La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) inició una transformación profunda en su esquema de compras públicas a partir de la implementación de un nuevo modelo de gestión, que promete mayor transparencia y eficiencia en los procesos de adquisiciones. “Este cambio -explican los funcionarios de La Libertad Avanza- busca dejar atrás prácticas opacas y robustecer los controles sobre la administración de fondos públicos y facilitar la participación tanto de empresas como de ciudadanos en el seguimiento de los contratos del organismo”.

El reconocimiento de la existencia de procedimientos de compras “opacos” en el área de discapacidad, una de las más cuestionadas en la administración del gobierno de Javier Milei, llega en un contexto marcado por la crisis desatada tras los audios del exdirector de la ANDIS, el abogado Diego Spagnuolo -ex letrado personal de Milei-, quien fue separado de su cargo el 21 de agosto pasado después de que se conocieran grabaciones en las que reconocía un presunto entramado de coimas con la droguería Suizo Argentina que es investigado por la justicia federal.

Según reveló Infobae, la Casa Rosada evalúa desde esa fecha cambios administrativos profundos en la estructura de la Agencia. “Estamos estudiando la viabilidad de que deje de ser un organismo descentralizado y que el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, pase a tener una mayor responsabilidad sobre ella”.

La ANDIS fue creada en 2017 durante la administración de Mauricio Macri (Decreto 698/2017) como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, una figura que le otorga independencia en la gestión administrativa y financiera, incluyendo la facultad de conducir sus propios procesos licitatorios. Justamente el sector dónde se generó la presunta telaraña de corrupción.

Un desafío en dos frentes

La ANDIS atraviesa una doble misión: reconstruir la confianza pública mientras garantiza la continuidad de las prestaciones a miles de personas con discapacidad y modernizar el sistema para evitar presuntas prácticas corruptas, o poco trasparentes, que encarecen los insumos médicos que deben llegar a los sectores más vulnerables. También esclarecer el funcionamiento “opaco” de la ANDIS a través de sumarios internos y auditorías que ya fueron ordenadas por el ministro Lugones. El funcionario solicitó la colaboración como contralor de ese trabajo a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

El avance del nuevo modelo de gestión tomó impulso después de la intervención administrativa que dispuso el Gobierno sobre la Agencia Nacional de Discapacidad en el marco del Decreto 601/2025.

Según explicaron a Infobae funcionarios de La Libertad Avanza, la modernización en la ANDIS responde a las políticas de apertura promovidas por el Ministerio de Salud de la Nación, apuntando a dinamizar el acceso a la información vinculada a contrataciones y licitaciones.

En su sitio web oficial (www.argentina.gob.ar/andis), el organismo habilitó herramientas concretas para consulta, incluyendo un botón de compras con el detalle actualizado de adquisiciones, el plan anual de gastos y una sección específica del programa Incluir Salud para monitorear proveedores y convocatorias abiertas.

Este esquema garantiza a la ciudadanía mecanismos concretos para supervisar el gasto estatal y promueve una mayor competencia entre los proveedores, con el objetivo de alcanzar precios más favorables para el Estado.

A través de botones específicos, los ciudadanos, las empresas y los prestadores pueden consultar:

• Botón de Compras: listado actualizado de todas las adquisiciones realizadas por la ANDIS.

• Plan Anual de Compras: proyección de gastos y prioridades para el año en curso.

• Incluir Salud: información sobre proveedores, convocatorias abiertas y la posibilidad de participar en compulsas de precios.

Este esquema, estiman desde la cartera sanitaria, facilita la participación activa de los prestadores, promueve un mercado más competitivo y equitativo, y ofrece a la ciudadanía herramientas concretas para el control del gasto público.

“En la misma línea, el programa Incluir Salud continúa garantizando la cobertura médico-asistencial a las personas titulares de pensiones no contributivas”, explicaron los funcionarios consultados por Infobae. Para ello, se fortalecieron los mecanismos de compra de medicamentos e insumos médicos, con el objetivo de reducir costos mediante mayor competencia y mejores precios, ampliar la red de proveedores, y asegurar más y mejores prestaciones para los beneficiarios.

Actualmente, Incluir Salud opera en todas las provincias a través de las Unidades de Gestión Provincial (UGP), en articulación con la red pública de prestadores, para garantizar que la cobertura llegue con la misma calidad a cada afiliado, sin importar su ubicación geográfica.

Como ya informó este medio, la intervención del organismo recayó en los hombros de Alejandro Vilches, hasta ese momento secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, y hombre de confianza del ministro Lugones.

“Hoy la transparencia no es una opción, es una obligación”, dijo un funcionario del área de Salud y recalcó: “Cada peso mal administrado es un servicio que no llega, un medicamento que falta o una persona con discapacidad que queda sin cobertura. Por eso, este proceso no es solo administrativo: es profundamente ético”.

El nuevo esquema de compras no solo profundiza la información pública y el escrutinio social, sino que también introduce reglas para ampliar la red de proveedores y estimular precios más competitivos.

En síntesis, el nuevo modelo de gestión que adelanta este medio busca:

• Ser más eficientes con los recursos públicos y más transparentes en la gestión.
• Se trata de una línea de trabajo que emula la iniciada por el Ministerio de Salud para ofrecer transparencia, pero también información para que más proveedores quieran participar en las licitaciones y adquisiciones.
• Mayor competencia en procesos de compras, generan mejores precios para el Estado.

Esta mañana se levantó el secreto de sumario en la investigación sobre la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La medida permitirá que los imputados y sus defensas accedan a declaraciones, registros de countries y peritajes a teléfonos celulares.

Este avance procesal abre la puerta a que se conozcan detalles hasta ahora reservados de esta investigación, que recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y seguirá delegada en el fiscal Franco Picardi. Se trata de una causa que involucra a figuras del entorno gubernamental, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, mencionados en el expediente por su presunta participación -aun no demostrada- en el reparto de retornos económicos vinculados a la adquisición de fármacos a la droguería Suizo Argentina.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por Gregorio Dalbón —abogado de Cristina Kirchner en causas civiles—, y se nutrió de una serie de pruebas que incluyen declaraciones de allegados, registros de acceso a barrios privados y pericias sobre dispositivos electrónicos.

Entre los elementos más relevantes figuran los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, en los que se detalla cómo se habrían distribuido los supuestos sobreprecios entre Lule Menem y Karina Milei. La difusión pública de estos audios, realizada el 22 de agosto por los periodistas Jorge Rial y Maurio Federico en Carnaval Stream, aceleró el curso de la causa.

Las medidas adoptadas

El fiscal ordenó su transcripción y tanto las defensas como la organización Poder Ciudadano pidieron peritajes para verificar la autenticidad de las voces y determinar si los archivos fueron editados. En paralelo, la defensa de la droguería solicitó que se anulen como prueba.

El abogado de la empresa, Martín Magram, sostuvo que las operaciones de compra de medicamentos ya habían sido investigadas en una causa archivada por inexistencia de delito. Para reforzar su planteo, invocó el principio de ne bis in idem, que impide juzgar dos veces los mismos hechos.

Otro elemento que potenció la investigación fue la declaración testimonial de Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario. Ante el fiscal Picardi, ratificó que en esas conversaciones el ex funcionario mencionaba a Karina Milei y a Lule Menem, en línea con lo que surge de los audios. Además, relató que Spagnuolo le confesó su malestar por haber sido marginado del negocio.

En la causa se dispuso también el acceso por parte de la Justicia al contenido de las cajas de seguridad, una medidad que afectó a exfuncionarios como Spagnuolo y el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, así como a la familia Kovalivker. El objetivo fue evitar que se eliminaran documentos que podrían ser pruebas en un proceso judicial.

En los allanamientos, los investigadores encontraron sumas millonarias, y también se incorporaron al expediente los registros de ingresos y egresos de los countries Isla de Nordelta (donde viven los hermanos Kovalivker), Altos de Campo Grande en Pilar (residencia de Spagnuolo) y El Paso Country Club (donde vive Garbellini).

La Justicia también incautó los correos laborales y el contenido del servidor de Suizo Argentina. Según se investiga, la Andis no compraba los medicamentos mediante licitaciones tradicionales, sino a través de concursos privados de precios para cada fármaco, en función de la necesidad de cada paciente. Suizo Argentina figura como proveedor central en este esquema por su capacidad logística y sus entregas diarias en todo el país.

La compañía de medicamentos, con más de 100 años de trayectoria en el mercado, aseguró que apenas el 10% de su facturación depende de contratos con el Estado y que su negocio principal es abastecer a farmacias, clínicas, hospitales, prepagas y obras sociales.

La Justicia ya incautó los expedientes administrativos de la Andis y las facturas emitidas por la droguería, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza la documentación en busca de sobreprecios y anomalías en los procedimientos.

Por otra parte, esta semana la Fundación Poder Ciudadano se pronunció en contra del pedido de nulidad que presentaron los dueños de la droguería. Y apartir de ahora el juez Casanello puede resolver ese punto central de la investigación.