La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) incorpora materiales de educación financiera en lenguas indígenas a su portal institucional desde hoy 22 de abril, con el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

Esta iniciativa permite que millones de mexicanos tengan acceso a información clara sobre el entendimiento de ingresos económicos, tal es:

• Cómo prevenir fraudes
• Ejercer derechos como usuarios de servicios financieros
• Fortalecer su patrimonio

Según datos de INEGI, se contabilizan 7.3 millones de hablantes de lenguas indígenas en el país.

La inclusión de estos materiales responde a la demanda de orientación financiera adecuada al contexto cultural y lingüístico de los pueblos indígenas.

Los contenidos, disponibles en Nawatlahtolli (náhuatl de la Huasteca y Veracruz), Tu’un Savi (mixteco) y P’urhepecha (mediante el Proyecto Minerva), pueden consultarse en formato de folleto digital y audio a través de webappsos.condusef.gob.mx.

Según la CONDUSEF, estos recursos ayudan a que más personas identifiquen riesgos, conozcan sus derechos y sepan actuar ante posibles fraudes o abusos.

Educación financiera en lenguas indígenas rompe el paradigma

Óscar Rosado Jiménez, presidente de la CONDUSEF, declaró que la educación financiera debe ser una herramienta concreta, accesible en la lengua de cada persona.

Por su parte, Luis Arturo Fuentes Gómez, titular en INALI, afirmó que la traducción de infografías y materiales en náhuatl y mixteco promueve relaciones más justas y equitativas entre las comunidades indígenas y las instituciones financieras.

La CONDUSEF y el INALI reiteran con estas acciones su compromiso de acercar la inclusión financiera y proteger la economía de todos los habitantes, sin importar origen o lengua.

Materiales en lenguas indígenas incluyen mixteco y purépecha

Dentro del portal de CONDUSEF, los materiales para impulsar la educación financiera en hablantes indígenas ya están disponibles. Las lenguas en las que se pueden consultar al momento son mixteco, Nawatlahtolli (náhuatl de la huasteca Veracruzana) y Purépecha.

Los contenidos que incluyen los folletos incluyen temas sobre cajeros, fraudes financieros, robo en cajeros, crédito y presupuesto.

Entre las recomendaciones que emitió la dependencia podemos encontrar algunos consejos importantes como proteger claves NIP, revisar movimientos en estados de cuenta, así como prestar atención a cobros no reconocidos y no compartir datos personales o bancarios al usar el cajero.

También, dentro de los folletos, la CONDUSEF insta a la población a acudir a su apoyo cuando se presenten situaciones como el querer comparar productos financieros, en caso de sospechas de fraude o engaño y si una institución bancaria no resuelve tus dudas.

A partir de junio de 2026, el Instituto Nacional Electoral (INE) permitirá que la Credencial para Votar (CPV) incorpore campos adicionales de identidad de género autopercibida y autoidentificación indígena o afromexicana, en un paso orientado a garantizar el respeto a los derechos y la no discriminación en México.

De acuerdo con un comunicado difundido por el propio INE este 12 de marzo, la iniciativa busca adaptar la credencial más utilizada como identificación oficial en el país a la pluralidad social y a las demandas de reconocimiento identitario, reforzando la seguridad y confianza en el instrumento central de acreditación ciudadana.

La nueva medida reemplazará la “X” en las credenciales actuales para personas no binarias

El cambio, avalado durante la sesión del Consejo General, implica que cada persona titular de una CPV podrá elegir si en el documento aparece el campo de Sexo o el de Género. Si opta por el campo de Género, la persona deberá indicar su identidad autopercibida eligiendo entre “M” para mujer, “H” para hombre o “NB” para persona no binaria. En el caso de quienes seleccionen la opción no binaria, la sigla “NB” reemplazará a la letra “X”, que hasta ahora se utilizaba en el campo de Sexo.

Estas modificaciones, precisó la consejera Carla Humphrey Jordan, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, permitirán armonizar los estándares legales nacionales con los principios constitucionales y convencionales de igualdad y no discriminación, según consta en el comunicado oficial del INE.

La credencial para votar mostrará el orígen indígena o afromexicano de quienes así se identifiquen

Las personas de origen indígena o afromexicano tendrán la posibilidad de solicitar que la palabra “Indígena” quede impresa en su credencial. El INE determinó que la autoidentificación es “un elemento subjetivo de identidad”, basado exclusivamente en la manifestación consciente de la persona.

Este dato, no obstante, será únicamente declarativo: no generará derechos político-electorales diferenciados ni servirá para acreditar el cumplimiento de acciones afirmativas en registro de candidaturas.

La decisión de permitir la inclusión opcional de estos campos responde, según la consejera Humphrey Jordan, a la necesidad de que la CPV refleje “la riqueza social” de México y a la importancia de fortalecer la confianza pública en el documento a través de su evolución tecnológica y la actualización permanente de sus estándares de seguridad.

Actualizaciones en las medidas de seguridad de la credencial para votar

En el marco del ajuste normativo, el INE anunció la expansión de los códigos QR bidimensionales de alta densidad en la CPV y en la Credencial para Votar desde el Extranjero (CPVE). Esta medida tiene como objetivo “fortalecer los mecanismos de verificación de autenticidad” y facilitar el acceso a servicios de validación a través de herramientas tecnológicas.

Con el modelo 2026-2031 que se expedirá a partir de junio, los códigos QR integrarán información adicional como las minucias de dos huellas dactilares, identidad de género, autoidentificación indígena, domicilio y descripción de pueblo indígena en casos donde este dato no figure en el catálogo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Todos estos datos estarán protegidos mediante procesos de cifrado con llaves criptográficas generadas por dispositivos especializados de seguridad (HSM).

La información en los códigos QR podrá ser utilizada, en procesos institucionales diversos: desde la verificación ciudadana de la credencial hasta consultas populares, iniciativas civiles, revocación de mandato o la validación de candidaturas independientes.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó este martes su sentencia en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl de la Sierra de Zongolica, Veracruz, fallecida en 2007 tras ser víctima de violencia sexual y falta de atención médica.

El fallo marca un punto de quiebre en uno de los casos más emblemáticos de presuntas violaciones a derechos humanos en el contexto de la militarización del país.

El comunicado del Gobierno mexicano

Tras los señalamientos de la Corte IDH, el Gobierno de México, mediante un comunicado, aceptó su responsabilidad internacional por la vulneración de diversos derechos humanos de Ernestina Ascencio.

Reconoció que el Estado falló en garantizar su derecho a la vida y a la salud, debido a la ausencia de servicios médicos oportunos y adecuados.

Asimismo, admitió la violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, tanto de la víctima como de sus familiares, además de la afectación al derecho a la integridad personal de estos últimos.

Tras conocerse la sentencia, el Estado mexicano reiteró su compromiso de analizar de manera exhaustiva los razonamientos de la Corte IDH y de actuar conforme a lo ordenado, con perspectiva de género y enfoque interseccional.

También reafirmó su postura de solidaridad con las víctimas, la búsqueda de la verdad, la garantía de justicia, la reparación integral del daño y la no repetición, así como su compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Lo que resolvió la Corte IDH

En su fallo, la Corte IDH declaró a México responsable por la violación sexual, la tortura y las graves lesiones infligidas a Ernestina Ascencio Rosario, hechos que, junto con la falta de atención médica adecuada, provocaron su muerte.

El tribunal estableció que la agresión sexual cometida por elementos del Ejército mexicano constituyó un acto de tortura, al haber sido intencional y causar severos sufrimientos físicos y mentales, con fines de humillación e intimidación.

La Corte también concluyó que el Estado incumplió su deber de investigar los hechos con debida diligencia reforzada, especialmente tratándose de un caso de violencia sexual contra una mujer indígena mayor, en un contexto de militarización.

Señaló que la investigación careció de perspectiva de género, étnica y etaria, se cerró de forma prematura y estuvo permeada por estereotipos que desacreditaron el testimonio de la víctima y de su familia.

Qué pasó con Ernestina Ascencio

Ernestina Ascencio Rosario, de 73 años, fue encontrada gravemente herida el 25 de febrero de 2007 en un paraje cercano a su comunidad de Tetlalzinga, municipio de Soledad Atzompa, a escasos metros de un campamento militar.

Antes de perder la vida, alcanzó a decirle a su hija, en náhuatl, que “los soldados se me echaron encima”, refiriéndose a sus agresores.

Debido a la falta de infraestructura y accesibilidad en su comunidad, Ernestina fue trasladada durante aproximadamente 10 horas en busca de atención médica.

Finalmente ingresó al Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció la madrugada del 26 de febrero, sin recibir una intervención quirúrgica oportuna y sin contar con intérpretes que facilitaran la comunicación con el personal médico.

Aunque peritajes iniciales apuntaron a una violación sexual como causa de su muerte, el caso fue desvirtuado posteriormente por autoridades federales y estatales, quienes sostuvieron que falleció por causas naturales.

La investigación fue archivada y la familia enfrentó obstáculos, presiones e intimidaciones en su búsqueda de justicia.

Medidas de reparación ordenadas por la Corte

La Corte IDH instruyó al Estado mexicano a cumplir, entre otras, con las siguientes acciones:

• Realizar una investigación penal seria y exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables.
• Brindar atención médica, psicológica y psiquiátrica a los familiares.
• Llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
• Implementar programas de capacitación para funcionarios públicos.
• Fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa.
• Crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.

La sentencia representa un reconocimiento internacional a la lucha de la familia de Ernestina Ascencio y sienta un precedente sobre la responsabilidad del Estado en casos de violencia contra mujeres indígenas en México.

La jefe del Cuerpo de Bomberos de Dabeiba, municipio del departamento de Antioquia, Fernanda Domicó, mujer perteneciente a la comunidad indígena emberá katío y miembro de la comunidad Lgbtiq+, fue brutalmente asesinada con un arma blanca en horas de la mañana del viernes 25 de julio de 2025.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo fue encontrado a las orillas de una quebrada del municipio con evidentes signos de violencia que representan la sevicia con la que fueron cometidos los hechos.

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El coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía de Urabá, entregó detalles del hallazgo del cuerpo de la mujer trans: “El cuerpo presenta varias heridas causadas con arma cortopunzante y contundente. La persona fallecida ejercía funciones como comandante del Cuerpo de Bomberos de este municipio”.

En el lugar hicieron presencia miembro del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para realizar las labores pertinentes y el levantamiento del cuerpo. En el lugar se mantiene la inspección para poder hacer la recolección del material probatorio que contribuya para el responsable del lamentable delito.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, lamentó lo sucedido y ofreció una recompensa millonaria para la persona que brinde información sobre los responsables de los hechos: “Las autoridades deben esclarecer estos hechos. Desde la Gobernación de Antioquia ofrecemos una recompensa de hasta $20 millones por quien entregue información que conduzca al paradero de los responsables de este crimen”.

Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, lamentaron el crimen de la funcionaria: “Fue hallada sin vida en la finca La Clara, zona rural de Dabeiba, con múltiples heridas de arma cortopunzante en la cabeza y el rostro. Su asesinato evidencia los altos niveles de riesgo que enfrentan líderes y lideresas sociales en Colombia”.

La Procuraduría General de la Nación por medio de su cuenta de X también lamentó lo ocurrido: “Desde @PGN_COL rechazamos el asesinato de Fernanda Domicó, jefa de bomberos de Dabeiba, Antioquia, lideresa, mujer indígena y trans. Nuestra solidaridad con su familia y los bomberos voluntarios”.

Por el momento no se han confirmado las causas del suceso, no obstante, no se descarta que haya sido un crimen de odio.

En la zona hacen presencia las AGC/Clan del Golfo, facciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y organizaciones criminales de la región.

Por medio de la Defensoría del Pueblo, desde el 2023 se había emitido la Alerta Temprana 019, que ponía en peligro el desarrollo de las actividades en territorios que ejercen líderes sociales y defensores de derechos humanos de manera individual y colectiva. Con este crimen aumentan a 92 los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia en lo corrido del 2025.

Situación de líderes sociales en Colombia

En Colombia, organizaciones internacionales y nacionales han registrado un clima de riesgo y amenazas para los líderes sociales. Entidades como la Defensoría del Pueblo, Human Rights Watch y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalan que las agresiones incluyen homicidios, amenazas y desplazamiento forzado.

La Defensoría del Pueblo ha reportado decenas de asesinatos de líderes sociales cada año, especialmente en zonas rurales donde persisten conflictos armados y economías ilícitas. Según sus informes recientes, regiones como Cauca, Nariño, Antioquia y Putumayo presentan altos niveles de violencia contra estos líderes. Las víctimas son en su mayoría defensores de derechos humanos, líderes campesinos, indígenas y afrodescendientes.

Entre las causas identificadas por las organizaciones están la disputa territorial entre grupos armados ilegales, el narcotráfico y la minería ilegal, así como la falta de presencia estatal efectiva. Naciones Unidas resalta que la impunidad en estos casos continúa como un factor preocupante.

Grupos como Indepaz, en sus reportes periódicos, documentan cifras de asesinatos y ataques, concordando en la tendencia de vulnerabilidad de quienes defienden los derechos colectivos o denuncian violaciones en sus comunidades.

Es viral en las redes sociales el encuentro entre un indígena que descansaba en la selva amazónica y un jaguar que estaría buscando a sus crías.

“No hay cómo descansar tranquilo”, se lee en la descripción del video compartido por el nativo, que otras páginas, como Colombia Oscura, decidieron replicar en redes.

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“Indígena que se encontraba internado en alguna parte de la selva amazónica, grabó con su celular lo que, al parecer, es un enorme jaguar”, se lee en la descripción con la que acompañaron la grabación.

En ella, se escucha el llamado del jaguar que tomó por sorpresa al supuesto indígena, que, no teniendo de otra, decidió registrar el encuentro y encomendarse a Dios.

“Esuchen, escuchen. Diosito, mis hermanos. Ay ay ay. Si me quedo quietito, no pasa nada. Al parecer el jaguar anda en celos o está buscando a sus hijos, pero ellos son pequeñitos y el que está pasando es grande, enorme. Ahí está y me está rodeando. Ay Diosito”.

Según dijo en la grabación, mantenerse inmóvil lo ayudaría a no llamar la atención del animal que, a pesar de su apetito por la carne, no ha atacado a seres humanos sin ser provocado.

O, al menos así, lo refiere el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: “No hay registros de ataques no provocados de jaguares a humanos en Colombia”.

⁠No ha sido el único: grupo de turistas también se encontraron al “temido” jaguar en el río Magdalena

Caminar por la ribera del río Magdalena, cerca del municipio de Puerto Wilches en Santander, se transformó en una experiencia inesperada para un grupo de expedicionarios que, en enero de 2025, se toparon con la presencia de un jaguar.

De acuerdo con el reporte de la cuenta de X “Historia, Cultura: Santander Colombia y el Mundo”, el animal se encontraba en actitud de acecho, al parecer enfocado en una presa, lo que sorprendió y alarmó por igual a los aventureros.

El avistamiento del jaguar (Panthera onca) en la zona no solo logró descrestarlos por el tamaño y la imponencia del felino, también por su significado ecológico; se trata del mayor representante de la familia de los felinos en el continente americano y el tercero más grande del mundo, con una historia evolutiva que se remonta hasta 10 millones de años atrás.

Sin embargo, en la actualidad, el jaguar en Colombia es una especie vulnerable, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Según reportes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, la principal amenaza que enfrenta este felino es la rápida expansión de la deforestación, fenómeno que lo enfrenta de manera cada vez más frecuente con comunidades humanas, al verse obligado a desplazarse fuera de su hábitat natural.

El Ministerio advirtió que el desplazamiento de los animales debido a la reducción de sus espacios naturales eleva el riesgo de encuentros fortuitos con habitantes cercanos a áreas boscosas. Así las cosas, las autoridades han preparado una serie de recomendaciones para prevenir incidentes y promover la coexistencia entre humanos y jaguares, según publicó el medio en cuestión.

Entre las medidas se encuentra la restricción de la caza de especies que conforman la dieta del jaguar, pues la escasez de presas silvestres suele llevar al animal a buscar alimento entre el ganado doméstico y a acercarse a zonas habitadas. También se aconseja proteger a los animales domésticos ubicándolos en áreas seguras y desarrollar infraestructuras como reservorios o pozos de agua lejos del entorno boscoso, lo cual contribuye a reducir el contacto con los felinos y a mantenerlos en sus territorios originales.

El Ministerio de Ambiente detalló que, ante la presencia de un jaguar en zonas habitadas, las personas deben recurrir a métodos no letales para ahuyentarlo: utilizar pitos, cornetas o bombos para generar ruidos fuertes y emplear lámparas o linternas de alta potencia de luz durante los patrullajes, ya que estos mecanismos suelen persuadir a los animales sin afectar su bienestar. El objetivo central es prevenir cualquier tipo de confrontación directa, asegurando el bienestar de las personas y la del felino.

El defensor indígena Higinio Bustos es una figura clave en la lucha por los derechos humanos y la defensa del patrimonio comunitario, detenido el 3 de mayo de 2021, sin mayor explicación, orden de detención o documento equivalente; fue trasladado posteriormente al Centro de Reinserción Social de Tantoyuca en calidad de preso.

La ONU-DH México reiteró que el activista ha sido sujeto a un proceso judicial marcado por diversas irregularidades, en una carta firmada por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Mary Lawlor y Ganna Yudkivska, vicepresidenta de comunicaciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Ambas funcionarias exhortaron al gobierno mexicano a proteger los derechos del defensor, mediante una adecuada investigación, proceso e imposición de sanciones que responsabilicen a quienes hayan estado involucrados.

Desde el momento de su detención hasta ahora, el oaxaqueño ha interpuesto tres recursos de amparo ante las autoridades judiciales y administrativas, mismos que han sido rechazados, asimismo mencionaron que ha sido sujeto a “un proceso judicial marcado por irregularidades, las cuales fueron reconocidas en la opinión número 41/2024 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, adoptada en agosto de 2024”.

Pese a que la carta fue enviada en abril de este año, aún no hay ninguna respuesta o acciones que demuestren una disposición a resolver su situación jurídica. Es por ello que la ONU DH México retomó la preocupación por el activista mediante redes sociales.

¿Quién es Higinio Bustos Navarro?

Higinio Bustos es un indígena náhuatl perteneciente a la localidad de Tepetzintla, en el municipio de Huautla, Estado de Hidalgo, reconocido como un destacado defensor jurídico en México, cuya trayectoria se ha caracterizado por su compromiso con la protección de los derechos humanos y la justicia social.

Bustos se ha dedicado durante décadas a la defensa de los derechos humanos a la autodeterminación de los pueblos indígenas y al territorio, y de combatir problemáticas como el despojo de tierras, discriminación o violaciones a sus derechos constitucionales.

Además, es miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, organización que trabaja por el derecho a una vida digna, contra la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y por la libertad de los presos políticos.

Más allá de su práctica jurídica, Bustos es un promotor de la formación legal en las comunidades que representa, ofreciendo talleres y asesorías que buscan empoderar a las organizaciones locales en el conocimiento y ejercicio de sus derechos. Reconoce la importancia de articular las tradiciones legales indígenas con el marco normativo estatal, promoviendo una justicia intercultural que respete la pluralidad jurídica.

Hace un par de años, cuando participó como invitado del programa “Finding Your Roots” (Encuentra tus raíces), conducido por el historiador y genealogista Henry Louis Gates Jr. en el canal de televisión abierta TBS, el actor estadounidense Edward Norton se llevó una sorpresa al descubrir que era descendiente de Pocahontas. Su árbol genealógico demostraba que la legendaria niña de la tribu powhatan y su marido, el comerciante inglés John Rolfe, eran - dijo el conductor del ciclo - sus “duodécimos bisabuelos”. Emocionado, el protagonista de “American X” atinó a decir: “Esto te hace dar cuenta de que sos una pequeña parte de la historia de la humanidad”. Para la mayoría de las personas, el nombre de Pocahontas evoca a la pequeña princesa indígena de las películas animadas que produjeron los estudios Disney en la década de los ‘90, pero muchas desconocen que se trató de una persona real, que murió hace 408 años, el 21 de marzo de 1617.

En las historias que se cuentan sobre la verdadera Pocachontas resulta difícil diferenciar la leyenda de la realidad. Sí se sabe que nació en 1595 y que pertenecía por vía paterna al pueblo pamunkey, una importante comunidad de la Confederación Powhatan, una agrupación de alrededor de treinta pueblos o naciones originarias del actual territorio estadounidense – más precisamente de Virginia - que a su vez formaban parte del grupo lingüístico algonquino. Su verdadero nombre era Matoaka, aunque desde niña la apodaron también Pokahantesú, un vocablo que puede traducirse como “traviesa” o “inquieta”, y que los primeros colonos ingleses pronunciaban como “pocahontas”. Cuando murió en Inglaterra, con solo 21 años, la enterraron con el nombre que le impusieron al bautizarse antes de su casamiento con Rolfe, Rebecca.

Pocahontas era la hija mayor de Wahunsonacock, un jefe indio al que los europeos llamaban Powhatan, confundiendo su nombre con el de su pueblo. Los powhatan eran una comunidad hermanada por la misma lengua con otras tribus, como los pies negros, los cheyennes o los arapahos. Eran originarios del norte de Florida, de donde a mediados del siglo XVI fueron empujados por otros pueblos – o quizás por los conquistadores españoles – hacia los actuales territorios de Virginia y Maryland. Allí formaron, una gran confederación con otros pueblos fronterizos, llamada Tsenacommacah, que incluía unas doscientas aldeas y alrededor poblaciones más grandes. Cuando llegaron los primeros ingleses a esa zona, sumaban unos 15.000 habitantes distribuidos en una superficie de más de veinte mil kilómetros cuadrados. Vivían de la agricultura, de la caza y de la pesca, y el poder se transmitía por línea materna, lo que explica la importancia que tenía, aún siendo una niña, Pocahontas en su comunidad.

El encuentro con Smith

En mayo de 1607, un grupo de unos cien colonos ingleses comandados por el capitán John Smith llegó a lo que actualmente es el territorio de Virginia y se estableció en una precaria población a la que llamaron Jamestown, en honor al rey James. Al principio, nativos y colonos se trataron con respeto, intercambiando alimentos por armas y herramientas que traían los ingleses, pero al llegar el invierno la situación se puso tensa: los powhatan tenían una escasa reserva de granos y carne como para comerciar y los colonos se estaban muriendo de hambre. Entonces pasaron de las negociaciones a las escaramuzas armadas.

En una de esas pequeñas batallas el capitán Smith fue capturado por el hermano de Wahunsonacock, llamado Opechancanough, y llevado a la presencia del jefe indio. El episodio que siguió fue confuso. En un libro de memorias que el capitán Smith publicó en 1624, cuenta que, cuando estuvo en presencia del cacique, dos guerreros lo obligaron a apoyar la cabeza sobre dos piedras y otro levantó un garrote para aplastársela, pero que en ese preciso momento Pocahontas se interpuso, colocó su cabeza junto a la de él y rogó por su vida. En otras palabras, que lo salvó cuando estaban a punto de matarlo.

Hay quienes creen que ese relato de Smith es totalmente falso y que lo incluyó en su libro para darle brillo a su historia; sin embargo, algunos antropólogos especulan que lo que el capitán confundió como una ejecución pudo ser en realidad una ceremonia de “adopción” o de vasallaje. Lo que sucedió después le da fuerza a esta hipótesis, porque fue liberado y el cacique le aseguró que “lo estimaría para siempre como su hijo Nantaquoud”. Además, una vez que Smith regresó a Jamestown, el jefe Wahunsonacock les envió varios cargamentos de comida a los ingleses hambrientos. A estos emisarios solían ir acompañados de Pocahontas, que encarnaba como una suerte de prenda de paz para los colonos. Hay quienes sostienen que la pequeña princesa mantuvo una relación amorosa con el capitán inglés, pero no hay nada que lo pruebe y Smith no menciona nada así en su libro. El supuesto amorío de Pocahontas y Smith fue retomado por Disney en su primera película, que en cambio ignora completamente el matrimonio con Rolfe.

La cordialidad en las relaciones no duró mucho y se produjeron nuevos enfrentamientos. Los powhatan trataron de doblegar a los invasores por hambre, negándose a mantener cualquier intercambio con ellos. Así, de los 900 colonos llegados desde 1607, en 1610 quedaban tan sólo 150. En 1609, los ingleses atacaron una de sus capitales, Orapakes, pero fueron derrotados. Durante los siguientes cinco años se desarrolló lo que pasó a la historia como la primera guerra anglo-powhatan, que duraría hasta 1614.

Capturada y casada

Una de las víctimas del conflicto fue la propia Pocahontas, que fue secuestrada en 1613 y mantenida como rehén en Jamestown. Por ser hija de un jefe importante, los colonos pensaban en utilizarla como pieza de negociación. Retenida en el fuerte, la princesa india pidió ver al capitán Smith, pero le respondieron que había muerto. Era falso: el inglés había sufrido quemaduras por una explosión accidental y repatriado a Inglaterra para ser mejor atendido.

Pocahontas tenía ya 18 años y durante su cautiverio aprendió inglés y la adoctrinaron con la Biblia. No se sabe si por voluntad propia u obligada, la cuestión es que fue bautizada y recibió el nombre de Rebecca. Convertida en una joven mujer, llamó la atención de John Rolfe, un colono y comerciante de tabaco que le propuso matrimonio luego de enviar un emisario al padre de la joven para que diera su autorización. Wahunsonacock dio su permiso, pero los novios debieron esperar a que llegara otra autorización, la del gobernador de la colonia, porque era el primer caso de un casamiento entre una nativa y un inglés y Rolfe quería asegurarse de que fuera legal. En su carta al gobernador, Rolfe le decía que no lo impulsaba a casarse “un desenfrenado deseo carnal, sino el bien de la plantación, el honor de nuestro país, la gloria de Dios, mi propia salvación y la conversión al verdadero conocimiento de Dios y Jesucristo de una criatura no creyente, Pokahuntas”. Finalmente, el representante del reino dio el visto bueno y la pareja se casó el 5 de abril de 1614. El único hijo de Rolfe y Pocahontas, Thomas, nació a principios del año siguiente.

Vivieron en Henricus, cerca de una de las plantaciones de tabaco de Rolfe. La guerra había diezmado, sumando muertos y desertores, la población de colonos y, aunque el matrimonio no logró que volvieran los colonos ingleses, sí que creó un clima pacífico entre Jamestown y Powhatan durante algunos años. En una carta a los dueños de la Compañía de Virginia en Inglaterra, Rolfe escribió: “Tenemos ahora un comercio amistoso y no comerciamos solamente con los Powhatan, sino también con sus súbditos”.

Muerte en Londres

Pese a que se había logrado la paz, los patrocinadores de los colonos de Virginia no dejaban de tener dificultades para atraer a nuevos colonos e inversores a Jamestown. Entonces acordaron con Rolfe utilizar a Pocahontas como muestra de que “los nativos del Nuevo Mundo podían ser domesticados”. Así, Rolfe, lady Rebecca y el pequeño Thomas viajaron a Inglaterra acompañados por una delegación de once indígenas y desembarcaron en el puerto de Plymouth el 21 de junio de 1616.

Se instalaron en Londres, donde por una casualidad, Pocahontas y su marido se cruzaron en la calle con el capitán Smith, al que ella creía muerto. Hombre de prestigio, el ex colono fundador de Jamestown le escribió una carta a la reina Ana solicitándole que Pocahontas era una persona de importancia en su tierra y que merecía ser tratada como una princesa. La respuesta superó todas las expectativas, porque la reina y el rey Jacobo I la recibieron en el Palacio de Whitehall.

El plan de Rolfe y la Compañía de Virginia era que, una vez que la presencia de Pocahontas en Londres promoviera inversiones y el viaje de nuevos colonos hacia territorio americano, el matrimonio y su hijo regresaran a Jamestown. No llegaron a hacerlo: en febrero de 1617, Pocahontas enfermó de gravedad – unas versiones dicen de tuberculosis, de viruela o de neumonía – y murió en Londres el 21 de marzo.

El funeral se realizó ese mismo día en la parroquia de San Jorge, de Gravesend, en Kent. Se cree que su tumba se encuentra debajo del presbiterio, aunque desde que la iglesia fue destruida por un incendio en 1727, se desconoce el lugar exacto. Hoy, en el exterior del templo, se la recuerda con una estatua de bronce realizada por el escultor estadounidense William Ordway Partridge.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a que los pueblos originarios tengan un representante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al afirmar que su gobierno buscará impulsar que una persona indígena sea electa como ministro o ministra, recordando que este año se realizarán las primeras elecciones al Poder Judicial.

En su visita a Pueblo Nuevo, Durango, la mandataria presentó el Plan de Justicia para Pueblos O’dam, Au’dam, Wixárika y Mexikan, señalando que las comunidades indígenas son uno de los pilares de la vida actual en México, así como los principales personajes de la historia.

Destacó que por ello, el movimiento de la Cuarta Transformación busca reivindicar la justicia social, por lo que destacó que el próximo 1 de junio los duranguenses elegirán a sus presidentes municipales, pero de forma simultánea se elegirán por primera vez a jueces, magistrados y ministros a nivel nacional, por lo que dijo que su gobierno quiere que un indígena llegue a la Suprema Corte y “muchos Benito Juárez”.

“La palabra dejó de escucharse y en cambio nosotros la reivindicamos, lo que queremos para México siempre es justicia, justicia social, justicia para los pueblos, justicia para las mujeres y también un verdadero sistema de justicia, que funcione en nuestro país, así que aprovecho para decirles que este primero de junio ustedes van a tener elección aquí en Durango para presidentes municipales, pero van a tener otra elección muy importante.

“Por primera vez el pueblo de México van a elegir a jueces magistrados y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y queremos que un indígena llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, queremos muchos Benito Juárez en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, aseveró.

No obstante, exhortó a que la ciudadanía se quien decida a sus representantes en el Poder Judicial, presumiendo que México es el único país en el mundo en el que la población elegirá a sus jueces.

“Es muy importante que ustedes decidan, por que aquí no se orienta a nadie, pero es muy importante lo que va a ocurrir este año en nuestro país, somos el único país del mundo que elije a su Poder Judicial.

“Por eso digo que la Cuarta Transformación también representa justicia, libertad y democracia, por que si vamos a elegir al Poder Judicial, quiere decir que el pueblo de México va a decidir quiénes son sus jueces, no hay ningún pueblo en el mundo que tenga esa posibilidad”, concluyó.

Tuxtla Gutiérrez, 22 oct (EFE).- El presunto homicida del religioso y defensor indígena, Marcelo Pérez Pérez, fue detenido este martes, según informó el gobernador del estado de Chiapas, al sureste de México, en medio del funeral del sacerdote asesinado el domingo pasado.

“Mi reconocimiento a las autoridades de justicia quien me ha informado que ha sido detenido el autor material de la muerte del padre Marcelo”, publicó el gobernador Rutilio Escandón en sus redes sociales.

La Fiscalía de Chiapas detalló en un comunicado que el detenido fue identificado como Edgar 'N', acusado del delito de homicidio, en un operativo realizado en la mañana del martes en San Cristóbal de las Casas.

Según el reporte policiaco, un grupo del Ministerio Público reviso a detalle las cámaras de vigilancia del C5, y realizó labores de investigación y recabó declaraciones de testigos, lo que permitió identificar al presunto sicario a quien le ejecutó una orden de arresto como “autor material de este lamentable hecho”.

El padre Marcelo, indígena tzotzil y defensor de los pueblos originarios que denunciaba la violencia del crimen organizado, fue atacado a balazos cuando estaba en su vehículo en el barrio de Cuxtitali, en el oriente de la ciudad turística de San Cristóbal de las Casas.

Según un video que circula en redes, el crimen ocurrió a las 8:05 hora local (14:05 GMT), cuando el religioso recibió varios disparos por parte de un sujeto que lo esperaba en una esquina y lo sorprendió a bordo de su vehículo.

El homicidio fue perpetrado a la vista de una docena de transeúntes, a 100 metros de la iglesia donde momentos antes el religioso había oficiado una misa.

El cura de la etnia maya tzotzil fue sepultado este mediodía en un predio de la iglesia de San Andrés Apóstol, en el municipio de San Andrés Larrainzar, comunidad zapatista donde se firmaron los acuerdos de San Andrés 1996.

El padre Marcelo fue despedido por cientos de indígenas desplazados, defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones civiles, con quienes caminó en defensa de la tierra, el territorio, el agua y los derechos humanos, exigiendo la paz y justicia.

Pascuala Vázquez, indígena tzeltal, integrante del gobierno comunitario de Chilón, describió al sacerdote como "un ejemplo para los pueblos".

"El gobierno comunitario siempre estuvo acompañando y él nos enseñó a todos nosotros a ver y a denunciar las injusticias en nuestro municipio. Él nunca nos enseñó a defender nuestros derechos a través del arma", expresó Vázquez.

Agregó que aún se encuentra "consternada por la noticia" del crimen, pues el cura solo "buscaba la reconciliación y la palabra".

Guadalupe Vázquez Luna expresó que con la sepultura del cura "crecerá uno de esos árboles de la vida que fructificará".

"Solo así, en nuestro hermoso nido, Chiapas, volverá a nacer el sol y brillarán luces de paz en los ojos de nuestras niñas y niños", expresó Vázquez Luna, sobreviviente de la masacre de Acteal 1997.

La misa de cuerpo presente fue presidida por el obispo Raúl Vera López, obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal de las Casas.

El asesinato despertó la condena de la Iglesia católica y de organismos internacionales como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que ha documentado al menos 134 homicidios de defensores de derechos humanos desde 2017 en México, con al menos siete asesinatos en lo que va de 2024. EFE

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Ciudad de México, 30 sep (EFE).- La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, que este martes 1 de octubre asume el poder, informó este lunes en una publicación en redes sociales que el emblema de su Gobierno será la imagen de una joven, con rasgos y vestimenta indígena, que porta la bandera del país.

"Una joven mexicana será el emblema del Gobierno de México", apuntó Sheinbaum en el mensaje.

Según un comunicado, "los rasgos de esta joven son un reconocimiento a las mujeres de nuestros pueblos originarios, y con ello, el Gobierno de México manifiesta su respeto y admiración a las profundas raíces humanistas que identifican a las etnias y su ancestral resistencia a través de sus lenguas, culturas, tradiciones y fortaleza legada por sus pueblos a la historia.

En la descripción de la imagen se apuntó que "la joven mira con firmeza y esperanza hacia la izquierda, simbolizando la lucha del pueblo por alcanzar la justicia y la libertad".

Además, "asume con honor el legado de sus ancestras, por ello, lleva con orgullo vestimenta tradicional. Su cabello volando por el viento, evoca el avance, con paso firme, de nuestra nación hacia un futuro de bienestar y prosperidad".

Y también se explicó que "porta con decisión nuestra bandera, símbolo patrio que desentraña la historia de lucha que ha forjado nuestro pueblo, que representa la unidad, la esperanza y el orgullo de ser mexicanos. Enfrenta con brío -por ello, lleva la mano empuñada- los retos de un futuro promisorio de libertad, igualdad y paz como resultado de la justicia".

En el documento circulado a medios se aprecia el escudo de la bandera de México en color dorado, y mientras que la leyenda "Gobierno de México" está escrita en color negro y guinda, color del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que llevó al poder a Sheinbaum.

Hasta este 30 de septiembre, último día del Gobierno de López Obrador, el emblema contenía letras blancas, fondo guinda y el escudo dorado. EFE

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Asunción, 16 sep (EFE).- Una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) visita Paraguay desde este lunes para conocer el estado de cumplimiento de unas sentencias que ordenaron al Estado la restitución de tierras ancestrales a tres comunidades indígenas, informaron organizaciones de derechos humanos.

La comitiva, encabezada por el juez de la CorteIDH Rodrigo Mudrovitsch y delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acudirá hasta la comunidad Yakye Axa, del pueblo Enxet, en el departamento de Presidente Hayes (oeste), dijo a EFE la directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Gisela de León.

También se trasladará hasta las comunidades Xákmok Kásek y Sawhoyamaxa, ambas en Presidente Hayes, en la región del Chaco.

De las visitas participarán representantes del Estado y de las víctimas.

Posteriormente, tendrán lugar audiencias privadas "de supervisión de cumplimiento de sentencias", refirió De León, quien confirmó que los delegados internacionales estarán hasta el viernes.

Los encuentros se llevarán a cabo en la Corte Suprema de Justicia, en Asunción.

En el caso de la comunidad Yakye Axa existe una sentencia de 2005 que condenó al Estado paraguayo por la violación de los derechos a propiedad colectiva de la tierra.

La comunidad fue despojada de sus tierras ancestrales y el Estado, en cumplimiento de la sentencia, entregó 12.312 hectáreas de terrenos alternativos en 2012, pero no podían acceder a estos por la falta de caminos.

La Corte supervisará el estado de construcción de un camino de ingreso a las tierras comunitarias, además de "cuestiones de infraestructura" relacionadas con servicios básicos, detalló la abogada.

Por su parte, la comunidad Xákmok Kásek fue beneficiada con una sentencia en 2010 que ordenó a Paraguay restituir 10.700 hectáreas reclamadas, pero solo 7.701 hectáreas fueron devueltas, según un comunicado de la organización Tierra Viva, una de las representantes de la comunidad.

A su turno, la comunidad Sawhoyamaxa, con una sentencia de la CorteIDH en 2006, logró que el Estado expropiara a su favor 14.404 hectáreas de terreno que les habían sido arrebatadas.

Las tres comunidades fueron visitadas en 2017 por el entonces juez de la CorteIDH Patricio Pazmiño.

Quito, 13 sep (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador abrió desde este viernes el plazo de inscripción para las candidaturas que participarán en las elecciones generales de 2025, donde más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para nuevamente elegir a sus autoridades nacionales para el periodo 2025-2029.

El proceso de inscripción de candidaturas estará abierto hasta el jueves 3 de octubre y se realizará exclusivamente en línea, a través del portal web del CNE, según recordó el ente electoral a través de sus canales oficiales.

En estos comicios se elegirá a las personas que ocuparán los cargos de Presidencia y Vicepresidencia y se renovará la Asamblea Nacional (Parlamento), que pasará a tener de 137 a 151 asambleístas, mientras que también se escogerá a cinco representante del Parlamento Andino.

La cita electoral está programada para el domingo 9 de febrero de 2025, y para la elección presidencial habrá una segunda vuelta el domingo 13 de abril entre los dos candidatos más votados, en caso de que ningún postulante logre al menos el 50 % de los votos o el 40 % y una ventaja sobre diez puntos porcentuales sobre el segundo.

De acuerdo a las encuestas preliminares difundidas hasta ahora, la contienda apunta a ser un nuevo cara a cara entre el actual presidente, Daniel Noboa, y la candidata presidencial del correísmo, Luisa González.

Noboa se impuso a González en las elecciones generales extraordinarias celebradas en 2023 para completar el periodo 2021-2025 que no culminó su predecesor, Guillermo Lasso, quien forzó ese proceso electoral al decretar la figura constitucional de la 'muerte cruzada', con la que disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento) en el momento que se disponía a realizar la votación final de un juicio político en su contra que buscaba destituirlo.

Este jueves la justicia boliviana ordenó la detención preventiva de Gonzalo Maratua, rector de la Universidad Indígena Productiva Guaraní (Unibol ), quien está imputado por los delitos de acoso y abuso sexual estudiantes y docentes de comunidades rurales de Camiri, al sudeste del país.

El fallo dictado por el juez José Chumacero estableció su detención por 120 días en la cárcel de Camiri, en medio de la algarabía de víctimas y familiares, quienes gritaban “se hizo justicia”, cuando el hombre era trasladado a las celdas policiales.

Fuera de la audiencia, varias personas portaban carteles con mensajes como “no están solas, nosotras les creemos”, “tengo derecho al trabajo sin ser acosada” o “mi cuerpo no tiene precio, queremos justicias”, entre otros.

En la audiencia, Maratua dijo ser inocente y denunció ser víctima de un complot. Su defensa anunció la apelación del caso y en las próximas semanas pasará a una sala penal de Santa Cruz.

Sin embargo, según las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, existen suficientes indicios de acoso y abuso contra estudiantes y trabajadoras de la universidad indígena desde el año 2022. El caso inició con la denuncia presentada por cuatro jóvenes y a medida que se desarrollaba el caso, surgieron nuevas denuncias.

El fiscal Felipe Rojas Alberti informó que se recogieron testimonios y hay evidencia documental, pericial e informes psicológicos que respaldan las denuncias. Los abusos se harían producido en la oficina del rector, según las investigaciones.

En una entrevista con el canal Gigavisión, una de las víctimas relató la manera en la que el rector cometía los delitos y pidieron que cumpla ley. “Tenemos miedo y estamos susceptibles a todas las cosas que nos puedan pasar”, dijo una de las mujeres afectadas.

De acuerdo al Código Penal boliviano, el abuso sexual está sancionado con una pena de seis a 10 años, dependiendo de la gravedad del caso y las circunstancias del delito. De igual forma, existen otros agravantes, como la edad de las víctimas o si existe una relación de confianza o autoridad entre el agresor y sus víctimas.

Críticas al Ministerio de Educación por destitución tardía

Jessica Echeverría, una abogada cruceña que se destaca en la defensa de los derechos de las mujeres y es la actual directora de la Red Ciudadana Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil, llegó hasta la localidad de Camiri para hacer seguimiento al caso e informó que hay otras víctimas que aún guardan silencio y que tienen miedo de presentar su denuncia.

La abogada denunció que el Ministerio de Educación conocía las denuncias y no intervino la universidad para evitar otros casos. En sus redes sociales, escribió: “El rector de la Universidad Unibol Guaraní es un depredador sexual que tiene varias denuncias de Violencia Sexual. Utilizó su cargo para ejercer acoso y abuso sexual contra funcionarias y estudiantes de dicha Universidad. ¿Dónde está el Ministerio de Educación?”.

Luego de la audiencia, el Ministerio de Educación destituyó a Maratua del cargo. En conferencia de prensa, el ministro Omar Veliz y el viceministro de Educación Superior, José Luis Gutiérrez, anunciaron que se controlará la seguridad de las estudiantes y pidieron a quienes sufrieron agresiones de parte del rector que presenten sus denuncias. “Se tiene que hacer justicia, no podemos permitir como ministerio que estas cosas pasen”, manifestó Veliz.

En el municipio de Íquira (Huila), se registró el asesinato de un joven indígena del pueblo Nasa en el centro poblado de Río Negro.

La víctima fue identificada como Rafael Meza Rivera, de 20 años de edad, la cual fue atacado por hombres armados cuando se movilizaba en una motocicleta en compañía de otra persona.

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Luego del asesinato del comunero, el Consejo Regional Indígena (Crihu) a través de un comunicado rechazó este acto violento.

El coordinador político del Crihu, Leonardo Home, estuvo en diálogo con el medio radial Blu Radio y contó que el joven indígena entre sus funciones era como cuidandero o guardia del resguardo. “Desde el Consejo Regional Indígena las 33 autoridades y consejerías rechazamos el vil asesinato del joven José Rafael, en el territorio ancestral en Río Negro, Huila”.

Además, el líder del Consejo Regional Indígena hizo un llamado urgente al Gobierno nacional ante este suceso: “Hoy más que nunca llamamos al país, a las instituciones del Estado, a que se sienten a dialogar y se haga el cese al fuego con los grupos armados para que haya paz en los territorios para que no se siga cobrando más vidas de nuestros jóvenes indígenas, de campesinos y de sectores marginados”, expresó.

Leonardo Home también alertó a las entidades de derechos humanos que se garantice la seguridad de los pueblos nativos que hacen presencia en el Huila.

“Por eso le hacemos el llamado al Alto Comisionado de Paz, al gobierno del cambio, a los entes de control, a retomar urgentemente las negociaciones de paz con los grupos armados, porque esta guerra lo único que nos están dejando son muertos, hijos huérfanos, madres sin sus hijos”, sostuvo el vocero indígena para el medio mencionado.

Asesinato de una lideresa en Huila

El cuerpo sin vida de Sandra Lorena Anacona, lideresa indígena de 42 años, fue encontrado la mañana del martes 14 mayo en el municipio de La Plata, Huila. Anacona recibió 16 impactos de bala y su cuerpo fue abandonado en la vereda El Patico, en los límites con el municipio de Inzá, Cauca.

La lideresa pertenecía al resguardo de Canoas, en la zona rural de Santander de Quilichao. Las autoridades investigan el caso, considerando que en la región opera disidencias de las Farc, específicamente el frente Ismael Ruiz y el frente Dagoberto Ramos.

Joe Sauca, representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), informó que los servicios funerarios trasladaron el cuerpo a la morgue del hospital de La Plata, Huila. Posteriormente, la Sijín del Departamento de Policía Huila se encargó de la investigación.

El asesinato aparentemente ocurrió la noche del lunes 13 de mayo cuando la víctima se desplazaba entre los dos municipios. Joe Sauca destacó la activa participación de Anacona en la organización indígena, en actividades como movilizaciones, juntas directivas y asambleas comunitarias, y expresó la preocupación de la comunidad por la violencia contra sus lideresas.

Otra lideresa asesinada: Carmelina Yule Paví

La muerte de Yule Pavi se hizo pública en la tarde del 17 de marzo del presente año, pero su legado positivo en la población de Toribio y el cruel desenlace han generado indignación en el país.

Carmelina, de 52 años, era parte de la guardia indígena del resguardo en la vereda La Bodega, en Toribio. La comunidad la recuerda como una gran tejedora y defensora de nasa yuwe. A lo largo de su vida sufrió las consecuencias del conflicto armado en múltiples ocasiones, pero fue el asesinato de sus dos hijos (en 2020 y 2021) lo que la impulsó a luchar por la comunidad.

El impacto de su muerte transcenderá Colombia, ya que, además del Estado, hubo pronunciamientos de la Embajada de Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas, que en un comunicado expresaron su apoyo a la decisión de la comunidad de defenderse de los grupos armados.

“Estas decisiones tienen como objetivo defender la vida ante las agresiones de grupos armados no estatales, realizando control territorial, administrando justicia para los responsables de graves violaciones y descontaminando el territorio de toda publicidad alusiva a las organizaciones armadas”, señalaron en el comunicado.

Hasta su funeral fue una muestra de resiliencia por parte de la comunidad de Toribio. A pesar de un nuevo ataque por parte de un grupo armado, se llevó a cabo el servicio fúnebre de “La Mayora”, título otorgado a quienes orientan a la comunidad.

En Pueblo Rico, estudiantes y profesores de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Dachi Dada Kera se vieron obligados a remover un deslizamiento de tierra que bloqueaba el aula de clase. Lo tuvieron que hacer ellos mismos debido a la falta de ayuda de las autoridades locales.

En un video divulgado por La FM, se observa que alrededor de una decena de niños está llevando tierra en carretillas para despejar la entrada, mientras el profesor utiliza una pala para remover la tierra y cargar las carretillas.

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La rectora del colegio, Ángela María Maya, emitió un comunicado a mediados de mayo declarando la emergencia educativa en la sede principal de Kemberdé. Las lluvias y vendavales que llegaron con la transición hacia el fenómeno de La Niña han afectado gravemente la infraestructura de la escuela, construida con madera en suelos y paredes, y techos de zinc.

Humberto Nariquiaza, líder de la comunidad y padre de familia, informó a W Radio sobre la situación crítica y solicitó la intervención de las autoridades municipales y departamentales. “Nuestra institución siempre está en riesgo, las aulas, entonces hago un llamado a las entidades para que visiten y apoyen a nuestro colegio Dachi Dada Kera, porque hay muchas aulas en muy mal estado y son más de 260 estudiantes afectados”, expresó Nariquiaza.

Las deficientes condiciones de la infraestructura han impactado negativamente el desarrollo académico. La sede de Kemberdé alberga 265 estudiantes en jornada única y 180 en la jornada de adultos, todos de la comunidad indígena, por lo que solicitan ayuda urgente para mejorar las condiciones de la institución.

La rectora de la institución también lanzó alerta por aumento de suicidios

Ángela María Maya, expresó su preocupación por el aumento de intentos de suicidio entre los jóvenes de las comunidades indígenas de Pueblo Rico, Risaralda. Según ha registrado la educadora, este año se han reportado al menos 70 casos de adolescentes, principalmente estudiantes del colegio Dachi Dada Kera.

El gobernador indígena informó al medio local Noticias360 que el lunes 27 de mayo una estudiante de noveno grado fue rescatada mientras intentaba quitarse la vida. Gracias a la rápida intervención de su familia, la joven fue salvada y trasladada en ambulancia a Pueblo Rico para recibir atención psicológica de urgencia.

“Es una situación muy delicada. Apenas hace 15 días tuvimos otro incidente similar en Santa Cecilia, y hace 8 días una señora también falleció. El tema del suicidio está incrementándose todos los días, especialmente en las comunidades indígenas”, comentó Ángela María Maya al medio referido.

En los últimos meses, dos estudiantes de la institución educativa habrían fallecido por suicidio, mientras que entre 60 y 70 jóvenes han sido identificados con conductas suicidas. En diciembre del año pasado, tres estudiantes se quitaron la vida, y otros dos fueron rescatados a tiempo, recibiendo atención médica.

Este aumento en los casos de problemas de salud mental ha alertado a las autoridades locales y a la institución educativa, que buscan soluciones para brindar apoyo psicológico y emocional a los jóvenes de estas comunidades.

La rectora también señaló el colapso en los servicios de salud de Pueblo Rico, exacerbado por recientes emergencias, como el caso de una bebé con problemas respiratorios y una mujer en estado crítico tras un parto complicado. “Las ambulancias del municipio están desbordadas, lo que complica aún más la atención de las urgencias relacionadas con los intentos suicidas”, añadió Maya.

Según datos de Medicina Legal, en 2023 se registraron 230 suicidios de niños, niñas y adolescentes. En el primer trimestre de 2024, esta cifra ya alcanza los 140 casos. En comparación con 2022, los suicidios se convirtieron en la causa de muerte con mayor incremento en 2023, aumentando un 10% en los casos.

La violencia en sus entornos, el conflicto armado, el acoso escolar y el consumo de sustancias psicoactivas son algunos de los principales factores detonantes de este problema.

Una menor indígena de 11 años fue brutalmente atacada con un machete en la vereda Miraflores, ubicada al occidente del departamento de Risaralda.

El incidente ocurrió cuando la niña se encontraba sola en su residencia, y un desconocido irrumpió en su hogar, infligiéndole una herida en el brazo.

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El comandante de la Policía de Risaralda, el coronel Héctor Daniel García Acevedo, confirmó en una entrevista con Caracol Radio que la menor fue trasladada de inmediato a un centro asistencial de la zona.

Posteriormente, debido a la gravedad de sus heridas, fue remitida al Hospital San Jorge de Pereira para recibir atención especializada.

El padre de la niña se enteró del ataque momentos después de que esta fuera llevada al centro asistencial. La menor fue remitida al centro médico en una motocicleta desde el resguardo indígena en el municipio de Mistrató.

Las autoridades locales, junto con la Gobernación de Risaralda, han ofrecido una recompensa de tres millones de pesos a quien proporcione información precisa sobre la identidad y paradero del agresor. El coronel García Acevedo hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que pueda conducir a la captura del responsable.

Este acto de violencia ha generado una profunda indignación en la comunidad, que exige justicia y protección para los menores en los pueblos indígenas de la región. La guardia indígena del resguardo también está colaborando en las investigaciones de la situación para apoyar las labores de la Policía.

El ataque a la niña podría estar relacionado con un hurto

Según información del medio local Q’hubo Pereira, la situación ocurrió el domingo 19 de mayo sobre las 2:00 p. m. El reporte conocido por ese medio indica que la menor habría presentado dos cortes en mano derecha, uno de ellos en su palma y otro le generó una fractura en uno de sus dedos.

Además, el relato indica que el ataque se habría dado luego de que la niña intentara irse contra el sujeto que intentaba robar. El hombre buscaba dinero al interior de la vivienda y como la menor opuso resistencia, entonces él decidió atacarla.

De acuerdo con el informe de la Policía, la víctima como única testigo del hecho identificó a un sujeto conocido bajo el alias de Germán como el responsable del ataque. Germán, aparentemente, también es miembro de una comunidad indígena.

Las niñas indígenas son sujetos de derecho de especial protección, según la Constitución Política

Los pueblos indígenas gozan de especial protección constitucional, así mismo ocurre con los niños, niñas y adolescentes. Por ello, las menores indígenas no solo hacen parte de una población de mayor vulnerabilidad, sino que sus derechos deben ser especialmente respetados debido a su doble carácter protección.

A pesar de lo anterior, siguen siendo evidentes los casos aberrantes que atentan contra esta población. No solo las afectan amenazas a su vida y a su autonomía, sino también presentan vulneraciones sobre su integridad sexual. La Corte Constitucional ha enfatizado la necesidad de armonizar los derechos sexuales y reproductivos con las prácticas culturales, alentando a las autoridades indígenas a dialogar sobre estos temas cruciales.

Entonces, vale la pena recordar el caso de Iris, una menor de 12 años de la comunidad indígena Embera Chamí que se vio obligada a continuar con su embarazo, posiblemente resultado de una violación, tras las decisiones tomadas por las autoridades de su resguardo.

El caso escaló hasta la Corte Constitucional de Colombia debido a los desafíos que plantea para la autonomía de las mujeres y la autodeterminación de los pueblos indígenas. La negativa del resguardo indígena a autorizar un aborto terapéutico solicitado por Ana, madre de Iris, se fundamentó en el argumento de que la interrupción del embarazo no está permitido para esa comunidad. Esta decisión, sin embargo, desconoció las implicaciones psicológicas y físicas que traía para la menor continuar con el embarazo, incluso después de que se había intentado suicidar.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a una mujer por trata de personas con fines laborales. El fallo fue dictado el lunes con relación con un caso en el que la acusada trasladó y recibió “a una joven indígena con fines de explotación mediante servidumbre doméstica”.

La víctima es una joven que se encontraba en estado de embarazo en el momento de ser contactada por su jefa, una mujer que le pagó los pasajes para que trabajara con ella en su casa en la capital del país. La joven aceptó sin pensar que este empleo se convertiría en un flagelo.

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Los hechos ocurrieron en 2014, desde el momento en el que se le ofreció el empleo a la joven identificada como Erika Vargas Castillo, que tenía solo 18 años y al ver su estado decidió aceptar para reunir dinero y poder mantener a su hijo.

Cabe mencionar que la joven indígena fue trasladada desde Mitú (Vaupés) hasta Bogotá, donde fue obligada a trabajar más de 15 horas al día sin pago ni días de descanso. Incluso, se le impidió tener contacto con otras personas o salir de la casa.

“Con el pretexto de vincularla como empleada doméstica interna, le ofreció techo y alimentación. Sin embargo, ya en su vivienda le asignó tareas domésticas en jornadas de seis de la mañana a diez de la noche, sin días de descanso, no le permitía contacto con sus familiares ni con ninguna otra persona. Tampoco podía salir de la casa, la dejaba bajo llave y no recibió remuneración alguna por sus servicios”, declaró la Corte Suprema.

Afortunadamente, la joven logró contactar en secreto a su hermano, Harvey Herodes Vargas Castillo, que intentó comunicarse con la abogada Claudia Maritza Castiblanco Parra, que tenía recluida a la joven en su hogar y le pidió que dejara salir a su hermana. Ante la negativa se dirigió a la Organización Nacional de Pueblos Indígenas para gestionar su liberación y, finalmente, se logró forzar el proceso.

De acuerdo con lo informado por la Corte Suprema, en junio de 2016, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por el delito de trata de personas y en septiembre de 2018, la mujer fue condenada a 13 años de prisión, además, se determinó que debía pagar una multa de $498.498.000.

Tras una apelación, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia en octubre de 2020. El último recurso ante la Corte Suprema de Justicia también fue desfavorable para la acusada: la Sala Penal ratificó la condena durante el 20 de mayo, ordenando así el cumplimiento de la sentencia y el pago de la multa.

“La Sala determinó que en este caso se estructuró una situación de explotación laboral en forma de servidumbre doméstica, caracterizada por las normas internacionales como una forma de esclavitud”, indicó la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a través de un comunicado.

Del mismo modo, la Corte explicó que la acusada usó como excusa el supuesto daño a un jarrón costoso para no pagar el salario pactado de $250.000 mensuales a la víctima y, además, someterla a tratos inhumanos.

“La mujer condenada usaba una deuda como mecanismo de coerción para sostener la situación de explotación a la que sometía a la víctima, a quien le decía que debía asumir con su trabajo el pago de un elemento decorativo que rompió y que costaba cinco millones de pesos. De forma tal que para saldarla la víctima debía, prácticamente, trabajar por alrededor de dos años, sin contraprestación alguna” puntualizó la Corte Suprema.