Nicole Minetti, de 41 años, fue condenada en Italia a tres años y once meses de prisión acusada de favorecer la prostitución y el desvíos de fondos públicos como consejera en Lombardía. Sin embargo, esta mujer –una figura central del ecosistema de poder de Silvio Berlusconi– fue indultada por el presidente Sergio Mattarella, que alegó razones humanitarias. Tal como publicó Infobae, el caso se convirtió en un escándalo que destapó una adopción opaca en Uruguay.

Las “razones humanitarias” que terminaron derivando en su indulto fue que Minetti debía cuidar de un hijo adoptivo menor de edad con “graves patologías” que requería tratamientos costosos en el extranjero. Se trata de un menor nacido a fines de 2017, en un entorno de extrema pobreza. Su madre es María de los Ángeles González Colinet, una mujer que ahora está desaparecida y es buscada por la Policía como persona ausente.

En 2018, la justicia uruguaya lo confió al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) con el mandato de intentar el revínculo con su familia biológica. Fue en ese momento cuando Minetti y su pareja, el empresario Giuseppe Cipriani, aparecieron en la vida del menor.

Pero, ¿cómo fue ese proceso de adopción? Eso es lo que ahora está siendo investigado.

El INAU analizará toda la documentación vinculada al proceso mediante el cual este niño terminó ingresando al sistema de protección del Estado, informó este miércoles el diario uruguayo El País. El caso generó repercusiones diplomáticas y pedidos formales de información desde Italia. Este instituto –dedicado a las políticas de la infancia en Uruguay– informó que “dispuso de un estudio de los expedientes de adopción, para ver en qué condiciones había sido hecha”. Además, se activaron canales de cooperación internacional a través de Interpol.

A este caso se le suma otro elemento. Una pareja dio su testimonio en el noticiero Telenoche de Canal 4 este miércoles de noche. Contó que quiso adoptar al niño, pero la Justicia les informó que no había interesados. De acuerdo a los documentos mencionados por este medio, la adopción de Minetti y su pareja fue confirmada en febrero de 2023. Y en el fallo se señaló que el niño “pasó casi tres años sin que surgiera una familia”. Sin embargo, una pareja de Maldonado sostiene que mantuvo contacto con el niño y que inició el proceso de preadopción antes de la definición del INAU. El matrimonio sostiene que convivía con ellos parte del tiempo durante un período cercano a dos años.

“Yo empecé a trabajar en el INAU y empecé a tener contacto con el niño. Empecé a averiguar si se podía adoptar, me dijeron que sí y empezamos a hacer el papeleo. Me pidieron que dejara de trabajar ahí y lo hice”, relató Leydi González.

El hombre señaló que presentaron documentos y participaron en evaluaciones. “Nos pidieron certificado de buena conducta y fuimos a varias instancias con psicólogas. Nos dijeron que estábamos aptos para adoptar”, señaló, por su parte, Julio Cuadrado.

Hubo repercusiones a nivel parlamentario. La diputada frenteamplista Graciela Barrera presentó una batería de pedidos de informes, informados por El País, a distintos organismos públicos: el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué datos pide? Pide detalles de cada una de las actuaciones cumplidas en el expediente del niño nacido en 2017. Además, solicita saber si el INAU mantuvo algún tipo de convenio, relación institucional, donación o vínculo con Cirpiani, Minetti o con alguna de las sociedades empresariales. Busca indagar también si los niños bajo tutela de este instituto fueron alguna vez a la estancia vinculada a este empresario del rubro hotelero y bajo qué condiciones.

Con apenas nueve meses, una bebé fue sacada de los brazos de la mujer que la criaba desde poco después de su nacimiento y a la que identificaba como mamá. El INAU –organismo que gestiona políticas de infancia y adolescencia en Uruguay– había decidido que Rosario Delgado sería la madre adoptiva de la bebé después de pasar por todo el proceso. Pero un tío biológico la reclamó y, junto a su familia, se hicieron de la tenencia de la menor.

El caso se hizo público en Uruguay por una investigación periodística de El Observador, que identificó a la recién nacida como Itzaé. Su difusión provocó cuestionamientos sobre el sistema de protección infantil en Uruguay.

Después de las repercusiones que tuvo esta historia quien habló fue la propia madre adoptiva. La mujer decidió ir hasta las últimas consecuencias en la Justicia porque el INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) no le ha dado ninguna respuesta y autorizó que se quede con el tío biológico.

Delgado ha decidido dar algunas entrevistas en medios uruguayos, contando su historia.

La mujer estuvo durante tres años anotada en el registro del INAU esperando que llegara la llamada que le dijera que un hijo estaba esperando por ella. En abril de 2025, Delgado conoció la historia de Itzaé y aceptó que fuera parte de su familia.

Antes de que el INAU decretara la tenencia a su familia biológica, hubo instancias en las que Delgado vio al tío de la bebé y a su pareja. En esos diálogos, el hombre siguió reclamando la tenencia y se estableció un régimen de visita entre las partes. También conoció a otros dos hijos de la pareja.

“Transcurrió todo ese tiempo conmigo, creando un vínculo significativo de madre e hija. [Era] cotidiano, que es cómo se crean los vínculos más estables y fuertes, sobre todo en la primera infancia. Todos saben que el momento de retirar una niña de nueve meses es crítico en su estructura física y psicológica, donde ella ya reconoce a la figura de madre que era yo”, dijo Delgado, al ser entrevista en el programa Desayunos Informales de Canal 12.

Luego afirmó con contundencia: “Y sigo siendo yo para ella, como ella para mí es mi hija”.

El Código del Niño del país establece que si una bebé nace y queda sin familia, los familiares biológicos son los que tienen prioridad para la tenencia. Entonces, la Justicia definió que él era quien debía estar a cargo de la bebé. Y, así, se inició un proceso de desprendimiento de la madre adoptiva.

Las primeras visitas fueron cordiales, pero luego hubo “tensión” por parte de la familia biológica, describió Delgado. “Nunca nos sentamos como familias para velar por el bien de la niña, que era lo que siempre pedí, busqué y sigo buscando, porque el foco es ella. No somos los adultos sino lo que puede pasar con un niño”, expresó.

Ante el aumento de la tensión, la decisión que tomó el INAU fue que Delgado quedara por fuera de la sala de visitas. Solo era convocada cuando la niña lloraba, para que pudiera calmarla.

En octubre, la niña conoció a sus hermanos y, según el relato de Delgado, ella “lloraba mucho” cuando su madre adoptiva no estaba. Contó que un día la bebé se ahogó en lágrimas.

“Yo ya no soportaba la situación ese día y pedí hablar con todos. Nunca tuve una respuesta. Eso fue un lunes. El viernes de esa semana tenía que entregarla. No tengo palabras para describir lo que pasó ella y lo que pasé yo. Se vulneraron todos los derechos de ella y los míos también”, lamentó.

El 5 de diciembre de 2025, Delgado entregó a Itzaé. “De la noche a la mañana la niña perdió a su mamá y yo perdí a mi hija”, expresó.

El reclamo judicial

La primera falla del Estado fue, entonces, no haber encontrado que había un familiar biológico que se quería hacer cargo de la pequeña. “Esto es un horror. No es un ajeno, una persona que no estaba en la órbita del INAU. Es una persona totalmente conocida por ellos, que ya tiene dos chicos que son hermanos de Itzaé. Por eso este horror es mucho más flagrante por la omisión que tuvo el INAU”, dijo el abogado de Delgado, Ignacio Durán, que participaba de la entrevista.

Durán planteó que hay dificultades para definir cómo se repara esta situación, porque no hay interés de dinero y porque es difícil medir la afectación moral de la mujer.

“¿Cuánto vale que le digas a una mamá al mes: vení, vas a ser mamá, fuiste seleccionada, está la niña; y a los nueve meses le digas que le tenés que devolver, que hubo un error y que ya no es más mamá? Es realmente muy complejo lo que estoy diciendo”, planteó el abogado.

Durán criticó que la Justicia no valoró la importancia que tiene el “apego” en los primeros meses de vida y definió a la decisión como “arbitraria e injusta”.

La salida, planteó, es que el INAU defina una “conciliatoria” que permita que Delgado no pierda el vínculo con Itzaé.

El 12 de marzo, la bebé cumplió un año. Ese día, cuando Delgado dio la entrevista en la televisión uruguaya, decidió cerrar con un mensaje: “Los vínculos que se forjan afectivamente siempre perduran en el tiempo y siempre ella va a ser mi hija y yo voy a ser su mamá”.

Una mujer llegó un sábado de julio de 2025 al hospital de Tacuarembó, a 400 kilómetros de Montevideo, diciendo que sus dos hijas mellizas estaban desmayadas. Eran las once de la mañana. Los médicos iniciaron una revisión sobre las pequeñas y constataron lo peor: una de ellas había fallecido. La otra menor, en tanto, tenía una fractura de cráneo y debió ingresar a cuidados intensivos.

Las dos menores mostraron síntomas de haber sido golpeadas y su madre, que entonces tenía 22 años, fue detenida. Al poco tiempo, sería imputada por dos delitos de homicidio especialmente agravados, uno en grado de tentativa, y otro delito de violencia doméstica. Está aguardando el juicio en prisión preventiva.

La niña que quedó internada logró sobrevivir.

El caso tuvo novedades en las últimas horas, luego del avance de la investigación por parte de la Fiscalía. La fiscal Ángel Bhonke reunió las evidencias necesarias para presentar la acusación contra la mujer y pidió la condena por dos delitos de homicidio agravados y muy especialmente agravados, en reiteración real con un delito continuado de violencia doméstica, informó el noticiero Subrayado de Canal 10. Solicitó 30 años de prisión y otros 15 de medidas limitativas, la pena máxima permitida en Uruguay.

De la investigación fiscal se desprende que la madre no concurrió a la cesárea que se había programado para las mellizas, y que las niñas fueron sometidas a continuos tratos de violencia doméstica. Además, también surge que la mujer tenía plena consciencia de sus hechos.

La defensa de la imputada ahora tiene 30 días para presentar una contestación de la acusación. Su abogada pedirá la inimputabilidad de la mujer, según ese medio uruguayo.

La pequeña que sobrevivió ahora está al cuidado, durante algunas semanas, del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), el organismo a cargo de los menores en el país. Otra parte del tiempo la pasa junto a su abuela materna.

La mujer tiene antecedentes por violencia doméstica y desacato, tras haber tenido problemas con su propia madre en medio del nacimiento de sus hijas durante 2024.

En el hospital de Tacuarembó, la jornada se vivió con una “gran consternación”, reconoció entonces el director del centro de salud, Ciro Ferreira, a radio Montecarlo.

“Hemos sufrido múltiples situaciones que al equipo de salud lo ha dejado realmente muy mal. Por encima de lo que es la información policial y judicial, desde el punto de vista de la salud la situación de la bebita de nueve meses es que su estado es estable, se encuentra bien, en el CTI de niños. Está tratada por un equipo multidisciplinario, con todas las garantías que ofrece este excelente servicio”, expresó, a las pocas horas del episodio, el jerarca del hospital.

Sobre la menor que falleció, contó que la pequeña había llegado sin vida a la emergencia.

“Esto nos debe llevar a reflexionar en nuestro país a que este tipo de situaciones nosotros las recibimos en la última etapa, pero es un tema social en el cual todos tenemos que colaborar para tratar de que estas situaciones no se vuelvan a producir. Son de las más tristes que hemos vivido. Cuando somos adultos, estas situaciones se pueden dar. Pero estos niños, que tienen toda una vida por delante, realmente son situaciones muy difíciles para vivirlas en el equipo de salud”, expresó.

Las denuncias de abusos y maltrato contra menores en Uruguay ha aumentado en los últimos años. “En Uruguay, la violencia hacia niños, niñas y adolescentes continúa siendo un problema social grave y representa una de las formas más extremas de vulneración de derechos”, dijo la directora del Sistema Integrado de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), María Elena Mizrahi, al presentar los datos de 2024.

El Sipiav registró 24 situaciones diarias de violencia hacia menores en 2024. En total, fueron 8.924 situaciones de violencia.

Mientras estaba embarazada, la mamá de Itzaé no se hizo ningún control perinatal. Mientras crecía su panza, siguió con sus problemas de adicción, con problemas de salud mental y sin tratamiento. De su padre no había datos. Además, en la casa vivía el abuelo que era alcohólico, un factor más que hacía que ese hogar no fuera el adecuado para el crecimiento de una niña.

La historia de Itzaé fue contada por el diario uruguayo El Observador y tuvo varias repercusiones. El Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU), el organismo a cargo de los asuntos de menores del país, inició una investigación, al igual que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).

La vida de Itzaé fue compleja desde antes de nacer. Su nacimiento fue en el hospital pediátrico Pereira Rossell, en donde los asistentes sociales evaluaron que todos los derechos de la pequeña estaban vulnerados. Luego pasó a la Fundación Canguro, que se encarga de la atención a bebés que quedan desamparados mientras el Estado busca un destino para ellos.

En este período, nadie preguntó por ella.

Estuvo allí casi un mes hasta que fue dada en adopción a una mujer que hacía tiempo luchaba por ser mamá. Se instalaron en la casa, llegaron los regalos de los amigos y la abuela materna adoptiva se instaló en el lugar.

Cuando se habían convertido en familia, la historia dio un giro: un tío biológico apareció y dijo que quería hacerse cargo de la bebé. Según expresó, desde que se enteró de su existencia no paró de hacer gestiones para dar con ella.

El Código del Niño del país establece que si una bebé nace y queda sin familia, los familiares biológicos son los que tienen prioridad para la tenencia. Entonces, la Justicia definió que él era quien debía estar a cargo de la bebé. Y, así, se inició un proceso de desprendimiento de la madre adoptiva.

El volver atrás

La investigación periodística sobre este caso motivó varias investigaciones paralelas.

La Inddhh le envió dos oficios al INAU para que explicara cómo fue el proceso que derivó en quitarle la tenencia a la madre adoptiva, que no fueron respondidos, informó El Observador. Esta institución concluyó que el organismo estatal vulneró los derechos de la bebé. Luego emitió una resolución pidiendo que eleve informes que permitan revisar la decisión de la Justicia de quitarle una bebé a su mamá adoptiva, después de ocho meses de convivencia.

Ese informe debe contener “el avance del proceso de integración de la niña en su familia adoptante y las implicancias en términos de apego”. En la resolución también exige que se defina “en un plazo no mayor a 30 días” el modo de reparación y que lo comunique a la mamá adoptante.

Esta resolución surgió tras una denuncia de la madre de Itzaé.

Pero, más allá de este proceso, también se abrió una investigación interna en el INAU, según informó El País. En este organismo de menores ponen el énfasis en que no son ellos los que toman la decisión de transferir a un niño de una familia a otra sino la Justicia. A nivel judicial, el caso no está cerrado. Los resultados de esta investigación interna van a ser comunicados a la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Dos fallecidos

Pero este caso no es el único frente abierto que tiene el INAU.

El instituto de menores de Uruguay también debe dar explicaciones por la muerte de dos jóvenes que estaban bajo su amparo. El 31 de diciembre, un adolescente se fugó de un centro y fue encontrado muerto en el Río de la Plata, informó Radio Sarandí. Se presume que la causa de muerte fue ahogamiento.

El domingo pasado, en tanto, un niño de 10 años fue encontrado muerto en la Clínica Boulevar. El País consignó que el niño no había presentado malestar la noche anterior y que las cámaras de seguridad muestran que el niño se acostó el sábado por la noche, sin que se visualizaran eventos anómalos en la habitación”. Al otro día no se despertó y la causa de fallecimiento fue “muerte súbita”.

Hay dos investigaciones administrativas en curso por este caso.

Decenas de niños sanos pasan año a año por hospitales públicos de Uruguay y son internados, pese a que nada justifica su presencia en un centro de salud. Los médicos los llaman niños sociales, porque permanecen allí al no tener un hogar a donde ir. Sus padres no se pueden hacer cargo de ellos –por su voluntad o porque la Justicia así lo decide– y durante los días de internación los pequeños se encariñan con los enfermeros.

Esa es la historia, por ejemplo, de tres niños que estuvieron internados durante un mes y medio en el Hospital de Las Piedras, una ciudad del departamento de Canelones ubicada a 10 kilómetros de Montevideo. Según un informe de El Observador, durante ese período de tiempo nadie pasó por ellos: crecieron, recibieron regalos, reconocían las voces de sus enfermeras cuidadoras. Pero nadie les daba un hogar.

Uno de los niños es hijo de una mujer de 34 años que llegó ese hospital de la Asociación de Servicios de Salud del Estado (ASSE, el prestador de salud estatal) para dar a luz a un niño que había decidido no llevar a su casa. Ella no quería el embarazo y cuando quiso abortar ya se había pasado de los plazos legales para hacerlo. Tenía dos hijas de menos de 10 años y una pareja que la agredía desde hacía tiempo.

La madre del otro niño que compartía sala sí lo quería, pero la Justicia la desvinculó del bebé. La mujer ya había perdido la tenencia de una niña de 13 años. Los padres del pequeño son consumidores de pasta base y él, además, está preso.

Por la otra niña que compartía sala en el Hospital de Las Piedras llegó su abuela biológica, que expresó su intención de hacerse cargo de ella.

Estas historias, que son relatadas por ese medio uruguayo, se reiteran todas las semanas en los hospitales públicos, y la cantidad de casos que se registran siguen creciendo.

Son situaciones que no podrían suceder si se respetara la normativa uruguaya, que establece que el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) tiene 24 horas para avisarle a la Justicia de esos casos. Y el Poder Judicial tiene otras 24 horas para tomar medidas y poner al niño en los brazos de un familiar, una familia que esté dispuesta a adoptarlo, una familia de acogida o un centro de menores.

En los últimos tres años la cantidad de niños sociales en los hospitales públicos ha aumentado. En el hospital pediátrico Pereira Rossell de Montevideo, en 2022 fueron 119 los bebés internados sanos. Esa cifra creció a 135 en 2023. En 2024 fueron 189, según los datos informados por El Observador.

Las autoridades del INAU están preocupadas por estos episodios. Su presidenta, Claudia Romero, dijo que una “estrategia fuerte” del instituto es la “desinternación” de los niños de cero a tres años.

“Tenemos argumentos fuertes y muy sólidos de que la vida en la primera infancia, o lo que pasa en la primera infancia condiciona toda la vida. Una institución, por más que cuiden bien, no es el lugar donde deben vivir estos pequeñitos, estos lactantes, estos niños chiquitos”, dijo Romero esta semana en una rueda de prensa.

Romero, pediatra de profesión, dijo que vivir en un hospital las primeras semanas afecta el desarrollo neurocognitivo y emocional.

“Los hogares del INAU no son un lugar donde vivir para esos niños. Los hospitales tampoco. Tenemos que agilizar los procesos que permitan que los gurises egresen más rápido, que vayan a una familia que los contenga, sea su familia de origen u otra familia. En el mes de los derechos, el derecho a vivir en familia es un derecho que debemos cuidar y respetar”, dijo Romero.

Cada vez son más los niños que en Uruguay están bajo el cuidado del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el organismo estatal a cargo de los centros de albergue de menores. Y cada vez son mayores los problemas que tienen estos centros educativos que, en muchos casos, no reparan el daño que estas personas desamparadas viven. Y también lo profundizan.

A esta conclusión llega el informe titulado Panorama de las infancias y adolescencias en mirada regional. Niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección, que fue elaborado por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).

Los centros a cargo del INAU tienen una capacidad de atención sobrepasada y personal insuficiente. Allí se dan situaciones de malos tratos, y violencia física y psicológica. Los hermanos son separados y se registran salidas no acordadas que se extienden durante meses. Estos son algunos de los principales problemas detectados por el equipo del Mecanismo Nacional de Prevención.

Los niños, a su vez, tienen que esperar meses para ser atendidos por especialistas, en especial en el área de salud mental. Aquellos que tienen un consumo problemático de drogas no reciben una atención adecuada. En cuanto a la educación, hay una interrupción de trayectorias en las escuelas y liceos por la captación de redes de tráfico sin estrategias de respuesta. Y también se registran omisiones de todos los organismos del Estado en la protección y la intervención frente a la situación de adolescentes que son víctimas de explotación sexual.

El informe de la institución, además, comparaba la situación actual con lo que sucedía hace 10 años cuando se realizó el último diagnóstico sobre estos centros de menores. Varios de los problemas siguen vigentes, pero hay un agravante: el sistema está cada vez más exigido porque los menores son cada vez más. Y, además, los niños ingresan con un nivel mayor de daño.

Son casi 8.000 los menores que están al cuidado del INAU. Esta cantidad hace que Uruguay tenga una de las tasas de institucionalización más altas de América Latina, según otro de los datos consignados por Búsqueda. El número sigue creciendo. En 2010 la cantidad de personas atendidas por el organismo era 4.671; en 2024, 7.832.

La alta necesidad de protección es un elemento que preocupa a las autoridades, en un país que tiene cada vez menos menores de edad. El crecimiento del número de niños y adolescentes institucionalizados también va en contra de todas las recomendaciones internacionales, que sugieren que esta opción sea el último recurso.

Pero este no es el primer informe crítico respecto a la situación de los menores en Uruguay. En 2024, el Sistema Integrado de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) registró 24 situaciones diarias de violencia hacia menores en 2024. En total, fueron 8.924 situaciones de violencia, según dijeron las autoridades en la presentación del estudio.

“En Uruguay, la violencia hacia niños, niñas y adolescentes continúa siendo un problema social grave y representa una de las formas más extremas de vulneración de derechos”, dijo la directora del Sipiav, María Elena Mizrahi, al presentar los datos de 2024. El tipo de violencia con mayor cantidad de registros fue el maltrato emocional, con un 38%; seguido por negligencia, 23%; violencia sexual, 22%; y maltrato físico, 17%.

El 38% de las personas agresoras son padres y el 23% madres, según los datos presentados por el Sipiav. El 90% de quienes ejercen la violencia integran la familia de manera directa o son parte del núcleo de convivencia de quienes la padecen. Además, en 2024 hubo cuatro víctimas de edad infantil cuyas muertes se ocasionaron por violencia vicaria (la que ocurre cuando se daña a un hijo para lastimar a sus madres).

El doble crimen que ocurrió en Durazno (un departamento en el Centro de Uruguay) generó conmoción en la sociedad uruguaya. Un hombre de 43 años mató a cuchillazos a su esposa y a su hija de 16 años, hirió a sus otras dos hijas (de 9 y 12) y luego se suicidó. El hecho se investiga como cuatro delitos de femicidio, mientras las dos menores se recuperan en centros de salud.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, opinó sobre este tema y pidió no perder “la capacidad de asombro” de la sociedad ante situaciones así. “Nos sorprende, pero cuando pasa muy seguido se corre riesgo de decir: ‘Es un dato de la realidad’. No, es mucho peor. Estamos diciendo que hay dificultades y que la violencia de género está tan vigente y tan cruda como hace años y a veces complicándose más”, dijo el mandatario, en una rueda de prensa.

Orsi reconoció que algunos dispositivos del Estado “están fallando” ante situaciones como la que se vivió en Durazno.

“No podés evitar todo, resolver todo, pero capaz que algunas alertas no las vemos y están ahí. No hay que bajar los brazos en esto y hay que pensar siempre que lo que estamos haciendo sigue siendo insuficiente”, sostuvo.

El doble crimen ocurrió sobre las siete de la mañana del lunes. La Policía supo del caso casi tres horas después y, cuando llegaron a la casa, se encontraron con las dos niñas heridas en la vereda. Ambas fueron trasladadas a un centro de salud de la zona. En el interior de la casa estaban los cuerpos de la esposa del femicida, una mujer de 42 años, y la hija adolescente de ambos.

Los agentes policiales llegaron al lugar alertados por un posible incendio. Al arribar, se encontraron con un mechero que estaba cerca de la cocinilla a gas. Los policías creen que la intención del hombre era prender fuego la escena del crimen, relató el subjefe de Policía de Durazno, Alexis Duarte.

La adolescente de 16 años que fue asesinada tenía una discapacidad. De acuerdo a los registros policiales, entre 2016 y 2017 hubo dos denuncias que alertaban de una posible “mala atención” hacia ella, sostuvo el jerarca policial.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) puso en marcha un trabajo para asistir a las dos menores que sobrevivieron a la agresión de su padre. La niña de nueve años es quien se encuentra en un estado más grave y está internada en cuidados intensivos en un sanatorio de Canelones.

La presidenta de INAU, Claudia Romero, informó que las instituciones ahora buscan “quiénes son los referentes que pueden proteger a las niñas y toman las medidas para acompañar el proceso”. En una rueda de prensa consignada por Canal 12, la jerarca dijo que es “muy pronto” para saber “si existen familiares referentes” con quienes las menores puedan vivir. Otra alternativa es que pasen a residir en un centro de menores, señaló.

Este trabajo, anticipó Romero, llevará “el tiempo que requiera”. “El tiempo va a ser prolongado. La situación es de una extrema violencia y extrema tristeza. ¿Cómo reinventamos una vida para estas niñas? Seguramente nos lleve muchísimo tiempo”, señaló la jerarca.

La Policía de Durazno informó que no había denuncias previas de violencia de género contra el padre. Sin embargo, el hombre sí había sido denunciado por supuestos malos tratos a la adolescente asesinada. Ella padece una discapacidad que la hace completamente dependiente de sus padres.

La presidenta del INAU sostuvo que en 2018 hubo una denuncia por “falta de cuidados, negligencia” que finalmente “no trascendió a mayores”. La información que tienen en esta institución es que el caso, entonces, se cerró. Romero informó que están pidiendo tener más información y poder acceder al expediente.

“En Uruguay, la violencia hacia niños, niñas y adolescentes continúa siendo un problema social grave y representa una de las formas más extremas de vulneración de derechos”. La frase es de la directora del Sistema Integrado de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), María Elena Mizrahi, al presentar los datos de 2024. La funcionaria lamentó que este tipo de violencia se “haya perpetuado y tolerado como resultado de inequidades históricas”.

El Sipiav registró 24 situaciones diarias de violencia hacia menores en 2024. En total, fueron 8.924 situaciones de violencia, según dijeron las autoridades en la presentación del estudio, al que asistió el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Los albergues del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que están destinados a mujeres víctimas de violencia y sus hijos menores atendieron el año pasado a 620 niños, según los datos oficiales. Por segundo año consecutivo, el tramo etario de 13 a 17 años es el que registró la mayor cantidad de casos (representó el 38% del total). En la primera infancia (de 0 a cinco años), el porcentaje alcanzó el 17%.

El tipo de violencia con mayor cantidad de registros fue el maltrato emocional, con un 38%; seguido por negligencia, 23%; violencia sexual, 22%; y maltrato físico, 17%.

El 38% de las personas agresoras son padres y el 23% madres, según los datos presentados por el Sipiav. El 90% de quienes ejercen la violencia integran la familia de manera directa o son parte del núcleo de convivencia de quienes la padecen. Además, en 2024 hubo cuatro víctimas de edad infantil cuyas muertes se ocasionaron por violencia vicaria (la que ocurre cuando se daña a un hijo para lastimar a sus madres).

En la presentación, Mizrahi informó acerca del trabajo que se está haciendo sobre las nuevas formas de violencia, como la digital, e indicó que este año se ampliará la investigación acerca del modelo burnout y su aplicabilidad en Uruguay. El INAU –a cargo de centros de albergue de menores– presentará una ruta de atención para quienes asisten a sus clubes, para mejorar la detección de casos.

La presidenta de INAU, Claudia Romero, advirtió que el informe vincula el problema con la pobreza estructural y destacó la necesidad de trabajar con acciones de prevención para crear “comunidades protectoras”.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo que la ciudadanía tiene que “dimensionar” las cifras que fueron presentadas. En declaraciones a la prensa, la jerarca dijo que en 2011 los equipos intervinieron en 824 situaciones de violencia, un número que se multiplicó por 10 en 13 años.

“Es una situación realmente grave. Cuando repasamos cada uno de los temas del informe particularmente salud tenemos mucho para avanzar. Nos estamos comprometiendo a que en cada departamento haya equipos de reparación de daño”, señaló Lustemberg. “Uruguay a esto no lo puede naturalizar. Tenemos que trabajar en los temas de prevención, en las condiciones estructurales que lleva a esta situación tan grave, en un país que tiene tan pocos niños y nos tenemos que preocupar por las características y por la vida plena que tienen que tener”, agregó.

En su discurso, la ministra señaló: “Nada puede justificar lo que cada uno tiene que hacer desde su lugar. A veces cuando los problemas son complejos se dimensionan de tal complejidad que después nos perdemos: Educación no hace lo que tiene que hacer, en Salud no hacemos lo que tenemos que hacer, que tenemos dificultades en el Ministerio del Interior, que tenemos dificultades en la conducción propia de la institucionalidad del INAU”.

Lustermberg destacó la presencia del presidente Orsi en la presentación de los datos y recordó que en su discurso del 1° de marzo hizo referencia al cuidado de las infancias. “Un país que no cuida a sus niños y niñas es un país que no se cuida a sí mismo”, dijo el mandatario al asumir, según recordó la ministra de Salud Pública.

Los habitantes de Pan de Azúcar –una localidad uruguaya ubicada a 40 kilómetros de Punta del Este, en Maldonado– se vieron impactados con una noticia policial de la zona. Un niño de 12 años fue detenido por ser el presunto autor de un intento de robo a un comercio, pero lo que más llamó la atención es que el menor llevaba un arma y que realizó un disparo al local.

El hecho ocurrió en la tarde del martes, según información policial consignada por el noticiero Telemundo de Canal 12. El comercio está ubicado sobre la ruta 37 del departamento, a las afueras de la localidad.

A la hora que ocurrió el hecho la zona estaba tranquila: había poco movimiento en el lugar porque muchos de los habitantes aprovecharon a dormir la siesta, según el relato de ese medio. De hecho, el dueño del local estaba descansan cuando el menor llegó. Su hijo, de 38 años, estaba atendiendo el almacén.

Cuando llegó al lugar, el menor le dijo al comerciante: “Vine a robar”. Y lo amenazó con un arma de fuego, según le contó el hombre a la Policía.

El comerciante se negó a entregarle algo a ese adolescente y comenzó un cruce de palabras entre ellos. El menor se retiró del comercio, pero, una vez afuera, se dio vuelta y realizó un disparo que impactó en el marco de la puerta.

El hombre de 38 años apenas había podido ver al menor a través del mostrador porque era un niño de estatura baja. Después de la amenaza, el encargado del local le pidió que se retirara, pero el menor le apuntó con el arma. El hombre agarró una pinza que se utiliza para cortar fiambre y se la tiró por la cabeza, de acuerdo a su relato.

Es en ese momento que el menor empieza a retroceder. Se asustó y se fue del almacén, aunque antes efectuó el disparo.

El hombre que atendía el comercio pensó que el menor tenía un revólver de juguete: nunca imaginó que estuviera armado con una pistola calibre 22.

Asombrados, decidieron llamar a la policía. Los agentes le mostraron una foto del adolescente al encargado, quien lo reconoció en la imagen. Es que los funcionarios policiales ya iban tras los pasos de ese menor porque tuvo otras intervenciones. Días atrás, había robado una moto.

“Con las indagatorias realizadas se pudo determinar que el autor se trataría de un menor de 12 años. Se realiza un operativo en la zona, donde el titular de seccional junto a personal avistaron al menor afuera de la casa de un familiar, por lo que es detenido y derivado junto a su mayor responsable a la seccional”, detalla el parte policial.

La Policía Científica trabajó en el comercio y encontró allí una vaina. El caso es investigado por la Fiscalía.

El menor no es de la zona, pero su madre vive en las afueras de Pan de Azúcar. La Policía incautó el arma y los dos padres debieron declarar en la seccional policial del lugar.

El director del Instituto del Niño y Adolescente de Maldonado, Eduardo Rodas, declaró al noticiero Subrayado de Canal 10 explicó que los menores de 13 años son inimputables en Uruguay. “Tenemos que trabajar en este caso con la situación del niño y su familia. Desconocemos los pormenores de cómo se dio esta situación y cómo se va a continuar”, declaró.

Señaló que, ante estos hechos, se reacciona con “preocupación”. “Hay que ver más allá de este caso puntual, cuál es la historia de vida de ese niño, niña o adolescente que se ve involucrado en actos delictivos. Hay que ver si no hay una afección en cuanto a la salud mental”, reflexionó.