La Procuraduría General de la Nación entregó a sus familiares los restos óseos de Roberto Adolfo Aparicio Oliva, un militar panameño que murió durante la invasión de Estados Unidos del 20 de diciembre de 1989.

La ceremonia se realizó en el Cementerio Jardín de Paz, después de más de 36 años de incertidumbre sobre su paradero, lo que permitió a sus seres queridos darle sepultura con su identidad plenamente establecida.

La entrega estuvo a cargo de la Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana, cuyos funcionarios participaron en las investigaciones para establecer la identidad de la víctima.

Los familiares estuvieron presentes durante el acto y agradecieron al Ministerio Público las gestiones realizadas, que permitieron concluir una búsqueda iniciada después de la intervención militar estadounidense.

Con este procedimiento, la Procuraduría contabiliza 12 víctimas de la invasión cuyos restos han sido identificados y entregados a sus familiares.

Las investigaciones forman parte de los esfuerzos institucionales para esclarecer las desapariciones ocurridas durante aquella operación militar, recuperar las identidades de las víctimas y facilitar su sepultura, mediante estudios forenses y documentación histórica.

Aparicio Oliva tenía 21 años cuando falleció el 20 de diciembre de 1989 y pertenecía a las antiguas Fuerzas de Defensa de Panamá. Prestaba servicio en el Cuartel Central, donde desempeñaba funciones relacionadas con el abastecimiento y la alimentación de los efectivos militares. Su familia residía en Cerro Batea, San Miguelito, y durante décadas intentó conocer qué había ocurrido con él.

Tras el inicio de la invasión, sus familiares recibieron información sobre su posible fallecimiento en el sector de El Chorrillo, donde se encontraba la Comandancia de las Fuerzas de Defensa.

Sin embargo, nunca lograron recuperar el cuerpo y comenzaron una búsqueda por hospitales, cementerios y registros de exhumaciones, sin obtener una respuesta definitiva sobre su ubicación.

Posteriormente surgieron indicios de que sus restos podrían encontrarse en una fosa común del Cementerio Jardín de Paz, lo que permitió orientar las diligencias de recuperación e identificación. La investigación requirió estudios especializados debido al tiempo transcurrido y al estado del material óseo, que permaneció sin una identidad confirmada durante más de tres décadas.

La identificación fue posible mediante pruebas de ADN procesadas por el Laboratorio de Genética Forense de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Posteriormente, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá realizó la comparación con muestras de referencia proporcionadas por los familiares, lo que permitió establecer científicamente la identidad de Roberto Adolfo Aparicio Oliva.

El caso había sido anunciado el 24 de octubre por la Comisión 20 de Diciembre de 1989, organismo encargado de investigar y documentar las víctimas de la invasión. La entrega de los restos constituye una etapa posterior a esa identificación y permite cerrar para sus familiares una prolongada búsqueda, aunque las investigaciones sobre otras personas desaparecidas continúan abiertas.

Durante su trayectoria militar, Aparicio Oliva fue ascendido póstumamente al grado de cabo segundo, mediante el Decreto N.º 228 del 31 de mayo de 1990. El reconocimiento se produjo pocos meses después de su fallecimiento, cuando su familia todavía desconocía dónde se encontraban sus restos, una situación que persistió hasta los recientes resultados genéticos.

Las investigaciones han permitido identificar a otras víctimas mediante exhumaciones y comparaciones de ADN. En julio de 2026, el Ministerio Público entregó los restos de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo, mientras que anteriormente fueron identificados Ricardo Aurelio Arana Riquelme y Eric Abdiel Bonilla Terrero, como parte de las diligencias relacionadas con las desapariciones de 1989.

La invasión estadounidense comenzó durante la madrugada del 20 de diciembre de 1989, bajo la denominada Operación Causa Justa, cuyo objetivo principal era capturar al general Manuel Antonio Noriega. Los enfrentamientos y bombardeos afectaron instalaciones militares y sectores residenciales, especialmente El Chorrillo, mientras numerosas familias quedaron sin información sobre sus parientes desaparecidos.

El número de víctimas continúa siendo motivo de controversia. Hasta marzo de 2026, la Comisión 20 de Diciembre mantenía un registro de 443 nombres en distintas etapas de verificación, incluidos 238 fallecidos y desaparecidos confirmados y otros 205 casos bajo investigación. La identificación de restos y la reconstrucción documental siguen siendo tareas pendientes, mientras nuevas familias esperan respuestas sobre lo ocurrido durante la invasión.

A pesar del avance en la reducción del déficit fiscal y de la estabilidad que mantiene el crecimiento económico de Panamá, Moody’s Ratings mantuvo la perspectiva negativa sobre la calificación soberana del país, una señal de que la agencia aún ve riesgos en la sostenibilidad de las finanzas públicas y en la capacidad del Gobierno para consolidar ajustes fiscales duraderos.

La calificadora completó una revisión periódica de las notas de Panamá y confirmó que la calificación de largo plazo se mantiene en Baa3, el último escalón dentro del grado de inversión.

Aunque la revisión no representa una nueva acción de calificación, el análisis deja claro que el país sigue bajo observación por el deterioro acumulado de sus indicadores fiscales desde 2023.

Moody’s reconoció que Panamá conserva fortalezas importantes, entre ellas un crecimiento económico sólido, altos niveles de inversión, el papel estratégico del Canal de Panamá en la economía global y el uso del dólar como moneda de curso legal, lo que reduce el riesgo cambiario y ayuda a contener el costo de financiamiento del Estado.

Sin embargo, la agencia advirtió que la carga de la deuda pública y los indicadores de capacidad de pago se han deteriorado de forma notable en los últimos años. Ese es el punto sensible de la evaluación: Panamá mantiene una economía dinámica, pero sus finanzas públicas siguen presionadas por una baja base de ingresos, rigideces presupuestarias y mayores compromisos de deuda.

El informe destaca que las medidas de consolidación fiscal aplicadas durante 2025 permitieron mejorar las cuentas públicas tras el fuerte deterioro registrado en 2024. El déficit del sector público no financiero bajó de 6.2% del PIB en 2024 a 3.7% en 2025, por debajo del límite de 4.0% establecido en la regla fiscal.

La corrección fiscal fue vista como una señal positiva de disciplina, pero Moody’s también hizo una advertencia relevante: buena parte del ajuste provino de recortes superiores al 2% del PIB en el gasto de capital, principalmente por la postergación de nuevos proyectos y la reducción de inversiones en curso.

En otras palabras, Panamá mejoró el balance, pero lo hizo con una fórmula que no necesariamente garantiza sostenibilidad de largo plazo.

Para 2026, Moody’s espera que el desempeño fiscal se mantenga alineado con la regla fiscal, que fija una meta de déficit de 3.5% del PIB. En el primer trimestre del año, el déficit se ubicó en 1.4% del PIB, impulsado por el crecimiento de los ingresos y la contención del gasto. La agencia prevé que, si se mantiene esta tendencia, la deuda pública podría estabilizarse alrededor de 66% a 67% del PIB.

La perspectiva negativa, no obstante, refleja que la calificadora aún no da por asegurado ese proceso. Moody’s considera que Panamá necesita medidas legislativas adicionales para lograr una consolidación fiscal más duradera, incluyendo acciones para controlar el gasto, fortalecer los ingresos públicos y mejorar la credibilidad de la política fiscal.

El balance de las otras agencias muestra una lectura mixta sobre el riesgo soberano panameño. S&P Global Ratings mantiene a Panamá en BBB- con perspectiva estable, también en el último escalón del grado de inversión. Fitch Ratings, en cambio, tiene al país en BB+ con perspectiva estable, lo que ya ubica a Panamá dentro del grado especulativo.

Esto significa que Panamá conserva el grado de inversión con dos de las tres principales agencias, pero sin margen cómodo. Una rebaja adicional por parte de Moody’s o S&P implicaría perder otra referencia clave para inversionistas institucionales y podría aumentar el costo de financiamiento del Estado, justo cuando el país necesita administrar vencimientos, inversión pública y compromisos fiscales acumulados.

El crecimiento económico sigue siendo el principal contrapeso positivo. Para 2026, las proyecciones ubican a Panamá entre las economías de mayor expansión de América Latina. El Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento de 3.9% para este año, mientras el Banco Mundial proyecta una expansión cercana a 4.1%, por encima del promedio regional.

Ese desempeño estaría apoyado por la actividad logística, el comercio, los servicios financieros, el turismo, la construcción y la recuperación de los ingresos del Canal de Panamá tras las restricciones ocasionadas por la sequía. Moody’s también menciona como un posible factor positivo una solución negociada sobre Cobre Panamá, siempre que genere ingresos recurrentes para el Estado.

Pero el mensaje de fondo es menos cómodo de lo que parece. Panamá no enfrenta una crisis inmediata de calificación, pero tampoco tiene espacio para confiarse.

El país ganó tiempo con la reducción del déficit, pero la perspectiva negativa confirma que los mercados y las agencias esperan reformas más profundas.

Para evitar una nueva rebaja, Panamá tendrá que demostrar que la mejora fiscal no depende únicamente de recortar inversión o aplazar proyectos.

La clave estará en ampliar ingresos, contener gastos rígidos y sostener una trayectoria creíble de deuda. Moody’s no castigó al país esta vez, pero dejó claro que la paciencia de las calificadoras no es infinita.