca que el reporte califica como paradójico “el crecimiento de la demanda interna sin una fuerte expansión del crédito”, situación que atribuye a la vigorosa recuperación del empleo formal privado, pese a que el financiamiento bancario no acompaña con la misma intensidad el dinamismo económico.

Asimismo, señala que el banco suizo destaca los altos niveles de liquidez del sistema bancario nacional, aunque esos recursos no se están canalizando hacia el crédito interno, sino principalmente hacia inversiones financieras y colocaciones en el extranjero.

De acuerdo con Quevedo, las cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá correspondientes a junio de 2026 muestran que un tercio de los créditos y dos terceras partes de las inversiones en valores del sistema bancario nacional, que en conjunto superan los $62 mil millones, están colocados en el extranjero.

Finalmente, Quevedo indicó que UBS considera probable la reapertura de la mina de Donoso, una perspectiva que coincide con un reciente pronunciamiento de JPMorgan Chase sobre el futuro del proyecto minero.

Tres personas fueron imputadas por homicidio doloso agravado tras una audiencia celebrada en Panamá por el asesinato del empresario y economista suizo-español Miguel González, ocurrido el 15 de abril de 2026. Las nuevas revelaciones apuntan a que el robo de 77 kilos de plata habría sido el móvil del ataque.

La jueza de garantías Oriz Medina ordenó la detención provisional de Cristopher Robert y Aristides Ardines Gómez, mientras que Yamizuri Elizabeth Gómez recibió arresto domiciliario.

Los tres quedaron formalmente vinculados a la investigación, aunque por el momento la imputación formulada corresponde únicamente al delito de homicidio doloso agravado.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó elementos de convicción para relacionar a los investigados con la muerte de González, según explicó la representación legal de la familia.

La parte querellante señaló que otras personas también estarían involucradas en la planificación y ejecución del ataque y permanecen pendientes de captura.

La investigación sostiene que los responsables recibieron información sobre el traslado de aproximadamente 77 kilos de plata que estaría realizando el empresario. Ese supuesto “soplo” habría permitido organizar el seguimiento, interceptar el automóvil y apoderarse del cargamento, valorado dentro del proceso en cerca de $300 mil.

Los abogados de la familia describieron una operación presuntamente organizada desde varias horas antes del homicidio. Los sospechosos habrían permanecido reunidos y siguiendo los desplazamientos de González.

Videos incorporados a la investigación mostrarían una caravana de vehículos tanto durante el seguimiento como cerca del lugar donde ocurrió el ataque.

Según el relato presentado después de la audiencia, uno de los vehículos utilizados por los atacantes interrumpió el tráfico y se atravesó frente a un camión. La maniobra obligó a González a detenerse, mientras otro automóvil impactó por detrás el Kia Sportage gris que conducía en Llano Bonito, Juan Díaz.

Las puertas del lado del conductor y de la parte trasera presentaban un desperfecto que impedía abrirlas inmediatamente. Los atacantes habrían interpretado que González se resistía al robo y realizaron múltiples disparos contra el vehículo para poder ingresar, de acuerdo con la versión de los representantes de la familia.

El empresario recibió varios impactos de bala en la espalda, el muslo izquierdo y la cadera. Fue auxiliado y trasladado al Hospital San Miguel Arcángel, donde se confirmó su fallecimiento alrededor de las 12:25 p. m. Los peritos recuperaron más de 15 casquillos en la escena.

Las primeras versiones indicaron que los agresores viajaban en un sedán blanco y utilizaban prendas similares a las policiales. Algunos llevaban chalecos parecidos a los empleados por agentes de investigación. Esos elementos, junto con la persecución y la cantidad de disparos, reforzaron la hipótesis de un ataque planificado.

Los tres sospechosos fueron capturados casi cinco meses después mediante la Operación Destello, desarrollada en Pacora, Las Cumbres y San Miguelito. El operativo fue dirigido por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia Policial.

González, de 60 años, acumulaba más de tres décadas de experiencia en banca internacional y mercados financieros. Era cofundador, director ejecutivo y miembro de la junta directiva de Firmus Financial Inc. Además, asesoraba a la Superintendencia de Bancos de Panamá y poseía licencias del mercado de valores desde 2015.

La Fiscalía deberá ahora acreditar que el robo del cargamento fue efectivamente el móvil del homicidio y precisar la participación atribuida a cada imputado. La investigación también busca establecer quién filtró la información sobre el traslado de la plata y localizar a las demás personas presuntamente involucradas.

El Ministerio de Educación tendrá un presupuesto recomendado de $3,757.4 millones para 2027, según el proyecto de ley 644 presentado por el Ejecutivo.

La cifra supera en $103.2 millones lo solicitado por la propia institución y representa un incremento cercano al 3%, en momentos en que persisten interrogantes sobre la capacidad para convertir los recursos asignados en obras, servicios y mejoras educativas.

Del monto total, $2,312.2 millones serán destinados al funcionamiento del sistema, incluidos salarios, servicios y necesidades operativas. Otros $1,445.1 millones corresponderán a programas de inversión, como mantenimiento preventivo, construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas, nutrición, educación básica y tecnología.

La distribución muestra que aproximadamente seis de cada diez dólares se utilizarán para sostener las operaciones institucionales.

El Meduca había solicitado $2,338.3 millones para funcionamiento y $1,315.8 millones para inversión. El Ministerio de Economía y Finanzas redujo el primer componente en $26.1 millones, pero elevó el segundo en $129.3 millones, una variación del 9.8%.

El ajuste coloca el principal aumento en proyectos y programas, precisamente el apartado donde la institución ha enfrentado mayores dificultades de ejecución.

El ministro Ventura Vega explicó ante la Comisión de Presupuesto que el dinero permitirá atender 82,751 posiciones dentro de la estructura institucional, de las cuales 65,412 corresponden a educadores.

Sostuvo que la transformación educativa no depende solamente de construir escuelas, sino también de fortalecer a los docentes, incorporar tecnología y respaldar la participación de las asociaciones de padres de familia.

La ejecución de los recursos constituye, sin embargo, uno de los principales desafíos del presupuesto educativo. Al 31 de mayo de 2026, el Meduca había utilizado $88.4 millones, equivalentes a solo 6.1% de su presupuesto anual de inversión, fijado entonces en $1,453.3 millones.

En funcionamiento, el avance reportado para el mismo período alcanzaba 35.8%.

La institución ha señalado que esa medición no considera el ritmo con el cual Hacienda asigna mensualmente los fondos. Según su explicación, la ejecución sobre los recursos efectivamente disponibles alcanzó 24% en mayo y subió a 37.5% en junio.

Aunque ambas cifras utilizan bases diferentes, el reducido avance respecto del presupuesto anual mantiene dudas sobre la capacidad para completar proyectos dentro de la vigencia fiscal.

La comparecencia también quedó marcada por las preguntas sobre 54,000 computadoras adquiridas para docentes mediante un contrato de $28.4 millones.

El diputado Jhonatan Vega señaló que uno de los equipos tenía 256 gigabytes de almacenamiento interno, pese a que las condiciones contractuales contemplaban 512 gigabytes. La computadora también cuenta con 16 gigabytes de memoria RAM y una pantalla de 14 pulgadas.

El director de Informática del Meduca, Roberto Espino, explicó que el almacenamiento se completa mediante una memoria USB externa de 256 gigabytes. La respuesta provocó cuestionamientos porque una unidad separada no ofrece las mismas condiciones que un almacenamiento interno integrado al equipo.

Corresponderá a las investigaciones establecer si esa configuración cumple integralmente las especificaciones y obligaciones incluidas en el contrato.

Hasta la sustentación presupuestaria habían sido entregadas 28,585 de las 54,000 computadoras contratadas, mientras otras 25,415 permanecían pendientes. El proceso es revisado por la Contraloría General y el Ministerio Público, que deberán examinar la contratación, los desembolsos y el cumplimiento técnico.

Vega afirmó que respetará lo determinado por las autoridades antes de adoptar decisiones sobre la continuidad del programa.

La controversia comenzó durante la administración de Lucy Molinar, quien renunció al Ministerio de Educación el 12 de agosto de 2026 después de reconocer que existía “mucho ruido” alrededor de las computadoras.

Molinar solicitó al Ministerio Público investigar el proceso y fue reemplazada por Ventura Vega, quien asumió el cargo el 13 de agosto con el compromiso de mantener el diálogo y respetar la ley.

El contrato cuestionado corresponde únicamente a los equipos para educadores. La compra de 531,250 computadoras destinadas a estudiantes, valorada inicialmente en $268.5 millones, fue declarada desierta porque ninguna propuesta cumplió todos los requisitos.

Para 2027, el reto del nuevo ministro será demostrar que el aumento de la inversión puede transformarse en resultados verificables, sin repetir problemas de planificación, contratación o ejecución.

Panamá fue incluido entre los países bajo seguimiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ante los riesgos de desplazamiento asociados con El Niño de 2026-2027.

El organismo solicitó $110 millones para proteger a 4.9 millones de personas en varias regiones, mientras los pronósticos advierten que el fenómeno podría prolongarse hasta febrero de 2027 y provocar sequías, inundaciones y calor extremo.

El informe coloca a Panamá dentro del grupo de vigilancia de la OIM junto con Costa Rica, República Dominicana, Jamaica y Cuba. Sin embargo, no lo clasifica entre los países de alta prioridad, categoría asignada en la región a El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití.

Esta diferencia significa que el país debe mantener preparación y seguimiento, pero no que enfrente actualmente el mismo nivel de vulnerabilidad humanitaria.

Para América Latina y el Caribe, la organización solicita $22 millones destinados a proteger aproximadamente a un millón de personas y fortalecer el trabajo de 145 socios. El documento no especifica cuánto dinero correspondería individualmente a Panamá.

Los fondos se distribuirán conforme evolucionen los pronósticos, las necesidades operativas y los riesgos de movilidad identificados en cada territorio durante los próximos meses.

El Niño se produce por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, capaz de alterar los patrones de lluvia y temperatura en distintas partes del mundo.

La Organización Meteorológica Mundial estima una probabilidad cercana al 100% de que continúe hasta febrero próximo, mientras el calentamiento global puede intensificar sus efectos al desarrollarse sobre temperaturas más altas que las registradas durante ciclos anteriores.

En Panamá, este fenómeno suele estar relacionado con una disminución de las precipitaciones y temperaturas más elevadas, aunque sus efectos no son uniformes ni eliminan la posibilidad de lluvias intensas.

Una temporada irregular puede combinar períodos secos prolongados con episodios capaces de ocasionar inundaciones, deslizamientos o daños locales. Por eso, la vigilancia debe cubrir tanto la escasez como los eventos extremos.

El Consejo de Gabinete declaró el 25 de agosto un estado de emergencia nacional por el comportamiento climático asociado con El Niño. La decisión permite adoptar acciones preventivas, reforzar la capacidad de respuesta de las instituciones y movilizar recursos con mayor rapidez.

El objetivo es proteger a la población, las viviendas y las actividades productivas antes de que las condiciones alcancen niveles críticos.

Uno de los principales riesgos para Panamá está relacionado con la disponibilidad de agua. Una reducción prolongada de las lluvias puede afectar los ríos, la agricultura, la generación eléctrica y el suministro para consumo humano.

También representa una amenaza para los embalses utilizados por el Canal de Panamá, cuya operación depende de agua dulce para el tránsito de buques y el abastecimiento de comunidades cercanas.

La Autoridad del Canal comenzó desde finales de 2025 a aplicar medidas de ahorro y mantuvo el lago Gatún en niveles altos como preparación.

El antecedente más cercano ocurrió en 2023, cuando el déficit de lluvias en la cuenca se aproximó al 30% y obligó a reducir los tránsitos diarios. Aquella crisis mostró que la sequía puede afectar los ingresos, el comercio y la economía nacional.

La OIM advierte que los impactos climáticos también pueden provocar movilidad humana. Las familias pueden verse obligadas a abandonar temporal o permanentemente sus comunidades cuando pierden cultivos, ingresos, viviendas o acceso al agua.

En Panamá, el seguimiento abarcará corredores migratorios, áreas fronterizas y centros urbanos que podrían recibir mayor presión si aumentan los desplazamientos internos o los movimientos desde otros países.

La región ya mantiene rutas migratorias activas y movimientos fronterizos dinámicos. Una sequía severa en el Corredor Seco Centroamericano o inundaciones en zonas vulnerables pueden incrementar la salida de personas hacia otras comunidades o países.

Panamá podría enfrentar efectos indirectos por su posición geográfica, especialmente si los desastres agravan la inseguridad alimentaria y destruyen medios de subsistencia en territorios vecinos.

Del llamamiento mundial, alrededor de 23% será utilizado en información sobre movilidad y análisis de riesgos, mientras 46% financiará preparación y acciones anticipatorias.

El 31% restante respaldará respuestas tempranas y operaciones inmediatas. La OIM busca combinar pronósticos climáticos con información sobre desplazamientos para identificar las zonas donde una emergencia puede generar mayores consecuencias.

Las medidas previstas incluyen fortalecer alertas tempranas, capacitar autoridades, preparar planes de contingencia y colocar suministros cerca de áreas vulnerables. También se contempla asistencia relacionada con alojamiento, agua, saneamiento, higiene, salud y protección.

El propósito es evitar que una comunidad quede aislada o sin ayuda cuando las condiciones meteorológicas dificulten el acceso y obliguen a evacuar familias.

Para Panamá, la preparación requiere revisar reservas de agua, sistemas de distribución, albergues, rutas de evacuación y mecanismos de comunicación.

Las autoridades también deberán coordinar acciones con productores, municipios, centros de salud y comunidades para anticipar pérdidas agrícolas, enfermedades vinculadas al calor y posibles inundaciones. La respuesta será más efectiva si las advertencias llegan con claridad y suficiente anticipación.

La OIM sostiene que actuar antes de una crisis reduce las pérdidas y el costo de la respuesta humanitaria. La advertencia no significa que todos los escenarios vayan a ocurrir, porque los efectos de El Niño pueden variar entre regiones y períodos.

Sin embargo, la experiencia demuestra que esperar hasta la emergencia deja menos opciones para proteger a las personas y evitar desplazamientos prevenibles.

El Gobierno de Panamá autorizó un fondo de hasta $80 millones para enfrentar los efectos de El Niño, mediante contrataciones especiales de obras, bienes y servicios.

La medida forma parte del estado de emergencia nacional aprobado por el Consejo de Gabinete el 25 de agosto y publicado el 2 de septiembre de 2026 en la Gaceta Oficial.

La declaratoria responde a las alteraciones climáticas registradas en el país y a los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. El organismo anticipa un déficit de lluvias entre octubre de 2026 y marzo de 2027, acompañado de temperaturas elevadas, mientras los efectos del fenómeno podrían extenderse hasta mayo próximo.

El Gobierno sostiene que estas condiciones pueden afectar a la población, la producción agropecuaria, las fuentes de agua y la generación hidroeléctrica. También podrían reducir los niveles de lagos y embalses como Bayano, comprometer el abastecimiento para consumo humano y limitar la disponibilidad hídrica necesaria para las operaciones del Canal de Panamá.

La resolución indica que, entre enero y agosto de 2026, al menos 15,643 personas resultaron afectadas por inundaciones.

Más de 70% se concentra en las provincias de Bocas del Toro y Colón, mientras los demás casos corresponden principalmente a las comarcas Ngäbe Buglé y Naso Tjër Di. El escenario combina, por tanto, daños por lluvias con una próxima amenaza de sequía.

Los $80 millones no constituyen una asignación automática para una sola institución. El Ministerio de Economía y Finanzas deberá incorporar los recursos según la disponibilidad presupuestaria de 2026 y 2027, y colocarlos en un fideicomiso administrado por el Banco Nacional de Panamá.

Desde ese mecanismo se pagarán las contrataciones previamente autorizadas y refrendadas por la Contraloría General.

Los ministerios y entidades podrán utilizar el procedimiento especial de adquisiciones de emergencia hasta el 30 de junio de 2027. Este mecanismo permite contratar con mayor rapidez que mediante una licitación pública ordinaria, siempre que los requerimientos estén vinculados directamente con situaciones provocadas por El Niño y los precios de mercado se encuentren debidamente justificados.

Cada solicitud y su monto deberán ser aprobados por la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel. Además, los representantes legales de las instituciones serán responsables de sus actuaciones u omisiones durante la utilización de los fondos.

La resolución permite que el Consejo de Gabinete aumente o reduzca tanto la suma disponible como el período autorizado para efectuar las contrataciones especiales.

Las entidades tendrán que consultar primero la tienda virtual de PanamaCompra para determinar si los productos o servicios requeridos están disponibles. Las obras y proyectos también deberán ser inscritos ante el Ministerio de Ambiente, mientras los contratos necesitarán el refrendo de la Contraloría. Si quedan recursos después de finalizar la emergencia, el saldo del fideicomiso deberá regresar al Tesoro Nacional.

Una vez vencido el período de contratación, cada institución deberá presentar un informe con los bienes y servicios adquiridos, el contratista seleccionado, el objeto del gasto y el monto pagado.

Esa información será publicada en PanamaCompra, aunque la rendición de cuentas está prevista principalmente al finalizar el plazo, no necesariamente conforme se adjudique cada contrato, lo que reduce la capacidad de fiscalización ciudadana en tiempo real.

Panamá adoptó una medida parecida en 2023, cuando declaró una emergencia ambiental por la sequía y la posible llegada de El Niño.

En aquella ocasión se autorizaron $35 millones para contrataciones especiales, distribuidos entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el Ministerio de Salud, MiAmbiente, la autoridad reguladora y el instituto encargado de la meteorología nacional.

El precedente más reciente ocurrió tras las lluvias de noviembre de 2024. El Gobierno aprobó inicialmente $100 millones para atender daños en carreteras, puentes y comunidades, pero posteriormente el límite fue elevado hasta $160 millones.

Informes oficiales presentados en 2026 señalaron que se ejecutaron aproximadamente $104.6 millones, equivalentes a 96.81% de los proyectos y contrataciones reportados bajo aquella emergencia.

La posibilidad de contratar sin los tiempos y la competencia de una licitación ordinaria vuelve a generar preocupación por los controles.

Transparencia Internacional y organizaciones de la sociedad civil han advertido que las emergencias aumentan los riesgos de sobreprecios, favoritismo y selección discrecional de proveedores, especialmente cuando la información se publica después de adjudicar o ejecutar los contratos.

Durante la pandemia de covid-19, las compras de emergencia en Panamá provocaron cuestionamientos por adquisiciones de insumos médicos, equipos e infraestructura.

La falta de información inmediata y varias operaciones suspendidas alimentaron las exigencias de mayor transparencia y trazabilidad del gasto público.

Aquella experiencia mostró que la urgencia puede justificar procedimientos rápidos, pero no debe eliminar la competencia, la publicidad ni la fiscalización independiente.

Para reducir esos riesgos, los organismos especializados recomiendan publicar cada necesidad antes de contratar, identificar a los propietarios de las empresas proveedoras y divulgar precios, cantidades, plazos y responsables.

También resulta necesario habilitar auditorías simultáneas y comparaciones públicas entre ofertas, en lugar de esperar hasta junio de 2027 para conocer un informe consolidado sobre el destino de los recursos utilizados durante la emergencia.

La incidencia del virus sincitial respiratorio (VSR) se triplicó en Panamá durante diez semanas, al pasar de 5 casos por cada 100,000 habitantes en la semana epidemiológica 23 a 15.6 en la semana 33.

La tasa permite comparar la frecuencia de la enfermedad dentro de la población, independientemente del número absoluto de habitantes, y confirma una circulación ascendente del virus.

El aumento representa un riesgo porque el VSR puede comenzar con síntomas parecidos a un resfriado, pero provocar bronquiolitis, neumonía y dificultad respiratoria.

Aunque cualquier persona puede contagiarse, los más vulnerables son los bebés, niños pequeños, adultos mayores y pacientes con enfermedades pulmonares, cardiovasculares o defensas debilitadas. En estos grupos, una infección respiratoria puede requerir hospitalización y suministro de oxígeno.

Hasta la semana 33, Panamá acumulaba 19 defunciones asociadas con el virus. Diez correspondieron a menores de un año, cinco a niños de un año, dos a menores de entre tres y cinco años y dos a adultos de 65 años o más. Los bebés concentraron más de la mitad de las muertes, incluida la de un niño de tres meses residente en Bocas del Toro.

La comarca Ngäbe Buglé registró seis fallecimientos, Bocas del Toro cuatro y Chiriquí tres. Panamá Oeste acumuló dos, mientras Panamá Norte, la región Metropolitana, San Miguelito y Coclé notificaron uno cada una.

La distribución muestra una mayor afectación en territorios occidentales y comarcales, donde las dificultades de acceso oportuno a servicios médicos pueden aumentar el peligro de complicaciones en niños pequeños.

El Ministerio de Salud explicó que el incremento coincide con la temporada de mayor circulación de enfermedades respiratorias y podría comenzar a disminuir durante las siguientes semanas.

Sin embargo, pidió buscar atención inmediata si un bebé presenta dificultad para respirar, rechazo de alimentos o decaimiento. El aleteo nasal y el hundimiento de la piel entre las costillas también indican un esfuerzo respiratorio que requiere evaluación médica urgente.

Como medida preventiva, el Minsa adquirió 13,700 dosis de un anticuerpo monoclonal y las distribuyó entre las 15 regiones sanitarias. Se administrará en las maternidades a recién nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna durante el embarazo.

A diferencia de una vacuna, este producto proporciona directamente anticuerpos que ofrecen protección temporal durante los primeros meses de mayor vulnerabilidad.

Las embarazadas de entre 30 y 36 semanas de gestación pueden vacunarse para generar anticuerpos y transferirlos al bebé antes del nacimiento.

La inmunización también está disponible en Panamá para adultos de 60 años o más. Estas herramientas buscan reducir las formas graves y las hospitalizaciones, pero no sustituyen la vigilancia de síntomas ni las medidas destinadas a limitar los contagios respiratorios.

El panorama general de la semana epidemiológica 32, comprendida entre el 9 y el 15 de agosto, mostró una disminución de varios eventos de notificación obligatoria frente a 2025.

No obstante, las infecciones respiratorias agudas graves mantuvieron un acumulado superior al registrado el año anterior, mientras enfermedades como dengue, malaria y leishmaniasis continuaron generando cientos o miles de casos.

Los casos semanales de infecciones respiratorias agudas graves bajaron de 542 en la semana 31 a 483 en la 32. Su tasa disminuyó de 11.7 a 10.4 por cada 100,000 habitantes, aunque el acumulado anual aumentó de 12,301 a 12,833 casos. En el síndrome gripal fueron notificados 696 pacientes, cifra inferior a los 1,149 contabilizados durante la misma semana de 2025.

La influenza mantuvo un acumulado de 61 muertes, sin nuevos fallecimientos durante las semanas 31 y 32. El 63.9% correspondió a personas de 65 años o más y 8.2% a menores de un año.

Entre las víctimas, el 98.4% no tenía la vacuna de la temporada actual y 83.6% presentaba factores de riesgo asociados principalmente con edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

El dengue pasó de 6,141 casos acumulados en la semana 31 a 6,616 en la siguiente, un aumento de 475 registros. Pese a ese avance, el total se mantuvo 35% por debajo del observado durante el mismo período de 2025.

De los casos actuales, 5,767 fueron clasificados sin signos de alarma, 810 presentaron señales de advertencia y 39 correspondieron a la forma grave de la enfermedad.

La malaria aumentó de 5,009 a 5,062 casos acumulados, después de notificarse 22 nuevos y actualizarse 31 correspondientes a semanas anteriores.

La leishmaniasis pasó de 1,680 a 1,719 registros, mientras el síndrome cardiopulmonar por hantavirus llegó a 16 casos. También se actualizaron 17 episodios de fiebre por hantavirus y 37 diagnósticos de leptospirosis durante el año.

La semana 32 cerró sin nuevos casos de zika, chikungunya, Oropouche ni viruela símica. Sus acumulados permanecieron en uno, cuatro, 19 y seis casos, respectivamente.

En cambio, fueron reportados dos casos de gusano barrenador en humanos. Aunque varios indicadores mejoraron frente a 2025, la subida del VSR exige especial atención, principalmente en bebés, adultos mayores y personas con condiciones médicas que aumentan el riesgo de una evolución grave.

El Gobierno de Panamá reglamentó la Ley 526 del 28 de mayo de 2026, que introduce requisitos de sustancia económica para determinadas entidades pertenecientes a grupos multinacionales.

El Decreto Ejecutivo 32, publicado en la Gaceta Oficial 30603-B, precisa cómo deberán demostrar que poseen operaciones reales en el país cuando reciban rentas pasivas procedentes del extranjero. Las disposiciones comenzarán a aplicarse en el período fiscal 2027.

La sustancia económica significa que una sociedad no puede limitarse a estar jurídicamente registrada en Panamá para beneficiarse de su sistema tributario.

Debe acreditar que detrás de su estructura existen personal calificado, instalaciones, gastos operativos y decisiones empresariales reales. En términos sencillos, la norma busca distinguir una empresa que funciona efectivamente desde el país de una sociedad utilizada únicamente para mantener activos o canalizar ingresos extranjeros.

El Gobierno impulsó la ley como parte de los esfuerzos para ajustar el sistema fiscal panameño a estándares internacionales y atender observaciones relacionadas con estructuras que pueden atraer beneficios sin actividad económica sustancial.

Panamá permanecía en febrero de 2026 entre las jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal identificadas por la Unión Europea, cuya evaluación considera la transparencia, la tributación justa y las medidas contra la erosión de bases imponibles.

La legislación pretende, además, preservar el principio de territorialidad fiscal de Panamá, según el cual generalmente se tributa por ingresos obtenidos dentro del país.

La reforma no elimina ese modelo, pero establece una excepción: las entidades alcanzadas que no acrediten una presencia económica adecuada deberán pagar una tarifa única y definitiva del 15% sobre la renta neta gravable derivada de sus ingresos pasivos extranjeros.

El régimen se aplica a entidades constituidas o domiciliadas en Panamá que pertenezcan a un grupo multinacional y reciban las rentas previstas en el Código Fiscal.

El concepto de entidad comprende sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de personas, fideicomisos y fundaciones. Las rentas comprendidas incluyen regalías, ganancias de capital, rentas inmobiliarias y otras rentas de capital mobiliario, entre ellas determinados dividendos e intereses.

Para demostrar sustancia económica, la reglamentación exige como mínimo una persona empleada o contratada, debidamente calificada y remunerada, que participe en las actividades vinculadas con la generación o administración de los ingresos.

Su dedicación podrá ser completa o parcial, pero deberá resultar proporcional a la naturaleza y dimensión de las operaciones. Las instalaciones podrán ser propias, arrendadas o compartidas, siempre que su utilización esté documentada y cuenten con los recursos necesarios.

Las decisiones estratégicas también deberán adoptarse efectivamente en Panamá. La junta directiva u órgano equivalente tendrá que celebrar al menos dos reuniones presenciales durante cada período fiscal, conservar las actas y demostrar que sus integrantes poseen conocimientos suficientes para dirigir las actividades.

La administración de los activos y la gestión de los riesgos deberán realizarse desde territorio panameño y no podrán tercerizarse, delegarse ni subcontratarse.

Las compañías tendrán que incurrir en costos y gastos operativos relacionados directamente con sus actividades principales y conservar contratos, facturas, registros contables y demás soportes.

Estos desembolsos deberán guardar proporción con la escala y complejidad de cada operación. La evaluación no dependerá únicamente de cumplir cantidades mínimas, sino de que los recursos declarados resulten razonables frente a los ingresos y activos administrados.

El decreto permite tercerizar recursos humanos, instalaciones y determinadas actividades con proveedores domiciliados en Panamá, siempre que los servicios se ejecuten dentro del territorio nacional.

La entidad contratante deberá mantener la supervisión y el control, mientras que el proveedor tendrá que acreditar personal competente y medios adecuados. El tiempo asignado por un trabajador a una compañía no podrá utilizarse simultáneamente para justificar el cumplimiento de otra entidad.

Las sociedades de mera tenencia de participaciones patrimoniales y las dedicadas a conservar o enajenar bienes inmuebles de manera no habitual tendrán un régimen simplificado de cumplimiento.

Podrán acreditar el componente humano con un director, dignatario o administrador remunerado que resida en Panamá, además de instalaciones adecuadas. Sin embargo, perderán ese tratamiento si intervienen activamente en las operaciones cotidianas de otras compañías o desarrollan actividades comerciales, financieras o de inversión sustanciales.

Las entidades obligadas deberán incluir en su declaración jurada de renta información sobre personal, remuneraciones, instalaciones, gastos, tercerización, decisiones estratégicas y riesgos asumidos.

También reportarán los impuestos pagados en el extranjero y los ingresos provenientes de activos intangibles. Toda la documentación tendrá que conservarse física o digitalmente en Panamá durante cinco años y, cuando sea solicitada, deberá presentarse en idioma español.

El reglamento reconoce un crédito por impuestos pagados en otro país para evitar la doble tributación, pero exige documentación legalizada o apostillada que compruebe el pago.

El crédito no podrá superar el impuesto que correspondería cancelar en Panamá, trasladarse a períodos posteriores ni compensarse entre diferentes clases de rentas. Para los activos intangibles, además, se aplicará una fórmula que relaciona los gastos de desarrollo efectuados con la renta obtenida de cada activo.

Quedan fuera del régimen las actividades y entidades expresamente excluidas por la ley, entre ellas determinados participantes de la marina mercante y entidades financieras sometidas a supervisión sectorial.

El MEF podrá pedir a los reguladores constancias sobre la vigencia de sus licencias y el cumplimiento de requisitos prudenciales. Aunque las reglas regirán desde 2027, la primera declaración correspondiente a ese período se presentará en 2028, por lo que las multinacionales deberán revisar desde ahora sus estructuras y documentación.

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó de manera unánime la detención provisional de Bernardo “Nando” Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

El exfuncionario es investigado por la presunta comisión de peculado agravado y corrupción de servidores públicos, debido a irregularidades atribuidas al otorgamiento y seguimiento de auxilios económicos entre 2021 y 2023.

Los magistrados rechazaron sustituir la detención por una medida menos severa al considerar que no fueron presentados nuevos elementos capaces de modificar las circunstancias que motivaron su encarcelamiento.

El tribunal coincidió con la Fiscalía Anticorrupción en que la investigación es compleja y la vinculación atribuida al exdirector no ha disminuido durante el avance de las diligencias.

La Fiscalía sostiene que Meneses tenía, como director general del Ifarhu, responsabilidad directa sobre la administración de los fondos públicos, aunque hubiese delegado determinadas tareas en otros departamentos.

Para el Ministerio Público, esa delegación no eliminaba su deber de supervisar la aprobación, ejecución y cumplimiento de los contratos financiados mediante el programa de auxilios económicos.

La investigación se concentra en más de $51 millones entregados a beneficiarios que presuntamente incumplieron las obligaciones establecidas en sus contratos.

Según la tesis fiscal, Meneses permitió que esas personas conservaran los recursos porque no ordenó cancelar los beneficios ni gestionó los reembolsos, lo que habría ocasionado una lesión económica al Estado panameño.

Los fiscales también le atribuyen haber permitido la aprobación de ayudas para personas que no demostraban necesidad económica ni méritos académicos suficientes. Además, investigan transferencias por más de $19,000 recibidas presuntamente de beneficiarios en una cuenta personal del exfuncionario.

Estas operaciones forman parte de la acusación por posible corrupción de servidores públicos, pero todavía deberán ser demostradas durante el proceso penal.

Meneses permanece detenido por este expediente desde enero de 2026. Sin embargo, ya estaba privado de libertad desde julio de 2025 por otra investigación relacionada con enriquecimiento injustificado.

Una auditoría patrimonial identificó un presunto incremento no justificado superior a $419,000 durante el período en que desempeñó funciones públicas, hallazgo que dio origen a una causa judicial distinta.

El exdirector mantiene varias investigaciones abiertas por supuestos delitos contra la administración pública. Entre ellas figuran expedientes por peculado, enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, algunos de los cuales involucran a otras personas.

La defensa ha solicitado la acumulación de varias causas en un solo proceso, petición que deberá ser examinada en una audiencia prevista para octubre.

El programa de auxilios económicos se convirtió en una de las mayores controversias de la administración gubernamental anterior. Entre 2019 y 2024, el Ifarhu distribuyó aproximadamente $260.5 millones entre 9,237 beneficiarios para financiar estudios dentro y fuera del país.

El cuestionamiento no surgió únicamente por el volumen entregado, sino por la discrecionalidad aplicada para seleccionar a quienes recibieron las ayudas.

Las críticas aumentaron cuando se conocieron beneficios otorgados a familiares de políticos, empresarios, personas influyentes y ciudadanos con capacidad económica para pagar sus estudios.

Paralelamente, estudiantes de familias con recursos limitados esperaban oportunidades dentro de los programas regulares. Además, una parte de las identidades permaneció oculta, lo que alimentó los reclamos por falta de transparencia y controles efectivos.

Aunque los auxilios fueron creados para ampliar las oportunidades educativas, su condición de fondos no reembolsables y la ausencia de concursos públicos claramente definidos abrieron espacio para decisiones cuestionadas.

Las investigaciones posteriores también identificaron deficiencias en el seguimiento académico, el registro de incumplimientos y la recuperación del dinero cuando los beneficiarios abandonaban sus estudios o violaban los contratos.

Antes de enfrentar estas causas, Meneses buscó trasladar su influencia política a la Asamblea Nacional. En las primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD) de 2023, obtuvo 14,772 votos y ganó ampliamente la postulación para diputado por el circuito 13-1 de Arraiján.

Posteriormente participó en las elecciones generales de mayo de 2024, pero no consiguió los votos necesarios para obtener una curul.

Durante la campaña, Meneses renunció al fuero penal electoral después de que varias fiscalías anticorrupción solicitaran levantar esa protección para investigarlo. Su candidatura quedó marcada por los cuestionamientos relacionados con el Ifarhu, aunque su responsabilidad penal no había sido determinada.

La pérdida electoral lo dejó fuera del Legislativo y permitió que los procesos continuaran ante la justicia ordinaria.

La confirmación de la detención no representa una condena ni determina anticipadamente su culpabilidad. La medida busca asegurar su comparecencia y proteger el desarrollo de una investigación considerada compleja por las autoridades.

Meneses conserva el derecho a la presunción de inocencia y a controvertir las pruebas, mientras la Fiscalía deberá demostrar si las decisiones adoptadas durante su administración constituyeron delitos y provocaron el perjuicio económico señalado.

El sistema bancario panameño mantuvo una posición estable hasta julio de 2026, apoyado en el aumento de los depósitos, el fortalecimiento de su patrimonio y una amplia disponibilidad de recursos.

Sin embargo, las cifras también revelan que el crédito dentro de Panamá avanza con moderación, especialmente el financiamiento dirigido a las empresas.

Los depósitos del Centro Bancario Internacional alcanzaron $121,459.3 millones, tras crecer 7.37% frente al año anterior. Este aumento significa que personas, empresas y entidades financieras confiaron más recursos a los bancos establecidos en Panamá, una evolución que les permite mantener una base sólida para financiar préstamos y atender retiros.

La mayor parte del dinero depositado corresponde a particulares. Este grupo reunió $97,164.8 millones, equivalentes al 80% de las captaciones.

En Panamá aumentaron los depósitos a la vista, las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo, lo que muestra una expansión distribuida entre los recursos utilizados diariamente y el dinero reservado por los clientes durante períodos más prolongados.

Las cuentas de ahorro locales crecieron 9.42%, mientras que los depósitos a la vista aumentaron 9.66% y los depósitos a plazo avanzaron 6.13%. En contraste, los fondos depositados por instituciones públicas y otros bancos disminuyeron.

Esto indica que el crecimiento de las captaciones internas estuvo sostenido principalmente por personas y empresas privadas, no por recursos oficiales.

El dinero procedente del extranjero mostró una expansión todavía mayor. Los depósitos externos sumaron $50,309.9 millones y crecieron 11.13%, por encima del aumento registrado en el mercado local.

De esta manera, más de cuatro de cada diez dólares depositados en el centro bancario provienen del exterior, confirmando el papel de Panamá como plataforma financiera para clientes y operaciones regionales.

Aunque esta entrada de recursos fortalece el sistema, también obliga a observar su estabilidad. Los depósitos extranjeros pueden responder con mayor rapidez a cambios en las tasas internacionales, decisiones de inversionistas o episodios de incertidumbre financiera. Por ello, el crecimiento es favorable, pero su concentración y permanencia deben mantenerse bajo vigilancia.

Del lado de los préstamos, la cartera total llegó a $104,332.9 millones, con un crecimiento de 4.88%. Sin embargo, aproximadamente 75% del aumento provino de créditos concedidos fuera de Panamá.

Esto significa que el principal impulso del negocio bancario estuvo en las operaciones internacionales, mientras el financiamiento dentro del país avanzó a menor velocidad.

La cartera local alcanzó $65,729.6 millones y aumentó solamente 1.76%. Además, buena parte de ese crecimiento fue explicada por los préstamos al sector público, que subieron más de 31%.

El crédito destinado al sector privado apenas creció 0.73%, un comportamiento que refleja una demanda moderada o mayor cautela para financiar actividades empresariales.

Entre los sectores económicos, aumentó el financiamiento dirigido a actividades financieras y seguros, agricultura, pesca, minas y comercio.

No obstante, varios de los crecimientos porcentuales más elevados corresponden a carteras relativamente pequeñas. La principal señal de debilidad estuvo en industria y construcción, cuyos saldos disminuyeron, provocando que el crédito corporativo retrocediera 2.35% frente al año anterior.

Los nuevos préstamos aprobados entre enero y julio sumaron $15,357.9 millones, apenas 0.8% más que en el mismo período de 2025.

Las colocaciones aumentaron en empresas financieras, consumo personal e industria, pero bajaron en comercio, construcción, hipotecas y financiamiento público. En otras palabras, la recuperación del crédito nuevo todavía es débil y desigual.

El consumo de los hogares presentó un comportamiento más activo. Los préstamos personales, de automóviles y tarjetas de crédito llevaron esta cartera hasta $15,422.2 millones, con un aumento de 5.48%.

Los financiamientos para comprar vehículos fueron los de mayor crecimiento porcentual, mientras los préstamos personales continuaron siendo la principal deuda de consumo de los clientes bancarios.

Las tarjetas de crédito alcanzaron $2,860 millones y crecieron cerca de 7%. Aunque su uso aumentó, los indicadores de pago mostraron una mejoría: la morosidad bajó de 3.5% a 3.1% y los saldos vencidos disminuyeron de 4.1% a 3.7%. Aun así, las tarjetas mantienen mayores niveles de atraso que otros créditos de consumo.

En términos generales, la calidad de los préstamos mejoró. La cartera vencida local disminuyó $121 millones y representó 3.1% del total, frente a 3.4% registrado un año antes.

Sin embargo, la construcción continúa siendo el sector más comprometido, pues 11.7% de sus créditos se encuentra vencido. También aumentó la morosidad en las actividades agropecuarias.

Los bancos mantienen recursos suficientes para enfrentar dificultades. La liquidez legal continúa muy por encima del mínimo obligatorio y el índice de adecuación de capital llegó a 15.72%, casi el doble del 8% exigido. El patrimonio también aumentó 14.02%, lo que proporciona un respaldo mayor para absorber pérdidas inesperadas.

Las autoridades panameñas decomisaron 290 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita dentro de un contenedor transportado por un buque en la bahía de Panamá.

La carga había salido de Ecuador y tenía como supuesto destino Barcelona, España, según la trazabilidad establecida durante las investigaciones preliminares realizadas por la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional.

El hallazgo se produjo durante una diligencia de perfilamiento y control ejecutada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía de Drogas, con apoyo de la Dirección Nacional Antidrogas y la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas.

Los paquetes fueron remitidos para las pruebas científicas que determinarán el tipo y peso de la sustancia, como exige el procedimiento penal.

El caso vuelve a colocar la atención sobre el uso de las rutas marítimas panameñas para transportar cargamentos procedentes principalmente de países productores de Suramérica.

La conectividad de los puertos y el volumen de contenedores que atraviesa el país son aprovechados por organizaciones criminales para ocultar sustancias ilícitas entre mercancías destinadas a mercados internacionales.

España figura entre los destinos recurrentes de las cargas detectadas en contenedores procedentes de Ecuador o movilizados a través de Panamá. Bélgica y Países Bajos también aparecen como puntos principales de entrada de cocaína a Europa, especialmente mediante los puertos de Amberes y Róterdam.

Estados Unidos continúa siendo otro de los mercados finales de las rutas que atraviesan Centroamérica y el Caribe.

Las organizaciones criminales suelen introducir los paquetes dentro de contenedores que transportan productos legales, algunas veces sin conocimiento de las empresas exportadoras o propietarias de la mercancía.

En otros casos, recurren a redes que incluyen transportistas, trabajadores portuarios y operadores logísticos para abrir, contaminar y posteriormente recuperar las cargas en los puertos utilizados como puntos de salida, tránsito o destino.

Los datos oficiales muestran la dimensión del movimiento de drogas por el territorio panameño. Entre enero y junio de 2026, las fiscalías especializadas, junto con los organismos de seguridad, reportaron la incautación de 47.04 toneladas de sustancias ilícitas.

Durante ese mismo período fueron aprehendidas 2,246 personas y se registraron 1,652 sentencias condenatorias relacionadas con estos delitos, según la Procuraduría General de la Nación.

Los puertos concentraron una parte importante de los decomisos. En las terminales del Pacífico y el Atlántico fueron incautadas 15.92 toneladas de clorhidrato de cocaína durante el primer semestre.

La Procuraduría señaló que aproximadamente 69% de las sustancias decomisadas en el país estuvo relacionado con zonas portuarias caracterizadas por un elevado movimiento de mercancías y contenedores.

Colón encabezó la lista de provincias con mayor incidencia de incautaciones, seguida de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí. También se reportaron decomisos en Los Santos, Veraguas, Coclé, Darién, Guna Yala, Herrera y Bocas del Toro.

La distribución confirma que el fenómeno no se limita a los grandes puertos, sino que utiliza costas, carreteras y comunidades como parte de su estructura logística.

Mientras los grandes cargamentos tienen como objetivo el tráfico internacional, las autoridades mantienen operaciones contra la venta y distribución de drogas dentro de las comunidades.

En Coclé, la Operación Llano Sur dejó 13 personas aprehendidas durante múltiples allanamientos realizados por la Fiscalía Regional y la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, algunos de los aprehendidos presuntamente utilizaban plazas comerciales, parques recreativos y sitios con alta concurrencia de personas para vender sustancias ilícitas.

Los detenidos deberán comparecer ante los tribunales para la legalización de las diligencias, la imputación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares que correspondan en cada caso.

La respuesta penal también produjo condenas recientes. Un hombre recibió una sentencia de 72 meses de prisión por posesión agravada de drogas, luego de un allanamiento efectuado en un inmueble de la ciudad de Panamá.

El acuerdo de pena incluyó el decomiso de $1,190 en efectivo, presuntamente relacionado con la actividad ilícita investigada por la Fiscalía de Drogas.

Los resultados reflejan dos dimensiones distintas del problema: Panamá funciona como corredor para cargamentos destinados principalmente a Europa y Estados Unidos, pero también enfrenta redes dedicadas al abastecimiento del mercado interno.

El decomiso en la bahía interrumpió una operación internacional, mientras los allanamientos en Coclé muestran cómo parte del negocio llega a espacios públicos y zonas residenciales.

A pocos días de concluir sus siete años al frente, Ricaurte Vásquez aseguró que deja una vía interoceánica mejor que la recibida, pero lanzó advertencias sobre la defensa de su régimen institucional, la necesidad de administrar responsablemente el agua y los retos inmediatos de la próxima administración.

Vásquez presentó a los trabajadores del Canal un balance de su gestión, marcada por la pandemia, la crisis hídrica y tensiones geopolíticas que alteraron profundamente el comercio marítimo.

El administrador afirmó que los resultados financieros no surgieron solos, sino que fueron consecuencia de decisiones para fortalecer la operación y su capacidad competitiva global.

“La gratificación más grande es que dejamos un mejor Canal”, manifestó Vásquez sobre la institución que recibió y entrega. Explicó que durante su administración se buscó reconocer el valor del agua y la importancia comercial de la ruta, bajo la premisa de que Panamá debe capturar adecuadamente el beneficio de su posición geográfica privilegiada.

El funcionario colocó la institucionalidad como el legado que debe protegerse. Sostuvo que el sistema de mérito permite reconocer a las personas y destacó que la operación depende de una fuerza laboral motivada y responsable. “Esto no funciona sin la gente”, señaló al defender permanentemente el talento y la rendición de cuentas.

Vásquez recordó la importancia de mantener una visión de largo plazo, lo que incluyó actualizar la planificación del Canal hasta 2035.

A su juicio, la vía necesita una hoja de ruta capaz de responder a un mundo que cambia rápidamente, sin quedar atrapada en decisiones improvisadas ni en las presiones políticas del momento.

Esa preocupación estuvo dirigida a las propuestas de reforma constitucional que podrían modificar el régimen especial. Vásquez calificó el título constitucional del Canal como una creación panameña de escala global y advirtió que cualquier cambio debe considerar los resultados ofrecidos por ese modelo, así como las leyes que protegen su autonomía y funcionamiento.

El agua fue central en su mensaje. Vásquez afirmó que la aparente abundancia del recurso ha reducido la preocupación ciudadana, pese a las señales de escasez y deterioro observadas en distintas regiones.

Aseguró que proteger los ríos, mejorar el abastecimiento y utilizar tecnología en la agricultura deben asumirse como responsabilidades de alcance nacional.

“Si no tenemos agua, la razón de ser del país va a sufrir”, advirtió. El Canal puede aportar conocimiento, ingeniería y tecnología, pero la sociedad panameña debe comprender que el recurso sostiene tanto el consumo humano como la operación de la vía interoceánica y una parte decisiva de la actividad económica panameña.

La crisis de 2023 mostró el riesgo. Las restricciones aplicadas entonces redujeron los tránsitos en 21%, provocaron el paso de unos 2.700 buques menos y representaron pérdidas cercanas a $900 millones. Además del impacto financiero, la situación afectó la confianza de los clientes, que cuentan con rutas alternativas cuando el servicio pierde confiabilidad.

Vásquez defendió la capacidad del Canal para cumplir plenamente sus compromisos. Señaló que durante sus siete años la institución mantuvo sus operaciones y atendió a su fuerza laboral, mientras transfirió al Tesoro Nacional los recursos prometidos. Para el próximo año fiscal, los aportes directos y otros pagos al Estado podrían acercarse a $3.937 millones.

La transición dejará la administración en manos de Ilya Espino de Marotta, seleccionada para dirigir el Canal durante el periodo 2026-2033. La ingeniera, con más de cuatro décadas de trayectoria profesional dentro de la institución, será la primera mujer en administrarlo y tendrá entre sus principales desafíos la seguridad hídrica y competitividad de la ruta.

En su mensaje, Vásquez pidió a los trabajadores recordar de dónde viene la institución para comprender hacia dónde dirigir sus esfuerzos futuros. Su despedida dejó una idea central para el país: el Canal no solo debe producir ingresos, sino proteger el valor del agua y la ruta, junto con la defensa de su institucionalidad, activos que pertenecen a Panamá.

Los conductores en Panamá volverán a pagar más por los combustibles desde las 6:00 a.m. de este viernes 4 de septiembre. En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos costará $1,28 por litro, mientras la de 91 se venderá en $1,19 y el diésel llegará a $1,40.

El nuevo ajuste amplía el incremento acumulado desde mediados de julio. En menos de dos meses, la gasolina de 95 se ha encarecido cerca de 9% y la de 91 alrededor de 8%. El mayor impacto corresponde al diésel, que registra un aumento cercano al 29%, según la comparación de los precios oficiales.

El aumento del diésel podría trasladarse a los precios de bienes y alimentos, debido a que es el combustible utilizado principalmente para transportar mercancías dentro del país. Un mayor gasto para movilizar productos desde puertos, centros de distribución y zonas agrícolas incrementa los costos de operación de las empresas, que eventualmente podrían ser asumidos por los consumidores finales.

La evolución comenzó con los valores vigentes desde el 10 de julio, cuando la gasolina de 95 costaba aproximadamente $1,17 por litro en Panamá y Colón. La de 91 se encontraba en $1,11 y el diésel se vendía en cerca de $1,09, precios considerablemente menores a los anunciados para septiembre.

El 24 de julio entró en vigor el primer incremento importante del periodo. La gasolina de 95 subió a $1,26 por litro, la de 91 alcanzó $1,18 y el diésel llegó a $1,27. En apenas dos semanas, este último combustible aumentó cerca de $0,18 por litro, superando ampliamente el avance de las gasolinas.

Agosto comenzó con otro ajuste al alza. Desde el día 7, la gasolina de 95 pasó a $1,27 por litro, mientras la de 91 se ubicó en $1,19. El diésel volvió a registrar el aumento más fuerte de la quincena al alcanzar aproximadamente $1,34 por litro en Panamá y Colón.

El movimiento cambió parcialmente el 21 de agosto. Las gasolinas registraron una reducción: la de 95 bajó a aproximadamente $1,23 por litro y la de 91 descendió a $1,16. Sin embargo, el diésel volvió a subir, aunque ligeramente, hasta situarse en alrededor de $1,35 por litro.

Con el ajuste del 4 de septiembre, la gasolina de 95 subirá nuevamente hasta $1,28, superando el valor registrado a principios de agosto. La de 91 volverá a $1,19, mientras el diésel alcanzará un nuevo máximo de $1,40.

Al comparar los extremos del periodo, la gasolina de 95 aumentó cerca de $0,11 por litro, equivalente a unos $0,40 por galón. La de 91 acumula una subida aproximada de $0,09 por litro o $0,33 por galón. En cambio, el diésel se encareció $0,31 por litro y $1,18 por galón.

Con los nuevos valores, el galón de gasolina de 95 costará aproximadamente $4,84 en Panamá y Colón. El de 91 se ubicará en $4,52, mientras el galón de diésel llegará a $5,30. Los precios serán ligeramente mayores en otras localidades debido a los costos de traslado.

La Secretaría Nacional de Energía explicó que el último incremento responde principalmente a las tensiones en Medio Oriente, que han impulsado los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Los enfrentamientos y las dificultades para movilizar cargamentos por rutas estratégicas aumentaron la preocupación por el abastecimiento mundial durante las últimas semanas de agosto.

El West Texas Intermediate, conocido como WTI y negociado en Nueva York, también atravesó un periodo de fuertes movimientos durante agosto.

Después de registrar retrocesos al comenzar el mes, recuperó terreno durante las últimas jornadas y superó los $90 por barril al iniciar septiembre, presionado por los riesgos para el suministro.

Entre mediados de julio y el comienzo de septiembre, el WTI acumuló un aumento cercano al 13%, al pasar de aproximadamente $79,60 a más de $90 por barril.

Esa trayectoria ayuda a explicar el encarecimiento local, aunque los precios panameños no cambian inmediatamente ni reproducen exactamente cada movimiento internacional.

Panamá importa la gasolina y el diésel que consume, por lo que también influyen el valor de los combustibles ya procesados, su transporte hasta el país y la distribución interna.

Los nuevos precios permanecerán vigentes hasta las 5:59 a.m. del 18 de septiembre, cuando deberá realizarse la siguiente revisión quincenal.

Panamá ha fortalecido su posición como centro regional de logística, almacenamiento y distribución ante el avance del nearshoring en América Latina, según el informe de mercado publicado esta semana por Maersk.

La naviera destaca que las empresas están reorganizando sus cadenas de suministro para acercar mercancías a los principales mercados de consumo.

El nearshoring consiste en trasladar operaciones productivas o proveedores hacia países próximos al mercado final, mientras la regionalización busca integrar cadenas dentro de una misma zona geográfica.

Ambas tendencias dejaron de ser respuestas temporales ante las crisis y se convirtieron en cambios estructurales del comercio internacional, sostiene Maersk.

En el caso panameño, la compañía identifica como ventajas la posición geográfica, las zonas francas, la conectividad y la infraestructura logística existente. Estas condiciones permiten utilizar el país como plataforma para almacenar inventarios, redistribuir productos y abastecer otros mercados latinoamericanos con menores tiempos de respuesta y mayor flexibilidad operativa.

Maersk señala que Panamá continúa ampliando su participación en las cadenas regionales de valor mediante sus operaciones de almacenamiento y distribución.

Las empresas pueden colocar mercancías más cerca de sus compradores, reducir la dependencia de proveedores distantes y responder con mayor rapidez ante interrupciones en las rutas internacionales de transporte.

La relevancia de Maersk para Panamá también está vinculada con su presencia en el transporte marítimo, los servicios logísticos y la actividad portuaria. La compañía ofrece conexiones semanales desde los puertos de Manzanillo y Balboa, tanto para carga convencional como refrigerada o sobredimensionada, integrando las costas atlántica y pacífica con su red internacional.

Una de sus unidades, APM Terminals, asumió temporalmente la operación del puerto de Balboa, en la entrada pacífica del Canal de Panamá, después de que el Estado tomara el control de las terminales administradas por Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

APM Terminals inició una etapa de estabilización destinada a mantener la continuidad de las operaciones y desplegar un nuevo sistema de gestión portuaria. La empresa revisó el inventario de contenedores, las condiciones de la carga, las grúas, los equipos y la infraestructura, con atención especial sobre los productos perecederos almacenados en la terminal.

El informe de septiembre también anuncia cambios en las conexiones marítimas que tienen a Panamá como punto estratégico. El servicio West Coast Shuttle comenzará operaciones mediante una rotación de tres buques entre Ecuador, Panamá y México, con el propósito de fortalecer el movimiento regional de mercancías desde la costa del Pacífico.

Maersk aplicó además una rotación semanal actualizada en su servicio AC1, que conecta Shanghái, Yokohama, México, Colombia y Panamá. La configuración comenzó en agosto y continuará durante septiembre, ampliando las alternativas para movilizar carga entre Asia, Centroamérica y la costa occidental sudamericana mediante una red marítima con escalas regulares

La compañía considera que estas modificaciones generarán oportunidades para el transporte multimodal, la carga aérea, el almacenamiento y la distribución regional. El crecimiento de centros de manufactura y corredores logísticos obliga a coordinar puertos, carreteras, depósitos, terminales aéreas y pasos fronterizos para conseguir cadenas de suministro más integradas y resistentes.

El potencial económico podría ser considerable. Una estimación del Banco Interamericano de Desarrollo citada por Maersk calcula que el nearshoring podría generar $78,000 millones adicionales en exportaciones anuales para América Latina y el Caribe, divididos en $64,000 millones en bienes y $14,000 millones correspondientes a servicios.

Esta proyección comprende toda la región y no representa una estimación exclusiva para Panamá. Maersk advierte que aprovechar las nuevas oportunidades dependerá de inversiones sostenidas en infraestructura, conectividad, digitalización, preparación de la fuerza laboral y facilitación comercial, junto con mejoras en la eficiencia regulatoria y la seguridad jurídica.

Para Centroamérica, el reporte señala avances en la modernización aduanera, la coordinación de fronteras y la expansión de plataformas digitales de comercio. Estas iniciativas buscan reducir tiempos, aumentar la visibilidad sobre los movimientos de carga y facilitar el intercambio transfronterizo, mientras Guatemala atrae fabricantes interesados en abastecer con mayor rapidez el mercado norteamericano.

Costa Rica, por su parte, consolidó su participación en la fabricación de dispositivos médicos y otros productos de alto valor, mientras Panamá se especializa en distribución e inventarios.

La combinación muestra que los países centroamericanos pueden ocupar funciones diferentes pero complementarias dentro de las nuevas cadenas productivas y comerciales del continente.

El panorama también presenta obstáculos. Maersk identifica brechas de infraestructura, regulaciones complejas, problemas de seguridad y conectividad desigual frente a la competencia de economías del sudeste asiático.

Las empresas evalúan además la confiabilidad del transporte, la eficiencia de los puertos, el suministro energético y la estabilidad institucional antes de decidir sus inversiones.

La presencia de Maersk en Panamá también se amplió en abril de 2025, cuando APM Terminals, filial del grupo danés, adquirió Panama Canal Railway Company a Canadian Pacific Kansas City y Lanco Group/Mi-Jack.

La empresa opera el ferrocarril de aproximadamente 76 kilómetros que conecta las costas del Pacífico y el Atlántico, y que funciona como un puente terrestre para movilizar contenedores entre los complejos portuarios ubicados en ambos extremos del Canal.

Para Panamá, el desafío será convertir su ventaja geográfica en servicios logísticos más eficientes, competitivos y tecnológicamente integrados. La operación provisional de Balboa, las nuevas rutas marítimas y el crecimiento del almacenamiento refuerzan su función regional, pero sostenerla requerirá modernización continua y reglas claras para atraer inversiones de largo plazo.

Panamá impidió el tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen de un ciudadano venezolano presuntamente vinculado con la organización criminal Tren de Aragua.

El extranjero también mantenía antecedentes penales en Estados Unidos por posesión y distribución de narcóticos, de acuerdo con las verificaciones efectuadas por el Servicio Nacional de Migración.

El hombre llegó en un vuelo procedente de Valencia, Venezuela, y pretendía continuar su recorrido hacia Medellín, Colombia. Las alertas surgieron durante los controles migratorios realizados en la terminal aérea.

Tras confirmar la información, las autoridades panameñas impidieron su tránsito y ordenaron devolverlo a su país de origen.

Migración señaló que mantiene activos sus filtros en los puertos de entrada y tránsito para prevenir el desplazamiento de personas relacionadas con actividades delictivas.

La entidad no reveló la identidad del pasajero ni detalló los antecedentes que permitieron asociarlo con el Tren de Aragua, más allá de las alertas internacionales y su historial por narcotráfico.

El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional surgida en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado venezolano de Aragua. Bajo el liderazgo de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, el grupo extendió progresivamente sus operaciones fuera de Venezuela hacia distintos países de América.

Sus células han sido relacionadas con homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, trata de personas y explotación sexual. La estructura también ha aprovechado los movimientos migratorios para captar víctimas, controlar rutas clandestinas y establecer redes criminales en comunidades venezolanas, aunque su presencia y capacidad operativa varían entre los países.

Estados Unidos incluyó al Tren de Aragua en su lista de organizaciones terroristas extranjeras el 20 de febrero de 2025. La decisión fue adoptada después de una orden ejecutiva que abrió el proceso para clasificar como terroristas a determinados carteles y grupos criminales transnacionales considerados una amenaza para la seguridad nacional y regional.

La designación estadounidense se sustentó en la violencia atribuida al grupo y su participación en asesinatos, secuestros, extorsiones y tráfico de personas, armas y drogas. La medida permite bloquear bienes, perseguir fuentes de financiamiento y sancionar a quienes proporcionen apoyo material a la organización dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.

En Panamá, al menos cinco personas señaladas por presuntos vínculos con el Tren de Aragua han sido detectadas, inadmitidas o expulsadas durante 2026.

El recuento incluye a dos venezolanos localizados inicialmente en un puesto de control en Divisa, quienes posteriormente fueron expulsados del territorio panameño hacia Venezuela.

Ambos extranjeros habían sido retenidos en abril durante una inspección realizada por unidades migratorias y del Servicio Nacional de Fronteras.

El 2 de junio, luego de completar los procedimientos legales establecidos en materia de migración, seguridad y orden público, abandonaron Panamá bajo custodia de funcionarios a través del aeropuerto de Tocumen.

Otro caso ocurrió el 12 de agosto, cuando un ciudadano colombiano fue rechazado al intentar ingresar como turista. Durante la entrevista migratoria manifestó pertenecer al Tren de Aragua y afirmó estar amenazado por La Inmaculada, otra estructura delictiva. Las autoridades consideraron que representaba un riesgo para la seguridad pública y lo devolvieron a Colombia.

El 21 de agosto, los supervisores migratorios identificaron en Tocumen a otro venezolano presuntamente relacionado con la organización transnacional. Había llegado desde Guatemala y viajaba hacia Venezuela.

Los funcionarios observaron tatuajes asociados con la banda y comprobaron que había sido deportado previamente desde Denver, Colorado.

Debido a sus antecedentes y a las alertas obtenidas durante las verificaciones, Panamá le negó el tránsito y dispuso su devolución a Guatemala, lugar de procedencia del vuelo.

Este caso y el registrado el 1 de septiembre muestran la utilización de Tocumen como conexión internacional y el reforzamiento de los controles sobre pasajeros en tránsito.

La actuación migratoria no implica que todos los extranjeros detectados sean procesados penalmente en Panamá. Cuando una persona no ha cometido un delito dentro del territorio nacional, pero existen alertas o motivos legales para impedir su entrada, las autoridades pueden inadmitirla, rechazarla o devolverla conforme a los procedimientos contemplados en la normativa migratoria.

Migración también informó sobre otras retenciones no relacionadas con el Tren de Aragua. Durante el Operativo Perseus, desarrollado en Guararé, provincia de Los Santos, un ciudadano colombiano con la estadía vencida fue detectado y remitido a la Secretaría Judicial, encargada de continuar el procedimiento administrativo correspondiente.

En otro control efectuado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, los supervisores retuvieron a un colombiano que mantenía una orden de conducción por un presunto delito contra el orden económico. El extranjero fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación judicial y cumplir la solicitud registrada en su contra.

El doble homicidio de una pareja dentro de un automóvil en Villa Lucre, en el distrito de San Miguelito, podría estar relacionado con redes de crimen organizado o con préstamos informales bajo la modalidad “gota a gota”, según las dos líneas de investigación que mantiene abiertas la Policía Nacional.

El director de la institución, Jaime Fernández, explicó que los investigadores recopilan videos de las cámaras de seguridad ubicadas alrededor de la escena. La Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia Policial analizan ese material para identificar a los responsables y reconstruir sus movimientos antes y después del ataque.

Fernández aclaró que hasta ahora no existen personas aprehendidas por el doble homicidio, contrario a versiones que circularon inicialmente. Aseguró, sin embargo, que las autoridades cuentan con abundante evidencia y trabajan junto con el Ministerio Público para realizar las diligencias y los allanamientos que requiera la investigación.

El ataque ocurrió la tarde del 25 de agosto, cuando varios hombres armados se aproximaron a un vehículo estacionado en una plaza comercial de Villa Lucre y dispararon contra sus ocupantes.

El lugar se encuentra cerca de una estación del Metro y mantiene una circulación constante de peatones, conductores y repartidores.

El hombre murió en el sitio, mientras su acompañante, quien se encontraba embarazada, fue trasladada por unidades policiales a un centro hospitalario. La mujer falleció poco después debido a la gravedad de las heridas. El crimen provocó una tercera muerte al interrumpir violentamente el embarazo de la víctima.

La condición de la mujer agregó especial gravedad a un ataque cometido alrededor de las 5:00 p. m. y en un área ampliamente transitada. Funcionarios del Ministerio Público y agentes de la DIJ procesaron la escena, recopilaron indicios balísticos y comenzaron a revisar la ruta utilizada por los pistoleros para escapar.

Una de las hipótesis mencionadas por Fernández relaciona el crimen con el sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota”, una modalidad que habría surgido en Medellín, Colombia, durante la década de 1990. Posteriormente, el mecanismo se extendió hacia otros países de América Latina y el Caribe.

El esquema ofrece dinero inmediato sin contratos formales, garantías, referencias bancarias ni evaluación de la capacidad de pago. Sus principales objetivos suelen ser pequeños comerciantes, trabajadores informales y personas excluidas del sistema financiero. A cambio de esa facilidad, los prestamistas imponen intereses elevados y cobros diarios.

El nombre “gota a gota” proviene precisamente de la entrega diaria de pequeñas cuotas que van pagando gradualmente la deuda. Sin embargo, los intereses y recargos pueden impedir que el compromiso disminuya. En algunos casos, el deudor termina entregando varias veces la cantidad recibida originalmente sin cancelar el préstamo.

Cuando una persona se atrasa, los cobradores pueden recurrir a intimidaciones, amenazas, agresiones, destrucción de negocios o ataques contra familiares. La información personal entregada al solicitar el dinero también puede utilizarse para ejercer presión. Estas acciones convierten una deuda informal en un mecanismo de control y explotación criminal.

El préstamo informal, por sí solo, no convierte automáticamente cada caso en un delito ni demuestra la actuación de una organización criminal. La conducta adquiere relevancia penal cuando intervienen prácticas como la extorsión, las amenazas, las lesiones, la asociación ilícita, el blanqueo de capitales o el homicidio utilizado como método de cobro.

Estos grupos suelen utilizar cobradores distribuidos por zonas y registros detallados de clientes, cuotas, domicilios y lugares de trabajo. La facilidad para entregar dinero en efectivo también les permite penetrar comunidades con limitado acceso al crédito, mientras el temor a represalias reduce las denuncias y dificulta rastrear las operaciones financieras.

En el caso de Villa Lucre, la Policía todavía debe establecer si alguna de las víctimas mantenía una deuda vinculada con esta modalidad o si el ataque respondió a otra actividad del crimen organizado. Fernández enfatizó que todas las posibilidades permanecen abiertas y calificó el doble asesinato como un hecho inusual dentro de ese sector de San Miguelito.

La investigación deberá determinar quiénes ejecutaron el ataque, cuál fue su motivación y si otras personas ordenaron el crimen. Los videos, peritajes balísticos, comunicaciones y movimientos previos de las víctimas serán determinantes para comprobar o descartar la hipótesis del “gota a gota”, que por ahora continúa siendo únicamente una línea investigativa.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que convocará la próxima semana una reunión en la Presidencia de la República con tres representantes de los gremios de jubilados y tres de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, para buscar alternativas que permitan aplicar el Proyecto de Ley 226.

Mulino informó que participará personalmente en el encuentro, cuyo objetivo será encontrar fórmulas que hagan viable la ampliación de los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

El mandatario expresó su confianza en alcanzar una salida para los problemas generados por la aprobación de la iniciativa legislativa.

El anuncio abre un espacio de negociación después de que la Cámara de Comercio solicitara al Ejecutivo vetar completamente el proyecto. El gremio empresarial considera que la reforma aumenta las obligaciones económicas de los comercios, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, sin resolver previamente cómo se financiará sosteniblemente esta política social.

La organización reconoció la necesidad de proteger a los adultos mayores, pero sostuvo que los descuentos obligatorios reducen directamente los ingresos de los negocios, mientras los costos de planilla, alquiler, electricidad, insumos, financiamiento e impuestos permanecen iguales o aumentan. Esta situación podría obligarlos a reducir márgenes o trasladar los costos a los consumidores.

Entre las posibles consecuencias, la Cámara mencionó aumentos de precios, aplazamiento de inversiones, reducción de contrataciones y cierres de empresas.

También planteó que los beneficios dirigidos a jubilados y pensionados no deben descansar de manera creciente sobre determinados sectores productivos, sino responder a una política pública compartida y financieramente sostenible.

El proyecto reconoce que los descuentos concedidos podrán utilizarse como crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta, ampliando ese tratamiento a todos los sectores obligados a aplicar los beneficios. Sin embargo, la Cámara advirtió que el mecanismo necesita un análisis sobre su costo para las finanzas públicas y la capacidad del Estado para hacerlo efectivo.

Según el gremio, reconocer el 100% de los descuentos como crédito fiscal no elimina el impacto inmediato sobre el flujo de caja de las empresas. Los negocios deben aplicar la reducción al momento de vender, pero recuperarían posteriormente ese dinero mediante el sistema tributario, siempre que tengan suficientes obligaciones fiscales para compensar las cantidades acumuladas por los beneficios.

La Asociación Panameña de Hoteles también solicitó revisar la propuesta, aunque no rechazó el propósito social de ampliar la protección a los adultos mayores. Apatel pidió reconsiderar particularmente el aumento del descuento obligatorio en hospedaje al 40% durante viernes, sábados y domingos, por su posible efecto sobre la liquidez de la hotelería formal.

El beneficio hotelero se mantendría en 50% de lunes a jueves, mientras el porcentaje vigente durante los fines de semana aumentaría del 30% al 40%. Los descuentos se aplicarían sobre tarifas regulares y promocionales e incluirían expresamente a hoteles, moteles, pensiones y hostales dentro de los establecimientos sujetos al nuevo régimen.

Apatel señaló que los fines de semana concentran una parte importante de la facturación de hoteles pequeños, medianos e independientes, especialmente en el interior del país.

Esos ingresos permiten cubrir salarios, electricidad, proveedores, mantenimiento, seguros e insumos, por lo que una reducción inmediata podría comprometer la operación y las inversiones de los establecimientos.

El Proyecto de Ley 226 modifica la Ley 6 de 1987 y amplía descuentos en medicamentos, servicios básicos, productos financieros, equipos médicos y actividades recreativas. La iniciativa fue aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional con 47 votos favorables y uno en contra, pero todavía requiere la decisión del Órgano Ejecutivo.

Entre los cambios, el descuento en medicamentos aumentaría del 20% al 30%, mientras el servicio de agua recibiría una reducción del 30% cuando el consumo mensual no exceda $30. También se incorporaría un beneficio igual para internet y televisión por cable en contratos residenciales de hasta $50 mensuales a nombre del beneficiario.

La reforma establece descuentos del 20% para pañales desechables de adultos y del 25% para sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y otros equipos de asistencia.

Además, elevaría del 1% al 2% la reducción aplicable a la tasa de interés de ciertos préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda propia.

Los jubilados han defendido el proyecto y solicitado su sanción, al considerar que la ampliación responde al encarecimiento de medicamentos, servicios y productos esenciales.

Sus dirigentes también cuestionaron que algunos establecimientos aumenten previamente los precios para presentar promociones que terminan limitando el alcance real de los descuentos reconocidos legalmente a los beneficiarios.

La iniciativa incorpora una regla según la cual, cuando una promoción resulte inferior al precio obtenido mediante el descuento legal, el establecimiento deberá aplicar una reducción adicional del 10% sobre la oferta.

También aumenta las multas por incumplimiento, que pasarían del rango actual de $50 a $5,000 a sanciones de entre $500 y $10,000.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, advirtió a los restaurantes de Panamá que las propinas entregadas por los clientes no sustituyen el salario de sus trabajadores.

La funcionaria hizo el pronunciamiento después de participar en varias inspecciones y conocer incidencias relacionadas con el manejo de estas gratificaciones.

Muñoz explicó que el salario corresponde a la remuneración que el empleador debe pagar por el trabajo realizado, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato laboral.

La propina, en cambio, procede de un tercero que decide reconocer voluntariamente la atención o el servicio recibido en un establecimiento.

“Las propinas no son parte del salario”, afirmó la ministra, quien aprovechó su intervención para hacer un llamado directo a propietarios y administradores de restaurantes.

Su declaración establece que los comercios no pueden utilizar las cantidades aportadas por los consumidores para completar o reemplazar el pago correspondiente al trabajador.

La titular de Trabajo también pidió a los empleados que denuncien cualquier situación en la que consideren vulnerados sus derechos laborales. Indicó que pueden acercarse al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de manera anónima, con el propósito de solicitar una inspección y el acompañamiento de la institución.

Muñoz reiteró que cada colaborador debe recibir el salario pactado en su contrato, independientemente de las propinas obtenidas durante la jornada. Ese aporte adicional depende exclusivamente de la voluntad del cliente y no libera al empleador de cumplir con sus obligaciones salariales, prestaciones y condiciones contractuales.

Aunque la ministra concentró sus declaraciones en los derechos de los trabajadores, la legislación panameña también protege la decisión del consumidor. En Panamá, pagar propina no es obligatorio y los restaurantes solamente pueden sugerirla. El cliente conserva la facultad de aceptarla, rechazarla o modificar su monto.

La voluntariedad quedó establecida mediante la Ley 34 del 2 de agosto de 2016, que modificó disposiciones de la Ley 45 de 2007 sobre protección al consumidor. El artículo 56 señala expresamente que la propina o gratificación por el servicio prestado es voluntaria.

Esto significa que un restaurante puede preguntar al consumidor si desea agregar un porcentaje determinado como reconocimiento por la atención, pero no debe presentarlo como un cargo obligatorio. Tampoco corresponde incorporarlo automáticamente a la cuenta sin permitir que la persona decida libremente si quiere pagarlo.

En el país suele sugerirse un porcentaje al momento de cancelar el consumo, especialmente cuando el pago se realiza mediante tarjeta bancaria. Sin embargo, esa práctica comercial no convierte la recomendación en una obligación. El consumidor puede elegir otra cantidad o no entregar ninguna gratificación sin tener que justificar su decisión.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ha reiterado que los establecimientos deben informar los precios completos de los productos y servicios ofrecidos. Cualquier cobro exigido por el comercio debe estar debidamente reflejado, mientras que la propina conserva su carácter adicional y estrictamente voluntario.

La advertencia de Muñoz aborda otro aspecto del mismo proceso: el dinero aportado por el cliente no pertenece al restaurante ni reemplaza las responsabilidades del empleador. Si el trabajador recibe propinas, estas corresponden al reconocimiento de un tercero y deben mantenerse separadas de la remuneración acordada por la relación laboral.

Los empleados que detecten retenciones, descuentos o irregularidades pueden solicitar una inspección laboral sin revelar públicamente su identidad, según explicó la ministra. El Mitradel deberá verificar cada denuncia y determinar si la administración del restaurante incumple sus obligaciones o afecta los derechos económicos de su personal.

Para los consumidores, la norma permite denunciar ante la Acodeco el cobro obligatorio o irregular de una propina, para lo cual resulta importante conservar la factura fiscal. Este documento permite comprobar si el establecimiento agregó un porcentaje sin autorización o lo presentó engañosamente como parte indispensable de la cuenta.

La diferencia central es que el salario constituye una obligación contractual del empleador y la propina representa una decisión personal del cliente. Un restaurante no puede trasladar al consumidor la responsabilidad de remunerar a sus trabajadores ni convertir una gratificación voluntaria en un mecanismo para reducir sus costos laborales.

El llamado de la ministra busca que los trabajadores conozcan esta separación y reporten cualquier práctica que comprometa el pago íntegro de sus salarios. Al mismo tiempo, la normativa deja claro que agradecer un buen servicio mediante una propina continúa siendo una elección del consumidor, no una exigencia impuesta por el establecimiento.

Poco se conocía sobre los avances de la investigación por el asesinato del empresario suizo-español Miguel González, ocurrido en abril en la ciudad de Panamá.

Casi cinco meses después, el Ministerio Público informó que tres personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con el crimen, durante una operación desarrollada en varios sectores de la capital.

La denominada Operación Destello fue dirigida por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia Policial.

Las autoridades realizaron diligencias en Pacora, Las Cumbres y el distrito de San Miguelito, donde capturaron a cinco personas por diferentes investigaciones.

Entre los aprehendidos se encuentran dos hombres y una mujer presuntamente relacionados con el homicidio doloso agravado de González.

Las capturas vinculadas directamente con este expediente fueron efectuadas en Pacora y San Miguelito, según detalló la Procuraduría General de la Nación, que también mencionó una investigación por el delito de asociación ilícita.

González, de 60 años, fue atacado el 15 de abril de 2026 en Llano Bonito, corregimiento de Juan Díaz, cerca de uno de los accesos al Corredor Sur.

El empresario conducía un vehículo Kia Sportage gris cuando fue interceptado y perseguido por sujetos armados, de acuerdo con los reportes conocidos después del crimen.

Las primeras versiones indicaron que los agresores viajaban en un sedán blanco y utilizaban vestimenta similar a la policial. Algunos portaban chalecos parecidos a los empleados por agentes de la Dirección de Investigación Judicial.

Después de cerrarle el paso, realizaron múltiples disparos contra el automóvil del ejecutivo financiero, quien perdió el control y chocó contra un poste.

El empresario recibió varios impactos de bala en la espalda, el muslo izquierdo y la cadera. Tras el ataque fue auxiliado en el lugar y trasladado en una ambulancia al Hospital San Miguel Arcángel, donde los médicos confirmaron su fallecimiento aproximadamente a las 12:25 p. m.

Durante la inspección de la escena, los peritos de Criminalística del Ministerio Público recuperaron más de 15 casquillos de arma de fuego. La cantidad de disparos, la persecución y la indumentaria utilizada por los atacantes reforzaron inicialmente la hipótesis de una acción planificada y dirigida específicamente contra González.

Pese a estas características, las autoridades evitaron adelantar públicamente cuál habría sido el móvil del homicidio o quién ordenó su ejecución.

En los días posteriores al ataque se conoció que los investigadores evaluaban distintas líneas, entre ellas un posible intento de secuestro o robo, sin confirmar oficialmente ninguna.

González tenía más de tres décadas de experiencia en la banca internacional y el mercado financiero. Era cofundador, miembro de la junta directiva y director ejecutivo de Firmus Financial Inc., una casa de valores con operaciones en Panamá. Además, poseía licencias como ejecutivo principal y corredor de valores desde 2015.

El financista se había graduado en Economía y Derecho en la Universidad de Ginebra, en Suiza, y desarrolló parte de su trayectoria profesional en entidades financieras con presencia en Bahamas.

Antes de establecerse en Panamá, ocupó cargos directivos y administrativos en compañías vinculadas con la banca privada internacional.

González llevaba más de una década residiendo en el país y mantenía sus oficinas en la Torre Financial Park, ubicada en Costa del Este. Según la información conocida después de su muerte, viajaba frecuentemente a países sudamericanos por razones laborales y no registraba antecedentes penales en Panamá. Su asesinato generó inquietud dentro del sector financiero.

La Operación Destello también permitió la captura de un hombre por otro homicidio ocurrido el 12 de julio de 2026, en el sector de Tierra Prometida, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos. Esta aprehensión se produjo en Las Cumbres y corresponde a un expediente distinto del asesinato del empresario suizo-español.

En otra diligencia efectuada en Pacora, los fiscales localizaron una sustancia que presuntamente sería ilícita y aprehendieron a un quinto hombre. El Ministerio Público aclaró que los cinco capturados serán presentados ante tribunales de garantías, donde los fiscales formularán las solicitudes correspondientes según cada investigación.

Las audiencias permitirán conocer qué elementos de convicción relacionan a los tres sospechosos con el homicidio de González y si enfrentarán imputaciones y medidas cautelares. Aunque las aprehensiones representan el primer avance público relevante del caso, todavía no se ha identificado oficialmente el móvil ni la participación atribuida a cada detenido.

El Municipio de La Chorrera en Panamá Oeste prepara una licitación con un precio de referencia de $114.5 millones para concesionar durante 20 años el servicio de aseo.

La cifra, sin embargo, no representa un pago municipal al contratista ni el monto que una empresa deberá desembolsar para obtener el contrato.

Los $114.5 millones corresponden a los ingresos brutos que el futuro operador podría recibir entre 2027 y 2047 mediante las tarifas cobradas a viviendas, comercios y otros usuarios. Para efectuar el cálculo, el municipio utilizó una recaudación mensual estimada de $477 mil durante los 240 meses de vigencia.

Con esos recursos, el concesionario deberá financiar el personal, la flota, el combustible, el mantenimiento y la disposición final de los desperdicios. También asumirá los costos administrativos, tecnológicos y ambientales de la operación. Por tanto, la cifra de referencia tampoco equivale a la ganancia que obtendrá la empresa adjudicataria.

El operador no conservará íntegramente todo lo recaudado, pues deberá entregar al municipio entre el 2.5% y el 3% de los cobros mensuales. Cada participante propondrá un porcentaje dentro de ese rango y la oferta económica formará parte de la evaluación para adjudicar la concesión por mejor valor.

La licitación busca sustituir el contrato que el municipio mantiene con Veolia Panamá, compañía que anteriormente operaba como EMAS Panamá. La concesión comenzó en 2007 y terminará el 17 de mayo de 2027, después de dos décadas, por lo que la selección anticipada pretende evitar interrupciones durante el cambio de operador.

El modelo enfrenta una dificultad heredada: los usuarios de la concesionaria vigente mantienen más de $38 millones en facturas pendientes por el servicio de aseo, según reportes periodísticos.

No es una deuda del municipio con Veolia, sino una cartera acumulada entre clientes residenciales y comerciales que no pagaron sus recibos.

Una tarifa emitida no significa necesariamente que el dinero haya sido recibido. Por ello, el nuevo operador deberá actualizar el catastro, clasificar las cuentas atrasadas y establecer acuerdos de pago.

Cuando un usuario ignore las gestiones durante al menos 90 días, podrá solicitar al municipio la activación del procedimiento de cobro coactivo.

La contratación abarcará los 18 corregimientos que integran el distrito de La Chorrera, con una población base de 258.221 habitantes. El estudio de mercado proyecta que el territorio podría superar los 369.000 residentes en 2047, lo que obligará a ampliar rutas, vehículos y personal conforme aumente la generación de desperdicios.

Puerto Caimito, Barrio Colón, Guadalupe y Playa Leona concentran aproximadamente el 62.4% de la población y buena parte de la demanda del servicio. Barrio Balboa, Herrera y El Coco forman otro bloque de elevada densidad, mientras las comunidades rurales necesitarán equipos y recorridos adaptados a sus condiciones de acceso.

El contrato incluirá la recolección y transporte de residuos domiciliarios, comerciales, industriales e institucionales, además del barrido de calles y espacios públicos. El adjudicatario también administrará la facturación y atenderá reclamos, mientras los desechos deberán ser trasladados hasta una instalación autorizada para su disposición final.

El pliego establece que las vías principales y comerciales tendrán recolección de lunes a sábado y las barriadas, tres veces por semana. Las zonas rurales serán atendidas dos veces semanalmente, mientras los sectores turísticos e institucionales recibirán cobertura diaria o según la demanda, con horarios comunicados previamente a cada comunidad.

Para comenzar, la empresa deberá disponer de una flota mínima de 18 vehículos, incluidos 12 camiones compactadores de diferentes capacidades. También necesitará un minicompactador, dos unidades Roll-On/Roll-Off, un camión cajetero y dos camionetas destinadas a supervisar las rutas y responder ante contingencias operativas.

La concesión contempla un período de transición de hasta 15 meses, aunque el servicio no podrá reducirse ni suspenderse durante esa etapa. En los primeros seis meses deberán incorporarse cuatro compactadores modelos 2026 o 2027, mientras la renovación restante avanzará conforme al cronograma aprobado por el municipio.

El proceso ocurre después de reiteradas quejas por retrasos y acumulaciones de basura en comunidades como El Coco. A comienzos de 2026, residentes denunciaron períodos de hasta un mes sin atención y las autoridades reconocieron deficiencias, además de reportar sanciones por $4.500 contra la concesionaria vigente.

El Concejo Municipal autorizó al alcalde Eloy Chong a desarrollar la contratación mediante el Acuerdo 06 del 17 de marzo de 2026. La adjudicación será global y no se permitirán propuestas parciales para componentes separados, de modo que un solo operador asumirá la inversión, la recaudación y los riesgos del servicio durante dos décadas.

La justicia panameña impuso detención provisional a 12 personas investigadas por la presunta venta de credenciales académicas falsas, mientras otras 13 quedaron bajo retención domiciliaria.

Las decisiones corresponden a la Operación Credenciales 1.0, un expediente que examina posibles manipulaciones en los concursos de nombramiento docente del Ministerio de Educación (Meduca).

Las medidas fueron adoptadas después de cuatro días consecutivos de audiencias de solicitudes múltiples. El Tribunal de Garantías legalizó 24 aprehensiones y admitió la formulación de cargos contra los 25 investigados, aunque una detención no cumplió los parámetros legales establecidos. Esa decisión no implica una absolución ni excluye a la persona del proceso.

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada atribuyó a los imputados posibles delitos de falsificación de documentos, corrupción de servidores públicos y ejercicio ilegal de la profesión.

La investigación también contempla blanqueo de capitales y delincuencia organizada, figuras que reflejan la complejidad del esquema descrito por el Ministerio Público durante las audiencias.

La operación se ejecutó el 26 de agosto mediante allanamientos en Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón y Darién. En las diligencias participaron la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial, bajo la coordinación de la fiscalía especializada que conduce el expediente.

El caso comenzó con denuncias presentadas por el Meduca tras descubrir irregularidades en el Sistema de Administración de Recursos Humanos, conocido como SIARHE.

Esa plataforma concentra las credenciales empleadas para evaluar aspirantes y asignar puntuaciones en los concursos, un proceso determinante para obtener nombramientos y traslados dentro del sistema educativo público.

La hipótesis fiscal sostiene que una estructura ofrecía títulos, créditos académicos y diplomas expedidos de manera irregular, utilizando los nombres de instituciones universitarias reconocidas.

Las credenciales presuntamente eran incorporadas a los expedientes para elevar puntuaciones, mientras algunos beneficiarios conseguían ventajas frente a aspirantes que sí cumplían los requisitos académicos.

Durante las audiencias surgieron testimonios que describieron pagos de hasta $4.000 por la obtención e incorporación de documentos cuestionados.

Una persona habría realizado inicialmente un desembolso de $800 y posteriormente recibió una solicitud de $1.200, supuestamente destinada a incrementar su puntuación dentro del sistema utilizado por el Meduca.

El expediente también examina un posible mecanismo de financiamiento. Quienes no disponían del dinero requerido habrían sido remitidos a una financiera para tramitar préstamos, según la información expuesta ante el tribunal.

La persona que gestionaba esas referencias presuntamente recibía comisiones, un elemento que ahora forma parte de las pesquisas por blanqueo de capitales.

La Fiscalía identificó además a funcionarios con acceso al SIARHE que presuntamente introdujeron información académica falsa en los registros oficiales.

Uno de los investigados habría efectuado 17 inscripciones relacionadas con supuestos títulos de la Universidad de Cartago, mientras otras dos personas estarían vinculadas con al menos 13 registros cuestionados.

La Universidad de Cartago aparece de forma recurrente en el expediente porque algunas personas favorecidas supuestamente nunca estudiaron en esa institución.

Las autoridades deberán verificar las fechas, programas y registros disponibles, debido a que existen versiones diferentes sobre su cierre, además de determinar si las credenciales fueron confeccionadas después del cese de operaciones.

El universo investigado podría superar ampliamente a las 25 personas imputadas. La información recabada por las autoridades apunta a cerca de 400 registros que presentan posibles irregularidades, aunque esa cifra no significa que todos sus titulares sean responsables.

Cada expediente deberá analizarse individualmente para establecer quién adquirió, utilizó o incorporó conscientemente documentación falsa.

Una estimación conocida durante el proceso sitúa en más de $767.000 el posible perjuicio económico asociado con salarios y bonificaciones de los casos examinados.

El monto todavía puede cambiar conforme avance la investigación, que deberá precisar cuánto dinero público fue pagado y durante cuánto tiempo permanecieron vigentes los nombramientos obtenidos mediante credenciales cuestionadas.

El alcance del caso no termina en la falsificación material de un diploma. La utilización de documentos fraudulentos puede desplazar a aspirantes legítimos, alterar concursos y comprometer la calidad del sistema educativo.

También obliga al Meduca a reforzar la verificación con las universidades, mientras la Fiscalía deberá probar individualmente las conductas atribuidas, respetando la presunción de inocencia.

Panamá reglamentó el Programa de Pasantía creado para facilitar la entrada de jóvenes al mercado laboral privado, mediante el Decreto Ejecutivo 1 del 31 de agosto de 2026. La iniciativa busca que los participantes adquieran experiencia práctica, desarrollen capacidades profesionales y mejoren sus posibilidades de conseguir empleo formal.

El programa fue establecido por la Ley 513 del 20 de marzo de 2026 y está dirigido a personas de entre 18 y 25 años provenientes de la educación media, técnica, vocacional o universitaria.

También podrán participar menores de edad que hayan terminado sus estudios secundarios y cuenten con autorización de sus representantes.

Las empresas, industrias, comercios y organizaciones sin fines de lucro podrán incorporarse voluntariamente. Cada participante recibirá una retribución mensual de $450 pagada por la entidad receptora, durante un periodo máximo de un año.

Ese monto no será considerado salario ni producirá prestaciones laborales, deducciones fiscales o cuotas de seguridad social.

La pasantía podrá extenderse hasta 40 horas por semana en jornadas diurnas o mixtas, de lunes a viernes, y los sábados únicamente durante el día. No se permitirán horas extraordinarias ni actividades en feriados o días de duelo nacional, mientras el acuerdo deberá precisar funciones, horario, duración, supervisión y modalidad de pago.

Antes del inicio, la empresa tendrá que contratar una póliza privada de riesgos profesionales o accidentes personales, debido a que el participante no estará cubierto por el régimen correspondiente de la Caja de Seguro Social.

La cobertura deberá identificar los riesgos incluidos, las exclusiones y los límites asegurados para las actividades asignadas.

La reglamentación dispone que cada pasante tendrá un tutor o mentor responsable de acompañar su formación, supervisar sus tareas, ofrecer retroalimentación y reportar incidentes.

Las funciones asignadas deberán relacionarse con el aprendizaje previsto y no podrán responder a necesidades permanentes ni reemplazar plazas regulares de la organización.

La cantidad permitida dependerá del tamaño de la planilla. Las empresas con hasta 50 trabajadores podrán incorporar dos pasantes; aquellas con 51 a 100, cuatro; y las que tengan entre 101 y 200, seis. Las organizaciones con más de 200 empleados podrán admitir hasta el 3% de su fuerza laboral.

Una empresa podrá pedir autorización para superar esos límites, pero tendrá que justificar la necesidad y declarar ante notario que no sustituirá empleos formales. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral contará con 30 días para responder; si no emite una decisión dentro de ese periodo, la solicitud se entenderá aprobada automáticamente.

Las compañías deberán registrarse en una plataforma administrada por el ministerio y presentar aviso de operación con al menos un año de antigüedad, paz y salvo de la Dirección General de Ingresos y la Caja de Seguro Social, además de su planilla actual. La selección de los jóvenes corresponderá exclusivamente a cada entidad participante.

El acuerdo de participación deberá formalizarse antes del comienzo y contener las actividades, el lugar de prestación, la jornada y la identificación del supervisor.

Al finalizar, la empresa entregará una certificación con la duración, áreas, tareas y competencias observadas, que será reconocida como experiencia adquirida para fines laborales.

El presidente José Raúl Mulino presentó la iniciativa como una herramienta para ampliar las oportunidades de los panameños, especialmente de quienes buscan su primera experiencia.

Al sancionar la ley, el Gobierno destacó que pretende cerrar la brecha que enfrentan los jóvenes cuando las empresas les exigen trayectoria previa para acceder a una plaza formal.

El programa tendrá inicialmente una vigencia de tres años, con posibilidad de prórroga mediante otro decreto ejecutivo. Su funcionamiento no reemplazará las prácticas profesionales, el servicio social desarrollado por centros educativos ni Mi Primer Empleo.

La Dirección de Empleo deberá supervisarlo y publicar anualmente estadísticas sobre empresas, participantes y resultados alcanzados.

El Ministerio de Trabajo habilitará canales presenciales, virtuales o telefónicos para denunciar abusos, acoso, discriminación, exceso de jornada o tareas ajenas a la formación. Las inspecciones podrán verificar las condiciones y la naturaleza de las funciones, mientras el denunciante deberá quedar protegido frente a posibles represalias de la empresa involucrada.

La sustitución de trabajadores por pasantes o la incorporación de jóvenes por encima de los límites autorizados generará multas de $250 a $500, con suspensión del programa en casos de reincidencia. La cuantía ha sido cuestionada porque podría resultar insuficiente para disuadir abusos dentro de empresas de gran tamaño.

La norma enfrentó oposición durante su discusión legislativa. Las diputadas independientes Alexandra Brenes y Janine Prado cuestionaron que una jornada de hasta 40 horas semanales reciba $450 sin constituir salario, carezca de prestaciones y mantenga al joven fuera de la seguridad social, pese a reunir características cercanas a una relación laboral ordinaria.

La Ley 513 enfrenta una demanda de inconstitucionalidad presentada por la diputada Alexandra Brenes, mediante la abogada Martita Cornejo de Robles. La acción cuestiona las disposiciones que excluyen la relación laboral, las prestaciones y la cobertura de la Caja de Seguro Social, pese a que los pasantes podrán cumplir jornadas de hasta 40 horas semanales.

“Si en un término de 48 horas los grupos beligerantes no se reúnen y garantizan que el centro de salud tendrá seguridad, voy a ordenar que todo el equipo se retire”, advirtió el ministro de Salud de Panamá, Fernando Boyd Galindo, tras el asalto y los actos vandálicos registrados en Escobal, provincia de Colón.

El funcionario señaló que, si no existen condiciones para proteger al personal, los habitantes deberán desplazarse hasta otra comunidad para recibir atención médica. También extendió la advertencia al resto del país: los establecimientos asaltados podrían cerrar temporalmente porque el ministerio no expondrá a médicos, enfermeras, camilleros ni otros trabajadores.

El conflicto se concentra en el Centro de Salud de Escobal, ubicado en el sector del lago Gatún, donde personas ajenas a la institución lanzaron piedras y objetos contundentes contra el edificio. Los ataques causaron rotura de vidrios, golpes en las puertas y daños en la infraestructura, además de agresiones contra funcionarios.

Abraham Alvarado, director regional del Ministerio de Salud (Minsa) en Colón, explicó que las autoridades todavía desconocen con certeza qué motivó los ataques. Algunos incidentes podrían estar vinculados con reclamos comunitarios para construir un hospital en Escobal, pero esa posible relación no ha sido confirmada mediante una investigación oficial.

Boyd aclaró posteriormente que el Gobierno no quiere cerrar ningún establecimiento ni ha ordenado cambios de horario. La advertencia pretende obligar a que existan garantías antes de mantener al personal en lugares inseguros. “Yo los voy a proteger”, sostuvo al referirse a quienes trabajan durante extensas jornadas atendiendo a los pacientes.

El ministro pidió que las comunidades cooperen con las autoridades y protejan las instalaciones construidas para su propio beneficio.

Aseguró que el personal sanitario atiende por igual a toda persona que llega herida, sin preguntar las circunstancias, y consideró contradictorio que los trabajadores sean después intimidados cuando intentan prestar asistencia.

Según Boyd, reparar una instalación vandalizada representa un gasto adicional para un ministerio que trabaja con recursos limitados. El dinero destinado a sustituir cables, bombas, vidrios o equipos deja de utilizarse en medicamentos, mantenimiento y ampliación de servicios, mientras los pacientes enfrentan retrasos, traslados y suspensiones de consultas.

El caso de Escobal no constituye un hecho aislado. En el Policentro Dr. Juan Antonio Núñez, situado en la ciudad de Colón, delincuentes sustrajeron en julio cables eléctricos por segunda ocasión. El daño dejó sin funcionamiento sistemas esenciales y obligó a suspender temporalmente la atención regular de más de 400 pacientes diarios.

El hurto perjudicó las bombas de agua potable, el sistema contra incendios y el transformador principal utilizado por los equipos de rayos X. Las consultas programadas tuvieron que reprogramarse y los pacientes de medicina general fueron enviados al Centro de Salud Patricia Duncan, mientras las urgencias continuaron atendiéndose bajo un plan de contingencia.

En abril, esa misma instalación había reforzado su vigilancia después de otro robo de equipos durante el cual fue atacada una funcionaria. A finales de agosto volvió a sufrir daños en su sistema eléctrico y sus bombas de agua, pese a que el Minsa adelantaba la adquisición de equipos e insumos para fortalecer su funcionamiento.

La delincuencia también alcanzó el puesto de salud de Cerro Puerco, en la comarca Ngäbe-Buglé, que atiende cinco días por semana a aproximadamente 5,000 personas. Desconocidos forzaron sus puertas, dañaron mobiliario y equipos, y sustrajeron siete pacas de Nutri Crema destinadas a programas de nutrición.

En junio, el Centro de Salud de Barrio Bolívar, en David, sufrió daños en cinco consultorios y en parte de su planta central. Los responsables vandalizaron al menos cuatro acondicionadores de aire y robaron su cableado de cobre, dejando varias áreas sin climatización para niños, embarazadas y adultos mayores.

Otro episodio ocurrió el 11 de julio en el Subcentro de Salud de Don Bosco, perteneciente a la región sanitaria de San Miguelito. Una persona en condición de calle habría provocado un incendio en la estructura, que estaba en remodelación, y también se reportó el hurto de cableado eléctrico y daños en el cielo raso.

El Minsa informó en julio que los ataques recientes habían afectado instalaciones en Colón, San Miguelito y la comarca Ngäbe-Buglé, mediante robos de cables, equipos de diagnóstico y componentes de sistemas de agua y protección contra incendios. Estas acciones pueden interrumpir tratamientos, rehabilitación, prevención y atención especializada.

Aunque Boyd exigió que la comunidad garantice la seguridad, la prevención y persecución de los delitos corresponde a las autoridades estatales. Por ahora, el ministerio no ha anunciado el cierre de Escobal ni modificaciones en su horario. La continuidad dependerá de que existan condiciones para atender pacientes sin poner en riesgo al personal.

Un incendio de grandes proporciones consumió durante la noche del lunes 31 de agosto una galera de Productos Ultra, fabricante de los colchones Dreams, en el sector de Villa Zaita, corregimiento de Las Cumbres, al norte de la capital panameña. Las llamas fueron visibles desde distintos puntos y generaron una extensa columna de humo.

La fábrica está ubicada en las inmediaciones de la estación Villa Zaita de la Línea 1 del Metro de Panamá, junto a la vía Transístmica. La intensidad del fuego obligó a cerrar temporalmente los dos carriles hacia Los Andes, mientras los equipos de emergencia evitaban que las llamas alcanzaran estructuras cercanas.

El incendio adquirió grandes dimensiones debido a la presencia de espuma, componentes para colchones y otros materiales altamente combustibles almacenados dentro de la galera. Testigos reportaron explosiones y un resplandor anaranjado sobre la zona, mientras los bomberos trabajaban para contener un fuego que se propagó rápidamente por el área industrial.

Bomberos de la primera de la Zona Regional de Panamá, explicaron que unidades procedentes de diferentes estaciones atendieron la emergencia. Al momento de ofrecer el informe preliminar, los bomberos habían controlado el área afectada y mantenían labores para confinar el siniestro y evitar su extensión hacia otras instalaciones.

El operativo movilizó cinco vehículos de extinción, dos tanqueros y una unidad de rescate, según el reporte ofrecido en el lugar. Decenas de bomberos participaron en las tareas de contención, apoyados por personal de las estaciones de Alcalde Díaz, San Miguelito, Juan Díaz, Betania, Carrasquilla, Tocumen y Calidonia.

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron a las personas que permanecían en los alrededores y al personal de seguridad. No se reportaron trabajadores lesionados porque la fábrica había concluido sus operaciones cuando comenzó el fuego, aunque algunos bomberos recibieron atención tras quedar expuestos al humo durante el operativo.

La emergencia afectó una de las dos galeras utilizadas por Productos Ultra, mientras la segunda estructura permaneció intacta y podría facilitar la continuidad parcial de las operaciones. En el complejo funcionan las actividades vinculadas con Dreams y Plastifoam, marcas relacionadas con la fabricación de colchones y componentes de espuma.

Julio Vásquez, gerente general de Productos Ultra, explicó que la parte destruida producía polifoam, uno de los elementos empleados en la elaboración de colchones. La empresa deberá importar maquinaria nueva, debido a que los equipos y varios insumos utilizados en el proceso no se fabrican en Panamá, según indicó el ejecutivo.

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“No se sabe todavía qué fue lo que sucedió”, declaró Vásquez en una entrevista concedida a Telemetro Reporta. Según su relato, el guardia de seguridad observó que comenzaba a salir una gran cantidad de humo desde la mitad de la fábrica, pero no pudo determinar cómo se originaron las llamas.

Vásquez confirmó que Productos Ultra cuenta con 115 trabajadores y destacó que ninguno se encontraba dentro de la planta al momento del incendio. “No le pasó absolutamente nada a ningún empleado o colaborador porque no estábamos a esa hora trabajando. Esa es la parte más importante”, manifestó al medio televisivo.

El gerente aseguró que la compañía posee una cobertura completa de seguros y espera mantener los puestos de trabajo mientras se evalúan los daños y comienza la recuperación. También afirmó que existe una cantidad de colchones almacenada en otro lugar, lo que permitiría atender parcialmente los compromisos adquiridos con sus clientes.

“Nos duele mucho, pero creo que nos vamos a recuperar”, expresó Vásquez, quien permaneció en el sitio desde la madrugada observando las labores de extinción. El empresario reconoció el impacto de las pérdidas, aunque sostuvo que la compañía buscará reactivar la producción y conservar su plantilla de colaboradores.

Una vez finalizadas las labores de enfriamiento, la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios deberá inspeccionar la galera, recopilar evidencias y determinar el punto de origen del fuego.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció que someterá a revisión y reconsideración la Resolución J.D. No. 012-2026, cuestionada por el presidente José Raúl Mulino y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la entidad no informó que eliminará la medida ni suspendió sus efectos, por lo que continúa vigente mientras se realiza el análisis.

La AMP comunicó que convocaría este 1 de septiembre una reunión extraordinaria de su Junta Directiva, en atención a los principios de transparencia y estricta legalidad. El encuentro tendría como propósito revisar la resolución publicada el 28 de agosto en la Gaceta Oficial 30600, en respuesta a la solicitud formulada públicamente por Mulino.

La entidad sostuvo que pretende establecer mecanismos más eficientes para garantizar el acceso a la información pública, de acuerdo con la Ley 6 de 2002. También reafirmó su compromiso de trabajar con puertas abiertas y fortalecer la confianza de los inversionistas, pero no adelantó qué cambios propondrá ni fijó un plazo para decidir.

La precisión resulta importante: revisar o reconsiderar una resolución no equivale a derogarla. Mientras la Junta Directiva no apruebe y publique una decisión que modifique, suspenda o deje sin efecto la normativa, permanecen activas las restricciones establecidas. Organizaciones empresariales y ciudadanas han solicitado su eliminación, no solamente una revisión de sus alcances.

La Resolución J.D. No. 012-2026 fue aprobada por la Junta Directiva de la AMP durante su sesión ordinaria del 5 de marzo, pero apareció publicada casi seis meses después. El documento fue firmado por Virna Luque, viceministra de la Presidencia y presidenta de la Junta Directiva, y Luis Roquebert, administrador de la AMP y secretario de ese organismo.

La normativa declara de acceso restringido toda la información, documentación, actuaciones e informes técnicos, administrativos y legales contenidos en determinados expedientes tramitados ante la AMP. La limitación se concentra en los procesos conocidos por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares y abarca tres categorías centrales para la actividad portuaria panameña.

Esas categorías comprenden las concesiones de áreas, las licencias para prestar servicios marítimos auxiliares y las investigaciones administrativas por infracciones a las normas correspondientes. La resolución establece que la información permanecerá restringida durante 10 años, contados desde su clasificación, salvo que desaparezcan antes las circunstancias utilizadas para justificar la reserva.

Durante ese periodo, el acceso, la consulta o la reproducción de los expedientes solo podrán autorizarse a las partes formalmente acreditadas en cada procedimiento o a las autoridades competentes. La divulgación, entrega o utilización indebida de la información podría generar responsabilidades administrativas, civiles o penales, según dispone expresamente el acto aprobado por la Junta Directiva.

La AMP justificó la decisión argumentando que esos expedientes contienen información comercial, contractual y técnica proporcionada por empresas en el marco de su relación con el Estado. No obstante, los críticos cuestionan que la entidad haya extendido la reserva a la totalidad de los documentos, en lugar de proteger únicamente los datos que realmente constituyan secretos comerciales.

Mulino reaccionó el 31 de agosto mediante su cuenta de X. “Desconozco las razones por las que AMP considera como confidencial o acceso restringido cierta información de la entidad. Les pido respetuosamente que reconsideren eso”, escribió el mandatario. Su pronunciamiento abrió una controversia dentro del propio Ejecutivo sobre una decisión adoptada por la directiva de la institución.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) exigió a la AMP explicar públicamente y dejar sin efecto la resolución, al considerar que impone una reserva generalizada sobre un sector estratégico. El gremio sostuvo que la confidencialidad debe ser excepcional, estar debidamente sustentada y aplicarse solo a la información que necesite una protección comprobable.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, calificó la actuación como un posible abuso de poder y una violación de la Ley de Transparencia. La organización advirtió que permitir a cada institución restringir ampliamente sus documentos vaciaría de contenido el derecho ciudadano de fiscalizar las decisiones, concesiones y actuaciones ejecutadas con recursos públicos.

La revisión anunciada abre la posibilidad de modificar la medida, pero todavía no satisface la petición de quienes reclaman su derogación. La decisión definitiva dependerá de la Junta Directiva de la AMP y deberá formalizarse mediante otro acto administrativo. Hasta entonces, la resolución cuestionada conserva su vigencia y limita el acceso público hasta 2036.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas para todo el territorio nacional, incluidos ambos sectores marítimos, desde las 12:00 a.m. del 1 de septiembre hasta las 11:59 p.m. del jueves 3. El informe advierte sobre acumulados moderados y altos durante las próximas 72 horas.

La inestabilidad atmosférica está asociada con el desplazamiento de la onda tropical número 42, el elevado contenido de humedad, la activación de sistemas de baja presión y la vaguada monzónica. Las lluvias más intensas podrían concentrarse desde el Pacífico occidental hasta el sur de Veraguas y en sectores montañosos de la península de Azuero.

El pronóstico también contempla condiciones lluviosas en el sur de Darién, Panamá, Costa Arriba y el centro de Colón, así como en las costas del norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y las islas de Bocas del Toro. En el resto del país se anticipan acumulados menores, aunque acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Ante este escenario, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas con el mismo periodo de vigencia.

La institución alertó sobre la posibilidad de crecidas repentinas de ríos, deslizamientos en terrenos saturados, inundaciones urbanas y rurales, tormentas eléctricas y desplazamiento de objetos por los fuertes vientos.

Sinaproc recomendó no cruzar ríos, quebradas ni áreas inundadas, mantenerse alejado de lugares propensos a deslizamientos y evitar permanecer debajo de árboles, estructuras metálicas o vallas durante las tormentas eléctricas.

También pidió asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y seguir exclusivamente los avisos divulgados por las autoridades competentes.

Las condiciones registradas ya provocaron una emergencia en Chiriquí, donde unidades especializadas rescataron a una familia que quedó aislada por la crecida de una quebrada en la comunidad de La Laguna, Los Limones, distrito de Divalá. Las seis personas rescatadas —cuatro adultos y dos menores— fueron extraídas de manera segura y no presentaron afectaciones.

Aunque Panamá se encuentra bajo la influencia de El Niño, esto no implica la desaparición de las lluvias durante la temporada húmeda. El Imhpa mantiene una alerta por este fenómeno y señala que los modelos internacionales calculan una probabilidad superior al 95% de que sus condiciones continúen. El efecto esperado será desigual entre el Pacífico y el Caribe panameño.

Para septiembre, los mapas del Imhpa proyectan lluvias por debajo de los valores históricos en amplias zonas de la vertiente del Pacífico, especialmente en Chiriquí, el sur de la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, el centro y este de Panamá y la cuenca del Canal. Esto significa que lloverá menos de lo habitual, no que dejará de llover.

En contraste, la vertiente del Caribe podría registrar acumulados normales o superiores a los promedios climatológicos, principalmente en Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe-Buglé, las zonas montañosas de Chiriquí, el norte de Veraguas, sectores de Colón y Guna Yala. Esta diferencia explica por qué pueden coexistir déficits regionales y episodios intensos de precipitación.

La perspectiva para el trimestre de agosto a octubre estima reducciones de entre 20% y 40% en buena parte del territorio, mientras que en Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe-Buglé, las tierras altas de Chiriquí, el norte de Veraguas, Costa Abajo de Colón y Guna Yala las precipitaciones podrían aumentar entre 15% y 25%.

Los años utilizados como referencia climática fueron 1997, 2015 y 2023, todos caracterizados por eventos de El Niño fuertes o muy fuertes. Los modelos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos calculan una probabilidad superior al 60% de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte entre octubre de 2026 y enero de 2027.

El Imhpa también anticipa temperaturas entre 2 °C y 3 °C por encima de lo acostumbrado y sensaciones térmicas que podrían superar los 38 °C en numerosas regiones. Además, durante octubre y noviembre existe la posibilidad de afectaciones indirectas por al menos un sistema tropical, capaz de generar eventos extremos de lluvia aun dentro de un trimestre deficitario.

Panamá agregó 475 casos de dengue entre las semanas epidemiológicas 31 y 32, al pasar de 6,141 a 6,616 contagios acumulados. La variación equivale a un aumento de 7.7% en el registro total, un movimiento que obliga a observar la evolución reciente más allá de la comparación anual favorable.

El Ministerio de Salud destacó que los casos acumulados disminuyeron 32.4% frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaban 9,791. Sin embargo, el incremento semanal confirma que la transmisión continúa activa en diferentes puntos del país, especialmente durante la temporada lluviosa.

Las cifras de ambos informes muestran que los casos sin signos de alarma aumentaron de 5,348 a 5,767, mientras que aquellos con señales de advertencia pasaron de 753 a 810. Los casos graves bajaron de 40 a 39.

El aumento también se reflejó en las hospitalizaciones acumuladas, que pasaron de 718 a 753, lo que significa 35 ingresos adicionales entre los dos reportes. En la semana 32 fueron hospitalizadas 26 personas, frente a 58 en igual periodo de 2025, una disminución interanual superior al 50%.

Hasta el último informe, Panamá mantenía 16 muertes asociadas con el dengue, la misma cantidad comunicada en la semana anterior. Por tanto, no se incorporaron nuevas defunciones entre ambos balances, aunque 39 pacientes habían desarrollado la modalidad grave de la enfermedad durante el año.

Bocas del Toro y Los Santos registran tres fallecimientos cada una. Las regiones Metropolitana, Colón y Chiriquí acumulan dos por territorio, mientras que San Miguelito, Coclé, Panamá Norte y Veraguas reportan una muerte cada una, según la distribución presentada por las autoridades sanitarias.

La Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de casos, con 1,780, seguida por Colón, con 1,595; Panamá Oeste, con 637; Chiriquí, con 617; y San Miguelito, con 539. Estas cinco zonas reúnen más de tres cuartas partes de los contagios nacionales.

Entre los corregimientos con más afectados aparecen Veracruz, con 654 casos; Puerto Pilón, con 350; Tocumen, con 273; y Sabanitas, con 229. También sobresalen Cristóbal Este, 24 de Diciembre, Burunga y Cristóbal, todos con más de 180 registros acumulados.

El grupo de 10 a 14 años continúa como el más afectado por la enfermedad, con 795 casos y una incidencia de 214.5 por cada 100,000 habitantes. En el ámbito nacional, la tasa acumulada alcanzó 143.1 casos por cada 100,000 personas durante la semana 32.

El dengue es una infección viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos hembra Aedes aegypti. El insecto adquiere el virus al alimentarse de una persona infectada y posteriormente puede contagiar a otras, pero la enfermedad no suele transmitirse directamente entre seres humanos.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, dolor intenso de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y sarpullido. Las señales de alarma comprenden dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado, cansancio extremo, dificultad respiratoria o inquietud.

Ante síntomas compatibles, las autoridades recomiendan acudir a una instalación sanitaria y evitar la automedicación. La Organización Mundial de la Salud desaconseja el consumo de aspirina e ibuprofeno por el riesgo de sangrado; la detección temprana y una hidratación adecuada reducen la posibilidad de complicaciones graves.

La prevención depende principalmente de eliminar criaderos: vaciar, limpiar o cubrir semanalmente recipientes que almacenen agua, desechar objetos capaces de acumular lluvia y mantener patios despejados. También se aconseja utilizar repelente, instalar mallas en puertas y ventanas y vestir ropa protectora, especialmente durante el día.

En América Latina y el Caribe, el comportamiento también muestra un descenso general frente a 2025, pero persisten focos de crecimiento. Hasta la semana epidemiológica 29, las Américas acumulaban 1.47 millones de casos sospechosos, aproximadamente 60% menos que en igual periodo del año anterior.

Costa Rica, Honduras, El Salvador y Ecuador presentaron aumentos recientes, mientras Panamá figura entre los países donde circulan simultáneamente los cuatro serotipos del virus: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4. Una infección previa no protege completamente contra los restantes y una segunda exposición puede elevar el riesgo de dengue grave.

Trece empresas nacionales e internacionales manifestaron interés en la ampliación del Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall, ubicado en Isla Colón, durante la reunión de homologación celebrada por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá el 21 de agosto.

La cantidad representa un aumento del 62,5% frente a las ocho compañías que participaron en la convocatoria anterior. Aunque asistir a la homologación no garantiza la presentación de propuestas, la concurrencia muestra una mayor atención empresarial sobre el proyecto aeroportuario.

El renovado interés apareció después de que la institución incrementara el precio de referencia de $20 millones a $25 millones. El ajuste de $5 millones respondió, entre otros factores, al costo de los materiales, la logística insular y la complejidad de construir sin suspender las operaciones aéreas.

La primera convocatoria fue cancelada luego de recibir numerosas observaciones y solicitudes de aclaración. En el nuevo procedimiento, las empresas podrán presentar ofertas hasta un 20% superiores al valor oficial, lo que establece un techo cercano a $30 millones, siempre sujeto a la evaluación técnica y económica correspondiente.

Entre las participantes aparecen Constructora Urbana, S.A. (CUSA), Constructora Meco, S.A., Grupo Soletric y Equibal, S.A. También asistieron representantes de Bagatrac, S.A., Eleconinsa y ETERC Panamá, compañías relacionadas con obras civiles, infraestructura y servicios especializados.

El listado se completa con ARCAC Construcciones, S.A., Toronto Global Holding, Terra Selecta y Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V. (DYCUSA). Asimismo, figuran Empresa y Técnica y Proyectos, S.A., identificada como TICSA en el acta, y ETERC Brasil, sucursal Panamá.

Durante la reunión, los interesados formularon consultas sobre la experiencia exigida a las empresas y al personal clave, las certificaciones profesionales, los estados financieros, los plazos de diseño y los mecanismos de pago. La entidad aceptó revisar algunos puntos y anunció ajustes que deberán formalizarse mediante adenda.

Uno de los cambios admitidos corresponde a la experiencia del ingeniero electromecánico. El documento será ajustado para reconocer tanto trabajos de adecuación como la construcción de sistemas de bombeo pluvial o sanitario, una precisión que amplía las posibilidades de participación sin eliminar los requerimientos técnicos del proyecto.

La obra deberá ejecutarse en 24 meses e incluye cuatro meses para estudios, diseños, permisos y aprobaciones. Los otros 20 meses estarán destinados a la construcción, con el desafío adicional de mantener el aeropuerto funcionando mientras avanzan las intervenciones en sus áreas operativas.

El componente más visible será una nueva terminal de pasajeros de al menos 2.400 metros cuadrados, construida en terrenos adquiridos frente a las instalaciones actuales. Tendrá espacios para Migración, Aduanas, registro, espera, embarque, equipajes, aerolíneas, comercios y operaciones nacionales e internacionales.

El proyecto también contempla ampliar de 25 a 30 metros el ancho de la pista, rehabilitar pavimentos y construir una extensión de 160 metros en la cabecera. Las mejoras permitirán atender con mayor seguridad aeronaves como el Fokker 50 y el Dash 8 Q400.

A esas intervenciones se sumarán una nueva calle de rodaje, plataforma para aeronaves y sistemas de luces PAPI LED, además de adecuaciones en la torre de control y en los servicios de salvamento y extinción de incendios. También serán renovados el drenaje y el tratamiento de aguas residuales.

El alcance incorpora estacionamientos, una vía de acceso, abastecimiento de agua, cerramiento perimetral y medidas para impedir cruces indebidos cerca de la pista. La terminal existente será demolida cuando la nueva estructura pueda asumir las operaciones, evitando interrupciones prolongadas para pasajeros y aerolíneas.

La modernización resulta especialmente relevante porque Isla Colón constituye la principal puerta aérea del archipiélago de Bocas del Toro, uno de los destinos caribeños más reconocidos de Panamá. Sus playas, arrecifes, actividades náuticas y oferta hotelera atraen alrededor de 100.000 visitantes cada año.

Documentos del proyecto que el turismo genera aproximadamente $50 millones anuales en la provincia. Una terminal más amplia podría mejorar la experiencia del visitante, facilitar conexiones con el transporte marítimo y sostener un crecimiento turístico que actualmente enfrenta limitaciones de espacio, comodidad y capacidad operativa.

La recepción de propuestas está prevista para el 24 de septiembre. Hasta entonces, la atención estará puesta en cuántas de las trece interesadas entregarán finalmente una oferta y si la competencia permitirá adjudicar una obra largamente esperada para convertir el aeropuerto en una entrada más moderna al Caribe panameño.

Panamá alcanzó el 100% de sus compromisos internacionales para congelar y reducir los hidroclorofluorocarbonos, gases utilizados principalmente en sistemas de refrigeración y aire acondicionado que deterioran la capa de ozono.

El país avanza ahora hacia tecnologías más eficientes y controles sobre otras sustancias peligrosas para la salud y el ambiente.

Los resultados fueron examinados durante una Junta de Proyecto entre el Ministerio de Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, presidida por el viceministro Carlos Guevara Mann. La reunión evaluó la ejecución presupuestaria y los avances de cuatro iniciativas desarrolladas mediante financiamiento y cooperación internacional.

Los proyectos permiten cumplir obligaciones incluidas en los convenios de Montreal, Estocolmo y Minamata. Aunque sus nombres remiten a ciudades distantes, sus disposiciones alcanzan productos y actividades presentes en la vida cotidiana, como refrigeradores, acondicionadores de aire, pesticidas, lámparas y artículos que contienen mercurio.

El Protocolo de Montreal, adoptado en 1987, busca proteger la capa de ozono mediante la eliminación gradual de sustancias que la deterioran. Este escudo atmosférico filtra buena parte de la radiación ultravioleta del Sol, cuya exposición excesiva puede aumentar el riesgo de cáncer de piel y daños oculares.

Entre los compuestos controlados se encuentran los hidroclorofluorocarbonos, conocidos como HCFC. Durante décadas fueron utilizados en equipos de refrigeración, climatización y fabricación de espumas, pero sus emisiones afectan el ozono y contribuyen al calentamiento global, lo que obligó a establecer calendarios internacionales para reducir progresivamente su consumo.

El siguiente desafío corresponde a la Enmienda de Kigali, incorporada al Protocolo de Montreal en 2016. Su objetivo es disminuir los hidrofluorocarbonos o HFC, que no destruyen directamente la capa de ozono, pero poseen un elevado potencial de calentamiento y continúan siendo empleados ampliamente en refrigeración y aire acondicionado.

La transición contiene una ironía química: varios HFC fueron introducidos para sustituir sustancias que dañaban el ozono, pero luego se comprobó que podían intensificar el cambio climático. Kigali intenta corregir esa consecuencia mediante refrigerantes más seguros y equipos que, además, consuman menos electricidad durante su funcionamiento.

Como parte del plan, Panamá desarrolla un proyecto piloto para reemplazar equipos contaminantes por sistemas que utilizan dióxido de carbono como refrigerante en la cadena de frío. Esta infraestructura permite conservar alimentos, medicamentos y otros productos sensibles durante el almacenamiento, transporte y comercialización.

El cambio no consiste simplemente en retirar un gas y colocar otro. Los nuevos sistemas requieren equipos compatibles, protocolos de seguridad y mantenimiento especializado, además de trabajadores preparados para operarlos. Si incorporan eficiencia energética, también pueden reducir el consumo eléctrico y los costos acumulados durante su vida útil.

Panamá también digitalizó el sistema de cuotas aplicado a 51 empresas importadoras de sustancias controladas. La herramienta permite conocer cuánto producto ingresa, quién lo comercializa y si respeta los límites autorizados, fortaleciendo la fiscalización y transparencia del mercado.

El programa certificó a 205 oficiales de aduanas y bomberos, responsables de identificar sustancias reguladas y actuar ante incidentes. Además, capacitó a 193 técnicos de refrigeración y climatización y sensibilizó a más de 1,500 personas sobre tecnologías relacionadas con el agotamiento de la capa de ozono.

El Convenio de Estocolmo aborda otra familia de amenazas: los contaminantes orgánicos persistentes, denominados COP. Estas sustancias pueden permanecer durante años en el ambiente, recorrer grandes distancias y acumularse en los tejidos de personas y animales, generando efectos que pueden prolongarse entre generaciones.

El acuerdo obliga a eliminar o restringir determinados pesticidas y compuestos industriales, además de reducir aquellos producidos involuntariamente durante algunos procesos. La exposición a los COP se ha relacionado con cáncer, alteraciones reproductivas y daños neurológicos, según la Secretaría del Convenio de Estocolmo.

El Convenio de Minamata se concentra en las emisiones y liberaciones de mercurio, un metal capaz de afectar el cerebro, los riñones y el desarrollo neurológico infantil. Su nombre recuerda la tragedia ocurrida en una bahía japonesa, donde vertidos industriales contaminaron peces consumidos por la población y provocaron una grave enfermedad neurológica.

El tratado regula fuentes de suministro, comercio, actividades industriales, almacenamiento, residuos y determinados productos con mercurio. Panamá revisó el cambio de ejecución del proyecto para gestionar racionalmente este metal y los contaminantes persistentes, respaldado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Ministerio de Ambiente.

Los tres instrumentos se conectan en un mismo punto: sustancias útiles para la economía pueden causar daños cuando su fabricación, importación o eliminación carecen de vigilancia. Montreal y Kigali se ocupan principalmente de refrigerantes; Estocolmo controla químicos persistentes y Minamata establece medidas específicas para reducir la contaminación por mercurio.

Las autoridades propusieron presentar los avances el 16 de septiembre, durante el Día Mundial de la Capa de Ozono, en el Palacio Bolívar. Bajo el lema “Acción global por un planeta más fresco”, la actividad buscará acercar a la ciudadanía una agenda frecuentemente atrapada entre siglas, porcentajes y documentos técnicos.

El cumplimiento no debe medirse únicamente por reuniones o metas declaradas. El resultado dependerá de que Panamá consiga retirar tecnologías perjudiciales, controlar las importaciones y manejar correctamente los residuos, sin trasladar los costos de la transición hacia consumidores, trabajadores o comunidades expuestas a sustancias peligrosas.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen extendió hasta el 28 de septiembre el plazo para recibir propuestas de la licitación destinada a diseñar, construir y equipar el Muelle Sur de la Terminal 2, una ampliación valorada en $208.75 millones que ha despertado el interés de 26 empresas y profesionales.

La Adenda 2 modificó la fecha de presentación y apertura, inicialmente programada para el 31 de agosto. Los participantes tendrán 20 días hábiles adicionales para preparar sus ofertas, aunque 10 compañías habían solicitado una prórroga de 60 días y Mota-Engil pidió una extensión de 30 días.

Entre quienes reclamaron más tiempo aparecen ICA Constructora, AIA Project Managers, Ingeniería Estrella, T.Y. Lin, GAMI, Constructora Nova, Constructora Meco, Desarrollo y Construcciones Urbanas, Mota-Engil y Mallol & Mallol Arquitectos. Tocumen aceptó ampliar el calendario, pero no por el periodo solicitado.

La adenda también flexibilizó la forma de acreditar la experiencia empresarial. Ahora podrá utilizarse la trayectoria de una casa matriz, filial o subsidiaria, siempre que se demuestre documentalmente la relación corporativa y, cuando corresponda, se presente un compromiso de solidaridad ilimitada de la compañía principal.

Pese a esa apertura,, Tocumen mantuvo una de las mayores barreras del concurso: cada interesado deberá demostrar al menos un proyecto individual por $75 millones, ejecutado y recibido completamente durante los últimos 25 años. No será permitido sumar varios contratos para alcanzar el monto requerido.

También fue ampliado el tipo de antecedentes aceptados. La versión anterior mencionaba únicamente ampliaciones de terminales aéreas, mientras la nueva redacción admite proyectos de construcción o ampliación de terminales de pasajeros desarrollados en aeropuertos internacionales que permanecieran operativos durante la ejecución.

Otro cambio afecta al ingeniero residente o superintendente. En lugar de acreditar dos proyectos, podrá presentar un proyecto ejecutado dentro de sus 12 años de experiencia profesional, aunque se conserva el valor mínimo equivalente al 30% del precio de referencia y la idoneidad expedida por la autoridad panameña.

La revisión permite, además, que un mismo profesional sea postulado por varios proponentes sin que esa coincidencia provoque el rechazo de las ofertas. Cada candidato deberá cumplir individualmente los requisitos académicos, de experiencia e idoneidad establecidos para el cargo técnico que pretenda ocupar.

Tocumen introdujo escalas más precisas para evaluar el plan de trabajo y la memoria descriptiva. Los puntos dependerán de elementos verificables como entregables vinculados con fechas, responsables, medidas de mitigación y planes de contingencia, reduciendo el margen de interpretación subjetiva de la comisión evaluadora.

Las principales consultas también abordaron las condiciones financieras. El pliego mantiene la obligación de presentar cartas que respalden el 100% de la propuesta económica, estados financieros auditados de 2024 y 2025, capital de trabajo equivalente al 15% del presupuesto y facturación anual mínima de $150 millones.

Para documentos expresados en otras monedas, la Adenda 2 permite utilizar las tasas publicadas por la Reserva Federal de Estados Unidos, además de certificaciones del Banco Nacional de Panamá o de un contador autorizado. La fuente, el periodo utilizado y la operación de conversión deberán quedar identificados.

No todas las peticiones recibieron una respuesta favorable. Tocumen mantuvo la multa contractual de 4% y rechazó ampliar más allá de tres días hábiles el periodo para subsanar documentos. Tampoco liberará para descarga general los planos originales, aunque permitirá consultarlos mediante el procedimiento habilitado para los interesados.

La ejecución tendrá condiciones distintas según la proximidad de las obras a las operaciones aéreas. En áreas sin afectación podrán realizarse trabajos durante las 24 horas, mientras que cerca de pistas y calles de rodaje prevalecerá un horario nocturno entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.

La ampliación comprende un edificio de aproximadamente 21.097 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, conectado con la actual Terminal 2. Incorporará 10 nuevas posiciones de contacto, reconfigurará otras tres, añadirá cuatro puertas remotas y habilitará un control de seguridad One Stop Security.

El contratista también deberá reacondicionar y trasladar tres puentes de abordaje, construir plataformas, drenajes, instalaciones y sistemas aeroportuarios. El proyecto será desarrollado por fases durante 30 meses para evitar interrupciones, dentro de una terminal que opera permanentemente y concentra gran parte de las conexiones internacionales de Panamá.

La expansión responde al crecimiento acelerado del aeropuerto, que movilizó casi 21 millones de pasajeros en 2025 y proyecta recibir 22,6 millones durante 2026. Tocumen calcula que podría superar los 30 millones de viajeros hacia 2030, convirtiendo el Muelle Sur en una infraestructura necesaria para evitar nuevas limitaciones de capacidad.

Al menos 29 ciudadanos colombianos y dos panameños fueron aprehendidos durante agosto en tres operativos contra la minería ilegal ejecutados por el Servicio Nacional de Fronteras en Darién.

Las intervenciones permitieron localizar campamentos clandestinos, presunto oro, dragas, motobombas, municiones, pólvora y otros implementos utilizados para sostener las actividades extractivas.

Las acciones fueron desarrolladas por unidades de la 1.ª Brigada Oriental mediante el Plan Firmeza y la operación Escudo de Acero. Los procedimientos se concentraron en sectores selváticos y de difícil acceso de la provincia, donde las condiciones geográficas pueden facilitar la instalación de estructuras alejadas de los principales centros poblados.

El caso más reciente ocurrió en el sector de Cañas Blancas, en Tuqueza, donde integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata para el Control Territorial ubicaron dos campamentos presuntamente utilizados para la extracción ilegal. En el lugar fueron aprehendidos tres ciudadanos colombianos: una mujer y dos hombres.

Durante la inspección, los agentes incautaron varios gramos de material identificado preliminarmente como oro. La cantidad exacta no fue revelada y deberá ser sometida a análisis para confirmar su composición y determinar su procedencia, antes de ser incorporada como evidencia dentro del proceso seguido contra los tres investigados.

En uno de los campamentos también fueron encontradas municiones de distintos calibres, pólvora y una motobomba, además de otros implementos logísticos. Senafront no informó si había armas de fuego en el sitio ni precisó para qué era utilizada la pólvora encontrada durante el recorrido de las unidades fronterizas.

Los materiales podrían ayudar a establecer cuánto tiempo llevaban funcionando los campamentos y qué capacidad operativa tenían. Las autoridades también deberán determinar si otras personas participaban en la actividad, suministraban equipos o recibían el mineral extraído antes de su posible traslado y posterior comercialización.

En una intervención anterior, unidades de la 1.ª Brigada Oriental aprehendieron a cinco colombianos en Caña Blanca, distrito de Cémaco. Los extranjeros fueron señalados preliminarmente por su posible vinculación con actividades de minería ilegal y remitidos, junto con los indicios, a las autoridades competentes.

En este segundo procedimiento fueron recuperados diversos gramos de presunto oro y una pesa digital. Ese objeto podría resultar relevante para establecer si el material era pesado o dividido en el lugar, aunque corresponderá al Ministerio Público demostrar su utilización y la relación que mantenía con cada uno de los detenidos.

Senafront no detalló si en Caña Blanca fueron encontradas dragas, excavadoras u otros equipos de extracción. Tampoco informó la extensión del área presuntamente intervenida, el tiempo que habría permanecido activa ni el volumen de material removido por las personas ubicadas durante la operación fronteriza.

El primer gran despliegue del mes se produjo el 18 de agosto en la cabecera del río Pito, en el norte de Darién. En esa zona fueron aprehendidos 21 ciudadanos colombianos presuntamente vinculados con minería ilegal, la mayor cantidad registrada dentro de los tres procedimientos reportados.

Los agentes encontraron campamentos improvisados, dragas, motobombas y otros equipos empleados para remover sedimentos y buscar minerales. La presencia de 21 personas y maquinaria especializada evidencia una estructura con capacidad logística, aunque las investigaciones deberán individualizar la participación y responsabilidad de cada uno de los aprehendidos.

Las dragas permiten extraer y procesar sedimentos del fondo de ríos u otros cuerpos de agua, mientras las motobombas facilitan el movimiento del recurso. Su utilización sin controles puede modificar los cauces y aumentar la sedimentación, afectando la estabilidad de las riberas y la calidad del ecosistema acuático.

La minería ilegal puede provocar pérdida de vegetación, erosión y alteraciones en zonas utilizadas por especies silvestres. Sus efectos alcanzan a las comunidades que dependen de los ríos para abastecerse, pescar, transportarse o realizar actividades productivas, incluso después de que los campamentos sean abandonados.

En Panamá, la extracción ilegal puede ser procesada mediante el artículo 399 del Código Penal, que establece de tres a seis años de prisión para quien destruya, extraiga, contamine o degrade recursos naturales. La sanción puede aumentar cuando la conducta afecta áreas protegidas, humedales, ecosistemas costeros o cuencas hidrográficas.

Senafront aseguró que mantendrá patrullajes constantes para impedir la reapertura de los puntos intervenidos y proteger los recursos naturales. El reto incluye vigilar rutas de abastecimiento y traslado de maquinaria, debido a que la extracción clandestina necesita combustible, alimentos, equipos y mecanismos para movilizar el mineral obtenido.

La extensión de Darién, su cobertura selvática y la red de ríos dificultan una presencia institucional permanente. Estas características pueden ser aprovechadas para ocultar campamentos y trasladar suministros, por lo que las operaciones requieren recorridos prolongados, unidades especializadas y coordinación con las autoridades ambientales y judiciales.

Investigaciones señalan que las operaciones de minería ilegal en la frontera de Darién son financiadas por el Clan del Golfo, organización criminal colombiana que utiliza la extracción y comercialización de oro como fuente de ingresos para sostener sus actividades ilícitas.

El grupo proporciona recursos para maquinaria, combustible, alimentos y logística, mientras otras personas realizan la extracción en campamentos instalados en zonas selváticas y cercanas a ríos. El mineral obtenido puede ser trasladado y vendido mediante intermediarios, dificultando la identificación de su origen ilegal.

Los principales embalses del Canal de Panamá muestran comportamientos diferentes al cierre de agosto. Mientras Alhajuela ha recuperado parte del nivel perdido durante las últimas semanas, Gatún permanece relativamente estable, pero todavía lejos de su máximo operativo, en medio de un déficit de precipitaciones que ya provocó ajustes en la vía interoceánica.

Los registros automáticos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) indicaban que, a las 6:30 a.m. del 29 de agosto, el lago Gatún se encontraba en 83.89 pies, equivalentes a 25.57 metros. Alhajuela, también conocido como Madden, marcaba 233.06 pies, unos 71.04 metros, según el portal hidrometeorológico del Canal.

El nivel máximo operativo de Gatún se sitúa en 87.50 pies, equivalentes a 26.67 metros, por lo que el embalse se encontraba 3.61 pies por debajo de ese límite. En el caso de Alhajuela, el máximo operativo alcanza 252 pies o 76.81 metros, una diferencia de 18.94 pies frente al registro más reciente.

Estas comparaciones se refieren a la elevación del agua y no representan directamente el porcentaje de capacidad almacenada. La cantidad disponible depende de otros factores, como la superficie inundada, la profundidad y el volumen utilizable. Los máximos operativos también funcionan como límites de seguridad para ordenar vertidos preventivos cuando las lluvias elevan demasiado los reservorios.

Durante el último mes, Gatún se mantuvo alrededor de los 84 pies, con fluctuaciones moderadas. Alhajuela mostró una recuperación más clara al pasar de niveles cercanos a 226 pies al finalizar julio hasta superar los 233 pies en agosto, favorecido por las precipitaciones recibidas en su subcuenca.

La propia plataforma advierte que los registros más recientes son generados automáticamente y todavía no han sido revisados por especialistas de la Sección de Meteorología e Hidrología. Por ello, deben considerarse datos preliminares, aunque permiten observar la tendencia general de ambos embalses y su respuesta ante las lluvias.

El comportamiento climático de 2026 ha sido irregular. La cuenca pasó de una temporada seca con lluvias superiores a lo normal a una estación lluviosa con acumulados inferiores a los previstos. Desde mayo comenzó a profundizarse el déficit, reduciendo también los aportes de los ríos hacia los lagos.

Entre mayo y agosto, la precipitación acumulada en la Cuenca Hidrográfica del Canal estuvo 34% por debajo del promedio histórico, mientras las entradas de agua registraron un déficit mayor, cercano al 44%. La diferencia evidencia que no toda la lluvia se transforma inmediatamente en almacenamiento, debido a su intensidad, distribución y localización.

La situación ya tuvo consecuencias operativas. Aunque el Canal venía ofreciendo 38 tránsitos diarios durante 2026, desde el 4 de septiembre la disponibilidad se reducirá a 34 cupos: nueve para las esclusas neopanamax y 25 para las panamax. Será la segunda reducción por razones hídricas en su historia.

El ajuste se profundizará desde el 15 de septiembre, cuando los cupos de las esclusas panamax disminuirán de 25 a 23. De esa forma, la capacidad total quedará en 32 tránsitos diarios, seis menos que los ofrecidos anteriormente, mientras se mantienen nueve espacios para buques neopanamax.

La ACP también modificó las restricciones de calado. El límite de 48 pies para los buques neopanamax continuará el 2 de septiembre, mientras el descenso posterior hasta 47.5 pies fue aplazado para el 1 de octubre. Las fechas podrían revisarse nuevamente según el nivel proyectado de Gatún y las precipitaciones.

Las perspectivas para los próximos meses mantienen elevada la incertidumbre. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos confirmó que El Niño continúa fortaleciéndose en el Pacífico tropical y estimó una probabilidad superior al 90% de que alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño y el invierno boreales de 2026-2027.

En Panamá, un episodio intenso de El Niño suele relacionarse con menores precipitaciones en la vertiente del Pacífico, aunque sus efectos pueden variar y no impiden aguaceros puntuales. Para los embalses, el factor determinante será el volumen acumulado sobre la cuenca durante septiembre, octubre y noviembre.

Esos meses concentran buena parte del agua requerida para llenar los reservorios antes de la estación seca. Si las precipitaciones continúan por debajo del promedio, Gatún podría comenzar 2027 con reservas limitadas, aumentando el riesgo de nuevas reducciones de tránsito o restricciones de calado.

La recuperación de Alhajuela representa un alivio parcial, pero no elimina la presión hídrica. El escenario dependerá de que las lluvias restantes sostengan ese aumento y permitan recuperar Gatún antes de diciembre. Por ahora, el Canal conserva agua anticipadamente para atender la navegación y el consumo humano.

Dos mujeres quedaron bajo detención provisional por investigaciones completamente independientes en Panamá: una fue imputada por el homicidio y robo contra un estadounidense de 84 años, mientras una ciudadana colombiana enfrenta cargos por la presunta comercialización de información de entidades públicas y blanqueo de capitales.

Las decisiones fueron adoptadas por juzgados de garantías después de que el Ministerio Público presentara los elementos reunidos en cada expediente. Ambas mujeres permanecen bajo investigación y conservan la presunción de inocencia, debido a que las imputaciones y medidas cautelares no equivalen a una sentencia condenatoria.

El primer caso se relaciona con el crimen registrado el 24 de agosto de 2026 en un edificio de Punta Pacífica, una exclusiva zona de la ciudad de Panamá. La víctima fue identificada por las autoridades como un ciudadano estadounidense de 84 años, encontrado sin vida dentro de su apartamento.

El examen forense determinó que el hombre murió por heridas provocadas con un arma blanca, entre ellas una lesión en el cuello. Durante las primeras diligencias también se confirmó el faltante de una cantidad considerable de dinero que la víctima mantenía en el inmueble.

La investigación estableció que una mujer de 29 años habría ingresado al apartamento durante la noche anterior al hallazgo. Posteriormente, fue aprehendida cuando presuntamente intentaba volver al lugar, después de que los investigadores corroboraran la sustracción del dinero, según los antecedentes incorporados al expediente.

Durante una audiencia de solicitudes múltiples, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana consiguió la legalización de la aprehensión y la imputación por homicidio doloso agravado y robo agravado. La mujer fue señalada como presunta autora de ambos delitos, informó el Ministerio Público.

La Fiscalía solicitó la medida cautelar más severa al considerar que existe una vinculación fortalecida con el hecho investigado, además de la gravedad y forma de ejecución del crimen. También argumentó que la imputada podría fugarse, desatender el proceso o interferir con testimonios y otros medios probatorios.

El juzgado valoró igualmente el posible riesgo para la comunidad, tomando en cuenta la naturaleza del homicidio y la concurrencia de dos delitos graves. Con esos elementos ordenó que la investigada permanezca recluida mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar las circunstancias completas del crimen.

Robo de datos

El segundo proceso está bajo responsabilidad de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática. Una ciudadana colombiana fue imputada por delitos contra la seguridad informática y blanqueo de capitales, relacionados con una investigación abierta por las autoridades panameñas en 2020.

La extranjera es investigada por la presunta venta y comercialización de bases de datos que contenían información del Tribunal Electoral y de otras instituciones del Estado. El Ministerio Público no ha detallado públicamente qué datos fueron comprometidos, cuántos registros incluían ni quiénes habrían adquirido la información.

Su aprehensión se produjo cuando ingresaba a Panamá por el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Las autoridades migratorias y policiales detectaron que mantenía una alerta roja de Interpol, activada como parte de las actuaciones internacionales desarrolladas para localizarla y ponerla a disposición de la justicia panameña.

En la audiencia, la fiscalía especializada presentó los elementos que, a su juicio, justificaban imponer una medida cautelar personal. Después de escuchar los argumentos de las partes, el tribunal ordenó la detención provisional de la ciudadana colombiana, mientras continúa la investigación sobre el presunto uso y comercialización de la información.

El delito contra la seguridad informática se relaciona con conductas que afectan sistemas, redes o información almacenada digitalmente. En este expediente también se investiga la posible legitimación de recursos obtenidos mediante actividades ilícitas, aunque las autoridades no han revelado el monto asociado al supuesto blanqueo ni el mecanismo utilizado para movilizar el dinero.

En el caso de Punta Pacífica, las diligencias se concentran en reconstruir los movimientos de la sospechosa, verificar la sustracción del dinero y analizar los indicios recuperados dentro del apartamento. En el proceso informático, los fiscales deberán establecer el origen de las bases, su contenido y la ruta seguida para comercializarlas.

La detención provisional podrá revisarse durante el proceso si cambian las circunstancias que la justificaron. Mientras tanto, el Ministerio Público deberá presentar evidencia suficiente para sostener ambas acusaciones, y las defensas podrán cuestionar los elementos incorporados a los expedientes, solicitar otras medidas cautelares y ejercer los recursos reconocidos por la legislación panameña.

Panamá puso en vigor un protocolo obligatorio para responder a las interacciones negativas entre cocodrilos y seres humanos, con criterios que permiten diferenciar un avistamiento común de una situación peligrosa.

La regulación prioriza la prevención y las medidas no letales, aunque contempla intervenciones excepcionales cuando existe una amenaza comprobada.

La Resolución DM-0445-2026, publicada el 28 de agosto en la Gaceta Oficial, encarga al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) la aplicación y fiscalización del procedimiento en todo el territorio nacional.

El documento busca proteger la integridad de las personas y, simultáneamente, garantizar la conservación de estos reptiles mediante decisiones sustentadas científicamente.

En Panamá habitan dos especies de crocodilianos: el cocodrilo americano (Crocodylus acutus), también denominado cocodrilo aguja, y el caimán de anteojos o babillo (Caiman crocodilus). El primero está clasificado como vulnerable, mientras el segundo posee un perfil de riesgo menor por su tamaño y comportamiento.

El cocodrilo americano puede superar los cuatro metros y presenta un hocico estrecho y alargado en forma de V. El babillo alcanza aproximadamente 2.5 metros, tiene el hocico más ancho y redondeado, además de una cresta ósea entre los ojos que produce la apariencia de unos anteojos.

La regulación amplió el alcance del borrador sometido a consulta pública, inicialmente centrado en el cocodrilo americano. La versión definitiva incorpora expresamente a las dos especies presentes en el país y establece escalas de tamaño diferenciadas para determinar el peligro y seleccionar la respuesta institucional correspondiente.

El formulario analiza la longitud, el comportamiento, la ubicación, la frecuencia de los reportes y los incidentes con animales domésticos. También considera la temporada del año y la existencia de fuentes de alimento, además de intentos anteriores de reubicación o afectaciones documentadas sobre actividades turísticas, recreativas o pesqueras.

La evaluación no trata igual a ambas especies. El resultado correspondiente al cocodrilo americano conserva la puntuación completa, mientras al babillo se le aplica un factor reductor de 0.6. La diferencia responde a su menor tamaño, fuerza de mordida y escaso historial de ataques graves contra personas.

La conducta tiene un peso determinante. Si el ejemplar huye al detectar personas mantiene un comportamiento evasivo normal; si no se aleja cuando alguien se aproxima a menos de diez metros, se considera habituado. La puntuación aumenta cuando se acerca activamente o exhibe cargas, embestidas o apertura de las fauces.

También eleva el riesgo que el animal acepte comida, responda a llamados o se acerque a embarcaciones esperando descartes de pesca. Por ello, la resolución prohíbe alimentar, provocar o atraer deliberadamente a estos reptiles, prácticas que pueden eliminar su temor natural y relacionar la presencia humana con alimento.

La ubicación aporta otros elementos. La presencia de un ejemplar a menos de 50 metros de escuelas, centros de salud, parques infantiles o áreas de trabajo suma tres puntos. También se evalúan playas turísticas, zonas de pesca, muelles, marinas, sectores urbanos y espacios frecuentados por niños.

La reiteración de los encuentros tampoco se considera un detalle menor. Dos reportes independientes durante siete días agregan un punto; tres o más avistamientos en ese periodo suman dos, mientras la presencia diaria durante más de dos semanas recibe tres. La residencia documentada por más de un mes agrava nuevamente la valoración.

Los nidos activan un procedimiento separado. Las autoridades deberán establecer un perímetro de seguridad mínimo de cinco metros, instalar advertencias con pictogramas y vigilar diariamente el área. Si no existe un peligro inminente, deberá esperarse la eclosión y salida de las crías antes de evaluar otras intervenciones.

El protocolo clasifica los casos en cuatro rangos. Entre uno y ocho puntos corresponde riesgo bajo; de nueve a 15, medio; y de 16 a 22, alto. Una puntuación de 23 o más representa riesgo muy alto, pero no significa que el ejemplar pueda ser eliminado automáticamente.

Para el nivel bajo se aplicarán señalización, educación comunitaria y monitoreo cada siete días. El riesgo medio requiere disuasión, barreras y eliminación de atractores, con inspecciones cada tres días. Si la situación persiste durante 14 días, el caso podrá avanzar hacia la captura y reubicación.

El riesgo alto permite trasladar al animal mediante un equipo especializado y con autorización previa de MiAMBIENTE. El ejemplar deberá ser medido, identificado, marcado y liberado en un hábitat apropiado, seguido de verificaciones a los siete, 14 y 30 días para detectar su posible regreso al área.

Cuando el resultado sea muy alto, deberá reunirse inmediatamente un comité técnico. La captura continúa siendo la primera opción y puede considerarse el cautiverio permanente en una instalación autorizada. Si el traslado resulta demasiado peligroso, el protocolo ordena priorizar barreras permanentes y manejo en el sitio.

El control letal queda reservado como último recurso cuando fracasen las alternativas anteriores, no existan lugares adecuados para liberación o haya conducta agresiva documentada y peligro inminente para las personas. Fuera de una defensa inmediata, solo podrá ejecutarlo personal autorizado, con justificación técnica y criterios de bienestar animal.

Los restos quedarán bajo custodia de MiAMBIENTE y no podrán poseerse, procesarse ni comercializarse. Cada actuación deberá documentarse y los casos de eliminación serán sometidos a auditorías externas cada dos años. La institución también publicará estadísticas anuales y una base pública de incidentes.

La norma fija como meta responder en menos de 24 horas a los eventos de riesgo muy alto. Los reportes podrán realizarse mediante la línea de emergencia ambiental 311, mientras cualquier captura o traslado deberá coordinarse previamente con la dirección regional correspondiente del Ministerio de Ambiente.

Los antecedentes incluidos en el protocolo ubican reportes en Puerto de Coquira, Clayton, Albrook y Chame, además de playas de Panamá Oeste, Coclé y Veraguas. También se mencionan los ríos Santa María y La Villa, así como las cuencas del Tuira y Balsas, en Darién.

La regulación parte de que el aumento de encuentros no responde necesariamente a una mayor agresividad, sino a la recuperación de las poblaciones y la expansión urbana sobre sus hábitats. Su eficacia dependerá de aplicar los criterios técnicos y de que la ciudadanía evite alimentar animales, respete la señalización y reporte oportunamente los avistamientos.

Panamá inició una nueva ronda de revisión técnica con especialistas de Corea del Sur sobre el ferrocarril Panamá–David–Frontera, mientras siguen sin conocerse públicamente documentos decisivos sobre el costo definitivo, la demanda y la rentabilidad esperada.

Esos elementos determinarán si el proyecto insignia del presidente José Raúl Mulino puede pasar de los estudios a la construcción.

La Secretaría Nacional del Ferrocarril sostiene reuniones con la Corporación Coreana de Infraestructura y Desarrollo Urbano, conocida como KIND. La agenda comenzó el 28 de agosto y se extenderá hasta el 2 de septiembre, período durante el cual ambos equipos desarrollarán mesas de trabajo sobre los estudios y la transferencia tecnológica del denominado Corredor Económico Ferroviario.

La agenda contempla visitas a diferentes puntos del trazado de la primera fase y una reunión con el equipo de ingeniería de la Autoridad del Canal de Panamá. Este último encuentro resulta relevante porque el proyecto requerirá una estructura ferroviaria para cruzar la vía interoceánica y conectar la capital con Panamá Oeste y el interior.

La Corporación Coreana de Infraestructura y Desarrollo Urbano (KIND) es una entidad pública creada en 2018 por el Gobierno de Corea del Sur para apoyar proyectos internacionales mediante asociaciones público-privadas. Su participación puede abarcar estudios de factibilidad, estructuración financiera, inversión y gestión de riesgos, además de la coordinación entre autoridades, empresas constructoras e instituciones financieras coreanas.

En América Latina, KIND registra una inversión en una planta solar de 10,4 megavatios en Talca, Chile, desarrollada bajo un modelo de construcción, propiedad y operación.

La entidad también ha mantenido acercamientos con autoridades de Colombia y Perú, y participó en conversaciones sobre el proyecto vial Los Chorros, en El Salvador, aunque esas gestiones no equivalen necesariamente a inversiones o contratos adjudicados.

El comunicado señala que las jornadas estarán centradas en la revisión de los estudios, la transferencia tecnológica y las visitas a puntos del trazado. La información divulgada no especifica los documentos que serán analizados ni contempla anuncios sobre licitaciones, fuentes de financiamiento o nuevas fechas de ejecución.

La primera fase se desarrollaría desde el área de Panamá hasta Divisa, con conexiones hacia Albrook, Panamá Pacífico, La Chorrera, Chame o Coronado, Río Hato y Penonomé. La planificación también contempla la incorporación de Ciudad de la Salud y otros puntos del área canalera dentro de una red ferroviaria y logística más amplia.

Esta etapa buscará integrar los puertos del Atlántico y el Pacífico, la Línea 3 del Metro y el Panama Canal Railway. En Capira se proyecta una terminal multimodal o puerto seco, mientras el trazado requerirá un nuevo puente ferroviario sobre el Canal de Panamá, cerca del Puente Centenario.

Las etapas siguientes extenderían la vía desde Divisa hasta David, pasando por Santiago, Soná y San Félix. Posteriormente, el corredor continuaría por Bugaba hasta alcanzar Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica, aunque todavía no se han divulgado presupuestos ni cronogramas independientes para esos tramos.

La agenda con KIND abre ahora una nueva etapa de intercambio técnico y transferencia de conocimientos. Los recorridos de campo y las reuniones con la Autoridad del Canal permitirán revisar componentes de la primera fase, mientras permanecen pendientes mayores precisiones sobre el financiamiento, los costos y el calendario de ejecución.

Antes de comenzar las obras deberán completarse los estudios que definirán el trazado definitivo, la factibilidad, los costos y el modelo de operación.

Actualmente se desarrollan evaluaciones de demanda, impacto ambiental e ingeniería conceptual, junto con estudios financieros, geotécnicos, hidrológicos y de modelación hidráulica.

En los trabajos participan firmas internacionales como AECOM, Renfe, KPMG y WSP, encargadas de diferentes componentes de la estructuración.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, concluyó que el acuerdo que organiza la Policía Municipal de la capital panameña es inconstitucional y solicitó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que lo declare contrario a la Carta Magna.

Su posición quedó incorporada al expediente que examina la legalidad de la estructura impulsada por el alcalde Mayer Mizrachi.

El pronunciamiento se refiere al Acuerdo Municipal 162 del 17 de junio de 2025, aprobado por el Consejo Municipal de Panamá y publicado en la Gaceta Oficial el 7 de agosto de ese año. La norma establece la organización, los niveles de mando y las funciones de la Dirección de Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá.

Gómez Rudy consideró que varias atribuciones incluidas en el documento podrían representar la puesta en funcionamiento de un cuerpo policial paralelo al establecido mediante leyes nacionales.

Entre las facultades cuestionadas figuran el reclutamiento, las requisas corporales, el registro de vehículos, la aprehensión, la detención preventiva y el uso de fuerza letal y no letal.

El acuerdo también permite que los agentes puedan portar armas de fuego cortas y largas que no sean de guerra, además de equipos de letalidad reducida. La estructura contempla rangos como agente, cabo, sargento, subteniente, teniente, capitán y mayor, características que han alimentado los cuestionamientos sobre el alcance de las competencias municipales.

La opinión fue emitida después de que la Corte admitiera una demanda de inconstitucionalidad presentada por el diputado y abogado Ernesto Cedeño. La acción solicita anular íntegramente el acuerdo porque, según el demandante, un gobierno local no puede crear mediante una disposición municipal un organismo con atribuciones reservadas a los servicios nacionales de policía.

La participación del procurador forma parte del procedimiento establecido para resolver este tipo de acciones. La Constitución dispone que el Pleno de la Corte conocerá las demandas de inconstitucionalidad con audiencia del procurador general de la Nación o del procurador de la Administración, dependiendo del funcionario al que corresponda emitir concepto dentro del proceso.

El concepto presentado por Gómez Rudy no equivale a una sentencia ni obliga a los magistrados a adoptar la misma conclusión. La Corte puede coincidir con la posición del procurador, rechazarla o desarrollar fundamentos diferentes al momento de examinar el acuerdo frente a todos los artículos constitucionales que considere aplicables al caso.

Después de incorporarse la vista fiscal, el expediente debe avanzar hacia la etapa de alegatos y la preparación del proyecto de fallo. La decisión definitiva corresponde a los nueve magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema, quienes deberán determinar si el Consejo Municipal excedió sus facultades al aprobar la organización y las atribuciones del cuerpo municipal.

Mientras no exista un fallo de fondo, el Acuerdo 162 continúa vigente y la Policía Municipal puede seguir operando bajo esa normativa. La opinión del procurador tampoco suspende automáticamente sus funciones ni elimina sus atribuciones, porque únicamente una resolución de la Corte puede declarar la inconstitucionalidad del acto y retirarlo del ordenamiento jurídico.

La demanda de Cedeño no es el primer cuestionamiento judicial contra la reorganización de ese organismo. Una acción anterior, presentada por la Policía Nacional, no fue admitida por la Corte en mayo de 2026. Esa decisión respondió a aspectos procesales y no representó un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del contenido del acuerdo.

De forma paralela, el Ministerio de Seguridad Pública promovió una acción de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte, proceso que analiza la legalidad del acto administrativo. Esa causa es distinta de la demanda constitucional examinada por el Pleno, aunque ambas se concentran en las competencias asignadas a los agentes municipales de la capital.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también se pronunció abiertamente contra el nuevo modelo de Policía Municipal impulsado por la Alcaldía de Panamá y aseguró que espera que la iniciativa sea revertida.

La controversia se originó después de que el antiguo cuerpo de vigilancia fuera transformado en una organización con estructura jerárquica y mayores facultades operativas. La Corte tendrá ahora la última palabra sobre si esa ampliación podía realizarse mediante un acuerdo municipal o si requería una ley aprobada por la Asamblea Nacional de Panamá.

No era una película del Viejo Oeste, sino un robo a mano armada dentro de un minisúper de Río Hato, en la provincia de Coclé. Dos sujetos encapuchados ingresaron al establecimiento junto con un caballo, amenazaron a las personas presentes y, después de apoderarse de dinero y pertenencias, huyeron utilizando el mismo animal.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y las imágenes circularon rápidamente en redes sociales. La grabación muestra cómo los sospechosos introdujeron el equino dentro del minisúper, una maniobra tan inusual como arriesgada que convirtió al animal en una pieza importante dentro de la investigación policial.

De acuerdo con la información disponible, los implicados amenazaron a las personas presentes y se apoderaron de sus pertenencias, además del dinero disponible en la caja registradora.

Después abandonaron el establecimiento utilizando el caballo como medio de transporte, en una huida que, lejos de facilitarles el anonimato, quedó expuesta ante las cámaras de vigilancia.

Aunque inicialmente se informó sobre la posible utilización de un arma de nueve milímetros, las autoridades no han confirmado públicamente que esta haya sido recuperada. Tampoco se ha precisado cuánto dinero fue sustraído ni el valor de las pertenencias tomadas durante el asalto, por lo que esos elementos continúan sujetos a la investigación oficial.

Las diligencias posteriores permitieron aprehender a un menor de edad, señalado como uno de los presuntos participantes. La Policía Nacional también informó que el segundo sospechoso ya fue identificado, aunque hasta el último reporte disponible no había comunicado su captura ni detallado la participación atribuida a cada uno de los investigados.

La subcomisionada María Gutiérrez explicó que se efectuaron allanamientos en diferentes puntos del sector para localizar indicios relacionados con el caso. Entre los objetivos de estas operaciones figura, además del otro implicado, la ubicación del caballo utilizado durante el robo, cuyo rastro podría conducir hasta otras personas relacionadas con el hecho.

El equino no está acusado, desde luego, pero sí puede funcionar como evidencia dentro del expediente. Las autoridades buscan establecer quién es su propietario y si posee un herrete u otra señal de identificación, debido a que su ingreso al comercio y posterior utilización en la fuga podrían ayudar a vincular a los sospechosos con el asalto investigado.

Reportes periodísticos señalan que la marca utilizada para identificar al caballo podría ofrecer pistas sobre su procedencia y propietario. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado oficialmente si el animal fue localizado o si pertenece a alguno de los involucrados, por lo que esa línea permanece abierta dentro de las diligencias desarrolladas en Río Hato.

La Fiscalía abrió de oficio una investigación tras conocer las imágenes y disponer de elementos para identificar a los presuntos responsables. El proceso continúa en marcha pese a la decisión inicial de la víctima del robo.

El Ministerio Público deberá presentar los elementos recabados ante la jurisdicción correspondiente, mientras un juez determinará la legalidad de la actuación, la posible imputación y las medidas aplicables.

El episodio ganó notoriedad por el inusual medio empleado para cometer el delito, pero detrás de la escena casi cinematográfica permanece un asalto ejecutado mediante amenazas y con un arma. La ironía termina justamente allí: hubo personas expuestas a un peligro real, un adolescente bajo investigación, otro sospechoso buscado y un caballo convertido involuntariamente en evidencia policial.

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor de visitantes hacia Panamá, con 284,563 llegadas a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen entre enero y junio de 2026. La cifra representó un aumento del 11.7% frente al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 254,857 viajeros.

El informe de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) utiliza el domicilio permanente para determinar la procedencia de los viajeros, por lo que los datos no corresponden necesariamente a su nacionalidad. Además, el desglose por países comprende turistas y excursionistas que ingresaron por Tocumen, no las llegadas registradas en todos los puertos del país.

Colombia ocupó el segundo lugar con 195,211 visitantes durante los primeros seis meses del año, 35,558 más que los 159,653 reportados en igual período de 2025. El mercado colombiano creció 22.3% y aportó el mayor incremento absoluto entre los países suramericanos, consolidando su peso dentro del flujo aéreo hacia Panamá.

Ecuador alcanzó la tercera posición con 68,357 viajeros, tras registrar un crecimiento del 34.1%. Las llegadas desde ese país superaron en 17,388 las contabilizadas un año antes.

Recientemente, el aeropuerto de Río Hato recibió los primeros vuelos chárter procedentes de Ecuador y Colombia, una operación orientada a incrementar la llegada de viajeros a las playas del Pacífico panameño sin necesidad de pasar por Tocumen. Esta nueva conexión abre otra vía para ampliar la captación de visitantes de ambos mercados.

Argentina se situó en el cuarto lugar general, con 55,984 visitantes y una expansión interanual del 33.6%. México le siguió con 51,139 llegadas, lo que representó un crecimiento del 40.9%, mientras Brasil alcanzó 50,867 viajeros después de aumentar 32.2% frente al primer semestre de 2025.

Costa Rica fue el principal emisor de América Central, con 44,911 visitantes y un incremento del 18.8%. España encabezó los mercados europeos con 41,289 llegadas, mientras Perú y Canadá registraron cifras muy cercanas: 40,332 y 40,214 viajeros, respectivamente, durante el período analizado.

El mercado canadiense destacó por su velocidad de crecimiento. Sus llegadas aumentaron 41.6% frente a las 28,401 registradas en 2025, mientras Perú creció 35.9%. Venezuela completó el siguiente grupo de importancia con 35,775 visitantes, equivalente a un avance del 17.2% en comparación con el año anterior.

Por regiones, América del Sur fue la principal fuente de viajeros que ingresaron por Tocumen, al concentrar el 38% del total. Sus llegadas aumentaron 28.4%, desde 383,050 hasta 491,938, lo que significó 108,888 visitantes adicionales en apenas un año y el mayor aporte absoluto entre las zonas analizadas.

América del Norte representó el 29% de las entradas, con 375,917 viajeros procedentes de Estados Unidos, México y Canadá. La región creció 17.6% y sumó 56,356 llegadas adicionales. Aunque Estados Unidos dominó por volumen, México y Canadá mostraron incrementos porcentuales considerablemente superiores durante el semestre.

Europa aportó 179,741 visitantes, equivalentes al 13.9% de quienes ingresaron por la principal terminal aérea panameña. Además de España, sobresalieron Francia con 21,927 llegadas, Alemania con 21,654 e Italia con 20,530. La región registró un crecimiento conjunto del 18.9% frente a 2025.

Dentro del mercado europeo, Alemania avanzó 34.5%, seguida por Portugal con 28.5%, Austria con 26.7% y Países Bajos con 25.8%. Reino Unido aportó 14,682 viajeros y Francia creció 15.1%, lo que muestra una expansión distribuida entre los principales emisores, aunque ninguno se aproximó individualmente al volumen estadounidense.

América Central representó el 10% de las entradas por Tocumen y reunió 129,938 visitantes, un 10.6% más que en 2025. Después de Costa Rica se ubicaron Guatemala con 29,829, Honduras con 18,928, El Salvador con 18,917 y Nicaragua con 15,812. El mercado salvadoreño fue el único que retrocedió, con una caída del 2.7%.

Las Antillas concentraron el 4.4% de las llegadas, mientras Asia aportó 4.2%. Oceanía y África representaron apenas 0.3% cada una. Aunque Oceanía registró un crecimiento relativo del 23.7%, su volumen fue de solo 3,690 viajeros, por lo que su incidencia dentro del resultado general continuó siendo reducida.

En total, Tocumen recibió 1,295,000 visitantes durante el primer semestre, 20% más que un año antes. En todos los puertos de entrada se contabilizaron 1,755,998 viajeros, incluyendo 1,349,397 turistas, 243,075 cruceristas y 163,526 excursionistas. Sin embargo, Estados Unidos y Colombia continuaron marcando el ritmo de los mercados emisores.

La Fiscalía Especializada de Adolescentes de Veraguas logró la aprehensión de un cuarto menor presuntamente vinculado con la desaparición y el homicidio de Jafet González, conductor de una plataforma digital y estudiante universitario.

El adolescente deberá comparecer ante un juez para la formulación de los cargos y la definición de una medida cautelar.

Con esta captura, la investigación suma seis personas vinculadas: cuatro adolescentes y dos adultos de 18 y 19 años. Tres de los menores permanecen bajo detención provisional, mientras que el último aprehendido estaba pendiente de audiencia.

El Ministerio Público informó que investiga a los sospechosos por homicidio agravado, robo agravado, privación de libertad y asociación ilícita para delinquir. Esos mismos cargos serán presentados contra el cuarto adolescente durante la audiencia de garantías, de acuerdo con la información oficial de la Procuraduría General de la Nación.

González desapareció durante la noche del 11 de agosto de 2026 en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas. Según las investigaciones, varios de los sospechosos abordaron el automóvil cuando el joven prestaba servicios como conductor. Desde ese momento, sus familiares desconocen el paradero de su cuerpo.

La hipótesis presentada durante las audiencias señala que el grupo pretendía apoderarse del vehículo y trasladarlo hacia Costa Rica. De acuerdo con la declaración de un testigo protegido, González fue privado de libertad y presuntamente estrangulado dentro del automóvil antes de que su cuerpo fuera lanzado al río Santa María.

Ese relato forma parte de los elementos incorporados a la investigación, pero deberá ser comprobado durante el proceso judicial. Hasta el momento, el cadáver no ha sido localizado, por lo que las autoridades mantienen abierta la búsqueda y continúan recopilando evidencias para reconstruir la secuencia completa del ataque.

El vehículo conducido por González fue encontrado abandonado días después en el sector de Los Ruices, provincia de Veraguas. Su recuperación se convirtió en una de las principales evidencias materiales del expediente y permitió desarrollar nuevas diligencias relacionadas con el recorrido de los presuntos agresores después del crimen.

Los equipos de rescate han concentrado sus esfuerzos en las aguas y riberas del río Santa María, principalmente en el distrito de San Francisco. El operativo comenzó en los alrededores del puente de Tierra Hueca y se extendió hacia sectores ubicados río abajo, siguiendo el punto señalado por el testigo protegido.

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil, la Dirección de Investigación Judicial, la Policía Nacional y el Ministerio Público ha recorrido más de 12 kilómetros del cauce sin resultados positivos. Las corrientes, la extensión del área y las condiciones del río han complicado las labores de rastreo, que también cuentan con el apoyo de voluntarios y familiares.

La búsqueda continuaba este viernes en el río Santa María, según los reportes divulgados por las autoridades. En las jornadas anteriores, los rescatistas inspeccionaron zonas cercanas a Los Higos y Los Panamaes, mientras peritos y agentes verificaban información relacionada con los lugares por donde pudieron movilizarse los implicados.

Los dos adultos fueron llevados ante un tribunal de garantías, que declaró legales sus aprehensiones, admitió la imputación de los cuatro delitos investigados y ordenó su detención provisional. Los primeros tres adolescentes también quedaron sometidos a esa medida cautelar dentro del régimen penal especial aplicable a menores de edad.

La nueva captura amplía el grupo investigado respecto de la información publicada inicialmente por Infobae, cuando cinco personas permanecían vinculadas judicialmente. El expediente ahora comprende cuatro menores y dos mayores de edad, aunque cada uno deberá responder de acuerdo con su situación procesal particular.

Mientras avanzan las audiencias, familiares, compañeros y miembros de la comunidad universitaria han pedido que el operativo no concluya hasta encontrar a González. La ausencia del cuerpo mantiene abierta una parte esencial de la investigación, pese a que la Fiscalía ya tramita el caso bajo la calificación provisional de homicidio agravado.

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate una reforma que amplía y modifica los descuentos concedidos a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

El Proyecto de Ley 226 recibió 47 votos favorables y uno en contra, pero todavía no constituye una norma vigente, pues debe ser sancionado y promulgado por el Ejecutivo.

La propuesta modifica la Ley 6 de 1987, cuyos beneficios alcanzan a las mujeres desde los 55 años y a los hombres desde los 60, además de todos los jubilados y pensionados, independientemente de su edad. Para los extranjeros, el nuevo texto especifica que deberán contar con permiso de residente permanente en Panamá.

Uno de los principales cambios se encuentra en los medicamentos. La legislación vigente reconoce un descuento del 20% sobre su valor, mientras que el proyecto eleva el beneficio al 30%.

En hospitales y clínicas privadas se mantiene el 15%, pero la cobertura se extiende expresamente a laboratorios, centros de imagenología y otros establecimientos de salud.

La iniciativa también incorpora un 15% de descuento en insumos y productos para la salud e higiene humana y fija un 20% para pañales desechables de adultos.

La Acodeco ya interpretaba que algunos de esos artículos podían recibir beneficios como aparatos de ayuda, pero ahora quedarían identificados directamente dentro de la ley.

En equipos de asistencia se establece un descuento del 25% para sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y sanitarios portátiles. La lista incluye además sillas de baño, rodadores con asiento, colchones para pacientes encamados y camas hospitalarias, ampliando la disposición vigente que concede 20% para prótesis y accesorios de ayuda.

Otro beneficio nuevo es la reducción del 30% en los servicios de internet y televisión por cable, siempre que el contrato residencial no supere $50 mensuales, esté a nombre del beneficiario y corresponda a su vivienda principal. La tarifa ordinaria se aplicaría a cualquier monto que exceda ese límite.

En el servicio de agua, el descuento pasaría del 25% vigente al 30%, aplicable cuando el consumo mensual no sea superior a $30. El contrato deberá estar a nombre del beneficiario, corresponder a un servicio residencial y utilizarse en su vivienda principal; el excedente quedará sujeto a la tarifa regular.

La reforma también elevaría del 1% al 2% la reducción en la tasa de interés de los préstamos hipotecarios destinados a vivienda propia. Sin embargo, el proyecto excluye de este beneficio a los financiamientos otorgados bajo leyes de interés preferencial, que actualmente reciben condiciones subsidiadas mediante otro régimen legal.

En productos financieros se conservaría el descuento del 15% sobre la tasa máxima permitida para determinados créditos, pero se añadiría una reducción igual en la anualidad de tarjetas de crédito y débito. También se aplicaría un 15% a las pólizas contratadas para asegurar productos bancarios o financieros.

El texto agrega un descuento del 30% sobre el cargo fijo de gastos notariales por documentos, certificaciones o declaraciones emitidos a nombre del beneficiario. En las actividades recreativas se mantiene el 50% para cines, teatros, deportes y espectáculos públicos, pero se incorporan expresamente los centros de visitantes.

En hospedaje, los porcentajes no cambian: continuará el descuento del 50% de lunes a jueves y del 30% durante los fines de semana. La modificación consiste en incluir de manera expresa a los hostales, junto con hoteles, moteles y pensiones, dentro de los establecimientos obligados a aplicar el beneficio.

El proyecto introduce además una regla para las promociones. Cuando un establecimiento ofrezca un precio promocional inferior al que resultaría del descuento legal, deberá aplicar una reducción adicional del 10% sobre esa oferta. Los negocios tendrán que mostrar el precio regular y el promocional para permitir la comparación por parte del consumidor.

Las sanciones también aumentarían. Actualmente, negar los beneficios puede generar multas de $50 a $5,000; la reforma eleva ese rango a entre $500 y $10,000. Cada reincidencia duplicará la sanción anterior y la Acodeco continuará encargada de recibir, investigar y resolver las denuncias correspondientes.

La mitad de lo recaudado ingresaría al Fondo Especial para Jubilados y Pensionados, mientras el resto se destinaría al Programa de Beneficios Permanentes de la Caja de Seguro Social. Los establecimientos también deberán mantener en un lugar visible la información sobre los descuentos y habilitar ventanillas o filas de atención prioritaria.

Un cambio de mayor alcance fiscal establece que todos los beneficios concedidos podrán reconocerse como crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta. La legislación vigente limita ese tratamiento principalmente a restaurantes y establecimientos de comida rápida, tras la modificación introducida mediante la Ley 192 de 2020.

Durante las consultas legislativas, el Ministerio de Economía y Finanzas advirtió que la ampliación podría reducir la recaudación y afectar la sostenibilidad fiscal. Gremios empresariales también alertaron sobre posibles aumentos de precios, restricciones al crédito y costos operativos, especialmente en los sectores farmacéutico, turístico, bancario y asegurador.

El proyecto fusionó tres iniciativas y quedó pendiente de la decisión del presidente José Raúl Mulino. Hasta que sea sancionado y publicado en la Gaceta Oficial, continúan aplicándose los porcentajes establecidos en la legislación actual; por tanto, los nuevos descuentos todavía no pueden exigirse en comercios ni entidades de servicios.

Investigadores panameños trabajan en un sistema de radar instalado a bordo de un dron para estimar la humedad del suelo en cultivos de arroz. El proyecto busca generar mapas que permitan identificar diferencias en la cantidad de agua dentro de las parcelas, sin realizar excavaciones ni depender exclusivamente de inspecciones manuales.

La iniciativa es desarrollada por el Grupo de Investigación en Tecnologías Avanzadas de Telecomunicación y Procesamiento de Señales (GITTS) de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

La Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario participa principalmente en la coordinación de las actividades con los productores.

El proyecto fue seleccionado como uno de los tres beneficiados por la convocatoria Práctica IDDS 2025-2027, impulsada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su ejecución comenzó en septiembre de 2025 y contempla 36 meses para desarrollar, probar y validar el funcionamiento del prototipo.

La plataforma combinará un sensor de radar, un vehículo aéreo no tripulado y herramientas de procesamiento de señales. El equipo emitirá ondas electromagnéticas hacia el terreno y analizará la respuesta recibida, cuyas características pueden variar según el contenido de agua y las propiedades físicas del suelo.

La humedad influye sobre la forma en que las ondas se desplazan y son reflejadas por el terreno. A partir de esas variaciones, los investigadores intentarán construir modelos que permitan representar la distribución del agua mediante mapas georreferenciados y detectar diferencias entre distintos sectores de una finca.

La tecnología deberá superar varias etapas antes de convertirse en una herramienta de uso agrícola. Las señales recopiladas por el radar tendrán que contrastarse con mediciones directas realizadas en el terreno, debido a que la textura del suelo, la cobertura vegetal y las condiciones ambientales pueden afectar la precisión de los resultados.

El prototipo será probado inicialmente en plantaciones que utilizan el sistema de secano, modalidad en la cual el abastecimiento de agua depende principalmente de las lluvias. Para facilitar esas evaluaciones, el MIDA coordina las visitas y el acceso del equipo científico a fincas seleccionadas en Chepo y Natá.

Los productores Omar Spigel, del área de Chepo, y Carlos Rodríguez, de Natá, fueron incorporados como los primeros participantes de la etapa de campo. Ambos permitirán realizar mediciones en sus terrenos y recopilar la información necesaria para comparar la respuesta del radar con las condiciones reales de los cultivos.

La doctora Maylin Acosta, de Proyectos Especiales de Sanidad Vegetal, tiene a su cargo la comunicación con productores y encargados de las fincas. También acompañará las campañas de medición y facilitará las coordinaciones requeridas para cumplir con las actividades programadas por el grupo de investigación.

El investigador principal es Edson Stevens Galagarza Martínez, mientras que Fernando Xavier Arias Vargas y Maytee Zambrano de Rojas participan como coinvestigadores. La ficha de la UTP clasifica la iniciativa dentro del área de investigación, desarrollo e innovación y establece una vigencia institucional entre 2025 y 2028.

La aplicación del sistema podría adquirir relevancia debido al peso del secano en la producción nacional. Datos del MIDA correspondientes a noviembre de 2023 indicaban que el 91.9% de las 80,572.8 hectáreas sembradas de arroz utilizaba esa modalidad, frente a un 8.1% cultivado mediante sistemas de riego.

La dependencia de las precipitaciones expone las plantaciones a períodos secos, lluvias irregulares y acumulaciones desiguales de agua. Un mapa de humedad podría ayudar a dirigir las inspecciones hacia puntos específicos, aunque su utilidad dependerá de que el prototipo alcance niveles suficientes de precisión y estabilidad operativa.

La medición mediante radar ofrece una diferencia frente a los drones equipados únicamente con cámaras, que captan principalmente información visible de la superficie y del estado de las plantas.

Durante los próximos meses, las campañas en Chepo y Natá deberán aportar datos para ajustar el sistema y determinar cómo responde en suelos y plantaciones con condiciones diferentes. El resultado permitirá establecer si la plataforma puede apoyar el manejo del agua o si requerirá nuevas modificaciones antes de avanzar hacia pruebas más amplias.

Unidades del Cuerpo de Bomberos mantienen la búsqueda de un menor arrastrado por la corriente en el sector de Puente Rojo, en Samaria, distrito de San Miguelito, durante las fuertes lluvias registradas el jueves. Los recorridos se extienden por diferentes puntos de la ciudad de Panamá, siguiendo el posible desplazamiento del agua.

Las labores comenzaron en Samaria y el área de Puente Rojo y continuaron por la Cárcel de Mujeres, Campo Limber y Costa del Este. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) señaló que el caso permanece bajo seguimiento, mientras se espera nueva información sobre los resultados del operativo.

La desaparición ocurrió durante una jornada en la que las lluvias ocasionaron cerca de diez emergencias en diferentes puntos del país. El balance preliminar incluyó árboles caídos, deslizamientos de tierra, colapso de estructuras y la inundación de una vivienda, aunque no se contabilizaron otras personas afectadas.

El Centro de Operaciones de Emergencias Nacional del Sinaproc informó que los reportes fueron atendidos hasta las 8:00 p. m. del jueves 27 de agosto. Los incidentes se concentraron principalmente en San Miguelito, Panamá Este, Las Cumbres, Parque Lefevre, Pedasí, Aguadulce y la ciudad de David, en Chiriquí.

Las autoridades registraron caídas de árboles en San Miguelito, Panamá Este y David, donde los equipos operativos realizaron labores de corte y despeje para restablecer el tránsito. Otros dos deslizamientos fueron reportados en Las Cumbres y San Miguelito, y quedaron pendientes de atención al cierre del balance.

También se reportaron colapsos de estructuras en Pedasí, provincia de Los Santos, así como en Parque Lefevre y Las Cumbres, sin personas lesionadas. En Parque Lefevre, las precipitaciones provocaron además la inundación de una vivienda, situación atendida mediante coordinaciones con las autoridades locales.

En Aguadulce, provincia de Coclé, se efectuó el corte preventivo de un árbol que representaba un riesgo para los residentes. La medida buscó evitar afectaciones ante la posibilidad de nuevos episodios de lluvia, acompañados de ráfagas de viento y actividad eléctrica durante los próximos días.

Frente a este escenario, el Sinaproc emitió un aviso de prevención para todo el territorio nacional y las zonas marítimas. La medida permanece vigente desde las 3:00 a. m. del viernes 28 hasta las 11:59 p. m. del lunes 31 de agosto, con monitoreo permanente de las áreas vulnerables.

El aviso está sustentado en el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que anticipa un aumento importante de la inestabilidad atmosférica por los remanentes de la onda tropical número 39 y por la activación de sistemas de bajas presiones asociados con otras ondas tropicales.

Durante el período de vigilancia se esperan tormentas de intensidad variable, algunas muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y lluvias frecuentes. Los acumulados podrían ubicarse entre 50 y más de 231 milímetros, por lo que aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Las autoridades también advirtieron sobre crecidas repentinas y posibles desbordamientos de ríos, especialmente en comunidades vulnerables y terrenos saturados. Aunque la alerta comprende todo el país, las condiciones asociadas con El Niño pueden producir un comportamiento desigual de las lluvias entre las vertientes del Pacífico y el Caribe.

Panamá atraviesa actualmente los efectos de un fenómeno de El Niño fuerte, que ha reducido las precipitaciones acumuladas y elevado las temperaturas en varias regiones. El IMHPA había identificado 11 cuencas hidrográficas en condición de sequía meteorológica, mientras otras zonas, especialmente del Caribe, pueden registrar lluvias superiores a lo habitual.

Los aguaceros intensos de estos días no contradicen el escenario general de sequía, debido a que El Niño reduce las lluvias durante períodos prolongados, pero no elimina los eventos fuertes y localizados. El país puede enfrentar simultáneamente déficit hídrico en algunas regiones e inundaciones repentinas en otras.

El Sinaproc recomendó no cruzar ríos, quebradas ni calles inundadas, evitar permanecer cerca de árboles o estructuras inestables y alejarse de playas y espacios abiertos durante tormentas eléctricas. Ante una emergencia, la población puede comunicarse al 911 o al teléfono 520-4426.

Diecisiete ciudadanos panameños han regresado sanos y salvos desde países relacionados con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Del total, 11 retornaron desde territorio ruso y seis desde Ucrania, mediante gestiones diplomáticas y consulares coordinadas por Panamá.

La cifra representa el resultado más concreto de las acciones emprendidas para identificar, asistir y desvincular a los nacionales incorporados a fuerzas militares. La Cancillería mantiene contactos para conocer la situación de otros panameños y procurar su retorno seguro cuando jurídicamente sea posible.

El conflicto también ha dejado al menos dos panameños muertos, ambos originarios de Colón. Los fallecidos fueron identificados como Michael Alexander Navas, de 31 años, vinculado al ejército ucraniano, y Abimael Becerra Ortiz, de 19 años, quien se habría incorporado a las fuerzas rusas.

Navas habría muerto tras ser alcanzado por un dron cuando intentaba evacuar heridos en el frente de batalla.

Las gestiones del Gobierno incluyen cuatro reuniones de alto nivel con representantes de Rusia y dos encuentros con representantes diplomáticos de Ucrania. En esas conversaciones, Panamá solicitó facilitar la desvinculación de sus ciudadanos y organizar su salida de manera segura y ordenada.

El canciller Javier Martínez-Acha también remitió comunicaciones diplomáticas a las autoridades rusas y ucranianas, apelando a consideraciones humanitarias y a las relaciones bilaterales. El objetivo es facilitar la asistencia y protección de los connacionales que buscan abandonar cualquier compromiso con fuerzas militares.

La Embajada de Panamá en Rusia y la misión diplomática en Polonia, concurrente para Ucrania, mantienen gestiones permanentes para localizar a los panameños, facilitar el contacto con sus familiares y ofrecer asistencia consular de acuerdo con las circunstancias particulares y la legislación de cada país.

La Cancillería aseguró que ha mantenido comunicación abierta con las familias de los involucrados, a quienes brinda información sobre las acciones que puede realizar el Estado. Las posibilidades de intervención, precisó, dependen del marco jurídico y de los compromisos firmados por cada ciudadano en el extranjero.

Dos hombres repatriados desde Ucrania denunciaron que viajaron atraídos por ofertas de hasta $9.000 mensuales y promesas de no combatir, pero al llegar les retiraron teléfonos y pasaportes. También aseguraron que firmaron contratos en ucraniano y fueron presionados para participar en misiones militares.

Los testimonios indican que la captación se realizaba por TikTok, Instagram y WhatsApp, mediante propuestas dirigidas a personas con necesidades económicas. Los traslados, pasaportes y boletos eran gestionados parcialmente por terceros, mientras las condiciones ofrecidas cambiaban después de ingresar al territorio ucraniano.

En Panamá, tres personas quedaron detenidas provisionalmente por su presunta participación en el reclutamiento y traslado de nacionales. Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y se desarrollan por la posible comisión de trata de personas con fines de explotación laboral.

Entre los investigados figuran Mario Alberto Irwonds Brooks, taxista de 70 años, y Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, veterano del conflicto ucraniano. Ambos han negado actuar como reclutadores y sostienen que solamente ayudaron o transportaron a personas que habían expresado interés en viajar voluntariamente.

El tercer imputado es un panameño de 23 años, detenido en Tocumen cuando regresaba de Colombia. Una alerta silenciosa de Interpol permitió identificarlo en el aeropuerto, y posteriormente un juez ordenó su detención provisional por su presunta vinculación con la estructura investigada por captar ciudadanos panameños.

La Cancillería reiteró su llamado a no viajar para incorporarse a fuerzas militares relacionadas con la guerra. Advirtió que estas decisiones representan graves riesgos para la vida y pueden generar obstáculos jurídicos que limitan o complican considerablemente la asistencia consular panameña.

Panamá registró 57,653 renuncias laborales entre enero y julio de 2026, de acuerdo con cifras preliminares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). El resultado equivale a un promedio mensual de 8,236 salidas voluntarias notificadas en todo el país.

Los hombres concentraron 33,029 renuncias, equivalentes al 57.3% del total, mientras las mujeres registraron 24,624, que representaron el 42.7%. La diferencia muestra una mayor movilidad entre trabajadores masculinos, aunque el informe no identifica ocupaciones, salarios ni actividades económicas.

La mayor cantidad se produjo en marzo, con 9,500 dimisiones notificadas, seguido por enero con 8,866 y febrero con 8,501. Desde abril comenzó un descenso sostenido que llevó el registro hasta 6,857 casos durante julio, el nivel mensual más bajo del periodo.

Entre junio y julio las renuncias disminuyeron en 851, una reducción de 11%. Frente al máximo alcanzado en marzo, la caída fue de 2,643 casos o 27.8%, lo que podría reflejar menor rotación reciente, aunque no permite confirmar una mejora en la estabilidad laboral.

La Sede Central del Mitradel, correspondiente a Ciudad de Panamá, recibió 20,901 notificaciones durante los primeros siete meses, equivalentes al 36.3% del total nacional. Las oficinas regionales atendieron las otras 36,752, por lo que casi dos de cada tres renuncias ocurrieron fuera de esa sede.

Panamá Oeste encabezó los registros regionales con 9,554 casos, seguido por Panamá Este con 6,445 y San Miguelito con 5,429. Chiriquí acumuló 3,704 salidas voluntarias, Panamá Norte reportó 2,865 y Colón alcanzó 2,737 renuncias hasta julio.

La concentración alrededor de la zona metropolitana fue amplia. Al sumar la capital, Panamá Oeste, Este, Norte, San Miguelito y Panamá Pacífico, se obtienen 45,442 renuncias, equivalentes al 78.8% del total, reflejo del peso de estas áreas en el empleo formal y la actividad empresarial.

Durante julio, Ciudad de Panamá volvió a encabezar los registros con 1,837 renuncias, seguida por Panamá Oeste con 1,272, Panamá Este con 869 y San Miguelito con 804. Estas cuatro zonas reunieron 4,782 casos, casi el 70% de las salidas del mes.

Una dimisión puede responder a una mejor oferta, estudios, jubilación, migración, responsabilidades familiares, inconformidad salarial o condiciones laborales deficientes. Por eso, un volumen elevado no significa automáticamente deterioro del empleo, así como una caída tampoco demuestra necesariamente mayor satisfacción entre los trabajadores.

La otra cara del mercado fueron los 206,942 contratos registrados hasta julio, casi cuatro veces las renuncias. De ese total, 111,236 fueron definidos, 49,576 indefinidos y 46,130 por obra determinada. En julio se notificaron 32,559 contrataciones frente a 6,857 dimisiones.

No obstante, la diferencia no equivale a 149,289 empleos netos creados. Los contratos pueden incluir renovaciones, movimientos temporales o varias relaciones laborales de una misma persona, mientras las renuncias constituyen solo una de las formas de terminación laboral y no incorporan despidos ni vencimientos.

El predominio de contratos definidos, que representaron 53.8% de las inscripciones, sugiere que buena parte del movimiento laboral mantiene un componente temporal o sujeto a renovación. Los indefinidos representaron apenas 24%, mientras los contratos por obra determinada concentraron el 22.3% restante.

El mercado laboral panameño cerró 2025 con un desempleo total de 10,4%, mientras el desempleo abierto fue de 6,9%, según la encuesta de septiembre del INEC. Además, la informalidad laboral alcanzó el 47,1% entre los ocupados no agrícolas

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de ley 48, que busca crear un régimen de segunda oportunidad y derecho al olvido penal para personas que hayan cumplido sus condenas.

El prohijamiento solo permite iniciar su discusión legislativa y no lo convierte todavía en ley.

La propuesta fue presentada por el diputado Isaac Mosquera y obtuvo el respaldo de todos los integrantes de la comisión, excepto Alexandra Brenes.

Su objetivo declarado es facilitar la reinserción social de personas condenadas, mediante la cancelación pública de antecedentes penales y registros mantenidos por la Policía Nacional.

El derecho al olvido planteado no elimina la sentencia ni borra la historia judicial. La información continuaría disponible para las autoridades, pero dejaría de aparecer en el récord policivo solicitado por particulares y no podría utilizarse para negar empleos, licencias, permisos u otras oportunidades administrativas y comerciales.

Tampoco obligaría expresamente a medios de comunicación, buscadores de Internet o redes sociales a eliminar publicaciones sobre los hechos. El texto regula principalmente los antecedentes gestionados por instituciones estatales, por lo que no equivale a retirar noticias, fotografías, sentencias o archivos alojados en plataformas digitales privadas.

El régimen general estaría disponible para personas condenadas por delitos considerados de baja lesividad, definidos como aquellos castigados con multa, días multa, trabajo comunitario o penas de prisión no superiores a tres años. Antes de solicitarlo, el interesado tendría que cumplir completamente la sanción principal y las accesorias.

Cuando exista una víctima identificada, también sería obligatorio presentar evidencia de la reparación o indemnización del daño causado. El anteproyecto permite además que las personas condenadas antes de su aprobación soliciten el beneficio, debido a la aplicación retroactiva de la norma más favorable.

La persona interesada debería pedir al tribunal competente una certificación que confirme la extinción de la pena, el cumplimiento de sanciones accesorias y el pago de multas u obligaciones económicas. Posteriormente, mediante un abogado, presentaría la documentación ante la Dirección de Investigación Judicial.

La DIJ tendría 30 días hábiles para verificar los requisitos y comprobar que no exista reincidencia. Si la petición es aprobada, ordenaría la cancelación pública del récord policivo y comunicaría la decisión al Registro Judicial y a las demás bases de datos correspondientes.

Los antecedentes cancelados permanecerían accesibles para fines judiciales, aunque la exposición de motivos también menciona investigaciones penales y seguridad nacional. Esa diferencia revela una inconsistencia que deberá corregirse durante el debate, porque el articulado y la justificación inicial no establecen exactamente el mismo alcance.

El beneficio quedaría prohibido para condenados por homicidio, feminicidio, delitos sexuales, violencia doméstica, trata de personas, delincuencia organizada y terrorismo. También estarían excluidos los delitos cometidos contra niños y adolescentes, sin importar que la persona haya cumplido completamente la pena impuesta por los tribunales.

La propuesta incluye expresamente a condenados por blanqueo de capitales cuando la cuantía no supere $100,000, no exista relación con terrorismo, narcotráfico o delincuencia organizada y la sentencia haya sido cumplida íntegramente. Este apartado provocó el principal cuestionamiento dentro de la comisión legislativa.

Otro artículo permite el beneficio para delitos contra el orden económico de hasta $50,000, siempre que sea la primera condena, hayan transcurrido cinco años y no exista vinculación con corrupción pública. La diferencia entre los límites de $100,000 y $50,000 crea una posible contradicción dentro del propio anteproyecto.

También podrían solicitarlo personas condenadas por estafas o delitos patrimoniales de hasta $10,000, cuando se trate de una primera infracción y el daño haya sido reparado completamente. La ausencia de reincidencia y el cumplimiento de las penas serían igualmente condiciones indispensables para obtener la cancelación.

En casos de posesión de cannabis para consumo personal, el límite sería de 10 gramos, siempre que no existan comercialización, distribución, asociación ilícita o reincidencia.

Brenes votó contra el prohijamiento porque la lista de exclusiones no menciona expresamente los delitos contra la administración pública y permite determinados casos de blanqueo. La diputada sostuvo que no podía respaldar una iniciativa que incluyera conductas vinculadas con la corrupción que afecta al país.

El texto sí excluye la vinculación con corrupción pública para ciertos delitos contra el orden económico, pero no establece una prohibición general para peculado, corrupción de servidores, enriquecimiento injustificado u otros delitos contra el Estado. Ese vacío alimenta la advertencia formulada por la diputada independiente.

Otra diferencia relevante está en los plazos. Los delitos contra el orden económico exigirían esperar cinco años desde la extinción de la pena, mientras que otras categorías podrían solicitar el beneficio inmediatamente después de cumplirla, siempre que satisfagan los demás requisitos y no exista una nueva condena.

Si una persona beneficiada vuelve a ser condenada, perdería automáticamente la protección y la nueva sentencia generaría otro récord policivo. La iniciativa intenta así equilibrar la posibilidad de reconstruir la vida personal y laboral con la conservación de información necesaria para la justicia y la seguridad pública.

El debate de fondo será determinar si la reinserción justifica ocultar determinados antecedentes frente a particulares y qué delitos deben permanecer visibles por interés público. Antes de convertirse en ley, el documento necesita resolver contradicciones, precisar sus límites y cerrar vacíos, especialmente los relacionados con blanqueo de capitales y corrupción estatal.

La planilla del sector público panameño cerró julio de 2026 con 269,269 funcionarios y un salario bruto mensual de $460.7 millones, según el informe de la Contraloría General. En comparación con junio, la cantidad de servidores disminuyó en 728 personas, equivalente a 0.3%.

Del total registrado, 249,251 funcionarios tenían posiciones permanentes y otros 20,018 mantenían contratos eventuales.

El Gobierno Central concentró 174,016 trabajadores, mientras que las entidades descentralizadas sumaron 95,253. Estas últimas representaron más de una tercera parte del empleo estatal contabilizado.

El gasto salarial de julio disminuyó apenas $273,000 respecto de los $460.97 millones pagados en junio, una variación de 0.1%. La reducción estuvo asociada principalmente al personal eventual, mientras las remuneraciones permanentes mantuvieron el mayor peso dentro de la estructura presupuestaria.

Aunque el resultado general fue negativo, varias instituciones incorporaron personal durante julio. La Universidad Tecnológica de Panamá encabezó los aumentos con 272 funcionarios adicionales, seguida por la Universidad de Panamá con 234 y la Universidad Especializada de las Américas con 179.

El Ministerio de Educación agregó 166 trabajadores; el Servicio de Protección Institucional, 125; y la Contraloría General, 107. También aumentaron el Ministerio de Gobierno en 72 funcionarios, el Órgano Judicial en 65, el Ministerio de Ambiente en 54 y el Tribunal Electoral en 27 personas.

La reducción mensual estuvo determinada principalmente por la Asamblea Nacional, cuya planilla bajó de 5,089 empleados en junio a 3,284 en julio.

La diferencia fue de 1,805 funcionarios, equivalente a una contracción de 35.5%, que compensó ampliamente las contrataciones realizadas por otras entidades.

También disminuyeron el Ministerio de Seguridad Pública, con 89 trabajadores menos; la Caja de Seguro Social, con 80; la Caja de Ahorros, con 56; y el Ministerio de Trabajo, con 48. Por ello, las contrataciones institucionales no evitaron la reducción del saldo total.

Frente a julio de 2025, cuando se registraron 264,005 funcionarios, la planilla creció en 5,264 personas o 2%. El salario bruto mensual pasó de $447.52 millones a $460.7 millones, lo que significó un aumento interanual de $13.18 millones o 2.9%.

La comparación con julio de 2024, mes en que comenzó la administración de José Raúl Mulino, muestra una expansión mayor. En aquel momento existían 258,859 funcionarios con remuneraciones mensuales de $423.56 millones, de acuerdo con el informe revisado de la Contraloría correspondiente a ese periodo.

Dos años después, el Estado contabiliza 10,410 servidores públicos adicionales, un incremento de 4%. El gasto mensual en salarios aumentó $37.14 millones, equivalente a 8.8%, por lo que las remuneraciones crecieron más del doble que la cantidad de empleados incorporados desde julio de 2024.

Entre enero y junio de 2026, el Gobierno pagó $2,680.39 millones en salarios brutos, para un promedio mensual de $446.73 millones. Al incluir julio, el acumulado ascendió a $3,141.08 millones, mientras el promedio de los primeros siete meses se ubicó en aproximadamente $448.73 millones.

La planilla comenzó enero con 253,038 funcionarios y alcanzó 269,269 en julio, una diferencia de 16,231 trabajadores o 6.4%. En el mismo periodo, el pago mensual pasó de $424.01 millones a $460.7 millones, con un incremento de $36.69 millones o 8.7%.

El Ministerio de Educación lideró las contrataciones de 2026 al pasar de 58,476 a 67,863 funcionarios. La institución incorporó 9,387 trabajadores entre enero y julio, mientras su desembolso mensual aumentó de $105.43 millones a $117.04 millones, es decir, $11.6 millones adicionales cada mes.

La Universidad Tecnológica de Panamá registró el segundo mayor crecimiento, con 1,514 funcionarios adicionales, al aumentar de 2,953 a 4,467. Su pago mensual avanzó $1.6 millones, desde $6.62 millones en enero hasta $8.21 millones al cierre de julio.

El Ministerio de Seguridad Pública añadió 1,035 trabajadores y elevó su gasto mensual en $1.77 millones, mientras el Ministerio de Salud incorporó 962 personas y aumentó sus remuneraciones en $2.96 millones. Ambas instituciones concentraron una parte importante de la expansión gubernamental.

El Ministerio de Gobierno pasó de 3,231 a 4,185 funcionarios, un incremento de 954 personas, aunque durante el periodo presentó fuertes fluctuaciones. Su gasto salarial mensual creció $800,000 entre enero y julio, al pasar de $3.24 millones a poco más de $4 millones.

El Ministerio de Ambiente sumó 338 empleados y aumentó su nómina mensual en $358,000. El Órgano Judicial incorporó 293 funcionarios y elevó sus remuneraciones en $617,000, mientras el Instituto Panameño de Deportes agregó 259 personas y destinó $281,000 adicionales al pago mensual.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario incorporó 224 trabajadores, con un aumento salarial mensual de $191,000. El Instituto Panameño de Habilitación Especial completó las diez mayores expansiones al sumar 177 funcionarios y $392,000 en remuneraciones, entre enero y julio.

Estas diez instituciones agregaron en conjunto 15,143 funcionarios durante los primeros siete meses del año. La cifra equivale a más del 93% del incremento neto de toda la planilla, aunque otras entidades redujeron personal y compensaron parcialmente el crecimiento registrado por estos organismos.

El informe abarca 96 entidades, divididas entre Gobierno Central, instituciones descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros. Sin embargo, excluye a la Autoridad del Canal de Panamá, los municipios —salvo los representantes de corregimiento—, los patronatos y determinados trabajadores vinculados con proyectos de inversión.

Los montos tampoco incluyen horas extras, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones ni pagos correspondientes a vigencias expiradas. Por tanto, los $460.7 millones no representan el costo laboral completo del Estado, sino el salario bruto mensual cubierto por los componentes incluidos en la metodología oficial.

La evolución confirma que la planilla pública continuó expandiéndose durante los primeros dos años de la actual administración. Aunque julio presentó una reducción mensual, el Estado mantiene más funcionarios y un gasto salarial considerablemente superior al de 2024, con Educación como principal responsable de las contrataciones recientes.

Panamá contabilizó 7,007 denuncias o hechos relacionados con lesiones personales entre enero y julio de 2026, frente a los 5,016 registrados durante el mismo periodo del año anterior. La diferencia representa un aumento interanual de 40%, según el Ministerio Público.

El informe utiliza la expresión “noticias criminales” para referirse a hechos que fueron denunciados o llegaron a conocimiento de las fiscalías. Estos registros abren una investigación, pero no significan que el delito haya sido comprobado ni que exista una condena.

La categoría con más reportes fue la violencia psicológica, que acumuló 3,467 casos y representó casi la mitad del total. En los primeros siete meses de 2025 se habían registrado 1,975, por lo que esta modalidad experimentó un crecimiento de 76%.

La violencia psicológica ocurre cuando una persona utiliza amenazas, intimidación, chantaje, persecución o acoso para causar afectaciones emocionales o mentales. A diferencia de una agresión física, el daño puede no dejar señales visibles, pero afecta la estabilidad y tranquilidad de la víctima.

Una reforma aprobada en 2026 amplió el alcance del artículo 138-A del Código Penal. La norma anteriormente protegía específicamente a las mujeres, mientras que ahora el delito puede reconocerse sin importar el sexo o la edad de quien sufra la conducta de violencia psicológica.

Las lesiones personales simples ocuparon el segundo lugar, con 2,414 registros entre enero y julio, lo que supuso un aumento de 20%. Esta figura se configura cuando una persona, sin intención de matar, causa deliberadamente un daño físico o psíquico a otra.

Para esta clasificación, la lesión debe ocasionar una incapacidad de entre 30 y 60 días, de acuerdo con el artículo 136 del Código Penal. La incapacidad es determinada mediante una evaluación médica y no depende únicamente de la apariencia de la herida sufrida.

Las lesiones personales agravadas son diferentes porque producen consecuencias más severas para la víctima. Entre ellas figuran una incapacidad superior a 60 días, una deformidad, la pérdida o debilitamiento de una función corporal o una situación que ponga en peligro la vida.

Esta modalidad disminuyó 22% durante el periodo analizado, al pasar de 152 registros en 2025 a 119 en 2026. Por tanto, el fuerte crecimiento general de las denuncias no estuvo acompañado por un aumento en todas las categorías examinadas por el Ministerio Público.

Las lesiones personales con resultado de muerte alcanzaron 19 casos, frente a ocho contabilizados un año antes. Aunque la variación fue de 138%, el porcentaje se explica parcialmente por la reducida base de comparación y debe analizarse junto con la cantidad absoluta de hechos registrados.

Esta figura se diferencia del homicidio doloso por la intención del agresor. En las lesiones con resultado de muerte, la persona actúa con el propósito de causar daño, pero la víctima termina falleciendo. En el homicidio existe la intención de matar o la aceptación de ese resultado.

Las lesiones culposas simples sumaron 887 registros, un incremento de 23% frente a los 724 del año anterior. En estos casos no existe intención de causar daño; la afectación se produce por imprudencia, negligencia o incumplimiento del deber de cuidado.

Un accidente de tránsito puede investigarse bajo esta modalidad cuando la conducta de una persona provoca lesiones. La diferencia respecto de las lesiones simples está en que el daño no fue ocasionado deliberadamente, sino como consecuencia de una actuación descuidada o contraria a las normas.

El informe registró además 101 lesiones contra servidores de seguridad pública, cifra que representó una disminución interanual de 29%. Esta categoría protege a funcionarios que sean agredidos debido a su trabajo o mientras cumplen funciones relacionadas con la seguridad y la justicia.

La protección incluye a integrantes de la Fuerza Pública y a servidores del Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Aduanas. Para aplicar esta figura, la agresión debe estar relacionada con las funciones de la víctima y no solamente con su condición de servidor público.

Mayo fue el mes con más reportes, al concentrar 1,190 denuncias por lesiones personales, seguido de julio con 1,153 y junio con 1,132. Febrero presentó la menor cantidad, con 750, mientras que enero había comenzado con 892 registros.

La provincia de Panamá encabezó las estadísticas con 2,765 casos, equivalentes a casi cuatro de cada diez reportes nacionales. Panamá Oeste ocupó la segunda posición con 1,171, seguida por Chiriquí con 826 y San Miguelito con 438 hechos registrados.

Panamá Oeste presentó el mayor crecimiento entre las principales jurisdicciones, al pasar de 697 a 1,171 casos, lo que representó un incremento de 68%. También aumentaron Panamá en 48%, Veraguas en 44% y San Miguelito en 30% frente a 2025.

Copa Airlines presentó ante la Aeronáutica Civil de Colombia una solicitud para operar la ruta Ciudad de Panamá-Montería-Ciudad de Panamá, una conexión que enlazaría al departamento de Córdoba con el Hub de las Américas en Tocumen y ampliaría su acceso a destinos internacionales.

La petición fue radicada el 21 de agosto de 2026, bajo el número 2026190010126833, e incluye servicios de pasajeros, carga y correo. La publicación del documento abre el proceso de evaluación administrativa, pero todavía no representa una autorización definitiva para comenzar las operaciones.

La propuesta contempla tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos. Según la información divulgada por el Aeropuerto Internacional Los Garzones, la programación ofrecería cerca de 3,500 asientos mensuales en ambos sentidos, aunque su implementación depende de las aprobaciones aeronáuticas correspondientes.

Copa solicitó operar bajo derechos de tercera y cuarta libertades del aire, que permiten transportar pasajeros, carga y correo entre Panamá, país de origen de la aerolínea, y Colombia. La Aerocivil abrió además un periodo de publicidad de tres días para las partes interesadas.

La solicitud aparece un mes después de que Abelardo de la Espriella, actual mandatario colombiano, prometiera gestionar el restablecimiento de la conexión. Durante un acto con el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, aseguró que hablaría con directivos de Copa Airlines y autoridades panameñas.

De la Espriella mencionó específicamente a Stanley Motta y sostuvo que buscaría activar la ruta tras asumir el cargo el 7 de agosto. Copa respondió entonces que la viabilidad comercial y operativa estaba bajo estudio, luego de reuniones previas con el alcalde de Montería y el gobernador de Córdoba.

La petición presidencial no constituye formalmente el origen del trámite empresarial, pero coincide con la gestión pública realizada desde Colombia. La aerolínea ya evaluaba el mercado y, semanas después, presentó la solicitud oficial para incorporar la nueva conexión a su permiso de operación.

El proyecto también está acompañado por un acercamiento diplomático. De la Espriella pidió restablecer el antiguo consulado honorario de Panamá en Montería, y el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció públicamente que impartiría instrucciones para reabrirlo y fortalecer los vínculos con esa región colombiana.

Un consulado honorario suele brindar apoyo básico a ciudadanos, promover relaciones comerciales y culturales y facilitar la coordinación con las autoridades diplomáticas.

Montería es la capital del departamento de Córdoba, situado en el noroeste de Colombia y dentro de la región Caribe. La ciudad se desarrolló a orillas del río Sinú y funciona como centro comercial, sanitario y de servicios para una zona ganadera y agroindustrial de amplia influencia.

La ruta permitiría que los pasajeros de Córdoba accedan directamente a Tocumen y continúen hacia otros destinos de América y Europa sin desplazarse primero a Bogotá, Medellín, Cartagena o Barranquilla. También podría impulsar viajes de negocios, compras, salud y turismo, además del movimiento de carga.

El Aeropuerto Internacional Los Garzones movilizó 1.56 millones de pasajeros durante 2023, según el último ranking detallado disponible de la Aeronáutica Civil. Ese volumen muestra una demanda doméstica importante, pero el reto consiste en convertir parte del tráfico regional en pasajeros capaces de sostener una operación internacional regular.

La precaución no es menor. Aeroregional intentó operar en 2026 el trayecto Quito-Montería-Panamá Pacífico, inicialmente con aviones Boeing 737 y luego con aeronaves más pequeñas. Los vuelos fueron suspendidos el 29 de junio por una ocupación inferior al 47%.

Copa posee una ventaja distinta: su modelo está basado en alimentar conexiones mediante Tocumen, por lo que la demanda no dependería exclusivamente de viajeros cuyo destino final sea Panamá. Aun así, tres frecuencias semanales deberán demostrar ocupación suficiente frente a alternativas disponibles a través de ciudades cercanas.

Entre los atractivos de Montería destaca la Ronda del Sinú, un extenso parque lineal junto al río que integra zonas verdes, senderos, espacios culturales y fauna urbana. También sobresalen el Ecoparque Zenú, el centro histórico, la gastronomía cordobesa y las actividades recreativas vinculadas con el afluente.

La ciudad sirve además como acceso a otros destinos de Córdoba, como Lorica, San Antero, San Bernardo del Viento, Moñitos y el Parque Nacional Natural Paramillo. La cultura del porro, el sombrero vueltiao y las artesanías elaboradas en caña flecha complementan la oferta turística regional.

Si recibe la autorización, la conexión podría acercar a Panamá con un mercado colombiano de más de un millón de pasajeros aéreos anuales y respaldar la reapertura consular. El paso decisivo será comprobar que el interés político y regional se traduzca en demanda constante, algo que el intento anterior no consiguió.

La recién nacida que fue extraída mediante una cesárea de emergencia, luego de que su madre embarazada fuera asesinada en el sector de Guarumal, en Panamá Norte, murió en el Hospital del Niño, donde permanecía internada en condición crítica.

La bebé era hija de Raiza Díaz, de 29 años, quien perdió la vida la noche del domingo 23 de agosto tras ser alcanzada por un disparo. La mujer tenía ocho meses de embarazo cuando ocurrió el ataque armado contra una residencia del corregimiento de Caimitillo.

Después de resultar gravemente herida, Díaz fue trasladada inicialmente al Policentro de San Isidro y posteriormente al Hospital San Miguel Arcángel. Aunque la mujer no sobrevivió, el personal médico realizó una cesárea de urgencia para intentar salvar a la bebé.

La recién nacida fue extraída sin signos vitales, pero los médicos lograron reanimarla durante el procedimiento. Debido a la gravedad de su condición, fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Niño, donde permaneció con pronóstico reservado durante varios días.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, la menor falleció debido a las complicaciones sufridas después del ataque, según reportaron medios locales. Su muerte eleva a dos el número de víctimas mortales de un hecho que comenzó con varios disparos efectuados contra una vivienda.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 8:30 p. m. del domingo, en el sector de Guarumal. De acuerdo con información preliminar publicada por medios panameños, antes de los disparos se habría producido un altercado entre el presunto agresor y la pareja sentimental de Díaz en una cancha de fútbol.

Tras aquella discusión, la pareja habría regresado a su residencia. El hombre señalado por las autoridades presuntamente llegó posteriormente hasta el inmueble y realizó varias detonaciones. Uno de los proyectiles alcanzó por la espalda a la mujer embarazada y le provocó heridas que terminaron causándole la muerte.

Por este caso, un ciudadano de 31 años permanece bajo detención provisional, luego de ser imputado por la presunta comisión de homicidio doloso agravado, en perjuicio de Díaz, y homicidio en grado de tentativa contra la bebé y otras dos personas.

La medida cautelar fue ordenada por la jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio del Primer Circuito Judicial de Panamá, Sandra Castillo. Durante la audiencia, la juzgadora también legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación sustentada por el fiscal Jorge Luis Ferguson.

La jueza fundamentó la detención en la naturaleza y gravedad de los hechos, así como en los riesgos de fuga, afectación de medios de prueba y peligro para la comunidad. También consideró el número de delitos investigados y el riesgo existente para las víctimas, informó el Órgano Judicial.

En la audiencia intervino la defensora pública Beryl Lazarus en representación de las víctimas, mientras que la asistencia legal del imputado estuvo a cargo de la defensora pública Katrina Campos. El hombre deberá permanecer recluido mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público.

La imputación fue formulada cuando la recién nacida todavía permanecía con vida en cuidados intensivos. Por esta razón, su fallecimiento introduce una nueva circunstancia dentro del proceso penal y podría llevar a la Fiscalía a solicitar otra audiencia para modificar la calificación jurídica correspondiente a la menor.

Hasta el momento de la comunicación oficial del Órgano Judicial, el investigado enfrentaba un cargo de homicidio consumado y tres tentativas. Cualquier cambio deberá ser solicitado por el Ministerio Público y admitido por un tribunal.

La investigación permanece en desarrollo para determinar el motivo del ataque, reconstruir la secuencia de los disparos y establecer las responsabilidades penales.

Panamá lanzó oficialmente “Panamá, Anfitrión del Mundo”, la estrategia de marca país con la que busca proyectar una identidad unificada y reconocible en los mercados internacionales.

La propuesta fue presentada durante un evento que reunió a autoridades, representantes del sector privado, empresarios y figuras vinculadas a la cultura nacional.

La nueva marca pretende mostrar al país más allá del Canal y de su posición geográfica, incorporando atributos como su diversidad cultural, biodiversidad, talento humano, capacidad productiva y vocación de servicio.

El objetivo es fortalecer la promoción de Panamá como destino para visitar, invertir, vivir y desarrollar negocios.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria de León, sostuvo que la estrategia permitirá que los panameños se vean reflejados en una misma identidad. Explicó que el país ha sido reconocido históricamente por su capacidad de conectar al mundo, pero posee otras fortalezas que no siempre han sido comunicadas adecuadamente.

“Cuando uno no define quién es y qué quiere representar, otros terminan construyendo esa percepción”, advirtió De León. Para la funcionaria, la marca permitirá pasar de ser conocidos por aspectos aislados a construir una reputación diferenciada, sustentada en aquello que Panamá ya posee y puede proyectar internacionalmente.

El vicecanciller Carlos Hoyos aclaró que una marca país no se limita a un logotipo, un eslogan o una campaña publicitaria, sino que representa la expresión organizada de la identidad nacional. Su efectividad, añadió, dependerá de que el sector público, las empresas y los ciudadanos compartan un mensaje consistente.

Hoyos afirmó que esa identidad se expresa en cada compañía que invierte y genera empleos, en los barcos que atraviesan el Canal, en los productos exportados y en los turistas recibidos. También destacó la logística, la banca, los servicios, la conectividad y la estabilidad como atributos capaces de fortalecer la reputación panameña.

El presidente José Raúl Mulino señaló que la marca no pertenece a una administración gubernamental, sino a Panamá y a todos los panameños.

Por ello, anunció que la estrategia será sometida a consideración de la Asamblea Nacional para evaluar su incorporación a una ley que garantice continuidad y evite reiniciar el proceso con cada gobierno.

“Ahora tenemos la responsabilidad de darle a esta marca el tiempo, la consistencia y la continuidad que necesita”, expresó el mandatario. Mulino planteó que el marco legal deberá permitir revisar y actualizar periódicamente la estrategia sin alterar su esencia, además de mantenerla alejada de intereses partidistas y cambios políticos coyunturales.

El desarrollo fue financiado por el Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur), institución responsable del mercadeo internacional del país. Su gerente general, Salomón Shamah, había informado que el proceso completo dispondría de un presupuesto de $6.5 millones, destinado a investigación, diseño, implementación y despliegue durante un contrato de dos años.

La construcción de la propuesta incluyó estudios dentro y fuera de Panamá, consultas, recorridos por el territorio y análisis comparativos de otras marcas nacionales.

Según los responsables del proyecto, la investigación permitió identificar cómo es percibido el país, sus oportunidades de posicionamiento y los valores que pueden diferenciarlo dentro de la región y frente a competidores globales.

Shamah sostuvo que Panamá cuenta con una historia auténtica y una gran capacidad para sorprender, pero enfrenta el desafío de lograr que el mundo lo descubra antes de visitarlo. Aseguró que no se trata de una campaña aislada, sino de una plataforma estratégica destinada a articular turismo, exportaciones, inversión y promoción internacional.

Aunque Panamá carecía de una estrategia integral de marca país, ya registraba una posición relevante en mediciones internacionales. En el Global Soft Power Index 2026 de Brand Finance ocupó el puesto 65 entre 193 países y el quinto lugar en América Latina, detrás de Brasil, Argentina, México y Chile.

Ese índice no evalúa únicamente la existencia de una identidad gráfica, sino la familiaridad, reputación e influencia de cada nación, junto con aspectos como negocios, gobernanza, cultura, sostenibilidad y relaciones internacionales. Por ello, el desempeño previo de Panamá evidencia que el país ya tenía activos reputacionales, aunque carecía de una narrativa común para administrarlos y comunicarlos.

El reto comenzará después del lanzamiento. Para producir resultados, “Panamá, Anfitrión del Mundo” deberá mantener una aplicación coherente, medible y sostenida en el tiempo, además de ser adoptada por instituciones, empresas y ciudadanos. Sin esa continuidad, la marca correría el riesgo de convertirse en otra campaña temporal; con ella, podría fortalecer la atracción de visitantes, inversiones, talento y oportunidades comerciales.

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 31-26, que crea un nuevo régimen de incentivos fiscales para las inversiones turísticas en Panamá. La propuesta busca unificar normas actualmente dispersas, atraer capital nacional y extranjero, generar empleos y ampliar la oferta de alojamiento y experiencias fuera de los destinos tradicionales.

La aprobación del Ejecutivo no significa que el régimen ya esté vigente. El documento deberá ser presentado ante la Asamblea Nacional, donde será sometido a los tres debates reglamentarios. Solo después de su aprobación, sanción presidencial y promulgación podrá adquirir fuerza de ley.

La iniciativa sustituirá el esquema de la Ley 80 de 2012, cuyo plazo para inscribir empresas fuera del distrito de Panamá en el Registro Nacional de Turismo venció el 31 de diciembre de 2025. Esa normativa ofrecía exoneraciones tributarias a proyectos nuevos y establecimientos en operación.

Bajo el régimen anterior, los alojamientos ubicados fuera del distrito capital podían recibir 15 años de exoneración del impuesto sobre la renta y de inmuebles.

También se concedían cinco años para importar materiales de construcción y diez para introducir muebles, enseres y equipos destinados exclusivamente al proyecto turístico.

La Ley 80 exigía inversiones mínimas de $250.000 para nuevas construcciones, mientras los proyectos nuevos en áreas indígenas y las remodelaciones o equipamientos requerían al menos $100.000. El nuevo modelo elevará a $1 millón la inversión mínima para modernizar establecimientos existentes.

Uno de los cambios principales será la aplicación diferenciada de los incentivos según el territorio. Los nuevos alojamientos construidos en el Caribe panameño podrán recibir exoneraciones del impuesto sobre la renta y de inmuebles durante 15 años, debido a la mayor brecha de infraestructura turística identificada en esa región.

Estos proyectos también dispondrán de cinco años de exoneración para importar materiales de construcción y diez años para equipamiento. La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, explicó que el objetivo es ofrecer mayores estímulos donde existe menor desarrollo y más dificultad para atraer inversiones.

En el resto del país, fuera del distrito de Panamá, los nuevos alojamientos podrán obtener diez años de exoneración del impuesto sobre la renta y de inmuebles. El beneficio para importar materiales de construcción será de tres años, mientras la introducción de equipos quedará exonerada durante cinco años.

El proyecto incorpora incentivos para renovar y modernizar hoteles que ya se encuentran operando. Las inversiones deberán alcanzar como mínimo $1 millón e incluir ampliaciones, sustitución de equipos o modernización tecnológica. Los establecimientos podrán acogerse a estos beneficios hasta dos veces dentro de un periodo de cinco años.

Víctor Concepción, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles, indicó que los establecimientos afiliados a cadenas internacionales suelen renovarse cada siete años para conservar sus estándares.

Según el dirigente empresarial, actualmente existen diez hoteles en proceso de remodelación, lo que implica compras de equipos, contratación de trabajadores y demanda de proveedores nacionales.

A diferencia del modelo anterior, la propuesta no contempla créditos fiscales transferibles para financiar proyectos turísticos. La Ley 122 de 2019 llegó a reconocer como crédito fiscal hasta 100% de determinadas inversiones, beneficio que posteriormente fue reducido a 60% y generó cuestionamientos por su costo para el Estado y los controles aplicados.

La ATP había adelantado que este mecanismo no sería recuperado. El nuevo esquema conserva exoneraciones sobre renta, inmuebles e importaciones, pero elimina la posibilidad de trasladar al impuesto sobre la renta una parte significativa del costo de un proyecto privado, según explicó De León.

La propuesta tampoco estará limitada a los hoteles. Los beneficios podrán extenderse a marinas, turismo náutico, congresos, convenciones y productos especializados, además de museos interactivos, centros de interpretación, atracciones temáticas y experiencias culturales, ambientales o tecnológicas que contribuyan a prolongar la estadía y aumentar el gasto de los visitantes.

La ATP podrá preparar una guía de productos prioritarios para cada región, de acuerdo con sus necesidades y oportunidades. Los proyectos que no aparezcan inicialmente en ese listado podrán solicitar una evaluación, pero deberán demostrar que poseen una naturaleza turística real y no responden únicamente a desarrollos inmobiliarios.

Para impedir abusos, el régimen incorporará fianzas de cumplimiento, evaluaciones periódicas y fiscalización conjunta entre la ATP y el Ministerio de Economía y Finanzas. También exigirá trazabilidad para los bienes importados, separación contable de las actividades beneficiadas y prohibirá recibir incentivos duplicados por una misma inversión.

El proyecto contempla además una Ventanilla Única Turística administrada por la ATP, con participación del MEF, Aduanas, MiAmbiente y el Ministerio de Comercio e Industrias. El mecanismo concentrará permisos, registros, certificaciones y autorizaciones para reducir tiempos y ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversionistas.

De León sostuvo que el régimen anterior contribuyó a construir más de 20.000 habitaciones y a ampliar la planta hotelera, aunque no presentó una proyección concreta sobre la inversión que generaría la nueva propuesta. Su alcance dependerá de los proyectos aprobados y del resultado final de la discusión legislativa.

La iniciativa derogará la Ley 80 de 2012 y varias disposiciones posteriores que modificaron su funcionamiento. Si recibe el respaldo de la Asamblea y es promulgada, el Ejecutivo tendrá 60 días hábiles para reglamentarla, definir los procedimientos técnicos y establecer los controles para conceder los nuevos beneficios fiscales.