Después de casi dos décadas de desacuerdos, el Congreso General Guna aprobó iniciar la consulta previa, libre e informada sobre la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia.

La decisión convierte a Gunayala en el segundo de los tres territorios indígenas panameños vinculados al trazado que autoriza este procedimiento, considerado fundamental para avanzar con el proyecto.

La resolución fue adoptada por consenso durante la asamblea celebrada del 21 al 26 de octubre en la comunidad de Dadnaggwedubbir. Por primera vez, las autoridades tradicionales aprobaron formalmente una hoja de ruta para consultar a sus comunidades, con procedimientos definidos conforme a las normas y mecanismos de decisión del pueblo guna.

El documento, identificado como Resolución No. 2, faculta a una comisión designada por el Congreso para organizar las distintas etapas del proceso. Sin embargo, la autorización no significa que las comunidades hayan aprobado la construcción de la infraestructura, sino que aceptaron participar en una evaluación informada sobre sus posibles consecuencias.

Con esta decisión, Gunayala se suma a la comarca de Wargandí, que inició su consulta en agosto, mientras las Tierras Colectivas de Alto Bayano permanecen pendientes de completar ese paso.

Los tres territorios forman parte del corredor previsto para transportar electricidad entre ambos países, atravesando zonas de considerable importancia ambiental y cultural.

La interconexión contempla una línea de transmisión de aproximadamente 500 kilómetros, con capacidad inicial de 400 megavatios. Su recorrido comprende 220 kilómetros terrestres en Panamá, 130 kilómetros submarinos por el Caribe y otros 150 kilómetros en territorio colombiano, utilizando tecnología de corriente directa de alta tensión.

El trazado partirá de la subestación Panamá II, en territorio panameño, y atravesará Alto Bayano, Wargandí y Gunayala hasta llegar a Mulatupu. Desde allí, un cable submarino cruzará hacia Necoclí, en Colombia, antes de continuar hasta la subestación Cerromatoso, ubicada en el departamento de Córdoba.

La importancia estratégica consiste en conectar por primera vez los sistemas eléctricos de Centroamérica y Suramérica, permitiendo transportar energía desde Panamá hacia Colombia y viceversa.

Mediante las redes regionales existentes, el intercambio podría extenderse hacia Ecuador, otros países centroamericanos y México, sujeto a las capacidades de transmisión y acuerdos comerciales correspondientes.

Los gobiernos de Panamá y Ecuador acordaron en septiembre de 2026 impulsar una futura ampliación de la integración energética regional. La iniciativa permitiría aprovechar diferencias de precios, disponibilidad de generación y condiciones climáticas, aunque los beneficios económicos dependerán de los mercados, las tarifas y la regulación aplicable.

El proyecto ha manejado una inversión de referencia de 800 millones de dólares, aunque estimaciones posteriores de sus promotores sitúan el presupuesto entre 1,000 y 1,400 millones. El costo definitivo dependerá de las licencias ambientales, los requerimientos técnicos y la financiación, todavía pendientes de completar.

Su ejecución acumula numerosos retrasos por desacuerdos territoriales, preocupaciones ambientales y falta de consensos comunitarios. También han influido la necesidad de armonizar las regulaciones eléctricas de ambos países, obtener autorizaciones y definir las condiciones financieras para una infraestructura que atravesará áreas sensibles del Darién.

En Gunayala, la oposición tiene antecedentes concretos. En 2015 el Congreso rechazó el trazado propuesto, mientras que en 2018 autorizó estudios sin que prosperara el entendimiento. En marzo de 2023, las autoridades rechazaron el estudio de impacto ambiental y el proyecto, manteniendo las objeciones sobre su territorio.

La posición comenzó a modificarse en marzo de 2026, cuando se derogó aquella resolución, y posteriormente se creó una comisión encargada de preparar la consulta. Las preocupaciones indígenas incluyen la protección de bosques, el respeto a su autonomía, la participación efectiva en las decisiones y los beneficios que recibirían las comunidades.

Entre las principales demandas figura que la infraestructura contribuya a mejorar las condiciones de vida, mediante electrificación rural y acceso vial. Las autoridades han planteado integrar estas necesidades al denominado Corredor Ambiental Sostenible, que combina transmisión eléctrica, caminos y suministro energético para poblaciones históricamente aisladas.

El secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, destacó que el procedimiento debe respetar los tiempos y las decisiones tradicionales. Desde octubre de 2025, su despacho mantiene conversaciones con las autoridades gunas y coordina una mesa interinstitucional integrada por 14 entidades, encargadas de acompañar los aspectos sociales, ambientales y territoriales.

La nueva resolución representa un avance significativo después de años de resistencia, pero todavía quedan etapas decisivas antes de construir. Las consultas comunitarias, los permisos ambientales, los acuerdos regulatorios y el cierre financiero determinarán cuándo podrá ejecutarse la interconexión, cuyo desarrollo lleva más de dos décadas en discusión.

Milagros Hadad ganó el Premio Ídolo 2026 en la categoría Podcast por La Fórmula Podcast, el proyecto de bienestar y desarrollo personal con el que compitió junto a Ferné con Grego, Hispa La Sesión, Historia en Podcast, La Sillita y Psicología al Desnudo.

La entrega de las estatuillas comenzó a las 22.15 en la Usina del Arte, luego de la alfombra rosa y el cóctel previo que reunió a todo tipo de figuras. La ceremonia, conducida por Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello, reunió a 710 invitados, entre 210 nominados, integrantes del jurado, representantes de marcas, agencias y acompañantes.

Antes de conocerse el resultado, Milagros Hadad se mostró entusiasmada por la nominación de su ciclo y reflejó sus nervios previos. “Totalmente. Muy contenta. Me encantan estos premios. Siento que es una gran oportunidad también para hablar con un montón de personas que uno conoce, que hacen cosas parecidos y que no siempre tenés la oportunidad de cruzarlas. Y la verdad que muy ilusionada. La mía es una terna competitiva porque hay muchos pódcast muy buenos, pero bueno, vamos a ver qué pasa”, afirmó en charla con Teleshow.

Consultada sobre el trabajo detrás de cada entrega de su proyecto, la conductora destacó el rol de su equipo y el foco en quienes siguen el contenido. “Cada episodio es distinto, pero somos un equipo, eh, le ponemos mucho esfuerzo a todo lo que hacemos y siempre intentamos pensar en nuestra audiencia, en, en qué podemos darles a ellos, en qué herramientas también podemos brindarles, como es un pódcast de bienestar y desarrollo personal. Así que siempre pensando mucho en eso”, comentó con entusiasmo.

Así las cosas, tras los nervios previos, los conductores destacaron que la ganadora de la terna era Milagros. Tras recibir la estatuilla, Hadad celebró el alcance que consiguió La Fórmula Podcast. “No saben lo que me alegra recibir este premio, La Formula podcast es un proyecto sobre el desarrollo personal, sobre bienestar, que intetamos en cada episodio, acercar herramientas, acercar la experiencia de expertos, y sobre todo que la persona del otro lado se sienta acompañada. Que encuentre alguna respuesta. Así que me da mucho orgullo saber que cada vez somos más, que cada vez La Fórmula llega a más personas. Creo que al final del día lo hacemos para eso y que lo que compartimos le sirva a alguien. Quiero agradecer a mi equipo pro todo el esfuerzo, la dedicación y la pasión que le ponen”, comentó.

Para la gala, la creadora eligió un diseño de Joti Arriague, de acuerdo con la consigna estética de la noche. “Es un vestido de Joti Arriague y es un vestido que sentí que iba con los colores del dress code, que era más romántico, unas paletas como más pastel. Así que esa fue la inspiración”, explicó.

La Romantic Carpet recibió a creadores, streamers y figuras del universo digital antes de su ingreso al Salón Mayor, donde se realizó el cóctel y hubo activaciones de las marcas participantes.

Desde las 20, el acceso de la Usina del Arte estuvo intervenido con flores naturales, follajes y telas en tonos rosa y pastel para recibir a los asistentes. La cobertura de la previa estuvo a cargo de Marta Fort, Julieta Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi antes del ingreso de los invitados al auditorio.

La ceremonia se desarrolla en el auditorio, con carteles identificatorios en las butacas de los nominados y un operativo técnico que incluye cinco pantallas, una grúa y más de seis cámaras para la transmisión en vivo por Streams Telefe. La T y La M y Q’Lokura tienen previstas presentaciones musicales durante la noche.

Los conductores de Panamá tendrán una rebaja en las gasolinas de 95 y 91 octanos a partir del viernes 30 de octubre, mientras el diésel registrará un nuevo incremento. La actualización publicada en la Gaceta Oficial establece precios máximos diferenciados por localidad, con vigencia de 14 días.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos costará $1.32 por litro, equivalente a aproximadamente $5.01 por galón. Frente a los $5.38 del periodo anterior, representa una reducción cercana a 37 centavos por galón, la mayor disminución absoluta entre los tres combustibles regulados.

La gasolina de 91 octanos también tendrá una disminución importante para los consumidores, al pasar de aproximadamente $4.84 a $4.50 por galón.

El nuevo precio será de $1.19 por litro, lo que supone un ahorro cercano a 34 centavos por galón frente a la quincena anterior.

El diésel mantendrá una tendencia contraria, con un incremento de aproximadamente ocho centavos por galón. Su precio máximo en Panamá y Colón pasará de $5.74 a $5.82, mientras que el valor por litro se ubicará en $1.54, según la resolución de la Secretaría Nacional de Energía.

Con estos ajustes, la diferencia entre las gasolinas y el diésel vuelve a ampliarse. El combustible utilizado por numerosos vehículos comerciales será aproximadamente 81 centavos más caro por galón que la gasolina de 95, mientras la separación frente a la de 91 alcanzará $1.32.

Los nuevos valores comenzarán a aplicarse a las 6:00 a. m. del viernes 30 de octubre y permanecerán vigentes hasta las 5:59 a. m. del 13 de noviembre. Durante ese periodo, las estaciones no podrán superar los precios máximos autorizados para cada combustible y localidad.

En Arraiján y La Chorrera, la gasolina de 95 costará aproximadamente $5.02 por galón, mientras la de 91 se ubicará en $4.51 y el diésel en $5.83. Los precios presentan pequeñas diferencias respecto de Panamá y Colón, debido a los parámetros de comercialización establecidos.

Para los conductores de David, el galón de gasolina de 95 costará $5.09, el de 91 alcanzará $4.58 y el diésel llegará a $5.90. En Puerto Armuelles, los valores serán aproximadamente $5.13, $4.62 y $5.94, respectivamente, para los mismos productos.

Changuinola continuará entre las localidades con los precios más elevados del país. Allí, la gasolina de 95 alcanzará $5.20 por galón, la de 91 costará $4.69 y el diésel superará los seis dólares, con un valor aproximado de $6.01.

La nueva revisión coincide con una trayectoria descendente de los precios internacionales de las gasolinas durante la segunda mitad de octubre. Los indicadores de la Secretaría Nacional de Energía muestran que, al 27 de octubre, la gasolina de 95 acumulaba una variación negativa de 8.43%.

La caída fue todavía mayor para la gasolina de 91 octanos, cuya variación acumulada alcanzó -8.91% en el periodo mostrado. En contraste, el diésel registró un comportamiento positivo de 1.60%, lo que ayuda a explicar las diferencias entre los ajustes anunciados para los tres combustibles.

La gráfica oficial también refleja que ambas gasolinas mantuvieron una trayectoria predominantemente descendente entre el 14 y el 27 de octubre. El diésel, aunque moderó parte de sus aumentos iniciales, permaneció en terreno positivo, a diferencia de los otros dos productos.

La Secretaría Nacional de Energía establece los precios máximos de venta cada 14 días, tomando como referencia las variaciones de los costos de importación, los fletes y los márgenes de comercialización. El mecanismo permite trasladar los cambios internacionales al mercado panameño mediante revisiones periódicas.

Las consecuencias del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el 9 de octubre siguen aumentando conforme avanzan las evaluaciones oficiales. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que 16,302 viviendas han sido inspeccionadas y 52,874 personas registradas mediante la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

El informe confirma dos personas fallecidas y 27 lesionadas. Las autoridades mantienen operativos en las comunidades afectadas para identificar daños estructurales, determinar necesidades prioritarias y orientar la asistencia a las familias que perdieron sus viviendas o enfrentan condiciones inseguras.

En el sector educativo, el balance registra 619 centros escolares con afectaciones, mientras que en salud se contabilizan 120 instalaciones dañadas. Las inspecciones continúan para establecer la gravedad de los daños en cada edificio y determinar cuáles requieren reparaciones, intervenciones mayores o restricciones de acceso.

La emergencia también mantiene a 4,501 personas alojadas en 141 albergues, según las cifras más recientes. Sinaproc reportó asistencia en 175 comunidades y 38 evacuaciones aéreas, mientras la distribución de suministros humanitarios continúa en los territorios donde persisten dificultades de acceso.

Hasta el momento, las operaciones han permitido movilizar más de 208,317 libras de ayuda por vía aérea y 365 toneladas mediante transporte terrestre. Los suministros incluyen alimentos, agua y artículos de primera necesidad, destinados a familias que permanecen fuera de sus hogares o necesitan apoyo durante la recuperación.

Uno de los principales frentes de trabajo se concentra en la comarca Ngäbe-Buglé, donde Sinaproc reportó 130 viviendas evaluadas, aproximadamente 16 con colapso estructural y 668 personas registradas. Las inspecciones abarcan los distritos de Kusapín, Ñöle Duima, Nurum y Müna, con participación de distintas instituciones.

En esa región también fueron identificadas 12 personas con discapacidad y siete mujeres embarazadas que requieren seguimiento según sus necesidades particulares. Los equipos continúan recopilando información para priorizar la atención de los hogares y actualizar las cifras conforme se validen los reportes de campo.

En el distrito de Nurum participan funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda. El trabajo incluye visitas a las comunidades, levantamiento de información y verificación de las condiciones habitacionales para determinar las medidas de asistencia correspondientes.

Ante la magnitud de los daños, el presidente José Raúl Mulino anunció la construcción de 1,400 viviendas adicionales a las 1,300 previstas inicialmente. Con esta ampliación, el Gobierno proyecta levantar al menos 2,700 casas para familias afectadas en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

El ministro de Vivienda, Jaime Jované, explicó que se incrementó el número de contratistas para ampliar la cobertura de las obras y atender más corregimientos. La meta oficial contempla avanzar progresivamente hasta marzo de 2027, aunque el total de viviendas podría aumentar conforme concluyan las inspecciones.

Mientras se desarrollan los trabajos, las autoridades prevén habilitar estructuras temporales para las familias damnificadas. También se han anunciado alternativas de alojamiento y apoyo habitacional, mientras se organizan las reparaciones y reconstrucciones según las condiciones de cada inmueble y las necesidades de sus ocupantes.

Para agilizar la respuesta, el Consejo de Gabinete aprobó modificaciones al mecanismo de financiamiento de la emergencia, que contempla recursos de hasta 100 millones de dólares. La medida busca facilitar los pagos y aportes a contratistas mediante un fideicomiso administrado por el Banco Nacional de Panamá, sujeto a los controles correspondientes.

La asistencia también incluye 200 carpas donadas por Copa Airlines, trasladadas con apoyo del Servicio Nacional de Fronteras hacia Los Santos. Paralelamente, la Secretaría Nacional de Discapacidad mantiene la entrega de sillas de ruedas, bastones, andaderas y otros insumos a personas afectadas por el terremoto.

Sinaproc reiteró que las cifras todavía son preliminares y podrían modificarse con nuevas inspecciones. Las autoridades pidieron evitar el ingreso a estructuras dañadas sin verificación técnica y aseguraron que la atención habitacional y humanitaria continuará mientras se completa la evaluación de las comunidades afectadas.

La Universidad de Panamá advirtió sobre ofertas para realizar exámenes de admisión a cambio de dinero, difundidas mediante redes sociales y plataformas digitales.

La institución alertó a los aspirantes de primer ingreso sobre esta práctica, que compromete la validez de las evaluaciones y podría afectar sus posibilidades de ingresar a la casa de estudios superiores.

Mediante un comunicado emitido el 27 de octubre, la Dirección General de Admisión informó que ha tenido conocimiento de personas que ofrecen presentar las Pruebas de Capacidades Académicas (PCA) en nombre de los estudiantes.

Estas propuestas incluyen una remuneración económica por sustituir al aspirante durante la evaluación.

La universidad calificó esta conducta como irregular y contraria a los principios de honestidad, transparencia e igualdad de oportunidades que deben regir el ingreso a sus carreras. Las autoridades recordaron que el propósito de las pruebas es evaluar las capacidades individuales de cada postulante, sin intervención de otras personas.

La advertencia establece que cualquier evaluación en la que se compruebe que una persona distinta al aspirante realizó el examen será declarada inválida. La institución también señaló que podrán aplicarse medidas administrativas o legales, según corresponda, sin precisar cuántos casos han sido identificados ni anunciar sanciones contra personas determinadas.

El pronunciamiento está dirigido tanto a los estudiantes interesados en ingresar a la universidad como a sus familiares, ante el riesgo de que acepten ofrecimientos de terceros. La Dirección General de Admisión exhortó a no efectuar pagos por estos servicios y a desconfiar de quienes prometan resolver las evaluaciones.

Las autoridades insistieron en que las pruebas de admisión tienen carácter personal e individual, por lo que deben ser desarrolladas exclusivamente por los aspirantes inscritos. Permitir que otra persona responda el examen altera las condiciones de competencia y desvirtúa la medición de conocimientos y habilidades utilizada durante la selección.

La alerta coincide con el desarrollo del proceso de admisión para el año académico 2027, cuya inscripción se efectuó entre el 30 de junio y el 30 de septiembre de 2026. El procedimiento tiene un costo de 30 dólares e incluye evaluaciones psicológicas, académicas y de conocimientos generales.

Una parte de estas evaluaciones se realiza mediante plataformas virtuales, aunque determinadas facultades requieren que los estudiantes acudan presencialmente y utilicen dispositivos electrónicos. Esta combinación de modalidades forma parte del esquema de admisión vigente, en el que cada unidad académica comunica las condiciones correspondientes a sus aspirantes.

Durante octubre, la Universidad de Panamá también anunció modificaciones en el calendario de las pruebas académicas para distintas facultades y centros regionales. Los cambios incluyeron evaluaciones virtuales desde el hogar y otras presenciales, por lo que se solicitó verificar las fechas y modalidades oficiales antes de presentar cada examen.

Entre los ajustes comunicados figura la aplicación de pruebas para Comunicación Social y Humanidades el 26 de octubre, mediante modalidad virtual desde el hogar. Otras unidades académicas establecieron jornadas posteriores, mientras las autoridades recomendaron consultar las instrucciones específicas de cada facultad para evitar errores durante el proceso.

El calendario general también contempla pruebas psicológicas hasta el 26 de noviembre y evaluaciones de conocimientos generales durante noviembre. La entrega de resultados a los aspirantes está prevista del 11 al 15 de enero de 2027, una vez completadas las distintas etapas establecidas por la universidad.

Aunque existen reportes recientes sobre las ofertas de suplantación denunciadas por la institución, no se han identificado antecedentes públicos suficientemente documentados que permitan establecer cuántas situaciones similares ocurrieron en procesos anteriores. Tampoco se ha informado oficialmente el número de estudiantes involucrados en las prácticas que motivaron esta advertencia.

La Dirección General de Admisión reiteró que los interesados deben utilizar únicamente los canales oficiales de información y evitar intermediarios que ofrezcan ventajas a cambio de pagos.

La universidad sostuvo que el ingreso debe responder al mérito y las capacidades de cada aspirante, sin comprometer la transparencia de las evaluaciones.

FOTOS: EUROPA PRESS - EFE

Arnold Enrique Salgado Galeano, de 54 años, exvicepresidente de Finanzas de BAC Panamá, continuará detenido provisionalmente por su presunta participación en la Operación Pandora, que investiga un fraude fiscal superior a 40 millones de dólares.

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar impuesta contra el exejecutivo bancario.

Los magistrados rechazaron por unanimidad el recurso presentado por la defensa, al considerar que persisten riesgos procesales y elementos que vinculan al imputado con las irregularidades investigadas.

Salgado había sido detenido el 6 de octubre y enfrenta cargos por presunta corrupción privada y delincuencia organizada, relacionados con operaciones de créditos fiscales.

Durante la audiencia, el fiscal Emeldo Márquez presentó declaraciones que señalan al exbanquero como una persona que presuntamente facilitaba la negociación de créditos fiscales.

Uno de los coimputados, Carlos Ferguson, aseguró haberle entregado 50,000 dólares mediante dos cheques, como agradecimiento por agilizar gestiones relacionadas con estas operaciones.

La Fiscalía también presentó información sobre 36 correos electrónicos eliminados por Salgado, que habrían contenido comunicaciones con personas investigadas. Además, señaló movimientos de dinero desde cuentas del imputado hacia familiares y terceros.

La defensa sostuvo que las transferencias tenían justificación familiar y negó que su cliente participara en actividades delictivas.

Salgado, quien dejó su cargo bancario en septiembre, es el único exejecutivo financiero entre los 22 imputados que registra actualmente la Operación Pandora.

La investigación comenzó en mayo de 2025 y derivó en allanamientos y aprehensiones durante julio de 2026, cuando las autoridades identificaron una presunta estructura integrada por particulares y funcionarios tributarios.

El mecanismo investigado consistía en manipular registros del sistema e-Tax 2.0, administrado por la Dirección General de Ingresos (DGI), para eliminar cuentas millonarias correspondientes a contribuyentes que habían pagado sus obligaciones.

Mediante estas alteraciones, los involucrados presuntamente generaban o aprovechaban créditos fiscales irregulares, que posteriormente eran negociados para obtener dinero.

Los créditos fiscales representan saldos reconocidos a favor de los contribuyentes, generalmente originados por pagos en exceso, retenciones u otras situaciones previstas en la legislación tributaria.

Estos recursos pueden utilizarse para compensar obligaciones fiscales y, cuando la normativa lo permite, ser objeto de cesión o transferencia mediante procedimientos establecidos.

La presunta organización habría aprovechado las debilidades de los controles informáticos para modificar información tributaria y negociar derechos de cobro sin respaldo legítimo. Según las investigaciones, parte de los créditos terminó en operaciones vinculadas con BAC Panamá, entidad que ha negado participar en el esquema y asegura colaborar con las autoridades.

La plataforma e-Tax 2.0 constituye una herramienta fundamental para la administración tributaria, porque permite presentar declaraciones, consultar estados de cuenta, efectuar pagos y gestionar obligaciones fiscales. Su utilización por personas naturales y empresas convierte la integridad de sus registros en un elemento esencial para proteger la recaudación del Estado.

Las investigaciones han identificado presuntas irregularidades cometidas entre 2024 y 2025, con participación de funcionarios que habrían tenido acceso a información y procedimientos internos.

Durante los primeros operativos de julio fueron imputadas 16 personas, mientras que las diligencias posteriores elevaron el total a 22, por distintos delitos económicos y contra la administración pública.

El fiscal Márquez había advertido que la cantidad de personas investigadas podría aumentar, debido a la complejidad de las operaciones y al análisis de documentos bancarios. Las autoridades también investigan el destino de los fondos, pues parte del dinero presuntamente se distribuyó mediante pagos en efectivo, dificultando reconstruir su recorrido.

El escándalo llevó al Gobierno a anunciar la sustitución integral del sistema e-Tax por una plataforma tecnológica más moderna. El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que el nuevo mecanismo incorporará registros digitales de cada operación, controles automatizados y herramientas de auditoría continua, para reducir las posibilidades de manipulación de información.

La modernización también contempla el seguimiento de los expedientes en tiempo real y la eliminación de procedimientos manuales vulnerables a intervenciones irregulares.

El objetivo es fortalecer la transparencia tributaria y garantizar que los recursos recaudados ingresen efectivamente al Estado, evitando operaciones como las investigadas en Pandora.

Mientras tanto, la Fiscalía solicitará que el proceso sea declarado causa compleja, con el propósito de disponer de mayor tiempo para completar diligencias y analizar documentación. Salgado permanecerá bajo detención provisional mientras avanza la investigación.

Juan Carlos Castillo Vaca, conocido como alias “D-Max” y señalado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Dimax, fue expulsado de Panamá y entregado a las autoridades colombianas el martes 27 de octubre.

El extranjero registra una condena superior a 40 años de prisión y una notificación roja de Interpol por requerimientos judiciales en su país de origen.

Castillo Vaca es vinculado por las autoridades con presuntas actividades de narcotráfico a gran escala, homicidios, extorsiones y préstamos ilegales mediante la modalidad conocida como “gota a gota”.

La organización Los Dimax, que presuntamente dirigía, mantiene su principal área de operaciones en Cali, una de las ciudades colombianas donde las autoridades han investigado estructuras dedicadas a distintas actividades delictivas.

El colombiano había sido identificado en septiembre por la Unidad de Perfilamiento y Análisis de Protección Fronteriza del Servicio Nacional de Migración (SNM), mediante labores coordinadas con el Consejo de Seguridad Nacional y la Policía de Colombia.

Estas diligencias permitieron confirmar su identidad y los requerimientos judiciales que motivaron su entrega a las autoridades del vecino país.

Su salida formó parte de un operativo que involucró a 37 colombianos, de los cuales 19 fueron deportados y 18 expulsados. Entre las causales identificadas figuran delitos contra la seguridad colectiva y casos relacionados con el Tren de Aragua y préstamos informales, mientras Panamá mantiene controles sobre extranjeros vinculados con actividades ilícitas.

El caso también vuelve a poner bajo atención el sistema de préstamos denominado “gota a gota”, utilizado para ofrecer dinero rápido, generalmente sin garantías bancarias ni evaluaciones crediticias.

Los prestatarios deben realizar pagos frecuentes, habitualmente diarios, bajo condiciones que pueden incluir intereses elevados y mecanismos de cobro abusivos, especialmente cuando existen retrasos.

En Panamá, prestar dinero con intereses elevados no constituye automáticamente un delito, porque la usura no está tipificada como una conducta penal independiente en el Código Penal vigente.

Sin embargo, cuando los cobradores recurren a amenazas, intimidaciones o exigencias violentas, pueden configurarse delitos como extorsión, castigada con penas de cinco a diez años de prisión.

Las autoridades panameñas han desarrollado otros operativos contra personas vinculadas a esta modalidad. En agosto de 2026, Migración retuvo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un colombiano identificado como presunto tercer cabecilla de La Inmaculada, una organización criminal investigada por extorsiones y cobros violentos de préstamos en Colombia.

Posteriormente, el 4 de septiembre, un ciudadano colombiano fue aprehendido en Chitré, provincia de Herrera, durante la Operación Perseus, cuando presuntamente realizaba cobros diarios.

La intervención respondió a que su actividad económica era incompatible con el permiso migratorio que autorizaba su permanencia en territorio panameño.

El 20 de septiembre, la Policía Nacional reportó la aprehensión de otros tres colombianos presuntamente relacionados con el sistema de cobros denominado “cobra diario”. Los extranjeros fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras continuaban las verificaciones sobre sus actividades y posibles infracciones legales.

Los controles migratorios también reflejan un aumento de las medidas administrativas de salida. Hasta el 11 de octubre de 2026, Panamá había registrado 3.711 deportaciones y expulsiones, distribuidas entre 2.907 deportados y 804 expulsados, según las estadísticas oficiales correspondientes a ese período.

Por nacionalidad, los colombianos encabezaron los registros con 2.079 personas, seguidos por 508 ecuatorianos y 237 ciudadanos de India. Los hombres concentraron 3.170 procedimientos, frente a 541 mujeres, mientras otras nacionalidades acumularon 887 casos dentro del balance migratorio.

Mediante el acuerdo migratorio con Estados Unidos, Panamá contabilizó 3.209 personas deportadas o expulsadas, entre ellas 1.860 colombianos, 494 ecuatorianos y 236 ciudadanos indios.

El informe también registró 134 venezolanos y cinco ecuatorianos con retorno asistido, como parte de los mecanismos de cooperación internacional.

Con el operativo del 27 de octubre, Panamá acumuló 76 vuelos chárter utilizados en procedimientos de control migratorio. Las autoridades mantienen la cooperación con organismos internacionales para identificar personas requeridas judicialmente y fortalecer la vigilancia sobre actividades criminales, mientras continúan las deportaciones y expulsiones de extranjeros.

El Gobierno de Panamá evalúa trasladar a tierra firme a los habitantes de Isla Cañas, en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, ante las inundaciones registradas después del terremoto del 9 de octubre. La posibilidad fue anunciada por José Ramón Icaza, secretario de Metas Presidenciales, quien confirmó instrucciones para identificar terrenos donde podrían construirse nuevas viviendas.

Icaza explicó que las mareas registradas durante los últimos días han provocado inundaciones tanto en la isla como en sectores de tierra firme. Ante esta situación, las autoridades iniciarán nuevas evaluaciones de las condiciones del terreno para determinar si resulta seguro el regreso de las familias o si será necesario reubicarlas permanentemente.

El funcionario señaló que el presidente José Raúl Mulino ordenó localizar terrenos para una eventual solución habitacional. La decisión dependerá de los estudios y del comportamiento de las mareas, porque el traslado todavía no ha sido confirmado y las autoridades necesitan determinar si las inundaciones representan una amenaza permanente para los residentes.

Las declaraciones se produjeron después del Consejo de Gabinete del martes 27 de octubre, cuando Mulino anunció la construcción de 1,400 viviendas adicionales a las 1,300 que comenzaron a edificarse para los damnificados. El Gobierno proyecta al menos 2,700 soluciones habitacionales en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

La situación de Isla Cañas comenzó el viernes 9 de octubre, cuando un terremoto de magnitud 7.5 sacudió la península de Azuero. El movimiento provocó olas anómalas, inundaciones y alteraciones en el terreno, obligando a evacuar de emergencia a aproximadamente 400 personas que se encontraban en la comunidad.

La evacuación se desarrolló mediante lanchas utilizadas por los propios residentes, quienes trasladaron a sus vecinos hacia tierra firme en aproximadamente 30 minutos. Al menos ocho embarcaciones participaron en el operativo, que permitió poner a salvo a las familias sin registrar víctimas mortales, pese al temor provocado por el ingreso del mar.

Isla Cañas tiene una población aproximada de 600 habitantes, que permanece a la espera de una decisión sobre el retorno. Aunque el suministro eléctrico fue restablecido, la comunidad continúa sin agua potable y los residentes solamente pueden ingresar temporalmente para alimentar a sus animales y revisar sus propiedades.

Las evaluaciones preliminares también han identificado cambios importantes en la configuración del terreno. El agua abrió un canal de aproximadamente 37 metros de ancho y más de cuatro metros de profundidad durante la marea alta, mientras especialistas investigan la erosión y el desplazamiento de sedimentos que provocaron esta transformación.

La situación genera mayor preocupación ante la alerta por mareas altas vigente hasta el 30 de noviembre en el litoral Pacífico panameño, donde se encuentra Isla Cañas. Estas condiciones podrían agravar las inundaciones en las zonas vulnerables, especialmente en los terrenos afectados por el terremoto, mientras las autoridades evalúan los riesgos para la población y la posibilidad de trasladar a las familias hacia tierra firme.

El impacto económico resulta especialmente preocupante porque la agricultura constituye uno de los principales sustentos de la comunidad. Un diagnóstico agrario establece que la isla posee aproximadamente 832 hectáreas de superficie, de las cuales unas 400 hectáreas corresponden a tierras agrícolas, destinadas principalmente a la producción de alimentos.

En estos terrenos se cultivan arroz, maíz, frijol, sandía y melón, productos destinados al consumo familiar y al mercado nacional. El representante Demetrio Ríos estimó que más del 80% de la producción agrícola quedó destruida por el terremoto y la entrada de agua salada, afectando a más de un centenar de productores.

La isla también constituye uno de los principales refugios de tortugas marinas del Pacífico panameño. Cada año, durante la temporada de julio a diciembre, llegan a sus playas más de 20,000 tortugas para desovar, entre ellas ejemplares de las especies golfina, verde, carey y baula.

Esta riqueza natural sostiene actividades de turismo ecológico y conservación ambiental, mediante recorridos por manglares, observación de tortugas y servicios de transporte marítimo. Sin embargo, después del terremoto, la llegada de visitantes disminuyó considerablemente, afectando los ingresos de familias dedicadas a la pesca y al turismo.

Mientras avanzan las evaluaciones, el futuro de Isla Cañas permanece sin definirse. Las autoridades deberán determinar si las condiciones permiten recuperar las viviendas y actividades productivas o si las familias necesitan establecerse definitivamente en tierra firme, después de una emergencia que transformó su entorno y sus medios de subsistencia.

Las autoridades panameñas decomisaron 20 paquetes de presunta sustancia ilícita que permanecían ocultos en los paneles de refrigeración de un contenedor localizado en una terminal portuaria de la provincia de Colón.

El cargamento procedía de Paita, Perú, y tenía como destino final Amberes, Bélgica, una ruta comercial que ha sido utilizada reiteradamente para el tráfico internacional de drogas.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó que el hallazgo se produjo mediante operaciones de control portuario, desarrolladas en coordinación con la Procuraduría General de la Nación, dentro del Plan Firmeza y la Operación Escudo Protector.

La institución no precisó el peso de los paquetes ni el tipo de sustancia encontrada, cuya identificación corresponde a las investigaciones correspondientes.

Este decomiso se suma a otros cargamentos interceptados durante 2026 mediante una modalidad que consiste en introducir drogas en contenedores utilizados para transportar mercancías legales.

Los narcotraficantes aprovechan el movimiento internacional de carga y las operaciones de transbordo para intentar trasladar sustancias ilícitas hacia mercados de Europa y otros continentes.

El pasado 26 de octubre, la Aeronaval reportó 51 paquetes ocultos en los paneles de refrigeración de otro contenedor procedente del Callao, Perú, con destino a Barcelona, España.

Una semana antes, el 19 de octubre, las autoridades habían localizado 298 paquetes de presunta droga en un cargamento procedente de Guayaquil, Ecuador, que también se dirigía hacia territorio español.

Los decomisos de mayor volumen incluyen 1,897 paquetes encontrados en abril dentro de dos contenedores que viajaban desde Ecuador hacia Bélgica. En julio fueron interceptados otros 1,130 paquetes procedentes de Perú, mientras que en marzo la Policía Nacional descubrió 525 paquetes en un contenedor cuyo destino final era Málaga, España.

La utilización de contenedores refrigerados constituye una de las técnicas identificadas por las autoridades para introducir sustancias ilícitas en el comercio marítimo.

Los compartimentos técnicos permiten esconder paquetes sin colocarlos directamente entre las mercancías, mientras que la circulación de miles de contenedores plantea importantes desafíos para las inspecciones y los controles de seguridad.

La Aeronaval identificó durante 2025 la carga contenerizada como una modalidad recurrente del narcotráfico internacional. En ese período documentó 42 eventos relacionados con esta práctica, con 12,533 paquetes de cocaína decomisados, equivalentes al 35% de las incautaciones registradas por la institución hasta septiembre de ese año.

Las investigaciones desarrolladas en Panamá también han revelado la presunta infiltración de organizaciones criminales en instalaciones portuarias. En mayo de 2026, la Operación Dársena Cero permitió aprehender a 16 personas, entre trabajadores portuarios, funcionarios y transportistas, vinculadas a una investigación sobre más de cuatro toneladas de drogas detectadas en contenedores con destino europeo.

Según las investigaciones, integrantes de estas redes presuntamente utilizaban información sobre la ubicación de contenedores, espacios con menor vigilancia y mecanismos para sustituir sellos de seguridad.

Posteriormente, en julio, la Operación Alianza permitió la aprehensión de más de 25 personas, investigadas por una estructura que operaba principalmente desde el puerto de Balboa.

El alcance de estas actividades se refleja en las cifras oficiales de incautaciones. Según el balance más reciente del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), hasta el 26 de octubre de 2026 se habían decomisado 60,910 paquetes de sustancias ilícitas, como resultado de 94 operaciones desarrolladas en distintos puntos del país.

Estas cifras evidencian la magnitud de las actividades del narcotráfico y los esfuerzos de las autoridades para combatirlas.

La reiteración de estos hallazgos evidencia la presión del narcotráfico sobre los puertos panameños, utilizados como puntos de conexión entre América y otros mercados internacionales. Las autoridades mantienen operaciones de inteligencia, inspección y vigilancia para detectar cargamentos contaminados y desarticular redes criminales que aprovechan las rutas del comercio marítimo.

La selección masculina de futsal de Panamá regresó a Nicaragua, escenario de su histórica conquista continental de 2024, para participar en la Copa de Naciones 2026, que se disputará del 28 al 31 de octubre.

El equipo dirigido por Jaime Aizpú buscará medir su nivel ante rivales centroamericanos y fortalecer su preparación para el próximo Premundial de Concacaf.

El combinado nacional llegó a Managua durante la noche del lunes 26 de octubre, después de completar su traslado y los trámites correspondientes. La delegación tardó más de dos horas en llegar al hotel de concentración y tiene previsto reconocer la cancha del Polideportivo Alexis Argüello, sede de todos los encuentros del certamen.

El escenario tiene un significado especial para el futsal panameño, porque allí conquistó su primer Campeonato de Concacaf en abril de 2024. En aquella final, Panamá derrotó a Cuba por 4-3, con goles de Ruman Milord, Aquiles Campos y un doblete de Claudio Goodridge, para alcanzar uno de los mayores logros de su historia.

Aquella conquista también consolidó una trayectoria de cuatro clasificaciones consecutivas a mundiales, iniciada en Tailandia 2012 y continuada en Colombia 2016, Lituania 2021 y Uzbekistán 2024. La selección panameña alcanzó los octavos de final en su primera participación, que continúa siendo su mejor resultado en una Copa Mundial de Futsal.

Antes de levantar el trofeo continental, Panamá había conseguido su clasificación al Mundial de Uzbekistán tras vencer 2-1 a Estados Unidos en los cuartos de final. Posteriormente superó 6-3 a Guatemala en las semifinales, resultados que confirmaron su crecimiento competitivo y le permitieron disputar su segunda final de Concacaf, después del subcampeonato obtenido en 2016.

El historial incluye otros resultados destacados, como el tercer lugar continental de 2012 y las medallas obtenidas en los Juegos Centroamericanos. Panamá conquistó la plata en 2013 y el oro en 2017, antecedentes que reflejan su presencia entre las selecciones competitivas de la región durante la última década.

Para esta edición de la Copa de Naciones, Panamá quedó ubicada en el grupo B junto con Costa Rica y El Salvador. El grupo A estará integrado por Nicaragua, Honduras y Cuba, por lo que seis selecciones competirán en Managua durante cuatro jornadas destinadas a fortalecer su preparación internacional.

El debut panameño está programado para el miércoles 28 de octubre, a las 3:30 de la tarde, frente a El Salvador. Su segundo compromiso será el viernes 30, a la misma hora, contra Costa Rica, mientras que la jornada definitiva se celebrará el sábado 31 de octubre.

Según el formato anunciado, los primeros lugares de cada grupo disputarán la final, mientras que las demás selecciones jugarán encuentros para definir sus posiciones. Para Panamá, el torneo representa una oportunidad de evaluar su funcionamiento colectivo, corregir aspectos tácticos y observar el rendimiento de sus futbolistas antes de afrontar nuevos compromisos oficiales.

Una convocatoria con jugadores locales y legionarios

El entrenador Jaime Aizpú convocó a 14 futbolistas, incluidos dos que militan en el extranjero. José Yearwood juega en el SS Bocca de Ecuador y Luis Vásquez pertenece a Corredores Futsal de Costa Rica, mientras que los otros doce integrantes proceden de equipos del ámbito nacional.

La portería estará defendida por Noel Hernández, de Río Abajo FS, y Jorge Hernández, de Villa 9. Como cierres fueron seleccionados Alfonso Maquensi, Ricardo Castillo, Fernando Sánchez y Alexis Castillo, quienes aportarán alternativas para la organización defensiva durante los encuentros del campeonato.

En las posiciones de ala figuran Ruman Millord, Abdiel Ortiz, Jafet Alvarado, José Yearwood, Didier Herrera y Luis Vásquez. Para desempeñarse como pívots, el cuerpo técnico convocó a Ángel Sánchez, de Río Abajo FS, y Jesús Santos, de Diamante FS, completando así el plantel anunciado.

Entre los convocados sobresalen Alfonso Maquensi y Ruman Millord, protagonistas del título continental de 2024. Maquensi recibió el reconocimiento como mejor jugador de aquel campeonato, mientras que Millord marcó en la final frente a Cuba, aportando experiencia a una selección que inicia una nueva etapa de preparación.

El desafío en Managua permitirá comprobar la evolución del equipo bajo la dirección de Jaime Aizpú, frente a adversarios habituales del fútbol sala regional. Panamá buscará aprovechar su experiencia internacional y mantener el nivel competitivo que le permitió conquistar Concacaf y participar en cuatro mundiales consecutivos.

La Procuraduría General de la Nación de Panamá desarrolló la operación Panamá Norte Seguro 2, que dejó 19 personas aprehendidas por su presunta vinculación con el microtráfico.

Entre los investigados figuran conductores de transporte selectivo y personas que supuestamente elaboraban dulces con sustancias ilícitas para distribuirlos mediante entregas a domicilio.

Las diligencias fueron ejecutadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con la Dirección Nacional Antidrogas y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.

Los allanamientos se realizaron en Chilibre, Caimitillo, Alcalde Díaz y Las Cumbres, sectores donde las autoridades habían identificado posibles actividades de comercialización y posesión de estupefacientes.

Durante los operativos, los investigadores incautaron presuntas sustancias ilícitas, dinero en efectivo, municiones y teléfonos celulares, elementos que serán incorporados a las investigaciones.

La Fiscalía busca determinar la participación de cada uno de los sospechosos y establecer cómo funcionaban los mecanismos de distribución utilizados en las comunidades intervenidas.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la presunta utilización de dulces como vehículo para comercializar drogas, una modalidad que las autoridades han detectado anteriormente en Panamá. Según la investigación, algunos aprehendidos preparaban estos productos y coordinaban su entrega a domicilio, mientras otros detenidos trabajaban como conductores de transporte selectivo.

La Procuraduría no ha precisado qué sustancia contenían los dulces investigados ni la cantidad decomisada, por lo que todavía no se ha confirmado su composición.

Los 19 sospechosos deberán comparecer ante un Tribunal de Garantías, donde la Fiscalía solicitará la legalización de las aprehensiones, la imputación de cargos y las medidas cautelares correspondientes.

Antecedentes de brownies con marihuana

El nuevo caso se produce menos de un mes después de una investigación similar en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. El pasado 3 de octubre, un juez ordenó la detención provisional de un joven de 19 años, investigado por presuntamente vender brownies con marihuana en las inmediaciones de un centro educativo.

La investigación se desarrolló mediante la operación Loky, ejecutada el 30 de septiembre, cuando agentes policiales y fiscales realizaron tres diligencias para verificar la comercialización de drogas. El sospechoso fue presentado ante un juez de garantías, que ordenó mantenerlo detenido mientras avanzaba el proceso penal por los hechos investigados.

Otro antecedente ocurrió el 20 de octubre en Condado del Rey, corregimiento de Betania, donde la Policía Nacional aprehendió a dos personas de 20 y 22 años. Durante el allanamiento, las autoridades decomisaron dulces, frascos, sobres, cajas y una pesa digital, objetos presuntamente relacionados con la comercialización de sustancias ilícitas.

La Policía ha advertido que los brownies, las golosinas y otros productos preparados con cannabis pueden confundirse con alimentos convencionales, especialmente entre menores de edad.

Su apariencia dificulta reconocer la presencia de sustancias psicoactivas, mientras que los efectos de los comestibles pueden tardar en manifestarse y prolongarse durante varias horas.

En diciembre de 2024, una mujer fue condenada a 80 meses de prisión por vender brownies con marihuana en estaciones del Metro de Panamá. Los productos eran ofrecidos como “Happy Brownies” y fueron vendidos a un agente encubierto, lo que permitió a la Fiscalía sustentar la investigación por comercialización de drogas.

Condenas por tráfico internacional

En otra actuación judicial, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas obtuvo una condena de 108 meses de prisión contra un hombre detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El acusado había sido aprehendido el 26 de octubre por el Servicio Nacional Aeronaval, cuando transportaba dos botellas de vidrio con éxtasis ocultas en su equipaje.

Durante la audiencia, el hombre aceptó su responsabilidad por tráfico internacional de drogas, lo que permitió validar la sentencia. Además de los nueve años de prisión, el tribunal le impuso una multa de 200 balboas, que deberá pagar en el plazo de un año, según informó la Procuraduría.

Veraguas, Herrera, Coclé y Los Santos cancelaron sus desfiles del 3 y 4 de noviembre, mientras que La Villa de Los Santos también suspendió la tradicional celebración del 10 de noviembre.

Las decisiones responden a los daños provocados por el terremoto del 9 de octubre, que dejó miles de familias damnificadas y obligó a las autoridades a priorizar la seguridad y la atención humanitaria.

Las direcciones regionales del Ministerio de Educación (Meduca) confirmaron la suspensión de los desfiles escolares en las cuatro provincias, después de consultar con alcaldías, directores de centros educativos y organismos de emergencia.

La medida busca evitar riesgos para estudiantes y espectadores, especialmente en lugares donde las edificaciones y las rutas de desfile presentan afectaciones.

En Coclé, los municipios de Natá, Antón, Penonomé y Aguadulce habían anunciado previamente la cancelación de sus celebraciones. En Penonomé, las autoridades reportaron daños en comunidades y en el Palacio Municipal, mientras que Antón suspendió las actividades previstas para el 3, 4 y 5 de noviembre, como expresión de solidaridad con los damnificados.

La Villa de Los Santos se sumó a las cancelaciones con una decisión que alcanza los actos festivos del 1, 3, 4 y 10 de noviembre. Su alcalde, Raúl Montenegro, explicó que el terremoto ocasionó daños en el casco antiguo, incluidos la iglesia San Atanasio, el Museo de la Nacionalidad, la Gobernación y el Palacio Municipal.

Según los reportes presentados por la alcaldía, más de 1.500 personas resultaron damnificadas en el distrito de Los Santos. Las oficinas municipales debieron trasladarse temporalmente a una biblioteca, mientras continúan las evaluaciones de viviendas y edificios.

La magnitud de las afectaciones llevó a descartar las concentraciones multitudinarias que tradicionalmente acompañan las fiestas patrias.

Sin embargo, el Primer Grito de Independencia será recordado el 10 de noviembre mediante una ceremonia cívica en el parque Rufina Alfaro, con izamiento de banderas, interpretación de himnos y un acto religioso. La noche anterior se realizará una vigilia dedicada a las familias afectadas, sin el tradicional desfile.

La suspensión también llegó a la capital, donde las asociaciones de santeños residentes en Juan Díaz y San Miguelito decidieron no realizar sus celebraciones del 10 de noviembre. En su lugar, organizarán una caravana solidaria hacia Los Santos, destinada a entregar artículos de primera necesidad a las comunidades golpeadas por el terremoto.

La iniciativa, denominada «Un solo corazón, una sola tierra», busca reunir alimentos, agua potable, productos de higiene, ropa, carpas y otros suministros. También participarán organizaciones cívicas de La Chorrera, Nuevo Chorrillo, Gatuncillo y Capira, que sustituirán las manifestaciones folclóricas por una jornada de asistencia humanitaria.

La dimensión de la emergencia explica estas decisiones. Según el balance preliminar del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), actualizado al 26 de octubre, se habían evaluado 13.681 viviendas y registrado 44.885 personas mediante los procedimientos oficiales de identificación de daños y necesidades. El terremoto dejó, además, dos fallecidos y 27 lesionados.

El informe nacional contabiliza 619 centros educativos con afectaciones reportadas y 120 instalaciones de salud dañadas. También registra 5,642 personas alojadas en 152 albergues, mientras los equipos de emergencia continúan verificando inmuebles, distribuyendo suministros y atendiendo a familias que todavía no pueden regresar a sus hogares.

Del total de 619 centros educativos afectados por el terremoto, al menos 30 deberán ser demolidos debido a la gravedad de los daños estructurales. Esta situación representa un desafío para el Ministerio de Educación, que deberá garantizar la continuidad del proceso de enseñanzade los estudiantes mientras se definen las alternativas de atención y los planes de reconstrucción de las instalaciones escolares.

En un desglose provincial anterior, Sinaproc había documentado 5,144 viviendas evaluadas en Los Santos y 3,479 en Herrera. También reportó 1,594 en Coclé y 766 en Veraguas, cifras que muestran la extensión territorial de los daños y que pueden aumentar conforme avanzan las inspecciones.

La situación será diferente en la ciudad de Panamá. Aunque se suspendieron las tradicionales dianas del 3 de noviembre, los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre se mantienen programados. De esta manera, las celebraciones nacionales combinarán actos cívicos en las zonas habilitadas con medidas de prevención y solidaridad hacia las provincias afectadas.

Después de varios días en los que las réplicas del terremoto del 9 de octubre se mantenían por debajo de magnitud 5, un nuevo movimiento de 5,7 sacudió este martes 27 de octubre la región del Pacífico panameño. El evento ocurrió a las 10:26 de la mañana, cerca de isla Coiba, en Veraguas, y volvió a generar inquietud entre los residentes de las provincias afectadas.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá confirmó que el temblor forma parte de la secuencia sísmica iniciada hace 18 días, cuando un terremoto de magnitud 7,5 golpeó el país. Con este último movimiento, el número de réplicas superó las 1.152, según informó Néstor Luque, director de la institución, que mantiene una vigilancia permanente sobre el comportamiento de las fallas geológicas.

Luque explicó que el evento se produjo en una sección del sistema de fallas Azuero-Soná, próxima a las costas de Veraguas. Situó el movimiento a unos 15 kilómetros de isla Coiba y a una profundidad estimada de ocho kilómetros, aunque los primeros reportes instrumentales difundieron parámetros ligeramente diferentes, sujetos a revisión por los especialistas.

El sismo fue considerado significativo porque rompió temporalmente la tendencia de movimientos de menor magnitud observada durante los últimos días. Sin embargo, Luque aclaró que este comportamiento no significa necesariamente un aumento sostenido de la actividad, pues las réplicas pueden presentar incrementos puntuales de intensidad mientras continúa el reacomodo de las estructuras geológicas.

De acuerdo con el especialista, la secuencia mantiene una tendencia general hacia magnitudes de entre 3 y 4, con movimientos progresivamente más espaciados. El número de eventos diarios tampoco sigue una reducción uniforme, ya que pueden registrarse jornadas con 35 temblores y otras con 22, dependiendo de la liberación de energía acumulada en el sistema de fallas.

Los registros permiten observar esa evolución. El viernes 23 y el sábado 24 de octubre ocurrieron 36 réplicas cada día, mientras que el domingo 25 se contabilizaron 29. Para la mañana del lunes, el Instituto de Geociencias había documentado 1.056 movimientos posteriores al terremoto principal, una cifra que continuó aumentando hasta superar los 1.152 este martes.

Movimientos en otras regiones del país

La actividad sísmica reciente también incluye temblores en Bocas del Toro y la comarca Guna Yala, aunque los científicos han descartado que estén relacionados con el terremoto de Azuero. Estos eventos corresponden a zonas geológicas diferentes, por lo que no forman parte de la secuencia de réplicas que continúa desarrollándose en el Pacífico central.

Uno de esos movimientos alcanzó magnitud 4,0 cerca de Chiriquí Grande, en la región fronteriza entre Bocas del Toro y Chiriquí, con una profundidad aproximada de cinco kilómetros. Otro evento, de magnitud 3,5, ocurrió al oeste de Gaigirgordub, entre Colón y Guna Yala, a una profundidad estimada de 27 kilómetros.

Un terremoto que modificó el terreno

Las investigaciones científicas también han identificado cambios importantes en la superficie terrestre provocados por el terremoto del 9 de octubre. En Búcaro, provincia de Los Santos, mediciones preliminares del investigador Isaac Guerra Araúz revelaron desplazamientos horizontales de entre 1 y 1,20 metros, acompañados de movimientos verticales cercanos a un metro.

En Isla Cañas, los estudios han documentado hundimientos del terreno de entre 15 y 30 centímetros, además de deformaciones asociadas al movimiento sísmico. Estas observaciones permiten comprender cómo se distribuyó la energía liberada durante la ruptura, así como identificar sectores donde podrían persistir condiciones de inestabilidad y requerirse nuevas evaluaciones.

El Instituto de Geociencias también desarrolla trabajos de campo para estudiar las deformaciones y posibles desplazamientos en las zonas afectadas. Los especialistas utilizan drones, realizan observaciones geológicas e instalan estaciones adicionales de monitoreo para obtener información más precisa sobre el comportamiento de las fallas y contribuir a la evaluación de riesgos futuros.

El terremoto principal ocurrió el 9 de octubre a las 12:56 del mediodía, con epicentro localizado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí y una profundidad de 10 kilómetros. Durante las primeras horas se registraron decenas de réplicas, incluida una de magnitud 6,9, lo que evidenció la intensidad de la secuencia sísmica desde su inicio.

Miles de personas continúan afectadas

Los afectados y daños materiales siguen siendo considerables. Según el balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), actualizado al 26 de octubre, se han evaluado 13.681 viviendas y registrado 44.885 personas mediante los procedimientos oficiales de evaluación de daños y necesidades, principalmente en las regiones impactadas por el terremoto.

El informe contabiliza dos personas fallecidas y 27 lesionadas, además de afectaciones reportadas en 619 centros educativos y 120 instalaciones de salud. Las autoridades mantienen 152 albergues con 5.642 personas alojadas, mientras continúan las inspecciones para determinar las condiciones de seguridad de viviendas, edificios públicos y otras infraestructuras.

La respuesta humanitaria también comprende más de 208.317 libras de suministros transportados por vía aérea y más de 365 toneladas distribuidas por tierra. Las operaciones han permitido atender a 175 comunidades, aunque numerosas familias siguen dependiendo de la asistencia mientras se desarrollan las evaluaciones y comienzan las tareas de recuperación.

Mientras continúa la emergencia, los científicos insisten en que la aparición de una réplica de mayor magnitud no contradice la tendencia general de disminución. El sistema de fallas permanece en proceso de reajuste y los movimientos pueden prolongarse durante semanas, por lo que las autoridades recomiendan mantener las medidas de prevención y seguir los reportes oficiales.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de Panamá emitió dos avisos preventivos por mareas máximas en el Pacífico y fuertes vientos en gran parte del territorio, condiciones que podrían incrementar los riesgos para comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre.

Las autoridades advirtieron que la combinación de lluvias, crecidas de ríos y niveles elevados del mar exige especial precaución en las zonas costeras.

El aviso por mareas máximas comenzó a las 3:26 a. m. del lunes 26 de octubre y permanecerá vigente hasta las 6:57 p. m. del viernes 30, según el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN). Durante este período, el nivel del mar podría alcanzar 17.1 pies, equivalentes a 5.21 metros, de acuerdo con las proyecciones científicas.

La mayor pleamar está prevista para el miércoles 28 de octubre a las 4:50 a. m., mientras que ese mismo día se espera otro máximo de cinco metros a las 5:20 p. m. Para el jueves 29, las alturas proyectadas son de 5,15 y 4,91 metros, y el viernes 30 se anticipan niveles de cinco y 4,72 metros.

El Sinaproc explicó que las mareas máximas podrían coincidir con episodios de lluvia, elevando los niveles de ríos y quebradas y aumentando el riesgo de inundaciones.

La advertencia adquiere particular relevancia para las comunidades costeras y los asentamientos cercanos a desembocaduras, donde las condiciones del terreno pueden dificultar el drenaje natural del agua.

En Isla Cañas, distrito de Tonosí, el riesgo adquiere una dimensión particular tras el terremoto de magnitud 7,5 ocurrido el 9 de octubre. Durante aquel evento, olas anómalas de entre uno y tres metros provocaron el ingreso del mar a viviendas cercanas a la costa, lo que obligó a evacuar a residentes hacia sectores de tierra firme.

Las evaluaciones realizadas posteriormente por el investigador panameño Isaac Guerra Araúz identificaron hundimientos del terreno de entre 15 y 30 centímetros en Isla Cañas, una alteración que podría aumentar su exposición a inundaciones.

Estos resultados son preliminares y requieren estudios adicionales para determinar las condiciones de seguridad de las áreas habitadas.

La situación mantiene en incertidumbre a unos 600 habitantes que todavía esperan autorización para regresar a sus hogares. El representante del corregimiento, Demetrio Ríos, explicó que los residentes únicamente pueden ingresar para atender a sus animales, mientras las autoridades esperan el paso de las mareas altas del 28 de octubre para evaluar las zonas inundables.

A la amenaza costera se suma un aviso preventivo por condiciones ventosas vigente hasta el jueves 29 de octubre. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá prevé vientos del noroeste, norte y noreste, con velocidades sostenidas de 20 a 35 kilómetros por hora y ráfagas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

El fenómeno afectará la vertiente del Caribe, la del Pacífico y las zonas marítimas del país, con posibles ráfagas superiores en la cordillera Central. El Sinaproc recomendó asegurar techos, láminas y estructuras livianas, además de evitar permanecer cerca de árboles, postes y tendidos eléctricos durante los períodos de mayor intensida

Estas advertencias coinciden con la emergencia que todavía enfrentan miles de familias tras el terremoto, especialmente en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé. Según el balance oficial del 22 de octubre, las autoridades habían evaluado 12.365 viviendas y registrado 40.880 personas mediante el sistema de evaluación de daños y necesidades.

El informe del Sinaproc también contabilizó dos personas fallecidas, 27 lesionadas, 619 centros educativos y 120 instalaciones de salud afectadas. Las instituciones de respuesta habían movilizado más de 208.000 libras de ayuda aérea y 365 toneladas terrestres, con asistencia distribuida en 175 comunidades.

Ante las condiciones previstas, el Sinaproc pidió evitar actividades innecesarias cerca de costas, ríos y quebradas, no cruzar áreas inundadas y mantener aseguradas las embarcaciones. Las autoridades reiteraron que la prevención resulta especialmente importante en comunidades afectadas por el sismo, donde persisten daños estructurales y dificultades de acceso.

Dos nuevos ciudadanos panameños viajaron a Moscú la semana pasada, atraídos por contrataciones relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania, pese a las reiteradas advertencias del Gobierno sobre los peligros de incorporarse al conflicto.

El canciller Javier Martínez-Acha confirmó que uno pudo ser rescatado mediante gestiones diplomáticas, mientras el segundo no logró acceder a la embajada panameña.

El ministro de Relaciones Exteriores expresó su preocupación porque continúan apareciendo personas dispuestas a aceptar ofrecimientos que ocultan las condiciones reales que enfrentarán al llegar a territorio ruso.

Durante sus declaraciones, insistió en que los interesados deben comprender que no se trata de oportunidades laborales convencionales, sino de desplazamientos hacia zonas de combate.

“No van a un sarao a Moscú, no van a un sarao a Ucrania, van al frente de batalla”, advirtió Martínez-Acha, utilizando el término sarao para referirse a una fiesta. El funcionario calificó de inconcebible que nuevos ciudadanos sigan aceptando estas propuestas pese a las alertas públicas, especialmente cuando las autoridades han documentado fallecimientos, desapariciones y dificultades para abandonar las fuerzas militares.

El canciller reconoció que Panamá no dispone de una cifra exacta de los nacionales que permanecen en el conflicto, porque muchos viajan sin informar previamente a las autoridades.

Sin embargo, confirmó que cerca de doce panameños han regresado al país, mientras continúan las gestiones para facilitar la salida de otros ciudadanos.

La dimensión del problema quedó reflejada en un informe de la Cancillería fechado el 15 de septiembre, al que tuvo acceso el diario La Prensa, que contabilizó seis panameños fallecidos, 15 desaparecidos y otros 70 ciudadanos que figuraban como activos en el conflicto armado, según la información publicada por ese medio.

De acuerdo con las cifras divulgadas por La Prensa, 62 panameños estaban vinculados a las fuerzas rusas y ocho a las ucranianas. El documento también registraba ocho desaparecidos en Rusia y siete en Ucrania, además de 18 ciudadanos repatriados, once desde territorio ruso y siete desde el ucraniano.

El reclutamiento ha generado investigaciones penales por presunta trata de personas y explotación laboral, debido a denuncias de jóvenes captados mediante ofertas engañosas. Las autoridades han identificado promesas de salarios mensuales de entre 2,000 y 5,000 dólares, además de supuestos beneficios económicos que no siempre se materializaron.

Las investigaciones del Ministerio Público señalan que algunos reclutadores utilizaban TikTok y otras redes sociales para contactar a posibles interesados. Posteriormente, les facilitaban alojamiento, pasaportes y boletos aéreos. Una vez en Rusia, algunas víctimas denunciaron la retención de sus documentos y el incumplimiento de los pagos prometidos.

Uno de los casos más recientes ocurrió el 24 de septiembre de 2026, durante la operación Rescate Soberano, desarrollada por la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada y la Policía Nacional. Las autoridades realizaron allanamientos en un hostal y un restaurante del corregimiento de la 24 de Diciembre, donde aprehendieron a tres sospechosos.

Al día siguiente, un juez de garantías ordenó la detención provisional de tres ciudadanos dominicanos, identificados como Joselyn Ramírez, Rolando Newball y María Inés García. Los investigados fueron imputados por presunta trata de personas agravada y delincuencia organizada, relacionados con la captación de panameños para participar en el conflicto armado.

Durante la audiencia, la fiscal Elizabeth Carrión sostuvo que los tres procesados habrían recibido transferencias superiores a 800.000 dólares para financiar actividades de reclutamiento. La investigación identificó a tres hombres residentes en Bocas del Toro que fueron contactados mediante TikTok y trasladados a la capital para tramitar pasaportes y preparar su salida hacia Rusia.

Según el expediente, dos de los posibles reclutas abandonaron el alojamiento y alertaron a la Policía, al sospechar que podían ser víctimas de explotación. El tercero viajó a Rusia, pero denunció que no recibió los 2.000 dólares prometidos y posteriormente solicitó asistencia consular para regresar a Panamá.

Con estas aprehensiones, al menos seis personas habían sido imputadas y detenidas en Panamá por investigaciones relacionadas con el reclutamiento. Entre los antecedentes figura el caso de Efraín Almengor, procesado por presunta trata de personas con fines de explotación laboral. Las investigaciones permanecen abiertas y las imputaciones no constituyen condenas definitivas.

El Gobierno panameño mantiene gestiones diplomáticas ante Rusia y Ucrania para facilitar el retorno de sus ciudadanos. Martínez-Acha aseguró que la Cancillería atiende a los familiares y procura obtener información sobre quienes permanecen en el frente, aunque reconoció que las dificultades de comunicación impiden conocer con precisión su situación.

Josué Quintero, conocido como alias “Aris” y señalado como presunto cabecilla de la pandilla Los Galácticos de San Pedro, fue capturado por la Policía Nacional de Panamá durante un allanamiento en una residencia del sector de La Riviera, en Don Bosco.

El hombre figuraba entre los más buscados por el delito de pandillerismo y era requerido por las autoridades desde julio de 2017.

La detención fue ejecutada por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con el Bloque de Búsqueda y el Ministerio Público.

Según los informes policiales, Quintero permanecía oculto para evitar su captura y su localización fue posible mediante labores de investigación y colaboración ciudadana, después de más de nueve años de búsqueda.

El sospechoso era requerido desde el 12 de julio de 2017, cuando las autoridades desarrollaron la operación antipandillas Constelación, una investigación que permitió identificar integrantes de Los Galácticos de San Pedro.

La estructura fue vinculada con LYM de San Pedro, aunque no se han divulgado detalles recientes que permitan atribuir individualmente a Quintero otros delitos específicos.

Alias “Aris” también integraba una lista de 33 personas buscadas por pandillerismo y crimen organizado, dentro de una estrategia gubernamental que contemplaba recompensas de 20.000 dólares.

Su aprehensión representa un avance en la localización de sospechosos que permanecieron prófugos durante varios años, pese a investigaciones y operativos contra estas organizaciones.

La captura ocurre mientras Don Bosco vuelve a aparecer en investigaciones relacionadas con estructuras pandilleriles. El 22 de octubre, la Policía Nacional aprehendió en ese corregimiento a otro hombre presuntamente vinculado con Golfo 81, también conocida como SS Sin Sentimientos, una organización investigada por homicidios y delitos relacionados con drogas.

Esta segunda estructura fue objeto de la operación Porvenir, ejecutada el 29 de abril de 2025 en Panamá y Panamá Oeste. Las autoridades realizaron 34 allanamientos y aprehendieron a 12 personas, entre ellas alias “Willy”, señalado como presunto líder del grupo, localizado durante una diligencia en Concepción La Vieja.

Durante aquellos procedimientos, los investigadores encontraron armas de fuego, municiones, un chaleco antibalas, dinero en efectivo y otros indicios. La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita relacionó a los investigados con actividades de narcotráfico y hechos violentos, mientras los procesos judiciales continuaron para establecer responsabilidades individuales.

Las investigaciones también derivaron en una condena de 80 meses de prisión contra un hombre vinculado con la operación Porvenir, después de aceptar su responsabilidad por pandillerismo. Este antecedente demuestra que las actuaciones contra Golfo 81 no se limitaron a las capturas iniciales y continuaron mediante procesos penales posteriores.

La investigación contra Los Galácticos también produjo resultados judiciales durante 2026. En enero, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó condenas contra 33 integrantes de esa organización: tres recibieron penas de 14 años y otros 30, de diez años de prisión, por su participación en actividades de pandillerismo.

Según las investigaciones, Los Galácticos operaban en San Pedro, Juan Díaz, Altos del Hipódromo y sectores cercanos. Sus integrantes fueron relacionados con tráfico de drogas, robos, extorsiones y tentativas de homicidio. Algunos también habrían brindado apoyo logístico a redes del narcotráfico que introducían cargamentos por Chepo y los manglares de Juan Díaz.

El problema supera estas organizaciones. En agosto de 2026, el Ministerio de Seguridad informó que Panamá mantenía 121 pandillas activas, frente a las 180 identificadas al inicio de la actual administración. El ministro Frank Ábrego indicó que 59 estructuras habían sido desactivadas y más de 400 personas encarceladas por su vinculación con estos grupos.

Las autoridades también identifican ocho grandes estructuras criminales que agrupan organizaciones menores, algunas relacionadas con el narcotráfico internacional. Entre ellas figuran Bagdad y Calor Calor, cuya influencia se extiende mediante alianzas y grupos asociados. La fragmentación de estas redes y las disputas territoriales siguen siendo factores de preocupación para la seguridad pública.

Durante 2026, las operaciones contra las pandillas han continuado en distintos puntos del país, especialmente en zonas urbanas y costeras utilizadas para el movimiento de drogas. La captura de alias “Aris” vuelve a colocar bajo atención las investigaciones de larga duración y la persecución de cabecillas vinculados con estructuras criminales.

Un tribunal de juicio de Panamá declaró culpables a dos mujeres y un hombre por delitos contra el ambiente y delincuencia organizada, tras comprobar su participación en una red dedicada a comercializar ilegalmente más de 135.000 aletas de tiburón.

El cargamento, equivalente a unas seis toneladas, fue descubierto durante la operación Shark, desarrollada en julio de 2023.

La decisión judicial se produjo después de un proceso que comenzó el 27 de abril y concluyó el 22 de octubre de 2026. La lectura de la sentencia está prevista para el 12 de noviembre, cuando se conocerán las penas que deberán cumplir los responsables de una actividad cuya afectación ambiental también fue acreditada por la Fiscalía.

Las investigaciones establecieron que la organización operó entre 2021 y 2023, mediante una cadena de suministro que involucraba proveedores de Farallón, en Coclé, y del Mercado del Marisco de la capital.

Las aletas eran trasladadas a una finca en Capira, donde se secaban, horneaban, embalaban y almacenaban para su comercialización.

El 13 de julio de 2023, las autoridades ejecutaron diez allanamientos en Panamá, San Miguelito, Coclé y Panamá Oeste, que permitieron aprehender inicialmente a cinco personas.

Las diligencias, coordinadas por las fiscalías de Delincuencia Organizada y Ambiente, con apoyo de la Policía Nacional, permitieron reconstruir el funcionamiento de la red y sus actividades comerciales.

El aleteo de tiburón consiste en cortar las aletas del animal y desechar el resto de su cuerpo, en ocasiones cuando todavía está vivo. Sin sus aletas, el ejemplar pierde su capacidad de desplazarse y puede morir por asfixia o depredación. La práctica es condenada por su crueldad y el desperdicio de recursos marinos.

En Panamá, la Ley 9 de 2006 prohíbe expresamente el aleteo de tiburones, así como determinadas actividades vinculadas con productos obtenidos mediante esta práctica. La legislación establece controles sobre el aprovechamiento de estos animales y contempla sanciones administrativas, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan corresponder.

El Código Penal panameño también sanciona conductas relacionadas con la captura y comercialización ilegal de especies silvestres protegidas.

La aplicación de estas disposiciones depende de los hechos acreditados, los permisos exigibles y las circunstancias de cada investigación. En el caso Shark, el tribunal también declaró probada la delincuencia organizada.

Las aletas tienen como principales mercados de consumo a China continental y Hong Kong, donde se utilizan especialmente para preparar sopa de aleta de tiburón. Este plato tradicional se ha asociado durante décadas con celebraciones, banquetes, riqueza y prestigio social, factores que han contribuido a sostener su demanda internacional.

Alrededor de su consumo persisten creencias sobre supuestas propiedades afrodisíacas, rejuvenecedoras y beneficios extraordinarios para la salud, aunque no existe evidencia científica sólida que respalde esas afirmaciones.

Por el contrario, diversos estudios han identificado mercurio y otros contaminantes en muestras de aletas, lo que plantea preocupaciones adicionales sobre su consumo.

Los tiburones cumplen una función esencial en el equilibrio de los ecosistemas marinos, porque ayudan a regular poblaciones de otras especies y participan en el funcionamiento de las cadenas alimentarias. Su disminución puede alterar las relaciones entre depredadores y presas, con consecuencias para la biodiversidad y la estabilidad de los océanos.

El problema adquiere especial importancia porque muchas especies de tiburones crecen lentamente, alcanzan tarde la madurez sexual y tienen pocas crías. Estas características dificultan la recuperación de sus poblaciones cuando enfrentan una extracción excesiva.

Por eso, la pesca indiscriminada y el comercio ilegal representan amenazas persistentes para su conservación.

Panamá, cuya posición geográfica facilita el tránsito de mercancías entre mercados internacionales, enfrenta el desafío de vigilar la procedencia y comercialización de productos marinos. La regulación también busca impedir que especies amenazadas ingresen a cadenas de suministro sin los permisos y certificados exigidos por las autoridades.

La operación Shark constituye un precedente judicial frente al comercio ilegal de especies marinas en Panamá, aunque todavía está pendiente la determinación de las penas.

El expediente evidencia cómo una actividad que comienza con la captura de animales puede convertirse en una cadena comercial organizada con consecuencias ambientales de largo alcance.

El Ministerio de Ambiente de Panamá inició un plan de remediación ambiental en la antigua mina de oro Remance, ubicada en la provincia de Veraguas, después de que el terremoto del 9 de octubre provocara un deslizamiento de tierra que arrastró sedimentos hacia fuentes de agua cercanas.

La intervención contempla obras sanitarias, contención de materiales y posibles sistemas de tratamiento para comunidades expuestas.

La institución explicó que la emergencia ocurrió en una explotación minera abandonada hace 27 años, sin un proceso formal de cierre, donde el movimiento sísmico movilizó materiales acumulados durante décadas.

Las autoridades buscan atender las alteraciones microbiológicas del agua y la contaminación por metales en el suelo, mediante acciones coordinadas con los ministerios de Comercio e Industrias y Salud.

La primera fase del programa se concentrará en la comunidad de La Gorda, en el distrito de San Francisco, donde los análisis identificaron niveles elevados de coliformes fecales en el agua cruda.

Para reducir esos riesgos, se construirán servicios sanitarios individuales con tanques sépticos, destinados a mejorar las condiciones de saneamiento y proteger las fuentes utilizadas por la población.

Las obras tendrán un plazo aproximado de 50 días hábiles y una inversión de 37.930,81 dólares, según el comunicado oficial del 23 de octubre. Los trabajos estarán a cargo de Técnicos en Construcciones Generales S.A., bajo supervisión de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental y con acompañamiento del Ministerio de Salud.

La segunda etapa contempla la contención y remediación de la zona afectada por el deslizamiento de la antigua mina, para impedir que continúe el desplazamiento de materiales hacia el entorno. La empresa Ingeniería Estrella S.A. tiene previsto ingresar al área el 24 de octubre, con el propósito de levantar información y definir las intervenciones necesarias.

De manera paralela, MiAmbiente evalúa una propuesta para instalar cuatro sistemas modulares de tratamiento de agua en las comunidades de La Gorda, Mesillas y Pato Alto. Los equipos tendrían capacidad individual para procesar 1.500 litros por hora, utilizando electrocoagulación, electrofloculación, filtración y desinfección para mejorar las condiciones del abastecimiento.

La propuesta, presentada por Corporación Quality Services S.A., contempla una inversión estimada de 780.000 dólares, que incluye equipos, componentes de generación solar, instalación y puesta en funcionamiento.

También incorpora monitoreo y repuestos durante un año, aunque su ejecución dependerá de la evaluación técnica que actualmente desarrolla el Ministerio de Ambiente.

La institución señaló que mantendrá las labores de monitoreo, evaluación y seguimiento técnico iniciadas después del terremoto, junto con los equipos del Ministerio de Comercio e Industrias.

Las acciones se desarrollan en coordinación con el Ministerio de Salud, para atender los riesgos ambientales y sanitarios identificados en las comunidades próximas a Remance.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, había advertido que las explotaciones mineras no pueden quedar abandonadas sin procedimientos adecuados de cierre y rehabilitación.

Tras conocerse el incidente, sostuvo que las autoridades debían determinar científicamente las sustancias movilizadas y establecer las medidas necesarias para contener sus efectos.

La antigua mina Remance operó industrialmente hasta finales de la década de 1990 y utilizó procesos de recuperación de oro que generaron depósitos de residuos. Investigaciones científicas anteriores identificaron cianuro y elementos potencialmente tóxicos en materiales del área, aunque esos antecedentes no permiten determinar las concentraciones presentes después del reciente deslizamiento.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló el que las autoridades mantenían las evaluaciones técnicas sobre la situación de la mina. El funcionario indicó que, con la información disponible, no tenía conocimiento de condiciones graves relacionadas con el agua, aunque reconoció la importancia de continuar las inspecciones y adoptar las precauciones correspondientes.

Por su parte, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) reforzó los controles de calidad en las plantas potabilizadoras de Santiago y San Francisco de Veraguas. La medida responde a la alerta emitida por MiAmbiente el 12 de octubre, después de que el deslizamiento provocara el arrastre de sedimentos hacia la quebrada Veneno.

Este cauce es afluente del río Santa María y se encuentra aguas arriba de las captaciones utilizadas por ambas plantas potabilizadoras. Ante la situación, el IDAAN intensificó la vigilancia del agua cruda y tratada, además de los controles operacionales destinados a detectar cambios que puedan afectar el suministro.

La entidad informó que las evaluaciones realizadas no han identificado condiciones que comprometan los procesos de potabilización. Los análisis del agua tratada se mantienen dentro de los valores establecidos por el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 21-2019, que fija los criterios de calidad aplicables al agua destinada al consumo humano.

Como precaución adicional, el IDAAN incorporó carbón activado al tratamiento que realizan sus plantas, como complemento de los procedimientos habituales de potabilización. La institución aseguró que continuará monitoreando las fuentes y verificando la calidad del suministro, mientras avanzan las acciones de remediación ambiental en la antigua zona minera.

Después de más de 36 años de incertidumbre, fueron identificados los restos de Roberto Adolfo Aparicio Oliva, un integrante de las Fuerzas de Defensa de Panamá que falleció a los 21 años durante la invasión militar de Estados Unidos, el 20 de diciembre de 1989.

El joven prestaba servicio en el Cuartel Central y su familia llevaba décadas intentando localizarlo.

La identificación fue anunciada este sábado 24 de octubre por la Comisión 20 de Diciembre de 1989, organismo encargado de investigar y documentar las víctimas de la operación militar estadounidense.

El resultado fue posible mediante análisis genéticos especializados realizados con la participación de instituciones panameñas y guatemaltecas, después de un complejo proceso de recuperación de material óseo.

El trabajo científico estuvo a cargo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), en coordinación con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) y el Ministerio Público.

Las muestras fueron comparadas con perfiles genéticos aportados por familiares, lo que permitió establecer la identidad del joven pese al deterioro de los restos.

Aparicio Oliva era hijo de Félix Adolfo Aparicio Pérez y Lidia Maritza Oliva Gómez y residía en San Miguelito, en Cerro Batea.

Durante la invasión prestaba servicio en el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa, donde desarrollaba funciones relacionadas con el abastecimiento y la alimentación de los efectivos militares.

Después de iniciada la invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989, sus familiares recibieron información sobre su posible fallecimiento en el sector de El Chorrillo, según el comunicado oficial. Sin embargo, no consiguieron localizar sus restos, lo que dio inicio a una búsqueda que se prolongó durante más de tres décadas.

Durante ese período, la familia acudió a hospitales, cementerios y diligencias de exhumación con la esperanza de encontrar información sobre su paradero. Posteriormente, las autoridades recibieron datos que apuntaban a una posible sepultura en una fosa común del Cementerio Jardín de Paz, lo que permitió orientar las investigaciones forenses.

La identificación constituye una respuesta para sus familiares después de décadas de búsqueda, además de permitir que el joven reciba finalmente una sepultura con su identidad plenamente establecida.

Aparicio Oliva había sido ascendido póstumamente al grado de cabo segundo, mediante el Decreto N.º 228 del 31 de mayo de 1990.

El hallazgo se suma a otras identificaciones realizadas durante 2026 mediante estudios de ADN. En julio, la Procuraduría General de la Nación entregó los restos de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo, dos víctimas de la invasión cuyos cuerpos fueron identificados mediante análisis realizados en Panamá y Guatemala.

Las investigaciones también permitieron identificar anteriormente a Ricardo Aurelio Arana Riquelme y Eric Abdiel Bonilla Terrero, como parte de las diligencias para esclarecer las desapariciones. Los trabajos incluyen exhumaciones, análisis de restos óseos y comparación genética, procedimientos necesarios para resolver casos que permanecieron sin identificación durante décadas.

La invasión comenzó durante la madrugada del 20 de diciembre de 1989, cuando Estados Unidos ejecutó la denominada Operación Causa Justa, cuyo principal objetivo era capturar al general Manuel Antonio Noriega, quien gobernaba de facto Panamá.

Aproximadamente 24.000 soldados participaron en el despliegue contra objetivos militares panameños, mientras los enfrentamientos y bombardeos afectaron sectores residenciales, especialmente en El Chorrillo.

El número de fallecidos continúa siendo uno de los aspectos más controvertidos de aquella intervención militar. Estados Unidos reportó 202 civiles y 314 militares panameños muertos, mientras organizaciones de derechos humanos formularon estimaciones considerablemente mayores.

La ausencia de registros completos y los entierros sin identificación dificultaron establecer un balance definitivo.

Hasta marzo de 2026, el Registro de Víctimas de la Comisión 20 de Diciembre contenía 443 nombres en distintas etapas de verificación. De ellos, 238 correspondían a fallecidos y desaparecidos confirmados, mientras otros 205 permanecían bajo investigación, aunque algunas entradas podían coincidir con personas previamente registradas.

La Comisión fue creada mediante el Decreto Ejecutivo N.º 121 del 19 de julio de 2016, con el propósito de esclarecer la verdad sobre las víctimas de la invasión. Su labor comprende la recuperación de identidades, la investigación de desapariciones y la reconstrucción documental, en coordinación con organismos forenses y autoridades judiciales.

La identificación de Roberto Adolfo Aparicio Oliva representa un nuevo avance en una investigación que permanece abierta. Aunque su familia podrá finalmente darle sepultura, todavía existen restos pendientes de identificación y desapariciones sin esclarecer, más de tres décadas después de la intervención militar estadounidense en Panamá.

Panamá registró un incremento del 132,9% en la cantidad de permisos de residencia aprobados y negados durante el tercer trimestre de 2026, según estadísticas del Servicio Nacional de Migración (SNM).

Entre julio y septiembre se resolvieron 18.494 trámites de extranjeros, frente a los 7.942 contabilizados entre abril y junio, un aumento de 10.552 resoluciones.

De acuerdo con el informe oficial, julio registró 6.225 resoluciones, agosto 6.053 y septiembre 6.216. Del total correspondiente al tercer trimestre, 17.949 permisos fueron aprobados y 545 rechazados. La institución explicó que el incremento estuvo relacionado principalmente con una mayor cantidad de expedientes aprobados en determinadas categorías migratorias.

El SNM atribuye el cambio observado desde julio al comportamiento administrativo de las aprobaciones, especialmente en las categorías de Protección de Seguridad Humanitaria (PPSH), prórrogas vinculadas con ese programa, jubilados, pensionados y dependientes. Las cifras reflejan resoluciones emitidas, no necesariamente nuevas solicitudes presentadas durante el trimestre.

Entre enero y septiembre, Migración registró 34.951 resoluciones de residencia, de las cuales 33.959 fueron favorables y 992 negativas. Esto representa una tasa de aprobación del 97,2%, dentro de los expedientes resueltos por la entidad durante los primeros nueve meses del año.

La mayor cantidad correspondió a 12.268 permisos de residencia temporal, seguidos de 9.236 permanentes, 7.201 prórrogas y 5.254 provisionales. Por categoría específica, la Protección de Seguridad Humanitaria acumuló 12.606 aprobaciones, seguida de dependientes, con 4.323, y regularizados permanentes, con 3.407.

Por nacionalidad, los colombianos encabezaron las aprobaciones con 9.978 permisos, seguidos de venezolanos, con 5.873, y nicaragüenses, con 3.462. También destacaron estadounidenses con 2.923 autorizaciones, ciudadanos chinos con 1.160 y cubanos con 1.035, según los registros oficiales.

El movimiento administrativo también incluyó 2.660 autorizaciones para empleados o ejecutivos de empresas multinacionales, 2.363 correspondientes a países amigos y 2.082 para jubilados o pensionados. Otras 1.294 aprobaciones estuvieron relacionadas con razones de educación, reflejando la diversidad de categorías utilizadas por los extranjeros.

Permisos de trabajo y movimiento migratorio

En el ámbito laboral, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) registró 19.342 solicitudes de permisos de trabajo para extranjeros entre enero y septiembre. De ese total, 7.598 correspondieron al tercer trimestre, con julio como el mes de mayor actividad, al contabilizar 3.095 trámites.

El informe también registra 17.956 permisos laborales aprobados durante los nueve meses, frente a 1.376 solicitudes negadas. Solo en septiembre se contabilizaron 5.178 aprobaciones, una cifra considerablemente superior a las registradas en los meses anteriores.

La categoría de permisos de trabajo bajo el Decreto 6 concentró 12.999 aprobaciones, mientras las autorizaciones por razón humanitaria sumaron 2.857. También se aprobaron 1.083 permisos para residentes permanentes bajo el Decreto Ejecutivo 21, según las estadísticas preliminares del Mitradel.

Por otra parte, Panamá contabilizó 3.256.537 entradas de viajeros entre enero y septiembre, de las cuales 2.543.058 correspondieron a extranjeros. Estados Unidos encabezó las procedencias con 450.087 entradas, seguido de Colombia con 419.858 y Costa Rica con 171.284. Estas cifras incluyen viajes y no equivalen a personas que solicitan residencia.

En materia de control migratorio, 851 extranjeros fueron detenidos por distintas causales durante los primeros nueve meses del año. Las principales fueron ingreso irregular, con 318 casos; estadía vencida, con 249; y remisión por cumplimiento de pena, con 210, según los registros del SNM.

Las estadísticas muestran un aumento significativo de la actividad administrativa migratoria durante el tercer trimestre, acompañado de miles de trámites laborales. Sin embargo, el incremento de resoluciones no demuestra por sí mismo un crecimiento equivalente de nuevos residentes, debido a que también comprende prórrogas, regularizaciones y expedientes acumulados.

Entre marzo de 2025 y septiembre de 2026, una de cada nueve pruebas rápidas de sífilis realizadas en Panamá por AIDS Healthcare Foundation (AHF) dio resultado reactivo.

La organización efectuó 9.677 pruebas, de las cuales 1.065 detectaron señales compatibles con la infección, equivalente al 11% de los exámenes practicados durante ese período.

AHF Panamá es la representación local de AIDS Healthcare Foundation, una organización internacional sin fines de lucro especializada en la prevención, detección y atención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

La organización aclaró que un resultado reactivo no confirma necesariamente una infección activa, pues requiere una evaluación clínica y, cuando corresponda, pruebas complementarias. Asimismo, los resultados obtenidos entre las personas atendidas por AHF no representan la prevalencia de sífilis en toda la población panameña.

Los datos adquieren relevancia ante el aumento de la sífilis congénita registrado por el Ministerio de Salud (Minsa). Durante 2024 se notificaron 459 casos, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 536, un incremento del 16,8%, equivalente a 77 casos adicionales.

En contraste, los casos de sífilis registrados entre mujeres embarazadas disminuyeron ligeramente, al pasar de 1.070 en 2024 a 1.046 en 2025. Esta reducción del 2,2% no permite explicar por sí sola el aumento de infecciones congénitas, que requiere analizar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento prenatal.

La sífilis congénita ocurre cuando la infección se transmite de la persona gestante al feto durante el embarazo. Puede provocar parto prematuro, muerte fetal y complicaciones graves en recién nacidos, aunque el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno permiten reducir considerablemente estos riesgos.

La enfermedad es causada por la bacteria Treponema pallidum y se transmite principalmente mediante contacto sexual con lesiones infecciosas. En su etapa inicial puede aparecer una llaga indolora en los genitales, el ano o la boca, mientras en fases posteriores pueden presentarse erupciones cutáneas.

Una de las principales dificultades para controlar la infección es que puede avanzar sin provocar síntomas evidentes. Incluso cuando las primeras lesiones desaparecen, la bacteria puede permanecer en el organismo y causar complicaciones que afectan distintos órganos si no se recibe tratamiento adecuado.

Fernando Fanilla, coordinador del Espacio Integral de Salud Sexual de AHF Panamá, explicó que el desafío no consiste únicamente en disponer de pruebas diagnósticas, sino en conseguir que las personas acudan oportunamente. La detección tardía retrasa el tratamiento y aumenta el riesgo de transmisión, especialmente cuando existen infecciones no identificadas.

Durante el período analizado, AHF atendió a 12.353 personas en sus servicios, de las cuales 9.913 tenían entre 20 y 39 años. Este grupo representó aproximadamente el 80% de los usuarios, una proporción que describe la población atendida por la organización, no la distribución nacional de la enfermedad.

Los antecedentes epidemiológicos de Panamá muestran 4.834 casos de sífilis en todas sus formas durante 2024, según información sanitaria publicada oficialmente. De ese total, el 64,7% correspondió a hombres y el 69% se concentró entre personas de 20 y 49 años, lo que evidencia la importancia de la vigilancia en adultos jóvenes.

La sífilis congénita también registraba antecedentes preocupantes antes de los datos más recientes. En 2023 se notificaron 242 casos y seis defunciones neonatales, mientras Bocas del Toro y Panamá Este presentaron tasas elevadas por cada 1.000 nacidos vivos.

El problema trasciende las fronteras nacionales. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estimó 4,2 millones de nuevas infecciones de sífilis en las Américas durante 2024, unas 500.000 más que en 2022. La mayor parte de los casos se concentró en América Latina y el Caribe, según el organismo regional.

Ante este escenario, la OPS ha promovido medidas para fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, particularmente durante el embarazo. La Organización Mundial de la Salud recuerda que la sífilis es una infección curable mediante antibióticos, aunque haber recibido tratamiento no impide contraerla nuevamente.

AHF Panamá recomienda realizarse pruebas ante una posible exposición y completar la evaluación médica cuando se obtenga un resultado reactivo. También destaca la importancia de examinar a las parejas sexuales y garantizar controles prenatales oportunos, para reducir nuevas transmisiones y prevenir complicaciones en los recién nacidos.

Sin tratamiento, la sífilis puede avanzar y provocar lesiones en el sistema nervioso, el cerebro, los ojos y el corazón, incluso años después de la infección inicial. La enfermedad es curable y la penicilina constituye el tratamiento de elección, aunque la dosis y duración dependen de la etapa clínica.

Durante el embarazo, el tratamiento oportuno resulta fundamental para prevenir la transmisión al bebé.

La ayuda internacional anunciada para Panamá tras el terremoto del 9 de octubre de 2026 supera los 6,3 millones de dólares, además de 150 toneladas de suministros humanitarios y la participación de más de 70 especialistas extranjeros.

El balance publicado en el mapa de emergencias de Panamá Conecta, con información de la Cancillería al 22 de octubre, detalla los aportes recibidos y las operaciones de asistencia.

Estados Unidos encabeza la cooperación internacional con 6 millones de dólares en asistencia humanitaria y 104 toneladas de suministros. Su despliegue incluye 20 especialistas en búsqueda y rescate urbano, helicópteros Chinook y Black Hawk del Comando Sur, además de 277 evaluaciones estructurales en edificaciones afectadas por el movimiento sísmico.

La cooperación estadounidense también contempla 17 camiones de carga pesada destinados al Servicio Nacional de Fronteras, valorados en 2,1 millones de dólares. Sus equipos participaron en operaciones logísticas que incluyeron la movilización de más de 50.000 cajas de agua y 40.000 latas de alimentos, para reforzar la distribución de suministros en las comunidades afectadas.

Venezuela aportó 40 toneladas de alimentos, agua, medicamentos, colchones y otros suministros, junto con 50 especialistas distribuidos en tres delegaciones. La asistencia incluyó 2.000 canastas de alimentos y 7.200 unidades de agua, fórmulas infantiles e insumos de higiene. Ingenieros venezolanos también participan en evaluaciones de daños desde la ciudad de Chitré, en Herrera.

Costa Rica desplegó un Equipo Médico de Emergencia de su Caja Costarricense de Seguro Social, mediante el mecanismo regional del Sistema de la Integración Centroamericana. La cooperación comprende dos módulos hospitalarios, ocho camas maternas y ocho cunas neonatales, destinados a reforzar la atención en los hospitales de Chitré y Las Tablas.

El apoyo costarricense contempla además más de 190.000 insumos médicos pendientes de entrega, según el balance publicado. Por su parte, Corea del Sur anunció 300.000 dólares para asistencia humanitaria, canalizados mediante organismos internacionales.

Japón envió cuatro toneladas de ayuda a través de JICA, incluidas 200 tiendas de campaña, 1.000 colchonetas y 40 lonas.

Kosovo también se sumó con dos toneladas de alimentos y 327 frazadas, recibidas el 22 de octubre en el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria.

La plataforma gubernamental identifica además a México, China e Israel entre los países que enviaron ayuda, aunque no precisa las cantidades correspondientes a cada uno.

Otros países y organismos han expresado su disposición de colaborar con Panamá, entre ellos la Unión Europea, Colombia, Guatemala, Chile, República Dominicana y Turquía. El registro distingue estas manifestaciones de apoyo de los suministros y recursos cuya recepción ya fue documentada, una diferencia importante para establecer el alcance de la cooperación.

La respuesta internacional incluye la participación de siete agencias del sistema de Naciones Unidas, con intervenciones en alojamiento, salud, protección y recuperación económica. ACNUR aportó más de 3.650 frazadas, 200 carpas familiares, 3.850 mosquiteros y 1.690 esteras, además de 1.499 kits de cocina y 625 lonas para las provincias más afectadas.

El Programa Mundial de Alimentos instaló tres unidades móviles de almacenamiento en Las Tablas, Cañas y el hospital de Tonosí, además de habilitar conectividad satelital en esta última comunidad. UNICEF apoyó la instalación de carpas de atención en tres hospitales, entregó kits de higiene y participó en evaluaciones de escuelas y sistemas de agua.

La Organización Panamericana de la Salud apoya al Ministerio de Salud en la evaluación de instalaciones sanitarias, mientras el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo mantiene bajo seguimiento a 401 micro, pequeñas y medianas empresas.

ONU Mujeres brindó asistencia en tres comunidades y la Organización Internacional para las Migraciones aportó 400 kits de higiene y artículos esenciales.

La cooperación empresarial también forma parte de la respuesta. Global Empowerment Mission y DHL movilizaron más de 40 toneladas de suministros mediante un vuelo humanitario desde Miami, con bienes y transporte valorados en 300.000 dólares. Las entregas incluyen colchones, pupitres, cobijas, linternas y artículos familiares para comunidades de varias provincias.

Starlink aportó 10 estaciones de internet satelital para mantener comunicaciones de emergencia, mientras Miyamoto International participa en la evaluación de infraestructura y riesgos mediante un programa de un millón de dólares financiado por Estados Unidos. Estos aportes combinan asistencia inmediata y recuperación, particularmente en zonas con daños estructurales.IMA

Los Santos, Herrera y Coclé concentran las mayores afectaciones

El mapa de Panamá Conecta identifica a Los Santos como la provincia con mayor cantidad de personas afectadas, con 16.672 habitantes y 5.587 viviendas evaluadas. Le sigue Herrera, donde se contabilizan 11.348 personas afectadas y 3.635 inmuebles inspeccionados, de acuerdo con los registros de evaluación de daños.

Coclé presenta 7.468 personas afectadas y 1.860 viviendas evaluadas, mientras Veraguas registra 3.079 habitantes perjudicados y 784 inmuebles revisados. Estas cuatro provincias concentran 38.567 personas afectadas, lo que refleja la magnitud del impacto en las comunidades del centro y occidente del país.

En otras regiones, Colón contabiliza 1.160 personas afectadas y 315 viviendas evaluadas, mientras Panamá Oeste registra 845 habitantes y 215 inmuebles. La provincia de Panamá presenta 492 personas afectadas y 112 viviendas inspeccionadas, según el desglose territorial de la plataforma de emergencias.

La comarca Ngäbe Buglé reporta 433 personas afectadas y 88 viviendas evaluadas. En Chiriquí se registran 136 habitantes y 29 inmuebles, mientras Bocas del Toro presenta 119 personas y 27 viviendas. Darién no registra afectaciones en este balance, aunque las cifras pueden modificarse conforme avancen las evaluaciones.

Las imágenes satelitales permitieron identificar 1.845 deslizamientos de tierra que abarcan aproximadamente 1.214 hectáreas, de los cuales 170 se encuentran cerca de viviendas o caminos. Esta información permite priorizar las inspecciones y las intervenciones en comunidades expuestas, especialmente donde existen riesgos adicionales para la población.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estableció una magnitud de 7,7 y una profundidad de 12,6 kilómetros para el terremoto. La plataforma registra 100 réplicas de magnitud igual o superior a cuatro, mientras la mayor alcanzó una magnitud de 6,6, según los datos científicos incorporados al mapa.

Distribución de alimentos y respuesta nacional

La asistencia humanitaria contabiliza 110.525 personas alcanzadas por las operaciones de respuesta, además de 208.317 libras de suministros transportadas por vía aérea y 375 toneladas movilizadas por tierra. Estas cifras reflejan el despliegue logístico de instituciones nacionales y organizaciones colaboradoras en las zonas afectadas.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario reportó 60.685 bolsas de alimentos distribuidas en 772 comunidades de cinco territorios, con datos sincronizados al 22 de octubre. Veraguas recibió 20.910 bolsas en 273 comunidades, mientras Los Santos contabilizó 20.621 entregas en 205 localidades, según la información oficial.

En Herrera se distribuyeron 9.942 bolsas de alimentos en 236 comunidades, mientras Coclé recibió 8.772 en 44 localidades. La comarca Ngäbe Buglé registró 440 bolsas en 14 comunidades. La distribución busca atender las necesidades inmediatas de las familias, mientras continúan las evaluaciones de viviendas y servicios afectados.

Los reportes de operaciones sospechosas de los bancos en Panamá aumentaron un 11% entre enero y septiembre de 2026, al pasar de 1.117 a 1.237 frente al mismo período del año anterior.

El incremento también alcanzó al sector inmobiliario, donde las alertas crecieron un 350%, de dos a nueve comunicaciones, según las estadísticas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Ambos sectores registraron aumentos mientras el total nacional de reportes de operaciones sospechosas (ROS) disminuyó un 9%, al pasar de 1.603 en los primeros nueve meses de 2025 a 1.462 durante igual período de 2026.

Las cifras reflejan diferencias en el comportamiento de las actividades económicas obligadas a comunicar movimientos que podrían estar vinculados con operaciones ilícitas.

Los reportes de operaciones sospechosas son comunicaciones que realizan las entidades obligadas cuando identifican transacciones o comportamientos inusuales que podrían estar relacionados con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otros delitos precedentes.

Su presentación no significa que se haya cometido un delito, sino que existen elementos que justifican un análisis especializado por parte de la Unidad de la UAF, cuyos resultados pueden ser remitidos a las autoridades competentes para iniciar investigacionessobre posibles actividades ilícitas.

La UAF es el organismo encargado de recibir, analizar y procesar información financiera y no financiera para identificar posibles movimientos vinculados con actividades ilícitas.Los ROS constituyen una herramienta preventiva, no una denuncia penal ni una sentencia contra las personas involucradas.

El comportamiento mensual muestra 117 reportes en enero, 102 en febrero y 126 en marzo. Posteriormente se registraron 153 en abril, 143 en mayo y 198 en junio. Julio alcanzó el máximo del período con 263 notificaciones, mientras agosto descendió a 162 y septiembre cerró con 198.

Esta evolución evidencia fluctuaciones importantes en la cantidad de operaciones comunicadas por los sujetos obligados. El promedio mensual se situó alrededor de 162 reportes, aunque la tendencia general fue ascendente entre enero y septiembre.

El sector financiero concentró 1.396 reportes, equivalentes al 95% del total nacional. Los bancos encabezaron la clasificación con 1.237 comunicaciones, seguidos de las remesadoras con 55 y las financieras con 50. Las fiduciarias presentaron 11 reportes, mientras las entidades de valores, aseguradoras y cooperativas registraron 10 cada una.

En los demás segmentos financieros, los emisores de medios de pago y dinero electrónico remitieron siete alertas, las empresas de leasing cuatro y las de factoring una. Las sociedades de ahorro y crédito para la vivienda también reportaron un caso. La concentración bancaria refleja su peso en el sistema, aunque no permite concluir que sea el sector con mayor actividad delictiva.

Por su parte, el sector no financiero presentó 66 reportes, equivalentes al 5% del total. Los establecimientos de juegos de azar encabezaron la lista con 30, seguidos de los abogados con 20 y las actividades inmobiliarias con nueve. La venta de automóviles aportó cinco comunicaciones, mientras los empeños y la Zona Libre de Colón registraron una cada uno.

La comparación interanual revela una reducción del 8% en las alertas del sector financiero, que pasó de 1.522 en 2025 a 1.396 en 2026. En contraste, las comunicaciones de los bancos aumentaron un 11%, al subir de 1.117 a 1.237, mientras las remesadoras disminuyeron un 56% y las financieras un 22%.

En el sector no financiero, los reportes descendieron un 19%, de 81 a 66. Sin embargo, los juegos de azar aumentaron de 21 a 30 comunicaciones, mientras los bienes raíces pasaron de dos a nueve. Los abogados redujeron sus notificaciones de 50 a 20, una caída del 60% frente al año anterior.

La legislación panameña obliga a bancos, aseguradoras, financieras, cooperativas y otras entidades supervisadas a identificar a sus clientes, conocer el origen de los fondos y vigilar las operaciones. También incluye actividades no financieras expuestas a riesgos específicos, como casinos, inmobiliarias, abogados en derminadas operaciones y comerciantes de vehículos.

Finalmente, el registro de la UAF contabiliza 16.805 sujetos obligados inscritos ante cinco organismos de supervisión. La Superintendencia de Sujetos No Financieros concentra 12.546, seguida de Seguros y Reaseguros con 3.490.

La Superintendencia de Bancos registra 473 entidades, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 154 y la Superintendencia del Mercado de Valores 142.

La Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá pidió disculpas públicas a las víctimas y familiares del envenenamiento masivo con dietilenglicol, una tragedia sanitaria ocurrida en 2006 que dejó cientos de fallecidos y miles de afectados.

El reconocimiento llega dos décadas después de que medicamentos contaminados fueran distribuidos entre pacientes del sistema público de salud.

“En nombre de la Caja de Seguro Social, les pido perdón”, expresó el director general de la institución, Dino Mon Vásquez, en un comunicado divulgado el viernes 23 de octubre. El funcionario reconoció que ninguna disculpa puede devolver las vidas perdidas ni recuperar la salud de quienes todavía padecen las consecuencias del envenenamiento.

El pronunciamiento responde a una sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, fechada el 27 de julio de 2026, que obligó a la institución a ofrecer disculpas públicas. Mon sostuvo que el reconocimiento trasciende el cumplimiento de una orden judicial, porque representa una deuda moral con las familias afectadas.

La tragedia comenzó cuando una sustancia tóxica procedente de China fue comercializada como glicerina de uso farmacéutico, tras pasar por intermediarios internacionales.

La materia prima terminó en los laboratorios de la CSS, donde fue utilizada para elaborar medicamentos, entre ellos un jarabe expectorante distribuido a pacientes de la seguridad social.

En octubre de 2006, las autoridades detectaron la presencia de dietilenglicol, un compuesto químico industrial altamente tóxico, en los productos administrados. Numerosos pacientes desarrollaron insuficiencia renal aguda y alteraciones neurológicas, mientras otros fallecieron. La crisis evidenció graves fallas en los controles de calidad de los insumos empleados para fabricar medicamentos.

La magnitud del envenenamiento quedó reflejada en estimaciones históricas que situaban el número de fallecidos en alrededor de 800 personas hasta 2010, aunque esa cifra no constituye un balance oficial actualizado a octubre de 2026. Las diferencias entre los registros responden, entre otros factores, a los procesos de identificación y certificación de las víctimas.

Las consecuencias se extendieron mucho más allá de los primeros fallecimientos. Los sobrevivientes han enfrentado daños renales, trastornos neurológicos y otras complicaciones de salud, que requieren vigilancia médica prolongada.

Algunos pacientes necesitan tratamientos especializados y medicamentos permanentes, mientras sus familias continúan reclamando atención oportuna, seguimiento continuo y condiciones dignas para enfrentar las secuelas.

En agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo confirmó denuncias de afectados por falta de medicamentos y demoras en las citas médicas, problemas que dificultan la continuidad de sus tratamientos. Los sobrevivientes han solicitado atención prioritaria dentro del sistema público de salud, considerando las enfermedades crónicas y limitaciones que padecen.

La CSS aseguró que las víctimas acreditadas cuentan con pensiones vitalicias y atención en el Centro Especial de Toxicología, donde reciben seguimiento de los órganos afectados, tratamientos específicos y cobertura de insumos médicos.

Mon afirmó que la continuidad de estos servicios constituye una obligación institucional, independientemente de los cambios de administración.

En el ámbito penal, el Segundo Tribunal Superior de Justicia dictó sentencia en julio de 2016, después de un prolongado proceso contra personas vinculadas con la adquisición, evaluación y distribución de los insumos contaminados.

El fallo incluyó condenas y absoluciones, pero las decisiones judiciales fueron modificadas posteriormente mediante los recursos presentados.

En 2017, la justicia elevó a 15 años de prisión las penas impuestas a Ángel de la Cruz, Edward Taylor y Miguel Algandona, vinculados con el caso. También se dictaron otras condenas, mientras los familiares de las víctimas continuaron reclamando responsabilidades por las fallas que permitieron la distribución de los medicamentos contaminados.

La reparación económica continúa siendo uno de los principales asuntos pendientes. De 472 demandas de indemnización presentadas ante la Sala Tercera, 63 habían sido resueltas favorablemente hasta octubre de 2026.

Las decisiones judiciales han establecido compensaciones de 25.000 dólares para distintas víctimas reconocidas, aunque cada expediente debe evaluarse individualmente.

En septiembre, la CSS informó que había reservado 300.000 dólares para indemnizar a los primeros 12 beneficiarios cuyas sentencias fueron notificadas formalmente. La institución anunció además una plataforma digital que permitirá consultar el estado de los procesos judiciales y sus pagos, con información organizada por provincias.

Mon reiteró que la seguridad de los medicamentos y la atención de los sobrevivientes deben mantenerse como prioridades, al reconocer que las responsabilidades institucionales no desaparecen con el tiempo.

Para las familias, las disculpas representan un reconocimiento esperado durante veinte años, aunque la reparación integral y el cumplimiento de las decisiones judiciales siguen pendientes.

Una presunta red dedicada a comercializar plazas docentes y falsificar diplomas académicos en el Ministerio de Educación (Meduca) enfrenta un nuevo proceso judicial en Panamá, luego de que una jueza de garantías ordenara la detención provisional de 13 personas, entre ellas educadores, funcionarios administrativos y particulares vinculados con las irregularidades investigadas.

La decisión se produjo después de tres días de audiencias judiciales, que concluyeron durante la madrugada del viernes 23 de octubre. En total, 22 personas fueron imputadas por delitos relacionados con falsificación de documentos, blanqueo de capitales, ejercicio ilegal de una profesión, delincuencia organizada y uso indebido de la plataforma del Meduca.

Las capturas se realizaron durante la Operación Credenciales 2.0, ejecutada el 19 de octubre, mediante más de 25 allanamientos simultáneos en Panamá Oeste, Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y Los Santos. La Policía Nacional reportó inicialmente 23 aprehendidos, aunque el Órgano Judicial informó posteriormente sobre medidas cautelares para 22 personas.

Entre los imputados figuran 17 educadores, dos analistas de recursos humanos del Meduca y tres particulares identificados como captadores. La jueza Yazmín Jaén dispuso la detención provisional de ocho docentes y los cinco restantes, al considerar la gravedad de los hechos, los riesgos procesales y los elementos presentados por el Ministerio Público.

Otros siete educadores quedaron bajo arresto domiciliario, mientras que dos imputados deberán reportarse ante las autoridades los lunes y viernes, además de cumplir impedimento de salida del país. En determinados casos, también se ordenó la suspensión del cargo, restricciones de comunicación y prohibiciones de acercamiento a instalaciones del Meduca.

La investigación comenzó después de que el Meduca denunciara irregularidades en documentos incorporados a los concursos de nombramiento docente de 2026. Durante los allanamientos, las autoridades incautaron diplomas, certificados y otros documentos que serán examinados para determinar su autenticidad y posible utilización en procesos de contratación.

La fiscal Elizabeth Carrión explicó que las pesquisas incluyen documentación relacionada con distintas universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Chiriquí. Sin embargo, aclaró que todavía no se había establecido la participación de funcionarios de esa institución, mientras continúan las diligencias para identificar otros posibles involucrados.

El expediente tiene antecedentes en la Operación Credenciales 1.0, desarrollada el 26 de agosto, cuando las autoridades efectuaron 21 allanamientos en siete provincias. Aquella intervención permitió identificar una presunta estructura que introducía información académica falsa en el sistema de reclutamiento docente, para favorecer nombramientos irregulares.

Durante esa primera fase, la Fiscalía señaló que hasta 400 docentes estaban bajo sospecha de utilizar documentos falsificados para mejorar sus puntuaciones. Las investigaciones también identificaron presuntos cobros de 4.000 dólares por trámites irregulares, mientras algunos interesados habrían recurrido a préstamos para financiar la obtención de credenciales.

El Ministerio Público calculó entonces una posible lesión patrimonial de 767.687 dólares, correspondiente a salarios pagados a docentes que presuntamente obtuvieron sus nombramientos mediante documentación irregular. También identificó 70.000 dólares en cuentas bancarias de uno de los investigados, fondos cuyo origen forma parte de las pesquisas.

En la nueva causa, el tribunal consideró circunstancias familiares excepcionales, como la lactancia y el cuidado de menores con discapacidad, para aplicar medidas menos restrictivas. También determinó que, respecto de algunos imputados, la Fiscalía no presentó elementos suficientes para justificar una detención provisional.

Las medidas fueron apeladas por 12 abogados defensores, por lo que el Tribunal Superior de Apelaciones revisará las decisiones el 23 de noviembre de 2026, en el edificio Plaza Fortuna. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades deberán establecer las responsabilidades individuales y los imputados mantienen su presunción de inocencia.

La gestión de los bosques de Panamá entrará en una etapa de planificación a largo plazo, con propuestas para actualizar la legislación y orientar el aprovechamiento de los recursos naturales.

Las recomendaciones surgieron de la primera Semana Forestal, celebrada con participación internacional, y servirán como insumo para el Plan Maestro de Desarrollo Forestal 2026–2056.

El encuentro reunió a especialistas de Portugal, Brasil, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y México, además de investigadores, funcionarios, empresas y representantes indígenas.

La discusión abordó cómo proteger los ecosistemas sin desaprovechar su potencial económico, mediante decisiones sustentadas en investigación, participación comunitaria y mecanismos de inversión.

La iniciativa fue organizada por el Ministerio de Ambiente, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Forest Stewardship Council. Entre sus objetivos estuvo identificar cambios que permitan fortalecer la gobernanza forestal y modernizar las reglas aplicables a la conservación y al uso sostenible de los bosques panameños.

Sandra Sharry, directora del Sistema Nacional de Investigación de la Senacyt, explicó que las mesas de trabajo produjeron recomendaciones concretas para fortalecer tanto el plan maestro como la futura legislación.

Las propuestas se organizaron alrededor de cuatro ámbitos: gobernanza, investigación, participación territorial y mercados, con atención al financiamiento de las actividades forestales.

Carlos Espinosa, director nacional Forestal de MiAMBIENTE, sostuvo que las decisiones deben apoyarse en evidencia científica y en una gestión responsable de los recursos. El funcionario destacó la necesidad de articular al sector público con empresas, investigadores y comunidades para construir una política forestal que trascienda los períodos de gobierno.

La discusión ocurre en un contexto de pérdida significativa de cobertura forestal. El Diagnóstico de Bosques y Otras Tierras Boscosas 2023, divulgado por MiAMBIENTE en agosto de 2024, identificó 352.873 hectáreas perdidas en apenas dos años, con afectaciones importantes en Veraguas, Darién y Coclé.

El contraste resulta relevante porque el Mapa de Cobertura Boscosa y Uso de Suelo 2021 había establecido que los bosques y otras tierras boscosas representaban aproximadamente el 68% del territorio nacional. Ese registro constituye una referencia anterior al diagnóstico de pérdidas, por lo que no debe interpretarse como una medición actualizada de 2026.

El Ministerio de Ambiente también reconoce que la expansión de las actividades agropecuarias constituye una presión sobre los ecosistemas forestales. Entre sus metas para 2024–2028 figura desarrollar una estrategia de financiamiento para conservar los servicios ambientales, junto con medidas de restauración y adaptación climática que requieren información científica y recursos económicos.

Durante la clausura, Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, señaló que Panamá alberga alrededor del 5% de la biodiversidad mundial, según la estimación presentada en el encuentro. Planteó que semejante patrimonio natural requiere investigación propia, herramientas tecnológicas y profesionales especializados, además de recursos públicos para su conservación.

El funcionario también defendió la necesidad de ampliar el financiamiento nacional para investigaciones sobre biodiversidad. Explicó que la Senacyt continuará respaldando proyectos forestales mediante convocatorias científicas y oportunidades de formación, incluidas becas de posgrado y doctorado para especialistas interesados en estudiar los ecosistemas del país.

Otro componente del encuentro fue la búsqueda de alternativas económicas compatibles con la conservación. Las mesas sobre mercados, inversión y bioeconomía analizaron mecanismos para financiar actividades forestales sostenibles, mientras la Senacyt impulsa una estrategia nacional de bioeconomía orientada a convertir el conocimiento científico en oportunidades productivas.

La participación indígena también ocupó un espacio dentro de las propuestas de gobernanza territorial. Durante las actividades se entregaron certificaciones a comunidades de las comarcas Emberá Wounaan, Wargandí y Madugandí, como reconocimiento a su compromiso con el manejo sostenible y la conservación de los recursos forestales.

La agenda incluyó una feria de pósteres donde estudiantes, docentes y profesionales presentaron investigaciones y experiencias de campo. Este intercambio permitió incorporar trabajos científicos y técnicos a las discusiones, con el propósito de vincular la formación académica con los desafíos forestales que enfrenta Panamá.

Las recomendaciones serán insumos para el Plan Maestro de Desarrollo Forestal 2026–2056 y la reforma de la Ley Forestal. Su incorporación dependerá de los procesos institucionales posteriores, en un país donde la conservación, la deforestación y el aprovechamiento económico plantean decisiones para las próximas tres décadas.

La Asamblea Nacional retomó la ampliación de los descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores con la aprobación en primer debate del proyecto de ley 746.

La nueva iniciativa revisa varios beneficios y contempla mecanismos de compensación para los comercios, después de que el presidente José Raúl Mulino objetara una propuesta similar.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, presidida por Crispiano Adames, aprobó el proyecto tras modificar, eliminar e incorporar artículos durante su discusión. El documento deberá superar el segundo y tercer debate legislativo antes de ser remitido al Ejecutivo para su eventual sanción y promulgación.

El antecedente es el proyecto 226, aprobado por la Asamblea en agosto de 2026, que fue objetado totalmente por Mulino el 20 de septiembre. El mandatario invocó razones de inconveniencia e inexequibilidad, en medio de cuestionamientos sobre las obligaciones económicas que las nuevas rebajas impondrían a distintos sectores.

La comparación de las iniciativas muestra una reducción de algunos porcentajes originalmente propuestos. El proyecto 226 contemplaba inicialmente descuentos del 35% en restaurantes y establecimientos de comida rápida, mientras que el texto presentado del 746 establece una rebaja del 25% sobre el consumo individual, incluidas las franquicias nacionales e internacionales.

En medicamentos, el nuevo documento presentado contempla un descuento del 25% sobre el precio de venta, mientras que el proyecto anterior había planteado porcentajes superiores durante su tramitación. La propuesta también incorpora beneficios específicos para tratamientos oncológicos, incluidos medicamentos, procedimientos e insumos relacionados con la atención de pacientes con cáncer.

Los servicios médicos forman parte de los beneficios que se busca ampliar o actualizar. El proyecto 746 contempla descuentos del 25% en consultas generales y especializadas, 20% en exámenes de laboratorio y 30% en servicios radiológicos y determinados tratamientos oncológicos, según las condiciones previstas en su articulado.

En electricidad, la iniciativa establece una rebaja del 30% para consumos residenciales de hasta 600 kilovatios hora, frente al límite de 700 contemplado en el proyecto anterior. También propone descuentos del 30% en agua, telefonía e internet, sujetos a requisitos relacionados con los contratos y los límites de facturación.

Otros beneficios incluyen rebajas en pañales desechables, productos de higiene y equipos de movilidad, así como descuentos en servicios funerarios y tasa de aseo. El documento incorpora además incentivos para adaptar las viviendas a las necesidades de accesibilidad, especialmente en instalaciones destinadas a mejorar la seguridad y el desplazamiento.

Una diferencia relevante es la creación de un mecanismo para compensar económicamente a las microempresas que otorguen los descuentos. El proyecto propone establecer un fideicomiso destinado a reembolsar hasta el 100% de los beneficios debidamente facturados por negocios inscritos y acreditados ante la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

La propuesta también contempla el reconocimiento tributario de los descuentos concedidos por los establecimientos y mecanismos de fiscalización para verificar su aplicación. En la administración y supervisión del sistema participarían la Ampyme, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría, conforme a las disposiciones que se establezcan.

Estas modificaciones buscan responder a las preocupaciones expresadas por gremios empresariales durante la discusión del proyecto 226, posteriormente objetado por el Ejecutivo. En aquel debate, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá cuestionó el aumento de los descuentos obligatorios y sus posibles consecuencias para las actividades económicas.

La Asociación Panameña de Hoteles también advirtió sobre el impacto de ampliar las rebajas y las dificultades para deducirlas fiscalmente. Representantes del sector farmacéutico expresaron inquietudes sobre los márgenes de ganancia y la sostenibilidad de los establecimientos, especialmente de los pequeños negocios obligados a conceder beneficios adicionales.

Durante la discusión de aquella propuesta, el Consejo Nacional de la Empresa Privada solicitó una evaluación técnica de las medidas, mientras la Asociación Bancaria de Panamá planteó preocupaciones sobre sus posibles efectos en el acceso al crédito. El Ministerio de Economía y Finanzas también advirtió sobre las implicaciones fiscales de los descuentos.

Las diferencias llevaron a revisar las disposiciones y buscar mecanismos de compensación para los comercios, mediante conversaciones entre representantes empresariales, organizaciones de jubilados y autoridades. Adames destacó que la nueva discusión incorporó una mesa técnica para conciliar los intereses económicos y sociales involucrados.

Con el avance del proyecto 746, queda pendiente conocer la evaluación del sector privado sobre los cambios introducidos, particularmente los porcentajes de descuento y el mecanismo de compensación.

La reacción de los gremios será importante para determinar si las modificaciones atienden las preocupaciones que marcaron la iniciativa anterior.

Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, sostuvo que los beneficios alcanzarán también a adultos mayores que no reciben pensión. Por su parte, el diputado Javier Sucre, proponente de la iniciativa, estimó en 270 millones de dólares anuales el valor de los beneficios, una cifra presentada durante la discusión legislativa.

Los promotores esperan que el proyecto avance a segundo debate durante la próxima semana y complete su trámite antes del 31 de octubre. Sin embargo, su aprobación definitiva todavía depende del pleno legislativo y del Ejecutivo, mientras permanecen abiertas las interrogantes sobre el financiamiento de las compensaciones y su aplicación.

Panamá mantiene desde hace 32 años su condición de país libre de poliomielitis por transmisión autóctona, pero las autoridades sanitarias advierten que una disminución en las coberturas de vacunación podría comprometer ese logro. El Ministerio de Salud (Minsa) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reforzaron el llamado a inmunizar a los niños.

Durante la conmemoración del Día Mundial contra la Poliomielitis, celebrado cada 24 de octubre, el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, advirtió que el país debe recuperar sus niveles de protección. Aunque la enfermedad no tiene cura, puede prevenirse mediante las vacunas incluidas en el esquema infantil.

Los registros del Programa Ampliado de Inmunizaciones muestran que, hasta septiembre de 2026, la cobertura en menores de un año alcanzó el 88 %. Sin embargo, el refuerzo correspondiente a los 18 meses registró aproximadamente un 67 %, según el comunicado oficial, una proporción que preocupa a las autoridades.

La poliomielitis es una enfermedad infecciosa causada por el poliovirus, que afecta principalmente a niños menores de cinco años, aunque cualquier persona no vacunada puede contraerla. El microorganismo se transmite principalmente por vía fecal-oral, mediante agua, alimentos o manos contaminadas con materia fecal de personas infectadas.

Muchas infecciones transcurren sin síntomas evidentes, lo que permite que el virus circule sin ser detectado. Cuando aparecen manifestaciones, pueden incluir fiebre, cansancio, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y rigidez del cuello, molestias que inicialmente pueden confundirse con otras enfermedades virales.

En los casos más graves, el poliovirus puede invadir el sistema nervioso y destruir neuronas responsables del movimiento muscular. Esto provoca debilidad y parálisis flácida, generalmente en las piernas, que puede desarrollarse rápidamente y dejar secuelas permanentes, incluso después de superar la infección inicial.

La enfermedad también puede afectar los músculos utilizados para respirar y tragar, lo que representa una amenaza para la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 5 % y el 10 % de quienes desarrollan parálisis pueden morir cuando resultan comprometidos los músculos respiratorios.

Quienes sobreviven pueden experimentar limitaciones de movilidad, deformidades musculares y discapacidad permanente. Décadas después, algunas personas presentan el denominado síndrome pospoliomielítico, caracterizado por nueva debilidad, fatiga y dolores musculares, incluso tras largos períodos de estabilidad clínica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el poliovirus salvaje continúa circulando de manera endémica en Afganistán y Pakistán, los dos países donde todavía no ha sido interrumpida su transmisión. Durante 2025 registraron 52 casos, lo que demuestra que el riesgo internacional de propagación persiste.

En América Latina, la situación es diferente: no existe actualmente una concentración de casos endémicos comparable con la de esos países asiáticos. La región fue certificada libre de poliovirus salvaje en 1994, aunque la OPS mantiene la vigilancia epidemiológica ante posibles importaciones y brotes asociados con otras variantes del virus.

Por ello, no sería correcto identificar a Brasil, México, Colombia o cualquier otro país latinoamericano como los territorios con más casos actuales sin datos confirmados. La vigilancia regional incluye la detección de parálisis flácida aguda, un síndrome que puede tener distintas causas y no equivale automáticamente a poliomielitis.

Para reforzar la prevención, el Minsa desarrolla una jornada intensiva de vacunación del 19 al 25 de octubre, durante la cual se han administrado 24,318 dosis de vacunas que contienen protección contra la enfermedad. La campaña también permite actualizar esquemas contra otras infecciones, como neumococo, rotavirus y virus del papiloma humano.

Las autoridades recordaron que las vacunas son gratuitas en las instalaciones públicas de salud, incluidas policlínicas, centros sanitarios y jornadas comunitarias. El llamado está dirigido especialmente a padres y tutores, quienes deben revisar las tarjetas de vacunación y completar las dosis pendientes de sus hijos.

El viceministro Zambrano Chang insistió en que mantener a Panamá libre de poliomielitis depende de sostener coberturas elevadas de inmunización. La circulación del virus en otros continentes mantiene vigente la amenaza de reintroducción, por lo que la prevención continúa siendo una prioridad sanitaria nacional.

Panamá acumuló ingresos corrientes por $5,383.7 millones entre enero y agosto de 2026, una cifra que representa $958 millones menos de lo presupuestado, según el informe preliminar de recaudación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Aunque el monto supera en $320.7 millones lo registrado un año antes, el Gobierno no alcanzó sus previsiones de ingresos.

El resultado refleja un déficit de recaudación del 15.1% frente a la meta, lo que significa que el Estado recibió menos recursos de los que esperaba obtener durante los primeros ocho meses. No equivale al déficit fiscal total, que también considera los gastos gubernamentales, pero puede aumentar las presiones sobre el financiamiento público.

La situación presenta dos comportamientos diferentes: los ingresos aumentaron 6.3% respecto a 2025, pero permanecieron por debajo de las proyecciones oficiales. Esta diferencia es importante porque un crecimiento en la recaudación no garantiza que se cumpla el presupuesto, especialmente cuando las metas contemplan incrementos superiores a los efectivamente registrados.

Los impuestos aportaron $4,294.4 millones en efectivo, equivalentes al 80% de los ingresos corrientes. La recaudación tributaria creció 9.6% frente al año anterior, pero quedó $805.4 millones por debajo de lo esperado, una brecha que explica buena parte del incumplimiento presupuestario acumulado.

Entre los impuestos directos, el gravamen sobre la renta generó $2,047.3 millones, un incremento interanual de 6.6%. Este tributo se aplica a los ingresos de personas y empresas, pero su recaudación quedó $382.5 millones por debajo de la meta, pese al aumento observado respecto a 2025.

El impuesto sobre la renta de personas naturales alcanzó $1,089.6 millones y creció 10%, mientras que el correspondiente a personas jurídicas sumó $547.9 millones, con un incremento de apenas 2.7%. Esta última categoría, relacionada con las empresas, quedó 21% por debajo de lo presupuestado.

Uno de los aumentos más destacados correspondió al impuesto de inmuebles, que recaudó $160.2 millones, un crecimiento de 28.9% frente a 2025. También sobresalió el Seguro Educativo, cuyos ingresos aumentaron 45.4%, hasta $105.6 millones, según las cifras acumuladas del informe.

En los impuestos indirectos, el ITBMS sobre las ventas internas aportó $739.8 millones, un crecimiento de 13.3%. Este impuesto, conocido por su tasa general del 7%, se cobra sobre numerosos bienes y servicios, por lo que su comportamiento permite observar parte de la actividad comercial y del consumo.

Sin embargo, el ITBMS aplicado a las importaciones recaudó $379.2 millones, muy por debajo de los $572.1 millones previstos. Aunque aumentó 9.3% frente al año anterior, presentó un faltante presupuestario de $192.9 millones, uno de los más elevados entre los distintos conceptos tributarios.

También hubo retrocesos. Los impuestos de importación disminuyeron 1.4% frente a 2025, hasta $205 millones, mientras que los ingresos por concesiones cayeron 7.8%. En contraste, el impuesto al consumo de combustible aumentó 36.9% y los impuestos selectivos al consumo crecieron 7.9%.

Los ingresos no tributarios, que incluyen tasas, derechos, concesiones y aportes de entidades públicas, sumaron $1,046.7 millones. Este resultado representó una caída interanual de 5.9% y un faltante presupuestario de $127.3 millones, a diferencia del crecimiento observado en los ingresos procedentes de impuestos.

Entre las contribuciones relevantes, los peajes y servicios del Canal aportaron $398.5 millones, un aumento de 6.9% frente al año anterior. Por otra parte, los dividendos de empresas con capital mixto crecieron 67.6%, hasta $92.1 millones, aunque los aportes de otras entidades gubernamentales disminuyeron.

El informe también incorpora $87.4 millones acumulados mediante documentos fiscales, como créditos y otros instrumentos utilizados para cancelar obligaciones tributarias. Al sumar estos registros, los ingresos corrientes ascienden a $5,471.1 millones, aunque el faltante frente al presupuesto también aumenta, hasta aproximadamente $999.6 millones.

En agosto, considerado individualmente, los ingresos tributarios en efectivo alcanzaron $467.7 millones, con un incremento de 39.6% frente al mismo mes de 2025. Pese a ese crecimiento, la recaudación quedó $146.6 millones por debajo de la meta mensual, confirmando que el desafío presupuestario persistió al cierre del período analizado.

Un presunto tumbe de drogas ejecutado por hombres que simulaban ser policías provocó una balacera y una persecución por distintas vías de la capital panameña. El incidente ocurrió en Albrook, una zona de intensa actividad comercial, próxima al aeropuerto Marcos A. Gelabert y al centro comercial Albrook Mall.

El hecho se registró alrededor de las 10:00 a. m., cuando dos automóviles interceptaron un vehículo gris en plena vía pública. De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres armados, que utilizaban indumentaria similar a la de unidades policiales, descendieron de los automóviles y sustrajeron bolsas negras del vehículo intervenido.

Durante la operación se produjo un intercambio de disparos que generó alarma entre conductores y transeúntes. La situación ocurrió a plena luz del día, en un sector frecuentado por trabajadores, viajeros y compradores, mientras los involucrados intentaban abandonar el lugar después de apoderarse de los paquetes.

Los reportes periodísticos señalan que los sospechosos vestían prendas similares a las utilizadas por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP). Esta modalidad habría sido utilizada para simular un procedimiento de las autoridades y facilitar la intercepción del automóvil.

La Policía Nacional desplegó unidades para localizar a los responsables y estableció controles en distintos puntos de la ciudad. La persecución condujo a los agentes hasta San Isidro, en el distrito de San Miguelito, donde fue ubicado uno de los vehículos presuntamente utilizados durante el incidente.

El operativo provocó un fuerte congestionamiento en las principales vías de San Miguelito y sectores aledaños, debido a la movilización policial y las acciones de búsqueda. La situación afectó la circulación de numerosos conductores, mientras las autoridades continuaban rastreando los automóviles relacionados con el caso.

El despliegue de seguridad terminó con cuatro personas aprehendidas y cuatro vehículos retenidos. Durante las primeras horas circularon cifras preliminares diferentes, pero el reporte posterior elevó a cuatro el número de capturados en relación con el incidente.

Durante la inspección de los vehículos, las unidades policiales encontraron un arma de fuego que contaba con su respectivo permiso, según la información oficial. Las autoridades no precisaron si había personas heridas ni confirmaron la naturaleza del contenido de las bolsas sustraídas, aspectos que permanecen bajo investigación.

Las personas aprehendidas y los vehículos retenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades. Aunque los primeros reportes describieron el episodio como un presunto tumbe de drogas, la Policía Nacional no confirmó oficialmente esa hipótesis en su comunicado inicial.

El incidente ocurrió en medio de una semana marcada por varios hechos de violencia homicida en Panamá. Entre ellos figura el doble asesinato de dos personas dentro de un automóvil en Perejil, corregimiento de Calidonia, donde los atacantes huyeron después de efectuar los disparos, según los reportes policiales.

La sucesión de episodios violentos ha puesto nuevamente la seguridad en espacios públicos y vías de alta circulación en el centro de la atención. En Albrook, los disparos ocurrieron mientras transitaban numerosos vehículos, lo que expuso a conductores y peatones a una situación de riesgo sin relación aparente con los involucrados.

El uso de indumentaria semejante a uniformes oficiales constituye otro aspecto relevante de la investigación, porque los responsables habrían intentado aprovechar la apariencia de autoridad para interceptar a sus víctimas. Corresponderá al Ministerio Público establecer la participación individual de los sospechosos y el origen de las mercancías relacionadas con el incidente.

La Policía Nacional aseguró que mantiene operativos de seguridad y acciones para combatir la delincuencia, mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido. El caso dejó una persecución por diferentes sectores de la capital y nuevas interrogantes sobre la actuación de grupos armados que ejecutan delitos a plena luz del día.

La Policía Nacional interceptó 50 frascos cilíndricos con presunta heroína procedentes de España y destinados a Panamá, durante una diligencia de allanamiento en un centro de procesamiento postal de Correos y Telégrafos, ubicado en Tocumen.

El hallazgo introduce una ruta de envío poco habitual frente al tráfico de cocaína desde América Latina hacia Europa, aunque las autoridades todavía investigan la procedencia de la sustancia y los responsables.

El cargamento fue localizado dentro de una caja que contenía los recipientes con la presunta droga, durante un operativo coordinado con el Ministerio Público.

Los indicios quedaron bajo custodia de las autoridades para realizar los análisis químicos correspondientes y determinar su composición, mientras avanzan las investigaciones sobre el remitente y el destinatario del paquete.

La procedencia española del envío plantea interrogantes sobre el movimiento internacional de sustancias ilícitas mediante servicios postales, aunque no demuestra que la heroína haya sido producida en ese país.

La Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA) ha documentado el uso de encomiendas y servicios de mensajería para transportar heroína, aprovechando el volumen de paquetes que circulan internacionalmente.

De acuerdo con la agencia europea, Afganistán ha sido históricamente el principal origen de la heroína comercializada en Europa, aunque las restricciones al cultivo de amapola han modificado las condiciones de abastecimiento.

En 2023, las autoridades europeas desmantelaron 14 instalaciones relacionadas con el procesamiento, corte o empaquetado de esta sustancia, principalmente en Países Bajos, Grecia y Francia.

A diferencia de drogas completamente sintéticas, la heroína es un opioide semisintético derivado de la morfina, obtenida originalmente del opio. La existencia de laboratorios europeos dedicados a otras sustancias ilícitas no permite concluir que el cargamento interceptado en Panamá haya sido fabricado en ese continente, una circunstancia que deberá esclarecerse mediante las investigaciones.

Las estadísticas del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) muestran que Panamá decomisó 69,50 toneladas de drogas entre enero y agosto de 2026, de las cuales 46,20 toneladas correspondieron a cocaína y 23,18 toneladas a marihuana.

En otro procedimiento, un ciudadano colombiano fue aprehendido en calle Primera, en el sector de Perejil, cuando se desplazaba a bordo de un vehículo. Durante la inspección, los agentes encontraron varios sobres con polvo rosado, pastillas y un recipiente tipo cápsula con polvo blanco, sustancias cuya composición deberá determinarse mediante pruebas especializadas.

Las autoridades informaron que el sospechoso mantenía un brazalete electrónico por un caso relacionado con delitos de drogas, circunstancia que forma parte de las verificaciones realizadas durante el operativo. La Policía Nacional no precisó las cantidades decomisadas ni la identidad química de los productos encontrados, por lo que todavía no existe confirmación sobre el tipo de sustancias.

En el corregimiento de Tocumen, cuatro personas fueron aprehendidas durante un allanamiento a una vivienda, donde las autoridades localizaron paquetes y fragmentos de presuntas sustancias ilícitas. También decomisaron una pesa digital, un chaleco balístico, equipos tecnológicos y dinero en efectivo, elementos incorporados a las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público.

Otro operativo desarrollado por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) permitió incautar 150 paquetes de presunta droga en la provincia de Chiriquí, además de más de 13.500 dólares en efectivo, cinco teléfonos celulares y dos vehículos. La intervención, realizada bajo el Plan Firmeza, terminó con la aprehensión de dos ciudadanos panameños.

La operación comenzó en Salsipuedes, distrito de Renacimiento, cuando un conductor desatendió una orden policial de detenerse, lo que desencadenó una persecución. Durante el procedimiento, dos agentes del Grupo de Reacción Inmediata Motorizada resultaron afectados en un accidente de tránsito y requirieron atención hospitalaria especializada.

El vehículo fue retenido posteriormente en Paso Canoas Arriba, donde las autoridades inspeccionaron seis maletines y encontraron los 150 paquetes. La Fiscalía de Drogas de Chiriquí participa en las diligencias para determinar la naturaleza de la sustancia incautada y establecer las responsabilidades penales, mientras continúan las investigaciones de los distintos casos.

El Gobierno de Panamá pondrá en marcha un sistema de identificación de viviendas afectadas por el terremoto del 9 de octubre, mediante etiquetas de colores que permitirán establecer cuáles edificaciones pueden utilizarse, cuáles presentan restricciones y cuáles deben permanecer desocupadas por razones de seguridad, como parte del proceso de evaluación y recuperación de las comunidades damnificadas.

La iniciativa contempla tres categorías de señalización: verde, amarilla y roja, siguiendo los criterios de la guía técnica ATC-20 (Applied Technology Council 20), utilizada para evaluar edificaciones después de un terremoto.

La clasificación estará a cargo de profesionales competentes, quienes determinarán las condiciones de las estructuras y las medidas necesarias para proteger a sus ocupantes.

Las edificaciones identificadas con etiquetas verdes podrán utilizarse bajo las condiciones establecidas por los evaluadores, aunque esto no significa necesariamente que estén libres de daños. Las amarillas tendrán restricciones de acceso o utilización, mientras que las viviendas señalizadas con rojo deberán permanecer desocupadas hasta que una evaluación competente determine que existen condiciones seguras.

El director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith Gallardo, explicó que la aplicación de este procedimiento requiere evaluaciones realizadas por profesionales idóneos, debido a que las decisiones sobre habitabilidad y seguridad estructural corresponden a las entidades competentes.

Sinaproc participará en la coordinación institucional, la identificación de riesgos y la orientación de las familias afectadas.

Las autoridades advirtieron que la señalización deberá interpretarse conforme a las indicaciones del personal técnico responsable, especialmente cuando existan daños que no resulten evidentes a simple vista.

Una etiqueta verde no constituye una garantía absoluta de seguridad, mientras que las restricciones establecidas mediante señalizaciones amarillas o rojas deberán respetarse hasta que se determine la posibilidad de utilizar nuevamente las edificaciones.

El anuncio forma parte de las medidas de atención a las familias afectadas por el movimiento sísmico, que provocó daños en viviendas e infraestructura de distintas comunidades del país. La información fue presentada durante una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencias, con la participación del ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza.

Como parte del balance institucional, Sinaproc informó que sus equipos mantienen recorridos por las comunidades afectadas, mediante labores de identificación de riesgos y recopilación de información sobre los daños reportados.

Estas acciones permitirán establecer las necesidades prioritarias de las familias y fortalecer la coordinación con las instituciones responsables de la atención y recuperación.

Los resultados de las inspecciones también servirán para orientar las decisiones sobre rehabilitación y reconstrucción de viviendas, así como para identificar las condiciones habitacionales de las comunidades perjudicadas.

El proceso se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y otras entidades competentes, de acuerdo con sus respectivas atribuciones.

Las autoridades señalaron que la recuperación temprana dependerá de las evaluaciones técnicas realizadas en las estructuras, así como de la identificación de familias que requieren atención prioritaria.

Estas verificaciones permitirán planificar medidas dirigidas a restablecer progresivamente las condiciones de vida de quienes sufrieron daños en sus propiedades.

Durante la presentación también se dieron a conocer los avances de Panamá Conecta, una plataforma digital vinculada al sitio web institucional, diseñada para facilitar el acceso de la ciudadanía a información sobre la emergencia.

La subdirectora general de Sinaproc, Maltizie Rivera, explicó que la herramienta permitirá consultar los avances de las acciones institucionales dirigidas a las comunidades afectadas.

La plataforma se desarrolla junto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), con el propósito de fortalecer la comunicación pública y facilitar el seguimiento de las medidas adoptadas.

Según las autoridades, la iniciativa busca mejorar la transparencia y coordinación durante las distintas etapas de atención a las familias damnificadas.

El Gobierno sostuvo que la identificación de daños, las evaluaciones estructurales y el acceso a información institucional serán componentes del proceso de recuperación posterior al terremoto. Sin embargo, el comunicado no precisa cuántas viviendas han sido inspeccionadas ni establece un calendario para completar la clasificación de las edificaciones afectadas.

Como parte del último balance de la emergencia, las autoridades mantienen las evaluaciones de viviendas e infraestructura afectadas por el terremoto, principalmente en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

Los reportes preliminares habían identificado más de 1,200 viviendas con daños, mientras continúan las inspecciones para determinar la magnitud de las afectaciones y las necesidades de las familias damnificadas.

En materia de infraestructura pública, el terremoto también provocó afectaciones en 619 centros educativos y nueve puentes, de acuerdo con los reportes divulgados durante los primeros días de la emergencia. Las autoridades han concentrado parte de sus esfuerzos en verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones, con el propósito de establecer cuáles requieren reparaciones y cuáles pueden continuar funcionando.

Para atender las consecuencias del desastre, el Gobierno declaró el estado de emergencia y habilitó un fondo de 100 millones de dólares, destinado a financiar las acciones de respuesta y recuperación.

El Ministerio de Economía y Finanzas había señalado que los recursos disponibles serían suficientes para cubrir las necesidades inicialmente identificadas, aunque las evaluaciones técnicas permitirán precisar el alcance de los daños.

El terremoto de magnitud 7,5 se registró el 9 de octubre de 2026, a las 12:56 del mediodía, con epicentro localizado a unos 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y una profundidad aproximada de cuatro kilómetros.

El movimiento sísmico provocó daños en viviendas, carreteras, instalaciones públicas y otros componentes de infraestructura, además de una secuencia de réplicas que mantuvo la vigilancia de las autoridades y la preocupación entre los habitantes de las zonas afectadas.

La Asamblea Nacional abrió la discusión de dos propuestas para modificar los requisitos de idoneidad de los abogados, después de que cerca de mil graduados de Derecho enfrentaran dificultades para obtener la autorización profesional. Las iniciativas buscan corregir los efectos de la Ley 500 de 2025, aunque plantean soluciones diferentes.

Los anteproyectos fueron presentados por Shirley Castañedas, presidenta de la Asamblea Nacional, y Manuel Cheng, vicepresidente del Legislativo. Ambas iniciativas fueron prohijadas por la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, pero una establece excepciones para antiguos estudiantes y la otra flexibiliza las evaluaciones.

La controversia comenzó con los cambios introducidos en la regulación profesional. Durante 38 años, la Ley 9 de 1984 permitía solicitar la idoneidad con el título universitario. Posteriormente, la Ley 350 de 2022 incorporó un examen de competencias, mientras que la Ley 500 de 2025 estableció otras alternativas.

La última reforma contempló tres mecanismos para obtener la autorización profesional: aprobar un examen, publicar una tesis en una revista especializada o realizar tres meses de servicio voluntario. Sin embargo, el examen quedó reservado para quienes comenzaron la carrera después de la promulgación, limitando las opciones anteriores.

En la práctica, los estudiantes anteriores a la reforma quedaron exentos del examen, pero no de las demás exigencias. Quienes se graduaron mediante seminarios, prácticas o materias de maestría no podían utilizar la alternativa de tesis. Además, la obligación de publicarla en una revista especializada complicó ese mecanismo.

El servicio voluntario también generó dificultades porque los horarios disponibles y las restricciones sobre las oficinas autorizadas representaban obstáculos para graduados que ya tenían empleo. Aunque algunos trabajaban como asistentes legales, debían completar una práctica adicional que podía retrasar su incorporación formal al ejercicio profesional.

La primera iniciativa, presentada por Castañedas, propone crear un régimen transitorio para quienes iniciaron Derecho antes del 24 de noviembre de 2025. La excepción comprendería a graduados y estudiantes matriculados, incluidos aquellos con tesis pendientes. Las nuevas exigencias continuarían aplicándose a quienes ingresaron posteriormente.

El anteproyecto busca que los beneficiarios puedan solicitar su idoneidad conforme a los requisitos anteriores, según el momento en que comenzaron sus estudios. También establece un plazo máximo de 60 días para resolver solicitudes y contempla revisar expedientes pendientes, suspendidos, devueltos o rechazados por la reforma.

La propuesta de Cheng sigue otro camino: mantener las tres alternativas, pero hacerlas accesibles para todos los aspirantes. Su texto permitiría presentar el examen a graduados y estudiantes con materias completadas. Además, eliminaría la obligación de publicar la tesis, sustituyéndola por una certificación universitaria.

En cuanto al servicio voluntario, Cheng propone mantener los tres meses, equivalentes a 480 horas, pero permitir horarios flexibles. Los aspirantes podrían completar la práctica en jornadas parciales, nocturnas o durante fines de semana. Las horas comenzarían a acumularse desde el segundo año universitario, con certificación institucional.

La iniciativa también ampliaría los espacios autorizados para realizar la práctica, incluyendo oficinas judiciales, departamentos de audiencias y dependencias con funciones jurídicas. Asimismo, permitiría reconocer tesis y horas de servicio anteriores a la reforma, además de presentar nuevamente solicitudes rechazadas por requisitos de publicación o prácticas.

Castañedas sostiene que su propuesta pretende evitar que estudiantes y graduados queden atrapados entre normas diferentes, mientras Cheng plantea ajustar las evaluaciones sin eliminar los estándares profesionales. Ambas iniciativas coinciden en reducir la incertidumbre que ha dificultado obtener la idoneidad, aunque sus mecanismos son distintos

El Colegio Nacional de Abogados expresó una posición favorable a las propuestas legislativas. Su representante, Alexander Hepburn, señaló que existe preocupación por cerca de mil licenciados que terminaron sus estudios sin conseguir la autorización profesional.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) desplegará más de 950 personas en 66 áreas protegidas de Panamá durante las celebraciones patrias de noviembre, cuando miles de residentes y turistas acostumbran desplazarse hacia el interior del país. El operativo se desarrollará del 30 de octubre al 11 de noviembre, con medidas de vigilancia, prevención y atención a visitantes.

Las festividades del 3, 4, 5 y 10 de noviembre generan tradicionalmente un incremento del turismo interno, debido a los días de descanso y las actividades conmemorativas. A estas fechas se suma el 28 de noviembre, cuando se celebra la independencia de Panamá de España, aunque esta jornada queda fuera del operativo anunciado.

Sin embargo, el movimiento turístico dependerá de las condiciones que mantengan las provincias afectadas por el terremoto del 9 de octubre, especialmente Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé. Las restricciones de acceso, los daños en infraestructura y las evaluaciones de seguridad podrían influir en la decisión de las familias sobre sus destinos.

El dispositivo especial contará con 625 guardaparques y 50 jefes de áreas protegidas, además de colaboradores regionales y personal del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. También participarán unidades de la Policía Ambiental, Rural y Turística, el Senafront y el Senan, mediante patrullajes terrestres, acuáticos y controles de ingreso.

Las labores se concentrarán en parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas forestales, donde se vigilarán los senderos, las zonas de acceso y los ecosistemas vulnerables. MiAmbiente buscará prevenir la tala, la minería ilegal, el tráfico de especies y los incendios, además de garantizar una visita ordenada y segura.

Entre los destinos destacados figura el Parque Nacional Soberanía, próximo a la ciudad de Panamá, reconocido por sus senderos y la observación de aves. Su ubicación facilita las excursiones de residentes y extranjeros interesados en conocer la biodiversidad tropical, especialmente en el histórico Camino del Oleoducto.

Otro atractivo es el Parque Nacional Volcán Barú, en la provincia de Chiriquí, donde los visitantes realizan caminatas y excursiones hacia la cima más elevada del país. Desde sus miradores, cuando las condiciones atmosféricas lo permiten, pueden observarse ambos océanos, mientras los bosques montañosos albergan una importante diversidad de especies.

En Veraguas se encuentra el Parque Nacional Coiba, uno de los principales destinos de turismo marino, conocido por sus arrecifes, playas y posibilidades de buceo. El área, reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco, atrae visitantes nacionales e internacionales interesados en la observación de fauna y los ecosistemas oceánicos.

También destacan el Parque Nacional Santa Fe, en Veraguas, y Portobelo, en Colón, que ofrecen paisajes naturales, bosques y oportunidades para el senderismo. San Lorenzo, igualmente en Colón, combina ecosistemas tropicales con un importante patrimonio histórico, mientras Chagres protege fuentes hídricas esenciales para el país.

MiAmbiente informó que el horario general de visitas será de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., mientras las áreas marino-costeras y aquellas con condiciones especiales permitirán el ingreso hasta las 3:00 p. m. Los guardaparques verificarán las tarifas, supervisarán los senderos habilitados y orientarán a los visitantes sobre las medidas de seguridad.

Por el momento, permanecen restringidos los accesos al Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, en Los Santos, y a la Reserva Hídrica Cerro Los Picachos, en Coclé.

La institución recomienda verificar las condiciones de cada destino antes de viajar, especialmente porque la situación posterior al terremoto podría modificar los planes turísticos.

La directora de Áreas Protegidas, Michele Caballero, destacó la importancia de coordinar las acciones de conservación con los estamentos de seguridad para impedir actividades ilegales.

Las autoridades también exhortaron a utilizar únicamente los senderos autorizados, respetar los horarios y evitar dejar desechos, con el propósito de proteger los ecosistemas durante la temporada de mayor circulación turística.

Una nueva ola de violencia y ataques con características de sicariato se registró esta semana en Panamá, dejando varias víctimas en distintos sectores de la capital.

El caso que más alarma ha generado por la forma en que fue ejecutado ocurrió en Perejil, en el corregimiento de Calidonia, donde dos hombres fueron asesinados dentro de un automóvil en pleno centro de la ciudad.

El doble homicidio ocurrió el miércoles 21 de octubre, cuando dos hombres fueron asesinados a tiros dentro de un sedán blanco en Calle Primera. Las cámaras de videovigilancia de la zona captaron el momento en que los presuntos homicidas descendieron del vehículo, que todavía estaba en movimiento, después de disparar contra sus ocupantes.

Las imágenes muestran cómo los dos atacantes escaparon corriendo del lugar y posteriormente fueron recogidos por otro automóvil. Las primeras investigaciones indican que las cuatro personas viajaban juntas en el sedán, por lo que los homicidas habrían compartido el vehículo con sus víctimas antes de abrir fuego.

Los dos fallecidos presentaban impactos de bala en la cabeza, mientras las autoridades iniciaron las diligencias para identificar a los responsables. El ataque provocó la movilización de unidades policiales y personal de Criminalística, que realizaron la inspección del automóvil y el levantamiento de los cuerpos.

Las grabaciones constituyen una pieza importante para reconstruir la participación de los atacantes y establecer la ruta utilizada durante la fuga. Los investigadores también buscan determinar las circunstancias que precedieron al doble asesinato, así como el posible móvil del ataque ocurrido en una zona céntrica de la capital.

La violencia también alcanzó la comunidad de Los Caobos, en Chilibre, donde Reynaldo Roberto Prendergast Torres, de 37 años, murió tras recibir múltiples disparos mientras conducía un sedán blanco. Según los reportes preliminares, los agresores dispararon desde otro automóvil en movimiento durante la mañana del miércoles.

Prendergast perdió el control del volante después de recibir los impactos y su vehículo terminó dentro de una cuneta, a un costado de la carretera. Residentes alertaron a las autoridades, que acordonaron el lugar para recuperar evidencias. Los registros policiales indican que el fallecido había sido aprehendido anteriormente, aunque no se ha establecido si esos antecedentes guardan relación con el asesinato.

Otro hecho violento dejó un taxista de 20 años asesinado en Alcalde Díaz, también en Panamá Norte. La víctima fue identificada como Sudan Gabriel Eduardo Ceballos Falcón, quien recibió un disparo en la cabeza en el sector de La Esperanza, cerca de un puente peatonal.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 10:15 de la noche, cuando residentes escucharon varias detonaciones de arma de fuego. El joven fue encontrado boca abajo, cerca de un taxi amarillo estacionado junto a la carretera. Una de las hipótesis preliminares indica que intentó escapar del atacante, pero cayó antes de conseguir ayuda.

La jornada violenta también dejó un homicidio a plena luz del día en Pueblo Nuevo, donde Luis García, de 51 años, fue asesinado a tiros cerca de las 6:00 de la mañana del miércoles. El ataque ocurrió en calle Tercera, a pocos metros del Sistema Penal Acusatorio de la vía Transístmica, cuando la víctima caminaba cerca de su residencia.

Según los reportes preliminares, los agresores le dispararon desde un automóvil dorado y escaparon del lugar. Los vecinos describieron al fallecido como una persona trabajadora y tranquila, mientras las autoridades investigan el móvil del crimen y la identidad de los responsables.

Los hechos se produjeron en medio de una sucesión de homicidios que afecta principalmente a sectores de la capital.

De acuerdo con el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), Panamá registraba 460 homicidios intencionales hasta el 11 de octubre de 2026, cuatro más que durante el mismo período del año anterior. La provincia de Panamá concentraba 288 víctimas, equivalentes a casi el 63% del total nacional, mientras Colón contabilizaba otras 77.a

La distribución territorial muestra que el distrito de Panamá acumulaba 198 homicidios, seguido de San Miguelito, con 85. Dentro de Panamá Norte, Chilibre registraba 18 casos, Ernesto Córdoba Campos otros 17 y Caimitillo nueve. Estas cifras reflejan la concentración de la violencia en determinadas comunidades, aunque corresponden a un corte estadístico anterior a los últimos ataques.

Las investigaciones también identifican un aumento del 64% en los homicidios vinculados al pandillerismo, que pasaron de 42 a 69 frente al mismo período de 2025. Las rencillas delincuenciales representaban 156 casos y otros 67 permanecían bajo investigación, mientras las armas de fuego estuvieron presentes en 392 asesinatos, aproximadamente el 85% del total.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar los móviles de los ataques, identificar a los responsables y establecer posibles conexiones. Mientras avanzan las diligencias, los crímenes registrados en Perejil, Chilibre y Alcalde Díaz vuelven a colocar la violencia armada en el centro de la preocupación por la seguridad pública.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó una nueva muerte por influenza en Panamá, con lo que el acumulado de fallecimientos por esta enfermedad llegó a 65 durante 2026.

El reporte corresponde a la semana epidemiológica 39, del 27 de septiembre al 3 de octubre, y también evidencia un incremento semanal de los cuadros gripales y las infecciones respiratorias graves.

Entre las personas fallecidas por influenza, el 61.5% tenía 65 años o más y el 58.5% correspondía a hombres. El informe señala que el 96.4% no había recibido la vacuna de la temporada actual, mientras el 81.5% presentaba factores de riesgo, principalmente enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

La influenza es una infección viral que provoca fiebre, tos, dolor muscular, cansancio y malestar general. Aunque muchas personas se recuperan, puede evolucionar hacia neumonía o insuficiencia respiratoria. La dificultad para respirar, el dolor persistente en el pecho y la confusión son señales de alarma que requieren atención médica inmediata

El síndrome gripal registró 927 casos durante la semana 39, frente a 811 de la semana anterior, un incremento de 116 pacientes, equivalente al 14.3%. El acumulado comunicado por el Minsa llegó a 33,331 casos.

Estos cuadros pueden ser causados por distintos virus respiratorios y generalmente presentan fiebre, congestión nasal, dolor de garganta y tos.

Las infecciones respiratorias agudas graves, que incluyen neumonía y bronconeumonía, sumaron 462 casos durante la semana 39, frente a 459 en la semana 38. El acumulado reportado alcanzó 16,547 casos.

Estas enfermedades afectan los pulmones y pueden comprometer la oxigenación, especialmente cuando aparecen respiración acelerada, dificultad respiratoria o disminución del estado de alerta.

La comparación también muestra un incremento en los registros de leishmaniasis, que pasó de 21 casos semanales a 26. El acumulado subió de 1,907 a 1,933. Esta infección parasitaria, transmitida por la picadura de insectos flebótomos infectados, puede provocar úlceras cutáneas persistentes y, en determinadas formas, lesiones de las mucosas.

En contraste, los nuevos casos de malaria disminuyeron de 27 en la semana 38 a cuatro en la 39, aunque el acumulado informado llegó a 6,000. La enfermedad es causada por parásitos transmitidos mediante mosquitos Anopheles infectados. Sus síntomas incluyen fiebre, escalofríos, sudoración y dolor de cabeza, y puede producir anemia grave o complicaciones orgánicas.

El informe epidemiológico de la semana 39, correspondiente al período del 27 de septiembre al 3 de octubre, es anterior a la detección y divulgación de los casos de malaria asociados a Merca Panamá. El 15 de octubre, el Ministerio de Salud confirmó 34 contagios; el 17 de octubre la cifra aumentó a 37 y, para el 19 de octubre, ya se contabilizaban 44 personas diagnosticadas.

La vigilancia epidemiológica identificó además un nuevo caso de fiebre por hantavirus, elevando el acumulado de 21 a 22. El síndrome cardiopulmonar asociado mantuvo 18 casos. La infección se relaciona con la exposición a excreciones de roedores infectados y puede comenzar con fiebre y dolores musculares, antes de provocar dificultad respiratoria potencialmente mortal.

En leptospirosis, el Minsa no notificó casos nuevos durante la semana 39, pero incorporó dos registros correspondientes a períodos anteriores, aumentando el acumulado de 39 a 41. Esta infección bacteriana puede adquirirse por contacto con agua o suelo contaminado con orina de animales y causar fiebre, dolor muscular, ictericia y daño renal.

El reporte también contabilizó 114 casos acumulados de gusano barrenador en humanos, frente a los 111 consignados en el cuadro estadístico de la semana 38. Esta infestación ocurre cuando determinadas moscas depositan huevos en heridas y sus larvas invaden tejidos vivos, causando dolor, lesiones progresivas e infecciones que necesitan tratamiento oportuno.

Respecto al virus Oropouche, no se notificaron infecciones correspondientes a la semana 39, pero se incorporaron tres casos de semanas anteriores, elevando el acumulado de 20 a 23. La enfermedad, transmitida principalmente por pequeños insectos picadores infectados, puede causar fiebre y dolores intensos; ocasionalmente presenta complicaciones neurológicas, como meningitis.

La viruela símica, conocida como mpox, alcanzó 15 casos acumulados después de incorporar dos registros anteriores, frente a los 13 contabilizados hasta la semana 38. Puede transmitirse por contacto estrecho y provocar fiebre, ganglios inflamados y lesiones cutáneas. Las complicaciones son especialmente preocupantes en personas inmunodeprimidas y pacientes con infecciones extensas.

Finalmente, el Minsa reiteró la importancia de mantener actualizada la vacunación y reconocer tempranamente los síntomas de gravedad. También recomendó reforzar la higiene, evitar exposiciones de riesgo y buscar atención médica cuando los síntomas empeoren, especialmente entre adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, los grupos más vulnerables ante complicaciones.

El Ministerio Público contabilizó 502 denuncias entre enero y septiembre de 2026, con incrementos importantes en Chiriquí, Colón y Panamá Oeste. Las investigaciones abarcan daños a los ecosistemas, tala ilegal, afectaciones a especies protegidas y otras conductas sancionadas por la legislación penal.

Las denuncias por delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial aumentaron 17% en Panamá durante los primeros nueve meses de 2026, al pasar de 430 a 502, según estadísticas del Ministerio Público. Los registros incluyen destrucción de recursos naturales, maltrato animal, afectaciones a la vida silvestre e infracciones relacionadas con proyectos urbanísticos.

La categoría con mayor incidencia fue la de delitos contra los recursos naturales, con 277 denuncias, equivalentes al 55% del total. Le siguieron los delitos contra animales domésticos, con 176 casos; contra la vida silvestre, con 44; y las infracciones de tramitación y cumplimiento urbanístico, con cinco investigaciones.

Dentro del primer grupo, la destrucción de recursos naturales acumuló 187 denuncias, frente a 154 en 2025, un incremento del 21%. Esta figura comprende conductas que afectan ilegalmente los componentes del ambiente, mientras la tala y destrucción de vegetación en áreas especiales registró 52 investigaciones, una reducción del 31%.

El informe también contabiliza 13 denuncias relacionadas con la importación de materiales o desechos peligrosos, 12 por incendios de masas vegetales y ocho por emisiones de ruido, gases, olores o luminosidad que afectan al público o los ecosistemas. Estas conductas pueden comprometer la calidad del aire, el suelo y las fuentes hídricas.

Los delitos contra animales domésticos registraron uno de los mayores incrementos, al pasar de 110 a 176 denuncias, equivalente al 60%. Esta categoría comprende conductas de maltrato o crueldad sancionadas penalmente. En materia de vida silvestre, se contabilizaron 36 investigaciones por extracción de especies protegidas y ocho por tráfico, que implica su comercialización ilícita.

En materia de minería ilegal, dos personas fueron aprehendidas el 19 de septiembre en la quebrada Peluca, dentro del Parque Nacional Chagres, donde presuntamente extraían minerales sin autorización. MiAmbiente decomisó motobombas, palas y bateas, mientras la Fiscalía Ambiental asumió las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Otro operativo realizado en junio, en Mamoní Arriba, permitió la aprehensión de 11 personas y la retención de un menor por presunta extracción clandestina. En julio, seis personas fueron sorprendidas en el Corredor de Los Pobres, donde la actividad minera había provocado afectaciones al suelo y al cauce de una quebrada.

La legislación panameña establece penas de tres a seis años de prisión por destrucción, extracción, contaminación o degradación ilegal de recursos naturales, conforme al artículo 399 del Código Penal. Las sanciones pueden aumentar cuando se afectan áreas protegidas, cuencas hidrográficas o fuentes de agua, entre otras circunstancias agravantes.

En junio, cuatro personas recibieron condenas de 48 meses de prisión por minería ilegal en Las Minas, provincia de Herrera. Los sentenciados habían sido sorprendidos realizando exploraciones clandestinas en Río Negro, donde las actividades ocasionaron daños al ecosistema y degradaron un acuífero, según el Ministerio Público.

Los riesgos asociados a la actividad minera también quedaron expuestos tras el terremoto del 9 de octubre, que provocó un deslizamiento en la antigua mina El Remance, en Veraguas. La explotación, abandonada desde 1999, conserva depósitos de residuos mineros que representan un pasivo ambiental y requieren vigilancia permanente.

MiAmbiente detectó en la quebrada Veneno un pH de 5.75, indicativo de condiciones ácidas, además de concentraciones de hierro de 15 miligramos por litro y sulfatos de 114 miligramos por litro. Los resultados motivaron un monitoreo reforzado de las fuentes de abastecimiento, mientras continúa la evaluación de posibles afectaciones.

La institución solicitó al IDAAN vigilar las tomas de agua de San Francisco y Santiago, mientras el Ministerio de Salud evalúa los sistemas comunitarios. También anunció trabajos de restauración ambiental en El Remance y otros cinco puntos del país, ante los riesgos que representan las antiguas explotaciones abandonadas.

En la distribución geográfica, Panamá encabezó las denuncias con 99 casos, seguida de Chiriquí, con 91, y Panamá Oeste, con 74. Colón registró el mayor incremento relativo entre las provincias, de 118%, mientras Chiriquí aumentó 82% y Panamá Oeste 80% frente a 2025.

El informe también revela reducciones importantes en Darién, Los Santos y Bocas del Toro, con disminuciones de 76%, 50% y 34%, respectivamente. Septiembre cerró con 44 denuncias, frente a 38 en agosto, mientras enero concentró el mayor registro mensual, con 76 investigaciones.

El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre cobró su segunda víctima mortal, luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) confirmara este jueves el fallecimiento de Regina Miranda, de 60 años, quien permanecía hospitalizada en Santiago de Veraguas por las lesiones sufridas durante el movimiento sísmico.

Miranda realizaba labores administrativas en la escuela Rómulo Arrocha, en Santiago, cuando comenzó el terremoto. Durante la evacuación del plantel, tropezó con una cuneta y cayó al suelo, golpeándose fuertemente la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico grave.

La mujer fue trasladada al Hospital Luis “Chicho” Fábrega, donde recibió atención especializada del servicio de Neurocirugía. Sin embargo, permaneció en estado de coma y falleció pese a los esfuerzos médicos, según informó la institución sanitaria en un comunicado fechado el 22 de octubre.

La primera víctima fue Elena Barría, de 68 años, quien falleció el 14 de octubre. La mujer descansaba en su vivienda de Macaracas, provincia de Los Santos, cuando una pared se desplomó sobre ella, dejándola atrapada entre los escombros y provocándole graves lesiones abdominales.

Barría fue rescatada por familiares y vecinos, quienes lograron sacarla de la estructura colapsada. Posteriormente recibió atención en distintos centros hospitalarios hasta ser trasladada a la capital, donde fue intervenida quirúrgicamente. Su fallecimiento fue confirmado por la Caja de Seguro Social después de varios días hospitalizada.

Entre los casos de mayor gravedad figura Suribeth Cortéz, una joven de 22 años con dificultades de movilidad, quien quedó atrapada cuando una pared cayó sobre ella en El Pájaro de Macaracas. Sufrió lesiones craneales y abdominales que obligaron a trasladarla en helicóptero al Hospital Santo Tomás.

Después de permanecer sedada y recibir intervenciones quirúrgicas, la joven despertó y fue retirada de la ventilación mecánica el 14 de octubre. Su familia confirmó que reconoció a su hermana y mostró una evolución favorable. Posteriormente, continuó su proceso de recuperación y rehabilitación tras superar los momentos más críticos.

El balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), actualizado al 20 de octubre, registraba 27 personas lesionadas por el terremoto. La cifra todavía incluía una sola víctima mortal, debido a que el fallecimiento de Miranda fue confirmado dos días después del último consolidado disponible.

El Ministerio de Salud informó que más de 31,000 atenciones sanitarias se habían brindado en las zonas afectadas, mediante personal desplegado en hospitales, centros de salud y albergues. Los equipos también ofrecen apoyo psicológico y seguimiento médico a las familias damnificadas.

Las consecuencias materiales continúan extendiéndose por distintas comunidades. Sinaproc contabilizó 10,655 viviendas evaluadas y 35,065 personas registradas mediante las inspecciones de daños y necesidades. Estas cifras corresponden a las evaluaciones realizadas y permanecen sujetas a nuevas verificaciones.

El mismo informe identificó 619 centros educativos y 120 instalaciones de salud con afectaciones, mientras 5,628 personas permanecían alojadas en 126 albergues. Las autoridades también reportaron 175 comunidades atendidas con asistencia humanitaria, incluyendo alimentos, agua y otros suministros esenciales.

Las provincias de Los Santos, Veraguas, Herrera y Coclé concentran parte importante de los daños ocasionados por el movimiento sísmico. Entre las afectaciones se encuentran viviendas destruidas, centros educativos deteriorados, iglesias dañadas y problemas en carreteras y puentes, especialmente en comunidades rurales.

El terremoto tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, según los registros del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Las autoridades mantienen las evaluaciones estructurales y la asistencia humanitaria, mientras las familias afectadas enfrentan el proceso de recuperación.

El terremoto que sacudió Panamá el 9 de octubre provocó desplazamientos del terreno de hasta 1.20 metros en Búcaro, provincia de Los Santos, y hundimientos de entre 15 y 30 centímetros en Isla Cañas.

Los resultados preliminares también identifican rupturas superficiales y deformaciones del fondo marino, que pudieron contribuir a la generación de olas durante el movimiento sísmico.

Los hallazgos corresponden a una investigación del geofísico panameño Isaac Guerra Araúz, becario doctoral de la Senacyt, quien realiza mediciones en Búcaro, La Pitaloza y Mariato, en la costa de Veraguas y el sur de Azuero.

El especialista encontró desplazamientos horizontales de entre uno y 1.20 metros, además de movimientos verticales cercanos a un metro en Búcaro.

Las mediciones buscan establecer cómo se desplazaron los bloques de la corteza terrestre durante la ruptura de la falla responsable del terremoto. Estos movimientos pueden provocar grietas, desniveles y modificaciones del relieve, especialmente en terrenos cercanos a la zona de ruptura, donde la deformación puede permanecer visible después del sismo.

La investigación también documenta un hundimiento de entre 15 y 30 centímetros en Isla Cañas, mientras se estudian deformaciones del fondo marino que pudieron contribuir a la generación de olas.

Los especialistas buscan determinar la extensión de estos cambios y sus consecuencias sobre las comunidades costeras, particularmente en las zonas próximas a la falla.

En sectores de Tonosí, Soná y Mariato se han reportado fisuras y alteraciones visibles en la superficie terrestre, asociadas al terremoto. También circulan reportes sobre arrecifes que habrían quedado expuestos incluso durante la marea alta, aunque todavía no se dispone de mediciones científicas verificadas que permitan confirmar su extensión o establecer cuánto se elevó el litoral.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá relacionó el terremoto con la falla de Azuero-Soná, cuya ruptura alcanzó aproximadamente 90 kilómetros. Esa extensión corresponde al proceso geológico que originó el sismo y no significa necesariamente que exista una grieta continua de esa longitud sobre la superficie terrestre.

Guerra Araúz desarrolla estas investigaciones como parte de su doctorado en Geofísica en la Universidad de Western Ontario, Canadá, bajo la supervisión del científico Katsuichiro Goda.

Los resultados permitirán contrastar las mediciones de campo con modelos de ruptura sísmica y comprender mejor el comportamiento de las fallas activas en Panamá.

Antes del terremoto, ambos investigadores habían desarrollado uno de los primeros modelos tridimensionales del subsuelo panameño, mediante el análisis de 2,741 movimientos sísmicos registrados entre 2013 y 2023.

Utilizaron información de 148 estaciones de Panamá, Costa Rica y Colombia para estudiar estructuras geológicas ubicadas hasta 80 kilómetros de profundidad.

El estudio, publicado en mayo de 2026 en la revista Tectonophysics, identificó nuevas evidencias de un sistema de doble subducción bajo el occidente panameño. Las placas de Cocos y Nazca se introducen desde el Pacífico, mientras la placa del Caribe presenta señales de hundimiento desde el norte, configurando una interacción tectónica particularmente compleja.

La magnitud del terremoto también llamó la atención del ingeniero estructural japonés Kit Miyamoto, director ejecutivo de Miyamoto International, quien lo situó entre los movimientos más grandes que han afectado zonas pobladas durante 2026. El especialista advirtió que un sismo de semejante intensidad provocaría problemas incluso en Los Ángeles, California.

Miyamoto destacó además la importancia de las inspecciones estructurales realizadas después del terremoto, especialmente en viviendas, carreteras y edificios públicos. Su evaluación subrayó que identificar las construcciones inseguras constituye apenas la primera etapa de una recuperación que deberá incorporar mejores condiciones de resistencia ante futuros movimientos sísmicos.

El más reciente balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con corte al 20 de octubre, contabiliza 10,655 viviendas evaluadas y 35,065 personas registradas en las evaluaciones de daños. También reporta 619 centros educativos y 120 instalaciones de salud afectadas, además de 27 lesionados y una persona fallecida.

La emergencia mantiene 5,628 personas alojadas en 126 albergues, mientras continúan las inspecciones y la asistencia humanitaria. Las autoridades han movilizado más de 208,317 libras de suministros por vía aérea y 365 toneladas por tierra, con atención reportada en 175 comunidades afectadas.

Los resultados de las investigaciones geológicas serán fundamentales para determinar las condiciones de seguridad de los terrenos donde se reconstruirán viviendas.

Guerra Araúz sostiene que integrar las mediciones de desplazamiento con los registros de daños permitirá mejorar los modelos de amenaza sísmica y orientar la planificación territorial, especialmente en las comunidades más expuestas.

El terremoto que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre fue uno de los movimientos sísmicos más grandes que han afectado zonas pobladas del mundo durante 2026, según el ingeniero estructural Kit Miyamoto.

El especialista internacional destacó la enorme cantidad de energía liberada y los desafíos que enfrentan las autoridades para evaluar los daños y garantizar la seguridad de los habitantes.

Miyamoto, director ejecutivo de Miyamoto International, explicó que un terremoto de magnitud 7.7 no puede considerarse un evento menor, especialmente cuando ocurre cerca de comunidades habitadas.

Durante su intervención, afirmó que un movimiento de semejante intensidad provocaría serios problemas incluso en Los Ángeles, California, donde reside y desarrolla parte de su actividad profesional.

El experto utilizó esa comparación para dimensionar la fuerza del fenómeno y sus posibles consecuencias sobre la infraestructura.

Explicó que después de un terremoto de gran magnitud resulta fundamental identificar rápidamente los daños en carreteras, puentes y edificaciones, así como determinar cuáles instalaciones pueden continuar funcionando sin representar un peligro para la población.

En su evaluación de la emergencia, Miyamoto consideró que la respuesta inicial de las autoridades panameñas fue profesional y adecuada. Entre las medidas que mencionó estuvieron las inspecciones de las principales vías de comunicación, la instalación de equipos médicos de emergencia y la organización de mecanismos para distribuir alimentos entre las comunidades afectadas.

Uno de los aspectos que destacó fue la evaluación de casi 10,000 viviendas y edificios durante los primeros diez días posteriores al movimiento sísmico.

Según explicó, estas inspecciones permiten identificar estructuras peligrosas y ofrecer información a las familias sobre las condiciones de seguridad de los inmuebles que ocupaban antes del desastre.

El ingeniero señaló que en otros países las evaluaciones de daños suelen comenzar después de dos semanas, por lo que consideró relevante el tiempo empleado en Panamá. Sin embargo, la identificación inicial de los problemas estructurales constituye apenas una etapa de un proceso que también requiere reparaciones, reconstrucción y medidas para reducir riesgos futuros.

El terremoto ocurrió el 9 de octubre a las 12:56 de la tarde, con una magnitud de 7.5, según los datos divulgados por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Su epicentro se localizó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, con una profundidad aproximada de cuatro kilómetros.

El Instituto de Geociencias explicó que el terremoto estuvo relacionado con el movimiento de la falla de Azuero-Soná, una estructura geológica ubicada en la región afectada. Según la información difundida por sus especialistas, la ruptura se extendió aproximadamente 90 kilómetros, lo que permite dimensionar la extensión del proceso que originó el movimiento.

Una falla geológica se activa cuando la tensión acumulada entre bloques de la corteza terrestre supera su resistencia, provocando un desplazamiento repentino. La energía liberada se propaga mediante ondas sísmicas que pueden afectar viviendas, edificios, carreteras y otras estructuras, dependiendo de su cercanía al epicentro y de las condiciones del terreno.

Las principales afectaciones se concentraron en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, donde se reportaron daños en viviendas, centros educativos, instalaciones de salud e infraestructura pública. El terremoto también estuvo acompañado de numerosas réplicas que mantuvieron la preocupación entre los residentes, particularmente en las comunidades que sufrieron mayores daños materiales.

La magnitud de la emergencia obligó a realizar inspecciones estructurales y habilitar servicios médicos provisionales, mientras se organizaba la distribución de suministros. El Gobierno declaró el estado de emergencia el 10 de octubre, una medida que permitió movilizar recursos para atender a las comunidades damnificadas y continuar con la evaluación de los daños.

Miyamoto, quien se reunió con el presidente José Raúl Mulino para abordar las necesidades de recuperación, cuenta con experiencia en proyectos de ingeniería sísmica y reconstrucción internacional.

Su participación se produce mientras Panamá enfrenta el desafío de determinar qué edificaciones pueden repararse y cuáles necesitan intervenciones mayores, especialmente en las zonas más afectadas.

Las observaciones del especialista también ponen de relieve la importancia de mantener evaluaciones técnicas durante las siguientes etapas de recuperación. Más allá de las primeras inspecciones, la seguridad de las viviendas y la resistencia de la infraestructura serán determinantes para que las comunidades puedan recuperar sus actividades y reducir su vulnerabilidad ante futuros terremotos.

Un ciudadano costarricense requerido por Estados Unidos por su presunta participación en un esquema de fraude con falsos premios de lotería fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. El extranjero viajaba desde Costa Rica hacia Colombia, con una conexión en Panamá, cuando las autoridades migratorias detectaron la orden de captura.

La Policía Nacional, mediante la Oficina Central Nacional de INTERPOL Panamá, confirmó la aprehensión del pasajero solicitado por las autoridades estadounidenses por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El Servicio Nacional de Migración también participó en su detección, durante los controles realizados en la terminal aérea.

De acuerdo con la investigación estadounidense, los responsables del esquema contactaban a residentes de distintos estados para informarles falsamente que habían ganado premios de lotería. Posteriormente, les exigían pagos anticipados por supuestos impuestos, con la promesa de entregarles las ganancias una vez cumplido ese requisito.

La modalidad descrita por las autoridades consistía en aprovechar la expectativa de recibir un premio económico para conseguir transferencias de las víctimas. El comunicado no precisa cuánto dinero habría movilizado la operación, cuántas personas resultaron perjudicadas ni la identidad del costarricense aprehendido.

El Servicio Nacional de Migración informó que el extranjero fue puesto a disposición de INTERPOL después de detectarse el requerimiento estadounidense. Las autoridades no han detallado todavía si se ha iniciado un procedimiento de extradición o cuáles serán las siguientes actuaciones judiciales relacionadas con el caso.

Por otro lado, en la provincia de Colón, las autoridades migratorias reportaron la detección de un ciudadano nicaragüense que había ingresado irregularmente a Panamá.

El extranjero fue localizado durante el operativo Cristo Negro de Portobelo y trasladado a un centro de detención administrativa migratoria, donde se realizarán los trámites correspondientes a su situación.

El operativo Cristo Negro de Portobelo es un dispositivo especial de seguridad organizado por las autoridades durante la celebración religiosa del 21 de octubre. Este año se desarrolla del 18 al 22 de octubre, con controles en las vías de acceso, patrullajes terrestres y marítimos y vigilancia de los peregrinos.

Un ciudadano nicaragüense fue detenido durante el operativo Cristo Negro de Portobelo, en la provincia de Colón, tras detectarse que había ingresado irregularmente a Panamá. Fue trasladado a un centro de detención administrativa migratoria.

La Policía Nacional anunció el despliegue de más de 1,000 agentes para proteger a los asistentes a esta festividad, que reúne cada año a miles de personas. Las medidas incluyen verificaciones de seguridad, controles de tránsito y vigilancia comunitaria, especialmente en las rutas hacia Portobelo.

Las intervenciones se producen mientras Panamá mantiene operaciones de control migratorio y cooperación policial con otros países. Entre enero y septiembre de 2026, el Servicio Nacional de Migración registró 851 extranjeros detenidos por infracciones de la legislación nacional, de acuerdo con sus estadísticas preliminares.

De ese total, 716 eran hombres y 135 mujeres, mientras que las principales causas de detención fueron el ingreso irregular, con 318 casos, y la estadía vencida, con 249. También se contabilizaron 210 personas remitidas por cumplimiento de pena y otras detenciones por diferentes causales.

Por nacionalidad, las estadísticas muestran 388 colombianos, 168 nicaragüenses y 118 venezolanos detenidos durante los primeros nueve meses del año. Los registros incluyen además 46 ecuatorianos y 18 salvadoreños, entre otras nacionalidades.

En materia de deportaciones y expulsiones, Migración contabilizó 822 procedimientos entre enero y septiembre, de los cuales 472 fueron deportaciones y 350 expulsiones. La principal causal fue el ingreso irregular al territorio panameño, con 495 registros, seguida de 138 procedimientos relacionados con delitos de posesión agravada de drogas.

Los informes también identifican 387 colombianos y 187 nicaragüenses entre los deportados y expulsados, seguidos de 79 venezolanos y 58 ecuatorianos. Septiembre registró 136 procedimientos, frente a 21 en agosto, mientras que enero presentó el mayor número mensual, con 172 casos.

Durante 2026, INTERPOL Panamá también realizó otras aprehensiones de extranjeros requeridos por autoridades internacionales. El 23 de enero fue detenido en Tocumen un ciudadano mexicano solicitado por Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero, vinculados, según la Policía, al Clan del Golfo.

El 23 de abril, las autoridades aprehendieron a un cubano requerido por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con trata de personas. El 16 de junio también fue detenido un ciudadano turco, solicitado por lavado de dinero y conspiración para violar una legislación estadounidense sobre poderes económicos de emergencia.

Otro procedimiento ocurrió el 21 de julio, cuando INTERPOL Panamá aprehendió a una mujer con nacionalidades española y cubana, requerida por Lituania mediante una notificación roja. La sospechosa era investigada por su presunta participación en una organización vinculada con delitos de terrorismo, según la información policial.

Estos casos evidencian el uso de Tocumen como punto de detección de personas requeridas internacionalmente, especialmente durante conexiones aéreas. Las aprehensiones por solicitudes extranjeras y las detenciones por infracciones migratorias responden a procedimientos jurídicos diferentes, aunque pueden involucrar actuaciones coordinadas entre la Policía Nacional y Migración.

El Gobierno de Panamá confirmó que los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre se realizarán en la ciudad capital, pese a las afectaciones provocadas por el terremoto del 9 de octubre.

El ministro de Educación, Ventura Vega, explicó que las celebraciones estarán acompañadas de un mensaje de solidaridad hacia las comunidades damnificadas, principalmente en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

La decisión contempla mantener las dos rutas tradicionales de los desfiles capitalinos: la primera en el Casco Antiguo, cerca de la Presidencia de la República, y la segunda en Vía España. El titular de Educación sostuvo que los estudiantes podrán participar en las actividades programadas, después de meses de preparación junto a docentes, instructores y padres de familia.

En el resto del territorio nacional, la realización de los actos dependerá de las autoridades locales, considerando las condiciones de seguridad y los daños registrados en cada comunidad. Para Colón, el comunicado oficial establece que la decisión corresponderá al gobernador de la provincia, mientras los gobiernos municipales determinarán la celebración de otras festividades tradicionales de noviembre.

El ministro Ventura Vega explicó que las celebraciones también buscan ofrecer un espacio de esparcimiento a la población, después del impacto emocional del terremoto y sus réplicas. Consideró que la preparación de los estudiantes y sus familias debe ser tomada en cuenta, siempre que existan condiciones adecuadas para desarrollar los recorridos.

La decisión del Ministerio de Educación contrasta con la suspensión de las tradicionales dianas del 3 de noviembre en la Presidencia, anunciada por el presidente José Raúl Mulino. El mandatario canceló esa actividad como muestra de respeto hacia las familias afectadas por el terremoto, aunque la medida no supone la eliminación de todas las celebraciones patrias.

También en el corregimiento de Juan Díaz, las autoridades locales suspendieron el tradicional desfile del 10 de noviembre, que conmemora el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos. El representante David Bernal explicó que la actividad será sustituida por una caravana de ayuda humanitaria hacia las comunidades damnificadas de la provincia de Los Santos.

En San Miguelito, la Asociación Cívica de Santeños Residentes canceló los desfiles de carretas y las actividades folclóricas previstas para esa misma fecha. Su presidente, Jorge Aquiles Domínguez, anunció que los esfuerzos se concentrarán en recolectar alimentos, agua y artículos de primera necesidad para trasladarlos a las familias afectadas por el movimiento sísmico.

La iniciativa denominada Gran Caravana de la Solidaridad Santeña reunirá a organizaciones de distintas comunidades, entre ellas Juan Díaz, La Chorrera, Nuevo Chorrillo, Gatuncillo de Colón y Capira. Las agrupaciones buscan transformar los recursos y esfuerzos destinados a las festividades en asistencia directa, mediante donaciones de productos de higiene, ropa, insumos médicos y otros suministros esenciales.

En Panamá Oeste, el Comité Cívico y Cultural 10 de Noviembre de La Chorrera suspendió sus actividades previstas entre el 5 y el 10 de noviembre. Asimismo, la Alcaldía de San Carlos canceló celebraciones patrias y festejos locales, incluida la realización de dianas en espacios públicos, para priorizar la atención de más de 117 familias afectadas por el terremoto.

La Junta Comunal de Las Lajas, en Chame, también anunció la suspensión de sus festividades de los días 9 y 10 de noviembre, en solidaridad con las comunidades damnificadas. Estas decisiones reflejan las diferentes respuestas adoptadas por las autoridades y organizaciones comunitarias, mientras el país intenta recuperar la normalidad después de los daños ocasionados por el sismo.

En el ámbito educativo, Vega informó que 770 centros escolares han sido inspeccionados y habilitados para retomar las clases, tras evaluaciones realizadas por ingenieros, arquitectos y personal técnico. Para los planteles que todavía presentan dificultades, los 16 directores regionales podrán aplicar alternativas contempladas en la normativa educativa, con el propósito de garantizar la continuidad del año escolar.

El ministro reconoció que persisten temores entre estudiantes, docentes y padres de familia, por lo que las revisiones estructurales continuarán antes de autorizar nuevos retornos. Mientras tanto, los desfiles del 3 y 4 de noviembre seguirán programados en la capital, en medio de un escenario en el que distintas comunidades han decidido sustituir las celebraciones por acciones de solidaridad.

Panamá registró 740 casos adicionales de dengue en su acumulado nacional durante una semana, al pasar de 9,679 a 10,419 contagios entre las semanas epidemiológicas 38 y 39 de 2026.

Aunque las cifras continúan por debajo de las registradas en 2025, el incremento evidencia que la transmisión del virus persiste en distintas regiones del país.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el nuevo balance corresponde al período comprendido hasta el 3 de octubre, cuando se contabilizaron 10,419 casos. La diferencia semanal incluye nuevas notificaciones y actualizaciones de registros anteriores, por lo que no necesariamente representa 740 infecciones ocurridas exclusivamente durante esos siete días.

La comparación también muestra un aumento de los casos de dengue grave, que pasaron de 56 a 62 entre ambas semanas. Los pacientes con signos de alarma aumentaron de 1,209 a 1,291, mientras los contagios sin manifestaciones de gravedad subieron de 8,414 a 9,066, de acuerdo con los informes epidemiológicos oficiales.

Las hospitalizaciones registraron 60 ingresos adicionales en el acumulado semanal, al pasar de 1,100 a 1,160 pacientes. Pese a ese incremento, la cifra continúa por debajo de las 1,193 hospitalizaciones contabilizadas durante el mismo período de 2025, lo que representa una disminución interanual de 2.77%.

El número de fallecidos se mantuvo en 20 personas durante ambas semanas, sin nuevas defunciones incorporadas al balance nacional. Colón registra cuatro muertes; Chiriquí, Bocas del Toro y Los Santos, tres cada una. Las restantes defunciones se distribuyen entre otras seis regiones sanitarias, según los registros del Minsa.

Aunque el acumulado semanal aumentó, Panamá presenta 2,056 casos menos que en 2025, cuando se habían contabilizado 12,475 infecciones para la misma fecha. Esto representa una reducción de 16.5%, mientras la tasa nacional disminuyó de 273 a 225.3 casos por cada 100,000 habitantes, equivalente a una caída de 17.47%.

Colón continúa encabezando las estadísticas con 2,432 casos confirmados, seguido de la región Metropolitana, con 2,389, y Chiriquí, con 1,259. Panamá Oeste acumula 1,004 contagios y San Miguelito registra 841. Estas cinco regiones concentran 7,925 infecciones, aproximadamente el 76% de todos los casos reportados en el país.

Entre los corregimientos con mayor incidencia, Veracruz registra 719 casos y Puerto Pilón otros 458, mientras Burunga acumula 368 y Sabanitas, 345. También destacan Tocumen, con 336, y Cristóbal, con 316. La concentración de contagios en estas comunidades mantiene activa la vigilancia epidemiológica y los operativos para eliminar criaderos.

El grupo de 10 a 14 años presenta la mayor tasa de incidencia del país, con 318.9 casos por cada 100,000 habitantes y 1,182 infecciones. En la semana anterior contabilizaba 1,099 casos, por lo que el acumulado aumentó en 83 registros, una variación que evidencia la exposición de la población escolar.

El dengue es transmitido principalmente por la picadura de mosquitos hembra infectados de la especie Aedes aegypti. Las hembras necesitan alimentarse de sangre para desarrollar sus huevos y pueden transmitir el virus durante ese proceso. Los machos no pican a las personas, pues se alimentan de néctar y otras sustancias azucaradas.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre elevada, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares, articulares, náuseas y erupciones cutáneas. Sin embargo, el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes y los sangrados pueden indicar una evolución peligrosa, especialmente cuando aparecen después de que comienza a disminuir la fiebre.

La enfermedad puede convertirse en dengue grave cuando provoca hemorragias importantes, choque circulatorio o daños en órganos vitales. Las autoridades recomiendan buscar atención médica ante cualquier señal de alarma y evitar medicamentos como aspirina e ibuprofeno, que pueden aumentar el riesgo de sangrado en pacientes infectados.

En América Latina y el Caribe, el dengue continúa representando un desafío sanitario, aunque los registros regionales muestran una disminución respecto de los últimos años. La Organización Panamericana de la Salud reportó más de 1.7 millones de casos sospechosos en las Américas hasta la semana 38 de 2026, una reducción frente al mismo período de 2025.

La circulación del virus persiste después de la epidemia histórica registrada en 2024, cuando las Américas superaron los 13 millones de casos. En Panamá, las autoridades mantienen los operativos de control del mosquito transmisor y reiteran que la eliminación de recipientes con agua acumulada resulta fundamental para prevenir nuevos contagios.

La muerte de una menor en la comarca Ngäbe-Buglé y un ataque a tiros que dejó herida a una niña de ocho años en San Miguelito forman parte de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público. Las autoridades también informaron sobre dos condenas por homicidio y tentativa de homicidio en un caso ocurrido en Chiriquí durante 2024.

La Fiscalía Regional de Chiriquí confirmó la aprehensión de un adolescente de 16 años por su presunta vinculación con un femicidio registrado en la comarca Ngäbe-Buglé. La víctima, también menor de edad, fue encontrada sin vida el 18 de octubre a orillas del río Cubívora, en el distrito de Müna, según el informe oficial divulgado el martes 20 de octubre.

Las autoridades no han precisado la edad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió su muerte. Tampoco han informado sobre la relación que pudiera existir entre ambos adolescentes. La investigación permanece abierta y el Ministerio Público desarrolla diligencias para esclarecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad penal del sospechoso.

El adolescente aprehendido deberá comparecer ante un juez penal de adolescentes para una audiencia de control, en la que se examinarán las actuaciones judiciales correspondientes. Su detención no constituye una declaración de culpabilidad, mientras la Fiscalía reúne los elementos necesarios para sustentar la investigación por el presunto delito de femicidio.

Sobre el femicidio en la comarca, reportes de medios locales identificaron a la víctima como una estudiante de 14 años de la comunidad de Tebujo. La adolescente había desaparecido el sábado 17 de octubre y su cuerpo fue localizado al día siguiente. Las primeras inspecciones revelaron heridas de arma blanca, aunque inicialmente se consideró la posibilidad de un ahogamiento.

En otro procedimiento, la Fiscalía Regional de San Miguelito consiguió la detención provisional de un hombre de 26 años, imputado por tentativa de homicidio contra una niña de ocho años. El ataque ocurrió la noche del 17 de octubre en La Providencia, dentro del corregimiento de Belisario Porras, cuando varios sujetos llegaron hasta una residencia.

Según la investigación, aproximadamente a las 10:00 p. m., el imputado llegó acompañado de otros hombres y disparó repetidamente contra la vivienda. Como consecuencia, la menor resultó herida y un perro que pertenecía a la familia murió durante el ataque. La Fiscalía no precisó en su comunicado el estado actual de salud de la niña.

Durante la audiencia, el Ministerio Público argumentó que existían riesgos para la víctima, sus familiares y la comunidad, además de la posibilidad de afectación de pruebas. Los fiscales destacaron que en la residencia había otros menores de edad y que los disparos también pusieron en peligro a vecinos y transeúntes

La detención fue ordenada por un juez de garantías después de escuchar los argumentos de la Fiscalía, que señaló la gravedad del ataque y los posibles riesgos procesales. El imputado permanecerá privado de libertad mientras continúa la investigación. Las autoridades no han informado sobre otras aprehensiones relacionadas con los hombres que lo acompañaban.

Sobre el femicidio en la comarca, reportes de medios locales identificaron a la víctima como una estudiante de 14 años de la comunidad de Tebujo. La adolescente había desaparecido el sábado 17 de octubre y su cuerpo fue localizado al día siguiente. Las primeras inspecciones revelaron heridas de arma blanca, aunque inicialmente se consideró la posibilidad de un ahogamiento.

La menor cursaba octavo grado en el Colegio Peña Prieta, donde su muerte provocó consternación entre compañeros y residentes. Según los reportes, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de David para la necropsia. La Fiscalía todavía debe establecer las circunstancias y el móvil del crimen, así como la presunta participación del adolescente aprehendido.

En un tercer caso, la Fiscalía Regional de Chiriquí obtuvo condenas de 30 y 37 años de prisión contra dos hombres, declarados responsables de homicidio y tentativa de homicidio. Los hechos ocurrieron el 5 de agosto de 2024 en La Riviera, distrito de David, donde dos hermanos fueron atacados con armas de fuego.

Según el Ministerio Público, ambos recibieron impactos de bala cerca de un proyecto de construcción, lo que provocó la muerte de uno de ellos. El otro sobrevivió al ataque. Durante el juicio, la Fiscalía presentó al menos 80 pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales, que sustentaron el fallo condenatorio unánime.

El tribunal estableció penas individuales por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. A uno de los responsables le impuso 25 y 12 años, respectivamente, mientras que al segundo le fijó 30 y 10 años. Las condenas finales quedaron establecidas en 30 y 37 años, conforme a la dosificación aplicada.

Panamá acumuló 469 homicidios hasta el 11 de octubre de 2026, de los cuales 460 fueron intencionales y nueve no intencionales, según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC).

Frente al mismo período de 2025, los casos intencionales aumentaron 1%, al pasar de 456 a 460, mientras persisten importantes diferencias entre provincias.

La tasa nacional de homicidios intencionales alcanzó 9.9 por cada 100,000 habitantes, nivel que el informe clasifica como bajo. Sin embargo, Colón y Panamá presentan indicadores considerablemente superiores, con 24.3 y 17.4 muertes por cada 100,000 habitantes, respectivamente, y ambas figuran en la categoría de violencia moderada.

Aunque Colón presenta la mayor tasa de homicidios del país, la provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de víctimas, con 288 casos intencionales. Esta última cifra representa cerca del 63% del total nacional, mientras Colón contabiliza 77 fallecidos, equivalentes aproximadamente al 17% de los registros.

La distribución por distritos identifica 198 homicidios en Panamá, 85 en San Miguelito y 72 en Colón, las tres jurisdicciones con mayores cifras. También aparecen Arraiján, con 22 casos; La Chorrera, con 13; y David, con 10. La concentración territorial permite identificar los sectores donde se registra una mayor incidencia de violencia letal.

En San Miguelito, Belisario Frías encabeza los registros con 24 homicidios, seguido de Omar Torrijos, con 16, y Arnulfo Arias Madrid, con 15. En conjunto, estos tres corregimientos acumulan 55 de las 85 muertes contabilizadas en ese distrito, según la distribución territorial presentada por el SIEC.

Dentro del distrito de Panamá, el sector este registra 82 homicidios, principalmente en Pedregal, con 19; 24 de Diciembre, con 18; y Tocumen, con 12. En el sector oeste, Ancón concentra 15 de los 62 casos, mientras Calidonia registra nueve y Curundú y Río Abajo contabilizan seis cada uno.

El sector norte de la capital suma otros 54 homicidios, con Chilibre a la cabeza, con 18, seguido de Ernesto Córdoba Campos, con 17, y Caimitillo, con nueve. En Colón, Cristóbal Este registra 16 víctimas, Cativá 14 y Cristóbal 10, los corregimientos con mayores cifras de ese distrito.

Sobre las causas, las rencillas delincuenciales representan el principal motivo identificado, con 156 homicidios, aunque disminuyeron frente a los 182 del año anterior. El pandillerismo, en cambio, aumentó de 42 a 69 casos, un 64%, mientras otros 67 hechos permanecen bajo investigación para determinar sus circunstancias.

Los homicidios relacionados con riñas aumentaron de 24 a 32, mientras aquellos vinculados con robos pasaron de 24 a 28. También se registraron 26 casos por rencillas personales y 20 femicidios, estos últimos frente a los 12 contabilizados durante el mismo período de 2025, lo que representa un incremento de 66.7%.

El informe identifica además 26 víctimas por daño colateral, 15 homicidios por ajustes de cuentas y 10 relacionados con drogas o narcotráfico. Según el SIEC, el 55% de las muertes está asociado a delincuencia organizada o común, lo que mantiene la actividad criminal como uno de los principales factores de violencia letal.

Las armas de fuego fueron el principal instrumento utilizado en los homicidios intencionales, con 392 casos registrados hasta el 11 de octubre. Otros 33 hechos se cometieron con armas blancas y 35 mediante otros métodos. Las armas de fuego estuvieron presentes en aproximadamente el 85% de las muertes, lo que evidencia su predominio en los registros de violencia letal.

La distribución por días muestra una mayor concentración de homicidios durante los fines de semana, con 77 casos los viernes, 72 los sábados y 86 los domingos. En conjunto, estos tres días acumularon 235 muertes, aproximadamente la mitad de todos los homicidios registrados en el país durante el período analizado.

En la comparación provincial, Chiriquí pasó de nueve a 27 homicidios, un incremento de 200%, mientras Coclé aumentó de nueve a 15, equivalente al 67%. En contraste, Colón disminuyó de 91 a 77 casos, y Panamá Oeste pasó de 41 a 39, según las cifras oficiales.

Por meses, abril registró 61 homicidios intencionales y mayo otros 56, mientras marzo acumuló 54. Septiembre cerró con 45 casos, frente a los 62 del año anterior, lo que representa una disminución de 27% en ese mes, pese al ligero aumento observado en el acumulado nacional.

Durante las seis semanas más recientes, el promedio se mantuvo alrededor de 11 homicidios semanales, según el análisis del SIEC. En la semana del 5 al 11 de octubre se contabilizaron 12 hechos, frente a ocho en la anterior, por lo que el indicador semanal fue clasificado en el nivel «más alto», que refleja un incremento moderado.

El informe también presenta una proyección de aproximadamente 45 homicidios para octubre, si continúa el comportamiento observado durante las últimas semanas. Hasta el día 11 se habían registrado 16 casos intencionales, mientras el sistema de seguimiento situaba el comienzo del mes dentro de la denominada «zona de éxito», correspondiente a valores inferiores a los esperados.

Las estadísticas del SIEC, elaboradas con información de la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, son preliminares y están sujetas a actualización. El informe distingue entre homicidios intencionales y no intencionales, y advierte que la distribución territorial y las causas identificadas corresponden a los registros disponibles hasta el 11 de octubre de 2026.

Las fiscalías de adolescentes de Panamá recibieron 4,002 denuncias por hechos delictivos entre enero y septiembre de 2026, un incremento de 19.2% frente a los 3,357 casos registrados durante el mismo período de 2025, según las estadísticas preliminares del Ministerio Público. La diferencia representa 645 denuncias adicionales en un año.

El aumento estuvo acompañado de un crecimiento en los delitos contra la libertad e integridad sexual, categoría que incluye hechos como la violación, el abuso sexual y la explotación sexual. Estos registros pasaron de 1,144 a 1,416 denuncias, una diferencia de 272 casos que representa un incremento de 23.8%.

Las estadísticas también reflejan 820 casos contra la vida y la integridad personal, una clasificación que comprende delitos como homicidio, lesiones personales y otras agresiones físicas. En 2025 se contabilizaron 480 denuncias, por lo que el aumento fue de 340 casos, equivalente al 70.8%, uno de los mayores incrementos registrados.

En los delitos contra el patrimonio económico, que abarcan hechos como hurtos, robos, estafas y daños a bienes ajenos, los registros pasaron de 531 a 682 casos. Por su parte, los delitos contra la seguridad colectiva aumentaron de 463 a 624, categoría que comprende, entre otros, hechos relacionados con drogas, armas y riesgos para la seguridad pública.

Otro incremento importante corresponde a los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, que incluyen conductas como la violencia doméstica, el maltrato y el incumplimiento de deberes familiares. Las denuncias pasaron de 226 a 379 casos, una diferencia de 153 que equivale a un crecimiento de 67.7%.

Por distribución geográfica, la provincia de Panamá concentró la mayor cantidad de denuncias, con 1,009 casos, frente a los 879 registrados en 2025. Le siguieron Panamá Oeste, con 663 hechos delictivos, y Chiriquí, con 651, territorios que también experimentaron aumentos durante los primeros nueve meses del año.

En Panamá Oeste, las denuncias aumentaron de 529 a 663, una diferencia de 134 casos, mientras que Chiriquí pasó de 572 a 651. Por su parte, Bocas del Toro registró 411 denuncias, frente a 313 en 2025, lo que representa un incremento de 31.3%.

Veraguas presentó uno de los mayores aumentos porcentuales entre las provincias, al pasar de 151 a 245 casos, equivalente a un crecimiento de 62.3%. En Colón, los registros subieron de 204 a 271, mientras que San Miguelito pasó de 252 a 265 denuncias.

Los datos del Ministerio Público también muestran un incremento en la actividad judicial relacionada con adolescentes, con 5,761 audiencias realizadas entre enero y septiembre de 2026, frente a 5,354 del año anterior. Las audiencias ante jueces de cumplimiento pasaron de 1,340 a 1,461, mientras que las de formulación de imputación aumentaron ligeramente, de 626 a 631.

En materia de medidas cautelares, las detenciones provisionales aumentaron de 217 a 249, aunque el total de medidas aplicadas disminuyó de 923 a 526. Las medidas distintas de la detención se redujeron de 706 a 277, según los registros correspondientes a ambos períodos.

Respecto a la resolución de expedientes, las causas egresadas definitivamente aumentaron de 2,260 a 2,570, mientras que aquellas terminadas mediante sentencia pasaron de 354 a 445. También se registraron 471 declinatorias a la esfera administrativa, frente a 294 en 2025, y 106 conciliaciones, comparadas con 63 del año anterior.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó de verde a amarilla el nivel de alerta en los distritos de Soná y Mariato, en la provincia de Veraguas, y Tonosí, en Los Santos, ante el pronóstico de lluvias significativas que podrían agravar las condiciones de las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre.

La medida entró en vigor a las 9:00 de la noche del martes 20 de octubre, en momentos en que las autoridades mantienen las evaluaciones de daños y la distribución de ayuda humanitaria.

Los tres distritos forman parte de la región impactada por el movimiento sísmico, que dejó afectaciones en viviendas, carreteras, instalaciones públicas y servicios básicos.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), las condiciones atmosféricas podrían generar precipitaciones importantes durante este período, con posibilidades de incrementos rápidos en los niveles de ríos y quebradas.

El pronóstico también contempla inundaciones en áreas vulnerables y otras afectaciones asociadas a las lluvias, por lo que se recomendó reforzar la vigilancia y las medidas preventivas.

El cambio de alerta representa un incremento en el nivel de preparación institucional frente a las amenazas meteorológicas. La alerta verde corresponde a una fase de vigilancia preventiva, mientras que la amarilla implica mayor seguimiento del riesgo y preparación de los organismos de respuesta, ante la posibilidad de que las condiciones previstas comprometan la seguridad de la población.

En la escala de alertas utilizada para emergencias, el nivel rojo representa una situación de mayor gravedad, cuando el peligro exige medidas de respuesta más intensas y puede requerir evacuaciones.

Sin embargo, la declaratoria amarilla no significa que exista una orden general de evacuación, sino que las comunidades deben mantenerse informadas y preparadas para actuar según las indicaciones oficiales.

La decisión se produce apenas un día después de que Sinaproc declarara alerta verde para estos mismos distritos, el lunes 19 de octubre. La nueva disposición refleja un aumento de la preocupación por las condiciones meteorológicas, especialmente en territorios donde persisten daños materiales y dificultades de acceso a determinadas comunidades.

El pronóstico del Imhpa contempla aguaceros de intensidad fuerte a muy fuerte, acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento, principalmente en el centro y sur de Veraguas. También se esperan precipitaciones en Tonosí y otros distritos de la península de Azuero, mientras continúa vigente un aviso de vigilancia meteorológica hasta el miércoles 21 de octubre.

La situación resulta particularmente delicada porque el epicentro del terremoto se localizó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, mientras que Soná y Mariato también registraron daños importantes.

Las precipitaciones representan una amenaza adicional para las comunidades que todavía enfrentan las consecuencias del sismo, especialmente aquellas con infraestructura vial deteriorada y dificultades para recibir asistencia.

Según el balance institucional divulgado el 20 de octubre, más de 10,000 viviendas han sido evaluadas y 34,832 personas registradas mediante el sistema de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.

El informe también contabiliza 27 lesionados, 619 centros educativos afectados y 120 instalaciones de salud con daños, de las cuales 13 presentan pérdidas totales.

El reporte señala que 126 albergues permanecen activos, con aproximadamente 5,000 personas alojadas, mientras continúa la asistencia humanitaria en las zonas afectadas. Entre el 14 y el 19 de octubre, los organismos de respuesta atendieron 204 comunidades en seis provincias y la comarca Ngäbe-Buglé, mediante entregas realizadas en 32 distritos.

En otras regiones del país, Sinaproc mantiene la alerta verde en sectores de Bocas del Toro, Chiriquí, Colón y Coclé, además de áreas de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé. Las autoridades recomendaron evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas, identificar rutas de evacuación y mantener preparada una mochila de emergencia.

Los Centros de Operaciones de Emergencias permanecen atentos ante cualquier situación que comprometa la seguridad de la población, mientras continúan las evaluaciones y la distribución de suministros. Sinaproc reiteró que las emergencias pueden reportarse al 911, al 520-4426 o mediante WhatsApp al 6998-4809, y pidió atender exclusivamente las indicaciones oficiales.

La economía panameña creció 7.36% en agosto de 2026, una aceleración frente al 1.61% registrado en el mismo mes del año anterior. El resultado refleja un mayor dinamismo del comercio, el transporte y los servicios, aunque la construcción continuó mostrando señales de debilidad, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) acumuló un crecimiento de 6.07% entre enero y agosto, frente al 4.24% del mismo período de 2025. La tendencia ciclo, que permite observar la evolución económica con menos fluctuaciones mensuales, registró una expansión interanual de 7.11%, confirmando la aceleración observada durante los últimos meses.

El IMAE es un indicador que permite medir mensualmente la evolución de la producción de bienes y servicios en distintas actividades económicas. Se utiliza para identificar cambios en el ritmo de crecimiento antes de conocer las cifras trimestrales del producto interno bruto (PIB), aunque no mide directamente la generación de puestos de trabajo.

La aceleración se hizo más evidente durante el segundo trimestre. En junio, el indicador creció 8.23% y en julio alcanzó 8.49%, antes de moderarse a 7.36% en agosto. Estas variaciones contrastan con los primeros meses del año, cuando los aumentos oscilaron entre 4.13% y 5.96%, mostrando una recuperación de la actividad económica respecto a 2025.

El comercio figuró entre los principales motores del crecimiento, impulsado por las ventas mayoristas y minoristas. También aumentaron las reexportaciones desde la Zona Libre de Colón y las ventas de combustible nacional, actividades que contribuyeron al desempeño positivo del sector y reflejaron un mayor movimiento de mercancías dentro y fuera del país.

En transporte y logística, el Canal de Panamá registró resultados favorables en ingresos por peajes y toneladas netas transportadas. A ese comportamiento se sumaron el transporte aéreo y el movimiento de contenedores del sistema portuario nacional, sectores vinculados con la conectividad internacional y los servicios de comercio exterior.

La industria manufacturera también avanzó, apoyada en el procesamiento de ganado porcino y vacuno, productos lácteos y cerveza. Los hoteles y restaurantes registraron mayor actividad por la llegada de visitantes, que favoreció la ocupación hotelera y el consumo gastronómico, mientras los servicios turísticos contribuyeron al crecimiento de agosto.

El sector agropecuario mostró resultados positivos en la cría de ganado y el cultivo de frutas, particularmente banano para exportación. También aumentaron las actividades financieras, respaldadas por depósitos, crédito y primas de seguros, junto con los servicios de entretenimiento y el consumo de electricidad y agua.

No todas las actividades compartieron esa evolución. La construcción registró una contracción asociada con menores permisos para edificaciones, ampliaciones y reparaciones, además de una reducción en la producción de concreto premezclado y cemento gris.

Estos indicadores muestran una debilidad persistente en uno de los sectores tradicionalmente importantes para el empleo.

También retrocedieron la pesca destinada a exportación, particularmente pescado, filetes y camarones refrigerados o congelados. El informe identificó disminuciones en la generación hidroeléctrica, las ventas de gasolina de 95 octanos y el procesamiento de carne de pollo, pese al resultado positivo de la actividad económica en su conjunto.

La comparación con el mercado laboral muestra una diferencia importante entre el crecimiento económico y la calidad del empleo. Según la Encuesta de Mercado Laboral de agosto de 2026, la población ocupada llegó a aproximadamente 2.05 millones de personas, 77,231 más que en septiembre de 2025, mientras la tasa de desempleo disminuyó de 10.4% a 8.5%.

Sin embargo, el avance de actividades como comercio, hoteles, restaurantes e industria no garantiza mejores condiciones laborales. La encuesta muestra que la proporción de ocupados plenos disminuyó de 55.4% a 46.2%, mientras aumentó el subempleo por insuficiencia de ingresos.

Esto significa que una economía puede producir más sin mejorar proporcionalmente la remuneración de sus trabajadores.

En comercio, por ejemplo, las personas que trabajaban al menos 40 horas semanales por ingresos inferiores al salario mínimo aumentaron de 43,287 a 102,265. En hoteles y restaurantes pasaron de 10,184 a 35,812, mientras en manufactura subieron de 14,821 a 31,781. Estas cifras muestran que varias actividades dinámicas también enfrentan problemas de calidad del empleo.

La construcción presenta una situación distinta, porque sus indicadores productivos retrocedieron durante agosto, pese a que continúa figurando entre las actividades con mayor cantidad de trabajadores.

Esta diferencia confirma que el tamaño de una rama económica no necesariamente determina su crecimiento reciente, mientras la evolución de la producción y la contratación puede responder a períodos diferentes.

En conjunto, los resultados del IMAE muestran una aceleración de la actividad económica panameña, impulsada principalmente por el comercio, la logística y los servicios. Sin embargo, la comparación laboral evidencia que el crecimiento todavía convive con problemas de remuneración, subempleo y debilidad en la construcción, factores que condicionan sus beneficios para la población.

Los principales embalses del Canal de Panamá muestran una recuperación sostenida durante octubre, luego de varios meses marcados por la preocupación sobre la disponibilidad de agua.

Al 20 de octubre de 2026, el lago Gatún alcanzó 86.15 pies y Alhajuela registró 246.68 pies, según las mediciones del sistema hidrológico de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La recuperación representa un cambio importante frente a los niveles observados en septiembre, cuando las autoridades advertían sobre las dificultades para acumular reservas antes de la próxima estación seca.

Ambos lagos han ganado elevación, aunque todavía permanecen por debajo de sus máximos operativos de referencia, establecidos en 87.50 pies para Gatún y 250 pies para Alhajuela.

En el caso de Gatún, el nivel actual se encuentra a solo 1.35 pies de su referencia superior, una diferencia equivalente a 41 centímetros. El 11 de septiembre registraba 84.06 pies, por lo que ha recuperado 2.09 pies en poco más de cinco semanas, de acuerdo con la comparación de ambas mediciones.

Alhajuela presenta una recuperación todavía más pronunciada durante el mismo período. El embalse pasó de 239.02 pies el 11 de septiembre a 246.68 pies el 20 de octubre, un aumento de 7.66 pies, equivalente a 2.33 metros, y se encuentra a 3.32 pies de su referencia operativa superior.

Los gráficos del sistema hidrológico muestran que ambos reservorios han mantenido una tendencia ascendente durante octubre, especialmente desde la segunda semana. Gatún comenzó el mes alrededor de 84.9 pies, mientras Alhajuela se situaba cerca de 242.5 pies, lo que representa incrementos aproximados de 1.25 y 4.18 pies, respectivamente.

La mejoría adquiere relevancia porque septiembre, octubre y noviembre fueron identificados como meses decisivos para recuperar las reservas. Ayax Murillo, gerente de Hidrología de la ACP, había advertido que el comportamiento de las precipitaciones determinaría la disponibilidad de agua para el consumo humano y las operaciones del Canal durante 2027.

El especialista explicó que octubre genera particular preocupación por sus aportes históricamente inferiores al promedio durante las últimas tres décadas. Además, el mismo mes de 2023 fue el más seco desde 1959, antecedente utilizado por la ACP para elaborar escenarios de planificación frente a una posible sequía prolongada.

Las proyecciones contemplaban que Alhajuela podría completar su almacenamiento antes de finalizar la temporada lluviosa, mientras alcanzar esa condición en Gatún resultaría considerablemente más difícil. Sin embargo, los niveles registrados durante octubre muestran una reducción importante de la distancia respecto a ambas referencias superiores.

La diferencia entre los dos embalses también responde a sus características hidrológicas y al comportamiento de los aportes de agua. Alhajuela ha mostrado variaciones más pronunciadas, mientras Gatún registra movimientos relativamente graduales, una situación que obliga a evaluar las reservas disponibles y no solamente la elevación registrada por los instrumentos.

El comportamiento resulta especialmente importante ante las previsiones de un fenómeno de El Niño potencialmente intenso, que podría adelantar la temporada seca a la segunda mitad de noviembre y prolongarla hasta mayo de 2027. Una reducción anticipada de las lluvias acortaría el período disponible para seguir acumulando reservas.

La ACP también había informado que entre mayo y agosto las precipitaciones estuvieron 34% por debajo del promedio, mientras los aportes hacia los embalses disminuyeron 44%. Esa diferencia reflejaba que las lluvias recibidas no necesariamente se transformaban en suficiente escurrimiento, un factor determinante para sostener la recuperación hídrica.

La disponibilidad de agua tiene implicaciones directas para el tránsito de buques y el abastecimiento de la población. Gatún y Alhajuela alimentan plantas potabilizadoras que suministran agua a más de la mitad de los habitantes del país, mientras las esclusas requieren reservas suficientes para mantener sus operaciones.

Ante las condiciones de este año, el Canal ha aplicado medidas de conservación para reducir el consumo de agua, incluyendo las tinas de reutilización en las esclusas neopanamax y el llenado cruzado en las centenarias. También anunció ajustes en la capacidad de tránsito, como parte de su planificación para enfrentar una estación seca exigente.

Aunque los registros del 20 de octubre ofrecen un panorama más favorable que el observado durante septiembre, todavía será necesario evaluar los aportes de las próximas semanas. Noviembre, históricamente el mes más lluvioso de la cuenca, será determinante para establecer con cuánta agua contará el Canal al comenzar el verano de 2027.

La deuda pública de Panamá alcanzó los $62,777.7 millones al cierre de septiembre de 2026, después de aumentar $3,428.4 millones durante los primeros nueve meses del año, equivalente a 5.8%.

El nuevo saldo, reportado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), representa el nivel más alto del endeudamiento estatal y refleja la contratación de nuevos préstamos para atender compromisos presupuestarios.

El saldo había cerrado diciembre de 2025 en $59,349.3 millones, por lo que el crecimiento acumulado hasta septiembre confirma la trayectoria ascendente de las obligaciones financieras. En comparación con septiembre de 2025, cuando se contabilizaban $58,694.4 millones, el endeudamiento aumentó $4,083.3 millones, equivalente a 7%, según los registros oficiales de ambos períodos.

Durante septiembre, la deuda creció $859.2 millones frente a agosto, cuando se situaba en $61,918.4 millones. El incremento mensual de 1.4% estuvo relacionado principalmente con un préstamo contratado con Bladex y nuevas colocaciones de letras del Tesoro, mientras las amortizaciones efectuadas no compensaron los recursos recibidos por el Gobierno.

La principal operación correspondió a un financiamiento de $1,000 millones otorgado por el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex). Según la resolución publicada en la Gaceta Oficial, los fondos fueron solicitados para cubrir parcialmente las necesidades estacionales de liquidez del Presupuesto General del Estado de 2026 y futuras vigencias fiscales, sin asignarse exclusivamente a una obra determinada.

El Gobierno también recibió $407 millones mediante la colocación de letras del Tesoro, además de $12.6 millones desembolsados por organismos multilaterales. Estos últimos recursos estuvieron vinculados con programas de saneamiento e inclusión social.

Las variaciones cambiarias añadieron otros $175.2 millones al saldo, mientras las amortizaciones de capital contribuyeron a reducir parcialmente el incremento.

Entre los desembolsos multilaterales figuran $5 millones del BCIE para el saneamiento de Arraiján y La Chorrera, junto con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo destinados a inclusión social y atención de personas con discapacidad. También se registraron fondos para el saneamiento de la ciudad y la bahía de Panamá, según el desglose presentado por Financiamiento Público

La evolución del endeudamiento también permite comparar las obligaciones acumuladas durante las últimas administraciones presidenciales. Cuando Laurentino Cortizo asumió el poder, en julio de 2019, recibió un saldo de aproximadamente $26,612.8 millones, correspondiente al cierre de junio. Al finalizar su gestión, en junio de 2024, la cifra había alcanzado $51,812.8 millones.

Durante los cinco años del gobierno de Cortizo, la deuda aumentó aproximadamente $25,200 millones, equivalente a 94.7%, prácticamente el doble del monto inicial. El crecimiento estuvo acompañado de mayores compromisos financieros que continuaron después del cambio de administración, mientras el pago de intereses adquirió un peso creciente dentro del presupuesto público.

Desde el inicio del gobierno de José Raúl Mulino, el saldo aumentó $10,964.9 millones respecto a junio de 2024, equivalente a 21.2%. La comparación comprende los primeros 27 meses transcurridos desde aquella referencia y muestra que las necesidades de financiamiento continúan impulsando el endeudamiento, pese a las amortizaciones realizadas por el Estado.

El servicio de la deuda también representa una presión importante sobre las finanzas públicas panameñas. Durante septiembre, los pagos de capital, intereses y comisiones rondaron los $660 millones. Los organismos multilaterales recibieron aproximadamente $120 millones, mientras los bonos globales generaron $216.8 millones exclusivamente en intereses, sin reducir el capital pendiente de esos títulos.

En el mercado interno, las letras del Tesoro concentraron pagos cercanos a $308.7 millones, principalmente por vencimientos de capital. También se atendieron compromisos con bancos oficiales y notas del Tesoro. Entre enero y agosto, los intereses ya habían sumado $2,084.9 millones, una carga que limita los recursos disponibles para otras obligaciones presupuestarias.

El desglose de acreedores revela que los bonos concentran $34,961 millones, aproximadamente 55.7% de la deuda total. El Banco Interamericano de Desarrollo registra $4,149 millones y Citi otros $3,877 millones. Las notas y letras del Tesoro acumulan $5,265 millones, mientras el financiamiento restante se distribuye entre bancos y organismos internacionales.

Entre las principales entidades también aparecen BBVA Nueva York, con $2,479 millones; CAF, con $2,288 millones; y el Banco Mundial, con $2,261 millones. Santander mantiene $1,363 millones y Bladex otros $1,000 millones. Esta estructura muestra la dependencia del financiamiento mediante emisiones de títulos y préstamos institucionales, tanto internos como externos.

El crecimiento registrado durante septiembre confirma que Panamá continúa recurriendo a nuevas operaciones financieras para atender sus necesidades de liquidez, mientras mantiene obligaciones acumuladas de administraciones anteriores. Con más de $62,700 millones pendientes, el desafío fiscal consiste en reducir el ritmo de endeudamiento y contener los intereses, sin afectar los compromisos del presupuesto estatal.

Las principales calificadoras de riesgo advierten que el creciente costo del servicio de la deuda reduce la flexibilidad presupuestaria de Panamá. Fitch Ratings calculó que los intereses absorbieron aproximadamente 18.8% de los ingresos públicos en 2025, frente a una mediana de 11.4% entre países con calificación BB, y alertó sobre nuevas presiones financieras.

Moody’s y S&P Global Ratings también han señalado que la sostenibilidad fiscal dependerá de contener el endeudamiento y reducir los déficits, ante una carga de intereses que limita los recursos disponibles para inversión y servicios públicos.

Fitch Ratings mantiene a Panamá en BB+, por debajo del grado de inversión, mientras Moody’s conserva la calificación Baa3, con perspectiva negativa, y S&P Global Ratings ratificó en septiembre la nota BBB-, con perspectiva estable.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó un caso de hantavirus en una mujer de 40 años, residente de la comunidad de Montero, en el distrito de Guararé, provincia de Los Santos.

La paciente permanece hospitalizada en cuidados intensivos, donde recibe tratamiento para recuperar su función pulmonar, mientras las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica ante esta enfermedad transmitida por roedores.

El diagnóstico fue confirmado por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, según informó el Minsa el 19 de octubre. La institución señaló que la mujer presenta una evolución favorable en su función respiratoria, aunque continúa bajo atención especializada debido a las complicaciones que puede provocar la infección en los pulmones.

Las autoridades también aclararon que el caso no está relacionado con el terremoto ocurrido el 9 de octubre en Panamá. La paciente comenzó a presentar síntomas el día 10, apenas 24 horas después del movimiento sísmico, mientras que la enfermedad tiene un período de incubación de una a ocho semanas después del contacto con el virus.

El hantavirus es una infección viral que se transmite principalmente por roedores infectados, especialmente mediante la inhalación de partículas contaminadas con su orina, heces o saliva. La exposición puede ocurrir al limpiar espacios cerrados, depósitos o lugares donde habitan estos animales, particularmente cuando el polvo contaminado se dispersa en el ambiente.

Los primeros síntomas pueden confundirse con otras enfermedades. La fiebre, el cansancio, los dolores musculares y el dolor de cabeza suelen aparecer durante la fase inicial. Algunas personas también presentan escalofríos, mareos, náuseas, vómitos o molestias abdominales, antes de que la infección evolucione hacia complicaciones respiratorias de mayor gravedad.

La enfermedad se vuelve especialmente peligrosa cuando aparecen tos, dificultad para respirar y sensación de presión en el pecho. En los casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, los pulmones pueden acumular líquido y disminuir su capacidad para oxigenar la sangre, lo que puede provocar insuficiencia respiratoria, alteraciones circulatorias y necesidad de cuidados intensivos.

El deterioro puede producirse pocos días después de los primeros síntomas, por lo que la dificultad respiratoria constituye una señal de alarma que requiere atención médica inmediata.

Los especialistas recomiendan informar al personal sanitario sobre posibles contactos con roedores o sus excrementos, ya que ese antecedente puede facilitar la identificación temprana de la enfermedad.

En Panamá, el informe epidemiológico correspondiente a la semana 38 de 2026 registraba 21 casos acumulados de fiebre por hantavirus, además de 18 casos de síndrome cardiopulmonar.

Las cifras corresponden a dos formas clínicas que el sistema nacional de vigilancia registra por separado. La fiebre por hantavirus puede manifestarse sin desarrollar el cuadro pulmonar grave, mientras que el síndrome cardiopulmonar constituye la presentación más peligrosa. El informe refleja 39 registros acumulados entre ambas categorías hasta finales de septiembre.

La presencia del virus en Panamá tiene antecedentes de más de dos décadas. Los primeros casos se registraron a finales de 1999 y comienzos de 2000 en Los Santos, principalmente en comunidades de Las Tablas, Guararé y Tonosí. Las investigaciones identificaron al virus Choclo como agente causante de la enfermedad, convirtiendo aquel brote en el primero documentado en Centroamérica.

Desde entonces, la provincia de Los Santos ha sido una de las zonas históricamente vinculadas con la circulación del hantavirus. Las investigaciones epidemiológicas han relacionado el riesgo con la presencia de roedores en viviendas, áreas agrícolas y espacios utilizados para almacenar alimentos, especialmente cuando existen condiciones que facilitan el contacto con materiales contaminados.

Para reducir el riesgo, las autoridades recomiendan mantener limpios los alrededores de las viviendas y controlar la presencia de roedores. También aconsejan guardar los alimentos y granos en recipientes cerrados, sellar posibles entradas y evitar barrer en seco los excrementos, porque esa práctica puede levantar partículas contaminadas que posteriormente sean inhaladas.

El Minsa reiteró que mantiene la vigilancia epidemiológica del caso confirmado en Guararé y pidió a la población seguir las recomendaciones preventivas. La identificación oportuna de los síntomas, especialmente cuando aparecen dificultades respiratorias, resulta fundamental para que los pacientes reciban atención médica antes de desarrollar complicaciones potencialmente mortales.

El sistema portuario de Panamá movilizó 7.6 millones de TEU entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento de 3.2% frente al mismo período del año anterior, según las estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El resultado refleja un desempeño desigual entre las principales terminales del país, en momentos en que el sector atraviesa cambios administrativos y prepara nuevas inversiones para ampliar su capacidad de manejo de carga.

El movimiento acumulado alcanzó 7,605,946 TEU, frente a los 7,368,837 registrados durante los primeros nueve meses de 2025. Un TEU equivale a un contenedor de 20 pies y constituye la unidad utilizada para medir la actividad portuaria.

Del total movilizado, 5,353,100 TEU correspondieron a contenedores llenos y 2,252,846 a vacíos, de acuerdo con el informe actualizado al 14 de octubre.

Por terminales, Manzanillo International Terminal (MIT) encabezó las operaciones con 2,445,560 TEU, un incremento de 18.7% respecto al año anterior.

Le siguió Balboa, en el Pacífico, con 1,769,804 TEU, aunque registró una caída de 10.8%. Mientras tanto, Colón Container Terminal movilizó 1,465,465 TEU, equivalente a un crecimiento de 14.8% durante el período analizado.

La terminal de PSA Panama International Terminal alcanzó 1,133,181 TEU, con un aumento de 9.8%, mientras Cristóbal contabilizó 751,558 TEU, una reducción de 20.4%.

Bocas Fruit Company completó el movimiento con 40,378 TEU, cifra inferior en 43.4% a la registrada en 2025. Las diferencias evidencian que el crecimiento portuario no se distribuyó uniformemente entre las instalaciones.

El trasbordo continuó siendo la principal actividad del sistema, con 6,741,757 TEU movilizados, aproximadamente el 88.6% del volumen total. Las operaciones locales sumaron 816,809 TEU y el movimiento vinculado a la Zona Libre de Colón alcanzó 47,380 TEU. Además, el traslado de vehículos aumentó 20.7%, al pasar de 110,140 a 132,888 unidades.

El comportamiento de Balboa y Cristóbal ocurre después de uno de los cambios más importantes en la administración portuaria panameña. El 29 de enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997, que aprobó la concesión otorgada a Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, así como sus adendas y la prórroga contractual aprobada en 2021.

Tras la publicación del fallo en febrero, el Gobierno estableció un esquema de administración transitoria para garantizar la continuidad operativa. APMT Panamá asumió Balboa y TIL Panamá quedó a cargo de Cristóbal, mediante contratos de hasta 18 meses.

La decisión también generó una controversia internacional, debido a que Panama Ports Company cuestionó las actuaciones estatales e inició un arbitraje.

La transición registró otro episodio durante octubre, cuando Serviestiba anunció el cese de sus operaciones en ambas terminales, después de 11 años prestando servicios portuarios.

La decisión generó incertidumbre entre 1,386 trabajadores y llevó al Ministerio de Trabajo a ordenar el secuestro de las cuentas por cobrar de la compañía, con el objetivo de proteger los recursos destinados al cumplimiento de sus obligaciones laborales.

La empresa aseguró que el proceso de cierre se desarrollaría de manera ordenada y coordinada con los operadores portuarios, mientras las autoridades laborales iniciaron conversaciones para facilitar la contratación de los trabajadores afectados. El episodio añadió un nuevo desafío a la reorganización de Balboa y Cristóbal, cuyas operaciones deben mantenerse activas mientras se define su futuro concesionario.

El movimiento de vehículos por los puertos panameños aumentó 20.7% entre enero y septiembre de 2026, al pasar de 110,140 a 132,888 unidades, según la Autoridad Marítima de Panamá.

Manzanillo International Terminal concentró 88,527 vehículos, mientras Balboa movilizó 44,361 unidades. En contraste, Cristóbal no registró operaciones de este tipodurante el período, frente a las 20 unidades contabilizadas un año antes.

Paralelamente, Panamá prepara una expansión de su infraestructura portuaria mediante dos nuevas terminales promovidas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Los proyectos estarán ubicados en Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico, con una inversión preliminar conjunta de 2,600 millones de dólares y capacidad para incorporar entre cinco y seis millones de TEU adicionales por año.

La ACP desarrolla el proceso de precalificación de empresas interesadas en las concesiones, cuya adjudicación se proyecta hacia finales de 2027.

La construcción de ambas terminales tomaría aproximadamente tres años, aunque el calendario dependerá del desarrollo de los procedimientos correspondientes. La iniciativa busca fortalecer la conectividad marítima y ampliar las posibilidades de trasbordo alrededor de la vía interoceánica.

Los proyectos forman parte de una estrategia para aprovechar la posición geográfica de Panamá y aumentar su participación en el comercio internacional. El desafío será integrar las nuevas instalaciones con los puertos existentes, mejorar la eficiencia operativa y resolver las incertidumbres administrativas, mientras el país busca consolidar su competitividad como centro logístico regional.

La violencia extrema contra las mujeres registra un incremento en Panamá, donde los femicidios aumentaron 46% y las tentativas 62% entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.

Las cifras del Ministerio Público muestran que 19 mujeres fueron víctimas de femicidio y otras 21 sobrevivieron a intentos de asesinato, mientras continúan las investigaciones y los procesos judiciales.

El informe estadístico, publicado en octubre, revela que los femicidios pasaron de 13 a 19 casos, mientras las tentativas aumentaron de 13 a 21. Adicionalmente, se contabilizaron 17 muertes violentas de mujeres que no fueron clasificadas como femicidios, frente a 13 durante los primeros nueve meses de 2025, lo que representa un incremento del 31% en esta categoría.

La distribución mensual evidencia que marzo fue el período con mayor número de femicidios, con cuatro víctimas, seguido de junio, agosto y septiembre, con tres casos cada uno. En cuanto a las tentativas, enero concentró siete hechos, mientras septiembre cerró con tres femicidios, tres intentos y otras tres muertes violentas de mujeres.

En la distribución geográfica, San Miguelito encabeza las estadísticas con cuatro víctimas de femicidio, frente a una registrada durante el mismo período de 2025.

Panamá, Panamá Oeste y Coclé contabilizaron tres casos cada uno, mientras Chiriquí reportó dos. Las cifras muestran que la violencia mortal contra las mujeres afecta tanto a sectores urbanos como a provincias del interior.

Uno de los casos recientes ocurrió el 10 de octubre en la barriada La Siesta, en Tocumen, donde una adulta mayor fue víctima de un crimen investigado como femicidio. Un adolescente de 17 años quedó detenido provisionalmente después de que la Fiscalía Primera Superior de Adolescentes le formulara cargos por este delito y por posesión ilícita de arma de fuego.

Otro expediente corresponde a una tentativa de femicidio registrada el 6 de septiembre en Puerto Caimito, La Chorrera, cuando un hombre de 46 años ingresó a la residencia de su expareja. El sospechoso fue imputado y quedó detenido provisionalmente, luego de que un juez considerara los riesgos para la víctima y el desarrollo de la investigación.

Las decisiones judiciales también incluyen una condena de 30 años de prisión impuesta en septiembre por el femicidio de una joven de 21 años en Pocrí, distrito de Aguadulce. El crimen ocurrió en octubre de 2025, cuando la víctima fue atacada con un cuchillo por su expareja, quien posteriormente aceptó su responsabilidad penal.

En Colón, un tribunal condenó a 25 años de prisión a un hombre por el femicidio de una mujer de 20 años, ocurrido en febrero de 2023 en Altos de Los Lagos. También en septiembre, un tribunal de Coclé impuso cinco años de cárcel a un hombre por femicidio agravado en grado de tentativa, relacionado con una agresión contra su pareja en Penonomé.

Las estadísticas permiten identificar diferencias en los métodos empleados. Nueve de los 19 femicidios fueron cometidos con armas de fuego, cuatro con armas blancas y otros cuatro mediante asfixia mecánica. En las tentativas predominaron los ataques con armas blancas, presentes en 12 casos, seguidos de cinco hechos con armas de fuego.

Por edades, las mujeres de 18 a 24 años concentraron cinco víctimas de femicidio y cinco de tentativa, convirtiéndose en el grupo con mayor incidencia en ambas categorías. El registro también incluye dos víctimas menores de edad, una de entre 10 y 14 años y otra de entre 15 y 17, además de una mujer de 80 años o más.

El Ministerio Público advierte que las cifras son preliminares y pueden modificarse conforme avanzan las investigaciones. La clasificación distingue los femicidios de otras muertes violentas de mujeres, según la valoración fiscal y la aplicación de la Ley 82, mientras los expedientes judiciales continúan determinando responsabilidades penales en cada caso.

Los delitos de alto impacto registran comportamientos diferentes en Panamá durante 2026, con aumentos significativos en las lesiones personales y la violencia doméstica, mientras los robos presentan una disminución.

El Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminal (SIEC) clasifica estas conductas como delitos de alto impacto por sus consecuencias sobre la seguridad ciudadana.

Según la institución, esta denominación responde al bien jurídico que afectan, las modalidades utilizadas para cometerlos y la conmoción social que generan, factores que contribuyen a profundizar la percepción de inseguridad entre la población.

Entre enero y agosto, las cinco categorías analizadas acumularon 39,037 registros, según las estadísticas oficiales del Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminal (SIEC), elaboradas con información del Ministerio Público.

El informe revela que las lesiones personales experimentaron el mayor crecimiento porcentual, con un incremento de 44.7%, al pasar de 6,035 casos durante los primeros ocho meses de 2025 a 8,737 en el mismo período de 2026. La diferencia representa 2,702 registros adicionales, en una categoría que mantuvo cifras superiores a las del año anterior durante todos los meses analizados.

La provincia de Panamá concentró 3,837 casos de lesiones personales, frente a los 2,560 registrados en 2025, seguida de Panamá Oeste, que pasó de 890 a 1,515. Chiriquí contabilizó 1,064 y Veraguas alcanzó 522. El informe también muestra que mayo fue el mes de mayor incidencia nacional, con 1,278 registros, mientras julio y agosto cerraron con 1,263 cada uno.

La violencia doméstica fue la categoría con mayor número de registros, al contabilizar 12,579 casos, frente a los 10,463 del año anterior, equivalente a un incremento de 20.22%. Esto significa que se reportaron 2,116 hechos adicionales en ocho meses, con cifras mensuales que oscilaron entre 1,423 en febrero y 1,654 en mayo.

En su distribución territorial, Panamá encabezó las estadísticas de violencia doméstica con 3,934 registros, seguida de Panamá Oeste, que aumentó de 1,969 a 2,968. Chiriquí reportó 1,670 casos y Colón contabilizó 928. También se observaron incrementos en Coclé y Veraguas, mientras Bocas del Toro presentó una reducción de 417 a 393 denuncias.

Los hurtos continuaron entre los delitos más frecuentes, con 11,816 casos acumulados, un aumento de 2.4% frente a los 11,538 del mismo período de 2025. Aunque el crecimiento fue moderado, la provincia de Panamá concentró 6,894 registros, seguida de Panamá Oeste con 1,431 y Chiriquí con 1,180, según el desglose geográfico del SIEC.

El comportamiento mensual de los hurtos muestra que julio fue el período de mayor incidencia, con 1,607 casos, seguido de agosto, cuando se contabilizaron 1,559. En contraste, algunas provincias registraron reducciones respecto al año anterior, entre ellas Chiriquí, Coclé, Colón y Bocas del Toro, mientras Panamá Oeste y Los Santos reportaron incrementos.

Los robos fueron la única categoría que presentó una disminución clara en el informe, al pasar de 3,741 hechos durante enero-agosto de 2025 a 3,606 en 2026.

La reducción fue de 3.6%, equivalente a 135 casos menos. Sin embargo, agosto registró 537 robos, la cifra mensual más elevada del período analizado.

En términos geográficos, Panamá concentró 2,331 robos, seguida de Panamá Oeste con 460 y Chiriquí con 319. Las tres jurisdicciones reunieron la mayor parte de los hechos registrados. Aunque hubo disminuciones en varios territorios, Coclé pasó de 105 a 109 casos y Veraguas de 36 a 49, mientras la comarca Ngäbe Buglé también presentó un aumento.

Las denuncias por violación alcanzaron 2,299 casos entre enero y agosto, frente a los 2,283 contabilizados un año antes, lo que representa un incremento de 0.7%. Chiriquí encabezó los registros con 515, seguida de Panamá con 480 y Panamá Oeste con 383. La comarca Ngäbe Buglé reportó 263 casos, la misma cantidad del período anterior.

El desglose mensual evidencia que mayo concentró la mayor cantidad de violaciones, con 355 registros, seguido de julio con 332 y agosto con 324. Las estadísticas también reflejan aumentos en Panamá y Chiriquí, mientras Bocas del Toro, Veraguas, Coclé y Colón registraron reducciones en comparación con los primeros ocho meses de 2025.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró alerta verde en tres distritos de Panamá, ante las fuertes lluvias que afectan zonas golpeadas por el terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre.

Las condiciones meteorológicas han complicado las labores de recuperación y distribución de ayuda humanitaria, especialmente en comunidades alejadas de los principales centros de acopio.

La medida comprende Mariato y Soná, en la provincia de Veraguas, y Tonosí, en Los Santos, donde existe riesgo de crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones y nuevas afectaciones. Estas localidades se encuentran entre las áreas que todavía enfrentan las consecuencias del movimiento sísmico.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la reorganización y activación de un sistema de baja presión en el sector marítimo favorece las precipitaciones en la región central del país. El Sinaproc advirtió que la combinación de lluvias y trabajos de recuperación aumenta los riesgos para la población, por lo que recomendó evitar cruzar ríos, quebradas y caminos inundados.

Las precipitaciones registradas durante los últimos días también han dificultado el traslado de suministros hacia las comunidades afectadas, principalmente aquellas distantes de los centros de distribución. Esta situación añade presión a las operaciones de asistencia, que requieren movilizar alimentos, agua y otros artículos esenciales mientras continúan las evaluaciones de daños en distintas localidades.

El más reciente balance oficial, divulgado el 19 de octubre, revela que más de 9,500 viviendas han sido evaluadas mediante el procedimiento de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), correspondientes a una población de 31,643 personas.

Las inspecciones permiten determinar la magnitud de las afectaciones y las necesidades de las familias damnificadas, mientras continúan las labores de recuperación en las comunidades impactadas por el terremoto.

El informe también identifica 27 personas lesionadas, 104 mujeres embarazadas y 1,265 personas con discapacidad entre la población registrada durante las evaluaciones. Estas cifras forman parte del seguimiento institucional a las consecuencias del terremoto, que provocó afectaciones en viviendas, instalaciones públicas, centros educativos y servicios de salud de varias provincias.

En materia humanitaria, el Gobierno informó que entre el 14 y el 19 de octubre se brindó asistencia en 204 comunidades, distribuidas en seis provincias y la comarca Ngäbe-Buglé. Las entregas alcanzaron 32 distritos, con mayor concentración en Los Santos, donde fueron atendidas 74 comunidades, mientras que Veraguas contabilizó otras 54 localidades beneficiadas.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) reportó la distribución de 26,985 bolsas de alimentos durante siete días de operaciones, con un alcance estimado de 110,525 personas en 556 comunidades. Del total, 24,561 bolsas fueron entregadas directamente en las localidades y otras 2,424 mediante canales institucionales, como parte del abastecimiento destinado a las familias afectadas.

La emergencia también mantiene una importante demanda de alojamiento temporal. El Ministerio de Desarrollo Social reportó 55 albergues activos y 3,827 personas alojadas, según datos del 17 de octubre. Veraguas concentra 2,672 damnificados en estos espacios, equivalentes al 69.8% del total, mientras las instituciones continúan evaluando sus necesidades básicas y condiciones de permanencia.

Las operaciones de respuesta incluyen más de 194,887 libras de carga transportadas por vía aérea, 306.45 horas de vuelo y 37 evacuaciones. También se movilizaron más de 406 toneladas de suministros por carretera.

Panamá ha recibido asistencia internacional de Venezuela, Costa Rica y Estados Unidos, incluidos 39 expertos en infraestructura y geología, hospitales tipo carpa y 48 toneladas de ayuda humanitaria estadounidense.

En los servicios públicos, el Ministerio de Salud contabilizó 120 instalaciones afectadas, de las cuales 13 presentan daños totales, principalmente en Herrera y Los Santos. Paralelamente, el Ministerio de Educación informó que ha inspeccionado 721 centros educativos, mientras avanzan las evaluaciones para determinar las condiciones de seguridad y las necesidades de rehabilitación.

La respuesta institucional también contempla atención especializada para aproximadamente 100 personas sordas identificadas entre los afectados. Para facilitar el acceso a información y asistencia, las autoridades habilitaron la línea de videollamadas 6998-4776, mientras mantienen el seguimiento de las condiciones de las personas alojadas temporalmente en los albergues.

El Sinaproc mantiene activos los centros de operaciones de emergencia y solicita a la población seguir las recomendaciones oficiales ante la posibilidad de nuevas inundaciones. Las autoridades enfrentan ahora el desafío de continuar la asistencia a miles de familias damnificadas sin que las condiciones climáticas agraven los daños existentes ni dificulten todavía más el acceso a las comunidades.

Tres ciudadanos extranjeros, dos nicaragüenses y un colombiano, fueron capturados cuando transportaban 1.098 paquetes de presunta droga en una embarcación artesanal interceptada al sur de Punta Burica, en la provincia panameña de Chiriquí.

Los sospechosos intentaron escapar y arrojaron varios sacos al mar al detectar la presencia de unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

La operación se desarrolló el 15 de octubre de 2026, durante patrullajes de vigilancia en aguas del Pacífico occidental panameño. Los agentes lograron interceptar la lancha y recuperar los bultos, que fueron trasladados junto con los detenidos a la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra para las diligencias correspondientes.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí participó en la operación coordinada con el Senan, que permitió asegurar la embarcación y contabilizar los paquetes. Las autoridades todavía no han confirmado el tipo de sustancia ni su peso total, información que deberá establecerse mediante los análisis correspondientes.

El decomiso ocurrió en una zona marítima cercana a la frontera entre Panamá y Costa Rica, utilizada para la navegación entre países centroamericanos. Punta Burica se encuentra en el extremo occidental del litoral pacífico panameño, una ubicación relevante para los controles contra el transporte ilícito de mercancías por mar.

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico utilizan embarcaciones rápidas y lanchas artesanales para movilizar cargamentos por el Pacífico centroamericano. En estas operaciones pueden realizar trasbordos en el mar o utilizar puntos costeros para descargar mercancías, antes de continuar hacia otros destinos mediante diferentes medios de transporte.

Panamá ocupa una posición estratégica dentro de las rutas internacionales del tráfico de drogas, por su ubicación entre Sudamérica y Centroamérica y sus costas en dos océanos. Parte de los cargamentos puede destinarse al mercado local, mientras otros continúan hacia países de tránsito con destino final en Estados Unidos o Europa.

El operativo forma parte de la denominada Operación Escudo Protector, mediante la cual el Senan mantiene patrullajes para combatir actividades ilícitas en espacios marítimos. La institución destacó que las tareas de seguridad continúan pese a la emergencia provocada por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Las cifras del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales muestran que Panamá incautó 69,50 toneladas de drogas entre enero y agosto de 2026. De ese volumen, 46,20 toneladas correspondieron a cocaína y 23,18 toneladas a marihuana, según el informe preliminar elaborado con información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El total representa una reducción frente a las aproximadamente 79,6 toneladas decomisadas en igual período de 2025, de acuerdo con los registros mensuales comparativos. No obstante, agosto cerró con 9,46 toneladas incautadas, por encima de las 8,36 toneladas contabilizadas durante ese mes del año anterior.

Por provincias, Colón encabezó las incautaciones con 18,44 toneladas, seguida de Panamá Oeste, con 15,92, y Panamá, con 13,24. En Chiriquí se reportaron 12,91 toneladas durante los primeros ocho meses, una cifra que confirma la importancia de esa provincia dentro de las operaciones antidrogas.

El informe también revela diferencias importantes en la evolución de los decomisos por territorio. Mientras Colón y Panamá Oeste registraron aumentos respecto al año anterior, Panamá y Chiriquí presentaron reducciones, sin que esas variaciones permitan determinar por sí solas cambios en el volumen total del narcotráfico.

En otras actuaciones recientes, la Policía Nacional capturó en Ciudad Radial, corregimiento de Juan Díaz, a un ciudadano requerido por su presunta vinculación con un delito relacionado con drogas. Durante el procedimiento también fue retenida una venezolana con su estadía migratoria vencida, para ponerla a disposición del Servicio Nacional de Migración.

Asimismo, en Koskuna, corregimiento de Veracruz, un hombre de 38 años fue aprehendido durante un recorrido preventivo, luego de que una verificación revelara un requerimiento judicial. El oficio, emitido en noviembre de 2024, estaba relacionado con una medida de libertad vigilada por estudio en un proceso por tráfico internacional de drogas.

Los niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido abusos sexuales podrían declarar una sola vez durante los procesos judiciales en Panamá, mediante un mecanismo que permita preservar sus testimonios como prueba anticipada.

La medida forma parte de una propuesta de reforma al Código Procesal Penal, dirigida a evitar que las víctimas deban repetir los hechos ante diferentes autoridades.

Actualmente, los menores afectados por estos delitos pueden ser entrevistados por policías, fiscales, médicos, psicólogos y jueces durante las distintas etapas de una investigación. Esta situación los obliga a recordar experiencias traumáticas en múltiples ocasiones, lo que puede provocar nuevas afectaciones emocionales y dificultades para reconstruir los acontecimientos denunciados.

El anteproyecto establece un régimen excepcional para recibir las declaraciones de víctimas menores de edad, de manera que la primera entrevista pueda realizarse formalmente ante un juez de garantías. El testimonio quedaría grabado y preservado para su utilización posterior, sin necesidad de convocar nuevamente al niño o adolescente durante el juicio oral

La iniciativa fue presentada ante el pleno legislativo por la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, quien explicó que la declaración podría incorporarse al juicio mediante su reproducción audiovisual o lectura. Con este procedimiento, se pretende evitar que las víctimas deban revivir las agresiones meses después de haber denunciado los hechos.

Uno de los elementos centrales de la propuesta es fortalecer el uso de la Cámara Gesell durante las investigaciones penales. Este mecanismo permite recibir declaraciones en un ambiente especialmente acondicionado, con intervención de profesionales capacitados. La reforma busca otorgar valor de prueba anticipada a la primera entrevista, en lugar de limitarla a una diligencia investigativa.

Castañedas sostuvo que la repetición de entrevistas puede generar revictimización o victimización secundaria, además de afectar la calidad del testimonio. Según explicó, los menores atraviesan situaciones que comprometen su bienestar emocional y requieren procedimientos adaptados a sus necesidades, sin someterlos innecesariamente a nuevas declaraciones sobre los mismos acontecimientos.

La propuesta también aborda las dificultades que pueden surgir durante las primeras etapas de una investigación, cuando la persona sospechosa todavía tiene la condición de indiciada. La diputada advirtió que ciertas notificaciones podrían alertar al investigado, con el riesgo de fuga o destrucción de evidencias antes de completar las diligencias correspondientes.

Por esta razón, el anteproyecto plantea que la primera entrevista tenga carácter jurisdiccional y pueda conservarse como prueba, mediante un procedimiento supervisado por las autoridades judiciales. La intención es evitar que posteriormente se requiera a la víctima para ampliar o aclarar repetidamente su declaración, sin dejar de atender las garantías del proceso penal.

La iniciativa surge mientras Panamá registra un aumento de las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual. Entre enero y septiembre de 2026, el Ministerio Público contabilizó 5.186 denuncias, frente a 4.679 durante el mismo período de 2025, lo que representa un incremento del 11% en las estadísticas oficiales.

Dentro de estos registros destacan 1.956 denuncias por acceso sexual con personas mayores de 14 y menores de 18 años, categoría que aumentó un 22% respecto al año anterior. También se contabilizaron 1.716 casos de violación y 198 de violación doblemente agravada, según el informe estadístico de la Procuraduría General de la Nación.

Las denuncias por actos libidinosos alcanzaron 866 casos, un incremento del 12% frente a 2025, mientras la corrupción de personas menores de edad acumuló 291 registros, con un crecimiento del 27%. Estas cifras muestran un aumento en varias categorías de delitos sexuales, incluidas conductas que afectan directamente a niños y adolescentes.uso

Otro incremento importante se produjo en las denuncias por pornografía infantil, que pasaron de 47 a 70 casos, equivalente a un aumento del 49%. Las estadísticas también incluyen 27 denuncias por posesión de este material, dentro de las conductas investigadas por las autoridades durante los primeros nueve meses del año.

En la distribución territorial, la provincia de Panamá encabezó los registros con 1.050 denuncias, seguida de Chiriquí, con 825, y Panamá Oeste, con 708. La comarca Ngäbe Buglé contabilizó 619 casos, mientras Bocas del Toro registró 514. Las cifras reflejan la extensión del problema en distintas regiones del territorio nacional.

Por meses, julio presentó la mayor cantidad de denuncias, con 706, seguido de mayo, con 685, y agosto, con 676. En septiembre se reportaron 587 casos. El Ministerio Público señala que las cifras son preliminares y pueden variar conforme avanzan las investigaciones y se actualizan los expedientes.

El flujo migratorio de norte a sur por Panamá alcanzó las 6.760 personas durante 2026, según el reporte de la Dirección Nacional de Migración con corte al 11 de octubre.

Este movimiento, conocido como flujo inverso, corresponde al regreso de migrantes desde Centroamérica hacia Sudamérica, en sentido contrario a la ruta que durante años utilizaron miles de extranjeros para intentar llegar a Estados Unidos.

El fenómeno está relacionado con el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses y las dificultades para continuar hacia el norte, que han llevado a personas en tránsito a reconsiderar sus planes.

Panamá se ha convertido en un punto de paso para quienes buscan regresar a sus países de origen, principalmente ciudadanos venezolanos que permanecían en otras naciones del continente.

Los venezolanos representan 6.221 personas del total registrado, equivalentes al 92%, seguidos de 222 colombianos y 74 ecuatorianos. El informe también contabiliza 64 personas identificadas con Estados Unidos como país de nacimiento, correspondientes a hijos de migrantes irregulares nacidos en territorio estadounidense, además de 179 personas de otras nacionalidades.

El comportamiento mensual evidencia una disminución importante desde comienzos de año, cuando enero registró 1.250 migrantes en dirección sur. En febrero fueron 1.086 y en marzo 916, mientras abril cerró con 674 y mayo con 537, confirmando una reducción respecto a los primeros meses.

La tendencia presentó algunas variaciones durante el segundo semestre, con 622 personas en junio, 470 en julio y 568 en agosto. Septiembre contabilizó 411 desplazamientos y octubre acumulaba 226 hasta la fecha del informe, por lo que este último registro no corresponde a un mes completo.

El reporte semanal también muestra cambios pronunciados en el número de viajeros, con 211 personas entre el 2 y el 8 de octubre, frente a 15 entre el 9 y el 15. Sin embargo, este último período se extiende más allá del corte del documento, fechado el 11 de octubre, por lo que debe interpretarse con cautela.

Parte de estos migrantes utiliza rutas terrestres y conexiones marítimas para continuar hacia Sudamérica, mientras las autoridades panameñas mantienen controles en distintos puntos del territorio.

Al momento del informe, ocho personas permanecían en la Estación Temporal de Recepción Migratoria de Darién, otras cinco esperaban zarpar desde Puerto Miramar y ninguna estaba registrada en Puerto Obaldía.

En sentido contrario, el ingreso irregular por la selva del Darién se redujo considerablemente frente a los niveles observados durante los años de mayor tránsito migratorio. Las estadísticas oficiales contabilizan 608 personas entre enero y el 11 de octubre de 2026, de las cuales 537 eran adultas y 71 menores de edad.

El registro de cruces por Darién muestra 34 ingresos en enero, 19 en febrero y 39 en marzo, seguidos de 43 en abril y otros 43 en mayo. Posteriormente, junio alcanzó 102 personas y agosto 148, la cifra mensual más elevada del período analizado.

Durante septiembre, las autoridades contabilizaron 71 ingresos irregulares, mientras octubre acumulaba 69 al momento de elaborarse el informe. Entre quienes atravesaron esta zona, 295 eran venezolanos, 112 colombianos y 87 ecuatorianos, además de 114 personas de otras nacionalidades.

El documento también presenta las cifras de deportaciones y expulsiones ejecutadas por Panamá, que sumaron 3.711 personas hasta el 11 de octubre. De ese total, 2.907 correspondieron a deportaciones y 804 a expulsiones, procedimientos administrativos distintos mediante los cuales las autoridades ordenan la salida de extranjeros del territorio nacional.

Los hombres concentraron 3.170 de estas medidas, frente a 541 aplicadas a mujeres. Por nacionalidad, los colombianos encabezaron los registros con 2.079 personas, seguidos de 508 ecuatorianos y 237 ciudadanos de India, mientras otras nacionalidades reunieron 887 casos.

Mediante el acuerdo migratorio suscrito con Estados Unidos, Panamá reportó 3.209 personas deportadas o expulsadas, de las cuales 2.750 eran hombres y 459 mujeres. Las estadísticas incluyen 1.860 colombianos, 494 ecuatorianos y 236 ciudadanos indios, además de otros grupos nacionales.

El informe señala igualmente 134 venezolanos y cinco ecuatorianos beneficiados con retorno asistido mediante el acuerdo. Las cifras reflejan cómo Panamá enfrenta dos dinámicas migratorias simultáneas: el regreso de personas hacia Sudamérica y el control de ingresos irregulares, mientras mantiene operaciones de repatriación y vigilancia fronteriza.

Panamá registró 271.187 contratos de trabajo entre enero y septiembre de 2026, de los cuales 147.179 fueron por tiempo definido, 65.054 por tiempo indefinido y 58.954 por obra determinada.

Las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) muestran que los acuerdos temporales concentran el 76% de las contrataciones, frente al 24% correspondiente a relaciones laborales permanentes.

La modalidad más frecuente fue el contrato por tiempo definido, con el 54,3% de los registros nacionales. Este acuerdo establece un período específico durante el cual el trabajador presta sus servicios a una empresa. Su duración se fija desde el inicio de la relación laboral y su utilización está sujeta a las condiciones establecidas en el Código de Trabajo.

Los contratos definidos se utilizan para atender necesidades laborales durante períodos previamente establecidos, de acuerdo con la naturaleza de las actividades que desarrolla el empleador. Al cumplirse el plazo convenido, la relación puede concluir conforme a las disposiciones legales aplicables, una característica que diferencia esta modalidad de las contrataciones permanentes.

En segundo lugar aparecen los contratos por tiempo indefinido, con 65.054 registros, equivalentes al 24% del total. Esta modalidad no establece una fecha de terminación y permite mantener una relación laboral continua entre el trabajador y la empresa, con las garantías y obligaciones contempladas en la legislación panameña.

La tercera categoría corresponde a los contratos por obra determinada, que sumaron 58.954, equivalentes al 21,7% de las contrataciones. Estos acuerdos se utilizan para desarrollar una actividad, trabajo o proyecto específico, y su finalización está vinculada a la conclusión de la labor contratada, en lugar de una fecha fija.

Durante los primeros nueve meses del año, julio fue el período de mayor contratación, con 33.185 registros, seguido de junio, con 33.114, y septiembre, con 32.850. Febrero presentó la menor cantidad, con 25.883 acuerdos. La contratación mensual se mantuvo por encima de 25.000 registros durante todo el período analizado.

Las estadísticas también reflejan una mayor participación masculina en las contrataciones, con 185.466 acuerdos suscritos por hombres, equivalentes al 68,4% del total. Las mujeres registraron 85.721, el 31,6%. La sede central del Mitradel concentró 147.875 contratos, mientras las distintas oficinas regionales contabilizaron otros 123.312.

En cuanto a las terminaciones voluntarias, Panamá acumuló 71.228 renuncias laborales entre enero y septiembre, según el mismo ministerio. De ese total, 41.033 correspondieron a hombres y 30.195 a mujeres. Marzo registró la mayor cantidad de renuncias, con 9.500, seguido de enero, con 8.866, y febrero, con 8.501.

La sede central del Mitradel contabilizó 24.468 renuncias durante los nueve meses, mientras las oficinas regionales reportaron 46.760. Entre las áreas con mayores registros figuran Panamá Oeste, con 11.906, y Panamá Este, con 8.364, seguidas de San Miguelito, donde se documentaron 6.991 terminaciones voluntarias.

Estas cifras se conocen después de que la Contraloría General de la República reportara una reducción del desempleo nacional, que pasó del 10,4% al 8,5% en la Encuesta de Mercado Laboral de agosto de 2026. La población ocupada aumentó en 77.231 personas, hasta alcanzar 2.045.979 trabajadores en todo el país.

No obstante, la disminución del desempleo estuvo acompañada de un incremento del subempleo, especialmente entre quienes trabajan jornadas completas, pero reciben remuneraciones inferiores al salario mínimo correspondiente.

La encuesta identificó 413.155 personas en condición de subempleo invisible, frente a las 213.370 registradas en septiembre de 2025.

El subempleo visible también aumentó, al pasar de 79.431 a 92.318 trabajadores. Esta categoría comprende a quienes laboran menos de 40 horas semanales, desean trabajar más tiempo y están disponibles para hacerlo. El crecimiento de ambas modalidades refleja dificultades relacionadas con los ingresos y las horas trabajadas, pese a la reducción del desempleo.

Otro indicador fue la disminución del empleo pleno, de 1.090.616 a 945.631 personas, una diferencia de 144.985 trabajadores respecto a septiembre de 2025. Mientras aumentó la población ocupada, una parte importante del mercado laboral se desplazó hacia condiciones de subempleo, según los resultados de la encuesta oficial.

Por otra parte, el Departamento de Intermediación Laboral del Mitradel registró 2.132 vacantes ofrecidas entre enero y septiembre, junto con 182 colocaciones y 4.271 visitas de personas interesadas en conseguir trabajo. En los programas de integración de personas con discapacidad se contabilizaron 302 inserciones laborales y 973 envíos a entrevistas

Los resultados de 2026 muestran un mercado laboral con predominio de contrataciones por períodos definidos y proyectos específicos, mientras los acuerdos permanentes representan menos de una cuarta parte del total. La reducción del desempleo contrasta con el aumento de trabajadores que perciben ingresos insuficientes o tienen jornadas reducidas, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

Los precios de bienes y servicios volvieron a subir en Panamá durante septiembre de 2026, impulsados principalmente por el encarecimiento de los combustibles, la electricidad y los alimentos.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento mensual del 0,5% y una variación interanual del 2,8%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El resultado muestra una aceleración frente al aumento del 0,2% registrado en agosto, después de varios meses de variaciones moderadas. El indicador nacional urbano alcanzó 102,5 puntos, tomando como referencia el año 2024, cuando se estableció una base de 100 para medir los cambios en los precios.

El IPC es un indicador que mide la evolución del costo de una canasta representativa de bienes y servicios adquiridos por los hogares. Su comportamiento permite evaluar la inflación y los cambios en el poder adquisitivo, ya que un aumento general de precios reduce la cantidad de productos que puede comprarse con el mismo ingreso.

Durante septiembre, el transporte registró el mayor incremento mensual, con un 1,7%, principalmente por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes, cuyos precios aumentaron un 5,5%. La subida estuvo relacionada con mayores costos del diésel, la gasolina y los productos utilizados para el mantenimiento de vehículos particulares.

Esta categoría también presentó el mayor aumento interanual de todo el índice, con un 11,2%, muy por encima del promedio nacional. Su comportamiento resulta relevante porque los gastos de movilización forman parte del presupuesto cotidiano de numerosos hogares y pueden influir en los costos de distribución de mercancías.

La división de vivienda, agua, electricidad y gas aumentó un 0,9% respecto a agosto, impulsada por un incremento del 4% en electricidad y del 2% en gas. Estos cambios reflejan mayores costos en servicios esenciales, que representan compromisos habituales dentro de los presupuestos familiares.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un incremento mensual del 0,5%, con aumentos en doce de sus trece clases. Las frutas se encarecieron un 1,9%, mientras las hortalizas, tubérculos, plátanos y legumbres subieron un 1,2%, según las mediciones de la Contraloría General de la República.

Entre los productos específicos, las verduras frescas aumentaron un 5,6% durante septiembre, mientras las hortalizas de hoja o tallo subieron un 3,5%. También se registraron incrementos del 2,9% en frutas frescas y del 2,4% en huevos, aunque otros alimentos presentaron reducciones de precios.

El encarecimiento de la canasta alimentaria también se refleja en la comparación con septiembre de 2025, cuando los precios eran inferiores a los actuales. La división completa acumula un aumento interanual del 2,1%, mientras las frutas presentan una variación del 4,8% y las hortalizas del 6,2%.

Otros rubros registraron incrementos más moderados durante el noveno mes del año. Los muebles y equipos domésticos aumentaron un 0,4%, información y comunicación un 0,3% y salud un 0,2%. En contraste, las prendas de vestir y el calzado disminuyeron un 0,3%, mientras educación permaneció sin variación.

El comportamiento mensual muestra que la inflación no ha seguido una trayectoria uniforme durante 2026. El índice aumentó un 0,2% en enero, 0,1% en febrero y 0,9% en marzo, mientras abril registró un avance del 1,1%, el mayor incremento mensual observado hasta septiembre.

Posteriormente, los precios aumentaron un 0,3% en mayo, disminuyeron un 0,3% en junio y repitieron esa caída en julio. Durante agosto retomaron una variación positiva del 0,2%, tendencia que continuó en septiembre con un aumento más pronunciado.

Por regiones, la provincia de Panamá registró una inflación interanual del 3%, superior al promedio nacional urbano. En el resto de las áreas urbanas, la variación fue del 2,7%, lo que evidencia diferencias en el comportamiento de los precios entre las zonas consideradas en la medición.

El resultado de septiembre confirma que los hogares enfrentan precios superiores a los de un año atrás, aunque no todos los productos han aumentado en la misma proporción. El informe también registra reducciones interanuales del 2,1% en prendas de vestir y calzado, y del 0,4% en bebidas alcohólicas y tabaco.

La evolución del IPC constituye una referencia para analizar el costo de vida y las decisiones económicas de familias, empresas y autoridades. Aunque el indicador permite identificar qué productos y servicios están impulsando la inflación, no significa que todos los hogares experimenten exactamente el mismo aumento en sus gastos.

El déficit fiscal de Panamá alcanzó $3.387 millones entre enero y agosto de 2026, equivalente al 3,56% del producto interno bruto (PIB), según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Aunque la cifra representa una reducción de $560,7 millones frente a 2025, todavía se encuentra ligeramente por encima de la meta anual del 3,5%.

El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado cuando estos últimos son mayores. En términos sencillos, significa que el sector público utilizó más recursos de los que recibió, una brecha que debe financiarse mediante deuda, disponibilidades financieras u otros mecanismos.

Durante los primeros ocho meses, el Sector Público No Financiero (SPNF) recibió $9.405,4 millones, pero sus gastos ascendieron a $12.792,4 millones. La diferencia produjo el resultado negativo de $3.387 millones, aunque el desequilibrio fue menor que los $3.947,7 millones registrados en igual período del año anterior.

El SPNF comprende el Gobierno Central y otras entidades públicas no financieras, entre ellas la Caja de Seguro Social (CSS) y empresas estatales. Es el indicador utilizado para evaluar el cumplimiento de la meta fiscal, por lo que sus resultados no deben confundirse con las cuentas exclusivas del Gobierno Central.

La reducción del déficit respondió principalmente a un crecimiento del 10,2% en los ingresos públicos, equivalente a $871,1 millones adicionales. En comparación, los gastos aumentaron $310,5 millones, un 2,5%, lo que permitió reducir la distancia entre los recursos disponibles y las obligaciones.

Uno de los principales impulsores fue la Caja de Seguro Social, cuyos ingresos $424,1 millones, hasta alcanzar $3.439 millones. También aumentaron los recursos corrientes del Gobierno Central en $274,9 millones, mientras los ingresos de capital sumaron $198,2 millones, frente a apenas $6,6 millones en 2025.

En el Gobierno Central, la recaudación tributaria aumentó $334,3 millones, un 8,3%, hasta situarse en $4.381,8 millones. Los impuestos directos aportaron $2.433,8 millones y los indirectos $1.948,1 millones, impulsados por mayores cobros sobre salarios, propiedades, ventas e importaciones.

Entre los aumentos destacaron $86,4 millones adicionales en impuestos vinculados con planillas y $87 millones por el ITBMS sobre ventas. También crecieron los ingresos por seguro educativo, inmuebles e importaciones, mientras la recaudación no tributaria disminuyó $59,1 millones, debido a menores aportes de algunas fuentes.

Por el lado del gasto, las obligaciones corrientes alcanzaron $10.545,5 millones, un aumento de $422,6 millones. Este componente comprende pagos necesarios para el funcionamiento del sector público, incluidos salarios, prestaciones e intereses, mientras el gasto de capital disminuyó un 4,8%, hasta $2.246,9 millones.

La CSS explicó una parte importante del incremento, con $199,8 millones adicionales en sus gastos corrientes, principalmente por mayores desembolsos en pensiones y jubilaciones. El Gobierno Central también registró aumentos, aunque las transferencias corrientes disminuyeron $512,4 millones, contribuyendo a contener el gasto total de esa administración.

Otro factor de presión fue el pago de intereses de la deuda pública, que alcanzó $2.084,8 millones entre enero y agosto. La cifra aumentó $119 millones, un 6,1%, respecto al año anterior, y representó aproximadamente el 16,3% de todos los gastos del SPNF durante el período.

De ese monto, $1.814,9 millones correspondieron a intereses de deuda externa y $269,9 millones a obligaciones internas. Estas cifras reflejan únicamente el costo financiero del endeudamiento, no incluyen las amortizaciones del capital, que constituyen otra obligación del Estado y no aparecen desglosadas en este balance.

El MEF informó que el costo promedio ponderado de la deuda disminuyó del 4,97% al 4,66% entre diciembre de 2025 y agosto de 2026. Sin embargo, aunque el financiamiento presenta mejores condiciones, los intereses continúan absorbiendo recursos importantes que podrían destinarse a otras necesidades presupuestarias.

El informe también muestra un déficit primario de $1.302,2 millones, indicador que excluye los intereses de la deuda y permite observar el desequilibrio generado por las demás operaciones públicas. Este resultado mejoró $679,7 millones frente a 2025, aunque todavía refleja gastos superiores a los ingresos disponibles.

Las cifras cobran relevancia después del terremoto del 9 de octubre, que provocó daños en varias provincias. Inicialmente, el Gobierno incluyó una dispensa fiscal entre las medidas para afrontar la emergencia, pero posteriormente el MEF anunció que no utilizaría esa posibilidad para flexibilizar el límite establecido.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que se respetará la meta de déficit del 3,5% para 2026, pese a las necesidades de reconstrucción y asistencia. La dispensa habría permitido apartarse excepcionalmente de la trayectoria fiscal, bajo las condiciones previstas por la normativa.

Para alcanzar el objetivo, el Gobierno confía en los ingresos previstos para el último trimestre, cuando se concentra una parte importante de los aportes del Canal de Panamá y los dividendos de empresas públicas. El MEF sostiene que estos recursos permitirán reducir el déficit acumulado, aunque su cumplimiento dependerá también de la evolución del gasto.

Con un PIB nominal estimado en $95.102 millones, la meta del 3,5% equivale aproximadamente a $3.329 millones de déficit para todo 2026. El saldo registrado hasta agosto supera esa referencia en unos $58 millones, por lo que los últimos cuatro meses deberán producir una mejora neta para cerrar dentro del límite anunciado.

Panamá registró 18,789 denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar entre enero y septiembre de 2026, un incremento del 17.1% frente al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 16.048 casos.

Las cifras preliminares del Ministerio Público muestran un aumento de las investigaciones relacionadas con violencia doméstica, maltrato infantil y agresiones contra adultos mayores.

La violencia doméstica concentró 13.694 denuncias, equivalentes a casi el 73% del total registrado durante los primeros nueve meses del año. Esta categoría presentó un crecimiento del 15.3%, frente a las 11.881 denuncias contabilizadas en el mismo período de 2025, lo que representa 1.813 reportes adicionales.

El informe también revela 3.433 denuncias por maltrato de niños, niñas y adolescentes, un aumento del 17% respecto al año anterior. De ese total, 3,286 corresponden a maltrato al menor y otras 147 a la modalidad culposa, esta última con un incremento del 77% frente a 2025.

Las denuncias por maltrato al adulto mayor alcanzaron 967 casos, frente a los 743 reportados un año antes, equivalente a un crecimiento del 30%. También aumentaron los delitos contra la familia, que pasaron de 476 a 684 denuncias, impulsados principalmente por el incumplimiento de deberes familiares.

Por distribución geográfica, Panamá encabezó los registros con 5,166 denuncias, seguida de Panamá Oeste, con 4,440, y Chiriquí, con 2,411. Sin embargo, Panamá Oeste presentó uno de los incrementos más pronunciados, al registrar un crecimiento del 43% frente a las 3,111 denuncias del año anterior.

En San Miguelito se contabilizaron 867 denuncias, un aumento del 25%, mientras Veraguas registró 1,168, con un incremento del 24%. En cuanto al comportamiento mensual, agosto acumuló 2,164 reportes y septiembre 2,014, según las estadísticas oficiales, que incluyen distintas modalidades de delitos familiares.

Las cifras encuentran reflejo en tres casos de agresiones familiares investigados esta semana, que terminaron con medidas de detención provisional contra los presuntos responsables. Los hechos ocurrieron en San Miguelito, David y Dolega, e involucraron a mujeres y menores de edad que habrían sufrido ataques físicos.

En San Miguelito, un hombre fue detenido por violencia doméstica y maltrato al menor, tras un incidente registrado el 13 de octubre en el sector 4 de Samaria, corregimiento de Belisario Porras. Según la Fiscalía, agredió física y psicológicamente a su pareja y a un adolescente de 17 años.

Al momento de su aprehensión, el sospechoso mantenía un sartén en su poder, objeto que presuntamente utilizó para golpear a su pareja, madre de sus hijos. La Fiscalía solicitó su detención por los riesgos para las víctimas y la posible afectación de pruebas. Ambos afectados recibirán atención psicológica hospitalaria.

Otro caso ocurrió en David, provincia de Chiriquí, el 11 de octubre, cuando un hombre de 37 años presuntamente agredió a su pareja mediante violencia e intimidación. La víctima sufrió golpes y heridas provocadas con un cuchillo, por lo que necesitó atención médica para estabilizar su condición.

El sospechoso fue imputado por violencia doméstica y quebrantamiento de una medida de protección, mientras un Tribunal de Garantías ordenó su detención provisional. La Fiscalía presentó elementos de convicción sobre su presunta participación y los riesgos existentes para la víctima, que fundamentaron la medida cautelar.

También en Chiriquí, un hombre de 32 años fue detenido por presunto maltrato contra su hija de 13 años, en el corregimiento de Los Algarrobos, distrito de Dolega. La investigación señala agresiones registradas entre abril y mayo de 2026, que se intensificaron el pasado 12 de octubre.

Según el Ministerio Público, el padre habría golpeado a la adolescente con un objeto contundente y cometido otros maltratos físicos. Las lesiones provocaron una incapacidad superior a diez días, por lo que la Fiscalía solicitó su detención provisional para proteger a la víctima durante la investigación.

Los tres expedientes continúan en etapa de investigación y no representan condenas. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, las estadísticas muestran que las denuncias por violencia doméstica y maltrato a menores mantienen una presencia considerable dentro de los delitos contra el entorno familiar registrados en Panamá.

El 23,9% de las viviendas evaluadas tras el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre presenta daños totales. Esto equivale a 1.627 inmuebles de un total de 6.811 inspeccionados por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), según el balance oficial actualizado al 16 de octubre.

El informe también identifica 4.184 viviendas con daños moderados o parciales, equivalentes al 61,4% del total, mientras otras 1.000 registran afectaciones leves o menores, el 14,7%. Las cifras reflejan la magnitud de los daños habitacionales y las dificultades que enfrentan miles de familias para recuperar sus condiciones de vida.

Los Santos concentra 2.018 viviendas evaluadas, la mayor cantidad entre las provincias afectadas, seguida de Herrera, con 1.371, y Coclé, con 856. Las autoridades mantienen las inspecciones de estructuras y la identificación de necesidades en las comunidades impactadas, mientras avanzan las operaciones de asistencia y recuperación.

El balance de Sinaproc también identifica 75 mujeres embarazadas y 866 personas con discapacidad entre la población registrada durante las evaluaciones. Estas condiciones requieren medidas de atención diferenciadas, especialmente para quienes permanecen fuera de sus hogares o necesitan apoyo para acceder a servicios básicos.

A una semana del terremoto, el Gobierno reporta 22.400 personas y 6.800 familias asistidas, mientras mantiene habilitados 46 albergues para quienes todavía no pueden regresar a sus viviendas. La atención humanitaria se desarrolla en comunidades de las provincias más afectadas, donde continúan las evaluaciones de daños y las entregas de suministros.

El ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza, presentó el viernes 16 de octubre un balance de las operaciones realizadas desde el terremoto. Explicó que la prioridad del Gobierno fue garantizar alimentos, agua y artículos de primera necesidad a las familias afectadas por la emergencia.

Como parte de la respuesta, el Instituto de Mercadeo Agropecuario distribuyó 20.000 bolsas de alimentos, mientras las instituciones encargadas de la asistencia entregaron cerca de 300.000 libras de comida y 700.000 litros de agua. En conjunto, se han movilizado más de 465 toneladas de ayuda humanitaria mediante operaciones aéreas y terrestres.

La distribución de suministros incluye 160.583 libras transportadas por vía aérea y 361 toneladas por carretera, de acuerdo con el informe gubernamental. Las operaciones han permitido atender 72 comunidades distribuidas en seis provincias y la comarca Ngäbe Buglé, con entregas coordinadas por las instituciones públicas y los organismos de emergencia.

Para organizar las donaciones, el despacho de la primera dama habilitó el Parque Omar como Centro Nacional de Acopio, desde donde se coordina la recepción, clasificación y distribución de productos. Durante la semana también se entregaron suministros en 35 comunidades y se movilizaron 50.000 litros de agua para apoyar a las familias afectadas.

El Ministerio de Desarrollo Social ha brindado 6.200 atenciones psicológicas y de trabajo social a personas impactadas por el terremoto. La institución también mantiene disponible la línea 147, mientras los equipos de asistencia continúan acompañando a las familias que enfrentan pérdidas materiales y dificultades para regresar a sus hogares.

En materia de infraestructura, Icaza informó que el 92% de las vías afectadas por el terremoto ya se encuentra habilitado, un avance que facilita el desplazamiento de residentes y la distribución de ayuda. Las autoridades también mantienen intervenciones y evaluaciones en 22 puentes afectados, algunos de los cuales requieren restricciones de circulación.

Entre las estructuras reabiertas figura el puente sobre el río Oria, ubicado en Oria Arriba, distrito de Pedasí, que quedó habilitado permanentemente desde las 7:00 p. m. del jueves 15 de octubre. El Ministerio de Obras Públicas estableció un peso máximo de diez toneladas y una velocidad de 40 kilómetros por hora para garantizar la seguridad.

También están habilitadas las rutas Macaracas–Llano de Piedra–Tonosí, Las Tablas–La Miel–Flores y Las Tablas–Pedasí–Tonosí, conexiones fundamentales para las comunidades de Azuero. El puente de Agua Buena permanece abierto las 24 horas, mientras el personal técnico continúa supervisando las condiciones de las estructuras y el tránsito vehicular.

En el sector sanitario, el 96% de los centros de salud y hospitales afectados ha retomado sus operaciones, de manera total o parcial, según el balance oficial. No obstante, la recuperación de viviendas y servicios esenciales sigue siendo uno de los principales desafíos, especialmente para las familias que permanecen desplazadas.

El terremoto ocurrió el viernes 9 de octubre a las 12:56 p. m., con epicentro localizado a unos 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en Los Santos, y una profundidad aproximada de cuatro kilómetros. Una semana después, las labores de emergencia continúan concentradas en la asistencia humanitaria, la evaluación de daños y la recuperación de infraestructura.

Panamá inició la primera liberación masiva de moscas estériles del Mediterráneo en la comunidad de Mameyes, Potrerillos Arriba, provincia de Chiriquí. La operación, encabezada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), busca reducir la reproducción de una plaga que afecta frutas y hortalizas y limita las oportunidades comerciales de los agricultores.

La intervención se realizó en una zona seleccionada después de varios años de monitoreo, durante los cuales las autoridades identificaron una elevada presencia de la mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata).

El director nacional de Sanidad Vegetal, Emmeris Quintero, explicó que las plantaciones de café fueron determinantes para escoger el área donde comenzó el programa.

Según el funcionario, los cafetales permiten que el insecto complete su ciclo biológico, aunque no necesariamente provocan daños al grano. Cuando cambian las condiciones de disponibilidad de frutos, la plaga puede desplazarse hacia cultivos de cítricos, papaya, guayaba y mango, donde sus larvas deterioran la producción destinada al consumo y la comercialización.

La mosca del Mediterráneo es un insecto pequeño, diferente de la mosca doméstica, que deposita sus huevos debajo de la piel de los frutos. Al desarrollarse, las larvas se alimentan de la pulpa y provocan daños que pueden pasar inadvertidos inicialmente, pero terminan reduciendo la cantidad de productos aptos para vender.

La mosca del Mediterráneo no es originaria de Panamá: procede de África subsahariana y se extendió a otras regiones del mundo. Su nombre responde a su presencia en países mediterráneos, aunque la especie surgió en el continente africano.

Para combatirla, Panamá comenzó a utilizar la Técnica del Insecto Estéril (TIE), que consiste en liberar machos previamente esterilizados para que se apareen con hembras silvestres. Como estas uniones no producen descendencia viable, la población de la plaga puede disminuir progresivamente, siempre que las liberaciones se acompañen de vigilancia y otras medidas de control.

Las pupas utilizadas en esta primera operación fueron trasladadas desde Guatemala hasta las instalaciones de Potrerillos, donde el personal técnico panameño preparó los insectos para su liberación. Quintero explicó que el proceso comprende condiciones controladas de almacenamiento, alimentación y desarrollo, antes de distribuir las moscas en cajas y bolsas especiales.

El funcionario detalló que las pupas permanecen varios días bajo tratamiento y supervisión hasta que emergen los insectos adultos. Posteriormente, las moscas son trasladadas a puntos previamente identificados en el campo, con el propósito de disminuir la presión de la plaga sobre los cultivos y evaluar la respuesta de las poblaciones silvestres.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, encabezó la primera liberación acompañado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. Linares destacó que el proyecto es resultado de meses de preparación del personal de Sanidad Vegetal y de la cooperación técnica con organismos internacionales, además de especialistas de México y Guatemala.

Por su parte, Moltó señaló que el control de esta especie puede mejorar las posibilidades de exportación de las frutas panameñas. Explicó que mercados como Estados Unidos y varios países asiáticos mantienen exigencias fitosanitarias para evitar el ingreso de plagas, por lo que reducir su presencia resulta importante para los productores nacionales.

La participación guatemalteca incluyó el suministro de pupas y la capacitación de técnicos panameños. José Manuel Puncián, gerente de empaque y liberación de insectos estériles del programa Moscamed Guatemala, explicó que especialistas del MIDA recibieron formación en identificación de insectos y procedimientos de preparación, además de acompañamiento durante la operación inicial.

Puncián indicó que el proceso de preparación hasta la liberación tomó cinco días y consideró que la adopción de esta tecnología representa un avance para el control fitosanitario. El especialista sostuvo que su aplicación puede fortalecer las futuras exportaciones frutícolas, aunque los resultados dependerán del seguimiento y de la continuidad del programa.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). Estas entidades han acompañado la transferencia de conocimientos y el fortalecimiento técnico necesarios para aplicar la tecnología.

El programa también busca reducir las pérdidas económicas asociadas con las infestaciones, que afectan tanto la calidad de las cosechas como las condiciones para comercializarlas. La presencia de esta especie puede provocar restricciones de acceso a determinados mercados y obligar a los agricultores a incrementar sus controles fitosanitarios, con mayores costos de producción.

La liberación de insectos estériles no significa que la plaga haya sido erradicada en Chiriquí. El MIDA deberá mantener la vigilancia de las poblaciones silvestres y evaluar la efectividad de las intervenciones para determinar si la técnica permite reducir gradualmente la infestación en las áreas agrícolas donde comenzó su aplicación.

Con esta primera operación, Panamá incorpora una herramienta adicional al manejo de plagas agrícolas, con la expectativa de disminuir la dependencia de determinados tratamientos químicos y mejorar las condiciones sanitarias de los cultivos. Los resultados permitirán establecer si el procedimiento puede extenderse a otras zonas productoras y contribuir a nuevas oportunidades comerciales.

Un hombre fue condenado a 33 años de prisión por homicidio doloso agravado y robo agravado, luego de que se comprobara su responsabilidad en un ataque ocurrido en San Miguelito, Panamá, en julio de 2024.

La víctima mortal fue el esposo de una mujer a quien el agresor había despojado de su teléfono celular, según informó la Procuraduría General de la Nación.

El crimen ocurrió el 28 de julio de 2024, cuando el acusado utilizó violencia e intimidación para apoderarse del dispositivo de la mujer. Durante el hecho, disparó contra el esposo de esta, quien sufrió una herida que posteriormente le provocó la muerte, de acuerdo con la investigación presentada por el Ministerio Público.

Durante el juicio oral, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito presentó las pruebas que permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado. El Jurado de Conciencia emitió un veredicto de culpabilidad por homicidio doloso agravado, mientras el Tribunal de Juicio lo declaró culpable por robo agravado.

La sentencia de 33 años de cárcel corresponde a ambos delitos, aunque el comunicado oficial no precisó cómo se distribuyó la pena entre las dos conductas.

En otro expediente, un hombre quedó detenido provisionalmente por homicidio doloso agravado y asociación ilícita, tras una audiencia celebrada a solicitud de la Fiscalía Regional de San Miguelito. El caso corresponde a un asesinato cometido el 4 de abril de 2026 en una vereda del sector de Cerro Cocobolo.

Según la investigación, el imputado habría actuado acompañado de otro sujeto y ambos realizaron múltiples disparos contra la víctima, ocasionándole la muerte. Durante la audiencia, la Fiscalía consiguió la legalización de la aprehensión y la formulación de cargos, además de solicitar que permaneciera privado de libertad mientras avanza el proceso.

La medida fue sustentada en los riesgos procesales expuestos por el Ministerio Público, entre ellos el peligro que el investigado podría representar para los familiares de la víctima y la comunidad. La detención provisional no constituye una declaración de culpabilidad, pues el expediente todavía debe continuar las etapas correspondientes del proceso penal.

En Panamá Oeste, otros tres hombres fueron enviados a detención provisional por tentativa de homicidio y asociación ilícita para delinquir. Los hechos investigados ocurrieron la noche del 17 de septiembre de 2026, cuando dos jóvenes de 19 años fueron atacados a tiros en el sector de Koskuna, corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján.

La Fiscalía Regional de Panamá Oeste presentó elementos de convicción ante un Tribunal de Garantías, que evaluó los riesgos procesales asociados con el caso. Entre los argumentos figuraron la posibilidad de destrucción de pruebas y el peligro para las víctimas y sus familiares, además de las circunstancias del ataque armado.

El Ministerio Público no precisó la gravedad de las lesiones sufridas por los dos jóvenes, ni informó sobre su estado de salud actual. Tampoco detalló cuántos disparos se efectuaron o qué habría motivado la agresión, por lo que esas circunstancias permanecen sin aclararse en la información oficial difundida sobre el proceso.

Un cuarto expediente involucra a un adolescente de 15 años, detenido provisionalmente por su presunta participación en un homicidio ocurrido en Villa Grecia, corregimiento de Las Cumbres. El ataque se registró la tarde del 13 de octubre de 2026, apenas tres días antes de que se anunciara la medida judicial.nor

De acuerdo con la Fiscalía Primera Superior de Adolescentes, el menor presuntamente efectuó varios disparos contra un hombre, causándole la muerte. Durante la audiencia, las autoridades judiciales legalizaron su aprehensión y admitieron la formulación de cargos por homicidio doloso agravado, además de imponerle la detención provisional mientras continúa la investigación.

El procedimiento contra el adolescente se desarrolla bajo el régimen penal especial aplicable a menores de edad, distinto del utilizado para procesar a personas adultas. La información divulgada no establece la identidad de la víctima, el posible móvil del crimen ni la relación entre ambos, aspectos que deberán esclarecerse durante las investigaciones.

El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre fue el más fuerte registrado en la falla de Soná-Azuero, una estructura geológica que ha provocado al menos tres grandes movimientos sísmicos durante los últimos 150 años.

Sin embargo, la probabilidad de que ocurran nuevas réplicas superiores a magnitud 6 ha comenzado a disminuir, según explicó el investigador Luis Pinzón.

El director de Investigación de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) señaló que esta falla produjo terremotos de magnitud 7 en 1883 y 1913. Después de más de un siglo de acumulación de energía, el movimiento de octubre alcanzó una magnitud superior a los anteriores, de acuerdo con los registros históricos disponibles.

Pinzón explicó que la falla se extiende desde Soná, en Veraguas, hasta Tonosí, en Los Santos, y que el punto donde comienza un terremoto no necesariamente coincide con el lugar donde se libera la mayor cantidad de energía. En este caso, las deformaciones más importantes se produjeron hacia Tonosí y Soná, donde también se registraron daños considerables.

La acumulación de energía ocurre cuando los bloques de la corteza terrestre permanecen trabados mientras continúan sometidos a presión. Cuando esa resistencia se rompe, la energía acumulada se libera mediante ondas sísmicas que se propagan por el terreno. Según el especialista, este proceso explica la magnitud alcanzada después de más de cien años sin un evento semejante.

Durante sus visitas a las comunidades afectadas, el lunes y martes posteriores al terremoto, Pinzón observó desplazamientos permanentes del terreno, desniveles de hasta dos metros y grietas con aperturas de entre uno y 1.5 metros.

Estas deformaciones evidencian la enorme cantidad de energía liberada por la falla y ayudan a comprender la magnitud de los daños.

El investigador explicó que la profundidad relativamente superficial del terremoto, estimada entre 10 y 12 kilómetros, contribuyó a concentrar las afectaciones cerca de la zona de ruptura.

También destacó que la baja densidad de población en algunas comunidades evitó consecuencias potencialmente mayores, aunque numerosas viviendas e infraestructuras resultaron afectadas.

Sobre las réplicas, Pinzón indicó que su frecuencia ha comenzado a disminuir y los intervalos entre movimientos son cada vez mayores. Durante los primeros momentos ocurrían incluso cada 30 segundos o un minuto, pero posteriormente comenzaron a espaciarse, una evolución que considera compatible con la estabilización progresiva de la falla.

El especialista precisó que la probabilidad estimada de una réplica superior a magnitud 6 bajó del 25% al 22% entre el miércoles y el jueves 15 de octubre. Consideró posible que continuaran durante aproximadamente otra semana, aunque esta estimación no significa que puedan descartarse nuevos movimientos fuertes ni permite establecer una fecha exacta para su finalización.

También advirtió que las viviendas y edificaciones previamente dañadas siguen expuestas a desprendimientos de paredes y otros elementos durante las réplicas. Por ello, recomendó mantener precauciones especialmente en las provincias centrales, donde las estructuras debilitadas pueden sufrir nuevas afectaciones incluso ante movimientos de menor magnitud.

En Ciudad de Panamá, las condiciones fueron diferentes. Pinzón explicó que las ondas sísmicas perdieron intensidad durante su recorrido de aproximadamente 200 kilómetros desde la zona afectada. Los acelerógrafos instalados para medir el movimiento registraron valores de 0.04 g, considerablemente inferiores a las aceleraciones consideradas en el diseño estructural de las edificaciones capitalinas.

La aceleración sísmica permite determinar la fuerza del movimiento que deben resistir las estructuras durante un terremoto. Aunque numerosos residentes percibieron sacudidas intensas, los registros muestran que el movimiento no alcanzó niveles capaces de provocar daños estructurales generalizados en las edificaciones diseñadas bajo los criterios correspondientes.

El especialista destacó que muchos edificios altos de la capital están cimentados sobre roca, una condición favorable frente a determinados movimientos sísmicos. Sin embargo, aclaró que el terremoto de octubre no puso realmente a prueba la resistencia de estas construcciones, porque las aceleraciones registradas estuvieron muy por debajo de los niveles de diseño.

La situación podría ser distinta ante un terremoto originado en la falla de Pedro Miguel, ubicada aproximadamente a diez kilómetros de la ciudad. Pinzón explicó que esta estructura, junto con las fallas de Miraflores, Gatún y Limón, fue identificada y estudiada mediante investigaciones paleosismológicas relacionadas con la ampliación del Canal de Panamá.

Los estudios permitieron vincular la falla de Pedro Miguel con el terremoto de 1621, que ocasionó daños importantes en Panamá la Vieja. También identificaron evidencias de movimientos anteriores y estimaron un intervalo de recurrencia de grandes terremotos de entre 500 y 600 años, aunque esto no constituye una predicción sobre cuándo ocurrirá el siguiente.

Según el investigador, un evento fuerte y cercano originado en Pedro Miguel podría generar aceleraciones próximas a 1 g, muy superiores a las registradas durante el terremoto de octubre. Por esa razón, considera fundamental mantener actualizados los estudios de amenaza sísmica y fortalecer la preparación de la infraestructura de la capital.

Pinzón sostuvo que el Reglamento Estructural Panameño incorpora criterios de diseño sismorresistente adecuados y que las mediciones del reciente terremoto coinciden razonablemente con las estimaciones utilizadas en la normativa. No obstante, advirtió que la construcción informal y la falta de cumplimiento de las disposiciones técnicas aumentan la vulnerabilidad, especialmente en comunidades rurales.

El especialista considera prioritario desarrollar un programa nacional de inspección y rehabilitación de hospitales, escuelas y otras instalaciones esenciales, particularmente aquellas construidas antes de las normas actuales. Estas edificaciones deberían permanecer operativas después de un terremoto, por lo que su evaluación debe formar parte de una estrategia preventiva del Estado.

Desde el Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la USMA, los investigadores realizan levantamientos de daños y estudian el comportamiento de las estructuras afectadas. También preparan un análisis del riesgo sísmico del Casco Antiguo ante un posible evento en Pedro Miguel, incorporando la vulnerabilidad de los edificios, la exposición de personas y los efectos de resonancia.

La universidad dispone actualmente de una red de seis sensores acelerográficos, mientras otras instituciones, como la Universidad Tecnológica de Panamá, mantienen sus propios equipos. Pinzón considera necesario ampliar estas redes y facilitar el intercambio de información científica para mejorar los mapas de amenaza y los criterios de construcción.

El investigador concluyó que Panamá debe abandonar la percepción de que es un país ajeno a los grandes terremotos. A su juicio, las consecuencias del evento del 9 de octubre demuestran la necesidad de invertir en prevención, fiscalización y rehabilitación de infraestructuras, porque la preparación debe realizarse antes de que ocurra el próximo movimiento destructivo.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 17.8 millones de pasajeros entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un crecimiento del 15% frente al mismo período del año anterior.

El resultado mantiene a la principal terminal aérea de Panamá en camino de alcanzar los 23 millones de viajeros previstos para este año, una proyección que fue revisada al alza ante el incremento de la demanda.

La cifra acumulada asciende a 17.925.175 pasajeros al incorporar a los menores de dos años, categoría que comenzó a incluirse formalmente en las estadísticas en enero de 2026. Esta diferencia responde a una ampliación de la medición y no modifica el crecimiento interanual del 15% reportado por la administración aeroportuaria.

Solo durante septiembre, Tocumen registró 1.962.628 pasajeros, de los cuales 1.518.595 estuvieron en tránsito hacia otros destinos. Este segmento representó el 77% del movimiento mensual, una proporción que refleja la dependencia del aeropuerto de las conexiones internacionales, principalmente entre América del Norte, Centroamérica, Suramérica y Europa.

En contraste, 220.493 viajeros desembarcaron en Panamá y otros 223.540 abordaron vuelos durante ese mes. La terminal atendió un promedio aproximado de 65.421 movimientos diarios de pasajeros, con mayor actividad los domingos, lunes y viernes, según el informe divulgado este 16 de octubre.

El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, destacó que el crecimiento fortalece la conectividad aérea regional, pero también exige mantener la capacidad de respuesta de la infraestructura. La administración busca acompañar el aumento de viajeros con mejoras operativas, ampliaciones y proyectos de modernización para sostener el servicio.

Las operaciones aéreas también aumentaron. Entre enero y septiembre, las dos pistas registraron 136.593 aterrizajes y despegues, un incremento del 11% respecto a 2025, equivalente a 13.775 movimientos adicionales. Del total, el 90% correspondió a vuelos comerciales, mientras las operaciones de carga representaron el 6%.

En septiembre, el aeropuerto contabilizó un promedio de 499 operaciones aéreas diarias, con la participación de 14 aerolíneas comerciales de pasajeros y 16 compañías de carga. Su red de conectividad comprendió 92 destinos internacionales y uno doméstico, lo que mantiene su función como plataforma de enlace regional.

Bogotá encabezó los mercados de origen y destino, con 893.293 pasajeros durante los primeros nueve meses del año. Le siguieron Miami, con 707.764; Punta Cana, con 658.489; San José, con 650.725; y Medellín, con 622.450, destinos que concentran una parte importante del movimiento internacional.

El transporte de mercancías registró igualmente un crecimiento del 8%, hasta alcanzar 194.040 toneladas métricas acumuladas entre enero y septiembre. Esto supone 14.008 toneladas adicionales frente al año anterior. Durante el último mes analizado, la carga aumentó un 9%, hasta las 22.714 toneladas, según las estadísticas oficiales.

El incremento del tráfico ocurre mientras Tocumen se aproxima al límite de su capacidad instalada. En septiembre, Ruiz explicó que la terminal podría alcanzar ese límite en 2027 y operar por encima de su capacidad durante 2028, antes de completar las principales ampliaciones previstas.

Entre las inversiones anunciadas figura la construcción de diez puertas de embarque adicionales en la Terminal 2, acompañadas por cinco posiciones remotas. El proyecto tiene un precio de referencia cercano a $209 millones y forma parte de un paquete de obras estimado en aproximadamente $500 millones para adecuar la infraestructura existente.

También está prevista una intervención del campo de vuelo valorada en unos $98 millones, que contempla nuevas calles de rodaje y salidas rápidas. Estas mejoras, junto con el rediseño del espacio aéreo, buscan elevar la capacidad operativa de aproximadamente 35 a 65 movimientos por hora, de acuerdo con las estimaciones de la administración.

Mientras se ejecutan los proyectos, el aeropuerto prevé utilizar con mayor frecuencia las posiciones remotas, donde los pasajeros deben trasladarse en autobús entre las aeronaves y las terminales. La medida será especialmente importante ante la ampliación de los bancos de conexiones de Copa Airlines, prevista a partir de marzo de 2027.

La aerolínea solicitó pasar de seis a ocho bancos de conexiones, que agrupan llegadas y salidas en determinados horarios para facilitar los enlaces internacionales. Este cambio aumentará la presión sobre las instalaciones, mientras Tocumen mantiene una proyección de 30 millones de pasajeros para 2030, cifra que exigirá nuevas inversiones.

Por ahora, el crecimiento acumulado de 2026 confirma la tendencia que llevó a elevar la meta anual de 22 a 23 millones de viajeros. El desafío será sostener ese ritmo sin comprometer la eficiencia de las conexiones, en un período en que las obras de ampliación coincidirán con una demanda cada vez mayor.

El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre provocó un derrame en la antigua mina de oro Remance, ubicada en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, confirmó que varias comunidades no pueden consumir el agua de sus fuentes habituales, mientras se investiga el alcance de la contaminación.

Navarro explicó que equipos del Ministerio de Ambiente acudieron al área el domingo y el lunes para recoger muestras de agua, que están siendo analizadas en el laboratorio de Los Canelos, en Divisa. Los resultados permitirán determinar qué sustancias fueron liberadas y establecer las medidas de remediación necesarias.

“Tan pronto estemos claros con información científica verificable, cuál fue la contaminación, la haremos pública”, manifestó el ministro, quien anunció el envío de un camión con agua embotellada a la comunidad de La Gorda y otros poblados afectados. La asistencia fue coordinada con el alcalde del distrito de San Francisco.

La mina Remance se encuentra en una zona montañosa del corregimiento del mismo nombre, al norte de San Francisco de la Montaña, en Veraguas. Se trata de un antiguo yacimiento aurífero que registra actividades extractivas desde el siglo XIX y cuya última etapa de explotación industrial concluyó a finales de la década de 1990.

Entre 1990 y 1998, la explotación estuvo a cargo de Minera Remance, S.A., vinculada a la familia minera Ganoza, de Perú, mediante un acuerdo con la empresa panameña Transworld Explorations.

Durante ese período se extrajeron aproximadamente 88.000 onzas de oro, según una investigación histórica sobre la minería panameña.

La actividad utilizaba procesos de cianuración para recuperar el oro contenido en el mineral, una técnica que requiere controles ambientales sobre los residuos generados.

Después del cierre quedaron instalaciones y depósitos de relaves expuestos a las condiciones climáticas, una situación documentada por investigaciones científicas realizadas años después.

En 2012, Greenfield Resources Inc. obtuvo una concesión de exploración de oro y otros minerales sobre 2.400 hectáreas en los corregimientos de Remance, San Juan y San José. Posteriormente, la empresa promovió un nuevo proyecto de explotación subterránea en las antiguas instalaciones mineras.

La propuesta contemplaba una inversión aproximada de 110 millones de dólares y un área de intervención de 175 hectáreas, con una capacidad proyectada de procesamiento de 200 toneladas de mineral por día. Sin embargo, el proyecto no llegó a convertirse en una nueva explotación autorizada antes de la moratoria minera de 2023.

En noviembre de ese año, el Ministerio de Comercio e Industrias rechazó la solicitud de extracción presentada por Greenfield Resources, en el contexto de las restricciones aprobadas para la minería metálica. La decisión se produjo durante la crisis minera nacional, que también desembocó en el cierre de la operación de Cobre Panamá, en Donoso.

Los riesgos ambientales de Remance habían sido advertidos mucho antes del terremoto. Un estudio científico publicado en 2021 identificó tres depósitos de relaves abandonados y concentraciones de cianuro y elementos potencialmente tóxicos, entre ellos arsénico, cobre, antimonio y mercurio, en residuos y sedimentos del área.

La investigación determinó que algunos depósitos conservaban concentraciones de cianuro superiores a las registradas habitualmente en otros residuos mineros estudiados. También advirtió que los materiales expuestos podían representar riesgos ecológicos para los suelos, los organismos y las fuentes hídricas cercanas, especialmente durante procesos de movilización de sedimentos.

Otro estudio sobre la zona identificó la presencia de oro y plata asociados con minerales que contienen arsénico, además de otros elementos metálicos. La posible contaminación puede producirse cuando los residuos mineros entran en contacto con el agua y sus componentes son arrastrados hacia quebradas, ríos o terrenos agrícolas.

Entre los cuerpos de agua estudiados figura la quebrada Veneno, vinculada al drenaje de las antiguas instalaciones mineras, además de otros cauces próximos. Sin embargo, todavía no se ha establecido públicamente qué sustancias contiene el derrame ocurrido después del terremoto ni sus concentraciones, por lo que los antecedentes científicos no sustituyen los nuevos análisis.

Navarro reconoció que el Estado deberá desarrollar un plan de acción e invertir recursos para contener la contaminación. También cuestionó las condiciones en que permanecen algunas explotaciones abandonadas y sostuvo que los cierres mineros deben realizarse mediante procedimientos técnicos y ordenados para evitar riesgos posteriores.

“Las minas se tienen que cerrar de manera ordenada, no se pueden dejar tiradas porque pasan estas cosas”, afirmó el titular de Ambiente, quien aseguró que la emergencia de Remance será atendida por las autoridades.

Mientras se conocen los resultados de laboratorio, las comunidades afectadas dependen del suministro alternativo de agua potable.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que este año no se celebrarán las tradicionales dianas en el Palacio de las Garzas, debido a las consecuencias del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió al país el pasado 9 de octubre.

El mandatario también adelantó que el Consejo de Gabinete evaluará si se mantienen los desfiles patrios programados para noviembre.

“Lo único que sí adelanté es que este año no habrán dianas en la Presidencia de la República, porque no hay nada que celebrar”, manifestó Mulino, quien explicó que todavía no existe una decisión sobre los desfiles y que el tema podría discutirse con sus ministros el próximo martes, durante la reunión del Consejo de Gabinete.

Las dianas constituyen una de las tradiciones más representativas de las fiestas patrias panameñas. Consisten en interpretaciones musicales de bandas de guerra, agrupaciones institucionales y conjuntos musicales durante la madrugada del 3 de noviembre, cuando se conmemora la separación de Panamá de Colombia, ocurrida en 1903.

La celebración suele reunir a autoridades y ciudadanos en los alrededores de la Presidencia, donde las interpretaciones de marchas y piezas patrióticas anuncian el inicio de las festividades nacionales. Su cancelación representa una modificación de las actividades oficiales, en momentos en que el país continúa atendiendo los daños ocasionados por el terremoto.

Por el momento, el Ministerio de Educación (Meduca) no ha anunciado una decisión oficial sobre la suspensión de los desfiles estudiantiles correspondientes al 3, 4 y 5 de noviembre. Estas jornadas forman parte de las principales celebraciones cívicas del país, con la participación de centros educativos y bandas musicales.

Mulino reconoció que varias comunidades ya han suspendido sus celebraciones tradicionales, aunque evitó anticipar una decisión nacional. “Sé que algunos lugares han suspendido fiestas tradicionales de ellos, pero bueno, los desfiles los vamos a ver prontito”, expresó el mandatario al referirse a las actividades pendientes de evaluación.

En la provincia de Los Santos, el Municipio de Las Tablas anunció la suspensión de las festividades del 8 de noviembre, fecha de especial significado histórico para la comunidad. Las autoridades explicaron que la decisión responde a la necesidad de proteger a residentes y visitantes y concentrar los esfuerzos en la recuperación del distrito.

Por su parte, el Municipio de Montijo, en la provincia de Veraguas, canceló las actividades previstas para el 3, 4 y 14 de noviembre. La medida incluye las celebraciones patrias y la conmemoración de los 123 años de adhesión del distrito a la gesta separatista de 1903, ante las afectaciones sufridas por numerosas familias.

En Herrera, el Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta, previsto del 14 al 18 de octubre en Los Pozos, también fue cancelado. La decisión afecta una celebración folclórica que incluye presentaciones culturales, concursos y desfiles tradicionales, ante los daños materiales y las condiciones de seguridad.

Las suspensiones alcanzan además el Festival Nacional del Sombrero Pintao en La Pintada y otras actividades tradicionales en Natá, Antón y Aguadulce. También se canceló el Festival Nacional del Cangrejo y el Marisco en Montijo, dentro de las medidas adoptadas por los organizadores tras el desastre.

El balance oficial divulgado el 14 de octubre contabilizó 13.623 personas afectadas, pertenecientes a 4.045 familias. El Sistema Nacional de Protección Civil informó que 879 familias perdieron completamente sus viviendas, mientras 3.696 personas permanecían alojadas en 45 albergues habilitados para atender la emergencia.

Las autoridades mantienen las labores de evaluación de daños y distribución de asistencia humanitaria en las comunidades afectadas, principalmente en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé. Mientras continúan estas operaciones, la realización de los desfiles patrios sigue pendiente de una decisión del Gobierno, que evaluará el tema durante la próxima reunión del Consejo de Gabinete.

La aprehensión de cinco personas vinculadas presuntamente con el robo de cuentas de WhatsApp para solicitar transferencias de dinero y la captura de otros seis sospechosos por delitos que incluyen estafa y hurto de vehículos evidencian las distintas modalidades de engaño investigadas en Panamá.

La primera intervención, denominada operación Chat Scam, se desarrolló en Chiriquí y Panamá Oeste, donde las autoridades capturaron a cuatro personas en la primera provincia y una en la segunda. Durante los allanamientos, el Ministerio Público incautó cinco teléfonos celulares relacionados con las investigaciones.

Según la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, los sospechosos se apoderaban indebidamente de cuentas de WhatsApp y suplantaban la identidad de sus titulares para solicitar dinero a sus contactos, mediante transferencias bancarias dirigidas a terceras personas.

En otra intervención, denominada operación Arado, la Fiscalía Regional de Chiriquí y la Policía Nacional aprehendieron a seis personas presuntamente relacionadas con investigaciones por estafa, hurto de vehículos y lesiones personales. Las diligencias se realizaron en los distritos de Bugaba y David.

Durante los allanamientos también fueron decomisados equipos tecnológicos y aproximadamente 3.000 cajas de cigarrillos de contrabando de diferentes marcas. Las investigaciones corresponden a causas iniciadas entre 2021 y 2026, relacionadas con delitos contra el patrimonio económico y la integridad personal.

Estos procedimientos se conocen en un contexto de aumento de las denuncias por estafas y otros fraudes en Panamá. Entre enero y septiembre de 2026, el Ministerio Público registró 5.089 noticias criminales, frente a las 4.515 contabilizadas durante el mismo período de 2025, un incremento del 13%.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, la estafa común concentra 4.680 registros, equivalentes a casi el 92% del total. Esta modalidad pasó de 4.310 casos en 2025 a 4.680 en 2026, mientras que las investigaciones por estafa agravada disminuyeron de 125 a 110.

Uno de los cambios más significativos corresponde a la modificación o manipulación de programas informáticos, que pasó de 63 noticias criminales durante los primeros nueve meses de 2025 a 270 en igual período de 2026. Esto representa un crecimiento del 329%, según el informe estadístico.

La distribución geográfica muestra que la provincia de Panamá concentra 2.921 registros, seguida de Panamá Oeste, con 708, y Chiriquí, con 441. También figuran San Miguelito, con 268, y Colón, con 184. Estas cifras corresponden a denuncias registradas, no necesariamente a delitos comprobados.

En la comparación interanual, Panamá Oeste registró un incremento del 28%, al pasar de 552 a 708 noticias criminales. Los Santos aumentó un 34%, de 79 a 106, mientras que la provincia de Panamá experimentó un crecimiento del 15%, con 387 registros adicionales.

El Código Penal panameño distingue entre la estafa y las conductas fraudulentas cometidas mediante sistemas informáticos. La primera implica obtener un beneficio económico mediante engaño, mientras que el fraude informático puede involucrar la alteración de programas, bases de datos o redes para conseguir un provecho ilícito.

Las sanciones también presentan diferencias. Tras la reforma introducida mediante la Ley 524 de mayo de 2026, el artículo 220 establece penas de tres a seis años de prisión por estafa, con aumentos de hasta un tercio cuando concurren determinadas circunstancias, como el uso de medios informáticos o la suplantación de identidad.

Para la estafa agravada, el artículo 221 contempla penas de siete a doce años de prisión, mientras que la manipulación de sistemas informáticos, regulada en el artículo 226, establece condenas de cuatro a seis años, que pueden llegar hasta ocho años bajo determinadas circunstancias.

Las cifras del Ministerio Público reflejan un promedio de aproximadamente 19 hechos criminales diarios durante los primeros nueve meses de 2026.

El teleférico de Panamá y San Miguelito podría estar listo durante el segundo semestre de 2028, siempre que no se presenten retrasos en su ejecución. El presidente José Raúl Mulino entregó este jueves 15 de octubre la orden de proceder para un proyecto valorado en 255,2 millones de dólares, que busca mejorar la movilidad urbana.

La obra estará a cargo de Doppelmayr Panamá Corp., empresa que obtuvo el contrato por 255.163.788 dólares, posteriormente refrendado por la Contraloría General de la República. La autorización marca el inicio formal de una etapa de ejecución que contempla 30 meses para completar los trabajos y pruebas del sistema.

Antes de comenzar las principales obras civiles, la empresa deberá preparar los frentes de construcción y coordinar la disponibilidad de los terrenos necesarios. Estas actividades incluyen planificación, organización y gestiones con distintas instituciones, mientras se definen las condiciones para instalar las estaciones y demás componentes de la infraestructura.

El futuro transporte tendrá 6,6 kilómetros de extensión y seis estaciones, distribuidas entre ambos distritos. El recorrido comprenderá Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter, con cuatro paradas en San Miguelito y dos en Panamá, según el diseño presentado por las autoridades.

Una de sus principales características será la integración con la Línea 2 del Metro en la estación Cincuentenario, facilitando los desplazamientos hacia otros sectores de la capital. El proyecto también busca complementar los servicios de Metrobús y ofrecer alternativas a comunidades con dificultades de acceso.

El sistema utilizará telecabinas monocable desembragables con capacidad para diez pasajeros sentados y podrá transportar hasta 2.800 personas por hora en cada sentido. El trayecto completo tendrá una duración estimada de 26 minutos entre las estaciones extremas, de acuerdo con las especificaciones oficiales.

Las autoridades calculan que más de 300.000 personas podrían beneficiarse de la nueva infraestructura, especialmente en comunidades donde las pendientes y la congestión vehicular dificultan los recorridos. Mulino aseguró que los usuarios podrían reducir hasta la mitad sus tiempos habituales de desplazamiento.

Durante la ceremonia realizada en Cincuentenario, el mandatario destacó la importancia de ofrecer un transporte moderno y menos contaminante. También señaló que los sistemas de cable utilizados en otras ciudades han demostrado ventajas para conectar sectores elevados, donde la construcción de infraestructura vial presenta mayores dificultades.

Panamá se incorporaría así a un grupo de países latinoamericanos con teleféricos urbanos integrados al transporte público. Colombia, Bolivia, México y República Dominicana ya utilizan esta tecnología para conectar barrios densamente poblados, mejorar el acceso a estaciones ferroviarias y reducir desplazamientos por carretera.

Medellín fue pionera en la región con la inauguración de su Metrocable en 2004, integrado al sistema de metro. Bogotá incorporó posteriormente TransMiCable para atender sectores de Ciudad Bolívar, mientras La Paz y El Alto desarrollaron una extensa red de transporte por cable.

En México, Ciudad de México opera el Cablebús para conectar comunidades de zonas elevadas, particularmente en sectores con problemas de accesibilidad. República Dominicana también cuenta con teleféricos urbanos en Santo Domingo y Santiago, concebidos para complementar otros servicios de transporte masivo.

Estas experiencias muestran que el transporte por cable puede reducir barreras geográficas y ampliar la cobertura de las redes públicas. Sin embargo, su funcionamiento requiere conexiones eficientes, mantenimiento permanente y una adecuada integración con los sistemas existentes para responder a las necesidades de los pasajeros.

En Panamá, el contrato contempla construcción, instalación de equipos electromecánicos y pruebas operativas antes de la puesta en servicio. La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, participó en el acto junto con autoridades nacionales y directivos del Metro, mientras la fecha definitiva dependerá del cumplimiento del cronograma.

Las autoridades panameñas decomisaron 4.182 gorras con marcas presuntamente falsificadas durante cuatro allanamientos simultáneos en establecimientos comerciales de Panamá y Panamá Oeste. La mercancía era ofrecida como original y tenía un valor preliminar cercano a los 200.000 dólares, según los informes policiales.

Los procedimientos se realizaron el miércoles 14 de octubre mediante la operación Jaque Mate, desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática. En las diligencias participaron agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y unidades de la Policía Nacional.

Las inspecciones abarcaron establecimientos ubicados en La Chorrera, 24 de Diciembre, Juan Díaz y avenida B, dentro de una investigación por presunta falsificación de marcas. Los agentes encontraron miles de artículos que utilizaban distintivos comerciales registrados sin autorización de sus propietarios.

La mercancía decomisada quedó a disposición de la Fiscalía para los peritajes que determinarán su valor comercial y las características de los productos. Las autoridades también buscan establecer el perjuicio económico ocasionado a los titulares de las marcas y la procedencia de los artículos.

La investigación continúa para identificar a los posibles responsables de la distribución y establecer si existían vínculos entre los establecimientos intervenidos. Los investigadores deberán determinar la participación de proveedores y comerciantes en la presunta comercialización de productos falsificados.

El operativo se suma a otros decomisos de mercancías presuntamente falsificadas realizados durante 2026. Uno de los más recientes ocurrió el 8 de octubre, cuando las autoridades incautaron 11.886 insumos médicos en una bodega de Juan Díaz, valorados en más de 11.000 dólares.

Entre los productos encontrados había vendas, gasas y otros materiales médicos que presuntamente utilizaban marcas sin autorización. La mercancía estaba almacenada para su distribución y quedó bajo investigación para determinar su autenticidad y posible origen comercial.

Durante ese procedimiento, la DIJ informó que había desarrollado 18 operaciones contra delitos de propiedad intelectual en lo transcurrido del año. Los casos incluían cigarrillos, repuestos automotrices y otros artículos, con decomisos valorados conjuntamente en más de un millón de dólares.

Otro antecedente ocurrió en junio, cuando la operación Tarjeta Roja permitió intervenir un taller clandestino dedicado presuntamente a fabricar camisetas falsificadas de la selección panameña de fútbol. En dos viviendas de La Chorrera fueron aprehendidas 12 personas e incautadas 316 camisetas, además de maquinaria industrial.

Los investigadores encontraron equipos de costura, bordado e impresión, computadoras y materiales utilizados para confeccionar prendas con distintivos comerciales. Según las autoridades, los inmuebles funcionaban como centros de producción para la distribución de mercancía que imitaba productos originales.

En mayo, el Ministerio Público también informó sobre la destrucción de más de 4.000 bultos de calzado deportivo falsificado en Panamá y Colón. Estos artículos procedían de decomisos efectuados a finales de 2025 y fueron eliminados después de obtener la correspondiente autorización judicial.

Las investigaciones sobre productos falsificados también alcanzan al sector sanitario. En septiembre, el Ministerio de Salud lanzó una campaña contra los medicamentos adulterados y advirtió sobre los riesgos de consumir sustancias de procedencia desconocida, que pueden carecer de componentes activos o contener ingredientes peligrosos.

En el caso de las gorras decomisadas, la Fiscalía mantiene abiertas las diligencias para establecer responsabilidades penales. Los resultados de los peritajes permitirán precisar el alcance económico de la operación y determinar si la mercancía formaba parte de una red de distribución de artículos falsificados.

Estados Unidos envió helicópteros Black Hawk adicionales a Panamá para reforzar el transporte de suministros y personal hacia las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre.

El embajador estadounidense, Kevin Marino Cabrera, confirmó el despliegue durante una conferencia de prensa y explicó que las aeronaves se suman al helicóptero Chinook que ya participaba en las operaciones humanitarias.

El diplomático señaló que la decisión respondió a una solicitud de las autoridades panameñas, que necesitaban ampliar la capacidad del puente aéreo hacia las zonas de difícil acceso. Tras recibir el requerimiento, la Embajada contactó al Comando Sur para gestionar el envío de más aeronaves militares, sin precisar cuántos Black Hawk fueron incorporados.

Cabrera explicó que desde las primeras horas de la emergencia mantuvo comunicación directa con el presidente José Raúl Mulino y otros funcionarios panameños. La coordinación, sostuvo, se desarrolla bajo el liderazgo del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), encargado de identificar las necesidades prioritarias de las comunidades damnificadas y organizar la respuesta.

La asistencia estadounidense incluye cinco millones de dólares aprobados por el presidente Donald Trump, además de personal especializado, helicópteros y suministros de emergencia. El embajador aclaró que se trata de un aporte inicial y que la posibilidad de ampliar los recursos dependerá de las evaluaciones y conversaciones con el Gobierno panameño.

Entre los equipos movilizados figuran 20 especialistas en búsqueda y rescate urbano procedentes de los condados estadounidenses de Fairfax y Los Ángeles. Estos profesionales trabajan junto con personal panameño en la evaluación de hospitales, iglesias, edificios gubernamentales y otras estructuras, principalmente en las provincias afectadas por el terremoto.

Las inspecciones se han realizado en Coclé, Veraguas, Los Santos, Herrera y la ciudad de Panamá. Cabrera explicó que determinar la seguridad de los inmuebles es una prioridad antes de permitir su ocupación o iniciar reparaciones. Washington también analiza la posibilidad de proporcionar más ingenieros especializados para continuar esas evaluaciones.

Como parte de la cooperación, Estados Unidos entregó 17 camiones de carga pesada al Servicio Nacional de Fronteras, valorados en aproximadamente 2,1 millones de dólares. Según el embajador, estos vehículos fortalecerán la capacidad de transportar suministros y equipos, tanto durante la emergencia actual como en futuras operaciones de respuesta ante desastres.

El diplomático informó que durante esta semana cinco camiones trasladaron más de 30 toneladas de suministros hacia las áreas afectadas. La carga incluía carpas, colchonetas, utensilios de cocina, mosquiteros y otros artículos básicos. También destacó la participación de empresas estadounidenses y el apoyo tecnológico de Starlink, utilizado para facilitar comunicaciones.

Además del Chinook facilitado por el Comando Sur, helicópteros vinculados a programas de cooperación estadounidense, operados por el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, han transportado alimentos, personal y suministros. Cabrera afirmó que estos recursos demuestran cómo la cooperación en seguridad puede utilizarse también para atender emergencias humanitarias.

Rechazo a publicación de periódico estadounidense

Durante la conferencia, el embajador rechazó una publicación de The New York Times sobre el supuesto envío de 600 militares estadounidenses a Panamá. Calificó esa información de “categóricamente falsa” y sostuvo que no existe el despliegue descrito por el periódico. También cuestionó la verificación realizada antes de divulgar la información.

Cabrera explicó que la presencia de personal estadounidense responde a distintas actividades permanentes, incluidos programas de cooperación, capacitación y funciones diplomáticas. Precisó que la Embajada cuenta con 592 empleados y que esa cifra no equivale a un contingente militar, pues incluye personal consular, administrativo y de distintas agencias.

También se refirió a la Escuela de la Selva, donde se desarrollan cursos de entrenamiento para integrantes de fuerzas de seguridad. Indicó que cada grupo puede reunir alrededor de 120 participantes y que las capacitaciones duran entre tres semanas y un mes. Los estudiantes pueden proceder de Estados Unidos, Panamá y otros países de la región.

El embajador aclaró que los participantes llegan para completar su formación y posteriormente regresan a sus lugares de origen. Añadió que algunos pilotos estadounidenses han ingresado al país para operar los helicópteros de apoyo, pero insistió en que estos movimientos no representan el despliegue de 600 soldados mencionado por el periódico.

En otro momento, Cabrera reconoció la respuesta de la Autoridad del Canal de Panamá tras el terremoto. Aseguró que la entidad logró evaluar sus instalaciones y la vía acuática en aproximadamente 21 minutos, lo que permitió mantener las operaciones sin interrupciones, pese a la magnitud del movimiento sísmico.

El representante diplomático destacó la rapidez del equipo encargado de administrar la ruta interoceánica y señaló que esa capacidad de respuesta constituye un ejemplo de preparación ante emergencias. También reconoció el trabajo de Sinaproc, los bomberos, Senafront, el Servicio Nacional Aeronaval y los voluntarios que participan en las labores de asistencia.

Sobre las próximas etapas, Cabrera indicó que Estados Unidos mantiene conversaciones diarias con Panamá para determinar qué otros recursos podrían necesitarse. Entre las posibilidades se encuentra una mayor participación de ingenieros en la revisión de escuelas, hospitales y viviendas, aunque todavía no existe un compromiso concreto sobre nuevos despliegues.

El embajador sostuvo que podrían producirse nuevos anuncios de asistencia en los próximos días, conforme avancen las evaluaciones de daños. También defendió la respuesta del Departamento de Estado tras el cierre de USAID, cuyas funciones de atención a desastres fueron reorganizadas, y destacó la cooperación brindada recientemente a otros países de la región.

Panamá fue incorporado al Sistema de Alertas Sísmicas de Android, una herramienta gratuita de Google que puede advertir sobre un terremoto antes de que lleguen las sacudidas más fuertes.

El presidente José Raúl Mulino anunció la activación del servicio este jueves 15 de octubre, después del terremoto que afectó varias provincias del país.

El mandatario agradeció la cooperación de Google y destacó la importancia de disponer de segundos adicionales para protegerse. La herramienta funciona en teléfonos Android compatibles, sin necesidad de instalar una aplicación independiente. Su objetivo es advertir sobre movimientos sísmicos que ya comenzaron, no predecir cuándo ocurrirá un terremoto.

El sistema utiliza los acelerómetros incorporados en los celulares, sensores capaces de detectar las primeras vibraciones del suelo. Cuando varios dispositivos registran señales similares, envían información a los servidores de Google, que analizan los datos. Si identifican un terremoto, generan alertas para las zonas potencialmente afectadas.

La tecnología aprovecha que las ondas sísmicas iniciales, conocidas como P, viajan más rápido que las ondas S, responsables de buena parte de las sacudidas más intensas. Las comunicaciones electrónicas permiten transmitir la advertencia antes de su llegada, aunque el margen depende de la distancia al epicentro.

Google ofrece dos tipos de notificaciones para sismos de magnitud 4,5 o superior. La alerta de advertencia informa sobre movimientos menos intensos, mientras que la alerta para tomar medidas ocupa la pantalla y puede emitir un sonido fuerte. También presenta recomendaciones para buscar protección inmediata.

La experiencia de Venezuela constituye uno de los ejemplos recientes de funcionamiento del sistema. Durante los terremotos del 24 de junio de 2026, Google informó que envió advertencias a 11,4 millones de personas. Alrededor de 1,4 millones recibieron notificaciones de mayor gravedad, destinadas a promover acciones de protección.

En algunas zonas venezolanas, los usuarios recibieron avisos hasta dos minutos antes de sentir las sacudidas. Numerosos ciudadanos compartieron sus experiencias en redes sociales, mientras Google aseguró que el mecanismo respondió según lo previsto. No existe una cifra confirmada de víctimas evitadas gracias a las alertas.

También se documentaron resultados en Filipinas, donde un terremoto de magnitud 6,7 en 2023 permitió enviar avisos con hasta 15 segundos de anticipación a personas cercanas al epicentro. En áreas más alejadas, algunos usuarios dispusieron de hasta un minuto, según los datos publicados por Google.

En Turquía, durante un sismo de magnitud 6,2 registrado en abril de 2025, las advertencias llegaron con algunos segundos y hasta 20 segundos de anticipación. El sistema distribuyó más de 11 millones de alertas, aunque su funcionamiento no garantiza que todos los usuarios sean notificados a tiempo.

Una investigación publicada en la revista Science encontró que el 36% de los usuarios encuestados recibió la alerta antes del temblor, el 28% durante y el 23% después. Los resultados muestran las posibilidades y limitaciones de esta tecnología, especialmente para quienes se encuentran cerca del epicentro.

Para activar o comprobar la función, los usuarios deben ingresar a Ajustes, Seguridad y emergencia y Alertas de terremotos. En algunos modelos, la opción aparece dentro de Ubicación. El teléfono necesita conexión a internet y la configuración correspondiente habilitada para recibir las notificaciones disponibles.

La incorporación ocurre tras el terremoto del 9 de octubre, registrado cerca de Tonosí, con una magnitud reportada de aproximadamente 7,5. El movimiento y sus réplicas afectaron viviendas, carreteras y edificios públicos. El último balance gubernamental informó de 600 centros educativos afectados y 69 instalaciones sanitarias con daños leves.

El Gobierno también reportó más de 465 toneladas de ayuda humanitaria movilizadas y 3.696 personas alojadas en albergues, mientras continuaban las evaluaciones y la recuperación de comunidades. En ese contexto, las nuevas alertas representan un mecanismo adicional de prevención, sin sustituir las indicaciones de protección civil.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que este jueves 15 de octubre se depositarán fondos en las juntas comunales y alcaldías para atender directamente a los damnificados del terremoto que sacudió el país el pasado viernes.

Cada representante de corregimiento recibirá 10.000 dólares y cada alcaldía dispondrá de 20.000 dólares, recursos que estarán sujetos a fiscalización de la Contraloría General de la República.

El mandatario comunicó la medida mediante sus redes sociales, en medio de la emergencia provocada por el sismo de magnitud 7,5, que dejó miles de familias afectadas y daños en viviendas, hospitales, escuelas y carreteras.

Mulino aseguró que los desembolsos serán supervisados rigurosamente por la Contraloría, aunque no precisó el monto global de la asignación ni cuántos gobiernos locales recibirán los recursos.

El anuncio coincide con el inicio de las labores de reconstrucción de viviendas destruidas por el terremoto y la distribución de asistencia humanitaria en las comunidades perjudicadas.

El ministro y secretario de Metas de la Presidencia, José Ramón Icaza, informó que más de 465 toneladas de ayuda han sido movilizadas, de las cuales 144 toneladas fueron transportadas por vía aérea y más de 321 por tierra.

Según el balance gubernamental, las instituciones han distribuido más de 16.000 bolsas de alimentos en 117 comunidades de las regiones afectadas. La atención también comprende 45 albergues habilitados, donde permanecen 3.696 personas que necesitaron refugio tras el desastre.

La asistencia incluye suministros básicos y apoyo a las familias, mientras avanzan las evaluaciones para determinar las necesidades de recuperación.

El más reciente informe del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) contabiliza 13.623 personas y 4.045 familias afectadas por el terremoto. Entre los damnificados figuran 547 personas con discapacidad y 50 mujeres embarazadas. Además, 879 familias perdieron completamente sus viviendas, mientras otras 926 presentan daños moderados, 1.577 afectaciones parciales y 663 daños leves.

Las provincias de Los Santos y Coclé concentran algunos de los mayores daños habitacionales registrados. En Los Santos se contabilizan 2.010 viviendas y 6.175 personas afectadas, mientras Coclé reporta 1.324 inmuebles y 4.703 habitantes perjudicados. Veraguas registra otras 637 viviendas dañadas, junto con interrupciones en servicios básicos y problemas de acceso a comunidades.

En Herrera, las autoridades identificaron 153 viviendas con pérdida total y otras 831 con daños de distinta gravedad, además de 32 deslizamientos de tierra. Las afectaciones también alcanzaron carreteras, puentes y edificios públicos. Cinco comunidades permanecían incomunicadas en sectores de Las Minas y Los Pozos, según el último balance provincial divulgado por Protección Civil.

El Gobierno informó que la construcción de nuevas viviendas comenzó en Quebrada Grande, Penonomé y San Félix, ubicados en Veraguas, Coclé y Chiriquí, respectivamente. Los trabajos se extenderán a comunidades de Herrera, Los Santos y la comarca Ngäbe Buglé. La estrategia contempla reparar inmuebles parcialmente dañados y reconstruir aquellos destruidos, de acuerdo con las evaluaciones técnicas.

En materia sanitaria, las autoridades reportaron 842 instalaciones de salud evaluadas, de las cuales 69 presentan afectaciones leves. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social trabajan en el retorno progresivo de pacientes a las instalaciones verificadas, mientras se mantienen medidas de seguridad para el personal médico y los usuarios.

El sector educativo también enfrenta dificultades, con 600 centros oficiales afectados según la actualización gubernamental del jueves. La reapertura de las clases presenciales será gradual y dependerá de las inspecciones y reparaciones necesarias. El Ministerio de Educación deberá confirmar las condiciones de seguridad antes de autorizar el regreso de estudiantes y docentes a los planteles.

La emergencia dejó además una mujer fallecida como consecuencia de las lesiones sufridas durante el terremoto, de acuerdo con el reconocimiento oficial realizado por el Gobierno. Icaza expresó condolencias a sus familiares y agradeció la colaboración de Venezuela y Costa Rica. La cooperación internacional forma parte de las operaciones de asistencia y recuperación desplegadas en las zonas afectadas.

El terremoto se registró el 9 de octubre a las 12:56 de la tarde, con epicentro a unos 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la península de Azuero.

El movimiento provocó una extensa secuencia de réplicas y obligó al Gobierno a declarar el estado de emergencia. Las autoridades mantienen como prioridades la atención humanitaria, la recuperación de servicios y la reconstrucción de las comunidades perjudicadas.

Cuatro integrantes de la pandilla La Favela, entre ellos su cabecilla, fueron declarados culpables por pandillerismo en la provincia panameña de Chiriquí, tras un juicio oral que examinó sus actividades delictivas. El fallo se suma a otras 15 condenas obtenidas mediante acuerdos de pena contra miembros de la misma organización.

El Tribunal de Juicio de Chiriquí adoptó la decisión por mayoría, con el voto disidente de uno de sus tres jueces, después de analizar más de 40 pruebas. Los acusados tienen entre 29 y 56 años. Las penas se conocerán el próximo 13 de noviembre, durante la audiencia de lectura de sentencia.

La agrupación operaba en el corregimiento de Pedregal, distrito de David, principalmente en Villa Galo, El Pelusero y La Favela. Las investigaciones la relacionaron con distribución de drogas, robos, hurtos, sicariato y enfrentamientos con organizaciones rivales. También se le atribuyeron delitos vinculados con armas de fuego, homicidios y lesiones personales.

El expediente comenzó en diciembre de 2021, cuando inteligencia policial identificó la presencia de la estructura en diferentes barriadas de Pedregal. Las autoridades desarrollaron un operativo de captura el 25 de enero de 2023. El proceso culminó con un juicio celebrado entre el 7 y el 25 de septiembre de 2026.

La pandilla La Favela surgió en 2016 tras el desmantelamiento de Los Aponte, otra organización criminal que operaba en la región, según la Procuraduría.

Las investigaciones también atribuyeron a sus integrantes presuntos hechos de extorsión e incendiarismo, además de los delitos relacionados con drogas y violencia. En marzo de 2023, las autoridades capturaron a alias “Magú”, requerido por su presunta vinculación con esta estructura.

Mientras avanzaba ese caso, la Procuraduría General de la Nación desarrolló la Operación Equilibrio contra otra presunta pandilla en San Miguelito. Las diligencias se concentraron en Cocobolo y sectores cercanos, donde las autoridades investigan hechos violentos y actividades que habrían alterado la seguridad y convivencia de los residentes.

La intervención dejó cinco aprehendidos, incluido un presunto cabecilla, según información periodística sobre la operación policial. La agrupación fue identificada como Niños de la Vereda, conocida como NDV. Durante los allanamientos se decomisaron teléfonos celulares, material de intendencia y réplicas de armas de fuego.

Los investigadores también examinan publicaciones en Instagram y TikTok presuntamente utilizadas para promover actividades relacionadas con la pandilla. Reportes locales señalan posibles vínculos de NDV con Los HP o Manzana Cero. Estas conexiones permanecen bajo investigación y no constituyen hechos judicialmente probados.

El problema del pandillerismo mantiene una dimensión nacional. Según la Policía, Panamá registra 121 agrupaciones activas, vinculadas con ocho grandes corrientes criminales. La cifra representa 59 organizaciones menos que las 180 identificadas en 2024, aunque las autoridades advierten sobre la fragmentación y especialización de estas estructuras.

Entre las principales corrientes identificadas figuran Bagdad, Calor Calor, Roca, RG 4Life, Killa, Mafia Filipina y HP o Manzana Cero. Sus redes mantienen presencia en diferentes zonas del país y están asociadas con actividades como narcotráfico, microtráfico, extorsión y sicariato, además de disputas territoriales entre organizaciones rivales.

En septiembre, la Fiscalía obtuvo nueve condenas de entre 72 y 100 meses de prisión mediante la Operación Custodia, desarrollada en San Miguelito. Los sentenciados pertenecían a una estructura denominada Los Jota o JDM, investigada por homicidios, lesiones, drogas, armas y ataques contra residentes.

La investigación de Custodia también documentó presuntos hurtos, desalojos e incendios en los sectores de Santa Marta y Las Colinas. Entre los capturados figuraban dos señalados como cabecillas, conocidos como Pollito y Bebito. El procedimiento incluyó allanamientos y la incautación de equipos tecnológicos utilizados como indicios.

Otra actuación judicial permitió condenar a cuatro integrantes de una pandilla de Tocumen a penas de 162, 168 y 224 meses de prisión. Los fallos corresponden a la Operación Corintios, iniciada en febrero de 2022. Otros 21 miembros de esa organización ya cumplían condenas en centros penitenciarios.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, informó que más de 400 personas han sido encarceladas por su vinculación con estructuras pandilleriles desarticuladas. También señaló el traslado de 32 líderes a Coiba y otros 78 a una prisión de máxima seguridad en Chiriquí, como parte de las medidas para limitar sus operaciones desde las cárceles.

El cáncer de próstata ocupa el primer lugar entre los tumores malignos diagnosticados en hombres en Panamá, una enfermedad que puede desarrollarse durante años sin presentar síntomas.

El Instituto Oncológico Nacional (ION) registró 581 tumores malignos de próstata durante 2024, mientras especialistas advierten sobre la importancia de identificar los factores de riesgo y acudir oportunamente a evaluación médica.

La uróloga Beliza Bernal Montemayor explicó que uno de los principales peligros de esta enfermedad es su evolución silenciosa, especialmente durante las primeras etapas. La ausencia de molestias puede retrasar la búsqueda de atención médica y permitir que el tumor avance antes de ser identificado, reduciendo las posibilidades de acceder a tratamientos con intención curativa.

“Es más favorable tratar a un paciente que tiene una enfermedad localizada que a uno que llega tarde a la consulta”, señaló la especialista, quien destacó que la detección temprana permite evaluar diferentes alternativas terapéuticas. También recomendó conocer los antecedentes familiares y no esperar a presentar síntomas para consultar con un profesional de salud.

Las cifras internacionales muestran la dimensión del problema. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), organismo de la Organización Mundial de la Salud, estimó más de 1,5 millones de nuevos diagnósticos en el mundo durante 2024.

La enfermedad fue el segundo cáncer más frecuente entre los hombres, con cerca de 420.000 fallecimientos a escala mundial.

En Panamá, las estimaciones de Globocan correspondientes a 2022 calcularon 1.476 nuevos casos de cáncer de próstata, equivalentes al 35,5% de los diagnósticos oncológicos masculinos.

La enfermedad también encabezó las causas de mortalidad por cáncer entre los hombres. Estas estimaciones nacionales no son directamente comparables con los registros hospitalarios del ION correspondientes a 2024.á

En América Latina y el Caribe, las estadísticas de Globocan identificaron 225.985 nuevos casos y 61.056 fallecimientos durante 2022. Estas cifras reflejan la carga regional de una enfermedad cuya incidencia aumenta con la edad y que presenta diferencias importantes entre poblaciones, relacionadas con factores genéticos, demográficos y de acceso a los servicios sanitarios.

Entre los principales factores de riesgo figuran la edad avanzada, los antecedentes familiares y determinadas alteraciones genéticas. Tener un padre o hermano diagnosticado a una edad temprana incrementa la probabilidad de desarrollar la enfermedad. La especialista también identificó la ascendencia africana como otro factor asociado con una mayor incidencia.

Cuando el cáncer progresa, pueden aparecer dolor en los huesos, pérdida de peso o sangre en la orina, aunque estas manifestaciones también pueden responder a otras enfermedades.

Bernal Montemayor insistió en que la ausencia de señales físicas no descarta un tumor, por lo que la orientación médica resulta especialmente importante en pacientes con antecedentes familiares.

Para la evaluación se utiliza el antígeno prostático específico (PSA), una prueba de sangre que mide una proteína producida por la próstata. También puede emplearse el tacto rectal.

Sin embargo, un resultado elevado de PSA no confirma por sí solo la presencia de cáncer, pues existen otras condiciones que pueden modificar sus valores.

La Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda conversar sobre las pruebas desde los 50 años para hombres con riesgo promedio, a los 45 para quienes presentan mayor riesgo y desde los 40 en determinados casos familiares.

La decisión debe considerar beneficios, limitaciones y posibles riesgos, mediante una evaluación individualizada.

Las alternativas de tratamiento dependen de la etapa de la enfermedad, las características del tumor y las condiciones del paciente. Algunas personas pueden permanecer bajo vigilancia activa, mientras otras requieren cirugía o radioterapia. Bernal Montemayor reiteró que superar los tabúes asociados a los controles prostáticos puede facilitar consultas oportunas y mejores decisiones médicas.

El terremoto que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre dejó entre la población afectada a 547 personas con discapacidad y 50 mujeres embarazadas, según el más reciente informe del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Ambos grupos forman parte de las 13.623 personas afectadas por el movimiento sísmico, que provocó daños en viviendas, hospitales, escuelas y carreteras de distintas provincias del país.

El comunicado oficial número 12 establece que 4.045 familias resultaron afectadas por el desastre, de las cuales 879 perdieron completamente sus viviendas. Otras 926 familias registran daños moderados, 1.577 presentan afectaciones parciales y 663 reportan daños leves o menores, mientras las autoridades continúan verificando las condiciones de los inmuebles.

La emergencia mantiene a 3.696 personas alojadas en 45 albergues habilitados en diferentes regiones. Las instituciones también han movilizado más de 319.328 libras de asistencia humanitaria por vía aérea y más de 321 toneladas de suministros por tierra, destinados a comunidades que enfrentan dificultades para acceder a alimentos, agua potable y otros servicios esenciales.

En Los Santos, una de las provincias más golpeadas, se contabilizan 2.010 viviendas y 6.175 personas afectadas. Las inspecciones identificaron daños en 35 centros educativos, 28 edificios gubernamentales y cuatro hospitales.

La provincia mantiene 13 albergues con 644 personas, mientras continúan las evaluaciones estructurales y se reportan seis lesionados leves.

Coclé registra 1.324 viviendas afectadas y 4.703 personas perjudicadas, además de 17 lesionados leves. El balance incluye daños en siete hoteles, dos hospitales, 32 centros educativos y 14 iglesias.

También se identificaron seis puentes peatonales afectados y daños en la carretera Interamericana, específicamente en el sector de Penonomé.

En Veraguas, las autoridades contabilizan 637 viviendas, 192 centros educativos y 22 instalaciones de salud afectadas. Nueve puentes presentan daños en el distrito de Soná y continúan los trabajos en las carreteras de Arenas, Cacao y Quebro. La provincia mantiene 2.569 personas albergadas, mientras persisten interrupciones de agua, electricidad e internet.

En Herrera se contabilizan 831 viviendas con daños moderados, parciales o leves y otras 153 destruidas. También se reportan 32 deslizamientos de tierra, afectaciones en cuatro vías y cinco comunidades incomunicadas en Las Minas y Los Pozos. Tres hospitales y 91 centros educativos presentan daños, según las evaluaciones provinciales.

Chiriquí registra 123 viviendas afectadas, de las cuales 33 presentan pérdida total, mientras Colón contabiliza 1.121 personas perjudicadas y 220 albergadas. En Panamá Oeste se reportan daños en instalaciones públicas y privadas, y en la capital 43 centros educativos presentan afectaciones, de acuerdo con el balance oficial.

En materia sanitaria, las autoridades reportan cinco hospitales con módulos temporales instalados, 83 instalaciones evaluadas y 554 traslados de pacientes, incluidos 35 por vía aérea. Además, Costa Rica enviará dos módulos materno-neonatales con equipos médicos de emergencia, destinados a Herrera y Los Santos, para reforzar la atención hospitalaria.

El Ministerio de Educación mantiene un registro aproximado de 619 centros educativos afectados a escala nacional. Para las inspecciones y la atención de necesidades, la institución dispone de 552 funcionarios, entre profesionales técnicos, personal de mantenimiento y especialistas. Las evaluaciones determinarán las condiciones de seguridad de los planteles antes de normalizar sus actividades.

El terremoto ocurrió el viernes 9 de octubre, a las 12:56 p. m., con magnitud 7,5 según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Su epicentro se localizó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, con una profundidad de cuatro kilómetros. La secuencia sísmica ha continuado durante los días posteriores, con numerosas réplicas, algunas de magnitud considerable.

El Gobierno declaró el estado de emergencia el 10 de octubre para facilitar la atención de los damnificados y la recuperación de infraestructura. Las prioridades incluyen restablecer los servicios básicos, recuperar carreteras y garantizar asistencia a las comunidades aisladas. El Sinaproc advirtió que las cifras son preliminares y pueden modificarse conforme avancen las inspecciones.

El panameño José “Chema” Caballero fue seleccionado entre los tres finalistas al Guante de Oro 2026 de las Grandes Ligas, en la categoría de jugador de utilidad de la Liga Americana.

El reconocimiento llega después de una temporada en la que defendió seis posiciones diferentes con los Yankees de Nueva York, aunque tuvo escasas oportunidades de participar durante la postemporada.

El pelotero de 30 años competirá por el galardón con Ezequiel Durán, de los Rangers de Texas, y Zach McKinstry, de los Tigres de Detroit. Los ganadores serán anunciados el próximo 1 de noviembre. Caballero también comparte la lista de nominados de los Yankees con el receptor Austin Wells y el jardinero Cody Bellinger, reconocidos por sus actuaciones defensivas.

El Guante de Oro, entregado por la marca Rawlings, premia a los jugadores más destacados a la defensiva durante la temporada regular. La categoría de utilidad, incorporada en 2022, reconoce a quienes sobresalen en varias posiciones.

}Para elegir al ganador se utiliza una fórmula especializada desarrollada junto con la Sociedad para la Investigación del Béisbol Estadounidense (SABR).

Caballero construyó su candidatura gracias a su capacidad para desempeñarse como campocorto, segunda base y tercera base, además de cubrir los jardines izquierdo, central y derecho.

Durante la campaña registró 70 partidos en el campocorto, 37 en tercera y 23 en segunda. También participó en 24 encuentros como jardinero, ofreciendo alternativas al cuerpo técnico.

Su rendimiento defensivo incluyó 12 carreras salvadas, una estadística que estima cuántas anotaciones evita un jugador mediante sus intervenciones. La mayor parte de ese aporte se produjo en el campocorto, donde acumuló 13 carreras salvadas.

Su versatilidad permitió cubrir distintas necesidades del equipo y mantener alternativas defensivas durante una temporada marcada por ajustes en la alineación.

En la ofensiva, el panameño también consiguió sus mejores registros personales de 14 cuadrangulares y 51 carreras impulsadas. Terminó la temporada regular con 95 imparables en 411 turnos, promedio de .231, 50 carreras anotadas y 34 bases robadas. Disputó 136 partidos con Nueva York, consolidándose como una pieza de utilidad para el equipo.

La velocidad es otra de sus principales características. Caballero suele presionar a los lanzadores y receptores con intentos de robo de base, incluso en situaciones que requieren asumir riesgos. Su agresividad en los senderos le permite aprovechar descuidos de la defensa y avanzar hacia la siguiente almohadilla.

También ha utilizado los toques de sacrificio como recurso ofensivo, aunque su principal fortaleza en este aspecto sigue siendo el robo de bases.

Sin embargo, ese desempeño no se tradujo en mayores oportunidades durante la postemporada de 2026. Caballero participó en tres encuentros, pero apenas acumuló dos turnos oficiales al bate.

Su única apertura llegó en el tercer partido de la Serie Divisional frente a Tampa Bay, cuando Aaron Boone lo colocó como tercera base y noveno bate. El panameño terminó sin imparables y los Yankees quedaron eliminados tras perder los tres encuentros de la serie.

Nueva York había superado a Boston en la Serie de Comodines, pero quedó eliminado después de tres derrotas consecutivas frente a los Rays. Caballero ingresó como sustituto defensivo en sus primeras dos apariciones y solo recibió la oportunidad de comenzar un encuentro cuando la serie estaba comprometida. Su limitada participación contrastó con los aportes que realizó durante la temporada regular.

Nacido el 30 de agosto de 1996 en Las Tablas, provincia de Los Santos, Caballero llegó a las Grandes Ligas el 15 de abril de 2023 con los Marineros de Seattle. Posteriormente pasó a los Rays de Tampa Bay, organización con la que destacó por su velocidad y lideró la Liga Americana con 44 bases robadas durante la temporada de 2024.

Su llegada a los Yankees ocurrió el 31 de julio de 2025 mediante un intercambio con Tampa Bay. Debutó con el uniforme neoyorquino al día siguiente, frente a Miami, cuando ingresó como corredor emergente, robó una base y anotó una carrera.

Su capacidad para desempeñar distintas funciones facilitó su incorporación al equipo, tanto como titular ocasional como sustituto defensivo.

La nominación representa su primera oportunidad de conquistar un Guante de Oro en las Grandes Ligas. De conseguirlo, se convertiría en el segundo jugador de los Yankees en obtener el premio como utility, después de DJ LeMahieu en 2022.

Por ahora, el reconocimiento destaca el desempeño defensivo de un pelotero panameño que ha encontrado en la versatilidad una de sus principales fortalezas.

Alrededor de 7.000 pasajeros se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando el terremoto del viernes 9 de octubre sacudió Panamá y obligó a evacuar las terminales.

El movimiento sísmico y las réplicas posteriores provocaron 323 vuelos cancelados y 676 demorados durante tres días, una situación que afectó a 59.460 viajeros y alteró las conexiones aéreas nacionales e internacionales.

Las interrupciones generaron malestar entre pasajeros que enfrentaron largas esperas, pérdida de conexiones y cancelaciones de vuelos. Muchos viajeros tuvieron que modificar sus itinerarios mientras las aerolíneas reorganizaban sus operaciones.

La situación se complicó porque cada nueva réplica podía obligar a detener temporalmente la actividad aérea, incluso después de que las terminales habían sido reabiertas.

Tocumen explicó que las suspensiones respondieron a protocolos de seguridad que exigen verificar las condiciones de la infraestructura aeroportuaria después de los movimientos sísmicos.

Las revisiones se concentraron especialmente en las pistas y calles de rodaje, donde cualquier deterioro del pavimento, objeto extraño o afectación de las ayudas visuales podría comprometer las maniobras de despegue y aterrizaje.

Entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre, los equipos técnicos realizaron 38 inspecciones de pistas y 12 revisiones de calles de rodaje. Las evaluaciones no encontraron daños estructurales en los pavimentos, residuos peligrosos para las aeronaves ni afectaciones atribuibles al terremoto en las ayudas visuales.

Sin embargo, las operaciones debían reanudarse únicamente después de completar las verificaciones correspondientes.

Las inspecciones adquieren especial relevancia porque las pistas del principal aeropuerto panameño atraviesan un proceso de rehabilitación, respaldado por un contrato cercano a los $57 millones.

Estos trabajos forman parte de las inversiones destinadas a mantener la infraestructura utilizada diariamente por cientos de aeronaves. Las revisiones posteriores al sismo buscaron comprobar que las superficies operativas conservaran condiciones seguras, independientemente de las obras en ejecución.

El impacto fue particularmente fuerte durante las primeras 48 horas. El viernes se contabilizaron 150 vuelos cancelados y el sábado otros 148, mientras que el domingo la cifra disminuyó a 25.

Tocumen registra normalmente alrededor de 450 operaciones diarias, por lo que las suspensiones alteraron una parte importante de su programación habitual y de las conexiones entre distintos países.

La administración aeroportuaria informó que el viernes se realizaron tres evacuaciones preventivas de las terminales, con participación de pasajeros y trabajadores.

Los equipos de seguridad acompañaron los desplazamientos hacia las áreas establecidas y posteriormente autorizaron el reingreso, una vez completadas las verificaciones. La recuperación de las operaciones fue gradual debido a las réplicas registradas durante el fin de semana.

El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, destacó la coordinación entre los trabajadores del aeropuerto, las aerolíneas y las instituciones públicas para responder a la emergencia.

En las labores participaron equipos de operaciones, mantenimiento, seguridad y salvamento, junto con autoridades de migración, aduanas, salud y aeronáutica civil. La prioridad fue proteger a los viajeros antes de restablecer los vuelos.

Para la tarde del lunes 12 de octubre, la operación del aeropuerto ya se había regularizado, después de un fin de semana marcado por interrupciones y ajustes de itinerarios. La recuperación permitió restablecer las conexiones de Tocumen, cuya actividad resulta fundamental para los viajes entre América del Norte, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

El impacto adquiere mayor dimensión por el volumen de pasajeros que utiliza esta terminal como centro de conexiones regional. Entre enero y agosto de 2026, Tocumen movilizó 15.855.759 viajeros, un crecimiento del 15% frente al mismo periodo del año anterior.

En agosto mantenía enlaces con 93 destinos internacionales y uno doméstico, una red cuya continuidad depende de la seguridad de sus instalaciones.

Copa Airlines, principal operadora de Tocumen, reconoció las demoras prolongadas y cancelaciones ocasionadas por los sucesivos cierres preventivos. La compañía dio prioridad al regreso de aeronaves desviadas hacia aeropuertos alternos y amplió sus medidas de flexibilidad para pasajeros con viajes programados entre el 9 y el 14 de octubre.

La aerolínea permitió cambios de fecha sin penalización ni diferencia tarifaria, así como créditos y solicitudes de reembolso para los boletos afectados.

El terremoto ha dejado 11.527 personas afectadas y unas 3.390 viviendas con daños, según el balance del Sistema Nacional de Protección Civil al 13 de octubre. Las autoridades reportaron 727 residencias con pérdida total en Herrera y Los Santos, mientras 619 centros educativos oficiales permanecían bajo evaluación, de los cuales 35 habían colapsado.

La emergencia también obligó a habilitar más de 33 albergues temporales, donde recibían atención más de 2.841 personas.

Una adulta mayor fue asesinada el sábado 10 de octubre en la barriada La Siesta, en el corregimiento de Tocumen, después de que presuntamente le llamara la atención a un joven por fumar marihuana cerca de su residencia. El reclamo habría provocado una discusión que terminó en un ataque armado contra la mujer, cuyo crimen es investigado como femicidio.

La víctima fue identificada en reportes periodísticos como Leslie Elibeth Mendoza De Gracia, de 56 años. La mujer recibió un disparo en el pecho mientras se encontraba en el portal de su vivienda, en calle Colón. Sus familiares la trasladaron al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, donde falleció a consecuencia de las heridas.

La Procuraduría General de la Nación informó que un adolescente de 17 años fue imputado por femicidio y posesión ilícita de arma de fuego. Durante la audiencia, la Fiscalía Primera Superior de Adolescentes presentó los elementos de convicción recopilados y solicitó la detención provisional, medida que fue ordenada por el Juzgado de Garantías.

El Ministerio Público anunció la decisión el 13 de octubre, tres días después del asesinato. El adolescente permanecerá detenido mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque. La imputación comprende delitos contra la vida y la integridad personal, así como contra la seguridad colectiva por la posesión ilícita de un arma de fuego.

La detención se producen mientras las fiscalías de adolescentes acumulan 3,514 denuncias por hechos delictivos a nivel nacional entre enero y agosto de 2026, según estadísticas preliminares del Ministerio Público. Panamá concentró 899 registros y Panamá Oeste otros 591, las dos áreas con mayor cantidad de denuncias durante ese periodo.

Por tipo de delito, 740 denuncias correspondieron a hechos contra la vida y la integridad personal, mientras 1,209 estuvieron relacionadas con la libertad e integridad sexual. También se contabilizaron 608 denuncias contra el patrimonio económico y 543 vinculadas con delitos contra la seguridad colectiva, entre otras categorías investigadas por las fiscalías especializadas.

El informe registra además 198 detenciones provisionales aplicadas a adolescentes durante los primeros ocho meses del año, junto con otras 170 medidas cautelares distintas al encarcelamiento. En ese periodo se realizaron 5,761 audiencias, incluidas 631 formulaciones de imputación, lo que refleja el volumen de actuaciones procesales de esta jurisdicción.

El crimen de Tocumen coincide con otras actuaciones judiciales relacionadas con homicidios y ataques armados en la provincia de Panamá. La Fiscalía Metropolitana consiguió la detención provisional de un hombre por homicidio doloso agravado y robo agravado, en un expediente relacionado con el asesinato de un taxista ocurrido en octubre de 2024.

El hecho se registró la noche del 27 de octubre de 2024, en Altos del Lirio, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos. Tres personas interceptaron a un taxista y a su pasajera para despojarlos de sus pertenencias. Durante el asalto, los atacantes dispararon contra el conductor, quien murió como consecuencia de la agresión.

El Juzgado de Garantías legalizó la aprehensión del nuevo imputado y ordenó su detención provisional por el riesgo de fuga y la posible destrucción de pruebas. La Fiscalía también sustentó su solicitud en la gravedad del hecho y el peligro para los familiares de la víctima. Otra persona permanece imputada y detenida por este mismo crimen.

En San Miguelito, otro proceso concluyó con una condena de 20 años de prisión contra un hombre por tentativa de homicidio. El ataque ocurrió el 5 de junio de 2024, en el sector de El Futuro, corregimiento de Arnulfo Arias Madrid, cuando la víctima conversaba con un vecino en una vereda.

De acuerdo con la investigación, el agresor disparó desde un vehículo e hirió a la víctima en distintas partes del cuerpo, poniendo en riesgo su vida. La Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales durante el juicio oral. Un jurado de conciencia emitió el veredicto de culpabilidad, que permitió imponer la pena máxima de 20 años.

Las investigaciones por el asesinato de la adulta mayor y del taxista continúan en distintas etapas del proceso penal, mientras el caso de San Miguelito ya cuenta con una sentencia condenatoria. En Tocumen, la Fiscalía deberá completar las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad del adolescente acusado de femicidio.

Desde el viernes 16 de octubre, los conductores de Panamá pagarán menos por las gasolinas de 95 y 91 octanos, mientras el diésel registrará un ligero aumento. El nuevo ajuste, publicado en la Gaceta Oficial, rompe con las alzas de las gasolinas aplicadas en las revisiones anteriores y tendrá una vigencia de 14 días.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos bajará de $1.42 a $1.42 por litro, una reducción de 0.3 centavos. Su precio será de aproximadamente $5.38 por galón, frente a los $5.39 del periodo anterior, por lo que el ahorro para los consumidores será de apenas un centavo por galón.

La disminución más importante corresponderá a la gasolina de 91 octanos, cuyo precio pasará de $1.31 a $1.27 por litro. La diferencia representa una rebaja de 3.9 centavos por litro, equivalente a cerca de 15 centavos por galón, que ahora costará aproximadamente $4.84 en Panamá y Colón.

El diésel tendrá un comportamiento contrario. Su precio aumentará de $1.51 a $1.51 por litro, lo que representa un incremento de medio centavo. Con este ajuste, el galón pasará de aproximadamente $5.72 a $5.74, una diferencia cercana a dos centavos para los conductores que utilizan este combustible.

Los nuevos precios máximos estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del 16 de octubre hasta las 5:59 a.m. del 30 de octubre. La resolución de la Secretaría Nacional de Energía establece valores diferenciados por localidad, según los costos de transporte y comercialización, por lo que no todos los consumidores pagarán lo mismo.

En el extremo más alto de la tabla continúa Changuinola, donde la gasolina de 95 octanos costará $1.47 por litro, equivalente a $5.57 por galón. La de 91 llegará a $5.03 por galón y el diésel alcanzará aproximadamente $5.93, manteniendo una diferencia considerable frente a los precios establecidos para Panamá y Colón.

En David, los precios máximos serán de $1.44 por litro para la gasolina de 95, $1,300 para la de 91 y $1.53 para el diésel. En Puerto Armuelles, los valores subirán a $1.45, $1.31 y $1.54 por litro, respectivamente, debido a las diferencias de comercialización entre localidades.

El comportamiento reciente de los mercados internacionales ayuda a explicar el ajuste. Entre el 30 de septiembre y el 13 de octubre, la gasolina de 91 acumuló una variación negativa de 3.71%, mientras la de 95 terminó con una reducción de 0.30%. En contraste, el diésel cerró con una variación positiva de 0.30%.

La gráfica de la Secretaría Nacional de Energía muestra que la gasolina de 91 mantuvo una trayectoria predominantemente descendente durante el periodo, después de registrar una variación negativa de 1.09% el 1 de octubre. La caída se profundizó en los días siguientes, hasta cerrar en -3.71% el 13 de octubre.

La gasolina de 95 mostró mayores fluctuaciones. Después de alcanzar una variación positiva cercana al 1.10% el 5 de octubre, comenzó a perder impulso y terminó el periodo en terreno negativo. El diésel, por su parte, se recuperó de las caídas registradas durante la primera semana y volvió a mostrar una variación positiva al cierre.

El ajuste contrasta con la revisión anterior, cuando la gasolina de 95 aumentó cuatro centavos por litro y la de 91 subió 3.1 centavos, mientras el diésel disminuyó 1.9 centavos. Ahora, la gasolina de 91 recupera parte del incremento acumulado, aunque los precios permanecen por encima de los registrados antes de las alzas de septiembre.

La Secretaría Nacional de Energía explicó que el mecanismo de actualización se aplica cada 14 días y considera las referencias internacionales de los combustibles, además de los costos de transporte y los márgenes de comercialización. La próxima revisión entrará en vigencia el 30 de octubre, cuando finalice el periodo establecido en la resolución publicada en la Gaceta Oficial.

El Gobierno de Panamá estima que los $100 millones autorizados para atender la emergencia nacional provocada por el terremoto del 9 de octubre serán suficientes para cubrir las necesidades identificadas hasta ahora.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que los cálculos preliminares están considerablemente por debajo de ese límite, aunque las autoridades continúan evaluando los daños.

Chapman explicó que la autorización del Consejo de Gabinete establece un máximo de $100 millones, pero no significa que esa cantidad vaya a gastarse completamente.

Según los análisis realizados hasta el momento, las necesidades financieras de la emergencia están lejos de alcanzar ese monto, por lo que el Ejecutivo considera que dispone de capacidad para responder.

El ministro también descartó, con la información disponible, solicitar a la Asamblea Nacional una dispensa de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. La decisión implica mantener el compromiso de reducir el déficit fiscal hasta el equivalente al 3,5% del producto interno bruto (PIB), pese a los gastos extraordinarios derivados del terremoto.

La posibilidad de solicitar una dispensa había generado interrogantes después de que el Gobierno incluyera esa alternativa en la resolución de emergencia. Sin embargo, Chapman sostuvo que los cálculos actuales permiten atender las consecuencias del desastre sin modificar la meta fiscal establecida para este año, aunque las estimaciones podrían cambiar si aparecen nuevas necesidades.

Otro asunto abordado fue la posibilidad de utilizar los recursos del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), una reserva financiera estatal destinada a enfrentar situaciones extraordinarias.

Chapman explicó que su utilización está sujeta a condiciones legales y umbrales económicos específicos, por lo que una declaratoria de emergencia no permite disponer automáticamente de ese patrimonio.

Entre las condiciones mencionadas figura que los daños ocasionados por una emergencia alcancen al menos el 0,5% del PIB, equivalente aproximadamente a $450 millones. El ministro aseguró que las estimaciones actuales no se acercan a esa cifra, razón por la cual el Ejecutivo no contempla solicitar recursos del Fondo.

Por su parte, el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) difundió un documento de preguntas frecuentes en el que aclaró que declarar una emergencia nacional no implica utilizar automáticamente sus recursos.

Explicó que la decisión depende de una evaluación financiera y del cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley, independientemente de la gravedad de los daños sufridos por la población.

El documento precisa que la falta de utilización del Fondo no significa que el terremoto haya sido menos grave, ni que el Estado carezca de recursos para responder. Las consecuencias sobre viviendas, servicios y comunidades requieren atención independientemente de su costo económico, mientras las instituciones responsables mantienen las labores de asistencia y recuperación.

El FAP también recordó que sus recursos no se entregan directamente a las familias damnificadas, porque su función es respaldar financieramente al Estado.

Cuando se cumplen las condiciones legales, el dinero se transfiere al Tesoro Nacional, desde donde las instituciones competentes pueden financiar las necesidades correspondientes a la emergencia.

Además, el comunicado señala que el Fondo mantiene una posición financiera sólida y está preparado para responder si las circunstancias lo requieren. En caso de que las evaluaciones identifiquen daños adicionales que justifiquen su utilización, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá iniciar los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan los requisitos legales.

El FAP fue creado para fortalecer la capacidad financiera del Estado frente a desastres y otras circunstancias extraordinarias. Durante la pandemia de COVID-19 transfirió $105 millones al Tesoro Nacional. Su funcionamiento permite preservar recursos para contingencias de mayor magnitud, mientras las instituciones públicas atienden emergencias mediante los mecanismos presupuestarios disponibles.

El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que Panamá dispone de diferentes instrumentos de protección financiera ante desastres naturales, entre ellos recursos presupuestarios, seguros catastróficos y líneas de financiamiento contingente. Si aumentan las afectaciones, podrían evaluarse nuevas alternativas de financiamiento, siempre bajo las condiciones legales correspondientes.

En paralelo, Chapman detalló la creación de dos fideicomisos para administrar recursos destinados a la recuperación. El primero funcionará en el Banco Nacional de Panamá y concentrará exclusivamente fondos públicos, incluidas posibles donaciones de organismos multilaterales y entidades financieras internacionales que contribuyan a financiar las intervenciones.

Estos recursos tendrán dos mecanismos principales de ejecución, según las necesidades identificadas en las comunidades. Uno será mediante instituciones del Gobierno central, como los ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Educación, encargados de reparar carreteras, puentes, escuelas y otras infraestructuras afectadas por el movimiento sísmico.

El segundo mecanismo permitirá transferir recursos a juntas comunales para atender necesidades específicas de la población. Chapman aclaró que los fondos no estarán disponibles automáticamente, sino que las autoridades locales deberán presentar solicitudes debidamente sustentadas, considerando que las afectaciones son diferentes en cada corregimiento.

Para este procedimiento ya fueron elaborados formularios ajustados a un manual de la Contraloría General de la República. Las solicitudes estarán sujetas a una revisión previa y los desembolsos tendrán una fiscalización rigurosa sobre su utilización, según explicó el titular de Economía y Finanzas.

El segundo fideicomiso será constituido en la Caja de Ahorros para recibir y administrar donaciones del sector privado. Chapman señaló que los aportantes han expresado especial interés en financiar soluciones habitacionales para familias que perdieron sus viviendas o cuyos inmuebles quedaron inhabitables después del terremoto.

El ministro insistió en que los recursos públicos y privados se mantendrán separados durante su administración, aunque ambos mecanismos deberán coordinarse para aumentar el alcance de la ayuda. El fideicomiso privado será gestionado principalmente por representantes del propio sector privado, con información del Estado sobre las comunidades más afectadas.

La coordinación permitirá orientar las contribuciones hacia necesidades concretas de reconstrucción y asistencia a las familias damnificadas, sin duplicar intervenciones. Chapman explicó que las instituciones encargadas de identificar daños compartirán información con los administradores de los fondos, mientras continúan las evaluaciones que determinarán el costo definitivo de la emergencia.

La Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá fue autorizada a declarar un estado de emergencia institucional para acelerar la reparación de instalaciones sanitarias y garantizar la continuidad de los servicios médicos afectados por el terremoto del 9 de octubre.

La decisión, aprobada por su Junta Directiva, permitirá agilizar compras, contrataciones y trabajos de rehabilitación en hospitales y policlínicas de distintas provincias del país.

La autorización fue otorgada al director general, Dino Mon Vásquez, con el propósito de restablecer los servicios médicos que sufrieron interrupciones por el movimiento sísmico de magnitud 7,5.

La institución reportó afectaciones en instalaciones de Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y Panamá, donde se mantienen evaluaciones estructurales y medidas de contingencia para proteger a pacientes y trabajadores.

Aunque el Gobierno ya había declarado el estado de emergencia nacional tras el terremoto, la CSS requiere adoptar sus propias decisiones administrativas para responder a las necesidades de su red hospitalaria.

Esto se debe a que es una entidad autónoma, con patrimonio y administración propios, cuya Junta Directiva tiene competencias sobre determinadas decisiones institucionales.

La declaratoria nacional permite al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias para atender el desastre, mientras la autorización concedida a la CSS busca facilitar actuaciones dentro de su propia estructura administrativa.

Sin embargo, la autonomía no implica una exención automática de los controles legales sobre las compras y contrataciones, que deben cumplir las disposiciones aplicables a situaciones de emergencia.

Uno de los principales avances anunciados corresponde al Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, ubicado en Chitré, que reanuda la consulta externa este miércoles 14 de octubre. La atención funcionará inicialmente con aforo limitado, mientras las cirugías electivas y ambulatorias volverán el lunes 19 de octubre, según la programación comunicada por la institución.

El hospital también trabaja en la limpieza, desinfección y acondicionamiento de las salas de hospitalización para permitir el traslado de pacientes una vez concluyan las labores.

Paralelamente, la CSS comenzó a reprogramar las citas suspendidas durante la emergencia, con el objetivo de recuperar progresivamente la capacidad de atención médica en esta instalación.

Otra prioridad es mantener los tratamientos de hemodiálisis para pacientes con enfermedades renales, debido a que su interrupción puede representar riesgos graves para la salud. La CSS estableció horarios especiales en Soná y Santiago, mientras la unidad de Chitré retomó sus sesiones regulares desde el martes 13 de octubre, sin incidencias reportadas.

En la capital, las unidades Metro 1, Metro 2 y el Instituto de la Salud de los Trabajadores recibieron a pacientes trasladados desde Metro 3, cuyos equipos fueron redistribuidos. La institución aseguró que todos los pacientes contemplados en el plan recibieron sus tratamientos, mientras mantiene el monitoreo de la red nacional de hemodiálisis.

La evaluación de edificios también recibió apoyo de especialistas en búsqueda y rescate urbano del Comando Sur estadounidense, quienes inspeccionaron los dos inmuebles de la Policlínica Presidente Remón, en Calle 17.

Los técnicos recorrieron diferentes pisos para examinar las condiciones estructurales y formular recomendaciones sobre las instalaciones, que cumplieron 71 años de funcionamiento el pasado 12 de octubre.

La CSS indicó que las demás unidades de hemodiálisis retomarán sus horarios regulares desde este miércoles, aunque mantendrán protocolos preventivos ante posibles réplicas. La institución continuará evaluando sus instalaciones y ejecutando las intervenciones necesarias para normalizar la atención médica sin comprometer la seguridad de los asegurados y del personal sanitario.

El Gobierno de Panamá aprobó exonerar el pago de tasas y otras contribuciones administrativas relacionadas con las obras de reparación, reforzamiento, rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras afectadas por el terremoto del 9 de octubre.

La decisión busca reducir los costos y facilitar los trámites necesarios para recuperar viviendas, edificios públicos, carreteras y otras instalaciones dañadas por el movimiento sísmico de magnitud 7,5.

La medida fue adoptada por el Consejo de Gabinete mediante la Resolución No. 132-26, como complemento al estado de emergencia nacional. La instrucción está dirigida al Cuerpo de Bomberos, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), los ministerios de Ambiente y Salud, así como a otras entidades competentes, para que apliquen las exoneraciones correspondientes dentro de sus procedimientos administrativos.

Estas disposiciones permitirán que las intervenciones directamente relacionadas con el desastre puedan tramitarse sin determinados cobros institucionales, dependiendo de las competencias de cada entidad.

El objetivo es agilizar la recuperación de inmuebles e instalaciones esenciales, aunque la exoneración no significa que el Estado asumirá automáticamente los costos de reconstrucción ni que quedarán eliminados todos los impuestos aplicables a los materiales.

La decisión se produce mientras las autoridades continúan identificando daños en viviendas e infraestructuras de distintas provincias. Según el balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), hasta la noche del 13 de octubre se habían evaluado más de 3.667 familias, equivalentes a 11.527 personas afectadas, entre ellas 42 mujeres embarazadas y 452 personas con discapacidad.

El informe oficial establece que 3.390 viviendas presentan afectaciones, de las cuales 727 registran pérdida total en Herrera y Los Santos. Esta última provincia concentra 1.613 residencias dañadas y seis lesionados, mientras Coclé contabiliza 1.052 inmuebles afectados y 17 heridos. En Veraguas se reportan 614 viviendas perjudicadas y dificultades en los servicios básicos, particularmente en comunidades apartadas.

La infraestructura educativa también enfrenta consecuencias importantes. El Ministerio de Educación mantiene 619 centros escolares oficiales bajo evaluación, mientras el balance preliminar identifica 35 planteles completamente colapsados, principalmente en las provincias centrales.

Las autoridades prevén una reanudación progresiva de las clases, condicionada a las inspecciones de seguridad y a las condiciones estructurales de los edificios.

En el sector sanitario, las inspecciones incluyen hospitales y otras instalaciones de atención médica, donde se busca determinar las condiciones de seguridad para pacientes y trabajadores.

En Colón se reportaron daños parciales en tres hospitales, mientras equipos técnicos continúan revisando edificaciones públicas. Las iglesias y otros inmuebles comunitarios también forman parte de las estructuras afectadas que requieren evaluaciones antes de su rehabilitación.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) identificó 20 puentes que requieren rehabilitación, siete en Los Santos y 13 en Veraguas. En los pasos sobre los ríos Oria y Agua Buena se ejecutan trabajos para permitir la circulación de vehículos de hasta 10 toneladas.

La institución también reporta 12 puntos viales afectados en Herrera y cinco de mayor magnitud en Veraguas y Los Santos.

Entre las carreteras intervenidas figuran Atalaya-Mariato-Quebro-Flores, Las Tablas-Tonosí, Macaracas-Tonosí y Tonosí-Cambutal, donde se realizaron labores de despeje. En el tramo Tonosí-Búcaro permanecen habilitados desvíos mientras avanzan las reparaciones. En Herrera, la maquinaria trabaja en sectores de Los Pozos, Las Minas y Ocú, afectados por derrumbes y deslizamientos.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que los equipos mantienen operaciones para recuperar la conectividad terrestre, especialmente en comunidades que quedaron incomunicadas.

En Veraguas continúan las inspecciones en Torio y las intervenciones en Soná, mientras Coclé dispone de maquinaria pesada para atender sectores vulnerables. La prioridad es restablecer el tránsito y facilitar el ingreso de ayuda humanitaria.

Mientras avanzan estas labores, más de 2.841 personas permanecen acogidas en 33 albergues temporales, según Sinaproc. Las operaciones humanitarias han movilizado más de 121.220 libras de suministros por vía aérea y 331 toneladas de agua potable. pANAM

El Gobierno mantiene la evaluación de daños y la recuperación de servicios esenciales como parte de las acciones derivadas de la declaratoria de emergencia.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció el envío de más de 30 toneladas de ayuda humanitaria para las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La asistencia, financiada por el Gobierno estadounidense, está dirigida principalmente a Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, donde miles de personas enfrentan daños en sus viviendas y dificultades para acceder a servicios básicos.

“En los momentos más difíciles, Estados Unidos dice presente”, expresó el diplomático desde el depósito humanitario de Naciones Unidas, donde explicó que cinco camiones fueron destinados al traslado de suministros hacia las comunidades afectadas.

El cargamento incluye más de 2.500 cobijas, 2.500 mosquiteros, 500 lonas y 200 carpas familiares, además de otros artículos esenciales, con los que se busca beneficiar a más de 12.000 panameños.

La asistencia es canalizada mediante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que también detalló la movilización de 1.290 kits de cocina, 500 colchonetas y otros artículos de primera necesidad.

Los suministros forman parte de las operaciones internacionales desplegadas para atender a las familias que perdieron sus pertenencias o permanecen fuera de sus viviendas debido a los daños ocasionados por el movimiento sísmico y sus réplicas.

A este operativo se suma la entrega de 17 camiones de carga pesada al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), valorados en 2,1 millones de dólares. Los vehículos, con capacidades de entre 10 y 25 toneladas, permitirán ampliar el transporte de personal, equipos y suministros hacia comunidades afectadas, además de fortalecer la respuesta logística de Panamá ante futuras emergencias.

Durante la entrega, Cabrera estuvo acompañado por el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y el director del Senafront, Larry Solís. El diplomático destacó que la cooperación estadounidense también busca mejorar la preparación ante desastres, mientras Washington mantiene un compromiso de cinco millones de dólares en asistencia humanitaria, autorizado por la administración del presidente Donald Trump.

El apoyo incluye el despliegue de 20 especialistas estadounidenses en búsqueda, rescate y evaluación de estructuras, quienes trabajan junto con las autoridades panameñas en la inspección de hospitales, iglesias y edificios públicos.

También se han utilizado helicópteros Chinook del Comando Sur para transportar alimentos, agua y equipos de emergencia hacia comunidades con dificultades de acceso.

Entre las operaciones realizadas figura el traslado aéreo de 3.100 libras de alimentos hacia Isla Cañas, en Los Santos, una de las comunidades que enfrentó problemas de comunicación terrestre.

Paralelamente, instituciones panameñas han organizado entregas de víveres, colchones y agua potable, mientras brigadas de emergencia continúan atendiendo a las familias que permanecen en albergues temporales.

La distribución nacional también ha movilizado importantes recursos. Correos y Telégrafos (Cotel) reportó el traslado de más de 250 toneladas de asistencia humanitaria, mediante más de 25 viajes hacia Herrera, Los Santos y Veraguas. El Gobierno inició además la entrega de materiales de construcción para atender a las familias cuyas viviendas sufrieron daños por el terremoto.

Según el último balance presentado por las autoridades panameñas, 11.460 personas resultaron afectadas por el terremoto, mientras se contabilizan 27 lesionados y aproximadamente 1.250 viviendas con daños. Las evaluaciones también identificaron afectaciones en más de 600 centros educativos, además de carreteras, puentes y otras infraestructuras públicas que requieren reparaciones.

El presidente José Raúl Mulino ordenó mantener la presencia de ministros y equipos técnicos en las provincias afectadas, con prioridad en la distribución de suministros, recuperación de servicios y reconstrucción de viviendas. La emergencia nacional declarada el 10 de octubre contempla hasta 100 millones de dólares para contrataciones especiales, mientras continúan las evaluaciones para determinar la magnitud de los daños.

Fondos

El Gobierno de Panamá anunció la creación de dos fideicomisos para administrar los recursos destinados a los damnificados por el terremoto del 9 de octubre. El primero, constituido entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Nacional de Panamá, cuenta con el refrendo de la Contraloría General y recibirá donaciones de organismos multilaterales, así como recursos provenientes de seguros catastróficos contratados por el Estado.

Estos fondos permitirán financiar la recuperación de carreteras, puentes, viviendas y escuelas, además de otras necesidades derivadas de la emergencia.

El segundo fideicomiso será establecido en la Caja de Ahorros y tendrá una administración liderada por el sector privado, con el propósito de canalizar las contribuciones de empresas interesadas en apoyar la reconstrucción.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que las donaciones privadas permanecerán separadas de los recursos públicos y se destinarán principalmente a la reparación, rehabilitación y construcción de viviendas. El Gobierno colaborará en la identificación de las familias con mayores necesidades, mientras los empresarios gestionarán los aportes mediante este mecanismo independiente.

Más de 8.300 niños, niñas y adolescentes necesitan asistencia humanitaria tras el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió Panamá el pasado viernes 9 de octubre, según las primeras estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La emergencia afecta a unas 38.000 personas en total, muchas de ellas en comunidades donde persisten dificultades para acceder a agua potable, servicios médicos y educación.

El organismo internacional advirtió que la población infantil enfrenta necesidades urgentes de protección, debido a los daños en viviendas, escuelas e instalaciones sanitarias.

Sus equipos se desplazaron a Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos para evaluar las condiciones de las familias damnificadas, identificar necesidades prioritarias y preparar apoyo psicosocial para los menores afectados por el desastre.

El terremoto se registró a las 12:56 p. m., con epicentro cerca de Tonosí, en la península de Azuero, y una profundidad aproximada de cuatro kilómetros. Desde entonces, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha registrado cientos de réplicas, cuyo acumulado alcanzó 416 movimientos localizados hasta la noche del lunes 12 de octubre.

La emergencia ha provocado daños en viviendas y el desplazamiento de cientos de familias. Aunque los primeros informes humanitarios contabilizaron más de 820 residencias afectadas, un balance posterior del Gobierno indicó que 1.744 viviendas habían sido evaluadas y 6.174 personas resultaron afectadas, mientras 598 ciudadanos permanecían alojados en 14 albergues temporales.

En las comunidades próximas al epicentro, la falta de agua y electricidad agrava las dificultades de los residentes. Los daños en carreteras y puentes también han limitado el ingreso de vehículos con suministros.

Según los primeros reportes de Naciones Unidas, seis comunidades de Los Santos y Herrera permanecían incomunicadas, situación que complica la distribución de alimentos y medicamentos.

La infraestructura sanitaria también sufrió afectaciones que obligaron a reorganizar la atención de pacientes. El Ministerio de Salud reportó daños en 67 instalaciones y estimó en 61 millones de dólares las reparaciones necesarias. En Tonosí, las condiciones del hospital hacen necesaria la construcción de nuevas instalaciones, mientras otros establecimientos continúan utilizando espacios temporales.

Ante esta situación, Unicef entregó 16 carpas al Ministerio de Salud para facilitar la continuidad de los servicios médicos, una medida divulgada por Infobae. Dos fueron destinadas al Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito, y tres al Hospital de San Félix, en Chiriquí. Las otras 11 estructuras se distribuirán entre centros hospitalarios de Herrera y Los Santos.

El sector educativo enfrenta importantes dificultades para recuperar la normalidad. Los primeros informes de Naciones Unidas identificaron 419 centros escolares afectados, mientras balances posteriores elevaron la cifra a 656 planteles.

Las autoridades mantienen inspecciones de aulas, techos e instalaciones sanitarias para determinar cuáles reúnen las condiciones necesarias para recibir nuevamente a los estudiantes.

Además de las pérdidas materiales, Unicef identificó afectaciones emocionales entre niños y adolescentes que vivieron el terremoto y las réplicas posteriores. El organismo prepara intervenciones de apoyo psicosocial, especialmente para las familias desplazadas o que no pueden regresar a sus viviendas, mientras continúa evaluando las necesidades de protección infantil.

La respuesta internacional incluye 16,8 toneladas de suministros movilizados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), entre tiendas de campaña, mantas y utensilios de cocina.

El Programa Mundial de Alimentos trabaja en almacenamiento y comunicaciones, mientras la Organización Panamericana de la Salud colabora en las evaluaciones hospitalarias.

El Gobierno panameño declaró estado de emergencia nacional y autorizó hasta 100 millones de dólares para financiar las labores de respuesta y recuperación. Las autoridades y los organismos internacionales mantienen operaciones en las provincias afectadas, donde las réplicas, las lluvias y las dificultades de acceso siguen representando obstáculos para la asistencia humanitaria.

El terremoto que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre provocó una ruptura de falla cuya longitud se estima en 73.63 kilómetros, de acuerdo con un análisis divulgado por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El organismo presentó un mapa que muestra la extensión aproximada de la zona donde se produjo el desplazamiento de las rocas, responsable de liberar la energía del movimiento sísmico.

Según la institución, el área de ruptura alcanzó aproximadamente 1,422.10 kilómetros cuadrados, una superficie calculada mediante las relaciones empíricas de Wells y Coppersmith, desarrolladas en 1994.

Estas fórmulas permiten estimar las dimensiones de una ruptura a partir de las características de un terremoto, por lo que las cifras no representan una medición directa de grietas visibles sobre el terreno.

La ruptura de una falla ocurre cuando dos bloques de roca se desplazan repentinamente uno respecto del otro, después de acumular tensiones durante un período prolongado.

Ese movimiento libera energía que se propaga en forma de ondas sísmicas, responsables de las sacudidas que percibe la población y que pueden ocasionar daños en edificaciones, carreteras y otras infraestructuras.

Por lo tanto, los 73.63 kilómetros señalados por el Instituto de Geociencias no significan que exista una grieta continua de esa longitud atravesando la península de Azuero.

La ruptura puede desarrollarse principalmente bajo la superficie terrestre, mientras que las fracturas observadas en carreteras y terrenos pueden responder al movimiento del suelo, sin coincidir necesariamente con la trayectoria de la falla.

El mapa divulgado por la Universidad de Panamá representa mediante un rectángulo la zona estimada de ruptura del evento principal, ocurrido a las 12:56 de la tarde. La imagen también permite observar la orientación aproximada de la superficie involucrada en el movimiento, en una región donde interactúan distintas estructuras geológicas que contribuyen a la actividad sísmica.

Una segunda representación, identificada como estado postsísmico, muestra numerosos epicentros distribuidos a lo largo de una franja que atraviesa el área estudiada. Los puntos corresponden a movimientos de distintas magnitudes, mientras que la concentración de réplicas permite observar cómo continuó la actividad sísmica alrededor de la zona afectada después del terremoto principal.

El análisis difundido también ubica el epicentro en una zona de contacto entre las formaciones geológicas Playa Venado y Tonosí. La primera contiene rocas volcánicas, como basaltos y lavas almohadilladas, mientras que la segunda presenta principalmente lutitas y areniscas, materiales con características distintas que forman parte de la compleja estructura geológica de la región.

El terremoto del viernes alcanzó una magnitud de 7.3 en el mapa publicado por el Instituto de Geociencias, aunque otros organismos internacionales han divulgado estimaciones diferentes.

La magnitud expresa el tamaño del evento a partir de la energía liberada, mientras que la intensidad describe los efectos del movimiento en cada localidad, que pueden variar según la distancia, el suelo y las construcciones.

Por su tamaño, el movimiento figura entre los terremotos más importantes registrados en Panamá durante el último siglo. Entre los antecedentes destacan el sismo de magnitud 7.5 ocurrido cerca de Burica en 1934 y el de magnitud 7.3 registrado en Darién en 1974.

Las consecuencias del terremoto se concentraron especialmente en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, donde las evaluaciones oficiales identificaron 1,744 viviendas afectadas y daños en 656 centros educativos.

La emergencia también obligó a instalar carpas para mantener la atención en cuatro hospitales, mientras las autoridades reportaron afectaciones en al menos nueve puentes y diversas carreteras. El impacto se extendió a miles de familias, con 598 personas alojadas en 14 albergues y una estimación preliminar de Unicef de 38,000 personas que podrían necesitar asistencia humanitaria, entre ellas 8,300 niños y adolescentes.

Las autoridades mantienen evaluaciones estructurales y operaciones de asistencia a las comunidades perjudicadas, mientras los especialistas continúan examinando las réplicas y las características de la falla que originó el movimiento.

Panamá comenzó a utilizar tecnología satelital de la Unión Europea para identificar los daños provocados por el terremoto del 9 de octubre, que afectó principalmente a las provincias centrales del país.

La activación del sistema Copernicus Emergency Management Service (CEMS) permitirá generar mapas especializados para apoyar las evaluaciones y orientar la asistencia humanitaria.

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) informó que el servicio fue activado después del movimiento sísmico, mediante la coordinación con el Centro Copernicus LAC Panamá.

La herramienta proporciona información geoespacial y cartografía de emergencia, que estará disponible para el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y otras instituciones responsables de la respuesta.

Copernicus es un programa de observación de la Tierra de la Unión Europea que utiliza imágenes de satélites y otras fuentes de información para vigilar fenómenos naturales.

Su componente de emergencias permite elaborar mapas sobre terremotos, inundaciones, incendios y otras catástrofes, facilitando la identificación de áreas afectadas y posibles riesgos.

En Panamá se activó el servicio de cartografía rápida, identificado como EMSR934, diseñado para producir información geográfica durante las primeras etapas de una emergencia. Sus productos pueden mostrar edificaciones dañadas, carreteras interrumpidas y sectores de difícil acceso, dependiendo de la disponibilidad de imágenes y de los resultados de su análisis.

La utilidad de estos mapas consiste en ofrecer una visión territorial de los daños que complemente los reportes levantados por los equipos de campo. También permiten priorizar comunidades aisladas, planificar rutas de asistencia y localizar infraestructuras comprometidas, aunque las imágenes satelitales no sustituyen las inspecciones estructurales presenciales.

El Centro Copernicus LAC Panamá, sede regional para América Latina y el Caribe, acompaña la coordinación entre las instituciones nacionales y el programa europeo. Esta colaboración busca fortalecer la gestión de riesgos y la recuperación posterior al desastre, mediante herramientas que faciliten decisiones sustentadas en información geográfica.

La activación ocurre mientras continúan las réplicas del terremoto de magnitud 7,5, registrado el viernes a las 12:56 p. m. Según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el epicentro se localizó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, a una profundidad aproximada de cuatro kilómetros.

Hasta las 9:00 p. m. del lunes 12 de octubre, Geociencias había localizado 416 réplicas, concentradas principalmente en la región de Azuero y sectores próximos de Veraguas. Entre los movimientos más fuertes figuró uno de magnitud 6,4 a las 6:20 p. m., localizado a 18 kilómetros al sursureste de Pixvae, a menos de diez kilómetros de profundidad.

Después de ese temblor, se registraron otras 11 réplicas en 56 minutos, tres de ellas de magnitud cinco. El instituto explicó que los movimientos de menor intensidad requieren revisión de los especialistas, por lo que el total de eventos localizados puede aumentar conforme se procesen los registros sísmicos.

La emergencia ha dejado 1.744 viviendas evaluadas y 6.174 personas afectadas, de acuerdo con el informe presentado el lunes por el presidente José Raúl Mulino. Además, Sinaproc contabilizó 598 personas alojadas en 14 albergues, mientras continuaban las inspecciones de viviendas e instalaciones públicas.

El balance oficial también identifica 656 centros educativos con algún tipo de afectación, incluidos planteles con daños de consideración. En Veraguas se reportaron 420 residencias dañadas y 196 escuelas afectadas, mientras que Coclé registró 318 viviendas y Herrera otras 302, entre las provincias más golpeadas.

Los daños incluyen hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, carreteras y puentes, además de interrupciones en servicios básicos y comunidades temporalmente incomunicadas. Para atender la emergencia, el Gobierno movilizó miles de funcionarios, vehículos y aeronaves, con el objetivo de transportar alimentos, agua y suministros hacia las poblaciones afectadas.

La información satelital permitirá complementar las evaluaciones que continúan en el terreno y facilitar la planificación de las labores de recuperación. Su importancia aumenta ante la persistencia de las réplicas y las dificultades de acceso, especialmente en comunidades donde los daños viales retrasan la llegada de los equipos de asistencia.

Donde antes había terrenos de cultivo, caminos y espacios para jugar fútbol, ahora se extienden arena y agua de mar. Así describe un residente de Isla Cañas, en la provincia panameña de Los Santos, la transformación que sufrió esta comunidad costera después del terremoto del viernes 9 de octubre, que provocó fuertes oleajes y daños en viviendas, instalaciones productivas y áreas naturales.

“Esto aquí era prácticamente un campo de fútbol”, relata el morador en un video difundido por la cuenta @enazuero en redes sociales, mientras muestra una extensión de terreno que, según su testimonio, quedó cubierta por el mar.

Según su testimonio, desde el lugar donde se encuentra ahora puede observar la playa, algo que antes no era posible porque existía una franja de tierra firme entre ambos puntos.

El hombre también señala la desaparición de caminos utilizados por los agricultores para llegar a sus parcelas. En esas tierras, explica, se cultivaban arroz, maíz, sandía y melón, productos que representan una fuente importante de ingresos para las familias. “Todo desapareció”, lamenta al mostrar sectores donde asegura que los sembradíos fueron sustituidos por arena.

Isla Cañas está situada frente a la costa del distrito de Tonosí, al sur de la península de Azuero, en el océano Pacífico. Se trata de una comunidad cuya economía depende principalmente de la agricultura, la pesca, el marisqueo y el turismo ecológico, actividades estrechamente relacionadas con sus playas, manglares y terrenos agrícolas.

Un diagnóstico agrario del distrito establece que la isla tiene aproximadamente 832 hectáreas de superficie, de las cuales unas 400 se destinaban a actividades agrícolas.

Los productores cultivaban principalmente granos básicos y frutas, mientras la pesca y el aprovechamiento de recursos marinos complementaban los ingresos de la población.

El representante del corregimiento, Demetrio Ríos, estimó que más del 80% de la producción agrícola quedó destruida, según declaraciones recogidas por Telemetro Reporta. El dirigente explicó que más de un centenar de productores dependían de estos cultivos, por lo que las pérdidas amenazan el sustento económico de numerosas familias.

La emergencia comenzó cuando el fuerte movimiento sísmico fue seguido por un aumento del nivel del mar. En declaraciones a Telemetro Reporta, Ríos relató que los residentes organizaron una evacuación apresurada y lograron trasladar a más de 300 personas en menos de 40 minutos. Muchas familias abandonaron sus viviendas sin alimentos, ropa ni pertenencias, ante el temor de quedar atrapadas.

Los testimonios recogidos por La Prensa reflejan las dificultades de las familias damnificadas, que han dependido de donaciones para cubrir sus necesidades. La productora Zoraida Ballesteros reclamó mayor atención gubernamental para quienes perdieron sus cosechas, mientras otros residentes solicitaron alternativas de vivienda. La asistencia recibida todavía no resuelve las necesidades de recuperación, especialmente las relacionadas con la actividad agrícola.

La isla también posee un extraordinario valor para la conservación de tortugas marinas. Su refugio de vida silvestre constituye uno de los principales sitios de anidación de la tortuga lora o golfina en el Pacífico panameño. En septiembre, el Ministerio de Ambiente reportó más de 10.000 nidos protegidos entre Isla Cañas y la cercana playa La Marinera.

Sin embargo, las inspecciones posteriores al terremoto identificaron daños en aproximadamente el 75% de las instalaciones del refugio, según información publicada por Panamá América, además de afectaciones en el área destinada a incubar huevos en el vivero Verancio.

Estas pérdidas representan un desafío adicional para los programas de conservación de tortugas, especialmente durante la temporada reproductiva.

La respuesta humanitaria ha incluido evacuaciones, distribución de suministros y operaciones de transporte aéreo hacia las comunidades afectadas. En el poblado costero de Cañas, frente a la isla, se entregó más de una tonelada de artículos de primera necesidad, aunque los daños en carreteras y las dificultades de acceso continúan complicando la asistencia.

El terremoto, de magnitud 7,5 según los registros del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, tuvo su epicentro cerca de Tonosí y provocó más de 400 réplicas hasta la noche del lunes 12 de octubre.

Mientras continúan las evaluaciones, Isla Cañas enfrenta un problema que va más allá de reconstruir viviendas: recuperar sus tierras productivas, proteger sus ecosistemas y garantizar el futuro de sus habitantes.

La Policía Nacional de Panamá localizó a nueve ciudadanos etíopes, entre ellos una adolescente de 16 años, durante un recorrido preventivo en el corregimiento de 24 de Diciembre, al este de la capital.

El grupo fue encontrado en un herbazal del sector de Calle Tumba Muerto, después de que una alerta ciudadana advirtiera sobre su presencia en el lugar.

Los extranjeros, siete mujeres y dos hombres, explicaron mediante un traductor certificado que no tenían documentos de identificación porque presuntamente un traficante se los había retirado. Las autoridades investigan las circunstancias del traslado y la posible participación de terceros, sin que hasta ahora se haya confirmado una red criminal ni la ruta utilizada.

Tras el hallazgo, la Policía coordinó con el Servicio Nacional de Migración y la Policía de Niñez y Adolescencia los procedimientos correspondientes, debido a la presencia de una menor de edad.

Los nueve ciudadanos también recibieron atención médica del Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias, conocido como SUME 911.

El caso plantea interrogantes sobre el posible ingreso de los extranjeros por la frontera de Darién, una ruta utilizada históricamente por personas procedentes de África, Asia y América.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado que los etíopes atravesaran esa región, por lo que su recorrido y las circunstancias de su llegada siguen sin esclarecerse.

La presencia de migrantes africanos en Darién no constituye un fenómeno nuevo, aunque representa una proporción minoritaria del movimiento migratorio.

Durante el primer semestre de 2026, Panamá registró 280 ingresos irregulares por la frontera colombiana, entre ellos 22 personas procedentes de países africanos, según las estadísticas del Servicio Nacional de Migración.

El flujo aumentó posteriormente. Hasta el 7 de septiembre, 481 personas habían ingresado irregularmente por Darién durante 2026, con agosto como el mes de mayor movimiento, al contabilizar 148 cruces. Del total, 240 eran venezolanos, 85 colombianos y 68 ecuatorianos, mientras que otras 88 personas correspondían a distintas nacionalidades.

Las cifras reflejan una reducción considerable respecto de los años de mayor tránsito migratorio, cuando cientos de miles de personas atravesaban anualmente la selva rumbo al norte del continente.

Pese a esa disminución, la frontera continúa siendo utilizada por migrantes de diferentes regiones, incluidos ciudadanos africanos que buscan avanzar hacia Centroamérica.

Los estudios del Migration Policy Institute señalan que personas procedentes de África han utilizado países sudamericanos como puntos de entrada al continente.

Algunas rutas incluyen vuelos hacia Brasil o Ecuador, seguidos de desplazamientos terrestres por Colombia hasta el golfo de Urabá, desde donde los viajeros pueden continuar hacia la frontera panameña.

Estas trayectorias no son uniformes. Los itinerarios dependen de los requisitos migratorios, los recursos económicos y las redes de transporte, y pueden incluir diferentes escalas internacionales. Por ello, no es posible establecer que los nueve etíopes siguieran alguno de esos recorridos sin información oficial sobre sus desplazamientos.

En otro procedimiento, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) aprehendió a dos personas por su presunta vinculación con el tráfico ilícito de migrantes en El Llano, distrito de Chepo. Durante la operación, las autoridades decomisaron dos vehículos, equipos tecnológicos y $1.414 en efectivo.

La intervención, desarrollada bajo el Plan Firmeza y la Operación Escudo de Acero, terminó con la legalización de ambas aprehensiones durante una audiencia de garantías. Un juez ordenó la detención provisional de los dos investigados, mientras continúan las diligencias para determinar sus responsabilidades.

En Panamá, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas constituyen delitos diferentes. El primero se relaciona con facilitar ingresos irregulares, mientras que la trata implica captar, trasladar o retener personas con fines de explotación. La presunta retención de documentos exige investigación, pero por sí sola no demuestra que exista trata.

La Procuraduría General de la Nación informó que entre enero de 2015 y junio de 2026 investigó 297 casos relacionados con trata de personas, principalmente con mujeres jóvenes entre las víctimas.

Este antecedente evidencia la importancia de determinar si los ciudadanos etíopes fueron sometidos a explotación o trasladados irregularmente, sin anticipar conclusiones sobre el caso.

Panamá acumuló 457 homicidios hasta el 4 de octubre de 2026, siete más que los 450 registrados durante el mismo período de 2025. Según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), 448 muertes fueron intencionales y nueve no intencionales, mientras que el incremento de los asesinatos deliberados fue del 1%, equivalente a tres casos adicionales.

El informe revela que las rencillas delincuenciales encabezaron las causas identificadas, con 155 víctimas, aunque registraron una disminución del 13% frente a las 178 del año anterior. En contraste, los homicidios relacionados con pandillerismo aumentaron 64%, al pasar de 42 a 69, una diferencia de 27 casos.

También se contabilizaron 31 homicidios por riñas y 26 por daño colateral, mientras que los casos asociados con robos alcanzaron 26 y las rencillas personales sumaron 25. Los femicidios pasaron de 12 a 19 víctimas, mientras que los hechos clasificados como ajustes de cuentas disminuyeron de 34 a 15.

El desglose incluye 10 homicidios relacionados con drogas o narcotráfico, cuatro por violencia doméstica, cuatro durante evasiones y uno por encargo. Otros 61 casos permanecían bajo investigación, siete más que en 2025, mientras que las muertes no intencionales aumentaron de cinco a nueve.

Por provincias, Panamá concentró 281 homicidios intencionales, ocho más que el año anterior, y mantuvo la mayor cantidad de víctimas del país. Colón registró 75 casos, una reducción del 18%, mientras que Panamá Oeste acumuló 38, tres menos que durante el mismo período de 2025.

El incremento proporcional más significativo ocurrió en Chiriquí, donde los homicidios aumentaron 178%, al pasar de nueve a 25 casos. Coclé también presentó un aumento, de ocho a 15, mientras que Veraguas redujo sus registros de seis a tres y Darién pasó de cuatro a dos.

La tasa nacional de homicidios intencionales se situó en 9,6 por cada 100.000 habitantes, clasificada por el SIEC como baja. Sin embargo, Colón alcanzó una tasa de 23,7 y Panamá de 16,9, niveles considerados moderados y que, según la metodología oficial, requieren atención.

A escala distrital, Panamá encabezó las estadísticas con 193 homicidios, seguido de San Miguelito, con 83, y Colón, con 70. También figuraron Arraiján, con 22 casos; La Chorrera, con 12; y David, con 10, entre las jurisdicciones con mayor incidencia.

En San Miguelito, Belisario Frías acumuló 24 homicidios, Omar Torrijos registró 16 y Arnulfo Arias Madrid contabilizó 15. En el sector este de la capital, Pedregal y 24 de Diciembre sumaron 18 casos cada uno, mientras que Tocumen reportó 10.

En el distrito de Colón, Cristóbal Este registró 15 víctimas y Cativá otras 14, seguidos de Barrio Norte, con nueve. En el sector norte de Panamá destacaron Chilibre, con 18 homicidios, y Ernesto Córdoba Campos, con 17, mientras que Ancón acumuló 15 en el sector oeste.

El comportamiento mensual mostró 61 homicidios intencionales en abril, la cifra más elevada del año, seguida de mayo, con 56, y marzo, con 54. Septiembre cerró con 45 víctimas, una disminución del 27% respecto de las 62 contabilizadas durante el mismo mes de 2025.

Durante la semana comprendida entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, se registraron ocho homicidios intencionales, cuatro menos que la semana anterior. El SIEC calculó un promedio de 11 casos semanales durante las últimas seis semanas y situó el comportamiento reciente por debajo de ese promedio.

El organismo estima que octubre podría cerrar con aproximadamente 39 homicidios, siempre que se mantenga la tendencia observada. Además, señaló que el 57% de las muertes responde a violencia delincuencial, organizada o común, y advirtió sobre la necesidad de mantener las acciones de contención.

Las estadísticas muestran que 383 homicidios fueron cometidos con armas de fuego, mientras que 31 involucraron armas blancas y 34 otros métodos. El domingo fue el día con mayor cantidad de casos, con 86, seguido del viernes, con 73, y el sábado, con 70, según el balance preliminar.

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP) instó a las compañías aseguradoras a reforzar sus canales de atención y agilizar las reclamaciones por los daños ocasionados por el terremoto del 9 de octubre, que afectó viviendas, comercios e infraestructuras en distintas regiones del país.

El organismo anunció que mantiene vigilancia sobre la respuesta de las empresas ante las solicitudes de sus asegurados.

La entidad señaló que las aseguradoras han reforzado sus líneas de atención para recibir consultas, reportes de siniestros y reclamaciones. La Superintendencia aseguró que dará seguimiento a estos procedimientos para garantizar una atención oportuna y transparente, de conformidad con las disposiciones legales y las condiciones establecidas en los contratos de seguros.

La institución recordó que su actuación se desarrolla bajo las facultades que le confiere la Ley 12 del 3 de abril de 2012, que regula la actividad aseguradora en Panamá.

Asimismo, recomendó a quienes hayan sufrido afectaciones contactar directamente a sus aseguradoras o corredores, documentar los daños y verificar las coberturas, condiciones y deducibles de sus respectivas pólizas.

Por su parte, la Asociación Panameña de Aseguradores (APADEA) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a propietarios de viviendas y establecimientos comerciales afectados.

El gremio explicó que la protección dependerá del tipo de seguro contratado, por lo que resulta fundamental revisar las condiciones de cada póliza antes de iniciar el proceso de reclamación.

Según APADEA, las pólizas de incendio pueden cubrir los daños estructurales en viviendas y comercios, incluidos paredes y cielorrasos, mientras que los seguros multirriesgo pueden proteger también el contenido de los inmuebles, como muebles y electrodomésticos.

No obstante, la indemnización dependerá de las coberturas contratadas, las exclusiones y los deducibles establecidos en cada contrato.

El gremio recomendó notificar cuanto antes los daños a las compañías de seguros, utilizando sus líneas telefónicas, servicios de WhatsApp o plataformas digitales. También aconsejó solicitar la orientación de un corredor de seguros y conservar fotografías, videos, facturas y comprobantes que permitan respaldar las pérdidas ocasionadas por el movimiento sísmico.

Otro aspecto importante es conocer el deducible y la suma asegurada. APADEA explicó que la cobertura de terremoto habitualmente puede alcanzar el monto total asegurado, sujeto al deducible correspondiente.

Además, recomendó solicitar una evaluación profesional de los daños, que complemente el trabajo del ajustador designado por la aseguradora y permita estimar el costo de las reparaciones.

La asociación también advirtió sobre posibles intentos de fraude durante la presentación de reclamaciones. Por ello, pidió verificar la identidad de ajustadores e intermediarios, evitar pagos a terceros que prometan acelerar los trámites y no compartir información financiera o personal con personas cuya identidad no haya sido confirmada.

De acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, al cierre de agosto de 2026 se contabilizaban 2.397.898 pólizas vigentes, un incremento del 1,9% frente al mismo mes del año anterior.

Entre enero y agosto, las primas suscritas alcanzaron $1.489,3 millones, con un crecimiento del 8,7%, mientras que las compañías pagaron $681,3 millones en siniestros, un 7,4% más que en igual período de 2025.

Entre los seguros que podrían ofrecer protección frente a daños ocasionados por terremotos destacan los de incendio y líneas aliadas, que sumaban 373.738 pólizas vigentes, de las cuales 336.098 correspondían al segmento residencial y 37.284 al comercial.

Este ramo acumuló $153,7 millones en primas suscritas y $29,6 millones en siniestros pagados hasta agosto, aunque estas indemnizaciones corresponden a distintos riesgos y no exclusivamente a eventos sísmicos.

Por su parte, el ramo multirriesgo registraba 35.455 pólizas vigentes, distribuidas entre 28.036 residenciales y 7.419 comerciales e industriales. En conjunto, ambos ramos contabilizaban 409.193 pólizas y $158 millones en primas suscritas.

Sin embargo, estas cifras no significan que todos los contratos incluyan protección contra terremotos, pues la cobertura efectiva depende de las condiciones particulares, exclusiones y deducibles establecidos en cada póliza.

El llamado del sector asegurador ocurre mientras Panamá continúa evaluando las consecuencias del terremoto de magnitud 7,5 registrado el 9 de octubre, cuyo epicentro se localizó en las proximidades de Tonosí.

Según el informe presentado por el presidente José Raúl Mulino la noche del lunes, 1.744 viviendas habían sido evaluadas, con un total de 6.174 personas afectadas por el desastre.

El balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con corte a las 11:30 a. m. del 12 de octubre, contabilizó 656 centros educativos con algún tipo de afectación, incluidos planteles con daños graves.

También reportó 14 albergues habilitados, donde permanecían 598 personas, mientras continuaban las inspecciones y las operaciones de asistencia humanitaria.

En las provincias centrales se concentran importantes daños materiales. Veraguas registra 420 residencias afectadas y Coclé otras 318, mientras que Herrera reporta 302 viviendas con daños parciales.

En estas regiones también se identificaron afectaciones en hospitales, iglesias, edificios gubernamentales y carreteras, además de comunidades que enfrentan dificultades de acceso por daños en puentes y deslizamientos.

Las autoridades mantienen desplegados equipos de evaluación y asistencia, mientras el Gobierno prepara reparaciones y soluciones habitacionales para las familias damnificadas. El presidente Mulino anunció el envío de materiales de construcción y la ejecución de proyectos de viviendas. Hasta el balance del 12 de octubre, no se reportaban personas desaparecidas, aunque las cifras de daños continúan sujetas a actualización.

Un día después de la publicación en la Gaceta Oficial de la resolución que contempla solicitar una dispensa fiscal para atender la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,5, el Gobierno de Panamá aclaró, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que no recurrirá a ese mecanismo y mantendrá la meta de déficit fiscal del 3,5% del producto interno bruto (PIB) establecida para 2026.

La aclaración se produjo este domingo 11 de octubre, luego de que la Resolución de Gabinete N.º 108, del 10 de octubre, facultara al MEF para solicitar a la Asamblea Nacional una suspensión temporal de los límites fiscales.

Aunque la disposición abrió la posibilidad de flexibilizar las restricciones presupuestarias ante la emergencia, el ministerio sostuvo que esa autorización no constituye una obligación y que los gastos derivados del terremoto pueden atenderse sin modificar el techo vigente.

Una dispensa fiscal es un mecanismo excepcional que permite al Gobierno flexibilizar temporalmente los límites de déficit establecidos por ley, generalmente ante desastres naturales u otras situaciones extraordinarias.

El déficit se produce cuando los gastos del Estado superan sus ingresos durante un período determinado. Para 2026, Panamá tiene establecido un límite equivalente al 3,5% del PIB, conforme a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

La solicitud contemplada en la resolución habría permitido ampliar temporalmente el margen de gasto público para financiar las necesidades derivadas del terremoto, siempre que recibiera la aprobación de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, el MEF aseguró que la meta fiscal de este año permanece intacta, por lo que no considera necesario activar esa excepción, a pesar de que todavía no existe una estimación definitiva de las pérdidas ocasionadas por el movimiento sísmico.

El Consejo de Gabinete también autorizó hasta $100 millones en contrataciones especiales para atender los daños provocados por el terremoto, principalmente en infraestructura y servicios esenciales.

No obstante, el ministerio aclaró que esa cantidad representa un límite máximo y no un gasto automático. Los recursos se utilizarán únicamente para necesidades comprobadas, a medida que las instituciones concluyan las evaluaciones de viviendas, carreteras, hospitales, escuelas y otras instalaciones afectadas.

En cuanto al financiamiento, el Gobierno priorizará las coberturas de seguros, las donaciones y los recursos no reembolsables, antes de considerar la contratación de nuevos préstamos.

El MEF precisó que solamente acudirá al endeudamiento si resulta indispensable, dando preferencia a condiciones concesionales propias de situaciones de crisis. Los fondos serán administrados mediante un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, con refrendo de la Contraloría y mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.

Entre los primeros respaldos internacionales anunciados figura CAF, que ofreció una donación de $250.000 y una línea de financiamiento por $50 millones para contribuir a la respuesta y recuperación.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puso a disposición hasta $300 millones en financiamiento contingente, además de $500.000 en cooperación no reembolsable destinada a asistencia técnica y evaluación de los daños.

En conjunto, CAF y el BID han anunciado hasta $350 millones en opciones de financiamiento y $750.000 en recursos no reembolsables. Sin embargo, las líneas de crédito no representan desembolsos ejecutados ni obligaciones de deuda ya contratadas.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, también mencionó el respaldo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Centroamericano de Integración Económica, sin precisar nuevos montos de financiamiento de esas instituciones.

El terremoto del 9 de octubre, con epicentro en la zona de Tonosí, en la provincia de Los Santos, dejó daños en viviendas, centros educativos, carreteras, puentes y otras infraestructuras, principalmente en las provincias centrales de Panamá.

Mientras continúan las inspecciones y la distribución de ayuda humanitaria, el Gobierno sostiene que la atención a las comunidades damnificadas será prioritaria, aunque todavía está pendiente determinar el costo total de la recuperación y reconstrucción.

Las dos pistas del Aeropuerto Internacional de Tocumen no presentan daños visibles tras el terremoto de magnitud 7,5 registrado el viernes 9 de octubre en Panamá, según las inspecciones realizadas por los equipos técnicos de la terminal aérea.

Las revisiones tampoco identificaron objetos extraños sobre las superficies de aterrizaje y despegue, mientras que los puentes de abordaje inspeccionados se mantienen operativos, informó este domingo la administración aeroportuaria.

A pesar de estos resultados, Tocumen mantiene activos sus protocolos de seguridad debido a las réplicas que continúan registrándose después del movimiento sísmico. Cuando las condiciones lo requieren, las operaciones se suspenden temporalmente para efectuar nuevas verificaciones de las instalaciones.

La actividad aérea solamente se reanuda después de comprobar que existen condiciones seguras, una medida preventiva que puede ocasionar modificaciones adicionales en los itinerarios.

El Centro de Control de Operaciones Aeroportuarias informó que los vuelos comenzaron a ajustarse nuevamente a la programación habitual de los bancos de conexiones, aunque todavía persisten retrasos derivados de las interrupciones acumuladas desde el viernes.

En redes sociales, algunos pasajeros han expresado inconformidad por las demoras, cancelaciones y cambios de itinerarios, mientras las aerolíneas reorganizan sus operaciones para atender a los viajeros afectados.

El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, aseguró que la administración mantiene una coordinación permanente con las compañías aéreas para agilizar las reprogramaciones y facilitar la salida de los pasajeros que no han podido continuar sus viajes.

El funcionario explicó que se están utilizando los recursos operativos disponibles para recuperar la normalidad, sin comprometer las medidas de seguridad establecidas después del terremoto. Los horarios estimados se actualizan en las pantallas informativas de ambas terminales

Ante las afectaciones, Copa Airlines amplió su política de flexibilidad para pasajeros con boletos emitidos hasta el 9 de octubre, cuyos viajes estuvieran programados entre el 9 y el 14 de octubre de 2026.

La compañía permite reprogramar vuelos sin cargos por cambio ni diferencias de tarifa, siempre que se cumplan las condiciones establecidas y el nuevo itinerario se realice hasta el 31 de octubre. Las medidas abarcan las rutas de su red, incluidos los pasajeros que realizan conexiones en Panamá.

La aerolínea también informó que los viajeros que decidan no utilizar sus boletos pueden conservar su valor como crédito para un viaje posterior, sin penalidad por cambio durante la vigencia correspondiente.

Además, habilitó la posibilidad de solicitar reembolsos por boletos no utilizados o por trayectos pendientes, incluso cuando se trate de tarifas originalmente no reembolsables, conforme a las condiciones anunciadas. Copa recomendó verificar el estado de cada vuelo antes de trasladarse al aeropuerto, debido a la posibilidad de nuevas modificaciones.

La recuperación de las operaciones aeroportuarias continúa condicionada por la actividad sísmica posterior al terremoto, que ha provocado numerosas réplicas en distintas zonas de Panamá. Aunque las inspecciones realizadas hasta ahora no han detectado daños visibles en las pistas, Tocumen advirtió que mantendrá las suspensiones preventivas cuando sea necesario efectuar nuevas revisiones.

La administración solicitó a los pasajeros permanecer en contacto con sus aerolíneas para confirmar sus itinerarios y seguir las indicaciones del personal aeroportuario.

El terremoto de magnitud 7,5, registrado el 9 de octubre con epicentro en la zona de Tonosí, en la provincia de Los Santos, dejó daños en viviendas, centros educativos, establecimientos comerciales, carreteras y puentes de distintas comunidades de Panamá.

Las provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas figuran entre las más afectadas, con poblaciones que han enfrentado interrupciones en los servicios de agua y electricidad, además de dificultades para recibir asistencia humanitaria. Mientras continúan las evaluaciones de infraestructura, las numerosas réplicas mantienen activos los protocolos de seguridady las operaciones de emergencia en las zonas impactadas.

La desesperación por la falta de alimentos, agua y asistencia humanitaria comienza a provocar protestas en comunidades rurales de Panamá afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 del viernes 9 de octubre.

En Torio, distrito de Mariato, provincia de Veraguas, moradores cerraron la principal vía de acceso para reclamar ayuda de las autoridades, después de permanecer aislados por los daños en la carretera.

Los residentes aseguran que los suministros no han llegado a sus hogares, pese a los operativos anunciados por el Gobierno desde el sábado.

La situación de Torio refleja las dificultades que enfrentan poblaciones alejadas de las cabeceras provinciales, donde los daños en carreteras y puentes han complicado tanto la movilidad como el traslado de mercancías.

Los moradores afectados sostienen en redes sociales que la asistencia se concentra en los principales poblados y centros de distribución, mientras comunidades más pequeñas continúan esperando alimentos, agua potable y materiales para proteger sus viviendas.

Los reclamos también se extienden a Macaracas y Tonosí, en Los Santos, así como a Los Pozos y Pesé, en Herrera, donde residentes han solicitado una intervención más rápida de las instituciones.

A través de las redes sociales, habitantes de estos sectores aseguran que hasta la mañana del domingo 11 de octubre no habían recibido visitas de funcionarios ni entregas de ayuda en algunos poblados apartados.

En Pesé, provincia de Herrera, las imágenes difundidas por residentes muestran viviendas con grietas, paredes desprendidas y otros daños considerables, mientras continúan las evaluaciones de las estructuras. Moradores de algunas localidades sostienen que más de la mitad de las casas de sus comunidades presentan afectaciones importantes.

El balance preliminar más reciente divulgado por el Centro de Operaciones de Emergencias y el Sistema Nacional de Protección Civil elevó a 840 las viviendas afectadas en todo el país, además de 419 centros educativos con daños.

El informe, presentado la noche del sábado 10 de octubre, también contabilizó más de 1.200 personas directamente impactadas por el terremoto. Las autoridades mantienen las evaluaciones, por lo que las cifras pueden aumentar a medida que los equipos lleguen a las zonas rurales.

En Veraguas, el Ministerio de Obras Públicas identificó entre cuatro y cinco kilómetros de carreteras con deterioro considerable en el área de Torio, según informó el ministro José Luis Andrade durante una inspección realizada este domingo.

La institución coordina el ingreso de maquinaria y personal para rehabilitar los tramos afectados. La Policía Nacional también reportó operaciones en Torio y Malena, destinadas a facilitar el traslado de equipo pesado y mejorar las condiciones de acceso.

La situación vial también es complicada en Los Santos, donde el Ministerio de Obras Públicas inspeccionó cinco puentes y varios tramos carreteros afectados por el terremoto. Una evaluación preliminar determinó el cierre del puente sobre el río Oria, en Oria Arriba, distrito de Pedasí, debido a daños estructurales.

El paso de vehículos quedó prohibido hasta nuevo aviso, mientras se coordinan las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes utilizan esa ruta.

Para ingresar a Tonosí, el MOP estableció como alternativa el recorrido Macaracas–Llano de Piedra–Tonosí, exclusivamente para vehículos livianos. La restricción complica el traslado de grandes volúmenes de mercancías hacia uno de los distritos más afectados.

En el puente sobre el río Tonosí se detectaron daños en la losa que requieren reparación, mientras que otras dos estructuras del corregimiento de Cañas presentan deterioro en sus losas y hundimientos en los accesos.

Las inspecciones también abarcan el puente sobre el río Quema, en Bajo de Güera, donde la evaluación oficial no identificó afectaciones graves, aunque otros tramos de la red vial continúan bajo seguimiento. En el corregimiento de Flores se atendió un derrumbe de tierra, mientras que en Búcaro se identificaron hundimientos.

También se reportaron obstrucciones parciales y deslizamientos en sectores de Macaracas, lo que obliga a los conductores a utilizar rutas alternas y circular con precaución.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reconoció que los daños en las carreteras han retrasado el traslado de alimentos hacia las comunidades más apartadas, pero aseguró que las entregas comenzaron a realizarse desde el sábado.

El mandatario explicó que algunos caminos quedaron prácticamente intransitables y que el transporte terrestre resulta indispensable para movilizar suministros en grandes cantidades, mientras las aeronaves permiten alcanzar temporalmente los lugares con mayores problemas de acceso.

Durante una visita a Chitré, Mulino señaló que helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval transportaron agua y alimentos secos hacia Tonosí, donde familias afectadas permanecían reunidas en una cancha y bajo carpas.

El presidente sostuvo que la ayuda continuará llegando conforme se habiliten las carreteras. También destacó que hasta ese momento no se habían registrado víctimas mortales, aunque reconoció los importantes daños materiales provocados por el terremoto.

El operativo humanitario incluye la preparación y distribución de más de 6.000 bolsas de alimentos por parte del Instituto de Mercadeo Agropecuario, destinadas a familias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos. Los paquetes contienen arroz, aceite, granos, productos enlatados, pasta y otros alimentos básicos.

Estados Unidos también puso helicópteros militares a disposición de Panamá y anunció $5 millones de asistencia inicial, con el propósito de reforzar el transporte de suministros hacia las áreas afectadas.

Mientras persisten los reclamos de las comunidades rurales, el Ministerio de Seguridad Pública informó que un total de 57.440 libras de ayuda humanitaria, equivalentes a unas 26 toneladas, fueron trasladadas mediante un puente aéreo hacia las zonas afectadas por el terremoto.

Las operaciones, coordinadas por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), se desarrollaron entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, con el transporte de alimentos, agua embotellada y otros artículos de primera necesidad.

Del total movilizado, 47.940 libras de suministros fueron transportadas durante el sábado y otras 9.500 libras el domingo, según el balance oficial.

La magnitud de la emergencia también se refleja en los 1.783 casos relacionados con el terremoto atendidos por el Centro de Operación Nacional del Ministerio de Seguridad Pública, de los cuales 128 correspondieron a afectaciones en infraestructuras. Estas solicitudes formaron parte de un total de 4.936 reportes recibidos a través de la línea 104, que permanece habilitada para canalizar alertas ciudadanas y coordinar la intervención de los organismos de seguridad.

Las labores de asistencia también incluyen el traslado de suministros desde Panamá Pacífico, el centro de acopio de los Bingos Nacionales y el Parque Omar, con destino a las zonas afectadas.

El Servicio Nacional de Migración informó que sus unidades participan en la distribución de agua, alimentos y artículos de higiene, además de la instalación de carpas de apoyo en los hospitales Joaquín Pablo Franco, en Los Santos, y Nelson Collado, en Herrera. Pese al volumen de mercancías movilizadas, las cifras oficiales no detallan cuánta asistencia ha recibido cada comunidad rural que denuncia demoras en las entregas.

Estados Unidos anunció una ayuda humanitaria inicial de $5 millones para Panamá y mantiene desplegados helicópteros y personal militar para transportar alimentos, agua y otros suministros hacia las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,5 del pasado viernes 9 de octubre.

El anuncio fue realizado por el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quien explicó que los recursos y equipos destinados originalmente a programas de cooperación en seguridad están siendo utilizados para responder a la emergencia.

El diplomático señaló que el presidente Donald Trump autorizó los $5 millones para atender las necesidades inmediatas de la población y puso a disposición del Gobierno de José Raúl Mulino los recursos estadounidenses presentes en el país.

La asistencia incluye helicópteros militares, personal especializado y apoyo logístico para movilizar mercancías hacia localidades de difícil acceso, especialmente en las provincias centrales, donde el movimiento sísmico provocó daños en carreteras, viviendas y edificios públicos.

Uno de los principales recursos utilizados es un helicóptero militar Chinook CH-47 de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, que ya se encontraba en Panamá participando en actividades de entrenamiento cuando ocurrió el terremoto.

La aeronave comenzó el sábado 10 de octubre a transportar carpas, suministros y personal desde Panamá Pacífico hacia las regiones afectadas, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Según explicó Cabrera, los helicópteros estadounidenses ya han trasladado miles de libras de agua, alimentos y otros artículos de primera necesidad. El operativo también utiliza aeronaves vinculadas a programas de cooperación de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) con el Senan.

El embajador anunció recorridos por distintos puntos de Veraguas para entregar suministros recolectados en la ciudad de Panamá y conocer las necesidades de las comunidades.

El Chinook cuenta con capacidad aproximada para transportar 10.000 libras de carga o 24 pasajeros, lo que permite movilizar volúmenes importantes de asistencia en trayectos donde el transporte terrestre enfrenta dificultades.

Las operaciones aéreas forman parte de una respuesta coordinada entre las autoridades panameñas y estadounidenses, que también contempla el envío de especialistas en búsqueda, rescate y evaluación estructural para apoyar las inspecciones de edificaciones afectadas.

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que movilizó fuerzas militares por instrucciones de su comandante, el general Francis L. Donovan, para apoyar las operaciones humanitarias dirigidas por el Departamento de Estado.

El despliegue comprende aeronaves de ala rotatoria, personal de cooperación en seguridad y transporte de equipos esenciales. La misión incluye asistencia para evaluar daños, localizar personas lesionadas y facilitar la entrega de recursos, de acuerdo con las necesidades identificadas por las instituciones panameñas.

Mientras continúa la movilización internacional, habitantes de comunidades rurales de Herrera, Los Santos y Veraguas han recurrido a las redes sociales para solicitar ayuda. Entre los lugares mencionados figuran Soná, Mariato, Torio, Los Pozos, Macaracas y Tonosí, donde residentes de sectores alejados de las cabeceras distritales aseguran que todavía no han recibido alimentos, agua u otros suministros oficiales.

Estos reclamos reflejan las dificultades para alcanzar poblaciones dispersas, aunque no permiten establecer que todos los sectores de esos distritos permanezcan sin asistencia.

El presidente José Raúl Mulino reconoció las dificultades para llevar suministros a las áreas más apartadas de Azuero, pero aseguró que la distribución comenzó a avanzar durante el sábado. Explicó que varias carreteras quedaron dañadas e impedían el paso de vehículos con mercancías. u

La recuperación de las vías resulta fundamental para trasladar grandes cantidades de alimentos por tierra, mientras los helicópteros permiten atender temporalmente a las comunidades con problemas de acceso.

Durante una visita al Hospital Cecilio A. Castillero, en Chitré, Mulino indicó que aeronaves del Senan habían transportado agua y alimentos secos hacia Tonosí, donde numerosas familias permanecían en espacios abiertos y bajo carpas.

El mandatario sostuvo que la asistencia se ampliará conforme se restablezca la circulación por las carreteras afectadas y destacó que, pese a la magnitud del terremoto, hasta ese momento no se habían reportado víctimas mortales.

A la operación se sumó el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), que informó este domingo 11 de octubre que prepara y distribuye más de 6.000 bolsas de alimentos secos.

Las labores se desarrollan desde sus sedes regionales en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, con destino a albergues, hospitales y comunidades afectadas. La institución organiza la asistencia en combos de dos bolsas, con productos de primera necesidad para las familias damnificadas.

Cada combo incluye 10 libras de arroz, una botella de aceite, atún, sardinas, jamonilla, lentejas y frijoles, además de otros productos enlatados. También contiene pasta, crema de maíz, azúcar y sal, entre los artículos destinados a cubrir las necesidades alimentarias inmediatas.

El IMA informó que mantiene activos sus equipos de empaque y distribución, aunque no precisó cuántas bolsas habían llegado efectivamente a las familias hasta la publicación de su comunicado.

El terremoto también obligó a reorganizar la atención sanitaria en hospitales de las provincias centrales, donde varios centros mantienen pacientes en carpas mientras se completan las evaluaciones de seguridad.

En Chitré, Mulino informó que se estaban instalando carpas refrigeradas con aire acondicionado en el Hospital Cecilio A. Castillero, para reducir la exposición de los pacientes al calor y la humedad. Las autoridades también continúan revisando escuelas, viviendas, carreteras y otras infraestructuras dañadas.

La asistencia humanitaria se desarrolla mientras las réplicas y los daños en las vías mantienen dificultades para numerosas comunidades, particularmente en sectores rurales de Azuero y Veraguas.

Aunque el Gobierno asegura que los suministros ya comenzaron a llegar y Estados Unidos amplió su apoyo logístico y financiero, la distribución efectiva de alimentos, agua y refugio hacia los poblados más aislados sigue siendo uno de los principales desafíos de la respuesta al terremoto.

Una barbería móvil con aire acondicionado se convirtió en un refugio temporal para recién nacidos en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, después del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre.

Ante la evacuación del Hospital Dr. Cecilio A. Castillero, médicos y enfermeras trasladaron equipos y pacientes a espacios exteriores, donde debieron continuar la atención bajo el calor.

El propietario de la unidad, identificado en redes sociales como @boss__barberr, ofreció el vehículo para proteger a los bebés mientras persistían las réplicas.

La escena en Chitré refleja las condiciones extraordinarias en las que el personal médico ha tenido que trabajar desde el terremoto, ocurrido a las 12:56 de la tarde.

En distintos hospitales de las provincias centrales, los estacionamientos y las carpas se transformaron en espacios provisionales de atención, ante la necesidad de mantener los servicios sin exponer a pacientes y trabajadores a posibles riesgos dentro de las edificaciones. También se reportaron partos atendidos en áreas improvisadas, mientras continuaban las inspecciones.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que cuatro hospitales mantienen la atención de pacientes en carpas habilitadas en sus áreas exteriores, mientras continúan las evaluaciones de seguridad.

En el Hospital de Ocú, provincia de Herrera, los servicios fueron trasladados al Minsa-Capsi del distrito como medida preventiva. El Gobierno ha contabilizado 21 instalaciones sanitarias afectadas por el terremoto, aunque las autoridades mantienen las inspecciones para determinar el alcance de los daños y las condiciones de funcionamiento de cada establecimiento.

Durante un recorrido por Coclé, Herrera, Veraguas y Los Santos, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, constató las afectaciones y coordinó medidas para mantener los servicios médicos. El funcionario anunció que se están trasladando hospitales modulares desde otras regiones para reforzar la capacidad de atención.

Las unidades temporales permitirán recibir pacientes mientras se completan los inventarios de necesidades, se evalúan las estructuras y se determina qué áreas pueden volver a utilizarse.

En Penonomé, provincia de Coclé, el Hospital Aquilino Tejeira presenta afectaciones leves y permanece a la espera del informe técnico de evaluación, según el Minsa. Durante la emergencia, decenas de pacientes recibieron atención en espacios exteriores mientras se reorganizaban los servicios.

En Herrera, el Hospital Dr. Cecilio A. Castillero continúa pendiente de evaluación, una situación que obligó al personal sanitario a adaptar las áreas disponibles para atender a personas evacuadas, entre ellas madres y recién nacidos.

La situación es especialmente delicada en Tonosí, distrito cercano al epicentro del terremoto, donde el hospital rural presenta afectaciones estructurales que comprometen el funcionamiento de sus instalaciones.

Durante su visita, Boyd Galindo anunció la construcción de un nuevo centro hospitalario con una inversión estimada de $30 millones y un plazo proyectado de ejecución de 18 meses. El ministro explicó que se trabaja en la formalización del contrato, que deberá remitirse a la Contraloría General de la República para su refrendo antes de emitir la orden de proceder.

En la provincia de Los Santos, el Hospital Regional Joaquín Pablo Franco Sayas, ubicado en Las Tablas, registra afectaciones leves y permanece pendiente de evaluación. El establecimiento figura entre los centros que requieren seguimiento técnico después del movimiento sísmico.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias mantienen medidas de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios, especialmente en áreas de urgencias y atención de pacientes que no pueden esperar a que concluyan las inspecciones.

En Veraguas, el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, ubicado en Santiago, atendió pacientes en módulos y pasillos mientras se evaluaban sus instalaciones. Posteriormente, la Universidad Tecnológica de Panamá certificó que las estructuras del centro hospitalario son seguras, por lo que el Minsa anunció que se procederá al restablecimiento normal de los servicios dentro del edificio.

La decisión permitirá retirar progresivamente las medidas provisionales utilizadas durante las primeras horas de la emergencia.

La respuesta sanitaria también incluye el despliegue de 203 funcionarios del Ministerio de Salud para atender las necesidades provocadas por el terremoto, coordinar recursos y reforzar la atención en las regiones afectadas.

El ministro Boyd Galindo explicó que la institución realiza un inventario de equipos, suministros e infraestructura necesaria para sostener los servicios, mientras se determina qué establecimientos requieren reparaciones, instalaciones temporales o intervenciones de mayor alcance.

El Gobierno de Panamá también habilitó centros de acopio para canalizar donaciones hacia las comunidades que sufrieron daños en viviendas e instalaciones públicas. Entre los artículos más necesarios figuran agua embotellada, alimentos no perecederos, fórmulas infantiles, pañales, productos de higiene, colchonetas y frazadas.

La asistencia resulta especialmente importante para las familias con niños pequeños y personas que necesitan atención médica continua, en momentos en que numerosas comunidades todavía enfrentan dificultades de acceso y servicios básicos.

Más allá de los daños materiales, la emergencia ha dejado imágenes de médicos, enfermeras y ciudadanos buscando soluciones para proteger a los pacientes, incluso mediante espacios tan inesperados como una barbería móvil.

El Ministerio de Salud informó que no se habían reportado fallecimientos a nivel nacional como consecuencia del terremoto, mientras continuaban las evaluaciones de infraestructura y las acciones para restablecer los servicios en condiciones seguras.

El terremoto de magnitud 7,5 registrado en Panamá el viernes 9 de octubre, a las 12:56 de la tarde, ha estado acompañado de una intensa actividad sísmica que mantiene en alerta a las comunidades afectadas.

Un recuento preliminar identifica más de 230 movimientos en la región desde el evento principal, según los registros del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, una cifra estimada que cambia constantemente conforme se incorporan y revisan nuevos datos.

Hasta las 7:11 de la mañana del domingo 11 de octubre, el catálogo del Instituto de Geociencias registraba aproximadamente 85 movimientos posteriores al terremoto en los alrededores de Tonosí, localidad cercana al epicentro del sismo principal de magnitud 7,5.

Otros 56 eventos fueron referenciados a Soná y 39 a la isla Coiba, según un recuento preliminar de los registros, cuyas cifras pueden variar conforme se actualiza la información.

También aparecen eventos localizados respecto de Santiago, Las Tablas y Chitré. La frecuencia promedio calculada ronda un movimiento cada 11 minutos, aunque los intervalos son irregulares y algunos temblores ocurren con apenas segundos de diferencia.

La persistencia de las sacudidas ha llevado a familias de las comunidades más afectadas a permanecer fuera de sus viviendas, particularmente donde existen grietas, desprendimientos y daños estructurales.

La preocupación se extiende durante la noche, cuando el temor a nuevas réplicas dificulta que los residentes regresen a dormir bajo techo, mientras esperan evaluaciones que permitan determinar las condiciones de seguridad de sus casas.

La emergencia también ha dejado daños en más de 700 viviendas y afectaciones reportadas en 419 centros educativos, además de carreteras, instalaciones públicas y servicios básicos.

Los problemas se concentran en distintos sectores de Los Santos, Herrera y Veraguas, donde el deterioro de las vías y las interrupciones de agua y electricidad complican la atención de las familias. El balance continúa sujeto a modificaciones conforme avanzan las inspecciones oficiales.

Entre las localidades afectadas figuran Macaracas, en Los Santos, y Los Pozos, en Herrera, donde también se reportan importantes daños, especialmente en comunidades rurales alejadas de las cabeceras de distrito.

En estos sectores, las dificultades de acceso representan un obstáculo adicional para evaluar las viviendas y distribuir asistencia, por lo que el alcance de las afectaciones podría variar a medida que los equipos de emergencia lleguen a los poblados más apartados.

Otro elemento de la secuencia es la escasa profundidad de numerosos movimientos sísmicos registrados desde el viernes. Cerca del 90% de los eventos del recuento preliminar ocurrió a 10 kilómetros o menos, con registros frecuentes a esa profundidad y otros a cinco, cuatro, tres y dos kilómetros.

Los sismos superficiales pueden generar sacudidas intensas cerca de su epicentro, aunque sus efectos también dependen de la magnitud, la distancia y las condiciones del terreno.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) explica que las réplicas ocurren cuando un terremoto modifica las tensiones acumuladas en la corteza terrestre, provocando nuevas rupturas en sectores próximos a la falla activada. La concentración de movimientos en profundidades similares puede responder a esa redistribución de esfuerzos.

La elevada frecuencia inicial también es un comportamiento conocido de las secuencias sísmicas, que generalmente disminuyen con el paso del tiempo sin que sea posible predecir cada evento.

Mientras continúan las labores de asistencia, las autoridades mantienen las inspecciones de viviendas, escuelas, carreteras y otras infraestructuras afectadas, con especial atención a las comunidades que permanecen parcialmente incomunicadas.

La combinación de daños materiales y movimientos persistentes mantiene la incertidumbre entre las familias de Azuero, mientras el Instituto de Geociencias continúa actualizando un registro cuya cantidad de eventos y localizaciones todavía puede cambiar.