Tras nueve meses de la decisión de la Procuraduría General de la Nación de destituir e inhabilitar a Carlos Alberto Parra Dussán, director del Instituto Nacional para Ciegos (Inci), finalmente el funcionario dejó el Gobierno.

Según informó el Ministerio Público en la tarde del jueves 29 de mayo, el entonces director fue sacado de la institución desde el 24 de mayo para que cumpla la sanción disciplinaria.

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Parra Dussán fue destituido e inhabilitado para ejercer funciones públicas durante un periodo de once años. Esta sanción disciplinaria fue ejecutada finalmente mediante el Decreto 0561 de 2025, tras un proceso que enfrentó retrasos administrativos.

Según informó la Procuraduría, la decisión había quedado en firme desde el 18 de septiembre de 2024. En ese momento, la entidad comprobó que Parra Dussán había incurrido en un conflicto de interés en el manejo de un proceso disciplinario interno que involucró a un exfuncionario del instituto.

De acuerdo con la información publicada por la Procuraduría, la investigación disciplinaria se extendió por casi ocho años. El caso se originó en 2016, cuando Parra Dussán y Darío Javier Montañez Vargas, entonces secretario general del Inci, lideraron un proceso contra Elmer Leonel Arias Romero, un trabajador que había sido acusado de injuria y calumnia.

Arias Romero había enviado escritos anónimos en los que denunciaba presuntos actos de corrupción dentro de la entidad, los cuales involucraban directamente a Parra Dussán y a su esposa.

El fallo de la Procuraduría detalló que, a pesar de estar vinculados con las acusaciones, Parra Dussán y Montañez Vargas no se declararon impedidos para continuar con el proceso disciplinario contra Arias Romero.

En consecuencia, este último fue sancionado con destitución e inhabilidad por doce años. Posteriormente, en abril de 2017, Parra Dussán, en su calidad de director del Inci, emitió la decisión de segunda instancia que ratificó la sanción contra Arias Romero. Según el organismo de control, esta actuación evidenció un interés directo en el caso, lo que comprometió la imparcialidad del proceso.

A pesar de la claridad y contundencia de la resolución, su implementación se demoró nueve meses debido a trámites administrativos. Ante esta situación, la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia de la Función Pública intervino activamente, llevando a cabo un seguimiento riguroso que incluyó visitas institucionales y requerimientos formales, lo que permitió que la sanción fuera finalmente ejecutada.

“Este hecho constituye un precedente contundente en la lucha contra la impunidad en el ámbito disciplinario y demuestra que ningún funcionario está por encima de la ley”, comentó el Ministerio Público en un comunicado.

Además, el organismo reafirmó su compromiso con la defensa de los principios éticos y legales que deben regir la administración pública, enfatizando la importancia del control disciplinario como herramienta para garantizar la transparencia y la legalidad en el ejercicio de las funciones públicas.

Apenas el domingo 11 de mayo, el concejal de Bogotá Daniel Briceño denunció que Carlos Parra Dussan estaba ejerciendo su cargo a pesar de encontrarse inhabilitado para ocupar funciones públicas.

De acuerdo con Briceño, miembro del partido Centro Democrático, Parra Dussan fue sancionado en junio de 2023 por el Ministerio Público con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 13 años, sanción que posteriormente fue reducida a 11 años en una segunda instancia en octubre de 2024.

La misma medida fue aplicada a Darío Montañez Vargas, secretario general del Inci. Ambos fueron hallados responsables de violar el régimen de impedimentos al actuar como “juez y parte” en un proceso interno, según detalló el concejal en un hilo publicado en la plataforma X.

En su publicación, Briceño presentó evidencias que, según él, respaldan sus acusaciones. Entre estas pruebas se incluirían documentos y testimonios que apuntan a que Parra Dussan continúa ejerciendo sus funciones en el Inci, a pesar de la sanción vigente.

El concejal, quien se autodenomina un veedor ciudadano, utilizó sus redes sociales para visibilizar este caso, generando una amplia discusión sobre la transparencia y el cumplimiento de las sanciones disciplinarias en el sector público.