La crisis fiscal por recaudo tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) sumó un nuevo capítulo en Colombia con el cruce entre el director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón, y el exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes, sobre quién fue responsable de las metas infladas de ingresos tributarios que después quedaron lejos del resultado final, en un escenario de déficit de 6,8% del Producto Interno Bruto (PIB).

Pabón sostiene que la Dian y el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) avalaron proyecciones de recaudo sobredimensionadas y que ese error explica parte del faltante fiscal de 2024.

Reyes respondió que la responsabilidad recayó en el Ministerio de Hacienda, porque insistió en incluir ingresos atados a litigios, retiró luego su apoyo al marco legal para cobrarlos y además enfrentó el efecto de una decisión de la Corte Constitucional sobre regalías del sector minero-energético.

El cruce comenzó después de que Pabón publicó en X una gráfica según la cual en 2024 la diferencia entre lo que el Gobierno esperaba recaudar y lo que finalmente obtuvo en impuestos llegó a 4% del PIB. Reyes contestó con un ataque personal y afirmó que Pabón buscaba “encontrar puesto en la patria milagro”. Para Pabón, el problema de fondo no fue únicamente técnico, sino institucional. En su reconstrucción, el incumplimiento de las metas de recaudo figura entre las causas centrales del deterioro fiscal y cuestiona que la Dian pretenda quedar al margen cuando parte sustancial de esas proyecciones dependía de su propia gestión.

Cómo se inflaron las metas de recaudo para 2024

Pabón ubicó el origen de la discusión en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2023. Allí, el Gobierno fijó para 2024 una meta de recaudo de $347,6 billones, equivalente a 20,5% del PIB, después de prever un cierre de $309 billones para 2023.

Según detalló, una porción decisiva de ese salto descansaba en dos rubros ligados a la Dian. Uno era 0,9% del PIB, unos $15 billones, por litigios; el otro, 0,8% del PIB, cerca de $13 billones, por mayor gestión y lucha contra la evasión. En total, Pabón calculó que 1,7% del PIB, casi $30 billones, dependían de la gestión de la entidad tributaria. También afirmó que esa proyección “fue avalada por todos los miembros del Confis, incluido el señor Reyes”, según el Acta 742 del 13 de junio de 2023.

El economista atribuyó el descuadre al mayor gasto del Gobierno. Miembros del Confis describían esa presión con la expresión “poner carne en el asador”, dicha al entonces director de Crédito Público, José Roberto Acosta.

Advertencias y el primer recorte de las proyecciones

Pabón sostuvo que desde el comienzo hubo alertas sobre la fragilidad de esas cuentas. “Muchos analistas dijimos que esas cuentas no daban”, escribió, y agregó que el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana también lo había advertido en varias entrevistas.

A esas objeciones sumó un pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) del 10 de julio de 2023. De acuerdo con él, ese documento advirtió sobre los riesgos de los ingresos esperados por litigios y por las metas de gestión de la Dian, con una sobreestimación cercana a 1,3% del PIB de los 1,7% proyectados.

La primera corrección llegó con el Plan Financiero 2024. Allí la meta de recaudo bajó de $347,6 billones a $320 billones, y la previsión por litigios se redujo de $15 billones a $10 billones.

Pabón admitió que Reyes no estuvo en la reunión del Confis consignada en el Acta 755 del 1 de febrero de 2024, pero rechazó que eso lo descargara de responsabilidad. “El director de la Dian no puede decir que las metas de recaudo son asunto de otros”, señaló, antes de citar el artículo 46 del Decreto 1742 de 2020 sobre la función de proyectar el recaudo dentro de la entidad.

Del ajuste de metas al hueco final de $70 billones

La secuencia siguió con el MFMP 2024, donde la magnitud del recorte ya resultó más visible. La meta de recaudo cayó a $288 billones, equivalente a 17,1% del PIB. En esa nueva revisión, la gestión tributaria pasó de aportar 0,8% del PIB a solo 0,2% del PIB. Los ingresos por litigios, además, desaparecieron por completo: pasaron de $15 billones a $10 billones y después a $0.

El cierre de esa secuencia apareció en el Plan Financiero 2025. Allí el recaudo efectivo terminó en $279 billones, equivalente a 16,6% del PIB. La cifra dejó un faltante de unos $70 billones frente a la proyección original, cerca de cuatro puntos del PIB. Pabón resumió ese desfase como “un descache de casi más de 4% del PIB en ingresos ($70 billones)” y agregó que “cuesta sostener que la Dian no tuvo ninguna responsabilidad”.

También dejó dos frases que condensan su tesis. “Una historia en la que la Dian, por más que hoy quiera decir lo contrario, no parece estar exenta de responsabilidad”, escribió, y remató: “Las cifras, las actas y los documentos hablan por sí solos”.

Señalamiento de Luis Carlos Reyes al Ministerio de Hacienda

Luis Carlos Reyes rechazó que la responsabilidad principal recayera en él o en la Dian. “No deja de sorprenderme la fijación que tienen conmigo algunos fans como César, que los lleva a imaginarse que además de director de la Dian entre agosto de 2022 y junio de 2024 fui ministro de Hacienda y presidente durante este cuatrienio”, respondió.

Su primera línea de defensa se centró en el arbitraje de litigios tributarios. Según explicó, el mecanismo requería una ley habilitante que no existía al momento del MFMP de 2023, y la Dian dejó consignada en ese documento la necesidad de aprobarla si se quería contar con ese recaudo. Reyes añadió que la insistencia en incluir ese componente vino desde Hacienda. “Por insistencia de la Dian, Hacienda radicó el proyecto de ley para habilitar el arbitraje de litigios tributarios”, afirmó, antes de agregar que “Hacienda retiró su apoyo” y que “el recaudo por arbitraje de litigios fue de $0 por decisión del ministro de Hacienda”.

Un segundo argumento apuntó a la tributación del sector minero-energético. Dijo que el MFMP de 2023 asumía que la Corte Constitucional avalaría la no deducibilidad de regalías, pero en noviembre de 2023 resolvió en sentido contrario y eso redujo de forma sustancial el recaudo de 2024.

El exdirector de la Dian también afirmó que en 2023 se cobraron anticipos de impuestos a compañías petroleras y carboneras bajo las normas de la reforma tributaria de 2022, y que esos montos tuvieron que devolverse en 2024 tras la decisión de la Corte. Según él, si esos tributos adicionales no hubieran caído, el recaudo de 2024 habría sido “mucho más cercano al de 2023”, año que definió como “el más alto de la historia”.

Reyes rechazó además la comparación de Pabón entre la Dian y un director financiero. “La analogía es bastante mala porque el director financiero del Estado es precisamente el ministro de Hacienda, no el director de la Dian”, escribió.

Cifras alejadas de la realidad

Sobre el Plan Financiero 2024, aseguró que la Dian se opuso a las cifras que consideraba alejadas de la realidad. “Tanta fue nuestra oposición al plan financiero de 2024, que dejamos claro que nuestro voto en el Confis iba a ser negativo si no se ajustaba a la realidad”, afirmó. Esa resistencia, según su versión, retrasó la publicación del plan en diciembre de 2023. Después añadió: “Hacienda tomó en febrero de 2024 la decisión de citar y realizar de manera exprés un Confis mientras yo visitaba la Dian de Armenia, sin esperar a mi regreso”.

El Gobierno dominicano lanzó un Plan Anticrisis con el objetivo de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), aliviar la carga impositiva sobre el sector y proteger a la clase media frente a la inestabilidad internacional.

El mandatario explicó que esta estrategia integral surge como respuesta a los desafíos económicos generados por la pandemia de COVID-19 y por el conflicto entre Rusia y Ucrania, factores que han influido en el aumento de los precios globales de combustibles entre otras materias primas.

Durante una conversación con periodistas locales, el mandatario, Luis Abinader, subrayó que el programa incorpora lecciones aprendidas tras las crisis recientes, con el fin de mantener la estabilidad económica nacional.

Abinader resaltó que la República Dominicana ha mantenido un crecimiento económico anual superior al 4%, cifra que la coloca entre los países con mayor dinamismo en la región. Según el presidente, este resultado responde a la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal, orientadas a sostener la reactivación del desarrollo económico.

Entre las medidas principales del plan, destaca la eliminación del anticipo fiscal para las mipymes a partir del próximo enero. Abinader detalló que, además, el pago de impuestos para pequeñas empresas dejará de ser mensual y pasará a realizarse en tres cuotas anuales, lo que representa un alivio para la liquidez del sector.

El Gobierno también eliminó el impuesto que gravaba a las nuevas empresas, redujo el impuesto sucesoral del 27% al 3% y suprimió el gravamen sobre determinados seguros de vida contratados en el exterior.

“El próximo año, cuando todas estas medidas estén plenamente en ejecución, servirán especialmente para que las pequeñas empresas puedan progresar con una menor carga impositiva”, afirmó Abinader, quien remarcó la intención oficial de facilitar el desarrollo empresarial y estimular la inversión.

En el contexto de los precios de los combustibles, el presidente explicó que el Estado intervino para evitar que el incremento internacional se trasladara íntegramente al consumidor dominicano.

Mientras el precio global del petróleo llegó a aumentar cerca de un 80%, el ajuste aplicado en el país fue de solo un 16%, gracias a un programa de subsidios estatales que buscó contener el impacto en los hogares y las empresas.

“El subsidio que habíamos proyectado para todo un año se agotó en mayo, lo que demuestra el esfuerzo que ha realizado el Gobierno para proteger a la población”, señaló Abinader, quien además aclaró que la baja en el precio internacional del petróleo no se refleja de manera automática en el mercado local. Explicó que alrededor del 70% de las gasolinas y otros derivados consumidos en el país provienen de importaciones de productos refinados, cuyos precios se rigen por dinámicas distintas a las del crudo.

Para brindar mayor transparencia, el presidente informó que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) presentará una explicación detallada sobre la fórmula utilizada para fijar semanalmente los precios de los combustibles. En semanas recientes, el Gobierno dispuso rebajas en el precio del GLP, la gasolina regular y el gasoil regular, aunque las tensiones geopolíticas mantienen la volatilidad en los mercados energéticos.

El jefe de Estado reconoció que gobernar implica tomar decisiones complejas, ya que las medidas aplicadas pueden beneficiar a algunos sectores y afectar a otros. Abinader enfatizó que el propósito fundamental del plan es salvaguardar el interés nacional y proteger a la mayoría de los ciudadanos.

“El presidente es una especie de juez que tiene que buscar el equilibrio en cada decisión para favorecer, en términos generales, a la población y al interés nacional”, declaró Abinader, quien insistió en que la función presidencial exige responder de manera permanente a las necesidades de la ciudadanía.

El mandatario recordó que su gestión ha enfrentado de forma simultánea los efectos de la pandemia, la crisis económica derivada de la guerra en Europa, la situación en Haití y la incertidumbre internacional. “Es una enorme distinción que el pueblo dominicano me haya dado la oportunidad dos veces de servirle, y lo hago con total transparencia, mucho trabajo y 24-7 al servicio de la población dominicana”, concluyó el presidente.

El SAT puede cancelar o suspender el RFC de un contribuyente mexicano sin que este reciba una notificación directa, dejándolo imposibilitado para facturar, contratar con el gobierno o acceder a servicios financieros. Conocer las causas, las consecuencias y los pasos para reactivar el registro puede evitar multas y auditorías.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con cuatro causas principales para dar de baja un Registro Federal de Contribuyentes (RFC): el cese definitivo de actividades económicas, el fallecimiento del contribuyente, la existencia de registros duplicados y la detección de operaciones simuladas o facturas falsas.

En este último caso, la autoridad puede actuar con base en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), que permite presumir la inexistencia de operaciones y anular los comprobantes fiscales emitidos por esos RFC.

Suspensión o cancelación: no es lo mismo

Antes de buscar una solución, el contribuyente debe identificar qué le ocurrió a su registro, porque el trámite de recuperación es distinto en cada caso.

La suspensión de actividades congela las obligaciones fiscales periódicas —declaraciones mensuales, emisión de CFDI— pero el RFC permanece activo. La cancelación, en cambio, es una baja definitiva que solo procede cuando el contribuyente cesa por completo su actividad sin intención de retomarla, como al liquidar una empresa.

Si el RFC fue suspendido, la solución es presentar un aviso de reanudación de actividades. Si fue cancelado, el procedimiento es más complejo y el SAT lo evalúa caso por caso.

Qué consecuencias trae un RFC inactivo

Un RFC cancelado o suspendido sin que el contribuyente lo sepa puede generar un efecto en cadena sobre su operación fiscal y financiera.

Las consecuencias más frecuentes incluyen la imposibilidad de emitir CFDI, la restricción o cancelación del Certificado de Sello Digital (CSD) —sin el cual ningún Proveedor Autorizado de Certificación puede timbrar facturas—, y la pérdida de la opinión de cumplimiento positiva exigida por el artículo 32-D del CFF para contratar con dependencias de gobierno.

A eso se suman multas por omisión de avisos al RFC y la apertura de procesos de revisión o auditoría, dado que el SAT cruza información con los PAC y detecta ingresos o facturas emitidas por contribuyentes con obligaciones inactivas.

Cómo reactivar el RFC paso a paso

El trámite de reanudación de actividades es gratuito y está disponible en dos modalidades: en línea a través de sat.gob.mx o de forma presencial en cualquier oficina del SAT con cita previa.

Para el trámite en línea, el contribuyente debe ingresar al portal oficial, seleccionar “Otros trámites y servicios”, luego “Actualización en el RFC” y elegir “Presenta tu aviso de reanudación de actividades”. Se requiere RFC, contraseña del SAT o e.firma vigente, identificación oficial y CURP. Al confirmar, el sistema genera un acuse de recibo que debe guardarse como comprobante.

Si la e.firma está vencida, es necesario renovarla primero en una oficina del SAT antes de iniciar el proceso en línea. El cambio de estatus se refleja en el sistema entre 24 y 72 horas hábiles.

Obligaciones que se reactivan con el aviso

Presentar el aviso de reanudación no solo recupera el RFC: también reactiva todas las obligaciones fiscales del régimen correspondiente desde la fecha indicada.

Esto incluye la emisión de CFDI por cada ingreso o servicio, la presentación de declaraciones mensuales de IVA e ISR, la declaración anual y el envío de contabilidad electrónica cuando el SAT lo requiera. Si el CSD venció durante el periodo de inactividad, el contribuyente deberá solicitar uno nuevo antes de emitir su primera factura.

El sistema permite señalar una fecha de reanudación retroactiva, pero eso genera obligaciones fiscales pendientes desde ese momento, con los pagos de IVA e ISR que correspondan.

El riesgo de operar sin haber presentado el aviso

Retomar la actividad económica sin notificar al SAT no pasa desapercibido. La autoridad fiscal cruza datos del buzón tributario, reportes de terceros y registros de los PAC para detectar facturas emitidas por contribuyentes con obligaciones suspendidas.

Las sanciones por no presentar el aviso de reanudación a tiempo van desde multas por omisión hasta requerimientos formales y auditorías por diferencias entre los ingresos detectados y las declaraciones presentadas. La pérdida de la opinión de cumplimiento positiva también cierra el acceso a licitaciones públicas y a ciertos productos financieros.

El peso de los impuestos sobre la economía argentina volvió a quedar bajo análisis a partir de un nuevo relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). El organismo actualizó su medición anual sobre la relación entre la recaudación y el Producto Bruto Interno (PBI), un ejercicio que realiza desde hace más de tres décadas y que permite comparar la evolución de la carga fiscal a lo largo de distintos ciclos económicos y políticos. El resultado de este año marca un quiebre respecto de la tendencia que predominó durante buena parte de los últimos veinte años.

Según el informe, la presión tributaria efectiva consolidada del sector público argentino, que combina la recaudación de Nación, provincias y municipios, se ubicaría en 2026 en el 26,7% del PBI, dato que surge de una proyección del Iaraf e implica una baja de 0,9 puntos porcentuales respecto del 27,6% del PBI registrado en 2025, año en el que ya se había verificado un descenso interanual de 1,4 puntos porcentuales.

Esta reducción “se explicaría exclusivamente por una menor presión tributaria nacional”, dice el Iaraf, y se concentra principalmente en la baja de la carga asociada a los derechos de exportación (retenciones), los impuestos internos y una medida de administración tributaria vinculada al IVA aduanero: la restitución de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto. A este conjunto de factores se sumó la implementación del Fondo de Asistencia Laboral contenido en la ley de “modernización” durante los dos últimos meses del año.

Tres décadas de evolución

La serie construida por el instituto dimensiona el recorrido de esta variable desde 1993, cuando la recaudación tributaria total del sector público era del 23% del PBI, nivel que se mantuvo relativamente estable hasta 2001. A partir del mínimo de 20% del PBI registrado en 2002, la presión tributaria efectiva dibujó una línea ascendente de 13 años y alcanzó su punto más alto en 2015, con 32,6% del PBI, al cabo de un aumento de 12,6 puntos del PBI en poco más de una década.

Tras el pico de 2015, el indicador comenzó a descender. Bajó 3 puntos porcentuales, a 29,2% del PBI en 2019, y desde entonces se mantuvo en torno al 29% del PBI, hasta 2024. Recién en 2025 se produjo la caída interanual más marcada de los últimos años, dinámica que, según la proyección del Iaraf, continuaría en 2026.

El nivel más bajo en dos décadas

Nadin Argañaraz, titular del Iaraf, difundió un posteo en la red social X en el que situó el dato en perspectiva histórica. Según explicó, la presión tributaria efectiva consolidada “en 2026 podría estar en niveles similares a los del año 2007, es decir alrededor de 26,7% del PBI”. De confirmarse esa proyección, se trataría del nivel más bajo registrado en cerca de veinte años.

La comparación con años más recientes también resulta relevante. Respecto a 2023, la baja proyectada “implicaría una baja de 2 puntos porcentuales del PBI, concentrada en impuestos nacionales al comercio exterior”. Y frente al máximo de 2015, la caída “podría ser del orden de 6 puntos porcentuales del PBI”, una diferencia que, según precisó Argañaraz, está “prácticamente explicada por impuestos nacionales”.

El correlato en el gasto público

De hecho, el posteo de Argañaraz también vinculó la evolución de la presión tributaria con el comportamiento del gasto público. En ese sentido, señaló que “la significativa baja del peso del gasto público, del orden de 6 puntos porcentuales del PBI entre 2023 y 2026, se destinaría principalmente a la eliminación del déficit fiscal, siendo de alrededor de un tercio lo que terminaría financiando la baja de recaudación”. Es un hecho que, según esta lectura, la mayor parte del ajuste en las erogaciones estatales se destinó a equilibrar las cuentas públicas, mientras que una porción menor, equivalente a un tercio, sirvió para sostener la reducción de la carga tributaria.

Los que pagan y los que no

El propio informe distingue este indicador de otro concepto que también desarrolla el instituto, denominado carga tributaria formal. A diferencia de la presión efectiva, que se calcula sobre la recaudación realmente obtenida, la carga formal se basa en lo que “debería” pagar un contribuyente de acuerdo con la normativa vigente, sin considerar el incumplimiento ni la evasión. Según el Iaraf, esta segunda medición resulta relevante porque, en países con niveles significativos de evasión, la presión efectiva puede subestimar la verdadera incidencia de los tributos sobre quienes cumplen con la totalidad de sus obligaciones.

En el caso de la presión tributaria efectiva, en cambio, la medición sí refleja lo que el Estado obtiene efectivamente en concepto de recaudación, comparado con el producto generado por la economía en su conjunto. Es esta última la que, según el informe, se ubicaría en el nivel más bajo en aproximadamente dos décadas durante 2026.

En conjunto, los resultados presentados por el Iaraf describen una economía en la que la relación entre recaudación y producto bruto interno retrocedió a niveles que no se observaban desde hace casi veinte años, con una dinámica explicada, según el propio informe, de manera casi exclusiva por la evolución de los tributos nacionales, en particular los vinculados al comercio exterior.

Las autoridades de Panamá imputaron este domingo a 16 personas, entre funcionarios y particulares, por su presunta participación en una red que manipulaba el sistema tributario estatal para eliminar registros de cuentas millonarias ya saldadas por contribuyentes, según informó la agencia de noticias EFE, con base en datos del Ministerio Público panameño. El caso llamado Operación Pandora expone uno de los esquemas de corrupción de los últimos años en la administración fiscal del país centroamericano.

De acuerdo con el reporte de EFE, la investigación señala que los implicados, en su mayoría vinculados a la Dirección General de Ingresos (DGI), alteraban el sistema electrónico de gestión tributaria para hacer desaparecer pagos realizados por grandes contribuyentes. Esta acción permitía que los créditos fiscales quedaran como pagos no aplicados, lo que abría la posibilidad de venderlos posteriormente a una entidad crediticia local y obtener beneficios económicos ilegítimos.

El Ministerio Público destacó que 13 de los detenidos permanecen bajo detención provisional, mientras que los tres restantes continúan en arresto domiciliario. Los delitos atribuidos incluyen crimen organizado, corrupción de servidores públicos, contra la fe pública y blanqueo de capitales. EFE detalló que la investigación se inició en 2024 tras una denuncia anónima sobre irregularidades en la tramitación de créditos fiscales.

La operación incluyó 23 allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, donde las autoridades incautaron equipos tecnológicos y documentación para las pesquisas. La Fiscalía explicó que la estructura utilizaba accesos privilegiados al sistema E-Tax para borrar registros de obligaciones fiscales ya canceladas. Al quedar los montos como pagos pendientes dentro del sistema, estos créditos podían ser comercializados a entidades financieras, generando un circuito de ganancias ilegítimas.

Cómo operaba la red

Según la nota de EFE, la red estaba integrada tanto por funcionarios actuales como por particulares. Las pesquisas apuntan a que algunos de los involucrados recibían pagos adicionales a sus salarios a cambio de realizar los ajustes internos requeridos para concretar la manipulación. Las autoridades panameñas subrayaron que la operación responde a una estrategia de largo plazo para combatir el uso indebido del sistema tributario y el desvío de recursos públicos.

El caso, conocido como Operación Pandora, se suma a una serie de investigaciones que tienen bajo escrutinio a la DGI desde hace tres años. Según información del propio Ministerio Público, la manipulación informática en el sistema E-Tax no solo permitía eliminar registros de pagos, sino también trasladar deudas y movimientos tributarios entre contribuyentes, aumentando el potencial de perjuicio para el Estado.

El impacto económico y los antecedentes

El impacto económico del fraude ha sido evaluado en auditorías internas con un rango estimado de entre USD 40 y USD 80 millones, una cifra que supera ampliamente los primeros cálculos oficiales. EFE subrayó que, aunque la denuncia inicial surgió en 2024, las investigaciones sobre la administración tributaria panameña han derivado en otros operativos, como la Operación E-Tax 2.0 en 2023 y la Operación Publicano en 2025, ambas enfocadas en la creación y cesión irregular de créditos fiscales.

Las autoridades mantienen la investigación bajo reserva mientras continúan el análisis de la evidencia tecnológica y documental recopilada en los allanamientos. De acuerdo con EFE, la Fiscalía evalúa nuevas líneas de indagación que podrían incluir a empresas intermediarias y familiares de los implicados. El Ministerio Público reiteró que el caso es parte de un esfuerzo para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión tributaria del país.

El plazo para acogerse al régimen especial que facilita el retorno de peruanos desde el extranjero no llegará a su fin este año. El Congreso aprobó una ampliación que permitirá mantener hasta 2029 una serie de beneficios tributarios dirigidos a quienes decidan volver al país con bienes adquiridos durante su permanencia fuera del territorio nacional.

La medida busca evitar que los migrantes retornados enfrenten mayores costos al momento de trasladar sus pertenencias, herramientas de trabajo o equipos necesarios para iniciar nuevas actividades económicas en el Perú. Con ello, se pretende brindar mayores facilidades para su reinserción social y productiva.

A través de la Ley N.º 32722, publicada en el diario oficial El Peruano, se extendió la vigencia de los incentivos tributarios establecidos en la Ley N.º 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, hasta el 31 de diciembre de 2029. La ampliación entrará en vigor desde el 14 de julio de 2026, luego de que culminara el plazo anterior.

¿Qué bienes no pagarán impuestos?

Uno de los principales alcances de la norma es la continuidad del beneficio que permite a los peruanos retornados ingresar determinados bienes adquiridos en el extranjero sin pagar tributos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y utilicen esta facilidad por única vez.

Los bienes comprendidos dentro de este régimen especial son:

• Menaje de casa: incluye los bienes personales y del hogar del migrante retornado, con un valor máximo permitido de US$ 50.000.
• Vehículo automotor: permite el ingreso de un vehículo adquirido en el extranjero, siempre que su valor no supere los US$ 50.000.
• Instrumentos, maquinarias, equipos y bienes vinculados a actividades productivas: comprende herramientas de trabajo, bienes de capital, dispositivos médicos y otros elementos destinados al desarrollo de actividades profesionales, técnicas o empresariales, con un límite máximo de US$ 350.000.

Estos beneficios buscan facilitar que los ciudadanos que regresan puedan trasladar bienes necesarios para establecerse nuevamente en el país o continuar con sus actividades económicas sin asumir una carga tributaria adicional.

Requisitos para acceder a este beneficio

El régimen está dirigido a los peruanos que hayan residido en el extranjero y decidan retornar al país de manera permanente. Para acceder a estas facilidades, los interesados deberán cumplir con las condiciones y procedimientos establecidos en la Ley N.º 30001 y su reglamento.

La norma mantiene los incentivos tributarios cuyo restablecimiento fue dispuesto previamente mediante la Ley N.º 31827, asegurando la continuidad de este mecanismo de apoyo para los migrantes retornados que buscan reinstalarse en el Perú.

Con la nueva ampliación, el régimen especial permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2029, lo que permitirá que más connacionales puedan planificar su regreso y acogerse a estos beneficios. La medida busca facilitar su incorporación nuevamente a la economía nacional, ya sea mediante la continuidad de sus actividades profesionales, la creación de emprendimientos o su reinserción laboral.

¿Qué pasa si no declaro bienes o dinero?

Los beneficios para los migrantes retornados no eliminan las obligaciones aduaneras. La Sunat puede revisar, registrar y examinar el equipaje, bultos y pertenencias de los viajeros para verificar que los bienes ingresados cumplan con los requisitos establecidos. Si detecta mercancías que superan los límites permitidos o que debían ser declaradas y no fueron informadas, estas pueden ser incautadas.

Para recuperar los bienes retenidos, el viajero deberá pagar los tributos correspondientes y asumir una multa equivalente al 50 % del valor en aduana de la mercancía. Además, si una persona omite declarar dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables por montos superiores a US$ 10.000 o su equivalente, la Sunat podrá retener temporalmente dichos fondos y aplicar una sanción del 30 % del valor no declarado.

El dinero de la Afore de un trabajador fallecido no se pierde ni revierte al Estado: la ley mexicana garantiza que sus beneficiarios puedan reclamarlo, ya sea como pensión periódica o en una sola exhibición. Sin embargo, una disputa abierta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre si esos recursos deben pagar impuestos mantiene en vilo a millones de familias.

Cuando el titular de una cuenta Afore muere, los recursos acumulados —ahorro para el retiro, aportaciones voluntarias, recursos de vivienda no utilizados y saldos del SAR 92— pueden ser reclamados por quienes acrediten ser beneficiarios. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) establece que la administradora tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para resolver el trámite una vez presentada la documentación completa.

Quién puede cobrar y bajo qué condiciones

La Ley del Seguro Social reconoce dos categorías de beneficiarios. Los legales son el cónyuge o concubina(o), los hijos menores de 16 años —o hasta 25 si estudian en el Sistema Educativo Nacional o no pueden sostenerse por enfermedad— y los padres del titular, siempre que dependieran económicamente de él y vivieran en su hogar.

Los beneficiarios designados son personas registradas directamente por el titular ante su Afore, con o sin parentesco, y solo pueden reclamar los recursos a falta de beneficiarios legales. Si no existe ninguna de las dos figuras, los familiares deben obtener una resolución judicial para acceder al dinero.

Para iniciar el trámite, los beneficiarios deben identificar en qué administradora estaba registrada la cuenta —mediante el CURP o el Número de Seguridad Social del fallecido, llamando sin costo a SARTEL al 55 1328 5000— y presentar el acta de defunción, identificación oficial y los documentos que acrediten el parentesco o la designación.

La disputa fiscal que divide a la Corte

El fondo del debate legal no es si el dinero puede heredarse, sino si debe pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR) al momento de entregarse. El Pleno de la SCJN estudió la Contradicción de Criterios 49/2026, surgida porque dos tribunales colegiados llegaron a conclusiones opuestas sobre el mismo supuesto: uno consideró los recursos de Afore entregados a beneficiarios como ingresos gravables; el otro los equiparó a una herencia, exenta de ISR conforme al artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Seis ministros rechazaron gravar esos recursos y argumentaron que forman parte del patrimonio generado por el propio trabajador durante su vida laboral y que su función es proteger económicamente a los beneficiarios. El proyecto fue retirado del Pleno para elaborar uno nuevo que incorpore esas consideraciones, por lo que la resolución definitiva sigue pendiente.

Batres propone gravar las Afores heredadas; Sheinbaum dice no

La ministra Lenia Batres Guadarrama defendió públicamente, durante la sesión del Pleno, que las herencias, los legados y los recursos de Afore entregados a beneficiarios deberían estar sujetos al ISR. Argumentó que ese patrimonio no proviene directamente del trabajo de quien lo recibe y que los impuestos son un mecanismo de redistribución de la riqueza. Aclaró que cualquier reforma fiscal de ese tipo corresponde al Congreso de la Unión, no a la Corte.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió en la conferencia La Mañanera del Pueblo que su gobierno no comparte esa postura. “No, no estoy de acuerdo con eso. En mi caso, yo no estoy de acuerdo, no abriría ese debate”, dijo en Palacio Nacional. Reconoció que gravar herencias es práctica común en la mayoría de los países, pero descartó que sea un planteamiento de su administración.

La reacción en el Senado

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez reaccionó con dureza a la postura de Batres. En un video difundido en redes sociales, acusó que la propuesta busca “robar a tus hijos” y señaló al gobierno de Morena de impulsar el gravamen para compensar el agotamiento del presupuesto público.

Llamó a manifestar rechazo en redes sociales y calificó de “ladrones” a quienes respalden la medida.

El fallo que cambia la pensión de los padres

Al margen del debate fiscal, la Segunda Sala de la SCJN emitió esta semana una resolución que modifica el cálculo de la pensión por ascendencia prevista en la Ley del Seguro Social de 1973. Hasta ahora, los padres de un trabajador fallecido que dependían económicamente de él recibían el 20% de la pensión del asegurado, siempre que no hubiera cónyuge, concubina(o) o hijos con derecho.

La Sala determinó que esa diferencia carece de justificación constitucional y vulnera el derecho a la igualdad. Con el nuevo criterio, los ascendientes que sean los únicos beneficiarios deberán recibir el 90% de la pensión, el mismo porcentaje reconocido para viudas, viudos, concubinas y concubinarios.

El fallo aplica exclusivamente a quienes cotizan bajo la Ley del Seguro Social de 1973. Los trabajadores registrados bajo la ley de 1997 se rigen por reglas distintas y esta resolución no modifica su régimen.

Ante la polémica por la propuesta de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, sobre el pago de impuestos a las herencias, muchos ciudadanos se preguntan cuánto tendrían que pagar al recibir un legado.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en México, las regulaciones fiscales al patrimonio está regulado de manera precisa por la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y el Código Civil Federal. El artículo 1281 del Código Civil define este proceso como la sucesión en todos los bienes, derechos y obligaciones del difunto que no se extinguen con su fallecimiento.

El tratamiento fiscal proviene del numeral 93, fracción XXII, de la LISR, que clasifica las herencias como ingresos exentos para efectos de ISR, siempre que se declare en los términos establecidos por la ley cuando el monto rebasa los 500 mil pesos mexicanos. Esta clausula establece la obligación de informar en la declaración anual la recepción de ingresos superior a ese monto.

De cumplirse este requisito, el ingreso permanece exento del Impuesto Sobre la Renta, aun cuando se trate de una operación exenta, los beneficiarios deben inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) e informar el monto heredado cuando excede el umbral antes mencionado.

En el caso de recibir un bien inmueble por herencia, el beneficiario no debe pagar el impuesto en ese momento. Sin embargo, al formalizar la sucesión se genera el Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles (ISAI), cuya tasa varía entre entidades de la República, rondando entre 2 y 4.5% del valor de la vivienda. Este gravamen corresponde a un impuesto local y se fija por cada entidad federativa.

Debate en la SCJN: ¿deben pagar impuestos las Afores heredadas?

Lenia Batres expresó su respaldo a la posibilidad de aplicar impuestos a las herencias, legados y recursos de las Afores que reciben los beneficiarios de trabajadores fallecidos. La funcionaria judicial manifestó que aunque considera justa la recaudación de estos gravámenes, la decisión corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión, pues la Corte solo interpreta la legislación vigente.

El debate surgió ante criterios opuestos en tribunales federales sobre si los fondos heredados deben pagar Impuesto Sobre la Renta o estar exentos, como ocurre con legados. Mientras que la ministra defendió que estos ingresos representan patrimonio transferido y no fruto del trabajo directo del beneficiario, la mayoría del Pleno de la SCJN rechazó el proyecto que proponía gravarlos.

La postura predominante entre los ministros fue que los recursos acumulados en una cuenta individual forman parte del patrimonio generado por la persona trabajadora, y deben asegurar protección económica a los beneficiarios, sin crear diferencias injustificadas en el tratamiento fiscal.

En México, las herencias siguen exentas del ISR, los recursos de las Afores mantienen un régimen distinto pendiente de clarificación legal. Batres recordó que, históricamente, el país aplicó impuestos a herencias hasta 1961 y que la OCDE reúne a 24 países que hoy los mantienen. Por ahora, cualquier reforma depende de una decisión legislativa y no judicial.

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la mañanera del pueblo de este 9 de julio en Palacio Nacional, declaró no estar de acuerdo con aplicar impuestos a herencias y recursos de Afores heredados, desmarcándose de la propuesta defendida por la ministra mexicana.

Asimismo, la jefa de Estado descartó promover un debate legislativo al respecto y señaló que, aunque en otros países estos gravámenes existen, su gobierno no considera necesario implementarlos.

Las declaraciones de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, sobre la posibilidad de gravar las herencias y los recursos heredados de las Afores generaron reacciones entre actores políticos.

Una de ellas fue la de la diputada de Morena, Paty Armendáriz, quien respondió a las críticas de la senadora del PAN, Lilly Téllez, y explicó los argumentos por los que considera que un impuesto de este tipo tendría un efecto redistributivo.

Paty Armendáriz expone los argumentos de Morena

A través de sus redes sociales, Armendáriz señaló que un impuesto a las herencias busca evitar la concentración de grandes fortunas familiares y contribuir a que las oportunidades económicas dependan en mayor medida del esfuerzo y talento de las personas, y no únicamente del patrimonio heredado.

La legisladora añadió que estudios citados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que este tipo de gravamen suele tener un menor impacto sobre el ahorro y la inversión que otros impuestos, como los aplicados al trabajo o a las empresas.

También afirmó que puede incentivar la participación de los herederos en el mercado laboral y servir para gravar ganancias de capital que no tributaron durante la vida del propietario debido a mecanismos de planeación fiscal.

Lilly Téllez cuestiona la propuesta

La postura de Armendáriz fue difundida después de que la senadora Lilly Téllez publicara un mensaje en el que criticó la posibilidad de establecer impuestos sobre las herencias y los recursos heredados de las Afores.

La legisladora panista sostuvo que una medida de este tipo afectaría el patrimonio que las personas buscan dejar a sus familias y afirmó que se trataría de una propuesta impulsada desde el gobierno federal para incrementar la recaudación.

Asimismo, hizo un llamado a expresar el rechazo a un eventual gravamen de esta naturaleza.

La discusión surgió durante una sesión de la SCJN

El debate comenzó a partir del análisis realizado por el Pleno de la Suprema Corte sobre el tratamiento fiscal de los recursos de las Afores entregados a los beneficiarios de un trabajador fallecido.

Durante la discusión, la ministra Lenia Batres expresó que considera justo gravar las herencias y los legados como una medida para contribuir a una mayor redistribución de la riqueza.

No obstante, también aclaró que una reforma para establecer un impuesto de este tipo corresponde al Congreso de la Unión y no a la Suprema Corte.

Por su parte, la mayoría de los ministros determinó que los recursos entregados a los beneficiarios de una Afore no deben considerarse ingresos gravables para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Sin embargo, el asunto fue retirado para elaborar un nuevo proyecto, por lo que aún no existe una resolución definitiva.

Datos para entender la discusión en torno a los impuestos a las Afores y las herencias

• Actualmente, las herencias y los legados están exentos del ISR en México.
• Los recursos heredados de las Afores tampoco pagan ISR.
• La SCJN mantiene pendiente una resolución definitiva sobre este criterio.
• Lenia Batres señaló que 24 países de la OCDE aplican impuestos a las herencias.
• En esos países, este gravamen representa alrededor del 0.5% de los ingresos fiscales.
• Veintiún países cobran el impuesto a los herederos según el grado de parentesco y tres lo hacen sobre el patrimonio del fallecido.

El tema continúa en discusión

Hasta el momento, la legislación mexicana mantiene exentas del ISR las herencias y los legados, de acuerdo con el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Asimismo, los recursos de las Afores entregados a beneficiarios continúan sin pagar este impuesto.

Especialistas en materia fiscal y de pensiones han señalado que el debate sobre un eventual impuesto a las herencias continúa abierto y que, por ahora, no existe una reforma aprobada para modificar el tratamiento fiscal de estos recursos.

La discusión permanece tanto en el ámbito jurídico como en el político, mientras la resolución definitiva de la Suprema Corte sigue pendiente y cualquier cambio legal dependería del Congreso de la Unión.

Una nueva investigación por presunta corrupción dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI) escaló este miércoles con el desarrollo de la Operación Pandora, un amplio operativo encabezado por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada para desarticular una supuesta organización criminal integrada por funcionarios y particulares que habría manipulado el sistema tributario E-Tax para obtener millonarios beneficios económicos.

La diligencia representa un nuevo capítulo en las investigaciones sobre el uso irregular de la principal plataforma de administración tributaria del país, aunque en esta ocasión las autoridades apuntan a un mecanismo distinto al investigado en el caso de los créditos fiscales fraudulentos.

Como parte del operativo, el Ministerio Público ejecutó 23 allanamientos simultáneos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, en busca de evidencia tecnológica y documental relacionada con la presunta red.

El procurador general de la Nación, Luis Gómez, participó en las diligencias junto a fiscales especializados y unidades de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información oficial, la investigación involucra aproximadamente 19 personas, entre funcionarios de la DGI y particulares, contra quienes se han girado órdenes de aprehensión por su presunta participación en la estructura.

Cómo operaba la presunta red

Según la Fiscalía, el grupo utilizaba accesos privilegiados al sistema E-Tax para eliminar del registro tributario cuentas millonarias correspondientes a contribuyentes que ya habían cancelado sus obligaciones fiscales.

Al desaparecer esos registros, los montos quedaban clasificados dentro de la plataforma como pagos no aplicados, condición que posteriormente permitía comercializarlos por su valor real a una entidad crediticia establecida en Panamá.

Las investigaciones también apuntan a que algunos funcionarios habrían recibido pagos ilícitos adicionales a sus salarios a cambio de realizar ajustes internos dentro del sistema tributario.

La Fiscalía explicó que la manipulación informática permitía trasladar deudas y movimientos tributarios entre contribuyentes, generando un beneficio económico para la organización investigada.

Durante los allanamientos fueron decomisados equipos informáticos, dispositivos electrónicos y documentación que ahora será sometida a análisis pericial para reconstruir la operación de la presunta red.

La Operación Pandora se suma a una serie de investigaciones que desde hace tres años mantienen bajo la lupa a la DGI por presuntas irregularidades relacionadas con el sistema E-Tax 2.0.

En paralelo continúa avanzando la investigación que inició en abril de 2023 luego de una denuncia presentada por la propia Dirección General de Ingresos tras detectar anomalías en el reconocimiento y cesión de créditos fiscales relacionados con la compra e instalación de equipos fiscales.

Ese expediente, inicialmente investigado por la Fiscalía Anticorrupción, sostiene que mediante resoluciones presuntamente falsas se generaban créditos fiscales sin respaldo comercial, que posteriormente eran cedidos a empresas intermediarias y finalmente transferidos a otras compañías o aseguradoras para obtener beneficios tributarios indebidos.

Las pesquisas han derivado en múltiples operativos, entre ellos la Operación E-Tax 2.0 en 2023 y la Operación Publicano en 2025, además de nuevas aprehensiones ejecutadas durante 2026.

La semana pasada, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción capturó en Las Uvas de San Carlos a otra persona presuntamente vinculada con delitos contra la fe pública y peculado doloso dentro de esa investigación.

Con el paso de los años, las cifras asociadas al presunto fraude tributario también han aumentado.

Mientras las primeras investigaciones hablaban de un perjuicio cercano a 934 mil dólares, auditorías posteriores y nuevas líneas de investigación elevaron el posible impacto económico para el Estado a entre 40 y 80 millones de dólares, de acuerdo con documentos y auditorías internas citados dentro del expediente.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que varios de los investigados ocupaban cargos dentro de la propia Dirección General de Ingresos, lo que les habría permitido acceder a herramientas y procedimientos internos reservados.

Las investigaciones también alcanzan a particulares, empresas intermediarias e incluso familiares de algunos de los implicados, según la información divulgada previamente por el Ministerio Público.

Aunque ambos expedientes giran alrededor del sistema E-Tax, las autoridades manejan líneas de investigación diferentes.

El caso de la Fiscalía Anticorrupción se centra en la creación y cesión irregular de créditos fiscales, mientras que la Operación Pandora, dirigida por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, investiga la presunta eliminación de cuentas tributarias ya pagadas para convertir esos montos en pagos no aplicados y posteriormente obtener ganancias mediante su comercialización.

Las pesquisas permanecen bajo reserva mientras continúan los allanamientos, el análisis de la evidencia tecnológica y la ejecución de las órdenes de captura.

Con esta nueva operación, el Ministerio Público amplía uno de los mayores casos de presunta corrupción vinculados a la administración tributaria panameña, un expediente que ya involucra a exfuncionarios, servidores públicos en funciones y particulares, y que continúa revelando nuevas modalidades de manipulación del sistema digital encargado de administrar los impuestos del país.

Las proyecciones para las finanzas públicas en el primer semestre del año muestran un panorama favorable para los ingresos del Estado. De acuerdo con las estimaciones de Bancolombia, el recaudo tributario habría alcanzado el objetico previsto por el Gobierno al cierre de junio, impulsado por el buen comportamientos de varios impuestos clave.

El análisis de la entidad financiera indica que los recursos obtenidos por la Nación continuarían creciendo frente al año anterior, una señal positiva para las cuentas fiscales en medio de los desafíos presupuestales que enfrenta el país. No obstante, el informe también advierte que el ritmo del gasto público sigue avanzando con rapidez.

Los cálculos hacen parte del más reciente informe Pulso Fiscal de Bancolombia, que proyecta un recaudo acumulado de $162,6 billones durante los primeros seis meses del año. De confirmarse esa cifra con los datos oficiales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se cumpliría la meta fijada para ese periodo. Solo en junio, el recaudo tributario habría llegado a $23,3 billones, lo que representa un incremento anual del 6,5 % frente al mismo mes de 2025, según las estimaciones transaccionales de la entidad financiera.

Con ese resultado, el recaudo acumulado del primer semestre se ubicaría un 9,1 % por encima del registrado durante el mismo periodo del año pasado. Además, el país ya habría alcanzado el 51,2 % de la meta anual de ingresos tributarios, fijada por el Gobierno en $317,5 billones. Bancolombia atribuye este desempeño al comportamiento favorable de tres fuentes principales de ingresos. El IVA interno lideró el crecimiento con una variación anual del 13,5 %, seguido por el Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido como 4×1.000, que aumentó 10,9 %, mientras que los aranceles registraron un incremento del 7,6 %.

Gracias a esa dinámica, el recaudo bruto del primer semestre habría alcanzado exactamente los $162,6 billones contemplados en las proyecciones oficiales de la DIAN para ese periodo, lo que representa un cumplimiento del 100 % de la meta semestral. Las estimaciones coinciden con las proyecciones divulgadas recientemente por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Ese organismo anticipó que al cierre de junio el recaudo bruto también llegaría a $162,6 billones, mientras que el recaudo neto se ubicaría en $147,7 billones.

Los datos definitivos deberán ser confirmados por la DIAN, entidad que tradicionalmente publica las cifras oficiales alrededor del día 20 de cada mes. El optimismo de Bancolombia se apoya además en los resultados observados durante mayo. En ese mes, el recaudo bruto alcanzó los $139,3 billones, cifra que representó un crecimiento anual del 9,4 %, mientras que el recaudo neto llegó a $128,8 billones.

Ese desempeño permitió incluso superar ligeramente la meta interna establecida por la autoridad tributaria. Según el informe, la DIAN alcanzó un cumplimiento del 100,2 %, un resultado que estuvo por encima de las expectativas planteadas previamente por el CARF. Aunque el comportamiento de los ingresos resulta positivo, el reporte también pone la lupa sobre la ejecución del gasto público. El documento señala que durante junio el Gobierno habría comprometido recursos por $39,2 billones, una cifra superior en 9 % a la registrada en el mismo mes del año anterior.

Con ese avance, el acumulado de recursos comprometidos durante el primer semestre ascendería a $299 billones, equivalente al 53,8 % del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026. De acuerdo con Bancolombia, ese nivel de ejecución supera la meta mensual prevista en aproximadamente $26,7 billones.

La tendencia mantiene el comportamiento observado meses atrás. El Ministerio de Hacienda informó al cierre de mayo que las obligaciones del Gobierno ya sumaban $187,2 billones, monto equivalente al 33,7 % de la apropiación vigente. Ese porcentaje también superó el registrado en el mismo periodo del año anterior, cuando la ejecución alcanzaba el 30,4 %.

En materia de compromisos presupuestales, el balance del Ministerio mostró que a mayo el total ascendía a $259,8 billones, es decir, el 46,7 % del presupuesto vigente. Dentro de ese resultado, el rubro de inversión sobresalió al presentar el mayor nivel de ejecución, con compromisos equivalentes al 58,1 %, reflejando el ritmo con el que avanza el uso de los recursos públicos durante el presente año.

La mayoría de los sectores, en particular los que vieron deteriorada su competitividad en los últimos años de la mano de la apertura de la economía, como la industria, piden una baja de impuestos, pero sobre todo la eliminación de aquellos considerados “distorsivos”. Si bien el Gobierno hizo algunos avances, profundizar la reducción de la carga tributaria sin caer en desequilibrios podría tomar más de una década.

El IERAL sostiene que no es posible crecer de manera sostenida con una estructura impositiva que le quita competitividad a la producción y desalienta la inversión.

Remarca que una de las cuestiones más importantes es eliminar los impuestos más “distorsivos”: derechos de exportación, impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales que gravan las ventas.

Pero no es tan sencillo, ya que, en conjunto, estos tributos generan una recaudación equivalente a más del 7% del PBI y constituyen una fuente clave de financiamiento para los tres niveles de gobierno.

Al mismo tiempo, el informe elaborado por Osvaldo Giordano apunta que el ordenamiento tributario no puede hacerse a costa de poner en riesgo el equilibrio fiscal. “Después de años de desorden macroeconómico, establecer alivios tributarios sin financiamiento sería muy contraproducente”, aseguraron.

Dados estos puntos de partida, prevalece la idea de que la eliminación de los impuestos más distorsivos debe estar precedida por una reducción del gasto público que permita compensar la pérdida de ingresos fiscales. Este diagnóstico conduce a una estrategia de “gradualismo tributario”.

En algunos componentes del gasto público es razonable esperar que las futuras reducciones sean cada vez más acotadas y que su concreción demande tiempo.

Más importante aún, afirman en el centro de estudios, existen partidas cuya dinámica es crecientemente expansiva. El principal ejemplo es el gasto previsional, que absorbe una proporción muy significativa del presupuesto nacional y de trece provincias.

“Mientras se siga posponiendo la reforma previsional, habrá que desplegar un gran esfuerzo de austeridad para evitar que, debido a la dinámica creciente de las erogaciones previsionales, el gasto público total aumente por arriba de la inflación”, indicó el IERAL.

Siendo realistas, asumen que las futuras bajas del gasto público serán, en el mejor de los casos, modestas.

Otra alternativa es apostar a que el crecimiento económico aumente la base imponible, aumente la recaudación total y, si el gasto público se mantiene estable, se vaya generando el espacio para reducir paulatinamente dichos tributos.

En este sentido, el IERAL evaluó qué tan larga y viable es esta transición. El escenario optimista supone un crecimiento real sostenido del 3,3% anual.

“Hay que tener en cuenta que nunca, en la historia reciente, la Argentina creció de manera sostenida a ese ritmo, entre otras razones porque los impuestos distorsivos que se plantea eliminar se lo impiden”, precisó el IERAL.

Incluso bajo ese supuesto, el margen de maniobra seguiría siendo acotado. El Estado nacional necesitaría 11 años de crecimiento económico sostenido para compensar la pérdida de recursos derivada de la eliminación de las retenciones y del impuesto al cheque.

En la práctica, si la prioridad fueran las retenciones, el campo tendría que esperar casi cuatro años para su eliminación total. El impuesto sobre las transferencias bancarias, en tanto, recién podría desaparecer siete años más tarde.

A nivel provincial, los tiempos se extienden y las diferencias entre jurisdicciones son marcadas. Incluso bajo el supuesto de gasto público congelado y de destinar íntegramente el aumento de la coparticipación generado por el crecimiento económico a reemplazar la recaudación de Ingresos Brutos y Sellos, las provincias de mayor tamaño necesitarían bastante más de diez años.

El plazo sería de alrededor de 14 años en Santa Fe y Mendoza, 16 años en Córdoba y casi 20 años en la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, el IERAL remarcó: “A la austeridad en la administración del gasto hay que sumarle audacia y creatividad en la reforma tributaria. Mejorando la recaudación de los buenos impuestos se puede avanzar mucho más rápido en la eliminación de los malos impuestos”.

el IERAL sostuvo que uno de los principales problemas del sistema tributario argentino es la superposición de impuestos sobre un mismo hecho imponible. Como ejemplo, señaló que las ventas están alcanzadas simultáneamente por el IVA, el impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas municipales, una estructura que considera ineficiente y distorsiva.

En ese sentido, la entidad propuso avanzar hacia un esquema de “Súper IVA”, que concentre la recaudación en un único tributo al consumo. Según el instituto, un impuesto de estas características permitiría mantener el nivel de ingresos fiscales con un diseño más simple, neutral y transparente, además de facilitar el control, reducir la evasión y disminuir el impacto negativo sobre la competitividad.

El IERAL también planteó que una reforma de este tipo abriría la posibilidad de eliminar los derechos de exportación sin resignar recursos fiscales, siempre que se fortalezca la recaudación de impuestos como Ganancias y Bienes Personales.

No obstante, advirtió que una transformación de esta magnitud requiere amplios consensos políticos y un importante trabajo técnico. En esa línea, consideró que uno de los errores del Consenso Fiscal de 2017 fue haber apostado por un enfoque gradualista, lo que, a su juicio, terminó debilitando la implementación de la reforma.

“Suponer que la economía crezca de manera de compensar las pérdidas que genere la baja de impuestos es, como lo demostró esa experiencia, una apuesta muy arriesgada”, concluyó el informe.

Un contribuyente mexicano puede tener una deuda registrada ante el SAT sin haber recibido ningún aviso perceptible.

El mecanismo es legal, automático y corre en su contra desde el momento en que la notificación se deposita en el Buzón Tributario, aunque nunca la haya abierto. Así lo establecen el artículo 4 y el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Qué dice la ley cuando la notificación fue irregular

El principio rector en materia fiscal es que ningún acto administrativo puede surtir efectos legales en perjuicio de un particular si no le fue debidamente notificado. Así lo establece el artículo 129 del CFF, que obliga a la autoridad a analizar los vicios de notificación antes de entrar al estudio de fondo del crédito.

El contribuyente puede solicitar la declaración de nulidad de la notificación como agravio principal dentro del recurso que interponga. Si la notificación resulta nula, las gestiones de cobro derivadas de ella también pierden efecto legal.

Qué es un crédito fiscal y cómo se origina

Conforme al artículo 4 del CFF, un crédito fiscal es toda cantidad que el Estado tiene derecho a cobrar por contribuciones, multas o recargos no cubiertos. No se trata de un aviso genérico: es una deuda con monto determinado y exigible.

Ese adeudo puede nacer de dos formas. La primera es la autodeterminación: el contribuyente declara un impuesto —ISR, IVA o IEPS— y no lo paga, con lo que el saldo queda registrado como crédito a su cargo. La segunda ocurre cuando el SAT ejerce sus facultades de comprobación —revisión de gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica— y emite una resolución con el monto adeudado.

También el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) pueden generar créditos fiscales cuando detectan incumplimientos en cuotas de seguridad social o aportaciones para vivienda.

Situaciones que generan el adeudo con mayor frecuencia

Entre las personas físicas, las causas más comunes son las declaraciones presentadas fuera de plazo —el SAT aplica multas automáticas desde el momento en que determina la sanción— y las diferencias en el IVA por errores de cálculo en operaciones con tasas mixtas del 0% y el 16%.

Las inconsistencias entre los ingresos declarados y los depósitos bancarios registrados también activan revisiones. Si la autoridad detecta una brecha, emite una resolución determinativa con el importe a pagar, lo que constituye un crédito fiscal desde ese instante.

En el caso de personas morales, la omisión de retenciones de nómina es uno de los supuestos más graves: si una empresa retiene el ISR de sus empleados pero no lo entera al fisco, ese dinero —que nunca perteneció a la empresa— se convierte en crédito fiscal exigible. Las multas por este concepto pueden alcanzar el 75% del monto omitido.

El Buzón Tributario y la notificación que corre aunque no se lea

Un contribuyente puede desconocer que tiene una deuda ante el SAT porque el sistema de notificación oficial opera de forma que no exige la lectura efectiva del documento. Cuando el SAT deposita un aviso en el Buzón Tributario, envía una alerta al correo o teléfono registrado. Si el contribuyente no abre la notificación dentro de los tres días hábiles siguientes, el artículo 17-K del CFF la tiene por realizada al cuarto día.

A partir de ese momento, el plazo de 30 días hábiles para pagar o impugnar el crédito —establecido en el artículo 65 del CFF— comienza a correr sin importar si el contribuyente leyó o no el documento. Tener el Buzón Tributario desactivado o con datos de contacto desactualizados no suspende ese plazo.

Cómo crece la deuda y las consecuencias de ignorarla

El crédito fiscal no permanece estático. Se actualiza mensualmente con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y acumula recargos por mora del 2.07% mensual, conforme a la Ley de Ingresos de la Federación vigente en 2026. En 2025, esa tasa era del 1.47%.

Si el plazo de 30 días hábiles vence sin respuesta, el SAT puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE). El artículo 156-Bis del CFF faculta a la autoridad para ordenar la inmovilización de cuentas bancarias directamente ante la institución financiera, sin notificar primero al titular. El banco tiene hasta tres días hábiles para ejecutar el bloqueo; solo entonces el SAT avisa al contribuyente.

Las consecuencias adicionales incluyen el bloqueo del sello digital —lo que paraliza la facturación— y una Opinión de Cumplimiento negativa, que puede impedir la celebración de contratos y el cobro de pagos corporativos.

Cómo verificar si existe un crédito fiscal

Cualquier contribuyente puede consultar sus adeudos en sat.gob.mx ingresando con su RFC y contraseña o e.firma, en la sección “Mi Portal → Créditos Fiscales”. Otra vía es revisar la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, prevista en el artículo 32-D del CFF: si el resultado es negativo, hay algún pendiente registrado.

Opciones de regularización disponibles en 2026

Ante un crédito fiscal determinado, el CFF contempla tres alternativas. La primera es el pago inmediato dentro del plazo de notificación, generando una línea de captura en el Buzón Tributario. La segunda es el pago en parcialidades: el artículo 66 del CFF permite hasta 36 mensualidades con un enganche del 20% del adeudo actualizado.

La tercera opción es el Programa de Regularización Fiscal 2026, que permite eliminar hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución para adeudos del ejercicio 2024 y anteriores.

Pueden acceder personas físicas y morales cuyos ingresos totales en 2024 no hayan excedido los $300,000,000 MXN. El pago puede realizarse en una sola exhibición o en hasta seis parcialidades antes del 30 de noviembre de 2026, mediante el trámite en “Mi Portal → Estímulo Fiscal LIF 2026”.

De acuerdo con el artículo 146 del CFF, el crédito fiscal prescribe en un plazo de cinco años contados desde que el pago pudo ser legalmente exigido, aunque ese término puede interrumpirse si el SAT realiza gestiones de cobro notificadas al contribuyente.

Los colectivos Salud Justa Mx y Red de Acción sobre el Alcohol demandan la creación de una política nacional y fiscal para la venta de alcohol en México, luego de que al menos cinco personas murieron durante los festejos de la Copa Mundial FIFA 2026, en la Ciudad de México.

En un comunicado, los colectivos atribuyeron prinicpalmente estos hechos al consumo de bebidas alcohólicas.

Indicaron que también se registraron siniestros viales y episodios de violencia de género asociados al alcohol durante las celebraciones.

Las organizaciones advierten que la falta de una política nacional que regule la venta y consumo de alcohol permite que la industria normalice prácticas que ponen en riesgo a la población.

“A pesar de la atmósfera de fiesta y cohesión social, los grandes eventos deportivos esconden una realidad alarmante: el recrudecimiento de la violencia de género, tanto dentro de los espacios públicos como en el ámbito privado.

“De acuerdo con ONU Mujeres, durante torneos de gran magnitud las llamadas de emergencia por violencia familiar se incrementan hasta en un 30%”, señaló Yahaira Ochoa Ortiz, de Salud Justa Mx.

Ochoa Ortiz agrega que al menos una de las cinco muertes reportadas durante los festejos se atribuye a una congestión alcohólica.

“No es normal que un festejo termine en tragedia a causa del alcohol. No podemos seguir permitiendo que la industria alcoholera normalice el consumo de alcohol. Aumentar los impuestos, regular la disponibilidad y restringir la comercialización de alcohol son políticas públicas urgentes que el gobierno y el Congreso deben atender”, sostiene.

Organizaciones reclaman regulación y aumento de impuestos

El llamado de los colectivos es implementar medidas fiscales y comerciales estrictas, al proponer aumentar el IEPS, restringir la publicidad y regular la disponibilidad.

Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol, afirmó que “las muertes y los hechos de violencia ocurridos durante los festejos del Mundial no son hechos aislados ni una consecuencia inevitable de la pasión por el fútbol”, al afirmar que “son tragedias previsibles y, sobre todo, prevenibles”.

“Mientras el consumo nocivo de alcohol siga normalizado, promovido por la industria y sin regulación suficiente, estos episodios continuarán repitiéndose. México no puede seguir respondiendo únicamente cuando la tragedia ya ocurrió”, agregó.

Diana Álvarez, de Voces Jóvenes por Derecho a la Salud Mx-Servicios a la Juventud A.C., advierte sobre el mensaje de normalización del consumo de alcohol durante eventos masivos y festivos.

“El problema central es que las leyes actuales están dispersas y enfocadas en el producto o en el orden público local, pero México carece de una política como la que estamos exigiendo”, comentó.

Efectos del alcohol y demanda de respuestas estructurales

Norberto Hernández Llanes, coordinador del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol, explicó que “el alcohol afecta el sistema nervioso desde el primer trago. Al llegar al cerebro, disminuye la actividad de la corteza prefrontal, el área que regula la conducta, y cuando ese freno está inhibido, las personas pierden el control de impulsos, lo que puede derivar en violencia”.

Los colectivos reiteran que las tragedias registradas durante los festejos del Mundial 2026 son prevenibles y exigen una respuesta estructural a nivel nacional para proteger la salud pública y evitar nuevas muertes vinculadas al consumo de alcohol.

CDMX reporta cinco muertes durante festejos del Mundial 2026

El Gobierno de la Ciudad de México elevó a cinco la cifra de muertes relacionadas con los festejos mundialistas tras el partido entre México e Inglaterra, informó Nadine Gasman Zylbermann, titular de la Secretaría de Salud Pública capitalina.

La funcionaria explicó en conferencia de prensa que las defunciones ocurrieron en el contexto de celebraciones masivas en calles como Paseo de la Reforma y el Zócalo, donde las aglomeraciones, estampidas y consumo de alcohol generaron situaciones de riesgo.

Desde el inicio del Mundial el 11 de junio y hasta la madrugada del 6 de julio, los servicios de emergencia atendieron 3,563 incidentes vinculados a los festejos, con 93 personas trasladadas por diversos motivos, entre ellos traumatismos e infartos, tanto en nacionales como en extranjeros.

De estas atenciones, 801 ocurrieron el domingo 5 de julio, con 490 en Paseo de la Reforma, 71 en el Zócalo y 240 dentro del estadio.

Las muertes reportadas incluyen cuatro aficionados fallecidos en las inmediaciones de Reforma tras el triunfo de México ante Ecuador, lo que motivó a la Fiscalía capitalina a abrir investigaciones, tres de ellas por homicidio culposo.

Las víctimas identificadas son Emilin Yumith Téllez, de 48 años; Joshami Irais Robles, de 19; Leonardo Ruiz, de 44, y un hombre más de 35 años originario de Huixquilucan, Estado de México.

El Gobierno de la CDMX aseguró que dará acompañamiento institucional a las familias afectadas. La mayoría de las atenciones médicas correspondieron a casos no graves (3,438), mientras que 109 requirieron atención médica adicional.

Los operativos de seguridad y atención se concentraron en Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, la Fuente de la Diana, la Glorieta del Ahuehuete y el Zócalo, donde se ubicó el Fan Fest.

El gobierno de República Dominicana impulsa un proyecto de ley orientado a reforzar la recaudación fiscal mediante un recargo temporal al impuesto sobre la renta de grandes empresas, según el análisis realizado por la agencia inglesa Emerging Finance (EMFI).

La iniciativa, presentada el 11 de junio de 2026 bajo el nombre de “Medidas para Impulsar el Crecimiento Económico y Mitigar la Crisis Internacional”, busca recaudar entre 0.4% y 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) y responde a la necesidad de afrontar presiones fiscales agravadas por el entorno internacional.

El reporte de EMFI detalla que la propuesta gubernamental se centra en una carga fiscal adicional para el sector corporativo de mayor tamaño, evitando tocar las bases impositivas más amplias, como el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), los impuestos selectivos y los subsidios eléctricos. Esta decisión, de acuerdo con la agencia, refleja los altos costos políticos y sociales que implicaría una reforma más profunda en un año preelectoral.

El documento subraya que la estrategia oficial se distancia de las recomendaciones estructurales formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre ellas, el organismo multilateral sugiere ampliar la base del ITBIS, racionalizar los incentivos fiscales y transformar el esquema de subsidios al sector eléctrico.

Según Emerging Finance, estas reformas estructurales representarían “un salto cualitativo en la recaudación”, pero su implementación supondría un desafío político considerable para el actual gobierno de Luis Abinader.

“La reforma propuesta no modifica el bajo nivel estructural de la presión tributaria”, señala el informe de EMFI. La agencia advierte que el paquete fiscal presentado solo compensa desvíos cíclicos en la recaudación, pero no altera las bases que limitan la consolidación fiscal a mediano plazo. El estudio destaca que el nivel de recaudación tributaria de República Dominicana se mantiene por debajo de la media regional, lo que restringe la capacidad del Estado para afrontar pasivos y garantizar la sostenibilidad de la deuda a futuro.

En el análisis de la agencia, se menciona que la administración de Abinader elige una vía políticamente viable, con altas probabilidades de aprobación en el Congreso y respaldo de los principales gremios empresariales, pero posterga los cambios estructurales que podrían fortalecer las finanzas públicas de forma sostenida. “Se trata de una medida temporal y de bajo riesgo político”, detalla el informe, que también enfatiza la ausencia de iniciativas para racionalizar exenciones, reducir subsidios o expandir gravámenes generales como el ITBIS.

El impacto del contexto internacional

El entorno internacional constituye otro factor en el diagnóstico de Emerging Finance. La economía dominicana enfrenta una coyuntura marcada por la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, una alta dependencia del sector turismo y presiones externas sobre el tipo de cambio y las reservas internacionales. La agencia destaca que la posición de liquidez del país resulta “más débil frente a sus pares regionales”, lo que limita el margen de maniobra fiscal y expone a la economía a choques externos.

EMFI sostiene que la sostenibilidad de la deuda pública dominicana se mantiene, pero advierte que la persistente baja presión tributaria, junto con el peso creciente de los pagos por intereses, restringe el espacio fiscal. El informe recomienda una estrategia de “mantener” (hold) la posición en bonos soberanos dominicanos, dado que no se prevén mejoras significativas en la calificación crediticia ni en el perfil de riesgo país en el corto plazo. Uno de los pasajes señala: “La medida es suficiente para compensar desvíos temporales, pero no soluciona la vulnerabilidad estructural de las cuentas fiscales”.

Los desafíos fiscales de fondo

El reporte de Emerging Finance también pone el foco en los retos de mediano plazo para la economía dominicana, especialmente la necesidad de avanzar hacia una reforma tributaria integral que ataque los principales puntos débiles identificados por organismos internacionales. Entre los desafíos pendientes figuran la reducción de exenciones fiscales, la ampliación de la base del ITBIS y la reestructuración de los subsidios al sector eléctrico, que representan un gasto considerable en las cuentas públicas.

El informe matiza que la coyuntura electoral limita la capacidad del gobierno para adoptar medidas de mayor alcance. “La proximidad de las elecciones desalienta reformas impopulares, por lo que se opta por alternativas que generen recaudación inmediata sin afectar a la mayoría de los contribuyentes”, puntualiza la agencia. El análisis de EMFI estima que la aprobación del paquete fiscal en el Congreso es probable, dado el respaldo político y el apoyo de los principales grupos empresariales.

Emerging Finance sostiene: “La economía dominicana seguirá mostrando resiliencia, pero la consolidación fiscal real dependerá de decisiones estructurales que aún no se han abordado”.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) transformó en 2026 su forma de operar en dos frentes simultáneos: lleva módulos itinerantes a colonias y municipios de todo el país para que cualquier persona tramite su RFC, e.firma o Constancia de Situación Fiscal sin cita previa, mientras endurece la fiscalización con criterios de auditoría públicos, inteligencia artificial y consecuencias penales para las facturas falsas.

Ambas medidas forman parte del Plan Maestro 2026, presentado el 26 de enero por el titular del organismo, Antonio Martínez Dagnino, con una meta de recaudación histórica de 5.8 billones de pesos.

El giro más profundo en años

En 2024 y 2025, el SAT operó en modo reactivo: cobró adeudos de grandes contribuyentes, limpió el padrón de importadores e introdujo mejoras al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). El plan de 2025 organizaba sus revisiones por sectores económicos de alto riesgo.

El Plan Maestro 2026 abandona esa lógica por completo. La autoridad fiscal adoptó un modelo preventivo y predictivo, apoyado en analítica de datos masivos y aprendizaje automático, para identificar patrones de riesgo antes de que deriven en evasión consolidada. Las auditorías ya no se activan por incumplimientos detectados a posteriori, sino por señales que el sistema cruza en tiempo real contra las declaraciones y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de cada contribuyente.

El cambio estructural más notable es que, por primera vez, el SAT publica de forma anticipada y explícita los criterios que activan una auditoría. En planes previos, los contribuyentes solo conocían los motivos de una revisión cuando esta ya había comenzado.

Más oficinas, módulos en los 32 estados y atención en lenguas indígenas

El plan contempla la apertura de nueve nuevas oficinas en Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, la expansión de infraestructura de atención más amplia desde la creación del organismo en 1997.

El programa Oficina Móvil se extiende de forma ininterrumpida a los 32 estados durante todo 2026. Estos módulos itinerantes acercan trámites esenciales a comunidades sin acceso a oficinas permanentes, donde trasladarse a una sede fija puede implicar varias horas de viaje. El calendario de sedes se publica cada semana en sat.gob.mx: durante la semana del 29 de junio al 3 de julio, los módulos operaron en 19 estados con una meta de 8,600 trámites y atención a 4,500 contribuyentes.

El Servicio de Aclaración al Contribuyente se transforma en la Ventana Virtual de Atención para resolver controversias de forma más ágil y conclusiva. El sistema de citas se amplía para orientar a contribuyentes en proceso de auditoría sobre sus derechos y obligaciones, y se incorpora asistencia en lenguas originarias —maya, mixteco y zapoteco— para integrar a comunidades indígenas al sistema fiscal formal.

Qué trámites ofrece el módulo y qué documentos llevar

En cada módulo itinerante los contribuyentes pueden realizar cuatro gestiones de forma gratuita y sin cita: inscripción al RFC, generación y renovación de la e.firma, emisión de la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y orientación sobre obligaciones fiscales.

El horario general de atención es de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas, aunque algunas sedes operan con horarios diferenciados.

Para cualquier trámite presencial se requiere identificación oficial vigente con fotografía —credencial del Instituto Nacional Electoral, pasaporte o cédula profesional— y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Para tramitar la e.firma por primera vez se necesita además un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y una memoria USB con al menos 1 megabyte libre. Durante la cita, el personal recaba datos biométricos: huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía y firma autógrafa.

La inscripción al RFC exige también el acta de nacimiento certificada. El formato R-1 se llena en el propio módulo.

Trámites en línea: sin salir de casa

Quienes ya cuenten con RFC y contraseña pueden obtener la Constancia de Situación Fiscal por tres canales digitales. El primero es el portal sat.gob.mx, donde basta iniciar sesión, ingresar a “Trámites del RFC” y seleccionar “Generar Constancia” para descargar el documento en PDF.

El segundo es la aplicación SAT Móvil —disponible para Android e iOS—, que permite obtener la constancia en menos de cinco minutos. El tercero es SAT ID, que utiliza reconocimiento biométrico facial sin requerir e.firma: el contribuyente graba un video de validación y recibe el documento en su correo en un plazo de hasta cinco días hábiles.

La renovación de la e.firma, si está vigente o venció hace menos de un año, también puede realizarse en línea desde SAT ID sin cita presencial.

A quién audita el SAT en 2026

Las revisiones se concentran en contribuyentes que encajen en alguno de 12 criterios de conducta, sin distinción de sector. Quedan bajo la mira quienes operen con factureras o nomineras, presenten pérdidas fiscales recurrentes, simulen deducciones, obtengan ingresos no declarados, abusen de estímulos fiscales o muestren inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.

También activan una revisión la subvaluación en importaciones, el incumplimiento en retenciones de nómina, las operaciones con paraísos fiscales, las devoluciones improcedentes, una tasa efectiva de impuesto por debajo del promedio sectorial y el incumplimiento de regulaciones no arancelarias.

El SAT garantiza criterios uniformes en cualquier oficina del país para partidas como descuentos, depósitos no identificados, materialidad, mercadotecnia e importaciones. La misma operación recibe el mismo tratamiento en Ciudad de México, Monterrey o Mérida. Para quienes cumplen correctamente y a tiempo, el plan es explícito: no se emitirán actos de fiscalización en su contra.

Facturas falsas: denuncia penal y 30 días para regularizarse

El combate a los comprobantes fiscales apócrifos operaba en planes anteriores como un procedimiento principalmente administrativo con plazos amplios. El Plan Maestro 2026 endurece cada etapa.

Ante una empresa detectada como emisora de facturas falsas, el SAT practica una visita domiciliaria inmediata y suspende el certificado de sello digital desde el primer día. Si se confirma la simulación, presenta denuncia ante el Ministerio Público bajo un nuevo tipo penal de defraudación fiscal calificada, sin suspender el procedimiento administrativo en paralelo.

La medida más drástica es la “muerte civil corporativa”: el SAT negará la inscripción al RFC a nuevas empresas cuyos representantes, socios o accionistas hayan participado previamente en compañías emisoras de comprobantes falsos. El antecedente persigue a las personas, no a las razones sociales.

Para quienes compraron esas facturas, el plazo es de 30 días para corregir su situación fiscal una vez declarados falsos los comprobantes. A diferencia de procedimientos anteriores, en este esquema el contribuyente no puede probar ante el SAT la materialidad de las operaciones dentro de ese lapso. Si no se regulariza, pierde su sello digital.

Beneficios para quien cumple: devoluciones más rápidas y descuento total en multas

Dos medidas sin precedente directo en planes anteriores favorecen a los contribuyentes en regla. Los plazos de devolución de impuestos se reducen a cinco días para personas físicas y 30 días para personas morales, frente a tiempos que en años previos podían extenderse por meses.

Un programa de regularización fiscal, dirigido a contribuyentes con ingresos anuales de hasta 35 millones de pesos, ofrece una reducción del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución para quienes corrijan adeudos de forma voluntaria. El RESICO recibe facilidades administrativas adicionales para atraer a más contribuyentes hacia un esquema de tasas de ISR reducidas basado en flujo de efectivo facturado.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lleva sus servicios fiscales directamente a municipios, universidades, centros de trabajo y ferias de empleo de todo el país a través de su programa Oficina Móvil, que opera módulos de atención gratuita y sin cita previa.

Las jornadas de julio abarcan del 1 al 10 en diferentes entidades de la república, con el calendario completo de fechas, horarios y ubicaciones disponible en el portal oficial

El programa forma parte del Plan Maestro 2026 del organismo encabezado por Antonio Martínez Dagnino, cuyo primer eje estratégico establece como prioridad una “atención honesta, cercana y con calidez”. Bajo ese lineamiento, el SAT reforzó el despliegue de módulos itinerantes en las 32 entidades federativas para reducir la brecha de acceso a servicios tributarios en zonas con menor infraestructura institucional.

Qué es la Oficina Móvil y a quién atiende

La Oficina Móvil instala módulos temporales en plazas públicas, presidencias municipales, centros comunitarios y recintos de fácil acceso. Puede establecerse en municipios y localidades alejadas de zonas urbanas, comunidades indígenas, universidades, centros de trabajo, ferias de empleo y eventos de instituciones públicas o privadas.

La atención está dirigida principalmente a personas físicas de las comunidades anfitrionas. Dependiendo del evento o la sede, también puede atenderse al público en general, sujeto a los protocolos de cada institución organizadora.

Desde su implementación en 2022, el programa ha brindado atención a más de 216 mil contribuyentes en todo el país, combinando trámites con asesoría personalizada y sesiones de cultura contributiva.

Trámites disponibles y qué documentos llevar

Los módulos itinerantes cubren los cuatro servicios fiscales más solicitados por personas físicas. A continuación, los requisitos específicos para cada uno:

Inscripción al RFC: Se requiere identificación oficial vigente, CURP impreso y actualizado, comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses, acta de nacimiento certificada y correo electrónico activo. El formato de inscripción R-1 se llena directamente en el módulo.

Generación o renovación de e.firma: Además de los documentos generales, se debe llevar una memoria USB para guardar los archivos del certificado. Para la renovación, conviene tener a la mano los archivos anteriores (.cer y .key) y la contraseña de la firma vigente, en caso de recordarla. La primera generación de e.firma es un trámite exclusivamente presencial.

Constancia de Situación Fiscal (CSF): Se tramita con RFC vigente e identificación oficial. Si se realiza en línea, se requiere además e.firma o contraseña del SAT; en el módulo, el personal imprime el documento directamente.

Orientación fiscal: El personal brinda asesoría para habilitar el Buzón Tributario, activar o actualizar medios de contacto y resolver dudas sobre facturación electrónica con el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Como documentos de identificación oficial, el SAT acepta credencial para votar (INE/IFE), pasaporte mexicano, cédula profesional o cartilla del Servicio Militar Nacional. Para el comprobante de domicilio son válidos recibos de luz (CFE), agua, gas natural, teléfono fijo o estados de cuenta bancarios, siempre a nombre del contribuyente y con vigencia no mayor a tres meses.

El Plan Maestro 2026: más oficinas y tecnología fiscal

Más allá de los módulos itinerantes, el Plan Maestro 2026 contempla la apertura de nueve nuevos módulos de atención fija en puntos estratégicos: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. La medida responde a la saturación de citas en zonas de alto crecimiento económico.

En materia digital, las aplicaciones SAT Móvil y Factura SAT Móvil recibirán actualizaciones para que micro y pequeños empresarios puedan facturar, consultar su situación fiscal y generar constancias desde el teléfono celular. El plan también perfecciona el prellenado automático de declaraciones a partir de los CFDI emitidos y recibidos por cada contribuyente.

Otra medida del plan es la Ventana Virtual de Aclaraciones, una plataforma que busca agilizar la resolución de controversias y reducir los tiempos de espera en aclaraciones administrativas. En materia de inclusión, el SAT ofrecerá asistencia en lenguas originarias —entre ellas maya, mixteco y zapoteco— para integrar a comunidades indígenas al sistema formal.

Regularización fiscal y combate a facturas falsas

El Plan Maestro 2026 incluye un Programa de Regularización Fiscal dirigido a personas físicas y morales con ingresos anuales de hasta 35 millones de pesos. El beneficio consiste en una reducción del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución para quienes corrijan adeudos de forma voluntaria.

En paralelo, el SAT refuerza el combate a las empresas que emiten o deducen facturas de operaciones simuladas. Quienes reciban una factura declarada posteriormente como falsa tendrán 30 días para corregir su situación fiscal; de lo contrario, enfrentarán la restricción de sus certificados de sello digital, lo que impediría seguir facturando.

Para la detección de irregularidades, el organismo utilizará modelos de analítica de datos e inteligencia artificial orientados a identificar contribuyentes con pérdidas fiscales recurrentes injustificadas, tasas de impuesto por debajo del promedio sectorial o inconsistencias entre ingresos facturados e IVA declarado.

Horarios y cómo evitar contratiempos

El horario general de atención en los módulos es de 9:00 a 17:00 horas de lunes a jueves, y de 9:00 a 15:00 horas los viernes. Algunas sedes operan con horarios diferenciados según el evento o la institución anfitriona.

El SAT recomienda llegar con anticipación, verificar el calendario antes del traslado y llevar originales y copias de todos los documentos —las copias quedan en poder del organismo. Los martes y miércoles por la mañana suelen registrar menor tiempo de espera en oficinas fijas, criterio que puede aplicarse también a los módulos itinerantes.

Todos los servicios son estrictamente gratuitos. Cualquier cobro por citas o trámites debe denunciarse al correo denuncias@sat.gob.mx

La recaudación tributaria volvió a caer. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer que en junio los ingresos totales tuvieron una variación negativa real del 7,1% contra el 2025. Sin embargo, integrantes del Gobierno niegan que esto sea un reflejo fidedigno de lo que está sucediendo con la actividad económica, ya que se debe tener en consideración la baja de impuestos. La expectativa está en que repunte en julio a partir del pago de Ganancias de personas humanas.

Luego del mal dato de actividad en mayo, ARCA informó que en junio las tres fuentes de ingresos tributarios (DGI, Aduana y Anses) recaudaron en conjunto $20 billones, un incremento nominal del 23,7% respecto del mismo mes del año anterior, mientras los precios se elevaron 33,2% en ese lapso. En términos reales registró una caída de 7,1 por ciento.

Sin embargo, desde el equipo económico niegan que sea un reflejo fidedigno de lo que está sucediendo con la actividad. “Hay que tener cuidado con lo que se infiere respecto a los datos de recaudación porque en especial en el último año han habido muchos cambios que hace que se distorsione la forma la cual se analiza la recaudación”, advirtió Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del Ministerio de Economía.

Es que en los últimos doce meses se implementaron modificaciones en los aranceles, con bajas de retenciones temporales y permanentes, además de alteraciones en el calendario de vencimientos para el pago de impuestos. Bajo la perspectiva de Núñez, estos factores afectan directamente la comparación interanual y la interpretación de los datos de recaudación.

A la vez, Núñez remarcó que en el caso de IVA “viene un poco por debajo de la inflación y se usaron los saldos para aplicarse al pago de Bienes Personales”. Además, indicó diferencias entre compras y ventas, ya que las empresas abonan el impuesto al mes siguiente y las pymes lo hacen hasta tres meses después, lo que complica la utilización de este tributo como indicador inmediato de la actividad económica. Y sostuvo que “lo que grava las transacciones formales de la economía es el impuesto a los débitos y créditos que vino en línea con la inflación”.

En junio, el impuesto a las Ganancias para personas físicas experimentó un diferimiento en el calendario de vencimientos a raíz de las dudas que los contadores le plantearon al ministro de Economía, Luis Caputo, por la Ley de Inocencia Fiscal que contempla la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).

De cara a lo que viene, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó que en julio puede que haya un repunte de la recaudación a causa de la presentación de la declaración jurada de Ganancias. “Al postergarse a un mes el vencimiento del impuesto a las ganancias para personas humanas, los saldos de las declaraciones que había que ingresar se pasaron al mes siguiente y no hubo un anticipo adicional”, sostuvo. El especialista aclaró que este cambio generó un corrimiento de los ingresos esperados de junio hacia julio.

Ahora las proyecciones apuntan a que en julio la recaudación muestre un repunte comparable al de mayo, mes en el que se cortó una racha de nueve descensos consecutivos. Aquella mejora se debió a la presentación de la declaración jurada de Ganancias por parte de sociedades. En esta oportunidad, el eventual aumento estaría asociado al pago del impuesto a las Ganancias por parte de personas físicas, un factor puntual y no estructural dentro de la dinámica de los ingresos tributarios.

Próximo ajuste

La cuestión es que el factor que podría impulsar la recaudación en julio, en los meses siguientes tendría un impacto opuesto. Una vez que se conozca el dato de inflación de junio, se establecerá el aumento promedio de precios del primer semestre y, en consecuencia, el monto a partir del cual se paga el impuesto a las Ganancias deberá actualizarse. Esta actualización reducirá la cantidad de contribuyentes alcanzados y podría afectar negativamente la recaudación en el futuro cercano.

Las estimaciones de consultoras como Analytica y Fundación Libertad y Progreso ubicaron la inflación de junio en 1,8% mientras que EcoGo y C&T lo hicieron en 1,9 por ciento. Lo que va en línea con las expectativas que tienen en el Gobierno de que la inflación se ubique por debajo del 2% en sexto mes del año tras el 2,1% que marcó en marzo.

Con este conjunto de proyecciones, la dinámica acumulada del semestre podría ubicarse en torno al 17%, un porcentaje que impactará sobre Ganancias, ya que el monto mínimo desde el cual los trabajadores quedan alcanzados por el tributo se actualiza en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del primer semestre.

Con esas proyecciones un asalariado soltero comenzaría a pagar Ganancias desde un salario neto de $2.900.000, frente a los $2.500.000 previos. En el caso de un trabajador casado sin hijos, el piso sube de $2.900.000 a $3.371.000, y para un casado con dos hijos, de $3.300.000 a 3.847.000 pesos.

Domínguez puntualizó que el IPC refleja el promedio de los incrementos de precios y que, al tomarse como referencia para actualizar el mínimo no imponible, algunos asalariados resultan beneficiados y otros no. En particular, quienes tuvieron aumentos salariales por debajo del IPC y hoy tributan Ganancias verán reducidas las retenciones, ya que las deducciones y escalas aumentan más que sus ingresos.

La atención también se concentra en el impacto de estos cambios sobre la recaudación de agosto, ya que la nueva actualización de los mínimos no imponibles, sumada a la carrera de los salarios respecto de la inflación, implicará que una menor cantidad de trabajadores pague el impuesto o que lo haga con una alícuota más baja. La dinámica de la recaudación en los próximos meses se encuentra condicionada por la sucesión de ajustes técnicos y la evolución de la inflación, mientras especialistas y funcionarios remarcan la importancia de analizar cada componente en su contexto particular.

Desde el 1 de enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria cuenta con un mecanismo legal para presentarse en cualquier negocio, bodega o local comercial, grabar todo lo que encuentre y bloquear la capacidad de facturar del contribuyente el mismo día de la visita, sin necesidad de una auditoría tradicional.

El instrumento es el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2025. Su propósito: verificar si los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que emite un contribuyente amparan operaciones que realmente ocurrieron.

Qué cambió con la reforma fiscal de 2026

La fracción IX incorporada al artículo 29-A del CFF establece que todo CFDI debe amparar “operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales”. El que no cumpla ese requisito se considera falso, aunque haya sido timbrado correctamente y cuente con todos los campos técnicos en orden.

Un comprobante puede estar perfectamente formateado en XML, haber pasado las validaciones del SAT y aun así ser declarado falso si la transacción que lo origina no puede demostrarse con documentos.

Antes de esta reforma, la validez de una factura se evaluaba por su estructura técnica. Ahora también se evalúa por la realidad de la operación que la origina.

Cómo opera la visita domiciliaria exprés

Las visitas no son masivas ni aleatorias. El SAT opera modelos algorítmicos que cruzan en tiempo real los CFDI emitidos y recibidos, las declaraciones fiscales, los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la información bancaria y los datos de comercio exterior.

Cuando esos cruces detectan inconsistencias, la autoridad puede iniciar el procedimiento del artículo 49 Bis. Los visitadores deben identificarse oficialmente y entregar la orden al contribuyente, a su representante legal o al encargado del establecimiento.

A partir de ese momento, están autorizados para fotografiar y grabar audio y video de forma inmediata. Las inspecciones pueden realizarse en domicilios fiscales, sucursales, oficinas, bodegas, almacenes, locales comerciales y puestos fijos o semifijos en la vía pública.

La facturación se bloquea desde el primer día

El golpe más inmediato del procedimiento no es la multa: es la parálisis operativa. Desde el momento en que se notifica la orden de visita, el Certificado de Sello Digital (CSD) del contribuyente queda suspendido de forma automática.

Sin el CSD, es imposible emitir cualquier factura electrónica nueva hasta que el procedimiento concluya. Para un negocio que opera con clientes que exigen CFDI, eso equivale a una detención de operaciones.

El plazo total del proceso no puede superar 24 días hábiles: cinco para que el contribuyente presente sus pruebas y 15 adicionales para que la autoridad emita su resolución.

Qué debe probar el contribuyente y en qué tiempo

La reforma invierte la carga de la prueba: no es el SAT quien debe demostrar que la operación fue falsa, sino el contribuyente quien debe acreditar que fue real. Según los criterios del SAT y la regla 2.9.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, el expediente de “materialidad” debe demostrar cuatro elementos:

Sustancia económica: la operación debe tener un propósito de negocio real, no solo un beneficio fiscal.

Capacidad operativa del proveedor: personal inscrito en el IMSS suficiente para ejecutar el servicio, infraestructura verificable, domicilio fiscal localizable y actividad económica registrada congruente con lo facturado.

Evidencia de prestación: entregables, reportes, fotografías del trabajo realizado, bitácoras, correos electrónicos con metadatos, órdenes de compra y minutas.

Trazabilidad financiera: los pagos deben realizarse mediante transferencia electrónica (SPEI) o cheque nominativo. Los pagos en efectivo superiores a $2,000 pesos no acreditan materialidad, sin importar que exista factura de por medio.

Qué pasa si el SAT declara falsas las facturas

Si el contribuyente no logra desvirtuar la presunción en el plazo establecido, el SAT emite una resolución que declara los CFDI falsos. Las operaciones que amparan dejan de tener efectos fiscales y el CSD se cancela de forma definitiva.

Dentro de los 45 días hábiles siguientes, el nombre y el RFC del emisor se publican en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación.

En casos graves, la reforma tipifica como delito la expedición, adquisición o uso de comprobantes fiscales falsos, con penas de 2 a 9 años de prisión y multas de hasta el 55% del monto total facturado.

El riesgo se extiende a quienes recibieron esas facturas

Las consecuencias no se limitan al emisor. Los contribuyentes que recibieron los CFDI declarados falsos y los usaron para deducir gastos o acreditar IVA tienen 30 días naturales desde la publicación en el DOF para presentar una declaración complementaria y revertir esos efectos fiscales.

Quienes no actúen en ese plazo también arriesgan la restricción temporal de su propio Certificado de Sello Digital, lo que los deja sin capacidad de facturar aunque nunca hayan sido investigados directamente.

Para 2026, el SAT tiene programadas más de 16,200 auditorías con criterios uniformes aplicados en las 32 entidades federativas.

El empresario Víctor de Aldama, que se ha librado de pisar la cárcel tras la última sentencia del Tribunal Supremo en el marco del ‘caso Koldo’, celebró este fin de semana su buena fortuna judicial en la boda de un buen amigo suyo: el abogado Vicente Sanmartín Aisa, que defiende en la causa en la que Aldama está imputado por defraudar impuestos a una de las sociedades “instrumentales” que utilizaron Aldama y sus socios para no cumplir con la Hacienda española. El enlace matrimonial se celebró en Ibiza y en él estuvieron otros imputados como los empresarios Claudio Rivas y Félix Aparicio. Todos ellos están siendo investigados en la Audiencia Nacional por defraudar 182,5 millones de euros.

“Araceli y Vicente… no tengo palabras para describiros. Sois dos personas maravillosas, de esas que hacen la vida más bonita a quienes tenemos la suerte de conoceros. No sé cuál de los dos tiene el corazón más grande, porque ambos sois extraordinarios. Gracias por dejarme formar parte de un día tan importante para vosotros", ha escrito Aldama en sus redes sociales para felicitar a los novios. Vicente es Vicente Sanmartín, uno de los letrados que colabora en esta causa. Él es el abogado de la empresa Obaoil 3000, que la UCO define como “sociedad instrumental” de Claudio Rivas y Víctor de Aldama. En concreto, la Guardia Civil señala en sus informes que Obaoil 3000 sirvió para defraudar 70,3 millones de euros en pagos de IVA no realizados.

Para administrar esta empresa, la trama liderada por Rivas y Aldama utilizó a un joven testaferro, Aarón Gómez Rodríguez, un veinteañero que se encuentra en paradero desconocido. Vicente Sanmartín es el letrado de Obaoil 3000 desde marzo de 2025. Víctor de Aldama, junto a su socio Claudio Rivas, “se encuentran en la cúspide de la dirección de la organización criminal controlando la estructura societaria encabezada por Villafuel SL”, una operadora que suministraba hidrocarburos en el mercado español. El sistema de fraude era sencillo. Villafuel SL es la operadora que conseguía el combustible. Luego Villafuel vendía el producto a siete suministradoras. Una de ellas era Obaoil 3000.

De hecho, de las siete suministradoras, Obaoil 3000 es la que más defrauda. “Villafue interpone a la suministradora Obaoil 3000 para, a través de ella, cometer la defraudación al simular la transmisión de productos petrolíferos, asumiendo la responsabilidad del impago del impuesto correspondiente”, señala la UCO, que recalca que esta empresa también es “utilizada para canalizar los fondos de procedencia delictiva a Portugal, con la finalidad de alejarlos, ocultarlos y dificultar su trazabilidad. Además de ello, se utiliza para la adquisición de vehículos y embarcaciones de recreo, disponiéndolos para el disfrute de los responsables de la organización criminal”. Obaoil desvió a Portugal unos 13 millones y aparece ahora en el último listado de morosos que la Agencia Tributaria hizo público este martes: adeuda 72,4 millones de euros, un poco más de lo que detectó la UCO en 2024.

“Un testaferro cualificado”

Otro de los invitados a la boda fue Félix Aparicio. “Es un miembro destacado dentro de la organización criminal, puesto que mantiene una relación de amistad con los codirigentes de la misma: Claudio Rivas y Víctor de Aldama”, señala la UCO. Aparicio fue administrador único de otra suministradora, Salamanca Fuel Center, “sociedad interpuesta por la organización criminal para perfeccionar el fraude tributario”, que se cuantifica en 34,6 millones de euros. “Dentro de la organización criminal, Félix Aparicio desarrolla funciones principalmente de testaferro cualificado a las órdenes de los líderes de la organización criminal, al objeto de desvincularlos de la mercantil con la que directamente se llevó a cabo el impago del IVA”.

Otro de los invitados a la boda fue Claudio Rivas, que acudió junto a su mujer Stella Duarte. Apenas hay fotos de Rivas en la boda, solo una en la que sale de espaldas. Rivas es definido como el gran cerebro de la trama. “Experimentado en operativas asociadas a la delincuencia económica y, especialmente, en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales en el sector de los hidrocarburos”, le califica la UCO. Rivas no solo está investigado en este caso, bautizado como ‘caso Villafuel’. También está procesado en el ‘caso Gaslow’, donde el fraude en impuestos asciende a 118 millones de euros; y en el caso ‘SKT Oil’, donde se le acusa de defraudar otros 70 millones de euros. Rivas también ha sido una de las figuras clave en el ‘caso Koldo’. Fue él quien se encargó de adquirir un chalé en La Línea de la Concepción (Cádiz) para que lo disfrutara José Luis Ábalos a cambio de que el político intermediara a su favor en la concesión de la licencia de operador para Villafuel.

La UCO no tiene dudas de que Rivas y Aldama tenían el control sobre la empresa Obaoil 3000. Que hayan acudido este fin de semana a la boda del abogado de esta sociedad instrumental refuerza más sus indicios. De hecho, la UCO ya detectó que un vehículo Land Rover matriculado a nombre de Obaoil 3000 fue encontrado aparcado en la finca Matasanos (en Cilleros, Cáceres), propiedad de Rivas. La Guardia Civil también investiga si la pareja de Rivas, Stella Duarte, ha tenido una mayor implicación en el entramado defraudatorio diseñado por su marido. Rivas y Aldama están imputados por blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y delito fiscal en el ‘caso Villafuel’. Aldama también espera salir relativamente airoso de esta causa. Ya lo ha conseguido en la primera sentencia del ‘caso Koldo’

Aunque ha sido condenado a cuatro años y cinco meses de prisión no tendrá que ir a la cárcel porque colaboró en la investigación. Uno de los aspectos más criticados de la sentencia es que, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción pidió que Aldama devolviera los 3,7 millones de euros que se embolsó con los contratos de mascarillas, al entender que había recibido un chivatazo sobre la licitación de los mismos, el Supremo le ha librado del pago al estimar que no hubo un delito de uso de información privilegiada e inducción a la prevaricación. Aldama también ha empezado a colaborar en otra causa. El empresario ya ha declarado el pasado mes de marzo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el marco de la investigación que este magistrado ha abierto sobre la posible financiación ilegal del PSOE. Espera que todas estas colaboraciones en caso más políticos le ayuden a obtener una condena más benévola en la causa del fraude en el sector de los hidrocarburos.

El esquema de actualización de los impuestos que gravan la nafta y el gasoil volvió a moverse esta semana. Desde que en 2024 se acumularon los primeros atrasos en la fórmula que ajusta estos tributos, el Poder Ejecutivo recurrió de manera sistemática al mismo recurso: aplicar una porción menor del ajuste pendiente y correr el resto hacia el mes siguiente. La medida oficializada este 1° de julio repite ese patrón, aunque esta vez incorpora una suba efectiva que ya empezó a regir.

A través del Decreto 562/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso un incremento del 1% en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y en el Impuesto al Dióxido de Carbono. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego César Santilli, y modifica el esquema que había quedado establecido en el Decreto 617/2025 y sus sucesivas modificatorias.

En los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo sostuvo que la decisión responde al propósito de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. Con esa justificación, que se repite en cada una de las prórrogas dictadas desde el año pasado, el Gobierno resolvió diferir una vez más el grueso del ajuste pendiente y dejar en vigencia, para julio, únicamente el tramo menor del incremento acumulado.

Qué pasa con el resto de la deuda impositiva

El decreto aclara que la porción diferida no desaparece, sino que se traslada a agosto. Según el Artículo 3°, el incremento total que resulte del remanente de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025, junto con la del primer trimestre de 2026, “surtirá efectos respecto de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1° de agosto de 2026, inclusive”. De esta manera, deberá pasar al menos un mes más para que se vea reflejado el total acumulado.

Ahora bien, esta no es la primera vez que el cronograma se corre. El Artículo 1° del decreto, que reordena el esquema general vigente, hace referencia puntualmente a los remanentes del año calendario 2024 y del primer y segundo trimestre de 2025, mientras que el Artículo 3°, que es el que rige lo que ocurre a partir de agosto, incluye además la totalidad de 2025 y el primer trimestre de 2026. En la práctica, esto significa que el remanente pendiente de agosto ya incluye ajustes que originalmente debían haberse aplicado hace más de un año y medio. En otras palabras, es de suponer que el mes próximo las subas pendientes podrían volver a postergarse.

Cómo impacta en cada combustible

El decreto detalla montos fijos por litro para cada producto alcanzado, correspondientes exclusivamente a los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de julio. En el caso de la nafta sin plomo, tanto de hasta 92 RON como de más de 92 RON, y la nafta virgen, el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos sube $21,192 por litro, mientras que el Impuesto al Dióxido de Carbono se incrementa en $1,298 por litro. Para estos productos, la norma no prevé tratamiento diferencial.

Para el gasoil, el ajuste es de $18,959 por litro en el gravamen general del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos, al que se suma un tratamiento diferencial de $10,266 por litro para las zonas alcanzadas por el régimen especial, que comprende a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del Partido de Patagones en la Provincia de Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza. A eso se agregan $2,161 por litro correspondientes al Impuesto al Dióxido de Carbono.

Un mecanismo que se actualiza cada trimestre

Ambos tributos se rigen por el esquema establecido en el Decreto 501/2018, que fija que la actualización de estos impuestos debe realizarse trimestralmente, en enero, abril, julio y octubre de cada año, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor que difunde el Indec correspondiente al trimestre calendario que finaliza el mes inmediato anterior al de la actualización. La administración y el control de la recaudación de ambos gravámenes quedan a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Ese mismo decreto de 2018 establece, además, que los montos actualizados tienen efectos recién para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el primer día del segundo mes inmediato siguiente a aquel en que se realiza la actualización, lo que explica el desfasaje habitual entre el momento en que se calcula el ajuste y el momento en que efectivamente se aplica.

El concepto de “Día de la Independencia Tributaria” sintetiza cuántos días debe destinar un asalariado formal argentino a cubrir sus obligaciones fiscales antes de empezar a percibir ingresos para sí mismo. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculó que, en 2026, un trabajador formal destinó entre 172 y 182 días del año exclusivamente a pagar impuestos de los tres niveles de gobierno. El estudio, presentado el 1 de julio de 2026, definió que el momento en que un trabajador “alcanza la independencia tributaria” se ubicó entre el 21 de junio y el 1 de julio, según el nivel de ingresos de cada caso considerado.

El documento de IARAF explicó que el “Día de la Independencia Tributaria” es una herramienta gráfica para expresar la presión fiscal. Según el informe, “consiste en considerar los impuestos recaudados por un país durante un año y dividir este monto por el ingreso o producto bruto de ese país. Luego, y a los fines de volverlo más gráfico, a ese porcentaje obtenido se lo aplica a los días que tiene el año calendario, asumiendo que desde el 1° de enero un ciudadano comienza a trabajar ‘para el Estado’ (es decir destina su ingreso a pagar impuestos) y cumplido el plazo determinado por el indicador, comienza a percibir ingresos para sí mismo”.

El estudio agregó que, a diferencia del indicador internacional, que toma en cuenta los recursos recaudados efectivamente, el cálculo de IARAF se realizó con porcentajes de carga tributaria formal obtenidos sobre el ingreso asalariado total definido para cada uno de los cuatro casos analizados. Al transformar ese porcentaje en días del año calendario, surge hasta qué momento un ciudadano debe trabajar para cumplir con todos los tributos que inciden económicamente sobre su ingreso.

Qué impuestos pagan los argentinos

La lista de impuestos específicos que pagan los trabajadores asalariados formales en Argentina incluye tributos de los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal). A continuación, se detallan los principales impuestos considerados en el cálculo:

Impuestos nacionales

• Aportes personales a la seguridad social
• Contribuciones patronales a la seguridad social
• Impuesto a las Ganancias (persona humana)
• Impuesto sobre los Bienes Personales
• Impuesto al Valor Agregado (IVA)
• Impuestos internos
• Impuesto sobre los débitos y créditos bancarios (conocido como “impuesto al cheque”)
• Impuesto a los combustibles

Impuestos provinciales

• Impuesto Inmobiliario
• Impuesto Automotor
• Impuesto sobre los Ingresos Brutos
• Tributos específicos provinciales (según cada jurisdicción)

Impuestos municipales

• Contribución sobre los inmuebles (tasa municipal)
• Tasa del automotor (tasa municipal)
• Tasa de Seguridad e Higiene
• Tasa municipal sobre el suministro de energía eléctrica y gas natural
• Tributos específicos municipales (según cada localidad)

Estas categorías incluyen tanto impuestos directos (que gravan el ingreso o el patrimonio del trabajador) como impuestos indirectos (que se pagan al consumir bienes y servicios, ya que están incluidos en los precios).

Día de la Independencia

En el caso argentino, el informe estimó que “un trabajador asalariado formal argentino debería trabajar entre 172 y 182 días para cumplir con las obligaciones tributarias de los tres niveles de gobierno, dependiendo de su nivel de ingresos”. Por eso, el “Día de la Independencia Tributaria” se ubicó en Argentina entre el 21 de junio y el 1 de julio, de acuerdo con el nivel de ingresos.

El informe de IARAF detalló que la estructura tributaria argentina combinó tributos de diferente naturaleza: algunos de incidencia progresiva, como el Impuesto a las Ganancias y los tributos patrimoniales, y otros de impacto proporcional o regresivo, como los aportes personales sujetos a topes y los impuestos indirectos al consumo. Este entramado determinó que los perfiles de asalariados con menores niveles de ingreso registraron una mayor proporción de sus ingresos destinada a impuestos en comparación con quienes percibieron ingresos más elevados.

La carga tributaria formal total sobre los perfiles analizados rondó el 50% del ingreso total definido. El informe consideró como ingreso total la suma del sueldo bruto mensual más las contribuciones patronales. El cálculo de IARAF incluyó tributos nacionales, provinciales y municipales que incidieron sobre el ingreso, el patrimonio, el consumo y el ahorro de una familia tipo compuesta por cuatro miembros (matrimonio y dos hijos), con el ingreso generado por un solo integrante en el sector formal.

El análisis distinguió entre la carga tributaria formal y la presión tributaria efectiva. La carga formal comprendió la detracción de recursos asociada al pago de tributos, sin considerar la contraparte de gasto público o servicios provistos por el Estado. El informe precisó que “el objetivo principal del estudio es la cuantificación de la carga tributaria que incide sobre ingresos, consumo, ahorro y patrimonio, de una familia asalariada argentina”.

Dentro de la estructura tributaria, los impuestos al trabajo representaron el componente de mayor peso. En el caso de menor ingreso, estos impuestos alcanzaron el 33% del ingreso total, mientras que en el caso de mayor ingreso representaron el 25,6%, una diferencia motivada principalmente por los topes a los aportes personales. “El impuesto a las ganancias no tiene incidencia en los casos 1 y 2, impactando recién en los últimos dos. Pasa de un 4,7% del ingreso total en el caso 3 a un 10,4% en el caso 4”, explicó el informe.

Aportando mayor detalle, el estudio indicó que “la desagregación por tipo de tributo permite observar que los impuestos al trabajo constituyen el componente de mayor peso dentro de la carga tributaria formal. A ellos les siguen los tributos indirectos nacionales, provinciales y municipales incorporados en el precio de los bienes y servicios consumidos. En los casos de ingresos más altos, el Impuesto a las Ganancias adquiere una mayor participación, mientras que los tributos patrimoniales muestran una incidencia creciente, aunque menor en comparación con los demás grupos”.

En cuanto al consumo, IARAF señaló que “mientras menor es el consumo en relación con el ingreso total, menor es la carga tributaria de los tributos indirectos”. Los perfiles que consumieron una proporción menor de sus ingresos sufrieron una menor incidencia relativa de los impuestos indirectos, lo que contribuyó a la regresividad observada en la carga tributaria.

El informe también abordó la distribución de la recaudación entre los distintos niveles de gobierno. El Gobierno Nacional concentró la mayor participación, tanto por los tributos recaudados directamente como por la relevancia de los impuestos al trabajo. Sin embargo, la participación relativa de provincias y municipios aumentó al considerar el destino final de la recaudación, por los mecanismos de coparticipación y distribución entre jurisdicciones.

Desde el punto de vista metodológico, IARAF incluyó en el cálculo los tributos más importantes de los tres niveles de gobierno, entre ellos: aportes personales, contribuciones patronales, impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado (IVA), impuestos internos, impuesto al cheque, impuesto a los combustibles, impuesto sobre los bienes personales, impuesto inmobiliario, impuesto automotor, impuesto a los ingresos brutos, tasas de seguridad e higiene, tasas sobre energía eléctrica y gas natural, y otros tributos específicos. Para el IVA, se consideraron tanto las alícuotas del 21% como las reducidas para determinados bienes, aplicadas sobre una estructura de gasto tipo para una familia.

El informe planteó que la carga tributaria formal puede expresarse también en minutos de cada hora de trabajo. Así, “la carga tributaria formal representa entre 28:18 y 29:55 minutos de cada hora trabajada, aproximadamente, dependiendo del caso considerado”. Por ejemplo, un asalariado del caso 3 debió utilizar 28 minutos y 38 segundos de cada hora laboral para cubrir todos los tributos en 2026, y uno del caso 4, 29 minutos y 55 segundos.

La comparación entre los años 2025 y 2026 mostró una reducción marginal de la carga tributaria en los casos 1, 2 y 3, atribuida a una disminución de la carga nacional indirecta sobre el consumo. Para el caso 4, el aumento de la carga asociada a tributos patrimoniales provinciales y municipales compensó la baja en otros tributos, por lo que la carga se mantuvo sin cambios.

El documento de IARAF puntualizó que la regresividad de los impuestos indirectos, sumada a la de los aportes personales, determinó que los casos de ingresos intermedios tuvieran una menor carga tributaria que el perfil de menor ingreso, a pesar de percibir salarios más altos. “Los casos 2 y 3 presentan una carga tributaria total inferior a la del caso 1, aun cuando poseen ingresos más elevados. Este comportamiento se explica por la combinación de distintos factores: por un lado, la incidencia decreciente de los aportes personales como consecuencia de los topes aplicables; por otro, la menor participación del consumo en el ingreso disponible a medida que aumenta el nivel de ingreso”, expuso el informe.

En términos de composición, el informe mostró que “una parte importante de la carga se origina en tributos indirectos asociados al consumo”, lo que refuerza el carácter regresivo para los asalariados que destinan la totalidad de su ingreso disponible al consumo. En contraste, quienes ahorraron una mayor proporción lograron reducir su carga tributaria relativa por tributos indirectos.

Finalmente, el estudio permitió observar que la estructura tributaria argentina no aumentó la carga de manera lineal con el nivel de ingresos. “El caso 4 tributa 7,4 puntos porcentuales menos de su ingreso en materia de impuestos al trabajo que el caso 1, pero al tributar 10,4 puntos porcentuales más en materia de ganancias, termina con un monto total mayor de este grupo de impuestos”, resumió el informe.

El dato de inflación de junio, que las consultoras estiman entre 1,8% y 2,1%, será determinante porque permitirá conocer el aumento promedio de precios en el primer semestre del año. A partir de ese resultado se definirán los ajustes en el piso para el pago de Ganancias de los asalariados, así como los nuevos límites de facturación y del impuesto integrado para monotributistas.

La expectativa sobre el índice del mes pasado se sostiene en las previsiones de distintas consultoras privadas. Analytica pronosticó un 1,8%, EcoGo y C&T ubicaron el dato en 1,9% y Fundación Libertad y Progreso estimó un 1,8 por ciento. Si se confirma el número más bajo, el Gobierno consolidará la reducción en la velocidad de aumento de precios, tras el 2,1% de mayo.

Con estas proyecciones, la dinámica acumulada del semestre podría ubicarse en torno al 17%, lo que impactaría en el pago de Ganancias. El monto mínimo a partir del cual los trabajadores comienzan a tributar el impuesto se actualiza a mitad de año según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del primer semestre. Con un incremento acumulado de 17%, un asalariado soltero comenzaría a pagar Ganancias desde un salario neto de $2.900.000 (actualmente $2.500.000). Para un trabajador casado sin hijos, el piso subiría de $2.900.000 a $3.371.000, y para un casado con dos hijos, de $3.300.000 a $3.847.000.

El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, explicó que el IPC refleja el promedio de los incrementos de precios y que, al emplearse este índice para actualizar el monto a partir del cual se paga el impuesto, algunos asalariados resultan beneficiados y otros no. Aquellos asalariados cuyos sueldos crecieron menos que el IPC y hoy pagan Ganancias, van a sufrir menos retenciones porque las deducciones y escalas aumentan más que sus ingresos.

En el esquema de Ganancias, la actualización de escalas y deducciones comienza a regir para los salarios pagados desde el 1° de julio. Sin embargo, en los primeros días del mes, los empleadores suelen aplicar las tablas vigentes hasta la emisión de la nueva normativa, por lo que luego deben reliquidar las retenciones. De este modo, el ajuste correspondiente al primer semestre impacta en la liquidación anual, generando variaciones en los montos retenidos.

Este ajuste puede afectar la relación del Gobierno con las provincias, ya que Ganancias es un impuesto coparticipable. Durante el primer semestre, los salarios quedaron rezagados respecto de la inflación y, al actualizar el mínimo imponible por el IPC, es probable que muchos trabajadores dejen de pagar el impuesto o lo hagan por un monto menor, lo que puede reducir los recursos distribuidos a las provincias.

Impacto en el monotributo

La gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, destacó que los parámetros del monotributo también se actualizan por la inflación de los primeros seis meses del año. Por lo que los pequeños contribuyentes deben analizar si corresponde permanecer en la misma categoría, subir o bajar según cual fue su facturación en los últimos 12 meses (desde el 1° de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026). Aunque remarcó que el nuevo tope de facturación no implica necesariamente un salto de categoría: un monotributista puede haber incrementado ingresos y seguir en el mismo nivel, ya que el umbral también sube.

En caso de que la inflación en el primer semestre sea del 17% tanto los topes de facturación de cada categoría como el monto de la cuota mensual se incrementen en esa proporción. En ese escenario, la categoría A -la más baja-, cuyo límite actual es de $10.277.988,13 y el impuesto integrado de $4.780,46, pasará a tener un tope de $11.966.746,11 y un impuesto de 5.593,13 pesos. En la categoría K -la más alta- el límite de facturación subirá de $108.357.084,05 a $126.777.788,33. El monto integrado para locación de servicios crecerá de $1.171.212,59 a $1.370.318,73 y para venta de cosas muebles, de $390.404,20 a 456.772,91 pesos.

Domínguez advirtió que para los monotributistas de la categoría A, el ajuste puede representar un problema. Es que si sus ingresos no superaron el IPC, continuarán en el mismo segmento, pero van a pasar a pagar un impuesto ajustado por el índice, lo que incrementa su carga. Para el resto de las categorías, el efecto depende de la evolución individual de la facturación y de la relación con los nuevos topes.

Girardi señaló que la recategorización del monotributo después de la actualización requiere un análisis caso por caso. El aumento de los topes posibilita que muchos monotributistas permanezcan en su franja, aunque hayan ampliado sus ingresos. Usualmente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), establece una ventana para la recategorización desde fines de julio hasta los primeros días de agosto.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pone en marcha en 2026 un programa que permite a personas físicas y empresas con adeudos de años anteriores pagar solo el impuesto original sin multas ni recargos.

El programa arrancó el 1 de enero de 2026 y tiene fechas límite distintas según el tipo de adeudo.

Quien no actúe a tiempo pierde el beneficio y deberá cubrir el monto completo, incluidos recargos y sanciones.

Lo que el SAT no adelanta es cuánto puede ahorrar un contribuyente ni cuáles son las condiciones exactas que determinan si la reducción es del 100% o del 90%. Eso depende del tipo de deuda y de cómo se originó.

Así se calcula cuánto te descuenta el SAT: 100% o 90% según el tipo de deuda

El programa cubre adeudos de ejercicios 2024 o anteriores determinados tanto por el SAT como por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Incluye multas por infracciones a leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior, así como multas con agravantes.

Según el portal oficial del SAT, la reducción del 100% aplica cuando el crédito fiscal incluye contribuciones federales omitidas —propias, retenidas o trasladadas—, aprovechamientos o cuotas compensatorias.

En ese caso, las multas, los recargos y los gastos de ejecución asociados desaparecen del monto a pagar.

La reducción baja al 90% cuando el crédito fiscal está integrado exclusivamente por multas derivadas del incumplimiento de obligaciones distintas al pago, por ejemplo, no presentar una declaración informativa.

En ese caso, el porcentaje de disminución aplica siempre que el contribuyente cumpla la obligación omitida que dio origen a la multa.

Tu situación fiscal determina cuál de las tres vías debes seguir para obtener el beneficio

El SAT establece tres vías de acceso al beneficio, según la situación fiscal del contribuyente.

El primero aplica a quienes detectan su propio adeudo sin que la autoridad lo haya determinado.

Deben presentar la declaración correspondiente en el portal del SAT, seleccionar la opción “Estímulo de regularización fiscal” en el campo de estímulos y realizar el pago en una sola exhibición antes del 31 de diciembre de 2026.

El segundo corresponde a contribuyentes que ya están bajo facultades de comprobación, es decir, en medio de una auditoría.

Pueden acceder al beneficio si se autocorrigen y pagan dentro del plazo que fije la autoridad revisora, antes de que se emita la resolución definitiva y a más tardar el último día del año.

El tercero es para quienes ya tienen un crédito fiscal firme notificado, incluso si lo impugnaron.

Deben ingresar a Mi Portal, seleccionar la opción ESTIMULO FISCAL LIF 2026 y presentar la solicitud antes del 31 de octubre de 2026.

Si el adeudo está impugnado, deben adjuntar el acuse de desistimiento.

En este supuesto, el pago puede hacerse hasta en seis parcialidades, con la última a más tardar el 30 de noviembre de 2026.

Requisitos y condiciones que excluyen del programa

El beneficio aplica a contribuyentes cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 no excedieron los 300 millones de pesos mexicanos.

El SAT excluye a quienes recibieron condonaciones en programas generalizados anteriores al amparo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2019.

Tampoco pueden solicitar el beneficio quienes ya fueron beneficiados por el estímulo del Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025.

También quedan fuera quienes tengan sentencia condenatoria firme por delitos fiscales.

Lo mismo aplica para las instituciones y organismos que ejecutan gasto federal, referidos en el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El SAT advierte que al presentar la solicitud de créditos firmes, el contribuyente consiente íntegramente el adeudo. Si después lo impugna, el estímulo pierde efectos.

El Tribunal Supremo ha condenado al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y cinco meses de prisión por un delito de organización criminal y tres de cohecho en el marco de la primera sentencia del ‘caso Koldo’. El tribunal le define como el “nexo corruptor” que pagó por favores políticos al exministro José Luis Ábalos, condenado a su vez a 24 años de prisión. A pesar de ello, no deberá pisar la cárcel y, como sanción económica, solo tendrá que abonar parte de los 430.298 euros que el Supremo calcula que pagó en sobornos.

Uno de los aspectos más criticados de la sentencia es que, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción pidió que Aldama devolviera los 3,7 millones de euros que se embolsó con los contratos de mascarillas, al entender que había recibido un chivatazo sobre la licitación de los mismos, el Supremo le ha librado del pago al estimar que no hubo un delito de uso de información privilegiada e inducción a la prevaricación. ¿Por qué? Los magistrados piensan que “dada la situación de la pandemia y la necesidad notoria de mascarillas, era obvia su urgencia” y la licitación de esos contratos era “inminente”.

Es decir, el tribunal acredita que Aldama recibió el encargo de comprar las mascarillas gracias al dinero que pasaba de forma regular a Ábalos y a Koldo (de ahí vienen las penas por cohecho), pero no considera que el beneficio millonario que obtuvo el comisionista sea ilícito. El propio Aldama reconoció en una entrevista en Telemadrid, tras conocer la sentencia, que no había disfrutado de la totalidad de los 3,7 millones de euros en comisiones, ya que había pagado unos 1,8 millones de euros en impuestos. “El resto, obviamente, me lo he quedado yo”.

Ahora, el empresario está pendiente de otras causas judiciales. La Audiencia Nacional le acusa de liderar una trama que defraudó 182,5 millones en IVA por la venta de hidrocarburos y que transfirió 74 millones “de procedencia delictiva” a Portugal, China y Colombia. Además, Aldama está pendiente de otra investigación por el presunto amaño de obras públicas junto a Ábalos y Koldo García (para las constructoras OPR y Levantina) y de otra causa por los presuntos cohechos en otros contratos de mascarillas durante la pandemia por parte de los Gobiernos canario y balear que se sigue en la Audiencia Nacional. Todo esto lleva un problema añadido: el pago de impuestos en el ejercicio 2020, cuando Aldama se forró con estos contratos de mascarillas.

De hecho, la Agencia Tributaria asegura en informes aportados a la causa (uno de ellos de febrero de 2024) que Aldama, destacado empresario, no ha declarado IRPF desde el ejercicio 2015. “A pesar de ello, ha sabido ocultar su importante actividad económica como consultor e inversor inmobiliario, con negocios de restauración y con actividad comercial nacional e internacional.

Actividades imputables a él

“Con este perfil es difícil encontrar actividades realizadas directamente por él y que le sean directamente imputables; no obstante, parece gozar de cierta relevancia, especialmente en el mundo de los negocios efervescentes”, destaca Hacienda. Muestra de ello es que es cónsul honorario de Georgia en España, consultor de importantes empresas chinas y ha hecho negocios en México, concretamente en el Estado de Oaxaca.

El sumario del caso ‘Villafuel’ (en el que se le investiga por fraude en el IVA) revela la estructura societaria que dependía de Aldama: MTM 180 Capital, Businesscity, Future Factory SL, Deluxe Fortune, Antromero Desarrollo Empresarial, Araf Grupovivir SL, Bocata Food, Businesstar International, Duda Razonable SL, Global Stratos Investments, Grupo Signum Inversiones, Hot Wheels Ibérica, Logística Comercial Montelimar, Original London, Pilot Real Estate, Proyectos Annapurna II, Proyectos Independientes Gems II SL, Proyectos Vapesa, Soum y Endell Investments, Telefarmacia APP y Word Magic in the Villages. En la otra investigación por no pagar impuestos en las mascarillas, la Agencia Tributaria se ha fijado en dos de estas empresas: MTM 180 Capital y Deluxe Fortune.

Esta opacidad que Hacienda destaca de Aldama, “en los últimos años anteriores a ofrecer sus servicios para la localización de mascarillas al Ministerio de Transportes”, ha conllevado que la investigación fiscal solo haya encontrado una retribución oficial de 10.000 euros anuales por parte de su empresa Deluxe Fortune (que llegó a compartir con su pareja). “Lógicamente, al disponer de un sueldo tan exiguo se convierte en un no declarante de IRPF”, matiza la Agencia Tributaria, que añade: “El hecho de no ser declarante de IRPF y no recibir ninguna imputación de ingresos de empresa alguna no le ha impedido mantener un elevado nivel de vida y realizar compras en su propio nombre de imposible encaje en su economía declarada”. Por ejemplo, un Mercedes valorado en más de 140.000 euros.

“Forma común de defraudación”

La Agencia Tributaria explica que Víctor de Aldama ha incumplido con la Hacienda española con una de “las formas más comunes de defraudación”: interponer sociedades para obtener una mejor tributación, cuando estamos ante servicios prestados de forma personal y sin intervención de estructura empresarial. Por ejemplo, en el ejercicio 2020, con la interposición de dos empresas y unos ingresos personales obtenidos de 5.657.393 euros, la tributación efectiva fue de 688.520 euros como impuestos de sociedades, “lo que representa sobre los ingresos obtenidos (los gastos son casi inexistentes) un porcentaje redondeado del 12%”.

Es decir, para Hacienda está claro. La tributación de Aldama debería haber pasado exclusivamente por el impuesto personal de las personas físicas, el IRPF, dadas las características de los servicios de asesoría que prestó, pero Aldama decidió interponer unas entidades mercantiles que no añaden valor añadido a los servicios personales prestados. En este caso, la cuota defraudada por el empresario en el ejercicio 2020 “puede ser superior a 1.834.000 euros”, concluye Hacienda.

Luego están las empresas MTM 180 Capital y Deluxe Fortune. De esta última, Hacienda ha encontrado errores contables de 839.500 euros en el ejercicio fiscal de 2019. Son pérdidas que aplica para compensar y minorar los beneficios de las millonarias ventas de mascarillas en 2020. “Ello supone una compensación que consideramos improcedente, a juicio de esta Inspección, por un total de 1.142.435,26 euros, lo que se traduce en unas cuotas dejadas de ingresar de 285.608,81 euros”. De la otra sociedad, MTM 180 Capital, dejó de ingresar una cuota de 102.174,18 euros. Estamos hablando de un total de 2,22 millones de euros defraudados a Hacienda solo en el ejercicio 2020 por el señor Aldama y sus dos empresas. En el registro de morosos oficial de Hacienda (el último es el de 2024), aparece otra empresa de Aldama: Pilot Real State, que tiene junto a un socio. En 2024 debía 1.374.102 euros.

Las gabelas tributarias en Colombia le costaron al Estado $153,2 billones en el año gravable 2024, una suma equivalente al 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) por deducciones, exenciones y tratamientos especiales concedidos a algunos contribuyentes.

La mayor parte de ese costo fiscal se concentró en el IVA, con $99,1 billones, mientras que el impuesto sobre la renta sumó 54 billones. El monto superó los 135,4 billones de pesos registrados en 2023. El incremento anual fue de 13% y representó un alza de 0,4% del PIB.

Dicha subida se explicó por un mayor costo fiscal tanto en renta como en IVA. La cifra también quedó ligada al debate sobre el faltante de las finanzas públicas y a la necesidad de una reforma tributaria de $30 billones que, según dijo el ministro de Haciend,a Germán Ávila, se requeriría el próximo año.

El mayor costo fiscal se concentra en el IVA

De acuerdo con un análisis de El Tiempo, el componente más alto correspondió al impuesto sobre las ventas. El rubro explicó 65% del total de las gabelas y alcanzó $99,1 billones, equivalentes a 5,8% del PIB. La mayor pérdida dentro del IVA provino de los bienes y servicios excluidos, con $78,1 billones. En esa categoría entran productos por los que la ley no causa el impuesto, de modo que el consumidor no lo paga.

Después aparecieron los bienes exentos, con $20,3 billones. En esos casos la tarifa es de 0%, por lo que el consumidor final no paga el gravamen, aunque el productor sí descuenta el IVA que pagó en sus insumos.

El conjunto incluye además productos con tarifa reducida de 5%, como café o aceite. Ese tratamiento también hizo parte del costo fiscal del IVA en 2024.

Cuánto pesa el gasto tributario en renta

Al respecto, el Ministerio de Hacienda señaló: que “el costo fiscal de los gastos tributarios en el impuesto sobre la renta llegó a $54 billones en ese periodo, lo que representa el 3,2% del PIB”.

De ese total, $28,3 billones correspondieron a personas naturales y $25,6 billones a empresas. Entre las personas naturales, el mayor peso estuvo en las rentas exentas declaradas, con $19,7 billones. Dicha cifra fue 13% superior a los $17,4 billones del mismo periodo de 2023. Por ingresos no gravables, el hueco fiscal fue de 4,5 billones de pesos.

A eso se sumaron $3,1 billones por deducciones y $882.000 millones por descuentos tributarios. En el caso de las personas jurídicas, el costo fiscal subió de 1,3% a 1,5% del PIB entre 2023 y 2024.

La cartera económica atribuyó esa variación a un menor ingreso asociado a las sobretasas aplicables a las actividades de extracción de carbón y petróleo.

Gasolina, Acpm y carbono también elevan el costo fiscal

Para 2025, el Gobierno indicó que “el costo fiscal del gasto tributario del impuesto nacional a la gasolina y al Acpm fue de $453.000 millones en el 2025, lo que representa 0,02 por ciento del PIB”. Ese resultado se ubicó por encima del nivel del año gravable 2024. Sobre esa variación, la cartera económica afirmó que “se registró un crecimiento nominal de 8,7% debido al incremento de la venta o retiro de gasolina y Acpm en las zonas de frontera”.

El desglose agregó otro dato del Ministerio de Hacienda: “El costo fiscal aumentó de 8,3%, contribuyendo en 4,2 puntos a la variación anual, mientras que el de la gasolina corriente presentó una variación positiva del 8,8%, con una contribución de 4,4 puntos a la variación total”.

A su vez, el costo fiscal del impuesto nacional al carbono subió $31.000 millones frente a 2024 y llegó a $483.000 millones en 2025. Ese monto representó 0,03% del PIB.

Lo dejado de recaudar en un solo año equivale a varias iniciativas tributarias de gran tamaño acumuladas. La magnitud del monto refleja la escala del debate fiscal abierto en Colombia sobre exenciones, beneficios y necesidad de ingresos.

Millones de contribuyentes en Estados Unidos tienen hasta el 10 de julio de 2026 para reclamar al IRS el reembolso de multas e intereses cobrados durante la emergencia por COVID-19, a partir de fallos judiciales que interpretaron que los plazos federales para declarar y pagar impuestos quedaron suspendidos durante buena parte de la pandemia.

La advertencia cobra fuerza porque la devolución no será automática y el monto dependerá de cada caso. La National Taxpayer Advocate advirtió el mes pasado que decenas de millones de contribuyentes podrían tener derecho a recuperar esos cargos o a conseguir su eliminación.

Quienes pagaron sanciones o intereses vinculados con obligaciones tributarias durante el periodo federal de desastre por COVID-19 deben presentar una reclamación antes de la fecha límite si quieren preservar la posibilidad de un reembolso.

El fallo judicial y la suspensión de plazos entre 2020 y 2023

La base de esa posibilidad surge de varias resoluciones judiciales, en especial del caso Kwong v. United States. Allí se determinó que los plazos federales para presentar declaraciones y pagar impuestos quedaron suspendidos automáticamente entre el 20 de enero de 2020 y el 11 de mayo de 2023.

La defensora del contribuyente explicó que la duración inusual del desastre llevó a que la mayoría de los contribuyentes, e incluso muchos profesionales fiscales, no previeran que esos plazos se extenderían tanto tiempo.

Añadió: “Debido a lo inusual de un desastre que duró tanto tiempo, la mayoría de los contribuyentes, e incluso muchos profesionales fiscales, no previeron que los plazos para presentar declaraciones y realizar pagos se extenderían durante tanto tiempo y que las declaraciones y pagos no serían considerados extemporáneos ni estarían sujetos a multas e intereses”.

De acuerdo con la National Taxpayer Advocate, los afectados durante ese lapso podrían reclamar la devolución o eliminación de multas por presentar tarde la declaración, multas por pagar impuestos fuera de plazo, multas por no realizar pagos estimados e intereses que comenzaron a acumularse antes de lo debido o que nunca debieron cobrarse.

También podrían incluirse intereses sobre pagos en exceso correspondientes al periodo de desastre de 2020 a 2023.

El Departamento de Justicia anunció que apelará la decisión judicial. Aun así, expertos recomiendan presentar la reclamación antes de que ese proceso se resuelva.

El reclamo: Formulario 843, “reclamación protectora” y envío en papel

Hasta ahora no existe confirmación de que el IRS vaya a adoptar medidas para simplificar este proceso, según informó El Diario NY.

La defensora del contribuyente pidió que el organismo publique más información, conceda una prórroga de seis meses, implemente un sistema que evite solicitudes individuales y habilite un portal electrónico, pero nada de eso fue confirmado.

Por ese motivo, quienes crean tener derecho al reembolso deberán actuar por su propia cuenta y antes del 10 de julio de 2026.

La funcionaria señaló: “A menos que el IRS o el Congreso actúen para garantizar que todos los contribuyentes afectados reciban reembolsos si se confirma la decisión del caso Kwong, los contribuyentes que busquen recuperar multas e intereses pagados durante ese periodo deberán, en la mayoría de los casos, presentar sus reclamaciones antes del 10 de julio de 2026”.

La misma fuente agregó que su prioridad es difundir la información para evitar desigualdades entre quienes conocen esta posibilidad y quienes la desconocen.

En sus palabras: “A riesgo de repetirme, mi principal objetivo es difundir esta información al mayor número posible de contribuyentes y evitar resultados desiguales entre quienes están bien informados y quienes desconocen esta situación”.

Los contribuyentes pueden verificar si se les aplicaron multas o intereses durante la emergencia revisando su historial fiscal o consultando a un profesional tributario.

Si consideran que cumplen los requisitos, deben presentar una reclamación mediante el Formulario 843 del IRS con la información contenida en ese historial.

La solicitud debe indicar que se trata de una “reclamación protectora” basada en la decisión del caso Kwong v. United States. Las peticiones solo pueden enviarse en papel.

Jessica Marine, de Frost Law, sostuvo en una publicación que algunos afectados podrían recuperar sumas importantes, aunque no existe una cantidad fija porque el monto depende de cada situación.

Dijo: “Las cantidades podrían ser significativas, particularmente para las empresas que enfrentaron problemas de liquidez durante la pandemia y acumularon importantes multas por no pagar impuestos”.

Debido a la cercanía del plazo y a que el IRS podría tardar en confirmar la recepción de los documentos, la National Taxpayer Advocate recomendó enviar las solicitudes por correo certificado para conservar un comprobante en caso de extravío o demora.

La cuenta de nómina puede ser embargada en México, aunque la ley fija límites precisos que la mayoría de trabajadores y patrones desconoce. El salario mínimo es inembargable por mandato constitucional, pero el excedente sí puede retenerse, bajo condiciones y porcentajes estrictamente regulados.

El artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que los salarios no podrán ser embargados, salvo en el caso de pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) precisó el alcance real de esa protección: una autoridad jurisdiccional sí puede ordenar el embargo sobre el excedente del salario mínimo para garantizar obligaciones de carácter civil o mercantil, pero únicamente hasta el 30% de ese excedente.

Cuando se trata de pensiones alimenticias, la protección opera de forma distinta: el embargo puede aplicarse sobre la totalidad del excedente del salario mínimo, sin el límite del 30%.

El salario mínimo, el único monto intocable

La fracción VIII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Ese umbral es el punto de partida de cualquier cálculo.

Solo la parte del ingreso que supera ese mínimo entra en el cómputo del embargo. Y aun sobre ese excedente, la ley no permite retener la totalidad: fija el 30% como techo general, salvo en materia de alimentos.

La SCJN también aclaró que, si el salario ya está parcialmente afectado por una pensión alimenticia, la protección del 30% se aplica únicamente sobre la fracción del excedente que no está comprometida por esa pensión.

El SAT puede bloquear la cuenta sin avisar

El artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para ordenar la inmovilización de depósitos bancarios en cualquier tipo de cuenta —incluidas las de nómina— sin notificar primero al titular.

El oficio de bloqueo se dirige directamente a la institución financiera o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El banco tiene hasta tres días hábiles para ejecutar la medida. Solo entonces, en un plazo máximo de otros tres días, el SAT notifica al titular vía buzón tributario, estrados o edictos.

La autoridad puede actuar así en dos supuestos: cuando el crédito fiscal ya es firme —es decir, una deuda determinada, notificada y no impugnada en tiempo— o cuando el crédito está impugnado pero no garantizado y el contribuyente no es localizable, la garantía es insuficiente o los bienes embargados previamente no cubren el adeudo.

Qué cuentas pueden bloquearse y cuáles están protegidas

Son susceptibles de embargo las cuentas de cheques, ahorro, nómina, inversiones y cualquier depósito en moneda nacional o extranjera registrado a nombre del contribuyente en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

La ley excluye expresamente las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias, hasta por el monto de las aportaciones realizadas conforme a la ley de la materia.

La SCJN emitió recientemente una resolución que abre una excepción: las cuentas AFORE sí pueden ser embargadas cuando el titular adeuda pensión alimenticia, no posee otros bienes embargables y se encuentra sin empleo formal. En ese caso, el monto máximo a retener será el menor entre 75 días del salario base de cotización de los últimos cinco años o el 10% del saldo total acumulado en la subcuenta de retiro.

La obligación del patrón y sus límites

El artículo 112 de la LFT precisa que los patrones no están obligados a cumplir ninguna otra orden judicial o administrativa de embargo que no provenga de autoridad competente en materia de pensiones alimenticias.

Eso significa que, ante una orden de embargo por deuda civil o mercantil, el patrón no tiene obligación legal de retener el salario del trabajador directamente en nómina. La medida recae sobre la cuenta bancaria, no sobre el empleador.

El monto bloqueado por el SAT corresponde al adeudo fiscal actualizado, más recargos, multas y gastos de ejecución. La ley prohíbe que el embargo exceda ese importe, ya sea que recaiga sobre una sola cuenta o sobre varias.

Derechos del trabajador ante un embargo

El CFF reconoce al contribuyente el derecho de designar los bienes a embargar, siempre que siga el orden legal: primero dinero y depósitos bancarios, luego acciones y valores, después bienes muebles y, al final, bienes inmuebles.

Si ya se ejecutó el bloqueo de una cuenta, el titular puede ofrecer una garantía sustituta para liberar los fondos. El artículo 141 del CFF acepta depósito en dinero o carta de crédito bancaria, prenda o hipoteca, fianza de institución autorizada, obligación solidaria de tercero solvente, embargo en vía administrativa, y títulos valor o cartera de créditos propios.

La autoridad tiene un plazo máximo de cinco días para resolver y notificar si acepta o rechaza la garantía. Si no lo hace en ese término, la entidad financiera debe levantar la inmovilización.

Vías para impugnar el bloqueo

Ante un embargo que el contribuyente considere indebido, el CFF y la legislación procesal fiscal prevén tres vías: el recurso de revocación ante el propio SAT, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y el juicio de amparo, cuando se alegan violaciones a derechos constitucionales.

El artículo 151 del CFF establece que no procede el embargo respecto de créditos fiscales que hayan sido impugnados en sede administrativa o jurisdiccional y se encuentren debidamente garantizados conforme a las disposiciones legales aplicables.

Cada vez que se organiza un Mundial, la atención se concentra en lo evidente: los estadios, los sponsors, las selecciones, las figuras, los derechos de televisión y, por supuesto, la pelota. Pero detrás de ese espectáculo global hay otro partido, mucho menos televisado, que se juega en oficinas fiscales, tratados internacionales, convenios de doble imposición y normas locales.

Me refiero al partido de los impuestos.

El Mundial 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, deja una señal muy interesante para quienes miramos estos temas desde hace años: los Estados ya no están tan dispuestos a renunciar a gravar la riqueza que se genera dentro de sus fronteras, aunque esa riqueza llegue de la mano del evento deportivo más popular del planeta.

Durante mucho tiempo, los grandes eventos internacionales funcionaron bajo una lógica particular. Para atraerlos, los países anfitriones aceptaban otorgar exenciones, beneficios y tratamientos fiscales especiales. En muchos casos, esas condiciones eran parte del paquete exigido por los organizadores. El razonamiento era simple: el evento traía turismo, consumo, visibilidad internacional, inversión en infraestructura y un beneficio reputacional que justificaba resignar recaudación.

Los futbolistas de élite son, probablemente, algunos de los contribuyentes más globales que existen

Ese esquema, sin embargo, parece estar cambiando.

En el caso del Mundial 2026, la información conocida hasta ahora muestra que los futbolistas extranjeros que disputen partidos en México y Estados Unidos no necesariamente estarán amparados por una exención personal automática. En México, la normativa fiscal prevé que los jugadores no residentes tributen por la proporción de ingresos atribuible a los partidos jugados —o para los que hayan sido convocados— en territorio mexicano. En Estados Unidos, el IRS también ha advertido que los no residentes que participen del evento pueden tener obligaciones fiscales por ingresos de fuente estadounidense, sin perjuicio de lo que puedan establecer los tratados para evitar la doble imposición.

Dicho de otro modo: no se trata de que el jugador “pague impuestos por pisar el césped”, como podría decirse en una frase periodística. La cuestión es más precisa y, por eso mismo, más relevante: si una persona genera ingresos atribuibles a una actividad desarrollada en determinado país, ese país puede pretender gravar esa porción del ingreso. La cancha podrá ser neutral desde el punto de vista deportivo. Desde el punto de vista tributario, no lo es.

Los futbolistas de élite son, probablemente, algunos de los contribuyentes más globales que existen. Cobran salarios en un país, perciben premios de una federación nacional, tienen contratos de imagen con marcas internacionales, residen en una jurisdicción, invierten en otra y compiten en muchas más. Por eso, la planificación patrimonial para ellos es una necesidad de primer orden. Más en estos tiempos, en los que los fiscos los miran muy de cerca, con lupa.

Muchos deportistas, artistas, creadores de contenido y empresarios todavía creen que la planificación fiscal internacional es un tema que puede resolverse al final

No es algo completamente nuevo. En muchos países existen desde hace años reglas para gravar a deportistas, artistas y performers no residentes por ingresos obtenidos en presentaciones, competencias o espectáculos realizados localmente. La novedad no está necesariamente en la existencia de esas normas, sino en el modo en que empiezan a aplicarse a eventos de escala global, con coordinación entre administraciones tributarias y con criterios más sofisticados para asignar ingresos entre jurisdicciones.

Ahí aparece la verdadera discusión.

¿Cómo se determina qué parte del ingreso de un jugador corresponde a un partido disputado en México, Estados Unidos o en Canadá? ¿Qué ocurre si el premio lo paga la federación del país de origen? ¿Cómo se compatibiliza eso con la residencia fiscal del jugador? ¿Qué pasa si existe un tratado para evitar la doble imposición? ¿Quién retiene? ¿Quién informa? ¿Quién acredita el impuesto pagado en el exterior?

Estas preguntas, que parecen técnicas, tienen enormes consecuencias prácticas. Porque en materia tributaria, la forma importa, pero la sustancia importa todavía más. Y la sustancia, en este caso, es que los jugadores estarán generando valor económico en países que pretenden ejercer potestad fiscal sobre ese valor.

Este caso es interesante por dos razones. La primera es simbólica. El Mundial es, probablemente, la mejor expresión de la globalización: selecciones nacionales, jugadores que militan en ligas extranjeras, marcas transnacionales, audiencias globales y dinero circulando por todo el planeta. Que incluso en ese contexto los Estados sostengan que una parte de esa renta debe tributar dentro de sus fronteras demuestra que la globalización no eliminó las fronteras fiscales.

Cuando el dinero cruza fronteras, los impuestos no desaparecen

La segunda razón es práctica y quizás más importante. Muchos deportistas, artistas, creadores de contenido y empresarios todavía creen que la planificación fiscal internacional es un tema que puede resolverse al final, como si se tratara de una cuestión administrativa. Es un error. La planificación debe hacerse antes, con criterio, sustancia y una mirada integral. No se trata de evitar impuestos, sino de evitar contingencias, dobles imposiciones, sorpresas y estructuras mal diseñadas.

En un mundo donde los fiscos cooperan más, intercambian más información y tienen más herramientas para detectar ingresos transfronterizos, la improvisación resulta cada vez más costosa. Y el valor de una correcta planificación patrimonial es cada vez mayor.

El Mundial 2026 será recordado por muchas razones: sus partidos, sus estadios, sus figuras y por ser el primero con 48 selecciones. Pero también podría quedar como un nuevo ejemplo de algo que venimos observando desde hace tiempo: cuando el dinero cruza fronteras, los impuestos no desaparecen. Porque incluso cuando el mundo está mirando la pelota, los fiscos siguen mirando la planilla.

En el fútbol, como en la planificación patrimonial, no alcanza con jugar bien. También hay que conocer las reglas del campo donde se juega.

La declaración de renta 2026 para personas naturales en Colombia ya tiene fechas definidas y dependerán de los dos últimos dígitos de la cédula de ciudadanía o del Número de Identificación Tributaria (NIT). Para 2026, las personas naturales deberán presentar la declaración entre el 12 de agosto y el 26 de octubre.

La cuenta regresiva ya está en marcha con el calendario fijado por la Dian para el año gravable 2025. La entidad precisó que las fechas se asignan por terminación del documento y que los primeros vencimientos llegarán para 01 y 02 el 12 de agosto. El cierre del calendario será el 26 de octubre para los que tengan cédula o NIT terminados en 99 y 00.

Antes de revisar el vencimiento, la primera verificación es si existe o no obligación de declarar. Para esa consulta, la entidad habilitó una herramienta en línea que permite saber si hay una declaración sugerida disponible.

El acceso se hace desde el portal oficial https://webazure.dian.gov.co/consultarenta/. Allí, el ciudadano debe ingresar su número de cédula o NIT para revisar si aparece esa declaración sugerida y parte de la información tributaria vinculada a su documento. Debe tener en cuenta que se le hacen varias preguntas de seguridad sobre fondos de pensión, créditos, relación laboral u otras.

La entidad advirtió que esa información no reemplaza la revisión del contribuyente. Aunque el sistema muestre datos asociados, la responsabilidad sobre lo reportado sigue en cabeza del ciudadano y la Dian recomendó validar cada dato antes de presentar la declaración.

Topes de la Dian para saber si está obligado a declarar

La declaración que se presenta en 2026 corresponde al año gravable 2025. Deben declarar las personas naturales que durante ese período hayan superado al menos uno de los topes fijados por la entidad, entre los que están:

• Haber obtenido ingresos brutos iguales o superiores a $69.719.000, equivalentes aproximadamente a 1.400 UVT.
• Haber tenido consumos con tarjeta de crédito, compras y consumos totales superiores a $69.719.000, equivalentes aproximadamente a 1.400 UVT.
• Haber hecho consignaciones, depósitos e inversiones financieras superiores a $69.719.000, equivalentes aproximadamente a 1.400 UVT.
• Tener un patrimonio bruto superior a $235.683.000 o 4.500 UVT.

Presentar la declaración no significa, por sí solo, que haya impuesto por pagar. Al aplicar deducciones, rentas exentas, descuentos tributarios y retenciones, el resultado puede incluso quedar en saldo cero.

Las ayudas y capacitaciones antes del vencimiento

La Dian también puso en marcha una estrategia de acompañamiento para la temporada tributaria. El plan contempla diez transmisiones en vivo entre el 17 de junio y el 19 de agosto de 2026, todos los miércoles a las 3:00 p. m., por medio de sus redes sociales oficiales y canales institucionales.

Según explicó la entidad, estas jornadas buscan “reforzar los conocimientos y resolver dudas de quienes deben declarar renta, promoviendo un servicio de acompañamiento más claro, accesible y oportuno”. Los espacios estarán a cargo de especialistas de la entidad.

Las primeras sesiones se concentran en las dudas más frecuentes del proceso. El ciclo abrió con “Renta 2025: arranque sin enredos” y la segunda jornada se enfocará en “¿Está obligado a declarar renta? Salga de la duda aquí”.

El cronograma también incluye:

• Espacios sobre cálculo de impuestos: esas sesiones abordarán ingresos provenientes del trabajo, rentas de capital, actividades comerciales, pensiones y dividendos.
• Jornada sobre casos que suelen generar consultas adicionales: allí entran situaciones como la venta de bienes, la recepción de herencias o la obtención de premios, que pueden tener efectos en la declaración según las condiciones de cada caso.
• Componente digital: tendrá un lugar central en esa agenda previa al vencimiento. El 22 de julio habrá una sesión sobre herramientas de apoyo para contribuyentes, y el 29 de julio y el 5 de agosto se desarrollarán jornadas específicas sobre Ayuda Renta.
• Respuestas a las preguntas más frecuentes de esa etapa: se programó sesión para el 12 de agosto, justo el día en que empiezan los primeros vencimientos, con respuestas a las preguntas más frecuentes de esa etapa. El cierre llegará el 19 de agosto con la jornada “Proteja su información durante la temporada de renta”.

Con ese esquema, la autoridad tributaria concentró información práctica antes y durante el inicio de los plazos. El objetivo es que los contribuyentes lleguen a agosto con más elementos sobre sus requisitos, las herramientas digitales disponibles y los pasos para cumplir a tiempo.

El gobernador de California Gavin Newsom propuso un impuesto federal mínimo para multimillonarios y un fondo público nacional ligado a la inteligencia artificial, reportaron CBS News y Bloomberg.

En una publicación en Substack, Newsom propuso cambios en las reglas de herencia y el “cierre de lagunas fiscales” vinculadas a los préstamos de personas adineradas respaldados por sus activos. A su vez, reveló que votará en contra del impuesto a la riqueza de los multimillonarios que se someterá a votación en California este noviembre.

El funcionario aseveró: “Cuando el 10% de la población de este país posee dos tercios de la riqueza, cuando hemos creado al primer trillonario de la historia, y aun así los salarios se han estancado y los costos de la atención médica se han disparado, algo falla fundamentalmente”.

Propuestas fiscales federales y reforma al sistema tributario

En el plano federal, Newsom planteó eliminar lo que llama el “préstamo de estilo de vida libre de impuestos”. Según sus palabras, muchos multimillonarios contraen deuda con sus acciones como garantía, declaran no tener ingresos gravables y luego transfieren a sus herederos activos sin tributar, informó CBS News.

Por consiguiente, propuso reescribir las reglas de herencia antes de una transferencia generacional de riqueza estimada en USD 124 billones durante las próximas dos décadas. Advirtió que, sin cambios, ese proceso puede consolidar “una aristocracia estadounidense permanente de riqueza heredada”.

El gobernador pidió volver a las tasas del impuesto corporativo vigentes antes de los recortes tributarios de 2017 impulsados por Donald Trump y cerrar las “lagunas legales en el extranjero” que permiten a las multinacionales trasladar ganancias sobre el papel.

En la misma publicacion, calificó la “economía del goteo” como un experimento “fallido” de 50 años que desvió ganancias récord hacia recompras de acciones y salarios ejecutivos, mientras los ingresos de los trabajadores se estancaban.

En su propuesta, el gobernador habló de un “verdadero impuesto mínimo para multimillonarios, una regla Buffett moderna”, destinado a asegurar que quienes están en la cima paguen al menos la misma tasa que sus propios empleados.

“Hoy en día, un oficinista puede pagar una tasa impositiva más alta que la heredera. Un obrero de la construcción podría pagar una tasa más alta que el promotor inmobiliario. Y un repartidor puede terminar pagando una tasa más alta que el fundador de la empresa cuyos paquetes entrega”, escribió.

Fondo nacional de capital público para la IA

Otra propuesta del gobernador es un fondo nacional de capital público que tomaría una participación relevante en la economía de la inteligencia artificial. Los ingresos servirían para financiar la transición de los trabajadores desplazados por la IA, con indemnizaciones, prestaciones transferibles y un seguro de desempleo reforzado.

También financiaría cuidado infantil universal, educación superior sin matrícula, capacitación laboral, salud y una política industrial para lo que definió como el “siglo de la IA”.

En su artículo, Newsom afirmó: “A medida que la inteligencia artificial transforma el país, cada estadounidense debería ser dueño de una parte del futuro que construye”.

No obstante, el funcionario no detalló la tasa de ese eventual impuesto federal al patrimonio ni explicó cómo funcionaría o qué activos quedarían alcanzados. Tampoco desarrolló de qué manera operaría el fondo público de inversión en inteligencia artificial, precisó Bloomberg.

Newsom rechazó el impuesto estatal en California

En el mismo artículo de Substack, el gobernador anunció que votará contra el impuesto a la riqueza que llegará a la boleta de California en noviembre. Newsom sostuvo que los multimillonarios pueden mudarse para eludir un tributo estatal y que la disputa debe darse en el plano federal, “donde este sistema roto fue creado en primer lugar”.

De acuerdo con Bloomberg, el gobernador, multimillonarios y grupos progresistas intentaron sin éxito convencer al sindicato SEIU-UHW de retirar la medida antes del cierre del plazo, pero no lograron alcanzar su objetivo.

Citado por CBS News, el argumento se apoyó además en movimientos recientes de grandes fortunas tecnológicas hacia refugios fiscales como Florida. El diario Los Angeles Times informó que Mark Zuckerberg, Larry Page y Sergey Brin figuran entre los empresarios que compraron viviendas en ese estado.

El gobernador también cuestionó el destino de la recaudación de la iniciativa de California. Según explicó, el dinero se usaría sobre todo para gasto estatal en Medicaid y no para otras áreas, por lo que ignora las escuelas públicas y deja de lado clínicas de salud para mujeres, la vivienda y el cuidado infantil.

Por último, Newsom añadió que “el presupuesto de California pertenece a todos los californianos, no a un solo grupo de interés, por muy noble que sea la causa". Y expresó: “Seguiré defendiendo, aquí y donde sea, que la lucha contra la concentración de la riqueza es una lucha nacional que debemos ganar pronto”.

El presidente Donald Trump advirtió este viernes con imponer “inmediatamente” un arancel del 100% sobre todos los bienes enviados a Estados Unidos por cualquier país que aplique un impuesto a los servicios digitales de empresas estadounidenses, informaron Reuters y The New York Times.

El mandatario escribió en redes sociales: “Numerosos países europeos han estado discutiendo la inminente implementación de un impuesto a los servicios digitales para las empresas estadounidenses. Algunos de estos países están cerca de hacerlo realidad”.

Luego, agregó: “Por favor, que esta declaración sirva para indicar que cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100% sobre todos y cada uno de los bienes enviados a los Estados Unidos de América”.

La advertencia surge justo después de que los países del bloque europeo cumplieran el plazo para reducir a cero los aranceles a productos estadounidenses, a cambio de mantener aranceles de aproximadamente el 15% para numerosos bienes europeos. El mensaje de Trump sostiene que ese gravamen prevalecería sobre cualquier pacto comercial con Washington, “se haya implementado, firmado o no”.

La disputa por el impuesto digital amenaza el acuerdo comercial con Europa

Los impuestos a los servicios digitales gravan ingresos obtenidos por firmas tecnológicas en países donde operan, aunque no tengan presencia física allí y no paguen el impuesto sobre la renta.

De acuerdo con CBS News, aproximadamente la mitad de los miembros europeos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos han propuesto, anunciado o aplicado un impuesto a los servicios digitales. Por su parte, la Tax Foundation sostiene que esos tributos afectarían principalmente a compañías de Estados Unidos.

El medio The New York Times señaló que varios gobiernos europeos consideran o ya aplican estos esquemas. Francia, Italia, España y Austria han introducido impuestos de este tipo y en el pasado el bloque evaluó crear uno a escala comunitaria; otros países, como Bélgica, también lo estudian.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos sostiene que esos gravámenes resultan discriminatorios para las empresas estadounidenses, las cuales concentran el liderazgo del sector a nivel global, precisó Reuters.

Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca citada por The New York Times, afirmó que el presidente “ha dejado inequívocamente clara su oposición" y “está comprometido a usar las numerosas autoridades legales a su disposición para defender a los trabajadores y las empresas estadounidenses”.

La Comisión Europea, citada por el mismo medio, respondió por escrito que “todos los impuestos son no discriminatorios por diseño y se aplican por igual a todas las grandes empresas, independientemente de su origen. Las medidas unilaterales que atentan contra estas políticas legítimas son injustificadas”.

Como los 27 países del bloque negocian el comercio exterior en conjunto, una medida dirigida a uno o varios miembros suele recibir una respuesta de toda la unión. Por ello, la Comisión advirtió que, si Washington avanza, “la Unión Europea responderá con rapidez y decisión para defender sus derechos y su autonomía regulatoria”.

Francia ya aplica un impuesto del 3% a los servicios digitales

Según Reuters, París aplica desde 2019 un impuesto del 3% sobre los ingresos obtenidos en Francia por servicios digitales prestados por empresas con ingresos superiores a 25 millones de euros en ese país y 750 millones de euros a nivel mundial. El año pasado, legisladores franceses propusieron duplicarlo al 6%.

Antes de viajar a Francia para la cumbre G7, Trump ya había amenazado con aranceles del 100% al vino francés si ese impuesto no era eliminado. Esa represalia no se concretó.

El presidente Emmanuel Macron declaró la semana pasada, antes de reunirse con Trump en la cumbre, que no cedería a la presión de Washington ni retiraría el impuesto digital francés. Los servicios alcanzados incluyen mercados en línea y publicidad digital.

Incertidumbre sobre la rapidez y los mecanismos legales para imponer el arancel

Aunque la advertencia presidencial fue inmediata, no está claro con qué rapidez podría transformarse en un arancel efectivo. The New York Times recordó que, en febrero, la Corte Suprema anuló aranceles que Trump dictó el año pasado mediante una ley de emergencia que le permitía imponer gravámenes por orden ejecutiva.

Otras herramientas legales disponibles para fijar aranceles suelen requerir más tiempo. No obstante, Estados Unidos ya investigó en el pasado los impuestos digitales de Francia, Austria, España e Italia bajo la llamada Sección 301, un mecanismo que podría permitir una respuesta en plazos más breves.

La nueva amenaza se sumó a otra ofensiva comercial reciente contra Europa. La semana pasada, la administración inició una investigación para determinar si Alemania pagaba menos de lo debido por productos farmacéuticos. El proceso tendrá audiencias en septiembre y también podría desembocar en nuevos aranceles.

Atención, contribuyentes. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) publicó la lista de 110 Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO) cuyas resoluciones de atribución han quedado firmes, y que corresponden a aquellos contribuyentes que, si bien pueden emitir comprobantes de pago, no cuentan con los recursos económicos, financieros, materiales, humanos y/u otros, o estos no resultan idóneos, para realizar las operaciones por las que se emiten dichos documentos.

Es decir, que serían funcionaría como ‘empresas fantasmas’ y que emitieron facturas a clientes, pero que finalmente no serían válidas. Este listado, actualizado al 31 de mayo de 2026, incluye 110 SSCO de los cuales 73 están ubicados en Lima, 15 en La Libertad, 4 en Arequipa, 4 en Cajamarca, 4 en Huánuco, 2 en Chimbote, 2 en Ayacucho, 2 en Ica, 2 en Juliaca, 1 en Piura y 1 en Tacna.

“Estos han emitido más de 478 mil facturas, 24 mil notas de crédito y 331 notas de débito a más de 60 mil clientes. El monto estimado de crédito fiscal que no será reconocido por la Sunat es superior a los S/1.025 millones”, aclaró la entidad fiscalizadora.

Las empresas ‘fantasma’

Conforme al artículo 7 del Decreto Legislativo N.º 1532, que regula el procedimiento de atribución de la condición de Sujetos Sin Capacidad Operativa (SSCO), y el artículo 9 del Decreto Supremo N.º 319-2023-EF, que aprueba su reglamento, la Sunat cumple con publicar en su página web y en el diario oficial El Peruano, la relación de SSCO cuyas resoluciones de atribución han quedado firmes.

• Esta se puede revisar en el siguiente enlace: https://www.sunat.gob.pe/padronesnotificaciones/sujeSinCapacidadOperativa.html.

Los clientes de las facturas falsas

Asimismo, en cuanto al régimen tributario se ha determinado que 40 mil de estos clientes que recibieron facturas falsas pertenecen al Régimen Mype Tributario, 13 mil al Régimen Especial y 5 mil al Régimen General.

Sobre el sector económico, más de 25 mil pertenecen al rubro servicios, 17 mil a realizar operaciones de comercio, 8 mil a manufactura y 7 mil al sector construcción, entre los principales.

De acuerdo con la normatividad vigente, tras la publicación de la relación de SSCO en la web oficial por un periodo de cuatro años, estas empresas no podrán emitir comprobantes de pago, que permiten ejercer el derecho al crédito fiscal y/o sustentar costo o gasto para efecto del impuesto a la Renta, así como notas de crédito y débito, con excepción de las liquidaciones de compra. En adelante, solo podrán emitir boletas de venta electrónicas.

De otro lado, dentro de los primeros 30 días hábiles siguientes a la publicación de la relación, el cliente puede presentar una solicitud para pedir la revisión de los comprobantes de pago y documentos complementarios que el SSCO le hubiera otorgado desde el 20 de marzo del 2022 hasta la fecha de emisión de la lista.

Como se sabe, con este procedimiento la Sunat busca reducir el riesgo de Operaciones No Reales (ONR) y disuadir conductas evasoras para enfrentar la evasión tributaria y mejorar la recaudación del IGV y del IR, estableciendo un modelo de control eficiente y dentro de un marco legal que, además, contribuye con la reducción de la competencia desleal.

En Nueva York, la matriculación inicial de un coche o una furgoneta tiene un piso de cargos obligatorios que puede encarecer la compra inicial incluso antes de sumar impuestos y tasas locales.

Entre esos costos figura un pago fijo de USD 75, que aparece en la lista de pagos del trámite oficial y se cobra además de la matrícula y de los tributos que correspondan al tipo de operación.

Ese monto se descompone en dos cargos: USD 25 por las placas estándar del vehículo y USD 50 por el certificado de titularidad, el documento que prueba la propiedad.

Así lo especifica el estimador oficial de tarifas de la DMV del Estado de Nueva York, que enumera esos dos conceptos como pagos exigidos en una “original registration”, es decir, la primera vez que se registra un vehículo.

Según el medio Time Out New York y el estimador oficial de tarifas de la DMV del Estado de Nueva York, los USD 75 no son una tasa optativa ni sustituyen otros cobros: se dividen en USD 25 por las placas estándar y USD 50 por el certificado de titularidad, y se suman al resto de cargos de la primera registración.

El estimador oficial de la DMV del Estado de Nueva York detalla que, además del pago por placas y del certificado de titularidad, la tarifa anual de registro integra la primera inscripción, un impuesto de uso del condado (county use tax) y el impuesto a las ventas (sales tax), entre otros conceptos.

En el mismo apartado, el organismo aclara que el total depende de múltiples variables y que, por esa razón, es difícil fijar un costo único de antemano.

Aparece una diferencia para el lector: el cálculo no depende solo del precio del vehículo. La DMV enumera como factores que influyen en la cuenta final el peso, el tipo de vehículo, el condado de residencia, el tipo de combustible, la cantidad de cilindros (en algunos casos), el período de registro y el tipo de placa.

Ese conjunto de variables explica por qué dos compradores pueden enfrentar facturas distintas aun cuando ambos deban pagar el mismo cargo fijo de USD 75.

También se trata de un gasto que aparece “al inicio” y no se diluye en el tiempo: el pago por placas y el certificado de titularidad se exige para completar el registro inicial, lo que puede sorprender a quienes calculan la compra solo con el precio del auto, el seguro y la matrícula.

Matrícula por dos años y tarifa mínima de USD 32.50 para ciertos vehículos

Además del cargo fijo de USD 75, la estructura de registro en Nueva York incluye una inscripción que, en muchos casos, se emite por un período de dos años.

El propio estimador de la DMV del Estado de Nueva York contempla que el registro puede expedirse por uno o dos años, con una diferencia de costo asociada, por lo que el pago inicial no se limita a un solo ítem.

En paralelo, el cuadro oficial de tarifas de registro para vehículos de pasajeros de la DMV del Estado de Nueva York fija un punto de partida para determinados casos: indica que la tarifa mínima por dos años para un vehículo con seis o más cilindros o para un vehículo eléctrico es de USD 32,50.

Ese piso se suma al resto de cargos del trámite —incluido, cuando corresponde, el pago por placas y por titularidad— y puede elevar el desembolso total según las características del vehículo y el período de inscripción elegido.

Esa combinación —cargo fijo inicial, registro bianual y variaciones por características del vehículo— muestra que el costo de poner un auto en circulación puede aumentar rápido si el comprador no anticipa que el trámite incluye más de un componente obligatorio.

El SAT puede embargar tu cuenta bancaria sin avisarte antes: el Código Fiscal de la Federación lo permite expresamente, siempre que exista una deuda fiscal firme o impugnada sin garantía suficiente. El bloqueo se ejecuta directamente con el banco, y la notificación al titular llega hasta después.

El artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para ordenar la inmovilización de depósitos bancarios en cualquier tipo de cuenta —en moneda nacional o extranjera— sin notificar primero al contribuyente.

El oficio de inmovilización se dirige directamente a la institución financiera o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El banco tiene hasta tres días hábiles para ejecutar el bloqueo. Solo entonces, en un plazo máximo de otros tres días, el SAT notifica al titular vía buzón tributario, estrados o edictos.

Cuándo puede aplicarse el embargo

La ley contempla dos supuestos. El primero ocurre cuando el crédito fiscal ya es firme: una deuda determinada, notificada y no impugnada en tiempo, o que agotó todos los medios de defensa disponibles.

El segundo aplica cuando el crédito está impugnado pero no garantizado, y se cumple al menos una de estas condiciones adicionales:

El contribuyente no es localizable en su domicilio fiscal registrado ante el SAT

La garantía ofrecida es insuficiente para cubrir el adeudo y sus accesorios

El contribuyente no amplió la garantía cuando la autoridad lo requirió

Los bienes embargados previamente no alcanzan a cubrir el interés fiscal

En ninguno de los dos supuestos el SAT está obligado a avisar al contribuyente antes de ordenar el bloqueo a la institución financiera.

Las causas que pueden derivar en un embargo de cuenta

El SAT puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) cuando detecta incumplimientos fiscales. Entre los más frecuentes que la autoridad vincula con esta medida:

Omisión en la presentación de declaraciones fiscales mensuales o anuales

Falta de pago de impuestos dentro del plazo legal

No interponer medios de defensa ni ofrecer garantías ante un crédito firme

Ingresos declarados que no coinciden con los movimientos bancarios registrados

Uso de facturas falsas, simulación de operaciones o actividades inexistentes

El monto bloqueado corresponde al adeudo fiscal actualizado, más recargos, multas y gastos de ejecución. La ley prohíbe que el embargo exceda ese importe, ya sea que recaiga sobre una sola cuenta o sobre varias.

Cómo se ejecuta el procedimiento, paso a paso

Antes de llegar al embargo de cuentas, el SAT sigue una cadena de pasos establecida en el artículo 145 y siguientes del CFF. Primero emite un mandamiento de ejecución; luego un ejecutor designado acude al domicilio fiscal del contribuyente para requerir el pago.

Si el contribuyente no acredita en ese acto haber pagado, el ejecutor levanta un acta de embargo de inmediato. En el caso de cuentas bancarias, no es necesaria la presencia física: el SAT gira el oficio directamente al banco o a la CNBV.

Según el documento oficial del SAT sobre el PAE, si el contribuyente no es encontrado en su domicilio, el ejecutor deja citatorio para el día hábil siguiente. Si tampoco se le localiza entonces, la diligencia se entiende con quien se encuentre en el lugar.

Qué cuentas pueden ser bloqueadas y cuáles no

Son susceptibles de embargo las cuentas de cheques, ahorro, nómina, inversiones y cualquier depósito en moneda nacional o extranjera registrado a nombre del contribuyente en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

La ley excluye expresamente las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias, hasta por el monto de las aportaciones realizadas conforme a la ley de la materia.

Qué derechos tiene el contribuyente ante un embargo

El CFF reconoce al contribuyente el derecho de designar los bienes a embargar, siempre que siga el orden legal: primero dinero y depósitos bancarios, luego acciones y valores, después bienes muebles y, al final, bienes inmuebles.

Si ya se ejecutó el bloqueo de una cuenta, el titular puede ofrecer una garantía sustituta para liberar los fondos. El artículo 141 del CFF acepta como garantías: depósito en dinero o carta de crédito bancaria, prenda o hipoteca, fianza de institución autorizada, obligación solidaria de tercero solvente, embargo en vía administrativa, y títulos valor o cartera de créditos propios.

La autoridad tiene un plazo máximo de cinco días para resolver y notificar si acepta o rechaza la garantía ofrecida. Si no lo hace en ese término, la entidad financiera debe levantar la inmovilización.

Las vías legales para impugnar el embargo

Ante un embargo que el contribuyente considere indebido, el CFF y la legislación procesal fiscal prevén tres vías. La primera es el recurso de revocación ante el propio SAT. La segunda es el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La tercera es el juicio de amparo, cuando se alegan violaciones a derechos constitucionales.

El artículo 151 del CFF establece además que no procede el embargo respecto de créditos fiscales que hayan sido impugnados en sede administrativa o jurisdiccional y se encuentren debidamente garantizados conforme a las disposiciones legales aplicables.

El debate en la Cámara de Diputados sobre el Súper RIGI concentra la atención de legisladores, empresas y cámaras empresariales. El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, propone una estructura de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios inéditos para inversiones superiores a los USD 1.000 millones. La sesión convocada para este miércoles busca definir si el país adopta un modelo que prioriza la llegada de capitales extranjeros y el desarrollo de sectores emergentes mediante reglas especiales. La discusión se produce en un contexto de expectativa por parte de gobernadores, referentes industriales y actores del sector tecnológico, quienes observan el posible impacto sobre el entramado productivo local.

El texto elevado al Congreso lleva el nombre de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI. A diferencia del régimen anterior, este esquema apunta a sectores que no cuentan con antecedentes de desarrollo en el país, o que se encuentran en fases experimentales. El objetivo oficial consiste en ampliar los beneficios del RIGI original y focalizarse en industrias del futuro. El ministro de Economía, Luis Caputo, definió el nuevo régimen como una herramienta clave para promover la transformación productiva nacional y captar inversiones estratégicas.

1. Enfoque en nuevas industrias

El Súper RIGI establece que sólo podrán acceder proyectos vinculados a actividades industriales, tecnológicas y de servicios asociados a infraestructura digital estratégica que no existan en el país, o que estén en etapa experimental. Las “nuevas actividades económicas” comprenden desde inteligencia artificial, biotecnología avanzada, semiconductores y energías renovables hasta autos eléctricos y cadenas de valor relacionadas con la fabricación de baterías de litio o paneles solares.

Este criterio excluye las ampliaciones o modernizaciones de proyectos ya existentes. El régimen busca atraer inversiones que generen cadenas de valor locales y produzcan bienes y servicios con alto contenido tecnológico.

2. Monto mínimo de inversión

Para ingresar al régimen, el proyecto debe comprometer una inversión mínima de USD 1.000 millones en activos computables. Este umbral supera ampliamente el del régimen anterior, que oscilaba entre USD 200 millones y USD 600 millones según el sector. El monto elevado apunta a garantizar que sólo ingresen iniciativas de gran escala y alto impacto económico.

La exigencia de capital marca una barrera de entrada relevante, orientando el esquema hacia empresas multinacionales y conglomerados con capacidad de movilizar grandes sumas para nuevos emprendimientos industriales.

3. Ejecución inicial

El texto fija la obligación de ejecutar al menos el 20% del monto comprometido en los primeros dos años desde la fecha de adhesión. Este requisito busca que los proyectos tengan un avance tangible en el corto plazo y que los anuncios de inversión se traduzcan en desarrollos concretos.

La condición de cumplimiento temprano diferencia al Súper RIGI de otros regímenes de promoción y pretende generar un flujo temprano de obras, compras de bienes de capital y contratación de mano de obra.

4. Beneficios fiscales ampliados

Uno de los puntos destacados del Súper RIGI reside en la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU), que son sociedades constituidas exclusivamente para desarrollar cada emprendimiento. Esta tasa resulta inferior a la vigente para empresas en el régimen general y también más baja que la establecida por el RIGI anterior, que fijaba el 25%.

El esquema incorpora un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, permitiendo deducir el 60% en el primer año y el 20% en cada uno de los dos siguientes. Además, habilita la deducción de quebrantos sin límite de tiempo y la posibilidad de transferir esos quebrantos a terceros luego de cinco años.

5. Reducción de cargas sobre dividendos

El proyecto define una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades distribuidas por los VPU. Este beneficio disminuye la presión fiscal sobre la rentabilidad de los proyectos y busca mejorar la competitividad frente a otras plazas de la región.

El objetivo oficial apunta a hacer más atractiva la radicación de inversiones de largo plazo y el financiamiento de capital extranjero en sectores estratégicos.

6. Incentivos aduaneros

El Súper RIGI garantiza la exención total de derechos de importación y exportación para los bienes comprendidos en el plan de inversión y los productos obtenidos bajo el proyecto. El texto elimina cualquier traba arancelaria para el ingreso de maquinaria, insumos o tecnología, y para la salida de bienes producidos por las nuevas industrias.

Esta medida promete reducir los costos de instalación y operación, facilitando el acceso a equipamiento global y la exportación de productos con valor agregado.

7. Beneficios en Seguridad Social

El proyecto establece una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales relacionadas con nuevas relaciones laborales generadas a partir del desarrollo de los emprendimientos. Este incentivo favorece la contratación de personal y la creación de empleo formal vinculado a las inversiones aprobadas en el régimen.

La previsión de un marco previsional más laxo para estos proyectos busca potenciar el atractivo para empresas de tecnología y manufactura avanzada.

8. Estabilidad normativa por 30 años

La estabilidad normativa constituye una de las garantías centrales del esquema. El régimen asegura que las condiciones en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria se mantendrán durante 30 años desde la adhesión al programa. Esta previsibilidad resulta clave para inversiones de largo plazo y alto riesgo, como las que requiere el desarrollo de nuevas industrias.

El texto también prevé mecanismos de resolución internacional de controversias para reforzar la seguridad jurídica de los inversores.

9. Flexibilización de compras locales

A diferencia del RIGI original, el Súper RIGI elimina la obligación de contratar proveedores locales por un mínimo del 20% de la inversión. El proyecto establece que las compras locales sólo podrán exigirse en condiciones equivalentes a las del mercado internacional, lo que otorga mayor flexibilidad a los inversores para elegir proveedores.

Esta medida ha generado debate entre provincias y empresas nacionales proveedoras, ya que reduce la exigencia de integración local en las nuevas cadenas productivas.

10. Límites a la presión fiscal local

El texto introduce un tope máximo del 0,5% para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en las provincias adheridas, e impide que los municipios apliquen tasas sobre ventas generadas por los proyectos. Tampoco se podrán imponer nuevos gravámenes locales ni exigir pagos previos como condición para la presentación de recursos o demandas administrativas y judiciales.

El objetivo consiste en evitar que la carga tributaria provincial o municipal neutralice los incentivos nacionales, asegurando un entorno fiscal competitivo para las inversiones de gran escala.

El contexto del debate legislativo

La presentación del Súper RIGI en la Cámara de Diputados generó expectativa en el sector empresarial y entre gobernadores de provincias con potencial para captar inversiones en tecnología y energías renovables. La discusión en el recinto incluye la evaluación de los compromisos fiscales que las provincias deberán asumir para adherir al régimen, y la posible competencia por atraer proyectos de alto impacto.

Según fuentes parlamentarias, el oficialismo busca lograr consenso para aprobar la iniciativa y garantizar la implementación del nuevo esquema antes del cierre del periodo legislativo. El tratamiento parlamentario se da en paralelo a otras discusiones de relevancia económica, como el pago a los holdouts, lo que imprime un clima de negociación intensa entre bloques políticos y representantes regionales.

El régimen vigente, sancionado en la Ley Bases y vigente hasta agosto de 2027, ya acumula 38 proyectos presentados, con 14 aprobados y un volumen comprometido de USD 107.176 millones, concentrados principalmente en energía y minería. El Súper RIGI apunta a diversificar ese perfil y atraer inversiones hacia sectores de frontera tecnológica. La expectativa de los impulsores reside en que el nuevo régimen impulse la industrialización de recursos y la generación de valor agregado.

El debate sobre el Súper RIGI se da en un escenario donde la Argentina compite con otros países por captar capitales destinados a industrias emergentes. Legisladores, empresarios y expertos observan si la Cámara baja valida un esquema que podría transformar la matriz productiva y posicionar al país en la carrera global por la innovación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensificó los controles sobre los pedidos de devolución de percepciones del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales asociadas al uso de tarjetas de crédito para la compra de pasajes internacionales y consumos en moneda extranjera, por el computo del dólar tarjeta.

De esta manera, los contribuyentes que buscan recuperar estas percepciones enfrentan ahora exigencias más amplias en materia de justificación de fondos y respaldo documental.

Aunque el Gobierno eliminó el cepo para las personas físicas, mantuvo el dólar tarjeta. Este tipo de cambio corresponde al valor oficial del billete verde, al que se suma un 30% en concepto de percepciones por el impuesto a las Ganancias o Bienes Personales, según la situación fiscal de cada contribuyente. Es posible evitar este recargo si se realiza un stop debit y se paga directamente con dólares disponibles en la cuenta o de manera manual a través de la ventanilla del banco.

El contador Marcos Felice detalló que ARCA intensificó la fiscalización y solicitó a determinados contribuyentes la presentación de información financiera correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025. Los requerimientos incluyen la entrega de extractos completos de cuentas bancarias en pesos y en moneda extranjera, billeteras virtuales y cuentas comitentes utilizadas durante los períodos bajo análisis. La información debe reflejar la totalidad de los movimientos registrados, sin omitir ninguna operación.

Felice explicó que, como parte de los nuevos procedimientos, los contribuyentes deben confeccionar una planilla de cálculo en formato Excel, donde consignan la individualización de los fondos acreditados. Dicha planilla debe incluir la entidad financiera o billetera utilizada, el número de cuenta de destino, la fecha de ingreso de los fondos, el importe acreditado, el concepto de la acreditación y la identificación del depositante. Además, se exige consignar la cuenta de origen de cada transferencia, especificando el número de cuenta desde la cual se efectuó la operación, ya sea propia o de terceros.

Uno de los ejes centrales del control es la obligación de justificar el origen de los fondos cuando ARCA detecta diferencias entre las acreditaciones registradas y los ingresos informados. En estos casos, el organismo requiere que el contribuyente explique y documente la procedencia de los importes observados.

Entre la documentación respaldatoria se encuentran comprobantes de transferencias, contratos, documentación de préstamos, rescates de inversiones, comprobantes de ventas u otros documentos que permitan demostrar la trazabilidad de los fondos.

El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, analizó los plazos y dificultades que enfrentan los contribuyentes en este proceso. Domínguez señaló que todos los años el fisco suele demorar la devolución de las percepciones por cuestiones presupuestarias. Pero la cuestión es que ahora ARCA detectó percepciones por valores que no considera compatibles con los ingresos declarados por el contribuyentes, por lo que solicita información adicional que resulta muchas veces difícil de reunir.

Los requerimientos pueden incluir la presentación de documentación y planillas que acrediten cada movimiento y justifiquen la congruencia entre los ingresos y las percepciones reclamadas.

Domínguez remarcó que estos controles refuerzan las demoras y la carga administrativa sobre quienes buscan recuperar las sumas retenidas. Y que la fiscalización es más estricta cuando el fisco considera que existe una incompatibilidad entre los montos percibidos y la capacidad contributiva del solicitante.

Cómo solicitar la devolución de percepciones

Por su parte, la gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, explicó que existen distintos mecanismos para solicitar la devolución de percepciones por consumos y viajes al exterior, según el tipo de contribuyente. Cuando una persona no se encuentra inscripta en ningún impuesto y sufre percepciones, debe cargar las percepciones mediante una declaración jurada mensual, presentando tantas declaraciones como meses haya sufrido esos descuentos.

La solicitud de devoluciones se habilita recién el 1° de enero del año siguiente a aquel en que ocurrieron las percepciones. Por ejemplo, si alguien viajó en enero, febrero o marzo de 2026, podrá pedir la devolución en enero de 2027. La recomendación es hacerlo lo antes posible desde la fecha que se habilita porque desde ese momento corren los intereses si se demora la devolución.

En el caso de empleados en relación de dependencia, Girardi indicó que la posibilidad de recuperar las percepciones depende de la situación ante el impuesto. Si el trabajador supera el Mínimo No Imponible (MNI) y sufre retenciones, debe informar al empleador el monto total de las percepciones sufridas. El empleador descuenta ese monto a través del sistema SIRADIG, pero solo hasta el tope de lo que retuvo. Así, si el empleador retuvo $100.000 y el trabajador tuvo percepciones por $150.000, existirán $50.000 que no se reintegrarán por esa vía y deberán ser reclamados por otro mecanismo.

La operatoria, tanto para empleados en relación de dependencia como para contribuyentes no inscriptos, exige un seguimiento minucioso de los detalles y la preparación de toda la información que requiere ARCA. El proceso implica la carga de declaraciones, la confección de planillas detalladas y la presentación de comprobantes que respalden cada operación observada por el organismo.

Los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires podrán regularizar de forma directa y 100% digital sus deudas judiciales y los honorarios de los mandatarios sin necesidad de intermediarios, a través del Portal del Contribuyente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).

De acuerdo con información del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más de 22.000 personas completaron procesos judiciales durante la moratoria a través de este procedimiento.

A partir de ahora, quienes lo requieran podrán acceder al Plan de Facilidades Permanente y realizar el pago de honorarios de manera online.

En el caso de deuda tributaria, el Plan de Facilidades Permanente permite opciones de financiación de hasta 36 cuotas. Si se elige el pago al contado, el VEP (Volante Electrónico de Pago) deberá ser generado por el mandatario judicial.

En tanto, los honorarios podrán ser abonados en hasta 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas en los casos que la deuda se regularice mediante la suscripción del Plan Permanente de Facilidades de Pago vigente.

La primera cuota del plan debe abonarse dentro de las 48 horas posteriores a la emisión. Cuando la adhesión se realiza entre el 1° y el 15 del mes, las cuotas siguientes vencen el último día hábil de cada mes, iniciando en el mes en que se concretó la adhesión.

Si la adhesión ocurre entre el 16 y el 31, las cuotas restantes vencen el último día hábil de cada mes, pero el calendario comienza el mes siguiente al de la adhesión.

En los casos en que el vencimiento coincida con un día inhábil, el pago se traslada automáticamente al primer día hábil disponible. Los VEP tienen una validez de 48 horas corridas desde su emisión; si expiran, es necesario generarlos nuevamente.

“Sabemos que para muchos vecinos resolver una deuda judicial significa lidiar con trámites y dependencia de terceros. Con esta herramienta les damos la posibilidad de hacerlo solos, en cuotas, de forma simple y con total claridad sobre cada paso. Es nuestra forma de acompañar a quien decide poner su situación en orden”, afirmó Germán Krivocapich, Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos.

Desde el gobierno porteño aseguran que la ampliación de esta herramienta digital busca brindar mayor autonomía a los contribuyentes, simplificar trámites y reducir instancias de intermediación operativa. Además, consideran que promueve una mayor transparencia en estas gestiones.

Vale mencionar que quedan excluidas del régimen:

• Deudas en planes de pago vigentes.
• Deudas comprendidas en el Decreto 606/96 (liquidaciones extraordinarias por diferencias derivadas de las nuevas valuaciones de inmuebles)
• Deudas tributarias en concursos o quiebras.
• Deudas de agentes de recaudación por retenciones/percepciones no ingresadas u omitidas.
• Deudas de contribuyentes con condena penal tributaria firme o avenimiento homologado no cumplido.

Paso a paso para realizar el trámite

El procedimiento es autogestionado y se realiza online a través del Portal del Contribuyente de AGIP:

1- Ingreso: Acceder al Portal del Contribuyente con cuenta miBA Nivel 3 y seleccionar el servicio “Planes de Facilidades”.

2- Selección: Elegir el tipo de plan de pagos (de 1 a 6 cuotas para los honorarios y de 1 a 36 cuotas para la deuda tributaria judicializada), el impuesto correspondiente y el dato identificador. Luego, identificar el proceso judicial y seleccionar los importes a cancelar:

- La identificación del proceso judicial.

- El detalle de los conceptos e importes a cancelar o regularizar.

- Las condiciones de cancelación.

- La red de pago habilitada.

- Los datos requeridos para el perfeccionamiento del acogimiento.

- La Clave Bancaria Uniforme (CBU), en caso de corresponder.

- La CUIT del pagador, cuando no coincida con la del contribuyente.

3- Generación: Confirmar la operación para generar el plan y el correspondiente VEP. Se deberá informar un CBU.

Así, la implementación de este sistema permite que los contribuyentes gestionen sus obligaciones judiciales y los pagos vinculados de manera autónoma y estructurada, a través de un canal digital que centraliza y organiza las diferentes etapas del trámite.

El triunfo en segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Abelardo de la Espriella abre oportunidades de crecimiento para las empresas, aunque condicionadas a que actúen con estrategia, innovación y capacidad de ejecución. Así lo confirmó un análisis presentado por el consultor senior en Estrategia e Innovación de Modelos de Negocio y socio de Change Americas, David Guzmán Mendoza.

De acuerdo con el experto, la llegada del nuevo gobierno puede traducirse en más seguridad, impulso a la inversión privada y reactivación productiva, pero también exige a las compañías revisar su planeación, el modelo de negocio y las prioridades de inversión. El planteamiento sostiene que el crecimiento no será automático y que solo avanzarán las organizaciones que se adapten con rapidez al nuevo entorno.

Para él, el inicio del gobierno de De la Espriella tiene implicaciones para la empresa privada, la inversión, la seguridad jurídica y la competitividad del aparato productivo nacional.

“En economía, como en los negocios, la mayor ventaja competitiva no la tienen los más grandes ni los más inteligentes, sino los que actúan antes de que el ciclo sea obvio. Colombia ahora está frente a uno de esos momentos. La pregunta no es si el nuevo ciclo traerá oportunidades. La pregunta es si su empresa estará preparada para capturarlas primero que la competencia”, anotó.

Las cifras que marcan el cambio de ciclo

Señaló el consultor que el cambio de gobierno encuentra a Colombia con una economía que creció 2,2% en el primer trimestre de 2026 y con una tasa de interés del Banco de la República de 11,25%. Añadió que el sistema tributario ocupa el puesto 36 entre 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) en competitividad fiscal y que la informalidad laboral alcanza el 55%.

También indicó que hay señales favorables en la actividad:

• Inversión extranjera directa: aumentó 34,4% en el primer trimestre de 2026.
• Exportaciones no minero-energéticas: llegaron a USD26.388,9 millones en 2025, el nivel más alto en la última administración.

Guzmán Mendoza agregó que la confianza empresarial repuntó de forma sostenida durante el segundo semestre de 2025. Según él, esos datos pueden significar que el mercado anticipó el cambio antes de que se produjera, quizá impulsado por el fin del Gobierno de Gustavo Petro.

Los ejes del programa que mira el sector empresarial

El experto sostuvo que el programa “Patria Milagro” plantea cuatro transformaciones que los empresarios deben leer con atención, no como propaganda política, sino como una arquitectura de oportunidades. Los analizó de la siguiente manera:

• Seguridad territorial y la competitividad fiscal como bases del desarrollo:

Se ubica un plan de choque de 90 días para desmantelar la extorsión en sectores como agro, logística y turismo. Esa seguridad funcionaría como habilitador para atraer inversión y abrir nuevas geografías de negocios.

• Clima de inversión:

El plan contempla reducir el tamaño del Estado hasta en 40%, simplificar regulaciones, eliminar de forma gradual el 4x1000 y bajar la carga tributaria para las empresas que generen empleo formal.

• Infraestructura, energía y sectores de largo plazo:

La propuesta incluye duplicar la producción petrolera, aplicar fracturación hidráulica con responsabilidad ambiental, retomar concesiones viales, construir más de un millón de viviendas y desarrollar 30.000 kilómetros de vías terciarias.

Guzmán Mendoza indicó que ese impulso dinamizaría a más de 30 industrias conexas por el efecto multiplicador de la construcción. La cuarta transformación, añadió, se orienta al talento y a la producción local. En ese apartado, el consultor mencionó el aprovechamiento de la frontera agroindustrial en la altillanura, incentivos para la economía digital y la inteligencia artificial, y una meta de reducción del 40% en la informalidad laboral para expandir el mercado de consumo formal. Todo ello, según su análisis, forma parte de la apuesta económica del programa.

• Rediseño del modelo de negocio:

Se busca identificar dónde la empresa puede ser más competitiva, exportadora y digital. En esa lógica, propone priorizar inversiones en infraestructura, agroindustria, seguridad energética, logística y tecnologías disruptivas que impacten de forma directa los flujos de valor.

Para ejecutar ese ajuste, el consultor planteó proyectos piloto, disciplina operativa, indicadores como los OKR, tableros de analítica de datos, ciclos cortos de seguimiento y un equipo humano competente. El planteamiento concluye que la diferencia estará entre limitarse a observar el nuevo panorama del país o convertirlo en una hoja de ruta aplicada.

Respuesta empresarial

Sobre la respuesta empresarial, Guzmán Mendoza advirtió que “para transformar el nuevo panorama en crecimiento real, las organizaciones deben abandonar la inercia y tomar decisiones deliberadas que comiencen por actualizar su planeación estratégica, dejando atrás los supuestos obsoletos de años anteriores”.

Añadió que esa revisión exige evaluar riesgos regulatorios y oportunidades sectoriales para redefinir el mapa estratégico de cada compañía.

El empresario Víctor de Aldama no entrará en prisión. De momento. Aunque el Tribunal Supremo le ha condenado a cuatro años y medio de cárcel en el ‘caso mascarillas’ (en el que Ábalos ha sido castigado con 24 años y Koldo con 19 años) no pisará la celda porque la Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha considerado que su “aportación realizada al descubrimiento de los delitos” merece la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. De Aldama sí tendrá que pagar 340.000 euros en concepto de responsabilidad civil y 72.000 euros en multa. Pero no tendrá que devolver los 3.713.981 euros que la Fiscalía Anticorrupción fijó que Aldama había cobrado por amañar los contratos de mascarillas adjudicados por Puerto del Estado y Adif. Aldama se llevó más dinero. En total, entre ese y otros contratos de mascarillas durante la pandemia, ganó 6,6 millones de euros.

Esta no es la única causa en la que Aldama tiene cuentas pendientes con la Justicia. La Audiencia Nacional le investiga por blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y delito fiscal en el ‘caso Villafuel’, una operadora que suministraba hidrocarburos en el mercado español. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Víctor de Aldama, junto a su socio Claudio Rivas, “se encuentran en la cúspide de la dirección de la organización criminal controlando la estructura societaria encabezada por Villafuel SL, que perfeccionó, entre 2022 y 2024, delitos contra la Hacienda Pública cuantificados inicialmente en 182.513.923 euros”. De hecho, Víctor de Aldama empezó a tirar de la manta contra Koldo García y José Luis Ábalos (para intentar obtener futuros beneficios procesales) cuando la UCO ya había encontrado pruebas muy concluyentes contra él en esta causa de hidrocarburos.

Los agentes consideran que Rivas y Aldama “son los ideólogos de la estructura empresarial y de la operativa que perfecciona el fraude, y que el segundo, que llegó a ser presidente del Zamora Club de Fútbol, es un miembro imprescindible de la organización ”por sus vinculaciones empresariales, contactos, conocimientos del sector de los hidrocarburos, y por el control que ejerce en todas las áreas de actuación de la organización, logística, fiscal, bancaria e inmobiliaria". Rivas y Aldama nombraron también a los testaferros de las empresas suministradoras que recibían los hidrocarburos.

El sistema de fraude era sencillo. Villafuel SL es la operadora que conseguía el combustible. Luego Villafuel vendía el producto a siete suministradoras. Son las que ha localizado, de momento, la UCO en este causa. “Las interposiciones de las suministradoras en esta cadena comercial no solo tienen la función de asumir el impago del impuesto, sino la de servir de canal de blanqueo para transferir, desde sus cuentas bancarias, fondos de procedencia delictiva a empresas radicada en el extranjero, sobre todo Portugal, China y Colombia, amparadas en presuntos contratos ficticios de servicios de asesoramiento”. Estas suministradoras estaban controladas, en realidad, por Claudio Rivas y Víctor de Aldama.

Fraude del IVA

La operadora Villafuel se situaba así en una “simulada legalidad”, señala la UCO, ya que eran las empresas suministradoras “instrumentales” sobre las que se hacía recaer la responsabilidad del impago del IVA. Esta suministradoras ofrecían un combustible más barato, porque no iban a pagar el IVA. En el tercer eslabón de la cadena estaban las comercializadoras, que recibían el combustible de las suministradoras. Las comercializadoras vendían la gasolina o el diesel en condiciones más ventajosas, “podían vender a precios más bajos que los de la competencia, acaparar cuota de mercado y obtener, además, beneficios”.

La UCO ha constado que las suministradoras (enlace entre la operadora Villafuel y las comercializadoras) no tiene oficina física en las ubicaciones que declaran en el Registro Mercantil, ni siquiera en las que muestran en sus propias páginas web. En su caso “no es que esté oculta su ubicación, es que no existen o no han podido ser localizados”. A través de estas sociedades, tomando como referencia desde mayo del 2022 hasta marzo del año 2024, la trama liderada por Rivas y Aldama ha transferido “fondos de procedencia delictiva a Portugal, China y Colombia, por un importe total de 73.902.852,60 euros”, sentencia la UCO. Estas transferencias al extranjero estarían “amparadas en presuntos contratos ficticios de servicios de asesoramiento, confeccionados en su mayoría por Víctor de Aldama”.

Los investigadores cuantifican las ventas de Villafuel, al incluir a las siete suministradoras en la cadena comercial, en 835,3 millones de euros en solo 16 meses. Un negocio redondo. Las comercializadoras bajaban el precio del producto qye recibían de Villlafuel al vendérselo a las comercializadoras en condiciones más ventajosas, utilizando como margen comercial el porcentaje de IVA que no van a abonar. El sumario del caso ‘Villafuel’ también revela la estructura societaria que dependía de Aldama: MTM 180 Capital, Businesscity, Future Factory SL, Deluxe Fortune, Antromero Desarrollo Empresarial, Araf Grupovivir SL, Bocata Food, Businesstar International, Duda Razonable SL, Global Stratos Investments, Grupo Signum Inversiones, Hot Wheels Ibérica, Logística Comercial Montelimar, Original London, Pilot Real Estate, Proyectos Annapurna II, Proyectos Inpedendientes Gems II SL, Proyectos Vapesa, Soum y Endell Investments, Telefarmacia APP, Word Magic in the Villages.

Pagos a Ábalos

A través de una de estas empresas, MTM 180 Capital, Aldama recibió pagos por parte de Claudio Rivas como contraprestación por un trabajo muy importante. Aldama consiguió que el ex ministro José Luis Ábalos intermediaria para que Villafuel consiguiera la licencia como operadora y, por tanto, pudiera cometer el fraude en el IVA. Aldama recibió en junio de 2021 un total de 181.500,00 euros y en julio de 2021 otros 110.916,66 euros. “Con posterioridad y ya integrado en el organigrama de la organización criminal, Víctor de Aldama percibió otras cantidades que ascendieron a 925.036,95 euros”, concluye la UCO. Dinero que movió al extranjero. Aldama también tenía fuera de nuestras fronteras otras sociedades: tres en Portugal y dos en Ecuador.

Aldama espera salir relativamente airoso de esta causa. Para ello, también ha empezado a colaborar en otra causa. El empresario ya ha declarado el pasado mes de marzo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el marco de la investigación que este magistrado ha abierto sobre la posible financiación ilegal del PSOE.

Los propietarios comerciales de Boyle Heights impulsan un impuesto para financiar seguridad, limpieza y paisajismo privados en una zona junto al río de Los Ángeles.

La propuesta avanzará esta semana en el Ayuntamiento, abarcaría más de 160 parcelas durante cinco años y reavivó el conflicto por la gentrificación en el barrio.

El plan, citado por Los Angeles Times, alcanzaría a más de 70 propietarios y prevé recaudar USD 6,9 millones entre enero de 2027 y diciembre de 2031, con cerca de USD 1,2 millones en su primer año.

La propuesta adoptaría la forma de un Business Improvement District, una asociación autofinanciada que obtiene recursos mediante gravámenes a la propiedad dentro de un perímetro definido.

En este caso, el cobro se aplicaría solo a dueños de inmuebles comerciales del distrito industrial y no a residentes de departamentos o casas cercanas.

La zona incluida y el alcance del gravamen

El área incluida se extiende de las calles 1st a 7th y entre Mission Road, Clarence y Anderson. Allí conviven estudios de filmación, depósitos y escenarios con el complejo de vivienda pública de Pico Gardens y un sector residencial próximo a la iglesia Dolores Mission.

Los propietarios sostienen que la ciudad no presta servicios suficientes para mantener limpias las calles ni para proteger a sus trabajadores. También afirman que el distrito permitiría financiar tareas regulares que, según ellos, hoy no reciben en la zona.

Qué financiaría el distrito

Según el proyecto, los fondos pagarían tareas de paisajismo, incluida la remoción de maleza, y personal de saneamiento para barrer basura y residuos de veredas y cunetas los siete días de la semana.

También podría contratarse seguridad para “garantizar que se reduzcan los delitos menores y el vandalismo” dentro del área.

La iniciativa agrega que sus promotores buscarán “minimizar el impacto de las personas sin hogar” mediante trabajo conjunto con servicios sociales.

El dinero también se usaría en acciones de marketing, desarrollo de un sitio web y campañas de relaciones públicas para promover negocios y actividades dentro del distrito.

Para David DaCosta, vinculado al estudio Ace Mission Studios, el esquema sería una asociación entre sector privado y público.

En una reunión realizada en mayo en Dolores Mission afirmó: “Hay una relación natural entre todos nosotros, un camino natural para que todos queramos trabajar juntos”.

El abogado Alfred Fraijo Jr., del estudio Somos Group, que colabora en el proceso de creación del distrito, señaló en ese encuentro que los impulsores analizan “modos alternativos” de construir seguridad pública. Fraijo, oriundo de Boyle Heights, reconoció que comunidades como esa han padecido vigilancia policial excesiva.

Su planteo fue que una mejor iluminación puede volver la zona más transitable. “Tener ojos en la calle es una manera de hacerlo”, dijo.

“Queremos asociarnos con organizaciones que ya están haciendo un buen trabajo en Boyle Heights, creando seguridad en las intersecciones para los niños que cruzan la calle”.

La oposición y las dudas de los residentes

La resistencia surgió porque el proyecto aparece en un momento en que Boyle Heights sigue discutiendo quién se beneficia del desarrollo urbano.

Para Elizabeth Blaney, de Union De Vecinos, rama local de Los Angeles Tenants Union, el distrito pondría “el control del espacio público en manos de los negocios” que formen parte de él.

Blaney también cuestionó el alcance de ese poder: “Ellos pueden decidir qué ocurre ahí”, dijo. “Pueden decidir la estética del vecindario. Pueden decidir quién puede estar en la calle y a qué horas. Pueden contratar seguridad en bicicletas y autos que patrulle, haga cumplir reglas y hostigue”.

Union De Vecinos organizó una petición contra la iniciativa que, según sus organizadores, reunió más de 300 firmas. El texto sostiene que el distrito podría contribuir al aumento de los alquileres y a una mayor congestión de estacionamiento.

Entre los vecinos hay posiciones divididas. Margarita Amador, residente de Boyle Heights, consideró positivo que alguien de la comunidad quiera invertir para mejorar la calidad de vida y recordó que creció allí cuando la violencia de pandillas estaba en su punto más alto.

“Antes nadie quería venir a ese lado de la ciudad”, dijo Amador. A su juicio, la renovación urbana y las inversiones mejoraron el barrio, y agregó: “No estamos en condiciones de rechazar dinero”.

Ana Hernandez, residente de Pico Gardens, desconfió de los actores que promueven el proyecto. Sostuvo que empresas del área industrial organizan eventos nocturnos, incluidas fiestas electrónicas, que alteran la vida cotidiana de quienes viven cerca por el ruido hasta la madrugada.

“No traen negocio para la comunidad. Lo que quieren son ganancias”, dijo. “Quienes dominan las calles son personas que no son de la comunidad”.

Sylvia Sifuentes, propietaria de una vivienda cercana, no se declaró en contra del distrito, pero reclamó información más clara para los residentes sobre su funcionamiento y sus efectos. Sifuentes, de 67 años, vive cerca de Dolores Mission desde que nació y solo hace poco se enteró de la propuesta.

La reunión de mayo fue, para ella, la primera explicación formal del plan. Al principio entendió por error que propietarios como ella también pagarían el impuesto y se preguntó por qué hacía falta un nuevo cargo si la ciudad ya presta servicios de remoción de grafitis y recolección de basura.

El argumento de los promotores y los próximos pasos

Mark Borman, de Bridge & Corner, empresa que alberga producciones audiovisuales en la zona, sostuvo que el distrito podría atender problemas ambientales que afectan el bienestar de sus inquilinos. “Sufrimos vertidos ilegales, muchas veces de materiales tóxicos”, dijo en la reunión de mayo.

Borman afirmó que no reciben servicios en la calle, que las vías no son barridas, que los edificios aparecen pintados “a diario” y que los autos son forzados con regularidad.

A su vez, añadió que los propietarios llaman al sistema municipal 311 sin resultados y que algunos inquilinos le dicen que no se sienten seguros al volver a sus autos después del trabajo.

DaCosta planteó el mismo problema desde la contratación laboral: “Si empleas personas y manejan temprano por la mañana o trabajan hasta tarde, y el área no es segura, es difícil reclutarlas y es difícil retenerlas”, afirmó. “¿Por qué alguien querría venir a trabajar a un área que no es segura?”.

El medio indicó que la próxima etapa del proyecto será el martes en el comité de Desarrollo Económico y Empleo de la ciudad.

Si obtiene aprobación, pasará al pleno del Concejo Municipal antes de que se envíen boletas a los propietarios del distrito y, tras unos 45 días, el Ayuntamiento contabilizará esos votos para decidir si crea formalmente el nuevo distrito.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) recomendó al próximo Gobierno de Abelardo de la Espriella hacer un ajuste fiscal equivalente a 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), sobre todo mediante recortes de gasto y una reforma tributaria estructural. Advirtió, por medio de un documento denominado “La bomba de tiempo fiscal que recibe el Gobierno de Abelardo de la Espriella”, que las cuentas públicas de Colombia enfrentarán una presión creciente en 2026, con riesgo de que el déficit fiscal alcance 7,2% del PIB y una brecha de al menos $63 billones respecto al escenario oficial.

La principal diferencia con el escenario oficial aparece en el tamaño del desbalance previsto para 2026. Mientras el Gobierno de Gustavo Petro proyecta un déficit total de 5,3% del PIB y un déficit primario de 2,1%, el centro de pensamiento calcula un escenario base de 6,5% y 3,3%, respectivamente.

A la actual administración le restan 46 días y el relevo político ya pone el foco sobre la transición fiscal. Según Anif, parte del ajuste quedaría trasladado a la administración entrante, que además tendría que construir consensos para sanear las finanzas públicas.

Las cifras que separan al Gobierno y a Anif

Las diferencias entre ambos escenarios también pasan por los supuestos macroeconómicos:

• Crecimiento económico: el Gobierno prevé un crecimiento del PIB de 2,6% en 2026, mientras Anif lo ubica en 2,5%.
• Inflación: la proyección oficial marca 6,0%, pero Anif la eleva a 6,4% por presiones como el ajuste de 23% en el salario mínimo y el fenómeno de El Niño.
• Cuentas fiscales y variables de referencia: el Gobierno calcula ingresos por 16,1% del PIB y gasto total por 21,4%, frente a 16% y 22,4% en el escenario de Anif, además de un precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, de USD85,5 por barril.

Los riesgos en el presupuesto y la deuda

Para Anif, el cumplimiento de las metas oficiales depende de una ejecución del presupuesto que abre riesgos inmediatos. Entre enero y mayo de 2026, los recursos comprometidos del Presupuesto General de la Nación (PGN) subieron 18,1% en términos nominales, y el centro de estudios advirtió que, si esa trayectoria sigue sin rezagar gasto, el déficit primario podría superar 4% del PIB.

La Asociación que preside José Ignacio López resumió ese dilema con una fuerte advertencia. “Por el contrario, si el Gobierno quiere cumplir con la desviación permitida por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) bajo la cláusula de escape de la regla fiscal, que permite máximo un déficit primario de 2,1% del PIB, se deberían rezagar al menos $63 billones, los cuales se tendrían que pagar en el 2027, heredando el problema a la nueva administración”.

A ese cuadro se suma el manejo de la deuda. El Ejecutivo apunta a operaciones que permitirían ahorrar hasta un punto del PIB en intereses, pero Anif dijo que las dificultades de caja elevan el riesgo de que esa estrategia no se materialice. Si eso ocurre, el pago de intereses subiría de 3,2% a 4,2% del PIB. Bajo ese escenario, el déficit fiscal podría llegar a 7,2% del PIB.

El centro de estudios definió ese panorama como una “disyuntiva compleja” entre asumir el costo del ajuste este año o desplazar la carga hacia 2027. También sostuvo que “el ajuste del gasto queda abierto a la siguiente administración”.

Ajuste de $53 billones

Frente a la propuesta oficial de una reforma tributaria por $30,2 billones, Anif sostiene que el ajuste debe concentrarse ante todo en el gasto público. Su paquete suma 3 puntos del PIB, o $53 billones, con una combinación de austeridad, reforma del gasto y cambios tributarios. Propuso lo siguiente:

• Funcionamiento: el ahorro estimado es de 0,7% del PIB, unos $14 billones. Se propuso congelar y eliminar cargos en la nómina pública, limitar el crecimiento salarial, recortar contratos de prestación de servicios y desmontar de forma gradual subsidios a combustibles como Acpm y gasolina.
• Subsidios: se necesita revisar la estructura de subsidios y mejorar la focalización del gasto social mediante cruces de bases de datos. El impacto de estas medidas de ajuste podría ascender los 0,7 puntos del PIB ($14 billones).
• Inversión: el recorte potencial es de 1,4% del PIB, es decir, $27 billones. De cada $100 destinados a inversión, solo $35 son realmente inversión productiva, por lo que propuso eliminar duplicidades, revisar programas de baja ejecución y recortar inversión no comprometida.
• Componente tributario: se ubica en 0,6% del PIB, unos $12 billones. Se necesita ampliar la base tributaria de personas naturales, reducir beneficios y rentas exentas, reforzar la facturación electrónica, combatir la evasión, revisar la estructura del IVA y discutir la tributación de las pensiones más altas.

“Dada la magnitud del ajuste fiscal requerido, una vez se realicen ajustes significativos en el gasto, se debe considerar una reforma tributaria estructural enfocada en ampliar la base tributaria y reducir la evasión”, señaló el centro de estudios. También pidió que el gobierno entrante empiece desde este año a aplicar medidas para retomar la regla fiscal y recuperar credibilidad fiscal.

Crecimiento necesario para sostener el ajuste

Anif advirtió que un recorte de esa magnitud no se sostendría solo con tijeras presupuestarias y más ingresos. El planteamiento incluye reactivar la inversión y la productividad para sumar al menos un punto porcentual al crecimiento anual, con posibles efectos sobre el costo de la deuda, el tipo de cambio y la calificación crediticia.

La decisión de fondo, según el análisis, pasa por escoger entre asumir ahora el costo político y económico del ajuste o aplazarlo hacia 2027 con exigencias mayores. Para Anif, el margen fiscal del próximo gobierno dependerá tanto del recorte del gasto como de que la economía vuelva a ganar tracción.

Comprar una vivienda nueva en España implica mucho más que pagar el precio anunciado. Detrás de cada operación existen impuestos, tasas y cargas públicas que elevan el coste final que afronta el comprador. Según un informe elaborado por EY para Asprima, la carga fiscal acumulada sobre una vivienda nueva puede superar los 78.000 euros, lo que representa más del 26% del precio de referencia de un inmueble valorado en 300.000 euros.

El estudio, centrado en el impacto del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, pone cifras a una realidad que afecta directamente al acceso a la vivienda. La investigación concluye que una parte significativa del importe pagado por los compradores no corresponde al valor del inmueble en sí, sino a los distintos tributos que se aplican durante todo el proceso, desde la adquisición del suelo hasta la firma de la escritura.

Esta situación, advierten los autores del informe, contribuye al encarecimiento estructural de la vivienda nueva en España y dificulta el acceso a la propiedad para jóvenes y familias con menor capacidad económica.

Una factura fiscal que empieza antes de construir

El informe detalla que la carga tributaria se genera en varias etapas. La primera comienza incluso antes de que se coloque un ladrillo. En la fase de adquisición del suelo, los promotores deben asumir impuestos como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP), costes que posteriormente terminan integrándose en el precio final de la promoción.

A esta primera carga se suman los costes derivados de la fase de construcción. Durante el desarrollo del proyecto, las empresas promotoras deben hacer frente a una larga lista de tributos y tasas.

Entre ellos destacan el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), las tasas por licencias urbanísticas, los Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculados a determinadas operaciones, la Licencia de Primera Ocupación, diversas tasas municipales, además del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

Aunque estos impuestos no son abonados directamente por el comprador, el informe señala que terminan repercutiendo en el precio final de la vivienda, incrementando el coste que finalmente debe asumir quien adquiere el inmueble.

Más de 32.000 euros en impuestos directos para el comprador

La última fase es la que afecta de forma más visible al ciudadano. En el momento de la compra, quien adquiere la vivienda debe asumir directamente una factura fiscal de 32.250 euros en una vivienda tipo de 300.000 euros.

Esta cantidad incluye principalmente el IVA correspondiente a la adquisición de una vivienda nueva y los Actos Jurídicos Documentados asociados a la escritura de compraventa. Sin embargo, el estudio subraya que esta cifra representa solo una parte del impacto fiscal total.

El resto de los costes tributarios, incluyendo el Impuesto sobre Sociedades, la plusvalía municipal y las cargas acumuladas en las etapas previas, ya están incorporados al precio de venta. De este modo, el comprador termina soportando indirectamente una carga fiscal mucho más elevada de lo que percibe a simple vista.

Una barrera para el acceso a la vivienda

La presidenta de Asprima, Carolina Roca, considera que esta situación se ha convertido en uno de los principales obstáculos para acceder a una vivienda nueva.

“La carga fiscal sobre la vivienda nueva se ha convertido en una barrera insostenible para quien quiere comprar su primera vivienda. El comprador asume una carga enorme sin ser consciente de que una parte muy importante de lo que paga no corresponde al valor real de la vivienda, sino a la acumulación de impuestos durante todo el proceso”, afirma.

Desde el sector inmobiliario advierten de que esta presión fiscal se produce en un contexto ya marcado por la escasez de oferta, el aumento de los costes de construcción y las dificultades de financiación que afrontan muchos compradores.

Los expertos consideran que la combinación de estos factores está dificultando cada vez más el acceso a la vivienda en propiedad, especialmente entre los jóvenes. Según las conclusiones del informe, una revisión de las cargas fiscales vinculadas a la promoción y compraventa de vivienda nueva podría contribuir a reducir los precios finales y facilitar el acceso al mercado inmobiliario para miles de familias.

La e.firma del SAT es uno de los documentos más importantes para los contribuyentes, tiene una vigencia de cuatro años y su obtención por primera vez es un trámite 100% presencial que no admite excepciones: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) requiere la captura de datos biométricos —huellas dactilares, fotografía y registro de pupila— en alguno de los 67 módulos habilitados en la República Mexicana.

El certificado digital equivale, en términos jurídicos, a la firma autógrafa y es obligatorio para cualquier persona física o moral que necesite cumplir trámites fiscales en México. Desde 2026, el SAT lo exige para todas las devoluciones superiores a $10,000 pesos mexicanos (MXN), un umbral que amplió el rango de contribuyentes obligados a contar con él.

Qué documentos se necesitan para tramitarla por primera vez

Para acudir al módulo del SAT, la persona física debe reunir los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o cédula profesional con fotografía.

CURP certificada (descargable en gob.cada mx/curp).

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses (recibo de luz, agua, teléfono fijo, gas o predial).

Correo electrónico activo al que se tenga acceso inmediato.

Memoria USB nueva o limpia con al menos 1 GB de espacio libre.

Para personas morales, los requisitos incluyen además el acta constitutiva, poder notarial y documentación que acredite la representación legal.

Cómo agendar la cita en el SAT

Las citas se realizan exclusivamente a través del portal citas.sat.gob.mx. El sistema libera nuevos espacios cada día a las 7:00 horas (tiempo de México) para los siguientes 14 días.

Los pasos son:

1. Ingresar a citas.sat.gob.mx y aceptar los avisos del sistema.

2. Seleccionar el tipo de contribuyente (persona física o moral).

3. Elegir el trámite “e.firma — Primera vez” y el estado y módulo más cercano.

4. Capturar CURP o RFC, correo electrónico y teléfono celular.

5. Seleccionar fecha y hora disponibles en el calendario.

6. Confirmar y descargar el comprobante en PDF.

Si no hay disponibilidad inmediata, el portal ofrece la Fila Virtual: el sistema envía un token al correo del usuario cuando se libera un espacio.

Qué ocurre en el módulo del SAT

En la cita, el personal del SAT verifica la identidad del contribuyente mediante comparación biométrica —huella dactilar y fotografía— y coteja los documentos presentados. La cita tiene una duración estimada de entre 20 y 40 minutos.

Al finalizar, el SAT entrega en la memoria USB tres archivos: el certificado digital (.cer), la llave privada (.key) y un comprobante en PDF. El certificado queda activo en el momento de su emisión.

Es indispensable guardar los archivos .cer y .key en al menos dos lugares seguros —USB y respaldo en nube cifrada— y conservar la contraseña de la clave privada. Si se pierden los archivos o se olvida la contraseña, el proceso debe iniciarse desde cero.

Cada cuánto se renueva y qué opciones existen

La e.firma debe renovarse cada cuatro años. El procedimiento varía según el estado del certificado al momento de hacer el trámite.

Si la e.firma aún está vigente, la renovación es completamente en línea mediante el programa Certifica y el portal CertiSAT Web, sin necesidad de acudir al SAT:

1. Descargar el software Certifica desde sat.gob.mx → Herramientas → Certifica.

2. Abrir Certifica y seleccionar “Solicitud de renovación de Certificado de e.firma”.

3. Cargar el archivo .key e ingresar la contraseña de clave privada.

4. Crear una nueva contraseña y mover el ratón de forma aleatoria hasta completar la barra de progreso.

5. El sistema genera un archivo .ren (solicitud de renovación). Guardarlo.

6. Ingresar a CertiSAT Web con la e.firma actual, subir el archivo .ren y descargar los nuevos archivos .cer y .key.

El nuevo certificado tiene vigencia de cuatro años desde la fecha de emisión.

Renovación si la e.firma ya venció (menos de un año)

Si el certificado caducó hace menos de 12 meses, el trámite puede realizarse sin cita presencial a través de la aplicación SAT ID, disponible para iOS y Android:

1. Abrir SAT ID e ingresar el RFC.

2. Seleccionar “Renovación de e.firma”.

3. Subir foto de la identificación oficial y realizar la prueba de vida: grabar un video corto repitiendo una frase aleatoria que el sistema indica.

4. Firmar la solicitud en pantalla y guardar el número de folio.

El SAT valida la identidad mediante biometría y envía una respuesta al correo registrado en un plazo máximo de cinco días hábiles. Si la solicitud es aprobada, el usuario debe regresar al programa Certifica y a CertiSAT Web para generar y descargar los archivos finales.

Cuándo es obligatorio ir al SAT en persona

Existen tres situaciones en las que la renovación presencial es ineludible:

La e.firma venció hace más de 12 meses.

El usuario no cuenta con los archivos .cer y .key de la firma anterior.

Se olvidó la contraseña de la clave privada.

En estos casos, el trámite sigue los mismos pasos y requiere los mismos documentos que la obtención por primera vez. Las citas deben agendarse con anticipación, ya que en temporadas de declaración anual —marzo y abril— la disponibilidad se agota con rapidez.

Cómo verificar si la e.firma está vigente

Existen tres formas de consultar el estado del certificado:

Portal del SAT: Ingresar a sat.gob.mx con RFC y contraseña, ir a “Trámites y servicios” → “Otros trámites y servicios” → CertiSAT Web, e ingresar el RFC para consultar el estatus.

Archivo .cer: Abrirlo con cualquier visor de certificados digitales; el archivo contiene la fecha exacta de vencimiento.

MarcaSAT: Llamar al 55 627 22 728 para consulta telefónica.

El trámite de obtención y renovación de la e.firma ante el SAT es completamente gratuito. El SAT no cobra ninguna tarifa por la expedición ni por la renovación del certificado.

Olvidar la Clave SOL es frecuente entre contribuyentes que no ingresan con regularidad a los servicios digitales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Este código de acceso, compuesto por un usuario y una contraseña, es indispensable para realizar trámites tributarios, consultar información fiscal y cumplir obligaciones en línea.

Esta credencial personal permite operar dentro de la plataforma virtual de la SUNAT de forma segura, evita desplazamientos y facilita la gestión de declaraciones, pagos y la emisión de comprobantes electrónicos. Sin embargo, el uso esporádico también hace que muchos usuarios olviden sus credenciales, sobre todo si no las almacenan correctamente o no actualizan sus datos de contacto.

Ante esta situación, la SUNAT ofrece mecanismos para recuperar la Clave SOL o generar una nueva, de manera virtual o presencial. El procedimiento es sencillo, pero requiere información básica como el DNI, el RUC o datos de validación previamente registrados.

¿Cuáles son las consecuencias de olvidar la Clave SOL?

No tener la Clave SOL puede complicar el cumplimiento de obligaciones tributarias en los plazos establecidos. En la práctica, esto puede afectar la realización de trámites virtuales en la plataforma de SUNAT, justamente porque el sistema exige un usuario y una contraseña para validar la identidad del contribuyente.

Además, no declarar a tiempo puede derivar en multas, intereses moratorios o problemas con tu estado de contribuyente. En paralelo, si tu régimen tributario te obliga a emitir comprobantes electrónicos, perder el acceso a la clave también puede impedirte completar ese proceso mientras no restablezcas tus credenciales.

La SUNAT ofrece opciones para recuperar la clave o generar una nueva mediante canales virtuales y presenciales. Como medida preventiva, la entidad recomienda mantener la clave en un lugar seguro para evitar inconvenientes al momento de realizar gestiones.

Pasos para recuperar la Clave SOL por internet

La recuperación virtual es la opción más rápida, siempre que el usuario tenga sus datos actualizados en el sistema de SUNAT. Este proceso puede realizarse desde la web o mediante la App Personas, al validar la identidad del contribuyente con información personal o códigos de verificación.

1. Ingresar a la plataforma de Operaciones en Línea SOL (LINK) o a la App Personas de SUNAT.
2. Seleccionar la opción “¿Te olvidaste tu usuario o clave?”.
3. Elegir el método de recuperación: pregunta secreta o autenticación de datos.
4. Ingresar el número de RUC o DNI, según corresponda.
5. Responder la pregunta secreta o validar el código enviado al correo o celular registrado.
6. Recibir un enlace para generar una nueva Clave SOL, con una vigencia de 48 horas.

Si no se registró la pregunta secreta o no se cuenta con datos de contacto actualizados, será necesario iniciar un proceso alternativo de verificación o acudir a un canal presencial.

¿Cómo recuperar la Clave SOL de manera presencial?

Cuando no es posible completar el proceso en línea, la recuperación también puede realizarse de forma presencial en los Centros de Servicios al Contribuyente de SUNAT. Esta alternativa resulta útil para quienes no tienen acceso al correo registrado o presentan dificultades para validar su identidad digital.

1. Acudir a un Centro de Servicios al Contribuyente de SUNAT con el DNI o documento de identidad vigente.
2. Presentar los requisitos solicitados según el tipo de trámite (persona natural o representante de empresa).
3. Si el trámite lo realiza un tercero, entregar una solicitud firmada y legalizada notarialmente, junto con los documentos de identidad correspondientes.
4. El funcionario verificará la información y entregará el usuario y la Clave SOL en un sobre sellado.
5. Firmar la constancia de entrega del acceso.

Con este procedimiento, el contribuyente podrá volver a ingresar al sistema y retomar sus gestiones tributarias, a fin de evitar retrasos o sanciones por falta de acceso.

La Presidencia de la República informó la noche de este jueves que el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 30-26, aprobada por el Congreso Nacional, con medidas para el crecimiento económico y la mitigación de la crisis internacional.

Según el portal oficial de la Presidencia de la República, la norma se adopta en un contexto internacional de incertidumbre económica y financiera y apunta a “a fortalecer la disciplina fiscal, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la previsibilidad en la gestión económica”.

La comunicación oficial señaló que la ley busca promover el desarrollo sostenible, el bienestar general y el fortalecimiento de las condiciones para el crecimiento económico y social del país.

¿Qué objetivos plantea la ley?

De acuerdo con la Presidencia de la República, el texto también plantea reforzar el manejo responsable de los recursos públicos y el cumplimiento tributario, sobre la base de los principios de equidad, progresividad y capacidad de pago.

La comunicación oficial añadió que el objetivo incluye preservar la estabilidad fiscal y económica para sostener la confianza en las instituciones y la generación de empleos.

El contenido indexa los salarios para que solo quienes ganen más de 39.900 pesos mensuales (unos 678 dólares estadounidenses) paguen el impuesto sobre la renta y eleva la deducción de gastos educativos de 25% a 30%, según Diario Libre. Además, restablece el impuesto selectivo sobre el alcohol etílico usado en la fabricación de medicamentos y sube a 30% la tasa del impuesto sobre la renta empresarial para los grandes contribuyentes.

Con estas medidas, se derogan los anticipos para las microempresas, se crea una amnistía para deudas tributarias y reduce de 25% a 10% el Impuesto Sobre la Renta por ganancia de capital en la venta de inmuebles, según consignaron medios locales. También, se elimina las leyes de los fósforos y del control a las estampillas, de acuerdo con el mismo diario.

De la mano, se prevé que se ejecuten nuevos mecanismos de acuerdos de pago con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) como descuentos por pronto pago y facilidades para la regularización de obligaciones pendientes.

Aunque las redes sociales de la Presidencia de la República y las del presidente Abinader no ha divulgado la acción tomada por el mandatario.

Percepciones de Hacienda

El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) mencionó la tarde de este jueves en un comunicado de su portal oficial que esta representa una iniciativa que, según el organismo, apunta a mantener la estabilidad y proteger a los sectores vulnerables y medios de la población.

Según el ministerio, se busca crear espacio fiscal para que el Estado responda al contexto de crisis que atribuyó a los conflictos en Medio Oriente. El MHE sostuvo que el proyecto no modifica el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) ni su tasa ni su base; tampoco altera la mayoría de los impuestos selectivos vigentes sobre combustibles, alcoholes, cigarrillos y telecomunicaciones, y excluye a las micro, pequeñas y medianas empresas de nueva carga tributaria. En cambio, elimina el pago de anticipos a microempresas y redefine el que deben pagar las pequeñas empresas.

La reforma fiscal impulsada por el presidente Luis Abinader fue aprobada de urgencia por la Cámara de Diputados y el Senado, convertida en ley y enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. La norma busca sumar RD$50.000 millones al Presupuesto General del Estado, equivalentes aproximadamente a 850 millones de dólares estadounidenses (USD), mediante un aumento de la carga tributaria, según medios locales.

La norma deroga los anticipos para las microempresas, crea una amnistía para deudas tributarias y reduce de 25% a 10% el Impuesto Sobre la Renta por ganancia de capital en la venta de inmuebles, según Diario Libre. También elimina las leyes de los fósforos y del control a las estampillas, de acuerdo con el mismo diario.

Entre las medidas incluidas, el texto indexa los salarios para que solo quienes ganen más de 39.900 pesos mensuales (unos 678 dólares estadounidenses) paguen el impuesto sobre la renta y eleva la deducción de gastos educativos de 25% a 30%, según Diario Libre. Además, restablece el impuesto selectivo sobre el alcohol etílico usado en la fabricación de medicamentos y sube a 30% la tasa del impuesto sobre la renta empresarial para los grandes contribuyentes, según ese medio.

El proyecto fue presentado como una ley de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, según Diario Libre. Según Listín Diario, su objetivo central es elevar la recaudación tributaria con mayores cargas sobre distintos sectores de la sociedad.

Cuestionamientos por el trámite y el destino de los fondos

En la comisión bicameral, la primera reunión estuvo dedicada a la lectura íntegra del proyecto y en la segunda se escucharon observaciones del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y de representantes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, según Diario Libre. Al cierre de ese encuentro, la comisión aprobó un informe favorable que luego pasó al Senado para su votación, de acuerdo con el medio.

Entre las propuestas de cambio impulsadas por la oposición figuraban eliminar impuestos a las telecomunicaciones en zonas rurales, mantener sin cambios la tasa por transferencias bancarias, indexar los salarios inferiores a 52.000 pesos mensuales (alrededor de 885 dólares estadounidenses) y aplicar la eliminación del anticipo a las pequeñas empresas, según Diario Libre. Ninguna de esas sugerencias prosperó en la votación final.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió la aprobación y afirmó ante Diario Libre que las medidas responden a “la consecuencia de todos estos años de crisis”. También pidió “comedimiento” a la oposición al recordar que durante la presidencia de Leonel Fernández se aprobaron dos reformas fiscales.

Desde la comisión que estudió el proyecto, el diputado Francisco Javier Paulino dijo a Diario Libre que las medidas benefician a más del 90% de la población porque muchas disposiciones están dirigidas a los grandes contribuyentes. Desde la oposición, el diputado Rafael Castillo, vocero de Fuerza del Pueblo, cuestionó ante el mismo medio la rapidez del trámite y dijo que otras reformas estructurales no recibieron la misma urgencia.

El opositor Carlos de Pérez afirmó a Diario Libre que solo en mayo la nómina pública creció en alrededor de 3.180 millones de pesos (unos 54 millones de dólares estadounidenses) y cuestionó que la reforma termine destinada al pago de gastos corrientes como viáticos y publicidad.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede devolver dinero por gastos médicos.

El mecanismo funciona a través de la Declaración Anual. Al registrar estos gastos como deducciones personales, la base gravable del Impuesto Sobre la Renta (ISR) disminuye.

Si el empleador ya retuvo impuestos durante el año o el contribuyente realizó pagos provisionales, la diferencia puede convertirse en un saldo a favor que el SAT está obligado a devolver, de acuerdo con el portal oficial de la misma institución.

Quién puede deducir y a favor de quién

Según la Ley de Impuesto sobre la Renta (LISR), artículo 151, los gastos médicos son deducibles cuando se realizan para el propio contribuyente, su cónyuge o pareja en concubinato, y para sus padres, hijos o abuelos.

En el caso de los familiares, la condición es que no hayan percibido ingresos iguales o superiores al salario mínimo general elevado al año.

Quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) no pueden aplicar deducciones personales, advierte el SAT.

Tampoco quienes obtienen ingresos por plataformas tecnológicas, salvo que presenten su declaración anual sobre ese ejercicio.

Los gastos médicos de todos los días que sí puedes deducir

El SAT reconoce como deducibles los honorarios de médicos, dentistas, psicólogos y nutriólogos, siempre que el profesional cuente con título legalmente expedido y registrado ante las autoridades educativas.

También entran los gastos hospitalarios, análisis clínicos, estudios de laboratorio, prótesis, y la compra o renta de aparatos para rehabilitación, según el portal oficial.

Los lentes ópticos graduados también son deducibles, al igual que los honorarios al personal de enfermería.

Las primas de seguros de gastos médicos mayores aplican, pero deben declararse bajo el tipo D07 y no como gasto médico directo, aclara el SAT.

Las medicinas recetadas durante una hospitalización sí proceden, pero únicamente cuando aparecen dentro del comprobante del hospital.

Las compradas en farmacia no son deducibles, de acuerdo con la institución.

Sin estos requisitos, el SAT no reconoce el gasto

La condición para que los gastos sean deducibles es que se hayan pagado con transferencia, tarjeta o cheque nominativo, según lo establece el artículo 151 de la LISR.

El contribuyente también debe contar con el comprobante fiscal digital, el CFDI, que respalde cada gasto.

El límite que fija la LISR para el total de deducciones personales es el que resulte menor entre el 15% de los ingresos anuales totales —incluyendo los exentos— o cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Así lo precisan tanto la LISR en su artículo 151 como el portal oficial del SAT.

El valor de la UMA diaria en 2026 es de 117.31 pesos mexicanos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que fija el tope máximo de deducción en más de 200 mil pesos mexicanos para este año.

Lo que el SAT no acepta aunque tengas factura

No todas las facturas médicas son válidas. El SAT rechaza comprobantes que incluyan conceptos no autorizados como coaseguros o membresías de descuento.

En hospitales, tampoco proceden cargos de florería ni cafetería, de acuerdo con el portal oficial.

El gasto debe pertenecer al mismo ejercicio fiscal de la declaración; los de años anteriores no aplican.

Además, el cargo debe salir de una cuenta bancaria a nombre del contribuyente.

Los gastos pagados en efectivo pierden su deducibilidad, establece la LISR en su artículo 151, en su última reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2024.

En la factura, el SAT pide verificar que el RFC esté escrito correctamente, que el producto o servicio sea el correcto y que aparezca el “Uso de CFDI”.

Las facturas se cargan automáticamente al sistema al momento de la declaración; si no aparecen, deben subirse de forma manual con apoyo de la guía tutorial del trámite, según el portal oficial del SAT.

El Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo una acción de inconstitucionalidad presentada por Omar Fernández y otros legisladores contra el artículo 45 de la Ley 99-25, del Presupuesto General del Estado para 2026. El recurso cuestiona la suspensión de la indexación salarial para calcular el Impuesto sobre la Renta y sostiene que el umbral debería subir de RD$34.000 a RD$52.000 (aproximadamente a 888 dólares estadounidenses), según la entidad pública.

El expediente TC-01-2026-0010 fue uno de los 21 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad conocidos por el pleno del tribunal en una misma audiencia pública. Según ese medio, fue la mayor cantidad tratada en una sola jornada desde la creación de la alta corte.

La acción fue interpuesta por el senador de la Fuerza del Pueblo Omar Fernández, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana Charlie Mariotti Paz y otros legisladores y dirigentes políticos de distintas organizaciones, según Diario Libre. De acuerdo con El Día, el recurso quedó reservado para fallo tras la audiencia encabezada por magistrados del tribunal presidido por el juez Napoleón Estévez.

Lo que se planeta

Los accionantes piden que se aplique el mecanismo de indexación salarial previsto en el Código Tributario para ajustar por inflación los tramos del Impuesto sobre la Renta. Según Diario Libre y El Día, sostienen que esa actualización llevaría el inicio del impuesto desde unos RD$34.000 mensuales hasta alrededor de RD$52.000.

Fernández afirmó que la indexación de los salarios de los trabajadores debe elevarse a RD$52.000 y que cualquier ajuste por debajo de ese monto implicaría “cumplir la ley a medias o simplemente violar lo que establece la normativa”. También sostuvo a Diario Libre: “La ley no habla de un chin de indexación, habla de la indexación. Y la indexación es llevarla de 34,000 (580 USD) a 52,000 pesos”.

Al salir de la audiencia, Fernández dijo a El Día: “En el día de hoy, como han visto, se ha celebrado una primera audiencia respecto del recurso o la acción directa de inconstitucionalidad que hemos sometido un grupo de legisladores de distintos partidos políticos, donde ha quedado claro que tanto la sociedad como la oposición se ha unificado en torno a una causa”. Según Diario Libre, luego añadió: “Ha quedado claro que tanto la sociedad como la oposición se ha unificado en torno a una causa. Esa causa es la indexación de los salarios de los trabajadores, como manda el Código Tributario, como manda la ley”.

De acuerdo con El Día, Fernández señaló que la distorsión debe corregirse para garantizar el derecho de los trabajadores a cubrir sus necesidades básicas sin tributar múltiples veces. Diario Libre añadió que los accionantes consideran que la suspensión parcial afecta sobre todo a trabajadores de ingresos medios, porque reduce el umbral a partir del cual comienzan a pagar el impuesto en un contexto de aumento sostenido del costo de vida.

El diputado del Partido Revolucionario Dominicano Ramón Raposo afirmó a Diario Libre que la inflación deterioró el poder adquisitivo de los trabajadores y cuestionó el alcance de la respuesta oficial. “La inflación está haciendo añicos el salario de los dominicanos”, dijo, y agregó al mismo medio: “Simplemente se le presenta una especie de caramelito a la sociedad dominicana para, por otra parte, cargarla de impuestos”.

La Cámara de Diputados, representada por Tirso Ramírez y Jerry Antonio del Jesús Castillo, pidió acoger la opinión institucional depositada ante la Secretaría del Tribunal Constitucional el 15 de mayo de 2026 y rechazar la acción presentada por Fernández y compartes, según El Día. En el mismo sentido, la representante de la Procuraduría General de la República solicitó desestimar el recurso por considerar que no se acreditó violación alguna de los preceptos constitucionales invocados por los accionantes, de acuerdo con ese medio

La información exógena es el conjunto de datos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) exige a determinados contribuyentes para cruzar información y verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esos reportes incluyen datos sobre pagos, retenciones, contratos, operaciones económicas y otros movimientos que después usa en tareas de fiscalización y control. Se presenta de forma virtual y, para el formato 2820, debe enviarse con el instrumento de firma electrónica emitido por la entidad.

Cuando hay errores en los formatos o fallas en las especificaciones técnicas, el resultado puede ser el rechazo de archivos, requerimientos posteriores y eventuales sanciones.

Debido a la importancia que tiene, la entidad propuso la ampliación de plazos para dar más tiempo a que los contribuyentes presenten parte de los reportes del año gravable 2025 en 2026, con vencimientos extraordinarios hasta el 31 de agosto de 2026 y, en un caso específico, hasta el 31 de julio. La medida figura en un proyecto publicado por la entidad y tiene efecto para empresas, entidades y otros contribuyentes obligados a reportar los formatos incluidos. Parte de la necesidad de asegurar que la información llegue en debida forma.

Dicha propuesta cobija los formatos 2820, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2833, 2834, 2835, 2839 y 2840, con nuevas fechas hasta el 31 de julio o el 31 de agosto, según cada caso. El proyecto modifica de manera parcial la Resolución 000227 de 2025 y señala que, si se adopta, el plazo para presentar los formatos 2839 V1 y 2840 V1 “será hasta el 31 de agosto de 2026”. También prevé un tratamiento especial para el formato 2820.

En ese caso, los que lo presentaron sin el instrumento de firma electrónica emitido por la Dian, o no pudieron hacerlo por fallas técnicas del sistema, tendrían hasta el 31 de julio de 2026 para enviarlo de nuevo o hacerlo por primera vez en la forma exigida.

Las fallas técnicas y vacíos que llevaron a la propuesta

La Dian sustentó la ampliación en dos frentes principales. El primero corresponde a los formatos 2839 y 2840, en los que detectó inconsistencias en las llaves únicas que identifican cada registro.

En el caso del formato 2839, relacionado con pagos o abonos en cuenta de proyectos certificados por APC-Colombia, la configuración vigente permitía que un informante reportara un solo registro por archivo XML en situaciones en las que podían existir varias operaciones con un mismo tercero. Por eso, el proyecto afirma que la llave definida “no permite a los obligados presentar la información en debida forma”.

Para el formato 2840, la entidad señala que en el elemento “Postulados” no se había establecido una llave única. Esa omisión también, según el proyecto, “no permite a los obligados presentar la información en debida forma”.

Y el segundo frente está en el formato 2820 y en la Resolución 000012 del 29 de abril de 2026. Sobre el 2820, indicó que algunos obligados lo presentaron sin firma electrónica o no pudieron hacerlo por circunstancias técnicas del servicio informático de presentación de información por envío de archivos.

Por esa razón, el proyecto precisa que “la información presentada haciendo uso del instrumento de firma electrónica remplaza la presentada sin instrumento de firma electrónica, sin que haya lugar a sanciones por este motivo”. Esa salvedad aplica para los que deban corregir la forma de presentación.

A eso se suma que la Resolución 000012 del 29 de abril de 2026 modificó anexos y especificaciones técnicas de varios formatos, pero se publicó en el diario oficial sin esos anexos. La Dian concluye en el proyecto que “resulta necesario ampliar los plazos inicialmente fijados” para garantizar el cumplimiento “oportuno, íntegro y de calidad” de la obligación.

Los formatos cobijados y las nuevas fechas

La propuesta distingue tres grupos:

• Reúne a los formatos 2839 y 2840, cuyo nuevo vencimiento quedaría hasta el 31 de agosto de 2026.
• Corresponde al formato 2820. Para quienes lo enviaron sin el instrumento de firma electrónica o no pudieron hacerlo por las fallas técnicas descritas por la Dian, el plazo sería hasta el 31 de julio de 2026.
• Obligados a presentar el formato 2820, el plazo correría hasta el 31 de agosto de 2026. Ese mismo vencimiento aplicaría a los formatos 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2833, 2834 y 2835, de acuerdo con el artículo 9 del proyecto.

La medida cobija obligaciones a cargo de entidades como el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Cultura, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), corporaciones autónomas regionales, personas jurídicas y entidades sin ánimo de lucro, entre otros sujetos obligados definidos para cada formato.

Asimismo, el proyecto aclara cómo deben convivir algunos reportes para evitar duplicidades. Según los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, la información registrada en los formatos 2834 y 2835 no debe reportarse en los formatos 1159, 1014, 1001, 1056 y 5247.

Para el formato 2839, la regla es la contraria. El artículo 8 señala que “la información que se registre de acuerdo con el presente artículo en el formato 2839, debe ser reportada en los formatos 1001, 1014, 1056, 1159, 2276 y 5247”, una precisión que la Dian incorpora para ordenar el reporte de pagos, abonos en cuenta y retenciones.

La memoria justificativa del proyecto tiene fecha del 28 de mayo de 2026. Ese documento fija la publicidad para comentarios del 30 de mayo de 2026 al 8 de junio de 2026.

El costo que nadie calcula al comprar casa en México puede superar los $200,000 pesos en una sola operación. Escriturar una propiedad implica un desembolso adicional de entre 4% y 8% del valor del inmueble —completamente aparte del precio de compra— que muchos compradores descubren cuando ya es demasiado tarde para reorganizar sus finanzas.

El proceso tiene ocho etapas, al menos cuatro tipos de pagos obligatorios y puede frenarse por errores documentales que tardan meses en resolverse.

Cuánto cuesta escriturar: el ISAI concentra la mayor parte

El Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) absorbe entre 60% y 77% del costo total, según el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Su tasa varía por entidad: en la Ciudad de México aplica una tabla progresiva de entre 3.1% y 6.5%; en Jalisco y Nuevo León es fija en 2%; en Quintana Roo ronda el 3%.

Los honorarios del notario representan entre 1.5% y 2.5% del valor del inmueble, más 16% de IVA sobre ese monto —nunca sobre los impuestos retenidos—. Los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad oscilan entre 0.2% y 1% según el estado. El avalúo, obligatorio para calcular el ISAI, cuesta entre $3,500 y $15,000 pesos con perito libre; con crédito Infonavit o Fovissste baja a cerca de $890 pesos.

Para una propiedad de $3 millones de pesos en la Ciudad de México, el desglose estimado es:

ISAI (3.5%): $105,000

Honorarios notariales con IVA (1.8%): $54,000

Derechos de Registro Público (1%): $30,000

Avalúo y certificados: $10,500 a $13,000

Total aproximado: entre $200,000 y $205,000 pesos

Por ley, el comprador paga el ISAI, honorarios, inscripción registral, avalúo y certificados. El vendedor cubre el ISR por la ganancia, salvo que aplique exención.

Del contrato privado a la inscripción: los ocho pasos

El proceso tarda entre 30 y 90 días cuando el inmueble está en regla; con irregularidades puede extenderse a seis meses.

El primer paso es firmar el contrato privado de compraventa, que obliga a las partes pero no transfiere la propiedad ni tiene efectos frente a terceros. El anticipo habitual es de 10% a 30% del precio. A partir de ahí, el notario elegido —puede ser cualquiera del país— integra el expediente con documentos del inmueble y de las partes: escritura anterior, boleta predial al corriente, certificado de libertad de gravamen, identificaciones, CURP, RFC y acta de matrimonio si aplica.

Con el expediente completo, un perito valuador emite el avalúo fiscal que sirve de base para el ISAI. Ese impuesto debe liquidarse antes de la firma; el notario no puede autorizar el instrumento sin la constancia de pago. En la firma, si interviene un representante, el poder debe contener facultades expresas para actos de dominio: uno general de administración no es suficiente.

El último paso obligatorio —y el que más se omite— es la inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Sin ella, la escritura solo tiene efectos entre las partes y el comprador queda expuesto ante cualquier acreedor o comprador posterior del mismo inmueble. Completada la inscripción, el nuevo propietario debe actualizar el titular del predial ante la tesorería municipal y notificar el cambio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al organismo de agua.

Los errores que frenan o invalidan la operación

Los obstáculos más frecuentes, según especialistas de Kallify, aparecen cuando el inmueble llega al notario con problemas no detectados a tiempo.

Una hipoteca vigente no impide escriturar, pero obliga a liquidarla en el mismo acto: el notario puede preparar simultáneamente la cancelación del crédito y la compraventa. El predial con adeudos sí bloquea la operación hasta que se liquide por completo; en varios municipios también se exigen comprobantes de agua y mantenimiento al corriente.

Las inconsistencias en la escritura anterior —discrepancias en nombre, superficie o colindancias— pueden derivar en una renegociación del precio o en la pérdida del anticipo. Cuando el vendedor está casado bajo sociedad conyugal, ambos cónyuges deben firmar; omitirlo nulifica la operación. En fraccionamientos nuevos, la falta de subdivisión legal del terreno impide escriturar lotes individuales hasta que el desarrollador regularice la situación, según reporta El Economista.

Lo que el vendedor puede ahorrarse en ISR

El artículo 93, fracción XIX, inciso a) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) exenta del ISR la ganancia por venta de casa habitación hasta 700,000 Unidades de Inversión (UDIS). Con el valor de la UDI publicado por el Banco de México en junio de 2026 —$8.8317 pesos—, ese tope equivale a aproximadamente $6.2 millones de pesos.

Para aplicar la exención deben cumplirse tres condiciones: que el inmueble sea la casa habitación del vendedor, que no haya aplicado este beneficio en los tres años anteriores, y que la ganancia no supere el límite. El notario verifica el historial en una base de datos del SAT antes de la firma. Los documentos que acreditan residencia son la credencial del INE con esa dirección, recibos de CFE, agua o teléfono —a nombre del vendedor, cónyuge, padres o hijos— y estados de cuenta bancarios, todos con antigüedad mínima de seis meses.

Si la ganancia supera las 700,000 UDIS, el ISR aplica solo sobre el excedente. La base gravable puede reducirse deduciendo el costo de adquisición actualizado por inflación con factores del INPC que publica el INEGI, más mejoras con factura, gastos notariales de la compra original y comisiones del agente. Aunque la ganancia esté exenta, el vendedor debe declarar la enajenación en su declaración anual entre abril y junio del año siguiente.

Preventas y fraudes: qué verificar antes de dar un anticipo

Comprar en preventa puede representar un ahorro de entre 10% y 20% respecto al valor final, pero concentra los mayores riesgos. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) reportó más de 3,800 intentos de fraude inmobiliario en 2024, de los cuales 70% se realizó por medios digitales.

La Norma Oficial Mexicana NOM-247-SE-2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2022 y vigente desde el 18 de septiembre de ese año, obliga a todo desarrollador a entregar una ficha técnica antes de cualquier firma. Esa ficha debe incluir superficie, precio, materiales, régimen de propiedad y existencia de gravámenes. Omitirla activa el régimen de nulidad relativa del artículo 87 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC). Los contratos de adhesión deben registrarse ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO); sin ese registro, el comprador no tiene respaldo institucional.

Las garantías mínimas que la ley impone son cinco años para estructura, tres para impermeabilización y uno para acabados. Si los defectos impiden el uso normal de la vivienda, el desarrollador debe bonificar al comprador el equivalente al 20% del precio pactado, además de reparar el daño.

Antes de entregar cualquier anticipo, la recomendación de especialistas es solicitar al notario una dictaminación jurídica del inmueble para confirmar titularidad, gravámenes y cadena de propiedad. El Registro Público de la Propiedad también ofrece un servicio de alerta inmobiliaria que notifica al titular ante cualquier movimiento sobre su propiedad.

Para presentar una queja ante PROFECO, los canales oficiales son el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722, la línea gratuita 800 468 8722 y el correo asesoria@profeco.gob.mx.

El gobierno de Nueva York comenzó en junio la distribución de más de 2 mil millones de dólares en alivio fiscal para casi tres millones de propietarios a través del programa School Tax Relief (STAR), que busca reducir la carga de los impuestos escolares en el estado. Los pagos y deducciones se implementarán de forma escalonada hasta el otoño, impactando especialmente a quienes utilizan la vivienda como residencia principal y tienen ingresos inferiores a 500.000 dólares al año.

Según la gobernadora Kathy Hochul, este plan es uno de los mayores esfuerzos estatales para mitigar los efectos del aumento del costo de vida y las presiones sobre los presupuestos familiares. De acuerdo con el anuncio oficial del 16 de junio de 2026, los beneficios incluyen cheques, depósitos directos y descuentos en la factura de impuestos escolares, según el tipo de inscripción y la modalidad local de recaudación tributaria. El Departamento de Impuestos del Estado de Nueva York (Tax Department) reforzó la campaña de comunicación y habilitó portales digitales para consultar el estado de cada beneficio y facilitar la inscripción al programa.

El programa STAR data de finales de los años noventa y ha sido modificado en diversas ocasiones para adaptarse a las condiciones económicas y demográficas del estado. En 2026, la legislatura aprobó nuevos ajustes para ampliar el acceso y reforzar la protección de adultos mayores, según documentos oficiales publicados por la Oficina de Impuestos del Estado de Nueva York. Newsweek indicó que el programa busca compensar el aumento en los costos de vivienda, en un contexto de elevados precios inmobiliarios y presión inflacionaria sobre los hogares.

¿Quiénes son elegibles para el programa STAR en Nueva York?

La elegibilidad para el alivio fiscal STAR depende de factores como el ingreso anual del hogar, el uso de la vivienda como residencia principal y la edad de los propietarios. Según la Oficina de la Gobernadora Kathy Hochul, el programa se divide en dos categorías principales: STAR básico y STAR ampliado para adultos mayores.

• STAR básico: dirigido a propietarios con ingresos familiares inferiores a 500.000 dólares anuales y que utilizan la vivienda como residencia principal.
• STAR ampliado: reservado para adultos mayores de 65 años, con ingresos por debajo de 110.750 dólares anuales.

De acuerdo con las autoridades, “nuestro objetivo es que los beneficiarios reciban el apoyo necesario para enfrentar las dificultades económicas actuales”, afirmó Kathy Hochul en la presentación oficial del programa, recogida por la oficina del Ejecutivo estatal.

Los propietarios que aún no estén inscritos pueden consultar los requisitos y realizar el trámite a través del portal ny.gov/STAR. Además, existe la posibilidad de inscribirse para recibir los pagos mediante depósito directo.

¿Cómo se distribuyen los pagos del alivio fiscal STAR en 2026?

La distribución de los pagos comenzó en junio y continuará hasta el otoño, en sincronía con los calendarios de vencimiento de los impuestos escolares en cada localidad. De acuerdo con la Oficina de la Gobernadora, los propietarios pueden recibir el alivio en diferentes formas:

• Cheques enviados por correo
• Depósitos directos para quienes estén registrados en esa modalidad
• Descuentos aplicados directamente en la factura del impuesto escolar

Las fechas de entrega varían según la región. Ciudades como Nueva York, Buffalo, Rochester y Syracuse tienen fechas de vencimiento de impuestos escolares a fines de junio y julio, por lo que los beneficios llegarán antes en esas zonas. En el resto del estado, los pagos seguirán un cronograma extendido hasta el otoño, según información oficial publicada en el portal estatal.

La Oficina de Impuestos del Estado habilitó un portal de consulta para rastrear el estado de cada pago y el calendario de entregas. El gobierno recomienda inscribirse con suficiente antelación para garantizar la recepción del beneficio antes del vencimiento fiscal.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios del programa STAR?

El monto del beneficio varía en función del tipo de inscripción y la situación económica de cada hogar. Según la información oficial del estado de Nueva York y el anuncio de la gobernadora Hochul, los propietarios bajo el régimen básico de STAR recibirán entre 350 y 600 dólares. Para los adultos mayores inscritos en el programa ampliado, el alivio oscila entre 700 y 1.500 dólares.

• STAR básico: entre 350 y 600 dólares por hogar
• STAR ampliado: entre 700 y 1.500 dólares por adulto mayor elegible

Estos montos convierten al programa STAR en uno de los mayores mecanismos estatales de alivio tributario en 2026. La Oficina de la Gobernadora destacó que el total a distribuir supera los 2 mil millones de dólares, alcanzando a cerca de tres millones de propietarios en todo el estado.

¿Qué cambios legislativos se implementaron en el programa STAR en 2026?

En 2026, la legislatura de Nueva York aprobó modificaciones técnicas al programa STAR que buscan agilizar la notificación de beneficios y ampliar el margen de maniobra para los gobiernos locales. Según la Oficina de Impuestos del Estado de Nueva York, las novedades incluyen:

• Notificación de aprobación enviada en un plazo máximo de 30 días desde la determinación de elegibilidad.
• Flexibilidad para que los municipios ajusten el umbral de ingresos para exenciones a adultos mayores y personas con discapacidad hasta 75.000 dólares, según la realidad local.
• Refuerzo de la inscripción digital y la posibilidad de acceder a seminarios informativos presenciales y virtuales.

Estas medidas tienen el objetivo de adaptar el programa a la diversidad socioeconómica del estado y mejorar la eficiencia en la entrega de los beneficios.

¿Cómo pueden inscribirse los nuevos propietarios y actualizar sus datos?

Los propietarios interesados en recibir el beneficio STAR deben verificar su inscripción, consultar o actualizar sus datos bancarios y revisar el estado de su solicitud a través del sitio oficial del estado de Nueva York. De acuerdo con la Oficina de la Gobernadora, quienes deseen recibir los pagos por depósito directo deben completar la inscripción al menos 15 días hábiles antes del vencimiento del impuesto escolar correspondiente.

El Departamento de Impuestos habilitó líneas telefónicas y un portal digital para consultas. Además, la administración lanzó una serie de seminarios regionales que comenzarán en julio en el condado de Erie, con el objetivo de informar sobre los requisitos del programa y las mejores prácticas para maximizar los beneficios.

¿Qué impacto tiene el alivio fiscal STAR en los hogares de Nueva York?

El programa STAR representa una de las principales herramientas del estado para mitigar la presión tributaria sobre viviendas, especialmente en un contexto de inflación y aumento de los valores inmobiliarios. La distribución de más de 2 mil millones de dólares entre tres millones de propietarios busca aportar estabilidad financiera y reducir el impacto del impuesto escolar en el presupuesto familiar.

Según datos difundidos por la Oficina de la Gobernadora Hochul, el alivio será especialmente relevante para hogares con ingresos fijos y adultos mayores, quienes suelen destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago de servicios y tasas locales. “Este programa ofrece un respiro a quienes más lo necesitan en un año de altos costos y desafíos económicos”, explicó Hochul durante la presentación.

El proceso de distribución continuará hasta el otoño y se completará antes de los principales vencimientos de impuestos escolares. El gobierno estatal espera que los fondos lleguen a tiempo para cubrir gastos esenciales y aliviar la carga financiera de los hogares beneficiados.

¿Dónde consultar información oficial y seguir el calendario de pagos?

La información oficial sobre el programa STAR, los requisitos de elegibilidad, el calendario de pagos y la inscripción está disponible en los portales ny.gov/STAR y tax.ny.gov. Los propietarios pueden comunicarse también con las líneas de atención habilitadas por el Departamento de Impuestos para resolver dudas y recibir asistencia personalizada.

La Oficina de la Gobernadora y el Departamento de Impuestos publicarán actualizaciones periódicas sobre el avance de las entregas y las fechas relevantes para cada región.

¿Qué se espera a partir de ahora para los beneficiarios del programa STAR?

Los pagos y descuentos seguirán distribuyéndose hasta el otoño, en función del calendario local de impuestos escolares. Los propietarios que completen a tiempo su inscripción y actualización de datos recibirán el alivio antes de los vencimientos fiscales, de acuerdo con los planes oficiales. El gobierno estatal monitoreará el impacto del programa y evaluará posibles ajustes para futuras ediciones, en función de la situación económica y las necesidades detectadas en el transcurso del año.

Las ventas minoristas en Estados Unidos crecieron 0,9% en mayo, lo que confirma la capacidad de los consumidores para mantener el gasto en un escenario de inflación elevada.

El dato, publicado por el Departamento de Comercio y difundido por AP News, superó las expectativas de los analistas y reflejó la importancia de los estímulos fiscales y la reciente estabilidad en los precios de la gasolina.

En el informe oficial se detalla que abril fue revisado al alza, con un incremento de 0,4%, mientras que el avance de mayo, al excluir las estaciones de servicio, fue de 0,7%. El propio departamento explicó que el reporte no ajusta por inflación, por lo que parte del crecimiento se atribuye a precios más elevados.

A pesar de este matiz, los especialistas consultados por AP News señalaron que el repunte fue amplio, con avances en tiendas de ropa, accesorios y muebles, así como un crecimiento de 1,5% en ventas online. Los sectores de electrónica, electrodomésticos y grandes almacenes mostraron bajas leves en el mismo periodo.

La medición más relevante para el análisis económico, conocida como grupo de control, también avanzó 0,7% en mayo. Este indicador excluye restaurantes, automóviles, materiales de construcción y estaciones de servicio, y es clave para calcular la evolución del gasto privado. Los datos publicados muestran que los hogares siguieron gastando incluso en un contexto de precios al alza y presiones externas.

Factores detrás del dinamismo: empleo, devoluciones de impuestos y energía

El impulso en el consumo no se explica únicamente por la inercia de la economía, sino también por el efecto de las devoluciones fiscales y las reducciones tributarias implementadas a lo largo del año.

La economista jefe de Nationwide, Kathy Bostjancic, afirmó en declaraciones recogidas por AP News: “Las subas en las ventas minoristas de mayo, más fuertes de lo previsto y generalizadas, muestran que los consumidores siguieron gastando con fuerza pese a los mayores precios de la gasolina durante el mes”.

Además, Bostjancic destacó que el crecimiento del empleo ayudó a compensar el impacto de la inflación sobre los hogares.

El informe también destaca que no todos los rubros evolucionaron de la misma manera. El único sector de servicios incluido en la medición, restaurantes, registró una caída de 0,1% en mayo. De acuerdo con Sam Tombs, economista jefe de Pantheon Macro, parte de esta baja podría deberse a que los altos precios de la gasolina redujeron los desplazamientos para salir a comer.

Tombs advirtió en AP News que el repunte del consumo podría ser transitorio: “El consumo recuperó algo de impulso durante la primavera, pero el golpe de azúcar de unas devoluciones fiscales más grandes de lo habitual pronto se desvanecerá”.

El reporte de ventas minoristas tampoco incluye actividades como viajes o estadías en hoteles, por lo que solo ofrece una fotografía parcial del gasto total de los hogares. Aun así, la combinación de incentivos fiscales y la solidez del empleo permitieron que la economía estadounidense mantenga un nivel elevado de actividad interna.

Inflación, precios de la gasolina y el impacto internacional

El contexto inflacionario sigue marcando la agenda económica. Según los datos oficiales, los precios al consumidor subieron 4,2% en mayo respecto al año anterior, el mayor incremento en tres años. En la comparación mensual, los precios avanzaron 0,5% en mayo, tras aumentos de 0,6% en abril y 0,9% en marzo, cifras que reflejan la presión sobre el poder adquisitivo de los hogares.

El precio nacional promedio de la gasolina descendió cerca de un centavo de un día para otro, situándose en USD 4,02 por galón, un nivel 11% menor que un mes antes. Sin embargo, el promedio nacional no cayó de los USD 4 desde marzo, según datos de AAA citados por AP News.

A nivel internacional, AP News reportó que la existencia de un acuerdo tentativo para poner fin a la guerra con Irán y la reapertura parcial del estrecho de Ormuz, podría aliviar en parte la presión sobre la oferta mundial de petróleo. Sin embargo, la normalización de los flujos petroleros podría demorar, incluso con un acuerdo definitivo.

La industria textil y de calzado observa la situación con cautela. Steve Lamar, director ejecutivo de la American Apparel & Footwear Association, declaró a AP News: “Aunque el acuerdo es alentador, nuestra industria todavía contiene la respiración”. Lamar añadió que los costos inesperados en transporte y embalaje siguen afectando los márgenes de ganancia.

El aumento del precio de la gasolina ya modificó algunos hábitos de consumo. R.J. Hottovy, responsable de investigación de Placer.ai, explicó que las visitas a estaciones de servicio de grandes cadenas como BJ’s, Costco y Sam’s Club aumentaron desde marzo, ya que los clientes buscan descuentos para reducir el impacto del combustible caro.

El informe de ventas minoristas de mayo deja en evidencia que, pese a los desafíos globales y locales, la economía de Estados Unidos mantiene un ritmo de gasto sólido, sostenido por herramientas fiscales, empleo y cierta moderación reciente en los precios de la energía.

Colombia se ubicó en el puesto 91 entre 184 economías, con una puntuación de 59,8 sobre 100, en la edición 2026 del Índice de Libertad Económica (ILE) de la Heritage Foundation. El país mantuvo la calificación de 2025 y quedó en la posición 18 de 32 mercados evaluados en América Latina.

En el informe, el país logró 59,8 puntos y se situó sobre el promedio latinoamericano, pero por debajo del promedio mundial. El mismo señala que la clasificación expresa avances en el entorno regulatorio y desafíos en integridad gubernamental, derechos de propiedad y salud fiscal, que continúan limitando la libertad económica del país.

Evolución de Colombia en el Índice de Libertad Económica

Entre 2025 y 2026, la puntuación global de Colombia se mantuvo estable, aunque el país cayó dos posiciones en el listado mundial. El ILE precisa que Colombia sigue dentro de las economías “mayormente no libres”, un grupo caracterizado por “limitaciones significativas en aspectos como el Estado de Derecho, la eficiencia regulatoria y la apertura de los mercados”.

Asimismo, el análisis detalla cambios en varios indicadores clave:

Integridad gubernamental: subió de 40,9 a 41,6 puntos

• Carga tributaria: pasó de 67,6 a 68,6
• Salud fiscal: se incrementó de 48,7 a 49,8.
• Libertad empresarial: avanzó de 68,6 a 71,2.
• Libertad monetaria: mejoró de 69,4 a 71,9.

Por el contrario:

• Derechos de propiedad: descendieron de 45,5 a 43,1 puntos.
• Eficacia judicial: bajó de 58,8 a 57,4.
• Libertad comercial: retrocedió de 72,2 a 71,4 puntos.
• Libertad de inversión y libertad financiera: permanecieron en 60 puntos.
• Gasto público: se redujo de 64,4 a 64,0.
• Libertad laboral: de 61,7 a 59,1.

El informe señala que las debilidades en derechos de propiedad e integridad gubernamental continúan afectando la posición general de Colombia, pese a los avances regulatorios del último año.

Desafíos y fortalezas en los indicadores clave

La puntuación de Colombia refleja un panorama mixto según los indicadores evaluados. El país obtuvo altos puntajes en libertad monetaria (71,9), empresarial (71,2) y comercial (71,4). Sin embargo, presenta bajas calificaciones en integridad gubernamental (41,6), derechos de propiedad (43,1) y salud fiscal (49,8).

En materia de Estado de Derecho, la eficacia judicial consiguió 57,4 puntos, una cifra que supera el promedio mundial. No obstante, el informe advierte sobre la persistencia de la “vulnerabilidad a la injerencia política” y los problemas de corrupción.

Al respecto, el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Javeriana Remi Stellian dijo a La República que “la libertad económica es bastante avanzada en materia de emprendimiento y comercio”. Stellian enfatiza que “los puntos débiles tienen que ver con el deterioro de las finanzas públicas, el respeto de los derechos de propiedad y la integridad del Gobierno”.

De igual forma, el informe destaca que la simplificación de procedimientos empresariales hizo más eficiente el entorno regulatorio. Sin embargo, persisten desafíos como la informalidad laboral y los altos costos de contratación en el mercado laboral.

Indicadores económicos y fiscales de Colombia

Colombia cuenta con 52,2 millones de habitantes y una economía valorada en USD1,1 billones según paridad de poder adquisitivo. En 2025, el país registró:

• Crecimiento: 2,5%.
• Inflación: 6,6%.
• Tasa de desempleo: 9,7%.
• Deuda pública: 61,2% del PIB.

Asimismo:

• Tasa máxima del impuesto de renta: 39 % para personas naturales y del 35% para empresas.
• Carga tributaria: representa el 19,9% del PIB.
• Gasto público: 34,6% del PIB.
• Déficit fiscal promedio de los últimos tres años: 5,2%.

Según Stellian, el respeto de los derechos de propiedad, la integridad del Gobierno y la salud de las finanzas públicas son factores que “perjudican la posición del país”. Agregó que “las reformas tienen que ver con el funcionamiento de la esfera pública. También es necesario mejorar las finanzas públicas y la manera en que se gestionan los recursos del Estado”.

Comercio e inversión en el contexto actual

El informe resalta que el entorno comercial de Colombia está marcado por una tasa arancelaria promedio ponderada del 6,8% y la vigencia de más de 150 medidas no arancelarias. Dichos factores limitan de manera parcial la apertura de los mercados y el comercio internacional.

Colombia obtuvo 60 puntos en libertad financiera y de inversión, cifras que no variaron con respecto a 2025. El ILE indica que la inversión extranjera, en ciertos sectores, requiere registros y acuerdos de concesión con el Estado, lo que agrega incertidumbre a la toma de decisiones.

Por su parte, el crédito suele asignarse bajo reglas de mercado. Los sectores empresarial, laboral y monetario presentan resultados superiores al promedio mundial de libertad.

El reporte señala que, aunque la puntuación total se mantuvo estable, desde 2020 se observa un “deterioro gradual” en el desempeño general de Colombia en libertad económica.

Perspectivas y recomendaciones según expertos

Según el informe, la estabilidad política y regulatoria es uno de los factores más valorados por los inversionistas. Remi Stellian sostiene que “cuando una empresa analiza un proyecto de inversión, también evalúa los riesgos. Aspectos como la seguridad jurídica, el cumplimiento de obligaciones y la estabilidad de las reglas de juego influyen en las decisiones”.

Para el futuro, el ILE concluye que Colombia mantiene resiliencia y fortalezas en materia de comercio y emprendimiento, pero enfrenta retos urgentes en integridad institucional y gestión de recursos públicos. “Las políticas cada vez más intervencionistas han generado incertidumbre y debilitado los cimientos de la libertad económica”, puntualizó el informe de Heritage Foundation.

Florida propone ampliar la exención de impuestos para propietarios, pero el plan podría terminar encareciéndole el alquiler a quienes no tienen casa propia. Esa es la advertencia que lanza un grupo de críticos, economistas y organizaciones de vivienda ante una enmienda constitucional que los votantes del estado deberán aprobar o rechazar en noviembre.

El Florida Policy Institute (FPI) calcula que, si la enmienda pasa, los gobiernos locales de todo el estado perderían cerca de USD 4.800 millones en ingresos por impuestos a la propiedad. Solo el condado de Martin perdería más de USD 67 millones.

Para cubrir ese faltante, los municipios tendrían tres salidas: recortar servicios, usar sus reservas o subir las tasas impositivas.

Qué propone la enmienda y a quién beneficia

La propuesta del gobernador Ron DeSantis eleva la exención de homestead —el beneficio fiscal para viviendas habitadas por sus dueños— a USD 150.000 el primer año y a USD 250.000 el siguiente.

Los propietarios con esa exención quedarían protegidos incluso si los municipios suben las tasas. El agente inmobiliario Michael Caputo lo explicó a WPTV: “No les debería afectar en absoluto”.

El problema está en quienes quedan fuera del beneficio. Los propietarios de inmuebles en alquiler no acceden a la exención de homestead y, si las tasas suben, asumirían ese costo, según FPI.

El riesgo para los inquilinos

Caputo reconoció ante WPTV que los arrendadores podrían trasladar ese gasto a sus inquilinos: “Eso podría pasar. Somos el punto cero de donde todos quieren estar”.

Los inquilinos ya enfrentan dificultades para acceder a vivienda asequible. Un análisis del Senado de Florida de 2025 encontró que solo hay 24 unidades de alquiler accesibles y disponibles por cada 100 arrendatarios de ingresos extremadamente bajos.

En Miami-Dade, más de la mitad de los hogares son de alquiler —alrededor de 515.000 unidades sobre un total de más de un millón, según datos de 2025 del Miami-Dade Beacon Council—.

El consejo editorial del Miami Herald señaló que esos inquilinos “están entre los más agobiados por los costos en el país” y que la propuesta no les ofrece ningún alivio directo.

Lo que ven quienes trabajan con familias vulnerables

Mike Readling, director ejecutivo de Habitat for Humanity del condado de Martin, dijo que el 95% de las personas que llegan a pedir ayuda son inquilinos. “La situación habitacional es muy grave”, dijo a WPTV. “Ha empeorado progresivamente. Llegan familias todos los días”, agregó.

Para Readling, la rebaja fiscal no alcanza a la población que su organización atiende: “No les va a ayudar en absoluto”.

El abogado John Tolley coincidió en que los gobiernos locales tendrán opciones limitadas si los ingresos caen. “Es una posibilidad si se encuentran en una posición en la que no tienen tanto dinero como el que necesitan actualmente”, dijo a WPTV.

La medida que podría amortiguar el impacto en los alquileres

La enmienda también incluye una medida que podría amortiguar el impacto sobre los alquileres. El tope anual de aumento en el valor imponible de propiedades no residenciales —como edificios de apartamentos, locales comerciales y terrenos vacíos— bajaría del 10% al 5% a partir de 2027.

El abogado Tolley ve ahí un contrapeso: “El hecho de que puedas tener menos impuestos podría generar una tendencia a que los alquileres bajen incluso más de lo que estaban antes”.

El agente inmobiliario Caputo también considera probable que muchos municipios no suban las tasas. Y si los arrendadores enfrentan mayores costos, dice, el mercado podría equilibrarse por oferta y demanda: “Si no les funciona, tendrán que reajustar sus precios”.

Las voces críticas y el umbral que debe superar

El editorial del Miami Herald advierte que la propuesta podría generar nuevas tarifas y cobros por servicios que hoy son gratuitos —como el uso de parques o bibliotecas— y que el mayor golpe lo recibirían los residentes de menores ingresos.

Esteban Santis, director de investigación del Florida Policy Institute, escribió en su análisis que “para compensar la pérdida de ingresos, las localidades tendrían que aumentar impuestos y tarifas o hacer recortes presupuestarios, lo que en la práctica llevaría a un traslado de costos”.

La enmienda necesita el respaldo del 60% de los votantes para entrar en vigor. Los inquilinos, que representan más de la mitad de los hogares en condados como Miami-Dade, serán parte de ese electorado.

Las consecuencias tributarias de la rebaja en la calificación de riesgo de Colombia generan interrogantes para las empresas con financiamiento internacional. Esto, debido a que las compañías con préstamos de matrices o vinculadas en el exterior enfrentan riesgos inmediatos y deben preparar sus informes de precios de transferencia para la Dian antes de septiembre.

La reciente baja en la calificación de riesgo lleva a que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) pueda rechazar los gastos por intereses si las tasas pactadas en contratos de crédito no reflejan las condiciones actuales del país. Las empresas pueden verse obligadas a pagar más impuesto sobre la renta si no ajustan sus informes de precios de transferencia, utilizando datos y comparables actualizados.

Por supuesto, es fundamental revisar los contratos con entidades vinculadas antes de septiembre para prever posibles ajustes fiscales y evitar intereses adicionales, según confirmó la socia fundadora de V&V Asociados Katherine Díaz Velilla, exfuncionaria de la Dian. Advirtió la experta que este asunto no solo concerne al Ministerio de Hacienda o a los inversionistas en TES.

“Cuando una empresa matriz en el exterior le presta plata a su filial en Colombia, algo que ocurre con frecuencia para financiar operaciones y expansión, esa tasa de interés debe pactarse en precios de mercado”, explicó. La rebaja reciente llevó a Colombia “al nivel más bajo que ha tenido en los últimos treinta años”. Esto modifica el escenario: “Si Colombia bajó de calificación, el riesgo de prestarle a una empresa colombiana sube. Entonces, técnicamente, la tasa de interés de mercado para esos préstamos también sube”.

Al respecto, el desafío reside en que muchos de estos préstamos fueron suscritos en épocas con menores riesgos, a tasas consideradas razonables en ese momento. Díaz Velilla señaló que, con la situación actual, esas tasas “ya podrán verse como demasiado bajas para el riesgo país que se enfrenta actualmente”.

Cómo hace la Dian para regular los precios de transferencia

Según afirmó la exfuncionaria, cuando hay dos empresas que son amigas o familia, es decir, que pertenecen al mismo grupo, tienen los mismos dueños, una matriz y la otra filial, y hacen negocios entre ellas, la ley dice que estos negocios tienen que pactarse como si fueran empresas independientes, o sea, a precios de mercado. Este principio busca evitar la manipulación de precios para reducir la carga tributaria y velar por la equidad en la tributación internacional.

Recordó que en Colombia la Dian exige que toda operación entre vinculados —ventas de productos, servicios, regalías y, especialmente, préstamos— se pacte según el principio de plena competencia. “Eso se llama principio de plena competencia”, enfatizó la especialista. Para comprobar que una tasa de interés es de mercado, “hay que compararla con lo que le prestaría a una empresa con el mismo nivel de riesgo”.

Dicha verificación se basa en la comparación con operativas similares y en el ajuste permanente a los nuevos niveles de riesgo y mercado.

Efectos de la calificación de riesgo en las tasas de interés

La rebaja de la calificación de Colombia incide en el riesgo país y en la tasa de interés exigida en los préstamos intragrupo. “Si Colombia bajó de calificación, el riesgo de prestarle a una empresa colombiana sube. Entonces, técnicamente, la tasa de interés de mercado para esos préstamos también sube”, reiteró Díaz Velilla.

Al revisar los informes de precios de transferencia, la Dian utiliza comparables y tasas actualizadas, sin importar si el crédito original fue firmado hace años.

Si la Dian determina que la tasa pactada no refleja las condiciones reales del mercado actual, puede objetar ese gasto. Anotó que “si la Dian dice que la tasa no es de mercado, lo que hace es rechazar parte del gasto por intereses”. En consecuencia, la empresa podría haber pagado esos intereses y registrarlos como gasto contable, pero no lograr deducirlos del impuesto sobre la renta.

“Eso significa muchos más impuestos para pagar de la nada por algo que la empresa ni siquiera se imagina”, apuntó la experta. La situación exige la actualización anual de los estudios y una revisión detallada de los contratos y condiciones pactadas.

Riesgos tributarios y acciones recomendadas antes de septiembre

El calendario tributario obliga a las empresas a preparar y presentar informes y declaraciones de precios de transferencia ante la Dian a partir de septiembre. Díaz Velilla resaltó que los estudios deben reflejar la información más reciente sobre comparables y nivel de riesgo.

Por eso, “la rebaja de calificación que obtuvimos este año va a aparecer sí o sí en los estudios que se preparen para este año fiscal y que todas las empresas tenemos que presentar en septiembre”.

La preocupación es aún mayor para las empresas que obtienen financiamiento del exterior con vinculados. “Las empresas que tienen financiamiento del exterior con vinculados son las que tienen todavía mayor preocupación porque les toca revisar esto ya. No ahorita, el próximo mes. Es urgente que se revise por si hay que hacer algún tipo de ajuste en sus declaraciones de años anteriores”, concluyó la especialista.

El impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal, ha registrado incrementos de hasta un 650% en ciudades españolas desde 2020, trasladando directamente el sobrecoste al precio final de la vivienda nueva y dificultando el acceso a la propiedad, especialmente para menores de 35 años.

Así lo confirma el informe elaborado por EY para la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), que analiza el impacto fiscal de la carga tributaria sobre la compraventa de vivienda de obra nueva en los principales mercados urbanos.

Según el estudio, Madrid lidera el incremento de la plusvalía municipal con una escalada del 650%, seguida de Sevilla con un alza del 500%, mientras que Málaga y Zaragoza alcanzan el 305%, y Barcelona se sitúa en el 275%.

Este aumento no se debe a una revalorización real del suelo urbano, sino a los cambios en el método de cálculo del impuesto y a la subida de los coeficientes aplicables a los periodos cortos de tenencia, los más habituales en la actividad promotora.

Una subida en vertical

En una vivienda de obra nueva valorada en 300.000 euros, la plusvalía municipal ha pasado de 1.296 euros en 2020 a 6.480 euros actuales, lo que representa una diferencia de 5.184 euros.

Los expertos de EY destacan que este sobrecoste fiscal se suma al conjunto de cargas que soporta la promoción inmobiliaria y termina repercutiendo, directa o indirectamente, en el precio final que paga el comprador.

El informe de Asprima advierte que esta estructura fiscal coloca a España en una situación anómala respecto a los principales modelos europeos, ya que la acumulación de gravámenes municipales vinculados a la promoción, construcción, tenencia y transmisión de vivienda nueva no encuentra equivalente funcional en otros países del entorno.

Baja el porcentaje de propietarios jóvenes

El porcentaje de menores de 35 años con vivienda en propiedad ha descendido del 70% en 2005 al 30% en 2025, lo que evidencia la dificultad de acceso en un mercado cada vez más tensionado por el encarecimiento fiscal.

El informe subraya que parte significativa del precio de la vivienda no responde al valor del inmueble, sino a la carga fiscal incorporada en el proceso de producción y adquisición.

Otro de los puntos críticos identificados por EY es la aplicación del coeficiente del 0,15, que termina funcionando como un parámetro generalizado, sin tener en cuenta las diferencias entre mercados locales.

Este mismo coeficiente se aplica tanto en grandes capitales como en municipios donde el valor del suelo ha permanecido estable o ha caído, lo que genera una desconexión entre la base imponible del impuesto y la evolución real del mercado inmobiliario.

El informe describe esta situación como una asimetría fiscal que encarece artificialmente la vivienda nueva y penaliza la actividad promotora, considerada esencial para ampliar la oferta y contener los precios.

Vías de reforma

Para mitigar este impacto, el estudio plantea tres vías de reforma. La primera consiste en permitir la deducción de los costes de promoción y urbanización del valor de transmisión, o bien incorporarlos al valor de adquisición. De esta forma, el impuesto solo gravaría el incremento real de valor del terreno y no los costes necesarios para transformar el suelo.

La segunda propuesta busca introducir una bonificación obligatoria en el impuesto para empresas promotoras y constructoras, siguiendo el ejemplo de la bonificación existente en el IBI. Según el análisis, esta medida equipararía fiscalmente la actividad promotora con otros sectores productivos, donde no se grava como plusvalía pasiva el incremento de valor derivado del proceso de fabricación.

El informe considera que, en la promoción inmobiliaria, el IIVTNU termina gravando parte del proceso de transformación como si fuera una revalorización automática del suelo, ignorando que los inmuebles destinados a la venta son existencias en transformación y no activos patrimoniales mantenidos para su revalorización.

Como tercera vía, el estudio propone que los ayuntamientos puedan declarar la promoción de vivienda como actividad de especial interés municipal y apliquen bonificaciones contempladas ya en la normativa vigente. Esta posibilidad permitiría reducir la carga fiscal sobre la vivienda nueva, lo que podría traducirse en menores precios y facilitar el acceso a la compra, especialmente entre los jóvenes.

La implementación de estas medidas, según los autores del informe, tendría como resultado una reducción del coste final de la vivienda, aliviaría la presión sobre los compradores e impulsaría la oferta en un mercado marcado por la escasez y el encarecimiento.

El Gobierno de Gustavo Petro anunció una nueva reforma tributaria con el objetivo de recaudar $30 billones y enfrentar los desafíos fiscales identificados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

La iniciativa propuesta consiste en una serie de medidas para fortalecer las finanzas públicas mediante la obtención de recursos adicionales. La cifra, calificada como indicativa (guía, aproximación u orientación) por el Ministerio de Hacienda, serviría para cubrir el ajuste fiscal planteado para los próximos años y responder a compromisos presupuestales futuros.

Durante la presentación del MFMP, el director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, Cristián Cruz, señaló que “se está planteando una reforma tributaria para el 2027 equivalente a $30 billones, es importante mencionar que es un valor indicativo”. El Ministerio explicó que el propósito es asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas y hacer un ajuste gradual acorde con las proyecciones oficiales.

La propuesta surge como respuesta a las crecientes presiones presupuestales y busca garantizar la recuperación paulatina de las finanzas, así como cumplir con los compromisos económicos en los próximos periodos. El valor de $30 billones de pesos podría ajustarse dependiendo de la evolución económica y del desarrollo de los debates legislativos.

Saludo a la bandera

Al respecto, ya se generaron diferentes críticas. Por ejemplo, el exsubdirector operativo de Fiscalización y Liquidación Tributaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Christian Quiñónez destacó que el anuncio de la reforma ya había sido anticipado por el presidente Gustavo Petro hace meses, en medio de las advertencias sobre la situación fiscal nacional.

“El anuncio no es nuevo, ya Petro lo había advertido hace varios meses, de cara a la emergencia económica, que iba a presentar una nueva reforma tributaria antes de terminar su gobierno”, recordó, teniendo en cuenta que el ministro de Hacienda, Germán Ávila informó que se presentaría el 20 de julio.

Considera el experto que son reducidas las posibilidades de avance de la iniciativa en el actual contexto. “En este momento, la reforma tributaria que presente este Gobierno ya es un saludo a la bandera”, afirmó al señalar que el proyecto llegaría al Congreso de la República al final del mandato y estaría condicionado por el proceso de transición política y la voluntad del próximo Ejecutivo.

El experto manifestó que la discusión sobre la reforma está marcada por el ciclo electoral. “Seguramente el próximo gobierno la retirará para presentar una reforma tributaria acorde con sus propias propuestas económicas y fiscales”, comentó al recalcar que las prioridades en materia fiscal cambiarán con el nuevo gobierno.

Insistió el exfuncionario en que la magnitud del ajuste ya fue expuesta de forma pública por el mandatario saliente. Pese a los retos políticos, remarcó la urgencia técnica de la medida. “El país necesita una reforma tributaria que permita estabilizar sus finanzas. La discusión sobre cuál será esa reforma dependerá de las decisiones que tome el próximo gobierno”, anotó.

Agregó que el análisis detallado sobre el contenido final de la reforma quedará en manos del que gane las próximas elecciones y del equipo económico que defina su viabilidad legislativa y técnica.

Derroche y despilfarro de los recursos

La excandidata presidencial Paloma Valencia expresó una postura crítica hacia la política fiscal de los últimos años.

“Estos años lo único que hicieron fue derrochar y despilfarrar recursos en burocracia y politiquería. Hoy empezamos a ver los estragos de haber dejado al país con la deuda más alta de su historia, en solo cuatro años aumentó un 50%”, denunció.

Valencia cuestionó la gestión del gasto estatal y la negativa a reducir el aparato burocrático. “Cómo se niegan a disminuir el gasto burocrático y a parar el despilfarro. El Ministerio de Hacienda anuncia que necesitarían una reforma tributaria de $30 billones”, afirmó.

Argentina tiene un sistema tributario que, sumados los tres niveles de gobierno, alcanza los 150 tipos diferentes de tributos, según el relevamiento anual que realiza el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) en su Vademécum tributario.

El número no implica que cada ciudadano o empresa pague los 150. Como aclara el propio informe, “una persona humana o jurídica no tributa la totalidad de los tributos identificados, sino la parte que le corresponde en función del desarrollo de sus actividades, de su posesión de bienes, de su ubicación geográfica y del intervalo temporal que se considere”. Pero la existencia de ese universo de obligaciones —y la posibilidad real de quedar alcanzado por buena parte de ellas— define un escenario de presión fiscal que atraviesa la vida cotidiana de los argentinos.

¿Federalismo o federalitis?: los 3 niveles de tributación

Argentina es un país federal, y eso se refleja en su estructura impositiva. El Iaraf señala que “las potestades tributarias están distribuidas entre los distintos niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal”, y que “cada uno de estos establece, dentro de su marco legal, distintos tipos de tributos que determinan el financiamiento de sus funciones”.

De los 150 tributos identificados para 2026, 40 corresponden al nivel nacional, 28 al provincial y 82 al municipal. Este último dato es el que más llama la atención: más de la mitad de los tipos de tributos existentes en el país son de origen municipal. Tasas por habilitación de comercios, contribuciones ambientales, derechos de publicidad y propaganda, tasas por alumbrado, por residuos, por inspección de higiene, por uso de espacios públicos y decenas de otras figuras conforman un catálogo municipal que duplica en extensión al del gobierno nacional.

Esa cantidad de tributos a nivel local tiene consecuencias concretas sobre la carga administrativa de ciudadanos y empresas, especialmente de las pequeñas, que deben cumplir con obligaciones ante tres jurisdicciones distintas y, dentro de cada una, con múltiples conceptos.

Las seis que más pesan

A pesar de la amplitud del mapa tributario, la recaudación efectiva está lejos de estar distribuida entre los 150 tributos. El Vademécum 2026 del Iaraf revela una concentración llamativa: apenas seis tributos explican el 85% de la recaudación consolidada proyectada para este año.

Esos seis son el IVA, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, el impuesto a las Ganancias, el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, el impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias y la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene municipal (conocida como TISH). Los 144 tributos restantes se reparten apenas el 15% de lo que recauda el Estado en su conjunto.

Al desagregar la participación de cada uno, el IVA encabeza con el 25% del total recaudado. Le siguen los aportes y contribuciones a la Seguridad Social con el 19,1%, el impuesto a las ganancias con el 18,1%, Ingresos Brutos con el 14,7%, el impuesto a los créditos y débitos en cuentas corrientes con el 5,9% y la TISH municipal con el 2,6%.

La recaudación consolidada proyectada para 2026 alcanza el 26,6% del PBI. Si al grupo de los seis tributos principales se suman el impuesto a los combustibles, los derechos de importación y exportación y otros tributos municipales, el porcentaje sube al 94%. Es decir: diez tributos concentran casi toda la recaudación del Estado argentino, mientras los 140 restantes aportan apenas el 6%.

El huevo de la serpiente: los municipios tienen más tributos que las provincias

La distribución de lo recaudado sigue una lógica diferente a la del número de tributos. Según el Iaraf, de cada $100 recaudados en 2026, el Tesoro Nacional recibiría $23,1; la Anses $28,3; las provincias y CABA $35,3; y los municipios $13,3. Pero en términos de cantidad de figuras tributarias, los municipios superan ampliamente a los otros niveles.

Esa asimetría —muchos tributos municipales, menor participación en la recaudación total— refleja en parte la naturaleza de las tasas locales, que en muchos casos financian servicios específicos y cuyo monto individual es menor al de los grandes impuestos nacionales o provinciales. Aun así, la acumulación de esas obligaciones tiene peso sobre el contribuyente, tanto en lo económico como en lo administrativo.

Vale también notar que respecto al año anterior el número total de tributos bajó de 155 a 150. La reducción se explica por la eliminación de cinco impuestos internos nacionales —sobre vehículos automotores, objetos suntuarios, seguros, telefonía celular y embarcaciones de recreo— como consecuencia de la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802). Los tributos provinciales y municipales no registraron cambios en su cantidad.

Dónde son más numerosos

Una novedad de la edición 2026 del Vademécum es la posibilidad de identificar cuántos tributos rigen en cada una de 33 ciudades del país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para determinar qué tan diferente puede ser la carga según el lugar de residencia de un ciudadano o empresa.

Lo cierto es que en cualquier caso la carga administrativa y en la mayor parte de los casos también la económica sobre los contribuyentes es feroz. El municipio del país en que más tributos existen es Tigre, donde hay en total 81 tributos aplicables: los 40 de origen nacional, 9 de origen provincial (en este caso, de la Provincia de Buenos Aires) y nada menos que 32 tasas o gravámenes municipales. Segunda en el ranking está Corrientes, con 80 tributos: los 40 impuestos nacionales, 9 provinciales y 31 tasas municipales de distinto tipo. Tercera en el ranking general es la bonaerense Junín, con 79 tributos (40, 9 y 30 en los órdenes nacional, provincial y municipal, respectivamente), cuarta San Salvador de Jujuy, también con 79 (40, 12 y 27) y quinto el municipio de Ezeiza, con 78 (40, 9 y 29).

En el extremo opuesto, el municipio con menor número de tributos es Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, pero no por virtud propia, sino exención ajena. Es que allí el número de impuestos nacionales aplicables se reduce de 40 a 26, a los que se suman 9 impuestos provinciales y 18 tasas y contribuciones o cargos municipales. Entre los municipios cuyos residentes viven menos abrumados por el número de tributos también se cuentan General Alvear en Mendoza (62 en total, con 40 nacionales, 9 provinciales y 13 municipales), Catamarca (62 en total), Rosario (63 en total) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, único distrito en que los tributos son solo de dos jurisdicciones: los 40 impuestos de origen nacional y 25 tasas municipales.

A nivel estrictamente municipal, las 32 tasas y cargos del municipio de Tigre son seguidos de cerca por infiernos tributarios municipales como Corrientes, que aplica 31, la ya mencionada Junín, que acuñó 30, Bariloche y San Salvador de Jujuy, que empatan en 27, las capitales provinciales de Misiones y Salta, que aplican 26 tasas y contribuciones cada una, y Santiago del Estero, donde una empresa o ciudadano puede afrontar hasta 25 tributos de orden exclusivamente municipal.

Hay leyes que se nombran con una precisión ideológica que debería bastarnos para entenderlas. La llamada “Ley de Inocencia Fiscal” (Ley 27.799), vigente desde enero de 2026, parecería ser una de ellas. El nombre promete amparo para el contribuyente honesto que paga sus impuestos y vive asediado por un fisco agresivo. Sin embargo, la letra de la ley, y sobre todo sus efectos inmediatos, cuentan una historia diferente: la de un traje cosido a medida de quienes más tienen para ocultar.

El argumento oficial es conocido: el sistema anterior presumía la culpabilidad del ciudadano, que estaba sometido a una suerte de “super vigilancia” —a través de múltiples regímenes de información— y donde cada cambio patrimonial o consumo parecía estar bajo sospecha. Hay algo de verdad en eso.

El fisco argentino tiene, efectivamente, una enorme cantidad de información sobre sus contribuyentes; y en ocasiones lo ha utilizado de manera poco objetiva y más como un instrumento de persecución discrecional. También es cierto que quienes declaran y pagan impuestos afrontar un significativo costo administrativo, que se suma al propio gasto de funcionamiento de ARCA. Pero de ese diagnóstico —que merece debate serio— no se sigue la solución que esta ley propone. Corregir la asimetría entre Estado y contribuyente es una cosa; desmantelar el andamiaje de control fiscal es otra muy distinta.

El problema no es la presunción de inocencia. El problema es su amplitud

La ley eleva el umbral mínimo para que la evasión constituya delito penal de 1,5 millones a 100 millones de pesos por tributo y ejercicio —lo que equivale hoy a unos 70.000 dólares—. El resultado fue inmediato y tangible: centenares de causas penales en trámite fueron cerradas de un día para el otro, por aplicación retroactiva del principio de ley penal más benigna. No se cerraron las causas de quienes tenían los dólares bajo el colchón. Se cerraron las causas de quienes evadían sumas que, para cualquier trabajador argentino, representan años de ingreso.

A esto se suma el régimen simplificado de Ganancias, al que pueden adherir contribuyentes con ingresos de hasta 1.000 millones de pesos anuales y patrimonios de hasta 10.000 millones. Quienes se acogen al régimen quedan eximidos de explicar consumos, incrementos patrimoniales u origen de fondos. La cobertura no es para el pequeño ahorrista: es para un universo económico que el ciudadano promedio no habita.

La inequidad es estructural, no accidental

El sistema tributario argentino descansa, en proporciones vergonzosas, sobre los hombros del asalariado formal: aquel a quien le retienen en la fuente, que no puede eludir ni evadir, que paga IVA en cada compra y que nunca tuvo dólares en el colchón porque nunca le sobró nada. Para ese contribuyente, la “inocencia fiscal” no cambia nada. Para él, el sistema siempre fue transparente: no porque el Estado lo presumiera honesto, sino porque no tenía cómo ser otra cosa.

La ley, en cambio, beneficia a quienes operan en la informalidad por elección, no por necesidad. Presentar esto como una reparación histórica del ahorro argentino es, en el mejor de los casos, una confusión; en el peor, una mistificación deliberada.

El riesgo internacional no es menor

La flexibilización de los controles fiscales entra en tensión directa con los estándares del GAFI, el organismo internacional de control del lavado de activos. La propia Unidad de Información Financiera advirtió internamente sobre esta colisión antes de que la ley se reglamentara. Argentina estuvo al borde de la lista gris del GAFI en 2024 y 2025. Una norma que exime de explicar el origen de los fondos a contribuyentes con patrimonios de decenas de millones de dólares no mejora ese panorama: lo agrava. Y las consecuencias de quedar en lista gris —restricciones a la corresponsalía bancaria, encarecimiento del crédito externo, señales negativas para la inversión genuina— las paga el conjunto de la economía, no quienes se benefician del blanqueo encubierto.

El problema de técnica legislativa es también un problema político

Una reforma de esta envergadura —que modifica el régimen penal tributario, el procedimiento fiscal y la relación entre el Estado y los contribuyentes— fue aprobada en sesiones extraordinarias de diciembre, en la misma noche que el Presupuesto 2026, sin el debate que su complejidad exigía. Las consecuencias no se hicieron esperar: la reglamentación debió correr detrás de una ley mal articulada, y los tribunales debieron interpretar normas cuyo alcance el propio Congreso no discutió con seriedad.

La “inocencia fiscal” tiene ganadores claros. La pregunta que una parte de la política debe responder es por qué, en un país con déficit fiscal crónico, con servicios públicos deteriorados y con una carga tributaria que recae desproporcionadamente sobre los sectores formales, el Estado eligió este momento para ser más indulgente con quienes más pueden pagar y menos lo hacen.

La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú) advierte de un decreto supremo que el gobierno de José María Balcázar estaría planeando aprobar. “Expresamos nuestra preocupación por las medidas tributarias que estaría impulsando el Poder Ejecutivo a pocas semanas del cambio de gobierno, entre ellas incrementos del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), la ampliación de mecanismos de percepción del IGV y la reducción de la tasa del drawback del 3% al 1%”, alertó el gremio.

También coordinados con este mensaje están la Cámara de Comercio de Lima y la Asociación de Bodegueros del Perú: “El incremento del ISC no solo elevaría los precios de diversos bienes de consumo, sino que tendría efectos regresivos sobre la población más vulnerable, reduciendo el poder adquisitivo de las familias y encareciendo el costo de vida en momentos en que los peruanos demandan mayores oportunidades de desarrollo y no más cargas tributarias”, agregó la CCL.

Mientras, los bodegueros rechazan la propuesta que buscaría “modificar el ISC y el mecanismo de percepción del IGV, medidas que podrían generar un incremento en los precios de productos de consumo masivo, afectar a las bodegas y MYPES formales, e incentivar la informalidad y el contrabando”.

Gremios empresariales contra el Ejecutivo

“Un gobierno de salida no debería modificar reglas tributarias relevantes ni alterar las condiciones bajo las cuales las empresas toman decisiones de inversión, producción y contratación. Introducir cambios de esta magnitud en plena ejecución del año fiscal genera incertidumbre y debilita la confianza necesaria para sostener la actividad económica formal”, advierte Comex Perú.

También este gremio cuestiona el “uso recurrente del ISC como una herramienta principalmente orientada a incrementar la recaudación. Este impuesto no fue diseñado para atender necesidades fiscales de corto plazo. Utilizarlo con fines predominantemente recaudatorios desnaturaliza su propósito y debilita la predictibilidad que requiere el entorno de negocios”.

Asimismo, ponen la responsabilidad de falta de recursos en el Congreso que va de salida: “Advertimos además que el deterioro reciente de las cuentas fiscales responde, en buena medida, a decisiones del Congreso que incrementaron las presiones sobre el gasto público”.

Frente a esto sugieren que cualquier estrategia de consolidación fiscal debe incluir una revisión de la calidad y eficiencia del gasto estatal, y no limitarse a trasladar mayores cargas a quienes ya operan dentro de la formalidad.

“Antes de aumentar impuestos, ampliar mecanismos de recaudación o reducir instrumentos que contribuyen a la competitividad de las exportaciones, corresponde discutir cómo gastar mejor los recursos públicos”, agregan.

Afirman que “corregir los desequilibrios fiscales generando incertidumbre y cambiando las reglas de juego a última hora es una mala señal para quienes invierten, producen y generan empleo formal”

Bodegueros alertan de subida de precios

Si se aumentan estos impuestos, los bodegueros se verían movidos a pasar el extra que paguen a los consumidores, lo que encarecería los precios.

“Estas medidas afectarán a todos los productos de consumo masivo, generando un incremento en los precios de los productos, incentivando a un aumento de la inflación y promoviendo el contrabando de productos sensibles a dicho impuesto”, agregan.

Así, resaltan que, para las 535 mil bodegas a nivel nacional, este incremento de impuestos encarecerá los productos “que vendemos y por lo tanto se reducirán nuestras ventas, que a la fecha estamos en economía de subsistencia ya que los costos operativos se han incrementado a consecuencia de la ineficiente política de seguridad ciudadana”.

Cada vez que un ciudadano paga el IGV, el impuesto a la renta o cualquier otro tributo, espera que esos recursos se traduzcan en mejores hospitales, colegios seguros, infraestructura moderna y mayor seguridad ciudadana. Sin embargo, la percepción predominante va en sentido contrario: el Estado recauda más, pero los servicios públicos no logran responder a las expectativas de la población.

El debate público suele centrarse en cuánto más debería recaudar el país. Se habla de ampliar la base tributaria, crear nuevos impuestos o eliminar beneficios tributarios. Mucho menos frecuente es la discusión sobre cómo se utilizan los recursos que ya aportan millones de contribuyentes.

Un reciente análisis de ComexPerú ofrece algunas pistas importantes. Al cierre de abril, los impuestos financiaron el 81.6% del presupuesto público anual. Sin embargo, el principal destino de esos recursos corresponde a pagos al personal y obligaciones sociales del sector público, que representaron el 41.8% del gasto financiado mediante impuestos. En términos prácticos, ello implica que, por cada S/ 100 del presupuesto público, alrededor de S/ 34 terminan financiando planillas estatales.

El problema no es contar con más o menos servidores públicos. Un Estado funcional requiere profesionales competentes en todos los sectores. La verdadera discusión debería centrarse en si la composición del gasto responde a las necesidades más urgentes del país y si los recursos se están utilizando con eficiencia.

Mientras persisten enormes brechas sociales, una parte significativa del presupuesto continúa comprometida en gasto corriente. El mismo análisis muestra que la adquisición de activos no financieros, es decir, la inversión pública, representó apenas el 23.8% del gasto financiado con impuestos. Se trata precisamente de los recursos destinados a construir y mejorar infraestructura, cerrar brechas y elevar la calidad de los servicios públicos.

Incluso en sectores prioritarios existen desafíos importantes. Educación concentra el mayor presupuesto público del país, con S/ 49,941 millones para este año. Sin embargo, solo S/ 9,042 millones, equivalentes al 18.1% del total, se asignan a proyectos de inversión pública orientados a mejorar infraestructura educativa. Más preocupante aún resulta que el proyecto educativo con mayor presupuesto asignado este año no registraba avances en su ejecución al momento del análisis.

Por otro lado, conviene recordar que los recursos públicos no aparecen espontáneamente. Los ingresos tributarios dependen del dinamismo económico y del desempeño del sector privado. Al cierre de abril, la minería fue la actividad que más contribuyó a la recaudación tributaria, con S/ 14,612 millones, seguida por el comercio y la manufactura. En otras palabras, sin crecimiento económico, inversión privada y generación de empleo formal, tampoco existirían los recursos necesarios para financiar las políticas públicas que demanda la ciudadanía.

El descontento social es una realidad y, en muchos casos, está plenamente justificado. Persisten deficiencias en seguridad ciudadana, infraestructura, acceso a servicios básicos y calidad educativa. Pero por ello resulta indispensable discutir no solo cuánto recauda el Estado, sino qué hace con cada sol que recibe.

La población, en su justo reclamo, exige resultados. Antes de plantear nuevos impuestos o mayores niveles de gasto, convendría preguntarnos si estamos obteniendo el mejor retorno posible por cada sol que entregamos al Estado. Porque el verdadero desafío del Perú quizá no sea únicamente generar más recursos, sino administrarlos mejor. El reto no consiste solo en recaudar más, sino en garantizar que cada sol aportado por los ciudadanos se traduzca en mejores servicios y mayores oportunidades.

El Gobierno de República Dominicana presentó este jueves un plan anticrisis que incluye amnistía fiscal, eliminación de anticipos tributarios, incremento de deducciones educativas y nuevas medidas para estimular la economía nacional. Las propuestas buscan fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y proteger a los sectores más vulnerables ante la persistente crisis internacional, según informaron las autoridades.

La estrategia, que será sometida al Congreso, aspira a captar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos (entre USD 684,994.800.00 y 856,243,500.00) en ingresos adicionales. el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, detalló que el plan se estructura en cuatro dimensiones: medidas procrecimiento, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal. El objetivo central reside en mantener la inversión pública y asegurar recursos para servicios esenciales y protección social, de acuerdo con la documentación oficial.

En materia de consolidación fiscal, el eje principal será una sobretasa de 3 puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta (ISR) Empresarial, que se elevará al 30% durante tres años, aplicable únicamente a grandes contribuyentes con ingresos superiores a 1,000 millones de pesos al año. Este grupo representa aproximadamente 0.8% del total de empresas del país. Se prevé un aumento marginal del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas, que pasará de 0.15% a 0.2%, y la creación de un impuesto selectivo al consumo para cigarrillos electrónicos. Otras medidas incluyen mayor tributación a casinos y juegos de azar, junto al incremento de USD 10 al impuesto sobre los pasajes aéreos.

La administración ha decidido no modificar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), su tasa ni su base, y mantener inalterados la mayoría de los impuestos selectivos a combustibles, alcoholes, cigarrillos y telecomunicaciones. Las micro, pequeñas y medianas empresas quedarán excluidas de nuevas cargas tributarias, según consta en la matriz de medidas publicada por el Ministerio de Hacienda y Economía.

Como parte de la ofensiva contra la evasión, el proyecto habilita la percepción del ITBIS en la Dirección General de Aduanas para importaciones de contribuyentes informales, amplía las retenciones del ISR sobre sectores de difícil fiscalización e introduce mecanismos de trazabilidad fiscal para bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles. El Ministerio de Hacienda y Economía dispondrá de poder de veto sobre decisiones de leyes de incentivo para evitar abusos, según una presentación interna de la cartera.

Los cambios para trabajadores y clase media

En el plano del alivio fiscal para la clase media, el proyecto ajusta por inflación el mínimo no imponible del ISR personal, que no se actualizaba desde hace una década. El nuevo mínimo exento asciende a 39,900 pesos (USD 683.28), cifra suficiente para cubrir el costo de la canasta familiar del segundo quintil de ingreso. La deducción por gastos educativos aumenta del 25% al 30% y podrá llegar al 50% cuando los gastos beneficien a personas con discapacidad, autismo o trastornos del neurodesarrollo. Estas disposiciones tendrán vigencia a partir de enero de 2027.

Para el sector empresarial más pequeño, se derogan los anticipos del impuesto a las microempresas, que representan el 78% de las firmas que informaron ISR en 2025. Las pequeñas empresas realizarán solo tres pagos al año, en lugar de doce. A su vez, el sector agropecuario quedará exento de anticipos e impuesto a los activos. Se eliminarán gradualmente los impuestos a la constitución de compañías y al selectivo a los seguros de vida, considerados obstáculos a la competitividad y formalización.

El frente social y el gasto público

La política social no se desmonta, sino que se reorienta para blindar a los hogares vulnerables ante la presión de precios y costos. El gobierno revisará los subsidios para mejorar la focalización y priorizará el gasto social y de inversión, según el documento oficial. El gasto corriente cayó 0.5% del PIB en 2025, mientras que el gasto de capital aumentó y el gasto en publicidad se encuentra en mínimos históricos.

Entre las medidas procrecimiento económico también figuran la depreciación acelerada para incentivar la inversión privada desde 2027, el reembolso del impuesto selectivo a combustibles y seguros para exportadores, y la devolución del impuesto selectivo al alcohol etílico usado en medicamentos. La ampliación del Régimen Simplificado de Tributación (RST) beneficiará a pequeños contribuyentes y fomentará la formalización, asegura el gobierno.

La adecuación presupuestaria combina disciplina interna, protección social focalizada y manejo responsable de componentes sensibles, con el propósito de reorientar el gasto entre 30,000 y 40,000 millones de pesos, según las autoridades. Se mantendrán beneficios como la eliminación de ITBIS y aranceles para ambulancias, camiones de bomberos y compactadores de basura, así como para insumos viales.

El panorama impositivo provincial presenta notorias diferencias en la carga fiscal que enfrentan los contribuyentes de escala media, dependiendo de la jurisdicción y el tipo de actividad. Una consultora privada analizó cuánto pesan los tributos sobre los ingresos y calculó los montos que se deben pagar anualmente en Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Para realizar la comparación, la asociación civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) utilizó una metodología de “tipos ideales”: construyó cuatro perfiles representativos de contribuyentes de escala media — una familia tipo, un comercio minorista, una industria metalmecánica y una chacra agrícola de 200 hectáreas — y estimó cuánto debería pagar cada uno según la jurisdicción.

El estudio consideró los principales tributos provinciales que inciden sobre esos casos: Ingresos Brutos, Inmobiliario urbano y rural, Automotor y Sellos. Vale mencionar que no se incluyeron impuestos nacionales ni tasas municipales, a fin de aislar y comparar el peso específico de la estructura fiscal provincial.

En la provincia de Buenos Aires, ICD reveló que el perfil agropecuario registra una carga fiscal especialmente elevada: una chacra de escala media puede enfrentar una carga fiscal total cercana al 13,10% de sus ingresos anuales, impulsada principalmente por el Impuesto Inmobiliario Rural, que puede representar alrededor del 11,54% del ingreso anual. Esto ubica a Buenos Aires muy por encima del resto de las provincias analizadas para este tipo de contribuyente.

“El caso bonaerense muestra con claridad que la presión fiscal no se explica solamente por las alícuotas. En muchos casos, el monto que termina pagando un contribuyente depende de valuaciones fiscales, coeficientes, tramos y reglas administrativas difíciles de anticipar. Eso vuelve al sistema menos transparente y más imprevisible, especialmente para los productores agropecuarios”, señaló Juan Manuel Perez Naufel, director ejecutivo de ICD.

También advierten que pequeños cambios en la valuación fiscal pueden llevar a que un productor pase de un tramo a otro y enfrentar aumentos significativos en el monto final a pagar.

De acuerdo al reporte, estos son los montos que paga anualmente un bonaerense en concepto de impuestos provinciales de acuerdo al tipo de contribuyente:

• Familia: $2.840.057
• Supermercado: $10.724.346
• Industria: $10.602.453
• Chacra: $17.817.950

La carga sobre los ingresos anuales queda de la siguiente manera:

• Familia: 6,57%
• Supermercado: 3,78%
• Industria: 3,93%
• Chacra: 13,10%

Por su parte, en CABA, el ABL/Inmobiliario adquiere mayor peso relativo para los hogares que en otras jurisdicciones. En los perfiles comercial e industrial el componente dominante vuelve a ser Ingresos Brutos.

Montos que se pagan anualmente:

• Familia: $3.111.068
• Supermercado: $11.808.560
• Industria: $13.419.250
• Chacra: N/A

Carga sobre los ingresos anuales:

• Familia: 7,20%
• Supermercado: 4,16%
• Industria: 4,97%
• Chacra: N/A

En Córdoba, la carga fiscal total se ubica en niveles similares a los de otras jurisdicciones para varios perfiles, aunque el informe destaca el impacto de mecanismos de cálculo como el Coeficiente de Equidad Inmobiliario y la actualización de valuaciones, que pueden afectar la previsibilidad para el contribuyente.

Montos que se pagan anualmente:

• Familia: $2.675.850
• Supermercado: $14.787.427
• Industria: $14.206.757
• Chacra: $1.383.100

Carga sobre los ingresos anuales:

• Familia: 6,19%
• Supermercado: 5,21%
• Industria: 5,26%
• Chacra: 1,02%

En Santa Fe, el estudio advierte dificultades para estimar algunos componentes del Impuesto Inmobiliario, especialmente por la complejidad y antigüedad de ciertos criterios de valuación.

Aun así, la provincia muestra cargas relevantes en los perfiles comercial e industrial, donde Ingresos Brutos aparece como el tributo de mayor incidencia.

Montos que se pagan anualmente:

• Familia: $2.577.120
• Supermercado: $14.025.600
• Industria: $13.410.000
• Chacra: $1.260.000

Carga sobre los ingresos anuales:

• Familia: 5,97%
• Supermercado: 4,94%
• Industria: 4,97%
• Chacra: 0,93%

En Mendoza, en cambio, se observa la principal excepción de las jurisdicciones analizadas: la carga fiscal total aparece considerablemente menor en varios de los perfiles analizados. En el caso agropecuario, a diferencia de Buenos Aires, el componente provincial de mayor peso no es el Inmobiliario Rural sino Ingresos Brutos, con una incidencia bastante más baja.

Montos que se pagan anualmente:

• Familia: $1.716.087
• Supermercado: $10.542.144
• Industria: $9.909.162
• Chacra: $4.418.491

Carga sobre los ingresos anuales:

• Familia: 3,97%
• Supermercado: 3,72%
• Industria: 3,67%
• Chacra: 3,25%

En términos generales, el informe destaca que Ingresos Brutos concentra la mayor parte de la carga fiscal en actividades comerciales e industriales, llegando a representar hasta un 5% de la facturación.

El relevamiento muestra que para contribuyentes de escala media, la carga fiscal total anual tiende a ser similar en cuatro de las cinco jurisdicciones analizadas, aunque cambia de manera importante la composición de los impuestos. En esta primera medición, Mendoza se destaca como la principal excepción, con una carga total considerablemente menor.

El SAT puede no cobrarte multa si corriges un error fiscal antes de que la autoridad lo detecte, pero la ventana para hacerlo se cierra en cuestión de horas o días.

La figura se llama cumplimiento espontáneo y está prevista en el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación (CFF), aunque la mayoría de los contribuyentes desconoce su existencia.

La regla es simple: quien presenta una declaración omitida, corrige un dato incorrecto o paga una contribución fuera de plazo —sin que el SAT lo haya detectado ni notificado— solo cubre el monto original más actualización y recargos. La multa es cero.

Cuándo se pierde el beneficio

El CFF establece tres situaciones en las que la corrección deja de considerarse espontánea y, por tanto, la multa sí procede.

• La primera: cuando la omisión ya fue descubierta por las autoridades fiscales.
• La segunda: cuando el SAT notificó una orden de visita domiciliaria, un requerimiento o cualquier otra gestión de comprobación antes de que el contribuyente actuara.
• La tercera: cuando la corrección se presenta más de diez días después de que un contador público registrado entregó el dictamen de estados financieros ante el SAT y la omisión quedó asentada en ese documento.

En la práctica, el umbral más frecuente es el segundo. Si ya hay un aviso en el Buzón Tributario, la espontaneidad se extingue de inmediato.

Cuánto cuesta no actuar a tiempo

La diferencia entre corregir antes o después de una notificación es significativa. Según la tabla de penalizaciones del CFF vigente en 2026, quien declara de forma voluntaria paga $0.00 en multas.

Quien espera a que el SAT lo requiera enfrenta sanciones de entre $1,810 y $44,790 pesos por obligación incumplida, dependiendo del tipo de infracción.

Si el contribuyente corrige durante el ejercicio de facultades de comprobación —es decir, ya iniciada una auditoría—, puede acceder a una multa reducida equivalente al 20% de las contribuciones omitidas, conforme al artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

No es lo mismo que espontaneidad, pero representa un ahorro frente a la sanción plena.

Qué obligaciones cubre y cómo actuar

El cumplimiento espontáneo aplica a prácticamente cualquier obligación fiscal: declaraciones anuales o provisionales no presentadas, pagos omitidos, avisos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) entregados fuera de plazo y correcciones a datos ya declarados.

El proceso no requiere cita ni trámite especial. Todo se tramita en línea desde sat.gob.mx, en la sección “Declaraciones”. Si la obligación nunca fue presentada, el contribuyente selecciona la opción “Normal”; si ya existía una declaración pero con datos incorrectos, elige “Complementaria”. El portal calcula automáticamente los recargos y la actualización, y genera una línea de captura con el total a pagar.

La línea de captura tiene vigencia limitada, generalmente unas horas. Si no se liquida el mismo día, los recargos se recalculan y es necesario generarla de nuevo.

Cuando el monto total no puede cubrirse de inmediato, los especialistas recomiendan presentar la declaración de todas formas antes de pagar: una declaración entregada sin pago genera recargos sobre el impuesto, pero evita la multa por omisión. El contribuyente puede solicitar después un convenio de pago en parcialidades al amparo del artículo 66 del CFF, con un plazo máximo de 36 meses.

Un punto que pocos consideran: las notificaciones enviadas al Buzón Tributario se tienen por legalmente realizadas una vez que transcurren cinco días hábiles desde el envío del aviso, independientemente de si el contribuyente las consultó. Por eso, revisar el buzón antes de iniciar cualquier corrección es el primer paso que los asesores fiscales consideran indispensable.

Las omisiones que el SAT detecta primero

La autoridad fiscal no revisa de forma aleatoria. En 2026, el SAT opera con sistemas de inteligencia de datos que cruzan automáticamente la información de facturas electrónicas, depósitos bancarios, retenciones y declaraciones para identificar inconsistencias antes de emitir cualquier notificación.

La discrepancia fiscal es el detonante más frecuente: ocurre cuando los gastos facturados, los depósitos en cuenta o los pagos con tarjeta no coinciden con los ingresos declarados. El sistema presume ingresos omitidos y abre una revisión sin que el contribuyente lo advierta de inmediato.

Otros patrones que concentran la atención del fisco son las pérdidas fiscales declaradas de forma recurrente sin sustento económico lógico, las retenciones de ISR o IVA no enteradas al SAT, y las tasas efectivas de impuesto significativamente por debajo del promedio del sector. Este último criterio se aplica tanto a personas físicas como a empresas.

En el plano operativo, los errores de facturación también activan revisiones. Datos incorrectos del receptor en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), cancelaciones de facturas fuera de plazo y declaraciones en cero cuando existen CFDI de ingresos vigentes son señales que los algoritmos del SAT procesan de forma automática.

Un punto que los especialistas consideran especialmente crítico es e Buzón Tributario inactivo o con datos de contacto desactualizados. Aunque la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2026 prorrogó la aplicación de multas económicas —que van de $3,850 a $11,540 pesos— hasta enero de 2027, la obligación de mantenerlo activo es vigente. Un buzón sin medios de contacto válidos habilita al SAT para notificar por estrados y puede derivar en la restricción del Certificado de Sello Digital, lo que impide emitir facturas de forma inmediata.

El Servicio de Administración Tributaria confirmó la inclusión definitiva de 89 contribuyentes en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), lo que invalida las facturas emitidas por esas empresas y expone a quienes operaron con ellas a perder deducciones y créditos fiscales.

El organismo emitió el oficio 500 05 00 00 00 2026 11587 el 15 de abril de 2026. Lo firmó el licenciado en contaduría Rubén Martín López Rodríguez, Administrador Central de Fiscalización Estratégica, adscrito a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF). La publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se concretó el 5 de junio.

El propio oficio justifica la medida con un argumento de interés público: “es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes”, así como que la sociedad conozca a quienes llevan a cabo ese tipo de operaciones.

Qué son los EFOS y por qué sus facturas no tienen validez

Las empresas y personas físicas incluidas en este listado reciben el nombre de EFOS: Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas. El SAT acreditó que emitieron comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para respaldar las transacciones que amparaban.

Un detalle que genera confusión frecuente: la factura en sí cumple con los requisitos formales del sistema tributario. Lo que es falso es la operación detrás del documento, que en realidad no existió.

89 contribuyentes de 20 estados, en sectores muy distintos

Los 89 contribuyentes incluidos en el Anexo 1 del oficio son personas físicas y morales domiciliadas en al menos 20 estados: Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Coahuila de Zaragoza, Guerrero, Veracruz, Baja California, Sinaloa, Tabasco, Guanajuato, San Luis Potosí, Durango, Campeche, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Zacatecas.

Los sectores involucrados abarcan desde construcción, consultoría administrativa, servicios de cómputo, comercialización de hidrocarburos y transporte, hasta gasolineras, fabricación farmacéutica, joyería y espectáculos. El documento registra cuatro motivos formales para la inclusión en el listado: ausencia de activos, ausencia de personal, falta de infraestructura y falta de capacidad material.

El proceso que llevó a la lista definitiva

El procedimiento contempló varias etapas. Las Administraciones Desconcentradas de Auditoría Fiscal en cada estado emitieron oficios de presunción individuales a cada contribuyente, con los hechos que motivaban la sospecha. La coordinación del listado global de presunción y la publicación definitiva correspondió a la Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Tras esa notificación individual, el SAT publicó el listado global en su portal y en el DOF, con un plazo de 15 días hábiles para que los afectados presentaran pruebas y argumentos. El CFF también permite solicitar una prórroga de cinco días adicionales vía buzón tributario.

Ninguno de los 89 contribuyentes se apersonó ante la autoridad ni entregó documentación dentro del plazo. El SAT emitió entonces resoluciones definitivas y, conforme al artículo 69-B del CFF, no procedió a la publicación definitiva sino hasta después de 30 días hábiles posteriores a la notificación de dichas resoluciones, sin que se reportara suspensión, nulidad ni revocación judicial a favor de ninguno de los incluidos.

El riesgo para empresas y personas que operaron con esos proveedores

La consecuencia más directa no recae solo sobre los EFOS, sino sobre quienes contrataron sus servicios o adquirieron sus bienes. Cualquier empresa o persona física que haya dado efectos fiscales a facturas emitidas por un contribuyente ahora en la lista definitiva queda automáticamente bajo sospecha como EDOS: Empresas que Deducen Operaciones Simuladas.

Las deducciones aplicadas y los créditos fiscales obtenidos con esas facturas pueden ser rechazados por el SAT. El artículo 69-B del CFF establece que el contribuyente afectado cuenta con 30 días hábiles a partir de la publicación definitiva para tomar una de dos vías: acreditar ante la autoridad que la operación fue real, con documentación que pruebe la materialidad de la transacción, o corregir su situación fiscal mediante declaraciones complementarias.

Si no actúa dentro de ese plazo, el SAT puede determinar créditos fiscales, rechazar deducciones, imponer multas y recargos, y en casos graves derivar el asunto a consecuencias penales.

Cómo verificar si un proveedor está en la lista

El listado completo está disponible en el portal oficial del SAT en sat.gob.mx y en el DOF. Los contribuyentes pueden descargarlo en formato .csv, consultable desde Excel, con búsqueda por RFC o razón social.

Además, anticipó, “podrían exteriorizarse unos USD 50.000 millones” gracias a las modificaciones.

Un régimen que no fracasó

Ante la percepción generalizada de que la ley original no había tenido el impacto esperado, Litvin fue categórico: “No es que haya fracasado. Se adhirieron unas 80.000 personas hasta ahora”. Sin embargo, reconoció que existían limitaciones que frenaban una adhesión más masiva, y que el nuevo proyecto resuelve buena parte de esas inquietudes.

Una de las trabas más importantes tenía que ver con los requisitos patrimoniales y de ingresos para acceder al régimen. Con la versión que se enviará al Congreso, eso desaparece. “Se ha eliminado ese requisito, con lo cual más cantidad de gente, independientemente de su patrimonio y nivel de ingresos, puede adherirse a este régimen simplificado, que es optativo”, explicó.

La única excepción son los grandes contribuyentes nacionales, a quienes el tributarista definió como “las grandes fortunas”. Para ese grupo, los beneficios plenos del régimen no estarán disponibles.

El problema de la discrepancia significativa

Otro de los puntos que generaba resistencia entre los contribuyentes y sus asesores era el mecanismo de “discrepancia significativa”: si el fisco detectaba diferencias relevantes entre lo declarado y lo que consideraba correcto, el régimen podía caer por completo. Eso creaba una zona de incertidumbre difícil de aceptar.

Litvin explicó que el nuevo proyecto resuelve eso de forma concreta. “Generalmente hay diferencia de criterio. Esto se solucionó levantando el umbral de topes para considerar las discrepancias significativas. Ahora el tope es de $5 millones”. Además, el contribuyente tendrá la posibilidad de defenderse en instancias administrativas ante eventuales diferencias con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En ese esquema, “si tienen una diferencia con el fisco, no es causal de exclusión de todos los beneficios”.

Qué gana quien se adhiere

Más allá de los cambios técnicos, Litvin repasó los incentivos concretos del régimen. El primero apunta a simplificar la carga burocrática: la declaración jurada es “muy simple, muy sintética, con muy poca información al organismo fiscal”, sin necesidad de informar movimientos patrimoniales.

El segundo beneficio tiene un peso mayor para quienes tienen ahorros en efectivo fuera del sistema financiero. “Puedo usar los dólares del ‘colchón’ obtenidos por actividades lícitas sin ninguna consecuencia fiscal ni costo. Puedo invertir en plazo fijo, en alquiler de inmuebles para vivienda sin ningún impuesto y no tengo consecuencias fiscales ni costo del uso de esos dólares”, detalló.

A eso se suma lo que Litvin denominó “tapón fiscal hacia atrás”, un blindaje que impide que el fisco reclame impuestos por períodos anteriores no prescriptos. En ese punto, señaló que el mecanismo “da el mismo blindaje” que el blanqueo. La diferencia, aclaró, es que sacar los dólares del colchón no significa eximirse de impuestos futuros, pero sí permite generar renta con ese dinero sin consecuencias fiscales inmediatas. “No conviene guardar los dólares. Guardados en una caja de seguridad no sirve de nada y van perdiendo valor, por la inflación internacional”, advirtió.

El caso del monotributo

Litvin también planteó una advertencia específica para los contribuyentes que hoy están inscriptos en el monotributo. Si adherirse al régimen simplificado implica salir del monotributo para pasar al Régimen Simplificado de Ganancias, el análisis se complica.

“El monotributo es lo más barato en materia impositiva. Pagando la cuota, tiene contenido de seguridad social, de obra social y de IVA y Ganancias. Saliendo del monotributo, es un salto al vacío”, sostuvo. Su recomendación fue clara: “Diría que se haga aconsejar debidamente sobre los pros y contras de cada caso”.

La sombra del blanqueo de Macri

Una de las preguntas que más recibe Litvin de sus clientes tiene que ver con la experiencia del blanqueo de 2016, bajo la gestión de Mauricio Macri. Quienes participaron de ese régimen vieron cómo, con el cambio de gobierno, se creó el impuesto a la riqueza y se amplió Bienes Personales hasta una alícuota del 2,25%, que el propio Litvin calificó de “exorbitante”.

Ante ese antecedente, el tributarista diferenció lo que puede y lo que no puede pasar. El tapón fiscal es intocable: “Nadie puede cambiarlo”, afirmó. Lo que sí puede modificarse con un eventual cambio de gobierno es la presión impositiva sobre el patrimonio. Pero eso, según Litvin, tiene solución: “Se puede invertir en bienes que no estén gravados”.

Cuántos dólares podrían blanquearse

Sobre el potencial impacto del nuevo régimen, Litvin discrepó con estimaciones que circulan sobre el total de dólares fuera del sistema. “Yo considero que no son más de 170.000 millones”, dijo, en referencia a cifras que a veces se elevan a 250.000 millones. Para dimensionar qué porción de ese total podría movilizarse, recurrió a los precedentes: el blanqueo de Milei exteriorizó USD 50.000 millones, mientras que el de Macri alcanzó los USD 116.700 millones.

Con esa base comparativa, Litvin estimó que el nuevo proyecto podría tener un alcance similar al del blanqueo más reciente: “Yo creo que una buena cifra en este caso pueden ser USD 50.000 millones”.

Durante su intervención en el IAE Summit 2026, un evento organizado por IAE Business School, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno, cuestionó a quienes critican el aperturismo del modelo libertario y destacó la compra de divisas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). A su vez, volvió a apuntar contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y una eventual candidatura presidencial.

“¿En serio le quieren hacer creer a las personas que Kicillof es un potencial candidato a presidente? Yo creo que toman a la gente por boluda. Realmente no se puede creer”, afirmó el ministro. A su juicio, la prueba más contundente es lo que pasó luego de las elecciones legislativa de octubre del año pasado: tras la victoria del peronismo, en los comicios nacionales ganó La Libertad Avanza (LLA).

Al comienzo de su alocución, el titular del Palacio de Hacienda insistió en que “nadie vio” un escenario como el actual. “Este es un Gobierno y un presidente que decidió ir hacia el orden fiscal no después de una crisis sino evitando una crisis, respetando los contratos y la propiedad privada”, remarcó.

En tal sentido, Caputo se defendió de las críticas que hablan de una “apertura indiscriminada” que impacta de lleno en la actividad industrial. Y para ello, puso datos: Argentina tiene un porcentaje de comercio sobre PBI de apenas 28% cuando Paraguay tiene casi el 80 por ciento. “¿Está habiendo una apertura alocada e indiscriminada? No", les preguntó al auditorio.

Para Caputo hay sobrada evidencia empírica sobre los países que se abrieron al mundo cuyo su ingreso per cápita creció de 1,5 a 2 en los últimos 20 años mienta Argentina, con una política de economía cerrada, no creció nada. “Lo cual es totalmente obvio y entendible, porque ¿Cuál es el incentivo a invertir en un país que está totalmente protegido y donde se presentan todas estas incertidumbres? Ninguno”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que lo único que atenta contra la industria es “hacer lo que se hizo en años anteriores: tener un déficit fiscal financiado con emisión que genera una inflación galopante, inestabilidad cambiaria, suba de impuestos, continuas regulaciones y falta de crédito”. La declaración que se da luego de que esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que la producción industrial manufacturera cayó 2,8% interanual y 4% mensual en abril tras el repunte de marzo.

El “nuevo modelo” y lo que falta

Con el cambio de modelo, Caputo afirmó que la economía comenzó a recuperarse y los datos -que elige mostrar- lo acompañan: las exportaciones están en niveles récord, cayó fuertemente la inflación y la pobreza. Sin embargo, reconoció que los salarios todavía tienen que recuperar. “Ustedes lo ven al consumir, hoy hay mucha mayor variedad de productos a mucho mejor precio. Este es un modelo que favorece a la gente y, además, derriba mitos sobre la restricción externa”, sostuvo.

Bajo su perspectiva, en este nuevo modelo “hay dólares para todos los que quieren importar y para todos los que quieren repatriar dividendos”. “Sobran tantos dólares que el Banco Central ha venido comprando a razón de USD 100 millones por día”, argumentó. Una afirmación que se da luego de que la semana pasada la entidad que conduce Santiago Bausil logró superar la meta anual de USD 10.000 millones que se pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Meta hay una sola, que son estos USD 10.000 millones que hemos ya comprado. Es la primera vez que Argentina cumple con esta meta y ni hablar con esta anticipación, siete meses antes”, destacó. Y puntualizó que es meramente importante porque se da en medio de un shock externo con el conflicto de Oriente Medio. Sin embargo, Caputo ya reconoció que es muy difícil que el BCRA pueda mantener este mismo ritmo de compras de reservas en los meses que restan del año.

“Nosotros somos tan optimistas porque vemos que el proceso de desinflación a retomado, el nivel de actividad va a ir ganando más momento más allá de la volatilidad intermes que hasta para nosotros es sorprendente”, afirmó Caputo quien volvió a destacar que ellos prefieren mirar la tendencia ciclo ya que permite ver más puramente la tendencia. En esa línea sostuvo que espera un 2027 muy diferente y no lo diría si fuera consenso.

“No voy a usar la frase de que la economía se va llevar apuesta a la política porque se enojan”, deslizó entre risas Caputo, quien afirmó que la economía va a prevalecer. Explicó que conoce las medidas que continuarán implementando y dispone de más información sobre lo que se avecina, motivo por el cual se muestra optimista y no espera un 2027 típico de año electoral en Argentina. “Tanto la gente como el mercado se van a dar cuenta antes de que el 2027 no va a ser ese año que muchos creen”, sostuvo.

El transporte aéreo en América Latina se consolida como un motor esencial para el desarrollo de la región, según el vicepresidente regional de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata), Peter Cerdá. Durante la Asamblea General de la IATA celebrada en Río de Janeiro, el dirigente afirmó que “la aviación no es un lujo en América Latina y el Caribe. Es un servicio esencial”.

Por eso, habló del papel estratégico del sector para la integración en países con extensas geografías y limitadas alternativas de transporte, como Colombia, Brasil, Argentina y Venezuela.

Según el dirigente, la aviación latinoamericana afronta obstáculos y oportunidades marcados por altos impuestos, costos operativos elevados y presiones regulatorias. Según él, la región enfrenta dificultades para sostener tarifas accesibles y suficiente conectividad, mientras que el éxito futuro depende de políticas estatales que reduzcan cargas fiscales y modernicen la infraestructura. En el caso de Colombia, la cooperación entre las autoridades y la industria resulta clave para asegurar crecimiento y competitividad.

Impacto económico del sector

El impacto económico del sector va más allá del transporte. Cerdá aseguró, según El Tiempo, que los vuelos representan una vía directa para impulsar el comercio, el turismo y el empleo. Cada pasajero genera una cadena de actividad adicional en áreas como hotelería, gastronomía y comercio. Por ello, destacó que “tenemos que trabajar conjuntamente en cómo traemos más pasajeros para estimular un aumento mayor en el gasto de los consumidores”.

Así las cosas, confirmó que el desarrollo de la aviación es indispensable para reducir el aislamiento geográfico, especialmente donde las opciones terrestres son limitadas.

Impacto de los costos e impuestos en la aviación latinoamericana

Uno de los mayores desafíos para la competitividad aérea en la región es la carga impositiva y los gastos operativos. Cerdá precisó al medio que hasta el 40% de los gastos operativos de una aerolínea corresponde al combustible, lo que convierte su volatilidad en un factor crítico para las finanzas del sector.

La presión tributaria agrava la situación. “Cualquier tipo de aumento en impuestos perjudica al sector y sobre todo perjudica al consumidor”, advirtió el vicepresidente regional de la Iata a Valora Analitik. Y es que en Colombia, la reducción temporal del IVA ante la pandemia del covid-19 impulsó la demanda, pero el restablecimiento del 19% de IVA frenó el avance.

“Sigue siendo un IVA alto. Cuando tuvimos la reducción vimos un incremento muy importante y, en el momento en que volvió al 19%, volvió a bajar”, detalló a El Tiempo.

De acuerdo con la Iata, estimular el tráfico aéreo implica aliviar la carga fiscal. Cerdá citó ejemplos de Hawái y Barbados, que lograron incentivar los viajes al reducir tasas sobre los boletos. “Estas políticas hacen que viajar sea más accesible y estimulan la demanda”, apuntó al medio.

La presión regulatoria en el sector aéreo

A la estructura de costos se suman más de 150 propuestas normativas activas en América Latina, según el vicepresidente regional de la IATA. Estas van desde límites tarifarios en Colombia hasta regulaciones sobre el equipaje en Chile y Brasil, pasando por nuevas reglas para pasajeros en Perú.

Aunque el objetivo declarado suele ser la protección del usuario, Cerdá advirtió que muchas de estas regulaciones perjudican a los pasajeros. “Tenemos que evitar que los reguladores intenten imponer leyes y políticas que, supuestamente, tendrían que proteger al pasajero, pero que en realidad están perjudicando a los pasajeros”, afirmó.

Desde la perspectiva de la Iata, las autoridades aeronáuticas deben equilibrar la defensa del usuario con la necesidad de mantener la viabilidad financiera y operativa del sector.

Colombia ante el reto de consolidar su mercado aéreo

Colombia destaca como uno de los mercados más dinámicos, aunque enfrenta retos clave para su consolidación. De acuerdo con datos de la Iata, durante el primer semestre de 2026, el país reportó un aumento del 5,3% en frecuencias domésticas y un 4,2% en oferta de asientos sobre el período anterior. El tráfico internacional también mantuvo una senda positiva.

“Necesitamos una relación mucho más proactiva con el Gobierno, con la Aeronáutica Civil, más alineamiento y entender la importancia del transporte aéreo”, reclamó Cerdá. Asimismo, solicitó frenar la imposición de normativas que elevan los costos y limitan las opciones para los pasajeros.

En la asamblea de Río de Janeiro, el líder gremial expuso la agenda estratégica que el sector presentará al próximo presidente electo después de la segunda vuelta del 21 de junio. “Estamos listos para trabajar con el nuevo gobierno que entre, obviamente con una agenda que tenemos muy bien definida y esperamos que este gobierno esté dispuesto a trabajar de una manera colaborativa, transparente y que nos vean como un aliado”, aseguró a Valora Analitik.

Infraestructura y planificación a largo plazo

La falta de infraestructura suficiente es otro factor que restringe el crecimiento aeronáutico regional. Cerdá insistió en que los gobiernos deben planificar la infraestructura aeroportuaria con horizonte de varias décadas y no solo enfocarse en soluciones inmediatas. “Lo que animamos a nuestros gobiernos es a utilizar las mejores prácticas que ya existen en lugares como Singapur, Hong Kong o Dubái”, puntualizó el directivo.

La utilización limitada del espacio aéreo por decisiones militares representa un obstáculo técnico relevante, según la IaTa. Cerdá señaló que abrir estos corredores podría ahorrar de cuatro a siete minutos por vuelo, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones.

Oportunidades de conectividad y reapertura en la región

A escala regional, la aviación genera unos 8,3 millones de empleos y contribuye con aproximadamente USD240.000 millones al Producto Interno Bruto (PIB), conforme a estimaciones de la entidad. Sin embargo, la cantidad de viajes por habitante en América Latina se mantiene por debajo de otras regiones, lo que refleja un potencial de crecimiento importante.

La Iata proyecta que la demanda aumentará alrededor de 3,7% anual hasta 2040, aunque algunos mercados podrían superar ese ritmo con condiciones regulatorias y de infraestructura más favorables.

Venezuela constituye un caso ejemplar. “En los años 70, Caracas era el hub más importante que teníamos en la región. Teníamos una conectividad muy extensa con todas las líneas aéreas”, recordó Cerdá. Actualmente, el sector observa con atención su reapertura, ya que nuevas rutas desde Norteamérica, Medio Oriente y Sudamérica fueron anunciadas. La infraestructura puede atender la reactivación inicial, aunque hace falta modernizar los aeropuertos principales y secundarios.

Dentro de las prioridades para el país figuran la mejora de la seguridad operacional y el diseño de políticas que atraigan inversión sostenida.

La dinámica fiscal de Colombia en los primeros cinco meses de 2026 muestra una divergencia muy importante: mientras el recaudo tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) alcanzó $136,2 billones, cifra menor a la meta oficial, la ejecución presupuestal superó lo programado para ese periodo.

Entre enero y mayo de 2026, el recaudo tributario nacional sumó $136,2 billones, resultado que está $2,8 billones por debajo de los $139 billones previstos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ese tramo del año. Al mismo tiempo, la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) llegó a $264,6 billones, lo que sobresalrió con relación a la meta establecida y representó el 47,6% del PGN para 2026.

Así lo confirmó el informe Pulso Fiscal Bancolombia, que destaca que el incremento en la recaudación de impuestos estuvo principalmente sostenido por ciertos tributos específicos. En mayo, el recaudo impositivo alcanzó $35,8 billones, con un crecimiento anual del 9,6%.

De acuerdo con el documento, el avance se debió, sobre todo, al comportamiento del IVA interno, que mostró una variación anual del 15,5%. Asimismo, el gravamen a las transacciones financieras aumentó un 12,3%, y el impuesto de renta creció un 7,2% respecto a mayo de 2025. Sin embargo, otros impuestos, como los aplicados a los combustibles, el patrimonio y el IVA externo, exhibieron un desempeño inferior durante el mismo periodo.

Según el mismo, “se ha observado un menor desempeño en el recaudo por los impuestos a los combustibles, al patrimonio y al IVA externo”.

Si se acumula lo recaudado en los cinco primeros meses, el total representa el 42,9% del objetivo anual fijado por el Gobierno nacional, que se sitúa en torno a $317,5 billones para 2026.

Ejecución del Presupuesto General de la Nación

En contraste con el rezago del recaudo, la ejecución del gasto público mostró un ritmo acelerado hasta mayo. De acuerdo con Pulso Fiscal Bancolombia, se comprometieron $264,6 billones en recursos, equivalentes al 47,6% del Presupuesto General de la Nación para este año.

El nivel de ejecución supera el monto estimado para el periodo, que era de $232,3 billones y resultó en un sobrecumplimiento de $32,3 billones sobre la meta acumulada, según cálculos del Ministerio de Hacienda y Bancolombia.

Bancolombia destacó que “con estas cifras de ejecución, se observa un mayor cumplimiento del PGN 2026 frente al programado al quinto mes del año”.

Durante mayo, el Gobierno ejecutó compromisos adicionales por $44,9 billones, lo que significó un aumento interanual del 16,5% en comparación con el mismo mes de 2025. La aceleración implica que la inversión pública se está adelantando en relación con los planes iniciales y responde a una mayor capacidad de disposición de recursos fiscales.

Normalización tributaria y recaudo adicional

La normalización de obligaciones tributarias también tuvo un papel relevante en el recaudo de 2026. Según cifras de la Dian, 175.213 contribuyentes regularizaron 315.795 obligaciones en mora al hacer pagos globales por $2,59 billones bajo las condiciones especiales del Decreto Legislativo 0240 expedido en marzo dentro de la emergencia económica.

Siete direcciones seccionales concentraron más del 80% del recaudo vinculado a estos alivios tributarios.

• Bogotá: 58.898 contribuyentes regularizaron 118.836 obligaciones al efectuar pagos superiores a $1,02 billones.
• Medellín: el recaudo fue de $374.476 millones.
• Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes: sumó $306.677 millones.
• Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena: también participaron con montos relevantes.

En cuanto a la composición del recaudo, así fue el comportamiento:

• Impuesto sobre las ventas (IVA): representó $945.418 millones (36,4% del total).
• Impuesto de renta: aportó $741.015 millones (28,5%).
• Retención en la fuente: $597.230 millones (23%).

En menor medida contribuyeron:

• Régimen Simple de Tributación: $120.480 millones.
• Impuesto al consumo: $67.347 millones.

Ante la situación, el director general de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, afirmó que “la respuesta de los contribuyentes demuestra que cuando existen medidas claras, alivios efectivos y canales de atención oportunos, el cumplimiento es posible”.

Además, que “seguiremos fortaleciendo nuestra estrategia de cobro para facilitar que quienes aún mantienen obligaciones pendientes puedan ponerse al día y avanzar hacia una mayor cultura de cumplimiento voluntario”.

El SAT cobró 40% más en recargos por mora desde el 1 de enero de 2026: una deuda de $100,000 pesos que antes generaba $1,470 mensuales en intereses ahora produce $2,070 cada mes, conforme a la nueva tasa del 2.07% establecida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para este ejercicio fiscal.

El cambio tiene respaldo en dos instrumentos oficiales. El primero es la LIF 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de noviembre de 2025, que fijó la nueva tasa en su artículo 11.

El segundo es la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2026, publicada también en el DOF el 28 de diciembre de 2025 y vigente desde el 1 de enero, que la formalizó en su Regla 2.1.20.

Cuánto cuesta ahora deberle al fisco

La tasa de recargos por mora —la que aplica cuando un contribuyente paga sus impuestos fuera del plazo legal— pasó de 1.47% a 2.07% mensual.

El incremento equivale a 0.60 puntos porcentuales, pero su efecto se amplifica con el tiempo: un adeudo que se deja sin pagar durante un año acumula una carga adicional del 25% sobre el monto original (2.07% × 12 meses).

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) precisó que el objetivo declarado de la reforma es eliminar el incentivo perverso que existía cuando resultaba más económico deberle al fisco que a una institución financiera. Luis Carlos Figueroa, vicepresidente fiscal del IMCP, confirmó el alza del 40% al medio El Economista en noviembre de 2025.

La escala completa de recargos

La mora no es el único concepto que subió. Toda la tabla de recargos se actualizó para 2026:

Prórroga (plazo autorizado para pagar después del vencimiento): de 0.98% a 1.38% mensual

Parcialidades hasta 12 meses: de 1.26% a 1.42% mensual

Parcialidades de 13 a 24 meses: de 1.53% a 1.63% mensual

Parcialidades de más de 24 meses o pago diferido: de 1.82% a 1.97% mensual

Los recargos se calculan de forma automática desde el primer día de atraso sobre el saldo insoluto actualizado, sin necesidad de que el SAT emita un aviso previo.

El perfil del contribuyente más expuesto

Las personas físicas con declaración anual son el grupo de mayor riesgo inmediato: el plazo para presentarla venció el 30 de abril de 2026, y cualquier saldo pendiente desde esa fecha ya acumula recargos a la tasa del 2.07% mensual.

También quedan expuestos quienes tienen convenios de pago en parcialidades firmados antes de 2026, ya que las nuevas tasas aplican sobre los saldos vigentes del ejercicio en curso. Las empresas con adeudos en ISR, IVA o IEPS enfrentan el mismo esquema.

El marco de la estrategia fiscal más ambiciosa del SAT

El endurecimiento de los recargos forma parte del Plan Maestro 2026 del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que fijó una meta de recaudación de 6.448 billones de pesos para este año, la cifra más elevada de la que se tenga registro.

El titular del organismo, Antonio Martínez Dagnino, presentó la estrategia en enero de 2026 bajo la premisa de no crear nuevos impuestos, sino aumentar el costo del incumplimiento y ampliar la base de contribuyentes activos.

La RMF 2026 estará vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, según lo establece su primer artículo transitorio.

Cómo pagar un adeudo fiscal ante el SAT

El trámite es gratuito en todos los casos. Su fundamento legal está en los artículos 2, 4, 6, 17-A, 20, 21 y 65 del Código Fiscal de la Federación (CFF). El portal oficial es sat.gob.mx.

Opción 1: Pago total en una sola exhibición

Ingresa a Mi Portal con RFC y contraseña

Selecciona Créditos Fiscales / Servicios / Formato para pago (total)

Genera la línea de captura

Paga en ventanilla bancaria o desde tu portal de banca en línea

Nota: si la línea de captura vence antes de concretar el pago, presenta una declaración complementaria para obtener una nueva. El sistema recalcula automáticamente los recargos y la actualización acumulados.

Opción 2: Pago en parcialidades o diferido (artículos 66 y 66-A del CFF)

Plazo máximo en parcialidades: 36 meses

Plazo máximo en pago diferido: 12 meses

Por internet:

Ingresa a Mi Portal con RFC y contraseña

Selecciona Servicios por internet / Servicios o solicitudes / Solicitud

Elige la opción “Pago a plazos 66 y 66-A CFF”

Especifica el monto del adeudo, número de parcialidades o fecha del pago diferido

Adjunta el comprobante del pago inicial de al menos el 20% del total adeudado

Envía la solicitud y conserva el número de folio

El SAT tiene 15 días hábiles para responder. Si requiere información adicional, el contribuyente cuenta con cinco días hábiles para entregarla; de lo contrario, la solicitud queda cancelada.

Presencial:

Acude a la Administración Desconcentrada de Recaudación (ADR) más cercana a tu domicilio fiscal

Presenta los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Escrito libre con RFC, domicilio fiscal, número de resolución del adeudo y correo electrónico

Comprobante del pago inicial del 20%

Recibe tu acuse de recibo

Espera la respuesta por buzón tributario o correo electrónico registrado

Opción 3: Programa de Regularización Fiscal 2026

Permite condonar hasta el 100% de recargos, multas y gastos de ejecución sobre adeudos del ejercicio 2024 o anteriores.

Requisitos para acceder:

Ingresos totales en 2024 no superiores a 300 millones de pesos

No figurar en los listados de los artículos 69-B o 69-B Bis del CFF

No contar con sentencia firme por delitos fiscales

No haber recibido condonaciones en programas generalizados previos

Fechas clave

Solicitud: hasta el 31 de octubre de 2026

Pago una vez autorizado: máximo 15 días naturales

Última parcialidad (créditos firmes): antes del 30 de noviembre de 2026

El trámite se presenta en sat.gob.mx o de forma presencial en la ADR correspondiente. El incumplimiento de cualquier línea de captura implica la pérdida automática del beneficio.

La recaudación tributaria de República Dominicana registró un crecimiento de 9.6 % en el periodo comprendido entre enero y mayo de 2026, superando la meta oficial establecida para esos meses. De acuerdo con el informe divulgado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), los ingresos tributarios totalizaron RD$440,172.7 millones (USD 7,545.16 millones), mientras que la proyección para el periodo era de RD$427,452.8 millones (USD 7,327.55 millones).

Así, el Estado dominicano obtuvo un excedente de RD$12,719.9 millones (USD 218.01 millones) sobre lo estimado en el Presupuesto General.

Este desempeño permitió a la administración tributaria alcanzar un nivel de cumplimiento de 103 %, según el reporte de la DGII. La comparación interanual muestra un avance relevante, ya que en los primeros cinco meses de 2025 la recaudación ascendió a RD$401,585.4 millones (USD 6,883.75 millones). El incremento absoluto es de RD$38,578.3 millones (USD 661.41 millones) en términos nominales, lo que refleja la capacidad de la entidad para captar mayores recursos en un entorno económico marcado por la recuperación y el dinamismo de sectores clave.

Impuestos clave que impulsan el aumento de la recaudación fiscal

Dentro de los tributos que impulsaron este resultado, el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) ocupó un lugar central. Solo en mayo, este impuesto generó RD$19,543.4 millones (USD 334.99 millones), cifra superior en RD$2,682.1 millones (USD 45.97 millones) a la recaudación de igual mes del año anterior.

El crecimiento de 15.9 % en el ITBIS se sostuvo sobre el aumento de 4.6 % en las ventas gravadas y la actividad favorable en sectores como hoteles, bares, restaurantes, comercio, vehículos y servicios diversos.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas también contribuyó de manera significativa, con una recaudación de RD$14,588.0 millones (USD 250.06 millones) en mayo, lo que supone un aumento interanual de 14.7 % y un ingreso adicional de RD$1,870.5 millones (USD 32.07 millones) respecto al mismo mes del año pasado.

Por su parte, el Impuesto sobre la Renta de las Empresas y Activos aportó RD$13,684.9 millones (USD 234.47 millones), mientras que los Impuestos Selectivos a los Combustibles generaron RD$7,470.4 millones (USD 127.99 millones) en ese mes.

El informe también resalta el comportamiento del Impuesto sobre los Dividendos, que alcanzó RD$5,144.5 millones (USD 88.17 millones), con un crecimiento interanual de 126.6 % y un aumento absoluto de RD$2,873.8 millones (USD 49.25 millones) respecto a mayo de 2025.

El resto de las figuras tributarias aportó en conjunto RD$18,272.6 millones (USD 313.11 millones), completando el total recaudado por la DGII durante mayo de 2026.

La participación de la DGII en el entramado recaudatorio del Estado dominicano se mantuvo elevada, ya que el 78.6 % del total de los ingresos fiscales durante mayo correspondió a recursos gestionados por esta entidad. Este dato subraya la importancia de la Dirección General de Impuestos Internos en el equilibrio de las cuentas públicas y en la sostenibilidad fiscal nacional.

La DGII enfatizó que continuará aplicando acciones orientadas a mejorar la eficiencia en la recaudación y a fortalecer la cultura tributaria, con el objetivo de mantener el ritmo de crecimiento observado en los primeros cinco meses del año.

Inversores extranjeros y empresarios locales coinciden quizás como nunca sobre el futuro de la Argentina: el rumbo trazado por el Gobierno es el correcto y debe continuar después del 2027. Es decir, debe trascender a este período presidencial. El superávit fiscal, el fortalecimiento del balance del Banco Central, la apertura económica y el compromiso en el pago de la deuda son pilares que no deben estar en discusión más allá de quién gobierne después del año próximo.

Incluso los sectores que se ven menos beneficiados o directamente perjudicados por el plan del Gobierno reconocen que ya no hay posibilidades de volver al viejo modelo. El cierre de la economía, los permisos para acceder al mercado cambiario bajo condiciones privilegiadas o volver al déficit fiscal para defender los derechos de algunos sectores (por ejemplo, jubilados) implicaría un retroceso que tendría duras consecuencias.

Las buenas noticias “macro” continuarán. El jueves se conocerá el dato de inflación de mayo con una nueva caída. Pero lo más relevante es que para junio se espera una disminución adicional.

Algunos economistas como Fernando Marull creen que este mes incluso podría perforarse el 2 por ciento. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que divulgó el Central, en cambio, arroja que esto podría ocurrir recién en agosto.

El mercado cambiario también debería seguir tranquilo. Aún queda mucha soja por liquidar y siguen entrando dólares por la emisión internacional de Obligaciones Negociables. Aunque es posible que aminore el ritmo, el BCRA seguirá comprando dólares y acumulando reservas para hacer frente a los vencimientos de deuda de julio, por unos USD 4.200 millones.

Macro ordenada vs micro deprimida

La macro ordenada ya es un gran activo del Gobierno y lo que incluso permitió que el riesgo país perfore en los últimos días los 500 puntos básicos. Incluso luego de la dura caída de Wall Street del viernes se volvió a superar esa marca, gracias a la resiliencia de los bonos en dólares.

El problema no son los grandes números, sino que todavía hay sectores que caen, se pierden puestos de trabajo y no hay señales claras de recuperación del consumo masivo. Mientras los principales referentes del Gobierno siguen prometiendo que se vienen “los mejores meses” para la economía, la preocupación de muchos sigue siendo la “micro”.

Una de las preocupaciones recurrentes entre los empresarios es que el peso de los impuestos sigue siendo muy elevado, impidiendo la competencia con los productos importados. Un informe de CAME indicó que “el FMI ignora por completo en su diagnóstico el nivel de tributación subnacional, que es donde reside el nudo fiscal más dañino para la actividad económica: el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas retributivas de servicios municipales”.

Luis Galli, CEO de Newsan, tampoco anduvo con vueltas cuando expuso en el Congreso Anual del IAEF. “Queremos competir y nos parece bien la apertura, pero el crecimiento del contrabando es enorme y no se hace nada para frenarlo”. El ejecutivo mencionó algunos rubros concretos: la mitad de los celulares que se venden en Argentina entran sin pagar impuestos, el 70% de los perfumes lo mismo y en todos lados se consiguen hojitas de afeitar con blisters en portugués, que tampoco entran por el circuito formal.

Sin rutas o puertos en condiciones es muy difícil que se expandir la producción porque no hay cómo transportarla

Gustavo Weiss, presidente de Camarco

“El problema se multiplica porque nadie controla qué se vende en los portales de comercio electrónico, o marketplaces. En México a los vendedores le cobran una percepción a cuenta de Ganancias o IVA para que por lo menos tengan que tributar algún impuesto si no lo hicieron antes”, agrega.

El martes tendrá lugar el evento anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). No asistirá ningún funcionario del Gobierno nacional, reflejando el escaso o nulo diálogo que existe con el sector. Su titular, Gustavo Weiss, ya adelantó cuál será su postura en el evento: “No existe crecimiento económico posible sin infraestructura adecuada. Hay miles de millones de dólares comprometidos para energía, minería y agro. Pero sin rutas o puertos en condiciones es muy difícil que se expandir la producción porque no hay cómo transportarla”.

La inversión en obra pública sigue totalmente paralizada. Pero lo que era una medida para asegurar el superávit fiscal y además frenar los sobreprecios del gobierno kirchnerista empieza a ser un problema serio. “El deterioro de las rutas es cada vez más evidente y la infraestructura básica de hospitales o escuelas públicas es evidente. En todos los países del mundo esto lo financia el Estado con participación del sector privado, no podemos inventar la pólvora”, agrega Weiss.

El mejor escenario para los próximos meses es que el consumo encuentre un piso y empiece a recuperarse. Pero el proceso será lento, porque los ingresos aumentan a cuentagotas y los bancos siguen muy restrictivos con el crédito.

Pero si bien Javier Milei sufrió un deterioro de su imagen y respaldo, la oposición también arrastra muchos problemas y no logra capitalizar ese deterioro del humor social. Y tanto Axel Kicillof como cualquier otro candidato que surja anti Gobierno tiene un gran desafío: seducir al electorado pero sin espantar a los inversores.

El “síndrome 2019” probablemente vuelva a estar presente el año que viene, cuando se acerquen las elecciones presidenciales. Argentina todavía debe pasar el gran examen de no dar saltos al vacío cada cuatro años. Las elecciones en Latinoamérica muestran cómo la mayoría de los países alterna de izquierda a derecha o la revés y las consecuencias sobre el dólar, el crecimiento y la inflación son nulas.

KPMG Argentina reunió a más de 150 ejecutivos y especialistas en el “Tax & Legal Leadership Summit 2026”, realizado el 28 de mayo en el Hotel Hilton, donde funcionarios del Ministerio de Economía y referentes del sector privado coincidieron en que una futura reforma tributaria buscará bajar la presión impositiva, reducir tributos distorsivos y dar previsibilidad a la inversión, según informó KPMG en un comunicado difundido en Buenos Aires el 5 de junio.

El orador de cierre del encuentro fue el economista Ricardo Arriazu, uno de los especialistas más escuchados por el Gobierno de Javier Milei.

Arriazu habló de estadísticas macroeconómicas, perspectivas del comercio exterior y otras variables, augurando un importante flujo de divisas ingresando a partir de este año, que viene por exportaciones de la agroindustria y el sector energético, y que le dará a la economía del país un importante soporte de financiamiento. “El saldo de los últimos 12 meses de la balanza comercial está muy por encima de mis proyecciones. Yo tenía un superávit para este año de 13.500 millones de dólares que era mejor que del año pasado. Ahora estoy en 20.000 millones con superávit en cuenta corriente”, dijo.

Arriazu estimó que este año se crecerá un promedio base de 3,5%, aunque señaló que la variación hacia arriba o hacia debajo de ese porcentaje dependerá de si los argentinos compran más o menos dólares. “En este momento lo que se necesita es que la economía real mejore. Si mejora, la oportunidad argentina es fabulosa. Para 2030 vamos a estar exportando -sólo de energía- más de 30 mil millones de dólares. Los planetas se alinearon. Tenemos una oportunidad espectacular. Pero Argentina tuvo muchas veces oportunidades que desperdició. Espero que esta vez la aprovechemos”, concluyó“, expresó.

Ingresos Brutos

Uno de los datos más concretos del encuentro surgió de la última encuesta anual de impuestos de KPMG Argentina, presentada por Fernando Quiroga Lafargue, socio de Tax&Legal: según ese relevamiento, realizado entre más de 80 especialistas impositivos de empresas medianas y grandes, Ingresos Brutos fue señalado como el impuesto que más encarece los precios de bienes y servicios, con una incidencia superior al 60%, frente al 54% del año anterior.

Quiroga Lafargue sostuvo, según KPMG, que “Ingresos Brutos sigue siendo el impuesto que encarece de manera determinante los precios de productos y servicios. La brecha que saca este gravamen por sobre los demás es muy elocuente”. También afirmó: “Es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal profunda, que haga foco en la productividad y en el desarrollo, sin apuntar a una readecuación de este gravamen y a moderar fuertemente la superposición de regímenes de recaudación provinciales”.

El encuentro reunió a ejecutivos y profesionales de impuestos de compañías que operan en la Argentina. La apertura estuvo a cargo de Rodolfo Canese, socio de Tax de KPMG Argentina, quien planteó que la toma de decisiones empresariales exige integrar información laboral, fiscal y financiera en un contexto en el que “cada vez hay más actores que influyen en los negocios”.

Economía confirmó que analiza cambios al sistema tributario

El panel de apertura estuvo dedicado a los “Lineamientos para una reforma fiscal Argentina” y contó con la participación de Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos de la Nación, y Juan José Imirizaldu, director nacional de Impuestos, ambos del Ministerio de Economía. Los dos funcionarios explicaron el funcionamiento de sus áreas y ratificaron que el Gobierno estudia modificaciones al esquema vigente con la intención de consensuar una reforma de fondo que impulse la actividad económica y las inversiones.

Balestrini afirmó: “En poco tiempo hicimos una reducción drástica de los derechos de exportación y también de importación”. La funcionaria agregó que el objetivo oficial es que “el sistema tributario no interfiera en quien decida invertir en el país y al mismo tiempo que la rentabilidad de una actividad no dependa de su tratamiento fiscal”.

Sobre la reforma en estudio, Balestrini señaló que el trabajo apunta a “no generar dispensas sino a revertir inequidades”. También resumió el enfoque oficial con esta definición: “Se busca disminuir la presión tributaria, eliminando gradualmente el efecto de impuestos distorsivos, pero siempre con el sentido de la responsabilidad en el cuidado de los recursos públicos y del equilibrio fiscal”.

La subsecretaria remarcó además la necesidad de mantener un vínculo fluido entre el sector público y el privado para diseñar normas “eficientes y efectivas” alineadas con los objetivos económicos del país, según KPMG.

Los tratados para evitar la doble imposición aparecieron como una herramienta de previsibilidad

Imirizaldu expuso sobre el avance de convenios internacionales destinados a eliminar la doble imposición. Indicó que ya hubo aprobación parlamentaria de acuerdos con Turquía, China y Austria, y que el Ministerio de Economía trabaja en esa misma línea para alcanzar tratados con Estados Unidos, India, República Checa y Uruguay.

El director nacional de Impuestos afirmó que esos tratados aportan “certeza, seguridad jurídica y previsibilidad para las inversiones” al definir cómo se pagarán los impuestos en cada jurisdicción. También destacó la aprobación en el Congreso del Instrumento Multilateral, conocido como MLI, que actualiza los convenios ya suscriptos y vigentes bajo parámetros internacionales de transparencia y con cláusulas destinadas a evitar abusos.

La conferencia de cierre, a cargo de Quiroga Lafargue, se tituló “Claves fiscales 2026: qué dicen los datos y hacia dónde vamos”. Allí se presentaron los resultados del relevamiento que volvió a ubicar a Ingresos Brutos en el centro de la discusión sobre costos, competitividad y diseño de una eventual reforma fiscal.

El viceministro de Hacienda de Costa Rica, Víctor Carvajal, negó que el gobierno tenga previsto aprobar nuevos impuestos o elevar los tributos actuales. En un mensaje dirigido a la ciudadanía, Carvajal llamó a no dejarse engañar por rumores y enfatizó que la actual administración apuesta por mejorar la recaudación sin establecer nuevas cargas fiscales. “No es cierto que el gobierno esté planeando nuevos impuestos ni tampoco subir los actuales. Eso es falso”, afirmó el funcionario.

Las declaraciones del viceministro surgen en un contexto marcado por el debate público sobre la necesidad de fortalecer los ingresos estatales y tras conocerse propuestas que contemplaban posibles aumentos tributarios. En las últimas semanas, sectores políticos y económicos discutieron la alternativa de incrementar algunos impuestos para garantizar la sostenibilidad fiscal, en línea con recomendaciones técnicas de organismos internacionales.

¿Cuáles eran los impuestos en discusión y por qué surgió el debate?

El debate se originó tras conocerse que, entre las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de algunos sectores técnicos, figuraba la posibilidad de aumentar impuestos como el IVA y el impuesto sobre la renta. El objetivo era cerrar brechas fiscales, garantizar la inversión en servicios públicos y responder a las demandas de financiamiento en áreas como salud, educación e infraestructura. Además, se señalaba la necesidad de reducir el déficit y fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar emergencias y compromisos internacionales.

Como parte del proceso de negociación con el FMI y de los compromisos de estabilidad macroeconómica, surgieron propuestas para aumentar la base gravable, revisar exoneraciones y actualizar tasas impositivas.

Carvajal respondió directamente a estas inquietudes y aclaró: “Hay que hacer más fácil recaudar los impuestos, tanto para el fisco como para los costarricenses que día a día batallan con un sistema tributario muy complicado. Y esa no es la lógica. Sabemos que hay mucha evasión y mucho contrabando. Por eso hemos estado trabajando en un planteamiento que nos permita disminuir la evasión y luchar frontalmente con el contrabando, para así tener más y mejores ingresos. No es subiendo impuestos el camino”.

El viceministro diferenció entre “subir impuestos” y “subir ingresos”, subrayando que el gobierno busca aumentar la recaudación a través de una mejor fiscalización y el combate a prácticas irregulares, sin recurrir a incrementos en las tasas. “Cuando hablamos de plan fiscal, hablamos de una forma en que podamos recaudar más y tener más ingresos, no más impuestos”, expresó.

Reacción del Frente Amplio

La posición del gobierno fue valorada por la fracción del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa. El bloque parlamentario manifestó: “La fracción de Frente Amplio se mostró complacida de que el viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, señalara hoy que el gobierno no pretende subir o crear nuevos impuestos regresivos, esto después de que, en declaraciones en el programa semanal desde Presidencia, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, señalara que esa era una posibilidad que estaban considerando a la luz de las recomendaciones del FMI”.

Estrategia oficial: recaudación, no aumento de tributos

El Ministerio de Hacienda informó que la prioridad del Ejecutivo radica en fortalecer la gestión administrativa, modernizar los procesos y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Carvajal señaló que se tomarán en cuenta algunas recomendaciones del FMI, pero recalcó que las decisiones sobre política fiscal corresponden únicamente al gobierno. “Tomaremos en cuenta algunas de las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional nos hizo, como cualquier otro organismo, pero es el Gobierno de la República el que toma las decisiones y, en este momento, no estamos pensando, bajo ninguna circunstancia, subir impuestos ni tener nuevos impuestos”, puntualizó.

El funcionario invitó a la ciudadanía a colaborar para lograr una recaudación más efectiva, instando a exigir el tiquete o factura electrónica en todas las compras. “Cada vez que realicen una compra, asegúrense, por ejemplo, de pedir el tiquete electrónico o la factura electrónica, y así podremos nosotros también trazar a estos contribuyentes y garantizar los recursos que requerimos como sociedad para dar los servicios de salud, infraestructura, educación y muchas otras cosas más”, explicó.

La estrategia incluye la simplificación de trámites y el uso de nuevas tecnologías para identificar áreas críticas de evasión y contrabando, que han sido señalados como los principales factores de pérdida de ingresos para el Estado costarricense.

Un mensaje de certidumbre

El mensaje de Carvajal busca transmitir certidumbre en medio de la discusión nacional sobre el futuro de la política fiscal y el cumplimiento de las metas macroeconómicas. “No más impuestos, sí a cobrar lo justo para que los contribuyentes paguen lo que deben de pagar y mantener los servicios y obras de la calidad que los costarricenses merecen”, concluyó el viceministro.

El debate sobre la estructura tributaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas continuará en la agenda legislativa y económica, pero el Ejecutivo asegura que, por ahora, la ruta elegida no contempla aumentos tributarios, sino una fiscalización más eficiente, moderna y transparente.

En México, tener una factura electrónica ya no es suficiente para acreditar una deducción o un crédito fiscal. Desde el 1 de enero de 2026, una reforma al Código Fiscal de la Federación obliga a cualquier contribuyente a demostrar que cada Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) ampara una operación que realmente ocurrió.

Quien no pueda probarlo enfrenta desde la suspensión inmediata de su capacidad de facturar hasta cargos penales con penas de hasta nueve años de prisión. El cambio proviene de la fracción IX incorporada al artículo 29-A del CFF, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2025.

La norma establece que los comprobantes deben amparar “operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales”. Si no cumplen ese requisito, se consideran falsos —incluso si fueron timbrados válidamente por el propio SAT o por un proveedor autorizado de certificación.

La materialidad: de criterio de auditoría a obligación legal

Hasta 2025, la “materialidad de operaciones” era un concepto que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplicaba de forma interpretativa durante sus revisiones. Los tribunales lo habían avalado, pero no existía un texto legal expreso que lo exigiera al momento de emitir o recibir una factura.

Con la reforma 2026, ese concepto —junto con los de sustancia económica, razón de negocios y fecha cierta— quedó incorporado directamente al CFF. La consecuencia es que la validez de un CFDI ya no se evalúa únicamente por su estructura técnica o su correcto timbrado, sino por la realidad de la transacción que lo origina.

Un comprobante puede estar perfectamente formateado en XML, contar con todos los campos requeridos y haber pasado las validaciones del SAT, y aun así ser declarado falso si la operación que ampara no puede demostrarse.

El artículo 49 Bis: visita exprés y facturación bloqueada desde el primer día

Para hacer cumplir la nueva obligación, la reforma creó el artículo 49 Bis del CFF, un procedimiento de verificación que opera de forma radicalmente distinta a una auditoría tradicional.

El mecanismo arranca con una presunción en contra del contribuyente: la orden de visita señala expresamente por qué el SAT sospecha que los CFDI emitidos son falsos. Desde el momento en que se notifica esa orden, el Certificado de Sello Digital (CSD) queda suspendido de forma inmediata, lo que impide emitir cualquier nueva factura hasta que se resuelva el procedimiento.

La visita puede realizarse en el domicilio fiscal, en bodegas, oficinas, puntos de venta fijos o semifijos, o en cualquier lugar vinculado a las operaciones facturadas. Durante la inspección, los visitadores del SAT están facultados para documentar sus hallazgos con fotografías, grabaciones de audio y video.

Cinco días para probar, 24 para resolver

Una vez iniciada la visita, el contribuyente cuenta con 5 días hábiles para presentar las pruebas que desvirtúen la presunción de falsedad. La autoridad tiene 15 días hábiles adicionales para emitir su resolución. El proceso completo puede concluir en menos de un mes.

Desde el 1 de enero de 2026, el SAT puede verificar si las transacciones registradas en un CFDI son reales, solicitar evidencia al contribuyente y, si determina que el comprobante es falso, publicar el nombre y el RFC del emisor en su portal y en el Diario Oficial de la Federación. El procedimiento completo puede resolverse en 24 días hábiles, un plazo que los especialistas consideran extraordinariamente breve para reunir la documentación exigida.

Si el contribuyente no logra desvirtuar la presunción, los CFDI se declaran falsos con efectos generales y el CSD se cancela de forma definitiva.

Qué documentos exige ahora el SAT

Contratos, estados de cuenta y facturas son apenas el punto de partida. Según los criterios del SAT y la regla 2.9.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, el expediente de materialidad debe demostrar cuatro elementos:

Sustancia económica: la operación debe tener un propósito de negocio real, no solo un beneficio fiscal.

Capacidad operativa del proveedor: personal inscrito en el IMSS suficiente para ejecutar el servicio, infraestructura verificable, domicilio fiscal localizable y actividad económica registrada congruente con lo facturado.

Evidencia de prestación: entregables, reportes, fotografías del trabajo realizado, bitácoras, correos electrónicos con metadatos, órdenes de compra y minutas.

Trazabilidad financiera: pagos mediante transferencia electrónica (SPEI) o cheque nominativo. Los pagos en efectivo superiores a $2,000 MXN no acreditan materialidad. Además, los contratos deben estar protocolizados ante fedatario público para garantizar la fecha cierta.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) emitió el 16 de enero de 2026 un comunicado en el que instó a los contribuyentes a conservar y organizar toda esa documentación —tanto física como digital— antes de que llegue una notificación del SAT, no después.

El efecto dominó sobre quienes recibieron las facturas

Las consecuencias no se limitan al emisor del comprobante declarado falso. Los contribuyentes que recibieron esos CFDI —y los utilizaron para deducir gastos o acreditar IVA— pierden la posibilidad de demostrar por su cuenta la materialidad de las operaciones.

Su única salida es presentar una declaración complementaria dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación en el Diario Oficial, revirtiendo todos los efectos fiscales aplicados. Si no lo hacen en ese plazo, el SAT restringe también su propio Certificado de Sello Digital, dejándolos sin capacidad de facturar.

La reforma tipifica como delito —con penas de 2 a 9 años de prisión— la expedición, adquisición, compra o uso de comprobantes fiscales falsos, tanto para quienes los emiten como para quienes les dan efectos fiscales a sabiendas. Las multas pueden alcanzar el 55% del monto total facturado.

Algoritmos e inteligencia artificial: el SAT ya sabe a quién visitar

La selección de contribuyentes sujetos al artículo 49 Bis no es aleatoria. El SAT opera modelos algorítmicos que cruzan en tiempo real los CFDI emitidos y recibidos, las declaraciones de impuestos, los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la información bancaria y los datos de comercio exterior.

Cuando ese cruce detecta inconsistencias —por ejemplo, un proveedor que factura servicios de ingeniería sin trabajadores registrados ante el IMSS, o una empresa con deducciones que superan cuatro veces el monto de sus créditos fiscales pendientes— el sistema genera una alerta que puede derivar en la activación automática del procedimiento expedito.

El punto más relevante para el contribuyente es la inversión de la carga probatoria: no es el SAT quien debe demostrar que la operación fue falsa, sino el contribuyente quien debe probar que fue real. Para 2026, la autoridad tiene programadas más de 16,200 auditorías, con criterios uniformes aplicados en las 32 entidades federativas.

Texas superó por primera vez a California como principal sede de empresas del Fortune 500 en la lista de 2026, con 57 casas matrices frente a 56, según Fox Business, en un cambio que coincidió con el avance de una propuesta californiana para aplicar un impuesto extraordinario del 5% a residentes con patrimonios superiores a USD 1.000 millones.

El cambio implica que Texas pasó a concentrar más sedes de compañías del Fortune 500 que California en 2026: 57 frente a 56, de acuerdo con Fox Business.

Para quienes viven en Houston, Dallas y Austin, el giro suele traducirse en más empleo corporativo y servicios profesionales asociados, mayor demanda de oficinas y vivienda, y presión adicional sobre infraestructura y precios locales.

Texas sumó USD 2,8 billones en ingresos de empresas con sede en el estado, mientras que las radicadas en California registraron USD 2,7 billones, según datos de la lista Fortune 500 citados por Fox Business. El vuelco revirtió la situación de hace dos años, cuando California encabezaba el conteo.

Texas sumó más sedes corporativas y más ingresos que California

En el último año, compañías como ExxonMobil, Chevron, Samsung Electronics America, SpaceX y X trasladaron su sede o su incorporación legal a Texas, según Fox Business. La mayoría provenía de California y dos de Nueva Jersey, de acuerdo con ese medio.

El gobernador de Texas Greg Abbott reaccionó al cambio en un comunicado citado por Fox Business: "Texas es, sin discusión, la capital de las sedes corporativas“.

En la misma declaración agregó: “Las empresas líderes del mundo invierten con confianza en Texas por nuestro clima favorable para los negocios, un entorno regulatorio previsible y una fuerza laboral capacitada y en crecimiento. Las personas y las empresas eligen Texas porque Texas funciona”.

La mudanza de empresas se vio acompañada por traslados personales de empresarios y figuras públicas al estado, según Fox Business.

Ese medio señaló entre los casos recientes al cofundador de Uber Travis Kalanick, que reveló su mudanza a Austin, y mencionó también a Elon Musk, Mark Cuban, el cofundador de Palantir Joe Lonsdale y David Sacks.

Jennifer Wauhob, presidenta del directorio de Texas REALTORS, dijo a Fox News Digital, según reprodujo Fox Business: “Los estadounidenses están votando con los pies.

Quieren lugares habitables. Quieren lugares donde se pueda trabajar. Quieren lugares sostenibles y asequibles”. También afirmó: “Creo que esta migración, como la llamamos, realmente se está convirtiendo en un cambio de largo plazo”.

La propuesta de California y el impuesto extraordinario a grandes fortunas

El trasfondo político del cambio incluyó la propuesta denominada California Billionaire Tax Act, que impondría un impuesto extraordinario del 5% sobre el patrimonio neto de residentes de California con activos superiores a USD 1.000 millones, según Fox Business y de acuerdo con la Oficina del Analista Legislativo de California.

La medida alcanzaría aproximadamente a 200 residentes y el pago vencería en 2027, con la posibilidad de abonarlo en cinco años y con intereses, según la Oficina del Analista Legislativo citada por Fox Business.

Si los votantes la aprueban en noviembre, cualquier persona que haya sido residente de California el 1 de enero de 2026 quedaría alcanzada por el tributo, de acuerdo con la propuesta citada por ese medio.

En términos prácticos, una persona con un patrimonio neto de USD 20 mil millones en esa fecha debería pagar un impuesto único de USD 1.000 millones, distribuible en cinco años, según Fox Business.

El Service Employees International Union–United Healthcare Workers West informó en un comunicado que reunió más de 1,55 millones de firmas para llevar la iniciativa a las urnas, casi el doble del requisito de 875.000 firmas, según ese medio.

Los promotores de la iniciativa sostienen que el impuesto a los multimillonarios responde directamente a “los recortes a Medicaid y a otros programas federales de seguro de salud por parte de la administración Trump el año pasado”, según Fox Business.

Los opositores, también citados por ese medio, advirtieron que la medida podría destruir 108.000 empleos bien remunerados durante los próximos 20 años.

Fox Business añadió que, mientras aumentan los costos empresariales y el costo de vida en California, estados como Texas y también el sur de Florida atraen a magnates tecnológicos y otros empresarios adinerados que buscan un refugio financiero.

El pistoletazo de salida para la elaboración de los Presupuestos generales del Estado de 2027 se dará mañana viernes cuando el Boletín Oficial del Estado publique la orden ministerial para comenzar a elaborarlos, según ha adelantado este jueves el ministro de Hacienda Arcadi España antes de su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso para explicar las líneas principales de su ministerio a los grupos parlamentarios.

En la comisión, Arcadi España ha informado de que a lo largo de este mes se actualizará el cuadro macroeconómico para poder llevar al Congreso unas cuentas “que nazcan del diálogo, del acuerdo y de la responsabilidad compartida con el conjunto de las fuerzas parlamentarias”.

El titular de Hacienda ha avanzado que los Presupuestos serán “profundamente sociales”, con el objetivo de proteger a la mayoría social de este país. También ha adelantado que las cuentas públicas para el año que viene incluirán ”el mayor esfuerzo de inversión pública en vivienda de toda nuestra historia democrática".

Aseguró que los presupuestos estarán orientados a ampliar derechos, reforzar el Estado del bienestar y abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, sin renunciar al compromiso de reducir el déficit y la deuda pública.

Medidas para contener la inflación

España defendió la gestión económica del Ejecutivo durante los últimos años y subrayó que las medidas adoptadas para hacer frente a la incertidumbre internacional y al impacto económico de los conflictos geopolíticos han contribuido a contener la inflación.

Anunció que en las próximas semanas va a continuar el diálogo y negociación con los agentes sociales, con los sectores y con los grupos parlamentarios para debatir “la continuidad de las medidas que tenemos en marcha” y que finalizan en este mes de junio, teniendo en cuenta que “el actual escenario es de elevada incertidumbre sobre la intensidad y duración del conflicto”.

En materia tributaria, el ministro subrayó que impulsará un sistema “más progresivo, eficiente y adaptado a los nuevos tiempos”, es decir, que no solo sea eficaz en la recaudación, “sino también justo en su distribución”.

Para ello, el Gobierno trabajará en la modernización del sistema tributario y reforzará la lucha contra el fraude fiscal a través de iniciativas estructurales y el refuerzo de los medios humanos y tecnológicos de la Agencia Tributaria. Además de la ejecución del Plan de Recuperación. Destacó que España ya ha completado cerca del 75% de los compromisos vinculados a los fondos europeos, un avance que calificó como una oportunidad histórica para la transformación económica del país.

A juicio del titular de Hacienda, a pesar de las sucesivas prórrogas presupuestarias, el Gobierno ha afrontado las crisis y ha asegurado que su departamento está preparado “para adoptar cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar la protección de quienes más lo necesitan”.

Inicio del proceso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había adelantado que esta misma semana daría inicio el proceso para presentar los Presupuestos Generales del año que viene, y la confirmación del ministro España fija el calendario de trabajo para la remisión del proyecto al Parlamento durante el segundo semestre del año. La tramitación arranca en un contexto marcado por la prórroga sucesiva de los presupuestos de 2023, todavía vigentes.

Según precisó el ministro ante los diputados, la falta de nuevas cuentas en los últimos años responde a “episodios extraordinarios” como la crisis inflacionaria derivada de la invasión rusa de Ucrania, eventos meteorológicos severos en la provincia de Valencia y en Andalucía, y más recientemente las tensiones internacionales en Oriente Medio.

Hay una nueva regla que cambia la forma en que el gobierno mexicano interactúa con las plataformas digitales que operan en el país.

No es un rumor ni una propuesta: ya está en vigor.

Desde el 1 de abril de 2026, las plataformas de streaming de entretenimiento, así como las aplicaciones de movilidad y hospedaje temporal deben abrir sus bases de datos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de forma permanente y en tiempo real.

La pregunta que muchos se hacen es si eso significa que alguien en Hacienda puede ver qué series consumes o con quién compartes tu cuenta.

La norma que lo hace posible

La respuesta corta es no, el SAT no puede ver con quién compartes tu cuenta o las series que consumes, pero lo que sí cambia es relevante, y conviene entenderlo bien.

El fundamento está en el artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), adicionado el 7 de noviembre de 2025 y vigente desde el primer día de abril de este año.

El texto es directo: los contribuyentes que presten servicios digitales en México deben permitir a las autoridades fiscales “en forma permanente, el acceso en línea y en tiempo real únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales”.

La norma aplica a cualquier plataforma que opere bajo los artículos 1o.-A BIS y 18-B de la Ley del IVA: streaming, transporte, hospedaje, comercio electrónico, educación en línea y cualquier servicio digital con usuarios en México.

No importa si la empresa tiene oficinas en el país o si opera desde el extranjero. Si sus usuarios están en México, la obligación aplica.

Lo que el SAT puede y no puede ver

El SAT aclaró en su Tarjeta Informativa 13 que la medida no constituye espionaje digital: “En ningún momento se establece que el SAT podrá acceder a la información de los usuarios o a la actividad que tengan en las plataformas, ni mucho menos se incluyen fines de vigilancia a las personas”.

Lo que sí puede consultar la autoridad es información fiscal de las plataformas como entidades comerciales: montos de operaciones, IVA trasladado, ISR retenido y métodos de pago.

En el caso de plataformas de intermediación (puentes para compras entre terceros) el acceso incluye datos del vendedor, anfitrión o prestador de servicio: nombre, RFC, CURP, CLABE bancaria y el desglose de cada transacción.

El acceso a esos datos no es mediante reportes periódicos. La plataforma debe habilitar una interfaz técnica propia y entregar al SAT un usuario y contraseña para consultarla.

La información debe estar disponible a más tardar al día siguiente de cada operación.

Qué sectores están en la mira

La obligación abarca a todos los prestadores de servicios digitales, pero los sectores con mayor exposición son cuatro:

1. Entretenimiento y streaming .
2. Comercio electrónico.
3. Transporte y entregas.
4. Hospedaje.

Las consecuencias de no cumplir

El artículo 30-B del CFF no deja margen de maniobra para las plataformas que se nieguen.

El incumplimiento activa los artículos de la Ley del IVA: bloqueo temporal del servicio digital en todo el territorio nacional, ejecutado a través de los concesionarios de la red pública de telecomunicaciones.

El SAT publicará en el Diario Oficial de la Federación y en su sitio web el nombre de la plataforma bloqueada y la fecha de inicio de la medida.

El desbloqueo solo ocurre una vez que la plataforma regularice su situación, y esa resolución también se hará pública.

Qué cambia para el usuario común

Si alguien consume estas plataformas sin vender ni prestar servicios a través de ellas, esta norma no afecta de forma directa.

El foco está en quienes generan ingresos: conductores, anfitriones, vendedores o cualquier persona física que cobre a través de estas plataformas.

Para ellos, el cambio es sustancial. Con el artículo 30-B del CFF, el SAT ya no espera la declaración anual para detectar ingresos no reportados: los tiene en tiempo real.

La propuesta de Ron DeSantis para ampliar la exención del impuesto a la propiedad en Florida podría ocasionar que los distritos escolares del sur del estado pierdan hasta USD 1.000 millones en ingresos anuales, de acuerdo con estimaciones citadas por El Nuevo Herald. El debate se centra en la falta de garantías de reemplazo de fondos para las escuelas, una preocupación que han planteado legisladores estatales y portavoces de los propios distritos escolares.

El gobernador republicano sostiene que el 92% de los propietarios con homestead —es decir, quienes declaran su vivienda principal como residencia permanente y acceden a una deducción fiscal sobre el valor imponible de ese inmueble— dejarían de pagar el impuesto local con su plan.

Sin embargo, fuentes críticas indicaron que ni él ni su administración precisaron cómo se repondrían los recursos que financian los salarios docentes, la seguridad escolar y los servicios esenciales, tal como advierten funcionarios y analistas citados por el periódico.

La iniciativa del gobernador busca elevar la exención homestead de USD 50.000 a USD 250.000, lo que reduciría el valor imponible de las viviendas principales y aliviaría la carga fiscal de la mayoría de los residentes.

De acuerdo con la interpretación del senador estatal Don Gaetz, republicano del Panhandle, “no hay exenciones para la educación” en el texto presentado, y el Comité del Senado sobre Finanzas e Impuestos confirmó que “los distritos escolares serán tratados igual que los municipios y los condados”.

Gaetz advirtió, según El Nuevo Herald, sobre el impacto en las escuelas públicas, las cuales dependen en gran medida de los impuestos a la propiedad para sus operaciones.

Quiénes advierten sobre el impacto y qué cifras manejan

Diferentes actores estatales y locales subrayaron el impacto potencial de la medida. El senador Shevrin Jones, demócrata de Miami Gardens, expresó que los votantes podrían centrar su atención en el posible ahorro, “pero sin darse cuenta de que hay implicaciones mayores en el otro extremo”, en referencia al efecto negativo sobre los servicios públicos como la educación.

Jones también señaló que la carga de solucionar el déficit recaería en futuras autoridades: “Este lío estará en manos de otra persona, y de la Legislatura”.

En la dimensión local, el portavoz de Broward County Public Schools John J. Sullivan calculó que su distrito perdería “aproximadamente USD 293,1 millones anuales" si la exención sube a USD 250.000 y hasta "USD 803 millones por año» en caso de eliminarse totalmente el impuesto sobre estas propiedades.

Sullivan remarcó que se trata de “fondos que apoyan a los maestros, la seguridad escolar, los programas académicos y los servicios esenciales para los estudiantes”.

Cuánto perderían los distritos escolares según los análisis

Un análisis de la Cámara de Representantes de Florida estima que la propuesta de DeSantis provocaría una caída de al menos USD 3.400 millones en los ingresos fiscales escolares en el año fiscal 2027-2028. Esa cifra podría aumentar a USD 5.600 millones en años posteriores si se amplían las exenciones, según el informe citado por El Nuevo Herald.

Un estudio del Florida Policy Institute calcula que elevar la exención homestead a USD 250.000 reduciría los ingresos de los distritos escolares en “aproximadamente USD 5.000 millones anuales", y “casi USD 8.600 millones" si se eliminan por completo los impuestos.

En el sur de Florida, el análisis señala que Miami-Dade County Public Schools perdería “más de USD 500 millones en ingresos anuales" con la exención de USD 250.000, y hasta “USD 1.000 millones por año" si se eliminan todos los impuestos a la propiedad. En Broward County Public Schools, la proyección es de “USD 473,8 millones anuales" con la exención ampliada y “USD 875 millones por año" en el caso más extremo, según el mismo artículo.

Qué dicen los distritos y cómo se preparan

El distrito escolar de Miami-Dade informó a El Nuevo Herald que continúa revisando la propuesta y que valora una iniciativa previa de la Cámara de Representantes que protegía la financiación escolar. Desde Broward, Sullivan subrayó que el distrito ya debió “hacer un recorte presupuestario de USD 100 millones para el próximo año escolar" a fin de afrontar problemas financieros, incluso antes del impacto pleno de la propuesta.

Los directivos escolares y legisladores insisten en que la Legislatura debería “excluir a las escuelas públicas de cualquier propuesta de ampliación de la exención homestead”, según Sullivan. Recuerdan que los ingresos generados por el impuesto a la propiedad son esenciales para pagar salarios, transporte, mantenimiento y otros servicios básicos.

Qué alternativas se discuten y cuáles son los próximos pasos

Frente a la preocupación, líderes de la Cámara y el Senado trabajan en enmiendas que limitarían la exención propuesta solo a los impuestos municipales y de condado, excluyendo los gravámenes escolares. De prosperar estas modificaciones, el riesgo de pérdida para la educación se reduciría, aunque los defensores de la escuela pública aún analizan los detalles.

El representante Alex Rizo, republicano de Miami, reconoció que “la falta de exenciones para los distritos escolares ha creado cierta angustia” entre sus colegas y que el impacto podría ser “generacional”.

La oficina del gobernador no se pronunció sobre el impacto fiscal en los distritos escolares ni aclaró si el estado garantizaría el reemplazo de fondos. La enmienda constitucional tampoco prevé un mecanismo específico para compensar las pérdidas, por lo que, según Gaetz, “correspondería a los legisladores resolver las consecuencias más adelante”.

La senadora Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó el 22 de abril de 2026 ante el Senado de la República una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la Ley del Seguro Social, la Ley del IVA y la Ley de Coordinación Fiscal para gravar por primera vez las herencias de alto valor y las grandes fortunas en México.

La propuesta, analizada en una nota jurídica del despacho Pérez-Llorca México, busca transformar el sistema recaudatorio hacia un modelo de equidad que financie derechos sociales universales.

En México, recibir una herencia está hoy completamente exento del ISR, sin importar el monto involucrado.

Cómo funcionaría el impuesto a herencias

Las herencias menores a $14 millones de pesos mantendrían la exención actual. Para montos superiores, la iniciativa establece una tarifa progresiva de cuatro tramos:

$14.01 a $50 millones: 10%

$50.01 a $90 millones: 12%

$90.01 a $130 millones: 15%

Más de $130 millones: 18%

El cambio se instrumenta mediante la modificación del Artículo 93 de la Ley del ISR, que hoy consagra la exención total. El impuesto se retendría al momento de la adjudicación y se consideraría un pago definitivo, sin posibilidad de deducirlo ni acreditarlo contra el ISR anual.

Impuesto al patrimonio, fideicomisos y bienes de lujo

La reforma añade un Título VIII a la Ley del ISR —artículos 202 al 215— para crear un impuesto anual sobre patrimonios netos superiores a $100 millones de pesos. Las tasas escalan del 2% al 6% según el monto, con el techo máximo para fortunas que superen los $1,000 millones.

Los activos sujetos a este gravamen incluyen inmuebles, vehículos de lujo, aeronaves, embarcaciones, inversiones financieras, intangibles y obras de arte. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) sería el organismo encargado de determinar el valor patrimonial, aunque el contribuyente conservaría el derecho de defensa.

En materia de IVA, la iniciativa propone un gravamen anual sobre la tenencia de bienes de alta gama: aeronaves privadas, yates, joyas, relojes y automóviles con valor de mercado superior a $1.5 millones de pesos. La base gravable sería el valor de mercado actualizado del bien al momento de la declaración.

Los “candados” contra la evasión

La iniciativa incluye un paquete de medidas antiabuso para impedir que los contribuyentes oculten su patrimonio mediante estructuras jurídicas complejas.

La primera obliga a identificar a la persona física real que ejerce el control de fideicomisos y empresas, con el fin de eliminar el uso de prestanombres. La segunda faculta al SAT para ignorar formas jurídicas que no tengan una razón de negocio válida y que solo busquen eludir los nuevos impuestos.

Los activos en fideicomiso se considerarían propiedad del beneficiario para el cálculo de su riqueza neta, salvo que se demuestre un fin estrictamente social o de vivienda.

La reforma también incorpora un impuesto de salida: quien traslade su residencia fiscal al extranjero deberá pagar ISR sobre las ganancias de capital no realizadas de sus activos, calculadas como si los hubiera vendido a valor de mercado antes del cambio de residencia.

El destino legal del dinero recaudado

La propuesta etiqueta jurídicamente el uso de los fondos para evitar su aplicación discrecional. El 60% de lo recaudado financiaría un programa de Seguro de Salud Universal para personas sin seguridad social, con un subsidio estatal del 100% durante los primeros cinco años que disminuiría gradualmente hasta el año 25.

El 40% restante se transferiría a estados y municipios para financiar el Sistema Nacional de Cuidados —guarderías y asilos— y proyectos de mitigación climática.

Plazos y estado legislativo

Las disposiciones transitorias establecen que, si el decreto entra en vigor avanzado el ejercicio fiscal, el cobro de los impuestos se realizaría de forma proporcional sobre el tiempo restante del año.

El SAT tendría 60 días naturales para realizar los ajustes operativos necesarios, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dispondría de 90 días naturales para adaptar sus reglamentos de afiliación.

La iniciativa aún debe ser discutida y aprobada por el Congreso de la Unión como parte del proceso legislativo ordinario. No ha recibido dictamen, ni ha sido sometida a votación.

Las operaciones realizadas a través de billeteras virtuales en Misiones dejarán de estar sujetas a las retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, considerados uno de los tributos más distorsivos. La medida representa un cambio en el régimen fiscal para quienes utilizan estos medios de pago electrónicos en la provincia.

La medida comenzará a regir el 1° de agosto y permitirá que usuarios de billeteras virtuales con acreditaciones mensuales de hasta $2.184.404, monto de referencia equivalente al límite vigente de la Categoría D del monotributo, reciban sus transferencias sin retenciones anticipadas de Ingresos Brutos.

Superado ese monto, las operaciones continuarán alcanzadas por el régimen de recaudación vigente, de acuerdo a los parámetros establecidos por la normativa tributaria.

Según estimaciones oficiales, el beneficio alcanzará a casi 200.000 misioneros, “fortaleciendo la liquidez de familias, emprendedores, trabajadores independientes y pequeños operadores económicos”, señalaron fuentes oficiales.

Vale mencionar que la normativa habilita al Ministerio de Hacienda a actualizar periódicamente los parámetros de exclusión, “de acuerdo con la evolución de la realidad económica y social de la provincia, garantizando la protección de los contribuyentes de menor capacidad contributiva y la eficiencia del sistema tributario”.

El gobernador Hugo Passalacqua explicó que “el objetivo de esta medida es neutralizar las retenciones para operaciones de escala menor, garantizando la percepción íntegra de las transferencias recibidas en dichos mecanismos electrónicos. A partir de la medida, los pequeños contribuyentes, emprendedores y usuarios de billeteras virtuales dispondrán de mayor capital de trabajo de manera inmediata”.

El mandatario agregó que la decisión contribuirá a mejorar el flujo de fondos de quienes utilizan estos medios de pago, fortaleciendo su capacidad de consumo, reinversión productiva y sostenimiento de actividades económicas.

“En definitiva, se trata de una optimización de la gestión fiscal, que aporta previsibilidad al circuito financiero local y asegura la eficiencia del sistema, permitiendo que los sectores con menor capacidad contributiva dispongan de sus recursos de manera íntegra, sin deducciones ni detrimentos previos”, concluyó.

En contraposición, cabe recordar que en octubre pasado el gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso que monotributistas, comerciantes y pequeños empresarios que cobran a través de cuentas en billeteras virtuales (como Mercado Pago, Personal Pay u otras) comiencen a recibir retenciones por Ingresos Brutos de manera similar a las que ya abonaban cuando cobraban en sus cuentas bancarias.

Vinculado a este tributo también, este martes el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires actualizó los topes de facturación que determinan las alícuotas sobre Ingresos Brutos.

Detalló que desde el 1° de junio, el nuevo umbral anual para actividades vinculadas a servicios públicos, restaurantes, hoteles, comunicaciones, servicios inmobiliarios, de alquiler, sociales, de salud, enseñanza y administración pública ascendió a $2.154.300.000. Previamente, ese límite se ubicaba en $2.004.000.000.

Para los servicios de comercialización y reparaciones, el monto anual subió de $364.000.000 a 391.128.000 pesos.

A criterio de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), “si la facturación creció por precios pero no por actividad real, el contribuyente no debería pagar más”.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló días atrás sus intenciones de llamar a los gobernadores de cara a una reforma tributaria, a modo de pacto fiscal.

“La idea es comprometerlos para que la carga impositiva que viene de provincias y municipios, que son esencialmente Ingresos Brutos y tasas, que hoy son el costo más alto. Hay que hacer un esfuerzo desde el lado de provincias y municipios”, dijo el titular del Palacio de Hacienda.

Sucede que el impuesto a los Ingresos Brutos es distorsivo porque encarece todo lo que se produce y consume mediante el fenómeno de la “cascada”, dado que grava la facturación de cada etapa del proceso productivo y comercial, sin compensar lo ya tributado en etapas anteriores. Su peso central en la recaudación de las provincias dificulta su reforma o eliminación, aunque existe consenso técnico y empresarial sobre la necesidad de corregir estos problemas.

Durante 2025, más de 10.8 millones de personas físicas en México presentaron su declaración anual con la expectativa de recibir un reembolso de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para una parte considerable de estos contribuyentes, el proceso resulta más largo de lo previsto, con demoras que pueden extenderse durante semanas e incluso meses. Otros, en cambio, reciben la notificación de que su saldo a favor ha sido rechazado o sometido a revisión.

Las causas detrás de estas postergaciones suelen generar incertidumbre entre los solicitantes. La Dra. Guadalupe Santos Moreno, académica de la Universidad Iberoamericana, señaló que rara vez existe una única razón para que una devolución se detenga. El organismo emplea mecanismos de control que cruzan la información declarada con la que se encuentra en sus bases de datos, en busca de discrepancias que puedan explicar la negativa.

El objetivo de estos filtros es claro: proteger las finanzas públicas e impedir devoluciones indebidas. No obstante, la especialista advirtió que la autoridad debe comunicar con precisión las razones de cualquier rechazo, fundamentando y motivando la decisión más allá de señalar simples inconsistencias.

¿Por qué el SAT no me ha devuelto mis impuestos?

La devolución de saldos a favor puede verse obstaculizada por diversas situaciones, algunas de las cuales están directamente relacionadas con la información presentada por el propio contribuyente. Entre los problemas detectados con mayor frecuencia se encuentran:

• Diferencias en los ingresos declarados frente a los datos registrados por el SAT.
• Errores en las retenciones reportadas por empleadores o instituciones financieras.
• Deducciones personales que no cumplen los requisitos legales establecidos.
• Inconsistencias en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).
• Datos incorrectos en la cuenta bancaria proporcionada para el depósito.

Estos controles están diseñados para evitar pagos improcedentes, pero deben ir acompañados de explicaciones claras y detalladas. La autoridad fiscal no puede limitarse a señalar que existe una “inconsistencia”, debe fundamentar el motivo de la negativa o retraso.

¿Cuáles son las razones por las que el SAT niega o demora una devolución de impuestos?

La mayoría de los rechazos, según la académica, se origina en equivocaciones por las personas que realizaron su declaración anual. Los motivos más habituales incluyen:

• Deducciones mal documentadas o sin los soportes necesarios.
• CFDI’s con información incorrecta.
• Omisión de ingresos relevantes en la declaración.
• Diferencias entre lo declarado y lo reportado por terceros.

En ocasiones, los sistemas automatizados del SAT identifican diferencias que pueden aclararse o corregirse. En esos casos, se suspende la devolución automática y se solicita al contribuyente presentar documentación adicional o realizar el trámite de forma manual.

Para evitar esta situación que puede terminar en una auditoría o en requerimientos fiscales futuros, es necesario prestar atención a ciertas señales de alerta:

• Declarar ingresos diferentes a los registrados por la autoridad fiscal.
• Solicitar devoluciones que no corresponden al nivel de ingresos.
• Omitir ingresos por plataformas digitales, inversiones, arrendamientos o préstamos.
• Realizar depósitos bancarios cuya procedencia no pueda demostrarse.

Una devolución rechazada no implica necesariamente una falta grave, pero si existen inconsistencias importantes, el SAT puede iniciar procedimientos de comprobación y revisar la situación fiscal del contribuyente.

El Servicio de Administración Tributaria aplica en junio como todos los meses de 2026 inmovilizaciones de cuentas bancarias a personas físicas y morales con adeudos fiscales pendientes, en un procedimiento mensual que no requiere orden judicial ni sentencia previa.

La medida alcanza a cualquier institución financiera que opere en México, sin importar su origen.

El SAT puede congelar depósitos bancarios, inversiones y seguros con base en el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa han confirmado la legalidad de esta facultad. Solo se bloquea el monto equivalente al crédito fiscal más recargos y multas: la cuenta completa no puede quedar inmovilizada.

Causas que activan el bloqueo

La primera causal es la falta de pago de impuestos —ISR, IVA u otras contribuciones— dentro de los plazos oficiales. Cuando un adeudo se convierte en crédito fiscal firme, es decir, cuando el contribuyente agotó los plazos para impugnarlo o simplemente no lo hizo, el SAT queda habilitado para ordenar la retención de fondos de forma directa.

La omisión de declaraciones fiscales, tanto mensuales como anuales, es otra causa frecuente. El organismo cruza la información de bancos, emisores de facturas y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para detectar a quienes reciben ingresos sin reportarlos. Si el sistema detecta esa discrepancia, puede iniciar un cobro coactivo que incluye el congelamiento de cuentas.

Ignorar los requerimientos formales del Buzón Tributario —solicitudes de documentación, comparecencias o auditorías— también puede escalar hasta el bloqueo. Lo que comienza como un requerimiento administrativo puede derivar en una inmovilización si el contribuyente no responde.

Dos causales adicionales son las discrepancias entre ingresos declarados y movimientos bancarios, y el uso de facturas falsas o simulación de operaciones. Esta última es la más grave y puede activar sanciones penales además del bloqueo.

Nuevo requisito de garantía en 2026

Hasta 2025, interponer un recurso de revocación ante el SAT eximía al contribuyente de garantizar el crédito fiscal durante la tramitación. Esa facilidad desapareció con la Ley de Ingresos de la Federación 2026.

El artículo vigésimo noveno transitorio de esa ley establece que quien presente un recurso de revocación debe constituir una garantía del interés fiscal.

El plazo para hacerlo es de seis meses a partir de la presentación del recurso, o de 10 días hábiles si la resolución llega antes de ese plazo. Las formas de garantía aceptadas, en orden de prelación, son: billete de depósito, carta de crédito, prenda o hipoteca, fianza y obligación solidaria de tercero. Los títulos valor y la cartera de créditos ya no son válidos.

Qué cuentas no pueden ser bloqueadas

El artículo 157 del CFF protege ciertos fondos de forma expresa. Las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias, están fuera del alcance de la inmovilización.

También quedan protegidas las cuentas de nómina donde se depositan sueldos, salarios y pensiones, así como los recursos vinculados a programas sociales del gobierno federal. En ningún caso el SAT puede inmovilizar un monto mayor al del crédito fiscal actualizado más sus accesorios legales.

Cómo opera el procedimiento

Una vez que el SAT emite la orden, la entidad financiera tiene tres días hábiles para ejecutar la inmovilización y notificarlo al organismo. El SAT, a su vez, debe informar al contribuyente en los tres días siguientes, a través del Buzón Tributario, por estrados o por edictos.

Si el monto bloqueado supera el crédito fiscal, el SAT debe ordenar la liberación del excedente dentro de los tres días posteriores a que tenga conocimiento del error. No existe un plazo máximo legal para mantener la inmovilización: los fondos permanecen retenidos hasta que el contribuyente pague, ofrezca garantía suficiente o un tribunal ordene el levantamiento.

El rumor viral que el SAT desmintió

Un video publicado en TikTok en abril de 2026 acumuló más de 529 mil reproducciones al afirmar que la llamada “Ley de Moneda Digital Obligatoria 2026” permitiría al SAT congelar automáticamente las cuentas de quienes tuvieran más de $50,000 pesos en efectivo o en aplicaciones financieras.

La plataforma de verificación Verificado.com.mx y el propio SAT desmintieron la afirmación. El Diario Oficial de la Federación, la Cámara de Diputados, el Senado y el Sistema de Información Legislativa no registran ninguna norma con ese nombre ni ninguna iniciativa relacionada. En enero de 2026, el organismo tributario aclaró que “es totalmente falso” que cuente con atribuciones para ejecutar bloqueos masivos de cuentas por supuestos incumplimientos o por el monto de los depósitos.

Cómo recuperar el acceso a una cuenta bloqueada

El primer paso es acudir a la sucursal bancaria para obtener el número de oficio que ordenó la inmovilización y el monto exacto reclamado. Con esos datos, el contribuyente debe agendar una cita en el portal oficial del SAT bajo el concepto de “Adeudos Fiscales” o “Aclaraciones”.

Para desbloquear la cuenta, el contribuyente puede liquidar el adeudo en una sola exhibición, solicitar un convenio de pago en parcialidades —si el SAT lo autoriza— o presentar una garantía válida. El proceso de liberación tarda entre tres y 10 días hábiles una vez regularizada la situación.

Existen tres vías de defensa legal: el recurso de revocación ante el propio SAT, con un plazo de 30 días hábiles; el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con un plazo de 30 a 45 días hábiles; y la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), que puede actuar como intermediaria cuando detecta irregularidades en el procedimiento.

La Legislatura de Florida aprobó este martes el plan del gobernador Ron DeSantis para recortar los impuestos a la propiedad de la vivienda habitual y enviarlo a la boleta de noviembre.

La reforma elevaría la exención fiscal de USD 50.000 a USD 150.000 en 2027 y a USD 250.000 en 2028, pero podría reducir en más de USD 8.400 millones anuales los ingresos de los gobiernos locales, según FOX 13 News y NBC Miami.

La enmienda constitucional, identificada como HJR 1F, necesitará el apoyo del 60% del electorado para entrar en vigor, de acuerdo con FOX 13 News y NBC Miami.

El cambio no se aplicará a los impuestos escolares, después de que los legisladores modificaran el plan el lunes para proteger la financiación de los distritos escolares, según FOX 13 News.

La Cámara de Representantes estatal aprobó la medida por 75 votos contra 26 y el Senado lo hizo por 30 contra nueve, en votaciones que siguieron en gran medida las líneas partidarias, según FOX 13 News y NBC Miami.

Tres senadores demócratas, Mack Bernard de West Palm Beach, Daryl Rouson de St. Petersburg y Barbara Sharief de Miramar, votaron a favor, según FOX 13 News.

Alcance de la reforma y cambios sobre la tasación

El tope anual de aumento de la tasación para propiedades que no son residencia principal, como segundas viviendas, inmuebles de inversión, apartamentos y propiedades comerciales, bajaría de 10% a 5%, según FOX 13 News y NBC Miami.

Los legisladores republicanos de ambas cámaras introdujeron cambios para permitir que ciudades y condados sigan usando los impuestos a la propiedad para financiar oficinas constitucionales, como supervisores electorales, recaudadores de impuestos y tasadores de propiedades, según FOX 13 News.

También eliminaron un fondo que asistiría a los gobiernos locales durante la transición, aunque la propuesta inicial de la oficina de DeSantis no incluía dinero para ese fondo ni explicaba cómo se repartiría, según ese medio.

Impacto sobre ingresos locales y servicios

Según el diseño aprobado, las ciudades y los condados quedarían limitados a gastar ingresos por impuestos a la propiedad en “servicios esenciales”, entre ellos escuelas, policía, bomberos, infraestructura y medio ambiente, de acuerdo con FOX 13 News.

Municipios del área de la bahía de Tampa advirtieron que, aun con esas salvaguardas, escuelas, policía y bomberos podrían perder parte de su financiación si el total de recursos disponibles se reduce, según ese medio.

El tasador de propiedades del condado de Hillsborough Bob Henriquez dijo a FOX 13 News que el beneficio fiscal para los contribuyentes será menor porque seguirán pagando la parte del impuesto vinculada a las escuelas.

Añadió que, en un horizonte de una década, Hillsborough podría perder miles de millones de dólares, según ese medio.

Henriquez describió el efecto presupuestario con esta comparación, en declaraciones a FOX 13 News: “Es como si en su propio hogar le dijeran que ya no tendrá 30, 40 o 50% de los ingresos que esperaba de aquí en adelante, y simplemente tiene que arreglárselas”.

También afirmó al mismo medio: “¿Hay formas de recortar sus presupuestos? Absolutamente, y todos deberíamos hacerlo, y nosotros lo hemos hecho en esta oficina con el paso del tiempo. Pero creo que habrá un faltante”.

Posturas de republicanos y demócratas

El presidente de la Cámara estatal Daniel Perez celebró que la decisión final quede en manos de los votantes. “Estoy orgulloso de la oportunidad que les estamos dando a los votantes al dejar que decidan si esto va a concretarse o no”, dijo Perez a reporteros, según FOX 13 News.

Perez sostuvo que hubiera preferido que la discusión se diera durante la sesión ordinaria, cuando la Cámara había acordado en febrero una medida orientada a eliminar la mayoría de los impuestos a la propiedad sobre viviendas habituales, salvo los escolares.

“Creamos un comité especial. Tuvimos los proyectos de ley, las propuestas pasaron por el proceso. Eso nunca fue correspondido por nuestros amigos en el Senado, y el gobernador no lo tuvo en alta consideración”, dijo al medio.

Desde el Senado, el senador republicano Ed Hooper, presidente del Comité de Asignaciones y que se retira este año, reconoció sus dudas sobre el alcance de la propuesta.

“Este asunto me causó dolor de cabeza desde el primer día, porque me están presionando desde ambos lados”, dijo Hooper, según FOX 13 News.

Agregó que recibió 27 mensajes de texto desde que comenzó el debate del martes por la mañana y que funcionarios locales electos se oponían, mientras otros votantes le pedían votar a favor, según ese medio.

El senador republicano Don Gaetz defendió el ajuste con una crítica al crecimiento del gasto local. “Durante los últimos años, los gobiernos locales fueron beneficiarios de tiempos de abundancia. Recibieron aumentos extraordinarios en la cantidad de dinero disponible para gastar”, dijo Gaetz, según FOX 13 News.

La oposición demócrata centró sus objeciones en el impacto sobre ciudades, condados, distritos especiales, inquilinos y empresas.

La senadora demócrata Lavon Bracy Davis dijo, según FOX 13 News: “Cuando llegue la cuenta, no la pagará Tallahassee. La pagarán su ciudad, su condado, su escuela de barrio, su biblioteca, su comunidad. Esta propuesta no elimina costos, simplemente los traslada. No es alivio fiscal, es un traslado de impuestos”.

La líder demócrata del Senado Lori Berman calificó la medida como “una maniobra política que amenaza con llevar a la quiebra a nuestras comunidades locales, cerrar pequeños negocios y elevar aún más los alquileres”, según NBC Miami.

La representante demócrata Allison Tant dijo, según FOX 13 News, que ciudades y condados temen perder autonomía, independencia e identidad, y pasar a ser dependientes del estado.

El senador republicano Bryan Avila, patrocinador del proyecto en el Senado, sostuvo que el estado enfrenta las mismas presiones inflacionarias que los gobiernos locales.

“Hemos trabajado para contener el gasto, reducir la deuda y ahorrar para el futuro. Los gobiernos locales deben hacer lo mismo”, dijo Avila, según NBC Miami.

Restricción para nuevos propietarios desde 2027

La propuesta incorpora una restricción para nuevos propietarios: quienes compren su primera vivienda después del 1 de enero de 2027 deberán acreditar cinco años de residencia para acceder a la nueva “superexención”, según FOX 13 News.

Hasta cumplir ese requisito, mantendrán la exención actual, que elimina impuestos locales y escolares sobre los primeros USD 25.000 del valor tasado de la residencia principal y, para tributos no escolares, sobre el tramo entre USD 50.000 y USD 75.000, según FOX 13 News.

La distribución de fondos de coparticipación federal a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires registró en mayo una suba real interanual del 8,1%, según informaron fuentes oficiales. Se trata del primer resultado positivo del año en ese indicador, luego de que enero, febrero, marzo y abril mostraran caídas consecutivas en términos reales. El dato marca un punto de quiebre en la dinámica de las transferencias automáticas de la Nación hacia las jurisdicciones subnacionales, que venían acumulando meses de deterioro en su poder de compra.

Durante el quinto mes del año, la Nación distribuyó $8,04 billones en transferencias automáticas. El número cobra mayor dimensión cuando se lo compara con el mes inmediatamente anterior: respecto de abril, los recursos crecieron un 41% en términos reales, una diferencia que refleja tanto la mejora interanual como el efecto de la estacionalidad propia de la recaudación tributaria.

Según las fuentes consultadas, los datos “reflejan una mejora de la actividad económica y representan un alivio para las cuentas provinciales, que recuperan capacidad para sostener servicios, inversión pública y programas de gestión”. En esa misma línea, calificaron a mayo como “el primer dato claramente positivo para las provincias” y señalaron que “consolida una expectativa de recuperación para los próximos meses del año”.

Qué pasó con los impuestos

De acuerdo con un análisis del economista Nadín Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la suba de la coparticipación en mayo se explica principalmente por el comportamiento del impuesto a las Ganancias, cuya recaudación creció un 26,1% en términos reales interanuales. El dato es relevante porque Ganancias es uno de los principales tributos que alimenta la masa coparticipable, y su recuperación incide de manera directa en los fondos que reciben las provincias.

El IVA, en cambio, mostró una caída real del 9,3% respecto de mayo del año anterior. “En conjunto, ambos impuestos —IVA e impuesto a las Ganancias— registraron una suba real interanual del 10,2%, lo que da cuenta de que el peso de Ganancias fue suficiente para compensar el flojo desempeño del IVA", señaló el especialista.

La recaudación de impuestos internos, por su parte, cayó un 19,1% en términos reales. Argañaraz elaboró su análisis con datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP).

El detalle por provincia

El resultado positivo de mayo fue generalizado: todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires recibieron más recursos en términos reales que en el mismo mes del año anterior, como muestra el cuadro de más abajo sobre las variaciones interanuales. El contraste con los cuatro meses previos es marcado, ya que entre enero y abril ninguna jurisdicción había logrado cerrar en positivo.

Entre los casos más destacados figura Catamarca, que registró la mayor suba del mes con un incremento real del 12,5 por ciento. Le siguieron Misiones (9,2%), Tucumán (9,0%) y Córdoba (8,5%). En el otro extremo, dentro del terreno positivo, Salta fue la provincia con el menor crecimiento real del mes, con una suba del 7,2 por ciento.

La Provincia de Buenos Aires, por su parte, registró una suba real del 7,1%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires creció un 8,7 por ciento. Ambos resultados, aunque por debajo de algunos distritos más pequeños, representan una mejora significativa respecto del desempeño que habían tenido en los meses anteriores del año, cuando acumulaban caídas de entre dos y diez puntos porcentuales en términos reales.

El conjunto de las provincias —sin incluir a CABA— promedió una variación positiva del 8,1%, el mismo porcentaje que el total de provincias más CABA consideradas en conjunto.

Un año que arrancó en negativo

Pese al resultado de mayo, el acumulado del año todavía muestra una caída. Según datos del Iaraf elaborados con información de la Dnap y del Ministerio de Economía, las transferencias automáticas totales —que incluyen coparticipación, leyes complementarias y compensaciones— sumaron $29.970.113 millones entre enero y mayo de 2026, frente a $23.098.805 millones en el mismo período del año anterior. Eso representa una suba nominal del 29,7%, que al descontar la inflación del período se convierte en una caída real del 2,4 por ciento.

El dato muestra que, a pesar de la recuperación de mayo, el peso de los primeros cuatro meses del año —todos con caídas reales— todavía arrastra el acumulado hacia territorio negativo. Para que el resultado del año cierre en equilibrio o en positivo, será necesario que los meses que restan mantengan o mejoren la tendencia que mostró mayo.

Quién perdió más en lo que va del año

En el análisis por jurisdicción del acumulado enero-mayo, la Ciudad de Buenos Aires fue la que registró la mayor caída real interanual: un 3,3 por ciento. En el otro extremo, Catamarca fue la provincia que menos perdió en ese período, con una baja del 0,9%, en línea con su desempeño destacado también en el mes de mayo.

La Provincia de Buenos Aires fue la segunda que menos cayó en el acumulado, con una variación real negativa del 1,7%, seguida por Tucumán con una baja del 1,9 por ciento. Entre las provincias con mayores pérdidas acumuladas en el período, además de CABA, se encuentran Córdoba y La Rioja, ambas con una caída del 3,0%, y Santa Fe con un descenso del 2,9 por ciento.

El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) lleva casi dos años en funcionamiento y acumula decenas de proyectos presentados, aprobados y en evaluación. Mientras el Gobierno avanza con una versión ampliada del esquema —el denominado Súper RIGI, cuyo proyecto ya ingresó al Congreso—, desde la oposición peronista llegó un análisis que pone el foco en cuánto le cuesta al Estado, en términos de impuestos que deja de cobrar, el conjunto de beneficios que sostiene al régimen.

El autor del informe es Guillermo Michel, diputado nacional por el peronismo y hombre de confianza de Sergio Massa, bajo cuya gestión como ministro de Economía, Michel condujo la Aduana argentina. Su trabajo toma como base los 13 primeros proyectos que el RIGI aprobó y concluye que el costo fiscal anual de esas inversiones asciende a USD 1.837 millones, equivalentes a 0,27 puntos porcentuales del PBI.

El cálculo fue elaborado en las últimas semanas, antes de que se conociera la aprobación de tres proyectos adicionales, con lo que el total de iniciativas aprobadas asciende actualmente a 16. En la medida en que esas nuevas incorporaciones impliquen beneficios similares, el costo fiscal real podría ser algo superior al proyectado por el legislador.

Qué es el “gasto tributario” y por qué importa

El concepto de “gasto tributario” refiere a los ingresos que el Estado resigna cuando otorga exenciones, alícuotas reducidas u otros beneficios impositivos a determinados sectores o actividades. No es un gasto presupuestario en sentido estricto —el Estado no desembolsa ese dinero—, sino una renuncia a recaudación que, de no existir el beneficio, hubiera ingresado a las arcas públicas.

En el caso del RIGI, la lógica oficial detrás de esos beneficios es que, sin ellos, muchas de las inversiones directamente no se concretarían. El argumento es que proyectos de gran escala en sectores como energía o minería requieren horizontes de retorno muy largos y niveles de certeza jurídica y fiscal que justifican un tratamiento diferencial. El propio régimen incluye una estabilidad normativa de 30 años para los proyectos adheridos.

Los 13 proyectos y los números del informe

Los 13 proyectos analizados por Michel suman una inversión comprometida de USD 27.210 millones y contemplan la creación de 36.873 puestos de trabajo. Entre ellos se encuentran iniciativas de peso como el proyecto de GNL de Southern Energy (USD 15.156 millones), Vaca Muerta Sur —el consorcio liderado por YPF— (USD 2.900 millones) y Rincón de Río Tinto (USD 2.744 millones), además de emprendimientos mineros como Los Azules de McEwen Copper (USD 2.672 millones) y Diablillos de AbraSilver (USD 764 millones). Las exportaciones proyectadas por el conjunto de esos proyectos alcanzan los USD 21.006 millones anuales.

Sobre esa base, Michel estimó un gasto tributario de USD 1.837 millones por año, equivalente a 0,27 puntos porcentuales del PBI. El número surge de sumar los distintos beneficios que el RIGI otorga a los Vehículos de Propósito Único (VPU), que son las personas jurídicas que cada proyecto debe constituir para adherirse al régimen con su propio CUIT.

Entre esos beneficios se cuentan la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% general al 25%, la eliminación de derechos de exportación a partir del tercer año de operación del proyecto, la exención de aranceles de importación sobre bienes de capital e insumos, la emisión de Certificados de Crédito Fiscal para cancelar el IVA y la posibilidad de computar el 100% del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios como pago a cuenta de Ganancias —frente al 33% que permite el régimen general—. El informe aclara que, para petróleo, gas natural y oro, las retenciones ya eran cero antes del RIGI por norma general, por lo que ese beneficio particular resulta neutro en esos rubros.

El costo proyectado si se escalan las inversiones

Michel no se limitó a cuantificar el costo de los proyectos ya aprobados, sino que también proyectó qué ocurriría si el RIGI atrajera inversiones de similares características por un total de USD 100.000 millones —una cifra que el propio Gobierno tiene como horizonte de expectativa para el régimen. Bajo esa proyección, el gasto tributario ascendería a aproximadamente 1 punto porcentual del PBI.

El componente más significativo dentro de ese total proyectado corresponde a la eliminación de derechos de exportación, que por sí sola representaría 0,40 puntos porcentuales del PBI. Le siguen la reducción en Ganancias más el tratamiento de quebrantos (0,22 puntos), los beneficios sobre importaciones y el IVA (0,15 puntos), los Certificados de Crédito Fiscal de IVA (0,14 puntos) y el tratamiento diferencial del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios (0,09 puntos).

Qué agrega el Súper RIGI

Si sobre esa misma base de inversión se aplicaran los beneficios adicionales que contempla el Súper RIGI —actualmente en tratamiento legislativo—, el gasto tributario proyectado treparía a 1,27 puntos porcentuales del PBI, según el informe de Michel.

La diferencia principal está en dos modificaciones que el nuevo esquema introduce respecto del RIGI original. La primera es una reducción adicional de la alícuota de Ganancias: mientras el RIGI la baja del 35% al 25%, el Súper RIGI la llevaría al 15%, lo que en la proyección de Michel implica que el costo de este ítem pase de 0,22 a 0,44 puntos del PBI. La segunda es un tope del 10% para las contribuciones patronales sobre nuevos puestos de trabajo, un beneficio que el régimen original no contempla y que en la proyección agrega 0,06 puntos del PBI adicionales.

El Súper RIGI, cuyo nombre formal es Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, apunta a sectores que el Gobierno define como “nuevas actividades económicas”: proyectos industriales o tecnológicos que actualmente no se desarrollan en el país o que se encuentran en fases experimentales. El ministro de Economía, Luis Caputo, mencionó como ejemplos la fabricación de baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas y data centers para inteligencia artificial. El monto mínimo de inversión para adherirse es de USD 1.000 millones por proyecto, superior al piso de entre USD 200 millones y USD 600 millones que rige en el RIGI según el sector.

El debate de fondo

El análisis de Michel presupone que, sin los beneficios del RIGI, el Estado hubiera recaudado esos impuestos. Sin embargo, el argumento oficial —y el que subyace en el diseño del régimen— es que, en ausencia de los incentivos, la mayor parte de esas inversiones directamente no se radicaria en el país, con lo cual la recaudación de referencia sería cero.

Lo que el informe del diputado sí pone en blanco sobre negro es la magnitud del esfuerzo fiscal que el Estado asume al sostener el esquema: casi USD 1.837 millones anuales para los primeros 13 proyectos aprobados, con la perspectiva de que ese número crezca a medida que el RIGI sume nuevas adhesiones —y más aún si el Súper RIGI obtiene aprobación parlamentaria y comienza a generar proyectos propios.

Emanuel Fernández llegó a la entrevista con zapatillas puestas. Las suyas, Kioshi. Lo aclaró casi como un gesto de coherencia: es su uniforme de trabajo, dijo. Pero detrás de esa imagen hay una historia que va en otra dirección. El empresario, dueño de una de las pocas marcas de calzado deportivo que todavía fabrica en Argentina, habló durante casi media hora en el canal de streaming Ahora Play, conducido por Claudio Zlotnik y Esteban Rafele, y el cuadro que trazó sobre su sector no dejó demasiado margen para el optimismo.

La caída de producción

Fernández arrancó con un dato que resume el estado de su empresa mejor que cualquier análisis. En 2022 y 2023, en la mejor época de Kioshi, la fábrica producía cerca de 40.000 pares mensuales. Hoy llega a 10.000. La caída no es un fenómeno aislado: según los datos que maneja la cámara sectorial, la producción nacional de calzado pasó de 120 millones de pares anuales a 80 millones el año pasado, y en el primer trimestre de 2025 acumuló una baja de 25% frente al mismo período de 2024.

El deterioro de su propia empresa es proporcional al del sector. Kioshi llegó a tener 120 empleados. Hoy trabajan 15. “La situación es casi terminada del calzado, lo hablamos con todos los colegas”, dijo. “Todos los meses uno dice, más abajo que esto no se puede estar, y se sigue profundizando”.

Cementerio de maquinaria

La imagen que usó para describir su fábrica fue directa: “Es un cementerio de maquinaria, porque la mayoría está apagada, o se prende una vez por semana para hacer un trabajo puntual.” Kioshi tiene producción integrada —suela, capellada, textil, corte— pero hoy esa infraestructura opera muy por debajo de su capacidad. “Una semana producimos algo, totalmente ineficiente estamos siendo”, reconoció.

La reducción de personal fue gradual, en parte porque las indemnizaciones tampoco podían pagarse de golpe. “Se tuvo que ir arreglando con cada persona. Se hizo un plan, a algunos se les pudo pagar un poco más y después ir haciendo cuotas”, explicó. Los empleados que se fueron, agregó, en su mayoría no encontraron trabajo formal: “Más que hace Uber o alquila Uber para hacer las aplicaciones”.

Los tres factores que explican la caída

Fernández identificó una combinación de problemas que se retroalimentan. El primero es el consumo. Argentina pasó de vender casi cuatro pares de calzado per cápita al año a dos, “estamos a los niveles de Perú y Bolivia en venta de pares”, dijo. El segundo es la importación: en 2024 ingresaron cerca de 51 millones de pares, un 40% más que el año anterior. El tercero es el contrabando: “Está ingresando mucho producto falsificado de las fronteras, de norte sobre todo”.

Sobre los aranceles, señaló que el esquema actual favorece al producto importado. El ensamblado local con partes traídas del exterior tiene arancel cero, mientras que el calzado terminado paga 35%, pero se eliminaron los mecanismos de dumping y los valores criterio que antes funcionaban como freno. “Eso está complicando bastante la industria”, dijo. A eso se suma un factor externo: la guerra comercial entre China y Estados Unidos generó un excedente de mercadería china que está llegando a precios muy por debajo de los habituales. “Si sacás el dumping, es muy difícil competir”.

“La lucha es desigual”

Kioshi vende sus zapatillas entre $35.000 y $50.000 el par. Fernández lo presentó como un precio competitivo para el segmento —dijo que están entre la primera y segunda entrada de precio en calzado deportivo nacional— pero reconoció que la ecuación se complicó. “Tuvimos un aumento de costo energético enorme, costos financieros, y de todo nos aumentó, contra un importado que le bajan los aranceles. Entonces la lucha es desigual”.

Al mismo tiempo, relativizó el argumento de que la industria nacional es ineficiente por naturaleza. “El textil, el calzado o cualquier otro rubro industrial frente a Asia, hoy somos todos improductivos”, admitió, pero lo puso en perspectiva: “Brasil estuvo casi 40 años protegiendo el calzado, hasta que pudo ser una industria muy desarrollada y salir al mundo. Hoy compite con Asia, tiene fábricas enormes y exporta también a Latinoamérica y a Estados Unidos.” Para Fernández, el problema no es la industria sino la ausencia de una política sostenida. “¿Por qué no hay un consenso sobre el desarrollo productivo de un país que incluya el calzado, el textil, la metalmecánica, la autopartista?”

En cuanto a la eficiencia interna, tomó distancia del diagnóstico oficial que señala a las empresas por haber “cazado en el zoológico” durante años de inflación alta. “Nosotros siempre tratamos de tener la mejor maquinaria, optimizar los procesos para tener mayor productividad. Estamos siempre buscando la mejora de la productividad, de sacar un mejor producto, buscar materiales que por ahí acá no había”, comentó.

La cadena se rompe eslabón por eslabón

Uno de los tramos más preocupantes del relato de Fernández no tiene que ver con su fábrica sino con lo que está viendo en la cadena comercial. En las últimas semanas, según contó, los reportes que le llegan desde el interior del país son casi diarios: locales de calzado que cierran, distribuidores que no renuevan alquileres, comercios de cuatro décadas que liquidan. “Tal cliente cerró, tal cliente tiene tres locales y cerró dos. Me llaman que no van a renovar alquiler porque no lo pueden soportar. Los que tienen el local propio lo alquilan para dos pesos chinos y cierran, que por ahí son locales de 40 años. Eso se empezó a escuchar mucho el último mes, es uno por día prácticamente.”

El fenómeno no se limita al comercio. En zonas como Lanús y Lomas de Zamora, tradicionales polos de producción de calzado, también están cerrando talleres pequeños. “Hay muchos fabricantes que están cerrando los talleres y lo alquilan a talleres mecánicos, otras cosas, porque se prefiere el alquiler”. Esos cierres, advirtió, van a profundizar el problema: menos locales significa menos demanda.

La situación financiera de la cadena también deteriora el cobro. “Se vende poco, se cobra peor, están viniendo cheques rechazados de clientes que no son clientes de estafa, sino clientes que no llegan a cubrir el cheque. Los bancos también, uno está a tope de deuda”.

El truco de las 12 cuotas

Un episodio reciente que Fernández describió con detalle ilustra hasta dónde llega el problema de liquidez en los consumidores. Durante el fin de semana siguiente al Hot Sale, notó una serie de compras que luego fueron canceladas. Al revisar los datos, encontró un patrón: los clientes compraban en 12 cuotas y cancelaban de inmediato. La plataforma les devolvía el dinero completo, pero ellos quedaban debiendo el monto en 12 pagos.

“Te hacen la compra pero no te compran. La compran en 12 cuotas, cancelan inmediatamente, y la plataforma le devuelve el dinero completo. O sea que la gente no está llegando a fin de mes, se está financiando hasta con esas cosas. Es bastante grave lo que se ve”, dijo. Kioshi tuvo unas diez o doce operaciones de ese tipo en un fin de semana. La respuesta fue eliminar la opción de 12 cuotas en su tienda online.

El fenómeno no lo sorprendió del todo. En su entorno cercano ya veía señales similares: “Con mis empleados o colegas o amigos están todos recontra endeudados con las aplicaciones. A veces te piden adelanto para poder cargar la tarjeta Sube para viajar”.

Sin ayuda y sin piso claro

Fernández ubicó la fábrica de Kioshi en el partido de Esteban Echeverría. La única asistencia concreta que mencionó viene de la intendencia local: ferias de productores y reducción de tasas municipales. Del resto del Estado, nada. “No estamos recibiendo como pyme ninguna ayuda. Y es un paliativo, porque la verdad que a nosotros lo que nos sirve es vender, y hoy la venta no está..

Sobre las perspectivas, fue cauteloso. Dijo que la empresa está haciendo “todos los cambios necesarios para tratar de aguantar hasta que empiece a mejorar”, pero admitió que no hay señales claras de cuándo podría darse ese punto de inflexión. La baja reciente en las importaciones, aclaró, no es una buena noticia: se debe a que hay sobrestock en toda la cadena, no a que la industria esté recuperando terreno. “El problema principal es el consumo. Después, una vez que reactive el consumo, podemos hablar de si está entrando mucho importado", cerró Fernández.

La inversión que aún no llega

Rappallini planteó que el orden fiscal y la baja de la inflación son pasos necesarios, pero no suficientes para que la actividad industrial se recupere. “El país de las inversiones todavía no llegó”, afirmó. “Todo lo que se está planificando, con la llegada de inversiones por USD 80.000 millones, todavía no está impactando en la economía.”

Esa brecha entre lo que se proyecta y lo que se percibe en los balances y en los puestos de trabajo es, según el titular de la UIA, el núcleo del problema actual. No se trata, aclaró, de una economía partida en dos, sino de una transición que genera tensiones muy concretas sobre sectores que no pueden esperar. “En esta transición, tenemos una situación muy compleja para una gran cantidad de sectores de la industria”, señaló, y mencionó a la construcción como uno de los casos más críticos.

Rappallini reconoció que la entidad que conduce llevó esa preocupación directamente al gabinete económico. “Estuvimos estos días con el ministro Caputo y le planteamos la preocupación por el nivel de actividad”, indicó.

Quince años sin crecer

Para entender el presente, Rappallini apela a una perspectiva de largo plazo. La industria argentina no enfrenta solo un problema coyuntural, sino el resultado acumulado de más de una década de estancamiento. “La economía hace quince años que no crece”, afirmó. “A nivel industrial, por habitante, somos la mitad que Brasil”, agregó.

Para el referente de la industria, el rezago estructural se combina con un doble efecto que complica la recuperación: la diferencia de precios y de cantidades. Los consumidores ajustaron su demanda ante la caída del poder adquisitivo, y los industriales deben adaptarse a una nueva estructura de costos que todavía no terminó de acomodarse.

Sin embargo, Rappallini no ve ese horizonte como inalcanzable. “Cuando realmente se enciendan los motores, vamos a tener el nivel de consumo por lo menos de 2022”, estimó. Ese nivel, aclaró, no representa un pico histórico, pero sería una señal concreta de reactivación. “Volver a los niveles de 2022 no es una locura”, insistió.

Las distorsiones heredadas

Parte del diagnóstico de Rappallini apunta a explicar por qué la industria llegó a este punto de fragilidad. Durante años, señaló, el sector manufacturero fue protegido en los precios mientras se lo castigaba por otras vías. “El sector industrial tuvo 120% de inflación en un período en el que los servicios subieron 300%”, describió. “Mientras se protegía a la industria, al mismo tiempo duplicaban los impuestos y las empresas tenían mayores costos financieros.”

El resultado fue una economía que Rappallini define como “distorsionada”, donde la protección arancelaria encubría una pérdida sostenida de competitividad. Esa lógica, sostiene, terminó perjudicando al sector que decía defender. “Muchos defienden el industrialismo y es un error pensar que defendés la industria cuando estás subiendo los impuestos. Cuando perdés tu capacidad de competir globalmente, no estás ayudando a la industria.”

Lo que pide la UIA

La posición de la entidad no es de oposición al Gobierno, sino de interlocución activa. Rappallini es explícito al respecto: “A nivel general, el rumbo del Gobierno es correcto.” Apoya la baja de la inflación, la reducción de impuestos a las exportaciones y la estabilidad macroeconómica. Pero sostiene que la corrección de distorsiones no está siendo pareja.

“Estamos planteando que hay que nivelar la cancha”, resumió. El sector más golpeado, según su análisis, es el que emplea más mano de obra: la industria tradicional que compite con el exterior y cuyos precios no se fijan localmente. “El problema del transable es que los precios y calidades no se deciden internamente, sino a nivel global”, explicó.

Desde esa lectura, la UIA impulsa dos propuestas concretas. La primera es permitir tomar a cuenta del IVA los aportes patronales, como mecanismo para reducir costos laborales y formalizar empleo. La segunda es extender el régimen RIGI -pensado hasta ahora para sectores como la energía y la minería- a la industria manufacturera. “Queremos un RIGI industrial, para que el sector tradicional transable tenga el mismo régimen del RIGI y el super RIGI”, planteó.

La riqueza que no es solo commodities

Rappallini cerró su argumento con una reflexión sobre el modelo de país que, desde la UIA, consideran necesario discutir. La Argentina, dijo, no puede apostar todo su desarrollo a los recursos naturales. “La riqueza del país no es sólo la energía y la minería, es también el tejido empresario y el tener gente que sabe hacer cosas.”

Esa capacidad instalada, advirtió, se destruye si no se la defiende. “Lo que hace diferentes a los países es la capacidad de sus empresas”, afirmó. Y subrayó que el empresariado industrial está en condiciones de competir, si se le dan las reglas para hacerlo: “Hay un empresariado muy preparado que quiere competir.”

El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó entre sus recomendaciones para la Argentina una medida que impactaría de lleno sobre los bolsillos de los trabajadores formales: que al menos el 20% de los empleados del sector formal pague el Impuesto a las Ganancias. Con cerca de 10 millones de trabajadores en relación de dependencia en la economía formal, eso implica que unos 2 millones de personas deberían quedar alcanzadas por el tributo. Hoy lo hacen aproximadamente 1.050.000, entre asalariados y jubilados.

El Gobierno de Javier Milei no tardó en responder: la medida no está en carpeta. “No está en la ideología del Presidente subir impuestos, al contrario, nos dedicamos a bajarlos. No lo vamos a hacer”, dijo ante Infobae una fuente de diálogo fluido con el mandatario.

La recomendación del FMI figura en el informe "Argentina: Selected Issues", publicado el 11 de mayo pasado por técnicos del organismo, en el marco de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina. Desde la Casa Rosada, sin embargo, quitaron peso a la novedad: señalaron que las sugerencias del FMI sobre este punto “no son pedidos nuevos”, sino recomendaciones que ya se habían formulado en instancias anteriores y sobre las que el equipo económico ya había transmitido su postura al staff del organismo. En otras palabras, el rechazo no es de ahora.

Una historia de idas y vueltas

El número de argentinos que paga Ganancias ha oscilado de manera pronunciada en los últimos tres años, al ritmo de las decisiones políticas. La reforma impulsada por el entonces ministro de Economía Sergio Massa en 2023 estableció un piso equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles para quedar alcanzado por el impuesto. En junio de 2024, ese umbral equivalía a aproximadamente $3,5 millones brutos mensuales, lo que dejó fuera de la base a la inmensa mayoría de los trabajadores formales. Ese mes, solo 370.916 empleados y 16.412 jubilados —un total de 387.328 personas— tributaban Ganancias, aportando $293.968 millones al fisco.

La situación cambió con la sanción de la Ley Bases durante la segunda mitad de 2024. Esa norma, impulsada por el propio Gobierno de Milei, eliminó el esquema de Massa, desvinculó el umbral del salario mínimo y rebautizó al tributo como Impuesto a los Ingresos Personales. El nuevo piso quedó fijado en $1.800.000 brutos mensuales para empleados, lo que incorporó a miles de trabajadores. Para junio de 2025, el padrón había crecido a 999.507 empleados y 183.472 jubilados, con una recaudación de $444.066 millones: más del triple de contribuyentes respecto al año anterior.

Sin embargo, la actualización de los umbrales por inflación fue corriendo los pisos hacia arriba en términos nominales. A marzo de 2026, el número de alcanzados se ubicó en aproximadamente 880.000 asalariados y 170.000 jubilados, para un total de alrededor de 1.050.000 personas. Hoy pagan el impuesto los empleados con salario neto superior a $2.490.038 y los jubilados que cobran más de 3.145.393 pesos.

Lo que propone el FMI: volver a 2019

El FMI advierte que la recaudación del impuesto a las Ganancias de personas físicas representa apenas el 1,8% del PBI, un nivel inferior al promedio regional y al de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La causa, según el organismo, está en una base de contribuyentes que considera demasiado estrecha. “La reforma de 2023 redujo drásticamente la base, dejando a menos del 1% de los trabajadores formales pagando el impuesto”, señala el documento. Y aunque la restitución parcial de 2024 incorporó a una parte de los excluidos, la entidad advierte que “el umbral de exención se mantuvo por encima de su nivel previo a 2023”.

El punto de referencia que usa el organismo es el año 2019, cuando alrededor del 20% de los trabajadores formales tributaba el impuesto. “La reforma debería reducir el umbral para que al menos el 20% de los trabajadores pague el impuesto a las ganancias de personas físicas, como en 2019”, sostiene el informe. Esa meta, combinada con una armonización de las deducciones entre categorías laborales y una simplificación de la estructura de alícuotas, generaría una recaudación adicional de 0,4 puntos del PBI, según las estimaciones del organismo.

Pero el Gobierno no comparte esa lectura ni ese objetivo. Si bien desde el Estado reconocen que hay una reforma fiscal integral en carpeta —de hecho, es un compromiso formal asumido ante el FMI, con fecha límite a fin de 2026—, dejan en claro que esa reforma no incluirá cambios en el umbral de Ganancias. La línea argumental es simple: ampliar la base del impuesto equivale a subir impuestos, y eso contradice el núcleo de la propuesta económica del Presidente.

El Monotributo, el otro rechazo

La misma lógica se aplica al Monotributo, la otra recomendación que el Gobierno descartó. El FMI planteó en su informe que el régimen simplificado impone una carga fiscal considerablemente menor que la del sistema general, lo que genera fragmentación empresaria y produce saltos bruscos en la obligación tributaria al pasar de una categoría a otra. El organismo propuso alinear las alícuotas y las contribuciones sociales con el régimen general y reducir los efectos de los umbrales entre categorías.

Desde el Gobierno rechazaron esa lectura. “Hoy el techo de facturación para la categoría más alta está en unos 8 millones de pesos mensuales y nos parece que está bien, que es una buena cifra esa”, dijeron las fuentes consultadas. Y agregaron que, incluso en el esquema actual, muchos contribuyentes que llegan al límite superior prefieren dejar de facturar antes que pasar al régimen de responsable inscripto para evitar la carga que eso implica. Endurecer los requisitos del Monotributo, en esa visión, agravaría el problema en lugar de resolverlo.

Por qué el FMI insiste

La postura del organismo no responde únicamente a una lógica recaudatoria. El FMI encuadra la ampliación de la base de Ganancias dentro de una reforma orientada a cambiar la composición del sistema tributario argentino, no a aumentar su peso total. El documento describe ese sistema como “complejo, altamente distorsivo e inestable”, con una recaudación del gobierno general equivalente a alrededor del 27% del PBI pero sostenida en buena medida por impuestos que considera particularmente dañinos: retenciones a las exportaciones, impuesto a las transacciones financieras y tasas provinciales sobre los ingresos brutos.

La lógica del FMI es de sustitución gradual: ampliar la base de los impuestos directos para generar el espacio fiscal que permita reducir los tributos distorsivos. El conjunto de medidas propuestas por el organismo —incluyendo cambios en el IVA, el Monotributo, el impuesto a las ganancias corporativas y los impuestos internos— podría generar hasta 3,3 puntos del PBI en recaudación adicional, con aproximadamente la mitad destinada a las provincias vía coparticipación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que convocará a los gobernadores para debatir una reforma impositiva, aunque aclaró que la eliminación completa de los impuestos distorsivos solo sería viable dentro de tres años, y únicamente si la economía crece entre 6% y 8% anual. En ese horizonte, la propuesta del FMI sobre Ganancias queda, al menos por ahora, fuera de la agenda.

PwC Colombia presentó el informe Doing Business en Colombia 2026 en el que describe cómo las condiciones de inversión en el país están marcadas tanto por ventajas estructurales del mercado local como por desafíos fiscales y regulatorios recientes. Colombia, con más de 52 millones de habitantes, se destaca por la posición estratégica que tiene y una red amplia de tratados comerciales, aunque el entorno demanda una gestión activa debido a nuevas exigencias de cumplimiento y políticas tributarias complejas.

El documento señala que hacer negocios e invertir en Colombia implica equilibrar oportunidades—como el dinamismo del mercado interno, la fuerza laboral joven y los 18 tratados de libre comercio—con retos como la alta carga impositiva, requisitos legales en aumento y mayor fiscalización, lo que obliga a empresas e inversores a adoptar estrategias de cumplimiento y sostenibilidad. La perspectiva para 2026 anticipa que la inversión extranjera directa, con aportes de Estados Unidos, México, China y Europa, mantendrá un papel principal en el crecimiento económico local.

La firma indica que la economía colombiana proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 2,3% y 2,8% para 2026. El desempeño se debe al consumo privado y a la inversión, tanto nacional como internacional. La dimensión del mercado interno y la juventud de la fuerza laboral, que representan ventajas decisivas para captar proyectos productivos.

Régimen tributario y obligaciones legales para empresas

El informe destaca que operar en Colombia implica cumplir un régimen tributario con numerosas capas y costos elevados. Por ejemplo:

• La tarifa general del impuesto de renta corporativa es del 35%.
• Las entidades financieras afrontan una sobretasa adicional del 5 % hasta 2027.
• Las empresas energéticas, una del 3%.
• El sector minero y petrolero se enfrenta a cargas progresivas de hasta 10% y 15%, según el comportamiento de los precios internacionales. Como alternativa para negocios de menor escala, el régimen simple permite unificar el pago de varios impuestos en un solo esquema.
• La constitución de sociedades, en particular la Sociedad por Acciones Simplificada, puede completarse en uno a cuatro días hábiles, según los trámites requeridos ante la Cámara de Comercio. El costo del impuesto de registro va del 0,7% al 1% del capital suscrito.
• En sectores como hidrocarburos y minería, la sucursal de sociedad extranjera constituye la fórmula más empleada, ya que ofrece facilidades cambiarias, aunque supone responsabilidad ilimitada para la casa matriz.

Cumplimiento, transparencia y medidas anticorrupción

Las exigencias en materia de transparencia y control anticorrupción ganaron protagonismo, como explica el informe: el país se configura como “referente en Latinoamérica” en marcos de cumplimiento. Las compañías supervisadas por la Superintendencia de Sociedades con ingresos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes—el equivalente a unos $70.000 millones—deben implementar el Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrilaft).

Además, aquellas empresas que efectúan transacciones internacionales mayores a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes (alrededor de $175 millones) están obligadas a adoptar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Las obligaciones incluyen identificar beneficiarios con participaciones superiores al 5%, establecer políticas específicas anticorrupción y reforzar procesos de auditoría interna.

De igual manera, el informe precisa que, en el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, Colombia ocupa el puesto 92 de 180 países, situación que refuerza la urgencia de acercarse a estándares internacionales como la ISO 37001 y alinearse con las recomendaciones de la OCDE.

Comercio exterior, zonas francas y entorno aduanero

El comercio internacional en Colombia se apoya en una estructura institucional consolidada y herramientas como la Ventanilla Única de Comercio Exterior, activa desde 2005, que centraliza los trámites y agiliza las operaciones. El Plan Vallejo facilita la importación temporal de insumos y bienes de capital con exenciones tributarias sujetas a compromisos de exportación.

Las zonas francas otorgan una tarifa preferencial de 20% sobre ingresos asociados a bienes y servicios exportados, lo que incentiva la internacionalización del tejido empresarial. El régimen cambiario obliga a canalizar inversiones y pagos comerciales por medio de intermediarios del mercado cambiario y exige reportar cambios en la composición del capital dentro de plazos estrictos, pues los incumplimientos acarrean sanciones considerables.

Ante esto, el documento resalta que la declaración de inexequibilidad del Decreto 920 de 2023 dejó sin efecto el Régimen Sancionatorio Aduanero actual, aunque las disposiciones seguirán vigentes hasta junio de 2026. El Congreso de la República debe aprobar una nueva ley para reducir infracciones y aplicar criterios de proporcionalidad en las sanciones.

Sostenibilidad, régimen migratorio y laboral

La sostenibilidad se posiciona como elemento central en la estrategia empresarial, de acuerdo con el informe. El compromiso del país apunta a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a 161 millones de toneladas para 2035, conforme a las metas establecidas en la agenda climática internacional.

En el ámbito migratorio, Colombia ofrece varias modalidades de visado, con vigencias de hasta tres años para inversionistas y profesionales. Para acceder a una visa de inversionista, el capital mínimo requerido debe superar los 650 salarios mínimos mensuales legales vigentes, mientras que para la adquisición de inmuebles, la cifra mínima es de 350 salarios mínimos.

Y el régimen laboral otorga derechos y deberes claros tanto a empleadores como a trabajadores. Introduce la obligación de reportar la contratación de extranjeros, exige la homologación de títulos profesionales y contempla sanciones económicas o el cierre temporal de las operaciones en caso de incumplimiento de normativas de protección de datos personales.

Riesgos geopolíticos, fraude y recomendaciones

El informe Doing Business en Colombia 2026 advierte que factores externos, como la política comercial de Estados Unidos después de la reelección de Donald Trump, incrementaron la volatilidad regulatoria. El documento destaca: “Reintrodujo un nivel significativo de volatilidad regulatoria que muchas organizaciones no enfrentaban desde la pandemia”.

Así, la influencia de normativas internacionales, como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos continúa exigiendo a las empresas colombianas reforzar la prevención del lavado de activos y sus propios sistemas internos de control.

PwC Colombia concluye que la inversión, tanto pública como privada, definirá la expansión de sectores clave como infraestructura, energía renovable, tecnología y agroindustria. La estabilidad regulatoria y la profundización de las políticas climáticas serán elementos diferenciadores para atraer nuevos proyectos empresariales.

Durante años, miles de contribuyentes colombianos recibieron sanciones que superaban varias veces el monto original del impuesto de industria y comercio (ICA) no declarado. Un nuevo fallo del Consejo de Estado anuló la norma por considerarla desproporcionada, una decisión que podría convertirse en referencia para el país.

El nuevo pronunciamiento del alto tribunal determinó que los municipios no pueden fijar sanciones por no declarar el ICA que superen de forma significativa la cuantía del tributo omitido. En el caso del municipio de Sabaneta (Antioquia), la alta corte declaró nula la disposición que imponía multas equivalentes al 10% de los ingresos brutos, por resultar excesiva respecto al impuesto real debido.

Según la sentencia, cualquier sanción debe corresponder de manera directa al valor del impuesto no pagado.

En Colombia, varios municipios ya aplicaron multas desproporcionadas por no declarar el gravamen, lo que afectó a comerciantes y empresas. El Consejo de Estado señaló que muchas autoridades locales optaron por esquemas sancionatorios utilizados en otros impuestos, como renta o IVA, sin ajustarlos a las particularidades del tributo municipal. Esto provocó cargas económicas que en ocasiones resultan muy superiores al propio impuesto.

Para el caso de Sabaneta, se debe tener en cuenta que, desde 2014, su estatuto tributario preveía que la omisión en la declaración del impuesto acarreaba una sanción del 10% sobre los ingresos brutos del contribuyente. El demandante, Héctor Hernando Duque Gutiérrez, argumentó que la fórmula era desproporcionada, ya que el ICA se liquida con aranceles por mil, mientras que la multa se calculaba en porcentaje completo sobre todos los ingresos.

Ante esto, como práctica, el Consejo de Estado presentó una situación ilustrativa: si una empresa tenía ingresos de $100 millones, el impuesto a pagar sería de cerca de $1.000.000. Sin embargo, bajo la norma ahora anulada, la sanción por no declarar podía ser de $10.000.000, es decir, diez veces el tributo omitido al principio. El desbalance financiero fue clave en el análisis del tribunal.

“La acción represiva debe guardar equivalencia con la conducta infractora”, aclaró el Consejo de Estado en el fallo. Para los magistrados, trasladar el modelo sancionatorio del impuesto de renta al ICA —cuyo cálculo se hace con aranceles mucho menores— genera una “relación entre la omisión y el monto de la sanción claramente desproporcionada frente al posible impuesto”. El tribunal recordó que la autonomía municipal está limitada por los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.

Proporcionalidad de las multas por no pagar el impuesto de industria y comercio

El pronunciamiento del Consejo de Estado recalca que toda sanción en materia tributaria debe considerar el valor real del tributo incumplido. Aunque las autoridades territoriales pueden adaptar procedimientos y sanciones, la Ley 788 de 2002 exige la “proporcionalidad respecto al monto de los impuestos”. El fallo insiste en que ninguna sanción económica puede superar en exceso la carga fiscal original.

De igual forma, el Consejo de Estado precisó que este principio no limita la autonomía tributaria de los municipios, pero los obliga a mantener coherencia con la naturaleza y los aranceles que rigen cada impuesto local. Así las cosas, reproducir fórmulas nacionales, pensadas para otros gravámenes, puede dar lugar a multas confiscatorias, una situación incompatible con los valores de equidad recogidos en la Constitución y la jurisprudencia de la corte.

Diferencias en la fijación de sanciones entre municipios

La desproporción evidenciada en Sabaneta contrasta con otras ciudades colombianas. Según los argumentos analizados en el proceso, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena aplican sanciones por no declarar el ICA de entre 0,1% y 1% de los ingresos brutos.

Dichos porcentajes, mucho menos gravosos, reflejan el estándar más generalizado en el país y refuerzan el reproche al caso de Sabaneta.

Recordó el Consejo de Estado que ya existen antecedentes donde se había advertido sobre la desproporción de sanciones en impuestos territoriales. Estas decisiones forman parte de una línea jurisprudencial que busca el equilibrio entre el poder sancionador y los derechos de los contribuyentes.

Impacto nacional del fallo y próximas demandas

El alcance del fallo va más allá de Sabaneta. Expertos citados en el proceso consideran que el precedente puede impulsar “una ola de nuevas demandas” contra estatutos tributarios similares en otros municipios. El propio Consejo de Estado explicó que, aunque el fallo se refiere a un caso individual, los fundamentos jurídicos pueden ser aplicados en otras situaciones donde no se respete la proporcionalidad entre la sanción y el impuesto omitido.

Ante esto, las administraciones municipales deberán revisar sus normas y acuerdos para garantizar que las sanciones respeten los principios de equidad y razonabilidad. De no hacerlo, podrían enfrentar anulaciones y modificaciones normativas resultado de la vigilancia de la justicia.

Facturación y declaración simultánea: lo que sí se avaló

La decisión también abordó el sistema de facturación y la declaración simultánea. El demandante sostuvo que exigir ambos pagos era una doble carga para los contribuyentes. No obstante, el Consejo de Estado respaldó la coexistencia de ambos mecanismos, al concluir que constituyen “obligaciones distintas”: una material de pago y otra formal de declaración.

Asimismo, el fallo precisó que “la factura no significa que haya adoptado dicho sistema para la determinación de los impuestos”. El alto tribunal consideró que el municipio mantuvo el esquema de autodeclaración, por lo que el pago anticipado mediante facturas no exime de presentar la declaración anual. De esta manera, se confirma que ambas obligaciones pueden subsistir sin contradecir la normativa nacional.

Y se dejó claro que, aunque reconoce que podrían surgir controversias sobre la aplicación práctica de estas reglas, posibles abusos deberán resolverse en procesos judiciales puntuales y no mediante una declaración general de nulidad.

Cabe mencionar que el organismo reconoció que ese esquema contribuyó a la formalización de pequeños contribuyentes y amplió el acceso a servicios de salud y pensiones, pero advirtió que la carga fiscal es considerablemente menor que la del régimen general.

En ese sentido, el staff report sugirió alinear el Monotributo con el sistema general, reducir los efectos de los umbrales, homogeneizar alícuotas y contribuciones sociales, y aprovechar herramientas tecnológicas para simplificar la administración del impuesto. Esta reforma podría aportar entre 0,4% y 1% del PBI adicional.

En ese marco, Laiún señaló: “El problema que tiene el monotributo es que, por ejemplo, en las categorías A a E —que incluyen a quienes facturan hasta 30 millones de pesos por año— la persona paga en una sola cuota la parte impositiva, la previsional y la obra social".

“La parte impositiva puede entenderse como una decisión de política fiscal: decir ‘bueno, te dejo pagar impuestos muy bajos’. Pero el problema está en la parte previsional, porque eso impacta directamente sobre todo el sistema jubilatorio”, explicó.

Detalló que en esas categorías, una persona puede pasar 30 años pagando todos los meses y, a valores de hoy, termina aportando el equivalente a unas 20 jubilaciones mínimas.

“O sea: trabajaste 30 años, aportaste el equivalente a 20 jubilaciones mínimas y después te jubilás y empezás a cobrar una jubilación mínima durante 20 o 30 años más. Es como un sistema que no cierra por ningún lado”, consideró.

“Tal vez habría que ajustar un poco las categorías más bajas, pero el problema fundamental del monotributo sigue siendo el componente jubilatorio”, sostuvo.

En términos generales, Laiún explicó que el FMI impulsa un trabajo de simplificación tributaria y, al mismo tiempo, una revisión de los llamados “gastos tributarios”, es decir, las exenciones impositivas que hoy benefician a determinados sectores o actividades, como Tierra del Fuego o como el Poder Judicial, que no paga Impuesto a las Ganancias.

También mencionó que dentro del IVA existen múltiples exenciones que alcanzan a sectores como la educación, los libros y los espectáculos públicos.

Según explicó, la tendencia global en materia impositiva apunta a que todo pague el 21%, ya que eso facilita la recaudación y la fiscalización.

En esos casos, indicó la especialista, la asistencia a los sectores de menores ingresos debería hacerse a través de mecanismos de devolución o reintegro, y no mediante exenciones incorporadas directamente por ley.

Laiún remarcó además que uno de los ejes centrales de las observaciones del FMI es la necesidad de “aumentar la base de tributación”.

En relación con el Impuesto a las Ganancias, sostuvo que el organismo compara la proporción de trabajadores registrados que pagan el tributo en Argentina con otros países de América Latina y considera que en el país “es muy baja la cantidad de gente que paga impuestos”.

“Ellos traen ese ratio y dicen: me parece que tendrías que hacer algo con esto, que algunos más tendrían que pagar”, afirmó.

Vale recordar al respecto que el FMI planteó la ampliación de la base del impuesto a las Ganancias. El informe destacó que la reforma de 2023 redujo drásticamente la cantidad de trabajadores alcanzados por Ganancias, dejando a menos del 1% de los empleados formales bajo este tributo. Aunque en 2024 se revirtió parcialmente esa situación, el umbral de exención se mantuvo por encima del nivel vigente antes de 2023.

Por ello, el FMI recomendó reducir el umbral de ingresos para que al menos el 20% de los trabajadores pague el impuesto, con una armonización de deducciones y una simplificación de la estructura de alícuotas. Según las proyecciones, esta medida permitiría recaudar un 0,4% adicional del PBI.

Por otra parte, Laiún se refirió a la economía informal y aseguró: “Como es en negro, es algo que no se puede mensurar del todo, pero sí es un ataque pendiente”, concluyó.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

El Gobierno alemán estudia un aumento en las contribuciones al sistema de cuidado de personas mayores que en ese país realizan los adultos sin hijos, según información publicada esta semana por la prensa de ese país. La medida, impulsada por el Ministerio Federal de Salud, ya ha provocado reacciones divididas dentro de la coalición del Ejecutivo y críticas de la oposición.

Alemania, igual que España, tiene un sistema de Seguridad Social con numerosas ayudas y prestaciones para las personas mayores, que se financia con los impuestos de los trabajadores. Ahora, el nuevo plan prevé que los adultos sin hijos a partir de los 23 años paguen una contribución total del 4,3%, frente a los porcentajes menores que se aplican a quienes sí tienen descendencia. En palabras de Katrin Staffler (CSU, un partido que forma coalición con la CDU del canciller Friedrich Merz), comisaria federal para el cuidado, “los padres ya aportan una contribución importante al sostenimiento de nuestros sistemas de seguridad social”, por lo que pide aumentar esa contribución en los que no son padres.

La propuesta, que supondría un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto a la tasa básica, afectaría a todos los trabajadores adultos sin hijos, independientemente de su nivel de ingresos. El informe destaca que las cotizaciones para asegurados con hijos se mantendrían en los actuales niveles del 3,6% para un hijo, 3,35% para dos y 3,1% para tres hijos.

El Ministerio Federal de Salud estima un déficit de aproximadamente 22.000 millones de euros en los próximos dos años para el sistema de cuidados, lo que motiva la necesidad de una reforma estructural. Además, se prevé una reducción de las subvenciones para el cuidado en residencias, lo que supondría mayores costes para los residentes. El proyecto de ley está en preparación, aunque aún no se ha definido la fecha de su presentación ante el gabinete.

“Un sistema más injusto de lo que ya es”

En el seno de la coalición de Gobierno, la idea de diferenciar las contribuciones según el número de hijos ha sido recibida con apertura. El experto en políticas de salud del SPD, Christos Pantazis, subrayó en los medios alemanes la necesidad de enfrentar los desafíos financieros del sistema, “de ahí que debamos debatir abiertamente sobre una financiación sostenible y solidaria”.

Sin embargo, la medida ha suscitado fuertes críticas desde filas opositoras y de colectivos sociales. Simone Fischer, experta en políticas de cuidado del Partido Verde, advirtió: “Así no se construye confianza ni se crea una financiación estable para el sistema de seguros de cuidado a largo plazo”. “La propuesta vacía aún más el principio de solidaridad y haría el sistema de seguros de cuidado aún más injusto de lo que ya es”, añadió Evelyn Schötz, portavoz del Partido de la Izquierda. La presidenta de la asociación social VdK, Verena Bentele, compartió la preocupación: “Imponer la carga unilateralmente a las personas sin hijos también es injusto, ya que en muchos casos la ausencia de hijos no fue una elección libre”. En Alemania existen otras prestaciones, como el Kindergeld, que otorga 255 euros mensuales por hijo a todas las familias que cumplan los requisitos.

La presión tributaria sobre la industria en la provincia de Buenos Aires se ubica en el centro del reclamo empresario, en un contexto de caída de la actividad y pérdida de puestos de trabajo. Según pudo saber Infobae, referentes industriales de la provincia de Buenos Aires preparan una propuesta para llevar la alícuota de Ingresos Brutos a 0% para el sector, luego de que se registraran 7.837 empleos industriales menos en el último año.

El planteo surge ante la preocupación por el avance de productos importados que no tributan bajo el mismo esquema fiscal, lo que presiona la competitividad de las industrias bonaerenses. A esto se suma la falta de respuestas oficiales sobre la problemática y un consumo interno que, según describieron empresarios en una reunión reservada, “no para de caer”. En ese contexto, aseguran que no ven salida posible si no se reduce la carga impositiva.

De acuerdo con un informe de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), la presión efectiva de Ingresos Brutos sobre la industria alcanza el 4,7% del valor agregado, muy por encima de la alícuota legal del 1,5 por ciento. Este nivel supera al de otras provincias industriales como Santa Fe (3,6%) y Córdoba (3,5%). La diferencia surge por el efecto cascada, ya que el tributo se aplica sobre el valor bruto de producción y no sobre la ganancia o el valor agregado, situación que suma distorsiones a lo largo de la cadena productiva.

La propuesta apunta a unificar la alícuota del impuesto de otros sectores de mayor volumen, en torno al 3%, para evitar una rebaja en la recaudación provincial y aliviar la carga sobre la industria. Empresarios que participaron de la reunión coincidieron en que “la reducción impositiva es la única solución posible” y anticiparon que la iniciativa se presentará ante el gobierno de Axel Kicillof en cuanto se encuentre lista y detallada.

El peso de la carga impositiva es, según los empresarios consultados, uno de los principales frenos para la industria. Si bien depende del producto, la carga total puede alcanzar cerca del 50% del valor, lo que se traslada directamente al precio final y resta competitividad. El informe de la UIPBA advierte que la falta de medidas para “nivelar la cancha” amenaza con profundizar la crisis y anticipa un desplome en la recaudación si continúan los cierres de fábricas.

La industria argentina produce el 19% del Producto Bruto Interno (PBI) y aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional, un peso que supera su participación en la economía y evidencia la magnitud de su contribución al fisco. En la provincia de Buenos Aires, el 14% de la recaudación de Ingresos Brutos proviene del sector industrial.

Panorama de la industria bonaerense

En términos de empleo, en el tercer trimestre de 2025 se contabilizaron 516.424 puestos laborales en la provincia de Buenos Aires, lo que representó una caída de 1,2% interanual, equivalente a 7.837 empleos menos que en igual periodo de 2024, y una reducción de 3,7% frente a 2023, con una pérdida acumulada de 25.598 puestos, según UIPBA. La tasa de actividad provincial se ubicó en 48,1% y prácticamente no mostró variaciones respecto al año anterior, mientras que la desocupación ascendió a 9,5%, con un incremento de 1,5 puntos porcentuales en la comparación interanual.

La provincia de Buenos Aires sostiene un papel central en la estructura productiva nacional, con el 32,4% de participación en el Producto Bruto Interno del país y el 48,9% en el PBI industrial. La industria representa el 30% del PBI provincial y concentra el 42,3% del empleo industrial argentino, con 516.424 puestos de trabajo registrados en el tercer trimestre de 2025. Además, en la provincia operan 25.627 establecimientos industriales, lo que equivale al 41% del total nacional. En materia de comercio exterior, las exportaciones bonaerenses alcanzaron 31.684 millones de dólares en 2025, de los cuales 21.531 millones correspondieron al sector industrial.

De acuerdo con los últimos datos disponibles de la entidad que reúne a la mayoría de las empresas industriales, la provincia de Buenos Aires registró una caída interanual de 4,9% en el consumo en supermercados y un retroceso de 9,8% en el total de exportaciones respecto al mismo mes del año anterior. El desempeño exportador mostró una baja aún mayor en las manufacturas industriales, con una contracción del 19,4% interanual, mientras que las exportaciones de origen agroindustrial descendieron 21,9 por ciento. Estas cifras reflejan el impacto de la recesión y la pérdida de dinamismo tanto en el mercado interno como en las ventas externas, con acumulados negativos en las principales variables comerciales e industriales de la provincia.

Las expectativas para el resto del año son negativas dentro del sector industrial bonaerense. La caída de la actividad, la presión impositiva y la ausencia de un plan industrial en la provincia alimentan el pesimismo empresario ante el riesgo de nuevos cierres y más pérdida de empleo.

La eliminación de Millonarios de la Liga BetPlay (en la primera fase del torneo) y de la Copa Sudamericana (en fase de grupos) ha hecho que la hinchada del club Embajador reclame por mejores resultados en el segundo semestre del 2026.

A esto se ha sumado el pedido de la barra organizada por la salida de varios jugadores, a quienes les reclaman por su rendimiento y la falta de títulos en los últimos años, lo que incluye el cierre de carrera de Radamel Falcao García, que podría haber jugado su último partido como profesional frente a O’Higgins en Bogotá.

En zona mixta, “El Tigre” habló de un “impedimento” para renovar su contrato con Millonarios, y aunque aseguró que junto a su familia tienen el deseo de quedarse en la capital colombiana, confirmó que la decisión final se conocerá en las próximas semanas.

“Hay un impedimento muy grande acá en Colombia y es muy difícil para los deportistas que puedan venir. Yo creo que no depende tanto de Millonarios, sino que son cosas ya extrafutbolísticas que se nos van de las manos”, declaró Falcao.

Esta no es la primera vez que la continuidad de Falcao en Colombia depende de temas extrafutbolísticos, puesto que Millonarios ha confirmado que el tema tributario con la residencia fiscal ha sido un problema constante desde que el delantero volvió de España.

En caso de seguir en Millonarios, Falcao completaría el periodo prolongado de su vivienda en el país y por ende debería tributar sus ingresos y patrimonio a nivel internacional en Colombia, mismo motivo por el que se retiró de las canchas durante seis meses tras terminar el primer contrato que firmó con el club bogotano.

El camino que podría seguir Falcao para seguir en Millonarios

En diálogo con Valora Analitik, Katherine Díaz, experta en tributación, habló sobre los caminos que podría tomar Falcao para seguir en Millonarios, y aclaró que la residencia fiscal no es algo ligado a la nacionalidad del samario, puesto que todas las personas que residan durante más de 183 días en Colombia durante un año deben tributar en el país.

En ese sentido, explicó que un colombiano que migra al exterior debe seguir tributando en el país si la mayoría de su patrimonio está en esta nación, algo que podría registrarse en el caso de Falcao, pero de manera contraria, lo que sería posible, según la experta, por el convenio internacional firmado entre Colombia y España para evitar la doble tributación.

“Colombia y España tenemos un tratado para evitar la doble tributación. En ese tratado hay unas reglas de desempate”, explicó Díaz al medio citado para afirmar que Falcao puede comprobar que tiene su residencia en España a pesar de que esté trabajando en Bogotá, lo que haría que conserve su residencia fiscal en Europa.

Para Díaz, si esto no es suficiente, lo que podría hacer Falcao para mantener su residencia fiscal en España es hacer que su familia se radique en territorio europeo, de esa forma demostrará que tiene su arraigo allá.

Una solución que no sería viable para Falcao

En zona mixta, Falcao aseguró que tiene el respaldo de su esposa para continuar en Millonarios; sin embargo, la opción mencionada por la experta no sería posible debido a que el delantero afirmó que tiene aspectos que no desea negociar, siendo el traslado de su familia uno de ellos.

“No, no quiero llevar a mi familia a recorrer el mundo, tengo cinco hijos y es muy difícil. Estamos muy a gusto acá, ellos están muy felices, esperar. No hay que adelantarse, ni apresurarse a tomar decisiones. Esta semana se comenzará a trabajar a ver si es viable o no”, respondió el samario ante la pregunta de si podría buscar otro equipo en el exterior para seguir vigente.

El recaudo tributario en Colombia entre enero y abril de 2026 ascendió a $103,9 billones, impulsado principalmente por la retención en la fuente, el IVA y las aduanas. De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), durante el primer cuatrimestre del año, los ingresos tributarios aumentaron respecto a 2025, cuando alcanzaron $94,6 billones. El incremento fue de 9,8% según datos oficiales.

El comportamiento por tipo de impuesto muestra que la retención en la fuente aportó $40,7 billones, equivalente al 39,3% del recaudo total. El IVA sumó $24,6 billones, o 23,7%, mientras las aduanas agregaron $15,7 billones, correspondientes al 15,1%. La renta representó $7,6 billones, es decir, el 7,4%, y otros conceptos sumaron $15,1 billones, el 14,6%.

Al analizar la procedencia de los recursos, los tributos relacionados con la actividad económica interna representaron $88,21 billones o el 84,9% del recaudo total. El comercio exterior aportó $15,70 billones y, adicionalmente, los Títulos de Devolución de Impuestos (Tidis) alcanzaron $7,8 billones en abril.

Para abril de 2026, la Dian informó que se recaudaron $22,82 billones, lo que supone un ligero aumento respecto a los $22,38 billones logrados en el mismo mes de 2025. En ese periodo, el impuesto de renta representó el 45,8% con $10,4 billones, y las aduanas aportaron el 18,1% ($4,1 billones). El impuesto del 4x1000 sumó $1,3 billones, mientras otros impuestos alcanzaron $2,4 billones, el 10,8% del total mensual.

Según el reporte, el monto acumulado de $103,9 billones equivale al 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB), estimado por el Banco de la República, que proyecta el PIB en $1.900 billones para 2026. Respecto al comportamiento anual, la retención en la fuente creció 22% en comparación con 2024 y el IVA se incrementó un 14%. Por el contrario, los ingresos por aduanas cayeron 0,3% y otros impuestos disminuyeron hasta 37%.

La meta establecida por el Ministerio de Hacienda para el recaudo de 2026 es de $312 billones en el Plan Financiero inicial, pero luego se ajustó a $317,5 billones brutos. A cierre de abril, el monto recaudado significa el 32,7% de la meta inferior y algo más del 33% de la más reciente, lo que mantiene el desempeño en línea con las proyecciones históricas, pero aún sin asegurar el cumplimiento pleno de los objetivos oficiales.

Factores que afectan el recaudo tributario en Colombia

Desde 2022, la política del Gobierno ha priorizado el fortalecimiento de la Dian como vía para mejorar el recaudo y frenar la evasión fiscal. Así, el número de empleados de la entidad aumentó de 11.741 a más de 21.900 entre 2022 y 2025, formalizado por el Decreto 419 de 2023, mientras que la cartera de Hacienda creció de 15.000 a cerca de 25.000 empleados.

Pese al incremento del 86% en la plantilla, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que el recaudo como porcentaje del PIB se mantiene alrededor del 14,5%. La explicación institucional apunta a que muchos de los nuevos funcionarios continúan en fase de aprendizaje y adaptación a nuevas tareas.

Durante abril, la recuperación de cartera logró $10,9 billones, equivalentes al 45,1% del recaudo de ese mes, mientras las acciones de facilitación y control sumaron $13,33 billones, un 54,9%. Aunque estos esfuerzos institucionales son notorios, el cumplimiento de metas sigue distante. En 2025, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estimó un recaudo neto de $280,3 billones, cerca de $10 billones por debajo del objetivo planteado por el Ministerio de Hacienda. En 2026, el desfase registrado hasta abril ronda los $3,3 billones frente a la meta.

Eficacia del aumento de funcionarios y estancamiento fiscal

Las críticas persistentes al aumento de personal en la administración tributaria giran en torno a la falta de resultados proporcionales al esfuerzo. El director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Mauricio Salazar, planteó: “Si hay más personas trabajando, ¿por qué no recaudan más? Eso creo que se lo tienen que explicar al país”.

De paso, catalogó el avance institucional como excesivamente lento y consideró insuficiente la justificación de la Dian sobre la demora en mostrar resultados. “Yo calificaría esto como una promesa que va a un ritmo muy lento”, expresó.

Destacó el órgano académico que problemas como la corrupción fiscal, el contrabando y los intereses económicos dificultan que el crecimiento de la plantilla se traduzca en mejoras sustanciales a corto o mediano plazo. Los inconvenientes fiscales no son nuevos:

• 2022: se recurrió a una adición presupuestal de $20 billones.
• 2023 y 2024: se impulsaron varias reformas tributarias.
• 2024: la diferencia entre el recaudo esperado y el realizado alcanzó cerca de cuatro puntos del PIB.
• 2025: el déficit primario, que excluye intereses de la deuda, fue del 3,5% del PIB en 2025, una cifra elevada frente a países comparables.
• 2026: se proyecta que el déficit fiscal ronde el 5,1% del PIB, después de cerrar en 6,7% en 2024. El Gobierno apunta a recaudar $291 billones, equivalentes al 14,6% del PIB, una meta que el Observatorio Fiscal considera adecuada para la coyuntura, pero advierte que podrían hacerse ajustes al alza en próximas revisiones del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Futuro del recaudo tributario

El destino del sistema tributario colombiano plantea divisiones entre especialistas. El investigador de la Universidad Eafit Diego Montañez-Herrera, remarcó que el aumento del recaudo no depende solo del número de funcionarios. “El recaudo va mucho más allá de ‘más funcionarios = menos impuestos’”, señaló Montañez-Herrera.

Insistió en que el comportamiento de los ingresos tributarios está determinado por factores como el crecimiento económico, la inversión, el consumo y la confianza en el sistema. “Cuando la actividad económica se desacelera, el recaudo también suele perder fuerza”, añadió.

También advirtió que la debilidad económica reduce los ingresos tributarios y obliga al Gobierno a buscar más financiamiento. Por ello, dijo que el debate supera el tamaño de la burocracia y pone el foco en la evolución económica, la inversión y la estabilidad de la política oficial.

El analista financiero Leonardo Trigos resaltó los riesgos adicionales derivados de la desaceleración. “Colombia está en clara desaceleración, el estimado de recaudo con impuesto al patrimonio de las empresas no se cumplió, mayor presión sobre emisiones de deuda podría presentarse”, explicó.

En medio del anuncio de baja de retenciones al campo, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló sus intenciones de llamar a los gobernadores de cara a una reforma tributaria, en una especie de pacto fiscal cuya idea habría surgido de una propuesta de un gobernador aliado. Pese a que los tributaristas festejan que el Gobierno quiere avanzar con cambios en el sistema impositivo, aseguran que ningún pacto fiscal obtuvo los resultados que buscaba y la causa principal de ello es la volatilidad política y las presiones fiscales.

En la conferencia de prensa del viernes pasado, el ministro Caputo afirmó que pretende reunirse con los gobernadores y llegar a un acuerdo para avanzar hacia la reducción de la presión impositiva, principalmente del impuesto sobre los Ingresos Brutos en las provincias y tasas en los municipios, que hoy -en su visión- conforman la mayor presión impositiva de la Argentina.

Caputo explicó que la baja de retenciones, implementada por el Gobierno desde el inicio del mandato, genera automáticamente mayor recaudación para las provincias, ya que “esto implica mayores ganancias para las empresas que tienen que pagar mayor impuesto a las ganancias, que es coparticipable”. Pero remarcó que el esfuerzo no solo tiene que ser del Gobierno sino que debe venir también desde los niveles subnacionales. “La idea es comprometerlos para que la carga impositiva que viene de provincias y municipios, que son esencialmente Ingresos Brutos y tasas, que hoy son el costo más alto. Hay que hacer un esfuerzo desde el lado de provincias y municipios”, agregó.

Días atrás, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, tomó protagonismo y propuso públicamente en el AmCham Summit avanzar hacia un nuevo pacto fiscal federal. Durante ese encuentro, Frigerio sostuvo que es “imperativo” encarar una reducción integral de impuestos en la Argentina con coordinación entre los distintos niveles del Estado. El mandatario puntualizó que el camino debía ser un nuevo acuerdo fiscal federal y defendió que la baja de impuestos debe darse de manera simultánea en Nación, provincias y municipios para evitar desequilibrios y mejorar la competitividad del país.

En esa línea, propuso reducir y eliminar impuestos nacionales distorsivos como el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones, revisar tributos provinciales como Ingresos Brutos y repensar tasas municipales que funcionan como impuestos encubiertos. Durante su presentación ante el circulo rojo, Frigerio aseguró que Entre Ríos ya avanza en esa dirección, con políticas de alivio fiscal y orden de las cuentas públicas.

Según pudo saber Infobae, Frigerio habría llevado la propuesta directamente al ministro Caputo y le ofreció que Entre Ríos fuera la sede del eventual encuentro de gobernadores con el Gobierno nacional. Ante la consulta a fuentes oficiales del Ministerio de Economía sobre si ya se realizaron contactos con mandatarios, más allá de las de las declaraciones de Caputo, no existió una respuesta al cierre de esta nota.

Atado a los vaivenes de la política

Los tributaristas festejan que el equipo económico quiera avanzar en un reforma del sistema impositivo, pero tienen sus reparos en base a experiencias recientes como lo que sucedió con el Pacto Fiscal que se firmó durante el Gobierno de Cambiemos ante la llegada de los Fernández al poder en el 2019.

Diego Fraga, abogado y socio de Expansion, recordó que el Pacto Fiscal de 2017 representó un avance porque apuntó a bajar gradualmente la carga de Ingresos Brutos sobre actividades productivas, concentrándola en las etapas finales de comercialización. El esquema, según Fraga, también buscó ordenar las retenciones y percepciones para evitar saldos a favor permanentes, aunque el problema de fondo radica en la compleja estructura de cobros anticipados que inmoviliza capital de trabajo y asfixia a las empresas. “El problema no es sólo la alícuota legal de Ingresos Brutos, sino toda la telaraña de cobros anticipados que inmoviliza capital de trabajo, asfixia a las empresas y vuelve muy difícil operar entre provincias”.

Fraga consideró que la única forma de un acuerdo efectivo, en caso de volver a firmarse, sería reducir la incidencia de Ingresos Brutos en la cadena productiva y recortar de manera significativa los regímenes de recaudación anticipada. “Sin eso, cualquier acuerdo corre el riesgo de ser apenas maquillaje: puede ordenar algo en los papeles, pero no cambia lo que hoy vuelve inviable a buena parte de la economía formal”.

Pero subrayó que el mayor obstáculo fue la falta de un mecanismo real que obligara a las provincias a sostener la baja de impuestos distorsivos ante urgencias fiscales. Es que el sendero de reducción de tributos se congeló, corrigió y terminó desarmándose: en 2018 se produjo una primera corrección por motivos de consolidación fiscal, en 2019 se suspendió la rebaja de alícuotas y en 2020 esa suspensión se prorrogó. El consenso fiscal de 2021 eliminó las obligaciones provinciales asumidas en los acuerdos previos y pasó a un esquema defensivo, con topes máximos y compromisos orientados a preservar la recaudación.

A la mesa de discusión se suman otras voces del sector privado, pero todas con los mismos reparos. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, defendió la convocatoria a un pacto fiscal, pero recordó que el pacto fiscal promovido por el Gobierno de Mauricio Macri arrancó con las provincias cumpliendo los compromisos, aunque todo cambió con la llegada de la administración de Alberto Fernández, que frenó las rebajas y luego impulsó subas de Ingresos Brutos.

El tributarista subrayó que este patrón se repitió desde los pactos fiscales de la era de Carlos Menem: ninguno funcionó debido a los vaivenes políticos. Domínguez consideró relevante que el Gobierno nacional se comprometiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a avanzar con una reforma antes de fin de año, aunque advirtió que la clave estará en cuántas provincias decidan sumarse al acuerdo.

Cada año, un alto número de colombianos solicita la devolución tributaria a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) con la expectativa de recuperar pagos en exceso o saldos a favor informados en las declaraciones fiscales.

Entonces, cuando la devolución de impuestos se retrasa o está en discusión, la entidad debe reconocer intereses adicionales al contribuyente. Estos pueden ser intereses corrientes, aplicables mientras hay una controversia administrativa o judicial, o intereses moratorios, que empiezan luego de exceder el plazo legal para la devolución. Los intereses se calculan conforme al artículo 863 del Estatuto Tributario y pueden incrementar de manera importante la suma final que reciben los contribuyentes.

La devolución tributaria puede tener origen en dos circunstancias principales: un pago hecho en exceso o la existencia de saldos a favor. En ambos escenarios, cualquier demora o disputa respecto al derecho de devolución activa el pago de intereses adicionales reconocidos por la ley. El marco normativo busca compensar el tiempo de espera del contribuyente o la controversia surgida en el proceso.

Al respecto, el artículo 863 del Estatuto Tributario es la base legal que especifica estos intereses. “Existen dos tipos de intereses que pueden generarse en estos procesos”, afirmó la Dian. “Por un lado, están los intereses corrientes, que se causan cuando el saldo a favor solicitado se encuentra en discusión. Por otro lado, se encuentran los intereses moratorios, que pueden generarse cuando la administración excede los plazos previstos para efectuar la devolución correspondiente”, aclaró

Un caso frecuente ilustra el impacto: si alguien reporta un saldo a favor de $10 millones en su declaración de renta y la Dian hace la devolución dentro del plazo legal, solo se abona la suma original. “Si la devolución se retrasa más allá del término previsto por la ley, podrían generarse intereses moratorios que incrementarían el monto final recibido”, explicó.

Cuando la Dian discute el saldo a favor y el contribuyente debe acudir a recursos administrativos o judiciales, una resolución favorable puede dar lugar al pago tanto de intereses corrientes como, luego, de intereses moratorios. Esto significa que el valor final puede superar la cantidad inicialmente reclamada.

Plazos y mecanismos para la devolución tributaria en Colombia

Frente a esto, el exsubdirector de Fiscalización de la Dian Christian Quiñonez detalló que existen situaciones donde este periodo puede acortarse, como en el caso de productores de bienes exentos, quienes acceden a la devolución en 30 días hábiles.”Además, precisó: “Aquellos que utilizan una póliza de garantía, la Dian debe devolver en 20 días hábiles o cuando la devolución procede de forma automática por riesgo bajo, devolver en 15 días hábiles”. Los mecanismos buscan acelerar la devolución para quienes cumplen ciertos requisitos y reducir demoras en los procesos.

De igual manera, destacó que el término general previsto para la mayoría de los contribuyentes es de 50 días hábiles. Si transcurre ese plazo sin haberse realizado la devolución, el reconocimiento de intereses es automático. “Cuando la Dian se excede de ese término que tiene máximo para devolver, hablemos del general, 50 días hábiles, se empiezan a causar intereses a partir del día siguiente. Ahí es donde se activa el interés del artículo 863”, expuso Quiñonez.

Cuándo se generan intereses adicionales en las devoluciones

De acuerdo con el Concepto 008034 de 2026, el tipo de intereses generados depende de la situación y el momento en que se presenta el retraso o la controversia. La Dian explicó que “si el saldo no está en discusión, estos intereses comienzan a causarse desde el vencimiento del término legal para devolver los recursos y se extienden hasta la fecha en que efectivamente se realiza el pago mediante consignación, cheque o título correspondiente”.

Si existe una discusión administrativa o judicial sobre el saldo, los intereses corrientes operan a partir de la notificación del requerimiento especial o de la negativa, hasta la ejecutoria de la decisión. En caso de que la decisión favorezca al contribuyente, desde el día siguiente se suman también los intereses moratorios hasta el pago efectivo.

“Cuando el saldo sí fue discutido, los intereses moratorios empiezan a contarse desde el día siguiente a la decisión definitiva que reconoce total o parcialmente el derecho del contribuyente y se mantienen hasta el momento en que se efectúa el desembolso”, precisó el documento técnico.

Autoridad responsable del pago de intereses

La autoridad para reconocer y ordenar el pago de intereses no corresponde al funcionario encargado de estudiar la solicitud de devolución. “La facultad para reconocer y ordenar dichos pagos no corresponde a los funcionarios encargados de resolver las solicitudes de devolución”, aclaró la entidad. Además, “esa competencia recae en los servidores públicos que tienen funciones de ordenación del gasto dentro de la entidad.”

Dichas atribuciones han sido delegadas a los directores seccionales, en línea con lo dispuesto en la Resolución 94 de 2021. La delegación abarca de manera expresa los intereses moratorios y, por extensión, los intereses corrientes debido a su naturaleza presupuestal, según explicó la autoridad.

Recursos legales ante desacuerdos en devoluciones e intereses

Cuando el contribuyente no está conforme con la decisión sobre la devolución o la inclusión de intereses, existen vías administrativas y judiciales. Quiñonez explicó que “cuando la Dian rechaza una solicitud de devolución de manera definitiva porque encuentra no procedente el saldo, el contribuyente que considera que esa decisión es injusta podría interponer un recurso de reconsideración para que el área jurídica de la Dian determine si el funcionario tomó una decisión correcta o demandar por nulidad y restablecimiento del derecho a esa decisión”.

Sin embargo, la Dian advierte que los actos relacionados solo con intereses en la devolución no siempre habilitan el recurso de reconsideración tradicional. Para estos casos, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca) permite al contribuyente buscar el restablecimiento de su derecho. La elección del camino dependerá de las características particulares de cada situación.

Si luego de agotar las instancias correspondientes el resultado favorece al contribuyente, se consolida el derecho a reclamar todos los intereses moratorios acumulados desde el rechazo inicial hasta el pago definitivo. Así, se protege la compensación integral por el tiempo transcurrido más allá de los 50 días hábiles previstos en la normativa.

Frente a una devolución tributaria demorada o en discusión, el contribuyente puede legítimamente exigir los intereses acumulados, lo que garantiza el reconocimiento pleno de su derecho económico frente a los retrasos o controversias experimentados.

El equilibrio de las finanzas públicas es la piedra basal del programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. Desde el inicio de su gestión, la administración aplicó un recorte significativo del gasto público con el objetivo de alcanzar el superávit fiscal. Sin embargo, el propio equipo económico reconoce que el margen para continuar con el ajuste se achicó en los últimos meses. Por este motivo, el Ministerio de Economía enfoca ahora sus esfuerzos en dos variables clave para sostener el balance presupuestario: el crecimiento económico y la formalización del empleo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo recientemente que la gestión busca avanzar con la reducción de impuestos para mejorar la competitividad de la economía. No obstante, advirtió que el ajuste del gasto público parece haber alcanzado su límite. “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, explicó Caputo en el programa Economía de quincho.

Tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del PBI (Caputo)

Una proporción significativa del gasto del Estado nacional está indexada por ley, lo que impide su reducción discrecional. En estos casos, partidas como jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se actualizan de manera automática en función de la inflación de dos meses antes, sin necesidad de una decisión puntual del Gobierno para cada ajuste.

En este contexto, el plan del Gobierno combina nuevos recortes en áreas donde aún es posible -como la reciente reducción de $2,5 billones en partidas de Economía, Salud, Capital Humano e Interior- con la apuesta a una mejora en la recaudación. Para lograrlo, deben darse dos condiciones fundamentales: aumento de la actividad económica e integración de trabajadores al empleo formal.

En relación con el primer objetivo, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró en marzo un incremento de 3,5% respecto del mes anterior y de 5,5% en la comparación interanual. Sin embargo, esa mejora no se tradujo en una mayor recaudación. De hecho, los números oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acumulan nueve meses consecutivos de caídas en términos reales, descontando el efecto de la inflación.

En abril, la captación de recursos se vio afectada por la desaceleración de las importaciones, resultado de una alta base de comparación tras el fuerte crecimiento registrado en los primeros meses del año pasado. Además, la reducción de las alícuotas de Derechos de Exportación para productos como soja, trigo y maíz incidió en los ingresos por ese concepto.

En el IVA impositivo, influyeron negativamente el mayor acogimiento de deuda corriente a planes de pago y el aumento de devoluciones vinculadas al régimen de comercialización de granos

En el IVA impositivo, influyeron negativamente el mayor acogimiento de deuda corriente a planes de pago y el aumento de devoluciones vinculadas al régimen de comercialización de granos y otros conceptos. En el IVA aduanero, el menor ritmo de importaciones tampoco se compensó con el incremento del tipo de cambio ni con la presencia de un día hábil adicional respecto del año anterior.

En cuanto al proceso de regularización laboral, que busca revertir un nivel de informalidad superior al 40% a nivel nacional, el Gobierno apuesta a la Ley de Modernización Laboral. Parte de la normativa aún está pendiente de reglamentación, en especial artículos centrales como la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y las rebajas en las cargas para nuevas contrataciones.

Una excepción es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reglamentado a comienzos de mes, que prevé una reducción de las contribuciones patronales para las empresas que incorporen trabajadores al empleo registrado en el sector privado. Sobre este punto, la idea oficial es recaudar más a mida que crezca la base de empleados formales.

Se achica el excedente de caja

Un informe de la consultora Equilibra destacó que en abril “los ingresos totales cayeron en términos reales 2,1% interanual (i.a.), producto de la contracción de los recursos tributarios (-4,1% real i.a.) y una expansión del 20% i.a. del resto de los ingresos”.

La firma alertó que el gasto primario real aumentó, impulsado por mayores subsidios económicos, erogaciones de capital y otros gastos corrientes, mientras que las transferencias a universidades y provincias mostraron fuertes retracciones. Además, la reducción de la deuda flotante, que había registrado un fuerte salto en marzo, durante el mes estuvo vinculada a la cancelación de obligaciones pendientes.

El director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, evaluó que “sin los ingresos por privatizaciones, el superávit primario hubiese caído 26,7% real y el financiero hubiese bajado 62% real”.

Las privatizaciones tienen un impacto puntual en las cuentas públicas, ya que representan una extraordinaria de carácter no recurrente. Este tipo de operaciones aporta recursos solo en el momento en que se concretan, por lo que su efecto sobre la recaudación y el resultado fiscal se limita a ese período, dado que no genera un flujo permanente para las arcas estatales.

El reporte de Argañaraz remarcó que los ingresos tributarios presentaron un descenso real de 7,1% en el primer cuatrimestre, compensado en parte por un crecimiento del 33% en los ingresos no tributarios, influido por la concesión de la gestión de las cuatro represas del Comahue.

La clave de abril estuvo en las privatizaciones y ventas de activos estatales, que aportaron un ingreso extra superior a los $80.000 millones y compensaron el retroceso del 4,1% en la recaudación tributaria (Morales)

El analista financiero de Wise Capital, Ignacio Morales, “la clave del mes estuvo en las privatizaciones y ventas de activos estatales, que aportaron un ingreso extra superior a los $80.000 millones y compensaron el retroceso del 4,1% en la recaudación tributaria”. Morales agregó que, a pesar de estos ingresos extraordinarios, el superávit financiero acumulado tuvo una caída real del 64,6% frente a abril del año anterior.