El testimonio de integrantes de la comunidad emberá en las montañas de Risaralda expone la persistencia de la mutilación genital femenina en Colombia, una práctica ancestral que sigue cobrando vidas.

De acuerdo con estimaciones de organizaciones no gubernamentales, solo entre 2020 y 2025 se llevaron a cabo más de 200 ablaciones en el país, casi siempre aplicadas a recién nacidas, utilizando navajas o clavos calientes, lo que conlleva altos riesgos de hemorragias e infecciones.

La médica Sarita Patiño, del Hospital San Rafael, indicó a AFP que las consecuencias pueden ser letales: “El problema es que uno ve, incluso los pacientes entran en sepsis y pueden incluso llegar a morir por el tipo de prácticas, pues lo que les produce”.

Además, Patiño explicó que la mutilación severa afecta de por vida, especialmente durante el parto, ya que “cuando lo que les digo que les quitan los labios y que solo queda la entrada del uréter y de la vagina, obviamente eso puede tener muchos problemas de complicaciones en el parto, específicamente porque los bebés no pueden salir”.

Colombia es el único país de América Latina donde persiste la práctica de la ablación. Naciones Unidas calcula que unas 230 millones de mujeres han sufrido algún tipo de mutilación genital a nivel mundial, especialmente en los 33 países africanos donde la costumbre tiene mayor arraigo. La teoría más aceptada plantea que la mutilación llegó a los pueblos indígenas colombianos por influencia africana.

Según explicó Alejandrina Guazorna en la comunidad “a todos nosotros que somos mujeres nos hicieron eso. Antiguamente, las abuelitas hacían eso a nosotros, sí”.

Los relatos exponen cómo el silencio rodea las muertes de niñas tras la intervención. Guazorna recuerda: “Cada momento traían niñas muertas”. El tabú y la negación han dificultado durante generaciones que las sobrevivientes comprendan el origen de sus heridas y malestares. En palabras de Etelvina Queragama, el dolor físico aparece desde la adolescencia y marca la sexualidad de por vida: “Nunca sentí nada más que dolores desde mi primera relación sexual”.

En los territorios donde sobrevive la mutilación genital, la justificación habitual sostiene que, si no se realiza, las niñas “se crecían como hombre”, según Guazorna. Por ese motivo, “mutilaban” los órganos genitales femeninos, bajo la superstición de que, así, evitarían que desarrollaran conductas vistas como masculinas o “chicas fáciles”.

Un proyecto de ley que busca prevención y educación, no castigo

Por primera vez, un grupo de mujeres emberá y legisladoras presentó un proyecto de ley al Congreso de Colombia que propone erradicar la mutilación genital femenina, pero sin cárcel para las parteras. Consideran que las ejecutoras de la práctica son también víctimas de la desinformación.

Según Francisca Giraldo, portavoz emberá, “siempre nos victimizan, nos critican, que somos peores porque asesinamos nuestras propias hijas, pero no ven que fue algo impuesto, que fue algo que nos impusieron, que no es algo de nosotras”.

La iniciativa legal prevé acciones para prevenir la mutilación, formación para el personal de salud y educación dirigida a las comunidades indígenas, especialmente en zonas remotas. El objetivo es que esta práctica desaparezca hasta el punto de no ser reconocida ni bajo el eufemismo de “curación”.

Francisca Giraldo, indígena emberá y madre de una niña de doce años, resumió el cambio de conciencia en las nuevas generaciones: “Yo le digo: ‘Mija, gracias a Dios a usted no le tocó pasar por ahí, pero de pronto hay muchas compañeritas que usted tenga que sí y que ellas no lo pidieron’”.

Los datos de Naciones Unidas confirman la gravedad del fenómeno: 230 millones de mujeres han sufrido mutilación genital. En Colombia, el lento reconocimiento y la acción legislativa buscan romper décadas de silencio y evitar nuevas muertes entre las niñas indígenas.

Indígenas Emberá, en su mayoría mujeres y niños radicados en la UPI Florida, adelantaron el bloqueo con el fin de reclamar atención a la infancia y adolescencia, así como mejoras en el desarrollo económico, opciones de retorno o reubicación, permanencia en la ciudad y acceso a ayudas humanitarias.

Las demandas de la comunidad se centran en la exigencia de soluciones concretas para grupos vulnerables, pues en el pliego de peticiones está la solicitud de la atención prioritaria para la infancia y ayuda humanitaria, en medio de una protesta que ya cumple 15 días frente a la sede ministerial.

La protesta tiene como objetivo lograr la instalación de mesas de trabajo sobre asuntos considerados críticos por la comunidad, puesto que sus líderes pretenden que la institución aborde formalmente los temas de infancia, adolescencia, desarrollo económico y asistencia humanitaria.

Según los organizadores, la principal petición es que se habiliten espacios oficiales donde autoridades y representantes indígenas discutan de manera directa sus necesidades y propuestas para llegar a un consenso.

El bloqueo hace parte de una movilización que lleva varios días, pues las familias involucradas demandan respuestas detalladas frente a problemas básicos y derechos fundamentales.

Intervención de la Undmo

En horas de la tarde del miércoles, la situación se tornó aún más tensa, pues no solo se trataba de un plantón, sino que el hecho se convirtió en una protesta con el uso de la fuerza. Versiones que circulan en redes sociales indican que el grupo empezó a romper vidrios del edificio de la entidad.

Asimismo, se confirmó que no solo se requirió la presencia de los gestores de convivencia, pues tuvo que intervenir el personal de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), anteriormente conocida como Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), teniendo en cuenta que la seguridad de los trabajadores y transeúntes se vio afectada por esta situación.

Hay alerta entre los habitantes de la capital del país, puesto que en las imágenes que circulan en redes sociales se puede ver a los Emberá armados con palos y otros objetos contundentes, con los que afectaron el edificio y se alzaron en contra de los uniformados de la Undmo.

María Fernanda Cabal se pronunció ante la gravedad de lo ocurrido y publicó el siguiente mensaje dirigido a la Fiscalía y la Policía: “Es criminal lo que están haciendo supuestos indígenas que secuestran a esta hora funcionarios del Ministerio del Interior en Bogotá. Estos personajes están usando niños contra el Undmo”.

Varias voces se sumaron a la senadora a través de las diferentes redes sociales para pedir acciones concretas que puedan evitar nuevas afectaciones a los trabajadores y la comunidad en general.

Balance oficial

Gustavo Quintero Ardila, secretario de Gobierno Distrital, entregó el reporte sobre el hecho, asegurando que los indígenas llegaron al frente del edificio a las 9:32 a. m: “Entraron a la fuerza, dejando retenidos de manera irregular a aproximadamente 1300 personas, entre ellas servidoras y servidores públicos”.Del mismo modo, indicó que la presencia de la Undmo fue requerida para habilitar corredores seguros de evacuación. Aunque el ambiente se tornó violento, lo que requirió la intervención de los uniformados.Finalmente, el funcionario agregó: “La intervención se hizo de manera controlada dada la presencia de niñas, niños y madres gestantes. Tanto el Icbf Colombia como el ministerio público han acompañado el procedimiento, se espera también el inicio de acciones orientadas al restablecimiento de derechos de los menores presentes”.

Respuesta del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior anunció hace algunos días la convocatoria de mesas de diálogo con presencia de instancias nacionales y distritales. Estas sesiones se programaron para los días 16, 17, 20 y 21 de abril, con la finalidad de avanzar en la negociación y establecer acuerdos.

La entidad reiteró que asumirá un papel coordinador en el relacionamiento entre las diferentes instituciones y la comunidad y que su propósito es contribuir al desarrollo de soluciones integrales dentro del marco de los derechos colectivos indígenas.

Con estas acciones, el Ministerio busca promover canales de diálogo efectivos para atender las demandas y resolver los conflictos sociales de manera respetuosa.

La colocación de la primera piedra de la planta de metanol Pacífico Mexinol en Topolobampo, Sinaloa, se vio interrumpida este jueves por la irrupción de comunidades indígenas y activistas ambientales que rechazan el proyecto.

El evento, encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, tuvo que ser suspendido ante la presión de los manifestantes, quienes incluso derribaron la piedra simbólica colocada al inicio de la ceremonia.

Los inconformes, agrupados en el colectivo “Aquí No” y provenientes de comunidades como Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas, denunciaron que el proyecto representa un riesgo ambiental para la Bahía de Ohuira, una zona clave para la pesca y sustento de pueblos originarios.

Reclamos por falta de consulta indígena y daño ambiental

Uno de los principales señalamientos fue la ausencia de una consulta indígena previa, libre e informada, requisito establecido en normativas nacionales e internacionales.

De acuerdo con resoluciones ambientales emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, este proceso es una condicionante para el desarrollo del proyecto.

Los manifestantes advirtieron que la instalación de la planta podría alterar tanto el ecosistema terrestre como marino, afectando directamente sus actividades productivas, especialmente la pesca.

También acusaron que en ejercicios previos se simuló la participación ciudadana, lo que incrementó la desconfianza hacia las autoridades.

Tensión política: enfrentamientos con autoridades locales

Durante la protesta, el gobernador Rocha Moya fue confrontado directamente por los inconformes, quienes le exigieron atender sus demandas.

El mandatario pidió permitir la continuidad del evento y ofreció dialogar posteriormente, pero ante la presión tuvo que retirarse del lugar.

En paralelo, el alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, protagonizó un intercambio con una manifestante indígena, cuestionando su presencia en la protesta, lo que evidenció el clima de tensión entre autoridades y ciudadanos.

Gobierno de Sinaloa promete consulta y diálogo

Horas más tarde, el gobernador sostuvo una reunión con representantes de las comunidades en Topolobampo, donde se comprometió a convocar una consulta indígena antes de que el proyecto continúe.

Subrayó que la planta no avanzará sin este proceso y que también planteará el tema ante la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rocha Moya reconoció que la protesta refleja un conflicto sensible y admitió que la inversión podría estar en riesgo si no se logran acuerdos.

Asimismo, aseguró que el proyecto deberá cumplir con estrictos estándares ambientales y que ninguna inversión está por encima del cuidado del entorno.

Mexinol: inversión energética y foco de conflicto social

El proyecto Pacífico Mexinol, impulsado por la empresa Transition Industries, contempla la producción de metanol —considerado de bajas emisiones— con una capacidad estimada de más de seis mil metros cúbicos diarios.

Además, incluye infraestructura portuaria, ductos, plantas de tratamiento y generación eléctrica.

Aunque el gobierno estatal lo ha promovido como un motor de desarrollo económico que generaría miles de empleos, la oposición social ha puesto en evidencia la tensión entre crecimiento industrial y derechos de las comunidades indígenas.

• Comunidades indígenas bloquearon accesos y detuvieron el evento
• Manifestantes derribaron la primera piedra simbólica
• Denuncian falta de consulta previa y riesgos ambientales
• Gobierno estatal promete consulta antes de continuar el proyecto

El caso de Mexinol refleja un escenario recurrente en México: proyectos estratégicos que enfrentan resistencia social ante la falta de consenso y garantías ambientales, lo que obliga a replantear la relación entre desarrollo económico y derechos de las comunidades.

La Unión de Movimientos por la Regulación Empresarial para la Defensa de los Derechos Humanos formalizó su presentación en la Ciudad de México, integrando a 250 comunidades y agrupaciones de 15 estados del país.

El colectivo busca promover una reforma legislativa que establezca obligaciones legales para las empresas en materia de derechos humanos y protección ambiental, con el propósito de frenar los abusos y daños derivados de proyectos empresariales.

Durante el evento, Arturo González, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, destacó la urgencia de crear un marco de debida diligencia empresarial que incluya tanto a empresas matrices como a filiales y cadenas de suministro, obligándolas a evaluar y gestionar los riesgos e impactos sobre las personas y el entorno natural.

Acciones que podrían obligar a las empresas a respetar el medio ambiente

La propuesta contempla la reparación integral de daños, así como la implementación de mecanismos de supervisión y sanción efectivos. González puntualizó que la reforma debe garantizar la participación de las comunidades en los procesos de consulta y toma de decisiones, con énfasis en la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a las formas de vida tradicionales.

Fernanda Hopenhaym, representante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, explicó que la debida diligencia empresarial ya opera en países europeos, donde ofrece certeza jurídica tanto a las comunidades como a las empresas. Señaló que estos marcos legales exigen la identificación de posibles daños, la realización de consultas previas y la presentación de planes de prevención y mitigación.

Hopenhaym subrayó la relevancia de este instrumento para México, especialmente en el contexto de la revisión del T-MEC y la creciente demanda internacional de minerales estratégicos vinculados a la transición energética.

Por parte de OXFAM, Alexandra Haas sostuvo que la regulación empresarial no busca frenar la inversión, sino evitar que el desarrollo económico se construya sobre la vulneración de derechos y el deterioro ambiental. Haas precisó que el colectivo agrupa a trabajadores de maquiladoras, jornaleros, defensoras del hogar, empleados de plataformas digitales y defensores ambientales, todos afectados por la minería, la explotación laboral y la falta de reivindicaciones sociales.

Pueblos originarios: los más afectados

En representación de las comunidades afectadas, Magdalena Navarro narró los efectos negativos de la minería en la Sierra Norte de Puebla, documentando la contaminación de mantos acuíferos y la ausencia de consultas previas. Navarro denunció la práctica de empresas que cambian de nombre para evadir controles y conservar concesiones de agua, lo que agrava la escasez y los conflictos sociales.

La coalición planea presentar su iniciativa ante el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitando la instalación de mesas de trabajo para una regulación justa que proteja a trabajadores, comunidades y el medio ambiente frente a la actividad empresarial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) instruyó a un juzgado de distrito admitir una demanda de amparo presentado por una persona indígena zapoteca que reclama su exclusión del proceso de ingreso a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El acuerdo se emitió durante la sesión del Pleno de este 21 de abril en el marco del Recurso de Queja 1/2026.

El Pleno de la SCJN sostiene que, para asuntos de ingreso a universidades públicas, es obligatorio analizar el alcance de la autonomía universitaria y el marco jurídico de cada institución.

De acuerdo con el comunicado de la SCJN este 21 de abril, ciertos actos de estas universidades pueden considerarse equivalentes al ejercicio de autoridad cuando tienen efectos directos sobre la esfera jurídica de las personas, lo que justifica su control constitucional.

El juzgado de distrito habría desechado previamente el amparo, argumentando que los hechos no configuraban actos de autoridad, sino decisiones tomadas en un plano de coordinación institucional.

La SCJN corrige este criterio, señalando que el concepto de autoridad responsable exige una revisión sobre el contenido, función y efectos de dichos actos, más allá de su denominación formal.

El fallo ordena que la demanda de amparo sea analizada formalmente, permitiendo así que continúe el proceso judicial sobre la impugnación de la exclusión presentada por la persona indígena ante la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Suprema Corte determina quitar el estado civil en las actas de nacimiento de Jalisco

La SCJN resolvió que las actas de nacimiento expedidas en Jalisco ya no podrán contener notas marginales sobre el matrimonio o divorcio de las personas, al considerar que esta práctica vulnera los derechos a la privacidad, la igualdad y la no discriminación.

Esta decisión entrará en vigor desde la notificación al Congreso local y dejara sin efecto cualquier exigencia oficial de incluir información sobre el estado civil en estos documentos, lo que permitirá a la población obtener actas libres de estos datos sensibles.

La resolución derivó de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 3/2025 que emitió el Pleno de la SCJN, la cual se basa en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El máximo tribunal argumenta que el estado civil es una “categoría sospechosa” y que su inclusión obligatoria en actas de nacimiento viola la protección de datos personales y el principio de igualdad legal.

Dicha declaratoria aplica de forma general para todos los registros civiles en Jalisco, debido a que el Congreso local no ajustó su normativa en el plazo señalado previamente.

El Poder Judicial y la ONU acuerdan agenda por acceso a la justicia

Representantes del Poder Judicial de la Federación y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) acordaron este 21 de abril reforzar la independencia judicial y la protección de derechos humanos en México.

El diálogo se realizó en la sede de la SCJN, donde funcionarios y representantes internacionales insistieron en que la pluralidad y la diversidad cultural del país requieren garantizar el acceso igualitario a la justicia. El acuerdo incluye consolidar una agenda conjunta para fortalecer las instituciones y priorizar medidas que permitan a toda la población, sin distingo, ejercer plenamente sus derechos.

En la península de Yucatán y algunas zonas de Guatemala, la figura de los aluxes permanece en el centro de la tradición y la vida cotidiana de muchas comunidades mayas.

Considerados seres sagrados por los mayas, los aluxes —que miden entre 20 y 30 centímetros— fungen como guardianes de milpas, cenotes y lugares ancestrales, pero su poder y carácter exigen rituales minuciosos y ofrendas constantes para mantener su protección y evitar castigos.

Esta relación cercana y compleja con los aluxes define prácticas agrícolas, creencias comunitarias y la interacción de los pobladores con el territorio, según detalla UNAM Global a partir del trabajo de la investigadora Francisca Amelia Zalaquett Rock del Centro de Estudios Mayas de la UNAM.

Los aluxes pueden ser solicitados para ser guardianes

La palabra “alux” —también “arux”— proviene del maya y refiere a un “duende” o un “pequeño ser”. No tiene traducción literal y su pronunciación varía según la región. Aunque pequeños, con rasgos humanos y una estatura inferior a la de los enanos, los aluxes son elaborados cuidadosamente por los Ah men, especialistas rituales reconocidos en Yucatán.

Solicitar un alux implica un proceso ceremonial: la persona interesada recurre a un Ah men siete semanas antes del Viernes Santo, fecha en la que debe estar lista la figura. Durante este tiempo, el ritualista construye poco a poco la figura —generalmente de barro virgen extraído de sitios sagrados— al tiempo que reza y realiza ofrendas de sangre y energía vital para “dotar de vida” al ser.

La representación suele incluir un sombrero campesino, cantimplora, machete y, en ocasiones, un rifle. A la figura se agregan elementos adaptados según la protección que brindará: plumas de aves para la velocidad, colmillos de jaguar si debe cazar, o instrumentos para imitar sonidos de animales.

En el caso de las aluxes femeninas, la fabricación puede responder a propósitos malignos específicos, equipándolas con artículos adecuados para cumplirlos.

El vínculo entre el dueño y el alux se sella con un ritual de sangre: el dueño corta la palma de su mano y entrega un poco del líquido a la figura para establecer esa conexión.

El ciclo de las ofrendas y el riesgo de olvido de los aluxes

Ser propietario de un alux implica mantener una relación activa y recíproca. La tradición exige que el alux sea instalado en la milpa, cenote, cueva natural o en una pequeña construcción maya bajo techos de palma. A partir de ese momento, se establecen oraciones y su rol como guardián.

Los aluxes presentan demandas propias. Antes del ciclo agrícola, el dueño debe presentar ofrendas, y la primera cosecha —en especial el maíz— se entrega al alux antes de que la consuma cualquier persona.

Las ofrendas consisten en alimentos sagrados como el sacab, bebida fermentada de maíz y miel. El incumplimiento tiene consecuencias graves: el alux puede volverse hostil y castigar, o incluso matar, a quien lo invocó.

Francisca Amelia Zalaquett Rock explica que “el alux no es un ser tranquilo o ‘santito’; es un ser que fue creado para cumplir una función, y quien lo pide debe retribuirle”.

El manejo de un alux no termina con la fabricación y los rituales iniciales. Zalaquett Rock detalla que estos seres pueden manifestarse en sueños para solicitar nuevas ofrendas o advertir a sus dueños. Frente a la desobediencia o el olvido, el alux puede descarriarse. El proceso para eliminarlo demanda rituales de riesgo y puede costar la vida al ritualista, debido a la fuerza que el ser habría adquirido.

Aluxes en el mundo moderno

En la actualidad, campesinos de comunidades mayas identifican aluxes en los sitios donde hallan figurillas durante su trabajo en milpas colindantes con vestigios arqueológicos. Algunas veces destruyen estas figuras para evitar consecuencias, mientras que en otros momentos las emplean como protección para los terrenos.

La creencia de que aluxes quedaron “libres” al no cerrar su ciclo ritual en tiempos prehispánicos se mantiene viva. Estos aluxes sin dueño deambulan en ciertas zonas y estarían ligados a prácticas ancestrales: protegen animales silvestres, cuidan territorios y suelen silbar o tender trampas a los extraños.

El respeto hacia ellos es riguroso. Deshacerse de un alux sin dueño resulta prácticamente imposible; la tradición dicta que su vínculo con los ancestros debiera mantenerlos resguardados y cuidados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este 26 de marzo revocar una suspensión que favorecía a una empresa turística, reforzando la protección del patrimonio cultural del Pueblo Maya.

Según informó la propia SCJN en sus redes sociales, el Pleno fundamentó su decisión en la reforma constitucional de 2024 y la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, estableciendo que el patrimonio cultural material e inmaterial corresponde de manera colectiva a los pueblos indígenas y, por ello, su resguardo es de orden público e interés social.

Empresa usó imágenes del patrimonio maya sin una base jurídica razonable

El incidente se originó cuando el Indautor dictó medidas cautelares para que la empresa retirara materiales promocionales que utilizaban elementos del patrimonio cultural de los pueblos mayas.

Ante ello, una persona juzgadora suspendió las medidas porque la empresa acreditó tener aval de “El Gran Consejo Maya”, según la SCJN. Al revisar el caso, el máximo tribunal consideró que el contrato presentado no generaba una base jurídica razonable ni una presunción inicial de validez legal, por lo cual decidió levantar la suspensión.

De acuerdo con la SCJN, la prioridad es salvaguardar el patrimonio cultural incluso por encima de intereses económicos privados. El caso quedó registrado bajo la referencia Revisión en Incidente de Suspensión 4/2025.

Suprema Corte reconoce a autoridades rarámuris

La SCJN ordenó al estado de Chihuahua validar los documentos emitidos por la autoridad tradicional rarámuri de Tehuerichi, en una sentencia que garantiza la expedición de actas de nacimiento y defunción, documentos indispensables para el acceso a la herencia y programas sociales.

Este fallo, emitido el pasado 5 de marzo, implica un cambio estructural en el trato institucional hacia las comunidades indígenas, cuya exclusión formal de los sistemas de registro civil ha perdurado por décadas.

El fallo recupera una omisión institucional que, de acuerdo con Arístides Guerrero, juez de la Suprema Corte, afecta a generaciones de rarámuris: “Décadas en las que incluso ha habido personas, parte de la comunidad, que no han logrado obtener ni su acta de nacimiento ni su acta de defunción”, dijo Guerrero durante la discusión pública del caso.

La sentencia especifica que la Presidencia Municipal de Carichi deberá aceptar y validar los documentos expedidos por el gobernador tradicional conocido como Siríame para acreditar nacimientos y defunciones ante el registro civil estatal.

Desde el año 2020, la comunidad rarámuri de Tehuerichi reclama judicialmente el reconocimiento del sistema tradicional propio, pero Guerrero precisó que la problemática se remonta al siglo pasado. Entre los factores que han imposibilitado el acceso pleno al registro civil figuran la distancia geográfica, las barreras lingüísticas y las costumbres específicas que el Estado nunca integró a su normativa.

Para expedir las actas oficiales, el registro civil las exigía acompañadas de certificados médicos o actas ministeriales, requisitos incompatibles con la realidad local.

El Amparo en Revisión 423/2025, identificado por la Suprema Corte, instruye que, una vez recibida la constancia expedida por el Siríame, el personal del registro civil redacte el acta correspondiente. Guerrero aclaró que este procedimiento “no sustituye de ninguna manera al oficial del Registro Civil; simplemente permitirá constatar precisamente la defunción”.

La retención de un motociclista por miembros de comunidades indígenas desplazadas asentadas en la UPI La Rioja, en el norte de Bogotá, la noche del 25 de marzo de 2026, provocó una respuesta contundente de Francisco Barbosa, exfiscal General.

Sobre este incidente, Barbosa expresó alarma y reclamó intervención urgente: “Aquí se requiere que de una vez la Fiscalía proceda a judicializar a estas personas porque es inadmisible este tipo de conductas”, afirmó en conversación con La FM.

Al analizar los hechos y sus posibles implicaciones legales, Barbosa fue enfático al señalar la gravedad de la acción: “Juan, se llama secuestro y se llama secuestro extorsivo y está en el Código Penal. Implica privación de libertad con fin de provecho económico y no importa que el hecho ocurra en un contexto comunitario o territorial”.

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El exfiscal precisó que exigir dinero a cambio de liberar o devolver constituye “una forma de coacción típica al secuestro extorsivo”, insistiendo en la importancia de que la autoridad investigue si la Fiscalía ya atiende la situación.

Barbosa también se refirió a los límites constitucionales de la jurisdicción indígena. “Ellos pueden ejercer funciones dentro de su territorio, pero tampoco, incluso dentro de sus territorios, se pueden legitimar conductas que vulneren todas las violaciones a los derechos fundamentales”, sostuvo, recalcando que la ley no permite justificar estos hechos bajo ningún modelo de autonomía.

La preocupación de Barbosa se extendió a la posibilidad de que estas acciones desborden los espacios asignados a las comunidades indígenas: “Por fuera de los territorios, esto es una locura lo que dice. Entonces, el parque nacional nos lo van a volver jurisdicción indígena, las calles donde se ubican, la Plaza de Bolívar, los lugares, por favor”, cuestionó en sus declaraciones a La FM.

Indígenas embera retuvieron a motociclista para pedirle dinero

La retención de un motociclista por parte de integrantes embera katío asentados en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida movilizó a la Alcaldía de Bogotá y reavivó el debate sobre la convivencia y jurisdicción en los predios ocupados por esa comunidad.

El episodio, originado tras un accidente de tránsito, expuso tensiones entre derechos indígenas, seguridad ciudadana e integridad de los menores residentes, y llevó al distrito a recalcar su autoridad legal sobre el predio y anunciar acciones judiciales.

“Los equipos distritales que hacen presencia permanente en estas instalaciones buscaron mediar la situación, abogando por una salida dialogada y pacífica que cuidara la integridad de todas y todos los involucrados”, tal como se expuso en el comunicado de la administración distrital que fue compartido por la Consejería de Paz.

Las autoridades precisaron que hasta el momento los equipos institucionales del Distrito no pueden ingresar al lugar, ya que, desde la tarde de ese miércoles, la comunidad embera impide el acceso a las instalaciones en La Florida. Esta restricción afecta el seguimiento institucional y la prestación de servicios a unas 42 familias que viven en el asentamiento, donde, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la mitad de la población está compuesta por niños y niñas.

Restricción de acceso institucional y antecedentes de riesgo para la infancia embera

Durante la noche del 31 de diciembre de 2025, la UPI La Rioja, otro asentamiento embera en Bogotá, fue escenario de incidentes que pusieron en evidencia la vulnerabilidad de los menores frente a conflictos internos y consumo de alcohol, según reportó Juliana Sánchez, subsecretaria técnica de Integración Social del Distrito

Esto llevó al traslado inmediato de 51 menores ese mismo día a centros Amar y desató una revisión profunda sobre la idoneidad del funcionamiento de La Rioja como albergue transitorio. Sánchez detalló que la jornada de fin de año incluyó agresiones contra gestores institucionales, riñas internas y exposición a riesgos graves para la población infantil y femenina.

La Administración distrital de Bogotá rechazó los hechos registrados en la noche del 25 de marzo de 2026, cuando integrantes de la comunidad Embera Katío en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida retuvieron a un conductor de motocicleta tras un accidente de tránsito.

Según la entidad, “la comunidad indígena le solicitó al motociclista una suma de dinero a cambio de su liberación, y posteriormente le retuvo el vehículo automotor hasta el momento”, una situación que movilizó a los equipos institucionales y a la Policía de Funza.

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Durante varias horas, el motociclista permaneció retenido en inmediaciones del predio ocupado por la población indígena.

En ese periodo, “los equipos distritales que hacen presencia permanente en estas instalaciones buscaron mediar la situación, abogando por una salida dialogada y pacífica que cuidara la integridad de todas y todos los involucrados”, detalló la Alcaldía de Carlos Fernando Galán.

Autoridades locales informaron que “hizo presencia la Policía de Funza y se comunicó la situación tanto a la Alcaldía Municipal correspondiente como a la Defensoría del Pueblo, con el fin de mediar el hecho entre la comunidad y la persona retenida”.

Desatada la tensión, la Alcaldía de Bogotá reiteró su condena, señalando que “rechaza públicamente estos actos que pusieron en riesgo no solo al motociclista y a la comunidad asentada, sino también a niños y niñas Embera que allí conviven y que configuran la mitad de la población dentro de La Florida”.

Si bien los esfuerzos de mediación permitieron la liberación del conductor, el Distrito advirtió nuevas restricciones: “la comunidad ha impedido desde horas de la tarde del miércoles el ingreso de los equipos distritales”.

El comunicado distrital anunció acciones legales: “El Distrito denunciará las acciones corridas el día de hoy que que vulneran los deberes y derechos establecidos en La Florida, que deben ser acatados”. En cuanto al funcionamiento del lugar, la administración destacó que: “este es un predio del Distrito, puntualmente del Idipron, y por lo mismo lo rige la jurisdicción ordinaria y no la indígena”.

Sobre la situación habitacional, Bogotá recordó que “desde 2021 fue tomado por población indígena Emberá como asentamiento”, refiriéndose a la infraestructura del sector Integración Social donde antes operaba una unidad de protección de menores.

Frente al contexto más amplio, la Alcaldía de Bogotá enfatizó: “reitera su llamado al Gobierno Nacional para avanzar en el cumplimiento de los compromisos derivados de procesos de retorno para que se dé el trámite oportuno a las solicitudes en curso”.

Indígenas embera agredieron a funcionarios del Distrito

Durante la noche del 31 de diciembre de 2025, ocurrieron incidentes en la UPI La Rioja en Bogotá que evidenciaron la fragilidad de la comunidad emberá frente a situaciones de riesgo, especialmente para niños y adolescentes. La Administración distrital, según explicó Juliana Sánchez, subsecretaria técnica de Integración Social, decidió reforzar la presencia institucional a través de varias secretarías y entidades, debido a los contextos complejos asociados al consumo de alcohol en estas fechas.

Como medida preventiva ante posibles vulneraciones de derechos, se procedió al traslado de 51 menores a centros Amar el mismo 31 de diciembre. La funcionaria detalló que la jornada estuvo marcada por agresiones hacia gestores institucionales, riñas internas y un entorno que expuso a la población infantil y femenina a situaciones de peligro.

Durante el 2025, se reportaron 42 denuncias de violencia intrafamiliar en asentamientos emberá, lo que llevó a la administración a manifestar que no están dadas las condiciones en UPI La Rioja para que continúe funcionando como albergue. Se enfatizó la necesidad de una responsabilidad compartida entre Estado, familias y comunidad para proteger a la niñez.

Isabelita Mercado, consejera para la Paz, Víctimas y Reconciliación, sostuvo que se implementó una estrategia especial para vigilar y mitigar riesgos en La Rioja y La Florida, reforzando equipos de trabajo y realizando recorridos para identificar situaciones de peligro, especialmente ante el consumo de alcohol por parte de adultos. Mercado señaló que, a pesar de estos esfuerzos, se registraron riñas, lesiones personales y violencia de género, y rechazó cualquier agresión contra funcionarios públicos.

La administración reiteró que la convivencia debe regirse por la ley y la Constitución y exhortó a los adultos a cumplir su deber de protección sobre los menores, recordando la importancia de que toda la comunidad respete las reglas de ciudad.

Un grupo de médicos especialistas se trasladó hasta uno de los territorios indígenas más alejados del cantón de Turrialba para brindar atención directa a 300 habitantes, en una feria de salud que puso en evidencia tanto las brechas de acceso como la importancia de acercar los servicios sanitarios a comunidades vulnerables.

La jornada se desarrolló en Alto Pacuare, en el distrito de Chirripó, una zona ubicada a más de 35 kilómetros del centro de Turrialba, en la provincia de Cartago, y a la que solo se puede acceder mediante vehículos de doble tracción, tras un recorrido de aproximadamente una hora y veinte minutos por caminos de lastre.

Desde las 8:00 a. m., personal médico, especialistas y equipos de apoyo comenzaron la atención como parte del programa “Puentes de Salud” del hospital William Allen Taylor, en coordinación con distintas instituciones del sistema de salud.

“Es la primera feria de salud del año, en la cual el programa Puentes de Salud del Hospital William Allen Taylor viene a brindar servicios especializados, en esta ocasión al territorio de Alto Pacuare. Venimos en conjunto con el Hospital Nacional de Niños y con profesionales del Centro de Detección del Cáncer Gástrico y también con apoyo del área de salud”, explicó la doctora María José Solano, directora del centro médico.

El objetivo de estas jornadas, según detalló la jerarca, es trasladar la consulta especializada directamente a las comunidades, evitando que los pacientes tengan que recorrer largas distancias para recibir atención médica.

Durante la actividad se ofrecieron servicios en múltiples especialidades, entre ellas ginecobstetricia, clínica de mamas, geriatría, dermatología, pediatría y medicina general. Además, se desplazaron servicios de laboratorio y farmacia, lo que permitió brindar una atención integral en un solo día.

La participación del Hospital Nacional de Niños fortaleció la atención pediátrica, mientras que el Programa de Atención Integral a la Adolescencia (PAIA) incorporó intervenciones desde trabajo social y psicología, ampliando el alcance de la jornada más allá de lo estrictamente clínico.

Sin embargo, uno de los aspectos más reveladores de la actividad fue el esfuerzo que realizaron los propios habitantes para acceder a estos servicios.

Sandra Obando, lideresa comunal, destacó las dificultades que enfrentan las personas de la comunidad para llegar a este tipo de actividades. “Hay señoras que caminaron hasta cinco horas, seis horas para estar en esta reunión y recibir atención en este territorio tan importante como Alto Pacuare”, agregó.

Obando aprovechó para agradecer a las autoridades de salud y al personal que hizo posible la jornada. “Agradeciendo bastante a todos los encargados que nos hicieron venir hasta acá, así como a la directora del hospital William Allen y al Hospital Nacional de Niños”, señaló.

Además de las consultas médicas, la feria incluyó actividades educativas dirigidas a las familias. Profesionales en odontología y vigilancia epidemiológica impartieron charlas preventivas enfocadas en el autocuidado, la higiene y la detección temprana de enfermedades.

Este tipo de intervenciones cobra especial relevancia en territorios indígenas como Alto Pacuare, donde el acceso a servicios médicos puede verse limitado por factores geográficos, económicos y sociales. Para muchas personas, acudir a un centro de salud implica invertir horas de traslado o incluso enfrentar la imposibilidad de hacerlo.

El programa “Puentes de Salud” ha buscado reducir estas brechas. Solo durante el año anterior, logró atender a cerca de 800 personas mediante tres ferias realizadas en distintas comunidades indígenas del cantón de Turrialba.

Las autoridades de salud destacan que este modelo no solo permite atender necesidades inmediatas, sino también detectar enfermedades de forma temprana y generar vínculos de confianza con las comunidades.

Desde Tehuantepec, Oaxaca, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la Cartilla de Derechos de las Mujeres traducida a 69 variantes lingüísticas correspondientes a 67 lenguas indígenas, con el objetivo de que el documento llegue a pueblos y comunidades de todo el país.

Durante el acto, la mandataria destacó el trabajo de mujeres indígenas que participaron en la traducción y subrayó que este proceso implicó adaptar conceptos y derechos a cada contexto lingüístico y cultural.

“Hoy reconocemos en la traducción de la Cartilla de las Mujeres 67 lenguas con 69 variedades… traducir no es nada más letra por letra, se traduce un concepto”, explicó la presidenta al referirse al trabajo colectivo que implicó llevar los contenidos a idiomas como zapoteco, mixteco o náhuatl.

Reconocimiento a mujeres indígenas traductoras y defensoras de la lengua

En su intervención, la titular del Ejecutivo federal afirmó que las mujeres han sido históricamente quienes transmiten y preservan las lenguas originarias en las comunidades.

Señaló que este esfuerzo busca reconocer su papel en la conservación cultural y en la promoción de derechos.

También propuso que otros materiales, como libros de texto y publicaciones infantiles, sean traducidos a idiomas indígenas para ampliar el acceso a la educación y fortalecer la diversidad lingüística en México.

“Se llama ‘lengua materna’ porque quien la conserva y la transmite, en muchos casos, son las mujeres”, expresó.

Difusión en radios comunitarias tras convenio con el INPI

Durante el evento se anunció la firma de un convenio entre la Secretaría de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para difundir la Cartilla en radios comunitarias.

La titular de la dependencia, Citlalli Hernández Mora, señaló que este acuerdo permitirá que la información llegue a más comunidades en su propio idioma.

Según la funcionaria, la difusión busca fortalecer el acceso a los derechos y reconocer el papel de las mujeres indígenas como promotoras de la vida comunitaria, la naturaleza y la medicina tradicional.

Lenguas indígenas incluidas en la Cartilla de Derechos de las Mujeres

El documento fue traducido a decenas de lenguas originarias habladas en México, entre ellas zapoteco, mixteco, tsotsil, tseltal, náhuatl, maya, mazateco, otomí, purépecha, wixárika, triqui y totonaco, entre muchas otras variantes presentes en distintas regiones.

Entre los puntos destacados del proyecto se encuentran:

• Traducción de la Cartilla a 69 variantes de 67 lenguas indígenas.Participación de mujeres indígenas como traductoras y especialistas en lengua y cultura.
• Difusión en radios comunitarias para ampliar su alcance en zonas rurales.
• Propuesta de traducir material educativo y libros infantiles a lenguas originarias.
• Reconocimiento institucional al papel de las mujeres en la preservación lingüística.

Reivindicación histórica de lenguas indígenas y mujeres

Durante su mensaje, la presidenta recordó que en años anteriores las lenguas indígenas fueron minimizadas y señaló que el objetivo actual es reconocer su valor cultural y social.

También mencionó el caso de Malintzin, figura histórica vinculada con la traducción entre culturas y cuya imagen ha sido resignificada en años recientes.

Además, indicó que cada año de su administración estará dedicado a reconocer el papel de las mujeres en la historia nacional, y que en 2026 se honra a Margarita Maza como parte de esta iniciativa.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, subrayó que la entidad cuenta con 15 lenguas originarias y 176 variantes lingüísticas, lo que refleja la diversidad cultural del estado y la relevancia de traducir materiales oficiales para las comunidades indígenas.

En el evento también participó la traductora indígena Yolanda Odilia Aquino Osorio, quien señaló que llevar la Cartilla a lenguas originarias permite hacer efectivos los derechos reconocidos para pueblos indígenas y afromexicanos.

La actriz Laura Zapata desató una fuerte controversia en redes sociales luego de realizar comentarios calificados como clasistas y discriminatorios hacia Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

El detonante fue una crítica de la ex villana de telenovelas en Televisa hacia la mandataria por viajar en aerolíneas comerciales, en lugar de usar un avión exclusivo, situación que ocurrió en el marco de un evento internacional.

Durante sus declaraciones en uno de sus programas grabados, la hermana de Thalía se refirió a la primera presidenta de México como “indita”, un término señalado como ofensivo por activistas y organismos de derechos humanos, provocando una ola de repudio en diversos sectores.

En redes sociales, las palabras de Zapata, quien también calificó a la presidenta como una persona “sin categoría, sin clase, sin presencia”, se viralizaron rápidamente, con miles de usuarios condenando el comentario.

Pese a las críticas, la actriz intentó justificar sus palabras diciendo que no eran racistas, sino una alegoría política. “Viajar en vuelo comercial no te hace humilde, pusiste en riesgo a los pasajeros”, sostuvo la actriz en una defensa que no logró apaciguar el descontento.

Derechos Humanos rechaza las declaraciones de Laura Zapata

Tras la polémica, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió un comunicado condenando enérgicamente las declaraciones de Zapata. El organismo señaló que este tipo de discursos refuerzan estereotipos históricos que perpetúan la exclusión y alimentan la violencia simbólica en contra de los pueblos indígenas.

“Toda forma de discriminación, directa o indirecta, basada en el origen étnico o color de piel, no solo es moralmente inadmisible, sino jurídicamente sancionable”, destacó el organismo.

En este sentido, la DDHPO anunció que presentará una queja formal ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), con la intención de que se analice la actuación de la actriz bajo lo estipulado en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Además, subrayó que las expresiones vertidas por Laura Zapata no pueden considerarse amparadas por la libertad de expresión, ya que perpetúan prejuicios y afectan la dignidad de sectores históricamente vulnerados.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias legales?

De acuerdo con las leyes en México, los actos de discriminación pueden tener implicaciones legales si se demuestra que las expresiones de Zapata fomentaron la exclusión o violentaron los derechos fundamentales de las personas o grupos mencionados. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que cualquier conducta que promueva la segregación o denigre a una persona por su origen étnico es sancionable.

Aunque el Conapred no tiene facultades penales, sí puede emitir sanciones administrativas como multas o la obligación de ofrecer disculpas públicas. Además, dependiendo de la investigación y las conclusiones, Zapata podría enfrentar posibles demandas civiles si alguien afectado decide proceder legalmente.

Por su parte, la polémica también podría repercutir en su carrera profesional, pues las redes sociales han mostrado un fuerte rechazo hacia la actriz, lo que podría significar el inicio de una ola de “cancelación” mediática que afecte sus futuros proyectos artísticos.

Libertad de expresión vs. discriminación

Una de las discusiones centrales que surge de este caso es el límite entre la libertad de expresión y los discursos discriminatorios. Si bien la Constitución mexicana protege el derecho a la libre manifestación de ideas, este derecho no es absoluto cuando se utiliza para perpetuar agresiones o menoscabar la dignidad de grupos históricamente marginados.

Como apuntó la DDHPO, las expresiones de Zapata no pueden ser tomadas como opiniones libres cuando refuerzan prejuicios que afectan la percepción social de los pueblos indígenas. En un contexto donde la población indígena ha sido histórica y sistemáticamente vulnerable, este tipo de comentarios no pasan desapercibidos.

Óscar Benavides, recientemente elegido como representante a la Cámara por las curules afro para la legislatura 2026-2030, cuestionó de manera contundente la postura de Paloma Valencia, candidata presidencial del partido Centro Democrático. Durante su intervención, Benavides rememoró una de las propuestas más polémicas de Valencia cuando era senadora: la división del departamento del Cauca según criterios étnicos.

“Prohibido olvidar cuando Paloma Valencia propuso partir el Cauca entre indígenas y mestizos, una forma clara de discriminación étnica estructural. No era una propuesta de orden, era fragmentar el país según la identidad”, sostuvo Benavides.

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El representante recalcó que la entonces senadora promovió abiertamente la división del pueblo indígena, contradiciendo el discurso de unidad que ahora impulsa en campaña presidencial.

La propia Valencia reconoció en su momento las dificultades para materializar la propuesta, pero Benavides subraya que la iniciativa dejó una huella de confrontación y discriminación.

“Paloma, le hablaré claro. La coherencia no se improvisa en campaña. Usted tuvo que demostrar en lo que se defiende, así no le convenga. Ahora que está en campaña, viene a hablar de unión de los pueblos, viene a decir que no hay que dividir, sino unir. Refresquemos la memoria”, puntualizó el activista que fue uno de los que se quedó con la anhelada curul que Miguel Polo Polo no pudo revalidar.

Benavides también recordó que Valencia en el pasado sugirió medidas para restringir el acceso a la alimentación y al agua en los resguardos indígenas durante jornadas de protesta, y criticó lo que considera un cambio estratégico de discurso.

“Paloma desde hace rato trae un discurso discriminatorio. En campaña le habla con cariño a los pueblos indígenas, pero antes, cuando protestaban, ella quería contenerlos, castigarlos y separarlos. Y eso es lo grave. No es un cambio de postura, es una estrategia de campaña. Al parecer, para ella las diferencias no se gestionan con igualdad, sino con control y falta de garantías”, siguió en su análisis el activista.

Al final, Benavides dejó esta pregunta a sus seguidores: “¿Esta es la forma en la que ella quiere gobernar un país tan diverso como Colombia?”

Oscar Benavides también se reunió con el presidente Petro

Óscar David Benavides, el joven abogado y activista que logró desbancar a Miguel Polo Polo de la Cámara de Representantes, consolidó su ingreso al Congreso el 8 de marzo de 2026 tras obtener más de 146.000 votos, una cifra sin precedentes para la Circunscripción Especial Afrodescendiente.

Este resultado, que marcó un recambio en la representación política de las comunidades afrocolombianas, motivó una reunión estratégica entre Benavides y el presidente Gustavo Petro para discutir medidas orientadas a combatir la desigualdad y el abandono estatal que persiste en las regiones del Pacífico y el Caribe, según informó el propio congresista electo a través de sus redes sociales.

La votación obtenida por Benavides supera con creces la registrada por Polo Polo, que alcanzó alrededor de 42.000 votos, una cifra considerada habitual para estas curules pero insuficiente para asegurar su reelección.

Benavides busca una agenda común para cerrar brechas en el Pacífico y el Caribe

El encuentro entre Benavides y el presidente Gustavo Petro se realizó el martes 17 de marzo, según detalló el parlamentario electo.

Benavides definió la reunión como el punto de partida de una hoja de ruta clara y articulada, orientada a cerrar brechas históricas y garantizar mejores condiciones de vida para las comunidades afrodescendientes.

El legislador describió el canal abierto con el jefe de Estado como un avance concreto hacia el diálogo directo entre el poder ejecutivo y las poblaciones tradicionalmente marginadas.

En sus propias palabras, Benavides afirmó: “Este encuentro marca el inicio de una hoja de ruta clara y articulada, enfocada en impulsar acciones concretas que permitan cerrar brechas históricas, dinamizar el desarrollo territorial y garantizar mejores condiciones de vida, con justicia social y equidad, para nuestra gente”, según publicó en redes sociales junto a una imagen con el presidente.

Entre los temas planteados en la reunión, Benavides hizo hincapié en la urgencia de atender las “principales problemáticas que afectan a las regiones del Pacífico y el Atlántico, especialmente en materia de abandono histórico del Estado y falta de oportunidades”.

Además, el abogado y creador de contenido se refirió a la intención de instalar una mesa de trabajo conjunta destinada a reorientar la asignación de recursos públicos y definir políticas territoriales específicas, con el objetivo de concertar proyectos de desarrollo e inclusión social para las comunidades afrocolombianas.

Durante la tarde del lunes 16 de marzo de 2026, el concejal Andrés Felipe Rodríguez, identificado como El Gury y miembro del Centro Democrático, acudió a la concentración de la minga indígena en el sector de La Alpujarra, donde se registró un cruce verbal.

En ese contexto, un video difundido en redes sociales muestra al concejal con un bate de béisbol en el que está escrita la palabra ‘diálogo’.

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‘Gury’ Rodríguez explicó en su cuenta de X los motivos por los que estuvo presente en la concentración de las comunidades indígenas en el centro administrativo de la capital antioqueña.

Por este motivo, el Ministerio del Interior, mediante el viceministro de Diálogo Social, Gabriel Rendón, se pronunció sobre la situación e invitó al concejal a participar en un diálogo social.

“Ministerio del interior rechaza cualquier estigmatización contra quienes promueven el diálogo social - Ministerio del Interior.Concejal ‘Gury’ Rodríguez como viceministro del Ministerio del Interior lo invitó aun diálogo público sobre la protesta social en Medellín”, señaló Rendón.

El funcionario también compartió un comunicado del Ministerio del Interior, en la que confirmaron su presencia institucional durante la movilización y bloqueo que realizan las comunidades indígenas en inmediaciones del Centro Administrativo La Alpujarra, en la ciudad de Medellín

“El Ministerio del Interior, a través del Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, informa a la opinión pública que, en el marco de las funciones de acompañamiento y mediación del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, de esta entidad ,los gestores territoriales realizaron presencia institucional durante la movilización y bloqueo pacífico adelantado por miembros de comunidades indígenas en inmediaciones del Centro Administrativo La Alpujarra, en la ciudad de Medellín”, indicó la cartera.

Y agregó: “Durante el desarrollo de la jornada, los Gestores Para La Vida adelantaron labores de acompañamiento orientadas a promover el diálogo, prevenir situaciones de confrontación y garantizar el ejercicio pacífico de la protesta social, en cumplimiento de los principios constitucionales de convivencia, respeto y protección de los derechos fundamentales”.

El Ministerio del Interior señaló los episodios de tensión, afirmando que los ‘Gestores para la Vida’ intervinieron de manera inmediata, señalando el Decreto 003 de 2021 “con el fin de mediar, evitar confrontaciones y contribuir a preservar la tranquilidad, contando también con el acompañamiento de actores institucionales presentes en el lugar”.

“Durante estos hechos, se registraron igualmente situaciones en las que algunas personas procedieron a grabar y señalar públicamente a gestores del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, lo que derivó en episodios de estigmatización y perfilamiento hacia quienes se encontraban cumpliendo funciones institucionales de mediación y acompañamiento”, afirmó el Ministerio del Interior.

Por tal motivo, la cartera rechazó cualquier forma de intimidación, estigmatización o señalamiento contra servidores y contratistas que cumplen labores institucionales orientadas a la promoción del diálogo social y la convivencia pacífica.

“El Ministerio del Interior reitera que no realiza ni promueve actividades de proselitismo político, y que la labor de los Gestores Para La Vida se desarrolla con estricta neutralidad institucional, en cumplimiento de los principios de imparcialidad y respeto por las distintas expresiones sociales y políticas”, aseveró la cartera.

Por lo anterior, la entidad señaló que reafirma su compromiso con la garantía del derecho a la protesta pacífica, la promoción del diálogo social y la construcción de escenarios de convivencia democrática, “pilares fundamentales para la resolución pacífica de los conflictos en el territorio”.

Finalmente, solicitaron a las autoridades competentes adelantar las investigaciones correspondientes frente a las actuaciones de supuesta discriminación, estigmatización y señalamientos realizados por personas ajenas a la protesta social, con el fin, según el Ministerio del Interior de garantizar la protección de los servidores públicos y contratistas que cumplen funciones institucionales de acompañamiento y mediación en el marco del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.

En la comparecencia de este martes, Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, subrayó la comparación entre los modelos colonialistas de España y el Reino Unido, poniendo el acento en la ausencia de guetos y reservas en Hispanoamérica, según recogió Europa Press. Argumentó que donde España dejó tras de sí una herencia cultural, histórica, social, económica y de hermandad con los pueblos y con la propia España, el imperio británico promovió la creación de reservas y una segregación que, según su visión, no se dio en los territorios colonizados por los españoles. A partir de esa diferenciación, Muñoz defendió abiertamente la gestión de la Corona española durante la época de la Conquista y enfatizó el orgullo por el legado hispanoamericano, al tiempo que abordaba el debate generado a partir de las recientes declaraciones del rey Felipe VI.

Según detalló Europa Press, la posición de Muñoz se produce luego de que el rey Felipe VI, en el marco de una visita a una exposición en el Museo Arqueológico Nacional acompañando al embajador mexicano en Madrid, señalara la existencia de “mucho abuso” durante la Conquista y reconociera que ciertos comportamientos no resultan motivo de orgullo a la luz de los valores actuales. Estas palabras suscitaron diversas reacciones políticas. Ante la pregunta de si comparte la valoración del monarca, Muñoz expresó: “Estoy completamente de acuerdo con el Rey en que no cabe pedir perdón por nada”. Remarcó también que, en su perspectiva, la Corona garantizó la protección de los pueblos originarios, pese a que existieran abusos individuales a pesar del marco legal de la época.

A lo largo de su intervención, Muñoz defendió el papel de la Casa Real argumentando que, aunque coexistan testimonios de abusos, la legislación dictada desde España reconocía derechos a los indígenas e impedía una discriminación sistemática. Aseguró que “al margen de esas leyes que protegían a los indígenas”, existieron abusos, pero la responsabilidad directa de la Corona queda limitada según su interpretación, tal como publicó Europa Press.

La dirigente popular agregó que la posición del Partido Popular está alineada con la de Felipe VI, especialmente en relación al llamado “presentismo”; es decir, la crítica a analizar los hechos del siglo XV desde la perspectiva del presente. Sostuvo que mirar la historia bajo los parámetros actuales constituye un error, y recordó que el propio rey ya se había pronunciado en años anteriores, en línea similar a la postura que expone ahora Muñoz.

Europa Press informó que este martes también intervino el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en esRadio, para manifestar su orgullo por el legado español en Latinoamérica y pedir que las palabras del monarca se comprendan en su contexto: no se trató de un discurso institucional, sino de una conversación durante una actividad cultural. Feijóo calificó de “disparate” someter a juicio en el siglo XXI acontecimientos ocurridos en el siglo XV, postura que Muñoz consideró coincidente con la expresada por el rey Felipe VI. “Por lo tanto, no pueden ser más concordantes las palabras de Feijóo con las del rey Felipe VI”, afirmó la portavoz, referida por Europa Press.

Durante la rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso, Muñoz insistió en que ningún país debería verse forzado a pedir disculpas por su pasado, y reiteró el sentimiento generalizado de orgullo entre los españoles respecto al legado dejado en el continente americano. De acuerdo con lo difundido por Europa Press, la portavoz defendió que los pueblos originarios reconocidos por la Corona eran considerados ciudadanos en igualdad de condiciones respecto a los habitantes peninsulares, elemento que, a su juicio, diferencia la experiencia hispanoamericana de la que tuvieron otros territorios colonizados por potencias europeas.

En el transcurso de su intervención, Muñoz recordó que esta visión de respeto y protección ya había sido subrayada por el rey Juan Carlos en 1990, y reiteró su plena coincidencia con la postura actual del monarca Felipe VI. Aludió al hecho de que los marcos legales promulgados en la época pretendían amparar los derechos de los indígenas, aunque, según ella, estos no siempre se cumplieron plenamente, como sucede actualmente con normativas contemporáneas.

Según recogió Europa Press, Muñoz señaló que descontextualizar lo dicho por Felipe VI o Feijóo no favorece el análisis histórico riguroso. Alertó contra el riesgo de interpretar la historia desde la óptica actual y de establecer paralelismos directos sin considerar las particularidades de cada periodo. Ejemplificó que, así como en la actualidad existen leyes penales y aun así algunas personas las infringen, durante la conquista también hubo actuaciones al margen de la legalidad vigente por parte de determinados individuos.

Finalmente, la portavoz del PP remarcó la importancia de preservar el reconocimiento al legado hispano y la hermandad construida entre España y los países de América Latina. De acuerdo con lo expuesto por Europa Press, insistió en que los logros y vínculos históricos deben situarse por encima de lecturas contemporáneas que puedan distorsionar la complejidad del pasado.

Al hacer referencia a la diferencia en el desarrollo social y económico de los territorios colonizados por españoles y británicos, Ester Muñoz destacó que en Hispanoamérica no existen guetos ni reservas indígenas, y subrayó que existe una vinculación histórica, cultural, económica y social marcada por la hermandad entre los pueblos americanos y España. Esta comparación la articuló en el contexto de la defensa del legado español en América, en respuesta al debate sobre la necesidad de disculparse por hechos del pasado, tal como publicó Europa Press.

En una rueda de prensa celebrada tras la reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso, Muñoz, portavoz del Grupo Popular, expresó su postura de acuerdo con las recientes declaraciones del rey Felipe VI sobre la Conquista de América. "Estoy completamente de acuerdo con Su Majestad el Rey en que no cabe pedir perdón por nada", afirmó la representante popular, según informó Europa Press. De acuerdo con Muñoz, la Corona española garantizaba la protección de las poblaciones indígenas mediante leyes específicas, aunque reconoció, en consonancia con las palabras de Felipe VI, que también se registraron episodios de abuso durante la Conquista.

Las declaraciones se produjeron después de que el rey Felipe VI, en el marco de una visita al Museo Arqueológico Nacional junto al embajador de México en Madrid, admitiese que existieron "muchos abusos" durante el proceso de conquista y señalase que, bajo los valores actuales, aquellas conductas no generan sentimiento de "orgullo". Según detalló Europa Press, el monarca también afirmó la necesidad de analizar aquellos acontecimientos desde la perspectiva de su época, evitando aplicar los criterios del presente a juicios sobre el pasado.

En ese contexto, Muñoz defendió que las leyes promulgadas por la Corona buscaban la protección y el reconocimiento de los indígenas como ciudadanos con los mismos derechos que los españoles peninsulares. "Lo importante es que la Corona no favoreció que hubiera abusos, sino que protegía a los indígenas", puntualizó la dirigente popular, según consignó Europa Press. Además, recordó que posiciones similares habían sido sostenidas previamente por el rey Juan Carlos en 1990.

El debate sobre la interpretación histórica de la Conquista de América también generó reacciones dentro del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, manifestó su "orgullo" por el legado español en Latinoamérica durante una entrevista radiofónica y consideró innecesario elaborar "un examen" de hechos del siglo XV en pleno siglo XXI. Para Feijóo, las palabras de Felipe VI deben analizarse en el "contexto de todo", además de recordar que el rey realizó esas declaraciones en una conversación informal mientras recorría una exposición, según publicó Europa Press.

Al respecto, Muñoz valoró de forma positiva la coincidencia de criterios entre el jefe del Estado y el presidente de su partido. "Son exactamente concordantes las palabras de Feijóo con las del Rey", aseguró la portavoz popular. Sostuvo, a su vez, que Feijóo y Felipe VI compartieron la advertencia frente al "presentismo", una actitud que consiste en emitir juicios sobre pasados lejanos usando valores y percepciones actuales. En palabras de Muñoz, "no podemos pecar de presentismo, que es mirar con los ojos de hoy lo que ocurría en el siglo XV".

De acuerdo con Europa Press, Muñoz ejemplificó esta distinción recurriendo a la analogía con la actualidad: expuso que, al igual que hoy en día pueden cometerse delitos al margen del Código Penal vigente, en tiempos de la colonia hubo abusos al margen de las leyes que protegían a los indígenas. A su entender, esa diferencia no deslegitima la existencia de un marco legal protector impulsado por la Corona española.

En relación con la comparación entre la herencia hispana y la británica en América, Muñoz reiteró la ausencia de guetos o reservas en la América hispana, a diferencia de las zonas de influencia británica, e hizo hincapié en el legado de hermandad con España y entre los pueblos americanos. Según publicó Europa Press, Muñoz consideró que la herencia española en Hispanoamérica se distingue por factores culturales, económicos y sociales específicos que aún persisten.

Dentro de este marco, la dirigente popular destacó el orgullo que, a su juicio, sienten los españoles por la herencia dejada en América. La portavoz del Grupo Popular insistió en que ese sentimiento es compartido por Felipe VI y por amplios sectores de la sociedad, quienes valoran el legado de España en la región latinoamericana.

La posición de Muñoz coincide con la postura de otros dirigentes de su partido que, según reiteró Europa Press, han insistido en la importancia de no extraer episodios históricos de su contexto ni exigir responsabilidades a la luz de valores anacrónicos. Para ellos, además, el reconocimiento de los abusos cometidos no debe diluir el balance positivo de la labor de España en el continente americano.

Muñoz concluyó sus declaraciones reafirmando la coincidencia entre las opiniones de Feijóo y las del monarca, y reiteró que la línea general del Partido Popular consiste en rechazar los juicios retrospectivos hechos desde la modernidad sobre eventos acaecidos durante la Conquista de América, y en defender el marco legal establecido por la Corona para la protección de los pueblos originarios, según informó Europa Press.

Un grupo de aproximadamente 500 indígenas protagonizó un intento de ingreso a la plazoleta central del Centro Administrativo La Alpujarra, en el corazón de Medellín, este lunes 16 de marzo de 2026.

La movilización, que partió desde Mutatá y San Pedro de Urabá en Antioquia, y de diferentes puntos del departamento de Córdoba, generó un fuerte despliegue de la Policía Antidisturbios. La zona se encuentra acordonada, con controles estrictos tanto para el personal estatal como para los visitantes habituales del complejo administrativo.

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El arribo de los manifestantes indígenas ha sido interpretado por distintos sectores como una acción de presión en el contexto de la coyuntura política nacional. Las autoridades han evitado confrontaciones directas, pero mantienen presencia permanente para evitar desbordamientos.

Tras lo anterior, el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella utilizó su cuenta en la plataforma X para lanzar críticas a sectores del actual Gobierno.

“Iván Cepeda denigra e insulta a los antioqueños después de que los votos de la oposición castigasen a su Partido en las urnas”, escribió De la Espriella en relación con los resultados recientes de las elecciones.

El mensaje continuó con cuestionamientos sobre las motivaciones detrás de la protesta en Medellín.

“De inmediato se inician los bloqueos y el ataque en Medellín, ¿es la reacción a que el Pueblo antioqueño no acompañó al Pacto?” dijo De la Espriella.

El mensaje concluyó con críticas a la política nacional y un llamado a la resistencia: “Petro y Cepeda pretenden someter a Colombia con una amenaza. Antioqueños: hay que resistir, el 7 de agosto, cuando empiece mi gobierno, habrá un Presidente con carácter que no va a dejar incendiar la Patria”.

La administración local y las fuerzas de seguridad han reiterado su intención de garantizar la protección de los derechos fundamentales en medio de la coyuntura.

De la Espriella cerró su pronunciamiento expresando respaldo a las instituciones regionales: “Todo nuestro respaldo a las autoridades de Medellín y de Antioquia para garantizar los derechos de la ciudadanía y frenar las embestidas de la izquierda radical”.

El jurista acusó al presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda de querer quemar a Colombia, “¿Quieren quemar a Colombia? Aquí estamos para evitarlo. Con carácter, unidad y la fuerza del pueblo colombiano pondremos fin a los planes de Cepeda, Petro y sus cuadrillas".

Por su parte, Enrique Gómez, dirigente, jefe de debate de Abelardo de la Espriella, asoció directamente la protesta con acciones promovidas desde sectores políticos opositores. “Mientras Cepeda ataca al pueblo antioqueño coordinan acciones de ataque a la plazoleta central del Centro Administrativo La Alpujarra. ¿Coincidencia? No. Esos son los métodos del cepedismo: violencia sin cuartel”, publicó el líder en la red social X.

La declaración se suma a una serie de mensajes que han circulado en redes tras los hechos ocurridos en la capital antioqueña.

Por último, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, en la red social X sugirió una relación directa entre las declaraciones de Iván Cepeda y la movilización que mantuvo bloqueados los accesos a la Alcaldía y el Concejo de la ciudad.

“No era sino que @IvanCepedaCast insultara a Antioquia para que inmediatamente la orden la recibiera la minga indígena y se tomaran a la fuerza el centro administrativo la alpujarra en Medellín”, escribió en su cuenta.

El dirigente calificó la acción como un intento de tomar la ciudad y criticó la actitud de algunos manifestantes, afirmando: “Son bandidos que hasta se tapan la cara. Se quieren tomar a Medellín y no lo vamos a permitir”. Mientras tanto, la Policía Antidisturbios reforzó el perímetro de seguridad y restringió el paso tanto para empleados públicos como para ciudadanos, buscando evitar incidentes mayores.

En otro pronunciamiento, De Bedout atribuyó a Gustavo Petro e Iván Cepeda una supuesta estrategia para desestabilizar Antioquia y Medellín.

“La estrategia de @petrogustavo y @IvanCepedaCast es clara: desestabilizar a Antioquia y Medellín. El único obstáculo que les queda para seguir avanzando con el socialismo”, señaló De Bedout en su publicación.

Para De Bedout, la acción busca generar “miedo, caos y desorden”, comparando la situación con eventos pasados en Bogotá y Cali. “Ya enviaron a la minga indígena a bloquear y encapucharse”, afirmó el dirigente.

El mensaje también cuestionó los motivos detrás de la designación de una indígena como fórmula vicepresidencial por parte de Cepeda. “¿Para eso nombró Cepeda una indígena como fórmula Vicepresidencial?”, escribió De Bedout.

El 13 de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) notificó a comunidades indígenas y afrocolombianas de Urabá la decisión de imputar responsabilidad a 34 comparecientes en el marco del Caso 04, proceso que aborda crímenes cometidos en la región entre 1986 y 2002.

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP concluyó la notificación del Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC), integrando un enfoque étnico en todo el procedimiento. La decisión implica a 21 miembros de la fuerza pública, ocho exintegrantes de las Farc-EP y cinco terceros civiles, señalados por delitos como asesinatos, desaparición forzada, desplazamiento, violencia sexual, violencia reproductiva intrafilas y ataques a bienes civiles.

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Cabe recordar que el caso 04 investiga la situación territorial de la región de Urabá, el Bajo Atrato y el Darién chocoano en el periodo 1986-2016. Esta macrocausa se enfoca en conductas como desplazamiento forzado, homicidios, desaparición forzada, violencia sexual y despojo de tierras, involucrando tanto a las extintas Farc-EP como a la fuerza pública y terceros civiles.

Durante la etapa priorizada, la JEP identificó tres patrones criminales: la eliminación por prejuicio enemigo ejercida tanto por agentes estatales como por guerrilleros; el vaciamiento del territorio para despojo y repoblamiento, en el que participó la fuerza pública, grupos paramilitares, agentes estatales y terceros civiles; además del control sociocultural y territorial mediante captura del territorio, cooptación de estructuras organizativas y afectaciones a libertades individuales, atribuido a las Farc.

Según la JEP, la notificación se realizó a través de diligencias interculturales e interjurisdiccionales, con la participación directa de autoridades negras e indígenas de Apartadó (Antioquia), El Carmen del Darién, Acandí (Chocó), y Tierralta (Córdoba), entre el 9 de febrero y el 2 de marzo de 2026.

Estas zonas corresponden a los 14 municipios priorizados en el proceso: Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, San Pedro de Urabá, Turbo, Acandí, Unguía, Riosucio, El Carmen del Darién, Nuevo Belén de Bajirá, Tierralta y Valencia. En el proceso participaron los 31 consejos comunitarios y 76 comunidades indígenas de 56 territorios ancestrales, agrupando a más de 54.163 víctimas con interés directo en las actuaciones del caso.

La notificación con pertinencia étnica se realizó en cumplimiento del enfoque étnico-racial que orienta todas las actuaciones de la JEP. El proceso se desarrolló mediante escenarios de diálogo horizontal, apoyado por la cooperación internacional, especialmente por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). La Sala de Reconocimiento activó las instancias de participación acordadas con las comunidades, permitiendo la intervención de los pueblos Emberá (Dobidá, Eyábida, Katío), Wounaan, Zenú y Guna Dule.

En el informe se describen los patrones de violencia y las modalidades de afectación que enfrentaron las comunidades en la región, y atribuye responsabilidad individual a los 34 comparecientes. Las víctimas acreditadas podrán formular observaciones, mientras que los responsables imputados tienen un plazo para presentar sus reconocimientos en el marco del proceso transicional.

La JEP resaltó que la notificación con enfoque étnico y cultural constituye un avance en la implementación del principio dialógico, asegurando la participación efectiva de colectivos étnicos como sujetos de derecho. El procedimiento se realizó en coordinación con las autoridades representativas de las comunidades, garantizando el respeto a las prácticas y cosmovisiones propias.

La Sala de Reconocimiento destacó que la decisión incorpora enfoques diferenciales, en línea con la normatividad nacional y la jurisprudencia transicional en materia de comunicaciones y notificaciones. El proceso busca asegurar que las víctimas y sus representantes tengan acceso oportuno y adecuado a la información relevante para la defensa de sus derechos y la presentación de observaciones.

Desde la JEP recordaron que el caso 04 se mantiene como una de las macrocausas de mayor complejidad en la jurisdicción transicional, por la magnitud del territorio investigado y la diversidad de actores involucrados.

También afirmaron que la reciente decisión marca el inicio de nuevas etapas procesales, en las que las comunidades acreditadas jugarán un papel fundamental en la construcción de verdad y reparación colectiva. La JEP reiteró su compromiso con el enfoque diferencial y la centralidad de las víctimas en todas sus actuaciones, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales en materia de justicia transicional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció el sistema normativo de la comunidad rarámuri de Tehuerichi, Chihuahua, ordenando al estado garantizar a sus integrantes la expedición de actas de nacimiento y defunción que durante décadas les fueron negadas, decisión que busca asegurar el acceso a derechos fundamentales como la herencia y el ingreso a programas sociales.

Según informó la SCJN en redes sociales este 5 de marzo, la comunidad rarámuri de Tehuerichi ha enfrentado una negativa sistemática del registro civil para expedir actas por no contar con certificados médicos ni actas ministeriales.

La distancia geográfica, la barrera lingüística y sus costumbres propias no fueron consideradas por las autoridades de Chihuahua, lo que impidió durante décadas el reconocimiento civil de sus derechos básicos.

Esta sentencia ordena a diversas autoridades del estado de Chihuahua reconocer los documentos emitidos por el Siríame, la autoridad tradicional de la comunidad. A partir de ahora, sus constancias serán válidas ante el registro civil estatal, permitiendo a la comunidad rarámuri obtener los documentos oficiales necesarios para ejercer otros derechos.

Ministro Arístides Guerrero presenta y defiende el caso de los rarámuris

El ministro de la SCJN, Arístides Guerrero, al presentar el proyecto durante la sesión de este 5 de marzo, subrayó que el caso refleja una omisión institucional prolongada: “Décadas en las que incluso ha habido personas, parte de la comunidad, que no han logrado obtener ni su acta de nacimiento ni su acta de defunción”, detalló Guerrero.

El fallo, identificado como Amparo en Revisión 423/2025, establece que la Presidencia Municipal de Carichi debe dar plena validez y eficacia a los documentos presentados por el gobernador de la comunidad rarámuri para acreditar fallecimientos, en cumplimiento del artículo 117 del Código Civil del Estado de Chihuahua.

Una vez aceptada la constancia, el oficial del registro civil deberá levantar el acta correspondiente, procedimiento que, según explicó Guerrero, “no sustituye de ninguna manera al oficial del Registro Civil; simplemente permitirá constatar precisamente la defunción”.

Este reconocimiento judicial responde a lo que el ministro Guerrero calificó como “omisión que lleva décadas y que este amparo tiene como antecedente desde el año 2020, pero desde el siglo pasado es una situación que lamentablemente están enfrentando las comunidades indígenas en el estado de Chihuahua”.

Suprema Corte determina que rentistas no deben dar otro inmueble a inquilinos

La SCJN estableció que los propietarios de inmuebles no están legalmente obligados a proporcionar una nueva vivienda a sus inquilinos al finalizar el contrato de arrendamiento.

Esta determinación fija límites a la transferencia de responsabilidades estatales en materia de vivienda hacia particulares y subraya que la provisión de alternativas habitacionales corresponde exclusivamente al Estado.

El Pleno de la Suprema Corte revocó un fallo anterior del estado de Veracruz y anuló la disposición de la Ley de Inquilinato que imponía a los propietarios la obligación de conseguir una nueva vivienda con características equivalentes para los inquilinos, una vez concluido el arrendamiento.

La sentencia enfatizó que aunque el derecho a la vivienda abarca la seguridad jurídica sobre la tenencia, la exigencia de suministrar alternativas a estas no puede recaer en los dueños de los inmuebles.

Esta decisión surge tras analizar el caso de una estudiante wayuu de 16 años en La Guajira, que reprobó el año escolar 2024 al no aprobar la materia de inglés, pese a dominar el castellano y el wayuunaiki, lengua materna del pueblo indígena al que pertenece la joven.

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La adolescente, estudiante de séptimo grado en la Institución Educativa Cedros, abandonó sus estudios después de no superar el inglés, situación que motivó a su acudiente a presentar una acción de tutela.

El recurso argumentó que el colegio no consideró la cosmovisión ni el arraigo étnico de la menor. El expediente judicial señaló que, aunque la joven intentó aprender el idioma extranjero, su cultura exige mantener activa la lengua originaria, lo que dificultó el proceso.

La Sala Segunda de Revisión, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, revisó si se vulneraron los derechos a la educación, a la etnoeducación y al interés superior del menor. El fallo resaltó que, si bien la Ley 115 de 1994 establece el aprendizaje de una lengua extranjera como obligatorio, esta disposición no puede aplicarse de manera desproporcionada a comunidades con tradiciones lingüísticas propias.

Según la sentencia, la enseñanza para pueblos indígenas debe ser bilingüe, basada en su lengua materna y el castellano, sin exigir un tercer idioma bajo riesgo de pérdida del año.

“La Sala constató que la institución educativa no aplicó un enfoque diferencial”, afirmó la Corte, señalando que el colegio omitió valorar el bilingüismo previo de la alumna y no consideró alternativas como ajustes curriculares o la exención de la materia. El magistrado Cortés González enfatizó: “La educación debe abrir puertas al conocimiento y respetar la cultura y la identidad de cada persona”.

El fallo amparó los derechos de la menor y ordenó al colegio diseñar estrategias pedagógicas culturalmente pertinentes. El alto tribunal dispuso que las instituciones con estudiantes de comunidades étnicas revisen sus manuales y planes de estudio para evitar que las exigencias académicas entren en conflicto con la identidad cultural, previniendo la deserción escolar, especialmente en zonas rurales e indígenas.

El magistrado Cortés González resaltó que “los enfoques diferenciales que existen en esa materia son precisamente para garantizar igualdad real”. Además, puntualizó: “Si la joven decide retomar sus estudios, el colegio deberá garantizar su matrícula, acompañar todo su proceso formativo y crear una estrategia pedagógica intercultural que se adapte a la identidad wayuu”.

La decisión sienta una directriz para que el sistema educativo colombiano implemente criterios de flexibilidad y enfoque diferencial, asegurando que la permanencia escolar no se vea afectada por exigencias que desconozcan la diversidad cultural y lingüística de su población.

Oportunidad para colombianos: cursos de inglés en Canadá con alojamiento y certificación

La entidad Education First, fundada en 1965, abrió una convocatoria para cursos de inglés en Canadá, país con dos lenguas oficiales.

Según su página oficial, sus “programas de aprendizaje experiencial, enfocados en el lenguaje, los viajes, el intercambio cultural y lo académico, ayudan a transformar los sueños en oportunidades para personas de todas edades y nacionalidades”.

Los cursos están disponibles para personas desde siete años hasta mayores de 50, y se adaptan a diferentes grupos etarios, asignando a cada quien una ciudad específica para su proceso.

Las sesiones de aprendizaje tienen una duración de 40 minutos, con la posibilidad de asistir a entre 20 y 32 lecciones semanales. El plan incluye alojamiento en habitación doble con familia anfitriona y alimentación completa, además de material de estudio, exámenes de nivel y un certificado al finalizar el curso.

Estas opciones amplían el panorama educativo y profesional, facilitando la inserción en el entorno internacional y el acceso a empleos con mejores condiciones. En el siguiente enlace puede conocer más información.

La drástica decisión de eliminar osos y lobos en los últimos años en Alaska encendió un debate nacional sobre la gestión del caribú.

Esta campaña estatal, reportada por High Country News, está dirigida a recuperar la menguante población del rebaño Mulchatna, enfrenta críticas de científicos, defensores de la fauna y sectores indígenas, mientras los responsables argumentan que se trata de una de las pocas medidas inmediatas que pueden aplicar ante el colapso de un recurso que garantiza la seguridad alimentaria en una región remota y cara para la subsistencia.

La campaña de control de depredadores y sus cifras récord

Entre 2022 y 2025, personal del Departamento de Pesca y Caza de Alaska abatió aproximadamente 200 osos —principalmente grizzlies conocidos localmente como osos pardos— y 20 lobos desde helicópteros sobre las áreas de cría del rebaño Mulchatna, en un esfuerzo explícito por aumentar la supervivencia de los caribúes.

Este programa de control —apoyado por resoluciones de la Alaska Federation of Natives y el Orutsararmiut Native Council de Bethel— surgió tras la drástica caída de la población de caribúes. En la década de 1990, el rebaño Mulchatna alcanzó los 200.000 ejemplares, pero en 2022 descendió a 12.000, según el Departamento de Pesca y Caza citado por High Country News.

Desde entonces, la prohibición de la caza de caribú vigente desde 2021 y la eliminación selectiva de predadores coincidió con una ligera recuperación.

En el último año contabilizado, la población creció a 16.000, lo que representa un incremento del 30% desde el inicio del programa. Sin embargo, críticos como Jeff Stetz, biólogo de fauna y antiguo coordinador de la investigación sobre el caribú Mulchatna para el departamento estatal, advierten que es prematuro atribuir el repunte a la eliminación de osos y lobos.

Controversias científicas y legales en torno a la estrategia

El programa de abatimiento provocó una serie de demandas judiciales. La Alaska Wildlife Alliance, el Center for Biological Diversity y otros grupos acusaron al estado de ejecutar una “masacre” sin contar con la debida base científica ni evaluar los riesgos para la población de osos cuya cifra en Alaska ronda los 30.000 ejemplares.

En varios momentos desde 2022, jueces estatales bloquearon temporalmente el programa por considerar que fue adoptado sin la debida consulta pública y sin garantizar que no afectaría la viabilidad de las poblaciones de osos.

El Departamento de Pesca y Caza respondió reautorizando las operaciones en períodos breves y limitados, amparándose en nuevas investigaciones que, según la bióloga Kristin Denryter, indican que la predación es actualmente la principal causa de muerte de crías y hembras adultas en el rebaño Mulchatna.

No obstante, la evidencia científica sigue siendo motivo de intenso debate. Durante la reunión del Alaska Board of Game en 2022, dos biólogos estatales expusieron datos preliminares que señalaban la malnutrición y las enfermedades —como la brucelosis, presente en altos niveles en el rebaño— como obstáculos más significativos para la recuperación, frente al papel limitado de la depredación.

Asimismo, la falta de estudios exhaustivos sobre el hábitat, según Patrick Walsh, antiguo biólogo del Togiak National Wildlife Refuge, impide comprender cuáles son los factores cruciales que regulan la dinámica poblacional.

“Si el hábitat es el verdadero factor limitante, intentar corregirlo eliminando depredadores es poco efectivo”, explicó Walsh a High Country News.

Dilemas en la conservación: subsistencia, tradición y clima

Para los habitantes de la región, como la cazadora Janet Bavilla, de la comunidad Yup’ik en Platinum, el caribú no solo es alimento esencial sino también parte central de la cultura y la economía de subsistencia en un territorio inaccesible por carretera y con precios de bienes importados prohibitivos.

El reciente descenso en el número de caribúes coincidió con malas temporadas de salmón y el encarecimiento de los víveres. Para Bavilla y otros partidarios del programa, la evidencia de recuperación es motivo de esperanza: “Creo que los caribúes están en un punto de inflexión. Solo necesitan un poco de ayuda”, dijo a High Country News.

La postura es más compleja dentro del tejido indígena: mientras organizaciones tribales apoyan la intervención para garantizar la seguridad alimentaria, expertos indígenas en fauna como Michelle Quillin, bióloga Koyukon Athabascan, sostienen que la estrategia choca con los valores tradicionales y pasa por alto los factores reales del declive del caribú: el cambio climático, la degradación del hábitat y las enfermedades.

El informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), citado por High Country News, revela que las poblaciones de caribú del ártico cayeron un 65% en las últimas décadas debido al calentamiento global y a la expansión industrial.

El Mulchatna, sin grandes explotaciones industriales en su territorio equivalente a seis veces Vermont, parece más afectado por la variabilidad climática y por haber superpastoreado los recursos en los años de auge, coinciden cazadores y biólogos.

Una política de conservación sin consenso y con futuro incierto

El futuro del programa está condicionado a nuevas evaluaciones. El Alaska Board of Game prevé revisar los objetivos de población en 2028, cuando expira la autorización actual para el control de depredadores. Hasta entonces, la caza de caribú permanece suspendida en casi toda el área, salvo por permisos muy limitados en tierras federales del este del rango Mulchatna.

El debate ilustra los límites de la gestión estatal: organismos de fauna gestionan hábitats y depredadores, pero no pueden modificar el clima. Biólogos como Anne Gunn, con décadas de experiencia en caribús, subrayan que el manejo directo del hábitat —frenar el desarrollo industrial y asegurar territorios suficientemente extensos y conectados— es la estrategia más efectiva a largo plazo, por encima del control de depredadores.

Gunn señala que persistir con métodos “reductivistas”, centrados en un solo factor, no abarca la complejidad del sistema.

Para los habitantes de las aldeas occidentales, las voces foráneas no siempre reflejan la realidad local. “Entendemos mejor nuestra zona que quienes no viven aquí”, afirma Bavilla.

Pero para otros, como la directora ejecutiva de Alaska Wildlife Alliance, Nicole Schmitt, la solución definitiva pasa por ajustar las expectativas y asumir los límites de lo que se puede lograr: “No creo que exista una solución perfecta. Necesitamos mirarnos con honestidad y pensar bien qué es lo que estamos persiguiendo”.

Mientras tanto, los residentes continúan buscando alternativas, como la carne de alce o los productos importados desde Anchorage, a más de 600 kilómetros, aunque la carencia de caribú sigue representando un cambio radical en la alimentación, el modo de vida y la cultura de toda una región.

La semana pasada, las comunidades indígenas y los defensores del río Tapajós, en la Amazonía brasileña, obtuvieron una victoria histórica al bloquear los planes del gobierno de privatizar y transformar el río en una vía comercial colosal para el transporte de soja. Cerca de mil activistas locales, en su mayoría pertenecientes a las etnias Mundurukú, Arapiun y Apiaká, ocuparon durante días el terminal cerealero de la multinacional Cargill en Santarém, obligando posteriormente al gobierno a dar marcha atrás. La acción condujo a la revocación del decreto que sacaba a subasta la gestión de tres grandes ríos amazónicos —además del Tapajós, el Madeira y el Tocantins— anunciado pocos meses antes por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El proyecto apuntaba a ampliar el papel del Tapajós como “hidrovía” estratégica para el agronegocio, conectando a las grandes empresas agrícolas brasileñas con los mercados internacionales, en particular con China. Los pueblos indígenas denunciaron que la transformación de los ríos amazónicos en corredores económicos amenaza sus territorios y, con ellos, la biodiversidad, la seguridad alimentaria y los modos de vida tradicionales. El Tapajós, cabe recordarlo, está desde hace tiempo profundamente contaminado a causa de una masiva extracción minera ilegal, además de un intenso tráfico fluvial. Para los indígenas se trata de una batalla ganada, al menos por ahora. Pedro Lucas Fernandes, líder en la Cámara de Diputados del partido Unión Brasil, ya ha solicitado a Lula que las hidrovías del Tapajós, Madeira y Tocantins sean reincorporadas al Programa Nacional de Desestatización. En X, el diputado criticó la revocación por parte del gobierno afirmando que esta “interrumpe la planificación, genera inseguridad jurídica y transmite el mensaje de que las decisiones estratégicas pueden quedar paralizadas por la presión popular”.

Es en este escenario tan complejo donde la guerra cotidiana de las comunidades indígenas por su supervivencia se vuelve cada día más ardua. Sin embargo, representan el núcleo electoral más simbólico para Lula, también de cara a la inminente campaña electoral para las presidenciales de octubre. En Brasil todos recuerdan todavía cuando, durante su ceremonia de investidura el 1 de enero de 2023, quien subió la rampa junto al presidente electo y le colocó la banda presidencial fue el líder indígena Raoni Metuktire. A sus 94 años, Raoni es uno de los defensores más famosos de la Amazonía. Sin embargo, dos años después de aquella jornada histórica, durante la COP 30 del pasado noviembre, el propio Raoni —junto a otros líderes indígenas de Pará y Amapá— expresó duras críticas y una profunda decepción por el apoyo del presidente brasileño a la exploración petrolera en la desembocadura del río Amazonas, en la llamada Margen Ecuatorial, donde ya han comenzado las perforaciones de prueba. Según los representantes indígenas, la decisión fue tomada sin consultar a las comunidades locales, borrando de hecho su presencia y sus derechos sobre los territorios. Si bien reconocen que Lula es el presidente que más tierras indígenas ha demarcado, los líderes subrayaron la contradicción entre su discurso sobre el cambio climático y el respaldo a la extracción de combustibles fósiles, principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Menos de dos meses después, los hechos les dieron la razón. El pasado 4 de enero se produjo un accidente a unos 175 kilómetros de la costa del estado de Amapá, en la desembocadura del río Amazonas, con un vertido en el mar de 18,44 m³ de fluido de perforación de base no acuosa. La descarga se originó en el buque sonda NS-42 durante las operaciones en el pozo Morpho. Por este motivo, el IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) impuso una multa de 2,5 millones de reales (487.225 dólares) a Petrobras, que gestiona las operaciones. Según el IBAMA, el fluido es una mezcla oleosa utilizada en la exploración petrolera y contiene componentes clasificados como de riesgo medio para la salud humana y para el ecosistema acuático. Si bien el fluido es biodegradable, no persistente, no bioacumulable y no sería tóxico, se liberó en una región particularmente sensible por la presencia de corales y manglares. A pesar de la sanción, las actividades fueron reanudadas.

Las comunidades indígenas también están preocupadas por el proyecto de ley 2903/2023, aprobado hace dos semanas por la Comisión de Derechos Humanos del Senado brasileño. Este proyecto busca regular la explotación económica en tierras indígenas, abriendo el camino a la extracción minera —el llamado garimpo— además de petróleo y gas. Según la líder y activista indígena Txai Suruí, el avance del proyecto representa un grave retroceso de los derechos de los pueblos indígenas y de la protección ambiental. En un editorial publicado en el diario Folha de São Paulo, la activista definió la legalización del garimpo como una forma de “institucionalización del ecocidio, del genocidio y de la violación de los derechos humanos”, recordando que la Constitución brasileña y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) imponen la consulta previa a las comunidades indígenas y rigurosos estudios de impacto ambiental. Txai Suruí citó datos científicos alarmantes, en particular un estudio de la Fiocruz, una institución del Ministerio de Salud de Brasil dedicada a la investigación y desarrollo de las ciencias biológicas, realizado junto con asociaciones indígenas, que detectó mercurio en el 100% de las muestras de cabello del pueblo Paiter Suruí. Los efectos incluyen daños neurológicos en adultos, graves riesgos para el desarrollo infantil y un severo deterioro de los ecosistemas. La activista también desmontó el argumento “desarrollista” utilizado por los defensores del proyecto, afirmando que el garimpo no genera beneficios económicos para los indígenas, sino conflictos, enfermedades, deforestación y violencia, citando para ello el caso del estado de Rondônia. “En Rondônia, el decreto estatal que prohíbe la destrucción de equipos de minería ilegal (Ley 1511/21) ya demuestra cómo las políticas locales fomentan la impunidad. Mientras se continúa con la hipocresía del desarrollo, la minería ilegal beneficia a unos pocos, pero sus costos —destrucción de bosques, violencia contra las poblaciones indígenas, pérdida de biodiversidad— son pagados por toda la sociedad”, concluye en su artículo.

Entre las comunidades indígenas que continúan pagando un alto precio por la explotación minera ilegal se encuentran los Yanomami. La crisis humanitaria que los afecta desde hace años se ha agravado con la aparición de casos de tos ferina entre los niños en el territorio de Roraima. El Ministerio de Salud confirmó recientemente tres muertes infantiles y al menos ocho casos, iniciando a mediados de febrero una intervención sanitaria de emergencia. La enfermedad, una infección respiratoria bacteriana prevenible mediante vacunación, surgió en un contexto de baja cobertura vacunal. En 2022, el ultimo año de Jair Bolsonaro a la presidencia, solo el 29,8% de los niños yanomami menores de un año tenía el esquema de vacunación completo. En 2025, el porcentaje ascendió al 57,8%, todavía muy por debajo del umbral de seguridad superior al 90%. Las autoridades temen un posible brote epidémico. Según la asociación Urihi Yanomami, el número de muertes podría ser mayor que el oficial, y la situación está directamente relacionada con las deficiencias en la vacunación. El episodio se inscribe en una crisis más amplia, marcada por la desnutrición, la malaria y otras enfermedades infecciosas, consecuencia de la invasión de la minería ilegal que durante años ha afectado al territorio. A pesar de que el gobierno de Lula señala una reducción global de las muertes desde el inicio de la emergencia sanitaria en 2022, la tos ferina representa una nueva señal de alarma sobre la fragilidad de las condiciones de salud de los niños yanomami y la necesidad de intervenciones estructurales y continuas.

En cuanto a la agenda ambiental de Lula, que seguirá siendo una prioridad en su próxima campaña electoral, el presidente intenta evitar enfrentamientos directos sobre el tema. Como escribe Lauro Jardim en el diario O Globo, Lula ha evitado tomar posición sobre la Ley General de Licenciamiento Ambiental, definida por los ambientalistas como el “Proyecto de Ley de la Devastación”, porque debilita de manera estructural las protecciones ambientales en el país. Se critica la extrema simplificación del sistema de licencias ambientales y las autocertificaciones, que de hecho reducen los estudios de impacto y los controles preventivos. Además, la norma reduce la participación obligatoria de organismos que protegen a los pueblos indígenas como la estatal FUNAI, la Fundación Nacional del Indio, y al facilitar la aprobación de infraestructuras, minas, represas y proyectos agroindustriales, es vista como un incentivo a la expansión descontrolada en áreas sensibles, en particular en la Amazonía y el Cerrado. Por ello, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y la red indígena Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentaron ante el Supremo Tribunal Federal (STF) una acción de inconstitucionalidad. El STF otorgó diez días al presidente y al Congreso para pronunciarse formalmente. El Congreso defendió la ley, mientras que Lula dejó vencer el plazo sin responder. El silencio del presidente fue interpretado por los analistas como una elección política para evitar tensiones con el Congreso y con el sector del agronegocio, a pesar de que en el pasado Lula ya había vetado partes de la ley por motivos ambientales y constitucionales.

Mientras tanto, un estudio reciente de la organización no gubernamental Oxfam Brasil denunció que la llamada Amazonía Legal concentró en 2023 casi la mitad de los conflictos por la tierra en Brasil, es decir, el 46,9% del total nacional, con 1.034 casos. La Amazonía Legal es una macroregión administrativa creada por el Estado brasileño que comprende nueve estados y cerca del 59% del territorio nacional, y se utiliza para planificar políticas de desarrollo y protección del área amazónica. Según el informe, Pará y Maranhão son los estados más afectados por la violencia territorial. Las principales causas incluyen el llamado grilagem, es decir la apropiación ilegal de tierras, la deforestación y la minería ilegales, la expansión del agronegocio y de redes criminales. “Se observa que la destrucción de los territorios y la violencia física contra la población han aumentado cada vez más, influyendo profundamente en la cultura y la estructura social de quienes habitan la región, en particular las comunidades tradicionales”, se lee en el documento. En 2024, Maranhão alcanzó 365 casos de conflicto por la tierra, el número mayor jamás registrado hasta ahora, mientras que Pará anotó 240, apenas por debajo del máximo histórico de 253 casos alcanzado en 2020. El estudio también puso de relieve la correlación directa entre la alta incidencia de conflictos y los bajos indicadores sociales, como salud, vivienda y seguridad. Preocupa asimismo el aumento de la violencia sistemática contra defensores de derechos humanos. Solo en el bienio 2021–2022 se mapearon 25 homicidios vinculados a conflictos por la tierra y el medioambiente. Y quienes pagan el precio más alto son precisamente las comunidades más vulnerables, como las indígenas.

La primera sesión extraordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fuera de la Ciudad de México se realizó en Tenejapa, Chiapas, este 26 de febrero.

Por primera vez en la época contemporánea, el Pleno se trasladó al territorio para decretar que el Congreso de Chiapas ha incurrido en omisión legislativa sobre los derechos colectivos indígenas, y dio instrucciones inmediatas para garantizar el autogobierno y la entrega de recursos a la comunidad tsotsil, según comunicó la SCJN en su cuenta de X.

El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, explicó que esta sesión permitió a autoridades tradicionales y habitantes de Tenejapa y La Candelaria observar el trabajo del tribunal. El magistrado destacó la relevancia de “traer la justicia al territorio” y de acercar las deliberaciones a las regiones que históricamente permanecieron marginadas.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Suprema Corte, la elección de Tenejapa respondió al peso de su población indígena y a los desafíos de desigualdad y acceso a derechos fundamentales.

Chiapas es el tercer estado mexicano con mayor población indígena y cerca del 70% de su población vive en situación de pobreza multidimensional. Trasladar la sesión fue un gesto simbólico y práctico para fortalecer la transparencia y dar un mensaje claro sobre el compromiso institucional con una justicia incluyente.

Reconocimiento legal y autogobierno de los pueblos indígenas

Durante la sesión, el Pleno de la SCJN subrayó que la libre determinación de los pueblos indígenas exige acciones concretas y no puede limitarse al texto o al discurso.

El tribunal identificó una omisión legislativa por parte del Congreso de Chiapas, que impide el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y el desarrollo de sus propias autoridades y formas de organización.

La resolución obliga al Congreso estatal a legislar en este sentido en un plazo de 180 días a partir de la expedición de la Ley General que desarrollará el artículo segundo de la Constitución Federal. La SCJN subraya que la dignidad y los derechos colectivos de los pueblos indígenas forman parte esencial del pacto constitucional mexicano, lo que implica dotar de contenido real a la autonomía de estas comunidades.

El fallo de la Suprema Corte ordenó también al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas adoptar, en un plazo de 90 días, acciones inmediatas para hacer efectivo el autogobierno de la comunidad tsotsil. Entre las medidas, se exige la entrega proporcional y puntual de los recursos públicos a la comunidad reconocida.

Hugo Aguilar Ortiz afirma que la sesión en chiapas fue para que la gente viera que los ministros “pertenecemos al pueblo”

La realización de la primera sesión extraordinaria en territorio inicia “una nueva etapa institucional”, según la SCJN. El traslado a Chiapas simboliza la decisión del tribunal de llevar la justicia a las entidades federativas y fomentar una gestión transparente y comprensible para todas las comunidades mexicanas, sin importar su ubicación geográfica.

El presidente Aguilar Ortiz enfatizó ante la audiencia local que sesionar fuera de la Ciudad de México responde al compromiso de que la ciudadanía observe de cerca el trabajo del tribunal, comprenda su razonamiento y participe del proceso de toma de decisiones.

“La nueva Suprema Corte ha tomado la decisión de traer la justicia al territorio. Que ustedes vean que somos de carne y hueso, que pertenecemos al pueblo, quienes hacemos justicia. Que ustedes vean cómo deliberamos, que ustedes sepan qué decimos, cómo reflexionamos y cómo tomamos la decisión. Este es el objetivo central de venir hasta acá.”, declaró.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebrará el 26 de febrero su primera sesión extraordinaria fuera de la Ciudad de México, en el municipio de Tenejapa, Chiapas.

Según la SCJN, este hecho representa un paso histórico y tiene como objetivo acercar la justicia a la ciudadanía, reforzando el principio de que debe ser comprensible y accesible para todos. “La justicia es un derecho que debe sentirse cercano, comprensible y presente”, indica el comunicado oficial de la Corte.

El traslado del pleno a Tenejapa obedece, de acuerdo con la Suprema Corte, a la intención de fortalecer una cultura legal incluyente y favorecer el acceso efectivo a la justicia, especialmente en regiones con profundas brechas sociales y territoriales. Este ejercicio responde al artículo 9 del Reglamento de Sesiones, que autoriza al tribunal a sesionar fuera de la capital por razones de interés social y territorial.

La SCJN precisó que esta decisión expresa “la convicción de que la justicia se fortalece cuando se construye desde el territorio y cuando los debates son accesibles para todas las personas, sin importar su ubicación geográfica”. Además, se permitirá que los habitantes puedan presenciar de manera directa el análisis y la deliberación que realizan las ministras y ministros en un entorno local.

Tenejapa fue elegido debido a la presencia indígena en el estado de Chiapas

La selección de Tenejapa tiene un sentido particular, ya que Chiapas alberga la tercera población indígena más numerosa de México, con 12 pueblos reconocidos y predominio tzeltal en el municipio. Según datos del tribunal, cerca del 70% de la población chiapaneca vive en situación de pobreza multidimensional, lo que complica el acceso a derechos básicos.

El máximo tribunal señaló que instalar su pleno en una localidad de mayoría indígena supone un aporte fundamental para atender la diversidad cultural, la desigualdad social y las brechas históricas en la justicia. Destacó que la presencia directa en Tenejapa fortalece la transparencia y amplía la legitimidad institucional.

La Suprema Corte subrayó el valor simbólico de esta sesión, al afirmar que “la Constitución no es un texto distante, sino una norma viva que se ejerce en cada región. Significa afirmar que la dignidad y los derechos de los pueblos forman parte esencial del pacto constitucional.”

Recalcó el comunicado de la SCJN que la justicia constitucional no pertenece solo al centro del país, sino a toda la nación.

Acciones recientes del máximo tribunal y contexto institucional

En cuanto a su labor reciente, la SCJN resolvió una acción de amparo ambiental relevante este 24 de febrero, al reconocer el derecho de cualquier persona a promover este tipo de acciones para proteger áreas naturales en México, aun si no demuestra un daño individual.

Este criterio beneficia particularmente a un individuo zapoteca que solicitó protección del Parque Nacional Benito Juárez en Oaxaca frente a construcciones y ocupaciones irregulares.

La decisión reconoce el “interés legítimo” respecto al medio ambiente, permitiendo a cualquier usuario de un ecosistema buscar protección judicial. El tribunal subrayó que la tutela de áreas naturales debe regirse bajo el principio de precaución y que corresponde a las autoridades justificar sus actos.

Adicionalmente, el pleno homenajeó este 24 de febrero a los fallecidos de las Fuerzas Armadas tras el operativo contra “El Mencho” del 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, donde murieron 25 integrantes de la Guardia Nacional, un custodio, un agente estatal, una civil y 30 presuntos miembros de la delincuencia organizada.

La exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez fue blanco de críticas en redes sociales por hacer un comentario sobre manifestaciones en las que participaron integrantes de la población indígena. Las marchas tuvieron lugar en Bogotá, donde en varias oportunidades han llegado a manifestarse y exigir, entre otras cosas, la protecció de sus derechos.

El rechazo hacia Ramírez empezó con un mensaje publicado en X por el abogado Daniel Sanín, que criticó las protestas de la comunidad indígena, advirtiendo, con una fotografía, que los manifestantes no son bogotanos. “¿Entonces estos son los bogotanos que libremente salen a manifestarse? Chirriadisimos, los cachacos“, señaló el profesional en Derecho.

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La exvicepresidenta respaldó el comentario del abogado, dando a conocer su propia postura. Basándose en la apariencia de las personas que figuran en al foto, aseguró que no parecen ser ciudadanos que vivan en algunas de las zonas más acomodadas de la capital colombiana.

“Claro !! No vez que casi todos tienen pinta de La Castellana; Teusaquillo; Suba ; Chapinero??? Aunque viéndolos bien , parece que a algunos los trajeron del Cauca en buses. No serán los mismos de La Panamericana?”, indicó Ramírez en la red social.

Su publicación causó malestar e indignación. Una de las personas que se pronunció al respecto es la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, que en un corto mensaje calificó de “racista” y de “clasista”. De igual manera, criticó a anteriores administraciones que, a su juicio, desconocieron la existencia de la diversidad en el país y la importancia de tenerla en cuenta.

Aunado a ello, informó que la fotografía que compartió el abogado y que motivó el comentario de la exvicepresidenta no corresponde a 2025. "Racistas, clasistas y aporofóbicos. Así gobernaron muchos, de espaldas al país y negando que la diversidad en todas las expresiones es nuestro gran potencial. Con razón. (Veo que es una foto de 2023)“, escribió la jefa de cartera en su cuenta de X.

El concejal de Medellín (Antioquia) por el Pacto Histórico José Luis Marín se unió a las críticas hacia la exvicepresidenta, indicando que su publicaciones refleja odio y clasismo. "El uribismo rancio se pregunta por qué ya nadie los quiere, cuando este trino resume cómo ven al país: clasismo y odio“, señaló.

La declaración de Ramírez indignó hasta a los artistas. El reconocido actor de cine y televisión Julio Hernán Correal Triana rechazó sus afirmaciones sobre la población indígena manifestante, recalcando lo que los políticos también advirtieron: que expone un sesgo racista y clasista de su parte.

“Tan chévere como evidencian su clasismo y su racismo. Gracias por desenmascarar su visión sin esfuerzo”, escribió el actor en redes.

No es la primera vez que la exvicepresidenta se refiere a la población indígena colombiana. En 2021, cuando fungía como vicepresidenta, durante el Gobierno del expresidente Iván Duque, se refirió a la cantidad de recursos que se debían destinar al sostenimiento de la minga indígena que en su momento llegó a Cali (Valle del Cauca).

Ramírez cuestionó el origen del dinero que permitió el arribo y sostenimiento de los integrantes de la minga y solicitó una investigación al respecto. “Me dicen que cuesta aproximadamente $1.000 millones diarios sostener minga que llegó a Cali. Quienes están detrás de su financiación? Qué actividad tan rentable permite esa liberalidad en el gasto? Las autoridades deben imponer el orden y proteger a la mayoría ciudadana pacifica”, precisó.

Al igual que ahora, la exfuncionaria fue tildada de racista por su comentario. Así lo indicó el exsenador Juan Luis Castro en su momento: “¡Así es el racismo institucional!“, escribió el también médico psiquiatra.

El 10 de febrero, durante más de tres horas estuvo secuestrada la senadora Aida Quilcué, hecho que le fue atribuido a las disidencias del Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco”.

La liberación de la congresista se registró gracias a la presión de las comunidades indígenas, principalmente del pueblo Nasa, que es uno de los que tiene más presencia en el país.

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Cabe recordar que el pueblo Nasa se ha asentado históricamente en el departamento del Cauca, especialmente en Toribío, Páez y Caldono. También tienen presencia en el Valle del Cauca, Putumayo, Tolima y Huila.

Antes de que la senadora Quilcué fuera liberada, el presidente Gustavo Petro afirmó que la retención de la líder indígena representaba un “grito de guerra” de las disidencias contra el pueblo Nasa, algo que se viene registrando desde hace varios años.

Debido a que se trata de una comunidad amplia, que no sigue los lineamientos ordenados por el grupo armado de “Iván Mordisco”, los líderes del pueblo Nasa han sido víctimas de persecuciones constantes por parte de los grupos armados.

Precisamente, al respecto, en diálogo con Infobae Colombia, el analista político de la Universidad Politécnico Grancolombiano Jaime Wilches habló sobre lo que representa para el futuro inmediato en el Cauca el secuestro de la congresista Aida Quilcué.

“El secuestro de la senadora evidencia un panorama preocupante, que en época electoral se han agravado los atentados, los ataques y las amenazas a candidatos al senado y presidencia. Podemos hablar de tres puntos principales: la precariedad de la democracia, la ausencia del Estado para controlar la violencia y la debilidad de las instituciones para hacer frente a las organizaciones criminales”, declaró inicialmente Wilches.

El experto recordó que la guerra contra las comunidades indígenas en el Cauca se ha mantenido durante décadas, siendo las disidencias de “Iván Mordisco” los atacantes de turno en una región que es fundamental para la consolidación de rutas de narcotráfico.

“Lo que vemos es una guerra histórica en la que han participado diferentes actores, no solo con las fuerzas militares, sino con la autonomía de los pueblos indígenas. Hay que ver cuáles son los resultados de la Paz Total en la región para que no se tenga que seguir viviendo con la incertidumbre”.

Para el experto, el contexto actual que se vive en el Cauca es la demostración de que los gobiernos de turno siguen sin poder garantizar la seguridad de la comunidad Nasa y los otros pueblos indígenas que tienen presencia en el departamento.

“De manera histórica, las tensiones por el territorio han derivado en complejos conflictos en la zona. “Iván Mordisco” solo es el eslabón de una historia marcada por la compleja legislación de autonomías indígenas y la ausencia del Estado“.

Por último, Jaime Wilches afirmó que, entendiendo que no se trata del primer grupo armado que intenta apoderarse de territorios de la comunidad Nasa, lo que se requiere en estos momentos es el respaldo de las autoridades ante la lucha que tendrá el pueblo indígena para mantener la soberanía en su territorio.

“Las comunidades indígenas han tenido que enfrentar las disputas jurídicas con el Estado y el asedio de distintos grupos criminales que lo ven como una ventana de oportunidad para apropiarse de estos territorios y ejercer gobernanzas criminales. La importancia del pueblo Nasa radica en una historia anclada en los territorios y luchas históricas que se concretaron con la autonomía de territorios indígenas en la Constitución de 1991. Por esa razón, el secuestro de la senadora supone un golpe a una comunidad que ha sido símbolo de lucha, resistencia y dignificación de los territorios”.

Comunidades indígenas del suroeste de Bolivia, región que alberga el mayor yacimiento de litio del país, solicitaron al Gobierno del presidente Rodrigo Paz que los proyectos de explotación de ese recurso contemplen los estudios de impacto ambiental y procesos de consulta previa que establece la Constitución Política del Estado.

Esta demanda está contenida en un proyecto de ley elaborado por autoridades de la provincia Nor Lípez, en el departamento andino de Potosí, que busca establecer un marco legal sobre el futuro de la región.

“Queremos saber qué les espera de aquí a diez años”, señaló el secretario general de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez, Iván Calcina, a la agencia de noticias EFE.

“El punto más importante para nosotros es la consulta previa, libre e informada, y el estudio de impacto al medioambiente”, explicó el dirigente. La solicitud toma relevancia luego de la promulgación del Decreto Supremo 5503 que establece una serie de medidas económicas para afrontar la crisis fiscal que atraviesa el país y que incluye, entre otros puntos, un mecanismo “fast track” de aprobación de contratos sobre recursos naturales.

Calcina indicó que son 14 las comunidades asentadas en los alrededores del salar de Uyuni que serían las directamente afectadas en caso de avanzar proyectos de explotación e industrialización, especialmente por la posible escasez de agua y otros impactos ambientales.

“Para las comunidades que viven alrededor del salar esa es su primera preocupación, quieren saber un estudio hidrológico porque va a ser importante, no solo para la región sino para todos los bolivianos”, afirmó.

La inquietud de los pueblos de la región se intensificó a partir de los contratos suscritos durante el Gobierno de Luis Arce (2020-2025) con empresas de China y Rusia para la industrialización del litio mediante la tecnología de extracción directa (EDL), acuerdos que, según las observaciones, no contaban con estudios de impacto ambiental.

Las inversiones previstas con las compañías extranjeras quedaron paralizadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional en medio de fuertes cuestionamientos por su impacto ambiental, falta de transparencia y la baja rentabilidad, entre otros aspectos. Además, para su firma no se realizó la consulta previa a las comunidades indígenas potencialmente afectadas, como establecen las normas vigentes en Bolivia.

El largo camino de la industrialización del litio

Bolivia tiene una de las mayores reservas mundiales de litio. Según la estimación de Yacimientos de Litio Bolivianos, el país tiene 23 millones de toneladas del metal, concentradas principalmente en el salar de Uyuni, que se extiende por unos 10.000 kilómetros cuadrados y constituye uno de los principales destinos turísticos del país.

Durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) se implementó una infraestructura para producir carbonato de litio a través de un sistema de evaporación solar en piscinas y se crearon una planta piloto de cátodos para la elaboración de baterías, una de cloruro de potasio y una de carbonato de litio, lo que prometía dar un salto en la industrialización del país.

Años más tarde, con Luis Arce en el Gobierno (2020-2025) se decidió cambiar la estrategia de extracción porque se consideró que la evaporación no era el método adecuado y que las piscinas tenían fallas en su diseño, construcción e implementación.

En 2021, la administración de Arce determinó pasar a la tecnología de evaporación a la Extracción Directa de Litio (EDL), y lanzó dos convocatorias internacionales para darle un nuevo rumbo a la industria del litio.

En noviembre de 2024, el Gobierno firmó dos contratos —uno con la empresa rusa Uranium One Group y otro con el consorcio chino CBC Hong Kong Investment Corporation— para la construcción y puesta en marcha de tres plantas que suman una inversión aproximada de 1.030 millones de dólares.

Para entrar en vigencia, los acuerdos debían ser aprobados por la Asamblea Legislativa donde quedaron estancados.

El actual presidente, Rodrigo Paz, quien asumió el cargo el pasado 8 de noviembre, denunció que en las gestiones de Morales y Arce “se robaron el litio” debido a la falta de resultados en su explotación e industrialización, y aseguró que su Gobierno trabajará en el tema para ofrecer soluciones efectivas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha anunciado el rumbo que tomará el proceso de industrialización en los próximos años.

Al menos 35 locatarios indígenas mayas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), denunciaron ser víctimas de amenazas, despojos de locales y cobros ilegales dentro del mercado tradicional “Dr. Belisario Domínguez”, ubicado en el barrio La Candelaria, en el municipio de Ocosingo, Chiapas

A través de un comunicado público, los comerciantes señalaron a directivos del mercado y a otros grupos de vendedores de presuntamente apropiarse de sus espacios comerciales y venderlos a terceros, con la tolerancia —e incluso complicidad— de autoridades municipales.

“Son corruptos; hacen negocios con nuestros locales de los que nos han despojado, vendiéndolos a otras personas”, acusaron.

Cobros en efectivo y sin comprobantes oficiales

De acuerdo con la denuncia, desde 2021 se instauró un esquema de cobros arbitrarios, que incluye el pago de hasta 20 pesos diarios por el derecho a trabajar, sin que se entregue recibo oficial avalado por el ayuntamiento.

Los locatarios afirman que el grupo que dice representar a los comerciantes exige dinero a cambio de no despojarlos de sus espacios. Quienes se niegan a pagar, sostienen, han recibido amenazas, desalojos forzosos o la clausura de sus locales.

“El dinero se exige sin transparencia y sin rendición de cuentas, en complicidad con funcionarios municipales”, se lee en el documento.

Más de una década de agresiones y despojo

Las denuncias presentadas por los locatarios indígenas del mercado de Ocosingo, ordenadas cronológicamente según los datos del documento, son las siguientes:

1. 10 de abril de 2012: Locatarios reportan el despojo violento de sus locales a Alberto López Sánchez y Juana Méndez López, después de que estos exigieron rendición de cuentas sobre el manejo de recursos y la entrega de escrituras por parte del consejo de administración de la coalición.

2. 14 de junio de 2013: Nuevos despojos contra Quirino Gordillo Hernández, Juan Mendoza Hernández y Vicente Toledo Albores. Alegan que la coalición les exige 150 mil pesos por la firma de escrituras, reclamando un total de 10 millones 950 mil pesos entre varios miembros. Señalan que ese dinero nunca fue comprobado ante el SAT y que los motivos de represalia surgieron por solicitar información de gastos y derechos legales.

3. 14 de septiembre de 2025: Despojo del local de Sara Toledo Sánchez, viuda indígena maya tseltal con seis hijos, uno de ellos enfermo de cáncer. Relatan que le vaciaron el local tirando sus productos al pasillo, y que después soldaron la cortina. Hasta la fecha del reporte, llevaba más de 82 días sin poder trabajar, por la falta de intervención de las autoridades.

4. 13 de noviembre de 2025: Se reporta el encierro por varias horas dentro de sus propios locales de Vicente Toledo Albores, Carmela Santiz Méndez, Juana Hernández Clara, Alma Lesvia Hernández Clara, Quirino Gordillo Hernández, Micaela Gordillo Hernández, Ana Deli Gordillo Hernández, Juan Mendoza Hernández y menores de edad. Denuncian que integrantes de la coalición cerraron las puertas del mercado y los dejaron dentro. De este hecho, quedó conocimiento en la fiscalía y la delegación del gobierno.

5. 23 de noviembre de 2025: Construcción de bardas perimetrales de 2 metros de altura y 6 de largo que bloquearon los accesos a cuatro locales, impidiendo que sus propietarios —Macaria Entzin Gómez, Enrique López Santiz, Tomás López Entzin— puedan abrir sus cortinas y trabajar. Reportaron pérdidas económicas, ya que estuvieron 20 días sin acceso a sus negocios.

6. 24 de noviembre de 2025: Silvia Reyes Sánchez y un grupo de personas realizaron destrozos en el local de Enrique López Santiz, incluida la destrucción de tres cámaras de seguridad en diferentes horarios de la noche, con la intención de eliminar evidencias de los hechos denunciados.

7. 15 de diciembre de 2025: En la denuncia pública más reciente dirigida a autoridades y organizaciones, los locatarios exigen respeto a su trabajo y la investigación de actos de extorsión, amenazas y despojo, responsabilizando al gobierno de cualquier daño derivado de la omisión y solicitando la solidaridad nacional e internacional.

Estas denuncias muestran una continuidad y agravamiento del conflicto y las afectaciones contra los locatarios indígenas del mercado en un periodo de más de una década.

Locatarios exigen seguridad jurídica y transparencia

En su comunicado, piden a las instituciones y autoridades del gobierno de Chiapas, encabezado por el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, respeten su derecho al trabajo digno en los locales así como un cese a los despojos y daños a los locales comerciales.

“Exigimos la atención inmediata por el despojo, las amenazas y la extorsión cometida hacia nosotros como locatarios integrantes del Congreso Nacional Indígena y Bases de Apoyo Zapatista. También exigimos se investigue el actuar del Consejo de Administración y la mesa directiva de la coalición. Ante la falta de respuesta de las autoridades, responsabilizamos al gobierno de las afectaciones, la vulneración de nuestros derechos laborales y humanos y de todos los hechos que puedan generarse por la omisión.”

Organizaciones indígenas de Perú denunciaron una subrepresentación de sus comunidades en el Censo Nacional 2025, señalando deficiencias en la implementación y posible omisión deliberada de la autoidentificación étnica, mientras alertan que esta situación podría limitar derechos vinculados a megaproyectos empresariales en minería, hidrocarburos, electricidad e infraestructura.

Líderes de la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) señalaron exclusión en zonas rurales, falta de personal local capacitado, negligencia en el uso de idiomas originarios y omisión de la pregunta de autoidentificación.

Organizaciones indígenas denuncian exclusión en el Censo 2025 de Perú

Las organizaciones consideraron que detrás de estas irregularidades existen intereses empresariales y políticos, especialmente en regiones donde se concentran proyectos extractivos y de infraestructura a gran escala.

Según los dirigentes, la subrepresentación de la población indígena en las estadísticas oficiales impacta directamente en el derecho a la consulta previa, mecanismo estipulado por la legislación peruana y convenios internacionales que exige al Estado y a compañías privadas consultar de forma obligatoria con las comunidades antes de iniciar actividades con impacto territorial, ambiental y social.

De esta manera, advirtieron que disminuir el número de pueblos y ciudadanos indígenas reconocidos oficialmente facilitaría a las empresas la aprobación de proyectos de inversión sin un proceso completo de consulta.

Rosalía Clemente Tacza, presidenta de la CNA, aseguró que “existió intromisión de congresistas y representantes de gremios empresariales para limitar el número oficial de indígenas censados, lo que facilitaría inversiones sin el cumplimiento estricto de los procesos de consulta”. Según testimonios, en varios territorios amazónicos y altoandinos, los censistas no poseían dominio de lenguas originarias, presionaron por respuestas mestizas o realizaron conteos por teléfono, restringiendo la precisión y transparencia del proceso.

Denuncian presión para invisibilizar comunidades indígenas en Perú

Teresita Antazú, de AIDESEP, advirtió que la “intencionalidad política y empresarial es invisibilizar nuestras identidades para beneficiar intereses económicos”, señalando que la omisión censal afecta los derechos colectivos de los pueblos indígenas, especialmente en zonas con alta presión de inversiones mineras, petroleras, eléctricas y de transporte.

El posible impacto económico y social abarca la reducción de la exigibilidad de la consulta previa, además de la asignación de presupuesto público e infraestructura, así como el reconocimiento y protección de territorios ancestrales. La exclusión de comunidades indígenas de los censos oficiales puede derivar en la pérdida de acceso a compensaciones y participación en la toma de decisiones ligadas a los recursos naturales.

IEP revela que la mitad de peruanos se autoidentifica como indígena

Para contrastar la magnitud de esta subrepresentación un estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), difundido durante la conferencia de la CNA, identificó que el 50% de la población en Perú se autoidentifica como indígena, una proporción que aumenta en áreas rurales, la macrozona sur, personas mayores de 50 años y quienes tienen educación básica. En contraste, el reconocimiento de la historia indígena es más alto en Lima Metropolitana y entre personas con estudios superiores y niveles socioeconómicos altos.

El aporte de los pueblos indígenas se percibe principalmente en el conocimiento y la cultura (44%), seguido por la historia (34%) y los valores (18%). Sin embargo, la negación de la existencia indígena está relacionada con el desconocimiento y persiste la discriminación: el 43% de los encuestados ha visto contenidos discriminatorios hacia personas de origen andino, amazónico o afroperuano en medios o redes sociales, porcentaje que se eleva en Lima y entre los niveles socioeconómicos más altos.

La experiencia directa o indirecta de discriminación es común, especialmente entre jóvenes y residentes urbanos. Un 24% afirma haber sufrido este tipo de situaciones varias veces, cifra que llega al 11% en quienes la experimentan siempre, con mayor prevalencia en zonas rurales y en los niveles socioeconómicos D/E.

A pesar de la firma del proceso de paz con las Farc-EP, en Colombia se mantiene el conflicto armado con otras estructuras armadas, como el Clan del Golfo, el ELN y otros Gaor, a los que se suman las disidencias del primer grupo armado mencionado, que se dividen en tres facciones, lideradas por “Iván Mordisco”, “Calarcá” e “Iván Márquez”.

Para combatirlos, las Fuerzas Militares priorizan los ataques organizados en los que se intenta tener el control absoluto de la situación; sin embargo, en algunas situaciones se registran bombardeos, que son aprobados por el Ministerio de Defensa y el presidente de turno.

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Precisamente, en lo que va de 2025 se han registrado siete ataques de esta índole en el país, en los que se ha registrado la muerte de 15 menores de edad que habían sido reclutados por las disidencias de “Iván Mordisco”.

Estos resultados de Medicina Legal han provocado que se debata a nivel nacional sobre la aprobación de bombardeos en zonas en las que podría haber menores de edad.

En medio de esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) alertó sobre varias denuncias por presencia de grupos armados que reclutan a menores de edad en el Cauca.

Durante la sesión, la representante del Consejo Regional Indígena del Cauca, María Eugenia Erazo, indicó que durante 2025 han sido reclutados al menos 233 niños en el departamento mencionado, cifra que se suma a los más de 600 casos reportados entre 2022 y 2024.

Erazo afirmó que la tendencia de los grupos armados para instrumentalizar a los niños para la guerra incluye llevarlos a otros departamentos como Valle del Cauca, Nariño, Huila, Tolima y el Meta, en donde tienen menos posibilidades de retornar con sus familias.

Después de ser reclutados, los menores son obligados a participar de diferentes actividades ilícitas, lo que incluye ser violentados en caso de que se nieguen a cumplir con las órdenes.

La representante recordó que el reclutamiento es una violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, además de que es uno de los motivos por los que se quiebra el tejido social y cultural de las comunidades indígenas en todo el país.

Debido al contexto que se registra actualmente en el país, se ha pedido la intervención directa de las autoridades para evitar que más menores sigan siendo reclutados por los grupos armados, las diferentes entidades piden que el Gobierno nacional garantice la protección de los niños en todo el territorio nacional.

Por último, en la sesión se indicó que la tendencia de reclutamiento expone el poder y la expansión que han logrado los grupos armados en regiones como Cauca y Arauca, en donde la presencia de las autoridades es limitada.

Cauca es el epicentro de la violencia en Colombia tras amenaza de “Iván Mordisco”

Tras los bombardeos, “Iván Mordisco” reapareció públicamente en un video en el que señaló la responsabilidad del Estado en los hechos que podrían registrarse en los próximos meses.

Después de ello, las disidencias de las Farc perpetraron ataques contra la fuerza pública y la población civil en el Cauca, principalmente en Jambaló, en donde la estación de policía fue blanco de varias asonadas por parte de hombres del Estado Mayor Central.

De la misma forma, en la región se registró el secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, que hasta el momento no ha sido confirmado nada sobre su paradero; sin embargo, fuentes de Infobae Colombia indicaron que, en Cajibío, en donde se registró la detención del vehículo en el que se movilizaba el hijo del artista, hay una alta presencia de hombres al mando de “Iván Mordisco”.

El Gobierno brasileño anunció la demarcación de 10 nuevas tierras indígenas durante la cumbre climática de la ONU (COP30) en Belém, tras recientes protestas de pueblos originarios por el acceso limitado a la conferencia y por diversos proyectos oficiales.

La ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, informó que las demarcaciones ya cuentan con la firma del Ministerio de Justicia y que su publicación se realizará en el diario oficial.

Según Guajajara, “la demarcación es una de las medidas más eficaces para enfrentar la crisis climática”.

Además, destacó que esta edición de la COP reúne la mayor cantidad de representantes de pueblos originarios, con aproximadamente 900 miembros registrados de distintas partes del mundo. “Es necesario que nuestras voces sean escuchadas aquí dentro”, expresó.

Entre los logros de la cita, la ministra subrayó la creación del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés), una iniciativa de Brasil enfocada en la preservación de selvas a nivel global. Este fondo prevé destinar el 20% de sus recursos a comunidades tradicionales.

Guajajara expresó que espera que, al cierre de la conferencia, el fondo cuente con “por lo menos 8.000 millones de dólares” en compromisos financieros internacionales.

El anuncio gubernamental se produjo después de diversas manifestaciones en las inmediaciones del centro de convenciones donde se celebra la COP30. El martes pasado, un grupo de indígenas y activistas ingresó sin autorización a una zona restringida del evento, acción que generó momentos de tensión con la seguridad.

Tres días más tarde, miembros de la etnia Mundurukú bloquearon durante cerca de cuatro horas la entrada principal, reclamando contra proyectos como el drenaje de ríos amazónicos para favorecer el transporte de productos agrícolas.

La protesta concluyó tras la intervención dialogada del presidente de la cumbre, el diplomático André Corrêa do Lago.

En la COP30, la primera conferencia climática de la ONU celebrada en plena Amazonía, diversas voces indígenas brasileñas expresaron sentirse poco escuchadas, a pesar del respaldo declarado del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a sus causas.

Entre ellas se destaca la del emblemático cacique Raoni Metuktire, figura reconocida internacionalmente por la defensa de la selva. La tensión afloró el martes por la noche, cuando varias decenas de indígenas y activistas irrumpieron en el recinto de la cumbre en Belém, antes de ser desalojados por fuerzas de seguridad.

Las imágenes del incidente recorrieron medios de comunicación de todo el mundo, reflejando el malestar en parte del movimiento indígena.

Aunque Lula impulsó medidas como la homologación de dieciséis territorios indígenas, una reducción notable de la deforestación y el nombramiento de Sonia Guajajara en el recién creado Ministerio de los Pueblos Indígenas, líderes como Raoni consideran insuficientes estos pasos ante los nuevos desafíos.

El cacique advirtió que solicitará una reunión personal con el mandatario. “Voy a pedir una cita con él y, si es necesario, le tiraré de la oreja para que me escuche”, sostuvo y mostró su postura: “Apoyo al presidente Lula, pero debe escucharnos (...) tiene que respetarnos”.

Raoni criticó concretamente dos proyectos del gobierno: la exploración petrolera cerca de la desembocadura del Amazonas, iniciada en octubre, y la propuesta del Ferrogrão, una vía férrea de casi mil kilómetros para el transporte de cereales desde el centro agrícola del país hacia el litoral.

“Lo vamos a resolver; vamos a tener fuerza. No podemos permitir que esa perforación de petróleo suceda. Si estas malas acciones continúan, tendremos problemas”, alertó el líder indígena.

Durante la investidura presidencial de Lula el 1 de enero de 2023, Raoni formó parte del grupo de personalidades que entregaron simbólicamente la banda presidencial al jefe de Estado, quien volvió así al poder por tercera vez.

El miércoles, Raoni participó junto a otros jefes indígenas en una conferencia de prensa a bordo de un barco sobre el río Guamá, encuentro realizado bajo el marco de la Cumbre de los Pueblos, un evento paralelo que acompaña en Belém las negociaciones internacionales sobre el clima.

Durante el encuentro realizado en la zona verde —el espacio reservado para la sociedad civil en la cumbre climática y distante de la zona azul, donde transcurren las negociaciones oficiales—, los jefes indígenas insistieron en la necesidad de contar con voz y voto en el principal foro climático internacional. “Deberíamos estar allá en la zona azul sentados con los líderes y no aquí”, sostuvo Roani.

Los indígenas que participaron en la marcha en Belém defendieron sus acciones tras el incidente registrado en el ingreso al recinto de la COP30, que según la ONU tuvo un saldó de dos agentes de seguridad levemente heridos.

Dona Neves Arara Vermelha explicó en conferencia de prensa que “nadie cometió ningún acto de vandalismo, pero fue para llamar la atención”, y enfatizó: “Nadie tenía la intención de romper, de vandalizar”.

En el tercer día de la cumbre, la joven Auricélia Arapiun manifestó: “Todavía esperamos discutir con el presidente Lula, con los gobernantes, (...) sentarnos a la mesa de negociaciones. Se niegan a escuchar lo que decimos aquí”. Ambas mujeres pertenecen a la etnia arapiun de la región del Bajo Tapajós, en el estado de Pará.

Como parte del cronograma de protestas, el sábado se realizará en Belém una masiva “Marcha de los Pueblos por el Clima”, en la que pueblos originarios y organizaciones civiles reclamarán “justicia climática” y la defensa de los territorios indígenas.

Por su parte, aunque Raoni señaló con firmeza sus demandas al presidente Lula, también hizo un llamado a la convivencia e indicó: “Hace mucho tiempo, los blancos y los indígenas peleaban, se enfrentaban. Trabajo para que vivamos pacíficamente y en armonía”.

(Con información de AFP)

Los presentes en el lugar visualizaron la pelea a empujones, poco habitual en este tipo de foros internacionales. La conferencia, que desde el lunes reúne a unas 43.000 personas en la ciudad amazónica de Brasil, se vio alterada cuando el grupo indígena terminó bailando frente al recinto durante la noche.

Tras marchar reclamando acciones por el clima y la salud, varias personas lograron ingresar brevemente, pero fueron empujados al exterior por los agentes de seguridad, mientras algunos intentaron resistir.

Las imágenes captadas por celulares y publicadas posteriormente en las redes sociales, mostraron la tensión provocada por la evacuación de un policía en silla de ruedas. La trifulca ocasionó lesiones leves a dos agentes, según confirmó un portavoz de la ONU a AFP.

La seguridad en el interior del evento corresponde a Naciones Unidas, que reforzó los accesos instalando sillas y mesas en las entradas de la denominada “zona azul”, el núcleo de las reuniones climáticas.

Las motivaciones del movimiento indígena fueron explicadas por Joao Santiago, profesor de la Universidad Federal de Pará: los manifestantes intentaban entregar directamente sus demandas dentro del evento, pero no tuvieron éxito.

Para Maria Clara, integrante de la asociación Rede Sustentabilidade de Bahia, el objetivo de la protesta era visibilizar la situación de los pueblos indígenas y afirmó: “Estas voces son ignoradas”.

Luego, aclaró que los manifestantes, al acceder brevemente al recinto de la COP30, buscaron alertar sobre la persistencia de la destrucción medioambiental, incluso después del cierre del evento.

La organización internacional 350.org —uno de los coordinadores de la marcha— se desmarcó de los hechos sucedidos tras la manifestación y señaló en un comunicado que “las acciones que tuvieron lugar después de la manifestación no forman parte de la organización del evento”.

El gobierno brasileño había destacado en la previa la prioridad otorgada a los pueblos originarios en la cumbre. La ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, expresó la semana pasada, en diálogo con AFP, la aspiración de que esta edición se convirtiera en “la mejor COP en términos de participación indígena”.

Durante la marcha en Belém, los participantes —incluido personal sanitario— alzaron la consigna: “¡La crisis climática es una crisis de salud!”.

La médica infectóloga Lena Peres, de 63 años y empleada del Ministerio de Salud de Brasil, describió a la agencia EFE el drástico cambio que observó: “Viví décadas en Belém y nunca tuve dengue; ahora todo el mundo lo contrae... se ha convertido en una enfermedad urbana”.

Peres señaló que el calentamiento global viene acompañado de un incremento en los casos de enfermedades cardiovasculares y renales. A partir de esta evolución, concluyó: “Ya no se puede no hacer la conexión entre cambio climático y salud”.

Brasil alberga 1,7 millones de indígenas que pertenecen a 391 etnias y hablan 295 idiomas, dentro de una población que supera los 200 millones de habitantes. Cientos de representantes de estos pueblos, junto con delegaciones de otras regiones brasileñas y el exterior, participaron el martes en la apertura de la Aldea COP: un extenso campamento con capacidad para 3.000 indígenas instalado en la Universidad Federal de Pará.

Muchos de los asistentes indígenas arribaron a Belém tras varios días de navegación por los ríos amazónicos. Durante la inauguración, el cacique Raoni —líder del pueblo kayapó y figura emblemática del movimiento indígena brasileño— expresó: “El hombre blanco debe respetar nuestro bosque, nuestras tierras, para no devastar nuestro territorio”. Raoni, quien llegó en silla de ruedas, fue recibido como la gran figura de la noche.

(Con información de AFP y EFE)

La caravana inició su recorrido el 4 de octubre en la comunidad de Pótam, en territorio Yaqui mexicano, y tras pasar por Guatemala, El Salvador y Honduras, se les negó el paso en Nicaragua, por lo que tuvieron que continuar vía área para proseguir por Costa Rica y ahora Panamá.

"En Nicaragua se nos fue negado el paso, nos retuvieron durante cuatro horas, nos quitaron los pasaportes sin darnos ninguna explicación, y después nos dijeron que no (podíamos pasar) y nos fuéramos inmediatamente", dijo a EFE el ambientalista mexicano Mario Quintero, integrante de la coordinación y organización de la caravana.

Este jueves planean seguir su recorrido hacia el sur, a Colombia, Ecuador y Brasil, para "desafiar" y llevar su mensaje a la COP30 (Conferencia de las Partes) sobre Cambio Climático, que tendrá lugar en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, del 10 al 21 de noviembre.

Las organizaciones indígenas y colectivos ambientales de esta acción conjunta señalan que la caravana es un "grito de unidad, resistencia y esperanza ante una sociedad indiferente, un futuro en riesgo y un presente en crisis", y que en Belém llevarán su protesta contra "todos los poderes que despojan y destruyen nuestras tierras y pueblos".

La expedición surgió del 'Encuentro Global por el Clima y la Vida' (AntiCOP) desarrollado en Oaxaca, México, el pasado noviembre, convocada y organizada por organizaciones sociales del Sur Global.

En la cita de Oaxaca, más de 45 pueblos originarios de los cinco continentes, junto a comunidades campesinas, organizaciones sociales y defensores del territorio, conceptualizaron lo que llaman "cuatro pilares del colapso" a la que está sometida la región: megaproyectos y militarización; migración y desplazamiento forzado; monetarización y mercantilización de la vida; y crisis global del agua.

De ese "diálogo profundo" nace la reflexión colectiva de esos cuatro pilares: "un intento de ponerle nombre a lo que sentimos y vivimos día a día. El desgaste de un sistema que está destruyendo la vida en todas sus formas, pero también la fuerza que surge desde abajo, desde los territorios, para construir otra forma de existir", afirmó Quintero.

"Como 'Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida', entendemos que el colapso no es solo un desastre natural económico, es el resultado de un modelo civilizatorio basado en el despojo, el racismo, el patriarcado y el extractivismo, pero también creemos que en medio del colapso nacen las semillas de la transición", dijo Quintero.

"El despojo nos empuja a movernos. Muchas y muchos ya no migran por elección, sino por expulsión. La tierra se seca, los ríos se envenenan, los empleos desaparecen, la violencia crece", expresó.

Es así que "en toda la región millones de personas, campesinos, indígenas, trabajadoras son desplazadas por los megaproyectos, por el crimen organizado y por el cambio climático. Mientras tanto, los gobiernos y las empresas se benefician de esa movilidad forzada".

"Las rutas migratorias -prosigue- se convierten en corredores de trabajo barato y control fronterizo, pero pese al dolor la migración también es resistencia. Llevamos nuestra lengua, nuestras memorias y nuestras formas de vida a donde vayamos".

Así, más allá de la denuncia, subrayó, esta caravana pide "organizarse y construir colectivamente, tejiendo redes entre pueblos, movimientos y comunidades de todo el mundo".

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró el jueves que fue presuntamente víctima de un intento de envenenamiento tras recibir obsequios que contenían tres sustancias químicas añadidas a una mermelada y unos chocolates entregados durante un encuentro con agricultores en la provincia costera de Los Ríos.

“Había tres químicos diferentes con una altísima concentración y era prácticamente imposible que estos tres químicos estén juntos en esos niveles en un producto en particular. Es imposible que haya sido accidental, es imposible que haya sido el empaque”, dijo Noboa en una entrevista con CNN, al detallar que los productos no correspondían a los ingredientes ni al empaque habitual de los alimentos.

Los productos, que incluían una mermelada de tamarindo, otra de chocolate y una mistela de cacao, fueron entregados al equipo del presidente por una emprendedora. Tras realizar pruebas de rutina, se determinó que contenían sustancias químicas peligrosas.

Ante esto, la Casa Militar Presidencial presentó una denuncia ante la Fiscalía y entregó las evidencias correspondientes.

El jefe de Estado señaló que “capaz uno de los tres químicos se pudo haber encontrado en el empaque por las mismas actividades productivas de la zona, pero que estén los tres y en una alta concentración, es imposible que no haya sido intencional”.

También explicó que, con la denuncia, se presentaron varias pruebas, incluyendo el nivel de concentración de los químicos, y que ahora se deberá realizar una pericia y todo un proceso legal para determinar responsabilidades.

Según el informe de la Casa Militar, los regalos fueron entregados en una canasta artesanal al equipo de protocolo presidencial el viernes de la semana pasada. Tras una verificación física, se revisaron los ocho productos de la canasta y se detectó que tres de ellos contenían sustancias altamente peligrosas.

Los análisis de laboratorio identificaron cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, químicos que se consideran nocivos y perjudiciales para la salud. Además, los productos no contaban con registro sanitario para consumo humano debido a la presencia de ingredientes potencialmente peligrosos.

La emprendedora que entregó los obsequios, Yolanda Peñafiel, declaró al medio digital La Contral que se encontraba “triste y preocupada” y afirmó que su intención no era causar daño.

“Mi corazón no está para hacer daño a nadie. Lo hice con muy buena voluntad de enviar unos productos al presidente, unos chocolates. Salí con los productos de mi casa, se hizo la entrega a los militares que hicieron la revisión y ya no sé qué pudo pasar de ahí adelante”, sostuvo Peñafiel.

Este incidente es la segunda denuncia por intentos de atentar contra la vida del mandatario, en medio de protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel y otras políticas de su Gobierno.

A inicios de octubre, el automóvil presidencial fue apedreado por manifestantes durante bloqueos, mientras que los manifestantes también lanzaron artefactos pirotécnicos y bombas molotov. En esas ocasiones, Noboa viajaba en un automóvil blindado a prueba de balas de gran calibre.

“Nadie quiere que le lancen una bomba molotov, ni un volador, ni que lo envenenen con un chocolate, ni que le lancen piedras”, dijo el mandatario de 37 años, en referencia a los recientes ataques y amenazas a su seguridad.

En medio de las tensiones sociales, el Gobierno mantiene que estos incidentes reflejan un contexto de violencia y amenazas que han acompañado su gestión y que buscan afectar la seguridad del mandatario, en especial de cara a la consulta popular del 16 de noviembre, con la que Noboa busca abrir la puerta a una Constituyente.

(Con información de AFP y EFE)

Se espera que el Vaticano anuncie pronto que devolverá unas pocas docenas de artefactos buscados por comunidades indígenas en Canadá como parte de su análisis del problemático papel de la Iglesia Católica en ayudar a reprimir la cultura indígena en las Américas, dijeron funcionarios el miércoles.

Los objetos, incluido un kayak inuit, forman parte de la colección etnográfica del Museo Vaticano, conocida como el museo Anima Mundi. Esta colección ha generado controversia en el Vaticano en medio del debate general en el museo sobre la restitución de objetos culturales expropiados a pueblos indígenas durante la época colonial.

Las negociaciones para la devolución de los objetos del Vaticano se aceleraron después de que el papa Francisco se reuniera en 2022 con líderes indígenas que habían viajado al Vaticano para recibir sus disculpas por el papel de la Iglesia en los desastrosos internados de Canadá. Durante su visita, se les mostraron algunos objetos de la colección, como cinturones wampum, porras de guerra y máscaras, y solicitaron su devolución.

Francisco dijo más tarde que estaba a favor de devolver los objetos y otros de la colección del Vaticano caso por caso, diciendo: “En el caso de que se puedan devolver cosas, cuando sea necesario hacer un gesto, mejor hacerlo”.

La Conferencia Episcopal Católica Canadiense declaró el miércoles que ha estado trabajando con grupos indígenas para devolver los artículos a sus comunidades de origen. Añadió que espera que la Santa Sede anuncie la devolución. Funcionarios del Vaticano y Canadá indicaron que esperan un anuncio en las próximas semanas y que los artículos podrían llegar a territorio canadiense antes de fin de año.

El periódico Globe and Mail fue el primero en informar sobre el progreso en las negociaciones de restitución.

La mayoría de los objetos de la colección del Vaticano fueron enviados a Roma por misioneros católicos para una exposición en los jardines del Vaticano en 1925 que fue un momento destacado del Año Santo de ese año.

Se duda si los artículos fueron entregados libremente

El Vaticano insiste en que los artículos eran “regalos” para el Papa Pío XI, que quería celebrar el alcance global de la iglesia, sus misioneros y las vidas de los pueblos indígenas que evangelizaron.

Sin embargo, historiadores, grupos indígenas y expertos han cuestionado durante mucho tiempo si los artículos pudieron realmente haber sido ofrecidos libremente, dados los desequilibrios de poder que existían en las misiones católicas de la época. En aquellos años, las órdenes religiosas católicas contribuían a aplicar la política del gobierno canadiense de eliminar las tradiciones indígenas, lo que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá ha calificado de “genocidio cultural”.

La devolución de los objetos seguirá el modelo de “iglesia a iglesia” que el Vaticano empleó en 2023, cuando donó los mármoles del Partenón a la Iglesia Ortodoxa de Grecia. El Vaticano describió los tres fragmentos como una “donación” a la Iglesia Ortodoxa, no como una repatriación de un estado a otro al gobierno griego.

En este caso, se espera que el Vaticano entregue los artículos a la conferencia episcopal canadiense, con el entendimiento explícito de que los guardianes finales serán las comunidades indígenas, dijo el miércoles un funcionario canadiense, hablando bajo condición de anonimato porque las negociaciones no han concluido.

¿Qué sucede después de que se devuelven los artículos?

Los objetos, acompañados de la información sobre su procedencia que posea el Vaticano, se trasladarán primero al Museo Canadiense de Historia en Gatineau, Quebec. Allí, expertos y grupos indígenas intentarán determinar su origen, incluyendo la comunidad específica, y qué debe hacerse con ellos, según el funcionario.

El funcionario se negó a decir cuántos artículos estaban bajo negociación o quién decidió qué se devolvería, pero dijo que el total ascendía a “unas pocas docenas”.

El objetivo es recuperar los artículos este año, dijo el funcionario, señalando el Jubileo de 2025 que celebra la esperanza y el centenario del Año Santo de 1925 que fue la razón por la cual los artículos fueron traídos a Roma en primer lugar.

La exposición de 1925 es ahora tan controvertida que su centenario ha sido prácticamente ignorado por el Vaticano, que celebra muchos aniversarios.

La Asamblea de Primeras Naciones dijo que es necesario resolver algunas cuestiones logísticas antes de poder devolver los objetos, incluido el establecimiento de protocolos.

“Para las Primeras Naciones, estos objetos no son artefactos. Son piezas vivas y sagradas de nuestras culturas y ceremonias, y deben ser tratados como los objetos invaluables que son”, declaró la jefa nacional Cindy Woodhouse Nepinak a Canadian Press.

(con información de AP)

El Gobierno ecuatoriano anunció este domingo que “no existen condiciones para continuar con el proceso de diálogo” con los movimientos indígenas de la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas, con cuyos líderes había acordado el pasado miércoles una tregua de las manifestaciones y el inicio de unas mesas para analizar sus pedidos.

En un comunicado, el Ministerio de Gobierno señaló que el proceso se frenó ante “las pretensiones e imposiciones establecidas por ciertos sectores de organismos y movimientos indígenas”.

“Estas exigencias alteran los términos previamente acordados, cambian los actores que intervenían en el diálogo y vulneran los compromisos construidos con responsabilidad y buena fe en anteriores encuentros”, señaló la cartera de Estado sin dar más detalles de las supuestos nuevos pedidos.

Además, indicó que “las vías no han sido despejadas”, que los manifestantes no se han retirado y que “mantienen acciones violentas”, por lo que “no se ha cumplido con lo acordado”.

“El Gobierno no aceptará presiones, ni chantajes; actuará con firmeza, dentro del marco de la ley, para garantizar los derechos de la mayoría de los ecuatorianos que quieren vivir en paz”, indicó el ministerio.

El pasado miércoles, el ministro del Interior John Reimberg, se reunió con representantes de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac), de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (FICI) en el municipio de Otavalo, perteneciente a Imbabura, y posteriormente anunciaron un cese de las protestas y el inicio desde este lunes de mesas de diálogo.

“Hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías”, dijo Reimberg frente a los medios y los dirigentes con los que se había reunido.

Sin embargo, esa decisión no fue aceptada por las comunidades, quienes al día siguiente señalaron que “el paro sigue”, algo que también fue respaldado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que convocó a las protestas hace casi un mes tras la eliminación del subsidio al diésel, y cuyos dirigentes no fueron parte de esas conversaciones.

Los bloqueos por las manifestaciones se han mantenido durante los siguientes días y este domingo aún permanecían cerradas trece carreteras en tres provincias del país, la mayoría de ellas en Imbabura.

Además, este domingo también hubo intensos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes en comunidades ubicadas al norte de Quito, la capital del país.

Si bien las protestas indígenas comenzaron por el rechazo al alza del precio del diésel, luego la Conaie incluyó la exigencia de la bajada en tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 12% y la liberación de los detenidos durante las manifestaciones.

Así mismo, la Conaie agregó en el paro su rechazo al referéndum del próximo 16 de noviembre, en el que, entre otras cosas, se preguntará -por iniciativa del presidente Noboa- sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, lo que ha llevado al Gobierno a señalar a la protesta como “política”.

(con información de EFE)

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México lanzó una convocatoria pública para enviar cartas de apoyo a Kenia Inés Hernández Montalván, abogada y defensora indígena encarcelada desde 2020.

Con esta iniciativa se busca reunir muestras de la solidaridad para la activista, las personas y colectivos que se sumen, podrán redactar mensajes, tanto en formato digital como en papel, y enviarlos antes del 20 de octubre al correo electrónico: cartasakenia@proton.me

La Red se compromete a entregar todas las cartas recibidas a Kenia Hernández y destaca que cada mensaje representa una muestra de apoyo fundamental para su proceso.

Violación a los derechos humanos

Kenia Inés Hernández Montalván, originaria de Guerrero, se dedicó a la defensa de los derechos humanos antes de ser encarcelada en 2020. Su trabajo se centró en la protección del territorio, los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, como coordinadora del colectivo “Zapata Vive”.

Un año antes de su detención, Hernández y otros integrantes del colectivo recibieron amenazas y enfrentaron hostigamiento judicial, lo que motivó que la Secretaría de Gobernación le otorgara medidas de protección a través del Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

En 2020, se registraron dos detenciones: en junio, Kenia y tres adolescentes fueron detenidos durante una manifestación en el Estado de México. Ella fue enviada a prisión preventiva en el penal de Chiconautla. En octubre, fue detenida nuevamente en la caseta de Amozoc, Puebla, por 22 elementos de la policía, sin una orden judicial, según Desinformémonos.

De acuerdo con ProDesc, Kenia Hernández acumula una condena de 21 años y 9 meses de prisión derivada de dos sentencias: la primera, del 19 de febrero de 2021, le impuso 10 años y 6 meses de cárcel y una multa de 21,000 pesos; la segunda, del 10 de marzo de 2022, agregó 11 años y 3 meses. Enfrenta nueve cargos en su contra en Guerrero, Estado de México, Morelos y Guanajuato, con investigaciones vigentes al 18 de marzo de 2022.

Tras pasar por diferentes penales, actualmente Hernández permanece en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Neza-Sur, donde coordina el proyecto “Tejedoras de la Libertad”, que promueve actividades para la reinserción social de mujeres privadas de la libertad al término de sus sentencias.

Las condiciones de reclusión y las restricciones impuestas a Hernández han suscitado señalamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes advierten sobre el impacto emocional y la posible vulneración de garantías fundamentales.

Entre los acontecimientos recientes, destaca la negativa de las autoridades penitenciarias ante la solicitud de permiso humanitario presentada por Hernández con el fin de asistir al funeral de su madre, a pesar de que la fallecida se encargaba del cuidado de los hijos de la defensora desde el inicio de su encarcelamiento.

La organizaciones señalaron que esta decisión se justificó en base a la lejanía del evento, argumentación que consideran evidencia de una cadena de violaciones a derechos y omisiones estatales en cuanto a la obligación de facilitar la reclusión cerca del entorno familiar.

El pasado mes de septiembre, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, dio a conocer que se revisa el caso de Kenia Hernández, quien sostiene que su detención fue injustificada. La funcionaria señaló que se exploran vías para intervenir en el caso

Los descendientes Sioux presentaron una demanda ante el gobierno de Estados Unidos en busca de reconocimiento federal para su tribu y solicitan una compensación económica por la pérdida de tierras que, según su abogado, fueron despojadas fraudulentamente.

El reclamo central se basa en la recuperación de la identidad Dakota y en la indemnización por más de 129.500 hectáreas de territorio en Minnesota, concretamente la zona conocida como Reserva de Lake Pepin.

La acción legal ingresó ante el Tribunal Federal de Reclamaciones de los Estados Unidos y representa a la tribu conocida históricamente como “Sioux half-breed” y sus descendientes.

Tom Smith, descendiente directo de los Mdewakanton Dakota, explicó públicamente en el Día de los Pueblos Indígenas que el reconocimiento federal es prioritario para restituir una identidad arrebatada: “este reconocimiento federal restaurará y preservará la identidad Dakota de la que estos descendientes han sido privados por tanto tiempo”, aseguró Smith.

Reclamo por tierras

La demanda también busca indemnizaciones económicas relacionadas con la pérdida de tierras denominada Lake Pepin Reservation. Según el abogado Erick Kaardal, las 129.500 hectáreas de territorio formaban parte de un terreno protegido por un acuerdo que nunca se ejecutó debido a lo que califica como fraude, manipulación y engaño. “Solicitamos el reconocimiento federal y, además, daños económicos por las tierras que fueron usurpadas mediante prácticas fraudulentas,” precisó Kaardal.

De acuerdo con la Sociedad Histórica de Minnesota, el Tratado de Prairie du Chien de 1830 destinó 129.500 hectáreas de terreno al oeste del Lago Pepin para los descendientes Sioux. En aquel entonces, representantes federales intentaron sin éxito comprar la tierra a la tribu, pero los acuerdos nunca se concretaron bajo los términos originales.

Kaardal relató que en 1849 funcionarios federales realizaron una oferta formal para comprar la reserva por 200,000 dólares, pero el Senado de Estados Unidos no ratificó el tratado: “el Senado de Estados Unidos no ratificó el tratado porque era demasiado costoso”, explicó el abogado.

Dos años más tarde, en 1851, autoridades federales y la nación Dakota firmaron acuerdos de venta de tierras que establecieron el control del gobierno sobre el sur de Minnesota. Kaardal detalla que estos acuerdos incluían una provisión especial para la Reserva de Lake Pepin, implicando un pago de 150,000 dólares, pero la disposición fue eliminada porque los descendientes Sioux no participaron en la consulta.

Reconocimiento ausente y documentos omitidos

En 1970, un comisionado del Departamento del Interior escribió una carta a la Oficina General de Tierras de Minnesota, la cual validó patentes sobre áreas anteriormente asignadas a los descendientes Sioux, pero no reconoció el título indígena establecido en el tratado de 1830, informó Kaardal.

La demanda, según Kaardal, exige al menos 5 mil millones de dólares en daños económicos. Tras el ingreso de la acción legal, la Oficina de Asuntos Indígenas y la Oficina de Educación Indígena de Estados Unidos fueron contactadas para comentario, aunque hasta el momento no emitieron respuesta. La Oficina de Administración de Tierras indicó que no comenta sobre litigios en curso.

La controversia por el reconocimiento y la propiedad de las tierras en el área de Minnesota tiene antecedentes de negociaciones fallidas y tratados que, según los descendientes Sioux, se incumplieron o se manipularon a su favor sin su consentimiento directo.

La demanda busca que los descendientes sean reconocidos como tribu a nivel federal, lo que otorgaría derechos legales, políticos y acceso a recursos federales, además de restaurar una herencia que consideran menoscabada.

El caso se suma a los reclamos históricos de pueblos originarios en Estados Unidos respecto a tratados y derechos sobre territorios ancestrales. La solicitud presentada por los descendientes Sioux confirma la persistencia de disputas legales por el reconocimiento de derechos tribales y reparación por la pérdida de tierras.

Explorar el Sendero de la Costa Oeste en la isla de Vancouver, en el extremo suroeste de Canadá, se ha convertido en una experiencia transformadora para miles de mochileros. Pero detrás de la popularidad de este recorrido de 75 kilómetros, en plena Reserva del Parque Nacional Pacific Rim, marcado por acantilados, playas inhóspitas y un clima cambiante, existe una historia mucho más antigua que involucra la supervivencia, la memoria y la forma en que las culturas originarias preservan su identidad. Y es que, este trayecto representa un lazo vivo con las tradiciones de las Primeras Naciones, quienes han dependido de estas rutas costeras mucho antes de la llegada de unos 7.500 excursionistas modernos al año, como ha recogido un artículo de BBC Travel.

Los senderistas deben enfrentar más de 100 escaleras, transitar playas de arena profunda y sortear tramos cubiertos de piedras húmedas, todo bajo las frecuentes precipitaciones y niebla de la costa del Pacífico canadiense en expediciones de seis a ocho días. En este sentido, Diane Lloyd, corredora y coach de liderazgo, ha hablado de la exigencia física del sendero: “Un paso más parece demasiado, encaramada en esta escalera bajo la lluvia torrencial, cuando apenas estaba comenzando la caminata de 75 km”.

No obstante, mucho antes de que el senderismo se convirtiera en actividad recreativa, las Primeras Naciones ya empleaban este trayecto costero para transportar bienes, comunicarse entre comunidades y garantizar la subsistencia. Estas dinámicas han salvado, a lo largo de la historia, a innumerables navegantes, pues tras el auge del tráfico marítimo se incrementó también la cantidad de naufragios en esta franja de litoral, apodada como el ‘Cementerio del Pacífico’ - debido al gran número de tripulantes que perdieron la vida allí-.

El salvamento marítimo que dio lugar al interés turístico

Uno de los naufragios más conocidos ocurrió en 1854, cuando la embarcación de Brig William se hundió en la zona. Solo catorce sobrevivientes alcanzaron la costa hostil y gracias a la ayuda y cobijo prestado de los habitantes originarios, quienes los trasladaron en canoa hacia el primer asentamiento seguro. Medio siglo después, con el accidente del vapor estadounidense SS Valencia en 1906, en el que murieron 136 personas, el gobierno canadiense impulsó obras de infraestructura: refugios de emergencia, aprovisionamiento y, finalmente, la formalización de la Ruta de Salvamento Dominion sobre las huellas de los antiguos caminos indígenas.

A partir de 1973, la ruta pasó a integrarse en la nueva Reserva del Parque Nacional Pacific Rim, y el gobierno federal le dio el nombre de Sendero de la Costa Oeste. Un proceso que implicó también la contratación de miembros de las comunidades locales, como Leslie Cook Sr., quien construyó pasarelas y puentes sencillos sobre los cauces y barrancos utilizando la madera de árboles caídos. Así, la infraestructura actual del recorrido se construye y transporta mediante helicópteros, aunque el mantenimiento permanece a cargo de equipos indígenas.

El interés turístico comenzó a percibirse en torno a la década de 1990, con el despliegue del Programa de Guardianes del Sendero de la Costa Oeste para responder a la preocupación de las comunidades sobre la protección de los territorios y el acceso desmedido de visitantes. Este programa facilita la gestión del camino y genera empleos para las naciones Pacheedaht, Ditidaht y Huu-ay-at, a la vez que promueve el conocimiento y el diálogo cultural. De esta forma, los llamados Guardianes del Sendero, cuidan la infraestructura, despejan tramos bloqueados y, además, comparten su historia y cultura con los senderistas, un intercambio que los propios excursionistas describen como inolvidable.

“Sentimos una conexión cuando hablamos con Carl”

Martin Horak, quien cruzó el sendero por primera vez en 1982 acompañado por su madre y su tío, ha confesado cómo fue su primera expedición: “Mi madre y yo conocimos y nos tomamos una foto con el operador del taxi acuático de las Primeras Naciones, Carl Edgar Sr., en esa primera caminata”. El excursionista evocó cómo, tras varios días en la naturaleza salvaje, la ayuda de los habitantes originales resultó fundamental: “Sentimos una conexión cuando hablamos con Carl durante el viaje en bote hacia el sendero al otro lado de la ensenada. Carl ha vivido en esa región toda su vida, y caminábamos por su patio trasero”, ha expresado para la BBC.

En la actualidad, Horak ha completado la travesía en al menos ocho ocasiones, y la interacción con los pueblos originarios sigue marcando cada una de sus experiencias. “Cada vez que regreso al Sendero de la Costa Oeste, recreo esa foto con Carl o con algún miembro de su familia y con mi familia”, algo que ha marcado su vida, según el testimonio de sus hijas. “Aprender sobre la historia y la cultura indígenas en el aula no parecía muy real” hasta que caminaron junto a miembros de las Primeras Naciones. Y es que, las enseñanzas adquiridas recorriendo sus territorios tradicionales provocaron una transformación más profunda. Sierra, una de las hijas, mencionó a la BBC: “Te cambia la perspectiva y forja una conexión más profunda”. Mientras, Michele, su hermana gemela, añadió: “Después de recorrer el Sendero de la Costa Oeste, nos sentimos más identificados y nos preocupamos más por los problemas indígenas”.

No obstante, a pesar de que esta interacción es uno de los detalles más enriquecedores y satisfactorias para las dos partes, Leslie Cook Jr., guardián de segunda generación, ha asegurado que no todos los aventureros lo aprovechas. “La mayoría de los excursionistas preguntan a los guardianes que encuentran sobre la logística del sendero, como la distancia hasta el campamento. No están necesariamente interesados ​​en aprender sobre la cultura y la historia indígenas”, ha expresado. Aun así, ellos invitan a disfrutar del sendero con una predisposición a la aventura, naturaleza y la historia. Para ello, Parques Canadá ha puntualizado que la entrada a la reserva está abierta únicamente por reserva, entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre.

Durante más de una década la Sierra de Perijá se han convertido en una zona álgida, porque los indígenas reclaman el derecho que dicen tener sobre esas tierras, pero, por otro lado, es un territorio con fuerte presencia de grupos irregulares relacionado al narcotráfico y es un territorio rico en yacimientos de carbón y de otros minerales como tungsteno y coltán.

La noche del 22 de agosto de 2025, indígenas enfrentan a militares que les estaban sacando 111 vacas de la comunidad Chaktapa, de la cuenca Yaza, en el piedemonte de la Sierra de Perijá. Los indígenas los acusaron de estarles robando las reses, señalaron a los guardias nacionales uniformados indicando que no era la primera vez que eso ocurría.

El 23 de agosto los indígenas yukpas denunciaron que el ganado robado estaba en el fundo Mara y con acompañamiento de funcionarios militares, lograron rescatar el ganado.

El allanamiento sin orden judicial a la vivienda de Leonardo Domínguez, para detener a dirigentes yukpa, la noche del 3 de octubre, lo realizaron más de 50 PNB, quienes obligaron a los líderes Yukpa a arrodillarse y luego, a la fuerza, introducirlos en un pequeño bus de la PNB, mientras 15 motorizados de la PNB escoltaban el vehículo.

Los funcionarios del régimen venezolano sabían de la presencia de los indígenas en Caracas, porque al Ministerio para los Pueblos Indígenas (Minpi) le habían informado que los yukpas de Perijá viajarían a la capital del país.

Las comunidades Yukpa han sufrido la manipulación de la revolución bolivariana, incluso desde el punto de vista religioso con la organización política ORA, que se identifica como partido político evangélico que apoya a Nicolás Maduro y tiene estrecha relación con el jefe de colectivo Nahum Fernández.

Yonel, líder indígena en la cuenca del río Yaza, denuncia el 12 de agosto de 2025 que militares les destruyeron la siembra de piña y se llevaron las plantas.

Una larga lucha

El reclamo de los indígenas ha sido constante y durante años, que los ha llevado a enfrentarse no solo con los militares que muchas veces les roban el ganado para dar de comer a los soldados en los cuarteles de la zona, sino también con terratenientes, cuyo enfrentamiento se agudizó con el asesinato, a manos de sicarios, del cacique Sabino Romero Izarra.

Al líder lo asesinaron el 3 marzo de 2013; su esposa Lucía Martínez y su bebé quedaron heridos y sobrevivieron, mientras que militares intentaron horas después detener al hijo de Sabino que tiene igual nombre, lo que fue impedido por la comunidad indígena. Romero fue asesinado porque se oponía a la repartición de tierras que dispuso el entonces gobierno de Venezuela.

La promesa de dar con los responsables apenas se cumplió, porque los autores intelectuales del asesinato quedaron protegidos por la impunidad, mientras que los responsables materiales, funcionarios de Polimachiques y el GAES, pactaron rebajas de sus penas a cambio de admisión de culpa en el juicio.

El entonces ministro del Interior y Justicia era el general (GNB) Néstor Luis Reverol Torres; el gobernador del Zulia, Francisco Javier Arias Cárdenas, a quien Nicolás Maduro hace unos días ascendió a general. A la muerte de Romero Izarra en el 2013 se suma que anteriormente asesinaron a su padre José Manuel Romero, así como a otros ocho líderes indígenas. En junio 2017 fue detenido en Caracas, Samuel Romero, hijo del cacique Sabino Romero Izarra.

El régimen venezolano desde la época de Hugo Chávez ha usado a los indígenas como piezas electorales, para la propaganda, pero la resistencia de los yukpas a reclamar sus tierras los ha colocado en la mira de los cuerpos policiales y represivos. A las líneas de transporte les prohíben venderles boletos y en los puestos de control o alcabalas les restringen el paso.

Pero también es cierto que “la reacción de habitantes de la frontera contra los yukpas la causa muchas veces el cierre de las vías por parte de los indígenas quienes piden 100 dólares para permitir el paso o incluso roban a quienes transitan, porque han llegado a colocar por lo menos diez alcabalas en la Troncal 6 en la Villa del Rosario, entre Machiques y Maracaibo”, le dice a Infobae Josefa Camacho, habitante de la zona.

Contra defensor de los indígenas

En mayo 2024, varios medios de propaganda oficialistas acusaron a Lusbi Portillo de organizar y financiar actos violentos realizados por el pueblo Yukpa en Perijá, Zulia. En 2009, el entonces ministro del interior, Tarek El Aissami, acusó a Portillo de las mismas acusaciones sin prueba alguna. En el 2021, el ex gobernador Omar Prieto (PSUV) lo acusó de “trabajar para la CIA”.

El periodista Eligio Rojas, del oficialista Últimas Noticias, dijo que “informes de organismos de inteligencia” señalaban a Portillo como organizador y planificador de hechos violentos con “el pretexto de una lucha por los derechos de los pueblos indígenas”, a la vez que lo señalaba de estar financiado por la USAID y permitir que “sea utilizado para el narcotráfico y el contrabando de extracción”.

Lusbi Portillo, un antropólogo y coordinador de la organización Sociedad Homo et Natura, que durante décadas ha estado en defensa de los pueblos indígenas, especialmente los yukpas, bari y japreria, y la preservación de los bosques, suelos y ríos en la cuenca interior del Lago de Maracaibo

Portillo dictó la cátedra Culturas Indígenas, desde que, en el 2009, arrancó la Licenciatura de Antropología en la Universidad del Zulia (LUZ), hasta su jubilación hace unos años. Egresado de la Maestría en Antropología de LUZ y Licenciado en Filosofía, fue profesor del Departamento de Ciencias Humanas de LUZ la Universidad del Zulia, donde estuvo activo durante 36 años.

Desde mayo de 1985 acompaña a los indígenas Barí, Yukpa, Japreria y Wayúu en la defensa de sus territorios, desde que un grupo de indígenas Barí solicitaron apoyo de LUZ, luego de una visita a la Universidad, y así un equipo de profesores, entre ellos Lusbi Portillo, visitan la Sierra de Perijá para verificar el despojo de las tierras a las que estaban siendo sometidos los indígenas.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la principal organización social del país, advirtió este lunes que no dará “ni un paso atrás” en su decisión de movilizarse contra la eliminación del subsidio al diésel. Además, responsabilizó directamente al presidente Daniel Noboa del “caos” que pueda generarse si la medida no se revierte.

En una rueda de prensa en Quito, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, exigió al Ejecutivo que atienda las demandas sociales y “deje de sostener una postura de guerra contra el pueblo”. La declaración se dio poco después de que la portavoz gubernamental, Carolina Jaramillo, ratificara la decisión de mantener la eliminación del subsidio.

“Señor presidente, si se hace caos en el Ecuador, el único responsable será usted. No queremos que se repita lo de 2019 y 2022. Estamos en capacidad de luchar”, advirtió Vargas. El movimiento indígena ha protagonizado históricas manifestaciones en 2019 y 2022, que obligaron a los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a dar marcha atrás en medidas similares impulsadas para cumplir compromisos con el Fondo Monetario Internacional.

En esta ocasión, el gobierno de Noboa se ha mostrado inflexible: sostiene que el subsidio al diésel, cuyo precio pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón, beneficiaba principalmente a actividades ilegales como el contrabando y la minería ilegal, y no a los sectores más vulnerables.

Frente a ello, Vargas anunció que las comunidades indígenas permanecerán “firmes” y que más pueblos se están organizando para sumarse a las protestas.

Denuncias de violencia y represión

El líder de la Conaie rechazó los señalamientos oficiales que acusan a los manifestantes de estar “financiados por la mafia” y de perpetrar actos de “terrorismo”. “El verdadero terror lo ha impuesto el Gobierno con su represión contra el pueblo”, afirmó, al tiempo que denunció la muerte del comunero indígena Efraín Fuerez, quien —según la Conaie— fue asesinado por las Fuerzas Armadas durante las protestas en Imbabura.

“Denunciamos la brutalidad con la que los militares han atacado a población civil indefensa mientras siguen sin dar una respuesta efectiva a la crisis de inseguridad que golpea al país. Este asesinato no puede quedar en la impunidad”, afirmó.

También exigió la liberación de doce personas de sus comunidades procesadas por terrorismo tras disturbios en Otavalo, y negó que el movimiento indígena haya retenido militares como alega el Ejecutivo. “Nosotros no somos pueblos que secuestramos. Eso es solamente un invento para ingresar al territorio, asesinar y fusilar”, sostuvo.

Asimismo, acusó al Gobierno de infiltrar agentes en las manifestaciones para luego justificar detenciones: “El Gobierno infiltra y luego daña y dice: ‘Vamos a encarcelar a esta gente porque ellos están haciendo daño’”.

La Conaie también adelantó que hará campaña por el “No” en la consulta popular del próximo 16 de noviembre, donde se preguntará sobre la instalación de una Asamblea Constituyente. Según Vargas, la iniciativa de Noboa busca “eliminar los derechos colectivos”.

(Con información de EFE)

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país andino, anunció este jueves la convocatoria a un “paro nacional inmediato e indefinido” en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, medida decretada el pasado viernes por el presidente Daniel Noboa.

En una rueda de prensa, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, explicó que la decisión fue adoptada tras haber analizado “profunda y minuciosamente” de la disposición gubernamental. Según dijo, el movimiento indígena resolvió “convocar a las bases, a las organizaciones sociales y a la sociedad civil al paro nacional” y, de forma unánime, aprobar además otras nueve acciones complementarias.

La Conaie ya protagonizó protestas masivas en 2019 y 2022, cuando los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) intentaron suprimir los subsidios a los combustibles. En ambos casos, la presión social obligó a los mandatarios a dar marcha atrás y mantener congelados los precios.

Con la nueva disposición, el precio del diésel subió de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros). El Gobierno estima que la medida permitirá liberar alrededor de 1.100 millones de dólares anuales, recursos que —según ha señalado— se destinarán a proyectos de protección social y a incentivos para pequeñas y medianas empresas.

Carolina Jaramillo, vocera de Carondelet, afirmó que “este es un hecho histórico que ningún otro Gobierno pudo poner en marcha, no porque no fuera necesario, sino porque faltaron responsabilidad y firmeza”. Aseguró que no hay razón para que suban los pasajes, dado que las compensaciones cubrirán parte de los costos del transporte.

Sin embargo, el gobierno de Daniel Noboa enfrenta ya una ola de protestas en Ecuador tras la decisión de eliminar el subsidio al diésel. Desde el fin de semana se han registrado bloqueos de carreteras en al menos seis provincias —Carchi, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana, Loja y Azuay—, protagonizados principalmente por transportistas de carga pesada.

Aunque hasta el momento no se han reportado hechos de violencia de gran magnitud, en algunos casos se produjeron detenciones, como ocurrió en Carchi.

Respecto a la Conaie, Jaramillo señaló que “no se puede buscar el diálogo con quienes históricamente han intentado paralizar el país y con esto generarle pérdidas a quienes más necesitan trabajar”.

Por su parte, la Conaie advirtió que “el Gobierno está llevando al límite la paciencia popular”. En un comunicado, sostuvo: “Con esta decisión, Noboa demuestra que no le importa el pueblo ni la gente: por cumplir con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y mostrar cifras macroeconómicas, sacrifica la vida, la salud y la educación del pueblo”.

(Con información de EFE)

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, que se opone a la izquierda progresista que representa el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, causó malestar debido a declaraciones que dio al Meridiano, en las que criticó a la población indígena, que constante está exigiendo garantías al Gobierno y la protección de sus derechos.

Según indicó, los indígenas son los dueños 33% de la tierra en Colombia –aunque no indicó qué entidad u organización respalda esos datos– y que, a pesar de eso, “siguen exigiendo más”. En ese sentido, desde su perspectiva, existe “una deuda ancestral que, a juicio de ellos (los indígenas), no hay cómo pagar”.

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De la Espriella planteó que, en caso de resultar electo, establecerá un nuevo enfoque hacia las demandas territoriales de las comunidades, el cual se centrará en ejercer control. Advirtió que si eso no se consigue, habrá consecuencias. “Conmigo se organizan y se vuelven ciudadanos de verdad o van a saber también lo duro que muerde el tigre”, afirmó el precandidato.

Insistió en la necesidad de establecer nuevas reglas frente a las movilizaciones y protestas que hace la población indígena, calificándolas, además, como actos de extorsión. “Yo ese desorden de los indígenas y esa extorsión constante y esa presión no la voy a permitir”, aseveró.

El aspirante presidencial agregó que reconoce el derecho a la manifestación, pero que hay límites estrictos que se deberían aplicar a las acciones de protesta. Desde su perspectiva, las protestas no deben incluir bloqueos viales, desmanes ni caos.

En un mensaje dirigido directamente a las comunidades, indicó: “Los indígenas deberían pensar que una cosa es meterse a bloquear la carretera sin el tigre y otra con el tigre en el poder, porque yo soy de los tigres que rugen y que muerden”.

La crítica de Martha Peralta

Ante estas afirmaciones, la senadora Martha Peralta Epieyú, que hace parte de la población indígena wayúu, reaccionó a las declaraciones del abogado y precandidato, asegurando que “tiene un desconocimiento profundo” sobre el tema. Aclaró que los indígenas en Colombia no poseen el 33% de la tierra, como afirmó De la Espriella.

Peralta precisó que el 49% de los resguardos indígenas son bosques, y que en esas zonas, la labor de las comunidades se enfoca, entre otras cosas, en la protección ambiental. “Nosotros cuidamos los bosques de este país para que te llegue el agua a tu mesa”, indicó.

Por otro lado, explicó que el 9,22% de esas áreas son protegidas; son parques o reservas naturales, mientras que el 11,2% son páramos, el 4% es reserva de la biosfera y el 12% son humedales.

Estos territorios son protegidos por comunidades indígenas que buscan impedir el deterioro de los ecosistemas y preservar la vida ante el avance de la contaminación ambiental. “Nosotros conservamos la biodiversidad, la flora, la fauna, protegemos el agua, los bosques, los nacimientos de ríos, las cuencas hidrográficas, conservamos las selvas para reducir el cambio climático para absorber CO2, prevenimos la deforestación”, detalló.

Al finalizar su mensaje, Peralta criticó lo que, a su juicio, sería una falta de conocimiento de la realidad indígena por parte del aspirante a la Presidencia: “Pero usted qué va a entender de eso”.

Parte de la población indígena ha llegado hasta Bogotá en diferentes oportunidades para exigir un diálogo directo con el Gobierno nacional, en aras de dar a conocer sus necesidades, hacer mesas de trabajo y pedir el cumplimiento de acuerdos que previamente se establecieron. Las comunidades se han asentado en el parque Nacional y en algunas UPI como La Rioja y La Florida, mientras que el Gobierno y la administración local trabajan para brindar garantías de estadía y de retorno a sus territorios.

El cese de las transferencias monetarias para los hogares indígenas embera que permanecen en las Unidades de Protección Integral (UPI) La Rioja y La Florida marca un nuevo capítulo en la política de atención a esta comunidad en Bogotá. La Secretaría de Integración Social anunció que, tras el retorno de más de 1.400 indígenas embera a sus territorios de origen, quienes optaron por quedarse en estos espacios de alojamiento ya no serán beneficiarios de los apoyos económicos del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

Según explicó la entidad, estos recursos están destinados exclusivamente a los hogares embera que participan en los procesos de retorno, reubicación o integración local. La medida afecta a quienes, de manera voluntaria, decidieron no regresar a sus territorios ni acogerse a las rutas distritales de integración, prefiriendo continuar en La Rioja o La Florida.

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La disposición del Distrito abarca todas las modalidades de apoyo: desde las transferencias del componente de víctimas con pertenencia étnica para el cabildo Jaidrúa, hasta los recursos asignados por listados de pagadiarios, Sisbén o procesos de retorno. La Secretaría de Integración Social precisó que “el Distrito recopilará la información y realizará las validaciones necesarias para determinar quiénes son las personas que hacen parte de los procesos de retorno, reubicación e integración local que recibirán los apoyos distritales por una única vez excluyendo a aquellas personas que no manifiesten su deseo de hacer parte de estos procesos y que se encuentren en los lugares especiales de alojamiento”.

La Alcaldía de Bogotá fundamentó esta decisión en el hecho de haber garantizado el retorno de 1.464 miembros de la comunidad indígena y de haber sostenido, durante más de un año, el giro de recursos para el mantenimiento de estas familias. Según cifras oficiales, la inversión superó los $25.000 millones mientras la comunidad permaneció en la ciudad. Para facilitar la consolidación de la vida de los embera en sus territorios de origen, se destinaron más de $1.800 millones en transferencias monetarias a más de 780 hogares.

Las autoridades distritales instaron a la comunidad indígena a acatar estos lineamientos y a proteger los recursos colectivos que buscan garantizar el bienestar de la población vulnerable. Además, hicieron un llamado al Gobierno nacional para que mantenga su respaldo, con el objetivo de que los procesos de retorno, reubicación e integración local sean sostenibles y aseguren condiciones de dignidad y seguridad para cada hogar.

Denuncian a vocero embera por presunta extorsión y otros dos delitos

El 8 de septiembre de 2025, la primera fase del retorno se desarrolló en el Parque Nacional, donde, según datos de la Secretaría de Integración Social, 500 indígenas aceptaron regresar a sus lugares de origen. No obstante, 113 personas de la comunidad decidieron permanecer en el sitio y no abordar los buses dispuestos para su traslado.

La negativa de este grupo, de acuerdo con la consejera para las Víctimas, Paz y Reconciliación de Bogotá, Isabelita Mercado, no obedeció a una decisión individual, sino a la influencia de Fernando Queragama, quien habría condicionado la salida a la entrega de reconocimientos económicos. Mercado detalló que “a funcionarios del equipo de la Consejería les cobra en un día 25 millones de pesos y al otro día a los del Ministerio Público les pide 30 millones de pesos”.

El proceso de retorno continuó el 10 de septiembre con la salida de los indígenas asentados en la UPI La Rioja. Sin embargo, cerca de 100 personas no viajaron, luego de que un vocero exigiera dinero o contratos al Distrito como condición para el retorno. Ante esta situación, Miguel Silva, secretario general de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, anunció a través de su cuenta de X que se interpuso una denuncia contra Fernando Queragama. Silva explicó que la acción legal se fundamenta en la presunta solicitud de $30 millones para permitir el retorno y en la instrumentalización de menores de edad.

Silva afirmó en redes sociales que “como servidores públicos estamos en la obligación de poner en conocimiento de la justicia este tipo de situaciones. Hemos brindado todas las garantías y acompañamientos a la población Emberá, facilitando el retorno a sus territorios en un trabajo articulado con el Gobierno Nacional”. El funcionario también subrayó que el Distrito dispuso toda la oferta para que quienes no deseen retornar puedan acogerse a procesos de integración local, pero advirtió: “no vamos a permitir que se instrumentalice a los menores de esta manera”.

En Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo un encuentro con mujeres artesanas del Pueblo Amuzgo. Durante el acto, el gobierno federal presentó los detalles sobre el programa de créditos “Apoyarte”, así como de su proceso de entrega en apoyo a dicho sector.

Junto a la gobernadora Evelyn Salgado, la titular del Ejecutivo inició el evento con una ceremonia prehispánica, destacando su reconocimiento a los pueblos originarios como parte fundamental de la identidad nacional. Además de entregar los créditos, centró la relevancia del evento dentro del 2025, designado por su administración como el año de la mujer indígena.

La asamblea incluyó a mujeres artesanas del Pueblo Amuzgo en Xochistlahuaca. Como parte de ello, se informó que el gobierno puso en marcha una estrategia destinada a formar cooperativas de comercialización, tanto para artesanas como para la comunidad, con el propósito de valorar y reconocer el trabajo y la creatividad presentes en cada pieza textil.

Programa ‘Apoyarte’: ¿Qué es?

A través de Financiera del Bienestar (Finabien), la administración dio a conocer los pormenores del crédito especial “Apoyarte”, el cual ofrecerá cerca de 30 mil pesos sin intereses y con plazos extendidos para su devolución.

Dicho programa social busca proporcionar recursos a las artesanas para facilitar el desarrollo de su labor, así como atender otras necesidades relacionadas con la actividad textil. El apoyo económico pretende impulsar la autonomía financiera de las mujeres indígenas y afromexicanas que lo reciben.

Hasta el momento, se han recibido 11 mil solicitudes y se han entregado tarjetas a cerca de 6 mil mujeres. El objetivo para 2025 es distribuir aproximadamente 500 millones de pesos; la cual denota un avance a los 170 millones. La meta principal se concentra en los municipios de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca.

En 2025, el gobierno declaró ese año dedicado a la mujer indígena, por lo que destinó sus acciones para visibilizar y mejorar las condiciones del sector. Por ello, Sheinbaum Pardo impulsó acciones para reconocer la producción artesanal y planteó la creación de esquemas que garanticen la comercialización con precios justos, el acceso a financiamiento, generar líneas de venta más directas y la capacitación para el fortalecimiento de los emprendimientos.

Esta oportunidad se trata de un apoyo diseñado para mujeres que podrán acceder a él sin trámites complicados, intermediarios ni condiciones desfavorables, reconociendo el valor de su palabra. Además, el programa incluye mecanismos para garantizar la comercialización a precios justos: “La palabra de una mujer indígena vale más cualquier firma o contrato”.

Durante su mensaje, Sheinbaum Pardo compartió una anécdota familiar en la que mencionó que su madre, Annie Pardo Cemo, sentía una especial admiración por los huipiles y textiles, costumbre que ella también adoptó.

Relató que su última visita a la comunidad ocurrió hace 55 años, ya que en su familia era habitual adquirir y usar estas prendas. Explicó que desde su infancia ha sentido un fuerte vínculo con las artesanas indígenas, lo que ha reforzado su compromiso de reconocer el valor de las raíces y la importancia de los pueblos originarios.

Durante la Revolución Mexicana, Pancho Villa se caracterizó por tomar decisiones drásticas frente a aquellos grupos que, a su juicio, obstaculizaban la causa revolucionaria. La relación entre el líder revolucionario y la comunidad española fue especialmente tensa, según relata el periodista estadounidense John Reed en México Insurgente.

El libro describe un episodio ocurrido poco después de que Pancho Villa se volviera gobernador del estado de Chihuahua, de diciembre de 1913 a enero de 1914, momento en el que los cónsules extranjeros acudieron a solicitar protección para los soldados federales que habían quedado cumpliendo funciones de policía, a instancias de los propios extranjeros.

En el intercambio, Pancho Villa preguntó directamente quién representaba a los españoles. Al recibir la respuesta del vicecónsul británico, optó por una reacción tajante al advertir: “Dígales que comiencen a empacar. Cualquier español que sea capturado dentro de los límites de este estado después de cinco días será escoltado hasta el más próximo paredón por un pelotón de fusilamiento”. El asombro de los diplomáticos fue inmediato.

Frente a las protestas del representante británico, Pancho Villa mostró una resolución que, aseguró, no era improvisada: “Esta no es una determinación apresurada... Lo he meditado desde 1910. Los españoles deben irse”.

El cónsul estadounidense también intervino en la conversación, señalando que semejante medida podía tener repercusiones diplomáticas con los Estados Unidos, al considerar la expulsión y la amenaza de fusilamiento como acciones “incivilizadas”. Pancho Villa defendió su postura justificándola en agravios históricos:

“Nosotros los mexicanos hemos soportado por tres siglos a los españoles. No han cambiado su forma de ser desde los conquistadores. Ellos dislocaron el imperio indígena y esclavizaron a la gente. No les pedimos que mezclaran su sangre con la nuestra. Dos veces los sacamos de México y les permitimos regresar con los mismos derechos de los mexicanos y ellos usaron esos derechos para robar nuestra tierra, para esclavizar a la gente y para alzar sus armas contra la causa de la libertad, Ellos apoyaron á Porfirio Diaz. Se involucraron perniciosamente en la política. Fueron 106 españoles quienes fraguaron el plan que puso a Huerta en el palacio. Cuando Madero fue asesinado, los españoles, en cada estado de la república, organizaron banquetes de celebración. Ellos echaron sobre nosotros la peor de las supersticiones que el mundo jamás haya conocido: la iglesia católica. Sólo por eso deberían ser muertos. Considero que soy muy generoso con ellos."

Finalmente, ante la presión diplomática, Pancho Villa extendió a diez días el plazo para que los españoles pudieran abandonar el estado. Ese no fue el único conflicto que el Centauro del Norte tuvo durante su gobierno en Chihuahua.

En su razonamiento, Pancho Villa invocaba agravios de largo alcance, cuyos orígenes se remontan a la Conquista de México. Este conflicto histórico encuentra un momento clave el 13 de agosto de 1521, con la Caída de Tenochtitlán, de acuerdo con la información de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Ese día, tras una estrategia impulsada por Hernán Cortés que incluyó bloqueos, el corte del acueducto y la utilización de una avanzada flota de bergantines, la capital mexica sucumbió. Cuauhtémoc, último tlatoani mexica, mantuvo la resistencia interna pese a las deserciones y políticas represivas contra quienes colaboraban con los invasores.

Aun así, Tenochtitlán acabó sitiada y derrotada en 152. Miles de mexicas huyeron mientras las fuerzas españolas, lejos de detenerse con la rendición, continuaron los ataques y el saqueo de la ciudad. Crónicas como las de Bernal Díaz del Castillo han documentado la violencia extrema y el sufrimiento de la población bajo el asedio de Cortés.

Más de veinte integrantes de una misión médica conformada por funcionarios de la Nueva EPS, el Hospital Sur Oriental y la Alcaldía de Toledo fueron retenidos en zona rural del municipio de Toledo, Norte de Santander.

El hecho ocurrió en el corregimiento de Gibraltar, donde miembros de la comunidad indígena u’wa los interceptaron durante una jornada de salud.

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Fueron liberados tras unas horas

Según la información recogida por el medio local Alerta Santanderes, la retención se produjo debido a que la comunidad exigió el cumplimiento en la entrega de medicamentos, compromiso que la misión médica había asumido con anterioridad. No obstante, por medio de medios locales se pudo confirmar que los retenidos fueron liberados, en el mismo corregimiento.

Por medio del medio informativo digital Colmundo Radio, se conoció que la liberación fue posible a partir de diálogos entre líderes de la comunidad U’wa y las autoridades locales.

Incluso, se supo que los profesionales sanitarios y funcionarios de la Alcaldóia de Toledo están fuera de la zona de retención y no resultaron lesionados ni fueron agredidos.

Al no recibir los insumos prometidos, los líderes indígenas decidieron impedir la salida de los profesionales de la salud hasta tanto se concretara la entrega de las medicinas.

La misión médica incluyó a un médico, una enfermera profesional, auxiliares de enfermería y varios funcionarios de la Alcaldía. El grupo cumplía tareas de atención en salud para la población rural, desplazándose a varios kilómetros del casco urbano de Toledo, informó el medio.

Las autoridades municipales y departamentales iniciaron diálogos con la comunidad U’wa, así como gestiones con la Nueva EPS para garantizar el suministro de medicamentos requerido.

En paralelo, avanzaron investigaciones para determinar si detrás de la retención existieron presiones o instrumentalización de los pobladores por parte de actores armados.

Los casos de retenciones y ataques al cuerpo médico en Norte de Santander

Durante 2025 se registraron en Norte de Santander múltiples hechos violentos contra la misión médica, que incluyeron amenazas, restricciones a la movilidad y suspensión de servicios como remisiones y traslados en ambulancia.

Estas situaciones pusieron en riesgo la atención a comunidades vulnerables y llevaron a reiterar llamados al respeto por el Derecho Internacional Humanitario.

De hecho, a inicios de julio de 2025, el Ministerio de Salud alertó a las autoridades nacionales y al Derecho Internacional Humanitario sobre este tipo de retenciones.

El 2 de julio, la cartera informó que, en la región del Catatumbo, “según los reportes recibidos, se han registrado graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular la retención de ambulancias y las amenazas directas al personal de salud del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, ubicado en Ocaña. Estos hechos obligaron a la Empresa Social del Estado (E.S.E.) Noroccidental La Inmaculada Concepción de Ábrego a suspender el despacho de ambulancias desde los municipios de Convención, San Pablo y Teorama", por ejemplo.

Municipios de la región del Catatumbo, como Hacarí, Convención, Tibú, Teorama, Abrego y Ocaña, también registraron incidentes similares. Las autoridades solicitaron el acompañamiento de organismos internacionales neutros para frenar la cadena de hechos que afecta la garantía del derecho a la salud en las zonas rurales y resguardos indígenas.

La ley colombiana establece que cuerpos sanitarios deben ser respetados

Al respecto, el Ministerio de Salud y Protección Social confirma que la resolución 4481 de 2012 reglamenta “el uso de los emblemas de la misión médica en Colombia, establece que los trabajadores de la salud y relacionados, deben ser respetados y protegidos en todo momento, incluso en el contexto del conflicto armado”.

La cartera, en un comunicado, alegó que la interrupción o el bloqueo del traslado de pacientes representa un grave riesgo para la salud y la vida de las comunidades vulnerables, que dependen de la red hospitalaria pública para recibir atención médica oportuna.

Estos obstáculos afectan especialmente a quienes habitan en zonas alejadas, donde el servicio médico es fundamental para su bienestar.

La violencia ejercida contra el personal de salud agudiza la crisis humanitaria en regiones marcadas por el conflicto armado, según la cartera, y esto hace más difícil el acceso a derechos fundamentales. La presencia de grupos armados ilegales en estas zonas ha limitado históricamente la posibilidad de garantizar servicios esenciales y proteger la vida de quienes más lo necesitan.

“La misión médica actúa bajo principios de humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad. Atentar contra ella es atentar contra el derecho fundamental a la salud”, expresó la institución.

La reciente polémica en torno al modelo “Oaxaca Slip On” de Adidas , presentadas el pasado 4 de agosto, despertó una fuerte conversación pública sobre la apropiación cultural y el respeto a los saberes artesanales de México. La marca internacional ofreció disculpas públicas la tarde del 11 del mes en curso por el presunto plagio de diseños indígenas, según El Universal, que recopiló declaraciones de la agencia AP.

La controversia estalló cuando Adidas presentó en el mercado su modelo “Oaxaca Slip On”, inspirados en los huaraches tradicionales tejidos en Villa Hidalgo Yalalag, una comunidad zapoteca enclavada en la Sierra Norte de Oaxaca, aunque también guardan similitud con el calzado realizado en Michoacán por también por pueblos indígenas.

Artesanos, autoridades y diversos sectores sociales señalaron que el diseño de Adidas reproducía formas propias de los saberes ancestrales sin el consentimiento ni el reconocimiento debido. La situación alcanzó tal trascendencia que la presidenta Claudia Sheinbaum condenó la apropiación y enfatizó la importancia de reconocer la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas.

En respuesta a la presión pública y política, Adidas optó por posicionarse mediante un correo oficial dirigido a la agencia AP, en el que ofreció una disculpa pública a las comunidades afectadas. La empresa, en un mensaje dirigido el pasado 7 de agosto al gobernador de Oaxaca a través de su representación en México, subrayó su intención de entablar un diálogo respetuoso que honre el legado cultural zapoteca y manifestó su disposición a colaborar genuinamente con Villa Hidalgo Yalalag para reparar cualquier daño causado.

Este mensaje, dirigido a Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, incluyó un reconocimiento explícito al valor del patrimonio artesanal mexicano y a la riqueza de las expresiones indígenas.

Las autoridades estatales, lideradas por el gobernador Jara, y el propio presidente municipal de Yalalag. De acuerdo con lo publicado en la cuenta de X del gobernante del estado, además de condenar y rechazar el plagio al trabajo de la comunidad zapoteca de Oaxaca, estableció comunicaciones con la empresa y con el diseñador del modelo, Willy Chavarría.

También, Salomón Jara se comunicó con el presidente municipal de Villa Hidalgo Yalalag, Eric Ignacio Fabián, quien comunicó las solicitudes de la comunidad. Entonces, el gobernador entabló un diálogo directamente con Adidas para solicitar “la suspensión inmediata de la promoción y el reconocimiento del origen cultural del diseño apropiado indebidamente.”

Salomón Jara aseguró que se planea un dialogo entre el gobierno estatal y la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag la tarde del 11 de agosto para poder empezar con el proceso de la reparación del daño. El gobernador afirmó que “es un gran logro haber coadyuvado a que la empresa y el diseñador reconocieran su error y asumieran su responsabilidad.”

La desnutrición crónica afecta el doble a los menores indígenas de América Latina y el Caribe frente a los jóvenes que no lo son, mientras que la mortalidad infantil y materna es hasta 3 veces mayor entre estos pueblos. Estas infancias son víctimas de “violencia estructural” y trata, según un informe elaborado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC).

En esta zona del mundo habitan más de 54,8 millones de personas indígenas --pertenecientes a más de 800 pueblos--, de las cuales 18 millones son niños, una población que se enfrenta a múltiples vulneraciones de derechos, explican los datos de la investigación en la que han colaborado también la Red de Jóvenes Indígenas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Según datos del Banco Mundial, cerca del 80% de la población indígena de la región unos 34 millones de personas- se concentra en México, Guatemala, Perú y Bolivia.

La dificultad de acceder a la educación es uno de los principales problemas de las poblaciones indígenas que son económicamente activas en estos países, ya que el 31,7% no tiene educación y 39,3% solo alcanzó el nivel básico, frente al 12,8% y 38,5%, respectivamente, de la población no indígena en ocupación.

“Estas desigualdades tienen profundas repercusiones en la calidad del trabajo al que acceden las personas indígenas, los ingresos que reciben y sus posibilidades de movilidad socioeconómica”, explica el informe. Concretamente, en el ámbito educativo, el informe llama a fortalecer la educación intercultural bilingüe desde la primera infancia.

En consecuencia, alrededor del 43% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza, cifra que supera en más del doble la proporción de personas no indígenas en la misma situación.

Además, un 24% de indígenas vive en condiciones de pobreza extrema, una proporción 2,7 veces mayor que la registrada en la población no indígena en esa misma condición. Las infancias indígenas registran las cifras de pobreza más altas de la región.

Por ejemplo, en 2020, 9 de cada 10 niños mexicanos que hablan una lengua indígena estaban en condición de pobreza, de los cuales cinco vivían en situación de pobreza extrema. En 2019, la proporción de niños indígenas de Brasil con al menos de una necesidad básica insatisfecha fue de 72,5%, frente al 49,2% de sus pares no indígenas.

La investigación asevera que, en este contexto, el simple hecho de nacer de padres y madres indígenas incrementa significativamente la probabilidad de crecer en un hogar pobre. Y eso refuerza, los ciclos intergeneracionales de pobreza que “obstaculizan” el pleno de estas infancias.

A la falta de acceso a servicios esenciales, infraestructuras y bienes públicos, se suman otras variables como la edad, ser niña, adolescente y mujer indígena, residir en zonas rurales y hablar un idioma diferente al oficial. La interacción de estos factores incrementa la vulnerabilidad.

El informe también alerta de protección de los jóvenes, ya que las infancias indígenas son víctimas de violencia estructural y explotación. Además, hay una alta prevalencia de embarazo adolescente y uniones tempranas, lo que significa que las adolescentes indígenas se enfrentan a múltiples desigualdades.

En cuanto a la calidad del territorio y el medioambiente en el que crecen, el acceso al agua potable y al saneamiento es limitado, mientras que el cambio climático agrava la inseguridad alimentaria y las migraciones forzadas.

“No es posible asegurar la pervivencia de los Pueblos Indígenas a través del tiempo si las políticas educativas, si las políticas alimentarias, si las políticas de atención no son integrales y no tienen como centro la cultura, el territorio y los saberes de los Pueblos Indígenas que han mantenido a través de la historia de generación en generación. Este informe es una llamado a que actuemos y es también una oportunidad”, ha expresado el Secretario Técnico de FILAC, Darío Mejía.

La narrativa tradicional que domina los libros de texto y la conmemoración pública en Colombia presenta el 20 de julio de 1810 como el momento decisivo en el que un desencuentro entre criollos y autoridades coloniales españolas, motivado por la petición de un florero, desencadenó una revuelta.

Ese episodio, conocido como el Florero de Llorente, se convirtió en el punto de partida simbólico del proceso de independencia, culminando en la victoria militar sobre los realistas el 7 de agosto de 1819.

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Esta versión fue institucionalizada como el mito fundacional que cimentó el nacimiento de la República de Colombia, aunque más de dos siglos después el país todavía arrastra problemas estructurales como la violencia, la desigualdad y las disputas sobre la identidad nacional.

En la actualidad, los aniversarios del 20 de julio suelen transcurrir como un feriado más en el calendario de uno de los países con mayor cantidad de días festivos en el mundo. La diferencia la marca el desfile militar que recorre las principales avenidas y el acto protocolario en el que el presidente inaugura la nueva legislatura del Congreso, en el que pronuncia un discurso que refleja prioridades coyunturales y desafíos del momento.

Un día sin significado para algunos ciudadanos

Pese al despliegue oficial, muchos ciudadanos perciben el día como una fecha sin un significado claro o profundamente interiorizado. De acuerdo con la BBC, que citó al historiador Marcos González, las formas de la conmemoración cambian con el tiempo, desde celebraciones religiosas y fiestas de la bandera hasta el actual énfasis en el poder militar, sin que nunca terminara de consolidarse una identidad colectiva en torno a la fecha.

En ese sentido, Sebastián Vargas, especialista en celebraciones cívicas, explicó para el medio citado, que las conmemoraciones patrias son en el fondo rituales diseñados para impartir una pedagogía nacional que refuerza ciertos símbolos y, por lo general, son monopolizadas por instituciones como el Estado, la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Esta concentración de la narrativa oficial deja fuera otras voces y perspectivas, a pesar del trabajo de entidades como la Academia de Historia, el Ministerio de Cultura o el Banco de la República, que intentan diversificar el relato nacional.

El 20 de julio no fue el primer grito de Independencia

En primer lugar, y según los expertos en historia citados por la BBC, el 20 de julio no constituye ni el único ni el primer grito de independencia en el territorio que hoy compone a Colombia. Muchos especialistas cuestionan la centralidad que se le atribuye a este evento, considerándolo una visión centrada en Bogotá que refuerza tendencias regionalistas y excluye otras versiones de la historia nacional.

Tal como reconoce González, ciudades como Cartagena celebran su independencia el 11 de noviembre de 1811, y diversas poblaciones como Cali, Buga y Socorro protagonizaron sus propios levantamientos antes de la fecha consagrada oficialmente en la capital. Esta centralidad política fue una decisión de la élite bogotana en el siglo XIX, cuando en 1873 se estableció el 20 de julio como fiesta nacional.

Independencia social y militar

El proceso de independencia fue, además, tan social como militar. Si bien la narrativa predominante enaltece el triunfo del ejército de Simón Bolívar, el trasfondo social y los contextos culturales resultan igual o más relevantes para entender las causas y los alcances de la independencia.

Según Vargas, no solo se trató de una insurrección contra la Corona española, sino de una búsqueda sostenida de igualdad de derechos inspirada por las ideas ilustradas de la Revolución Francesa y la traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre por Antonio Nariño en 1795.

En este proceso participaron amplios sectores sociales, incluyendo indígenas, afrodescendientes y mujeres, cuyas reivindicaciones fueron parcialmente reconocidas en la Constitución de Cúcuta de 1821, aunque la promesa de igualdad y ciudadanía plena permanece inconclusa más de dos siglos después.

La Independencia no acabó con el conflicto armado

Por otro lado, la independencia no significó la erradicación de los conflictos armados ni el logro de una autonomía política completa. La emancipación no fue un hecho aislado, sino un proceso moldeado también por factores externos, como el debilitamiento del Imperio español a raíz de la intervención napoleónica y las crisis de salud pública que afectaron a la población española en el continente americano.

Para muchos historiadores, la violencia que siguió a la independencia es evidencia de que Colombia nunca ha resuelto del todo los desafíos del pluralismo político, la inclusión y el control territorial. A lo largo de los siglos XIX y XX, el país experimentó múltiples guerras civiles, y en el siglo XXI aún enfrenta el reto de consolidar la paz en un escenario marcado por la influencia internacional, especialmente de Estados Unidos, en temas de seguridad y lucha antidrogas.

Una Independencia aparte de criollos y españoles

Finalmente, la reducción del proceso independentista a un simple conflicto entre criollos y españoles resulta insuficiente. La realidad histórica demuestra que ambos bandos estaban compuestos por una variedad de actores:

• Indígenas
• Blancos
• Afrodescendientes
• Mestizos
• Élites
• Sectores populares

Existieron criollos que defendieron la causa realista, españoles que apoyaron la independencia, e indígenas que, ante la amenaza de nuevos tributos, preferían la continuidad del dominio español. Incluso regiones como Nariño mantienen históricamente posiciones críticas o distantes respecto a la figura emblemática de Simón Bolívar.

Adriana Gerez tiene 56 años, la piel castaña, las raíces en sus rasgos y las montañas de Tucumán en las pupilas. Basta evocarlas, recordar cada viaje en tren o colectivo en la infancia y en avión en la adultez hacia la tierra de su madre para que la voz vibre, se parta y se desvanezca tomada por la emoción. Para que sonrisa y llanto coexistan, incontenibles, en el impacto de la identidad recuperada que crece y la desborda. Identidad que es causa, manifiesto y bandera. Que es proyecto, comunidad y forma de vida.

—Nosotras fuimos muchos años, cuando éramos chicas, a Tucumán. Íbamos en colectivo, en tren, desde Santiago, y ya pasando las termas se empiezan a ver en el horizonte las montañas. Así, hacia el oeste —dice y se esfuerza para mover la pelota que se le atraviesa en la garganta y no la deja seguir hablando. Es inútil—. Y yo me acuerdo que a mí me agarraba una emoción de verlas nomás y eso que yo no había nacido ahí y no me había criado. Y todavía ahora, a veces ya de empezar a ver los cerros, cuando uno va llegando, a mí se me llenan los ojos de lágrimas así como ahora.

Adriana se disculpa. Como si hubiese que disculparse por una emoción, como si verse conmovida por su identidad no fuese una escena que reconforta en medio de un contexto hosco.

Nacida en la ciudad de Buenos Aires por una casualidad; criada y arraigada hasta hoy en Merlo, el oeste del Gran Buenos Aires, con una identidad que podría haber sido absoluta y orgullosamente conurbana, nunca dejó de escuchar lo que le latía dentro, de pensar que había algo más detrás de lo que le devolvía el espejo.

—Toda la vida me atravesó la cuestión de lo identitario, la imagen, la piel marrón. Y siempre sentí que había alguna cosa ahí que no estaba contada, que no se veía.

En su cabeza no había dejado de sonar, con el eco de los años, una pregunta o más bien una afirmación que le había hecho una profesora de la secundaria: “Bueno, usted es Gerez, entonces tiene orígenes españoles, por su apellido”.

—Yo en ese momento no tenía herramientas para decirle: “No”, porque hasta donde contaba podíamos reconstruir cuatro o cinco generaciones para atrás. Le dije: “Me parece que no venimos de ningún lado”.

Adriana estaba en sus 20 cuando comenzó a reunirse con personas que tocaban instrumentos autóctonos en la zona oeste en busca de un círculo de pertenencia; y en un contrafestejo del 12 de octubre, en el Congreso, se abstrajo por un momento y se vio rodeada de personas que le hicieron vibrar el hilito de la identidad, ese que toda su vida hasta ese momento se había tensado indicándole que algo más había.

—Fue la primera vez que me sentí así como que estaba en mi lugar. Y dije: “Bueno, es acá”.

***

Su padre murió “muy pronto”; sus abuelos paternos, igual. Adriana se crió con su madre, nacida en Tucumán, y su hermana. Su abuelo, padre de su madre, era catamarqueño y llegó a Tucumán, como muchos habitantes de las provincias o poblados aledaños, con el furor del azúcar. “Se acercaban para el tiempo de la cosecha y muchos se iban quedando”, cuenta Adriana. Y la familia de su abuela, madre de su madre, era santiagueña con la misma historia: “Ellos fueron llegando también y en algún zafra se quedaron. Y ahí nació mi abuela. Pero sus hermanos más grandes habían nacido en Santiago”. Su madre no daba cuenta de las tierras de su árbol genealógico ni de su sangre diaguita; prefería “invisibilizar algunas cuestiones que traía de sus orígenes”. Intentaba lavar o al menos no hurgar en sus raíces indígenas porque creía que lo mejor para sus hijas era una identidad urbana, bonaerense.

—Ella pretendía blanquearnos porque era lo que había aprendido. Había nacido a la orilla de un cañaveral, en Cruz Alta, en Tucumán; trabajó en la zafra y se vino a los 17 años con una botella de agua, un pollo hervido y una hermana arriba del tren. No sabía ni a dónde venía ni a qué ni nada de esto. Y cuando vino para acá [para la Ciudad de Buenos Aires] de entrada nomás la llevaron a vivir en una casa donde iba a trabajar y trabajó 13 años con cama adentro, o sea que se mimetizó, de alguna manera, con la blanquitud de sus patrones, que eran además de familias militares.

Después de años de vivir en la capital porteña, “cuando los trabajadores tenían posibilidad de ascenso social y con un aguinaldo podían pagar el anticipo para un lote”, compró su porción de tierra en Merlo, de donde nunca más se fue.

—Ella nos mandó a una escuela religiosa pensando que hacía bien y bueno, ahí como que empezó la cuestión de la discriminación. No fueron crueles, pero de todas maneras me han gritado de todo en la calle por el aspecto, porque además yo nunca me blanqueé, nunca me asimilé, y porque nosotros tenemos cuerpos diferentes, no tenemos cuerpos hegemónicos. La mayoría de mis compañeras eran hijas o nietas de italianos, de españoles, entonces era otra imagen, y nosotras, las marrones, las que vivíamos fuera del centro del lugar donde yo me crié, que es el Parque San Martín, acá en Merlo, desencajábamos.

—¿Qué significa eso de “blanquearte”?, ¿es asimilarte o es más como aparentar ser algo que no sos, que no se condice con tu identidad?

—Tiene que ver con eso, con asimilarte a la cultura hegemónica. Nosotros siempre bromeamos con esto: “Con esta cara no nos bajamos de ningún barco”, que es lo que han pretendido siempre: que no se note tanto, que si están que se blanqueen, que se asimilen, así no se nota la presencia.

***

Adriana creció en medio de esa tensión entre lo que le transmitía y recomendaba su madre, un entorno urbano con grupos sociales en los que se sentía diferente y, a la vez, con la convicción férrea, que no sabía muy bien de dónde salía pero no podía desoír, de que su identidad iba por otro lado. Estaba unida a algo más profundo.

Estudió Trabajo Social orientado a Educación; descifró entre instrumentos autóctonos y contrafestejos que lo que latía adentro eran las raíces de sus abuelos que la constituían íntegramente y lejos de renegar de eso u ocultarlo, a lo que la empujaba su entorno, lo abrazó: su identidad la definió. Pero comenzó a hacer algo más con eso, a tejer comunidad y a trabajar en pos de visibilizar la cultura de los pueblos originarios hace menos de una década.

—Una vuelta me tocó acompañar la gestión municipal, estuve trabajando como directora del área de Niñez y ahí la conocí a Verónica Azpiroz Cleñan, que es una de las integrantes del Tejido [de Profesionales Indígenas en Argentina] y que es una de las más visibles porque hace muchos años que ella milita la cuestión indígena (ella es mapuche). En ese momento era el 2017, y ella me decía que quería armar algo pensando en el próximo censo que teníamos previsto que iba a ser en 2020: “Quiero armar algo pero tiene que ser colectivo”, me dijo.

Y Adriana se subió.

—Fue ahí que empecé a participar en las reuniones que hacíamos en el INDEC y el Tejido nació así, nuestra punta de lanza fue el censo.

El Tejido de Profesionales Indígenas en Argentina es una organización que comenzó entre 2017 y 2018 —y ahora tramita la personería jurídica—. Integrada por unas 30 o 35 personas de diferentes pueblos originarios es, en la definición de Adriana, un grupo de “indios que han accedido a la educación superior”. Politólogas, abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas —también nombra a compañeros varones, pero la mayoría del tiempo alude a mujeres—. Casi todos sus integrantes viven en zonas urbanas “como la mayoría de los indígenas de este país”. “Algunos viven en comunidad, algunos alternan entre la comunidad y la urbanidad”, cuenta. Pero todos están conectados entre sí y defienden juntos diferentes causas, difunden su cultura, visibilizan sus raíces y sus identidades.

La causa madre o “punta de lanza”, como dice Adriana, lo que inició la organización, fue el objetivo de lograr modificaciones en el formulario del INDEC que se iba a utilizar para censar a la población argentina en 2020. Lo que exigían era “que se preguntara si las personas se reconocían indígenas y a qué pueblo pertenecían”. Algo que en el censo de 2010 se le había preguntado solo a una muestra representativa. Para el de 2020 pedían que esta fuera una pregunta para todas las personas.

—Logramos la mitad de eso. Conseguimos que se le preguntara a todo el universo pero la segunda pregunta que pedíamos, que era esclarecer a qué pueblo pertenecían, estaba mal redactada porque no nos escucharon. Nosotros pretendíamos que se pudiera contar con censistas indígenas o por lo menos que estuvieran sensibilizados con la cuestión indígena y que se pusieran como opción los 40 pueblos conocidos —que en ese momento eran 39, yo creo que ahora son 42—. Y nos dijeron que no porque iba a ser muy largo, “que el censista lleve anotado o que la gente le diga”. Entonces cuando a la gente le preguntaban “De qué pueblo es usted” o “A qué pueblo pertenece”, la gente daba cuenta del lugar donde vivía. Así salió cualquier cosa el resultado. Dicen que somos por lo menos un millón trescientos los indígenas, pero tenemos duda de que sea así.

Saben que son más, que eran más, pero que a lo largo de la historia muchas personas comenzaron a asimilarse o a negar sus orígenes a causa “del blanqueamiento que llevó adelante la educación en los siglos XIX y XX”, a partir de la premisa fundante de “civilización o barbarie” y todo lo que se desprendió de ella. De infundir a todo lo que se vinculaba con lo indígena, lo autóctono, lo indio, un manto de sordidez, como si fuese contrario al desarrollo del conocimiento, al movimiento iluminista, al progreso. Negando a quienes ya estaban en este suelo y lo conocían mejor que nadie, negando su cosmovisión y su conocimiento ancestral en medicina, por ejemplo, y todo el acervo cultural que traían.

—Nos fueron cambiando de nombre: fuimos los cabecitas negras, el aluvión zoológico, porque estaba mal esto de reconocerse o dar a conocer los orígenes indígenas. Y pasa mucho. Por ejemplo, los santiagueños: el 70% hablan en quichua, pero ellos no se reconocen indígenas, ellos dicen que son criollos. Entonces, cuando fue el censo no se pudo preguntarles a ellos, no se los pudo contar porque si vos no respondías que eras indígena no podías dar cuenta de la lengua materna, no te preguntaban sobre eso.

Adriana cuenta que participa a veces de un taller de quichua que ofrecen “unas ñañas” (que significa hermana) en Merlo y en Moreno donde cuentan historias relacionadas al uso de la lengua en la infancia; y que allí muchos de los participantes son “recuperantes del habla” porque en sus casas lo escuchaban pero no tenían permitido hablarlo, incluso recibían castigos si lo hacían. “Porque la familia no quería que atravesaran la discriminación, el racismo estructural que ellos habían vivido, entonces para preservarlos les prohibían hablar en su lengua materna”.

En cuanto a la lengua materna de sus antepasados, dice que los diaguitas hablaban el cacán, que está prácticamente extinto, que subsiste en muy pocos lugares y que en Chile “hay algunos intentos de revitalización, porque hay diaguitas de uno y otro lado de la cordillera, pero no supera lo doméstico, no hay una cuestión académica o que se practique en la escuela”.

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Las lenguas indígenas, la medicina ancestral y otros ritos y prácticas que hacen a la identidad y la cosmovisión de los pueblos originarios son difundidas en el trabajo que realiza cada uno de los miembros del Tejido de Profesionales Indígenas en Argentina desde el lugar que ocupa.

—En el trabajo que hago yo, desde el espacio en el que estoy ahora, lo que tratamos de hacer es visibilizar, dar a conocer. En Merlo, por lo pronto, según el censo somos 14.000 los que nos reconocemos indígenas o nos sabemos parte de algún pueblo, de una nación de las preexistentes. Y la pertenencia al Tejido, a la hora de realizar esta tarea, es como un escudo protector, como un fueguito que está prendido siempre, un grupo en el que nos contenemos, por más que estemos lejos, por más que no nos veamos casi nunca o que nos encontramos puntualmente por alguna cuestión.

Adriana trabaja en la jefatura distrital de Educación de Merlo. Las jefaturas distristales —explica— son particiones administrativas dentro de la estructura educativa de la provincia que se encargan de supervisar y promover la educación en los diferentes distritos, lo que equivale a los diversos partidos provinciales. El jefe de esa partición es quien está a cargo de los inspectores y supervisores de las escuelas de esa región geográfica. Adriana, como trabajadora social especializada en Educación se desempeña en instituciones educativas de Merlo —“una escuela técnica y un centro complementario”— y también colabora con tareas administrativas vinculadas a conflictos escolares. Fue directora del área de Niñez y Adolescencia, donde trabajó en asuntos vinculados a la vulneración de derechos y, actualmente, desde su puesto de trabajo, una de las líneas que desarrolla es la de “memoria e identidad”, donde se abordan de diferentes modos estos ejes y también se hace foco en cuestiones de derechos humanos.

—Hay muchas formas de ser indígena que tienen que ver, sobre todo, con el territorio donde vive cada uno. Entonces se habla mucho de estas cuestiones, de todo lo que se nos niega, los derechos que no se nos reconocen. Y también de que los indios no están todos en las comunidades, que la mayoría estamos por afuera. Y visibilizar, dar a conocer, respetar, revalorizar. Son cuestiones que yo pretendo desde el lugar donde estoy, desde el primer día que llevo adelante mi trabajo.

En la organización, en el tejido que llaman Tejido, cada miembro defiende, desde su profesión, una causa vinculada a su identidad. Y todos, como una trama firme de fibras elásticas que se expanden en diferentes territorios, se sostienen entre sí.

—Lo que nosotros proponemos es el diálogo entre el conocimiento académico —porque todos hemos atravesado la academia— y el conocimiento ancestral. La idea es conjugar y potenciar las diferentes cosmovisiones, sin denigrar ninguna, aprovechar esto que traemos de los pueblos originarios, este legado que nos han transmitido y cambiar el concepto de la occidentalización del conocimiento, en cuanto a que la universidad es europeizante, eurocéntrica, blanqueadora. Hay muchas, muchas iniciativas, muchos esfuerzos por poner en valor lo que traemos de nuestros pueblos originarios.

Verónica Azpiroz Cleñan, con quien empezó a reunirse en 2017 para modificar el cuestionario del censo, cursa un doctorado vinculado a la medicina ancestral y busca “que el sistema de salud pueda reflejar las necesidades de un pueblo tan diferente, de tantos matices”. Busca que se recupere y se respeten los conocimientos que traen las personas de los pueblos originarios, en general los mayores que lo transmiten a los más jóvenes.

—Por ejemplo la figura de los machis, que son las personas sanadoras del pueblo mapuche. Hay machis mujeres y machis varones que traen muchísimo conocimiento que van aprendiendo desde la infancia porque el día que nacen ellos señalan: “Se levantó un machi o se levantó una machi”, entonces la forman o lo forman desde muy chiquititos transmitiéndoles todo el saber que traen desde siglos y siglos. A partir de esto: ¿por qué no generar espacios de diálogo entre ambas medicinas? Me ha pasado de trabajar puntualmente en Santa Victoria Este [en Salta] o en los pueblos que están alrededor y que el enfermero, que era un wichi, tuviera que mediar entre los médicos o las médicas y las pacientes; inclusive a veces las mujeres se negaban a acercarse a la salita o a la posta sanitaria porque sentían que no las entendían, primero por la cuestión lingüística, segundo porque las wichis son bastante reacias a la medicina blanca entonces muchas veces se complicaban los partos, por ejemplo. Había una distancia muy grande entre lo que necesitaba esa población y lo que estaba dispuesta a darle la salud estatal.

Adriana también cuenta sobre otros integrantes del Tejido, como Nicacio, “un wichi cordobés pero nativo del Chaco que alterna entre su comunidad en Sauzalito y la gran ciudad de Córdoba, donde es licenciado en Enfermería”. Como Aymara, que es abogada, de la que dice que “es bien urbana pero se crió de una forma muy ancestral porque su mamá y su papá sostenían el arraigo cultural a toda costa, hasta en la comida”. Aymara les contaba que cuando en la escuela los chicos se preguntaban “qué comiste al mediodía” y todos respondían “milanesas con puré”, ella quizás había comido chuño [N de la R: es la papa o algún otro tubérculo de altura deshidratado, un alimento central en la comida indígena] pero igualmente respondía: “Yo también comí milanesas”. Y como Lourdes, que es trabajadora social del sistema judicial en Tucumán y busca proteger a las familias indígenas a las que muchas veces les quieren quitar las tenencias de sus hijos porque argumentan “que los están criando mal porque no saben nada”.

—Cada uno en relación con sus territorios. Además de las luchas por protegerlos. Nosotros promovemos o pretendemos practicar “el buen vivir”, que tiene que ver con vivir en equilibrio con la Pacha, con la Tierra, con la Mapu. Entonces, cuidar el agua, cuidar los cerros, tiene que ver con esto, porque los pueblos originarios del mundo tenemos eso del cuidado de la naturaleza, la preservación, porque entendemos que somos parte de y no que es nuestra, que para vivir bien hace falta estar en equilibrio y que generalmente son las personas las que desequilibran los ambientes en los que les toca vivir.

***

Adriana tiene dos hijos, de 20 y 22 años. Dice que son más diaguitas que ella, porque tienen sangre diaguita de madre y padre, que “se asumen como originarios” y comparten con ella el amor por la cultura de su pueblo y por sus orígenes. De su madre, en cambio, dice que si bien conservó algunos regionalismos, nunca reivindicó esas raíces que ella recuperó y abrazó e incluso llegó a burlarse sobre su forma de vestir, con prendas y peinado típico, al ir a encuentros de pueblos indígenas.

 —Ahora tengo el pelo corto, pero en ese momento me decía: “Mirá esas trenzas que te hacés”, como diciendo: “¡Ridícula, mujer grande!” —cuenta y se ríe—. Alguna cosa ella tiene por ahí, pero como que no está muy de acuerdo o no estaba muy de acuerdo con esto de que yo me reivindicara como indígena.

Su semilla está plantada en su descendencia. Sus hijos.

—Yo creo que he sembrado y que algo ha quedado ahí, que florecerá en algún momento. Porque este tipo de cuestiones, de discriminación que hemos ido sufriendo —algunas más, otras menos— también nos han fortalecido para ser parte de esto; porque en un mundo globalizado, donde la derecha avanza de manera tan cruel, pensar en sostener nuestra ancestralidad, nuestros orígenes, es también una postura de rebeldía, de cuidar la lucha de los abuelos, de las abuelas. Defender que ser indígena no tiene que ser motivo de deshonra. Porque es lo que somos. Y también así siento que honro a mis ancestros que se tuvieron que ir de las comunidades alguna vez. Sobre todo las mujeres. Mis abuelas, mis bisabuelas, a lo mejor habrán pensado alguna vez en ser mujeres que pudieran levantar la voz, decir las cosas que pensaban y no avergonzarse y no estar sojuzgadas por el patrón, por el marido, por el sistema patriarcal que las sometía en ese momento. Entonces para mí es razón de orgullo llevar esta cara, esta forma de ver y de vivir el mundo.

La senadora Paloma Valencia reaccionó la presunta entrega por parte del Gobierno nacional del control del agua del departamento del Cauca al Consejo Regional Indígena (CRIC). La congresista criticó fuertemente la decisión del gobierno y aseguró que con esta, las autoridades indígenas pasarían a ser autoridades ambientales.

A través de este documento, el presidente Gustavo Petro le dio a las autoridades indígenas el estatus de Autoridad Territorial, Económica y Ambiental (Atea).

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En diálogo con Caracol Radio, Valencia se refirió a la decisión consagrada en un decreto firmado en agosto de 2024, en el que el Gobierno nacional le entregó el control de los recursos hídricos del Cauca a los indígenas del departamento.

“Yo no sé qué positivo tendrá“, inició la integrante del Centro Democrático. Posteriormente, argumentó que esta decisión podría generar abusos en contra de campesinos y comunidades afros del departamento que dependen de estos recursos naturales para su supervivencia.

A través de sus redes, la senadora también explicó que con esta normativa, cualquier uso que se le dé a los ríos y quebradas del departamento debe ser avalado por el Cric. Lo anterior, ha generado cobros, restricciones, amenazas y abusos por parte de las comunidades indígena hacia los que emplean el líquido en sus actividades diarias.

Paloma, que además es oriunda de esa región, explicó que el documento firmado tiene orígenes históricos que se remontan a la prohibición de realizar actividades agrícolas por encima de los 3.000 metros de altitud.

La congresista también se remontó a los años 60, cuando la implementación de la reforma agraria en ese territorio produjo que cerca de 150.000 hectáreas fueran prohibidas para ser explotadas. Valencia argumentó que producto de una mala interpretación de la prohibición, las tierras pasaron a ser propiedad y competencia de las comunidades indígenas.

“Se las entregaron en su gran mayoría a los indígenas y otras algunos campesinos, lo que se interpretó por algunos como que solamente los indígenas podían tener tierras y empezaron a presionar a los campesinos para vender las tierras arriba de los 3.000 metros”, explicó la senadora durante el diálogo con el medio de comunicación citado.

Según lo divulgado en sus redes sociales, por cuenta de esta normativa y del grado de autoridad ambiental concedido al Cric desde el Gobierno nacional, las comunidades del departamento se estría viendo afectadas.

“Es preocupante lo que denuncia la comunidad de la zona, que ahora debe pedirle permiso al CRIC para sacar agua de la quebrada que cruza sus propias fincas”, denunció Valencia.

En la conversación con el medio radial, la senadora también alertó del escenario que se vive actualmente en el departamento, cuyo poder es cada vez más controlado por los indígenas.

“Hoy el escenario del departamento es que casi todas las tierras altas pertenecen a los indígenas y por supuesto de ahí para abajo está todo el campesinado que en el departamento del Cauca la gran mayoría es microfundios muy pequeños”, añadió.

Las alertas de la congresista fueron más allá, incluso, se atrevió a asegurar que los indígenas podrían llegar a extralimitarse en su poder como autoridades ambientales. Esto debido a que cualquier juicio sobre los daños a los recursos hídricos del departamento estaría en mano de las autoridades indígenas, que también son autoridades ambientales.

“Entonces, por ejemplo, si los indígenas dicen que usted generó un daño ambiental grave, el Estado le podría extinguir el dominio de su finca, lo que es, expropiársela sin indemnización”, aseguró.

Las consecuencias de esta decisión, según Valencia, podrían impactar violentamente a los habitantes de la zona y de uno de los departamentos más violentos del país. Por ello, la senadora expresó su preocupación y aseguró que en la historia se pueden ver los posibles efectos de este decreto.

Se trata de los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que en mayo pasado fueron condenados por la Justicia Federal a penas en suspenso por usurpar tierras en el paradisíaco paraje Villa Mascardi, ubicado a 35 kilómetros de Bariloche.

Tras esa condena, la defensa elevó un recurso de revisión, haciendo foco en que en el fallo condenatorio hubo violaciones al derecho indígena, persecución penal y errores procesales.

El Tribunal Oral Federal de General Roca hizo lugar a ese planteo y ahora la Cámara Federal de Casación Penal será la responsable de revisar el fallo que el juez federal Alejandro Silva dictó en mayo pasado.

El magistrado fijó penas en suspenso a seis integrantes de la lof por la ocupación del ex hotel IOS y de las propiedades privadas Los Radales y La Escondida. Entre los condenados está Matías Santana, el mapuche de los binoculares.

Las penas fueron de 2 años y seis meses en suspenso para Yéssica Bonnefoi y Santana; 2 años y 4 meses para Luciana Jaramillo y Romina Rosas; 2 años y 2 meses para la machi Betiana Colhuan Nahuel y 1 año de prisión para Celeste Ardaiz Güenumil.

La reciente resolución no revoca las penas impuestas por usurpación por despojo, pero deja abierta la vía recursiva ante la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora deberá analizar si el juicio y la sentencia se ajustaron a derecho. Las defensas habían cuestionado duramente el fallo, alegando desde violaciones al principio de legalidad hasta desconocimiento del derecho indígena.

El juez también impuso el pago de costas procesales y pautas de conducta, como la prohibición de acercamiento a los inmuebles y a personal de Parques Nacionales. En ese fallo se desestimaron planteos clave de las defensas, como la posible doble persecución penal y el pedido de sobreseimiento de Colhuan, que era menor de edad al momento de algunos hechos.

La presentación estuvo a cargo de la Gremial de Abogados, cuyos integrantes plantearon quejas en relación con varios ítems, que consideraron “graves”.

Incluyeron allí aspectos conocidos, que fueron utilizados sin éxito durante el juicio, como la edad de algunos imputados. Mencionaron también una violación al principio de non bis in idem, ya que parte de los hechos habrían sido juzgados en otra causa anterior, valoración sesgada de la prueba, omisión de observar la perspectiva de derecho indígena, y además, se criticó la calificación en concurso real de los hechos.

La resolución firmada por el juez Silva concede los recursos por considerar que los agravios invocados cumplen los requisitos formales, son sustanciales y que la sentencia es de las previstas en el artículo 457 del Código Procesal Penal.

La comunidad Lafken Winkul Mapu ingresó, en noviembre de 2017, a dos predios pertenecientes a Parques Nacionales, desde los cuales avanzó a otras propiedades estatales y privadas, todas ubicadas en un rincón paradisíaco de la Patagonia.

A pesar de que durante el juicio intentaron demostrar su inocencia, existen múltiples documentos en los que se adjudican el avance sobre las propiedades ajenas, bajo el débil argumento de preexistencia ancestral en esas tierras.

Durante su permanencia en el lugar, hasta octubre de 2022, protagonizaron hechos vandálicos contra los inmuebles e incluso contra turistas y automovilistas.

Con el nuevo planteo, el caso de Villa Mascardi podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia. Los mapuches defendieron su irrupción en tierras públicas y privadas, argumentando que allí vivieron sus antepasados y, según ellos, son tierras que les pertenecen.

El pasado 30 de junio se cumplió un año más de un evento crucial en la conquista de México, donde las fuerzas españolas, lideradas por Hernán Cortés, sufrieron una severa derrota a manos de los mexicas.

Fue la noche del 30 de junio y madrugada del 1 de julio de 1520 que se llevó a cabo la batalla de La Noche Victoriosa, que también es conocido como La Noche Triste.

Y es que tras la matanza del Templo Mayor, los mexicas se rebelaron contra los españoles, quienes estaban sitiados en Tenochtitlan. Cortés, buscando escapar de la ciudad, intentó huir durante la noche, pero fue descubierto y atacado por los mexicas.

Los españoles, cargados con oro y riquezas, intentaron escapar por las calzadas de la ciudad, sin embargo, fueron emboscados por los guerreros mexicas, quienes atacaron desde canos y desde las orillas de las calzadas. La feroz lucha dejó severas bajas a los españoles, perdiendo caballos, cañones y hombres. Muchos de ellos murieron ahogados o a manos de los mexicas y la huida se convirtió en una derrota humillante para Cortés y sus hombres.

Un ahuehuete, conocido como el Árbol de la Noche Triste o de la Noche Victoriosa, se encuentra en Popotla y es un lugar simbólico relacionado con este evento. Se dice que Cortés lloró al pie de este árbol después de la derrota. El árbol fue dañado por un incendio en 1980, pero aún se conservan sus restos.

Pero esta no es la única historia de éxito para los indígenas originarios de las tierras que ahora son México frente a los españoles.

Años atrás, en 1517, ocurrió la Batalla de Champotón, cuando se realizó la primera expedición española a las costas de México.

Los españoles estaban asombrados por los paisajes nunca antes vistos, las flores y los animales que aquí habitaban. Deslumbrados por la belleza y riqueza del lugar, decidieron sacar el mayor provecho a la expedición.

El capitán Francisco Hernández de Córdoba, fue el primero en llegar a la Península de Yucatán. Durante marzo, quería bordear la costa pero los barcos se quedaron sin agua porque no habían cerrado los contenedores. Pasaron tres días sin poder beber agua, buscando un puerto para desembarcar.

Este hecho los llevó a Chakán Putum, destino que los españoles nombraron Champotón. Tras el cansancio y la sed, los españoles llegaron abatidos y confiados pues habían sido recibidos con hospitalidad en Campeche, la parada previa a este desembarco.

El español Bernal Díaz del Castillo narró en una crónica lo que ocurrió después: "Vimos venir por la costa muchos indios guerreros con sus armas de algodón y arcos y flechas y lanzas. Y se vinieron derecho a nosotros, nos cercaron por todas partes, hirieron sobre ochenta de nuestros soldados, nosotros, todos heridos, viendo que no teníamos fuerzas para sustentarnos, ni pelear contra ellos, acordamos escapar".

La batalla de Champotón tuvo un saldo de 50 muertos y 4 rehenes, por lo que los españoles la nombraron La Batalla de Mala Pelea, pues su derrota fue rotunda. Fue así como esta batalla se convirtió en la primera que un pueblo originario venció a los expedicionarios españoles.

Un grupo de comerciantes indígenas de la comunidad triqui, radicados en la Ciudad de México, realizaron este viernes una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino para demandar al gobierno local y a la alcaldía Cuauhtémoc espacios seguros y permanentes para la venta de sus artesanías a lo largo de Paseo de la Reforma.

La movilización comenzó aproximadamente a las 2:00 pm, integrada principalmente por mujeres y hombres dedicados a la elaboración y venta de textiles y productos artesanales, incluyó bloqueos intermitentes que complicaron la circulación vial.

En el trayecto hacia el zócalo se realizaron dos paradas, el primer cierre se registró en el cruce de Paseo de la Reforma y avenida de los Insurgentes, mientras que el segundo ocurrió en Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Juárez, afectando el tránsito en el centro de la capital durante más de tres horas.

A lo largo del recorrido, se reportaron enfrentamientos verbales y algunas trifulcas entre manifestantes y automovilistas, aunque se registró un saldo blanco: no hubo personas lesionadas ni incidentes mayores. La protesta culminó en la plancha del Zócalo, donde representantes del gobierno de la Ciudad de México recibieron a los comerciantes para entablar un diálogo y escuchar sus demandas.

Al grito de “solución, solución, exigimos solución” recorrieron la avenida Reforma, entre sus porras también señalaban la mentira respecto al presupuesto que no llega, de acuerdo con los artesanos.

Los manifestantes argumentaron que su solicitud de espacios para trabajar busca preservar sus tradiciones y generar ingresos de manera digna y pacífica. Advirtieron que continuarán con movilizaciones si no reciben una respuesta favorable por parte de las autoridades.

Mientras tanto, la manifestación provocó molestias entre conductores y usuarios del transporte público debido al impacto en la movilidad del Centro Histórico, pese a que las manifestaciones son constantes en la ciudad, complicaron varias vías debido a los breves plantones.

Las artesanías son fundamentales para preservar la cultura, ya que representan tradiciones, técnicas y saberes transmitidos de generación en generación. Estas piezas, elaboradas a mano, reflejan la identidad, historia y cosmovisión de las comunidades, incorporando materiales y estilos propios de cada región.

Además de su valor estético, las artesanías fortalecen el sentido de pertenencia y promueven el reconocimiento de la diversidad cultural. Su producción fomenta economías locales y contribuye al mantenimiento de prácticas ancestrales, evitando su desaparición ante la modernidad. Protegerlas y difundirlas es clave para mantener vivas las raíces culturales y honrar el legado de los pueblos originarios.

En la jornada matutina del miércoles 25 de junio de 2025 se conoció por medio de las redes sociales que un grupo de indígenas realizó bloqueos en la vía Panamericana, el sector de La Agustina y Mondomo, a la altura de El Llanito, norte del departamento del Cauca.

De acuerdo con versiones de medios regionales, la principal razón de los manifestantes para ejecutar estas acciones radicaría en el incumplimiento por parte del Gobierno nacional a los acuerdos que se han establecido en las diferentes mesas de diálogo que atienden las solicitudes del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), y el grupo de personas que permanece en Bogotá no ha podido establecer contacto con el funcionarios del actual mandato.

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Piendaradio, informó sobre la 1:00 p. m. que el paso fue habilitado en la vereda La Agustina, Santander de Quilichao (PR 58+200).

Durante las horas que permaneció el cierre, el único paso permitido fue para vehículos de emergencia como ambulancias, carro de Bomberos o patrullas de Policía.

Por el momento ninguna autoridad ha realizado pronunciamientos oficiales con respecto a esta situación, que se ha vuelto una constante en el territorio.

Hace un mes se presentó un hecho de la misma índole. El 22 de mayo, comunidades del sur del Cauca han bloqueado la vía Panamericana en el tramo entre Popayán y Pasto, exigiendo soluciones inmediatas ante el grave deterioro de la carretera internacional, lo que ha provocado un aumento de la accidentalidad y serias afectaciones a la movilidad.

Según reportó W Radio, la protesta se concentra en la vereda La Florida, municipio de El Patía, donde los habitantes denuncian la pérdida de parte de la banca en el kilómetro 32 y la falta de respuesta de las autoridades, a pesar de los reiterados llamados.

La vía Panamericana, considerada una arteria fundamental para la conexión del suroccidente de Colombia con el resto del país, enfrenta una crisis que ha puesto en jaque a las comunidades locales y a los sectores productivos. El deterioro de la carretera, especialmente en el tramo mencionado, ha generado una situación de riesgo permanente para quienes transitan por la zona. Los habitantes de La Florida han manifestado que la pérdida de la banca en el kilómetro 32 ha dejado a los pobladores en una encrucijada diaria: “Nos toca decidir si ser atropellados por vehículos o caer en el abismo que provocó la caída de la banca”, expresó la Junta de Acción Comunal de la vereda, al medio de comunicación.

La protesta, que se ha traducido en el bloqueo total de la vía, surge tras una larga espera por parte de los habitantes, quienes han solicitado en múltiples ocasiones la intervención de las autoridades competentes. El Consorcio Vías Sur, responsable del mantenimiento de este tramo, ha sido señalado por la comunidad como el principal destinatario de sus reclamos.

Los manifestantes aseguran que la falta de acciones concretas ha agravado la situación, incrementando el número de accidentes y dificultando el acceso a servicios básicos y actividades económicas.

Uno de los puntos más sensibles para los habitantes es el cobro del peaje en el sector de El Bordo. Los manifestantes argumentan que, a pesar de pagar regularmente este peaje, las condiciones de la carretera no reflejan una inversión adecuada en mantenimiento y mejoras.

“El cobro del peaje del sector de El Bordo no se ve reflejado en buenas condiciones en la carretera internacional que comunica al suroccidente del país”, denunciaron los líderes comunitarios.

Esta percepción de desatención ha alimentado el malestar y la desconfianza hacia las entidades encargadas de la infraestructura vial.

La actriz Laura Zapata generó controversia tras criticar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por viajar en aerolíneas comerciales en lugar de usar un avión exclusivo en cumplimiento de sus labores, generando gran polémica en redes sociales debido a que utilizó un adjetivo calificativo despectivo que incluso es señalado de clasista y discriminatorio.

A propósito de la reciente Cumbre del G7, en la que participan países como Italia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, la ex villana de telenovelas en Televisa lanzó comentarios en redes sociales que rápidamente se viralizaron.

En el evento, donde se discutieron temas de seguridad, comercio y diplomacia, la ausencia de Sheinbaum en la fotografía oficial de los representantes fue motivo del señalamiento de la actriz. “Claudia no salió en la primera fotografía de todos los representantes del G7 porque se fue en línea comercial. No se siente con la categoría porque el loquito este vendió nuestro avión presidencial”, declaró Zapata, en referencia a las políticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Laura Zapata es cancelada tras lanzar comentario clasista y discriminatorio contra Claudia Sheinbaum

Además, Zapata utilizó términos que fueron calificados como despectivos: “Como indita, como una persona sin categoría, sin clase, sin presencia”, expresó. Sus palabras provocaron críticas en redes sociales, donde más de uno no dudó en hacer el video viral y mostrar una postura en contra de la discriminación, pese a que por ello la famosa hermana de Thalía salió a explicar cuál era su verdadera intención tras utilizar dicho adjetivo calificativo despectivo.

Desde su cuenta en X (antes Twitter), la ahora activista reafirmó su postura:

“Dije “indita”, sí. No como insulto, sino como retrato simbólico de una presidenta que se comporta como segundona del narcopresidente que la impuso. Viajar en vuelo comercial no te hace humilde. Te hace irresponsable cuando ya ocupas la banda presidencial. Pusiste en riesgo a los pasajeros, y lo celebran como virtud. Rifaron el avión presidencial. No entregaron nada. Se quedaron con el dinero. Y ahora viajan como si México no mereciera altura. ¿Eso incomoda? Pues más vale que se acostumbren: Yo digo lo que otros callan, y no le tengo miedo a nadie. No fue racismo. Fue verdad“, Laura Zapata.

Aunque no es la primera vez que la actriz lanza críticas a la actual administración, sus declaraciones avivaron el debate sobre el lenguaje discriminatorio en el discurso público.

“¿Escándalo por “indita”? ¡No se hagan las finas, que todas se saben mis diálogos de memoria! Se hacen las ofendidas, pero bien que gozan cuando reparto cachetadas. Si una palabra mía les revuelve el alma... es porque les pica donde tienen la raíz. ¿Ofendidos?“, agregó en otro mensaje publicado en X.

El polémico paso de Laura Zapata: de telenovelas a podcast sobre política

Laura Zapata es una actriz mexicana conocida por su destacada trayectoria en telenovelas de Televisa, donde interpretó mayormente papeles de villana en producciones icónicas como María Mercedes y Rosa Salvaje.

Nació el 31 de julio de 1956 en la Ciudad de México y pertenece a una reconocida familia en el medio artístico, siendo media hermana de la cantante y actriz internacional Thalía. Además de su carrera en la televisión, incursionó en el teatro y cine, consolidándose como una figura representativa de la televisión mexicana.

Sin embargo, en los últimos años, Laura Zapata ha ganado notoriedad fuera del ámbito artístico debido a sus polémicas declaraciones en redes sociales, desde donde ha expresado férreas críticas hacia el actual gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.

Zapata frecuentemente lanza comentarios controvertidos en relación con temas políticos, lo que le ha generado tanto simpatizantes como detractores. Recientemente, sus declaraciones han estado dirigidas a la presidenta Sheinbaum, a quien reprochó por su comportamiento y sus decisiones, como viajar en aerolíneas comerciales en lugar de utilizar un avión oficial durante compromisos diplomáticos.

Estas expresiones han generado debate y críticas severas en redes, destacándola como una figura polarizadora por su fuerte postura en contra de la administración actual.

El censo 2025 organizado por INEI introduce una pregunta clave sobre identificación étnica, la número 10 del cuestionario, que permitirá al Estado peruano conocer con mayor precisión cuántas personas pertenecen a pueblos originarios, dónde residen y cuáles son sus condiciones de vida.

Esta información resulta esencial para el reconocimiento de derechos y el diseño de políticas públicas diferenciadas, culturalmente pertinentes y que respondan a las necesidades específicas de estas comunidades. Además, la obtención de datos estadísticos confiables sobre los pueblos originarios facilitará la asignación de recursos públicos para la implementación de políticas que los incluyan de manera efectiva.

Censo 2025 en Perú incluirá pregunta sobre identidad étnica

El primer censo peruano que incluyó una pregunta sobre identidad étnica se realizó en 2017, es decir, 186 años después de la independencia del país. Hasta ese momento, no existían cifras oficiales que reflejaran la presencia y diversidad de los pueblos originarios en el territorio nacional. La ausencia de autoidentificación étnica en los censos anteriores ha tenido consecuencias graves, como la negación de derechos, oportunidades y servicios públicos culturalmente pertinentes. Además, la falta de reconocimiento oficial ha expuesto a estas comunidades al riesgo de despojo de sus tierras y territorios, al no contar con datos que respalden su existencia y sus demandas.

En esta línea, el censo de 2025 introduce un cambio metodológico respecto a ediciones anteriores. Por primera vez, el proceso se extenderá durante varios meses, desde agosto hasta octubre, y la persona que se encuentre en la vivienda el día de la visita del censista será la responsable de responder por todos los habitantes del hogar. Este enfoque hace aún más relevante que los miembros de las comunidades estén informados sobre la importancia de la identificación étnica y que se aseguren de que sus identidades sean registradas correctamente.

Falta de autoidentificación étnica limita derechos de pueblos indígenas

La falta de autoidentificación étnica en los censos no solo invisibiliza a los pueblos indígenas, sino que también les niega derechos fundamentales, oportunidades de desarrollo y acceso a servicios públicos adaptados a sus realidades. Además, la ausencia de datos oficiales dificulta la protección de la propiedad y posesión de sus tierras y territorios, exponiéndolos a despojos y conflictos.

Actualmente, los pueblos indígenas representan el 26% de la población nacional, pero no cuentan con ningún representante en el Congreso de la República que defienda sus derechos e intereses. Esta ausencia de representación política ha derivado en la promulgación de leyes que, en ocasiones, ponen en riesgo la existencia misma de estas comunidades. La falta de datos precisos sobre la población indígena ha sido un obstáculo histórico para la formulación de políticas públicas inclusivas y para el reconocimiento pleno de sus derechos.

“Abrazo mi identidad” busca visibilizar a pueblos originarios en Perú

En este marco, el próximo martes 24 de junio, diversas organizaciones indígenas de alcance nacional lanzarán la campaña “Abrazo mi identidad: Originario con orgullo”, una iniciativa que busca promover la autoidentificación étnica en los Censos Nacionales de 2025.

El evento de lanzamiento tendrá lugar a las 10:00 en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ubicada en Jirón José Pezet y Monel 2467, en el distrito limeño de Lince. La campaña, impulsada por entidades como ONAMIAP, Confederación Nacional Agraria (CNA), Confederación Campesina del Perú (CCP), FENMUCARINAP y AIDESEP, entre otras, pone en el centro del debate nacional la importancia de que los peruanos y peruanas con raíces originarias se reconozcan y se identifiquen como tales en el próximo proceso censal.

Organizaciones exigen condiciones para un censo inclusivo y representativo

Las organizaciones indígenas que impulsan la campaña han planteado una serie de condiciones mínimas para garantizar que el censo de 2025 refleje de manera fiel la realidad de los pueblos originarios. Entre estas condiciones destaca la necesidad de una adecuada difusión de la fecha y del proceso censal, así como una explicación clara de la pregunta de autoidentificación étnica y de las opciones de respuesta disponibles.

También se recomienda que los censistas sean personas provenientes de las mismas comunidades, lo que contribuiría a reducir riesgos y a generar confianza en el proceso. Además, se considera fundamental que las preguntas se formulen en las lenguas maternas de los encuestados, para asegurar que las respuestas se registren con precisión y sin distorsiones.

El origen del término “michi” está vinculado a un proceso histórico y lingüístico que comenzó con la llegada de los españoles a América, pues con la conquista del Imperio Inca, trajeron gatos domésticos y los llamaban con el sonido repetitivo “mishi, mishi” para atraerlos.

“Los distintos pueblos indígenas, al escuchar esta onomatopeya, interpretaron que ese era el nombre del animal, y adoptaron esta palabra para llamar a los gatos.”, de acuerdo con información de la Enciclopedia de Historia Mundial.

A partir de esta influencia colonial, diversas lenguas indígenas de México comenzaron a incorporar términos similares para su respectiva lengua,. Por ejemplo, en maya se dice “miis”, en purépecha “misitu”, en rarámuri “miisi” y en otomí “mixi”, cuya pronunciación es muy cercana a “michi”. Esta coincidencia fonética evidencia cómo la palabra se consolidó gracias a la interacción cultural entre los pueblos originarios y los colonizadores.

¿De dónde surge la palabra michi?

El término “michi” es definido por el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española como el “nombre cariñoso usado para llamar a los gatos domésticos”.

Su origen se remonta al siglo XVI, cuando los españoles llegaron a América trayendo consigo gatos domésticos para controlar las plagas de roedores que infestaban los barcos, almacenes y asentamientos coloniales, de acuerdo a información de la Enciclopedia de Historia Mundial.

Los pueblos indígenas de la zona, al escuchar esta onomatopeya, asumieron que ese era el nombre del animal y comenzaron a denominar “michis” a estos felinos, adaptando el término a sus propias lenguas, como el quechua, lo que dio origen a la palabra que hoy conocemos, según informa la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La palabra “michi” como símbolo de identidad cultural

Esta palabra refleja la profunda conexión entre diversas comunidades indígenas y la influencia colonial, mostrando cómo un vocablo puede unir tradiciones ancestrales con la cultura popular actual. La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) señala que “el uso de esta palabra en distintas lenguas indígenas refleja el vínculo que existe entre las diferentes culturas”, evidenciando una herencia lingüística común que atraviesa fronteras geográficas y temporales.

Este fenómeno demuestra que, pese a las diferencias, las comunidades originarias comparten raíces culturales profundas que se expresan en términos cotidianos como “michi”. Así, la palabra funciona como un puente entre el pasado y el presente, integrando elementos de la tradición indígena con las influencias externas que han moldeado la región.

De esta manera, “michi” no solo es un apelativo cariñoso, sino también un símbolo de identidad cultural que refleja la riqueza y diversidad de América Latina, consolidando un vínculo histórico y cultural que ha perdurado a lo largo de los siglos

Esta integración lingüística y cultural ejemplifica la dinámica evolución de las lenguas y las identidades en América Latina. Las comunidades indígenas no sólo han preservado sus lenguas y costumbres, sino que también han incorporado y adaptado elementos introducidos durante la colonización, generando expresiones que perduran y se transforman en nuevos contextos sociales.

En este sentido, “michi” se convierte en un símbolo de resistencia cultural y sincretismo, reflejando la capacidad de estas comunidades para mantener viva su identidad mientras dialogan con el mundo contemporáneo (UPAEP).

Variaciones de “michi” en las lenguas indígenas de México

En México, de acuerdo con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, las lenguas indígenas cuentan con diversas formas para referirse a los gatos, muchas de las cuales guardan una similitud fonética con el término “michi”. Entre estas variantes destacan:

• Maya: “miis”
• Chontal: “mish”
• Mixteco: “chitú” o “vilu”
• Náhuatl: “miztli” (aunque para gato doméstico se usa “mistōntli”)
• Purépecha: “misitu”
• Otomí: “mixi
• Totonaco: “misitón”
• Tzeltal: “katu”
• Huichol (Wixárika): “míisu”
• Zapoteco: “mixtu’”
• Triqui: “li’uj”
• Mazahua: “mixi”
• Chinanteco: “chiti”
• Mazateco: “mixtun”

La similitud fonética entre estos términos y “michi” evidencia cómo esta palabra se ha consolidado como “una expresión cariñosa y común para nombrar a los gatos”, formando parte de una herencia lingüística compartida que conecta las tradiciones ancestrales con la cultura popular contemporánea, tal como señala la UPAEP en su artículo.

El conflicto armado se agudiza en algunas zonas del país, donde población históricamente vulnerada y afectada por la violencia en Colombia es nuevamente blanco de los grupos armados. En una rueda de prensa, el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Raúl Eduardo Sánchez Sánchez informó sobre la toma de medidas por parte del tribunal de paz, debido a recrudecimiento de la violencia en el norte del Cauca y en el sur de Valle del Cauca.

Según detalló, la persistencia de la crisis de seguridad es tal que amenaza con el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas y afrocolombianos que están acreditados para participar en el Caso 05, que se enfoca en investigar los hechos de violencias perpetrados en los departamentos.

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La situación se evidencia en 19 municipios: Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Guachené, Villa Rica y Puerto Tejada, en el norte del Cauca; y Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria, en el sur del Valle del Cauca.

Por eso, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP decretó medidas cautelares para salvaguardar a las comunidades indígenas y afrocolombianas. También determinó emitir más de 25 órdenes urgentes dirigidas a diferentes ministerios y entidades del Gobierno nacional, así como a instancias locales y territoriales.

Estas disposiciones buscan activar mecanismos de protección con enfoque étnico, centrados en garantizar la supervivencia, la autonomía y la seguridad de las poblaciones afectadas, que, como víctimas, han puesto en conocimiento del tribunal de paz los hechos de violencia que están presentándose en los territorios.

Asesinatos, amenazas y reclutamiento

Durante una audiencia pública realizada en Popayán (Cauca) en septiembre de 2024, en el contexto del análisis de una medida cautelar, múltiples organizaciones y grupos de víctimas denunciaron estar siendo objeto de amenazas por parte de múltiples actores armados que distribuyen panfletos intimidantes por los territorios.

Aunado a ello, organizaciones criminales han asesinado a líderes indígenas y afrocolombianos y a integrantes de la guardia indígena y han sometido a la ciudadanía al confinamiento o al desplazamiento forzado. También se han presentado casos de reclutamiento forzado, de destrucción cultural, de enfrentamientos armados y de instalación de retenes ilegales. Además, se han identificado hechos de violencia que se centran directamente en las mujeres.

Así las cosas, emitió las órdenes, que fueron concertadas en gran parte con autoridades indígenas y afrocolombianas a través de encuentros interculturales. El objetivo es ofrecer soluciones estructurales a las problemáticas advertidas y asegurar la vida y los derechos de las comunidades y sus organizaciones.

“La adopción de medidas cautelares se considera urgente e impostergable, pues la situación de inseguridad de las comunidades que habitan en los municipios es cada vez más crítica en los años de vigencia del Acuerdo Final de Paz”, precisó el magistrado Sánchez.

Algunas de las órdenes impartidas por la JEP

Entre las medidas que ordenó la JEP para hacer frente a la crítica situación, está la elaboración de un plan integral a cargo de 13 entidades estatales, dirigido específicamente al municipio de Guachené. Este documento debe incluir medidas concretas de seguridad y protección. Por otro lado, la Sala exigió a los Ministerios del Interior, de Justicia y de Igualdad la presentación de un proyecto de acto legislativo para regular la jurisdicción propia afrocolombiana, con el fin de asegurar su funcionamiento y acceso efectivo a la justicia.

Asimismo, para evitar el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) deberá impulsar planes de acción reforzados y fortalecer el programa “Atrapasueños”, que apunta al desarrollo integral de infancia y juventud con un enfoque cultural y territorial, integrando arte, deporte, ciencia y saberes ancestrales.

En el plano del desarrollo integral y la pervivencia cultural, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) tiene la tarea de impulsar un sistema autónomo de información para la población afrocolombiana. Y, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) debe priorizar la adjudicación y arriendo social de bienes rurales extintos para usos comunitarios y la entrega de una casa de paso destinada a estudiantes universitarios.

La solicitud busca el reconocimiento oficial de las siete comunidades originarias de esta región, afectadas por la falta de avances en los diálogos con el Gobierno nacional. Así lo informó Jhon Edison Cardona, secretario general de la Organización Regional Indígena de Caldas.

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Cardona señaló que el proceso de diálogo con el Ministerio del Interior ha estado marcado por la ausencia de acuerdos concretos y la falta de concertación efectiva.

Por ello, con el acompañamiento de la Personería de Viterbo, presentaron una tutela para exigir la atención estatal. “Viajamos a Bogotá para exigir un espacio de reunión en la sede ministerial que permita socializar nuestra situación y llegar a conclusiones claras, dado que actualmente hay una controversia sin resolver”, afirmó.

Bloqueo de comunidad indígena en sector de Remolinos

En paralelo a esta gestión jurídica, la minga mantiene un bloqueo indefinido en el sector de Remolinos, sobre la Troncal de Occidente, vía que conecta el Eje Cafetero con Antioquia y el Valle del Cauca. Esta acción sería una medida de presión para visibilizar sus demandas, que incluyen el reconocimiento territorial y avances en adjudicación de tierras.

Sobre este último punto, una comitiva nacional visitó recientemente las comunidades para informar sobre el avance del proceso de asignación de predios.

Según Cardona, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) reportó progresos en la adjudicación voluntaria de tierras, y la Unidad Nacional de Víctimas acompañó las reuniones. “Los acuerdos que se han logrado son positivos, pero aún quedan temas por resolver”, agregó.

El bloqueo en Remolinos ha generado un impacto significativo en el transporte de carga en la región. Según la Asociación de Transportadores de Colombia (Colfecar), las pérdidas económicas por los dos días de paro nacional alcanzan los $12.000 millones a nivel nacional. En Caldas, el sector más afectado es precisamente el de Remolinos, donde el bloqueo es total.

Alex López, presidente de la Asociación de Transportadores en Caldas, explicó que la paralización ha retrasado la entrega de mercancías, incluyendo alimentos, lo que genera costos adicionales. “Tenemos compañeros que permanecen detenidos durante horas en el bloqueo sobre la Troncal de Occidente”, señaló.

Aunque la situación representa un golpe para el gremio, López enfatizó comprensión hacia las protestas indígenas. “Nosotros también hemos participado en movilizaciones similares; entendemos que sin unidad social no habrá justicia para el pueblo”, afirmó.

El líder del gremio espera que el paro nacional finalice el próximo 30 de mayo para retomar la normalidad en las rutas y cumplir con las entregas comprometidas. Mientras tanto, la minga mantiene firme su posición y continúa la espera de una respuesta oficial por parte del Ministerio del Interior.

Indígenas vinculados a bloqueo en sector de Remolinos estarían cobrando peajes ilegales

De acuerdo con denuncias conocidas por medios locales, personas detenidas en los bloqueos indicaron que se les habría exigido dinero, entre $20.000 y $50.000, bajo el argumento de “colaborar para el fresco” para poder continuar su viaje. Esta situación fue rechazada por los afectados, quienes habrían presentado la denuncia ante las autoridades.

Asimismo, testigos citados por El Informador de Occidente confirmaron que conductores de un bus de servicio público y un camión de carga fueron obligados a atravesar sus vehículos sobre la vía para aumentar la presión y obstaculizar por completo el paso.

Los residentes locales señalaron que los bloqueos, que pueden durar más de tres horas, les impiden cumplir con compromisos médicos y dificultan la conexión entre municipios.

Por su parte, el alcalde de Belén de Umbría, John Fredy Montes, advirtió que las interrupciones están afectando gravemente la economía local, especialmente en la movilización de productos agrícolas y exigió que se investiguen los presuntos cobros ilegales por parte de los manifestantes.

"Su Santidad, como voz moral de millones de personas en el mundo, le imploramos que alce su sagrada voz para exigir el cese inmediato de la violencia contra los pueblos indígenas de Panamá", señala una carta de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), a la que EFE tuvo acceso este sábado.

Los pueblos indígenas piden en el escrito, con destinatario "Su Santidad León XIV", "que se haga un llamado al Gobierno panameño a tender con urgencia ese 'puente de diálogo' que usted sabiamente ha propuesto para buscar soluciones a los problemas que nos afectan".

"Hoy, más que nunca, el pueblo indígena panameño clama por ser escuchado. Su lucha es por el respeto a sus tierras, su autonomía y su vida digna, principios que la Iglesia siempre ha defendido. Por ello, le pedimos, Santo Padre, que interceda ante los responsables de esta crisis, el Gobierno de Panamá, instando al cese de la represión, la restitución de sus derechos y la apertura de un diálogo verdadero, libre de violencia", reza la carta.

El escrito fue entregado al arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, tras ser firmado por el presidente de la coordinadora indígena, Leonides Cunampia, y la cacica Elena Cruz, y avalado por los siete pueblos originarios del país.

Algunos sindicatos de docentes del sector público iniciaron el pasado 23 de abril una huelga indefinida para pedir al Gobierno la derogatoria de una ley que reforma la seguridad social, a la que consideran lesiva para sus jubilaciones y con carácter "neoliberal".

A ella se sumaron escalonadamente el sindicato de la construcción, Suntracs, -considerado el más poderoso del país- y también el de la industria bananera, así como grupos indígenas. En las últimas semanas se han registrado fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la Policía.

Justamente, las autoridades indígenas Ngäbe-Buglé denunciaron el pasado 16 de mayo que su comarca, la más grande de Panamá y ubicada al noroeste del país, está "sitiada militarmente" por las fuerzas de seguridad, que "persiguen" y "sacan de sus casas" a "dirigentes" y "familias enteras". También denunciaron una presunta "fumigación con gas pimienta" a través de helicópteros.

También se registraron graves choques entre la Policía y grupos originarios en el Darién, la frontera con Colombia, donde algunos indígenas "secuestraron" momentáneamente a una unidad policial.

La carta dirigida al papa explica que "a raíz de las protestas pacíficas, el gobierno del Presidente José Raúl Mulino, se ha dado a la tarea de usar todos los estamos de seguridad para atacar brutalmente a los manifestantes, y ha iniciado una persecución sistemática y violenta contra los pueblos originarios, especialmente de la Comarca Ngobe Buglé y también el territorio colectivo Emberá - Wounaan".

Los indígenas señalan que "ni en los tiempos más oscuros de la dictadura militar" han sido "tan perseguidos, sitiados en nuestros propios territorios, atropellados y atacados vilmente por las fuerzas de seguridad del Gobierno". Y explican que estas manifestaciones han dejado "un triste saldo de heridos, personas que han perdido la vista, una señora a punto de perder un brazo, un joven al borde de la muerte y cientos de detenidos".EFE

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Miles de indígenas fueron sometidos al sistema de mita minera, que los obligaba a trabajar en condiciones infrahumanas, generando una tasa de mortalidad brutal. La toxicidad del mercurio, combinada con jornadas extenuantes y precarias condiciones de seguridad, marcó un capítulo oscuro en la historia minera y social del país.

¿Cómo se descubrió y comenzó la explotación de la mina de Santa Bárbara?

La mina de Santa Bárbara fue descubierta en 1564, en plena época de consolidación del dominio español en los Andes. Su explotación comenzó formalmente en 1571 y rápidamente se convirtió en una pieza clave para la economía colonial, ya que el mercurio extraído se utilizaba en el proceso de amalgamación para extraer plata de las minas de Potosí y otras regiones.

Este proceso químico dependía enteramente del mercurio, por lo que Huancavelica pasó a ser una región estratégica para la corona española. Sin embargo, la extracción de mercurio implicaba un proceso extremadamente peligroso para quienes trabajaban en la mina. A diferencia de la plata o el oro, el mercurio es un metal líquido altamente tóxico, y su manipulación sin protección causaba envenenamientos severos.

¿Qué fue la mita minera y cómo afectó a los trabajadores indígenas?

La principal fuerza laboral en Santa Bárbara fue la población indígena, reclutada mediante el sistema de mita, una forma de trabajo obligatorio impuesto por las autoridades coloniales. Este sistema obligaba a comunidades enteras a enviar a un porcentaje de sus miembros a trabajar en las minas por períodos prolongados, sin remuneración justa y en condiciones precarias.

Los indígenas eran trasladados desde sus comunidades altoandinas hacia Huancavelica, donde enfrentaban condiciones extremas: altitud, frío, falta de oxígeno, y una atmósfera cargada de vapores tóxicos de mercurio. Los túneles subterráneos eran estrechos, mal ventilados y peligrosos, sin las mínimas medidas de seguridad. Las jornadas podían extenderse por más de 12 horas diarias, y la ausencia de atención médica adecuada condenaba a muchos a la muerte.

El cronista colonial Buenaventura de Salinas y Córdoba describe que a la mina llegaban los trabajadores encadenados, como si fueran delincuentes, un reflejo de la brutalidad del sistema.

¿Cuáles fueron las consecuencias humanas y la mortalidad causada por la minería de mercurio?

Durante los tres siglos de operación, se calcula que más de 30 mil indígenas perdieron la vida en Santa Bárbara debido a la combinación de la explotación física, los accidentes frecuentes y, sobre todo, la intoxicación por mercurio. Este número representa una tragedia humanitaria de dimensiones mayúsculas, que afectó a decenas de comunidades.

Las enfermedades derivadas de la exposición crónica al mercurio incluyen daños neurológicos irreversibles, problemas respiratorios, daños renales y cutáneos, entre otros. La acumulación del metal pesado en el organismo producía cuadros de envenenamiento progresivo que causaban la muerte o incapacitaban a los trabajadores.

Además, la muerte no solo se daba dentro de la mina, sino que afectaba a las familias y poblaciones indígenas en sus comunidades, quebrando estructuras sociales y culturales tradicionales.

La contaminación sigue activa, pero el Estado aún no actúa

Aunque la mina Santa Bárbara cerró hace décadas, los metales pesados no se fueron. Según un informe realizado por Salud con Lupa, el mercurio sigue en el aire, el agua y la tierra de Huancavelica, afectando la salud de miles de personas. Estudios recientes han encontrado concentraciones peligrosas en plazas, colegios y centros de salud, especialmente en el casco urbano. La contaminación ha sido reconocida incluso por sentencias judiciales y declaratorias de emergencia, pero las medidas concretas no llegan.

El Ministerio de Energía y Minas, principal entidad responsable de remediar estos daños, no ha incluido a Huancavelica en el Inventario de Pasivos Ambientales Mineros. Tampoco ha elaborado un plan de limpieza. ¿La razón? Aseguran que falta un informe técnico clave, sin el cual no pueden iniciar el proceso de saneamiento. Así, la respuesta estatal está detenida por un trámite burocrático, mientras la exposición al mercurio sigue afectando especialmente a niños y ancianos.

En esta región —una de las más pobres del país— hay solo cinco hospitales para más de 330 mil personas. Y a pesar de que los diagnósticos médicos por enfermedades respiratorias y neurológicas se han duplicado en tres años, no existen políticas específicas para atender a las víctimas de metales pesados. Los especialistas alertan que el tiempo pasa, pero el daño continúa. Y, hasta ahora, nadie ha sido sancionado ni se ha iniciado una remediación efectiva.

El jefe de la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, en inglés), Omar Khan, solicitó este martes a los residentes de las comunidades indígenas, en particular a las que se encuentran aledañas a la frontera con Venezuela, que compartan toda la información que tengan con las autoridades guyanesas.

“Quiero que estén atentos. La gente está grabando videos de lo que ocurre al otro lado. Queremos saber cuándo girar a la izquierda y cuándo a la derecha, y necesitamos su apoyo”, afirmó Khan a los más de 200 líderes indígenas que asistieron a la Conferencia anual del Consejo Nacional de Toshaos (NTC, por sus siglas en inglés).

A su juicio, “no hay zonas grises de entendimiento” sobre las fronteras de Guyana que están claramente definidas y reconocidas internacionalmente e instó a la unidad nacional, en el marco de la celebración de la independencia del país el 26 de mayo.

“Es importante que comprendamos lo que significa la soberanía y que amemos y protejamos a nuestro país”, subrayó Khan.

Por último, el jefe del Ejército de Guyana urgió a los jóvenes a alistarse en la GDF ante la posible escalada del conflicto.

La semana pasada, un presunto grupo de civiles atacó a tiros a oficiales del Ejército guyanés en el río Cuyuni, en la frontera con Venezuela, y este fue el segundo ataque por parte de presuntos civiles a soldados de la GDF desde febrero pasado, cuando seis militares del país fueron atacados con disparos en la misma zona.

Las autoridades de Guyana informaron que, en coordinación con otros organismos gubernamentales responsables, seguirán vigilando de cerca la evolución de la situación y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de su personal y la defensa de su soberanía.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) reafirmó el 1 de mayo por unanimidad sus medidas provisionales otorgadas en diciembre de 2023 y ordenó a Venezuela abstenerse de celebrar o preparar elecciones en la región del Esequibo, en disputa con Guyana.

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Décadas después, Venezuela declaró nulo ese fallo y firmó con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se ha materializado.

El enfrentamiento entre los manifestantes y unidades de control de multitudes de la Policía Nacional que derivó en estos arrestos se produjo en el poblado de Ojo de Agua en la provincia central de Veraguas, a la altura de la vía Interamericana que conecta a Panamá con Centroamérica, que había sido bloqueada por los participantes en la protesta.

"Van 12 aprehendidos durante las manifestaciones en el sector de Ojo de Agua, provincia de Veraguas. Reiteramos nuestro compromiso de garantizar el libre tránsito y la movilidad de todos los ciudadanos", informó en sus redes sociales la Policía.

Además de los indígenas, otros sectores como el del sindicato de la construcción Suntracs, los farmacéuticos, los supervisores de educación y los médicos se han sumado al paro indefinido de labores convocado el pasado 23 de abril por el gremio de docentes del sector público contra la Ley 462 de la CSS, que según los educadores compromete el sistema de pensiones.

Estas manifestaciones incluyen también el rechazo a un acuerdo de seguridad firmado con EE.UU. por el Gobierno panameño.

El Ministerio de Educación anunció este lunes que los maestros del sector público de Panamá en huelga indefinida no recibirán su salario.

Los líderes sindicales acusan al Gobierno de Mulino de "neoliberal" y autoritario, y han dicho que se mantendrán en huelga hasta "tumbar" la reforma a la seguridad social.

Entre los puntos de mayores protestas sindicales callejeras están dos de las diez provincias de Panamá: Veraguas y Bocas del Toro.

En Bocas del Toro (Caribe) hay decenas de bloqueos a las carreteras y el cese de actividades en las fincas de banano, con pérdidas que superan ya los 10 millones de dólares, según alertó el viernes pasado las transnacional Chiquita Panamá.

Chiquita Panamá informó este lunes de la suspensión definitiva de la producción en una parte de sus fincas en el país afectadas por una huelga sindical que entró en su tercera semana, en rechazo a una reforma a la seguridad social ya vigente, y que ha supuesto al menos 10 millones de dólares en pérdidas para la transnacional.

Tras una "primera evaluación" de los efectos de la huelga en las plantaciones bananeras de Chiquita, en la provincia oriental de Bocas del Toro "como consecuencia de la huelga, se procederá a la suspensión definitiva de la producción de una finca completa y áreas adicionales equivalentes a dos fincas", indicó la empresa en un comunicado.

Una fuente oficial precisó a EFE que Chiquita Panamá cuenta con un total de 26 fincas que abarcan 6.969 hectáreas.

Se calcula que en cada finca laboran unas 150 personas, según publicó hoy el diario local La Prensa, que añadió que el 90 % de la producción nacional de banano está en manos de la transnacional. EFE

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Según informó Bogotá Tránsito a través de su cuenta en X, las protestas han bloqueado tanto la calzada mixta como la exclusiva para los buses de Transmilenio, afectando el tránsito en el sentido sur-norte a la altura de la calle 10.

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Las autoridades se encuentran en el lugar regulando el tráfico, mientras los manifestantes avanzan hacia la calle 15.

De acuerdo con los reportes, las afectaciones no se limitan únicamente a la avenida Caracas.

Otras troncales importantes, como las de Américas, 30 y Soacha, también presentan retrasos en su operación debido a bloqueos similares.

En la intersección de la avenida Jiménez con Caracas, la Guardia Campesina ha bloqueado el paso, lo que ha paralizado completamente el servicio de Transmilenio en esa zona.

Las autoridades han recomendado a los ciudadanos buscar rutas alternas para evitar mayores inconvenientes.

Las manifestaciones, protagonizadas por comunidades campesinas y afrodescendientes, tienen su origen en un asentamiento que comenzó el lunes en la Plaza de Bolívar.

Desde entonces, los participantes han extendido sus protestas hacia otras áreas de la ciudad, generando un caos en el sistema de transporte público.

En la carrera 10 con calle 19, los bloqueos han obligado a los usuarios de Transmilenio y del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) a descender de los vehículos y continuar su trayecto a pie.

El impacto de estas movilizaciones se ha sentido especialmente en la troncal Caracas, donde la circulación de buses se ha detenido por completo.

Las imágenes del lugar muestran a cientos de personas caminando por las vías, intentando llegar a sus destinos en medio de la paralización del tránsito.

Bogotá Tránsito ha instado a los conductores a manejar con precaución y seguir las indicaciones de las autoridades en las zonas afectadas.

La situación ha convertido a la avenida Caracas en un punto crítico para la movilidad de Bogotá, con largas filas de personas desplazándose a pie y un sistema de transporte colapsado.

Las autoridades continúan trabajando para mitigar los efectos de las protestas y restablecer el flujo vehicular en las áreas afectadas.

Estas manifestaciones responden al tercer día de protestas en la capital colombiana. Las comunidades campesinas han dejado claro que no abandonarán las calles hasta que sus peticiones sean atendidas.

Entre sus principales exigencias se encuentran garantías de seguridad en sus territorios, así como el cumplimiento de acuerdos previamente establecidos con el gobierno.

Según consignó El Tiempo, los manifestantes buscan que las autoridades nacionales se comprometan a implementar medidas efectivas para proteger a las comunidades rurales de los conflictos armados y las amenazas que enfrentan.

La situación ha generado un amplio despliegue de seguridad en el centro de Bogotá, mientras las autoridades intentan mediar con los líderes de la protesta para evitar mayores alteraciones al orden público.

Según lo informado por el medio mencionado, las delegaciones participantes en la protesta han reiterado que su objetivo principal es garantizar la protección de sus derechos y la implementación de políticas que promuevan el desarrollo rural en condiciones de paz y seguridad.

Las autoridades nacionales aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las demandas de los manifestantes, pero se espera que en las próximas horas se lleven a cabo reuniones entre representantes del gobierno y los líderes campesinos para buscar una solución al conflicto. Mientras tanto, la movilización continuá su rumbo hasta la Plaza de Bolívar, por lo que se esperan afectaciones en la movilidad hasta horas de la tarde.

El 7 de mayo de 2025, un grupo de aproximadamente 70 personas de la comunidad indígena embera, compuesto por 40 adultos y 30 niños, intentó ocupar nuevamente los predios del parque Nacional en Bogotá, para protestar por el presunto incumplimiento de los acuerdos alcanzados con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según informó la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, esta acción busca visibilizar la falta de avances en el proceso de retorno sostenible a sus territorios, una demanda que las comunidades han reiterado en múltiples ocasiones.

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En un comunicado oficial emitido por la Secretaría General, el distrito reiteró que el parque Nacional no es un espacio adecuado para la estadía de estas comunidades, ya que no cuenta con las condiciones necesarias para garantizar su bienestar.

En este contexto, Miguel Silva, secretario general de la Alcaldía de Bogotá, señaló que desde el distrito se ha ofrecido un acompañamiento a las comunidades embera en las Unidades de Protección Integral (UPI) de La Rioja y La Florida. Este apoyo incluye la participación de equipos de Salud, Integración Social y Consejería de Víctimas, entre otros.

“En este momento un grupo de aprox. 70 personas Embera (40 adultos y 30 niños) buscan ocupar nuevamente el Parque Nacional. Como Distrito reiteramos que no es posible que ocupen temporalmente el parque debido a que no es un espacio que brinde condiciones adecuadas”, escribió en su cuenta de X.

Silva, también hizo un llamado al Gobierno nacional y a la Unidad de Víctimas para que cumplan con el proceso de retorno de estas comunidades a sus territorios de manera digna y segura. Además, enfatizó que el distrito está dispuesto a continuar brindando su apoyo en este proceso, pero insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional tome medidas estructurales para garantizar los derechos.

“Piden al Gobierno nacional de Gustavo Petro y a la Unidad para las Víctimas que cumpla con el proceso de retorno sostenible. Como Distrito ofrecemos nuestro acompañamiento y seguimos insistiendo en la necesidad de que Gobierno Nacional busque una salida de fondo que garantice sus derechos”.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno informó que desde las primeras horas de la mañana del 7 de mayo de 2025 se desplegaron equipos de Diálogo Social, Derechos Humanos, Asuntos Étnicos, Gestión Policiva y la Alcaldía de Santa Fe, para acompañar las movilizaciones de este grupo de la comunidad embera. Estas personas, provenientes del asentamiento en el parque La Florida, se dirigían al parque Nacional con la intención de ocuparlo nuevamente.

En el mismo comunicado, la Secretaría de Gobierno destacó que las comunidades embera han insistido en su llamado al Gobierno nacional. Asimismo, manifestaron su disposición a participar en conversaciones interculturales y en acciones que permitan encontrar una solución estructural.

Entre los acuerdos alcanzados entre el Gobierno nacional y la comunidad indígena resaltó la construcción de un plan integral a corto, mediano y largo plazo para el retorno voluntario, la reubicación y/o su integración local a las ciudades donde se han desplazado.

Incluso, se habló de trabajar un CONPES para la atención integral al pueblo embera, que permitirá establecer las líneas generales de política en diferentes sectores de la administración, para que de manera articulada y coordinada se realicen las intervenciones que correspondan desde cada sector del Gobierno nacional.

De los acuerdos planteados para lograr estos objetivos participaron entidades como: Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, Agencia Nacional de Tierras, Instituto de Bienestar Familiar, Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Departamento de Prosperidad Social y el Departamento Nacional de Planeación.

Autoridades indígenas denunciaron el martes que existen acciones de racismo y discriminación por parte de la fiscal general, Consuelo Porras, y del Ministerio Público, en la persecución judicial que ha iniciado contra líderes indígenas que participaron en protestas exigiendo la renuncia de la fiscal general.

En una conferencia de prensa junto al presidente Bernardo Arévalo y su gabinete, representantes de los 22 pueblos indígenas, garifunas y xincas, anunciaron que presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra Porras por los delitos de discriminación y racismo.

El amparo se presenta luego de que la fiscalía detuviera la semana pasada a Luis Pacheco, viceministro de Desarrollo y Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Minas, y a Hector Batz, ambos exmiembros de la Junta Directiva de 48 cantones, una organización que lideró en 2023 protestas contra la fiscalía por su arremetida judicial contra el entonces aspirante presidencial Bernardo Arévalo.

Rodeado de líderes indígenas, en una muestra nunca antes vista por parte de un presidente, Arévalo dijo que la reunión era un acto de unidad entre los cuatro pueblos (indígenas) que forman Guatemala.

“La criminalización de cualquier persona que defiende la democracia y los derechos humanos y que combate a la corrupción es un ataque a todos los pueblos del país”, dijo Arévalo.

El mandatario guatemalteco reclamó que, mientras hay persecución contra líderes indígenas, los casos denunciados de grave corrupción quedan en total impunidad. “Casos que han tocado la salud, la educación, el bienestar y desarrollo social del pueblo de Guatemala”, citó.

Y recalcó que ha habido millones de quetzales desfalcados del Estado por actores corruptos, pero que han quedado en impunidad ante la falta de investigaciones de la fiscalía.

“Estamos cerrando filas contra la cooptación de las instituciones de justicia por parte de los actores de impunidad”, dijo Arévalo. El presidente también dijo que se están activando a nivel internacional acciones contra la discriminación a los pueblos indígenas.

Hizo un llamado al Congreso, en donde hay dos propuestas para reformar la ley del Ministerio Público para destituir a Porras. “Escuchen la demanda urgente de la población”, dijo el presidente.

Juan Pablo Ajpacajá, de la organización 48 Cantones, dijo que como poblaciones indígenas “denuncian las actitudes racistas y discriminadoras de la fiscal general y de jueces” que usan la justicia en contra de pueblos indígenas. “No se ocupan de juzgar e investigar a otros delincuentes”.

La lideresa indígena Leticia Zapeta dijo que las comunidades son herederas “de una historia y dignidad... No permitiremos que la impunidad y el desfalco se conviertan en norma; hemos sido testigo de cómo la corrupción socava nuestras comunidades”.

Los representantes comunitarios dijeron que se mantendrán vigilantes ante las acciones de la fiscalía y que se mantendrán articulados y unidos para hacer frente a estos flagelos. Además, pidieron al Congreso conocer las iniciativas de ley para agilizar una salida de la fiscal general.

“Somos conscientes de que han emprendido una venganza contra quienes impidieron sus planes y defendieron el Estado de derecho y la democracia en Guatemala en el 2023″, dijo en rueda de prensa, junto al mandatario, el dirigente del pueblo xinca, Amilvar Urías.

“Nuestros pueblos indígenas hoy somos objeto de persecución en este nuevo intento de golpe de Estado. Que no quede duda de que defendimos la democracia en el 2023 y ahora seguiremos trabajando junto al mandatario para mantener el Estado de derecho”, afirmó.

AP solicitó comentarios a la fiscalía sobre lo declarado por el presidente Arévalo y las autoridades indígenas, sin que haya una respuesta hasta el momento.

Cristina Otzín, de la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo, indicó a periodistas la motivación del amparo solicitado. “Hay un racismo desde el Estado que no tolera ver el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas”, dijo.

La fiscalía ha arremetido contra el gobierno de Arévalo desde antes de que éste asumiera y solicitó en varias ocasiones el retiro de inmunidad del presidente para que sea juzgado por distintos hechos, incluido un presunto fraude electoral.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales certificaron que en los comicios presidenciales de 2023, en los que triunfó Arévalo, no hubo fraude.

Porras ha sido sancionada junto a jueces y fiscales por 42 países, incluidos los de la Unión Europea y Estados Unidos, que le han prohibido la entrada a sus territorios por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia en Guatemala.

Las protestas lideradas por los indígenas hace dos años fueron dirigidas también contra un subordinado de Porras y un juez que comandaron las acciones judiciales contra el Movimiento Semilla de Arévalo.

(Con información de AP)

Cientos de indígenas bloquearon el lunes múltiples carreteras en Guatemala para exigir la liberación de dos líderes de la organización 48 Cantones de Totonicapán, quienes encabezaron las protestas en 2023 en demanda de la renuncia de la fiscal general y de una transición pacífica del actual presidente Bernardo Arévalo, según información de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Por lo menos 11 carreteras en nueve departamentos permanecieron cerradas como parte de los bloqueos convocados por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), respaldados por otras agrupaciones indígenas y sociales. Los campesinos instalaron piedras, ramas y puestos de manifestantes en las principales rutas del país. Además, reclaman el cese de un aumento salarial aprobado por el Congreso en noviembre pasado.

Las manifestaciones surgieron tras la detención del viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, Luis Pacheco, y del también líder indígena Héctor Batz Chaclán, ambos ex miembros de la Junta Directiva de los 48 Cantones. Los dirigentes fueron acusados de terrorismo y obstaculización de la justicia por el Ministerio Público y la jueza Carol Patricia Flores, quien ha sido señalada en el pasado por presuntos actos de corrupción. La Fiscalía buscaba además imputarlos por otros tres delitos.

El Ministerio Público, comandado por la fiscal general Consuelo Porras y su secretario general Ángel Pineda, también sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por actos de corrupción, sostuvo que las protestas de 2023 afectaron el patrimonio ciudadano y presentó como evidencia mensajes en redes sociales que mencionaban los bloqueos.

Repudio internacional a las detenciones

Desde la presidencia, el secretario de Comunicación Santiago Palomo afirmó que el gobierno buscará preservar el diálogo y la libre movilidad. El presidente Bernardo Arévalo calificó la detención como “espuria y sin fundamento” y tildó a los miembros de la fiscalía como una “cuadrilla de criminales”.

Organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea, expresaron su rechazo a las detenciones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también manifestó su solidaridad con los líderes indígenas y con Arévalo, subrayando que la postura mexicana responde a la defensa de la autodeterminación de los pueblos y de quienes luchan por la democracia. “Me van a decir que estoy interviniendo en los temas de Guatemala, no, es sencillamente parte de la política exterior de México”, dijo Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

La Embajada Británica en Guatemala expresó su profunda preocupación ante la persecución de autoridades indígenas, advirtiendo que el “uso del sistema judicial como arma socava el Estado de Derecho”.

Pacheco y Batz Chaclán permanecen en prisión

Pacheco y Batz Chaclán permanecen en prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones bajo reserva judicial, con un plazo de dos meses otorgado a la fiscalía para recabar pruebas. Ambos líderes se suman a otras figuras consideradas como “presos políticos” por analistas, entre ellos el periodista José Rubén Zamora Marroquín, el fiscal anticorrupción Stuardo Campo y el abogado Eduardo Masaya.

El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), organización que afirma aglutinar a más de 200.000 personas, convocó las manifestaciones tras las detenciones. En las elecciones de 2019, su brazo político, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), obtuvo el cuarto lugar con la candidatura de Thelma Cabrera, quien fue excluida de las elecciones de 2023 por decisión del Tribunal Supremo Electoral, situación que también afectó a otros candidatos.

Desde antes de la asunción presidencial de Arévalo, el Ministerio Público había intentado retirarle la inmunidad para procesarlo, incluyendo acusaciones por un presunto fraude electoral. Diversas organizaciones nacionales e internacionales confirmaron que las elecciones presidenciales de 2023 se llevaron a cabo sin fraude.

(Con información de AP/EFE)

Los indígenas vienen llegando a la capital del país desde los departamentos del Cauca, Nariño y Putumayo, con el propósito de denunciar la situación que vive la comunidad a a causa dela violencia en la región.

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Sin embargo, usuarios en redes sociales y miembros de la institución educativa han denunciado que los indígenas no han permitido el inicio de las clases en la institución.

En conversación con RCN Radio, un miembro del área administrativa de la institución, identificado como Rafael, comentó que “estaba previsto que se concentraran solo en la Concha Acústica, pero han bloqueado facultades completas. No tenemos acceso a oficinas ni salones. La universidad está tomada”.

Fernando Ruiz, estudiante de la Universidad Nacional, también le manifestó al citado medio que esta situación es constante en la institución, razón por la cual expresó su preocupación con el desarrollo de las clases.

“Ya hemos vivido semestres prácticamente perdidos por este tipo de eventos. Esperamos que esta vez la interrupción sea breve”, indicó Ruiz a RCN Radio.

Un usuario en X, identificado como Ronald Vargas, aseguró que en la noche del domingo 27 de abril de 2025 fue cuestionado por advertir la situación que se podría vivir en las instalaciones de la Universidad Nacional.

“A esta hora amanecen bloqueados los edificios de la Universidad Nacional por parte de la minga, algo que considero innecesario, en el pasado han sido bienvenidos sin ningún inconveniente. Anoche me atacaron en el correo de la Universidad por advertirlo”, aseguró Vargas.

Según RCN Radio, los edificios que se habrían tomado los indígenas en el centro educativo son los siguientes:

• Torre Central
• ⁠Museo de arte
• ⁠Sociología
• ⁠Enfermería
• Edificio antiguo de Ingeniería
• ⁠Medicina
• NEA (Nuevo Edificio de Artes)
• León de Greiff
• ⁠Química
• ⁠Humanas
• CyT (Edificio de Ciencia y Tecnología)

El medio de comunicación Red+ Noticias compartió un video donde se puede apreciar a un estudiante enfrentándose a un líder indígena. Testigos aseguraron que la comunidad estarían amenazando a la comunidad con machetes.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en rueda de prensa informó que el Distrito ofreció diferentes puntos para acoger la llegada de la minga indígena en la capital, como el parque del Renacimiento y el parque del Tercer Milenio.

“Ustedes saben que ahí (Universidad Nacional, sede Bogotá) existe una particularidad respecto a la intervención de la fuerza pública”, afirmó el mandatario de la capital colombiana.

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, en conversación con La FM, aseguró que cerca de 15.000 indígenas se han concentrado en la Universidad Nacional, pero precisó que en un principio se había acordado con la institución la llegada de 4.000 indígenas.

“En principio, la Universidad mostró disposición para abrir espacio a 4.000 personas. Hoy en día, la decisión de la Minga es quedarse toda allí”, indicó Quintero al citado medio.

Quintero aseguró que habrá acompañamiento “permanente con gestores de convivencia, Puestos de Mando Unificado activos y trabajo articulado con Movilidad, Seguridad y Policía para garantizar el orden”.

Se espera la activación de un Puesto de Mando Unificado en la Universidad Nacional, con la colaboración de diversas entidades, como la Secretaría de Gobierno, Bienestar Familiar, Personería, y Secretaría de Salud, entre otras, para gestionar la llegada de la minga indígena a la universidad.

Uriel Ducuara, vocero de la minga indígena que se concentra en la Universidad Nacional, aseguró que viajaron a Bogotá para atender el llamado del presidente Gustavo Petro.

“Nosotros venimos en representación de nuestro resguardo indígena Nicolás Ramírez del municipio Ortega Tolima, venimos justo en apoyo al gobierno nacional sobre las reformas que están presentando, reforma a la salud, reforma pensional y reforma al trabajador, entonces nosotros venimos en acompañamiento al presidente de la República”, expresó Ducuara a RCN Radio.

En un evento que marca un importante logro para la biodiversidad australiana, el proyecto de reintroducción de quolls orientales captó la atención tanto de expertos en conservación como del público general.

Después de más de 60 años de ausencia en el continente, estos marsupiales vuelven a recorrer tierras australianas, gracias a un esfuerzo conjunto liderado por la Universidad de Sydney y la organización de conservación Aussie Ark.

Este acontecimiento, celebrado en la propiedad Bannockburn del Scots College en Nueva Gales del Sur, fue inaugurado con una ceremonia de “Welcome to Country”, una práctica cultural a cargo del líder tribal Jerrinja, Ron Carberry, que refleja la importancia de las tradiciones indígenas en la protección del medio ambiente, según detalla Popular Science.

La significancia de los quolls orientales

Los quolls orientales, conocidos por su aspecto distintivo con manchas blancas y su comportamiento nocturno, son considerados oportunistas en la caza, como aclara el Departamento de Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente y Agua de Australia.

Se alimentan principalmente de insectos, pequeños mamíferos, aves y reptiles. Su desaparición de la Australia continental se debió principalmente a la depredación por zorros introducidos, enfermedades y envenenamientos intencionados, tal y como informa Popular Science.

Metodologías innovadoras en monitoreo

Para asegurar la efectividad de esta reintroducción, el equipo de la universidad y la agrupación, implementó avanzadas metodologías de monitoreo, tal y como explicó Thomas Newsome del Global Ecology Lab.

Utilizando transmisores de radio de muy alta frecuencia y sistemas de posicionamiento global instalados en la cola de los quolls, junto con una red de vigilancia con 54 cámaras trampa, estos especialistas pretenden capturar datos críticos que ayuden a comprender mejor la ecología de esta especie y su interacción con el ecosistema local, según destaca Popular Science.

El papel de la comunidad indígena

La participación activa de las comunidades indígenas, como se evidenció en la ceremonia dirigida por Ron Carberry, subraya el valor de incluir conocimientos tradicionales en los procesos de conservación moderna.

Carberry, al reflexionar sobre la relación histórica entre su pueblo y los quolls, afirmó que la ceremonia representa un momento crucial para la “sanación del país”, destacando la interconexión entre la recuperación de especies y el patrimonio cultural.

Estrategias de conservación a largo plazo

El propósito de este proyecto es, además de reintroducir a los quolls en su hábitat natural, establecer una población genética estable que pueda ser autosostenible en el tiempo. Dean Reid, gerente de operaciones de Aussie Ark, aseguró que esta liberación pertenece a un plan más amplio que incluye la gestión de metapoblaciones genéticas.

Este enfoque busca garantizar la diversidad genética y la salud demográfica de los quolls en ambientes donde las amenazas de depredadores están controladas, tal como se menciona en Popular Science.

Desafíos y oportunidades futuros

La reintroducción de los quolls orientales representa solo un paso inicial en los desafíos futuros de conservación. Uno de los principales objetivos es analizar el papel ecológico de estos marsupiales en un ambiente del que estuvieron ausentes durante décadas, un aspecto esencial para su integración exitosa.

Thomas Newsome detalló la importancia de esta investigación a largo plazo. Estableciendo una metapoblación en Australia continental y comprendiendo su impacto en el ecosistema.

Un futuro prometedor

La reintroducción de los quolls orientales en Australia no solo celebra el regreso de una especie emblemática, sino que también impulsa nuevas estrategias de conservación que combinan el conocimiento tradicional con avances científicos.

Este enfoque podría servir como modelo para futuras iniciativas de rewilding y resalta la importancia de la colaboración entre la ciencia y las comunidades indígenas para la preservación de la biodiversidad, tal y como concluye el artículo de Popular Science.

Belém (Brasil), 27 ene (EFE).- Cientos de indígenas brasileños del estado amazónico de Pará continuaron este lunes en la capital, Belém, las protestas iniciadas dos semanas atrás, que buscan garantizar el derecho a la educación para los pueblos originarios.

Los indígenas piden la revocación de una ley que afecta la continuidad de la educación escolar indígena, al disminuir la educación presencial y aumentar la educación a distancia de forma virtual.

De acuerdo con los indígenas, la medida compromete el aprendizaje en las aldeas debido a la falta de acceso a internet y al idioma, ya que muchos estudiantes no hablan portugués.

Desde el pasado 14 de enero, unos 300 indígenas ocupan la sede de la Secretaría de Educación de Pará en carpas y cocinas improvisadas, buscando una solución al asunto.

Tras dos semanas sin solución, la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, viajó este lunes a Belém y se reunió con los manifestantes en un intento de solventar divisiones internas que han dificultado las negociaciones.

En el encuentro con la ministra, varios líderes expresaron su opinión, como Miriam Tembé, quien insistió en que permanecen en la sede de la secretaría "para ser escuchados" y "para tener los derechos sobre nuestra educación garantizados".

"No vale la pena regresar en medio de inseguridad jurídica", aseguró.

La idea es compartida por Auricelia Arapiun, otra lideresa indígena, quien señala que es necesario que exista una ley específica para la educación de los pueblos originarios.

"Lo poco que teníamos ya lo quitaron", aseguró a EFE, señalando que no respetaron el derecho de consulta, dejando como resultado una ley "que no atiende la realidad de los pueblos de Pará".

Según la Articulación de los Pueblos Indígenas (Abin), organización que representa a todas las etnias brasileñas, la educación escolar indígena no puede ser virtual, porque la sabiduría es ancestral, está en los bosques y "por eso necesita ser presencial". EFE

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El Papa Francisco, defensor incansable de la Amazonía, ha fallecido a las 7:35 de este lunes 21 de abril en su residencia de la Domus Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano, a los 88 años, dejando un vacío profundo en el corazón de los millones que lo veneraban. Su legado, sin embargo, perdurará en la historia, especialmente por su compromiso con la defensa de los pueblos originarios de la Amazonía, un mensaje que se consolidó a lo largo de su pontificado, siendo quizás su obra más simbólica la Exhortación Apostólica Querida Amazonía, publicada el 12 de febrero de 2020. La lucha que emprendió a favor de la Amazonía y sus habitantes no fue solo ambiental; también profundamente social, cultural y espiritual, reflejando una perspectiva integral que sigue siendo una guía para todos los que trabajan por la preservación de este vital bioma.

A lo largo de su papado, Francisco dio voz a aquellos que durante siglos fueron silenciados por el sistema de explotación y colonización que aún afecta a la región amazónica. Los pueblos originarios, quienes han sido guardianes de la selva por generaciones, encontraron en él un aliado incansable. Su mensaje trascendió las fronteras de la Iglesia, apelando a la conciencia global sobre la importancia de la Amazonía para la supervivencia del planeta. Hoy, mientras la comunidad internacional lamenta su partida, su legado sigue siendo un faro para la protección de la tierra y los derechos humanos.

Un llamado urgente a la acción

Desde el inicio de su pontificado, el Papa ha resaltado la importancia de reconocer a los pueblos originarios no como una simple minoría, sino como actores principales en la preservación de su entorno y la defensa de sus derechos. Esta postura fue reafirmada durante su visita a Perú en enero de 2018, en un contexto de creciente presión sobre los pueblos indígenas para que abandonen sus tierras en favor de proyectos extractivos y agropecuarios. En este sentido, Francisco subrayó que “la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores”. Además, destacó que, cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan.

La visita del Papa a Puerto Maldonado, en la región amazónica peruana, se dio en este contexto, donde se reunió con alrededor de 2000 miembros de pueblos indígenas y compartió un almuerzo con representantes indígenas. Este encuentro simbolizó no solo un momento de cercanía, sino también un llamado a la acción para fortalecer la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos y su tierra. Es importante resaltar que esta postura de la Iglesia no se basa únicamente en razones espirituales, sino en un fuerte lazo construido a lo largo de los años, y en una clara opción preferencial por los pobres, que ha sido una característica esencial del pensamiento de la Iglesia Católica latinoamericana desde el Concilio Vaticano II.

El Papa Francisco ha reafirmado este enfoque en su llamado al perdón por los crímenes cometidos por la Iglesia durante la colonización de América. En el II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, en 2015, Francisco reconoció las atrocidades cometidas en nombre de la Iglesia contra los pueblos originarios, diciendo: “Pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América”. Esta declaración se enmarca dentro de un proceso de reflexión y reconciliación que busca restaurar la dignidad de los pueblos indígenas, recordando las resistencias dentro de la Iglesia por aquellos sacerdotes y obispos que, a lo largo de la historia, lucharon contra el colonialismo.

Los cuatro grandes sueños para la Amazonía

Uno de los aspectos más destacables del pontificado de Francisco fue su énfasis en los “cuatro grandes sueños” para la Amazonía, los cuales guiaron sus acciones y mensajes. Estos sueños, que se encuentran plasmados en su Exhortación Querida Amazonia, se enfocan en la justicia social, cultural, ecológica y eclesial. El primero, el “sueño social”, enfatizó la necesidad de una justicia que no solo protegiera el medio ambiente, sino que también respetara los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Para Francisco, era fundamental que las comunidades amazónicas fueran escuchadas sobre el futuro de sus territorios, donde las voces de los más pobres y vulnerables debían ser la fuerza más potente en cualquier mesa de diálogo.

En segundo lugar, el “sueño cultural” promovió la idea de que la Amazonía no debe ser vista como un espacio que debe ser transformado a imagen de la modernidad, sino como un lugar donde las culturas originarias florecen. “Promover la Amazonía no significa colonizarla culturalmente”, afirmaba el Papa, sino cuidar sus raíces y defender su riqueza cultural única frente a las amenazas externas que buscan homogeneizarla.

El “sueño ecológico” fue el tercero, una llamada de atención global para que la humanidad reconozca la interconexión entre el ser humano y la naturaleza. El Papa expresó que el cuidado del medio ambiente no es solo una cuestión técnica, sino una cuestión moral que está intrínsecamente ligada al bienestar de los más pobres. “El daño a la naturaleza es un daño a la humanidad”, sostenía Francisco, y añadió que la Amazonía, como “pulmón del planeta”, es esencial para la supervivencia de todos.

Finalmente, el “sueño eclesial” aspiraba a una Iglesia con rostro amazónico, que abrazara las culturas indígenas y las hiciera partícipes del evangelio sin imponerles una visión extranjera. La inculturación, para el Papa, era el camino para hacer que el evangelio se viva de forma auténtica en las comunidades amazónicas, sin eliminar sus tradiciones y creencias profundas.

Este año el presidente Lula no participó en la movilización de 8.000 indígenas de todo Brasil que la semana pasada acamparon frente a los edificios institucionales de Brasilia. Se trata del famoso Acampamento Terra Libre, que se celebra todos los años y que cumple ahora 21 ediciones. No faltaron los enfrentamientos entre los indígenas y la policía, que disparó gases lacrimógenos. Pero la edición de este año ha sido crucial porque se ha debatido sobre todo el controvertido asunto del llamado Marco Temporal para la demarcación de las tierras indígenas. A pesar del veto de Lula en octubre de 2023, la ley del Marco Temporal, la 14701, fue aprobada en 2024 por el Congreso. Sin embargo, ahora está bloqueada en el Supremo Tribunal Federal (STF), que la había declarado inconstitucional un mes antes. Según esta ley, sólo se consideran indígenas los territorios que lo eran en 1988, cuando se promulgó la Constitución. En lugar de declarar inconstitucional la ley que aprobó el Congreso, el juez del STF, Gilmar Mendes, que está a cargo del caso, mantuvo la validez de la norma y creó una Cámara de Conciliación para abordar el tema, que terminó su trabajo el 2 de abril. Pero representantes del Congreso Nacional y del Sindicato solicitaron su prórroga, desatando la polémica de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib). En agosto del año pasado, la Apib se retiró de la mesa de negociación, calificándola de “conciliación forzada” de sus derechos. Como resultado de nueve sesiones de negociación coordinadas por su oficina, Gilmar Mendes presentó un proyecto de Ley Complementaria para sustituir a la Ley 14.701. La propuesta excluye el argumento del Marco Temporal, pero introduce novedades en varios puntos considerados lesivos por las organizaciones indígenas, como la autorización de la minería en tierras indígenas y nuevos obstáculos en los procesos de demarcación.

Debido a este impasse, la homologación de las tierras indígenas, es decir, la devolución de las tierras a las comunidades locales, se está ralentizando. Si en 2023 Lula homologó seis, en 2024 fueron sólo dos. Aunque el presidente brasileño no asistió al Acampamento Terra Libre de Brasilia, la semana anterior había visitado el Parque Xingu, en Mato Grosso, donde se reunió con el renombrado líder indígena Raoni. En esa ocasión fue alertado de los riesgos de las prospecciones petrolíferas de Petrobras en la desembocadura del Río Amazonas, en el estado de Amapá, de las que dice ser partidario. “He llegado a saber que, en la desembocadura del río Amazonas, usted está pensando en el petróleo que hay bajo el mar”, le dijo Raoni. “Creo que no se debería explorar. Porque estas cosas, como son, garantizan que podamos tener un medio ambiente, una tierra con menos contaminación y menos calentamiento”, concluyó el líder indígena.

Mientras tanto, el pasado viernes, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y el Ministerio de Medio Ambiente lanzaron el programa ‘Restaurar la Amazonia’, una convocatoria pública para financiar con 150 millones de reales (25,6 millones de dólares), procedentes del Fondo Amazonia, financiado por varios países extranjeros, proyectos de reforestación de tierras indígenas en la región del llamado Arco de Restauración, que se extiende de Maranhão a Acre, gravemente afectada por la deforestación. El proyecto, ejecutado en colaboración con el Ministerio de Pueblos Indígenas y la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) seleccionará hasta 90 proyectos, cada uno de los cuales abarcará áreas de entre 50 y 200 hectáreas, con la participación obligatoria de los pueblos indígenas. Las solicitudes estarán abiertas hasta el 19 de julio. Según el presidente del BNDES, Aloizio Mercadante, la iniciativa contribuye tanto a la lucha contra el cambio climático como al bienestar de los pueblos indígenas, al promover el uso sostenible de los recursos forestales. La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, añadió que, gracias a tales acciones, “Brasil ha reducido cerca de 450 millones de toneladas de CO2 en dos años, atrayendo así más fondos internacionales”. La convocatoria dice que pueden participar “personas jurídicas con sede en Brasil, que tengan fines institucionales compatibles con el objeto de esta Convocatoria Pública y estén legalmente constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines lucrativos, de ámbito nacional o autarquías y fundaciones públicas federales y estatales”. Sin embargo, se teme que países extranjeros como China puedan aprovechar esta apertura para operaciones depredadoras o de biopiratería.

A finales de marzo, Systemica, empresa vinculada al banco brasileño BTG Pactual, ganó la primera licitación para la recuperación de un bosque deforestado con el objetivo de comercializar créditos de carbono en el estado de Pará. La empresa fue la única que presentó una oferta para la concesión de reforestación de la Unidad de Recuperación Triunfo do Xingu, situada en Altamira, en el sudeste del estado. El Gobierno de Pará promovió la licitación. La concesión tendrá una duración de 40 años y prevé recuperar más de 10 mil hectáreas de bosque en terrenos públicos. La inversión privada asciende a 258 millones de reales (44 millones de dólares), con una previsión de venta de 350 mil créditos de carbono y un posible ingreso total de 869 millones de reales (148,2 millones de dólares), además de la creación de 2 mil puestos de trabajo.

Según los últimos datos del Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon), la degradación forestal en la Amazonia Legal continúa, alcanzando los 33.807 km² en el ciclo de deforestación de 2025, un aumento del 482% en comparación con el período anterior, cuando el área degradada fue de 5.805 km². Esta cifra representa el mayor número jamás registrado. Los estados de Pará y Maranhão concentran el 89% de la degradación forestal, debida principalmente a los incendios y a la extracción ilegal de madera. Y ahora preocupa también la sequía extrema, como ha ocurrido en los dos últimos años en la Amazonia. Según el Centro Nacional de Monitoreo de Desastres Naturales (Cemaden), Brasil se enfrentará a una nueva sequía en 2025. Sin embargo, mientras que el año pasado la región más afectada fue la Amazonia, la sequía de este año parece estar desplazándose al Centro-Sur, donde casi 1.900 ciudades se encuentran ya en este estado crítico. En riesgo en los próximos meses está el Pantanal, que en 2024 atravesó la peor crisis medioambiental de su historia y es el mayor humedal del mundo, una inmensa llanura aluvial que Brasil comparte en la región de Mato Grosso también con sus vecinos Bolivia y Paraguay.

Con este telón de fondo, en Belém, en el estado amazónico de Pará, continúan los preparativos de la postal del Gobierno de Lula, la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, COP30, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre. Aunque Brasil ha decidido adelantar la reunión de jefes de Estado del 5 al 8 de noviembre respecto a los demás actos de la conferencia, la situación del alojamiento para acoger a las delegaciones y sus participantes sigue siendo problemática. Tanto es así que el comité organizador ha contratado un tercer barco para utilizarlo como hotel. Se espera que asistan a la conferencia 50.000 personas, en representación de más de 190 países, pero la capacidad actual de camas es de 24.000. Durante el periodo de la COP30 hay ofertas de alquiler de propiedades que pueden alcanzar los 2 millones de reales (341.000 dólares). Un reciente artículo de la revista británica económica The Economist titulado “Los negociadores deben prepararse para una COP caótica en Brasil” advierte de las contradicciones de elegir una ciudad como Belém para hablar de medio ambiente. A la emergencia hotelera se suman problemas estructurales de higiene pública. Aproximadamente el 40% de las viviendas no están conectadas a un sistema de alcantarillado. Con sus 1,3 millones de habitantes, Belém es actualmente la octava peor ciudad de Brasil en términos de saneamiento y desde hace una década figura entre las 20 peores ciudades en el ranking de saneamiento del Instituto Trata Brasil, que monitorea este tema. “Aunque alrededor del 95,5% de la población tiene acceso al agua potable, la tasa de recogida de aguas residuales en Belém es del 19,9% y la tasa de tratamiento es solo del 2,4%”, declaró Luana Siewert Pretto, presidenta ejecutiva del Instituto Trata Brasil, al semanario brasileño Veja. “No se da prioridad a la recogida y el tratamiento de las aguas residuales. Culturalmente, no se ha comprendido lo importante que es, y políticamente, nunca ha existido la voluntad de hacerlo realidad”, afirma Siewert Pretto.

Por si fuera poco, las intervenciones urbanísticas previas a la conferencia también han creado polémica. Se taló un tramo de 13 km de bosque virgen para abrir paso a una autopista destinada a facilitar el tráfico de entrada a la ciudad. Algunos proyectos de infraestructuras exigieron el dragado de ríos y canales de aguas residuales, que luego se rellenaron de hormigón. “Belém podría haber desarrollado un nuevo repertorio de soluciones constructivas para ciudades tropicales. En lugar de ello, acoger la COP30 fue una oportunidad desperdiciada”, declaró a The Economist Lucas Nassar, de la organización local Laboratório da Cidade. Según el periódico británico, la otra paradoja es que los uniformes de los trabajadores que construyen las sedes de la COP30 llevan el logotipo de la empresa minera brasileña Vale, propietaria de la mayor mina de hierro del mundo en el estado de Pará y responsable de algunos de los peores desastres medioambientales de Brasil, como el de Brumadinho, en Minas Gerais, cuando en 2019 una presa cedió, derramando barro tóxico sobre un pueblo y matando a 270 personas.

A la COP30 también asistirán 3.000 indígenas. De hecho, para la ocasión se ha creado una Comisión Indígena Internacional. Uno de los objetivos es lograr que Brasil y otros países de la región amazónica incluyan la demarcación de los territorios indígenas en sus metas climáticas. Esta es una de las demandas de la campaña ‘La respuesta somos nosotros’, iniciada por las principales asociaciones brasileñas para asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas en la COP30. “Siempre hemos luchado para que los pueblos indígenas estén en el centro de este debate. Y hemos luchado para que los pueblos indígenas sean una parte importante de este debate porque, está demostrado, los territorios indígenas funcionan como una barrera contra el avance de los monocultivos, la minería y el agronegocio”, afirmó la ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara. A pesar de sus contradicciones, la COP30 puede representar una oportunidad para las comunidades indígenas que buscan una ley que las proteja y más apoyo internacional.

Según un comunicado emitido por Utipec, Ecopetrol ordenó el cierre total de las operaciones en Campo Rubiales tras lo que calificó como un “sabotaje” por parte de manifestantes.

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“Ante el sabotaje por parte de comunidades indígenas que protestan en la zona, la Empresa Colombiana de Petróleos –Ecopetrol–, ha ordenado el cierre total de operaciones en el Campo Rubiales. Ecopetrol anunció hace pocos minutos el Cierre Total de sus Operaciones en Campo Rubiales”, aseveró Utipec.

Sin embargo, Infobae Colombia conoció que Ecopetrol no anunció el cierre de las operaciones, razón por la cual los trabajos en el lugar siguen con normalidad en Campo Rubiales.

El comunicado precisó que las comunidades indígenas mantuvieron bloqueada la vía entre Puerto Gaitán y Campo Rubiales, a la altura del kilómetro 113, en el sector de Caño Sur. Los manifestantes exigen la restitución de tierras, el reconocimiento de sus territorios ancestrales y el cumplimiento de acuerdos previos por parte de las operadoras, en particular Ecopetrol.

Algunos representantes de los pueblos indígenas se han desplazado a Bogotá, mientras que en Campo Rubiales ingresaron a instalaciones de la empresa Petrowork, exigiendo la salida inmediata de sus trabajadores.

Utipec solicitó la intervención del Gobierno nacional, argumentando que el derecho al trabajo está siendo vulnerado por la protesta social. “No se puede pedir derechos violando el de otros”, señaló el sindicato.

“Desde nuestro sindicato denunciamos esta situación y exigimos intervención del gobierno nacional para respetar el derecho fundamental al trabajo. No se puede pedir derechos violando el de otros”, indicó Utipec.

Anunció de Ecopetrol

Ecopetrol reportó una reducción de 2,25 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) entre 2020 y 2024, superando en 40% la meta de 1,6 millones de toneladas que había establecido para ese periodo.

Según la compañía, esta disminución se logró principalmente en el segmento de producción de petróleo y gas, que redujo 1,79 millones de toneladas. Las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, junto con Esenttia, registraron una reducción conjunta de 391.000 toneladas. El sistema de transporte aportó con 70.000 toneladas menos.

En febrero de 2025, Ecopetrol obtuvo la Declaración de Verificación de su Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) correspondiente al periodo 2021-2023. Esta verificación fue realizada por un tercero independiente bajo la norma ISO 14063, en cumplimiento del estándar GHG Protocol, con un nivel de aseguramiento limitado.

“En febrero de 2025 Ecopetrol obtuvo la Declaración de Verificación de su Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero correspondiente al período 2021-2023, otorgada por un tercero independiente bajo la norma ISO 14063, en cumplimiento de los requisitos del estándar corporativo GHG Protocol y con un nivel de aseguramiento limitado”, detalló Ecopetrol.

El proceso incluyó las emisiones directas de sus operaciones (alcance 1), las emisiones por consumo de energía (alcance 2) y categorías relevantes del alcance 3 para el año 2023, como adquisición de bienes y servicios, procesamiento y uso de productos, transporte aéreo, hospedajes, inversiones y arrendamientos.

La compañía mantiene su compromiso de alcanzar cero emisiones netas en 2050 y de reducir en 25% las emisiones de los alcances 1 y 2 hacia 2030. Como parte de su plan de descarbonización, Ecopetrol implementa medidas como la gestión de información sobre emisiones, programas de eficiencia energética, control de emisiones fugitivas, cierre de venteos, disminución de quema de gas en teas y la incorporación de energías renovables no convencionales en sus operaciones.

La Fiscalía de Bolivia anunció el inicio de una investigación por el delito de tráfico de tierras y organización criminal en contra de los dirigentes indígenas implicados en los contratos de alquiler de tierras comunitarias a un estado ficticio denominado Kailasa.

El caso se dio a conocer gracias a una investigación del periódico El Deber que reveló los convenios entre dirigentes de los pueblos indígenas Cayubaba, Baure y Esse Ejja -los tres ubicados en los departamentos de Beni y Pando, en la Amazonía boliviana- con los representantes de Kailasa, en los cuales se les arrendaba un total de 481.000 hectáreas a cambio de una renta anual de entre 28.000 y 180.000 dólares. Según los documentos, los contratos serían renovados de manera automática y “a perpetuidad”.

En la denuncia realizada ante la Fiscalía General del Estado por la diputada Maria René Álvarez, se presentaron los “convenios bilaterales” entre Bolivia y el estado ficticio. Sin embargo, éstos no cuentan con el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional como corresponde para ese tipo de documentos, según explicó el fiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas, a los medios locales.

Cinco días después de que se diera a conocer la existencia de los acuerdos de arrendamiento, la Cancillería boliviana emitió un comunicado en el que negó tener relaciones con el estado ficticio y aclaró que éste no está reconocido por la comunidad internacional.

Sin embargo, representantes de Kailasa estuvieron en un acto público con el presidente Luis Arce. De ese evento queda una fotografía en la que se ve al primer mandatario recibir un libro de manos de una mujer miembro de este grupo, durante la celebración de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) el pasado 3 de octubre. El Gobierno no ha hecho referencia a este encuentro.

Tras destaparse el escándalo por tráfico de tierras, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, indicó en una entrevista televisiva que “el gobierno nunca ha avalado ni lo hará este tipo de contratos ocultos” y, días más tarde, la Dirección Nacional de Migración deportó a 20 ciudadanos extranjeros, de diversas nacionalidades, que hacían parte de la organización Kailasa en Bolivia.

Según las leyes bolivianas, los pueblos indígenas tienen autonomía para gestionar su territorio pero las relaciones con otros estados y el resguardo de la soberanía nacional son competencia exclusiva del Gobierno central.

El supuesto estado se asemeja más a una secta religiosa que a un país. Según sus líderes, las tierras de “Estados Unidos de Kailasa” se perdieron bajo el océano Índico, lo que llevó a su gente a buscar nuevos territorios. Detrás de esta trama está el autoproclamado dios hindú Swami Nithyananda, quien se presenta como “fundador” del país desde 2019 y que estuvo involucrado en denuncias de violencia sexual en su país de origen.

En búsqueda de tierras, los miembros de la secta llegaron antes a Ecuador, Paraguay y Estados Unidos, donde también tuvieron encuentros con funcionarios públicos que desataron polémica.

Algunos expertos consideran que los miembros de la secta tenían intereses financieros en Bolivia vinculados a los bonos de carbono. El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social publicó un informe en el que relaciona el “alquiler” de tierras con la mercantilización del medioambiente y de los recursos naturales como “una falsa solución a los impactos generados por el cambio climático y las actividades extractivas”.

Río de Janeiro, 4 ene (EFE).- Cuatro indígenas de la etnia Avá Guarani, entre los cuales un menor de cuatro años, resultaron heridos en el sur de Brasil tras un ataque ocurrido en la noche del viernes por hombres armados, denunció este sábado el Consejo Indigenista Misionero (CIMI).

Según la organización vinculada a la Iglesia católica, fue el cuarto ataque en los últimos siete días a esta comunidad, asentada en la Tierra Indígena Tekoha Guasu Guavirá, entre los municipios de Guairá y Terra Roxa, en el sureño estado de Paraná.

Un niño de 4 años resultó herido en una pierna, al igual que otro adulto; mientras que un joven fue herido en la espalda y otro adulto alcanzado en la mandíbula "con munición de gran calibre", según el comunicado del CIMI.

Las cuatro víctimas fueron trasladadas a centros hospitalarios. Tres de ellas están bajo observación pero se desconoce el estado de salud de la que fue herida en la mandíbula.

"Estamos rodeados por pistoleros, son los mismos que atacaron el 31 de diciembre", señaló uno de los líderes de la comunidad, citado por el CIMI, pero que mantuvo su nombre en el anonimato.

Según la organización indígena, los ataques comenzaron el 29 de diciembre, continuaron el 30 y el 31 del último mes y el más reciente tuvo lugar la víspera en la noche.

Además de los heridos en el último ataque, una mujer resultó con quemaduras en el cuello y otro indígena recibió un disparo en el brazo en los asaltos anteriores en los que también fueron incendiadas chozas y cultivos de la comunidad, dejando a las familias "desamparadas, sin comida, ni agua potable".

De acuerdo con el CIMI, cada uno de los ataques fue denunciado ante las autoridades pertinentes.

El ministerio de los Pueblos Indígenas condenó este sábado los ataques contra el pueblo Avá Guarani y dijo que sigue de cerca la situación.

Asimismo señaló que mantiene un diálogo permanente con el Ministerio de Justicia para "la investigación inmediata" de los grupos armados que operan en la región.

La cartera dijo que desde el primer ataque solicitó que fuera reforzada la presencia de la Fuerza Nacional en la región "para evitar actos de violencia contra los indígenas que se movilizan para garantizar los derechos sobre sus tierras.

Según el ministerio, los Avá Guaraní llevan a cabo recuperaciones de tierras desde finales de los años 1990, luego de que sus territorios fueran invadidos por "pueblos no indígenas" desde 1930 y resultaran "gravemente afectados" por la construcción de la Central Hidroeléctrica de Itaipú en los años 1980.

Actualmente, dos zonas ocupadas por los Avá Guaraní se encuentran en proceso de regularización: la Tierra Indígena Tekoha Guasu Guavira y la Tierra Indígena Ocoy-Jacutinga, esta última en fase de estudio. EFE

Tegucigalpa, 26 dic (EFE).- Indígenas de la etnia misquita de Honduras aseguraron este jueves, tras un mes de protestas, que no se rendirán en su lucha por evitar la construcción de una cárcel de máxima seguridad en sus territorios.

“Son 31 días de resistencia contra la cárcel de Xiomara Castro y no nos vamos a rendir”, dijo Mirna Wood, líder de indígena de la etnia misquita, en un video divulgado en las redes sociales.

La etnia misquita hondureña se opone a la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia en Mocorón, departamento de Gracias a Dios, en el este del país, fronterizo con Nicaragua.

En Mocorón funciona desde el siglo pasado un batallón de infantería de las Fuerzas Armadas del país centroamericano.

“Si creen que porque estamos bajo la lluvia, mal dormidos y mal comidos nos vamos a rendir, pues estas muy equivocada Xiomara Castro, ahora más que nunca estamos firmes y más unidos para luchar contra esa cárcel”, subrayó Wood.

La líder indígena anunció que en enero próximo se trasladarán a Tegucigalpa, la capital, para aumentar las "medidas de presión" y lograr que el Gobierno desista de construir la cárcel, que inicialmente sería para 2.000 reclusos.

“A partir de enero se activan todos los conocimientos ancestrales en cuanto a la defensa, como pueblos indígenas que somos”, enfatizó la indígena, quien afirmó que el pueblo misquito está "en guerra" contra la cárcel en Mocorón.

El anuncio de que la prisión será construida en Mocorón lo hizo el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, luego de una inspección del terreno, acompañado de la secretaria de Defensa, Rixi Moncada.

Según la institución castrense, se trata de un esfuerzo conjunto con la Secretaría de Defensa, cuya titular, Rixi Moncada, busca ser la candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, esposo y asesor de la presidenta hondureña.

En 2023 la presidenta hondureña anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, en el Caribe, y otra entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, para unas 20.000 personas de alta peligrosidad.

La licitación para construir la prisión en las Islas del Cisne, a lo que se han opuesto grupos ambientalistas, entre otros, por el daño que causaría a esa reserva marina nacional, ha sido declarada nula en tres ocasiones, por no haber calificado las dos de las tres empresas que participaron, por no reunir requisitos bancarios. EFE

El 13 de marzo, el Ministerio de Educación y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) habría oficializado un convenio por 57.695 millones de pesos con el objetivo de fortalecer el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), de acuerdo con la información conocida por la emisora colombiana W Radio.

Apenas cuatro días después de la firma, el CRIC participó en las marchas programadas para el 18 de marzo en respaldo a las reformas del Gobierno Nacional, encabezadas por el presidente Gustavo Petro.

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Este acuerdo tiene como propósito consolidar la política educativa del SEIP en sus niveles local, zonal y regional, dentro del marco del plan cuatrienal 2023-2026. Además, el CRIC suscribió otro convenio con la Gobernación del Cauca por 85.165 millones de pesos para gestionar la educación indígena en 2025.

El respaldo del CRIC a las movilizaciones ha sido notorio, con más de 1.500 indígenas viajando a Bogotá para sumarse a las manifestaciones. Además, comunidades en ciudades como Popayán y Cali han salido a las calles en apoyo a las reformas de salud y laborales promovidas por el Gobierno Nacional.

La llegada de estas comunidades a la capital responde a su intención de permanecer en la ciudad hasta el 21 de marzo. Para ello, el Gobierno ha dispuesto la Universidad Nacional como espacio de resguardo durante su estadía.

Petro defendió sus reformas en discurso en la Plaza de Bolívar

Aproximadamente al mediodía del 18 de marzo el presidente Gustavo Petro tomó la palabra en la tarima instalada en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Las primeras palabras del presidente de la República fueron en crítica a la Alcaldía de Bogotá, pues señaló que la ciudad se está quedando sin agua y que quienes dirigen la ciudad lo hacen en favor de negocios privados y no del equilibrio ambiental.

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“Hay que decirlo con todo el corazón: quienes han hundido las reformas que traían dignidad al pueblo, odiando lo que es justicia, gentes que levantan la cruz pero volteada, porque odian la justicia cuando Jesús era el mayor amante de los pobres (...) están escupiendo sobre Jesús, el carpintero. Es en los trabajadores, formales o informales, que se rebuscan en las calles, en donde está Jesús el justiciero y trabajador, y no en esas pastoras que prefieren el dinero, hundiendo a su propio pueblo”, señaló.

Dejó claro que con la reforma lo que se busca es evitar a toda costa la explotación del ser humano, dándole prioridad al bienestar social.

“Cuando eso sucede, cuando la tiranía contra el pueblo se impone, nos lo enseñó Bolívar, el padre fundador y libertario de esta patria, el pueblo debe rebelarse con la mayor fuerza posible”, instó.

No desaprovechó la ocasión para lanzar pullas contra los alcaldes de Montería, Medellín, Bogotá, Villavicencio, Bucaramanga y otras ciudades por no haberse acogido a la jornada de día cívico.

“Alcalduchos pisoteando la Constitución que hizo el pueblo, pasándose por la faja, queriendo ensuciar las páginas de la historia de Colombia, que dicen que la protesta es un derecho fundamental y que ningún gobernante se puede oponer porque en una democracia el Gobierno el sirve al pueblo y no al revés”, señaló.

Las marchas del 18 de marzo de 2025, convocadas por el presidente Gustavo Petro y organizaciones de la sociedad civil para respaldar la reforma laboral y la reforma a la salud del Gobierno nacional, no tuvieron el resultado esperado: la Comisión Séptima del Senado hundió la primera iniciativa. Su caída se auguraba, tras la firma de una ponencia de archivo por parte de ocho congresistas que, finalmente, confirmaron su decisión en debate.

En consecuencia, el presidente Gustavo Petro criticó a los senadores, asegurando que traicionaron a la ciudadanía y que están “pisoteando” la Constitución Política. Adicionalmente, previo al hundimiento oficial de la reforma, anunció la convocatoria de una consulta popular, con el objetivo de someter las iniciativas al criterio de la ciudadanía, para que defina si deberían o no ser implementadas en el país.

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Así las cosas, las manifestaciones, que se registraron en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, tuvieron una importante participación de población indígena, estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), de docentes de diferentes colegios públicos y de integrantes de Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). Los participantes exigieron, sobre todo, la protección de sus derechos laborales, que están contemplados en la reforma.

Ante la presencia de los marchantes, la representante a la Cámara Katherine Miranda se pronunció, insinuando que sin los estudiantes, grupos étnicos y trabajadores vinculados al Gobierno nacional, no hubiera sido posible llenar los espacios de concentración. “¿Qué sería de la marcha sin los contratistas del gobierno, indígenas y aprendices del Sena?”, cuestionó la congresista.

El comentario de la funcionaria molestó al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, que defendió a quienes se manifestaron en las calles, reconociendo su importancia y la necesidad de que sean visibilizados e incluidos. Asimismo, recordó a la funcionaria una fotografía que se tomó con símbolos de población indígena, buscando evidenciar una contradicción en la que incurrió.

“Los contratistas, indígenas y aprendices son trabajadores, representante. No es gente invisible, no sobran, no son menos que nadie, gracias a ellos Ud es representante ¿o no recuerda su foto utilizando los símbolos de la guardia indígena? Que el arribismo no la lleve a la traición”, escribió el jefe de la cartera.

En una publicación adicional, la congresista celebró el hundimiento de la reforma laboral y agradeció a la Comisión Séptima del Senado por impedir el avance del proyecto, que, desde su perspectiva, era un “desastre”. Aseguró que los ocho senadores que votaron a favor de la ponencia negativa lograron “demostrar” la existencia de la separación de poderes en Colombia, evidenciando que la rama legislativa no está supeditada a los intereses de la rama ejecutiva.

“El gobierno debe entender que el país necesita una reforma que genere empleo, no que lo destruya; una construida con consenso, no impuesta bajo constantes amenazas”, precisó Miranda en X.

Asimismo, criticó las declaraciones por parte del oficialismo que surgieron por el fracaso de la iniciativa en el Congreso, asegurando que han sido violentas. “Así es la democracia, sabían que necesitaban 8 votos para hundirla o aprobarla. Lo doloroso es ver como desprecian, agreden y amenazan a quienes piensan diferente, que tan difícil ha sido para @petrogustavo dialogar, ceder y llegar a consensos”, indicó.

Pues, en la Comisión, hubo momentos de tensión luego de que se confirmara el archivo del proyecto. Varios senadores y representantes afines al Gobierno nacional se mostraron molestos con sus opositores, incluso, uno de ellos enfrentó a un congresista del Centro Democrático que propició la caída de la iniciativa. Se trata del representante a la Cámara Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, que cuestionó al senador Alirio Barrera, del Centro Democrático.

“¿Fuera los tiradores laborales del país? Es el Senado, hombre. ¿Y por qué mirás con cara de matón? ¿Qué mirás con esa cara de matón? ¿O creés que te van a seguir comiendo, pues, como que vos el Centro Democrático? Los van a derrotar en la clase obrera en la calle”, dijo Mondragón.

A esto se suma las múltiples declaraciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro en contra de los senadores de la corporación, advirtiendo que no aceptará su decisión y que se acerca una ruptura en el diálogo entre el Gobierno nacional y el Congreso de la República.

Quito, 17 mar (EFE).- El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, reclamó este lunes que el Estado ecuatoriano cumpla "en el plazo máximo de un año" la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó a Ecuador por violación de derechos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV).

Iza, candidato presidencial en las últimas elecciones y líder de la mayor organización social, que agrupa a todos los pueblos indígenas que habitan en Ecuador, celebró hoy el fallo de la Corte IDH con representantes de otras agrupaciones indígenas que calificaron el fallo como "histórico" al sentar un precedente no solo para el país, sino para todos los pueblos nativos en aislamiento voluntario de Latinoamérica.

El tribunal internacional dictaminó que el Estado ecuatoriano vulneró varios derechos de los tagaeri y taromenane, dos etnias que habitan en el corazón del Parque Nacional Yasuní con el propósito de mantenerse su modo de vida ancestral al margen de la sociedad actual, y que fueron víctimas de una serie de violentos episodios ligados al avance de la industria petrolera en la zona.

Entre los derechos humanos de los tagaeri y taromenane que según la Corte IDH fueron vulnerados figuran los de vida, vivienda, libertad, honra y dignidad, medioambiente sano, propiedad colectiva, libre determinación, identidad cultural, libertad personal, protección de la familia, protección judicial, circulación, residencia, derechos culturales y derechos de la niñez.

Por ello, la Corte IDH ordenó la creación de una comisión que evalúe periódicamente si resulta necesario expandir la Zona de Intangibilidad Tagaeri Taromenane (ZITT) que se encuentra dentro del Yasuní para proteger a estos pueblos, la misma que debe estar libre de cualquier otra concesión, pues las organizaciones indígenas afirman que es insuficiente para asegurar la vida de estas poblaciones.

Iza animó a las instituciones estatales a respetar la sentencia de la Corte Interamericana a favor de los pueblos en aislamiento voluntario porque "se trata de su decisión" por lo que "no hay interpretación", según reclamó.

"El derecho a la autodeterminación de los pueblos en aislamiento voluntario no pasará por orden de prelación que diga el Estado ecuatoriano, aquí no cabe duda", aseguró Iza.

El dirigente indígena también instó a Ecuador a respetar la actual ZITT "en base a donde están viviendo estos pueblos" y no "a lo que interprete el Estado".

Iza también remarcó que estas zonas fueron amenazadas durante años por la ciudadanía dedicada al sector agrícola que desconocía la existencia de estos territorios, así como por concesiones petrolíferas y mineras.

"El Estado ecuatoriano tiene que hacer cargo de ese pasado histórico, que no pueden seguir sufriendo los pueblos indígenas ahora en la actualidad, en el 2025", declaró.

En este sentido, el presidente de la Conaie exigió la participación de la comunidad waorani, el pueblo indígena más numeroso que vive en el Yasuní y que tiene lazos familiares con los tageri y taromenane, para que sea parte de la comisión que debe evaluar cada dos años las condiciones de estos pueblos y la zona de intangibilidad.

El presidente de la Nacionalidad Waorani de Ecuador (Nawe), Juan Bay, reclamó su "derecho a existir" y vivir en la Amazonía bajo la autodeterminación para garantizar la protección de los pueblos aislados.

"Queremos que este territorio sea respetado desde Ecuador y el mundo tiene que conocer que el petróleo que ha salido más de 50 años (...) lo único que nos dejó es el derrame, la contaminación del agua y el cáncer llegando a nuestro río", declaró Alicia Cahuiya, jefa de la sección de Mujeres en la Conaie.

En la madrugada de este miércoles 12 de marzo del 2025, se conoció que un grupo de aproximadamente cien personas, presuntamente miembros de comunidades indígenas, protagonizó un ataque al peaje Laberinto, ubicado sobre la ruta 45 entre los municipios de Hobo y Gigante, en el departamento del Huila.

La infraestructura del peaje, que aún se encontraba en construcción, fue incendiada y sufrió graves daños. Según las primeras versiones que fueron reportadas por medios informativos locales, los manifestantes habrían utilizado elementos incendiarios y contundentes para causar destrozos en las casetas del peaje, el sistema eléctrico y otros elementos logísticos de la construcción.

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El ataque también afectaciones de gran importancia en el peaje que, en consecuencia, se pone en duda la viabilidad de su pronta operación. El hecho se produjo en el contexto de una protesta liderada por comunidades indígenas, al parecer, por la Guardia Indígena, que se oponen a la instalación de este peaje como parte de sus exigencias.

Aseguran que la construcción de la estructura en la vía que conecta los municipios de Hobo y Gigante es una de las principales razones de su malestar, pues consideran que afecta a las comunidades locales y vulnera sus derechos.

Durante la protesta, las autoridades reportaron la participación de dos vehículos tipo chiva y cinco camionetas que transportaban a los presuntos responsables. En respuesta, la Policía Nacional activó su “cápsula jurídica” desde el Comando de Policía, desplegando unidades especializadas para esclarecer los hechos y proceder con la identificación de los involucrados.

Este ataque se suma a una serie de protestas en el país, donde diversas comunidades han expresado su rechazo a proyectos viales y otras infraestructuras que consideran perjudiciales para sus territorios y sus derechos. Las autoridades han prometido agilizar las investigaciones y tomar las medidas necesarias para garantizar el orden y la seguridad en la región.

Durante la protesta, las autoridades, de acuerdo con información obtenida por Blu Radio, reportaron la participación de dos vehículos tipo chiva y cinco camionetas que transportaban a los presuntos responsables. En respuesta, la Policía Nacional activó su “cápsula jurídica” desde el Comando de Policía, desplegando unidades especializadas para esclarecer los hechos y proceder con la identificación de los involucrados.

Este ataque se suma a una serie de protestas en el país por parte del gremio arrocero, donde diversas comunidades han expresado su rechazo a proyectos viales y otras infraestructuras que consideran perjudiciales para sus territorios y sus derechos. Las autoridades han prometido agilizar las investigaciones y tomar las medidas necesarias para garantizar el orden y la seguridad en la región.

El paro arrocero en Colombia concluyó tras un acuerdo entre el Gobierno y los productores

Después de nueve días de bloqueos en varias regiones estratégicas de Colombia, el paro arrocero llegó a su fin gracias a un acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y los gremios de productores de arroz.

Según informó el Ministerio de Agricultura, las negociaciones lideradas por la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Geidy Xiomara Ortega Trujillo, lograron destrabar una situación que había generado importantes afectaciones económicas en el país. El pacto incluye la creación de un fondo de apoyo financiero de $21.900 millones, destinado a garantizar la comercialización de la producción arrocera, con un enfoque especial en los pequeños y medianos productores.

De acuerdo con la información oficial, este acuerdo fue clave para que los manifestantes desbloquearan las vías en departamentos como Meta, Huila, Tolima, Cesar y Norte de Santander, regiones que representan una parte significativa de la producción de arroz en Colombia. Durante los días de protesta, las interrupciones en el transporte afectaron no solo al sector agrícola, sino también a otras actividades económicas que dependen de la movilidad en estas zonas.

El fondo de $21.900 millones se dividirá en dos partes principales, según detalló el Ministerio de Agricultura. Por un lado, se destinarán $8.747 millones para respaldar la comercialización de hasta 72.896 toneladas de arroz producidas por pequeños agricultores. Por otro lado, cerca de $12.000 millones estarán dirigidos a los medianos productores, quienes podrán recibir apoyo para un máximo de 154.000 toneladas de su producción.

El incentivo económico por carga de arroz será diferenciado según el tipo de productor. Los pequeños arroceros recibirán un apoyo de $15.000 por carga, mientras que los medianos productores contarán con un esquema de incentivos ajustado a sus necesidades específicas.

Durante una sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la canciller de Colombia, Laura Sarabia, sorprendió a los presentes al pedir que la hoja de coca sea excluida de la lista de sustancias más dañinas y reciba una nueva clasificación.

“La evidencia es contundente: el narcotráfico ha frenado el desarrollo de nuestro país, ha victimizado a millones de campesinos, ha financiado grupos terroristas y ha devastado ecosistemas esenciales como la Amazonía. La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí misma no es perjudicial para la salud. Solo podremos arrebatárselas a los narcotraficantes, si aprovechamos su potencial en usos industriales, como fertilizantes y bebidas”, indicó Sarabia.

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Las palabras de Laura Sarabia generaron un debate en el país, ya que varias figuras políticas se pronunciaron en contra de la petición al recordar el daño que ha provocado la cocaína, pero también se registraron mensajes a favor de la postura, indicando que la hoja de coca no es igual que el estupefaciente.

Debido al debate que se generó, en diálogo con Infobae Colombia, el doctor Baltazar Guerrero, profesor del curso de plantas medicinales de la Facultad de Enfermería de la Universidad de La Sabana, entregó su postura sobre las propiedades de la hoja de coca que no son mencionadas.

En primer lugar, Guerrero indicó que no se suele mencionar que esta planta sirve para procesos médicos en los que se requieren antiinflamatorios y analgésicos

“Coca, la parte que se extrae de la coca es la hoja fresca, lo que queremos resaltar es que la hoja tiene alcaloides que se llaman tropánicos. En los alcaloides se destaca la cocaína, que es una sustancia psicoactiva, pero la coca tiene otros alcaloides. Tiene otros flavonoides que la convierten en un antiinflamatorio y en un analgésico”.

De la misma forma, recordó que no es un secreto que la planta también es utilizada para hacer medicamentos de diferentes áreas, principalmente en la rama de la anestesia, ya que “su acción farmacológica es actuando en el sistema nervioso central”.

El doctor recordó que las propiedades de la hoja de coca ya han sido resaltadas por las comunidades indígenas, que durante años han utilizado la planta como medicina.

“La coca es rica en vitaminas, por eso la coca se utiliza por los indígenas como fuente de alimento, sobre todo para mitigar el hambre, la sed. La coca ancestralmente se consume masticando constantemente para eso. De sus propiedades medicinales ancestrales, hay estudios que hablan de la hoja de la coca para bajar hígados grasos”, indicó Guerrero.

Además, el experto mencionó aspectos positivos que se han descubierto sobre el uso de hoja de coca, aclarando que no tiene nada que ver con el estupefaciente.

“Tiene propiedades frente a bacterias, digamos que medicinalmente se utiliza para la fatiga, el estrés, el cansancio, problemas digestivos y dolores musculares y neuropáticos, también como antidepresivo para el déficit de atención. Es una planta que consumida es segura, otra cosa es la toxicidad cuando se utiliza como droga de estupefaciente, ese es otro tema. Cada día se encuentran más en el mercado como té o mate, ha cogido fuerza por los estudios que se han hecho”.

Por último, el doctor Guerrero indicó que lo que no ha permitido que la hoja de coca sea considerada una planta benéfica ha sido el uso indebido que se le ha dado en varios aspectos, a diferencia de lo que se registra en las tribus indígenas.

“La cantidad de coca que se necesita para ser tóxica es muy alta, eso no lo va a tener una infusión, digamos que la coca se discute y no se ha podido consolidar como una benéfica por los riesgos de farmacodependencia, ya que no se debe utilizar con otros medicamentos, pero las culturas indígenas las consideran algo sagrado, eso es cierto, es una planta que ha servido mucho a ellos, les prepara para afrontar las tareas de la selva”.

La noche del 23 de agosto de 2021, unos 40 hombres con trajes militares, armas de guerra y que “hablaban español” atacaron a una comunidad asentada en el cerro Kiwakumbaih, un territorio indígena sagrado, ubicado en el municipio de Bonanza, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), a unos 420 kilómetros de Managua.

Fue una masacre. Al menos 11 indígenas mayangnas y mískitus fueron asesinados esa noche, y la mayoría de ellos desmembrados a machetazos. Dos jóvenes fueron violadas ante la vista de su madre, y el resto solo pudo salvar su vida huyendo en medio de la noche a través de la montaña.

Ni siquiera se tiene certeza de cuántas personas murieron esa noche en la masacre de Kiwakumbaih porque hay quienes que no aparecieron después de la huida. Los indígenas reportan 13 asesinados y las autoridades reconocen a 11.

El ataque a Kiwakumbaih es parte de una invasión sostenida que realizan colonos de las zonas del pacífico y centro de Nicaragua a las tierras indígenas del Caribe, a quienes han ido desalojando con la complicidad de las autoridades, según han denunciado organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos.

“Desde finales de 2015 en la RACCN se vienen perpetrando ataques en contra de los pueblos indígenas; los ataques son realizados sistemáticamente por bandas criminales conformadas por hombres no indígenas –colonos o terceros vinculados a las empresas y/o al Estado- con equipamiento, vestimenta y entrenamiento militar, portando armas de guerra o de alto calibre”, denuncia la organización ambientalista nicaragüense Fundación del Río.

Algunos sobrevivientes de la masacre de Kiwakumbaih denunciaron los hechos ante la Policía Nacional y el Batallón Ecológico “Bosawás” del Ejército de Nicaragua sin que hubiese una respuesta inmediata. Los mismos indígenas levantaron los cadáveres de sus familiares.

A pesar de los testimonios de los indígenas, la Policía Nacional detuvo a los líderes y guardabosques mayangnas Argüello Celso Lino, maestro y juez comunal; Ignacio Celso Lino, síndico comunal; y a Donald Andrés Bruno Arcángel y Dionisio Robins (Robint) Zacarías, miembros de la iglesia Morava a quienes, inicialmente, acusó de pertenecer a una banda de colonos conocida como “Los Chabelos”.

Según la Fundación del Río y la organización de derechos humanos “Nunca más”, ni las autoridades policiales ni las judiciales pudieron demostrar el nexo entre los detenidos y la masacre debido a “que tres de ellos no se encontraban en el lugar de los hechos y el que sí lo estaba huyó junto a las otras víctimas para salvar su vida durante el ataque”.

Pocos días después fueron apresados también por los mismos hechos los indígenas y guardabosques Rodrigo Bruno Arcángel, Evertz Antonio Bruno Palacios, Oliver Bruno Palacios, Tony Alberto Bruno Smith y Dionisio Robins, a quienes la Policía acusó de integrar una banda llamada “Los Brunos”.

Amaru Ruíz, presidente de la Fundación del Río, dice que ningún colono murió durante la masacre de Kiwakumbaih y tampoco colono alguno fue acusado por esos crímenes. Solo los propios indígenas.

“Primero la Policía los acusó de pertenecer a bandas de delincuentes, con el propósito de establecer una narrativa según la cual, estos asesinatos son el resultado de enfrentamientos entre bandas criminales”, afirma Ramírez. “Luego, ya en el juicio, se acusó y condenó a los indígenas por los asesinatos y por portar armas sin permiso”.

La Fundación del Río emprendió una campaña denominada Voces del Bosque para exigir la liberación de los ocho guardabosques mayangnas y asegura que lejos de castigar a los culpables, se está castigando a las víctimas de la masacre, pues muchos de los asesinados son familiares de los condenados. Y señala a quienes considera los hechores: “Son colonos que tienen la protección del régimen de Daniel Ortega”, dice.

“Las cuatro autoridades y líderes indígenas fueron detenidos sin orden judicial y arbitrariamente acusados por la policía nacional y fueron condenados el 18 de febrero de 2022 a la pena de Cadena Perpetua Revisable más 4 años de prisión, por el Juez Séptimo Penal de Distrito de Juicio de Managua”, señala la denuncia de Fundación del Río.

Agrega que para establecer la culpabilidad de los indígenas “el juez se basó exclusivamente en testimonio policial, mediante un proceso realizado sin las mínimas garantías legales en el que excluyó a testigos presenciales”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) el 13 de abril de 2023, otorgó medidas cautelares a favor de los cuatro líderes indígenas, y el 27 de junio de 2023, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ordenó al Estado de Nicaragua adoptar las medidas para proteger eficazmente la vida, integridad personal, salud y libertad personal, de las cuatro autoridades y dirigentes del pueblo indígena Mayangna y le otorgó al Estado hasta el día 10 de julio como fecha máxima para liberarlos.

No hubo respuesta del régimen nicaragüense.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU también pidió liberar e indemnizar a los indígenas encarcelados. “El Grupo de Trabajo considera que la privación de libertad de los cuatro detenidos se debió a sus actividades de defensores de derechos humanos y de derechos ambientales de su comunidad y sus territorios ancestrales, y a su calidad de indígenas”, señaló.

La condena de ocho guardabosques mayangnas, es apenas la punta del iceberg de una sorda guerra que se desarrolla en el Caribe y que ha dejado un rastro de sangre y dolor estos últimos diez años a través de masacres, secuestros, violaciones y el desplazamiento de miles de indígenas de sus tierras originales.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por Naciones Unidas, afirmó, en un informe presentado el 10 de septiembre del 2024, que ha documentado “67 incidentes de asaltos violentos contra pueblos indígenas, ocurridos entre abril de 2018 y marzo de 2024 en territorios misquitos y mayangnas”.

“Analizando los incidentes, el Grupo identificó un total de 161 víctimas (136 hombres y 25 mujeres, de ellas 19 menores de edad) de delitos como asesinatos, lesiones, violencias sexuales y secuestros”.

La Costa Caribe de Nicaragua está constituida por las regiones autónomas del Caribe Norte y Caribe Sur y comprende un área de 60,365.98 kilómetros cuadrados equivalentes al 47 por ciento del territorio nicaragüense.

La población indígena del Caribe se estima en aproximadamente 250,000 personas, que representa el 13 por ciento de la población total de Nicaragua.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la comunidad Zenú del municipio de San Antonio de Palmito, en Sucre, han logrado un acuerdo sobre la posesión de los predios Simba, Potosí y La Laguna, de acuerdo con información conocida por la emisora colombiana Blu Radio.

Estos terrenos, que la comunidad ha mantenido bajo su control durante la última semana, forman parte de los compromisos adquiridos en marzo de 2024 por el Gobierno Nacional.

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Durante su reciente visita a la zona, Felipe Harman, director de la ANT, reafirmó su compromiso con la población indígena y los campesinos que reclaman estos terrenos. En ese contexto, señaló que “una vez reciban los predios de manera legal por parte de la SAE, se los entregarán a los indígenas y campesinos tal como ya se los anunció el mismo presidente Gustavo Petro”. Este anuncio ratifica la intención del Gobierno de cumplir con lo pactado y formalizar la entrega de los predios a sus nuevos propietarios.

El proceso de transferencia ya está en marcha. Se espera que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) haga la entrega oficial de los terrenos a la ANT en un plazo máximo de 15 días. Posteriormente, la agencia procederá a la adjudicación a la comunidad Zenú y a las asociaciones campesinas que han estado esperando la materialización del acuerdo.

El encuentro contó con la participación de Martín Moreno Argüello, cacique regional Córdoba-Sucre del pueblo Zenú, quien reconoció la disposición de la ANT para avanzar en el diálogo y encontrar soluciones viables. “La capacidad de diálogo y de buscar una solución ha sido fundamental para avanzar en este proceso”, afirmó Moreno Argüello, resaltando la importancia de este acercamiento entre la comunidad y las autoridades.

Desde el inicio de la minga el pasado 20 de enero, la comunidad ha mantenido una protesta pacífica para exigir que el Gobierno cumpla con la entrega de las tierras prometidas. Además, el alcalde de San Antonio de Palmito y Ubadel Pérez, cacique territorial de la comunidad Zenú, han participado activamente en las negociaciones con la ANT. Pérez señaló que, tras la reunión sostenida con la entidad, se acordó establecer encuentros semanales para agilizar los trámites administrativos que permitirán la formalización de la entrega de los predios.

La ANT entregó 175 títulos de propiedad que abarcan 842 hectáreas

Evelio Ortega, un campesino del Magdalena, expresó con emoción lo que significa para él recibir un título de propiedad tras 30 años de espera. “Esto es un sueño hecho realidad”, afirmó, destacando que ahora puede asegurar que la tierra será un legado para sus hijos y su familia.

El martes 3 de diciembre de 2024, en el auditorio del Centro Empresarial del Banco de Bogotá en Santa Marta, se llevó a cabo la entrega de 175 títulos de propiedad que abarcan 842 hectáreas, beneficiando a más de seiscientas personas de once municipios del Magdalena, según informó la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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En lo que va del año, se han entregado más de diez mil hectáreas en ese depa, beneficiando a campesinos, comunidades indígenas y mujeres rurales. La entrega de estos títulos busca no solo proporciona seguridad jurídica a las familias campesinas, sino que también abre oportunidades para proyectos productivos y acceso a créditos, según la ANT.

Mediante la gestión de la Agencia Nacional de Tierras, más de 600 personas encuentran esperanza en una política de restitución que procura equidad y desarrollo rural - crédito ANT

Patricia Caicedo, asesora para la Agencia Nacional de Tierras en el Caribe, destacó la importancia de este momento, señalando que, durante décadas, muchos campesinos trabajaron tierras que no podían llamar suyas.

“Hoy, les devolvemos algo más que un pedazo de tierra: les devolvemos su dignidad, su seguridad y el derecho a soñar con un futuro mejor”, expresó Caicedo, según la ANT.

Los títulos de propiedad entregados corresponden a predios ubicados en municipios como Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, Santa Marta, Plato, Chivolo, Sitio Nuevo, El Banco, Remolino, San Zenón, Cerro de San Antonio y Concordia. Este proceso es el resultado de un trabajo conjunto entre las comunidades y la ANT, según Damián Marañón, director territorial Magdalena-Caribe de la entidad. Además, afirmó que cada título entregado representa una victoria frente al olvido y la inequidad que han marcado la historia de los campesinos de la región.

El evento también simboliza el esfuerzo conjunto de instituciones como la ANT y la Unidad de Restitución de Tierras para devolver a las familias no solo sus tierras, sino también la esperanza. La entrega de estos títulos es un paso crucial hacia la equidad y la justicia para los campesinos del Magdalena, según la entidad.

La riqueza cultural de México sigue cautivando al mundo, y esta vez fue el turno de un grupo de indígenas veracruzanos que presentó la Danza de los Huahuas en la emblemática Plaza Mayor de Madrid, España. Su espectáculo no solo mostró la tradición y belleza del folclore mexicano, sino que también dejó asombrados a los asistentes que admiraban con fascinación cada movimiento y el significado detrás de esta manifestación cultural.

En un video publicado por la cuenta de TikTok ‘Medios Sensei’, se puede observar cómo al menos cinco indígenas danzantes instalan una estructura en forma de noria vertical con forma de cruz, colocada al centro de la pista. Los bailarines, vestidos con trajes tradicionales y portando penachos circulares que representan los rayos del sol, giran en perfecta sincronización mientras la estructura se mueve, un detalle que atrapó la atención de los presentes.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, y muchos expresaron orgullo por esta representación cultural. “Es de Papantla, Veracruz; yo vivo en Papantla”, comentó un usuario emocionado. Otro agregó: “Qué orgullo de mi hermoso Papantla, Veracruz. ¡De México para el mundo!”.

¿Qué es la Danza de los Huahuas?

La Danza de los Huahuas , también conocida como Danza de los Guaguas, es una tradición enigmática originaria del estado de Veracruz, particularmente de la región totonaca, aunque también es practicada por grupos nahuas en Puebla. Esta danza es una variación de la Danza de los Quetzales , que, según se cree, tiene raíces en la cultura tolteca, donde se realizaba para rendir culto al sol y la fertilidad.

El nombre “Huahuas” o “Guaguas” proviene de su relación con el contexto totonaca y la importancia de los elementos naturales en su cosmovisión. Su vestimenta incluye un penacho circular que puede alcanzar hasta un metro de diámetro, el cual simboliza el sol y el ciclo de la vida. A diferencia de los Voladores de Papantla, cuyo casco lleva listas representando el arcoíris, los Huahuas se distinguen por su penacho elaborado, que antiguamente se confeccionaba con plumas de quetzal.

En cuanto a significado, la danza de los Huahuas se centra en la celebración de la llegada de la primavera, un momento de renovación y esperanza para las comunidades indígenas. En contraste, los Voladores de Papantla buscan invocar la lluvia y la fertilidad de la tierra.

La presentación en Madrid reafirma el impacto global de las tradiciones mexicanas. Desde Veracruz hasta España, la Danza de los Huahuas es un recordatorio de la riqueza cultural de México, una herencia que sigue viva gracias al esfuerzo de quienes, con orgullo, la llevan más allá de nuestras fronteras.

El Gobierno nacional solicitó a la Corte Constitucional que apruebe el artículo 93 de la reforma pensional, el cual propone que campesinos, indígenas y la población negra y palenquera pueda acceder a la pensión con menos semanas cotizadas y a una edad menor que el resto de los colombianos.

Esta medida se justifica por la menor esperanza de vida y las dificultades para acceder al mercado laboral que enfrentan estos grupos, según el Gobierno.

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De hecho, los organismos encargados argumentaron que el artículo, que ha generado debate, no busca establecer un régimen especial de pensiones, sino garantizar la igualdad prevista en la Constitución.

Además, se destaca que la población negra e indígena ya cuenta con protección especial por ser minoría étnica, mientras que los campesinos, aunque no son considerados una minoría étnica, han sido históricamente marginados y afectados por la violencia.

Y es que la inclusión del artículo 93 en la reforma fue un proceso complejo.

Durante la aprobación en el Senado, el artículo fue propuesto por el senador Richard Fuelantala, pero inicialmente no contaba con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, ante la necesidad de un voto adicional para la aprobación de la reforma, el Gobierno accedió a incluir el artículo a cambio del apoyo de Fuelantala.

Posteriormente, el artículo fue eliminado en la Cámara de Representantes, lo que llevó a Fuelantala a expresar su descontento públicamente. Finalmente, el texto del Senado, que incluía el artículo 93, fue el que prevaleció.

El impacto potencial del artículo 93 es significativo. Según José Ignacio López, presidente de Anif, podría afectar al 41% de la población colombiana, lo que implicaría una carga adicional para las finanzas públicas. Sin embargo, el efecto real de la medida aún es incierto, ya que el Dane tiene hasta julio de 2026 para determinar cuántas semanas se deberían reducir para esta población.

La senadora Paloma Valencia ha solicitado que se anule la reforma completa, argumentando que no hubo un debate suficiente en la Cámara de Representantes. El Gobierno, por su parte, sostiene que el texto del Senado fue publicado con antelación y que se garantizó un debate adecuado, incluyendo la participación de representantes de la oposición.

Finalmente, el Gobierno aclara que los pensionados con ingresos superiores a 4,7 millones de pesos mensuales no estarán sujetos a pagar impuesto a la renta, a menos que su pensión supere los 47 millones de pesos, según la interpretación correcta del artículo.

Cuántas poblaciones indígenas hay en Colombia

Colombia es un país con una rica diversidad cultural, donde las poblaciones indígenas juegan un papel crucial en la identidad nacional. Según datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el censo de 2018 se identificaron 115 pueblos indígenas en Colombia.

Estas comunidades presentan una significativa diversidad lingüística y cultural, con más de 60 lenguas indígenas vivas, reconocidas y protegidas por la Constitución colombiana. Los pueblos más numerosos incluyen a los wayuu, zenú, nasa, pastos, embera, entre otros, cada uno con su propia estructura social y tradiciones.

Las poblaciones indígenas están dispersas a lo largo de todo el territorio colombiano, aunque tienen una concentración notable en regiones como la Amazonía, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Cauca.

Estas comunidades a menudo enfrentan desafíos relacionados con la protección de sus territorios ancestrales, la conservación de sus prácticas tradicionales y la defensa de sus derechos ante proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales.

Las iniciativas gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales buscan fortalecer la autonomía de estas comunidades a través de políticas de inclusión social, educación bilingüe y salud, respetando sus cosmovisiones y modos de vida.

A pesar de los desafíos, los pueblos indígenas de Colombia continúan desempeñando un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y el conocimiento ancestral.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y otras agrupaciones trabajan para promover los derechos y la visibilidad de estas comunidades a nivel nacional e internacional. La diversidad y riqueza cultural de los pueblos indígenas de Colombia no solo enriquecen el patrimonio cultural del país, sino que también son vitales para el desarrollo sostenible y la armonía con los ecosistemas naturales.

Washington, 25 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este viernes perdón en nombre del Gobierno por las atrocidades cometidas en cientos de internados públicos para niños indígenas durante 150 años, en los que fueron privados de su lengua y cultura.

"El Gobierno federal nunca se ha disculpado formalmente por lo ocurrido, hasta hoy. Como presidente de Estados Unidos, me disculpo formalmente por lo que hicimos", afirmó durante un acto en la Comunidad India del Río Gila, en Arizona.

"No hay excusa para que esta disculpa haya tardado 50 años en llegar", añadió Biden. EFE

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Brasilia, 23 oct (EFE).- El Gobierno brasileño firmó este miércoles una directiva para delimitar siete nuevas tierras indígenas de los guaraníes en el industrializado estado de São Paulo, que juntas suman una superficie de cerca de 20.000 hectáreas.

Los territorios indígenas demarcados son: Jaraguá, Peguaoty, Djaiko-aty, Amba Porã, Pindoty-Araça Mirim, Tapy’i-Rio Branquinho y Guaviraty, según un documento del Ejecutivo al que tuvo acceso EFE.

La certificación de estas reservas tuvo lugar en una ceremonia en Brasilia que contó con la presencia de los ministros de Justicia, Ricardo Lewandowski; y de los Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, así como de representantes de las comunidades beneficiadas.

La delimitación es una de las últimas etapas en el proceso de creación de nuevas tierras indígenas en Brasil.

Desde que asumió el poder, en enero de 2023, la Administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha delimitado una docena de territorios indígenas, después de un largo periodo de parálisis coincidiendo con el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

Entre las siete anunciadas este miércoles, que aún tendrán que ser homologadas por Lula, la de Jaraguá es especialmente simbólica por ser una de las más pequeñas del país y encontrarse en la ciudad de São Paulo.

El área de esta reserva donde viven cerca de 800 miembros de la etnia guaraní aumentó hoy de 1,7 hectáreas a 532, cumpliendo así una demanda histórica que se arrastraba desde la década de los 80.

El mayor territorio anunciado es el Amba Porã, en el municipio de Miracatu. En sus 7.204 hectáreas habitan unas 67 personas de la etnia guaraní-mbya, según datos de 2016.

El Gobierno citó estudios que demuestran que los guaraníes ocuparon "continuamente" zonas de la región del Vale do Ribeira desde por lo menos el siglo XIX.

Técnicos de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) constataron además que desde entonces han sufrido "un largo proceso de desposesión" y "los efectos de la política de asimilación y confinamiento territorial promovida por el Estado brasileño".

El segundo territorio más grande es el Peguaoty, con 6.230 hectáreas, pertenece también al pueblo guaraní-mbya y está situado en el municipio de Sete Barras, cerca de Eldorado, la localidad donde pasó su infancia el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

El Gobierno destacó que los 126 indígenas que hoy viven en esta zona consiguieron "resistir al implacable despojo territorial" y conservar su modo de vida ancestral.

Según datos oficiales, los indígenas ocupan un territorio que es equivalente a casi el 14 % del país, distribuidos en algo más de 600 reservas, de las cuales un centenar todavía no han sido delimitadas, como establece la Constitución brasileña. EFE

Comunarios del área rural del departamento de Santa Cruz realizaron una marcha de diez días en “defensa del territorio”, afectado por los incendios, y en reclamo de acciones contra los avasallamientos de tierra.

Sin embargo, tras no conseguir la presencia del director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, ni del director de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), Luis Flores, para que escuchen sus demandas, tomaron instituciones públicas en el municipio de San Ignacio de Velasco e iniciaron un bloqueo en la carretera Biocéanica que a las pocas horas entró “en cuarto intermedio”.

La decisión del bloqueo fue tomada en una asamblea en la que participaron representantes de varias comunidades. Este martes, el presidente del Comité Cívico Interprovincial, Marcelo Méndez, manifestó: “Exigimos que se tomen acciones efectivas para evitar que sigan incrementando los incendios forestales y que se detengan los avasallamientos en nuestras tierras”.

Anteriormente hubo otra marcha que partió de la localidad de Pailón hasta Santa Cruz de la Sierra, en un recorrido de 53 kilómetros que duró cinco días. Tras llegar a la capital, los marchistas hicieron una vigilia de más de un mes en la plaza central de la ciudad para demandar atención a sus reclamos: acciones contra los incendios forestales y reversión de algunas determinaciones del INRA que, según denuncian, otorga tierras a personas ajenas a las comunidades.

Ante la ausencia de respuestas, los marchistas salieron con la intención de realizar bloqueos y advirtieron que desalojarán a los avasalladores, según reporta el diario El Deber.

Los indígenas de las tierras bajas de Bolivia protestan por la desatención de los incendios forestales provocados que consumieron más de 10 millones de hectáreas entre junio y octubre, la mayoría concentrados en la región chiquitana de Santa Cruz. Pese al trabajo de los bomberos voluntarios, la cooperación internacional y las acciones del Gobierno, que algunos actores han considerado tardías, el desastre ambiental solo ha sido mitigado con la lluvia.

Por otro lado, reclaman el control de asentamientos ilegales en sus territorios, un problema creciente en Bolivia que también ha sido vinculado con la expansión del fuego.

Actores detrás de los incendios

Según la Fundación Tierra, hay principalmente dos causales detrás de los incendios forestales provocados y una de ellas tienen que ver con la toma ilegal de tierras.

La primera responde a los intereses gubernamentales de ampliar la frontera agrícola y pecuaria. “Hay una correlación directa entre la expansión del modelo del agronegocio en el oriente, el incremento paulatino de la deforestación y el agravamiento de los incendios en el país, todo esto apuntalado por la flexibilización de normas ambientales e instauración de políticas que facilitan el desmonte y la quema”, señala una publicación del organismo.

La segunda causal tiene que ver con las políticas de distribución de tierras, que se han aplicado buscando favorecer intereses sectoriales pero que a la larga “han degenerado en situaciones fuera de control e incluso ilegales, como los avasallamientos de tierras, los asentamientos ilícitos, y la quema de bosques sin permiso para ‘justificar’ apropiaciones de tierras”.

Para la organización ambiental, el agente movilizador de la deforestacion y los incendios es el modelo de producción agropecuaria. Los avasallamientos de tierra y las quemas ilegales están directamente relacioandas con el modelo, porque luego esas tierras se siembran con monocultivos o se alquilan o venden al sector agroindustrial.

San Andrés Larráinzar (México), 21 oct (EFE).- Organizaciones civiles, catequistas indígenas y sacerdotes alzaron la voz este lunes durante la misa de cuerpo presente del padre Marcelo Pérez Pérez, para señalar que su asesinato fue consecuencia de su labor en la denuncia de la violencia ejercida por el crimen organizado y la omisión del Estado mexicano.

"Al padre Marcelo lo mataron por denunciar las injusticias en nuestras comunidades, por alzar la voz contra la violencia del crimen organizado y la complicidad del Estado", declaró Luis Pérez, representante de la parroquia de San Andrés Apóstol, ubicada en el sureño estado de Chiapas.

Pérez Pérez, sacerdote indígena tzotzil, fue asesinado el domingo en San Cristóbal de las Casas, una ciudad turística chiapaneca. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el religioso fue atacado a tiros mientras se encontraba dentro de su vehículo en el barrio Cuxtitali, sobre la calle Las Peras.

La labor del padre Marcelo no solo se limitaba a su vocación pastoral, también era un firme defensor de los derechos de los pueblos indígenas y había recibido medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las amenazas en su contra.

Sin embargo, las autoridades mexicanas no respondieron adecuadamente a estas medidas, situación que, según los denunciantes, facilitó su asesinato.

"El Estado mexicano es corresponsable de este crimen por su omisión ante la creciente violencia en la región", subrayó el otrora sacerdote Pérez.

Cientos de personas, principalmente indígenas tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales, por quienes daba la cara, acudieron a la ceremonia fúnebre en la parroquia de San Andrés Apóstol, donde recordaron al sacerdote como un defensor incansable de los derechos humanos.

La misa fue presidida por el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, acompañado por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez y otros párrocos.

Durante la homilía, Arizmendi exigió el desarme y la desarticulación de los grupos criminales en Chiapas, reiterando que el asesinato del padre Marcelo no debía quedar impune.

"Que no nos digan que México está bien. Hoy, nuestro México nos avergüenza. Las estrategias no han funcionado", sentenció.

El dolor y la indignación entre los asistentes reflejaron el impacto del asesinato de quien, por más de 22 años, trabajó al lado de los pueblos indígenas, defendiendo sus derechos ante la creciente violencia y la impunidad.

El cardenal también denunció que, desde el inicio del Gobierno de Morena en 2018, al menos 23 defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país, un patrón que ha generado preocupación tanto en el ámbito local como internacional.

Por la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el asesinato del sacerdote y prometió que no quedará impune.

"Se está realizando la investigación correspondiente", afirmó en su conferencia matutina.

Amnistía Internacional también condenó el crimen, exigiendo a las autoridades chiapanecas una investigación inmediata, exhaustiva y eficaz, mientras organizaciones ciciles advirtieron este mismo día que el estado de Chiapas, en el sureste de México, se ha convertido en un "campo de guerra civil".

El caso del padre Marcelo Pérez Pérez es un reflejo del peligro que enfrentan los activistas en México, donde la violencia vinculada al crimen organizado ha dejado una huella profunda en comunidades vulnerables.

Según la ONU-DH, entre 2017 y la fecha, al menos 134 defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país, siete de ellos en lo que va de este año. EFE

(foto)(video)

Seis indígenas Ñañhu, un civil y un defensor de Derechos Humanos fueron detenidos de forma arbitraria y violenta por parte de policías municipales durante un operativo realizado en la capital de Querétaro la mañana de este viernes 25 de octubre.

El video de los hechos fue difundido en redes sociales, en el que se observa alrededor de una docena de policías en compañía de binomios caninos, algunos sin bozal, que realizan el desalojo de los indígenas, quienes se dedican al comercio de sus artesanías en el Centro de la capital del estado y que luchan por mantener sus espacios de trabajo.

La detención se realizó en medio de jalones y empujones en los que varias personas que presenciaron el hecho trataron de interceder en favor de los agraviados, sin embargo, algunos civiles también fueron afectados en la trifulca, incluso mujeres que llevaban a sus bebés en brazos.

Dicho operativo, denominado “Centro Histórico”, se realizó por primera vez en la capital de Querétaro con el objetivo de liberar las calles de vendedores ambulantes. Según el secretario técnico de la Secretaría de Gobierno, Juan Carlos Arreguín, el objetivo es que la ciudadanía y los visitantes disfruten de un centro sin obstáculos y recuperar espacios públicos.

Cabe destacar que, antes de la llegada de los policías, un grupo de indígenas se manifestaba en el Centro de la capital de Querétaro en contra del inicio de dicho operativo, pues anteriormente se encontraban en el mercado de artesanías y denunciaban no ser apoyados por parte del alcalde.

Durante el altercado, algunos de los indígenas que protestaban en contra del operativo también fueron desalojados de manera violenta por parte de los policías para ser trasladados al Ministerio Público.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México informó que ya monitorean la situación para asegurar que se respeten los derechos y libertades de las personas indígenas, manifestantes y observadores detenidos esta tarde en Querétaro.

Comité Cerezo México solicita que se investigue a los responsables de la detención

La organización de Derechos Humanos, Comité Cerezo México, denunció la detención de los 6 indígenas, pertenecientes a la organización Bloque Disidente, quienes fueron desalojados a las 11:00 horas con el uso de binomios caninos, entre los que se encontraban:

• Esteban Vargas Vargas.
• César Islas Pacheco.
• Edgar Chino Ciriaco.
• Sergio Laureano Francisco.
• Sergio Chino Ciriaco.

Tiempo después de la trifulca, alrededor de las 13:25 horas, fueron detenidos el defensor de Derechos Humanos Cristian Jesús Pérez Romero, del Colectivo Comida No Bombas Querétaro, y la estudiante universitaria Odanny Guadalupe Soto Esguerra, quien documentaba las violaciones a los derechos humanos cometidos por los elementos de seguridad.

Debido a esto, el Comité Cerezo México solicitó al Gobierno tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de las personas detenidas, investigar y sancionar a los responsables de las detenciones arbitrarias y conformar acciones para garantizar los Derechos Humanos de los individuos en general.

La Muestra Itinerante de Cine por la Identidad MI CINE, en su primera edición, tiene por objetivo impulsar proyectos audiovisuales más inclusivos y representativos de las realidades indígenas y afrodescendientes, por lo que contará con una amplia oferta de filmes que retratan la diversidad del país.

En esta primera edición la muestra cuenta con 7 documentales y una ficción, todas filmadas en territorios de pueblos originarios y afrodescendientes que cuentan historias que reflejan la realidad de sus comunidades.

Uno de los principales objetivos de MI CINE es incluir a los pueblos del país, de manera individual y colectiva, al permitir que se reflejen en la pantalla grande de manera directa o con personas en contextos similares.

Esta gira es realizada por Mandarina Cine, con apoyo de EFICINE Distribución y cuenta con un circuito itinerante operado por Ecocinema, el cual visitará Morelos, Estado de México, Oaxaca, Guerrero y Jalisco.

Selección de películas que conforman la muestra

• Negra (2020). Ópera prima Documental de Medhin Tewolde, mujer mexicana afrodescendiente que nos acerca a la realidad de ser una mujer afro en México y expone el racismo cotidiano con el que se enfrentan. La directora muestra en esta película cómo cada una de las protagonistas trasciende esas experiencias para reivindicarse en su identidad negra, y de paso, empoderarse en el proceso.
• La mujer de estrellas y montañas (2023). Documental dirigido por Santiago Esteinou que cuenta la historia de Rita Patiño, una mujer rarámuri que en los años 80 abandonó su comunidad en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, para viajar a Kansas, donde fue internada en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad. Las autoridades del hospital no pudieron determinar quién era Rita, de dónde venía o qué idioma hablaba, y la consideraron enferma mental por no conocer su lengua. Rita estuvo internada durante 12 años y, tras las secuelas del confinamiento y la medicación, regresó a vivir la Sierra Tarahumara con su sobrina, Juanita, quien se encarga de su cuidado.
• El compromiso de las sombras (2021). Ópera prima de Sandra Luz López Barroso, acreedora de la Beca W. K. Kellogg - Ambulante y también a la prestigiosa beca del Tribeca Film Institute. Ganadora del Puma de Plata a la mejor película en el FICUNAM 2021, sigue los rituales fúnebres de una mujer afrodescendiente comprometida con su comunidad ubicada en la Costa Chica de Guerrero.
• Café (2014). Documental de Hatuey Viveros es una película filmada en la Sierra Norte de Puebla, frontera con Veracruz, en la comunidad de San Miguel Tzinacapan, narra la historia de Jorge, el primer miembro de la región que está a punto de graduarse como abogado con el objetivo de ayudar a los pobladores que como él, hablan Náhuatl. Documental ganador al premio de Mejor Película en el Festival Visions Du Reel.
• Laberinto Yo’eme (2019). Película ganadora a Mejor Ópera Prima en DocsMx, Doqumenta, Cinema Tropical y el Festival de Cine de Mérida y Yucatán, el documental narra la lucha de una década que han emprendido la nación Yaqui en defensa del agua y su territorio. Los protagonistas de este documental eran activistas reconocidos que fueron asesinados en el 2021.
• Mamá (2022). Ópera prima de Xun Sero, originario de una comunidad tsostil chiapaneca, presentado en prestigiosos festivales como Hot Docs (Canadá). Es el diálogo entre madre e hijo que funciona para exponer la bipolaridad de ser madre en las comunidades indígenas que transita entre la ternura y la violencia.
• Nos hicieron noche (2021). Película documental dirigida por Antonio Hernández fue filmada en el Pueblo de San Marquitos, en la costa de Guerrero, narra la historia de un pueblo afrodescendiente que tuvo que refundarse a raíz de un huracán que se ha llevado el pueblo originario, todo contado a partir del punto de vista de los miembros de una de las familias residentes. San Marquitos hoy sigue luchando por su reconocimiento como una localidad legal ya que no aparece en ningún mapa ni se reconoce su existencia jurídica.
• Nudo Mixteco (2021) Ángeles Cruz. Ganadora del Premio Ariel a Mejor Ópera Prima en 2022. Filmada en la comunidad de la realizadora, cuenta entre sus protagonistas con personas de la región. Durante el festival de San Mateo, María, Esteban y Toña regresan a la comunidad mixtequeña en la que nacieron, cada uno desde un lugar distinto.

Programación Edomex y Morelos

Estado de México

1. Amecameca: viernes 18 de octubre

• Función vespertina: Negra
• Función nocturna: Nudo Mixteco

2. Tepetlixpa: Sábado 19 de octubre

• Función vespertina: La mujer de estrellas y montañas
• Función nocturna: Laberinto Yoeme

Morelos

1. Hueyapan: domingo 20 de octubre

• Función vespertina: Nos hicieron noche
• Función nocturna: El compromiso de las sombras

2. Tetela del Volcán: lunes 21 de octubre

• Función vespertina: Laberinto Yoeme
• Función nocturna: Mamá

3. Tetelcingo: martes 22 de octubre

• Función vespertina: Mamá
• Función nocturna: Negra

4. Tlayacapan: miércoles 23 de octubre

• Función vespertina: El compromiso de las sombras
• Función nocturna: Café

5. Santa Catarina: jueves 24 de octubre

• Función vespertina: Negra
• Función nocturna: Nudo Mixteco

6. Jiutepec: viernes 25 de octubre

• Función vespertina: Nos hicieron noche
• Función nocturna: La mujer de estrellas y montañas

7. Temixco: sábado 29 de octubre

• Función vespertina: La mujer de estrellas y montañas
• Función nocturna: Café

Para conocer más acerca de las 45 funciones individuales que tendrán cada una de estas películas pueden visitar las redes sociales de los colaboradores participantes CEDECINE y Ecocinema, así como Mandarina Cine.

El presidente Gustavo Petro firmó un decreto que otorga a las comunidades indígenas la misma autoridad ambiental a la que ejercen las Corporaciones Autónomas Ambientales en sus territorios con el fin de proteger los ecosistemas.

El mandatario, junto con la ministra de Ambiente Susana Muhamad y el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, puso en marcha el Decreto que da vía libre al desarrollo de las competencias ambientales de las autoridades indígenas del país.

La normativa establece las medidas requeridas para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental, así como su coordinación efectiva con otras autoridades y entidades del Estado.

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“Firmamos este decreto en el marco de la COP16, el principal evento que Colombia ha hecho a nivel internacional. Nadie puede enseñarle a cualquier colombiano cómo se construye el equilibrio vital entre el ser humano y naturaleza como lo hacen los pueblos indígenas. Esos pueblos hoy los reivindicamos firmando este Decreto, que ya cobra su vida jurídica, su vida dentro la sociedad colombiana, que las autoridades indígenas tengan igual poder que las corporaciones”, aseguró el presidente de la República, Gustavo Petro.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, señaló que “este decreto define a las autoridades indígenas como autoridades ambientales hacia su población y para su territorio, podríamos asemejar esta medida a la justicia propia que ellos ya tienen. Hemos ganado 115 pueblos indígenas que ejercerán en sus territorios, de acuerdo con su conocimiento y esos son los principales mensajes de la COP16: el diálogo productivo entre la ciencia y las instituciones con el conocimiento ancestral, que es lo que realmente generará Paz con la Naturaleza”.

Con esta nueva normativa, las autoridades indígenas construirán, de la mano de otras entidades, mecanismos directos para garantizar la protección de los ecosistemas del país y sus territorios, teniendo en cuenta sus conocimientos ancestrales.

Durante un evento que fue realizado en la Casa de Nariño y acompañado de varios líderes de indígenas, Petro justificó la norma al afirmar que “en su mayoría inmensa, las CAR no han demostrado ser instrumentos de cuidado de la naturaleza, sino lo contrario: vía corrupción se han arrodillado a la codicia y esa codicia ha entregado nuestra hermosa naturaleza a la destrucción”.

Dentro de las competencias ambientales de las autoridades indígenas estarán la protección armónica de los ecosistemas, la formulación y desarrollo de instrumentos de regulación y gestión ambiental como, por ejemplo, planes de ordenamiento ambiental indígena.

Asimismo, las autoridades tendrán aval en materia de implementación de reglamentos para administrar y conservar la importancia especial de sus territorios, la planificación y adopción de presupuestos y la administración de los recursos que les correspondan para el ejercicio de sus competencias ambientales. Estas competencias tendrán lugar en sus territorios y para los miembros de sus pueblos indígenas.

“Desde el Ministerio del Interior nos sentimos complacidos con la firma de este Decreto que pone en el centro la autonomía de los pueblos indígenas, reconociendo su capacidad para gestionar el territorio de manera armónica con el medio ambiente y que, además, fomenta un diálogo constante con el Estado”, destacó el ministro del Interior, Gustavo García.

Por otra parte, el mandatario sostuvo que: “en pocos días o semanas este Decreto provocará una gran discusión, hasta intentarán tumbarlo los que se creen monárquicos, porque dirán, ‘uy, cómo, los indígenas tendrán autoridad ambiental, y nuestras instituciones aristocráticas, que viven robándose la plata, ¿qué’?”, afirmó.

Ante esto, Petro en medio de su discurso aseguró que, si le tumban esta norma, la seguirá presentando, “hasta que los derrotemos, porque nadie puede enseñarle a cualquier colombiano y a cualquier institución colombiana o latinoamericana, cómo se construye el equilibrio vital entre ser humano y naturaleza que los pueblos indígenas de Colombia y de América”.

Hay que tener en cuenta que hasta la fecha, las CAR se han encargado de ejecutar las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además de desarrollar la participación comunitaria en programas de protección y manejo de los recursos renovables. Incluso, participan en procesos de planeación y ordenamiento territorial frente a licencias, permisos y movilización de recursos.

Lisboa, 13 oct (EFE).- Fieles del todo el mundo reunidos en el santuario de la Virgen de Fátima, en Portugal, pidieron este domingo el fin de la guerra y que "los militares regresen pronto a casa" durante la oración final de la peregrinación de octubre.

El rezo fue liderado por el arzobispo de Manaos (Brasil), cardenal Leonardo Ulrich Steiner, quien animó a los creyentes congregados en la explanada del santuario a implorar por la paz a la Virgen.

"Pidamos a la reina de la paz que conforte, transforme el corazón de quienes alimentan el odio, la venganza, la destrucción, la muerte... y que se instaure la fraternidad, la hermandad, que la guerra acabe y que los militares regresen pronto a sus casas", dijo el religioso.

"Sí, que eso ocurra -continuó- que se silencien las armas que generan la muerte, que se extinga la violencia en el corazón humano. Concede el don de la paz, toca el corazón y las mentes de los gobernantes para caminar por los senderos de la fraternidad y la paz.

Esta oración se produce en medio de una escalada del conflicto en Oriente Medio, donde Israel lleva a cabo ofensivas en Gaza y el Líbano y donde ha aumentado la tensión con Irán, mientras continúa la guerra en Ucrania tras la invasión rusa.

Por otro lado, el arzobispo también exhortó a los peregrinos a rezar para que los pobres sean integrados en la sociedad y no sean rechazados, y para que los migrantes sean acogidos en las comunidades y no apartados.

También instó a orar para que los indígenas, su modo de vida y su cultura "sean respetados" y para que las "tierras de los antepasados, de los ancestros, sean la casa morada" de los pueblos nativos, y no sean destruidas.

"Detener la deforestación, acabar con la pesca depredadora, que desaparezca la codiciosa, destructiva y depredadora industria minera. Oremos por la conversión de quienes inician incendios también en nuestra región", señaló.

La peregrinación de octubre conmemora la aparición de la Virgen ocurrida el 13 de octubre de 1917 ante tres niños pastores en la cueva de Iria, en Fátima, a unos 130 kilómetros de Lisboa.

Según datos del santuario, se calcula que entre 50.000 y 70.000 personas, la mayor parte del extranjero, han asistido a esta peregrinación.

El culto a Fátima tiene su origen en las apariciones de la Virgen que tres niños pastores portugueses -Lucía, Jacinta y Francisco- aseguraron que habían presenciado entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917.

Los tres menores explicaron que la virgen les hizo varias revelaciones en esos encuentros, que conforman la profecía de Fátima.

Los relatos de las apariciones convirtieron a Fátima en un lugar destacado de peregrinación para los creyentes, que cada año visitan por miles este pequeño enclave portugués. EFE

Río de Janeiro, 4 oct (EFE).- Los indígenas brasileños, principalmente los que viven en sus territorios protegidos, tienen índices de analfabetismo y de precariedad en sus viviendas muy superiores a los del resto de la población del país, según datos del censo de 2022, divulgados este viernes.

De acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), mientras que la tasa de analfabetismo de la población brasileña en general es del 7 % entre los mayores de 15 años, ese índice llega al 15 % entre los indígenas y alcanza el 20,8 % en las tierras protegidas.

Pese a que se mantienen elevados, los índices mejoraron con respecto al censo de 2010, cuando la tasa de analfabetismo de los brasileños era del 9,6 %, la de los indígenas del 23,4 % y la de los que viven en sus territorios, del 32,3 %.

La población indígena era de unos 1,7 millones de personas en 2022, con lo que constituía el 0,83 % de la población brasileña.

De los censados, 622.844 viven en territorios indígenas y 1,07 millones viven fuera de las áreas delimitadas para los pueblos originarios.

De las 72,4 millones de residencias contabilizadas en el censo, en 630.428 vivía al menos un indígena, es decir, en el 0,87 % del total.

El número no incluye las chozas comunales generalmente hechas de paja y que no cuentan con paredes ni divisiones, que representan el 8,15 % de las viviendas en las tierras indígenas.

Según el IBGE, cerca de 1,1 millones de indígenas, el 69,1 % del total, habitaba en viviendas en situación de precariedad o sin saneamiento básico.

Ese índice de precariedad o de ausencia de servicios llega al 95,6 % entre los que viven en territorios indígenas.

Mientras que el 93,97 % de los brasileños tiene abastecimiento de agua en su vivienda, ese porcentaje cae al 63,21 % entre los indígenas y al 30,76 % entre los que viven en tierras indígenas. EFE

Ciudad de Guatemala, 1 oct (EFE).- Un grupo de representantes de los pueblos indígenas de Guatemala pidió este martes a los diputados del Congreso no elegir candidatos con señalamientos de corrupción, durante la elección de los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia y las salas de Apelaciones.

Las autoridades indígenas pidieron a los congresistas “no elegir a aspirantes vinculados a casos de corrupción” o que “hayan emitido sentencias violatorias a derechos humanos”, según un comunicado de prensa.

Este martes el Congreso de Guatemala tiene una sesión ordinaria en la que se espera que se haga la votación para determinar a las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de Apelaciones.

Las autoridades indígenas que piden transparencia en la elección son el Parlamento Xinca, los 48 cantones de Totonicapán y la alcaldía indígena de Sololá, entre otras.

En su pronunciamiento, las autoridades indígenas piden a los diputados no realizar una votación secreta ni en bloques, para garantizar “transparencia” en la elección de magistrados.

“Queremos que como buenos servidores públicos y defensores de la democracia escuchen nuestros planteamientos”, puntualiza el comunicado.

La semana pasada, la comisión de postulación, integrada por las universidades del país y que se encarga de filtrar a los aspirantes a las altas cortes, envió al Congreso la lista de los 26 finalistas para conformar el Supremo y de 315 candidatos a salas de Apelaciones.

El proceso de la comisión de postulación fue observado por una misión de la Organización de Estados Americanos, la cual alertó, el pasado 18 de septiembre, que fueron rechazados los señalamientos de corrupción que la sociedad civil presentó contra decenas de candidatos.

El proceso se encuentra bajo la lupa internacional debido a que en los últimos 10 años el sistema judicial guatemalteco se ha deteriorado y esto evidenciado por la expulsión de jueces anticorrupción y los procesos penales contra periodistas, fiscales, políticos de oposición y activistas.

Entre 2019 y 2024, las cortes de Guatemala estuvieron en un limbo sin renovación debido a que una investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) mostró cómo se había amañado el proceso de elección y todo quedó paralizado hasta este año. EFE

Tuxtla Gutiérrez (México), 25 sep (EFE).- Pueblos indígenas del sur mexicano recibieron este miércoles con escepticismo la reforma que por primera vez los reconoce como sujetos de derecho en la Constitución y declara a México una “nación multiétnica”, al opinar que esto no resolverá sus problemas de violencia y pobreza.

El recelo se percibe en particular en Chiapas, estado del sur de México con la mayor población indígena del país, que afronta una ola de violencia por las disputas de los cárteles del narcotráfico que han desplazado a miles de habitantes originarios de sus comunidades.

Elisa Cruz Rueda, antropóloga y afromexicana, señaló que "la reforma no cumple lo establecido en los Acuerdos de San Andrés", que el Gobierno de México firmó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1996 para prometer que la Constitución aceptaría la autonomía de los pueblos indígenas y atendería sus demandas.

La iniciativa, avalada el martes por el Senado y que aún debe promulgar López Obrador, reconoce la composición multiétnica y pluricultural de México, donde 23 millones de personas se identifican como indígenas, casi la quinta parte del total de 126 millones de habitantes.

También reconoce a los 68 pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de elevar a rango constitucional el derecho de las comunidades a la consulta libre e informada sobre medidas y proyectos que afecten su entorno directo.

Aunque el presidente destacó este miércoles la naturaleza histórica de la reforma, desde las Redes de Asociaciones Indígenas y Colectivos en Chiapas manifestaron su preocupación por la violencia que padecen los pobladores originarios y la falta de justicia tras los abusos cometidos por el Estado.

"Mi opinión es que es una ley de conveniencia para el Estado mexicano, pero no precisamente que le convenga a los pueblos indígenas”, expresó a EFE Guadalupe Vázquez Luna, indígena feminista y sobreviviente de la masacre de Acteal, una incursión paramilitar que resultó en 45 indígenas asesinados en 1997 en Chiapas.

La mujer de la etnia tzotzil sostuvo que “siempre han existido leyes, (pero) nunca se han respetado, en especial para los pueblos indígenas".

"Se les ha negado (la justicia) a los pueblos indígenas, sobre todo a los pobres, porque los ricos pueden comprar la ley a su antojo", mencionó

“Esta nación mayangna, esta nación misquita tiende a desaparecer, no pasa de quince años”, advirtió el 13 de septiembre pasado el líder misquito Steadman Fagoth, asesor presidencial de Daniel Ortega. Al día siguiente fue apresado por el Ejército y entregado a la Policía “para las investigaciones correspondientes” por cargos de narcotráfico y crimen organizado.

Además de Fagoth, están detenidos, sin que se sepa de su situación desde hace un año, el exdiputado misquito Brooklyn Rivera y quien fuera su suplente en el parlamento nicaragüense Nancy Elizabeth Henríquez, ambos dirigentes del partido indígena Yatama.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por Naciones Unidas, concluyó en un informe presentado el 10 de septiembre pasado, que “tiene motivos razonables para creer que el Estado de Nicaragua ha detenido arbitrariamente a Brooklyn Rivera sin revelar su paradero y con el objetivo de silenciar las comunidades indígenas y, por lo tanto, ha violado sus derechos a la libertad y seguridad personales, la libertad de opinión y expresión y de participación en los asuntos públicos”.

El encarcelamiento de estos tres veteranos líderes, y la condena de ocho guardabosques mayangnas, es apenas la punta del iceberg de una sorda guerra que se desarrolla en el Caribe y que ha dejado un rastro de sangre y dolor estos últimos diez años a través de masacres, secuestros, violaciones y el desplazamiento de miles de indígenas de sus tierras originales.

“El Grupo de Expertos documentó 67 incidentes de asaltos violentos contra pueblos indígenas, ocurridos entre abril de 2018 y marzo de 2024 en territorios misquitos y mayangnas”, dice el informe. “Analizando los incidentes, el Grupo identificó un total de 161 víctimas (136 hombres y 25 mujeres, de ellas 19 menores de edad) de delitos como asesinatos, lesiones, violencias sexuales y secuestros”.

Media Nicaragua

La Costa Caribe de Nicaragua está constituida por las regiones autónomas del Caribe Norte y Caribe Sur y comprende un área de 60,365.98 kilómetros cuadrados equivalentes al 47 por ciento del territorio nicaragüense.

Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), en la Costa Caribe viven cerca de un millón de personas, que representa el 13 por ciento de la población total de Nicaragua.

La población indígena del Caribe se estima en aproximadamente 250,000 personas, aunque este número puede variar según las fuentes y los censos. Los principales grupos indígenas en esta región incluyen los misquitos, mayangnas (sumu), y ramas.

En cuanto a la extensión de los territorios indígenas, el área legalmente reconocida bajo el régimen de propiedad comunal indígena en la Costa Caribe nicaragüense supera los 37,800 kilómetros cuadrados.

La invasión de colonos a los territorios indígenas en la Costa Caribe de Nicaragua comenzó a intensificarse a partir de la década de 1990, después de terminada la guerra entre sandinistas y contrarrevolucionarios.

Este proceso de invasión de colonos, generalmente llegados desde el pacífico y centro de Nicaragua, aumentó significativamente desde el 2009 y ha tenido efectos devastadores para las comunidades indígenas, que han visto sus territorios tradicionales ocupados, sus recursos naturales explotados y su modo de vida amenazado.

“El régimen ha tratado de imponer la cohabitación y convivencia entre colonos e indígenas, pero eso nunca ha sido aceptado por las comunidades”, afirma Amaru Ruiz, defensor de los derechos humanos y preside la Fundación del Río.

Otro defensor de derechos humanos, relacionado con poblaciones indígenas y que pide anonimato por seguridad, afirma que, si bien la invasión de campesinos del pacífico y centro de Nicaragua al Caribe es de vieja data, fue a partir de los últimos 10 años que el Estado ha usado a “los colonos como punta de lanza para amedrentar a los pueblos indígenas y apropiarse de sus territorios”.

“Estamos hablando de una política clara de invasión, de usurpación, de promoción para instalar industrias extractivas (de minerales y madera) que generan mucho dinero y para las cuales el único obstáculo son los pueblos indígenas”, dice.

“Ellos (colonos) se apropian de las tierras indígenas y se las venden a las empresas que están ahora concesionando y sacando mucho oro, o se crean fincas de ganado con tecnología que esas personas no podrían costear”, añade y señala que tras ese traspaso de propiedades “hay personas vinculadas al régimen y militares”.

Para el desalojo de los indígenas, los colonos realizan incursiones violentas con armas de guerra a las aldeas y queman las casas de los pobladores.

“El uso de armas de fuego fue prevalente en la comisión de estos abusos: 20 de las 22 personas asesinadas fallecieron por impacto de arma de fuego. Los cuerpos de tres víctimas fueron encontrados con marcas de ensañamiento. Asimismo, 39 de las 44 personas heridas fueron lesionadas por armas de fuego. Dos víctimas fueron amputadas como consecuencia de la lesión sufrida y una persona perdió un ojo. Testimonios indican que las armas utilizadas incluían escopetas, fusiles de tipo AK, fusiles o pistolas de tipo Uzi, carabinas de calibre 22 y pistolas de calibre 9mm”, señala el informe de los expertos de Naciones Unidas.

“La mitad de los incidentes ocurrieron cuando las víctimas estaban en o iban hacia sus parcelas para trabajarlas o cosechar sus productos, o proveyendo de otra manera a sus necesidades básicas, sea cazando o pescando (20 incidentes con un total de 30 víctimas). En tres otros casos, las víctimas estaban en tránsito (en dos casos iban hacia o regresaban de una mina y en uno iban de una comunidad a la otra)”, añade.

Masacres

Varias de estas incursiones han derivado en masacres. Por ejemplo, el 29 de enero del 2020, unos 80 colonos incursionaron violentamente en el poblado de Alal, una comunidad de la selva nicaragüense, y mataron a cuatro indígenas, hirieron a otros dos y quemaron 12 de sus ranchos. Asimismo, el 23 de agosto de 2021, invasores mataron a 11 indígenas misquitos y mayangnas en la comunidad de Sauni As.

“Según el gobierno, ahí no pasa nada. Son hechos aislados, son gente que se emborracha y se matan entre ellos. Son todo menos lo que es: una política del Estado de apropiarse de esos territorios. ¿Y cómo se apropian? Metiendo colonos”, dice el defensor de derechos humanos consultado por Infobae.

Para la fuente, las capturas del asesor presidencial Steadman Fagoth, los diputados indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, y los ocho indígenas mayangnas guardabosques, están ligadas a esa guerra silenciosa que se vive en el Caribe de Nicaragua.

“Hay una devastación indiscriminada de nuestras tierras, vendidas como pan caliente”, denunció Fagoth en una conferencia en la comunidad e Waspán. “¿Cómo se explica que estén armados hasta los dientes? La Policía y el Ejército deben saber y si no saben pues qué mal, porque no tienen células, estructuras que les informen, pero para mí que lo saben, no quiero decir que existe contubernio, pero al menos consentimiento hay, de lo contrario cómo se explicaría”, insistió, un día antes de ser apresado.

El líder misquito Brooklyn Rivera, diputado del partido indígena Yatama, fue arrestado luego de denunciar en Naciones Unidas, Nueva York, la invasión de colonos en territorios indígenas nicaragüenses. Primero el régimen le negó la entrada al país cuando quiso regresar, pero Rivera entró subrepticiamente por el territorio de la mosquitia hondureña.

Durante todo ese tiempo vivió alternando casas para protegerse de una eventual captura, pero el 29 de septiembre, alrededor de las 8:30 de la mañana fue detenido mientras estaba en su vivienda, en Bilwi. Poco después fue despojado de su curul en la Asamblea Nacional, y fue apresada también su diputada suplente Nancy Henríquez.

Asimismo, la Fundación del Río denunció que, en febrero de 2024, ocho guardabosques indígenas mayangnas, de la Costa Caribe Norte “fueron condenados injustamente”, cuatro a cadena perpetua y los otros cuatro a 25 años de prisión por una masacre que ocurrió en la comunidad de Kiwakumbaih.

Los indígenas mayangnas fueron detenidos en agosto de 2023 y se les acusó de ser cabecillas de bandas delincuenciales, a pesar de que las organizaciones indígenas de esa zona alegaron que son reconocidos guardabosques del territorio mayangna Sauni As.

“Los guardabosques son la primera barrera humana que encuentran los colonos cuando entran”, dice el defensor de derechos humanos consultado. “Ellos no son pagados, no trabajan para el Estado, y son una forma tradicional, histórica, de estas comunidades. Son líderes indígenas que se organizan para defender su territorio, para patrullar”.

“Apresarlos, torturarlos y hacerles un juicio sin garantías judiciales es una forma de decirle al resto de la comunidad: ´Miren lo que les pasa a quienes defienden el territorio´”, añade.

Impunidad

Los expertos de Naciones Unidas destacan que “el Estado ha fomentado un entorno propicio a la violencia y los delitos cometidos por los colonos y otras terceras personas contra las comunidades indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe, garantizando asimismo una impunidad casi total”.

“El Grupo de Expertos no tiene información sobre casos en los que personas identificadas como colonos hayan sido condenadas y cumplido penas por haber cometido delitos en contra de personas indígenas en sus territorios”, señala el informe.

“La única condena dictada por un órgano de justicia en el caso de asesinatos de personas indígenas fue en el caso de nueve personas asesinadas en el asalto en la mina de Kiwakumbaih, el 23 de agosto de 2021. Sin embargo, las personas enjuiciadas y condenadas por estos crímenes fueron cuatro hombres mayangnas”.

Para el defensor de derechos humanos, los indígenas defienden su territorio en total desventaja, porque los colonos tienen al Estado de su parte.

“A mí en varias ocasiones me han dicho los indígenas que llega la Policía a las casas y les quitan los celulares, las armas de cacería y hasta los machetes se les querían llevar, que son sus instrumentos de trabajo. Les quitan todo y los otros aparecen con armas de guerra”, dice.

Destaca que hay violaciones a los derechos individuales de los indígenas, pero también violaciones a los derechos colectivos. “Las matanzas, quitarle la vida a alguien es un derecho individual violado, pero están violando también los derechos humanos colectivos de estos pueblos: a la autodeterminación, al territorio, a la tierra. Esta gente vive y come de esa tierra. Si la usurpan, la privan, total o parcialmente, de la alimentación. Son crímenes de lesa humanidad por eso”.

Para el ambientalista Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, detrás de las detenciones a líderes indígenas, está el interés del régimen de conseguir dinero presentando a Nicaragua como un ejemplo en protección del medio ambiente y poblaciones indígenas.

“No les convienen las denuncias en términos de su imagen en torno a lo que ellos han vendido a nivel internacional. En los foros internacionales de Nueva York, Naciones Unidas, la FAO, el régimen se vende como un ejemplo a nivel regional. Incluso la FAO lo pone como un ejemplo regional en titulación de tierra y casos resueltos, etc. Por eso no les convienen estas denuncias locales”, señala Ruiz.

“Por eso tampoco sueltan Brooklyn (Rivera) y a los guardabosques, porque el costo político puede ser mucho mayor sabiendo la capacidad de movilización que hay en estos liderazgos”, añade.

Dice que el tema indígena cogió relevancia cuando el Fondo Verde para el Clima, que depende de las Naciones Unidas, canceló en marzo pasado un desembolso por 64,1 millones de dólares para el programa de Bio-Clima “debido al incumplimiento de las políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales”.

Antes, en febrero de 2021, el Fondo de Carbono del Banco Mundial (BM) canceló un pago por 55 millones de dólares por servicios ambientales a Nicaragua debido a que este país no garantizó que fueran utilizados en beneficio de los indígenas.

Según este acuerdo, Nicaragua se comprometía a capturar 11 millones de toneladas de carbono entre 2020 y 2025, y a cambio recibiría 55 millones de dólares que debían beneficiar a las comunidades indígenas, dueñas de los bosques.

“Ellos entendieron que no pueden seguir pidiendo recursos si no resuelven de alguna manera las denuncias locales en su contra: ya sea que resuelvan el problema que las originan o que controlen a quienes denuncian el problema”, señala.

Al parecer, la decisión del régimen de Daniel Ortega fue acallar a quienes denuncian, mientras la sorda guerra continua en el Caribe.