Panamá decomisó en los últimos días casi 2,800 paquetes de presunta droga decomisados, varias personas aprehendidas, una nueva condena por narcotráfico y procesos judiciales que continúan avanzando contra estructuras criminales dedicadas al tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Los resultados forman parte de una serie de operaciones desarrolladas por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con los estamentos de seguridad, tanto en tierra firme como en aguas del Pacífico panameño.

El mayor decomiso se registró al sur de Punta Coco, en el Archipiélago de Las Perlas. Durante labores de patrullaje y control de tráfico marítimo ilícito, unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) detectaron una embarcación en actitud sospechosa cuyos ocupantes intentaron escapar al percatarse de la presencia de las autoridades.

Según el Ministerio Público, durante la persecución los tripulantes comenzaron a lanzar bultos al mar en un aparente intento por deshacerse de la carga ilegal. Sin embargo, la embarcación fue interceptada y sus dos ocupantes, ambos ciudadanos colombianos, fueron aprehendidos.

Tras las diligencias de verificación y conteo realizadas por la Fiscalía de Drogas, se determinó que los 57 bultos recuperados contenían 2,427 paquetes rectangulares de presunta sustancia ilícita.

Las autoridades consideran que esta ruta marítima continúa siendo una de las más utilizadas por organizaciones criminales para movilizar cargamentos procedentes de Suramérica con destino a mercados de Centroamérica, Norteamérica y Europa.

Mientras tanto, en la provincia de Coclé también se desarrolló un operativo que permitió la incautación de otros 365 paquetes de presunta droga.

La diligencia se realizó en Río Hato, donde unidades de la Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas ejecutaron un allanamiento autorizado por un juez de garantías a una camioneta que transportaba ocho bultos con la sustancia ilícita. Durante la operación fue aprehendido un hombre de 32 años.

El caso avanzó rápidamente en los tribunales. La juez de garantías de Coclé, Ilsis Samaniego Robles, validó un acuerdo de pena suscrito entre las partes y condenó al acusado a 96 meses de prisión por el delito de posesión agravada de drogas.

La sentencia también incluyó una multa de 200 dólares a favor del Tesoro Nacional, la cual deberá ser cancelada en el plazo de un año.

Otro de los operativos se desarrolló en Panamá Este. La Fiscalía de Drogas realizó un allanamiento en una residencia ubicada en el sector de Los Cántaros No. 1, en el corregimiento de 24 de Diciembre, donde fueron aprehendidas dos personas presuntamente vinculadas a actividades de microtráfico.

Durante la diligencia se decomisaron múltiples envoltorios y carrizos plásticos con polvo blanco, hierba seca, un cigarrillo artesanal, una pesa digital con residuos de sustancias ilícitas y otros elementos que forman parte de las investigaciones.

Las autoridades continúan analizando las evidencias para determinar el alcance de las operaciones que presuntamente se realizaban desde el inmueble. Mientras avanzan los decomisos y capturas, los tribunales también mantienen abiertos procesos contra organizaciones criminales de mayor alcance.

Esta semana fue reprogramada para el próximo 16 de noviembre la audiencia intermedia del denominado caso Escorpión, una investigación iniciada en 2022 contra grupos criminales presuntamente dedicados a la recepción, almacenamiento y transporte de drogas a través de las costas del Pacífico panameño.

La audiencia fue aplazada por la inasistencia de uno de los imputados y la ausencia de varios abogados defensores. El proceso involucra a 41 personas acusadas de delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

De acuerdo con información judicial, 18 de los imputados permanecen bajo detención provisional, mientras otros 17 mantienen medidas cautelares de reporte periódico y seis cumplen detención domiciliaria.

Las autoridades sostienen que estas organizaciones forman parte de las estructuras logísticas utilizadas por redes internacionales de narcotráfico para recibir cargamentos procedentes del sur del continente y trasladarlos hacia otros mercados.

Los resultados obtenidos durante la semana reflejan las distintas fases de la lucha antidrogas que desarrollan las autoridades panameñas.

Por un lado continúan los operativos marítimos y terrestres para interceptar cargamentos ilícitos; por otro, avanzan las investigaciones que buscan desarticular organizaciones criminales completas; y paralelamente los tribunales continúan emitiendo condenas contra personas vinculadas al tráfico de drogas.

La ubicación geográfica de Panamá, sus extensas costas en el Pacífico y el Caribe, así como su condición de centro logístico regional, continúan convirtiendo al país en un punto estratégico para las organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional.

Frente a este escenario, fiscales y estamentos de seguridad mantienen operaciones permanentes de vigilancia, patrullaje e inteligencia con el objetivo de afectar las estructuras criminales que utilizan el territorio panameño como ruta para el traslado de sustancias ilícitas.

La inteligencia artificial ya no es una tecnología reservada para grandes empresas tecnológicas o laboratorios de investigación. Cada vez más compañías demandan profesionales capaces de trabajar con datos, automatizar procesos, desarrollar soluciones digitales y aprovechar herramientas de IA para aumentar la productividad. En ese contexto, Panamá anunció una de las mayores iniciativas de capacitación tecnológica de los últimos años.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó la disponibilidad de hasta 10,000 becas para que panameños accedan a la plataforma de formación de Google, que reúne más de 700 cursos especializados en áreas como inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube, ciberseguridad y liderazgo tecnológico.

La iniciativa forma parte del programa Talent Up Panamá, impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Google Cloud y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), con el objetivo de fortalecer las competencias digitales de la población y preparar talento para una economía cada vez más orientada a la tecnología.

El anuncio se realizó durante el Google Cloud Roadshow Centroamérica 2026. Chapman señaló que la transformación de la economía mundial exige nuevas capacidades laborales y que el valor económico se genera cada vez más a partir del análisis de datos, la innovación tecnológica y el uso eficiente de herramientas digitales.

La apuesta no es menor. Según el BID, Talent Up nació con un compromiso inicial de más de 60,000 becas para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, de las cuales 10,000 fueron asignadas a Panamá. La iniciativa busca cerrar la brecha entre la inversión tecnológica y las habilidades necesarias para aprovecharla de manera productiva.

Aunque la plataforma ofrece cientos de opciones, los programas de Google Cloud más demandados a nivel internacional suelen estar relacionados con inteligencia artificial generativa, análisis de datos, ingeniería de datos, computación en la nube y ciberseguridad.

Entre los certificados y rutas de aprendizaje más populares figuran Google Cloud Computing Foundations, Data Analytics, Cloud Digital Leader, Generative AI Fundamentals, Machine Learning, Cloud Engineer y cursos orientados a la protección de infraestructuras digitales. Estas áreas se encuentran entre las más solicitadas actualmente por empresas multinacionales, centros de servicios compartidos y organizaciones tecnológicas.

La creciente adopción de herramientas de inteligencia artificial ha convertido a los cursos relacionados con IA generativa en algunos de los más buscados dentro de la plataforma. Estos programas enseñan desde conceptos básicos sobre modelos de lenguaje hasta aplicaciones empresariales para automatización, análisis de información y creación de soluciones basadas en inteligencia artificial.

Las autoridades panameñas aún no han divulgado el mecanismo definitivo de inscripción para las nuevas becas anunciadas esta semana. Sin embargo, la iniciativa Talent Up Panamá es coordinada localmente por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), que actúa como Secretaría Técnica del programa.

Información oficial divulgada previamente indica que parte de la formación estará basada en el certificado Google Cloud Computing Foundations Certificate, compuesto por ocho módulos especializados en tecnologías de nube. También se ha señalado que algunos programas requerirán conocimientos previos en áreas informáticas para garantizar un adecuado aprovechamiento de los contenidos.

Los certificados emitidos dentro de la iniciativa contarán con el respaldo de Google Cloud, Talent Up Panamá e INADEH, lo que aumenta su reconocimiento dentro del mercado laboral.

Chapman destacó que Panamá cuenta con condiciones favorables para aprovechar esta oportunidad, entre ellas la presencia de más de 100 empresas multinacionales y un ecosistema de servicios que continúa expandiéndose. No obstante, advirtió que uno de los principales desafíos sigue siendo la disponibilidad de profesionales con competencias digitales avanzadas.

La rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ángela Laguna Caicedo, afirmó que la iniciativa representa un respaldo importante a la formación de talento en un contexto donde la tecnología evoluciona con rapidez y transforma constantemente las necesidades del mercado laboral.

El programa también busca ampliar el acceso a oportunidades de capacitación para jóvenes del interior del país, mujeres que buscan incorporarse a sectores tecnológicos y servidores públicos interesados en adquirir nuevas herramientas digitales.

Mientras la inteligencia artificial redefine industrias enteras y transforma la manera en que trabajan las organizaciones, las 10,000 becas anunciadas por el Gobierno representan una oportunidad para que miles de panameños adquieran habilidades que hoy figuran entre las más demandadas del mercado global.

La biodiversidad panameña vuelve a sorprender a la comunidad científica internacional. Apenas semanas después de que investigadores de la Universidad de Panamá y del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) anunciaran el descubrimiento de una nueva especie de árbol en los bosques de Colón, otro hallazgo confirma que el país sigue ocultando especies desconocidas para la ciencia.

Esta vez se trata de un escarabajo longicornio identificado por investigadores vinculados a la Universidad de Panamá, quienes describieron oficialmente una nueva especie denominada Sternacutus crucolon, un insecto encontrado en Panamá y que hasta ahora era desconocido para la comunidad científica mundial.

El descubrimiento fue publicado en la revista especializada The Coleopterists Bulletin como parte del estudio “A New Species and New Records of Longhorned Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Panama and Colombia”, elaborado por Alfredo Lanuza-Garay, Carlos Taboada-Verona, Marleny Rivera y Luis Carlos Pardo-Locarno.

La nueva especie pertenece al grupo de los escarabajos longicornios, insectos caracterizados por sus largas antenas y por desempeñar un papel importante en los ecosistemas forestales, especialmente en los procesos de descomposición de madera y reciclaje de nutrientes.

El hallazgo fue realizado por el profesor Alfredo Lanuza, docente e investigador del Centro Regional Universitario de Colón (CRUC) de la Universidad de Panamá, quien participó en la descripción de la especie junto a investigadores de Colombia y del Smithsonian Tropical Research Institute.

El nombre elegido para la nueva especie tiene además un significado especial para la academia panameña.

Los investigadores decidieron bautizarla como Sternacutus crucolon en homenaje al Centro Regional Universitario de Colón, una de las principales sedes regionales de la Universidad de Panamá. De acuerdo con la publicación científica, el nombre reconoce el aporte que esta unidad académica ha realizado durante décadas a la formación profesional y a la investigación científica en el país.

La especie fue identificada a partir de un ejemplar recolectado en Isla Barro Colorado, en el lago Gatún, una de las áreas más estudiadas por los científicos del Smithsonian debido a su extraordinaria riqueza biológica. El espécimen había sido capturado mediante una trampa de luz durante trabajos de campo realizados en la zona.

Según los autores, el insecto llamó la atención durante una revisión de colecciones científicas de Cerambycidae conservadas en Panamá. Al comparar sus características morfológicas con las de otras especies conocidas del género Sternacutus, los investigadores concluyeron que se trataba de una especie completamente nueva para la ciencia.

El estudio describe detalladamente sus características anatómicas, patrones de coloración y diferencias con especies cercanas como Sternacutus ursulae y Sternacutus akersae. Entre los rasgos distintivos figuran determinadas manchas en el pronoto y los élitros, así como la forma de algunas estructuras corporales utilizadas por los taxónomos para diferenciar especies.

Más allá de la descripción de una nueva especie, la investigación también aporta información adicional sobre la biodiversidad regional.

Los autores documentaron cinco nuevos registros nacionales de escarabajos longicornios para Panamá y Colombia, además de siete nuevos registros provinciales o departamentales que amplían el conocimiento sobre la distribución geográfica de estos insectos en los bosques neotropicales.

Para el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, el hallazgo representa un aporte significativo al conocimiento científico nacional y una muestra del potencial de investigación que existe en el país.

“Este importante registro contribuye al conocimiento de la biodiversidad nacional y resalta la riqueza biológica del país. El descubrimiento constituye un valioso aporte a la entomología y fortalece los esfuerzos de investigación científica que desarrolla la Universidad de Panamá en materia de inventario, monitoreo y conservación de la fauna silvestre”, señaló la autoridad universitaria.

El descubrimiento ocurre apenas semanas después de otro hallazgo protagonizado también por investigadores de la Universidad de Panamá y del STRI.

En abril de este año fue descrita oficialmente Scottmoria umbonata, una nueva especie de árbol encontrada en los bosques húmedos de Sierra Llorona, en la provincia de Colón. La investigación, publicada en la revista científica Phytotaxa, evidenció nuevamente que los ecosistemas del Caribe panameño continúan siendo una fuente de descubrimientos biológicos.

Tanto el nuevo árbol como el escarabajo comparten un mismo mensaje para la comunidad científica: Panamá sigue siendo uno de los territorios más diversos del continente y aún existen numerosas especies esperando ser descubiertas.

Los investigadores destacan que la descripción de nuevas especies no constituye únicamente un ejercicio académico. Estos descubrimientos permiten comprender mejor el funcionamiento de los ecosistemas, identificar áreas prioritarias para la conservación y generar información fundamental para futuras investigaciones sobre la flora y la fauna tropical.

Además, ayudan a dimensionar la importancia de proteger regiones biológicamente ricas como Isla Barro Colorado, Sierra Llorona y otros bosques del Caribe panameño, donde todavía persisten especies desconocidas para la ciencia.

Para los científicos, cada nueva especie descrita es una pieza adicional en el complejo rompecabezas de la biodiversidad tropical. Y en el caso de Panamá, los hallazgos recientes sugieren que aún quedan muchos capítulos por escribir en la historia natural del país.

Seis años después de la peor masacre registrada en una cárcel panameña, la justicia impuso la pena máxima permitida por la legislación nacional a los responsables del ataque que dejó 13 muertos y 11 heridos dentro del Centro Penitenciario La Joyita.

El Tribunal de Juicio integrado por los jueces Fernando Basurto, Luis Huffington y Johany Dutary condenó a 12 privados de libertad a 50 años de prisión cada uno por los delitos de homicidio doloso agravado y homicidio doloso agravado en grado de tentativa, tras ser declarados culpables previamente por un Jurado de Conciencia.

La sentencia fue leída este jueves en la sede de Juicio Oral y Cumplimiento del Órgano Judicial, en Balboa, corregimiento de Ancón. Los condenados siguieron la audiencia de manera telemática desde el centro penitenciario donde permanecen recluidos.

El tribunal impuso primero una pena de 30 años de prisión por los 13 homicidios dolosos agravados y posteriormente agregó 20 años por las 11 tentativas de homicidio, para una condena total de 50 años para cada uno de los sentenciados.

La cifra coincide con el límite máximo de cumplimiento efectivo de prisión contemplado por la legislación panameña. Aunque recientemente los tribunales han dictado condenas acumulativas superiores —incluyendo una de 80 años por un doble homicidio— la ley establece que ninguna persona puede permanecer privada de libertad por más de 50 años.

La decisión judicial pone fin a una de las investigaciones criminales más complejas desarrolladas en los últimos años por el Ministerio Público y acerca al cierre uno de los episodios más violentos en la historia del sistema penitenciario panameño.

Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2019 dentro del pabellón 14 de La Joyita, una de las cárceles que forman parte del complejo penitenciario La Joya-La Joyita-Nueva Joya.

Aquella tarde se desató una sangrienta reyerta entre grupos rivales de privados de libertad. Lo que inicialmente parecía una pelea entre internos rápidamente escaló hasta convertirse en una matanza de grandes proporciones.

Según las investigaciones, los atacantes utilizaron armas de fuego y armas punzocortantes para agredir a otros reclusos que se encontraban en el mismo pabellón.

El resultado fue devastador: 13 personas murieron y otras 11 sufrieron heridas de gravedad.

La magnitud de la violencia conmocionó al país y expuso graves fallas dentro del sistema penitenciario. Las imágenes difundidas tras la masacre mostraron un escenario de destrucción y evidenciaron la presencia de armamento de alto poder dentro del penal.

Durante las requisas posteriores, las autoridades encontraron fusiles AK-47, pistolas de distintos calibres, municiones y armas artesanales, hallazgos que generaron cuestionamientos sobre los mecanismos de seguridad existentes y la forma en que ese arsenal ingresó al centro penitenciario.

Las investigaciones del Ministerio Público concluyeron que la masacre estaba relacionada con una disputa interna entre integrantes de la pandilla Bagdad y miembros de una facción disidente conocida como Matar o Morir (MOM).

De acuerdo con la Fiscalía, el conflicto tenía como trasfondo el control de actividades vinculadas al narcotráfico y al liderazgo de estructuras criminales que operaban tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.

Las pesquisas incluyeron análisis balísticos, peritajes forenses, inspecciones técnicas y testimonios protegidos que permitieron reconstruir los hechos y establecer la participación de los acusados.

El proceso judicial se extendió durante varias semanas y culminó el pasado 30 de mayo, cuando un Jurado de Conciencia declaró culpables a los 12 procesados como autores de los homicidios y de las tentativas de homicidio.

Durante la audiencia de lectura de sentencia también surgió un nuevo elemento dentro del caso.

El Tribunal ordenó compulsar copias de la decisión al Ministerio Público para que continúe investigando la posible participación de una persona que fue señalada durante el juicio como presunto autor intelectual de los hechos.

Sin embargo, la fiscal especializada en Homicidios y Femicidios del Área Metropolitana, Jennifer Román, aclaró que el Ministerio Público ya mantiene abierta una investigación relacionada con esa línea del caso bajo una carpeta específica que continúa en desarrollo.

La condena no pone fin definitivo al proceso judicial. Los abogados defensores particulares y representantes del Instituto de la Defensa Pública anunciaron recursos de apelación contra la sentencia. Aquellos defensores que no estuvieron presentes durante la audiencia disponen de dos días hábiles para formalizar la impugnación por escrito.

A pesar de ello, la decisión representa uno de los fallos más severos emitidos por los tribunales panameños en los últimos años y marca un nuevo capítulo en un caso que evidenció los problemas de hacinamiento, la presencia de pandillas y las deficiencias de seguridad que durante años han afectado al sistema penitenciario del país.

Para las autoridades, la condena constituye una respuesta judicial a una tragedia que dejó 24 víctimas directas entre fallecidos y heridos y que sigue siendo recordada como la peor masacre carcelaria ocurrida en Panamá.

Después de varios días marcados por temperaturas elevadas y una sensación térmica sofocante en amplias zonas del país, Panamá enfrenta ahora un cambio en las condiciones atmosféricas. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió una serie de avisos de vigilancia por lluvias significativas, tormentas eléctricas, oleajes y corrientes de resaca que podrían afectar distintas regiones durante las próximas horas.

Los avisos se producen tras una semana en la que gran parte del territorio nacional experimentó temperaturas máximas de entre 30 y 33 grados Celsius, con sensaciones térmicas que alcanzaron hasta 39 grados en algunas localidades.

Sin embargo, el organismo meteorológico advierte que la atención ahora se centra en las precipitaciones, las condiciones marítimas adversas y los riesgos asociados a la actividad eléctrica.

Las áreas bajo vigilancia incluyen sectores de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas y Chiriquí, además de varias comarcas indígenas.

El IMHPA indicó que podrían registrarse aguaceros de intensidad variable acompañados de descargas eléctricas, ráfagas de viento y acumulados de lluvia capaces de provocar inundaciones urbanas temporales, crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como deslizamientos en áreas montañosas o vulnerables.

En las zonas costeras, las autoridades también mantienen seguimiento sobre el comportamiento del mar. Los avisos incluyen la posibilidad de oleajes y corrientes de resaca que representan un riesgo para bañistas, pescadores artesanales y embarcaciones menores, especialmente en sectores del Pacífico y algunas áreas del Caribe panameño.

De acuerdo con los meteorólogos, este cambio responde a una modificación en los patrones atmosféricos que afectan actualmente a Centroamérica. Durante los últimos días, la influencia indirecta de la tormenta tropical Cristina favoreció una disminución temporal de la nubosidad sobre Panamá, permitiendo una mayor incidencia de radiación solar y generando el episodio de calor que se sintió en gran parte del país.

Ahora, la presencia de mayor humedad y condiciones favorables para el desarrollo de nubosidad está generando un escenario distinto, más acorde con la época lluviosa que atraviesa el territorio nacional.

El episodio ocurre además en un contexto climático que mantiene la atención de las autoridades. Los pronósticos del IMHPA indican que entre junio y agosto podrían registrarse lluvias cercanas o incluso por debajo de los promedios históricos en varias regiones del país, debido a la combinación de fenómenos estacionales y a la posible consolidación de un evento de El Niño durante los próximos meses.

Los especialistas recuerdan que durante este período suelen presentarse fenómenos como el Veranillo de San Juan y la Canícula, lapsos secos temporales que interrumpen la temporada lluviosa y pueden provocar contrastes marcados entre días de intensas precipitaciones y jornadas de calor persistente.

A ello se suma el monitoreo constante que mantiene el IMHPA sobre las temperaturas del océano Pacífico ecuatorial. Los indicadores más recientes continúan mostrando un calentamiento progresivo de las aguas, una de las principales señales asociadas al desarrollo del fenómeno El Niño.

A ello se suma que NOAA confirmó el desarrollo de condiciones de El Niño y emitió una advertencia de El Niño el 11 de junio de 2026. Según el Centro de Predicción Climática de NOAA, el fenómeno ya está presente y se espera que se fortalezca hacia el invierno del hemisferio norte 2026-2027.

El organismo estadounidense también estima una probabilidad de 63% de que El Niño alcance una categoría muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027, lo que podría ubicarlo entre los eventos más intensos registrados desde 1950.

Para Panamá, este escenario es relevante porque históricamente El Niño se asocia con menos lluvias, temperaturas más altas y mayor presión sobre las fuentes de agua utilizadas para consumo humano, generación eléctrica y operación del Canal.

Históricamente, este fenómeno ha estado relacionado en Panamá con menos lluvias, temperaturas más altas y mayores presiones sobre las fuentes de agua utilizadas para consumo humano, generación eléctrica y operación del Canal de Panamá.

Por ahora, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar actividades recreativas en zonas con oleaje peligroso, no cruzar ríos o quebradas crecidas y tomar precauciones durante tormentas eléctricas, mientras el país transita de un episodio de calor extremo a una nueva fase de inestabilidad atmosférica.

La economía panameña aceleró su ritmo de crecimiento en abril y registró su mejor desempeño en lo que va de 2026, según los datos más recientes del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), un indicador considerado como el principal termómetro de la evolución económica del país.

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) informó que el IMAE creció 5.96% en abril de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, una cifra superior al 4.25% reportado en marzo y también por encima del 4.15% registrado en abril de 2025.

El resultado permitió que el crecimiento acumulado de la economía durante los primeros cuatro meses del año alcanzara 4.81%.

Aunque el Producto Interno Bruto (PIB) es el indicador más conocido para medir la actividad económica, su cálculo suele publicarse con varios meses de retraso.

Por esa razón, economistas, inversionistas y autoridades utilizan el IMAE como una especie de “radiografía mensual” de la economía, ya que permite identificar con mayor rapidez si la actividad productiva está creciendo, desacelerándose o entrando en una fase de contracción.

Los resultados de abril muestran una economía más dinámica que la observada durante el primer trimestre.

En enero el IMAE creció 4.13%; en febrero 4.15%; en marzo 5.06%; y en abril alcanzó 5.96%, consolidando una tendencia ascendente durante los primeros meses del año.

Uno de los principales motores del crecimiento continúa siendo el sector comercial.

El INEC destacó el buen desempeño tanto del comercio minorista como del mayorista, impulsado por las reexportaciones desde la Zona Libre de Colón, la venta de automóviles nuevos y el consumo de gasolina de 91 octanos.

El transporte también mantuvo un papel determinante.

Los ingresos por peajes del Canal de Panamá, las toneladas netas movilizadas por los buques que transitan la vía interoceánica, el transporte aéreo y el movimiento de contenedores en los puertos contribuyeron al crecimiento del sector.

La actividad financiera volvió a figurar entre los sectores con mejor comportamiento.

El aumento de los depósitos externos, la expansión de la cartera crediticia y el crecimiento de las primas de seguros reforzaron el desempeño de la banca y los servicios financieros. Entre los ramos que mostraron mayores avances destacaron salud, automóviles, vida individual, accidentes personales y seguros colectivos de vida.

Una de las diferencias más importantes respecto a marzo fue la recuperación de la construcción.

Mientras en marzo el sector figuró entre las actividades con desempeño desfavorable debido a la caída en los permisos de construcción y a una menor inversión pública en obras de ingeniería civil, en abril volvió a terreno positivo gracias al aumento en el valor de las edificaciones, adiciones y reparaciones registradas mediante los permisos otorgados.

La industria manufacturera también mantuvo una tendencia favorable. El procesamiento de carne de pollo, el sacrificio de ganado vacuno y porcino y la elaboración de derivados del tomate contribuyeron al crecimiento industrial. Sin embargo, a diferencia de marzo, cuando las bebidas gaseosas y alcohólicas ayudaron al desempeño del sector, en abril estos productos pasaron a mostrar resultados negativos.

El sector agropecuario continuó aportando al crecimiento económico.La cría de aves de corral y de ganado porcino volvió a sobresalir, acompañada por el cultivo de tomate y la producción de frutas destinadas a la exportación. En marzo destacaban la piña, la sandía y el melón; mientras que en abril el banano apareció entre los cultivos con mejor comportamiento.

El turismo siguió siendo otro de los pilares del crecimiento. Los hoteles y restaurantes mantuvieron una trayectoria ascendente gracias al incremento en la llegada de visitantes internacionales, que impulsó la ocupación hotelera y el consumo en establecimientos de alimentos y bebidas.

También destacaron los servicios de entretenimiento y juegos de azar, impulsados por las máquinas tragamonedas tipo A, las apuestas por internet y las mesas de juego.

La electricidad y el agua mostraron igualmente resultados positivos, apoyados por una mayor generación hidráulica y un incremento en el consumo energético de hogares, comercios e industrias.

No todas las actividades evolucionaron en la misma dirección.

Entre los sectores con resultados negativos en abril figuraron el cultivo de piña, la captura y exportación de pescado y filete de pescado, la generación de energía térmica, la venta de gasolina de 95 octanos, la producción de bebidas gaseosas y alcohólicas y varias líneas de producción láctea, incluyendo leche evaporada, condensada, en polvo y pasteurizada.

Las cifras reflejan una economía que mantiene una expansión relativamente sólida en comparación con los últimos años.

El crecimiento acumulado de 4.81% al cierre de abril supera el 4.14% reportado al primer trimestre y también mejora la tendencia observada durante buena parte de 2025.

Para Panamá, donde sectores como el Canal, la logística, el comercio y los servicios financieros siguen siendo fundamentales, el comportamiento del IMAE ofrece una señal temprana de que la actividad económica continúa avanzando, aunque con diferencias importantes entre los distintos sectores productivos.

Panamá se prepara para convertirse durante una semana en el principal centro diplomático del hemisferio. Hasta este viernes, 86 delegaciones internacionales habían confirmado su participación en la Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, una serie de encuentros que reunirá en la capital panameña a presidentes, cancilleres, ministros y líderes internacionales.

La agenda, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se desarrollará entre el 20 y el 27 de junio y estará marcada por cinco grandes eventos internacionales: la Reunión del Consejo de Ministros de la AEC, la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, la Asamblea General de la OEA, la Conferencia Ministerial de la Comunidad de las Democracias y el Foro de Líderes Globales.

El encuentro coincide con la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado en 1826 por el libertador Simón Bolívar con el propósito de construir una alianza política capaz de garantizar la independencia de la región frente a amenazas externas.

Considerado por historiadores como el primer gran intento de integración latinoamericana, el Congreso Anfictiónico buscaba crear un mecanismo permanente de cooperación, promover la defensa colectiva y fortalecer la unidad política de las repúblicas surgidas tras las guerras de independencia.

Aunque muchos de sus acuerdos no llegaron a implementarse plenamente debido a las divisiones políticas de la época, el encuentro quedó registrado como uno de los antecedentes más importantes de los actuales organismos multilaterales de la región, incluida la propia Organización de los Estados Americanos.

Dos siglos después, Panamá utilizará esa conmemoración histórica como escenario para reunir a gobiernos en medio de un contexto marcado por desafíos relacionados con la democracia, la migración, la seguridad, el comercio, el cambio climático y la cooperación regional.

Hasta el momento, cuatro países han confirmado oficialmente la participación de sus jefes de Estado o de Gobierno: Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay. La Cancillería informó además que otros mandatarios han expresado verbalmente su intención de asistir.

La dimensión internacional del evento también se refleja en la participación de 38 países que enviarán ministros o viceministros, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Chile, Argentina, España, Francia, Italia, Portugal y el Reino Unido.

A ellos se suman representantes de 26 países a nivel de embajadores extraordinarios o directores generales, entre ellos China, Japón, India, Australia, Arabia Saudita, Israel, Suecia, Turquía, Países Bajos y la Unión Europea.

La presencia de organismos internacionales también será significativa. Seis secretarios generales asistirán a las actividades, incluyendo los máximos representantes de la OEA, la AEC, la ALADI, la CoD, el Consejo de Cooperación para los Estados del Golfo y el OPANAL.

Además, otros 12 organismos multilaterales estarán representados por directores regionales y altos funcionarios, destacando el BID, la OPS, la UNESCO, ONU Mujeres, el PNUD, la OEI y la OCDE.

La actividad más relevante será la quincuagésimo sexta Asamblea General de la OEA, programada entre el 22 y el 24 de junio, considerada el principal foro político del continente americano, donde se analizarán temas vinculados con gobernabilidad democrática, seguridad regional y derechos humanos.

La Semana de Alto Nivel también incluirá reuniones bilaterales, encuentros técnicos y foros especializados que permitirán a Panamá proyectar su papel como plataforma de diálogo internacional.

Para la diplomacia panameña, esta conmemoración representa una oportunidad para reivindicar el papel histórico del istmo como punto de encuentro entre las naciones americanas y posicionar nuevamente al país como escenario para la búsqueda de consensos regionales.

Doscientos años después de que Bolívar imaginara una alianza continental, el país volverá a recibir a decenas de gobiernos con la aspiración de promover el diálogo y la cooperación en una región que continúa buscando espacios de entendimiento común.

La confirmación de un tercer caso importado de sarampión en Panamá ha obligado al Ministerio de Salud (Minsa) a desplegar una amplia operación de vigilancia epidemiológica que incluye el seguimiento de cientos de posibles contactos dentro y fuera del país.

El paciente, un ciudadano guatemalteco de 24 años dedicado al transporte de carga en Centroamérica, habría tenido contacto con más de 500 personas durante sus desplazamientos por la región, lo que convierte este caso en uno de los ejercicios de trazabilidad más complejos realizados recientemente por las autoridades sanitarias.

La directora general de Salud, Yelkys Gill, informó que el Minsa mantiene activas las acciones de búsqueda de contactos, monitoreo epidemiológico y coordinación internacional para evitar la propagación del virus.

Además, confirmó que se reforzó la distribución de vacunas contra el sarampión en todas las instalaciones de salud del país.

El paciente ingresó por el puesto de Paso Canoas y posteriormente recorrió varias regiones del país, incluyendo Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá Metro, Panamá Norte y San Miguelito. Debido a la naturaleza de su trabajo, las autoridades sanitarias han debido reconstruir sus movimientos y determinar cada una de las personas con las que pudo haber tenido contacto durante el período de contagio.

La doctora Katherine Castillo, del Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Minsa, explicó que la trazabilidad de un caso de sarampión va mucho más allá de identificar a familiares o personas cercanas.

“Se ubican a los contactos, se les pregunta en qué contexto estuvieron en contacto y cuánto tiempo estuvieron expuestos. También se verifica su esquema de vacunación y, de no ser así, se procede a vacunarlos”, detalló.

La investigación también toma en cuenta los lugares visitados por el paciente. En el caso de centros de salud, oficinas o establecimientos cerrados, las autoridades identifican a todas las personas que pudieron haber estado presentes incluso hasta dos horas después de la salida del paciente, debido a que el virus puede permanecer suspendido en el aire durante ese tiempo.

“Generalmente la trazabilidad incluye a quienes estuvieron en contacto directo con el paciente e incluso con los espacios donde pudo haber estado, porque el virus puede quedar en el ambiente”, explicó Castillo.

Las autoridades indicaron que ya se han identificado decenas de contactos directos dentro del país, mientras continúa la coordinación con otros países centroamericanos debido a la movilidad internacional del paciente.

El caso ocurre en momentos en que Panamá mantiene una intensa campaña de vacunación contra el sarampión. Apenas esta semana, el Ministerio de Salud anunció la llegada de 100 mil dosis adicionales para reforzar el abastecimiento nacional ante el incremento de la demanda registrado durante las últimas semanas.

Según datos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), más de 100 mil personas acudieron a vacunarse en menos de un mes, impulsadas principalmente por los viajes previstos hacia Estados Unidos, México y Canadá, países que serán sede del Mundial de Fútbol de 2026 y que actualmente enfrentan brotes de la enfermedad en algunas regiones.

Las autoridades sanitarias han insistido en que la vacunación continúa siendo la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión, una enfermedad considerada entre las más contagiosas del mundo.

El virus se transmite por el aire a través de gotas respiratorias que se dispersan cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Los síntomas suelen incluir fiebre alta, tos, secreción nasal y una erupción cutánea característica que se extiende progresivamente por el cuerpo.

Aunque Panamá no registra transmisión autóctona desde 1995, la movilidad internacional mantiene vigente el riesgo de importación de casos.

Actualmente, el país acumula tres casos importados confirmados y un caso adicional asociado a un contacto directo de uno de los pacientes previamente diagnosticados. Sin embargo, las autoridades subrayan que no existe evidencia de transmisión comunitaria sostenida.

El Minsa reiteró el llamado a la población para revisar sus tarjetas de vacunación y completar los esquemas pendientes, especialmente antes de realizar viajes internacionales. También recomendó acudir a las instalaciones de salud ante síntomas compatibles con la enfermedad o si se ha tenido contacto con personas procedentes de zonas donde circula activamente el virus.

Para las autoridades, la combinación de vacunación masiva, vigilancia epidemiológica y trazabilidad exhaustiva seguirá siendo la principal estrategia para impedir que el sarampión vuelva a establecer cadenas de transmisión dentro del territorio nacional.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) realizará del 6 al 10 de julio de 2026 una nueva edición de la denominada “Safe Boarding Week”, una campaña anual orientada a reforzar la seguridad de las maniobras de abordaje de buques y verificar que las embarcaciones que transitan por la vía interoceánica cumplan con los requisitos establecidos para el embarque seguro de personal.

Aunque para muchos usuarios del Canal el tránsito comienza cuando la nave ingresa a las esclusas, una de las etapas más delicadas ocurre mucho antes: el momento en que prácticos, inspectores y otros especialistas deben subir a bordo de embarcaciones fondeadas en aguas del Pacífico o del Atlántico a la espera de iniciar su recorrido.

La ACP considera que las instalaciones adecuadas de abordaje son una necesidad absoluta para garantizar la seguridad de su personal, así como de otras personas que utilizan estas facilidades dentro de las aguas del Canal. Por ello, durante la semana de inspecciones, la entidad enfatizará y promoverá prácticas seguras de abordaje en todos los buques que arriben a la vía acuática.

Las actividades de la “Safe Boarding Week” incluirán inspecciones de las instalaciones de abordaje realizadas por personal que normalmente sube a los buques. Entre ellos figuran capitanes de puerto del Canal, prácticos, inspectores de buques en tránsito, químicos, personal de respuesta a emergencias, arqueadores, marineros de cubierta y agentes navieros.

Según el aviso de la ACP, las embarcaciones ubicadas en el fondeadero de Balboa tendrán sus instalaciones de abordaje inspeccionadas mediante la lista de verificación “Safe Boarding Week 2026 Inspection Checklist”.

Los capitanes de los buques recibirán los resultados de la inspección. Aquellas embarcaciones que merezcan un reconocimiento especial por excelencia recibirán placas una vez concluida la evaluación.

En contraste, los buques cuyas instalaciones de abordaje sean consideradas inferiores a los estándares aceptables deberán corregir las deficiencias antes de realizar su tránsito por el Canal.

El abordaje de buques es una de las operaciones más sensibles dentro de la actividad marítima. Para iniciar el tránsito por la vía interoceánica, los prácticos deben ascender desde embarcaciones de servicio hasta los costados de grandes cargueros, portacontenedores, gaseros o graneleros, utilizando sistemas de acceso instalados por la propia tripulación del barco.

Estas maniobras exigen condiciones estrictas de seguridad. Una escala mal instalada, un peldaño deteriorado, una deficiente iluminación o la ausencia de supervisión adecuada pueden aumentar el riesgo de accidentes durante la transferencia de personal.

La seguridad del abordaje es especialmente relevante en una ruta donde circulan buques de distintas dimensiones, banderas y configuraciones. Cada embarcación debe garantizar que sus instalaciones de acceso se encuentren en condiciones adecuadas antes de recibir al personal técnico requerido para las operaciones del Canal.

La campaña también permite a la ACP reforzar el cumplimiento de sus requisitos operativos entre los buques que llegan a aguas panameñas. El aviso señala que el objetivo es promover la conciencia y el cumplimiento de los requerimientos del Canal por parte de las embarcaciones que navegan en sus aguas.

Durante la semana, el personal encargado de las inspecciones revisará las condiciones de los sistemas utilizados para el embarque y desembarque. Estas evaluaciones permiten identificar fallas antes de que el personal de la ACP, prácticos u otros especialistas deban utilizarlos durante las operaciones.

El componente preventivo resulta clave porque el abordaje ocurre en condiciones variables: de día o de noche, con diferentes estados del mar, en embarcaciones de diversos tamaños y con estructuras de acceso que deben cumplir estándares precisos.

La ACP mantiene como parte de sus operaciones una interacción constante con tripulaciones, agentes navieros y capitanes de buques. En ese contexto, la “Safe Boarding Week” funciona como un recordatorio anual de que la seguridad del tránsito no depende únicamente de la navegación dentro del Canal, sino también de los procedimientos previos que permiten que el personal técnico acceda a las embarcaciones.

La construcción de un nuevo complejo penitenciario de 177.2 millones de dólares en el distrito de Santa María, provincia de Herrera, comenzó a enfrentar una creciente resistencia ciudadana. Residentes, líderes comunitarios y autoridades locales salieron a las calles para rechazar el proyecto impulsado por el Gobierno Nacional, argumentando que la región necesita inversiones en agua potable, educación, infraestructura vial y desarrollo económico antes que una nueva cárcel.

La protesta se desarrolló en Divisa, una de las principales puertas de entrada a las provincias centrales, donde decenas de personas expresaron su oposición a la iniciativa promovida por el Ministerio de Gobierno para construir el denominado Complejo Penitenciario de Provincias Centrales.

Entre los participantes estuvo el alcalde de Santa María, Iván Eladio De León Banda, quien aseguró que la comunidad espera reunirse en los próximos días con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, para conocer los alcances del proyecto y plantear formalmente sus preocupaciones.

“Hemos hecho enlace para tener contacto con la ministra Montalvo, donde nos va a atender la próxima semana para que nos aclare todo el tema del proyecto y que escuche nuestras peticiones”, manifestó durante la concentración.

El alcalde sostuvo que la principal preocupación de los residentes es el impacto que podría tener una instalación penitenciaria de gran escala en una zona que históricamente ha apostado por actividades agrícolas, comerciales y educativas.

“Nosotros hacemos un llamado al Gobierno para que escuche a su pueblo. Estamos aquí para trabajar y mejorar la calidad de vida de nuestra gente, para generar proyectos de desarrollo sostenible y no proyectos que generen incertidumbre y preocupación”, agregó.

Las críticas no provinieron únicamente de las autoridades locales. Eunilo Franco, residente del corregimiento de Limón, cuestionó que el Estado priorice la construcción de una cárcel cuando, según afirmó, existen necesidades más urgentes en materia de infraestructura comunitaria.

“Lo que necesita Santa María son canchas deportivas, agua potable, mejores caminos y apoyo a las escuelas. Cárcel no necesita”, expresó.

Otros participantes insistieron en que la región requiere inversiones en alcantarillados, equipamiento escolar, centros deportivos y mejoras a la red vial antes que un proyecto penitenciario de grandes dimensiones.

La oposición surge en momentos en que el Ministerio de Gobierno mantiene abierta una licitación pública para el estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del nuevo complejo. El precio de referencia es de 177.2 millones de dólares.

El pliego establece que el Complejo Penitenciario Regional de Divisa será una instalación para hasta 3,000 personas privadas de libertad, distribuidas según situación jurídica y nivel de peligrosidad. El diseño contempla una separación entre procesados y condenados, así como módulos de mínima, media y alta seguridad.

La estructura no será una cárcel menor. El proyecto incluye pabellones de alojamiento, celdas individuales para áreas de alta seguridad, dormitorios colectivos de hasta seis camas en otros regímenes, patios de sol, áreas comunes, puestos de control, sistemas de requisa y espacios separados para educación, salud, deporte, trabajo y atención psicosocial.

El complejo también tendrá infraestructura para el personal penitenciario. La documentación técnica contempla alojamiento para 450 custodios, con dormitorios organizados en módulos de hasta 16 plazas, lockers individuales, baños, duchas, áreas compartidas, comedor, espacios de capacitación, gimnasio y una cancha multiuso.

La cifra convierte al proyecto en una de las inversiones más elevadas realizadas en materia carcelaria en la historia reciente del país. El monto también ha llamado la atención porque supera ampliamente el costo del Centro de Resarcimiento y Rehabilitación que el Gobierno planea construir en Las Garzas, Pacora, cuyo precio de referencia asciende a 85 millones de dólares.

En términos prácticos, la nueva cárcel proyectada para Herrera costaría más del doble que el moderno centro de rehabilitación que será desarrollado dentro de los terrenos del complejo penitenciario La Joya.

La propuesta forma parte de la estrategia gubernamental para ampliar la capacidad instalada del sistema penitenciario panameño, que enfrenta desde hace años problemas de hacinamiento.

Según las estadísticas más recientes del sistema penitenciario, Panamá mantiene más de 24 mil privados de libertad frente a una capacidad cercana a las 15 mil plazas, lo que genera una sobreocupación que supera ampliamente los estándares recomendados internacionalmente.

Las cárceles de La Joya, La Joyita y La Nueva Joya concentran buena parte de esa presión. Solo ese complejo alberga miles de internos por encima de su capacidad original y ha sido escenario de motines, fugas y múltiples cuestionamientos relacionados con las condiciones de reclusión.

Para las autoridades, la construcción de nuevos centros penitenciarios es una necesidad para reducir la saturación y modernizar infraestructuras que en muchos casos fueron diseñadas hace décadas.

Sin embargo, en Santa María el debate gira en torno a la ubicación escogida para el proyecto.

La zona de Divisa ocupa una posición estratégica dentro del territorio nacional. Ubicada sobre la Carretera Panamericana, conecta las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, facilitando el acceso terrestre desde distintos puntos del país. Precisamente esa ubicación logística aparece entre las razones que habrían favorecido la selección del área para desarrollar la nueva infraestructura penitenciaria.

No obstante, los residentes consideran que esa misma ventaja geográfica debería aprovecharse para atraer inversiones productivas, fortalecer el turismo interno, impulsar la actividad agropecuaria y mejorar los servicios públicos de la región.

El proyecto también llega en un momento particularmente sensible para el sistema penitenciario panameño. Durante los últimos últimos, las autoridades han debido enfrentar una nueva crisis carcelaria tras la fuga masiva registrada en La Joyita, un hecho que reavivó el debate nacional sobre la seguridad penitenciaria, la capacidad de los centros de reclusión y las condiciones de control dentro de las cárceles del país.

En ese contexto, el Gobierno sostiene que nuevas infraestructuras permitirán responder a una demanda creciente de espacios penitenciarios y mejorar la gestión del sistema.

Para los habitantes de Santa María, sin embargo, la discusión va más allá de la necesidad de ampliar la capacidad carcelaria. La preocupación principal es que una inversión de 177 millones de dólares termine transformando la identidad de una región tradicionalmente agrícola y comercial que aspira a atraer proyectos de desarrollo, empleo e infraestructura comunitaria.

Mientras el proceso de licitación continúa avanzando, los residentes esperan que la reunión anunciada con la ministra de Gobierno permita abrir una negociación antes de que el proyecto entre en una fase irreversible.

Por ahora, la manifestación dejó un mensaje claro: una parte importante de la comunidad no está dispuesta a aceptar sin cuestionamientos la construcción de una de las cárceles más costosas que se hayan proyectado en Panamá.

La primera reunión oficial entre los ministros de Seguridad de Panamá y Costa Rica se produjo en un punto cargado de simbolismo: la frontera que une a ambos países y que, al mismo tiempo, los obliga a enfrentar amenazas comunes que van desde el narcotráfico hasta el tráfico de migrantes y la trata de personas.

El encuentro tuvo lugar en el Cuartel de Progreso del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en la provincia panameña de Chiriquí, donde el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, recibió a su homólogo costarricense, Gerald Campos Valverde. La reunión marcó el primer acercamiento formal entre ambos funcionarios desde la llegada de Campos al Ministerio de Seguridad de Costa Rica bajo la gestión de la presidenta Laura Fernández.

Más allá de los temas estrictamente policiales, la cita ocurre en un momento particular para la relación bilateral.

Panamá y Costa Rica han mantenido históricamente una de las relaciones más estables de Centroamérica. Sin embargo, en los últimos años han surgido diferencias vinculadas al comercio bilateral, medidas sanitarias, restricciones al intercambio de productos y posiciones políticas que han generado episodios de tensión entre ambos gobiernos.

La llegada de Laura Fernández a la presidencia costarricense abrió una nueva etapa política en San José. Aunque las discrepancias comerciales se han incrementado en las últimas semanas, ambos países han mantenido abiertos los canales de diálogo en áreas consideradas estratégicas, especialmente en seguridad, migración y control fronterizo.

Precisamente la frontera común se ha convertido en uno de los principales puntos de interés para las autoridades.

La línea limítrofe entre Panamá y Costa Rica supera los 363 kilómetros de extensión y constituye uno de los corredores terrestres más importantes de Centroamérica. Además de conectar dos economías estrechamente vinculadas, sirve como ruta para el transporte de mercancías, el tránsito de turistas y los movimientos migratorios que atraviesan la región.

Paso Canoas concentra la mayor parte del intercambio comercial y migratorio entre ambos países, pero no es el único punto habilitado para el tránsito fronterizo. También operan los pasos de Río Sereno-Sabalito y Sixaola-Guabito, utilizados para actividades comerciales, turísticas y el movimiento cotidiano de poblaciones fronterizas.

Las autoridades de ambas naciones han impulsado proyectos de modernización para fortalecer los controles y agilizar el flujo de personas y mercancías.

La compleja geografía fronteriza representa uno de los principales desafíos para los organismos de seguridad. Sectores montañosos, áreas boscosas y amplias zonas rurales dificultan la vigilancia permanente y han favorecido históricamente la existencia de rutas informales utilizadas para el paso de mercancías y personas fuera de los controles oficiales.

Aunque no existe una cifra oficial actualizada sobre la cantidad de cruces irregulares, distintos estudios y reportes han descrito la frontera como una zona vulnerable a actividades de contrabando, tráfico de personas y otros delitos transnacionales.

Precisamente por esas condiciones geográficas, Panamá y Costa Rica han reforzado en los últimos años la coordinación entre organismos migratorios, policiales y aduaneros. La creación de mecanismos conjuntos de vigilancia e intercambio de información busca cerrar espacios de operación a las organizaciones criminales sin afectar el intenso intercambio económico y humano que caracteriza a la región fronteriza.

La preocupación no es menor. Tanto Panamá como Costa Rica se han convertido en territorios de tránsito para redes criminales que operan a escala regional y que aprovechan corredores logísticos para movilizar drogas hacia mercados de Norteamérica y Europa.

Durante la reunión, las delegaciones analizaron los principales desafíos asociados al crimen organizado transnacional. Entre ellos figuran el narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, los delitos ambientales, el contrabando y otras actividades criminales que aprovechan las fronteras para expandir sus operaciones.

Las autoridades coincidieron en que estas organizaciones han incrementado su capacidad para actuar simultáneamente en varios países mediante estructuras cada vez más sofisticadas, lo que exige respuestas coordinadas y un intercambio permanente de inteligencia.

En ese contexto, el ministro Ábrego destacó la importancia de fortalecer una relación de cooperación que históricamente ha permitido a ambos países enfrentar desafíos comunes en materia de seguridad.

Por su parte, Campos reafirmó el interés de Costa Rica en profundizar los mecanismos de intercambio de información estratégica y robustecer la coordinación operativa entre las instituciones encargadas de combatir las organizaciones criminales.

La reunión contó además con la participación de autoridades migratorias, policiales y de control fronterizo de ambas naciones, así como del director general del Senafront, Larry Solís.

El encuentro permitió intercambiar experiencias sobre vigilancia fronteriza, coordinación interinstitucional y buenas prácticas para enfrentar amenazas que afectan por igual a ambos países.

La importancia de este tipo de acercamientos se ha incrementado en los últimos años debido a los cambios que experimenta Centroamérica.

Además del narcotráfico, la región enfrenta presiones asociadas a los flujos migratorios que atraviesan el continente rumbo a Norteamérica. Aunque gran parte de la atención internacional se concentra en la selva del Darién, las autoridades reconocen que la gestión de estos movimientos requiere coordinación a lo largo de toda la ruta centroamericana.

Al mismo tiempo, delitos como el tráfico ilegal de especies, la explotación de recursos naturales y otras actividades vinculadas al crimen ambiental han comenzado a ocupar un lugar más relevante dentro de las agendas de seguridad de ambos países.

En ese escenario, Panamá y Costa Rica buscan consolidar una estrategia común que combine vigilancia, intercambio de inteligencia y cooperación operativa.

La reunión celebrada en Chiriquí no elimina las diferencias que han surgido en otros ámbitos de la relación bilateral, particularmente en materia comercial. Sin embargo, sí envía una señal clara de que ambos gobiernos consideran la seguridad fronteriza como un espacio donde la cooperación resulta indispensable.

Para Panamá y Costa Rica, la frontera sigue siendo mucho más que una línea divisoria: es un punto de encuentro donde convergen comercio, migración, desarrollo económico y desafíos de seguridad que ningún país puede enfrentar por sí solo.

La decisión de un tribunal de confirmar la detención provisional del exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, se ha convertido en uno de los capítulos más recientes de la ofensiva judicial contra presuntos actos de corrupción en Panamá.

El caso del exfuncionario del gobierno de Laurentino Cortizo se suma a una serie de investigaciones por peculado que en las últimas semanas han alcanzado a exrepresentantes, extesoreros de juntas comunales y exfuncionarios de distintas instituciones públicas, en expedientes que acumulan afectaciones económicas superiores a los 9 millones de dólares.

La Fiscalía Anticorrupción logró que un tribunal confirmara la medida de detención provisional contra Luis Oliva dentro de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado. La decisión mantiene al exdirector de la AIG privado de libertad mientras avanzan las pesquisas relacionadas con el incremento patrimonial detectado por las autoridades.

Según la Contraloría General de la República, el exfuncionario habría registrado un aumento patrimonial superior a los 937 mil dólares que no habría podido justificar adecuadamente.

El nombre de Luis Oliva ya figuraba en otras investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la gestión de la plataforma Vale Digital, creada durante la pandemia de Covid-19 para distribuir subsidios económicos a miles de panameños afectados por la suspensión de contratos laborales y las restricciones sanitarias.

Por estos hechos también enfrenta investigaciones por los presuntos delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.

La plataforma Vale Digital fue una de las principales herramientas de asistencia social implementadas por el Estado durante la emergencia sanitaria. Posteriormente evolucionó hacia el sistema denominado Listo Wallet, que continuó canalizando pagos y beneficios sociales a distintos grupos de la población.

Las investigaciones cobraron impulso luego de denuncias relacionadas con la presunta cesión irregular de derechos y beneficios vinculados al sistema tecnológico utilizado para administrar esos recursos.

Mientras el caso AIG concentra la atención pública por la relevancia de la entidad involucrada y la magnitud del programa bajo investigación, otros expedientes han puesto bajo la lupa el manejo de fondos públicos en gobiernos locales y entidades estatales.

Uno de ellos es la denominada Operación Umbral, desarrollada por la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y el Ministerio Público en la provincia de Panamá Oeste.

Durante las diligencias fueron aprehendidos el exrepresentante de la Junta Comunal de El Coco y dos extesoreros de esa administración local, quienes son investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las irregularidades financieras habrían ocurrido entre los años 2019 y 2022 y provocaron una lesión económica al Estado calculada en 128,823.50 dólares.

Las autoridades sostienen que los recursos públicos habrían sido utilizados de manera irregular durante ese período, por lo que los tres implicados quedaron a disposición de las instancias judiciales correspondientes para el desarrollo del proceso penal.

A este expediente se suma la captura de una exfuncionaria de la Lotería Nacional de Beneficencia en la provincia de Colón.

La mujer fue aprehendida durante un allanamiento realizado por la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción en una residencia ubicada en Barrio Norte. Según las autoridades, la investigación se relaciona con hechos ocurridos en 2021 cuando la sospechosa laboraba como cajera de la institución.

El Ministerio Público la vincula con la presunta comisión de delitos contra la administración pública en diferentes modalidades de peculado. Aunque las autoridades no han revelado el monto exacto de la posible afectación económica, el caso forma parte de una serie de

investigaciones abiertas por presuntas irregularidades detectadas en entidades estatales.

Sin embargo, el expediente que involucra la mayor lesión económica es el desarrollado mediante la Operación Eco Distante.

La acción, coordinada entre la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección de Inteligencia Policial, permitió la aprehensión de siete personas presuntamente vinculadas con el manejo irregular de fondos de la Junta Comunal de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito.

Entre los investigados figuran exfuncionarios y particulares que, según las autoridades, habrían recibido cheques y pagos sin sustento válido provenientes de recursos públicos administrados por la junta comunal.

Las auditorías practicadas por la Contraloría General de la República determinaron una lesión económica al Estado por 8,098,668.62 dólares.

De ese total, más de 7.3 millones de dólares habrían sido desembolsados bajo el concepto de “servicios prestados” sin que existiera documentación o respaldo suficiente que justificara los pagos, de acuerdo con las conclusiones preliminares de la investigación.

Los casos forman parte de una estrategia más amplia del Ministerio Público para reforzar la persecución de delitos contra la administración pública y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

La tendencia también se refleja en otros procesos recientes relacionados con el manejo de fondos de descentralización, programas comunitarios y recursos destinados a proyectos locales.

En los últimos meses las autoridades han adelantado investigaciones y condenas vinculadas a juntas comunales, municipios y centros educativos. Uno de los casos más recientes fue la denominada Operación Pupitre, relacionada con presuntas irregularidades por unos 130 mil dólares en un centro educativo.

Asimismo, en la provincia de Coclé, un exrepresentante y un extesorero de junta comunal fueron condenados a cinco años de prisión tras comprobarse la malversación de más de 301 mil dólares en fondos públicos.

Según el Código Penal panameño, el delito de peculado se configura cuando un servidor público se apropia, distrae o permite el uso indebido de bienes o fondos del Estado. Dependiendo de la gravedad de los hechos, las penas pueden alcanzar hasta 10 años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Mientras continúan las investigaciones y se desarrollan nuevas audiencias, los distintos expedientes evidencian el creciente escrutinio sobre el uso de recursos estatales en Panamá. El desenlace de estos casos será determinante para medir la efectividad de los esfuerzos institucionales destinados a combatir la corrupción y recuperar los fondos públicos presuntamente desviados.

Panamá ya tiene una ley para extender los horarios de atención en centros de salud, pero el verdadero desafío comienza ahora: convertir la norma en servicios disponibles para los pacientes.

La Ley 528, impulsada por el diputado independiente Betserai Richards y publicada en la Gaceta Oficial, obliga al Estado a avanzar hacia una mayor cobertura de atención primaria, aunque su ejecución dependerá de presupuesto, personal médico e infraestructura.

La norma fue aprobada por insistencia en la Asamblea Nacional luego de que el Órgano Ejecutivo expresara reservas sobre su viabilidad operativa y financiera. Sin embargo, tras superar ese trámite legislativo, la iniciativa se convirtió oficialmente en ley de la República y establece una nueva hoja de ruta para ampliar la atención médica en el sistema público de salud.

El objetivo central de la legislación es garantizar el acceso oportuno a los servicios básicos de salud mediante la ampliación de horarios en centros de salud, subcentros, policentros, MINSA-CAPSI y otras instalaciones de atención primaria.

La ley también busca fortalecer la capacidad de atención de los servicios sanitarios, mejorar la cobertura en las distintas regiones del país y promover una atención médica más permanente para la población.

Uno de los elementos más importantes del texto es que ordena al Ministerio de Salud procurar que en cada región sanitaria exista al menos una instalación de atención primaria con horarios extendidos.

La definición de esos horarios quedará en manos del propio ministerio, que deberá considerar factores como las necesidades de la población, la capacidad instalada, la disponibilidad de recurso humano y los recursos presupuestarios disponibles en cada región.

La ley establece además que durante los horarios extendidos deberá existir personal médico, administrativo y de apoyo suficiente para garantizar el funcionamiento de las instalaciones. También contempla atención durante sábados y domingos, con la posibilidad de ampliar la oferta de servicios según la planificación regional.

Otro aspecto relevante es que la normativa ordena al Ministerio de Salud organizar servicios de segundo nivel procurando que cada región cuente con al menos una instalación que opere de forma continua las 24 horas, equipada con los insumos necesarios para brindar atención oportuna a los pacientes.

La iniciativa impulsada por Betserai Richards surgió en medio de los reclamos ciudadanos por las dificultades para obtener citas médicas, los largos tiempos de espera y la limitada disponibilidad de atención fuera de los horarios laborales tradicionales. Su promotor sostienen que muchas personas no pueden acudir a un centro de salud durante el día debido a sus jornadas de trabajo, lo que termina trasladando casos de atención primaria a los servicios de urgencias hospitalarias.

La ley también incorpora objetivos complementarios. Entre ellos se encuentran fortalecer hospitales, centros y puestos de salud; mejorar la participación comunitaria en la planificación de programas sanitarios; facilitar la incorporación de médicos internos al sistema público y modernizar los mecanismos de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos.

Sin embargo, durante la discusión del proyecto el Gobierno manifestó preocupaciones sobre la capacidad real del sistema para cumplir con las nuevas obligaciones.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, ha señalado en diversas ocasiones que uno de los principales problemas que enfrenta el sistema sanitario es la falta de personal en determinadas regiones del país.

El funcionario ha advertido que ampliar horarios implica disponer de más médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo, además de garantizar medicamentos, equipos y recursos para sostener la operación de las instalaciones.

Las preocupaciones también alcanzan el aspecto financiero. La nueva ley establece que el Órgano Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto General del Estado las asignaciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios de salud en horarios extendidos, así como el suministro de medicamentos e insumos requeridos para su funcionamiento.

Además, obliga al Ministerio de Salud a garantizar el pago oportuno de las prestaciones económicas del personal que labore bajo estos esquemas.

El presidente José Raúl Mulino también ha manifestado reservas sobre proyectos que generen nuevas obligaciones de gasto sin una evaluación detallada de su impacto presupuestario. La posición del Ejecutivo durante el debate legislativo giró precisamente en torno a la necesidad de asegurar que cualquier ampliación de servicios cuente con financiamiento sostenible y capacidad operativa real.

La ley establece además que el Ministerio de Salud deberá coordinar acciones con la Caja de Seguro Social para lograr sus objetivos y mejorar la cobertura sanitaria en todo el país.

Ahora comienza la etapa más compleja: la reglamentación y posterior implementación de la norma. La propia legislación reconoce que la aplicación dependerá de la planificación regional y de la disponibilidad de recursos humanos y financieros.

Para sus defensores, la medida representa un paso importante para acercar la atención médica a miles de panameños que enfrentan dificultades para acceder a consultas durante la jornada laboral. Para sus críticos, el desafío será evitar que la ley quede en el papel y lograr que los horarios extendidos se traduzcan en servicios efectivos, personal suficiente y medicamentos disponibles para los pacientes.

La publicación de la Ley 528 cierra el debate legislativo, pero abre una discusión aún más importante: si el sistema de salud panameño cuenta con la capacidad necesaria para convertir una aspiración ciudadana en una realidad cotidiana.

Con el Mundial de fútbol ya en marcha en Canadá, Estados Unidos y México, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó un llamado a los panameños que viajarán para apoyar a la Selección Nacional a completar el Registro Voluntario Consular antes de salir del país.

La Cancillería explicó que el registro permitirá a las representaciones diplomáticas y consulados de Panamá contar con información actualizada de los viajeros para brindar asistencia y protección consular de forma más rápida en caso de emergencias, pérdida de documentos, accidentes o cualquier situación imprevista durante su permanencia en el exterior.

La recomendación cobra especial relevancia debido a que Panamá disputará apenas su segunda Copa Mundial de la FIFA. La primera participación de la selección absoluta ocurrió en Rusia 2018, cuando los dirigidos por Hernán Darío Gómez lograron la histórica clasificación que marcó un antes y un después para el fútbol panameño.

Ocho años después, la selección regresa a la máxima cita del fútbol mundial y miles de aficionados se preparan para viajar a Norteamérica para acompañar al equipo nacional en la fase de grupos.

Panamá integra el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. Su debut está programado para el próximo 17 de junio frente a Ghana en Toronto, Canadá. El segundo encuentro será el 23 de junio ante Croacia, también en Toronto, mientras que el tercer partido de la fase de grupos se disputará el 27 de junio frente a Inglaterra en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Según la Cancillería, una vez completado el Registro Voluntario Consular, cada ciudadano recibirá en el correo electrónico utilizado para el trámite una guía consular específica para el país de destino. El documento incluye información sobre requisitos migratorios, documentación necesaria para ingresar al territorio, recomendaciones de seguridad, información sanitaria, contactos de emergencia y orientación para facilitar la estadía durante el torneo

La entidad destacó que toda la información suministrada será manejada bajo estrictos criterios de confidencialidad y utilizada exclusivamente por consulados y representaciones diplomáticas para fines de asistencia.

Además, recomendó a los viajeros verificar con suficiente anticipación los requisitos migratorios exigidos por cada país sede, especialmente tomando en cuenta que Canadá, Estados Unidos y México mantienen procedimientos diferenciados de ingreso para visitantes extranjeros.

Entre las principales recomendaciones figuran viajar con un pasaporte con al menos seis meses de vigencia, portar copias físicas y digitales de los documentos personales y mantener disponibles las reservas de vuelos, hospedaje y demás servicios contratados.

Para quienes no hayan realizado el registro antes de llegar al aeropuerto, la Cancillería informó que se habilitará un código QR en el Aeropuerto Internacional de Tocumen para facilitar el acceso al formulario antes del viaje.

Llamado a reforzar la vacunación

Paralelamente, el Ministerio de Salud también ha emitido recomendaciones dirigidas a los panameños que viajarán al Mundial, especialmente en materia de prevención sanitaria.

Las autoridades sanitarias han insistido en la importancia de mantener actualizado el esquema nacional de vacunación y verificar la protección contra enfermedades transmisibles antes de emprender el viaje.

La principal preocupación está relacionada con el incremento de casos de sarampión reportados en varios países de Norteamérica durante los últimos meses, situación que ha llevado a reforzar las recomendaciones para viajeros internacionales

El Ministerio de Salud ha reiterado que las personas que no tengan completo su esquema de vacunación deben acudir a los centros de salud para recibir las dosis correspondientes antes de viajar. La entidad recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse rápidamente en eventos masivos donde confluyen miles de personas de distintos países.

La celebración del Mundial movilizará a millones de aficionados entre Canadá, Estados Unidos y México durante las próximas semanas, por lo que las autoridades panameñas consideran fundamental que los viajeros adopten medidas preventivas tanto en materia migratoria como sanitaria.

Con estas acciones, el Gobierno busca que los aficionados panameños puedan disfrutar de la cita mundialista con mayor seguridad y cuenten con apoyo institucional en caso de enfrentar cualquier inconveniente durante su estancia en el extranjero.

Las autoridades panameñas duplicaron la recompensa ofrecida por información que conduzca a la ubicación y captura de los 20 privados de libertad que permanecen prófugos tras la fuga masiva registrada el pasado 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita, uno de los incidentes de seguridad más graves ocurridos en el sistema penitenciario nacional durante los últimos años.

La Policía Nacional informó que la recompensa aumentó de $1,000 a $2,000 por cada uno de los evadidos que aún no han sido recapturados. Paralelamente, continúan los operativos de búsqueda en comunidades cercanas al penal, así como las alertas activadas en todas las zonas policiales del país.

El llamado a la ciudadanía cobra especial relevancia debido al perfil criminal de varios de los fugitivos que permanecen fuera del alcance de las autoridades. De los 20 prófugos pendientes de captura, ocho están relacionados con delitos de homicidio, cinco con delitos de drogas, cuatro con robo agravado, dos con pandillerismo y uno con porte ilegal de arma de fuego.

La presencia de ocho personas vinculadas a homicidios entre los evadidos pendientes ha incrementado la preocupación de los organismos de seguridad, que mantienen esfuerzos coordinados para evitar que estas personas continúen evadiendo la acción de la justicia.

La fuga ocurrió el pasado 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita, ubicado en Pacora, cuando un total de 195 privados de libertad lograron escapar de las instalaciones. Durante las acciones desplegadas posteriormente para recuperar el control de la situación se reportaron tres privados de libertad fallecidos y tres agentes policiales heridos.

Desde entonces, las autoridades han desplegado operativos de búsqueda en distintos puntos del país, logrando recapturar a la mayoría de los evadidos. Las cifras más recientes indican que cerca del 90% de los privados de libertad que escaparon ya han sido ubicados.

Los procesos judiciales también han avanzado de forma acelerada. Según datos divulgados por el Ministerio Público, hasta la fecha 147 personas han sido judicializadas por su participación en la evasión masiva.

Del total, 126 recibieron la medida cautelar de detención provisional, mientras que 21 fueron condenadas mediante acuerdos de pena. Las sentencias impuestas oscilan entre 36 y 47 meses de prisión, penas que se sumarán a las condenas que ya cumplían por los delitos que motivaron originalmente su privación de libertad.

Las investigaciones también han dejado al descubierto las condiciones existentes dentro del centro penitenciario. Durante la denominada Operación Cerrojo, desarrollada en pabellones de La Joyita, las autoridades decomisaron 10 armas de fuego, 82 municiones, 451 teléfonos celulares, 356 televisores, antenas de comunicación, routers, paneles solares, sustancias ilícitas y miles de artículos prohibidos.

Los hallazgos reavivaron el debate sobre los controles de seguridad dentro de las cárceles panameñas y la capacidad de las autoridades para impedir el ingreso y circulación de objetos prohibidos en los centros penitenciarios.

Sin embargo, más de una semana después de la evasión masiva, aún persisten interrogantes sobre cómo ocurrió exactamente la fuga de los 195 privados de libertad. Hasta el momento las autoridades no han presentado una explicación pública detallada sobre los mecanismos utilizados para concretar la evasión ni sobre las posibles fallas operativas que permitieron el incidente.

Tampoco se conocen conclusiones oficiales respecto a eventuales responsabilidades administrativas o disciplinarias dentro del sistema penitenciario. De igual manera, no se ha informado si la fuga provocará cambios en la estructura de mando de los estamentos de seguridad o en la dirección de los centros penitenciarios.

El episodio ocurrió mientras el presidente de la República, José Raúl Mulino, realizaba una gira oficial en Grecia. Hasta la fecha, el mandatario no ha hecho referencia pública específica a la evasión masiva ni ha anunciado medidas relacionadas con posibles ajustes en los organismos responsables de la seguridad penitenciaria.

Mientras continúan las investigaciones y los operativos de búsqueda, la prioridad de las autoridades sigue siendo localizar a los últimos 20 prófugos. La Policía Nacional reiteró que cualquier información puede ser suministrada de forma confidencial a través de la línea 104 o en las estaciones policiales del país.

La captura de los evadidos pendientes representa uno de los principales desafíos de seguridad derivados de una fuga que continúa generando consecuencias judiciales, cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema penitenciario y dudas que, por ahora, permanecen sin respuesta.

Panamá decidió blindar a algunas de las especies más emblemáticas de sus mares. A través del Decreto Ejecutivo No. 10 del 10 de junio de 2026, publicado en la Gaceta Oficial, el Gobierno estableció que los llamados peces pico o picudos solo podrán ser capturados para actividades de pesca deportiva, pesca deportiva turística e investigación científica autorizada, dejando fuera cualquier aprovechamiento comercial de estas especies.

La medida representa uno de los cambios más importantes en la regulación pesquera de los últimos años y busca consolidar un modelo que privilegia la conservación y el turismo sobre la extracción comercial de recursos altamente valorados por pescadores deportivos de todo el mundo.

Entre las especies protegidas figuran el marlín azul (Makaira nigricans), marlín blanco (Kajikia albida), marlín negro (Istiompax indica), marlín rayado (Kajikia audax) y el pez lanceta pico corto (Tetrapturus angustirostris), todos integrantes del grupo conocido popularmente como peces picudos.

Estos animales son considerados algunos de los depredadores más importantes de los océanos tropicales y subtropicales. Se caracterizan por poseer una mandíbula superior alargada en forma de lanza o pico, estructura que utilizan para atacar bancos de peces y otras presas.

El marlín azul, posiblemente el más conocido de todos, puede superar los cuatro metros de longitud y alcanzar pesos superiores a los 800 kilogramos. Su velocidad, fuerza y capacidad de recorrer enormes distancias lo han convertido en una de las especies más codiciadas de la pesca deportiva internacional.

Panamá alberga al menos cinco especies de peces picudos en sus aguas, principalmente en el Pacífico oriental tropical, una de las regiones marinas más biodiversas del planeta. Zonas como Piñas Bay, Hannibal Bank, Coiba, Pedasí y el golfo de Chiriquí son reconocidas internacionalmente por la abundancia de marlines y peces vela.

Precisamente esa riqueza biológica es uno de los argumentos detrás de la nueva regulación.

El decreto prohíbe la captura, retención, posesión, transporte, comercialización y aprovechamiento de estas especies con fines comerciales. Tampoco podrán ser objeto de pesca artesanal o de pequeña escala destinada a la venta.

En cambio, la normativa fortalece el modelo de “captura y liberación” o catch and release, ampliamente utilizado en los principales destinos mundiales de pesca deportiva.

Bajo este esquema, los ejemplares capturados deben ser devueltos al agua en el menor tiempo posible y con la menor manipulación posible, aumentando así sus probabilidades de supervivencia.

La lógica detrás de este enfoque es económica y ambiental al mismo tiempo.Diversos estudios internacionales han demostrado que un marlín capturado una sola vez para consumo genera un beneficio económico limitado.

Sin embargo, el mismo ejemplar puede producir ingresos durante años mediante actividades de pesca deportiva, atrayendo turistas, embarcaciones, operadores turísticos, hoteles, restaurantes, guías especializados y otros servicios asociados.

Destinos como Costa Rica, México, República Dominicana y varios estados de Estados Unidos han apostado por este modelo, convirtiendo a los peces picudos en motores de economías turísticas costeras.

La normativa también introduce mayores controles para quienes participan en la actividad. Toda persona mayor de 12 años que practique pesca deportiva deberá contar con un carné emitido por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

Asimismo, operadores turísticos, embarcaciones y capitanes deberán cumplir requisitos específicos de autorización, identificación y registro.

Otro aspecto relevante es la obligación de reportar información detallada sobre cada jornada de pesca, incluyendo número de participantes, capturas realizadas y ejemplares liberados.

Estos datos permitirán generar estadísticas más precisas sobre las poblaciones de peces picudos y facilitarán la toma de decisiones para su manejo futuro.

Aunque el decreto no crea un nuevo régimen sancionador ni establece multas específicas, el incumplimiento de sus disposiciones quedará sujeto a las sanciones contempladas en la legislación pesquera vigente y será fiscalizado por la ARAP.

Esto significa que actividades como la comercialización ilegal de marlines, la retención indebida de ejemplares protegidos, la pesca sin permisos o el incumplimiento de los sistemas de reporte podrán derivar en procesos administrativos y sanciones establecidas por las normas pesqueras nacionales.

Organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han advertido que varias especies altamente migratorias enfrentan presiones crecientes por la pesca excesiva y la captura incidental.

Los peces picudos ocupan posiciones altas dentro de la cadena alimenticia marina y cumplen un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas oceánicos.

Su desaparición o reducción significativa puede alterar poblaciones de otras especies y generar efectos en cascada dentro de los ecosistemas.

Con esta nueva regulación, Panamá intenta combinar conservación ambiental, sostenibilidad pesquera y desarrollo económico, apostando por convertir a los marlines y demás peces picudos en un activo permanente para el turismo y no en un recurso destinado al mercado.

La medida refuerza además la imagen internacional del país como destino de pesca deportiva de clase mundial y como uno de los principales refugios de estas especies en el Pacífico oriental tropical.

En un momento de extrema honestidad, Marta Fort se animó a hablar de un tema que la atravesó desde siempre: sus inseguridades físicas y las críticas que recibió sobre su cuerpo. Lejos de los lugares comunes, la hija de Ricardo Fort se sentó frente a Pampita en el ciclo de Infobae y puso en palabras, sin rodeos, la relación que tiene con su imagen, las cirugías y la presión social. De inmediato, sus declaraciones se viralizaron y hubo comentarios de todo tipo por parte de los usuarios de internet. En medio del revuelo, la joven decidió responder ante sus seguidores.

En una historia acompañada por una foto suya, Marta aprovechó a aclarar su postura ante la posibilidad de realizarse interveciones estéticas. “No se asusten, no pienso ‘hacerme entera’, fue una forma de decir que yo entreno todos los días y me preocupo mucho por mi físico y apariencia”. La publicación no solo buscó calmar los comentarios que explotaron tras su paso por el ciclo de Pampita, sino también abrir un espacio de reflexión sobre la presión estética en redes sociales.

“Hay veces que por la culpa de las redes sociales uno tiene esa idea intrusiva porque gran parte tienen alguna que otra intervención estética que nos hace compararnos constantemente”, expresó Marta, poniéndole palabras a una inquietud que atraviesa a toda una generación. Para despejar cualquier duda sobre sus intenciones, remató: “No es mi idea, por ahora, no me dejan. Ampliaremos…”.

Ese posteo para sus seguidores se produjo después de que sus declaraciones en la entrevista con Pampita se volvieran virales. En Lo de Pampita, Marta se sinceró sobre sus inseguridades y la relación con su propio cuerpo. Sentada frente a la conductora, respondió sin filtros a preguntas sobre cirugías y presión social: la modelo quiso saber si la joven no tenía miedo, como el resto de su familia, a las operaciones estéticas. “No. Mi familia tiene miedo de mí, al contrario. A mí me encantaría hacerme de todo”, aseguró frente a las cámaras

La reacción de Pampita no tardó en llegar. Le pidió, casi en tono de súplica, que no lo hiciera. Marta reconoció que entiende la preocupación, pero admitió: “Yo tengo como este fantasma en mi cabeza que me dice ‘hacete entera’”. La anfitriona pidió una definición y Marta detalló, sin dudar: “De pies a cabeza, sí. Todo, me haría una abdominoplastia, me haría…”. La conductora la interrumpió, alarmada por la idea, pero Marta sumó: “…una rinoplastia”.

La charla derivó en una reflexión sobre las tendencias actuales en belleza. La modelo remarcó cómo muchas chicas jóvenes tienden a buscar la misma nariz y la misma boca, al punto de parecer clones. La influencer coincidió y confesó que por ese motivo terminó desistiendo de esa idea. “Por eso me bajé”, dijo, dejando en claro que el deseo de cambiar por completo su imagen fue, en parte, una respuesta a la presión social y a los modelos que circulan en redes.

El diálogo avanzó y Pampita quiso saber si Marta era consciente de lo linda que es. Marta respondió con honestidad: “Sí. Como que siempre tuve muy buena autoestima, siendo gorda, flaca, alta, baja”. También recordó que durante su infancia y adolescencia tuvo que lidiar con críticas hacia su físico, a lo que comentó: “Cuando era más chica, me decían que haga dieta, por ejemplo, entonces yo me fui al otro extremo, hice mucha dieta, nivel anorexia, tuve un montón de problemas… Y después, esos comentarios que me decían ‘hacé dieta’, también me decían ‘comete una hamburguesa’. Y ahí es cuando hice click. Siempre la persona va a pensar algo para hatearte. Hoy por hoy, por ejemplo, no me hatean el cuerpo, me hatean el pelo. Me hago las raíces…”.

Así, entre posteos motivacionales y revelaciones íntimas, Marta Fort dejó en claro que la autenticidad y la autoaceptación no son metas fáciles, pero sí necesarias. Su voz, lejos de buscar aprobación, se convierte en un punto de partida para repensar los estándares de belleza y el peso de la opinión ajena en tiempos de redes sociales.

La justicia panameña condenó a 184 meses de prisión a una mujer de 27 años hallada culpable por el homicidio de su sobrina e hijastra, un caso ocurrido en la comunidad de Gasparillo, corregimiento de Cerro Banco, distrito de Besikó, en la Comarca Ngäbe Buglé, que conmocionó a la población por la relación familiar existente entre la víctima y la agresora.

La sentencia fue emitida por el Tribunal de Juicio de la provincia de Chiriquí, integrado por las juezas Cristela Rodríguez, Alvinis Almengor y María De Gracia, luego de que un jurado de conciencia declarara culpable a la acusada por el delito de homicidio. Además, el tribunal la encontró responsable por violencia doméstica.

Los jueces impusieron una pena de 160 meses de prisión por homicidio y otros 24 meses por violencia doméstica, para un total de 184 meses. Como sanción accesoria, la condenada también fue inhabilitada para ejercer funciones públicas durante dos años una vez cumpla la pena principal.

La decisión fue adoptada de manera unánime luego de valorar 18 pruebas entre testimonios, peritajes y documentación presentada durante el juicio por la Sección de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público.

La investigación se originó por hechos ocurridos el 16 de julio de 2024 en la comarca Ngäbe Buglé, donde falleció la menor que era sobrina e hijastra de la acusada.

El caso se suma a otros procesos recientes relacionados con la violencia contra mujeres y niñas que actualmente son investigados por las autoridades judiciales panameñas.

Uno de ellos corresponde a la Operación Temis, desarrollada por la Fiscalía Metropolitana en los sectores de Pedregal, Rana de Oro y San Miguelito, que permitió la captura de un hombre presuntamente vinculado al homicidio de una mujer de 37 años ocurrido el pasado 6 de marzo de 2026 en Costa del Este.

Según las investigaciones, la víctima transitaba en su vehículo por la Avenida Centenario cuando fue atacada. Durante los allanamientos realizados junto a la Dirección de Investigación Judicial se logró la aprehensión del sospechoso y la recopilación de indicios que serán incorporados al expediente.

Paralelamente, la Fiscalía Regional de Chiriquí consiguió la detención provisional de un hombre acusado de quebrantar en reiteradas ocasiones una medida de protección dictada a favor de su expareja sentimental.

De acuerdo con la investigación, el imputado había sido notificado desde noviembre de 2025 sobre restricciones judiciales que le impedían acercarse a la víctima. Sin embargo, presuntamente incumplió las medidas en varias ocasiones e incluso ingresó nuevamente a la residencia de la mujer, situación que llevó al Ministerio Público a solicitar una medida cautelar más severa.

Las cifras detrás de la violencia

Los casos ocurren en un contexto de incremento de los delitos relacionados con la violencia de género. Datos del Centro de Estadísticas del Ministerio Público muestran que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 se registraron 9 víctimas de femicidio, 13 tentativas de femicidio y 3 muertes violentas de mujeres que no fueron clasificadas como femicidios conforme a la Ley 82.

Las cifras representan un aumento importante frente al mismo período de 2025. El informe señala que los femicidios pasaron de 4 casos a 9, lo que equivale a un incremento de 125%, mientras que las tentativas de femicidio aumentaron de 6 a 13 víctimas, un crecimiento de 117%. En contraste, las muertes violentas de mujeres disminuyeron de 6 a 3 casos.

El reporte también evidencia que Panamá Oeste concentra la mayor cantidad de femicidios registrados durante el año con tres víctimas, seguido por las provincias de Panamá y el distrito de San Miguelito con dos casos cada uno.

Además, la mayoría de las víctimas de femicidio tenían entre 18 y 39 años de edad, mientras que las armas de fuego fueron el principal mecanismo utilizado en estos delitos, presentes en cinco de los nueve casos reportados.

Desafío para las autoridades Los expedientes que actualmente investigan las fiscalías especializadas reflejan distintos niveles de violencia contra las mujeres: desde incumplimientos de medidas de protección hasta homicidios consumados.

Para las autoridades, la detección temprana de conductas violentas, la aplicación efectiva de medidas cautelares y la respuesta rápida ante denuncias continúan siendo herramientas fundamentales para evitar que situaciones de riesgo evolucionen hacia agresiones más graves.

No obstantes, la sociedad pide más medidas para prevenir actos violentos, ante la violación de las medidas de restricción por parte de los denunciados.

La Procuraduría General de la Nación ha reiterado que continuará impulsando las investigaciones y acciones penales necesarias para sancionar a los responsables de delitos contra la vida y la integridad personal, especialmente aquellos que afectan a mujeres, adolescentes y niñas.

Mientras la condena emitida en Chiriquí representa el cierre judicial de un caso ocurrido hace casi dos años, las nuevas investigaciones y estadísticas oficiales reflejan que la violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los desafíos más complejos para el sistema de justicia panameño.

Panamá entró en un nuevo episodio de calor intenso. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas vigente hasta las 6:00 p.m. del 12 de junio de 2026, debido a condiciones atmosféricas que favorecerán jornadas particularmente cálidas en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con la entidad, el fenómeno está asociado a la influencia de la tormenta Cristina, que se desplaza por el Pacífico centroamericano hacia sectores de El Salvador y Guatemala.

Los flujos de viento generados por este sistema están provocando un período seco temporal en Panamá, caracterizado por una disminución de la humedad en diferentes niveles de la atmósfera, menor cobertura nubosa y una mayor incidencia de radiación solar sobre la superficie terrestre.

Como resultado, se espera un ambiente propicio para temperaturas elevadas y sensaciones térmicas significativamente superiores a los registros habituales. Durante los próximos días, las temperaturas máximas oscilarán entre 30°C y 33°C, mientras que la humedad relativa del aire se ubicará entre 57% y 75%.

Bajo estas condiciones, la sensación térmica podría alcanzar valores entre 33°C y 39°C, elevando el riesgo de golpes de calor, deshidratación, insolación y calambres, especialmente en personas expuestas durante períodos prolongados o que realicen actividades físicas intensas.

Las áreas bajo vigilancia incluyen las tierras bajas de Chiriquí, el sur y centro de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Colón, la Comarca Emberá, las costas de la Comarca Guna Yala, la Comarca Ngäbe Buglé y sectores costeros de Bocas del Toro.

El IMHPA advirtió que algunas regiones podrían alcanzar niveles catalogados como de Precaución Extrema, una categoría que incrementa las probabilidades de afectaciones a la salud relacionadas con el calor.

Menos lluvia de la habitual

El episodio de altas temperaturas ocurre en un contexto climático más amplio que podría extenderse durante los próximos meses. Según el Boletín de Pronóstico Climático de junio de 2026, el IMHPA prevé que gran parte del país registre lluvias cercanas o por debajo de los promedios históricos entre junio y agosto.

Para junio se espera una disminución de los acumulados de precipitación en buena parte del territorio nacional, mientras que julio también mostraría un comportamiento cercano o inferior a lo normal, salvo algunas áreas de Bocas del Toro y el norte de Veraguas. En agosto, la tendencia se mantendría especialmente sobre la vertiente del Pacífico, aunque algunas zonas de Bocas del Toro, Costa Abajo de Colón y Panamá Este podrían recibir lluvias superiores al promedio.

Los meteorólogos explican que durante este período son habituales fenómenos como el Veranillo de San Juan, hacia finales de junio, y la Canícula de julio y principios de agosto, períodos secos temporales que interrumpen la temporada lluviosa.

Alerta por El Niño

A este escenario se suma la evolución del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, que actualmente se encuentra en fase de alerta en Panamá. El IMHPA informó que las temperaturas superficiales del océano Pacífico ecuatorial continúan aumentando y que existe una alta probabilidad de que el fenómeno se consolide durante los próximos meses.

Según el organismo, el índice Niño 3.4 alcanzó recientemente 1.0°C, mientras que el índice Niño 1+2 llegó a 2.1°C, valores que reflejan un calentamiento importante de las aguas del Pacífico oriental.

Los modelos internacionales coinciden en ese diagnóstico. El Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad estima una probabilidad de hasta 98% de presencia de El Niño entre mayo y julio de este año. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos calcula una probabilidad de 82% para ese mismo período y de 96% para que continúe durante el invierno boreal 2026-2027.

Aunque El Niño todavía no ha sido declarado oficialmente, el IMHPA señala que las condiciones actuales apuntan hacia su desarrollo y mantiene vigilancia permanente sobre su evolución.

Históricamente, este fenómeno ha estado asociado en Panamá con reducciones en las precipitaciones, incremento de las temperaturas y mayores presiones sobre los recursos hídricos. La situación es especialmente relevante para un país cuya economía depende en gran medida de la disponibilidad de agua para consumo humano, generación eléctrica y operación del Canal de Panamá.

Por ahora, las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y seguir los avisos meteorológicos oficiales, mientras el país enfrenta una combinación de calor extremo y señales cada vez más claras de un posible evento de El Niño durante la segunda mitad de 2026.

Mientras el mundo busca acelerar el cumplimiento de los compromisos ambientales fijados para 2030, Panamá presentó ante la Octava Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/GEF) una de las iniciativas más ambiciosas de su agenda verde: el Pacto de Panamá con la Naturaleza (Nature Pledge), una hoja de ruta que integra objetivos climáticos, de biodiversidad y restauración de ecosistemas bajo una misma estrategia nacional.

La propuesta fue expuesta por el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino, durante la reunión celebrada en Samarcanda, Uzbekistán, donde más de 2,000 representantes de gobiernos, organismos multilaterales, sector privado y organizaciones ambientales analizaron los desafíos globales relacionados con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

El principal objetivo del Pacto de Panamá con la Naturaleza es coordinar en un solo marco de acción los compromisos que el país mantiene ante las tres Convenciones de Río: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

Según el Ministerio de Ambiente, la iniciativa cubre el período 2025-2035 y busca reducir la fragmentación institucional que tradicionalmente ha caracterizado la implementación de políticas ambientales.

Bajo este esquema, programas de conservación, restauración de ecosistemas, acción climática, manejo sostenible de recursos naturales y desarrollo económico pasan a formar parte de una visión integrada.

La propuesta surge en un contexto en el que Panamá enfrenta importantes desafíos relacionados con la seguridad hídrica. El país depende en gran medida de la disponibilidad de agua para el consumo humano, la generación de energía y la operación del Canal de Panamá, uno de los principales motores de la economía nacional.

Las recientes sequías asociadas al fenómeno de El Niño evidenciaron la vulnerabilidad de las fuentes hídricas del país y reforzaron la necesidad de fortalecer medidas de adaptación climática.

En este escenario, el Gobierno considera que la protección de bosques, cuencas hidrográficas y áreas protegidas constituye una inversión estratégica para garantizar la sostenibilidad económica a largo plazo.

Panamá llega a esta discusión con indicadores de conservación que sobresalen en la región. De acuerdo con las cifras oficiales presentadas durante la Asamblea, más del 32% del territorio terrestre y más del 54% de las áreas marinas del país cuentan con algún nivel de protección.

Estas áreas albergan una importante riqueza biológica y desempeñan funciones esenciales para la captura de carbono, la regulación climática y la protección de recursos hídricos.

El país también mantiene la condición de carbono negativo, lo que significa que sus ecosistemas absorben más dióxido de carbono del que generan sus actividades productivas. Esta característica ha sido utilizada por Panamá como una de sus principales cartas de presentación en los foros ambientales internacionales.

Uno de los componentes más relevantes del plan es el fortalecimiento del financiamiento ambiental. Durante las sesiones del GEF, Panamá planteó la necesidad de mejorar la coordinación entre fondos multilaterales como el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y los distintos mecanismos de adaptación existentes.

Las autoridades sostienen que la actual estructura de financiamiento internacional suele generar duplicidad de procesos, cargas administrativas elevadas y dificultades para ejecutar proyectos de manera eficiente. Por ello, propusieron avanzar hacia esquemas de programación conjunta que permitan canalizar recursos con mayor rapidez y efectividad.

En esa misma línea, Panamá trabaja en la estructuración del Fondo Natural de Panamá, un mecanismo diseñado para movilizar recursos permanentes destinados a la conservación, restauración ecológica y desarrollo sostenible de comunidades vinculadas a la protección del patrimonio natural.

La estrategia también incorpora mecanismos innovadores conocidos como Financiamientos de Proyectos para la Permanencia (PFP, por sus siglas en inglés), utilizados para garantizar recursos de largo plazo destinados a la conservación de ecosistemas estratégicos. Estos modelos buscan combinar aportes públicos, privados y multilaterales para asegurar la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas.

Durante la Asamblea, Panamá defendió además la necesidad de ampliar la discusión internacional sobre los Derechos de la Naturaleza, una visión que plantea reconocer a los ecosistemas como sujetos con valor propio dentro de los sistemas de gobernanza ambiental.

La participación panameña coincidió con el cierre de las negociaciones para la Novena Reposición del Fondo Fiduciario del GEF (GEF-9), que logró compromisos iniciales por 3,900 millones de dólares para financiar programas ambientales entre 2026 y 2030.

Para Panamá, los próximos años serán decisivos. El país no solo busca cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en materia ambiental, sino también consolidar un modelo de desarrollo donde la protección de la naturaleza, la seguridad hídrica, la resiliencia climática y el crecimiento económico avancen de manera conjunta.

Con el horizonte de 2030 cada vez más cercano y la celebración en Panamá del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN en 2027, el Gobierno apuesta a posicionar al país como un laboratorio de soluciones ambientales capaces de combinar conservación, financiamiento sostenible y desarrollo para las futuras generaciones.

Los sistemas tradicionales de revisión y vigilancia utilizados durante décadas para impedir el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles han comenzado a mostrar signos de obsolescencia frente al avance de la tecnología.

Lo que antes dependía principalmente de visitas, encomiendas o corrupción interna, ahora incorpora herramientas cada vez más sofisticadas que permiten a las organizaciones criminales burlar controles y mantener operaciones ilícitas desde el interior de los centros penitenciarios.

Uno de los principales desafíos para las autoridades panameñas es el uso de drones para introducir celulares, drogas, armas, cargadores, dispositivos electrónicos y otros artículos prohibidos en las prisiones del país.

Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno. En lo que va de 2026, la Policía Nacional ha decomisado más de 1,349 drones en distintos centros penitenciarios como resultado de operativos desarrollados en coordinación con las autoridades penitenciarias.

Las investigaciones han permitido además detectar una amplia red logística detrás de estas operaciones. Como resultado de las incautaciones asociadas a estas maniobras, las autoridades han recuperado 55 armas de fuego, 715 municiones, 56 proveedores para armas, 1,855 teléfonos celulares, cargadores y más de 2,000 dosis de sustancias ilícitas.

Según los organismos de seguridad, muchos de estos aparatos son drones comerciales modificados para transportar cargas de mayor peso, realizar vuelos nocturnos y operar a distancias que dificultan su detección por parte de los custodios penitenciarios.

El fenómeno quedó nuevamente en evidencia hace apenas unos días durante un operativo realizado en el Centro Penitenciario La Joyita, donde las autoridades decomisaron 451 teléfonos celulares, 61 routers, seis antenas de comunicación, una antena wifi, 35 cargadores, diez armas de fuego, 82 municiones y otros artículos prohibidos.

El hallazgo adquiere especial relevancia porque se produjo en el mismo complejo penitenciario donde la semana pasada se registró la evasión de 195 privados de libertad, de los cuales cerca de una veintena permanece prófuga.

La presencia de routers, antenas y equipos de comunicación refuerza las preocupaciones de las autoridades sobre la capacidad que mantienen algunos grupos criminales para coordinar actividades desde el interior de los centros penitenciarios.

La utilización de drones no es un fenómeno nuevo en Panamá, pero sí se ha intensificado durante los últimos años.

En marzo de este año, la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria informó sobre el hallazgo de 15 paquetes lanzados desde el aire dentro del perímetro del Centro Penitenciario La Joya.

Tras la inspección se determinó que contenían sustancias ilícitas, 245 cajetillas de cigarrillos, encendedores, cables de audífonos y otros accesorios electrónicos.

Para los investigadores, este caso evidenció cómo los grupos criminales han comenzado a reemplazar métodos tradicionales de contrabando por sistemas tecnológicos que reducen los riesgos para quienes participan en las entregas.

Los drones permiten realizar operaciones rápidas durante la noche, evitan el contacto directo con los reclusos y pueden ser programados para liberar la carga en puntos específicos previamente coordinados.

Las autoridades penitenciarias reconocen que algunos centros se han convertido en objetivos recurrentes para estas operaciones.

Uno de los casos más notorios ha sido la cárcel Nueva Esperanza, en la provincia de Colón. A finales del año pasado, funcionarios del sistema penitenciario revelaron que en algunas jornadas llegaron a registrarse más de 60 incursiones de drones en una sola noche.

La cifra ilustra el nivel de presión que enfrentan los sistemas de vigilancia tradicionales frente a una tecnología cada vez más accesible y económica.

Especialistas en seguridad consultados en distintos foros internacionales han advertido que los drones representan una de las amenazas emergentes más complejas para los sistemas penitenciarios de América Latina.

A diferencia de otros métodos de contrabando, estos dispositivos pueden operar desde zonas alejadas de los perímetros de seguridad, transportar múltiples artículos en un solo vuelo y ser reemplazados rápidamente cuando son decomisados.

Frente a este escenario, la Policía Nacional y las autoridades penitenciarias han fortalecido sus capacidades de detección y respuesta. Sin embargo, los decomisos recientes reflejan que la batalla está lejos de terminar.

La combinación de drones, redes de comunicación clandestinas y dispositivos electrónicos dentro de las cárceles plantea un desafío creciente para el Estado. Más allá del ingreso de objetos prohibidos, las autoridades temen que estas herramientas faciliten la coordinación de actividades delictivas, extorsiones, tráfico de drogas y otras operaciones criminales desde el interior de los centros penitenciarios.

Las cifras acumuladas durante este año muestran que la lucha contra el contrabando carcelario ya no se libra únicamente en los accesos o en las requisas. Cada vez más, se desarrolla en el espacio aéreo que rodea las prisiones, donde la tecnología se ha convertido en un nuevo campo de batalla para la seguridad pública.

Los conductores panameños recibirán un nuevo alivio en sus bolsillos a partir del próximo 12 de junio. La Secretaría Nacional de Energía anunció una nueva reducción en los precios máximos de venta de los combustibles, marcando la segunda rebaja consecutiva y consolidando una tendencia a la baja observada durante las últimas semanas en el mercado internacional.

Los nuevos precios estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del 12 de junio hasta las 5:59 a.m. del 26 de junio y reflejan la disminución de los precios de referencia internacionales que sirven de base para el cálculo de los combustibles en Panamá.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos se venderá a un máximo de $1.223 por litro, la gasolina de 91 octanos a $1.141 por litro y el diésel ultrabajo en azufre a $1.207 por litro.

Llevados a galón, los precios equivalen aproximadamente a $4.63 para la gasolina de 95 octanos, $4.32 para la gasolina de 91 octanos y $4.57 para el diésel, tomando como referencia que un galón equivale a 3.785 litros.

La nueva actualización representa una reducción de 11.4 centésimos por litro para la gasolina de 95 octanos, 11.1 centésimos para la gasolina de 91 octanos y 7.2 centésimos para el diésel ultrabajo en azufre.

Para un conductor que llena un tanque de 15 galones, el ahorro puede ser significativo. En términos de galón, la gasolina de 95 octanos baja aproximadamente $0.43 por galón, la gasolina de 91 octanos disminuye cerca de $0.42 por galón y el diésel reduce su precio en alrededor de $0.27 por galón.

Las rebajas locales se alinean con el comportamiento de los mercados energéticos globales. Durante mayo y lo que va de junio, el mercado del petróleo ha mostrado una tendencia predominantemente bajista, influenciado por la desaceleración de la demanda global y el incremento de inventarios de crudo.

A pesar de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, los precios de referencia del crudo Brent y el WTI registraron caídas consecutivas debido a la decisión de la OPEP+ de empezar a eliminar de forma gradual sus recortes voluntarios de producción a partir del próximo trimestre del año.

Esta perspectiva de una mayor oferta global, combinada con las persistentes tasas de interés elevadas en Estados Unidos, ha generado cautela entre los inversionistas, quienes prevén un menor consumo energético durante la temporada de viajes de este verano, debilitando así el valor del barril.

Los datos de la Secretaría Nacional de Energía muestran que entre el 27 de mayo y el 9 de junio los combustibles mantuvieron una tendencia descendente. Al cierre del período, la gasolina de 95 octanos acumulaba una reducción de 10.85% respecto al inicio del ciclo de precios, mientras que la gasolina de 91 octanos reflejaba una caída de 11.39%. El diésel, aunque también descendió, registró una reducción más moderada de 6.59%.

La gráfica de comportamiento de precios evidencia que la gasolina de 91 octanos ha sido el combustible que más se ha abaratado durante las últimas semanas, seguida por la gasolina de 95 octanos. El diésel, por su parte, mostró una trayectoria más estable y con menores fluctuaciones.

El mecanismo de actualización técnica se realiza cada 14 días y toma en consideración factores internacionales, costos logísticos y condiciones de abastecimiento, con el objetivo de trasladar de forma directa al consumidor las variaciones registradas en los mercados de referencia.

Las ventas de combustibles mantienen crecimiento en 2026

Mientras los precios registran una tendencia a la baja, el consumo de combustibles continúa mostrando señales de fortaleza.

Las estadísticas preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) indican que entre enero y abril de 2026 se comercializaron 121.8 millones de galones de gasolina de 91 y 95 octanos en el país, un incremento de 4.2% frente a los 116.9 millones de galones vendidos durante el mismo período de 2025.

La gasolina de 95 octanos fue la que registró el mayor crecimiento. Sus ventas alcanzaron 82.7 millones de galones, frente a 77.7 millones de galones en igual período del año anterior, para un aumento de 6.4%.

La gasolina de 91 octanos se mantuvo prácticamente estable. Entre enero y abril se comercializaron 39.2 millones de galones, una leve disminución de 0.2% respecto a 2025.

En el caso del diésel ultrabajo en azufre, utilizado ampliamente por el transporte de carga, autobuses y parte de la actividad productiva, las ventas sumaron 117.8 millones de galones en los primeros cuatro meses del año, un crecimiento de 2.5% frente a los 114.9 millones de galones reportados en igual período del año pasado.

Las cifras sugieren que la demanda interna de combustibles continúa creciendo pese a las fluctuaciones de precios observadas durante el año. El comportamiento es consistente con la recuperación de la movilidad, el aumento de la actividad económica y el mayor movimiento de mercancías dentro del país.

Con la nueva reducción anunciada para la segunda quincena de junio, los consumidores panameños acumulan varias semanas de alivio en los precios de los combustibles, una noticia que podría tener efectos positivos sobre los costos de transporte y algunos servicios vinculados a la actividad económica.

El sector asegurador panameño cerró los primeros cuatro meses de 2026 con una combinación favorable para la actividad: más pólizas vigentes, mayor volumen de primas suscritas y una reducción en los siniestros pagados, de acuerdo con el balance acumulado a abril de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.

Entre enero y abril, las primas suscritas totalizaron $744.9 millones, lo que representa un incremento de $42.9 millones frente a los $702.08 millones registrados en el mismo periodo de 2025. En términos porcentuales, el avance fue de 6.1%.

Las primas corresponden al monto que pagan los asegurados para mantener vigente una cobertura y constituyen el principal indicador de ingresos de la actividad aseguradora.

El resultado muestra un mercado que sigue expandiéndose, aunque con comportamientos desiguales entre ramos. Mientras segmentos como salud, automóvil, vida individual y accidentes personales reportaron aumentos importantes, otros como ramos técnicos, multiriesgo, transporte de carga e incendio registraron retrocesos en primas.

El ramo de salud se mantuvo como el principal generador de ingresos del sector asegurador. Hasta abril acumuló $198.82 millones en primas, equivalente al 26.7% del total. Frente al mismo periodo de 2025, cuando sumó $182.39 millones, el crecimiento fue de 9.0%.

Le siguió automóvil, con $127.5 millones en primas suscritas y una participación de 17.1%. Este ramo mostró un aumento interanual de 11.8%, impulsado por una mayor cantidad de pólizas vigentes y por el peso que mantiene este seguro dentro del mercado local.

En tercer lugar se ubicaron los colectivos de vida, con $93.36 millones, aunque su crecimiento fue casi plano, apenas 0.3% más que el año anterior. Luego aparece incendio y líneas aliadas, con $89.01 millones, pero con una contracción de 4.7% frente a abril de 2025.

Vida individual también tuvo un desempeño relevante. Este ramo alcanzó $69.94 millones en primas, un aumento de 12.2% respecto al año previo. Riesgos diversos sumó $66.49 millones, con un avance de 2.2%, mientras que fianzas acumuló $47.03 millones, con un crecimiento de 8.4%.

Entre los segmentos de mayor expansión porcentual destacó el ramo de casco, que agrupa las coberturas para embarcaciones, buques y otras naves marítimas. Este segmento pasó de $11.52 millones en primas a $16.79 millones, un crecimiento de 45.7%.

También sobresalieron accidentes personales, con un aumento de 18.4%; vida individual, con 12.2%; automóvil, con 11.8%; salud, con 9.0%; y fianzas, con 8.4%.

En contraste, ramos técnicos cayó 20.0%, al pasar de $11.43 millones a $9.14 millones. Multiriesgo retrocedió 8.9%, transporte de carga bajó 5.9% e incendio y líneas aliadas disminuyó 4.7%.

El número de pólizas vigentes también aumentó. Al cierre de abril de 2026, el mercado reportó 2.4 millones de pólizas, frente a 2.28 millones en abril de 2025. La variación fue de 120,659 pólizas adicionales, equivalente a un crecimiento de 5.3%.

Automóvil concentró la mayor cantidad de pólizas vigentes, con 1.01 millones, equivalente al 42.2% del total. Le siguieron vida individual, con 406,613 pólizas; incendio y líneas aliadas, con 379,552; accidentes personales, con 261,633; y salud, con 165,574.

El comportamiento por grandes grupos muestra una leve ventaja de los ramos de personas en generación de primas. Estos sumaron $377.2 millones, con un crecimiento de 7.6% frente a 2025. Los ramos generales alcanzaron $367.78 millones, con un aumento de 4.6%.

Sin embargo, la carga de siniestros se concentró con más fuerza en los seguros de personas. Entre enero y abril, los siniestros pagados por el sector llegaron a $307.13 millones, una reducción de 4.0% frente a los $319.82 millones reportados un año antes.

El ramo de salud explicó la mayor parte de los pagos por reclamaciones. Hasta abril acumuló $126.58 millones en siniestros, equivalente al 41.2% del total del mercado. Este monto fue 6.0% superior al registrado en igual periodo de 2025.

Automóvil ocupó la segunda posición, con $86.15 millones en siniestros pagados, el 28.1% del total. En este caso, el aumento interanual fue de 18.8%, una señal de presión sobre uno de los ramos más masivos del mercado.

Colectivos de vida acumuló $30.2 millones en siniestros, con un incremento marginal de 0.7%. Vida individual sumó $21.37 millones, pero con un fuerte crecimiento de 71.2% frente al año anterior. Fianzas, por su parte, pagó $18.19 millones, aunque esto representó una caída de 26.1%.

Los mayores aumentos porcentuales en siniestros se observaron en transporte de carga, con 76.8%; vida individual, con 71.2%; accidentes personales, con 42.7%; multiriesgo, con 22.9%; y automóvil, con 18.8%.

Del otro lado, casco registró una fuerte reducción de 94.9% en siniestros pagados. Incendio y líneas aliadas bajó 58.2%, riesgos diversos cayó 27.0%, fianzas retrocedió 26.1% y ramos técnicos disminuyó pfracticamente un 24.7%.

El balance general revela un mercado con más primas, más pólizas y menos pagos totales por siniestros. Salud y automóvil siguen siendo los grandes motores del negocio asegurador, aunque también concentran la mayor presión por reclamaciones.

La fotografía hasta abril muestra crecimiento, pero no uniforme: algunos ramos avanzan con fuerza, otros pierden dinamismo y el comportamiento de los siniestros mantiene al sector obligado a cuidar rentabilidad, tarifas y reservas.

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la llegada de un nuevo lote de 100 mil dosis de vacunas contra el sarampión para reforzar el abastecimiento nacional, en medio del incremento de la demanda registrado en las últimas semanas debido a los viajes previstos hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Itzel de Hewitt, informó que las nuevas dosis llegarán al país entre el 12 y el 21 de junio. La medida busca garantizar la disponibilidad de vacunas en todas las regiones sanitarias luego de que más de 100 mil personas se inmunizaran en menos de un mes.

El aumento de la demanda ocurre en momentos en que varios países de Norteamérica registran brotes de sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que había sido eliminada en gran parte del continente gracias a las campañas de vacunación, pero que ha reaparecido en comunidades con bajas coberturas de inmunización.

Según las autoridades sanitarias panameñas, la recomendación es que todas las personas que tengan previsto viajar al Mundial verifiquen previamente su esquema de vacunación y se apliquen las dosis correspondientes antes de salir del país.

“Lo que queremos es que las personas que viajen a Canadá, México y Estados Unidos lo hagan protegidas y que, a su regreso, no introduzcan la enfermedad al país”, indicó Itzel de Hewitt.

Una enfermedad altamente contagiosa

El sarampión es considerado uno de los virus más contagiosos del mundo. Se transmite por el aire a través de gotas respiratorias que se dispersan cuando una persona infectada tose, estornuda o incluso habla.

Los síntomas suelen aparecer entre siete y 14 días después de la exposición al virus e incluyen fiebre alta, tos persistente, secreción nasal, ojos enrojecidos y una erupción cutánea característica que comienza en el rostro y posteriormente se extiende al resto del cuerpo.

Aunque muchas personas se recuperan sin complicaciones, el sarampión puede provocar neumonía, encefalitis, ceguera, hospitalizaciones e incluso la muerte, especialmente en niños pequeños, personas inmunocomprometidas y adultos no vacunados.

Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la vacunación como la herramienta más eficaz para prevenir la enfermedad y evitar brotes comunitarios.

Panamá mantiene vigilancia epidemiológica

Panamá no registra casos autóctonos de sarampión desde 1995, un logro atribuido a las campañas de vacunación sostenidas durante décadas.

Sin embargo, la movilidad internacional obliga a mantener una vigilancia permanente. Durante 2026, las autoridades sanitarias confirmaron dos casos importados en turistas que ingresaron al país procedente de Costa Rica.

Posteriormente se detectó un tercer caso relacionado con uno de esos contagios importados. Este fue clasificado como un caso de “sarampión modificado”, una condición que ocurre cuando una persona vacunada adquiere la infección, pero desarrolla una forma más leve de la enfermedad debido a la protección parcial que brinda la inmunización.

Los pacientes con sarampión modificado suelen presentar síntomas menos intensos, menor duración de la enfermedad y una menor capacidad de transmisión, aunque continúan siendo objeto de seguimiento epidemiológico.

Las autoridades han reiterado que ninguno de estos episodios representa transmisión autóctona sostenida dentro del territorio nacional, ya que todos tienen origen en exposiciones ocurridas fuera del país.

Antes de los casos registrados este año, Panamá había mantenido por años su condición de país libre de transmisión endémica del virus.

Los últimos eventos importados relevantes ocurrieron en 2011 y 2012, cuando se detectaron viajeros infectados procedentes del extranjero. En ambos casos, las autoridades activaron protocolos de vigilancia, rastreo de contactos y vacunación de bloqueo para evitar la propagación comunitaria.

Desde entonces, el país ha fortalecido sus mecanismos de vigilancia epidemiológica en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, especialmente ante el aumento del flujo internacional de viajeros.

La llegada del Mundial 2026 representa uno de los mayores movimientos de personas registrados en la región en los últimos años.

Miles de panameños tienen previsto viajar a Estados Unidos, México y Canadá para asistir a los partidos del torneo, una situación que ha llevado al Minsa a reforzar las campañas de inmunización y educación sanitaria.

La selección panameña jugará dos partidos en Canadá y uno en Estados Unidos durante la fase de grupo.

Además de la adquisición de nuevas vacunas, la Dirección de Provisión de Servicios de Salud mantiene activo un Plan Nacional de Contingencia para responder de manera rápida ante cualquier caso sospechoso que pueda surgir durante los próximos meses.

Las autoridades recordaron que la vacuna contra el sarampión continúa disponible de forma gratuita en todas las instalaciones de salud del país y reiteraron el llamado a revisar los esquemas de vacunación antes de emprender cualquier viaje internacional.

Con más de 11 millones de dosis aplicadas desde 1979, Panamá mantiene una de las coberteras históricas más altas de la región. Sin embargo, el resurgimiento de brotes en varios países demuestra que la amenaza sigue presente y que la prevención continúa siendo la principal herramienta para evitar el regreso de una enfermedad que el país logró erradicar hace más de tres décadas.

Las acciones contra el narcotráfico continúan generando resultados en distintos puntos de Panamá. En las últimas horas, autoridades judiciales y policiales reportaron una condena por tráfico internacional de drogas, importantes decomisos de sustancias ilícitas y varias aprehensiones vinculadas con delitos relacionados con estupefacientes.

Uno de los casos más relevantes ocurrió en la provincia de Chiriquí, donde dos ciudadanos colombianos fueron condenados a 150 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en un caso de tráfico internacional de sustancias ilícitas.

La condena fue impuesta luego de que la Fiscalía de Drogas de Chiriquí, en representación de la Procuraduría General de la Nación, presentara los elementos de convicción que vinculaban a ambos extranjeros con el delito investigado.

De acuerdo con la información oficial, los procesados aceptaron los cargos mediante un acuerdo de pena que posteriormente fue presentado ante un Tribunal de Garantías. Tras verificar que el documento cumplía con todos los requisitos legales, el juez validó el acuerdo y emitió la sentencia condenatoria.

El caso se remonta al 17 de diciembre de 2025, cuando unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) interceptaron una embarcación durante labores de patrullaje marítimo en Isla Montuosa, ubicada en el Golfo de Chiriquí.

Durante la operación fueron encontrados 2,851 paquetes de presunta sustancia ilícita. Posteriormente, los análisis periciales confirmaron que se trataba de marihuana, uno de los mayores decomisos de esta droga registrados en esa región durante los últimos meses.

Decomiso en la Interamericana

Mientras tanto, en la provincia de Coclé, otro operativo permitió sacar de circulación una importante cantidad de presunta droga que era transportada por carretera de forma oculta.

El procedimiento se desarrolló en un punto de control establecido por unidades de la Policía Nacional frente a la Subestación Policial de Río Hato, sobre la carretera Interamericana.

Según informó el subcomisionado Eusebio Jaén, ejecutivo de la Zona Policial de Coclé, los agentes detectaron comportamientos sospechosos por parte del conductor de una camioneta blanca al percatarse de la presencia policial.

Durante la inspección preliminar realizada desde el exterior del vehículo, los uniformados observaron varios sacos ocultos en el interior.

La revisión permitió ubicar un total de 365 paquetes con presunta droga. El conductor fue aprehendido de inmediato y puesto a disposición de la Fiscalía de Drogas, junto con los indicios recabados durante la diligencia.

Las autoridades no han revelado todavía el tipo de sustancia encontrada, ya que corresponde a los análisis forenses determinar oficialmente su composición.

Captura en Bella Vista

En otro operativo desarrollado en la ciudad de Panamá, unidades policiales capturaron a un ciudadano colombiano de 25 años requerido por las autoridades judiciales.

La aprehensión se realizó mediante una diligencia de allanamiento efectuada en un apartamento ubicado en el corregimiento de Bella Vista.

De acuerdo con la Policía Nacional, el extranjero mantenía una orden de captura relacionada con un delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de posesión agravada de drogas.

Una vez notificado formalmente de la medida judicial, fue trasladado para continuar con los trámites correspondientes ante las autoridades competentes.

Operativos en Los Santos

Los resultados también alcanzaron a la provincia de Los Santos, donde la Policía Nacional desarrolló una serie de operativos de vigilancia, patrullaje y allanamientos en distintos sectores.

Como resultado de estas acciones fueron aprehendidas 21 personas.

Las autoridades detallaron que 14 de los capturados mantenían oficios emitidos por las autoridades competentes, mientras que cuatro fueron retenidos por faltas administrativas.

Adicionalmente, dos personas fueron aprehendidas por presuntos delitos relacionados con microtráfico de drogas y una más por robo con arma blanca.

Durante las diligencias también se logró el decomiso de presuntas sustancias ilícitas, fortaleciendo las acciones que buscan contener el tráfico y microtráfico de drogas en la región.

La posición geográfica de Panamá continúa representando un desafío para los organismos de seguridad debido a que el país es utilizado por organizaciones criminales como punto de tránsito para el movimiento de drogas hacia mercados internacionales.

Por esta razón, las autoridades mantienen operaciones permanentes en zonas marítimas, puertos, carreteras, aeropuertos y áreas urbanas consideradas estratégicas.

Los recientes casos evidencian que las organizaciones dedicadas al narcotráfico utilizan múltiples modalidades para intentar movilizar sustancias ilícitas, desde embarcaciones en aguas del Pacífico hasta vehículos particulares en las principales carreteras del país.

El hallazgo de un tiburón ballena (Rhincodon typus) muerto en Playa Veracruz, en el distrito de Arraiján, volvió a poner sobre la mesa la importancia ecológica de una de las especies marinas más emblemáticas y misteriosas de los océanos tropicales.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) confirmó que el ejemplar encontrado corresponde a una hembra de aproximadamente nueve metros de longitud que fue localizada en avanzado estado de descomposición en esta playa ubicada a pocos kilómetros de Ciudad de Panamá.

La entidad informó que especialistas realizaron una inspección inicial y procedieron a tomar muestras de tejido para análisis científicos que permitan establecer las causas de la muerte. Mientras se desarrollan las investigaciones, las autoridades recomendaron a la población evitar el contacto con el animal y respetar las medidas de seguridad establecidas en el área.

Aunque nueve metros representan un tamaño considerable, el ejemplar hallado en costas panameñas estaba lejos de alcanzar las dimensiones máximas registradas para esta especie. El tiburón ballena es reconocido como el pez más grande del mundo y algunos individuos pueden superar los 18 metros de longitud y alcanzar varias decenas de toneladas de peso.

Diversos estudios científicos documentan ejemplares de entre 12 y 18 metros, lo que convierte al animal encontrado en Veracruz en un individuo de tamaño intermedio.

A pesar de su enorme tamaño, el tiburón ballena es completamente inofensivo para los seres humanos. Se alimenta principalmente de plancton, pequeños peces y organismos microscópicos que filtra del agua mediante sus branquias. Su presencia suele ser considerada un indicador de ecosistemas marinos saludables.

La muerte de un tiburón ballena en costas panameñas no es un evento común. Si bien la especie es observada regularmente en aguas del Pacífico panameño, especialmente alrededor del Parque Nacional Coiba y otras zonas del Pacífico Oriental Tropical, los reportes de ejemplares varados y fallecidos son poco frecuentes.

Panamá forma parte de una importante ruta migratoria utilizada por estos gigantes marinos. Investigaciones desarrolladas por científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) han demostrado que los tiburones ballena que visitan aguas panameñas realizan desplazamientos de miles de kilómetros a través del océano Pacífico.

Uno de los casos más sorprendentes fue el de una hembra marcada cerca de Coiba que recorrió más de 20 mil kilómetros, estableciendo una de las migraciones más largas registradas para la especie

Otros estudios también han confirmado que Panamá forma parte de corredores biológicos internacionales utilizados por tiburones ballena que se desplazan entre áreas marinas protegidas de varios países del Pacífico Oriental Tropical.

Precisamente por sus amplios desplazamientos, la especie enfrenta múltiples amenazas. Entre las posibles causas de muerte de ejemplares adultos se encuentran las colisiones con embarcaciones, especialmente en rutas de tráfico marítimo intenso. Investigaciones científicas han identificado que los choques con barcos representan una de las principales fuentes de lesiones graves y mortalidad para poblaciones de tiburón ballena en diferentes regiones del mundo.

Otra posibilidad es que el animal haya sufrido una enfermedad, una infección o algún problema fisiológico asociado a la edad o a factores ambientales. También se consideran riesgos como la ingestión de plásticos, el enmallamiento accidental en artes de pesca o lesiones provocadas por actividades humanas en alta mar.

Por ahora, ninguna hipótesis ha sido confirmada oficialmente. Los análisis de laboratorio realizados a las muestras recolectadas serán determinantes para conocer qué ocurrió con el animal antes de que su cuerpo llegara a la costa panameña.

La atención del caso ha involucrado a MiAmbiente, la Universidad Marítima de Panamá, el Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional, la Alcaldía de Arraiján y miembros de la comunidad. Además, se contó con apoyo logístico para las labores de manejo y disposición final del ejemplar.

Mientras continúan las investigaciones, el hallazgo sirve como recordatorio de la relevancia de Panamá dentro de las rutas migratorias de una especie catalogada como en peligro de extinción y cuya conservación depende de esfuerzos coordinados entre países, científicos y autoridades marítimas.

La fuga de 195 privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita, ocurrida el pasado 1 de junio, continúa generando consecuencias judiciales para los involucrados. Las autoridades informaron que ya suman 147 personas judicializadas por su participación en la evasión masiva, uno de los episodios más graves registrados en el sistema penitenciario panameño en los últimos años.

De acuerdo con un balance divulgado por el Ministerio Público, la evasión dejó además tres privados de libertad fallecidos y tres agentes policiales heridos durante las acciones desplegadas para recuperar el control de la situación. Desde entonces, los estamentos de seguridad han mantenido operativos de búsqueda en distintos puntos del país para ubicar a los evadidos.

Las cifras más recientes muestran que la respuesta judicial ha avanzado de forma acelerada. Del total de personas llevadas ante los tribunales, 126 recibieron la medida cautelar de detención provisional, mientras que 21 fueron condenadas mediante acuerdos de pena por delitos relacionados con la evasión.

El detalle de las sentencias refleja que cinco personas fueron condenadas a 36 meses de prisión, catorce recibieron penas de 42 meses, una fue condenada a 44 meses y otra a 47 meses de cárcel. Estas sanciones se sumarán a las penas que ya cumplían por los delitos que motivaron originalmente su privación de libertad.

Los resultados divulgados este martes muestran un aumento respecto a las cifras reportadas durante el fin de semana. Solo el sábado, durante cinco audiencias simultáneas realizadas en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora, nueve privados de libertad fueron judicializados.

De ellos, uno recibió detención provisional y ocho aceptaron acuerdos de pena, siete por 42 meses de prisión y uno por 36 meses. Las audiencias fueron presididas por jueces de garantías del Primer Circuito Judicial y contaron con la participación de fiscales del Ministerio Público y defensores públicos. Las autoridades han utilizado la figura de acuerdos de pena para agilizar los procesos contra quienes reconocen su participación en la evasión.

A pesar de los avances en las capturas y judicializaciones, la búsqueda no ha concluido. Según los reportes más recientes, todavía permanecen prófugos 21 de los 195 privados de libertad que escaparon de La Joyita. Esto significa que cerca del 90% de los evadidos ya han sido ubicados por las autoridades desde que se produjo la fuga.

Para acelerar las capturas restantes, la Policía Nacional decidió elevar a $1,000 la recompensa ofrecida por información que permita localizar a cada uno de los prófugos. La institución difundió fotografías e identidades de los buscados e hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar de forma confidencial mediante la línea 104 o a través de cualquier estación policial del país.

La evasión ha provocado una serie de cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad dentro del sistema penitenciario. La semana pasada las autoridades ejecutaron la denominada Operación Cerrojo en varios pabellones de La Joyita, donde decomisaron 10 armas de fuego, 82 municiones, 451 teléfonos celulares, 356 televisores, routers, antenas de comunicación, paneles solares, drogas y miles de artículos prohibidos.

Los hallazgos reforzaron las preocupaciones sobre el ingreso y circulación de objetos ilícitos dentro de los centros penitenciarios y llevaron a las autoridades a intensificar las requisas tanto en La Joyita como en otros penales del país.

El Ministerio de Seguridad ha señalado que estas acciones buscan recuperar el control de los centros de detención y evitar que continúen operando estructuras criminales desde el interior de las cárceles. La fuga también ha puesto bajo presión a las autoridades penitenciarias.

En los días posteriores al incidente surgieron denuncias sobre presuntas fallas en los controles internos, traslados de reclusos y mecanismos de supervisión dentro del penal ubicado en Pacora. Algunas de estas situaciones forman parte de investigaciones en curso.

Mientras continúan los operativos de búsqueda, el Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias que permitieron la evasión masiva y establecer posibles responsabilidades adicionales.

Bocas del Toro volvió a colocar a Panamá en el radar internacional del turismo. La reconocida revista de viajes Travel + Leisure incluyó al archipiélago panameño entre los mejores destinos del Caribe para visitar durante el verano boreal evitando las zonas con mayor riesgo de huracanes, una distinción que refuerza el posicionamiento de la provincia como uno de los principales atractivos turísticos del país.

En el artículo titulado “The Best Caribbean Destinations to Visit This Summer if You Want to Avoid Hurricane Season” (“Los mejores destinos del Caribe para visitar este verano si quieres evitar la temporada de huracanes”), la publicación destaca que Panamá se encuentra muy por debajo del cinturón de huracanes del Caribe, una característica geográfica que reduce significativamente el riesgo de impactos directos de estos fenómenos atmosféricos.

Travel + Leisure señala que Panamá ofrece una combinación difícil de igualar en la región: una excelente conectividad aérea internacional, menor masificación turística que otros destinos centroamericanos y una oferta que combina naturaleza, playas, gastronomía y experiencias de aventura. Dentro del país, identifica a Bocas del Toro como la opción más popular para quienes buscan una experiencia caribeña auténtica.

La publicación describe al archipiélago como un conjunto de islas conectadas por taxis acuáticos que atrae a una amplia variedad de visitantes, desde surfistas hasta viajeros de lujo. También menciona el crecimiento de la oferta hotelera, incluyendo hoteles boutique, alojamientos ecológicos y complejos turísticos de alto nivel que han contribuido a elevar el perfil internacional de la región.

Uno de los factores que hacen especial a Bocas del Toro es su accesibilidad. A diferencia de otros destinos insulares del Caribe que requieren conexiones marítimas prolongadas o vuelos internacionales adicionales, el archipiélago cuenta con vuelos directos desde Ciudad de Panamá hacia el Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro-Isla Colón, lo que permite llegar desde la capital en menos de una hora.

Esta conectividad facilita tanto el turismo nacional como la llegada de visitantes internacionales que ingresan al país a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen. El crecimiento sostenido del turismo también ha impulsado planes para ampliar la terminal aérea de Bocas del Toro.

Las autoridades adelantan un proyecto destinados a incrementar la capacidad de atención de pasajeros y permitir la operación de aeronaves de mayor tamaño, una medida que busca responder al aumento de visitantes que recibe la provincia y fortalecer su competitividad frente a otros destinos del Caribe.

Más allá de sus playas, Bocas del Toro destaca por su riqueza natural. El archipiélago está conformado por decenas de islas e islotes rodeados de arrecifes coralinos, manglares y bosques tropicales. Entre sus principales atractivos figuran el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, Cayo Zapatilla, Playa Estrella, Red Frog Beach y Bluff Beach. La región también es reconocida por sus condiciones para el surf, el buceo, el snorkel y la observación de vida silvestre.

La provincia ha recibido diversos reconocimientos internacionales en los últimos años. Medios especializados en turismo y sostenibilidad han resaltado su biodiversidad, sus iniciativas de turismo ecológico y la experiencia única que ofrece a viajeros interesados en destinos menos desarrollados que los grandes centros turísticos del Caribe. Asimismo, el archipiélago suele aparecer en rankings internacionales de playas, destinos de aventura y escapadas tropicales.

Travel + Leisure también destacó la reciente expansión del programa Panamá Stopover de Copa Airlines, que permite a pasajeros en tránsito permanecer varios días en el país sin costo adicional en el boleto aéreo. Según la publicación, esta herramienta convierte a Panamá en una opción atractiva para quienes desean combinar una visita a Ciudad de Panamá con varios días de descanso en destinos como Bocas del Toro.

El reconocimiento cobra relevancia en momentos en que el Caribe acaba de entrar formalmente en la temporada de huracanes 2026, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. Aunque la NOAA prevé una actividad inferior al promedio histórico, con entre 8 y 14 tormentas con nombre, Panamá mantiene una ventaja geográfica frente a muchos destinos caribeños al ubicarse fuera de la principal ruta de estos fenómenos atmosféricos, reduciendo significativamente el riesgo de impactos directos sobre destinos como Bocas del Toro.

Varios destinos tradicionales del Caribe enfrentan cada año la amenaza de tormentas tropicales y huracanes. Lugares como Bahamas, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico suelen estar más expuestos a estos fenómenos debido a su ubicación dentro del cinturón de huracanes.

Para la industria turística panameña, la inclusión de Bocas del Toro en una de las publicaciones de viajes más influyentes del mundo representa una vitrina internacional de alto valor. Además de reforzar la imagen del archipiélago como destino de naturaleza y playas, la recomendación contribuye a proyectar a Panamá como una puerta de entrada al Caribe diferente, accesible y con atractivos capaces de competir con algunos de los destinos más conocidos de la región.

La imagen de personas durmiendo en aceras, parques, puentes peatonales y espacios públicos se ha vuelto cada vez más frecuente en distintos puntos de la ciudad de Panamá. Lo que durante años fue un fenómeno concentrado en áreas específicas del centro de la capital se ha extendido hacia corregimientos y zonas comerciales donde la presencia de personas en situación de calle es hoy parte del paisaje urbano cotidiano.

Frente a esta realidad, la Asamblea Nacional inició un proceso de consultas para discutir una propuesta legislativa que busca crear, por primera vez, una política pública nacional enfocada en la rehabilitación y reinserción social de esta población.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y el diputado Manuel Cheng instalaron formalmente una mesa técnica para analizar el proyecto de ley 17, que crea el Plan Nacional Integral de Rehabilitación y Resocialización para Personas en Situación de Calle.

La iniciativa se encuentra pendiente de primer debate y busca incorporar propuestas de instituciones públicas, municipios, organizaciones sociales y especialistas antes de iniciar su discusión legislativa.

La necesidad de una intervención estatal más amplia quedó reflejada durante la primera sesión de consultas. Lizbeth Cunningham, directora de Gestión Social del Municipio de Panamá, informó que actualmente existe un promedio de 1,059 personas en situación de calle dentro del distrito capital.

De acuerdo con los registros municipales, el 92% presenta adicciones a sustancias ilícitas o alcohol, mientras que otro 7% enfrenta trastornos mentales, dos factores que suelen estar estrechamente vinculados a la permanencia en las calles.

El propio proyecto de ley reconoce que Panamá carece de una cifra nacional oficial sobre las personas sin hogar. En la exposición de motivos se advierte que esta población ha sido históricamente invisibilizada y que ni siquiera existe una medición estatal que permita conocer la verdadera dimensión del problema.

Los promotores de la iniciativa sostienen que esta ausencia de información dificulta la formulación de políticas públicas efectivas y limita la capacidad de las instituciones para atender a quienes viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.

La propuesta plantea que el Ministerio de Desarrollo Social lidere un plan nacional acompañado por un Consejo Técnico integrado por entidades como los ministerios de Salud, Seguridad, Gobierno, Vivienda y Desarrollo Agropecuario, además del Banco Hipotecario Nacional y representantes de los municipios.

Entre sus primeras tareas estaría la elaboración de un estudio demográfico y socioeconómico que permita identificar cuántas personas viven en las calles y cuáles son las principales causas que las llevaron a esa condición.

Uno de los componentes centrales del proyecto es la creación de centros de atención para personas en situación de calle. La iniciativa establece que deberá existir al menos un centro de este tipo para atender a la población vulnerable, con capacidad para ofrecer alimentación, alojamiento temporal, atención médica, apoyo psicológico y psiquiátrico, asesoría legal, capacitación laboral y programas de rehabilitación para personas con problemas de adicción.

El modelo propuesto contempla varias etapas. La primera estaría enfocada en la recuperación física y emocional de la persona mediante tratamientos médicos y programas de desintoxicación. Posteriormente se desarrollarían programas de capacitación en oficios y fortalecimiento de habilidades laborales, mientras que una tercera fase buscaría facilitar la reinserción social y el acceso a oportunidades de empleo.

El Ministerio de Trabajo tendría la responsabilidad de coordinar con empresas privadas e instituciones públicas la incorporación laboral de quienes culminen satisfactoriamente el proceso.

Durante la instalación de la mesa técnica, el presidente de la Asamblea sostuvo que la iniciativa no pretende limitarse a brindar refugio temporal o asistencia básica. Según explicó, el objetivo es construir una ruta integral que incluya tratamiento de adicciones, atención de salud mental, formación para el trabajo y acompañamiento continuo hasta que la persona pueda recuperar su autonomía económica y social.

El diputado Manuel Cheng afirmó que la consulta pública permitirá enriquecer el contenido del proyecto con aportes técnicos y experiencias institucionales. Entre las propuestas presentadas durante la primera reunión figura una mayor participación de municipios y juntas comunales en la implementación de las políticas destinadas a esta población, al considerar que son las autoridades que mantienen un contacto más cercano con la realidad de las comunidades.

La iniciativa surge en un contexto en el que diversos sectores coinciden en que la presencia de personas viviendo en las calles se ha vuelto más visible durante los últimos años, especialmente después de la pandemia.

Los impulsores del proyecto sostienen que el país necesita pasar de acciones aisladas de asistencia social a una estrategia nacional permanente que combine rehabilitación, salud, vivienda, empleo y seguimiento institucional.

La mesa técnica continuará recibiendo propuestas antes de que el proyecto de ley sea sometido a discusión en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.

El dengue mantiene una tendencia ascendente en Panamá durante las primeras semanas de la temporada lluviosa. El más reciente informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa), correspondiente a la semana 20 de 2026, revela un incremento tanto en el número de casos acumulados como en las hospitalizaciones y la tasa de incidencia nacional, aunque las defunciones permanecen estables, un dato que las autoridades consideran positivo dentro del comportamiento general de la enfermedad.

Las cifras oficiales muestran que hasta la semana epidemiológica 20, correspondiente al período del 17 al 23 de mayo, el país acumuló 2,720 casos de dengue, frente a los 2,581 reportados una semana antes. Esto representa un aumento de 139 contagios en apenas siete días, equivalente a un crecimiento de 5.4%.

El análisis comparativo entre los dos informes consecutivos evidencia que el incremento no solo se registra en los contagios totales. Los casos con signos de alarma también aumentaron al pasar de 311 a 323 pacientes, mientras que los casos clasificados como dengue sin signos de alarma crecieron de 2,253 a 2,380.

Por su parte, los casos de dengue grave se mantuvieron en 17, una cifra que no registró variación entre las semanas 19 y 20. Sin embargo, las autoridades sanitarias observan con atención el aumento de pacientes que requieren atención médica especializada debido a la evolución de la enfermedad.

Las hospitalizaciones constituyen uno de los indicadores que más preocupa a los especialistas. El informe más reciente reporta 341 personas hospitalizadas, frente a las 328 registradas la semana anterior.

Aunque el incremento fue de 13 pacientes, el dato refleja que una proporción importante de los casos continúa desarrollando complicaciones que requieren vigilancia médica.

Otro indicador que confirma el avance de la enfermedad es la tasa de incidencia nacional. Este parámetro pasó de 54.7 casos por cada 100 mil habitantes en la semana 19 a 57.6 casos por cada 100 mil habitantes en la semana 20, reflejando una mayor circulación del virus en distintas regiones del país.

A diferencia de los contagios y hospitalizaciones, las defunciones permanecen sin cambios. Panamá mantiene ocho fallecimientos acumulados por dengue hasta la semana 20, la misma cifra reportada en el informe anterior.

Según los registros del Ministerio de Salud, las muertes se distribuyen en varias regiones del país. Bocas del Toro concentra tres de los fallecimientos, mientras que Los Santos reporta dos. Coclé, Colón y Panamá Norte registran una defunción cada uno.

Aunque la estabilidad en el número de muertes es vista como un elemento favorable, los epidemiólogos advierten que el aumento sostenido de casos obliga a mantener la vigilancia, especialmente en los grupos más vulnerables y en las áreas donde se concentran mayores niveles de transmisión.

La Región Metropolitana continúa encabezando la lista nacional de contagios con 684 casos acumulados. Le siguen Colón con 493 casos, Bocas del Toro con 278, Panamá Oeste con 259, San Miguelito con 238 y Panamá Este con 208.

En cuanto a los corregimientos con mayor cantidad de casos, Tocumen se mantiene a la cabeza con 175 contagios acumulados. También destacan Veracruz y Puerto Pilón, ambos con 115 casos; 24 de Diciembre con 94; Belisario Frías con 74; Las Garzas con 71 y Cristóbal Este con 69.

Los datos epidemiológicos muestran además que el grupo de edad más afectado continúa siendo el de 10 a 14 años. La tasa de incidencia para este segmento alcanzó 84.4 casos por cada 100 mil habitantes en la semana 20, superando los 78 casos por cada 100 mil habitantes registrados una semana antes.

Especialistas señalan que este comportamiento obliga a reforzar las medidas de prevención tanto en los hogares como en los centros educativos, debido a la mayor exposición de niños y adolescentes en comunidades donde el mosquito transmisor mantiene una alta presencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que la mayoría de los pacientes se recupera sin complicaciones, pero advierte que la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia formas graves si no se detectan oportunamente los signos de alarma.

Entre los síntomas iniciales más frecuentes se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, malestar general, náuseas, vómitos y erupciones en la piel.

El riesgo aumenta cuando aparecen señales como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado de encías o nariz, somnolencia excesiva, irritabilidad, dificultad para respirar o una marcada sensación de debilidad. En estos casos, la OMS recomienda buscar atención médica inmediata para evitar complicaciones potencialmente mortales.

Las autoridades panameñas también reiteran que las personas con sospecha de dengue deben evitar la automedicación, especialmente con medicamentos que puedan aumentar el riesgo de hemorragias.

El comportamiento observado en Panamá ocurre dentro de un contexto regional que sigue siendo motivo de vigilancia para los organismos internacionales. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que hasta la semana epidemiológica 18 de 2026 la región de las Américas acumulaba cerca de un millón de casos sospechosos de dengue.

Aunque la cifra representa una reducción respecto al mismo período de 2025, la OPS mantiene las alertas debido a la circulación simultánea de los cuatro serotipos del virus en varios países, una condición que incrementa el riesgo de infecciones más severas.

La preocupación regional se mantiene luego de que América registrara durante 2024 el peor brote de dengue de su historia, con más de 12 millones de casos y miles de fallecimientos. Los organismos internacionales atribuyen este comportamiento a factores como el cambio climático, las altas temperaturas, el crecimiento urbano desordenado y la proliferación de criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Frente a este panorama, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a la población para eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios los patios, tapar los depósitos de almacenamiento y colaborar con las jornadas de control vectorial.

Las autoridades insisten en que la eliminación de criaderos continúa siendo la herramienta más efectiva para contener el avance del dengue en el país.

Los privados de libertad de La Joyita parecían estar preparados para no perderse ni un solo partido del próximo Mundial. Al menos eso sugieren los hallazgos de la Operación Cerrojo, que permitió decomisar 356 televisores, 451 teléfonos celulares, 61 routers, antenas de comunicación, equipos de sonido e incluso tres paneles solares dentro de varios pabellones del penal.

La intervención se desarrolló entre el 6 y el 8 de junio en los pabellones 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16 y 17 de La Joyita, apenas días después de la fuga masiva de 195 privados de libertad que puso en evidencia graves fallas de seguridad dentro del sistema penitenciario panameño. D

e acuerdo con las autoridades, hasta el momento han sido recapturados alrededor de 140 de los evadidos, mientras continúan las operaciones para ubicar al resto.

El operativo fue liderado por el Ministerio de Seguridad Pública con el apoyo de unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Frontera. Según la información oficial, participaron más de 5,100 agentes en una acción que buscaba recuperar el control de áreas consideradas críticas dentro del penal y reducir la circulación de artículos prohibidos.

Los resultados sorprendieron incluso a quienes han seguido durante años la problemática carcelaria. Además de los 356 televisores y los 451 teléfonos celulares, fueron decomisadas 10 armas de fuego, 82 municiones, 35 cargadores de celulares, 61 routers, seis antenas de comunicación, una antena wifi, tres paneles solares, 12 equipos de sonido, dos amplificadores, 37 abanicos y una máquina guira.

Las autoridades también encontraron 343 sobres con presuntas sustancias ilícitas, además de $11,873.64 en efectivo. A ello se sumaron 161 platinas, 52 sartenes eléctricas, relojes, audífonos, memorias USB, cables de conexión y más de 3,000 artículos adicionales cuya posesión está prohibida dentro de los centros penitenciarios.

La cantidad de equipos electrónicos encontrados ha generado interrogantes sobre la forma en que estos artículos lograron ingresar y permanecer dentro del penal.

La presencia de routers, antenas y paneles solares sugiere además la existencia de mecanismos destinados a mantener comunicación externa con otros integrantes de grupos delictivos.

La operación ocurre en un momento especialmente sensible para el sistema penitenciario. La fuga de 195 reclusos registrada la semana pasada provocó cuestionamientos sobre los controles de seguridad existentes en La Joyita y llevó a las autoridades a reforzar las inspecciones tanto dentro como fuera del centro penitenciario.

Tras los allanamientos comenzaron a circular en redes sociales varios videos atribuidos a privados de libertad de La Joyita. En las grabaciones se observan áreas del penal después de las requisas y algunos usuarios aseguran que fueron filmadas una vez concluido el operativo. Sin embargo, las autoridades no han confirmado la autenticidad del material ni la fecha exacta en que fue grabado.

De confirmarse que los videos fueron registrados después de la intervención, podrían plantear interrogantes sobre si algunos escondites utilizados para ocultar artículos prohibidos lograron pasar inadvertidos durante las inspecciones. No obstante, hasta el momento no existe información oficial que respalde esa hipótesis.

Las requisas también reavivaron denuncias realizadas durante años por familiares de personas privadas de libertad. Algunos han señalado públicamente que ciertos artículos prohibidos ingresan a las cárceles mediante redes de corrupción que involucran a funcionarios encargados de la custodia de los centros penitenciarios.

La intervención en La Joyita se suma a otras acciones recientes ejecutadas en centros penitenciarios del país. La semana pasada también se realizaron allanamientos en la cárcel de Las Tablas, donde fueron decomisadas armas, drogas y otros artículos prohibidos, aunque en cantidades considerablemente menores a las encontradas en el penal ubicado en Pacora.

Los resultados de la Operación Cerrojo no aparecen como un hecho aislado. En marzo pasado, durante el operativo Armagedón XXXVII en el pabellón 8 de La Joya, las autoridades ya habían incautado un revólver calibre .38, tres municiones, drogas, 17 teléfonos celulares y una antena Starlink.

La nueva requisa en La Joyita, con cifras mucho mayores, vuelve a exponer un problema de raíces profundas: los huecos de seguridad que permiten el ingreso y permanencia de armas, drogas, dinero y equipos de comunicación dentro del sistema penitenciario.

El Ministerio de Seguridad sostiene que estos operativos forman parte de una estrategia para reducir la circulación de armas, drogas y equipos de comunicación dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, la magnitud de los decomisos encontrados en La Joyita vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad del sistema para impedir el ingreso de artículos prohibidos y mantener el control efectivo de las cárceles del país.

El Canal de Panamá espera poner en operación en 2027 una planta fotovoltaica capaz de generar 26 gigavatios hora (GWh) al año, suficiente para cubrir aproximadamente el 15% de su consumo energético institucional.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de sostenibilidad con la que la vía interoceánica busca reducir emisiones y fortalecer su resiliencia frente al cambio climático global de la actualidad.

El proyecto fue destacado por la administración canalera en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente como una de las principales apuestas de su programa de descarbonización y transición energética.

La iniciativa surge en momentos en que el sistema eléctrico panameño mantiene una fuerte dependencia de la generación térmica.

Datos del Centro Nacional de Despacho muestran que este 6 de junio la generación térmica aportaba 803.8 megavatios, equivalente al 43.13% de toda la electricidad producida en Panamá.

La energía hidráulica representaba 28.8% de la generación nacional con 536.8 megavatios, mientras que la solar aportaba 522.2 megavatios, equivalentes al 28.02% del total de la producción.

La energía eólica representaba apenas 0.05% de la producción eléctrica del país. La nueva instalación fotovoltaica permitirá al Canal reducir parte de su dependencia de la energía externa.

Actualmente, el Canal opera una planta termoeléctrica en el sector de Mirafloes, la cual, suministra energía tanto a las operaciones canaleras como a comunidades cercanas a la vía acuática.

La energía solar ha crecido rápidamente en Panamá durante la última década. De acuerdo con registros del Centro Nacional de Despacho, actualmente operan más de 80 parques solares en el país.

Estos proyectos están distribuidos en distintas provincias. Entre los proyectos más grandes destacan Solar Fotovoltaica Penonomé, con una capacidad instalada de 95.25 megavatios de potencia. También destacan Madre Vieja Solar, con 18.33 megavatios; La Esperanza Solar, con 15.17 megavatios; Baco Solar, con 13.44 megavatios; y Solar Pocrí, con 12.07 megavatios.

Aunque el proyecto fotovoltaico no convertirá al Canal en uno de los mayores productores de energía solar del país, sí representa un paso relevante dentro de la estrategia ambiental de la vía.

Esta es una de las infraestructuras más importantes para el comercio mundial. La iniciativa forma parte de un programa más amplio que busca reducir la huella ambiental operativa. Entre las medidas anunciadas figura la incorporación progresiva de 10 remolcadores híbridos para disminuir el consumo de combustible y las emisiones asociadas al tránsito de embarcaciones por la ruta.

La administración también informó que evalúa el uso de combustibles de menor intensidad de carbono para su flota marítima, mientras avanza en la adquisición de vehículos eléctricos para transporte terrestre. Esta compra servirá para la modernización de su parque automotor terrestre.

Otro de los pilares se concentra en la protección de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá. De esta cuenca depende tanto el funcionamiento de las esclusas como el abastecimiento de agua potable para más de la mitad de la población de la República de Panamá.

Según cifras oficiales, unas 9,400 hectáreas de bosque han sido protegidas entre 2014 y 2026 mediante programas de incentivos para la conservación forestal sostenible en la región. Estas iniciativas han beneficiado a 724 familias en 230 comunidades de la Cuenca, con transferencias que superan los $4 millones destinadas a promover la vigilancia y preservación verde.

La meta del Canal es elevar la superficie protegida hasta 11,000 hectáreas para 2027, alcanzando a 867 familias en 243 comunidades de la cuenca hidrográfica del país. La institución considera que estos programas contribuyen a la regulación hídrica, la protección de los suelos, la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad de la zona.

Para fortalecer ese trabajo, la entidad opera un Sistema de Vigilancia y Monitoreo de la Cobertura Vegetal y Uso de Suelo que utiliza imágenes satelitales, drones y plataformas. El sistema también incluye patrullajes de campo para detectar cambios en la cobertura forestal y posibles actividades de tala o quema dentro de las áreas protegidas asignadas.

El Canal también informó que desde 2023 realiza inventarios anuales de emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo emisiones directas e indirectas, con el objetivo de incorporar datos útiles. Esta información se sumará a la planificación estratégica y a la toma de decisiones operativas importantes. Las iniciativas cobran relevancia en un contexto marcado por el clima.

Los efectos son cada vez más visibles del cambio climático sobre los recursos hídricos de Panamá. La sequía de 2023 y 2024 obligó al Canal a restringir tránsitos. Esta restricción del número de tránsitos diarios ocurrió por primera vez en su historia debido a la caída de los niveles de agua en los lagos Gatún y Alhajuela.

Para la administración canalera, la transición hacia energías renovables, la protección de los bosques y la gestión sostenible del agua forman parte de una misma estrategia institucional. El objetivo final es garantizar que la vía interoceánica pueda seguir operando en un escenario de eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes y prolongados en el mundo.

El Ministerio de Educación (Meduca) abrió una licitación pública por $20.7 millones para transformar por completo el Colegio José A. Remón Cantera, uno de los centros educativos públicos más emblemáticos de la capital panameña fundado en 1971.

El proyecto contempla la demolición de estructuras existentes, la construcción de nuevos edificios académicos y administrativos, así como la modernización de áreas deportivas y de servicios que actualmente presentan signos de deterioro.

La iniciativa busca reemplazar parte importante de la infraestructura actual del plantel ubicado en San Francisco, un sector que en las últimas décadas se ha convertido en una de las zonas con mayor desarrollo comercial.

Este sector residencial de la ciudad de Panamá verá el desarrollo del proyecto bajo la modalidad de diseño y construcción, permitiendo que el contratista adjudicado elabore los planos definitivos y posteriormente ejecute las obras.

La licitación contempla la demolición total del actual Pabellón No. 1, una estructura de aproximadamente 2,276 metros cuadrados distribuida en cuatro niveles. También serán demolidos el kiosco escolar y cobertizos.

Se removerán siete cobertizos de acceso, estructuras destinadas a tanques de agua, parte de la cerca perimetral, una losa de concreto y otras edificaciones auxiliares. Adicionalmente, se retirarán 20 aulas temporales.

También se quitará un módulo sanitario provisional que actualmente funciona dentro del centro educativo. La sustitución del antiguo pabellón dará paso a un nuevo complejo educativo de concreto reforzado compuesto por dos edificios.

Estas estructuras estarán conectadas entre sí mediante puentes y áreas de circulación internas. Solo en las secciones descritas del pliego se identifican 44 aulas nuevas para el beneficio de los estudiantes.

El nuevo Pabellón No. 1 concentrará la mayor parte de los espacios académicos. En su planta baja se construirán 10 aulas teóricas, una de ellas destinada a la enseñanza de artes industriales.

El edificio contará con un taller especializado para esta disciplina. La estructura tendrá cuatro niveles y sumará otras 29 aulas distribuidas entre los niveles superiores, para un total de 39 salones de clases.

El segundo pabellón tendrá un perfil más orientado a servicios especializados y apoyo académico. Allí se ubicarán oficinas administrativas, una clínica escolar, un gabinete psicopedagógico y espacios para orientación.

Se contará con áreas de orientación individual y grupal, cocina y comedor, además de nuevas aulas de apoyo para estudiantes. Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la incorporación de laboratorios.

Se construirán espacios especializados que no forman parte de una escuela convencional. El diseño contempla un laboratorio de química, un laboratorio de biología, un laboratorio de música y un laboratorio de artística.

A estos se suman dos laboratorios de familia y desarrollo, una biblioteca, un salón audiovisual y talleres de formación técnica vinculados de forma directa a las asignaturas de artes industriales tradicionales.

La propuesta también incluye áreas destinadas a docentes y personal administrativo. Entre ellas figuran oficinas para coordinadores de materias, áreas de uso común para profesores y espacios para trabajadores manuales.

Se construirán depósitos, cuartos eléctricos, centros de datos y módulos para la Asociación de Padres de Familia.

El gimnasio existente en el plantel educativo no desaparecerá completamente del diseño. El Meduca prevé una remodelación integral de esta instalación deportiva, que incorporará nuevos espacios complementarios para actividades académicas y recreativas. El complejo contará además con áreas de esparcimiento estudiantil.

Se incluirán nuevas baterías sanitarias en distintos niveles, pasillos techados de circulación interna y sistemas modernos de infraestructura eléctrica, sanitaria y pluvial para el correcto funcionamiento de la escuela.

Durante años, el estado de las instalaciones del José A. Remón Cantera ha sido motivo de reclamos por parte de estudiantes, docentes y acudientes. Las denuncias han incluido problemas de mantenimiento.

Se ha criticado el deterioro estructural y las limitaciones en algunos espacios utilizados para actividades académicas y deportivas. La ubicación del colegio también ha sido objeto de debate en la opinión pública. Una parte importante de los estudiantes que asisten al plantel reside fuera de San Francisco y proviene de comunidades ubicadas en sectores periféricos de la ciudad capital. Esa realidad llevó a cambios.

En distintos momentos se planteó la posibilidad de trasladar el centro educativo a otra zona con mayor disponibilidad de terreno para futuras ampliaciones. Sin embargo, la propuesta nunca logró el consenso necesario.

Diversos sectores de la comunidad educativa advirtieron que detrás de algunas iniciativas de traslado existía interés por los terrenos que ocupa el colegio, considerados entre los de mayor valor comercial de la capital.

Esto se debe a su cercanía con importantes desarrollos inmobiliarios, corredores viales y centros de negocios. La decisión del Meduca de invertir más de $20 millones parece cerrar el debate de mudanza.

En lugar de abandonar el terreno histórico, la estrategia apuesta por reconstruir y modernizar las instalaciones existentes para adaptarlas a las necesidades educativas actuales de la juventud del país.

Con la nueva licitación, el Meduca optó por mantener el plantel en su ubicación actual y apostar por una transformación integral del campus. El proyecto establece que las propuestas deberán presentarse hasta el 23 de julio de 2026 y contempla una adjudicación global para el diseño y ejecución de las obras.

Panamá redujo su déficit fiscal hasta abril, pero las cuentas públicas siguen en rojo. El Sector Público No Financiero gastó $1,387.1 millones más de lo que recibió durante los primeros cuatro meses de 2026.

Esta es una mejora frente al año anterior, aunque insuficiente para eliminar la presión que mantienen la deuda, los intereses y las obligaciones de la Caja de Seguro Social sobre el presupuesto nacional.

El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado. Cuando el Gobierno recauda menos dinero del que necesita para financiar salarios, programas sociales, inversiones y subsidios recurre a financiamiento.

Las cifras divulgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas muestran que el déficit cayó de $1,992.1 millones registrados entre enero y abril de 2025 a $1,387.1 millones en el mismo período de 2026.

La diferencia equivale a una reducción de $604.9 millones o un 30.4%. Como proporción de la economía, el indicador pasó de 2.20% a 1.46% del Producto Interno Bruto del país.

La disminución del déficit no significa que el problema fiscal haya desaparecido por completo. Lo que indican los números es que el Estado logró reducir la velocidad a la que se amplía la brecha.

El Estado todavía continúa gastando por encima de sus posibilidades reales de financiamiento. Uno de los factores detrás de la mejora fue el crecimiento sostenido de los ingresos públicos en el período. Entre enero y abril, el Sector Público No Financiero recibió $5,127 millones de dólares, un aumento de $599.8 millones respecto al mismo período del año anterior, un crecimiento de 13.2%.

La Caja de Seguro Social aportó buena parte de ese incremento financiero. Sus ingresos crecieron 26%, pasando de $1,485.1 millones a $1,870.9 millones en la medición.

También aumentaron los ingresos corrientes del Gobierno Central, aunque a un ritmo moderado, con un crecimiento de 2.3%. Otro elemento que ayudó a mejorar las cifras fue la entrada de capital.

Se reportó la entrada de $197.8 millones en ingresos de capital, muy superior a los $1.3 millones reportados un año antes. Este tipo de ingresos suele estar asociado a operaciones extraordinarias estatales.

Por ende, no constituye una fuente permanente de recursos para el Estado panameño. Mientras los ingresos crecieron, el gasto total del sector público prácticamente no se movió de su sitio.

El Sector Público No Financiero ejecutó $6,514.1 millones entre enero y abril, cifra apenas inferior a los $6,519.2 millones registrados un año antes en el mismo reporte oficial de la institución.

Detrás de esa aparente estabilidad existen movimientos importantes. El gasto corriente aumentó 4.5%, impulsado principalmente por mayores desembolsos de la Caja de Seguro Social para jubilaciones y pensiones del sistema.

A esto se suman mayores gastos en salud, educación y seguridad pública nacional. Por el contrario, el gasto de capital cayó 15.9%, equivalente a $233.7 millones menos que en abril de 2025.

Uno de los datos más relevantes del informe es el comportamiento del balance primario, que excluye el pago de intereses de la deuda y permite medir la situación fiscal real de las operaciones.

El déficit primario se redujo de $851.6 millones a $221.9 millones, una mejora de 73.9%. Como porcentaje del Producto Interno Bruto nacional, pasó de 0.94% a un total de 0.23%.

Pero la deuda sigue siendo uno de los principales desafíos para las finanzas. Entre enero y abril, el Estado desembolsó $1,165.2 millones únicamente en el concepto de intereses de deuda.

Esta cifra supera ampliamente el déficit primario y limita la capacidad de destinar recursos a otras áreas. El MEF sostiene que parte de ese gasto incorpora un efecto extraordinario de operaciones.

Estas transacciones permitirán generar ahorros estimados de aproximadamente $30 millones anuales en intereses durante la próxima década. Las cifras del Gobierno Central muestran una clara tendencia similar.

Su déficit pasó de $2,818.4 millones en abril de 2025 a $1,978.6 millones este año, una reducción de $839.8 millones. Como porcentaje del PIB, bajó de 3.12% a 2.08%.

Dentro de la recaudación tributaria destacó el desempeño del ITBMS, que aumentó 14.1%, equivalente a $48 millones adicionales. El MEF atribuye este crecimiento a una mayor actividad económica del país.

También se debe al fortalecimiento de la fiscalización y medidas para mejorar el cumplimiento tributario. Pese a la mejora observada hasta abril, los desafíos fiscales siguen presentes en la agenda.

Panamá continúa registrando déficit, mantiene elevados pagos por intereses de deuda y enfrenta presiones crecientes asociadas al sistema de seguridad social. El reto para el resto de 2026 será grande.

Se deberá sostener la reducción de la brecha fiscal sin recurrir excesivamente a ingresos extraordinarios y sin afectar la inversión pública necesaria para impulsar de forma definitiva el crecimiento económico.

Las cifras muestran una corrección importante frente al año pasado, pero también evidencian que el equilibrio de las finanzas públicas todavía está bastante lejos de alcanzarse en el corto plazo.

Mientras las ventas de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) registraron una caída durante el primer trimestre de 2026, las apuestas en casinos, tragamonedas, plataformas digitales y otros juegos de azar continuaron creciendo a doble dígito en Panamá.

Este panorama refleja un cambio cada vez más marcado en las preferencias de los jugadores y una expansión sostenida de la industria del entretenimiento regulado dentro del territorio nacional.

Las cifras divulgadas por la Contraloría General de la República muestran que las ventas brutas de la LNB disminuyeron 3.6% entre enero y marzo de este año, un cambio notable. El indicador pasó de $206.6 millones en el primer trimestre de 2025 a $199.3 millones en igual período de 2026.

En contraste, las apuestas brutas de los operadores de juegos de suerte y azar aumentaron un notable 16.1%. El monto saltó de $671.7 millones a $779.6 millones. La diferencia entre ambos segmentos se ha ampliado de forma significativa durante los últimos meses de evaluación económica.

Mientras la lotería tradicional vendió cerca de $199 millones durante el trimestre, los casinos y operadores de apuestas movilizaron casi cuatro veces esa cifra, consolidando una tendencia clara.

Esta preferencia se ha fortalecido en los últimos años. Los datos muestran que el principal motor de las apuestas en Panamá continúa siendo el segmento de máquinas tragamonedas tipo “A”.

Este sector específico registró apuestas por $552.1 millones entre enero y marzo. Este monto representa cerca del 71% de todas las apuestas contabilizadas por la Contraloría General.

Los registros también son compartidos por la Junta de Control de Juegos. Estas máquinas se caracterizan por permitir múltiples apuestas dentro de una misma jugada en el establecimiento.

Ellas operan principalmente en casinos autorizados por el Estado. Su crecimiento durante el período fue de 6.9% respecto al año anterior, lo que demuestra la solidez de este mercado

Sin embargo, el segmento que más creció fue el de juegos de suerte y azar a través de internet. Las apuestas en plataformas digitales alcanzaron $170.4 millones de dólares. Esto ocurrió durante el primer trimestre, un aumento de 60.7% frente a los $106.1 millones reportados en igual período de 2025 en los informes previos de la institución.

No obstante, las cifras de abril comenzarán a reflejar el impacto del fin de la lotería electrónica en Panamá, luego de que el pasado 21 de abril se realizara el último sorteo de productos como Lotto y Pega 3.

Se eliminaron del mercado opciones como Lotto y Pega 3, después de que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declarara ilegal la Adenda No. 5 del contrato suscrito. El acuerdo se había dado entre la Lotería Nacional de Beneficencia y Scientific Games LLC. La decisión dejó sin sustento jurídico la operación de estos juegos electrónicos en el país.

El éxito radicaba en la frecuencia de sus sorteos y en la facilidad de acceso. Su cierre también coincidió con la posición expresada desde 2024 por el presidente José Raúl Mulino. El mandatario cuestionó la rentabilidad del modelo para el Estado y ordenó revisar su continuidad de forma estricta. La próxima semana se divulgarán los nuevos indicadores económicos correspondientes.

Mientras la Lotería enfrenta el reto de aumentar las ventas de sus productos más conocidos, los operadores privados de juegos de suerte y azar continúan expandiendo sus ingresos.

Las mesas de juego también mostraron una expansión importante con el pasar de las semanas. Las apuestas en este segmento alcanzaron $43.7 millones, un incremento de 25% respecto al año anterior. Estas mesas operan exclusivamente en casinos completos bajo los parámetros de la ley.

Otros segmentos mostraron comportamientos mixtos. Las apuestas en hipódromos disminuyeron 8.4%, al totalizar $6.7 millones, mientras que las salas de bingo crecieron 5.2% hasta $1.6 millones.

Las salas de apuestas deportivas registraron una leve caída de 1.4%, con $4.4 millones apostados durante el trimestre. Las estadísticas también muestran que los juegos instantáneos se movieron. Este sector movió cerca de $689 mil durante los tres primeros meses del año. Aunque representan una porción pequeña del mercado, forman parte de una oferta diversificada.

Sin embargo, las cifras publicadas por la Contraloría no reflejan la totalidad del universo de apuestas existente en Panamá. Los datos incluyen casinos, hipódromos, bingos y plataformas digitales.

También se incluyen las máquinas tragamonedas tipo “A”, pero dejan fuera un segmento importante del mercado. Se trata de las máquinas tragamonedas tipo “C”, instaladas en comercios.

Estas se encuentran en pequeños restaurantes, bares y comercios locales. A diferencia de las máquinas tipo “A”, estas solo aceptan una apuesta por jugada y bajo otra regulación.

Las estadísticas de estas máquinas no forman parte del informe económico trimestral divulgado, por lo que el volumen real apostado en Panamá podría ser significativamente superior al anunciado.

La amenaza de una nueva sequía asociada al fenómeno de El Niño ya comienza a reflejarse en las operaciones del Canal de Panamá. La vía interoceánica anunció que reducirá el calado máximo permitido para los buques Neopanamax a partir del próximo 3 de julio, una medida preventiva que no había sido necesaria durante los últimos dos años.

Esta acción busca proteger las reservas de agua que sostienen tanto el tránsito marítimo como el abastecimiento de más de la mitad de la población panameña. La decisión ocurre en momentos en que Panamá permanece bajo alerta climática tras la advertencia emitida por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

El instituto estima en más de 85% la probabilidad de que El Niño continúe desarrollándose durante los próximos meses. Los modelos internacionales también apuntan en la misma dirección y prevén que el fenómeno pueda extenderse hasta el año 2027.

De acuerdo con el aviso emitido por el Canal a las navieras, el calado máximo autorizado para los buques que utilicen las esclusas Neopanamax pasará de 50 pies (15.24 metros) a 49.5 pies (15.09 metros). Aunque la reducción equivale a apenas seis pulgadas, representa el regreso de restricciones preventivas que la administración canalera no aplicaba.

Estas restricciones no se veían desde la crisis hídrica registrada entre 2023 y 2024. Las proyecciones oficiales publicadas por el propio Canal muestran que el nivel del lago Gatún, que este 6 de junio se ubicaba en 85.2 pies sobre el nivel del mar, podría descender gradualmente hasta aproximadamente 84.8 pies.

Esto ocurriría durante las próximas semanas. Si bien esos niveles se mantienen lejos de los registros críticos observados durante la última sequía severa, la administración canalera optó por actuar con anticipación para preservar las reservas disponibles en el sistema.

El Canal explicó que la medida forma parte de su estrategia de gestión hídrica y responde tanto a los niveles actuales y proyectados del lago Gatún como a la posibilidad de que las condiciones asociadas a El Niño reduzcan las lluvias sobre la cuenca hidrográfica durante la segunda mitad del año.

Los buques Neopanamax constituyen las embarcaciones más grandes que pueden cruzar las esclusas ampliadas inauguradas en 2016. Estas naves pueden alcanzar hasta 366 metros de longitud, aproximadamente 51 metros de ancho y transportar cerca de 14,000 contenedores de carga.

Además de portacontenedores, esta categoría incluye grandes buques transportadores de gas natural licuado, gas licuado de petróleo, graneleros y tanqueros que movilizan productos energéticos, materias primas y mercancías destinadas a mercados de todo el mundo.

La reducción anunciada tendrá un impacto limitado sobre las operaciones. Según el Canal, menos del 1.7% de los buques Neopanamax que utilizan la ruta se verán afectados por el ajuste, mientras que el número de tránsitos diarios permanecerá sin cambios significativos.

Actualmente la vía mantiene una programación de hasta 38 cruces por día. La medida se suma a otras acciones de ahorro de agua implementadas desde finales de diciembre de 2025. Entre ellas figuran el uso intensivo de las tinas de reutilización de agua en las esclusas Neopanamax.

También se realizan los esclusajes simultáneos cuando las dimensiones de las embarcaciones lo permiten, la utilización de compuertas interiores para reducir el volumen requerido en las cámaras y la suspensión temporal de la generación hidroeléctrica en Gatún para priorizar el almacenamiento de agua.

El antecedente de la sequía de 2023 y 2024 sigue marcando las decisiones de la administración canalera. Durante aquel episodio de El Niño, Panamá enfrentó una de las crisis hídricas más severas de las últimas décadas. La caída de los niveles de los lagos Gatún y Alhajuela obligó al Canal.

La institución tuvo que reducir por primera vez en su historia la cantidad de tránsitos diarios, provocando filas de embarcaciones, retrasos logísticos y mayores costos para el comercio marítimo internacional. En ese período, las restricciones llegaron a ser mucho más severas que las anunciadas ahora.

El Canal redujo significativamente el calado permitido para algunos buques y limitó el número de cruces diarios con el objetivo de preservar el agua disponible para el consumo humano y la operación segura de la vía interoceánica.

La administración canalera destacó que las abundantes lluvias registradas durante 2025 y una temporada seca de 2026 inusualmente húmeda permitieron mantener los embalses en condiciones favorables durante buena parte del año. Sin embargo, el posible fortalecimiento de El Niño ha llevado a retomar medidas preventivas.

Estas acciones se implementan con varios meses de anticipación. Por ahora, el Canal no prevé restricciones adicionales y mantiene sus proyecciones operativas hasta finales de 2026. No obstante, sus especialistas continúan monitoreando permanentemente los niveles de los lagos Gatún y Alhajuela.

El seguimiento incluye las proyecciones meteorológicas e hidrológicas, para determinar si será necesario adoptar nuevas medidas en caso de que el fenómeno climático intensifique sus efectos sobre la disponibilidad de agua en el territorio de Panamá.

Un tribunal de juicio impuso una condena acumulada de 80 años de prisión al principal responsable de un doble homicidio y una tentativa de homicidio ocurridos en San Miguelito, una de las penas más altas de la justicia panameña.

Sin embargo, el condenado no cumplirá ocho décadas en prisión debido a que la legislación del país establece un límite máximo de 50 años de cárcel, independientemente de la suma de las penas impuestas.

La sentencia fue obtenida por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito, que logró un fallo unánime contra tres hombres vinculados a un ataque armado el 23 de marzo de 2023.

El hecho ocurrió en el sector de Altamira, Monte Oscuro, corregimiento de Victoriano Lorenzo. De acuerdo con la investigación, los agresores dispararon inicialmente contra una de las víctimas en la vía pública.

Posteriormente ingresaron a una residencia donde efectuaron múltiples detonaciones contra otras dos personas. Dos de las víctimas fallecieron producto de las heridas, mientras una tercera sobrevivió al ataque armado.

La condena más severa recayó sobre el autor principal. El Tribunal de Juicio le impuso 30 años de prisión por cada uno de los dos homicidios dolosos agravados y otros 20 años por la tentativa.

Esto da un total de 80 años de cárcel. Los otros dos procesados fueron condenas como cómplices primarios. En ambos casos, la pena individualizada alcanzó los 55 años de prisión efectiva.

Este resultado se dio por la imposición de 20 años por cada uno de los homicidios y 15 años por la tentativa. Aunque las penas sumadas superan ampliamente el medio siglo de prisión.

El Código Penal panameño establece un límite máximo de cumplimiento efectivo. La legislación dispone que la pena de prisión no podrá exceder de 50 años, incluso cuando la acumulación de condenas supere esa cifra.

En la práctica, esto significa que el principal condenado recibió una dosificación de 80 años, pero cumplirá un máximo de 50 años. Lo mismo ocurre con los otros dos sentenciados de este caso.

Su condena acumulada de 55 años también queda reducida al límite legal establecido por la ley. El caso ilustra el funcionamiento del sistema de acumulación de penas en la República de Panamá.

Los jueces individualizan cada delito y fijan la sanción correspondiente para cada conducta criminal. Posteriormente, esas penas se suman para determinar la gravedad total de los hechos acontecidos.

Sin embargo, una vez realizada la dosificación, entra en juego el límite máximo de cumplimiento contemplado en la legislación penal. Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó pruebas.

La fiscalía entregó elementos periciales, documentales y testimoniales que, según la Fiscalía, permitieron acreditar la responsabilidad penal de los tres acusados. Los fiscales sostuvieron que la actuación conjunta fue determinante.

La decisión del tribunal representa una de las condenas más severas obtenidas por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de San Miguelito en los últimos años y se produce en un contexto de sentencias.

En otro caso ocurrido en la provincia de Chiriquí, la Fiscalía Regional logró una condena de 12 años de prisión contra un hombre de 29 años declarado responsable del delito de violación sexual agravada contra una persona adulta.

Además de la pena principal, el tribunal impuso como sanción accesoria la inhabilitación por dos años para ejercer cargos, oficios o profesiones en parques, parvularios, centros escolares o centros deportivos.

La prohibición aplica para áreas aledañas o cualquier otro sitio donde regularmente se agrupen menores de edad. Ese caso ocurrió el 1 de diciembre de 2024 en el distrito de San Lorenzo.

Según la investigación, el condenado citó a la víctima en un lugar apartado con el pretexto de entregarle dinero. La Fiscalía sostuvo durante el juicio que el hombre agredió físicamente a la persona.

El agresor amenazó y sometió sexualmente a la víctima mediante violencia e intimidación. Otra sentencia reciente fue dictada por el Tribunal de Juicio Oral de la provincia de Los Santos.

La entidad declaró penalmente responsables a seis panameños por los delitos de tráfico internacional de drogas y alteración de un medio de transporte marítimo. Las penas impuestas oscilan entre 9 y 14 años.

El fallo estuvo a cargo de un tribunal colegiado integrado por los jueces Manuel De León, Fernando Bedregal y Rafael Ruiz. Además se impuso a cada condenado una multa de $100 dólares.

Este dinero será pagadero al Tesoro Nacional, sanción que deberá hacerse efectiva una vez cumplan la pena principal. Los jueces también ordenaron el comiso formal y definitivo de una embarcación.

La nave es de tipo pesquera de aproximadamente 30 pies de eslora, que fue utilizada por los condenados al momento de su retención. La nave pasará a disposición de las autoridades del Estado.

La investigación de este último caso se originó el 31 de enero de 2024 al sureste del puerto de Mensabé, en el corregimiento de Santo Domingo, distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos.

En ese lugar, unidades del Servicio Nacional Aeronaval incautaron 1 millón 422 mil 950 gramos de cocaína, equivalentes a más de 1.4 toneladas de sustancias ilícitas prohibidas.

Las tres decisiones judiciales reflejan una jornada de condenas por delitos de alto impacto en Panamá, con penas que van desde los 12 años de prisión por violencia sexual en Chiriquí.

Estas llegan hasta condenas acumuladas de 80 años por homicidio, aunque sujetas al límite máximo de cumplimiento previsto de forma estricta por el Código Penal de la nación.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) introdujo nuevos ajustes en los procesos de precalificación de dos de las iniciativas más ambiciosas de su estrategia de diversificación: las terminales portuarias de contenedores de Corozal y Telfers, y el Corredor Energético interoceánico.

Las modificaciones fueron incorporadas mediante las enmiendas N.° 3 de ambos procesos, publicadas como parte de la fase previa a la licitación formal.

Los ajustes llegan en momentos en que el Canal busca atraer operadores portuarios, inversionistas institucionales y empresas energéticas internacionales para proyectos cuyo valor conjunto podría superar los $10,600 millones, de acuerdo con estimaciones divulgadas previamente por la entidad.

En ambos casos se amplió el plazo para la presentación de consultas, se extendió la fecha límite para entregar los documentos de precalificación, se incorporaron ajustes derivados de preguntas y observaciones recibidas de potenciales inversionistas y se modificaron formularios y documentos de la fase de precalificación.

Para las terminales de Corozal y Telfers, la fecha límite para entregar la documentación de precalificación pasó al 9 de julio de 2026, mientras que el período para formular consultas fue extendido hasta el 15 de junio.

En el caso del Corredor Energético, la entrega de las declaraciones de calificación fue movida hasta el 23 de julio de 2026 y el período de consultas quedó abierto hasta el 17 de junio.

Las extensiones reflejan la complejidad técnica, financiera y jurídica de ambas iniciativas, así como la cantidad de observaciones recibidas durante la etapa de interacción con el mercado. El objetivo de la ACP es dar más tiempo a los interesados para preparar la documentación requerida antes de avanzar a la siguiente fase del proceso.

En el caso del Corredor Energético, los cambios de fondo fueron más amplios. La ACP añadió nuevos requisitos de salud y seguridad ocupacional, conocidos como OHS, y exigirá evidencia de sistemas de gestión de seguridad laboral durante los últimos tres años. También incorporó declaraciones juradas sobre desempeño operativo y cumplimiento de estándares internacionales.

Además, los interesados deberán certificar que las instalaciones energéticas utilizadas como referencia en su experiencia no fueron terminadas, canceladas o retiradas por incumplimientos atribuibles al operador.

La enmienda también agrega requisitos específicos vinculados a terminales de líquidos y gases naturales, conocidas como NGL, y al cumplimiento del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, conocido como Código ISPS.

Estas exigencias buscan reforzar la evaluación de los participantes en materia de seguridad operacional, experiencia técnica, cumplimiento normativo y gestión de riesgos, elementos clave para un proyecto de infraestructura energética de gran escala.

El Corredor Energético contempla la construcción, financiamiento, operación y gestión comercial de una infraestructura capaz de movilizar propano, butano y etano entre las costas Atlántica y Pacífica. El proyecto incluye un ducto de aproximadamente 76 kilómetros de longitud, con capacidad nominal de hasta 2.5 millones de barriles diarios.

La inversión estimada para este proyecto oscila entre $4,000 millones y $8,000 millones, dependiendo del diseño definitivo y de las facilidades complementarias que sean incorporadas. El proyecto contempla terminales en ambas entradas del Canal.

En el caso de los puertos de Corozal y Telfers, los cambios se concentraron principalmente en aclaraciones sobre experiencia portuaria, manejo de terminales de contenedores, volumen mínimo de operación, participación de consorcios e inversionistas institucionales.

Uno de los puntos aclarados por la ACP es que los operadores interesados deben demostrar control efectivo de la operación y administración de terminales de contenedores, y no solo una participación accionaria minoritaria sin responsabilidad directa en la gestión diaria. Este punto es relevante porque busca asegurar que los interesados cuenten con experiencia real en operación portuaria.

También se aclararon reglas para la conformación y eventual modificación de consorcios, así como requisitos documentales y financieros que deberán cumplir los interesados en presentar sus credenciales para estas concesiones.

El proyecto portuario contempla el desarrollo de una terminal en Corozal, en la entrada Pacífica del Canal, y otra en Telfers, en el Atlántico. Ambas instalaciones buscan ampliar la capacidad de trasbordo de contenedores de Panamá mediante terminales de uso común y acceso abierto.

Según los documentos de precalificación, la ACP considera que estas terminales ayudarán a atender limitaciones de capacidad y congestión en puertos cercanos, al mismo tiempo que fortalecerán la competitividad logística del país y el papel del Canal como centro global de conectividad marítima.

La inversión combinada para Corozal y Telfers ha sido estimada en aproximadamente $2,600 millones. Estos desarrollos forman parte de la Visión Estratégica 2025-2035 de la ACP, que busca reducir la dependencia exclusiva de los ingresos por tránsito de buques mediante nuevas líneas de negocio vinculadas a energía, logística y transporte multimodal.

Durante los últimos meses, la ACP ha recibido numerosas consultas de potenciales participantes. Parte de esas observaciones quedó reflejada en documentos de preguntas y respuestas publicados por la entidad, donde se aclararon criterios sobre experiencia operativa, requisitos financieros, conformación de consorcios, participación de inversionistas institucionales y condiciones de elegibilidad.

Con las nuevas enmiendas, el Canal busca dar mayor certeza jurídica, técnica y financiera a inversionistas internacionales antes de avanzar a la siguiente etapa de licitación. El proceso de precalificación permitirá seleccionar a las empresas o consorcios que pasarán posteriormente a la fase de propuestas y negociación.

Las terminales de Corozal y Telfers y el Corredor Energético forman parte del nuevo mapa de inversiones con el que la ACP pretende ampliar su actividad más allá del tránsito de barcos por la vía interoceánica, en un momento en que Panamá busca reforzar su papel como plataforma logística, portuaria y energética para el comercio internacional.

El atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, considerado uno de los actos terroristas más graves ocurridos en Panamá, continuará bajo investigación al menos durante un año más.

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial decidió elevar el expediente a la categoría de causa compleja y concedió a la Fiscalía Superior de la Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana un plazo adicional de 12 meses para concluir las investigaciones.

La decisión fue adoptada mediante el auto de primera instancia n.º 12-26 del 2 de junio de 2026 y responde a la complejidad del caso, que involucra a tres ciudadanos extranjeros señalados por los delitos de homicidio doloso y contra la seguridad colectiva, en la modalidad de delito contra los medios de transporte y comunicación.

Los hechos investigados se remontan al 19 de julio de 1994, cuando una explosión destruyó en pleno vuelo la aeronave HP-1202 de Alas Chiricanas poco después de despegar desde el aeropuerto France Field, en la provincia de Colón.

La tragedia provocó la muerte de las 21 personas que viajaban a bordo: 18 pasajeros y tres tripulantes. Entre las víctimas se encontraban ciudadanos panameños, estadounidenses y varios comerciantes de origen judío que se trasladaban desde la Zona Libre de Colón hacia la ciudad de Panamá.

La investigación determinó que el explosivo fue introducido en el avión oculto dentro de un radio portátil. El artefacto detonó pocos minutos después del despegue, provocando la desintegración de la aeronave y su caída en una zona selvática de Cerro San Rita.

Durante décadas el caso permaneció sin avances significativos. Sin embargo, en 2017 la Fiscalía Superior de Descarga de Homicidio reabrió las investigaciones tras recibir nueva información suministrada por el Estado de Israel, lo que permitió desarrollar nuevas líneas investigativas y reconstruir parte de los hechos ocurridos hace más de tres décadas.

A partir de esas diligencias, las autoridades panameñas, con apoyo de organismos internacionales y agencias de seguridad extranjeras, identificaron a varios sospechosos que presuntamente habrían participado en la planificación y ejecución del atentado.

Uno de los avances más importantes se produjo este año con la captura y posterior traslado a Panamá de Ali Zaki Hage Jalil, considerado por las autoridades como uno de los principales sospechosos del caso.

Inicialmente Panamá había solicitado a Venezuela la extradición del requerido, quien posee vínculos con ese país. Tras varias gestiones diplomáticas y judiciales, el sospechoso fue finalmente entregado a las autoridades panameñas y actualmente se encuentra en territorio nacional enfrentando el proceso correspondiente.

La llegada de Hage Jalil a Panamá representó uno de los mayores avances de la investigación desde que ocurrió el atentado y abrió una nueva etapa en el expediente judicial.

Las pesquisas desarrolladas por la fiscalía apuntan a una posible relación entre el atentado contra el vuelo 901 y estructuras vinculadas al grupo Hezbollah. La Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos concluyó que esa organización fue responsable del ataque ocurrido en Panamá.

Las investigaciones también han explorado una posible conexión con el atentado perpetrado un día antes contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que dejó 85 fallecidos y cientos de heridos.

Precisamente la dimensión internacional del caso fue uno de los elementos tomados en consideración por el tribunal para autorizar que el expediente continúe bajo la figura de causa compleja, una herramienta contemplada en la Ley 121 de 2013 para investigaciones relacionadas con delincuencia organizada y hechos de alta dificultad probatoria.

Además de conceder el plazo adicional solicitado por el Ministerio Público, el tribunal rechazó una petición de la fiscalía para mantener el sumario bajo reserva.

La resolución señala que esa facultad corresponde directamente al Ministerio Público y puede ser aplicada de forma discrecional por los fiscales cuando lo consideren necesario, sin que requiera una autorización previa del tribunal.

El nuevo plazo de 12 meses permitirá a los investigadores completar diligencias pendientes, analizar documentación obtenida dentro y fuera de Panamá, practicar nuevas pruebas y avanzar en la determinación de responsabilidades de los implicados.

El expediente ha requerido la participación de múltiples instituciones a lo largo de los años, entre ellas el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como organismos internacionales que han colaborado en el intercambio de información.

Incluso recientemente se realizaron inspecciones en Cerro San Rita, lugar donde cayeron los restos de la aeronave, con el propósito de reconstruir aspectos del atentado y ubicar nuevos elementos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

Para los familiares de las víctimas, agrupados en el Comité Conciencia Viva, los avances registrados durante los últimos meses representan una oportunidad inédita para acercarse a la verdad después de más de 31 años de espera.

Aunque la investigación aún no ha concluido, la decisión del tribunal garantiza que la fiscalía dispondrá de más tiempo para profundizar en uno de los casos criminales más complejos y emblemáticos de la historia reciente de Panamá, un expediente que continúa abierto en la búsqueda de justicia para las 21 personas que perdieron la vida aquella mañana de julio de 1994.

Los trabajadores panameños están reduciendo sus expectativas salariales. Un informe regional elaborado por Jobint, empresa propietaria del portal de empleos Konzerta, reveló que la aspiración salarial promedio en Panamá cayó 3.33% entre abril de 2025 y abril de 2026, una de las mayores disminuciones registradas entre los países evaluados en América Latina.

La reducción contrasta con el comportamiento reciente del mercado laboral panameño. Durante los primeros cuatro meses de 2026 se registró un aumento en la contratación formal, impulsado principalmente por empleos temporales y contratos vinculados a proyectos específicos. Sin embargo, los trabajadores parecen estar ajustando a la baja el salario que esperan recibir para acceder a una vacante.

Según el informe, Panamá se ubicó junto a Ecuador y Argentina entre los pocos países de la región donde las aspiraciones salariales disminuyeron durante el último año. Mientras Perú registró un aumento acumulado de 13.39% en los salarios pretendidos y Chile mostró un crecimiento de 1.37%, Panamá reflejó una caída de 3.33%.

El reporte muestra que el salario promedio pretendido en Panamá alcanzó los $992 mensuales en abril de 2026. Esta cifra sitúa al país en una posición intermedia dentro de la muestra regional, por debajo de Argentina, que lideró con $1,292 mensuales medidos en dólares oficiales, y de Chile, con $1,210.

Más allá del promedio general, los resultados muestran diferencias importantes según el nivel de experiencia. Para posiciones junior, los trabajadores panameños aspiran a un salario promedio de $790 mensuales. En el segmento senior o semi senior la cifra aumenta a $1,112, mientras que para puestos de jefatura o supervisión alcanza $1,407.

Sin embargo, al comparar esos montos con otros países de la región, Panamá aparece rezagada en varios segmentos. En posiciones junior, Chile registra aspiraciones salariales de $1,012 mensuales, mientras que Argentina lidera las categorías senior y de jefatura con remuneraciones pretendidas de hasta $1,742 para cargos de supervisión.

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio se encuentra en las áreas de Tecnología y Sistemas. Panamá registró la menor aspiración salarial de la región para puestos de jefatura, con un promedio de $1,425 mensuales. La cifra se ubica por debajo de Ecuador ($1,632), Argentina ($1,876 y $1,936 dependiendo del tipo de cambio utilizado), Perú ($2,008) y Chile ($2,126).

La situación se repite en Administración y Finanzas. En esta área, los cargos de jefe o supervisor presentan una aspiración salarial promedio de $1,295 en Panamá, el nivel más bajo entre los países incluidos en el informe. En contraste, Argentina supera los $2,000 mensuales en esta categoría y Chile alcanza $1,524.

En Producción, Abastecimiento y Logística, Panamá también se mantiene por debajo de varios mercados regionales. Los salarios pretendidos para cargos de supervisión rondan los $1,400 mensuales, mientras que Chile alcanza $1,890 y Perú $1,649.

Los resultados surgen en un contexto donde el mercado laboral panameño continúa enfrentando desafíos estructurales. La más reciente Encuesta de Mercado Laboral reveló que la tasa de desempleo aumentó de 9.7% en agosto de 2024 a 10.4% en agosto de 2025. Paralelamente, la informalidad alcanzó cerca del 49% de la población ocupada no agrícola, reflejando las dificultades que aún enfrenta una parte importante de los trabajadores para acceder a empleos formales.

La combinación de desempleo elevado, informalidad persistente y una recuperación económica todavía desigual podría estar influyendo en las expectativas salariales de quienes buscan empleo. En escenarios de mayor competencia por las vacantes disponibles, los aspirantes suelen mostrar una mayor disposición a aceptar remuneraciones más bajas para aumentar sus posibilidades de contratación.

No obstante, el informe también deja un dato positivo para Panamá. El país registró la menor brecha salarial por género entre las economías analizadas. La diferencia entre las aspiraciones salariales de hombres y mujeres fue de apenas 4.62% en abril de 2026, por debajo de Ecuador (6.59%), Perú (9.21%), Argentina (9.37%) y Chile (13.48%).

La tendencia también se mantiene cuando se analiza un período más amplio. Entre mayo de 2020 y abril de 2026, Panamá acumuló una brecha salarial promedio de 4.20%, la más baja de la región, mientras que Chile y Argentina registraron diferencias superiores al 13%.

Para Jeff Alejandro Morales, gerente de Marca de Konzerta, los resultados muestran una realidad dual. Por un lado, Panamá destaca por tener la menor brecha salarial de género de la región. Por otro, presenta algunas de las menores aspiraciones salariales en posiciones de liderazgo dentro de sectores estratégicos como tecnología y administración.

El estudio concluye que Panamá mantiene una posición intermedia en materia salarial dentro de América Latina, pero enfrenta el desafío de mejorar la calidad del empleo y elevar las expectativas de ingresos de los trabajadores en un entorno marcado por la informalidad y una recuperación laboral que todavía no alcanza plenamente los niveles observados antes de la pandemia.

La Asamblea Nacional discute cambios al sistema de albergues de acogimiento institucional en Panamá, en medio de nuevos cuestionamientos sobre la supervisión de los centros donde permanecen niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad bajo protección del Estado.

El punto más sensible del debate está en quién debe supervisar los albergues administrados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), debido a que actualmente la institución opera centros propios y también ejerce funciones de control sobre ellos.

La discusión forma parte del análisis del proyecto de ley 618, que regula la apertura y funcionamiento de los centros de acogimiento institucionales y residenciales para niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad.

La iniciativa es revisada en una mesa técnica de la subcomisión de Asuntos de la Mujer, la Juventud, la Niñez y la Familia, presidida por la diputada Alexandra Brenes, proponente de la norma.

El proyecto también plantea derogar el Decreto Ejecutivo 404 del 30 de octubre de 2020, que actualmente regula la apertura y funcionamiento de los albergues para niños, niñas y adolescentes.

Esa norma establece las condiciones para autorizar estos centros, define los albergues como espacios residenciales temporales de cuidado y protección, y crea mecanismos de supervisión y monitoreo para verificar su funcionamiento.

Sin embargo, la propuesta legislativa busca elevar esa regulación a rango de ley, con controles más estrictos, responsabilidades más claras y una supervisión que no dependa únicamente de disposiciones reglamentarias.

Según Brenes, la mesa técnica ha avanzado hasta el artículo 27 del capítulo tres, relacionado con la supervisión de los albergues de acogimiento institucional y con la definición de quiénes serán los encargados de vigilar los centros residenciales.

La diputada explicó que este punto ha sido complejo porque, en la práctica, la Senniaf cuenta con albergues institucionales que son administrados por la propia entidad, pero también mantiene competencias de supervisión sobre esos espacios.

Esa situación abrió el debate sobre la necesidad de modificar el esquema actual, para evitar que la institución actúe como administradora y fiscalizadora de sus propios centros.

Dentro de los ajustes discutidos figura una modificación a la Ley 6 de la Senniaf, con el fin de asignar funciones a su Junta Directiva y permitir que el Ministerio de Desarrollo Social pueda contar con una oficina encargada de supervisar los albergues administrados por esa entidad.

La propuesta busca que la vigilancia sobre estos centros tenga mayor independencia institucional y que las irregularidades detectadas puedan ser reportadas con mayor claridad ante las autoridades competentes.

El debate legislativo ocurre después de las denuncias presentadas por Brenes por presuntas irregularidades en el Centro de Atención Integral de Tocumen, administrado por la Senniaf.

Ese caso provocó una nueva crisis institucional y derivó en la renuncia de Ana Fábrega como directora de la Senniaf en marzo de 2026, en medio de investigaciones relacionadas con presuntos delitos en el albergue de Tocumen.

Brenes sostuvo entonces que la salida de Fábrega no debía interpretarse como el cierre del caso y pidió que las investigaciones continuaran hasta establecer responsabilidades.

El episodio reactivó las críticas sobre la capacidad del Estado para garantizar condiciones adecuadas de protección en los centros de acogimiento y reforzó el argumento de quienes piden una supervisión más rigurosa.

El proyecto también recoge antecedentes de la crisis nacional que enfrentó el sistema de albergues en años anteriores, cuando salieron a la luz denuncias por maltrato, abuso y negligencia en centros de protección.

Ese escándalo generó investigaciones, informes institucionales y un amplio debate público sobre las fallas del modelo de supervisión, aunque no todos esos procesos derivaron en salidas administrativas inmediatas.

La exposición de motivos del proyecto reconoce que Panamá ha enfrentado debilidades estructurales en los mecanismos de supervisión y control de los centros de atención residencial.

También señala que las investigaciones judiciales y las inspecciones realizadas por instituciones del Estado evidenciaron la necesidad de establecer estándares mínimos obligatorios, mejorar la fiscalización y garantizar protocolos de atención y protección.

La iniciativa plantea que los centros de acogimiento deben funcionar bajo criterios de temporalidad, protección integral, transparencia, rendición de cuentas y respeto al interés superior del niño.

Además, establece que la institucionalización debe aplicarse como una medida excepcional y por el menor tiempo posible, priorizando la reintegración familiar o alternativas de cuidado cuando existan condiciones para ello.

Entre los requisitos previstos para operar un centro de acogimiento se incluyen infraestructura adecuada, personal capacitado, protocolos de protección infantil, reglamento interno aprobado, historial penal del personal y permisos de instituciones como el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Protección Civil.

La propuesta también contempla visitas periódicas de supervisión, informes sobre las condiciones de los menores y adultos con discapacidad, revisión de instalaciones, evaluación del recurso humano y registro de denuncias por posibles irregularidades.

En la segunda reunión de la mesa técnica participaron representantes de la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Ministerio de Desarrollo Social y el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

El objetivo de la discusión es construir una ley que sustituya el actual marco reglamentario y establezca un sistema de supervisión más robusto para los albergues de acogimiento institucional y residencial.

La mesa técnica continuará revisando el articulado antes de que el proyecto avance en la Asamblea Nacional, en un tema que vuelve a colocar bajo examen el papel de la Senniaf y la responsabilidad del Estado en la protección de niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad.

El movimiento migratorio en sentido contrario al que dominó la región durante los últimos años continúa creciendo en Panamá. Hasta el 17 de mayo de 2026, las autoridades panameñas habían contabilizado 4,324 migrantes dentro del denominado flujo norte-sur, es decir, personas que regresan desde Norteamérica hacia Suramérica luego de desistir de su intento de establecerse en Estados Unidos o ante el endurecimiento de las políticas migratorias en la región.

Las cifras divulgadas por la Dirección de Operaciones y Control Migratorio muestran que la gran mayoría de estos migrantes son ciudadanos venezolanos.

Del total registrado hasta mediados de mayo, 3,991 corresponden a venezolanos, seguidos por colombianos (149), ecuatorianos (39) y personas nacidas en Estados Unidos, principalmente hijos de migrantes (40).

También se contabilizan 105 personas de otras nacionalidades. Al 17 de mayo permanecían 108 migrantes del flujo inverso en la Estación Temporal de Recepción Migratoria (ETRM) de Darién y otros 34 en Puerto Obaldía, en la comarca Guna Yala, punto clave para continuar el retorno hacia Colombia por vía marítima.

El fenómeno representa un cambio radical respecto a la dinámica observada entre 2022 y 2024, cuando Panamá se convirtió en el principal corredor migratorio irregular del continente.

Durante ese período, cientos de miles de personas cruzaron la selva del Darién rumbo al norte impulsadas por crisis económicas, políticas y sociales en varios países de la región.

Las estadísticas oficiales reflejan la magnitud de aquel movimiento. En 2022 atravesaron la selva del Darién más de 248,000 migrantes. La cifra se disparó en 2023 hasta superar los 520,000 cruces, convirtiéndose en el año de mayor flujo migratorio registrado en la historia de esa ruta.

Durante 2024 el tránsito continuó en niveles elevados, con más de 300,000 personas utilizando el corredor selvático antes de que comenzaran a sentirse los efectos de las nuevas medidas de control migratorio implementadas en Panamá y Estados Unidos.

El impacto de las nuevas medidas migratorias

La reducción del flujo hacia el norte comenzó a acelerarse tras el fortalecimiento de los controles fronterizos estadounidenses durante la administración del presidente Donald Trump y el endurecimiento de las políticas de admisión de migrantes. Paralelamente, Panamá incrementó las acciones de vigilancia en Darién y concentró el tránsito migratorio en una sola ruta controlada por las autoridades.

El gobierno panameño también reforzó los operativos de seguridad en coordinación con organismos internacionales y países vecinos, limitando el movimiento irregular por senderos alternativos utilizados históricamente por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.

A pesar de estas medidas, las autoridades reconocen que continúan operando estructuras dedicadas al traslado clandestino de migrantes. Estas organizaciones utilizan rutas dentro de la selva y, en algunos casos, embarcaciones que parten desde distintos puntos del Caribe panameño para evadir los controles migratorios y de seguridad establecidos por el Estado.

Más de un centenar trasladados hacia Guna Yala

Como parte de las acciones para gestionar el flujo inverso, el Servicio Nacional de Migración y el Servicio Nacional Aeronaval realizaron recientemente un traslado marítimo de 116 personas desde la provincia de Colón hasta Puerto Obaldía, en la comarca Guna Yala.

El grupo estuvo integrado por 85 adultos —61 hombres y 24 mujeres— y 31 menores de edad. La mayoría eran ciudadanos venezolanos, aunque también se encontraban migrantes de Colombia, México, Ecuador, Perú, Estados Unidos y Costa Rica.

Según las autoridades, estos traslados forman parte del operativo denominado “Flujo Inverso Controlado”, mediante el cual los migrantes son movilizados bajo supervisión oficial hacia puntos donde posteriormente pueden abordar embarcaciones con destino a Colombia, continuando así su retorno hacia Suramérica.

Las instituciones involucradas señalaron que estas operaciones buscan mantener un ordenamiento migratorio que permita reducir riesgos para las personas en movilidad y garantizar condiciones seguras durante los desplazamientos. Para ello, los operativos incluyen personal especializado, así como equipos médicos y paramédicos encargados de atender cualquier eventualidad durante las travesías marítimas.

El tránsito por Darién sigue en mínimos históricos

Aunque el flujo hacia el norte se encuentra muy por debajo de los niveles observados durante la crisis migratoria de los últimos años, el ingreso de migrantes por la frontera con Colombia no ha desaparecido completamente.

De acuerdo con estadísticas preliminares del Servicio Nacional de Migración, entre enero y abril de 2026 ingresaron 135 migrantes irregulares por la frontera colombo-panameña. Abril registró 43 ingresos, la cifra mensual más alta del año, luego de 34 en enero, 19 en febrero y 39 en marzo.

Los venezolanos continúan encabezando la lista de nacionalidades detectadas en estos cruces, con 66 casos, seguidos por ciudadanos de Ecuador (24) y Colombia (15). Del total acumulado, 118 corresponden a adultos y 17 a menores de edad.

Otro reporte oficial actualizado al 17 de mayo eleva el acumulado anual a 158 migrantes irregulares detectados en Darién, incluidos 23 durante mayo. Los principales países de origen siguen siendo Venezuela, Ecuador y Colombia.

Si bien estas cifras siguen siendo marginales en comparación con los cientos de miles de migrantes registrados durante el pico de la crisis migratoria, las estadísticas muestran un leve repunte en los últimos meses.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre la frontera con Colombia y sobre las rutas marítimas utilizadas por redes de tráfico de personas, ante la posibilidad de que nuevas presiones migratorias vuelvan a generar movimientos irregulares en la región.

Bajo una luz tenue y el tono inconfundible de Silvio Soldán, la apertura se convirtió en un homenaje a la memoria colectiva del periodismo argentino. “Bienvenidos al Museo del Periodista. Una recorrida por la historia de los grandes valores de una profesión que nunca se equivoca. Bueno, apenas si se actualiza”, ironizó Soldán al abrir la velada, estableciendo un clima distendido que invitó a la complicidad de todos los presentes.

La evocación de la era analógica ocupó el primer tramo del evento, con referencias directas a las dificultades técnicas y logísticas de publicar una nota en tiempos donde el fax y el teléfono fijo eran herramientas insustituibles. En ese contexto, Federico Bal aportó una cuota de comicidad al simular la espera de un fax con la formación de la selección uruguaya para la Copa América. La escena, plagada de guiños generacionales, evidenció la distancia entre el oficio de antaño y la inmediatez actual.

Las bromas sobre predicciones deportivas y la incredulidad ante las tecnologías que vendrían no tardaron en aparecer. “En el futuro, las noticias se van a leer en un teléfono chiquito así y sin cable”, aseguró Soldán, anticipando con sorna la llegada de los móviles inteligentes. La incredulidad fue la respuesta lógica de Bal, quien sentenció sobre lo que parecía una utopía: “Ahora también me va a decir que con el telefonito nosotros vamos a poder sacar fotitos”.

La conversación derivó pronto en un repaso sobre la transformación de los hábitos de consumo informativo. Bal evocó la rutina de leer los diarios los domingos, mientras Soldán aprovechó para bromear sobre las primeras fake news, asociándolas al uso del pager y los mensajes familiares. Esta dinámica permitió a ambos recorrer, con un tono desenfadado, los cambios que el periodismo experimentó a medida que la tecnología aceleraba los procesos de producción y distribución de noticias.

El segmento cobró ritmo cuando la narrativa se trasladó a la explosión de videos virales y los comentarios de usuarios en internet. “Acabamos de subir el video de la hinchada argentina con el ‘Brasil. Decime qué se siente’. Explotó en las redes. Miles de likes”, relató Bal, celebrando el impacto de los contenidos digitales y el fervor de los seguidores. Soldán, inquisitivo, preguntó por los haters, mientras Bal replicó con humor que todos los comentarios eran positivos porque “amamos a la Pulga”.

La crónica de escándalos y divisiones en redes sociales ocupó un lugar central. El episodio del quiebre entre Carmen Barbieri y Santiago Bal, así como las discusiones sobre figuras mediáticas como Soldán y Silvia Suller, sirvieron para ilustrar la efervescencia de la opinión pública digital y la polarización de los comentarios. “Cincuenta a favor, cincuenta en contra”, resumió Bal sobre la reacción ante los escándalos, en un reflejo de la fragmentación de la audiencia.

El intercambio siguió con alusiones a la dificultad de seguir el ritmo de los acontecimientos durante las crisis políticas recientes, como la sucesión de presidentes y el caos económico. “Cinco presidentes en una semana. Yo así no puedo actualizarlo, ¿eh?”, expresó Bal, mientras Soldán aconsejó reiniciar la computadora para sobrellevar la situación de diciembre de 2001. La referencia al Corralito y la confianza en la confirmación de los hechos por periodistas reconocidos reforzó la importancia de la credibilidad profesional en medio de la confusión.

Tecnología e inteligencia artificial en el periodismo actual

El relato avanzó hacia el presente, donde la inteligencia artificial se consolidó como protagonista de la escena mediática. Soldán se preguntó en voz alta: “¿Somos descartables?”. Bal respondió con una sentencia tajante: “La IA ni a palos podría hacerte una guardia periodística en la casa de Marina Calabró y Barbano”.

La charla se tornó más reflexiva al abordar los límites de la automatización. Aunque la inteligencia artificial puede generar contenido con rapidez, ambos coincidieron en que el olfato y el criterio humano siguen siendo insustituibles. “El olfato no se automatiza”, concluyó Bal, mientras Soldán remató: “El algoritmo decide lo que vos ves, pero no sabe lo que es importante”.

En medio de la celebración, la conversación se volvió una declaración de principios sobre el presente y el futuro del periodismo. A pesar de la llegada de nuevas tecnologías, la profesión demostró una capacidad inagotable de adaptación y supervivencia.

El periodismo ha atravesado transformaciones técnicas, culturales y sociales profundas, pero su esencia permanece en el compromiso con la búsqueda de la verdad y la calidad informativa. El episodio de apertura de los Martín Fierro de los Portales Web 2026 funcionó como un espejo de esas mutaciones, combinando humor, ironía y una mirada honesta sobre el oficio.

La noche cerró con un mensaje optimista y emotivo de Soldán: “Esta es la fiesta de los que se apasionan por su trabajo y se reinventan día a día para lograr hacer un periodismo de calidad. Por lo tanto, bienvenidos. Y que comiencen los Martín Fierro de los Portales Web 2026. Porque esta, esta es una fiesta hecha con...¡Amor!", sellando el espíritu de la velada y recreando una de sus frases más icónicas. La crónica del evento deja en claro que el periodismo, más allá de los cambios tecnológicos, sigue encontrando en la pasión su motor principal.

El Parque Nacional San Lorenzo, una de las áreas protegidas más emblemáticas de Panamá y hogar de uno de los conjuntos históricos reconocidos por la Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad, estrenó nuevas infraestructuras turísticas, senderos renovados y modernas instalaciones para guardaparques como parte de un programa de inversiones impulsado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Las mejoras fueron recibidas formalmente por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quien recorrió esta área protegida ubicada en la Costa Abajo de Colón, considerada uno de los puntos donde convergen la riqueza natural, la historia colonial y el turismo ecológico del país.

Con una extensión cercana a las 10,000 hectáreas de bosques tropicales, manglares, playas y ecosistemas costeros, el Parque Nacional San Lorenzo protege la desembocadura del río Chagres y forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano.

Además, alberga el histórico Fuerte de San Lorenzo, una fortificación construida por la Corona española para proteger las rutas comerciales del Imperio en el Caribe.

El sitio posee una relevancia internacional que va más allá de su valor ambiental. Las fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo fueron inscritas por la Unesco en la Lista del Patrimonio Mundial en 1980 como ejemplos sobresalientes de la arquitectura militar de los siglos XVII y XVIII diseñada para proteger el comercio transatlántico.

A pesar de ese reconocimiento internacional, las fortificaciones permanecen desde 2012 en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro debido a factores como el deterioro de las estructuras, problemas de conservación y presiones ambientales.

Las obras entregadas por MiAmbiente buscan precisamente fortalecer tanto la conservación como la experiencia de los visitantes. Los trabajos incluyeron la construcción de un nuevo Puesto de Control y Sede Administrativa del Parque Nacional San Lorenzo, así como una nueva Casa de Guardaparques completamente equipada.

El proyecto también contempló la demolición de estructuras antiguas, estudios de diseño, mobiliario y equipamiento para el personal encargado de la vigilancia y protección del área.

Como parte del componente turístico, se realizaron mejoras en varios senderos. En Punta Brujas se construyó un puente colgante que facilita el acceso a la playa y una caseta de descanso para visitantes. En el sendero Pavón se rehabilitó la torre mirador y se instalaron plataformas elaboradas con madera plástica reciclada, además de mesas para merenderos, señalización informativa y prismáticos para la observación del paisaje.

Los senderos Tortuguilla y Embarcadero también fueron intervenidos con la construcción de nuevas infraestructuras destinadas a mejorar la experiencia turística. Entre ellas destacan un embarcadero renovado y áreas de descanso diseñadas para visitantes nacionales y extranjeros que recorren esta zona del Caribe panameño.

La gira permitió además recibir los renovados puestos de control de Achiote y del Polígono de Piñas, junto con nuevas viviendas para guardaparques y equipamiento destinado a fortalecer la vigilancia dentro del parque. El puesto de Achiote tenía casi dos décadas sin funcionar, luego de haber permanecido abandonado desde 2008.

Las inversiones forman parte del proyecto “Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La iniciativa contempla una inversión total de aproximadamente $2.5 millones en varios parques nacionales del país, incluyendo San Lorenzo, Portobelo, Soberanía, Camino de Cruces y Altos de Campana.

El programa busca fortalecer la conservación de las áreas protegidas, impulsar el turismo sostenible y mejorar la infraestructura disponible para visitantes y personal técnico.

Para Panamá, San Lorenzo representa mucho más que un parque nacional. Su ubicación estratégica en la entrada del río Chagres lo convirtió durante siglos en una pieza clave para el comercio mundial y para la defensa de las rutas utilizadas por el Imperio español. Hoy, además de ser un refugio para la biodiversidad, constituye uno de los principales atractivos históricos y turísticos del Caribe panameño.

Las autoridades esperan que las nuevas inversiones contribuyan a aumentar las visitas, fortalecer la protección de los recursos naturales y consolidar el valor cultural de un sitio que combina selva tropical, patrimonio histórico y paisajes costeros en una de las zonas más singulares de Panamá.

Panamá deportó o expulsó a 367 extranjeros entre enero y abril de 2026, según cifras preliminares del Servicio Nacional de Migración actualizadas al 30 de abril.

Del total, 194 correspondieron a deportaciones y 173 a expulsiones, en medio de los controles migratorios aplicados por las autoridades por ingreso irregular, delitos relacionados con drogas, antecedentes penales, estadías vencidas y otros incumplimientos a la normativa migratoria.

El reporte oficial muestra que las deportaciones representaron el 53% de los casos registrados durante los primeros cuatro meses del año, mientras que las expulsiones concentraron el 47%. Enero fue el mes con mayor número de procedimientos, con 172 casos, seguido de abril con 83, marzo con 59 y febrero con 53.

La principal causal fue ingresar al país en forma irregular, con 187 casos. Le siguieron los delitos contra la seguridad colectiva por tráfico o posesión de drogas, con 109 casos, y los antecedentes penales, con 42.

El informe también registra 12 procedimientos por estadía vencida, nueve por personas que habían sido deportadas e ingresaron nuevamente al país, siete por tráfico ilícito de migrantes y un caso agrupado en otras causales.

La composición por sexo muestra una amplia mayoría de hombres entre las personas removidas del territorio panameño. De los 367 casos reportados entre enero y abril, 304 correspondieron a hombres y 63 a mujeres. En términos porcentuales, los hombres representaron el 83% del total, frente al 17% de mujeres.

Por nacionalidad, Colombia encabezó la lista con 199 ciudadanos deportados o expulsados en los primeros cuatro meses del año. Le siguieron Nicaragua, con 73 casos; Venezuela, con 26; Ecuador, con 14; México, con siete; y China, Bangladesh y El Salvador, con seis cada uno. República Dominicana registró cinco casos, Ghana tres y otros países sumaron 22.

Recientemente, el Servicio Nacional de Migración informó este martes la salida del país de dos ciudadanos señalados por su presunta integración o vinculación con la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua.

Ambos permanecían bajo custodia migratoria y fueron enviados a Venezuela en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras completarse los procedimientos legales y administrativos correspondientes.

El Tren de Aragua es una estructura criminal surgida en Venezuela y considerada por distintos gobiernos de la región como una organización transnacional. Sus integrantes han sido vinculados con delitos como homicidio, secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes, explotación sexual, narcotráfico y lavado de dinero.

Su expansión por América Latina ha llevado a varios países a reforzar controles migratorios y operativos de seguridad contra personas señaladas por presuntos nexos con esa red.

Al comparar los primeros cuatro meses de 2026 con el mismo período de 2025, las cifras muestran una reducción en el total de deportaciones y expulsiones. Entre enero y abril del año pasado se registraron 412 procedimientos migratorios, frente a los 367 contabilizados este año, una disminución de 45 casos, equivalente a 11%.

Sin embargo, el comportamiento por tipo de medida fue distinto. Las deportaciones bajaron de 304 en los primeros cuatro meses de 2025 a 194 en igual período de 2026. En cambio, las expulsiones aumentaron de 108 a 173 casos, lo que representa un incremento de 60%.

Este cambio sugiere una mayor participación de medidas aplicadas por razones asociadas a seguridad, antecedentes o causales más graves frente a las deportaciones ordinarias.

El informe anual de 2025 registró 1,133 deportaciones y expulsiones en Panamá. De ese total, 906 fueron deportaciones y 227 expulsiones. En ese año, las deportaciones representaron el 80% de los casos y las expulsiones el 20%, una distribución distinta a la observada en los primeros cuatro meses de 2026, cuando las expulsiones ya representan casi la mitad del total.

Durante todo 2025, el ingreso irregular al país fue la principal causal de deportación, con 857 casos. En las expulsiones, las causales incluyeron antecedentes penales, tráfico internacional de drogas, delitos contra la seguridad colectiva, cumplimiento de pena dolosa, delitos sexuales, robo agravado, posesión de armas, blanqueo de capitales, alerta de Interpol y un caso identificado como antecedente de terrorismo, según el informe oficial.

Panamá avanza en una de las etapas más delicadas del proyecto ferroviario que busca conectar la capital con la frontera de Costa Rica.

Al menos once empresas especializadas en ingeniería, consultoría, levantamientos topográficos y estudios técnicos han mostrado interés en participar en una licitación que permitirá identificar edificaciones, mejoras, cultivos y recursos forestales que podrían resultar afectados por la construcción de la primera fase del tren Panamá-David-Frontera.

La contratación, impulsada por la Secretaría Nacional del Ferrocarril, constituye uno de los primeros pasos concretos para determinar el impacto físico que tendría la futura obra sobre propiedades privadas y actividades productivas ubicadas a lo largo del trazado preliminar entre Panamá y Divisa.

Entre las empresas que participaron en la reunión previa y homologación figuran Applus Norcontrol Panamá, WSP del Istmo, Administradora Global de Proyectos, Avaistmo, Geosolutions Consulting, Land Surveying Panamá, Raygians, Grupo JAC, Inversiones Oriental Central, EON Systems y LAC Consulting.

El acto público contempla la contratación de servicios de levantamiento arquitectónico, medición de edificaciones e inventario forestal dentro del trazado de la denominada Fase 1 del proyecto ferroviario, que se extenderá desde la ciudad de Panamá hasta Divisa, en la provincia de Herrera.

La información recopilada servirá como base para futuros procesos de avalúo, adquisición de terrenos y definición de compensaciones que eventualmente podrían requerirse para desarrollar la infraestructura ferroviaria. El objetivo es identificar con precisión qué construcciones, mejoras, cultivos o recursos forestales se encuentran dentro de las áreas potencialmente impactadas por la obra.

Según las especificaciones divulgadas por la Secretaría Nacional del Ferrocarril, el contrato contempla el levantamiento de hasta 300 estructuras o mejoras y la elaboración de inventarios forestales en hasta 20 hectáreas de terreno.

Durante el período de consultas realizadas por las empresas interesadas en el contrato, la entidad reconoció además que el número definitivo de predios afectados aún no ha sido determinado. Sin embargo, indicó que las estimaciones preliminares apuntan a que el proyecto podría involucrar hasta 700 predios entre Panamá y Divisa.

Las consultas también permitieron conocer algunos detalles sobre el corredor ferroviario preliminar. La Secretaría Nacional del Ferrocarril explicó que actualmente trabaja sobre un eje aproximado de 60 metros de ancho, equivalente a 30 metros a cada lado del trazado, aunque aclaró que estas dimensiones podrían variar dependiendo de las características de cada sector.

Las autoridades decidieron no divulgar todavía el trazado definitivo del proyecto. Según explicaron en la documentación oficial, hacerlo en esta etapa podría afectar futuras negociaciones con propietarios potencialmente impactados, ya que todavía no existe un proceso formal de adquisición o compensación de terrenos.

La licitación tiene un precio de referencia de $718,906.25 y será adjudicada a la propuesta económica más baja que cumpla con todos los requisitos técnicos exigidos. El contrato tendrá una duración de 24 meses de ejecución y otros dos meses para su liquidación administrativa.

Este proceso corre de forma paralela a los estudios de factibilidad, ingeniería, impacto ambiental y estructuración financiera que desarrollan firmas internacionales como AECOM, WSP, Renfe y KPMG para determinar la viabilidad definitiva del tren Panamá-David-Frontera.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el proyecto contempla aproximadamente 475 kilómetros de recorrido entre Ciudad de Panamá y Paso Canoas, al menos 14 estaciones para pasajeros y carga, un puente ferroviario sobre el Canal de Panamá y conexiones con el sistema portuario nacional y el ferrocarril Panamá-Colón.

Las autoridades han señalado que la construcción podría ejecutarse por etapas durante un período estimado de siete a ocho años. Aunque el costo definitivo aún no ha sido establecido, las estimaciones preliminares sitúan la inversión total por encima de los $5,000 millones, lo que convertiría al tren Panamá-David-Frontera en una de las mayores obras de infraestructura de la historia reciente del país.

Han pasado diez días desde el primer evento eléctrico relevante registrado el lunes 25 de mayo y cinco días desde la falla del sábado 30 de mayo, pero Panamá aún no cuenta con una explicación pública definitiva sobre qué ocurrió en el Sistema Interconectado Nacional durante una semana marcada por interrupciones que afectaron a miles de usuarios, impactaron servicios esenciales y tuvieron repercusiones en la red eléctrica regional centroamericana.

La Secretaría Nacional de Energía informó el 4 de junio que solicitó a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) y al Centro Nacional de Despacho (CND) un informe técnico detallado con las causas de las fallas registradas durante las últimas semanas, particularmente las ocurridas entre el 25 y el 30 de mayo, además de un plan de acción dirigido a minimizar este tipo de eventos y garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

El comunicado confirma que las autoridades todavía se encuentran en fase de revisión técnica. La Secretaría sostuvo una reunión de trabajo con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), ETESA y el CND para revisar las incidencias y definir los pasos a seguir, mientras que la ASEP continuará fiscalizando el cumplimiento de los estándares de calidad y continuidad del servicio eléctrico.

El primero de los eventos ocurrió el lunes 25 de mayo, en horas de la tarde, cuando una falla eléctrica afectó a miles de usuarios en sectores de Panamá y Colón. Las gráficas operativas del CND mostraron una caída abrupta de la demanda nacional desde niveles cercanos a los 2,000 megavatios (MW) hasta aproximadamente 1,300 MW, una reducción cercana a 700 MW en cuestión de minutos.

Esa perturbación equivalió a cerca de un tercio de la energía que consumía el país en ese momento. La generación eléctrica también descendió de niveles superiores a los 2,200 MW hasta aproximadamente 1,500 MW, obligando a los operadores del sistema a realizar maniobras para mantener la estabilidad de la red.

La incidencia tuvo además un antecedente relevante: horas antes del una falla asociada a la generadora de la mina Cobre Panamá ya había provocado una interrupción de aproximadamente siete minutos. Esa pérdida de generación obligó a otras plantas, entre ellas Gatún, a aumentar su producción para compensar el faltante y sostener el equilibrio del Sistema Interconectado Nacional.

ETESA atribuyó preliminarmente el evento del 25 de mayo a una incidencia registrada en una línea de transmisión de 115 kilovoltios, asociada a condiciones meteorológicas. Entre las áreas afectadas figuraron Chilibre, Calzada Larga, Centro Bancario, La Locería, Marañón, Justo Arosemena y San Francisco.

Una de las consecuencias más visibles fue la salida de operación de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, principal fuente de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Panamá y San Miguelito. La instalación permaneció fuera de servicio por más de cinco horas debido a la falta de energía.

La interrupción también dejó numerosos semáforos fuera de funcionamiento en la capital, en plena hora pico de salida laboral y bajo condiciones de lluvia, lo que provocó congestionamientos en avenidas principales y aumentó las quejas de usuarios que pedían explicaciones más detalladas sobre las causas del evento.

El sábado 30 de mayo se registró una nueva falla, esta vez con impacto directo en clientes de Naturgy y ENSA. El apagón duró aproximadamente siete minutos y afectó a unos 169,498 usuarios: 95,000 de Naturgy en sectores de la ciudad de Panamá, Panamá Oeste y Coclé, y 74,498 de ENSA en parte de su zona de concesión.

Naturgy informó que el evento, registrado a las 10:37 a.m., fue externo a su red y estuvo relacionado con el disparo de una línea de transmisión y de la interconexión México–Guatemala.

El Ente Operador Regional de Centroamérica (EOR) atribuyó preliminarmente el evento del 30 de mayo a la pérdida de aproximadamente 282 MW de generación en la planta Cobre Panamá, ubicada en el área de control de Panamá.

También reportó el disparo de la línea de interconexión de 400 kilovoltios México–Guatemala, en el tramo Tapachula–Los Brillantes, por activación de un esquema de control suplementario de bajo voltaje en Tapachula.

Según esa síntesis preliminar, antes del evento la inyección de potencia en el área de control de Guatemala era de aproximadamente 226 MW y se alcanzó una inyección de 487 MW en el nodo de Los Brillantes.

Esto evidencia que la falla no se limitó al sistema panameño, sino que tuvo efectos sobre el Sistema Eléctrico Regional, una red que conecta a los países centroamericanos y permite intercambios de energía entre ellos.

Pese a la información preliminar divulgada por empresas distribuidoras y organismos regionales, todavía no se conoce una secuencia técnica completa que explique con precisión cómo se originaron ambos eventos, qué protecciones actuaron, por qué se produjo la magnitud de las desconexiones y cuáles serán las medidas concretas para evitar que episodios similares se repitan.

Reducir la burocracia que enfrenta el sector construcción para iniciar nuevos proyectos se convirtió en una de las principales exigencias planteadas por empresarios y promotores de vivienda durante las reuniones de las mesas técnicas instaladas en la Asamblea Nacional para impulsar la reactivación de una actividad económica que, aunque muestra señales de recuperación en 2026, todavía se encuentra por debajo de los niveles observados antes de la desaceleración registrada en los últimos años.

La propuesta fue presentada durante la reunión de la Submesa Técnica Social, Laboral y de Optimización de Procesos de Construcción, donde representantes empresariales advirtieron que actualmente un proyecto puede requerir más de 80 trámites distribuidos entre al menos 15 instituciones públicas antes de iniciar obras.

Elisa Suárez, representante del sector construcción de la Asociación de Ejecutivos de Empresa (Apede), sostuvo que la duplicidad de requisitos y la cantidad de permisos exigidos se han convertido en una barrera para la inversión.

Según explicó, en algunos casos distintas entidades solicitan la misma documentación, lo que retrasa el desarrollo de proyectos y aumenta los costos para las empresas.

La preocupación surge en momentos en que el valor de las construcciones, adiciones y reparaciones particulares registradas en los principales municipios del país alcanzó $417.2 millones entre enero y abril de 2026, lo que representa un crecimiento de 43.5% frente a los $290.8 millones reportados en igual período de 2025.

Pese a esta recuperación, la actividad aún no logra superar el mejor desempeño reciente del sector. En los primeros cuatro meses de 2023, los permisos de construcción sumaron $421 millones, una cifra ligeramente superior a la registrada este año.

El contraste es más evidente al revisar el comportamiento histórico de una industria que durante años fue uno de los principales motores de la economía panameña y generadora de empleo.

Aunque el desempeño de 2026 supera los niveles observados en 2024 y 2025, los representantes del sector consideran que aún existe espacio para acelerar la inversión si se eliminan procesos burocráticos que consideran innecesarios.

Durante la reunión, Suárez también expresó inquietud por algunas regulaciones aprobadas mediante decretos que, a juicio del sector privado, podrían aumentar los costos y las exigencias para determinadas actividades productivas. Como ejemplo, mencionó disposiciones ambientales que podrían obligar a pequeños propietarios rurales a realizar estudios de impacto ambiental bajo ciertas condiciones.

Las discusiones forman parte de la Mesa Técnica para la Dinamización del Sector de la Construcción, creada con apoyo de la Asamblea Nacional para consensuar medidas orientadas a estimular la inversión, generar empleo y acelerar el desarrollo de proyectos de infraestructura y vivienda.

Por su parte, Eduardo Castillero, de la Asociación de Promotores de Vivienda de Azuero (Aproviva), afirmó que la eliminación del bono solidario de vivienda ha tenido un impacto significativo sobre la actividad constructora, especialmente en el interior del país. Según indicó, muchas familias enfrentan dificultades para acceder a financiamiento hipotecario y adquirir una vivienda, situación que afecta directamente la demanda de nuevos proyectos residenciales.

La preocupación por el acceso a la vivienda también fue compartida por Ramón Muñoz, de la Asociación de Promotores de Vivienda de Chiriquí y miembro del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), quien planteó que los bancos estatales retomen un papel más activo en el financiamiento habitacional dirigido a trabajadores de bajos ingresos. Además, pidió que los procesos de aprobación de planos y permisos reciban un tratamiento prioritario para evitar retrasos en el inicio de las obras.

En paralelo, la Submesa Técnica Legal de Políticas Públicas e Innovación recibió propuestas dirigidas a modificar aspectos de la Ley de Contrataciones Públicas. Representantes de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) solicitaron revisar los mecanismos de conformación de las comisiones evaluadoras en las licitaciones, unificar criterios de inspección de obras, flexibilizar las reglas relacionadas con las fianzas y adoptar medidas que eviten la paralización de proyectos por falta de partidas presupuestarias.

Los diputados que participan en la iniciativa consideran que existe consenso sobre la necesidad de simplificar procesos y agilizar la ejecución de inversiones. El diputado Neftalí Zamora sostuvo que actualmente desarrollar una obra en Panamá implica atravesar múltiples instancias administrativas que elevan los costos y dificultan la actividad económica.

Mientras tanto, las cifras muestran una recuperación importante en el valor de los permisos de construcción. Del total de $417.2 millones registrados hasta abril, $252.8 millones correspondieron a proyectos residenciales y $164.4 millones a construcciones no residenciales. Panamá y Arraiján concentraron buena parte del crecimiento observado durante el período.

Sin embargo, empresarios, promotores y trabajadores coinciden en que la recuperación todavía es insuficiente para devolver al sector el dinamismo que tuvo en años anteriores. Por ello, las mesas técnicas continuarán reuniéndose durante junio con el objetivo de presentar propuestas concretas que permitan reducir trámites, acelerar inversiones y aumentar la generación de empleo en una de las actividades económicas más importantes del país.

Más de 48 horas después de la fuga masiva registrada en la cárcel La Joyita, las autoridades panameñas comenzaron a divulgar los avisos de búsqueda de decenas de reclusos que permanecen prófugos.

Entre los hombres cuya captura aún es requerida figuran presuntos homicidas, pandilleros, narcotraficantes, ladrones e incluso un detenido por violación, según la información contenida en los afiches oficiales distribuidos por los estamentos de seguridad.

Una revisión de los primeros 38 avisos de búsqueda divulgados por las autoridades revela que al menos 16 de los evadidos estaban vinculados a delitos de homicidio, convirtiendo este grupo en el de mayor peso dentro de los prófugos identificados.

A ellos se suman 10 personas relacionadas con delitos de drogas, cinco vinculadas a robos y hurtos, tres por pandillerismo, tres por posesión ilícita de armas de fuego y un detenido por el delito de violación.

El caso del único prófugo identificado en los avisos por delitos sexuales ha llamado particularmente la atención. Se trata de Carlos Alfonso Villar Meneses, requerido por violación, uno de los nombres incluidos en los carteles de recompensa difundidos por las autoridades. Cada uno de los avisos ofrece $500 por información que permita ubicar y capturar a los evadidos.

La divulgación de los rostros y antecedentes de los prófugos se produjo más de dos días después de que 195 privados de libertad escaparan durante los disturbios registrados en el complejo penitenciario ubicado en Las Garzas, al este de la capital panameña. Durante ese período, la población desconocía quiénes eran los evadidos y cuáles eran los delitos por los que permanecían detenidos.

Como parte de las primeras acciones adoptadas tras el motín, el Ministerio de Gobierno anunció investigaciones internas para determinar posibles responsabilidades administrativas y operativas, mientras que la Policía Nacional activó operativos de búsqueda a nivel nacional con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio de Protección Institucional.

Las autoridades también comenzaron a divulgar los afiches de recompensa y reforzaron la vigilancia en terminales de transporte, estaciones del Metro de Panamá y principales vías de acceso al interior del país.

Sin embargo, las medidas no han logrado contener las críticas ciudadanas. En redes sociales se multiplicaron los cuestionamientos por la magnitud de la fuga y por el tiempo que tomó divulgar la identidad de los prófugos.

Numerosos usuarios han pedido cambios más drásticos dentro del sistema penitenciario e incluso la renuncia o destitución de altos funcionarios responsables de la seguridad y administración carcelaria, al considerar que la evasión de 195 privados de libertad constituye una de las mayores fallas de seguridad registradas en los últimos años.

Tras la masiva fuga de 195 reclusos en el Centro Penitenciario La Joyita, la Policía Nacional de Panamá designó al comisionado Basilio Sánchez como el nuevo director nacional de Seguridad Penitenciaria.

La fuga se convirtió en uno de los episodios más graves registrados en el sistema penitenciario panameño en la última década. Aunque las autoridades han informado la recaptura de 123 reclusos, otros 72 permanecen prófugos mientras continúan los operativos de búsqueda desplegados por más de 1,200 unidades de seguridad.

Los reportes conocidos durante las últimas horas muestran que algunos de los evadidos lograron desplazarse considerablemente lejos de La Joyita pese al amplio operativo. Entre los casos reportados figuran capturas realizadas en estaciones del Metro de Panamá, lo que evidencia que algunos reclusos consiguieron movilizarse dentro de la ciudad utilizando el sistema de transporte público.

A ello se suma el caso de uno de los prófugos que, según reportes periodísticos, decidió entregarse voluntariamente en el sector de playas del Pacífico. El hecho sugiere que algunos evadidos lograron abandonar el área metropolitana y desplazarse decenas de kilómetros antes de ser ubicados o decidir entregarse a las autoridades.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, han reconocido que continúan las investigaciones para determinar cómo un número tan elevado de privados de libertad logró abandonar el penal.

Hasta el momento no se ha explicado públicamente si existieron fallas en los sistemas de seguridad, errores operativos o posibles actos de complicidad que facilitaran la evasión.

Las autoridades también investigan los hechos violentos ocurridos durante el motín, que dejaron tres personas fallecidas y varios heridos. Entre los lesionados figuran seis privados de libertad y tres miembros de la Policía Nacional. Uno de los agentes incluso fue retenido temporalmente dentro de uno de los pabellones antes de ser liberado.

La crisis ocurre en medio de los problemas estructurales que enfrenta el sistema penitenciario panameño. Según cifras oficiales al 30 de abril de 2026, La Joyita alberga 4,788 internos pese a tener capacidad para 2,837, una sobrepoblación de 1,951 reclusos. A nivel nacional, Panamá mantiene cerca de 24,000 privados de libertad y una sobrepoblación penitenciaria cercana al 35%.

El Ministerio de Ambiente abrió a consulta pública una propuesta que podría flexibilizar ciertos requisitos para intervenir fuentes hídricas en proyectos de infraestructura, mantenimiento vial, abastecimiento de agua potable y prevención de desastres.

El borrador modifica la Resolución No. DM-0431-2021, norma que regula las autorizaciones para obras en cauces naturales en Panamá.

La consulta permanecerá abierta hasta el próximo 26 de junio y permitirá a ciudadanos, empresas, organizaciones y especialistas presentar observaciones sobre una normativa que impacta directamente la construcción de puentes, carreteras, drenajes, obras hidráulicas y otras intervenciones relacionadas con ríos, quebradas y cauces naturales.

La resolución vigente, aprobada en 2021, establece los requisitos para autorizar obras que alteren o modifiquen cauces naturales. Entre las actividades sujetas a autorización figuran canalizaciones, desviaciones de cauces, obras de toma de agua, descargas hacia fuentes hídricas, ensanchamiento o profundización de ríos y quebradas, vados, puentes, caminos, entubamientos, rellenos, presas, diques, gaviones y otras estructuras que puedan modificar el comportamiento de una fuente hídrica.

El cambio más relevante del borrador se encuentra en el tratamiento de las fuentes hídricas intermitentes, es decir, aquellas corrientes que pueden secarse temporalmente durante la estación seca.

La propuesta incorpora formalmente esta definición y crea una excepción para las fuentes clasificadas como orden jerárquico número 5, que corresponden a las de menor tamaño dentro de la red fluvial.

Actualmente, la normativa solo permite intervenciones como canalizaciones, desvíos, rellenos, enterramientos, enderezamientos o entubamientos cuando tengan como objetivo prevenir riesgos por inundaciones o construir pasos y vías de comunicación.

La propuesta incorpora una clasificación jerárquica de las fuentes hídricas mediante un sistema de órdenes numéricos utilizado en hidrología para identificar la posición y relevancia de cada cauce dentro de una cuenca. Bajo este método, las corrientes de agua se organizan según el número y tamaño de los afluentes que las alimentan, permitiendo diferenciar entre quebradas menores y ríos de mayor importancia."

En términos prácticos, los cauces de orden 1 corresponden a pequeñas quebradas o nacientes sin afluentes; los de orden 2 se forman por la unión de dos cauces de orden 1; los de orden 3 por la unión de dos de orden 2, y así sucesivamente.

La propuesta de MiAmbiente menciona específicamente las fuentes hídricas intermitentes de orden 5, una categoría que forma parte de la red natural de drenaje, aunque sin alcanzar la dimensión de los principales ríos de una cuenca.

La modificación permitiría que, en fuentes intermitentes de orden 5, estas intervenciones puedan realizarse con cualquier finalidad, siempre que estén debidamente justificadas, cumplan los requisitos técnicos y legales establecidos y que la condición de intermitencia sea documentada y evaluada por las autoridades técnicas del Ministerio de Ambiente.

En la práctica, el cambio abre la posibilidad de que determinados proyectos de desarrollo urbano, infraestructura, drenaje o adecuación de terrenos puedan intervenir quebradas temporales o cauces menores bajo condiciones más flexibles que las previstas actualmente.

El documento justifica la actualización señalando que Panamá enfrenta crecientes desafíos asociados al cambio climático, incluyendo huracanes, inundaciones, sequías y otros fenómenos extremos. Además, advierte que las alteraciones descontroladas de fuentes hídricas, combinadas con deficiencias en las medidas de conservación, han contribuido a aumentar la exposición a pérdidas materiales, daños ambientales y riesgos para la población.

En materia hidrológica, el borrador establece parámetros más específicos para la evaluación de caudales. Cuando exista una estación hidrológica cercana, los promotores deberán aportar datos de caudales promedio, máximos y mínimos correspondientes a los diez años más recientes. Si no existe una estación cercana, deberán realizar aforos en el sitio de la obra y aplicar metodologías técnicas para calcular los caudales de referencia.

Otro aspecto novedoso es que MiAmbiente podría aceptar estudios hidrológicos elaborados para otras instituciones públicas, siempre que cumplan los requisitos mínimos establecidos en la resolución. La medida busca evitar duplicidades y agilizar algunos trámites administrativos.

La propuesta también amplía las excepciones aplicables a proyectos desarrollados por entidades estatales, municipios o juntas comunales. En casos relacionados con el abastecimiento de agua potable o la prevención de riesgos asociados a inundaciones, deslizamientos, sequías y otros fenómenos climáticos extremos, las obras podrían quedar exentas de ciertos requisitos de solicitud, aunque deberán ser notificadas a las unidades técnicas correspondientes del Ministerio de Ambiente.

Asimismo, se plantea eximir de la obligación de solicitar autorización para determinadas estructuras complementarias vinculadas al mantenimiento de vías públicas existentes. La excepción aplicaría siempre que las actividades se ejecuten dentro de infraestructura vial ya construida y que no una modificación significativa del cauce natural más allá de la intervención mínima necesaria para su funcionamiento o conservación.

Otro cambio incorpora un plazo máximo de dos años para ejecutar las obras autorizadas. Si el promotor no desarrolla el proyecto dentro de ese período, deberá tramitar una nueva autorización ante la entidad ambiental.

Las observaciones podrán presentarse de forma presencial en las oficinas del Ministerio de Ambiente o sus direcciones regionales, así como mediante correo electrónico. La consulta pública estará abierta hasta el 26 de junio de 2026.

La discusión de fondo será determinar si la propuesta logra agilizar proyectos de infraestructura y obras necesarias para la gestión del agua sin debilitar la protección de los cauces naturales. Aunque el borrador fortalece algunos requisitos técnicos y de documentación, también crea excepciones que podrían facilitar intervenciones en quebradas temporales, drenajes naturales y áreas vinculadas a infraestructura pública existente, un tema que seguramente concentrará buena parte del debate durante el período de consulta.

El aumento sostenido del precio de los combustibles, la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño y los efectos cada vez más visibles del cambio climático sobre los océanos se han convertido en algunas de las principales preocupaciones de la industria pesquera latinoamericana.

Estos temas dominan la agenda de la 11.ª Reunión Ordinaria de la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable (ALPESCAS), que se desarrolla en Panamá y reúne a representantes de gremios pesqueros y acuícolas de toda la región.

El encuentro, que se celebra del 3 al 5 de junio, congrega a dirigentes empresariales, autoridades gubernamentales y organismos internacionales para intercambiar experiencias y definir posiciones comunes frente a los desafíos que enfrenta una actividad clave para la seguridad alimentaria de millones de personas.

Durante la inauguración, el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, destacó que la reunión permite abordar asuntos que afectan directamente la productividad del sector, entre ellos el cambio climático, el costo de los combustibles, las regulaciones internacionales y los procesos de certificación pesquera.

También resaltó la participación de representantes de Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, Perú y otros países vinculados a la actividad pesquera regional.

Uno de los temas que más preocupa a la industria es el incremento de los costos operativos. Osciel Velásquez, presidente de ALPESCAS, explicó que actualmente el combustible representa más del 50% de los costos de operación de muchas flotas pesqueras de América Latina. Según indicó, esta situación está afectando tanto a las embarcaciones como a las industrias asociadas, además de repercutir en los mercados de consumo.

Velásquez señaló que algunas flotas de la región han reducido o suspendido operaciones debido al incremento de los costos, mientras que ciertos mercados enfrentan problemas de abastecimiento. En ese contexto, sostuvo que la misión de la industria es garantizar el suministro de productos pesqueros sin comprometer la sostenibilidad de los recursos marinos.

La situación también preocupa en Panamá. Gustavo Zúñiga, presidente de la Cámara Nacional de la Pesca y la Acuicultura de Panamá (CNPA), explicó que el sector ha logrado mantener sus operaciones pese al aumento del combustible, aunque reconoció que el impacto económico se ha reflejado principalmente en la comercialización de los productos.

Según Zúñiga, el encarecimiento del combustible ha debilitado el poder de compra de algunos mercados internacionales a los que exporta la industria panameña, afectando la demanda. No obstante, destacó que el país ha logrado sostener la actividad productiva sin llegar a paralizaciones como las registradas en otras naciones.

A las preocupaciones económicas se suma el comportamiento de los océanos frente a la posibilidad de un nuevo episodio intenso de El Niño. Los representantes del sector reconocen que el aumento de la temperatura del mar ya comienza a generar alteraciones en la distribución de algunas especies, un fenómeno que podría intensificarse en los próximos meses.

Velásquez advirtió que países como Ecuador, Perú y Chile ya han experimentado afectaciones importantes sobre determinadas pesquerías debido a los cambios en las condiciones oceánicas. Entre las especies más vulnerables mencionó la anchoveta y el jurel, cuyo comportamiento puede verse alterado por las variaciones de temperatura y el fenómeno de El Niño.

Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Javier Villanueva, oficial principal de Pesca y Acuicultura para América Latina y el Caribe, explicó que el cambio climático está modificando la distribución geográfica de numerosas especies marinas.

El especialista indicó que los cambios de temperatura pueden alterar los ciclos de crecimiento y reproducción de los recursos pesqueros, obligando a los países a desarrollar sistemas de monitoreo y mecanismos de adaptación para evitar la sobreexplotación de especies sometidas a estrés ambiental.

Villanueva señaló que las especies pequeñas, como sardinas y anchovetas, suelen ser las más sensibles a las variaciones térmicas, mientras que especies de mayor movilidad, como los túnidos, tienen más capacidad para desplazarse y adaptarse a los cambios en las condiciones oceánica

La FAO considera que uno de los principales desafíos para la región consiste en fortalecer la investigación científica y el manejo sostenible de los recursos. Según Villanueva, las decisiones sobre cuotas, temporadas y métodos de extracción deben sustentarse en información técnica que permita garantizar la conservación de las poblaciones marinas a largo plazo.

Durante la reunión también se analizan los resultados de la reciente Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, el desarrollo de nuevas certificaciones de pesca sostenible, la expansión de áreas marinas protegidas y las implicaciones de nuevas regulaciones internacionales para el comercio de productos pesqueros.

Por parte del Gobierno panameño, la ARAP informó que actualmente evalúa mecanismos para apoyar al sector frente al aumento de los costos energéticos.

Carrasquilla explicó que ya está en marcha un subsidio dirigido a la pesca artesanal y que las autoridades estudian alternativas para extender algún tipo de apoyo a segmentos de la pesca industrial, especialmente a embarcaciones camaroneras, atuneras, sardineras y palangreras que dependen fuertemente del diésel.

Según Carrasquilla, poco más del 45% de la flota pesquera artesanal ya está registrada en el sistema Panamá Conecta para acceder al beneficio. El funcionario añadió que la entidad analiza, junto con equipos técnicos y el Ministerio de Economía y Finanzas, cómo incorporar eventualmente a otros segmentos pesqueros para aliviar parte del impacto del combustible.

La reunión concluirá con una declaración regional en la que los representantes de la industria pesquera latinoamericana fijarán posiciones comunes sobre sostenibilidad, competitividad, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático, temas que hoy se han convertido en factores determinantes para el futuro de una actividad que abastece de alimentos a millones de personas dentro y fuera de la región.

La influenza continúa cobrando vidas en Panamá. El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó una nueva defunción durante la semana epidemiológica 19 de 2026 y actualizó otra muerte correspondiente a la semana anterior, elevando a 43 el total de fallecimientos asociados al virus en lo que va del año.

Las cifras forman parte del más reciente informe epidemiológico del país, que también refleja una alta circulación de enfermedades respiratorias y el avance de otras afecciones infecciosas como dengue, malaria y leishmaniasis.

De acuerdo con el reporte oficial, más de la mitad de las muertes por influenza registradas este año corresponden a personas de 65 años o más. Este grupo representa el 55.8% de las defunciones notificadas, seguido por menores de un año, dos poblaciones consideradas especialmente vulnerables ante las complicaciones provocadas por el virus.

El médico epidemiólogo Arturo Rebollón advirtió que el país enfrenta actualmente dos desafíos simultáneos: el aumento de enfermedades respiratorias y el avance de enfermedades transmitidas por vectores y condiciones ambientales.

Según explicó, uno de los aspectos más preocupantes es que el 100% de las personas fallecidas por influenza este año no se había vacunado durante la temporada actual. Además, el 82% tampoco había recibido la vacuna correspondiente a la temporada 2025.

A esto se suma que el 76.7% presentaba factores de riesgo asociados con enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales, condiciones que incrementan significativamente la posibilidad de complicaciones graves.

“Lo más crítico desde el punto de vista clínico es que estamos perdiendo nuestros adultos mayores de 65 años. Cuando este virus se encuentra con pacientes que ya tienen un riesgo cardiovascular, metabólico o renal, el desenlace puede ser fatal”, señaló Rebollón.

El informe epidemiológico también muestra una elevada circulación de enfermedades respiratorias. Durante la semana analizada se registraron 752 nuevos casos de síndrome gripal, para una tasa de incidencia de 16.3 casos por cada 100,000 habitantes. El acumulado nacional alcanzó los 15,313 casos y una tasa de 331.2 por cada 100,000 habitantes.

A ello se suman las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), categoría que incluye neumonías y bronconeumonías. En la semana 19 fueron notificados 370 casos, mientras que el acumulado anual llegó a 6,695 pacientes, equivalente a una tasa de 144.8 casos por cada 100,000 habitantes.

Mientras la atención sanitaria permanece enfocada en la influenza, otras enfermedades también continúan generando preocupación. El dengue registra 2,581 casos acumulados en el país. De ellos, 2,253 corresponden a pacientes sin signos de alarma, 311 presentan signos de alarma y 17 han sido clasificados como dengue grave.

La malaria también mantiene una importante presencia en el territorio nacional. Durante la semana epidemiológica 19 fueron reportados 43 nuevos casos, elevando el acumulado anual a 3,735 personas afectadas.

Sin embargo, una de las enfermedades que más llamó la atención de los especialistas fue la leishmaniasis. El país notificó 82 nuevos casos durante la semana analizada y alcanzó un acumulado de 1,067 casos en lo que va de 2026.

Rebollón advirtió que esta enfermedad continúa expandiéndose de forma silenciosa en varias regiones del país. Explicó que es transmitida por la picadura de una pequeña mosca conocida popularmente como jején, que suele proliferar en áreas boscosas, terrenos con abundante maleza y entornos donde no existe un adecuado manejo ambiental.

El especialista señaló que la prevención pasa por mantener patios limpios, eliminar acumulaciones de basura y controlar la vegetación alrededor de las viviendas para reducir los espacios donde estos insectos pueden reproducirse.

El reporte del Minsa también muestra que Panamá mantiene vigilancia sobre otras enfermedades infecciosas. En lo que va del año se han registrado 22 casos de leptospirosis, 46 casos de gusano barrenador en humanos, siete casos de virus Oropouche, nueve casos de fiebre por hantavirus, nueve casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus y seis casos de viruela símica o Mpox.

Por otro lado, las autoridades sanitarias informaron que durante 2026 no se han registrado casos de zika y que en la semana epidemiológica 19 tampoco se notificaron nuevos contagios de chikungunya, enfermedad que acumula apenas cuatro casos este año.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a fortalecer las medidas preventivas. Las autoridades insistieron en la importancia de la vacunación contra la influenza, especialmente entre adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, así como el lavado frecuente de manos, el consumo de agua potable y el mantenimiento de entornos limpios para reducir el riesgo de propagación.

La jueza de garantías Diana García reprogramó para el próximo 22 de octubre de 2026 la audiencia de solicitud de acumulación de causas seguida al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Bernardo “Nando” Meneses, quien enfrenta múltiples investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública relacionados con el manejo de fondos de esa institución.

La decisión fue adoptada luego de la renuncia del abogado particular Ángel Álvarez. Con el objetivo de garantizar el derecho a la defensa, el tribunal otorgó tiempo a los nuevos representantes legales, Omar Jaén y Jean Paul Castillo, para que conozcan el contenido de las carpetillas cuya acumulación solicita el Ministerio Público.

La audiencia busca unificar expedientes relacionados con presuntos delitos de peculado doloso agravado en los que figura únicamente Meneses como imputado, junto con una investigación por supuesto blanqueo de capitales que involucra a otras 11 personas presuntamente vinculadas al caso.

Actualmente, el exdirector del IFARHU mantiene abiertas cuatro carpetillas judiciales: dos por presunto peculado, una por supuesto blanqueo de capitales y otra por presunto enriquecimiento ilícito. Los expedientes se encuentran en distintas etapas procesales, incluyendo investigación, fase intermedia y procesos declarados complejos por la cantidad de personas y documentación involucrada.

Tras dejar la dirección del IFARHU, participó como candidato a diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) en el circuito 13-1 de Arraiján durante las elecciones generales de 2024. Aunque logró convertirse en uno de los candidatos oficiales de su colectivo tras ganar las primarias internas, no consiguió los votos necesarios para obtener una curul en la Asamblea Nacional y quedó fuera del Legislativo tras la jornada electoral.

La audiencia celebrada este martes contó con la participación de la fiscal superior anticorrupción Azucena Aizpurúa, además de defensores públicos y particulares que representan a las personas vinculadas al proceso.

Las investigaciones contra Meneses surgieron tras auditorías realizadas por la Contraloría General de la República sobre el manejo de fondos públicos durante su administración al frente del IFARHU, entidad responsable de administrar becas, créditos educativos y auxilios económicos para estudiantes panameños.

El caso adquirió relevancia nacional luego de que se conociera la forma en que fueron otorgados miles de auxilios económicos durante el quinquenio 2019-2024. Según datos divulgados por las autoridades, durante ese período el IFARHU aprobó aproximadamente $260.5 millones en ayudas distribuidos entre 9,237 beneficiarios.

Los desembolsos se realizaron mediante un programa que permitía otorgar ayudas para estudios dentro y fuera del país. Sin embargo, las auditorías y posteriores investigaciones revelaron cuestionamientos sobre los criterios utilizados para seleccionar beneficiarios y la falta de controles para verificar la necesidad económica de quienes recibían los recursos.

La polémica aumentó cuando comenzaron a divulgarse nombres de beneficiarios vinculados a figuras políticas, empresarios, familiares de diputados e influenciadores. Entre los casos más comentados estuvieron auxilios otorgados a familiares de dirigentes políticos y personas con capacidad económica suficiente para financiar sus estudios sin recurrir a recursos estatales.

Las revelaciones generaron fuertes cuestionamientos en la opinión pública debido a que miles de estudiantes de escasos recursos permanecían en listas de espera para acceder a becas tradicionales mientras se aprobaban auxilios de alto valor a personas cercanas a círculos de poder político y económico.

El escándalo se convirtió en uno de los temas más controvertidos del último gobierno y provocó llamados para reformar completamente el sistema de asignación.

Entre las investigaciones más avanzadas figura una auditoría patrimonial que determinó un presunto incremento patrimonial no justificado superior a $419,000 durante el período en que Meneses ejerció funciones públicas. Ese hallazgo dio origen a una causa por presunto enriquecimiento injustificado que derivó en la imposición de una medida de detención provisional.

La Fiscalía Anticorrupción también investiga presuntas irregularidades relacionadas con más de $24 millones en auxilios económicos y otras operaciones que podrían representar una lesión patrimonial mucho mayor para el Estado. En uno de los expedientes se analiza la supuesta aprobación irregular de beneficios económicos y el incumplimiento de controles establecidos por la propia institución.

, Meneses permanece detenido de forma provisional mientras avanzan las distintas investigaciones. Los tribunales han rechazado solicitudes para sustituir la medida cautelar por arresto domiciliario y han considerado que existen elementos suficientes para mantenerlo privado de libertad mientras continúan las pesquisas.

La audiencia de octubre será clave para definir si varios de los expedientes pueden tramitarse de manera conjunta. De prosperar la solicitud de acumulación presentada por el Ministerio Público, el proceso podría concentrar en una sola causa algunas de las investigaciones más relevantes relacionadas con el manejo de fondos del IFARHU durante la administración de Meneses, uno de los casos de presunta corrupción más significativos surgidos tras el cambio de gobierno.

La Policía Nacional de Panamá aprehendió a Bernardo Alvarado Gaona, alias “Tito Recorte”, quien figuraba en la lista de los más buscados por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo.

La captura se realizó durante una diligencia de allanamiento en el sector de Villa Esperanza, Los Andes No. 1, en el distrito de San Miguelito.

Por información que condujera a su ubicación y captura, las autoridades mantenían una recompensa de $5,000. De acuerdo con las investigaciones judiciales, Alvarado Gaona forma parte de la pandilla autodenominada Sinaloa, con área de operación en el distrito de San Miguelito.

Durante el allanamiento, las unidades policiales decomisaron dinero en efectivo y presuntas sustancias ilícitas. Tanto el aprehendido como los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.

El expediente de alias “Tito Recorte” no es nuevo para las autoridades. Según información recopilada sobre su historial judicial, en 2018 fue condenado a 40 meses de prisión por su participación en la pandilla denominada “Chacales del Nuevo Detroit”, organización que operaba principalmente en el sector de Cerro Batea, en San Miguelito.

Esa condena formó parte de un proceso contra 12 integrantes de esa pandilla, vinculada a delitos como homicidios, robos agravados, secuestros, venta de drogas y posesión ilegal de armas. En ese momento, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita y Pandillerismo lideró la investigación que llevó al fallo judicial.

La aprehensión de Alvarado Gaona se suma a otras capturas recientes de personas requeridas por delitos de alto impacto. Como parte de la Operación La Grande, unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron una diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento de Alcalde Díaz, donde fue aprehendido un ciudadano de 29 años.

Este hombre identificado como Gustavo Sandoval, también figuraba en la lista de los más buscados por su presunta vinculación con el delito de homicidio doloso agravado. Durante esa acción policial, las autoridades decomisaron un arma de fuego tipo pistola, un proveedor con municiones, equipos tecnológicos y dinero en efectivo.

Otro operativo se desarrolló en el sector de Palo Alto, corregimiento de la 24 de Diciembre, donde fue aprehendido un ciudadano de 19 años requerido por varios delitos. De acuerdo con la información policial, el joven era buscado por su presunta vinculación con homicidio culposo agravado, secuestro, hurto y daños.

Durante esa diligencia, las unidades policiales decomisaron una réplica de arma de fuego. El aprehendido fue puesto a disposición de las autoridades para los trámites judiciales correspondientes.

Las acciones también incluyeron allanamientos en los corregimientos de El Chorrillo y Santa Ana, realizados por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público. En esos puntos fueron aprehendidos dos hombres que mantenían órdenes de captura vigentes.

Uno de los detenidos era requerido por el delito de pandillerismo, mientras que el otro era buscado por delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil. Durante las diligencias, las autoridades hallaron presuntas sustancias ilícitas, material de embalaje, pesas digitales y otros indicios relacionados con el microtráfico.

Los indicios encontrados en esos allanamientos fueron levantados y puestos a disposición de la autoridad competente. Las capturas forman parte de las diligencias que las autoridades mantienen abiertas contra personas requeridas por pandillerismo, homicidio y otros delitos registrados en distintos sectores de la provincia de Panamá.

El portacontenedores MSC Sariska V, de bandera panameña, fue alcanzado por dos proyectiles cuando abandonaba el puerto iraquí de Umm Qasr, en un nuevo episodio de violencia que vuelve a colocar a la flota mercante panameña en el centro de la crisis marítima que se desarrolla en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

La naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) informó que el primer proyectil impactó la embarcación mientras el práctico aún se encontraba a bordo durante las maniobras de salida del puerto.

Poco después, un segundo proyectil alcanzó el área destinada a la tripulación. La compañía aseguró que todos los marinos resultaron ilesos y que actuaron con profesionalismo para proteger la nave y su carga.

Según explicó MSC en un comunicado emitido desde Suiza, medios locales atribuyeron la acción al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que habría señalado el ataque como una represalia por acciones estadounidenses contra otro buque en la región.

La naviera rechazó categóricamente cualquier vinculación con Estados Unidos o Israel y recordó que se trata de una empresa comercial neutral fundada por el capitán italiano Gianluigi Aponte y actualmente propiedad de sus hijos Diego y Alexa Aponte.

La compañía expresó además su preocupación por la creciente inseguridad en las rutas marítimas del Golfo, advirtiendo que este tipo de incidentes pone en peligro tanto a marinos civiles como al comercio internacional que depende de una de las zonas de navegación más estratégicas del planeta.

Horas después del incidente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente el ataque contra el MSC Sariska V. La Cancillería destacó que la embarcación navega bajo bandera panameña y calificó el hecho como una amenaza directa contra la marina mercante internacional.

“Panamá rechaza categóricamente cualquier acción de coacción o violencia que ponga en peligro la marina mercante y el comercio marítimo global", señaló la entidad. Además, recordó que el país mantiene el mayor registro de buques del mundo y que actualmente ocupa un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Gobierno panameño también hizo un llamado para que cesen los ataques contra embarcaciones comerciales neutrales y advirtió sobre el deterioro de la seguridad marítima en el Golfo Pérsico, una región por donde transita una parte significativa del comercio energético mundial.

El incidente ocurre en un momento particularmente simbólico para Panamá. El presidente José Raúl Mulino se encuentra precisamente en Grecia participando en actividades vinculadas a la industria marítima internacional y sosteniendo reuniones con autoridades de uno de los países que concentra la mayor flota naviera privada del planeta.

La agenda presidencial incluye encuentros relacionados con el futuro del comercio marítimo, la industria naviera y los desafíos que enfrenta el transporte internacional en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas.

Inseguridad en alta mar

El ataque al MSC Sariska V se suma a una serie de incidentes registrados durante los últimos meses contra embarcaciones de bandera panameña en la región. Desde el inicio de la crisis entre Estados Unidos, Israel e Irán a finales de febrero, al menos seis buques registrados en Panamá han sido atacados en el Golfo Pérsico y zonas vinculadas al estrecho de Ormuz.

Entre ellos figuran el granelero Gold Oak, el petrolero Aqua 1, los portacontenedores MSC Francesca y Euphoria, así como el carguero HMM Namu.

Uno de los casos más graves ocurrió el pasado 22 de abril, cuando el portacontenedores MSC Francesca fue atacado y posteriormente retenido por fuerzas iraníes en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

Panamá denunció entonces que la embarcación fue interceptada de forma ilegal mientras ejercía su derecho de libre navegación en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

La escalada de ataques ha incrementado las preocupaciones dentro de la industria marítima internacional. Diversas navieras han reducido operaciones en la zona, mientras que aseguradoras marítimas han elevado significativamente las primas de guerra para los buques que transitan por el Golfo.

Organismos internacionales también han advertido que miles de marinos permanecen expuestos a riesgos crecientes debido a la inestabilidad en una región clave para el transporte de mercancías.

El ataque al MSC Sariska V confirma que la crisis marítima en Medio Oriente sigue lejos de resolverse y que la flota panameña continúa siendo una de las más expuestas debido a la magnitud de su registro y a la intensa presencia de sus embarcaciones en las principales rutas comerciales del planeta.

La fuga de 195 privados de libertad de la cárcel La Joyita se convirtió en uno de los episodios más graves registrados en el sistema penitenciario panameño en los últimos años.

Más de 24 horas después de los hechos, las autoridades confirmaron que 123 reclusos habían sido recapturados, mientras que otros 72 permanecían prófugos, en medio de una intensa operación de búsqueda desplegada en distintos puntos del país.

La cifra oficial fue revelada este martes por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, durante una conferencia de prensa convocada luego de que durante gran parte del lunes y la madrugada del martes circularan versiones contradictorias sobre la magnitud real de la evasión ocurrida en el complejo penitenciario ubicado en Las Garzas, al este de la capital panameña.

Fernández explicó que las autoridades evitaron divulgar números preliminares hasta completar un conteo físico dentro del penal. El director policial aseguró que él mismo participó en las verificaciones realizadas desde la noche del lunes y durante las primeras horas del martes para determinar con precisión cuántos privados de libertad habían logrado abandonar las instalaciones.

Además de la fuga, los disturbios dejaron tres personas fallecidas dentro del centro penitenciario. Las autoridades no detallaron las circunstancias exactas en que ocurrieron las muertes ni aclararon si estuvieron relacionadas con enfrentamientos entre grupos rivales o con otros hechos de violencia registrados durante el motín. Tampoco se ha informado oficialmente la identidad de las víctimas.

A los fallecimientos se suman varios heridos. Fernández indicó que seis privados de libertad resultaron lesionados durante los incidentes, mientras que tres miembros de la Policía Nacional también sufrieron heridas. Uno de los agentes fue retenido temporalmente dentro de uno de los pabellones y posteriormente liberado con apoyo de otros reclusos.

La ministra Montalvo anunció que se realizarán cambios inmediatos dentro del sistema penitenciario y que se abrirán investigaciones para determinar posibles responsabilidades administrativas y operativas. Según explicó, las pesquisas abarcarán tanto a funcionarios penitenciarios como a unidades policiales encargadas de la seguridad interna y externa del penal.

Las autoridades reconocieron que el traslado de un grupo de privados de libertad hacia otro centro penitenciario formó parte de los acontecimientos previos a los disturbios. De acuerdo con Fernández, el operativo comenzó durante la mañana del lunes y concluyó con el traslado de los reclusos sin incidentes. Sin embargo, sostuvo que la medida provocó malestar dentro de varios pabellones y derivó en una escalada de violencia que terminó afectando seriamente las instalaciones.

Durante los disturbios fueron destruidas diversas estructuras dentro del complejo penitenciario, incluyendo oficinas utilizadas por la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Las autoridades reconocieron que parte de la infraestructura resultó seriamente afectada y que será necesario desarrollar trabajos de reconstrucción.

Pese a la información suministrada por el Gobierno, continúan sin respuesta algunas de las principales interrogantes sobre el caso. Más de un día después de los hechos, las autoridades todavía no han explicado cómo un grupo tan numeroso de reclusos logró vulnerar los controles de seguridad, atravesar los perímetros del penal y escapar sin ser interceptado oportunamente.

Tampoco se ha informado si existieron fallas tecnológicas, errores operativos o posibles actos de complicidad que facilitaran la evasión.

La propia ministra reconoció que el sistema penitenciario enfrenta graves problemas estructurales. Según detalló, Panamá mantiene una población penitenciaria nacional cercana a los 24,000 privados de libertad y registra una sobrepoblación aproximada del 35%.

Montalvo también señaló que cerca de 8,000 detenidos permanecen a la espera de completar procesos judiciales o audiencias pendientes.

La situación es especialmente crítica en La Joyita. De acuerdo con cifras oficiales correspondientes al 30 de abril de 2026, el penal alberga 4,788 internos pese a haber sido diseñado para una capacidad de 2,837 personas. Esto representa una sobrepoblación de 1,951 reclusos y una densidad penitenciaria superior al 165%, una de las más altas del país.

Mientras avanzan las investigaciones, más de 1,200 unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio de Protección Institucional participan en los operativos de búsqueda. Las autoridades pidieron a la población colaborar con información que permita ubicar a los 72 evadidos que todavía permanecen fuera del sistema penitenciario.

Se informó que se estarán publicando fotos de los evadidos que no han sido capturados para que la población pueda informar sobre su paradero.

Panamá registró 112,552 nuevos contratos de trabajo entre enero y abril de 2026, un aumento de 20.5% en comparación con los 93,427 contabilizados durante el mismo período del año anterior, según estadísticas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) recopiladas por la Contraloría General de la República.

El resultado representa 19,125 contratos adicionales en apenas un año y marca uno de los mejores desempeños observados desde la pandemia.

Las cifras muestran que abril cerró con 28,418 contratos registrados, frente a los 26,283 reportados en abril de 2025, lo que equivale a un crecimiento interanual de 8.1%.

Aunque el incremento fue menor al observado en marzo, cuando los contratos aumentaron 56.8% respecto al mismo mes del año anterior, el comportamiento confirma una tendencia positiva en el mercado laboral formal durante los primeros cuatro meses del año.

Al sumar las cifras de la sede central y las oficinas regionales del Mitradel, los contratos definidos continúan siendo la modalidad más utilizada por las empresas. Entre enero y abril de 2026 se registraron 61,746 contratos definidos, frente a 50,092 durante el mismo período de 2025, un aumento de 23.3%.

Los contratos definidos son aquellos que establecen desde el inicio una fecha de terminación de la relación laboral. Generalmente son utilizados para cubrir necesidades temporales de las empresas, temporadas de alta demanda, reemplazos de personal o actividades con una duración previamente establecida.

La segunda modalidad más frecuente fue la contratación por obra determinada. Entre enero y abril se contabilizaron 25,152 contratos bajo esta figura, frente a 20,297 registrados durante igual período de 2025, lo que representa un incremento de 23.9%.

Este tipo de contrato suele utilizarse principalmente en actividades vinculadas a la construcción, ingeniería, infraestructura y otros proyectos cuya duración está ligada a la culminación de una obra específica.

Una vez concluido el proyecto para el cual fue contratado el trabajador, finaliza la relación laboral.

Por su parte, los contratos indefinidos alcanzaron 25,654 entre enero y abril de 2026, frente a los 23,038 reportados durante el mismo período del año anterior, equivalente a un crecimiento de 11.4%.

Los contratos indefinidos son considerados los de mayor estabilidad laboral debido a que no establecen una fecha de finalización y permanecen vigentes mientras subsista la relación entre empleador y trabajador. Aunque crecieron durante el período analizado, lo hicieron a un ritmo menor que los contratos definidos y por obra determinada.

Las estadísticas muestran además que la mayor parte de los contratos continúa concentrándose en la sede central del Mitradel, donde se registraron 59,884 contratos durante el primer cuatrimestre de 2026.

Las oficinas regionales reportaron otros 52,668 contratos. Ambos segmentos reflejaron un crecimiento acumulado de 20.5% frente al mismo período del año anterior.

Sin embargo, la comparación con los niveles previos a la pandemia muestra que el mercado laboral formal aún no recupera completamente el dinamismo que tenía hace varios años. Entre enero y abril de 2019 se registraron 134,485 contratos de trabajo en Panamá.

La cifra actual de 112,552 contratos representa 21,933 contratos menos que los observados durante ese período, una reducción de 16.3%.

El aumento en la contratación formal ocurre en un contexto en el que el mercado laboral panameño continúa enfrentando desafíos importantes. Los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo mostraron que la tasa de desempleo aumentó de 9.7% en 2024 a 10.4% en 2025, reflejando las dificultades que todavía enfrenta una parte de la población para incorporarse al mercado laboral.

A ello se suma el crecimiento de la informalidad. Las cifras oficiales indican que cerca del 49% de la población ocupada no agrícola trabaja en condiciones de informalidad, sin acceso pleno a prestaciones laborales ni a la protección que brinda un contrato formal registrado ante las autoridades.

Estos indicadores reflejan que, aunque se están generando nuevos contratos formales, una parte importante de la fuerza laboral continúa desarrollando actividades fuera de los mecanismos tradicionales de contratación.

El desafío para la economía no solo consiste en crear nuevos puestos de trabajo, sino también en trasladar trabajadores desde la informalidad hacia empleos con mayores niveles de protección y estabilidad.

La evolución observada durante 2026 apunta a una mayor actividad económica en sectores que demandan mano de obra temporal y contratación asociada a proyectos específicos.

El fuerte crecimiento de los contratos definidos y por obra determinada parece respaldar esa tendencia, mientras que el incremento más moderado de los contratos indefinidos refleja una mayor cautela empresarial al momento de asumir compromisos laborales permanentes.

El comportamiento de marzo también llamó la atención. Durante ese mes se registraron 31,516 contratos, la cifra mensual más alta del primer cuatrimestre y un aumento de 56.8% frente a marzo de 2025. Parte de ese desempeño podría estar relacionado con la ejecución de proyectos de construcción, servicios y actividades comerciales que demandaron contrataciones adicionales.

A pesar de la mejora observada en los registros del Mitradel, especialistas en empleo han advertido que la recuperación del mercado laboral panameño no depende únicamente del aumento en el número de contratos, sino también de la calidad y estabilidad de los puestos de trabajo generados. En ese contexto, el comportamiento de los contratos indefinidos continuará siendo uno de los indicadores más observados durante el resto del año.

Los 112,552 contratos registrados hasta abril representan el nivel más alto para un primer cuatrimestre desde 2022 y muestran una aceleración significativa respecto a 2025.

Sin embargo, las cifras también evidencian que el mercado laboral panameño todavía se encuentra por debajo de los niveles observados antes de la pandemia y enfrenta el reto de reducir simultáneamente el desempleo y la informalidad que afectan a una parte importante de la población económicamente activa.

El Gobierno de Panamá abrió una licitación pública con un precio de referencia de $85 millones para el diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de un nuevo Centro de Resarcimiento y Rehabilitación que será desarrollado en el corregimiento de Las Garzas, dentro de los terrenos del complejo penitenciario La Joya.

El proyecto busca crear una instalación especializada para personas privadas de libertad que se encuentren en la etapa final de cumplimiento de sus condenas y próximas a obtener su libertad definitiva.

A diferencia de los centros penitenciarios tradicionales, el nuevo complejo fue concebido bajo un modelo orientado a la transición progresiva hacia la vida en libertad, con énfasis en la capacitación laboral, la educación, la atención psicológica y la convivencia comunitaria. La propuesta forma parte de los esfuerzos del Estado para fortalecer los programas de reinserción social y reducir los niveles de reincidencia delictiva.

La licitación establece que el centro tendrá capacidad para albergar a 2,500 personas privadas de libertad clasificadas como preliberadas y de confianza. Además, contará con instalaciones destinadas al alojamiento de hasta 160 custodios encargados de la supervisión y operación del recinto.

El diseño contempla edificios residenciales organizados en pabellones de varios niveles. Las habitaciones tendrán capacidad para entre cuatro y seis internos, incorporando áreas de estudio, baños internos y espacios comunes.

El pliego destaca que la intención es ofrecer condiciones que favorezcan la convivencia, la disciplina y la preparación para el regreso a la sociedad, alejándose del concepto tradicional de grandes galeras o pabellones masivos que caracterizan a muchas cárceles de la región.

Uno de los componentes más llamativos del proyecto es la amplia infraestructura educativa y de formación técnica prevista dentro del complejo. El centro incluirá seis aulas para enseñanza teórica, dos aulas multipropósito, biblioteca, laboratorio de informática y una serie de talleres destinados a desarrollar habilidades laborales entre los internos.

Entre ellos figuran talleres de herrería, soldadura, carpintería, ebanistería, panadería, repostería, ventanería, prefabricados de concreto, artesanías y bordados.

La documentación de la licitación también exige que el futuro contratista presente una propuesta detallada sobre los programas productivos que se implementarán dentro del centro, justificando cómo estas actividades pueden contribuir a mejorar las oportunidades de empleo de los participantes una vez recuperen su libertad.

Asimismo, se contempla la coordinación con instituciones como el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y otras entidades públicas vinculadas a programas de inclusión social.

En materia de salud, el complejo contará con instalaciones significativamente más amplias que las disponibles en muchos centros penitenciarios actuales. El proyecto prevé dos consultorios médicos de atención primaria, áreas de urgencias, sala de trauma y choque, consultorios de odontología, oftalmología, psicología y psiquiatría, además de espacios destinados a terapias grupales y entrevistas especializadas.

El componente psicológico y de salud mental ocupa un papel central dentro del modelo planteado. El pliego establece que la infraestructura debe apoyar los procesos de resocialización mediante programas educativos, terapéuticos y comunitarios, integrando espacios especialmente diseñados para el acompañamiento emocional y la preparación para la vida fuera del sistema penitenciario.

Las instalaciones también incorporarán áreas deportivas y recreativas. Entre ellas figuran dos canchas multiuso techadas, una cancha sintética de fútbol rápido, gimnasio de pesas, espacios para ajedrez y juegos de mesa, así como un área de oración destinada a actividades espirituales y consejería religiosa.

Otro elemento poco común dentro de la infraestructura penitenciaria nacional será el área destinada a visitas familiares. El proyecto incluye espacios abiertos para encuentros con familiares, zonas especiales para niños, módulos para visitas conyugales y cubículos para reuniones con abogados.

La documentación enfatiza que estos espacios deberán diseñarse para facilitar el contacto humano dentro de un entorno controlado y seguro, evitando ambientes excesivamente hostiles o restrictivos.

Desde el punto de vista arquitectónico, el Ministerio de Gobierno exige que las propuestas incorporen criterios de accesibilidad universal, sostenibilidad ambiental y eficiencia energética. El complejo deberá utilizar iluminación LED, sistemas de ventilación natural, materiales de alta durabilidad y bajo mantenimiento, además de áreas verdes y paisajismo integrado. También se solicita que el diseño proyecte una imagen institucional moderna y compatible con el objetivo de reinserción social.

La infraestructura incluirá además planta de tratamiento de aguas residuales, lavandería industrial, talleres de mantenimiento, áreas administrativas, estacionamientos, sistemas de videovigilancia, centro de monitoreo y equipamiento de seguridad. Todo el complejo deberá operar bajo estándares de control que garanticen la seguridad tanto de los internos como del personal penitenciario.

La licitación fija la recepción de propuestas para el próximo 14 de julio de 2026. El contrato contempla una fase de construcción y equipamiento de aproximadamente dos años, seguida por un período de mantenimiento de tres años, para una vigencia total cercana a cinco años.

La construcción del nuevo centro ocurre en un momento crítico para el sistema penitenciario panameño. A finales de febrero de 2026, el país mantenía una población de 24,651 privados de libertad, frente a una capacidad oficial de 14,695 plazas, lo que representa una ocupación cercana al 168%. La cifra implica un excedente de casi 10,000 reclusos sobre la capacidad instalada.

La situación también se refleja en el complejo penitenciario de La Joya, donde será construido el nuevo centro. Las cárceles La Joya, La Joyita y La Nueva Joya fueron diseñadas para albergar 9,909 personas, pero mantienen una población conjunta superior a 15,000 privados de libertad, lo que evidencia la presión que enfrenta la infraestructura carcelaria del país.

La licitación se produce en medio de una nueva crisis penitenciaria. Este lunes se registró un motín y una fuga masiva en el centro penitenciario La Joyita, hecho que dejó dos privados de libertad fallecidos y obligó al despliegue de operativos policiales en el este de la capital. Aunque las autoridades reportaron la recaptura de decenas de internos, todavía no existía una confirmación definitiva de que todos los evadidos hubiesen sido localizados.

Las autoridades sostienen que el nuevo complejo no solo permitirá ampliar la capacidad instalada del sistema, sino también separar a los internos que se encuentran en la fase final de cumplimiento de sus condenas. El objetivo es ofrecerles condiciones distintas a las de los centros tradicionales, enfocadas en educación, capacitación laboral, atención psicológica y preparación para la reinserción social.

De concretarse, el Centro de Resarcimiento y Rehabilitación de Las Garzas se convertiría en una de las inversiones penitenciarias más importantes realizadas por Panamá en los últimos años.

El video difundido por el conductor en sus redes sociales revive aquellas imágenes de júbilo, donde se lo ve en las tribunas acompañado por su hijo, entonces un niño, celebrando la contundente victoria de Argentina por 6-0 frente a Serbia. Esa jornada, cargada de emoción, quedó registrada tanto en el archivo de la televisión como en la memoria afectiva de quienes la vivieron en primera persona.

“Hace 20 años debutaba en un Mundial, allá en Alemania, el mejor jugador del mundo, Leo Messi. Y ahí estuve con mi hijo pequeño (en ese entonces) Fran Tinelli, cubriéndolo para Showmatch. Disfrutamos una gran victoria de Argentina por 6/0 ante Serbia”, escribió, entrelazando el dato deportivo con la vivencia familiar.

En la grabación, es posible identificar la atmósfera de comunión que reinaba en las tribunas, con hinchas de todas las edades vibrando al compás de los goles y la ilusión albiceleste. La presencia de figuras como Diego Maradona, también captada por las cámaras, aportó un matiz especial a la escena, reuniendo en un mismo plano a referentes de distintas épocas del fútbol argentino. Las imágenes reflejan, además, la espontaneidad y el entusiasmo de los más jóvenes, como el propio hijo de Tinelli, entrevistado en plena euforia por el micrófono de ShowMatch, mientras el estadio celebraba cada conquista.

El aniversario de aquel partido en Alemania coincide con el inicio de una nueva etapa profesional para Tinelli, quien este año será responsable de la cobertura de la Copa del Mundo en Estados Unidos para Infobae, en una vuelta simbólica a sus inicios de cronista deportivo, allá a comienzos de la década del 80.

El propio conductor lo expresó en su mensaje: “Hoy me toca volver a una Copa del Mundo en EEUU para Infobae, y empiezan a aparecer todos estos recuerdos que llevo en mi corazón. Allá vamos. Gracias a mis seguidores por acompañarme en todo momento”.

El partido ante Serbia no solo fue recordado por el resultado abultado, sino porque significó el inicio de Lionel Messi en los Mundiales, un hito que con el tiempo adquiriría dimensiones históricas. Tinelli remarcó ese doble significado en su publicación, subrayando la fortuna de haber sido testigo directo del nacimiento de una leyenda. El registro visual muestra al joven Messi con la camiseta número 19, ingresando al campo y sumándose a la celebración colectiva, mientras las cámaras buscaban captar cada reacción de los presentes.

La publicación generó una rápida respuesta entre sus allegados. Candelaria Tinelli, su hija, expresó: “Hermoso video, y qué lindo ver a la gente conectada entre sí, sin teléfonos”, resaltando la diferencia entre el ambiente de entonces y la actualidad marcada por la presencia constante de la tecnología. Mica Tinelli, su hija mayor, sumó su afecto con un mensaje directo: “Me muero, los amo”, mientras que Luciano ‘El Tirri’, primo y compinche del conductor, manifestó: “Qué tremendo video”.

El eco emocional de esas palabras revela la importancia que adquieren los recuerdos familiares cuando se combinan con acontecimientos de relevancia pública. La experiencia compartida entre padre e hijo, en el contexto de un evento deportivo de magnitud global, se resignifica con el paso de los años, alimentando el sentido de pertenencia y la transmisión de valores a través de generaciones.

Pero no solo la familia de Tinelli se hizo eco del video. Los seguidores del conductor, muchos de los cuales lo acompañan desde sus primeras apariciones televisivas, aprovecharon la ocasión para expresar su cercanía y gratitud.

Mensajes como “Ay Marce me alegro como si fueses mi flia. Será que te metiste en mi casa todas las noches cuando era chica que te siento flia. Super merecido. Quiero tu regreso triunfal. El 1 sin dudas” o “Voy a estar haciéndote el aguante, Marce. Vamos con todo a alentar a la Selección” reflejan el impacto de una trayectoria televisiva que trascendió la pantalla para instalarse en la cotidianeidad de miles de hogares argentinos. Y que dentro de unos días, lo tendrá nuevamente en la pantalla, pero esta vez de Infobae y con el aroma inconfundible del primer amor.

Panamá recibió 1 millón 92 mil visitantes entre enero y abril de 2026, un aumento de 19.1% en comparación con los 917 mil registrados durante el mismo período del año anterior, según cifras preliminares de la Contraloría General de la República.

El crecimiento se produce en medio de un fortalecimiento de la actividad turística impulsada por una mayor llegada de viajeros internacionales, eventos corporativos y una recuperación sostenida de distintos segmentos del sector.

Los datos oficiales muestran que el país recibió 254 mil visitantes durante abril de este año, frente a los 221 mil contabilizados en abril de 2025, lo que representa un incremento interanual de 15.1%. El resultado mantiene la tendencia observada desde el inicio del año y consolida un crecimiento de doble dígito en el ingreso de viajeros internacionales.

La mayor parte de los visitantes que ingresaron al país correspondió a turistas que permanecieron al menos una noche en territorio panameño.

Entre enero y abril se contabilizaron 954 mil turistas, frente a los 809 mil reportados en igual período de 2025, equivalente a un aumento de 17.9%. También se registraron incrementos en el número de excursionistas y pasajeros de cruceros.

Las cifras coinciden con las proyecciones de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), que estima que el país podría cerrar 2026 con un flujo de entre 3.1 y 3.2 millones de visitantes internacionales.

Durante el primer trimestre del año, la entidad reportó cerca de un millón de visitantes, el mejor desempeño para un período enero-marzo desde que existen registros comparables del sector.

Uno de los principales motores de la actividad turística durante 2026 ha sido el turismo de reuniones, congresos e incentivos, conocido internacionalmente como segmento MICE.

Panamá cuenta actualmente con más de 80 eventos internacionales confirmados para los próximos meses, incluyendo congresos profesionales, ferias especializadas y encuentros empresariales que atraerán a miles de participantes de distintos países.

De acuerdo con estimaciones oficiales, estos eventos podrían movilizar alrededor de 58 mil visitantes corporativos durante el año. Este segmento es considerado especialmente relevante por la industria debido a que suele generar un gasto diario superior al del turista vacacional tradicional y beneficia directamente a hoteles, restaurantes, centros de convenciones, operadores turísticos y servicios de transporte.

La ocupación hotelera también ha mostrado señales de recuperación. El monitoreo realizado por la ATP registró niveles superiores al 70% durante algunos períodos de la temporada alta, impulsados por la llegada de viajeros internacionales y la realización de eventos corporativos.

El comportamiento ha contribuido a mejorar los indicadores de una industria que todavía busca consolidar su recuperación después de los efectos provocados por la pandemia.

Otro segmento que muestra una evolución favorable es el turismo de cruceros. Las autoridades han reportado uno de los mayores crecimientos porcentuales dentro de la actividad turística durante los primeros meses de 2026, favorecido por una mayor actividad de líneas navieras que operan rutas en el Caribe y Centroamérica.

La actividad turística continúa generando un impacto importante en la economía panameña. Entre enero y abril de 2026, los visitantes internacionales realizaron gastos por $2,636.7 millones, frente a los $2,291.7 millones registrados durante el mismo período de 2025.

El incremento de 15.1% refleja que el crecimiento no solo se está produciendo en la llegada de viajeros, sino también en el dinero que estos dejan en hoteles, restaurantes, comercios, transporte y otros servicios vinculados al sector.

En términos porcentuales, Panamá superó el crecimiento observado en Costa Rica, que reportó un aumento de 10.5% en la llegada de turistas internacionales por vía aérea durante los primeros cuatro meses del año.

También se ubicó por encima de República Dominicana, principal potencia turística del Caribe, que registró un incremento de 10.8% en visitantes durante el primer trimestre de 2026.

Sin embargo, la diferencia sigue estando en la escala. República Dominicana recibió más de 3.7 millones de visitantes durante los primeros tres meses del año, casi cuatro veces más que Panamá en un período similar, consolidándose como el principal destino turístico de la región. Costa Rica, por su parte, superó los 1.19 millones de turistas internacionales por vía aérea entre enero y abril.

Otros países centroamericanos también reportaron avances, aunque a ritmos diferentes. Guatemala registró un crecimiento de 2.1% en visitantes internacionales durante el primer cuatrimestre, mientras que Panamá se mantuvo entre los mercados con mejor desempeño relativo en la región.

Las autoridades panameñas buscan ahora que el crecimiento turístico tenga un impacto más amplio fuera de la ciudad capital. Programas como Panama Stopover han permitido que una parte de los viajeros extienda su permanencia en el país para visitar destinos del interior, mientras que nuevas infraestructuras turísticas y centros de convenciones buscan atraer eventos y visitantes hacia otras provincias.

El comportamiento registrado durante los primeros cuatro meses del año muestra que Panamá continúa ganando participación dentro del mercado turístico regional. Aunque el desempeño de los próximos meses será determinante para confirmar la tendencia, las cifras acumuladas hasta abril reflejan un aumento significativo en la llegada de visitantes, mayores niveles de gasto y una actividad que sigue fortaleciendo su aporte a la economía nacional.

Cinco años después de que Panamá aprobara el uso medicinal y terapéutico del cannabis, el Ministerio de Salud continúa desarrollando las herramientas que permitirán controlar quiénes pueden acceder a estos tratamientos, bajo qué condiciones médicas y qué profesionales están autorizados para prescribirlos.

Una resolución publicada este lunes en la Gaceta Oficial aprobó el Formulario de Usuarios de Cannabis Medicinal y Acompañantes Autorizados, así como la Certificación Médica para el Uso de Cannabis Medicinal, documentos que pasarán a formar parte del sistema oficial de registro y seguimiento de pacientes.

La medida forma parte de la implementación de la Ley 242 de 13 de octubre de 2021, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados en Panamá.

La resolución establece que toda persona que requiera cannabis medicinal como parte de un tratamiento deberá registrarse formalmente como usuario dentro del Programa Nacional para el Estudio y Uso Medicinal del Cannabis y sus Derivados (PNEUCAM), administrado por el Ministerio de Salud.

El sistema también contempla la figura de acompañantes autorizados para menores de edad y para pacientes mayores con discapacidad física o mental, quienes podrán actuar en representación del usuario cuando así sea necesario.

La certificación médica exigida por las autoridades deberá contener información detallada sobre el paciente, el diagnóstico que justifica el tratamiento, la dosis prescrita, la duración de la terapia, la vía de administración y las condiciones médicas asociadas. Además, deberá ser emitida por un médico idóneo reconocido por el Consejo Técnico de Salud Pública.

Entre las enfermedades incluidas en el formulario oficial figuran epilepsia, cáncer, esclerosis múltiple, Parkinson, fibromialgia, dolor crónico, glaucoma, autismo, Alzheimer, enfermedades degenerativas, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y pacientes que requieran cuidados paliativos, entre otras condiciones médicas.

La normativa también obliga a registrar el cannabinoide utilizado, ya sea cannabidiol (CBD), tetrahidrocannabinol (THC) u otros derivados autorizados. Además, deberán consignarse la concentración del producto, la forma farmacéutica, la frecuencia de uso y la vía de administración, que puede incluir aceites, cápsulas, cremas, extractos, tinturas o preparados inhalados, entre otros formatos.

Panamá se convirtió en octubre de 2021 en el primer país de Centroamérica en aprobar una legislación nacional para regular el uso medicinal y terapéutico del cannabis.

Posteriormente, el Ejecutivo desarrolló las normas reglamentarias destinadas a controlar la importación, fabricación, investigación científica, distribución y dispensación de estos productos.

A diferencia de modelos más amplios adoptados en países como Uruguay, Canadá o algunos estados de Estados Unidos, la legislación panameña no permite el uso recreativo del cannabis. La ley limita expresamente su utilización a fines médicos, veterinarios, científicos y de investigación, manteniendo como ilegal cualquier uso no terapéutico.

En América Latina, varios países han desarrollado marcos regulatorios para el cannabis medicinal durante la última década. Colombia, Argentina, Brasil, Perú, México, Chile y Uruguay cuentan con distintos esquemas de acceso para pacientes, aunque con diferencias en producción local, autocultivo, investigación y distribución farmacéutica.

El desarrollo del mercado regulado también ha comenzado a avanzar más allá del marco legal. Durante 2026, las autoridades sanitarias informaron sobre la apertura de la primera farmacia especializada en cannabis medicinal en Panamá y el otorgamiento de licencias para la fabricación y comercialización de estos productos. La legislación establece que los derivados de cannabis solo podrán ser dispensados a pacientes que cuenten con una prescripción médica válida y cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud.

A diferencia de otros productos de uso común, el cannabis medicinal no podrá comercializarse libremente ni promocionarse al público. Su adquisición estará restringida a establecimientos autorizados y sujetos a fiscalización sanitaria. Las autoridades también han indicado que los pacientes podrán verificar cuáles productos están autorizados y en qué farmacias pueden adquirirse, como parte de los mecanismos de trazabilidad diseñados para dar seguimiento a cada tratamiento.

La resolución publicada ahora no amplía las condiciones para acceder al cannabis medicinal en Panamá, pero sí fortalece la estructura de control que acompaña a esta industria emergente. Con el registro obligatorio de pacientes, la certificación médica, las licencias para fabricantes y distribuidores, y la dispensación exclusiva en establecimientos autorizados, las autoridades buscan consolidar un sistema en el que cada tratamiento pueda ser supervisado desde su prescripción hasta la entrega final al paciente.

Al menos un privado de libertad murió durante el motín y la fuga masiva registrada este lunes en el centro penitenciario La Joyita, en Panamá. Mientras el Ministerio de Gobierno confirmó oficialmente el fallecimiento de un recluso dentro de uno de los pabellones, reportes periodísticos y versiones obtenidas en el lugar apuntan a una segunda víctima fatal, aunque esa información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Los hechos se produjeron durante una operación de traslado y redistribución de internos que derivó en disturbios, enfrentamientos y la fuga de varios privados de libertad, provocando un amplio despliegue de los estamentos de seguridad en el este de la provincia de Panamá.

Pese a que las autoridades informaron sobre la recaptura de decenas de reclusos, los operativos de búsqueda continuaban durante la noche en sectores de Pacora, Tanara y la vía hacia Chepo, por lo que todavía no existía una confirmación definitiva de que todos los evadidos hubiesen sido localizados.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó en una conferencia de prensa que el incidente dejó un saldo preliminar de una persona fallecida, ocho heridos y más de 80 internos recapturados.

Sin embargo, posteriormente trascendió información sobre un posible segundo fallecido dentro del penal, situación que al cierre de esta edición no había sido corroborada oficialmente por el Ministerio de Gobierno ni por la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Según la versión oficial, la situación comenzó cuando las autoridades ejecutaban un traslado programado de privados de libertad hacia la provincia de Chiriquí. Entre los reclusos que serían movilizados figuraban líderes de varios pabellones, circunstancia que habría generado rechazo entre parte de la población penitenciaria.

Las autoridades estiman que alrededor de 40 privados de libertad participaron en el motín. Durante los disturbios, varios internos derribaron una puerta de seguridad y lograron salir hacia los patios del penal. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, al menos seis lograron superar el perímetro de seguridad de La Joyita.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a grupos de internos desplazándose libremente por distintos sectores del centro penitenciario, algunos con los rostros cubiertos, mientras recogían piedras, destruían cámaras de vigilancia y se movían entre los cercados de seguridad.

La respuesta incluyó la movilización de unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional y otros estamentos de seguridad, que ingresaron al complejo para restablecer el control de los pabellones y apoyar las labores de recaptura.}

Los operativos se extendieron a diversos puntos del este de la capital panameña. Retenes policiales fueron instalados en la carretera Panamericana, la vía hacia Chepo y sectores cercanos a Pacora y Tanara, provocando largos congestionamientos vehiculares durante varias horas.

Durante la noche continuaban los sobrevuelos de helicópteros y las inspecciones de vehículos en busca de posibles fugitivos. Aunque las autoridades sostienen que los evadidos han sido recapturados, los dispositivos de seguridad permanecían activos mientras se completaban las verificaciones correspondientes.

La Joyita forma parte del Complejo Penitenciario La Joya, ubicado en Pacora. Según cifras oficiales de 2025, alberga 4,500 privados de libertad pese a tener capacidad para 2,837 personas, una situación que refleja un nivel de hacinamiento elevado.

La fuga ocurre apenas días después de que un Jurado de Conciencia declarara culpables a 12 privados de libertad por la masacre registrada en el pabellón 14 de La Joyita. En aquel hecho, considerado uno de los episodios más sangrientos del sistema penitenciario panameño, murieron 13 internos y otros 11 resultaron heridos durante un enfrentamiento entre grupos rivales dentro de la cárcel.

El plan de reasentamiento de las familias impactadas por el futuro embalse de Río Indio se extenderá más allá de 2034, no solo por el traslado físico de las comunidades, sino por el acompañamiento que la Autoridad del Canal de Panamá prevé mantener hasta que los hogares recuperen sus medios de vida. Así lo explicó Ilia Espino de Marotta, subadministradora y futura administradora del Canal, al detallar los avances del proyecto hídrico aprobado en enero de 2025.

El proyecto contempla el reasentamiento de 423 familias ubicadas en áreas de Coclé, Panamá Oeste y Colón. Espino de Marotta aclaró que el proceso será paulatino y que no todas las familias serán trasladadas al mismo tiempo. La prioridad inicial estará en el área donde se construirá la presa, principalmente en sectores de Colón, por tratarse del punto donde deberán iniciar las primeras obras físicas.

“Este reasentamiento va a ser paulatino, no todo el mundo a la vez. Primero, el área prioritaria es el sitio de presa, donde hay que hacer las construcciones”, explicó la ingeniera durante una presentación pública sobre el proyecto. También descartó la idea de que las familias serán trasladadas en pocos meses. “No. Esto va a tomar años”, señaló.

La futura administradora de la ACP insistió en que el acompañamiento no terminará con la mudanza. Según dijo, la ejecución del plan de reasentamiento se extenderá más allá de 2034 porque la institución dará seguimiento a las familias hasta que puedan restaurar sus medios de vida. “No es que te mudo y me voy. Te acompaño hasta que tu medio de vida sea restaurado”, afirmó.

Río Indio es la principal apuesta hídrica del Canal de Panamá para garantizar agua suficiente durante los próximos 50 años. La obra principal requiere una inversión estimada de $1,500 millones e incluye una presa de concreto, tres presas auxiliares y un sistema que permitirá trasladar agua hacia el lago Gatún por gravedad. La construcción tendría una duración aproximada de cuatro años y generaría unos 2,700 empleos directos entre las labores de reasentamiento y la ejecución de la infraestructura.

De acuerdo con el cronograma explicado por Espino de Marotta, la ACP aspira a adjudicar el contrato principal en algún momento de 2027 e iniciar la obra física en 2028. Mientras tanto, la institución avanza en el diseño conceptual del proyecto, la actualización de la línea base ambiental, los estudios técnicos y el proceso de diálogo con las comunidades.

La presentación del estudio de impacto ambiental categoría III ante el Ministerio de Ambiente está prevista entre finales de 2026 y principios de 2027. La funcionaria señaló que ese proceso incluirá foros públicos, intercambio de información, entrevistas y mecanismos de participación ciudadana, debido a la magnitud ambiental y social del proyecto.

Uno de los componentes más sensibles es el marco de compensación para las familias que deberán ser reasentadas. Espino de Marotta explicó que la ACP ha desarrollado siete ciclos de reuniones con los residentes, bajo estándares de la Corporación Financiera Internacional, aunque el Canal no recurrirá a financiamiento de esa entidad. Según dijo, la intención es aplicar normas internacionales en materia de reasentamiento.

La funcionaria sostuvo que la participación comunitaria ha aumentado con el tiempo. Al inicio, dijo, solo participaba alrededor del 26% de las familias convocadas, pero tras nueve meses de reuniones entre mayo de 2025 y febrero de 2026, la participación llegó a cerca del 70%. Ese proceso incluyó encuentros comunitarios, reuniones individuales y visitas casa por casa cuando fue necesario.

La ACP también identificó predios para reubicar a las familias dentro de las mismas provincias impactadas. De acuerdo con Espino de Marotta, algunos terrenos se encuentran entre cinco y siete kilómetros de las viviendas actuales, con el objetivo de evitar una ruptura brusca con el entorno social y productivo de las comunidades. “No los vamos a mandar a Tocumen”, dijo al referirse a uno de los temores expresados por los residentes.

El plan contempla compensaciones por vivienda, terrenos y actividades económicas. Según el censo socioeconómico levantado por la ACP, el 53% de las familias tiene cinco hectáreas o menos, el 33% posee entre cinco y 25 hectáreas y el 14% cuenta con más de 25 hectáreas. La compensación podrá incluir tierra por tierra, pagos económicos o una combinación de ambas opciones, según avalúos comerciales.

La funcionaria también aseguró que las familias recibirán títulos de propiedad en sus nuevas ubicaciones. Incluso quienes actualmente ocupan tierras bajo derechos posesorios serán tratados como si contaran con título formal para efectos del proceso de compensación. Además, el plan contempla el traslado de animales, apoyo por lucro cesante en actividades agrícolas o ganaderas y reconstrucción de infraestructura comunitaria.

En el caso de las viviendas, la ACP afirma que los diseños han sido trabajados con las familias para incorporar elementos propios de su forma de vida, como portales, depósitos, fogones exteriores, paneles solares, paredes de bloque, techos de zinc, cocina, lavandería y espacios ajustados a la composición familiar. Las casas también serán diseñadas para permitir ampliaciones futuras.

El proyecto no se limita al área que será inundada. Espino de Marotta explicó que el Canal desarrolla iniciativas de cuenca en comunidades de Río Indio, incluyendo reforestación, conectividad escolar, paneles solares, titulación de tierras y programas de pago por protección de bosques. Hasta ahora, según la ACP, más de 1,100 personas han sido beneficiadas por proyectos de cuenca.

En materia ambiental, la institución reportó la reforestación de 50 hectáreas con la participación de más de 360 estudiantes y residentes, así como la creación de tres viveros comunitarios. También informó que 32 familias se han inscrito voluntariamente en el programa de pago por protección de bosques, protegiendo unas 300 hectáreas. La meta es llegar a 5,000 hectáreas con unas 500 familias.

Otro componente mencionado por Espino de Marotta es la intervención en escuelas rurales. La ACP ha trabajado en diez centros educativos y prevé atender otros diez en el territorio, mediante la instalación de antenas satelitales y paneles solares para llevar internet y electricidad a estudiantes de comunidades de Panamá Oeste, Coclé y Colón.

La futura administradora defendió la necesidad del embalse al recordar que los lagos Gatún y Alajuela sostienen actualmente tanto el abastecimiento de agua potable de más de dos millones de personas como la operación del Canal. Según explicó, el consumo de agua de ocho plantas potabilizadoras equivale a unos 8.8 tránsitos diarios, cifra que aumentará a diez tránsitos cuando entren en operación nuevas plantas y ampliaciones.

Espino de Marotta recordó que durante la sequía de 2023 la ACP redujo el número de tránsitos diarios para preservar el agua destinada a la población. Esa decisión, dijo, implicó que entre 2,200 y 2,700 buques no pudieran transitar por la vía interoceánica y pudo representar un impacto cercano a $900 millones para el Canal.

La ingeniera también descartó que el lago Bayano sea una alternativa más conveniente que Río Indio. Afirmó que la ACP estudió 12 posibles variantes asociadas a Bayano y ninguna resultó superior. Según explicó, esa opción costaría tres veces y media más que Río Indio, requeriría una tubería de más de 100 kilómetros y demandaría alrededor de $200 millones anuales solo para bombear el agua.

Para Espino de Marotta, Río Indio se ha convertido en una pieza central del plan estratégico 2025-2035 del Canal de Panamá, junto con otros proyectos como nuevos puertos, un corredor logístico y un gasoducto. La funcionaria planteó que el reto hídrico es una nueva etapa en la historia de la vía interoceánica, después de la transferencia del Canal y la ampliación inaugurada en 2016.

La ACP sostiene que el proyecto permitirá reducir la vulnerabilidad del país frente a eventos climáticos extremos y asegurar una fuente adicional de agua para la población y para la operación de la vía. Sin embargo, el avance del plan dependerá del cumplimiento de los estudios ambientales, el proceso de reasentamiento, la relación con las comunidades y la capacidad institucional para ejecutar una de las obras más complejas que enfrenta el Canal en las próximas décadas.

La peor masacre carcelaria registrada en Panamá comienza a acercarse a su capítulo final en los tribunales. Seis años después del ataque que estremeció al sistema penitenciario nacional, un Jurado de Conciencia declaró culpables a 12 privados de libertad por la matanza ocurrida en el pabellón 14 de la cárcel La Joyita, donde murieron 13 internos y otros 11 resultaron heridos.

El veredicto fue obtenido por la Sección Especializada en Homicidios y Femicidios del área Metropolitana del Ministerio Público, tras un juicio que se extendió durante tres semanas.

Los acusados fueron encontrados culpables como autores de homicidio doloso agravado en perjuicio de 13 personas y de homicidio doloso agravado en grado de tentativa contra otras 11 víctimas.

Los hechos se remontan a la tarde del 17 de diciembre de 2019, cuando se desató un sangriento ataque dentro del pabellón 14 del Centro Penitenciario La Joyita, en el complejo carcelario La Joya-La Joyita-Nueva Joya.

Según la investigación desarrollada por la Fiscalía, los hoy condenados arremetieron contra un grupo de reclusos que también permanecía recluido en ese pabellón, utilizando armas de fuego y armas punzocortantes.

La agresión dejó una escena sin precedentes en el sistema penitenciario panameño. Las víctimas fueron alcanzadas por disparos de armas de fuego y posteriormente algunas fueron atacadas con cuchillos y otros objetos cortantes.

La magnitud de la violencia convirtió el caso en una de las peores matanzas ocurridas dentro de una cárcel panameña y expuso graves deficiencias en los controles de seguridad penitenciaria.

La investigación del Ministerio Público determinó que el ataque no fue espontáneo. Las pesquisas, apoyadas en peritajes balísticos, pruebas forenses y testimonios protegidos, concluyeron que la masacre ocurrió en medio de una guerra interna entre integrantes de la pandilla Bagdad y miembros de una facción disidente conocida como Matar o Morir (MOM). Las autoridades sostienen que el conflicto estaba relacionado con disputas por el control de actividades vinculadas al narcotráfico y al liderazgo de la organización criminal.

Durante las investigaciones posteriores al ataque, las autoridades encontraron dentro del penal armas que nunca debieron estar en manos de privados de libertad.

Entre los hallazgos figuraban fusiles AK-47, pistolas de distintos calibres y municiones. El descubrimiento provocó cuestionamientos sobre los mecanismos de seguridad existentes en el complejo penitenciario y sobre la posible participación de funcionarios en el ingreso de armamento al centro carcelario.

Las investigaciones también revelaron que el pabellón 14 era considerado uno de los espacios bajo mayor influencia de la pandilla Bagdad dentro de La Joyita. Diversos informes señalaron que muchos de los reclusos allí confinados mantenían vínculos con estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas, homicidios y otros delitos violentos.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue que existían señales previas de tensión dentro del penal. Informes conocidos posteriormente indicaron que se habían reportado situaciones irregulares antes de la masacre, aunque estas advertencias no derivaron en acciones que evitaran el ataque.

La tragedia reabrió el debate sobre las condiciones de hacinamiento, la presencia de pandillas y la capacidad del Estado para mantener el control efectivo de los centros penitenciarios.

La masacre también tuvo repercusiones fuera de los muros de La Joyita. En los meses posteriores, las autoridades relacionaron diversos homicidios registrados en Panamá Oeste y San Miguelito con la misma disputa criminal que derivó en los hechos ocurridos dentro del penal.

La investigación apuntó a que la confrontación entre facciones de Bagdad se extendió más allá de la cárcel y generó una ola de violencia en distintos sectores del país.

Tras los hechos, el Gobierno de entonces ordenó investigaciones administrativas, cambios en la estructura de seguridad penitenciaria y operativos de requisa dentro del complejo. Sin embargo, las preguntas sobre cómo ingresaron las armas de guerra al penal y quiénes facilitaron su presencia continúan siendo uno de los aspectos más sensibles del caso.

Lo que hasta hace pocos años parecía exclusivo de grandes centros médicos de Estados Unidos o Europa ya comenzó a utilizarse en Panamá. La cirugía torácica asistida por robot debutó esta semana en el sistema de seguridad social del país con procedimientos realizados a pacientes con cáncer de pulmón, otras enfermedades pulmonares y tumores ubicados cerca del corazón.

Las intervenciones fueron realizadas en el Centro Nacional Especializado Cardiovascular y Torácico de la Ciudad de la Salud y constituyen las primeras cirugías torácicas robóticas efectuadas por la Caja de Seguro Social, un hito para la institución que busca ampliar el acceso a tecnologías de alta complejidad dentro de su red hospitalaria.

La primera jornada de procedimientos se desarrolló entre el 27 y el 29 de mayo y forma parte de una estrategia más amplia para incorporar plataformas quirúrgicas robóticas en distintos puntos del país. La CSS adquirió tres equipos que serán instalados también en Chiriquí y en Herrera.

La cirugía robótica es considerada uno de los avances más importantes de la medicina moderna debido a que permite realizar procedimientos mínimamente invasivos mediante instrumentos controlados por el cirujano desde una consola equipada con visión tridimensional de alta definición.

A diferencia de las operaciones convencionales, el sistema ofrece movimientos más precisos, mejor acceso a zonas anatómicas complejas y una menor afectación de los tejidos.

En el caso de la cirugía torácica, la diferencia puede ser significativa. Tradicionalmente, las intervenciones en pulmones y estructuras cercanas al corazón requerían abrir ampliamente el tórax y separar costillas para permitir el acceso quirúrgico.

Con la asistencia robótica, gran parte de estos procedimientos puede realizarse mediante pequeñas incisiones, reduciendo el trauma físico que experimenta el paciente.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, destacó que esta tecnología permite disminuir el dolor postoperatorio y acelerar los tiempos de recuperación. Según explicó, algunos pacientes podrían recibir el alta médica en menos de 24 horas, mientras que una cirugía abierta suele requerir varios días de hospitalización.

“Esta tecnología permite procedimientos mínimamente invasivos, con pequeñas incisiones, sin necesidad de separar costillas, menos dolor y una recuperación mucho más rápida; en algunos casos, en menos de 24 horas, frente a varios días de hospitalización en cirugía abierta”, señaló Mon Vásquez.

Las primeras intervenciones realizadas en la Ciudad de la Salud incluyeron casos de cáncer de pulmón, enfermedades pulmonares complejas y tumores localizados en áreas cercanas al corazón.

Para los especialistas, el uso de plataformas robóticas resulta especialmente útil en este tipo de procedimientos debido a la precisión requerida para operar en espacios reducidos rodeados de estructuras vitales.

El doctor Pedro Echeverría, cirujano cardiovascular y torácico y director médico del Centro Nacional Especializado Cardiovascular y Torácico, describió el inicio de las cirugías robóticas como la culminación de un proyecto largamente esperado por el equipo médico. “Es un sueño que hemos logrado llevar a su fin”, expresó tras concluir la primera jornada de operaciones.

Sin embargo, las autoridades médicas consideran que el impacto de esta tecnología va más allá de la cirugía torácica. Los robots quirúrgicos también podrán utilizarse en especialidades como urología, cirugía general, ginecología y coloproctología, áreas donde la precisión milimétrica puede influir directamente en los resultados clínicos y en la calidad de vida de los pacientes.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la posibilidad de desarrollar procedimientos de telecirugía. Esta modalidad permitiría que especialistas ubicados en diferentes regiones del país puedan participar o supervisar intervenciones a distancia utilizando la plataforma robótica.

“Un cirujano puede estar en una provincia y otro doctor junto al paciente realizando el procedimiento de manera coordinada”, explicó Echeverría al referirse a una de las aplicaciones futuras de esta tecnología.

La telecirugía es considerada una herramienta especialmente valiosa para países donde los especialistas de alta complejidad suelen concentrarse en las principales ciudades. Su implementación permitiría ampliar el acceso a procedimientos avanzados sin que los pacientes tengan que desplazarse largas distancias para recibir atención especializada.

La expansión de la cirugía robótica también busca reducir la brecha histórica entre la capital y el interior del país. Con la instalación de equipos en Chiriquí, Herrera y la Ciudad de la Salud, la CSS pretende acercar servicios de alta complejidad a una mayor cantidad de pacientes y disminuir la necesidad de traslados hacia la ciudad de Panamá.

La incorporación de esta tecnología coloca a la seguridad social panameña en una nueva etapa de modernización médica. Aunque los robots no sustituyen el criterio ni la experiencia de los cirujanos, sí amplían sus capacidades y ofrecen herramientas que pueden traducirse en operaciones más precisas, menos complicaciones y recuperaciones más rápidas para los pacientes.

Con estas primeras cirugías torácicas robóticas, la CSS abre la puerta a una transformación que podría extenderse progresivamente a otras especialidades y centros hospitalarios del país.

Grecia controla una de las industrias más influyentes del planeta sin ser una potencia militar ni una de las mayores economías del mundo. Sus armadores manejan alrededor del 21% de la capacidad de transporte marítimo global, una realidad que explica por qué el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajará a Atenas para reunirse con empresarios y autoridades que desempeñan un papel clave para el registro de naves panameño.

El mandatario participará en Posidonia 2026, considerada la feria marítima más importante del mundo, un evento que reunirá entre el 1 y el 5 de junio a más de 40,000 participantes de 138 países y más de 2,000 expositores vinculados al sector naviero internacional.

La cita se desarrolla en un momento en que Panamá busca fortalecer su posición como uno de los principales registros marítimos del planeta y reforzar la confianza de los usuarios de su bandera.

Mulino explicó que la agenda incluirá reuniones con el presidente y el primer ministro de Grecia, así como con autoridades portuarias y representantes de la industria marítima. También sostendrá encuentros bilaterales con las principales navieras griegas y con la Unión de Armadores Griegos, una de las organizaciones empresariales más influyentes del sector naviero mundial.

“Grecia es un usuario, si no el número uno, el número dos de nuestra bandera a nivel mundial”, afirmó el mandatario. Según explicó, los armadores griegos representan uno de los grupos más importantes para el registro panameño debido al volumen de embarcaciones que operan bajo bandera nacional y a la carga que movilizan a través de los océanos.

La importancia de Grecia para Panamá va mucho más allá de una relación comercial convencional. De acuerdo con estadísticas internacionales del sector marítimo, los armadores griegos controlan más de 4,300 embarcaciones y aproximadamente una quinta parte del tonelaje de la flota mercante mundial.

Se trata de una influencia que supera ampliamente a la de países con economías mucho más grandes y que convierte a Grecia en un actor indispensable dentro del comercio global.

Las empresas navieras griegas tienen además una presencia dominante en algunos de los segmentos más estratégicos del transporte internacional. Controlan cerca de un tercio de los buques petroleros del mundo, una cuarta parte de los barcos graneleros y una participación significativa en el transporte de gas natural licuado.

En otras palabras, una parte importante de la energía, materias primas y mercancías que se movilizan diariamente por vía marítima está bajo administración de armadores griegos.

Mulino reconoció que una de las prioridades de su visita será transmitir confianza a los usuarios de la bandera panameña. “No solamente el concepto de salvar que desregistren algunas naves de la bandera panameña. Ese no es necesariamente el fin primordial.

El fin primordial es darle confianza a esos usuarios y sobre todo a un amigo, como es Grecia, de Panamá a través del tiempo”, manifestó.

La relación entre ambos países se ha construido durante décadas. Aunque en el mercado marítimo han surgido otros registros competidores, Grecia ha mantenido una presencia constante dentro de la flota registrada en Panamá.

El propio mandatario destacó que los armadores griegos han permanecido “fieles a Panamá en su abanderamiento de naves”, convirtiéndose en uno de los principales respaldos del registro nacional.

La visita ocurre además en un momento de intensa competencia entre los grandes registros marítimos internacionales. Panamá continúa siendo uno de los líderes mundiales en cantidad de embarcaciones inscritas, con más de 8,700 buques y cerca del 16% de la flota mercante mundial.

Sin embargo, enfrenta la competencia creciente de registros como Liberia y las Islas Marshall, que han ganado participación en los últimos años.

Para el Gobierno panameño, la presencia en Posidonia 2026 también representa una oportunidad para promover al país como centro logístico y de servicios internacionales. Mulino adelantó que la misión no estará limitada a los asuntos marítimos y que aprovechará la visita para abordar temas relacionados con inversiones, finanzas, turismo y aeronáutica.

“Me acompaña una delegación multidisciplinaria porque vamos a hablar de inversión, de finanzas, de turismo y de aeronáutica”, señaló el presidente al describir el alcance de la agenda que desarrollará durante la semana.

El interés de Grecia en Panamá también se extiende al sector logístico. Según explicó Mulino, existe un marcado interés de empresas griegas por ampliar su presencia en el país, aprovechando la posición estratégica que ofrece el Canal de Panamá, los puertos, las zonas francas y la conectividad aérea y marítima que caracteriza al país.

La participación de Panamá en Posidonia 2026 permitirá además un contacto directo con algunos de los principales tomadores de decisiones de la industria marítima mundial. El evento reúne a armadores, astilleros, aseguradoras, bancos, puertos, operadores logísticos y proveedores tecnológicos que influyen en una actividad responsable de movilizar cerca del 90% del comercio internacional.

Panamá avanza en la definición del modelo institucional que acompañará el desarrollo del tren Panamá-David-Frontera, un proyecto que aún se encuentra en fase de estudios y estructuración financiera, pero que ya obliga al Gobierno a analizar cómo será regulado, administrado y supervisado uno de los mayores proyectos de infraestructura planteados para el país en las próximas décadas.

La Secretaría Nacional del Ferrocarril informó que sostuvo jornadas de trabajo técnico con especialistas de Crossrail International, Grant Thornton, el Gobierno del Reino Unido y asesores internacionales para evaluar experiencias aplicadas en grandes proyectos ferroviarios y estudiar qué mecanismos podrían adaptarse al futuro Corredor Logístico Ferroviario de Panamá.

Según la entidad, durante las sesiones se revisaron modelos de gobernanza, regulación, diseño institucional y alternativas para garantizar la continuidad operativa del sistema, tomando como referencia experiencias desarrolladas en otros países.

El objetivo es definir la estructura que permitirá administrar y supervisar una infraestructura ferroviaria que busca conectar la ciudad de Panamá con la frontera de Costa Rica y transformar el sistema logístico nacio

La participación de Crossrail International resulta relevante debido a que la organización nació a partir de la experiencia acumulada durante la construcción de Crossrail, actualmente conocida como la Línea Elizabeth de Londres, considerada una de las obras ferroviarias urbanas más complejas de Europa.

La firma se dedica a asesorar gobiernos y operadores ferroviarios en la planificación, gestión y desarrollo de sistemas de transporte masivo alrededor del mundo.

Grant Thornton, por su parte, es una firma global de consultoría y auditoría con experiencia en estructuración financiera de proyectos de infraestructura, gobernanza corporativa y asociaciones público-privadas. La empresa ha participado en iniciativas vinculadas al transporte, energía e infraestructura estratégica en diversos mercados.

Las reuniones ocurren en momentos en que el proyecto ferroviario panameño se acerca a una etapa clave. El secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional del Ferrocarril, Henry Faarup, informó recientemente que los principales estudios de ingeniería y factibilidad estarán listos durante junio, permitiendo definir con mayor precisión la viabilidad técnica, económica y operativa de la iniciativa.

Actualmente se desarrollan análisis de demanda, impacto ambiental, ingeniería conceptual y evaluación financiera liderados por firmas internacionales como AECOM, Renfe, KPMG y WSP. Estos estudios servirán para establecer el trazado definitivo, el costo estimado de la obra y el modelo de operación que se utilizará una vez el sistema entre en funcionamiento.

Entre los trabajos técnicos también se incluyen estudios de batimetría, geotecnia, hidrología y modelación hidráulica, necesarios para determinar las condiciones del terreno y reducir riesgos asociados a la construcción de puentes y tramos ferroviarios. Estas evaluaciones forman parte del Estudio de Impacto Ambiental que acompaña el desarrollo del proyecto.

Uno de los componentes más relevantes del plan contempla la construcción de un puente ferroviario sobre el Canal de Panamá, ubicado aproximadamente 185 metros al norte del Puente Centenario. La estructura permitiría conectar los sistemas logísticos del Pacífico y el Atlántico e integrar los puertos del país dentro de un mismo corredor ferroviario.

El proyecto también prevé el desarrollo de infraestructura logística en Corozal, donde se contempla un patio de contenedores con conexión hacia los puertos de Balboa y futuras terminales portuarias. Además, el sistema tendría una conexión directa con el ferrocarril Panamá-Colón, fortaleciendo la integración entre los principales centros logísticos del país.

De acuerdo con los estudios preliminares, el trazado tendría una extensión aproximada de 475 kilómetros entre Ciudad de Panamá y Paso Canoas, incluyendo al menos 14 estaciones para pasajeros y carga. Entre los puntos contemplados figuran Albrook, Panamá Pacífico, La Chorrera, Penonomé, Santiago, David y la frontera con Costa Rica.

Uno de los temas que ha generado mayor atención es el futuro del aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook, debido a que el área figura como punto de partida del sistema ferroviario. Faarup indicó que la terminal aérea podría continuar operando entre cinco y siete años mientras se planifica una eventual reubicación de operaciones hacia Panamá Pacífico o Tocumen, dependiendo de la evolución del proyecto.

Aunque el costo definitivo aún no ha sido determinado, las estimaciones preliminares sitúan la inversión por encima de los $5,000 millones. Las autoridades han señalado que el financiamiento se encuentra en fase de estructuración y que existe interés por parte de organismos multilaterales, banca de desarrollo y esquemas de asociación público-privada, los cuales podrían cubrir hasta el 85% del valor total de la obra.

Según las proyecciones oficiales, la construcción podría extenderse entre siete y ocho años y ejecutarse por etapas, comenzando en el área del Canal y avanzando posteriormente hacia el interior del país. El plan también contempla servicios de trenes de cercanía para sectores como Arraiján y La Chorrera, complementando la Línea 3 del Metro de Panamá y buscando reducir la congestión vehicular en el sector oeste.

Más allá de la obra física, las reuniones sostenidas con especialistas británicos reflejan que el Gobierno busca definir desde ahora cómo funcionará la estructura institucional que deberá administrar, regular y supervisar un sistema ferroviario que, de concretarse, se convertiría en una de las mayores inversiones de infraestructura en la historia reciente de Panamá.

La incorporación de 184 nuevas unidades de los estamentos de seguridad, 34 vehículos, 14 motocicletas y cinco equipos de control de multitudes forma parte de la apuesta del Gobierno para reforzar la seguridad en Colón, una provincia que continúa ubicándose entre las más golpeadas por la violencia homicida en Panamá.

El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, durante una actividad en la que se presentó el nuevo contingente que se integrará al Operativo de Control Territorial Focalizado que desarrolla la Policía Nacional en distintos sectores de la provincia.

La estrategia busca incrementar la presencia de la Fuerza Pública en comunidades consideradas prioritarias, mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y fortalecer las acciones de prevención del delito en una provincia que históricamente ha enfrentado desafíos relacionados con la criminalidad, el narcotráfico y la actividad de grupos delictivos.

El contingente está compuesto por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y de la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional, que trabajarán de forma coordinada con los equipos que ya operan en la provincia.

Como parte del refuerzo operativo se incorporan 15 vehículos del SENAN, 15 vehículos del SENAFRONT, cuatro vehículos Alfa de la Policía Nacional, 14 motocicletas del Servicio Policial Motorizado y cinco equipos especializados de control de multitudes, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial y facilitar la movilidad de las unidades en los sectores intervenidos.

El Ministerio de Seguridad sostiene que estas capacidades permitirán aumentar los patrullajes preventivos, reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y fortalecer el vínculo entre las autoridades y las comunidades.

Durante su intervención, Ábrego señaló que el despliegue busca respaldar el trabajo que realizan diariamente los estamentos de seguridad para proteger a las familias colonenses y recuperar espacios de convivencia ciudadana. También destacó la importancia de la colaboración de la población mediante la denuncia oportuna de actividades delictivas.

La apuesta gubernamental ocurre en momentos en que Colón se mantiene como la segunda provincia con mayor cantidad de víctimas de homicidio en Panamá, solo por detrás de la provincia de Panamá. De acuerdo con las estadísticas preliminares del Ministerio Público, entre enero y abril de 2026 se contabilizaron 32 víctimas de homicidio en Colón, equivalentes al 16.6% del total nacional.

Aunque la cifra representa una reducción de 14% respecto a las 37 víctimas registradas durante el mismo período de 2025, la provincia continúa figurando entre las áreas de mayor incidencia de este delito. A nivel nacional se registraron 193 víctimas de homicidio durante los primeros cuatro meses de 2026, un aumento de 7% en comparación con las 180 contabilizadas en igual período del año anterior.

La provincia de Panamá encabezó la estadística con 88 víctimas, seguida por Colón con 32 y San Miguelito con 37 casos. En conjunto, estas tres jurisdicciones concentraron más del 80% de los homicidios registrados en el país durante el período analizado.

Las cifras también reflejan que el uso de armas de fuego continúa siendo el principal mecanismo empleado en estos crímenes. De las 193 víctimas registradas a nivel nacional entre enero y abril, 165 murieron por disparos, lo que representa el 85.5% de los casos.

Los datos del Ministerio Público muestran además que los jóvenes continúan siendo el grupo más afectado por la violencia homicida. El rango de edad entre 18 y 24 años acumuló 56 víctimas durante el primer cuatrimestre del año, seguido por las personas entre 25 y 29 años con 34 casos.

En paralelo al refuerzo policial anunciado esta semana, las autoridades continúan desarrollando investigaciones relacionadas con hechos violentos ocurridos en la provincia. Recientemente, tres jóvenes de 18, 20 y 23 años fueron enviados a detención provisional por los delitos de tentativa de homicidio y asociación ilícita para delinquir.

De acuerdo con la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, los imputados están vinculados a un ataque con arma de fuego ocurrido el 11 de abril de 2026 en Villa Cartagena, corregimiento de Puerto Pilón, donde dos personas resultaron víctimas del hecho y una de ellas sufrió heridas que pusieron en peligro su vida.

La Fiscalía logró la legalización de las aprehensiones, los allanamientos y la formulación de cargos durante una audiencia celebrada el pasado 21 de mayo. Los tres sospechosos habían sido capturados un día antes como parte de las investigaciones desarrolladas por las autoridades.

Las autoridades judiciales de Panamá dictaron dos sentencias condenatorias en la provincia de Panamá Oeste por delitos relacionados con la explotación y el abuso sexual de menores.

En el primer caso, la Fiscalía Regional obtuvo una pena de 13 años de prisión para un ciudadano venezolano imputado por los delitos de difusión y posesión de material de abuso sexual infantil.

La investigación penal determinó que el individuo difundió un video explícito de forma masiva en un grupo de WhatsApp en La Chorrera durante mayo de 2025, y posteriormente se le decomisó un dispositivo electrónico que contenía grabaciones adicionales de menores de edad en actividades de naturaleza sexual.

El Tribunal de Garantías validó un acuerdo de pena pactado entre las partes que derivó en la sentencia condenatoria número 340, imponiendo además una inhabilitación absoluta para trabajar cerca de parques y escuelas por un periodo de cinco años adicionales tras cumplir la sanción de prisión.

En el segundo proceso, el Tribunal de Juicio Oral de Panamá Oeste condenó a 17 años de prisión a un hombre de 50 años por los delitos de violación agravada y actos libidinosos agravados. Los magistrados basaron la resolución en el caudal probatorio de la sección de asistencia a juicio que demostró que el imputado se aprovechó de su vínculo familiar como tío de la víctima, una menor de 13 años, para cometer los actos ilícitos en el distrito de Arraiján durante el año 2023.

La sentencia número 065 desglosó la pena en 13 años por violación y 4 años por actos libidinosos, aplicando restricciones severas para ejercer oficios en centros deportivos y parvularios. Paralelamente, en el distrito de San Miguelito, la Fiscalía Superior de Adolescentes logró la detención provisional de un joven de 17 años por su presunta vinculación en la violación agravada de una niña de 11 años ocurrida en Belisario Frías, fundamentando la medida en los riesgos de afectación de pruebas.

Delitos al alza

El informe del Ministerio Público sobre delitos sexuales refleja un incremento del 5% en las denuncias globales de este tipo penal en el primer cuatrimestre, acumulando 1,980 casos frente a los 1,892 registrados en el mismo periodo del año anterior.

La evolución mensual de la criminalidad sexual muestra una tendencia creciente en la recepción de causas, iniciando en enero con 487 denuncias, descendiendo levemente en febrero a 416, y registrando un marcado repunte en marzo con 538 casos que se estabilizó en abril con 539 expedientes ingresados al Sistema Penal Acusatorio.

Del total general reportado, el capítulo general de violación y otros delitos sexuales acaparó la gran mayoría de la actividad judicial con 1,795 denuncias, mientras que las conductas asociadas a corrupción y explotación sumaron 185 trámites a nivel nacional.

Al analizar los datos, las denuncias por violaciones comunes registraron 646 casos, lo que representa una disminución del 11% en comparación con el año anterior. En contraste, las violaciones familiares o con agravantes graves subieron un 2%, sumando 85 casos, mientras que los abusos sexuales contra adolescentes de entre 14 y 18 años aumentaron un preocupante 18%, alcanzando los 742 expedientes judiciales.

El comportamiento por meses de este último delito específico de acceso sexual a adolescentes evidenció una aceleración constante en las oficinas judiciales, contabilizando 189 denuncias en el mes de enero, 156 en febrero, 187 durante marzo y alcanzando su punto más elevado en abril con un total de 210 investigaciones iniciadas por los fiscales.

El incremento porcentual más significativo se concentró en la tipificación de pornografía infantil, cuyas denuncias pasaron de 18 casos en 2025 a 39 en el periodo actual, lo que representa un alza del 117%. El registro de este flagelo cibernético se concentró con fuerza durante el mes de febrero al registrarse 16 denuncias de impacto inmediato.

Por el contrario, la posesión de este material ilícito reportó una disminución del 10%, contabilizando 9 denuncias en total. En cuanto a otras conductas delictivas, el delito de corrupción de personas menores de edad escaló un 40% con un total de 126 registros, presentando un flujo mensual ascendente que cerró abril con 37 denuncias activas, mientras que la explotación comercial bajó un 50%, reportando únicamente 4 casos ante el Ministerio Público.

El resto de la incidencia delictiva del cuatrimestre incluyó 306 denuncias por actos libidinosos, 16 por acoso sexual, 3 por relaciones remuneradas con menores de edad y 3 por exhibición de material pornográfico a personas con discapacidad o incapaces. En contraste, los delitos de turismo sexual, omisión de conocimiento y uso de inmuebles para estos fines cerraron el periodo sin registros.

En el desglose territorial por distritos judiciales, el Primer Distrito concentró el mayor impacto operativo con 919 denuncias acumuladas, mientras que el Tercer Distrito Judicial reportó 698 expedientes. En la distribución geográfica nacional, la provincia de Panamá concentra el mayor volumen con 406 casos, seguida de Chiriquí con 309, Panamá Oeste con 259, Bocas del Toro con 195 y la comarca Ngöbe Buglé con 194 denuncias.

Los panameños tendrán que esperar más tiempo para conocer los resultados finales de la auditoría integral realizada al proyecto Mina de Cobre Panamá, luego de que la empresa SGS Panama Control Services Inc. solicitara una prórroga para entregar el informe definitivo al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Aunque el Gobierno había indicado previamente que el documento con los hallazgos finales estaría listo este 29 de mayo, MiAmbiente informó que la firma auditora pidió más tiempo para realizar verificaciones finales y compendiar los anexos correspondientes.

El comunicado oficial no precisa por cuánto tiempo se extenderá la entrega ni establece una nueva fecha para la divulgación pública del informe.

El documento es uno de los insumos más esperados dentro del debate sobre el futuro de Cobre Panamá, la mina operada por Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, cuya actividad permanece suspendida desde noviembre de 2023 tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato minero aprobado ese mismo año.

MiAmbiente señaló que el informe final presentará los resultados y hallazgos derivados del proceso de evaluación técnica, ambiental y operativa de la mina.

Una vez el documento sea recibido y culmine la revisión conforme a los procedimientos establecidos, será puesto a disposición pública, según indicó la entidad, como parte de su compromiso con la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.

La auditoría busca detectar incumplimientos, riesgos y debilidades estructurales mediante la comparación del desempeño del proyecto con el marco regulatorio vigente y con estándares internacionales vinculados a minería, sostenibilidad ambiental y buenas prácticas de gobernanza corporativa. El objetivo declarado es generar información técnica, objetiva y verificable que sirva de base para futuras decisiones del Estado.

La metodología aplicada por SGS tiene un enfoque integral y multidisciplinario, con revisión de componentes ambientales, jurídicos, laborales, fiscales, tributarios, técnicos y operativos. Esa estructura busca analizar cada área de manera coordinada y evaluar cómo las decisiones, omisiones o deficiencias detectadas podrían incidir en el desempeño general del proyecto minero.

La solicitud de prórroga se conoce después de la publicación del sexto informe mensual de la auditoría, correspondiente al período comprendido entre el 8 de marzo y el 8 de abril de 2026.

Ese documento confirmó que el proceso aún estaba en construcción y que el informe consolidado sería presentado en las siguientes semanas, pese a que previamente se había señalado que el cierre técnico estaría listo entre abril y mayo.

Uno de los puntos más relevantes del sexto informe fue que todavía no se había publicado el tomo que contendrá la evaluación definitiva sobre el nivel de cumplimiento de los 370 compromisos derivados del Estudio de Impacto Ambiental Categoría III. SGS indicó que ese contenido sería incorporado posteriormente junto con el resumen ejecutivo y los anexos técnicos que consolidarán los resultados finales de la auditoría.

El quinto informe mensual, utilizado como referencia previa para medir el avance del proceso, había señalado que la auditoría acumulaba un avance de 84.83%. Sin embargo, también advertía que los hallazgos consolidados y la matriz definitiva de riesgos aún no estaban cerrados. Para ese momento, solo 147 de los 370 compromisos ambientales habían sido revisados completamente, mientras otros 223 seguían pendientes de validación documental y técnica.

Entre las observaciones más sensibles identificadas en los informes previos figuraba el potencial riesgo de drenaje ácido de rocas asociado al material mineralizado almacenado en el proyecto.

La auditoría advertía que millones de toneladas de roca extraída permanecían expuestas al agua, al aire y a las condiciones climáticas, lo que podría generar reacciones químicas capaces de elevar concentraciones de metales en aguas superficiales y subterráneas.

También se habían identificado debilidades en las medidas de biodiversidad y reforestación. Según los avances conocidos, las acciones de compensación ecológica se desarrollaban de manera fragmentada y sin una estrategia integral orientada específicamente a preservar el nivel de biodiversidad de la ecorregión impactada por el proyecto.

Además, se señalaba la ausencia de indicadores consolidados para medir recuperación funcional de ecosistemas, conectividad ecológica y estabilidad de poblaciones prioritarias.

Además, se señalaba la ausencia de indicadores consolidados para medir recuperación funcional de ecosistemas, conectividad ecológica y estabilidad de poblaciones prioritarias.

Otro frente observado estaba relacionado con la transparencia socioambiental. La auditoría indicaba que, para el período evaluado con corte a 2023, no se evidenciaba la publicación formal de reportes anuales de monitoreo socioambiental en los términos exigidos por algunos compromisos adquiridos por la empresa.

Aunque se reconocían actividades de comunicación y divulgación, el documento señalaba que estas no equivalían al cumplimiento integral de las obligaciones de transparencia.

El componente social también permanecía bajo revisión. SGS había advertido que aún no se evidenciaba la implementación completa de todos los planes de compensación previstos, aunque reconocía coordinación entre la empresa y entidades estatales como MIDES, MEDUCA, MINSA, MIDA e IDAAN.

La demora mantiene en suspenso uno de los expedientes más sensibles para el Gobierno de José Raúl Mulino. La mina fue durante años uno de los principales motores de exportación del país y llegó a representar cerca del 5% del Producto Interno Bruto, pero su cierre también dejó un fuerte debate ambiental, jurídico y político tras las protestas masivas de 2023.

Por ahora, el Ejecutivo no ha definido públicamente cuál será la salida jurídica para el proyecto en caso de que decida avanzar hacia una reapertura, aunque Mulino ha reiterado que no impulsaría un nuevo contrato ley ante la Asamblea Nacional. La auditoría final de SGS será una pieza clave para ese debate, pero su entrega vuelve a quedar pendiente.

Los bancos que operan en Panamá llegaron a abril de 2026 con más depósitos, una cartera de crédito en crecimiento y una reducción en los niveles de morosidad, aunque algunos sectores económicos continúan mostrando señales de cautela, especialmente la construcción y el mercado hipotecario.

Así lo reflejan los más recientes datos de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), que muestran un sistema financiero sólido, respaldado por una mayor confianza de los ahorristas y una expansión moderada de la actividad crediticia.

Uno de los indicadores que más llamó la atención fue el crecimiento del ahorro y de los depósitos. Al cierre de abril, los depósitos del Centro Bancario Internacional alcanzaron los $120,742.5 millones, un aumento interanual de 7.34%, equivalente a $8,256.6 millones adicionales frente al mismo período de 2025.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por los depósitos externos, que aumentaron 13.33%, mientras que los depósitos internos avanzaron 3.49%.

Dentro del mercado local, los depósitos de particulares crecieron 5.71%, mientras que los depósitos de personas y empresas extranjeras aumentaron 12.78%. Para la SBP, este comportamiento refleja una mayor confianza de clientes e inversionistas en la estabilidad del sistema bancario panameño y consolida a Panamá como un centro regional para la captación de recursos financieros.

En paralelo, la cartera crediticia neta del Centro Bancario Internacional alcanzó los $102,694.5 millones, un crecimiento de 4.73% respecto a abril de 2025. Sin embargo, cuando se analiza exclusivamente el crédito local otorgado por el Sistema Bancario Nacional, el avance fue más moderado: la cartera interna llegó a $65,254.4 millones, con un incremento de 1.15%.

Los sectores que impulsaron el crecimiento del crédito fueron principalmente consumo personal, comercio e hipotecas. El financiamiento para consumo personal aumentó $901.8 millones, equivalente a 6.25%, hasta alcanzar $15,337 millones.

El crédito comercial creció $251.7 millones o 1.87%, mientras que la cartera hipotecaria aumentó $147.5 millones, equivalente a 0.69%. Estos tres segmentos representan más del 80% del crédito privado local.

No todos los sectores mostraron el mismo comportamiento. La construcción continuó siendo el segmento con el mayor retroceso. La cartera destinada a esta actividad cayó 11.98%, equivalente a $571.9 millones menos que un año atrás. También disminuyeron los créditos para actividades financieras y seguros (-6.23%), industria (-2.03%) y ganadería (-1.78%).

La reducción en construcción coincide con un período de menor dinamismo de algunos proyectos inmobiliarios y una mayor prudencia de las entidades financieras ante un sector sensible a las condiciones económicas y financieras.

Sin embargo, cuando se revisan los nuevos préstamos aprobados entre enero y abril, el panorama presenta matices distintos. Aunque las colocaciones totales bajaron 2.7%, hasta $8,607.1 millones, el crédito nuevo para consumo personal creció 17.9%, mientras que el financiamiento a la industria aumentó 45.4%.

En contraste, los nuevos préstamos hipotecarios retrocedieron 23.5% y los dirigidos a construcción disminuyeron 25.3%, una señal de que la demanda y la oferta de financiamiento inmobiliario continúan mostrando cautela.

Otro aspecto relevante es la mejora observada en la calidad de la cartera. La morosidad del Centro Bancario Internacional disminuyó de 1.67% a 1.50% entre abril de 2025 y abril de 2026. En términos absolutos, la cartera morosa se redujo en casi $98 millones. También bajó la cartera vencida, que pasó de representar 2.23% del total de préstamos a 2.12%.

Estos resultados indican que, a pesar del crecimiento del crédito, los bancos han logrado contener los niveles de incumplimiento y mejorar la calidad de sus activos.

La reducción de la morosidad estuvo acompañada de una política más conservadora de provisiones. El gasto por cuentas malas aumentó 35.5% durante los primeros cuatro meses del año, hasta alcanzar $237.8 millones. Esta estrategia busca fortalecer las reservas para cubrir posibles pérdidas futuras y reforzar la resiliencia del sistema frente a eventuales deterioros de cartera.

Los resultados también muestran que el sistema mantiene una sólida posición de liquidez. La liquidez legal se ubicó en 59.42%, muy por encima del mínimo regulatorio de 30%, mientras que el índice de adecuación de capital alcanzó 16.04%, duplicando ampliamente el requisito mínimo exigido por la regulación bancaria panameña.

El balance general del sistema refleja además un crecimiento de los activos netos hasta $166,727.4 millones, un aumento de 5.3% respecto a abril de 2025. Las inversiones en valores crecieron 7.6% y los activos líquidos aumentaron 6.8%, consolidando una estructura financiera que continúa apoyándose principalmente en los depósitos de clientes y menos en financiamiento mayorista.

El panorama que muestran las cifras de abril es el de un sistema bancario que sigue creciendo, capta más ahorro y mantiene indicadores prudenciales sólidos. No obstante, también evidencia diferencias importantes entre sectores económicos.

Mientras el consumo y el comercio continúan impulsando la demanda de crédito, la construcción y parte del negocio inmobiliario siguen enfrentando un entorno más retador, reflejando que la recuperación económica no avanza con la misma intensidad en todas las actividades productivas.

La licitación para construir y operar el teleférico de Panamá y San Miguelito quedó desierta luego de que ninguno de los dos consorcios precalificados presentara propuesta económica y técnica dentro del plazo establecido por Metro de Panamá.

El acto de recepción y apertura de ofertas se realizó este 28 de mayo de 2026, pero concluyó sin participantes, pese a que el proyecto había atravesado más de un año de preparación, múltiples ajustes al pliego de cargos y diez adendas destinadas a flexibilizar las condiciones de contratación.

La decisión representa un revés para uno de los proyectos de movilidad urbana más emblemáticos impulsados por la administración del presidente José Raúl Mulino.

El teleférico está concebido como un sistema de transporte por cable de aproximadamente 6.6 kilómetros de longitud, con seis estaciones distribuidas entre los distritos de Panamá y San Miguelito, y una capacidad inicial para transportar hasta 2,800 pasajeros por hora en cada dirección.

En un comunicado divulgado tras el cierre del proceso, Metro de Panamá informó que los dos consorcios que habían superado la fase de precalificación decidieron no presentar ofertas.

Se trata del Consorcio Teleférico SPE, integrado por Sofratesa de Panamá y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, y del Consorcio Teleférico San Miguelito–TSM, conformado por la española Cointer Concesiones y la firma Doppelmayr Panamá Corp., especializada en sistemas de transporte por cable.

La entidad explicó que durante los últimos meses atendió consultas de los interesados, desarrolló mesas de trabajo interinstitucionales e introdujo varias modificaciones al pliego para facilitar la participación bajo el modelo de concesión seleccionado.

Sin embargo, señaló que no fue posible alcanzar la denominada “bancarización” del proyecto por parte de los proponentes precalificados, a pesar de que ambos grupos contaban con experiencia técnica comprobada.

En términos prácticos, la explicación apunta a que los consorcios no lograron estructurar el financiamiento requerido para ejecutar el proyecto bajo las condiciones planteadas por el Estado.

Aunque las empresas tenían la capacidad técnica para desarrollar la obra, no consiguieron asegurar el respaldo financiero necesario de bancos o entidades de crédito internacionales para cerrar el esquema económico de la concesión.

El resultado se produce apenas días después de que Metro de Panamá introdujera nuevos cambios a las condiciones de la licitación mediante la Adenda No. 10, una de las últimas modificaciones realizadas antes de la fecha límite para la entrega de propuestas.

Entre los ajustes figuraban cambios en la forma de calcular las fianzas, nuevas garantías para asegurar las inversiones comprometidas por el futuro concesionario y precisiones sobre los requisitos financieros exigidos a los participantes.

Las modificaciones también redefinieron algunos aspectos relacionados con el cierre financiero del proyecto, los mecanismos de indemnización y las condiciones aplicables en caso de incumplimiento o terminación anticipada del contrato. Asimismo, se flexibilizaron ciertos criterios para que los indicadores financieros pudieran ser acreditados por uno o varios integrantes de los consorcios participantes.

El proceso había comenzado formalmente en enero de 2025 con la etapa de precalificación internacional, en la que participaron varios grupos empresariales interesados en desarrollar la obra bajo una concesión administrativa. Tras la evaluación de capacidades técnicas, financieras y experiencia previa, únicamente dos consorcios lograron avanzar a la fase final de presentación de propuestas.

Durante el desarrollo de la licitación, Metro de Panamá emitió al menos diez adendas y reprogramó en varias ocasiones la fecha de recepción de ofertas. De hecho, el acto de presentación fue aplazado cinco veces mientras la entidad realizaba ajustes para intentar atraer financiamiento y aumentar la viabilidad económica del proyecto.

Ahora, tras la ausencia de propuestas, Metro de Panamá anunció que realizará una revisión integral de las condiciones del proyecto. La evaluación incluirá aspectos financieros, la distribución de riesgos entre el Estado y el futuro operador privado, así como la viabilidad contractual de la iniciativa, tomando en consideración las exigencias del sector bancario internacional.

La entidad adelantó que analizará junto con otras instituciones gubernamentales cuál será la hoja de ruta más conveniente para sacar adelante la construcción del teleférico, que continúa siendo parte del plan de inversiones y movilidad contemplado por el Gobierno para el período 2024-2029.

Entre las alternativas que podrían estudiarse figuran modificaciones adicionales al esquema de concesión, cambios en la estructura financiera o incluso una redefinición del modelo bajo el cual se desarrollaría la obra.

Mientras se define el futuro del proyecto, miles de moradores de San Miguelito, el segundo distrito más poblado del país, tendrán que seguir esperando una solución de transporte que alivie los tiempos de traslado y mejore la conexión con otras zonas de la ciudad.

El teleférico había sido presentado como una alternativa para ampliar la movilidad urbana en un distrito marcado por la alta densidad poblacional y la presión diaria sobre sus principales vías de acceso.

Mafalda volvió a hablar en Panamá. Y aunque esta vez no lo hizo desde las páginas de un periódico ni desde una vieja tira cómica en blanco y negro, su mirada crítica sobre el mundo, la política, la guerra, la justicia y la sociedad volvió a instalarse entre niños, jóvenes y adultos con la inauguración de la exposición “El Mundo Según Mafalda” en la Ciudad de las Artes.

La muestra abrió oficialmente sus puertas este 26 de mayo y permanecerá durante un mes con entrada gratuita, ofreciendo a los visitantes un recorrido inmersivo por el universo creado por Joaquín Salvador Lavado, conocido mundialmente como Quino, el historietista argentino que convirtió a una niña de seis años en uno de los personajes más influyentes de la cultura latinoamericana.

La exposición llega a Panamá luego de recorrer distintas ciudades de América Latina y forma parte de las actividades que celebran los 61 años del nacimiento de Mafalda, personaje que trascendió generaciones y fronteras gracias a su capacidad de cuestionar temas sociales, políticos y humanos que siguen vigentes décadas después de su creación.

La iniciativa es impulsada por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, junto con el Ministerio de Cultura, las alcaldías de Panamá y San Miguelito y la Embajada de Argentina en Panamá. El recorrido fue desarrollado por el Museo Barrilete de Córdoba, Argentina, y busca acercar al público no solo a las viñetas de Quino, sino también al contexto histórico y cultural que marcó la época en que nació Mafalda.

Durante la inauguración, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó el impacto cultural que mantiene el personaje en América Latina. “Mafalda llega a nuestro país para recordarnos que la cultura no solo entretiene, sino que también cuestiona, inspira y transforma”, expresó.

Herrera agregó que la niña creada por Quino continúa funcionando como “un espejo de nuestras sociedades” y una voz que invita a reflexionar sobre la paz, la justicia, la equidad y la responsabilidad ciudadana.

La exposición está diseñada como una experiencia participativa para todas las edades. Los visitantes pueden recorrer espacios temáticos inspirados en el universo de Mafalda, incluyendo áreas como “Mafalda TVO”, “El taller de los inventos”, “Los gustos y disgustos”, “Los mundos” y el apartamento de los vecinos del famoso personaje.

También incluye recursos interactivos y actividades orientadas a que niños y adultos reflexionen sobre el valor de la pregunta, la curiosidad y el pensamiento crítico, elementos que marcaron la esencia de las tiras cómicas de Quino.

Sabina Villagra, curadora de la muestra, aseguró que Mafalda sigue funcionando como una herramienta para interpretar el mundo contemporáneo. “Quino nos entregó un gran cofre con tesoros, donde pudimos encontrar una caja con preguntas y una mirada lúcida sobre el mundo y sobre cómo cuidarlo”, manifestó durante el acto inaugural.

La representante de CAF en Panamá, Lucía Meza, señaló que la exposición busca acercar expresiones culturales de gran valor a miles de personas en la región y fortalecer el pensamiento crítico a través del arte y la cultura.

“En CAF entendemos la cultura no como un sector aislado, sino como un elemento esencial para fortalecer la convivencia, el pensamiento crítico y la construcción de ciudadanía”, expresó Meza.

La llegada de Mafalda a Panamá ocurre además en un momento donde distintos sectores culturales buscan reactivar espacios de encuentro familiar y educativo a través de actividades gratuitas y accesibles para el público.

Parte del atractivo de la exposición radica en la vigencia de los temas abordados por Quino desde la década de 1960. Aunque la tira nació hace más de seis décadas, muchas de las preguntas de Mafalda sobre las guerras, la desigualdad, la política, la contaminación o la sociedad siguen resonando en la actualidad.

La historia del personaje comenzó en 1963, cuando Quino fue contratado por una empresa de electrodomésticos para crear una tira cómica publicitaria. Aunque el proyecto original fue rechazado, Mafalda terminó encontrando espacio en publicaciones humorísticas y posteriormente en el periódico argentino El Mundo, donde comenzó a publicarse diariamente.

El éxito fue inmediato. Las recopilaciones pasaron rápidamente de los periódicos a las librerías y la historieta se convirtió en un fenómeno editorial internacional. Mafalda fue traducida a 26 idiomas y llegó a ser considerada una de las figuras culturales más influyentes de Argentina durante el siglo XX.

Con el paso de los años, Quino decidió detener la producción de nuevas tiras tras exiliarse en España durante la dictadura argentina. Sin embargo, el personaje continuó creciendo hasta convertirse en un símbolo cultural latinoamericano.

Ahora, más de 60 años después de su creación, Mafalda vuelve a conectar con nuevas generaciones en Panamá desde un espacio que mezcla memoria, humor, crítica social y participación interactiva, recordando que algunas preguntas nunca dejan de ser necesarias.

Thomas Christiansen recibió este jueves el pasaporte panameño de manos del presidente José Raúl Mulino, un gesto simbólico que termina de sellar el vínculo entre el técnico hispano-danés y una selección con la que ya hizo historia al clasificar a Panamá a su segunda Copa Mundial de la FIFA.

La entrega se realizó en el Palacio de Las Garzas, en medio del acto de despedida de la selección nacional antes de viajar a la Copa Mundial de 2026, torneo en el que Panamá intentará superar por primera vez la fase de grupos.

Más allá del acto protocolar, la entrega del documento representa el reconocimiento a un entrenador que transformó el rumbo reciente del fútbol panameño y consolidó a la selección como una de las más competitivas de Concacaf.

Christiansen llegó al banquillo panameño en julio de 2020, en uno de los momentos más complejos para la selección tras la participación en Rusia 2018 y el inicio de un necesario cambio generacional. Su misión era reconstruir el equipo, renovar la plantilla y devolver a Panamá a la pelea por un cupo mundialista.

El técnico, nacido en Dinamarca y exjugador internacional con España, asumió además su primer reto al frente de una selección nacional luego de dirigir clubes en Chipre, Bélgica e Inglaterra, incluyendo un breve paso por el Leeds United.

Aunque Panamá no logró clasificar al Mundial de Qatar 2022, la Federación Panameña de Fútbol decidió sostener el proyecto y renovar la confianza en Christiansen, una apuesta poco común en la región tras quedar fuera de una Copa del Mundo.

Con el tiempo, la decisión terminó dando resultados. Bajo el mando del entrenador europeo, Panamá alcanzó el subcampeonato de la Copa Oro 2023, avanzó a la final de la Liga de Naciones de Concacaf 2024-2025 tras eliminar a Estados Unidos y firmó una actuación histórica en la Copa América 2024 al llegar por primera vez a los cuartos de final.

El principal logro llegó el 18 de noviembre de 2025, cuando Panamá aseguró su clasificación al Mundial de 2026 tras derrotar 3-0 a El Salvador, sellando así la segunda participación mundialista en la historia del país.

Desde entonces, Christiansen ha insistido en que el objetivo no es solamente asistir al torneo. En distintas entrevistas recientes ha señalado que Panamá debe competir con personalidad y buscar ir más allá de la fase de grupos, una meta que nunca ha conseguido la selección nacional.

Hasta marzo de 2026, el entrenador acumulaba alrededor de 87 partidos dirigidos con Panamá, con cerca de 42 victorias, 21 empates y 24 derrotas, convirtiéndose además en el técnico con más encuentros al frente de la selección nacional.

Durante su ciclo, Panamá también registró un importante crecimiento en el ranking FIFA. Cuando Christiansen asumió el cargo, la selección se encontraba lejos de los primeros lugares del continente y actualmente ronda posiciones cercanas al top 35 del mundo.

Parte del reconocimiento hacia el entrenador también tiene relación con el cambio de identidad futbolística que impulsó dentro de la selección. Panamá pasó de ser un equipo enfocado principalmente en el juego físico y defensivo a una selección más ordenada tácticamente, con mayor protagonismo con balón y capacidad para competir de tú a tú frente a rivales históricamente superiores en la región.

Ese crecimiento quedó reflejado en victorias importantes ante selecciones como Estados Unidos y en la capacidad de Panamá para instalarse de manera constante en fases decisivas de torneos regionales.

Ahora, el siguiente desafío será el Mundial de 2026, donde Panamá enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana en el Grupo L. El debut será el 17 de junio frente a Ghana en Toronto.

Antes del torneo, Christiansen tendrá una exigente agenda de preparación con amistosos frente a Brasil, República Dominicana y Bosnia y Herzegovina, partidos que servirán para medir el nivel real de una selección que busca llegar al Mundial más madura y competitiva que en Rusia 2018.

La entrega del pasaporte panameño al técnico ocurre además en un momento donde Christiansen se ha convertido en una de las figuras deportivas más respetadas y valoradas del país, no solo por los resultados, sino también por la estabilidad y continuidad que logró construir en un entorno donde los procesos largos pocas veces sobreviven a los malos momentos.

Con el Mundial a pocas semanas de iniciar, el entrenador europeo afronta ahora el reto más grande de su ciclo: intentar que Panamá deje de ser únicamente un debutante recurrente y se convierta en una selección capaz de competir por un lugar en la siguiente ronda de una Copa del Mundo.

La violencia dentro de los hogares panameños continúa dejando escenas cada vez más brutales, reflejando el deterioro de los vínculos familiares y de una convivencia que durante años fue considerada la base de la sociedad.

En menos de una semana, las autoridades judiciales procesaron casos que incluyeron el asesinato de un adulto mayor a manos de su propio nieto, agresiones entre hermanas y amenazas de muerte de un hijo contra su madre para exigirle dinero.

Uno de los hechos más estremecedores ocurrió en la comunidad de Los Machos, en el corregimiento de El Palmar, distrito de Olá, provincia de Coclé. Allí, un hombre de 32 años fue enviado a detención provisional por seis meses tras ser imputado por homicidio doloso agravado en perjuicio de su abuelo materno, de 79 años.

De acuerdo con la investigación de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Coclé, el crimen ocurrió la mañana del 23 de mayo de 2026. El informe preliminar de necropsia reveló que el adulto mayor recibió múltiples golpes en la cabeza, rostro, tronco y extremidades, causándole la muerte.

Durante la audiencia de garantías, la Fiscalía solicitó la legalización de la aprehensión y la formulación de cargos. El juez también ordenó la detención provisional al considerar el alto grado de agresividad demostrado por el imputado y el peligro que representaba tanto para la comunidad como para los familiares de la víctima.

Otro caso reciente se registró en El Cruce de Torrijos Carter, en el corregimiento de Rogelio Sinán, distrito de San Miguelito. Allí, una mujer de 40 años fue detenida provisionalmente luego de ser imputada por violencia doméstica en perjuicio de su hermana de 42 años, a quien presuntamente agredió físicamente causándole lesiones en distintas partes del cuerpo.

Según el Ministerio Público, el incidente ocurrió el pasado 17 de mayo dentro de una residencia familiar. La Fiscalía de Familia y el Menor solicitó la medida cautelar argumentando riesgos procesales, afectación de pruebas y el peligro que la imputada representaba para la víctima y otros familiares.

Mientras tanto, en Chiriquí, otro hombre quedó detenido provisionalmente tras ser acusado de violencia doméstica psicológica, hostigamiento y quebrantamiento de medida de protección en perjuicio de su propia madre. La investigación señala que desde febrero de este año el imputado acudía constantemente a la vivienda de la víctima para exigirle dinero mediante amenazas e intimidación.

De acuerdo con las autoridades, el hombre amenazaba con atentar contra la vida de su madre y de su hermana si no accedían a entregarle dinero. Aunque previamente existía una orden de alejamiento, el señalado continuó acercándose a la residencia y mantuvo los episodios de hostigamiento.

Los casos recientes coinciden con un aumento sostenido en las denuncias relacionadas con violencia doméstica, maltrato infantil y agresiones contra adultos mayores en Panamá. Las cifras preliminares del Ministerio Público revelan que entre enero y abril de 2026 se registraron 8,272 denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, un incremento de 19.2% en comparación con el mismo período del año pasado.

La violencia doméstica continúa siendo el delito más denunciado en el país. Solo entre enero y abril de este año se contabilizaron 6,089 casos, frente a 5,215 registrados durante el mismo período de 2025, reflejando un aumento de 16.8%.

Las estadísticas también muestran incrementos preocupantes en otros delitos familiares. Los casos de maltrato al adulto mayor pasaron de 288 a 445 denuncias, un aumento de 55%, mientras que los delitos contra la familia crecieron 54%. El maltrato al menor registró 1,412 denuncias en apenas cuatro meses.

Las áreas con mayores aumentos en este tipo de delitos fueron Panamá Oeste, con un incremento de 50%; San Miguelito, con 45%; Herrera, con 37%; y Veraguas, con 28%, según datos del Centro de Estadística del Ministerio Público.

Especialistas en temas de violencia familiar han advertido en reiteradas ocasiones que muchos de estos casos permanecen ocultos durante años dentro de los hogares y solo salen a la luz cuando las agresiones escalan a niveles extremos. Factores como el consumo de drogas y alcohol, problemas económicos, conflictos de convivencia y la falta de atención psicológica suelen aparecer de forma recurrente en este tipo de situaciones.

Mientras las denuncias siguen aumentando, las autoridades enfrentan el reto de fortalecer la prevención, la protección de las víctimas y la atención psicológica dentro de comunidades donde la violencia doméstica se ha convertido en un problema cada vez más visible y frecuente.

Panamá se prepara para el inicio de una nueva temporada de llegada de ballenas jorobadas, uno de los espectáculos naturales más importantes del Pacífico panameño y que cada año moviliza a miles de turistas hacia distintos puntos costeros del país.

Con el arribo de los primeros cetáceos previsto para las próximas semanas, autoridades y organizaciones ambientales reforzaron las acciones de capacitación para atender emergencias relacionadas con estos mamíferos marinos.

En ese contexto, el Ministerio de Ambiente participó en una capacitación especializada sobre atención y desenmalle seguro de grandes ballenas, organizada junto a la Comisión Ballenera Internacional (CBI), la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), Fundación MarViva, Fundación Panacetacea y la Red Nacional de Asistencia a Ballenas Enmalladas (RABEN) de México.

La jornada reunió a personal técnico, autoridades y comunidades costeras, quienes recibieron formación teórica y práctica sobre protocolos de rescate, evaluación de riesgos y técnicas de liberación de cetáceos atrapados en redes de pesca. Parte de los ejercicios se desarrolló en el mar con apoyo de embarcaciones del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y la UMIP.

Panamá recibe cada año poblaciones de ballenas jorobadas provenientes tanto del Pacífico Norte como del Pacífico Sur. Las aguas cálidas del país funcionan como un refugio natural para el apareamiento, nacimiento y crianza de los ballenatos, principalmente entre julio y octubre, aunque algunos ejemplares comienzan a ser observados desde finales de mayo y junio.

Las principales zonas de avistamiento se concentran en el Archipiélago de Las Perlas, el Golfo de Chiriquí, Pedasí, el Parque Nacional Coiba y diversos sectores costeros de Veraguas y Darién. Estas áreas se han convertido en puntos clave para el turismo marino y ecológico de Panamá.

El avistamiento de ballenas representa además una importante actividad económica para comunidades costeras, operadores turísticos, hoteles, restaurantes y servicios de transporte marítimo. En varias regiones del Pacífico, la temporada de cetáceos genera un aumento significativo en la llegada de visitantes nacionales y extranjeros interesados en observar de cerca a estos animales.

Sin embargo, el crecimiento del turismo asociado a las ballenas también ha elevado las preocupaciones por la presión que enfrentan los cetáceos debido a la cercanía de embarcaciones turísticas y privadas. Especialistas advierten que en muchos casos los botes se acercan demasiado para obtener fotografías o videos, alterando el comportamiento natural de los animales.

Expertos señalan que estas prácticas pueden provocar estrés, afectar la comunicación entre madres y crías y alterar momentos clave como la alimentación, el descanso o la lactancia. También existe riesgo de colisiones con embarcaciones, especialmente en zonas donde coinciden varios operadores turísticos al mismo tiempo.

A esto se suman los casos de enmallamiento, considerados una de las amenazas más serias para las ballenas a nivel mundial. Los cetáceos pueden quedar atrapados accidentalmente en redes de pesca artesanal o industrial, provúandoles heridas profundas, agotamiento extremo e incluso la muerte.

La directora nacional de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente, Digna Barsallo, indicó que este tipo de capacitaciones fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias relacionadas con fauna marina. “Estas jornadas ayudan a mejorar capacidades técnicas para responder de manera segura a casos de ballenas enmalladas y promover coordinación entre instituciones, organizaciones y comunidades costeras”, expresó.

La capacitación contó con facilitadores internacionales de la Comisión Ballenera Internacional y de RABEN México, quienes compartieron experiencias sobre rescate de grandes cetáceos y el uso de herramientas especializadas para desenmallamientos seguros.

Organizaciones ambientales han insistido en la necesidad de reforzar las medidas de avistamiento responsable durante la próxima temporada. Entre las recomendaciones internacionales destacan mantener distancias prudentes, reducir la velocidad de navegación cerca de cetáceos y evitar persecuciones o maniobras invasivas.

Las autoridades consideran que el principal reto será mantener el equilibrio entre el auge del turismo marino y la conservación de especies que convierten a Panamá en uno de los corredores más importantes para las ballenas jorobadas en el Pacífico oriental.

Panamá está dispuesto a sentarse a conversar con Costa Rica, pero únicamente bajo “las mismas reglas” y en igualdad de condiciones para ambos países.

Así lo afirmó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, en medio del nuevo intento diplomático por reducir las tensiones bilaterales que durante los últimos meses han escalado alrededor del comercio, los controles fitosanitarios y las restricciones impuestas a productos panameños.

“Costa Rica es un país hermano”, declaró Moltó al referirse al reciente encuentro sostenido en Nueva York entre el canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez y el nuevo canciller costarricense, Manuel Tovar. El ministro panameño aseguró que la reunión fue “muy cálida” y permitió conversar sobre diversos temas de la relación bilateral.

“Definitivamente, una vez más, somos países amigos y estamos siempre dispuestos a conversar bajo las mismas condiciones, cuidando al productor panameño, así como se merece el mismo respeto que el productor costarricense”, expresó el titular del Ministerio de Comercio e Industrias.

Las declaraciones de Moltó se producen en momentos en que Panamá y Costa Rica intentan reconstruir canales de diálogo tras semanas marcadas por tensiones políticas y comerciales.

Uno de los principales focos de conflicto ha sido precisamente el intercambio comercial y las restricciones fitosanitarias. Panamá sostiene que productores nacionales han enfrentado durante años obstáculos para exportar productos avícolas, cárnicos y agroindustriales hacia Costa Rica, pese a cumplir estándares internacionales y exportar a mercados altamente exigentes como Estados Unidos, Europa y Asia.

“Los productores panameños, tanto como los productores costarricenses, deben cumplir con las mismas reglas fitosanitarias”, afirmó Moltó. El funcionario insistió en que Panamá no reducirá sus controles sanitarios ni comprometerá sus estándares de calidad para facilitar el ingreso de mercancías.

“Panamá no va a sacrificar su nivel fitosanitario, sanitario, de salud”, sostuvo el ministro. Añadió que las plantas productoras de ambos países deben someterse “a las mismas revisiones” y cumplir idénticos requisitos técnicos.

El conflicto comercial incluso llegó a la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde continúa abierto un proceso relacionado con las restricciones y barreras comerciales aplicadas entre ambas naciones.

Las tensiones se intensificaron con la llegada al poder de la presidenta costarricense Laura Fernández, quien endureció el discurso frente a Panamá y aseguró que defenderá a los productores de su país ante lo que considera restricciones injustificadas para el ingreso de mercancías costarricenses.

Fernández trasladó recientemente el conflicto a la Cancillería de Costa Rica y anunció acciones diplomáticas e internacionales relacionadas con el diferendo comercial. También afirmó que no permitirá “ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos” costarricenses.

“Siempre lo he dicho, bajo reglas igualitarias para ambas partes y oportunidades que se presenten, tanto para los productores panameños que ya estuvieron por muchas décadas exportando a Costa Rica, como las oportunidades para complementarnos como naciones”, señaló.

El ministro recordó además que Panamá mantiene una intensa relación económico con Costa Rica y con el resto de Centroamérica, incluyendo exportaciones energéticas y comercio regional constante.

El reciente encuentro entre los cancilleres Javier Martínez-Acha y Manuel Tovar en la sede de Naciones Unidas fue interpretado como una señal de acercamiento diplomático tras varios meses de confrontación pública. Ambos gobiernos acordaron impulsar mesas binacionales de trabajo para abordar temas relacionados con seguridad, migración, comercio y aduanas.

Según la información divulgada por ambas cancillerías, el objetivo es construir “un diálogo constructivo” que permita atender desafíos comunes y evitar una escalada mayor en las diferencias bilaterales.

A pesar de las tensiones, Moltó insistió en que Panamá mantiene disposición al diálogo siempre que exista reciprocidad.

“Estoy seguro de que como países hermanos en una mesa podemos solucionar”, afirmó el ministro, quien reiteró que el país continuará defendiendo sus controles fitosanitarios y el derecho de los productores panameños a competir en igualdad de condiciones dentro del mercado regional.

El presidente José Raúl Mulino anunció la expulsión de Panamá de los ingenieros chinos involucrados en la agresión contra trabajadores panameños en las obras del Cuarto Puente sobre el Canal, un incidente que elevó la tensión laboral dentro de uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país y que vuelve a colocar bajo escrutinio las operaciones del consorcio chino encargado de la megaobra.

“Quiero dejar en claro que nuestro país es abierto e integrador, pero los extranjeros deben cumplir con la ley panameña, tener permiso de trabajo y respetar nuestros valores y tradiciones”, afirmó Mulino durante una conferencia de prensa. El mandatario agregó que el Gobierno decidió cancelar el estatus migratorio y expulsar de Panamá a los ingenieros involucrados en la agresión registrada en el proyecto.

“Eso no es aceptable y no lo permitiré. El año pasado deportamos a dos ciudadanos venezolanos que agredieron a un trabajador panameño en Capira. Y no me tiembla el pulso para deportar o expulsar a extranjeros que no respeten a Panamá y a sus pueblos”, sostuvo el presidente.

El incidente ocurrió el 22 de mayo debajo de una de las estructuras del proyecto, en el área este de la obra. Según reportes divulgados por sindicatos y trabajadores, un colaborador de nacionalidad china agredió físicamente a un ingeniero panameño durante la jornada laboral.

El hecho provocó fuertes momentos de tensión entre trabajadores panameños y miembros del sindicato presentes en el sitio, quienes reaccionaron molestos por la agresión contra el profesional local. Tras el escándalo, el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) evacuó al agresor y posteriormente anunció su despido inmediato bajo una política de “cero tolerancia” frente a hechos de violencia.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, reaccionó el mismo día del incidente y ordenó el envío de inspectores para levantar informes y remitirlos a la Secretaría Judicial.

“No vamos a tolerar actos de violencia, maltrato o atropello contra trabajadores panameños. En Panamá se respeta la dignidad, el esfuerzo y los derechos de nuestra gente. Panamá está abierto a las inversiones, pero jamás a costa del respeto y la dignidad de los panameños”, expresó la ministra.

Muñoz aseguró además que el Ministerio de Trabajo mantendrá vigilancia permanente sobre el proyecto para garantizar el cumplimiento de las normas laborales, el respeto a la mano de obra nacional y condiciones dignas para los trabajadores panameños.

La agresión ocurre en medio de un creciente conflicto laboral alrededor del Cuarto Puente sobre el Canal, una obra adjudicada en 2018 al Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), integrado por las empresas estatales chinas China Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD, responsables del desarrollo de uno de los proyectos de infraestructura más grandes actualmente en ejecución en Panamá.

El proyecto registra actualmente un avance aproximado de 35% y contempla un puente atirantado de 965 metros de longitud, torres de hasta 186 metros de altura, dos viaductos de 2.5 kilómetros y grandes intercambiadores viales que conectarán con el Corredor Norte, la avenida Omar Torrijos, la avenida La Amistad y la carretera Panamericana.

La megaobra, cuyo costo supera los $2,387 millones tras varias adendas y rediseños, busca aliviar la presión vehicular sobre el Puente de las Américas y el Puente Centenario. El Gobierno sostiene que la infraestructura permitirá mejorar la conectividad con Panamá Oeste, una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del país.

Sin embargo, durante los últimos meses el consorcio ha enfrentado cuestionamientos por presuntas irregularidades laborales y migratorias. Trabajadores y sindicatos mantienen denuncias relacionadas con supuesta contratación excesiva de personal extranjero en detrimento de la mano de obra panameña, pese a que el Código de Trabajo establece que al menos 90% de los trabajadores deben ser nacionales.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente ha enfrentado durante los últimos meses cuestionamientos relacionados con contratación de mano de obra extranjera, condiciones laborales y cumplimiento de las normas migratorias panameñas.

En abril de 2026 la ministra Muñoz realizó una inspección sorpresa junto con funcionarios de Migración y unidades policiales dentro del proyecto. Durante esa diligencia fueron detectados 37 trabajadores extranjeros presuntamente laborando de forma irregular, situación que derivó en sanciones contra el consorcio por presunto trato desigual y fallas relacionadas con seguridad laboral.

El conflicto se produce además en un momento diplomáticamente sensible para las relaciones entre Panamá y China. En las últimas semanas ambos países han buscado reducir tensiones derivadas de la crisis alrededor de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por Panama Ports Company, filial de la hongkonesa CK Hutchison.

La controversia escaló luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión portuaria, una decisión que generó preocupación sobre el futuro de las inversiones vinculadas a capitales chinos en Panamá.

En ese contexto, la decisión del Gobierno panameño de expulsar a ingenieros extranjeros vinculados con la agresión envía una señal política contundente sobre la postura oficial frente al respeto de las leyes laborales y la protección de los trabajadores nacionales, incluso dentro de proyectos estratégicos desarrollados con inversión extranjera.

Mientras avanzan las investigaciones administrativas y judiciales, el incidente volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la relación entre megaproyectos internacionales, contratación de mano de obra extranjera y cumplimiento de las normas laborales panameñas en obras consideradas clave para el desarrollo del país.

El aumento de las estafas en Panamá durante los últimos años llevó a la aprobación de una reforma al Código Penal que endurece las sanciones contra quienes obtengan beneficios económicos mediante engaños.

La nueva legislación, promulgada esta semana por el Ejecutivo, incorpora agravantes vinculadas con los fraudes digitales, la usurpación de identidad y los casos que generan elevados perjuicios económicos o afectan recursos públicos.

La modificación quedó oficializada mediante la Ley 524 del 26 de mayo de 2026, publicada en la Gaceta Oficial. La nueva legislación reforma los artículos 220 y 221 del Código Penal, aumentando las penas y ampliando las circunstancias agravantes que pueden llevar a condenas más severas para quienes obtengan beneficios económicos ilícitos mediante engaño.

La norma establece que quien, mediante engaño, procure para sí o para un tercero un provecho ilícito en perjuicio de otra persona será sancionado con prisión de tres a seis años. Además, la pena podrá aumentar hasta un tercio cuando el delito se cometa abusando de relaciones personales o profesionales, utilizando medios cibernéticos o informáticos, mediante la usurpación de identidad o cuando la afectación patrimonial se ubique entre $50,000 y $100,000.

También se contempla un agravante cuando la víctima sea la Administración pública o una entidad de beneficencia y el perjuicio no exceda los $10,000.

La reforma también endurece las sanciones para los casos considerados más graves. A partir de la entrada en vigencia de la ley, la pena será de siete a doce años de prisión cuando la lesión patrimonial supere los $100,000, cuando la estafa sea cometida por apoderados, gerentes o administradores en ejercicio de sus funciones o cuando el perjuicio a la Administración pública o a establecimientos de beneficencia exceda los $10,000.

La iniciativa tuvo su origen en el Proyecto de Ley 277, presentado inicialmente como anteproyecto por el diputado Eduardo Gaitán. Posteriormente recibió el respaldo de diputados de diversas bancadas, entre ellos José Pérez Barboni, Walkiria Chandler, Jorge González, Luis Duke, Manuel Cheng, Alexandra Brenes, Patsy Lee, Luis Enrique Batista y otros legisladores que figuraron como coproponentes.

Durante la discusión legislativa, los impulsores de la propuesta argumentaron que la legislación vigente había quedado rezagada frente al crecimiento de las estafas, especialmente aquellas realizadas mediante herramientas tecnológicas. Según la exposición de motivos, el avance de los delitos digitales ha generado nuevas modalidades de fraude que afectan tanto a ciudadanos como a empresas e instituciones públicas.

Los documentos presentados ante la Asamblea citan estadísticas de la Corte Suprema de Justicia según las cuales los casos judicializados por estafa aumentaron 578.3% entre 2019 y 2024, al pasar de 189 a 1,282 expedientes. En el mismo período, los casos imputados crecieron 778.9%, mientras que los procesos con acusación formal registraron un incremento de 1,220%.

La Procuraduría General de la Nación también reportó un crecimiento significativo de las denuncias. De acuerdo con la sustentación del proyecto, entre 2019 y 2024 se recibieron 26,670 denuncias por estafa a nivel nacional. Solo en 2024 se contabilizaron 5,241 noticias criminales, frente a las 2,680 registradas cinco años antes.

Los promotores de la reforma sostuvieron que las sanciones existentes no estaban generando un efecto disuasorio suficiente y que muchos delincuentes continuaban utilizando esquemas fraudulentos debido a que las penas eran consideradas bajas en comparación con los daños económicos ocasionados a las víctimas. También señalaron que la proliferación de fraudes en línea obligaba a actualizar el marco legal para responder a nuevas formas de criminalidad.

En la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, Gaitán explicó que uno de los objetivos era reducir los umbrales económicos que activan las sanciones más severas y fortalecer la capacidad del sistema penal para perseguir estos delitos. La iniciativa recibió respaldo de varios diputados de la comisión y fue aprobada tras introducir modificaciones respecto al texto original presentado en marzo de 2025.

Con la entrada en vigor de la Ley 524, Panamá incorpora un esquema de castigos más severo para los delitos de estafa, especialmente aquellos vinculados con fraudes digitales, grandes perjuicios económicos y casos que involucren recursos públicos, en un intento por responder al crecimiento que este delito ha registrado durante los últimos años.

El Ejecutivo panameño concedió rebajas de pena a 955 personas condenadas por delitos comunes, una medida que vuelve a poner bajo escrutinio una facultad presidencial capaz de reducir condenas y acelerar excarcelaciones, incluso en medio del debate público por casos recientes que han involucrado a figuras vinculadas a procesos de alto perfil.

Del total de beneficiados, 691 corresponden a hombres y 228 a mujeres panameñas. A ellos se suman 36 extranjeros, de los cuales 17 son hombres y 19 mujeres. En conjunto, las mujeres representan cerca del 26% de los favorecidos, mientras que los hombres constituyen el 74% restante.

La mayor cantidad de beneficiarios se concentró en los complejos penitenciarios masculinos de La Joya, La Joyita, La Nueva Joya y Chiriquí. En el caso de las mujeres, los principales grupos favorecidos proceden del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, el Centro Femenino Los Algarrobos y el Centro Femenino de Llano Marín.

La decisión fue adoptada mediante la facultad que otorga al presidente de la República el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política, que le permite, junto con el ministro correspondiente, decretar rebajas de pena y conceder libertad condicional a personas condenadas por delitos comunes.

La misma disposición constitucional también autoriza al mandatario a otorgar indultos, aunque exclusivamente en casos relacionados con delitos políticos.

Esa diferencia suele generar confusión. Mientras el indulto extingue total o parcialmente la pena impuesta por delitos políticos, la rebaja de pena aplica a personas condenadas por delitos comunes y forma parte de los mecanismos de individualización de la ejecución penal.

El propio Ministerio de Gobierno ha aclarado en ocasiones anteriores que las rebajas de pena no constituyen indultos y que ambos beneficios tienen fundamentos jurídicos distintos.

Para acceder a una rebaja de pena, los privados de libertad deben pasar por un proceso de evaluación dentro del Sistema Penitenciario. Sus expedientes son analizados por juntas técnicas y posteriormente se publica un listado preliminar para que posibles víctimas u otras personas puedan presentar objeciones antes de la decisión final.

En abril de este año, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno publicó una lista de 1,187 candidatos potenciales antes de que se emitiera el decreto definitivo.

El decreto firmado por Mulino señala que los beneficiados fueron condenados por delitos comunes y que, tras la evaluación correspondiente, cumplían con los requisitos exigidos por la normativa vigente para optar por la medida.

La rebaja de pena implica, en muchos casos, la excarcelación inmediata de quienes ya han cumplido la porción de condena requerida luego del descuento concedido por el Ejecutivo.

Uno de los casos más comentados de los últimos meses fue el de Milena Edith Vallarino Morales de Ferrufino, esposa del exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino. En enero de 2026 recibió una rebaja de pena que le permitió recuperar su libertad tras cumplir parte de una condena de seis años por enriquecimiento injustificado.

La sentencia había sido confirmada en 2023 luego de que los tribunales concluyeran que la pareja no logró justificar un patrimonio acumulado de aproximadamente $2.2 millones durante el período en que Ferrufino ocupó cargos públicos.

La rebaja otorgada a Vallarino formó parte de los Decretos Ejecutivos No. 1 y No. 2 del 7 de enero de 2026, mediante los cuales fueron beneficiadas 475 personas privadas de libertad. En aquella ocasión, el Ministerio de Gobierno destacó que la medida se aplicó exclusivamente a condenados por delitos comunes que habían cumplido los requisitos establecidos por la legislación penitenciaria.

Otro antecedente fue el de la exdefensora del Pueblo Patria Portugal, quien recibió una rebaja de pena en julio de 2025 tras haber sido condenada por peculado, por irregularidades en contratos de consultoría durante su gestión al frente de la institución.

La práctica de conceder rebajas de pena no es nueva en Panamá. Administraciones anteriores también recurrieron a esta facultad presidencial. En 2017, durante el gobierno de Juan Carlos Varela, se otorgaron rebajas de pena a 112 personas privadas de libertad. Más recientemente, los gobiernos de Laurentino Cortizo y José Raúl Mulino han continuado utilizando este mecanismo previsto en la Constitución.

Con los 955 beneficiados incluidos en el decreto de mayo de 2026, el Ejecutivo vuelve a poner sobre la mesa un instrumento que históricamente ha generado debate entre quienes lo consideran una herramienta de reinserción social y quienes cuestionan que algunos condenados por delitos de alto impacto puedan acceder a una reducción anticipada de sus penas.

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico continúan perfeccionando métodos para intentar evadir los controles de seguridad y mover sustancias ilícitas a través de las fronteras. Una de las técnicas que más preocupa actualmente a las autoridades consiste en impregnar drogas en textiles, papel, cartón y otros materiales de apariencia inocua para dificultar su detección en aeropuertos, puertos y empresas de mensajería.

Precisamente, una reciente operación en Panamá permitió descubrir 16 piezas de ropa contaminadas con presunta sustancia ilícita que tenían como destino final España, evidenciando la constante evolución de las estrategias utilizadas por las redes criminales para el tráfico internacional de drogas.

La Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía de Drogas, realizó un allanamiento en una bodega ubicada en Tocumen, donde ubicó las prendas impregnadas con la sustancia sospechosa.

De acuerdo con las autoridades, el envío había salido desde Panamá y estaba destinado al mercado español. Todo el material fue decomisado y trasladado para los análisis periciales correspondientes.

Los expertos antidrogas explican que este método consiste en disolver cocaína u otras sustancias en solventes químicos hasta convertirlas en una solución líquida. Posteriormente, la mezcla se impregna en tejidos, prendas de vestir, papel, cartones o incluso artesanías. Una vez la mercancía llega a su destino, laboratorios clandestinos utilizan procesos químicos para extraer nuevamente la droga y devolverla a su estado original para su comercialización.

La cocaína es la sustancia más utilizada en este tipo de operaciones debido a que puede mezclarse con diversos compuestos químicos sin perder sus propiedades.

También se han detectado casos internacionales en los que se utilizan heroína, metanfetaminas y drogas sintéticas. Las autoridades consideran esta modalidad especialmente compleja porque los narcotraficantes buscan ocultar la sustancia dentro de objetos que aparentemente no representan riesgo y que pueden circular por cadenas logísticas legales.

El hallazgo en Tocumen no es un hecho aislado. En los últimos meses, los organismos de seguridad han detectado un incremento en los intentos de utilizar empresas de mensajería y paquetería para movilizar drogas dentro y fuera del país.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el corregimiento de Parque Lefevre, donde unidades policiales ubicaron tres cajas sospechosas dentro de un local de envíos.

Las remesas provenían de Metetí, en la provincia de Darién. Durante la inspección realizada en presencia de la Fiscalía de Drogas fueron encontrados 50 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva verde. Todo el cargamento fue asegurado para los análisis correspondientes, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar su procedencia y destino final.

El uso de empresas de encomiendas se ha convertido en una de las modalidades preferidas por algunas organizaciones criminales debido a que permite fragmentar los cargamentos en envíos más pequeños, reduciendo el riesgo de pérdidas millonarias en caso de decomisos.

Sin embargo, los organismos de seguridad han reforzado la vigilancia sobre este tipo de operaciones mediante perfiles de riesgo, inspecciones físicas y tecnología de escaneo.

Las investigaciones antidrogas también alcanzan áreas residenciales y comerciales de la capital. En una operación desarrollada en Obarrio, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y la Policía Nacional aprehendieron a tres hombres investigados por delitos relacionados con drogas y pandillerismo.

Durante la diligencia realizada en un apartamento fueron ubicadas sustancias ilícitas, dinero en efectivo presuntamente relacionado con la venta de drogas y otros indicios considerados relevantes para la investigación. Las autoridades informaron que dos de los detenidos mantenían antecedentes por delitos relacionados con drogas, homicidio y posesión ilegal de armas de fuego.

Además, uno de los aprehendidos tenía órdenes pendientes de aprehensión y conducción emitidas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita p

or presuntos vínculos con actividades de pandillerismo. Los tres sospechosos fueron puestos a disposición de un Tribunal de Garantías para las audiencias correspondientes.

Mientras tanto, las operaciones antidrogas también continúan en las rutas marítimas utilizadas por las redes de narcotráfico internacional. Esta semana, un operativo conjunto entre el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Fiscalía de Drogas permitió decomisar 1,096 paquetes de presunta droga en aguas del Pacífico panameño, cerca de la frontera con Costa Rica, indicó la agencia EFE.

La incautación se produjo en Punta Burica, una zona estratégica ubicada en la provincia de Chiriquí y utilizada frecuentemente por embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas procedentes de Sudamérica.

Aunque las autoridades aún no han divulgado el peso exacto del cargamento, en Panamá cada paquete decomisado suele tener un peso aproximado de un kilogramo, por lo que se trataría de más de una tonelada de sustancia ilícita.

Las cifras reflejan la magnitud del desafío. Durante 2025, Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47.8 toneladas de precursores químicos. En lo que va de 2026, las incautaciones ya superan las 34 toneladas, según estadísticas oficiales.

Los recientes hallazgos muestran cómo las organizaciones criminales combinan métodos tradicionales y nuevas modalidades para intentar mantener activas sus rutas de tráfico. Desde ropa impregnada con cocaína y paquetes enviados por mensajería hasta cargamentos transportados por mar, las autoridades enfrentan un escenario en constante transformación en el que la innovación criminal obliga a reforzar permanentemente los mecanismos de detección y control.

El Ministerio de Ambiente mantiene abierto el proceso de consulta pública para la propuesta de creación de la Reserva Hidrológica Cerro Canajagua, una iniciativa que busca establecer oficialmente los límites y la categoría de manejo de una de las zonas más importantes para la producción de agua en la provincia de Los Santos.

La propuesta forma parte de un proceso técnico que incluye la ampliación y actualización de la protección ambiental de este macizo montañoso ubicado entre los distritos de Las Tablas, Guararé y Macaracas.

La iniciativa surge en un contexto marcado por crecientes preocupaciones sobre la disponibilidad de agua en la región de Azuero. De acuerdo con los documentos técnicos elaborados por MiAmbiente, el Cerro Canajagua constituye una de las principales áreas de recarga hídrica del sur de la península y alberga las nacientes de varios ríos fundamentales para el abastecimiento humano, la actividad agropecuaria y el desarrollo económico de la región.

El Cerro Canajagua alcanza una altitud aproximada de 830 metros sobre el nivel del mar y es considerado la principal reserva hídrica de la provincia de Los Santos.

Desde sus laderas nacen importantes ríos como el Guararé, Oria, Estivaná, Perales, Cacao, Sario, Monagrillo, Valle Rico y Quema, cuyas aguas sostienen buena parte de la producción agrícola y ganadera de la provincia.

La propuesta establece que el área protegida adopte formalmente la categoría de Reserva Hidrológica, una figura que reconoce el valor estratégico de la zona como área de recarga, regulación y provisión de agua.

Según el borrador de resolución, la reserva abarcaría una superficie de 23.58 kilómetros cuadrados, equivalentes a más de 2,357 hectáreas distribuidas entre los distritos de Las Tablas, Guararé y Macaracas.

Uno de los principales objetivos de la consulta pública es informar a residentes, propietarios de tierras y autoridades locales sobre los alcances de la propuesta, recoger observaciones y garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales.

MiAmbiente sostiene que la medida permitirá fortalecer la protección de los recursos hídricos, la biodiversidad y los remanentes boscosos que todavía sobreviven en el macizo montañoso.

Las jornadas de consulta realizadas hasta el momento incluyeron encuentros comunitarios el 18 de abril en El Macano, el 23 de abril en Bayano y el 29 de abril en Espino Amarillo. Además, se efectuaron visitas puerta a puerta en comunidades como Mogollón y otros sectores cercanos. Según los informes oficiales, cerca de 60 personas participaron en estas actividades y expresaron una respuesta favorable a la iniciativa de conservación.

Detrás de la propuesta existe también una preocupación creciente por el deterioro ambiental de la zona. Los estudios técnicos señalan que la deforestación para la creación de potreros, la pérdida de cobertura vegetal y el avance de actividades agropecuarias han comenzado a afectar las cuencas altas de varios ríos.

Como consecuencia, algunos mantos acuíferos muestran señales de agotamiento y una menor capacidad para alimentar los cauces durante la temporada seca.

Los documentos advierten además sobre el impacto del denominado Arco Seco, una de las regiones más vulnerables del país frente a la sequía y al cambio climático. La pérdida de bosques ha contribuido al deterioro de los suelos, incrementando los procesos de erosión y compactación. A esto se suman los cambios en los patrones de lluvia que afectan la capacidad natural de recarga de los acuíferos.

Otro factor que ha elevado la preocupación de las autoridades es la crisis de contaminación registrada en la cuenca del río La Villa desde 2025. La resolución propuesta menciona que estos eventos evidenciaron la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar tanto la calidad como la disponibilidad del agua proveniente de las montañas de Canajagua.

De aprobarse la nueva categoría de manejo, quedarían prohibidas actividades como la tala de bosques, la expansión de la frontera agropecuaria, la introducción de especies exóticas, la explotación minera y cualquier proyecto que altere el régimen hidrológico de los ríos y quebradas de la zona. También se reforzaría la protección de los bosques de galería y de las áreas de recarga hídrica consideradas esenciales para mantener los caudales de los ríos.

Los estudios elaborados por MiAmbiente destacan que Canajagua alberga además uno de los últimos remanentes de bosque premontano que sobreviven en la península de Azuero. En el área se han identificado especies de aves, mamíferos y árboles de alto valor ecológico, lo que convierte a la montaña en un refugio clave para la biodiversidad regional.

La consulta pública forma parte del proceso previo a la aprobación definitiva de la resolución que establecería la Reserva Hidrológica Cerro Canajagua. Para las autoridades ambientales, la iniciativa representa una de las acciones más importantes para asegurar la protección del agua en el sur de Azuero frente a las presiones del cambio climático, la deforestación y el crecimiento de las actividades humanas en la región.

Nueve de cada diez trabajadores en Panamá consideran que su salario ya no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas, una percepción que se ha agravado en los últimos meses y que refleja las presiones económicas que enfrentan miles de hogares en el país.

Así lo revela el estudio “¿Qué pasa con el salario?”, elaborado por Konzerta, según el cual el 93% de las personas trabajadoras afirma que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos esenciales.

La cifra coloca a Panamá como el país con el porcentaje más alto entre las naciones analizadas en el estudio. Detrás aparecen Ecuador con 90%, Chile y Argentina con 87%, y Perú con 83%. El dato además representa un ligero deterioro respecto a 2025, cuando el 92% de los trabajadores panameños expresaba la misma preocupación.

La investigación también muestra un empeoramiento en la percepción sobre el poder adquisitivo. El 43% de los encuestados considera que su capacidad de compra se ha deteriorado en los últimos meses, nueve puntos porcentuales más que el año anterior, cuando esa opinión era compartida por el 34% de los participantes. Mientras tanto, el 48% considera que su situación se mantiene igual y apenas una minoría percibe alguna mejora.

Detrás de esta percepción aparecen gastos que absorben buena parte de los ingresos familiares. Según el estudio, el 79% del salario termina destinado a cubrir necesidades prioritarias como alimentación, alquiler y pago de deudas. Para muchas personas, el sueldo desaparece prácticamente al momento de recibirlo.

Uno de los hallazgos más llamativos es la rapidez con que se agotan los ingresos mensuales. El 96% de los trabajadores asegura que su salario dura menos de dos semanas. Dentro de ese grupo, el 41% afirma que apenas recibe el pago debe destinarlo completamente a cancelar cuentas y compromisos financieros.

Otro 26% indica que el dinero le alcanza menos de una semana, mientras que un 22% señala que llega a cubrir únicamente una semana de gastos. Apenas el 1% asegura que el salario le dura todo el mes.

Cuando se pregunta por los principales destinos del dinero, la alimentación y el alquiler aparecen empatados como las mayores cargas para los hogares panameños, con 32% cada uno. Les siguen el pago de deudas, con 15%; educación y transporte, con 7% cada uno; salud, con 4%; y recreación, que apenas representa el 1% de los gastos prioritarios.

La presión económica también se refleja en el apoyo financiero que muchas personas brindan a familiares o allegados. El 68% de los trabajadores indica que ayuda económicamente a otras personas, ya sea de forma regular u ocasional. Este fenómeno añade una carga adicional a presupuestos que ya se encuentran ajustados por el aumento del costo de vida y otros compromisos financieros.

El ahorro continúa siendo uno de los mayores desafíos. Ocho de cada diez trabajadores afirman que no logran ahorrar. Esta proporción aumentó frente al año pasado y ubica a Panamá entre los países de la región donde más personas enfrentan dificultades para reservar parte de sus ingresos. Entre quienes sí consiguen ahorrar, la mayoría logra guardar menos del 5% de su salario mensual.

Las razones detrás de esta incapacidad para ahorrar son diversas, aunque predominan los problemas relacionados con los ingresos. El 42% señala que simplemente el salario no es suficiente; el 23% atribuye la situación a las deudas acumuladas; el 19% a la cantidad de gastos que debe afrontar; y el 14% a la necesidad de cubrir gastos básicos del hogar.

Otro indicador que refleja la presión financiera es el nivel de endeudamiento. El estudio muestra que el 92% de los trabajadores panameños mantiene algún tipo de deuda. Aunque la cifra es ligeramente menor a la registrada en 2025, sigue siendo una de las más elevadas de la región y evidencia la dependencia que muchas familias tienen del financiamiento para sostener su nivel de consumo y atender compromisos cotidianos.

En este contexto no sorprende que el 100% de los participantes afirme que le gustaría recibir un aumento salarial. Sin embargo, el destino de esos recursos adicionales ofrece una radiografía clara de las prioridades económicas actuales. El 42% utilizaría el incremento para pagar deudas, el 28% lo destinaría al ahorro y el 20% a inversiones o educación. Solo una minoría lo emplearía principalmente en consumo.

Los resultados sugieren que, más allá de las cifras macroeconómicas, una parte importante de los trabajadores percibe que el crecimiento de sus ingresos no ha seguido el ritmo de sus gastos. El estudio muestra una combinación de salarios que se perciben insuficientes, dificultades para ahorrar, altos niveles de endeudamiento y una creciente sensación de pérdida de poder adquisitivo, factores que continúan marcando la realidad financiera de miles de hogares panameños.

La falla eléctrica que afectó a miles de usuarios durante la tarde del lunes provocó la desconexión de cerca de 700 megavatios (MW) de demanda en cuestión de minutos, una perturbación equivalente a aproximadamente un tercio de la energía que consumía el país en ese momento y que dejó fuera de operaciones durante más de cinco horas a la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, principal fuente de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Panamá y San Miguelito.

Las gráficas operativas del Centro Nacional de Despacho (CND) muestran que, antes del incidente, la demanda nacional rondaba los 2,000 MW. Sin embargo, alrededor de las 3:50 p.m. se observa una caída abrupta hasta niveles cercanos a los 1,300 MW, reflejando una reducción aproximada de 700 MW en apenas minutos.

La generación eléctrica también registró una disminución significativa. Los registros muestran que la producción nacional descendió desde niveles superiores a los 2,200 MW hasta aproximadamente 1,500 MW, obligando a los operadores del sistema a realizar maniobras para mantener la estabilidad de la red y evitar afectaciones aún mayores.

La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) informó que la interrupción estuvo relacionada con una incidencia registrada en una línea de transmisión de 115 kilovoltios. Entre las áreas afectadas mencionó sectores de Panamá y Colón, incluyendo Chilibre, Calzada Larga, el Centro Bancario, La Locería, Marañón, Justo Arosemena y San Francisco.

La empresa indicó que el evento estuvo asociado a las condiciones meteorológicas registradas durante la tarde del lunes. Sin embargo, hasta el momento no ha divulgado detalles técnicos adicionales sobre la secuencia de eventos que provocó la interrupción y la abrupta caída observada en las curvas operativas del sistema eléctrico nacional.

Precisamente ese aspecto ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios han solicitado una explicación más detallada sobre las causas que originaron la falla.

La interrupción eléctrica dejó fuera de servicio numerosos semáforos en distintos puntos de la ciudad de Panamá, provocando congestionamientos en avenidas principales y vías de alto tráfico.

La situación se agravó debido a que el incidente ocurrió en plena hora pico de salida laboral, cuando miles de trabajadores se desplazaban hacia sus hogares, y coincidió además con fuertes lluvias que redujeron la visibilidad y ralentizaron aún más la circulación vehicular en varios sectores de la capital.

Entre las instalaciones más impactadas estuvo la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre. La falta de energía obligó a suspender temporalmente las operaciones de la instalación, afectando la producción de agua potable para amplios sectores de la capital y San Miguelito

La interrupción se extendió por más de cinco horas, lo que generó preocupación entre los usuarios debido al riesgo de desabastecimiento en zonas que dependen directamente de esta planta. La situación volvió a poner en evidencia la estrecha relación entre la infraestructura eléctrica y otros servicios esenciales para la población.

Las gráficas del CND también permiten observar que la recuperación del sistema no fue inmediata. Tras la caída inicial, tanto la generación como la demanda comenzaron a recuperarse gradualmente durante varias horas, reflejando el proceso de restablecimiento ejecutado por ETESA, las empresas distribuidoras y el operador del sistema.

A las 7:15 p.m., ETESA informó que el suministro eléctrico había sido restablecido al 100%. Sin embargo, las curvas muestran que la normalización completa de la demanda tomó más tiempo, ya que el consumo continuó recuperándose de manera progresiva durante la noche y la madrugada.

Otro elemento que destaca en los registros es la diferencia observada entre la demanda real y la demanda pronosticada por el CND durante las horas posteriores al evento. Mientras las proyecciones apuntaban a una recuperación más acelerada, la demanda efectiva permaneció por debajo de lo esperado durante buena parte de la noche, lo que podría estar relacionado con la reposición gradual del servicio y la recuperación de la actividad en los sectores afectados.

De acuerdo con la información más reciente disponible en el portal del CND, la generación eléctrica actual está compuesta principalmente por fuentes térmicas, con 723.5 MW, equivalentes al 42.65% del total. Le siguen la generación hidráulica, con 576.7 MW (33.99%); la solar, con 356.8 MW (21.03%); y la eólica, con 39.5 MW (2.33%).

En conjunto, las fuentes renovables —hidráulica, solar y eólica— representan más del 57% de la generación reportada, mientras que la térmica se mantiene como la principal fuente individual de suministro.

Más allá del restablecimiento del servicio, la magnitud de la caída registrada en la demanda eléctrica y el impacto simultáneo sobre sectores residenciales, comerciales, bancarios y de abastecimiento de agua han reabierto el debate sobre la resiliencia de la infraestructura energética del país y la necesidad de contar con información más detallada cuando se producen eventos que afectan servicios esenciales para cientos de miles de personas.

Panamá acumula 41 muertes por influenza en lo que va de 2026, luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) actualizara dos defunciones correspondientes a la semana epidemiológica 17.

Aunque durante la semana epidemiológica 18 no se notificaron nuevos fallecimientos, la actualización elevó el balance nacional de una enfermedad que sigue golpeando especialmente a adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y pacientes sin vacunación.

Las estadísticas del Departamento de Epidemiología muestran que el 54% de las muertes se registró en personas de 65 años y más, mientras que el segundo grupo más afectado fueron los menores de un año.

Además, el informe revela que el 100% de los fallecidos no había recibido la vacuna contra la influenza correspondiente a la temporada actual y que el 82% tampoco se había vacunado durante la temporada 2025. A ello se suma que el 75.6% presentaba factores de riesgo asociados a enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

La influenza es una infección respiratoria causada por virus que afectan nariz, garganta y pulmones. Aunque en muchos casos se presenta como una enfermedad autolimitada, puede evolucionar hacia cuadros graves de neumonía, insuficiencia respiratoria, descompensación de enfermedades crónicas e incluso la muerte.

Entre sus síntomas más comunes figuran fiebre alta, dolor muscular, tos, dolor de garganta, congestión nasal, escalofríos y cansancio extremo.

A diferencia del resfriado común, cuyos síntomas suelen ser más leves y progresivos, la influenza aparece de forma repentina y suele generar fiebre elevada, dolores corporales intensos y una sensación general de agotamiento. En personas mayores, embarazadas, niños pequeños y pacientes con enfermedades preexistentes, el riesgo de complicaciones es considerablemente más alto.

El reporte también muestra una importante circulación de enfermedades respiratorias en el país. El síndrome gripal registró 674 nuevos casos durante la semana analizada, para un acumulado de 14,530 casos y una tasa de 314.3 por cada 100 mil habitantes.

En términos prácticos, esta tasa significa que de cada 100 mil personas en Panamá, aproximadamente 314 han presentado síntomas compatibles con gripe o infecciones respiratorias similares durante el año.

Las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que incluyen bronconeumonías y neumonías, también mantienen una presencia importante. El acumulado alcanza 6,323 casos, con una tasa de 136.8 por cada 100 mil habitantes. Estas enfermedades suelen representar las formas más severas de las infecciones respiratorias y son una de las principales causas de hospitalización durante la temporada lluviosa.

Malaría y leishmaniasis

Otro foco de preocupación es la malaria. El Minsa reportó 47 nuevos casos durante la semana epidemiológica 18, elevando el acumulado nacional a 3,564 infecciones. La enfermedad es causada por parásitos del género Plasmodium, transmitidos por la picadura de mosquitos Anopheles infectados.

Sus síntomas incluyen fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, náuseas y fatiga. Cuando no se diagnostica ni se trata a tiempo, puede afectar órganos vitales y convertirse en una enfermedad potencialmente mortal.

La leishmaniasis también continúa expandiéndose. Durante la semana estudiada se notificaron 72 nuevos casos, para un acumulado de 984 en lo que va del año. Esta enfermedad es transmitida por la picadura de insectos conocidos como flebótomos o “jején”.

En su forma más frecuente provoca lesiones ulcerativas en la piel, pero algunas variantes pueden comprometer órganos internos como el hígado, el bazo y la médula ósea, aumentando significativamente el riesgo de muerte si no reciben tratamiento oportuno.

El dengue sigue siendo la enfermedad transmitida por mosquitos con mayor número de casos reportados. El acumulado nacional alcanza 2,468 infecciones. De ellas, 2,162 corresponden a casos sin signos de alarma, 291 presentan signos de alarma y 15 han evolucionado a dengue grave. Esta última forma puede ocasionar hemorragias, daño de órganos y choque, convirtiéndose en una emergencia médica.

En cuanto a otras enfermedades bajo vigilancia epidemiológica, Panamá registra cuatro casos acumulados de chikungunya, siete de virus Oropouche, nueve de fiebre por hantavirus, ocho de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, 19 de leptospirosis, 45 de gusano barrenador en humanos y cuatro de viruela símica o mpox. En el caso del zika, el país no reporta casos acumulados durante 2026.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación, el lavado frecuente de manos, el consumo de agua potable, la eliminación de criaderos de mosquitos y la limpieza de los entornos siguen siendo las principales herramientas para reducir el riesgo de contagio y evitar que estas enfermedades continúen afectando a la población panameña.

La imagen de un caracol marino suele asociarse con playas, artesanías y gastronomía. Sin embargo, detrás de esas conchas que muchas veces terminan como adornos existe una creciente preocupación ambiental.

El Gobierno de Panamá decidió imponer una nueva veda nacional de 10 años para varios grupos de caracoles marinos, luego de que estudios científicos advirtieran una disminución sostenida de sus poblaciones en ambas costas del país.

La medida fue adoptada mediante una resolución de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) publicada en Gaceta Oficial y afecta a diversas especies pertenecientes a la familia Strombidae, conocidas popularmente como cambutes, caracoles reina y otros moluscos marinos de alto valor comercial.

Durante una década quedará prohibida su extracción, captura, transporte, posesión, comercialización, exportación y procesamiento, incluyendo la venta de sus conchas.

Una de las primeras dudas que surgen es si la prohibición alcanza a todos los caracoles marinos. La respuesta es no. La resolución se limita únicamente a determinados géneros de la familia Strombidae, entre ellos Aliger, Lobatus, Strombus, Persististrombus, Titanostrombus y Macrostrombus. Otros tipos de caracoles marinos no incluidos en estos grupos no forman parte de la nueva veda.

La decisión tampoco surgió de manera repentina. Panamá ya había establecido en 2021 una veda de cinco años para algunas de estas especies. Sin embargo, los estudios más recientes concluyeron que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para revertir el deterioro de las poblaciones silvestres. Por esa razón, las autoridades decidieron ampliar las restricciones y extenderlas por otros 10 años.

¿Qué está pasando con estos caracoles? Los informes citados por la ARAP apuntan principalmente a la sobreexplotación. Durante décadas han sido capturados para consumo humano, comercialización de su carne y venta de sus conchas como artículos decorativos o souvenirs.

El problema es que muchas especies tienen un crecimiento relativamente lento y necesitan varios años para alcanzar la madurez reproductiva. Cuando son extraídas antes de reproducirse, la recuperación de las poblaciones se vuelve cada vez más difícil.

Los datos recopilados por investigadores reflejan un panorama preocupante. En el Caribe panameño, evaluaciones realizadas en Bocas del Toro, Colón y Guna Yala encontraron densidades poblacionales muy bajas del caracol reina (Aliger gigas). En muchos casos predominaban ejemplares juveniles y era escasa la presencia de adultos capaces de reproducirse.

La situación también preocupa en el Pacífico. Estudios desarrollados en el Parque Nacional Coiba concluyeron que especies como Titanostrombus galeatus han sido sometidas a una intensa explotación por pescadores artesanales y buceadores.

Los investigadores advirtieron que las densidades poblacionales continúan siendo bajas y recomendaron limitar las capturas para proteger las áreas donde aún sobreviven poblaciones reproductivas.

Incluso existen evidencias de cambios biológicos provocados por siglos de extracción. Una investigación citada por la ARAP señala que el llamado caracol luchador en Bocas del Toro ha reducido progresivamente su tamaño corporal debido a la presión ejercida por la recolección humana.

Según el estudio, el tamaño promedio y la cantidad de carne aprovechable por individuo se redujeron en más de un tercio desde que comenzó su explotación.

Más allá de su valor económico, estos organismos cumplen funciones ecológicas importantes. Los caracoles marinos participan en el equilibrio de los ecosistemas costeros al alimentarse de algas y materia orgánica, contribuyendo a mantener saludables los fondos marinos y los arrecifes.

La Ley 304 de 2022 reconoce que la extracción excesiva de estas especies puede alterar el funcionamiento natural de los ecosistemas donde habitan.

Uno de los casos más sensibles es el del caracol reina, una especie protegida internacionalmente e incluida desde 1992 en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Organismos internacionales han advertido sobre la necesidad de reforzar las medidas de conservación debido a la disminución de sus poblaciones y a la persistencia de amenazas relacionadas con la sobrepesca y el comercio no sostenible.

La resolución establece una única excepción: la captura para fines científicos. Universidades, centros de investigación y especialistas podrán solicitar permisos para extraer cantidades limitadas de ejemplares destinados a estudios autorizados. Paralelamente, la ARAP anunció programas de monitoreo, investigación, educación y fiscalización para evaluar la evolución de las poblaciones durante el período de veda.

Para las autoridades, el objetivo final es evitar que especies emblemáticas de los mares panameños continúen desapareciendo. La apuesta es que una década sin presión comercial permita recuperar poblaciones que hoy muestran señales de agotamiento y asegurar que estos moluscos sigan formando parte del patrimonio natural del país para las próximas generaciones.

Panamá acumuló $2,741 millones en ingresos corrientes al cierre del primer cuatrimestre de 2026, una cifra que, aunque supera en $124.4 millones lo registrado en el mismo período del año pasado, quedó $35.1 millones por debajo de lo previsto en el presupuesto.

El dato refleja una mejora en la capacidad de generación de ingresos del Estado, pero también evidencia que la recaudación todavía enfrenta retos para alcanzar las metas fiscales trazadas para este año.

La evolución de los ingresos públicos cobra especial relevancia en momentos en que el Gobierno busca cumplir la meta de déficit fiscal de 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2026. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha reiterado que el país mantiene el rumbo para alcanzar ese objetivo pese a las presiones registradas en los primeros meses del año.

Los ingresos corrientes son todos los recursos que recibe el Estado para financiar su funcionamiento cotidiano. Incluyen los impuestos pagados por ciudadanos y empresas, así como tasas, derechos, aportes y utilidades provenientes de entidades públicas.

Cuando estos ingresos no crecen al mismo ritmo que los gastos, aumenta la presión sobre las finanzas públicas y se amplía el déficit fiscal.

Las cifras preliminares de la Dirección General de Ingresos muestran que el desempeño del primer cuatrimestre fue mejor que el de 2025. Entre enero y abril del año pasado, los ingresos corrientes totalizaron $2,616.6 millones, mientras que este año alcanzaron $2,741 millones, equivalente a un crecimiento de 4.8%.

El principal motor de ese aumento fueron los ingresos tributarios. Entre enero y abril, la recaudación de impuestos sumó $2,242.7 millones, un incremento de $186.8 millones o 9.1% frente al mismo período de 2025. Los tributos representaron cerca del 82% de todos los ingresos corrientes obtenidos por el Estado durante el primer cuatrimestre.

Dentro de la recaudación tributaria destacaron los impuestos indirectos, aquellos vinculados al consumo y las transacciones económicas. Este grupo generó $959.9 millones hasta abril, un crecimiento de 13.4% respecto al año anterior. Por su parte, los impuestos directos, relacionados principalmente con la renta de personas y empresas, aportaron $1,282.8 millones y registraron un aumento de 6.1%.

Entre los impuestos que mostraron mayor dinamismo sobresale el ITBMS sobre ventas, que acumuló $388.9 millones hasta abril y creció 14.5% en comparación con el mismo período de 2025. También destacó el impuesto al consumo de combustible, cuya recaudación alcanzó $63.5 millones, un aumento de 85.8% frente al año anterior.

Sin embargo, la tendencia mensual refleja que la actividad económica no avanza de manera uniforme. Durante marzo, los ingresos corrientes alcanzaron $904.3 millones, mientras que en abril se ubicaron en $704.7 millones. Esto representa una disminución de casi $200 millones entre ambos meses.

Los ingresos tributarios siguieron un comportamiento similar. En marzo sumaron $776 millones y en abril bajaron a $573 millones. No obstante, ambos meses mostraron resultados superiores a los observados un año antes. En abril, por ejemplo, la recaudación tributaria aumentó 17% frente al mismo mes de 2025, equivalente a $83.3 millones adicionales para las arcas públicas.

Pese a esta mejora en los ingresos, las finanzas públicas continúan enfrentando desafíos. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit del Sector Público No Financiero alcanzó $1,110 millones al cierre de febrero, equivalente a 1.17% del PIB. La cifra fue $307 millones superior a la registrada en el mismo período de 2025.

La principal razón detrás de este comportamiento ha sido el crecimiento del gasto público. Mientras los ingresos totales aumentaron 12.4% durante el primer bimestre, los gastos crecieron 19.4%, impulsados principalmente por proyectos de inversión como la Línea 3 del Metro de Panamá y el Cuarto Puente sobre el Canal. El gasto de capital aumentó 75.3% durante ese período.

Chapman ha defendido esta estrategia al señalar que responde a una política orientada a estimular la economía mediante la inversión pública. El funcionario sostiene que el comportamiento del déficit no debe analizarse únicamente con base en los primeros meses del año y que Panamá mantiene la capacidad para cumplir su objetivo fiscal al cierre de 2026.

Al cierre del primer cuatrimestre, no todos los renglones tributarios terminaron en positivo frente al presupuesto. El impuesto sobre la renta quedó $49 millones por debajo de lo previsto, con una ejecución de $1,016.1 millones frente a una meta de $1,065.1 millones. Dentro de ese grupo, la renta jurídica mostró una de las mayores brechas, con $236.3 millones recaudados, $54.6 millones menos de lo presupuestado.

También cerraron en negativo frente a la meta el ITBMS de importación y el impuesto de importación. El primero acumuló $181.2 millones, $27 millones por debajo del presupuesto, mientras que el segundo alcanzó $94.4 millones, con una diferencia negativa de $27 millones.

Los próximos meses serán determinantes para evaluar si el crecimiento de la recaudación logra consolidarse. Aunque los ingresos muestran una trayectoria positiva respecto a 2025, el desafío para el Gobierno será incrementar la captación de recursos sin afectar la actividad económica y, al mismo tiempo, contener el crecimiento del gasto para acercarse a la meta de déficit de 3.4% del PIB.

Las estadísticas de homicidios continúan mostrando una tendencia al alza en Panamá durante 2026, pero detrás de cada asesinato consumado existe otro fenómeno que preocupa a las autoridades: las tentativas de homicidio.

Se trata de ataques en los que existe la intención de matar, pero por distintas circunstancias la víctima sobrevive, ya sea por atención médica oportuna, fallas en la ejecución del ataque o factores ajenos a la voluntad del agresor.

De acuerdo con el más reciente informe del Ministerio Público, entre enero y abril de 2026 se contabilizaron 193 víctimas de homicidio a nivel nacional, frente a 180 registradas en el mismo período de 2025, lo que representa un incremento de 7%. Panamá, San Miguelito, Panamá Oeste y Colón concentran la mayor cantidad de casos registrados durante los primeros cuatro meses del año.

Aunque las cifras oficiales de tentativas de homicidio no forman parte del informe de víctimas de homicidio divulgado hasta abril, los casos reportados por el Ministerio Público durante los últimos días muestran que este delito continúa teniendo una presencia significativa en distintas regiones del país.

Jurídicamente, una tentativa de homicidio ocurre cuando una persona inicia la ejecución de una acción destinada a causar la muerte de otra, pero el resultado fatal no se concreta por circunstancias ajenas a su voluntad.

Uno de los casos más recientes se registró en el corregimiento de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, donde varios hombres llegaron a bordo de un vehículo Kia Picanto y realizaron disparos contra personas que se encontraban en un establecimiento comercial.

El ataque dejó tres heridos y una de las víctimas falleció posteriormente en un centro hospitalario. Por este caso, la Fiscalía Regional de Panamá Oeste logró la detención provisional del conductor del vehículo presuntamente utilizado durante el hecho.

Otro expediente se desarrolla en la provincia de Coclé. La Sección de Homicidio y Femicidio logró que un Tribunal de Garantías ordenara la detención provisional de un ciudadano de 27 años acusado de homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

Según la investigación, el hombre ingresó a un jardín de expendio de licor en el corregimiento Virgen del Carmen, en Aguadulce, y disparó contra otro joven de 27 años sin mediar palabras. La víctima sufrió una lesión en una arteria del brazo que puso en peligro su vida y le generó una incapacidad médico-legal provisional de 45 días.

También en la provincia de Panamá, la Fiscalía Metropolitana obtuvo una condena de 15 años de prisión contra un hombre de 32 años hallado responsable del delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2022 en la barriada Parque Real, en Las Mañanitas, cuando el ahora sentenciado realizó detonaciones contra una persona que permanecía en una residencia junto a otras personas. El proyectil impactó a la víctima y comprometió seriamente su vida.

La violencia también alcanzó a miembros de los estamentos de seguridad. En Veracruz, distrito de Arraiján, dos hombres de 20 y 35 años fueron enviados a detención provisional por una presunta tentativa de homicidio en perjuicio de dos unidades de la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones, los agentes realizaban un recorrido cuando recibieron disparos de cuatro sujetos. Uno de los policías resultó herido por un impacto de bala en el lado izquierdo de la cabeza.

Mientras tanto, en San Miguelito concluyó recientemente un proceso judicial relacionado con un homicidio ocurrido en 2019 en el sector de El Futuro, corregimiento Arnulfo Arias.

El Tribunal de Juicio Oral condenó a 24 años de prisión a un hombre por homicidio e inviolabilidad de domicilio, luego de acreditarse que ingresó a una residencia y realizó varios disparos que provocaron la muerte de un adolescente de 16 años.

Las estadísticas de homicidios muestran además que las armas de fuego continúan siendo el principal instrumento utilizado en los hechos violentos. De las 193 víctimas registradas entre enero y abril, 165 murieron por disparos, equivalentes al 85.5% de los casos. Los jóvenes entre 18 y 24 años constituyen el grupo más afectado, con 56 víctimas, seguidos por las personas de 25 a 29 años, con 34 casos.

Los casos recientes de tentativa de homicidio reflejan que muchos ataques armados no terminan en muerte, pero sí dejan secuelas físicas y psicológicas en las víctimas, además de una carga importante para el sistema judicial.

Un hombre fue condenado a 30 años de prisión por el delito de homicidio doloso agravado por un crimen ocurrido el 6 de marzo de 2023 en el corregimiento de Las Mañanitas, una de las sentencias más severas anunciadas recientemente por el Ministerio Público en una serie de procesos vinculados a homicidios, tentativa de homicidio, pandillas y narcotráfico.

La condena, obtenida por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, se conoce en momentos en que Panamá enfrenta un aumento de la violencia homicida.

Entre enero y abril de 2026 se registraron 193 víctimas de homicidio a nivel nacional, un incremento de 7% en comparación con las 180 reportadas durante el mismo período de 2025. Abril fue el mes con más asesinatos, al acumular 62 casos.

Otra sentencia relevante fue emitida por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, que condenó a dos hombres de 32 y 23 años de edad a 20 años de prisión como cómplices primarios del delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de un adolescente de 14 años.

De acuerdo con la investigación, el crimen ocurrió la noche del 30 de marzo de 2023 en el sector de San Joaquín, corregimiento de Pedregal. La Fiscalía acreditó que los hoy sentenciados participaron junto con otros individuos armados en un ataque a tiros contra el menor, quien falleció producto de las heridas ocasionadas por los disparos.

A estas decisiones judiciales se suma un proceso desarrollado en la provincia de Colón, donde tres hombres de 18, 20 y 23 años permanecerán detenidos provisionalmente mientras avanzan las investigaciones por los delitos de tentativa de homicidio y asociación ilícita para delinquir.

La medida cautelar fue impuesta luego de que la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala lograra la legalización de las aprehensiones, allanamientos e imputaciones durante una audiencia celebrada esta semana.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron la noche del 11 de abril de 2026 en Villa Cartagena, corregimiento de Puerto Pilón, cuando los tres imputados presuntamente participaron en un ataque con arma de fuego contra dos personas. Una de las víctimas sufrió heridas que pusieron en riesgo su vida. Los sospechosos fueron capturados el pasado 20 de mayo.

En paralelo, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Panamá Oeste logró que el Tribunal Superior de Apelaciones rechazara un recurso de anulación presentado por la defensa de un hombre condenado por el delito de siembra, cultivo y custodia de plantas destinadas a la producción de sustancias ilícitas.

Con esta decisión quedó en firme la condena de 13 años de prisión impuesta previamente por los tribunales, así como la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas durante un año una vez cumplida la sanción principal.

El caso se remonta al 3 de agosto de 2022, cuando las autoridades realizaron un allanamiento en una residencia ubicada en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján. Durante la diligencia fueron decomisados 51 plantones de marihuana con un peso total de cuatro kilogramos.

Las sentencias y procesos judiciales conocidos durante los últimos días ocurren en un escenario donde las armas de fuego continúan siendo el principal instrumento utilizado en los homicidios registrados en el país. De las 193 víctimas contabilizadas durante el primer cuatrimestre de 2026, un total de 165 murieron por disparos, lo que representa el 85.5% de los casos.

Las estadísticas del Ministerio Público muestran además que los jóvenes siguen siendo el grupo más afectado por la violencia homicida. El rango de edad entre 18 y 24 años concentró 56 víctimas, equivalente al 29% del total nacional. Le siguieron las personas entre 25 y 29 años con 34 casos y las de 30 a 34 años con 25 víctimas.

La distribución geográfica también refleja una fuerte concentración de los homicidios en áreas urbanas. El distrito de Panamá encabezó las estadísticas con 88 víctimas entre enero y abril, seguido por San Miguelito con 37 casos, Colón con 32 y Panamá Oeste con 20.

Otro dato relevante es que el 94% de las víctimas fueron hombres. De acuerdo con el informe estadístico del Ministerio Público, 181 de las 193 personas asesinadas durante los primeros cuatro meses del año eran del sexo masculino, mientras que 12 correspondieron al sexo femenino.

Las cifras muestran que, mientras avanzan los procesos judiciales y se acumulan condenas por homicidio, pandillerismo y narcotráfico, la violencia continúa representando uno de los principales desafíos para las autoridades. El aumento de los homicidios durante el primer cuatrimestre, especialmente en áreas como Panamá, San Miguelito, Colón y Panamá Oeste, mantiene la atención sobre la evolución de este fenómeno durante el resto del año.

Las discusiones sobre el tamaño y las prioridades del gasto público en Panamá comenzarán la otra semana. A partir de este lunes 25 de mayo, unas 96 instituciones del Estado iniciarán las vistas presupuestarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un proceso clave para la elaboración del Presupuesto General del Estado correspondiente a la vigencia fiscal 2027.

Durante estas sesiones, ministros, viceministros, directores de entidades autónomas y representantes de los consejos provinciales deberán sustentar ante los técnicos del MEF sus necesidades financieras, programas de inversión, proyectos en ejecución y nuevas iniciativas que buscan desarrollar durante el próximo año.

El proceso se extenderá hasta el 5 de junio y constituye el primer paso formal para definir cuánto gastará el Estado panameño en 2027.

Según explicó el director de Presupuesto General del Estado, Aurelio Mejía, la fase inicial consiste en la presentación de cifras preliminares y en la identificación de las principales necesidades de cada institución.

Posteriormente, el MEF evaluará las solicitudes y preparará el anteproyecto de presupuesto que será sometido a consideración del Consejo de Gabinete antes de ser remitido a la Asamblea Nacional. Se espera que el documento llegue al Legislativo a finales de julio.

La primera jornada incluye la comparecencia de entidades como la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Autoridad de Pasaportes, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la Autoridad de Aeronáutica Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia del Área Económica Especial de Aguadulce, entre otras.

Las vistas presupuestarias comienzan en un contexto en el que el tamaño del gasto público ha experimentado importantes cambios durante los últimos años.

El presupuesto aprobado para 2024, elaborado durante la administración de Laurentino Cortizo, ascendió a $30,690 millones luego de ser recortado en la Asamblea Nacional desde una propuesta inicial de más de $32,700 millones.

Un año después, la administración de José Raúl Mulino presentó inicialmente un presupuesto mucho más austero para 2025, por $26,084 millones.

Sin embargo, durante el proceso legislativo el proyecto fue objeto de múltiples ajustes y terminó siendo aprobado por $30,111 millones, apenas $580 millones por debajo del presupuesto vigente de 2024.

La tendencia continuó en 2026. La Asamblea Nacional aprobó un Presupuesto General del Estado de $34,901 millones, la cifra más alta en la historia del país. El monto representó un incremento superior a $4,700 millones respecto al presupuesto aprobado para 2025 y consolidó una expansión significativa del gasto público.

Buena parte de ese crecimiento responde a compromisos considerados ineludibles por el Gobierno, entre ellos el pago de la deuda pública, los intereses asociados al endeudamiento estatal, los aportes extraordinarios a la Caja de Seguro Social y el aumento de recursos destinados a programas sociales e inversión pública.

También influyeron diversos créditos extraordinarios aprobados durante el ejercicio fiscal, que elevaron el gasto efectivo por encima de las cifras originalmente presupuestadas.

La estructura del presupuesto de 2026 contempla gastos corrientes por $19,214 millones y gastos de capital por $15,686 millones. De ese total, más de $11,100 millones corresponden a inversión pública, equivalente a aproximadamente el 12.3% del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los niveles más altos registrados en los últimos años.

Entre los sectores que recibieron mayores refuerzos durante la discusión legislativa destacan educación, salud y agro. La Asamblea reasignó $104 millones adicionales al Ministerio de Educación, $26 millones al Ministerio de Salud, $10 millones al Instituto Oncológico Nacional y más de $31 millones para fortalecer programas dirigidos al sector agropecuario.

Las cifras reflejan la creciente presión que enfrentan las finanzas públicas. Mientras el Gobierno busca reducir gradualmente el déficit fiscal para cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, también debe atender demandas históricas relacionadas con infraestructura, salud, educación, seguridad ciudadana y agua potable.

Por esa razón, las vistas presupuestarias son observadas con atención tanto por el sector privado como por organismos internacionales y analistas económicos. Las solicitudes que presenten las instituciones durante las próximas semanas permitirán conocer cuáles serán las prioridades de gasto para 2027 y qué tan viable será mantener el equilibrio entre la disciplina fiscal y las crecientes demandas de inversión pública.

El resultado de estas discusiones también ofrecerá una primera señal sobre la dirección que tomará la política fiscal de Panamá durante la segunda mitad de la administración Mulino.

En un escenario marcado por elevados compromisos financieros, desaceleración económica regional y mayores exigencias sociales, el presupuesto de 2027 volverá a convertirse en uno de los principales instrumentos para medir las prioridades del Estado y su capacidad para sostener el crecimiento económico sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.

La confirmación de un caso de sarampión modificado en Panamá ha generado preguntas sobre una variante poco conocida de una enfermedad que el país no registra de forma autóctona desde 1995.

Sin embargo, lejos de representar una señal de alarma para las autoridades sanitarias, este tipo de casos suele ser considerado una demostración de que la vacunación está funcionando.

El sarampión modificado es una forma atenuada de la enfermedad que puede presentarse en personas vacunadas que, pese a haber desarrollado inmunidad, son expuestas a una cantidad importante del virus.

En esos casos, el organismo logra controlar mejor la infección, reduciendo significativamente la gravedad de los síntomas y la posibilidad de transmitir la enfermedad a otras personas.

Según la doctora Catherine Castillo, técnica de vigilancia epidemiológica y enfermedades prevenibles por vacunas del Departamento Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), los pacientes con sarampión modificado presentan un cuadro clínico diferente al sarampión clásico.

La especialista explicó que estos pacientes suelen registrar menos fiebre, pueden presentar un sarpullido más leve o incluso desarrollar síntomas distintos a los habitualmente asociados con la enfermedad. Además, la cantidad de virus presente en el organismo es considerablemente menor.

“Lo que hemos observado es que la carga del virus dentro del paciente es mucho menor. ¿En qué se traduce esto? En que un paciente con un sarampión modificado puede transmitir menos la infección que un sarampión normal y no se va a complicar”, explicó Castillo.

De acuerdo con la funcionaria, la evidencia científica disponible indica que quienes desarrollan esta forma modificada de la enfermedad prácticamente no presentan complicaciones graves como neumonías o afecciones neurológicas, que históricamente han sido algunas de las consecuencias más temidas del sarampión.

El caso identificado en Panamá corresponde a un ciudadano panameño que tuvo contacto con uno de los pacientes importados detectados recientemente por las autoridades sanitarias.

Gracias a la inmunidad adquirida previamente mediante la vacunación, desarrolló esta forma atenuada de la enfermedad en lugar del cuadro clínico tradicional.

Las autoridades aclararon que el caso no representa una falla de la vacuna. Por el contrario, consideran que demuestra su efectividad para evitar formas graves de la enfermedad e impedir complicaciones potencialmente mortales.

“No es un caso habitual. No es que todos los vacunados van a tener infección. Son situaciones especiales donde puede haber una exposición masiva al virus o factores particulares de inmunidad. Lo importante es que la vacunación sigue siendo efectiva para evitar complicaciones y salvar vidas”, sostuvo Castillo.

Actualmente Panamá registra tres casos vinculados al sarampión. Dos de ellos corresponden a casos importados y el tercero está relacionado con la importación.

El primer caso fue detectado en una joven de 18 años de nacionalidad suiza que ingresó al país por vía aérea el pasado 23 de abril y que no tenía antecedentes de vacunación contra la enfermedad.

El segundo caso corresponde a un ciudadano neerlandés de 21 años que ingresó a Panamá a través del puesto fronterizo de Guabito, en la provincia de Bocas del Toro, procedente de Costa Rica. Las autoridades indicaron que su historial de vacunación era desconocido.

Fue precisamente a partir del contacto con este segundo paciente que se produjo el caso de sarampión modificado en el ciudadano panameño.

Las autoridades sanitarias insistieron en que Panamá no enfrenta actualmente una transmisión comunitaria del virus. Aunque el país recibió oficialmente la certificación de eliminación del sarampión en 2016, la última vez que se registró transmisión autóctona sostenida de la enfermedad fue en 1995.

Desde entonces, los pocos episodios detectados han estado relacionados con viajeros procedentes de otros países o con contactos directos derivados de esos casos importados.

Un antecedente similar ocurrió en 2011, cuando las autoridades sanitarias detectaron cuatro casos importados procedentes de Polonia. En aquella ocasión tampoco se produjo transmisión comunitaria y el evento fue controlado mediante vigilancia epidemiológica y seguimiento de contactos.

“Hasta el momento no tenemos casos de transmisión endémica en el país. No existe circulación del virus en Panamá”, reiteró Castillo.

La especialista recordó que el país se encuentra en una etapa denominada “poseliminación”, en la que el principal desafío consiste en evitar que los casos importados generen cadenas sostenidas de transmisión local.

Para ello, las autoridades consideran fundamental mantener altas coberturas de vacunación en la población.

El esquema nacional contempla la aplicación de dos dosis de la vacuna contra sarampión, rubéola y paperas (MMR o SPR). La primera se administra a los 12 meses de edad y la segunda a los 18 meses.

Según datos del Ministerio de Salud, una sola dosis ofrece una protección cercana al 95%, mientras que el esquema completo eleva la efectividad a entre 97% y 100%.

Con el objetivo de reforzar la inmunidad colectiva, Panamá desarrolló campañas de seguimiento entre 2024 y 2025 enfocadas principalmente en niños menores de cinco años, buscando identificar esquemas incompletos y garantizar una mayor cobertura de protección.

Castillo hizo un llamado a los padres de familia y a la población en general para revisar sus tarjetas de vacunación y acudir a las instalaciones de salud en caso de dudas sobre las dosis recibidas.

En un contexto internacional donde varios países han reportado rebrotes de sarampión durante los últimos años, las autoridades consideran que el caso de sarampión modificado detectado en Panamá ofrece una evidencia concreta del papel que siguen desempeñando las vacunas para reducir el impacto de una enfermedad que, antes de la inmunización masiva, causaba miles de hospitalizaciones y muertes en todo el mundo.

La lucha contra las pandillas volvió a ocupar el centro de la agenda de seguridad en Panamá. Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público permitió la captura de siete presuntos integrantes de la organización criminal Bagdad-Santa Eduviges, una estructura señalada por las autoridades de mantener control territorial en sectores de Panamá Este y estar vinculada a delitos como homicidio, tráfico de drogas, robos, privaciones de libertad y posesión ilegal de armas de fuego.

La denominada Operación Combate se desarrolló mediante allanamientos simultáneos en Santa Eduviges, La Siesta, Tocumen, Pacora y San Miguelito.

Entre los aprehendidos figura alias “Rungito”, identificado por las autoridades como uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal, considerada una de las células asociadas a la pandilla Bagdad que opera en el área metropolitana.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita dirigió las diligencias con apoyo de unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y de la Dirección de Investigación Judicial.

Durante los registros fueron ubicados vehículos, dinero en efectivo e indumentaria utilizada por los miembros de la agrupación, incluyendo prendas con simbología de la bandera de Corea del Sur, un distintivo utilizado por esta pandilla para identificarse.

De acuerdo con la investigación, iniciada el 6 de marzo de 2023, la organización mantenía influencia en el sector de Santa Eduviges, corregimiento de Tocumen, desde donde presuntamente coordinaba actividades relacionadas con microtráfico, homicidios, robos y otros delitos.

Las autoridades sostienen que el grupo había consolidado una estructura con capacidad de ejercer control territorial sobre comunidades específicas del este de la capital.

La operación ocurre en medio de un incremento de homicidios a plena luz del día en avenidas de Panamá. En varios de estos casos, las víctimas mantenían un extenso prontuario delictivo y presunta vinculación con algunas de las más de 25 organizaciones criminales identificadas en el país.

En respuesta el Gobierno mantiene una ofensiva contra las pandillas y grupos vinculados al narcotráfico. Según cifras divulgadas por la Policía Nacional, durante 2026 se han realizado cientos de allanamientos y operativos dirigidos contra estas estructuras, con resultados que incluyen la captura de más de 240 pandilleros a nivel nacional, muchos de ellos vinculados a homicidios y tentativas de homicidio.

Bagdad es considerada una de las organizaciones criminales más conocidas del país. Su nombre volvió a cobrar notoriedad recientemente tras la condena en una corte federal de Los Ángeles de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales líderes de esta organización.

Camargo fue extraditado desde Costa Rica en 2023 y posteriormente declarado culpable por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

Los informes de seguridad identifican a Bagdad como una estructura con presencia en distintos sectores de Panamá y Colón, donde opera a través de células territoriales que controlan plazas de microtráfico y participan en disputas con grupos rivales.

Precisamente, las autoridades consideran que una parte importante de los homicidios registrados en el país está asociada a conflictos entre pandillas por el dominio de estas actividades ilícitas.

Esta semana, el presidente José Raúl Mulino reconoció la preocupación existente por los recientes hechos violentos registrados en espacios públicos, pero aseguró que no contempla cambios en los estamentos de seguridad.

El mandatario sostuvo que muchos de estos asesinatos corresponden a disputas entre grupos criminales y admitió que son hechos difíciles de prevenir, porque las autoridades no siempre pueden anticipar “quién tumba y quién es el tumbado”, en referencia a los conflictos derivados de robos o pérdidas de droga entre bandas.

El mandatario expresó su respaldo al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, destacando que la estrategia gubernamental se concentra en debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, capturas y decomisos.

“Me siento muy complacido del trabajo del director de la Policía y del ministro de Seguridad", afirmó Mulino durante una conferencia de prensa. El gobernante sostuvo que las autoridades mantienen una búsqueda permanente de los principales objetivos criminales y adelantó que próximamente se anunciarán nuevas medidas orientadas a reforzar el combate contra la delincuencia organizada.

Por su parte, el director de la Policía Nacional aseguró que la violencia reciente responde, en gran medida, a las afectaciones que las operaciones de seguridad han causado a las redes de narcotráfico y microtráfico. Fernández indicó que en los últimos días fueron capturados varios homicidas y que los operativos continuarán con el respaldo del Ministerio Público para sacar de circulación a integrantes de organizaciones criminales.

Los detenidos en la Operación Combate serán llevados ante un juez de garantías, donde el Ministerio Público solicitará la imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.

Mientras tanto, las autoridades consideran que la captura de alias “Rungito” representa un golpe importante contra una de las células criminales con presencia en Panamá Este, aunque reconocen que la lucha contra estas organizaciones requiere un trabajo sostenido para evitar que nuevos liderazgos ocupen los espacios dejados por los cabecillas detenidos.

La extraordinaria biodiversidad de Panamá acaba de sumar un nuevo integrante. Investigadores de la Universidad de Panamá y del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) identificaron y describieron una nueva especie de árbol que permanecía oculta en los bosques húmedos del Caribe panameño.

El descubrimiento fue publicado en la revista científica especializada Phytotaxa y representa un nuevo aporte al conocimiento de la flora tropical de Centroamérica.

La especie fue bautizada como Scottmoria umbonata y fue localizada en las laderas de Sierra Llorona, en la provincia de Colón.

El trabajo científico estuvo a cargo de los investigadores Juvenal E. Batista-Guerra y Juan F. Carrión, de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá, junto con Ernesto Campos-Pineda, del STRI. El estudio fue aceptado el 26 de marzo y publicado oficialmente el 7 de abril de 2026.

Más allá de la descripción de una nueva planta, el hallazgo vuelve a llamar la atención sobre Sierra Llorona, una región considerada un punto crítico de biodiversidad en Panamá.

Esta zona forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano y sirve de conexión ecológica entre áreas protegidas de gran importancia como el Parque Nacional Chagres, el Parque Nacional Portobelo, el Parque Nacional Soberanía y el Lago Gatún.

Los autores destacan que estos bosques mantienen una estrecha relación biológica con los ecosistemas sudamericanos y presentan altos niveles de endemismo.

Según la investigación, los bosques caribeños de tierras bajas de esta región siguen siendo relativamente poco explorados por la ciencia. Precisamente esa falta de estudios ha permitido que continúen apareciendo especies desconocidas para la comunidad científica internacional.

Los autores advierten que esta situación resulta preocupante porque el área enfrenta crecientes presiones derivadas de la expansión de asentamientos humanos, la apertura de carreteras, la cacería y la tala, factores que fragmentan el hábitat natural de numerosas especies

El nombre “umbonata” no fue elegido al azar. Hace referencia a un “umbo”, una protuberancia o elevación central muy pronunciada presente en el fruto de la especie, una característica que se mantiene desde las etapas tempranas hasta la madurez.

Esa particularidad permitió diferenciarla de otras especies cercanas dentro del género Scottmoria. Los investigadores compararon especialmente a Scottmoria umbonata con Scottmoria woodsoniana, encontrando diferencias en la estructura de las hojas, la venación y varios rasgos reproductivos.

En las comunidades de Santa Rita y Sierra Llorona, sin embargo, el árbol ya era conocido desde hace tiempo bajo el nombre popular de “Coquito de potrero”. De acuerdo con los investigadores, es una de las pocas especies que suele sobrevivir en terrenos convertidos en pastizales que antiguamente fueron bosques primarios.

Su resistencia, su madera dura y el hecho de que sus semillas sean consumidas por el ganado han contribuido a su permanencia en algunas zonas alteradas por la actividad humana.

La investigación señala que Scottmoria umbonata es un árbol de sotobosque que puede alcanzar entre tres y diez metros de altura. Presenta troncos de hasta 30 centímetros de diámetro, una copa redondeada y corteza gris laminada.

La especie se distribuye en áreas como Sierra Llorona, Quebrada López y Quebrada Harina, cerca de Nueva Providencia y Santa Rita Arriba, en la Costa Arriba de Colón. Florece principalmente entre octubre y mayo, mientras que sus frutos han sido observados entre febrero y mayo, además de noviembre.

El descubrimiento también refleja el dinamismo reciente de la investigación botánica panameña. Solo en los últimos años, los mismos investigadores han participado en la descripción de varias especies nuevas de árboles de la familia Lecythidaceae en los bosques caribeños del país.

De hecho, en marzo de este año otro estudio publicado en Phytotaxa describió tres nuevas especies del género Scottmoria encontradas en bosques nubosos de Panamá, lo que evidencia que el país continúa siendo una fuente importante de descubrimientos botánicos para la ciencia mundial.

Los autores consideran que la conservación de Sierra Llorona debe convertirse en una prioridad. En el estudio recuerdan que la pérdida de cobertura forestal y la fragmentación del paisaje amenazan directamente a las especies que habitan estos bosques maduros.

Incluso mencionan antecedentes recientes en los que ejemplares de otras especies recién descubiertas fueron talados poco después de ser documentados por los científicos.

Para la Universidad de Panamá, el hallazgo representa un reconocimiento al trabajo científico que se desarrolla en el país. El rector Eduardo Flores Castro destacó que el descubrimiento constituye un aporte significativo al conocimiento global y una demostración de la riqueza biológica de Panamá.

Mientras los investigadores continúan explorando regiones poco estudiadas del Caribe panameño, Scottmoria umbonata se convierte en un recordatorio de que todavía existen especies desconocidas esperando ser descubiertas en los bosques tropicales del país.

Panamá ya cruzó el punto de no retorno. Tras meses de monitoreo de las temperaturas del océano Pacífico tropical, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) confirmó que el fenómeno de El Niño ya está en marcha y que las condiciones observadas indican que continuará fortaleciéndose durante el resto del año.

La principal incertidumbre ya no es si ocurrirá, sino cuán intenso llegará a ser y qué tan severos serán sus efectos sobre el país.

La advertencia llega en momentos en que el país experimenta elevadas temperaturas y sensaciones térmicas extremas. Sin embargo, para los especialistas, el verdadero desafío apenas comienza.

Los modelos climáticos apuntan a una reducción de entre 10% y 20% de las lluvias durante el trimestre comprendido entre mayo y julio, una disminución que podría agravarse a medida que el fenómeno alcance su máxima intensidad hacia finales de año.

“Ya no hay marcha atrás”, afirmó Berta Olmedo, subdirectora general del IMHPA, quien explicó que la entidad decidió declarar formalmente el fenómeno debido a que los indicadores utilizados por Panamá ya superaron los umbrales establecidos para confirmar el desarrollo de El Niño.

ales como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) continúan monitoreando la evolución del evento, para las autoridades panameñas el calentamiento del océano ya alcanzó un nivel que hace irreversible el proceso.

El Niño es un fenómeno climático global que se origina por el calentamiento anormal de una extensa zona del océano Pacífico tropical.

Aunque ocurre a miles de kilómetros de Panamá, altera la circulación atmosférica y modifica los patrones de lluvia en gran parte del planeta. En el caso panameño, históricamente se ha asociado con una reducción de las precipitaciones, temperaturas más altas y una mayor evaporación de las fuentes de agua.

Los primeros efectos ya comienzan a reflejarse en las proyecciones climáticas. El IMHPA estima que durante los próximos tres meses habrá menos lluvias de lo habitual en prácticamente todo el territorio nacional. No obstante, la disminución no será uniforme.

Mientras algunas regiones podrían registrar reducciones cercanas al 10%, otras podrían enfrentar déficits de 25% o incluso 30%, dependiendo de la evolución del fenómeno.

La preocupación aumenta porque estas cifras corresponden únicamente a la etapa inicial de El Niño. Según Olmedo, el océano Pacífico continúa acumulando calor en capas profundas que servirán de combustible para el fenómeno durante los próximos meses.

Eso significa que las reducciones de lluvia observadas actualmente podrían ser apenas un anticipo de condiciones más secas hacia finales de 2026.

Algunos centros de investigación internacionales incluso manejan escenarios en los que el evento podría alcanzar una intensidad elevada. Aunque todavía es prematuro determinar su categoría definitiva, varios especialistas consideran que podría tratarse de un Niño fuerte o muy fuerte.

La diferencia es relevante porque fenómenos más intensos suelen prolongar los períodos secos y aumentar los efectos sobre sectores sensibles de la economía.

Panamá ya conoce las consecuencias. El episodio de El Niño registrado entre 2023 y 2024 provocó una de las peores crisis hídricas de las últimas décadas.

La disminución de las lluvias obligó al Canal de Panamá por primera vez en su historia a reducir temporalmente el número de tránsitos diarios debido a la falta de agua en los lagos que alimentan la vía interoceánica. Aquella situación afectó el comercio marítimo mundial y evidenció la vulnerabilidad del país frente a los cambios climáticos.

Ahora las autoridades buscan evitar que la historia se repita. El sector agropecuario aparece entre los más expuestos. Menos lluvia implica menor disponibilidad de agua para cultivos y ganado, mayores costos de producción y posibles afectaciones en los rendimientos agrícolas.

Por ello, el IMHPA trabaja junto al Ministerio de Desarrollo Agropecuario en mesas técnicas agroclimáticas instaladas en las provincias del país, donde se analizan escenarios y se formulan recomendaciones para productores.

La generación eléctrica también podría enfrentar desafíos. Panamá depende en gran medida de la producción hidroeléctrica y una reducción prolongada de las lluvias suele traducirse en menores aportes a los embalses. De hecho, las empresas del sector ya comenzaron a ajustar sus estrategias operativas ante la posibilidad de un escenario más seco durante la segunda mitad del año.

Paradójicamente, un fenómeno de El Niño no significa ausencia total de lluvias. Los especialistas advierten que una de sus características es precisamente la mala distribución de las precipitaciones.

Puede ocurrir que llueva intensamente en períodos muy cortos y sobre áreas reducidas, provocando inundaciones repentinas, mientras otras regiones permanecen con déficits acumulados durante semanas o meses.

Otro efecto esperado es la prolongación del llamado “veranito de San Juan”, un período tradicionalmente seco que ocurre durante la estación lluviosa. Bajo condiciones de El Niño, ese lapso podría comenzar antes de lo habitual y extenderse por más tiempo, incrementando la presión sobre las actividades agrícolas que dependen del agua.

Para los expertos, el mensaje principal es que todavía existe tiempo para prepararse. La intensidad definitiva del fenómeno se conocerá en los próximos meses, pero la señal ya está clara:

La subdirectora del IMHPA señaló que estos datos permiten a los productores evaluar si deben ajustar sus actividades, cambiar fechas de siembra, reforzar sistemas de riego o incluso sustituir cultivos que demandan mucha agua por otros más resistentes a condiciones secas.

“La información es poder”, sostuvo Olmedo, al destacar que el objetivo es que cada sector pueda reducir pérdidas o, en algunos casos, aprovechar mejor los períodos secos previstos durante el avance de El Niño.

En una ceremonia realizada este 21 de mayo en el Hotel Meliá Lima, Aldeas Infantiles SOS Perú reconoció a quienes respaldan su misión de protección y desarrollo integral de la infancia en el país. El evento, denominado “Aliados por la Niñez”, congregó a representantes de empresas, embajadas, sector público, medios de comunicación y figuras públicas que colaboran activamente con la organización. La gestión conjunta permitió impactar positivamente a 46.462 personas en situación de vulnerabilidad durante 2025.

La jornada sirvió como plataforma para la presentación de la Memoria Anual 2025 de Aldeas Infantiles SOS Perú, un espacio en el que la institución rindió cuentas ante sus aliados estratégicos sobre la inversión y resultados de sus programas. Entre los asistentes destacaron representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, INABIF, la Oficina Económica y Cultural de la Embajada de Taiwán, directivos de medios, así como Embajadores e Influencers SOS. Durante la velada, se reconoció el papel de estas entidades y personas en la promoción de entornos seguros para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país.

Aldeas Infantiles SOS Perú detalló en su memoria que el trabajo realizado en 2025 evitó la separación familiar de 505 niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo la unidad y estabilidad de estos hogares. Además, la organización financió 177 negocios familiares con Capital Semilla, impulsando el desarrollo de emprendimientos y la generación de ingresos sostenibles. Según la información difundida por Infobae, el 87% de los jóvenes egresados del servicio de cuidado alternativo alcanzó la autosuficiencia, logrando acceder a estudios superiores y empleos formales.

Durante la ceremonia, Nancy Martínez, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú, afirmó: “Estos resultados son posibles gracias al esfuerzo colectivo de nuestros aliados, personas e instituciones que creen en la importancia de proteger a la niñez y acompañar a las familias”. Martínez subrayó el impulso a la autonomía juvenil: “136 jóvenes accedieron a su primer empleo formal y 22 crearon sus propios emprendimientos. Verlos integrarse social y laboralmente es la prueba de que nuestro acompañamiento rinde frutos sostenibles”, sostuvo.

La edición 2025 del evento incluyó por primera vez la entrega del premio “Gran Aliado por la Niñez”, que recayó en DHL Express y en la actriz Rossana Fernández-Maldonado, ambos reconocidos por su compromiso y apoyo a la causa. El artista y Embajador SOS Fito Espinosa diseñó los trofeos entregados a los aliados destacados.

Reconocimiento a empresas, medios y figuras públicas

El sector empresarial estuvo representado por 650 compañías aliadas, de las cuales varias fueron distinguidas en seis categorías: Voluntariado Corporativo (Howden Perú, Komatsu Mitsui Maquinarias Perú), Campeones de Reciclaje (Corporación Latinoamericana de Servicios Tecnológicos, Dupree Venta Directa, IQ Farma, Kimberly Clark, Luz del Sur, Universidad San Ignacio de Loyola, Southern Perú, Transportadora de Gas del Perú), Líderes de la Esperanza (Aeropuertos Andinos del Perú, Aeropuertos del Perú, CORPAC, P.A. Perú, PWC, Pulso Salud), Corazones que Construyen (ESET Perú, Grameco, Inmater, Intrial Perú, Oriflame Perú, Sonepar Perú), Defensores de la Niñez (DHL Express, DHL Forwarding Perú, DHL Supply Chain de Lima, Farmacia Universal, JMT Outdoors, Lockton Perú, Mall Aventura, Phartec, Supermercados Peruanos, Tiendas por Departamento Ripley S.A.C.) y Aliados de la Infancia (Arcos Dorados del Perú, Bata Perú, Compartamos Banco, Isopetrol Lubricantes del Perú, LAP, Scotiabank, Valero Perú).

En el rubro de medios, la categoría “Medio de Comunicación comprometido con la Niñez” distinguió a Infobae, Andina, IRTP y Grupo El Comercio. En la categoría “Embajador/a SOS” fueron reconocidos Fito Espinosa, Gianfranco Brero, “Chupo” Arriola, Milena Warthon, Rossana Fernández-Maldonado y Sonaly Tuesta, mientras que como “Influencer SOS”, el homenaje fue para Fernando Llanos. Además, se oficializó la incorporación de Javier Masías y Sergio “Checho” Ibarra como nuevos Embajadores SOS.

Testimonios, arte y memoria anual

Momentos emotivos se vivieron con testimonios de jóvenes beneficiarios, una Cuidadora SOS, una lideresa comunitaria y una familia, quienes compartieron el impacto de la organización en sus vidas. El grupo “Los Juanelos” ofreció un espectáculo musical, aportando un espacio de alegría en la jornada.

La presidenta del Consejo Directivo, Sonia Frisancho, cerró la ceremonia reafirmando el compromiso de la organización de “seguir construyendo alianzas que permitan garantizar que más niñas, niños, adolescentes y jóvenes crezcan con cuidado, protección y oportunidades”.

Aldeas Infantiles SOS Perú opera desde 1972 en el país, promoviendo el derecho de la infancia a vivir en familia y fortaleciendo redes familiares y comunitarias. Actualmente, tiene presencia en regiones como Cajamarca, Lambayeque, Lima, Callao, Junín, Ayacucho, Cusco, Arequipa y Puno, y forma parte de la red global iniciada en Austria en 1949, que hoy abarca 137 países y territorios.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) expresó su respaldo al Gobierno Nacional en la posición asumida frente al diferendo comercial con Costa Rica y pidió que la relación bilateral se desarrolle bajo principios de respeto, reciprocidad, equilibrio y reglas claras, en momentos en que la disputa entre ambos países escaló del plano comercial al energético.

El gremio empresarial sostuvo que Panamá tiene derecho a defender sus intereses nacionales, respaldar a sus sectores productivos y utilizar los mecanismos legales, diplomáticos y comerciales disponibles para sostener su posición.

La CCIAP advirtió que, ante el aumento del tono en la discusión pública y los recientes pronunciamientos desde Costa Rica, es necesario mantener la serenidad institucional sin renunciar a la firmeza que exige una posición legítima de país.

La Cámara insistió en que las diferencias comerciales entre países vecinos deben resolverse mediante el diálogo y los mecanismos establecidos, no a través de discursos altisonantes ni presiones públicas que dificulten una salida sostenible. El presidente del gremio, Aurelio Barría Pino, afirmó que el diálogo es el camino deseable, pero debe darse en un marco de respeto mutuo y sin elevar innecesariamente la tensión.

La postura empresarial se produce luego de que el presidente José Raúl Mulino anunciara que Panamá no autorizará, por ahora, nuevas ventas de energía eléctrica a Costa Rica. El mandatario explicó que la decisión forma parte de la respuesta panameña ante un conflicto comercial que, según su gobierno, se arrastra desde hace años por restricciones aplicadas a productos nacionales.

Mulino sostuvo que su deber es proteger a los productores panameños y cuestionó el manejo público que Costa Rica ha dado al diferendo. El presidente panameño ha insistido en que su administración mantiene disposición al diálogo, pero bajo condiciones de reciprocidad y respeto, especialmente después de que autoridades costarricenses elevaran el tema a instancias diplomáticas e internacionales.

El conflicto comercial involucra principalmente restricciones sanitarias y fitosanitarias relacionadas con productos agropecuarios, cárnicos y lácteos. Panamá sostiene que sus controles buscan proteger la producción nacional y cumplir estándares internacionales, mientras Costa Rica argumenta que varias medidas limitan injustificadamente el ingreso de sus productos al mercado panameño.

Las tensiones aumentaron tras la llegada al poder de la presidenta costarricense Laura Fernández, quien aseguró que no permitiría que Panamá continuara bloqueando el ingreso de productos de su país y anunció acciones diplomáticas e internacionales.

La decisión de Panamá abrió un debate interno en Costa Rica. La diputada Abril Gordienko cuestionó la estrategia de la presidenta Laura Fernández y advirtió que un diferendo comercial que pudo resolverse por la vía técnica terminó convertido en una crisis diplomática en un momento delicado para la seguridad energética costarricense.

Según la legisladora, Costa Rica enfrenta altas probabilidades de sequía asociadas al fenómeno de El Niño, lo que podría afectar la generación hidroeléctrica, una de las principales fuentes de electricidad del país. Gordienko sostuvo que, si baja la producción hidroeléctrica y aumenta el consumo, Costa Rica tendría que recurrir a plantas térmicas más costosas o enfrentar escenarios de racionamiento.