La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) inició una transformación profunda en su esquema de compras públicas a partir de la implementación de un nuevo modelo de gestión, que promete mayor transparencia y eficiencia en los procesos de adquisiciones. “Este cambio -explican los funcionarios de La Libertad Avanza- busca dejar atrás prácticas opacas y robustecer los controles sobre la administración de fondos públicos y facilitar la participación tanto de empresas como de ciudadanos en el seguimiento de los contratos del organismo”.

El reconocimiento de la existencia de procedimientos de compras “opacos” en el área de discapacidad, una de las más cuestionadas en la administración del gobierno de Javier Milei, llega en un contexto marcado por la crisis desatada tras los audios del exdirector de la ANDIS, el abogado Diego Spagnuolo -ex letrado personal de Milei-, quien fue separado de su cargo el 21 de agosto pasado después de que se conocieran grabaciones en las que reconocía un presunto entramado de coimas con la droguería Suizo Argentina que es investigado por la justicia federal.

Según reveló Infobae, la Casa Rosada evalúa desde esa fecha cambios administrativos profundos en la estructura de la Agencia. “Estamos estudiando la viabilidad de que deje de ser un organismo descentralizado y que el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, pase a tener una mayor responsabilidad sobre ella”.

La ANDIS fue creada en 2017 durante la administración de Mauricio Macri (Decreto 698/2017) como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, una figura que le otorga independencia en la gestión administrativa y financiera, incluyendo la facultad de conducir sus propios procesos licitatorios. Justamente el sector dónde se generó la presunta telaraña de corrupción.

Un desafío en dos frentes

La ANDIS atraviesa una doble misión: reconstruir la confianza pública mientras garantiza la continuidad de las prestaciones a miles de personas con discapacidad y modernizar el sistema para evitar presuntas prácticas corruptas, o poco trasparentes, que encarecen los insumos médicos que deben llegar a los sectores más vulnerables. También esclarecer el funcionamiento “opaco” de la ANDIS a través de sumarios internos y auditorías que ya fueron ordenadas por el ministro Lugones. El funcionario solicitó la colaboración como contralor de ese trabajo a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

El avance del nuevo modelo de gestión tomó impulso después de la intervención administrativa que dispuso el Gobierno sobre la Agencia Nacional de Discapacidad en el marco del Decreto 601/2025.

Según explicaron a Infobae funcionarios de La Libertad Avanza, la modernización en la ANDIS responde a las políticas de apertura promovidas por el Ministerio de Salud de la Nación, apuntando a dinamizar el acceso a la información vinculada a contrataciones y licitaciones.

En su sitio web oficial (www.argentina.gob.ar/andis), el organismo habilitó herramientas concretas para consulta, incluyendo un botón de compras con el detalle actualizado de adquisiciones, el plan anual de gastos y una sección específica del programa Incluir Salud para monitorear proveedores y convocatorias abiertas.

Este esquema garantiza a la ciudadanía mecanismos concretos para supervisar el gasto estatal y promueve una mayor competencia entre los proveedores, con el objetivo de alcanzar precios más favorables para el Estado.

A través de botones específicos, los ciudadanos, las empresas y los prestadores pueden consultar:

• Botón de Compras: listado actualizado de todas las adquisiciones realizadas por la ANDIS.

• Plan Anual de Compras: proyección de gastos y prioridades para el año en curso.

• Incluir Salud: información sobre proveedores, convocatorias abiertas y la posibilidad de participar en compulsas de precios.

Este esquema, estiman desde la cartera sanitaria, facilita la participación activa de los prestadores, promueve un mercado más competitivo y equitativo, y ofrece a la ciudadanía herramientas concretas para el control del gasto público.

“En la misma línea, el programa Incluir Salud continúa garantizando la cobertura médico-asistencial a las personas titulares de pensiones no contributivas”, explicaron los funcionarios consultados por Infobae. Para ello, se fortalecieron los mecanismos de compra de medicamentos e insumos médicos, con el objetivo de reducir costos mediante mayor competencia y mejores precios, ampliar la red de proveedores, y asegurar más y mejores prestaciones para los beneficiarios.

Actualmente, Incluir Salud opera en todas las provincias a través de las Unidades de Gestión Provincial (UGP), en articulación con la red pública de prestadores, para garantizar que la cobertura llegue con la misma calidad a cada afiliado, sin importar su ubicación geográfica.

Como ya informó este medio, la intervención del organismo recayó en los hombros de Alejandro Vilches, hasta ese momento secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, y hombre de confianza del ministro Lugones.

“Hoy la transparencia no es una opción, es una obligación”, dijo un funcionario del área de Salud y recalcó: “Cada peso mal administrado es un servicio que no llega, un medicamento que falta o una persona con discapacidad que queda sin cobertura. Por eso, este proceso no es solo administrativo: es profundamente ético”.

El nuevo esquema de compras no solo profundiza la información pública y el escrutinio social, sino que también introduce reglas para ampliar la red de proveedores y estimular precios más competitivos.

En síntesis, el nuevo modelo de gestión que adelanta este medio busca:

• Ser más eficientes con los recursos públicos y más transparentes en la gestión.
• Se trata de una línea de trabajo que emula la iniciada por el Ministerio de Salud para ofrecer transparencia, pero también información para que más proveedores quieran participar en las licitaciones y adquisiciones.
• Mayor competencia en procesos de compras, generan mejores precios para el Estado.

Esta mañana se levantó el secreto de sumario en la investigación sobre la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La medida permitirá que los imputados y sus defensas accedan a declaraciones, registros de countries y peritajes a teléfonos celulares.

Este avance procesal abre la puerta a que se conozcan detalles hasta ahora reservados de esta investigación, que recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y seguirá delegada en el fiscal Franco Picardi. Se trata de una causa que involucra a figuras del entorno gubernamental, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, mencionados en el expediente por su presunta participación -aun no demostrada- en el reparto de retornos económicos vinculados a la adquisición de fármacos a la droguería Suizo Argentina.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por Gregorio Dalbón —abogado de Cristina Kirchner en causas civiles—, y se nutrió de una serie de pruebas que incluyen declaraciones de allegados, registros de acceso a barrios privados y pericias sobre dispositivos electrónicos.

Entre los elementos más relevantes figuran los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, en los que se detalla cómo se habrían distribuido los supuestos sobreprecios entre Lule Menem y Karina Milei. La difusión pública de estos audios, realizada el 22 de agosto por los periodistas Jorge Rial y Maurio Federico en Carnaval Stream, aceleró el curso de la causa.

Las medidas adoptadas

El fiscal ordenó su transcripción y tanto las defensas como la organización Poder Ciudadano pidieron peritajes para verificar la autenticidad de las voces y determinar si los archivos fueron editados. En paralelo, la defensa de la droguería solicitó que se anulen como prueba.

El abogado de la empresa, Martín Magram, sostuvo que las operaciones de compra de medicamentos ya habían sido investigadas en una causa archivada por inexistencia de delito. Para reforzar su planteo, invocó el principio de ne bis in idem, que impide juzgar dos veces los mismos hechos.

Otro elemento que potenció la investigación fue la declaración testimonial de Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario. Ante el fiscal Picardi, ratificó que en esas conversaciones el ex funcionario mencionaba a Karina Milei y a Lule Menem, en línea con lo que surge de los audios. Además, relató que Spagnuolo le confesó su malestar por haber sido marginado del negocio.

En la causa se dispuso también el acceso por parte de la Justicia al contenido de las cajas de seguridad, una medidad que afectó a exfuncionarios como Spagnuolo y el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, así como a la familia Kovalivker. El objetivo fue evitar que se eliminaran documentos que podrían ser pruebas en un proceso judicial.

En los allanamientos, los investigadores encontraron sumas millonarias, y también se incorporaron al expediente los registros de ingresos y egresos de los countries Isla de Nordelta (donde viven los hermanos Kovalivker), Altos de Campo Grande en Pilar (residencia de Spagnuolo) y El Paso Country Club (donde vive Garbellini).

La Justicia también incautó los correos laborales y el contenido del servidor de Suizo Argentina. Según se investiga, la Andis no compraba los medicamentos mediante licitaciones tradicionales, sino a través de concursos privados de precios para cada fármaco, en función de la necesidad de cada paciente. Suizo Argentina figura como proveedor central en este esquema por su capacidad logística y sus entregas diarias en todo el país.

La compañía de medicamentos, con más de 100 años de trayectoria en el mercado, aseguró que apenas el 10% de su facturación depende de contratos con el Estado y que su negocio principal es abastecer a farmacias, clínicas, hospitales, prepagas y obras sociales.

La Justicia ya incautó los expedientes administrativos de la Andis y las facturas emitidas por la droguería, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza la documentación en busca de sobreprecios y anomalías en los procedimientos.

Por otra parte, esta semana la Fundación Poder Ciudadano se pronunció en contra del pedido de nulidad que presentaron los dueños de la droguería. Y apartir de ahora el juez Casanello puede resolver ese punto central de la investigación.

En un intento por mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, el Gobierno ha promulgado hoy un nuevo decreto que modifica las condiciones para acceder a la pensión no contributiva por invalidez. Si bien es legítimo el esfuerzo por evitar abusos en el sistema, el impacto de esta medida podría ser devastador para los niños con discapacidad y sus familias, que dependen de estas pensiones para garantizar su acceso a prestaciones esenciales de salud, como las ofrecidas por el programa Incluir Salud.

El decreto reintroduce una serie de requisitos estrictos para acceder a la pensión, que exige que la incapacidad sea total y permanente, afectando en al menos un 66% la capacidad de trabajo del solicitante. Esta condición es comprensible para los adultos que se encuentran en el mercado laboral, pero resulta completamente inapropiada para niños, quienes aún no tienen un trabajo ni una vida laboral. Este enfoque ignora las realidades de la niñez y de la discapacidad infantil, donde la necesidad de atención médica y apoyos es continua, independientemente de la capacidad de trabajar.

¿Qué está en juego?

Para muchos niños con discapacidad, la Pensión No Contributiva es más que una ayuda económica: es la llave que abre la puerta a Incluir Salud, un programa que les brinda acceso a tratamientos, medicamentos, terapias, y cuidados especializados. Sin esta cobertura, muchas familias no podrían costear los costosos tratamientos médicos que sus hijos necesitan para vivir con dignidad y desarrollar su potencial. El riesgo es claro: aquellos que más necesitan el apoyo del Estado podrían quedar desprotegidos.

En su esfuerzo por evitar que el sistema sea abusado por personas que no cumplen con los requisitos, el nuevo decreto corre el peligro de expulsar del sistema a quienes realmente lo necesitan. Las familias de niños con discapacidad podrían perder la pensión y, con ella, el acceso a los servicios de salud esenciales.

Una solución equilibrada: auditar sin castigar Es cierto que en el pasado ha habido abusos en el otorgamiento de pensiones no contributivas. Personas que no cumplían con los requisitos se han beneficiado del sistema, y esa es una situación que debe corregirse. Sin embargo, la solución no puede ser generalizar restricciones que castigan a quienes más necesitan el apoyo estatal. La clave está en auditar adecuadamente el sistema, enfocando los esfuerzos en mejorar los mecanismos de control para evitar abusos, sin privar de las pensiones a quienes realmente las necesitan. La Agencia Nacional de Discapacidad debe implementar revisiones exhaustivas, pero personalizadas, para verificar la situación de los beneficiarios sin aplicar criterios genéricos que no se ajustan a la realidad de niños con discapacidades severas.

Auditar para garantizar la justicia es una tarea necesaria, pero no debemos permitir que paguen justos por pecadores. No podemos sacrificar el bienestar de los niños con discapacidad en nombre de la eficiencia administrativa. Las soluciones existen, pero requieren un enfoque más humano, uno que ponga a las personas en el centro y no solo mire el balance fiscal.

El nuevo decreto no debe ser un paso atrás en los derechos de las personas con discapacidad, especialmente de los niños. Es urgente que se revisen las disposiciones actuales, y que las políticas públicas se ajusten para proteger a los más vulnerables. La eficiencia del Estado no puede lograrse a costa de la salud y la dignidad de los niños con discapacidad.

Organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos de las personas con discapacidad expresaron su “preocupación” y rechazo ante la posible eliminación del nomenclador del sistema de prestaciones básicas, una medida que está bajo análisis por el Gobierno nacional.

En una reunión encabezada por Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, las ONG’s señalaron que la eliminación del nomenclador permitiría que cada financiador de salud fije sus propios aranceles. Según este sector, esta situación “afectaría la universalidad y calidad de la atención”, además de contradecir el “principio de progresividad” establecido en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los representantes de las entidades enfatizaron que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en las decisiones sobre políticas que les afectan. En el sistema vigente, estas resoluciones se acuerdan en el directorio de prestaciones básicas definido para tal fin.

La postura del sector quedó definida en un documento conjunto titulado “Organizaciones contra la desregulación del Nomenclador”, que incluye a 67 agrupaciones que integran personas con discapacidad, sus familias y organizaciones de derechos humanos como ASDRA, CASPRE, APRESDI, ASAC, Hablemos de Autismo, Devenir, FATRADIS, entre otras.

El documento expresa el rechazo a la modificación del decreto 1193/1998, que apuntan a eliminar el nomenclador único. Afirman que “actualmente el sistema de salud, incluyendo prepagas, obras sociales, y entidades públicas como Incluir Salud y PAMI, está obligado a cubrir el 100% de las prestaciones de habilitación y rehabilitación, con aranceles regulados y unificados”.

En contraste, la propuesta del gobierno nacional -señala el texto- establece que “cada financiador del sistema de salud tiene la potestad de estipular su propio nomenclador”, lo que otorgaría a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que regula a obras sociales y Prepagas, al PAMI y a Incluir Salud, a establecer los valores que están dispuestos a pagar por estas prestaciones.

Además, las organizaciones advierten sobre el contexto de “desfinanciamiento del sistema de salud”, el incremento de las cuotas de medicina prepaga, y el riesgo de “pérdida de políticas de inclusión”. Y solicitaron ser incluidas en todos los proyectos destinados a robustecer la integralidad y universalidad del sistema de prestaciones.

También instaron al Poder Legislativo a avanzar en la aprobación de un proyecto que incorpore el nomenclador único en la Ley de Prestaciones Básicas 24.901, para garantizar la igualdad en la calidad de los servicios y proteger los derechos de las personas con discapacidad.

El comunicado de la carta de las ONG’s

Organizaciones contra la desregulación del Nomenclador

Los abajo firmantes: personas con discapacidad, familiares, representantes de organizaciones sociales que nuclean este colectivo, organizaciones de derechos humanos e instituciones que brindan servicios asistenciales, expresamos nuestro rechazo a la propuesta de modificación del Decreto 1193/1998 elaborada por el Gobierno Nacional, que busca eliminar el nomenclador único del sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad.

En la actualidad, las prepagas, obras sociales y sistema público (Incluir Salud y PAMI) están obligadas a cubrir el 100% de las prestaciones de habilitación y rehabilitación indicadas a las personas con discapacidad. Los aranceles de las mismas se encuentran regulados y expresados en un único valor con la finalidad de garantizar el derecho a la salud y a la educación a todas las personas con discapacidad, sin diferenciar el tipo de cobertura que posean. Por lo tanto, la existencia de un valor universal iguala la calidad de servicios, siendo que las personas con recursos altísimos o muy bajos reciben la misma prestación.

En contraposición, la propuesta de las autoridades nacionales que trascendió mediáticamente establece que cada financiador del sistema de salud tiene la potestad de estipular su propio nomenclador. Es decir, faculta a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que regula a obras sociales y prepagas, al PAMI y a Incluir Salud, a establecer los valores que están dispuestos a pagar por estas prestaciones.

Vemos con mucha preocupación esta modificación en tanto abre la puerta para la existencia de prestaciones de diversa calidad para personas con discapacidad con diferente tipo de cobertura. No perdemos tampoco de vista que esta medida es puesta en consideración en un proceso de desfinanciamiento del sistema de salud, de aumento de las cuotas de la medicina prepaga y donde peligra la continuidad de muchas políticas de inclusión orientadas a este colectivo.

Por estos motivos, rechazamos la mencionada propuesta y solicitamos nos convoquen para poder participar de todos los proyectos tendientes a robustecer la integralidad y universalidad del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Cabe recordar que el preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, inc. O, afirma: “que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente”.

Requerimos además al Poder Legislativo que se avance en la aprobación de un proyecto que incorpore al nomenclador único en la Ley de Prestaciones Básicas 24.901.