En los dos años y cuatro meses que Javier Milei lleva en la Casa Rosada, la gestión libertaria se desprendió de 15 inmuebles del Estado a cambio de casi USD 279 millones. En total, sumaron 84.900 m2 que dejaron de estar bajo dominio público. La cifra se enmarca en una política del Gobierno de achicar la dimensión de Estado.

Entre los edificios vendidos por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) hay algunos que pertenecieron a distintos organismos, como el Ministerio de Defensa, la Policía Federal o el INTA, y propiedades decomisadas en causas de corrupción o narcotráfico.

En su informe escrito enviado a la Cámara de Diputados esta semana, Manuel Adorni había detallado la venta de sólo 6 propiedades por USD 75,1 millones, entre 2025 y el primer trimestre de 2026. Fue en respuesta a una de las preguntas que le enviaron los legisladores. Sin embargo, tras relevar el sitio oficial de contrataciones públicas ComprAr y el de la AABE, Infobae detectó que se vendieron otros 7 inmuebles en ese lapso, más otros dos en 2024. Por la venta de los 15, el Gobierno recaudó en total USD 278.968.671.

A su vez, 35 inmuebles del Estado fueron “desafectados” por la Agencia, según informó el Jefe de Gabinete, lo que implica que dejaron de tener un uso específico o de estar asignados a una dependencia pública para poder así ser subastados por la AABE. En su conjunto, implican 4.620.272 m2. De ese número, 5 inmuebles ya fueron adjudicados a privados a través de subastas públicas, y forman parte del lote de 15 vendidos.

Entre los desafectados, los más grandes son dos predios por un total de 720.000 m2 que pertenecen al INTA y el Instituto Nacional del Agua (INA) en la localidad bonaerense de Ezeiza y la salteña de Cerillos. El coordinador del Área de Extensión del INTA Salta, el ingeniero agrónomo Gustavo Ramírez, le había dicho al medio local Aries Online al defender el uso que tenían esos terrenos que “esas 41 hectáreas están en producción, cualquiera que pasa por ahí las puede ver, siempre estuvieron en producción”.

También figura el complejo ubicado sobre la costanera del Embalse de Río Tercero, en el departamento cordobés de Calamuchita. Comprende una superficie aproximada de 2.324.017 m2 y estaba bajo jurisdicción de la Secretaría de Turismo y Ambiente y de la Administración de Parques Nacionales. El área forma parte de la Unidad Turística de Embalse, declarada Monumento Histórico Nacional en 2013.

La decisión de desafectarlo se fundamentó en el Decreto 2.670/15, que permite declarar inmuebles “innecesarios” o “sin destino” cuando no resultan imprescindibles para la gestión específica del organismo al que estaban asignados. La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos intervino en el expediente y consideró procedente su venta, con la condición de preservar y restaurar los valores patrimoniales del conjunto histórico.

Del relevamiento hecho por este medio del sitio de subastas de la AABE, surge que hay actualmente 8 inmuebles publicados para salir a subasta electrónica, cuya inscripción para participar aún no cerr. Otros 11 figuran catalogados como “oportunidades disponibles”; 131 saldrán a la venta a futuro; y 188 son ventas finalizadas entre el 2017 y lo que va de 2026.

La AABE funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y está a cargo, dede diciembre pasado, de Tania Alejandra Yedro, quien trabajaba en el organismo desde febrero de 2024, tras haber sido directora nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios, oficina que depende de la misma Agencia.

Las seis ventas informadas por Adorni

Los seis inmuebles del Estado subastados entre 2025 y lo que va del 2026, detalaldos por el Jefe de Gabinete en su informe escrito suman un total de USD 75.108.759.

Uno es un predio del Ministerio de Defensa en el barrio de Puerto Madero, a pocos metros de la Reserva Ecológica Costanera Sur, con una superficie de 5.234 m2, que albergó dependencias de la Subsecretaría de Ciberseguridad. Ubicado sobre Av de los Italianos Nº 365 al 375, se adjudicó en marzo de 2025: por USD 34 millones al Fideicomiso Inmobiliario Madero 6. Su precio base había sido menor, de USD 23,2 millones y se presentaron 6 oferentes.

Ya había salido a subasta en 2017 - sin interesados - con una valuación estimada, en ese momento, de USD 35 millones. Nuevamente el Estado intentó rematar el predio con el edificio en 2019, con una tasación base inferior de USD 28 millones, pero la subasta fue declarada desierta en septiembre de 2021.

Otro de los inmuebles es el emblemático edificio del INTA ubicado en Ortiz de Ocampo y Cerviño, cuya venta dispuesta por el Gobierno generó polémica y reclamo de sus trabajadores, ya que estaba en uso. El terreno donde está el edificio tiene 919 m2, aunque la edificabilidad total del inmueble ascendería a los 10.126 m2 de superficie.

Se adjudicó a Julián Álvarez 1986 SRL en USD 18,5 millones, casi tres veces su valor de base (USD 6,3 millones). Se trata de una empresa que se dedica a la construcción y reparación de edificios residenciales, cuyos socios son Martín Prubner y Lucila Jazmín Zang, hija del vicepresidente de IRSA, Saúl Zang.

Si bien el artículo 57 de la ley 27.341, vigente al momento de la venta, establecía que el 70% de esa suma (casi USD 13 millones) fuera para el INTA, como el mismo Adorni garantizó en una conferencia de prensa el 27 de noviembre del 2024, el dinero nunca llegó al organismo. En su informe escrito a los Diputados, afirmó en la respuesta a la Pregunta 729, que esos fondos pasaron al Tesoro Nacional por un decreto (Nº 186/25) posterior.

Otro de los inmuebles rematados por la AABE perteneció a Daniel Muñoz, quien fuera el secretario privado de Néstor Kirchner, y fue decomisado en la causa en la que se lo investigó por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Muñoz fue el receptor primario de los bolsos repletos de dinero provenientes de las coimas que pagaron empresarios para quedarse con obras públicas y contratos con el Estado. Se trata de un departamento de 74 m2 ubicado en el 1er piso del edificio de Andonaegui N° 2966, en Villa Urquiza.

Lo compró un particular, Lorenzo Gaspar Huaranca, en USD 168.000, unos USD 20.000 más que su precio base de remate.

Producto también del decomiso de otra causa de narcotráfico y lavado, fue vendido un dúplex ubicado en Bacacay 3591, en el barrio de Floresta. Lo compró otra particular, Carolina Soledad Luizaga, quien pagó USD 150.500, casi el mismo valor que el precio base (USD 150.415).

Otro inmueble ubicado en Av. Melián N.º 2157 entre Mendoza y Juramento, valuado en USD 2,3 millones, salió a subasta con un precio de base de USD 690.000 y terminó en manos de Inversora Mataldi SA por poco más de USD 1 millón.

La casona tiene dos plantas, ascensor, piscina y jardín y está ubicada en la zona residencial de Belgrano R. La mansión perteneció a Carlos Salvatore, un capo narco condenado a 21 años de cárcel por contrabando de una tonelada de cocaína a Portugal y España en la causa conocida como Carbón Blanco, fallecido en 2019.

Un cotizado terreno de más de 3.400 m2 en la calle Soldado de la Independencia Nº 615, en el barrio de Palermo, entre las calles Ortega y Gasset y Pasaje San Benito de Palermo, fue adjudicado a la firma Consultatio SA, la desarrolladora de torres y urbanizaciones de Eduardo Costantini. Está en una de las zonas más codiciadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a metros del Campo Argentino de Polo y del tradicional barrio Las Cañitas.

La parcela tiene 70 metros de frente por 50 metros de profundidad, y se utilizaba hasta el momento como estacionamiento, con 163 cocheras descubiertas y 12 semicubiertas. Consultatio ofertó USD 21,2 millones, unos USD 7 millones más que el precio base (USD 15,3 millones) y le ganó la disputa a otros tres oferentes.

Los otros inmuebles vendidos

Otros 7 inmuebles del Estado subastados en 2025 y 2026 no fueron incluidos en la respuesta de Adorni, pese a que la pregunta se refería a ese año y lo que va del actual. Cuatro se adjudicaron el año pasado y 5 en el primer trimestre del 2026,

Entre ellos está el más caro de los 15 ya vendidos por la AABE. Se trata de un predio del Ejército Argentino ubicado en Av Cerviño 4.820, esquina Bullrich, frente a la Mezquita de Palermo, en el barrio porteño de Palermo.

Quedó también en manos de Consultatio SA, que ofreció USD 127 millones, el monto más alto, y resultó adjudicado el 6 de enero pasado. La cifra representó un 55% más que el precio base (USD 81,8 millones), lo que fue un récord en subastas de bienes públicos para desarrollos inmobiliarios a gran escala.

La propiedad tiene casi 42.000 m2 estratégicamente ubicados, y su predio funciona el centro comercial Portal Palermo, que alberga al hipermercado Jumbo, la tienda Easy y un shopping con decenas de locales comerciales, que es explotado actualmente por Cencosud. Este grupo chileno tenía diez meses para dejar el predio una vez que se concretara la transferencia, pero las compañías informaron que llegaron a un acuerdo para que haya un Jumbo en el proyecto inmobiliario de Consultatio.

En el cotizado barrio del Bajo Belgrano, la AABE remató una manzana entera delimitada por las calles Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros, que tiene una superficie de 12.518 m2. El inmueble era propiedad de la Policía Federal y allí funcionaba una repartición de la Superintendencia de Investigaciones, gracias a un permiso de uso precario otorgado por el Gobierno nacional al Gobierno porteño el 9 de diciembre de 2019. Pero fue revocado en 2021 en la gestión de Alberto Fernández. El playón interno se utilizaba para el guardado de vehículos de la Policía y camión de bomberos.

Salió a la venta con un precio base de USD 21.369.863 y fue adjudicado a Argencors SA el 29 de enero pasado por más de doble: USD 46.568.000. Se trata de la desarrolladora fundada por Miguel Camps y dueña de la marca Quartier, que construirá un edificio residencial de alta gama. Será el primer proyecto que desarrolle Argencons con Consultatio, luego de que Costantini adquiriera el 51% de la compañía a mediados de 2025.

En el barrio de Retiro, la AABE rematará otro predio de 15.720 m2 en una zona neurálgica, sobre la Av. Antártida Argentina al 1160, esquina Gendarmería Nacional y esquina Carlos Perette. Ubicado en una zona neurálgica, está muy próximo a la terminal de ómnibus y de cruceros.

Actualmente funciona un hipermercado COTO, y permanecerá en manos de ese grupo empresario, ya que lo compró Gepal SA, una empresa vinculada. Fue adjudicado el 2 de enero de este año y la cadena de supermercados nacionales pagó el precio en el que salió a subasta, USD 11.907.591.

También en Retiro, pero en la zona de Plaza San Martín, a finales del año pasado se vendió otro predio de casi 2.090 m2 en la zona de Plaza San Martín que cuenta con varias propiedades, donde funcionan estacionamientos y depósitos. Ubicado en calle Juncal 724, entre Basavilbaso y Esmeralda, en el barrio de Retiro, a metros de la estación de trenes, en una zona estratégica de la Capital.

Quedó en manos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por USD 8,8 millones, el mismo valor que el precio base con el que salió a subasta. El precio fue inferior al que había sido publicado inicialmente, USD 13 millones, en mayo de 2025.

En el barrio de Palermo fue vendido otro terreno - en este caso, baldío - en Fray Justo Santa María de Oro 2245/2251, entre Paraguay y Charcas, de 1.038 m2. A una cuadra del corredor paralelo a las vías del Ferrocarril San Martín que da hacia la calle Godoy Cruz, está ubicado en una de las zonas más atractivas y con locales gastronómicos de este barrio. Salió a la venta en casi USD 3 millones, y quedó en manos de la desarrolladora inmobiliaria Ciudad G3 SA en noviembre pasado, que ofertó USD 5 millones.

En diciembre de 2025 fue adjudicado el inmueble de Av. Rivadavia N° 1665, entre Rodriguez Peña y Montevideo, en Congreso, con un total de 1.818 m2. Pasó a manos de Inversora Mataldi SA, que es parte del Grupo IEB, dedicado a las inversiones financieras y cuyo dueño es Juan Ignacio Abuchdid, por USD $3,3 millones, el mismo valor que el precio base con el que salió a subasta.

Esta misma sociedad se había quedado en octubre de 2024 con la mansión de Av. Melián Nº 2157 entre Mendoza y Juramento, en la zona residencial de Belgrano R. Con plantas, ascensor, piscina y jardín, perteneció a Carlos Salvatore, un capo narco condenado a 21 años de cárcel por contrabando de una tonelada de cocaína a Portugal y España en la causa conocida como Carbón Blanco, fallecido en 2019.

Si bien el inmueble, en su momento, fue valuado en USD 2,3 millones, salió a subasta con un precio de base de USD 690.000. La firma Inversora Mataldi SA pagó poco más de USD 1 millón.

Producto del dinero de la corrupción, a finales de febrero de este fue vendida otra lujosa residencia que perteneció al ex secretario de los Kirchner, Muñoz, ubicada en Av. Salvador María del Carril 3744, en el barrio porteño de Villa Devoto.

Esta propiedad, utilizada para blanquear dinero mediante alquileres, cuenta con cuatro plantas, gimnasio, sauna, quincho y cocheras. Había salido a subasta, originalmente, a principios de 2021 en USD 926.263, pero no hubo ofertantes. Finalmente, su precio base se bajó a USD 673.454, que fue el que pagó el adjudicatario, Giuliano Woloszanowski, cuya familia es dueña de la empresa Frigorífico 103.

Otro inmueble en poder del Estado vendido en lo que va de la gestión de Milei está en la Ciudad de Mendoza, en la calle Necochea Nº 230, en pleno microcentro. Tiene 1.172 m2 y cuenta con autorización para construir hasta 48 metros de altura, lo que habilitaría un edificio de unos 16 pisos.

Tras años de abandono e intentos fallidos de proyectos oficiales, fue adjudicado en mayo del año pasado al contador Luis Facundo Alba, quien pagó USD 466.500, apenas por encima del precio base.

Ubicado a metros de la Plaza San Martín mendocina, el edificio había comenzado a construirse en los años ‘80 como futura sede de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, pero quedó inconcluso tras la privatización del organismo en 1994. Desde entonces, conocido como edificio “Buci”, se convirtió en un símbolo de deterioro urbano.

Finalmente, la AABE remató, también, una oficina en Florida 524, casi esquina Lavalle 605, en el microcentro porteño, de 30 m2. Fue comprada por una empleada de la ANSeS, María de la Paz García Mussi, en USD 35.670, apenas USD 600 más que el precio en que había salido a subasta.

Visualizaciones: Daniela Czibener

El ajuste libertario en el empleo público arrancó apenas llegó el mandatario a la Casa Rosada, y aunque a diferentes velocidades, no se detuvo nunca en lo que a la planta de personal público se refiere.

En dos años y tres meses de la gestión de La Libertad Avanza hubo una reducción de 66.405 puestos de trabajo en la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas y sociedades del Estado, según los números del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Infobae analizó los datos desde noviembre de 2023 - último mes completo de Alberto Fernández - al 28 de febrero de 2026.

El 31 de marzo pasado, el INDEC actualizó los datos de la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades que viene publicando mensualmente desde el año 2022.

La reducción de la planta de empleados tuvo su pico máximo en el primer semestre de 2024. Pero en el análisis mensual, se observa que no hubo un solo mes en el que el saldo de empleo público no fuera negativo.

La motosierra en la planta de personal comenzó a aplicarse apenas iniciado el gobierno de Milei. Al finalizar diciembre de 2023, es decir, 20 días después de asumir, se registró una reducción de 1.892 empleados respecto al mes anterior.

La mayor cantidad de despidos, retiros anticipados y voluntarios, y la no renovación de contratos alcanzó su pico en abril de 2024: 7.911 puestos de trabajo menos.

La reducción por trimestre

El análisis por trimestre revela que la motosierra en el empleo público nunca se apagó. En el segundo trimestre de 2024 se registró la mayor reducción de empleados estatales: 15.995.

Le sigue el primer trimestre de ese año, con 11.358 menos. En tanto, en el tercer trimestre, la bajas fueron 7.242; y en el cuarto, 5.013 puestos laborales menos.

En 2025, también se registraron desvinculaciones en la dotación del Estado en todos los trimestres: 7.369 en el primer trimestre; 5.315 en el segundo; 5.622 en el tercero; y 3.431 menos en el cuarto.

En los dos primeros meses de este año, el ajuste de la planta estatal continuó: entre enero y febrero, la reducción fue de 3.168 empleados públicos.

Comparación global

En el último mes del gobierno del Frente de Todos, el empleo público nacional, sumando la APN y las empresas y sociedades del Estado, tenía una dotación total de 343.357 personas.

Al 28 de febrero último, sumaban 276.952 empleados. Esta cifra incluye a los trabajadores tanto dentro como fuera de convenio, como quienes tienen contratos por locaciones de servicio. En dos años y tres meses de la actual gestión, se registraron 66.405 puestos de trabajo en el ámbito público nacional.

La APN está integrada por cuatro ramas de actividad: la centralizada incluye a Presidencia y los ministerios; la descentralizada contempla a los distintos organismos y agencias; la desconcentrada abarca a las Fuerzas Armadas, al INDEC y a otros entes, como el INCAA y el PAMI.

La mayor parte de los despidos y desvinculaciones - el 34% - se dieron en la administración descentralizada: alcanzaron a 22.461 personas. Le sigue el 32% de bajas en las empresas y sociedades del Estado con 21.549 empleos menos netos. Y en tercer lugar, aparece la administración centralizada (25%) con una reducción de 16.580 puestos de trabajo.

Dónde se dieron las mayores reducciones

De todas las dependencias y empresas públicas, la que muestra un mayor número de pérdida de empleos es el Correo Argentino, que cuenta con más de 1.400 sucursales en todo el país. Sufrió una reducción neta de 5.374 personas, con relación a los 16.897 empleados que tenía en noviembre de 2023. Para finales de febrero, su dotación pasó a ser de 11.523 personas.

Le sigue Operadora Ferroviaria - sociedad estatal cargo de Trenes Argentinos que opera los ferrocarriles de pasajeros metropolitanos de pasajeros, así como los regionales y de larga distancia en el país - con 3.768 bajas entre despidos, retiros anticipados y desvinculaciones. En noviembre de 2023 tenía una dotación de 23.834 empleados. Hoy es de 20.066.

En tercer lugar aparece la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con 3.375 empleados menos sobre una planta de 22.199 que tenía hace poco más de dos años. Actualmente, la ex AFIP emplea a 18.824 personas.

Luego, se ubica el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con una baja de 2.296 investigadores, becarios y administrativos sobre una dotación de 27.766 que había en noviembre de 2023. Hoy es de 25.470, y enfrenta una crisis por despidos y recortes presupuestarios para la ciencia bajo el actual gobierno.

El top five lo completa el Banco Nación, con 708 sucursales en todo el país, que registró un ajuste en su planta de 2.266 personas, sobre el total de 17.806 que tenía hace dos años y tres meses. Hoy tiene 15.540 empleados.

El Servicio Meteorológico Nacional

El último anuncio de despidos se conoció en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que tiene 130 estaciones de observación en todo el país. Con la decisión tomada de una puesta en marcha de un plan de modernización y restructuración de su operatoria, se dará de baja a 140 personas que trabajan en el SMN. Ennoviembre de 2023 tenía una dotación de 1.164 personas, mientras que a finales de febrero, contabilizaba 987 personas, o sea 177 menos. El achique de la planta fue progresivo a lo largo de los meses. Cada mes la dotación del personal se hacía más chica. En febrero, contabilizaba un total de 987 personas, es decir 177 menos.

La fusión del ENARGAS y el ENRE

Estas dos dependencias tienen a su cargo la regulación y el control de los servicios de gas y energía eléctrica. Funcionaron desde su creación como entes independientes. Entre ambas, sumaban 1.174 empleados en noviembre de 2023. Pero el 7 de julio de 2025 el gobierno dispuso la unificación de ambas en una sola dependencia que, a febrero pasado, tenía 813 empleados: 361 menos.

Procesamiento de datos y visualizaciones: Daniela Czibener

Chequeo de datos. Desiré Santander

Francisco Chávez, un productor de espectáculos mexicano, se asustó cuando empezó a adelgazar en 2022. Había perdido 56 kilos y su piel había empezado a tomar un color grisáceo. A este hombre de unos 50 años, que organizaba conciertos de Ricky Martin y otros artistas en Yucatán, le diagnosticaron un tumor renal canceroso. Se lo extirparon en el quirófano, pero el cáncer ya se había extendido a sus pulmones.

Sus médicos del hospital público en Mérida le recetaron Keytruda, un medicamento que se convirtió en la salvación de miles de enfermos de cáncer porque puede prolongar la vida de algunos pacientes por años o incluso curarlos por completo.

Producido por el gigante farmacéutico Merck & Co, Keytruda es el nombre comercial del pembrolizumab, un fármaco de inmunoterapia usado para tratar diversos tipos de cáncer - como el de mama o pulmón - que reactiva el sistema inmunitario del paciente y destruye las células cancerosas. Desde su salida, tuvo muy buenos resultados en pacientes, pero por su elevado precio, muchos de ellos no pueden acceder por su elevado precio, sin asistencia estatal. Excepto en Argentina, donde el laboratorio local ELEA desarrolló un biosimilar de nombre Pembrox igualmente efectivo, en el resto del mundo, Merck tiene el monopolio del medicamento, con la patente vigente hasta 2028.

Chávez accedió a Keytruda, pero en su cuarta dosis experimentó efectos secundarios dolorosos: temblores, parálisis y un aumento descontrolado del azúcar en la sangre.

Tomó fotos de cada caja de Keytruda que había tomado y presentó una queja ante las autoridades mexicanas. Exigió saber qué contenían esas dosis, así como ver las facturas relacionadas con la compra de Keytruda por parte del hospital público. También pidió al centro médico que revelara cuántos pacientes se habían visto afectados. Pero no recibió respuesta.

Chávez envió entonces la información a Merck. El personal de la compañía estadounidense se desplazó hasta el hospital para recoger el material sospechoso y después de analizarlo en su laboratorio le comunicaron al paciente que “se identificaron ciertas irregularidades que no se corresponden con las características de los productos fabricados o distribuidos” por la empresa.

La carta, firmada por el jefe de productos para América Latina, decía que MSD (marca comercial de Merck & Co fuera de Estados Unidos) había compartido sus hallazgos con la Fiscalía General de México. Pero todavía no se sabe cómo llegó el medicamento adulterado hasta el hospital. La investigación todavía está en curso.

Dos años después de que Chávez presentara sus denuncias, las autoridades sanitarias comunicaron públicamente una advertencia sobre varios números de lote falsos de Keytruda. Chávez tomó su teléfono y revisó las fotos que había tomado. Uno de los números de lote difundidos en la televisión, era el que había recibido, según reconstruyó la investigación del Consorcio Internacional de Investigación Periodística (ICIJ) en la investigación “La Medicina del millón”, conocida en inglés como “The Cancer Calculus”, de la que Infobae formó parte junto a otros 48 medios de 37 países.

Chávez, que ahora tiene 56 años, tiene su cáncer “bajo control”. Pero su vida cambió para siempre -aseguró- después de que la sustancia desconocida corriera por sus venas. Ahora sufre de dolor de espalda crónico y episodios repentinos e inexplicables de parálisis, lo que le impide trabajar. “Ya no puedo moverme como solía hacerlo”, le dijo a Univisión, socio del Consorcio Internacional de Investigación Periodística (ICIJ) en la investigación “La Medicina del millón”, conocida originalmente en inglés como “The Cancer Calculus”, de la que Infobae formó parte junto a otros 48 medios de 37 países.

El trabajo se conoció a nivel mundial ayer en simultáneo y expuso cómo, a nivel global, Merck & Co logró consolidar una posición dominante alrededor de Keytruda, en base a la normativa de patentes, innovaciones alrededor de la droga y sus formas de presentación, y un fuerte lobby.

Infobae - junto al diario La Nación y la Red Ruido, en Argentina - reveló como el desarrollo en nuestro país del primer biosimilar del medicamento oncológico estrella de MSD, Keytruda, forzó una fuerte baja a nivel local del pembrolizumab. Bajo el nombre de Pembrox, la versión local del pembrolizumab fue desarrollada por el laboratorio ELEA, del Grupo Sigman.

La dosis de 200 miligramos de Keytruda cuesta USD 12.000 en Estados Unidos. Usualmente se administra mediante infusión intravenosa cada tres semanas y el tratamiento puede durar hasta dos años. En 2025, Keytruda representó casi la mitad de los USD 65.000 millones de ingresos de Merck, convirtiéndose en el producto estrella de la compañía.

La investigación global del ICIJ concluyó que Merck ha explotado el sistema mundial de patentes para mantener a raya a los competidores. También ha promovido el uso excesivo de Keytruda, elevando los costos para pacientes y hospitales, como parte de una agresiva campaña para impulsar ingresos.

En Argentina, por su precio, solo se puede acceder mediante la intervención del estado, las obras sociales o las prepagas. Actualmente el precio de farmacia es de unos $20 millones (alrededor de 13.000 dólares), por cada unidad de 2 viales o frascos. Pero debido al precio por dosis no se vende en mostrador, y es adquirido por el Ministerio de Salud de la Nación, las obras sociales provinciales, el PAMI, las obras sociales sindicales o las prepagas.

Pero su cobertura - si bien es al 100% - requiere de autorización y un trámite previo que, no siempre, se concretan en los tiempos que exige el avance de la enfermedad.

Mientras que, hasta enero de 2025, MSD (el nombre de Merck & Co fuera de Estados Unidos y Canadá) operaba como único oferente en el país, la irrupción de la versión local del pembrolizumab desarrollada por ELEA, forzó que el laboratorio norteamericano bajara el precio un 49%, y perdiera terreno frente a su nueva competencia nacional.

Con la entrada del biosimilar desarrollado por el laboratorio de Hugo Sigman, llamado Pembrox, el mercado local de esta droga pasó de 50.000 a 80.000 unidades en un año.

El Estado nacional, que solía adquirir unas 280 dosis por año, pasó a comprar casi 4.000 en 2025, según cifras oficiales revisadas por Infobae, en un salto de más del 1.300%.

El valor bajó ostensiblemente para las compras oficiales en lote: en la última contratación directa que logró MSD, en enero del año pasado, el ministerio de Salud de la Nación adquirió 3.214 unidades a un costo de 3.172 dólares cada una (en ese momento $3.381.059).

Argentina es el único país donde un laboratorio local produjo un biosimilar igualmente efectivo, y forzó esa baja en el precio del pembrolizumab.

A nivel global, el precio de Keytruda generó grandes desigualdades en el acceso, dependiendo de dónde vivan los pacientes y cuánto pueden pagar ellos, sus gobiernos, obras sociales o prepagas. Esta dinámica creó una brecha peligrosa: nuevas oportunidades para que falsificadores hagan negocios con la demanda de costosos medicamentos oncológicos, a medida que las tasas de cáncer se disparan a nivel mundial.

Por eso, el de Chavez no fue un caso aislado.

Keytruda falsificada en Chaco

Un par de años antes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) alertó sobre el retiro de unidades apócrifas de Keytruda, en Chaco.

Todo comenzó a mediados de julio de 2019, cuando el personal del Departamento de Farmacia de la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de esa provincia, se presentó en el Hospital Perrando de la ciudad de Resistencia, sede del Banco de Drogas Oncológicas. Al verificar la existencia de medicamentos rotulados como Keytruda, se incautaron 24 unidades que no contaban con etiqueta de trazabilidad o en las que los precintos de seguridad de estuches secundarios se encontraban violados.

Habrían sido compradas por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Chaco a la Droguería Psicofarm SA y TM SRL.

La Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVS) inspeccionó el 10 de julio de ese año esa droguería y constató el ingreso de 20 unidades del producto de los cuales el responsable no pudo acreditar su procedencia, según dejó plasmado en la Disposición 6769/2019 en el Boletín Oficial.

El 22 de julio, tras la comparación visual entre las muestras cuestionadas con las contra muestras en poder del laboratorio, MSD Argentina constató que los productos en cuestión eran falsificados.

“La ANMAT informa que se han detectado unidades falsificadas del producto KEYTRUDA (pembrolizumab 100 mg/4 ml) Lote 8302605A01 en un establecimiento asistencial de la provincia de Chaco”, informó la máxima autoridad regulatoria en materia de medicamentos tres semanas después en un comunicado oficial del 5 de agosto de 2019.

Las unidades falsificadas mostraban los precintos de seguridad de las cajas violados; con cinta adhesiva transparente sobre estos o sellados con pegamento, sin etiquetas de trazabilidad. La tapa plástica del vial (envase primario) tiene la inscripción “Flip off” en relieve, mientras que la unidad original no tiene inscripciones.

Como consecuencia de ello, prohibió “el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de cualquier lote del producto “Keytruda, Pembrolizumab 100 mg/4 ml, solución para infusión por 1 vial con 4 ml de solución inyectable”, que presente las siguientes características: envase secundario sin etiqueta de trazabilidad, precinto de seguridad violado, y envase primario (vial) con tapa azul con la inscripción “FLIP-OFF”.

La falsificación de Keytruda derivó en alertas en distintos países de la región.

También en una causa judicial por la que fueron imputados los responsables de las droguerías Psicofarm SA y TM SRL. Si bien sus directivos obtuvieron una falta de mérito por parte del juez federal Sebastián Ramos, resolvió enviar el expediente a la Justicia chaqueña. La disputa por la jurisdicción terminó en la Corte Suprema. El Máximo Tribunal resolvió el 9 de abril último que el caso siga siendo tramitado en la órbita Federal, en el Juzgado Criminal Correccional federal Nro 9.

Esta nota recoge información y testimonios del artículo escrito por Nicole Sadek e Isabella Cota, e integra la investigación The Cáncer Calculus liderada por ICIJ junto a otros 49 medios partners.

En la lucha a nivel mundial contra el cáncer, Argentina se convirtió en un actor clave en la disputa entre un laboratorio multinacional y su medicamento estrella, y otro local que lanzó un biosimilar - único en el mundo hasta ahora - y forzó una baja del precio en el país de alrededor de un 50%.

Es una batalla con múltiples matices por su enorme impacto en el costo de la salud y su mayor accesibilidad para los pacientes al bajar su precio. En las farmacias en Argentina, llega a los $20 millones la dosis de dos viales, por lo que es afrontado en su totalidad por el Estado, obras sociales y prepagas.

Por un lado, está Merck & Co, el gigante farmacéutico norteamericano que tiene la patente de Keytruda, usado en los tratamientos oncológicos más innovadores y costosos del mundo, y defiende la inversión de USD 44 millones en desarrollo farmacéutico. Ese es el nombre comercial del pembrolizumab, un fármaco de inmunoterapia usado para tratar diversos tipos de cáncer que reactiva el sistema inmunitario del paciente y destruye las células cancerosas.

Keytruda le representa a Merck & Co - que fuera de Estados Unidos y Canadá, se llama Merck Sharp & Dohme (MSD) - casi la mitad de sus ingresos mundiales.

Usado para tumores de pulmón, mamas, linfomas de Hodgkin y otros cánceres avanzados o metastásicos con resultados sumamente alentadores, ha permitido salvar, desde 2014, innumerables vidas. Pero su precio lo vuelve inaccesible para la mayoría sin cobertura médica o ayuda del Estado.

Del otro lado de esta disputa farmacéutica, en Argentina está el Laboratorio ELEA. Como Keytruda no fue patentado en el país, el laboratorio del Grupo Sigman desarrolló un biosimilar de la droga, que sacudió el mercado local y facilitó su uso a miles de pacientes que antes veían el medicamento como un recurso inalcanzable.

Así, la protección de las patentes de medicamentos que defienden grandes laboratorios extranjeros porque les permiten recuperar millones de dólares invertidos en investigación e innovación farmacéutica se enfrenta al derecho a la salud de los pacientes, en especial, cuando se trata de tratamientos de alto costo para enfermedades terminales.

Hoy el cáncer es la causa de una de cada 6 muertes globalmente. Las proyecciones muestran un aumento de casos de cáncer, especialmente en países de menores ingresos, donde Keytruda sigue siendo inaccesible. Se estima que el número de muertes se disparará un 75%, alcanzando los 18,6 millones en 2050, con el costo de algunos tratamientos superando ya el millón de dólares (924.000 euros) por paciente, según la investigación de ICIJ.

El caso argentino

El pembrolizumab no se vende en farmacias en Argentina ya que, por su alto costo, es adquirido por el Ministerio de Salud de la Nación, las obras sociales provinciales, el PAMI, las obras sociales sindicales o las prepagas. Pero su cobertura - si bien es al 100% - requiere de autorización y un trámite previo que, no siempre, se concretan en los tiempos que exige el avance de la enfermedad.

Mientras que, hasta enero de 2025, Merck operaba como único oferente en el país, la irrupción de la versión local del pembrolizumab desarrollada por ELEA, forzó que el laboratorio norteamericano bajara el precio un 49%, y perdiera terreno frente a su nueva competencia nacional.

Con la entrada del biosimilar desarrollado por el laboratorio de Hugo Sigman, llamado Pembrox, el mercado local de esta droga pasó de 50.000 a 80.000 unidades en un año.

El Estado nacional, que solía adquirir unas 280 dosis por año, pasó a comprar casi 4.000 en 2025, según cifras oficiales revisadas por Infobae, en un salto de más del 1.300%.

De hecho, en la última licitación de pembrolizumab realizada por el Ministerio de Salud de la Nación, la primera donde se presentaron por MSD y ELEA, acaba de ganar este mes el laboratorio argentino. Lo hizo al ofertar un precio por unidad del 56% inferior con relación a la última contratación que había obtenido MSD - cuando era el único oferente - en enero del año pasado. Desde 2021, todas las compras oficiales las venía obteniendo Merck en forma directa, ya que no tenía competencia a nivel local.

Para el lanzamiento de Pembrox, ELEA aprovechó la oportunidad de que Keytruda no estaba patentada en Argentina, porque el desarrollo original había sido de Organon, una empresa holandesa de menor tamaño, adquirida luego por el laboratorio Schering-Plough, que a su vez, fue comprado en 2009 por MSD.

“Cuando Merck adquirió los derechos sobre el medicamento a nivel global, no tenía la patente en el país, y ya no pudo registrar la propiedad inventiva porque se habían vencido los tiempos”, señaló Gustavo Pelizzari, CEO de ELEA, ante la consulta del equipo de ICIJ. Esto implicó que el laboratorio multinacional no pudiera hacerle ningún reclamo legal e, incluso, le propusiera a ELEA, desarrollar la versión local de Keytruda en forma conjunta, según explicaron en ELEA.

Ante la consulta a MSD Argentina, desde la filial local del laboratorio norteamericano afirmaron en una respuesta escrita que. “independientemente de la información proporcionada por ELEA, las partes firmaron un Acuerdo de Confidencialidad (Non‑Disclosure Agreement, NDA) en octubre de 2020 para evaluar una potencial colaboración. El NDA fue suscripto durante la fase inicial de las conversaciones". Y agregaron que “MSD no ha ofrecido ni negociado ningún acuerdo que restrinja la competencia de ningún modo, ya que este tipo de estrategias serían incompatibles con el compromiso de MSD con los más altos estándares éticos y con la competencia leal”.

Merck & Co tiene la patente de Keytruda hasta 2028, en la mayoría de lo países centrales de Europa y en Estados Unidos, entre otros.

Argentina es el único país en el que, hasta ahora, se desarrolló un biosimilar de Keytruda, y la competencia obligó a Merck a cambiar su estrategia de precios. Este hecho que marcó un precedente que ahora es observado a nivel internacional por su impacto económico en los sistemas de salud y el mayor acceso al tratamiento de los pacientes.

“Se trata de un Monoclonal antibodies (mAbs) - como se conoce a los anticuerpos monoclonales - o sea que se trata un anticuerpo producido por un solo clon de linfocitos B. Es biotecnología a partir de células. Se compra el clon afuera y se puede multiplicar la célula, con igual efectividad. Los biosimilares no tienen la obligación de hacer el mismo estudio que el laboratorio original", le explicó al equipo argentino de ICIJ un representante de otro laboratorio argentino que conoce el mundo farmacéutico y oncológico.

Dos meses después de la salida de Pembrox en el país, la ANMAT flexibilizó los criterios para aprobar biosimilares. A través de la Resolución 1741/2025, del 14 de marzo de 2025, facilitó el ingreso de alternativas a medicamentos de alto costo y alto impacto, en línea con los requerimientos internacionales.

ELEA ya exporta Pembrox a Paraguay y prevé expandirse a otros mercados tras la caducidad de la patente internacional, según le dijo el CEO del laboratorio, Gustavo Pellizari, al equipo argentino de ICIJ.

Distintos oncólogos consultados por el equipo argentino coincidieron en que su eficacia es equivalente a Keytruda. “Pembrox está autorizado por el Ministerio de Salud, y para nosotros es un medicamento adecuado. Utilizamos indiferente uno u otro, no hemos visto ninguna diferencia. Usualmente, lo prescribimos por la droga genérica, pembrolizumab”, le dijo el referente en oncología en Argentina Ernesto Gil Deza al equipo de ICIJ.

El negocio de la patente

A nivel global, Merck & Co logró consolidar una posición dominante alrededor de Keytruda, en base a la normativa de patentes, innovaciones alrededor de la droga y sus formas de presentación, y un fuerte lobby.

Así lo revela la investigación “La Medicina del Millón” (llamada “The Cancer Calculus” en inglés), liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, y de la que participó Infobae, junto a La Nación y la red Ruido, por Argentina, y el Consorcio Internacional de Investigación Periodística (CLIP) a nivel regional, entre 49 medios del mundo. El trabajo se publica hoy en simultáneo en todo el mundo.

La investigación, llevada adelante durante el último año por 124 periodistas de 37 países, se basa en decenas de entrevistas a oncólogos, pacientes de cáncer y sus familias, expertos en patentes, reguladores, integrantes de la industria farmacéutica y otros, así como en datos de precios y análisis de patentes en todo el mundo, documentos corporativos, legales, y regulatorios, e información a la que accedieron los integrantes del Consorcio a través de cientos de solicitudes de acceso en decenas de países, incluida Argentina, donde se realizaron tres pedidos al PAMI, al Ministerio de Salud y a IOMA.

El trabajo expone las prácticas de lobby desplegadas por Merck para montar una red de más de 1.400 patentes en medio centenar de países. Los que conocen el mundo farmacéutico describen esta estrategia como evergreening: una sucesión de registros que extienden el control comercial más allá del vencimiento original de la patente para controlar a la competencia en el mercado, mantener elevados los precios de Keytruda y construir, así, un imperio económico con ese medicamento como pilar central.

Un análisis del ICIJ sobre los resultados de Merck & Co muestra que la empresa ha generado alrededor de USD 163.000 millones en ventas de Keytruda desde 2014, alcanzando a más de 3 millones de personas. La firma canalizó alrededor de USD 75.000 millones en dividendos a los accionistas y USD 43.000 millones en recompras de acciones, al tiempo que redujo sus impuestos en Estados Unidos al registrar ganancias en jurisdicciones con impuestos más bajos.

En su informe anual de 2025, Merck reveló que pagó alrededor de USD 1.600 millones en impuestos sobre la renta en Estados Unidos, en comparación con USD 4.500 millones en otros países, incluidos USD 2.100 millones en Suiza.

En la multinacional defienden su posición al destacar la inversión y los avances en investigación e innovación en los productos biofarmacéuticos.

Desde MSD Argentina, ante la consulta del equipo local del Consorcio, señalaron que “al igual que ocurre con la mayoría de los medicamentos farmacéuticos innovadores, el precio de Keytruda siempre se ha definido considerando múltiples factores, entre ellos el valor clínico, la etapa del ciclo de vida de la innovación, las condiciones macroeconómicas y la sostenibilidad del sistema de salud, con el objetivo de apoyar el acceso y permitir que las terapias innovadoras lleguen a los pacientes”.

La baja en el precio

En el mercado, el lanzamiento de Pembrox tuvo un efecto inmediato: en los primeros seis meses tras el lanzamiento, el biosimilar ya concentraba más de la mitad de las ventas locales de pembrolizumab. El acceso a tratamientos se expandió, aunque los precios siguen siendo elevados en términos absolutos y persisten presiones sobre los médicos que recetan cualquiera de las alternativas, según testimonios recogidos en la investigación.

Antes de la irrupción de la competencia local en Argentina, en junio de 2024, Keytruda se vendía a USD 4.857 la dosis de dos viales. Una semana antes del lanzamiento al mercado de Pembrox, su precio cayó a USD 3.821 y, en enero de 2025, a USD 3.448, una baja de casi el 30% respecto de medio año atrás, según los números provistos por ELEA al equipo argentino de ICIJ.

Ante la consulta a MSD Argentina sobre estos datos, no dieron datos de su precio antes o después de la salida de la competencia local. Sin embargo, sostuvieron, que “en términos acumulados, la evolución del precio de Keytruda en Argentina se ha mantenido muy por debajo de la inflación desde su lanzamiento. Esta tendencia ya era evidente en los años previos a la entrada del biosimilar y continuó luego de su ingreso al mercado”.

En ese sentido, precisaron que “en el período comprendido entre enero de 2017 y diciembre de 2025, la inflación fue del 10.009%, mientras que el precio público de Keytruda aumentó un 7.570%. En 2024, la inflación fue del 117,8%, mientras que el precio público de Keytruda aumentó un 73,2%. En 2025, el aumento del precio fue del 14,9%, en comparación con una inflación del 31,5%”.

Y agregaron que “MSD siempre ha demostrado prácticas de precios responsables, incluso en años de marcada volatilidad económica, con el objetivo constante de apoyar un acceso sostenible para los pacientes”.

Lo cierto es que la aparición del competidor local, forzó una reducción aún más marcada en el precio en el terreno de las licitaciones públicas del Estado nacional, donde las compras se realizan a mayores volúmenes y un descuento más significativo.

El Estado argentino pasó de pagar USD 3.171 por unidad en enero de 2025, cuando MSD era aún el único que había ofertado el año anterior, a menos de USD 1.400, en la última licitación en la que resultó ganadora ELEA. Si bien este proceso se había iniciado el año pasado, la adjudicación al laboratorio argentino fue publicada el 1 de abril último. Implicó una baja superior al 56% en menos de un año, de acuerdo a la consulta del sitio oficial Compr.Ar que hizo Infobae.

Al pararse sobre cada barra, se despliega la información

El efecto en el mercado de la irrupción de Pembrox, se hizo notar. Tras los primeros seis meses, el biosimilar de ELEA ya concentraba más de la mitad de las ventas locales de pembrolizumab. El acceso a tratamientos se expandió, aunque los precios siguen siendo elevados en términos absolutos.

“El producto realmente cambió el juego en la oncología. Es increíble, pero lo tienen que dar en los primeros 90 días que se detecta la enfermedad y hay una probabilidad de éxito alta. Entonces, el acceso es fundamental, porque cuando el precio hace que al financiador le cueste demasiado dinero, solamente la demora en el inicio de tratamiento, puede implicar que te digan: “Ya no te lo puedo dar porque ya no conviene”, argumentó Pellizari, al defender el valor de un menor precio de la versión desarrollada por ELA.

Su precio en el mundo

El valor de la dosis de dos viales en Estados Unidos, el principal mercado de Merck & Co donde se concentran el 60% de sus ventas, asciende a USD 12.031, según relevó la investigación de ICIJ.

Pelizzari subrayó que la competencia benefició a los pacientes y al Estado: “Estoy convencido de que lo venden mucho más barato en Argentina que en Estados Unidos. Deberían verse obligados a venderlo al precio argentino”, señaló en diálogo con periodistas del ICIJ.

El relevamiento del Consorcio muestra cómo los gobiernos de todo el planeta incrementan su gasto en Keytruda. En la investigación de detallan los elevados precios de este medicamento, que oscilan desde unos USD 80.000 para el tratamiento de un año en Alemania, hasta USD 208.000 en EEUU, USD 93.000 en Líbano, unos USD 130.000 en Colombia, USD 65.000 en Sudáfrica, y USD 116.000 en Croacia.

Desde MSD explican la disparidad de precios en una combinación de factores. Entre ellos, detallan, “el valor clínico, la etapa del ciclo de vida de la innovación, las condiciones macroeconómicas y la sostenibilidad del sistema de salud, con el objetivo de apoyar el acceso y permitir que las terapias innovadoras lleguen a los pacientes”.

Sobredosificación

La investigación internacional también revela que Merck & Co promueve una dosis mayor de Keytruda de la que algunos expertos consideran necesaria, lo que habría significado un gasto extra de alrededor de USD 5.000 millones solo en pacientes con cáncer de pulmón, según la Organización Mundial de la Salud.

En el mismo sentido, el oncólogo argentino Gil Deza advirtió ante la consulta del equipo argentino que “se promociona una dosis plana de 200 miligramos cada tres semanas, cuando la droga original y sus efectos fue estudiada por kilogramo de peso, a dos miligramos por kilo cada tres semanas. Por lo tanto, en forma absolutamente artificial, se da una dosis mayor de pembrolizumab con esa dosis plana, lo cual incrementa innecesariamente un 30% las erogaciones para la adquisición de esta droga”.

El medicamento que llegó un día después

La investigación internacional de ICIJ documentó la desesperación de pacientes que deben esperar por el pembrolizumab más de lo que su condición médica lo permite, o recurren al mercado negro si tienen los recursos. También, encontró médicos obligados a elegir entre sus pacientes por falta de recursos, y la multiplicación de litigios judiciales para acceder al pembrolizumab, que no siempre se resuelven a tiempo.

Un oncólogo entrevistado por el equipo argentino de ICIJ -que pidió reserva de su nombre - reconoció presiones sobre los médicos en distintas obras sociales a la hora de prescribir la droga por su alto costo. “Hemos tenido casos de obras sociales de provincias que han echado a médicos por haber recetado Keytruda. Las restricciones no terminaron con la llegada de Pembrox porque sigue siendo una medicación cara”.

Delicia M. murió a finales de enero pasado, a los 65 años, por un melanoma que había hecho metástasis en el pulmón, en la mama derecha y el hígado. Vivía en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Su familia organizó un campeonato de truco y otro de penales para recaudar fondos y así comprar el pembrolizumab. Gran parte de General Rodríguez se movilizó para ayudar: se había organizado un campeonato de truco y penales para recaudar fondos, como parte de la campaña “Todos por Delicia”. Pero el evento no llegó a realizarse.

Delicia murió un día antes de que PAMI autorizara la entrega del remedio, que fue finalmente Pembrox. Aunque las chances de sobrevida de Delicia eran bajas, según admiten sus hijas, la droga quizás hubiera detenido el avance del cáncer, además de mejorar su calidad de vida.

“Empezamos a investigar y a consultar precios. Cuando fuimos a la farmacia nos dijeron que costaba 20 millones de pesos cada dosis. Era imposible, pero mi mamá la necesitaba urgente porque la autorización para recibirla de PAMI podía demorar tres o cuatro meses”, cuenta Andrea, una de las hijas, en diálogo con el equipo argentino de ICIJ.

Un día después de su muerte, PAMI autorizó el pembrolizumab. “En la farmacia dijeron que ya tenían el medicamento. Así que ni bien llegó, nos pusimos en campaña para ver quién podía necesitarlo”, dice Rocío, la otra hija de Delicia. Y a través del periódico local La Posta ofrecieron la dosis que les había quedado.

La beneficiada fue Ángeles, una mujer de 50 años a quien poco después de una operación, en octubre de 2025, le descubrieron un Linfoma T. “No funcionaron la quimio ni la radioterapia, así que la oncóloga prescribió pembrolizumab”, relata Ángeles por teléfono desde su hogar en el barrio porteño de Floresta. Dejó de trabajar por la enfermedad y se quedó sin obra social.

“Como es un linfoma muy raro, pembrolizumab no está en el nomenclador para esta enfermedad”, explica Ángeles, pero su oncóloga deposita su esperanza en ese medicamento.

En Argentina, la llegada de Pembrox permitió que más personas accedieran al tratamiento y se redujeran los costos de tratamientos oncológicos caros para el sistema de salud. Pero persiste una discusión de fondo que plantean laboratorios como Merck & Co: cómo asegurar la inversión requerida para innovación y el desarrollo farmacéutico sin la debida protección de las patentes frente a la competencia. El dilema sobre el valor de la salud y quién puede pagarla, aún sigue sin resolverse.

Este trabajo forma parte de la investigación global, The Cancer Calculus, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El equipo argentino está formado por Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli (Infobae), Hugo Alconada Mon, Ricardo Brom (La Nación), Iván Ruiz (CLIP) y Edgardo Litvinoff (Ruido)

Un par de años antes de que estallara el escándalo por la presunta estafa alrededor de la fallida criptomoneda $LIBRA, promocionada por Javier Milei e impulsada por Mauricio Novelli, el trader cercano al Presidente incursionó en el mundo offshore.

Investigado ahora por el fiscal Eduardo Taiano en el escándalo de la criptomoneda libertaria bajo la lupa, el lobista y asesor en inversiones cripto operó con una serie de empresas en el Estado norteamericano de Delaware y en las Islas Vírgenes Británicas (BVI).

También interactuó con operadores y plataformas radicadas en las Islas Caimán y Hong Kong, y gestionó cuentas bancarias en Miami y Panamá. Se trata de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales por su baja carga tributaria y la confidencialidad sobre los verdaderos dueños de las compañías de papel radicadas en ellas.

El puntapié inicial lo dio en julio de 2021, cuando creó con su socio Jeremías Walsh una consultora en inversiones financieras en criptomonedas que lleva las iniciales de sus apellidos: NW Profesional Traders. La firma se dedica a dar capacitaciones, en una de las cuales participó el propio Milei como economista.

Por estas charlas y promocionar la consultora, Novelli le pagaba regularmente a Milei una suma de, al menos, USD 2000 mensuales, aún después de haber asumido como diputado nacional en diciembre de 2021.

Así surge de los archivos rescatados del celular de Novelli por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), un organismo del Ministerio Público Fiscal, en el marco de la investigación judicial por el caso $LIBRA, a los que tuvo acceso Infobae.

Unos meses más tarde, el 8 de noviembre de 2021, Novelli y Walsh dieron un primer paso en el exterior y constituyeron N&W Professional Traders LLC, una filial en Delaware, un Estado norteamericano que se caracteriza por la opacidad informativa de las empresas allí registradas. Con domicilio en 8 The Green, STE A, Dover, N&W Professional Traders LLC figura actualmente como activa en el sitio Open Corporates.

Dos semanas después, el 23 de noviembre, Novelli y Walsh firmaron el formulario de apertura de una cuenta en el Apollo Bank de Miami, para operar con esa compañía registrada en Delaware, según consta en uno de los documentos hallados en su celular y analizado por Infobae.

El afán por expandir sus negocios a otras jurisdicciones se tradujo en otros movimientos.

Menos de un mes después, el 1ro de diciembre, Novelli recurrió a los servicios corporativos offshore del estudio Corpag Group para crear otra sociedad en Islas Vírgenes Británicas (BVI). En los documentos no se identifica el nombre de la firma, aunque la fecha coincide con el registro de Vulcano International Ltd, creada a principios de 2022 en ese paraíso fiscal.

La propuesta de Corpag Group con la tarifa para abrir la firma en BVI llegó en enero de 2022 y aparece firmada por Novelli y Walsh.

El costo de apertura era de USD 1.550, más una fee de mantenimiento en 2022 de USD 1.415. A partir de 2023 y años siguientes, el costo sería de USD 1.835, más otros USD 725 adicionales, en caso de requerir los servicios de un “director” al frente de la compañía puesto por el bufete.

Dos meses después, el 17 de febrero de ese año, Novelli ya actuaba como CEO de Vulcano International Ltd, con domicilio en Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, en BVI.

Así surge de otro documento recuperado de su celular, donde el trader argentino firmó un contrato con Benzinga, una plataforma de información del mercado a inversionistas, con sede en Detroit, en el Estado norteamericano de Michigan. El objetivo era proveer de un artículo y un video promocionales en un evento virtual de empresas de tokens no fungibles, el NFT Investments Listmaker, realizado el 23 de febrero de 2022.

Los acuerdos en el exterior vinculados al mundo cripto parecían ir viento en popa.

El 7 de marzo de 2022, Novelli y Walsh firmaron otro contrato con la firma Abhinoy Das radicada en Hong Kong para el desarrollo del token $Vulcano, según otro archivo encontrado por Infobae entre los miles que recuperó la pericia técnica de su celular.

Se trata de un criptoactivo anterior a $LIBRA, también impulsado por Novelli y promocionado por Milei y que, al igual que el token libertario, registró un colapso posterior, causando pérdidas por más de USD 285 millones a inversores.

Una firma en Panamá

Ya con Milei en la Casa Rosada, Novelli viajó a Panamá en agosto de 2024. En uno de los mensajes, envió el contacto de la “gestora” que abriría la sociedad en esa jurisdicción antes de su llegada. “Ya le avise que fecha vamos alla. van armando la sociedad, y cuando llegamos retiramos la doc y tmb tenemos las entrevistas con bancos” (sic), escribió Novelli en uno de los archivos recuperados de su celular, fechado el 8 de agosto de ese año.

El viaje duraría alrededor de una semana, con el regreso previsto para el 27 de agosto, según se desprende de una de las comunicaciones que Novelli mantuvo con la DJ y ex Gran Hermano Romina Malaspina, quien lo habría acompañado en un tramo de ese viaje.

En los archivos y comunicaciones extraídos del celular de Novelli no se especifica el nombre de la empresa que quería registrar en Panamá. Pero justo en esos días, el 15 de agosto de 2024, se constituyó en ese país caribeño la firma MGN Enterprise INC. Si bien no hay mensajes extraídos del celular que la vinculen directamente con Novelli, su nombre coincide con las iniciales del nombre completo de trader promotor de $LIBRA: Mauricio Germán Novelli.

En la escritura consultada por Infobae en el Registro Público de Panamá solo aparecen los nombres de tres panameños como directivos de la empresa, algo usual en los documentos públicos societarios de ese país, que no informan quiénes son los dueños reales de la sociedad.

El bufete panameño de abogados que intervino en la constitución de la firma fue Angel, Cohen, Richa & Asociados (ANCORI), según figura en la escritura.

El registro de la sociedad panameña tuvo lugar dos meses antes de la realización del Tech Forum, un evento del mundo tecno-financiero que tuvo lugar el 19 de octubre de 2024 en Buenos Aires, y cuyo orador estrella, convocado por Novelli, fue el propio Milei.

Allí estuvieron los distintos involucrados en el escándalo de la criptomoneda que involucra al Presidente: Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli en Tech Forum SA; Sergio Morales, el entonces asesor de la CNV que fue otro de los disertantes; y Hayden Davis, el norteamericano creador de la criptomoneda $LIBRA. Malaspina fue DJ del after party de ese encuentro.

Días más tarde, el 1 de noviembre de 2024, Novelli se manda un mensaje a sí mismo, que decía “Ver pagar servicio de Panamá, fondear banco. Ordenar mis cuentas personales”, como recordatorio.

Ese mismo día, se autoenvía otro mensaje que consignaba “Pago Javier kari”. La fecha coincide con la visita que hizo el lobista a la Casa Rosada, según surge del Registro de Audiencias del Poder Ejecutivo Nacional.

No era la primera vez ni tampoco la última que estaría en la Casa Rosada para ver a Milei o a su hermana Karina. En una de las oportunidades, se fotografió con Manuel Terrones Godoy, su socio en Tech Forum, en las galerías que dan al Patio de las Palmeras.

Un febrero vertiginoso

Febrero del 2025 fue un mes de mucha actividad para Novelli, que apostaba a hacer dinero con el lanzamiento de $LIBRA y otra criptomoneda.

El lunes 3 de febrero, dos cuentas ligadas a Hayden Davis transfirieron a una tercera casi USDC 4 millones, la moneda digital que tiene paridad con el dólar. La Justicia determinó que esa noche y en los primeros 20 minutos del 4 de febrero, ese dinero fue redirigido a una billetera de la plataforma Bitget, perteneciente a Camilo Rodríguez Blanco, un influencer del mundo del trading que mantenía conversaciones con Novelli, de acuerdo a lo que reveló su celular. Habría actuado como una suerte de “cuevero” en algunas oportunidades para cambiar USDC a dólares o pesos.

Ese mismo 4 de febrero, Novelli abrió una caja de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia.

Al día siguiente, 5 de febrero, a 9 días del lanzamiento de $LIBRA, MGN Enterprise INC firmó un acuerdo - según los archivos extraídos de su celular - con Scalable Solutions AG, una empresa de infraestructura tecnológica blockchain y software con sede en Suiza.

El contrato, escrito en inglés, tenía por objeto la provisión de servicios profesionales de asesoramiento para el desarrollo de un agente de inteligencia artificial por parte de MGN Enterprise INC, la empresa panameña que sería de Novelli.

Además, aparece entre los archivos otro acuerdo de colaboración - incorporado al celular de Novelli el 11 de febrero de ese año - que, además de a MGN Enterprise INC, incluye a Kelsier Ventures (la empresa de Davis), y BAD AI. Según se detalla en las dos páginas escritas en inglés, su objetivo era el desarrollo y comercialización de otro token denominado Bad Idea AI, lanzado el 20 de febrero de 2025, o sea seis días después que $LIBRA.

El 17 de febrero, el primer día hábil después de que estallara el escándalo de $LIBRA en la noche del 14 de ese mes, la madre y hermana de Novelli fueron hasta el Banco Galicia a vaciar la caja de seguridad que había abierto Novelli apenas 12 días antes.

Novelli tuvo que regresar de Dallas de apuro, donde estaba con Davis siguiendo el lanzamiento de $LIBRA, y su destino pasaría a estar en manos de la Justicia.

El celular del lobista Mauricio Novelli, uno de los principales investigados en la causa $Libra, y muy cercano al presidente Javier Milei, se convirtió en una caja de pandora para la investigación que, con parsimonia, viene llevando adelante el fiscal federal Eduardo Taiano.

La causa involucra al propio Presidente, autor del famoso posteo en X sin el cual no hubiera habido lanzamiento de la criptomoneda Libra, y a su hermana Karina Milei.

En el contenido recuperado del teléfono de Novelli por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal, hay 104.624 archivos, distribuidos en 9.223 subcarpetas, con un tamaño total de 42,2 Gigas. Están volcados en un informe aportado en enero de este año a la fiscalía, que había tenido una versión preliminar en noviembre.

Entre esos archivos, hay 88.900 imágenes y 4.145 documentos, incluyendo PDF, Word, Excel, PPT, entre otros, según el relevamiento realizado por Infobae. También se recopilaron 1.339 audios y 212 videos, así como más de 9.000 archivos en otros formatos poco conocidos. Gran parte de este material había sido borrado por Novelli -quien entregó su celular con la clave para que pudiera ser revisado- pero recuperados por los técnicos de la DATIP.

Muchos de estos mensajes, documentos, fotos y registros de llamadas son reveladores de hasta qué punto Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y el ex asesor de la CNV, Sergio Morales, querían hacer jugosos negocios alrededor de la figura de Milei y su proyección mediática y política.

Uno de ellos fue a través de la cripto moneda $Libra, proyecto que impulsó el norteamericano Hayden Davis y que avaló Milei con su polémico posteo en X del 14 de febrero de 2015, cuando publicó los 44 caracteres alfanuméricos del contrato para atraer inversiones, cuando aún no había sido difundido ni estaba disponible en la web.

Después de una suba abrupta de esa cripto moneda que contó con el aval presidencial y antes de su abrupta caída en cuestión de horas, un grupo reducido que estaba al tanto del proyecto, logró llevarse una suma millonaria de dólares, y dejar un tendal de víctimas que reclamaron haber sido estafados.

La investigación judicial busca determinar si ese posteo de Milei fue una promoción espontánea, desafortunada o imprudente, o si hubo coordinación previa con los impulsores del proyecto $Libra. Y si ese conocimiento anticipado del lanzamiento, que incluyeron gestiones entre su círculo íntimo, podrían incluir hasta un eventual acuerdo económico a cambio de usar la investidura presidencial.

A continuación, algunos de los principales archivos recuperados del celular de Novelli:

206 llamadas en cuatro días

En los dos días previos, durante y hasta dos días después del posteo de Milei promocionando $libra, a las 19:01 del 14 de febrero, hubo 206 llamadas telefónicas entrantes y salientes del celular de Novelli que muestran el profuso intercambio comunicacional que hubo entre el Presidente, su entorno., el lobista y sus socios e impulsores de $Libra entre el 13 y el 16 de febrero.

El archivo fue volcado en un PDF por Cellebrite, una empresa especializada en soluciones de inteligencia digital y forense móvil, generalmente utilizada por gobiernos y empresas para extraer, analizar y gestionar evidencia digital de teléfonos, nubes y computadoras.

Ese análisis revela que desde el día en que se lanzó $LIBRA y los dos días posteriores, Novelli se comunicó en 38 oportunidades con los integrantes del triángulo de hierro: Karina Milei, Santiago Caputo y el propio Milei. De ese total, 4 fueron llamadas perdidas.

El posteo de Milei en X promocionando la criptomoneda fue el 14 de febrero de 2025 a las 19.01. Una hora antes, ese mismo día, hubo 6 llamadas entre las 17:53 y las 18:58, de las cuales 5 fueron entre Novelli y el Presidente, y la sexta entre Novelli y Karina Milei.

Después de ese momento y hasta la medianoche del mismo día, hay otros registros de 13 llamadas: 4 con Milei, 7 con su hermana y 2 con Santiago Caputo, quien entró en escena para realizar un control de daños a partir de la polémica generada por el posteo de Milei y la maniobra de rug pull que realizaron los primero “inversores”, retirando más de USD 100 millones en un lapso corto, y generando el colapso de la criptomoneda. Fue Caputo el que insistió en que Milei debía borrar su posteo y publicar otro “aclaratorio”.

Al día siguiente, 15 de febrero, desde la madrugada hasta casi la medianoche, se registraron 9 llamadas de Novelli con Caputo y 5 con Karina Milei. Esa misma jornada, hay otra 5 llamadas con su socio en Tech Forum, Terrones Godoy.

El día posterior, 16 de febrero, hubo otras 27 llamadas con este último, 3 con el asesor estrella del Presidente, y dos más con Karina.

El registro también incluye 17 llamadas entre el 14 y 15 de febrero, entre Novelli y Julian Peh, de KIP Protocol, otra de las empresas inicialmente involucradas en el caso y que apenas desatado el escándalo trató de desligarse del tema.

Si bien están los registros de llamadas entrantes, llamativamente, no aparecen mensajes de texto o de audio con Milei y su círculo más cercano, con el norteamericano Davis o con Terrones Godoy. Esta ausencia revela que Novelli habría borrado esos mensajes escritos y/o en audio, ya que sí están los que mantuvo, por ejemplo, con su secretaria. Estos últimos, igualmente, contienen información reveladora para la causa.

Los pagos a los hermanos Milei

De los 1300 audios que la DATIP extrajo del celular de Novelli extraidos en el peritaje, y a los que tuvo acceso Infobae, se destacan los intercambios con su secretaria, Ara Belén Aime González Bosque, que evidencian pagos a los hermanos Milei, en la campaña presidencial de 2023, y una vez llegado a la Casa Rosada.

Entre los más relevantes, aparece uno del 1 de agosto de 2023, en el que Novelli le indicó a su empleada que hay que pagar 2.000 USDT para Milei, por mes, en concepto de sueldo, cuando el hoy primer mandatario estaba en plena campaña electoral y disputaba el sillón de Rivadavia con Sergio Massa y Patricia Bullrich.

Novelli: “Eh, Ara, ¿cómo, cómo estamos de tema la cuenta de NW en USDT? Porque tenemos que pagar este mes 1.500 de Danann (Emmanuel). Eeeh, bueno, los dos mil de... los 2.000 de Milei de siempre. Y a su vez vamos a necesitar pagar una parte en efectivo de lo de Laje, ¿viste? Así que nada, quería saber cómo estamos con eso, si alcanza para los sueldos”. La mención a USDT a un criptoactivo diseñado para mantener la paridad 1:1 con el dólar. Los audios evidencian la conversión de criptomonedas en efectivo, en una finanicera no identificada, para que el dinero llegara a manos de Milei.

Antes de ser presidente, y cuando era ya diputado, Milei promocionaba activamente los cursos de N&W Professional Traders a través de sus redes sociales. También había cumplido un rol clave al apoyar el lanzamiento de otro fallido cripto activo, denominado Vulcano, en 2022.

A su vez, entre los archivos recuperados por los peritos del celular de Novelli aparece un extracto del Banco Galicia, donde quedaron registradas dos transferencias idénticas de N&W Profesional Traders a Karina Milei, por $200.000 cada una (unos USD 700 al valor oficial de ese momento). Ambas tuvieron lugar durante la campaña presidencial de 2023. Una es del 10 de julio y otra del 1 de agosto. No está especificado el motivo.

Ese monto de $200.000 se repetía en una lista de “próximos pagos” del 27 de julio de 2023 que figura en un WhatsApp de Novelli, a Milei y Agustín Laje, un intelectual de ideas de derecha y actual director ejecutivo de la Fundación Faro, y recaudadora de fondos privados para la LLA.

Las grabaciones exponen el vínculo entre Novelli y Milei más allá de lo financiero. Novelli era “Mauri” y Milei era “Javi”.

En otro de los mensajes de voz, fechado el 3 de octubre de 2023, en plena campaña electoral, Novelli aclaró que él mismo se ocuparía de coordinar la entrega del dinero a Milei.

“De Milei y Danan me voy a ocupar yo”, le dijo a su secretaria Ara, en referencia al entonces candidato, quien en esa época sorteaba su salario como legislador entre seguidores, al tiempo que declaraba que sus ingresos procedían de conferencias y actividades como economista libertario.

“Danan” (sic) es Emmanuel Danann, un influencer libertario cercano a Milei, que también trabajó para N&W Profesional Traders, pero luego se distanció de LLA.

Otro de los audios es de 9 meses después, y revela que los pagos siguieron cuando Milei ya estaba en la Casa Rosada, pese a que el artículo 92 de la Constitución Nacional establece que el Presidente y su vicepresidente “no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento” durante sus mandatos.

El 2 de abril de 2024, Novelli le indica a su secretaria que había que separar USD 4.000 para darle a Karina.

“Qué hacés, Ara? ¿Cómo andás? Eh, sí, no hay problema. Coordínalo ahí con, con Camilo, ¿viste? Yo mañana a la ofi no voy, pero obviamente ustedes pueden ir sin problema. Eh, tiene que cobrar, o sea, hay que sacar lo de Derek, ¿viste? Que son los 800 siempre de, de todos los meses. Eh, y bueno, ahí se sumaría lo tuyo y también ya podemos pedir los 4.000 de lo que hay que darle, ¿viste? A, a Karina. Así que si querés, mañana coordínate para un pedido donde sumen los 800 más los 400 tuyos…. más los 4.000 , digo, de, de, de Karina y listo. Que te lo, te lo traigan ahí a vos a donde estés en la oficina de última y eso lo pagan directamente con, con los USDT de NW”. Esta última sigla se refiere a N&W Professional Traders, la consultora de Novelli dedica a la capacitación y asesoramiento en inversiones financieras en criptoactivos.

Como recordatorio, en otro mensaje de WhatsApp que Novelli se envió a sí mismo siete meses después, decía: “Pago Javier kari”. Ese mismo día, 1° de noviembre de 2024, el lobista visitó la Casa Rosada, según surge del Registro de Audiencias del Poder Ejecutivo Nacional. No era la primera vez ni tampoco la última. Se fotografió con Terrones Godoy en una de las galerías de la Casa Rosada.

También hay un registro suyo en el Banco Central junto al entonces joven empresario cripto aún desconocido en Argentina, el norteamericano Hayden Davis, quien sería el impulsor de $Libra, en los meses previos al Techo Forum, el encuentro de empresarios cripto organizado por Novelli y Terrones Godoy del que Milei sería el orador estrella.

Por esos días, María Pía Novelli hizo explícito en un mensaje de chat a su hermano el deseo que compartían: “Quiero hacer guita, loco”.

Las monedas con la cara de Milei

Los negocios que el grupo de Novelli pretendía hacer con el Estado no se limitaban a impulsar criptomonedas. También apuntaban a vender monedas de oro y plata con el grabado del rostro de Milei, y remeras alusivas al presidente, como contó Infobae. El Presidente también habría acompañado la idea, que finalmente se frustró tras el escándalo de $Libra.

Los peritos de la DATIP encontraron en el celular de Novelli un grupo de WhatsApp llamado “Proj. Argentina”, que integraban además del lobista cercano a los hermanos Milei, Iván Canales Vandewijngaerden, director ejecutivo de la consultora ICV Advisors, y Gregor Beck, integrante del consejo de administración del Bank von Roll de Suiza y de Degussa Goldhandel, una de las distribuidoras de oro y plata más importantes de Europa.

Las conversaciones entre Canales Vandewijngaerden, Beck y Novelli permiten reconstruir el negocio que aspiraban hacer. Los chats se complementan con registros públicos de las visitas a la Casa Rosada: Karina Milei, recibió a los tres involucrados entre abril y noviembre de 2024.

Otros contratos con el Gobierno argentino

Hay dos documentos extraídos como producto del peritaje que son particularmente interesantes. Uno de ellos, fechado el 21 de noviembre de 2024, bajo el título “Oferta Irrevocable”, describe un acuerdo entre Kelsier Group - cuyo CEO es Davis- y Novelli,Terrones Godoy y Morales.

Por un lado pretendían obtener la exclusividad del trío para acuerdos de blockchain/web3/AI, con un periodo de exclusividad de 6 meses. También entre los objetivos figuraba el fortalecimiento y la ampliación de la influencia del partido político, así como formalizar alianzas entre la estructura política y las iniciativas empresariales.

Menciona expresamente que Kelsier tenía intenciones de lograr una asociación indirecta con el gobierno argentino.

En dicho documento, entre otros términos, se establece la necesidad de diálogo con las autoridades gubernamentales para debatir sobre temas relevantes relacionados con blockchain/web3/AI, específicamente con Milei, su hermana Karina, miembros del gabinete y del Congreso.

En el artículo 11 de ese acuerdo, puede leerse lo que Novelli, Terrones Godoy y Morales percibirían como referenciadores: un importe fijo total de USD 1.550.000, más un 35% del total facturado por Kelsier Group a los clientes potenciales que hubieren acercado y que se hubieran convertido en clientes efectivos de Kelsier. El acuerdo establecía un pago inicial de USD 300.000 el primer mes, y 5 pagos mensuales de USD 250.000 los siguientes.

Hay otro acuerdo, fechado el 27 de noviembre de 2024, que propone establecer una asociación exclusiva denominada Kelsier Latam, celebrado entre “Argentina Partners” (integrado por Novelli, Morales y Terrones Godoy) y Kelsier Holdings Limited, una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

Entre uno de sus objetivos figura alinear los esfuerzos del gobierno argentino con los objetivos de Cardano, una plataforma blockchain para innovadores y agentes de cambio, estableciendo un reparto de ingresos del 65% para Kelsier Holdings Limited y un 35% para Argentina Partners. Preveían lograr acuerdos por 10 millones de dólares antes del 30 de abril de 2025

El acuerdo por USD 5 millones

Entre los archivos, aparece una captura de pantalla de la síntesis de un acuerdo presuntamente ya pactado. La fecha no es un dato menor: es del 11 de febrero de 2025, tres días antes de que el Presidente promocionara $LIBRA.

“Hola amigos, Este es el acuerdo final discutido con H. $1,5 M de tokens líquidos o cash por adelantado. $1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis. $2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en Blockchain/AI para el Gobierno Argentino y/o Javier Milei y repasar con Javier y Karina la campaña de estos dos trimestres”, es la transcripción del inglés.

El pago a Hayden Davis

Entre los 40 Gigas, aparece también un pago de USD 250.OOO que Pía Novelli, hermana de Mauricio, le transfiere a Kelsier Holding Limites, empresa de Hayden Davis creada en la Islas Vírgenes Británicas (BVI).

La factura fue emitida por Tech Forum Argentina y como concepto figura “Kelsier Group Latam Agreement”. Está fechada el 5 de febrero de 2015, 9 días antes del lanzamiento del $Libra.

Tech Forum fue el evento organizado por Novelli y Terrones Godoy sobre el mundo cripto, realizado en octubre en Buenos Aires. El orador principal fue nada menos que Milei.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

Infografías: Marcela Piarristeguy

El 6 de enero de 2025, casi un mes antes de que estallara el escándalo de $LIBRA, la cuenta oficial de la empresa Kip Protocol publicó en la red X un mensaje en el que agradece a la Ciudad de Buenos Aires por la supuesta invitación para participar en un “Comité Blockchain”.

Kip Protocol es una firma de Julián Peh, un misterioso empresario oriundo de Singapur que participó del entramado para la publicación de la fallida criptomoneda promocionada por Javier Milei el 14 de febrero del año pasado.

Peh aparece en uno de los documentos de la pericia telefónica del celular de Mauricio Novelli -recuperados por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP)-, fechado el mismo 14 de febrero, como el director del proyecto “Viva la Libertad” que impulsó $LIBRA.

La presunta invitación a integrar el “Comité Blockchain” en la órbita porteña fue desmentida poco después por las autoridades del área de Innovación de la Ciudad, quienes aclararon que no existió ningún Comité de este tipo.

Un mes más tarde, el 12 de febrero del año pasado, Kip Protocol anunció a través de su sitio Web y redes sociales -cuando todavía no había saltado el escándalo- que había concretado un acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires (UTN-BA). La información fue replicada por el propio Peh.

Luego del posteo de Milei el 14 de febrero, alentando a la compra de la criptomoneda y compartiendo el número de contrato, $Libra experimentó un crecimiento pronunciado, impulsado por el interés de miles de inversores que buscaron aprovechar la oportunidad. Esta demanda masiva provocó que el precio del token alcanzara máximos históricos en cuestión de horas. Pero un grupo reducido de inversores se retiraron abruptamente con grandes ganancias, lo que provocó un derrumbe de su cotización, generando pérdidas para los miles que ingresaron en la fase de mayor cotización.

A poco de la caída en desgracia del proyecto denominado “Viva la Libertad”, y la debacle de la criptomoneda, se multiplicaron las denuncias por la presunta estafa llevada adelante por un grupo de lobistas argentinos -encabezados por Novelli- y el empresario norteamericano Hayden Davis, de la que habría participado el Presidente.

Un mes después, el 14 de marzo, Juan Balestro, secretario de Vinculación Institucional de la Universidad Nacional Tecnológica (UTN) de Buenos Aires, desmintió la noticia: “No firmamos nada”.

En una entrevista brindada a radio El Destape, explicó que la empresa propuso un acuerdo bajo la modalidad de convenio marco, pero este nunca fue aprobado por las instancias correspondientes dentro de la institución educativa. “Esto sucedió en enero y el convenio marco no llegó a pasar por el secretario de Legal y Técnica, y a través de Morales, KIP avisa que va a comunicar como un hecho el convenio marco, a pesar de la falta de confirmación nuestra”, detalló Balestro, aclarando que la facultad nunca oficializó el acuerdo.

En efecto, la UTN no terminó firmando nada, finalmente, con KIP Protocol pese a ese anuncio.

Dentro de los peritajes que se realizaron al celular de Novelli, aparece otro documento fechado el 4 de noviembre de 2024, firmado por el decano de esa casa de estudios, el ingeniero Guillermo Oliveto.

Se trata de la aprobación y creación del “Centro de Blockchain y Fintech” en la UTN Buenos Aires, para lo cual se designó a Sergio Morales como director del mismo, uno de los investigados en la causa judicial que investiga el fiscal Eduardo Taiano.

Morales es un consultor fintech que se desempeñó como asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fue quien ingresó a Casa Rosada en al menos dos oportunidades junto a Novelli y Manuel Terrones Godoy, en junio de 2024, como parte de la comitiva organizadora del evento Tech Forum.

Su nombre estuvo ligado al caso $LIBRA desde el principio, debido a sus vínculos con Novelli y Terrones Godoy, los dos empresarios puestos bajo la lupa judicial. Supo presentarse como “coordinador de asesoramiento técnico de la Presidencia”. Las noticias sobre el escándalo desatado motivó su renuncia en marzo del año pasado al cargo de asesor en cripto activos de la CNV, al que había llegado en 2024.

El documento hallado en el celular de Novelli indica que mediante la Resolución Nº 6331/24, se aprobó la conformación del “Centro de Blockchain y Fintech”, bajo la órbita de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Regional Buenos Aires. La idea era “democratizar el acceso al conocimiento y ofrecer servicios especializados en tecnología blockchain, finanzas digitales e innovación, con el objetivo de posicionar a la UTN.BA como referente regional en el desarrollo de talento y tecnologías disruptivas”.

Entre los objetivos del mencionado centro figura -según se lee en el documento-, “fomentar un vínculo continuo entre la universidad, estudiantes y profesionales a través de diversas áreas de acción: ofrecer cursos, diplomaturas y tecnicaturas adaptadas a la demanda del sector productivo y financiero, así como desarrollar proyectos sobre seguridad blockchain, contratos inteligentes, regulaciones fintech y aplicaciones de tecnologías de registros distribuidos (DLT)”.

Consultado por Infobae sobre esta Resolución de la UTN, Olivetto dijo que “nunca se llegó a conformar” el Centro Blockchain “por una cuestión operativa”, y que “el único vínculo con Morales fue que dio un curso”, pero “no trabajó para la UTN”.

El empleo desplazó del primer puesto a la inflación en el ranking de preocupaciones sociales, según coinciden las mediciones de distintas consultoras. Una de ellas, Opinaia, relevó en su Termómetro Ciudadano que la desocupación se ubica a la cabeza (56%) de esas preocupaciones, seguido de la pobreza (51%), la corrupción (49%), la inseguridad (48%) y, recién en quinto lugar, la inflación (44%).

La pérdida o falta de empleo encendió alarmas esta semana al conocerse que la tasa de desocupación trepó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, y alcanzó a casi 1,7 millones de personas, según los últimos datos del INDEC. Ese porcentaje representa un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior, y una suba de 0,9 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior de 2025.

Estos indicadores son reflejo de la salida del sistema laboral registrado de medio millón de personas, entre diciembre de 2023 y el mismo mes del 2025. Cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada, los trabajadores en blanco sumaban 13.365.678. Dos años después eran 12.865.096, una reducción del 4%, sin considerar la estacionalidad para eliminar variaciones predecibles, como contrataciones en el verano o en Navidad.

Así surge del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), con datos actualizados a diciembre de 2025 que analizó Infobae. La base incluye la cantidad de trabajadores registrados, es decir aquellos que cuentan con acceso a las prestaciones contributivas del sistema de seguridad social y de los que hay constancia en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), tanto en el sector público y privado (incluyendo casas particulares), así como quienes son independientes inscriptos en la categoría de autónomos y el monotributo.

“En el cuarto trimestre del 2025 directamente no hubo creación de empleo. O sea, subió el cuentapropismo, pero para compensar la caída del empleo formal. O sea, no hubo un aumento neto del empleo. Y eso llama la atención porque lo que siempre se veía es que el empleo subía y crecía de la mano del cuentapropismo. Pero ahora parecería que hasta el cuentapropismo se saturó y la gente no tiene otro trabajo”, advirtió Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), en diálogo con Infobae.

En el análisis por sector, la mayor baja - un 60% - se dio en los monotributistas sociales. En diciembre de 2023 eran 637.406 y, dos años más tarde, 253.014. La caída fue de 384.392 trabajadores inscriptos menos en esta categoría. Se trata de un régimen tributario subsidiado que le permite a trabajadores independientes de bajos ingresos poder formalizar su actividad, con una exención del pago de componentes impositivos y previsionales, y una reducción del 50% de la obra social.

“Una gran masa de los monotributistas sociales pertenecían a las organizaciones piqueteras y el gobierno actual dejó de pagarlo. Entonces, toda esa gente pasó a ser cuentapropista informal, fuera de la base del SIPA”, señaló Colina, investigador en el Departamento de Economía de la Universidad Católica Argentina (UCA) y de la Universidad Austral.

Le siguen los trabajadores en relación de dependencia del sector privado con una merma de 189.845 puestos de trabajo: pasaron de 6.360.948 en diciembre de 2023 a 6.171.103 en el mismo mes del año pasado (un 4% menos).

En cuanto al sector público, la reducción fue de 78.617 empleados estatales menos. Sumaban 3.476.198 en la órbita del Estado cuando llegó Milei a la Casa Rosada, y dos años después eran 3.397.581 (un 3% menos). El SIPA registra al total de asalariados de la Administración Pública Nacional y de los estados provinciales que transfirieron sus cajas previsionales al sistema nacional.

Con una caída similar del 3% figuran las empleadas de casas particulares, aunque es un sector mucho más reducido: había 461.964 registradas hace dos años, y en diciembre eran 446.899, o sea 15.065 menos. Esto responde a una caída en su contratación por la pérdida salarial y en los ingresos familiares, aunque también puede reflejar una mayor informalidad en este rubro.

Dos sectores mostraron leves aumentos. Por un lado, las personas inscriptas como autónomos ante ARCA, con una suba de 14.888 trabajadores independientes en esta categoría (el 4%): pasaron de 384.348 en diciembre de 2023 a 399.236 el último mes de 2025.

Por el otro, los monotributistas. En dos año se sumaron 152.449 nuevos inscriptos en este sistema impositivo simplificado, un aumento del 7%, el mayor de toda la serie.

La suba de los trabajadores independientes refleja una migración del empleo en relación de dependencia a trabajos de menor calidad, con mayor precariedad y menor protección social y beneficios, ya que no cuentan con vacaciones pagas, licencia por enfermedad, aguinaldo, o indemnización por despido.

Los datos del SIPA contienen información desde enero de 2012. En los 14 años desde esa fecha hasta diciembre del 2025 el empleo privado sólo creció 2%, el sector público el 33%, las casas particulares el 15%, y los monotributistas el 67%. La única baja fue en autónomos, del 2%.

Empleo privado por actividad

Del análisis de los trabajadores del sector privado, los que más perdieron puestos de trabajo registrado en los últimos dos años, en porcentaje, fueron la construcción (-11,4%), la explotación de minas (-9%) y la industria manufacturera (-5%).

Pero en números absolutos, el ranking de caída en el empleo lo lideran las industrias manufactureras, con 63.902 trabajadores menos. Los empleados registrados en esta rama de la economía pasaron de 1.192.185 a 1.128.283 en dos años de la gestión libertaria. Los números se explican en la caída en la actividad económica.

En tanto, por ese motivo y el parate en la obra pública, en la primera mitad del mandato de Milei se perdieron 48.671 empleos en la construcción. Los obreros registrados pasaron de 427.197 el primer mes de LLA en el poder, a 378.526 en diciembre último, un descenso del 11%.

En pérdida de personas empleadas, siguen las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler que empleaba a 902.515 en diciembre de 2023 y dos años después, registraba 22.953 trabajadores menos en blanco (879.562 personas), una caída del 2,5%.

A continuación, se ubica el transporte, almacenamiento y comunicación, que sufrió una disminución de 17.989 trabajadores: en diciembre de 2023 eran 528.961 y, dos años después, sumaban 510.972 (-3,4%).

El top five de la caída de empleos registrados lo completan los servicios comunitarios, sociales y personales, con una reducción de 16.380 personas: de 379.389 que había apenas Milei llegó al Gobierno, al cierre de 2025 eran 363.009 (-4.3).

Como contracara, los únicos sectores con aumento de empleo registrado en el período de diciembre 2023 a diciembre 2025, según los datos del SIPA, fueron la pesca; la agricultura, ganadería, caza y silvicultura; la enseñanza; y el comercio y reparaciones.

Si bien el comercio aparece con un aumento ínfimo (0,18%) en los últimos dos años, registró una caída en el último semestre de 2025. En efecto, entre junio y diciembre del año pasado, fue la segunda actividad que más trabajadores registrados perdió (19.913), precedida por la industria.

Análisis por provincia

La dinámica del empleo asalariado en diciembre de 2025 comparada con el mismo mes de 2023 muestra que las caídas del empleo fueron generalizadas a nivel nacional. En los últimos dos años, apenas dos jurisdicciones registraron aumentos en el nivel de empleo y 22 mostraron variaciones negativas.

Las mayores caídas del empleo registrado se observaron en Santa Cruz (-16%), La Rioja (-13%), Catamarca (-10%), Misiones (-9%), y en Formosa, Chaco y Chubut: todas, con una merma del 8%.

Las únicas dos provincias con crecimiento de trabajadores en blanco fueron Neuquén ( 4,61%) y Río Negro ( 0,42%), por la actividad de explotación petrolera.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

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Las vacantes en la Justicia Federal y Nacional, una deuda que se remonta a gestiones anteriores, es el desafío más urgente que enfrenta el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Suman 203 los cargos de magistrados que hoy están sin cubrir en todo el país.

El funcionario informó en un comunicado oficial que iniciará el trámite desde el Poder Ejecutivo para su cobertura, así como la de 72 de defensores oficiales y 65 de fiscales. Para eso, verificará los antecedentes de los integrantes de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Esas ternas fueron conformadas a través de un concurso público que tiene distintas instancias. Los aspirantes deben pasar por un examen escrito y un cotejo de antecedentes profesionales y académicos que otorgan puntaje. Ambos permiten elaborar un orden de mérito preliminar.

Luego se realiza una entrevista oral en la Comisión de Selección del Consejo en base a la cual se termina de definir el orden de mérito definitivo. Se envían los primeros tres candidatos de ese listado al Poder Ejecutivo para que elPresidente elija un candidato a cubrir el cargo vacante, cuyo pliego debe ser aprobado luego en el Senado.

Esas 203 ternas que esperan en la Casa Rosada fueron remitidas por el Consejo de la Magistratura durante los últimos ocho años. Equivalen a la cuarta parte de todos los cargos de la Justicia nacional y Federal. Fueron confeccionadas a partir de 72 concursos públicos.

El 47% de esas ternas (96) fueron enviadas al Ejecutivo en 2024, el primer año de la gestión de Javier Milei. El año pasado, el Consejo mandó otras 19.

El resto, en tanto, fueron remitidas en años anteriores. La mayor cantidad - 32 ternas - ya había sido enviada en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. En el último año del líder del PRO en la Casa Rosada, el Consejo remitió otras 15.

Cuando llegó Alberto Fernández, retiró del Senado todos los pliegos de candidatos que había elegido su antecesor.

En 2020, el número de ternas elegidas cayó: el Consejo envió al Ejecutivo solo 8 y, al año siguiente, ninguna. Fueron dos años atravesados por la pandemia del COVID. Sin embargo, en 2022, la actividad del Consejo también estuvo en baja y sólo fueron remitidas 7 a la Casa Rosada. Recién repuntó en 2023, último año del gobierno del Frente de Todos, cuando subieron a 26 las ternas enviadas por el Consejo para cubrir las vacantes judiciales.

Pero mientras estuvo Mariano Cúneo Libarona al frente de la cartera de Justicia, Milei no avanzó con ninguna designación de estas ternas. Esta inacción obedece, por un lado, a las internas entre los dos sectores del Gobierno libertario que se alinean detrás de Karina Milei, la hermana del primer mandatario y secretaria general de la Presidencia, y Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei. Y por el otro lado, a la falta de acuerdos políticos con los gobernadores de signo opositor para enviar pliegos al Senado que obtengan los votos necesarios.

Es tradición en la negociación política entre mandatarios provinciales y la Casa Rosada que, en el caso de los jueces federales en las provincias que además tienen competencia electoral, los gobernadores sean consultados o puedan pedir candidatos que tengan su venia previa.

Infobae geolocalizó cada una de estas 203 vacantes de juzgados nacionales o federales. Están distribuidas en 16 jurisdicciones, tal como se muestra en el mapa que encabeza esta nota.

Casi tres cuartas partes - 147 - están en la Ciudad de Buenos Aires, donde funciona la Justicia Federal de la Capital y la Justicia nacional. Otro 11% (23 cargos) están en la Provincia de Buenos Aires.

El resto se ubican en Chaco, Río Negro y Santa Fe (4 en cada una); otras 3 en Mendoza y en Tucumán; dos en Catamarca, Chubut, Formosa, Neuquén, Salta, Santa Cruz; y una en Entre Ríos, Misiones y San Juan.

Concursos en trámite en el Consejo

Actualmente hay en el Consejo de la Magistratura 78 concursos en trámite, desde 2018 hasta la fecha. Tienen por objetivo cubrir 157 vacantes distribuidas en 13 jurisdicciones del país.

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De ese total de cargos sin un magistrado, 97 están en la Ciudad de Buenos Aires, 19 en Santa Fe, 10 en Buenos Aires, 8 en Córdoba, 6 en Salta, 4 en Corrientes, 3 en Entre Ríos, 3 en Mendoza, 2 en Misiones, 2 en Tucumán, 1 en Chaco, 1 en Chubut y 1 en Río Negro.

La designaciones de jueces desde 1983

El presidente que desde el retorno de la democracia más jueces designó de las ternas enviadas por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo del Senado, fue Carlos Menem: 1.371 a lo largo de los 10 años de sus dos mandatos. Entre ese número, nombró a 9 integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que pasó a ser llamada la “Corte menemista” por la sintonía con sus deseos políticos.

Le sigue Cristina Fernández de Kirchner, quien también gobernó dos mandatos (8 años en total), con 616 designaciones de magistrados, fiscales y defensores.

En tercer lugar, aparece Raúl Alfonsín con 565 nombramientos en total a lo largo de su único mandato de cinco años y medio. En su gobierno, todavía no existía el Consejo de la Magistratura ni el proceso de selección actual a través de un concurso público, ya que fue instaurado en la reforma de la Constitución de 1994.

En el otro extremo, se ubica Fernando de la Rúa, que vio truncado su mandato a los dos años, con 45 designaciones de funcionarios judiciales.

Por encima del mandatario radical que finalizó anticipadamente, figura Eduardo Duhalde, designado presidente por la Asamblea Legislativa y estuvo en el cargo apenas un año y cinco meses: nombró a 63 magistrados. Entre ellos, a un miembro de la Corte Suprema, Carlos Maqueda.

Milei, en tanto, fue el mandatario que menos designaciones concretó en lo que va de sus dos años y tres meses de gobierno. Suma solo cuatro, pero todas por decreto: dos integrantes de la Corte Suprema - el juez federal Ariel Lijo y el académico García Mansilla - designación en comisión que no tuvieron, finalmente, acuerdo del Senado. Lijo nunca llegó a jurar y García Mansilla lo hizo, pero luego tuvo que dejar el cargo de juez supremo al no tener luego el aval de la Cámara alta.

A su vez, Milei le pidió al Senado la prórroga por otros cinco años de dos jueces que estaban en actividad: el camarista Roberto Enrique Hornos, del fuero Penal Económico nacional, y de Jorge Eduardo Morán. integrante de la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. La continuidad de ambos fue firmada por el Presidente el 3 de octubre de 2024.

Procesamiento y visualizaciones: Daniela Czibener

Infografías: Marcelo Regalado y Felipe González

Carga y chequeo de datos: Desiré Santander

La caída en las transferencias de fondos del gobierno de Javier Milei a las provincias tuvo su correlato en la Provincia de Buenos Aires, en una merma en los recursos que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le gira a los 135 municipios en el principal distrito electoral del país.

Ese reparto -que se conoce como coparticipación secundaria- se realiza según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), un indicador clave que se actualiza todos los años según distintos parámetros y que se publica a principios de cada período, y es el principal determinante de la distribución de transferencias a municipios.

El CUD está conformado en función de tres grandes componentes: el 58% entre todos los municipios, según un régimen general que contempla la población (62%), la superficie del distrito (15%), y su capacidad de recaudación tributaria per cápita (15%) para compensar a los distritos con menos ingresos. Otro 37% del CUD se asigna según la cantidad de establecimientos oficiales para la atención de la salud, con o sin internación. Y el restante 5% del coeficiente, se reparte entre los distritos brindan servicios sociales transferidos (excepto salud).

Pero si bien algunos de estos indicadores son objetivos - como la superficie o la población-, varios intendentes del oficialismo y la oposición advierten que hay algunos que pueden ser “dibujados”, como el componente referido a la salud. Un 37% del CUD se conforma a partir de la cantidad de camas en instituciones de salud oficiales en el Municipio, lo que hace que su peso en el número final sea alto.

“Históricamente, el CUD baja o sube muy poco. Pero como es un coeficiente polinómico, tienen muchas variables, algunas de las cuales se pueden tocar. Los municipios pueden inflar las camas ocupadas o las prestaciones brindadas, por ejemplo. Debería darse una discusión seria y transparente. Diez camas más o menos son millones de pesos, que si van a un municipio, no van a otro”, admitió a Infobae un intendente bonaerense.

Otro componente con mucha incidencia en la conformación del CUD es la población, que suele perjudicar a los distritos del interior de la Provincia que no crecen tanto en habitantes como los del Conurbano. Esa migración hacia el Gran Buenos Aires se refleja en el CUD de los distritos que lo componen, en detrimento de los municipios del resto del territorio provincial.

La “torta” a repartir

El gobierno bonaerense envía en forma automática a los municipios solo el 16,14% de sus ingresos tributarios coparticipables. Se trata de una partida anual estimada para 2026 en $5.258.234 millones. A esto se suman $276.425 millones que se giran en forma automática por la Ley de Financiamiento Educativo y $553.183 millones de otras transferencias de capital que incluyen obras en centros de atención primaria, en escuelas, universidades y en los distintos municipios, según figura en el Presupuesto 2026 aprobado por la Legislatura bonaerense en diciembre pasado.

Pero como el 100% de la “torta” a repartir es la misma, lo que ganan algunos distritos por la coparticipación según el CUD fijado para para este año siempre es en detrimento de otros.

A su vez, la Ley de Financiamiento que autorizó a Kicillof a endeudarse por USD más de 3.000 millones, contempla un fondo para municipios por el equivalente a $350.000 millones, los cuales serán distribuidos en un 70% a través del CUD y el otro 30% por programas provinciales que refieran proyectos de infraestructura. Fue parte de la negociación con los intendentes para conseguir los votos en la Legislatura.

Infobae comparó el CUD 2026 con el de 2025 para identificar los municipios que vieron reducido su porcentaje de este coeficiente y cuáles resultaron beneficiados con un valor mayor.

De los 135 distritos, 71 sufrieron una disminución del CUD, de los cuales 40 son de Unión por la Patria; 16 de la UCR, 9 del PRO; dos de la LLA (25 de Mayo y 3 de Febrero); y 4 vecinales (San Antonio de Areco, Saavedra, Chivilcoy y Villarino).

Hubo 9 municipios con una disminución del 5%, la máxima permitida en el artículo 11 de la Ley de Financiamiento: General Madariaga (UCR), Leandro N. Alem (UP), Pinamar (PRO), Pila (UP), Ezeiza (UP), San Isidro (PRO), Tordillo (UP), Maipú (UCR) y Florentino Ameghino (UCR).

Esa norma incluyó otra modificación a partir de 2026: cuando el CUD se reduzca un 5% durante dos ejercicios consecutivos, el tope de caída para el tercer ejercicio se establecerá en 2,5% respecto al año anterior.

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En el mensaje del Presupuesto 2026 que envió Kicillof a la Legislatura justificó la caída en los fondos que envía a los municipios en “la recesión (que) golpea tanto a los recursos provenientes de la coparticipación federal, como a los tributos de origen provincial”. Aseguró que, en conjunto, "los recursos tributarios de la PBA, sin tomar en consideración los recortes sufridos en las transferencias no automáticas, cayeron más de 6% en relación con 2023″. La referencia a este año se debe a que, en 2024 y 2025, el gobernador no logró que la Legislatura le aprobara el Presupuesto anual, y prorrogó de forma consecutiva el de 2023.

En reiterado reclamos públicos, el mandatario sostiene que la reducción de la masa coparticipable por parte de Nación, le “generó un perjuicio adicional de magnitud considerable para la Provincia, estimado en $12,9 billones, equivalente a más de 10 meses de recaudación tributaria provincial”.

Los mayores aumentos

De los 64 municipios que registraron una suba en el Coeficiente de Distribución, 45 son de UP, 10 de la UCR, 6 del PRO, uno de LLA (Capitán Sarmiento, que fue uno de los que superó el 10% de aumento porcentual), uno de Encuentro Republicano Federal (San Miguel), y otro de un partido vecinal (Necochea).

Los mayores aumentos los recibieron Chacabuco (15,68%), Campana (12,50%), Capitán Sarmiento (10,62%) y Exaltación de la Cruz (10,55%).

Entre los municipios más poblados, las principales subas correspondieron a Lomas de Zamora (2,2%), La Plata (2,06%), Lanús (1,31%) y General Rodríguez (6,71%).

Transferencias en baja

En total, la Provincia transfirió en 2025 a los municipios un total de $4.639.756 millones, según el análisis realizado por Infobae. En 2024 había transferido $3.337.288 millones. Considerando la inflación de 2025 del 41,9%, las transferencias se redujeron un 2% en un año.

Estas transferencias incluyen la coparticipación bruta, una partida de la descentralización, los juegos de azar, el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales destinado a programas sociales, el Fondo de Saneamiento Ambiental, el Fondo Fortalecimiento de Recursos Municipales, el Fondo de Inclusión Social, y el Fondo de Financiamiento Educativo.

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Los cinco más beneficiados, considerando la inflación, fueron todos peronistas: Marcos Paz, con un aumento de 14,04%; General Rodríguez (9,74%); Escobar (9,16%); Moreno (4,66%); y Esteban Echeverría (4,29%).

De los cinco municipios más afectados por la caída en las partidas recibidas, 3 son de UP (Daireaux, que vio reducida un 8,73% las transferencias; General Guido, 8,62% menos; y Carlos Tejedor, 8,58% menos; uno de la UCR (Florentino Ameghino, 9,02% menos), y otro vecinal (Saavedra, con una reducción de 8,73%).

Pedido de más control

El senador bonaerense Marcelo Leguizamón Brown (PRO) presentó, a finales del año pasado, un proyecto de ley para “transparentar y subsanar deficiencias” en los recursos coparticipables que reciben los 135 municipios de la provincia, y permitir un mejor control parlamentario y ciudadano.

En ese sentido, establece que el Ministerio de Economía bonaerense debe publicar en formato abierto, antes del 31 de diciembre de cada año, los criterios y variables utilizados para la determinación del CUD y la metodología utilizada.

La iniciativa propone la creación de un Mecanismo de Control y Verificación del CUD que esté integrado por un representante de la Contaduría General de la Provincia, uno del Tribunal de Cuentas, un integrante de la comisión de Presupuesto de Senado y otro de la de Diputados.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

Infografías: Marcelo Regalado

En su batalla a favor de la baja de impuestos y contra la proliferación de tasas que cobran los municipios, el Gobierno nacional lanzó un sitio web de transparencia tributaria municipal, que ofrece la posibilidad de que los ciudadanos reporten online las tasas locales que consideren excesivas o irregulares.

El portal -bautizado “Enterate de lo que pagás en tasas”- incluye un mapa interactivo con información de 188 municipios de 23 provincias -no figuran datos de la Ciudad de Buenos Aires- y es de consulta pública sin registro previo. La información publicada al momento de su lanzamiento recogió datos de las ordenanzas fiscales y tarifarias aprobadas, y del relevamiento de los sitios web oficiales de los municipios al 31 de marzo de 2025.

Al ponerlo a disposición de su consulta pública, el Gobierno busca transparentar esos tributos locales, y sumar presión a los municipios para que reduzcan los porcentajes y conceptos, o directamente los eliminen.

El lanzamiento del sitio web fue anunciado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en sus redes sociales, y abrió un nuevo frente con los intendentes, en especial, de la oposición.

El principal argumento es que los municipios deben prestar servicios y a la vez, enfrentar enfrentar la caída en la actividad y la merma de recursos que envía la Nación a las provincias, que produjo una baja, a su vez, en la coparticipación secundaria.

El anuncio de la web de transparencia tributaria hecho por Adorni derivó en una réplica de la intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, quien lo tildó de “caradura”. La actual diputada provincial de La Cámpora acusó al Gobierno nacional de deberle $14,7 billones a la Provincia de Buenos Aires. “Ustedes abandonan todas las obligaciones que tienen con el pueblo en seguridad, en obras públicas, etc. y los gobiernos municipales dan respuesta a las necesidades de la gente ante esta ausencia y abandono de Nación”, posteó la legisladora camporista.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, en diálogo con Infobae en vivo Al Mediodía, sostuvo que los municipios no cobran impuestos a diferencia de la Nación y la provincia. “Tenemos tasas lo que supone por su naturaleza jurídica, es una contraprestación asegurada. Nosotros no podemos imponer. Tenemos que generar una tasa que viene añadida con un servicio”, señaló.

“Si uno ve la distribución de las cargas, de cada diez pesos que paga un ciudadano, en términos impositivos, entre seis y medio, siete son de carácter nacional, dos y un poquito provincial, y uno sería el peso que nos queda a los municipios, en un contexto donde la recaudación cayó, porque nuestra recaudación, todos los municipios, más allá del color político, está muy asociada a la actividad económica, al consumo”, agregó el jefe comunal alineado con el peronismo.

Los municipios con tasas más altas

Infobae descargó y analizó los datos publicados en el sitio oficial. Fueron relevados 188 municipios y las tasas están agrupadas en cinco rubros: tasa vial, entidades financieras, actividades primarias, industria e hipermercados.

La tasa vial comenzó con un porcentaje menor por cada litro o metro cúbico de combustible que se carga en el distrito, destinada al mantenimiento de rutas y caminos. Sin embargo comenzó a generalizarse el cobro de un porcentaje a los automovilistas que cargan los tanques de sus vehículos en estaciones de servicios radicadas en su territorio.

Hay unos 30 en la Provincia de Buenos Aires que lo hacen así como otros 16 municipios de Jujuy, Neuquén, Río Negro y Santa Fe.

El porcentaje es variable, entre 0,8% y 4,5%, según el tipo de combustible - si es nafta súper, premium, gasoil, diesel, o GNC - y el distrito.

Los municipios con la tasa más alta - todos con 4,5% - son ocho de Neuquén y uno de Río Negro. Se trata de las ciudades de Neuquén capital, Plottier, San Martín de los Andes, Senillosa, Plaza Huincul, Junín de los Andes, Centenario y Cutral Có, y de la rionegrina Cipolletti.

En el otro extremo, las alícuotas más bajas las tiene el municipio bonaerense de Marcos Paz (0,8% para diesel y naftas) y 0,4% para GNC, seguida de Tigre y Escobar, ambas con 0,9%.

Sin embargo, no todos los municipios cobran tasa vial. Uno de los ejemplos es Tres de Febrero. Su intendente Diego Valenzuela - en uso de licencia ya que fue electo en los últimos comicios como senador provincial por La Libertad Avanza- fue uno de los promotores de la baja en los tributos locales para evitar “doble imposiciones” y alentar la radicación de inversiones en su distrito. Según el relevamiento de Infobae, de 24 municipios del Gran Buenos Aires, solo siete no cobran esta tasa.

En cuanto a las tasas a las actividades primarias relacionadas con la ganadería, la agricultura, la pesca, la explotación forestal y la minería, entre otras, de los incluidos en el sitio oficial, los municipios con mayores porcentajes sobre los Ingresos Brutos son la puntana Villa Mercedes con 2,5%; Rawson (Chubut) y Chajarí (Entre Ríos) con 2%; y las ciudades entrerrianas de Villaguay, con 1,65% y Gualeguaychú con 1,5%. Todas tienen porcentaje fijos.

Sin embargo, desde el Municipio de Villa Mercedes, se comunicaron con Infobae tras la publicación de esta nota hoy temprano, y aclararon que “la tasa vigente es del 2,5‰ (2 por mil), conforme a la ordenanza tarifaria municipal. El mismo criterio se replica en las demás tasas citadas, lo que genera una diferencia sustancial en los valores informados y puede inducir a interpretaciones erróneas por parte de los lectores".

Precisaron que “a modo ilustrativo, sobre una base imponible de $1.000.000, el monto correcto asciende a $2.500, mientras que el cálculo publicado implicaría $25.000″. La información publicada por este medio es la surge de sitio montado por la Jefatura de Gabinete.

Pero hay municipios que establecen franjas de porcentajes para la tasa a actividades primarias, con máximos y mínimos. Por ejemplo Concordia (entre 1,3% y 2,7%) y Victoria (entre 1,3% y 1,8%), los dos también situados en la provincia de Entre Ríos.

Otras ciudades no tienen porcentajes sobre este tributo, sino montos fijos. Es el caso de San Martín de Los Andes, donde se fijó el pago de una suma que es de $44.548.

En tanto, del análisis del sitio oficial surge que dos municipios cordobese no gravan actividades la primarias: Río Tercero y Bell Ville.

En cuanto a la tasa a las entidades financieras, el municipio que cobra el porcentaje más alto es Bahía Blanca (PBA), 8,5%, aunque el monto fijo que impuso ($241.197) es uno de los más bajos.

Le siguen dos localidades de Entre Ríos: Villaguay con el 8% y un monto fijo de $9 millones; y Chajarí con el 7% y un monto fijo de $11,6 millones.

Otros dos municipios bonaerenses exigen un porcentaje del 7,5%. Es el caso de La Matanza y La Plata, donde los montos fijos son de $319.420 y $421.000 respectivamente.

Otros municipios fijaron montos fijos solamente y no un porcentaje. Son los casos de Esquel (Chubut), donde es de $74 millones, y el de Hurlingham (PBA), que lo estableció en $41,5 millones.

El porcentaje más bajo lo tiene Santa María, en Catamarca, con una tasa de 0,4% sobre los Ingresos Brutos.

Las tasa a la industria más alta está en el municipio puntano de Villa Mercedes: 2,5% sobre Ingresos Brutos. Le siguen Rawson y Chajarí, con el 2%.

También hay otros dos municipios entrerrianos que cobran alícuotas con intervalos más altos que el resto: Concordia (1,3% a 2,7%) y Victoria (1,3% a 1,8%).

De los municipios relevados sólo uno - Goya, en Corrientes -, no cobra ningún porcentaje a la actividad industrial sobre los Ingresos Brutos, según la información relevada por Jefatura de Gabinete.

En cuanto a la tasa a los hipermercados, el que la fijó en un valor más alto figura Lanús con el 6%, seguido de Pilar con el 4,5%, ambos en el Gran Buenos Aires, y Villa Mercedes, en San Luis, también con el 4,5%.

Luego aparecen otros dos bonaerenses: Quilmes con el 3,74% y Hurlingham, con el 3,50%.

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) respaldó esta semana en un comunicado la iniciativa del Ejecutivo de publicar un portal en el que se transparenten las tasas que cobran los municipios a los comercios y se “denuncien los excesos”.

Las grandes cadenas sostuvieron que “la anunciada iniciativa legislativa de reforma fiscal nacional debe ineludiblemente tener su réplica en la morigeración y/o desaparición de tributos subnacionales, es decir impuestos provinciales (especialmente Ingresos Brutos) y tasas municipales”.

En el sitio montado por la Jefatura de Gabinete figuran municipios que no imponen porcentajes sobre los Ingresos Brutos de los supermercados, sino que establecen montos fijos. El que mayor valor exige es Godoy Cruz, en Mendoza: $7.607.733.

Los porcentajes más bajos de todos los relevados se registran en Presidente Perón (Buenos Aires) y Pirané (Formosa): ambos municipios con 0,3%.

Carga y revisión de datos: Desiré Santander

Más allá de que el de esta semana fue el cuarto paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en los 26 meses que lleva Javier Milei en la Casa Rosada, en rechazo al proyecto de Reforma Laboral que impulsa el oficialismo, los datos oficiales muestran que el nivel de conflictividad laboral bajó en la gestión de La Libertad Avanza respecto de gobiernos anteriores.

Los tres paros anteriores convocados por la central obrera fueron el 10 de abril de 2025 y, en el primer año del mandato libertario, el 21 de enero de 2024 - a sólo 42 días de asumir el nuevo Presidente-, y el 9 de mayo de ese año.

Del análisis de los datos publicados por la Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas Laborales, que depende de Secretaria de Trabajo de la Nación, surge que hubo 465 paros en todo el país a lo largo de todo 2025,

Involucraron a 1.072.000 trabajadores que participaron de las medidas, y generaron 4.493.000 jornadas individuales no trabajadas a lo largo del año.

En cuanto a la distribución por provincia, los mayores niveles de conflictividad estuvieron vinculados a aquellos conflictos que tienen alcance nacional y los que suceden en la provincia de Buenos Aires, con un promedio de 6 por mes. Y muy cerca de ese valor, Santa Cruz con 5 al mes.

Del análisis de los datos oficiales, esos 465 paros que tuvieron lugar en 2025 fue la cantidad de conflictos con cese de tareas más baja desde 2006. Lo mismo sucedió con el número de huelguistas y las jornadas no trabajadas, que también estuvieron en sus mínimos históricos.

Como ocurrió a lo largo de las últimas dos décadas, el año pasado la mayor cantidad de conflictos con paro se dieron en el ámbito estatal, casi el 70%. Sin embargo, descendieron un 18% respecto de 2024, totalizando 311 casos, el menor nivel en las últimas dos décadas.

En línea con esa baja, la cantidad de huelguistas y de jornadas no trabajadas también disminuyó 15% y 20%, respectivamente. En el ámbito privado, también se registró el valor más bajo de la serie en conflictos con paro (157).

En comparación con 2024, la cantidad de huelguistas y de días sin actividad por una medida de fuerza descendió significativamente (-74% y -60%, respectivamente).

Los años con más paros

Los mayores niveles de conflictividad en las últimas dos décadas se registraron entre 2012 y 2017, en el segundo mandato de Cristina Kirchner, y en la primera mitad del de Mauricio Macri.

El pico se dio en 2014, sobre el final del gobierno kirchnerista, con 1.336 reclamos laborales en todo el país que incluyeron cese de actividades, de los cuales 868 fueron en el ámbito estatal, y 482 en el ámbito privado.

El segundo año de mayor conflictividad fue 2016 a mediados de la gestión de Cambiemos, con 1.321. Desde entonces, la cantidad de conflictos tanto en el ámbito estatal como privado, fue disminuyendo paulatinamente, hasta el valor más bajo del año pasado.

Qué sucedió en 2025

En 2025, en promedio, se produjeron 46 conflictos por mes con retención de tareas, en los 24 distritos, siendo marzo el mes con mayor cantidad de conflictos con paro, 61, y enero del año pasado el que registró menos (26).

El 29% de esos conflictos laborales con paros en 2025 estuvieron vinculados al sector de la Administración Pública (un promedio mensual de 14 medidas de fuerza con suspensión de actividad) y la Enseñanza (20% con 10 paros en promedio por mes).

Le siguen el área de la Salud (7 huelgas promedio por mes) y el de Transporte y Almacenamiento (6).

Más de la mitad de los conflictos de 2025 fueron por reclamos salariales y, aproximadamente el 20%, por pagos adeudados. En promedio, sólo 3 conflictos por mes estuvieron vinculados a despidos.

Conflictos sin paro del 2025

En cuanto a los conflictos laborales sin cese de actividades, en 2025 se registraron en todo el país 1.043. El pico se dio en el mes de julio, con 150, y el menor número, en noviembre pasado con 66.

En su mayoría, fueron concentraciones, que crecieron 14% con relación a 2024, y movilizaciones que se mantuvieron estables en número. Se redujeron los cortes (-2%), respecto del 2024, principalmente en el ámbito estatal.

Carga y chequeo: Desiré Santander

A partir del escalofriante asesinato de Jeremías Monzón, de 15 años, emboscado y asesinado a puñaladas por tres adolescentes, el Gobierno decidió acelerar la reforma del Régimen Penal Juvenil en respuesta al reclamo social en favor de la bajar la edad de imputabilidad. Con ese objetivo, impulsó y consensuó con las bancadas aliadas un proyecto que la redujo de los actuales 16 años a 14 años.

La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el jueves último, por una amplia mayoría de 149 votos a favor. Apoyaron el proyecto La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas, Innovación Federal y legisladores provinciales. El peronismo rechazó la iniciativa en general, pero votó dividido en el debate en particular, y el Frente Renovador apoyó el artículo que redujo la edad de responsabilidad penal.

Según los últimos datos publicados por la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, entre 2017 y 2024 (último año disponible), hubo 55.925 menores de 15 años involucrados en delitos contra la propiedad, y otros 72.439 de entre 16 y 17 años implicados en este tipo de delitos que incluyen robos, hurtos y extorsiones.

A su vez, esa cartera contabilizó en ese mismo período 118 menores de 14 años inculpados por homicidios dolosos, o sea, causados intencionalmente, con conocimiento y voluntad de matar o causar daño grave. Se diferencian del homicidio culposo, que ocurre por negligencia.

De este número de adolescentes responsables de asesinatos, 107 eran varones y 10, mujeres (un caso figura sin especificación de género).

En la gran mayoría de los casos, para los menores de 14 años, los crímenes fueron cometidos con un arma blanca (40%) o con un arma de fuego (39%), lo que refleja la facilidad que tienen los menores para acceder a ellas. En el resto, los homicidios fueron perpetrados por otros métodos, tales como golpes o ahorcamiento.

En cuanto a la franja de jóvenes de 15 a 19 años, hubo otros 2.110 jóvenes acusados de matar a otra persona en el mismo período de 8 años.

Homicidios por provincias

En la distribución geográfica de los homicidios cometidos por menores de 14 años, lidera la provincia de Buenos Aires - la de mayor densidad poblacional - con 41 víctimas a manos de adolescentes en esa franja etaria, entre 2017 y 2024. En el ranking, le sigue Chaco, con 14 casos en ese período.

Hay cinco provincias que no registraron casos de homicidios dolosos cometidos por menores, en esos 8 años: Catamarca, Corrientes, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego

Según el análisis realizado por Infobae de la base de datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, independientemente de la edad de los inculpados, más de la mitad de los homicidios dolosos (53%) suceden de noche (entre las 20 y las 5 de la madrugada). Sin embargo, en el caso de los protagonizados por menores de 14 años, es diferente: el 37% de los 118 homicidios dolosos (el 37%), sucedieron alrededor de las 11 de la mañana.

Robos y hurtos

En cuanto a los delitos contra la propiedad (incluye extorsiones, hurtos y robos, incluyendo automotores, motos y bancos), entre 2017 y 2024, se contabilizaron 55.925 delitos de este tipo cometidos por menores de 15 años. El análisis de los datos muestra que han ido aumentando en los últimos cinco años.

En 2024, sumaron en total 844.512, de los cuales 6.381 fueron protagonizados por menores de 15 años. Si se consideran los delitos cometidos por jóvenes de entre 16 y 17 años, la cifra es de 7.901 hechos.

En 2021 se registró el mayor pico de delitos contra la propiedad cometidos por menores de 15 años de edad: 12.504 casos (el 12% del total de casos con inculpados conocidos).

Los delitos contra la propiedad más frecuentes cometidos por menores de 15 años dentro de los encuadrados como delitos contra la propiedad, son el robo y el hurto.

Menores con causas en la Justicia

En el primer semestre del año pasado, 945 niños, niñas y adolescentes tuvieron al menos una causa penal iniciada ante un Juzgado Nacional de Menores. El 87,6% de ellos por hechos sucedidos en ese período, el 9% por denuncias de hechos anteriores, y el restante 3,4% por distintos hechos sucedidos tanto en el período como con anterioridad. Estos datos corresponden al último Informe estadístico elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En comparación con el primer semestre de 2024, hubo un 4,2% más de menores con alguna causa penal abierta en la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esos 945 menores de 16 años, el 91% fueron varones. En cuanto a la edad, el 55,9% tenía 16 a 17 años al momento del hecho, un 40,3% entre 13 y 15 años, y un 3,8%, 12 años o menos. Comparado con el mismo período de 2024, se observa un aumento del 16,8% en la cantidad de menores de 16 años, así como en el porcentaje que representan respecto del total de menores con causas (44,1% del total en 2025 frente al 39,9% en 2024).

Según el informe, 746 de esos niños, niñas y adolescentes con causas judiciales en la Justicia Nacional de Menores fueron aprehendidos durante el primer semestre de 2025 por fuerzas de seguridad con competencia jurisdiccional en CABA, e ingresaron al Centro de Admisión y Derivación “Úrsula Llona de Inchausti”, dependiente de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil porteña. Esta cifra es un 2,5% menor a la del primer semestre de 2024.

Asimismo, 117 jóvenes tuvieron al menos una medida de privación de libertad o alojamiento en centros socioeducativos de régimen cerrado, de libertad restringida y hospitales.

Este número representa el 12,4% del total de menores con causas judiciales y el 15,7% de aquellos que ingresaron en el CAD. En comparación con el año 2024 se registró un 25,8% más niños y adolescentes con medidas de este tipo.

Apoyo social a la reforma

La baja de la edad de imputabilidad viene recogiendo un fuerte apoyo de la sociedad, según distintas encuestas que midieron el grado de respaldo de la iniciativa que aprobaron los diputados.

Según la consultora Opinaia, el 67% de los consultados se declara “muy de acuerdo” y un 14% “bastante de acuerdo” con la iniciativa, lo que totaliza un 80% a favor. Apenas el 15% de los encuestados la rechaza.

Otra medición, en este caso de Jorge Giacobbe, muestra un 73 % de respaldo al proyecto. Dentro de ese porcentaje, el 63,6% apoya que la edad se reduzca a 13 años - la propuesta original del Ejecutivo -, mientras que 9,5% se inclinan por fijarla en 14, la edad consensuada con bloques aliados.

Por su parte, la firma Isasi/Burdman registró en noviembre pasado un apoyo similar: el 68% de los encuestados se manifestó a favor de la baja de la edad para que los menores sean responsables penalmente, frente a un 29% que la rechazó.

“Este grado de apoyo masivo a la baja de la imputabilidad se viene repitiendo en nuestras mediciones. Lo medimos por primera vez a mediados de 2024 y siempre nos dio casi calcado”, le dijo a Infobae Julio Burdman, uno de los socios de esa consultora.

“Pero hay una contradicción con los datos porque los funcionarios judiciales nos dicen que el delito en mano de menores de edad es bajo. Entonces, ¿por qué tanto nivel de preocupación cuando sería un fenómeno aparentemente menor, según las cifras oficiales?”, se preguntó este experto.

“En realidad, el problema es el desconocimiento de todos. Porque, por un lado, la sociedad se maneja sobre la base de un supuesto, y es que los pibes chorros son un fenómeno masivo sobre todo en las áreas metropolitanas, que requiere una respuesta contundente. Por el otro, no existe información oficial precisa sobre el fenómeno del delito juvenil. Y parte del problema es que la Argentina no produce cifras porque las denuncias son muy bajas. Cuando los fiscales que hemos consultado nos dicen entre 1 y 2%, se basan en las denuncias recibidas. Pero las denuncias son de menos del 10%. Lo único que sabemos es cuántos son los homicidios, pero en materia de robos no existen datos oficiales precisos. Entonces, ante ese vacío de información, se produce esta demanda social”, concluyó Burdman.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

El tratamiento en el Senado de la reforma laboral que impulsa el Gobierno puso los reflectores de la atención política y mediática en los 72 integrantes de ese cuerpo legislativo. Tras un mes de enero de receso, será el debut en el recinto de un tercio de la Cámara alta que se renovó en diciembre pasado, y la vuelta al debate parlamentario de viejos y nuevos referentes políticos.

Los 72 senadores, en conjunto, cuentan actualmente con 894 asesores y secretarios/as designados para asistirlos en su tarea, según los datos publicados en el sitio oficial de la Cámara alta, y analizados por Infobae. Son 293 menos que en junio del año pasado, con la composición anterior del cuerpo, que sumaba 1.187 empleados asignados a los legisladores.

Pero no todos tienen el mismo número de empleados a disposición. Están los que tienen entre 20 y 30 personas designadas en sus despachos, y quienes cuentan con tres o menos, al menos hasta ahora.

Cada senador cuenta con 7.338 módulos por mes para “gastar” entre las personas que decida nombrar en planta transitoria, lo que significa que su designación termina al finalizar el mandato del senador. Cada módulo equivale a un monto de dinero que, actualmente, es de $2.554,80 según la última paritaria vigente a partir de noviembre de 2025. Cada senador puede distribuirlo nombrando personal con alguna de las 14 categorías salariales existentes.

La categoría más alta es la A-1, con un sueldo inicial de $2,2 millones por mes, sin contar antigüedad, ni adicional por título y otros conceptos como capacitación o viáticos, por ejemplo. De los 894 empleados y asesores de los senadores, el 27% (243) están nombrados con una A1, el 15% con una A-3 (134) y el 13% con una A-2 (118).

Según el valor del módulo, ningún senador debería exceder los $18.747.122 en la designación de todo su personal transitorio a su cargo.

Pero además, pueden tener asignados en sus despachos empleados de planta permanente del Senado, “heredados” de gestiones anteriores de legisladores del mismo partido o provincia que terminaron sus mandatos. Esos empleados no le “consumen” módulos a los senadores, ya que pertenecen al personal de la Cámara y tienen estabilidad más allá de lo que dure la gestión del senador para el que prestan funciones. En muchos casos, son empleados con un conocimiento específico del funcionamiento del cuerpo y la tarea legislativa. En muchos otros, perduran sin tareas específicas, más allá de los requisitos de presencialidad que varían según las distintas gestiones políticas, y que se endurecieron en la gestión libertaria.

El senador con mayor cantidad actual de empleados designados en su despacho es José Mayans, presidente del bloque Justicialista: 31 en total, uno más de la treintena que tenía el año pasado. Este legislador formoseño peronista va por su quinto mandato consecutivo en la Cámara alta.

Entre ellos aparece Celina Yael Mayans, de 23 años, quien sería familiar suyo, designada al menos desde 2023 en el Senado con categoría A-8. También figuran tres empleados de apellido Villalba. Infobae consultó al senador si era su hija y respecto de la cantidad de personal a cargo, pero no obtuvo respuesta. Tampoco respondió la consulta su vocero.

El reglamento de la Cámara no le prohibe a los senadores la designación de familiares. Este vacío en la norma es aprovechado por muchos legisladores para nombrarlos en sus despachos o en otras dependencias de la Cámara.

A Mayans, le siguen en el ranking de cantidad de empleados la jujeña Carolina Moisés y el riojano Jesús Fernando Rejal, ambos del bloque Convicción Federal, con 27 empleados cada uno, según el análisis de los datos oficiales hecho por Infobae. Los dos llegaron al Senado en 2023 por Unión por la Patria, aunque en marzo de 2025, conformaron una nueva bancada, como un desprendimiento de ese bloque, aunque suelen votar en sintonía como un interbloque.

Ante la consulta de Infobae, en el despacho de Moisés sostuvieron que “utiliza los recursos que tiene asignados en más cantidad de colaboradores con ingresos menores, a diferencia de otros senadores que tiene menos con ingresos mayores”. Del listado de personal asignado que figura en la web del Senado, de sus 27 empleados, seis tienen las tres categorías más altas. Sin embargo, la cifra es bastante inferior a la cantidad de empleados que registraba en junio del año pasado -42-, según corroboró Infobae.

“No me parece que sea un tema trascendental, siempre agarran ese tema y la verdad que para ser una buena senadora es necesario tener un buen equipo, tanto en el despacho como en la provincia de Jujuy atendiendo a la gente y llevando la relación con todos los actores económicos, políticos y sociales de la sociedad que me eligió”, argumentó Moisés ante este medio.

En cuanto a Rejal, su vocera respondió que el senador “no está haciendo declaraciones”.

Luego aparece Mariano Recalde, senador porteño también del bloque Justicialista, con 26 empleados. Llegó al Senado en 2019 por el Frente de Todos y fue reelecto el año pasado por Fuerza Patria. Su vocera no contestó la consulta de este medio.

Con 25 empleados y asesores se ubica, a continuación, la tucumana Sandra Mendoza. Llegó al Senado en 2021 por el Frente de Todos y hoy integra el bloque de Convicción Federal. “Varios son planta permanente y se heredaron de anteriores senadores nacionales por Tucumán del peronismo. Se contiene a la gente del partido. Son más del partido que de un senador en particular. Es usual esta práctica. Con la nueva normativa, van todos al despacho”, explicaron en el entorno de Mendoza.

Entre el personal asignado, hay tres que comparten apellido: Víctor Zurita, el padre, quien ingresó con el senador Sergio Mansilla y es planta permanente, y sus dos hijas: Karen y Mónica Zurita. De 29 y 35 años, respectivamente, esta última, también integra la planta permanente del Senado.

Luego siguen la riojana María Florencia López y la sanjuanina María Celeste Giménez Navarro, ambas del bloque Justicialista, con 23 empleados en su despacho. Las dos fueron electas en la boleta de Unión por la Patria en 2023. Infobae se comunicó con sus respectivos despachos el jueves pasado, quedaron en trasladar la consulta sobre el número de personal a cargo, pero no llegó una respuesta al cierre de esta nota.

Con 22 empleados, luego se ubican el pampeano Daniel Bensusán, del bloque Justicialista, y la tucumana Beatriz Ávila, del bloque Independencia.

Bensusán llegó al Senado en 2021 por el Frente de Todos. En su entorno explicaron sobre la cantidad de personal que “tiene empleados que son de planta permanente. Vienen trabajando desde hace varios años con distintos senadores del PJ de La Pampa”.

Agregaron que “manejan temas de interés regional para el Senado” y que los de planta transitoria “ocupan los mismos módulos que el resto de los senadores”.

En su despacho, Bensusán tiene nombrada desde diciembre de 2023 a Paula Bensusán Cosci, de 26 años, planta permanente categoría A-5, quien sería su sobrina. Ni el senador, ni su vocero precisaron el parentesco.

Ávila, en tanto, quien entró por Juntos por el Cambio pero hoy está alineada con el gobernador peronista de su provincia, Osvaldo Jaldo, tampoco accedió a reponder la consulta para esta nota sobre los 22 empleados y asesores que tiene a cargo en su despacho.

El top ten lo cierra el pampeano Daniel Kroneberger, de la UCR, con 21. Integra la Cámara alta desde 2021, cuando ingresó en la boleta de Juntos por el Cambio.

“La nómina de empleados incluye personal de planta permanente (6 del total) del Senado; no se trata exclusivamente de contratos ni de cargos transitorios. Estos cumplen funciones administrativas y parlamentarias, necesarias para el desarrollo de la tarea legislativa. En función de la cantidad de comisiones en las que participa el senador y siempre dentro de lo establecido reglamentariamente, se conforma un equipo que sea capaz de abordar los distintos temas que se trabajan”, explicó su vocero.

En la nómina del personal del Senado hay otros dos empleados de apellido Kroneberger, pero aclaró que no son familiares suyos.

En el otro extremo, sin empleados designados en la web de la Cámara alta hasta ahora, figuran tres senadores de La Libertad Avanza. Sin embargo, esto se debería a una demorar en el trámite de nombramiento.

Sin embargo, uno de ellos, el entrerriano Joaquín Alberto Benegas Lynch, le dijo a Infobae que su equipo estaba formado por tres personas: dos en planta transitoria con categoría A-1 y una bajo la modalidad de contratada. “Aún no se ven impactados en la página web ya que no se oficializaron administrativamente”, explicó.

En tanto, la salteña María Emilia Orozco, precisó que aún no salieron las resoluciones de nombramiento de su personal. “Aún no tengo a nadie designado, tengo 3 expedientes desde diciembre a la espera de la firma de la presidencia del Senado. Por ahora, solo 3 y quizás un cuarto más adelante. No necesitamos usar todos los módulos; hay personal muy capacitado y con experiencia de planta”

Finalmente, su coterráneo Gonzalo Guzmán Coraita, también informó que “todavía no salió el trámite administrativo de las designaciones”, por eso no figura personal asignado en su perfil en el sitio oficial de la Cámara alta.

De los senadores de LLA, los dos que más empleados tienen son el jujeño Ezequiel Atauche y el sanjuanino Bruno Olivera Lucero: 16 cada uno.

Atauche es el ex presidente del bloque libertario y, en junio del año pasado, tenía a cargo 11 empleados, cinco menos que actualmente. Sin embargo, ya no está más designado en su despacho ni es empleado del Senado Pedro Patricio Atauche, quien sería familiar suyo.

La actual titular de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, tiene designados cuatro empleados, según la información de la web del Senado.

Designación de familiares

A poco de haber asumido sus funciones como senadora por Jujuy en 2023, se conoció que Vilma Bedia, de La Libertad Avanza (LLA), había contratado a varios familiares para que trabajen en su despacho de la Cámara Alta.

Para marzo de 2024, el sitio web del Senado mostraba en su perfil que tenía a cargo 15 empleados: cuatro permanentes y 11 temporarios. Dos eran sus hijos - Joel Benjamín y José Abner Maman -, que figuraban con categorías A1 y A3, las más altas. El hermano de Bedia, Daniel Ricardo Bedia, estaba designado en el despacho del senador riojano Juan Carlos Pagotto, también de LLA, con categoría A-6.

La polémica por la cantidad de designaciones de familiares motivó que el propio presidente Javier Milei interviniera para que redujera esas designaciones. Al día de hoy, Bedia tiene 8 empleados y solo uno de sus hijos está asignado a su despacho, José Abner Jair Mamani, con categoría A1. Infobae se comunicó con su despacho el viernes pasado, pero nadie respondió el teléfono. El hermano de Bedia ya no figura actualmente como empleado de Pagotto.

Este senador riojano -que llegó a la cámara alta en 2023 en la boleta de Milei- también nombró a su hijo, Juan María Pagotto, de 30 años, en su despacho con la categoría más alta, A-1. Pagotto no respondió los llamados y mensajes de Infobae sobre esta designación.

En la bancada peronista, Jorge Capitanich, que asumió su banca en diciembre pasado por Chaco, designó a su hija Guillermina, también con la categoría más alta. Electo por Fuerza Patria, el tres veces gobernador de esa provincia tiene 18 empleados a cargo en su despacho.

En su entorno explicaron a Infobae que “10 son empleados de planta permanente, que ya colaboraban en otros despachos y, desde el 10 de diciembre, son parte del equipo de asesores que cumplen funciones bajo la órbita jerárquica y funcional de Capitanich. Estos empleados, al ser de planta, podrían prestar servicios en cualquier área del Senado. Es la Cámara la que les paga el sueldo, independientemente del lugar en el cual se desempeñan. Los restantes 8, fueron designados por el senador en disposición de los módulos que le fueron consignados”.

También aseguraron que “todos reúnen el requisito de la idoneidad para el empleo público establecido por el artículo 16 de la Constitución Nacional, han cumplido todos las exigencias y formalidades impuestas por la ley 24600, además de estar altamente calificados para la tarea que desempeñan. Considerando el ritmo de trabajo del senador, es lógico que su equipo esté a la altura, con un nivel de compromiso similar al suyo”.

Respecto a la designación de Guillermina Capitanich, de 31 años, la propia involucrada dio a Infobae precisiones sobre su formación profesional y dijo haber trabajado en el ámbito legislativo previamente: “Soy Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Austral, con un posgrado en Opinión Pública y Comunicación Política en Flacso, un Máster en Marketing y Comunicación Política de la Universidad de Barcelona, dos diplomaturas, en Comunicación Política de la Universidad Tres de Febrero y otra de la Universidad Austral”. Afirmó que, desde 2019, “trabaja y participa políticamente en el área de comunicación y organización de todas las campañas del PJ en Chaco” y que, hasta el año pasado, fue “Consejera del PJ Provincial, y Directora de Medios Públicos de la Provincia del 2022 al 2023″.

Empleados por bloque

El bloque parlamentario que más empleados tiene asignados en el Senado es la UCR, que preside el correntino Eduardo Vischi: 29. Históricamente es el que más empleados tenía asignados: en 2019 esta bancada tenía 49.

Le sigue LLA con 25 designaciones de personal; Convicción Federal, que preside Fernando Salino, con 18; y el PRO, que hoy tiene 3 integrantes bajo la presidencia de Martín Goerling, con 12 empleados.

En tanto, el bloque Moveré por Santa Cruz, que integran José Carambia y Natalia Gadano, alineados con el gobernador Claudio Vidal, tiene asignados 6. Entre ellos, Alejandro Valentín Ramos Gadano, de 21 años, con la categoría más alta. Infobae consultó a la senadora Gadano y a su vocera sobre su parentesco, sin obtener respuesta.

El bloque Justicialista, pese a ser la primera minoría, no tiene personal asignado, al igual que el resto de las 8 bancadas de la Cámara alta. Ante la consulta de Infobae, fuentes del Senado informaron que “no tiene módulos asignados, los agentes que allí trabajan consumen módulos de los senadores que lo integran”.

Planta total del Senado

El Senado tiene hoy 3.980 empleados bajo distintas modalidades en todas sus dependencias. Es un 23% menos de la cifra registrada en agosto de 2022, cuando sumaban 5.175, entre la planta permanente, la transitoria y los contratados.

El cálculo se desprende del análisis realizado por la Unidad de Datos de Infobae sobre los listados de personal publicados en la web oficial de la Cámara alta, con datos al viernes, así como de descargas previas en años anteriores.

Los datos oficiales incluyen a los empleados que trabajan para cada uno de los senadores y los asignados a los 14 bloques políticos. En cuanto al resto de la nómina, ya no se publica más el destino, como sí ocurría hasta el año pasado. Esto implica un retroceso en términos de transparencia, ya que no se puede precisar quiénes y cuántos estaban asignados a las distintas comisiones, direcciones, secretarías y áreas administrativas.

La composición de empleados del senado viene disminuyendo paulatinamente en los últimos 5 años. De los 5.175 (entre permanentes, transitorios y contratados), se pasó a 4.994 en 2023, lo cual implica una disminución del 3%. Al año siguiente, en pleno primer año del gobierno de Milei, la cifra había caído a los 4.682, disminuyendo un 6% con relación al año anterior.

Y el año pasado, siguió bajando hasta contar con 4.564 en junio pasado (-3%), hasta llegar a los 3.980 empleados de este año, siendo esta, la de 2026, la baja más importante de los últimos cinco años (-13%). En la composición de este año se encuentran: 2.205 permanentes, 1.402 transitorios y 373 contratados.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

Si bien fueron los gobernadores los que peregrinaron principalmente a la Casa Rosada en los dos años de gobierno de Javier Milei, en busca de fondos y obras públicas - tal como publicó Infobae el domingo pasado -, también intendentes de todo el país pidieron reunirse con integrantes del Gabinete nacional.

En los 25 meses de la gestión libertaria, 248 jefes comunales de 22 provincias solicitaron formalmente una audiencia con funcionarios de la Casa Rosada. No figura ninguna solicitud de intendentes de La Rioja.

Así surge del Registro Público de Audiencias de Gestión de Intereses que depende del Ministerio del Interior, que Infobae descargó y cuyos datos procesó, correspondientes al período que va del 11 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2025.

De este análisis surge que de esos 248 intendentes, el 42% (103) eran referentes de Juntos por el Cambio, el PRO y/o la UCR. El 31% (76), eran referentes de partidos políticos provinciales o vecinales; el 25% (63 casos) eran peronistas, y sólo el 2% (seis) alineados con La Libertad Avanza (LLA).

Al momento de la asunción de Milei en diciembre de 2023, LLA no contaba con intendentes propios en ninguno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, y en las elecciones de ese año, solo ganó en un número muy reducido de pequeñas localidades y comunas, sin obtener intendencias en ciudades de gran escala o capitales provinciales.

Sin embargo, a principios de 2025, tres intendentes electos por Juntos se sumaron a las filas libertarias, como fue el caso de Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Fernanda Astorino (Capitán Sarmiento), que eran del PRO, y el de Ramiro Eguen (25 de Mayo), enrolado en el partido GEN. Sin embargo, este último se fue a mitad del año pasado de LLA y presentó el año pasado una lista corta llamada Acción Ciudadana.

Los tres figuran en el Registro Público de Audiencias, aunque cuando Eguen fue al Ministerio de Salud de la Nación, en febrero de 2024, cuando estaba todavía dentro del espacio de Juntos.

Los otros intendentes de LLA que pidieron reunirse con funcionarios nacionales fueron Javier Meyer, de Las Rosas (Santa Fe); Atilio Basualdo, de Las Lomitas (Formosa), quien a fines del año pasado renunció a la intendencia para asumir como diputado nacional y hoy forma parte del bloque libertario; Raúl Román, de Allen (Río Negro), quien provenía del radicalismo y adhirió al oficialismo nacional; y Adrián Radice, jefe comunal de Villa El Chacay y primer intendente libertario de la provincia de Córdoba.

En total, las audiencias pedidas por los intendentes suman 432 en los dos años y un mes que lleva Milei en el poder. Pero ninguna fue con el propio Presidente.

El funcionario que más reuniones registra en estos dos años - 170 - es Carlos D’Abate, subsecretario de Relaciones Municipales Carlos D’Abate, seguido por Javier Milano, secretario de Provincias y Municipios de la Nación (37), y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (30 audiencias).

Al tope del ranking de reuniones se ubican, a continuación, el ex ministro del Interior Guillermo Francos, con 25 reuniones en la Casa Rosada pedidas por intendentes; Rodrigo Aybar, secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, con 24; y Lisandro Catalán, ex vicejefe de Gabinete de Interior y ex titular de esa cartera, con 15.

El Registro de Audiencias de Gestión de Intereses - que puede consultarse en línea en la web del Ministerio del Interior -, informa quienes solicitan reuniones con funcionarios jerárquicos del Ejecutivo. Queda registrado, el motivo alegado en la solicitud, quiénes participaron de la reunión, y en el caso de privados, si lo hicieron a título particular o en representación de una empresa o institución. Su objetivo es garantizar la transparencia y el libre acceso a la información pública sobre las reuniones de los funcionarios con personas o entidades que buscan influir en las decisiones estatales, o hacer lo que se conoce comúnmente como “lobby”.

Los intendentes que lideran el ranking

De los 248 intendentes que pidieron audiencias, 47 son de la Provincia de Buenos Aires, 46 de Santa Fe y 40 de Córdoba.

El jefe comunal que registra más audiencias es Valenzuela, un ex PRO devenido en firme defensor de las ideas libertarias: 17 en total. Siete fueron en 2024 y otras 10 el año pasado. La mayor cantidad de reuniones (6) fueron con Bullrich, en su rol de ministra de Seguridad. Fue el único intendente de todos los que conformaron esta muestra, que se reunió con Karina Milei (1 de octubre de 2024), para tratar “temas inherentes a la gestión”.

Llegó a la intendencia en 2015, de la mano de Juntos por el Cambio. En 2023 fue nuevamente electo por el mismo espacio, y en las elecciones bonaerenses 2025, fue votado como candidato a senador provincial por la Primera Sección electoral, en representación de LLA.

Luego aparece Pablo Petrecca, intendente de Junín, con 8 reuniones en los últimos dos años: 3 en 2024 y 5 en 2025. Todas fueron con diferentes funcionarios. Petrecca llegó a la intendencia en 2015, por Cambiemos. Retuvo la comuna en 2019 en representación de Juntos por el Cambio, y en 2023 fue reelecto por el mismo espacio. El año pasado, en las elecciones bonaerenses, fue votado senador por la Cuarta Sección electoral, por la alianza Somos Buenos Aires.

En tercer lugar, Mariano Cascallares, de Almirante Brown, perteneciente al peronismo y alineado con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tuvo 8 audiencias en total: una en diciembre de 2023, con Francos; 5 en 2024; y dos en 2025 en febrero pasado, con Juan Bautista Ordoñez, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, y con Marcelo Krajzelman, cuando era presidente de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Llegó a la intendencia en 2015 por el peronismo y, tras sucesivas reelecciones, se mantuvo en el cargo hasta 2025, cuando fue electo diputado provincial por la Tercera Sección electoral, por Fuerza Patria.

Otros intendentes bonaerenses que acudieron a la Casa Rosa fueron Ramón Lanús, de San Isidro; Federico Susbielles, de Bahía Blanca, Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón; y Lucas Ghi, de Morón.

Lanús, electo por el PRO pero cercano a LLA tras la llegada de Milei al Gobierno, mantuvo 5 reuniones (dos en 2024 y 3 en 2025) con funcionarios del Gabinete nacional.Tres de ellas fueron con Bullrich, con quien está alinrado políticamente; una con el ministro de Economía, Luis Caputo; y la quinta con Carlos Torrendell, secretario de Educación.

Susbielles, de Unión por la Patria, mantuvo la misma cantidad de reuniones con funcionarios del Gabinete en los dos años del gobierno de Milei. Cuatro fueron en 2024 - con Francos y Bullrich, entre otros -, y una en 2025, con Juan Carlos Pazo, el 23 de abril, con el entonces titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el mes posterior a las fuertes inundaciones que afectaron Bahía Blanca en marzo pasado.

Montenegro, intendente electo por el PRO en 2029 y 2023, actualmenteen uso de licencia tras haber sido electo senador provincial en octubre pasado por LLA por la Quinta Sección electoral, solicitó 4 audiencias: 3 en 2024 y una en 2025. Esta última fue con Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, para firma de un convenio con esa cartera. Llegó a la intendencia en 2019 de la mano de Juntos por el Cambio y fue reelecto en 2023.

Ghi, jefe comunal de Morón electo en 2019 y en 2023 por Unión por la Patria, solicitó 3 reuniones con la Casa Rosada: dos en 2024 y una en 2025, en este último caso con Catalán, en su rol de ministro del Interior.

Los primeros que pisaron la Casa Rosada

En los primeros 20 días del gobierno de Milei, tres intendentes pidieron audiencias y fueron a la Casa Rosada, dos de ellos bonaerenses de Unión por la Patria, y el otro rionegrino, de Juntos Somos Río Negro, la fuerza provincial que lidera el actual gobernador Alberto Weretilneck.

El primero que lo hizo fue Ariel Sujarchuk, de Escobar, el 14 de diciembre de 2023, apenas cuatro días después de la asunción presidencial. Concurrió para reunirse con Catalán, entonces al frente de la Secretaría del Interior. Volvería a visitarlo en agosto de 2024. Registra tres visitas en total a integrantes del Gabinete. la tercera fue a Torrendell, en el Palacio Pizzurno. Sujarchuk llegó a la intendencia en 2015, tras ganar por el Frente para la Victoria. Fue reelecto en 2019 por el Frente de Todos y, en 2023, por Unión por la Patria.

El siguiente fue Cascallares, quien el 27 de diciembre de 2023, fue a Balcarce 50, a dos semanas de arribado Milei, a entrevistarse con Francos.

El tercero, Marcos Castro, intendente de Viedma, también concurrió para reunirse con el entonces ministro del Interior, el 28 de diciembre. En total, este jefe comunal rionegrino registra tres visitas a miembros del Gabinete: las otras dos fueron el 11 de julio de 2024, una con Javier Milano, quien fuera el secretario de Provincias y Municipios hasta hace una semana, y la otra con Yanina Martínez, sub secretaria de Turismo.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

La relación de Javier Milei con los gobernadores fue zigzagueante a lo largo de sus dos primeros años de gestión. En parte, por su rechazo inicial a todo lo que -según él- fuera parte de la “casta política”, pero principalmente por el cierre del grifo de los fondos nacionales a las provincias, en el marco del férreo ajuste fiscal que implementó.

Desde aquel primer encuentro con los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, el 19 de diciembre de 2023 en la Casa Rosada por invitación del entonces flamante Presidente, corrió mucha agua bajo el puente. Nunca volvió a repetirse esa asistencia perfecta.

De hecho, del análisis del Registro de Audiencias del Poder Ejecutivo que realizó Infobae, surge que cinco gobernadores peronistas nunca solicitaron una audiencia con ningún funcionario del Poder Ejecutivo. Se trata de los opositores más duros al Gobierno nacional: Axel Kicillof (PBA), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Kicillof, Zamora y Melella volvieron a pisar la Casa Rosada el 8 de marzo de 2024 a una reunión organizada por el entonces jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, y quien era en ese momento el ministro del Interior, Guillermo Francos. Pese a las dudas iniciales, finalmente asistieron a la convocatoria, a diferencia de Quintela e Insfrán (Formosa), que no lo hicieron y enviaron a sus vicegobernadores.

En tanto, el 30 de octubre del año pasado, tras el triunfo electoral, Milei volvió a convocar a los mandatarios y al jefe de Gobierno a la Casa Rosada en busca de apoyo para avanzar en las reformas que pretende implementar. De esos cinco que nunca solicitaron una audiencia oficial con algún miembro del Gabinete o el Presidente, sí estuvo Zamora. Kicillof, Quintela, Insfrán y Melella no fueron invitados.

Sobre los motivos, tras el encuentro oficial, el entonces subsecretario de Prensa y actual futuro Secretario de Medios, Javier Lanari, expresó en X,“Los cuatro gobernadores que no estuvieron con Milei no firmaron el Pacto de Mayo. Es decir, no respetan la propiedad privada, no creen en el equilibrio fiscal, no quieren abrir el comercio, ni hacer reformas. No tiene sentido reunirse con quienes recitan el catecismo marxista”.

El Registro de Audiencias -que puede consultarse on line en la web del Ministerio del Interior e Infobae descargó completo y procesó desde el 11 de diciembre de 2023 al 20 de enero último- consigna quiénes solicitan reuniones con funcionarios jerárquicos del Ejecutivo. Queda registrado el motivo alegado en la solicitud, quiénes participaron de la reunión, y en el caso de privados, si lo hicieron a título particular o en representación de una empresa o institución.

De allí surge que 18 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño en total, tuvieron 185 audiencias en estos poco más de dos años de gestión libertaria.

El ranking lo lidera el radical Leandro Zdero, gobernador de Chaco: fue 25 veces. La primera, el 15 de diciembre de 2023, apenas asumido Milei, cuando se reunió con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Solicitó audiencias en la Casa Rosada 11 veces en 2024 para reunirse con funcionarios del Ejecutivo, y otras 13 en 2025.

En seis oportunidades, la audiencia fue con Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei y armador nacional de La Libertad Avanza (LLA). En otras seis, con Lisandro Catalán, viceministro de Interior, y luego responsable de esa cartera, cuando Guillermo Francos pasó de ser titular de ese Ministerio a la Jefatura de Gabinete.

Zdero es un aliado del Gobierno nacional y recibió una provincia con números en rojo, por lo que necesitó auxilio del Gobierno nacional. En las últimas elecciones de medio término, fue en alianza con LLA en su distrito.

Le sigue el mandatario entrerriano, Rogelio Frigerio, quien participó de 22 audiencias en Balcarce 50: dos en diciembre de 2023, 11 en 2024 y 9 en 2025. Los funcionarios a los que más visitó fueron Catalán y Francos, 5 veces a cada uno.

Perteneciente al PRO, Frigerio es uno de los socios del Gobierno nacional. También fue en alianza con LLA en los comicios legislativos nacionales de octubre pasado. El ministro del Interior, Diego Santilli, estuvo este jueves en su provincia para sumar voluntades en favor del proyecto de la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo y que tratará el Senado en sesiones extraordinarias. El gobernador entrerriano dejó explícito su “contundente apoyo” a la iniciativa.

A continuación, en cantidad de audiencias en la Casa Rosa aparece el peronista Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, uno de sus aliados en el Congreso, pese a estar enrolado en el PJ. Concurrió 20 veces desde la llegada de Milei al poder: 15 en 2024 y 5 en 2025. A su vez, fue el gobernador que más veces solicitó audiencias en 2024, en seis oportunidades con Francos. A principios de este año, el Gobierno nacional se retiró del Yacimiento Minero de Agua de Dionisio, y le cedió el control de ese yacimiento a la provincia.

Luego se ubica Ignacio Torres, gobernador de Chubut, del PRO, quien sumó 16 audiencias. La primera fue apenas asumió Milei, el 14 de diciembre de 2023, por la situación de la Caja Provincial, con Osvaldo Giordano, el entonces titular de la ANSES. En 2024, sumó otras 12, y en 2025, tres. Del total, cuatro fueron con Bullrich en su rol de ministra de Seguridad y dos con Luis Caputo, el titular de Economía.

El neuquino Rolando Figueroa - del partido provincial Comunidad y que lidera un frente amplio llamado La Neuquinidad - completa el top five, con 14 reuniones pedidas: una en diciembre de 2023, 8 en 2024, y 5 en 2025. El miércoles último, Santilli fue a visitarlo a su provincia en su recorrida nacional buscando apoyos en el Congreso para la reforma laboral.

Le sigue el santacruceño Claudio Vidal, del partido provincial Por Santa Cruz con una posición de aliado oscilante del Gobierno nacional, con 10 audiencias solicitadas en los dos años de gestión de Milei: 7 en 2024 y 3 en 2025.Luego aparece el rionegrino Alberto Weretilnek, de la fuerza local Juntos Somos Río Negro, con 9 audiencias en total: 7 en 2024 y dos el año pasado.

A continuación, figura el santafesino Maximiliano Pullaro, con un total de 8, y la particularidad de que fue el que más solicitó audiencias entre el 11 y el 31 de diciembre de 2023: 3 en total

El top ten lo completan con 7 audiencias en total cada uno el porteño Jorge Macri (PRO), el cordobés Martín Llaryora (PJ) y el puntano Claudio Poggi.

Macri tuvo idas y venidas con el Gobierno nacional, particularmente por el desafío que le planteó LLA en el distrito porteño - bastión del PRO - y por los fondos de coparticipación que le había sacado a la Ciudad Alberto Fernández, y que la Corte Suprema ordenó restituir. Por este motivo, entre las 7 audiencias, tres fueron con Patricia Bullrich, cuando era ministra de Seguridad por traspaso de la gestión de los presos en el ámbito de la Ciudad, y dos fueron con Caputo.

Y una fue con el propio Milei por la transferencia a CABA del control, la administración, la potestad de fijar tarifas y recorridos de las líneas de colectivos que circulan dentro del distrito porteño.

El que menos audiencias solicitó fue el pampeano Jorge Ziliotto, solo dos en 2024. Es parte del grupo de mandatarios peronistas más opositores, pero con un perfil más dialoguista. El año pasado no tuvo ninguna reunión bilateral con funcionarios en la Casa Rosada.

Las audiencias de Milei

En el Registro Público de Audiencias, Milei tiene registradas 177 reuniones. Se ubica décimo en el ranking de funcionarios con más visitas.

Entre los nombres que más se repiten de los que pidieron reunirse con el Presidente figura el del embajador del Estado de Israel en la República Argentina, Eyal Sela, con quien tuvo 4 audiencias.

El mismo número de reuniones con el primer mandatario fueron solicitadas por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, vicepresidente de LLA y hombre de confianza de Karina Milei.

También el de Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, con quien mantuvo tres reuniones en la Casa Rosada.

Del total de 177 audiencias que contabiliza Milei en el Registro, 99 fueron encuentros con representantes de 30 países en la Casa Rosada. Entre ellos, con los primeros ministros de Italia, Giorgia Meloni; de Israel, Benjamín Netanyahu; y de Canadá, Justin Trudeau. También estuvieron en la Casa Rosada para ver al líder libertario el presidente de Francia, Emmanuel Macrón; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Panamá, José Raúl Mulino; y el de El Salvador, Nayib Bukele; así como el canciller de Alemania, Olaf Scholz.

Los dos países cuyos funcionarios registraron más audiencias fueron Estados Unidos con 36, e Israel con 7, un reflejo de su alineamiento geopolítico internacional.

Los funcionarios con más visitas

Entre el 11 de diciembre de 2023 y este 20 de enero, Infobae contabilizó un total de 9.326 audiencias.

Los tres funcionarios con mayor cantidad de reuniones consignadas en el registro Público fueron Francos, en su rol de ministro del Interior y luego jefe de Gabinete (931); Eduardo Serenellini, ex secretario de Prensa (397), quien se fue del Gobierno en enero del año pasado, en medio de tensiones internas y un fuerte recorte de sus funciones; y Bullrich, como ministra de Seguridad (368).

Visitas de legisladores a la Rosada

En cuanto a los legisladores nacionales, durante los dos años y un mes que lleva Milei en el gobierno, 91 diputados y 28 senadores solicitaron reuniones con funcionarios del Gobierno en la Casa Rosada.

El formoseño Gerardo González (ex libertario, hoy en el bloque País Federal), el bonaerense oficialista Pablo Ansaloni, y el porteño Fernando Iglesias (legislador del PRO designado este mes embajador en Bruselas y ante la Unión Europea) fueron los 3 diputados nacionales con más audiencias con funcionarios en la Casa Rosada, con 20, 18 y 17 reuniones respectivamente.

Gonzalez lideró el pedido de audiencias en 2024, con 15, e Iglesias hizo lo propio el año pasado con 9, según la base de datos del Registro de Audiencias.

En cuanto a los senadores, el top 3 está liderado por senadores del oficialismo: el jujeño Ezequiel Atauche, presidente del bloque de LLA, con 18; el puntano Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, y el formoseño Francisco Paoltroni, con 11 cada uno.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

En el año que acaba de concluir se estrenaron en cines 239 producciones nacionales, casi la misma cantidad que en 2024, cuando llegaron 235 a las salas. Los números son bastante similares a los de 2023, último año de la gestión de Alberto Fernández: 241 entre largometrajes y documentales.

Los datos surgen de las estadísticas del INCAA, el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales, que publica el detalle de estrenos en salas, entradas vendidas y recaudación.

En un contexto más amplio, si se analiza la serie para la última década, en términos de estrenos nacionales, los números tampoco varían demasiado. En 2016 por ejemplo, llegaron a los cines 202 películas. Y a lo largo de la década la excepción fue el año de la pandemia, 2020, cuando apenas fueron estrenadas 28. La industria se recuperó y de a poco volvió a superar los 200 estrenos, meta que se cumplió en 2022 con 230.

Estos números, con muy escasas variaciones, se dan en el contexto de profundos cambios implementados por el INCAA, a poco de la llegada de Javier Milei al gobierno.

La razón por la que el número de producciones se mantuvo estable en los últimos dos años es que para principios de 2024 había un acumulado de películas sin estrenar. “El stock era de entre 600 y 700 películas. Son aquellas que recibieron el interés público del INCAA en la administración anterior y que se rodaron entre 2019 y 2023”, dijo Carlos Pirovano, actual presidente del INCAA, ante una consulta de Infobae.

La audiencia en las salas

Las estadísticas muestran que en 2024, la cantidad de estrenos nacionales no tuvo un correlato en audiencia: el número de espectadores que concurrieron a ver cine argentino se derrumbó de 3.483.197 en 2023 a 791.832 en 2024, una caída del 77%. De las 235 películas estrenadas en 2024, sólo el 44% vendió más de 1.000 entradas y apenas 23 superaron los 5.000 espectadores.

Esta disminución obedece, en parte, a que ninguna producción nacional, de las estrenadas en ese año, superó los 140.000 espectadores en cines. Al analizar las entradas más vendidas durante 2024, encabeza la lista “El Jockey”, que apenas vendió 132.430 entradas, un número bajo, si se lo compara con las producciones nacionales que lideraron la taquilla en otros años.

Dirigida por Luis Ortega, fue interpretada por Nahuel Pérez Biscayart y Úrsula Corberó, mientras que la producción corrió por cuenta de Rei Pictures, El Despacho, Infinity Hill, Warner Music Entertainment y Exile. Narra la historia de una leyenda del turf con una conducta excéntrica y autodestructiva que comienza a eclipsar su talento. Fue elegida por la Academia de Cine de Argentina para competir en los Oscar (Mejor Película Internacional) y los Goya (Mejor Película Iberoamericana) del 2025.

En contraposición, durante 2020, el número de películas nacionales que se puso en cartelera fue muy bajo, apenas 28, debido a la pandemia. Pero en enero de ese año, antes de la primera cuarentena, se estrenó “El Robo del Siglo”, que vendió 2.085.915 entradas y con ese número se consolidó como el filme que vendió más entradas en salas en la última década. Dirigida por Ariel Winograd y con un elenco encabezado por Diego Peretti y Guillermo Francella, la producción corrió por cuenta de AZ Films. MarVista Entertainment y Telefé. Fue inspirada en un hecho real, el robo de la sucursal del Banco Río de la localidad bonaerense de Acassuso en 2006, la cual fue asaltada por una banda de ladrones armados con réplicas de armas reales. Tomaron 23 rehenes y se llevaron aproximadamente 19 millones de dólares de 147 cajas de seguridad.

En términos de espectadores, 2025 repuntó considerablemente, ya que las entradas vendidas totales fueron 2.825.721, lo cual implica que el aumento del 257%, respecto al año anterior.

En el año que acaba de finalizar, la película que tuvo más espectadores en salas fue Homo Argentum, con 1.829.383 entradas vendidas, bastante más lejos Mazel Tov, segunda en el ranking nacional, con 368.009 entradas. Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, con la producción de Pampa Films y Gloriamundi y la interpretación de Guillermo Francella, el filme expuso 16 historias independientes en las que su personaje explora el denominado “gen argentino”.

Otro hecho para considerar es que el año pasado (2025), de las 239 películas estrenadas, apenas 74 lograron vender más de 1.000 entradas, es decir que casi el 70% de la producción nacional no llegó a ese objetivo. Y sólo 3 filmes, Homo Argentum, Mazel Tov y Belén, concentraron el 83% del total de entradas vendidas en el año.

Ahora, tomando en cuenta un lapso temporal más amplio, - la última década-, se observa la caída de la concurrencia a los cines, producto de la proliferación de plataformas que suelen ofrecer los mismos títulos con pocos días o semanas de diferencia. Por caso, en 2016 se vendieron 7.283.107 entradas para salas en las que se exhiben producciones nacionales. Paulatinamente ese número fue bajando hasta consolidarse entre los 2,3 millones promedio en los últimos 3 años.

Por otra parte, la audiencia de las películas extranjeras supera ampliamente la de las nacionales. El año pasado las entradas de producciones foráneas superaron los 28 millones y representaron el 90% del total.

Cabe aclarar que estos números se corresponden con entradas vendidas en cines y no reflejan la audiencia que captaron las producciones en las distintas plataformas digitales.

Los cambios en el INCAA y el pago de subsidios

El Gobierno de Javier Milei anunció una serie de cambios hace dos años, decidido a no financiar producciones que no logran captar la atención de los espectadores. Lo hizo en el marco de una reestructuración del INCAA, a través del decreto reglamentario 662, publicado en el Boletín Oficial en junio de 2024. Según los datos que el gobierno disponía en ese momento, de las 241 películas nacionales estrenadas durante el último año de la gestión de Alberto Fernández, 135 tuvieron menos de 1.000 espectadores y 15 menos de 100.

Los cambios incluyeron un nuevo enfoque de financiación, que introdujo modificaciones sustanciales en la distribución de subsidios para el cine nacional. Las medidas fueron acordadas tras un trabajo conjunto entre la Secretaría de Cultura, dirigida por Leandro Cifelli, y el INCAA, bajo la dirección de Carlos Pirovano.

Una de las principales medidas de impacto fue la reducción de subsidios. A valores corrientes, en 2023 se habían girado subsidios por $6.361 millones, incluyendo promoción, concursos e Ibermedia, el Programa de Fomento al Cine Iberoamericano. Al año siguiente se pagaron $4.629 millones, un descenso del 27%, aún cuando la inflación que midió el INDEC en 2024 fue del 117,8%. Este año, el total ascendió a $6.155 millones, poco menos que lo erogado en 2023, con una inflación acumulada en los últimos dos años fue del 185%.

Así surge del análisis realizado por Infobae de los datos proporcionados por el INCAA, ante un pedido de Infobae.

El Fondo de Fomento Cinematográfico, establecido en la Ley 24.377 de 1994 es la principal fuente de financiamiento del INCAA. Se integra con un impuesto del 10% sobre el precio de las entradas de cine, el 10% del precio de venta de “videogramas grabados” (como DVD’s) y el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a partir del impuesto a la facturación de los canales de TV y servicios de cable, y otros ítems menores.

“Nosotros hemos cambiado el concepto. Cuando el dinero no alcanza no hay Fondo de Fomento. Cuando los números se acomodan, entonces hay dinero para promover más y mejor cine. Ahora tenemos un fondo que ronda los 25 millones de dólares. Vamos a tener más recursos para gastar en buenas películas”, dijo Pirovano al ser consultado sobre el manejo de fondos durante los últimos dos años. Los números que proporcionó indican que en el resultado financiero, se pasó de un déficit de $144 millones en 2023, a un saldo positivo de $9.960 millones en 2024 y de $34.640 millones en 2025.

Pirovano admitió que una parte de la industria no está conforme con los cambios. “Ahora tienen que competir y buscar audiencias. Es un trabajo más esforzado que el anterior. Pero hay un número que me parece importante: en el 2025, hubo 16 películas de más de 5.000 espectadores. De esas dieciséis películas tres no tuvieron apoyo del INCAA: Homo Argentum, Belén y 1978. De hecho, de todas las producciones estrenadas el año pasado, el 30% se hizo sin el apoyo del Estado”, sostuvo.

Los números del INCAA muestran que en los últimos dos años, mientras fue disminuyendo la cantidad de películas con apoyo estatal, el número de producciones sin esa ayuda fue aumentando.

En 2023, de las 241 películas nacionales estrenadas 175 contaron con ese apoyo y 66 fueron sin esa ayuda. Dos años después, en 2025, con los subsidios del INCAA sumaron 155 y sin aportes 84.

Los principales cambios que se produjeron requieren que las producciones que busquen obtener subsidios deben financiar al menos el 50% de sus proyectos con recursos propios. Además, se introdujo un tope máximo al financiamiento de cada producción y por otra parte, las productoras que hayan recibido subsidios no podrán solicitar más recursos públicos durante el año siguiente a la finalización de su proyecto.

En la anterior gestión había dos tipos de subsidios: el de “taquilla”, que se otorga después del estreno en función de la cantidad de espectadores, y el de “medios electrónicos”, que es un monto fijo que no está vinculado a la audiencia que tenga una película, y del cual se otorgaban adelantos para la realización del proyecto.

Esos dos mecanismos continúan en esta gestión. El de taquilla sin cambios y en el de medios electrónicos ahora se solicita una acreditación de audiencia. Por ejemplo, cuando la producción se exhibe en una plataforma, tiene que tener por lo menos 10.000 viewers acreditados.

“No queremos financiar producciones que no tienen audiencia; eso se va a acabar. No sé cuántas películas tendremos en los próximos años. Lo que sí sé es que vamos a tener películas con espectadores, que es lo importante”, sostuvo Pirovano.

Recaudación y personal

La caída en la concurrencia a las salas ocurrida en la última década- por la creciente migración de la audiencia a otras plataformas -, impactó en los ingresos del INCAA por la venta de entradas. En 2023 la recaudación por películas nacionales fue de $5.443 millones y al año siguiente apenas de $2.127 millones. En el año que acaba de concluir, se recaudaron $18.152 millones. Este número es apenas el 10% de lo que recaudaron las producciones extranjeras.

Según un informe del Poder Ejecutivo, en el año 2000, el INCAA contaba con aproximadamente 90 empleados, pero esa cifra fue aumentando año a año con las distintas administraciones, lo que disparó la erogación en personal, y obligó al Tesoro a tener que girar aportes extraordinarios para cubrir sus gastos operativos.

De los 1.072 empleados que tenía el INCAA cuando asumió Javier Milei, - entre personal bajo convenio y contratados-, hoy hay 494, según números del INDEC, luego de los retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y las no renovaciones de contratos de locación de servicios. La reducción del plantel en los últimos dos años fue del 54%.

Según datos oficiales la planta actual está compuesta por 274 empleados bajo convenio, 2 fuera de convenio y 218 instructores de la ENERC, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica.

Los retiros voluntarios y las jubilaciones anticipadas implementadas por el actual gobierno insumieron en 2024 $4.833 millones y en 2025 poco más de la quinta parte: $1.020 millones.

El Gobierno pretende que los fondos destinados a gastos corrientes, estructurales y de funcionamiento no superen el 20% de los ingresos del organismo. Según Pirovano esa meta se cumplió en la segunda mitad del año pasado.

Infografías: Marcelo Regalado

Carga y chequeo: Desiré Santander

La frase “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, incluida en el Preámbulo de la Constitución Nacional, sintetiza la perspectiva de hospitalidad y universalidad, proyectando un país abierto a la inmigración. Este enunciado histórico propone el bienestar general y los beneficios de la libertad tanto para quienes ya forman parte de la Nación, como para quienes elijan radicarse en Argentina, consolidando un propósito de poblamiento y desarrollo basado en la integración de nuevos habitantes.

En este contexto, la migración no es un fenómeno estático, sino que muestra una dinámica que depende tanto de situaciones internas como externas.

Según los datos del RENAPER, la población extranjera nacionalizada que tramitó su primer DNI ha ido aumentando en los últimos años, y tuvo su pico máximo en 2024. Entre 2013 y agosto de 2025, se tramitaron 118.597 documentos de identidad.

Al inicio de esa serie temporal, la cifra no llegaba a los 10.000 al año y se mantuvo con pocas variaciones hasta el 2020, año en que comenzó la pandemia, cuando disminuyó un 63%. Luego fue aumentando gradualmente y mostró un aumento considerable en 2023, cuando se otorgaron 12.858 documentos. Y alcanzó su máximo el año pasado, con 15.184. Para agosto pasado ya se habían tramitado 9.680, por lo que se espera para 2025 una cifra similar a la de los dos años previos.

El aumento que se observa en los últimos 3 años se explica en parte por el aumento de la migración venezolana, según informaron desde el RENAPER. En 2022 se habían tramitado 2.125 DNIs y en 2024 la cifra se duplicó: fue de 4.551, casi la tercera parte del total. En el caso de Bolivia, para el mismo período, el aumento fue del 33% y del 29% en el caso de Perú.

Hubo un aumento porcentual mucho mayor, que fue el caso de Rusia, aunque en números netos los números fueron menores. En 2022 los rusos nacionalizados que solicitaron su primer DNI fueron apenas 86 y para 2024 ese número ascendió a 718, lo cual refleja un incremento porcentual del 735%, el mayor de toda la serie. Esta tendencia parece no disminuir, ya que en los primeros 8 meses del año pasado ya se contabilizaron 731 trámites.

“Los rusos producen el mayor salto en términos relativos pero nominalmente la tendencia general la explican las nacionalizaciones de venezolanos”, explicaron desde el RENAPER.

Los países de origen

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Venezuela, Bolivia y Perú son los 3 países con mayor cantidad de trámites para la obtención del primer DNI, iniciados desde 2013 hasta agosto de 2025.

En el primer caso, el aumento fue paulatino desde apenas 135 casos en 2013 y ese número fue aumentando hasta que se registraron 2.125 en 2022; 3.795 en 2023 y 4.551 en 2024, con 2.660 trámites en los primeros ocho meses del año pasado. En total, fueron 17.897 DNIs tramitados.

Según explicó la actual diputada nacional y ex directora de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, la mayoría de estos trámites corresponden a migrantes venezolanos que entraron al país con documentación vencida y a medida que pasó el tiempo fueron completando los trámites para nacionalizarse.

“Una disposición de 2019 permitía el ingreso de venezolanos con documentación vencida y a medida que tuvieron tiempo para regularizar la situación del país -conseguir los antecedentes penales de Venezuela y Argentina-, obtuvieron el DNI porque cumplieron los requisitos para poder tener la nacionalidad; han realizado los trámites judiciales y la Justicia resolvió a su favor”, detalló.

En cuanto a Bolivia, había comenzado en 2013 con un número mayor: 982 trámites y se mantuvo en valores similares hasta 2019. Luego de la pandemia recuperó la cantidad histórica y para 2024, los trámites iniciados sumaron 1.194, siendo el total de 11.797 documentos incluyendo los datos de enero-agosto del 2025.

Con relación a Perú, el comportamiento fue parecido, solo que en 2023 y 2024 el número de trámites disminuyó con relación a los datos registrados entre 2013 y 2018, siendo el total para toda la serie de 10.040 DNIs tramitados.

Los países con menor cantidad de DNIs tramitados en los últimos 12 años son Sudáfrica, Turquía y Kazajistán con entre 100 y 104 trámites cada uno.

Las dos vías para tramitar el DNI

Para un extranjero nacionalizado existen dos formas de tramitar el DNI, dependiendo si obtuvo la nacionalidad por carta de ciudadanía o por opción.

La nacionalidad por carta es una forma de naturalización que otorga la ciudadanía argentina a extranjeros que cumplan ciertos requisitos y la soliciten formalmente mediante una “carta de ciudadanía”. Generalmente se solicita disponer de residencia legal en el país por al menos dos años continuos, no tener antecedentes penales y tener capacidad para ejercer derechos civiles. En este caso, los interesados deben presentar la solicitud ante un juez federal. El trámite incluye entrevistas y la evaluación de documentación.

La nacionalidad por opción, en cambio, es el derecho de elegir la nacionalidad argentina por la situación de sus padres. Son requisitos haber nacido en el extranjero, ser hijo/a de ciudadano/a argentino/a nativo/a y realizar una declaración formal “optando” por la nacionalidad argentina ante la autoridad competente (consulado o Registro Civil). El trámite suele ser más simple que la carta de ciudadanía. No se exige residencia previa ni requisitos de edad específicos, aunque los menores requieren representación legal. Los principales destinatarios son los hijos de argentinos nativos nacidos en el exterior, como se observa en el gráfico inferior y que corresponden al grupo etario de hasta 4 años de edad.

Del total de DNIs tramitados desde 2013, más de la mitad (54%) fue por carta y el 46% restante por opción.

Para tramitar el DNI, un extranjero primeramente debe contar con residencia legal en Argentina. Esta puede ser temporaria o permanente, según el caso. Es un trámite que se realiza ante la Dirección Nacional de Migraciones. En estos casos se requiere presentar pasaporte vigente o cédula de identidad del país de origen, certificado de antecedentes penales del país de origen y de Argentina, partida de nacimiento legalizada y traducida si corresponde y documentación que acredite el motivo de la residencia (trabajo, estudio, familia, etc.), así como un comprobante de domicilio en Argentina.

Extranjeros en Argentina

Según el RENAPER en Argentina hay 2.349.816 extranjeros residiendo en el país, con datos a junio pasado. De este total, el 70% vive en el AMBA (1,6 millones) y el 30% en el resto del país. Más de la mitad, el 53%, son mujeres.

El 31% son ciudadanos nacidos en Paraguay (721.735); le siguen 528.177 nacidos en Bolivia (22%); 207.647 oriundos de Perú (9%); 185.245 de Venezuela (8%) y 175.836 de Chile (7%).

La cifra de este año es ligeramente superior a la reportada por el INDEC para 2022, cuando el censo de ese año contabilizó 1.933.463 personas en viviendas particulares de la Argentina nacidas en otro país.

Por otra parte, entre 2018 y julio de 2024, se otorgaron 1.069.968 radicaciones, entre permanentes y temporales, según los registros de la Dirección Nacional de Migraciones.

Según los registros de la Dirección Nacional de Migraciones, entre enero y julio del año pasado, ciudadanos nacidos en Paraguay, Venezuela y Bolivia fueron quienes obtuvieron mayores pedidos de radicación permanente.

El caso de los venezolanos mostró su pico más alto en el año 2021, cuando se aprobaron 83.874 residencias permanentes y 18.180 temporarias, totalizando 102.054.

La migración venezolana marcó un precedente en los últimos años en la región y el mundo. Con la llegada de Nicolás Maduro al poder, la gravedad de la crisis humanitaria y el aumento de la persecución a políticos, casi 7 millones de ellos salieron del país y se radicaron en América Latina, según datos de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), liderada en conjunto por ACNUR y OIM.

Argentina es uno de los países de América del Sur con mayor cantidad de inmigrantes. Aunque todavía no iguala la situación de la década del 60’, el país mantiene un aumento sostenido de su población migrante, según la evolución histórica que reporta el Banco Mundial. A mediados del siglo pasado, Argentina registraba 2,6 millones de extranjeros, un porcentaje alto en un país con una población más baja que la actual. Esa cifra fue en descenso hasta tocar su piso a principios de los 2000, que coincide con la última gran crisis económica, cuando se registraron 1,5 millones de migrantes. Desde 2005 en adelante, la población extranjera volvió a crecer hasta llegar a 2,3 millones en 2025.

Nuevas reglas para los inmigrantes

En mayo de este año, el gobierno anunció una reforma migratoria que endureció los requisitos de entrada y permanencia, al tiempo que agiliza las deportaciones de inmigrantes condenados o ingresados ilegalmente, estableciendo además el pago de servicios de salud y educación pública para extranjeros no residentes.

El acceso a la ciudadanía por naturalización ahora exige dos años de residencia continua y legal, sin ausencias del país.

La reforma, implementada mediante el DNU 366/2025 endurece los requisitos de ingreso y refuerza controles migratorios. El texto prevé rechazos y sanciones para entradas irregulares, además de exigir una declaración jurada a los extranjeros, detallando los motivos y compromisos de permanencia.

El acceso a la educación inicial, primaria y secundaria se mantiene gratuito, sin distinción de situación migratoria. En cambio, la enseñanza superior estatal sólo será gratuita para argentinos y extranjeros con residencia permanente, mientras que las universidades públicas podrán cobrar aranceles a quienes no posean esa condición. En el ámbito laboral, se prohíbe el empleo de extranjeros en situación migratoria irregular.

En cuanto a la salud, los residentes permanentes acceden al sistema público igual que los ciudadanos argentinos, pero los migrantes no permanentes sólo contarán con atención en emergencias; para otros servicios médicos deberán presentar seguro de salud o abonar previamente.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Infografías: Marcelo Regalado

Carga y chequeo: Desiré Santander

Una vez que el Gobierno logre que el Congreso apruebe en 2026 el proyecto de modernización laboral, Javier Milei tiene en carpeta avanzar con la reforma previsional. Es una de las reformas de segunda generación, como las definió, que considera esenciales para la segunda mitad del mandato.

La sustentabilidad del actual sistema previsional de reparto viene siendo un talón de Aquiles para todos los gobiernos, ya que el pago de jubilaciones y pensiones se lleva el 46% del gasto primario del Estado en 2026. El tema se coló en el comienzo del debate del proyecto de reforma laboral en el Senado por el artículo que prevé la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Este fondo sería financiado con una reducción de 3 puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Desde sectores de la oposición y el sindicalismo advierten que eso podría “desfinanciar” a la ANSES y terminaría afectando las futuras jubilaciones. En la Casa Rosada apuestan a que la modificación de la actual normativa laboral, aumente el trabajo registrado y engrose las arcas de la ANSES, al sumarse nuevos trabajadores al sistema.

El debate sobre una futura reforma previsional abrirá, a su vez, la discusión sobre la multiplicidad de regímenes de excepción que existen hoy en Argentina, entre los administrados por la ANSES y los que se gestionan a través de las cajas profesionales y las provinciales no transferidas. Estos sistemas tienen requisitos y haberes diferentes al régimen general, y se llevan un buena parte del gasto previsional.

En el país hay unos 4,2 millones de beneficiarios de regímenes de excepción, que representan un 43% del total. Estos esquemas tienen requisitos de acceso más flexibles que el régimen general del SIPA y haberes más altos. En promedio, un 93% superior a los del régimen general.

El gasto en estos esquemas alcanza el 5,2% del Producto Interno Bruto (PBI), y representa el 59,1% del gasto previsional total, según el informe “El costo de la excepción: una revisión de los regímenes previsionales en Argentina”, elaborado por el Rafael Rofman, investigador principal de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

El trabajo - que tomó los datos de cobertura y gasto ejecutados de 2024, sin variaciones significativas de año a año - analiza a fondo los distintos sistemas especiales que fueron proliferando a lo largo de los años, y lo que sucede en otros países.

Los principales argumentos contra los regímenes de excepción - según desglosa el informe - son su impacto desproporcionado en costo, su inequidad y su ineficiencia

“Por un lado, son costosos, porque al dar mejores beneficios (como porcentajes altos de los salarios) o mejores condiciones (como jubilaciones a edades bajas), eso implica más costo fiscal. Pero además, como son injustos, hacen que la población desconfíe más del régimen general y hacen muy difícil discutir reformas”, afirma este economista y Doctor en Demografía de la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos).

Rofman calcula que “los recursos que la sociedad destina a estos esquemas alcanzarían para financiar la totalidad del gasto educativo nacional y provincial”.

A su vez, la diversificación de sistemas previsionales por fuera del régimen general no solo tiene impacto fiscal, sino que también genera inequidad. Esto es así porque trabajadores con trayectorias laborales similares pueden acceder a beneficios muy distintos según el régimen al que pertenezcan. Además, la superposición de normas y cajas previsionales conspira contra la transparencia del sistema, según destaca el informe.

También advierte que “no hay una metodología clara en la legislación argentina para determinar qué tareas deben incluirse. En muchos casos, los listados de ocupaciones son arbitrarios y dispares entre provincias y regímenes”.

Los 5 grupos de regímenes

El trabajo de CIPPEC - un think tank independiente y sin fines de lucro en Argentina - engloba los distintos sistemas de excepción que coexisten hoy en cinco grandes categorías:

Un primer grupo son los regímenes diferenciales son los que permiten una jubilación anticipada -con años de aportes diferentes - justificada en el envejecimiento prematuro por tareas insalubres o riesgosas, como por ejemplo, el de los mineros, estibadores o personal embarcado.

Sin embargo, Rofman sostiene - ante la consulta de Infobae - que se justifican “muchas veces, sin suficiente sustento empírico sobre el daño específico que causa cada trabajo”. La durabilidad y expansión de estos beneficios “suelen depender más de la capacidad de presión política y la inercia legal, que del mérito individual o colectivo”.

Según el relevamiento, existen 38 normas vigentes que cubren profesiones tan disímiles como mineros, personal de salud en leproserías, bailarines/as y cantantes del Teatro Colón, personal de forja y fragua, ferroviarios, taxistas, estibadores, recolectores de residuos, entre otros.

Otra categoría del agrupamiento hecho por CIPPEC son los regímenes especiales, basados en el “mérito” o la función pública, con beneficios superiores y reglas de movilidad diferenciadas. Alcanzan a docentes, investigadores, magistrados, y ciertos trabajadores de empresas públicas o estatales.

Esta categoría de regímenes especiales incluye siete grandes grupos administrados por ANSES, desde la docencia universitaria a ciertos trabajadores de empresas públicas o estatales como los de Luz y Fuerza, pasando por magistrados, investigadores e integrantes del Servicio Exterior. Sus haberes pueden alcanzar de 7 a 10 veces los del sistema general. Entre 2010 y 2025, estos regímenes crecieron un 118%, mucho más que el régimen general (+31%).

También están los regímenes para las fuerzas armadas y seguridad, fundamentados en la especificidad y potencial riesgo de la carrera, así como en su “valor patriótico”. Contemplan el retiro anticipado y haberes especiales, con la expectativa (en teoría) de la disponibilidad para reincorporarse como reservistas o ante emergencias.

Incluyen cinco esquemas nacionales, con cerca de 180.000 beneficiarios, que absorben hasta un 0,7% del PBI, según el año.

Por último, están los sistemas provinciales y las cajas profesionales, surgidos por la autonomía de cada jurisdicción. Cubren a empleados públicos y profesionales independientes en cada provincia, casi siempre ofreciendo esquemas más generosos y con déficits crónicos.

A finales del año pasado, 840.000 personas cobraban beneficios de cajas provinciales, mayormente empleados públicos, con haberes mensuales promedio de $941.000, tres veces la mínima nacional.

Según el informe de CIPPEC, los regímenes provinciales son el componente más importante del gasto de los sistemas de excepción: implican el 1,8% del PBI.

A su vez, existen 82 cajas profesionales que cubren cerca de 100.000 profesionales en 19 provincias. “La participación no es voluntaria”, aclara Rofman, “y en muchos casos los recursos provienen de aportes cuasi-tributarios”.

Por último, las pensiones no contributivas responden tanto a situaciones de necesidad (discapacidad, madres de siete hijos o vejez sin aportes) como de mérito o compensación histórica (excombatientes de Malvinas, víctimas de terrorismo de Estado, medallistas olímpicos y expresidentes), sin requerir aportes previos.

Alcanzan a 1,58 millones de personas, y también absorben cerca del 1% del PBI.

¿Hay regímenes de excepción justificados que deberían sostenerse?, le preguntó Infobae a Rofman. “Existen situaciones excepcionales, pero casi siempre se refieren a personas y no a colectivos. Es decir, por una combinación de sus características individuales y de las tareas que hacen en sus trabajos, algunas van a tener un deterioro de su salud más rápidamente que otras. El sistema debe contemplar estos casos, pero eso no lo resuelve habilitar a que, por ejemplo, todos los que trabajan en determinada actividad se jubilen cinco años antes. Algunos trabajadores van a sufrir problemas de salud mucho antes de la edad prescripta, otros no los sufrirán nunca, lo lógico es mirar caso por caso y para ello tenemos el sistema de jubilaciones por invalidez”.

Dificultad para eliminarlos

Ante la consulta de por qué los distintos gobiernos fracasaron en eliminar o reducir estos regímenes de excepción, incluso cuando hay consenso en que muchas veces generan inequidades y altos costos para toda la sociedad, Rofman lo atribuye a que “hay grupos de interés y sectores políticos que buscan mantenerlos, sea por que se benefician directamente o porque les sirve para conseguir apoyos”.

Para este especialista en economía y demografía, si bien algunos regímenes diferenciales pueden justificarse por condiciones laborales de alto riesgo o desgaste físico, en muchos casos, esas excepciones se ampliaron con el tiempo por razones políticas más que técnicas. “Se debería avanzar con la eliminación progresiva de estos regímenes y tener un esquema único nacional, con prácticamente ninguna excepción”, afirma.

El problema se agrava - según advierte Rofman - porque “cualquier reforma solo tendrá impacto tangible después de décadas” debido a la existencia de derechos adquiridos.

Sin embargo, para el especialista, avanzar en una estrategia de reformas gradual, eficiente y transparente es “un paso imprescindible hacia la consolidación de un sistema previsional nacional más justo, inclusivo y sostenible”.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

Menos pasajeros en los colectivos, en los trenes y en los subtes. Es una constante que se repite en todo el país, según los datos relevados por Infobae en los últimos 15 años. Las causas son varias, pero la tendencia es marcada y se agudizó desde finales de 2023.

Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la cantidad de pasajeros transportados en noviembre pasado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo una caída de entre el 8% y el 22% con relación al mismo mes de 2023, dependiendo del día de la semana.

En las jornadas hábiles, la cantidad de personas que usaron colectivos en ese período se redujo un 13%: bajó de 10.487.727 a 9.100.900 pasajeros.

Los sábados, la disminución el último mes fue más marcada, un 22% desde 2023, al pasar de 6.999.930 a 5.492.910 usuarios de colectivos. En tanto, el descenso de pasajeros los feriados fue del 18% (pasó de 3.895.163 a 3.199.382), y los domingos, un 8%, al reducirse de 3.227.656 a 2.959.359 las personas que usaron colectivos para viajar en noviembre.

Al analizar qué pasó desde 2015, la reducción en la cantidad de pasajeros en transporte automotor fue mayor en CABA, con un 33% menos en diez años; de un 28% en la Provincia de Buenos Aires; de un 27% menos si se considera el AMBA; y de un 23% a nivel nacional.

Qué pasó con el subte

En cuanto al subterráneo, la caída este año a octubre último, respecto de los primeros 10 meses de 2023 fue del 17%.

Entre enero y octubre de este año usaron este medio 161.773.861 pasajeros, incluyendo las 7 líneas y el Premetro. En el mismo período de 2023, se habían registrado 194.700.944, según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires_, sobre la base de datos de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), y analizados por Infobae.

El valor de 2025, es el más bajo de los últimos 15 años, exceptuando 2020 y 2021, cuando se redujo el uso del transporte público por la pandemia del COVID.

La caída es mayor si se compara con los valores de 2010. Ese año, entre enero y octubre, hubo 243.386.113 viajes, por lo que en el mismo período de este año, la caída fue del 34%.

Fuentes del sector señalaron que, en el caso particular del subte, incide el hecho de que “la tarifa duplica la del colectivo, por lo que es una de las variables que incide como así también el cierre de aquellas estaciones incluidas en el plan de renovación integral”.

Los subtes porteños están operados por la EMOVA, un consorcio privado integrado por Benito Roggio Transporte y Metrovías, que tiene a concesión desde 2021. Reemplazó a esta última, del mismo Grupo Roggio, tras un proceso licitatorio del Gobierno porteño. Tiene la concesión hasta 2033, con opción de prórroga con 3 años.

El aumento de la tarifa del subte entre diciembre 2023 y ese mismo mes del 2024 fue del 846% (pasó de $80 a $757). Y en lo que va de 2025, la suba a diciembre fue del 59%. Hoy el costo del boleto es de $1.206.

El uso del subterráneo alcanzó su punto máximo en 2018, cuando los viajes superaron, entre enero y octubre, los 285 millones.

Del análisis por línea de subte surge que, en los primeros 10 meses de 2025, la línea más usada de las siete que hay en la Ciudad de Buenos Aires fue la B, que va desde la avenida Leandro Alem y Corrientes, en el Bajo porteño, hasta el barrio de Villa Urquiza. En su trayecto se trasladaron 37.993.550 pasajeros.

La segunda fue la línea D, con 34.520.654, cuyo recorrido se extiende desde la Catedral, en Plaza Mayo, hasta la estación Congreso, en Nuñez. Sin embargo, esta línea fue la que registró la mayor caída en los primeros 10 meses de 2025 respecto del mismo período de 2023, cuando se habían trasladado en esta línea 45.097.238 usuarios.

La menos demandada de enero a octubre de este año fue la línea E (15.957.794 usuarios), que va de Flores a Retiro. En cuanto al Premetro, fue el medio elegido por solo 661.012 pasajeros en ese período.

Pasajeros de trenes

La merma en los pasajeros que eligieron el tren para viajar, según datos de la CNRT, fue del 8% en los en los últimos 3 años. Así surge de comparar los usuarios entre enero y octubre de 2025 (cuando se trasladaron 254.439.336) versus el mismo período de 2023 (276.593.233). Es el medio de transporte cuya tarifa sigue siendo la más económica y que menos usuarios perdió.

Sin embargo, si se compara con la cantidad de gente que elegía el transporte ferroviario en los últimos 15 años, el descenso es más brusco: del 28%. Los pasajeros pasaron de 354.495.862 en los primeros 10 meses de 2010, a 254.439.336 en el mismo período de 2025. Son más de 100 millones de viajes menos.

En octubre pasado, la línea más usada fue la Roca, que va desde la Estación Constitución hacia el sur del Conurbano bonaerense. Registró 10 millones de pasajeros, el 37% del total.

Le siguen la línea Sarmiento que va desde Once hacia el oeste del Gran Buenos Aires, con 6 millones (23%) en octubre; y la del Ferrocarril San Martín, cuyo recorrido se extiende desde Retiro hacia Junín (media distancia) y ramales locales en el Conurbano, con 2,7 millones (10%).

Las líneas Mitre (estatal) y Belgrano Norte (que opera la empresa Ferrovías) tuvieron 2,5 millones de pasajeros ambas (9%) en ese mes. Van desde Retiro hacia el Conurbano norte. En el caso del Mitre, llega hasta José León Suárez y Tigre, y el Belgrano Norte hasta Pilar.

Luego se ubica la línea del Ferrocarril Urquiza con 1,6 millones (6%), que va hacia el noroeste del Gran Buenos Aires, y cuya concesión la tiene la empresa Metrovías desde 1994. Su recorrido desde Federico Lacroze a Lemos.

En tanto, el Belgrano Sur registró 1,2 millones (5%) en octubre pasado, y recorre la zona sur y sudoeste del Gran Buenos Aires, con cabecera en Barracas y ramales que pasan por González Catán y Marcos Paz, y llegan hasta Tomás Jofré y Mercedes.

Finalmente, el Tren de la Costa - que parte de Vicente López y llega hasta Tigre - registró casi 140 mil pasajeros (1%) en octubre pasado.

Todas las líneas están operadas por la empresa estatal Trenes Argentinos, cuyo traspaso a manos privadas pretende concretar el Gobierno de Javier Milei. En ese marco - y con la declaración de la emergencia ferroviaria vigente -, el Ejecutivo nacional informó este viernes que tiene en marcha un total de 60 obras que apuntan a mejorar la seguridad operacional y la eficiencia técnica del sistema con la finalidad de resolver “problemas operativos críticos”.

El plan también comprende “inversión en material rodante” para “eficientizar el sistema con miras a su privatización”, según informaron desde la Secretaría de Transporte de la Nación.

Los motivos

La merma en la cantidad de usuarios que usan los distintos medios de transporte responde a distintos factores. Entre los principales figura el aumento de las tarifas, tras la quita progresiva de subsidios estatales, y el retraso en el valor que venía de arrastre de la gestión anterior.

En diciembre de 2023, la tarifa mínima del boleto de colectivo estaba en $53 para el tramo inicial (hasta 3 km). A lo largo de 2024, se aplicaron varias subas progresivas. Para diciembre del año pasado, el boleto mínimo promedio rondaba unos $371 (tarifa con tarjeta SUBE registrada), un aumento de alrededor del 600% en el boleto durante el año pasado.

Este año, con el último aumento dispuesto a mediados de noviembre, el pasaje para el primer tramo de 3 a 6 km, pasó en diciembre a $495, un 33,5% más.

En paralelo, la crisis económica afectó el poder adquisitivo de los usuarios del transporte público, lo que los llevó en muchos casos a limitar los viajes o las combinaciones, y/o a buscar métodos alternativos para llegar a destino.

También, la modalidad del teletrabajo instaurada en la pandemia quedó como una opción en la semana laboral, lo que redujo los traslados a los lugares de trabajo.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

El Gobierno espera aprobar en las sesiones extraordinarias la modernización laboral con el objetivo de aumentar el empleo formal y, así, incrementar la masa de trabajadores que aporta al sistema previsional. La masa de recursos destinada al pago de jubilaciones y pensiones está estimada en el 46% del gasto primario total en el Presupuesto previsto para 2026, según el proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso.

Hoy hay solo 12.845.000 trabajadores activos que aportan al sistema, mientras que la informalidad laboral en el segundo trimestre de 2025 se ubicó en el 43,2%, según datos del INDEC. En simultáneo, se viene dando el fenómeno de una persistente baja de la natalidad y un aumento del envejecimiento poblacional.

Con menos ingresantes al sistema y una mayor cantidad de población adulta ya jubilada, la sustentabilidad del sistema jubilatorio está en crisis.

En nuestro país, la tasa de natalidad tocó su piso histórico en los últimos cuatro años: apenas un valor medio de 11 nacimientos cada 1.000 habitantes, según los datos de Naciones Unidas publicados en su portal estadístico, con proyecciones para 2024 y 2025. Es la cifra más baja en los últimos 15 años. En 2010, la tasa era de 18 nacimientos sobre esa misma base poblacional.

Los datos más actuales de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación llegan hasta 2023. Ese año, el número de nacidos vivos registrados en el país fue de 460.902, un 48% menos en relación al año 2000. Esto muestra, en la misma sintonía que las estadísticas internacionales, que el número de nacimientos vivos por cada 1000 habitantes en Argentina viene descendiendo en el país desde 2014.

“Hoy tenemos una clara baja de la natalidad y un aumento de la expectativa de vida. En realidad, no de la expectativa como calidad de vida, sino como una posibilidad de vivir más años. Y esto llegó para quedarse”, sostiene el abogado previsional Cristian D’Alessandro, en diálogo con Infobae.

Advierte que “no se está pensando en lo que va a venir para las futuras generaciones. Cuando hablamos de previsión social, justamente es prever para el futuro. Y hoy no se prevé qué pasará con las jubilaciones. Hoy el sistema se sostiene por 1.3 trabajadores activos por un pasivo. Si hay menos recambio generacional en el mercado de trabajo, eso va a provocar que va a haber muchas más personas mayores de 60 años para ser asistidas que los actuales y futuros aportantes al sistema”.

Manuel Mera, director de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), advirtió que, además del factor económico, la reducción en la cantidad de hijos responde a un cambio cultural en la asignación de recursos. “Criar hijos no solo es caro en términos monetarios, sino también en términos de tiempo. Cada vez más personas prefieren tener menos hijos para poder dedicarles más recursos y tiempo de calidad”.

En ese sentido, este abogado alertó sobre el proyecto de reforma laboral que envió el Ejecutivo al Congreso que incluye la reducción de las contribuciones patronales. En su opinión, “eso va a repercutir enormemente en el sistema previsional, porque va a haber menos recaudación”.

Mera también vincula este fenómeno con el envejecimiento poblacional. “En los años 90, la esperanza de vida en Argentina era de 72 años; hoy es de 77, y para fines del siglo se espera que supere los 80. Esto genera sociedades mucho más envejecidas y trastoca muchos aspectos, desde la educación hasta el sistema previsional”.

En este sentido, destaca la necesidad de reformar el sistema previsional argentino, que actualmente exige 30 años de aportes para acceder a la jubilación, ya que el 80% de las personas no alcanza esos 30 años debido a la alta informalidad laboral. Desde CIPPEC proponen garantizar un mínimo de cobertura, complementado con un esquema proporcional que premie los años efectivamente aportados.

Mera subraya la importancia de implementar políticas que faciliten la decisión de tener hijos, con énfasis en el acceso al cuidado infantil y la equidad en la distribución de responsabilidades dentro del hogar. “Es clave fortalecer las licencias de paternidad, que hoy en Argentina son de apenas dos días por ley. Balancear los cuidados entre hombres y mujeres permitiría mejorar la compatibilidad entre la vida laboral y familiar”.

Un fenómeno global

Las cifras revelan que la caída en los nacimientos no es un hecho puramente local. La natalidad disminuyó en la mayoría de los países en las últimas décadas, lo que pone en riesgo el equilibrio demográfico y el sostenimiento de los sistemas de seguridad social.

En América Latina, Asia y algunas regiones de África, también se observa una reducción de la natalidad, aunque en menor medida respecto a Europa o Japón, donde el envejecimiento de la población ya genera desafíos económicos y sociales. Países como Corea del Sur, España e Italia muestran algunas de las tasas más bajas del mundo.

Es por eso que los gobiernos han empezado a implementar políticas para fomentar la natalidad, como ayudas económicas, incentivos fiscales y mejoras en los sistemas de cuidado infantil, pero los resultados han sido hasta ahora limitados.

El descenso de la natalidad tiene implicaciones a largo plazo en el crecimiento económico, la composición de la fuerza laboral y la provisión de servicios públicos.

Tasa de fecundidad

La baja de nuevos nacimientos está vinculada a la caída en la tasa de fecundidad, o sea, la cantidad de hijos por cada mujer. En nuestro país, según los últimos datos disponibles a 2023 del Ministerio de Salud de la Nación, se ubicó en 1,36 hijos por mujer. Esta cifra marca una fuerte caída respecto a la década anterior y coloca al país por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1 hijos por mujer.

“En Argentina, la tasa de fecundidad cayó un 43% desde 2014. En 2023, alcanzamos la cifra históricamente más baja para el país. Simultáneamente, la edad de la paternidad y maternidad se posterga y la composición de las familias cambia. En los últimos 40 años, los hogares unipersonales se duplicaron y hoy representan el 25%”, advierte Gala Díaz Langou, directora ejecutiva de CIPPEC, en el artículo “Argentina y el espejo democrático” publicado en julio pasado.

“Pero esto no se da igual en todas las clases sociales. Los hogares más pobres siguen siendo más extensos y con más niños, generalmente con mujeres a la cabeza y a cargo de las tareas domésticas y de cuidado”, señala la directiva de CIPPEC.

En cuanto a la tasa de fecundidad adolescente, en 2023 fue de 11,5%, un 64% menor en relación con el año 2005 y se redujo más que la fecundidad general desde ese año (46,1%). Esta caída, según especialistas, implica mayores oportunidades para que las adolescentes completen estudios y mejoren su inserción laboral.

Para Díaz Langou, estos cambios en el número de nacimientos “se inscriben en un proceso de transformación más grande: la desafiliación social”.

Y así lo explica: “El vínculo de las personas con las organizaciones está en crisis: baja la participación sindical, la asistencia escolar, la pertenencia religiosa, la interacción en espacios públicos y crecen los barrios privados. También decae la confianza en los gobiernos, que es del 50 % en la población mundial, del 28% en América Latina y apenas llega al 17% en nuestro país. Así, formar una familia se vuelve incierto: cuando las instituciones no cuidan, y el vínculo con lo público y comunitario falla, la maternidad y la paternidad dejan de ser un proyecto deseable y se viven como un riesgo”.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y Chequeo: Desiré Santander

Posadas (Misiones) con 13 concejales, Río Gallegos (Santa Cruz) con 7 legisladores locales, y San Miguel de Tucumán, con 18, son las ciudades que tienen los ediles más caros en el país.

En 2025, cada uno de los representantes locales en la capital misionera le significan anualmente a los vecinos $1.442 millones. En el caso de la capital santacruceña, el costo por edil es de $1.388 millones. Y en la capital tucumana, el monto es de $1.090 millones por concejal.

El top five lo completan San Salvador de Jujuy, donde cada uno de sus 12 ediles le cuesta a los vecinos de la capital jujeña $1.009 millones; y Ushuaia, en Tierra del Fuego, donde el Concejo local tiene 10 representantes y cada uno le sale a los vecinos $907 millones.

En contraste, Comandante Fernández, departamento chaqueño cuya ciudad cabecera es Presidencia Roque Sáenz, donde el Concejo tiene 9 integrantes, el gasto por concejal es de $24,7 millones.

La ciudad bonaerense de Junín - cuya legislatura local cuenta con 20 ediles - también figura entre las más austeras, con un costo de $29 millones por concejal.

Así surge de un informe de la Fundación Libertad, que analizó los presupuestos del año pasado de 76 ciudades de todo el país que, sumados, ascendieron a un total de $335.240 millones.

Si se tiene en cuenta que el total de concejales de las jurisdicciones relevadas asciende a 1.293, esta cifra implicó un costo promedio para cada concejal de $259 millones al año, equivalente a $21 millones mensuales.

Las diferencias regionales también resultan significativas. Un concejal de los 18 que hay en San Miguel de Tucumán cuesta ocho veces más que uno de los 12 que tiene la ciudad de Mendoza. Y el presupuesto destinado a cada edil de los 13 que integran el Concejo Deliberante de Posadas es 25 veces superior al costo de cada uno de los 10 concejales de Oberá, en la misma provincia de Misiones.

Incluso entre ciudades vecinas, como Resistencia y Corrientes, se observan contrastes marcados: la capital chaqueña triplica el gasto por concejal ($825 millones) respecto de la correntina ($246,3 millones).

“El hecho de que haya municipios que logran funcionar con niveles de gasto significativamente menores demuestra que existe un margen considerable para mejorar la eficiencia y reducir estos costos“, sostuvo ante Infobae el economista de la Fundación Libertad Javier Bongiovanni.

“En un país con esta presión tributaria y con tantas carencias en infraestructura y servicios básicos, es un gasto político muy difícil de justificar. Cada peso que se destina a mantener Concejos Deliberantes sobredimensionados es un peso menos para aliviar al contribuyente o invertir en obras que mejoren la vida cotidiana. La gente sigue esperando un gesto de la política que todavía no llega”, advirtió el investigador de esa fundación con sede en Rosario.

Gasto por habitante

Las 76 ciudades relevadas suman 24 millones de personas, casi la mitad de la población del país. Si se consideran los presupuestos de todos sus Concejos Deliberantes, el gasto promedio anual de las legislaturas locales asciende a $14.709 por habitante.

El ranking lo lideran ciudades del sur del país, y nuevamente, la capital tucumana. El gasto promedio anual por habitante más alto lo tiene Ushuaia, donde la cifra se eleva a $114.075 por residente en la capital fueguina.

En segundo lugar, aparece Río Gallegos con $84.065 por habitante de esa ciudad santacruceña, seguida de Río Grande, la segunda ciudad en importancia de Tierra del Fuego, con $80.142. Luego se ubican Rawson (Chubut) con $74.461, y San Miguel de Tucumán con $59.672 por habitante.

En el extremo opuesto, en Comandante Fernández (Chaco), el Concejo municipal de la ciudad cabecera gasta en el año $2.181 por habitante.

Le siguen el Concejo de la ciudad de Santiago del Estero, con $2.644; y los de los municipios bonaerenses de La Matanza con $2.846; de Florencio Varela con $3.783; y de Morón con $3.842 por habitante.

El presupuesto de los Concejos

Los Concejos Deliberantes, en promedio, se llevan el 3,26% de los presupuestos municipales, aunque algunos superan ampliamente ese monto.

El municipio de Posadas destina el 14,8% de su Presupuesto local al funcionamiento de su Concejo Deliberante: una partida de $18.740 millones sobre un total de $126.679 millones previstos para todas las áreas del gobierno local.

En esta ciudad, el peso institucional del Concejo rivaliza con áreas clave del gasto local, ya que demanda 3 veces lo que insume todo el plan de obras públicas previsto para 2025 y cinco veces de lo asignado a Salud y Desarrollo Humano, según advierte el informe de la Fundación Libertad.

Le sigue en porcentaje del total del presupuesto municipal el Concejo Deliberante de Formosa, que se lleva el 13,7% del total, según datos del 2023, ya que los del 2024 no están accesibles.

Luego aparecen los Concejos de las ciudades de San Juan y El Dorado (Misiones), ambos con el 9% sobre el total de sus presupuestos municipales.

En la capital sanjuanina, la partida prevista para el Concejo Deliberante es de casi $4.000 millones sobre un presupuesto total municipal de $44.401 millones. Esa cifra representa el 96% de los recursos previstos para mejoras y obras públicas en el año 2025, y equivale a casi el doble del presupuesto orientado a bienes de consumo para la ciudad.

En el caso de El Dorado, el monto anual asignado al Concejo es de $1.785 millones sobre un presupuesto municipal de $19.842 millones.

El top five lo completa San Salvador de Jujuy, donde el Concejo local se lleva el 8,5% -$12.113 millones- sobre un total de $142.869 millones. El monto equivale a la mitad de lo que se destina a la Secretaría de Desarrollo Humano y al 82% de los fondos orientados a la Secretaría de Obras Públicas. Además, el dinero asignado al órgano legislativo municipal prácticamente iguala el monto destinado para la implementación del Plan de Policía y Control en la capital jujeña.

Gasto en personal

La mayoría de los recursos asignados a los Concejos Deliberantes se destinan principalmente al pago de sueldos, tanto de los ediles como de los empleados.

En promedio, entre los 56 municipios respecto de los cuales se pudo obtener información sobre los sueldos, el 85% del presupuesto de las legislaturas locales se destinaron a remuneraciones salariales.

En 29 de estas ciudades, la proporción supera el 90%. Los casos más extremos corresponden a los Concejos de las localidades bonaerenses de San Isidro, Vicente López, General Rodríguez, General Pueyrredón, Berisso y Maipú, donde el 99% del presupuesto está destinado a salarios.

En el otro extremo, Rawson y Florencio Varela muestran porcentajes considerablemente menores: la partida para sueldos del personal de los Concejos representa el 32% y el 43% respectivamente.

En tanto, los Concejos de Bariloche y La Rioja asignan el 64% de todas sus erogaciones para pagar salarios de su personal; la legislatura local de la ciudad de Córdoba destina el 65% de su presupuesto a ese rubro, mientras que la de Rosario, el 74%.

En las 56 ciudades relevadas, los Concejos emplean 9.931 trabajadores en total para 801 concejales, lo que arroja un promedio de 12,4 empleados por edil.

La jurisdicción con mayor cantidad de empleados en la legislatura local es - nuevamente - Posadas, con 1.585 trabajadores para 13 concejales, es decir, 122 por edil, una cifra diez veces superior a la media.

Luego aparecen Río Gallegos (66 empleados por concejal), San Salvador de Jujuy (49 empleados por edil), Salta capital (35 empleados) y San Fernando del Valle de Catamarca (32 empleados por legislador local).

En el otro extremo, en los Concejos Deliberantes de Rafaela (Santa Fe) y de las ciudades bonaerenses de Junín, San Nicolás y General Rodríguez, la relación es de un empleado por concejal.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el Gobierno viene impulsando una política de subastas públicas de bienes inmuebles y muebles: el objetivo declarado es achicar la estructura y gastos del Estado, monetizar bienes en desuso y redirigir recursos hacia otras áreas.

Hace una semana, Infobae reveló que la gestión libertaria ya vendió 10 inmuebles desde diciembre de 2023 - entre ellos edificios y terrenos emblemáticos - y recaudó más de USD 200 millones, en base a un análisis de las subasta publicadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el portal oficial de contratación públicas ComprAr.

Los remates también incluyeron a los vehículos en manos de organismos públicos. Según un nuevo relevamiento de este medio de información publicada por la AABE, en los últimos dos años, el Gobierno vendió 83 automóviles por casi USD 490.000 en total. El monto supera en más de USD 130.000 la suma de los precios base a los que habían salido a subasta.

De ese total, 35 vehículos pertenecían al Ministerio de Justicia; 16 eran titularidad de la AABE y 11 eran de la Administración De Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Del Estado (ADIFSE), convertida en febrero de este año en Sociedad Anónima Unipersonal para allanar el camino hacia una futura privatización del sistema ferroviario. En otros dos casos, se trató de decomisos judiciales en causas de trata de personas.

La venta de mayor valor fue un lote de 5 vehículos por los que se pagaron casi USD 70.000 en total, y fueron adquiridos por la empresa de la ciudad de La Plata Simen SA. Le siguió otro de 13 vehículos rematados en USD 55.000, que fueron adjudicados a la firma que presta servicios de limpieza Plusbyte SRL.

El que se remató al precio más alto fue un utilitario Iveco Daily modelo 2014 por el que se pagó USD 22.299 dólares. Su precio base había sido USD 18.579.

El 1 de julio pasado quedó en manos de Ricardo Lionel Gargiulo, quien figura en la base de datos comerciales Nosis como empleado del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires.

En los últimos dos años, Gargiulo se adjudicó otras tres unidades en subastas del Estado: una Ford Transit Bus modelo 2014 por la que pagó USD 12.670; una Ford Ranger modelo 2015, por la que ofertó USD 11.235; y una Ford Ecosport modelo 2023, por la que pagó USD 7.662.

Segunda en precio final de remate se ubicó una Toyota Hilux modelo 2015, que fue adjudicada el 5 de mayo pasado por USD 14.400 a Cristian Benitez, un monotributista proveedor del Estado en servicios de electricidad, ferretería e informática. Había salido a subasta a la mitad de ese precio, USD 6.892.

Y tercera en monto de venta quedó una combi Ford Transit Bus modelo 2014 cuyo precio base era de USD 5.684 y se subastó en USD 14.178. Se la quedó el Establecimiento Mafelu SAS, una firma cordobesa dedicada a la venta y reparación de vehículos.

Esta empresa resultó adjudicada con 16 vehículos, en total, en la gestión de Milei.

No fue la única Ford Transit Bus que compró Establecimiento Mafelu. También ganó la subasta de otra combi igual, del mismo año, por la que pagó USD 19.638. A su vez, entre la de mayor monto que adquirió, figuran dos camionetas Renault Master modelo 2015, por las que ofertó USD 10.011 cada una.

Sin embargo, no fue la que más vehículos adquirió por esta modalidad. Américo Costa - un monotributista que también se dedica al comercio y reparación de vehículos y motos - se quedó con 17 autos y camionetas en subastas lanzadas en los dos últimos años, pese a figurar en situación de deudor “irrecuperable” para el Banco Central.

Los tres vehículos por lo que pagó un mayor monto fueron una Volkswagen Saveiro modelo 2015, con el que salió adjudicado en mayo, al ofertar USD 9.400: una camioneta Ford Ranger modelo 2012 por la que pagó ese mismo mes USD 8.400; y una Ecosport modelo 2014 por la que pagó, en febrero pasado, USD 7.890.

Decomiso judicial

Dos de los vehículos rematados por el estados fueron decomisados en la llamada “causa Mora” referida a la investigación judicial sobre trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre, entre otros delitos. Están acusadas una decena de personas señaladas como líderes y miembros de una secta criminal conocida como Templo Filadelfia, ubicado en San Justo, que, bajo la fachada de una congregación religiosa, habría explotado laboralmente a decenas de fieles durante casi cinco décadas.

En la causa, la Justicia dispuso el remate de varios vehículos, de los cuales ya fueron vendidos dos. Uno es un SUV Chevrolet Tracker 2016, adquirido en agosto pasado por Javier Aguirre, un abogado que trabaja en el Poder Judicial de la Nación, quien pagó USD 11.800 (el precio base era USD 6.6600).

El otro es un Fiat Siena Sedán 2010, adjudicado en septiembre del año pasado por USD 4.370 a Carlos Gallardo, un monotributista con experiencia laboral en temas aduaneros. El precio con el que salió a subasta era de USD 2.300. El producto de esas ventas es destinado, por ley, al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata (ley Nº 26.364).

Próximos vehículos a subastar

No solo el Poder Ejecutivo viene llevando a cabo esta política de subastas de bienes del Estado. La Cámara de Diputados de la Nación rematará el próximo 5 de diciembre 20 autos de su flota oficial, con precios base que arrancan en $3,5 millones para un sedán 2.0 de 4 puertas año 2010, y $7 millones para un Peugeot 408 modelo 2014 y para un Volskwagen Bora 2010.

En total, los precios base suman $170,3 millones equivalentes a casi USD 120.000, el monto mínimo que desde la Cámara baja aspiran a conseguir. En este caso, la subasta pública se llevará a cabo on line a través del portal oficial de subastas del Banco Ciudad y la exhibición de los vehículos se realizó el miércoles pasado.

La flota de vehículos oficiales incluye autos, utilitarios, minibuses y pickups. Entre los modelos figuran Chevrolet Prisma, Cruze y Spin; Peugeot 408; Volkswagen Vento y Bora; Ford Ranger, Renault Master. Los modelos van desde 2008 a 2014.

Los tres modelos que saldrán con el precio base más alto son una camioneta doble cabina Ford Ranger modelo 2014 a $16 millones; un utilitario Renault Master modelo 2010 a $15 millones; y una pickup Chevrolet S10 a $13,5 millones.

Ya el año pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había concretado la venta de una flota de 46 autos oficiales. Según explicó en ese momento, el monto recaudado iba a ser destinado a la adquisición de bienes de uso, inversión edilicia, “y a todo otro gasto que constituya una inversión patrimonial” del palacio legislativo.

En un comunicado, se indicó que la medida iba “en línea con el compromiso asumido por el gobierno Nacional para promover la austeridad en la política y cuidar el dinero de los argentinos”.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

En 23 partidos de los 24 que conforman el GBA, en 2025, se dispusieron aumentos de distintas tasas municipales, que varían entre el 10% y el 150%, según un relevamiento hecho por Infobae. Este porcentaje supera, en muchos casos, la inflación, que - de acuerdo al último dato del INDEC- en lo que va del año asciende a 24,8% y se estima que no superará el 30% a lo largo de 2025. No solo subieron los porcentajes, sino que además se generalizó la Tasa Vial, que actualmente la cobran 17 municipios del Conurbano bonaerense.

La suba de tasas municipales fue la herramienta a la que apelaron los intendentes del Conurbano para compensar el corte en los fondos coparticipables enviados por la Nación al gobierno provincial y municipios, con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

De recaudación directa, las tasas municipales le permiten a los jefes comunales disponer de una caja mensual para financiar servicios públicos municipales y necesidades de infraestructura local en sus distritos. Los alcanzados son los vecinos, los comercios, industrias y prestadores de servicios en el partido.

Con mayorías en los Concejos Deliberantes, pudieron sortear reclamos opositores por la mayor presión tributaria sobre los vecinos. Concejales ubicados en la vereda de enfrente de los jefes comunales, alertaron que las subas, incluso, fueron muy superiores a las reflejadas en el papel, por otros cargos adicionales.

Dos son las tasas más relevantes y extendidas: la Tasa de Servicios Generales (TSG) conocida también como la Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), que pagan los vecinos por la prestación de servicios como recolección de residuos, limpieza de calles y alumbrado público, y la de Inspección de Seguridad e Higiene (TSH), que se aplica a actividades comerciales, industriales y de servicios y se calcula en función de la facturación o actividad económica declarada. Es el equivalente a Ingresos Brutos.

De los 155 tributos que identificamos en Argentina, 10 de ellos recaudan el 94% del total. Entre ellos está la principal fuente de recaudación tributaria de los municipios: la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene Municipal (que en otras jurisdicciones se llama de Industria y Comercio) y es equivalente a Ingresos Brutos, y grava la facturación", advirtió a Nadin Argañaraz, economista jefe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Sin embargo, no todos los municipios cobran el mismo porcentaje por estas dos tasas, ni tampoco son las únicas.

Según un relevamiento de Infobae, Tres de Febrero es el municipio del Gran Buenos Aires que dispuso una rebaja en las tasas municipales para el 2025 para la actividad económica. Gobernado por Diego Valenzuela, un ex PRO devenido en libertario, viene llevando adelante un proceso de eliminación de tributos para incentivar la radicación de inversiones en su territorio.

A fines de 2024 el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza impositiva para este año que tuvo como eje principal continuar con esa política. Las empresas o emprendimientos que se instalen en el distrito no pagan la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene el primer año, y para los gastronómicos, ese beneficio se extiende a dos años. Además, en caso que ingresen bajo el RIGI, los 9 años siguientes tributan al 50% y todas las empresas tienen la posibilidad de adherir al régimen de estabilidad tributaria por 30 años (no se aumentan alícuotas ni se crean nuevas tasas sobre la actividad).

En cuanto a la Tasa de Servicios Generales va del 1,21% al 1,94% y aumenta en forma automática por IPC, una actualización aprobada también en los municipios de Avellaneda o Moreno, entre otros.

Lanús -gobernado por Julián Álvarez- es el que tiene la Tasa de Seguridad e Higiene más alta: 6,3%. Le siguen Hurlingham, cuyo jefe comunal es Damián Celsi, con 4,5%, y Quilmes, conducido por Mayra Mendoza, con 3,7%. Los tres son intendentes que pertenecen a La Cámpora.

En el otro extremo, Tres de Febrero es el municipio que tiene la tasa de Seguridad e Higiene más baja, 0,5%, seguido de Berazategui, cuyo intendente es el peronista Juan José Mussi, que arranca en 0,54%. Sin embargo en este partido del sur del Conurbano, el porcentaje varía según el rubro y puede llegar hasta el 8%, por ejemplo para el rubro inmobiliaria, según la ordenanza fiscal para 2025.

En total, 16 de los 24 partidos del Conurbano fijaron una Tasa de Seguridad e Higiene menor del 2% y los restantes 8, cobran del 2 al 6,3%.

La Tasa Vial

En los últimos años, comenzó a generalizarse la Tasa Vial, que comenzó con un porcentaje menor por litro de combustible que se carga en el distrito, destinada al mantenimiento de rutas y caminos. Comenzó en unos pocos municipios y, hoy, 17 de los 24 municipios de GBA le cobran un porcentaje a los automovilistas que cargan los tanques de sus vehículos en estaciones de servicios radicadas en su territorio. Varía entre el 1,5% y el 3%, según el tipo de combustible - si es nafta súper, premium, gasoil, diesel, o GNC - y el distrito.

En general, la comenzaron a implementar municipios que estaban en la oposición al gobierno nacional, ante el recorte de fondos coparticipables o destinados a obras locales desde Nación. Así, por ejemplo, varios del corredor norte implementaron la tasa con gobiernos peronistas en la Casa Rosada, y los municipios de este color político, a partir de la llegada de Javier Milei.

Según el tributarista César Litvin, la Tasa Vial que cobran la mayoría de los municipios del Conurbano es “ilegítima porque viola la Ley de Coparticipación Federal, que prohíbe cobrar tributos análogos a los nacionales coparticipados y que solo autoriza a los municipios a cobrar tasas que retribuyan servicios prestados”. Asimismo, CEO del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich advierte que, “por otra parte, al adherir la Provincia de Buenos Aires al Decreto 505/58 y sus modificaciones, que instituyó un régimen de coparticipación federal, asumió con los municipios el compromiso de no establecer gravámenes locales sobre combustibles y lubricantes”.

Hay municipios que nunca la tuvieron, la eliminaron o suspendieron. En Tres de Febrero no está incluida en la ordenanza fiscal. No existe tampoco en Esteban Echeverría, cuyo intendente es Fernando Gray, del PJ. Tampoco se aplica en San Martín, cuyo jefe comunal es el peronista Fernando Moreira; en Morón, conducido por Lucas Ghi, alineado con el kirchnerismo; ni en San Miguel, donde el jefe comunal es Jaime Méndez, de Encuentro Republicano Federal e impulsor del partido vecinal Primero San Miguel.

En el caso de San Isidro, fue eliminada en septiembre de 2024, o Vicente López, que dispuso en noviembre pasado su eximición para 2025. Ambos municipios están gobernados por intendentes del PRO: Ramón Lanús, cercano a La Libertad Avanza, en el caso de San Isidro, y Soledad Martínez, vicepresidenta del PRO a nivel nacional, en el caso de Vicente Lopez.

En Lomas de Zamora, donde se cobra el 2% de la carga de combustible, el Ministerio de Economía de la Nación pidió, en diciembre de 2024, que esta tasa sea declarada inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia, en una demanda conjunta contra la Provincia de Buenos Aires y el Municipio conducido por Federico Otermín, alineado con el kirchnerismo. El argumento fue que ambos son responsables de la violación al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. El Máximo Tribunal aún no resolvió el reclamo.

Fernando Rolando, gerente de la Federación de Combustibles de la República Argentina, le dijo a Infobae que se oponen a este cobro “drásticamente” porque “perjudica a las estaciones de servicios y a la competencia, ya que genera una diferencia de precios entre los distritos. La tasa vial, es uno de los motivos por el que el combustible es más barato en CABA, donde no existe este impuesto”.

Las mayores subas de tasas

En Berazategui, sobre finales de 2024, el Concejo Deliberante - con mayoría peronista - aprobó un aumento de tasas y el Presupuesto 2025 de hasta un 80% para el ABL para el 2025, y del mismo porcentaje para las habilitaciones comerciales. Además, se habilitó al Ejecutivo local a una suba adicional de hasta el 150% a partir de marzo.

En Florencio Varela, un distrito gobernado por el peronista Andrés Watson, el Concejo Deliberante habilitó a finales de diciembre pasado al Ejecutivo Municipal para aumentar la Tasa de Servicios generales, también, hasta un 80%. Para los comercios, la suba estipulada alcanzó un 170%.

En Quilmes, municipio conducido por la camporista Mayra Mendoza, el oficialismo - con el apoyo de la UCR - aprobó para este año una suba promedio de las tasas por servicios urbanos del 45% respecto a diciembre de 2024. Sin embargo, la oposición de LLA y el PRO denunció que la Tasa por Servicios Urbanos Municipales (SUM) que las subas iban a ser mucho mayores. Diego Buffone, concejal del PRO, cuestionó que “por los aumentos a otros fondos que componen la boleta más allá del específico de tasas SUM, que implica poco más del 40% del total de la boleta”, el aumento será de “más del 100 por ciento”.

En José C. Paz, el distrito gobernado Mario Ishii (PJ), la suba este año arrancó con un 30% inicial y aumentos escalonados en el año que alcanzan un acumulado del 83%.

En Lanús, se aprobó un incremento en la Tasa de Servicios Generales del 45%. Este aumento incluyó un 15% inicial y ajustes trimestrales por inflación, prevista en el 30% para el año.

En Lomas de Zamora, el aumento previsto en la tasa de servicios generales para 2025 fue del 40%. Sin embargo, desde el PRO negaron que fuera esa la cifra y denunciaron que va del 273% hasta el 293%.

En Tigre, territorio de Julio Zamora - ex Frente Renovador que compitió por fuera de Fuerza Patria, en el espacio transversal Somos en la última elección provincial - el incremento fue de un 50% en enero pasado, pero sin actualizaciones a lo largo del año.

En Esteban Echeverría, la ordenanza fiscal e impositiva determinó un aumento de tasas del 30% para el 2025.

En San Martín, cuyo jefe comunal es Fernando Moreira (Unión por la Patria), de diciembre de 2024 a diciembre de de este año el aumento de las tasas municipales fue de un 27.5%.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Al pararse sobre cada departamento o localidad, se despliega la información de cada uno

La alianza que La Libertad Avanza selló para las elecciones nacionales legislativas con el PRO en 9 distritos y la UCR en otros dos, le dio al oficialismo sus mejores réditos electorales. El partido del Gobierno cosechó los porcentajes más altos de votos en departamentos y partidos de Entre Ríos, Buenos Aires y Mendoza, y en comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Casi la totalidad de los primeros 20 distritos del ranking de porcentaje de votos obtenidos por LLA corresponden a esas provincias, con solo dos excepciones.

Una fue la Antártida, donde el triunfo libertario fue abrumador y lidera el ranking. En el territorio más austral de la Argentina, LLA se impuso con el 93% (161 votos en la categoría para diputados nacionales) contra 1,73% del Frente Patriota Federal, que sacó apenas 3 votos, y 1,15% de Fuerza Patria (FP), que obtuvo solo 2 sufragios.

En el ranking de los 10 departamentos con mayor porcentaje de votos libertarios le sigue el de Diamante, en Entre Ríos, con el 62,62% que obtuvo la lista liderada por Andrés Laumann. Este número es más del doble de lo que sacó Fuerza Entre Ríos (29,45%) en esa localidad. Esta alianza peronista llevaba primero en la lista al ex titular de la Aduana, el massista Guillermo Michel. En el total provincial, el resultado había sido 52,93% para LLA en su alianza con el PRO de Entre Ríos contra 34,37% de la versión local de Fuerza Patria (FP).

En tercer lugar aparece el partido bonaerense de Coronel Rosales, donde la lista para diputados encabezada por Diego Santilli consiguió el 61,62%, y triplicó el 20,66% obtenido por Jorge Taiana, el candidato del kirchnerismo. Ese porcentaje obtenido por LLA en ese partido del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, cuya ciudad cabecera es Punta Alta, superó ampliamente el total conseguido a nivel provincial, donde ambas fuerzas estuvieron en el 41%, con menos de medio punto de diferencia a favor de la lista libertaria.

Luego se ubica en el ranking la Comuna porteña 2, correspondiente al barrio de Recoleta, donde la lista libertaria en alianza con el PRO obtuvo el 60,95% contra 15,29% de FP. En el total de CABA, el candidato violeta y abogado Alejandro Fargosi había conseguido 47,35% contra 26,97% de Itaí Hagman, actual diputado de Unión por la Patria que salió segundo, pero consiguió renovar su banca.

En el top five de mayor proporción de votos de LLA también aparece el departamento mendocino de Luján de Cuyo, donde sacó el 60,84% y triplicó los votos obtenidos por Fuerza Justicialista Mendoza (18,22%). En la provincia cuyana, el mileísmo fue en alianza con el radicalismo gobernante de Alfredo Cornejo, y se impuso en el total provincial por 53,63%, más del doble de lo que consiguió la versión local de Fuerza Patria (25,20%).

Luego siguen en el ranking Villarino, Pinamar, Puán y Saavedra, todos partidos del interior de la provincia de Buenos Aires con porcentajes que oscilaron entre el 58% y el 59%, y duplicaron con holgura lo que sacó Fuerza Patria en esos distritos.

El top ten lo completa Mendoza Capital, donde la lista de diputados liderada por Luis Petri, actual ministro de Defensa, sacó el 57,93% contra apenas 19,31% de Emir Félix, el primer postulante de Fuerza Justicialista Mendoza.

De los primeros 20 departamentos en los que LLA consiguió el mayor porcentaje de votos figura, también, General Pedernera, en San Luis, donde la lista de LLA - encabezada por Mónica Becerra - cosechó 57,41%. Este número casi duplicó los sufragios obtenidos por el Frente Justicialista, que responde al ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, y cuya lista estuvo liderada por Jorge “Gato” Fernández, y obtuvo 28,14%. En el total provincial, la diferencia había sido un poco menor, pero igualmente amplia: 51,45% de LLA contra 33,42% del PJ local.

Municipios con más votos peronistas

El peronismo recogió un mayor porcentaje de votos en departamentos de Formosa, Tucumán, la Rioja y La Pampa, todas provincias donde los gobernadores son de ese signo político, pero no fueron con el sello de Fuerza Patria, sino con otro nombre que aglutino al PJ local.

Al pararse sobre cada municipio, se despliega la información de cada uno

El ranking lo lidera Ramón Lista en Formosa, donde el Frente de la Victoria que impulsó el mandatario Gildo Insfrán obtuvo el 85,85% de los votos contra solo 11,88% de LLA. En el total provincial la brecha no fue tan amplia: 58,53% de la lista peronista para diputados nacionales encabezada por la ex auditora general Graciela De la Rosa contra 35,87% que obtuvo el candidato de la nómina apoyada por la Casa Rosada, Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas.

Le siguen en mayor porcentaje de votos peronistas obtenidos los departamentos de. Graneros y Burruyacú, en los que el Frente Tucumán Primero, promovido por el gobernador Osvaldo Jaldo se impuso por amplísimo margen: 75% contra 14,22% de la lista libertaria en el primer caso; y 72,86% contra 21,66% en el segundo.

El propio Jaldo se postuló como primer candidato a diputado testimonial, y consiguió a nivel provincial un porcentaje inferior: 50,57%. LLA - que en esta provincia fue en alianza con el PRO y llevó a Federico Pelli de primer postulante -, obtuvo en el total de la provincia 35,12%.

En el ranking, luego, se ubica el departamento formoseño de Pilagás, en el que el Frente de la Victoria cosechó 71,64%, y casi triplicó a LLA (25,17%); seguido de Simoca, donde el peronismo tucumano se impuso por 70,41% contra 19,33 de la lista violeta; y Matacos, también en Formosa, en el que el peronismo sacó el 70% que recogió el contra 27% de los libertarios.

A continuación, aparece General Ortiz de Ocampo, donde Federales Defendamos La Rioja, el peronismo riojano del gobernador Ricardo Quintela, consiguió también casi el 70% con la lista encabezada por Gabriela Pedrali. Un porcentaje que dejó muy atrás el 23,18% de la lista de LLA que lideró Gino Visconti.

Le sigue en el ranking Bermejo, también en Formosa, con el 69,48% que sacó el Frente de la Victoria contra 37,29% de LLA.

Luego se ubica Curacó, donde el Frente Defendamos La Pampa que impulsó el gobernador peronista Sergio Ziliotto y llevó de primer candidato a Abelardo Ferrán, obtuvo el 68,32%. Duplicó ampliamente el 23,91% cosechado por Adrián Ravier, el postulante del mileísmo. En el total provincial, los números fueron mucho más parejos: 44,59% del peronismo, contra 43,56% de LLA.

El top ten lo completa Leales, en Tucumán, departamento donde el PJ local sacó 68,2% contra 24,69% de la lista violeta.

Los mejores porcentajes de Provincias Unidas

El frente que impulsa un grupo de seis gobernadores que se presentan como un armado de centro y federal, sacó el mayor porcentaje de votos en departamentos de provincias conducidas por estos mandatarios.

En los 10 donde Provincias Unidas (PU) cosechó los porcentajes más altos, salió primera fuerza, seguida en 7 de ellos por LLA, y en los otros tres, por Fuerza Patria.

El ranking lo lidera Minas en Córdoba, donde el espacio sacó 54,53% con el ex gobernador Juan Schiaretti al frente de la lista. Se impuso a LLA, que salió segunda con menos de la mitad, 21,62%.

En Córdoba, Provincias Unidas - que integra el actual mandatario del peronismo cordobés Martín Llaryora - sacó en el total provincial 28,32% de los votos, y quedó segunda detrás de LLA. La lista libertaria obtuvo 42,35% con un primer candidato a diputado desconocido como fue el empresario Gonzalo Roca, al que Milei fue a apoyar en un masivo acto en los días finales de la campaña

Le sigue en el ranking de porcentaje de votos de PU el departamento de Valle Grande, en Jujuy, en el que el Frente Jujuy Crece - el nombre de la alianza promovida por el gobernador Carlos Sadir -, cosechó el 52,79% de los votos en la categoría para diputados: La lista encabezada por María Inés Zigarán se impuso por sobre Alfredo González, que lideró la de LLA, y obtuvo en esta localidad un tercio de ese porcentaje, 17,77%.

Sadir es otro de los mandatarios que integra Provincias Unidas. De origen radical, su lista no pudo ganar en la provincia y quedó segunda con el 20%, detrás de LLA que recogió 37,22% de los sufragios

A continuación aparecen los departamentos cordobeses de Tulumba, Pocho y Sobremonte, donde PU se impuso con el 48,32%, 46,3% y 44,71% respectivamente. Desplazó al segundo lugar a La Libertad Avanza, que obtuvo entre el 23% y el 27%.

Luego se ubican cuatro departamentos de la provincia de Corrientes: Berón de Astrada, General Alvear, San Luis del Palmar e Ituzaingó donde PU obtuvo porcentajes que estuvieron variaron entre el 42% y el 44%. En el primero y en el último caso, el espacio de los gobernadores de centro desplazó al segundo lugar a LLA: en Berón de Astrada la lista violeta sacó 26,41% y en Ituzaingó, 33%. En General Alvear y San Luis del Palmar, PU se impuso al peronismo, que sacó 29,91% y 28,46%.

El gobernador radical Gustavo Valdés fue el único de PU que logró un triunfo en su provincia con la lista encabezada por Diógenes González, aunque por escasa diferencia. Obtuvo 33,91% y se impuso a la modelo y vedette Virginia Gallardo, la candidata de LLA, que sacó 32,67%.

El top ten lo cierra el departamento jujeño de Santa Bárbara, donde el Frente Jujuy Crece se impuso con el 41,86%, y duplicó el porcentaje que obtuvo Fuerza Patria (20,71%).

La izquierda

El Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT) hizo su mejor elección en seis municipios de Jujuy y cuatro comunas de la Ciudad de Buenos Aires. En todos ellos ganó La Libertad Avanza.

El ranking de las 10 departamentos donde obtuvo el mayor porcentaje de votos lo lideran cuatro que están en la provincia norteña: Humahuaca (18,35%), Palpalá (12,44%), Cochinoca (12,38%), y Yavi (11,96%). También aparecen Manuel Belgrano (11,19%) y Tilcara (10,61%).

La nómina estuvo encabezada por el actual diputado nacional Alejandro Vilca, que quedó cuarto en el total provincial, detrás de LLA, el Frente Jujuy Crece, y Fuerza Patria, y no consiguió renovar su banca.

En la Ciudad de Buenos Aires, el FIT consiguió su mejor perfomance en la Comuna 5 (11,63%), la 15 (11,34%), la 3 (10,67%) y la Comuna 6 (10% de los votos).

En el total de CABA, la lista de Izquierda encabezada por Myriam Bregman salió tercera en la categoría para diputados nacionales, con el 9,11% de los sufragios, detrás de LLA (47,35%) y Fuerza Patria (26,97%).

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El domingo pasado, el territorio bonaerense viró del celeste al violeta. De 135 municipios que tiene la Provincia de Buenos Aires (PBA), la Alianza La Libertad Avanza (LLA) se impuso en 99 y Fuerza Patria (FP) solo en 36. Ese resultado en la elección de diputados nacionales fue clave para el triunfo de la Casa Rosada en la sumatoria nacional.

En los comicios provinciales del 7 de septiembre, los resultados habían sido exactamente opuestos: el frente conformado por el kirchnerismo, el kicillofismo y el Frente Renovador había ganado en 100 municipios para cargos legislativos locales, mientras que la alianza entre LLA y el PRO en solo 30.

En otros cuatro municipios había salido primero Somos - un acuerdo electoral de radicales, sectores del peronismo no kirchneristas, la Coalición Cívica y el GEN -, y en San Nicolás, se impuso Hechos, el espacio de los hermanos Manuel y Santiago Passaglia, actual jefe comunal y su antecesor.

En el total de PBA, según el escrutinio provisorio - la Junta Electoral Nacional del distrito estaba terminando por estas horas el definitivo -, la boleta libertaria se impuso el domingo pasado por medio punto. Dio el batacazo al revertir 14 puntos que le había sacado Fuerza Patria en septiembre. Después de una accidentada campaña teñida por el escándalo del renunciado Jose Luis Espert, la alianza libertaria con el PRO obtuvo el 41,45% (3.605.127 votos) por sobre Fuerza Patria, que sacó el 40,91% (3.558.527 sufragios). Así, de los 35 diputados que elige la Provincia, 17 serán de la LLA y 16 de FP.

Con la lista encabeza por Diego Santilli, actual diputado del PRO, LLA sumó en la provincia 881.417 votos entre el 7 de septiembre y la elección del 26 de octubre, según el escrutinio provisorio. Fuerza Patria, con la lista encabezada por el actual diputado Jorge Taiana, perdió 261.592 apoyos. Si bien en la elección del domingo hubo casi medio millón de nuevos votantes, el padrón era menor ya que los extranjeros residentes en el territorio bonaerense no votan en elecciones nacionales.

Lo interesante es el viraje político que hubo en más de la mitad de esos 99 distritos bonaerenses donde ganó LLA hace una semana en la elección legislativa nacional.

En 64 de ellos, en septiembre pasado, había ganado Fuerza Patria en los comicios para diputados o senadores provinciales, según el cotejo realizado por Infobae, en base a los datos oficiales del escrutinio provisorio que llegó al 99% de las mesas relevadas.

Por signo político de los municipios

Actualmente, hay solo 2 municipios gobernados por intendentes enrolados en la LLA: Tres de Febrero, conducido por Diego Valenzuela, un ex PRO devenido en libertario; y Capitán Sarmiento, cuya jefa comunal es Fernanda Astorino, quien también abrevó en el partido amarillo.

Sin embargo, la lista violeta fue la opción más elegida en el debut de la Boleta Única Papel en PBA para cargos nacionales. De los 99 distritos en los que LLA ganó este 26 de octubre para diputados nacionales, 51 están gobernados por el peronismo, lo que evidencia que los intendentes del PJ no jugaron en esta elección, al tener sus Concejos Deliberantes ya asegurados.

Otros 25 partidos bonaerenses donde se impuso LLA tienen jefes comunales de la UCR; 14 del PRO; y 7 de espacios vecinales.

De los 64 municipios que el domingo cambiaron al color violeta, 4 están en el Conurbano. Esteban Echeverría, Tigre, Morón y San Miguel.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, fue candidato a diputado nacional por otra lista disidente del peronismo, denominada Unión Federal, y salió tercero en su distrito. No pudo acceder a una banca en el Congreso.

En Tigre, el intendente Julio Zamora sufrió una derrota electoral con el espacio que acompañó, Provincia Unidas, que llevaba de cabeza de lista para diputados a Florencio Randazzo, y quedó en quinto lugar, muy por detrás de Fuerza Patria que salió segunda.

Morón, cuyo intendente es Lucas Ghi, fue el único de la zona Oeste gobernado por el peronismo que perdió ante la nómina libertaria, lo que desató una interna con Martín Sabatella, su antecesor y presidente de Nuevo Encuentro, un partido alineado con el cristinismo

En San Miguel, municipio de la Primera Sección conducido por Jaime Méndez, quien compitió con boleta corta para concejales en septiembre con Primero San Miguel, el domingo pasado también se impuso La Libertad Avanza.

Cómo fue la diferencia en votos

Al analizar qué pasó con los votos peronistas en los 64 municipios en los que había ganado Fuerza Patria el 7 de septiembre y el domingo pasado se impuso LLA, en 15 de ellos, el peronismo/kirchnerismo sumó votos, pero muy pocos: 17.199 en total. En cambio, en otros 49 municipios, perdió 106.009 sufragios.

De los 64 partidos bonaerenses donde Fuerza Patria había ganado en las provinciales y el domingo ganó LLA, la lista violeta se había consolidado como segunda fuerza en 51 de ellos, y como tercera en 13 municipios, detrás de Somos (excepto en el caso de Suipacha, donde la segunda fuerza fue Potencia). Esto significa que pasó de ser la tercera fuerza a ser la primera en solo 50 días.

Mientras eso sucedía, LLA incrementó sus votos en esos 64 partidos bonaerenses que cambiaron de color político. La ganancia sumada fue de 323.813 votos. Los mayores aumentos entre septiembre y octubre se dieron en Tigre (31.239 votos más), La Plata (30.958 apoyos adicionales) y San Miguel (26.641 sufragios más).

Los municipios que no cambiaron de color

En 36 de los 135 municipios bonaerenses, Fuerza Patria se mantuvo como alianza ganadora en octubre, respecto del 7 de septiembre. Pero solo en 12 de ellos sumó votos el domingo pasado (28.232 en total), mientras que en los 24 restantes perdió 233.645 sufragios.

En los 30 distritos bonaerenses donde la boleta violeta había ganado el 7 de septiembre, LLA repitió el triunfo el domingo pasado. Pero el mileísmo, no solo no perdió ningún municipio de los conquistados hace un mes y medio, sino que en 29 de ellos tuvo una ganancia neta de 167.555 votos. Solo perdió 2.519 apoyos en el Municipio de 3 de Febrero.

Donde más votos sumó LLA fue en General Pueyrredón (34.600 votos más), cuyo intendente es Guillermo Montenegro, del sector del PRO muy alienado con la Casa Rosada. Montenegro había ido en septiembre de candidato a senador provincial por la Quinta Sección. En segundo lugar, se ubica Bahía Blanca, donde LLA sumó 17.474 sufragios entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre.

Finalmente, en 5 municipios donde habían ganado otros partidos en septiembre, el domingo se impuso también LLA. Se trata de General Juan Madariaga, Roque Pérez, Saladillo y San Cayetano, que quedaron en manos de Somos en las elecciones provinciales, y San Nicolás, donde había triunfado Hechos.

Diferencia de votos entre LLA y FP

Las mayores diferencias en votos absolutos a favor de LLA con relación a Fuerza Patria se dieron en General Pueyrredón (64.242 votos), San Isidro (58.133), Vicente López (46.670), Bahía Blanca (45.195), La Plata (20.717), Tandil (18.171), Tigre (17.333), Coronel Rosales (13.576), Esteban Echeverría (13.541) y Necochea (11.760 sufragios).

Las menores diferencias a favor de la lista mileísta se registraron en Laprida, donde ganó por sólo un voto. Según los datos del escrutinio provisorio, LLA obtuvo 2.793 votos contra 2.792 de FP. En septiembre había ganado el peronismo con 2.767 votos contra 2.108 de LLA.

En Tordillo LLA ganó sólo por 62 votos y en Monte Hermoso por 97.

Las mayores diferencias a favor de FP tuvieron lugar en municipios de fuerte impronta peronista, todos del Conurbano bonaerense: La Matanza, Lomas de Zamora, Moreno, Quilmes, General San Martín, Florencio Varela, Berazategui, Avellaneda, Almirante Brown y Ezeiza.

La menor diferencia a favor de FP fue en Castelli: sólo 16 votos.

La participación

El padrón de septiembre fue de 14.227.683 electores e incluye a los votantes extranjeros, con DNI argentino y domicilio en PBA. De esa cifra, fueron a votar 8.677.319 personas por lo que la participación fue del 60,99% para la elección provincial.

El 26 de octubre, el padrón fue menor: 13.216.225 electores, casi 1 millón menos de empadronados porque los extranjeros no votan en las elecciones nacionales. Y los que fueron a votar el domingo pasado sumaron 9.013.159, lo que implicó 335.840 votantes más que en septiembre último.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Fuerza Patria y sus aliados peronistas, en tanto, se impusieron en 7 provincias: Formosa, Catamarca, Tucumán, San Juan, La Pampa, Santa Cruz, y La Rioja. En esta última provincia, la diferencia fue de de apenas 30 décimas.

En Santiago del Estero ganó el Frente Cívico por Santiago, del gobernador Gerardo Zamora - un aliado del kirchnerismo- , y en Corrientes, se impuso el oficialismo provincial de Vamos Corrientes, que lidera el radical Gustavo Valdés.

En 2023, en las elecciones en las que se había impuesto Javier Milei, los números habían sido inversos: LLA se había impuesto en la categoría para diputados nacionales en sólo 7 provincias: Chubut, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Salta, San Luis y Santa Fe, todos distritos en los que volvió a ganar este domingo.

Sumatoria nacional

En la sumatoria de votos de los 24 distritos, este domingo se impuso La Libertad Avanza con 40,66% de los votos, por sobre 31,70% de Fuerza Patria y aliados.

La diferencia es de más de 2 millones de votos, ya que el oficialismo nacional sumó 9.341.798 votos, mientras que el peronismo alcanzó 7.284.477 sufragios.

En el caso de LLA, se contabilizaron los sufragios obtenidos en las 23 provincias y CABA donde se presentó el partido del oficialismo nacional, solo o en alianza con otros, con el nombre del partido violeta.

La sumatoria de los sufragios peronistas incluye los de Fuerza Patria en los 13 distritos que va con ese nombre; las versiones locales de Frente Fuerza Patria Peronista (Santiago del Estero), Fuerza Entre Ríos, Fuerza San Juan, Fuerza Santacruceña, Frente Pueblo (San Luis) y Unidos Podemos (Chubut); y las listas de gobernadores peronistas en Tucumán (Tucumán Primero). La Rioja (Federales Defendamos La Rioja), Formosa (Frente de la Victoria) y La Pampa (Defendemos La Pampa).

Los votos en cada distrito

En la Provincia de Buenos Aires, que equivale al 37% del padrón nacional, La Libertad Avanza se anotó su principal triunfo y revirtió la diferencia de 14 puntos que le sacó Fuerza Patria en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, y alcanzó el 41,45%, casi medio punto arriba del frente kirchnerista, que este domingo cosechó 40,91%.

Fuerza Patria no pudo repetir su triunfo de la elección de hace un mes y medio, cuando obtuvo el 47,28% (3.820.119 votos). Este domingo sacó 3.558.527 votos, o sea que perdió 261.592 respecto de septiembre. En cambio, LLA ganó 881.417 sufragios, al pasar de 2.723.710 en septiembre, a 3.605.127 en los comicios de ayer.

En Córdoba, distrito que representa el 9% del padrón nacional, LLA dio una sorpresa en estas elecciones legislativas ya que le ganó, ampliamente, al oficialismo provincial del gobernador Martín Llaryora, impulsor del espacio de centro de Provincias Unidas. El partido violeta obtuvo 42,35% (822.240 votos) por sobre 28,32% (549.839) de la alianza de los gobernadores, cuyo primer candidato a diputado fue el ex mandatario cordobés Juan Schiaretti.

En 2023, LLA había ganado en la provincia mediterránea con el 33% de los votos (751.428 sufragios), seguida de Hacemos Por Nuestro País (el peronismo cordobés), que había sacado el 29,87% (679.603 votos). O sea que, respecto de hace dos años, el mileísmo sumó este domingo 70.812.

En Santa Fe, provincia que equivale al 8% del padrón, LLA consiguió este domingo 40,67% (681.504 votos), contra 28,7 % de Fuerza Patria (480.946 votos). Provincias Unidas, el espacio que integra el gobernador, Maximiliano Pullaro (UCR), quedó en tercer lugar con el 18,32 % (305.658 votos).

En 2023, LLA se había impuesto en la provincia santafesina pero por 8 puntos menos, con el 32,34% (649.809 votos). En esa elección, Unión por la Patria había sacado, en cambio, un porcentaje ligeramente superior, el 29,1% (584.589 votos).

En la Ciudad de Buenos Aires, que representa el 7% del padrón nacional, el oficialismo nacional, en su alianza con el PRO, se impuso ayer nuevamente - tal como se preveía - como sucedió el 18 de mayo pasado en la elección local. LLA cosechó 47,35% para diputados nacionales (771.065 votos), y 50,32% para senadores (840.973 votos).

Superó ampliamente a Fuerza Patria que sacó 26,97% (439.196 votos) en la categoría para diputados. Para senadores, la cosecha de Fuerza Patria fue superior: obtuvo 30,63% (511.943 votos).

Hace dos años, en la primera vuelta electoral, bajo el sello de Juntos por el Cambio, el PRO había ganado la Ciudad de Buenos Aires (el único distrito donde se había anotado un triunfo) con el 42,61% (782.984 votos), seguido de Unión por la Patria con 31,41% (577.225 votos), y La Libertad Avanza, que se posicionó tercera con el 20,54% (377.451 votos). Si bien, este domingo sumó 393.614 votos para diputados respecto de los obtenidos 2023, no logró alcanzar los que sacó por LLA y Juntos, sumados, en la primera vuelta.

En Mendoza, LLA - en alianza con la UCR provincial que lidera el gobernador Alfredo Cornejo - duplicó los votos de Fuerza Justicialista Mendoza: obtuvo 53,63% (538.693 votos), contra 25,20% de la lista peronista 253.109 sufragios).

Hace dos años, LLA también se había impuesto cómoda en la provincia mendocina, pero por menos margen: había cosechado 43,18% (462.657 votos) en la primera vuelta para diputados nacionales, por sobre Juntos por el Cambio, que había sacado 26,79% (287.020 sufragios).

A diferencia de las 7 provincias en las que el kirchnerismo/peronismo ganó ayer, en 2023, Unión por la Patria se había impuesto en 14 distritos.

Hace dos años, la alianza del peronismo, el kirchnerismo y el massismo se había impuesto en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Río, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones Río Negro, San Juan, Tierra del Fuego, Tucumán y, en Santiago del Estero, como el Frente Cívico por Santiago.

El triunfo de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires en 2023 con el 43,71% (4.094.665 votos), contra el 26,52% de Juntos por el Cambio (2.484.593 votos) y 25,43% de La Libertad Avanza (2.382.198 votos), siempre en la categoría de diputados, fue decisivo para imponerse en la primera vuelta. Sin embargo, el peronismo cayó en el balotaje por la migración de votos de Juntos a LLA.

En Neuquén y en Santa Cruz, la elección para legisladores nacionales de 2023 había quedado en manos de las fuerzas locales que ganaron la categoría para gobernador: Arriba Neuquén y Por Santa Cruz, respectivamente.

En 2021, el violeta no existía en el mapa de las provincias argentinas. En 13 distritos había ganado el extinto Juntos por el Cambio, entre ellos en los cinco de mayor peso electoral (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza).

En otros 9, se impuso el Frente de Todos. En Neuquén, en tanto, había salido primero el Movimiento Popular Nequino, y en Río Negro, Juntos Somos Río Negro, la fuerza provincial de su actual gobernador, Alberto Weretilneck.

La evolución de los votos en 2023 y 2021

Los 9.341.798 votos que consiguió LLA este domingo equivalen a 2,6 millones de votos más que los que sumó en las legislativas de hace dos años, y 8,2 millones más de los que consiguió en 2021, cuando daba sus primeros pasos electorales.

En 2023, La Libertad Avanza había sacado 6.706.759 votos, el 27,32% de total, en la categoría de diputados nacionales, considerando los obtenidos también por Avanza Libertad. Sumó 5,6 millones de votos respecto de 2021, cuando había cosechado poco más de un millón de sufragios (el 4,36%) junto a Avanza Libertad, el espacio que lideraba en ese momento José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires. Hace cuatro años, Milei solo se había presentado con LLA en CABA y en Córdoba, mientras que Espert compitió con Avanza Libertad sólo en PBA.

Hace dos años, con ese resultado, la LLA superaba en la primera vuelta a Juntos por el Cambio, que había conseguido 6.393.538 sufragios (26%). La extinta alianza entre el PRO y UCR perdió 3,4 millones de votos, respecto de las elecciones legislativas de dos años antes. De los 41,8 puntos recogidos en 2021, pasó a 26% en 2023, casi 16 puntos menos.

En cuanto al peronismo, en 2023 consiguió 9.176.543 votos en la categoría para diputados, el 37,4%, contabilizando los obtenidos por Unión por la Patria, el Frente Cívico por Santiago, aliado del kirchnerismo, y por el Frente Renovador, que compitió con ese sello en Santiago del Estero.

En dos años, el peronismo había sumado 1,2 millones de apoyos respecto de los comicios previos de medio término, que perdió durante el gobierno de Alberto Fernández. Así, pasó del 33,74% en 2021 a 37,38% en 2023 - siempre en la categoría para diputados-, cuando Sergio Massa ganó en primera vuelta.

Ausentismo y votos en blanco

Este domingo, la participación fue 67,92% lo que significa que casi 11,5 millones de personas decidieron no concurrir a las urnas.

La participación, hace dos años, fue del 78% contra el 72% del 2021, una diferencia que se explica, en parte, por el menor interés que generan las elecciones legislativas. En números absolutos, en 2023, 7,7 millones de electores no fueron a votar, mientras que en 2021, se habían ausentado 9,5 millones.

En cuanto a los votos en blanco, en la jornada de ayer sumaron 664.994, el 2,74%. En 2023 habían alcanzado 2.845.190, equivalentes al 10%, 7 puntos más que en 2021, cuando totalizaron 792.552 (el 3%).

Los votos nulos ayer sumaron 597.938, el 2,46% del total, una porcentaje bajo, considerando que fue el debut de la Boleta Única Papel.

Procesamiento de datos: Daniela Czibener

El resultado fue inesperado, tras una campaña atravesada por el escándalo de José Luis Espert y el financiamiento de su campaña por parte del empresario Fred Machado, acusado en EEUU de vínculos con el narcotráfico, y sorprendió en el búnker libertario. En apenas 15 días, Diego Santilli, quien reemplazó al economista en primer lugar, logró protagonizar la campaña violeta en el territorio bonaerense y remontar un escenario que se presagiaba adverso.

Fuerza Patria no pudo repetir su triunfo de la elección de hace un mes y medio, cuando obtuvo el 47,28% (3.820.119 votos). Este domingo sacó 3.558.527 votos (40,91%), o sea que perdió 261.592 sufragios en la Provincia respecto del 7 de septiembre.

En esos comicios de septiembre pasado, LLA había conseguido el 33,71% (2.723.710 votos). Este domingo sumó 881.417 votos ya que alcanzó 3.605.127 apoyos bonaerenses.

Este domingo, LLA se impuso en 99 de los 135 municipios en esta elección legislativa nacional, y Fuerza Patria solo en 36.

En la elección provincial de septiembre, en cambio, Fuerza Patria había triunfado en 100 municipios, en unos comicios en los que fueron clave los intendentes, que movilizaron a punteros y desplegaron la logística territorial para garantizarse la gobernabilidad en sus concejos deliberantes,

Qué pasó en CABA

LLA, en su alianza con el PRO, se impuso nuevamente - tal como se preveía - en la Ciudad de Buenos Aires, como sucedió el 18 de mayo pasado en la elección local, y se consolidó como la fuerza mayoritaria en distrito gobernado por el PRO desde 2007.

Este 26 de octubre, LLA cosechó el 47,32% de los votos en la categoría para diputados nacionales, al obtener 757.598 sufragios en el tramo de la boleta que llevó al abogado Alejandro Fargosi primero en la lista violeta.

En el tramo para senadores, la diferencia fue aún mayor: la primera postulante a la Cámara alta, Patricia Bullrich, obtuvo 50,29% (826.341 votos).El apoyo conseguido por la ministra de Seguridad - que tras su salto del PRO a la LLA fue la gran apuesta libertaria en la Capital Federal - fue celebrado especialmente en el campamento violeta, y fue una de las figuras destacadas en el escenario del festejo esta noche, en el Hotel Libertador, junto al presidente Javier Milei. Su candidatura cumplió con las expectativas y superó la sumatoria de votos que había obtenido LLA y el PRO por separado en mayo.

En mayo pasado, LLA sola había obtenido el 30,7% (495.966 votos), y se había impuesto sobre la alianza Es Ahora Buenos Aires - detrás de la cual se alinearon los distintos sectores del kirchnerismo y el peronismo - que quedó en segundo lugar con el 27,89% (450.559 votos). Relegó, así, al PRO - que compitió como Buenos Aires Primero- a un lejano tercer puesto, con el 16% (262.027 votos) en el que había sido su bastión electoral desde 2007.

En segundo lugar, este domingo quedó - al igual que hace seis meses - Fuerza Patria. Pero mientras en la elección local de mayo, este espacio consiguió 27,89%, ahora obtuvo 26,99% en la categoría de diputados, encabezada por el actual Itaí Hagman, que renovará así su banca.

Para senadores, con Mariano Recalde a la cabeza de la boleta, la cosecha de Fuerza Patria fue superior: obtuvo 30,65% (503.757 votos). Así el actual senador nacional de La Cámpora renovará su banca en la Cámara alta.

La Libertad Avanza ganó este domingo en las 15 comunas porteñas. En la elección del 18 de mayo, se había impuesto en sólo 9 comunas: la 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat, Constitución), la 2 (Recoleta), la 6 (Caballito), la 7 (Flores, Parque Chacabuco), la 10 (Villa Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield, Villa Luro), la 11 (Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita), la 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón), la 13 (Núñez, Belgrano, Colegiales), y la 14 (Palermo), mientras que en el resto ganó la lista peronista de Es Ahora Buenos Aires.

Procesamiento de datos: Daniela Czibener

En las elecciones de medio término de este domingo, en las que el Gobierno nacional busca revalidar la administración libertaria y consolidar fuerzas en el Congreso para los dos años por delante, los oficialismos locales de cuatro provincias aspiran a ratificar sus gestiones y consolidar legislaturas con mayorías afines.

En Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero se elegirán legisladores provinciales y, en algunos casos, también cargos municipales. En Catamarca, además, se renovarán los tres senadores que representan a la provincia, y en Santiago se vota un nuevo gobernador por los próximos cuatro años.

En estos cuatro distritos, al haber dos elecciones simultáneas, habrá dos urnas diferentes. En Mendoza, una de las cuatro provincias del país que ya tenía Boleta Única Papel (BUP), se votará con una para cargos provinciales - todos en la misma papeleta - y otra para los nacionales. En las otras tres, el sufragio será a través de la tradicional boleta partidaria nivel local y con la nueva BUP para elegir diputados nacionales.

Y en Chubut, a su vez, se somete a aprobación popular en un referéndum una iniciativa del gobernador ya aprobada por la Legislatura para eliminar los fueros de funcionarios de los tres poderes del Estado y los líderes sindicales.

Mendoza

Con una legislatura provincial bicameral, esta provincia renovará 24 bancas en la Cámara de Diputados provincial, y 19 en el Senado, sobre un total de 48 y 38 escaños respectivamente.

Compiten 8 alianzas que se presentan en los cuatro distritos electorales con candidatos a diputados y senadores en cada uno de ellos.

Ocho alianzas compiten en los cuatro distritos electorales. La coalición La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, que une al espacio libertario con el radicalismo liderado por Alfredo Cornejo, actual gobernador, busca un triunfo del oficialismo local.

La UCR gobierna actualmente con mayoría en ambas cámaras, con 22 diputados y 19 senadores, y pone en juego 11 y 9 escaños, respectivamente.

La alianza entre LLA y el radicalismo tiene como principal contendiente a Fuerza Justicialista Mendoza, un frente que integran el Partido Justicialista, el Partido Intransigente, el Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur, el Partido Solidario, el Partido del Trabajo y del Pueblo, el Partido Unidad Popular Mendoza y la agrupación Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad.

El Partido Justicialista es la segunda fuerza, con 7 diputados y 8 senadores, y renueva 5 y 7 bancas en cada cámara. Además, se disputarán escaños de bloques menores como PRO-Libertad, Unión PRO, Partido Verde, Hacer por Mendoza y Consumidores y Ciudadanos en Diputados, y Unión Mendocina en el Senado.

Por primera vez, la Alianza Provincias Unidas / Defendamos Mendoza se presenta como una alternativa de centro en esta provincia.

También participan de la contienda, el Frente Libertario Demócrata, que incluye al tradicional Partido Demócrata mendocino; el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U); el Frente Verde; Protectora Fuerza Política; y el Partido de los Jubilados.

En el ámbito municipal, 12 de los 18 departamentos elegirán concejales, mientras que los seis restantes postergaron la elección para febrero de 2026. En total, 12 fuerzas presentaron candidaturas para esta categoría. A nivel nacional, Mendoza renueva cinco de sus diez diputados (dos de la UCR, dos de Unión por la Patria y uno de La Libertad Avanza), pero no elige senadores este año.

A nivel nacional, Mendoza elige 5 diputados nacionales de los 10 que tiene: 3 de la UCR, uno de Unión por la Patria y uno de LLA. No renueva senadores en estos comicios.

Santiago del Estero

En Santiago del Estero, además de la totalidad de los 40 diputados provinciales por distrito único, se elegirá gobernador. Diez candidatos aspiran a suceder a Gerardo Zamora, líder del Frente Cívico Santiagueño, una fuerza aliada del kirchnerismo.

Entre los aspirantes a la gobernación figuran el oficialista Elías Suárez, mano derecha del mandatario provincial; el libertario Ítalo Cioccolani, actual titular de ANSES en la provincia; el radical Alejandro Parnás, por Despierta Santiago, una coalición de PRO, UCR disidente y Movimiento Viable.

Además, compiten por ese cargo Verónica Larcher, por el Frente Renovador; Roger Nediani, por Unidos para el Futuro; Adalberto René Funes, por el Partido Renovación Cívica y Social; Carlos Casagrande, por el Frente Ciudadanos; Fernando Giménez, por el Frente Futuro (Libres del Sur y Unión Popular); Mario Daud, por la Unión de Centro Democrático (UCD); y Roxana Trejo, por el MST-Nueva Izquierda.

En la Legislatura provincial - que es unicameral - el Frente Encuentro Cívico pone en juego 16 bancas, el Partido Justicialista 12, el Frente Juntos por el Cambio 5, el Frente Renovador y Progresista 4, y el Frente Patriótico Laborista renueva tres.

Compiten 11 fuerzas que presentan 453 candidatos.

La boleta del oficialista Frente Encuentro Cívico está encabezada por Juan Manuel Beltramino, actual diputado provincial que busca renovar su banca.

El Frente Fuerza Patria Peronista postula al actual senador nacional Gerardo Montenegro como primer candidato a la Legislatura local.

La Libertad Avanza compite sola en esta provincia y lleva como primera candidata a diputada provincial Norma Beatriz Luján. Aunque no es la única fuerza liberal; también se presenta la Unión de Centro Democrático, con la candidatura de Juan Manuel Moukarzel.

El Frente Unidos para el Futuro, lleva al actual diputado provincial Jorge Musseti, titular del partido ParTe, primero en la lista.

Las otras agrupaciones que compiten a nivel local son: el Frente Futuro que lleva a Marianella Lezama Hid como primera candidata a diputada; el Frente Ciudadanos que postula a Oscar Céspedes; el Frente Renovador, cuyo primer candidato es Pablo Mirolo, ex intendente de La Banda; el MST, cuya boleta lidera Jeanette Burgos; el Partido Renovación Cívica y Social, que propone a Gustavo Ayunta al frente de la lista; y Unite por la Dignidad y la Libertad, que lleva a Verónica Jacobo de primera candidata a diputada provincial.

A nivel nacional, Santiago del Estero renueva 3 de los 7 diputados nacionales. Todos responden al gobernador Zamora - de origen radical pero convertido al kirchnerismo -, e integran el bloque de Unión por la Patria. La provincia no tiene representantes opositores en la Cámara baja nacional.

También elige sus tres representantes en el Senado nacional: dos de los cuales pertenecen al Frente Cívico por Santiago y uno al Frente de Todos, los tres integran el bloque Nacional y Popular.

Catamarca

Este domingo se renuevan 21 escaños de los 41 de la Cámara baja catamarqueña, y 8 de los 16 que tiene el Senado. Doce listas competirán con la tradicional boleta partidaria.

Los senadores provinciales se eligen por los ocho departamentos que tiene la provincia, por lo que cada fuerza presenta ocho candidatos en su boleta, para cada uno de los departamentos.

El gobernador peronista Raúl Jalil, de buen diálogo con el Gobierno nacional, busca revalidar su gestión y renovar 12 de las 23 bancas que tiene el Frente de Todos en la Cámara de Diputados local. La lista de Fuerza Patria está encabezada por Juan Pablo Sánchez. En el Senado catamarqueño, el peronismo renueva 6 de sus 14 escaños.

La segunda fuerza provincial, el radicalismo, pone en juego 7 diputados de los 10 que tiene hoy. La UCR va en alianza con el Partido Movilización en el frente Somos Provincias Unidas, que lleva como primer candidato a diputado a Luis Fadel. En el Senado provincial, la UCR pone en juego sus dos bancas actuales.

Habrá otra opción de centro, Primero Catamarca, que lleva a Ruben Manzi, ex diputado nacional y provincial y ex candidato a gobernador por Juntos por el Cambio.

Por primera vez, LLA presentará candidatos en todas las categorías locales y, como en otros distritos, selló una alianza con el PRO para consolidar su debut legislativo del 2023, ocasión en la que logró cinco diputados provinciales. El mileísmo no tiene ningún representante en la actual composición del Senado provincial.

El partido amarillo, en tanto, renueva una de las dos bancas con la que cuenta en la Cámara baja provincial. La alianza lleva como primer candidato a Carlos Aibar Quintar, presidente de la Juventud libertaria en la provincia.

En tanto, el Frente Amplio Catamarqueño pone en juego el único escaño que tiene en Diputados, y postula de primer candidato a la Cámara baja provincial a Hugo Ávila.

Las otras fuerzas que compiten en Catamarca son: el MID, que postula a José Javier Galán como primer candidato a diputado; el FIT-Unidad, a Pedro Saracho; Con vos podemos, a Carlos Secco; Hacemos-Renacer, a Juan Nóblega; Política Obrera, a Bruno Corzo; Por una Catamarca mejor, a Hernán Barros; y el Partido Demócrata lleva al frente de la lista de candidatas a diputados a Amanda Ludueña.

El 26 de octubre también se elegirán intendentes en Mutquín (departamento de Pomán) y Los Altos (departamento de Santa Rosa) y concejales en 22 municipios.

A nivel nacional, Catamarca tiene 5 diputados como representantes en la Cámara baja, de los cuales, renuevan tres: dos de Unión por la Patria y un radical “peluca”, hoy enrolado en la Liga del Interior. No elige senadores nacionales en esta oportunidad.

La Rioja

La Legislatura riojana es unicameral: de 36 miembros, se renuevan 18, que serán electos por los 7 departamentos que hay en la provincia mediante la tradicional boleta partidaria.

La oferta electoral es récord: en total se presentan 35 agrupaciones políticas. Sólo en el departamento Capital, compiten 15 listas, y es donde tendrá lugar la pelea más intensa, con 8 bancas en juego.

La actual Legislatura está compuesta por cinco bloques. El Partido Justicialista - hoy oficialismo - tiene 31 diputados y pone en disputa 14. La UCR cuenta con 2 legisladores y renueva uno. En tanto, La Libertad Avanza, Hay Futuro La Rioja y Norte Grande ponen en juego el único legislador que tiene cada uno actualmente.

Además del Partido Justicialista, alineado con el gobernador Ricardo Quintela que compite con el nombre de Federales Defendamos La Rioja, un sector del peronismo se presenta por el Frente Fuerza Patria.

En el departamento de la Capital, la lista PJ-Federales compite con Juan Carlos Santander como primer candidato a diputado, que busca su reelección. Por su parte, Fuerza Patria-PJ presenta a Ismael Bordagaray como cabeza de la boleta.

La UCR postula a Nazareno Rippa, bajo la alianza Somos La Rioja Provincias Unidas, mientras que LLA compite con Claudia López de Brígido.

Provincias Unidas lleva a Nadina Reynoso, que va por la reelección en la legislatura provincial, y Hacemos lleva como primer candidato a Alberto Paredes Urquiza, ex intendente capitalino.

Las Fuerzas del Cielo lleva a Liliana Medina, actual diputada provincial que buscará renovar su banca. La boleta de las Fuerzas del Centro - Potencia la encabeza Clara Vega, ex senadora nacional. El Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) propone a María José González como cabeza de lista.

El 26 de octubre, a nivel nacional, La Rioja renueva dos de sus cinco diputados, correspondientes a Unión por la Patria. No elige senadores este año.

Chubut

Esta provincia patagónica no celebrará elecciones provinciales en esta jornada, sino que votará un referéndum para que sus habitantes aprueben o rechacen la iniciativa del gobernador de eliminar los fueros especiales de autoridades de los tres poderes del Estado y sindicalistas.

La enmienda constitucional había sido aprobada por la Legislatura de Chubut por unanimidad en marzo, cuando se formalizó también el llamado a la consulta popular.

Desde entonces, la norma ya superó recursos judiciales en contra de magistrados y funcionarios judiciales, los que más se resistieron a la iniciativa, a los que sumaron sus objeciones los sindicatos. Está pendiente una última definición de la Corte Suprema de la Nación.

La boleta que se usará este domingo para el referéndum consiste en un texto para votar por “SÍ” o por “NO” en las mismas mesas de las elecciones nacionales y por los mismos ciudadanos habilitados en los padrones.

Fue aprobada oficialmente tras una audiencia encabezada por el secretario electoral de la provincia, Alejandro Tullio, y los apoderados de seis fuerzas políticas: Despierta Chubut, el oficialismo provincial; Unidos Podemos, una alianza del PJ; La Libertad Avanza; La Fuerza del Trabajo Chubutense, otra lista vinculada al peronismo; el Frente de Izquierda, el Partido Independiente de Chubut; y el GEN.

En la misma audiencia aprobaron dos modelos de Boleta Única que debutarán en estas elecciones. Una para renovar 2 de sus actuales 5 diputados nacionales (una legisladora de Unión por la Patria y otra del PRO).

La segunda BUP será para elegir 24 de consejeros populares para el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de la selección, control disciplinario y gobierno del Poder Judicial en las circunscripciones de Esquel y de Trelew.

A su vez, en Puerto Madryn, los vecinos deberán definir si modifican la carta orgánica para permitir que los adolescentes de 16 años puedan votar en elecciones para cargos municipales.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Dentro de nueve domingos competirán en todo el país 297 listas de 129 fuerzas políticas para elegir 127 diputados en las 24 jurisdicciones, y 24 senadores nacionales en 8 de ellas. Así surge del recuento hecho por Infobae de la información oficial provista por la Cámara Nacional Electoral.

Las listas que llevan aspirantes a la Cámara baja suman 226 en todo el país, en tanto que las que postulan candidatos a senadores, son 71. Los distritos que eligen representantes para la Cámara alta, en este turno electoral, son CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Salta y Tierra del Fuego.

La mayor cantidad de listas para diputados la tienen Buenos Aires y Córdoba (19). Le siguen CABA (17) y Santa Fe (16 nóminas). Para senadores, lideran CABA (15 listas) y Chaco (10). Entre titulares y suplentes, los candidatos para ambas cámaras suman 2.656.

La Libertad Avanza (LLA) - sola o en alianza con el PRO - y el peronismo - en sus distintas versiones - son las únicas dos fuerzas políticas que tienen candidatos en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El cierre de listas del 17 de agosto último dejó expuesto cómo La Libertad Avanza monopolizó el armado electoral, relegando al PRO de los primeros lugares en los 9 distritos en los que hizo un acuerdo con el partido fundado por Mauricio Macri: Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Tucumán y Tierra del Fuego. En Río Negro, la alianza se rompió a último momento en medio de denuncias del PRO contra los candidatos libertarios.

El partido amarillo llega a estas elecciones legislativas en medio de un proceso de desintegración, que abre interrogantes sobre su futuro. En las 7 provincias que más electores (y más representación parlamentaria) tienen, los candidatos del PRO quedaron desplazados de los primeros lugares.

El peronismo, por su parte, logró resolver sus tensiones internas y privilegió la unidad bajo el nombre de Fuerza Patria en casi todos los distritos, como estrategia para evitar la fragmentación y perpetuar su pervivencia electoral. Sólo va dividido en cuatro provincias: Salta, San Luis, Chubut y Entre Ríos.

Provincia de Buenos Aires

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El principal distrito electoral del país pone en juego 35 bancas para diputados, por las que compiten 18 listas.

La boleta de Fuerza Patria estará encabezada por el ex canciller kirchnerista y ex ministro Jorge Taiana, acompañado por la massista Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato y Hugo Moyano (hijo), en los primeros lugares de la lista.

En la Alianza La Libertad Avanza, Diego Santilli encabezará la boleta, tras la renuncia de José Luis Espert. Le siguen la ex actriz y conductora de TV Karen Reichardt y el armador bonaerense Sebastián Pareja que estaba en el quinto lugar y tras los cambios quedó tercero.

El diputado peronista Florencio Randazzo lidera la lista por Provincias Unidas; María Eugenia Talerico lo hace en Potencia; y Nicolás Del Caño por el Frente de Izquierda.

Ciudad de Buenos Aires

En el distrito porteño se presentan 17 listas que competirán por 13 bancas para diputados. Es uno de los ocho distritos donde se eligen 3 senadores, con 15 listas, ya que dos partidos - Unión Popular e Integrar - no llevan postulantes para la Cámara alta.

La alianza entre los libertarios y el PRO lleva como cabeza de lista para diputados al abogado Alejandro Fargosi, alineado con las políticas libertarias. Está escoltado por Patricia Holzman, directora ejecutiva de la Fundación Judaica. Le siguen los actuales diputados Nicolás Emma, de LLA, y Sabrina Ajmechet, referenciada por Bullrich.

El PRO - que renueva tres bancas por CABA - logró colar dos aspirantes a diputados: Fernando De Andreis y Antonela Giampieri, en quinto y sexto lugar. La actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se postula para senadora.

Por Fuerza Patria, Itaí Hagman, cercano a Juan Grabois, encabeza la lista de diputados, seguido por la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos, el ex legislador porteño Santiago Roberto, y Lucía Cámpora, dirigente de la agrupación kirchnerista homónima. Mariano Recalde, quien busca continuar con su mandato como senador, lidera la boleta que incluyó a todas las corrientes internas del peronismo.

A último momento se rompió el acuerdo entre Graciela Ocaña y Elisa Carrió. La legisladora de Confianza Pública se postulará al Senado por Ciudadanos Unidos, tras cerrar una negociación con la UCR de CABA. El actual senador radical Martín Lousteau se presenta por este espacio para diputados.

El candidato a senador de Ciudadanos Unidos iba a ser el diputado radical Facundo Manes, que a última hora quedó fuera del espacio y se presentará por el GEN. La actual diputada Marcela Campagnoli será la cabeza de lista de Coalición Cívica para la Cámara alta, y Hernán Reyes aspira a pasar de la Legislatura a la Cámara de Diputados de la Nación.

Una de las sorpresas fue la postulación para diputado del ex jugador de fútbol Claudio “Turco” García, al frente de la boleta del Partido Integrar, sin experiencia anterior en política.

Córdoba

La provincia mediterránea elige 9 bancas para diputados y se oficializaron 18 listas.

El frente Provincias Unidas, que integra el gobernador Martín Llaryora, lleva como cabeza en la boleta de diputados al exgobernador Juan Schiaretti. La diputada nacional Natalia de la Sota rompió con el peronismo cordobés y encabeza la boleta de Defendamos Córdoba. El también diputado Pablo Carro hará lo mismo con Fuerza Patria.

La Libertad Avanza sorprendió con la postulación en primer lugar del empresario Gonzalo Roca, que responde al diputado nacional Gabriel Bornoroni.

El PRO se presenta a nivel provincial por separado de LLA, con el diputado Oscar Agost Carreño al frente de la lista, tras una batalla legal con Mauricio Macri por la intervención del partido.

Su colega en la Cámara baja, el ex árbitro Héctor Baldassi, si bien entró por el partido amarillo, se presenta por Ciudadanos. En tanto, la Unión Cívica Radical lleva de candidato a Ramón Mestre.

Santa Fe

La provincia de La Bota renueva 9 bancas a diputados nacionales por las que competirán 16 listas.

La vicegobernadora Gisela Scaglia, del PRO, encabeza la boleta para diputada nacional dentro del frente Provincias Unidas, que integra el gobernador Maximiliano Pullaro, y su apuesta para enfrentar a La Libertad Avanza y al peronismo en la provincia y proyectar este espacio surgido de un grupo de gobernadores a nivel nacional. El gobernador logró encolumnar a la UCR y al socialismo, con candidatos de estos partidos en la boleta.

La Libertad Avanza designó como cabeza de lista a Agustín Pellegrini, de solo 25 años y de extrema confianza de Romina Diez, diputada nacional y referente de LLA en la provincia.

El peronismo - que llegó a la unidad no sin heridos - está liderada por Caren Tepp, seguida del exjefe de Gabinete kirchnerista Agustín Rossi.

En Santa Fe, la Coalición Cívica compite sola y lleva como primer candidato a Eugenio Malaponte.

Mendoza

La provincia mendocina elige 5 diputados y compiten 8 listas.

El ahora ex radical Luis Petri, actual ministro de Defensa, será el primer candidato de LLA. Provincias Unidas - que logró integrar al PRO - lleva como primer candidato a Jorge Difonso, actual diputado provincial y presidente del interbloque La Unión Mendocina.

Por el Frente Justicialista encabeza la lista Emir Félix. El Frente Libertario Demócrata, un acuerdo conformado por el Partido Demócrata y el Partido Libertario, llevará como candidato a diputados al abogado Gabriel Sottile.

Entre Ríos

En la provincia entrerriana hay en disputa 5 bancas para diputados y 3 para senadores, por las que compiten un total de 7 listas.

El gobernador del PRO Rogelio Frigerio selló finalmente un acuerdo con LLA en su distrito. La boleta para diputados la encabeza Andrés Laumann, y para senador, Joaquín Benegas Lynch, ambos de La Libertad Avanza.

El ex titular de la Aduana, el massista Guillermo Michel, lidera la boleta de Fuerza Entre Ríos - el nombre que adoptó Fuerza Patria en la provincia - para diputados, y Adán Bahl hará lo propio para senadores.

Por fuera del espacio mayoritario del peronismo, se presenta la actual diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard al frente de la boleta para senadores por Ahora 503, ya que la Justicia Electoral impugnó el nombre que pretendía llevar de Ahora la Patria. La candidata a diputada de esta lista es Paola Rubattino.

Catamarca

En esta provincia, 9 listas se disputarán los 3 diputados que se renuevan.

La alianza Fuerza Patria Catamarca eligió a Fernando Monguillot para liderar su lista de candidatos a diputados. La Libertad Avanza irá con Adrián Brizuela, y el frente Somos Provincias Unidas llevará a Fernando Navarro.

Chaco

En Chaco son 10 las listas que compiten por 4 bancas para diputados y 3 para senadores.

El gobernador radical Leandro Zdero cerró una alianza con LLA que incluye al PRO y postula al joven libertario Juan Cruz Godoy como primer candidato a senador, que deberá enfrentar al ex gobernador peronista Jorge “Coqui” Capitanich.

Como cabeza de lista de diputados, LLA y la UCR llevan a la abogada Mercedes del Rosario Goitía, que también responde a Karina Milei, armadadroa política con Lule Menem en la provincia. Goitía logró tener visibilidad mediática en las últimas semanas por su rol como representante legal en la defensa de Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente local de La Libertad Avanza, imputado en una causa por afiliaciones irregulares al partido.

Como parte de su pacto con la Casa Rosada, el gobernador chaqueño tuvo que ceder en los primeros lugares de las listas, pero logró incluir a la vicegobernadora Silvana Schneider como segunda en la boleta para el Senado, y a Guillermo Agüero, actual subsecretario de Coordinación del Gabinete Económico del gobierno de Zdero, en la lista de diputados.

Chubut

Esta provincia patagónica pone en juego 2 bancas y se oficializaron 8 listas.

El oficialismo provincial presenta a la diputada nacional del PRO Ana Clara Romero por el frente Despierta Chubut, del gobernador Ignacio Torres, alineado en el espacio Provincias Unidas.

Enfrentará a un peronismo dividido y a La Libertad Avanza, a la que le surgió la colectora del Partido Libertario, que puede restarle votos.

Las dos listas del PJ son Unidos Podemos, que lleva a Juan Pablo Luque como primer candidato a diputado; y Fuerza del Trabajo Chubutense, que postula a Alfredo Béliz.

En tanto, Maira Frías es la candidata de La Libertad Avanza.

Corrientes

La provincia correntina elige 3 diputados y se presentan 5 listas.

El oficialismo provincial de Vamos Corrientes irá con la candidatura del legislador Diógenes González, quien tendrá como contrincante por La Libertad Avanza a la actriz Virginia Gallardo.

El candidato de Fuerza Patria es Raúl Hada, intendente de San Roque.

Formosa

En la provincia formoseña, 4 listas disputarán las 2 bancas en juego.

La ex auditora general Graciela De la Rosa se presenta por el peronismo, contra la lista que promueve la Casa Rosada, liderada por Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas, que buscará desafiar al “gildismo” eternizado en esta provincia.

En tanto, la alianza conformada por la UCR, Libres del Sur, el Partido Socialista y el MID, impulsa a Enzo Casadei, en el frente Juntos por la Libertad y la República.

Jujuy

En esta provincia del norte argentino, hay en disputa 3 bancas de diputados y 8 listas en carrera.

El oficialismo local del gobernador radical Carlos Sadir - otro de los mandatarios que se sumó a Provincias Unidas - lleva como cabeza de la boleta de Jujuy Crece a María Inés Zigarán.

LLA postula a Alfredo González como cabeza de lista, aunque otros dos espacios que apoyan a la Casa Rosada, pero mantienen disidencias con las estrategias locales libertarias, se presentan por separado y dividirán la oferta mileísta. Son el Frente Transformación Libertaria, que postula a María Mercedes Cravero, y el Frente Liberal, que tiene a Osvaldo Raúl Attie como primer candidato.

La Pampa

En La Pampa, son 5 las listas que competirán por las 3 bancas de diputados en juego.

La del gobernador Sergio Ziliotto se presenta bajo el nombre Defendamos La Pampa, y está liderada por Abelardo Ferrán.

Adrián Ravier será el representante del frente formado por LLA y el PRO, en tanto el radicalismo postula a Federico Guidugli al frente de la boleta Cambia La Pampa.

La Rioja

La provincia riojana pone 2 bancas en juego para diputados, por las que compiten 7 listas.

El Frente Federales Defendamos La Rioja, que reúne al peronismo y promueve el gobernador Ricardo Quintela, lleva a Gabriela Pedrali como primera candidata.

Sus principales rivales serán Gino Visconti, por La Libertad Avanza; Gustavo Galván por la UCR; y Rubén Galleguillo por Provincias Unidas.

Misiones

La oferta electoral en Misiones incluye 11 listas para disputarse 3 bancas para diputados.

Entre los principales contrincantes está el ex tenista Diego Hartfield - que ya fue electo para diputado provincial en las elecciones locales de junio y competirá por un nuevo cargo antes de asumir - será la apuesta de LLA.

El oficialismo del Frente Renovador de la Concordia irá con el ex gobernador Oscar Herrera Ahuad como primero en la boleta. El también ex mandatario y ex presidente argentino durante la crisis del 2001 Ramón Puerta liderará la lista del partido Activar.

En tanto, el peronismo de Fuerza Patria lleva a María Cristina Britez como primera candidata a diputada, y la UCR postula al ex diputado provincial Gustavo González.

Neuquén

En la provincia que alberga la reserva de Vaca Muerta compiten 9 listas por las 3 bancas en juego para diputados, y 8 listas para renovar sus 3 senadores.

Se dará un escenario de polarización entre el oficialismo provincial y el nacional. El frente La Neuquinidad, del gobernador Rolando Figueroa, lleva como candidata a Julieta Corroza para senadora y a Karina Maureira para diputada.

Los candidatos de LLA son la actual diputada nacional Nadia Márquez para senadora y Gastón Riesco para diputado. En Fuerza Patria, los postulantes son Silvia Sapag como primera candidata para la Cámara alta, y Beatriz Gentile como diputada.

Río Negro

La provincia rionegrina pone en juego sus 3 bancas de senadores y renueva 2 diputados. Compiten 7 listas.

Será una elección crucial para el gobernador Alberto Weretilneck. La alianza Juntos Defendemos Río Negro, que incluye al partido del mandatario Juntos Somos Río Negro, la UCR, la Coalición Cívica, sellos municipales y provinciales como el Movimiento Patagónico Popular o REDES, lleva al legislador Facundo López para senador nacional, y a Juan Pablo Muena.

El peronismo y La Libertad Avanza son los principales contendientes. LLA eligió a Lorena Villaverde como candidata a senadora, y a Aníbal Tortoriello, primero en la lista para diputados.

Fuerza Patria lleva a Adriana Serquis como primera candidata a la Cámara baja y al diputado Martín Soria como postulante al Senado.

El PRO Río Negro rompió a último momento su alianza con LLA y presentó lista propia con el legislador Juan Martín, presidente del partido amarillo, como candidato a senador, y Martina Lacour primera en la nómina para diputados.

Salta

La provincia salteña elige 3 senadores y renueva otras 3 bancas de diputados. La oferta electoral comprende 9 listas.

A último momento se rompió la unidad en el peronismo: el exgobernador Juan Manuel Urtubey y Sergio “Oso” Leavy irán en listas separadas para pelear por una banca como minoría en el Senado, el primero por Fuerza Patria, y el segundo por el Partido de la Victoria.

Competirán contra la libertaria María Emilia Orozco. La exfuncionaria nacional Flavia Royón será la candidata del oficialismo provincial por el frente Primero los salteños, de Gustavo Sáenz.

Para diputados, el candidato de Fuerza Patria es Emiliano Estrada; la del Partido de la Victoria es Marcela Jesús; la de LLA, María Gabriela Flores; y la de Primero los salteños, Bernardo Biela.

San Juan

La provincia sanjuanina pone en juego 3 bancas para diputados, que se disputarán 9 listas.

El peronismo se presentará con el sello Fuerza San Juan. Su primer postulante para la Cámara baja será el ex intendente Cristian Andino.

El oficialista Por San Juan, que responde a Marcelo Orrego, que fue electo por el PRO pero hoy está más cerca del grupo de gobernadores de Provincias Unidas, irá con el vicegobernador Fabián Martín.

Sin embargo, la candidatura a último momento de Emilio Baistrocchi para la Cámara baja, apadrinada por el cordobesismo y bajo el sello del Partidos Hacemos, trajo ruido en Provincias Unidas, ya que el resto de los gobernadores de este espacio no avaló esa postulación.

La Libertad Avanza lleva a Ricardo Abel Chiconi, y el Partido cruzada Renovadora postula a Alfredo Avelín.

San Luis

En San Luis, 7 listas se disputarán las 3 bancas de diputados que se renuevan.

La Libertad Avanza lleva la contadora Mónica Becerra, mientras que el oficialismo del gobernador Claudio Poggi - alineado con el PRO antes de que se rompiera Juntos por el Cambio - decidió no presentarse en estas elecciones como parte de su alianza política con los libertarios.

En tanto, el peronismo irá dividido, con el ex candidato a gobernador Jorge “Gato” Fernández por el Frente Justicialista, y Daniel González Espíndola por Fuerza Patria San Luis.

Santa Cruz

En la provincia santacruceña, 9 listas se disputarán las 3 bancas de diputados en juego.

Una de las sorpresas fue la candidatura del sacerdote Juan Carlos Molina, cercano a Cristina Kirchner, como prenda de unidad del peronismo.

Competirá contra el candidato del gobernador Claudio Vidal, José Daniel Álvarez. La boleta del PRO lleva a la cabeza a Leo Roquel y LLA postula a Jairo Henoch Guzmán.

Santiago del Estero

En la provincia santiagueña, además de 3 diputados y 3 senadores, se elegirá el mismo 26 de octubre el nuevo gobernador y 40 diputados provinciales. Es la única provincia que tiene esta coincidencia en el calendario electoral. Se presentan un total de 8 listas.

El oficialismo del Frente Cívico por Santiago - que gobierna la provincia desde hace 20 años - postula para el Senado, al propio gobernador Gerardo Zamora.

En tanto, Fuerza Patria Peronista lleva de primer candidato a senador al ex vicegobernador del propio Zamora y de su mujer, Claudia Abdala, José Emilio “Pichón” Neder, que busca renovar su banca en la Cámara alta. Esto le permitiría al zamorismo que las tres bancas de senadores queden en manos propias o del peronismo del que es aliado.

Por su parte, la Libertad Avanza eligió al frente de la boleta a Tomás Figueroa. El mileísmo en Santiago del Estero no irá junto al PRO, lo que beneficia directamente al oficialismo provincial.

Entre las otras fuerzas, se destacan Despierta Santiago, que lleva a Facundo Pérez Carletti como senador.

Para la Cámara baja, el candidato del oficialismo provincial es Jorge Mukdise, intendente de Las Termas del Río Hondo, mientras que el postulante de Fuerza Patria Peronista es Marcelo Barbur.

La Libertad Avanza lleva a Laura Godoy, y Despierta Santiago, a Héctor “Chabay” Ruiz, ex intendente de La Banda, quien en 2021 fue electo diputado provincial, pero no pudo asumir porque la Legislatura lo consideró una persona “indigna e inmoral” por haber sido condenado por abuso sexual.

Tucumán

En esta provincia norteña se renuevan 4 bancas para diputados y se oficializaron 9 listas.

Por el Frente Tucumán Primero se presenta como candidato - testimonial - el actual gobernador peronista Osvaldo Jaldo. La LLA compite - con el apoyo del PRO - con el consultor en seguridad Federico Pelli.

La actual diputada Paula Omodeo buscará renovar su banca con el espacio Creo, en tanto Ricardo Bussi se presenta por Fuerza Republicana.

Tierra del Fuego

La provincia fueguina disputará 3 puestos para el Senado con una oferta electoral de 7 listas, y 2 bancas de diputados con 8 boletas.

El oficialismo provincial que lidera Gustavo Melella postula a la actual senadora Cristina López en la boleta de Fuerza Patria para la Cámara de Senadores, y a Agustín Tita, jefe de Gabinete de Melella, para ingresar a la Cámara de Diputados.

Defendamos Tierra del Fuego, espacio armado por Martín Pérez, intendente de Río Grande y líder de Provincia Grande, eligió a Gastón Díaz para el Senado y a Guillermo Löffler, parte de un clan que pesa fuerte en la provincia, para encabezar la boleta de diputados.

La Libertad Avanza irá con Agustín Coto como primer candidato para senadores, y con Miguel Rodríguez para la Cámara baja. Provincias Unidas postulará al actual senador radical Pablo Blanco para renovar su mandato y a Federico Bilota para la Cámara baja.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Tras sus peores dos semanas desde que llegó al poder, Javier Milei enfrenta un panorama con interrogantes de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre. Luego de la fuerte derrota en el principal distrito electoral del país por casi 14 puntos, el rechazo a los tres vetos presidenciales por parte del Congreso esta semana, y la agudización de la volatilidad económica, La Libertad Avanza busca recomponer el apoyo del electorado para enfrentar una segunda mitad de mandato con mayor cantidad de legisladores en el Parlamento.

En 5 semanas, se votarán diputados nacionales en los 24 distritos. En 8 de ellos - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero y Chaco - también, se votarán senadores.

Ese mismo día, en simultáneo, se elegirán cargos provinciales en otros cuatro distritos: Catamarca, La Rioja, Mendoza y Santiago del Estero. En esta última provincia, además de diputados locales, se elige gobernador. En las restantes 10, no se eligen cargos a nivel provincial.

Cómo le fue a LLA

En las 10 elecciones provinciales que hubo hasta ahora, La Libertad Avanza solo se impuso en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y, en alianza con el radicalismo, en Chaco.

En otras cuatro provincias, salió segunda. Fue el caso de PBA, Jujuy, Misiones y Salta. En dos distritos - Formosa y Santa Fe - salió tercera, y en Corrientes quedó cuarta. En San Luis, LLA oficial no presentó lista, en un acuerdo con el mandatario provincial, Claudio Poggi, aunque hubo otras dos listas libertarias, pero no oficializadas desde la Casa Rosada.

La diferencia entre LLA y el peronismo

En total, La Libertad Avanza, en las 9 elecciones provinciales de las que participó, cosechó 4.073.148 votos.

Donde mejor performance tuvo, en porcentaje, fue en Chaco, donde - en alianza con la UCR que gobierna esa provincia - llegó al 45,65%, seguida de la Ciudad de Buenos Aires, donde consiguió 33,71%. En números absolutos, el distrito donde más sufragios recogió fue en la Provincia de Buenos Aires -2.723.710-, seguido de CABA, 495.966 votos.

El porcentaje más bajo lo obtuvo en Corrientes, 10,11%, donde la Casa Rosada se resistió a ir en alianza con el oficialismo provincial del radical Gustavo Valdés, y consiguió solo 63.088.

Por su parte, el peronismo -en sus distintas versiones - acumuló en las 10 elecciones provinciales que ya tuvieron lugar 5.113.004 votos en total, o sea, 1.039.856 más que los de la LLA sumados en esos distritos.

Pero la mayor diferencia entre el peronismo y LLA se dio en PBA. En esta provincia, donde el mileísmo fue en alianza con el PRO, Fuerza Patria le sacó 1.096.409 votos de ventaja. Este número revela que la brecha en favor de las opciones peronistas se achicó en el total de las elecciones provinciales. Si se excluye a PBA del análisis, en el resto de las provincias LLA obtuvo 1.349.438 votos y el peronismo 1.292.885, una ligera diferencia de 56.553 votos en favor de las boletas libertarias oficiales.

El padrón de los 10 distritos sumados donde ya se votó asciende a 25.555.546 electores, de los cuales fueron a votar 15.169.561. Esto implica que, en total, más de 10 millones de habitantes de esas provincias (10.385.985) no fueron a las urnas, el 59% de los distritos donde ya fueron a las urnas este año.

A continuación el detalle de lo que sucedió en cada distrito donde ya hubo elecciones en 2025:

Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires renovó 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial durante la elección del 7 de septiembre. El padrón contó con 14.227.683 votantes, representando el mayor peso electoral del país. La participación electoral alcanzó el 60,98%.

Fuerza Patria se impuso con el 47,28% (3.820.119 votos) a la Alianza LLA, que salió segunda con el 33,71%, porcentaje equivalente a 2.723.710 votos. La boleta peronista ganó seis de las ocho secciones electorales de la Provincia. La diferencia entre ambos espacios fue de 1.096.409 votos.

Sin embargo, el peronismo perdió 441.095 votos respecto de hace dos años en la categoría de legisladores provinciales, si bien la elección de 2023 había sido una elección presidencial.

La boleta violeta - pese a haber ido con el PRO de aliado- solo sumó 375.602 sufragios respecto de esos comicios. Hace dos años, LLA había quedado tercera, con 2.348.108 apoyos (el 24,5%).

CABA

En CABA se renovaron 30 bancas de legisladores en los comicios realizados el 18 de mayo. Con un padrón de 3.093.182 personas, la participación alcanzó un 53,3%. En el distrito porteño y con la boleta liderada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, LLA tuvo su desempeño más destacado, al imponerse con el 30,7% de los votos (495.966 sufragios).

El segundo lugar fue para Es Ahora Buenos Aires, lista que agrupó a los distintos sectores del peronismo detrás de la candidatura de Leandro Santoro, quien recogió el 28% (450.559 votos). La diferencia entre ambas agrupaciones fue de 45.407 votos.

En tercer lugar, se ubicó el PRO, que perdió en el distrito por primera vez en 18 años. La candidata Silvia Lospennato obtuvo 262.027 votos, lo que representó el 15,8 % del total.

Chaco

La provincia de Chaco renovó 16 bancas en la Cámara de Diputados durante la elección celebrada el 11 de mayo. El padrón incluyó a 1.012.034 ciudadanos y registró una participación de 52,3%, la más baja de las 10 analizadas.

La principal fuerza fue Chaco Puede + La Libertad Avanza, una alianza entre el radicalismo liderado por Leandro Zdero y el mileísmo, que obtuvo el 45,65% (235.052 votos).

En segundo lugar se ubicó el peronismo, que compitió con el nombre de Frente Chaco Merece Más, y el nombre del ex gobernador kirchnerista Jorge Capitanich como principal dirigente al frente de la boleta. Sacó 33,7% (73.302 votos). La diferencia entre ambos espacios alcanzó los 61.750 votos.

Corrientes

La provincia de Corrientes celebró elecciones el 31 de agosto para elegir gobernador, 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial. Se impuso el oficialismo provincial liderado por el gobernador radical que impulsó a su hermano, Juan Pablo Valdés, para sucederlo.

Vamos Corrientes obtuvo 51,91% (331.431 votos), seguido por la lista peronista de Limpiar Corrientes con 19,97% (127.479 votos). El tercer puesto fue para Encuentro Por Corrientes (ECO), del también radical Ricardo Colombi, con 106.534 votos (16,69%).

La Libertad Avanza quedó relegada al cuarto lugar, con solo 9,51% (60.733 votos), el peor desempeño de las 10 elecciones provinciales. En este caso, la fuerza liberal consiguió 2.355 menos sufragios para gobernador que para diputados provinciales.

Para el cargo de diputados provinciales, la fuerza ganadora también fue la oficialista Vamos Corrientes, con el 52,78% (329.452 votos). En segundo lugar se ubicó Limpiar Corrientes, con 18% (con 112.936 votos), seguida de ECO, que obtuvo el 15,25% (95.187 votos). La Libertad Avanza quedó en cuarto lugar, con el 10,11% (63.088 votos).

El padrón estuvo conformado por 950.689 personas, y la participación fue la más alta entre las diez provincias, 70,95%.

Formosa

La provincia de Formosa celebró elecciones el 29 de junio para renovar 15 bancas en la Cámara de Diputados provinciales y 30 convencionales.

El Partido Justicialista liderado por el gobernador Gildo Insfrán, que va por su octavo mandato consecutivo, resultó la fuerza ganadora, con 205.784 votos y el 67,24% de los votos.

En segundo lugar, pero lejos, se ubicó la opositora Confederación Frente Amplio Formoseño, que obtuvo el 11,95% (36.572 votos, una diferencia de 169.212 con el peronismo). La Libertad Avanza quedó muy cerca, en tercer puesto, con 34.118 votos (11,15%).

El padrón incluyó a 488.951 votantes y la participación fue del 65,8%.

Jujuy

En la provincia de Jujuy se renovaron 24 bancas en la Cámara de Diputados durante los comicios celebrados el 11 de mayo. El padrón estuvo conformado por 598.408 electores, con una participación del 68%.

La fuerza ganadora fue la oficialista Frente Jujuy Crece, que impulsó el gobernador radical, Carlos Sadir, y consolidó su liderazgo a nivel local. Obtuvo el 38,31% (141.530 votos).

LLA logró quedarse con el segundo lugar, al cosechar el 21,11% (77.977 votos), desplazando al Frente Justicialista, que sacó la mitad, 10,77% (39.777 votos).

Misiones

La provincia de Misiones renovó 20 bancas en la Cámara de Diputados durante las elecciones del 8 de junio. El padrón incluyó a 1.002.304 personas y la participación fue del 55,4%.

El oficialista Frente Renovador de la Concordia, cuyo referente es el ex gobernador Carlos Rovira, ratificó su hegemonía en la provincia como primera fuerza, con 153.188 votos y 27,56%.

La Libertad Avanza tuvo su bautismo de fuego en tierra colorada y quedó en segundo lugar. La candidatura del ex tenista Diego Hartfield cosechó el 21,9% (116.300 votos).

El PJ no se presentó como tal por estar intervenido de la conducción nacional del partido. El armado que nucleó al peronismo fue Confluencia Popular por la Patria, que quedó en el séptimo lugar con el 2,47% de los votos (3.106).

Salta

En la provincia de Salta se renovaron 30 bancas en la Cámara de Diputados y 12 en el Senado durante las elecciones realizadas el 11 de mayo. El padrón incluyó a 918.649 personas y la participación alcanzó el 57,8%.

La principal fuerza fue Vamos Salta + Unidos Por Salta, el amplio frente que armó el actual gobernador Gustavo Sáenz, que cosechó el 38,78% de los votos (193.040). Se impuso en todos los departamentos, menos en la Capital, donde ganó LLA.

La boleta libertaria quedó segunda en el total provincial con el 25,3% (125.932 votos), y afianzó su lugar como principal fuerza opositora. El Frente Justicialista Salteño quedó relegado al tercer puesto con el 7,19% de los sufragios (35.802 votos).

San Luis

En San Luis, las elecciones provinciales celebradas el 11 de mayo incluyeron la renovación de 23 bancas en la Cámara de Diputados y 4 escaños en el Senado, con un padrón de 421.285 votantes y una participación del 59,8%.

El frente oficialista Ahora San Luis, del gobernador Poggi, electo hace dos años por Juntos por el Cambio, consolidó su supremacía al resultar la fuerza política más votada para diputados provinciales. Obtuvo 105.653 votos, lo que representó el 47,29% del total.

Se impuso al Frente Justicialista, referenciado en su antecesor, Alberto Rodríguez Saá, con el 26% de los votos (58.122).

LLA no contó con una lista oficial avalada desde la Casa Rosada, por decisión de Karina Milei de retirar los apoderados. Sin embargo, se presentaron dos boletas afines ideológicamente que dejaron en evidencia la fragmentación de la oferta libertaria: el Partido Tercera Posición, que alcanzó 18.962 votos (8,49%), y Viva la Libertad, con 15.789 votos (7,07%). En conjunto, ambas sumaron el 15,56% de los votos (34.751 votos), por detrás del justicialismo.

Santa Fe

En Santa Fe, se llevaron a cabo dos jornadas electorales clave en 2025: el 13 de abril se realizaron las PASO para elegir 69 convencionales constituyentes, y el 29 de junio se votó para designar 19 intendentes, y renovar 65 Concejos Deliberantes en la provincia. El padrón provincial fue de 2.842.361 personas, el tercero más grande entre los diez distritos evaluados, y la participación alcanzó el 55,3%.

En la elección de convencionales constituyentes por distrito único, el oficialista Unidos Para Cambiar Santa Fe se consolidó como la principal fuerza política, registrando 495.115 votos y un 34,72% del total.

El gobernador radical, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, celebró los resultados, que le permitieron consolidar la mayoría para la Convención Constituyente encargada de reformar la Constitución santafesina. En segundo lugar quedó Más Para Santa Fe, el armado peronista, con 216.603 votos (15,19%).

Si bien Unidos se impuso en la capital santafesina con María Luengo como candidata, el peronismo ganó en la ciudad de Rosario con el candidato de centro izquierda Juan Monteverde, seguido de Juan Pedro Aleart, de LLA. En el total provincial, La Libertad Avanza se ubicó en tercer puesto con 201.005 votos (14,1%).

Visualizaciones: Daniela Czibener

El 7 de septiembre, Fuerza Patria se impuso por casi 14 puntos a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas bonaerenses, una diferencia que superó los pronósticos. En toda la Provincia, la alianza entre los sectores que responden a Axel Kicillof, a Cristina Kirchner y a Sergio Massa se impuso en 100 de los 135 municipios en la categoría para diputados y senadores bonaerenses. En tanto, LLA ganó en 30; Somos Buenos Aires en 4 municipios (General Madariaga, San Cayetano, Roque Pérez y Saladillo); y Hechos, en uno (San Nicolás).

Al poner la lupa sobre el Gran Buenos Aires, que comprende 24 municipios, Fuerza Patria se posicionó como el primer espacio en 21 de los 24 partidos bonaerenses, en la categoría para diputados y senadores provinciales. En tanto, la alianza entre LLA y el PRO sólo ganó en tres: San Isidro, Tres de Febrero y Vicente López.

Para el cargo de concejales, hubo una excepción - San Miguel - donde se impuso Fuerza Patria para legisladores provinciales y Primero San Miguel para los futuros integrantes del Concejo local. En este distrito de la Primera Sección, para senador provincial el peronismo sacó el 48,45% (56.760 votos), mientras que en el tramo de concejales ganó la boleta corta de Primero San Miguel, con el 39,4%. Se trata del espacio que impulsa su intendente Jaime Méndez, alineado con Joaquín de la Torre. La diferencia neta entre ambas fuerzas fue de 4.044 votos.

El impacto de las candidaturas testimoniales

En varios distritos de GBA, los intendentes peronistas que fueron de candidatos testimoniales a concejal o legislador, o llevaron a funcionarios de su gabinete como cabeza de las listas locales, traccionaron más votos que los candidatos a diputados o senadores provinciales de su sección.

El municipio donde esta diferencia fue más marcada fue el de San Fernando, en la Primera Sección Electoral, gobernado por Juan Andreotti, del Frente Renovador, la pata massista de Fuerza Patria. La lista de concejales estuvo encabezada por Eva Andreotti, hermana del intendente y actual secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente del Municipio. Cosechó 61,4%, casi 6 puntos porcentuales más que la de legisladores, que sacó 55,66%.

En Berazategui, el municipio de la Tercera Sección manejado por un histórico caudillo peronista Juan José Mussi, la lista local obtuvo 3,44 puntos más, al sacar el 64,32% contra el 60,88% que consiguió la nómina de diputados provinciales, liderada por la vicegobernadora, Verónica Magario.

En Ezeiza, otro municipio de la Tercera Sección, el tramo de la boleta para concejales encabezada por Ezequiel Díaz también obtuvo 2,71 puntos porcentuales más que la de legisladores: cosechó 63,36% contra 60,65% de la boleta para diputados de Fuerza Patria. Díaz es el actual secretario de Cultura de la intendencia, que conduce Gastón Granados, hijo del histórico cacique peronista Alejandro Granados.

Malvinas Argentinas, en la Primera Sección, fue otro de los distritos donde la tracción del intendente local, Leonardo Nardini, se hizo sentir. Como candidato testimonial al frente de la lista de concejales, obtuvo el 68% contra el 65,5% que sacó la boleta que lideró Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Provincia, para senador provincial en esa sección.

En Avellaneda, el actual intendente, Jorge Ferraresi, obtuvo como primer candidato a concejal testimonial, 2,34 puntos más (64,37%) que la boleta para diputados en la Tercera Sección (62%) en ese distrito.

Además de Mussi, Nardini y Ferraresi, otros dos intendentes del Conurbano - Fernando Espinoza, de La Matanza, y Andrés Watson, de Florencio Varela - fueron candidatos a concejal para traccionar votos en sus distritos, a sabiendas de que no iban a dejar la intendencia para pasar a integrar el Concejo Deliberante local.

Sin embargo, Espinoza obtuvo en su distrito menos votos que la lista de diputados de Fuerza Patria en la Tercera Sección: 52,77% contra 53,36% de la boleta encabezada por Magario, su socia política y ex intendenta del partido más populoso de esa sección (1.057.458 electores).

Watson, en tanto, consiguió apenas 0,3 puntos más (55,96%) como candidato a concejal en Florencio Varela, que la lista de postulantes a diputados de Fuerza Patria en ese distrito (55,66%).

Otros 4 intendentes se postularon a cargos legislativos provinciales. Mariano Cascallares, de Almirante Brown, como cuarto candidato a diputado por Fuerza Patria en la Tercera Sección, consiguió con su boleta en ese municipio casi la misma cantidad de votos que la lista de candidatos a concejales de su distrito: 54%.

Algo similar sucedió con la camporista Mayra Mendoza, de Quilmes, que obtuvo como tercera candidata a diputada de Fuerza Patria el 48% de los votos en ese partido. Ese porcentaje fue casi igual al que sacó la boleta de concejales, encabezada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra pública del Municipio, Cecilia Soler.

En tanto, Julio Zamora, jefe comunal de Tigre, quien compitió como primer candidato a senador de Somos Buenos Aires por la Primera, cosechó 19,30% de los votos en su distrito, y quedó en tercer lugar detrás del peronismo (34,45%) y LLA (32,41%) en el tramo local de la boleta.

Diego Valenzuela, jefe comunal de Tres de Febrero, se postuló como primer candidato a senador por La Libertad Avanza en esa misma sección, y consiguió 46,33% en su municipio, por delante del peronismo, que obtuvo el 42,28%. La boleta para concejales que apoyó, liderada por Fernando Ramos, secretario de Trabajo y Producción del Municipio, sacó un porcentaje ligeramente inferior, 45,67%.

Radiografía social de GBA y votos

En los 24 partidos que integran el Gran Buenos Aires viven 17,5 millones personas, según el Censo 2022, de las cuales están habilitadas para votar poco más de 14 millones. De acuerdo a la última medición del INDEC del segundo semestre de 2024, en el Conurbano la pobreza alcanza al 42% de la población y la indigencia al 10%.

Infobae analizó una serie de indicadores sociales - cobertura de salud, acceso a la casa propia, condición de la vivienda y forma de cocción dentro de la casa - según el Censo 2022, y los cruzó con el resultado electoral del domingo pasado, para ver qué fuerza había ganado en los distritos con mejores y peores parámetros de acceso a la salud y a la vivienda.

De los datos censales surge que el 38% de las 10,8 millones de personas que habitan viviendas particulares en el Conurbano no tiene obra social ni prepaga.

El municipio que tiene mayor porcentaje de bonaerenses sin cobertura médica es Moreno, el 50% del total (casi 290.000 personas). Ubicado en la Primera Sección Electoral, este distrito de 410.017 electores está gobernado por Mariel Fernández, del Movimiento Evita y enrolada en Unión por la Patria. Fuerza Patria sacó el domingo pasado el 54,29% en la boleta para concejales contra 29,89 de La Libertad Avanza. Los porcentajes para senadores provinciales fueron similares.

En el otro extremo, Vicente López - también en la Primera Sección - tiene el porcentaje más bajo de ciudadanos sin cobertura sanitaria: el 14% de su población (38.000 vecinos). En este municipio de 247.400 electores que conduce Soledad Martinez, del PRO, La Libertad Avanza se impuso en la categoría para concejales con el 55,42% contra el 28,61 de Fuerza Patria.

Otro indicador social es el acceso a la vivienda. El 29% de la población que habita en los 24 partidos de GBA no tiene casa propia (3.160.965) y, de ese total, la mitad reside en viviendas alquiladas (1,6 millones de personas)

El municipio de GBA en el que reside el mayor porcentaje de personas sin vivienda propia - el 36% - es Tres de Febrero, 132.000 personas, según el Censo 2022. En este distrito de la Primera Sección, donde viven 309.811 electores, se impuso La Libertad Avanza. La boleta para senadores estaba encabezada por Valenzuela, el actual intendente, quien obtuvo el 45,67% contra 41,35% de Fuerza Patria.

En el otro extremo, el partido de GBA con menor porcentaje de población sin vivienda propia es Ezeiza, con el 24% (48.000 vecinos). Allí viven 164.212 electores, y Fuerza Patria más que duplicó los votos que obtuvo LLA (63,36% y 24,59%, respectivamente) en la boleta para concejales.

En cuanto al relevamiento de viviendas, las que son precarias, tales como ranchos, casillas, piezas en inquilinato, pensiones o casas rodantes, el Censo relevó que el mayor porcentaje se encuentra en Florencio Varela con el 6% de las viviendas relevadas en este municipio, donde hay 8.700 unidades habitacionales de este tipo. En este municipio gobernado por el peronista Watson, Fuerza Patria sacó casi el 56% en la categoría para concejales, contra 23,77% de LLA.

La menor cantidad de viviendas precarias se encuentra en Morón, según el Censo 2022, que identificó que sólo el 1% (1.600 viviendas) son de estas características. En este municipio de la Primera Sección Electoral que conduce Lucas Ghi (Unión por la Patria), la diferencia entre el peronismo y los libertarios para concejales estuvo más ajustada que en otros distritos del GBA: 43,94% contra 39,27%.

Por último, 34% de los hogares del Gran Buenos Aires cocina utilizando garrafa como combustible. O sea, no disponen de red de gas natural para cocinar y deben hacerlo con garrafa. En este caso, Moreno nuevamente es el que peor indicador muestra: el 63% de los vecinos (113.943 personas) está en esta situación, según datos del Censo 2022.

Como contracara, Vicente López registra el menor porcentaje de población en esta situación, solo el 5% (6.154 individuos).

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Portada: Felipe González

Con el cursor sobre cada municipio se muestra la diferencia de votos entre Fuerza Patria y LLA

La derrota de La Libertad Avanza (LLA) en estas elecciones bonaerenses quedó sellada por la amplia diferencia que Fuerza Patria obtuvo en la Tercera Sección electoral - más de 25 puntos - y en la Primera, donde sacó más de 10 puntos porcentuales por sobre los libertarios. En estas dos secciones viven más de 10 millones de electores y la brecha de votos fue irremontable para el mileísmo.

Del análisis realizado por Infobae de los resultados oficiales, surge que Fuerza Patria ganó en 100 de los 135 municipios bonaerenses; LLA en 30; Somos Buenos Aires en 4 (General Madariaga y San Cayetano, en la Quinta Sección, y Roque Pérez y Saladillo, en la Séptima Sección); y Hechos en uno, San Nicolás (Segunda Sección).

De los 10 municipios donde Fuerza Patria obtuvo mayor diferencia porcentual, 6 son de la Tercera Sección, lo que confirma que se trata de un territorio con fuerte raigambre peronista, que los libertarios no pudieron o no supieron revertir.

El ranking en diferencia de puntos porcentuales lo lidera Ensenada, donde la alianza entre el peronismo, el kicillofismo y el massismo obtuvo 41,7 puntos de diferencia, al sacar el 65,9% de los votos contra el 24,21% de LLA. En números absolutos significaron 16.810 sufragios más en un municipio de 62.700 electores. Se trata de un distrito de la Tercera Sección gobernado por Mario Secco, ex kirchnerista que devino en un acérrimo aliado del gobernador Axel Kicillof en la interna del kirchnerismo, y que lideró la lista para concejales como candidato testimonial.

Le sigue Malvinas Argentinas, de la Primera Sección, con 40,7 puntos de diferencia entre Fuerza Patria y LLA. Ahí también el intendente local Leonardo Nardini se presentó como primer candidato en la lista de concejales, lo que revela el peso de los intendentes en esta elección. El peronismo obtuvo 65,51% contra 24,82% de la boleta libertaria, al obtener 70.717 votos más que LLA, en un municipio de casi 300.000 electores.

Aparece luego San Vicente, de la Tercera Sección, con una brecha a favor de Fuerza Patria de 39 puntos porcentuales: obtuvo 63% contra casi 24% de LLA. Fueron 16.799 votos más en un distrito que tiene 74.000 electores y está gobernado por el peronista Nicolás Mantegazza.

En el ranking de los municipios donde Fuerza Patria sacó mayor diferencia, en cuarto lugar se ubica Ezeiza: casi 35 puntos a su favor. El peronismo se impuso con 60,65% contra 25,83% que sacó la boleta libertaria. En este partido históricamente peronista viven 165.000 electores y su intendente es Gastón Granados. La diferencia a favor del peronismo en votos absolutos fue de 33.662.

Luego sigue Avellaneda, conducido por Jorge Ferraresi, otro jefe comunal alineado con Kicillof, donde la diferencia fue también de casi 35 puntos porcentuales. Fuerza Patria consiguió 62% de los sufragios mientras que LLA cosechó 27,4%. En números absolutos, la diferencia fue de 68.117 votos en un padrón electoral de 325.000 electores.

Con una cifra similar, se ubica Berazategui, - también en la Tercera Sección-, con 34 puntos de diferencia entre Fuerza Patria y LLA. Fueron 63.789 votos más que sacó el peronismo por sobre los libertarios, en un municipio de 295.000 electores. En este distrito conducido por Juan José Mussi, histórico caudillo peronista, Fuerza Patria obtuvo el 60,88% de votos y los libertarios el 26,85%.

Luego siguen Carlos Tejedor y General Pinto, ubicados en la Cuarta Sección, con 33,6 puntos porcentuales a favor de Fuerza Patria (2.359 votos más en ambos casos). Se trata de dos municipios del interior productivo gobernados por jefes comunales peronistas. En Carlos Tejedor Fuerza Patria obtuvo 56,84% contra 23,16% de LLA, y en General Pinto, 56,28% contra 22,62% de los libertarios.

En Monte Hermoso la diferencia entre ambas fuerzas fue de 32,6 puntos. El peronismo, histórico ganador en este distrito de 10.000 electores, cosechó 58% y los libertarios 25,43%. La diferencia en su favor, en números absolutos, fue de 1.895 votos.

Finalmente, en Florencio Varela, donde residen 370.000 electores, la diferencia fue de 32 puntos. Fuerza Patria obtuvo 55,66% y LLA 23,77%. El peronismo - que gobierna históricamente este municipio cuyo actual intendente es Andrés Watson - tuvo el apoyo de 65.561 votantes más que La Libertada Avanza.

Los municipios más libertarios

Los dos partidos bonaerenses en los que LLA se impuso sobre Fuerza Patria con mayor ventaja fueron San Isidro y Vicente López, en el corredor norte del Gran Buenos Aires. Son dos distritos históricamente refractarios al peronismo y donde pisan fuerte el PRO Y la UCR.

En San Isidro, LLA obtuvo una diferencia de 29 puntos porcentuales por sobre el peronismo. Sacó el 57,37% contra 28% de Fuerza Patria. En números absolutos, la diferencia fue de 46.566 votos, en un distrito donde hay 291.000 electores. Su intendente es Ramón Lanús, quien ingresó por el PRO pero luego se alineó con el sector más libertario de los dirigentes de ese partido.

En tanto, en Vicente López, un municipio conducido por Soledad Martínez del PRO, la brecha fue del 26%, con una diferencia de 39.143 votos a favor, en un padrón de 250.300 electores. LLA obtuvo el 54,7% contra 28,69% de Fuerza Patria. Martínez es la actual vicepresidenta del PRO y fue una de las que más militó por defender la identidad del partido amarillo frente a las condiciones que imponían los libertarios.

En el ranking de los municipios donde LLA sacó mayor ventaja sobre Fuerza Patria aparece luego Coronel Rosales, municipio de la Sexta Sección Electoral, en la que se impuso La Libertad Avanza. Obtuvo casi 25 puntos de ventaja sobre el peronismo (7.820 votos más), pese a que actual jefe comunal, Rodrigo Aristimuño, es de Unión por la Patria. El distrito tiene casi 53.000 electores y los libertarios obtuvieron 48,43% contra el peronismo que sólo cosechó 23,6%.

En cuarto lugar aparece Puán, un municipio de 14.000 electores también de la Sexta Sección. LLA obtuvo 43,73% contra Fuerza Patria que midió 21,44%: una diferencia de 22 puntos y una variación neta de 1.809 votos. Su intendente es Diego Reyes, quien por el PRO pero que en estas eleciones se alineó con Potencia, el espacio surgido de una alianza de centro derecha entre el MID y el partido UNIR, liderado por María Eugenia Talerico.

Luego aparece Pinamar, donde la diferencia a favor de LLA fue de casi 20 puntos. Se impuso por 51% contra 31,5%. En números absolutos la diferencia fue de 3.309 votos, en un municipio donde viven 37.000 electores, y está gobernado por Juan Manuel Ibarguren, del PRO.

En Coronel Pringles, también en la Sexta Sección Electoral, la ventaja de los libertarios sobre Fuerza Patria fue de 18,6 punto. Se trata de un municipio cuyo intendente, Lisandro Matzkin, fue electo por el PRO pero se enroló en la campaña con LLA. La boleta violeta obtuvo el 47,17% de los votos frente al peronismo, que sólo sumó 28,6%, con una diferencia neta de 2.117 votos, en un electorado de poco más de 20.600 votantes.

En el ranking sigue Coronel Suárez, también en la Sexta Sección. La diferencia entre ambas fuerzas fue de 16,53 puntos, al obtener LLA 45,72% contra 29,19% de Fuerza Patria. La diferencia fue de 2.212 votos en un distrito de 35.600 electores, donde el intendente peronista Ricardo Moccero va por séptimo mandato.

En Bahía Blanca, ciudad cabecera de la Sexta, la diferencia fue de casi 16 puntos. Con 266.000 electores, la boleta libertaria cosechó 46,41% contra 30,51 de la peronista. La variación neta fue de 24.192 votos en un municipio conducido por Fernando Susbielles, de Unión por la Patria.

En el anteúltimo lugar dentro del top ten se encuentra General Villegas, distrito con 26.000 electores de la Cuarta Sección Electoral, gobernado por Gilberto Alegre, elegido por Juntos pero en esta elección alineado con Somos Buenos Aires. En este caso la diferencia fue, también, de casi 16 puntos puntos a favor de LLA, que obtuvo 38,18% contra 22,37% de Fuerza Patria. Así la boleta violeta consiguió 2.251 votos más.

Y finalmente, en Necochea, un municipio de 89.000 electores, la boleta violeta cosechó 47,26% y la celeste 31,75%. La diferencia fue de 15,5 puntos (6.151 votos más) a favor de LLA en este distrito conducido por el vecinalista Arturo Rojas.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

La alianza entre La Libertad Avanza y el PRO no resultó tan fructífera en las elecciones provinciales de PBA como el oficialismo nacional y un sector del partido fundado por Mauricio Macri esperaban. Los datos del comicio de ayer muestran que no se produjo la migración de votos del partido amarillo a la boleta pintada de violeta.

Los motivos son varios. Entre ellos, la implosión de lo que fue Juntos por el Cambio, el desencanto de votantes libertarios frente al estilo de gobierno de Javier Milei, y la rigidez política del armado de LLA en la Provincia, que fracasó en lograr consensos para un acuerdo electoral más amplio.

En 2023, Juntos por el Cambio consiguió en la Provincia de Buenos Aires 2.545.545 sufragios - el 26%-, al quedar detrás de Unión por la Patria, que había sacado 4.261.214 votos (casi el 45%) para la categoría legisladores provinciales.

Hace dos años, La Libertad Avanza (LLA) quedó tercera, al cosechar en la Provincia 2.348.108 votos (el 24,5%).

En los comicios de este domingo, la alianza entre LLA y el PRO consiguió 2.723.710 votos, el 37,71% de los sufragios escrutados ayer. Solo logró imponerse en dos de las ocho secciones electorales. Fueron apenas 375.602 votos más que en 2023, para la misma categoría bonaerense.

Esto refleja que el aporte del PRO fue magro, más allá de considerar que hubo una porción de votantes de Milei del 2023 que, en esta elección, quizás desilusionados, decidieron no ir a votar.

De hecho, ayer hubo casi 2 millones de votos menos, por la caída en la participación. En 2023 se contabilizaron 10.670.480 votos mientras que ayer fueron 8.766.846. La participación hace dos años había sido de casi el 76% y este domingo no llegó al 61% (casi 15 puntos menos). Esto implica que 5.609.746 bonaerenses no fueron a las urnas ayer.

En cuanto al voto en blanco, sumaron 587.504 los votantes que concurrieron a las urnas pero no eligieron ninguna de la boletas en oferta. Fueron el 6,77%. En línea con la menor asistencia, el número es inferior al del 2023, cuando los sufragios en blanco habían sido 1.072.117 (el 10,05% de los votos emitidos).

Diversificación electoral

Los votantes de Juntos por el Cambio en 2023 que no apoyaron la alianza del pro con LLA, tuvieron otras ofertas electorales este domingo.

El radicalismo compitió con el nuevo espacio de Somos Buenos Aires, que reunió a dirigentes del peronismo no K, la UCR bonaerense y la Coalición Cívica, entre otros partidos menores. Ayer sacó 424.671 votos, el 5,25% del total de votos en toda la Provincia. Un resultado que muestra que no rompió la polarización, pero que se llevó votos radicales y de votantes de centro no representados por el discurso belicoso de LLA.

Somos tuvo su mejor performance en la Cuarta Sección del interior agropecuario como fuerte presencia de productores sojeros, con el 19,93%; en la Séptima con el 15,18%; y en la Quinta y la Sexta con el 11,3% en cada una.

Este frente se presentó en todas las secciones menos en la Segunda, donde hizo un acuerdo con Hechos, de los hermanos Manuel y Santiago Pasaglia, actual intendente y su antecesor en San Nicolás. Referenciados en el PRO, se fueron del partido amarillo, pero tampoco migraron hacia los libertarios. Por el contrario, crearon un espacio propio, que se impuso en ese municipio con el 50,51% de los votos y consiguió aportar un caudal importante de votos en la Segunda Sección, donde Hechos logró el 24% de los sufragios, y quedó como tercera fuerza al obtener 90.872 apoyos. En toda la Provincia, este espacio sumó 91.143 votos.

En tanto Potencia, la opción de centroderecha surgida de una alianza entre el MID y UNIR y que estuvo liderada por la abogada y ex segunda de la UIF en el gobierno de Cambiemos María Eugenia Talerico, obtuvo 111.009 votos: 1,37% del total en la Provincia.

Fue producto de la estrategia política llevada adelante por el armador de LLA en la Provincia, Sebastián Pareja, y Karina Milei que impusieron condiciones leoninas para los intendentes de la UCR y del PRO, y buscaron priorizar candidatos libertarios puros, lo que derivó en su alejamiento de la alianza libertario con el macrismo, a la que muchos jefes comunales del partido amarillo cuestionaron como ·un acuerdo de cúpulas partidarias”.

Qué pasó en el peronismo

Fuerza Patria - la endeble alianza que sellaron el sector del gobernador Axel Kicillof, La Cámpora, Cristina Kirchner y el Frente Renovador - se impuso ayer en la Provincia con 3.820.119 votos, el 47,28%. El resultado le dio un cómodo triunfo al mandatario bonaerense, que salió fortalecido en su decisión de desdoblar la elección, a contramano de los deseos del cristinismo, y lo deja bien parado en sus aspiraciones presidenciales para el 2027.

Sin embargo, y más allá de que las elecciones de medio término suelen ser menos convocantes que las ejecutivas, el peronismo perdió 441.095 votos en el territorio bonaerense, respecto de los comicios de 2023 para la categoría de legisladores provinciales.

Ese año, Unión por la Patria, que llevaba a Sergio Massa de candidato a presidente y a Kicillof en busca de su reelección en la provincia, cosechó 4.261.214 votos para diputados y senadores provinciales. Si bien UxP obtuvo en 2023 casi medio millón de votos más, en porcentaje el número fue menor - el 44,68% del total -, ya que hubo una mayor afluencia de votantes (10,6 millones), con 76% de participación electoral.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

En un resultado que superó los pronósticos y terminó en un duro revés electoral para el Gobierno nacional, la Alianza La Libertad Avanza, que llevaba de aliado al PRO, perdió en seis de las ocho secciones electorales bonaerenses, entre ellas, las dos más populosas: la Primera y la Tercera. Solo se impuso en dos: en la Quinta y en la Sexta Sección. La diferencia global es de casi 13,57 puntos a favor del peronismo.

Fuerza Patria ganó -como se preveía - en la Tercera por más de 25 puntos, una brecha mayor a la esperada, al obtener casi 54% contra 28,43 % de LLA. Una diferencia de más de 700.000 votos.

El peronismo también se impuso en la Primera, donde LLA tenía expectativas de ganar. Lo hizo por 10,6 puntos, al sacar 47,49% contra 36,88%.

Cada una de estas dos secciones tiene más de 5 millones de votantes habilitados a votar, por lo que sumadas concentran el 71% del total de la Provincia.

Fuerza Patria también triunfó en la Segunda, la Cuarta, la Séptima y la Octava.

La Tercera Sección

La Tercera es un histórico bastión peronista, donde el kirchnerismo consolidó su núcleo duro de votantes. Es la Sección en la que Cristina Kirchner iba a ser candidata, antes de que quedara firme su condena por la causa Vialidad. Es donde Fuerza Patria obtuvo la mayor diferencia de votos a su favor: 25 puntos porcentuales. El peronismo recogió 1,6 millones de votos en esta sección,764.360 más que LLA, que consiguió 851.297.

La Tercera comprende 19 municipios en los que está radicado el 36% de los 14,3 millones de electores que figuran en el padrón de PBA. Los partidos más poblados son La Matanza, Lomas de Zamora y Quilmes, Almirante Brown, Florencio Varela y Lanús. Entre estos seis partidos, suman 3,5 millones de electores, si se suman los extranjeros que pueden votar.

En la última década, el peronismo-kirchnerismo con sus distintas denominaciones se impuso en todas las elecciones en esta Sección.

En 2023, en la categoría para diputados y senadores provinciales, Unión por la Patria logró 1.770.941 votos, el 51,54% de los votos afirmativos. La Tercera fue la única de las ocho secciones en la que LLA salió segunda (en el resto de las secciones quedó tercera), al obtener 782.877 votos (22,79%), por delante de Juntos por el Cambio, que cosechó 726.652 votos (21,15%).

La mayor diferencia respecto de la segunda fuerza, el peronismo la consiguió en 2019, cuando obtuvo casi 30 puntos arriba de Juntos por el Cambio: sacó casi el 60% contra el 30% de la alianza entre el PRO y la UCR, en la elección para senadores provinciales.

La menor diferencia la tuvo en la legislativa de 2017, con 9 puntos porcentuales que sacó Unidad Ciudadana (44%) por encima de Cambiemos (35%) en la elección para diputados bonaerenses de ese año.

La Primera Sección

En la Primera, Fuerza Patria sacó esta noche 1.337.991 (47%) votos contra 1.039.243 (37%) de La Libertad Avanza. La diferencia neta fue de 298.748 votos.

Abarca 24 municipios del norte y noroeste del Conurbano bonaerense donde viven 5,1 millones de electores. Los partidos de esta sección más poblados son Merlo, Moreno, San Martín, Tigre, Pilar, Tres de Febrero, Malvinas Argentinas y Morón. Solo estos ocho partidos suman casi 2.900.000 habilitados para votar, entre nativos y extranjeros.

En esta Sección, las distintas versiones del peronismo perdieron en dos comicios provinciales en los que quedaron detrás de lo que era Cambiemos y, luego, Juntos por el Cambio.

En 2017, la alianza de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica (CC) se impuso a Unidad Ciudadana (UC) en las elecciones de medio término para senadores bonaerenses por 5 puntos porcentuales: 41,4% de Cambiemos a 36% de UC.

La otra elección en la que perdió el peronismo en la Primera fue la de 2021, también para senadores provinciales, pero la diferencia fue mínima. Juntos sacó 39,20% contra 39% del Frente de Todos.

La mayor diferencia a su favor, el peronismo la tuvo en la Primera en 2023, cuando Unión por la Patria se impuso por 18 puntos porcentuales a Juntos: 44,36% (1.504.238 votos) a 26,46% (897.328 votos). En tercer lugar, quedó LLA con el 24,78% (840.345 sufragios).

La Quinta Sección

Es la tercera sección electoral en cantidad de electores: 1.336.787. Comprende 27 distritos de la costa sur de la Provincia, y tiene a Mar del Plata como la ciudad cabecera, en el municipio de General Pueyrredón. Su intendente, Guillermo Montenegro, es del PRO y un firme defensor de la alianza con LLA. Fue como primer candidato a senador en la boleta libertaria.

Sin embargo, el triunfo de LLA no fue tan amplio como se esperaba. Se impuso con el 42% contra 37,5% de Fuerza Patria. En votos, la boleta encabezada por Montenegro cosechó 279.811 votos contra 249.374 que obtuvo Fernanda Raverta, la candidata de Fuerza Patria. Una diferencia de apenas 4,6 puntos y 26 mil votos

En la Quinta Sección, se impuso en la última década Cambiemos y Juntos. En las elecciones del 2015 obtuvo el 46,41%; en 2017, el 52,12%; en 2019, el 48,07%; y en 2021, el 51,1%. La excepción fue en 2023, cuando ganó Unión por la Patria con el 35,4%, en tanto que Juntos quedó segundo con el 34,73%.

La Sexta Sección

Es la otra Sección donde se impuso LLA, aunque la diferencia fue más holgada que en la Quinta: La Libertad Avanza ganó por el 41,75% de los votos, contra 34,15% de Fuerza Patria, una diferencia de 7,6 puntos porcentuales. La boleta libertaria cosechó 150.802 votos contra 123.370 del peronismo (una diferencia de 27.432 votos).

Ubicada al sur de la Provincia, tiene como ciudad cabecera a Bahía Blanca, alberga a 672.483 electores. Abarca 22 distritos, entre otros, Coronel Pringles, Monte Hermoso, Patagones, Salliqueló, Tornquist , Tres Arroyos y Villarino.

En 2023, la Sexta fue la única sección donde se impuso Juntos por el Cambio con el 33,14% (142.538 votos), seguido de UxP con el 32,71% (140.692 votos), y La Libertad Avanza 31,24% (134.384 votos). En las restantes, ganó el peronismo.

Se trata de una Sección donde históricamente ganó la alianza del PRO con la UCR para las elecciones legislativas bonaerenses. En 2015, Cambiemos obtuvo el 47,31% y en 2019, el 53,42%. Ya con el nombre de Juntos, en 2019, cosechó el 51,03%, y en 2021, el 52,19 %.

La Segunda Sección

En la Segunda Sección, que alberga 649.465 electores, se impuso Fuerza Patria con 35,42% de los votos, contra 29,79% de LLA. La boleta peronista consiguió 134.811 apoyos contra 113.389 de la libertaria.

El espacio Hechos de los hermanos Manuel y Santiago Passaglia, actual intendente y ex jefe comunal de San Nicolás, rompió la polarización entre el peronismo y LLA, al conseguir el 24% (91.143 votos).

Esta Sección comprende 15 municipios del norte de la Provincia, entre ellos, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Salto, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

La Octava Sección

En la Octava Sección, correspondiente a la Capital provincial y con 576.691 electores, este domingo se impuso Fuerza Patria, con el 43,89% de los votos, contra 36,69% de LLA. Obtuvo 159.313 sufragios contra 133.173 de La Libertad Avanza.

Excepto en 2023, cuando Unión por la Patria ganó con el 40,34%, en las anteriores elecciones de la última década se impuso Cambiemos y su sucesor Juntos. En 2015 con el 42,31%; en 2017 con el 48,38%; en 2019 con el 45,02%; y en 2021, con el 46,12 %.

La Cuarta Sección

En esta Sección del noroeste bonaerense con fuerte impronta agropecuaria el peronismo obtuvo 40,34% contra 30,3% de la LLA, una diferencia de 10 puntos. En votos, fueron 127.218 de Fuerza Patria contra 95.550 que optaron por la opción libertaria.

Abarca 19 distritos que incluyen, entre otros, a los municipios de Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, General Villegas, Junín, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó y Trenque Lauquen. Alberga 547.677 electores.

La Séptima Sección

En la menos poblada de las ocho secciones bonaerenses, también se impuso Fuerza Patria. El peronismo obtuvo este domingo el 38,23% de los votos contra 32,84% de LLA.

Comprende 8 municipios del centro de la Provincia, donde viven 285.047 electores. Abarca los partidos de Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y 25 de Mayo.

Resultados históricos en PBA

En 2023, Unión por la Patria se impuso en la Provincia con 4,2 millones votos en la elección para legisladores provinciales, al obtener casi el 45%. Ganó en todas las secciones electorales, menos en la Sexta, donde se impuso Juntos.

En segundo lugar, bastante lejos, se ubicó Juntos por el Cambio, que consiguió 2,5 millones sufragios (el 26%), seguido de La Libertad Avanza (LLA), que cosechó 2,3 millones votos (el 24,5%).

En 2021 y 2019, también se impuso el peronismo en el total de la Provincia. En 2021, tras la debacle post pandemia del gobierno de Fernández y el escándalo de la foto de la fiesta en Olivos del cumpleaños de Fabiola Yáñez, el Frente de Todos perdió en el distrito bonaerense por 33.710 votos, si se suman los votos peronistas de todas las secciones. Solo se impuso en la Tercera, nuevamente, con el 45,67% de los sufragios contra 32,3% de Juntos (1.048.570 votos). En esta sección consiguió 1.481.960 votos.

En 2019, cuando ganó Alberto Fernández la presidencia, el Frente de Todos obtuvo casi 5,2 millones de votos en el total de las 8 secciones contra 3,7 millones de Juntos por el Cambio. Sin embargo, el peronismo no ganó en todas las Secciones: se impuso en la Primera, la Segunda y la Tercera, pero perdió a manos de Cambiemos en la Cuarta, Quinta, Sexta , Séptima y Octava.

En las legislativas de medio término del 2017, Cambiemos sumó más votos en el total de la Provincia, pero Unidad Ciudadana - la fuerza creada por Cristina Kirchner por fuera del PJ- ganó la Tercera y perdió en el resto de las secciones electorales.

En 2015, el resultado entre la alianza entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica y el Frente para la Victoria (FpV) fue muy parejo. Se terminó imponiendo el peronismo por una diferencia muy ajustada de 56.304 votos: El FpV obtuvo 3.277.475 votos contra 3.221.171 de Cambiemos. El triunfo al peronismo se lo dieron los resultados en la Primera y la Tercera. En la Primera ganó por muy poco, sacó el 34,9% (1.103.598 votos) contra 34,45 (1.088.921) de Cambiemos. En la Tercera se impuso en forma más holgada: obtuvo 42,2% (1.336.356 votos ) contra 30,7% de la alianza liderada por Macri.

Datos del 8/9/2025 2:35 am (98,96% escrutado)

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Infografías: Marcelo Regalado

Mañana domingo, 14.376.592 bonaerenses - el 37% del padrón nacional - estarán habilitados para votar en una elección histórica por ser la primera vez que se hará en forma desdoblada de la nacional, y por su proyección nacional.

El peronismo pone en juego su futuro de cara al 2027, bajo una unidad endeble que reúne a los sectores que responden a Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. Por su parte, La Libertad Avanza apuesta a hacer pie en un territorio adverso, también de cara a la segunda mitad del mandato de Javier Milei en la Casa Rosada, y con intenciones de sepultar las aspiraciones electorales del kirchnerismo.

Habrá 41.189 mesas en toda la Provincia para elegir diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros locales. Pero, en realidad, serán ocho elecciones simultáneas distintas, ya que se vota por sección electoral, y las boletas de cada fuerza serán distintas en cada una.

El adelantamiento de los comicios bonaerenses fue una decisión del gobernador Kicillof, en una jugada por independizarse de su jefa política, Cristina Kirchner. Se trata de apuesta fuerte para el mandatario con aspiraciones presidenciales, ya que saldrá fortalecido si el peronismo se impone cómodo, o cargará con todo el peso de la derrota si La Libertad Avanza - que lleva como aliado al PRO - termina imponiéndose, o pierde por poco en un territorio históricamente peronista.

El gran interrogante es el nivel de participación, que fue del 76% en la categoría para legisladores provinciales en 2023, y del 70% en las legislativas locales de 2021.

Mañana se renueva la mitad de cada Cámara legislativa por lo que se votan 46 diputados provinciales y 23 senadores, y sus suplentes. La Segunda, Tercera, Sexta y Octava Sección Electoral eligen diputados, y la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección, senadores.

También se votan 1.097 concejales para renovar la mitad de los Concejos Deliberantes, y se eligen 401 consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses. En total, hay 2.717 cargos en juego, sumando titulares (1.567) y suplentes (1.150), según el conteo hecho por Infobae. Las boletas tendrán dos tramos: el de legisladores provinciales y el de concejales y consejeros escolares.

De las 63 fuerzas políticas que compiten en las elecciones bonaerenses, hay 7 alianzas y 6 partidos que se presentan en las 8 secciones electorales, según relevó Infobae.

Los candidatos de las distintas fuerzas que se presentan para ocupar esa cantidad de cargos en juego suman 22.116 entre titulares y suplentes: 711 aspirantes a diputados provinciales titulares; 347 a senadores; 9.211 a concejales; y 3.281 a consejeros escolares titulares, a los que hay que sumar a sus respectivos suplentes.

En esta nota Infobae publica las listas completas oficializadas por la Junta Electoral Bonaerense.

La Primera Sección

La Primera Sección Electoral junto con la Tercera son las más populosas, y suman más de 10 millones de electores, el 71% del total de la Provincia. Serán los dos escenarios principales donde se librará la batalla entre Fuerza Patria y la Alianza La Libertad Avanza, y concentrarán la atención política, junto con la Quinta Sección.

En la Primera viven 5.131.861 electores, según los últimos datos del padrón difundido este año por la Junta Electoral Bonaerense, por lo que desplazó a la Tercera y es la sección con mayor cantidad de electores de Buenos Aires. Elige 8 senadores provinciales.

Comprende 24 municipios, de los cuales 18 están gobernados por intendentes de Unión por la Patria. La Primera Sección abarca Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Se enfrentan en un mano a mano dos figuras fuertes de LLA y el peronismo alineado con Kicillof. Por Fuerza Patria, el candidato al frente de la lista es el ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis. Por LLA, encabeza la boleta el actual intendente de Tres Febrero, Diego Valenzuela, ex PRO que en enero se pasó a LLA y hoy es una de las figuras principales del espacio libertario en esta elección.

En esta Sección, Fuerza Patria sufrirá la merma de votos a manos de Julio Zamora, intendente peronista de Tigre, que se peleó con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Zamora compite por el espacio Somos Buenos Aires, el nuevo frente surgido como “tercera vía” que reúne a sectores del peronismo no kirchneristas, a la UCR bonaerense y la Coalición Cívica, entre otros partidos menores, y se presenta en todas las secciones menos en la Segunda.

Potencia, la alianza integrada por el MID y UNIR que impulsa la abogada y ex segunda de la UIF durante el gobierno de Cambiemos María Eugenia Talerico, postula en esta Sección al abogado constitucionalista Félix Lonigro.

El Frente de Izquierda (FIT) lleva como cabeza de lista a la ex diputada nacional Romina del Plá.

La Segunda Sección

Comprende 15 distritos y 661.721 electores. Elige 11 diputados provinciales. Abarca Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

El frente libertario-amarillo eligió a Natalia Blanco, jefa del bloque del PRO en el Concejo de Zárate para liderar la lista de diputados. En tanto, Fuerza Patria lleva a Diego Nanni, intendente de Exaltación de la Cruz.

Los hermanos Manuel y Santiago Passaglia, actual intendente y ex jefe comunal de San Nicolás, amenazan con romper la polarización entre el peronismo y LLA como referentes de Hechos, el espacio que fundaron a nivel local por fuera de “la grieta”, tras alejarse del PRO. Sumaron a Javier Martínez, intendente de Pergamino, a ese espacio y serán claves en la elección de esta Sección. Manuel Passaglia liderará la lista de diputados de Hechos en esta Sección, la única en que presentan candidatos a legisladores provinciales, que compite bajo el nombre de Espacio Abierto, según la información publicada por la Junta Electoral.

Potencia lleva a Ariel Bianchi, productor ganadero de San Nicolás, y el (FIT) a Jorge Alberto Nuñez.

La Tercera Sección

Con 5.101.177 electores distribuidos en 19 municipios, esta estratégica Sección del sur del Conurbano elige 18 bancas para diputados provinciales. Comprende Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente. En 17 de estos 19 municipios, gobierna Fuerza Patria.

La vicegobernadora, Verónica Magario, leal a Kicillof pero de buen diálogo con el kirchnerismo, encabeza la estratégica Tercera Sección Electoral. Sin embargo, ya admitió que su candidatura es testimonial y que seguirá en su cargo hasta 2027. Lo secunda en la lista el camporista Facundo Tignanelli, actual presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja bonaerense, que renovará su mandato. En tercer lugar, aparece la intendenta de Quilmes, la también camporista Mayra Mendoza, y en cuarto lugar, el jefe comunal de Almirante Brown, Mariano Cascallares, alineado con Kicillof.

Por LLA, lidera la nómina de candidatos el ex comisario de la Bonaerense Maximiliano Bondarenko, actual concejal de Florencio Varela, de poco conocimiento público y una de las sorpresas tras el cierre de listas. Hasta 2018, este ex policía estuvo en el PRO y, en 2021, se presentó como candidato para el Concejo Deliberante de ese Municipio por el espacio de Facundo Manes. La diputada nacional por el PRO, María Sotolano, oriunda de Quilmes. En tercer lugar aparece Luis Ontiveros, docente y coordinador territorial libertario en La Matanza.

Somos Buenos Aires lleva al radical Pablo Domenichini, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown.

En la Tercera se presenta también el espacio Nuevos Aires que lleva como primer candidato a diputado al abogado Mauricio D’Alessandro. Esta alianza está integrada por el Partido Renovador Federal, la Unión Celeste y Blanco y Confianza Pública. Está liderada por los libertarios “blue” del bloque Unión Renovación y Fe Fabián Luayza, uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados, y Gustavo Cuervo, presidente de ese bloque, quienes sumaron a la intendenta radical de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez.

Potencia, en tanto, postula a Santiago Mac Goey, presidente del PRO en Cañuelas, y ex candidato a intendente por el PRO y actual concejal de ese municipio. Por su parte, el FIT lleva al actual diputado nacional del PTS Nicolás Del Caño.

La Cuarta Sección

Abarca 19 distritos del noroeste de la Provincia, donde viven 547.677 electores, y elige 7 bancas para senadores provinciales. Comprende Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen. Once están en manos del peronismo, cinco en las del radicalismo, dos reportan al PRO no mileísta, y uno (Chivilcoy) en manos de una fuerza vecinalista.

Fuerza Patria lleva a Diego Videla de La Cámpora y presidente del Concejo Deliberante Pehuajó, como primer candidato a senador provincial. En tanto, Gonzalo Cabezas, secretario del Partido La Libertad Avanza en la Provincia y hombre de confianza del armador libertario Sebastián Pareja, lidera la boleta de LLA.

A la disputa entre Fuerza Patria y LLA, se suma Somos Buenos Aires, como tercera fuerza con chances de romper la polarización por el peso de dos nombres que integran la lista. El intendente de Junín, Pablo Petrecca, del PRO y alineado con Jorge Macri, encabeza la lista. En tercer lugar, aparece Guillermo Britos, jefe comunal vecinalista de Chivilcoy. Se trata de los dos municipios con mayor cantidad de votantes de la Cuarta. Se integró a este espacio María José Gentile, la intendenta PRO de Nueve de Julio que también se opuso a la alianza con LLA.

Potencia propone como primera candidata a Andrea Passerini, tambera de Carlos Casares con trayectoria en la Confederaciones Rurales Argentinas y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP),

Nuevos Aires también se presenta en esta Sección, con la productora ganadera y transportista fluvial en el Delta entrerriano Analía Esperón. En tanto, el FIT postula a Luciano Roggero.

La Quinta Sección

Comprende 27 distritos de la costa sur de la Provincia, y es la tercera sección en cantidad de electores: 1.336.787. Elige 5 bancas para senadores provinciales. Con la ciudad de Mar del Plata como la más destacada, abarca los municipios de Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.

Junto con la Sexta del interior productivo, producen casi el 17% del PBI de la provincia, son las dos más ricas del distrito.

LLA lleva al actual intendente de Gral Pueyrredón, Guillermo Montenegro, del PRO y uno de los férreos impulsores de la alianza con LLA en la Provincia, como cabeza de lista. La boleta de Fuerza Patria la encabeza la ex titular de la ANSES Fernanda Raverta, de La Cámpora.

En tanto, Somos lleva a Maximiliano Suescún, intendente radical de Rauch; Potencia al fiscal Fabio Molinero; y el FIT a Alejandro Martínez.

La Sexta Sección

Abarca 22 distritos del sur de la Provincia, donde viven 672.483 electores, y elige 11 bancas para diputados provinciales. Tiene como ciudad cabecera Bahía Blanca, y comprende además los municipios de Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puán, Saavedra, Salliqueló, Tornquist , Tres Arroyos, Tres Lomas, y Villarino

Alejandro Dichiara es el primer candidato de la lista de Fuerza Patria. Ex Intendente de Monte Hermoso, es uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados bonaerense y está alineado con la agrupación que lidera Máximo Kirchner.

Oscar Liberman, ex candidato a intendente de Bahía Blanca por LLA, lidera la boleta libertaria en esta Sección, en un apuesta libertaria a una figura de peso en la principal ciudad de esta Sección.

Por su parte, Somos lleva como cabeza de lista al ex senador provincial Andrés De Leo, de la Coalición Cívica; Potencia al abogado Miguel Donadío; y el FIT a Héctor Zaris.

La Séptima Sección

Comprende 8 municipios del centro de la Provincia, donde viven 285.047 electores. Es la menos poblada de las ocho secciones.

Esta sección elige 3 bancas para senadores provinciales. Abarca a los partidos de Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y 25 de Mayo. El peronismo gobierna 5 de esos municipios - entre ellos en Azul y Olavarría, los dos más poblados -; otros 2 están en manos de la UCR; en tanto 25 de Mayo es conducido por un jefe comunal que era del PRO y este año se acercó a LLA.

Fuerza Patria postula a la concejal kirchnerista de Azul Inés Laurini como primera candidata. LLA lleva a Alejandro Speroni, subsecretario Legal del Ministerio de Economía de la Nación y ex candidato a intendente de Tapalqué.

Somos, por su parte, tiene al ex presidente del Comité de la UCR Fernando Martini al frente de la boleta, y Potencia a Pedro Vigneau, productor rural de Bolívar, ex presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID) y de la Asociación de Maíz y Sorgo Argentina (Maizar), y ex subsecretario de Mercados Agroindustriales durante el gobierno de Mauricio Macri.

El FIT postula en esta Sección a Daniel Emiliano Marín.

La Octava Sección

La Sección Capital - que corresponde a la ciudad de La Plata, gobernada por el peronista Julio Alak - tiene 639.839 electores. Elige 6 bancas para diputados provinciales.

Fuerza Patria lleva al diputado provincial camporista Ariel Archanco como cabeza de lista, aunque la campaña se centró en la gestión de Alak, alineado con Kicillof. En tanto, la LLA apostó por un apellido conocido, al postular a Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Por Somos, el primero en la nómina es Pablo Nicoletti, Presidente de la UCR de La Plata. Nuevos Aires lleva al abogado penalista y ex candidato a intendente de La Plata Marcelo Peña como principal candidato.

A su vez, Potencia postula a a Jorge Metz, ex subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante; y el FIT a María Laura Cano.

Realineamientos de los intendentes

De los 135 intendentes, 83 responden a Fuerza Patria, 30 apoyan a candidatos de Somos Buenos Aires, 12 se alinearon en esta elección con la alianza que sellaron la LLA y el PRO, 3 impulsan Hechos, 1 con Potencia y 1 con Nuevos Aires, en tanto 5 jefes comunales van con lista corta.

Un total de 21 jefes comunales se presentan como candidatos a concejal o legislador provincial para defender su territorio, según el relevamiento hecho por Infobae a partir de los nombres inscriptos en la Junta Electoral. Quince pertenecen a Fuerza Patria, 2 a la alianza LLA-PRO y 4 a Somos Buenos Aires.

De esos 21, 8 liderarán la lista de concejales en sus distritos, en candidaturas testimoniales, y 13 se postulan a una banca legislativa, con interrogantes sobre si asumirán o no en caso de entrar.

Si bien muchos señalaron que van a asumir la banca en caso de ser electos, no renunciarán a la intendencia, sino que pedirán licencia en el Municipio y dejarán a alguien de confianza en su cargo, para seguir manejando la política local, y poder volver en caso de ser necesario políticamente.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Infografías: Cristian Mendez

El peronismo se enfrenta en la elección de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre al que quizás sea su mayor desafío electoral. Atravesado por la interna entre La Cámpora y el sector alineado con el gobernador Axel Kicillof, llega al cierre de alianzas de este 9 de julio y al de listas en dos semanas, con una unidad forzada por el fantasma de una derrota si van separados.

El PJ deberá competir con una alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, que tiene muchas chances de imponerse por el arrastre de la buena imagen que aún conserva el gobierno nacional y la figura de Javier Milei en un segmento importante del electorado.

Con la decisión de desdoblar la elección, Kicillof tomó una decisión que fue leída como una ruptura con su jefa política, Cristina Kirchner, y a la vez, como una jugada arriesgada en la búsqueda de consolidarse como el líder de la principal oposición. Puede salirle bien, o puede salirle mal. Y en esta apuesta se juega sus chances de aspirar a competir por la presidencia en 2027.

El gobernador bonaerense adelantó la elección provincial - es la primera vez que se votará en forma desdoblada en la Provincia- en un intento de emanciparse de Cristina Kirchner y para no ser arrastrado por una posible ola violeta en las legislativas nacionales.

¿Qué se vota en esta elección bonaerense? Se renueva la mitad de la Legislatura Bicameral integrada por 92 diputados y 46 senadores. O sea, que se renovarán 46 diputados provinciales y 23 senadores. Si bien la Provincia está dividida en ocho secciones electorales, se eligen diputados provinciales en 4 secciones, mientras que en las otras 4, se votan senadores, en forma rotativa en cada comicio. Se usará la tradicional boleta papel partidaria.

Este año se votan diputados en la Segunda, Tercera, Sexta y en la Octava, y senadores en la Primera, Cuarta, Quinta y en la Séptima. Cada una de esas Secciones es una elección por separado, con candidatos diferentes de cada fuerza en la boleta de cada Sección.

El escenario principal de la disputa será el Conurbano bonaerense por su cantidad de electores. Ahí son clave dos secciones electorales: la Tercera y la Primera. Cada una de ellas tiene casi 5 millones de vecinos habilitados a votar, cifra equivalente a los padrones sumados de las provincias de Santa Fe, Mendoza y San Juan. Sumadas concentran casi 10 millones de electores, el 71% del total de la Provincia.

La Tercera Sección está conformada por 19 municipios en los que está radicado el 36% de los 14 millones de electores que figuran en el padrón de PBA. Los partidos más poblados son La Matanza, Lomas de Zamora y Quilmes, Almirante Brown, Florencio Varela y Lanús, en ese orden. Entre estos seis partidos, suman casi 3.200.000 de bonaerenses que pueden votar.

Casi todos están gobernados por intendentes de Unión por la Patria. Solo dos municipios de esta Sección están en manos de opositores: Magdalena, donde gobierna la UCR, y Lobos, conducido por el PRO. En esta Sección, el peronismo - en sus distintas variantes - no perdió ninguna elección provincial de las cinco que tuvieron lugar en la última década.

En las últimas elecciones de 2023 para diputados y senadores provinciales, Unión por la Patria logró en la Tercera 1.770.941 votos (51,54%). Fue la única Sección en la que LLA salió segunda (en el resto de las secciones quedó tercera), al obtener 782.877 votos (22,79%), por delante de Juntos por el Cambio, que cosechó 726.652 votos (21,15%).

La mayor diferencia respecto de la segunda fuerza, Juntos por el Cambio, el peronismo la obtuvo en 2019, casi 30 puntos arriba: sacó casi el 60% contra el 30% de la alianza entre el PRO y la UCR, en la elección para senadores provinciales. La menor, en la legislativa de 2017, con casi 9 puntos porcentuales que consiguió Unidad Ciudadana (44%) sobre Cambiemos (35%) en la elección para diputados bonaerenses de ese año.

La otra Sección con un peso electoral decisivo es la Primera que abarca 24 municipios del norte y noroeste del Conurbano bonaerense donde viven 4,9 millones de electores, un número que supera al padrón de la provincia de Córdoba y al de Mendoza sumados. Los partidos de esta Sección con mayor cantidad de electores son Merlo, Moreno, San Martín, Tigre, Pilar, Tres de Febrero, Malvinas Argentinas y Morón. Solo estos ocho partidos suman casi 2.600.000 habilitados para votar.

En esta Sección, las distintas versiones del peronismo perdieron en dos comicios provinciales, en los que quedaron detrás de lo que era Cambiemos y, luego, Juntos por el Cambio. En 2017, la alianza de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica (CC) se impuso a Unidad Ciudadana (el partido creado por Cristina Kirchner por fuera del sello del PJ) en las elecciones de medio término para senadores bonaerenses por 5 puntos porcentuales: 41,4% a 36%.

La otra elección fue la de 2021, también para senadores provinciales, pero la diferencia fue mínima. Juntos sacó 39,20% contra 39% del Frente de Todos.

La mayor diferencia la tuvo en 2023, cuando Unión por la Patria se impuso por 18 puntos porcentuales a Juntos: 44,36% (1.504.238 votos) a 26,46% (897.328 votos. En tercer lugar, quedó LLA con casi el 24,78% (840.345 sufragios).

En las restantes Secciones Electorales, el peronismo también quedó primero en 2023 para el tramo de legisladores provinciales, con excepción de la Sexta, donde se impuso Juntos por el Cambio con el 33,14% (142.538 votos), seguido de UxP con el 32,71% (140.692 votos), y La Libertad Avanza 31,24% (134.384 votos).

Las bancas en juego en la Legislatura

Como cada sección electoral tiene un número diferente de municipios que la conforman, va rotando la cantidad de diputados y senadores que se votan en los 135 partidos de la Provincia. Por ejemplo, en 2015, se eligieron diputados provinciales en 78 municipios y senadores en los restantes 57. En la elección siguiente del 2017 fue al revés: se eligieron diputados provinciales en 57 partidos bonaerenses y senadores provinciales en 78.

En los comicios del 7 de septiembre, en la Tercera Sección Electoral hay en juego 18 bancas de diputados provinciales; en la Segunda Sección Electoral, 11 diputados; en la Sexta, 11; y en la Octava, 6 diputados provinciales. En tanto en la Primera Sección, se eligen 8 senadores; en la Cuarta, 7; en la Quinta, 5; y en la Séptima, se renuevan tres senadores.

Si bien la Tercera y la Primera aportan el 70% de los votos, están subrepresentadas, ya que en ellas se elige el 30% de los cargos en la Legislatura bonaerense.

Unión por la Patria pone en juego, en total, 19 diputados bonaerenses de los 37 que tiene actualmente, y 10 senadores de sus 21 integrantes en la Cámara alta.

El PRO arriesga 8 de sus 13 escaños en Diputados y 4 de los 9 con los que cuenta en la Cámara alta provincial. La posibilidad de retener parte de esas bancas dependerá de los términos del frente que concrete con el LLA en estas elecciones en la Provincia.

En la bancada de La Libertad Avanza bonaerense terminan su mandato 5 diputados de 13 integrantes actuales, incluyendo a los cinco integrantes de la Cámara baja que responden a Patricia Bullrich y rompieron el bloque para formar el PRO Libertad.

En el Senado, deberían dejar su banca 2 de los 7 senadores que suma LLA en sus dos vertientes: los que entraron con Milei en 2023 y los que ingresaron por el PRO en 2021 y se referencian en la ministra Bullrich.

El bloque Unión Renovación y Fe - un desprendimiento del bloque de LLA que lidera Carlos Kikuchi- renueva una sola banca de sus actuales 9 integrantes.

El bloque Acuerdo Cívico + UCR + GEN, alineado con Facundo Manes y Margarita Stolbizer, pone en juego 6 escaños en Diputados de los 7 que tiene hoy. El espacio no cuenta con senadores bonaerenses.

La UCR-Cambio Federal - que integran radicales del sector de Maximiliano Abad, ex dirigentes del PRO y seguidores de Emilio Monzó - arriesga 4 bancas de las 8 que tiene en Diputados, y 7 bancas de las 8 que integran esa bancada en el Senado.

En tanto, la Coalición Cívica pone en juego una de sus 3 bancas en la Cámara baja bonaerense; y el Frente de Izquierda arriesga sus dos lugares (una del MST y otra del PTS).

La elección histórica de bancas

Cambiemos/Juntos fue la fuerza que ganó la mayor cantidad de diputados provinciales en las elecciones de 2015 (19 bancas), 2017 (23 escaños) y 2021 (22 lugares en la Cámara baja).

El peronismo, en tanto, se impuso en cantidad de bancas de diputados provinciales en 2019 (obtuvo 22 escaños), cuando el Frente de Todos ganó la elección nacional, y en 2023 (consiguió 15 bancas), cuando Milei le ganó a Sergio Massa en la presidencial.

Los libertarios consiguieron sus primeras tres bancas de diputados bonaerenses en 2021 con Avanza Libertad, que lideraba José Luis Espert, hoy candidato a diputado nacional en las elecciones del 26 de octubre por el oficialismo de la LLA. Ese año, ese espacio salió tercero.

En 2023, con el triunfo de Milei a nivel nacional, LLA obtuvo 13 escaños en la Cámara de Diputados, tras quedar también en tercer puesto, detrás de Unión por la Patria (18 bancas) y Juntos (15 diputados).

Para senadores provinciales, se repitieron los resultados, con ligeras variaciones en la cantidad de escaños. Cambiemos/Juntos ganó más bancas en 2015 (32 senadores), 2017 (39) y 2021 (35 bancas en el Senado).

El peronismo sólo ganó más bancas en 2019 (36 escaños) y 2023 (29 senadores).

En 2021, Avanza Libertad consiguió 3 bancas en el Senado y LLA debutó en la Cámara alta bonaerense dos años después, al quedar tercera, y lograr 18 senadores propios.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Con siete listas en competencia, el escenario muestra a un oficialismo en una posición de ventaja, pero abierto a un balotaje, por la ruptura de la alianza que llevó a Gustavo Valdés a la gobernación, y el fracaso de un posible acuerdo con La Libertad Avanza (LLA).

Sus principales contendientes serán el otro sector de la UCR que lidera Ricardo Colombi, el peronismo y los libertarios, corriendo desde atrás. Para evitar ir a un balotaje, el ganador debe superar el 45% de los votos en la primera vuelta, o sacar 40% con una diferencia de 10 puntos con el segundo.

El desacople en el calendario electoral para elegir gobernador respecto de las elecciones presidenciales obedece a la intervención federal de la provincia en 2001.

Están habilitados para votar 950.320 correntinos, 23.000 más que en la elección provincial de legisladores de 2023, cuando se impuso Eco+Vamos con el 66% de los votos, y Valdés obtuvo su reelección.

Ruptura en el oficialismo

La alianza que llevó a Valdés a la gobernación en 2017 se rompió para estos comicios y el oficialismo va solo con el sello de Vamos Corrientes. Si bien el actual mandatario termina su gestión con buenos índices de aceptación, no puede ir por un tercer período consecutivo.

Por este motivo, promovió a su hermano, Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó. Va acompañado de Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador que buscará su reelección.

Vamos Corrientes es una alianza que el mandatario creó cuatro años atrás, cuando buscaba su reelección. Con el radicalismo como principal fuerza política, el armado incluye a sellos partidarios como el Partido Popular de Braillard Poccard, el PRO, el Partido Liberal, el Partido Autonomista, el Partido Nuevo, el Partido Demócrata Progresista, Forja, la UCeDé, el Encuentro Republicano Federal y el Movimiento de Integración y Desarrollo, entre otros.

Pese a la intención inicial de Valdés - uno de los gobernadores que actuó en un principio como aliado del Gobierno nacional - no hubo acuerdo con LLA. En su búsqueda de ampliar su base electoral, el mandatario radical logró, sin embargo, sumar el apoyo del peronista Carlos “Camau” Espínola, que hoy integra el bloque Unidad Federal en el Senado nacional.

Valdés anunció en el cierre de campaña de su hermano, el jueves por la noche, que se sumaba al espacio de gobernadores que crearon el espacio de Provincias Unidas, que integran Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Los tres primeros estuvieron presentes en primera fila, junto al ex gobernador cordobés Juan Schiaretti, uno de los impulsores de este espacio.

La aspiración de los hermanos Valdés es ganar en primera vuelta, pero los sondeos muestran un escenario político abierto, con posibilidades de una segunda vuelta.

En la vereda opositora este domingo estará el antecesor de Valdés, Colombi, también radical, que se presenta por Encuentro por Corrientes (ECO), la coalición política correntina con la UCR como columna vertebral que fundó en 2009. Actual senador provincial - con dos años más de mandato -, va acompañado por su colega del PJ en la Cámara alta correntina Martín Barrionuevo.

Por el peronismo, el candidato a gobernador es Martín “Tincho” Ascúa, actual intendente de Paso de los Libres, Se presenta bajo el nombre de Limpiar Corrientes, junto al diputado provincial del Frente Renovador César Lezcano como aspirante a vice.

La propia Cristina Kirchner estuvo el 7 de junio en el lanzamiento de su candidatura en Paso de los Libres.

Más rezagado, se ubicaría el diputado nacional de La Libertad Avanza Lisandro Almirón, candidato oficial del mileísmo. Se presenta secundado en la boleta por Evelyn Karsten, secretaria parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación.

Como candidato ungido desde la Casa Rosada, Almirón llevó adelante una campaña basada en la confrontación con el oficialismo provincial y en la identificación con la “marca Milei”.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estuvieron el jueves en la peatonal de la capital provincial en una accidentada caminata para apoyar a Almirón en su cierre de campaña, que debió interrumpirse por incidentes.

La oferta libertaria, no obstante, va dividida ya que también se presenta el abogado Carlos “Teke” Romero por el partido Ahora, acompañado de Ana “Coty” Casaro Quiñones.

Otro de los espacios que competirá en esta elección es el Partido de la Esperanza, que lleva como fórmula a los abogados Adriana Vega y Andrés Barboza. Vega se presenta también como candidata a diputada y Barboza como postulante al Senado provincial, por lo que sus postulaciones para la gobernación y vicegobernación serían testimoniales.

Por último, la oferta electoral correntina incluye al espacio Cambiá Corrientes, con la diputada provincial Sonia López como candidata a gobernadora, junto al médico Raúl Dal Lago.

La renovación de la Legislatura provincial

Corrientes tiene una Legislatura bicameral que renueva mañana la mitad de la Cámara baja y un tercio del Senado. Se eligen 15 bancas para diputados y 5 para senadores provinciales. Compiten 8 listas, una más que para gobernador. También se votan 73 intendentes (entre ellos el de la Capital), y concejales.

Vamos por Corrientes renueva 9 de sus actuales 17 bancas en la Cámara baja. La lista de candidatos a diputados está encabezada por el ex legislador provincial de la UCR Eduardo Tassano.

En la Cámara alta, el oficialismo cuenta con 8 integrantes (7 radicales y una aliada del Partido Liberal con mandato hasta 2027), y pone en juego 2 bancas. La boleta de Vamos Corrientes a senadores la encabeza el propio gobernador Valdés.

Encuentro por Corrientes pone en juego 2 escaños de los 4 que tiene en la Cámara de Diputados. Lleva como primer candidato a Emiliano Fernández Recalde, intendente de Virasoro. En el Senado, ECO tiene 3 bancas - entre ellas la del propio Colombi - y pone en juego 2. El candidato a la Cámara alta es el actual senador radical José Vaz Torres, que termina su mandato en diciembre. Si Colombi saliera segundo, renovaría su banca. Es caso de que saliera tercero, su continuidad dependería de los números obtenidos.

El bloque del peronismo está integrado por 2 diputados del PJ, 2 del Frente Renovador y una de Cambio Solidario, y renueva 2 bancas. A su vez, cuenta con 3 senadores y pone en juego un escaño. Limpiar Corrientes promueve como cabeza de la lista de diputados a Ana Almirón, ex senadora nacional y presidenta del PJ Corrientes, y para la Cámara alta provincial, postula a Román Naya, empresario, oriundo de Santo Tomé, donde es presidente de la Cámara de Comercio.

Encuentro Liberal (ELI), que forma parte actualmente de la Alianza LLA, tiene 4 integrantes en la Cámara baja correntina y pone en juego 2 bancas. Lleva como primer candidato a diputado a Ricardo Leconte, y como cabeza de lista de senadores, a la actual diputada provincial de Encuentro Liberal Lucía Centurión.

El partido Ahora postula a Marcela del Carmen Ojeda como primera candidata a diputada provincial, y a Silvia Vallejo Añasco como cabeza de la lista de senadores.

El Partido de la Esperanza lleva a la aspirante a la gobernación Vega como primera candidata a diputada, y a Barboza - candidato a vicegobernador de este espacio- como primer candidato a senador.

Cambiá Corrientes postula a Ariel Osuna para la Cámara baja provincial, y a Silvia González como cabeza de la boleta de senadores.

Por último, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad presenta solo lista de diputados, que encabeza Juan Bautista Gauto Avancini.

Corrientes es uno de los 10 distritos que este año desdoblaron sus comicios locales de los nacionales. Por lo tanto, los correntinos deberán volver a votar el domingo 26 de octubre para elegir diputados nacionales.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Infografías: Marcelo Regalado y Felipe González

Elegir en la pestaña de arriba qué año visualizar: 2021 o 2023

En el territorio bonaerense, entre 2013 y 2023, el promedio de participación electoral en la Provincia de Buenos Aires fue del 76%. Qué puede pasar este 7 de septiembre en las elecciones provinciales es el gran interrogante que atraviesa a las principales fuerzas políticas, ante una oferta polarizada que no satisface a sectores importantes del electorado.

El desdoblamiento electoral, el desconocimiento sobre los cargos a elegir, la apatía de los votantes y el descreimiento en la política son factores claves que pueden hacer que los comicios del mes próximo, en el principal distrito del país, tenga un nivel muy bajo de concurrencia.

En la Justicia Electoral estiman que la franja etaria menos interesada en ir a votar es la que va de los 30 a los 40 años. Se trata del segmento menos informado en cuanto a la política, que ya perdió la novedad de ejercer el voto, y estaría más desilusionado respecto del sistema electoral y la dirigencia actual.

En la provincia de Buenos Aires, según los últimos números de la Junta Electoral Bonaerense, suman 14.376.592 las personas habilitadas. Se eligen 46 diputados provinciales por la Segunda Sección, la Tercera, la Sexta y la Octava Sección, y 23 senadores por la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección. Ambas cámaras legislativas se renuevan por mitades cada dos años, alternando las secciones que eligen diputados y senadores.

Que pasó este año en otros distritos

En las ocho provincias que ya eligieron a sus candidatos a nivel local - Formosa, Jujuy, Salta, San Luis, Misiones, CABA, Chaco y Santa Fe - se registró una baja participación electoral que, en ningún caso, superó al 66%. Es el porcentaje más bajo desde el retorno democrático.

El promedio, entre todas, fue de 51,67% y el piso se dio en las elecciones municipales del 29 de junio en la provincia de Santa Fe, cuando la concurrencia fue del 52%. Pero, en el desagregado, registró números aún más bajos. Por ejemplo, en la ciudad de Rosario, la concurrencia fue del 48,16%.

Para Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral, el ausentismo refleja “un mensaje implícito de desconfianza, apatía y rebeldía contra las fuerzas políticas en general”.

Si bien el desinterés electoral , históricamente, tendió a favorecer a los oficialismos, por su mayor capacidad de movilizar los aparatos políticos y llevar gente a votar, en estas elecciones, este patrón podría no repetirse. La incógnita de puede suceder despierta preocupación también en la Alianza La Libertad Avanza, como en el peronismo-kirchnerismo de Fuerza Patria.

Las elecciones bonaerenses de 2023

Infobae analizó el comportamiento electoral en las legislativas bonaerenses generales de 2021 y 2023, para los cargos provinciales de diputado y senador, en cada sección electoral. En ambos comicios, entre el 25 y 30% no fue a votar. Esto significa que casi la tercera parte del electorado de la Provincia no se encuentra actualmente representado en la Legislatura bonaerense.

En números absolutos, en 2023, casi 3.400.000 bonaerenses no fueron a emitir su voto, cifra que supera al padrón de toda la provincia de Córdoba (3.125.183 electores). Estaban habilitados para hacerlo 14.059.933 bonaerenses, de los cuales concurrieron 10.670.480. La participación en las generales provinciales fue, hace dos años, del 76%.

En 2023 se votó para diputados provinciales en las secciones Primera, Cuarta, Quinta y Séptima, y para senadores en la Segunda, Tercera, Sexta y Octava.

La Sección Electoral que registró el menor ausentismo en las elecciones bonaerenses de 2023 fue la Cuarta, con el 79,73% de concurrencia. No fueron a votar casi 110.000 electores, contra 431.769 que sí emitieron su voluntad. Fue un comportamiento similar al de las elecciones de 2021.

La Cuarta Sección comprende 19 municipios del interior agrícola-ganadero. Entre ellos, los de Bragado, Junín, 9 de Julio, Lincoln, Pehuajó, Alberti, Carlos Casares, Rivadavia y Trenque Lauquen. Este 7 de septiembre, elige 11 diputados provinciales.

Muy cerca en nivel de participación, se ubicó la Segunda Sección con el 79.40%. Se ausentaron 133.775 electores contra 515.467 votantes que sí concurrieron entre los que viven en Baradero, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate, entre los principales municipios de esta sección.

La sección de PBA que tuvo mayor ausentismo en 2023 fue la Quinta, con el 74,65% de participación: 332.168 electores decidieron no ir a las urnas mientras que 978.310 sí emitieron su voto. En 2021, había sido, también, la Sección con menor concurrencia de votantes.

La Quinta elige este año 5 senadores. Abarca a 27 municipios, entre los cuales están General Pueyrredón (Mar del Plata), la Costa, Dolores, Chascomús, Chascomús, Balcarce, Ayacucho, Monte, Necochea, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita y Tandil.

Pero en números absolutos, en 2023, la mayor cantidad de ausentes se registraron en la Primera y en la Tercera, las dos secciones más pobladas, y las que miran con especial atención todas las fuerzas políticas.

En la Primera, 1.234.087 electores desistieron de ir a votar, el 24,74% del padrón seccional. Entre los municipios más importantes en esta sección están Escobar, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Y en la Tercera, sumaron 1.206.909 los ausentes, el 24,14% de los electores de esta sección. Comprende a La Matanza, Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varel, La Matanz, Lanús, y Quilmes, entre otros.

Qué pasó en 2021

En las legislativas generales para cargos provinciales de 2021, no concurrieron a las urnas más de 4 millones de bonaerenses. La participación en toda la provincia fue del 70,23%. Del total del padrón de 13.584.694 electores, eligieron legisladores 9.540.391.

En ese año, se votó para diputados provinciales en las secciones Segunda, Tercera, Sexta y Octava y para senadores provinciales en la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima.

Al analizar por Secciones, la participación más alta se dio también en la Cuarta (casi el 74%) y la más baja, en la Quinta (68,61%).

En las dos Secciones más populosas, la Primera y la Tercera, el comportamiento electoral fue casi idéntico, y la concurrencia no llegó al 70%.

En 2021, en la Primera Sección desistieron de votar 1.445.617 contra 3.341.000 que sí sufragaron. Y en la Tercera se ausentaron 1.462.767, mientras que los que fueron a las urnas sumaron 3.373.470.

Visualizaciones: Daniela Czibener

Las tensiones que antecedieron al frenético cierre de listas en la Provincia de Buenos Aires, demorado un día y medio por un polémico corte de luz el sábado a la noche, tuvieron reflejo en los realineamientos políticos de muchos de los intendentes bonaerenses, que dieron signos de rebeldía y dejaron sorpresas de último momento. Más que las alianzas políticas previas que los llevaron a la intendencia, los jefes comunales buscaron hacer valer el peso territorial y preservar su gobernabilidad futura en los concejos deliberantes a partir de diciembre.

Con este objetivo y asegurarse la tracción de votos a nivel local, 21 jefes comunales de los 135 que tiene la Provincia serán candidatos el 7 de septiembre: 8 liderarán la lista de concejales en sus distritos, en candidaturas testimoniales, y 13 se postulan a una banca legislativa, con interrogantes sobre si asumirán o no en caso de entrar.

El nuevo mapa de los realineamientos políticos de los intendentes en la Provincia de Buenos Aires, confeccionado por Infobae tras relevar todas las listas, muestra que 83 de ellos se referencian en Fuerza Patria, el frente que conformaron el Movimiento Derecho al Futuro, del gobernador Axel kicillof, La Cámpora y Frente Renovador, de Sergio Massa.

Otros 30 en Somos Buenos Aires, el nuevo frente surgido como “tercera vía” que reúne a sectores del peronismo no kirchneristas, a la UCR bonaerense y la Coalición Cívica, entre otros partidos menores. En tanto, 12 intendentes se alinearon con la Alianza La Libertad Avanza, el frente de los libertarios con el PRO.

Otros 3 jefes comunales se alinearon con Hechos, el espacio creado por los hermanos Passaglia, de San Nicolás; uno apoya a Potencia, la fuerza creada por la abogada y ex segunda de la UIF durante el gobierno de Cambiemos María Eugenia Talerico; uno en Nuevos Aires; y 5 intendentes van con lista corta.

Los que van de candidatos

De los 21 jefes comunales que se candidatean en las elecciones bonaerenses, 15 son de Fuerza Patria, de los cuales 7 se presentan como candidatos a legisladores provinciales.

Si bien en su mayoría aseguraron que van a asumir la banca en caso de ser electos, no renunciarán a la intendencia, sino que pedirán licencia en el Municipio y dejarán a alguien de confianza en su cargo, para seguir manejando la política local, y poder volver en caso de ser necesario políticamente.

Los siete de Fuerza Patria son: Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, tercera candidata a diputada por la Tercera; Mariano Cascallares, jefe comunal de Almirante Brown, que va de cuarto candidato a diputado por esa misma Sección; Mario Ishi, de José C. Paz, tercer candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral; Diego Nanni, de Exaltación de la Cruz, que va de cabeza de lista para diputado en la Segunda Sección; Marcos Pisano, de Bolívar, va de segundo candidato a senador por la Séptima; Alejandro Acerbo, de Daireaux, va de tercer candidato a diputado por la Sexta; y Germán Lago, de Alberti, va de tercer a candidato a senador por la Cuarta.

En tanto, otros 8 encabezan la lista de concejales en sus distritos. Son Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan José Mussi (Berazategui), Andrés Watson (Florencio Varela), Fabian Cagliardi (Berisso) y Pablo Zurro (Pehuajó).

Otros cuatro intendentes van de candidatos a legisladores por Somos Buenos Aires. Se trata de Julio Zamora, de Tigre, impulsor de ese espacio, que resolvió competir como primer candidato a senador en la Primera Sección; Pablo Petrecca, de Junín, que se fue del PRO disconforme con las condiciones impuestas por la LLA en la alianza con el partido amarillo y va de primer candidato a senador por la Cuarta Sección; Guillermo Britos, jefe comunal vecinalista de Chivilcoy, que va de tercer candidato a senador también por la Cuarta; y Maximiliano Suescún, intendente radical de Rauch, que también se presenta por Somos como primer candidato a senador por la Quinta Sección.

Dos jefes comunales competirán en septiembre por la Alianza La Libertad Avanza: Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero que dejó el PRO en enero para sumarse a los libertarios y encabeza la boleta de la Primera Sección como candidato a senador, y Guillermo Montenegro, jefe comunal de Mar del Plata del PRO, y uno de los férreos impulsores de la alianza con los libertarios en la provincia.

En otros casos, no se postularon ellos mismos para encabezar las listas de concejales en sus distritos, pero sí sus familiares, y así asegurarse lealtad política.

Es el caso de la mujer del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y asesora ad honorem en el área Social del Municipio, Magdalena “Magui” Gray. También, el de José María Ghi, hermano del actual jefe comunal de Morón, Lucas Ghi; y de Eva Andreotti, hermana del intendente de San Fernando, Juan Andreotti, secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente del distrito.

Cambio de espacio político

Del total de 135 intendentes bonaerenses, 45 compiten o apoyan espacios diferentes a la alianza con la que fueron electos hace dos años.

La mayor fidelidad partidaria se dio entre los jefes comunales que ingresaron o fueron reelectos por Unión por la Patria hace dos años. De los 85 que suman en total, 83 cerraron finalmente dentro del nuevo frente Fuerza Patria. Solo Zamora, de Tigre, y Gilberto Alegre, de General Villegas, de la Cuarta Sección, decidieron romper con Kicillof e ir con Somos Buenos Aires. Gray, en cambio, pese a haber sido promotor de ese nuevo espacio, finalmente decidió quedarse dentro de Fuerza Patria.

El intendente de Esteban Echeverría no fue el único que se fue de Somos. Este frente variopinto se fue desgajando en la semana previa al cierre de listas y perdió al GEN, de Margarita Stolbizer, y a dirigentes importantes de la Provincia como los filo peronistas-PRO Joaquín de la Torre y Emilio Monzó, o los radicales Daniel Salvador y Gustavo Posse El ex intendente radical de San Isidro presentó una lista de concejales propia bajo el nombre Acción Vecinal San Isidro es Distinto.

Los 27 intendentes de la UCR decidieron no acompañar al PRO en el acuerdo con LLA y, casi en su totalidad, se sumaron a Somos Buenos Aires. Solo dos no lo hicieron. Una es Lucía Gómez, de Adolfo Gonzales Chaves, de la Sexta Sección Electoral, que promovió el espacio local de Nuevos Aires.

El otro, Román Bouvier, de Rojas, que se sumó a Hechos, de los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, actual y ex intendente de San Nicolás, respectivamente. Tras alejarse del PRO, Manuel Passaglia irá en la cabeza de la lista de diputados de Hechos, la nueva fuerza que creó con su hermano, y tiene chances de retornar a la Cámara de Diputados bonaerense. Este espacio solo presentará candidatos en la Segunda Sección.

En tanto, tras su alianza con los libertarios, el PRO perdió a seis intendentes en el camino. Además de a Passaglia, el primer intendente referenciado en el partido amarillo que decidió competir por fuera de la alianza con los libertarios y creó un espacio propio local, también Javier Martínez, de Pergamino, se sumó a Hechos.

A su vez, disconformes con el acuerdo cerrado por Cristian Ritondo con Sebastián Pareja en la Provincia, Petrecca (Junín), María José Gentile (9 de Julio); y Esteban Reino (Balcarce) decidieron enrolarse en esta elección en el espacio Somos Buenos Aires.

Diego Reyes, de Puán, tomó su propio rumbo y se enroló para el 7 de septiembre en Potencia.

Por su parte, Ramiro Egüen, intendente de 25 de Mayo que era del PRO y se pasó en enero a LLA, decidió romper con los libertarios. Disconforme con el reparto de candidaturas, competirá el 7 de septiembre solo, con su propia lista de candidatos a concejales.

No será el único. También presentaron lista corta Jaime Méndez (San Miguel), y los vecinalistas Arturo Rojas (Necochea), Matías Nebot (Saavedra) y Carlos Bevilacqua (Villarino).

Visualización de datos: Daniela Czibener

Este 7 de septiembre tendrá lugar mucho más que una elección provincial. Del resultado dependerá el futuro del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que no puede reelegir y aspira a proyectarse como candidato a la presidencia de la Nación, y la durabilidad del acuerdo que, con gran dificultad, cerraron los tres sectores del oficialismo bonaerense: el cristinismo, el kicillofismo y el massismo.

También representará una oportunidad para La Libertad Avanza - en alianza con el PRO - de imponerse en una provincia donde históricamente ganó el peronismo, con el interregno de María Eugenia Vidal en 2015. De lograr un triunfo en la Provincia, Javier Milei se fortalecerá para aspirar a la reelección en 2027.

Se trata de un distrito clave por su peso electoral: suman 14.376.592 los bonaerenses habilitados para votar, según los últimos datos del padrón oficializado por la Junta Electoral provincial conocidos en los últimos días. Son 316.659 electores más que hace dos años, que equivalen a un 2,3% de aumento respecto de las elecciones de 2023. El número incluye a los extranjeros residentes en el distrito- 1.015.233 - que pueden sufragar en las elecciones provinciales, aunque no en las nacionales. Este volumen de electores equivale al 37% del padrón nacional.

El gran interrogante será el nivel de participación, que fue muy bajo en los comicios provinciales que ya tuvieron lugar en lo que va del año, y rondó el 50%. En las PASO de 2023, en las elecciones para la categoría bonaerense, la participación había sido de 64%, y en las generales, del 74%.

El padrón provincial de este año trajo otras novedades: la Primera Sección desplazó a la Tercera con relación a la elección de 2023 y es la que mayor cantidad de electores tiene: un total de 5.131.861 (4.732.831 nativos más 399.030 extranjeros). Esta cifra representa el 36% del total del padrón de la Provincia.

El 7 de septiembre, la Primera Sección elegirá 8 senadores provinciales. Con 143.082 nuevos votantes, es la Sección que mayor aumento porcentual de electores registró, un 3%.

Esta situación abre una oportunidad para la oposición provincial, ya que la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, no solo tiene altas chances de imponerse, sino que además, puede estirar la diferencia en su favor. La lista estaría encabezada por el actual intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien a principios de año saltó del partido amarillo al espacio libertario.

Del sector peronista, la definición del candidato aún es más incierta, ya que deben ponerse de acuerdo los tres sectores que integran Fuerza Patria. Por el sector del gobernador Axel Kicillof, suena fuerte el actual ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis; por el cristinismo/La Cámpora, el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, y el jefe comunal de Pilar, Federico Achával; y por el Frente Renovador, el intendente de San Fernando, Juan Andreotti.

La Tercera Sección quedó en segundo lugar en peso electoral, con 5.101.177 personas habilitadas para votar (4.637.863 nativos y 463.314 extranjeros), un 35% del padrón bonaerense. Esto significa que el histórico bastión del peronismo, tendrá 30.684 electores menos que la Primera.

¿Por qué es importante? Porque la Tercera es donde el peronismo suele ampliar su ventaja y compensa resultados más magros en otras secciones. Este fue el motivo por el que Cristina Kirchner había anunciado su candidatura en esta Sección, pocos días antes de que la Corte dejara firme su condena en la causa Vialidad. El peronismo no perdió nunca una elección legislativa provincial en esta Sección en los últimos diez años.

En la Tercera Sección se eligen 18 diputados provinciales. Por la Alianza LLA, aún no están definidos los nombres. El armador de LLA en la Provincia, Sebastián Pareja, promueve al influencer libertario Iñaki Gutiérrez, quien le maneja la cuenta de Tik Tok al Presidente, y a Miriam Niveyro, parlamentaria del Mercosur y referente de LLA en Almirante Brown. Desde el sector de Las Fuerzas del Cielo, que responde a Santiago Caputo, podría liderar la boleta Nahuel Sotelo, secretario de Culto.

En tanto por Fuerza Patria, se barajan los nombres de la vicegobernadora Verónica Magario, una de las ue tendría mayores chances por tener el apoyo de Kicillof y no ser resistida por el kirchnerismo; el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; y su par de Quilmes, Mayra Mendoza, referente de La Cámpora y muy cercana a Cristina Kirchner.

En peso electoral, luego se ubican la Quinta Sección con 1.336.787 bonaerenses habilitados para votar (9% del padrón); la Sexta con 672.483; la Segunda con 661.721 electores (cada una de ellas representa el 5% del padrón); la Octava, que corresponde a la capital provincial, La Plata, con 639.839; la Cuarta con 547.677 (las dos equivalentes al 4% cada una); y la Séptima con 285.047 electores (2% del padrón total).

Luego de la Primera, que incrementó sus electores casi un 3%, le siguen en aumento porcentual la Octava (2,4% más de bonaerenses habilitados a votar); la Tercera, la Quinta, y la Segunda, con un 2% más cada una.

Qué municipios aumentaron más sus electores

De la comparación hecha por Infobae respecto del padrón de 2023, surge que el municipio de San Martín - que integra la Primera Sección electoral - registra el mayor aumento porcentual de electores en 2025, el 10%, al pasar de 397.029 a 435.909, o sea, 38.880 electores más que hace dos años.

También en este municipio del norte del conurbano se dio el mayor incremento neto y porcentual en toda la provincia de argentinos nativos habilitados para sufragar: se sumaron 26.780 nuevos votantes, un 8%, y pasaron a ser 378.476. Lo mismo ocurrió con los extranjeros habilitados: se agregaron 12.100, un 27% más, y totalizan 57.433 electores.

En segundo lugar en aumento porcentual aparece General Rodríguez, con el 8%: pasó de 103.592 electores en 2023 a 112.074 este año, una diferencia de 8.482 nuevos electores.

Le siguen con un 7% de aumento Presidente Perón (84.687 electores en total); San Vicente (73.914 habilitados para votar), y Cañuelas (58.109 electores en total).

En La Matanza, el distrito más poblado, el aumento porcentual de electores fue de del 2%. Pero por el peso electoral del distrito, en números netos, equivalen a 20.283 electores más con relación al 2023. De estos nuevos potenciales votantes, 13.605 son argentinos y 6.678 extranjeros.

En este distrito del oeste del Conurbano bonaerense se concentra la mayor cantidad de extranjeros: 142.910 para esta elección, contra 136.232 que había en 2023, un aumento del 5%.

Otros municipios registraron variaciones porcentuales mayores en nuevos electores de extranjeros, como Roque Pérez, Maipú y General Rodríguez, donde el incremento de extranjeros habilitados para votar supera el 15%.

Los municipios que disminuyeron sus electores

Hay 8 distritos con menos cantidad de electores totales que en 2023, aunque con valores no significativos.

La mayor diferencia neta se registra en San Isidro: casi 800 menos con relación a las elecciones de hace dos años.

Otros casos son Lanús (-525); Puán (-156); Adolfo Alsina (-82); Vicente López (-75); Carlos Tejedor (-50); Lobería (-27) y Florentino Ameghino (-2). En estos distritos (salvo Lobería), hubo aumento de extranjeros, pero descenso de electores nativos.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

A un mes de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, ya arrancó oficialmente la campaña electoral para renovar la mitad de ambas cámaras. Se eligen 46 diputados en total en la Segunda, Tercera, Sexta y Octava Sección electoral, y 23 senadores bonaerenses en la Primera, la Cuarta, la Quinta y la Séptima, más sus suplentes. También se renueva la mitad de los Concejos Deliberantes y se eligen consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses.

En total hay 2.717 cargos en juego, entre titulares (1.567) y suplentes (1.150), según el conteo hecho por Infobae. Las fuerzas políticas oficializadas por la Junta Electoral de la Provincia que presentaron candidatos suman 63. Un primer listado oficial de los nombres de los candidatos avalados por la Junta fue difundido el jueves a la noche, aunque al cierre de esta nota, en algunos distritos, todavía faltaba que resolviera algunas cuestiones.

Infobae relevó en qué secciones electorales y municipios compite cada fuerza política, y los primeros candidatos a legislador provincial de cada espacio. De las 63 fuerzas que compiten en las elecciones bonaerenses, hay 7 alianzas y 6 partidos que se presentan en las 8 secciones electorales.

Se trata de los frentes Fuerza Patria, la Alianza La Libertad Avanza (que va junto con el PRO), Potencia, Es Con Vos Es Con Nosotros, Frente De Izquierda de los Trabajadores (FIT), Unión y Libertad, y Unión Liberal.

En cuanto a los partidos, presentan candidatos en toda la Provincia el Movimiento Avanzada Socialista (MAS), el Frente Patriota Federal, Tiempo de Todos, Construyendo Porvenir, el Partido Libertario y Valores Republicanos. El resto de los partidos compiten a nivel vecinal en 38 municipios.

Fuerza Patria: unidad a último momento

Pese a lo dificultoso que fue el cierre de listas de Fuerza Patria - el frente que conformaron el Movimiento Derecho al Futuro, del gobernador Axel Kicillof, La Cámpora y Frente Renovador, de Sergio Massa - presenta candidatos de unidad para legisladores en todas las secciones electorales.

Gabriel Katopodis, actual ministro de Infraestructura de la Provincia y alineado con el gobernador, lidera la boleta en la estratégica Primera Sección, en tanto que la vicegobernadora, Verónica Magario, leal a Kicillof pero de buen diálogo con el kirchnerismo, encabeza en la Tercera. Son las dos secciones con mayor cantidad de electores habilitados para votar y donde se concentrará la disputa electoral. Entre ambas reúnen más de 10 millones de electores.

El resto de los candidatos que encabezan las listas de Fuerza Patria para legisladores provinciales son Diego Nanni, intendente de Exaltación de la Cruz, en la Segunda Sección; Diego Videla, de La Cámpora y presidente del Concejo Deliberante Pehuajó, en la Cuarta; la ex titular de la ANSES Fernanda Raverta, también de La Cámpora, en la Quinta; Alejandro Dichiara, ex Intendente de Monte Hermoso, uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados bonaerense y también alineado con la agrupación que lidera Máximo Kirchner, en la Sexta; la concejal kirchnerista de Azul Inés Laurini, en la Séptima; y el diputado provincial camporista Ariel Archanco, en la Octava Sección, que corresponde a la ciudad de La Plata.

Sin embargo, la disputa entre el sector del gobernador y el que responde a Cristina Kirchner dejó secuelas, y en 4 municipios, los referentes de Kicillof armaron listas propias a nivel vecinal para enfrentar a las de Fuerza Patria encabezadas por La Cámpora. Es lo que sucedió en Coronel Suárez, General Pueyrredón, Ituzaingó y Morón.

En Ituzaingó, el Movimiento Evita - cercano a Cristina Kirchner- presentó una lista bajo el nombre Enamorate Ituzaingó, por fuera de la oficial que promueve el actual intendente, Pablo Descalzo, y su padre y antecesor, Alberto Descalzo, alineados con el gobernador.

Morón es uno de los distritos donde la unidad fue más dificultosa entre el sector del actual intendente Lucas Ghi, y el que responde a Martín Sabbatella, líder de Nuevo Encuentro y ex jefe comunal, alineado con La Cámpora. Fuera de plazo, presentaron una lista de unidad encabezada por el hermano del intendente, José María Ghi, que finalmente fue rechazado por la Junta Electoral Bonaerense el jueves a última hora, aunque los apoderados de Fuerza Patria apelarán ante la Justicia para revertir esa situación.

En cambio, sí fueron oficializadas las dos listas cortas que presentaron el actual jefe comunal de Morón y Sabbatella. Ante el probable fracaso de un acuerdo, Ghi había inscripto una nómina local que encabezaba él mismo con el Partido del Trabajo y la Equidad (PARTE), el sello partidario que había sido del ex presidente Alberto Fernández.

Se trata de la fuerza que registró el kicillofismo en los 135 municipios y las 8 secciones electorales como alternativa para presentar listas si no prosperaba la unidad en Fuerza Patria, y que finalmente dio de baja, excepto en Morón. A su vez, Sabbatella, su ex jefe político al que hoy está enfrentado, también se presentó al frente de otra nómina para concejales bajo el nombre Nuevo Morón.

En General Pueyrredón, si bien hubo acuerdo en la nómina para diputados provinciales, para la lista de concejales quedó expuesta la división. Por un lado, competirá la de la camporista Raverta, que encabeza Mariana Cuesta, jefa del bloque de concejales de Unión por la Patria, seguida por la pareja de la ex titular de la ANSES, el senador provincial Pablo Obeid.

Por el otro, busca presentarse el partido vecinal Acción Marplatense del ex intendente Gustavo Pulti, actual diputado provincial y alineado con Kicillof. Pulti presentó una boleta corta que encabeza él para concejal, y pidió que también incluya la denominación Movimiento Derecho al Futuro. Pero por el corte de luz, su inscripción está en revisión por la Junta Electoral y no fue aún oficializada, por lo que su espacio no figura en la lista publicada en la web.

En Coronel Suárez, el intendente Ricardo Moccero, alineado con Kicillof, presentó lista propia para concejales con el Movimiento para la Victoria para enfrentar a la de Fuerza Patria que lleva candidatos de La Cámpora.

El ministro de Gobierno y mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco, admitió que, ante la falta de consenso interno en estos distritos, la resolución no será política. “En los casos con alguna indefinición, la Junta Electoral de la Provincia va a ir tomando, a lo largo de esta semana, las decisiones que correspondan”, señaló.

Alianza La Libertad Avanza

La alianza de la LLA con el PRO obtuvo el apoyo de 12 intendentes bonaerenses, y también presentó candidatos en todas las secciones. Al tope de la lista en la Primera ubicó como candidato a senador a Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, ex PRO que en enero se pasó a LLA. En la Segunda, el frente libertario-amarillo eligió a Natalia Blanco, jefa del bloque del PRO en el Concejo de Zárate. En la estratégica Tercera Sección Electoral, lidera la lista el ex comisario de la Bonaerense Maximiliano Bondarenko, actual concejal de Florencio Varela. Hasta 2018, este ex policía estuvo en el PRO y, en 2021, se presentó como candidato para el Concejo Deliberante de ese Municipio por el espacio de Facundo Manes.

Gonzalo Cabezas, secretario del Partido La Libertad Avanza en la Provincia y hombre de confianza del armador libertario Sebastián Pareja, lidera la boleta en la Cuarta Sección; el intendente de Mar del Plata del PRO, Guillermo Montenegro, uno de los férreos impulsores de la alianza con LLA en la Provincia, encabeza en la Quinta; Oscar Liberman, ex candidato a intendente de Bahía Blanca por LLA, en la Sexta; Alejandro Speroni, subsecretario Legal del Ministerio de Economía de la Nación y ex candidato a intendente de Tapalqué por La LIbertad Avanza, en la Séptima; y Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, Manuel Adorni, en la Octava.

Somos Buenos Aires - el nuevo frente surgido como “tercera vía” que reúne a sectores del peronismo no kirchneristas, a la UCR bonaerense y la Coalición Cívica, entre otros partidos menores- se presenta en todas las secciones menos en la Segunda. Fue a partir de un acuerdo con el espacio Hechos, de los hermanos Manuel y Santiago Passaglia, actual y ex intendente de San Nicolás, respectivamente, que competirá solo en esa Sección. Tras alejarse del PRO, Manuel Passaglia liderará la lista de diputados en la Segunda.

En total, suman 30 intendentes los que se alinearon con Somos: 27 pertenecen a la UCR que mayoritariamente se volcó hacia este espacio; el intendente peronista de Tigre, Julio Zamora, que lidera la lista de postulantes a senador en la Primera Sección; Pablo Petrecca, del PRO, intendente de Junín, y cabeza de la lista a diputados de la Cuarta Sección; y el vecinalista Guillermo Britos (Chivilcoy), que va de tercer candidato a senador también por la Cuarta.

El resto de los que encabezan las listas de Somos Buenos Aires son el radical Pablo Domenichini, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown en la Tercera; Maximiliano Suescún, intendente radical de Rauch, en la Quinta; el ex senador provincial Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, en la Sexta; el ex presidente del Comité de la UCR Fernando Martini en la Séptima; y Pablo Nicoletti, Presidente de la UCR de La Plata, en la Octava.

Nuevos Aires presenta candidatos en la Tercera Sección, con el abogado Mauricio D’Alessandro a la cabeza; en la Cuarta, con la productora ganadera y transportista fluvial en el Delta entrerriano Analía Esperón al frente de la boleta; y en la Octava Sección, con el también abogado penalista y ex candidato a intendente de La Plata Marcelo Peña como primer nombre de la lista.

Esta alianza está integrada por el Partido Renovador Federal, la Unión Celeste y Blanco y Confianza Pública, y está liderada por los “libertarios blue” del bloque Unión Renovación y Fe Fabián Luayza, uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados, y Gustavo Cuervo, presidente de ese bloque, al que se sumó la intendenta radical de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez.

Política Obrera, por su parte, compite en todas las Secciones, menos en la Séptima, con el dirigente Marcelo Ramal liderando la boleta de la Tercera.

La disputa local

Las tensiones que antecedieron al frenético cierre de listas en la Provincia de Buenos Aires, demorado un día y medio por un polémico corte de luz el sábado a la noche, tuvieron reflejo en los realineamientos políticos de muchos de los intendentes bonaerenses, que dieron signos de rebeldía y dejaron sorpresas de último momento.

Tal como publicó Infobae hace dos semanas, más que las alianzas políticas previas que los llevaron a la intendencia, los jefes comunales buscaron hacer valer el peso territorial y preservar su gobernabilidad futura en los concejos deliberantes a partir de diciembre.

A nivel vecinal compiten 44 espacios en la provincia, de los cuales seis son apoyados por sus actuales intendentes. Además de Hechos, de Manuel Passaglia, en San Nicolás, está Ramiro Egüen, de 25 de Mayo. Si bien este jefe comunal era del PRO y se pasó en enero a LLA, en esta elección decidió romper con los libertarios, disconforme con el reparto de candidaturas, y compite por Acción Ciudadana 25 de Mayo.

También presentó lista corta Jaime Méndez, jefe comunal de San Miguel, con su espacio Primero San Miguel.

Hicieron lo mismo los vecinalistas Matías Nebot, de Todos por Saavedra; y Carlos Bevilacqua, de Acción por Villarino; y Arturo Rojas, de Nueva Necochea. En este último municipio, también se presenta la Agrupación Comunal Transformadora, de la actual concejal Rosario Roldán.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Infografía: Marcelo Regalado

La Justicia comenzará a analizar en los próximos días los bienes de Cristina Kirchner que podrían ser alcanzados por el decomiso dispuesto en la sentencia, de $84.835 millones que, actualizados, rondan los USD 550 millones. El número exacto se conocerá tras el informe elaborado por el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema , a pedido del presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, Jorge Gorini.

Una vez conocida la cifra final del decomiso, los acusados tienen 10 días hábiles para depositar el dinero. De no suceder, la Justicia avanzará con la identificación de los inmuebles que estén en condiciones de ser decomisados y rematados para cubrir la cifra fijada por el Tribunal. Eso exigirá una nueva tasación en cada caso. “Como todos son solidariamente responsables, deben resolver entre ellos cuánto pone cada uno, o si uno pone más. A la Justicia no le importa eso, sino recuperar el dinero producto de la defraudación”, explicó una fuente judicial a Infobae.

Los fiscales del juicio de Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, elaboraron un listado de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos, de Lázaro Báez, y del resto de los otros siete acusados, que está en poder del Tribunal. Todas esas propiedades y activos están embargados y serán parte del legajo patrimonial que se abrirá para ejecutar la condena.

El monto del decomiso fue definido a partir de calcular los beneficios obtenidos por Báez, favorecido con un direccionamiento de obras viales que, en un porcentaje importante, no se terminaron, y el sobreprecio pagado por el Estado en la licitación de obras, que promedió un 20% de acuerdo con la Justicia. La Justicia determinó que Santa Cruz fue la provincia más beneficiada por la obra pública vial y el 80% se asignó a Austral Construcciones, la nave insignia del empresario patagónico amigo y socio del matrimonio Kirchner.

La lupa se pondrá ahora sobre los bienes de la ex mandataria, condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. Muchos de ellos están, a su vez, alcanzados por embargos en otro expediente, conocido como Hotesur-Los Sauces, que investiga maniobras de lavado de dinero a través de uno de sus hoteles y la inmobiliaria familiar. “Los bienes de los mismos acusados pueden estar cautelados en distintas causas. Se ejecuta el decomiso en la causa que llega primero a sentencia”, explicaron en un despacho de Comodoro Py.

En la lista elaborada por Luciani y Mola, hay cuatro cajas de ahorro en pesos, dos en dólares y una caja de seguridad en el Banco Galicia; cuatro plazos fijos en el Banco de Santa Cruz; una caja de ahorro en el Banco Nación; y cuatro cuentas comitentes abiertas en la Caja de Valores para realizar inversiones, todas a nombre de Cristina Kirchner. La fortuna de la familia se sustentó siempre en dos pilares: los inmuebles - casi todos en Santa Cruz- y plazos fijos millonarios.

Los fiscales listaron dos departamentos en el barrio porteño de Recoleta. Uno de ellos es el de Uruguay esquina Juncal, de 160 m2 que fue su vivienda en la Ciudad de Buenos Aires hasta el atentando que sufriera el 1ro de septiembre de 2022.

Según consta en la causa de los “Cuadernos de las coimas”, Oscar Centeno, el chofer del ex funcionario del Ministerio de Planificación Roberto Barata, fue 87 veces para llevar bolsos con dinero a ese departamento, que en su mayoría fueron recibidos por Daniel Muñoz, el ex secretario ya fallecido de los Kirchner. De acuerdo a las anotaciones del chofer del segundo de Julio De Vido y los testimonios de una treintena de empresarios arrepentidos, ese dinero provenía de coimas pagadas por empresarios para conseguir contratos con el Estado durante el kirchnerismo.

En el listado de Luciani y Mola figura otro departamento sobre la calle Juncal, entre Azcuénaga y Uriburu, de 77 m2, y un total de 24 inmuebles en Santa Cruz, entre ellos, la casa familiar de Río Gallegos, la residencia de la ex mandataria en El Calafate, y el hotel Los Sauces. Todos fueron cedidos por la ex presidenta a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en 2016, para sortear futuros embargos judiciales.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del Ministerio Público Fiscal explicaron que se incluyeron los bienes que eran de la ex presidenta donados a sus hijos “porque están cautelados” y “se puede avanzar sobre todos ellos para la ejecución del decomiso”.

Asimismo, figuran las tres sociedades de los Kirchner - Hotesur SA y las inmobiliarias Los Sauces SA y CO.MA SA -, que también fueron cedidas a sus herederos y están embargadas en la causa Hotesur-Los Sauces.

Qué patrimonio declaró la ex presidenta

Como reveló Infobae esta semana, la dos veces presidenta de la Nación declaró, al cierre de 2023, un total de bienes y activos por $249,4 millones, según la última declaración jurada que debió presentar ante la Oficina Anticorrupción al dejar su cargo de vicepresidenta a finales de ese año.

El grueso de su patrimonio - $170 millones - estaba invertido en acciones de sociedades que cotizan en la Bolsa de Nueva York como Mercado Libre, Apple, Vista Energy, Microsoft, Coca Cola, Bioceres Crop Solutions, Invesco, Visa y Berkshire Hathaway.

El resto de su patrimonio lo conformaban cuatro cajas de ahorro en el país por $1,7 millones y un auto Toyota Corolla Híbrido que compró cero kilómetro en 2023.

Cristina Kirchner no informó ningún inmueble propio. Sí consignó $60,5 millones por los “derechos reales” del “usufructo”, desde marzo de 2016, de dos propiedades que históricamente estaban a su nombre: el departamento de Recoleta de la calle Uruguay esquina Juncal, de 160 m2, que el matrimonio Kirchner había comprado en 1980, y la casa en El Calafate, de 520 m2 y tres plantas, incorporada a su patrimonio en 2001.

La evolución de su patrimonio

Lo declarado por Cristina Kirchner está lejos de la fortuna que el matrimonio consolidó en sus años en el poder, de la mano de negocios comunes con Báez.

Infobae reconstruyó el crecimiento de su patrimonio neto, a través de las declaraciones juradas que el matrimonio presentó ante la Oficina Anticorrupción, considerando la inflación de cada período, desde que Néstor Kirchner llegó a la presidencia en 2003, hasta que su viuda le donó en vida todos sus bienes a sus hijos en 2016, para eludir posibles embargos judiciales al avanzar las investigaciones de la Justicia en su contra.

Para finales de 2003, tras el primer año en la Casa Rosada, el matrimonio Kirchner informó un patrimonio neto de $7 millones, considerando las deudas y los créditos a favor consignados en sus declaraciones juradas.

Al cierre de ese año, declararon un total de 25 inmuebles, que incluían 18 casas (la casa en El Calafate y las restantes en Río Gallegos); 2 locales en esta última ciudad; 4 departamentos (dos en la capital santacruceña y dos en el barrio porteño de Recoleta); y un terreno en El Calafate.

La gran mayoría de las propiedades fueron compradas durante la dictadura militar, entre 1977 y 1982, cuando el matrimonio tenía un estudio de abogados en Santa Cruz, y se dedicaban a las cobranzas y ejecuciones extrajudiciales. Así, lograron quedarse con esos inmuebles a muy bajo precio por las deudas contraídas por sus dueños, lo que les permitió incrementar su fortuna por el negocio de los alquileres

Los activos de la sociedad conyugal en ese primer año en la Casa Rosada incluían dos plazos fijos, uno por $1,2 millones y otro en dólares por USD 1,6 millones. Dos años antes, en plena crisis de finales del 2001, haber sacado al exterior casi la totalidad de esos dólares al exterior, les permitió luego triplicar sus pesos al repatriarlos en 2002, post caída de la convertibilidad.

En 2006, los Kirchner adquirieron la primera sociedad familiar, la inmobiliaria Los Sauces SA, destinada al alquiler y administración de sus propiedades, y que tendría como casi únicos inquilinos a Báez y al empresario Cristóbal Lopez.

Cuatro años después, en diciembre de 2007, cuando Cristina Kirchner recibió la banda presidencial de manos de su marido, los activos del matrimonio habían ascendido a $25,5 millones, un aumento nominal del 264%. Sin embargo, si se considera la inflación acumulada esos cuatro años, el aumento real fue de 153%. Fue el mayor crecimiento patrimonial experimentado por el matrimonio en los cuatro años que llevaban en el Ejecutivo nacional.

En ese primer período del kirchnerismo en la Casa Rosada, los inmuebles de la sociedad conyugal crecieron a 44, entre casas, departamentos, terrenos y locales. Los metros cuadrados se multiplicaron por 33: pasaron de 6.251 a 209.412 m2. Si bien vendieron una casa en Río Gallegos que tenían desde 1978, sumaron 13 departamentos en la capital santacruceña, y 7 terrenos en El Calafate por más de 200.000 m2. Por los nuevos lotes - tierra fiscal - que incorporaron entre 2005 y 2007, pagaron valores irrisorios de entre $0,99 y $7,5 el metro cuadrado el más caro.

En uno de ellos, que pagaron solo $162.000 por 2.100m2, levantaron el hotel boutique Los Sauces, que la propia Cristina Kirchner ideó y amplió en un lote aledaño a la casa de la entonces presidenta en El Calafate. Ese terreno era de Báez y se lo canjeó en una permuta por otro lote de su propiedad frente al Lago Argentino.

La construcción de ese hotel demandó casi $3 millones y la obra estuvo a cargo de Austral Construcciones. Es el más exclusivo de los cuatro alojamientos turísticos que los Kirchner levantaron en suelo santacruceño.

​Para finales de 2007, en el banco declararon tener 12 plazos fijos por un total que superaba los USD 4 millones, casi el doble que en 2006, cuando había informado USD 2,4 millones.

El año siguiente, 2008, se produjo otro salto en el patrimonio de los Kirchner, escaló a $47,3 millones, un 51% más en términos reales, considerando la inflación de ese año. ¿La razón? La expansión en el negocio hotelero y los alquileres inmobiliarios.

Incluían 8 plazos fijos por $17,2 millones y uno en dólares por USD 1,5 millones.

La secuencia de operaciones comerciales en 2008 fue frenética. En enero de ese año, los Kirchner vendieron un terreno en El Calafate de 20.095 m2, que habían comprado como tierra fiscal a $6,57 el m2, a la firma chilena Cencosud por USD 2 millones.

Un mes más tarde, compraron un inmueble de 16.189 m2 en El Calafate por $2.219.000 (unos USD 706.000 al cambio de ese momento) que terminó siendo el hotel Las Dunas. Sin embargo, no fue informado como tal en las declaraciones juradas ante la OA, ya que siempre figuró como “lote”.

Al finalizar el primer año de Cristina Kirchner en la Presidencia, la sociedad conyugal había vendido 14 propiedades que habían comprado a montos irrisorios y le reportaron $14 millones. Al cierre de ese período, declararon un total de 28 inmuebles

Entre esas numerosas operaciones inmobiliarias, figuró la venta a Báez de una casa emblemática para la familia Kirchner, en la esquina de 25 de Mayo y Maipú, en Río Gallegos, donde vivían durante la presidencia de Néstor. El empresario patagónico nunca la ocupó.

Esa venta - a un precio muy superior al que la habían pagado los Kirchner en 2003 - quedó bajo la lupa de la Justicia por la sospecha de una maniobra de posible lavado en la que el Báez le devolvía fondos al matrimonio presidencial por los contratos de obra pública que recibía en Santa Cruz. Los Kirchner la habían comprado en USD 170.000 y se la vendieron por más de USD 900.000.

Esa propiedad fue una de las 18 operaciones de compra-venta que la familia Kirchner celebró con Lázaro Báez, y que engrosaron el patrimonio de los ex mandatarios.

En mayo de 2008, los Kirchner adquirieron otra inmobiliaria, CO.MA SA, y en octubre, la consultora financiera El Chapel SA. En noviembre, compraron Hotesur SA, dueña del Hotel Alto Calafate. Cristina Kirchner consignó en su DDJJ el 98% de las acciones en $5,4 millones, y el “valor llave” en casi el doble: $10 millones.

Los negocios hoteleros crecieron vinculados a Báez, que gerenciaba tanto el Alto Calafate como Las Dunas, a través de su firma Valle Mitre. A la vez, le alquilaba habitaciones en los hoteles de los Kirchner para el personal de sus empresas contratistas del Estado, que no ocupaban por la distancia con los lugares donde estaban los obradores.

En paralelo, las deudas de los Kirchner se dispararon a $19,2 millones, según lo informado por la entonces presidenta en su declaración jurada ante la OA del 2008. La más importante - por $8,4 millones - fue una deuda con Austral Construcciones para levantar el hotel Los Sauces.

En 2009, el patrimonio conyugal consignado por la entonces primera mandataria escalaba a $50,4 millones. La cifra representó, por primera vez, una leve baja real de 7,8% respecto del año anterior.

Cristina Kirchner mantuvo las mismas 28 propiedades e informó depósitos en plazos fijos por casi $13 millones en total, inlcuido uno en dólares por USD 766.800.

Ese año, se disolvió la consultora El Chapel SA, y los Kirchner compraron el hotel La Aldea del Chaltén, operación que se hizo a nombre de Los Sauces SA.

Entre las deudas declaradas en 2009, la más relevante fue con Hotesur por $5,5 millones, la firma de la que la ex mandataria era accionista.

En 2010, los activos de los Kirchner volvieron a subir a $67,7 millones, un 9% más en términos reales. Mantuvieron los 28 inmuebles del año anterior, pero aumentaron la valuación de las tres sociedades a casi $25,5 millones. A su vez, la deuda declarada por Cristina Kirchner con Hotesur escaló a casi el doble, $9 millones.

El dinero en depósitos bancarios (entre ellos 19 plazos fijos) y efectivo, ascendía a $24,6 millones, que incluían USD 772.000.

Ese año se produjo la muerte de Néstor Kirchner lo que implicó que la mitad de los bienes de la sociedad conyugal - incluso los que a fines impositivos figuraban el 100% a nombre de la entonces presidenta- pasaran al año siguiente a Máximo y Florencia Kirchner.

Así lo refleja la declaración de su viuda de 2011. Tras ser reelecta ese año, su patrimonio neto se redujo un 55% en términos reales: pasó a $37,7 millones.

Al cierre del 2012, el primer año de su segundo mandato, la declaración jurada de la entonces presidenta volvió a mostrar un patrimonio neto real ligeramente más bajo respecto del año anterior, un 7% menos: $43,4 millones.

Ese año pesificó el plazo fijo de USD 3,2 millones. Por la conversión, se acreditaron casi $14,4 millones en una de sus cajas de ahorro, según el cambio del momento. Ese dinero ingresó en la declaratoria de herederos.

La reducción patrimonial, siempre tendiendo en cuenta la inflación y lo declarado por la ex presidenta, se repitió en las declaraciones de 2013 cuando informó $50,2 millones, un 7,4% menos que el año anterior a valores reales, y en la de 2014, cuando su patrimonio fue de $59,6 millones (un 14,5% menos a valores reales).

En esos años, mantuvo las mismas 26 propiedades en Río Gallegos, El Calafate y CABA.

En 2015, último año en la Casa Rosada como presidenta, declaró activos netos por casi $72,2 millones (5,6% menos que el año anterior considerando inflación), contabilizando una deuda con Hotesur por $4,6 millones.

Lo que más aumentó entre 2011 y 2015 fue su tenencia de dinero en el banco: pasó de $11,5 millones a $40,7 millones.

En 2016, se produjo otro salto en el patrimonio de Cristina Kirchner, pero esta vez negativo: declaró $3,5 millones, un 96,5% menos. Sus bienes se redujeron drásticamente producto de la donación en vida a Máximo y Florencia Kirchner del 50% que tenía de los 26 inmuebles, los casi $40 millones en cuentas y plazos fijos, así como sus acciones en las empresas familiares. La donación alcanzó la suma de $74 millones.

La decisión la tomó poco tiempo después del cambio de gobierno, y cuando empezó a ser investigada por el fallecido juez federal Claudio Bonadio. Los movimientos se concretaron el 16 de mayo de ese año, tres días después de su primer procesamiento en la causa por el dólar futuro. Ya tenía abiertas las causas por maniobras de presunto lavado a través de Hotesur y Los Sauces SA, y el direccionamiento de obras públicas hacia Báez, amigo y socio del matrimonio, en Santa Cruz, que derivó en su condena en la causa Vialidad.

La donación tuvo lugar 45 días antes de que todos sus bienes quedaran inhibidos por la Justicia, lo que le valió una denuncia de Margarita Stolbizer por presunta insolvencia fraudulenta para esquivar las medidas cautelares que comenzaban a dictarse sobre su patrimonio. Los manejos con Hotesur y Los Sauces SA derivaron en el procesamiento de la ex mandataria y sus hijos por presunto lavado de dinero, y el embargo de las propiedades a nombre de la inmobiliaria familiar.

Entre ellas, dos departamentos en el Madero Center, en el barrio de Puerto Madero y sus respectivas cocheras que alquilaba el empresario Cristóbal Lopez, y el departamento en el barrio de San Cristóbal, en la calle San José 1111, donde vivía Florencia Kirchner.

Esa propiedad fue comprada por Los Sauces en junio de 2015 por un valor de USD 370.000. Es la vivienda en la que pidió esta semana cumplir la prisión domiciliaria.

Procesamiento y visualización: Daniela Czibener

La Justicia intimó a Cristina Kirchner y a los otros ocho condenados por la causa Vialidad a pagar 684 mil millones de pesos en concepto de decomiso por la maniobra fraudulenta que se comprobó en el caso. Todos tienen 10 hábiles para depositar el dinero en una cuenta del Banco Nación. Ese plazo vence el 13 de agosto a las 9:30 porque las próximas dos semanas son feria judicial y esos días no se cuentan como hábiles.

Si los condenados no pagan, la Justicia rematará los bienes a su nombre para cubrir la cifra. Los fiscales del juicio de Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, elaboraron un listado de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos, de Lázaro Báez, y del resto de los otros siete acusados, que está en poder del Tribunal. Todas esas propiedades y activos están embargados y serán parte del legajo patrimonial que se abrirá para ejecutar la condena.

El monto del decomiso fue definido a partir de calcular los beneficios obtenidos por Báez, favorecido con un direccionamiento de obras viales que, en un porcentaje importante, no se terminaron, y el sobreprecio pagado por el Estado en la licitación de obras, que promedió un 20% de acuerdo con la Justicia. La Justicia determinó que Santa Cruz fue la provincia más beneficiada por la obra pública vial y el 80% se asignó a Austral Construcciones, la nave insignia del empresario patagónico amigo y socio del matrimonio Kirchner.

La lupa se pondrá ahora sobre los bienes de la ex mandataria, condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. Muchos de ellos están, a su vez, alcanzados por embargos en otro expediente, conocido como Hotesur-Los Sauces, que investiga maniobras de lavado de dinero a través de uno de sus hoteles y la inmobiliaria familiar. “Los bienes de los mismos acusados pueden estar cautelados en distintas causas. Se ejecuta el decomiso en la causa que llega primero a sentencia”, explicaron en un despacho de Comodoro Py.

En la lista elaborada por Luciani y Mola, hay cuatro cajas de ahorro en pesos, dos en dólares y una caja de seguridad en el Banco Galicia; cuatro plazos fijos en el Banco de Santa Cruz; una caja de ahorro en el Banco Nación; y cuatro cuentas comitentes abiertas en la Caja de Valores para realizar inversiones, todas a nombre de Cristina Kirchner. La fortuna de la familia se sustentó siempre en dos pilares: los inmuebles - casi todos en Santa Cruz- y plazos fijos millonarios.

Los fiscales listaron dos departamentos en el barrio porteño de Recoleta. Uno de ellos es el de Uruguay esquina Juncal, de 160 m2 que fue su vivienda en la Ciudad de Buenos Aires hasta el atentando que sufriera el 1ro de septiembre de 2022.

En el listado de Luciani y Mola figura otro departamento sobre la calle Juncal, entre Azcuénaga y Uriburu, de 77 m2, y un total de 24 inmuebles en Santa Cruz, entre ellos, la casa familiar de Río Gallegos, la residencia de la ex mandataria en El Calafate, y el hotel Los Sauces. Todos fueron cedidos por la ex presidenta a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en 2016, para sortear futuros embargos judiciales.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del Ministerio Público Fiscal explicaron que se incluyeron los bienes que eran de la ex presidenta donados a sus hijos “porque están cautelados” y “se puede avanzar sobre todos ellos para la ejecución del decomiso”.

Asimismo, figuran las tres sociedades de los Kirchner - Hotesur SA y las inmobiliarias Los Sauces SA y COMASA -, que también fueron cedidas a sus herederos y están embargadas en la causa Hotesur-Los Sauces.

Qué patrimonio declaró la ex presidenta

La dos veces presidenta de la Nación declaró, al cierre de 2023, un total de bienes y activos por $249,4 millones, según la última declaración jurada que debió presentar ante la Oficina Anticorrupción al dejar su cargo de vicepresidenta a finales de ese año.

El grueso de su patrimonio - $170 millones - estaba invertido en acciones de sociedades que cotizan en la Bolsa de Nueva York como Mercado Libre, Apple, Vista Energy, Microsoft, Coca Cola, Bioceres Crop Solutions, Invesco, Visa y Berkshire Hathaway.

El resto de su patrimonio lo conformaban cuatro cajas de ahorro en el país por $1,7 millones y un auto Toyota Corolla Híbrido que compró cero kilómetro en 2023.

Cristina Kirchner no informó ningún inmueble propio. Sí consignó $60,5 millones por los “derechos reales” del “usufructo”, desde marzo de 2016, de dos propiedades que históricamente estaban a su nombre: el departamento de Recoleta de la calle Uruguay esquina Juncal, de 160 m2, que el matrimonio Kirchner había comprado en 1980, y la casa en El Calafate, de 520 m2 y tres plantas, incorporada a su patrimonio en 2001.

La evolución de su patrimonio

Lo declarado por Cristina Kirchner está lejos de la fortuna que el matrimonio consolidó en sus años en el poder, de la mano de negocios comunes con Báez.

Infobae reconstruyó el crecimiento de su patrimonio neto, a través de las declaraciones juradas que el matrimonio presentó ante la Oficina Anticorrupción, considerando la inflación de cada período, desde que Néstor Kirchner llegó a la presidencia en 2003, hasta que su viuda le donó en vida todos sus bienes a sus hijos en 2016, para eludir posibles embargos judiciales al avanzar las investigaciones de la Justicia en su contra.

Para finales de 2003, tras el primer año en la Casa Rosada, el matrimonio Kirchner informó un patrimonio neto de $7 millones, considerando las deudas y los créditos a favor consignados en sus declaraciones juradas.

Al cierre de ese año, declararon un total de 25 inmuebles, que incluían 18 casas (la casa en El Calafate y las restantes en Río Gallegos); 2 locales en esta última ciudad; 4 departamentos (dos en la capital santacruceña y dos en el barrio porteño de Recoleta); y un terreno en El Calafate.

La gran mayoría de las propiedades fueron compradas durante la dictadura militar, entre 1977 y 1982, cuando el matrimonio tenía un estudio de abogados en Santa Cruz, y se dedicaban a las cobranzas y ejecuciones extrajudiciales. Así, lograron quedarse con esos inmuebles a muy bajo precio por las deudas contraídas por sus dueños, lo que les permitió incrementar su fortuna por el negocio de los alquileres

Los activos de la sociedad conyugal en ese primer año en la Casa Rosada incluían dos plazos fijos, uno por $1,2 millones y otro en dólares por USD 1,6 millones. Dos años antes, en plena crisis de finales del 2001, haber sacado al exterior casi la totalidad de esos dólares al exterior, les permitió luego triplicar sus pesos al repatriarlos en 2002, post caída de la convertibilidad.

En 2006, los Kirchner adquirieron la primera sociedad familiar, la inmobiliaria Los Sauces SA, destinada al alquiler y administración de sus propiedades, y que tendría como casi únicos inquilinos a Báez y al empresario Cristóbal Lopez.

Cuatro años después, en diciembre de 2007, cuando Cristina Kirchner recibió la banda presidencial de manos de su marido, los activos del matrimonio habían ascendido a $25,5 millones, un aumento nominal del 264%. Sin embargo, si se considera la inflación acumulada esos cuatro años, el aumento real fue de 153%. Fue el mayor crecimiento patrimonial experimentado por el matrimonio en los cuatro años que llevaban en el Ejecutivo nacional.

En ese primer período del kirchnerismo en la Casa Rosada, los inmuebles de la sociedad conyugal crecieron a 44, entre casas, departamentos, terrenos y locales. Los metros cuadrados se multiplicaron por 33: pasaron de 6.251 a 209.412 m2. Si bien vendieron una casa en Río Gallegos que tenían desde 1978, sumaron 13 departamentos en la capital santacruceña, y 7 terrenos en El Calafate por más de 200.000 m2. Por los nuevos lotes - tierra fiscal - que incorporaron entre 2005 y 2007, pagaron valores irrisorios de entre $0,99 y $7,5 el metro cuadrado el más caro.

En uno de ellos, que pagaron solo $162.000 por 2.100m2, levantaron el hotel boutique Los Sauces, que la propia Cristina Kirchner ideó y amplió en un lote aledaño a la casa de la entonces presidenta en El Calafate. Ese terreno era de Báez y se lo canjeó en una permuta por otro lote de su propiedad frente al Lago Argentino.

La construcción de ese hotel demandó casi $3 millones y la obra estuvo a cargo de Austral Construcciones. Es el más exclusivo de los cuatro alojamientos turísticos que los Kirchner levantaron en suelo santacruceño.

​Para finales de 2007, en el banco declararon tener 12 plazos fijos por un total que superaba los USD 4 millones, casi el doble que en 2006, cuando había informado USD 2,4 millones.

El año siguiente, 2008, se produjo otro salto en el patrimonio de los Kirchner, escaló a $47,3 millones, un 51% más en términos reales, considerando la inflación de ese año. ¿La razón? La expansión en el negocio hotelero y los alquileres inmobiliarios.

Incluían 8 plazos fijos por $17,2 millones y uno en dólares por USD 1,5 millones.

La secuencia de operaciones comerciales en 2008 fue frenética. En enero de ese año, los Kirchner vendieron un terreno en El Calafate de 20.095 m2, que habían comprado como tierra fiscal a $6,57 el m2, a la firma chilena Cencosud por USD 2 millones.

Un mes más tarde, compraron un inmueble de 16.189 m2 en El Calafate por $2.219.000 (unos USD 706.000 al cambio de ese momento) que terminó siendo el hotel Las Dunas. Sin embargo, no fue informado como tal en las declaraciones juradas ante la OA, ya que siempre figuró como “lote”.

Al finalizar el primer año de Cristina Kirchner en la Presidencia, la sociedad conyugal había vendido 14 propiedades que habían comprado a montos irrisorios y le reportaron $14 millones. Al cierre de ese período, declararon un total de 28 inmuebles

Entre esas numerosas operaciones inmobiliarias, figuró la venta a Báez de una casa emblemática para la familia Kirchner, en la esquina de 25 de Mayo y Maipú, en Río Gallegos, donde vivían durante la presidencia de Néstor. El empresario patagónico nunca la ocupó.

Esa venta - a un precio muy superior al que la habían pagado los Kirchner en 2003 - quedó bajo la lupa de la Justicia por la sospecha de una maniobra de posible lavado en la que el Báez le devolvía fondos al matrimonio presidencial por los contratos de obra pública que recibía en Santa Cruz. Los Kirchner la habían comprado en USD 170.000 y se la vendieron por más de USD 900.000.

Esa propiedad fue una de las 18 operaciones de compra-venta que la familia Kirchner celebró con Lázaro Báez, y que engrosaron el patrimonio de los ex mandatarios.

En mayo de 2008, los Kirchner adquirieron otra inmobiliaria, COMASA, y en octubre, la consultora financiera El Chapel SA. En noviembre, compraron Hotesur SA, dueña del Hotel Alto Calafate. Cristina Kirchner consignó en su DDJJ el 98% de las acciones en $5,4 millones, y el “valor llave” en casi el doble: $10 millones.

Los negocios hoteleros crecieron vinculados a Báez, que gerenciaba tanto el Alto Calafate como Las Dunas, a través de su firma Valle Mitre. A la vez, le alquilaba habitaciones en los hoteles de los Kirchner para el personal de sus empresas contratistas del Estado, que no ocupaban por la distancia con los lugares donde estaban los obradores.

En paralelo, las deudas de los Kirchner se dispararon a $19,2 millones, según lo informado por la entonces presidenta en su declaración jurada ante la OA del 2008. La más importante - por $8,4 millones - fue una deuda con Austral Construcciones para levantar el hotel Los Sauces.

En 2009, el patrimonio conyugal consignado por la entonces primera mandataria escalaba a $50,4 millones. La cifra representó, por primera vez, una leve baja real de 7,8% respecto del año anterior.

Cristina Kirchner mantuvo las mismas 28 propiedades e informó depósitos en plazos fijos por casi $13 millones en total, inlcuido uno en dólares por USD 766.800.

Ese año, se disolvió la consultora El Chapel SA, y los Kirchner compraron el hotel La Aldea del Chaltén, operación que se hizo a nombre de Los Sauces SA.

Entre las deudas declaradas en 2009, la más relevante fue con Hotesur por $5,5 millones, la firma de la que la ex mandataria era accionista.

En 2010, los activos de los Kirchner volvieron a subir a $67,7 millones, un 9% más en términos reales. Mantuvieron los 28 inmuebles del año anterior, pero aumentaron la valuación de las tres sociedades a casi $25,5 millones. A su vez, la deuda declarada por Cristina Kirchner con Hotesur escaló a casi el doble, $9 millones.

El dinero en depósitos bancarios (entre ellos 19 plazos fijos) y efectivo, ascendía a $24,6 millones, que incluían USD 772.000.

Ese año se produjo la muerte de Néstor Kirchner lo que implicó que la mitad de los bienes de la sociedad conyugal - incluso los que a fines impositivos figuraban el 100% a nombre de la entonces presidenta- pasaran al año siguiente a Máximo y Florencia Kirchner.

Así lo refleja la declaración de su viuda de 2011. Tras ser reelecta ese año, su patrimonio neto se redujo un 55% en términos reales: pasó a $37,7 millones.

Al cierre del 2012, el primer año de su segundo mandato, la declaración jurada de la entonces presidenta volvió a mostrar un patrimonio neto real ligeramente más bajo respecto del año anterior, un 7% menos: $43,4 millones.

Ese año pesificó el plazo fijo de USD 3,2 millones. Por la conversión, se acreditaron casi $14,4 millones en una de sus cajas de ahorro, según el cambio del momento. Ese dinero ingresó en la declaratoria de herederos.

La reducción patrimonial, siempre tendiendo en cuenta la inflación y lo declarado por la ex presidenta, se repitió en las declaraciones de 2013 cuando informó $50,2 millones, un 7,4% menos que el año anterior a valores reales, y en la de 2014, cuando su patrimonio fue de $59,6 millones (un 14,5% menos a valores reales).

En esos años, mantuvo las mismas 26 propiedades en Río Gallegos, El Calafate y CABA.

En 2015, último año en la Casa Rosada como presidenta, declaró activos netos por casi $72,2 millones (5,6% menos que el año anterior considerando inflación), contabilizando una deuda con Hotesur por $4,6 millones.

Lo que más aumentó entre 2011 y 2015 fue su tenencia de dinero en el banco: pasó de $11,5 millones a $40,7 millones.

En 2016, se produjo otro salto en el patrimonio de Cristina Kirchner, pero esta vez negativo: declaró $3,5 millones, un 96,5% menos. Sus bienes se redujeron drásticamente producto de la donación en vida a Máximo y Florencia Kirchner del 50% que tenía de los 26 inmuebles, los casi $40 millones en cuentas y plazos fijos, así como sus acciones en las empresas familiares. La donación alcanzó la suma de $74 millones.

La decisión la tomó poco tiempo después del cambio de gobierno, y cuando empezó a ser investigada por el fallecido juez federal Claudio Bonadio. Los movimientos se concretaron el 16 de mayo de ese año, tres días después de su primer procesamiento en la causa por el dólar futuro. Ya tenía abiertas las causas por maniobras de presunto lavado a través de Hotesur y Los Sauces SA, y el direccionamiento de obras públicas hacia Báez, amigo y socio del matrimonio, en Santa Cruz, que derivó en su condena en la causa Vialidad.

La donación tuvo lugar 45 días antes de que todos sus bienes quedaran inhibidos por la Justicia, lo que le valió una denuncia de Margarita Stolbizer por presunta insolvencia fraudulenta para esquivar las medidas cautelares que comenzaban a dictarse sobre su patrimonio. Los manejos con Hotesur y Los Sauces SA derivaron en el procesamiento de la ex mandataria y sus hijos por presunto lavado de dinero, y el embargo de las propiedades a nombre de la inmobiliaria familiar.

Entre ellas, dos departamentos en el Madero Center, en el barrio de Puerto Madero y sus respectivas cocheras que alquilaba el empresario Cristóbal Lopez, y el departamento en el barrio de San Cristóbal, en la calle San José 1111, donde vivía Florencia Kirchner.

Esa propiedad fue comprada por Los Sauces en junio de 2015 por un valor de USD 370.000. Es la vivienda en la que pidió esta semana cumplir la prisión domiciliaria.

Procesamiento y visualización: Daniela Czibener

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Cristina Kirchner pondrá en juego la supervivencia del kirchnerismo en el distrito más populoso del Conurbano bonaerense, la Tercera Sección Electoral, donde históricamente se impuso el peronismo. Convencida de que la boleta que lleve su nombre será la triunfadora, buscará traccionar votos para el resultado general de la elección provincial del 7 de septiembre en la que el gobernador Axel Kicillof apuesta a consolidar la plataforma para su lanzamiento a la Presidencia en 2027.

En 2023, Unión por la Patria se impuso en la Provincia con 4,2 millones votos en la elección para legisladores provinciales, casi el 45%. En segundo lugar, bastante lejos, se ubicó lo que era Juntos por el Cambio, que obtuvo 2,5 millones sufragios (el 26%), seguido de La Libertad Avanza (LLA), que cosechó 2,3 millones votos (el 24,5%).

La Provincia está dividida en ocho secciones electorales y, este año, se eligen diputados en la Segunda, Tercera, Sexta y en la Octava, y senadores en la Primera, Cuarta, Quinta y en la Séptima.

La Tercera Sección Electoral junto con la Primera concentran casi 10 millones de electores, el 71% del total de la Provincia, y serán los escenarios principales donde se librará la batalla entre el peronismo y la alianza que - todo indica - conformarán La Libertad Avanza (LLA) y el PRO.

En peso electoral, a la Tercera y la Primera le siguen la Quinta Sección con 1.310.478 electores (9% del padrón); la Sexta, con 663.636 y la Segunda, con 649.242 (5% cada una); la Octava o Sección Capital -que comprende a la ciudad de La Plata - con 624.845 (4%); la Cuarta, con 541.541 (4%); y la Séptima, con 282.122 (2% del padrón).

La más populosa de todas es la Tercera Sección donde se define gran parte de la elección provincial: aglutina a 4.999.290 electores, cifra equivalente a los padrones sumados de las provincias de Santa Fe, Mendoza y San Juan. En los 19 municipios que la componen está radicado el 36% del padrón bonaerense conformado por 14.059.933 ciudadanos habilitados para votar, según últimos datos de 2023.

Los partidos más poblados son La Matanza, Lomas de Zamora y Quilmes, Almirante Brown, Florencio Varela y Lanús, en ese orden. Entre estos seis partidos, suman casi 3.200.000 electores. Todos están gobernados por intendentes de UxP. Solo dos municipios están en manos de opositores: Magdalena, donde gobierna la UCR, y Lobos, conducido por el PRO.

Al hacer click sobre cada municipio, se visualiza la cantidad de electores

En la Tercera Sección Electoral, hay en juego 18 bancas de diputados provinciales. En las elecciones de 2023 para diputados y senadores provinciales, Unión por la Patria logró 1.770.941 votos (51,54%). Fue la única Sección en la que LLA salió segunda (en el resto de las secciones quedó tercera), al obtener 782.877 votos (22,79%), por delante de Juntos por el Cambio, que cosechó 726.652 votos (21,15%).

La otra Sección con un peso electoral decisivo es la Primera que abarca 24 municipios del norte y noroeste del Conurbano bonaerense donde viven 4.988.779 electores, un número que supera al padrón de la provincia de Córdoba y al de Mendoza sumados.

Los partidos de esta Sección con mayor cantidad de electores son Merlo, Moreno, San Martín, Tigre, Pilar, Tres de Febrero, Malvinas Argentinas y Morón. Solo estos ocho partidos suman casi 2.600.000 habilitados para votar.

En esta Sección, se disputan 8 bancas de senadores. En las elecciones legislativas a nivel provincial de 2023, UxP cosechó 1.504.238 votos (44,36%), seguida de Juntos por el Cambio, que obtuvo 897.328 votos (26,46%), y La Libertad Avanza, que consiguió 840.345 sufragios (24,78%).

En las restantes Secciones Electorales, el peronismo también quedó primero en 2023 para el tramo de legisladores provinciales, con excepción de la Sexta, donde se impuso Juntos por el Cambio con el 33,14% (142.538 votos), seguido de UxP con el 32,71% (140.692 votos), y La Libertad Avanza 31,24% (134.384 votos).

Las bancas en juego por bloque

En la elección del 7 de septiembre se renueva la mitad de la Cámara de Diputados que tiene 92 bancas, y la de Senadores, integrada por 46 miembros. O sea, se eligen 46 diputados y 23 senadores provinciales, distribuidos en las ocho Secciones Electorales.

En la Segunda Sección Electoral se eligen 11 diputados; en la Tercera, 18; en la Sexta, 11; y en la Octava, 6 diputados provinciales. En tanto en la Primera, se eligen 8 senadores; en la Cuarta, 7; en la Quinta, 5; y en la Séptima, tres senadores.

Si bien la Tercera y la Primera aportan el 70% de los votos, están subrepresentadas, ya que en ellas se elige el 30% de los cargos en la Legislatura bonaerense

Unión por la Patria pone en juego, en total, 19 diputados bonaerenses de los 37 que tiene actualmente, y 10 senadores de sus 21 integrantes en la Cámara alta.

El PRO arriesga 8 de sus 13 escaños en Diputados y 4 de los 9 senadores con los que cuenta en la Cámara alta provincial. La posibilidad de retener parte de esas bancas dependerá de los términos del frente que concrete con el LLA en estas eleciones en la Provincia.

En la bancada de La Libertad Avanza bonaerense terminan su mandato 5 diputados de 13 integrantes actuales, incluyendo a los cinco integrantes de la Cámara baja que responden a Patricia Bullrich y rompieron el bloque para formar el PRO Libertad.

En el Senado, deberían dejar su banca 2 de los 7 senadores que suma LLA en sus dos vertientes: los que entraron con Javier Milei en 2023 y los que ingresaron por el PRO en 2021 y se referencian en la ministra Bullrich.

El bloque Unión Renovación y Fe - un desprendimiento del bloque de LLA - renueva una sola banca de sus actuales 9 integrantes.

El bloque Acuerdo Cívico + UCR + GEN, alineado con Facundo Manes y Margarita Stolbizer, pone en juego 6 escaños en Diputados de los 7 que tiene hoy. El espacio no cuenta con senadores bonaerenses.

En tanto la UCR-Cambio Federal - que integran radicales del sector de Maximiliano Abad, ex PRO y seguidores de Emilio Monzó - arriesga 4 bancas de las 8 que tiene en Diputados, y 7 bancas de las 8 que integran esa bancada en el Senado.

En tanto, la Coalición Cívica pone en juego una de sus 3 bancas en la Cámara baja bonaerense; y el Frente de Izquierda arriesga sus dos lugares (una del MST y otra del PTS).

Procesamiento y visualizaciones de datos: Daniela Czibener

En medio de la interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner, esta semana se coló el debate para las reelecciones indefinidas en la Provincia de Buenos Aires. La ley actual, votada en el gobierno de María Eugenia Vidal, acota los mandatos a dos períodos consecutivos para intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires. O sea, un máximo de 8 años consecutivos. Sancionada en 2016, la ley 14.836 tuvo el aval del Frente Renovador, y establece que los funcionarios deben esperar obligatoriamente, al menos, un mandato antes de postularse para el mismo cargo. Eso es lo que ahora está en discusión nuevamente en la Legislatura bonaerense.

A diferencia de otras jurisdicciones, la Constitución de la Provincia no precisa la cantidad de veces que un funcionario o legislador puede ser reelecto, lo que deja la regulación en manos de los senadores y diputados del distrito.

En 2021, la norma se reformó para no que rija retroactivamente y explicitó que el primero de los dos mandatos consecutivos permitidos fuera el que comenzó en 2017, en el caso de los legisladores, y 2019, en el caso de los intendentes. Y especificó que un mandato iniciado en 2021 se computaría como primer período, solo en el caso que no haya ejercido un mandato inmediato anterior.

Esa modificación - plasmada en la ley 15.315 - habilitó a los intendentes una nueva reelección en 2023, en muchos casos, la segunda, y postergó la prohibición de un nuevo mandato para las elecciones legislativas de 2025, y de intendentes en 2027.

Sin embargo, a mediados de abril pasado, ingresó un proyecto impulsado por senadores provinciales cercanos a Cristina Kirchner, para habilitar nuevamente la reelección indefinida de los legisladores bonaerenses. Tanto en el Senado como en la Cámara baja bonaerense, la ex mandataria tiene su base de poder en la Provincia, ya que son mayoría los legisladores del bloque oficialista de Unión por la Patria que le responden.

Lo firmaron Luis Vivona, vicepresidente 1ro del Senado, y Teresa García, mano derecha de la ex presidenta en esa Cámara, junto a otros diez senadores kirchneristas. La iniciativa cita como fundamento que la reforma de la constitución provincial de 1994, no puso tope a las reelecciones.

El proyecto obtuvo dictamen de Comisión de Legislación General el último 30 de abril y estaba previsto que se apruebe el jueves pasado en el recinto. Pero el lunes ingresó otro que impulsa la senadora del sector de Kicillof Ayelén Durán, que incluye a los intendentes en la posibilidad de reelección. La jugada fue leída como un gesto del gobernador a los intendentes que vienen apoyándolo en su enfrentamiento con Cristina Kirchner, y sostienen ese reclamo por lo bajo, de cara a las elecciones de 2027 en la que se elegirán cargos ejecutivos.

Pero por falta de acuerdo entre el sector de Kicillof y el cristinismo, la sesión del jueves se suspendió porque no estaban los votos para sumar la propuesta de incluir a los intendentes en el proyecto a aprobar. En el entorno de la ex mandataria deslizaron no querer “hacerle ese favor” al gobernador frente a los jefes comunales ahora, antes de las elecciones provinciales de septiembre y las nacionales de octubre, ya que aún hay tiempo porque los jefes comunales se renuevan en dos años.

En cambio, para los legisladores provinciales, los tiempos urgen, ya que el cierre de listas para los comicios locales es el próximo 19 de julio. La disputa por estos dos proyecto en pugna sigue abierta.

Según el relevamiento realizado por Infobae, suman 82 los intendentes bonaerenses que no podrían presentarse para un nuevo período consecutivo en los comicios de 2027.

En tanto, de mantenerse la actual normativa, los legisladores provinciales que no podrían volver a presentarse son 21: 9 senadores y 12 diputados bonaerenses.

Del bloque de senadores del PRO, la ley le limitaría una nueva postulación este año a Aldana Ahumada. De la bancada UCR- Cambio Federal, la actual norma alcanza a Agustín Maspoli, Flavia Delmonte y Alejandro Celillo. De Unión por la Patria, los que no podrían volver a postularse como senadores en 2025 son el propio Vivona, autor del proyecto, Gustavo Soos, María Elena Defunchio y Gabriela Demaría. En tanto, del bloque de La Libertad Avanza, la limitación alcanza a Daniela Reich, mujer del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien recientemente pegó el salto desde el PRO a las fuerzas libertarias.

De los diputados bonaerenses, no podrían presentarse para un nuevo período Facundo Tignanelli, muy cercano a Máximo Kirchner y actual presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP). Tampoco el peronista Carlos “Cuto” Moreno, vicepresidente 2do de la Cámara, ni sus colegas de bancada Fernanda Díaz, Susana González, Mariana Larroque y María Fernanda Bevilacqua.

Del PRO, hoy están alcanzados por la prohibición de una segunda reelección Matías Ranzini, presidente del bloque del partido amarillo; Adrián Urreli, vicepresidente 1ro de la Cámara; y el actual intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, quien actualmente está siendo reemplazado por María Belén Malaisi, al estar en uso de licencia en su banca de diputado provincial, con mandato hasta diciembre de este año. De la UCR - Cambio Federal, no pueden volver a postularse Emiliano Balbín y Anahí Bilbao; y de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin Moro, presidente de esa bancada.

Los intendentes que no tienen reelección

En cuanto a los 135 intendentes que hay en la provincia de Buenos Aires, si no se deroga la norma vigente, no se pueden presentar a una nueva reelección un total de 82 intendentes, o sea el 60% del total.

De esa cifra, 53 son de Unión por la patria; 16 de la UCR; 7 del PRO; 3 vecinales; uno de Encuentro Republicano Federal que ingresó por Juntos por el Cambio; otro de un partido vecinal aliado de Juntos; y otro es un ex PRO que recientemente se pasó a la LLA.

Los jefes comunales de GBA

De Gran Buenos Aires, hay 30 jefes comunales inhabilitados para un nuevo período partir de 2027 sobre un total de 40, entre ellos varios caudillos peronistas del Conurbano bonaerense.

Se trata de Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui), Fabian Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas), Mario Secco (Ensenada), Ariel Sujarchuk (Escobar), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), Andrés Watson (Florencio Varela), Javier Osuna (General Las Heras), Mauro García (General Rodríguez); Fernando Moreira (San Martín), Mario Ishii (José C. Paz), Fernando Espinoza (La Matanza), Leonardo Boto (Luján), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Lucas Ghi (Morón), Federico Achaval (Pilar), Blanca Cantero (Presidente Perón), Mayra Mendoza (Quilmes), Juan Andreotti (San Fernando), Nicolás Mantegazza (San Vicente), y Julio Zamora (Tigre).

Del PRO, está inhabilitado hoy para un nuevo mandato Sebastián Abella (Campana) así como el hoy libertario Diego Valenzuela, ex macrista del sector de Patricia Bullrich. Tampoco puede ir por un nuevo mandato Jaime Méndez (San Miguel), quien fue reelecto en 2023 por Encuentro Republicano dentro de la alianza Juntos y se referencia en el senador provincial Joaquín de la Torre.

Procesamiento de datos y visualizaciones: Daniela Czibener

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La Ciudad de Buenos Aires dejó de ser el bastión para el PRO. El desempeño electoral en su histórico epicentro electoral - donde supo obtener más del 50% de los votos en 2019 - perdió potencia por la irrupción de Javier Milei. Este domingo, la fuerza creada por Mauricio Macri quedó relegada a un lejano tercer lugar, detrás de La Libertad Avanza y el peronismo, con apenas el 15,92% de los votos que obtuvo la lista encabezada por Silvia Lospennato.

De haber ganado en las 15 comunas en las elecciones de 2015, cuando la oleada amarilla liderada por Macri llegó a la Casa Rosada, y haber repetido esa performance en 2017, pasó a no haberse impuesto en ninguna este domingo.

Del récord de 52,2% que obtuvo en la elección para legisladores en 2019, el PRO pasó a menos de un tercio, seis años después, en el distrito que viene gobernando desde 2007. Su racha de nueve elecciones seguidas ganadas en el distrito para jefe de gobierno o legisladores porteños, se vio bruscamente interrumpida.

A la inversa, La Libertad Avanza que debutó como partido en 2021 al presentarse en la Ciudad como el primer distrito donde compitió, duplicó el apoyo que logró entre los porteños respecto de dos años atrás. Pasó del 16,54% en la elección para legisladores del 2021 al 30,13% que obtuvo ayer la lista encabezada por Manuel Adorni. En 2023 había registrado una baja, cuando sacó el 12,30%.

En tanto, el peronismo que en esta elección en la Ciudad compitió al frente de la alianza Es Ahora Buenos Aires, mantuvo su porcentaje del 27,3% de los votos respecto del 2023, cuando Unión por la Patria había obtenido el 27,54%, ligeramente por encima de lo obtenido en 2021 por el Frente de Todos (25,1%).

LLA vs el PRO

Para llegar al 30% de los votos en esta elección en la Ciudad, LLA se impuso en nueve comunas: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12,13 y 14, mientras que en las 6 restantes ganó el peronismo.

Sin embargo, en tres de ellas, la diferencia fue escasa: en la 6 - que comprende el barrio de Caballito - la diferencia con la lista de Leandro Santoro fue de menos de un punto (28,43% vs 27,77%); en la 7, que comprende Flores y Parque Chacabuco, de 20 décimas (29,55 vs 29,36%); y en la 10, el candidato del presidente Javier Milei ganó por el 29,31% vs 29,04% que sacó el peronismo.

Adorni sumó votos para LLA en las 15 comunas en las que está dividido el distrito, respecto de los resultados para legisladores porteños de 2023.

Las cinco comunas en las que este domingo más amplió la diferencia de votos en números absolutos fueron la 13, que abarca Núñez, Belgrano y Colegiales, donde sumó 31.006 votos; seguida de la 14 de Palermo (28.113 apoyos más); y la 12 que comprende Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón (22.764 votos más). También ganó apoyos en la 2 de Recoleta (20.092 votos más), y la 11 que incluye a los barrios de Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita (19.555 sufragios más).

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Si se comparan los resultados del domingo con la elección legislativa de 2021, la foto es similar: LLA tuvo la mayor diferencia neta de votos a favor en esas cinco comunas.

Como contracara, lo que fue Juntos por el Cambio en 2023 y 2021, y el PRO en esta última elección, perdió su mayor caudal de votos en esas mismas comunas: la 13, la 14, la 12, la 11, y la 2, pero en valores significativamente mayores.

En Núñez, Belgrano y Colegiales, la pérdida del PRO fue de 64.498 votos; en Palermo, de 61.871; en Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón, de 49.989; en Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita, de 44.554; y en Recoleta, de 43.051 votos menos.

En el corredor de la Avenida Libertador, donde históricamente siempre fue fuerte el partido amarillo, la candidata del PRO, Silvia Lospennato, solo salió segunda, detrás de Adorni, en Belgrano, Palermo, Recoleta, Retiro y Puerto Madero.

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Sin embargo, al considerar los votos absolutos, es necesario tener en cuenta que la participación ayer fue del 53% contra 76% de la elección del 2023. Esa merma en la afluencia de votantes impactó en el menor caudal de votos obtenidos por los candidatos.

El desempeño de Santoro

El peronismo llevó como cabeza de lista en los comicios de ayer a Santoro, actual diputado nacional de Unión por la Patria, de origen radical, que apostó a deskirchnerizar su campaña y buscó atraer a otros sectores fuera del núcleo duro. La alianza Es Ahora Buenos Aires - que alineó al PJ porteño, la Cámpora y el massismo -, logró imponerse en seis comunas: la 3, la 4, la 5, la 8, la 9 y la 15, pero por la menor participación electoral, perdió votos en todas las comunas respecto de los resultados obtenidos en 2023.

Retuvo la 8 que abarca Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano, en la que había ganado en 2023 y 2021, y sumó la 4, que comprende los barrios de La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya, y en la que se había impuesto también en 2023.

Pero además salió primero en la 3 (Balvanera y San Cristóbal) aunque por muy poca diferencia con LLA (29,83% vs 29,44%); en la 5 (Almagro y Boedo); en la 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda), donde la diferencia fue también escasa con la lista de Adorni (30,46% vs 29,19%); y en la 15 (Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas).

Las cinco comunas en las que la lista liderada por Santoro más apoyos perdió, en números absolutos, fueron la comuna 4, la 8, la 1, la 7 y la 9.

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En la 4 donde sacó 10.943 sufragios menos; en la 8, en la que perdió 10.183; en la 1, que abarca los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución, tuvo una merma de 9.092 votos, y donde se impuso LLA; en la 7 de Flores y Parque Chacabuco, donde sacó 8.807 votos menos y este domingo también ganó LLA; y la 9, en la que recogió 7.458 sufragios menos.

La participación por comunas

En cuanto a la participación electoral, que tocó un piso histórico de apenas el 53%, solo 8 comunas superaron ese porcentaje: la 12 (62,17%), la 11 (62%); la 6 (61,38%); la 10 (59,14%), la 13 (57,14 %), la 15 (56,72%), la 5 (56,09 %); y la 9 (55,01%). El resto estuvo por debajo.

Las de peor asistencia electoral fueron la 1, con 41%; la 8 con 45,6, y la 3 con 46,43%.

Procesamiento de datos y visualizaciones: Daniela Czibener

Este domingo, la Ciudad de Buenos Aires enfrenta una elección con una oferta atomizada en 17 alianzas y fuerzas políticas para renovar 30 lugares en la Legislatura porteña, la mitad de su conformación. Para acceder a una banca se necesita el 3% de los votos válidos, o sea de los afirmativos y los votos en blanco, sin contar los nulos. Este porcentaje, considerando que el padrón tiene 3.040.316 electores (incluidos los 524.040 extranjeros habilitados para votar), implica que se requieren unos 60.000 votos por legislador.

Las bancas se distribuyen a través del sistema proporcional D‘Hondt, en base a la cantidad de votos que cada lista obtenga. Participan de la contienda, en total, 510 candidatos, según el relevamiento de las listas hecho por Infobae.

La elección porteña de mañana es la primera desdoblada de los comicios nacionales desde 2015. A la inversa de lo buscado por el jefe de Gobierno Jorge Macri de municipalizar el debate, el comicio generó una nacionalización inédita por la disputa entre La Libertad Avanza y el PRO en el territorio que vio nacer al partido fundado por Mauricio Macri.

La fragmentación electoral con la que se encontrará el elector a la hora de decidir su voto frente a la pantalla de la máquina de votación obedece, esencialmente a dos factores.

Por un lado, la eliminación de las PASO para esta elección. En 2023, se presentaron en las Primarias 11 partidos y 13 listas, de las cuales 7 no pasaron esa instancia, y solo compitieron 4 en la general. En 2021, habían sido 11 las agrupaciones políticas que, a través de 14 listas, compitieron en las PASO, de las cuales solo 5 fuerzas superaron el piso del 1,5% de los votos necesarios.

La otra razón tiene que ver con la implosión política que significó la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. El espacio que fue Juntos por el Cambio compite mañana dividido en cuatro ofertas electorales.

El PRO se presenta bajo el nombre de la alianza Primero Buenos Aires con la diputada nacional Silvia Lospennato a la cabeza. El partido que ganó la primera elección en el distrito en 2007, apostó a un regreso al sello amarillo como principal elemento identificador. La acompañan el ex diputado nacional y actual ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi, y la vocera del gobierno porteño, Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción en el gobierno de Cambiemos. Su apuesta es al “equipo”, con una lista con nombres “fuertes” para compensar el desconocimiento de Lospennato en el electorado porteño.

En este proceso de disgregación del desaparecido espacio de Juntos, el inesperado contendiente interno del PRO es Horacio Rodríguez Larreta, quien compite por fuera del partido que ayudó a fundar. Encabeza la lista del frente Volvamos Buenos Aires, acompañado por la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri. El tercer lugar de la lista es ocupado por Emmanuel Ferrario, quien buscará así renovar su banca en el cuerpo que presidió entre 2021 y 2023. El cuarto lugar es ocupado por Melisa Balbi, asesora parlamentaria de la Legislatura, y el quinto, por Jorge Telerman, ex jefe de Gobierno de la Ciudad entre 2006 y 2007.

Larreta va en alianza con Confianza Pública, la fuerza de la actual legisladora porteña Graciela Ocaña. Su decisión de romper con la estructura tradicional del macrismo dividirá al electorado que, históricamente, respaldó a este espacio en el distrito porteño.

La Coalición Cívica (CC) decidió en esta elección ir sola, con la diputada nacional Paula Oliveto como primera candidata de la lista Es con Vos. La secunda el ex diputado nacional y ex funcionario de Mauricio Macri Fernando Sánchez. En la legislatura, la CC integra actualmente el bloque oficialista de Vamos por Más.

El sector de la UCR porteña referenciado en el senador nacional y tiutlar del partido, Martín Lousteau, lleva a la ex presidenta de la FUBA y contadora Lucille “Lula” Levy como primera postulante de Evolución. Esta joven dirigente de 29 años, actual consejera superior de la UBA, es una apuesta del radicalismo a una figura con trayectoria estudiantil, pero casi ignota entre los porteños fuera del ámbito universitario. Evolución va en una alianza con el Partido Socialista, que lidera Roy Cortina en la Ciudad, y el GEN, de Margarita Stolbizer.

Las bancas del ex Juntos por el Cambio

En 2023, Juntos por el Cambio obtuvo en la elección para legisladores el 44% (890.976 votos) y consiguió 15 legisladores. Sin embargo, ese porcentaje implicó una caída de 2,24 puntos porcentuales respecto de 2021, cuando había obtenido el 46,24% (891.983 votos).

Actualmente, en la legislatura, el bloque del oficialismo Vamos por Más tiene 12 bancas, de las cuales renueva 6. Pero solo dos legisladores que terminan son PRO “puros”.

Uno es Darío Nieto, ex secretario privado de Mauricio MAcri durante su presidencia, que va cuarto en la lista y busca su reelección. En el acto de cierre del jueves a la noche de la alianza fue presentado como una de las caras jóvenes del partido, junto a Rocío Figueroa, vicepresidenta de Jóvenes PRO y quinta candidata de Primero Buenos Aires. La otra legisladora que finaliza su mandato este año es Paola Michieletto, alineada con Cristian Ritondo, quien ya no puede ir por un tercer período consecutivo.

En la lista de Buenos Aires Primero aparecen en sexto y séptimo lugar el ex ministro de Seguridad porteño y ex diputado nacional Waldo Wolff, y Victoria Morales Gorleri, también ex diputada nacional, actual subsecretaria de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible de la Ciudad, y muy cercana a la Iglesia Católica. Ambos están en lugares expectables.

Otros dos legisladores del PRO que deberían dejar su banca, se referencian en Rodríguez Larreta: Emmanuel Ferrario y Claudio Romero. Este último no puede reelegir y Ferrario buscará renovar su escaño como tercer candidato en la lista del ex jefe de Gobierno.

En el entorno de Jorge Macri sostienen que el PRO “saldrá fortalecido” en cantidad de legisladores, ya que de los actuales siete “puros” que tiene hoy, renueva solo dos. Y sobre la base de 5 que continúan (Patricia Glize, Gimena Villafruela, Matías López, Ignacio Parera y Sergio Siciliano), confían en sumar 6 o 7, lo que llevaría el bloque a unos 12 propios, un número mayor a los actuales 7.

La expectativa de máxima era sacar entre 8 y 9, pero los sondeos parecen dar por tierra con esa posibilidad, aunque en el macrismo no descartan dar un “batacazo”, especialmente después del “impacto positivo” para la figura de Lospennato que - consideran - significó la caída del proyecto de Ficha Limpia, de la cual la diputada fue impulsora.

Otros dos escaños de los seis que renueva el actual bloque oficialista de Vamos por Más pertenecen a la Coalición Cívica. El espacio fundado por Lilita Carrió cuenta, actualmente, con tres diputados porteños. Hernán Reyes y Cecilia Ferrero dejarán la Legislatura en diciembre, en tanto, Facundo Del Gaiso tiene mandato hasta 2027.

Confianza Pública renueva una banca, la que ocupa Sol Méndez, de las tres que tiene en la Legislatura. Continúan Ocaña y Sebastián Nagata.

En tanto, Evolución pone en juego 3 de sus actuales 8 bancas, las que ocupan Lucio Lapeña, Gustavo Mola y María Inés Parry.

En el radicalismo, confían en renovar al menos dos de esos lugares por lo que entraría, además de Levy, el segundo de la lista, Facundo Cedeira. Hay menos certezas sobre la tercera candidata, Jéssica Barreto, actual legisladora del Partido Socialista que termina su mandato en diciembre.

La colaboración del bloque Evolución con el oficialismo porteño despierta interrogantes en la nueva configuración legislativa. Sin embargo, un dirigente de la UCR enfrentado a Lousteau advirtió, off the record, que el histórico dirigente radical porteño y empresario del juego Daniel Angelici logró “colocar” en la lista del PRO a dos candidatos “suyos” en octavo y noveno lugar: Lautaro García, ex “Grupo Sushi” y ex funcionario del gobierno de Fernando De la Rúa, y Lucía Breccia, hija del primo de Angelici, Marcelo Breccia, oriundo de Pergamino y quien fuera de su extrema confianza en los negocios, ya fallecido. Sin embargo, por el puesto que ocupan en la lista de Buenos Aires primero, podrían quedar fuera de la Legislatura.

Fuentes de confianza de Jorge Macri consideran que tanto Rodríguez Larreta, como los legisladores de Confianza Pública, de la Coalición Cívica y la UCR van a actuar como “aliados” según los temas. “No lo vemos a Horacio no aprobando el Presupuesto para la Ciudad, o negándose a endurecer penas para los trapitos, por ejemplo. Ficha Limpia se cayó en diciembre en la Ciudad por un solo voto, porque el kirchnerismo y la Izquierda se opusieron, y sumaron 21. Necesitábamos 40 votos, y juntamos 39 entre todos los demás bloques”, analizan en el búnker de campaña macrista.

Los libertarios

Por el lado del espacio libertario, la oferta incluye también tres listas. La oficial de La Libertad Avanza postula al mediático vocero presidencial, Manuel Adorni, como primer candidato. La campaña estuvo concentrada en su figura, y su asociación con Javier Milei, y casi no se difundió quiénes lo acompañan como postulantes.

En segundo lugar aparece Solana Pelayo, directora del Banco Nación; en el tercero, Nicolás Pakgojz titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado; y en cuarto, Andrea Freguía, actual coordinadora comunal de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires y ex dirigente del PRO, de la línea de Ritondo.

En la elección para legisladores de 2021 en la Ciudad, LLA, que en ese momento era un partido incipiente, se posicionó como tercera fuerza, detrás de Juntos y el Frente de Todos, con el 16,54% de los votos. Obtuvo 318.978 sufragios, un número nada despreciable para su debut partidario, que tuvo lugar en territorio porteño.

Sin embargo, y pese a la ola violeta protagonizada por Milei en 2023, ese año LLA perdió casi 70.000 votos, al sacar 12,3% (4,24 puntos porcentuales menos) en la elección para diputados porteños. Obtuvo 4 legisladores contra 5 que había conseguido en 2021.

Hoy el bloque de LLA en la Legislatura tiene 8 integrantes, tras el pase en enero de los bullrichistas Juan Pablo Arenaza, María Luisa González Estevarena y Silvia Imas a la bancada que conduce Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en la Ciudad.

Renueva 6 bancas: las que ocupan Arenaza y Estevarena, y las de Rebeca Fleitas, Marina Kienast, Leonardo Seifert y Lucía Montenegro. Si La Libertad Avanza obtiene los números que indican las encuestas, se aseguraría un bloque de entre 9 y 10 integrantes “puros” propios.

Excepto Estevarena, que cumple este año su segundo período, todos integran la lista de LLA que se presenta mañana. Los que más chances tienen de renovar su mandato, son Arenaza - ex jefe de campaña de Patricia Bullrich cuando fue candidata a presidenta de Juntos- que va en quinto lugar; Montenegro, que va sexta; y Seifert, en séptimo puesto. No hay certezas aún de que pueda renovar Fleitas, octava en la lista de LLA, aunque en el oficialismo nacional están optimistas y muestran sondeos que le ubican a Adorni peleando el primer lugar con Leandro Santoro.

Ramiro Marra, expulsado de LLA en enero por un posteo en X, se presenta por fuera del partido de Milei con el sello de la UCD bajo el nombre de Libertad y Orden. Todo indica que renovará su mandato por cuatro años más, y podría ingresar la segunda en la lista, Nabile Michitte, asesora suya en la Legislatura.

Como se descuenta que Marra jugará en sintonía con LLA, el bloque libertario superaría la decena de integrantes después del 10 de diciembre.

Menos certezas hay sobre el futuro de Yamil Santoro, actual legislador de Republicanos Unidos que ingresó en reemplazo de Roberto García Moritán. Con un discurso libertario más orientado hacia la institucionalidad y el combate contra la corrupción, también busca conservar su banca como cabeza de la lista Unión Libertaria Porteña.

La oferta peronista

El peronismo se presenta con una oferta, también, diversificada en tres listas. En las PASO de los últimos cuatro años siempre tuvo una sola. Mañana, podría dejar el segundo lugar en las elecciones porteñas, detrás del PRO, que le ganó las últimas nueve elecciones en la Ciudad.

En 2021, el Frente de Todos sacó el 25,14% de los votos, y dos años después, Unión por la Patria fue la única de las cuatro agrupaciones que compitieron en las legislativas porteñas, que sumó votos en la generales, al obtener 27,55% (2,41 puntos porcentuales más). Pasó de 484.950 votos a los 557.808 obtenidos por la lista encabezada, en ese momento, por Matías Lammens, que tiene mandato hasta 2027.

En esta elección, la alianza peronista mayoritaria es la que lleva a Leandro Santoro como cabeza de lista, bajo el nombre de Es Ahora Buenos Aires. Actual diputado nacional de Unión por la Patria de origen radical, ya fue legislador porteño entre 2017 y 2021. En las últimas elecciones de la Ciudad se postuló para jefe de Gobierno y salió segundo: perdió ante Jorge Macri en primera vuelta.

Lo acompañan en la lista Claudia Negri, vicedecana de la Facultad de Ciencias Medicas de la UBA y jefa del departamento técnico del Hospital Ramos Mejía; Federico Mochi, secretario General de la Juventud Universitaria Peronista de CABA y docente en la Facultad de Derecho de la UBA; y la militante social Mariana González, cercana a Juan Grabois.

La lista de Santoro cuenta con el apoyo del kirchnerismo, La Cámpora, el massismo y los dos sectores del PJ porteño que responden a Víctor Santa María y Juan Manuel Olmos, que integra la lista en décimo primer lugar. Su inclusión es más simbólica, ya que en ese puesto es poco factible que ingrese a la Legislatura.

Por fuera del sello del PJ y con el apoyo del Movimiento Evita, también compite Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, con la alianza Seamos Libres. Lleva como segunda en la lista a la actriz Carolina Papaleo.

La otra lista peronista es la que encabeza el abogado y ex vicepresidente de la Cámara de Empresarios Coreanos Alejandro Kim, por el partido Principios y Valores, fundado por el ex secretario de Comercio kirchnerista Guillermo Moreno.

Actualmente, el bloque de Unión por la Patria es la primera minoría con 18 integrantes, de los cuales 8 terminan su mandato este año. Es el espacio que más bancas pone en juego. Si la alianza Es Ahora Buenos Aires obtiene alrededor del 27% que consiguió en 2023 para legisladores, entrarían los 10 primeros candidatos de la lista, dos más de los que renueva.

En el entorno de Santoro confían en que ingresarán entre 9 y 10 legisladores. Esto implica que la bancada de Unión por la Patria pasaría a ser de 20 integrantes, número que lo dejaría al borde de poder bloquear cualquier iniciativa del Ejecutivo porteño que requiera dos tercios (40 votos).

En la práctica, el kirchnerismo conformó junto con la izquierda la oposición más dura contra Jorge Macri. Con los 18 votos de UxP, más los 3 actuales del FIT, tuvieron capacidad de frenar las iniciativas impulsadas por el oficialismo porteño que requerían una mayoría especial.

En diciembre, dejan su banca Claudia Neira, actual presidenta del bloque de UxP, Juan Manuel Valdés (no puede ser reelecto nuevamente), Franco Vitali, Juan Pablo O‘Dezaille, Victoria Montenegro, Maia Daer, Juan Pablo Modarelli, Berenice Iañez y María Magdalena Tiesso. Estos tres últimos buscan renovar mandato e integran la lista de Es Ahora Buenos Aires en el quinto, décimo y décimo segundo lugar, respectivamente. De acuerdo al porcentaje de votos que pronostican los encuestadores, Modarelli - ex presidente del bloque - entra seguro; es posible que lo haga también Iañez; y poco probable que ingrese Tiesso.

La Izquierda

La izquierda no se quedó atrás en materia de divisiones. Por un lado, el Frente de Izquierda Unidad (FIT) - integrado por el PO, el PTS e Izquierda Socialista -, tendrá que enfrentar un desafío mayor debido al crecimiento de fuerzas libertarias y a la fragmentación de otros bloques progresistas.

El FIT tiene 3 representantes en la legislatura actualmente, pero dos terminan su mandato en diciembre: Gabriel Solano - que no puede buscar la reelección - y Mercedes Trimarchi, quien va quinta en la lista. Con la diputada nacional Vanina Biasi a la cabeza y Luca Bonfante como segundo, aspiran a renovar esas dos bancas, aunque con chances de mantener una sola.

En 2023, el Frente obtuvo el 4,6% de los votos, y metió un legislador. Sin embargo, ese porcentaje fue 3,19 puntos porcentuales menor al obtenido en 2021. Su mejor performance había sido ese año cuando había sacado el 7,82% (150.814 votos, 70.000 más que en 2023).

Hay otras dos listas de la izquierda que intentarán captar votos. Una es Confluencia por la Igualdad y la Soberanía, que tiene el aval del ex diputado nacional Claudio Lozano, e integran Patria de Iguales, Izquierda Popular y el Partido Comunista. Lleva a María Eva Koutsovitis como cabeza de lista.

La otra es La Izquierda en la Ciudad, con Federico Winokur como primer candidato de la lista que presenta el partido Nuevo Más, que lidera a nivel nacional Manuela Castiñeira.

Por fuera de estos espacios, se presentan otras cuatro agrupaciones. Uno es el MID, cuyo primer candidato es Ricardo Caruso Lombardi, en la lista presentada por el diputado nacional Oscar Zago. Este partido ya cuenta con dos legisladores, con mandato hasta el 2027: Edgardo Alifraco y Sandra Rey.

Los otros son el ultraderechista Frente Patriota Federal, que lleva a César Biondini, hijo de dirigente cuestionado por sus ideas filo-nazis Alejandro Biondini; Nueva Generación, cuya lista la lidera Mila Zurbriggen; y el Movimiento Plural, que encabeza el sindicalista farmaceútico Marcelo Peretta. Ninguno tiene representación legislativa actualmente.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Infografía: Marcelo Regalado

Carga y chequeo: Desiré Santander

Mañana habrá elecciones provinciales en Chaco, Jujuy, San Luis y Salta, en las que se pondrán en juego 108 escaños con el objetivo de renovar la mitad de sus legislaturas y cargos municipales.

Estos cuatro distritos forman parte de los 13 en los que habrá elecciones locales este año, ya que en los 11 restantes sus legisladores provinciales tienen mandato hasta 2027.

Si bien son comicios locales, las alianzas y los resultados serán clave en las estrategias para las elecciones nacionales de octubre. En los cuatro distritos gobiernan mandatarios no peronistas - si bien en la caso de Salta, Gustavo Sáenz lidera una fuerza provincial cercana a ese espacio-, que buscarán consolidar su poder, frente a un PJ dividido. La incógnita será el desempeño de La Libertad Avanza en los distritos donde irá sin alianza: Jujuy, Salta y San Luis.

Si se suman las bancas de diputados en juego, la agrupación política que más bancas arriesga es el peronismo, con 31 escaños: 11 en Salta, 9 en San Luis, 6 en Jujuy y 5 en Chaco.

Le siguen las bancas de la UCR, que debe renovar 23 en total: 18 en Jujuy y 5 en Chaco. Y en tercer lugar, aparece Unión por San Luis, que arriesga 9 en esa provincia.

En cuanto a los senadores provinciales, en los dos distritos que eligen esos cargo, el partido que más arriesga es Compromiso por Salta (5 bancas). Le sigue el PJ con 4 bancas (3 de San Luis y 1 de Salta); y Evita Conducción, con 4 bancas de Salta.

Chaco

En el Chaco, mañana se eligen 16 diputados provinciales, la mitad de su Legislatura unicameral. El PJ pone en juego 5 bancas; la UCR, el partido del actual gobernador Leandro Zdero, otras 5; Juntos por el Cambio, dos; la Corriente de Expresión Renovadora, dos; y el Frente Integrador y el Nuevo Espacio de Participación, una cada uno.

La Libertad Avanza (LLA) no tiene representación actualmente en la Legislatura, y es uno de los desafíos de la fuerza creada por Javier Milei. Si bien LLA buscará conformarse como fuerza provincial, ya tejió una alianza con la UCR de cara a las elecciones nacionales de octubre, que tuvo como requisito la exclusión del PRO.

Zdero es uno de los gobernadores radicales de buen diálogo con la Casa Rosada que, a su vez, busca fortalecer el bloque oficialista en la Legislatura. La alianza que conformaron compite con el nombre de Chaco Puede + La Libertad Avanza.

El principal contrincante será el ex gobernador kirchnerista Jorge Capitanich, quien encabeza la lista de diputados provinciales del Frente Chaco Merece Más, y busca volver a ganar poder en la provincia que lo tuvo dos veces como mandatario. En 2023 fue derrotado por Zdero cuando buscaba un nuevo mandato.

Jujuy

La provincia norteña gobernada por el radical Carlos Sadir también tiene una legislatura unicameral y renueva 24 bancas. Además, se elegirán concejales y miembros de Comisiones Municipales en los 16 departamentos de la provincia para el periodo 2025-2029.

El proceso electoral se llevará a cabo mediante el sistema tradicional de boletas partidarias.

Sadir - un radical que tiene diálogo con el Gobeirno Nacional- se enfrentará por primera vez, en esta elección a nivel local, a La Libertad Avanza, que va sin alianzas, y lleva al tope de la boleta al abogado Kevin Ballesty. Milei ganó las PASO, las generales y la segunda vuelta en esta provincia, sin haber pisado la provincia. Esos resultados del 2023 fueron lo que llevaron a Sadir al desdoblamiento electoral.

El oficialismo radical se presenta con el sello Frente Jujuy Crece, que lleva como candidato a Adriano Morone, quien buscará renovar su banca en la Legislatura. Es el presidente de la Juventud Radical, e irá por su reelección.

El oficialismo local pone en juego la mayor cantidad de bancas, 18, y su mayor apuesta es sostener ese número. En cambio, el peronismo renueva sólo 6 diputados provinciales.

El peronismo, por su parte, no consiguió la unidad e irá dividido en tres listas. La más importante es la del Frente Justicialista, cuya primera postulante es Noemí Isasmendi, ex titular de ANSES en la provincia.

Por otro lado, competirá el Frente Somos Más, cuya referente es la senadora nacional peronista Carolina Moisés, y cuyo primer candidato es Carlos de Aparici.

La tercera lista peronista responde a Carlos Haquim - ex vicegobernador de Gerardo Morales- , que se presenta como Frente Primero Jujuy, con Graciela Carrasco como cabeza de lista.

Por otro lado, el Frente de Izquierda y Trabajadores – Unidad presentó como candidatos a diputados provinciales al diputado nacional Alejandro Vilca, que termina su mandato en diciembre.

Salta

Los salteños deberán elegir este domingo 30 diputados provinciales y 12 senadores ya que la Legislatura es bicameral. En casi 25 municipios se elegirán 121 concejales y en una veintena de ellos, se elegirá 232 convencionales municipales para reformar o dictar las cartas orgánicas municipales.

Además, se votará al nuevo intendente del municipio de Aguas Blancas para completar el mandato hasta 2027, luego de que el jefe comunal Carlos “Conejo” Martínez fuera detenido, imputado por irregularidades en un proceso judicial vinculado al crimen organizado.

Como desde hace varias elecciones, en Salta se utilizará el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), con las opciones electorales en una pantalla y soporte papel.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo es la fuerza que más bancas arriesga: 11. Le siguen Más Salta y Salta tiene Futuro, con 4 cada una; Salta Federal, Salta Independiente y el Partido Todos, con 2 cada uno. El resto de los partidos - el PRO, Ahora Patria, Cambia Salta, Memoria y Movilización Social y Unión Salteña-UCR - ponen en juego un diputado.

En la Cámara de Senadores provincial, el bloque oficialista de Compromiso por Salta arriesga 5 bancas; los aliados de Evita Conducción, 4 y el de Unidos por Salta, 2; y el bloque opositor del Frente de Todos, una.

En Salta, los senadores los diputados representan a cada uno de los departamentos que componen la provincia. Por eso, cada distrito representa una elección aparte para la renovación de la Legislatura.

El oficialismo provincial que lidera el gobernador Gustavo Sáenz se presenta con la Alianza por la Unidad de los Salteños, y lleva como candidato a senador provincial a Bernardo Biella, médico y actual diputado provincial.

En Salta capital, La Libertad Avanza, que tiene como referente en la provincia a Alfredo Olmedo, se presenta con lista propia, con el actual diputado provincial Roque Cornejo Avellaneda como candidato a senador provicial.

Además, compite el Frente Vamos por Salta, que compite en 11 distritos, lleva como primera candidata a diputada por la Capital a Flavia Royón, ex secretaria de Minería de la Nación.

Otra de la agrupaciones es el Frente Unidos por Salta, que estará presente en 15 jurisdicciones, tiene como principal referente a Guillermo Kripper, que también competirá por Capital.

La Unión Cívica Radical y el Frente Plural conformaron el Frente Juntos, que se presenta en casi todos los distritos y en la Capital, su postulante más conocido es Matías Posadas.

En tanto, el Frente Justicialista Salteño presenta lista en 13 departamentos, y tiene como postulante al Senado provincial por Capital a Guido Giacossa.

El Frente Cambiemos Salta lleva como candidato al actual diputado provincial José Gauffin, y el Frente Liberal Salteño por Salta Libre, que competirá en 10 distritos, tiene como candidato más importante a Alberto Castillo.

Por su parte el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) lleva como candidato en la Capital a Claudio del Plá.

Por último, se presentan con lista propia las siguientes agrupaciones: Frenta Salta va con Felicidad, Movimiento al Socialismo, Patria Grande, Salta Nos Une, Política Obrera, Movimiento Socialista de los Trabajadores y Partido Conservador Popular.

San Luis

En San Luis, también se renueva la mitad de las dos cámaras: 22 diputados del total de 43 de cinco departamentos provinciales (Juan Martín de Pueyrredón, donde está ubicada la capital provincial; Gobernador Dupuy, Junín, Coronel Pringles y General Belgrano), y 4 senadores provinciales de los 9 que integran el cuerpo, que representan a 4 departamentos (General Belgrano, Libertador General San Martín, Ayacucho y General Pedernera).

En 10 municipios, además, se elegirán concejales e intendentes. Se utilizará por primera vez el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), como a nivel nacional.

En estas elecciones, la competencia estará centrada entre dos agrupaciones: Ahora San Luis, que lidera el actual gobernador Claudio Poggi, y agrupa a la Unión Cívica Radical (UCR) y al PRO. Presentó para el departamento de la capital una lista encabezada por el actual intendente de Juana Koslay, Jorge Videla.

La otra es el Frente Justicialista, del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, y lleva como candidata principal a la diputada nacional Silvia Sosa Araujo, ex ministra de Salud provincial durante la pandemia.

Poggi, que con la boleta de Juntos por el Cambio le ganó la gobernación a Alberto Rodríguez Saá después de 40 años de poder feudal peronista, busca provincializar la disputa y alejar lo más posible la figura de Milei en esta contienda.

En la Cámara baja provincial, el peronismo liderado por el mandatario - hoy en la oposición - debe revalidar 9 bancas; mientras que el actual bloque oficialista y aliados, pone en juego 13.

En la Cámara de Senadores, el peronismo pone en juego 3 bancas y Cambia San Luis, una.

Hay otros dos espacios referenciados en La Libertad Avanza, que sin embargo no presentan con ese sello partidario por decisión de la Justicia a partir de un pedido de los apoderados del partido nacional. Por un lado, Héctor David Ocaña encabeza la lista ¡Viva la Libertad, Carajo!, y el diputado Carlos D’Alessandro estará al frente de la lista de Tercera Posición, que se presenta con el color violeta y el símbolo del león.

También fueron oficializadas las listas del Frente por la Justicia Social, encabezado por Fernando Gatica; el Frente Primero San Luis, liderado por el ex intendente Enrique Ponce; y el Frente de Izquierda Unidad, que postula a Johana Anahí Gómez.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

Su nombre quizás no estuvo entre los nazis más tristemente conocidos por sus crímenes contra judíos en la Segunda Guerra. Pero Josef Schwammberger, comandante de un campo de concentración en Polonia entre 1942 y 1944, llegó a ser uno de los 10 criminales de la Segunda Guerra más buscados del mundo. Logró vivir en Argentina, desde 1949, de manera clandestina durante casi cuatro décadas, sin siquiera cambiarse el nombre. Recién fue detenido en Huerta Grande, en la provincia de Córdoba, el 13 de noviembre de 1987, casi 15 años después de que Alemania pidiera su extradición por los crímenes de guerra que había cometido como integrante de las temibles SS.

Había sido comandante del gueto de Przemyśl, en Polonia, y del campo de trabajos forzados de Mielec, ubicado también en territorio polaco.

Cientos de testimonios que logró recoger el cazador de nazis Simón Wiesenthal coincidieron en la perversidad de Schwammberger y en su sadismo. Incluso, algunos sostuvieron que asesinó a víctimas para combatir el aburrimiento.

Al llegar a Argentina, ingresó sin usar un pasaporte de la Cruz Roja y nunca ocultó su verdadero nombre. Dijo ser mecánico, como muchos de los nazis que se refugiaron en el país.

En los documentos sobre los nazis que se ocultaron en el país y que el Gobierno nacional puso on line para la consulta pública, sin necesidad de ir hasta el Archivo General de la Nación (AGN), figura el expediente mecanografiado de su detención en la provincia de Córdoba, con todos sus antecedentes, su pasaporte, el pedido de extradición desde Alemania, hasta el parte policial que informaba de su traslado desde el hospital donde había sido internado tras un presunto intento de suicidio - o inducción a quitarse la vida- de regreso a la cárcel.

El material digitalizado disponible ahora en la web del AGN había sido desclasificado en 1992 por disposición del gobierno de Carlos Menem, pero no estaban accesibles para el público general en internet. Si bien muchos son recortes periodísticos o incluyen hechos ya revelados con anterioridad, es posible acceder a la imagen de documentos de la época.

Los archivos abarcan decretos presidenciales secretos y reservados, ahora disponibles al público en general. El acceso a los documentos en formato digital obedeció a un pedido del Centro Simón Wiesenthal, que viene realizando una investigación sobre cómo se financió la llamada “ruta de las ratas” a través del banco Credit Suisse, en referencia a la huida de los nazis de Alemania que luego buscaron refugio en distintos países, entre ellos, Argentina.

Tras el final de la guerra con la derrota de Alemania, intentó escapar pero fue detenido en Innsbruck, Austria. Fue trasladado a un campo de prisioneros en Francia, pero logró escaparse a Italia en 1947, con la ayuda de la organización secreta nazi Odessa. Ese mismo año, Wiesenthal creaba el Centro de Documentación judía para la persecución de los nazis. Con la ayuda de Odessa, Schwammberger logró embarcarse desde Génova hacia Argentina. Llegó al país el 19 de marzo de 1949, con pasaporte italiano falsificado, y se registró con su verdadero nombre. Tenía 37 años. Como lugar de nacimiento figuraba la ciudad de Bressanone, en Bolzano, Italia, aunque había nacido en Alemania.

En Argentina ingresó sin utilizar un pasaporte de la Cruz Roja, como fue usual entre muchos nazis que buscaron refugio en el país.

Se instaló en La Plata hasta que, en 1971, una sobreviviente de un campo de concentración de Polonia lo reconoció y se comunicó con la Asociación de Sobrevivientes de Campos de Concentración, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. La Asociación siguió la pista y con la ayuda de un investigador privado pudo reconstruir a qué se dedicaba Schwammberger. Vivía en la capital bonaerense, en el barrio La Cumbre, con su esposa y sus dos hijos. Desde noviembre de 1968, trabajaba como “traductor administrativo” en la empresa Petroquímica Sudamericana. Pero abandonó su puesto sorpresivamente en octubre del año siguiente.

En 1965, se nacionalizó como argentino, y pasó a tener la libreta de enrolamiento con el N° 7.603.354, por intermedio del juez Ramón Pastor. Si bien figuraba su nombre real, hasta ese momento, nadie lo había descubierto en Argentina. El recorrido de Schwammberger en Argentina fue reconstruido por Jorge Camarasa en el libro “Odessa al Sur”.

Wiesenthal lo denunció ante los tribunales alemanes y, en 1973, el Ministerio Público de la Audiencia de Stuttgart de ese país pidió su extradición. Se le abrió un expediente en Interpol con su pedido de captura internacional que siguió vigente 15 años más. Pero la Policía local le avisó y Schwammberger huyó antes de ser detenido en su casa en La Plata. Pudo escapar en un barco que salió de la ciudad bonaerense de Beriso con destino a Canadá, donde residía uno de sus hijos.

Pero con el retorno del peronismo al poder en la Argentina ese año, el ex oficial nazi volvió a Argentina, que siguió siendo lugar de refugio de criminales nazis. Schwammberger se radicó en Temperley y, durante otros 14 años, siguió viviendo con su verdadero nombre en el país.

Hasta que, en 1985, ya con el regreso de la democracia, la Justicia argentina volvió a poner la lupa sobre él. Fue clave la incansable tarea de Wiesenthal y el matrimonio del historiador Sergio Klarsfeld y su mujer Beate. El juez de La Plata Vicente Bretal ordenó su captura.

Tras haber sido visto en Huerta Grande, el magistrado cordobés Julio Rodríguez Villafañe fue hasta una pensión donde estaba alojado para detenerlo el 13 de noviembre de 1987. Schwammberger tenía 75 años, había llegado 10 días antes sin equipaje; tenía sólo un pequeño bolso.

Una sucesión de apelaciones y recursos que alegaban su avanzada edad y su estado de salud, demoraron su extradición hasta marzo de 1990, ya con Menem en el poder. Tres meses antes, a principios de diciembre de 1989, había sido internado en el Hospital Interzonal de Agudos José de San Martín, al ingresar en estado de coma por una sobredosis mientras estaba detenido en la Cárcel Nro 9 de la Plata. Sufrió un colapso que lo dejó al borde la muerte y e abrió una investigación judicial a cargo del juez Humberto Blanco para determinar si había sido un intento de sucidio o si había sido inducido a matarse. El 6 de diciembre fue trasladado en un helicóptero de la Policía Federal Argentina a la Cárcel de Caseros.

Casi medio siglo después de sus crímenes, el 18 de mayo de 1992, a sus 80 años, fue juzgado por un Tribunal de Stuttgart, Alemania y condenado a prisión perpetua.Fue encontrado culpable de siete cargos de asesinato y 32 cargos de colaboración en asesinato. Los jueces determinaron, apartir de innumerables testimonios, que asesinó a judíos por placer y odio racial. Murió a los 92 años, el 3 diciembre de 2004, en el hospital penitenciario de Hohenasperg, a pocos kilómetros al norte de Stuttgart.

Tras un primer año de gestión de Javier Milei en el que hubo un fuerte ajuste en la planta estatal de empleados y una caída de la actividad, el primer trimestre de 2025 muestra una reducción del 30% en las altas de las prestaciones de desempleo otorgadas por el Estado, respecto del mismo período que el año anterior. Entre enero y marzo pasado, los nuevos beneficiarios fueron 30.560 mientras que 12 meses atrás, ese número se elevaba a 43.148, según surge del análisis hecho por Infobae de los datos estadísticos publicados por la ANSES en su sitio web.

Se trata de un beneficio implementado por ley en 1991, como una prestación transitoria que se paga por un lapso que va de los 2 a los 12 meses, a trabajadores asalariados registrados, permanentes y temporarios del sector privado que perdieron su empleo. Las altas otorgadas son un indicador de la caída del empleo formal.

La menor cantidad de solicitudes de este beneficio en el primer trimestre de 2025 se produce luego de que, en 2024, se registrara el doble de altas en relación al último año de gestión de Alberto Fernandez. En el primer trimestre de 2023 se habían liquidado 21.471 altas mientras que, en los primeros tres meses del gobierno de Milei, ese número se elevó a 43.148. Este aumento del 60% en 2024 respecto del año anterior refleja el efecto del plan de ajuste implementado por la gestión libertaria.

La cantidad de beneficiarios totales a marzo último (incluyendo altas y beneficios otorgados en meses anteriores) fue de 92.787. Esta cifra es la más alta comparada con el mismo mes de 2024 (88.528) y el de 2023 (59.094).

Según los últimos datos disponibles del INDEC, correspondientes al cuarto trimestre de 2024, la tasa de desocupación -personas que no tienen trabajo y buscan empleo activamente -, se ubicó en 6,4% de la Población Económica Activa, que asciende a 14,5 millones de personas. El trimestre previo, ese indicador había sido ligeramente más elevado, de 6.9%.

Cuánto se cobra

La prestación por desempleo que paga la ANSES es temporal y va desde los 2 meses hasta el año, dependiendo de la cantidad de meses trabajados con anterioridad a que la persona pierde o cesa su trabajo.

La cifra a cobrar de la ANSES es un porcentaje del importe neto de la mejor remuneración habitual de los 6 meses previos a quedarse desempleado. Hay un monto mínimo y un máximo de la prestación fijado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. A partir del 1 de marzo, esos valores fueron fijados en $148.416 y $296.832, respectivamente.

El monto es decreciente: los primeros cuatro meses se cobra el 100% del beneficio; del quinto al octavo, el 80%; y del noveno al duodécimo, el 70% del monto inicialmente determinado.

Quiénes lo reciben

Las prestaciones por desempleo fueron establecidas en la ley de Empleo sancionada en 1991 y alcanza a los trabajadores empleados bajo la ley de Contrato de Trabajo y a los comprendidos en el Régimen de la Construcción que hayan aportado al Fondo Nacional de Empleo.

Para tener derecho a recibir la prestación, el trabajador debe haber aportado a ese Fondo por un mínimo de 6 meses durante los 3 años previos al cese laboral, o 90 días en los últimos 12 meses si se trata de servicios eventuales.

Al cobrar el seguro por desempleo, el trabajador tiene derecho a percibir las asignaciones familiares que le correspondan y al reconocimiento del período a los efectos de la jubilación. La prestación es incompatible con otros beneficios previsionales o prestaciones no contributivas.

En el caso de los obreros de la construcción, les rige el Sistema Integrado de Prestaciones por Desempleo para los Trabajadores comprendidos en el Régimen Nacional de la Industria de la Construcción creado por la ley 24.371, sancionada en el año 2000, que también paga la ANSES.

Alcanza a los trabajadores despedidos sin justa causa o por finalización de la obra, y deben contar con, al menos, 8 meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o la finalización del trabajo. Para los permanentes, el monto del beneficio y la cantidad de meses a cobrar - entre 3 y 8 como máximo - se calculan según los ingresos y meses trabajados con aportes durante los últimos 2 años.

En el caso de los trabajadores eventuales o de temporada que trabajaron (con aportes) un año o más, se aplica el mismo criterio. Si lo hizo por menos de un año, le corresponderá un día por cada 3 de servicio. Al igual que los empleados con relación de dependencia bajo la ley de Contrato de Trabajo, los mayores a 45 años cobran durante 6 meses más.

Este seguro por desempleo a cargo del Estado funciona en paralelo al Fondo de Cese Laboral que rige en el sector de la construcción, creado por la ley 22.250. Se conforma de un aporte por parte del empleador equivalente al 12% del sueldo del trabajador el primer año (luego baja al 8%), que se deposita en una cuenta bancaria, y que el trabajador puede retirar cuando termina la obra o cesa la relación laboral. Este sistema fue elogiado por Milei en distintas oportunidades, e incluido en la Ley Bases aprobada por el Congreso, como un Fondo de Cese a acordar por las partes dentro del convenio de trabajo.

El perfil de los beneficiarios

El mayor porcentaje de los solicitantes (19%) corresponde a personas de entre 45 y 49 años de edad (17.510 altas). Le sigue el rango de 50 a 54 años con 13.260 altas (14%).

En cuanto al género, el 71% de los que solicitaron el seguro de desempleo fueron varones (66.034 altas) y el resto, mujeres (26.753).

Y finalmente, si se analiza por rama de actividad, la mayor cantidad de altas otorgadas el mes pasado (23,4%) corresponde a desempleados de la industria manufacturera (7.157 casos), seguidos por 6.117 altas del sector del comercio (20%), y 5.699 (18%) de la construcción.

Distribución por provincias

El mes pasado, el mayor número de beneficios totales se otorgó en la provincia de Buenos Aires ( 38.180), el 41% del total liquidado (92.787). Pero si se considera la población, el distrito bonaerense aparece en octavo lugar, con 218 prestaciones por cada 100.000 habitantes.

El ranking de las mayores tasas en marzolo lidera Santa Cruz, con 473 beneficios cada 100.000 habitantes; Tierra del Fuego, con una tasa de 406, y San Juan con una tasa de 358 sobre la misma base poblacional.

La evolución anual de las altas

Infobae analizó los últimos 25 años de ese beneficio. De los datos surge que el 2024 fue el año en el que hubo mayor porcentaje de aumento en las altas anuales (60%).

Otro aumento importante se dio en 2016 durante el primer año del gobierno de Mauricio Macri, en el que las altas anuales aumentaron el 45% respecto del año anterior.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, producto del parate en la actividad por la pandemia, hubo una suba en los nuevos beneficios de desempleo otorgados en 2022, con un incremento del 37% ese año.

En números absolutos, el pico de nuevos subsidios por desempleo otorgados se produjo a la salida de la crisis institucional y social del 2001, año en que se habían otorgado 240.950 beneficios. En el gobierno de Eduardo Duhalde, en 2002, la cifra escaló a 259.066 solicitudes de alta. Fue el récord en los últimos 25 años.

Los valores siguieron luego a un promedio de 130.000 por año, con otra suba en 2009, cuando hubo 243.487 nuevas altas en el año, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.

Visualización de datos: Daniela Czibener

El alquiler de las oficinas en las que funcionan distintos organismos públicos le insumen una cifra millonaria al erario público. Solo en 2024 se gastaron más de $25.600 millones en ese concepto, en tanto, por mes, el desembolso fue de unos $2.583 millones. Los montos surgen del informe enviado a la Cámara de Diputados esta semana por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con respuestas a más de 4.000 preguntas de los legisladores.

Del análisis del Anexo provisto por Francos en la pregunta 184 surge que 52 organismos públicos nacionales requieren de inmuebles alquilados para su pleno funcionamiento. Los contratos de alquiler que firma el Estado con privados tienen una duración de entre 3 y 5 años.

En 2024, el organismo que más dinero gastó en alquileres fue la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): $478 millones. Le siguieron la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con $247 millones; la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), con casi $234 millones; la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), con $198 millones; la Secretaría de Obras Públicas con casi $165 millones; y la Junta de Seguridad del Transporte, con $150 millones, según el análisis realizado por Infobae de la información provista por la Jefatura de Gabinete.

El alquiler de los edificios destinados a oficinas de ministerios, secretarías, institutos y otros organismos públicos para cubrir las necesidades operativas de distintas dependencias del gobierno, está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Este organismo es el responsable de la gestión de estos inmuebles, tanto propios como alquilados.

Los números del 2025

Este año, el alquiler más oneroso sigue siendo el de ARCA (la ex AFIP), con $789 millones mensuales en marzo desembolsados para disponer de espacios para funcionar. El mes pasado, el organismo anunció el cierre de 38 receptorías, 38 distritos y 5 agencias distribuidas en todo el país en su plan de achicamiento de su estructura.

Le sigue el PAMI, que tiene unas 600 Agencias de Atención y 38 Unidades de Gestión Local (UGL) en todo el país, con una erogación de $769 millones en alquileres de dependencias en marzo.

Luego, aparece la ANSES con $233 millones destinados a la renta de inmuebles para su operatividad. Este organismo tiene 400 oficinas de atención al público en todo el país. A finales del mes pasado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció el cierre de, al menos, 60 de ellas y el despido de más de 1.300 trabajadores del organismo.

Entre estos tres organismos la suma que el Estado debe pagar en renta de edificios u locales ronda los $21.372 millones anuales. Tienen en común que cuentan con oficinas y agencias a lo largo de todo el país.

Por su parte, el alquiler de las dependencias en la Ciudad de Buenos Aires por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, implicó $5,8 millones al mes, con un gasto anual de $70 millones.

Los alquileres del PAMI

El organismo dedicado a la atención de los jubilados y pensionados tiene alquiladas 558 dependencias en distintos puntos de las 24 provincias argentinas.

Encabeza el ranking la regional del organismo de Mar del Plata, con 28 oficinas; le sigue la provincia de Córdoba, con 27 oficinas del PAMI; la regional de Mendoza y la de Chivilcoy, con 23 cada una; la regional de Bahía Blanca (22) y Corrientes, Río Negro y La Plata, con 21 inmuebles del PAMI que son alquilados.

El contrato más elevado es el de las dependencias centrales en la Ciudad de Buenos Aires. La dirección ejecutiva - ubicada en la Av Corrientes 635 - y las gerencias - que funcionan en Lavalle 658 - pagan $106.285.714 al mes, por un total de 14.242 m2.

Le siguen en valor dos anexos del nivel central: uno ubicado en Bartolomé Mitre 402, esquina Reconquista, de 2.078 m2, por el que se pagan $65 millones por mes, y otro en la calle Perú 169, de 5.885 m2, con un costo de $45 millones mensuales.

Reducción de gastos

El monto de la erogación en alquileres de inmuebles para el funcionamiento de dependencia públicas fue advertido por la gestión libertaria, que busca achicar al máximo los gastos del Estado para sostener el equilibrio fiscal. El objetivo del Gobierno es optimizar el uso de inmuebles por parte del Estado. Por este motivo, en 2025, según informó Francos, hubo una reducción en el gasto en alquileres. No se renovaron 21 contratos, lo que implicó un ahorro de $30.247.143.

En su exposición en Diputados y en un posteo posterior en X, el jefe de Gabinete recordó que “en materia de inmuebles, el Gobierno dispuso un plan para eficientizar la localización de las oficinas públicas, eliminar alquileres y gastos innecesarios y desprenderse de aquellas propiedades sin destino o subutilizadas”.

La AABE, por su parte, informó que “en la actualidad existe un plan de reducción de gastos en concepto de alquileres, que incluye la relocalización paulatina de dependencias estatales en inmuebles propiedad del Estado Nacional”.

El plan “contempla el análisis de los contratos de alquiler vigentes, la identificación de inmuebles propiedad del Estado Nacional que se encuentren sin uso, desocupados, subocupados o sin una afectación específica, y la planificación, a corto plazo, de la relocalización de organismos en aquellos espacios que resulten adecuados para su nuevo destino”.

Al posicionar el cursor sobre cada provincia, se despliega la información electoral

Este año, habrá elecciones provinciales en 13 distritos en los que se pondrán en juego 393 bancas legislativas locales. Los comicios tendrán como objetivo renovar la mitad de las legislaturas provinciales y elegir intendentes o concejales, según corresponda. En las 11 provincias restantes no se eligen cargos para sus legislaturas provinciales, ya que todos sus integrantes tienen mandato hasta 2027.

El cronograma electoral lo inaugura hoy la provincia de Santa Fe, donde se eligen convencionales constituyentes para reformar la Carta Magna provincial y los precandidatos a intendentes y concejales en Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Dos distritos serán el plato fuerte electoral en 2025, Corrientes y Santiago del Estero, que eligen gobernador. Sus actuales mandatarios, Gustavo Valdés y Gerardo Zamora, no cuentan con la posibilidad de reelección. Aún no definieron si adelantarán sus comicios - la fecha que se baraja es agosto - o si tendrán comicios junto a la elección legislativa nacional, que se realizará en octubre.

El 26 de ese mes, en los comicios de medio término de la actual gestión de Javier Milei, se renovará la mitad de la Cámara de Diputados de la nación, 127 bancas de las 24 provincias, y un tercio del Senado, 24 escaños, 3 por cada uno de los 8 distritos que eligen senadores. Se trata de los representantes de la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Legislaturas unicamerales y bicamerales

La cantidad de cargos a renovar en las legislaturas provinciales varía según el distrito. Seis cuentan con sistemas bicamerales, por lo que se deberá elegir diputados y senadores provinciales, y otras siete son cuerpos unicamerales.

Buenos Aires, CABA, Chaco, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, Corrientes, Misiones, Formosa, Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja elegirán 322 diputados provinciales en total. Santiago del Estero es la única en donde se renovará la totalidad de sus 40 escaños. En el resto, se pondrán en juego la mitad de las bancas.

A su vez, en 6 de esos 13 distritos se elegirán, además, 71 senadores provinciales, ya que Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Mendoza, Salta y San Luis tienen sistemas bicamerales. Las otras dos legislaturas bicamerales del total de ocho que hay en el país, Entre Ríos y Santa Fe, no renuevan este año ni diputados ni senadores provinciales.

En Chubut, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán tampoco habrá elecciones para diputados provinciales este año.

Qué partidos ponen más bancas en juego

De las 322 bancas de diputados provinciales totales a renovar, sobre un total de 1.016 existentes en todo el país, el partido que pone más bancas en juego es el peronismo, 115, el 36% del total, según el análisis realizado por Infobae de las legislaturas de los 24 distritos. De esa cifra, 19 escaños están en la Provincia de Buenos Aires, 14 en La Rioja, 12 en San Luis, la misma cifra en Santiago del Estero y en Catamarca, y 11 en Salta.

En segundo lugar, la UCR arriesga 56 bancas (el 17%), de las cuales 18 están en Jujuy, 11 en Mendoza y 7 en Catamarca.

Le sigue el Frente Cívico por Santiago, con 16 bancas, y Unión por San Luis, con 9. La Libertad Avanza pone en juego 6 bancas en la Ciudad de Buenos Aires, 5 en la Provincia de Buenos Aires y una en La Rioja. AL gestión libertaria, aspira a consolidar su presencia en las legislaturas locales luego de haber conseguido la personería en 17 distritos y como partido a nivel nacional.

CABA será el otro distrito que acaparará este año las miradas. Por decisión de Jorge Macri, la Ciudad adelantó su elección local para el 18 de mayo y LLA apuesta a arrebatarle al PRO el bastión donde nació esa fuerza. Hoy, el partido fundado por Mauricio Macri tiene - sin aliados- 7 legisladores porteños propios y renueva 2; LLA cuenta con 8 y debe revalidar 6; y el peronismo pone en juego 8 de sus 18 escaños actuales.

En cuanto a los 71 senadores provinciales que se renovarán este año en todo el país, el partido que pone más bancas en juego es también el peronismo. Arriesga 28 bancas, el 39% del total de escaños: 10 en Buenos Aires, 7 en Mendoza y 6 en Catatmarca.

Le sigue la UCR con 22 bancas (31%), de las cuales 9 están en Mendoza, y 7 en Buenos Aires. En tercer lugar, en cantidad de bancas a renovar, aparece Compromiso por Salta que pone en juego 5 bancas, seguido por el PRO, con 4.

La primera contienda: Santa Fe

Si bien Santa Fe no renueva su Legislatura en 2025, hoy se eligen los convencionales constituyentes para reformar la Carta Magna provincial que promueve su gobernador, el radical Maximiliano Pullaro. El propio mandatario encabeza la lista de Unidos para Cambiar Santa Fe. El oficialismo local cuenta con el apoyo nacional del expresidente Macri.

La Libertad Avanza lleva como candidato al diputado nacional Nicolás Mayoraz, y se disputa el electorado libertario con la diputada provincial Amalia Granata, férrea opositora a Pullaro, que se presenta por Somos Vida y Libertad. El senador nacional de Unión por la Patria Marcelo Lewandowsky encabeza la principal lista de las tres que lleva el peronismo para convencionales con la agrupación Activemos, también fuertemente opositor al actual gobernador.

Además, este domingo se eligen cargos municipales y comunales en las PASO en Santa Fe, de cara a la elección general que será el 29 de junio. En 11 localidades, se presentan candidatos a intendentes; en 53 localidades se elegirán candidatos a concejales municipales; y en 75 localidades se deberán elegir candidatos a miembros de comisiones comunales y contralores de cuentas.

En Santa Fe se volverá a utilizar el Sistema de Boleta Única, que ya se había puesto en marcha en 2023. Por lo tanto, en esas localidades, además de las boletas únicas para convencionales reformadores, habrá boletas únicas para esas categorías, según lo qué correspondiere en cada caso.

Esta provincia es casi la única que mantuvo las PASO de las que ya adelantaron elecciones locales (Chaco, Salta,Jujuy, San Luis, CABA y Misiones). El resto suspendió las Primarias este año, en sintonía con la decisión en el mismo sentido a nivel nacional dispuesta por el Congreso. Falta definir qué sucederá en la provincia de Buenos Aires con las PASO este año, convocadas para el 13 de julio, aunque habría acuerdo entre los distintos sectores para que no se realicen este año.

Visualizaciones: Daniela Czibener

Desde este mes, si los senadores nacionales no se expiden en sentido contrario en el recinto en las próximas dos semanas, pasarán a cobrar casi $9 millones en bruto, ya que el 31 de marzo finalizó el congelamiento que fijó sus dietas en una cantidad de módulos, cuyo valor se va actualizando. Ese monto incluirá $1.100.000 por “desarraigo”, que cobran los legisladores que no viven en la Ciudad de Buenos Aires.

Pero además, los 72 integrantes de la Cámara alta - al igual que los diputados - reciben una cantidad de pasajes de avión y de micro por mes para viajar a sus provincias, que pueden ceder a asesores u otras personas que designen. El cuerpo también solventa los aéreos y el pago de viáticos cuando viajan por motivos oficiales al exterior, y los gastos de traslado, alojamiento y comida no están cubiertos en destino. En 2024, el gasto del Senado en este concepto pasajes y viáticos fue de $5.412 millones, de los cuales $5.144 millones correspondieron a pasajes y $268 millones a viáticos.

La cifra representa un 33,9% más de fondos que el año anterior, a valores reales, o sea considerando la inflación anual del 219,9%, según el IPC que mide el INDEC (en 2023 se habían gastado $2.057 millones nominales). Así surge de la comparación hecha por Infobae de la ejecución presupuestaria de ambos años, publicada en el sitio de Transparencia del Senado. Los tramos aéreos utilizados en 2024 - se requieren dos para un pasaje de ida y vuelta - sumaron 4.317, un 18% más que el año anterior. Equivalen a 83 viajes por semana, lo que arroja entre uno y dos viajes en avión por senador cada siete días, en promedio.

El año anterior, el último bajo la presidencia de Cristina Kirchner en el Senado, los legisladores nacionales habían usado 3.662 tramos aéreos, a un promedio de 70 viajes nacionales por semana, de acuerdo al listado de viajes nacionales e internacionales realizados por los senadores en 2023, publicados en el sitio oficial del Senado y analizados por Infobae. No aparecen publicados en la web del cuerpo los pasajes terrestres usados por los senadores, dentro de su cupo mensual.

En la Cámara alta señalaron que el aumento en cantidad de pasajes y los fondos desembolsados en 2024 en ese concepto obedecen a una mayor actividad parlamentaria en el primer año de la gestión de Javier Milei.

En efecto, en 2024 hubo 12 sesiones en total, contra 8 del 2023, una de las cuales había sido en minoría por falta de quórum, en un año en el que - al ser electoral-, siempre suele sufrir un parate legislativo ya que los senadores hacen campaña en sus provincias.

De cuántos pasajes disponen los senadores

El Senado, que encabeza Victoria Villarruel, es el cuerpo de los representantes de las provincias, donde cada distrito cuenta con tres senadores, independientemente de su población. Los senadores suelen residir en sus distritos y viajar a la Capital Federal entre los lunes y los viernes, según la actividad parlamentaria.

Cada senador dispone de 22 tramos aéreos (11 pasajes ida y vuelta) y 20 tramos terrestres (10 pasajes en micro ida y vuelta) por mes. Los no usados en el mes, se bloquean para el siguiente, ya que no son acumulativos. Desde julio de 2019 los integrantes del la Cámara alta dejaron de poder canjear sus pasajes no utilizados en el mes por dinero en efectivo.

Pero como son innominados, los pueden usar ellos mismos, sus asesores o terceros a quienes decidan cederlos. En ese sentido, su uso es discrecional. “Pero los tienen que solicitar ellos y se descuentan de su cupo mensual”, explicaron desde el Senado a Infobae. Esta práctica se traduce en una mezcla de “tarea social” de asistencia a ciudadanos de sus provincias que tienen necesidades de salud, estudio o deportivas, con el trabajo político en sus distritos que busca lealtades solventadas con fondos públicos.

En el sitio de Transparencia de la web del Senado solo se publican los tramos usados por los legisladores, por lo que no están incluidos los pasajes de los que disponen los secretarios y prosecretarios del Senado y los secretarios de los bloques parlamentarios.

Villarruel, en tanto, tiene un cupo propio de 20 tramos. “Pero desde que comenzó la gestión nunca los gastó todos”, informaron desde su despacho. En cuanto a los viáticos, señalaron que “no los tramita. Si los tuviera que solicitar, corresponden a Presidencia, del Poder Ejecutivo Nacional”. El trámite de los pasajes estuvo, hasta el jueves pasado, en manos de la secretaria administrativa del Senado, María Laura Izzo, cuya renuncia le fue aceptada en la última sesión.

El gasto en pasajes y viáticos representó el 3,5% del total de la partida presupuestaria ejecutada por el Senado el año pasado, que ascendió a $158.269 millones en 2024, de los cuales el 92% se destinó al gasto en personal.

Mayor actividad parlamentaria

Además de una mayor cantidad de sesiones, en 2024 - el primer año de Milei en la Casa Rosada -, también hubo mayor actividad parlamentaria, según los datos provistos por el área de Transparencia. Mientras que en 2023 hubo una sola reunión de labor parlamentaria, el año pasado hubo 10.

En total, en 2024, la Cámara sancionó 42 proyectos de ley, y 33 llegaron al Senado en revisión y terminaron aprobados. Entre ellos, la Boleta Única Papel, el Registro Nacional de Datos Genéticos, el proyecto de Medidas Fiscales y la Ley de Bases, promovidos por el actual Gobierno. En 2023, habían sido 26 los proyectos de ley aprobados y 8 obtuvieron sanción del Senado.

A su vez, mientras que en todo 2023 hubo un solo informe del jefe de gabinete de Ministros, a cargo de Agustín Rossi, en 2024 hubo dos: uno de Nicolás Posse, ejecutado poco después de su puesto, y el otro por su sucesor, Guillermo Francos.

En cuanto a las reuniones de Comisiones, el año pasado hubo 103, casi el doble que en 2023, cuando se realizaron apenas 56 en todo el período ordinario. En cuanto a las reuniones de asesores, las del 2024 sumaron 60 contra 24 del año previo.

Los viajes internacionales

El monto de $5.412 millones desembolsados en 2024 incluye gastos de 8 viajes internacionales. El año anterior, el cuerpo había afrontado gastos de 33 viajes al exterior de senadores.

El Senado se hace cargo del seguro de viaje y de los pasajes de los viajes oficiales. Además, otorga un monto fijo de viáticos por día para pagar el hotel, la comida y la movilidad, cuando no están cubiertos en el viaje. “Se pagan solo por tres días, salvo autorización en contrario siempre que se encuentre fundada la solicitud por más de tres días”, informaron en el Senado a Infobae.

Según la normativa vigente desde que data de 2008, les corresponden USD 300 por día, en caso de viajar a los Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia o África; USD 250 en el caso de Brasil, México, Panamá o Venezuela, y USD 200 si el destino es Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay o países de Centroamérica.

En cuanto a los tickets aéreos, “se emiten en la banda tarifaria más económica, por Aerolíneas Argentinas y que permitan devolución”, aseguraron en la Cámara alta a Infobae.

Cuatro de esos 8 viajes del 2024 fueron de la senadora Lucía Crexel, del monobloque Comunidad Neuquén, quien pagó de su bolsillo sus pasajes en dos de ellos. Uno fue a finales de marzo a la reunión de la Asamblea Unión Internacional de Parlamentarios (UIP), en Ginebra (Suiza), en su carácter de vicepresidenta de una de las comisiones de trabajo. El otro, cuando asistió en junio a la Red de Parlamentarios International de la International Renewable Energy Agency (IRENA), en Alemania. En ambos, cobró viáticos por $2,7 millones (monto equivalente en pesos a USD 1.500 por tres días en cada viaje). En su viaje a Marruecos, en febrero, lo hizo invitada por el reino de ese país a la Conferencia Parlamentaria sobre la Cooperación Sur-Sur, en reemplazo del presidente provisional del Senado, Abdala, quien era el invitado original y le cedió la invitación, según le precisó a Infobae. No cobró viáticos.

El cuarto viaje en 2024 fue también a Suiza a la Reunión del Grupo América Latina y Caribe (GRULAC), de la que es vicepresidenta, y a la 149ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP). Viajó en octubre y recibió 1.050 euros de viáticos por cinco días.

El senador Enrique Goerling Lara (PRO) viajó a Brasil a la sesión ordinaria del Parlamento de Mercosur, pero no le implicó al Senado un desembolso en pasaje. Cobró viáticos por $963.000 (USD 1.000 por tres días). El senador de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto viajó a Paraguay, donde asistió a la Conferencia “Sistema Republicano y Federalismo”. El Senado desembolsó $414.261 para su aéreo, pero no le dio viáticos. En tanto, los radicales mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri viajaron en diciembre a Chile para asistir al evento “Confianza digital: la nueva relación entre la región de Valparaíso y la provincia de Mendoza”.

Los dos primeros meses de 2025

En enero y febrero de este año, los senadores usaron 475 tramos (237 viajes de ida y vuelta), a un promedio de 53 tramos por semana, aunque en enero no hubo actividad parlamentaria por el receso legislativo. La ejecución presupuestaria de este primer bimestre aún no está publicada en la web del Senado.

La primera sesión del año fue en período de extraordinarias el 20 de febrero y la segunda, en minoría, cuatro días después. Luego vino la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo y el jueves pasado, la sesión especial en la que se rechazaron los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema.

El crédito vigente para pasajes y viáticos para 2025 es de $5.525 millones, cifra que seguramente se ampliará ya que el Presupuesto 2024 fue prorrogado para este año, y no contempla la inflación actualizada.

Procesamiento y visualización de Datos: Daniela Czibener

La atomización de lo que fue Juntos por el Cambio (JxC) configura un nuevo escenario en la Ciudad de Buenos Aires, de cara a los comicios del 18 de mayo. El cierre de listas dejó tres grandes espacios con realineamientos que cambiarán la relación de fuerzas en la Legislatura porteña, y los resultados electorales impactarán en el armado para la elección nacional de octubre, y el futuro control del distrito que gobierna el PRO desde 2007.

Los partidos que conformaron JxC irán entre sí por separado y sin acuerdo con La Libertad Avanza. Los libertarios tendrán dos candidatos que hasta hace muy poco eran parte del mismo espacio. Y el kirchnerismo-peronismo logró unificarse ante la posibilidad de un triunfo, aunque no pudo eliminar sus variantes díscolas. Un denominador común es que las listas tienen figuras de alto perfil público.

Esta fragmentación en la oferta electoral conspirará contra los 31 voluntades que necesita Jorge Macri en la legislatura para que le aprueben las leyes. Ese número mágico lo alcanzaba con el apoyo de los 8 radicales de la UCR-Evolución, los 3 de Confianza Pública, los 2 del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los monobloques aliados del Partido Socialista (Jéssica Barreto) y Compromiso Liberal Republicano (Pablo Donati); los independientes de Republicanos Unidos (Yamil Santoro) y Transformación (Eugenio Casielles); y los expulsados de LLA, Ramiro Marra y Jorge Reta.

Pero a partir de diciembre, el hoy bloque oficialista de Vamos por Más dejará de existir como tal, y al jefe de Gobierno porteño se le dificultará lograr los avales a sus políticas. De sus 12 bancas actuales, Vamos por Más pone en juego seis. De estos seis legisladores que terminan su mandato, dos (Hernán Reyes y Cecilia Ferrero) son de la Coalición Cívica (CC), fuerza que el 18 de mayo irá sola. Los otros cuatro pertenecen al PRO, pero a distintos sectores: el macrista Darío Nieto; Paola Michielotto, que responde a Cristian Ritondo; y Emmanuel Ferrario y Claudio Romero, alineados hoy con Horacio Rodríguez Larreta, hoy crítico de la gestión de Jorge Macri.

La diputada nacional Silvia Lospennato encabeza la lista del PRO, que lleva como nombre Primero Buenos Aires, seguida por Hernán Lombardi y Laura Alonso. Una de las mejores espadas del macrismo en la Cámara baja, Lospennato tiene aún dos años más de mandato en Diputados, por lo deberá dejar ese lugar para defender el territorio que vio nacer a la fuerza fundada por Mauricio Macri. El oficialismo porteño podría retener las 6 bancas que pone en juego y aspirar a 8, si hace una buena elección.

Rodríguez Larreta - otro de los fundadores del PRO - competirá por fuera del partido, con su nuevo espacio Movimiento al Desarrollo (MAD), y le restará votos al oficialismo porteño. Será la cara visible y primer candidato de la alianza Volvamos Buenos Aires, que también integran Confianza Pública, de Graciela Ocaña, y el Partido Federal. Tras la derrota inesperada en la interna del PRO en 2023, cuando sacó apenas 11 puntos frente a Patricia Bullrich, el ex jefe de Gobierno busca posicionarse en carrera nuevamente para volver a conducir la Ciudad.

Llevará de segunda en la lista a Guadalupe Tagliaferri, que este año termina su mandato de senadora nacional, y a Emmanuel Ferrario, que va por su reelección. Había sido electo en 2021 por el PRO, y ocupó la vicepresidencia primera de la Legislatura entre diciembre de ese año y finales de 2023.

El viernes por la tarde, el MID - que lidera el diputado nacional Oscar Zago - se escindió de la alianza con los Macri por quedar relegado en la lista de legisladores, y ayer anunció que la lista estará encabezada por el ex técnico de fútbol Ricardo Caruso Lombardi. Su nombre resultó una sorpresa entre la lista de postulantes para este 18 de mayo.

El viernes por la tarde, el MID - que lidera el diputado nacional Oscar Zago - se escindió de la alianza con los Macri por quedar relegado en la lista de legisladores, y ayer anunció que la lista estará encabezada por el ex técnico de fútbol Ricardo Caruso Lombardi. Su nombre resultó una sorpresa entre la lista de postulantes para este 18 de mayo.

La UCR-Evolución - referenciada en el senador nacional Martín Lousteau - también irá por separado, junto con el Partido Socialista, de Roy Cortina, y el GEN, de Margarita Stolbizer. Si bien hoy conforma un bloque propio de 8 integrantes, suele jugar como aliado del oficialismo porteño. Habrá que ver si esa fidelidad de acuerdos legislativos se mantiene. Evolución pone en juego 3 bancas y podría renovar entre 2 y 3, con la dirigente universitaria Lucille “Lula” Levy a la cabeza de la lista. Contadora de 29 años, esta joven dirigente es consejera superior de la UBA y fue presidenta de la Federación Universitaria Argentina. Si bien fue la cara visible de las marchas universitarias contra el recorte presupuestario impuesto por el gobierno de Javier Milei, el radicalismo no contará con una figura fuerte para traccionar votos y podría quedar algo desdibujado en la competencia electoral.

El PRO ya no tendrá a sus aliados de la CC, que hoy integran el bloque Vamos por Más. La diputada nacional Paula Oliveto liderará la lista de la Coalición Cívica, secundada por Fernando Sánchez. La fuerza creada por Elisa Carrió aspira a renovar las dos bancas que pone en juego, pero con un lugar casi asegurado para Oliveto. El otro legislador de la CC que sigue en la Legislatura es Facundo del Gaiso, con mandato hasta 2027.

La Libertad Avanza que lidera Pilar Ramírez - legisladora de confianza de Karina Milei - pone en juego 6 de sus actuales 8 bancas, número que alcanzó luego del pase de tres legisladores que responden a Bullrich: Pablo Arenaza, Silvia Imas y María Luisa González Estevarena. Con Manuel Adorni, vocero presidencial, como cabeza de lista y figura fuerte en la campaña, confía en conseguir al menos 8 legisladores.

Su amenaza son los votos que pueda conseguir Marra, actual legislador con mandato hasta diciembre, que fue expulsado de LLA por la hermana del Presidente vía un mensaje en la red X. Con buen nivel de conocimiento e imagen en el mundo libertario de las redes y los jóvenes, el empresario broker de bolsa se animó a desafiar a Karina Milei y presentarse con un desempolvado sello de la UCD.

El bloque de Unión por la Patria (UP) pone en juego 8 de sus 18 bancas actuales, producto de la buena elección del 2021. Una buena performance le permitiría sostener ese lugar de primera minoría, ya que podría conseguir entre 6 y 8 legisladores.

Su principal figura para esta elección es el ex radical devenido kirchnerista Leandro Santoro que se postula bajo el remozado nombre de Es Ahora Buenos Aires, el sello con el que UP busca renovarse en la política porteña. Lo secunda Magdalena Tiesso, quien busca renovar su banca en la Legislatura, y Juan Manuel Olmos, ex vicejefe de Gabinete de Alberto Fernández y quien comandó la campaña presidencial de Sergio Massa. Principal operador del peronismo porteño, con mucha incidencia en la Justicia de la Ciudad, Olmos hoy preside la Auditoría General de la Nación (AGN).

Santoro competirá dentro del espacio peronista con Juan Manuel Abal Medina, promovido por el Movimiento Evita bajo el nombre de la alianza Justa, Libre y Soberana, y con Alejando Kim, el candidato coreano del partido Principios y Valores, del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.

Sorpresivamente, a último momento, surgió un homónimo de Leandro Santoro. El legislador porteño Yamil Santoro, referente del mundo libertario del sector que enfrentó a Ricardo López Murphy en el Republicanos Unidos, decidió postular a último momento como cabeza de lista a su hermano Leandro Santoro, en lugar de ir por su reelección ya que su mandato se termina en diciembre. Bautizó a su alianza Unión Porteña Libertaria. Ambas jugadas apuntan a generar confusión en el electorado y recoger votos en los sectores progresistas, pero la Justicia electoral ya le ordenó cambiar el logo por su semejanza con el de Unión por la Patria del kirchnerismo.

Por la izquierda, se presenta la alianza Frente de Izquierda de los Trabajadores - Unidad (FIT-U) integrada por el PTS, Partido Obrero, Izquierda Socialista y el MST. De los tres diputados del FIT que hay en la Legislatura, dos terminan su mandato. El FIT lleva como primera candidata de la lista a la diputada nacional Vanina Biasi (PO) que termina en diciembre su mandato, y como segundo, al dirigente universitario Luca Bonfante (PTS). En el mejor de las casos, renovará ambas bancas, aunque es factible que por el crecimiento de LLA, y la atomización de los partidos identificados con el “progresismo”, solo consiga renovar una.

Visualizaciones: Daniela Czibener

La situación de los jubilados será otra vez hoy el motivo alegado para una nueva marcha que busca desafiar al gobierno de Javier Milei, en medio de la renegociación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se espera que la protesta a la que convocaron distintos sectores sea más masiva que la movilización de la semana pasada, que terminó con hechos de violencia, actos vandálicos, represión policial y denuncias judiciales.

Hoy, en Argentina, 7,2 millones de adultos mayores perciben un haber jubilatorio o una pensión que, en la enorme mayoría de los casos, apenas cubre sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y medicamentos. Ese universo se integra de 5.630.923 jubilados y 1.647.908 pensionados, quienes reciben un monto de entre el 70% y el 80% de lo que habría sido la jubilación del cónyuge fallecido, titular de los aportes.

Del total, el 27% de los beneficiarios cobra la mínima, que hoy está en $285.820. Es la suma que cobran casi 2 millones de adultos mayores en nuestro país que no reciben el bono de $70.000. Si al haber mínimo se le suma ese bono, congelado desde marzo de 2024 y que solo cobran los que no tienen ningún otro beneficio jubilatorio, el monto recibido por jubilados y pensionados de la mínima apenas llega a $355.820.

Según el último Boletín Estadístico de la Seguridad Social de la ANSES analizado por Infobae, con datos a diciembre de 2024, hay 3.472.849 jubilados y pensionados que perciben entre $300.000 y $400.000. Si se suman a los que cobran la mínima, casi 5,4 millones de adultos mayores cobran menos de $400.000. De esa cifra de jubilados y pensionados, 4 millones accedieron a la jubilación o la pensión vía moratoria.

Otros 522.116 jubilados cobran entre $400.000 y $500.000; 241.316 reciben entre $500.000 y $600.000; 178.425 perciben montos que van desde los $600.000 a los $700.000; 140.750 cobran entre $700.000 y $800.000; 114.081 entre $800.000 a $900.000; y 94.043 pasivos que cobran entre $900.000 y $1 millón, según el análisis de los datos oficiales relevados por Infobae.

Toda este universo de adultos mayores percibe un haber por debajo de la canasta básica de los jubilados, que mide la Defensoría de la Tercera Edad, estimada en $1.200.523, incluido el gasto de la vivienda. Esta cifra revela que la jubilación mínima con bono no alcanza a representar siquiera un tercio del ingreso necesario para afrontar la subsistencia.

Los jubilados que perciben un haber que se ubica entre $1 y $2 millones no llegan al medio millón (452.554), mientras que apenas 72.500 cobran entre $2 y $15 millones, y sólo 9 jubilados y 2 pensionados perciben más de $15 millones.

Jubilados por moratoria

Lo magro de los haberes tiene como contracara el crecimiento en las últimas dos décadas de la cantidad de jubilados y pensionados del sistema. Hoy, los que reciben una jubilación o pensión son más del doble que los 3,3 millones que había a finales del 2001, cuando la crisis económica y social provocó la salida anticipada de Fernando de la Rúa. El fantasma del 2001 volvió a ser agitado por el Gobierno cuando adjudicó los hechos de violencia del miércoles pasado frente al Congreso a quienes quieren “desestabilizar” al Gobierno. “Claramente lo que pretenden es generar caos. Si uno recuerda el caos en otras oportunidades, en un momento significó la caída de De la Rúa. No va a pasar eso en este gobierno, pero sí lo queremos advertir para que todo el mundo lo tenga claro”.

La masa de jubilados aumentó en números abolsutos y, a la vez, con relación a la población activa aportante. Si se considera el empleo público y privado registrado, incluidas las empleadas de casas particulares, los que aportan al sistema jubilatorio son poco más de 10 millones (10.148.000 trabajadores), según datos de finales del año pasado.

Del total de 7.214.099 beneficiarios, el 60% - 4.359.339 - accedieron a un haber por haberse acogido a un esquema de moratoria, sin haber cumplido los 30 años de aportes requeridos. Solo el 40% (2.854.760 adultos mayores) se jubiló tras haber cumplido este requisito legal.

La incidencia de las moratorias en el sistema previsional se remonta a 2005, en el gobierno de Néstor Kirchner, cuando se registraron los primeros beneficiarios que no habían completado sus aportes, aunque ese año la cifra fue menor a 5.000. El número fue creciendo significativamente a partir de 2006 y experimentó un salto notable en 2007, al cierre del gobierno del ex mandatario, cuando la primera gran moratoria llevó a 1.386.446 personas a ingresar al sistema previsional.

Posteriormente, hacia el final del mandato de Cristina Kirchner en 2015, esta cifra ya superaba los 3,2 millones beneficiarios. Desde entonces, la cantidad nunca dejó de aumentar, alcanzando los mencionados 4,3 millones actuales.

Los jubilados en 2024

Durante 2024, se otorgaron 418.867 nuevas jubilaciones ordinarias, según el análisis de Infobae. De este total, el 75% corresponde a beneficiarios que accedieron al sistema a través de alguna de las moratorias previsionales vigentes, que equivale a 313.637 nuevos jubilados o pensionados, mientras que solo el 25% (105.230 casos) cumplió con los requisitos de aportes establecidos por la ley.

La última moratoria previsional, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, vence a finales de este mes. Estaba dirigida a mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65 años que no contaban con los 30 años de aportes requeridos pero que tenían una cantidad de aportes verificables hasta el 2008. Bajo esta modalidad, posibilitaba completar los períodos faltantes descontándolos mensualmente de su jubilación, por hasta un total de 120 cuotas. El 23 de marzo vence el plazo para acceder a un plan de pagos que permite jubilarse sin los años legales.

El Gobierno no tiene intenciones de prorrogarla como lo hicieron sus antecesores. La intención es reemplazarla, para aquellos que no tengan los aportes, por la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima. Implementada en el gobierno de Mauricio Macri, consiste en una cobertura previsional para personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

De la mano del descreimiento de la sociedad en los partidos políticos, un sentimiento fogoneado por el discurso contra la “casta” que pregona el gobierno de Javier Milei, actualmente hay casi 355.000 afiliados menos a fuerzas partidarias en nuestro país que en 2007. Los afiliados a alguna agrupación política suman 7.937.948, el piso de las dos últimas décadas. Representan el 22% de los 35.844.334 electores registrados en el padrón para votar, según datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Están afiliados a 271 fuerzas políticas, ya sea nacionales o provinciales.

En 2007, los afiliados a los partidos políticos eran 8.292.347, el 30% del padrón electoral de ese momento. El pico de suscripciones partidarias se registró en 2009, en el primer gobierno de Cristina Kirchner, cuando las afiliaciones totales ascendieron a 9.185.144. Así surge de analizar los datos históricos de afiliaciones que publica la CNE en su web, que incluye información hasta finales de 2023, y la actualización a diciembre de 2024 brindada por el organismo ante un pedido de Infobae.

Esta caída de afiliaciones en los últimos 18 años analizados, suave pero sostenida, fue más pronunciada si se tiene en cuenta que la población habilitada para votar pasó de 27 millones en 2007, a casi 36 millones en 2023: un 32% más.

A diciembre del 2024, el ranking de partidos con más afiliados lo lidera el Partido Justicialista (PJ) con 3.102.341 afiliados la fuerza fundada por Juan Domingo Perón en 1946. En segundo lugar, se ubica la Unión Cívica Radical (UCR), el otro partido tradicional de la política argentina. Creada en 1891 por los seguidores de Leandro Alem, la UCR registra con 1.793.705 afiliados distribuidos en los 24 distritos del país, al igual que el PJ.

En tercer lugar, pero lejos en número, se ubica el PRO con 172.505 afiliados, radicados también en las 23 provincias y la Capital Federal, el distrito donde nació la fuerza fundada por el presidente Mauricio Macri, actual titular del partido.

En el ranking de cantidad de afiliados, en cuarto lugar se ubica el Frente Grande, con 122.380 en total. Esta fuerza es presidida por el intendente kirchnerista de Ensenada, Mario Secco, e integra el Frente de Todos. Más de la mitad de sus afiliados residen en la provincia de Buenos Aires. Luego, sigue el Partido Socialista, con 120.914 afiliados en 13 distritos, casi un tercio de los cuales están en Santa Fe, donde gobernó la provincia y la intendencia de Rosario.

Luego aparece el Movimiento Libres del Sur, con 115.323 afiliados en 13 distritos; el Movimiento Popular Neuquino, con 91.666 afiliados en la provincia donde surgió; el Partido Demócrata, con 76.881 afiliados, de los cuales dos tercios son de Mendoza; La Libertad Avanza con 64.078 partidarios en 17 provincias; el Partido Obrero con 52.883 afiliados distribuidos en ocho distritos; la Coalición Cívica con 45.675 en diez distritos; el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) con 40.136 en 11 provincias; y el Frente Renovador con 37.403 afiliados en 13 distritos.

Los que más crecieron

Los datos muestran que LLA es la fuerza que más creció en los dos últimos años: 5.354% más. Si bien en la elección legislativa de 2021 Milei ganó una banca como diputado nacional por una alianza electoral que llevaba ese nombre, La Libertad Avanza recién tuvo reconocimiento en diciembre de 2022, en la provincia de La Rioja, donde Martín Menem - actual titular de la Cámara de Diputados - fundó un partido homónimo. Hoy es presidido por la hermana del primer mandatario, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y encargada del armado electoral en todo el país. Los números lo demuestran: LLA pasó de apenas 1.175 afiliados en 2023, a los 64.078 que registraba al 31 diciembre de 2024.

En noviembre pasado obtuvo el reconocimiento definitivo como partido político en el orden nacional, integrado por los distritos de La Rioja - la primera provincia donde lo consiguió -, Santa Fe, Córdoba, Capital Federal, San Juan y Buenos Aires. Esa estructura partidaria en los distintos distritos le permitirá competir en las elecciones legislativas de este año con listas propias de LLA, y asegurarse lealtad de los legisladores una vez que ingresen al Congreso.

En 2024, La Libertad Avanza cuenta con afiliados partidarios en Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra Del Fuego. En 11 de ellos, la integración del partido nacional se encuentra en trámite, según información proporcionada por la CNE. Si bien el requisito de ser un partido de orden nacional no es necesario para presentar candidatos a senadores nacionales y diputados nacionales, sí lo es para una candidatura a presidente. Con un partido nacional ya conformado, LLA no dependerá de alianzas con otras fuerzas partidarias que tengan ese reconocimiento judicial, como sucedió en las elecciones de 2023.

En segundo lugar en crecimiento de afiliados en números absolutos aparece el Frente Renovador, la fuerza fundada por Sergio Massa, que sumó 2.883 partidarios en los dos últimos años, y alcanzó 37.403 afiliados. Y en tercera posición, el PRO con 2.310 partidarios más que firmaron la ficha de afiliación entre 2023 y diciembre de 2024, alcanzando un número total de 172.505.

Los partidos que más afiliados perdieron

En el otro extremo, la fuerza política que más afiliados perdió en números absolutos en los últimos dos años fue el Partido Justicialista, si bien es la agrupación con mayor cantidad de partidarios, por lejos, en el país: tiene hoy 40.436 afiliados menos que en 2023 (suman 3.102.341).

Le sigue la Unión Cívica Radical, histórico actor del sistema bipartidista argentino que existió durante varias décadas, que registra 22.464 afiliados menos que hace dos años.

En tercer lugar entre las fuerzas que sufrieron una mayor merma de partidarios está el Frente para la Victoria, fuerza política con la que el matrimonio Kirchner llegó al poder. Creado en 2003, perdió 21.707 afiliados desde 2023, y hoy tiene apenas 24.700.

Los afiliados desde 2007

Si se analizan los datos desde 2007 (primer año con datos en la web de la CNE) hasta diciembre de 2024, el partido que más afiliados sumó en los últimos 18 años fue el PRO. Reconocido legalmente dos años antes como Compromiso para el Cambio, cambió su nombre a Propuesta Republicana en 2008. En estos 18 años, incorporó 135.429 afiliados, hasta los 172.505 que registraba en diciembre pasado. Le sigue La Libertad Avanza, creado recién en 2023, que incorporó 62.903 en apenas dos años, y hoy cuenta 64.078 afiliaciones.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Tras la suspensión de las PASO y el desdoblamiento de las elecciones en Ciudad de Buenos Aires, la carrera electoral porteña ya arrancó. El escenario político en el bastión del PRO, se encuentra en plena reconfiguración con una disputa abierta entre la fuerza fundada por Mauricio Macri y La Libertad Avanza en el distrito porteño.

En apenas 10 días, el 19 de marzo, es el cierre para la inscripción de alianzas para la elección a legisladores porteños del 18 de mayo, y el 29 de ese mes, de las candidaturas. El panorama porteño aún se presenta incierto por este enfrentamiento que tiene como caras visibles al actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, y a la legisladora Pilar Ramírez, muy cercana a Karina Milei. El enfriamiento del vínculo entre Javier Milei y Mauricio Macri, y la pelea del jefe de Gobierno porteño con el gobierno nacional en torno a la fuga de presos de comisarías de la Ciudad, alejaron algún posible acuerdo electoral.

Este 18 de mayo, la legislatura de la Ciudad renovará la mitad de sus 60 bancas. El bloque que pone mayor cantidad en juego es Unión por la Patria: 8 de sus 18 legisladores actuales. Entre ellos, su presidente, Juan Pablo Modarelli, Franco Vitali y Victoria Montenegro. Como posible candidato para encabezar la lista del kirchnerismo se perfila Leandro Santoro, dirigente de origen radical que aparece bien posicionado en las encuestas y con un buen desempeño en elecciones anteriores.

Le sigue la bancada de La Libertad Avanza, opositora a la gestión de Jorge Macri, que renueva 6 de sus actuales 8 miembros. El bloque de la LLA se dividió en enero pasado cuando el sector que responde a Karina Milei expulsó del partido a Ramiro Marra, quien era hasta ese momento el presidente del bloque. En un escueto comunicado posteado en la red X, el partido indicó que el legislador porteño “ya no forma parte de LLA a nivel nacional ni en ningún distrito del país”. Lo acusaron de haber “votado a favor del inaceptable aumento de impuestos” en la Ciudad de Buenos Aires. Marra, youtuber financiero y ex compañero de escuela de Santiago Caputo, es uno de los integrantes originarios de la fuerza creada por Milei. De buena imagen en las encuestas, cultivaba un vínculo directo con el Presidente hasta que cayó en desgracia con su hermana Karina.

Jorge Reta - otro ex La Libertad Avanza que no fue formalmente expulsado pero siguió siendo leal a Marra - termina su mandato en diciembre. Marra le dijo a Infobae que aún no decidió si buscará renovar su banca en la Legislatura, ya que la semana próxima se va a Italia para acompañar a su novia, quien va a participar de un reality show en ese país. No descartó ser candidato a diputado nacional por la Ciudad o la Provincia de Buenos Aires, en las elecciones nacionales de octubre, ya que nació en CABA pero también tiene domicilio en Provincia. “Con el PRO no voy a ir. Y si La Liberta Avanza me llama, tengo el teléfono abierto”, sostuvo.

El otro ex integrante de la LLA que quedó fuera del bloque “oficial” del partido de Milei, es Eugenio Casielles, quien formó otro monobloque denominado Transformación, continúa en su banca hasta 2027. Crítico con la gestión nacional, suele jugar como líbero en las votaciones que promueve el oficialismo porteño.

Al sector de la LLA que responde a la secretaria general de la Presidencia se le sumaron, el 29 de enero pasado, tres legisladores alineados con la ministra Patricia Bullrich que abandonaron el PRO. Se trata de Juan Pablo Arenaza, ex jefe de campaña de la actual ministra cuando competía por la presidencia, María Luisa González Estevarena y Silvia Imas. Los dos primeros terminan su mandato este año, al igual que Marina Kienast, que ingresó en la lista de Cambiemos en 2021 por un sector de Republicanos Unidos, pero pegó el salto a la LLA en octubre de 2024.

El bloque oficialista en la Ciudad Vamos por más pone en juego la mitad de sus 12 diputados porteños. Entre ellos, su presidente y actual vicepresidente Primero de la Legislatura Darío Nieto y Emmanuel Ferrario, del PRO, y Hernán Reyes y María Cecilia Ferrero, de la Coalición Cívica.

Si bien no hay definiciones sobre las alianzas para esta elección, la Coalición Cívica ya anunció que competirá con candidatos propios el próximo 18 de mayo. La diputada nacional Paula Oliveto encabezará la lista de la fuerza creada por Lilita Carrió, tal como lo confirmó esta última el miércoles pasado en una entrevista en LN+.

Esta decisión de la Coalición Cívica coincide con el lanzamiento del ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien a finales de febrero confirmó que será candidato para representar a los vecinos de la Ciudad en una carta bajo el título “Vuelvo”. Tras tomar distancia de la gestión de Jorge Macri, el ex alcalde evitó aclarar si competirá en mayo próximo a legislador, o en octubre, por una banca en Diputados o el Senado.

El bloque de la UCR-Evolución - que responde a Martín Lousteau y cuyos legisladores actúan como aliados críticos de Macri en la Legislatura a la hora de las votaciones - debe renovar 3 de sus 8 integrantes.

En tanto, Confianza Pública, el partido de la legisladora porteña Graciela Ocaña que también suele votar en sintonía con el oficialismo porteño - renueva una de sus tres bancas, la de María Sol Méndez.

Otro que termina su mandato este año es el legislador Yamil Santoro, del monobloque Republicanos Unidos, que manteniendo su independencia, en muchas votaciones fue el voto 31 que le permitió al oficialismo pasar leyes clave, resistidas por la oposición más dura de LLA y la Izquierda. Santoro aspira a renovar su banca en una lista propia en representación del “liberalismo porteño”, según le adelantó a Infobae.

En realidad, Republicanos Unidos tiene dos representaciones en la Legislatura pero por una disputa entre el sector del “oficialismo” que se referencia en Ricardo López Murphy, y el que lidera Yamil Santoro, funcionan por separado. Pablo Donati, brazo político de López Murphy en la Legislatura Porteña, ingresó por el Partido Demócrata Progresista, en un acuerdo con Juntos por el Cambio, y tiene mandato hasta 2027. En octubre pasado creó un monobloque denominado Compromiso Liberal Republicano, tras el salto de Kienast a LLA, con quien había compartido la lista.

La izquierda, en sus distintas expresiones (Frente de Izquierda de los Trabajadores - PO; la Izquierda Socialista-Frente de Izquierda-Unidad, y el PTS-Frente de Izquierda-Unidad), renueva 2 de sus 3 bancas. En tanto, del Partido Socialista, finaliza su mandato su única representante: Jéssica Barreto.

El bloque del Movimiento de Integración y Derecho (MID) no pone en juego en esta elección ninguna de sus dos bancas.

Visualizaciones: Daniela Czibener

Buena parte de las huellas digitales del caso $LIBRA se esfumaron. Perfiles en redes, posteos, videos, imágenes y otros contenidos que hubieran permitido reconstruir el pasado de presuntos responsables del cripto-gate. Se trata del primer escándalo que afectó directamente al gobierno de Javier Milei desde que llegó a la Casa Rosada, y que derivó en una investigación judicial que impulsó el viernes el fiscal federal Eduardo Taiano.

Desde el perfil original en LinkedIn del promotor de la iniciativa, Hayden Mark Davis, y su cuenta en Instagram, hasta la participación de su familia en Kelsier Ventures, la empresa responsable del lanzamiento del token $LIBRA y de la presunta estafa tras su abrupta caída en cuestión de horas. El borrado de contenidos incluyó videos promocionales de proyectos cripto apoyados por Milei en el canal de Youtube de Manuel Terrones Godoy, otro de los protagonistas del caso de la moneda virtual bautizada con el signo del zodíaco del Presidente. También la desaparición de nombres de sponsors y oradores de la próxima edición del Tech Forum previsto para abril, organizado por Mauricio Novelli y Torres Godoy, los consultores cercanos a Milei que lo conectaron con empresarios del sector. Los tres están ahora bajo la lupa de la Justicia. El fiscal le dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación para que colabore en la preservación y recuperación de evidencia en internet.

El posteo en X en el que el Presidente “difundió” el proyecto Viva la LibertadaProject a las 7:01 de la tarde del viernes 14 de febrero, llegó a tener 5,3 millones de visualizaciones. Ocurrió un minuto después de lanzada la plataforma para acceder a la compra del token que, hasta ese momento, no había sido difundida públicamente, ni siquiera por sus impulsores: el norteamericano Davis y el empresario oriundo de Singapur Julián Peh, CEO de la plataforma KIP Protocol. Milei incluyó el sitio web de Viva La Libertad Project - que aún está on line - y la ruta de su contrato para “invertir en “Argentina”. Lo presentó como “un proyecto privado que se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas”.

Lo fijó en su cuenta, y lo borró cuatro horas después. Lo reemplazó por un segundo posteo en el que afirmaba no tener vinculación con el proyecto, ni haberse “interiorizado” sobre sus detalles. No obstante, su promoción inicial había sido determinante para la difusión de la criptomoneda, la compra casi inmediata por parte de un puñado de actores que habrían tenido información privilegiada apenas empezó a subir de valor, y vendieron sus tenencias al poco tiempo, provocando una estrepitosa caída de $LIBRA.

La huella digital del principal impulsor tecnológico del fallido proyecto, Davis, es casi inexistente con anterioridad al 14 de febrero. Relativamente desconocido en el mundo blockchain y de las criptomonedas, borró sus perfiles en Instagram y Threads.

De 28 años, su antiguo perfil en LinkedIn lo describía como un “emprendedor en serie”. Sin embargo, según la captura de su cuenta antes de que borrara publicada por el sitio Chain Catcher muestra que tenía solo 35 contactos en esa red social. Esa cuenta - hoy eliminada - decía que era CEO de Kelsier desde octubre de 2020 y que vivía en Los Ángeles, California. En mayo de ese año, fundó Luxury Drip, otra empresa del sector, cuyo perfil en Instagram también fue eliminado. Su experiencia como emprendedor comenzó en agosto de 2017, en Leaders Elevate, una empresa de su padre que ofrece cursos de coaching y liderazgo.

Davis habría armado una nueva cuenta en Linkedin, sin foto, a la que e daría poco uso porque sólo tiene un seguidor y ninguna publicación. En la descripción se presenta como experto en la “creación de comunidades para las oportunidades de la Web3″, basado en Tucson, Arizona.

La única cuenta en redes que Davis mantuvo es la de Kelsier Ventures en X, abierta en octubre de 2022. La define como una consultora en inversiones en blockchain, criptomoneda e inteligencia artificial. Tiene 13.700 seguidores. El responsable de brindar la infraestructura tecnológica de $LIBRA fijó el video que grabó el 15 de febrero en el que aseguró “ser el asesor de Javier Milei”, y donde dijo que estaba ”trabajando con él y su equipo en una tokenización mucho más grande y cosas realmente geniales en Argentina”, pese a sus relativamente pocos antecedentes en una búsqueda en Google. También sostuvo que “apoyaba totalmente” al líder libertario. Desde la casa Rosada desmintieron sus afirmación, minutos después de que difundiera ese video.

Lo cierto es que Davis visitó la Casa Rosada en, al menos, tres oportunidades en los últimos seis meses: el 16 de julio del año pasado, el 21 de noviembre y el 30 de enero pasado. Este encuentro, el creador de la criptomoneda $LIBRA lo plasmó en una foto que el propio Milei subió a su cuenta en X. Esta publicación sigue estando on line.

Kelsier Ventures: una empresa de familia

Kelsier Ventures se trata de una empresa de familia cuya dirección también integran, además de Hayden, su hermano Gideon y su padre Thomas Davis. Los tres estuvieron en Buenos Aires en el Tech Forum que se realizó en el Hotel Libertador, en el barrio de Retiro, en el cual Milei fue el orador principal el 19 de octubre del año pasado. En esta imagen de ese día se los puede ver sentados en primera fila, sentados uno al lado del otro, aplaudiendo al Presidente.

Pero en la versión actual de la web de Kelsier Ventures, no figuran más sus nombres como en la página original. Tampoco gran parte de la información que contenía. Pero algunas capturas de pantallas que circularon por redes sociales muestran que Tom Davis era el presidente y Gideon, el COO (Director de Operaciones, por sus siglas en inglés), como puede verse en la imagen que abre esta nota.

Como su hermano Hayden, Gideon Davis también eliminó su perfil en Linkedin. Hasta el miércoles 19 de febrero, según corroboró Infobae, en su cuenta en esa red se presentaba como el cofundador de Kelsier desde 2021 y graduado en Finanzas en la Universidad Gonzaga, en el estado de Washington. Sin embargo, al día siguiente, su perfil había sido borrado. En 2022, como estudiante universitario, ya había comenzado a involucrarse en criptomonedas, trabajando en el proyecto DeFi y en el metaverso NeoNexus. Sin embargo, este último se quedó sin fondos en 2022 y no pudo continuar con las operaciones.

El padre de Hayden y Gideon Davis tuvo un rol clave en sus negocios. En el pasado, Tom Davis fue objeto de una investigación del FBI por fraude de identidad y sentenciado a un año de prisión federal, una pena reducida debido a que confesó el delito. Después de cumplir su condena, se convirtió en pastor de jóvenes y comenzó a participar activamente en obras de beneficiencia, según publicó el sitio Chain Catcher, un medio especializado en temas de criptomonedas. Luego se especializó en temas de liderazgo, donde adoptó el apodo “Dr Tom” que incluso usó para sus redes sociales, e incursionó en el mundo de las criptomonedas, a los que sumó a Hayden y Gideon.

Los hermanos Davis llevan adelante un podcast Spotify “Young Dumb & Woke”. En el noveno episodio, Hayden y su hermano Gideon lo entrevistaron, y mencionan lo felices que estaban de iniciar un negocio juntos. Fechado el 22 de marzo de 2022, en ese episodio del podcast, el padre de Hayden contó cómo ingresó a la industria de las criptomonedas, básicamente atraído por sus observaciones en Dubai sobre este negocio. También reveló que fue uno de los fundadores de proyecto de criptomonedas asociado con energías renovables.

En su web actual, la firma de los Davis se presenta como promotora de la innovación Web3 a través de su experiencia en “marketing, investigación exhaustiva e inversiones específicas”. En noticias financieras publicadas por otros medios extranjeros, el sitio BlockBeats - especializado en la industria de blockchain, criptomonedas, Inteligencia Artificial y Web3 - encontró solo tres proyectos de financiación de los que participó Kelsier Ventures vinculados al sector. La inversión más reciente se produjo el 16 de enero de 2025, cuando invirtió USD 30.000 dólares en el protocolo DeFi de Solana, Defituna, convirtiéndose en su segundo inversor más pequeño. Tras el escándalo de Kelsier Ventures, Defituna reembolsó el importe de esa inversión.

En su perfil de LinkedIn, Kelsier Ventures se promociona como “una compañía que trasciende los límites de la consultoría tecnológica tradicional y actúa como aceleradora y conectora” de negocios. “No solo navegamos por el futuro de la innovación, sino que lo moldeamos”.

En el artículo titulado “Kelsier Ventures, una familia de cangrejos Ding que cosechó 200 millones de dólares”, Chain Charter describió a Kelsier y los Davis como un grupo “del que hay que salir corriendo”. El término “cangrejo Ding”, en el círculo monetario, refiere a proyectos liderados por ciertas personas respecto de los cuales, “no se necesita pensar demasiado y simplemente hay que salir corriendo”. El texto, del 19 de febrero pasado, revela que Kelsier ya estuvo detrás de otros proyectos de memecoins, como se conoce a las criptomonedas inspiradas en memes, figuras públicas, o tendencias virales en redes sociales.

El último fue la de $MELANIA, la primera dama de Estados Unidos, lanzada el 19 de enero pasado. Lo admitió en una entrevista con el periodista Stephen Findeisen: “Voy a responder, pero esto me pondría en un gran peligro. Yo fui parte de eso”, le dijo el creador de $LIBRA. Tal como publicó Infobae, habría sido posible porque su tío Glen tenía una amistad con Donald Trump.

Según distintas fuentes relacionadas con el mundo cripto, Kelsier Ventures intentó expandir el modelo de la emisión de una memecoin nacional a Nigeria y habría estado en contacto con miembros del gobierno de ese país, sin éxito hasta ahora. Es poco probable que ese proyecto prospere ya que, el año pasado, ese país tomó medidas para frenar el fraude criptográfico. La empresas de Davis también estuvo vinculada a la memecoin que lanzó el presidente de la República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra. Conocida como $CAR, la promovió en un intento de mejorar el perfil del país, uno de los más pobres del mundo.

El 9 de febrero pasado, el mandatario había anunciado que con esas ganancias pretendía financiar la reconstrucción y el equipamiento de las escuelas. Al principio tuvo éxito, pero luego el valor de la moneda sufrió una caída significativa de hasta el 90%, según sitios web especializados.

Al igual que en Argentina, muchos creyeron que la cuenta del presidente centroafricano había sido hackeada, pero en un post en X, aclaró que no había sido así, y reafirmó su compromiso con la innovación, la blockchain y el desarrollo de $CAR. El sitio oficial del proyecto (car.meme) ya no existe, y la cuenta en X asociada a su cotización, fue suspendida.

Otros contenidos que desaparecieron

Pero el pasado casi inexistente de Kelsier Ventures y Hayden Davis no es lo único borrado de la web vinculado al caso $LIBRA. Entre otros tantos contenidos que también desaparecieron de la Web a partir del 15 de febrero, están los sponsors del próximo Tech Forum, el evento tecnológico previsto para principios de abril que impulsan Novelli y Terrones Godoy, los emprendedores del mundo cripto habrían actuado como eslabones para acercar empresarios del ambiente a Milei.

Toda alusión a Kelsier Ventures, que fue sponsor del primer evento en el Hotel Libertador, fue eliminada del sitio web del Tech Forum. En esta captura de Archive de la WayBackMachine, se ve que era el primer sponsor confirmado para el evento que va a tener lugar del 3 al 5 de abril en el Sheraton de Retiro. Ahora ya no figura. Incluso, los organizadores de la próxima edición a realizarse del 3 al 5 de abril incluso, quitaron a Kelsier de la lista de sponsors en la edición del año pasado.

Entre los oradores confirmados figuraba Peh, el CEO de Kip Protocol, la plataforma usada para el lanzamiento del proyecto Viva la Libertad Carajo Project y el token $LIBRA. Pero ya no aparece tampoco ni como orador en la edición pasada, ni en la próxima de abril. Su foto y su nombre fue borrado en la versión actual de la página web de Tech Forum.

No es todo. En el canal de Youtube de Terrones Godoy que tiene con el usuario “Kamanus88″, donde sube videos sobre inversiones y el mundo cripto, fue borrado el video donde Milei promocionaba en febrero de 2022 el video juego VULCANO, un proyecto de su socio Novelli. “Un diagrama económico sostenible en el tiempo a diferencia de la gran mayoría”, aseguraba entonces Milei, en ese momento diputado nacional. Tras ese respaldo, el token $VULC perdió todo su valor y cayó a $0, con denuncias de fraude en el medio.

Ante la consulta trasladada a Terrones Godoy respecto del motivo, en su entorno respondieron que la decisión de “bajar” el video la tomó el administrador del canal y que no había sido a pedido del co-organizador de Tech Forum.

El gobernador Axel Kicillof enfrenta por estos días la disyuntiva de desdoblar o no los comicios en la Provincia de Buenos Aires, como le reclamaron una treintena de intendentes esta semana. La decisión está atada, además, a si el Congreso Nacional elimina las PASO nacionales -como quiere el Ejecutivo nacional- o las suspende este año, como propone el PRO y otros sectores dialoguistas.

De seguir en pie las Primarias nacionales previstas para el 3 de agosto, por la ley provincial Nro 14.086, el mandatario bonaerense debe realizarlas en su distrito el mismo día. No así, las generales. Para desdoblar las PASO, Kicillof necesita la aprobación, con una mayoría especial, de las dos cámaras de la Legislatura, algo que no lograría sin el apoyo del kirchnerismo, el massismo y parte de la oposición.

Esta semana, 35 intendentes peronistas le pidieron en un cónclave en Villa Gesell armar un frente político interno dentro el Partido Justicialista, por fuera de La Cámpora y el kirchnerismo, liderado por él, y celebrar los comicios bonaerenses en una fecha distinta a los nacionales. Los jefes comunales buscan preservar sus territorios frente a un posible triunfo libertario a nivel nacional.

Para Kicillof, desacoplar el resultado de la Provincia de la oleada violeta que pueda conseguir la La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, puede garantizarle la gobernabilidad en la segunda mitad de su actual mandato. La cantidad de diputados y senadores que sean electos de su sector, será definitoria para encarar el último tramo de su mandato con respaldo suficiente para aprobar leyes clave, y disputar la carrera presidencial de 2027 fortalecido.

Unión por la Patria renueva 29 diputados y senadores bonaerenses de los 58 legisladores actuales en ambas cámaras de los distintos sectores que integran esa alianza entre el kirchnerismo, el massismo y los seguidores de Kicillof.

Pero desdoblar las elecciones bonaerenses implicaría tensar la relación con la actual presidente del PJ, Cristina Kirchner, que aspira a que las elecciones sean en simultáneo con la elección de diputados nacionales y tener injerencia en el armado de las listas. Buenos Aires no elige senadores nacionales este año.

El pedido de los intendentes bonaerenses no responde solo a un interés partidario propio. Temen que con el debut de la Boleta Única de Papel a nivel nacional para cargos legislativos y las elecciones simultáneas, se genere confusión en los votantes y omitan sufragar en alguna categoría.

Las bancas en juego de cada fuerza

Buenos Aires renueva cada dos años la mitad de ambas Cámaras provinciales: 46 diputados y 23 senadores locales, en forma rotativa. La Provincia está dividida en ocho secciones electorales y, este año, se eligen diputados en la Segunda, Tercera, Sexta y en la Octava, y senadores en la Primera, Cuarta, Quinta y en la Séptima.

En total, detrás del oficialismo de UxP, el PRO es la otra fuerza que más bancas pone en juego, 12 de sus 22 actuales. Le sigue el bloque UCR + Cambio Federal, que arriesga 11 de sus 16 escaños y, en cuarto lugar, se ubica La Libertad Avanza con 7 bancas a renovar de un total de 20.

Unión por la Patria pone en juego 19 diputados bonaerenses de los 37 que tiene actualmente, y 10 senadores de sus 21 integrantes en la Cámara alta.

Hasta la ruptura de Kicillof con Cristina Kirchner, la lapicera para la confección de las listas estaba en manos de Máximo Kirchner, quien priorizó a dirigentes camporistas. Hoy, con el gobernador enfrentado con La Cámpora, se abren interrogantes sobre cómo se definirán los candidatos del peronismo. Los que impulsan el liderazgo de Kicillof, reclaman que el mandatario tenga injerencia en el armado de las candidaturas. El Frente Renovador de Sergio Massa también demandará lugares en las listas.

El PRO arriesga 8 de sus 13 escaños en Diputados y 4 de los 9 senadores con los que cuenta en la Cámara alta provincial. La posibilidad de retener gran parte de esas bancas dependerá de si, en PBA, el partido va en alianza con el LLA, en el marco de un acuerdo más amplio entre Mauricio Macri y Javier Milei.

El bloque Acuerdo Cívico + UCR + GEN, alineado con Facundo Manes y Margarita Stolbizer, pone en juego 6 escaños en Diputados de los 7 que tiene hoy. El espacio no cuenta con senadores bonaerenses.

En la bancada de La Libertad Avanza terminan su mandato 5 diputados de 13 integrantes actuales, incluyendo a los cinco integrantes de la Cámara baja que responden a Patricia Bullrich y rompieron el bloque para formar el PRO Libertad (Florencia Retamoso, Sofía Pomponio, Abigail Gómez, Oriana Colugnatti y el bahiense Fernando Compagnoni.

En el Senado, deberían dejar su banca 2 de los 7 senadores que suma LLA en sus dos vertientes: los que entraron con Javier Milei en 2023 y los que ingresaron por el PRO en 2021 y se referencian en la ministra Patricia Bullrich.

La UCR-Cambio Federal - que integran radicales del sector de Maximiliano Abad, ex PRO y seguidores de Emilio Monzó - arriesga 4 bancas de las 8 que tiene en Diputados, y 7 bancas de las 8 que integran esa bancada en el Senado.

En tanto, la Coalición Cívica pone en juego una de sus 3 bancas en la Cámara baja bonaerense; y el Frente de Izquierda Unidad arriesga sus dos lugares (una del MST y otra del PTS).