En Panamá, solo el 17% de las personas trabajadoras ejerce la profesión que soñaba en su niñez, según un reciente estudio de Konzerta, lo que convierte al país en el de peor desempeño en la región en esta medición.

El informe revela una brecha significativa entre las aspiraciones infantiles y la realidad laboral, en un contexto donde la mayoría de los trabajadores no ha logrado alinearse con sus objetivos profesionales iniciales.

El estudio indica que el 83% de los trabajadores en Panamá no ejerce la profesión que soñaba, una cifra que además aumentó ocho puntos porcentuales respecto a 2025, cuando el 75% manifestaba lo mismo.

Este incremento refleja una tendencia creciente de desconexión entre vocación y empleo, posicionando al país por encima de otros mercados laborales como Argentina, Chile o Ecuador, donde también se observa el fenómeno, pero con menor intensidad.

La consecuencia directa de esta situación es un impacto en la satisfacción laboral, ya que el 50% de las personas encuestadas asegura sentirse frustrada por no haber alcanzado sus sueños profesionales.

Sin embargo, el estudio también revela matices: un 42% afirma no sentirse frustrado, argumentando que sus intereses cambiaron con el tiempo, mientras que un 8% considera que su aspiración original era demasiado difícil de lograr.

A pesar de esta realidad, el deseo de cambio sigue presente en una amplia mayoría. El informe señala que el 84% de los trabajadores cambiaría su empleo actual por el que soñaba en su infancia, si tuviera la oportunidad, lo que evidencia un nivel significativo de insatisfacción latente en el mercado laboral.

Solo un 16% se mantiene conforme con su situación actual, lo que confirma una tendencia de baja realización profesional.

El estudio también pone en evidencia una desconexión entre la formación académica y el empleo real, ya que solo el 36% de las personas estudió algo relacionado con lo que soñaba, mientras que el 64% no siguió esa línea.

Incluso entre quienes sí lo hicieron, el 58% no trabaja en un área vinculada a su formación, lo que profundiza la brecha entre educación y mercado laboral.

Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta.com en Jobint, explicó que “el estudio refleja una realidad desafiante”, al evidenciar la brecha entre aspiraciones y empleo, lo que impacta directamente en la satisfacción laboral de los trabajadores.

En términos de género, los datos muestran patrones interesantes. Entre las mujeres, el 25% soñaba con ser médica, el 13% profesora y el 8% diseñadora, mientras que actualmente muchas se desempeñan como cajeras (38%) o vendedoras (28%).

En el caso de los hombres, el 18% aspiraba a ser ingeniero y el 14% médico, pero hoy predominan ocupaciones como vendedor (28%) y cajero (18%), lo que evidencia un desplazamiento hacia actividades distintas a las aspiradas.

Este desajuste también se refleja en la percepción emocional de quienes no trabajan en su área de estudio. El informe destaca que el 43% se siente agradecido por tener empleo, aunque no sea en su campo, mientras que un 23% expresa frustración por no ejercer su profesión.

Otros grupos se muestran esperanzados (16%) o insatisfechos (15%), lo que refleja una diversidad de respuestas frente a una misma realidad.

Más allá de la profesión, el estudio identifica cuáles son las habilidades más valoradas en el mercado laboral actual. Entre ellas destacan el trabajo en equipo (30%), las competencias tecnológicas (27%) y el manejo de idiomas (16%), lo que sugiere que el mercado prioriza habilidades prácticas por encima de la formación vocacional original.

El informe, en el que participaron 2,391 trabajadores de Panamá y otros países de la región, plantea una reflexión sobre el funcionamiento del mercado laboral y la forma en que las personas construyen sus carreras.

La evidencia muestra que, aunque los sueños de infancia siguen presentes, la realidad económica, educativa y social termina moldeando el rumbo profesional de la mayoría.

En este contexto, el desafío para Panamá no solo está en generar más empleo, sino en crear oportunidades que permitan una mayor conexión entre vocación y trabajo, reduciendo la brecha entre aspiraciones y realidad.

Mientras tanto, los datos reflejan una constante: la mayoría de los trabajadores sigue construyendo su carrera lejos de lo que alguna vez imaginó.

Panamá busca convertir el turismo de reuniones en uno de los motores de mayor impacto para su economía, apoyándose en su conectividad aérea, infraestructura hotelera y capacidad para atraer congresos internacionales en un mercado regional cada vez más competitivo.

El director general de Promtur Panamá, Salomón Shamah, aseguró que el país ya cuenta con más de 100 eventos internacionales confirmados para 2026, consolidando la estrategia de posicionar a Panamá como un destino clave para congresos y convenciones en la región.

El funcionario destacó que esta agenda incluye eventos de gran escala, como el Congreso Panamericano de Reumatología, uno de los más importantes del hemisferio en su especialidad, realizado esta semana en la ciudad de Panamá.

Durante el primer cuatrimestre del año, Panamá también fue sede del Congreso Ibero-Latinoamericano de Cirugía Plástica, que reunió a más de 6,000 especialistas de 22 países, generando un impacto significativo en la ocupación hotelera, el consumo local y la actividad turística.

Este tipo de encuentros forma parte del segmento MICE, que agrupa reuniones, incentivos, congresos y exposiciones, y que se ha convertido en una de las principales apuestas del país para atraer visitantes de alto valor.

Shamah explicó que Panamá ha desarrollado una estrategia agresiva para captar eventos internacionales que han sido cancelados en otros países, ya sea por temas de seguridad, conflictos o imprevistos logísticos.

Para lograrlo, Promtur implementó un esquema en el que aporta un 5% del valor del evento a los organizadores, mientras que el hotel sede cubre otro 5% adicional, creando un incentivo directo para trasladar estos encuentros al país.

“Si el evento vale un millón de dólares, nosotros ponemos cincuenta mil y el hotel otros cincuenta mil”, detalló Shamah, al explicar que este mecanismo ha permitido captar eventos que de otra forma se habrían perdido.

La estrategia se apoya en alianzas entre cadenas hoteleras internacionales, que coordinan entre sus sedes para redirigir congresos hacia Panamá cuando surgen cancelaciones en otros mercados.

Según estimaciones del propio sector, esta estrategia podría generar alrededor de $400 millones en la economía panameña, además de unas 800,000 noches de hotel, lo que refleja el impacto del turismo de reuniones.

El concepto de “noche de hotel” se refiere a una unidad de ocupación equivalente a una persona hospedada durante una noche, por lo que no implica 800,000 visitantes distintos, sino la suma acumulada de estancias generadas por múltiples eventos a lo largo del año.

Este indicador es clave porque permite medir el nivel de actividad hotelera y el flujo económico asociado, considerando que los congresos suelen durar varios días. Por ejemplo, un evento de 2,000 participantes que se quedan cuatro noches genera 8,000 noches de hotel, lo que explica cómo se alcanzan cifras elevadas cuando se suman múltiples encuentros internacionales.

Además del volumen, el gasto de este tipo de visitante es significativamente mayor. Datos internacionales indican que los viajeros de negocios y congresos pueden gastar alrededor de $160 diarios por persona, cifra que supera al turismo tradicional y se distribuye en alojamiento, alimentación, transporte, entretenimiento y compras .

Incluso, estudios muestran que el turismo MICE puede generar un gasto hasta dos o tres veces superior por visitante en comparación con el turismo convencional .

Otro elemento central de la estrategia es el uso del Panama Convention Center como incentivo, ya que el Gobierno mantiene la política de ofrecer el recinto sin costo para eventos de gran escala que cumplan con metas de ocupación hotelera.

Por ejemplo, congresos que generen 7,500 noches de hotel pueden acceder a varios días de uso gratuito, mientras que eventos más pequeños reciben beneficios en otros espacios.

Shamah también destacó que el país continúa mejorando su posicionamiento internacional en el segmento de reuniones. Panamá ocupa actualmente el puesto 9 en América Latina según el ranking de la ICCA, y el quinto lugar a nivel de ciudades, con la meta de seguir escalando posiciones. Además, fue nominado como Mejor Destino de Incentivos de Latinoamérica en los World MICE Awards 2025.

De cara a 2027, Promtur proyecta un escenario aún más favorable, con una cartera de eventos en crecimiento y una estrategia que seguirá enfocada en atraer congresos de alto impacto. Mientras tanto, el turismo de reuniones se posiciona como uno de los principales motores económicos del país, con capacidad de generar empleo, inversión y dinamismo en múltiples sectores.

El reto será sostener este crecimiento y traducirlo en beneficios concretos para la economía local, en un entorno cada vez más competitivo. Panamá apuesta por consolidar este segmento como parte central de su estrategia turística, aprovechando su conectividad, infraestructura y capacidad para atraer eventos de clase mundial.

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 510, que tipifica el fraude de paternidad como delito en Panamá, una iniciativa que ahora queda en manos del presidente José Raúl Mulino, quien deberá decidir entre sancionarla o vetarla, en un contexto donde el Ejecutivo ha vetado múltiples leyes en las últimas semanas.

La propuesta introduce cambios significativos en el Código Penal y busca llenar un vacío legal que hasta ahora no tenía una regulación específica.

El proyecto establece que el fraude de paternidad será castigado con penas de prisión de dos a cinco años, además de multas que van de 100 a 500 días-multa, cuando una persona induzca, mediante engaño u ocultamiento, a un hombre a reconocer como hijo a un menor que no es biológicamente suyo.

La iniciativa también contempla agravantes que pueden incrementar la pena hasta en la mitad, especialmente si el engaño se mantiene por más de cinco años o si hay múltiples menores afectados .

De acuerdo con el contenido aprobado, el delito se configura cuando existe una conducta dolosa orientada a ocultar, alterar o falsear información sobre la paternidad biológica, generando consecuencias patrimoniales, jurídicas y emocionales para la persona afectada.

La norma deja claro que no se trata de un simple error o disputa civil, sino de una acción deliberada que busca engañar y obtener beneficios o imponer obligaciones indebidas.

Uno de los elementos centrales del proyecto es que introduce el principio de la verdad biológica como base del estado civil de las personas, estableciendo que en casos de fraude la acción para impugnar la paternidad será imprescriptible, es decir, que podrá ejercerse en cualquier momento si se demuestra que existió engaño. Esto busca evitar que el paso del tiempo consolide situaciones injustas basadas en la mentira .

Además, la propuesta establece que en todo proceso judicial relacionado con este tipo de casos, el juez deberá ordenar pruebas científicas como el ADN, lo que refuerza el carácter técnico y objetivo del proceso.

Incluso, la negativa injustificada a realizarse estas pruebas podrá ser considerada como indicio grave en contra de la persona que se oponga, fortaleciendo así el sistema probatorio.

En caso de que un tribunal declare probado el fraude, la ley establece que se procederá a la cancelación de la filiación en el Registro Civil, el cese de todas las obligaciones legales futuras del afectado, y se garantizará el derecho del menor a reclamar su verdadera filiación biológica.

Sin embargo, el proyecto incorpora salvaguardas para asegurar que el niño o niña no quede en estado de desprotección, manteniendo la tutela del Estado sobre sus derechos fundamentales .

Otro punto relevante es que el afectado podrá ejercer un derecho de repetición contra el verdadero padre biológico, en caso de que este haya tenido conocimiento de su paternidad y haya permitido el fraude.

Este mecanismo busca trasladar la responsabilidad hacia quien corresponde, evitando que el impacto económico y legal recaiga únicamente sobre la persona engañada.

El proyecto surge, según su exposición de motivos, ante la ausencia de una regulación clara en el ordenamiento jurídico panameño, donde actualmente solo existe la figura de la impugnación de paternidad en el ámbito civil, la cual está sujeta a plazos y limitaciones que resultan insuficientes cuando el reconocimiento del menor fue producto de un engaño doloso.

En la práctica, muchos casos se descubren años después, cuando ya se han generado vínculos afectivos y obligaciones económicas sostenidas.

Durante el debate legislativo, el proponente del proyecto, el diputado Jairo Salazar, sostuvo que la iniciativa tiene un carácter principalmente disuasivo, más que punitivo, y busca prevenir este tipo de conductas mediante la existencia de una sanción penal.

También se dejó claro que la norma no pretende ir en contra de la mujer, sino sancionar una conducta específica que afecta a la familia, al menor y al sistema jurídico.

El texto aprobado subraya que el objetivo es armonizar derechos, protegiendo tanto el interés superior del menor como los principios de buena fe, seguridad jurídica y justicia material, evitando que el fraude quede impune.

La iniciativa también reconoce el derecho del niño a conocer su verdadera identidad biológica, en línea con estándares internacionales en materia de derechos humanos.

De ser sancionada, la ley representaría un cambio estructural en la forma en que Panamá aborda los conflictos de filiación y las responsabilidades derivadas de estos.

La discusión sobre el fraude de paternidad abre un nuevo frente en el debate jurídico y social del país, al introducir el ámbito penal en un tema tradicionalmente tratado en la esfera civil.

Mientras algunos lo ven como un avance en materia de justicia, otros advierten sobre sus implicaciones legales y sociales, en un contexto donde la decisión final estará en manos del Ejecutivo.

Afortunadamente nuestro apadrinado es persona muy conocida dentro y fuera de Argentina, y enumerar sus méritos para este nombramiento resultan casi innecesarios; por esta razón me van a permitir que yo recuerde únicamente los méritos académicos de Daniel Hadad, y que sea el profesor Pablo Boczowski, quien describa los méritos profesionales que le hacen merecedor de esta investidura.

Daniel Hadad, nacido en Buenos Aires hace 64 años en un humilde hogar de 32 metros cuadrados, como él ha recordado. Ejemplo de las virtudes propias de una familia modesta donde, como ha dicho, “a partir del 20 de cada mes se pasaba de la carne al arroz”.

Estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Católica de Buenos Aires y en 1987 fue becario del Programa de Graduados Latino Americanos (PGLA), que desde 1972 y durante 18 años, formó en la Universidad de Navarra a más de 400 periodistas de este hemisferio.

Era un programa tipo “año sabático”, inspirado en la tradición de la Nieman Foundation de la Universidad de Harvard.

Daniel conoció entonces, en y desde Pamplona, a profesores y periodistas europeos y americanos; unos pasaban por las aulas y otros eran visitados en las mejores redacciones de París, Londres o Ginebra: desde Le Monde a la BBC pasando por el Journal de Genéve.

Esta formación periodística cosmopolita le permitió familiarizarse muy pronto con grandes figuras de medios líderes, en vísperas una época de cambios muy profundos que se aceleraron con la aparición de los primeros experimentos digitales.

Durante ese tiempo tuve la suerte de ser tutor de Daniel Hadad, quien viajó a Pamplona recién casado con su esposa Viviana Zocco.

El tema elegido para graduarse en aquel programa fue una memoria, que se titulaba Nuevas Fórmulas y Tendencias del Mercado de Revistas en Europa y Estados Unidos, tesina que se encabezaba con esta significativa dedicatoria: “A Viviana, por lo mucho que hemos aprendido juntos en estos meses”.

Conocida también la exitosa trayectoria profesional de Viviana Zocco en el mundo de las revistas y de las publicaciones verticales en el ámbito digital, y antes por su dedicación a los temas financieros, parece claro que aquella joven pareja argentina se graduó en equipo.

La tesina arranca con un análisis tanto del periodismo como del empresario innovador y luego identifica los elementos, estrategias de gestión y modelos de éxito de estas publicaciones.

Creo que en esta disertación académica están muchas de las claves que hicieron de Daniel Hadad un periodista que muy pronto se convirtió en periodista y empresario, exitoso e innovador. Yo diría que en la línea de otras grandes figuras del periodismo mundial que, insatisfechos por la calidad y limitaciones del periodismo contemporáneo, soñaron en grande y crearon marcas icónicas como el norteamericano Henry Luce, alma del grupo Time/Life; el francés Hubert Beuve-Méry, fundador del diario Le Monde; o el brasileño Roberto Civita, el mayor “revistero” de Latinoamérica.

Mientras esto sucedía en Pamplona, Daniel Hadad entró en contacto con Bernardo Neustad al que escribía sobre sus descubrimientos, y quien le ofreció escribir en su columna de contraportada de El Cronista Comercial, diario que en su día sería gestionado por Eduardo Eurnekian, otro de los grandes maestros y amigos de Daniel.

Muchos becarios terminaban su estancia en Pamplona viajando por Europa antes de volver a sus países, salvo Daniel y Viviana, quienes rápidamente regresaron a Buenos Aires, deseosos de experimentar e innovar todo lo que empezaron a soñar en el PGLA y en las aulas de la Universidad, que en aquellos años ha sido una realidad incontestable de su carácter, entusiasmo y buen hacer como pioneros y emprendedores de negocios periodísticos.

Desde entonces, Daniel ha dirigido emisoras de radio y televisión, publicaciones periódicas impresas y digitales. Hoy, esa pasión se manifiesta desde Infobae, el medio más leído de lengua española en el mundo latino, dentro y fuera de Argentina: periodismo multiplataforma, innovador de calidad, que ha revolucionado y lidera el trabajo de muchos medios y redacciones de todo el mundo.

Frente al pesimismo de quienes piensan que todo tiempo fue mejor, Daniel Hadad ha demostrado que el desafío era, es y será, “innovar o morir”, contando historias relevantes que inquietan, emocionan y hacen pensar. Y hacerlo, como nos enseñó el profesor Carlos Soria, sabiendo que lo importante es saber que “las personas son más importantes que las cosas, que siempre el espíritu debe primar sobre la materia, que importa más la ética que la estética, y que el saber debe primar sobre el hacer, porque no hay nada más práctico que una buena teoría”.

Hace años le preguntaron a Abe Rosenthal, director entonces del New York Times cuál era el secreto del New York Times. A lo que contestó: “Miren, ustedes. Una sopa de tomate puede crecer añadiendo más agua o más tomates… En el New York Times siempre añadimos más tomates”.

Si queremos hacer periodismo, comprometido, valiente, puro y duro, hay que recordar aquel famoso anuncio que el entrañable e inolvidable Roberto Civita, presidente de Editora Abril, que escribió, cuando era muy jóven, recién vuelto de Nueva York, en 1968 cuando lanzó la revistaVeja: “Buscamos hombres y mujeres inteligentes e insatisfechos que lean mucho, siempre pregunten por qué y quieran colaborar en la construcción del Brasil de mañana”.

Este es el periodismo que salvará el mundo de la barbarie, gracias a nuevas generaciones de periodistas jóvenes, inteligentes e insatisfechos que quieran construir una sociedad más libre y justa: que quieran cambiar al mundo.

Daniel Hadad ha triunfado haciendo periodismo innovador, independiente y rentable, en estas últimas décadas cuando el miedo a lo desconocido, la miopía ante las nuevas tecnologías, y la falta de coraje de muchos empresarios, que sólo supieron gestionar negocios periodísticos en tiempos de abundancia, quedaron paralizados ante la irrupción de nuevos modelos de negocios. Empresas y periodistas, que ​trataban de descubrir un territorio nuevo con mapas viejos y que ignoraban el consejo del arquitecto Le Corbusier, cuando decía que “el progreso se siempre se alcanza por la vía de la experimentación”.

Permítanme, ya para terminar, que les cuente una anécdota personal: cuando en 1978 viví en Nueva York, en la Escuela de Periodismo de Columbia University, el entonces Rector, William James McGill, nos invitó a varios becarios extranjeros a una cena informal en su casa y a todos nos preguntó: ¿Qué es lo que más le ha impresionado de Columbia?

Probablemente, lo que nos-- le decíamos era, pues, que el campus, los laboratorios, las bibliotecas. Y yo le dije, insensatamente, que lo que más me había impresionado era la faculty y los profesores.

Cuando McGill escuchó mi respuesta, sonrió y me dijo: “Está usted absolutamente equivocado. El secreto de cualquier universidad no son los profesores sino los alumnos. Si no seleccionamos los mejores alumnos, nunca tendremos los mejores profesores. Ponerles delante alumnos mediocres es el mejor modo de perder a los mejores docentes”.

Y así era: Columbia recibía cada año unas 30.000 solicitudes de admisión para cubrir las 1.000 plazas vacantes.

Digo esto porque aquel Programa de Graduados Latinoamericanos del que fue alumno Daniel Hadad fue ejemplo de esta gran verdad. El PGLA se hizo muy famoso no tanto por sus profesores como por sus brillantes y prometedores estudiantes.

Y esta tarde, este acto, es la confirmación de esa vieja ley de hierro de todas las grandes universidades.

Si algo resume la experiencia de haber conocido y acompañado a Daniel Hadad y Viviana Zocco es el entrañable poema del poeta Konstantinos Kavafis sobre “El Viaje a Ítaca”, cuando dice: “Aquello que de verdad importa no es el destino al que llegamos, sino lo que vivimos en el recorrido del trayecto, las experiencias, los recuerdos, las personas a las que conocimos, aprender de nuestros errores, reconocer nuestras faltas y saber pedir perdón, disfrutar del camino y apreciar que al final es más importante dejar huella de nuestro viaje que alcanzar el fin sin saborear cada paso, lo trascendente y profundo”.

En el diario O Globo de Brasil, siempre se referían respetuosamente a su fundador, pero de alguna forma más informal, no decían doctor Marinho, sino que a él le gustaba como hombre de acción y gran empresario, solo quería le trataran como el periodista Marinho. Y así se decía en el Libro de Estilo del diario: “Al presidente hay que tratarlo no de presidente, sino de periodista”.

Por eso mismo, y siguiendo la fórmula tradicional de la Universidad de Oxford, quiero concluir esta laudatio con estas palabras dirigidas al rector magnífico y al claustro: “Considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego, que se otorgue y confiera al periodista Hadad el supremo grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de La Matanza. He dicho”.

Le agradezco a Daniel su generosa invitación para hablar en este evento. El estar aquí con ustedes es un privilegio y una alegría para mí, ya que siempre es maravilloso “honrar la excelencia que transforma la sociedad”, como dijo Juan Antonio. Y más aún en este caso porque Daniel es un profesional a quien admiro y del que aprendo constantemente, y un amigo al que aprecio mucho. Digo esto al comienzo de mi breve exposición para que quede claro que no voy a hablar amparado por la pretensión de imparcialidad. Sin embargo, espero convencerles de que mi admiración y mi aprecio no me impiden ser objetivo en mi comentario sobre los méritos que justifican holgadamente el otorgamiento del título de Doctor Honoris Causa.

Daniel Hadad ha logrado con Infobae lo que ningún periodista ni empresario periodístico había podido conseguir previamente: posicionar a un sitio nativo digital como el medio más importante del mundo de habla hispana mediante una estrategia que se nutre de la especificidad de los distintos países, y por ende contribuye a fomentar la comunicación en las comunidades hispanoparlantes dentro de un contexto global marcado por una tendencia a la incomunicación producida por la creciente polarización. He aquí la excelencia—lograr lo que nunca nadie había conseguido, al punto que para muchos parecía imposible—y la transformación social—facilitar la comunicación en un mundo cada vez más incomunicado.

Para poder dimensionar adecuadamente la magnitud de estos logros, es útil contextualizarlos en tres círculos concéntricos que se superponen como los anillos Olímpicos: la evolución de los medios en español durante los siglos diecinueve y veinte; el desarrollo de las tecnologías digitales en las últimas tres décadas; y la configuración cultural de la comunidad hispanoparlante en el mundo. Desde mediados del siglo diecinueve, las grandes empresas de habla hispana de periodismo impreso y de radiodifusión se han caracterizado por su orientación nacional, sus valores tradicionales y su posicionamiento como emisores de información. El costo de las imprentas y equipos de radiodifusión, asociado al rol central de las regulaciones nacionales, contribuyó a que las grandes empresas de esta industria se mantuvieran dentro de las fronteras nacionales en los distintos países en los que operaban. A su vez, esto las llevó a adoptar posturas tradicionales de defensa del status quo comercial y a lo sumo innovaciones graduales de los productos y procesos existentes en lugar de orientaciones más innovadoras que pudieran aprovechar oportunidades disruptivas. Por último, su manera de construir la información siempre estuvo ligada a la comunicación de masas, donde desde un centro determinado se emitían las noticias para quienes las consumían en distintas partes del territorio, incluso más allá de sus fronteras, como empezó a pasar con la televisión por cable en las últimas décadas del siglo veinte.

La comercialización de la World Wide Web a mediados de los noventa significó un cambio radical en la creación y distribución de la información que alteró drásticamente el contexto de las empresas periodísticas. Las tecnologías digitales globalizaron la circulación de la información al bajar los costos de acceso para el público. También bajaron los costos de producción del contenido al punto tal que cualquier persona con una computadora primero y un teléfono móvil después se transformaron en potenciales emisores de noticias. Esto ha llevado a una expectativa de comunicación de comunicación en red, donde no hay un solo centro emisor del que irradia información. Por último, el mundo digital está marcado por la innovación radical y disruptiva, donde el presente es vertiginoso y el futuro impredecible.

En tan sólo unas décadas, la pujanza del cambio tecnológico digital, con su globalización, su estructura en red y su innovación radical, ha desplazado del centro de la escena al periodismo impreso y de radiodifusión, y sus preferencias por el contexto nacional, la comunicación de masas, y la tradición—o en el mejor de los casos la innovación gradual.

Este desplazamiento es aún más notable en el contexto de la comunidad hispanoparlante, cuya configuración esta atravesada por al menos dos características distintivas: la heterogeneidad cultural y el dinamismo migratorio. Seis cientos treinta y cinco millones de personas hablan español, lo que equivale aproximadamente al 7.5% de la población del planeta. De estos, hay quinientos millones para los cuales el español es la primera lengua. Pero esto no significa que sea un grupo homogéneo. Por el contrario, hay mucha diversidad cultural—e incluso lingüística— entre los hispanoparlantes. Esto hace que cualquier medio de noticias que quiera ser exitoso en la comunidad en su conjunto—y no dentro de un único país—debe operar con una estructura en red, donde hay muchos centros de emisión de información ya que los contenidos que importan en un contexto nacional no necesariamente importan en otros.

Esta diversidad cultural se ha acentuado en la última década con el incremento de los flujos inmigratorios. De 2000 a 2024, América Latina y el Caribe experimentaron un aumento del 23% en la población migrante. Y en los Estados Unidos—el segundo país del mundo en términos de población de habla hispana—la comunidad latina creció de 57 a 68 millones en la década que va de 2015 a 2025. Estas tendencias migratorias acentúan el valor de un medio de comunicación digital con estructura en red, ya que quienes somos migrantes estamos interesados en saber lo que acontece tanto en nuestro país de origen como en el de residencia.

En el centro de estos tres círculos concéntricos se aloja Infobae: un medio nativo digital, con una estructura en red que se manifiesta en distintas ediciones nacionales empapadas de la cultura de los respectivos contextos en los que operan, con una sensibilidad cultural que atiende a la diversidad de las comunidades hispanoparlantes, y que le aporta insumos informativos a las redes familiares e interpersonales compuestas de consumidores en distintos lugares del mundo.

Pero entonces surge la pregunta: ¿dado que estos círculos concéntricos son relativamente visibles todos los competidores, por qué hay un solo medio que ha logrado habitarlos exitosamente como Infobae? Ahí está la cualidad única de Daniel Hadad, por la que hoy es reconocido con su Doctorado Honoris Causa: Daniel es un periodista y emprendedor ambidiestro que, por un lado, posee un conocimiento profundo de los medios tradicionales—como bien describió Juan Antonio—y, por el otro, tiene la osadía que caracterizan a los mejores innovadores del mundo digital, dispuestos a apostar por lo imposible porque saben que es la única forma de transformarlo en realidad. Dicho de otra manera, Daniel es un rara avis en el mundo del periodismo en Hispanoamérica y más allá, que lo podríamos llamar un insider / outsider: como insider tiene el know-how adquirido en mil batallas libradas en el cierre del siglo veinte y como outsider tiene la energía y el desparpajo de intentar inventar algo nuevo en los albores del veintiuno.

Y es por esta combinación original entre tradición e innovación, su exitosa manifestación liderando el medio número uno en el mundo de habla hispana, y su contribución a que nos comuniquemos mejor en un contexto global en el que cada vez nos escuchamos menos, que hoy se honra a mi querido Daniel Hadad con este más que merecido Doctorado Honoris Causa.

El secretario del Ferrocarril, Henry Faarup, aseguró que los estudios principales de ingeniería y factibilidad del tren Panamá-David-Frontera estarán listos en junio, marcando un hito en uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país.

Según explicó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, estos avances permitirán definir la viabilidad técnica, económica y operativa de una iniciativa que busca transformar la conectividad nacional y el modelo logístico panameño .

El funcionario detalló que actualmente se ejecutan múltiples estudios especializados, incluyendo análisis de demanda, impacto ambiental, ingeniería conceptual y evaluación financiera, liderados por firmas internacionales como AECOM, Renfe, KPMG y WSP, lo que refleja el nivel de complejidad del proyecto.

Estos estudios permitirán establecer el trazado definitivo, costos estimados y modelo de operación, elementos clave antes de pasar a la fase de construcción.

Dentro de los componentes técnicos en desarrollo, se incluyen estudios de batimetría, geotecnia, hidrología y modelación hidráulica, necesarios para definir las condiciones del terreno y reducir riesgos estructurales en la construcción de puentes y tramos ferroviarios. Esta fase forma parte del Estudio de Impacto Ambiental y busca garantizar la sostenibilidad y seguridad del proyecto.

Uno de los aspectos más relevantes abordados por Faarup fue el futuro del aeropuerto de Albrook, que actualmente se proyecta como punto inicial del sistema ferroviario.

El secretario indicó que esta terminal aérea tendrá un margen de entre cinco y siete años para continuar operando, periodo durante el cual se planificará el traslado progresivo de sus operaciones hacia otras instalaciones como Panamá Pacífico o Tocumen, en función del desarrollo del proyecto .

La decisión de no intervenir de inmediato el aeropuerto responde a ajustes recientes en el diseño, particularmente el traslado del patio de contenedores hacia la futura terminal de Corozal, lo que permite mantener la operación aérea mientras se reorganiza la infraestructura logística.

Esta reconfiguración busca optimizar el uso del espacio y garantizar una transición ordenada sin afectar la conectividad aérea.

El proyecto ferroviario contempla que una de las primeras obras a ejecutar, una vez adjudicado, será la construcción de un puente ferroviario sobre el Canal de Panamá, ubicado aproximadamente a 185 metros al norte del Puente Centenario.

Esta estructura será clave para conectar los sistemas logísticos del lado Pacífico y Atlántico, integrando los puertos y facilitando el movimiento de carga a nivel nacional.

En ese sentido, el desarrollo del patio de contenedores en Corozal adquiere un rol estratégico, ya que permitirá la conexión directa con los puertos de Balboa y con la futura terminal portuaria que licitará el Canal de Panamá. Esta infraestructura fortalecerá la capacidad del país como hub logístico, al integrar transporte marítimo y ferroviario en un solo sistema.

Además, el tren tendrá una conexión directa con el ferrocarril Panamá-Colón, lo que permitirá cerrar un circuito logístico continuo desde el Pacífico hasta el Atlántico y, posteriormente, hacia el interior del país. Esta integración facilitará el transporte de carga y pasajeros, reduciendo tiempos y costos en comparación con el sistema carretero.

El trazado completo del proyecto contempla una extensión aproximada de 475 kilómetros, con estaciones en puntos estratégicos como Albrook, Panamá Pacífico, La Chorrera, Penonomé, Santiago, David y Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica.

En total, se proyectan al menos 14 estaciones, diseñadas para atender tanto el transporte de pasajeros como de mercancías.

Desde el punto de vista económico, el costo del proyecto aún no ha sido definido con precisión, aunque estimaciones preliminares lo sitúan por encima de los $5,000 millones.

Las autoridades han indicado que el financiamiento se encuentra en fase de estructuración, con interés de organismos multilaterales, banca de desarrollo y esquemas de asociación público-privada, lo que podría cubrir hasta el 85% del valor de la obra.

Faarup señaló que la construcción del ferrocarril podría tomar entre siete y ocho años, dependiendo de factores técnicos, financieros y logísticos. La ejecución se desarrollaría por fases, iniciando en el área del Canal para luego avanzar hacia el interior del país, priorizando los tramos con mayor impacto en la conectividad y el desarrollo económico.

El proyecto también contempla la implementación de un tren de cercanía en áreas como Arraiján y La Chorrera, complementando la Línea 3 del Metro de Panamá y contribuyendo a descongestionar el tráfico en la capital. Esta integración de sistemas de transporte busca mejorar la movilidad urbana y reducir la presión sobre la red vial.

En conjunto, la iniciativa apunta a consolidar un corredor logístico ferroviario que conecte Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica, con la provincia de Colón, donde se ubica la Zona Libre, integrando puertos, centros de distribución y plataformas industriales. Este modelo permitiría fortalecer la competitividad del país y posicionarlo como un eje estratégico en el comercio regional.

El avance de los estudios y la planificación del proyecto reflejan un proceso progresivo de estructuración, en el que los aspectos técnicos, ambientales y financieros serán determinantes para definir su ejecución. Mientras se completan las evaluaciones en junio, el tren Panamá-David-Frontera se mantiene como una de las apuestas más ambiciosas para transformar la infraestructura y la economía del país.

La Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (AZUCALPA) reaccionó a la decisión de la Asamblea Nacional de suspender la discusión del Proyecto de Ley 443, que propone el uso obligatorio de etanol en la gasolina, destacando la necesidad de aprovechar el receso legislativo para ampliar las consultas y fortalecer el debate técnico sobre una iniciativa que considera clave para el desarrollo del país.

El gremio planteó que este periodo debe servir para construir consensos, informar a la población y aclarar dudas sobre el alcance de la propuesta.

La medida legislativa, aprobada con 55 votos a favor y una abstención, detuvo el segundo debate de un proyecto que busca establecer una mezcla obligatoria de 10% de etanol en los combustibles, en un contexto donde los diputados argumentaron que la ciudadanía requiere mayor información sobre sus impactos.

La principal preocupación de algunos diputados es el carácter obligatorio de la medida, que, en su opinión, podría vulnerar el derecho de la población a escoger. También advierten que la iniciativa no establece un proceso claro de reclamo ni define qué entidad sería responsable de tramitar eventuales quejas en caso de desperfectos en vehículos, si se lograra atribuir la causa al combustible.

Igualmente, se ha cuestionado que pocos actores participarían en el negocio del etanol. Incluso, durante el debate público se han mencionado señalamientos sobre presuntos intereses personales de autoridades actuales en la aprobación de la iniciativa, aunque esas afirmaciones no han sido sustentadas públicamente con pruebas concluyentes.

El Órgano Legislativo entró en receso y retomará sus funciones el 1 de julio, lo que extiende la discusión de una política que ha sido objeto de debate durante más de una década.

Desde AZUCALPA, se valoró la pausa como una oportunidad para profundizar el diálogo, insistiendo en que el proyecto representa una política pública moderna basada en evidencia técnica, con potencial para generar beneficios económicos, sociales y ambientales.

El gremio subrayó que los próximos meses serán determinantes para alcanzar acuerdos, en medio de cuestionamientos que han desplazado la discusión hacia aspectos políticos.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, también se refirió a la suspensión del proyecto, señalando que el debate fue desviado de su base técnica hacia la especulación.

“El tema del etanol se sacó completamente del contexto técnico para llevarlo al ámbito de la maledicencia y la confrontación”, afirmó el mandatario, quien confirmó que sostuvo conversaciones con diputados ante la preocupación generada por el rumbo del proyecto.

Mulino reconoció que, tras la decisión legislativa, no se implementará el uso obligatorio del etanol en el corto plazo, lo que —según indicó— representa un impacto directo en la generación de empleo.

El mandatario advirtió que la medida implicaba inversiones multimillonarias y la posibilidad de abrir nuevas oportunidades para productores agrícolas, especialmente en el sector de la caña de azúcar.

“Por lo pronto no va a haber etanol, con el consiguiente perjuicio a la enorme cantidad de empleos que esa industria hubiera generado para el país”, sostuvo el presidente, al tiempo que cuestionó que la discusión se haya centrado en intereses y especulaciones en lugar de evaluar los beneficios técnicos del proyecto.

En ese contexto, AZUCALPA destacó que la implementación del programa podría generar cerca de 10,000 empleos directos y 20,000 indirectos, especialmente en zonas rurales, donde el acceso a oportunidades laborales es más limitado. El gremio advirtió que cada mes de retraso en la discusión implica menos inversión, menos crecimiento y menos desarrollo económico para el país.

El proyecto también contempla un impulso significativo a la producción agrícola, con estimaciones que apuntaban a la incorporación de 35,000 hectáreas adicionales de cultivo de caña, ampliando la temporada de zafra y diversificando la producción hacia el mercado de biocombustibles.

Esto cobra relevancia en un contexto donde el área sembrada ha venido en disminución en los últimos años, pasando de más de 40,000 hectáreas a cerca de 24,000 en el periodo reciente.

Además del componente económico, el gremio resaltó que el uso de etanol permitiría avanzar hacia una mayor resiliencia energética, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y contribuyendo a una transición energética más sostenible. Este enfoque también tiene implicaciones en materia ambiental y de salud pública, al promover combustibles con menor impacto contaminante.

La discusión del proyecto se produce en un escenario donde Panamá ha intentado implementar el uso de biocombustibles desde 2013, sin lograr concretar la medida en distintos intentos legislativos.

La actual propuesta representa uno de los esfuerzos más estructurados, respaldado por instituciones como la Secretaría Nacional de Energía, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

En medio de este panorama, AZUCALPA reiteró su disposición a mantener un diálogo constructivo con autoridades, sector privado y sociedad civil, con el objetivo de aportar información técnica y evidencia que permita retomar el proyecto con mayor respaldo. El gremio insistió en que el debate debe centrarse en datos verificables y análisis integral, evitando que factores externos desvíen una discusión que considera estratégica para el país.

La pausa legislativa, lejos de cerrar el tema, abre un nuevo capítulo en el debate sobre el etanol en Panamá. El reto será equilibrar las preocupaciones sociales, económicas y técnicas, en busca de una decisión que defina el rumbo de la política energética y agrícola en los próximos años.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró que su gobierno no mantiene un conflicto con China, en medio del aumento de retenciones de buques con bandera panameña en terminales asiáticas, tras la decisión del Estado de asumir el control de los puertos de Balboa y Cristóbal.

El mandatario dejó claro que la actuación del Ejecutivo respondió exclusivamente al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la extensión del contrato de concesión bajo Panama Ports Company, y no a una decisión política dirigida contra el país asiático.

“No puedo decir que Panamá tenga un problema con China”, afirmó Mulino, quien calificó la situación como un escenario complejo y coyuntural, vinculado a factores externos que trascienden al país.

El presidente sostuvo que Panamá se encuentra en medio de una dinámica geopolítica entre potencias, en referencia a las tensiones entre Estados Unidos y el régimen chino, lo que ha coincidido con la transición en la administración de las terminales portuarias.

Mulino explicó que el Estado panameño actuó conforme al derecho nacional, luego de que el contrato de concesión llegara a su fin por orden judicial.

“Se acabó el contrato de Panama Ports y Panamá tenía que asumir el control de esos puertos inmediatamente”, enfatizó, al tiempo que defendió que la decisión fue legal, necesaria y previamente planificada por el Gobierno.

El mandatario también rechazó que la medida implique una expropiación, al señalar que los puertos no fueron confiscados, sino que pasaron a control estatal tras quedar sin contrato vigente.

“No hemos expropiado los puertos, ocupamos los puertos porque se quedaron sin contrato”, puntualizó, en un intento por aclarar las interpretaciones que han surgido en el ámbito internacional.

En paralelo, el presidente reveló que recibió una comunicación oficial del gobierno chino, a través de la embajada en Panamá, en la que se reconoce que la controversia se está tramitando en tribunales arbitrales en Nueva York, donde tanto la empresa como el Estado panameño están presentando sus argumentos.

Mulino destacó que este mensaje incluye una disposición a mantener una relación más estable, lo que consideró un elemento positivo en medio de la tensión.

“Celebro que ese mensaje venga acompañado de uno de llevar más tranquila la relación”, indicó el jefe del Ejecutivo, quien reiteró que Panamá no tiene interés en escalar el conflicto y que será en el ámbito legal donde se definan las responsabilidades.

Según explicó, ambos procesos arbitrales permitirán que las partes presenten pruebas y argumentos en derecho, para ser evaluados por los árbitros correspondientes.

Las declaraciones se producen en un contexto donde el sistema marítimo panameño enfrenta un incremento inusual en la retención de embarcaciones, particularmente en puertos chinos.

Datos oficiales indican que al menos 92 buques con bandera panameña fueron retenidos en marzo, una cifra superior al promedio habitual de entre 40 y 60 detenciones mensuales, lo que ha generado preocupación en el sector logístico .

Este comportamiento ha sido interpretado por distintos actores internacionales como una presión indirecta sobre Panamá, en respuesta a la decisión soberana de asumir el control de los puertos. En ese sentido, al menos 11 países han expresado respaldo al país, destacando la importancia de proteger la libre navegación y la estabilidad del comercio marítimo internacional .

Entre los países que han manifestado su apoyo se encuentran Estados Unidos, Israel, Ucrania, Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Perú, Bolivia, Guyana y Trinidad y Tobago, quienes han advertido que cualquier acción que afecte a Panamá podría tener repercusiones en las cadenas globales de suministro y en la seguridad del comercio marítimo.

Mulino insistió en que la situación no debe interpretarse como un enfrentamiento directo con China, sino como un efecto colateral de una disputa mayor entre potencias, en la que Panamá se ve arrastrado por su posición estratégica. “Estamos en una marea producto de un problema de dos grandes”, afirmó, al explicar el contexto internacional en el que se desarrolla la situación.

El presidente también subrayó que la operación de los puertos bajo control estatal se mantiene sin interrupciones ni demoras, destacando que el Gobierno se preparó durante un año para asumir la administración de estas terminales. Esta planificación permitió garantizar la continuidad de un sector clave para la economía nacional.

En este escenario, Panamá vuelve a situarse en el centro de la geopolítica del comercio marítimo global, donde decisiones jurídicas, intereses económicos y tensiones internacionales convergen en un mismo punto. Mientras avanzan los procesos arbitrales y se mantienen los contactos diplomáticos, el país enfrenta el reto de defender su soberanía sin comprometer su posición como hub logístico internacional.

Según expresa el laudatio del vicerrector, profesor Dr. Fernando Luján Acosta, leído durante la presentación de la ceremonia, el recorrido profesional de Hadad “ha trascendido su propio campo, generando impacto estructural en la sociedad, en el pensamiento y en las instituciones”.

Se subrayó que su trayectoria debe leerse como parte de un proceso más amplio: la transformación del periodismo en un sistema más veloz, más amplio y estructuralmente distinto. Tal como se señaló durante su discurso, su trabajo constituye “una intervención decisiva en la transformación de la industria de los medios en el mundo hispanohablante”.

Asimismo, Hadad no sólo anticipó los cambios del sistema informativo, sino que los ejecutó. “Su diferencial no fue solo ver antes. Fue hacer antes”, expresa el laudatio, sintetizando una lógica de innovación basada en la acción y en la construcción de nuevos modelos.

Desde una perspectiva global, el impacto de ese modelo adquiere una dimensión aún más relevante. Como se destacó en el análisis académico presentado durante el acto por el profesor Dr. Fernando Luján Acosta, logró “ primer medio nativo digital de la Argentina, anticipando un cambio de paradigma que hoy estructura el sistema informativo global”.

Ese desarrollo no sólo redefinió la escala del periodismo en español, sino que también respondió a un desafío central del ecosistema informativo contemporáneo: operar en un entorno cada vez más fragmentado. En ese contexto, su modelo contribuyó a “facilitar la comunicación en un mundo cada vez más incomunicado”.

El impacto de ese sistema no se limitó a sus propios proyectos. A lo largo de los años, contribuyó a “reconfigurar el comportamiento de competidores, mercados y audiencias”, estableciendo nuevas reglas de funcionamiento en la industria.

En paralelo, introdujo una lógica que hoy resulta central para el desarrollo del periodismo a escala global: la necesidad de contar con modelos empresariales sólidos. Como destacó Luján Acosta, “el periodismo no puede sostener su función social sin una base empresarial sólida, eficiente y en crecimiento”.

“Afortunadamente nuestro apadrinado es persona muy conocida, y enumerar sus méritos para este nombramiento resultan casi innecesarios; por esta razón me van a permitir que yo recuerde los méritos académicos de Daniel Hadad, y que sea el profesor Pablo Boczkowski quien describa los méritos profesionales que le hacen merecedor de esta investidura”, sostuvo Juan Antonio Giner al tomar la palabra.

“Hadad conoció a profesores y periodistas europeos y americanos; unos pasaban por las aulas y otros eran visitados en las mejores redacciones de París, Londres o Ginebra: desde Le Monde a la BBC pasando por el Journal de Genéve. Esta formación periodística cosmopolita le permitió familiarizarse muy pronto con grandes figuras de medios líderes, en vísperas una época de cambios muy profundos que se aceleraron con la aparición de los primeros experimentos digitales”, agregó Giner. Luego, completó: “Frente al pesimismo de quienes piensan que todo tiempo fue mejor, Daniel Hadad ha demostrado que el desafío era, es y será, ‘innovar o morir’, contando ‘historias relevantes que inquietan, emocionan y hacen pensar’”.

“Ha triunfado haciendo periodismo innovador, independiente y rentable”, enfatizó Giner.

Es importante destacar que la Universidad Nacional de La Matanza —Buenos Aires, Argentina— fue la casa de estudios que distinguió al fundador de Infobae. Se trató de la séptima ocasión en la que la institución realizó un galardón de esta categoría en 36 años. “Acá, de cada cinco alumnos que entran, se reciben dos”, precisó el rector de la UNLaM, Daniel Martínez, quien también brindó un breve discurso. “Nosotros tenemos un empleado cada 230 alumnos. No hay ninguna universidad en la República Argentina que pueda tener este índice, ninguna”, aseguró.

Además de reconocer una trayectoria individual, el Doctorado Honoris Causa distinguió la construcción de un modelo que ha influido en la forma en que se produce, distribuye y consume información en el mundo hispanohablante.

Pablo Boczkowski, en tanto, señaló: “Daniel Hadad ha logrado con Infobae lo que ningún periodista ni empresario periodístico había podido conseguir previamente: posicionar a un sitio nativo digital como el medio más importante del mundo de habla hispana mediante una estrategia que se nutre de la especificidad de los distintos países, y por ende contribuye a fomentar la comunicación en las comunidades hispanoparlantes dentro de un contexto global marcado por una tendencia a la incomunicación producida por la creciente polarización".

En ese sentido, el reconocimiento no solo remite a todo lo generado, sino también al presente y al futuro. Porque, como se subrayó durante la ceremonia, Hadad no es solo parte de la historia del periodismo en América Latina, sino “uno de quienes escriben —en tiempo real— su próxima etapa”.

Al tomar la palabra y brindar su discurso, el fundador de Infobae señaló ante un auditorio colmado: “Una de las cosas que más me tentó para venir y aceptar este este reconocimiento fue cuando el rector me comentó que el 80 u 89 por ciento de los alumnos de esta universidad eran primera generación de graduados. Y me dije: ‘Guau, ese es mi caso’”.

“Yo siempre soy agradecido a la universidad, pero también soy agradecido a la Fundación Universitaria Río de la Plata (FURP), que cuando yo no había salido de la Argentina me permitieron hacer un viaje y conocer los Estados Unidos. Y en ese viaje es que descubrí mi vocación periodística”, agregó Hadad.

“Hoy es una noche maravillosa -finalizó en su discurso el fundador de Infobae-. Solamente les quiero contar, y para cerrar, una anécdota de, de mi abuelo Antonio. Él vivía en una casita muy cerca de lo que hoy sería la Villa 1-11-14 ahí en un límite entre el Bajo Flores y Pompeya. Y tardaron mucho tiempo en tener agua caliente. Mucho tiempo. Y un día llegó el agua caliente. Y un día el abuelo me dijo: ‘Dani, yo cuando termino del agua caliente, dejo dos minutos el agua fría’. Yo al principio no entendía por qué y un día mi abuelo me dijo: ‘Yo dejo el agua fría para no olvidarme de dónde vengo’. Y yo no me olvido de dónde vengo. Muchísimas gracias”.

Fotos: Adrian Escandar

La Procuraduría General de la Nación confirmó la aprehensión de cuatro personas en la tercera fase de la operación “Fraude Total 3.0”, vinculadas a la presunta comisión de delitos financieros en perjuicio de un banco de la localidad, en un caso que vuelve a evidenciar la evolución de las estructuras criminales en Panamá.

Las diligencias se desarrollaron en las provincias de Panamá y Chiriquí, donde también se ubicaron equipos tecnológicos, tarjetas bancarias y una billetera digital, elementos clave para el avance de las investigaciones.

Según las autoridades, el esquema delictivo consistía en la presentación de avalúos falsificados para sustentar solicitudes de préstamos bancarios, generando un perjuicio económico que supera los $786,171.98.

Este tipo de modalidad refleja el uso de documentación fraudulenta para engañar a las entidades financieras y acceder a recursos mediante mecanismos ilegales.

Por estos hechos, ya son seis las personas llevadas ante audiencias de garantías, donde se han imputado cargos por delitos financieros y se han aplicado medidas cautelares, mientras el proceso continúa en fase de investigación.

Las autoridades no descartan que el caso tenga ramificaciones adicionales, dada la naturaleza organizada de este tipo de operaciones.

Este caso se produce en un contexto donde los fraudes financieros en Panamá mantienen una tendencia creciente, con intentos que alcanzan los $125 millones al año, de los cuales aproximadamente $20 millones logran concretarse, afectando directamente a clientes, bancos y empresas.

Las cifras reflejan no solo el impacto económico, sino también la presión constante que enfrenta el sistema financiero.

La magnitud del problema se agrava al considerar que, según el sector bancario, diariamente siete panameños son víctimas de estafas, lo que confirma que este tipo de delitos se ha convertido en una amenaza cotidiana.

Los esquemas incluyen phishing, suplantación de identidad, llamadas fraudulentas y enlaces maliciosos, diseñados para manipular a las víctimas en cuestión de minutos.

Superintendencia de Bancos advierte sobre estafas y refuerza recomendaciones al público

En este escenario, el superintendente de Bancos de Panamá, Milton Ayón Wong, advirtió que la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ha detectado esquemas fraudulentos en los que se utiliza indebidamente el nombre, el logo y la imagen institucional de la entidad para engañar a ciudadanos.

La entidad fue enfática en señalar que no solicita dinero, transferencias, pagos ni inversiones, ya sea de forma directa o a través de intermediarios, por ningún canal de comunicación.

El regulador indicó que cualquier mensaje, llamada o contacto que invoque a la institución para gestionar trámites urgentes, evitar sanciones o prometer beneficios económicos debe considerarse como un posible intento de fraude o usurpación de identidad.

Este tipo de estrategias busca generar presión emocional para que las personas actúen sin verificar la información.

Como parte de sus recomendaciones, la SBP exhortó a la población a no compartir datos personales o bancarios, no realizar pagos sin validación previa y verificar siempre que las personas o empresas involucradas cuenten con autorización o licencia para operar.

También insistió en que no es habitual que una entidad financiera legítima condicione un préstamo al pago previo de dinero.

La institución reiteró que el primer anillo de seguridad es el propio usuario, por lo que la protección del patrimonio depende en gran medida de la capacidad de detectar señales de alerta. En caso de sospecha, recomendó acudir al Ministerio Público o a la Casa de Justicia Comunitaria de Paz para interponer la denuncia correspondiente.

Este llamado cobra mayor relevancia ante el crecimiento de los ciberdelitos, que han aumentado más de 113% entre 2025 y 2026, según datos de la Policía Nacional, evidenciando una rápida expansión de estas estructuras criminales. Las autoridades han intensificado operativos y acciones conjuntas con el sector bancario para enfrentar una amenaza que evoluciona constantemente.

Uno de los factores que impulsa este crecimiento es el uso de tecnologías cada vez más avanzadas, incluyendo herramientas de inteligencia artificial para simular voces, generar mensajes creíbles o incluso producir contenido falso con apariencia legítima. Esto eleva el nivel de riesgo, ya que los fraudes son cada vez más difíciles de identificar para los usuarios.

En este contexto, la prevención se posiciona como un elemento clave. Las autoridades coinciden en que detenerse, verificar y no actuar bajo presión puede marcar la diferencia entre evitar una estafa o convertirse en víctima. La combinación de acciones judiciales, regulación y conciencia ciudadana se perfila como la principal defensa frente a un fenómeno que sigue en expansión en Panamá.

El rechazo al Proyecto de Ley 491, que propone la imposición de un cargo económico al movimiento de contenedores en los puertos panameños, sigue escalando entre los principales gremios empresariales del país, que advierten sobre sus posibles efectos negativos en la competitividad, la inversión y la estabilidad económica.

A la postura inicial de la Cámara Marítima de Panamá se han sumado ahora organizaciones como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), consolidando un frente común en contra de la iniciativa.

El proyecto, que se encuentra en discusión en la Asamblea Nacional, busca crear un fondo para equiparar las pensiones de jubilados que reciben menos de $600 mensuales, financiado a través de un cargo fijo de $1.50 por cada contenedor de 20 pies (TEU) que ingrese al país.

Este cambio representa una modificación significativa respecto a su planteamiento original, trasladando el peso del financiamiento hacia el sector logístico, uno de los pilares de la economía nacional.

La Cámara Marítima de Panamá fue el primer gremio en alzar la voz, alertando que cualquier incremento en los costos operativos del sistema portuario podría provocar un desvío de carga hacia otros hubs regionales, afectando directamente el volumen de mercancías que transita por el país.

El gremio destacó que Panamá compite con otras plataformas logísticas en condiciones altamente sensibles al precio, por lo que cualquier alteración en su estructura de costos puede generar impactos inmediatos en su posición estratégica.

A esta preocupación se sumó APEDE, que expresó su rechazo al considerar que el proyecto introduce distorsiones en un sector altamente expuesto a la competencia internacional. El gremio recordó que el sector logístico representa cerca del 11.8% del Producto Interno Bruto (PIB), siendo además un motor clave de inversión, empleo y encadenamientos productivos.

En ese sentido, advirtió que encarecer la operación portuaria afecta no solo a grandes operadores, sino también a pequeñas y medianas empresas que dependen de la dinámica del comercio exterior. La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, subrayó que en un entorno global competitivo, Panamá debe proteger cuidadosamente su propuesta de valor como hub logístico, basada en eficiencia, confiabilidad y costos competitivos.

Según el gremio, trasladar cargas económicas a sectores estratégicos puede resultar contraproducente, ya que reduce la capacidad del país para atraer inversión y mantener su posición en el comercio internacional.

Por su parte, la CCIAP adoptó un tono aún más crítico, calificando la iniciativa como una medida improvisada, peligrosa y sin sustento técnico, que pone en riesgo la seguridad jurídica del país.

Su presidente, Aurelio Barría Pino, advirtió que gravar el movimiento de contenedores equivale a impactar directamente el corazón de la plataforma logística panameña, lo que podría desencadenar efectos en cadena sobre toda la economía.

El gremio empresarial también alertó que este tipo de medidas no se limitan al sector afectado, sino que terminan trasladándose al resto de la cadena productiva, provocando un aumento en los costos de bienes y servicios, con impacto directo en el consumidor final.

En otras palabras, lo que se plantea como una solución social podría derivar en presiones inflacionarias y pérdida de competitividad en múltiples sectores.

Otro punto crítico señalado por la CCIAP es la falta de estudios actuariales y de sostenibilidad financiera que respalden el mecanismo propuesto. Según el gremio, el proyecto intenta resolver un problema estructural del sistema de pensiones mediante una fuente de financiamiento ajena a su naturaleza, lo que podría generar desequilibrios a mediano y largo plazo. “No es una solución, es trasladar el problema”, enfatizó Barría Pino.

Adicionalmente, los gremios han advertido sobre posibles implicaciones legales, particularmente en relación con los contratos de concesión portuaria.

La imposición de nuevos cargos podría interpretarse como una modificación indirecta de las condiciones contractuales vigentes, abriendo la puerta a litigios y afectando la confianza de inversionistas nacionales e internacionales en el país.

El sistema portuario panameño movilizó 2,353,235 TEU en el primer trimestre de 2026, una caída de 0.6% frente al mismo período de 2025.

En medio de este escenario, tanto APEDE como la CCIAP han coincidido en la necesidad de someter el proyecto a un análisis técnico integral, que evalúe sus impactos económicos, regulatorios y competitivos antes de su eventual aprobación.

Ambos gremios han reiterado que no se oponen al objetivo de mejorar las condiciones de los jubilados, pero insisten en que las soluciones deben ser sostenibles, bien estructuradas y alineadas con la estrategia país.

Mientras el proyecto avanza en su trámite legislativo, el debate vuelve a poner sobre la mesa una tensión recurrente en la política pública panameña: cómo equilibrar la atención de necesidades sociales urgentes sin comprometer los sectores que sostienen el crecimiento económico.

En este caso, la advertencia de los gremios es clara: tocar la logística no es

un ajuste menor, es intervenir uno de los principales motores del país.

El otorgamiento del doctorado honoris causa siempre fue un acto de suma trascendencia para la academia, cuyo valor tiene su fundamento en el reconocimiento de méritos profesionales, científicos, artísticos o sociales.

Es en esta inteligencia que la Universidad Nacional de La Matanza distingue la destacada trayectoria del Sr. Hadad, cuya obra ha trascendido su propio campo, generando impacto estructural en la sociedad, en el pensamiento y en las instituciones.

La figura de Daniel Hadad se inscribe contundentemente en esa categoría excepcional, por lo que se considera importante señalar, aunque sea brevemente, debido a la extensión de su recorrido, aquellos hitos más determinantes.

Formado en el derecho y consolidado en el periodismo, su recorrido profesional no puede comprenderse únicamente como una sucesión de logros individuales. Debe leerse, más bien, como una intervención decisiva en la transformación de la industria de los medios en el mundo hispanohablante.

En una etapa en la que el periodismo aún se organizaba en torno a lógicas de cierre, periodicidad y formatos relativamente estables, Hadad supo advertir —con singular anticipación— que el sistema informativo ingresaba en una fase de aceleración estructural.

Si fuera necesario condensar su perfil en una formulación sintética, podría afirmarse que Daniel Hadad encarna un principio activo de innovación permanente dentro de la industria de los medios. Fue en ese mismo espíritu que creó algunos de los hitos más relevantes de la historia reciente de los medios: Radio 10 y C5N revolucionaron el esquema informativo de nuestro país.

En 2002 fundó Infobae, el primer medio nativo digital de la Argentina, anticipando un cambio de paradigma que hoy estructura el sistema informativo global. Lo hizo en un contexto de crisis económica y desconfianza hacia internet como soporte informativo. Veinticuatro años después, Infobae se ha consolidado como el sitio de noticias en español con mayor audiencia global, con redacciones en Argentina, México, España, Estados Unidos, Colombia, Perú y Centroamérica, con base en El Salvador.

Ha empujado los límites de los formatos, acelerando los tiempos de la información y expandiendo el alcance del periodismo argentino hasta convertirlo en protagonista del periodismo en español.

Ese impulso constante no solo ha impactado en sus propios proyectos, sino que ha reconfigurado el comportamiento de competidores, mercados y audiencias. Construyó medios, creó empleo, profesionalizó estructuras, sostuvo el desarrollo profesional de periodistas y elevó la vara de toda la cadena de valor periodística en toda la región. En ese proceso, introdujo una lógica que hoy resulta evidente pero que en su momento fue disruptiva: que el periodismo no puede sostener su función social sin una base empresarial sólida, eficiente y en crecimiento. Un modelo que articula velocidad y calidad, independencia y sustentabilidad. Comprendió, tempranamente, que la calidad exige estructuras modernas y equipos capaces de evolucionar permanentemente. Hoy, cuando hablamos del futuro del periodismo —de inteligencia artificial, de plataformas, de nuevas audiencias— muchas de esas discusiones ya están, de alguna manera, contenidas en decisiones que el Sr. Hadad tomó hace años. Porque su diferencial no fue solo ver antes, sino hacer antes y, sobre todo, sostenerlo en el tiempo.

La presente ceremonia es un reconocimiento a su rol activo en el presente proyectado hacia el futuro.

El caso Hadad integra la bibliografía de las carreras de Comunicación y Periodismo: constituye un objeto de estudio sobre la transición del modelo de broadcasting analógico al ecosistema digital, sobre la sustentabilidad económica de los medios gratuitos online y sobre la construcción de audiencias en el nuevo entorno tecnológico.

Como empresario, arriesgó capital en la industria de alta incertidumbre y renovó tres veces su apuesta: radio, televisión por cable y periodismo digital. Como emprendedor, sostuvo y sostiene estructuras que dan trabajo a periodistas, productores, técnicos y administrativos.

Esta universidad no solo evalúa líneas editoriales, distingue hechos comprobables: innovación en procesos productivos de la información, generación de empleo calificado en industrias culturales y producción de un caso de estudio sobre reconversión tecnológica hecha en Argentina y exportada a la región.

Por su contribución objetiva a la modernización del sistema de medios en Argentina, por haber construido instituciones periodísticas que llevan más de dos décadas de funcionamiento continuo, y por constituir su trayectoria en insumo académico para entender el cambio de paradigma comunicacional, esta Universidad resuelve otorgarle su máximo grado honorífico.

Daniel Hadad no es solo parte de la historia del periodismo en América Latina. Es uno de quienes escriben —en tiempo real— su próxima etapa.

Señor Daniel Hadad, en nombre del Consejo Superior, le doy la bienvenida al claustro de doctores de la Universidad Nacional de La Matanza.

El número de denuncias por violencia doméstica en Panamá registró un aumento significativo en el primer trimestre de 2026, al alcanzar 4,517 casos entre enero y marzo, lo que representa un incremento de 14.1% frente al mismo período de 2025.

Este dato forma parte de un total más amplio de 6,148 denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, que incluye maltrato a menores, delitos contra la familia y maltrato al adulto mayor, reflejando un crecimiento de 17.6% en el conjunto de estos delitos.

El comportamiento reciente se suma a la tendencia observada en 2025, cuando las denuncias totales alcanzaron 22,214 casos a nivel nacional, lo que representó un aumento de 4.4% frente a 2024.

En ese año, la violencia doméstica acumuló 16,444 denuncias, consolidándose como el delito más frecuente dentro de los casos contra el orden jurídico familiar, lo que evidencia una persistencia del fenómeno en el tiempo.

A nivel territorial, el informe indica que las denuncias se concentran en áreas de alta densidad poblacional. El Primer Distrito Judicial acumuló 3,929 casos en el primer trimestre de 2026, seguido por el Tercer Distrito Judicial con 1,082 denuncias y el Segundo Distrito Judicial con 803, lo que confirma que la mayor carga de estos delitos se mantiene en las regiones con mayor población y actividad urbana.

En términos mensuales, la incidencia se mantuvo constante durante el trimestre. En enero se registraron 1,601 denuncias por violencia doméstica, en febrero 1,394 casos y en marzo 1,522, cifras que muestran una continuidad en la ocurrencia del delito sin variaciones abruptas entre los meses analizados.

Dentro del total de delitos reportados, la violencia doméstica representa el componente principal. De las 6,148 denuncias registradas en el primer trimestre, 4,517 corresponden a este delito, lo que equivale a más del 70% del total, confirmando su predominio frente a otras conductas como el maltrato a menores, los delitos contra la familia y el maltrato al adulto mayor.

El informe también muestra un aumento en otros delitos asociados dentro del entorno familiar. El maltrato a niños, niñas y adolescentes alcanzó 1,029 casos, mientras que el maltrato al adulto mayor sumó 345 denuncias, lo que refleja incrementos de 17% y 63% respectivamente frente al mismo período de 2025, ampliando el alcance del problema más allá de la violencia de pareja.

Los datos por provincia evidencian incrementos relevantes en algunas regiones. Panamá Oeste registró 1,503 denuncias en el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento de 48% frente al mismo período del año anterior, seguido por San Miguelito con un aumento de 40% y Veraguas con 32%, mostrando una expansión territorial del fenómeno. io

En paralelo a estas cifras, los casos recientes judicializados por el Ministerio Público reflejan la gravedad de las agresiones. En el distrito de Arraiján, una mujer de 34 años fue detenida por violencia doméstica, luego de que se acreditara su responsabilidad en un hecho ocurrido el 22 de abril de 2026, cuando agredió a su pareja de 51 años, causándole lesiones que lo incapacitaron por 10 días.

Otro caso se registró en Chitré, donde un hombre de 29 años fue enviado a detención provisional tras una audiencia de apelación. De acuerdo con las investigaciones, el imputado irrumpió en la residencia de su ex pareja y madre de su hijo, donde procedió a agredirla físicamente, causarle daños patrimoniales y amenazarla de muerte, lo que llevó al tribunal a revocar la medida inicial de depósito domiciliario.

En la provincia de Chiriquí, un tercer caso derivó en la aplicación de detención provisional a un hombre imputado por agredir física y psicológicamente a su pareja, utilizando los puños y un objeto contundente. El hecho ocurrió el 1 de abril de 2026 en el distrito de David, donde además la víctima fue amenazada en reiteradas ocasiones, lo que permitió sustentar la medida cautelar durante el proceso de investigación.

Estos casos, sumados a las cifras oficiales, reflejan la magnitud de los delitos contra el orden jurídico familiar en Panamá durante el inicio de 2026. La combinación de datos estadísticos y procesos judiciales recientes evidencia que la violencia doméstica y otros delitos asociados mantienen una alta incidencia en el país, con presencia sostenida en distintas regiones y grupos poblacionales.

La producción de bebidas alcohólicas en Panamá registró un incremento de 12.7% en enero y febrero de 2026, al alcanzar 48.8 millones de litros, frente a los 43.3 millones del mismo período de 2025, según datos oficiales de la Contraloría General de la República.

Este crecimiento, aunque relevante en términos estadísticos, se da sobre una base de comparación distorsionada por la fuerte caída del consumo registrada el año anterior, lo que obliga a analizar el comportamiento del sector con mayor cautela.

El repunte se explica principalmente por el desempeño de la cerveza, que aumentó 13.4%, y del ron, con un crecimiento de 21.1%, mientras que el whisky se disparó 29.8%, aunque con volúmenes mucho menores.

En contraste, otras categorías mostraron retrocesos importantes, como el seco, que cayó 8.9%, la ginebra con una baja de 17.9%, el vodka con -10.4% y el coñac con una contracción de 25.2%, reflejando un comportamiento desigual dentro de la industria.

De acuerdo con René Quevedo, director ejecutivo de la Asociación Empresarial de Bebidas Fermentadas y Destiladas de Panamá (AEB Panamá), estas cifras deben interpretarse en su contexto. El primer semestre de 2025 estuvo marcado por una fuerte contracción del consumo, especialmente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, que concentran cerca del 70% del consumo nacional, lo que convierte las comparaciones interanuales en un indicador limitado para medir la recuperación real del mercado.

Ese deterioro del consumo estuvo vinculado a factores económicos y sociales específicos. El conflicto minero y la pérdida del grado de inversión por parte de Fitch Ratings provocaron la pérdida de 125 mil empleos entre agosto de 2023 y octubre de 2024, lo que redujo la capacidad de compra de los hogares y golpeó directamente la demanda de productos como las bebidas alcohólicas, que dependen en gran medida del ingreso disponible.

Los efectos de ese escenario se reflejaron con claridad en 2025. Según Quevedo, durante la primera mitad del año pasado se registró una caída de 11% en la recaudación del ITBMS, acompañada de una disminución de 12% en el consumo de bebidas alcohólicas, con reducciones de 11% en cerveza, 15% en seco y hasta 40% en ron, evidenciando una contracción profunda en el mercado que ahora condiciona las cifras actuales.

En ese contexto, aunque la producción muestra crecimiento en 2026, el nivel de actividad aún no alcanza los registros previos a la crisis. De hecho, los datos comparados con 2024 reflejan que el sector todavía opera por debajo de su capacidad histórica.

La producción total en 2025 cerró en 266.7 millones de litros, lo que representó una caída de 6.2% respecto a 2024, año en el que se alcanzaron más de 284.4 millones de litros, confirmando el impacto del ajuste económico en el sector.

Incluso al analizar el primer bimestre, la industria muestra señales mixtas. Quevedo advierte que, con excepción del seco, que presenta una leve mejora en algunos segmentos, el resto del mercado aún mantiene un déficit aproximado de 6% frente a 2024, lo que indica que, si bien hay una recuperación en marcha, esta sigue siendo parcial y no homogénea entre categorías.

El comportamiento reciente también pone en evidencia un cambio en la estructura del consumo, con una mayor concentración en productos de mayor rotación, como la cerveza, mientras otras bebidas mantienen rezagos. Esto sugiere que la recuperación del sector está siendo impulsada por segmentos específicos, en lugar de una reactivación generalizada del mercado.

En paralelo, el gremio ha fijado posición sobre iniciativas regulatorias que se discuten en la Asamblea Nacional. En particular, Quevedo señaló que las bebidas alcohólicas deben ser expresamente excluidas de las regulaciones de etiquetado frontal, al no considerarse productos alimenticios, advirtiendo que su inclusión podría generar distorsiones adicionales en un mercado que aún se encuentra en proceso de ajuste.

El desempeño del sector en 2026, por tanto, refleja una recuperación incipiente, pero todavía condicionada por los efectos de la contracción económica reciente. Mientras los indicadores de producción muestran crecimiento, el consumo aún no regresa a los niveles previos a la crisis, lo que mantiene a la industria en una fase de transición, con señales positivas, pero lejos de una normalización completa.

Al menos 11 países han expresado respaldo a Panamá en medio de la tensión con el régimen chino por las acciones contra buques con bandera panameña y el control de terminales portuarias estratégicas.

Estados Unidos, Israel, Ucrania, Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Perú, Bolivia, Guyana y Trinidad y Tobago han señalado preocupación por el impacto de estas medidas sobre la soberanía panameña, la libertad de navegación y la estabilidad del comercio marítimo internacional.

El pronunciamiento más reciente fue una declaración conjunta encabezada por Estados Unidos, junto a Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, en la que los países afirmaron que la soberanía regional “no es negociable”.

El comunicado acusó al régimen chino de ejercer presión económica selectiva y sostuvo que las acciones recientes contra embarcaciones panameñas constituyen un intento de politizar el comercio marítimo y vulnerar la soberanía hemisférica.

La declaración vinculó esas acciones con la decisión independiente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá sobre las terminales de Balboa y Cristóbal, anteriormente operadas por Panama Ports Company.

Para los países firmantes, cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá representa una amenaza para todo el hemisferio, debido al papel del país como eje del sistema de comercio marítimo regional.

La tensión aumentó después de que Panamá asumiera el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, tras el fallo que declaró inconstitucional la renovación del contrato firmada en 2021.

Estas terminales, ubicadas en ambos extremos del Canal, son piezas clave para la operación logística del país y su cambio de administración se produjo en un momento de creciente disputa geopolítica.

Estados Unidos ha sido el actor más visible en este respaldo. El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que las inspecciones, retrasos y retenciones de buques panameños generan riesgos para las cadenas de suministro y pueden afectar la confianza global en el sistema logístico. Según su planteamiento, estas acciones podrían interpretarse como el uso de herramientas económicas para presionar decisiones soberanas.

Otros países también han respaldado a Panamá desde distintos frentes. Israel pidió que la aplicación de normas marítimas se mantenga en un plano técnico y sin presiones políticas; Ucrania expresó apoyo a la defensa de la soberanía panameña, mientras Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú destacaron la importancia de preservar un transporte marítimo seguro, eficiente y basado en reglas internacionales.

El conflicto también ha puesto en el centro el papel de Panamá como Estado de abanderamiento. El país mantiene el registro marítimo más grande del mundo, con más de 8,000 buques inscritos, lo que significa que cualquier afectación a embarcaciones con bandera panameña puede tener repercusiones amplias sobre rutas comerciales, seguros, costos logísticos y planificación de navieras internacionales.

El respaldo regional no se limita al caso con el caso del régimen de China. República Dominicana, Costa Rica y Ecuador también expresaron apoyo a Panamá tras la retención del MSC Francesca, con bandera panameña, por parte de Irán en el Estrecho de Ormuz, y luego del ataque al portacontenedores Euphoria. Ese episodio elevó la preocupación sobre la seguridad de la navegación en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.

En ambos escenarios, el argumento central de los países que respaldan a Panamá es el mismo: ninguna nación debe utilizar puertos, estrechos o rutas marítimas estratégicas como mecanismo de presión política. La defensa de la libre navegación, el respeto al derecho internacional y la estabilidad de las cadenas de suministro se han convertido en puntos clave de la posición internacional a favor del país.

China, por su parte, ha rechazado las acusaciones y ha calificado de infundados los señalamientos formulados desde Washington. No obstante, la coincidencia entre el cambio de control en los puertos panameños y los reportes de medidas contra buques con bandera panameña mantiene el tema bajo observación diplomática, comercial y logística, en un escenario donde Panamá vuelve a ocupar un lugar estratégico en la disputa global por el comercio marítimo.

Hace unas semanas, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que más de 90 buques con bandera panameña fueron detenidos durante marzo en puertos de China, una cifra superior a los registros habituales y que actualmente es objeto de investigación. De acuerdo con datos oficiales, 92 embarcaciones fueron retenidas para inspección en ese periodo, frente a un promedio previo de entre 40 y 60 detenciones mensuales.

El dato refuerza la preocupación expresada por los países que han respaldado a Panamá, al mostrar que las retenciones en puertos chinos no responden a un comportamiento aislado, sino a un aumento significativo frente a meses anteriores. Para el sector marítimo, este tipo de medidas puede impactar la planificación de rutas, los costos logísticos y la confianza en el comercio internacional.

La Cámara Marítima de Panamá (CMP) rechazó de forma categórica el Proyecto de Ley 491 y pidió una revisión técnica inmediata, al advertir que la iniciativa podría afectar la competitividad del hub logístico panameño.

En un comunicado fechado el 29 de abril de 2026, el gremio cuestionó especialmente la propuesta de establecer nuevos cargos económicos al movimiento de contenedores, señalando que cualquier incremento en los costos impactaría directamente el volumen de carga que transita por el país.

El pronunciamiento se produce en medio de cambios relevantes introducidos al proyecto durante su discusión en la Asamblea Nacional. La iniciativa, presentada originalmente en 2025, planteaba que el 10% de los ingresos provenientes de concesiones de telecomunicaciones se destinara al financiamiento del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social, con el objetivo de mejorar las pensiones más bajas del sistema.

Sin embargo, durante el primer debate, el proyecto fue modificado tanto en su nombre como en su estructura de financiamiento. El nuevo texto propone la creación de un fondo para equiparar los ingresos de jubilados y pensionados por debajo de $600, financiado mediante un cargo fijo de $1.50 por cada contenedor de 20 pies (TEU) que ingrese al país a través de los puertos nacionales, lo que introduce un cambio significativo en la carga económica del esquema.

La Cámara Marítima advirtió que esta modificación traslada el peso del financiamiento hacia el sector logístico, uno de los pilares de la economía panameña.

En su análisis, Panamá compite directamente con otros hubs regionales por los mismos flujos de carga, por lo que un aumento en los costos operativos podría traducirse en desvío de mercancías hacia otros países, afectando no solo a los operadores portuarios, sino a toda la cadena logística.

El gremio también alertó sobre el impacto indirecto en pequeñas y medianas empresas vinculadas al ecosistema marítimo, incluyendo transportistas, agencias, talleres, proveedores y servicios técnicos. Según la CMP, estas actividades dependen del volumen de carga que pasa por el país, por lo que cualquier reducción tendría un efecto multiplicador sobre el empleo y la actividad económica.

Además del componente económico, la organización solicitó una revisión desde el punto de vista jurídico, regulatorio y operativo. En particular, cuestionó la compatibilidad del mecanismo propuesto con el marco legal vigente en materia portuaria y las competencias de la Autoridad Marítima de Panamá, así como los posibles efectos sobre los contratos de concesión existentes.

El proyecto busca atender una necesidad social relevante: mejorar los ingresos de jubilados y pensionados que perciben menos de $600 mensuales. La Comisión de Economía y Finanzas consideró la iniciativa como viable y necesaria, destacando su objetivo de reducir la brecha social y garantizar condiciones mínimas de dignidad para este grupo poblacional.

No obstante, el debate sobre las fuentes de financiamiento no es nuevo. En 2024, la Asamblea Nacional aprobó un incremento en el impuesto a las bebidas alcohólicas para financiar el bono anual de $140 que reciben los jubilados, una medida que generó el rechazo del sector industrial, que cuestionó que se concentrara la carga en una sola actividad económica.

En ese contexto, la CMP reiteró que no se opone al objetivo de fortalecer la protección social, pero insistió en que las soluciones deben ser sostenibles, transparentes y técnicamente estructuradas. En su comunicado, planteó que cualquier mecanismo de financiamiento debe provenir de recursos ya existentes dentro del Estado, y no de nuevas cargas impuestas a sectores expuestos a la competencia internacional.

Finalmente, el gremio expresó su disposición a participar en un diálogo técnico con las autoridades para buscar alternativas que permitan atender la situación de los jubilados sin comprometer la posición de Panamá como centro logístico regional. Mientras el proyecto avanza hacia su segundo debate, el tema vuelve a poner sobre la mesa el equilibrio entre política social y competitividad económica en el país.

Estadísticas

El movimiento de contenedores en Panamá mostró una leve contracción de 0.6% en el primer trimestre de 2026, al totalizar 2,353,235 TEU, frente a los 2,368,111 TEU del mismo período de 2025, reflejando un ajuste en la actividad portuaria en el inicio del año. Este resultado se explica por una tendencia descendente en los últimos meses, ya que, aunque enero registró un crecimiento de 8.3%, el volumen cayó 2.7% en febrero y 7.2% en marzo, arrastrando el desempeño acumulado del trimestre.

El comportamiento por terminales evidencia una dinámica desigual dentro del sistema. Mientras SSA Marine MIT creció 29.6%, consolidándose como uno de los puertos más dinámicos, las principales terminales del Pacífico y Atlántico bajo transición mostraron retrocesos significativos. Puerto Balboa cayó 20.6% y Puerto Cristóbal 2.3%, lo que impactó directamente el volumen total, considerando el peso estratégico de estas instalaciones dentro del sistema portuario nacional.

Este desempeño cobra mayor relevancia si se considera que más del 80% del movimiento corresponde a trasbordo internacional, lo que confirma la alta dependencia de Panamá del flujo global de mercancías. En el trimestre, el trasbordo superó los 2 millones de TEU, mientras que el movimiento local y de zona libre sigue siendo marginal, lo que implica que cualquier variación en el comercio marítimo o en la operación de los puertos tiene un efecto directo en la economía logística del país.

En paralelo, el sistema portuario panameño atraviesa uno de sus cambios más relevantes en años recientes. A finales de febrero de 2026, el Estado asumió el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la renovación del contrato firmada en 2021 con Panama Ports Company (PPC).

La transición implicó la entrada de nuevos operadores internacionales bajo esquemas temporales, con APM Terminals Panamá a cargo de Balboa y TIL Panamá (MSC) administrando Cristóbal, en un proceso que busca estabilizar la operación y mantener la competitividad del hub logístico.

Entre más buscan las autoridades, más insumos médicos vencidos aparecen en los depósitos de la Caja de Seguro Social (CSS). En una nueva inspección realizada en Felipillo, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción y con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), ubicó más productos caducados en los depósitos 10, 4, 5 y 6, en medio de una investigación por delitos contra la administración pública.

Durante las diligencias, los equipos encontraron batas quirúrgicas, trajes de protección personal (overoles) y otros insumos en gran cantidad, distribuidos en cajas colocadas en el piso, en anaqueles y en áreas de mezanine, lo que evidencia un manejo irregular del almacenamiento. Además, se recopiló documentación relevante que será incorporada al expediente para determinar posibles responsabilidades dentro de la cadena de custodia de estos productos.

Estos hallazgos se suman a una investigación más amplia que ya había detectado insumos médicos y medicamentos vencidos valorados en más de $2.5 millones, tras auditorías internas realizadas por la propia CSS.

La revisión inicial, impulsada por la entidad, permitió identificar irregularidades en distintos puntos de almacenamiento, lo que derivó en la apertura de procesos por posibles faltas administrativas y hechos de corrupción.

El contraste resulta aún más crítico si se considera que, mientras estos productos permanecían almacenados y sin uso, pacientes y personal médico continúan denunciando falta de medicamentos e insumos básicos en hospitales y policlínicas del sistema público.

Este escenario ha generado cuestionamientos sobre la gestión logística y la eficiencia en la distribución de recursos dentro de la institución.

Las inspecciones también se han extendido a otros puntos, como los depósitos de El Crisol, donde las autoridades encontraron medicamentos e insumos con fechas de vencimiento que van desde 2014 hasta 2024, lo que sugiere que el problema no es reciente, sino que responde a fallas estructurales en el control de inventarios.

Este patrón evidencia un posible deterioro prolongado en los sistemas de almacenamiento y supervisión.

En términos financieros, el impacto es significativo. Solo en los primeros hallazgos se estimó una pérdida superior a $2.5 millones, una cifra que podría incrementarse a medida que avanzan las investigaciones. A esto se suma el costo indirecto asociado a la falta de estos insumos en la atención médica, lo que afecta directamente la calidad del servicio y la seguridad de los pacientes.

El origen de esta investigación se remonta a una auditoría interna ordenada por la CSS, tras detectar inconsistencias en el manejo de inventarios. Posteriormente, la Contraloría General de la República inició una auditoría forense que abarca el periodo entre 2019 y 2024, con el objetivo de analizar áreas clave como la distribución de medicamentos, las compras y el manejo de recursos dentro de la institución.

Este caso también ha escalado al plano legal. La diputada Paulette Thomas presentó una denuncia penal contra el exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés, solicitando al Ministerio Público que determine su posible responsabilidad en el desabastecimiento de medicamentos, pese a la existencia de inventarios vencidos. La acción legal busca esclarecer si hubo negligencia o irregularidades en la gestión administrativa.

Las autoridades han advertido que estas nuevas diligencias podrían abrir líneas adicionales de investigación, al detectar posibles hechos delictivos no identificados previamente. Esto podría ampliar el número de personas involucradas, incluyendo funcionarios vinculados a áreas de compras, almacenamiento y distribución dentro de la CSS.

El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, defendió el comportamiento del déficit fiscal en el arranque de 2026 y aseguró que el Gobierno mantiene el rumbo para cumplir la meta anual de 3.5% del Producto Interno Bruto, en medio de un escenario marcado por mayor gasto público, crecimiento económico cercano al 4% y un renovado interés de inversionistas extranjeros.

Según explicó, aunque los resultados del primer trimestre no son lineales, lo relevante es el desempeño acumulado al cierre del año.

El funcionario destacó que, tras su participación en las reuniones con organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como encuentros con calificadoras de riesgo y tenedores de bonos, la reacción internacional ha sido positiva.

“Quedaron sorprendidos de los resultados fiscales que ha tenido el país”, afirmó, subrayando que Panamá ha logrado cerrar brechas fiscales más amplias en años anteriores y que el ajuste pendiente para 2026 es menor en comparación.

En paralelo, los datos oficiales muestran que el año inició con presión sobre las finanzas públicas. Al cierre de febrero de 2026, el déficit del Sector Público No Financiero alcanzó $1,110 millones, equivalente al 1.17% del PIB, lo que representa un incremento de $307 millones frente al mismo periodo de 2025.

Este resultado responde principalmente a un crecimiento acelerado del gasto, en especial en inversión pública y compromisos sociales.

Los ingresos totales del Estado sumaron $2,435 millones en el primer bimestre, con un crecimiento de 12.4%, impulsado por aportes de la Caja de Seguro Social y mayores ingresos de capital. Sin embargo, los ingresos corrientes del Gobierno Central mostraron una caída de 2.2%, reflejando debilidad en fuentes tradicionales de recaudación. Aun así, los ingresos tributarios lograron crecer 2.7%, apoyados en el dinamismo del consumo interno.

El contraste más relevante se observa en el gasto público, que alcanzó $3,545 millones, con un aumento de 19.4%, muy por encima del crecimiento de los ingresos. Este comportamiento estuvo impulsado principalmente por el gasto de capital, que se disparó 75.3%, asociado a proyectos de infraestructura como la Línea 3 del Metro de Panamá y el Cuarto Puente sobre el Canal.

Este patrón confirma que el déficit actual responde a una estrategia de ejecución temprana del presupuesto y no a un desorden fiscal.

Chapman insistió en que este comportamiento es consistente con una política orientada a estimular la economía a través de la inversión. En ese sentido, señaló que el crecimiento proyectado para Panamá se mantiene alrededor del 4%, una cifra que, en el contexto de la desaceleración global y regional, posicionaría al país entre las economías de mayor expansión. Además, destacó que este crecimiento debe traducirse en empleo y mejora del ingreso de los hogares.

Otro elemento que presiona las finanzas es el costo de la deuda. En los primeros meses del año, los pagos de intereses alcanzaron $712 millones, un incremento de 11.5%, lo que refleja tanto el peso del endeudamiento como decisiones de manejo de pasivos que adelantaron pagos.

A esto se suma un balance primario negativo de $397 millones y un ahorro corriente de -$438 millones, indicadores que muestran que los ingresos aún no cubren completamente el gasto operativo.

Pese a este panorama, el ministro se mostró optimista sobre el cumplimiento de la meta fiscal. Afirmó que el enfoque del Gobierno está en el resultado anual y no en las variaciones mensuales o trimestrales.

“Eso no es lineal”, indicó, al explicar que el comportamiento del déficit puede fluctuar durante el año, pero que las proyecciones apuntan a cerrar dentro del objetivo establecido.

En materia de inversión, Chapman también resaltó el interés sostenido de empresas internacionales en establecerse en Panamá, aunque advirtió que aún existen obstáculos regulatorios que deben superarse para facilitar su llegada.

En ese contexto, mencionó iniciativas legales orientadas a fortalecer la sustancia económica del país y mejorar su competitividad, lo que podría atraer mayor inversión extranjera directa y contribuir al crecimiento económico.

El desempeño fiscal de 2026 se produce después de un 2025 en el que Panamá logró reducir su déficit a 3.68% del PIB, una mejora cercana al 40%. Ahora, el reto es sostener ese ajuste mientras se impulsa la inversión pública y se atienden compromisos sociales, sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas. El equilibrio entre disciplina fiscal y crecimiento económico será, en definitiva, la prueba clave para el Gobierno en los próximos meses.

Panamá mantiene activas las gestiones diplomáticas para lograr el retorno de siete ciudadanos detenidos en Cuba, en un proceso que el Gobierno ha decidido manejar con discreción y apego a los procedimientos legales del país caribeño, en medio de un caso que sigue bajo investigación y con implicaciones judiciales.

El canciller Javier Martínez-Acha explicó que la estrategia no pasa por la exposición mediática, sino por resultados concretos que permitan avanzar en favor de los connacionales.

“Eso se tiene que gestionar de manera silenciosa y con precisión. Hay que respetar los procesos y las leyes cubanas”, afirmó el jefe de la diplomacia panameña, al explicar que este tipo de casos requiere una actuación firme pero prudente.

El funcionario subrayó que estas acciones responden a instrucciones directas del presidente José Raúl Mulino, quien ha solicitado dar prioridad absoluta a la protección de los ciudadanos involucrados.

El canciller confirmó que, tras la liberación de tres de los diez ciudadanos inicialmente detenidos, siete panameños continúan bajo investigación y enfrentan distintas etapas del proceso, que incluyen juicio y eventual sentencia.

En ese sentido, indicó que el Estado panameño mantiene un acompañamiento integral, que abarca asistencia consular permanente, defensa jurídica y seguimiento cercano a las condiciones de los detenidos.

“Seguimos apoyando firmemente, por instrucciones del presidente Mulino, desde la asistencia consular y las defensas jurídicas que el Estado está asumiendo para los siete”, señaló Martínez-Acha. Añadió que las gestiones continúan de manera constante como parte de una estrategia orientada a lograr “lo más pronto posible” el retorno de los ciudadanos panameños al país.

El caso se remonta al 28 de febrero, cuando diez ciudadanos panameños fueron detenidos en La Habana, bajo acusaciones de participar en actividades de propaganda contra el orden constitucional.

Según la versión oficial de las autoridades cubanas, los implicados habrían sido orientados para realizar acciones consideradas subversivas, en un proceso que sigue en curso para la mayoría de los involucrados.

De acuerdo con información divulgada por el Ministerio del Interior de Cuba, los detenidos habrían ingresado al país con el propósito de confeccionar mensajes con contenido político, lo que derivó en su arresto. Las autoridades también señalaron que estas acciones habrían sido remuneradas con montos que oscilaban entre los $1,000 y $1,500 por persona, lo que forma parte de las investigaciones en curso.

El grupo estaba integrado inicialmente por 20 panameños; sin embargo, 10 lograron salir de la isla antes de que las autoridades cubanas efectuaran las detenciones.

En este contexto, el canciller reiteró que el Estado panameño ha mantenido contactos permanentes con sus contrapartes en Cuba, incluyendo reuniones de alto nivel y gestiones diplomáticas sostenidas. Estas acciones buscan garantizar que se respeten los derechos de los detenidos y avanzar en posibles soluciones dentro del marco legal correspondiente.

“La diplomacia no son titulares, la diplomacia son resultados”, enfatizó Martínez-Acha Vásquez, al referirse a la necesidad de manejar el caso con prudencia. El funcionario insistió en que existe una línea clara de trabajo desde el Ejecutivo para lograr avances concretos sin interferir en los procesos judiciales del país donde se desarrollan los hechos.

Las autoridades panameñas también han facilitado la comunicación con familiares de los detenidos y han evaluado alternativas para que puedan mantener contacto directo, en medio de un proceso que ha generado preocupación en el país. Estas acciones forman parte del acompañamiento integral que el Gobierno ha decidido mantener mientras se desarrolla el caso.

La liberación de tres de las personas detenidas respondió a factores como la colaboración con las autoridades y la aplicación de figuras legales contempladas en el sistema penal cubano. También se consideró un gesto de carácter humanitario en el marco de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Mientras tanto, los siete ciudadanos panameños restantes continúan bajo custodia en instalaciones de seguridad en Cuba, a la espera de la evolución de sus procesos judiciales. El Gobierno panameño ha reiterado que este caso es una prioridad de Estado y que se mantendrán todas las acciones necesarias para lograr una resolución favorable.

El canciller insistió en que el trabajo diplomático seguirá desarrollándose con cautela, pero con un objetivo claro. “No paramos de pensar en ellos ni de hacer gestiones para traerlos de vuelta”, afirmó, al dejar claro que el Gobierno continuará impulsando todas las vías posibles para lograr el retorno de los connacionales en el menor tiempo posible.

El subsidio al combustible en Panamá podría superar los $15 millones mensuales, una cifra que supera la estimación inicial del Gobierno y refleja la alta demanda del programa entre transportistas y sectores productivos, en medio de un contexto internacional marcado por el alza sostenida de los precios del petróleo.

La medida, que comenzó a aplicarse el 15 de abril, busca contener el impacto directo en el bolsillo de los usuarios y evitar un incremento en las tarifas del transporte público y selectivo.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció que el costo del subsidio será mayor al previsto. Explicó que la proyección inicial era de unos $10 millones mensuales, pero el consumo ha superado las expectativas.

“El volumen que están utilizando el transporte de personas, carga, sector agropecuario y pesca artesanal es más alto de lo anticipado”, indicó, al señalar que una extrapolación preliminar ubica el gasto más cerca del rango de $15 millones o incluso por encima de esa cifra.

El programa permite acceder a precios reducidos de combustible, con valores de $0.88 por litro para gasolina de 91 octanos, $0.90 para diésel y $1.00 para gasolina de 95 octanos, lo que representa un alivio frente al mercado. La iniciativa incluye controles tecnológicos, topes de consumo y validación digital, además de requisitos como documentación al día y registro en una plataforma.

En sus primeras horas, más de 600 transportistas hicieron uso del subsidio, mientras que el total de inscritos supera los 21,000 usuarios.

Chapman reiteró que el subsidio funciona como un “paliativo” temporal, con el objetivo de evitar que los costos operativos del transporte se trasladen a los usuarios. El plan tiene una duración inicial de 10 meses, periodo durante el cual se evaluará su impacto en la economía.

La presión sobre el combustible, explicó, se mantiene como uno de los factores más determinantes en la estructura de costos del sector transporte.

Perspectivas se mantienen

En paralelo, el titular de Economía destacó que Panamá mantiene perspectivas de crecimiento cercanas al 4% para 2026, una cifra que ubicaría al país entre las economías de mejor desempeño en el mundo.

Tras participar en las reuniones de primavera del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, el ministro indicó que inversionistas y organismos multilaterales han mostrado interés en el país, pese a un entorno global más complejo.

“El promedio de las proyecciones converge alrededor del 4%, incluso cuando organismos internacionales han ajustado a la baja el crecimiento global”, explicó Chapman. Añadió que el reto principal será lograr que ese crecimiento económico se traduzca en empleo, inversión y mejoras en la calidad de vida, en un proceso que depende de la estabilidad macroeconómica y la atracción de capital extranjero.

El ministro también señaló que durante sus encuentros con calificadoras de riesgo, tenedores de bonos y empresas internacionales, recibió consultas de compañías interesadas en establecer operaciones en Panamá, pero que enfrentan limitaciones regulatorias en sus países de origen. En ese sentido, insistió en la necesidad de facilitar la inversión extranjera directa como motor de crecimiento.

Chapman rechaza señalamientos sobre etanol

En medio de la discusión pública sobre el uso de etanol en combustibles, Chapman aclaró que se ha mantenido “cien por ciento al margen” del proyecto de ley que analiza la Asamblea Nacional. El funcionario subrayó que no ha participado en debates ni decisiones relacionadas con la iniciativa, pese a los cuestionamientos que han surgido en redes sociales y medios de comunicación.

El ministro reconoció que un hermano suyo es director suplente en una empresa vinculada a ingenios azucareros, pero enfatizó que no existe garantía de que dicha compañía participe en el negocio del etanol. Explicó que cualquier decisión en ese sentido requeriría la aprobación de los accionistas y una inversión considerable, por lo que no hay definiciones al respecto.

Además, rechazó los señalamientos sobre la posible creación de un monopolio, al indicar que en Panamá operan al menos cuatro ingenios azucareros, lo que permitiría la participación de múltiples actores en el mercado. También señaló que la legislación permitiría la importación de etanol por parte de cualquier interesado, lo que amplía el espectro de competencia.

Las declaraciones de Chapman se dieron horas después de que la Asamblea Nacional suspendiera, hasta segunda orden, la discusión del proyecto de ley 443, que propone el uso obligatorio de una mezcla de 10% de etanol en la gasolina que se vende en Panamá.

La decisión legislativa fue aprobada con 55 votos a favor y una abstención, luego de que los jefes de bancada acordaran pausar el debate bajo el argumento de que la ciudadanía necesita mayor información sobre los posibles beneficios o impactos de la medida.

El proyecto había sido presentado por el Ejecutivo a través de la Secretaría Nacional de Energía, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Comercio e Industrias, y planteaba una primera etapa con corte obligatorio de gasolina fósil con 10% de etanol. La suspensión se produjo en momentos en que algunos sectores esperaban que el presidente José Raúl Mulino convocara a sesiones extraordinarias para avanzar con la iniciativa, mientras el Órgano Legislativo entra en receso y retomará funciones el próximo 1 de julio.

Copa Airlines anunció la compra de hasta 60 nuevas aeronaves Boeing 737 MAX, una operación que, sumada a órdenes previas, llevará a la aerolínea a incorporar 100 nuevos aviones hacia 2034, consolidando su centro de conexiones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y reforzando su papel como uno de los principales operadores aéreos de América Latina.

El acuerdo incluye 60 aeronaves adicionales que se suman a 40 unidades pendientes de entrega de una compra anterior, lo que permitirá a Copa Airlines duplicar su flota y superar las 200 aeronaves en los próximos años, según explicó su director ejecutivo, Pedro Heilbron.

El directivo subrayó que esta expansión tendrá un impacto directo en la conectividad, el turismo y múltiples sectores económicos, al señalar que el crecimiento proyectado implica más rutas, mayor frecuencia de vuelos y una ampliación significativa del hub regional en Panamá.

En términos financieros, la operación representa una inversión de gran escala. A precio de lista, la nueva orden supera los $7,000 millones, mientras que las 40 aeronaves anteriores se estiman en unos $5,000 millones adicionales, aunque el costo real es menor debido a descuentos negociados con el fabricante.

Aun así, se trata de compromisos de inversión de alto impacto para la aerolínea y el país, que reflejan una estrategia de crecimiento sostenido a largo plazo en una industria caracterizada por su alta volatilidad.

Durante el anuncio, el presidente José Raúl Mulino destacó que la compra constituye una decisión histórica que evidencia la confianza en Panamá como plataforma de conectividad internacional, subrayando que el crecimiento de Copa está estrechamente ligado al desarrollo del Aeropuerto Internacional de Tocumen y a iniciativas como el programa Stop Over, que ha incrementado el número de visitantes que deciden permanecer en el país durante sus escalas.

Mulino también advirtió que esta expansión requerirá nuevas inversiones en infraestructura aeroportuaria, ya que los planes actuales estaban diseñados para absorber las 40 aeronaves ya en proceso de entrega.

Con la incorporación de los nuevos aviones, será necesario ampliar la capacidad operativa del aeropuerto en una segunda etapa, con el objetivo de sostener el crecimiento del llamado Hub de las Américas y garantizar la eficiencia del sistema.

Desde el fabricante, José Sicilia, vicepresidente de Ventas para América Latina y el Caribe de Boeing, calificó la orden como “significativa” y destacó que Copa Airlines es uno de los clientes estratégicos más importantes de Boeing en la región, con más de cuatro décadas operando aeronaves de la familia 737.

El ejecutivo señaló que la aerolínea panameña es un ejemplo de eficiencia operativa, capaz de maximizar el rendimiento de las aeronaves en rutas de largo alcance, mientras conecta múltiples destinos en el continente.

Sicilia también indicó que la demanda de aeronaves en América Latina continuará en crecimiento, con proyecciones que estiman la necesidad de más de 2,000 nuevos aviones en los próximos 20 años, impulsadas tanto por la expansión del mercado como por la renovación de flotas.

En ese contexto, resaltó que la aviación es un factor clave para el desarrollo económico, al facilitar la conectividad en una región con grandes distancias geográficas y limitaciones en otros medios de transporte.

Por su parte, Heilbron detalló que el impacto de esta expansión no solo será operativo, sino también laboral. Explicó que cada aeronave genera alrededor de 70 empleos directos, lo que implica la creación de más de 7,000 nuevos puestos de trabajo directos con la incorporación de las 100 unidades, cifra que podría traducirse en hasta 70,000 empleos indirectos e inducidos en sectores vinculados al turismo y los servicios.

El directivo también enfatizó que el crecimiento de la flota permitirá a Copa Airlines abrir nuevas rutas y fortalecer su red actual, que ya alcanza cerca de 88 destinos en América. Esta expansión busca mantener el liderazgo del hub panameño frente a otros centros de conexión en la región, en un entorno competitivo donde la eficiencia operativa y la capacidad de adaptación son determinantes.

La operación se enmarca en un momento de recuperación y expansión de la industria aérea, tras los desafíos recientes en la cadena de suministro global. Según Boeing, la situación muestra signos de mejora, con avances en la estabilidad de las entregas, aunque persisten factores externos que obligan a mantener cautela en la planificación.

La magnitud del acuerdo no solo redefine el futuro de Copa Airlines, sino que posiciona al país como un actor clave en la dinámica aérea de América Latina en la próxima década.

Panamá reforzó el monitoreo científico de ballenas en una de sus principales zonas de avistamiento, con la recuperación e instalación de hidrófonos en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, en Pedasí, provincia de Los Santos.

La medida busca generar datos sobre los sonidos submarinos, la presencia de cetáceos y el impacto del ruido producido por embarcaciones durante la temporada migratoria, que se extiende de junio a octubre.

El programa Pacífico Sostenible tiene como objetivo fortalecer la conservación de cetáceos mediante la generación de información científica y la reducción de amenazas en el ecosistema marino, integrando herramientas tecnológicas como los hidrófonos para analizar el comportamiento de las especies y mejorar la toma de decisiones en la gestión ambiental.

Esta iniciativa también busca promover un turismo responsable y sostenible, especialmente en zonas como Pedasí, donde la actividad de avistamiento tiene impacto directo en la economía local y en la conservación de la biodiversidad.

En ese contexto, el Ministerio de Ambiente, junto con la organización especializadas, Panacetacea, ha impulsado acciones de monitoreo en Isla Iguana, considerada una de las áreas más importantes del país para el avistamiento de ballenas jorobadas.

Técnicos lograron recuperar un hidrófono que estuvo seis meses en operación, el cual recopiló datos sobre el paisaje sonoro submarino, y colocaron un nuevo equipo que permitirá continuar el registro durante la próxima temporada migratoria, ampliando la base de información disponible.

El uso de hidrófonos permite captar sonidos emitidos por ballenas y otras especies marinas, incluyendo vocalizaciones, clics y patrones acústicos que son claves para identificar su presencia y comportamiento en determinadas zonas.

Además, estos dispositivos permiten detectar ruidos de origen humano, como motores de embarcaciones, lo que facilita evaluar el impacto del ruido antropogénico en la comunicación y desplazamiento de los cetáceos.

Las aguas de Pedasí y el entorno de Isla Iguana son preferidas por las ballenas jorobadas debido a condiciones oceanográficas específicas, como temperaturas cálidas, baja profundidad y relativa protección frente a corrientes marinas intensas.

Estas características convierten la zona en un espacio ideal para el apareamiento y el nacimiento de crías, lo que explica la alta recurrencia de estos animales durante su migración anual hacia el Pacífico panameño.

El avistamiento de ballenas en Panamá inicia generalmente en junio y se extiende hasta octubre, periodo en el que llegan principalmente ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) desde el hemisferio sur.

Durante esta temporada también se pueden observar otras especies como la ballena de Bryde, delfines nariz de botella y delfines manchados, lo que posiciona al país como un punto relevante dentro de las rutas migratorias de mamíferos marinos en la región.

Los datos recolectados permitirán analizar la estacionalidad de las especies, sus rutas migratorias y el uso del hábitat, así como establecer una línea base del ruido ambiental en el área.

Esta información es clave para diseñar políticas de conservación más efectivas, ya que el aumento del tráfico marítimo y las actividades humanas representan una presión creciente sobre los ecosistemas marinos y la supervivencia de las especies.

Especialistas han advertido que el ruido submarino puede alterar la comunicación de las ballenas, afectar su reproducción y modificar sus patrones de migración, lo que hace necesario implementar medidas de mitigación basadas en evidencia científica.

En ese sentido, el monitoreo acústico se consolida como una herramienta estratégica para anticipar riesgos y mejorar la protección de los cetáceos en aguas panameñas.

Además del componente científico, la iniciativa contempla fortalecer las capacidades de operadores turísticos para promover prácticas sostenibles de observación de ballenas, así como documentar la participación de las mujeres en esta actividad económica, en línea con un enfoque de desarrollo inclusivo.

Estas acciones buscan equilibrar la actividad turística con la conservación del ecosistema marino, evitando impactos negativos sobre las especies.

El proyecto Pacífico Sostenible se ejecuta con el apoyo de aliados estratégicos como Fundación MarViva, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza y financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, consolidando un esfuerzo regional que apuesta por la ciencia y la cooperación internacional para proteger la biodiversidad marina en Panamá.

En medio del incremento de hechos violentos en Panamá, los tribunales de justicia han confirmado y dictado condenas en distintos casos de homicidio y delitos sexuales, con penas que alcanzan hasta 48 años de prisión, reflejando la respuesta del sistema judicial ante crímenes de alto impacto registrados en los últimos años en diferentes provincias del país.

Uno de los fallos más severos fue la confirmación de la condena de 48 años de prisión contra un hombre conocido como alias “Zaza”, sancionado por los delitos de homicidio y robo en un caso ocurrido en el corregimiento de Rufina Alfaro, en San Miguelito.

El Ministerio Público logró que se rechazara un recurso de anulación presentado por la defensa, luego de sustentar que el Tribunal de Juicio valoró correctamente las pruebas presentadas, las cuales fueron consideradas adecuadas y conforme a derecho.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el 11 de agosto de 2023 en una residencia en Cerro Viento, cuando el sentenciado agredió a la víctima con un arma blanca, provocándole más de 50 heridas que causaron su muerte.

El caso fue llevado por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito, que logró sostener la validez del proceso y la condena impuesta en primera instancia.

En otro proceso, la Fiscalía Regional de Panamá Oeste obtuvo una condena de 30 años de prisión contra un hombre de 65 años, hallado culpable por el delito de homicidio en perjuicio de una mujer de 89 años, en un hecho registrado en el distrito de La Chorrera.

Durante la lectura de sentencia, el Tribunal de Juicio también impuso la pena accesoria de inhabilitación para portar armas de fuego por 30 años, una vez cumplida la condena principal.

Este caso fue sustentado durante un juicio oral realizado entre el 6 y el 10 de abril de 2026, en el que el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales, que permitieron a un jurado de conciencia emitir un veredicto de culpabilidad.

El crimen se remonta al 11 de noviembre de 2023, cuando dos hombres ingresaron a la residencia de la víctima en el sector de Las Lajas, en el corregimiento de Obaldía, donde la agredieron físicamente y la hirieron con arma blanca en el cuello.

Por este mismo caso, las autoridades también lograron otras condenas vinculadas al hecho, incluyendo una pena de 20 años de prisión para otro implicado por homicidio doloso agravado, así como una sentencia de 12 años de prisión mediante acuerdo de pena para un tercer ciudadano, lo que refleja la responsabilidad compartida en el crimen investigado.

En la provincia de Darién, la Sección de Juicio Oral de la Fiscalía Regional logró una condena de 6 años de prisión contra un hombre de 70 años, declarado culpable por el delito de actos libidinosos en perjuicio de un menor de 10 años de edad.

El hecho ocurrió en el corregimiento de Santa Fe durante el mes de febrero de 2023, cuando el imputado, quien era vecino de la víctima, perpetró el delito.

La denuncia fue presentada por la madre del menor, lo que permitió que el Ministerio Público iniciara las investigaciones y posteriormente sustentara el caso ante el tribunal.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales, que fueron consideradas suficientes para acreditar la responsabilidad penal del sentenciado, derivando en la condena impuesta.

Estos fallos se producen en un contexto en el que las autoridades judiciales han reiterado la importancia de fortalecer los procesos investigativos y garantizar el cumplimiento de las penas, especialmente en casos que involucran delitos graves contra la vida y la integridad personal, en medio de la preocupación por el aumento de hechos violentos en distintas regiones del país.

Hasta marzo, en Panamá se habían reportado al menos 130 homicidios, una cifra que refleja la persistencia de la violencia en distintos puntos del país, pero que en los últimos días ha estado acompañada por una serie de ataques que han quedado registrados en video, evidenciando la gravedad y exposición pública de estos hechos.

En varias de estas grabaciones se observan agresiones armadas en espacios abiertos y zonas residenciales, que han dejado múltiples víctimas, lo que ha generado mayor preocupación por la seguridad y el nivel de violencia, así como por la capacidad de respuesta de las autoridades ante este tipo de incidentes.

Mientras el ecosistema digital gana terreno en Panamá, más del 50% de las transacciones en el país todavía se realizan en efectivo, especialmente en pagos de bajo monto y fuera de la capital.

La cifra, reiterada por actores del sistema financiero, evidencia una brecha persistente entre el crecimiento de las plataformas digitales y los hábitos reales de consumo de la población, donde el dinero físico sigue siendo el mecanismo dominante en la economía cotidiana.

De acuerdo con representantes del sector, el uso del efectivo continúa predominando en actividades como servicios informales, comercio minorista y trabajos independientes, donde la infraestructura de pagos digitales sigue siendo limitada.

La baja penetración de terminales y la preferencia cultural por el dinero físico siguen condicionando el ritmo de adopción, especialmente en zonas fuera del área metropolitana.

“Más del 50% seguimos haciéndolo en efectivo, particularmente en transacciones del día a día”, explicó Alexander Acosta, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Telered, quien comentó que este comportamiento está directamente vinculado a la falta de aceptación de pagos digitales en pequeños comercios y a la ausencia de soluciones para trabajadores independientes.

A pesar de ese panorama, comienzan a registrarse señales de cambio. Según datos comentados por Acosta, las transacciones de retiro de efectivo en cajeros automáticos han disminuido entre 4% y 5% en comparación con el año anterior. Esto indica que, aunque el efectivo sigue siendo dominante, existe una tendencia gradual hacia el uso de medios electrónicos para pagos y transferencias.

En este contexto, las fintech han emergido como uno de los principales motores de transformación del ecosistema. Su crecimiento, calificado como “exponencial”, responde a la facilidad de acceso, la rapidez en la apertura de cuentas y una experiencia de usuario más simple frente a la banca tradicional, destacó Juan Andrés Mendoza, director general de la billetera digital Zinli.

Sin embargo, el avance no está exento de obstáculos. Uno de los principales retos sigue siendo la confianza del usuario, especialmente en poblaciones no bancarizadas. Persiste el temor a perder el dinero, la percepción de que los servicios digitales implican costos adicionales y la falta de educación financiera, factores que ralentizan la adopción, destacó Acosta.

“Sobre todo fuera de la ciudad, el principal problema es el temor a utilizar herramientas digitales y la costumbre de manejar efectivo”, insistió Acosta, al subrayar que la transición hacia un sistema más digital dependerá en gran medida de programas de educación y de la capacidad de acercar estas soluciones a las comunidades.

Otro punto clave dentro del debate es la regulación del ecosistema fintech. Mientras algunos actores consideran necesario establecer reglas mínimas que garanticen transparencia y seguridad, otros sostienen que la autorregulación y la coordinación entre participantes pueden ser suficientes para impulsar el crecimiento sin frenar la innovación.

“La banca tradicional tiene cierto temor porque no ve una reglamentación similar a la que ellos tienen”, señaló Acosta, al referirse a las diferencias entre los esquemas regulatorios de la banca y las plataformas digitales emergentes.

Billetera digital en ACH Xpress

En medio de este escenario, el sistema financiero panameño ha comenzado a integrar a nuevos actores dentro de su infraestructura. Uno de los desarrollos recientes es la incorporación de la billetera digital Zinli a la red ACH Xpress de Telered, lo que permite realizar transferencias interbancarias inmediatas entre distintas entidades del país.

De acuerdo con la información presentada durante el lanzamiento, esta integración convierte a Zinli en la primera fintech en Panamá en conectarse directamente a este sistema, ampliando el acceso a transferencias en tiempo real y permitiendo a los usuarios operar dentro del sistema financiero sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional.

La plataforma, desarrollada por MFTech S.A., parte del ecosistema de Banco Mercantil, permite abrir una cuenta en menos de cinco minutos utilizando únicamente la cédula o el pasaporte. A través de esta cuenta, el usuario obtiene un número reconocido por el sistema de pagos electrónicos, lo que facilita transferencias, recargas y pagos dentro y fuera del país.

“Esto no es competir con la banca, es complementarla e impulsar el ecosistema”, afirmó el director general de Zinli, quien destacó que la integración busca ampliar la inclusión financiera y conectar a más usuarios con el sistema formal.

El modelo incorpora además herramientas como un número de cuenta para operaciones mediante ACH Xpress y un número de tarjeta que permite realizar compras en comercios y suscripciones digitales en más de 135 países, lo que amplía el alcance de la billetera más allá del mercado local, acotó el ejecutivo.

Según las proyecciones de la compañía, se espera alcanzar unas 50,000 transacciones bajo esta modalidad en los próximos 12 meses, en un intento por consolidar su participación dentro del sistema de pagos panameño y aprovechar la interoperabilidad con la red bancaria.

A nivel global, la billetera reporta más de 1.5 millones de usuarios, con un crecimiento sostenido impulsado por la digitalización de pagos y la adopción de soluciones móviles. En Panamá, el objetivo está centrado en captar usuarios no bancarizados y facilitar su incorporación al sistema financiero.

Desde la perspectiva de los actores del sistema, la reducción del efectivo será un proceso progresivo. Factores como la cobertura tecnológica, la confianza del usuario y la educación financiera seguirán determinando la velocidad del cambio hacia un modelo más digital.

Las aspiraciones salariales en Panamá registraron una caída acumulada de 7.87% durante el primer trimestre de 2026, en un contexto donde el mercado laboral refleja señales de ajuste en las expectativas de los trabajadores.

El salario promedio requerido se ubicó en $984 en marzo, consolidando una tendencia descendente que se ha mantenido desde enero y que marca el nivel más bajo desde que se mide este indicador.

El informe del mercado laboral correspondiente a marzo evidencia que, aunque enero inició con una aspiración salarial promedio de $1,011, seguida por febrero con $994, el descenso progresivo llevó a marzo a cerrar con una caída mensual de 0.99% y una reducción interanual de 5.21%.

Este comportamiento refleja un ajuste en las expectativas de los postulantes frente a las condiciones actuales del mercado laboral.

El análisis por nivel de experiencia muestra diferencias marcadas. En marzo, los puestos de jefe o supervisor registraron un salario promedio de $1,303, mientras que las posiciones semi senior y senior alcanzaron $1,017, y el segmento junior se ubicó en $745.

Todos los niveles presentaron disminuciones en comparación con el mes anterior, lo que confirma que la tendencia a la baja es transversal en el mercado.

La brecha salarial por género se mantiene como otro de los elementos relevantes del informe. En marzo, el salario requerido por los hombres se situó en $1,010, mientras que el de las mujeres fue de $959, lo que representa una diferencia de 5.31% a favor de los varones.

Este indicador, aunque menor que en enero, evidencia que persisten desafíos en materia de equidad dentro del mercado laboral panameño.

A nivel sectorial, las diferencias también son notorias. En el segmento junior, áreas como Recursos Humanos registraron los salarios más altos con $793, mientras que el sector Otros presentó los niveles más bajos con $717.

En contraste, dentro de las posiciones senior, el área de Tecnología y Sistemas alcanzó $1,143, mientras que el sector Otros se ubicó en $869, mostrando disparidades significativas entre industrias.

El comportamiento mensual también revela caídas en la mayoría de las áreas. En marzo, el segmento junior registró una variación de -0.84%, mientras que en posiciones senior la disminución fue de -1.15%, con sectores como Recursos Humanos cayendo hasta 10.27% en el mes.

Estas cifras reflejan una presión generalizada sobre las expectativas salariales en distintos niveles de experiencia.

En cuanto a los extremos salariales, el informe identifica diferencias relevantes entre posiciones. Durante el trimestre, los salarios más altos se registraron en áreas como Infraestructura con hasta $3,000 en niveles de supervisión, mientras que los más bajos se ubicaron en puestos como Mantenimiento y Limpieza con $637 en el segmento junior.

Esta brecha evidencia la segmentación del mercado laboral según especialización y nivel técnico.

El informe también destaca que los sectores de Ventas y Comercial lideran tanto en la oferta de empleo como en las postulaciones, con participaciones de 14.43% y 10.50% respectivamente en avisos, lo que refleja una alta demanda en áreas vinculadas a la actividad comercial. Esta dinámica confirma la importancia de estos sectores dentro de la estructura del mercado laboral panameño.

A nivel demográfico, los jóvenes también muestran un comportamiento particular. El grupo de 18 a 24 años representa el 18.35% de las postulaciones, con un salario promedio requerido de $735, lo que evidencia una brecha significativa frente al promedio general del mercado. Este segmento continúa siendo uno de los más activos en la búsqueda de empleo, aunque con expectativas salariales más bajas.

El comportamiento del primer trimestre confirma una tendencia clara: aunque el mercado laboral mantiene movimiento en términos de oferta y demanda, las aspiraciones salariales están ajustándose a la baja.

Este escenario plantea un desafío para el equilibrio entre expectativas de los trabajadores y condiciones del mercado, en un entorno donde la presión económica y la dinámica del empleo continúan marcando el rumbo de las remuneraciones en Panamá.

Panamá albergará nuevos entrenamientos conjuntos con fuerzas de Estados Unidos, como parte de una agenda de cooperación bilateral en seguridad que ha ganado intensidad en 2026.

El Servicio Nacional Aeronaval informó que, entre el 24 de abril y el 16 de mayo, permanecerán en el país tres helicópteros militares estadounidenses, en el marco de ejercicios coordinados que involucran a distintos estamentos de seguridad panameños y que refuerzan la presencia operativa conjunta en territorio nacional.

Las aeronaves, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, incluyen dos helicópteros HH-60 y un UH-60 Black Hawk, que brindarán apoyo a entrenamientos en la Escuela de Selva ubicada en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en la provincia de Colón.

Estas operaciones forman parte de un programa oficial orientado al desarrollo de capacidades en entornos complejos, con énfasis en coordinación táctica, movilidad aérea y respuesta operativa.

Los ejercicios, denominados Entrenamiento Combinado de Operaciones Tácticas de Supervivencia en Selva, se realizarán entre el 28 de abril y el 15 de mayo de 2026, con la participación de unidades del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, junto a infantes de Marina de Estados Unidos.

El enfoque de estas maniobras está centrado en la interoperabilidad entre fuerzas, el trabajo conjunto y la preparación ante escenarios de riesgo, más que en la formación básica de tropas extranjeras.

Este tipo de entrenamientos no es nuevo, pero su frecuencia ha aumentado en el último año. En febrero de 2026, fuerzas panameñas y estadounidenses desarrollaron ejercicios similares en la Base Naval de Sherman, enfocados en técnicas de supervivencia, patrullaje y operaciones en selva, con participación de personal de ambas naciones.

Estas actividades forman parte de una agenda continua de cooperación que se ha mantenido activa en distintos puntos del país.

A esto se suma la reciente presencia de activos militares estadounidenses en territorio panameño. En marzo, el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley participaron en ejercicios de cooperación marítima “Mares del Sur 2026”, permaneciendo en aguas panameñas como parte de un despliegue regional que incluyó maniobras navales y operaciones conjuntas con países aliados.

Además, en semanas previas arribaron al país 41 infantes de Marina de Estados Unidos, quienes se integraron a entrenamientos combinados con fuerzas panameñas en instalaciones estratégicas como la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón.

Estas actividades, según el propio Servicio Nacional Aeronaval, buscan fortalecer las capacidades operativas y la protección de infraestructuras clave como el Canal de Panamá, dentro de un esquema de cooperación bilateral vigente.

La intensificación de estos ejercicios ocurre en un contexto en el que la relación entre Panamá y Estados Unidos se mantiene estable, luego de un inicio complejo durante la administración del presidente Donald Trump, cuando se generaron tensiones por advertencias relacionadas con el control del Canal de Panamá.

Con el paso del tiempo, esas preocupaciones han sido descartadas, dando paso a una agenda centrada en la cooperación en seguridad, el combate a amenazas transnacionales y la protección de rutas estratégicas.

En ese marco, las autoridades panameñas han reiterado que estos entrenamientos se desarrollan como parte de acuerdos de cooperación y con respeto a la soberanía nacional, en línea con los mecanismos de colaboración vigentes.

Las actividades se enfocan en mejorar la capacidad de respuesta conjunta frente a riesgos como el crimen organizado, la migración irregular y otros desafíos que impactan la seguridad regional.

El programa actual refuerza una tendencia observable en 2025 y 2026: el aumento de ejercicios combinados, despliegues rotativos y actividades de coordinación entre fuerzas de ambos países. Esta dinámica responde a la necesidad de mantener niveles de preparación operativa en un entorno cambiante, donde la cooperación internacional se ha convertido en un elemento clave para la seguridad hemisférica.

La Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 465, una iniciativa que busca regular el uso de animales en la investigación científica y la docencia en Panamá, en un contexto marcado por la ausencia de una legislación específica que establezca límites claros y estándares éticos.

La propuesta, impulsada por el diputado Miguel Campos, surge precisamente para llenar ese vacío normativo que, según el propio documento, ha dejado al país sin herramientas integrales para supervisar estas prácticas.

Actualmente, Panamá carece de una norma que aborde de forma directa el uso de animales en contextos científicos, lo que ha generado un escenario en el que las regulaciones existentes resultan parciales, dispersas y sin profundidad técnica suficiente.

Aunque hay leyes vinculadas a la salud o protección animal, estas no contemplan con precisión los principios bioéticos, científicos y regulatorios que exige la investigación moderna, lo que limita tanto el desarrollo científico responsable como la protección efectiva de los animales utilizados, indica la iniciativa legislativa.

Este vacío legal no es un detalle menor. La falta de reglas claras implica que instituciones públicas y privadas operen sin un marco uniforme, lo que abre la puerta a riesgos legales, cuestionamientos éticos y posibles conflictos en la aplicación de estándares internacionales.

Además, la ausencia de supervisión estructurada dificulta la fiscalización de prácticas, afectando la transparencia y debilitando la confianza en el sistema científico nacional.

El proyecto de ley plantea establecer un sistema integral que regule aspectos clave como la producción, cría, manejo, uso, cuidado y bienestar de los animales en investigación y docencia, incorporando principios reconocidos a nivel global como las Tres R: reemplazo, reducción y refinamiento. Estos lineamientos buscan limitar el uso innecesario de animales, reducir su número y mejorar las condiciones en las que son utilizados.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación del Comité Nacional de Investigación Animal de Panamá (CNIAP), que funcionaría como órgano técnico encargado de regular, supervisar y emitir directrices sobre el uso de animales en actividades científicas.

Este organismo tendría la responsabilidad de establecer criterios, evaluar prácticas y garantizar que se cumplan estándares éticos y técnicos en todo el país.

A nivel institucional, la iniciativa también contempla la obligación de que universidades, centros de investigación y entidades públicas o privadas cuenten con comités internos de ética y bienestar animal, encargados de evaluar previamente los protocolos científicos.

Esto implica que ningún proyecto que involucre animales podría ejecutarse sin una revisión técnica que determine su validez científica, justificación y nivel de impacto en los animales.

El documento subraya que la utilización de animales en la ciencia ha sido fundamental para el desarrollo de tratamientos médicos, vacunas y avances en áreas como la farmacología y la biomedicina, pero advierte que estos beneficios deben ir acompañados de un marco ético robusto.

En ese sentido, se reconoce que los animales son seres sintientes capaces de experimentar dolor, estrés y sufrimiento, lo que obliga a establecer límites claros en su uso.

Otro elemento clave es la alineación con estándares internacionales. El proyecto toma como referencia legislaciones de países como Costa Rica, Brasil y México, donde ya existen normativas que exigen justificación científica, supervisión ética, uso mínimo de animales y condiciones adecuadas de bienestar.

La ausencia de una ley similar en Panamá ha sido identificada como una desventaja para la integración del país en redes científicas globales.

La propuesta también introduce mecanismos de control más estrictos, incluyendo la posibilidad de suspender investigaciones, imponer sanciones e incluso inhabilitar a responsables en casos de maltrato o incumplimiento de normas éticas. Estas medidas buscan cerrar los espacios de discrecionalidad que hoy existen y garantizar que cualquier uso de animales esté debidamente justificado y supervisado.

Más allá del componente técnico, el proyecto intenta responder a una demanda social creciente por mayor protección animal. La iniciativa plantea que el desarrollo científico debe avanzar de forma responsable, transparente y alineada con valores de respeto y bienestar, en un contexto donde la sociedad exige mayor control sobre prácticas que históricamente han operado con poca visibilidad.

Con su aprobación en primer debate, el proyecto abre una discusión clave sobre el equilibrio entre ciencia y ética en Panamá. El reto ahora será consolidar una legislación que no solo cierre el vacío legal existente, sino que también permita al país avanzar hacia un modelo de investigación más regulado, supervisado y compatible con los estándares internacionales de bienestar animal.

El primer trimestre de 2026 cerró con 130 víctimas de homicidio en Panamá, una cifra que representa una disminución de 9% frente a igual periodo de 2025, cuando se registraron 143 casos.

Sin embargo, el dato agregado oculta una dinámica relevante: marzo se convirtió en el mes más violento del trimestre, con 53 homicidios, superando ampliamente a enero con 42 y febrero con 35, lo que evidencia una tendencia al alza en la violencia letal hacia el cierre del periodo.

El desglose mensual confirma esta evolución. Enero concentró el 32% de los homicidios, mientras que febrero representó el 27%, pero marzo acumuló el 41% del total de casos, consolidándose como el punto más crítico del trimestre.

Este comportamiento plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias de seguridad en el corto plazo, ya que, aunque el acumulado muestra una baja interanual, la intensidad de los hechos en marzo rompe la tendencia inicial del año.

A nivel geográfico, la violencia homicida se mantiene concentrada en áreas específicas. Panamá registró 52 casos (40%), seguido de San Miguelito con 26 (20%) y Panamá Oeste con 17 (13%), mientras que Colón reportó 22 homicidios (16.9%). Estas cuatro zonas agrupan la mayoría de los hechos, confirmando la persistencia de focos territoriales de alta incidencia delictiva, mientras que provincias como Bocas del Toro, Veraguas y comarcas indígenas no registraron casos en este periodo.

El perfil de las víctimas también refleja patrones claros. El 94% de los homicidios corresponde a hombres (122 casos), frente a un 6% de mujeres (8 casos), lo que confirma que la violencia letal sigue afectando principalmente a la población masculina.

No obstante, dentro de este total se incluyen los casos de femicidio, que requieren un análisis diferenciado por su naturaleza y contexto.

En cuanto a la edad, el grupo más afectado es el de jóvenes adultos. Las personas entre 18 y 24 años concentran 40 víctimas (30.8%), seguido por el rango de 25 a 29 años con 26 casos (20%), lo que implica que más de la mitad de los homicidios se concentra en población joven.

Esta distribución evidencia una alta exposición de jóvenes a dinámicas de violencia, vinculadas en muchos casos a entornos urbanos y actividades delictivas.

El tipo de arma utilizada refuerza el patrón de criminalidad violenta. El 83.8% de los homicidios se cometió con armas de fuego (109 casos), muy por encima de las armas blancas con 12 casos (9.2%). Otros mecanismos como asfixia mecánica (2 casos) e incendiarismo (1 caso) tienen una incidencia marginal, mientras que un 4.6% permanece sin determinar, lo que sugiere investigaciones en curso o limitaciones forenses en algunos casos.

El análisis comparativo por región entre 2025 y 2026 muestra comportamientos mixtos. Colón registra una reducción de 33%, mientras que Panamá baja 13% y San Miguelito 7%, pero otras áreas presentan incrementos, como Panamá Oeste con un alza de 21%, y provincias como Chiriquí y Coclé con aumentos de 67%.

Este contraste refleja que la disminución nacional no es homogénea, sino resultado de variaciones territoriales con realidades distintas.

En paralelo, el informe de femicidios aporta una dimensión adicional a la violencia registrada. Durante el primer trimestre se contabilizan 7 femicidios, 9 tentativas y 1 muerte violenta de mujer, siendo marzo nuevamente el mes más crítico con 4 femicidios, frente a 1 en enero y 2 en febrero. Esto evidencia que, al igual que en los homicidios generales, existe una concentración de los hechos en el último mes del periodo analizado.

El desglose de femicidios también muestra concentración territorial. San Miguelito lidera con 3 casos, seguido de Panamá Oeste con 2, mientras que otras provincias registran incidencias menores. En cuanto a los métodos, predominan las armas de fuego con 4 casos, aunque también se reportan situaciones con arma blanca, asfixia mecánica y casos sin determinar, lo que refleja la diversidad de escenarios en los que ocurre la violencia de género.

A nivel global, la violencia entre jóvenes se ha consolidado como uno de los principales problemas de seguridad y salud pública. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 193,000 jóvenes de entre 15 y 29 años mueren cada año por homicidio, lo que representa cerca del 40% del total de homicidios en el mundo, una proporción que evidencia el peso desproporcionado de este fenómeno en la población joven.

Este patrón es especialmente marcado en regiones como América Latina, donde los homicidios figuran entre las principales causas de muerte en hombres jóvenes, reflejando una combinación de factores como desigualdad, exclusión social y acceso a entornos violentos.

Organismos como UNICEF advierten que la violencia letal es solo una parte de un problema más amplio, ya que alrededor de 130,000 niños y adolescentes menores de 20 años mueren cada año por causas violentas, y la mayoría son varones en etapas avanzadas de la adolescencia.

Además, el impacto va más allá de las víctimas directas: millones de jóvenes crecen expuestos a entornos violentos, lo que incrementa el riesgo de reproducción de estos patrones en el tiempo. Este escenario confirma que la violencia juvenil no solo es un tema de seguridad, sino un problema estructural con consecuencias sociales, económicas y generacionales que sigue desafiando a los sistemas de prevención a nivel global.

El ejercicio del periodismo en Panamá enfrenta presiones persistentes en los ámbitos judicial, político y económico, según el informe presentado durante la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada el 23 y 24 de abril de 2026.

El documento advierte que, aunque no se registran agresiones físicas graves contra periodistas, se mantienen mecanismos indirectos que afectan la libertad de prensa y generan preocupación sobre el respeto a este derecho fundamental.

Uno de los principales desafíos identificados es el uso de demandas civiles y penales como herramienta de presión contra periodistas y medios, en un marco legal que permite incluso el secuestro de bienes desde etapas iniciales del proceso, sin que necesariamente existan pruebas concluyentes.

Este tipo de acciones no solo incrementa los costos operativos de los medios, sino que también afecta su sostenibilidad y limita la cobertura de temas sensibles, al generar un entorno de riesgo jurídico constante.

Hay medios en el país que enfrentan múltiples procesos judiciales y costos legales millonarios, con demandas que superan los $5millones en primera instancia y otras que han derivado en pagos significativos. A esto se suma el mantenimiento de fondos restringidos por más de $1.2 millones, lo que refleja cómo el sistema judicial puede convertirse en un factor de presión económica directa sobre los medios.

A nivel político, también se identifican tensiones relevantes. La asignación de publicidad oficial como mecanismo de presión ha sido denunciada por diversos actores del sector, señalando que la restricción o retiro de pautas estatales puede influir en las líneas editoriales. Este tipo de prácticas, aunque no constituyen censura directa, generan incentivos para moderar contenidos críticos, afectando la independencia informativa.

El ámbito judicial presenta además precedentes que preocupan a los gremios periodísticos. Hay casos donde periodistas han recibido una orden que le prohibía informar sobre determinados temas durante meses, evidencian la vulnerabilidad del ejercicio periodístico frente a decisiones judiciales que pueden limitar la cobertura de asuntos de interés público, incluso cuando posteriormente sean revocadas.

Otro foco de presión proviene de actores vinculados a investigaciones o figuras públicas, quienes han recurrido a amenazas de demandas, solicitudes de eliminación de contenido y argumentos como un supuesto “derecho al olvido”, inexistente en la legislación local.

En algunos casos, incluso se han detectado ofrecimientos económicos para retirar publicaciones, lo que evidencia una combinación de presión, desinformación jurídica e intentos de censura encubierta.

En el plano legislativo, iniciativas como la reforma al derecho a réplica han generado preocupación por su potencial impacto. La propuesta plantea obligaciones más estrictas para los medios, incluyendo la publicación de réplicas con igual prominencia, lo que podría traducirse en mayores cargas legales, administrativas y exposición a sanciones, reduciendo la capacidad de decisión editorial y ampliando los mecanismos de presión sobre el periodismo.

A esto se suma un entorno de limitaciones en el acceso a la información pública, donde funcionarios evitan responder o utilizan normativas de protección de datos para negar información que debería ser accesible.

La falta de avances en materia de transparencia refuerza un escenario en el que el periodismo enfrenta obstáculos estructurales para cumplir su función de fiscalización.

En el entorno digital, aunque el acoso ha disminuido en términos generales, persisten campañas de desprestigio coordinadas en redes sociales, junto con la proliferación de plataformas de origen incierto que amplifican ataques contra periodistas.

Este fenómeno dificulta la trazabilidad de las agresiones y contribuye a un clima de desinformación y desgaste reputacional para los medios tradicionales, indica la SIP.

Frente a este panorama, los expertos coinciden en que reformar el marco legal para evitar abusos en demandas, garantizar reglas claras sobre el uso de la publicidad estatal, fortalecer la transparencia institucional y proteger el ejercicio periodístico frente a decisiones judiciales desproporcionadas son pasos clave para reducir las amenazas.

Aunque Panamá mantiene condiciones básicas para la prensa, el desafío está en cerrar los espacios de presión indirecta que hoy afectan la libertad informativa y, en consecuencia, el derecho ciudadano a estar informado.

Tres de los panameños que permanecían detenidos en Cuba fueron liberados y autorizados a salir de la isla, informó el Gobierno de Panamá este viernes.

Las ciudadanas Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Stefany Gudiño forman parte del grupo de 10 connacionales que había quedado bajo custodia de las autoridades cubanas, luego de un caso que inició con 20 panameños señalados por presuntas acciones de contenido político en La Habana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la decisión fue adoptada por las autoridades cubanas como un gesto de humanidad y amistad hacia Panamá, tomando en cuenta la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso. Según el comunicado, la medida también se enmarca en la figura jurídica de colaborador eficaz y en la aplicación del criterio de oportunidad, conforme al ordenamiento penal cubano.

El caso comenzó el 2 de marzo, cuando autoridades de Cuba detuvieron a un grupo de panameños por su presunta vinculación con la elaboración de mensajes contra el sistema político de la isla. Las frases, como “Abajo la tiranía” y “Comunismo: enemigo de la comunidad”, aparecieron fechadas el 28 de febrero y hacían referencia directa al régimen cubano y a figuras políticas de Estados Unidos.

Inicialmente, el caso involucraba a 20 panameños. De ellos, 10 lograron salir de Cuba antes de las detenciones, mientras que otros 10 permanecieron bajo investigación. Con la liberación de Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Stefany Gudiño, ahora quedan siete panameños detenidos en la isla, mientras continúa el seguimiento diplomático y consular por parte del gobierno panameño.

El Gobierno de Panamá agradeció al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y a las autoridades de la isla por haber permitido la salida de las tres ciudadanas. La Cancillería panameña sostuvo que la decisión fue posible tras las gestiones realizadas desde el inicio del caso y la cooperación entre ambos gobiernos.

Desde que se conocieron las detenciones, el presidente José Raúl Mulino instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores a realizar todas las acciones necesarias para garantizar la defensa jurídica, la protección diplomática y la asistencia consular de los ciudadanos panameños retenidos en Cuba. La prioridad oficial, según la Cancillería, ha sido lograr su pronta liberación y asegurar el respeto de sus derechos durante el proceso.

El canciller Javier Martínez-Acha viajó recientemente a La Habana para sostener reuniones con autoridades cubanas, incluyendo un encuentro con su homólogo Bruno Rodríguez Parrilla. La visita se produjo luego de varias semanas de gestiones consulares y diplomáticas, en momentos en que el caso había escalado en la agenda bilateral entre Panamá y Cuba.

Panamá también reconoció la labor del embajador Edwin Pitty, quien ha dado seguimiento directo al caso en territorio cubano. De acuerdo con el comunicado oficial, el diplomático ha acompañado a los detenidos desde el primer momento, verificando sus condiciones y manteniendo comunicación con las autoridades locales para atender la situación de los connacionales.

Aunque la liberación de tres ciudadanas representa un avance, el caso todavía no está cerrado. Siete panameños continúan bajo custodia en Cuba y su situación dependerá de las decisiones que adopten las autoridades judiciales de la isla. El Gobierno panameño reiteró que mantendrá las gestiones diplomáticas necesarias para procurar el bienestar y una pronta resolución para los connacionales que permanecen detenidos.

Un ciudadano de nacionalidad cubana fue detenido en Panamá tras ser requerido por Estados Unidos por múltiples delitos graves, en una operación ejecutada por la Policía Nacional a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá, que refuerza el papel del país como punto clave en la cooperación internacional contra el crimen organizado.

La aprehensión se realizó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con apoyo de funcionarios del Servicio Nacional de Migración, justo cuando el individuo intentaba ingresar al país en un vuelo procedente de Paramaribo, Surinam, confirmando nuevamente que esta terminal aérea concentra la mayoría de las capturas vinculadas a alertas internacionales.

Según las autoridades estadounidenses, el detenido está presuntamente vinculado a una estructura criminal transnacional, dedicada a la trata de personas, tráfico sexual, tráfico ilícito de migrantes, extorsión y acoso cibernético, delitos que forman parte de las investigaciones en curso en territorio estadounidense.

De acuerdo con las pesquisas, la organización habría operado mediante un esquema de captación de mujeres bajo engaño, financiando su traslado irregular a través de distintos países para posteriormente someterlas a explotación sexual mediante amenazas, coerción, endeudamiento fraudulento y violencia psicológica.

Las autoridades también señalaron que el sospechoso utilizaba herramientas digitales y redes sociales para mantener control sobre sus víctimas, incluyendo intimidación, extorsión y la difusión de material íntimo, prácticas que evidencian la evolución de estas redes hacia esquemas que combinan delitos físicos y cibernéticos.

El caso se suma a una serie de detenciones recientes en Panamá de ciudadanos requeridos por Estados Unidos, lo que refleja una tendencia creciente en la cooperación judicial entre ambos países y en el uso de alertas internacionales para ubicar a individuos vinculados a delitos de alto impacto.

Uno de los casos más relevantes es el del ciudadano iraní Reza Dindar, detenido en el Aeropuerto de Tocumen en julio de 2025 y extraditado el 16 de abril de 2026, quien enfrenta nueve cargos federales en Seattle por conspiración, contrabando y lavado de dinero, en un esquema para evadir sanciones comerciales mediante el envío ilegal de tecnología hacia Irán.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Dindar utilizó una empresa en China para adquirir componentes de sonar militar en Estados Unidos, declarando falsamente su destino final, lo que podría acarrearle una pena de hasta 20 años de prisión, en uno de los casos más complejos de evasión de sanciones en la región.

En el primer trimestre de 2026, Panamá también ejecutó la extradición de ciudadanos extranjeros vinculados a delitos comunes, incluyendo un ciudadano hondureño solicitado por secuestro y un dominicano requerido por violación sexual infantil, ambos entregados a la justicia estadounidense en enero.

A estos se suma el caso de Dallas Pokornik, ciudadano estadounidense conocido como el “falso piloto”, quien fue deportado tras determinarse que había cometido fraudes y estafas utilizando identidades falsas, afectando a múltiples empresas del sector aeronáutico.

Actualmente, otros procesos se mantienen en curso, como el de alias “Monito”, ciudadano colombiano vinculado al Clan del Golfo, cuya extradición por narcotráfico y blanqueo de capitales se encuentra en su fase administrativa final, siendo considerado una pieza clave en rutas de droga hacia Estados Unidos.

También permanece bajo investigación una ciudadana vinculada a una red de estafas inmobiliarias, capturada en Panamá y requerida por el Distrito Sur de Florida, en un caso que involucra un esquema de fraude electrónico que habría generado pérdidas superiores a los $2 millones.

De acuerdo con datos operativos, cerca del 85% de las detenciones vinculadas a alertas de Interpol en Panamá ocurren en el Aeropuerto de Tocumen, lo que consolida a esta terminal como el principal punto de control en la detección de personas buscadas internacionalmente.

Las autoridades panameñas han fortalecido además el uso del mecanismo de “extradición simplificada”, que permite reducir los tiempos de entrega cuando el detenido acepta voluntariamente su traslado, agilizando los procesos judiciales entre países.

En paralelo, se ha identificado un incremento en las solicitudes internacionales relacionadas con delitos cibernéticos, evasión de sanciones comerciales y redes de trata de personas, además de los casos tradicionales de narcotráfico, lo que evidencia la transformación del crimen organizado.

Las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni detalles adicionales sobre el proceso de extradición, pero se espera que en los próximos días se definan los procedimientos legales para su entrega a Estados Unidos, donde deberá enfrentar los cargos en su contra.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, decidió vetar tres proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional, al devolverlos sin sanción y solicitar un nuevo análisis por parte de los diputados, al considerar que presentan problemas de constitucionalidad, inconveniencia y riesgos para el sistema económico y administrativo del país.

Las iniciativas objetadas corresponden a los proyectos de ley 388, 233 y 249, relacionados con la prescripción de deudas bancarias, el cobro de tributos municipales y la reducción del gasto en alquileres estatales, respectivamente, todos aprobados recientemente en el pleno legislativo.

En el caso del proyecto de ley 388, el Ejecutivo fue categórico al advertir que la propuesta es “inconveniente e inexequible”, al plantear que permitiría a los bancos reconocer de forma administrativa la prescripción de deudas sin intervención judicial, lo que podría generar conflictos con el marco legal vigente y afectar el sistema financiero.

La iniciativa buscaba establecer un procedimiento mediante el cual las entidades financieras pudieran extinguir obligaciones crediticias tras un plazo de tres años, sin necesidad de un proceso judicial, trasladando el trámite al Sistema de Atención de Reclamos (SAR) y permitiendo incluso el llamado “silencio administrativo positivo” como mecanismo de validación.

Además, el proyecto obligaba a los bancos a informar de manera clara al cliente sobre el estado de la deuda, intereses, plazos y cualquier interrupción del período de prescripción, y contemplaba que, de aprobarse la solicitud, la obligación debía eliminarse de los registros internos y de los burós de crédito, generando efectos legales plenos.

También incluía un esquema de supervisión compartida entre la Superintendencia de Bancos y la ACODECO, con sanciones que podían ir desde $5,000 hasta $50,000 por incumplimientos, lo que ampliaba el alcance regulatorio sobre el sistema financiero en materia de protección al consumidor.

Para el mandatario, este enfoque no solo contradice normas existentes, sino que además podría vulnerar la función jurisdiccional del Órgano Judicial, al trasladar una decisión legal a la esfera administrativa, lo que también genera dudas sobre el respeto al debido proceso y la separación de poderes.

En esa misma línea, la Asociación Bancaria de Panamá, que agrupa a más de 50 entidades entre bancos de licencia general e internacional, advirtió que la propuesta podría tener impactos negativos en el acceso al crédito, afectando a personas, familias y empresas, además de generar incertidumbre en el mercado financiero.

En cuanto al proyecto de ley 233, que modifica la Ley 55 de 1973 sobre la administración y cobro de tributos municipales, el presidente presentó objeciones parciales, especialmente sobre los primeros artículos, al considerar que podrían alterar la estructura fiscal de los municipios y generar inconsistencias en su aplicación.

Esta iniciativa introducía cambios en aspectos como el impuesto de degüello de ganado, los mecanismos de control y las sanciones, con el objetivo de fortalecer la fiscalización y la trazabilidad de actividades económicas vinculadas al sector agropecuario, además de mejorar la recaudación municipal.

El proyecto establecía que el impuesto debía pagarse en el municipio de origen del animal, obligando a contar con una licencia o guía de traslado, y definía controles más estrictos para verificar la procedencia del ganado y evitar irregularidades en su comercialización.

Asimismo, imponía sanciones a quienes comercialicen carne sin la guía de degüello correspondiente, con multas que podían ir desde $50 hasta $1,000, duplicándose en caso de reincidencia, además de permitir inspecciones municipales para reforzar el control sanitario y fiscal.

No obstante, el Ejecutivo considera que algunas de estas modificaciones requieren un análisis más profundo, al poder afectar la forma en que los municipios gestionan sus ingresos y ejercen sus competencias administrativas.

El tercer proyecto vetado, el 249, buscaba reducir el gasto en alquiler de oficinas del sector público mediante un plan escalonado de disminución del gasto y la construcción de infraestructura estatal propia, en respuesta al crecimiento sostenido de este rubro en el presupuesto nacional.

Según el documento, el Estado panameño destina más de $105 millones anuales al alquiler de edificios y locales, lo que representa alrededor del 0.35% del presupuesto general, una cifra que ha aumentado de forma significativa en la última década.

El proyecto planteaba que todas las entidades del Estado debían elaborar planes para reducir progresivamente estos gastos, incluyendo la construcción de edificios propios, la reutilización de estructuras existentes y la creación de ciudades gubernamentales en cada capital de provincia.

Además, establecía metas obligatorias de reducción del gasto en alquiler, que iban desde 10% en 2027 hasta 50% en 2037, junto con la fijación de precios máximos por metro cuadrado para contratos de arrendamiento supervisados por la Contraloría.

La iniciativa también contemplaba la reubicación de oficinas públicas fuera del corregimiento de San Felipe y la eliminación de gastos en alquiler de salones para eventos, promoviendo el uso de infraestructura estatal como medida de ahorro.

Sin embargo, el presidente objetó varios artículos, al considerar que comprometen las competencias constitucionales del Ejecutivo en materia presupuestaria, establecidas en el artículo 280 de la Constitución, y que podrían generar distorsiones en la planificación financiera del Estado.

Mulino también cuestionó disposiciones que involucran a la Contraloría General de la República, al estimar que su redacción podría generar conflictos institucionales o interpretaciones ambiguas en la ejecución de la ley.

Ahora, la Asamblea Nacional deberá analizar las observaciones planteadas por el Ejecutivo y decidir si modifica las iniciativas, insiste en su aprobación o las archiva, en un proceso que podría abrir un nuevo capítulo de tensiones entre ambos órganos del Estado.

Panamá puso a prueba la resistencia estructural del Puente de las Américas mediante una prueba de carga controlada, como parte de un proceso técnico para verificar la seguridad de la estructura tras la explosión registrada el 4 de abril y las evaluaciones posteriores realizadas por especialistas nacionales e internacionales.

La prueba fue ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en horario nocturno, utilizando dos camiones de 33 toneladas cada uno, que circularon de manera simultánea por todos los carriles del tramo este, con el objetivo de simular condiciones reales de carga y medir el comportamiento del puente ante esfuerzos estructurales.

Para este análisis, se instalaron 24 extensómetros de alta precisión, ubicados en la cercha del lado este —12 en la cara sur y 12 en la cara norte—, los cuales registraron en tiempo real estiramientos, compresiones y deformaciones de los elementos estructurales durante el paso de los vehículos.

Los sensores estuvieron conectados a un sistema que transmitió la información vía WiFi a una consola central, donde los datos fueron recopilados para un análisis técnico especializado, con el fin de determinar si la estructura mantiene los niveles de seguridad requeridos.

El director nacional de Estudios y Diseños del MOP, Edwin Lewis, confirmó que este proceso continuará con una segunda prueba de carga el sábado 25 de abril, lo que implicará el cierre total del puente entre las 10:00 p.m. y las 2:00 a.m., como parte del mismo esquema de evaluación.

Estas pruebas se realizan tras el accidente ocurrido el 4 de abril, cuando tres camiones cisterna explotaron debajo del puente durante una operación de trasiego de combustible, generando un incendio de gran magnitud que dejó una víctima fatal y varios heridos, además de preocupación por posibles daños estructurales.

Luego del incidente, el MOP desarrolló una serie de inspecciones técnicas, mediciones topográficas y análisis estructurales, incluyendo revisiones en la parte inferior del puente para evaluar el impacto del fuego sobre el acero y los puntos críticos de la estructura.

Como parte de estas evaluaciones, el puente también fue sometido a una inspección por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (U.S. Army), cuyos especialistas realizaron un análisis técnico adicional para validar el estado de la infraestructura tras el evento.

El Puente de las Américas, inaugurado el 12 de octubre de 1962, es una de las obras más importantes del país, con una longitud de 1,654 metros y una altura de 61 metros, y constituye un punto clave de conexión entre la capital y el interior.

Su relevancia es estratégica, ya que forma parte de la Carretera Panamericana, permitiendo la conexión terrestre entre la ciudad de Panamá y el resto del país.

Actualmente, por esta estructura transitan más de 65,000 vehículos diarios. Hoy solo pueden circular vehículos que no superen las 10 toneladas; los equipos pesados y buses deben utilizar el Puente Centenario, ubicado a unos 15 kilómetros de distancia.

Panamá cuenta con tres puentes sobre el Canal de Panamá: el Puente de las Américas, el Puente Centenario y el Puente Atlántico en Colón, que en conjunto sostienen la conectividad terrestre del país sobre la vía interoceánica.

Ante el aumento del tráfico, el país avanza en la construcción de un cuarto puente sobre el Canal, un proyecto estratégico que busca reducir la presión sobre las estructuras existentes y mejorar la movilidad en el área metropolitana.

Los resultados de estas evaluaciones serán determinantes para definir si se requieren refuerzos estructurales o ajustes en las restricciones de tránsito.

Los gobiernos de República Dominicana, Costa Rica y Ecuador expresaron su respaldo a Panamá y condenaron enérgicamente la incautación de un buque con bandera panameña por parte de Irán en el Estrecho de Ormuz, en un pronunciamiento conjunto que eleva la presión internacional sobre el conflicto en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El posicionamiento fue emitido en el marco de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que agrupa a estos países y que calificó la acción como una violación inaceptable del derecho internacional, además de un desafío directo a principios fundamentales como la libertad de navegación en aguas internacionales.

En el comunicado, los gobiernos advirtieron que la acción de Irán no solo afecta a Panamá como Estado de abanderamiento, sino que también compromete la seguridad de una de las rutas marítimas más críticas para el comercio global, con implicaciones directas en la estabilidad energética y económica a nivel mundial.

La alianza subrayó que el respeto a la libertad de navegación, el derecho de paso inocente y el tránsito por estrechos internacionales está plenamente consagrado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por lo que su incumplimiento no puede ser considerado opcional ni sujeto a interpretaciones unilaterales.

Además, advirtieron que el uso de la fuerza o medidas coercitivas contra embarcaciones civiles en tránsito internacional constituye una escalada inaceptable que vulnera las normas que rigen el comportamiento de los Estados y pone en riesgo el funcionamiento del sistema marítimo global.

En ese sentido, los países firmantes señalaron que ninguna nación puede atribuirse la facultad de interrumpir arbitrariamente el flujo del comercio marítimo internacional, ni utilizar los estrechos estratégicos como herramienta de presión política o geopolítica.

Como parte del pronunciamiento, exigieron la liberación inmediata del buque y de su tripulación, así como el cese de cualquier acción que atente contra la libre navegación en aguas internacionales, en un llamado directo a reducir la tensión en la zona.

El comunicado también incluyó un llamado a la comunidad internacional para rechazar de manera categórica este tipo de conductas y reafirmar el respeto a las normas que garantizan la paz, la estabilidad y la seguridad marítima a nivel global.

Los países reiteraron su plena solidaridad con Panamá, destacando su compromiso con la defensa del derecho internacional, la libertad de los mares y el respeto a las reglas que sostienen el orden jurídico global.

Este pronunciamiento se produce en medio de una creciente tensión en el Estrecho de Ormuz, donde recientemente el buque MSC Francesca, con bandera panameña, fue interceptado por la Guardia Revolucionaria de Irán, mientras que el portacontenedores Euphoria fue atacado con disparos por embarcaciones no identificadas.

De acuerdo con la Autoridad Marítima de Panamá, el MSC Francesca permanece fondeado bajo vigilancia iraní, mientras que el Euphoria logró desplazarse hasta Emiratos Árabes Unidos, donde se mantiene sin reportes de heridos, en un contexto de alta incertidumbre para la navegación comercial.

Las autoridades panameñas han activado canales diplomáticos y mantienen comunicación directa con los operadores de las naves, priorizando la seguridad de las tripulaciones y el seguimiento a los acontecimientos en coordinación con organismos internacionales.

El Estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio global, ya que por esta vía transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural, lo que convierte cualquier incidente en un factor de impacto inmediato sobre los mercados internacionales.

En este contexto, el respaldo de la Alianza para el Desarrollo en Democracia introduce un componente regional en la crisis, al elevar el caso de Panamá a un plano diplomático más amplio y reforzar la presión internacional sobre el respeto a las normas marítimas.

El episodio evidencia la fragilidad de las rutas comerciales en escenarios de conflicto geopolítico, donde acciones unilaterales pueden alterar no solo la seguridad de las tripulaciones, sino también el equilibrio del comercio internacional.

Mientras se mantienen las gestiones diplomáticas, la situación en el Estrecho de Ormuz continúa bajo monitoreo, en un entorno donde la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos y sus posibles repercusiones en la economía global.

Por el momento, la Dirección General de Marina Mercante de Panamá, hizo un llamado urgente a todos los buques de bandera panameña a evitar, en la medida de lo posible, el tránsito por estas aguas, o en su defecto, extremar las medidas de seguridad y vigilancia, siguiendo protocolos internacionales.

Panamá se está consolidando como un hub logístico-farmacéutico regional en medio de un mercado de salud que en América Latina que superó los $135,980 millones en 2025, según un estudio de EY que identifica al país como uno de los puntos estratégicos en la transformación del sector en Centroamérica y el Caribe.

De acuerdo con el informe, el posicionamiento de Panamá no es casual. El país combina una plataforma logística de alcance global, experiencia en manejo de cadena de frío, conectividad internacional y un entorno regulatorio que ha sido reforzado recientemente con la Ley 419, lo que acelera procesos y facilita la entrada de productos al mercado.

El estudio explica, en términos simples, que Panamá se está volviendo clave porque permite que los medicamentos y equipos médicos lleguen más rápido a distintos países, funcionen como centro de redistribución y reduzcan costos logísticos para las empresas, algo que hoy es crítico en un mundo donde las cadenas de suministro están bajo presión.

Además, el país muestra un crecimiento sostenido en su gasto en salud, que alcanzó los $5,100 millones en 2024, lo que no solo refleja mayor demanda de servicios, sino también oportunidades para inversión privada, innovación tecnológica y expansión de servicios médicos especializados.

El informe destaca que Panamá también se beneficia de un contexto global donde las empresas buscan acercar sus operaciones a mercados estratégicos, un fenómeno conocido como nearshoring, que está llevando a que parte de la producción y distribución de insumos médicos se traslade desde Asia hacia regiones más cercanas a Estados Unidos.

En ese escenario, Panamá no compite por tamaño de mercado, sino por algo más estratégico: su capacidad de conectar, distribuir y operar con eficiencia. Según EY, esto convierte al país en una especie de plataforma regional de salud, donde convergen logística, regulación ágil y demanda creciente.

El estudio también advierte que esta transformación no ocurre aislada, sino en medio de cambios estructurales en la región. Uno de los principales es el envejecimiento de la población, ya que para 2030 una de cada seis personas tendrá más de 60 años, lo que incrementará la demanda de servicios médicos, tratamientos y tecnología sanitaria.

A esto se suma el aumento de enfermedades crónicas y la urbanización, factores que están presionando los sistemas de salud públicos y abriendo espacio para que el sector privado invierta en clínicas, tecnología, telemedicina y modelos híbridos de atención.

Otro punto clave del informe es que la digitalización dejó de ser opcional. Herramientas como la historia clínica digital, la inteligencia artificial y el monitoreo remoto están cambiando la forma en que se presta el servicio de salud, haciendo los sistemas más eficientes y reduciendo costos operativos.

En este contexto, Panamá tiene ventajas adicionales, ya que su infraestructura y conectividad permiten integrar soluciones digitales a escala regional, facilitando la expansión de servicios como la telemedicina y la gestión de datos clínicos.

El informe también identifica oportunidades específicas para el país, como el desarrollo del Pharmaceutical Hub, la expansión de la logística para ensayos clínicos, la distribución de medicamentos y el crecimiento del segmento de salud digital, que está ganando terreno en toda la región.

Más allá de Panamá, el estudio señala que la transformación del sector salud se está dando de forma conjunta en varios países. Costa Rica lidera en manufactura de dispositivos médicos, República Dominicana se posiciona como uno de los principales exportadores del sector, mientras que Guatemala destaca como el mayor mercado farmacéutico de Centroamérica.

En conjunto, estos países están configurando un nuevo corredor estratégico de salud en América Latina, donde cada uno cumple un rol específico dentro de la cadena de valor: producción, distribución, regulación y servicios especializados.

Para EY, la clave del futuro está en la convergencia de tres factores: regulación ágil, uso de datos y financiamiento inteligente, elementos que determinarán qué países liderarán el desarrollo del sector en los próximos años.

En ese escenario, Panamá aparece bien posicionado, pero con un reto claro: aprovechar este momento para consolidar su papel no solo como punto de paso, sino como un centro integral de servicios de salud, innovación y logística en la región.

Panamá registró una nueva defunción por influenza, elevando el total a 33 muertes acumuladas en lo que va de 2026, según el más reciente informe epidemiológico del Ministerio de Salud, lo que refleja la persistencia de esta enfermedad respiratoria en el país, especialmente entre grupos vulnerables como adultos mayores y menores de un año.

Las cifras muestran que la mayor proporción de fallecimientos por influenza se concentra en personas de 65 años y más, quienes representan más de la mitad de los casos, seguidos por niños menores de un año, lo que evidencia el impacto de la enfermedad en poblaciones con mayor riesgo de complicaciones severas.

Uno de los elementos más relevantes del informe es que el 100% de las personas fallecidas no contaba con vacunación contra influenza en la temporada actual, mientras que el 81.8% tampoco estaba vacunado en 2025, lo que refuerza la importancia de la inmunización como principal medida de prevención para evitar desenlaces fatales.

La influenza es una enfermedad respiratoria aguda que suele manifestarse con síntomas como fiebre alta, tos, dolor de garganta, congestión nasal, fatiga y dolores musculares, pero que puede volverse peligrosa cuando evoluciona hacia complicaciones como neumonía o insuficiencia respiratoria, especialmente en personas con enfermedades crónicas.

En paralelo, el país enfrenta un escenario activo en materia de dengue, con un total de 1,896 casos acumulados en 2026, de los cuales la mayoría corresponde a cuadros sin signos de alarma, aunque se han identificado 225 casos con signos de alarma y 12 casos graves, lo que mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias.

El informe también confirma un total de 6 defunciones por dengue en lo que va del año, registradas en regiones como Bocas del Toro, Los Santos y Coclé, lo que evidencia que, aunque menos letal que en años anteriores, la enfermedad sigue representando un riesgo para la población.

A diferencia de la influenza, el dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, cuyos síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, malestar general y dolores musculares, pero que puede agravarse cuando aparecen señales como sangrado, vómitos persistentes o dolor abdominal intenso.

El dengue se vuelve potencialmente mortal cuando evoluciona hacia formas graves, como el dengue hemorrágico o el choque por dengue, condiciones que pueden provocar fallas orgánicas y complicaciones severas, especialmente en niños, adolescentes y personas con condiciones preexistentes.

Las autoridades sanitarias han insistido en que, en el caso del dengue, la clave está en la eliminación de criaderos de mosquitos, mientras que para la influenza la herramienta principal sigue siendo la vacunación, lo que marca una diferencia fundamental en la forma de prevención de ambas enfermedades.

El informe epidemiológico también muestra que el sistema de salud continúa bajo presión por otras enfermedades, como las infecciones respiratorias agudas, que acumulan miles de casos en lo que va del año, así como patologías como leishmaniasis, malaria y leptospirosis, que siguen presentes en distintas regiones del país.

En el caso de la malaria, por ejemplo, se reporta una reducción del 29% en los casos en comparación con 2025, lo que representa una señal positiva en el control de esta enfermedad, aunque las autoridades advierten que no se deben relajar las medidas de prevención.

Otros eventos bajo vigilancia incluyen enfermedades como hantavirus, chikungunya y virus Oropouche, que, aunque con menor incidencia, forman parte del monitoreo permanente del sistema de salud ante posibles brotes o incrementos inesperados.

Las autoridades reiteraron que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz y menos costosa, destacando medidas como el lavado frecuente de manos, la vacunación, el control de vectores y la eliminación de criaderos, como acciones clave para reducir el impacto de estas enfermedades.

El comportamiento simultáneo de influenza y dengue refleja un escenario epidemiológico complejo, donde enfermedades respiratorias y vectoriales coexisten, obligando al sistema de salud a mantener una vigilancia activa y a la población a adoptar medidas preventivas constantes.

En este contexto, el Ministerio de Salud insiste en que la detección temprana de síntomas y la atención médica oportuna son determinantes para evitar complicaciones graves, en un momento en que la circulación de virus y bacterias mantiene presión sobre los servicios de salud a nivel nacional.

La imputación de cargos y la orden de detención provisional contra varios exfuncionarios municipales marcan un nuevo giro en las investigaciones por peculado doloso agravado vinculadas al manejo de fondos de descentralización en Panamá.

A petición de la Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Anticorrupción, un juez de garantías ordenó la medida cautelar más severa contra un representante y un tesorero de la Junta Comunal de Barrio Norte, así como contra un extesorero de Barrio Sur, mientras que a la exrepresentante de ese corregimiento se le impuso retención domiciliaria por su edad y condición de salud.

La decisión judicial se sustenta en los avances de la investigación que apunta a un presunto esquema de uso indebido de recursos públicos provenientes del Programa de Interés Social, cuya administración corresponde a los gobiernos locales en el marco de la descentralización.

Según los hallazgos preliminares, las irregularidades detectadas en las juntas comunales de Barrio Norte y Barrio Sur, en la provincia de Colón, habrían provocado una lesión patrimonial que supera los $6 millones, de acuerdo con auditorías realizadas por la Contraloría General de la República.

En este mismo proceso, el juez de garantías David Palacios ordenó la detención provisional del exalcalde de Colón, Alex Lee, luego de que la Fiscalía Anticorrupción formalizara la imputación por peculado agravado por hechos ocurridos cuando fungía como tesorero de la Junta Comunal de Barrio Sur.

Durante la audiencia, el juzgador valoró la gravedad del delito, el manejo de fondos estatales y la necesidad de garantizar el desarrollo del proceso, señalando que el imputado, en su condición de funcionario, tenía la responsabilidad directa de proteger los recursos públicos.

Estas diligencias forman parte de la operación “Litus”, ejecutada en Colón, que permitió la aprehensión de los implicados y la recolección de elementos que sustentan la teoría del Ministerio Público. Sin embargo, el alcance de las investigaciones no se limita a esta provincia.

Horas después de la audiencia, la Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, desarrolló la operación “Refugio Seguro” en el distrito de La Chorrera, donde fue aprehendido otro exalcalde, junto a un exfuncionario municipal.

En el caso de La Chorrera, las investigaciones se centran en el presunto uso irregular de fondos provenientes del Impuesto de Bienes, que debían destinarse a la construcción de un hogar para adultos mayores.

No obstante, según las pesquisas, el proyecto fue desarrollado en un terreno privado, incumpliendo lo establecido en el contrato, y actualmente se encuentra en estado de abandono, pese a haber recibido recursos estatales. Durante los allanamientos se incautó documentación relevante que podría fortalecer las imputaciones.

Además, como parte de estas acciones, el Ministerio Público ejecutó un allanamiento en la residencia del exalcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez, donde se recopilaron indicios vinculados a un posible manejo irregular de fondos municipales.

Tras la diligencia, el exfuncionario fue conducido a una estación policial para continuar con los procedimientos correspondientes ante los jueces de garantías, quienes deberán definir la legalidad de la aprehensión, la formulación de cargos y las medidas cautelares aplicables.

El trasfondo de estos casos está ligado al uso de los fondos de descentralización, recursos transferidos por el Estado a los gobiernos locales para la ejecución de proyectos comunitarios, como infraestructura básica, programas sociales y obras de interés público.

Estos fondos tienen un destino específico y están sujetos a normas de transparencia y fiscalización, por lo que su uso indebido constituye un delito contra la administración pública.

Hasta finales de 2025, la Fiscalía Anticorrupción había identificado una lesión patrimonial de $25.4 millones, vinculada a al menos 36 representantes, exrepresentantes y extesoreros de juntas comunales.

No obstante, las autoridades han reconocido que tanto el monto como la cantidad de personas bajo investigación han aumentado, lo que refleja la dimensión del problema en el manejo de los recursos descentralizados.

PRD reacciona

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) reaccionó a las investigaciones y procesos judiciales que involucran a varios de sus miembros, entre ellos dos exalcaldes y un número relevante de exfuncionarios de juntas comunales, señalando que los hechos deben analizarse dentro del marco del debido proceso y la presunción de inocencia. En un comunicado dirigido al país, la organización política expresó su preocupación por el desarrollo de las investigaciones y advirtió sobre posibles afectaciones a la institucionalidad.

En el documento, el PRD sostuvo que la acumulación de procesos y actuaciones en un mismo contexto obliga a revisar la forma en que se están desarrollando ciertas acciones, especialmente aquellas relacionadas con la elaboración y utilización de informes que, según el colectivo, presentan inconsistencias y generan dudas sobre su veracidad y sustento técnico. Además, cuestionó la adopción de medidas que considera desproporcionadas, al tiempo que advirtió que estas podrían incidir en la opinión pública antes de que se produzca un esclarecimiento completo de los hechos.

El colectivo político también planteó que Panamá no puede permitir que la justicia sea percibida como selectiva o utilizada como una herramienta de presión política, ya que esto afectaría no solo a los investigados, sino a la credibilidad del sistema judicial en su conjunto. En esa línea, recordó que la Constitución Política de la República de Panamá establece límites claros en el ejercicio de las funciones públicas y subrayó que cualquier extralimitación de competencias representa una amenaza para la separación de poderes.

Finalmente, el PRD hizo un llamado a las autoridades a actuar con objetividad, transparencia y respeto al marco constitucional, garantizando que cada proceso se desarrolle conforme a la ley y sin interferencias. Afirmó que el partido se mantendrá vigilante en la defensa de la democracia, la legalidad y los derechos de los panameños, en medio de un escenario en el que varios de sus miembros enfrentan investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública.

El ciudadano iraní de 44 años extraditado desde Panamá a Estados Unidos enfrenta nueve cargos federales por su presunta participación en un esquema para evadir sanciones comerciales y exportar tecnología sensible hacia Irán a través de terceros países, según confirmaron autoridades estadounidenses y la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

El acusado, identificado como Reza Dindar, también conocido como Renda Dindar, fue trasladado a territorio estadounidense la semana pasada y compareció ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Seattle, donde se le imputaron delitos relacionados con conspiración, contrabando, lavado de dinero y falsificación de registros de exportación, en un proceso que se remonta a una acusación presentada en agosto de 2014.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá confirmó que la extradición fue posible gracias a una operación coordinada con la Policía Nacional de Panamá y la Oficina Central Nacional de INTERPOL, destacando la importancia de los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y justicia para enfrentar delitos transnacionales.

Según el comunicado, el caso forma parte de los esfuerzos para frenar la exportación ilegal de tecnología estratégica, una práctica que representa riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos, especialmente cuando se trata de países sujetos a sanciones como Irán.

De acuerdo con la acusación, entre 2010 y 2014, Dindar habría operado una empresa denominada New Port Sourcing Solutions, con sede en Xi’an, China, a través de la cual adquiría productos en Estados Unidos ocultando su destino final, al declarar falsamente que los bienes eran para el mercado chino.

Las investigaciones señalan que el esquema consistía en utilizar a China como país intermediario para desviar productos hacia Irán, violando las restricciones impuestas por órdenes ejecutivas estadounidenses que prohíben la exportación directa o indirecta de bienes, tecnología o servicios hacia ese país.

Uno de los elementos más delicados del caso es que, según la acusación, el acusado y sus cómplices lograron adquirir componentes para sistemas de sonar militar, mediante engaños a proveedores estadounidenses, lo que incrementa la gravedad del caso por tratarse de tecnología con posibles aplicaciones de defensa.

Las autoridades también detallan que el esquema incluyó el envío de aproximadamente $97,600 desde el extranjero hacia Estados Unidos para concretar las compras, lo que sustenta los cargos por lavado de dinero, además de la utilización de documentación fraudulenta para encubrir las operaciones.

El primer fiscal federal adjunto, Charles Neil Floyd, indicó que los implicados creyeron que podían eludir los controles utilizando terceros países, pero que las autoridades lograron identificar el esquema, lo que derivó en la acusación formal y posterior extradición.

Por su parte, funcionarios del Departamento de Comercio de Estados Unidos y de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) señalaron que el caso refleja el compromiso de las autoridades con la aplicación de las leyes de control de exportaciones, especialmente en lo relacionado con la protección de tecnologías sensibles.

Desde el ámbito de seguridad, la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) destacó que la extradición representa un paso importante para garantizar la rendición de cuentas de quienes intentan explotar el sistema comercial estadounidense para beneficiar a actores extranjeros.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá, en su pronunciamiento, agradeció al país por su colaboración en la defensa del Estado de derecho, subrayando que este tipo de acciones conjuntas permite llevar ante la justicia a personas involucradas en actividades ilícitas de alcance internacional.

El arresto del ciudadano iraní se produjo en Panamá en julio de 2025, a solicitud de Estados Unidos, en el marco de los mecanismos de cooperación policial internacional, lo que permitió avanzar en el proceso de extradición y su posterior traslado.

Dindar enfrenta una posible pena de hasta 20 años de prisión si es declarado culpable de los cargos en su contra, aunque las autoridades recordaron que los señalamientos contenidos en la acusación constituyen alegaciones y que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

El caso es investigado por el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad, la Oficina de Aplicación de Exportaciones y la agencia HSI, mientras que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia trabajó en conjunto con el Gobierno de Panamá para asegurar la captura y extradición del acusado.

Un total de 16 empresas y consorcios internacionales participaron en el proceso de homologación de la licitación para el gerenciamiento técnico y administrativo del proyecto del teleférico de Panamá y San Miguelito, evidenciando el alto interés global que ha generado esta iniciativa de movilidad urbana impulsada por el Metro de Panamá.

El contrato en licitación corresponde a un esquema integral de gerencia del proyecto, que abarca la supervisión técnica, la estructuración del financiamiento, los estudios y diseños, la construcción de obras civiles, así como la fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema teleférico, incluyendo además la operación y mantenimiento durante la vigencia del contrato.

De acuerdo con el pliego de cargos, el contrato forma parte de una licitación por mejor valor, bajo una modalidad de concesión administrativa, en la que el adjudicatario tendrá la responsabilidad de garantizar la ejecución integral del proyecto, actuando como un ente técnico que supervise cada fase del desarrollo y asegure el cumplimiento de estándares financieros, técnicos y operativos.

El precio de referencia para este contrato de gerenciamiento fue fijado en $17.1 millones, sin incluir ITBMS, monto que cubre la gestión integral del proyecto, mientras que la obra principal del teleférico —que se licita en un proceso paralelo de concesión— tiene un valor estimado de $278.6 millones, consolidándose como una de las inversiones más relevantes en materia de movilidad urbana en Panamá.

El proyecto contempla un modelo en el que el concesionario será responsable de todas las etapas, desde la fase preoperativa —que incluye estudios y construcción— hasta la fase operativa, que abarca la prestación del servicio de transporte y el mantenimiento del sistema por un período aproximado de 20 años, tras lo cual los activos serán revertidos al Estado panameño.

En términos técnicos, el sistema está diseñado para transportar inicialmente 2,800 pasajeros por hora por dirección, con capacidad de ampliación hasta 3,600 pasajeros, a una velocidad máxima de seis metros por segundo, a lo largo de un trazado de aproximadamente 6.6 kilómetros que conectará seis estaciones clave en el distrito de San Miguelito.

El trazado incluye estaciones en Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter, lo que permitirá integrar zonas de alta densidad poblacional con las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, facilitando la conectividad y reduciendo los tiempos de traslado en uno de los distritos más complejos en términos de movilidad.

San Miguelito, considerado el segundo distrito más poblado del país, enfrenta limitaciones estructurales derivadas de su topografía irregular, lo que restringe el acceso de buses de gran tamaño y complica la planificación de rutas tradicionales, generando un sistema de transporte fragmentado que limita la movilidad de miles de residentes.

En ese contexto, el teleférico surge como una alternativa de transporte masivo complementario, diseñada para mejorar la accesibilidad urbana, reducir los tiempos de traslado y conectar comunidades históricamente aisladas, en un distrito donde convergen familias de diversos niveles socioeconómicos.

De acuerdo con el acta oficial, entre las firmas interesadas figuran Modera Ingeniería, Nippon Koei LAC, Vielca Ingenieros, Aranma Aatarros Engineering SL, Joyco SAS BIC, WSP del Istmo, S. de R.L., Ayesa Ingeniería, Typsa Técnica y Proyectos, S.A., Integral, S.A., Centro de Estudio de Materiales y Control de Obras, S.A. (GOC, S.A.), Metro de Medellín, Greibello Ingeniería Ltda. (Panamá), Cal y Mayor y Asociados, IST Cables S.A.S. y NICS Services, abarcando compañías de América Latina, Europa y otras regiones con experiencia en gestión de proyectos complejos.

Durante la jornada de homologación, las empresas plantearon múltiples consultas técnicas y administrativas, destacando inquietudes sobre los requisitos financieros, la experiencia mínima exigida al personal clave, los criterios de evaluación de propuestas y la forma en que se gestionarán los procesos de validación de diseños y ejecución del contrato, evidenciando el nivel de exigencia del proyecto.

Entre las consultas más relevantes, varias compañías solicitaron aclaraciones sobre la posibilidad de presentar estados financieros de años fiscales distintos, debido a diferencias en calendarios contables internacionales, así como sobre los requisitos de idoneidad profesional en Panamá, especialmente para personal extranjero, reflejando la naturaleza global del proceso.

Asimismo, se plantearon dudas sobre la experiencia específica requerida en proyectos de transporte masivo, incluyendo si se aceptarían referencias en sistemas ferroviarios o de infraestructura similar, además de cuestionamientos sobre los límites de participación de personal extranjero y la necesidad de incorporar talento local en posiciones clave dentro del proyecto.

Otro de los temas recurrentes fue la solicitud de extensión de plazos para la presentación de propuestas, argumentando la complejidad técnica del proyecto, la necesidad de estructurar equipos multidisciplinarios y completar procesos de documentación, apostillas y validaciones legales, lo que derivó en ajustes al calendario del proceso.

Paralelamente, el proceso de licitación para la construcción y operación del sistema ha enfrentado múltiples ajustes, incluyendo la quinta reprogramación de la fecha de presentación de propuestas, ahora fijada para el 28 de mayo, luego de que los dos consorcios precalificados solicitaran más tiempo para estructurar sus ofertas financieras.

Los consorcios precalificados en ese proceso son el Consorcio Teleférico SPE, integrado por Sofratesa de Panamá, Inc.; Ingeniería Estrella, S.A.; y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V., así como el Consorcio Teleférico de San Miguelito, conformado por Cointer (España) y Doppelmayr (Austria).

El aplazamiento refleja la complejidad financiera del proyecto, que requiere estructurar esquemas de financiamiento internacional, definir garantías y asegurar la viabilidad económica de una obra que no solo implica infraestructura, sino también la operación sostenida de un sistema de transporte masivo.

Con este escenario, el proyecto del teleférico se consolida como una de las apuestas más ambiciosas en materia de movilidad en Panamá, tanto por su dimensión económica como por su impacto en la integración urbana, la equidad territorial y la modernización del sistema de transporte.

Durante casi siete años, el panameño Edgar Luis Beitía Lester logró mantenerse oculto en Colombia, evadiendo a las autoridades mediante el uso de documentación falsa y operando bajo una identidad colombiana, hasta que finalmente fue capturado en una operación de cooperación policial internacional entre la Policía Nacional de Panamá y la Interpol. Su detención marca un nuevo golpe contra estructuras vinculadas al crimen organizado que operan entre ambos países.

La aprehensión se produjo el 21 de abril de 2026 en el sector de La Candelaria, en el centro de Medellín, donde unidades de la Policía Nacional de Colombia ejecutaron el operativo tras la emisión de una notificación roja.

Beitía Lester era requerido por delitos de homicidio y por su evasión del centro penitenciario La Joya, una de las cárceles más importantes de Panamá.

De acuerdo con los informes oficiales, el fugitivo había logrado permanecer oculto durante aproximadamente siete años, utilizando documentos falsificados para evitar su identificación.

Durante ese tiempo, las autoridades establecieron su presunta vinculación con actividades de tráfico internacional de estupefacientes, además de participar en dinámicas de microtráfico y en la coordinación de operaciones con grupos criminales en territorio colombiano.

Beitía Lester tenía 28 años cuando protagonizó su fuga del penal de La Joya, en un hecho que también involucró a José Luis Magallón Chérigo, de 30 años, y a Yair Aldamir Restrepo Barrera, alias Macuto, de 27 años.

El panameño había ingresado al sistema penitenciario en mayo de 2012, lo que refuerza el historial delictivo que mantenía antes de su evasión.

Las autoridades panameñas y colombianas destacaron que la captura fue posible gracias al intercambio de información estratégica, el uso de inteligencia policial y la coordinación entre la Oficina Central Nacional de Interpol en ambos países.

Este tipo de operaciones refleja el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional frente a redes que trascienden las fronteras y buscan refugio en otros territorios.

El caso de Beitía Lester se suma a otras detenciones recientes de objetivos de alto perfil en Colombia, como la captura en enero de 2026 de Jean Carlo Valderrama, alias Balín, considerado uno de los principales cabecillas de la pandilla SAN 23, una de las organizaciones más violentas del distrito de San Miguelito, en Panamá. En ese operativo también se logró la incautación de armas de fuego y dispositivos móviles.

La detención de alias Balín evidenció la capacidad de las autoridades para ubicar a fugitivos que intentan ocultarse fuera de Panamá, así como el impacto de las estructuras criminales que mantienen operaciones tanto en territorio panameño como en otros países de la región.

La coordinación entre agencias permitió identificar su ubicación y proceder con su captura junto a otras personas vinculadas a actividades ilícitas.

Con estos resultados, las autoridades reiteran que continuarán reforzando los mecanismos de seguimiento, ubicación y captura de personas requeridas por la justicia, enviando un mensaje claro a quienes intentan evadir la ley: no existe lugar seguro para quienes forman parte del crimen organizado.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó que tiene pleno conocimiento de la situación que involucra a las naves “Euphoria” y “MSC Francesca”, ambas con bandera panameña, en medio de un entorno de inestabilidad creciente en Medio Oriente que ha elevado los riesgos para la navegación comercial en el Estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el comunicado oficial, el buque Euphoria fue objeto de disparos por parte de tres embarcaciones no identificadas a las 10:00 a.m. del miércoles 22 de abril, aunque no se reportaron heridos y la nave logró desplazarse hasta Khorfakkan, en Emiratos Árabes Unidos, donde permanece fondeada.

En paralelo, el portacontenedores MSC Francesca fue interceptado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que ordenó su fondeo cerca de la costa iraní mientras transitaba por el estrecho, quedando a la espera de nuevas instrucciones por parte de las autoridades locales.

La AMP indicó que mantiene un canal de comunicación directo y permanente con los operadores y propietarios de las embarcaciones, a quienes está brindando apoyo conforme a su rol como Estado de abanderamiento, en línea con lo establecido en el derecho internacional marítimo.

La entidad enfatizó que su prioridad absoluta es la seguridad del buque y de la gente de mar, en un contexto donde la región ha experimentado un aumento significativo de incidentes que comprometen la seguridad de la navegación internacional.

Ante este escenario, la Dirección General de Marina Mercante reiteró un llamado urgente a todos los buques de bandera panameña a evitar, en la medida de lo posible, el tránsito por estas aguas, o en su defecto, a extremar las medidas de seguridad y vigilancia, siguiendo protocolos internacionales.

La Cancillería de Panamá también se pronunció tras los incidentes, confirmando que se activaron los mecanismos diplomáticos correspondientes para dar seguimiento a la situación y garantizar la protección de la tripulación, en coordinación con organismos internacionales.

Según reportes internacionales, el MSC Francesca forma parte de un grupo de embarcaciones detenidas por fuerzas iraníes, en un contexto de represalias tras la incautación de un buque iraní por parte de Estados Unidos días antes, lo que ha intensificado la tensión en la zona.

Información de Reuters indica que uno de los buques interceptados habrían sido trasladados hacia el puerto de Bandar Abbas, con unos 40 tripulantes a bordo, quienes se encuentran bajo control iraní, aunque hasta el momento no se han reportado daños físicos.

En paralelo, fuentes citadas por esa agencia señalaron que los marineros se encuentran en condiciones estables, aunque con movilidad restringida dentro de la embarcación, mientras continúan las negociaciones entre las empresas operadoras y las autoridades iraníes.

El Estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más estratégicos del comercio global, ya que por esta vía transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, lo que convierte cualquier incidente en la zona en un factor de impacto inmediato sobre los mercados internacionales.

El incremento de la tensión ya ha tenido efectos en los mercados energéticos, con el precio del crudo Brent superando los $100 por barril, impulsado por la incertidumbre sobre la continuidad del flujo de exportaciones desde el Golfo Pérsico.

Para Panamá, como uno de los principales países de abanderamiento de buques en el mundo, estos eventos tienen una relevancia directa, ya que involucran a embarcaciones registradas bajo su bandera y ponen a prueba los mecanismos de protección y respuesta del Estado frente a crisis internacionales.

Las autoridades panameñas reiteraron que continuarán monitoreando de cerca la evolución de los incidentes y coordinando con organismos internacionales y autoridades diplomáticas, con el objetivo de lograr una pronta resolución y garantizar la seguridad de las tripulaciones.

El episodio refleja el nivel de vulnerabilidad de las rutas marítimas en contextos de conflicto geopolítico, donde decisiones militares y tensiones entre Estados pueden impactar directamente en la cadena global de suministros y el comercio internacional.

Mientras tanto, la navegación en el Estrecho de Ormuz sigue bajo presión, con operadores marítimos ajustando rutas y evaluando riesgos en una zona que, en cuestión de días, ha pasado de ser un corredor clave a un foco crítico de inestabilidad global.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá cerró un nuevo capítulo en el caso New Business al declarar no inconstitucionales tanto la resolución de indagatoria como la sentencia condenatoria contra el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, desestimando así tres recursos legales presentados por su defensa en un intento por anular el proceso penal en su contra.

La decisión del pleno del máximo tribunal fue divulgada mediante el Edicto No. 560 el 22 de abril de 2026, con ponencia del magistrado Olmedo Arrocha, y responde a las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por los abogados Ángel Álvarez —en representación de Marta Linares de Martinelli— y Nadia Castillo, quienes cuestionaban tanto la legalidad de la investigación fiscal como la validez de la condena emitida en 2023.

Tras analizar los argumentos, la Corte Suprema concluyó que no existían violaciones constitucionales en la resolución indagatoria No. 1 del 30 de junio de 2020, emitida por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, ni en la sentencia mixta No. 2 del 17 de julio de 2023, dictada por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, ratificando así la legalidad del proceso y dejando sin efecto los últimos intentos por revertir el fallo.

Con esta decisión, el tribunal mantiene firme la condena de 128 meses de prisión —equivalentes a 10 años y ocho meses— impuesta a Martinelli por el delito de blanqueo de capitales, así como la multa de $19.2 millones y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, sanciones derivadas de su rol como autor en una estructura financiera utilizada para la compra de un grupo editorial con fondos de origen ilícito.

El caso New Business gira en torno a la adquisición, en 2010, de la Editora Panamá América, mediante una sociedad canasta que habría servido para canalizar dinero proveniente de contratos estatales adjudicados de manera irregular durante su administración, configurando un esquema de lavado de dinero en el que participaron empresarios y exfuncionarios, algunos de los cuales también fueron condenados.

La decisión judicial se produce mientras Martinelli permanece asilado en Colombia, país al que llegó en mayo de 2025 tras abandonar la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se refugió durante más de un año luego de que se hiciera efectiva su condena penal.

El exmandatario solicitó inicialmente asilo al gobierno nicaragüense, pero el proceso no se concretó, lo que derivó en su traslado a territorio colombiano tras gestiones diplomáticas.

El ingreso de Martinelli a la embajada nicaragüense ocurrió en febrero de 2024, poco después de que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmara su condena, en un contexto donde buscaba evitar su detención inmediata.

Su salida hacia Colombia marcó un giro en el caso, al quedar bajo la figura de asilo político, lo que limita las posibilidades de ejecución directa de la pena impuesta en Panamá.

Con el fallo del pleno de la Corte Suprema, se refuerza la validez del proceso judicial y se reduce significativamente el margen legal de la defensa para revertir la condena, consolidando el caso New Business como uno de los más relevantes en materia de corrupción y blanqueo de capitales en la historia reciente del país, con implicaciones tanto en el ámbito judicial como en el escenario político nacional.

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 502, una iniciativa que introduce cambios estructurales al manejo del Presupuesto General del Estado con el objetivo de reducir la discrecionalidad, fortalecer la disciplina fiscal y establecer reglas más estrictas sobre el uso de los recursos públicos en Panamá.

El proyecto, impulsado por el diputado Eduardo Gaitán, plantea una reforma integral al sistema presupuestario, al establecer un marco normativo que regula la formulación, ejecución y control del gasto público, con énfasis en la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas, en un contexto donde se busca mejorar la calidad institucional y la confianza ciudadana en la gestión fiscal.

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de un piso mínimo de inversión pública, que obliga al Gobierno Central a destinar al menos el 20% del gasto primario a inversión, con una meta de aumento progresivo hasta el 25% en un plazo de cinco años, lo que busca reorientar el gasto hacia proyectos de infraestructura, desarrollo económico y capital humano, en lugar de priorizar el gasto corriente.

En paralelo, la iniciativa establece un límite al crecimiento del gasto corriente, el cual no podrá superar el crecimiento real del PIB potencial, una medida que apunta a contener el aumento de la planilla estatal y otros gastos operativos, evitando presiones adicionales sobre el déficit fiscal y promoviendo una mayor sostenibilidad financiera a mediano plazo.

Otro de los ejes centrales del proyecto es la regulación de subsidios, al fijar un límite global del 20% del gasto primario para subsidios y transferencias corrientes, además de exigir que cualquier nuevo subsidio tenga objetivos claros, duración definida, mecanismos de focalización y evaluaciones periódicas, lo que busca eliminar programas ineficientes o que no generen impacto comprobable.

La propuesta también introduce controles sobre el gasto tributario, es decir, los beneficios fiscales como exoneraciones o incentivos, estableciendo que su costo no podrá superar el 6% del PIB, salvo en situaciones excepcionales, además de exigir estudios de impacto, plazos definidos y cláusulas de caducidad, con el fin de evitar pérdidas de ingresos sin justificación económica.

En materia de endeudamiento público, el proyecto establece principios más estrictos al prohibir el uso de deuda para financiar planilla o gastos corrientes, salvo en casos de emergencia nacional, y obliga a vincular el financiamiento con proyectos de inversión productiva, reforzando la idea de que el endeudamiento debe generar retorno económico y no cubrir gastos operativos del Estado.

Asimismo, se establecen reglas más rigurosas para las modificaciones presupuestarias, incluyendo la obligación de presentar un informe técnico detallado que justifique cualquier cambio, identifique su impacto fiscal y garantice la trazabilidad de los recursos, con el fin de evitar ajustes discrecionales que alteren la composición del gasto aprobado por la Asamblea.

El proyecto también introduce límites a las partidas discrecionales, fijando topes porcentuales y restringiendo su uso a situaciones específicas como emergencias de salud, desastres o apoyo social focalizado, además de exigir la publicación periódica de su ejecución, en un intento por cerrar espacios a posibles usos indebidos de fondos públicos.

En términos de ejecución, la iniciativa establece que las entidades deberán alcanzar al menos un 85% de ejecución en inversión pública, y contempla sanciones administrativas en caso de incumplimiento reiterado, incluyendo reducciones presupuestarias y comparecencias ante la Asamblea, lo que introduce un elemento de presión institucional para mejorar la eficiencia del gasto.

Finalmente, la propuesta incorpora mecanismos de transparencia y participación, como la creación del Presupuesto Ciudadano y la obligación de publicar información en datos abiertos, además de incluir a la sociedad civil en el proceso de formulación presupuestaria, con el objetivo de fortalecer el control social y mejorar la comprensión pública del uso de los recursos del Estado.

Analistas políticos advierten que, de aprobarse el proyecto en el pleno, podrían generarse choques entre el Órgano Legislativo y el Ejecutivo, especialmente por el establecimiento de reglas rígidas sobre la asignación del gasto. Señalan que la actual administración ya ha manifestado su inconformidad con normas que fijan porcentajes obligatorios del presupuesto o del PIB para sectores específicos, como ocurre con la educación, al considerar que este tipo de disposiciones limita la flexibilidad fiscal y la capacidad de respuesta ante cambios en el entorno económico.

El Canal de Panamá reportó un aumento sostenido en tránsitos y tonelaje durante el primer semestre del año fiscal 2026, en un contexto marcado por una mayor demanda global y un uso más intensivo de su sistema de reservas, mientras en paralelo se han registrado casos excepcionales de pagos millonarios por parte de buques que buscan agilizar su paso por la vía interoceánica.

De acuerdo con información divulgada en un conversatorio con inversionistas organizado por Bank of America, el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, destacó que la vía se mantiene operativa, confiable y con niveles de agua óptimos, lo que ha permitido absorber un mayor volumen de tráfico marítimo en medio de tensiones geopolíticas y cambios en el comercio internacional.

Durante la primera mitad del período fiscal, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el Canal registró 6,288 tránsitos, lo que representa un incremento interanual de 224 buques, mientras que el volumen movilizado alcanzó los 254 millones de toneladas CP/SUAB, cerca de un 5% más que en el mismo período del año anterior, reflejando una recuperación sostenida de la actividad.

“El Canal de Panamá, está abierto y en pleno funcionamiento, gracias al esfuerzo de unos nueve mil panameños que mantienen abierta esta vía navegable, señaló el administrador del Canal.

Este dinamismo ha estado impulsado principalmente por el segmento de contenedores y el crecimiento del transporte de gas licuado de petróleo, un rubro que ha ganado relevancia en el flujo de carga global y que está presionando la demanda de espacios de tránsito en la vía interoceánica, según detallaron las autoridades del Canal.

En este contexto de alta demanda, el vicepresidente de Finanzas del Canal, Víctor Vial, explicó que algunos buques han llegado a pagar más de $1 millón en subastas para asegurar su tránsito, aunque aclaró que estos valores responden a condiciones puntuales del mercado y no representan el comportamiento habitual del sistema de reservas.

Sin embargo, reportes recientes de Bloomberg han señalado que un buque de gas natural licuado (GNL) habría pagado cerca de $4 millones para obtener un cupo y acelerar su cruce por el Canal, una cifra que supera ampliamente los niveles promedio y que evidencia la presión que enfrenta la ruta en momentos de alta congestión y urgencia logística.

El Canal cuenta con mecanismos como el sistema de Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA) y reservas anticipadas para la mayoría de los tránsitos, lo que permite evitar filas y garantizar una operación predecible y ordenada, mientras que las subastas se utilizan como una herramienta complementaria para asignar espacios disponibles en ventanas específicas.

Según datos oficiales, antes del conflicto en Medio Oriente, el valor promedio de las subastas oscilaba entre $135,000 y $140,000, pero posteriormente se elevó hasta alrededor de $385,000, reflejando el impacto de factores externos en la dinámica de precios del tránsito marítimo.

Las autoridades del Canal subrayan que estos mecanismos no alteran el orden de tránsito ni afectan a los buques que cuentan con reservas confirmadas, ya que las subastas se realizan sobre cupos previamente definidos, garantizando la estabilidad operativa de la vía y la confianza de los usuarios internacionales.

Este desempeño ha sido particularmente sólido en los últimos meses, con promedios diarios de 34 buques en enero, 37 en marzo y, más recientemente jornadas pico que superaron los 40 tránsitos.

En paralelo, la disponibilidad de agua —factor crítico para la operación— se mantiene bajo control, con los lagos Gatún y Alhajuela en niveles máximos, gracias a lluvias atípicas durante la estación seca, lo que permite al Canal prepararse ante un eventual fenómeno de El Niño hacia finales de año.

La subadministradora Ilya Espino de Marotta indicó que se han implementado medidas preventivas para garantizar la continuidad del servicio, asegurando que, por el momento, no se prevén afectaciones significativas en la operación, aunque se mantiene un monitoreo constante de las condiciones climáticas.

En este escenario, el Canal de Panamá se consolida como una infraestructura clave en el comercio global, donde la combinación de alta demanda, mecanismos de mercado como las subastas y condiciones externas como los conflictos internacionales pueden llevar a situaciones excepcionales, como pagos millonarios por tránsito, reflejando el valor estratégico de esta ruta en la logística mundial.

Panamá ampliará su estrategia internacional de promoción turística con la incorporación de nuevos mercados como Italia, Reino Unido, Portugal, Brasil y Canadá, en el marco de un programa liderado por el Fondo de Promoción Turística (Promtur) que apuesta por la comercialización directa a través de agencias de viajes.

El plan, que inició en 2024 con presencia en países como Colombia, México, Argentina, Perú, España y Alemania, busca fortalecer la llegada de visitantes mediante una red global de intermediarios.

El gerente general de Promtur, Salomón Shamah, explicó que el modelo se basa en el reclutamiento de agencias de viajes que promuevan activamente a Panamá como destino turístico.

A la fecha, el programa ha superado las 5,000 agencias reclutadas, de las cuales alrededor de 3,000 ya cuentan con campañas activas en redes sociales y plataformas digitales, donde comercializan paquetes turísticos hacia el país.

Este cambio responde a experiencias previas en las que Panamá se alejó de estos actores, lo que, según el propio Shamah, afectó la capacidad de venta y distribución de los productos turísticos en mercados emisores.

Dentro de la estrategia, las campañas digitales se ejecutan principalmente en Facebook, Instagram, YouTube y Google Ads, con contenidos diseñados específicamente para cada agencia.

En términos de inversión, Promtur ha destinado más 4.6 millones durante la primera fase del programa, con una distribución que incluye la producción de contenido y la pauta en canales de las agencias. Este monto forma parte de un esquema más amplio de promoción turística que busca posicionar a Panamá en mercados estratégicos y generar un impacto medible en la llegada de visitantes.

Shamah señaló que recibió la aprobación para incrementar el presupuesto destinado a seguir reclutando más agencias.

Sobre el retorno, Shamah indicó que las estimaciones preliminares apuntan a más de $60 millones en ventas comprobadas, sin incluir el componente aéreo, que representa una porción significativa del gasto turístico. En algunos casos, agencias que antes registraban ventas mínimas han experimentado incrementos sustanciales, pasando de tres pasajeros semanales a más de cien, según los resultados reportad

El crecimiento también se refleja en el desempeño del país en plataformas internacionales. Panamá se ha consolidado como uno de los mercados con mayor expansión en operadores como Despegar, Expedia y Hotelbeds, lo que evidencia un aumento sostenido en la demanda digital y en la visibilidad del destino dentro de los principales canales de comercialización turística.

El objetivo a mediano plazo es escalar el programa hacia una economía de volumen, con la meta de alcanzar entre 15,000 y 20,000 agencias activas, lo que permitiría reducir costos operativos y aumentar el impacto comercial. Según Promtur, este enfoque no solo busca incrementar las ventas, sino también posicionar a Panamá en los mercados emisores a través de actores que funcionan como canales de influencia directa sobre los viajeros.

La expansión hacia nuevos mercados y el fortalecimiento de la red de agencias marcan una nueva fase en la estrategia turística del país, en la que la promoción deja de centrarse exclusivamente en campañas institucionales y se traslada hacia modelos de venta directa y segmentada, con resultados que, según las autoridades, ya comienzan a reflejarse en el comportamiento del sector.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) confirmó que el martes 21 de abril de 2026 se realizó el último sorteo de la lotería electrónica en Panamá, tras un fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que declaró ilegal la adenda que sustentaba la operación de estos juegos. La decisión marca el fin de productos como Lotto y Pega 3, que durante años formaron parte del portafolio digital de la entidad.

El comunicado oficial establece que el cese de operaciones responde a la nulidad de la Adenda No. 5 del contrato firmado con Scientific Games LLC, lo que obligó a suspender de inmediato la comercialización de estos productos.

La LNB indicó que la medida entró en vigor una vez concluido el sorteo correspondiente, cerrando así un ciclo de operaciones que había generado ingresos relevantes dentro del segmento de juegos electrónicos.

Durante la jornada previa al último sorteo, se observaron filas en distintos puntos de venta, con usuarios que acudieron a participar por última vez en esta modalidad. La reacción reflejó el nivel de penetración que había alcanzado el producto en el mercado, especialmente entre jugadores que migraron desde los sorteos tradicionales hacia plataformas más rápidas y digitales.

El fallo de la Corte Suprema, contenido en el edicto judicial, determinó que la adenda que permitía la operación del contrato era nula por ilegal, lo que deja sin sustento jurídico la relación con la empresa operadora. Esta decisión impacta directamente un modelo de negocio que se había consolidado en los últimos años dentro de la oferta de la LNB.

Poco después de asumir las riendas del país en julio de 2024, el presidente José Raúl Mulino colocó la lotería electrónica entre los primeros temas de su agenda. Entonces ordenó comenzar el proceso para cerrarla, al sostener que ese esquema no era rentable para el Estado y favorecía a terceros vinculados al negocio.

“El problema no es solo quién gana, sino cuánto deja de ganar la Lotería Nacional de Beneficencia”, señaló Mulino en ese momento, al destacar que estas operaciones generaban una venta bruta semanal cercana a $900 mil, lo que proyectaba ingresos anuales de aproximadamente $46 millones, sin que ese volumen se tradujera en beneficios proporcionales para la institución.

Las cifras de la Contraloría General de la República confirman el crecimiento sostenido de los juegos digitales. En 2024, los juegos de azar a través de Internet generaron $322.4 millones en apuestas brutas, con un incremento significativo frente a años anteriores . Para 2025, esa cifra escaló a $587.7 millones, consolidándose como uno de los segmentos de mayor dinamismo dentro del mercado de apuestas.

El comportamiento se mantuvo en 2026, donde solo entre enero y febrero las apuestas en este segmento alcanzaron $107.4 millones, lo que representa un crecimiento interanual de más del 57% . Estos datos reflejan que, pese a cuestionamientos regulatorios, la lotería electrónica se había convertido en uno de los principales motores de ingresos dentro del ecosistema de juegos de azar.

Sin embargo, el Gobierno ha sostenido que el modelo afectaba la estructura tradicional de la LNB, incluyendo a los 13,500 billeteros que dependen de la venta física de productos. Mulino también cuestionó los niveles de devolución y las comisiones involucradas, señalando que la operación generaba una merma en la eficiencia institucional.

Con la suspensión de estos productos, la LNB deberá concentrarse nuevamente en sus sorteos tradicionales como el Gordito del Zodiaco, el Miércolito y el Dominguito, en línea con la política definida por el Ejecutivo. La entidad también reiteró su compromiso de garantizar el pago de premios pendientes y mantener la continuidad de sus operaciones bajo criterios de legalidad y transparencia.

La decisión abre un nuevo escenario para la industria de juegos de azar en Panamá, en un contexto donde la regulación, la rentabilidad y el control institucional vuelven a estar en el centro del debate público.

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) detuvo dos buques portacontenedores en el Estrecho de Ormuz tras abrir fuego contra varias embarcaciones, en un episodio que marca una nueva escalada en la tensión marítima en la región.

Entre los barcos afectados figura el MSC Francesca, con bandera de Panamá, que se encontraba transitando por una de las rutas comerciales más sensibles del mundo cuando fue interceptado por fuerzas iraníes.

El incidente ocurrió mientras varias naves intentaban salir del Golfo Pérsico a través del estrecho, un paso estratégico por donde transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas.

Según reportes de seguridad marítima, al menos tres embarcaciones fueron atacadas, incluyendo el MSC Francesca y el Epaminondas, este último con bandera de Liberia y operado por una compañía griega.

Las acciones incluyeron disparos directos y el uso de granadas propulsadas por cohete.

El MSC Francesca, operado por la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) —la mayor compañía de transporte de contenedores del mundo—, fue alcanzado por disparos a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán, aunque no sufrió daños estructurales y su tripulación se mantiene a salvo.

De acuerdo con datos de tráfico marítimo, la embarcación seguía una ruta comercial de salida del Golfo, con destino previsto hacia mercados internacionales, en un corredor clave para el comercio global.

A inicios de marzo pasado, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ya había emitido una alerta dirigida a su flota mercante ante el aumento de tensiones en Medio Oriente, recomendando reforzar medidas de seguridad a bordo, elevar los niveles de vigilancia y evaluar cuidadosamente las rutas de navegación, especialmente en zonas de alto riesgo como el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz.

En contraste, el Epaminondas sí sufrió impactos en su puente tras ser atacado a unas 15 millas náuticas al noreste de Omán, lo que obligó a la embarcación a detener su marcha. El buque cuenta con una tripulación de 21 personas, en su mayoría ucranianos y filipinos, quienes no resultaron heridos.

Fuentes indicaron que la patrullera iraní involucrada en el ataque no estableció contacto previo por radio, a pesar de que el barco tenía autorización para transitar.

Un tercer portacontenedores, también con bandera de Liberia, fue igualmente tiroteado en la misma zona, aunque no registró daños y pudo reanudar su navegación posteriormente.

Las autoridades marítimas señalaron que estos incidentes se produjeron en un contexto de alta actividad militar y restricciones impuestas por Irán, lo que ha incrementado el riesgo para la navegación comercial en el estrecho.

La agencia británica United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) confirmó los ataques e indicó que al menos una embarcación quedó detenida tras el incidente, aunque su tripulación se encuentra a salvo.

El organismo también advirtió a los buques que operan en la zona sobre la necesidad de reportar cualquier actividad sospechosa, debido al aumento de la inestabilidad en la región.

Irán justificó las acciones alegando que los buques incautados operaban sin los permisos necesarios y que habían manipulado sus sistemas de navegación, lo que, según el IRGC, constituye una amenaza para la seguridad del estrecho.

Teherán ha advertido que cualquier alteración del orden en esta vía marítima será considerada una “línea roja”, en medio del conflicto que mantiene con Estados Unidos e Israel desde finales de febrero.

El portacontenedores EpaminondasEl portacontenedores EpaminondasEl portacontenedores Epaminondas

Antes del inicio de la guerra, el Estrecho de Ormuz registraba el paso de unos 130 buques diarios, cifra que cayó drásticamente tras las restricciones impuestas por Irán y el bloqueo de rutas comerciales. Actualmente, el tránsito se mantiene limitado, lo que ha afectado la cadena global de suministros y ha elevado la preocupación entre operadores marítimos y gobiernos.

Lo que ocurre en el Estrecho de Ormuz es una consecuencia directa del conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel, que desde finales de febrero ha convertido esa ruta en uno de los focos más sensibles de la crisis regional.

Aunque en los últimos días se ha intentado sostener un cese al fuego y abrir una salida negociada, el bloqueo estadounidense a puertos iraníes y las restricciones impuestas por Teherán al tránsito marítimo han mantenido la presión sobre el estrecho, sin que la pausa diplomática se traduzca en una reducción real de la tensión.

La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional, ejecutó en la provincia de Colón la Operación Litus, que dejó la aprehensión de tres personas, entre ellas representantes y tesoreros de los corregimientos de Barrio Norte y Barrio Sur, por su presunta vinculación con el delito de peculado, en un caso que habría generado un perjuicio económico superior a $6 millones.

La acción forma parte de una línea de investigaciones sobre el manejo de fondos públicos asignados a juntas comunales.

Entre los aprehendidos figura el exalcalde del distrito de Colón, Alex Lee, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), cuya detención fue confirmada por fuentes vinculadas al proceso. Lee ya había sido retenido en mayo de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando intentaba viajar a Medellín, Colombia, en medio de investigaciones relacionadas con el uso indebido de recursos públicos, lo que refuerza el contexto de procesos previos en su contra.

Las autoridades sostienen que las investigaciones se centran en el manejo de los fondos de descentralización, un mecanismo mediante el cual el Estado transfiere recursos a las juntas comunales para la ejecución de proyectos comunitarios, como obras públicas menores, mantenimiento de infraestructuras y programas sociales.

Estos fondos provienen del presupuesto general del Estado y deben ser utilizados exclusivamente para atender necesidades locales, bajo criterios de transparencia, rendición de cuentas y beneficio directo a la comunidad.

El problema, según múltiples investigaciones del Ministerio Público, es que en varios casos estos recursos habrían sido utilizados de forma irregular, sin respaldo documental o sin que las obras fueran ejecutadas.

Este patrón ha sido identificado en diferentes provincias, donde se han detectado pagos sin sustento, contratos irregulares y desviación de fondos, lo que ha derivado en procesos penales por presunto peculado.

Uno de los casos recientes ocurrió el 11 de marzo de 2026, cuando la Fiscalía Anticorrupción logró la detención provisional de un exrepresentante del corregimiento de Capira por el manejo irregular de fondos asignados entre 2019 y 2024.

Según la investigación, el funcionario recibía cerca de $110,000 anuales para proyectos comunitarios que no fueron ejecutados, mientras que auditorías de la Contraloría detectaron irregularidades en el uso de 952 cheques sin sustento.

Otro operativo relevante se desarrolló el 12 de febrero de 2026 en Panamá Oeste, donde la Operación Comuna permitió la aprehensión de cuatro exfuncionarios del Municipio de Arraiján, incluyendo un exalcalde, por un presunto peculado agravado que habría generado una lesión patrimonial superior a $815,000. Las diligencias incluyeron allanamientos en varios corregimientos, donde se recabaron evidencias clave para el proceso.

Estas acciones forman parte de un patrón más amplio de investigaciones sobre el uso de fondos de descentralización. Hasta finales de 2025, la Fiscalía Anticorrupción había identificado una lesión patrimonial de $25.4 millones, vinculada a 36 representantes, exrepresentantes y extesoreros de juntas comunales. Sin embargo, las autoridades reconocen que la cifra actual es mayor, tanto en monto como en número de personas bajo investigación.

En este contexto, la Operación Litus refuerza la estrategia del Ministerio Público de avanzar en casos relacionados con el manejo de recursos públicos a nivel local, especialmente en estructuras donde históricamente ha existido debilidad en los controles administrativos.

La investigación en Colón busca determinar responsabilidades individuales y establecer cómo se estructuraron los esquemas que permitieron el presunto desvío de fondos.

El Ministerio Público ha reiterado que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades y llevar ante los tribunales a quienes resulten vinculados a estos hechos.

Mientras tanto, el caso vuelve a poner en el centro del debate el uso de los fondos de descentralización y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión, control y transparencia en la administración de recursos públicos.

El gobierno del Reino Unido reiteró su disposición de respaldar financieramente el desarrollo del ferrocarril Panamá-Paso Canoas, en el marco de una agenda diplomática que dejó en evidencia el renovado interés británico por fortalecer su presencia en proyectos estratégicos en el país.

Este mensaje se dio durante una serie de encuentros sostenidos en Londres por el canciller Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, en los que Panamá logró posicionarse como un destino prioritario para la inversión, destacando su rol como plataforma logística global, su estabilidad institucional y su capacidad de conectar mercados internacionales.

Durante la reunión con autoridades del gobierno británico, incluyendo al ministro de Política Comercial y Seguridad Económica, Chris Bryant, y representantes de UK Export Finance, se puso sobre la mesa el interés concreto de Reino Unido en participar en proyectos de infraestructura de alto impacto.

En ese contexto, el tren Panamá-Paso Canoas fue presentado como una iniciativa clave para la integración regional, con potencial de dinamizar el comercio y fortalecer la conectividad terrestre. La conversación también abordó el respaldo técnico y financiero que empresas británicas ya han ofrecido en sectores estratégicos del país.

El proyecto del tren Panamá–Paso Canoas contempla una extensión aproximada de 475 kilómetros a lo largo del país, con un trazado que conectaría la capital con la frontera con Costa Rica en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con los planteamientos iniciales, el sistema incluiría 14 estaciones distribuidas en puntos estratégicos como Panamá Pacífico, La Chorrera, Penonomé, Santiago y David, entre otros, con el objetivo de integrar polos logísticos, urbanos y productivos.

En términos de operación, se ha estimado que el tiempo de recorrido total podría situarse entre 3 y 4 horas, dependiendo del tipo de servicio (expreso o con paradas), lo que representaría una reducción significativa frente al transporte terrestre actual y una mejora en la conectividad interna del país.

El canciller destacó que Panamá no solo ofrece una posición geográfica privilegiada, sino también un entorno de confianza, seguridad jurídica y apertura económica. Subrayó que el país se ha consolidado como un hub logístico, aéreo, portuario y financiero, capaz de articular cadenas de valor globales.

Además, resaltó que esta plataforma permite a inversionistas internacionales, como los británicos, expandirse hacia América Latina con ventajas competitivas claras en distribución, manufactura y servicios especializados.

En ese mismo encuentro, ambas partes revisaron el estado de la cooperación bilateral en áreas como energía, servicios financieros, industria farmacéutica y sostenibilidad ambiental.

También manifestaron interés en profundizar la colaboración en sectores de alto valor agregado, incluyendo manufactura avanzada, industrias creativas y servicios financieros especializados. Este enfoque apunta a diversificar la relación económica y elevarla hacia segmentos más sofisticados y con mayor impacto en el crecimiento económico.

Otro de los elementos centrales expuestos por Panamá fue su credibilidad internacional, sustentada en la neutralidad histórica del Canal, el respeto al derecho internacional y su compromiso con la libertad de navegación. Martínez-Acha enfatizó que la geografía del país no es solo una ventaja natural, sino un instrumento de soft power que le permite jugar un rol relevante en el orden global.

Esta narrativa busca posicionar a Panamá como un socio confiable en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de alianzas.

En paralelo, el canciller sostuvo un encuentro con la diplomática británica Dama Barbara Woodward, donde ambas partes coincidieron en que la relación bilateral atraviesa un momento de madurez estratégica.

Se destacó un diálogo político fluido, una cooperación pragmática y una convergencia en temas globales como seguridad, comercio y gobernanza internacional. Panamá fue presentado como un socio confiable en la región, mientras que Reino Unido reafirmó su rol como aliado relevante en inversión y cooperación técnica.

Uno de los puntos más sensibles abordados en esta reunión fue el fortalecimiento de la cooperación en seguridad e inteligencia, especialmente frente a amenazas emergentes, tanto tradicionales como híbridas.

Ambas delegaciones coincidieron en que este componente es fundamental para garantizar la estabilidad regional y global, en un entorno donde los riesgos transnacionales requieren respuestas coordinadas. El reconocimiento mutuo de capacidades y experiencia refuerza la dimensión estratégica de la relación bilateral.

Como parte de su agenda en Londres, el canciller también participó en una mesa redonda en Canning House, donde posicionó a Panamá como el “Hub de los Hubs”. En este foro, que reúne a actores influyentes del ámbito político, empresarial y académico británico, Panamá proyectó una imagen de confianza, modernidad y visión de futuro.

La exposición permitió destacar el potencial del país como nodo logístico global y socio estratégico en un entorno internacional cada vez más competitivo.

Durante su intervención, Martínez-Acha presentó a Panamá como un hub integral en logística, finanzas, tecnología y conectividad, resaltando proyectos como el ferrocarril, nuevos puertos y la diversificación energética.

También hizo énfasis en la seguridad jurídica, la neutralidad del Canal y el respeto irrestricto a las normas internacionales. Este enfoque busca atraer inversión en sectores como energía verde, tecnología y logística avanzada, donde existe interés creciente por parte de inversionistas británicos.

El encuentro en Canning House dejó como conclusión que la relación entre Panamá y Reino Unido tiene un alto potencial de expansión, especialmente en el contexto post-Brexit, donde Londres busca fortalecer su presencia global.

Los participantes coincidieron en que existe una convergencia natural entre la vocación internacional británica y el rol de Panamá como plataforma hemisférica.

La agenda desarrollada en Londres no solo reafirma vínculos, sino que abre la puerta a una asociación más estructurada, estratégica y orientada a resultados concretos.

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 552, una iniciativa que busca introducir nuevas reglas de transparencia, equilibrio y control en los contratos de crédito del sistema bancario panameño.

La propuesta, impulsada por el diputado Ernesto Cedeño, apunta a prácticas cuestionadas por usuarios, como el aumento de tasas sin ajustes a la baja, en un contexto donde el crédito es una herramienta clave para el acceso a financiamiento.

El proyecto plantea modificar el marco legal vigente para obligar a los bancos a detallar elementos como la tasa inicial, la metodología de cálculo, el índice de referencia y el límite máximo aplicable durante la vida del crédito.

Además, introduce la exigencia de que las tasas variables se basen en indicadores objetivos, públicos y verificables, evitando que dependan exclusivamente de decisiones internas.

Uno de los puntos más sensibles de la propuesta es la incorporación del principio de simetría en las tasas de interés, que obligaría a las entidades a reducirlas cuando el índice de referencia disminuya.

Actualmente, según el proponente, esto no ocurre de forma consistente. También se establece la prohibición de modificar unilateralmente las condiciones del contrato, reforzando la seguridad jurídica y la protección del cliente.

El proyecto también introduce límites a las penalidades por incumplimiento, estableciendo que los recargos no podrán superar el 20% del capital originalmente prestado y que deben ser proporcionales y claramente definidos.

Además, obliga a los bancos a presentar una liquidación final detallada, evitando la acumulación de cargos adicionales que eleven la deuda .

Para el diputado Ernesto Cedeño, la iniciativa responde a quejas de clientes sobre aumentos en tasas basados en variables externas que luego no se traducen en reducciones.

El proyecto también plantea crear una vía administrativa para solicitar la prescripción de deudas sin procesos judiciales, lo que reduciría costos y tiempos para los usuarios.

La Superintendencia de Bancos de Panamá tendría un rol central en la aplicación de la ley, con facultades para fiscalizar, regular y sancionar incumplimientos, además de establecer índices de referencia y ordenar la eliminación de cláusulas contractuales contrarias a la normativa .

Este proyecto representa el segundo intento del diputado Ernesto Cedeño de introducir cambios relevantes en el sistema bancario panameño. Su iniciativa anterior sobre el manejo de deudas fue vetada por el presidente José Raúl Mulino y rechazada por el sector financiero, lo que evidencia la tensión existente entre las propuestas de reforma y la posición de la banca.

En ese antecedente, el sector bancario advirtió que propuestas similares podrían generar incertidumbre, mayores costos y restricciones en el crédito, afectando a familias y pequeñas empresas. También alertó sobre el riesgo de incentivar el incumplimiento, debilitando la cultura de pago y presionando la estabilidad del sistema financiero.

En contraste, el nuevo proyecto introduce cambios más amplios al exigir que todas las condiciones relacionadas con tasas sean claras, visibles y previamente definidas. Esto incluye detallar el método de cálculo, los índices utilizados y los topes máximos, elementos que hoy no siempre están transparentes para los clientes.

La propuesta también prohíbe la modificación unilateral de condiciones durante la vigencia del crédito sin consentimiento del cliente, reforzando la previsibilidad, estabilidad y equilibrio contractual en la relación entre bancos y usuarios.

Con la aprobación en primer debate, el proyecto pasará ahora al pleno de la Asamblea Nacional, donde enfrentará un debate más amplio entre diputados, sector bancario y Ejecutivo. El resultado será clave para definir si Panamá introduce cambios estructurales en su sistema de crédito o mantiene el modelo actual con ajustes parciales.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, objetó parcialmente el proyecto de ley 331 que buscaba desarrollar y fomentar el turismo deportivo, al advertir que la iniciativa presenta riesgos fiscales, vacíos legales y posibles conflictos de competencias entre instituciones del Estado.

La decisión del Ejecutivo frena, por ahora, la entrada en vigor de una norma que pretendía posicionar al país como destino de eventos deportivos internacionales y fortalecer el desarrollo económico a través del turismo.

La propuesta legislativa, aprobada previamente por la Asamblea Nacional, planteaba impulsar el turismo deportivo como una estrategia económica, social y cultural, promoviendo la organización de eventos nacionales e internacionales, así como la inversión en infraestructura deportiva y la integración con el ecoturismo y la riqueza cultural del país .

Además, establecía mecanismos para dinamizar economías locales mediante circuitos turísticos vinculados a actividades deportivas en distintas regiones.

Sin embargo, en una comunicación dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, el mandatario explicó que, tras evaluar observaciones de múltiples entidades públicas, se detectaron disposiciones que podrían generar desorganización institucional, superposición de funciones y vulneración de la autonomía municipal.

Entre las instituciones que emitieron criterios figuran el Ministerio de Educación (Meduca), la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), la Universidad de Panamá, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre otras.

Uno de los principales cuestionamientos del Ejecutivo se centra en aspectos relacionados con la regulación sanitaria y los procesos de certificación de circuitos turísticos deportivos.

Según el análisis oficial, el proyecto no establece con claridad que las autorizaciones sanitarias sean un requisito previo obligatorio, lo que podría permitir la validación de actividades sin cumplir con los estándares exigidos por la normativa vigente, generando riesgos para la salud pública.

El Ejecutivo también objetó varias disposiciones por inconvenientes técnicos y administrativos, incluyendo el numeral 3 del artículo 4, el artículo 5 y el numeral 8 del artículo 12, así como artículos vinculados a certificación, control sanitario y promoción de la salud.

Estas observaciones apuntan a inconsistencias en la forma en que se asignan responsabilidades entre entidades como Pandeportes y la Autoridad de Turismo de Panamá, lo que podría derivar en conflictos operativos.

Uno de los puntos más sensibles del veto parcial fue la objeción del artículo 19, que proponía la creación del Fondo Nacional de Turismo Deportivo, destinado a financiar proyectos, promover eventos y apoyar a comunidades locales. Aunque el Ejecutivo reconoce que el objetivo es positivo, advirtió que la propuesta presenta deficiencias técnicas, administrativas y constitucionales, lo que hace inviable su implementación en los términos planteados.

El proyecto de ley también incluía una amplia estructura de incentivos y beneficios, como acceso a financiamiento preferencial, programas de capacitación, promoción internacional y participación en fondos multilaterales, con el objetivo de atraer inversión y consolidar a Panamá como un destino competitivo en este segmento .

Asimismo, contemplaba la creación de circuitos turísticos deportivos certificados, con requisitos específicos en materia de infraestructura, acceso, servicios básicos y sostenibilidad.

En su exposición de motivos, la iniciativa resaltaba que el turismo representa cerca del 11% del producto interno bruto de Panamá, generando aproximadamente $5,000 millones en divisas y miles de empleos directos e indirectos, lo que sustenta la apuesta por diversificar la oferta turística mediante el deporte.

Además, destacaba el potencial del país para albergar eventos como maratones, triatlones, competencias de ciclismo y actividades acuáticas, aprovechando su ubicación geográfica y diversidad natural.

No obstante, el Ejecutivo considera que, pese al potencial del turismo deportivo, la propuesta requiere ajustes estructurales para garantizar coherencia institucional, seguridad jurídica y sostenibilidad fiscal.

Con la objeción parcial, el proyecto regresa a la Asamblea Nacional, donde los diputados deberán analizar las observaciones y decidir si acogen los cambios, modifican el texto o insisten en su aprobación original.

El debate sobre esta iniciativa pone en evidencia la necesidad de equilibrar el impulso a nuevas actividades económicas con marcos regulatorios sólidos y coordinación efectiva entre entidades públicas, especialmente en sectores estratégicos como el turismo.

La decisión final marcará el rumbo de una política que busca aprovechar el deporte como motor de desarrollo, pero que enfrenta cuestionamientos sobre su viabilidad en su forma actual.

El pleno del Parlamento Centroamericano rechazó modificar el orden del día este martes 21 de abril, dejando fuera la juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, en una sesión marcada por tensiones políticas y cuestionamientos sobre el uso de la inmunidad regional.

La decisión se adoptó con 91 votos a favor, 3 en contra y 27 abstenciones, lo que consolidó la postura mayoritaria de mantener la agenda sin cambios, pese a la controversia generada en torno al tema.

La solicitud para incluir la juramentación había sido presentada formalmente días antes por el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, mediante una nota fechada el 15 de abril, dirigida a la presidenta del Parlacen, Karla Lisbeth Gutiérrez Herrera.

En el documento se argumentaba que los exmandatarios tienen derecho de integración automática al organismo regional una vez concluyen sus funciones, en apego al Tratado Constitutivo y al reglamento interno del Parlamento . La misiva solicitaba que el acto se incluyera en la agenda de la sesión plenaria de abril.

Durante la sesión, la diputada Ernestina Morales, suplente de Robinson, defendió la petición y sostuvo que la juramentación debía proceder sin condicionamientos, señalando que corresponde a la justicia panameña determinar responsabilidades penales y no al Parlacen. Sin embargo, la postura encontró resistencia en diversas bancadas, que cuestionaron tanto el momento de la solicitud como sus posibles implicaciones, especialmente en el caso de Carrizo.

El exvicepresidente José Gabriel Carrizo enfrenta actualmente un proceso judicial por presunto enriquecimiento injustificado, relacionado con su gestión entre 2019 y 2024. El pasado 28 de enero, una juez de garantías le imputó cargos y le impuso medida cautelar de arresto domiciliario, lo que ha sido un elemento clave en la discusión política. Su defensa intentó trasladar el caso a la Corte Suprema alegando su supuesta condición de diputado del Parlacen, pero el máximo tribunal rechazó ese argumento al no reconocerle dicha calidad.

Diputados de la bancada del partido Realizando Metas (RM) y del Partido Popular cuestionaron abiertamente la intención de la solicitud. El diputado Rubén Campos afirmó que la incorporación en este momento responde a un intento de buscar protección bajo la inmunidad parlamentaria, mientras otros legisladores advirtieron sobre el impacto que esto tendría en la credibilidad del organismo regional. La presidenta del Parlacen fue contundente al señalar que no se permitirán presiones ni decisiones que afecten la imagen institucional.

En ese contexto, Gutiérrez advirtió que el riesgo reputacional del Parlacen es crítico, y que la institución debe evitar ser percibida como un refugio para evadir procesos judiciales. “No los voy a juramentar”, expresó durante su intervención, dejando claro que los exfuncionarios deberán resolver primero sus asuntos legales en Panamá antes de aspirar a ocupar sus escaños en el organismo regional.

El debate revive precedentes polémicos en torno al uso del Parlacen como escudo político. El expresidente Ricardo Martinelli utilizó su condición de diputado del organismo para alegar inmunidad en medio de procesos judiciales.

Mientras que el expresidente Juan Carlos Varela y los hijos de Ricardo Martinelli serán juzgados por la Corte Suprema de Justicia, tras haber sido juramentados como integrantes del Parlacen. Al contar con esa inmunidad, estas figuras de la política panameña no fueron procesadas hace unas semanas por un tribunal ordinario en Panamá, que actualmente está en proceso de emitir el fallo contra los demás implicados, incluido el propio Martinelli.

El rechazo a modificar la agenda también deja en evidencia las divisiones políticas dentro de la representación panameña en el Parlacen. Mientras algunos diputados defendieron el derecho formal de los exmandatarios a integrarse al organismo, otros insistieron en que la solicitud es extemporánea y que no se justifica en el contexto actual.

Incluso se recordó que desde agosto de 2024 ambos tenían la posibilidad de incorporarse, pero no lo hicieron en ese momento.

Con esta decisión, el Parlacen evita, al menos por ahora, abrir un nuevo frente de cuestionamientos sobre su rol y sus mecanismos de incorporación. La juramentación de Cortizo y Carrizo queda fuera de la agenda inmediata, en un escenario donde la legalidad, la política y la reputación institucional se cruzan en una discusión que sigue abierta.

Un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que, aunque Panamá cuenta con una base sólida en el sector servicios, aún enfrenta brechas estructurales que limitan su capacidad para competir en el mercado global de servicios modernos, un segmento que concentra el mayor crecimiento de la economía mundial.

Los servicios modernos se refieren a actividades intensivas en conocimiento, tecnología y talento, que van más allá de los servicios tradicionales como transporte o turismo. Incluyen sectores como desarrollo de software, ciberseguridad, servicios digitales, producción audiovisual, diseño, investigación aplicada y servicios profesionales avanzados, todos vinculados a la economía digital y con alto valor agregado en las cadenas globales.}

En este contexto, el Gobierno presentó la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos de Panamá (ENESM-PA 2026), liderada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), como un plan para articular estos esfuerzos y cerrar las brechas identificadas. La estrategia se basa en cinco pilares: medición, inversión extranjera, promoción exportadora, talento humano e infraestructura digital, con el objetivo de integrar estos elementos en un solo sistema.

En el caso de Panamá, el informe destaca que el país ya tiene una base relevante en servicios, impulsada por su posición como hub logístico, financiero y corporativo. De hecho, en 2024 se ubicó como el octavo exportador de servicios modernos en América Latina, aunque logró posicionarse como el tercero en exportaciones per cápita, lo que evidencia un desempeño competitivo en relación con su tamaño económico.

Sin embargo, el crecimiento de estos servicios en Panamá ha sido más lento que en otras economías, e incluso menor al de los bienes en el mismo período, lo que refleja una desconexión entre el potencial del país y su aprovechamiento real. A nivel global y regional, los servicios modernos han crecido a un ritmo más acelerado que los servicios tradicionales, lo que plantea un desafío estratégico para la economía panameña.

Uno de los principales problemas identificados en el análisis es la falta de medición adecuada del sector. Panamá cuenta con estadísticas generales de servicios, pero no dispone de una cuenta satélite específica para servicios modernos, lo que impide conocer con precisión cuánto exporta, qué sectores están creciendo y dónde se encuentran los cuellos de botella.

En materia de inversión extranjera, el país presenta fortalezas importantes, como los regímenes especiales SEM y EMMA, así como experiencia en la atracción de centros corporativos. Sin embargo, el informe señala que Panamá carece de una estrategia específica de atracción de inversión enfocada en servicios modernos, lo que limita su capacidad para captar empresas de alto valor agregado.

Otro punto crítico está en la promoción de exportaciones. Aunque existen iniciativas como misiones comerciales y ferias organizadas por ProPanamá, el documento advierte que aún hay una falta de seguimiento efectivo que permita convertir esos contactos en exportaciones reales. Además, persiste una concentración en servicios tradicionales, con poca visibilidad internacional de la oferta moderna del país.

El talento humano representa uno de los mayores desafíos. Panamá cuenta con universidades, programas técnicos y una base de capital humano adaptable, pero enfrenta un déficit en inglés profesional y habilidades digitales avanzadas, lo que limita su capacidad para competir en sectores tecnológicos. También existe una brecha entre la formación académica y las necesidades reales del mercado.

En el ámbito de infraestructura digital, el país tiene ventajas claras, como conectividad internacional robusta y presencia de cables submarinos, pero enfrenta obstáculos importantes, entre ellos altos costos de internet, debilidad en la última milla, baja interoperabilidad institucional y limitaciones en ciberseguridad, factores que afectan su competitividad global.

A pesar de estas brechas, el informe concluye que Panamá tiene una oportunidad estratégica única para posicionarse como un hub regional de servicios modernos, aprovechando su ubicación geográfica, conectividad y estabilidad. Sin embargo, advierte que el avance ha sido fragmentado, con capacidades dispersas y sin una estrategia integrada hasta ahora.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que esta iniciativa busca generar más valor, empleo calificado y presencia internacional, pasando de una economía basada en servicios tradicionales a una enfocada en sectores de mayor valor agregado.

Como parte de su implementación, se anunció la creación de un comité tripartito integrado por el sector público, privado y la academia, que tendrá la responsabilidad de coordinar la ejecución, dar seguimiento a los indicadores y resolver cuellos de botella, garantizando la continuidad de la estrategia en el tiempo.

En síntesis, el diagnóstico es claro: Panamá tiene las bases para competir en el mercado global de servicios modernos, pero necesita mejorar su medición, fortalecer su talento, reducir brechas digitales y enfocar mejor su promoción internacional. La nueva estrategia busca precisamente cerrar esa brecha entre el potencial y la ejecución.

Al cierre de febrero de 2026, las finanzas públicas panameñas reflejan un inicio de año con mayor presión sobre el balance fiscal, impulsado principalmente por el crecimiento del gasto frente a los ingresos.

El Sector Público No Financiero registró un déficit de $1,110 millones, equivalente al 1.17% del Producto Interno Bruto, lo que representa un aumento de $307 millones respecto al mismo período de 2025, en un contexto donde el Estado ha acelerado la ejecución de recursos públicos.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este resultado responde a una aceleración en la inversión pública, alineada con el presupuesto y el marco fiscal, y no a un deterioro desordenado de las finanzas.

En su informe, la entidad sostiene que el mayor déficit está vinculado a la ejecución de proyectos estratégicos y al cumplimiento de compromisos sociales, lo que explica el comportamiento del gasto en los primeros meses del año.

Por el lado de los ingresos, el desempeño muestra un crecimiento relevante, aunque con señales mixtas en su composición. Los ingresos totales alcanzaron $2,435 millones, con un aumento de 12.4%, impulsado principalmente por los aportes de la Caja de Seguro Social, que crecieron 11.4%, y por los ingresos de capital, que sumaron $197 millones, una cifra muy superior a la registrada el año anterior.

Sin embargo, los ingresos corrientes del Gobierno Central registraron una caída de 2.2%, equivalente a unos $25 millones, lo que refleja debilidad en algunas fuentes tradicionales.

A pesar de esto, los ingresos tributarios lograron crecer 2.7%, con un mayor dinamismo en los impuestos indirectos, que aumentaron 4.0%, especialmente por el comportamiento del consumo interno, lo que permitió sostener parcialmente la recaudación.

El contraste más marcado se observa en el gasto. El gasto total se ubicó en $3,545 millones, con un incremento de 19.4%, superando ampliamente el ritmo de crecimiento de los ingresos.

Este aumento estuvo impulsado principalmente por el gasto de capital, que creció 75.3%, equivalente a más de $375 millones adicionales, asociados a proyectos de infraestructura clave para el país.

Entre estos proyectos destacan la Línea 3 del Metro de Panamá y el Cuarto Puente sobre el Canal, iniciativas que, según el MEF, buscan fortalecer la movilidad, la competitividad logística y la conectividad. Este impulso a la inversión es uno de los factores que explica el aumento del déficit en el corto plazo, al concentrarse una parte importante del gasto en la ejecución temprana del presupuesto.

El gasto corriente, por su parte, creció 8.1%, aunque con comportamientos diferenciados dentro del sector público. Mientras el Gobierno Central redujo su gasto en $38 millones (-3.4%), la Caja de Seguro Social registró un aumento de $161 millones, equivalente a 25.1%, reflejando mayores compromisos en prestaciones, transferencias y atención social.

Otro componente que continúa presionando las finanzas es el costo de la deuda. Los pagos de intereses alcanzaron $712 millones, con un incremento de 11.5%, impulsado tanto por obligaciones externas como internas. Este aumento responde, en parte, a decisiones de manejo de pasivos que adelantaron pagos previstos para más adelante en el año fiscal, lo que impacta el resultado en este período.

En términos de balance, el ahorro corriente del sector público se ubicó en -$438 millones, lo que refleja que los ingresos no alcanzan para cubrir el gasto corriente. Este deterioro está vinculado principalmente al aumento del gasto en la CSS, aunque el Gobierno sostiene que el comportamiento general se mantiene dentro de los límites establecidos por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

El balance primario, que excluye el pago de intereses, también mostró un déficit de -$397 millones, lo que indica que la presión fiscal no se limita al servicio de la deuda, sino que responde a un aumento más amplio del gasto público. Este indicador es clave porque permite medir la sostenibilidad de las finanzas sin el efecto de los intereses acumulados.

Este escenario se produce luego de que Panamá cerrara 2025 con una mejora significativa en sus cuentas fiscales. El déficit del Sector Público No Financiero se ubicó en 3.68% del PIB, lo que representó una reducción cercana al 40% respecto al año anterior, equivalente a más de $2,069 millones, resultado que fue destacado por el MEF como parte de un proceso de ajuste fiscal.

Ese desempeño permitió mejorar la percepción de riesgo país y reducir presiones sobre las tasas de interés, en un contexto donde las autoridades combinaron disciplina fiscal, mejor recaudación y control del gasto. Sin embargo, el comportamiento de 2026 refleja una nueva etapa, en la que el énfasis está en la ejecución de proyectos y el cumplimiento de compromisos sociales.

Mientras la falta de medicamentos sigue entre las quejas más frecuentes de los pacientes de la Caja de Seguro Social (CSS), la Procuraduría General de la Nación avanza en una investigación para determinar posibles responsabilidades por el vencimiento de insumos y medicinas valorados en más de $2.5 millones, tras nuevas diligencias de inspección ocular en depósitos de la entidad ubicados en Felipillo y El Crisol.

Durante los operativos, desarrollados por la Fiscalía Anticorrupción en conjunto con unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, se ubicaron diversos insumos médicos quirúrgicos, equipos para administración de soluciones, venoclisis, guantes, respiradores, suturas y bandejas de anestesia que se encontraban vencidos, además de documentación que será incorporada al proceso para determinar posibles responsabilidades dentro de la cadena de manejo y custodia de estos productos.

Las autoridades también confirmaron que en los depósitos de El Crisol se hallaron medicamentos e insumos con fechas de expiración que abarcan desde 2014 hasta 2024, lo que evidencia un problema prolongado en el control de inventarios dentro de la institución, con implicaciones tanto administrativas como sanitarias, considerando que estos productos estaban destinados al uso en pacientes del sistema público de salud.

La investigación tiene su origen en una auditoría interna impulsada por la propia CSS, tras una revisión ordenada por el subdirector de la entidad, Rogelio Gordón, quien detectó la existencia de productos vencidos en distintos puntos de almacenamiento, lo que generó preocupación ante la posibilidad de que estos medicamentos pudieran haber sido distribuidos a pacientes, en medio de reiteradas quejas por desabastecimiento.

Según la información oficial, los depósitos auditados incluyen instalaciones en Panamá, Divisa y Chiriquí, donde se mantenían almacenados fármacos e insumos médicos, lo que amplía el alcance de la investigación y sugiere que el problema no estaría limitado a un solo punto, sino que podría responder a fallas estructurales en el sistema logístico de la institución.

Este caso también ha derivado en acciones legales. La diputada de la bancada Vamos, Paulette Thomas, presentó una denuncia penal contra el exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés, solicitando al Ministerio Público que determine su posible responsabilidad en el desabastecimiento de medicamentos, pese a que la entidad mantenía inventarios con productos ya vencidos, lo que plantea interrogantes sobre la gestión de compras y distribución durante su administración.

De forma paralela, la Contraloría General de la República inició una auditoría forense que abarca el periodo comprendido entre 2019 y 2024, durante el cual Lau Cortés estuvo al frente de la institución, con el objetivo de evaluar áreas clave como el sistema de distribución de medicamentos, las planillas y las pensiones, en un intento por establecer si existieron irregularidades que derivaran en pérdidas económicas para el Estado.

El vencimiento de más de $2.5 millones en medicamentos fue precisamente uno de los elementos que motivó, en octubre de 2024, la presentación de una querella penal contra el exdirector y otros funcionarios vinculados a las áreas de almacén y compras, en un contexto marcado por denuncias de pacientes que enfrentaban escasez de fármacos esenciales, mientras productos permanecían almacenados sin ser utilizados.

Las diligencias más recientes, según indicó la Procuraduría, podrían abrir la puerta a nuevas líneas de investigación, al detectar otros posibles hechos delictivos que deberán ser analizados de forma independiente, lo que podría ampliar el número de implicados en este caso que ya involucra a distintas instancias del sistema de salud pública.

La creciente interacción entre humanos y fauna silvestre en la ciudad de Panamá ha encendido las alertas de las autoridades ambientales y sanitarias, que desde 2025 han intensificado reuniones y operativos para atender un fenómeno que ya no es aislado, sino recurrente.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en conjunto con el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), ejecuta un estudio de eco-epidemiología enfocado en pequeños mamíferos como los mapaches, ante el aumento de contactos directos con personas en zonas urbanas como Amador, Cinta Costera y Ancón, donde la presencia de estos animales es cada vez más visible y constante.

Como parte de este plan, especialistas han desarrollado jornadas de captura que permitieron incluir hasta 30 ejemplares en el muestreo científico, bajo protocolos de campo que combinan veterinaria, biología y salud pública.

A estos animales se les aplicaron pruebas de laboratorio orientadas a detectar enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que pueden transmitirse entre humanos y animales en ambas direcciones.

El objetivo no es menor: identificar posibles reservorios de virus y bacterias que puedan circular silenciosamente en entornos urbanos donde la fauna ha perdido el miedo al contacto humano.

El enfoque principal del estudio está en la detección de arbovirus de alto impacto en salud pública como dengue, Zika, chikungunya y fiebre amarilla, además de otros análisis relacionados con rabia, parásitos internos y externos.

Este tipo de vigilancia resulta clave porque los animales pueden actuar como huéspedes intermedios o amplificadores de enfermedades, lo que complica el control epidemiológico en ciudades densamente pobladas.

Las autoridades han aclarado que los resultados no son inmediatos, ya que requieren procesamiento especializado y validación científica, lo que implica semanas de análisis antes de emitir conclusiones.

El punto crítico no es solo la presencia de los animales, sino el cambio en su comportamiento. Durante las inspecciones previas, los especialistas detectaron que muchos mapaches presentan una conducta fuertemente influenciada por la actividad humana, ya que son alimentados por visitantes con restos de comida procesada como frituras, salchipapas, galletas y dulces.

Esta alteración en la dieta natural no solo afecta su salud, sino que también modifica sus patrones de movilidad, haciéndolos más dependientes del ser humano y aumentando el riesgo de contacto directo.

Este fenómeno tiene implicaciones profundas en términos sanitarios. Cuando un animal silvestre cambia su dieta y hábitos, también cambia su microbiota, su sistema inmunológico y su exposición a patógenos, lo que puede convertirlo en un puente epidemiológico entre ecosistemas naturales y urbanos.

La alta interacción detectada en estas áreas favorece la habituación, un proceso en el que los animales pierden su comportamiento natural de evasión y se acercan a las personas, incrementando la probabilidad de transmisión de enfermedades.

La evidencia científica respalda estos riesgos. Casos recientes han demostrado que la transmisión no ocurre solo de animales a humanos, sino también en sentido inverso. En Panamá, por ejemplo, se confirmó la muerte de una mona araña tras contraer tuberculosis zoonótica, presuntamente transmitida por un humano infectado, lo que activó protocolos bajo el enfoque de “Una sola salud”.

Este concepto integra la salud humana, animal y ambiental, reconociendo que están interconectadas. En este caso, el contagio de humano a animal evidenció cómo prácticas como el mascotismo pueden generar consecuencias fatales para la fauna.

A nivel internacional, existen múltiples precedentes. Se han documentado contagios de influenza, sarampión, COVID-19 y herpes en primates en África, Asia y América Latina, muchos de ellos vinculados al turismo o al contacto directo con personas.

En parques naturales, por ejemplo, visitantes han transmitido virus respiratorios a gorilas y chimpancés, obligando a implementar restricciones sanitarias más estrictas. Estos episodios demuestran que la intervención humana no solo altera ecosistemas, sino que también introduce patógenos para los cuales los animales no tienen defensas naturales.

Ante este panorama, las autoridades panameñas han reiterado la necesidad de reducir la interacción entre humanos y fauna silvestre, no solo por razones de conservación, sino también por seguridad sanitaria.

Con base en los resultados de los análisis clínicos, MiAmbiente y el Gorgas evaluarán medidas de manejo que podrían incluir restricciones, campañas educativas y control de alimentación indebida, con el objetivo de romper el ciclo de dependencia y minimizar riesgos epidemiológicos.

Anteriormente, el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) había advertido que el aumento de mapaches en zonas urbanas, como la Cinta Costera, responde a la destrucción de su hábitat natural, una situación que ha empujado a estos animales a desplazarse hacia áreas más pobladas en busca de alimento.

Los cambios en el uso del suelo y la expansión urbana han reducido los espacios disponibles para diversas especies, entre ellas los mapaches, que ahora intentan subsistir en entornos habitados, con efectos directos sobre el ecosistema urbano.

En 2022, el actor conversó con María Laura Santillán para Infobae y durante esa charla se condensa su pensamiento, su visión de la actualidad del mundo y del país, y como la misma entrevistadora rememora ahora, al conocerse la trágica noticia: “Fue protagonista durante toda su existencia de la historia de nuestro país, como actor, dueño de un enorme talento y como dirigente, con su compromiso. Gracioso y chinchudo a la vez, disfrutó hasta el final de sus días lo que más amaba: subirse a un escenario”.

“No, yo ya viví lo mío y estoy conforme”, decía cada vez que le preguntaban por la tecnología. No era una frase de ocasión ni un escudo para eludir lo nuevo, sino una declaración de paz con su propia historia. “Y me he organizado. Por ejemplo, hasta me he llegado a ufanar de saber muchos números telefónicos, cosa que a los jóvenes no les pasa. No saben ningún número telefónico. O muy pocos, el del papá o el de la mamá. Está todo en el teléfono. Les afanan el teléfono y están desnudos, en bolas. ¿Cómo es? Entonces no, yo anoto, escribo”.

En ese acto de escribir, de anotar en una agenda, había una forma de resistencia y también una ternura: “Desde el año 65 hasta ahora”, contaba, y se le iluminaban los ojos. “Tengo las agendas de mi vida”. Cada año, una libreta distinta, la letra cambiando con el tiempo, las hojas sumando compromisos, recuerdos, días importantes y días comunes. “Pero no me siento inferior eh. Me siento un hombre de mi edad. Estoy contento, tengo mi libreta telefónica. Tengo mis maneras”.

No había en Brandoni desprecio por la juventud, ni por sus costumbres, solo una descripción precisa de la distancia: “La gente de mi edad ha visto un cine en la Ciudad de Buenos Aires que no se ha visto en muchos países del mundo, era una gloria. Nosotros disfrutamos ese cine que los jóvenes hoy no van a poder disfrutar. Porque nadie los induce. Nadie los induce a ver el cine italiano que hemos visto nosotros. A ver el cine francés, el cine polaco, el cine inglés. Todos los cines del mundo se dieron en Buenos Aires. Y hoy la cinematografía está dividida en lo que se produce en la Argentina y en lo que se produce en Estados Unidos. Porque la producción, la exhibición y la distribución están en manos de empresas norteamericanas”.

Cuando alguien le refutaba que desde las plataformas podía verse cine escandinavo, francés o español, Brandoni respondía con una mezcla de humor y honestidad: “Pero vos tenés tiempo y sabés manejar todo esto. A mí no me sale”. Y si le preguntaban si era porque no quería aprender, la respuesta era aún más cruda: “No tengo rapport, no tengo feeling con la tecnología. Me cuesta”.

La vida diaria también estaba llena de esas pequeñas batallas perdidas y aceptadas. “Dentro de unos pocos días, no sé qué voy a hacer con esa limitación que tengo fuera del país. Seguramente voy a ir acompañado de Saula (N de la R, su pareja), ella sí se maneja con una gran ductilidad y una gran facilidad. Ya no sé si voy a poder hablar en castellano siquiera, a ver si me entienden”. Pero Brandoni, lejos de resignarse, buscaba soluciones simples: “¿Sabés cómo lo resuelvo en Estados Unidos? ‘¡¿Alguien habla español?!’ Siempre aparece uno. Ahí lo resuelvo. Es perfecto eso”.

La memoria de Brandoni no era solo un archivo de teléfonos y agendas; también era un mapa de afectos. Al hablar de Robert De Niro, el relato se volvía íntimo: “Mi vínculo es un vínculo afectuoso. Yo lo conocí a él por Lito Cruz, apareció después de filmar una película que se llamó La misión. Ahí nos conocimos, estuvimos una noche juntos. Después otra vez otro almuerzo. Y después hubo otro encuentro. En el año ’86 nos tocó ir a filmar a Nueva York... el propósito era invitarme a pasar la Nochebuena a su casa porque él suponía que yo iba a estar solo o con el equipo técnico. Así que fuimos con Marta, estaba yo casado con Marta (Bianchi)”.

No era un hombre de tecnología, pero sí de recursos. “Tengo una deficiencia muy grande, que es la de no saber otro idioma”, admitía, y lo contaba sin vergüenza. “Le digo cosas en italiano y las entiende. Su papá era italiano. Me las rebusco porque escuché mucho ese idioma. No me moriría de hambre en Italia”.

Las anécdotas se desgranaban con la naturalidad de quien no necesita exagerar. “Hace seis años estuvo en mi casa acá en la calle Suipacha y trajo la cámara para sacarse una foto con nosotros”. Y en el lenguaje, ese territorio que a veces parecía un obstáculo, Brandoni encontraba puentes insospechados: “¿Vos le decís Bobby? —Sí. —¿Y él te dice Beto? —Sí”. No sabían bien en qué idioma hablaban, pero se entendían. “Él tiene pretensiones de hablar en porteño. Las palabras las sabe todas”.

En la descripción de De Niro, Brandoni encontraba una definición de autenticidad y de oficio: “La gente no lo conoce en la calle. Porque no va por la vida como un actor, va por la vida como lo que es. Nadie lo conoce, es extraordinario. Eso habla de lo buen actor que es, porque no se parece a ningún personaje de los que hizo en el cine”.

Luis Brandoni eligió habitar su tiempo con serenidad y sin renegar de lo que ya no era propio. Sus agendas, sus números de memoria, su manera de mirar a los otros, construyeron una forma de resistencia íntima. No era nostalgia: era gratitud por lo vivido y una ternura sin alarde por todo lo que, aunque pareciera pequeño, le daba sentido.

Cada 18 de abril, el mundo conmemora el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, una fecha promovida por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) en 1982 y adoptada por la UNESCO en 1983 con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de proteger el patrimonio cultural.

Más que una efeméride, la jornada busca recordar que los monumentos no son solo estructuras, sino testimonios vivos de la historia, la identidad y la evolución de las sociedades.

En 2026, el lema es “Patrimonio vivo y respuesta de emergencia”, una consigna que pone el foco en la protección del patrimonio frente a riesgos como desastres naturales, conflictos o abandono.

La idea central es que el patrimonio no solo debe conservarse, sino también integrarse a la vida cotidiana y adaptarse a los desafíos contemporáneos, sin perder su valor histórico.

En el caso de Panamá, el país cuenta con tres sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que resumen momentos clave de su historia: el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo, el Distrito Histórico de Panamá (Casco Antiguo) y las Fortificaciones del Caribe en Portobelo y San Lorenzo.

Estos espacios reflejan la importancia estratégica del istmo como punto de conexión entre océanos y culturas.

El Sitio Arqueológico de Panamá Viejo es el punto de partida. Fundado en 1519 por los españoles, fue la primera ciudad europea establecida en la costa del Pacífico americano y un centro clave del comercio colonial. Desde allí salían hacia Europa grandes cantidades de oro y plata provenientes de Sudamérica.

La ciudad fue saqueada y destruida en 1671 por el pirata Henry Morgan, lo que obligó a su traslado. Hoy, sus ruinas —incluyendo la icónica torre de la catedral— son un recordatorio de ese primer capítulo urbano de Panamá.

Tras esa destrucción nació el Casco Antiguo, construido en 1673 en una ubicación más defensiva. Este distrito histórico se caracteriza por su mezcla de estilos arquitectónicos coloniales, neoclásicos y republicanos, resultado de distintas etapas de reconstrucción y crecimiento.

Más allá de sus edificios, el Casco representa un ejemplo de patrimonio vivo, donde conviven residentes, comercios, turismo y cultura. En las últimas décadas ha pasado por un proceso de revitalización que lo ha convertido en uno de los principales atractivos del país.

El tercer conjunto, las Fortificaciones del Caribe en Portobelo y San Lorenzo, responde a otra etapa histórica: la defensa del comercio colonial. Construidas entre los siglos XVI y XVIII, estas estructuras protegían las rutas por donde transitaban las riquezas del imperio español.

Portobelo fue uno de los puertos más importantes de América, mientras que San Lorenzo custodiaba la entrada del río Chagres, una vía clave hacia el interior del istmo.

Sin embargo, a diferencia de Panamá Viejo y el Casco Antiguo, estas fortificaciones permanecen en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro. La UNESCO ha señalado que, aunque Panamá ha avanzado en su conservación, aún existen retrasos en la ejecución de planes de gestión y restauración, lo que ha impedido su salida de esta categoría.

El plazo para cumplir con las metas se ha extendido hasta 2028, lo que mantiene la presión sobre las autoridades.

En el caso de San Lorenzo, se han desarrollado intervenciones importantes en los últimos años, incluyendo trabajos de mantenimiento estructural y programas de capacitación para personal local.

Por su parte, Portobelo enfrenta retos más complejos. Aunque se ha avanzado en la aprobación de instrumentos de planificación, aún quedan pendientes obras significativas en varias fortificaciones, así como la implementación de un plan integral que articule conservación, comunidad y turismo. Esto ha sido uno de los principales puntos señalados por los organismos internacionales.

Más allá de su estado actual, estos tres sitios reflejan el valor estratégico e histórico de Panamá. Desde el comercio colonial hasta la defensa militar y el desarrollo urbano, el patrimonio del país cuenta una historia de conexión global. Hoy, ese legado enfrenta un reto distinto: preservarse sin quedar aislado del presente, integrándose a la vida cultural y económica del país.

El Ministerio de Salud de Panamá activó la aplicación de la Ley 364 de salud mental, marcando un cambio en cómo las instituciones públicas y privadas deben tratar este tema, especialmente en el acceso al empleo y la educación.

La medida más visible es la prohibición de exigir certificados de salud mental como requisito general, una práctica que durante años se utilizó en distintos procesos administrativos.

La disposición, de obligatorio cumplimiento, establece que ninguna institución podrá solicitar estos certificados para contrataciones, matrículas, ascensos o trámites generales, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.

La instrucción fue formalizada mediante una circular dirigida a todo el sector público, privado y educativo, lo que implica un alcance nacional inmediato.

El cambio no surge de una decisión aislada, sino de la implementación de la Ley 364 de 6 de febrero de 2023, que reconoce la salud mental como un derecho humano fundamental y obliga al Estado a garantizar su cobertura en todo el territorio nacional.

La normativa también establece principios como la no discriminación, la dignidad y la confidencialidad de las personas con condiciones o antecedentes de salud mental.

Uno de los puntos centrales de la ley es que busca romper con la estigmatización que históricamente ha rodeado a los trastornos mentales.

En ese sentido, el Artículo 5 reconoce el derecho de toda persona a no ser identificada ni discriminada por su condición, mientras que el Estado debe asegurar el acceso a servicios de salud mental integrales, incluyendo promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.

Desde el punto de vista técnico, el Ministerio de Salud sostiene que los certificados de salud mental no tienen valor predictivo para determinar el desempeño laboral o académico.

Se trata de evaluaciones que describen el estado de una persona en un momento específico, pero que no permiten anticipar conductas futuras ni medir capacidades profesionales o personales.

Además, el uso masivo de estos certificados generaba un problema adicional: sobrecargaba los servicios especializados de salud mental, desviando recursos que deberían destinarse a la atención clínica de pacientes.

Según las autoridades, esta práctica contradecía el enfoque de la política pública, que busca priorizar la atención integral y oportuna de quienes realmente requieren tratamiento.

La nueva disposición obliga a las instituciones a eliminar este requisito de sus reglamentos, formularios y procesos internos, así como a capacitar a su personal para evitar su uso en cualquier nivel.

También establece que solo en situaciones muy específicas, vinculadas a tareas de alto riesgo, podría justificarse una evaluación de salud mental, siempre de manera individual y nunca como requisito general.

Más allá de la prohibición, la Ley 364 plantea un modelo más amplio. El Estado debe garantizar el acceso a servicios públicos y gratuitos de salud mental, desarrollar programas de prevención, fortalecer la atención comunitaria y promover la reintegración social de las personas con trastornos mentales.

Esto incluye desde atención médica hasta programas de rehabilitación psicosocial y apoyo en entornos laborales y familiares.

La normativa también introduce obligaciones para el sistema de salud y otras instituciones, como la creación de servicios adecuados, personal capacitado y entornos seguros para la atención de pacientes. Incluso prohíbe prácticas como la apertura de centros que vulneren la dignidad de las personas o el uso de tratamientos que impliquen maltrato o degradación.

Con esta implementación, Panamá busca alinearse con estándares internacionales en materia de derechos humanos y salud pública. La medida no solo redefine un requisito administrativo, sino que cambia el enfoque hacia uno centrado en la protección de derechos, la inclusión y el acceso equitativo a servicios de salud mental.

El reto ahora estará en su cumplimiento. La circular advierte que las instituciones que continúen exigiendo certificados de salud mental podrían enfrentar responsabilidades administrativas y legales, lo que convierte esta disposición en un punto de inflexión para la relación entre salud mental, empleo y educación en el país.

El Gobierno de Panamá dio un paso para reactivar uno de los programas más llamativos de promoción turística al aprobar un crédito adicional de hasta $3.5 millones para financiar el regreso del seguro gratuito para turistas y panameños residentes en el extranjero que ingresen al país por vía aérea.

La medida, avalada por el Consejo de Gabinete, busca recuperar una estrategia que ya fue aplicada hace más de una década para fortalecer la competitividad del destino.

Este seguro consiste en una póliza financiada por el Estado que cubre a los visitantes durante su estadía en Panamá frente a accidentes o enfermedades no preexistentes, sin que el turista tenga que pagar por este beneficio.

La iniciativa es administrada por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y se considera una herramienta para incentivar la llegada de viajeros, al ofrecer una capa adicional de seguridad en caso de imprevistos médicos o situaciones de emergencia.

El crédito aprobado de hasta $3.5 millones representa el costo anual estimado del programa, que ahora deberá pasar por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aval final.

De concretarse, sería la segunda vez que Panamá implementa este seguro, luego de una primera experiencia que concluyó en 2014, cuando venció el contrato que había sido adjudicado en 2011.

Aunque el concepto se mantiene, el nuevo esquema introduce cambios importantes frente a la versión anterior. Uno de los principales ajustes es la ampliación de los puntos de entrada, ya que ahora no solo aplicaría para el Aeropuerto Internacional de Tocumen, sino también para terminales regionales como Chiriquí, Panamá Pacífico, Río Hato, Isla Colón y Colón, lo que busca extender el beneficio a más zonas del país y diversificar la llegada de turistas.

Otro cambio clave es la duración de la cobertura, que se reduce de 30 días a un máximo de 10 días desde la llegada del visitante. Esta modificación responde, según las autoridades, al hecho de que el promedio de estadía en Panamá es de aproximadamente ocho días, lo que permite ajustar el beneficio a la realidad del mercado y contener los costos del programa.

En cuanto a la cobertura, el seguro incluye una serie de beneficios diseñados para atender emergencias durante la estadía. Entre ellos se encuentran hospitalización, atención ambulatoria, medicamentos, traslados médicos, repatriación y asistencia en caso de fallecimiento accidental, además de apoyo para el traslado de familiares en situaciones graves.

También contempla asistencia médica 24 horas, orientación legal en casos de robo o accidentes, y gastos odontológicos de urgencia, lo que amplía el alcance del programa más allá de la atención básica.

Sin embargo, el seguro no cubre todos los escenarios. La póliza excluye enfermedades preexistentes, condiciones crónicas, eventos relacionados con consumo de alcohol o drogas, participación en delitos, actos de terrorismo o desastres naturales catastróficos, entre otros. Tampoco será aplicable para quienes permanezcan más allá del periodo de cobertura establecido o incumplan normas migratorias.

El modelo de financiamiento también introduce ajustes. A diferencia del esquema anterior, en el que se fijaba un costo por pasajero, el nuevo contrato establece un tope anual cercano a los $3.5 millones, con una tarifa estimada de alrededor de $1.85 por visitante.

En caso de que el número de turistas supere ese umbral, la aseguradora asumiría el costo adicional sin que esto implique un gasto extra para el Estado.

Desde el sector turístico, la reactivación del seguro ha sido vista como una herramienta para mejorar la competitividad de Panamá frente a otros destinos de la región, especialmente en un contexto donde los viajeros valoran cada vez más la seguridad y la cobertura ante imprevistos.

Aunque algunos países han aplicado medidas similares de forma temporal, Panamá busca establecer nuevamente este beneficio como parte de su oferta permanente.

El regreso de esta póliza también se da en un momento en que el país proyecta recibir hasta 3.2 millones de visitantes en 2026, lo que convierte al turismo en uno de los sectores clave para la recuperación económica. En ese contexto, ofrecer un seguro gratuito puede representar un elemento diferenciador, especialmente para mercados emisores donde este tipo de beneficios no es común.

La Compañía Internacional de Seguros se adjudicó el contrato tras un proceso de licitación en el que superó a otros tres competidores, y actualmente se encuentra a la espera de la aprobación final de los fondos para poner en marcha la cobertura dirigida a turistas y panameños residentes en el extranjero que ingresen al país.

Panamá mantiene una vigilancia activa sobre enfermedades respiratorias y tropicales, en un escenario donde las cifras recientes muestran una alta circulación del síndrome gripal y de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), mientras otras patologías reflejan estabilidad o ausencia de nuevos casos, según el más reciente informe epidemiológico del Ministerio de Salud.

El síndrome gripal continúa siendo una de las principales afecciones reportadas en el país, con 856 casos en la semana epidemiológica 12 y un acumulado de 9,925 en lo que va de 2026, lo que equivale a una tasa de 214.7 por cada 100,000 habitantes.

Esta condición, que incluye síntomas como fiebre, congestión, dolor de garganta y malestar general, suele estar asociada a virus respiratorios comunes y, en la mayoría de los casos, no evoluciona a cuadros graves.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se observan las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), que incluyen enfermedades como neumonía y bronconeumonía, con 271 casos reportados en la semana y un acumulado de 4,185 casos en 2026.

A diferencia del síndrome gripal, estas infecciones implican una afectación más profunda del sistema respiratorio, pueden requerir hospitalización y representan un mayor riesgo, especialmente en adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

La diferencia entre ambas radica en la gravedad y el impacto clínico: mientras el síndrome gripal suele ser leve y autolimitado, las IRAG pueden comprometer la función pulmonar y derivar en complicaciones severas, lo que convierte su monitoreo en un elemento clave de salud pública.

Este contraste explica por qué las autoridades insisten en mantener medidas preventivas, incluso cuando los cuadros leves predominan.

En cuanto a la influenza, no se registraron nuevos casos en la semana analizada, lo que representa una señal positiva dentro del comportamiento de enfermedades respiratorias.

Panamá sigue aplicando la vacuna contra la influenza y se prepara para la Semana de Vacunación en las Américas, que se realizará del 23 al 30 de abril como parte del esfuerzo regional para elevar la cobertura y prevenir enfermedades evitables.

Leishmaniasis en aumento

Más allá de las enfermedades respiratorias, el informe también alerta sobre el avance de patologías como la leishmaniasis, que continúa en aumento con 574 casos acumulados en 2026, incluyendo 38 nuevos casos en la última semana.

Esta enfermedad es causada por un parásito transmitido por la picadura de flebótomos, conocidos como “mosquitos de la arena”, y puede provocar lesiones cutáneas, úlceras y, en casos más graves, afectaciones internas si no se trata a tiempo.

La leishmaniasis representa un riesgo particular en áreas rurales y selváticas, donde el contacto con el vector es más frecuente. Sus síntomas iniciales pueden parecer leves, pero la falta de atención médica puede derivar en complicaciones prolongadas y cicatrices permanentes, lo que refuerza la importancia de la detección temprana y el control del entorno.

En paralelo, otras enfermedades mantienen presencia en el país. El dengue acumula 1,791 casos en lo que va del año, de los cuales 11 han sido clasificados como graves, mientras que la malaria registra 2,582 casos acumulados, con nuevos reportes en la semana analizada. Estos datos reflejan que las enfermedades transmitidas por vectores siguen siendo un desafío persistente para el sistema de salud.

No obstante, el informe también destaca indicadores positivos: no se notificaron nuevos casos de chikungunya, hantavirus, leptospirosis, viruela símica ni gusano barrenador en humanos durante la semana evaluada, lo que sugiere un control relativo de estas enfermedades en el corto plazo.

En este contexto, las autoridades sanitarias reiteran que la prevención sigue siendo la principal herramienta para contener la propagación de enfermedades, con medidas como el lavado frecuente de manos, la vacunación, el uso de protección contra mosquitos y el mantenimiento de entornos limpios. La evolución de las cifras confirma que, aunque algunas amenazas disminuyen, otras continúan activas, lo que obliga a mantener la vigilancia sin bajar la guardia.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que revisará el Decreto Ejecutivo N.° 10, que reclasifica el transporte por aplicaciones como servicio de transporte selectivo de lujo (TL), luego de la controversia que la medida ha desatado en distintos sectores.

En un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario dijo que el lunes se reunirá con autoridades de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y del Ministerio de Gobierno para escuchar los distintos puntos de vista, en medio de críticas de conductores, reacciones de plataformas y cuestionamientos desde el ámbito político.

La decisión presidencial se produce mientras el decreto sigue generando respuestas más definidas de Uber e inDrive, dos de las plataformas más visibles del mercado local, luego de que la nueva regulación impusiera requisitos más estrictos para conductores, vehículos, prestatarias e intermediarias tecnológicas.

El decreto que reclasifica el transporte por aplicaciones en Panamá como un servicio de transporte selectivo de lujo (TL) sigue generando reacciones, ahora con respuestas más definidas de Uber e inDrive, dos de las plataformas más visibles del mercado local.

La norma, contenida en el Decreto Ejecutivo N.° 10 del 16 de abril de 2026, cambia la base regulatoria del servicio solicitado por medios digitales, impone nuevas exigencias a conductores, vehículos, prestatarias e intermediarias tecnológicas, y reabre una discusión de fondo sobre el futuro de un modelo que durante años operó con mayor flexibilidad.

La reacción de Uber fue medida, pero reveladora. La empresa informó que evaluará el alcance del decreto para determinar si los taxis de lujo podrán integrarse a la tecnología de su aplicación en Panamá.

En su comunicado, sostuvo que, “en función del Decreto No. 10”, analizará las condiciones para esa eventual incorporación, al tiempo que reiteró que su compromiso sigue siendo aportar a la movilidad urbana con los estándares de seguridad que, según la compañía, ofrece su tecnología.

En otras palabras, Uber no cerró la puerta al nuevo esquema, pero tampoco confirmó una adaptación inmediata ni automática.

La postura de inDrive fue más extensa y más crítica. En su comunicado, la empresa dijo que reconoce los esfuerzos de las autoridades panameñas por avanzar hacia un marco regulatorio del servicio de movilidad, pero subrayó que la regulación debe ser inclusiva, considerar la realidad de los distintos actores del ecosistema y evitar impactos negativos sobre quienes encuentran en estas plataformas una fuente flexible de ingresos.

La compañía advirtió que el modelo propuesto introduce condiciones que, lejos de ordenar sin costos, podrían restringir la operación y alterar la disponibilidad del servicio para usuarios y conductores.

El punto más sensible del pronunciamiento de inDrive es su advertencia de que las nuevas medidas podrían perjudicar a más del 95% de los conductores que hoy utilizan la plataforma.

La empresa vincula ese cálculo a la exigencia de un esquema parecido al del transporte tradicional, con requisitos como placas, distintivos específicos, certificado de operación y el aval de una organización de transporte prestataria.

Según inDrive, ese conjunto de condiciones limitaría la participación de conductores que hoy operan con flexibilidad, muchas veces de manera parcial o como complemento de otros ingresos, y que no necesariamente podrían cumplir con todas las nuevas reglas.

La crítica de la empresa no se queda en el impacto laboral. inDrive sostiene que este paquete de requisitos introduce barreras operativas y administrativas que podría sacar del sistema a una porción relevante de los actuales conductores, afectando de forma directa la disponibilidad de unidades en buena parte del territorio panameño.

También advierte que la posible definición de cupos por zona podría restringir oportunidades de ingreso y, al mismo tiempo, reducir la oferta para el usuario final. En un mercado de movilidad que la empresa describe como altamente dinámico, una menor cantidad de conductores podría traducirse en mayores tiempos de espera y precios más altos.

Ese señalamiento conecta con uno de los aspectos más controvertidos del decreto: la obligación de que el conductor no opere de manera independiente, sino a través de una prestataria autorizada. La nueva regulación exige que esas organizaciones presenten un estudio técnico, económico y social para justificar la necesidad del servicio y la cantidad de vehículos autorizados en cada zona.

Esa figura no es menor en Panamá. Su modelo ha sido cuestionado durante años por la falta de transparencia en el manejo de cupos para taxis y buses, por lo que el nuevo marco podría trasladar a las plataformas digitales una estructura que ya arrastra críticas dentro del transporte público tradicional.

El decreto también endurece las condiciones para los autos y los conductores. Los vehículos no podrán tener más de siete años de antigüedad al momento de ingresar al sistema, deberán portar calcomanías visibles con el logo de la plataforma y de la prestataria, además de una placa especial TL emitida por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

Los conductores, por su parte, deberán ser panameños, contar con licencia tipo E-1, mantener un récord policivo limpio en los últimos diez años y presentar paz y salvo por infracciones menores. A eso se suma que las plataformas no podrán administrar directamente los certificados de operación, reduciendo su papel al de intermediarias tecnológicas.

Desde el Gobierno, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, ha defendido la medida como una corrección necesaria tras años de conflicto e indefinición regulatoria.

Según la funcionaria, el nuevo decreto atiende un problema que existía desde hace tiempo, pone orden en una actividad que operaba parcialmente en la ilegalidad y permite que el Estado sepa quién transporta a los usuarios y bajo qué condiciones.

Montalvo sostiene que el decreto responde a un mandato legal y a la necesidad de someter a supervisión estatal una actividad vinculada al traslado directo de personas, aun cuando la intermediación tecnológica siga existiendo.

En medio de esa tensión regulatoria, en redes sociales comenzó a circular una convocatoria dirigida a conductores de plataformas para realizar el lunes 20 de abril un apagón de servicio y una caravana por las principales avenidas de la ciudad de Panamá.

El contenido, difundido en grupos públicos de Facebook, plantea una jornada de protesta contra el nuevo esquema. Hasta ahora, esa convocatoria circula como un llamado en redes y no como una acción oficialmente confirmada por las empresas, pero refleja el nivel de malestar que el decreto ha comenzado a provocar entre parte de los choferes.

Por su parte, el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, cuestionó la nueva reglamentación del transporte por aplicaciones al considerar que representa un retroceso en materia de innovación.

El decreto ya está publicado. Lo que todavía no está claro es si logrará ordenar el mercado sin vaciarlo de parte de los actores que lo hicieron crecer.

El sector bancario en Panamá logró mejorar su reputación en 2026, alcanzando un nivel moderado que lo coloca por encima del promedio de América Latina y Estados Unidos, en un contexto donde la confianza en las instituciones financieras sigue siendo un activo frágil y altamente exigido por la sociedad.

De acuerdo con el informe RepCore Banca 2026, el sistema financiero panameño alcanzó una puntuación de 50 puntos en el índice de reputación, lo que representa un incremento de +3,9 puntos respecto al año anterior, reflejando una evolución positiva en la percepción de los consumidores.

Este avance ocurre en un escenario internacional donde la reputación bancaria se mantiene en niveles moderados y con marcadas diferencias entre mercados.

El estudio, basado en más de 27.600 valoraciones en 19 países, incluyendo 2.200 en Panamá, confirma que no existe un estigma estructural contra la banca, sino que la percepción depende directamente de la capacidad de cada entidad para responder a las expectativas de sus clientes.

En otras palabras, la reputación dejó de ser un atributo sectorial para convertirse en un factor competitivo individual.

Uno de los hallazgos más relevantes es que Panamá presenta un comportamiento diferenciado frente a otros mercados, ya que la reputación de los bancos no se construye únicamente sobre la solvencia o la oferta de productos, sino sobre factores sociales y éticos.

En este contexto, el compromiso social y la integridad explican más del 50% de la percepción del sector, un peso significativamente alto frente a estándares internacionales.

Esta realidad refleja un cambio estructural en las expectativas del consumidor panameño, donde el 97,3% considera que los bancos deben invertir en iniciativas sociales, dejando claro que la contribución al desarrollo ya no es opcional.

Entre las principales demandas destacan el apoyo al emprendimiento, el acceso al crédito y la educación financiera, áreas donde la banca enfrenta sus mayores oportunidades, pero también sus principales brechas.

En comparación con otros países de la región, Panamá muestra niveles de apoyo al sector financiero superiores a la media latinoamericana, especialmente en indicadores como la disposición a recomendar una entidad, trabajar en ella o mantener confianza en escenarios adversos.

Este comportamiento sugiere que la mejora reputacional no solo es perceptiva, sino que tiene impactos concretos en decisiones de consumo y lealtad.

El informe también evidencia que la reputación tiene una traducción directa en resultados: un aumento de cinco puntos en el indicador se asocia con un incremento de 4,6 puntos en la intención de recomendación, lo que confirma que la confianza se convierte en un motor tangible de negocio.

En términos prácticos, esto implica más clientes, mayor fidelización y una mejor capacidad de enfrentar crisisE

Sin embargo, el avance no oculta los desafíos. El estudio identifica que los principales riesgos reputacionales están vinculados a la relación directa con el cliente, especialmente en temas como la seguridad de la información, el uso de datos personales y el incremento de tarifas o comisiones. Estos factores concentran el mayor potencial de deterioro de la imagen del sector.

A esto se suma el impacto de la digitalización. En Panamá, el 75,3% de los consumidores ya utiliza canales digitales como principal vía de relación con su banco, lo que eleva la importancia de aspectos como la protección de datos y el uso ético de la inteligencia artificial.

La tecnología, lejos de ser solo una ventaja competitiva, se convierte en un factor crítico de confianza.

El análisis concluye que la banca panameña enfrenta un punto de inflexión: mantener su reputación dependerá de su capacidad para combinar solidez financiera con impacto social y confianza digital. En un entorno regional donde la percepción del sector sigue siendo desigual, Panamá muestra avances, pero también deja claro que la exigencia ciudadana seguirá marcando el ritmo de su evolución.

Números

Al cierre de febrero de 2026, lacartera crediticia neta alcanzó $100,348.3 millones, reflejando unincremento interanual de 5.39%, equivalente a$5,134.8 millones adicionalesfrente a igual periodo de 2025.

Dentro de esta cartera, el crédito se concentró enconsumo, comercio e hipotecario, que elevaron su participación conjunta de78.7% a 80.3%del total.

En cuanto al fondeo, losdepósitos totales del sistema superaron los $120,000 millones, con un crecimiento interanual impulsado principalmente por losdepósitos externos, que continúan posicionando a Panamá como uncentro financiero regional.

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó por insistencia el Proyecto de Ley 19, que establece la extensión de horarios en centros de salud a nivel nacional, reabriendo un debate que enfrenta la intención legislativa de ampliar la atención médica con las advertencias del Ejecutivo sobre su viabilidad real.

La decisión del pleno se produce luego de que el Órgano Ejecutivo objetara la norma en su totalidad por inconveniente, principalmente por dudas sobre su financiamiento, alcance técnico y capacidad operativa del sistema sanitario.

El proyecto busca garantizar acceso continuo a servicios de salud mediante horarios extendidos e incluso atención permanente en algunas instalaciones, una medida que, según sus promotores, responde a una demanda acumulada de la población ante limitaciones en la disponibilidad de atención fuera del horario regular.

Sin embargo, el proceso legislativo evidenció tensiones claras entre la necesidad de ampliar cobertura y las restricciones estructurales del sistema.

De acuerdo con el texto aprobado, la iniciativa plantea que en cada región de salud exista al menos una instalación con horarios extendidos y centros de segundo nivel operando de forma continua, lo que implica ajustes en personal, infraestructura, insumos y coordinación interinstitucional.

Además, establece que el Estado deberá garantizar los recursos necesarios para sostener estos servicios dentro del presupuesto público, un punto que se convirtió en uno de los principales focos de conflicto.

El presidente José Raúl Mulino señaló que la aprobación por insistencia permitiría que el proyecto se convierta en ley de la República, pero dejó abierta una interrogante clave: su implementación efectiva.

El mandatario advirtió que la falta de recursos fue uno de los motivos centrales para vetar inicialmente la norma, lo que plantea dudas sobre su ejecución en el corto plazo, incluso si entra en vigencia.

Desde el Ejecutivo, la objeción no solo se centró en el aspecto financiero, sino también en vacíos normativos y deficiencias técnicas del proyecto, como la ausencia de una definición clara de “horarios extendidos”, la falta de criterios operativos y la posible duplicidad con regulaciones existentes en materia laboral del sector salud.

Estas observaciones apuntan a riesgos de implementación que podrían traducirse en sobrecarga del sistema o conflictos administrativos.

El Ministerio de Salud (Minsa) respaldó el veto presidencial, argumentando que ya existen 119 instalaciones con horarios extendidos después de las 3:00 p.m., lo que, según la entidad, permite atender la demanda sin necesidad de una ley adicional.

A su vez, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, advirtió que una ampliación obligatoria requeriría contratación de más personal médico, enfermeras y equipos de apoyo, además de una planificación compleja que actualmente no cuenta con respaldo presupuestario suficiente.

A pesar de estas advertencias, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social consideró que el proyecto es necesario y viable desde el punto de vista social, argumentando que la limitación de horarios en la red pública genera saturación en hospitales y afecta el acceso oportuno de los pacientes.

Según este criterio, extender la atención primaria permitiría descongestionar niveles superiores del sistema y mejorar la eficiencia general.

El debate también puso en evidencia un problema estructural: la brecha entre la formulación de políticas públicas y la capacidad real de ejecución del Estado. Mientras la Asamblea impulsa una solución legislativa para ampliar la cobertura, el Ejecutivo insiste en que sin financiamiento ni planificación técnica, la medida podría quedar en papel o generar efectos adversos en la operación del sistema de salud.

En este contexto, el futuro de la ley dependerá de su reglamentación y de la disponibilidad de recursos. Aunque la aprobación por insistencia marca un avance político, la implementación práctica sigue condicionada a factores fiscales, administrativos y operativos que aún no están resueltos. La discusión, lejos de cerrarse, abre un nuevo capítulo sobre cómo garantizar acceso efectivo a la salud sin comprometer la sostenibilidad del sistema público.

Panamá avanzó en su proceso de acercamiento a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la firma, en París, de un Memorando de Entendimiento entre el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez y el secretario general del organismo, Mathias Cormann, un paso que el Gobierno presenta como parte de su ruta para alinear políticas públicas, fortalecer instituciones y acercarse a estándares internacionales en transparencia, gobernanza, integridad financiera y desarrollo sostenible.

El acuerdo crea un marco formal de cooperación técnica entre Panamá y la OCDE, que abre espacio para intercambio de datos, evaluación comparada de políticas, misiones de expertos y recomendaciones basadas en evidencia.

Tras la firma, Martínez-Acha sostuvo que no se trataba de un gesto protocolar, sino de una decisión estratégica y de un compromiso de transformación, al afirmar que Panamá busca incorporarse a ese espacio como un socio dispuesto a ser medido, evaluado y mejorado.

La firma se produce pocas semanas después de que el Ejecutivo panameño pusiera en marcha una Comisión Permanente de alto nivel para conducir el proceso de adhesión.

Ese órgano fue creado mediante el Decreto Ejecutivo N.º 12 del 9 de marzo de 2026 y quedó integrado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Presidencia, Economía y Finanzas, Comercio e Industrias, Desarrollo Social y Educación, además de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). Su tarea será planificar, asesorar y coordinar las acciones oficiales vinculadas con el acercamiento a la OCDE.

El decreto también establece que la comisión deberá dictar directrices y criterios generales para orientar la participación de todas las entidades públicas en ese proceso, mientras que la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad se encargará de coordinar y supervisar su ejecución.

Además, la Secretaría Ejecutiva tendrá que elaborar informes periódicos de avance para el presidente José Raúl Mulino, lo que sugiere que el Gobierno busca mantener un seguimiento político constante sobre una agenda que, si prospera, exigirá reformas técnicas, legales e institucionales.

En América Latina, la OCDE tiene actualmente cuatro miembros: México, Chile, Colombia y Costa Rica, mientras que Argentina, Brasil y Perú continúan en proceso de adhesión. Para Panamá, entrar en esa conversación implica mirar de cerca la experiencia de esos países, que debieron pasar por ajustes regulatorios, fiscales e institucionales antes de acercarse al organismo.

Más que una etiqueta internacional, la OCDE funciona como un sistema de evaluación y comparación permanente, donde la pertenencia exige estándares más altos en distintas áreas de política pública.

La relación entre Panamá y la OCDE no empieza con esta firma. En publicaciones recientes, el organismo ha venido señalando que el país necesita fortalecer su senda de desarrollo con mayor resiliencia, inclusión y capacidad institucional, mientras que revisiones previas sobre Panamá ya advertían desafíos asociados a la llamada trampa de ingresos medios, la consolidación de la clase media y la necesidad de mejorar la coordinación de políticas públicas.

Desde el sector privado, la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, ha señalado que una eventual adhesión debe discutirse con información, seriedad y distintas miradas.

Sostuvo que hablar de la OCDE es hablar de reglas claras, instituciones que funcionen mejor y mayor confianza, tanto dentro como fuera del país, pero también de cambios que deben evaluarse con responsabilidad. Esa postura introduce un matiz importante: el respaldo a la modernización no elimina la necesidad de debatir sus costos, ritmos e implicaciones.

La Cancillería sostiene que esta nueva etapa permitirá mejorar el clima de inversión, volver al país más competitivo y predecible, fortalecer la gobernanza, impulsar la innovación y elevar el capital humano.

Antes de la firma del memorando, Martínez-Acha también se reunió con Philippe Gautier, director general de MEDEF International, con el objetivo de proyectar a Panamá como un destino de inversión extranjera responsable y atraer proyectos de mayor valor agregado en infraestructura, tecnología y sostenibilidad.

La firma del memorando no convierte a Panamá en miembro de la OCDE, pero sí lo coloca en una ruta más definida, con una estructura estatal creada para acompañarla, una agenda técnica en construcción y un plazo de cinco años que apunta a reformas más profundas.

El desafío real no será solo firmar acuerdos o multiplicar reuniones en París, sino demostrar que el país puede traducir ese compromiso en cambios medibles, sostenidos y creíbles ante la comunidad internacional y ante sus propios actores económicos.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá confirmó la extradición de un ciudadano iraní, en una operación coordinada con la Policía Nacional de Panamá y la Oficina Central Nacional de INTERPOL, como parte de los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.

Según el mensaje difundido por la sede diplomática, el individuo fue trasladado a territorio estadounidense para enfrentar cargos vinculados a la exportación ilegal de tecnología sensible, un delito que forma parte de los esfuerzos por controlar el acceso indebido a recursos estratégicos.

En su pronunciamiento, la Embajada destacó que Estados Unidos agradece a Panamá por su sólida colaboración en la defensa del Estado de derecho, subrayando que este tipo de acciones conjuntas permite hacer rendir cuentas a actores involucrados en actividades ilícitas de alcance internacional.

La operación se ejecutó en el marco de los canales formales de cooperación policial, con participación directa de INTERPOL Panamá.

Este caso se suma a otras acciones recientes desarrolladas en el país en coordinación con autoridades estadounidenses. Durante esta misma semana, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen un ciudadano hondureño de 44 años, requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico y conspiración.

El hombre fue interceptado cuando intentaba salir de Panamá con destino a El Salvador, tras ser identificado en labores de verificación migratoria y policial.

De acuerdo con la información oficial, la captura fue posible gracias a la coordinación entre la Policía Nacional, INTERPOL Panamá y el Servicio Nacional de Migración, lo que permitió ubicar al individuo dentro del flujo regular de pasajeros.

Las autoridades confirmaron que el detenido mantiene requerimientos judiciales en Estados Unidos por narcotráfico internacional, lo que activó los protocolos de detención inmediata.

Estos operativos se dan en un contexto en el que Panamá mantiene colaboración activa con agencias internacionales en la persecución de delitos transnacionales, especialmente aquellos relacionados con tráfico de drogas, crimen organizado y delitos financieros.

La utilización de alertas de INTERPOL y mecanismos de intercambio de información ha permitido identificar y detener a personas requeridas por otras jurisdicciones dentro del territorio nacional.

En paralelo, las estadísticas oficiales reflejan el volumen de acciones migratorias vinculadas a control y seguridad. Según datos del Servicio Nacional de Migración, entre enero y marzo de 2026 se registraron 284 personas deportadas o expulsadas, con una distribución equitativa entre ambos tipos de medidas.

Del total, 142 correspondieron a deportaciones y 142 a expulsiones, evidenciando una política activa de control migratorio.

El desglose mensual muestra que enero concentró 172 casos, seguido de febrero con 53 y marzo con 59, lo que refleja una disminución progresiva en el primer trimestre del año. Además, el 82% de los casos correspondió a hombres, mientras que el 18% restante fueron mujeres, según las estadísticas oficiales.

En cuanto a las principales causas, los datos indican que 134 personas fueron procesadas por ingresar de forma irregular al país, mientras que 96 estuvieron vinculadas a delitos contra la seguridad colectiva, principalmente por tráfico internacional de drogas.

También se registraron casos por antecedentes penales, estadía vencida y tráfico ilícito de migrantes, entre otras causales.

Por nacionalidad, la mayor cantidad de deportaciones y expulsiones en lo que va de 2026 corresponde a ciudadanos de Colombia, con 143 casos, seguidos por Nicaragua con 69 y Venezuela con 18, además de otros países de América Latina, Asia y África. Estas cifras evidencian la diversidad del flujo migratorio y de los perfiles sujetos a control por parte de las autoridades panameñas.

Al comparar con 2025, se observa que el año pasado cerró con un total de 1,133 deportaciones y expulsiones, de las cuales 906 fueron deportaciones y 227 expulsiones, lo que confirma que Panamá mantiene un volumen sostenido de acciones en materia migratoria y de seguridad.

En ese periodo, las principales causas estuvieron relacionadas con ingreso irregular al país, con 857 casos, así como con delitos como tráfico de drogas, antecedentes penales y otras infracciones, lo que refleja un patrón similar al observado en 2026.

Asimismo, los ciudadanos de Colombia encabezaron la lista de nacionalidades, seguidos por Nicaragua, Ecuador y otros países, consolidando una tendencia en los perfiles migratorios intervenidos.

Las recientes detenciones y extradiciones reflejan la continuidad de los esfuerzos de Panamá por fortalecer su cooperación internacional en materia de seguridad, en un entorno donde la movilidad global y el crimen transnacional requieren acciones coordinadas entre países para enfrentar los desafíos asociados.

El Gobierno de Panamá decidió extender la vigencia del decreto que regula el precio de medicamentos, manteniendo el control sobre una lista de fármacos considerados esenciales, en medio de presiones por el alto costo de tratamientos y el impacto directo en el gasto de los hogares.

La medida, publicada en Gaceta Oficial, prorroga por seis meses adicionales la regulación establecida originalmente en 2025, en un contexto donde las autoridades buscan garantizar el acceso a medicamentos a precios más accesibles para la población.

La prórroga corresponde al Decreto Ejecutivo N.º 7 del 16 de abril de 2026, que extiende los efectos del Decreto Ejecutivo N.º 36 de septiembre de 2025, el cual estableció precios de referencia tope para medicamentos de uso frecuente.

Según el documento, la decisión responde a la necesidad de mantener mecanismos excepcionales de regulación para proteger el interés del consumidor, luego de evaluaciones sobre el comportamiento del mercado y la disponibilidad de estos productos.

El decreto original contempló una lista de 51 medicamentos regulados, enfocados principalmente en enfermedades crónicas, que abarcan tratamientos para hipertensión, diabetes, trastornos mentales, epilepsia, problemas cardiovasculares y enfermedades respiratorias.

Entre ellos figuran fármacos como amlodipina, enalapril y losartán para la presión arterial, insulinas para la diabetes, así como antidepresivos, anticonvulsivos y anticoagulantes de uso recurrente en la población.

Además de los medicamentos de uso masivo, la lista incluye otros productos considerados más especializados, como anticoagulantes de nueva generación, insulinas de acción rápida, antipsicóticos y tratamientos para enfermedades neurológicas, que suelen tener un costo más elevado y menor disponibilidad en el mercado privado.

Algunos de estos medicamentos, según el propio decreto, presentan escasa presencia en farmacias privadas, lo que llevó al Estado a intervenir para facilitar su acceso a través de precios controlados.

El documento también detalla que la regulación fue adoptada bajo el marco de la Ley 419 de 2024, que permite al Órgano Ejecutivo establecer precios de referencia de forma excepcional, por recomendación de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Esta entidad, de hecho, ha sido una de las principales voces en favor de mantener la medida, al considerar que contribuye a equilibrar el mercado y proteger a los consumidores frente a posibles distorsiones en los precios.

De acuerdo con los análisis previos, antes de la regulación se identificaron 119 medicamentos con precios elevados, de los cuales 68 estaban dirigidos a enfermedades no crónicas y 51 a enfermedades crónicas, lo que evidenciaba un problema estructural en el acceso a tratamientos.

La intervención del Estado buscó entonces establecer límites temporales a los precios, con el objetivo de garantizar que la población pudiera adquirir estos productos sin enfrentar costos excesivos.

La extensión por seis meses adicionales mantiene el carácter temporal de la medida, que desde su origen fue planteada como una acción excepcional y sujeta a evaluación periódica. Sin embargo, su continuidad también refleja que las condiciones del mercado farmacéutico aún no muestran cambios suficientes para eliminar el control, especialmente en medicamentos de alto consumo o de difícil acceso.

En términos prácticos, la regulación obliga a que los medicamentos incluidos en la lista se vendan a un precio máximo definido, lo que limita el margen de variación en el mercado y busca evitar aumentos abruptos. Este esquema ha sido defendido por sectores que promueven el acceso a la salud, aunque también ha generado debate en torno a su impacto en la oferta, la competencia y la sostenibilidad del mercado farmacéutico.

La decisión del Gobierno de mantener la regulación se produce en un entorno donde el costo de la vida sigue siendo un tema sensible, y donde el gasto en salud representa una carga significativa para muchas familias. En ese contexto, el control de precios de medicamentos se mantiene como una de las principales herramientas d

Panamá dio un paso clave en la regulación del transporte por aplicaciones con la publicación de un nuevo decreto que establece reglas claras para plataformas como Uber e InDrive, redefiniendo este servicio como transporte selectivo de lujo solicitado a través de tecnologías digitales.

La normativa introduce cambios estructurales que transforman la forma en que operan conductores y empresas, incluyendo requisitos más estrictos tanto para vehículos como para quienes prestan el servicio.

Uno de los cambios más relevantes es que los conductores ya no podrán operar de forma independiente, como ocurre actualmente, sino que deberán pertenecer obligatoriamente a una organización de transporte autorizada, conocida como prestataria.

Este punto abre un nuevo escenario en el país, ya que estas organizaciones han sido históricamente cuestionadas por falta de transparencia en la asignación de cupos, lo que podría generar tensiones dentro del sector.

El decreto también establece que los vehículos que operen bajo estas plataformas deberán cumplir con condiciones específicas de antigüedad y características físicas, destacando que no podrán tener más de siete años al momento de iniciar el servicio.

Además, deberán contar con aire acondicionado, cinturones de seguridad y estándares de comodidad, reforzando la idea de que este segmento será considerado como un servicio de transporte de lujo dentro del sistema público.

Aunque el decreto introduce nuevos requisitos sobre la antigüedad y condiciones de los vehículos, varios de estos ya eran exigidos previamente por algunas plataformas digitales que operan en el país, especialmente en cuanto a límites de años, estado físico del auto y estándares de comodidad para los usuarios.

En la práctica, esto implica que parte de la regulación formaliza criterios que ya venían siendo aplicados por el mercado, aunque ahora pasan a ser obligatorios bajo supervisión estatal y no solo condiciones internas de cada aplicación.

Otro aspecto clave es la identificación visible de los vehículos, ya que cada unidad deberá portar una calcomanía con el logo de la plataforma digital y de la prestataria que la avala, así como una placa especial emitida por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) que identificará el vehículo bajo la nomenclatura “TL”. Esta medida busca facilitar la fiscalización y diferenciar este servicio del resto del transporte público.

En cuanto a los conductores, la regulación impone nuevos requisitos. Solo podrán prestar el servicio quienes sean panameños, cuenten con licencia tipo E-1 y tengan récord policivo limpio en los últimos diez años, además de presentar paz y salvo por infracciones menores.

También deberán contar con el aval de una prestataria, lo que formaliza aún más la actividad y limita el ingreso de nuevos participantes al sistema. Por otro lado, la normativa establece que toda persona natural o jurídica que participe en la prestación del servicio de transporte selectivo de lujo mediante tecnologías digitales deberá contar con un Aviso de Operación emitido por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), previa autorización de la ATTT.

Este elemento abre la posibilidad de que la operación quede sujeta a obligaciones fiscales y municipales similares a otras actividades comerciales, en línea con los esquemas de control y tributación ya existentes, aunque el decreto no desarrolla en detalle ese alcance.

El decreto introduce además condiciones para las empresas prestatarias, que ahora estarán obligadas a presentar un estudio técnico económico y social que justifique la necesidad del servicio en cada zona, con el fin de determinar la cantidad de vehículos autorizados. Este requisito implica que el crecimiento del servicio estará sujeto a criterios de demanda y planificación estatal, alejándose del modelo actual más flexible impulsado por las plataformas digitales. namá

Ese cambio deja abierta la posibilidad de una oferta más limitada y de eventuales efectos sobre las tarifas, dependiendo del comportamiento del mercado.

En el caso de las plataformas tecnológicas, la normativa establece que solo podrán contratar conductores que cumplan con todos los requisitos legales y que estén vinculados a una prestataria autorizada, lo que limita su capacidad de operar de manera independiente.

Además, deberán garantizar que exista al menos un medio de pago electrónico disponible, aunque se mantiene la posibilidad de pagos en efectivo, ampliando las opciones para los usuarios.

El decreto también define una serie de prohibiciones. Entre ellas, se establece que las plataformas no podrán adquirir ni administrar directamente vehículos para prestar el servicio, ya que su función se limita a la intermediación.

Asimismo, se prohíbe el uso de vehículos sin certificado de operación, así como la suplantación de identidad de conductores, reforzando los controles dentro del sistema.

Otro cambio relevante es que todos los conductores deberán contar con un certificado de operación actualizado y cumplir con procesos de registro y control establecidos por la ATTT, lo que implica una mayor supervisión estatal.

Además, cualquier incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en sanciones administrativas y procesos legales, incluyendo la suspensión del servicio o la cancelación del permiso.

La nueva normativa comenzará a regir tras su promulgación, aunque algunos de sus artículos entrarán en vigencia en un plazo de tres meses, dando margen a conductores y empresas para adecuarse a las nuevas condiciones. Este período será clave para evaluar el impacto de la regulación en un sector que ha crecido de forma acelerada en los últimos años.

La captura de una de las personas más buscadas por el Ministerio Público marcó el inicio de una serie de operativos recientes contra delitos patrimoniales y corrupción en Panamá, en medio de investigaciones que apuntan tanto al sector privado como a entidades públicas.

Se trata de una mujer panameña vinculada a casos de hurto agravado, quien figuraba dentro del listado de las 10 personas más buscadas del país, y cuya aprehensión se concretó en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con las autoridades, la detenida era requerida por delitos cometidos entre 2022 y 2023, en perjuicio de empresas constructoras ubicadas en el corregimiento de Bella Vista.

La investigación, liderada por la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, reveló que la mujer aprovechaba su posición como asistente contable para ejecutar un esquema que le permitió desviar fondos mediante la emisión irregular de cheques.

El modus operandi consistía en girar cheques a nombre de colaboradores de las empresas, quienes posteriormente los hacían efectivos en entidades bancarias y entregaban el dinero en efectivo a la imputada.

Este mecanismo permitió la sustracción de recursos de forma sistemática, aprovechando la confianza interna dentro de las compañías afectadas, lo que agrava la naturaleza del delito investigado por las autoridades.

La captura se produjo en horas de la mañana durante diligencias coordinadas entre la Fiscalía Metropolitana y unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, luego de que se mantuviera vigente una orden de aprehensión en su contra.

Además, el Ministerio Público confirmó que la mujer mantiene otros requerimientos judiciales por casos adicionales, lo que amplía el alcance de las investigaciones en curso.

Peculado

En paralelo, las autoridades también ejecutaron acciones en casos vinculados a delitos contra la administración pública, destacando la aprehensión de una comerciante de origen asiático en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Esta persona era requerida por su presunta vinculación en un caso de peculado agravado en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), con una afectación económica estimada en $145,266.80.

Según la investigación, este caso está relacionado con la malversación y apropiación de 414 cheques y 84 tarjetas del programa PASE-U, los cuales eran endosados a nombre de comerciantes para su posterior cobro.

Las autoridades indicaron que los fondos provenían de programas de becas y asistencia social educativa, lo que eleva la gravedad del delito al tratarse de recursos destinados a estudiantes. En este expediente, ya se reportan tres personas imputadas, entre ellas un exdirector regional del IFARHU en Panamá Este.

Las acciones contra el peculado también incluyeron operativos simultáneos en la provincia de Colón y en varios corregimientos del distrito de Panamá, como parte de las operaciones “Mecánica” y “Célérité”, lideradas por la Fiscalía Anticorrupción.

Durante estas diligencias, se realizaron allanamientos en viviendas y una empresa vinculada a contratistas del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), donde se recabaron indicios clave para las investigaciones.

En el desarrollo de estos operativos, las autoridades lograron además la captura de un agente de la Policía Nacional, presuntamente vinculado a la sustracción de un vehículo oficial asignado a la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP).

Este hecho, ocurrido en 2026, forma parte de una línea de investigación que busca determinar responsabilidades dentro de instituciones públicas, en un contexto donde se intensifican los controles internos.

El Ministerio Público reiteró que estas acciones forman parte de su estrategia para combatir delitos que afectan el patrimonio económico y los recursos del Estado, subrayando su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la persecución penal de los responsables. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan en curso, con el objetivo de llevar ante los tribunales a todos los involucrados en estos casos.

El Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá lanzó un llamado a la población que viajará al Mundial 2026 para reforzar su esquema de vacunación contra el sarampión, en medio de un escenario regional donde se han detectado casos en varios países de América, incluyendo algunos que serán sede del torneo.

La advertencia se da en el contexto de la alta movilidad internacional que generará el evento deportivo, lo que incrementa el riesgo de importación de enfermedades.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, enfatizó que la recomendación es clara: verificar y completar el esquema de vacunación antes de viajar, especialmente contra una enfermedad que es altamente contagiosa, pero prevenible.

Según explicó, estar inmunizado no solo protege al viajero, sino que también reduce el riesgo de introducir el virus al regresar al país, un factor clave para la salud pública nacional.

La alerta sanitaria se sustenta en un contexto regional que preocupa a las autoridades. De acuerdo con la circular epidemiológica del Minsa, actualmente existe un escenario de riesgo de reintroducción del sarampión en Panamá, debido a la presencia de casos en países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia y Guatemala, además del constante flujo de viajeros.

Esta situación coloca al país en una posición vulnerable por su condición de hub internacional. En Panamá, el último caso autóctono de sarampión se registró en 1995, mientras que en 2011 se detectaron cuatro casos importados, un antecedente que las autoridades sanitarias suelen tener presente al evaluar el riesgo de reintroducción del virus.

Estos datos reflejan que, aunque el país ha logrado mantener interrumpida la transmisión local durante décadas, la enfermedad sigue representando una amenaza por la movilidad internacional y la posibilidad de ingreso de viajeros infectados.

El documento oficial advierte que, aunque Panamá no registra casos activos en este momento, el riesgo se mantiene elevado debido a la movilidad internacional constante y la presencia de poblaciones susceptibles.

Además, se señala que los contagios pueden ingresar a través de vuelos o cruceros, lo que refuerza la necesidad de mantener altos niveles de vigilancia epidemiológica y cobertura de vacunación en todo el territorio nacional.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que inicia con síntomas como fiebre alta, tos seca, secreción nasal y ojos enrojecidos, seguidos de la aparición de un sarpullido característico que comienza en el rostro y se extiende por todo el cuerpo.

Aunque en muchos casos puede parecer una enfermedad común, se vuelve peligrosa cuando provoca complicaciones como neumonía, encefalitis (inflamación del cerebro) o deshidratación severa, especialmente en niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

El riesgo aumenta cuando el paciente no está vacunado o tiene un esquema incompleto, ya que el virus puede avanzar rápidamente y generar consecuencias graves e incluso mortales si no se maneja a tiempo.

En este contexto, el Mundial de 2026 representa un factor adicional de atención. La selección de Panamá quedó ubicada en el Grupo L, junto a Ghana, Croacia e Inglaterra, y disputará su primer partido el 17 de junio en Toronto, Canadá, antes de trasladarse a Estados Unidos, específicamente a Nueva Jersey.

Estos países forman parte de la lista donde se han reportado brotes o casos recientes de sarampión, lo que eleva el nivel de exposición para los viajeros panameños.

Las autoridades sanitarias han sido enfáticas en que la recomendación adquiere mayor relevancia para quienes viajarán con niños, ya que estos forman parte de los grupos más vulnerables frente a la enfermedad.

Como parte de la estrategia, Panamá se prepara para un despliegue nacional de vacunación en el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, con el objetivo de garantizar que la población cuente con su esquema completo.

Las autoridades han asegurado que las vacunas están disponibles en todo el país, y que se priorizará la atención en grupos de riesgo, además de reforzar la búsqueda activa de posibles casos sospechosos.

La circular también instruye a los servicios de salud a fortalecer medidas como la detección temprana, notificación inmediata y aislamiento de casos sospechosos, así como la capacitación del personal médico para responder ante posibles brotes.

Se insiste en que, en el caso del sarampión, un solo caso puede convertirse en un brote, lo que hace fundamental actuar con rapidez para evitar la propagación.

A nivel internacional, el sarampión ha mostrado un repunte en los últimos años, impulsado por la disminución en coberturas de vacunación en algunos países y la reactivación de la movilidad tras la pandemia.

En Estados Unidos, se han reportado brotes en distintos estados, mientras que en Canadá también se han identificado casos recientes, lo que ha llevado a reforzar las alertas sanitarias en la región.

Frente a este escenario, el mensaje de las autoridades panameñas se mantiene en el ámbito de la recomendación y no de la obligatoriedad. Sin embargo, insisten en que la vacunación es una decisión clave para evitar complicaciones de salud y proteger a la comunidad, especialmente en eventos masivos como el Mundial, donde la interacción entre personas de distintos países aumenta significativamente el riesgo de contagio.

Panamá cerró el primer trimestre de 2026 con un saldo total de deuda pública de $60,008 millones, una cifra que refleja una leve caída frente a febrero, pero que confirma un aumento respecto a enero, consolidando una tendencia al alza en el acumulado del trimestre.

El ajuste de marzo estuvo marcado por variaciones cambiarias negativas y descuentos, que compensaron parcialmente los desembolsos y capitalizaciones del período, en una dinámica donde el Gobierno ha optado por administrar el perfil de la deuda más que reducir su saldo de forma inmediata.

El comportamiento en los tres primeros meses del año muestra que la deuda aumentó en enero impulsada por desembolsos relevantes, volvió a incrementarse en febrero, y luego registró una corrección marginal en marzo de aproximadamente $50 millones, lo que no revierte la tendencia general.

Este patrón confirma que, aunque existen operaciones puntuales de manejo de pasivos, el país sigue en una trayectoria de crecimiento del endeudamiento, influida por necesidades de financiamiento y el peso del déficit fiscal.

Al analizar la estructura, la deuda externa se mantiene como el principal componente, con un saldo de $49,222 millones, mientras que la deuda interna se ubicó en $10,785 millones, con un aumento en el mes.

Esta una alta dependencia de financiamiento externo, aunque en los últimos meses se observa un mayor uso de instrumentos internos, especialmente letras y notas del Tesoro, como parte de una estrategia para gestionar liquidez en el corto plazo y reducir exposición a mercados internacionales.

Uno de los cambios más relevantes en la estrategia de financiamiento es el crecimiento de los préstamos directos con bancos, que alcanzan más de $7,354 millones, consolidándose como una herramienta clave del actual gobierno. Este tipo de financiamiento ha ganado espacio frente a los bonos globales, debido a que permite acceder a mejores condiciones de tasas y plazos, en un contexto donde el encarecimiento del crédito internacional ha elevado el costo de nuevas emisiones.

Solo esta semana, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concretó un nuevo crédito con Citibank por el equivalente a cerca de $2,200 millones, lo que refuerza una tendencia en la que el país busca diversificar sus fuentes y reducir costos frente a los mercados tradicionales.

Pese a ello, los bonos siguen representando el mayor volumen de la deuda, con un saldo superior a $31,096 millones, lo que mantiene al país expuesto a las condiciones de los mercados internacionales.

Este peso se traduce en una carga significativa por intereses, que en el acumulado del primer trimestre superaron los $1,005 millones, reflejando el impacto del mayor endeudamiento y del entorno de tasas elevadas sobre las finanzas públicas.

Desde una perspectiva histórica, el crecimiento de la deuda ha sido acelerado. Panamá pasó de $20,227 millones en 2016 a más de $60,000 millones en 2026, con el mayor incremento concentrado entre 2019 y 2024, durante la administración de Laurentino Cortizo, cuando el saldo aumentó en más de $24,000 millones en cinco años.

En la actual administración, iniciada en julio de 2024, el ritmo ha sido más moderado, aunque el saldo continúa creciendo, con un aumento superior a $8,100 millones hasta febrero de 2026, lo que evidencia que la presión fiscal se mantiene.

En términos de sostenibilidad, la relación deuda/PIB sigue siendo uno de los principales indicadores de seguimiento. Con un PIB nominal proyectado de $95,102 millones para 2026, el saldo de deuda al cierre de marzo implica una relación aproximada de 63.1%, un nivel que se mantiene elevado frente a estándares históricos del país.

En los últimos años, este indicador pasó de 56.44% en 2023 a 65.61% en 2025, reflejando un deterioro progresivo que aún no logra revertirse completamente.

A nivel sectorial, la deuda continúa concentrándose en el sector financiero, con más de $55,000 millones, muy por encima de otros sectores como transporte, salud o educación.

Esta distribución responde a la naturaleza del endeudamiento del Gobierno central, pero también evidencia que el financiamiento sigue enfocado en cubrir necesidades fiscales más que en proyectos sectoriales específicos, lo que limita su impacto directo en áreas productivas.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha reconocido que la deuda pública continuará creciendo mientras persista el déficit fiscal, señalando que el saldo ronda los $59,000 millones. No obstante, ha insistido en que la estrategia del Gobierno apunta a reducir el déficit de manera progresiva, evitando medidas que puedan afectar el empleo o la actividad económica.

Este enfoque busca equilibrar la estabilidad fiscal con la necesidad de mantener el crecimiento, en un contexto internacional aún exigente.

El sistema portuario de Panamá movilizó 2,353,235 TEU (contenedores de 20 pies) durante el primer trimestre de 2026, lo que representa una caída de 0.6% frente al mismo período de 2025, cuando se registraron 2,368,111 TEU, según datos de la Autoridad Marítima de Panamá.

El resultado refleja un ajuste en el volumen de carga, luego de que el movimiento de contenedores registrara descensos por segundo mes consecutivo, marcando una desaceleración en la actividad portuaria en el inicio del año.

El comportamiento mensual confirma esta tendencia. Aunque enero mostró un crecimiento de 8.3% interanual, el movimiento cayó 2.7% en febrero y volvió a descender 7.2% en marzo, lo que arrastró el resultado acumulado del trimestre.

Esta caída en los últimos dos meses coincide con un período de ajustes operativos y cambios institucionales en el sistema portuario, particularmente en las principales terminales del país.

Al analizar el desempeño por puertos, se observa un comportamiento desigual. En el caso de SSA Marine MIT, uno de los principales operadores del país, el movimiento creció 29.6% en el acumulado del trimestre, consolidándose como uno de los puertos con mayor dinamismo.

En contraste, Puerto Balboa, uno de los dos activos bajo el esquema de transición estatal, registró una caída de 20.6%, mientras que Puerto Cristóbal también mostró una contracción de 2.3%, evidenciando un impacto más directo en las terminales vinculadas al proceso de cambio de control.

Este comportamiento cobra mayor relevancia si se considera que Balboa y Cristóbal son dos de los puertos más estratégicos del sistema portuario nacional. La caída en Balboa, en particular, refleja una reducción significativa en su volumen de operaciones, lo que incide directamente en el desempeño global del sistema, dado su peso dentro del movimiento total de contenedores.

En términos de tipo de carga, el sistema portuario panameño mantiene su perfil como un centro de trasbordo internacional, que concentra más del 80% del movimiento total.

En el primer trimestre de 2026, el trasbordo superó los 2 millones de TEU, mientras que el movimiento local y de zona libre sigue representando una porción menor del total. Este patrón confirma que la economía portuaria del país depende principalmente del tránsito de carga internacional.

Al desagregar por tipo de contenedor, se observa que los contenedores llenos alcanzaron 1,618,327 TEU, mientras que los vacíos sumaron 734,908 TEU, reflejando una leve caída en estos últimos. Este comportamiento indica ajustes en la logística global, particularmente en el reposicionamiento de contenedores, un factor clave en el comercio marítimo internacional.

En paralelo, el segmento de vehículos mostró un comportamiento distinto. El movimiento alcanzó 36,344 unidades, con un crecimiento de 17.6%, lo que sugiere una recuperación en este rubro específico, en contraste con la caída observada en contenedores. Este dato evidencia que no todos los segmentos del comercio portuario están evolucionando en la misma dirección.

El contexto en el que se da este desempeño es clave. A finales de febrero de 2026, el Estado panameño asumió el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la adenda que extendía la concesión de Panama Ports Company (PPC). Este proceso implicó una reorganización operativa inmediata, con la entrada de operadores internacionales bajo contratos temporales.

En el caso del puerto de Balboa, la administración temporal quedó a cargo de APM Terminals Panamá S.A., mediante un contrato por$26,100,000 destinado a la operación, mantenimiento y gestión de la terminal en el Pacífico. Por su parte, el puerto de Cristóbal será administrado por TIL Panamá S.A., filial de Mediterranean Shipping Company (MSC), bajo un acuerdo por $15,800,000 para la operación de la instalación en el Atlántico.

Durante esta fase de transición, las autoridades han estimado que la operación podría generar hasta 100 millones de dólares en ingresos en un período de 18 meses.

Sin embargo, el impacto inmediato en la operación parece haber coincidido con la caída en el movimiento de marzo, lo que sugiere que el sistema portuario está atravesando un período de ajuste logístico y operativo.

Más allá de esta coyuntura, el desempeño del sistema portuario sigue siendo un indicador clave de la economía panameña. El volumen de contenedores refleja la actividad del comercio global, la competitividad del país como hub logístico y su capacidad para mantener flujos constantes de carga en un entorno internacional cada vez más complejo.

El reto ahora será estabilizar la operación de las terminales bajo control estatal y asegurar que el proceso de transición no se traduzca en una pérdida de volumen frente a otros puertos de la región. La evolución de los próximos meses será determinante para medir si la caída observada en el trimestre responde a un ajuste temporal o a un cambio más estructural en la dinámica del sistema portuario panameño.

Aunque el desempeño del sistema portuario panameño puede vincularse en parte con la desaceleración del comercio marítimo mundial, ese factor no basta por sí solo para explicar la caída observada en el primer trimestre. Para 2026, las proyecciones apuntan a un crecimiento más moderado del transporte global de contenedores, en un escenario marcado por exceso de capacidad, presión sobre las tarifas y volatilidad geopolítica. A eso se suman tensiones en rutas estratégicas y disrupciones logísticas que han afectado los flujos internacionales.

Sin embargo, en el caso de Panamá, la baja más marcada en marzo, especialmente en puertos como Balboa, coincide con el proceso de transición operativa tras la salida de PPC, lo que sugiere que el ajuste local tuvo un peso más directo que la tendencia externa.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se refirió a la controversia entre la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, en medio de cuestionamientos por la actuación de auditores en una diligencia judicial interrumpida.

El mandatario sostuvo que se trata de un tema que debe resolverse respetando la independencia de los poderes del Estado, y reiteró que el Órgano Ejecutivo no intervendrá en conflictos entre instituciones encargadas de la investigación penal y la fiscalización pública.

“Soy un hombre de derecho y creo en la independencia de los poderes”, afirmó Mulino, quien además confirmó que conversó por separado con el procurador general, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, y el contralor general, Anel Flores, a quienes pidió que resolvieran sus diferencias dentro del marco institucional.

El presidente insistió en que ambas autoridades tienen responsabilidades definidas y que corresponde a ellas manejar la situación con criterio técnico y respeto a la ley.

Mulino defendió el rol de ambas figuras, pero también marcó distancia frente a la polémica. Señaló que tanto el procurador como el contralor son funcionarios necesarios para el país, con competencias delimitadas en la Constitución.

En esa línea, respaldó la gestión del contralor al indicar que ha desarrollado cerca de 200 auditorías y que su trabajo apunta a ordenar las cuentas públicas, identificar irregularidades y documentar el uso de recursos del Estado.

El presidente también destacó que su administración ha presentado más de 350 denuncias penales por irregularidades detectadas, pero subrayó que la responsabilidad de investigar recae exclusivamente en el Ministerio Público.

“El pueblo necesita respuestas de las autoridades competentes”, afirmó, dejando claro que ni el Ejecutivo ni su persona intervienen en los procesos, y que las decisiones corresponden a las instancias encargadas de la persecución penal.

El conflicto entre ambas instituciones se originó tras la interrupción de una diligencia en la Fiscalía Superior Anticorrupción, relacionada con una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo.

Según lo informado, auditores de la Contraloría habrían ingresado durante el desarrollo de entrevistas a funcionarios vinculados al caso, lo que impidió completar la actuación prevista por el Ministerio Público.

Este hecho generó reacciones inmediatas de gremios y organizaciones civiles, que cuestionaron la actuación de la Contraloría dentro de una diligencia penal.

El Colegio Nacional de Abogados advirtió que este tipo de intervenciones puede afectar la separación de funciones y comprometer la legalidad de los procesos, mientras que la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana señaló que se trata de una situación que podría debilitar la confianza en el sistema de justicia.

Ante lo ocurrido, la Procuraduría confirmó la apertura de una investigación penal para esclarecer la interrupción de la diligencia y determinar posibles responsabilidades.

La entidad indicó que los auditores involucrados estaban siendo requeridos como parte del proceso, lo que los convierte en actores relevantes dentro de la investigación, y reiteró su compromiso de continuar con las diligencias de manera independiente, objetiva y apegada al debido proceso.

Mulino, por su parte, rechazó cualquier insinuación de persecución política desde el Ejecutivo. “Nadie puede levantar el dedo y decir que el presidente está persiguiendo a alguien”, expresó, al tiempo que sostuvo que quienes enfrentan procesos lo hacen por sus propios actos.

En ese contexto, reiteró que su gobierno ha sido respetuoso de la institucionalidad y que no interfiere en investigaciones en curso.

No obstante, el mandatario reconoció que existe una percepción de impunidad y selectividad en el país, especialmente en casos que involucran a funcionarios de distintos gobiernos.

“Todo debe ser investigado y juzgado a tiempo, sin abusos ni complicidades”, afirmó, al insistir en la necesidad de que los procesos avancen con mayor celeridad y sin distinciones basadas en el periodo en que ocurrieron los hechos.

El episodio ocurre en un contexto en el que no es la primera vez que se registran diferencias entre el contralor Anel Flores y el procurador Luis Carlos Manuel Gómez Rudy desde que asumieron sus cargos.

Las discrepancias han girado en torno al alcance de las auditorías, su uso dentro de procesos penales y los límites de cada institución en la lucha contra la corrupción, lo que ha evidenciado tensiones sobre la coordinación interinstitucional.

En este escenario, el caso se convierte en un nuevo punto de fricción dentro del aparato estatal, en momentos en que la lucha contra la corrupción y la credibilidad de las instituciones se mantienen en el centro del debate público. El desarrollo de las investigaciones y la forma en que se resuelva este conflicto marcarán el rumbo de la relación entre ambas entidades en el corto plazo.

Panamá inició el proceso para actualizar el acuerdo comercial que mantiene con República Dominicana, con el objetivo de adecuarlo a las condiciones actuales del comercio bilateral y ampliar el alcance de un instrumento vigente desde la década de los 80.

La revisión busca ajustar reglas, incorporar áreas no contempladas en el esquema original y facilitar un intercambio más amplio entre ambos mercados, en un contexto donde la relación económica muestra mayor actividad y volumen comercial sostenido.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que ya existe una hoja de ruta para avanzar en esta actualización, con miras a fortalecer el intercambio.

“La relación con República Dominicana ocupa un lugar estratégico y debemos actualizar el acuerdo para fortalecer el intercambio”, afirmó durante la Semana de República Dominicana en Panamá 2026, un evento que reunió a actores del sector público y privado de ambos países en torno a oportunidades comerciales y de inversión.

El impulso a la revisión del acuerdo ocurre en medio de un repunte en la relación comercial bilateral. En 2025, las exportaciones desde Panamá hacia República Dominicana, incluyendo operaciones desde la Zona Libre de Colón, superaron los 500 millones de dólares, una cifra que evidencia la escala que ha alcanzado este mercado para Panamá.

El dato también refuerza la necesidad de contar con un marco actualizado que permita ampliar el acceso y mejorar las condiciones del intercambio.

Sin embargo, el comportamiento histórico muestra una relación desequilibrada para Panamá. De acuerdo con la ficha técnica de INTELCOM, la balanza comercial total de bienes entre ambos países ha sido deficitaria para Panamá durante más de 17 años, con periodos en los que el saldo negativo superó los 37 millones de dólares.

Este patrón refleja que, aunque el comercio ha crecido, Panamá no ha logrado consolidar una posición exportadora dominante en ese mercado.

En el ámbito agrícola, la tendencia es similar. La balanza comercial agrícola también ha sido mayoritariamente negativa para Panamá durante más de una década, con déficits que superaron los 8 millones de dólares, mientras que los años con superávit han sido limitados y de bajo monto.

Este comportamiento evidencia que, incluso en sectores donde Panamá tiene capacidad productiva, aún enfrenta retos para posicionar su oferta exportable de forma sostenida.

A pesar de este contexto, exportadores panameños han mostrado interés en incrementar sus envíos hacia República Dominicana, al identificarlo como un mercado con alta demanda de alimentos y productos con valor agregado.

Esta demanda está impulsada en parte por el crecimiento del sector turístico, la expansión del sector servicios y el dinamismo empresarial, factores que generan una necesidad constante de abastecimiento en alimentos procesados, bebidas y otros bienes de consumo.

Los datos más recientes muestran que las exportaciones panameñas están concentradas en un grupo reducido de productos. En 2023, Panamá exportó 5.56 millones de dólares hacia ese mercado, con una fuerte participación de las principales partidas.

Entre los productos destacan las preparaciones y conservas de pescado (1.46 millones de dólares), el pescado congelado (1.24 millones) y los crustáceos (489 mil dólares), además de bebidas alcohólicas, papel y productos químicos. Esta concentración refleja una oferta limitada en diversificación, pero con potencial de crecimiento en sectores específicos.

El comportamiento reciente también muestra señales de crecimiento en algunos rubros. En sectores como la agroindustria, las exportaciones han registrado aumentos en los últimos años, mientras que categorías como bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre han ganado peso dentro del total exportado.

Este patrón sugiere que el crecimiento no depende de un solo producto, sino de una ampliación gradual de la canasta exportable panameña hacia ese mercado.

Desde el ámbito técnico, la jefa de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales del MICI, Linda Castillo, explicó que el acuerdo vigente requiere una actualización para responder a las dinámicas actuales del comercio.

Según indicó, el proceso busca incorporar nuevas áreas de trabajo y aprovechar oportunidades en bienes y servicios donde ambos países tienen potencial de complementariedad económica.

El intercambio desde la Zona Libre de Colón refuerza el peso de esta relación. En 2023, el comercio total con República Dominicana desde esta plataforma alcanzó los 715.1 millones de dólares, con predominio de reexportaciones de productos como medicamentos, teléfonos móviles, calzado y bebidas alcohólicas.

Esto confirma que Panamá no solo participa como exportador directo, sino también como un centro logístico clave para la redistribución regional.

La actualización del acuerdo se da, entonces, sobre una relación que ya tiene volumen, pero que opera bajo reglas desfasadas. El desafío para Panamá no es únicamente aumentar el comercio, sino mejorar su posición dentro de la relación bilateral, diversificar su oferta y aprovechar un mercado que sigue creciendo en demanda.

En ese escenario, la revisión del acuerdo será determinante para definir si el país logra convertir ese crecimiento en una ventaja comercial más equilibrada y sostenible.

Panamá presentó su primer diagnóstico oficial sobre el impacto del cambio climático en la movilidad humana, con cifras que reflejan una realidad cada vez más evidente en el país.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través del Comité Nacional de Cambio Climático, impulsó el informe que pone sobre la mesa un dato clave: entre 2012 y 2024 se registraron aproximadamente 15,411 desplazamientos internos asociados a eventos climáticos extremos.

Esta cifra, considerada uno de los indicadores más relevantes del documento, expone cómo fenómenos como inundaciones, tormentas y deslizamientos ya están obligando a comunidades enteras a abandonar sus territorios.

El documento, elaborado con el respaldo de instituciones públicas, sociedad civil y aliados internacionales, se posiciona como la primera línea base nacional sobre este fenómeno en Panamá.

En su contenido se detalla que los desplazamientos no responden únicamente a eventos súbitos, sino también a procesos de evolución lenta como el aumento del nivel del mar y las sequías prolongadas.

Estas condiciones han impactado principalmente a poblaciones rurales, costeras e indígenas, donde la vulnerabilidad estructural se combina con la exposición directa a riesgos climáticos.

Uno de los elementos centrales del informe es la propuesta del Protocolo Nacional de Reubicaciones Planificadas, un instrumento que busca ordenar la respuesta del Estado ante escenarios en los que ya no es posible garantizar la seguridad de las comunidades en su lugar de origen.

La iniciativa plantea una jerarquía de medidas, que prioriza primero acciones de adaptación en sitio antes de considerar la reubicación como última alternativa. De esta manera, se intenta evitar desplazamientos innecesarios y asegurar que cualquier traslado se realice bajo condiciones planificadas, dignas y sostenibles.

El caso más emblemático de este proceso ocurrió en 2025 en la comarca de Guna Yala, donde una comunidad indígena inició su traslado desde una isla vulnerable hacia tierra firme.

En específico, unas 1,200 personas de Cartí Sugdupu comenzaron a mudarse a la urbanización Nuevo Cartí, construida por el Estado como respuesta al avance del mar.

Este proyecto, considerado el primer desplazamiento planificado por cambio climático en Panamá, evidencia cómo la crisis climática ya no es un riesgo futuro, sino una realidad concreta que transforma territorios y modos de vida.

El informe también recoge experiencias vinculadas a desastres recientes, como los efectos de los huracanes Eta e Iota en la provincia de Chiriquí y situaciones en Bocas del Toro, donde comunidades han tenido que enfrentar desplazamientos temporales o permanentes.

Estos antecedentes refuerzan la necesidad de contar con un marco normativo claro que permita actuar con rapidez y coordinación, evitando respuestas improvisadas ante eventos que, según las proyecciones, serán cada vez más frecuentes e intensos.

Desde MiAmbiente, las autoridades han subrayado que el país está dando un paso clave al integrar datos, planificación y política pública en un mismo instrumento.

La estrategia apunta a anticiparse a los impactos y no solo reaccionar a ellos, promoviendo decisiones basadas en evidencia. En ese sentido, el protocolo en consulta busca convertirse en una herramienta que permita al Estado actuar de forma estructurada, considerando factores sociales, ambientales y económicos en cada proceso de reubicación.

El documento también advierte que la movilidad humana vinculada al cambio climático puede tener efectos profundos en la cohesión social, la economía local y la identidad cultural de las comunidades afectadas.

En territorios indígenas, por ejemplo, el traslado implica no solo un cambio físico de ubicación, sino también una transformación en las dinámicas culturales y productivas, lo que plantea retos adicionales para las políticas públicas.

La presentación del informe y del protocolo marca el inicio de una nueva etapa en la gestión del riesgo climático en Panamá. A partir del 15 de abril y hasta el 13 de mayo de 2026, se desarrollará un proceso de consulta pública para recoger aportes de distintos sectores.

Este paso será clave para definir cómo el país enfrenta un fenómeno que ya está en marcha y que, según los datos disponibles, seguirá aumentando en los próximos años si no se adoptan medidas de adaptación efectivas.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Panamá registró un salto significativo en marzo de 2026, al pasar de una variación mensual de 0.1% en febrero a 0.9% en marzo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General.

Este comportamiento marca una aceleración clara en el ritmo de aumento de los precios, luego de un mes previo con variaciones moderadas. La diferencia entre ambos meses no solo refleja un cambio estadístico, sino una señal de presiones inflacionarias más intensas en la economía panameña.

El IPC es un indicador clave que mide la variación promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios que consumen los hogares, por lo que se utiliza como referencia para evaluar la inflación.

Su importancia radica en que permite entender cómo cambia el costo de vida, impactando directamente el poder adquisitivo de las familias, los salarios reales y las decisiones económicas tanto del sector público como privado. Un aumento como el registrado en marzo implica que, en promedio, los precios subieron más rápido, reduciendo la capacidad de compra de los consumidores.

Al analizar el comportamiento de febrero, se observa que el incremento de 0.1% estuvo impulsado por divisiones como servicios educativos (1.3%), vivienda, electricidad y gas (0.3%) y salud (0.2%).

Sin embargo, este leve aumento fue compensado por caídas en sectores clave como alimentos y bebidas no alcohólicas (-0.2%), transporte (-0.1%) y prendas de vestir (-0.2%). En particular, la reducción en alimentos estuvo vinculada a la baja en precios de hortalizas y vegetales, mientras que en transporte influyó la caída en tarifas aéreas, lo que explica un escenario de inflación contenida y limitada presión de precios.

En contraste, marzo mostró un cambio mucho más amplio y generalizado en el comportamiento de los precios. El IPC creció 0.9%, impulsado principalmente por el sector transporte (3.5%), seguido por vivienda, electricidad y gas (0.8%) y muebles y mantenimiento del hogar (0.8%).

También se registraron aumentos en alimentos, restaurantes, seguros y servicios personales, lo que evidencia que la presión inflacionaria se distribuyó en varias categorías. A diferencia de febrero, la mayoría de los componentes relevantes presentó incrementos simultáneos y sostenidos.

La diferencia entre ambos meses no solo está en la magnitud, sino en la naturaleza de los aumentos registrados. En febrero, el crecimiento se concentró en sectores específicos como educación, mientras que en marzo el impulso provino de un componente transversal: el transporte.

Este cambio es clave, porque el transporte tiene efectos indirectos sobre otros precios, al incidir en los costos logísticos, la distribución y la producción, generando un impacto más amplio en la economía.

Uno de los factores más determinantes en marzo fue el comportamiento de los combustibles, que registraron un incremento de 14.6% dentro de la categoría de transporte, específicamente en gasolina y diésel.

Este aumento explica gran parte de la variación del IPC, ya que los combustibles no solo afectan el gasto directo de los hogares, sino que también se trasladan a otros sectores como alimentos y servicios. En términos económicos, esto se conoce como un efecto de transmisión de costos hacia toda la economía.

Al comparar las divisiones entre febrero y marzo, se observa que algunos sectores repiten tendencia, pero con mayor intensidad. Por ejemplo, vivienda y servicios del hogar ya mostraban aumentos en febrero, pero en marzo se amplificaron.

En cambio, alimentos, que habían registrado caídas, pasaron a terreno positivo con un crecimiento de 0.3%, impulsado por el alza en frutas y mariscos. Este cambio de signo es relevante, porque los alimentos tienen un peso importante dentro de la canasta básica.

En este contexto, sí es posible atribuir una parte importante del incremento del IPC de marzo al comportamiento de los precios del combustible, aunque no es el único factor.

La evidencia muestra que el transporte fue el principal motor del aumento, y dentro de este, los combustibles tuvieron el mayor impacto. Sin embargo, el hecho de que otras divisiones también registraran alzas indica que el fenómeno es más amplio y responde a una combinación de factores internos y externos que presionan los precios.

Se estima que, mientras no se resuelva el conflicto armado en Medio Oriente, los precios internacionales del petróleo podrían mantenerse elevados, lo que seguiría trasladándose a los costos locales. En ese escenario, el IPC de abril y de los próximos meses podría reflejar nuevos incrementos en el nivel general de precios, especialmente en sectores vinculados al transporte, la energía y la logística.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de Ley 353, una iniciativa presentada por la diputada Ariana Coba que propone modificar el Código Procesal Penal para excluir el delito de femicidio de los acuerdos de pena.

La propuesta se sustenta en la premisa de que este tipo de crimen representa la forma más extrema de violencia contra la mujer y, por tanto, requiere un tratamiento distinto dentro del sistema de justicia penal.

Según el documento legislativo, la iniciativa busca ajustar el marco normativo a estándares constitucionales e internacionales, reforzando la respuesta del Estado frente a delitos de alta gravedad.

El concepto de prohijamiento dentro del trámite legislativo implica que una comisión decide adoptar formalmente un anteproyecto para iniciar su discusión y análisis en primer debate.

El documento plantea que permitir estos mecanismos en delitos de esta naturaleza puede generar una percepción de impunidad, debilitar la confianza en el sistema judicial y afectar el mensaje de sanción social frente a la violencia de género.

En términos prácticos, un acuerdo de pena es una figura del Sistema Penal Acusatorio que permite al Ministerio Público y al imputado negociar condiciones del proceso, como la aceptación de los hechos o la colaboración eficaz, a cambio de una reducción de la pena.

Este mecanismo busca agilizar los procesos judiciales, reducir la carga de los tribunales y evitar juicios largos. Sin embargo, el anteproyecto plantea que, en el caso del femicidio, esta herramienta resulta incompatible con la gravedad del delito, ya que puede derivar en sanciones reducidas que no reflejan la magnitud del daño causado.

La propuesta modifica específicamente el artículo 220 del Código Procesal Penal, estableciendo de forma expresa que “cuando se trate de delitos de femicidio no procederán los acuerdos de pena”.

Actualmente, este artículo permite acuerdos relacionados con la aceptación de los hechos o la colaboración del imputado, los cuales pueden traducirse en rebajas de condena o incluso en la no formulación de cargos en ciertos escenarios.

La reforma busca cerrar esa puerta en casos de femicidio, bajo el argumento de que estos delitos deben recibir una sanción firme, proporcional y sin negociación, en línea con compromisos internacionales asumidos por Panamá.

El contexto estadístico refuerza la discusión. Durante el primer trimestre de 2026, Panamá registró 7 víctimas de femicidio, 9 tentativas y 1 muerte violenta de mujeres, según cifras preliminares del Ministerio Público.

Solo en marzo se reportaron 4 casos de femicidio, lo que evidencia una concentración reciente de estos delitos. En comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 4 casos, el incremento es de 75%, un dato que alimenta el debate sobre la efectividad de las herramientas actuales del sistema penal.

Al observar el comportamiento anual, el panorama también muestra una persistencia del problema. En todo 2025 se registraron 20 víctimas de femicidio, 18 tentativas y 15 muertes violentas de mujeres. Aunque esta cifra representó una reducción frente a 2024, cuando hubo 23 casos, el volumen sigue siendo significativo y evidencia que la violencia de género continúa siendo un desafío estructural.

Además, el uso de armas de fuego y armas blancas se mantiene como los principales medios en estos crímenes, lo que refuerza la gravedad de los hechos y la necesidad de respuestas contundentes.

El anteproyecto también argumenta que los acuerdos de pena pueden invisibilizar el contexto de violencia estructural que rodea estos delitos, reduciendo el proceso penal a una simple transacción.

Esto, según la exposición de motivos, no solo afecta la búsqueda de justicia, sino también la reparación a las víctimas y sus familias. La iniciativa plantea que el Estado debe garantizar investigaciones exhaustivas, procesos efectivos y sanciones proporcionales, en línea con estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En este escenario, el debate legislativo se perfila como una discusión de fondo sobre el alcance del sistema penal en Panamá. La exclusión del femicidio de los acuerdos de pena no solo implica un cambio técnico en la ley, sino un mensaje político y jurídico sobre la forma en que el Estado enfrenta la violencia contra las mujeres.

Panamá busca cambiar el mapa de su turismo internacional con una estrategia que apunta directamente al interior del país, comenzando por el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez de Río Hato, una terminal que, hasta ahora, ha operado principalmente con vuelos estacionales provenientes de Canadá.

La meta es clara: convertir esta infraestructura en la puerta de entrada a la llamada Riviera Pacífica panameña, donde se concentra la mayor oferta de hoteles de playa del país.

El plan, impulsado por el Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur), intenta corregir una de las principales debilidades del destino: la dependencia de la Ciudad de Panamá como punto de entrada y distribución de turistas.

Según explicó a Infobae su director general, Salomón Shamah, trasladar visitantes desde Tocumen hacia el interior resulta costoso y poco eficiente, lo que ha limitado el desarrollo de zonas como Río Hato, Pedasí y el Golfo de Chiriquí.

Para revertir esa situación, el Gobierno ha aprobado un presupuesto de $4 millones, al que se suma un $1 millón adicional aportado por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con el objetivo de incentivar vuelos internacionales directos hacia aeropuertos regionales como Río Hato y David.

La estrategia busca reducir costos logísticos y hacer más atractivos los paquetes turísticos al eliminar traslados internos. En el caso de David, se tiene pensado explotar el turismo de compras, combinado con destinos de playa en el Golfo de Chiriquí, explicó Shamah.

El enfoque inicial está puesto en lograr vuelos no estacionales, es decir, operaciones durante todo el año y no solo en temporadas altas. En ese sentido, las primeras negociaciones apuntan a rutas desde Bogotá, Medellín y Quito, con el interés de atraer turistas de mercados cercanos que puedan viajar con mayor frecuencia.

Las aerolíneas en evaluación incluyen a Wingo y Air Panamá, además de otros operadores que aún se mantienen en conversaciones.

El modelo que se está construyendo contempla la participación de turoperadores, hoteles y aerolíneas, mediante esquemas de precompra de asientos que permitan asegurar la ocupación inicial de los vuelos mientras se consolida la demanda.

Sin embargo, el reto no es menor. A pesar de que el flujo de visitantes internacionales hacia la zona de Río Hato ha mostrado mejoras en los últimos años, el destino aún está lejos de alcanzar el nivel de desarrollo de regiones como Guanacaste en Costa Rica o Punta Cana en República Dominicana, que han logrado posicionarse como polos turísticos globales con alta conectividad aérea y una oferta consolidada.

Parte del desafío radica en factores operativos. Las aerolíneas han planteado horarios de llegada fuera de los rangos tradicionales, incluso en horas de madrugada, lo que obliga a coordinar servicios de migración, aduanas y logística hotelera en horarios poco convencionales.

Esto implica ajustes tanto del sector público como del privado, desde la disponibilidad de personal hasta la forma en que se gestionan las noches de hospedaje.

A nivel de oferta, Panamá cuenta con una ventaja clara: la concentración de hoteles de playa en la Riviera Pacífica, especialmente en áreas como Río Hato y Pedasí, donde se ubican resorts, villas y proyectos turísticos con potencial de crecimiento.

No obstante, la falta de conectividad directa ha limitado su aprovechamiento frente a destinos competidores.

El objetivo de fondo es lograr que el turista internacional llegue directamente al destino final, evitando escalas innecesarias en la capital. Esto no solo reduce costos, sino que mejora la experiencia del visitante y aumenta la competitividad del país en el mercado regional.

En 2025, Panamá recibió más de 3 millones de visitantes internacionales, y la meta para 2026 es superar esa cifra mediante estrategias como esta, enfocadas en diversificar la oferta y descentralizar el turismo. La apuesta por el interior forma parte de un cambio de enfoque que busca distribuir mejor el impacto económico del sector.

A pesar de los avances, el éxito del plan dependerá de múltiples factores: la disposición de las aerolíneas a asumir riesgos, la coordinación entre actores del sector turístico y la capacidad del país para posicionar estos destinos en mercados internacionales.

Como reconocen las propias autoridades, el objetivo no es inmediato, sino construir una ruta sostenible que permita que más visitantes descubran el potencial turístico más allá de la capital.

Según explicó Salomón Shamah, el esquema que se negocia para abrir esas rutas contempla una distribución compartida del riesgo comercial entre varios actores del sector.

Los turoperadores asumirían una parte de los asientos mediante precompra, las aerolíneas colocarían otra porción en sus propios sistemas de reservación y los hoteles también reservarían cupos para sus clientes.

El resto quedaría disponible para venta abierta al público. Bajo ese modelo, Promtur cubriría la diferencia necesaria para alcanzar una tarifa que permita madurar la ruta y hacer viable la operación mientras el destino gana tracción entre los viajeros.

En ese contexto, el Aeropuerto de Río Hato se convierte en una pieza clave de una estrategia más amplia que intenta redefinir el turismo en Panamá. La pregunta ya no es si el país tiene el potencial, sino si logrará traducirlo en una oferta competitiva frente a destinos que llevan décadas de ventaja.

Panamá dio un paso clave en materia ambiental e industrial tras la aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley 544, una iniciativa que no solo plantea la eliminación progresiva del poliestireno convencional en envases de alimentos, sino que también abre la puerta a la importación, producción y transformación de poliestireno biodegradable certificado.

El enfoque de la propuesta combina restricción y transición, con el objetivo de reducir la contaminación sin frenar la actividad económica ni la cadena de abastecimiento.

El proyecto establece un marco normativo técnico y verificable que redefine el tratamiento del poliestireno en Panamá. A diferencia de modelos basados únicamente en prohibiciones, la ley busca impulsar una reconversión industrial progresiva, permitiendo que empresas continúen operando mientras migran hacia materiales que cumplan con estándares de biodegradabilidad, reciclabilidad o compostabilidad. Este diseño intenta evitar impactos negativos en precios, empleo y competitividad.

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación gradual del poliestireno expandido (EPS) y extruido (XPS) convencional en el sector de alimentos, especialmente en productos de un solo uso como vasos, platos, bandejas y envases térmicos.

Sin embargo, la ley no prohíbe el material en sí, sino su versión no adaptada a criterios ambientales, permitiendo el uso de alternativas que acrediten certificaciones técnicas bajo normas internacionales y cumplan requisitos sanitarios.

En paralelo, la norma crea un entorno para facilitar la importación de resinas, aditivos y productos biodegradables, incluyendo esquemas como la aditivación en sitio, que permitirá a las empresas transformar el poliestireno en materiales con desempeño ambiental mejorado.

Este componente busca incentivar la inversión y el desarrollo tecnológico, alineando a Panamá con modelos de economía circular y estándares internacionales de producción.

La diferencia entre el poliestireno convencional y el biodegradable radica en su composición y comportamiento ambiental. El primero, utilizado de forma masiva en envases de alimentos, es un material derivado del petróleo que no se degrada de manera natural, lo que le permite permanecer durante años en el ambiente si no es gestionado adecuadamente.

En cambio, el poliestireno biodegradable incorpora aditivos o procesos que permiten su descomposición bajo condiciones específicas, como entornos controlados de compostaje o digestión, transformándose en componentes como agua, dióxido de carbono y biomasa.

Sin embargo, esta degradación no ocurre automáticamente en cualquier entorno, sino que depende de condiciones técnicas verificables, lo que hace clave su certificación y control para garantizar que realmente cumpla con su función ambiental.

Para lograr esta transición, el proyecto establece un periodo de adaptación de hasta 48 meses, dividido en etapas que van desde la preparación normativa hasta la eliminación definitiva de productos no conformes.

Durante este tiempo, se permitirá el uso de inventarios existentes y la adaptación de procesos productivos, con el fin de garantizar la continuidad del mercado y evitar disrupciones abruptas en la cadena de suministro.

El marco también introduce el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que obliga a fabricantes e importadores a participar en la gestión de residuos posconsumo, incluyendo recolección, reciclaje y trazabilidad de los materiales.

A esto se suma la implementación de sistemas de monitoreo, reporte y verificación, que permitirán medir el cumplimiento de metas ambientales y evitar prácticas engañosas en la comercialización de productos.

En términos regulatorios, la ley establece que, una vez concluido el periodo de transición, quedará prohibida la fabricación, importación y comercialización de productos que no cumplan con los criterios técnicos definidos.

Aunque el enfoque principal es la adaptación progresiva, también se contemplan mecanismos de fiscalización y control, con posibles sanciones para quienes incumplan las disposiciones establecidas en la normativa.

La propuesta se sustenta en un contexto donde los datos reflejan un problema estructural en la gestión de residuos. En Panamá, cada persona genera en promedio 17.2 toneladas de desechos a lo largo de su vida, de los cuales cerca del 50% podría reciclarse, pero aproximadamente el 95% no se aprovecha.

Dentro de ese universo, el plástico representa un 12%, y la gran mayoría no se gestiona adecuadamente, lo que termina impactando ríos, mares y áreas verdes.

Aunque el poliestireno expandido y extruido representa solo el 3.2% del plástico importado, su impacto ambiental es altamente visible debido a su ligereza y capacidad de dispersión, lo que lo convierte en uno de los residuos más persistentes en el entorno. Esta condición ha sido uno de los factores determinantes para su regulación dentro de la nueva ley.

El proyecto también advierte que una prohibición sin planificación puede generar efectos contraproducentes, como el aumento de costos logísticos o la sustitución por materiales con mayor huella ambiental. Por ello, la iniciativa apuesta por una transición técnica controlada, que permita evaluar alternativas, proteger el empleo y garantizar que los beneficios ambientales sean reales y medibles.

Con la aprobación en tercer debate, el proyecto pasa ahora al Órgano Ejecutivo, donde será evaluado por la Presidencia de la República para su sanción o veto. De recibir el visto bueno, la norma entraría en vigencia conforme a los plazos establecidos, marcando un punto de inflexión en la forma en que Panamá regula el uso de plásticos y gestiona sus residuos.

La Calzada de Amador, uno de los principales puntos turísticos de la ciudad de Panamá, vuelve a estar en el centro del debate tras la advertencia de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) sobre la prohibición de la venta informal de alimentos y bebidas en aceras, parques y espacios públicos del área.

La entidad recordó que esta práctica no está permitida bajo el Decreto Ejecutivo N. 40 de 30 de septiembre de 2025, que regula el uso del proyecto turístico, en un intento por ordenar la actividad comercial en una de las zonas más visitadas del país.

La UABR insistió en que la normativa es clara y no admite interpretaciones, ya que prohíbe cualquier tipo de actividad comercial en áreas no concesionadas, incluyendo estructuras móviles utilizadas para la venta de productos.

Según la entidad, estas prácticas no solo son ilegales, sino que también generan una competencia desleal frente a los negocios establecidos que cumplen con sus obligaciones, como el pago de alquileres al Estado, permisos sanitarios y requisitos de seguridad.

El crecimiento de la actividad informal en Amador no es un fenómeno reciente. En los últimos años, el aumento en la afluencia de visitantes locales y extranjeros ha impulsado la presencia de vendedores ambulantes que buscan aprovechar el flujo de personas.

Sin embargo, esta expansión ha generado tensiones con los comercios formales, que operan dentro de un esquema regulado y que, según empresarios del área, ven afectadas sus ventas por la presencia de puntos de venta no autorizados.

La Calzada de Amador, también conocida como el Causeway, es una vía de aproximadamente 6 kilómetros de extensión que conecta la ciudad con las islas de Naos, Perico y Flamenco.

Su origen se remonta a la construcción del Canal de Panamá a inicios del siglo XX, cuando fue levantada con material extraído durante las excavaciones del canal. Esta obra fue desarrollada bajo la administración de Estados Unidos, como parte de la infraestructura estratégica del proyecto canalero.

Con el paso del tiempo, Amador se transformó en un espacio recreativo y turístico clave, con restaurantes, marinas, áreas para caminar y ciclovías, además de vistas directas al Canal de Panamá y al Pacífico.

Su ubicación privilegiada y su cercanía al centro de la ciudad la han convertido en un punto de encuentro para turistas, familias y actividades comerciales, lo que explica en parte el atractivo que representa para la actividad informal.

Actualmente, los comerciantes formales que operan en la zona han manifestado su malestar por la persistencia de vendedores ambulantes, señalando que estos ocupan espacios públicos sin autorización y sin asumir los costos que implica operar legalmente.

De acuerdo con la UABR, estos negocios establecidos deben cumplir con el pago de cánones al Estado, además de regulaciones sanitarias y de seguridad, lo que, según indican, los coloca en desventaja frente a quienes operan al margen de la ley.

Las autoridades han señalado que, a pesar de las advertencias realizadas durante casi dos años, la práctica continúa. Incluso, se ha identificado que algunos comerciantes informales mantienen múltiples puntos de venta simultáneos, tanto en Amador como en otras zonas de la ciudad.

Esta situación ha llevado a intensificar los operativos de fiscalización y a reiterar los llamados a trasladar estas actividades a espacios donde sí están permitidas.

La UABR también aclaró que no ha emitido permisos para la instalación de microempresarios que vendan alimentos o bebidas en áreas no contempladas dentro del Plan Maestro de Amador, incluyendo aceras, parques y áreas recreativas.

La entidad hizo énfasis en que existe una diferencia entre la buhonería de artesanías panameñas, permitida bajo condiciones específicas, y la venta informal de productos alimenticios, que sí está prohibida en esos espacios.

Además, las autoridades han advertido sobre la existencia de personas que, al margen de la ley, cobran a vendedores informales bajo supuestas promesas de representación o permisos inexistentes. Esta situación ha sido catalogada como una práctica irregular que agrava el problema y expone a quienes participan en ella a sanciones administrativas.

Pese a las restricciones, la UABR asegura que se han ofrecido alternativas de formalización en espacios autorizados; sin embargo, estas opciones han sido rechazadas en múltiples ocasiones por quienes insisten en operar en áreas no permitidas.

La entidad reiteró su llamado a cesar estas actividades y subrayó que la normativa busca proteger tanto el orden urbano como la actividad económica formal en una de las zonas más emblemáticas del país.

En este contexto, la Calzada de Amador se convierte en un reflejo de un desafío más amplio: equilibrar el dinamismo turístico, la generación de ingresos y el cumplimiento de la normativa. Mientras la afluencia de visitantes continúa impulsando oportunidades económicas, el reto para las autoridades será garantizar que ese crecimiento se dé dentro de un marco de legalidad, orden y sostenibilidad.

La planilla del sector público panameño arrancó enero de 2026 con 253,038 funcionarios, una cifra que dejó dos lecturas distintas sobre la mesa: por un lado, un aumento de 8,234 empleados frente a enero de 2025; por otro, una caída de 18,308 respecto a diciembre de 2025, cuando el cierre anual había llevado el total a 271,346 servidores públicos.

La diferencia no es menor. El propio informe de la Contraloría General de la República apunta a un comportamiento estacional, marcado por la culminación y posterior renovación de contratos eventuales al inicio de cada año.

Del total reportado en enero de 2026, 245,063 correspondieron a funcionarios permanentes y 7,975 a eventuales. En la comparación anual, el crecimiento estuvo impulsado sobre todo por los permanentes, que aumentaron en 7,322, mientras los eventuales subieron en 912.

in embargo, al mirar el salto entre diciembre de 2025 y enero de 2026, la reducción coincide con el patrón de inicio de año descrito por la Contraloría, que vincula esta baja con la terminación y posterior renovación de contratos eventuales.

Se trata de un comportamiento recurrente en la planilla estatal panameña, observado en distintos gobiernos, ya que muchos de estos contratos vencen al cierre de diciembre y suelen reactivarse entre febrero y marzo por un nuevo periodo que se extiende hasta el final del año fiscal.

La contracción mensual se concentró con fuerza en el Gobierno Central, que pasó a 160,231 funcionarios y registró una disminución neta de 14,649 frente a diciembre. Dentro de ese bloque, el recorte más visible se produjo en los eventuales, cuya planilla cayó en 15,454 entre diciembre y enero.

En el sector descentralizado, la reducción fue de 3,659 funcionarios, también con un componente marcado en la baja del personal eventual.

El resumen oficial menciona entre las entidades con mayores descensos al Ministerio de Educación, la Asamblea Nacional, la Universidad Tecnológica de Panamá, el Ministerio de Salud, la Universidad Especializada de las Américas, el Ministerio de Seguridad Pública y la Contraloría.

Pese a esa caída frente a diciembre, la foto anual sí muestra una expansión. Las instituciones que más aumentaron personal en la comparación entre enero de 2026 y enero de 2025 fueron el Ministerio de Salud, con 2,381 funcionarios adicionales; el Ministerio de Educación, con 1,769; el Ministerio de Seguridad Pública, con 1,430; el Órgano Judicial, con 562; el Ministerio de Obras Públicas, con 550; y la Procuraduría General de la Nación, con 191.

En el bloque descentralizado destacaron la Caja de Seguro Social, con 489 permanentes más; Transporte Masivo de Pasajeros, S. A., con 293; la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, con 158; y la Universidad Tecnológica de Panamá, con 144.

El mayor ensanchamiento de la planilla estatal ocurrió en el gobierno de Laurentino Cortizo. Entre julio de 2019 y junio de 2024, el aparato público sumó 24,082 funcionarios, al pasar de 238,248 a 262,330. Frente a esa base, enero de 2026 muestra que la administración de José Raúl Mulino todavía no rebasa la cifra heredada al cierre del mandato anterior, ya que la planilla se ubicó en 253,038 empleados, 9,292 menos.

Aun así, el dato no es definitivo: enero suele ser el punto más bajo del año por la salida de personal eventual al cierre de diciembre, una reducción que normalmente se corrige en los meses siguientes con nuevas recontrataciones.

Salarios en enero

El movimiento en la cantidad de funcionarios tuvo su reflejo en el gasto salarial. En enero de 2026, el sueldo bruto mensual del sector público totalizó $424.0 millones, por encima de los $414.4 millones pagados en enero de 2025, lo que representó un aumento de $9.6 millones o 2.3%.

De ese total, $414.1 millones correspondieron a permanentes y $9.9 millones a eventuales. Pero, al igual que ocurrió con el número de empleados, la comparación con diciembre de 2025 arrojó una baja: el sueldo bruto cayó en $34.4 millones, equivalente a 7.5%, principalmente por la reducción en los pagos a eventuales.

La presión salarial se concentró en el Gobierno Central, cuya planilla mensual subió de $255.0 millones en enero de 2025 a $268.7 millones en enero de 2026, un alza de $13.7 millones. Dentro de ese incremento, el componente de permanentes aportó $13.0 millones adicionales.

Las mayores alzas por institución se dieron en el Ministerio de Salud, con $4.5 millones más; el Ministerio de Educación, con $2.8 millones; el Ministerio de Seguridad Pública, con $2.1 millones; el Órgano Judicial, con $1.2 millones; el Ministerio de Obras Públicas, con $601 mil; y la Procuraduría General de la Nación, con $558 mil.

La comparación anual también se cruza con el dato acumulado del año pasado. Según la nota del cierre de 2025, la planilla pública acumuló un gasto de $5,245.2 millones en salarios durante ese año, por encima de los $5,177.0 millones de 2024.

Esa secuencia prolongó una tendencia que ya venía de años anteriores: $4,441.1 millones en 2020, $4,738.8 millones en 2021, $4,880.3 millones en 2022, $5,014.8 millones en 2023, $5,177.0 millones en 2024 y $5,245.2 millones en 2025. El arranque de 2026 no revierte esa inercia; solo exhibe, otra vez, la estacionalidad de enero.

Las entidades con más personal y las planillas más altas

Al cierre de enero de 2026, las entidades con mayor número de funcionarios seguían concentradas en áreas de educación, salud y seguridad. El Ministerio de Educación encabezó la lista con 58,476 funcionarios y una planilla mensual de $105.4 millones.

Le siguió la Caja de Seguro Social, con 35,292 funcionarios y $66.1 millones en sueldo bruto. El Ministerio de Seguridad Pública reportó 33,049 empleados y $44.6 millones; el Ministerio de Salud, 19,524 funcionarios y $41.9 millones; y la Universidad de Panamá, 10,088 empleados con una planilla de $18.9 millones.

En el resto del escalafón de mayores planillas aparecieron además el Órgano Judicial, con 7,284 funcionarios y $13.9 millones; la Procuraduría General de la Nación, con 7,773 funcionarios y $13.4 millones; la Contraloría General de la República, con 3,949 funcionarios y $6.8 millones; y la Asamblea Nacional, con 3,144 empleados y $6.0 millones.

La lectura política y fiscal de esa estructura es bastante clara: aunque enero mostró una corrección respecto al cierre de diciembre, el peso del Estado sigue descansando sobre un grupo de entidades que concentran tanto la mayor cantidad de personal como las planillas mensuales más altas, en un contexto en el que contener el gasto corriente sigue siendo uno de los desafíos más difíciles para la administración de José Raúl Mulino.

Panamá no solo destaca por el tamaño absoluto de su planilla estatal, con más de 253 mil funcionarios, sino también por su peso relativo en la región: mientras países de Centroamérica como Guatemala, Honduras y El Salvador mantienen entre 6% y 7% de su empleo en el sector público, el Estado panameño se ubica más cerca del promedio latinoamericano, que ronda el 10% del empleo total, aunque en ese grupo figuran países con poblaciones mucho más grandes.

Panamá registra una disminución en los casos más severos de dengue en lo que va de 2026 y, hasta el corte más reciente del Ministerio de Salud (Minsa), no se han reportado nuevas defunciones.

Sin embargo, las autoridades mantienen la alerta por el aumento de la incidencia en menores de edad, un comportamiento que obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención en todo el país.

Sin embargo, las autoridades advierten que el comportamiento de la enfermedad mantiene señales de alerta, especialmente por el incremento en la incidencia entre menores de edad, lo que obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención en todo el país.

Hasta la semana epidemiológica 12, el país acumula 1,791 casos de dengue, de los cuales 1,566 corresponden a cuadros sin signos de alarma, 214 presentan signos de alarma y 11 han sido clasificados como dengue grave.

A pesar del volumen de contagios, las hospitalizaciones han disminuido en 32% en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que refleja una menor presión sobre el sistema de salud.

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es el impacto en la población joven. Los datos muestran que el grupo más afectado es el de niños y adolescentes entre 10 y 14 años, con una tasa de incidencia de 52.6 casos por cada 100 mil habitantes, lo que evidencia un cambio en el patrón de afectación de la enfermedad.

Este comportamiento ha encendido las alertas sanitarias, debido a que los menores pueden presentar una evolución más rápida hacia cuadros complicados si no reciben atención oportuna.

En cuanto a la distribución geográfica, la Región Metropolitana encabeza los contagios con 456 casos, seguida por Colón con 256, San Miguelito con 186, Bocas del Toro con 171 y Panamá Oeste con 160 casos.

Estas cifras reflejan una mayor concentración en áreas urbanas y de alta densidad poblacional, donde la proliferación del mosquito Aedes aegypti encuentra condiciones favorables para su reproducción, especialmente en entornos con acumulación de agua estancada.

Las autoridades insisten en que, aunque los casos graves han disminuido, el dengue sigue siendo una enfermedad potencialmente peligrosa. Entre los síntomas más comunes se encuentran la fiebre alta, el dolor de cabeza intenso, el malestar general, los dolores musculares y articulares y el dolor detrás de los ojos.

Sin embargo, el mayor riesgo aparece cuando surgen los llamados signos de alarma, como el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado de encías o nariz, la somnolencia o irritabilidad y la dificultad para respirar, lo que puede indicar una evolución hacia dengue grave.

El dengue se vuelve particularmente peligroso cuando no es tratado a tiempo o cuando el paciente se automedica, especialmente con medicamentos no recomendados.

El Minsa ha reiterado que la automedicación puede agravar el cuadro clínico, por lo que recomienda acudir de inmediato a un centro de salud ante cualquier sospecha. La detección temprana y el monitoreo médico son claves para evitar complicaciones que puedan derivar en hospitalización o incluso en desenlaces fatales.

A nivel regional, la situación del dengue también ha encendido alertas. En América Latina, países como Brasil, Argentina, Perú y Colombia han reportado altos niveles de transmisión en 2026, manteniendo la presión sobre sus sistemas de salud.

En algunos de estos países, el dengue ha superado cifras históricas en los últimos años, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar campañas de prevención, control de vectores y vigilancia epidemiológica, especialmente en zonas tropicales y urbanas.

Este contexto regional refuerza la importancia de mantener controles estrictos en Panamá, donde la enfermedad presenta un comportamiento cíclico y altamente influenciado por factores climáticos y ambientales.

La combinación de lluvias, altas temperaturas y urbanización desordenada crea condiciones propicias para la reproducción del mosquito transmisor, lo que puede revertir rápidamente cualquier tendencia a la baja en los casos si no se mantienen las medidas de control.

El Ministerio de Salud ha reiterado que la lucha contra el dengue no depende únicamente de las autoridades, sino también de la participación activa de la población.

La eliminación de criaderos sigue siendo la medida más efectiva, lo que implica descartar recipientes en desuso, tapar los depósitos de agua, limpiar patios y techos y evitar la acumulación de líquidos en cualquier tipo de envase. Estas acciones, aunque simples, son fundamentales para cortar el ciclo de transmisión.

Aunque la reducción en hospitalizaciones y la ausencia de nuevas defunciones recientes representan una señal positiva, el aumento de casos en menores y el contexto regional obligan a mantener la vigilancia.

El dengue sigue siendo una amenaza latente, capaz de escalar rápidamente si se relajan las medidas de prevención, en un escenario donde la combinación de factores locales y regionales continúa favoreciendo su propagación.

Panamá y Colombia reactivaron su agenda conjunta de seguridad fronteriza con el inicio de la XXIX Reunión de la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), un encuentro que se desarrolla en la capital panameña y que busca reforzar la coordinación operativa, el intercambio de inteligencia y la ejecución de acciones conjuntas frente a las amenazas que persisten en la zona limítrofe.

La cita, organizada por el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) junto a fuerzas militares y policiales colombianas, se extiende hasta hoy 15 de abril y reúne a representantes de los principales estamentos de seguridad de ambos países.

Durante la apertura, el director general de SENAFRONT, Larry Solís, encabezó la delegación panameña y subrayó que la cooperación bilateral es un pilar clave para enfrentar los desafíos en la frontera, una de las áreas más complejas de la región.

En el encuentro participan además la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Migración, con el objetivo de fortalecer la planificación estratégica y mejorar la capacidad de respuesta ante delitos transnacionales que afectan tanto a Panamá como a Colombia.

La frontera entre ambos países, con una extensión de 266 kilómetros, atraviesa la densa selva del Tapón del Darién, una zona sin conexión terrestre continua debido a la interrupción de la Carretera Panamericana en Yaviza.

Este entorno geográfico ha convertido el área en un punto crítico para el narcotráfico, la migración irregular, la trata de personas, el contrabando y la presencia de grupos armados irregulares, lo que obliga a mantener un esquema de vigilancia permanente y cooperación constante entre ambas naciones.

En ese contexto, Panamá ha reforzado sus mecanismos de control con un sistema que combina puntos oficiales de entrada y una mayor presencia en la selva. Lugares como Puerto Obaldía y La Miel funcionan como puntos formales de migración y aduanas, mientras que áreas como Yaviza y Metetí operan como filtros internos de seguridad para supervisar el tránsito desde la selva.

A esto se suma la implementación de medidas como el cierre de pasos no autorizados, frenando el flujo migratorio de sur a norte.

Mientras las autoridades afinan estrategias en la mesa binacional, las operaciones en terreno continúan. A inicios de abril, unidades de la Dirección Antinarcóticos de SENAFRONT, en conjunto con fuerzas especializadas, ejecutaron la Operación Escudo de Acero Fase II en el sector de El Salto, en la provincia de Darién.

La acción, desarrollada en coordinación con la Fiscalía de Drogas, permitió la aprehensión de una ciudadana panameña presuntamente vinculada al microtráfico de sustancias ilícitas.

Durante el operativo, las autoridades lograron el decomiso de presunta marihuana, dinero en efectivo, un teléfono celular, cigarrillos y diversos materiales utilizados para el embalaje y distribución de droga.

La diligencia fue el resultado de labores de inteligencia y seguimiento, lo que refleja el tipo de trabajo que las autoridades buscan fortalecer a través de espacios como la COMBIFRON, donde el intercambio de información es clave para anticipar y desarticular estructuras delictivas.

La persona aprehendida fue puesta a órdenes de las autoridades competentes junto con los indicios recolectados, mientras el SENAFRONT reiteró su compromiso de mantener una lucha sostenida contra el narcotráfico y los delitos conexos.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a reducir el impacto del crimen organizado en comunidades vulnerables, particularmente en zonas fronterizas donde la presencia estatal es más desafiante.

El vínculo entre la coordinación estratégica y las acciones en campo es precisamente el eje de la reunión binacional. La Combifron no solo permite dar seguimiento a acuerdos previos, sino también establecer nuevas líneas de acción frente a fenómenos que evolucionan constantemente.

En una frontera donde confluyen rutas del narcotráfico, flujos migratorios irregulares y economías ilegales, la capacidad de respuesta depende en gran medida de la articulación entre instituciones y la cooperación internacional.

La Justicia panameña dictó nuevas condenas en distintos casos penales que incluyen delitos sexuales, homicidios, robo agravado y femicidio, tras procesos en los que el Ministerio Público logró sustentar con pruebas periciales, testimoniales y documentales la responsabilidad penal de los implicados.

Las decisiones se producen en medio de una agenda judicial activa que abarca hechos ocurridos entre 2021 y 2024 en diversas regiones del país.

En uno de los casos más graves, dos hombres que son hermanos fueron condenados a 15 años de prisión por los delitos de abuso sexual y privación de libertad, tras un juicio oral de tres días en el que la Fiscalía Regional de Chiriquí presentó evidencias contundentes.

Los hechos ocurrieron en 2024, en el corregimiento de Sortová, distrito de Bugaba, donde los condenados, mediante intimidación, abusaron de una menor de edad y además retuvieron contra su voluntad a dos menores dentro de una residencia.

Durante el proceso, el tribunal de juicio oral valoró pruebas materiales, documentales y testimoniales, lo que permitió emitir un fallo condenatorio contra ambos imputados.

La privación de libertad de las víctimas, sumada a la violencia ejercida, fue determinante para establecer la gravedad de la conducta penal. Este caso se enmarca dentro de los esfuerzos del Ministerio Público por sancionar delitos contra la integridad de menores, considerados de alta prioridad dentro del sistema judicial.

En otro proceso, la Fiscalía Metropolitana, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio, logró una sentencia de 30 años de prisión contra un hombre identificado como alias “Chombolín”, hallado culpable de homicidio doloso agravado.

El tribunal también impuso una pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por 10 años, una vez cumplida la condena principal.

El hecho ocurrió el 6 de marzo de 2023, en el corregimiento de Las Mañanitas, específicamente en el Sector 20, donde el sentenciado, en complicidad con un menor de edad, realizó disparos con arma de fuego contra la víctima, provocándole la muerte.

La Fiscalía logró acreditar la responsabilidad penal mediante testimonios y peritajes, consolidando el caso ante el tribunal.

En una causa distinta, relacionada con delitos contra el patrimonio, la Sección de Asistencia a Juicio de la Fiscalía Metropolitana obtuvo una sentencia de 15 años de prisión para un hombre por robo agravado, en hechos ocurridos el 5 de junio de 2021 en el corregimiento de Betania.

El fallo se produjo luego de audiencias realizadas los días 19 y 25 de marzo de 2026, donde se expuso la teoría del caso y se presentaron múltiples elementos probatorios.

De acuerdo con la investigación, el condenado actuó junto a dos personas no identificadas, quienes ingresaron a una residencia en Villa Cáceres y, mediante amenaza con arma de fuego, despojaron a las víctimas de celulares y dinero en efectivo. Además de la pena principal, el tribunal impuso una inhabilitación para ejercer funciones públicas por seis años, una vez cumplida la condena.

Finalmente, en la provincia de Darién, la Fiscalía Regional logró una condena de 30 años de prisión por el delito de femicidio, tras demostrar la culpabilidad de un hombre en perjuicio de su pareja sentimental.

El hecho ocurrió la noche del 16 de noviembre de 2024, en el distrito de Chepigana, donde el agresor utilizó un arma blanca para cometer el crimen.

En este caso, el Ministerio Público sustentó la acusación con pruebas documentales, periciales y testimoniales, que permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado.

La violencia de género y el vínculo entre víctima y victimario fueron elementos clave en la tipificación del delito como femicidio, uno de los crímenes más severamente sancionados por la legislación panameña.

A la fecha, se han registrado 158 homicidios en el país. Según las autoridades panameñas, 76% de esos casos guarda relación con estructuras vinculadas al narcotráfico. Las estadísticas oficiales reflejan que la mayor cantidad de homicidios en 2026 se concentra en el distrito de Panamá, con 58 casos; seguido de San Miguelito, con 28; Colón, con 23; y Arraiján, con 13.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen avanzó del puesto 48 al 39 en el ranking global de OAG Megahubs 2025, un resultado que lo coloca entre los aeropuertos internacionales más conectados del mundo y confirma una mejora frente al informe anterior.

En el plano regional, el principal aeropuerto panameño se ubicó como el tercer megahub de América Latina, detrás de Bogotá y Ciudad de México, en una clasificación que no premia el tamaño del aeropuerto, sino su capacidad efectiva para enlazar vuelos y destinos dentro de una misma red.

La relevancia del informe radica en que OAG no mide simplemente cuántos pasajeros mueve una terminal ni cuántas rutas aparecen en un mapa. La firma británica explica que su ranking anual compara el número de conexiones programadas hacia y desde vuelos internacionales con la cantidad de destinos servidos por cada aeropuerto.

Además, la metodología detallada en sus reportes utiliza los datos de los 100 aeropuertos más grandes del mundo, toma como referencia el día de mayor actividad aérea del periodo analizado y calcula las conexiones posibles dentro de una ventana de seis horas.

Ese enfoque vuelve al informe especialmente útil para la industria, porque intenta medir la conectividad real y no solo el volumen bruto. En términos prácticos, el estudio observa qué tan fácil es para un pasajero aterrizar en un aeropuerto y abordar otro vuelo poco después, sin romper la lógica del itinerario.

También considera variables como el mínimo tiempo de conexión, la relación entre vuelos entrantes y salientes y el número de destinos disponibles. Por eso, un aeropuerto puede estar por debajo de otros en pasajeros totales y aun así figurar alto si su operación funciona mejor como hub de enlaces internacionales.

En el caso de Tocumen, el informe lo ubica con 95 destinos y alrededor de 10,074 conexiones posibles, una cifra que explica por qué Panamá se sostiene entre los centros de enlace más fuertes de la región.

En América Latina, solo El Dorado, en Bogotá, con 101 destinos y 16,607 conexiones, y el Benito Juárez, en Ciudad de México, con 101 destinos y 11,435 conexiones, aparecen por encima. Detrás de Tocumen quedó São Paulo-Guarulhos, con 114 destinos y 9,855 conexiones, lo que muestra que el ranking no depende únicamente de abrir más rutas, sino de la eficiencia con que esas rutas se articulan.

La comparación con 2024 ayuda a entender mejor el avance. El año pasado, Tocumen ocupó el puesto 48 global y el cuarto lugar regional, por detrás de Bogotá, Ciudad de México y São Paulo/Guarulhos.

En esa edición, el propio aeropuerto panameño destacó que había superado a terminales como Lima, San Juan, Santiago de Chile, Cancún, Guadalajara y Buenos Aires. El salto al puesto 39 mundial y al tercer lugar latinoamericano refleja, por tanto, una mejora concreta en la conectividad relativa de Panamá frente a otros hubs de la región.

Otro dato clave del informe es la concentración operativa en una sola aerolínea. En Tocumen, Copa Airlines representa cerca del 90% de los vuelos, la participación dominante más alta entre varios de los grandes hubs de la lista latinoamericana.

En Bogotá, Avianca concentra el 53% de las operaciones; en Ciudad de México, Aeroméxico tiene el 57%; y en São Paulo/Guarulhos, LATAM mantiene el 53%. En el caso panameño, esa concentración ayuda a ordenar bancos de vuelos y agilizar escalas, aunque también deja claro que la fortaleza del hub está profundamente ligada al desempeño de Copa.

La importancia de este tipo de medición va más allá del prestigio. Un aeropuerto con mayor capacidad de conexión mejora la posición de un país en el negocio del turismo, la captación de rutas, la movilidad corporativa y la logística internacional.

Para Panamá, cuya ventaja histórica ha sido funcionar como puente entre mercados, aparecer en este ranking con una mejora anual tiene un valor económico y estratégico. No se trata solo de una foto favorable para el aeropuerto: también es una señal de que el país sigue teniendo un papel relevante en el mapa aéreo continental.

A escala global, OAG Megahubs 2025 mantiene a Londres Heathrow como el aeropuerto más conectado del mundo por tercer año consecutivo, con más de 59,000 conexiones posibles hacia 226 destinos en el día pico del periodo analizado.

Que Tocumen figure en esa misma clasificación global y suba nueve posiciones en un año refuerza su peso internacional, aunque también marca el reto que viene: sostener la eficiencia operativa, ampliar destinos cuando el mercado lo permita y conservar la rapidez de sus conexiones.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo del Estado de Kuwait, Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, en la que abordaron la situación de seguridad en el Golfo y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Durante el intercambio, Panamá expresó su preocupación por el impacto de los recientes ataques en la región, en un contexto marcado por la escalada de tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel.

En el diálogo, el canciller panameño transmitió, en nombre del Gobierno y del pueblo panameño, su plena solidaridad con Kuwait ante los ataques dirigidos contra su territorio, en especial aquellos que han afectado infraestructura civil crítica, incluyendo instalaciones energéticas y el Aeropuerto Internacional de Kuwait. Además, expresó sus condolencias por las pérdidas humanas y su respaldo a las personas afectadas por los hechos.

Martínez-Acha Vásquez también reiteró el compromiso de Panamá con el respeto al derecho internacional, la soberanía y la integridad territorial de los Estados, advirtiendo que las acciones beligerantes representan un riesgo significativo para la paz regional e internacional.

En ese sentido, subrayó que el actual escenario en Medio Oriente tiene implicaciones directas sobre la estabilidad global, particularmente en sectores clave como la energía y el comercio.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la importancia de garantizar la libre navegación en rutas estratégicas como el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, considerados vitales para la seguridad energética mundial.

El canciller panameño enfatizó que la libertad de tránsito marítimo es un principio innegociable, en línea con el derecho internacional y con el funcionamiento del comercio global.

Estas declaraciones se alinean con posiciones recientes del Gobierno panameño frente al conflicto. El propio Martínez-Acha ha advertido sobre los riesgos de utilizar el estrecho de Ormuz como herramienta geopolítica, luego de que Irán anunciara medidas para restringir el paso en esa vía estratégica.

Según el canciller, este tipo de decisiones tiene un impacto directo en el precio internacional de la energía, con efectos que trascienden las fronteras regionales.

El funcionario también destacó que, aunque Panamá no enfrenta problemas de abastecimiento debido a sus importaciones de combustibles desde Estados Unidos, el alza en los precios internacionales sí impacta la economía local.

Ante este escenario, el Gobierno ha optado por subsidios parciales a los combustibles como mecanismo para amortiguar el efecto en los consumidores.¿

En la conversación con Kuwait, ambos cancilleres coincidieron en la necesidad de promover la desescalada del conflicto, el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas a las tensiones actuales.

Panamá reiteró que, en su condición de miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está dispuesto a respaldar iniciativas orientadas a la estabilidad regional y a la resolución diplomática de controversias.

Además del componente geopolítico, el intercambio también permitió reafirmar la relación bilateral entre Panamá y Kuwait, considerada por ambas partes como estratégica. El canciller panameño manifestó el interés de su país en fortalecer la cooperación en diversas áreas, mientras que ambos gobiernos acordaron mantener un diálogo cercano y constructivo.

El contexto internacional ha llevado a Panamá a reforzar su postura en defensa de la seguridad marítima global, un tema especialmente sensible para un país cuya economía está estrechamente vinculada al comercio internacional.

La defensa de la libre navegación en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, ha sido uno de los ejes principales del discurso diplomático panameño en las últimas semanas.

En medio de un escenario marcado por la incertidumbre, el Gobierno panameño ha insistido en que la estabilidad en Medio Oriente es clave no solo para la región, sino también para el equilibrio económico global.

Las autoridades consideran que cualquier interrupción en rutas estratégicas o escalada militar podría tener efectos inmediatos en los mercados internacionales, afectando desde los precios de la energía hasta las cadenas de suministro.

La conversación entre Panamá y Kuwait se produce en un momento en el que la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto, con llamados crecientes a evitar una mayor escalada.

En ese contexto, la posición panameña apunta a reforzar el multilateralismo, el diálogo y el respeto a las normas internacionales, como pilares fundamentales para enfrentar una de las crisis más complejas del escenario global actual.

El Canal de Panamá lanzó el Programa de Aprendices, una iniciativa orientada a la formación de talento técnico y al relevo generacional dentro de la institución, en un contexto marcado por la necesidad de preservar el conocimiento especializado que sostiene la operación de la vía interoceánica.

El programa inicia con un primer grupo de 75 aprendices y forma parte de una estrategia más amplia para asegurar la continuidad operativa en el largo plazo.

El proyecto se desarrolla bajo la Escuela Industrial y de Seguridad de la Academia de Talentos del Canal, con un modelo que combina formación práctica, disciplina y acompañamiento especializado en oficios clave.

Según el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, la iniciativa no solo busca cubrir necesidades internas, sino también ofrecer a los participantes herramientas para su desarrollo profesional y personal, en una institución considerada estratégica para la economía del país.

La puesta en marcha del programa ocurre en un momento en el que el Canal proyecta la incorporación de cerca de 3,000 nuevos colaboradores durante la próxima década, principalmente en áreas técnicas y operativas.

Esta demanda responde tanto al crecimiento de la institución como a la necesidad de reemplazar talento que saldrá por jubilación, en un escenario que obliga a acelerar los procesos de formación y transferencia de conocimiento.

De acuerdo con estimaciones oficiales, más de 2,800 trabajadores del Canal se retirarán en los próximos años, lo que representa un desafío directo para la sostenibilidad del capital humano.

Solo entre 2024 y 2030, alrededor de 2,000 colaboradores, equivalentes a cerca del 25% de la fuerza laboral, alcanzarán la edad de retiro, lo que incrementa la presión por desarrollar nuevos perfiles especializados.

El vicepresidente de Capital Humano, Rubén Pérez, explicó que la creación de la Academia de Talento responde precisamente a este reto.

La iniciativa busca integrar y preparar a las futuras generaciones que asumirán roles críticos dentro de la organización, garantizando que el relevo no afecte la calidad ni la seguridad de las operaciones del Canal.

El contexto laboral del Canal también está influenciado por una serie de proyectos estratégicos que incrementarán la demanda de mano de obra en los próximos años.

Entre ellos destacan el corredor energético, el desarrollo de nuevas terminales portuarias, un gasoducto, el corredor logístico terrestre y el proyecto del reservorio en río Indio, iniciativas que buscan diversificar los ingresos de la institución y fortalecer su sostenibilidad.

Estos proyectos implican inversiones millonarias y una importante generación de empleo. Solo el corredor energético podría movilizar hasta 8,000 millones de dólares y generar más de 6,500 empleos anuales durante su construcción, mientras que las terminales portuarias, con una inversión estimada de 2,600 millones de dólares, podrían crear más de 10,700 puestos de trabajo en su fase inicial.

Por su parte, el corredor logístico terrestre, con una inversión cercana a los 1,782 millones de dólares, aportaría más de 3,200 empleos durante su construcción, mientras que el proyecto del lago de río Indio, considerado clave para la seguridad hídrica, generaría unos 2,700 empleos directos en el desarrollo de la presa, el vertedero y el túnel de conexión con el lago Gatún.

En este escenario, el Programa de Aprendices se posiciona como una herramienta clave para garantizar que el Canal cuente con el personal calificado necesario para ejecutar estos proyectos y mantener sus operaciones.

La iniciativa también busca fortalecer áreas emergentes como el análisis de datos, la biología y la física, consideradas fundamentales para enfrentar desafíos como la gestión del agua y la variabilidad climática.

Durante el acto de lanzamiento, se realizó la entrega simbólica de cascos por oficio, marcando el inicio de la formación de los nuevos participantes.

En el evento también participó Enrique Sánchez Salmón, miembro de la Junta Directiva del Canal, quien recordó que inició su carrera como aprendiz hace más de 50 años, destacando el valor de este tipo de programas como puerta de entrada a una trayectoria profesional dentro de la institución.

La estrategia del Canal apunta a consolidar un modelo de formación continua que permita responder tanto a la salida de personal experimentado como a las nuevas exigencias operativas. En un entorno donde la competencia logística es cada vez mayor, el fortalecimiento del talento humano se convierte en un elemento clave para mantener la eficiencia, seguridad y competitividad de la vía interoceánica.

Una inspección técnica realizada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) confirmó la afectación a la quebrada El Naranjo, en el corregimiento de Trinidad, distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, como resultado de actividades de minería ilegal detectadas en la zona.

El hallazgo se suma a una serie de acciones recientes orientadas a contener los delitos ambientales que impactan directamente los recursos hídricos y los ecosistemas del país.

La intervención se produjo en atención a un oficio de la Fiscalía de Capira, tras la aprehensión de dos ciudadanos por unidades de la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ).

Los sospechosos fueron sorprendidos mientras realizaban extracción de material dentro de la fuente hídrica, y durante el operativo se les decomisaron herramientas utilizadas en estas prácticas, entre ellas bateas, palas, cubos y una barra de acero.

Un equipo técnico de la Dirección Regional de MiAmbiente en Panamá Oeste, a través de la sección de Verificación y Desempeño Ambiental, se trasladó hasta la comunidad de La Florida, específicamente a la finca Los Palmitos.

Esta área forma parte del Programa de Incentivos Económicos Ambientales de la Autoridad del Canal de Panamá, lo que añade un componente adicional de relevancia estratégica por su vinculación con la protección de cuencas hidrográficas.

De acuerdo con el informe técnico, la inspección permitió evidenciar la alteración del cauce natural de la quebrada, producto de la remoción de material dentro del lecho. Esta intervención generó sedimentación en el agua, afectando su calidad y modificando el comportamiento natural del flujo.

Además, se constató que el cauce fue redireccionado aproximadamente tres metros desde su orilla original debido a la acumulación de material rocoso.

Los hallazgos confirman un impacto negativo directo sobre el ecosistema, comprometiendo la calidad del recurso hídrico y generando efectos que podrían extenderse a otras áreas cercanas.

El documento será remitido a la Personería Municipal de Capira, a la Autoridad del Canal de Panamá y a la Oficina de Asesoría Legal de MiAMBIENTE en Panamá Oeste, con el objetivo de dar continuidad a las acciones legales y administrativas correspondientes.

Donoso, Colón

En paralelo, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) ha intensificado sus acciones de vigilancia en el Área de Recursos Manejados Donoso y Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Colón. Guardaparques de MiAMBIENTE sostuvieron una reunión con el Equipo Multidisciplinario Especializado (EME ambiental) para intercambiar información sobre reportes de minería ilegal y otras afectaciones a los recursos naturales.

Durante este encuentro se analizaron diversas denuncias sobre posibles delitos ambientales, lo que permitió corroborar datos y fortalecer los mecanismos de monitoreo y control. Además, se planificaron estrategias operativas orientadas a identificar rutas utilizadas para el desarrollo de estas actividades ilícitas y a mejorar la coordinación entre instituciones.

Como parte de las acciones en campo, se realizó un recorrido por sectores como Villa del Carmen, El Embarcadero y Sardina, donde los guardaparques también sostuvieron encuentros con residentes de las comunidades. En estos espacios se brindó orientación sobre permisos de roza y , en un esfuerzo por prevenir incendios de masa vegetal y promover prácticas más sostenibles.

Hay que recordar que en el área de Donoso y Omar Torrijos se ubica la mina de cobre que fue operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals. La operación permanece suspendida desde finales de 2023, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, mientras avanza una auditoría ambiental que será clave para definir el futuro de la extracción minera en esa zona.

Las autoridades ambientales han reiterado que mantendrán una vigilancia constante y permanente para prevenir, detectar y minimizar los delitos contra el ambiente, en especial aquellos relacionados con la extracción ilegal de recursos.

Este tipo de actividades no solo genera daños inmediatos, sino que también compromete la sostenibilidad de los ecosistemas y la disponibilidad de agua para las comunidades.

La construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, el proyecto ferroviario que incluye el cruce subterráneo bajo el cauce del Canal de Panamá, alcanzó un nuevo hito con el primer recorrido de prueba del monorriel entre Patio y Talleres y Ciudad del Futuro.

La circulación inicial de los trenes marca un avance visible en una obra que busca transformar la movilidad de más de 500 mil residentes de Panamá Oeste, una de las zonas más afectadas por la congestión vehicular en el país.

El ensayo técnico, realizado la tarde del lunes 13 de abril, forma parte de la fase de validación operativa del sistema, en la que se evalúa el comportamiento del monorriel en condiciones reales.

Este tipo de pruebas permite ajustar parámetros clave antes de la entrada en servicio, al tiempo que refleja el progreso sostenido del proyecto hacia una infraestructura de transporte más segura, eficiente y confiable.

La Línea 3 tendrá una extensión de 25 kilómetros y contará con 11 estaciones, conectando directamente a Panamá Oeste con la capital. A la fecha, el tramo elevado registra un avance del 85%, mientras que el segmento soterrado alcanza el 57%.

Cada tren tendrá capacidad para transportar cerca de 1,000 pasajeros, con una velocidad comercial de 80 kilómetros por hora y una máxima de 90 kilómetros por hora, lo que permitirá reducir de forma significativa los tiempos de traslado y mejorar la productividad diaria de miles de usuarios.

Uno de los hitos más relevantes del proyecto fue la excavación del túnel bajo el Canal de Panamá, una obra sin precedentes en la ingeniería local.

La tuneladora Panamá logró completar el primer tramo tras excavar más de 3.1 kilómetros, instalar 1,560 anillos de concreto y remover más de 800 mil metros cúbicos de material, lo que evidencia la complejidad técnica y la escala de la construcción.

Este componente subterráneo no formaba parte del diseño original. En sus inicios, la Línea 3 contemplaba cruzar el Canal a través del cuarto puente, pero en 2020 el proyecto fue modificado para incorporar un túnel, debido a los retrasos en esa infraestructura.

El cambio implicó rediseños estructurales, nuevos estudios geotécnicos y ajustes contractuales, además de la incorporación de tecnología especializada para la excavación.

Como resultado, el costo total del proyecto aumentó de forma significativa. La inversión pasó de unos 2,800 millones de dólares a más de 4,400 millones de dólares, impulsada por los sistemas adicionales requeridos para el tramo subterráneo, como ventilación, drenaje, seguridad y monitoreo estructural.

Este incremento ha convertido a la Línea 3 en una de las obras más costosas en la historia reciente del país.

Las proyecciones oficiales indican que la parte elevada estaría lista en 2027, mientras que el túnel se completaría en 2028, lo que ha generado un desfase en el cronograma original y ha obligado a replantear fases de implementación.

El proyecto es desarrollado por el consorcio HPH Joint Venture, integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction y Posco E&C, y financiado principalmente mediante préstamos concesionales del Gobierno de Japón a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Este respaldo internacional ha sido clave para sostener el avance de una obra de alta complejidad técnica.

El inicio de las pruebas con trenes introduce una señal concreta de avance para los usuarios, en una zona donde el tráfico representa una de las principales limitaciones diarias. El recorrido entre Patio y Talleres y Ciudad del Futuro muestra que el proyecto comienza a entrar en una etapa distinta, en la que la infraestructura deja de ser solo obra civil y empieza a convertirse en un sistema operativo real.

Más allá del avance técnico, la Línea 3 representa una apuesta estructural para mejorar la calidad de vida, al reducir tiempos de traslado, aumentar la eficiencia del transporte público y ofrecer una alternativa moderna a la congestión.

El desarrollo del monorriel consolida al Metro de Panamá como uno de los pilares de la movilidad urbana y del crecimiento ordenado en el país.

Panamá logró salir de la lista de preocupación significativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en materia de seguridad de pasajeros en tránsito, tras validar un sistema que hoy permite mantener la eficiencia operativa del Aeropuerto Internacional de Tocumen sin afectar su modelo de conexiones.

El anuncio, calificado como un hito para la aviación panameña, marca el cierre de una observación que se arrastraba por más de una década y que había sido notificada formalmente a decenas de países con vuelos hacia el país.

El elemento clave de esta mejora es la implementación del sistema OSS (One Stop Security), que en términos simples consiste en que Panamá verifica y valida los controles de seguridad de otros países antes de permitir que los pasajeros en tránsito conecten sin pasar por una segunda revisión.

Este modelo implica auditorías periódicas, inspecciones y validaciones cada 24 meses, lo que permite garantizar que los estándares de seguridad sean equivalentes a los aplicados en el país.

Actualmente, Panamá ha logrado validar a 25 países, además de Europa como bloque, lo que representa cerca del 95% de cumplimiento del sistema OSS. Esto permite que la mayoría de los pasajeros en tránsito no requieran controles adicionales al llegar a Tocumen, agilizando las conexiones.

Sin embargo, se mantiene una doble revisión obligatoria para vuelos procedentes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, considerados como no validados por preocupaciones en sus sistemas de seguridad.

En estos casos, los pasajeros pasan por una sala de inspección rápida al descender del avión, un proceso que toma aproximadamente entre tres y cuatro minutos por persona, antes de continuar hacia su destino final.

Este mecanismo permite mantener la seguridad sin sacrificar la velocidad del hub, uno de los principales atributos competitivos del aeropuerto panameño en la región.

El director de la Autoridad Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas, explicó que de no haberse implementado este modelo, Panamá habría tenido que instalar puntos de control adicionales en múltiples puertas de embarque, lo que habría afectado directamente la operatividad del centro de conexiones.

“Eso hubiese encarecido la operación y reducido la eficiencia del hub”, indicó, al tiempo que destacó que el sistema actual permite mantener el flujo de pasajeros sin interrupciones.

La eliminación de esta alerta también evita que otros países apliquen medidas más estrictas a pasajeros procedentes de Panamá, como revisiones adicionales o controles más exhaustivos en aeropuertos de destino.

Durante el tiempo en que estuvo vigente la observación, existía el riesgo de que aerolíneas y autoridades extranjeras adoptaran protocolos más severos, lo que podía afectar la percepción internacional del aeropuerto panameño.

Desde Tocumen, su gerente José Ruiz destacó que este avance es fundamental para sostener el crecimiento del tráfico aéreo, que mantiene una expansión cercana al 9% anual.

La terminal proyecta alcanzar los 30 millones de pasajeros para 2030, una meta que depende directamente de la eficiencia del sistema de conexiones y de mantener estándares internacionales de seguridad.

El modelo OSS también incorpora un sistema de inspecciones aleatorias y generación de estadísticas de seguridad, que permite identificar objetos prohibidos, analizar tendencias por país y reforzar controles en rutas específicas.

Esta capacidad de monitoreo ha sido clave para consolidar un sistema considerado robusto, dinámico y adaptable, que puede ajustarse ante cambios en el entorno internacional.

Las autoridades subrayan que este logro no es permanente, ya que el sistema requiere actualizaciones constantes, validaciones periódicas y supervisión técnica continua.

De no mantenerse estos procesos, Panamá podría volver a enfrentar observaciones internacionales que impacten la operación del aeropuerto. Por ello, se insiste en que el OSS debe ser entendido como un modelo vivo, que exige inversión, coordinación institucional y seguimiento permanente.

Además del impacto en la seguridad, la salida de la lista de la OACI fortalece la posición de Panamá como hub regional, en un contexto de alta competencia con otros centros de conexión en América Latina. La capacidad de garantizar seguridad sin afectar los tiempos de tránsito se convierte en un factor determinante para aerolíneas y pasajeros al momento de elegir rutas.

Con este paso, Panamá no solo mejora su imagen internacional, sino que también se posiciona como un referente en la implementación del sistema OSS, un modelo que ya ha despertado interés en otros países que buscan replicarlo.

Para las autoridades, el desafío ahora será sostener este nivel de cumplimiento y aprovecharlo como una ventaja estratégica en el crecimiento del sector aéreo.

Las autoridades panameñas continúan intensificando su lucha contra el narcotráfico, con una serie de operaciones recientes que dejaron como resultado la incautación de más de mil paquetes de presunta droga, además de aprehensiones y decomisos de embarcaciones.

Estos hechos reflejan el aumento sostenido de las acciones operativas en puntos estratégicos del país, tanto en zonas marítimas como en terminales portuarias.

En una de las intervenciones más relevantes, unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) incautaron 1,048 paquetes de presunta sustancia ilícita y aprehendieron a tres personas, durante una operación desarrollada al sureste de Punta Coco, en el Archipiélago de Las Perlas.

La acción se activó tras la detección de una embarcación en actitud sospechosa, lo que permitió ubicar sacos con presunta droga en su interior y proceder de inmediato con la retención de la tripulación.

La operación incluyó la coordinación directa con la Fiscalía de Drogas de Panamá, que instruyó el traslado de los aprehendidos y la lancha artesanal hacia la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino.

En ese punto se contabilizaron 21 sacos con un total de 1,048 paquetes, cuyo contenido permanece bajo verificación pericial para determinar el tipo exacto de sustancia incautada.

Este operativo se suma a otro decomiso reciente realizado en la zona portuaria del Pacífico, donde unidades aeronavales de la sección de Inteligencia Portuaria detectaron cuatro paquetes de sustancia ilícita ocultos en los paneles de refrigeración de un contenedor.

La carga tenía como origen el puerto de Valparaíso, Chile, con trasbordo en Panamá y destino final en Melbourne, Australia, lo que evidencia la utilización del país como punto logístico dentro de rutas internacionales del narcotráfico.

Las autoridades indicaron que esta incautación fue posible gracias a la aplicación de protocolos de verificación física y tecnológica, lo que permitió identificar la alteración estructural del contenedor.

Posteriormente, se activaron los procedimientos legales correspondientes, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá, para ejecutar las diligencias de allanamiento y registro.

Los resultados acumulados en lo que va de 2026 reflejan un incremento significativo en las incautaciones. Según cifras oficiales, las autoridades han decomisado alrededor de 20.5 toneladas de drogas hasta marzo, superando ampliamente los registros del mismo periodo de 2025.

De hecho, a inicios de febrero de este año, el SENAN ya había alcanzado más de 10.2 toneladas incautadas, en contraste con las cerca de cuatro toneladas reportadas en ese mismo lapso del año anterior.

Solo en enero de 2026, se contabilizaron 11,387 paquetes de droga, lo que representa una variación positiva superior a 3.8 toneladas en comparación con enero de 2025.

Estas cifras evidencian no solo el aumento en la actividad delictiva, sino también la mayor capacidad operativa y de respuesta de los estamentos de seguridad.

Las incautaciones recientes también confirman que las rutas marítimas y el transporte en contenedores continúan siendo los principales mecanismos utilizados por las organizaciones criminales internacionales.

Operativos en zonas como Playa Bongo (Isla del Rey), Santa Isabel, Turtle Cay, Miramar (Costa Arriba de Colón) y el Puerto de Balboa han sido clave para interceptar cargamentos ilícitos y desarticular estructuras vinculadas al tráfico de drogas.

El comportamiento de estos delitos mantiene una tendencia al alza si se compara con el cierre de 2025, cuando Panamá registró un decomiso total de 129 toneladas de drogas y 47.8 toneladas de precursores químicos.

Este contexto ha llevado a las autoridades a reforzar los patrullajes, la vigilancia y las estrategias de inteligencia, con énfasis en la interdicción marítima y el control portuario.

El Museo del Canal de Panamá presentó FARO Vol. 1, una publicación que recoge las dos primeras residencias artísticas del programa FARO, en una apuesta por documentar procesos creativos que abordan la historia desde ángulos menos explorados.

Más que un libro, el volumen funciona como una extensión de las investigaciones desarrolladas dentro del museo, permitiendo que los proyectos trasciendan la sala de exhibición y se conviertan en material de consulta y reflexión.

La iniciativa surge como parte de una estrategia del museo para vincular el arte contemporáneo con la memoria histórica, un ejercicio que, según su directora general, Ana Elizabeth González, busca ampliar la manera en que se interpretan los relatos asociados al Canal de Panamá.

FARO, explicó, no se limita a mostrar obras terminadas, sino que pone en valor los procesos de investigación, diálogo e intercambio conceptual que acompañan a los artistas durante su residencia.

El libro compila los trabajos de Giana De Dier y Alfredo Martís, quienes abordaron temas vinculados a la antigua zona del Canal desde perspectivas distintas, pero complementarias.

Mientras una exploró la vida de la mujer afrocaribeña más allá del relato centrado en el trabajo, el otro se adentró en la problemática de las municiones no detonadas que permanecen en antiguos polígonos militares utilizados por Estados Unidos.

En el caso de Giana De Dier, su investigación se enfocó en el concepto de ocio y descanso dentro de las comunidades afrocaribeñas, una mirada que busca contrarrestar el enfoque histórico dominante centrado en la productividad y la construcción del Canal.

La artista plantea que la historia también debe contemplar los espacios de vida cotidiana, interacción social y humanidad, elementos que han sido relegados en los relatos tradicionales.

Su paso por la residencia, que incluyó meses de trabajo en archivo y contacto con investigadores, le permitió desarrollar una propuesta que no solo dialoga con el pasado, sino que también conecta con debates contemporáneos sobre identidad, migración y representación.

Según explicó, el proyecto ha despertado interés más allá del ámbito artístico, siendo retomado por académicos e investigadores que ven en esta línea de trabajo una forma de replantear la narrativa histórica.

Por su parte, el artista Alfredo Martís llevó al espacio del museo una investigación sobre las bombas no detonadas que quedaron en territorios revertidos a Panamá tras la salida de las fuerzas estadounidenses.

Su proyecto no solo aborda un problema ambiental, sino también un tema político y diplomático que continúa siendo parte de la discusión sobre la relación entre Panamá y Estados Unidos.

Martís explicó que durante los años previos a la reversión del Canal existieron conversaciones para la limpieza de estos terrenos, pero finalmente el país recibió áreas que aún presentan riesgos para la seguridad y la salud pública. Su trabajo propone visibilizar esta realidad desde el arte, incorporando al debate temas que no suelen formar parte del discurso público o educativo.

La directora del museo destacó que la publicación de FARO Vol. 1 permite extender la vida de estas investigaciones, dándoles continuidad más allá de la intervención en sala. Según señaló, el libro no solo documenta lo ocurrido, sino que abre nuevas posibilidades de lectura y análisis, convirtiéndose en una herramienta para entender cómo el arte puede dialogar con la historia de manera crítica y contemporánea.

El programa FARO nació en 2022 como un piloto y desde entonces ha desarrollado tres ediciones con artistas distintos, con una cuarta convocatoria prevista para este año.

El próximo eje temático estará centrado en la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, un tema que, según el museo, sigue presente en la memoria colectiva y requiere nuevas formas de exploración desde el arte.

Uno de los aspectos que ha marcado el desarrollo del programa es su capacidad para proyectar las obras fuera del país. Tanto el trabajo de Giana De Dier como el de Alfredo Martís han sido exhibidos en ciudades como Londres, España y Madrid, mientras que otras residencias han comenzado a circular en espacios internacionales, ampliando el alcance del arte panameño y posicionando estas investigaciones en circuitos globales.

El lanzamiento de FARO Vol. 1 se presenta así como un punto de consolidación para el programa, pero también como una invitación a repensar el papel de los museos. Más allá de ser espacios de conservación, iniciativas como esta plantean al museo como un lugar de producción de conocimiento, donde el arte se convierte en una herramienta para cuestionar, reinterpretar y ampliar las narrativas que forman parte de la identidad del país.

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre opera al 50% de su capacidad tras una incidencia eléctrica registrada en una de las estaciones de bombeo de agua tratada, según informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

La situación, reportada en la tarde de este 11 de abril de 2026, mantiene en alerta el sistema de abastecimiento en la ciudad de Panamá y San Miguelito, debido a la relevancia de esta infraestructura dentro de la red de distribución.

De acuerdo con el comunicado oficial, la falla se originó por un evento eléctrico interno, lo que obligó a reducir la operación de la planta mientras se realiza un diagnóstico técnico preliminar para determinar la causa exacta y los trabajos necesarios para restablecer el servicio al 100%.

El IDAAN indicó que sus especialistas se encuentran evaluando el sistema para lograr una recuperación en el menor tiempo posible.

La reducción al 50% implica una presión adicional sobre el sistema de distribución, especialmente en sectores donde el suministro depende de la capacidad total de la planta.

Las autoridades advirtieron que podrían registrarse variaciones en el servicio, baja presión o interrupciones parciales, principalmente en áreas altas o alejadas de la red, donde el impacto de este tipo de fallas suele ser más inmediato.

Este nuevo evento ocurre apenas semanas después de una situación similar registrada el 24 de marzo de 2026, cuando la planta operó al 90% de su capacidad tras detectarse una falla en el motor de una de las bombas de la estación de agua tratada.

En ese momento, el IDAAN activó un plan de reparación que incluía el reemplazo de equipos clave para sostener la operación del sistema.

Durante ese episodio, las autoridades advirtieron que las reparaciones tomarían varios días, mientras se mantenía la operación parcial para evitar una afectación mayor en el suministro. La planta, considerada la más importante del país, continuó funcionando con capacidad reducida, lo que ya había generado presiones sobre la red y alertas en distintos sectores del área metropolitana.

Los antecedentes recientes evidencian que no se trata de un hecho aislado. En 2025, la potabilizadora también registró interrupciones por fallas eléctricas y averías en equipos de bombeo, lo que obligó a operar por debajo de su capacidad durante varios días. Estas situaciones han puesto en evidencia la vulnerabilidad de una infraestructura clave para el abastecimiento de agua potable en Panamá.

La planta de Chilibre cumple un rol estratégico dentro del sistema hídrico nacional, ya que abastece a una parte significativa de la población urbana. Su operación depende del procesamiento de agua cruda proveniente del Lago Alajuela, que luego es distribuida a través de una extensa red de tuberías hacia distintos sectores de la capital y San Miguelito.

Cualquier reducción en su capacidad tiene efectos inmediatos en el suministro, desde disminución de presión hasta interrupciones temporales en zonas específicas. Por ello, el IDAAN reiteró el llamado a la población a hacer un uso moderado del agua potable, con el objetivo de facilitar una distribución más equitativa mientras se resuelve la incidencia.

El restablecimiento total del sistema dependerá del resultado del diagnóstico técnico en curso y de la ejecución de los trabajos requeridos. Mientras tanto, la operación al 50% se mantiene como una medida de contingencia para sostener el servicio en la mayor cantidad de sectores posible, en un escenario que vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta del sistema de producción de agua potable en el país.

Las apuestas brutas en juegos de suerte y azar en Panamá alcanzaron $501.9 millones entre enero y febrero de 2026, reflejando un crecimiento de 15.6% frente al mismo periodo de 2025, cuando se ubicaron en $434.4 millones.

Este resultado confirma la expansión sostenida de la actividad, impulsada principalmente por el aumento en el uso de máquinas tragamonedas y el crecimiento de las plataformas digitales de apuestas.

El desglose de las cifras muestra que enero concentró $259.3 millones en apuestas, mientras que febrero registró $242.6 millones, lo que implica una disminución mensual de $16.7 millones entre ambos meses.

A pesar de esta caída, el nivel general se mantiene por encima del registrado en 2025, lo que evidencia un comportamiento dinámico en el inicio del año.

Dentro del total acumulado, las máquinas tragamonedas tipo “A” continúan siendo el principal motor del negocio, con apuestas por $359.2 millones en el primer bimestre, lo que representa más del 70% del total del mercado.

Este segmento creció 7.5% frente al año anterior, consolidándose como la actividad dominante dentro de los centros de juego en el país. Estas máquinas permiten múltiples jugadas con una sola apuesta.

Otro componente relevante es el de las apuestas a través de Internet, que alcanzaron $107.4 millones entre enero y febrero, con un incremento de 57.7% interanual, el mayor crecimiento dentro de todas las categorías.

Este comportamiento refleja el avance de los canales digitales y su creciente participación dentro del mercado de juegos de azar en Panamá. Dentro de esta categoría se incluye la lotería electrónica y otras plataformas digitales, lo que evidencia un cambio estructural en los hábitos de consumo.

El resto de las categorías mantiene participaciones menores dentro del total. Las salas de apuestas deportivas generaron $2.8 millones, mientras que los juegos instantáneos sumaron $484 mil.

En tanto, las mesas de juego, como blackjack o ruleta, registraron $26.5 millones, y los bingos alcanzaron $1.0 millón, mostrando variaciones moderadas dentro de un mercado concentrado en tragamonedas y plataformas digitales.

Las mesas de apuestas en Panamá solo están autorizadas a operar en casinos completos, y en el caso de la ciudad capital, los casinos que operan dentro de hoteles deben contar con más de 300 habitaciones, una restricción que limita su expansión territorial y concentra la actividad en establecimientos de gran escala.

La estructura del negocio se sostiene sobre una red de casinos, salas de máquinas, bingos y centros de apuestas deportivas, además del crecimiento de los operadores en línea. La provincia de Panamá concentra 76 salas, seguida por Chiriquí con 6, Colón con 6, Coclé con 5, Herrera con 5 y Veraguas con 4, para un total general de102 salas en el país.

En términos de concesiones, existen 22 casinos completos, 31 locales de máquinas tragamonedas, 45 salas de apuestas deportivas, 3 salas de bingo y 1 hipódromo, según el listado oficial de operaciones.

Además de las máquinas tipo “A”, el país cuenta con máquinas tragamonedas tipo “C”, que operan en locales más pequeños y solo permiten una jugada por cada moneda o apuesta, a diferencia de las múltiples combinaciones de las tipo “A”.

Este formato está presente en establecimientos de menor escala distribuidos en distintos puntos del territorio, ampliando el alcance geográfico del negocio. No existe una estadística sobre las apuestas realizadas en estos locales, por lo que el monto reportado por la Junta de Control de Juegos a la Contraloría General ofrece una fotografía incompleta del negocio de juegos de azar en el país.

Ventas de la lotería

De forma separada, las ventas brutas de la Lotería Nacional alcanzaron $127.6 millones entre enero y febrero de 2026, lo que representa una disminución de 5.6% frente al mismo periodo del año anterior.

Este comportamiento contrasta con el crecimiento observado en los juegos de azar operados por privados, marcando una diferencia en la dinámica de ambos segmentos.

En el detalle mensual, enero registró $64.0 millones en ventas, mientras que febrero sumó $63.6 millones, mostrando una variación mínima entre ambos meses. A diferencia de las apuestas en casinos y plataformas digitales, la lotería mantiene un comportamiento más estable, con menor volatilidad en sus resultados.

Las ventas de lotería corresponden principalmente a la emisión de billetes y chances, lo que representa un modelo distinto al de las apuestas en juegos de azar. Mientras que los casinos y operadores privados dependen del volumen de apuestas realizadas por los jugadores, la lotería se basa en la comercialización de números predefinidos con sorteos periódicos.

En conjunto, las ventas brutas de la lotería y las apuestas brutas en juegos de suerte y azar sumaron $629.6 millones entre enero y febrero de 2026, frente a $569.6 millones en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento de $60 millones en un año.

Este comportamiento sugiere que, pese al contexto económico del país, una parte importante del dinero que circula en Panamá sigue destinándose a juegos vinculados con la posibilidad de obtener premios o ganancias por azar.

Sin embargo, este avance económico tiene un ángulo social que no puede ignorarse. El aumento sostenido del mercado de juegos de azar ha venido acompañado de un incremento en los casos de ludopatía en el país, según especialistas y organizaciones que atienden adicciones conductuales.

La mayor disponibilidad, la digitalización y la amplia variedad de juegos amplifican el riesgo, especialmente en entornos urbanos de alta concentración.

Panamá empezó a mover en Argentina y Paraguay una agenda enfocada en comercio, logística y apertura de mercados, en medio de su nueva etapa como Estado Asociado del Mercosur.

Las gestiones incluyen, por un lado, la llegada de café panameño al mercado argentino y, por otro, conversaciones en Asunción para que exportadores paraguayos utilicen la infraestructura panameña como punto de conexión hacia Centroamérica, el Caribe y Asia.

Se trata de dos movimientos distintos, pero ligados por un mismo objetivo: ampliar el alcance comercial de Panamá dentro del bloque sudamericano.

En Buenos Aires, la visita oficial del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, dejó como resultado una alianza con Cabrales S.A., empresa reconocida del sector en Argentina, para la importación y comercialización de café panameño.

El acuerdo contempla la incorporación de grano de Santuario Estate Coffee, una finca ubicada en Boquete, provincia de Chiriquí, especializada en café de altura. El paso se produce mientras la firma argentina avanza en la diversificación de su portafolio con cafés de origen y suma a Panamá como nuevo proveedor.

El movimiento ocurre sobre una relación comercial que hasta ahora ha sido limitada y desigual. Las exportaciones panameñas hacia Argentina han sido modestas en volumen y concentradas en pocos rubros.

Entre los productos colocados en ese mercado figuran cacao y preparaciones de cacao, con cerca de $159,000 en 2024, además de productos químicos, instrumentos médicos y ópticos y algunas manufacturas de hierro o acero.

Del otro lado, las ventas argentinas a Panamá alcanzaron alrededor de $271 millones en 2024, impulsadas sobre todo por vehículos, petróleo crudo y aceite de soja.

Ese contraste explica por qué la apuesta oficial no se limita al café. Las autoridades panameñas han identificado espacio para ampliar la oferta hacia Argentina en rubros como pescados, crustáceos, cerveza, preparaciones alimenticias y también en servicios logísticos y financieros.

La intención es que la incorporación de Panamá al Mercosur como Estado Asociado no quede reducida a un gesto político, sino que abra rutas concretas para productos y servicios con mayor valor agregado, en un mercado donde hasta ahora la presencia panameña ha sido reducida.

En Paraguay, la agenda tomó otro rumbo. Allí el foco estuvo en la posibilidad de utilizar a Panamá como plataforma para exportar y reexportar mercancías. Durante una reunión en Asunción, la Unión de Industriales de Paraguay (UIP) expresó interés en aprovechar la conectividad global panameña y su infraestructura logística.

El encuentro se dio en el marco de la visita del canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, quien también se reunió con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, para revisar la agenda bilateral.

Tras esos encuentros, ambos cancilleres suscribieron un comunicado conjunto en el que destacaron las fortalezas de los dos países. El texto reconoce a Panamá como centro de logística, comercio y conectividad, mientras subraya la capacidad productiva de Paraguay.

Además, plantea la intención de generar mejores condiciones para aumentar y diversificar el intercambio comercial, con una participación más activa del sector privado. La propuesta panameña incluyó incluso la posibilidad de que exportadores paraguayos cuenten con una zona franca en territorio panameño.

La reunión con la UIP tuvo un peso particular por el alcance del gremio, que agrupa a 100 organizaciones y 1,500 empresas de sectores como alimentos, confección, construcción, salud, plásticos y metalurgia.

En ese encuentro, Martínez-Acha puso sobre la mesa la opción de construir una alianza empresarial que permita canalizar productos paraguayos hacia otros mercados desde Panamá. Entre las posibilidades mencionadas aparecen centros de acopio y frigoríficos, pensados para acelerar la reexportación de mercancías y reducir tiempos logísticos.

El interés paraguayo no surge en el vacío. Ese país ha fortalecido su perfil exportador durante la última década y figura entre los principales productores mundiales de soya, carne vacuna, arroz, químicos industriales y bioenergía.

Según lo planteado durante la visita, los industriales paraguayos han identificado 24 sectores estratégicos con potencial de exportación. En ese contexto, la ventaja panameña no está en competir en producción agroindustrial, sino en ofrecer una red de puertos, zonas francas, conectividad marítima y aérea, además de acceso a mercados regionales.

Las cifras del intercambio también muestran diferencias frente al caso argentino. Las exportaciones de Panamá hacia Paraguay sumaron aproximadamente $21.7 millones en 2024.

La canasta estuvo encabezada por petróleo refinado, con $7.34 millones, seguido de amino-resinas y plásticos, manufacturas de madera y medicamentos.

A su vez, Paraguay mantiene una presencia importante en el mercado panameño con bienes vinculados a su sector agropecuario, como maíz, soja y carne bovina, en una relación más complementaria que la observada con Argentina.

El programa Panamá Stopover de la aerolínea Copa Airlines, permitirá a partir de 2026 extender la estadía de los viajeros de 7 a 15 días, en una modificación que busca aumentar el tiempo de permanencia de los turistas que utilizan el país como punto de conexión.

La medida aplica para pasajeros en tránsito que deciden detener su viaje en Panamá sin costo adicional en la tarifa aérea, dentro de una estrategia enfocada en elevar el gasto turístico y la permanencia promedio de visitantes.

El cambio se da en un contexto en el que el programa ha ganado peso dentro de la actividad turística. En 2025, el Panamá Stopover registró más de 215 mil visitantes, lo que representó un aumento de 25% frente al año anterior.

Para 2026, la proyección apunta a alcanzar los 250 mil turistas, en una dinámica que ha ido creciendo con el uso de la conectividad aérea del país.

Durante los primeros meses de 2026, el comportamiento del programa muestra una aceleración. Los registros reflejan un aumento de 31% en enero, 31% en febrero y 42% en marzo, en comparación con los mismos meses del año previo.

Estas cifras indican que el Stopover no solo mantiene su crecimiento, sino que gana participación dentro del total de visitantes que llegan al país.

El esquema funciona bajo una lógica específica: los pasajeros que hacen escala en Panamá pueden detener su itinerario antes de continuar hacia su destino final.

Este mecanismo ha permitido que rutas originalmente diseñadas para conexión comiencen a generar flujo turístico, incorporando al país dentro del recorrido de viajeros que no lo tenían como destino principal.

Uno de los efectos más visibles del programa ha sido la diversificación de los destinos dentro del país. Zonas como David, en la provincia de Chiriquí, han registrado un aumento en la llegada de pasajeros.

Actualmente, cerca del 25% de los viajeros que llegan a este destino provienen de conexiones internacionales, lo que refleja un cambio en la distribución del turismo más allá de la capital.

Este movimiento ha estado acompañado por un incremento en la capacidad aérea. La operación hacia David contempla tres vuelos diarios y hasta cuatro en fines de semana, lo que ha permitido aumentar en aproximadamente 40% la disponibilidad de asientos. Esto facilita la movilidad interna de visitantes que inicialmente llegan al país por vía aérea internacional.

El impacto del Stopover también se vincula con el volumen total de visitantes que recibe Panamá. En 2025, el país superó los 3 millones de turistas, con un crecimiento de 8% frente al año anterior.

Dentro de ese total, el programa representa una vía adicional para captar viajeros que, de otra forma, solo habrían transitado por el aeropuerto sin generar actividad económica.

A nivel operativo, el programa se apoya en la red de conexiones del Hub de las Américas®, que permite enlazar decenas de destinos en el continente. Este modelo facilita que pasajeros provenientes de distintos países incorporen una escala en Panamá sin alterar significativamente su ruta original, lo que amplía el alcance del turismo sin depender exclusivamente de viajeros cuyo destino final sea el país.

En 2026 Copa estima operar 420 vuelos diarios a través del Hub de las Américas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El ajuste de 7 a 15 días introduce un cambio en la dinámica del programa, al permitir estadías más largas. Esto abre la posibilidad de que los visitantes recorran más destinos dentro del país y distribuyan su gasto en distintos sectores, desde alojamiento hasta transporte y actividades turísticas.

La recaudación acumulada de Panamá entre enero y febrero de 2026 alcanzó los $1,132 millones, superando la meta presupuestada en $65.8 millones, lo que refleja un desempeño positivo frente a lo planificado por el Estado.

Sin embargo, este resultado no logra superar lo recaudado en el mismo periodo de 2025, cuando los ingresos sumaron $1,149 millones, lo que implica una caída interanual de $17 millones o 1.5%.

En términos prácticos, esto significa que, aunque el gobierno está recaudando más de lo esperado para 2026, todavía no logra igualar el ritmo de ingresos del año anterior.

Dentro de este total, los ingresos tributarios —es decir, los impuestos que pagan ciudadanos y empresas— sumaron $893.7 millones, lo que representa cerca del 79% de la recaudación total.

Aquí se incluyen tributos como el impuesto sobre la renta, el ITBMS en compras y servicios, así como impuestos vinculados a la importación y al consumo de combustibles.

Este segmento registró un aumento de $36.5 millones frente a 2025, mostrando que la base tributaria mantiene crecimiento, aunque no suficiente para compensar otras caídas.

Por otro lado, los ingresos no tributarios —que no provienen de impuestos— alcanzaron $237.1 millones, superando ampliamente lo presupuestado con un excedente de $65 millones.

En esta categoría se incluyen recursos como tasas, derechos, concesiones, servicios del Canal, así como aportes de empresas estatales o entidades públicas.

A pesar de superar la meta, estos ingresos registraron una disminución de $50.5 millones frente al año anterior, lo que explica en gran medida por qué el total acumulado no logra superar el nivel de 2025.

Al observar el comportamiento mes a mes, enero fue el periodo con mayor recaudación, con $606.2 millones, mientras que febrero cerró con $525.8 millones, lo que representa una caída de $80.4 millones entre ambos meses.

Esta reducción mensual muestra que el flujo de ingresos no es uniforme y puede variar dependiendo de factores como el calendario de pagos, la actividad económica y la ejecución de obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.

Aun así, el mes de febrero mostró una mejora frente al mismo mes de 2025. Los ingresos corrientes crecieron $13.4 millones, equivalente a un aumento de 2.6% interanual, impulsados principalmente por el desempeño de la recaudación tributaria.

Esto indica que, aunque hubo una caída respecto a enero, el sistema tributario mantiene una tendencia de crecimiento moderado cuando se compara con el año anterior.

En el detalle de febrero, los ingresos tributarios sumaron $420.8 millones, con un aumento de $20.6 millones frente a febrero de 2025, reflejando un crecimiento de 5.1%.

Este incremento estuvo impulsado por los impuestos indirectos, como el ITBMS, que crecieron 6.8%, así como por los impuestos directos, que aumentaron 3.5%, lo que sugiere un mayor dinamismo en el consumo y en la actividad económica.

En contraste, los ingresos no tributarios de febrero alcanzaron $104.9 millones, superando la meta en $8.7 millones, pero con una caída de $5.6 millones frente al mismo mes del año anterior. Dentro de este grupo, las tasas, derechos y otros ingresos representaron la mayor parte, consolidándose como el principal componente de este tipo de recursos.

Otro elemento que incide en la recaudación es el uso de documentos fiscales, que son mecanismos como créditos o compensaciones que el Estado reconoce a contribuyentes.

En enero se registraron $12.4 millones y en febrero $9.9 millones, para un total de $22.3 millones en el acumulado. Al incluir estos instrumentos, los ingresos totales ascienden a $1,154.3 millones, ampliando el monto efectivo que maneja el Estado.

En conjunto, las cifras reflejan un inicio de año en el que la recaudación supera lo previsto en el presupuesto, pero no alcanza los niveles del año anterior. La diferencia entre ambos resultados está marcada por la caída en los ingresos no tributarios, mientras que los ingresos por impuestos muestran una evolución más estable.

Esto deja un escenario mixto, donde el cumplimiento de metas convive con una menor captación frente a 2025, en un contexto de ajustes en la dinámica fiscal del país.

Mientras calificadoras y organismos internacionales consideran que Panamá debe ampliar su base impositiva para fortalecer la recaudación, el gobierno panameño ha descartado por ahora cualquier aumento de impuestos.

El Parque Nacional Darién concentra la mayor población del Águila Harpía en Panamá y Centroamérica, con estimaciones que sitúan entre 200 y 230 parejas en todo el país, la mayoría ubicadas en esta región selvática.

Este dato posiciona a Panamá como el territorio con mayor presencia de esta especie en Centroamérica, gracias a la disponibilidad de bosques continuos y a las medidas de protección ambiental impulsadas a nivel nacional.

La harpía, declarada Ave Nacional en 2002, también se encuentra en el Parque Nacional Chagres y el Bosque Protector de Palo Seco, en Bocas del Toro, aunque con menor concentración.

El Águila Harpía (Harpia harpyja) es una de las rapaces más grandes del mundo, con una altura que puede alcanzar un metro y una envergadura superior a los dos metros. Su distintiva cresta de plumas, que se eleva cuando está en alerta, y sus garras poderosas, comparables con las de un oso, la convierten en un depredador dominante dentro del dosel del bosque tropical.

Este aspecto ha generado confusión frecuente, ya que muchas personas sobreestiman su capacidad, llegando a creer que puede levantar humanos, lo cual no es posible pese a su tamaño.

En cuanto a su comportamiento, la harpía es una especie monógama, formando parejas estables durante años. Su ciclo reproductivo es lento, con una puesta de uno o dos huevos, aunque generalmente solo sobrevive un polluelo.

Además, la reproducción ocurre cada dos o tres años, lo que limita el crecimiento de la población. Los nidos, ubicados a más de 50 metros de altura, incrementan el riesgo durante los primeros meses de vida, cuando las crías desarrollan habilidades como el vuelo.

La alimentación de esta rapaz se basa en especies arborícolas como perezosos, monos, iguanas y otros animales del bosque. Su capacidad de maniobra entre árboles y su fuerza de agarre la convierten en una cazadora altamente eficiente.

Sin embargo, enfrenta amenazas como la deforestación, especialmente fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), así como la cacería motivada por mitos sobre su comportamiento.

En los últimos años, el Ministerio de Ambiente ha reportado una disminución en los casos de águilas heridas, lo que refleja avances en las acciones de conservación, vigilancia y educación ambiental. Según explicó Erick Núñez, jefe del departamento de Biodiversidad, la participación de las comunidades ha sido clave en este proceso.

En zonas como Sambú, Cémaco y Taimatí, grupos locales han asumido funciones de vigilancia del bosque y desarrollo de iniciativas sostenibles que combinan la protección de la especie con oportunidades económicas.

La entidad mantiene la coordinación de esfuerzos de investigación, junto con especialistas nacionales, y desarrolla programas de educación ambiental orientados a reforzar el conocimiento sobre la especie.

Además, da seguimiento a las infracciones contra la vida silvestre, mediante la apertura de procesos administrativos conforme al marco normativo vigente. Estas acciones buscan reducir los impactos negativos sobre la población de harpías y garantizar su permanencia en el país.

El marco legal que protege a la especie incluye la Ley 24 de 1995, sobre vida silvestre, y la Ley 18 de 2002, que declara al Águila Harpía como Ave Nacional de Panamá.

También está incluida en la lista de especies amenazadas mediante la Resolución N° DM-0657-2016, lo que refuerza las restricciones frente a actividades que puedan afectar su supervivencia.

A pesar de los avances, persisten desafíos importantes como la pérdida de hábitat, los mitos sobre el águila y la necesidad de seguir fortaleciendo la conciencia en comunidades locales.

Las autoridades también advierten que la observación del ave en su entorno natural puede representar una oportunidad económica, pero debe realizarse de forma responsable, evitando interferir en su ciclo biológico. En este contexto, el Águila Harpía se mantiene como un indicador clave del estado de los ecosistemas boscosos en Panamá.

Caso sin resolver

La protección del Águila Harpía en Panamá no ha estado libre de controversias. Uno de los casos que más atención generó fue la desaparición de “La Colonensa”, una hembra subadulta que se encontraba en proceso de rehabilitación en el Parque Municipal Summit, en la ciudad de Panamá.

El ave había sido rescatada en enero de 2019 en la provincia de Colón, luego de presentar heridas de bala, y permanecía bajo observación en un área de cuarentena.

La harpía desapareció entre el mediodía del sábado 29 y el mediodía del domingo 30 de junio de 2019. Las autoridades descartaron que se tratara del ejemplar conocido como “Panamá” y centraron la atención en esta otra ave, cuya salida del recinto levantó sospechas de un posible hurto.

Tanto el Ministerio de Ambiente como los estamentos de seguridad manejaron la hipótesis de que pudo haber sido extraída por una red vinculada al tráfico ilegal de fauna, tomando en cuenta el alto valor que puede alcanzar un águila harpía en el mercado negro, donde se estimaba un precio de entre $250,000 y $1 millón.

La desaparición provocó indignación entre organizaciones ambientalistas y volvió a poner sobre la mesa las debilidades en la vigilancia y custodia de especies amenazadas. La Ley 18 de 2002, que declara al Águila Harpía como Ave Nacional, establece multas de $5,000 para quienes la dañen o sustraigan, pero en este caso no hubo resultados concluyentes ni se conoció el paradero del ejemplar.

La elección de Ángela Russo como nueva Defensora del Pueblo de Panamá quedó formalizada con su publicación en Gaceta Oficial, pero el proceso que la llevó al cargo no estuvo exento de controversia, pese a los 37 votos que obtuvo en el pleno de la Asamblea Nacional.

Su designación se produjo en medio de cuestionamientos sobre el método de escogencia, luego de que el debate legislativo cambiara el curso inicialmente trazado por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, dando paso a un proceso más abierto pero también más disputado.

Aunque Russo fue respaldada por una mayoría de diputados, su nombramiento estuvo rodeado por una disputa procedimental. En un primer momento, la Comisión de Gobierno había remitido al pleno una lista reducida de siete aspirantes, seleccionados entre los 33 postulantes originales al cargo.

Sin embargo, un informe de minoría presentado por un grupo de diputados reabrió el compás y permitió que todos los aspirantes que habían superado el primer filtro y acudido a entrevistas, en total 32 candidatos, quedaran nuevamente habilitados para ser postulados en el pleno.

Ese cambio alteró de manera decisiva la ruta de la elección y dejó en evidencia que la discusión no solo giraba en torno a quién debía ocupar la Defensoría, sino también sobre quién controlaba realmente el proceso de selección.

Los diputados que defendieron el informe de minoría alegaron que hubo una mala interpretación de la nueva ley, y sostuvieron que el pleno, como órgano soberano, debía tener la potestad de escoger entre todos los aspirantes que habían cumplido con la etapa previa, sin quedar atado a una lista cerrada definida por la comisión.

El proceso también estuvo marcado por la retirada de Eduardo Leblanc, quien buscaba reelegirse y que en su momento fue escogido como Defensor del Pueblo con 38 votos en 2021.

Su renuncia fue leída en el pleno antes de las postulaciones, lo que redujo oficialmente de 33 a 32 el número de candidaturas disponibles. Aun así, su salida no desactivó la controversia, porque para ese momento ya estaba planteada la disputa sobre si el pleno debía escoger entre solo siete nombres o entre todos los que habían pasado la fase inicial.

En la votación final, Russo obtuvo 37 votos, superando al abogado Rodrigo García Rodríguez, quien alcanzó 31 respaldos con el apoyo de la coalición integrada por Vamos, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y otros sectores, mientras que la candidatura de Gissel Emiliani Duque no logró consolidarse.

La exmagistrada fue postulada por la diputada Shirley Castañeda, de la bancada Realizando Metas (RM), el mismo movimiento político que llevó al poder al presidente José Raúl Mulino, y contó con el respaldo de sectores de la bancada mixta.

El pleno legislativo defendió el proceso, señalando que actuó bajo su condición de órgano soberano, con la facultad de escoger a la persona más idónea sin limitarse a una lista cerrada. Este argumento se sustentó en la interpretación de la nueva ley de la Defensoría del Pueblo, que amplía el margen de decisión del Legislativo en la designación del titular de la institución.

Russo cuenta con una trayectoria que incluye su último cargo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, posición que ocupó entre 2016 y 2025 tras ser nombrada por el gobierno de Juan Carlos Varela.

Durante ese periodo también fue vicepresidenta de la Corte, presidenta de la Sala Primera de lo Civil y coordinadora de instancias vinculadas al acceso a la justicia y enfoque de género, perfil que fue presentado como una garantía de experiencia en el ámbito judicial y en la defensa de derechos dentro del sistema legal panameño.

La Defensoría del Pueblo es una institución autónoma encargada de proteger los derechos humanos, supervisar la actuación de la administración pública y mediar en conflictos entre el Estado y los ciudadanos.

Con la reciente reforma legal, se le otorgan mayores facultades, incluyendo un poder coactivo reforzado para intervenir en disputas de carácter extrajudicial y exigir respuestas a entidades estatales.

El cargo de Defensor del Pueblo tiene salario de 7 mil dólares mensuales. Además, su gestión será observada de cerca en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor transparencia, independencia y eficacia en la defensa de sus derechos.

La toma de posesión de Ángela Russo está prevista para el lunes 13 de abril de 2026, cuando asumirá formalmente el cargo ante el pleno legislativo.

Con su designación, se convertirá en la novena persona en ocupar la Defensoría del Pueblo desde su creación en 1997, en un momento en el que la institución enfrenta el reto de consolidar su credibilidad en medio de un proceso de elección que, aunque legalmente válido, dejó abiertas interrogantes sobre la forma en que se toman decisiones clave en el país.

Una nueva muerte por influenza en Panamá eleva a 32 el total de defunciones en lo que va de 2026, según el más reciente informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa), que advierte sobre el impacto de las enfermedades respiratorias en la población más vulnerable.

El reporte señala que la mayoría de los fallecimientos se concentra en personas de 65 años o más y en menores de un año, grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves.

El análisis también revela un dato crítico: el 90.9% de las personas fallecidas no contaba con la vacuna contra la influenza, mientras que el 75.8% presentaba factores de riesgo, como enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

Esta combinación incrementa significativamente la probabilidad de que el virus evolucione hacia cuadros severos, como neumonía o insuficiencia respiratoria, que pueden resultar letales.

La influenza es una infección viral que afecta las vías respiratorias y cuyos síntomas iniciales pueden confundirse con un resfriado común. Entre los signos más frecuentes están la fiebre alta, tos, dolor de garganta, congestión nasal, fatiga extrema y dolores musculares, pero la diferencia clave es su rapidez de evolución y su capacidad de generar complicaciones en personas vulnerables.

A diferencia de otros virus respiratorios, la influenza puede volverse potencialmente mortal cuando progresa hacia infecciones pulmonares graves, especialmente en pacientes no vacunados o con condiciones preexistentes.

Mientras un resfriado común suele resolverse en pocos días, la influenza puede desencadenar hospitalizaciones y, en casos extremos, la muerte, lo que la convierte en una enfermedad de mayor impacto en salud pública.

El informe del Minsa también reporta un aumento en los casos de leishmaniasis, con 537 casos acumulados en lo que va del año, lo que refleja una tendencia al alza en esta enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de insectos.

La leishmaniasis es causada por parásitos del género Leishmania y se manifiesta principalmente en la piel, generando úlceras que pueden dejar cicatrices permanentes. Sin embargo, en su forma más grave, conocida como leishmaniasis visceral, puede afectar órganos internos como el hígado y el bazo, comprometiendo la vida del paciente si no se trata a tiempo.

En paralelo, el país también registra un incremento en los casos de malaria, con 2,578 casos acumulados en 2026, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Esta enfermedad, transmitida por mosquitos infectados, puede provocar fiebre, escalofríos, sudoración intensa y anemia, y en casos severos puede afectar el sistema nervioso y provocar complicaciones mortales.

A nivel regional, organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han advertido sobre el resurgimiento de enfermedades infecciosas en América Latina, impulsado por factores como el cambio climático, la movilidad humana y las brechas en cobertura de salud. Enfermedades como la malaria, el dengue y la leishmaniasis siguen siendo problemas persistentes en zonas tropicales, donde las condiciones favorecen la transmisión.

En Panamá, el informe epidemiológico también detalla que se han registrado 1,670 casos de dengue, incluyendo algunos con signos de alarma y casos graves, lo que evidencia la circulación activa de enfermedades transmitidas por vectores en el país.

El documento además menciona otros eventos de vigilancia, como casos aislados de virus Oropouche, hantavirus y leptospirosis, lo que refleja la diversidad de amenazas sanitarias que enfrenta el sistema de salud. Aunque algunos de estos reportes son bajos en número, su presencia mantiene activo el monitoreo epidemiológico en distintas regiones.

Las autoridades insisten en que el autocuidado y la prevención son claves para reducir el impacto de estas enfermedades. Medidas como la vacunación, el lavado frecuente de manos, el uso de repelentes y la eliminación de criaderos de mosquitos son fundamentales para cortar las cadenas de transmisión y evitar nuevos contagios.

Vacunas disponibles

Desde este miércoles 8 de abril, Panamá inició la aplicación de la nueva vacuna contra la influenza, la cual protege contra las cepas AH1N1, AH3N2 y B/Victoria que actualmente circulan en el país.

Las autoridades sanitarias destacaron que la inmunización está disponible de forma gratuita en todas las instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y centros privados, como parte de la estrategia nacional para reducir complicaciones y muertes asociadas al virus.

Cada año, el virus de la influenza muta con frecuencia, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualiza la composición de la vacuna para adaptarla a las variantes predominantes. a

En ese sentido, el Minsa reiteró que la dosis aplicada en años anteriores no protege completamente frente a las nuevas cepas, por lo que es necesario vacunarse nuevamente. La vacuna trivalente utilizada en Panamá contiene dos cepas de influenza A (H1N1 y H3N2) y una cepa de influenza B (Victoria), lo que permite una cobertura más efectiva frente a los virus en circulación.

Para este año, el país cuenta con un primer lote de 384 mil dosis, como parte de un total de 1.2 millones de vacunas adquiridas para cubrir la demanda nacional. Las autoridades hicieron un llamado especial a los grupos de mayor riesgo, como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y niños menores de 5 años, a acudir a los centros de salud.

Además, se han desplegado jornadas de vacunación en asilos, guarderías, CAIPI y centros de atención, con el objetivo de ampliar la cobertura y reducir la propagación del virus en la comunidad.