El equilibrio de las finanzas públicas es la piedra basal del programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. Desde el inicio de su gestión, la administración aplicó un recorte significativo del gasto público con el objetivo de alcanzar el superávit fiscal. Sin embargo, el propio equipo económico reconoce que el margen para continuar con el ajuste se achicó en los últimos meses. Por este motivo, el Ministerio de Economía enfoca ahora sus esfuerzos en dos variables clave para sostener el balance presupuestario: el crecimiento económico y la formalización del empleo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo recientemente que la gestión busca avanzar con la reducción de impuestos para mejorar la competitividad de la economía. No obstante, advirtió que el ajuste del gasto público parece haber alcanzado su límite. “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, explicó Caputo en el programa Economía de quincho.

Tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del PBI (Caputo)

Una proporción significativa del gasto del Estado nacional está indexada por ley, lo que impide su reducción discrecional. En estos casos, partidas como jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se actualizan de manera automática en función de la inflación de dos meses antes, sin necesidad de una decisión puntual del Gobierno para cada ajuste.

En este contexto, el plan del Gobierno combina nuevos recortes en áreas donde aún es posible -como la reciente reducción de $2,5 billones en partidas de Economía, Salud, Capital Humano e Interior- con la apuesta a una mejora en la recaudación. Para lograrlo, deben darse dos condiciones fundamentales: aumento de la actividad económica e integración de trabajadores al empleo formal.

En relación con el primer objetivo, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró en marzo un incremento de 3,5% respecto del mes anterior y de 5,5% en la comparación interanual. Sin embargo, esa mejora no se tradujo en una mayor recaudación. De hecho, los números oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acumulan nueve meses consecutivos de caídas en términos reales, descontando el efecto de la inflación.

En abril, la captación de recursos se vio afectada por la desaceleración de las importaciones, resultado de una alta base de comparación tras el fuerte crecimiento registrado en los primeros meses del año pasado. Además, la reducción de las alícuotas de Derechos de Exportación para productos como soja, trigo y maíz incidió en los ingresos por ese concepto.

En el IVA impositivo, influyeron negativamente el mayor acogimiento de deuda corriente a planes de pago y el aumento de devoluciones vinculadas al régimen de comercialización de granos

En el IVA impositivo, influyeron negativamente el mayor acogimiento de deuda corriente a planes de pago y el aumento de devoluciones vinculadas al régimen de comercialización de granos y otros conceptos. En el IVA aduanero, el menor ritmo de importaciones tampoco se compensó con el incremento del tipo de cambio ni con la presencia de un día hábil adicional respecto del año anterior.

En cuanto al proceso de regularización laboral, que busca revertir un nivel de informalidad superior al 40% a nivel nacional, el Gobierno apuesta a la Ley de Modernización Laboral. Parte de la normativa aún está pendiente de reglamentación, en especial artículos centrales como la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y las rebajas en las cargas para nuevas contrataciones.

Una excepción es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reglamentado a comienzos de mes, que prevé una reducción de las contribuciones patronales para las empresas que incorporen trabajadores al empleo registrado en el sector privado. Sobre este punto, la idea oficial es recaudar más a mida que crezca la base de empleados formales.

Se achica el excedente de caja

Un informe de la consultora Equilibra destacó que en abril “los ingresos totales cayeron en términos reales 2,1% interanual (i.a.), producto de la contracción de los recursos tributarios (-4,1% real i.a.) y una expansión del 20% i.a. del resto de los ingresos”.

La firma alertó que el gasto primario real aumentó, impulsado por mayores subsidios económicos, erogaciones de capital y otros gastos corrientes, mientras que las transferencias a universidades y provincias mostraron fuertes retracciones. Además, la reducción de la deuda flotante, que había registrado un fuerte salto en marzo, durante el mes estuvo vinculada a la cancelación de obligaciones pendientes.

El director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, evaluó que “sin los ingresos por privatizaciones, el superávit primario hubiese caído 26,7% real y el financiero hubiese bajado 62% real”.

Las privatizaciones tienen un impacto puntual en las cuentas públicas, ya que representan una extraordinaria de carácter no recurrente. Este tipo de operaciones aporta recursos solo en el momento en que se concretan, por lo que su efecto sobre la recaudación y el resultado fiscal se limita a ese período, dado que no genera un flujo permanente para las arcas estatales.

El reporte de Argañaraz remarcó que los ingresos tributarios presentaron un descenso real de 7,1% en el primer cuatrimestre, compensado en parte por un crecimiento del 33% en los ingresos no tributarios, influido por la concesión de la gestión de las cuatro represas del Comahue.

La clave de abril estuvo en las privatizaciones y ventas de activos estatales, que aportaron un ingreso extra superior a los $80.000 millones y compensaron el retroceso del 4,1% en la recaudación tributaria (Morales)

El analista financiero de Wise Capital, Ignacio Morales, “la clave del mes estuvo en las privatizaciones y ventas de activos estatales, que aportaron un ingreso extra superior a los $80.000 millones y compensaron el retroceso del 4,1% en la recaudación tributaria”. Morales agregó que, a pesar de estos ingresos extraordinarios, el superávit financiero acumulado tuvo una caída real del 64,6% frente a abril del año anterior.

El Gobierno decidió ampliar la baja de retenciones al sector agropecuario para las exportaciones de maíz, sorgo y girasol, según lo anunciado en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante la presentación, de la que también participaron el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, se estipuló que la nueva política establece que las retenciones a la soja se ajustarán conforme a un calendario ya definido, sin depender de la evolución de la recaudación fiscal.

Cabe destacar que esta medida, que abarca tanto al sector agrícola como a la industria exportadora, ya fue contemplada en las proyecciones oficiales de costo fiscal.

En 2026, las alícuotas para trigo y cebada experimentarán una reducción de dos puntos a partir de junio. Posteriormente, continuará una disminución gradual en los años sucesivos. Desde 2027, el esquema se amplía a todos los cultivos, incluyendo sorgo, maíz y girasol, con un ajuste mensual previamente determinado.

Para la soja, la baja será de un cuarto de punto porcentual cada mes durante 2027, partiendo de 23,75% y llegando a 21% al cierre de ese año. En 2028, la reducción mensual será de medio punto porcentual para todos los productos alcanzados por la medida, siguiendo el cronograma oficial.

En tanto, Caputo precisó que el impacto fiscal estimado por esta reducción de retenciones será de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028.

En el caso del sector industrial, la disminución de las alícuotas representará un costo fiscal de USD 25 millones en 2026 y USD 115 millones en 2027. El ministro detalló que estos valores corresponden a la aplicación del esquema escalonado de reducción de tributos y anticipó que el mayor impacto fiscal se registrará en la etapa final, cuando la baja alcance a todos los cultivos y sectores involucrados. El grueso del costo fiscal se concentraría sobre un eventual segundo mandato del presidente Milei o, en todo caso, en el primer año de mandato de quien lo reemplace.

Iraeta atribuyó la decisión de acelerar el alivio fiscal para los productores al encarecimiento de los insumos, principalmente los fertilizantes derivados del petróleo, cuyos precios crecieron de manera significativa debido al conflicto en Irán. “El costo de los insumos explotó en términos de precios. La idea era aliviar esa suba”, indicó el secretario de Agricultura.

Sobre la modalidad de aplicación, Caputo descartó la necesidad de enviar un proyecto de ley al Congreso para blindar la disminución impositiva. “Esto lo podemos hacer directamente nosotros”, afirmó. También instó a las provincias y a los municipios a acompañar la reducción de impuestos nacionales con una merma de tributos locales, como ingresos brutos y tasas municipales, recordando que las retenciones no son coparticipables.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) celebraron el cronograma progresivo de baja de derechos de exportación anunciado para todo el complejo agroindustrial al considera que “es el mejor camino para lograr mayor producción y exportaciones”.

A propósito del esquema, detallaron que en el caso del trigo y de la cebada, la baja será inmediata: pasarán de una alícuota de 7,5% a 5,5% desde junio de 2026. En cambio, para los cultivos restantes, el calendario difundido por el ministro de Economía comenzará a regir desde enero de 2027.

“La soja, cuya alícuota actual es de 24%, tendrá reducciones mensuales que llevarán el tributo a 21% hacia diciembre de 2027 y luego a 15% en diciembre de 2028. El maíz y el sorgo, actualmente con retenciones de 8,5%, tendrán bajas trimestrales hasta alcanzar 7,5% a fines de 2027 y 5,5% hacia el cierre de 2028. El girasol, que hoy tributa 4,5%, descenderá de manera semestral hasta 3% en 2028. El esquema también contempla una reducción proporcional para subproductos agroindustriales”, enumeraron.

Sergey Brin, cofundador de Google, habría respaldado una campaña que lucha en contra de un impuesto dirigido a los directores ejecutivos con salarios considerados excesivos.

Según New York Post, Brin habría donado USD 500.000 a un comité político que busca frenar una medida fiscal local que generó controversia.

El mismo medio indicó que el empresario tecnológico también habría destinado decenas de millones de dólares a una campaña contra un impuesto estatal a los multimillonarios en California, que se sometería a votación en noviembre.

Sergey Brin frente a los impuesto a los multimillonarios

Sergey Brin, cofundador de Google, quedó en el centro del debate de California por su oposición a un impuesto extraordinario dirigido a las grandes fortunas.

El empresario cuestionó la iniciativa con un argumento personal: “Hui del socialismo con mi familia en 1979 (…) No quiero que California termine en el mismo lugar”, declaró al trazar un paralelismo entre su historia familiar y lo que interpreta como un giro en la política tributaria del estado.

El eje de la discusión es una propuesta que plantea un impuesto único del 5% sobre el patrimonio de residentes con activos superiores a USD 1.100 millones.

El gravamen abarcaría empresas, valores, arte, objetos de colección y propiedad intelectual, y excluiría bienes inmuebles, pensiones y ciertas cuentas de retiro. También prevé aplicación retroactiva a quienes sean residentes al inicio de 2026 y permite fraccionar el pago en hasta cinco años.

Frente a ese escenario, Brin intensificó su activismo político. En los últimos meses destinó USD 57 millones para combatir la iniciativa, principalmente a través de Building a Better California, una organización sin fines de lucro que él fundó y que, en esta coyuntura, se convirtió en el principal vehículo de oposición.

Además, según los reportes citados en el artículo, la campaña contraria al impuesto reunió USD 93 millones y buscó impulsar medidas alternativas en la boleta electoral para reducir el respaldo al tributo.

La estrategia incluyó decisiones patrimoniales. Brin trasladó su residencia a la zona de Lake Tahoe del lado de Nevada antes del 31 de diciembre del año pasado y reubicó 15 sociedades de responsabilidad limitada (LLC) fuera de California, con registros en Nevada y Florida.

De cuánto es la fortuna de Sergey Brin

El patrimonio neto de Sergey Brin se ubicó en US$255.600 millones, después de aumentar US$4.900 millones (1,9%), según la Lista de Multimillonarios en Tiempo Real de Forbes.

Esa cifra lo colocó por detrás de Larry Page, con US$277.000 millones, y de Elon Musk, con US$725.300 millones.

En el mismo ranking, Jeff Bezos figuró como la cuarta persona más rica del mundo, con US$253.200 millones, mientras que Larry Ellison ocupó el quinto lugar, con un patrimonio neto aproximado de US$251.300 millones.

Brin, que posee menos acciones clase C de Alphabet, también estuvo más activo en los últimos años al vender títulos de la compañía y al donar millones en acciones de Alphabet y Tesla para financiar investigaciones sobre la enfermedad de Parkinson.

Cuál fue el rol de Brin al fundar Google

Sergey Brin fue uno de los dos fundadores de Google y desempeñó un rol central en su origen técnico.

Junto con Larry Page, desarrolló en la Universidad de Stanford un método para ordenar resultados de búsqueda según la relevancia de los enlaces entre páginas, una idea que se convirtió en la base del motor de búsqueda.

En la etapa inicial, Brin se enfocó en la ingeniería del producto y en la construcción de la infraestructura que permitió escalar el servicio.

También participó en decisiones clave sobre cómo convertir una investigación académica en una empresa, desde la consolidación del equipo hasta la búsqueda de financiamiento.

Con el crecimiento de la compañía, Brin ocupó cargos ejecutivos y lideró proyectos de innovación dentro del grupo, con énfasis en iniciativas experimentales y desarrollo de nuevas tecnologías, mientras la empresa ampliaba su alcance más allá del buscador.

Javier Milei aprovechó su presentación en el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para realizar un anuncio de alto impacto: la baja de retenciones al campo, pero también para otros sectores industriales.

El presidente aprovechó también para declarar en clave electoral. El cronograma de disminuciones se extenderá “a lo largo de 2027 y de 2028, si somos reelectos”. La declaración, por lo tanto, dejó en claro el objetivo desde el punto de vista económico de los anuncios pero también con un guiño político. La necesidad de recomponer la imagen presidencial, que viene cayendo en los últimos meses, no puede quedar ajena del análisis.

En concreto, Milei realizó varios anuncios en la misma dirección. Lo más inmediato es la reducción de las retenciones a las exportaciones de 7,5% a 5,5% para el trigo y la cebada, algo que debería impactar favorablemente en la siembra que arranca en breve. Ambos son cultivos de invierno, que se cosechan entre noviembre y enero.

También hubo anuncios para la soja, aunque -según explicó el propio jefe de Estado- están supeditados a la marcha de la recaudación. Desde el nivel actual de retenciones de 22,5% se bajaría de manera escalonada entre “un cuarto de punto y medio punto mensual” a partir de enero del año que viene. Esto significa que en el mejor escenario la baja llegaría a los seis puntos para fines del año próximo. Eso significa que las retenciones podría reducirse a 16,5% del volumen exportado.

La disminución continuaría en 2028 “si somos reelectos”, se ocupó aclarar el Presidente ante más de 1.000 personas que concurrieron al aniversario de la Bolsa de Cereales.

Pero no es todo. También se eliminarán las retenciones que aún se aplican para industrias como la petroquímica y la automotriz. En estos casos también será gradual arrancando en junio hasta mediados del año que viene.

Milei describió a las retenciones como “uno de las caras de este monstruo de mil cabezas que le tiraron encima a la producción en el último siglo, a costa de menor competitividad, menor capitalización y mayor desvalorización de la tierra”.

El efecto esperable de la baja gradual o eliminación de retenciones es que aumente la producción y que las exportaciones tengan todavía mayor impulso en el corto plazo. Este año se llegaría a un nuevo récord de USD 100.000 millones, producto de mayor volumen exportado y también altos precios internacionales.

También se buscaría promover una mayor liquidación de divisas el año que viene, cuando la Argentina se embarque en plena campaña electoral. Uno de los escenarios más probables es que aumente fuertemente la demanda de dólares por parte de los ahorristas para cubrirse de cualquier sorpresa electoral. En ese escenario, todo lo que ayude para aumentar la oferta de dólares y equilibrar la demanda es bienvenido.

Por otra parte, una reducción de retenciones implica a su vez una disminución de la recaudación, por lo que se trata una movida que no está exenta de riesgos. Si bien el presidente condicionó la baja de la presión fiscal para la soja a los mayores ingresos, en la práctica parece difícil que pueda dar marcha atrás luego de esta promesa. En todo caso, podrá jugar con bajar un cuarto de punto al menos en vez de medio punto, si es que el superávit fiscal queda comprometido.

La baja de retenciones también significa darle mayor competitividad a varios sectores que si bien están exportando mucho también se ven más presionados por un tipo de cambio cada vez más apreciado. La medida, por lo tanto, implica una mejora en el esquema cambiario para los exportaciones, pero sin necesidad de un aumento en la cotización del dólar.

El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó este martes un aplazamiento de 18 meses en la implementación del salario mínimo de USD 30 para trabajadores de hoteles y aeropuertos, tras alcanzar un acuerdo con líderes empresariales destinado a salvaguardar una de las fuentes más importantes de ingresos fiscales de la ciudad ante la amenaza de una consulta popular.

Según Los Angeles Times, la medida estipula que el nuevo salario no entrará en vigor hasta después de los Juegos Olímpicos de 2028, postergando el impacto financiero tanto en el sector privado como en las finanzas municipales.

La decisión fue diseñada como respuesta a la iniciativa impulsada por una federación de empresas hoteleras y aéreas, que buscaba suprimir el impuesto a los ingresos brutos, el segundo mayor recurso tributario municipal.

De acuerdo con el director de finanzas del Concejo Municipal de Los Ángeles, la eventual aprobación de esa propuesta habría significado “la pérdida de USD 740 millones en el fondo general municipal en el primer año” y un promedio de USD 860 millones anuales menos durante cinco años, según los datos recabados por el Los Angeles Times y expuestos durante el debate.

Estos cálculos influenciaron directamente la ruta de negociación adoptada por los funcionarios municipales y los representantes del sector privado. Tras una semana de conversaciones sostenidas entre el alcalde, directores del área de finanzas y representantes de la patronal y el sindicato Unite Here Local 11, se resolvió postergar dos años la entrada en vigencia del salario mínimo de USD 30, a cambio de la retirada formal de la consulta popular para noviembre.

La nueva hoja de ruta mantiene una suba del salario mínimo a USD 25 en julio, con incrementos escalonados hasta alcanzar los USD 30 en enero de 2030.

Además, la postergación afecta el calendario de mejoras en pagos adicionales por cobertura médica: el suplemento horario para personal aeroportuario ascenderá a USD 8,15 la hora desde julio de 2027 y a USD 4,25 la hora para empleados de hotel a partir del 1 de julio de este año. Así, las mejoras sobre salario y beneficios, previstas originalmente para 2028, se implementarán en 2030.

Reacciones y votación en el Concejo

La votación no fue unánime: el Concejo Municipal de Los Ángeles resolvió la medida con 11 votos a favor y 4 en contra. Eunisses Hernandez, Ysabel Jurado, Nithya Raman y Hugo Soto-Martínez —este último ex organizador sindical en el gremio de trabajadores hoteleros y gastronómicos Unite Here Local 11— se opusieron a la prórroga.

Soto-Martínez declaró: “No puedo apoyar nada que le quite dinero a los trabajadores”. Por su parte, la concejala Imelda Padilla, quien intervino en parte en español, sintetizó el dilema: “Si esto del impuesto a los ingresos brutos pasa, no tenemos ciudad. La comunidad empresarial nos tiene del cuello”. Aunque rechazó la dinámica de las negociaciones, Padilla votó a favor del aplazamiento “para evitar un daño mayor”.

El acto de conciliación implicó que, tras retirar la propuesta de derogación del impuesto por parte del sector privado, la administración deberá someter la prórroga a una segunda votación la próxima semana.

Impacto en sindicatos y empresariado

La ronda de negociaciones contó con la participación directa de la alcaldesa Karen Bass, el equipo de finanzas y representantes de las patronales, entre ellas la Central City Association —asociación empresarial de Los Ángeles—, así como el sindicato de trabajadores hoteleros y gastronómicos.

Durante la sesión, la presidenta ejecutiva de la Central City Association, Nella McOsker, criticó el proceso: “Es razonable pedirnos colaboración para estar del otro lado de la mesa y negociar, pero no lo es hacerlo fuera de ese proceso”.

En el ámbito gremial, Kurt Petersen, dirigente de Unite Here Local 11, expresó su descontento: “Ahora tienen un manual: la próxima vez que los trabajadores consigan algo, amenazarán con hacer explotar la ciudad”.

El salón de sesiones recibió a decenas de empleados luciendo camisetas rojas, moradas y amarillas, quienes manifestaron desencanto y fatiga. Laura Esquivel, trabajadora de limpieza del aeropuerto internacional de Los Ángeles, dirigió sus palabras al pleno: “Estamos hartos de ser explotados”. Agregó que algunos miembros del concejo “ya no están del lado de los trabajadores”, y reafirmó la voluntad gremial de volver en 2028.

La alcaldesa Bass, en un comunicado emitido antes de la votación y citado por el Los Angeles Times, caracterizó el intento de derogar el impuesto a los ingresos brutos como “una amenaza existencial para el presupuesto y los servicios que sostiene”, entre los que citó la reparación de calles, la seguridad pública y la limpieza urbana.

En cuanto al acuerdo, subrayó: “Esto garantiza que los trabajadores sean remunerados justamente y que los negocios que crean empleo puedan seguir atendiendo y contratando angelinos”.

El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó además la conformación de una comisión para analizar modificaciones al régimen de impuestos empresariales, dejando en evidencia la persistencia del debate sobre el equilibrio entre competitividad económica y protección laboral en la ciudad.

Tras mantener un encuentro con representantes de Apple, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en redes sociales el impacto de la reducción de impuestos sobre el precio del iPhone en la Argentina y el aumento de ventas oficiales de la marca durante 2026.

El funcionario destacó que el valor de un iPhone nuevo en el país se redujo en los últimos meses y consideró que se ubica muy por debajo de la brecha histórica que, durante la gestión anterior y según sus cálculos, llegó a superar el 250 por ciento.

Esta semana, Caputo mantuvo un encuentro representantes de Apple en el Ministerio de Economía, junto al secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Según informó el ministro en su cuenta oficial de X, la reunión giró en torno a la suba de las ventas de la empresa en el país.

“Dialogamos sobre el exponencial aumento que tuvieron las ventas oficiales de iPhone en Argentina. Esto se debe a la rebaja de impuestos y a la eliminación de regulaciones comerciales que aplicamos desde el inicio de la gestión, lo que les permitió bajar el precio de venta final a tan solo un 30 por ciento por encima del precio de venta en Estados Unidos. Durante el kirchnerismo el precio de un iPhone en Argentina llegó a ser 3,5 veces más caro que en USA”, publicó Caputo.

El actual esquema de precios es resultado de un proceso que tuvo un hito clave a mediados de enero, cuando comenzó a regir la reducción de aranceles a la importación de celulares. El decreto 333, publicado en mayo del año pasado, dispuso una baja de la alícuota del 16% al 8% desde ese momento y una suspensión completa de los aranceles a partir del 15 de enero de 2026. De acuerdo con estimaciones oficiales, la medida permitió acortar la distancia de precios con el mercado internacional y facilitó el acceso a dispositivos importados de alta gama.

Cuánto sale un iPhone en la Argentina

En el mercado argentino, los precios de la última generación de iPhone reflejan una menor carga de aranceles, aunque un relevamiento realizado por Infobae sigue mostrando diferencias significativas de precios. Según el listado de un agente oficial de Apple en el país, el iPhone 17 se ofrece en distintas versiones, con los siguientes valores:

• iPhone 17 (modelo base, 256 GB): $2.299.990. Puede adquirirse en 3 cuotas sin interés de $766.663,34 o con un 10% de descuento abonando con débito o transferencia ($2.069.991 o USD 1.457,74 al tipo de cambio actual).
• El precio informado incluye todos los impuestos nacionales y el IVA vigente. Según la misma fuente, el valor sin impuestos nacionales asciende a $2.069.991 en el modelo base, lo que refleja la incidencia fiscal sobre el precio final.

Para el modelo de mayor capacidad y prestaciones, el iPhone 17 Pro Max, la lista de precios detalla:

• iPhone 17 Pro Max (256 GB): $3.399.990 (precio final con impuestos). La opción sin impuestos nacionales es de $2.353.585,77.
• El equipo puede adquirirse en 3 cuotas sin interés de $1.133.330 por cuota o con pago contado con descuento ($3.059.991 o USD 2.154,92 al tipo de cambio actual).
• Las versiones de 512 GB, 1 TB y 2 TB aumentan el valor final según la capacidad de almacenamiento seleccionada: la versión de 512 GB suma $599.999,99 al precio base; la de 1 TB, $1.200.000 y la de 2 TB, $2.300.000 por encima del valor inicial.

En cuanto a la versión intermedia, el iPhone 17 Pro, estos son los valores:

• iPhone 17 Pro (256 GB): $3.199.990 (precio final con impuestos). La alternativa sin impuestos locales es de $2.433.452,47.
• El equipo puede adquirirse en 3 cuotas sin interés de $1.066.663,33 por cuota o con pago contado con descuento ($2.879.991 o USD 2.028,16 al tipo de cambio actual).

El nuevo escenario de precios redujo la brecha con el valor internacional. No obstante, si se compara con Estados Unidos, el precio sigue exhibiendo claras diferencias. De hecho, en la tienda oficial de la compañía estadounidense el importe sugerido para el iPhone 17 Pro Max ronda los USD 1.199 ($1.702.580 al tipo de cambio actual) y la versión 17 Pro figura a USD 1.099 (1.560.580 pesos argentinos). A esos montos hay que sumarle los impuestos correspondientes a cada estado norteamericano. En algunas versiones más económicas, como el iPhone 17E, la diferencia de valor entre la Argentina y Estados Unidos se reduce de forma sustancial.

El Gobierno confía en que la tendencia a la baja continúe a lo largo del año, acompañada por una mayor competencia y la llegada de nuevos modelos. Para los consumidores argentinos, el escenario actual representa un cambio sustancial respecto a años anteriores, con precios más cercanos a los de los mercados internacionales y una oferta más amplia en canales oficiales.

Cabe recordar que desde el jueves 15 de enero, los celulares importados pueden ingresar al país sin pagar aranceles. Esta disposición completa el proceso iniciado por el decreto 333, que en mayo de 2025 redujo el impuesto a la importación del 16% al 8% y estableció que la exención total comenzaría a regir a principios de 2026.

La eliminación del arancel llega después de un esquema de reducción por etapas dispuesto por las autoridades, con una primera baja implementada en mayo pasado y la quita total vigente desde mediados del primer mes del año.

El objetivo de esta política fue modificar la estructura de costos de los celulares que llegan desde el exterior y promover un entorno más competitivo en un mercado caracterizado por la coexistencia de producción nacional, importaciones regulares y una importante participación de canales informales.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) aclaró cómo deben declararse los ingresos desde el exterior para efectos fiscales y de información exógena. De acuerdo con el Concepto 003083 de 2026, el monto que se debe considerar es el valor total facturado antes de cualquier descuento por retenciones o impuestos del país de origen, lo que incide en las obligaciones tributarias de las personas que reciben pagos internacionales.

Así, cuando un colombiano recibe dinero desde el exterior, la entidad establece que se debe registrar como ingreso fiscal el valor completo facturado en la moneda original, haya o no descuentos por impuestos practicados fuera de Colombia. Es decir, ante la autoridad tributaria nacional, el monto base siempre es el bruto, sin descontar impuestos pagados en el extranjero.

La entidad precisó que “el ingreso bruto corresponde al valor total generado antes de impuestos, y no al valor neto recibido”. El criterio es aplicable a trabajadores independientes, consultores, profesionales digitales, empresas y freelancers que reciben pagos internacionales de forma periódica.

Ingresos desde el exterior: así se deben reportar ante la Dian

La diferencia entre el valor bruto y el monto recibido de manera efectiva es relevante para calcular los topes que obligan a reportar información exógena a la Dian. Por ejemplo:

• Si una persona factura USD5.000 a una empresa extranjera pero luego de los descuentos de impuestos sólo recibe USD4.200, para efectos fiscales en Colombia debe informar el valor original facturado de USD5.000.
• Lo mismo ocurre si el pago transferido es de $20 millones, pero se reciben solo $17 millones; en este caso, la DIAN considera como ingreso fiscal los $20 millones.

Según el Concepto 003083 de 2026 de la Dian, el valor bruto es la base para determinar si se superan los límites de ingresos que generan la obligación de suministrar información exógena. La orientación responde a dudas habituales entre trabajadores remotos, freelancers y empresas tecnológicas radicadas en Colombia que operan globalmente.

La Dian aclaró que “el concepto fiscal de ingreso debe entenderse como el valor total realizado o causado, con independencia de las retenciones practicadas”.

Topes y condiciones: las dos reglas que determinan la obligación

Para que surja la obligación de reportar información exógena, no basta con superar solo uno de los criterios. La Dian indica que deben cumplirse al mismo tiempo dos condiciones:

• Superar los 11.800 unidades de valor tributario (UVT) de ingresos brutos anuales (en el año correspondiente o el anterior),
• Registrar ingresos por rentas de capital o no laborales superiores a 2.400 UVT en el mismo período.

Solo si ambas reglas se cumplen de manera simultánea nace la obligación de reportar. De acuerdo con la interpretación oficial de la Resolución 227 de 2025, “ambas resultan necesarias para configurar la obligación de presentar información exógena”. La precisión es clave, debido a que muchas personas suponían que era suficiente cumplir con uno de los valores para estar obligados a reportar.

Retenciones en el exterior y manejo fiscal

Aunque el ingreso total facturado se debe reportar íntegro para efectos de topes y obligaciones fiscales, la Dian aclaró que los impuestos descontados en el exterior pueden tratarse después en Colombia como descuento tributario.

De esta manera, un pago internacional sujeto a retención en el país de origen puede ser tenido en cuenta posteriormente como rebaja en el impuesto sobre la renta a pagar en Colombia, siempre bajo la normativa vigente.

Esto ayuda a evitar la doble tributación y protege los derechos de quienes cumplen obligaciones fiscales en diferentes países. Sin embargo, la autoridad tributaria reiteró que esas retenciones no modifican el valor del ingreso bruto: la cifra informada a la Dian debe ser siempre la original antes de cualquier descuento.

Tras los cortocircuitos del Gobierno de comienzos de año con los industriales, el ministro de Economía, Luis Caputo recibió al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, junto con otras autoridades de la entidad empresarial. El encuentro, que se extendió por más de una hora y medía, se centró en la discusión de diferentes ejes para el sector productivo. Y pese a la expectativa que había en la previa sobre algún tipo de anuncio, no se produjo ninguno.

La reunión giró en torno a la situación actual del mercado de capitales y la búsqueda de alternativas que permitan reducir el costo financiero para las empresas. También conversaron también sobre la continuidad del proceso de reducción de impuestos nacionales para mejorar la competitividad de los bienes transables. El diálogo buscó avanzar en medidas que permitan aliviar la carga tributaria sobre las empresas, en un contexto donde la presión impositiva constituye uno de los principales reclamos del sector productivo argentino.

Uno de los puntos destacados por el ministro Caputo fue el impacto de los impuestos y tasas provinciales y municipales en la estructura de costos. Los presentes coincidieron en la importancia de que los gobiernos subnacionales acompañen el esfuerzo nacional en torno a la baja de tributos. Aunque resulta complica que los gobernadores y los intendentes en medio de la caída de la coparticipación y el bajo reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) decidan bajar impuestos.

La UIA hizo una descripción el panorama actual de la actividad industrial, y manifestó su preocupación por “la demora en la reactivación de algunos sectores -lo que afecta a la industria en general y especialmente a las PyMEs-”, así como también en las “distorsiones que persisten para la actividad productiva en materia tributaria, financiera, logística y laboral”.

“La reducción gradual del costo argentino es fundamental para que los sectores que compiten globalmente puedan desarrollarse en igualdad de condiciones y sostener inversión, empleo y crecimiento”, señalaron desde la entidad fabril.

En tal sentido, los industriales llevaron propuestas para fomentar la actividad, facilitar el financiamiento de las PyMEs y morigerar la presión impositiva. También presentó una agenda específica orientada a aliviar la situación financiera de las industrias, que incluyó “la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales, la ampliación de herramientas de reducción de contribuciones patronales para sectores en crisis y la postergación del pago de contribuciones patronales para economías regionales”.

En materia tributaria, el organismo propuso una disminución progresiva de impuestos, vinculada a la consolidación de las cuentas públicas, el aumento de recursos y el crecimiento de la economía. Entre las alternativas analizadas, se debatió lograr un nuevo acuerdo fiscal entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios que permita reducir la carga impositiva sobre la industria y mejorar su competitividad.

“La industria es un sector transable, que compite todos los días con productos y empresas del mundo. En ese sentido, la UIA planteó que la industria viene realizando un importante esfuerzo de adecuación y reordenamiento para adaptarse a las nuevas condiciones de competencia internacional. Desde enero de 2024 a marzo de 2026, la inflación en los productos de la industria fue de 134,6%, mientras que el IPC promedio alcanzó el 221,5%”, sostuvieron desde la UIA.

Los representantes de la unión resolvieron avanzar con el trabajo técnico junto al equipo liderado por Pablo Lavigne y coordinar una próxima reunión con el Ministro en un plazo de 60 días, con el objetivo de analizar la evolución de la actividad económica y los progresos en los temas abordados.

A pesar de la duración del encuentro y la presencia de autoridades clave, no se registró ningún tipo de anuncio concreto al finalizar la reunión. Según pudo saber Infobae con participante del encuentro continuarán las conversaciones que se mantienen desde febrero a pesar del enfrentamiento público del presidente Javier Milei con el CEO de Techint, Paolo Rocca, que bajo su tono en las últimas semanas.

En la sede de la UIA existía expectativa ante la posibilidad de que Economía anunciara alguna medida concreta, sobre todo en materia de impuestos. Aunque era difícil que sucedería ya que hace nueve meses la recaudación viene en caída, lo que cada vez hace más complicado mantener el superávit fiscal y otorga menos margen de maniobra. El ministro de Economía, en diferentes oportunidades, confesó que su propósito es recaudar más, reafirmando que la situación de las finanzas públicas no permite grandes concesiones.

En la reunión también estuvo presente el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, con quien las autoridades de la UIA se habían juntado el martes de la semana pasada. Se trata del funcionario que mantiene dialogo directo con la entidad antes de que los pedidos y reclamos lleguen al ministro Caputo. Mientras que del sector industrial participó Rodrigo Pérez Graciano (Stellantis), David Uriburu (Techint), Luis Tendlarz (Federación de la Industria Textil) y Eduardo Nouguez (Ledesma).

Medidas sobre la mesa

En febrero, la UIA ya había propuesta una serie de medidas orientadas a favorecer la recuperación del rubro. Entre las iniciativas presentadas para reducir los costos laborales no salariales, sobresalió la posibilidad de permitir que las contribuciones patronales se computen a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En el ámbito de las exportaciones, en esa oportunidad se discutió la continuidad del proceso de eliminación de derechos de exportación en sectores aún alcanzados y la posibilidad de incrementar los reintegros para exportaciones, con foco en manufacturas de origen industrial y alimentos. Para las actividades industriales vinculadas a la construcción, se analizaron medidas para estimular la compra de insumos, como la devolución del IVA en consumos realizados con tarjetas de crédito y débito.

“Yo pienso que no prosperará el recurso de casación, tenemos la razón. La propia Audiencia Nacional, al resolver esta situación, se ha basado en sentencias del Tribunal Supremo, por lo tanto tenemos mucha confianza en que se ratifique”, ha dicho este martes el letrado en una entrevista concedida a EFE.

“Esta es una gran victoria procesal, y cada cual seguirá usando sus armas, pero creo que tiene cierto carácter irreversible”, ha añadido el representante legal de Shakira después de que este lunes la Audiencia Nacional diese la razón a la cantante en su último litigio en España y anulase la multa impuesta por la tributación del ejercicio de 2011.

Según el letrado, el recurso que la Agencia Tributaria ya ha avanzado que interpondrá ante el Supremo tampoco podrá paralizar la devolución de los avales y el recurso de costes, pero, de todas formas, el despacho pedirá una “ejecución provisional” de la sentencia para contrarrestar las posibles medidas cautelares que pueda solicitar la Abogacía del Estado.

“Confío en que se podrá obtener la devolución de esa cantidad y no posponerla hasta la decisión final del recurso de casación”, ha afirmado Prada, quien ha adelantado que responderán al recurso con argumentos basados, en gran parte, en los mismos preceptos con los que han defendido a la artista hasta ahora.

La Audiencia Nacional, que ha estimado el recurso de Shakira contra la resolución de la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio de 2011, anula en su sentencia las liquidaciones y sanciones impuestas a la cantante al considerar que la Administración no ha acreditado que esta permaneciera en 2011 en España más de 183 días, como exige la ley a la hora de convertir a un contribuyente en residente fiscal en el país.

“Se hizo una interpretación extensiva de lo que la ley llama ‘ausencias esporádicas’, un criterio pensado para gente que es residente en España y que se va, no para atraer por primera vez a la residencia a una persona que nunca antes fue residente, menos aún cuando está de gira internacional”, ha detallado Prada.

Es por este mismo motivo, base del argumentario que presentaron ante la Audiencia Nacional, por el que el letrado confía en que el recurso de casación no tenga recorrido: “al final es una cosa de sentido común, no tiene sentido hacer esa interpretación extensiva de las ausencias esporádicas que llega a situaciones absurdas”.

El letrado ha clarificado que, de los alrededor de 60 millones que deberá devolver la Agencia Tributaria a la cantante, 27 millones corresponden a los que la artista ingresó de origen, a los que se sumarán los 9.200.000 euros de intereses acumulados que ese dinero generó hasta la fecha de la sentencia.

El resto corresponden a la garantía bancaria con la que la cantante avaló la sanción de 33 millones de euros que le impuso Hacienda, además de los costes del mantener dicho aval.

Prada ha revelado que Shakira recibió la sentencia con “muchísima satisfacción y alivio”, sobre todo por lo que suponía a nivel reputacional una victoria en el caso más significativo cuantitativamente y “más importante” para ella y su representante, que siempre estuvo “convencido” de que el recurso estaba “muy bien armado” y “tenía razón”.

Para el abogado, la principal “reflexión” que desprende de este caso es que existe una “descompensación” en la relación entre la Agencia Tributaria y los administrados, lo que a su juicio “invita” a pensar si se debería “modificar” el sistema legal.

“Hay una falta de igualdad de armas, está descompensado. Tenemos un sistema legal donde, para poder recurrir, hay que tener medios económicos para sostener el pleito”, ha denunciado el abogado.

Según el integrante del despacho Prada Tax Advisor, “hay millones de pequeños contribuyentes empresarios que pueden sufrir una inspección de Hacienda con unas consecuencias determinadas y no para todo el mundo es tan fácil pleitear y tener los recursos para avalar”.

En su opinión, en caso de pleito, cuestiones como la apariencia de buen derecho o la razonabilidad de las posiciones deberían ser “valoradas” por  los órganos judiciales antes de obligar a pagar a alguien para poder recurrir.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió modificar su estrategia judicial y dejará de apelar las sentencias que declaran inconstitucional el cobro del impuesto a las Ganancias sobre haberes jubilatorios. La decisión se tomó luego de que la Corte Suprema mantuviera durante años un criterio reiterado en favor de jubilados que cuestionaron esos descuentos ante la Justicia.

La medida quedó formalizada a través de la Instrucción General 4/2026 de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos del organismo. Allí se dispuso que los representantes fiscales no presenten nuevos recursos ante la Corte Suprema en este tipo de causas y que, incluso, desistan de los recursos ya iniciados que todavía no fueron resueltos.

Según sostuvo ARCA en el texto oficial, el cambio busca evitar “mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”, en un contexto en el que el máximo tribunal viene rechazando de manera sistemática las apelaciones del organismo.

El antecedente que cambió la discusión

La decisión de ARCA tiene como base el fallo “García, María Isabel c/ AFIP”, dictado por la Corte Suprema el 26 de marzo de 2019. En ese caso, el tribunal declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias en la medida en que gravaban haberes jubilatorios.

El caso se convirtió en un antecedente central dentro del ámbito previsional y tributario. La demandante era una jubilada de 79 años que presentaba problemas de salud y que, según el expediente, sufría retenciones que representaban entre el 29,33% y el 31,94% de sus ingresos previsionales.

En aquel fallo, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco consideraron que el cobro del tributo, en esas condiciones, vulneraba principios constitucionales vinculados a la igualdad y a la protección de sectores en situación de vulnerabilidad.

La Corte sostuvo que el envejecimiento y la discapacidad constituyen factores que generan mayores necesidades económicas y que, por lo tanto, deben ser contemplados al momento de definir la carga tributaria sobre jubilados y pensionados.

Además, el tribunal ordenó reintegrar las sumas retenidas desde la presentación de la demanda y estableció que, hasta tanto el Congreso dictara una ley específica sobre la materia, no debían aplicarse descuentos por Ganancias sobre la prestación previsional de la demandante.

Qué hará ARCA a partir de ahora

Con la nueva instrucción, ARCA definió que los representantes fiscales no deberán presentar recursos extraordinarios ante la Corte Suprema ni recursos de queja cuando esos planteos sean rechazados en instancias anteriores.

También se dispuso que, en aquellos expedientes en los que el recurso federal ya fue presentado pero todavía no fue tratado, el organismo deberá desistir de continuar con la apelación.

El documento firmado el 15 de mayo por Gustavo Heber Paturlannes, subdirector general de Asuntos Jurídicos de la entonces AFIP, señala que la decisión se fundamenta en la “sostenida jurisprudencia” de la Corte Suprema a partir del precedente “García”.

En ese marco, ARCA instruyó a sus áreas jurídicas para que adapten la gestión judicial de los casos a la doctrina fijada por el máximo tribunal, mientras no exista un cambio de criterio por parte de la Corte o una nueva legislación del Congreso que establezca un régimen diferencial para jubilados en situación de vulnerabilidad.

El criterio que mantuvo la Corte Suprema

Después del fallo “García”, la Corte Suprema continuó aplicando el mismo criterio en otros expedientes similares.

El tribunal incluso sostuvo que las modificaciones introducidas posteriormente en el impuesto a las Ganancias mediante la Ley 27.617 no alteraban el problema de fondo. Según entendió la Corte, esos cambios estuvieron basados en criterios patrimoniales y no contemplaron un tratamiento específico para jubilados en condiciones de vulnerabilidad por edad o enfermedad.

Por esa razón, el máximo tribunal siguió rechazando las apelaciones presentadas por el Fisco Nacional en distintos casos vinculados al descuento del impuesto sobre haberes previsionales.

La nueva postura de ARCA implica, en los hechos, reconocer que la estrategia judicial sostenida hasta ahora no venía teniendo resultados favorables para el organismo.

Qué pasará con los juicios en trámite

La instrucción también contempla la situación de las causas que todavía se encuentran en distintas instancias judiciales.

En los casos en que las cámaras federales ya vengan rechazando de manera sistemática las apelaciones del organismo contra fallos de primera instancia, los representantes fiscales deberán consentir esas decisiones respecto de la cuestión de fondo.

Sin embargo, ARCA aclaró que podrá continuar litigando en relación con honorarios profesionales y costas judiciales, con el objetivo de reducir gastos para el Estado.

De todos modos, la decisión no alcanzará a todos los expedientes. La norma establece excepciones para determinadas situaciones.

Por ejemplo, la nueva estrategia no se aplicará cuando quienes impulsan la demanda no tengan legitimación activa, como podría ocurrir con asociaciones o colegios profesionales. Tampoco regirá en aquellos casos en los que la representación fiscal considere que existen circunstancias particulares que permitan revertir el criterio judicial aplicado hasta el momento.

El rol pendiente del Congreso

En el fallo “García”, la Corte Suprema también puso en conocimiento del Congreso la necesidad de avanzar en una legislación específica para jubilados y pensionados.

El tribunal consideró que debía existir un tratamiento diferencial que contemple tanto la situación de vulnerabilidad derivada de la edad o de problemas de salud como la capacidad contributiva de cada persona.

Hasta el momento, según surge de la resolución de ARCA, no se dictó una norma que modifique ese escenario de fondo. Por eso, el organismo resolvió adecuar su actuación judicial a la doctrina que viene sosteniendo la Corte Suprema desde 2019.

La medida marca un cambio relevante en la postura oficial frente a los reclamos judiciales de jubilados que cuestionan el descuento del impuesto a las Ganancias sobre sus haberes y anticipa que, salvo excepciones, el Estado dejará de insistir ante la Corte con apelaciones sobre este tema.

El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó una fuerte diferenciación entre la gestión de Javier Milei y la de Mauricio Macri, en la que se desempeñó como ministro de Finanzas y presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), anticipó un triunfo electoral del actual presidente en 2027 y aseguró que el tipo de cambio no está atrasado.

En una entrevista con Economía de Quincho, el titular del Palacio de Hacienda contrastó ambas gestiones: “Mucha gente comete el error de relacionar este gobierno con el de Macri, simplemente porque no era peronista. Voy a decir algo bien concreto y que quede bien en claro: este gobierno, en términos de política económica, no sólo es diferente al de Macri sino que es lo opuesto. Nunca vi un caso más opuesto a Macri y probablemente no debe haber dos casos más opuestos".

Y continuó: “Macri heredó un nivel de déficit muy similar al que heredó el presidente Javier Milei y se mantuvo intacto durante los dos primeros años. O sea, no hizo la corrección de la raíz de los problemas en la Argentina: el déficit fiscal".

“Con Macri hubo una euforia financiera que le permitió financiar esos dos años y medio de transición. El objetivo era noble: tratar de reducir el déficit fiscal con crecimiento. Como no se materializó, el déficit quedó igual y el financiamiento se terminó”, afirmó.

Según Caputo, la actual administración “hizo exactamente lo opuesto y por eso casi es un caso de estudio. Terminó con el déficit fiscal en el primer mes de mandato y el cuasifiscal en diez meses. Era un déficit consolidado de 15 puntos. Hoy hay euforia por invertir en la economía real y cero euforia en lo financiero”.

Tras los cortocircuitos públicos con el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, el funcionario nacional aprovechó para marcar distancia con la Convertibilidad: “Tuvo apenas superávit primario, aunque no llegó ni a tres años, y por privatizaciones. Cuando se terminaron las privatizaciones, afloró el déficit y empezaron a aflorar los problemas. La Convertibilidad cayó por el mismo problema que cayó siempre la Argentina: porque no se le dio nunca importancia real a tener equilibrio fiscal”.

Críticas al kirchnerismo y escenario electoral

Por otra parte, Caputo dirigió cuestionamientos hacia el kirchnerismo y aventuró un escenario político contundente para 2027. Además, afirmó que la economía muestra récord de exportaciones y consumo, y que “los salarios informales están fuertemente arriba de la inflación y los formales empatados contra noviembre de 2023. También hay 130.000 puestos de trabajo más, por más que sean en el sector informal. En todos los indicadores que se miren estamos mejor que en 2023”.

El funcionario anticipó: “Va a ser la primera vez que vamos a crecer cuatro años seguidos. El argentino no es zonzo. Pueden medir la imagen del presidente y decir que bajo. Pero lleven mañana una urna y nos votan igual porque Axel Kicillof es el infierno. Y la gente en la Argentina no es zonza".

En esa línea crítica, opinó que “el kirchnerismo no es una opción ni aunque nos fuera mal porque ya es un dato para todo el mundo que es un infierno. La mayoría de la gente no quiere volver al infierno. No hay forma. A Kicillof no lo votan ni aunque se junte con el que se junte. No es una opción”.

Caputo expresó que la consolidación institucional requiere dejar atrás opciones políticas “comunistas y socialistas”. “Para graduarse de país serio, la alternativa comunista y socialista tiene que dejar de ser una opción. Una vez que esto pasa, vas a empezar a ser más como un país normal, donde puede ganar la izquierda, el centro o la derecha pero vas por la misma autopista y las reglas se mantienen. Solamente en la Argentina pasa que gana un candidato y va para el otro lado. Eso es lo que no puede pasar”, apuntó.

Respecto a los riesgos de inestabilidad, sostuvo: “Creo que el riesgo es cero y que no hay posibilidad de volver ahí. Pero no es lo que piensa el mercado, que le asigna un 10% o 15% de probabilidad a ese escenario y es por eso que el riesgo país vale 500 puntos básicos. Ese escenario es la posibilidad de que el riesgo país vuelva a 3.500”.

Sobre las perspectivas electorales, Caputo fue vehemente al expresar que 2027 “va a ser un año atípico electoralmente”. A su juicio, “va a ser tan obvio que va a ganar el presidente Milei por paliza que la gente se va a dar cuenta antes y va a haber un crecimiento feroz porque esto se va a resolver mucho antes. Ni de casualidad va a haber la volatilidad de 2025″. “Milei va a ganar en primera vuelta y cómodo”, vaticinó.

Recuperación económica

En términos económicos, el ministro proyectó que la mayor recuperación económica vendrá a partir de mayo o junio. Explicó que el proceso de desinflación persiste y resulta determinante para la reactivación. “Para finales de junio, prácticamente van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales. Eso le va a dar un fuerte impulso a la construcción”.

En materia fiscal, Caputo defendió la continuidad de las rebajas impositivas: “Buscamos seguir bajando impuestos para que la economía sea más competitiva”. Agregó: “Tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años. El aumento de la recaudación tiene que venir por aumento de la formalización y por crecimiento económico”.

Siguiendo esa línea argumental, puntualizó que ya bajaron “más de 2,5% puntos del PBI en impuestos”, lo que, según sus cálculos, equivale a casi USD 15.000 millones por año. Y planteó como meta que “toda la economía converja al nivel impositivo del RIGI. Hoy no lo podemos hacer con toda la economía porque si no recaudamos menos, empezamos a tener déficit y todo el mundo dice ‘vuelve Cristina’”.

Proyectó: “Cada cuatro puntos de crecimiento, la recaudación crece un punto del PBI. La Argentina es un país que, fácil, puede crecer entre 6% y 8% por los próximos cuatro años. Si creciéramos entre 6% y 8% por los próximos cuatro años, tendríamos la oportunidad de bajar entre un 1,5% y 2% del PBI por año. En esos dos años, se podrían ir todas las retenciones y el impuesto al cheque, y las provincias podrían bajar Ingresos Brutos. Si la gente se convence, en tres años se van la gran mayoría de los impuestos distorsivos”.

Tipo de cambio y contexto externo

Consultado sobre el dólar, Caputo subrayó que “estamos en récord de exportaciones con las tasas en pesos para abajo y con el Banco Central teniendo que comprar más de USD 100 millones por día para que el dólar no se caiga a $1.100, en pleno shock externo fuertísimo. En cualquier otra situación, este shock sacaba a la Argentina de la cancha”.

Afirmó: “No hay un tema con el tipo de cambio, más allá de que nosotros no nos arrogamos la soberbia de decir que sabemos cuál es el tipo de cambio real. Lo que veo son indicios que no indican que haya atraso cambiario”.

Sobre los cuestionamientos a la política aperturista, respondió: “A los que dicen que estamos con una apertura comercial descontrolada, tenemos un menor nivel de importaciones de lo que hubo en la época kirchnerista, hace 10 años. El hecho de abrir la economía es lo que hace que seas más productivo. Hoy hay un shock externo y el dólar no solo no se mueve sino que el BCRA tiene que comprar porque hay suficientes dólares porque hay suficientes exportaciones”.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México puso a disposición el simulador para la declaración anual, una herramienta digital que permite a los contribuyentes verificar y corregir su información fiscal antes de presentar la declaración oficial.

El simulador está disponible en el portal institucional y busca mejorar la precisión de los datos reportados, reducir errores y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias.

El acceso al simulador se realiza desde el sitio oficial del SAT. Los contribuyentes deben ingresar con RFC y contraseña o mediante la e.firma. Una vez dentro, es posible revisar la información precargada sobre ingresos, deducciones, retenciones y pagos provisionales correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

Esta opción no sustituye la declaración definitiva; su objetivo es ofrecer una vista previa y permitir que los usuarios identifiquen posibles inconsistencias o faltantes.

Paso a paso para utilizar el simulador del SAT

• Ingresa al portal oficial del SAT desde tu navegador.
• Haz clic en la sección “Declaración Anual” y selecciona la opción “Simulador”.
• Accede con tu RFC y contraseña, o utiliza la e.firma si lo prefieres.
• Verifica que tu buzón tributario esté activo y actualizado para poder avanzar.
• Una vez dentro, revisa la información precargada de ingresos, deducciones, retenciones y pagos provisionales que muestra el sistema.
• Si detectas errores, inconsistencias o información faltante, realiza las correcciones necesarias o prepara la documentación para aclaraciones.
• Consulta el cálculo preliminar que el simulador arroja sobre impuesto a pagar o saldo a favor.
• Si es necesario, elabora declaraciones complementarias desde el mismo portal para corregir datos previos.
• Guarda los cambios y utiliza las opciones de descarga para conservar tu simulación.
• Finaliza el proceso y repite la revisión si realizas modificaciones en tus datos antes de la fecha de presentación de la declaración formal.

Funcionamiento y acceso al simulador

El simulador está dirigido a personas físicas, incluidos quienes tributan bajo el régimen de sueldos y salarios, actividad empresarial, servicios profesionales, arrendamiento y plataformas digitales.

También pueden utilizarlo sociedades civiles, RESICO, asociaciones sin fines de lucro y contribuyentes en proceso de liquidación.

Para ingresar, es necesario contar con un buzón tributario activo y actualizado. El sistema valida la identidad del usuario y muestra la información fiscal precargada, recolectada por el SAT a partir de los comprobantes fiscales digitales (CFDI) y declaraciones previas.

Los contribuyentes pueden añadir deducciones personales o corregir datos antes de enviar la declaración definitiva cuando inicie el periodo oficial.

El simulador de declaración anual 2026 permite a los usuarios visualizar el resumen de ingresos, deducciones autorizadas y pagos efectuados durante el año fiscal.

El sistema alerta sobre inconsistencias, omisiones o datos que requieran aclaración, facilitando la corrección anticipada para evitar multas o requerimientos futuros.

Ventajas y novedades del simulador 2026

Entre las ventajas principales del simulador para 2026 se encuentra la precarga automatizada de información y la posibilidad de revisar el cálculo preliminar del impuesto a pagar o a favor. El sistema incorpora nuevas funciones para identificar errores frecuentes, como deducciones duplicadas, ingresos omitidos y diferencias en las retenciones reportadas por terceros.

El SAT indicó que el simulador contribuye a la transparencia y la cultura fiscal, permitiendo a los contribuyentes anticipar el resultado de su declaración y preparar la documentación necesaria.

Además, reduce el riesgo de auditorías al detectar y solucionar inconsistencias antes de la presentación oficial.

El uso del simulador es voluntario, pero se recomienda su empleo para todos los contribuyentes obligados a declarar, ya que ayuda a prevenir sanciones y promueve el cumplimiento adecuado de las obligaciones fiscales.

Utilidad fiscal y prevención de errores

El simulador ofrece la opción de presentar declaraciones complementarias si el usuario detecta errores en los datos precargados.

Esta función es escencial para quienes identifican diferencias entre los ingresos reportados por el SAT y los efectivamente percibidos, o para corregir deducciones no reconocidas.

El SAT destaca que el uso del simulador permite a los contribuyentes evitar multas, recargos y procedimientos de fiscalización, ya que los errores pueden corregirse antes de la declaración formal.

Además, proporciona una guía paso a paso para quienes realizan la declaración anual por primera vez, con tutoriales y asistencia en línea desde el portal institucional.

La herramienta representa un avance para la administración tributaria digital en México, facilitando el cumplimiento fiscal y fortaleciendo la relación entre contribuyentes y la autoridad.

Durante la entrevista, Quintar narró el origen de su pasión: “Soy deportista, amante de los fierros, corro en moto, corro en auto hace muchos años”. Explicó que optó por la Cybertruck “porque me gustan los autos” y subrayó que se trata de un vehículo polémico “sobre todo por el gusto; hay gente que la ama y gente que no le gusta”.

El legislador detalló la operación financiera: “El precio en Estados Unidos fue de 126 mil dólares, pero con impuestos en Argentina rondó los 200 mil dólares”. Aclaró que la adquisición se realizó a principios de año y que “va a salir en la declaración jurada del año que viene”.

Quintar insistió en que “no hay nada que ocultar”, y agregó: “Trabajo desde los 14 años, tengo mi estudio jurídico hace 21 años. Si después de tanto laburo no te podés dar un gusto, estamos equivocados”.

El debate sobre la ostentación, el ajuste y la cultura del trabajo

Consultado sobre la repercusión pública y las críticas por la exhibición del vehículo en un contexto de recorte presupuestario, Quintar defendió su decisión: “Esto es parte de la batalla cultural: hay que revalorizar la cultura del laburo. Estamos acostumbrados a que un político ladrón se compre algo y no pueda demostrarlo. Yo trabajo y puedo demostrarlo”.

Ante la pregunta sobre la oportunidad de mostrar un vehículo de alto valor en medio de medidas de austeridad, el diputado fue enfático: “No es una Ferrari de un millón de dólares, vale lo que valen dos camionetas Amarok. Decir que es inmoral, no lo comparto. Si lo hubiese hecho a escondidas sería otra cosa. La camioneta la retiré del puerto, la verifiqué y la guardé en el Congreso. Al día siguiente la mandé a Jujuy en una grúa porque no tengo patente y no me alcanza la batería para llegar”.

Quintar también se refirió a la elección de un auto eléctrico: “Tesla es disruptivo. Me escriben porque no les gusta lo eléctrico, otros dicen que es el futuro. Vengo de una provincia donde producimos litio y estamos mostrando los beneficios de la electromovilidad”.

La denuncia judicial y la respuesta del diputado

En el tramo final de la entrevista, Diego Iglesias lo consultó sobre la denuncia penal que enfrenta en Jujuy por presunta asociación ilícita y direccionamiento de fondos en el área de salud. Quintar minimizó el peso de la acusación: “La persona que hace la denuncia es el Mini Néstor, un influencer kirchnerista que se parece a Néstor Kirchner. Es un meme”.

Aseguró que nunca fue citado formalmente, pero que decidió presentarse por su cuenta: “Me presenté voluntariamente ante la Justicia, pedí acceso al expediente y aporté pruebas. Lo leímos y es una ensalada jurídica que no tiene pie ni cabeza”.

Remarcó que, lejos de buscar dilaciones, su actitud fue la de dar la cara: “Lejos de esconderme, me presenté voluntariamente cuando me enteré de la denuncia”.

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La Fiscalía Anticorrupción y unidades de la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional realizaron una nueva aprehensión relacionada con el escándalo de manipulación del sistema E-Tax 2.0, una investigación que se ha convertido en uno de los mayores casos de presunto fraude fiscal detectados en Panamá en los últimos años.

Las autoridades informaron que la diligencia se desarrolló en el sector de Las Uvas de San Carlos, donde fue capturada una persona presuntamente vinculada a delitos contra la fe pública y peculado doloso en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI).

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, la investigación guarda relación con un esquema de creación de créditos fiscales presuntamente fraudulentos dentro del sistema E-Tax, utilizado por la DGI para la administración tributaria digital del país.

Según el Ministerio Público, existen elementos de convicción que apuntan a que varias resoluciones generadas dentro de la plataforma permitieron reconocer créditos fiscales que posteriormente fueron cedidos de manera irregular a empresas privadas.

La nueva aprehensión forma parte de una investigación iniciada formalmente en abril de 2023, luego de una denuncia presentada por la propia DGI tras detectar anomalías en los procesos de reconocimiento de créditos fiscales relacionados con la compra e instalación de equipos fiscales.

Desde entonces, la Fiscalía Anticorrupción ha desarrollado múltiples operativos que han dejado personas imputadas, exfuncionarios detenidos y varias carpetas de investigación abiertas.

Las autoridades sostienen que el mecanismo fraudulento consistía en la creación de resoluciones falsas dentro del sistema E-Tax para generar créditos fiscales ficticios que no tenían sustento comercial real.

Posteriormente, esos créditos eran cedidos a empresas intermediarias y finalmente transferidos a otras compañías o aseguradoras que terminaban recibiendo beneficios fiscales y pagos derivados de operaciones aparentemente válidas dentro de la plataforma tributaria estatal.

La Procuraduría informó que dentro de la investigación ya existen siete personas imputadas por delitos contra la fe pública y la administración pública en la modalidad de peculado doloso. Además, durante los allanamientos recientes se ubicaron indicios y documentación vinculados con las pesquisas que continúan desarrollándose bajo reserva judicial.

El caso ha escalado con el paso de los años debido a la magnitud de los montos investigados. Aunque inicialmente las autoridades hablaban de perjuicios cercanos a los $934 mil, auditorías posteriores y nuevas líneas de investigación elevaron considerablemente las cifras.

Documentos y auditorías internas de la DGI citados dentro de las investigaciones apuntan a que el fraude pudo haber provocado pérdidas de entre $40 millones y $80 millones al Tesoro Nacional.

El sistema E-Tax 2.0 es la principal plataforma digital de administración tributaria en Panamá y permite a contribuyentes realizar declaraciones, pagos, solicitudes de créditos fiscales y otros trámites en línea.

Uno de los procesos más sensibles dentro del sistema es precisamente el reconocimiento y cesión de créditos fiscales relacionados con equipos fiscales, incentivos creados para promover el control tributario y la facturación electrónica en comercios y empresas.

La investigación también reveló que parte de la estructura presuntamente utilizaba ajustes internos dentro del sistema para mover pagos y créditos entre contribuyentes sin autorización formal.

Según los expedientes judiciales, algunas empresas habrían recibido beneficios fiscales millonarios sin cumplir con los requisitos establecidos por la legislación tributaria panameña.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que dentro de la presunta red aparecen exfuncionarios y funcionarios vinculados a la propia Dirección General de Ingresos, personas que tenían acceso privilegiado al sistema y conocimiento profundo de los procedimientos internos.

Las investigaciones también apuntan a la participación de particulares, empresas intermediarias y familiares de algunos implicados.

La primera fase operativa de la llamada “Operación E-Tax 2.0” fue ejecutada en octubre de 2023 con allanamientos simultáneos en Panamá Centro, Panamá Oeste y Panamá Este.

En ese momento fueron aprehendidas cuatro personas, incluyendo dos exfuncionarias de la DGI. Posteriormente, en septiembre de 2025, la Fiscalía Anticorrupción ejecutó la denominada “Operación Publicano”, que amplió las investigaciones hacia nuevas provincias y derivó en más capturas y condenas.

Las investigaciones continuaron avanzando incluso durante 2026. En marzo pasado, la Fiscalía ordenó la aprehensión de quien fungió como jefa de cobranzas de la DGI entre 2020 y 2024 por presuntos delitos relacionados con créditos fiscales irregulares y peculado.

Esa línea de investigación mantiene actualmente varias carpetas abiertas relacionadas con movimientos financieros, cesiones de créditos y posibles actos de corrupción dentro de la administración tributaria.

La DGI ha respondido endureciendo controles y modificando procedimientos internos para la validación de créditos fiscales y cesiones tributarias. La entidad también emitió alertas a contribuyentes y asesores fiscales para advertir sobre ofertas irregulares de compra de créditos fiscales y reforzó los mecanismos de auditoría sobre movimientos realizados dentro de la plataforma E-Tax.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que continuará desarrollando diligencias para determinar responsabilidades penales y recuperar recursos públicos presuntamente afectados por la red investigada.

Mientras tanto, el caso sigue creciendo y ya es considerado uno de los expedientes de presunto fraude tributario y manipulación digital más complejos enfrentados por las autoridades panameñas en la última década.

La asociación Mypes Unidas del Perú (MUP), que agrupa a micro y pequeñas empresas de todo el país, exigió al Congreso que el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) deje de ser modificado por decretos supremos del Ejecutivo y que sus tasas solo puedan ser definidas por ley.

El reclamo se realiza mientras el Pleno del Congreso se dispone a debatir el Proyecto de Ley 536/2021-CR, iniciativa presentada por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País).

El vocero de Mypes Unidas, Daniel Hermoza, señaló que la Constitución peruana es clara al determinar que todo tributo debe ser creado o modificado por ley, y afirmó que la actual facultad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para cambiar el ISC mediante decretos supremos es inconstitucional.

“El IGV, el Impuesto a la Renta, todos se modifican por ley. El ISC no puede ser la excepción. Hoy el MEF cambia las tasas de ISC según sus intereses y necesidades de recaudación, lo que no corresponde”, explicó Hermoza.

El dirigente recordó que el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional el mecanismo que permite al Ejecutivo ajustar el ISC sin intervención directa del Congreso. Según Hermoza, el Ejecutivo se ha atribuido una facultad que no le ha sido concedida, mientras las empresas soportan las consecuencias de estos cambios.

¿Qué plantea el proyecto?

El Proyecto de Ley 536/2021-CR propone que el Ejecutivo no pueda modificar tasas, montos ni bienes sujetos al ISC mediante decreto supremo.

Todo cambio solo podría hacerse mediante normas con rango de ley o decreto legislativo. La iniciativa sostiene que la actual práctica vulnera el principio de legalidad tributaria recogido en la Constitución.

El objetivo es que el Congreso recupere la titularidad sobre la política legislativa en materia tributaria, evitando que el Ejecutivo altere elementos del ISC sin legitimidad parlamentaria ni representación popular. El proyecto también advierte el riesgo de que la modificación vía decreto se extienda a otros impuestos.

El documento fue evaluado por diversas comisiones. La Comisión de Salud y Población emitió un dictamen de inhibición, indicando que el tema es estrictamente tributario y escapa a su competencia. En contraste, la Comisión de Economía y la Comisión de Constitución ya emitieron dictámenes favorables.

La propuesta cuenta con respaldo de gremios empresariales como la Cámara de Comercio de Lima, COMEXPERÚ, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) y la propia Mypes Unidas.

También la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú respalda el cambio, citando el impacto negativo de variaciones sorpresivas en las tasas. El MEF, por su parte, considera que eliminar la posibilidad de modificar el ISC por decreto limitaría la flexibilidad de la política fiscal.

Agenda MYPE y reclamos gremiales

Mypes Unidas además solicitó al Congreso la aprobación de una Agenda MYPE que atienda la difícil situación de los pequeños negocios. Hermoza describió un escenario de crisis persistente, agravado por la inseguridad y la sobrecarga regulatoria, lo que eleva los costos y pone en riesgo la continuidad empresarial.

El gremio pidió la aprobación de medidas legislativas de apoyo, como protección frente a la extorsión, crimen organizado y un trato especial para el fraccionamiento de deudas tributarias. “Las respuestas del Gobierno no han sido suficientes, por eso recurrimos al Congreso para que actúe con urgencia”, concluyó Hermoza.

El ISC en Perú es un tributo indirecto que grava productos como bebidas alcohólicas, cigarrillos, combustibles, vehículos nuevos y juegos de azar, buscando desincentivar su consumo debido a su impacto en la salud y el ambiente. En 2025, generó una recaudación de S/ 9,936 millones, según SUNAT.

El MEF define el ISC mediante tres sistemas: ad valorem (porcentaje sobre el valor de venta), específico (monto fijo por unidad) y precio de venta al público. Los montos suelen actualizarse anualmente si los precios suben más de 1%, y el impuesto se declara y paga mensualmente a la SUNAT.

El miércoles la Avenida Alvear se congestionó alrededor de las 12.30 del mediodía. Una nueva edición del encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) tuvo lugar en el reconocido Hotel que lleva el nombre de la calle donde se ubica. El evento reunió a los mayores empresarios del país, así como al canciller, Pablo Quirno. Más allá de la típica conversación climática, muy característica de los argentinos, el foco de las charlas fue otro: la posibilidad que tiene la Argentina de proveerle al mundo lo que el mundo necesita.

En medio de un escenario global marcado por la fragmentación de las cadenas de valor y la búsqueda de proveedores seguros, la Argentina enfrenta una oportunidad histórica para posicionarse como actor central en la provisión de energía, alimentos y servicios avanzados. El desafío inmediato, reconocieron los empresarios, consiste en sostener el equilibrio alcanzado gracias al orden macroeconómico y las recientes reformas, bajo la conducción del actual gobierno.

Durante la jornada, el grado de confianza era palpable en cada mesa, donde el peso de las cifras que describió Quirno en su discurso se imponía sobre la retórica. El propio canciller destacó que en marzo las exportaciones de bienes sumaron USD 8.645 millones, con un crecimiento interanual superior al 30%, y que el superávit comercial energético superó USD 2.000 millones, el más alto de la historia argentina para un solo mes.

La coincidencia entre referentes empresariales y funcionarios giró sobre la ventana de oportunidad que ofrece la convergencia de factores inéditos: las reformas regulatorias, la consolidación del equilibrio fiscal, la modernización de sectores clave —minería, energía, economía del conocimiento— y la revitalización de acuerdos internacionales, como el convenio de cooperación económica firmado con Estados Unidos en febrero de este año y el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que empezó a regir el 1° de mayo.

Detrás de la escena pública, los empresarios analizaron en voz baja la necesidad de “primerear” el contexto, convencidos de que la Argentina no enfrenta conflictos étnicos ni religiosos, condición que suma atractivo en un mundo que, sobre todo en un contexto volátil, prioriza la seguridad y la confiabilidad.

El consenso empresarial exige mantener las reglas

Con el antecedente inmediato del récord en exportaciones de carne bovina —un aumento del 54 % en el primer trimestre de 2026 respecto al primer trimestre de 2025, según precisó Quirno— y la rápida ocupación del cupo de miel hacia la Unión Europea tras la implementación del acuerdo Mercosur-UE, los empresarios insistieron en la necesidad de “seguir avanzando” en la eliminación gradual de las retenciones y en garantizar seguridad jurídica para nuevas inversiones, en especial a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y su última novedad, el Super RIGI.

A la espera de las definiciones políticas de 2027, los líderes del sector privado recalcaron que el mantenimiento del rumbo —superávit fiscal, apertura comercial e integración al mundo— es condición indispensable más allá de eventuales cambios de administración. “Tenemos futuro si sigue Milei; creemos va a reelegir. Pero es imprescindible que después haya un sucesor que garantice la continuidad”, expresó uno de los empresarios presentes a Infobae.

La firma del acuerdo de cooperación económica con Estados Unidos fue especialmente valorada, así como los avances para generar nuevos convenios con India, Vietnam, Japón, países de Medio Oriente y Canadá. De continuar la expansión, la cobertura de acuerdos internacionales pasaría de cerca del 10% del PBI global a una proyección de 50%, según expuso Quirno.

De la defensa a la ambición y el crecimiento

Según reconoció Betina Bulgheroni, presidenta del Cicyp, en su discurso de apertura, la transformación que vivió la Argentina en los últimos dos años y medio no consistió solo en promesas sino en “señales concretas”, como la consolidación del orden macroeconómico y la recuperación de la confianza internacional. “Recuperar la confianza internacional no es un gesto, es un proceso que requiere coherencia, persistencia y una visión clara de hacia dónde queremos ir”, sostuvo en su intervención.

Frente a la tradicional discusión sobre cómo administrar crisis, el eje ahora es cómo construir escala y poder económico a partir de la previsibilidad y apertura. Los cambios ya alteran la mirada del capital extranjero, que evalúa a la Argentina no solo como protegida del contexto geopolítico mundial volátil, sino como plataforma para competir en valor agregado.

En los pasillos del evento, el debate sobre la competitividad y la elevada carga impositiva fue recurrente. “La respuesta que tenemos siempre del Gobierno es que están trabajando para eso. Y queremos que se haga de forma responsable. Sabemos que el presidente tiene otras demandas también”, reconoció otro directivo. Algunos asistentes hicieron referencia a la marcha universitaria reciente, admitiendo que la administración Milei enfrenta múltiples prioridades, igual de legítimas e importantes.

En las primeras filas se sentaron los máximos representantes del comercio, la industria y el sector agropecuario, junto a los referentes de la actividad bursátil y la construcción. El mapa del poder económico se completó con la presencia de los principales jugadores del sistema financiero y la banca, además de directivos clave de la industria energética y el transporte. También estuvieron representados los sectores de la logística, la industria farmacéutica y el consumo masivo

La apertura internacional y la urgencia histórica

El ambiente del Cicyp evocó las grandes citas de la historia económica argentina, donde hasta el último gesto o apretón de manos tiene valor político. La llegada de Pablo Quirno al salón se percibió como un acontecimiento en sí mismo, provocando una reconfiguración espontánea de los empresarios que buscaron proximidad para expresar inquietudes y respaldo.

“El mundo dejó de premiar solamente la eficiencia y hoy premia también la seguridad económica. Y ahí es donde la Argentina tiene una oportunidad histórica, porque pocos países pueden ofrecer al mismo tiempo energía, alimentos, minerales críticos, talento humano, estabilidad relativa y una política exterior que empieza a ordenar alianzas con claridad", enfatizó Quirno.

Mientras tanto, la base del consenso empresario parece clara: el ciclo de crecimiento y confianza internacional que atraviesa el país debe consolidarse y ser protegido de volatilidades políticas internas, con una sucesión institucional que evite rupturas abruptas. Una ventana de oportunidad que, tal como remarcó el canciller, “no será permanente”. La diferencia la marcará quién logre anticiparse, “primerear” las decisiones, y sostener el equilibrio fiscal y la previsibilidad, condiciones que hoy redefinen la posición de Argentina en el tablero internacional.

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires presentó este miércoles un proyecto de ley para eliminar el Impuesto de Sellos sobre la transferencia de dominio de bienes inmuebles y vehículos automotores, un tributo que en 2025 representó el 9,2% de la recaudación tributaria propia bonaerense y aportó 1,28 billones de pesos a las arcas de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

La iniciativa, que lleva la firma de todos los diputados del bloque, apunta a modificar el artículo 256 del Código Fiscal (Ley N° 10.397) y derogar las alícuotas vigentes: 2% para inmuebles y 1,2% para automotores. De prosperar, los bonaerenses quedarían eximidos de ese costo al momento de escriturar una propiedad o transferir un vehículo, lo que según los impulsores del proyecto redundaría en una mayor formalización patrimonial y un efecto expansivo sobre la actividad de escribanos, martilleros y empresas del sector.

"No se puede castigar a una familia que ahorró toda su vida para comprar una casa o a un trabajador que necesita un auto. El Impuesto de Sellos es una malformación impositiva y nosotros presentamos este proyecto para eliminarlo“, sostuvo Juanes Osaba, vicepresidente de la Cámara de Diputados de LLA, quien agregó que “ese dinero que le saca el Estado a los bonaerenses tiene que estar en el bolsillo de las familias, no financiando el déficit de la Política”.

La presentación tiene una lectura política explícita: LLA busca presionar al gobierno de Axel Kicillof en el terreno legislativo, al colocar sobre la mesa un proyecto de rebaja impositiva que obliga al oficialismo provincial a tomar posición.

Sebastián Pareja, diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires, habló ante Infobae y enmarcó la propuesta en una estrategia más amplia: “Esta iniciativa forma parte de una discusión mucho más profunda que venimos dando como espacio político: redefinir el rol del Estado provincial y aliviar la presión sobre quienes trabajan, producen y ahorran. Y esa discusión implica traer a la Provincia de Buenos Aires las transformaciones que impulsa Javier Milei a nivel nacional. No puede ser que en la Provincia de Buenos Aires el Estado castigue a una familia por comprar una casa o a un trabajador por acceder a un vehículo”.

El proyecto se suma a otros que LLA tiene frenados en la Legislatura bonaerense, entre ellos varias iniciativas de reducción impositiva y de modernización del Estado. El escenario legislativo, no obstante, complica cualquier avance en el corto plazo.

Ninguna de las dos cámaras —ni Diputados ni el Senado provincial— ha iniciado sus sesiones ordinarias pese a que el período abrió formalmente el 2 de marzo, y las comisiones de trabajo aún no están conformadas. Hasta la fecha, el Poder Legislativo bonaerense realizó apenas dos sesiones en todo el año, ninguna de carácter ordinario.

Esa parálisis, atribuida en parte a la disputa interna entre Kicillof y el sector de Cristina Kirchner, también traba los propios proyectos del gobernador: la ley de producción pública de medicamentos y las modificaciones a la Ley de Seguridad Pública permanecen sin tratamiento, al igual que las iniciativas opositoras sobre boleta única de papel y cambios en el IOMA.

Con la Legislatura sin actividad ordinaria y las comisiones sin integrarse, el proyecto libertario sobre el Impuesto de Sellos engrosará por ahora una lista de expedientes en espera. Y es que, también, en el espacio libertario bonaerense saben que sus iniciativas prosperen son prácticamente nulas. Aun así, configuran esta estrategia en un marco más amplio para confrontar con el kicillofismo y todo el arco del oficialismo provincial de cara a la carrera a gobernador del próximo año.

Algo de eso se dejó entrever semanas atrás cuando Pareja y su círculo organizó un evento en el municipio de Suipacha para presentar el Programa 2026 Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), que durante esa jornada reunió a más de 1.500 dirigentes de los 135 distritos bonaerenses para bajarles línea de los próximos ejes de discusión que se impulsarán por estos meses.

En tanto, este miércoles se conoció que Axel Kicillof respaldó un anteproyecto de ley impulsado por la Junta Electoral bonaerense —bajo la presidencia saliente de la jueza Hilda Kogan— que propone ampliar los plazos electorales para los comicios provinciales de 2027.

La iniciativa busca extender de 60 a 80 días el plazo mínimo entre la presentación de alianzas y las primarias, y de 50 a 60 días el plazo para la presentación de candidatos. El objetivo formal es consolidar en una normativa permanente los cambios que en 2025 se aplicaron de forma excepcional, aunque el trasfondo político es preparar el terreno para un eventual nuevo desdoblamiento electoral que permita a Kicillof separar la elección de su sucesor de los comicios nacionales.

La definición, sin embargo, dependerá de la Legislatura bonaerense, un ámbito donde Kicillof reconoce tener escasa injerencia. La interna del peronismo —entre el cristinismo, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro— mantiene trabadas incluso las comisiones legislativas, sin definición sobre quién las presidirá. El año pasado, La Cámpora y el sector kirchnerista resistieron inicialmente el pedido de modificar plazos antes de alinearse. Esta vez, el escenario se presenta igualmente complejo para el gobernador.

El mes pasado los bloques legislativos de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires realizaron una jornada de capacitación los directores electorales nacionales con el objetivo de fortalecer los argumentos para impulsar la Boleta Única de Papel (BUP) en los comicios bonaerenses de 2027; la iniciativa, que ya rige a nivel nacional, busca pasar por la Legislatura provincial, donde LLA es segunda minoría en Diputados y primera en el Senado —sin los votos suficientes para imponerla—, mientras el gobierno de Kicillof mantiene su rechazo.

A casi un año de la sanción del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, apenas tres provincias reglamentaron la implementación local para que los impuestos provinciales y municipales comiencen a figurar discriminados en los tickets y facturas. Se trata de la Ciudad de Buenos Aires, Chubut y Entre Ríos, mientras que otras jurisdicciones todavía no avanzaron o mantienen pendiente la reglamentación.

El tema volvió a quedar en el centro de la discusión este martes, durante la primera reunión anual de la ONG Lógica, dedicada a promover la conciencia fiscal y la impulsora de esta iniciativa. En el encuentro, realizado en el MALBA, empresarios, funcionarios y gobernadores respaldaron el avance del esquema que busca transparentar cuánto del precio final de un producto corresponde a impuestos.

Actualmente, las provincias que ya adhirieron al régimen son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut, Mendoza y Santa Fe. Sin embargo, sólo las primeras tres reglamentaron su implementación efectiva. La jurisdicción cuyana era la que más avanzada estaba pero luego demoró su reglamentación; tampoco lo hizo Santa Fe. Otra que estaba muy avanzada para adherir es Salta, pero por ahora no hubo adhesión.

En el caso de CABA y Chubut, la normativa prevé la visibilización del impuesto sobre los Ingresos Brutos en los tickets; aunque la primera lo exige como porcentaje. Entre Ríos, en tanto, avanzó un paso más: además de Ingresos Brutos no sólo en los tickets sino en los flejes de góndolas, habilitó la posibilidad de incorporar tasas municipales, primero de manera voluntaria y posteriormente obligatoria.

Según informó Lógica, que dirige Matías Olivera Vila, los tickets comenzarán a mostrar Ingresos Brutos desde el 5 de julio en Entre Ríos y desde el 1° de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y Chubut. Si los comercios de esas provincias quisieran mostrarlo hoy, ya están habilitados porque ya rige la norma, pero se les otorgó ese lapso de tiempo para que se adecuen los sistemas.

Durante el evento, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, exhibió el primer ticket del país con el impuesto provincial discriminado bajo el nuevo régimen. Además, explicó los detalles del esquema y las reducciones impositivas implementadas en su provincia.

La organización remarcó que Mendoza y Santa Fe ya adhirieron formalmente, aunque todavía no reglamentaron la aplicación. Desde la entidad cuestionaron también la falta de avances en el resto de las provincias.

Avance lento en la mayoría de las provincias

“Además de las dos provincias adheridas que aún no han reglamentado, hay otras en proceso que avanzan muy lento, mientras que los otros gobernadores guardan un inaceptable silencio”, señalaron desde Lógica.

La entidad comparó esa situación con la implementación nacional del régimen. “En menos de seis meses, la ley fue reglamentada y los impuestos nacionales se empezaron a ver en tickets de todo el país, sin mayores inconvenientes”, sostuvieron.

El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor obliga a discriminar en tickets y facturas el impacto de los tributos nacionales. Desde comienzos de este año ya comenzaron a visualizarse impuestos nacionales como el IVA y los impuestos internos en distintos comprobantes emitidos en el país. La adhesión provincial permite sumar también tributos locales como Ingresos Brutos y tasas municipales.

Durante el encuentro organizado por Lógica participaron referentes empresarios y funcionarios nacionales y provinciales, entre ellos, el presidente de Ternium, Martín Berardi; el presidente de La Anónima, Federico Braun; Enrique Cristofani; el subsecretario de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño; el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny y el senador bonaerense Diego Valenzuela.

En su discurso de apertura, Olivero Vila sostuvo que la Argentina atraviesa “una oportunidad histórica” para modificar la relación de la sociedad con los impuestos y el gasto público. “Argentina tiene los impuestos más altos del mundo por la falta de cultura fiscal de nuestra sociedad generado por un régimen que durante décadas ocultó sistemáticamente los impuestos a los consumidores”, afirmó el dirigente.

También señaló que “la transparencia fiscal es el paso necesario para involucrar a la ciudadanía, para que sea ella la que exija y logre la baja de impuestos, la austeridad en el gasto público y servicios acordes en los tres niveles del Estado”.

Desde la ONG insistieron en que existe un amplio respaldo social a la iniciativa. Según citaron, un relevamiento de Poliarquía mostró que el 94% de los ciudadanos quiere saber cuánto del precio final corresponde a impuestos.

Tras semanas de espera y en un escenario crítico para la gran mayoría de los sectores industriales, con reducción de personal y cierres de fábricas en algunos casos, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibirá a las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) la semana próxima.

El encuentro genera expectativa en el sector industrial, que le viene presentando diferentes propuestas al equipo económico para ayudar a las empresas en problemas, muchas de las cuales son pymes.

Caputo los recibirá satisfecho por el último dato que reveló el Indec sobre la actividad manufacturera de mayo, que mostró un alza del 5% interanual y del 3,2% respecto del mes previo. Sin embargo, en la UIA insistirán con la necesidad de que el Ejecutivo tome medidas que permitan reactivar a los sectores más castigados por el actual modelo económico. Como vienen haciendo desde que asumió el gobierno de Javier Milei, el reclamo apunta a que se “equilibre la cancha” y a que el Gobierno siga eliminando impuestos.

Sin embargo, y pese a que las expectativas de recibir buenas noticias se mantienen, los industriales reconocen que aún no están dadas las condiciones fiscales para que el Ejecutivo avance por este camino. De hecho, la baja de retenciones a las exportaciones de autos ya está decidida y se ha ido postergando ante los resultados recaudatorios de los últimos meses.

El paquete de medidas reclamado por la industria

La reunión se producirá tras una serie de conversaciones iniciadas en febrero entre funcionarios del Palacio de Hacienda y representantes de la UIA, centradas en un paquete de medidas.

Según pudo saber Infobae con fuentes involucradas en las negociaciones, la reunión sería el martes o miércoles de la próxima semana; aún se están coordinando las agendas. Frente a ello, existe expectativa por parte de la UIA de que el Ministerio de Economía concrete algún anuncio, aunque no vinculado a incentivos al crédito, sino a impuestos. Las fuentes remarcaron que, más allá de los diálogos previos, el sector industrial busca definiciones sobre el esquema tributario, uno de los temas más sensibles para la producción argentina.

Este martes, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, mantuvo un encuentro con el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, como parte de los contactos preparatorios, pero no trascendieron detalles. “Fue una reunión de trabajo”, destacaron en el entorno del funcionario ante la consulta de este medio.

En febrero, la cúpula industrial hizo llegar al ministro de Economía sus inquietudes a pesar de las tensiones que se exponían en la esfera pública entre el presidente, Javier Milei, y el CEO de Techint, Paolo Rocca, de gran peso en la entidad. En esa oportunidad, la UIA propuso una serie de medidas orientadas a favorecer la recuperación del rubro. Entre las iniciativas presentadas para reducir los costos laborales no salariales, sobresalió la posibilidad de permitir que las contribuciones patronales se computen a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En el ámbito de las exportaciones, se discutió la continuidad del proceso de eliminación de derechos de exportación en sectores aún alcanzados y la posibilidad de incrementar los reintegros para exportaciones, con foco en manufacturas de origen industrial y alimentos. Para las actividades industriales vinculadas a la construcción, se analizaron medidas para estimular la compra de insumos, como la devolución del IVA en consumos realizados con tarjetas de crédito y débito.

Los temas de discusión fueron reconocidos por el propio ministro, aunque como un pase de factura a los gobernadores e intendentes. “Hablamos de la importancia de reducir la carga impositiva, principalmente en provincias y municipios, a fin de hacer que nuestras industrias puedan ser más competitivas”, había escrito Caputo en su cuenta de X al finalizar el encuentro.

En esa reunión, también se plantearon alternativas para mejorar el acceso al financiamiento productivo de las pymes, pero la expectativa ahora está puesta en posibles anuncios impositivos. Es que el Banco Nación Argentina (BNA) ya lanzó líneas de financiamiento a tasas más bajas que las del mercado.

¿Base para el repunte?

En los últimos días se conocieron datos positivos para el sector. Según el Indec, la industria manufacturera en marzo subió 5% en comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, el balance del primer trimestre arrojó una baja de 2,3% frente al mismo período de 2025. En la comparación mensual, la actividad industrial repuntó 3,2% respecto a febrero, mientras que la medición que sigue la tendencia de largo plazo marcó una suba de 0,6 por ciento.

Un repunte interanual que se festejó en el Ministerio de Economía, ya que ratificó las declaraciones previas de Caputo sobre que en marzo sectores que venían rezagados, como la industria y la construcción, mostraron signos positivos. Lo que alimenta su optimismo respecto que vienen los “mejores 18 meses” de las últimas dos décadas a partir de mayo/junio.

Al desagregar los datos sectoriales, diez de las dieciséis ramas que componen la industria registraron aumentos interanuales en marzo. Entre los sectores que más crecieron figuran alimentos y bebidas (7,9%), productos químicos (15,9%), madera y papel (12,8%), refinación de petróleo (13,5%), autos y autopartes (7,6%), productos de metal (9,2%), minerales no metálicos (6,9%), tabaco (28,2%), muebles y colchones (3,1%) y otros equipos de transporte (4%). Por otro lado, se verificaron caídas en la metalurgia básica (10,1%), maquinaria y equipo (11,3%), textiles (23,3%), indumentaria, cuero y calzado (8,9%), caucho y plástico (2,4%) y otros aparatos e instrumentos (0,5%).

La posibilidad de que Panamá apruebe una nueva ley de sustancia económica encendió las alarmas en el sector marítimo, luego de que abogados especializados advirtieran en la Asamblea Nacional sobre el riesgo de una fuga masiva de sociedades navieras y buques hacia otras jurisdicciones.

Durante las consultas públicas del proyecto impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas, representantes del sector señalaron que, de mantenerse la redacción actual, muchas compañías optarían por trasladar sus operaciones y registros a países competidores como Islas Marshall.

La advertencia fue planteada por Yasmina Robi, abogada especialista en derecho marítimo y representante de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, quien sostuvo ante la Comisión de Economía y Finanzas que el proyecto, aunque busca responder a exigencias internacionales, podría terminar afectando directamente al registro marítimo panameño, considerado actualmente el más grande del mundo.

Según Robi, el problema se concentra en la forma en que el proyecto define las llamadas rentas pasivas y los requisitos de sustancia económica para sociedades pertenecientes a grupos multinacionales. Explicó que muchas sociedades panameñas propietarias de buques funcionan únicamente como estructuras utilizadas para financiar embarcaciones y que no mantienen operaciones físicas en Panamá, por lo que difícilmente podrían cumplir con las nuevas exigencias.

La abogada indicó que el texto actual permitiría interpretar que los ingresos derivados del fletamento o alquiler de barcos constituyen rentas pasivas sujetas a las nuevas reglas.

Sin embargo, argumentó que esas sociedades funcionan como estructuras “pass through”, es decir, entidades que reciben ingresos para transferirlos casi en su totalidad a los bancos que financiaron la compra de las embarcaciones.

Según explicó Robi, estas compañías no son utilizadas para erosionar bases fiscales en Europa, que es precisamente lo que busca combatir la nueva legislación. En su intervención, sostuvo que el caso de las sociedades propietarias de buques no encaja con el supuesto que el proyecto intenta regular, porque no se trataría de estructuras creadas para trasladar utilidades extranjeras y reducir impuestos en otras jurisdicciones.

“El mercado marítimo funciona con base en eficiencia”, advirtió Robi durante su intervención. Según explicó, si las navieras se ven obligadas a cumplir requisitos que otras jurisdicciones no exigen, lo más probable es que opten por redomiciliar las sociedades fuera de Panamá y mover también el registro de los buques.

“Si la sociedad se va a Islas Marshall, el barco también se va”, resumió durante las consultas legislativas.

El proyecto de ley presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, modifica el Código Fiscal para introducir reglas de sustancia económica aplicables a determinadas rentas pasivas de fuente extranjera. La iniciativa surge en medio de las presiones internacionales para que Panamá fortalezca sus mecanismos fiscales y abandone listas discriminatorias de la Unión Europea vinculadas a jurisdicciones consideradas no cooperadoras.

En términos prácticos, la propuesta establece que determinadas entidades multinacionales domiciliadas en Panamá deberán demostrar que cuentan con actividad económica real en el país para mantener beneficios fiscales sobre ingresos generados en el extranjero. Esto incluye probar que poseen personal, instalaciones, gastos operativos y toma de decisiones dentro del territorio panameño.

La ley define como rentas pasivas ingresos provenientes de dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, alquileres y otros activos financieros o mobiliarios. Si las empresas no logran demostrar sustancia económica suficiente, pasarían a ser consideradas entidades no calificadas y quedarían sujetas a un impuesto fijo de 15% sobre la renta bruta obtenida en el extranjero.

Chapman defendió la iniciativa asegurando que el objetivo no es espantar inversiones, sino reducir costos y barreras financieras que hoy enfrentan multinacionales instaladas en Panamá.

El ministro sostuvo que muchas empresas, especialmente europeas, han pedido este tipo de reformas porque las restricciones internacionales incrementan costos de operación, trámites bancarios y procesos de cumplimiento que terminan afectando la competitividad del país.

“Cada vez que realizan una operación financiera con su país de origen, importar un producto o hacer una remesa, tienen costos adicionales y procesos más complejos.

Eso hace más difícil justificar financieramente inversiones en Panamá”, señaló Chapman al explicar el alcance de la propuesta. El ministro insistió en que la reforma busca disminuir la fricción financiera y mejorar el acceso del país al crédito internacional.

Sin embargo, el sector marítimo sostiene que el texto necesita ajustes para evitar daños colaterales sobre una de las principales fuentes de ingresos del país. Robi advirtió que una migración masiva de sociedades navieras podría reducir ingresos vinculados a la Autoridad Marítima de Panamá, el Registro Público y el pago de tasas anuales, además de afectar plazas de trabajo relacionadas con servicios legales, financieros y administrativos.

Durante las consultas, APADEMAR presentó una propuesta de modificación para excluir explícitamente a las sociedades propietarias de buques inscritas en la Marina Mercante panameña de los requisitos de sustancia económica cuando únicamente se dediquen a la tenencia, propiedad, titularidad y fletamento de embarcaciones de servicio internacional. La organización argumenta que este mismo criterio ya fue utilizado anteriormente en la legislación sobre registros contables.

El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, diputado Eduardo Gaitán, informó que hasta el momento han participado alrededor de 15 personas y gremios de los 60 invitados a las consultas públicas del proyecto. Añadió que el proceso continuará hasta el jueves 14 de mayo y que posteriormente iniciará el primer debate formal, donde los diputados podrán introducir modificaciones al texto original.

La discusión sobre sustancia económica ocurre en un momento particularmente sensible para Panamá, cuya economía depende en gran medida de servicios internacionales como logística, banca, comercio y marina mercante. El desafío del gobierno será encontrar un equilibrio entre cumplir con estándares internacionales exigidos por la Unión Europea y proteger sectores estratégicos que sostienen buena parte de los ingresos y la competitividad del país.

En 2026, la devolución del saldo a favor del SAT se ha realizado en tiempo récord para miles de contribuyentes, pero existen casos en los que el depósito no llega en el plazo prometido.

Frente a esta situación, es fundamental conocer los pasos oficiales para resolver el atraso y las vías que ofrece el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para acelerar el proceso.

El SAT tiene la obligación legal de devolver los saldos a favor dentro de un plazo de 40 días hábiles. Sin embargo, este año, la autoridad informó que muchas devoluciones automáticas se han procesado en un promedio de tres a cinco días hábiles, especialmente para quienes presentaron su declaración anual sin inconsistencias y con datos correctos.

A pesar de este avance, el hecho de no recibir el depósito rápido no implica el rechazo inmediato del saldo a favor, ya que cada trámite puede enfrentar revisiones específicas o requerimientos adicionales.

Plazos y causas de retraso en la devolución del saldo a favor del SAT

El tiempo máximo legal para que el SAT resuelva una solicitud de devolución es de 40 días hábiles, según el Código Fiscal de la Federación (artículo 22). En 2026, la autoridad mantiene el compromiso de procesar devoluciones automáticas a personas físicas en un promedio de tres a cinco días hábiles, aunque el plazo puede extenderse si se detectan inconsistencias o se requiere información adicional.

El SAT depositó más de 2 mil 179 millones de pesos de ISR en solo tres días a contribuyentes que cumplieron con la declaración anual, pero advierte que cada caso pasa por filtros de validación, revisión de deducciones, verificación de CLABE interbancaria y cruce de datos fiscales. Por ello, aunque el promedio es bajo, algunos contribuyentes pueden recibir el pago semanas después o enfrentar revisiones puntuales.

Si no has recibido la devolución en el tiempo esperado, es posible que el trámite esté en revisión manual debido a errores en la CLABE bancaria, deducciones no reconocidas, e.firma vencida o diferencias entre lo declarado y lo registrado ante el SAT. La autoridad también puede emitir requerimientos de información, suspendiendo el conteo de días hasta que el contribuyente responda.

Cómo consultar el estatus y detectar inconsistencias

El primer paso ante un retraso es ingresar al portal oficial del SAT (sat.gob.mx), acceder a la sección de declaraciones y consultar el estatus de la devolución en el apartado “Devoluciones y compensaciones”.

Es imporntante revisar el buzón tributario, ya que el SAT comunica ahí cualquier requerimiento, rechazo o autorización.

Si el sistema indica que el saldo a favor no está registrado o la solicitud fue rechazada, puede deberse a errores en la declaración, CLABE interbancaria incorrecta, o deducciones sin comprobante fiscal digital (CFDI).

En ese caso, se recomienda presentar una declaración complementaria para corregir la información y volver a solicitar la devolución.

El SAT puede requerir documentación adicional —como estados de cuenta bancarios, constancias de retención o comprobantes de deducciones— a través del buzón tributario. Es fundamental responder en un plazo de 20 días hábiles para evitar la cancelación de la solicitud.

Motivos frecuentes de rechazo o revisión manual

Entre los errores más comunes que generan retrasos o rechazos en la devolución destacan:

• CLABE interbancaria incorrecta o cuenta bancaria no registrada a nombre del RFC del contribuyente.
• Deducciones personales sin comprobante fiscal válido.
• Declaración sin saldo a favor declarado en el sistema.
• E.firma vencida o contraseña incorrecta para devoluciones mayores a $10,000.
• Omisión de responder requerimientos del SAT.
• Diferencias entre datos precargados y lo declarado.

Cuando la devolución automática no procede, el contribuyente debe presentar una solicitud manual mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED), anexando la documentación que respalda el saldo a favor.

Opciones oficiales para acelerar el trámite

Si el SAT no ha realizado el depósito después de los 40 días hábiles, el contribuyente puede exigir el pago de intereses moratorios sobre el monto adeudado, conforme al artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación. El cálculo de intereses inicia desde el día 41 hábil tras la presentación de la solicitud.

Para acelerar el proceso, verifica que la e.firma esté vigente, que la CLABE interbancaria sea correcta y que todos los CFDI de deducciones estén en orden.

Si la devolución fue rechazada o no avanza, presenta una solicitud manual adjuntando los documentos requeridos. El seguimiento debe hacerse siempre por el buzón tributario; responder con prontitud a cualquier requerimiento es clave para evitar la cancelación.

Recomendaciones y canales oficiales del SAT

El SAT recomienda monitorear de forma regular el buzón tributario y el portal oficial para verificar el avance del trámite. Si se detecta algún requerimiento, atiéndelo en tiempo y forma. Para dudas o aclaraciones adicionales, el contribuyente puede acudir a las oficinas del SAT o consultar los canales digitales disponibles en sat.gob.mx.

Este año, el SAT ha destacado la rapidez en la devolución automática para la mayoría de los solicitantes. No obstante, en caso de no recibir el saldo a favor en el tiempo prometido, el organismo fiscal ofrece mecanismos claros y oficiales para reclamar, corregir inconsistencias y asegurar el depósito correspondiente.

Panamá estima que el proceso para incorporarse plenamente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) podría extenderse durante al menos dos administraciones gubernamentales, en una estrategia que el Gobierno define como una política de Estado orientada a fortalecer la reputación internacional, atraer inversiones y modernizar estándares institucionales.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el ingreso a la OCDE no debe entenderse únicamente como un tema tributario, sino como una oportunidad para acelerar transformaciones estructurales vinculadas con educación, gobernanza, competitividad y transferencia de conocimiento.

“Esto no se hace en un año, pero yo creo que sí lo podemos lograr en dos administraciones”, afirmó el ministro durante un foro sobre el proceso de adhesión de Panamá al organismo internacional.

Chapman sostuvo que el objetivo final no es el ingreso a la OCDE como un fin en sí mismo, sino utilizar el proceso para fortalecer la institucionalidad del país y generar mejores condiciones económicas para la población.

“Al final del día se trata de la gente. Esto es importante para preservar buenos trabajos ya existentes y generar nuevos trabajos”, expresó.

El titular del MEF defendió que uno de los mayores beneficios de acercarse a la OCDE será la posibilidad de adoptar estándares internacionales de “primer mundo” en áreas como educación, gobernanza y manejo de empresas públicas. Según Chapman, el componente tributario representa apenas una parte menor dentro del alcance total del organismo.

“Para mí, lo más importante de la OCDE es tener un sitio donde podamos aprender muchísimo”, afirmó el ministro. Añadió que Panamá podrá escoger qué estándares implementar y cuáles no, comparándolo con “entrar a una biblioteca y escoger el libro que se quiere consultar”.

Chapman insistió en que el proceso requerirá continuidad más allá del actual Gobierno y criticó que Panamá “trate de reinventarse cada cinco años” con cada cambio de administración. El ministro señaló que el país necesita madurez institucional para mantener proyectos estratégicos a largo plazo independientemente de quién gobierne.

“Las cosas importantes del país probablemente aparte del Canal no tenemos la madurez como sociedad de continuar”, afirmó. Según Chapman, la incorporación a la OCDE debe verse como una visión de largo plazo comparable a decisiones históricas como la reversión y ampliación del Canal de Panamá.

El ministro también vinculó el proceso de adhesión con otras reformas impulsadas por el Gobierno, incluyendo la reforma al sistema de pensiones y la nueva legislación de sustancia económica, medidas que calificó como decisiones “difíciles” pero necesarias para mejorar la competitividad y recuperar la confianza internacional.

Actualmente, la Asamblea Nacional discute en primer debate el proyecto presentado por el Gobierno sobre sistancia económica.

Chapman aseguró que muchas de las críticas que enfrenta el proceso responden al temor al cambio y a la incertidumbre. “El mundo cambió”, sostuvo el funcionario, quien defendió la necesidad de adaptar el modelo económico panameño a nuevas exigencias globales relacionadas con transparencia, supervisión y estándares regulatorios.

Por su parte, el vicecanciller Carlos Hoyos explicó que el presidente de la República emitió un decreto ejecutivo declarando el ingreso a la OCDE como una prioridad nacional. El funcionario señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas liderará técnicamente el proceso, acompañado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Presidencia.

Hoyos reconoció que Panamá todavía se encuentra en una etapa inicial dentro de la relación formal con la OCDE, aunque destacó que recientemente se firmó un entendimiento que permite avanzar hacia una fase más táctica y técnica de negociaciones.

“El proceso ante la OCDE todavía es inicial”, afirmó el vicecanciller, quien explicó que Panamá ahora comenzará a profundizar discusiones específicas sobre estándares, políticas públicas y reformas institucionales requeridas dentro del mecanismo de adhesión.

El funcionario aseguró que uno de los principales objetivos del Gobierno es convertir el proceso en una política de continuidad nacional y no exclusivamente de una administración. Según indicó, el Ejecutivo busca consolidar apoyo del sector privado y de la sociedad civil para garantizar que el próximo Gobierno mantenga el impulso del proyecto.

“Tenemos la tarea de homologarlo y consolidarlo con la empresa privada para crear una situación de continuidad posterior al próximo gobierno”, explicó Hoyos. El vicecanciller advirtió que si la sociedad civil y el sector empresarial no respaldan el proceso, la iniciativa podría perder fuerza en futuras administraciones.

Hoyos también vinculó el acercamiento a la OCDE con la estrategia de recuperación reputacional impulsada por Panamá en los últimos dos años. Según sostuvo, el país ha mejorado su imagen internacional y fortalecido relaciones con actores como la Unión Europea y organismos multilaterales

“El mundo no mira a Panamá necesariamente como Panamá se mira a sí mismo”, afirmó el vicecanciller. A su juicio, el país atraviesa un momento comparable al inicio de los años 2000, cuando la ampliación del Canal proyectó una visión de futuro y fortaleció la percepción internacional sobre Panamá.

Chapman, por su parte, destacó que algunos resultados ya comienzan a reflejarse en indicadores financieros internacionales. El ministro señaló que la prima de riesgo país se ha reducido más de 65% en menos de dos años, lo que atribuyó a políticas fiscales, transparencia financiera y mayor confianza de los inversionistas.

El titular del MEF afirmó que los mercados internacionales están reaccionando positivamente a las reformas impulsadas por Panamá. “Son inversionistas opinando, arriesgando su capital”, sostuvo Chapman al defender que la reducción del riesgo país representa una señal concreta de recuperación de confianza internacional.

Tanto Chapman como Hoyos coincidieron en que el proceso hacia la OCDE implicará costos, reformas administrativas y ajustes regulatorios, pero insistieron en que el objetivo final es fortalecer la competitividad del país y generar condiciones más estables para la inversión y el crecimiento económico en el largo plazo.

La Comisión Europea se ha posicionado en el debate sobre la imposición de beneficios extraordinarios a las grandes empresas, y según ha señalado este martes el comisario europeo del Clima, Neutralidad Climática y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, Bruselas quiere facilitar que los Estados miembros puedan avanzar en la aplicación de impuestos especiales a compañías que hayan registrado “beneficios escandalosos” en medio de la subida de precios y la crisis energética.

Estas declaraciones se producen después de que España, Alemania, Italia, Austria y Portugal propusieran a Bruselas crear un impuesto a las compañías energéticas por las ganancias extraordinarias obtenidas a consecuencia de la guerra en Irán. En este sentido, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, instó ayer a comenzar el debate acerca de la fiscalidad sobre las compañías energéticas antes de que se vean situaciones “que no tienen sentido”. “La fiscalidad energética es una de las grandes tareas pendientes y requiere de un debate amplio”, señaló.

Las declaraciones de Wopke Hoekstra llegan en un contexto marcado por el aumento del coste de la vida en toda Europa y por el debate político sobre cómo repartir el impacto económico derivado de la inflación, la guerra en Oriente Medio y las tensiones energéticas internacionales.

Más margen a los gobiernos

Durante una rueda de prensa junto a la ministra portuguesa de Energía y Medio Ambiente, Maria da Graça Carvalho, Hoekstra reconoció que existe una creciente presión social para actuar frente a las compañías que han disparado sus ganancias durante los últimos años.

“Entendemos que las compañías quieren obtener beneficios, pero lograr beneficios escandalosos en medio de una crisis entiendo por qué es incómodo para la opinión pública”, aseguró el comisario europeo, según recoge Efe, dejando clara la posición de Bruselas respecto a la necesidad de dar margen a los gobiernos nacionales para intervenir.

Aunque la Comisión Europea descarta por ahora imponer una medida común a nivel comunitario, sí estudia mecanismos que permitan a los países aplicar este tipo de gravámenes con mayor facilidad y seguridad jurídica. Según explicó Hoekstra, la experiencia de 2022 demostró que este tipo de medidas funcionan mejor a nivel nacional debido a las dificultades legales y de coordinación que supondría una tasa única europea.

El mensaje supone un respaldo indirecto a países como España, que en los últimos años han impulsado impuestos extraordinarios sobre sectores como la banca o las energéticas para tratar de contener el impacto de la inflación y reforzar la recaudación pública.

Apoyo político y técnico de la Comisión Europea

Hoekstra señaló que Bruselas sigue “analizando” cómo facilitar estas iniciativas nacionales sin generar conflictos regulatorios dentro del mercado europeo. “Queremos hacer lo posible para los Estados miembro que quieran embarcarse en esa ruta”, afirmó el comisario, dejando abierta la puerta a nuevas fórmulas de apoyo político y técnico desde la Comisión.

El debate sobre los llamados “beneficios caídos del cielo” vuelve a cobrar fuerza en Europa coincidiendo con un escenario internacional marcado por la volatilidad energética y el encarecimiento de materias primas clave. En muchos países europeos, los gobiernos se enfrentan a una creciente presión social por la dificultad de acceso a vivienda, alimentación o suministros básicos.

Durante su intervención en Lisboa, el comisario también defendió la necesidad de reforzar la resiliencia económica y energética europea. “La energía no es solo un mercado, es una cuestión de seguridad nacional y europea”, subrayó, insistiendo en que Europa debe acelerar inversiones para reducir su dependencia exterior y reforzar su competitividad.

La visita de Hoekstra a Portugal forma parte de una gira institucional centrada en transición energética, competitividad y crecimiento limpio. Durante su estancia en Portugal, el comisario ha mantenido encuentros tanto con representantes del Gobierno luso como con miembros de la industria energética y empresarial lusa.

El hecho de pagar impuesto sobre las ventas (IVA) por el uso comercial de zonas comunes se convirtió en un punto central para conjuntos residenciales en Colombia ante últimos pronunciamientos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). La institución explicó que no se trata de una normativa nueva, sino de la aplicación y fiscalización de regulaciones vigentes, como la Ley 675 de 2001 y el artículo 462 del Estatuto Tributario, sobre la explotación económica de estos espacios.

Así las cosas, un conjunto residencial debe pagar el IVA cuando alquila zonas comunes a terceros o genera ingresos adicionales por estos espacios. Esto ocurre si, por ejemplo, se arriendan canchas deportivas, salones sociales o parqueaderos a personas ajenas a la copropiedad. Bajo el régimen de propiedad horizontal, varias familias comparten la gestión y el mantenimiento de áreas comunes como parques, pasillos, ascensores, gimnasios y piscinas. La Ley 675 de 2001 regula estos espacios para el bienestar colectivo y la seguridad de los habitantes.

Con normalidad, el presupuesto de mantenimiento proviene de la cuota de administración que los propietarios pagan cada mes. Sin embargo, para aliviar las finanzas de la copropiedad, es cada vez más común alquilar salones sociales, cobrar por el uso de las canchas o los parqueaderos, y rentar áreas de BBQ a visitantes externos. Estas actividades pueden transformar el carácter de los espacios comunes e introducir obligaciones fiscales adicionales.

Influencia de la Dian y obligaciones fiscales en zonas comunes

Las autoridades reforzaron la vigilancia sobre los ingresos generados por el uso comercial de zonas comunes. Los conjuntos residenciales están obligados a pagar impuestos y cumplir con requisitos como la facturación electrónica si sus espacios comienzan a generar ingresos fuera de la cuota ordinaria de administración.

La Dian puntualizó que “los conjuntos residenciales en Colombia deben pagar el impuesto sobre las ventas cuando las zonas comunes sean explotadas económicamente mediante alquileres o prestación de servicios a terceros”. Dicha disposición, según la entidad, no corresponde a una nueva medida, sino a la aplicación estricta del artículo 462 del Estatuto Tributario, que considera el arrendamiento de áreas comunes como una actividad gravada con impuestos.

La autoridad fiscal intensificó el control sobre las copropiedades donde se detectó incumplimiento en el pago de estos impuestos. La meta es fortalecer la transparencia en las actividades económicas dentro de los conjuntos residenciales y asegurar que paguen lo estipulado por ley.

Actividades que generan el pago de IVA en conjuntos residenciales

El impuesto solo se exige si los espacios dejan de ser de uso exclusivo de los copropietarios y se usan para actividades comerciales con ingresos extra. Ejemplos clave son el alquiler de:

• Canchas sintéticas.
• Salones sociales.
• Áreas de BBQ.
• Parqueaderos a visitantes externos.

Cuando una cancha polideportiva es arrendada a personas ajenas a la comunidad, la copropiedad debe facturar ese uso y pagar el 19% de IVA sobre el ingreso obtenido. Dicha política también se aplica cuando los salones sociales o los parqueaderos de visitantes son alquilados de manera regular. La autoridad fiscal aclaró que “la medida aplica únicamente cuando dichos espacios dejan de tener un uso exclusivo para los copropietarios y comienzan a generar ingresos derivados de actividades comerciales”.

En algunos casos, dependiendo de la magnitud o regularidad de la operación, las alcaldías pueden reclamar el pago de ICA si consideran que la actividad constituye una operación lucrativa sostenida dentro de predios privados.

Impacto económico para residentes y copropiedades

La obligación tributaria puede reflejarse en un aumento de los costos para quienes usan estos servicios dentro de los conjuntos residenciales. Si antes la renta de una cancha o un salón representaba solo una tarifa base, ahora el valor incrementa con el 19% de IVA y los costos administrativos de la facturación electrónica.

En varias copropiedades se detectó el incumplimiento del pago de este impuesto, lo que llevó a una intensificación en los procesos de revisión y control, con posibles sanciones para quienes no regularicen su situación.

Para los residentes, esto significa que actividades cotidianas como partidos de fútbol o celebraciones familiares ahora tienen un costo adicional. El importe total puede verse incrementado no solo por los impuestos, sino también por eventuales recargos administrativos.

En determinados escenarios, las alcaldías pueden exigir el impuesto de industria y comercio (ICA), lo que incrementa aún más los gastos mensuales de la copropiedad cuando el uso comercial de estos espacios es regular y significativo.

Espacios exentos de IVA y aclaraciones finales

No todos los usos de las zonas comunes generan obligación de pagar el impuesto. La Dian destacó que, si el espacio es utilizado de manera exclusiva por los copropietarios y este beneficio está cubierto por la cuota de administración, no se debe pagar IVA ni emitir factura adicional.

Tampoco hay obligación tributaria cuando el uso de áreas comunes no implica un cobro extra para residentes o visitantes, es decir, cuando el acceso está incluido en la cuota ordinaria de administración y no constituye un ingreso diferente para la copropiedad.

Dicho escenario evidencia que muchas copropiedades desconocían las obligaciones fiscales vinculadas al uso comercial de las zonas comunes. Ahora se enfrentan al reto de ajustar sus prácticas administrativas para cumplir con la regulación y evitar posibles sanciones.

Tras 45 días de vigencia, este viernes llega a su fin el acuerdo de amortiguación de precios que pactaron YPF y las principales petroleras del país el 1° de abril. El vencimiento de este mecanismo —que logró contener el impacto de la volatilidad del crudo internacional en el mercado local— anticipa un inminente ajuste coordinado en los surtidores, presionado además por la reciente actualización impositiva dictada por el Gobierno nacional.

Según confirmó Horacio Marín, CEO de YPF, este lunes habrá una reunión entre los principales actores del sector para definir los pasos a seguir. La comunicación oficial sobre los próximos ajustes se dará a conocer tras ese encuentro.

Cabe recordar que el acuerdo -aún vigente- entre YPF, Shell, Axion, Puma y otras empresas del sector limitaba el traslado inmediato de las fuertes subas del crudo internacional hacia los precios de venta en la Argentina. Bajo este esquema, los refinadores compraban el petróleo a las productoras tomando como referencia el valor vigente hasta marzo de 2026 —alrededor de USD 70 por barril— independientemente de la cotización real, que llegó a superar los USD 120 por barril para el Brent. La diferencia se registraba en cuentas compensadoras que debían saldarse a futuro si los valores internacionales descendían.

En las jornadas recientes, el mercado internacional mostró una baja abrupta en el valor del petróleo: tanto el Brent como el WTI retrocedieron entre 10% y 12% ante las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. El WTI cotizó en USD 95 por barril (una caída del 12%) y el Brent quedó en USD 101 por barril (10% menos). Esta reacción del mercado fue consecuencia del “memorándum de entendimiento” entre Estados Unidos e Irán para abrir una ventana de 30 días de diálogo. Sin embargo, según consignó Reuters, el acuerdo omite puntos centrales como el desmantelamiento del programa nuclear iraní, por lo que los riesgos de volatilidad siguen latentes.

El impacto impositivo y su traslado al consumidor

A esa presión se suma además la suba de impuestos fijos sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono. El pasado 30 de abril, el Gobierno oficializó una actualización del 0,5% de los impuestos sobre los combustibles líquidos y el CO2. Esta decisión -que el ejecutivo había pospuesto el mes anterior- empezó a regir el 1° de mayo, aunque se desconoce si el alza impositiva se trasladó o no a los surtidores, ya que la decisión de aplicarlos o absorberlos corre por cuenta de las petroleras.

En la estructura de precios local, el crudo representa el 40% del valor en el surtidor; el 60% restante se distribuye entre impuestos, refinación, logística, biocombustibles y margen comercial.

Según explicó Sebastián Domínguez, titular de SDC Asesores Tributarios a Infobae, aquel ajuste impositivo implicaría una suba total de $11,035 por litro solo por carga fiscal. La totalidad del tributo pasaría de $345,541 a $355,939 por cada litro, mientras el impuesto al CO2 sumaría $0,637 y alcanzaría los $16,074 desde mayo.

El traslado de ese aumento al precio final quedó a criterio de las petroleras y sería parte de la decisión que anuncien este lunes 11 de mayo. De esta forma, las empresas decidirán en las próximas horas si trasladan, total o parcialmente, tanto la suba internacional acumulada como el reciente incremento impositivo. De concretarse, llevaría el precio de la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires por encima de los $2.000 por litro.

Caída de ventas y giro en la demanda

En este escenario, la demanda interna de combustibles registró una caída en marzo de este año. Según un informe de Surtidores, las ventas totales tuvieron una contracción del 1,8% en el tercer mes de 2026. Durante ese periodo, la nafta súper cayó un 4,1% interanual, señal de la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y el menor uso de automóviles.

La decisión de ‘amortiguar’ los precios en aquel entonces respondía, entre otras cuestiones, a la caída de la demanda, especialmente en el interior del país, a la vez que buscaba ofrecer mayor previsibilidad a los usuarios frente a la volatilidad global.

El fin del acuerdo y el futuro inmediato

El esquema de “buffer” de precios -tal como lo definió YPF- fue una iniciativa privada entre los tres grandes eslabones de la industria: productores puros como Tecpetrol, Pluspetrol y Fénix; refinadoras como Raízen y Trafigura; e integradas como YPF, Puma y Axion.

El mecanismo aún vigente consiste en tomar el valor del crudo correspondiente a marzo como referencia para las transacciones internas. De esta manera, los productores facturan según la cotización internacional de cada momento —por ejemplo, el barril llegó a USD 120 en picos recientes, aunque actualmente ronda los USD 104—, pero los refinadores abonan el valor vigente hasta el mes de marzo (alrededor de USD 70).

Al momento de publicación de esta nota, el Brent cotiza en torno a los USD 104,49 por barril. Sin embargo, aun si el conflicto se resuelve en el corto plazo, el sector desconfía de que el crudo regrese a los niveles previos al estallido de las tensiones —en torno a USD 60—. Por el contrario, proyectan un precio sostenido cerca de los USD 90 por barril.

Nuestro país está pasando, indudablemente, una grave crisis de liderazgo político. Por supuesto que contamos con importantes y meritorios dirigentes, tanto en el oficialismo como en la oposición, pero los que no serían dignos ni de la “berretalandia” a la que suele referirse Melconian, son legión.

Uno de ellos, recién subido al estrellato de los impresentables es el Sr. Javier Milei quien, a pesar de ser economista (al menos así figura en su CV) parece sostener que los impuestos no deberían existir.

Con esa idea el Sr. Milei la ha emprendido contra el Papa Francisco a quien, sin la prudencia y respeto obligados por dirigirse a una personalidad mundial y de especial significación religiosa para más de mil millones de personas en el mundo y para la mayoría de sus compatriotas (de Milei), ha acusado de estar “siempre parado del lado del mal”.

El punto es que Francisco, en el discurso criticado por Milei no ha dicho nada que no pudiese ser sostenido por cualquier persona medianamente educada (especialmente un economista): los impuestos han existido desde que, en cualquier sociedad, se encuentra establecida una autoridad encargada de gestionar el Bien Común, gestión que necesita del debido financiamiento.

Así está en la Biblia (que además de no repudiar a los recaudadores de impuestos, tiene a uno de ellos como apóstol y evangelista, y luego reconocido como Santo: San Mateo Evangelista). Pero así también lo afirma el Papa al admitir la legitimidad de los impuestos siempre que reúnan dos condiciones principales: la primera, no superar la curva de la tolerancia (razonabilidad). Excedida ésta, por la magnitud de la presión impositiva, los contribuyentes tenderán a la evasión y, sobre todo, a la no inversión, con daños al sistema en general y, en especial, a los más pobres (en este punto el tributo será ineficiente, es decir, de un costo social desproporcionado). La segunda se centra en el destino de los tributos, que deben servir al Bien Común con honesta y diligente gestión (eficacia).

Francisco hizo también referencia a la transparencia en materia impositiva y de gestión de los recursos, lo que hace que las personas estén más motivadas para contribuir, “sobre todo si la recaudación ayuda a superar las desigualdades, a realizar inversiones para que haya más trabajo, a garantizar una buena sanidad y educación para todos, a crear infraestructuras que faciliten la vida social y la economía”. “Cuando los impuestos son justos, son para el Bien Común”, dijo el Papa, advirtiendo también que “las autoridades fiscales suelen ser percibidas de forma negativa si no está claro en qué y cómo se gasta el dinero público. Esto puede llevar a la sospecha y al descontento. Los que gestionan la riqueza de todos tienen la grave responsabilidad de no enriquecerse” (el Sr. Milei podría haber leído el discurso completo en “Vatican News” del 1/2/20).

¿Tales palabras significan ponerse del lado del mal?

El Sr. Milei parece haber adoptado una posición anarquista, tan anacrónica como lo es la ideología gemela, el liberalismo extremo. Aunque resulte paradojal no hay nada más parecido al anarquismo que el liberalismo, al menos el liberalismo demodé que el Sr. Milei estaría pregonando…si supiese lo que dice.

Quizás convenga recordar al Sr. Milei lo prescripto por el art. 5 de nuestra Constitución: “El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los impuestos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional”, del que son complementarios los incisos 1 y 2 de su art 75. El Sr. Milei debería saber que el citado art. 4 fue inspirado en las ideas de Juan Bautista Alberdi, quien poco podía tener que ver con Marx o Proudhon.

Finalmente, nuestro “dirigente” anarco/liberal se dirige al Papa –con la impertinencia propia de los ignorantes y patoteros- diciendo “Tu modelo es la pobreza”. ¡Pobre hombre! No solo nunca leyó los Evangelios, sino que nada sabe de la historia de Occidente, y de la evangélica opción preferencial por los pobres adoptada por la Iglesia desde su fundación.

Sr Milei: el modelo de pobreza, de descarte, de exclusión y desigualdad es producto del liberalismo dieciochesco y del salvaje capitalismo que aquél engendró, del liberalismo que hizo que los capitalistas originales se apropiaran, no sólo de los medios de producción, sino del mismo Estado, destruyendo las familias y el tejido social.

Este Papa, y la Iglesia desde siempre, están del lado de los pobres ¿De qué lado está Ud. Sr. Milei?

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Breve expedición al extraño cerebro de Javier Milei

Por cuarto mes consecutivo, en abril las transferencias automáticas de fondos de Nación a provincias cayeron. Lo hicieron en un 3,3% respecto de igual mes de 2025. Fue además, la quinta caída de esos envíos de fondos en los últimos siete meses.

Con todo, la pérdida acumulada respecto de 2025 es aún más marcada si se considera el acumulado del primer cuatrimestre. En ese período, los 23 gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) perdieron un 5,7% en relación a lo que habían recibido en los primeros cuatro meses del año pasado.

Medida a precios actuales, dice el informe de Politikon Chaco, una consultora especializada en el seguimiento de los recursos del sistema fiscal federal, la pérdida acumulada de los 24 distritos equivale a $1,39 billones de pesos, esto es, equivalente a casi 1.000 millones de dólares.

De hecho, un gráfico del informe muestra que si se toman las transferencias automáticas de Nación a los 24 distritos en los primeros cuatrimestres de cada año, desde 2018 a la actualidad, los datos de 2024, 2025 y 2026, bajo la gestión de Milei, son tres de los cuatro más bajos de los nueve años considerados.

Sólo los $22,34 billones transferidos automáticamente en el primer cuatrimestre de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, fueron inferiores a los $24,3 billones distribuidos por la gestión Milei en igual período de 2025.

A su vez, los fondos enviados de modo automático por la actual administración durante 2024 y 2026 ($21,3 y $22,9 billones respectivamente, siempre a valores actuales) fueron los dos montos más bajos para el cuatrimestre desde 2018, reflejo de la fuerte caída de la recaudación coparticipable tanto a principios de 2024, en los inicios de la gestión Milei, cuando se produjo un fuerte ajuste fiscal y una fuerte caída de la actividad económica, y en igual período de este año, ya agotada la recuperación de actividad que se verificó a partir del segundo trimestre de 2024 y se agotó en el segundo trimestre de 2025.

El mes pasado los envíos por coparticipación alcanzaron los $5.1 billones y su caída se debe a la merma de la recaudación del IVA (-3,3% interanual), Ganancias (-2,5%), Impuestos Internos (-20,7%) y otros tributos coparticipados (-42,3%). Los envíos en razón de leyes y regímenes especiales totalizó $239.352 millones, con un aumento del 7,9% interanual, gracias al aumento de recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (+23,5%) y del Monotributo (+77,3%), que más que compensaron las bajas en Bienes Personales (-15,7%), en el IVA de la Seguridad Social ( 3,3%) y en el Régimen de Energía Eléctrica (-100,0%). Y los recursos por Compensación del Consenso Fiscal, otro ítem del complejo sistema de distribución federal de recursos, sumaron $ 269.434 millones, 2,7% menos que abril del año anterior.

De datos tan negativos en el mes resultó que las 24 jurisdicciones subnacionales recibieran el mes pasado, siempre descontada la inflación, menos que en abril de 2025, pero con una diferencia muy grande entre los extremos. Tucumán tuvo la variación más leve (-0,7%) y Salta la más grandes (-11,1%), porque en el primer caso la baja de la coparticipación estuvo en parte compensada con un fuerte aumento de los recursos por Compensación del Consenso Fiscal (+50,1% real), ítem que en Salta por el contrario, se encogió un 51,4%, en parte porque en meses anteriores había jugado a favor. “Esto sucede por los convenios que tienen dichas provincias (Salta aplicable hasta marzo 2026 y Tucumán aplicable ahora), que surgen principalmente del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), explica Politikon.

El aspecto tal vez más sorprendente de los datos de envíos automáticos de fondos de Nación a las 23 gobernaciones provinciales y al gobierno porteño es que, más allá del promedio de caída del 5,7% en el primer cuatrimestre, el distrito menos perjudicado fue la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, principal gobernador opositor al gobierno de Javier Milei, para el que la merma real de recursos (siempre en comparación al primer cuatrimestre de 2025) fue del 4,5%, y el más perjudicado fue el gobierno porteño, encabezado por Jorge Macri, que recibió en el período 7,1% menos de recursos que entre enero y abril del año pasado.

En una entrevista concedida al Australian Financial Review, Bill Gates planteó una idea que resuena cada vez con más fuerza en los debates sobre automatización: si los robots y la inteligencia artificial desplazan trabajadores, los sistemas fiscales deberán adaptarse para gravar el capital tecnológico en lugar del trabajo humano.

El cofundador de Microsoft estima que ese cambio podría ser necesario en un plazo de cinco años.

Por qué Gates propone trasladar la carga fiscal del trabajo a los robots y la IA

La advertencia de Gates no llegó en abstracto. En la entrevista, el empresario fue preciso sobre los tiempos: “Todavía no hemos llegado al punto en que necesitemos modificar por completo la estructura tributaria, pero podríamos estar en esa situación dentro de cinco años”.

Su propuesta apunta a una redistribución concreta de la carga impositiva. Gates señaló que una posible vía sería “trasladar la carga impositiva del trabajo, al menos de los trabajadores de ingresos medios y bajos, al capital. Es decir, a la tributación de robots o inteligencia artificial”.

El argumento de fondo es que un salto de productividad impulsado por la automatización puede beneficiar a empresas y consumidores, pero no necesariamente a quienes pierden su empleo en ese proceso.

Por eso Gates insiste en que la conversación sobre impuestos a robots e IA debe producirse antes de que el cambio sea irreversible.

El magnate fue más allá de las cifras económicas al señalar que la IA obliga a una reflexión profunda sobre el futuro del trabajo. Para él, el foco no debe estar solo en la eficiencia de las máquinas, sino en el diseño de nuevas normativas estatales que protejan a los ciudadanos ante la automatización del empleo.

Por qué Gates cree que la mayoría de las empresas de IA fracasarán

Junto a su propuesta fiscal, Gates también rebajó el entusiasmo inversor que rodea al sector. Su diagnóstico fue directo: “La mayoría de las empresas de IA fracasarán”, pese a que la tecnología funciona hoy y mejorará de forma notable en los próximos años.

El fundador de Microsoft marcó una línea clara entre el valor tecnológico de la IA y el entusiasmo desmedido de la bolsa. Aunque reconoce que gigantes como Apple o Google son apuestas seguras, advirtió que el inversor promedio podría perderse en el camino, ya que sin conocimientos técnicos profundos es casi imposible identificar qué startups tienen un futuro sólido y cuáles son solo humo financiero.

El impacto de la inteligencia artificial según Bill Gates

Bill Gates considera que la IA tendrá un mayor impacto en áreas como la salud y el desarrollo social. Desde la presidencia de la Fundación Bill y Melinda Gates, ha gestionado inversiones millonarias en proyectos de salud global y sostiene que la IA permitirá ampliar el alcance de estos recursos, especialmente en regiones con acceso limitado a médicos o tecnología agrícola.

No obstante, Gates advierte que la llegada de la IA no garantiza una distribución justa de los beneficios y que la brecha entre quienes acceden a tecnología y quienes no podrían ampliarse si los gobiernos no actualizan los sistemas fiscales y de protección social.

Plantea que sería necesario trasladar parte de la carga impositiva desde el trabajo hacia el capital o la propia inteligencia artificial, aunque reconoce los desafíos políticos de implementar estos cambios.

Filantropía e innovación frente a los desafíos globales

En cuanto al futuro de la cooperación internacional, Gates califica 2025 como un año difícil para la ayuda exterior debido a recortes en el presupuesto de Estados Unidos, aunque destaca que el esfuerzo de organizaciones filantrópicas ha permitido recuperar parte de los fondos.

Durante una visita a Australia, promovió el aumento de la ayuda internacional y defendió la importancia de la investigación científica. Gates subraya que la innovación a gran escala es fundamental para afrontar retos como la salud y el cambio climático.

Aunque ha sido criticado por priorizar la pobreza y la salud sobre la crisis climática, sostiene que solo mediante el desarrollo de tecnologías más eficientes será posible eliminar los sobrecostos de los productos sostenibles y lograr cambios duraderos. Actualmente, la Fundación Gates administra un fondo de 200.000 millones de dólares dirigido a salud, energía y agricultura para acelerar soluciones que beneficien a las poblaciones más vulnerables.

Con críticas al programa económico del Gobierno, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, describió un panorama fiscal complicado para la provincia de Buenos Aires, marcado por una caída sostenida de la recaudación nacional y un descenso de la coparticipación, así como una baja considerable en los recursos captados por el fisco provincial por un menor nivel de actividad económica.

El funcionario consideró, en diálogo con Infobae, que la Argentina se encuentra “a las puertas de una eventual crisis fiscal”, en un contexto donde los recortes sucesivos del gasto llevan a una “situación sin salida”. Además, indicó que la mitad del presupuesto bonaerense proviene de la recaudación propia y la otra de la coparticipación, pero que esta última “está destruida”.

Girard sostuvo que es necesario repensar el sistema tributario argentino, aunque no colocando el foco únicamente en la eliminación de tasas municipales o Ingresos Brutos, que es uno de los impuestos más cuestionados por parte de los empresarios de todo el país.

Al mismo tiempo, planteó que la ley de coparticipación vigente “se fue emparchando con acuerdos y pactos fiscales donde los gobiernos centrales fueron manoteando recursos crecientemente en contra de las provincias”. Advirtió que esto dejó a los gobiernos provinciales y municipales con más obligaciones y menos recursos, lo que genera tensiones en las finanzas públicas.

Sobre la posibilidad de reducir impuestos en la Provincia, Girard afirmó que Buenos Aires viene trabajando en bajar la presión tributaria, especialmente para pymes, microempresas y monotributistas, y defendió la progresividad fiscal, aunque no tienen en agenda ninguna disminución impositiva extra. Consideró, no obstante, que “la solución a la crisis económica no es bajar un punto de Ingresos Brutos”, sino “poner a crecer la economía e incentivar el mercado interno”, algo que, según su visión, el Gobierno nacional no está dispuesto a impulsar.

En simultáneo, el director del organismo recaudador bonaerense cuestionó la política económica de La Libertad Avanza al afirmar que la solución para reactivar la economía no pasa por reducir impuestos aislados, sino por impulsar el mercado interno y el consumo. “La gente no tiene guita, no llega al veinte del mes ni con dos laburos”, asveró.

- ¿Cómo impacta la caída de la recaudación nacional en las cuentas provinciales?

- Implica una caída de la coparticipación. Noveno mes consecutivo de caída y octavo mes consecutivo de caída del IVA. Si bien desacelera la caída respecto de marzo, sigue cayendo. La verdad es que es preocupante. La caída del IVA muestra que claramente hay una contracción del mercado interno y del consumo que no está revirtiéndose. Cuatro de cada cinco pesos que recauda la Provincia se explican por Ingresos Brutos y Sellos, dos impuestos vinculados con las ventas, las transacciones económicas y los contratos entre partes. Al mirar la serie, el nivel histórico es realmente crítico porque estamos a niveles de 2021, como si estuviéramos en la pandemia pero sin haber tenido el virus. Lo más preocupante es que tenemos caídas de la base imponible de la industria manufacturera, de la construcción y del comercio, que no paran y que son de dos dígitos. La destrucción del tejido industrial que estamos viendo es feroz y en algunos sectores es realmente alarmante, como la industria textil: tres de cada cuatro máquinas están paradas.

- ¿Qué proyecciones hacen respecto a la evolución fiscal para los próximos meses?

- Estamos a las puertas de una eventual crisis fiscal, porque el modelo es inconsistente, es un círculo vicioso. Recortás el gasto, eso hace que la economía entre en recesión, la recesión te hace caer los ingresos y otra vez tenés que recortar gastos. En un momento no tenés más de dónde recortar y vendés activos. ¿Y qué pasa cuando se acaba eso? Estamos cerca de ese momento. La mitad del presupuesto de la Provincia es la recaudación de ARBA, la otra mitad es la coparticipación, que está destruida. Y a eso hay que sumar las decisiones discrecionales de Nación de no cumplir acuerdos, contratos y retener fondos que nos corresponden por ley.

- ¿Cree que es necesario un cambio en el sistema impositivo?

- Es necesario rediscutir el sistema tributario y no las tasas municipales o Ingresos Brutos. Evidentemente, hay que hacer un reordenamiento del sistema tributario en Argentina que incluye la coparticipación. Eso no se puede negar. Ha cambiado mucho el país desde el año 94, que fue cuando se sancionó la Constitución y la ley de coparticipación federal que está vigente, que además arrastraba un acuerdo federal de la década del 70. Además, esa ley de coparticipación se fue emparchando con acuerdos, pactos fiscales, donde los gobiernos centrales fueron manoteando recursos crecientemente en contra de las provincias, al tiempo que fueron delegando funciones. Entonces, se le generan más obligaciones a los gobiernos provinciales y municipales, pero se le dan menos recursos. Eso obviamente pone en tensión las finanzas públicas a nivel municipal y a nivel provincial, y el resultado es que crece la recaudación de tributos.

- En ese contexto, ¿hay margen para aplicar una reducción de impuestos en la provincia de Buenos Aires?

- La provincia de Buenos Aires viene trabajando en estos años en bajar la presión tributaria. Si se mide la alícuota efectiva que se paga en la provincia de Buenos Aires de Ingresos Brutos, y se tiene en cuenta el esfuerzo que hicimos en reducir los saldos a favor, se puede ver que bajó la presión. Además, esto se hace con progresividad. Tratamos de darle a la estructura de los impuestos un criterio de progresividad donde paguen más los que más tienen, donde aporten más los sectores donde hay más concentración. Eso ya se viene haciendo. No es que nosotros estamos en contra de bajar la carga tributaria, todo lo contrario. Hemos trabajado para que las pymes, las microempresas, los comercios de barrio y los monotributistas paguen menos impuestos.

- ¿Una baja de impuestos como Ingresos Brutos no contribuiría a reactivar la actividad?

- La solución a la crisis económica no es bajar un punto de Ingresos Brutos o eliminar tasas municipales, es poner a crecer la economía. Y eso implica que hay que tomar decisiones para incentivar el mercado interno, cosa que el Gobierno no quiere hacer. El Gobierno se equivoca en el diagnóstico. Se cree que el problema de la recesión son las tasas municipales. El problema de la recesión es que la gente no tiene guita, no llega al veinte del mes ni con dos laburos. Entonces, en la medida que pase eso, los comercios no van a facturar, no van a abrir caja y van a seguir cerrando, va a haber despidos.

- ¿La administración bonaerense está en contra del equilibrio fiscal, como sostiene el gobierno nacional?

- Nosotros no creemos que el déficit fiscal o el superávit fiscal sean un objetivo de la política económica. El resultado fiscal es un instrumento de política económica. Hay contextos donde hay que tener una política expansiva y hay contextos donde hay que tener una política contractiva para dar espacio al sector privado y que, con su iniciativa, para que impulse el crecimiento. No hay una visión dogmática en la provincia de Buenos Aires de que siempre hay que tener déficit fiscal y permanentemente el gobierno esté gastando más de lo que recauda y financiarlo con emisión monetaria para de esa manera poner a crecer la economía indefinidamente. Nadie que piense así pasó de segundo año de la carrera de Economía. Claro que hay momentos donde la situación te pide un Estado que actúe contracíclicamente para reactivar la economía. Hay momentos donde el crecimiento pide que el Estado se retire para que el sector privado pueda financiar la inversión privada y la expansión de la capacidad productiva. Hay momentos, no hay una única forma de entender eso.

- ¿Qué piensa de la polémica que se generó en torno a los dichos de Marcos Galperín en redes sociales sobre las jubilaciones sin treinta años de aportes?

- El empresario tiene que ser una persona que esté pensando en cómo debería aportar individualmente a la situación colectiva. Y Galperín es un caso que expresa todo lo contrario. Es un empresario hiperexitoso que apalancó la transnacionalización de su empresa a partir de los consumidores nacionales y de beneficios tributarios nacionales para terminar constituyendo residencia fiscal en Uruguay y no pagar impuestos por el patrimonio que tiene. Me parece que antidemocrático, porque desde esa posición de no contribuir pagando los impuestos como hace el resto de los argentinos, igual se da el lujo de opinar sobre política nacional. Y ahora no solo eso, sino que además se burla de una mujer de sesenta y cinco años que no le alcanza la jubilación para llegar a fin de mes. Galperín está yendo totalmente a contramano de lo que necesita este momento la gente en Argentina.

- El nombre de Axel Kicillof suena como candidato a presidente en 2027. ¿Tienen un plan económico en caso de gobernar el país a partir del año que viene?

- El plan no puede partir de una hoja en blanco. Cualquier plan económico va a estar condicionado por el contexto. Y en ese sentido, nosotros permanentemente estamos siguiendo y discutiendo la coyuntura. Así que obviamente estamos en condiciones de pensar la política económica que se requiere como respuesta a este contexto. Pero el contexto es cambiante. Hoy el contexto es este, en seis meses va a ser otro, en un año y medio va a ser otro. El problema que tenemos es que el plan económico tiene que partir de una realidad concreta y esa realidad concreta estamos muy preocupados por la deriva que está tomando, viendo que el gobierno insiste en acelerar en un rumbo equivocado. Entonces, la verdad es que no sabemos si esto va a terminar con ruptura de los contratos, con ruptura de la cadena de pago o con una quiebra del Estado.

El 81% de las causas penales abiertas por delitos tributarios se beneficiaron por la nueva Ley de Inocencia Fiscal, que elevó los montos mínimos para que estos casos sean punibles. La actualización impacta sobre miles de expedientes que estaban en trámite al momento de la reforma.

“La reforma al régimen penal tributario operada por la Ley 27.799 impacta sobre 6.750 causas que a la fecha de sanción se encontraban en trámite, de las cuales un total de 5.445 (81%) registran montos que no superan las nuevas condiciones de punibilidad, y para las cuales sería aplicable lo dispuesto en la Instrucción General 01/26 (SDG ASJ)”, señaló el informe oficial.

A través de esa normativa, se establecen lineamientos para revisar las causas penales tributarias, aduaneras y de la seguridad social en trámite y evaluar, en cada caso, la eventual aplicación del principio de ley penal más benigna.

“A los fines del análisis, se consideró la pretensión fiscal total de cada causa sin tener en cuenta impuestos y períodos involucrados. La información involucra sólo a las causas penales que se encuentran registradas en el Sistema de Causas Penales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero”, aclaró el reporte de gestión presentado ante el Congreso.

Vale recordar que, tras la aprobación de dicha ley, los umbrales para tipificar la evasión simple se elevaron de $1,5 millones a $100 millones, mientras que en el caso de la evasión agravada pasaron de $15 millones a $1.000 millones.

No obstante, cuando hayan intervenido personas humanas o jurídicas, entidades interpuestas, o se hayan empleado estructuras, negocios, patrimonios de afectación, instrumentos fiduciarios o jurisdicciones no cooperantes con el fin de ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero obligado, el monto correspondiente se incrementa de $2 millones a $200 millones.

Este mismo criterio aplica cuando el contribuyente haya hecho uso fraudulento de exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones u otros beneficios fiscales.

En otro orden, el Ejecutivo, consultado por las garantías que tienen los depositantes de los “dólares del colchón” de que no van a ser investigados por lavado de dinero teniendo en cuenta que estas leyes no se modificaron, señaló que la tenencia de moneda extranjera en efectivo “constituye una conducta económicamente racional orientada a la preservación del valor de los activos. Dicha circunstancia no configura, por sí sola, un indicio de ilicitud ni justifica su calificación automática”.

Explicaron que la normativa referida a prevención de lavado de activos no prohíbe los depósitos de dólares en efectivo, independientemente de su monto y exime de la identificación del depositante en el caso de depósitos en efectivo por montos inferiores a los 40 salarios mínimos, vitales y móviles.

“Su evaluación deberá realizarse en el marco de un enfoque basado en el riesgo, considerando el perfil del cliente, la razonabilidad económica de la operación y la existencia, o no, de otros indicadores de alerta concurrentes”, indicó el informe de la jefatura de Gabinete.

“En ese contexto, y en línea con lo expuesto anteriormente, los sujetos obligados por la Ley 24.546 mantienen la obligación de la debida diligencia para la prevención del lavado de activos, financiamiento de terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva”, agregó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, busca incentivar a los argentinos a ingresar sus “dólares del colchón” al sistema para acelerar la recuperación económica. Sin embargo, la Ley de Inocencia Fiscal no logró impactar de manera significativa en los contribuyentes.

El principal objetivo del Gobierno consiste en captar divisas que permanecen fuera del circuito bancario, aunque la reacción de los ahorristas fue limitada.

Según el informe monetario diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los depósitos en moneda extranjera del sector privado alcanzaron los USD 37.044 millones al 2 de enero, momento en el que Caputo promovió el ingreso de dólares al sistema.

Hacia fines de abril, el saldo ascendió a 38.967 millones de dólares, tras haber tocado los 39.172 millones a principios de marzo. Esta evolución evidenció oscilaciones, marcadas por la cautela de los ahorristas y las variaciones en los niveles de confianza.

Un nuevo capítulo en la historia del transporte público de Los Ángeles inicia este viernes con la apertura al público de la primera fase de la extensión de la D Line, una obra que transforma la conectividad del oeste de la ciudad y marca el desenlace de un proceso de décadas.

La inauguración de las tres nuevas estaciones subterráneas —Wilshire/La Brea, Wilshire/Fairfax y Wilshire/La Cienega— representa una expansión clave del sistema.

El trayecto, que costó más de USD 3.500 millones según el medio digital local LAist, incorpora aproximadamente 6,4 kilómetros (unas cuatro millas) y conecta de manera directa el centro de Los Ángeles con Beverly Hills.

La consecuencia inmediata es un viaje expreso de poco más de 20 minutos desde el corazón de la ciudad hasta uno de los centros urbanos y culturales más visitados, abriendo a los angelinos y turistas el acceso a enclaves como The Grove, Museum Row y Beverly Center.

El financiamiento de este tramo se consiguió mediante un impuesto sobre las ventas aprobado por los votantes del condado, lo que permitió destrabar décadas de parálisis administrativa y presupuestaria.

Beneficios concretos de la extensión

• Reduce el tiempo de viaje entre el centro de Los Ángeles y la zona oeste, especialmente para quienes se desplazan a barrios como Miracle Mile, Hancock Park, Carthay Circle y el Fairfax District.
• Acceso directo a puntos de interés como Museum Row, el Original Farmers Market, Marciano Art Foundation, Ebell Theater, Restaurant Row y comercios locales.
• Estaciones totalmente accesibles para personas con discapacidad, con ascensores, escaleras mecánicas y señalización clara.
• Integración de obras de arte público en las nuevas estaciones, con propuestas específicas para cada espacio.
• Cobertura de seguridad 24/7, equipos de vigilancia y tecnología anti-evasión en torniquetes.
• Conexión fluida con el resto del sistema Metro en 7th St/Metro Center y Union Station.
• No hay cambios en la tarifa: el viaje se abona con la tarifa estándar del sistema Metro.

Impacto urbano y social

La mejora para el tránsito diario es significativa, con una nueva importancia regional. En opinión de Auguste Miller, usuaria frecuente y voluntaria del grupo Streets for All, este desarrollo constituye “una pieza crítica de la infraestructura de transporte en Los Ángeles y un cambio radical para quienes habitan en un desierto de transporte público”.

La presidenta ejecutiva de Metro, Stephanie Wiggins, destacó en conversación con LAist: “Angelinos y visitantes apreciarán el servicio extendido desde el centro hasta Beverly Hills, proporcionando un mejor acceso a las comunidades, instituciones y destinos que definen la historia a lo largo de Wilshire”.

La presencia de la nueva extensión ya se percibe en el tejido comercial y cultural inmediato. Bobby Downs, gerente general del bar cervecero All Season Brewing, situado próximo a la parada de La Brea Avenue, anunció que los clientes que presenten la tarjeta TAP durante el fin de semana inaugural recibirán descuentos, acompañados de una cerveza artesanal especial denominada “la D”, creada en honor al acontecimiento.

Downs indicó a LAist que la llegada del Metro debería aliviar las habituales preocupaciones sobre el estacionamiento en la zona, facilitando la llegada de clientes y residentes.

El lanzamiento de la extensión coincide con la inauguración de las galerías de David Geffen del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), que ahora es de acceso directo desde la estación Fairfax Avenue.

El director del museo, Michael Govan, expresó: “La conexión, entre el pasado y el presente y entre diferentes culturas, es el eje central de nuestro nuevo edificio. La extensión del Metro en Miracle Mile será un recurso extraordinario que favorecerá la inclusión y el vínculo entre diversos sectores de nuestra región”.

El propio sector cultural prevé implicaciones positivas. Jerry Blackburn, director de eventos públicos del Fine Arts Theatre, explicó a LAist que espera que la mayor proximidad a la nueva estación de La Cienega impulse la asistencia a sus proyecciones y eventos especiales, como la doble cartelera de Tim Burton programada para el fin de semana del Día

Cronología y fases futuras del proyecto

• Sección 1: Inaugura el 8 de mayo de 2026, cubre Wilshire/La Brea, Wilshire/Fairfax y Wilshire/La Cienega.
• Sección 2: Continúa hacia el oeste por Beverly Hills y Century City; la restauración de calles en Constellation Blvd está prevista para la primavera de 2026.
• Sección 3: Avanza hacia Westwood, mejorando el acceso a UCLA y el Veterans Hospital; incluye trabajos estructurales y restauración de calles en el futuro.

El total de la extensión, al completarse las tres fases, sumará casi 14,5 kilómetros a lo largo de Wilshire Blvd, fortaleciendo la red de transporte en una de las zonas más densamente pobladas y transitadas de la región.

Las Secciones 1 y 2 estarán operativas antes y durante el Mundial 2026, facilitando el acceso a sedes y puntos estratégicos para residentes y visitantes.

El objetivo es que la línea esté totalmente operativa hasta Westwood antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

Programas de apoyo y experiencia del usuario

• Metro implementó el Business Interruption Fund (BIF), que otorgó 465 subsidios a 122 pequeños comercios del área por un total superior a USD 14 millones.
• El programa Eat Shop Play promovió a 52 negocios locales durante la construcción.
• Las estaciones presentan mejoras en seguridad con vigilancia permanente y equipos especializados.
• Las nuevas estaciones están diseñadas para ofrecer una experiencia accesible y moderna, con obras de arte y señalización intuitiva.
• Durante las próximas semanas, Metro organiza actividades abiertas en las estaciones, como talleres de tejido y clases de salsa, para involucrar a la comunidad en la nueva etapa del transporte público.

La exhibición de fotografías de Ken Karagozian en la galería 1301PE —a solo tres minutos a pie de la estación de Wilshire y Fairfax— rinde homenaje a los trabajadores que materializaron la obra. Curada por India Mandelkern y abierta al público hasta el 14 de mayo, la muestra recorre tanto los túneles como la vida de quienes participaron en la construcción.

Una imagen muestra a 13 obreros frente a la máquina tuneladora, otra retrata a Jenna Dorrough, carpintera sindical, quien dijo a LAist: “Cuando estás totalmente inmersa en tu labor, no siempre eres consciente del alcance del proyecto ni de la dimensión de lo que integras”.

Estas imágenes y testimonios acompañan las celebraciones del lanzamiento de la D Line, que marcan el inicio de una nueva etapa para la movilidad urbana en Los Ángeles.

El Gobierno puso fin a las contribuciones obligatorias que las bodegas y productores argentinos debían pagar para financiar a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), entidad creada en 2004 para coordinar la promoción y el desarrollo del sector. La medida, según el ejecutivo, busca corregir un mecanismo de recaudación impuesto por ley y percibido como una transferencia forzosa de recursos hacia una entidad privada.

La decisión, oficializada en el Boletín Oficial y replicada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger en su cuenta de X, establece un plazo de tres meses para desmantelar el sistema, exigir un informe final del uso de los fondos y, en adelante, suprime cualquier financiamiento público nacional para la COVIAR, que deberá sostenerse exclusivamente a través de aportes voluntarios de sus miembros.

Oficializada este martes, la disposición cuenta con la firma del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, quien puso punto final a un tributo cuya incidencia era menor a $1 por litro, pero que abarcaba a toda la cadena vitivinícola. El anuncio coincide con un momento de fuerte retracción del consumo interno y dificultades históricas en las exportaciones, advirtiendo sobre la necesidad de reformular las estrategias de promoción y competitividad del sector en un contexto global adverso.

Coviar nació en 2004, bajo la Ley 25.849. Bajo esta regulación, todas las bodegas y productores debían efectuar pagos obligatorios por cada litro elaborado, embotellado o vendido, así como por cada kilo de uva procesada, cuotas sin las cuales la institución podía inmovilizar operaciones de los establecimientos. El tributo se destinaba a la financiación del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI), cuyo objetivo era posicionar a la Argentina entre los líderes mundiales de la industria y alcanzar exportaciones por USD 2.000 millones anuales para 2020.

Sin embargo, Sturzenegger calificó al esquema como una “aberración” e indicó que “en total, entre 2004 y 2025, se le sacaron al sector —lo pagamos todos nosotros— USD 300 millones para financiar resultados que nunca llegaron”, según publicó en X.

“Bodegas de Argentina respalda el cese de las contribuciones obligatorias a Coviar. Esta medida representa un paso histórico hacia la modernización y competitividad de la industria vitivinícola. La normativa publicada hoy ratifica que el ciclo de la COVIAR, diseñado originalmente con un horizonte temporal hasta el año 2020, ha cumplido su plazo legal”, publicó la entidad, también en su cuenta de X.

En el sector vitivinícola, la eliminación del aporte obligatorio fue bien recibida por buena parte de los actores, debido a la histórica rivalidad con la Coviar. Sectores como Bodegas de Argentina reclamaban este cambio desde hace tiempo, argumentando que el plan original estaba agotado y que el sistema debía pasar a la voluntariedad. Para muchos, la medida implica un avance hacia un mercado más libre y con menos “impuestos encubiertos”. Aunque algunos referentes defendían el rol estratégico de la Coviar, la mayoría veía la contribución como un impuesto extra que no aportaba mejoras reales al desarrollo del sector. Para los que aún respaldan el modelo de planificación, la decisión supone un golpe que podría dejar un vacío institucional en la competencia global.

El sistema de aportes y la polarización en la industria vitivinícola

La creación de la Coviar enfrentó desde su origen a actores clave del sector. Mientras que la entidad, con financiamiento privado obligatorio y presencia nacional y provincial, administraba políticas de promoción interna y externa, certificaciones de sustentabilidad y programas de rentabilidad, la cámara Bodegas de Argentina, que agrupa a más de 200 empresas, denunció reiteradamente el uso discrecional de fondos.

Para agosto de 2025, cuando las tensiones entre la cámara empresaria y Coviar ya no pasaban desapercibidas en la industria, Bodegas de Argentina acusó a la entidad de malgastar USD 230 millones en 16 años y respaldó propuestas legislativas, como el proyecto presentado por el diputado Damián Arabia, para eliminar la entidad.

Según la nueva norma y tal como aclaró Sturzenegger en su posteo, la eliminación de los aportes obligatorios no implica la disolución de la Coviar, que mantiene su personería jurídica, pero “sí limita drásticamente su modelo de financiamiento”. Ahora, la continuidad de la institución dependerá de los aportes voluntarios de las bodegas asociadas, siguiendo el esquema de cualquier otra cámara empresaria del país.

“Sacamos al Estado de adentro de la bodega, sacamos los controles redundantes sobre el proceso productivo, y ahora también sacamos la contribución obligatoria que afectaba la competitividad del sector”, publicó Sturzenegger en su cuenta oficial de X.

Cambios en las exportaciones y el mercado interno del vino argentino

Según datos del Centro CEPA, la vitivinicultura se desarrolla en 20 provincias de la Argentina, pero Mendoza concentra el 71,4% de las hectáreas implantadas, el 78% de la elaboración de vino y más del 52% del mosto. El sector representa casi el 11% del Producto Bruto Geográfico provincial y constituye una fuente relevante de empleo.

El sector atraviesa un momento crítico por estos tiempos. Desde principios de año, las ventas, tanto en el mercado interno, como externo, no crecen contra periodos anteriores, lo que genera más presión sobre la industria que cerró 2025 con exportaciones inferiores a las del año anterior.

En marzo de 2026, el valor total de exportaciones de vinos argentinos llegó a USD 57,4 millones. El segmento de vinos varietales explicó el mayor ingreso, con USD 51,3 millones, de los cuales USD 47,8 millones provinieron de exportaciones fraccionadas y USD 3,5 millones a granel. Los vinos sin mención varietal sumaron USD 4 millones, de los cuales USD 626 mil correspondieron a exportaciones a granel, mostrando un incremento interanual de 637,5% en este segmento. El vino espumoso registró envíos por USD 2,1 millones. En conjunto, el valor total exportado subió 9% respecto de marzo de 2025.

El principal dinamismo se observó en los vinos a granel, cuyo volumen de exportación aumentó 51,2% interanual, arrastrando al alza los despachos totales, aunque el incremento en valor fue solo del 9,09%, lo que refleja una creciente comoditización del sector y un deterioro en el ingreso promedio por unidad exportada. Los vinos fraccionados también incrementaron su volumen exportado 13,1%, con destaque para los blancos (+45%) frente a los de color (+7,6%).

En el acumulado de 2025 frente a 2024, las exportaciones de vino argentino experimentaron una contracción en cantidad del 6,8%, con una retracción más pronunciada en los envíos a granel (-13,6%) y una caída en fraccionados (-4,6%). Los ingresos en dólares también descendieron: el valor total exportado cayó 7,2% interanual, alcanzando USD 661 millones, el nivel más bajo desde 2009.

En 2025, el volumen exportado fue de 1,93 millones de hectolitros, mínimo desde 2004 según el INV. Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá y Alemania siguen liderando entre los destinos, con Estados Unidos habiendo recibido 34.345 hectolitros en enero de 2026, el 19% del total hacia ese mercado.

Este desempeño negativo se explica por factores como la volatilidad cambiaria, aumento de costos productivos, inflación y mayores gastos logísticos, sumados al cambio en los hábitos de consumo globales, con preferencia hacia bebidas de menor graduación alcohólica y presentaciones menores.

Recuperación frágil del consumo interno y transformación estructural

En el plano doméstico, la comercialización de vinos alcanzó en marzo de 2026 los 60.339.100 litros, según el INV. Este volumen representa un crecimiento del 8,4% respecto al mismo mes del año anterior, impulsado por la suba de vinos sin mención varietal (+16,5%), espumosos (+34,9%) y otras categorías, aunque los vinos varietales retrocedieron 11,6 por ciento.

En el primer trimestre de 2026, la venta interna sumó 166.781.400 litros, un alza del 1,5% con respecto al año anterior. La recuperación, aunque limitada, sugiere una leve reversión tras años en los que la contracción del mercado interno llevó al cierre de bodegas y a la disminución de productores, según el análisis citado por Infobae.

El contexto mundial también condicionó la performance argentina: en 2025, el consumo global de vino disminuyó en volumen y valor, con una producción apenas superior a los 230 millones de hectolitros. Las causas incluyeron la valorización de la escasez, la inflación y cambios estructurales en la demanda.

La Argentina se mantiene como el quinto productor mundial, con una elaboración anual aproximada de 1.000 millones de litros. Sin embargo, su modelo exportador se volcó progresivamente al vino a granel en detrimento de los segmentos premium y de mayor valor agregado, debilitando el posicionamiento internacional de varietales como el Malbec.

El impuesto al patrimonio implementado por el Gobierno de Gustavo Petro para financiar la emergencia económica provocada por las lluvias en el Caribe no alcanzó las expectativas, lo que generó un notable déficit en el presupuesto destinado a la atención de los damnificados.

Dicho gravamen, dirigido a empresas y personas jurídicas con patrimonios netos superiores a $10.474 millones, no logró la meta de recaudo en su primera cuota. El Ejecutivo esperaba reunir $4,15 billones, pero solo obtuvo $2,4 billones, lo que originó un desfase de $1,72 billones. El faltante amenaza la financiación de obras de reconstrucción y obliga al Gobierno a explorar fuentes alternativas ante la persistencia de la emergencia.

El tributo, creado bajo el decreto de emergencia para afrontar los daños en Córdoba y Sucre, preveía captar $8 billones en total, distribuidos en dos cuotas de igual valor a lo largo del año. Sin embargo, la primera cuota, recaudada en abril, no superó el 58% de la meta. De acuerdo con informes de Caracol Radio y La República, el incumplimiento se atribuye a la sobrestimación de la capacidad de pago de los privados y a problemas en el diseño técnico del impuesto.

El déficit en el recaudo del impuesto al patrimonio

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la recaudación efectiva en la primera cuota apenas superó la mitad del monto proyectado. El exdirector de la Dian Lisandro Junco explicó a La República que “lo que es claro es que calcularon mal el recaudo de la primera cuota, que fue de $2,4 billones; ahora, con la suspensión provisional, tendrán menos”.

Junco advirtió que la suspensión parcial de la segunda cuota para ciertos contribuyentes agrava el déficit, lo que hace inviable alcanzar la meta total y dejando en duda la continuidad de los proyectos planificados.

Sectores económicos y su aporte al impuesto al patrimonio

El análisis sectorial evidencia lo siguiente:

• Sector financiero, inmobiliario y de seguros: registró el mayor aporte al sumar $1,1 billones.
• Comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida: $368.612 millones.
• Manufacturas: contribuyó $237.892 millones.
• Electricidad, gas, vapor y agua: totalizó $236.000 millones.
• Salud, asistencia social, administración pública, defensa y educación: aportaron en conjunto $20.706 millones, lo que representó una fracción mínima del total recaudado.
• Entidades sin ánimo de lucro y las empresas en liquidación: se ubicaron entre los grupos con menor participación.

Suspensión parcial del cobro

A pocos días del vencimiento de la segunda cuota (4 de mayo), la Corte Constitucional decidió, con una votación de 6-3, suspender de manera provisional el cobro del impuesto para entidades sin ánimo de lucro del régimen especial, incluidas las universidades, y para empresas en liquidación. El tribunal argumentó que la medida “se justifica para evitar un impacto desproporcionado en aquellas entidades que cumplen función social y en las que atraviesan graves dificultades financieras”.

No obstante, la Dian aclaró que estas entidades tienen un peso muy reducido en el recaudo general y su exclusión no modifica de manera sustancial la brecha global. Sin embargo, la decisión incrementó la incertidumbre sobre la legalidad y el futuro del tributo, ya que distintos sectores alegan que la emergencia económica declarada por las lluvias carece del carácter excepcional requerido por la Constitución.

Advertencias de expertos y reacciones empresariales

Para Junco, “frente a los $4 billones que buscaba recaudar el Gobierno, ahora se abre un hueco adicional por la suspensión parcial de la segunda cuota para las entidades sin ánimo de lucro y las empresas en liquidación”. Reiteró que “esa primera cuota, que debería representar 50% y que se pagó en abril, era de $4,15 billones, pero lograron $2,4 billones, teniendo así un desfase de alrededor de $1,72 billones”.

El Consejo Gremial, que reúne 33 gremios de Colombia, manifestó su descontento y pidió a la Corte anular el decreto de emergencia. Según su presidenta, Natalia Gutiérrez, “se le está poniendo a las empresas a pagar un tributo sobre su capital productivo en cuestión de semanas, y sin que necesariamente tengan la liquidez disponible para pagar ese impuesto”.

El “gremio de gremios” advirtió que la obligación puede afectar la operatividad y la capacidad de inversión de numerosas empresas nacionales.

Alternativas del Gobierno ante el hueco fiscal

Ahora, el Ministerio de Hacienda analiza diferentes opciones para cubrir el faltante. Entre ellas, se consideran el aumento del endeudamiento público por medio de la emisión de nuevos bonos TES, la utilización de recursos de caja y fondos especiales aún no asignados, y el eventual envío de una reforma tributaria ordinaria al Congreso si la brecha persiste.

Lisandro Junco señaló que “en teoría podrían intentar compensar esa pérdida elevando otros impuestos o creando nuevas cargas, pero para hacerlo tendrían que acudir a los canales ordinarios, como proyectos de ley ante el Congreso”. La necesidad de una definición gubernamental es apremiante, ya que la meta para la segunda cuota —$5,6 billones— parece difícil de conseguir tras el bajo recaudo del primer pago.

Así las cosas, los recursos reservados podrían recibir prioridad para gastos de emergencia, aunque surgen inquietudes sobre la transparencia y el control en la asignación de dichos fondos.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), en conjunto con el Instituto de Previsión Social (IPS) y los municipios, busca acercar el beneficio de la exención impositiva en el Impuesto Inmobiliario a jubilados y pensionados que acumulan deudas y reúnen las condiciones establecidas por la normativa vigente.

El despliegue operativo combina cruces de datos y acciones territoriales para identificar quiénes pueden acceder al beneficio y acompañarlos durante el trámite.

De acuerdo con datos oficiales, ARBA detectó alrededor de 17.000 personas con beneficios previsionales que suman en conjunto $798 millones en deudas en el tributo inmobiliario y que podrían acceder a la exención.

El esquema contempla a contribuyentes con ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, titulares de una única propiedad con valuación fiscal que no supere los $6 millones y que no estén registrados en el impuesto a los Ingresos Brutos.

El programa prevé operativos casa por casa junto a los municipios y jornadas especiales de atención, con el objetivo de simplificar el trámite y otorgar acceso directo al beneficio.

El alcance de la exención incluye tanto deudas de hasta cinco años como futuras obligaciones, lo que representa un alivio económico para quienes se encuentran en situación de morosidad involuntaria.

En paralelo, ARBA solicitará a la ANSES una nómina de jubilados y pensionados domiciliados en la provincia, con el fin de analizar su situación fiscal y facilitar el acceso a la exención a aquellos que cumplen con los requisitos y aún no lo han gestionado.

La articulación interinstitucional busca que ningún beneficiario quede excluido por desconocimiento o por barreras burocráticas.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, destacó la importancia de simplificar los trámites para garantizar el derecho a la exención.

“Estamos trabajando para simplificar trámites y garantizar que quienes tienen derecho a una exención puedan acceder sin obstáculos. En un contexto económico complejo, donde las políticas de Milei impactan con fuerza sobre los ingresos, es fundamental acompañar a un sector que históricamente ha demostrado un alto compromiso con el cumplimiento tributario”, afirmó Girard.

Además, el funcionario remarcó el valor cultural que el pago de impuestos tiene para la población jubilada y pensionada: “Las jubiladas y jubilados pertenecen a una generación que tiene incorporado el cumplimiento fiscal como un valor. Adeudar impuestos representa para ellos una carga moral y económica significativa. Por eso, desde el Estado tenemos la responsabilidad de acercar herramientas concretas que alivien su situación y les permitan regularizarse de manera justa”, sostuvo.

Cómo pedir la exención del Impuesto Inmobiliario

Cabe recordar que los jubilados pueden solicitar una exención de dicho tributo, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

• Ser la persona jubilada o pensionada y/o su cónyuge o pareja conviviente de la persona titular, usufructuaria o poseedora de un único inmueble (vivienda) destinado a vivienda familiar.
• El ingreso deberá estar constituido por haberes previsionales cuyos importes brutos, en total, no superen mensualmente el monto equivalente a dos haberes mínimos.
• La valuación fiscal del inmueble no debe superar el monto que establezca las Leyes Impositivas de cada año (6.000.000 de pesos en 2024).
• El objeto por el cual se requiere la exención esté vinculado tributariamente a la CUIT/CUIL/CDI de el/la beneficiario/a.

La documentación necesaria para comenzar el trámite es:

• DNI o Pasaporte (solo personas extranjeras).
• Recibo de haberes de jubilación y/o pensión del ANSES / IPS / Caja Profesional. De percibirse jubilación personal y pensión por la persona cónyuge fallecida, es requisito presentar ambos comprobantes de cobro.
• Declaración Jurada de Solicitud
• Formulario “Solicitud de Exención” (CF05) – Este documento se puede descargar e imprimir cuando finaliza la carga de datos en la página web de ARBA.

Paso a paso para realizar el trámite

1. Presionar “Iniciar trámite”
2. Ingresar CUIT y Clave de Identificación Tributaria (CIT), y presionar “Ingresar”
3. En el menú “Alta de trámite” se debe seleccionar la opción “Código Fiscal Inmobiliario”.
4. Seleccionar el “Carácter de el/la Solicitante”, luego en “Tipo de Exención” hay que seleccionar “Art. 177 Jubilados y/o Pensionados”. Completar los datos solicitados y presionar “Continuar”.
5. Completar los datos del “Domicilio Fiscal o Constituido” y presioná “Continuar”.
6. Completar los datos del impuesto por el cual solicitás el beneficio y presioná “Finalizar”.
7. Imprimir el Formulario “Solicitud de Exención” (CF05), en el cual se detalla: a. La documentación, en original y copia, que deberás presentar para finalizar el trámite; b. El Centro de Servicio Local al que deberás presentarte; c. La fecha tope de presentación.
8. Se podrá solicitar turno para ir en el día y horario de conveniencia, presionando el botón “Solicitar turno”.
9. Concurrir al Centro de Servicio Local en el día y horario del turno reservado, con la documentación

En medio de la guerra en Medio Oriente que tensó al límite la cadena energética global, Argentina intentó construir su propio refugio de previsibilidad. Con el barril Brent trepando por encima de los USD 110 y una volatilidad que no da respiro, las petroleras locales -con YPF a la cabeza- acordaron una tregua estratégica para estabilizar los precios de los combustibles por al menos 45 días. Sin embargo, este acuerdo nace con fecha de vencimiento y enfrenta riesgos crecientes ante un conflicto internacional más largo de lo previsto.

El principal desafío a la estabilidad proviene de la recaudación tributaria. Desde mayo, el Gobierno nacional decidió no postergar más la actualización de la carga tributaria que pesa sobre cada litro despachado. El ajuste abarca el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (CO2), gravámenes aplicados como montos fijos que se trasladan de manera directa al precio final. Esta nueva imposición supone un incremento nominal de $11,035 para las naftas y de $10,325 para el gasoil en la Ciudad de Buenos Aires.

La consecuencia será el fin de la estabilidad de abril y una reconfiguración de la pizarra de precios de los surtidores. Según proyecciones sobre la estructura vigente, la nafta súper de YPF en la Ciudad de Buenos Aires superará $2.010 el litro, un valor que hasta el mes pasado se observaba principalmente en las provincias del interior. En el segmento más alto, las opciones premium ofrecidas por compañías como Shell o Axion escalarán hasta 2.390 pesos.

Este nuevo nivel de precios podría profundizar el contraste entre la producción y el consumo real, según los cálculos del tributarista Sebastián Domínguez.

La nueva imposición supone un incremento nominal de $11,035 para las naftas y de $10,325 para el gasoil en la Ciudad de Buenos Aires

El ajuste se produce en un contexto en el que las ventas en el mercado doméstico están en descenso. En abril de 2025, se había registrado una recuperación interanual de ventas del 2,1%, impulsada por una demanda premium con aumentos cercanos al 20%. Al año siguiente, en marzo de 2026, las ventas totales de combustibles mostraron una caída interanual del 1,8%. La nafta súper retrocedió 4,1% ese mes, bajo el impacto de la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y restricciones en el uso del automóvil.

La tendencia se intensificó por la decisión de los consumidores de refugiarse en la opción más económica: según datos del portal Surtidores, únicamente YPF logró un leve crecimiento interanual del 1% en ventas; Shell sufrió una baja del 3,7% y Dapsa se desplomó 10,3%. En abril de 2025, en contraste, el mercado era más competitivo y las privadas acaparaban los mayores repuntes, con Puma creciendo 13,1% y Shell 7,7%. Ahora, la prioridad está en el precio por sobre la marca.

Mientras tanto, la producción de petróleo en marzo llegó a 138.282 metros cúbicos diarios, mostrando una mejora del 0,6% respecto del mes anterior, según la consultora independiente OilProduction Consulting, especializada en análisis del sector hidrocarburífero regional. El sector no convencional de Vaca Muerta representó 69% de ese total.

Mayo redefine la preferencia del consumidor

La actualización fiscal prevista para mayo pone fin a la estabilidad acordada por las petroleras en abril. El traslado directo a precios del componente impositivo, por encima de $10 por litro, impulsará los valores de referencia en la Ciudad de Buenos Aires.

De este modo, la recuperación observada en algunos productos premium durante marzo -con subas del 2,69% en nafta y del 6,43% en gasoil G3, según Surtidores- no es suficiente para revertir la tendencia descendente de la nafta súper.

El gasoil, insumo para la logística y actividades productivas, también enfrenta nuevas presiones: el año pasado su versión Grado 2 caía 8,1% y el informe de 2025 advertía bajas del 1,6% por el freno en el agro y la industria. El incremento fiscal podría agravar la situación, dificultando la recuperación para esos sectores.

Desigualdades regionales y perspectivas

La crisis en el despacho de combustibles presenta diferencias marcadas entre las provincias. Tucumán lideró el descenso, con 18,3%, seguida por La Rioja 13%) y Salta 12,1%. Se suman Corrientes 11,5%, Misiones 10,2% y Santiago del Estero 9,2%, lo que reafirma que el impacto económico es más severo fuera del área central del país.

En contraste, el mayor crecimiento lo logró La Pampa, con un alza del 2,8% en marzo; la secundan San Juan 2,5% y Río Negro 2,2%. Santa Fe 1,9%, Córdoba 0,8% y Buenos Aires 0,6% exhiben variaciones positivas marginales que no logran revertir el cuadro de estancamiento general.

El acuerdo de estabilidad promovido por las petroleras se diseñó considerando un precio internacional del crudo inferior (alrededor de USD 80). Hoy, el barril oscila entre USD 90 y USD 100, con episodios de gran volatilidad como el reciente cierre de Brent a USD 114. Esta persistencia en valores altos y el contexto global adverso incrementaron la presión sobre una estructura de costos ya saturada, justo cuando el Gobierno decidió no postergar más la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al CO2.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció este viernes que la provincia excluirá desde julio -y por un año- a un grupo de pequeñas y medianas empresas del pago a cuenta de ingresos brutos. El beneficio seguirá vigente para el resto del universo de contribuyentes, pero constituye el primer paso atrás de una medida instaurada hace 20 años que fue cuestionada en los Tribunales.

“Para enfrentar con hechos concretos la crisis producida por la contracción económica, anuncio la suspensión del pago a cuenta en el ‘Control Fiscal en Ruta’”, expresó el mandatario. Fue durante el mensaje de apertura del año legislativo realizado este 1° de mayo.

El esquema, como el mismo Passalacqua lo reconoció, se denomina en forma vulgar “aduana paralela”. La medida no será definitiva. El gobernador precisó que estará vigente desde el 1 de julio “y por un término de 12 meses, en primera instancia”.

“Esta exclusión será de oficio y sin necesidad de realizar trámite alguno”, detalló. El esquema que impuso el oficialismo en los albores de su construcción política forzó a muchas empresas a ir a la Justicia. Una de ellas, esgrimió que el Estado misionero le retuvo fondos equivalentes a más de 300 años de pagos de ingresos brutos.

A quienes alcanza la medida

La decisión del Ejecutivo abarcará a PyMEs que en el año 2025 hubieran dado hasta $10 millones anuales de pago a cuenta. Comprenderá a 16.500 pequeños y medianos contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados, según estimaciones oficiales.

“El 95% del padrón queda excluido”, destacó el mandatario. ”Además, las restantes 873 grandes empresas incluidas realizarán el pago a cuenta de forma global, digital, mensual y simplificada”, añadió Passalacqua durante su discurso.

Esto significará “un ahorro del gasto administrativo”, subrayó. Asimismo se agilizará ”el tráfico de ingreso a la provincia”, puntualizó.

En ese orden, abundó: “No habrá más cobros de ningún tipo en los puestos de control”. Estos emplazamientos estaban en lugares estratégicos de acceso y egreso de Misiones. Los principales son El Arco (Ruta 12, Posadas) y Centinela (Ruta 14, Apóstoles/San José).

Estos lugares fueron los que materializaban el concepto de “aduana paralela” al esquema impositivo. Su función es percibir un anticipo de ingresos brutos a la entrada de mercaderías de compraventa, por caso.

A partir de julio, esos puntos quedarán solo “para verificación de documentación”, subrayó Passalacqua.

Sobre este ítem, el gobernador realizó un último anuncio. Se dispondrá la exclusión del pago a cuenta para los nuevos contribuyentes. Este beneficio estará vigente desde el alta. El objetivo es “atraer aún más inversiones legítimas a la provincia”, consignó Passalacqua.

Reacciones oficiales y opositoras

La decisión busca “ayudar al comercio local que tiene una desventaja con Paraguay y Brasil en materia de precios”, dijo el ministro de Economía de Misiones,

Además, la medida apunta a “demostrar que el problema no es la ‘aduana’ (paralela), no es el régimen de pago a cuenta de la Provincia”. La cuestión, aseveró, es que el comercio “no vende”.

Según estimó, las ventas cayeron entre un 30 y un 40%. Esto es producto de que la economía nacional “está deprimida, atraviesa un proceso de recesión”. En ese sentido, calificó a la crisis actual como una “de las más severas”, incluso peor que la pandemia. Luego, consignó que la reducción tendrá “un bajo impacto fiscal”.

Por su parte, el diputado nacional de La Libertad Avanza Diego Hartfield criticó los alcances de la medida. “Luego de 25 años, LLA se les plantó como una verdadera oposición y levantaron (provisoriamente y no a todos) la aduana paralela inconstitucional”, dijo en su cuenta de X.

“Una pena que de las retenciones bancarias ni se hicieron eco y el resto son puras quejas a la Nación”, agregó el ex tenista. Luego, consignó que la verdadera situación financiera de Misiones “la sabremos cuando reconozcan la deuda por retenciones anticipadas a todos los contribuyentes”.

En ese sentido, aseveró: “Es una buena noticia que estemos marcando la agenda de los misioneros”.

“El mensaje de Milei puso en agenda la presión impositiva, empujando la balanza a favor del contribuyente de manera irremediable”, agregó.

Por último, Hartfield consignó: “LLA va a gobernar Misiones para sacar para siempre a esta provincia del infierno fiscal”.

El impuesto a la patente que deben abonar los propietarios de vehículos en la Argentina presenta fuertes diferencias según la provincia donde esté radicado el auto. De acuerdo con un informe del Instituto de Economía de UADE (Ineco), el costo anual de este tributo –que se calcula sobre la valuación fiscal del vehículo y habilita su circulación legal– representa en promedio el 1,93% del valor fiscal.

Sin embargo, cada jurisdicción define su propio esquema impositivo, lo que genera una amplia dispersión en los valores que deben afrontar los propietarios. Por ejemplo, mientras Río Negro aplica la tasa más alta, con un 3,50%, Córdoba registra la más baja, con un 1,07 por ciento.

Según datos del estudio, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza figuran entre las provincias con menor carga impositiva media, con tasas de 1,07%, 1,59% y 1,83% respectivamente. En contraste, Entre Ríos (3,33%), Río Negro, San Luis (2,94%) y la Ciudad de Buenos Aires (2,91%) se ubican entre las que exigen los mayores porcentajes sobre el valor del automóvil.

El promedio nacional se calcula en función de la población de cada provincia, lo que da cuenta de la disparidad estructural.

El sistema es progresivo: los autos de mayor valor abonan una proporción mayor en concepto de patente. Por ejemplo, el dueño de un vehículo de gama baja paga $71.349 anuales en Córdoba, $83.940 en Buenos Aires, $156.710 en CABA y $293.790 en Río Negro.

En el caso de un auto de gama media, el valor anual es de $271.962 en Córdoba, $418.751 en Buenos Aires, $855.302 en CABA y $974.144 en Entre Ríos. El segmento medio-alto enfrenta montos que superan el millón de pesos en la mayoría de las jurisdicciones, mientras que para los de alta gama el impuesto llega a $2.344.287 en promedio nacional.

Los vehículos elegidos como referencia para los diferentes segmentos fueron el Volkswagen Gol (gama baja), Fiat Cronos (gama media), Toyota Hilux (gama medio-alta) y Audi Q2 (alta gama). De acuerdo con el informe de Ineco, la tasa promedio para el segmento bajo es del 1,54%, para el medio del 2,05%, para el medio-alto del 2,81% y para el alto del 3 por ciento.

Diferencias provinciales en el impuesto automotor

Cada provincia define su propio esquema. Mientras CABA, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos aplican una combinación de cuota fija y tasa variable según el valor del auto, otras provincias como Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán establecen una tasa fija para todos los segmentos. Santa Fe utiliza un sistema basado en la antigüedad del vehículo y La Pampa, Mendoza, Neuquén y San Luis tienen esquemas variables solo por valor, sin cuota fija.

El informe de INECO señala que el impuesto automotor se presenta como una herramienta de recaudación clave para las administraciones locales, aunque su lógica dista de estar vinculada al uso de la infraestructura vial. “Dos autos que circulan lo mismo pueden pagar cifras muy diferentes solo por pertenecer a segmentos distintos”, indica el documento, y agrega que el sistema actual mide la capacidad contributiva asociada al valor del vehículo, no el desgaste real de las rutas.

Por eso, en los últimos años surgieron propuestas que buscan vincular el tributo a factores como el peso, el uso o el tipo de vehículo, lo que implicaría un rediseño fiscal y político relevante. En la práctica, la diferencia de costos puede ser significativa: un auto de gama baja radicado en Río Negro paga más de tres veces y media el valor que el mismo vehículo en Buenos Aires. Para los autos de alta gama, las diferencias resultan aún más marcadas si se suman variaciones de valuación y tasas provinciales.

Fundamentó la insistencia en la reforma en el aumento del déficit fiscal y la reducción sostenida de los ingresos tributarios, lo que limita la capacidad estatal para cumplir con sus obligaciones. Para él, las restricciones exigen ajustes inmediatos que garanticen la sostenibilidad financiera, ya que el desequilibrio de fondo no pudo resolverse con los instrumentos actuales.

Incremento del déficit fiscal

De igual forma, explicó que el país enfrenta problemas fiscales muy delicados. “Tenemos un incremento del déficit fiscal importante y creemos que esto hay que controlarlo, hay que reducirlo”, afirmó el ministro. Dentro de las causas, destacó la dificultad para elevar los ingresos tributarios, consecuencia de la suspensión y modificación de iniciativas fiscales de la Corte Constitucional y del rechazo del Congreso a la ley de financiamiento en el último año.

Puntualizó que estos obstáculos obligaron a adoptar medidas extraordinarias en coyunturas específicas. “Tuvimos que acudir, para buscar nuevos recursos con el propósito de atender coyunturas de emergencia económica, a dos medidas de emergencia. Una de ellas fue suspendida también por el Consejo de Estado”, expuso Ávila. La secuencia provocó un espacio fiscal restringido y una capacidad limitada para afrontar las obligaciones del Estado.

El funcionario aseguró que la combinación de intervenciones judiciales y del Congreso creó un entorno restrictivo para la gestión financiera. El resultado inmediato, según su evaluación, es una disminución de los recursos y una contracción tributaria que acentúa las dificultades presupuestarias. “Esta situación ha generado a las finanzas públicas una contracción y una reducción del espacio tributario para atender las responsabilidades que tiene un gobierno”, apuntó.

Medidas de emergencia y el impuesto al patrimonio

Ante la presión sobre los recursos, recordó que el Gobierno implementó medidas de emergencia como el impuesto al patrimonio. Ávila explicó que “ya se ha recaudado la primera cuota de este impuesto y la Corte acaba de establecer que deja vigente el cobro de este segundo tramo de los recursos que se necesitan en esta emergencia económica producto de la ola invernal”.

Aunque una parte de los ingresos previstos fue suspendida, el ministro subrayó que los puntos centrales del gravamen se mantienen efectivos.

El destino de estos fondos es la atención urgente ante las inundaciones en el norte del país. Para el ministro de Hacienda, “estas medidas ayudan a atender una coyuntura de emergencia”, pero su impacto es temporal y no corrige el desequilibrio estructural de las finanzas públicas. La crisis motivada por la ola invernal ha precipitado la utilización de herramientas fiscales excepcionales, aunque el problema de fondo persiste.

“Por eso creemos que sigue siendo válida la necesidad de implementar medidas de reforma tributaria”, insistió. Las soluciones transitorias, sostuvo, no reemplazan una revisión profunda de la política tributaria.

La reforma tributaria como prioridad a futuro

Con perspectiva de mediano plazo, Ávila aseguró que una reforma será inevitable para cualquier nueva administración. Explicó que quien asuma el Gobierno deberá priorizar la discusión tributaria como parte de un paquete integral para estabilizar las cuentas estatales. Insistió en que la urgencia de estos cambios será una constante, independientemente del calendario político.

Señaló que el reto fiscal actual obliga a mantener la reforma en el centro de la agenda pública, para preservar el equilibrio financiero y responder a nuevas crisis como los desastres naturales.

Otras medidas económicas

Además de la reforma tributaria, el Gobierno Petro adoptó otras medidas para fortalecer la estabilidad fiscal. Ávila anunció que el precio de la gasolina subirá $400 a partir del 1 de mayo, mientras que el Acpm (diésel) tendrá un incremento menor. La decisión responde al comportamiento internacional del petróleo y pretende evitar un aumento adicional en el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

El ministro aclaró que el ajuste no cubre toda la brecha del fondo, aunque representa un alivio parcial; los precios se revisarán cada mes para determinar ajustes futuros. También afirmó que el Estado cumple puntualmente con sus compromisos de pago y con las nóminas del sector público, que “se están pagando de manera regular”.

Respecto al mercado laboral, Ávila descartó que la creación de empleo dependa del sector público, por lo que explicó que la mayor parte de los nuevos puestos corresponde al sector privado. Además, vinculó el empleo informal con la agricultura de pequeña escala, un factor que influye en las estadísticas nacionales de informalidad. Por último, el Ejecutivo convocará en los próximos días a una asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol, donde se considerarán eventuales ajustes en la junta directiva.

No obstante, la obligación permanece para compañías con capital superior a 200.000 unidades de valor tributario (UVT), es decir, $10.474.800, y para empresas prestadoras de servicios públicos fuera de zonas de emergencia, que deben cancelar la cuota el 4 de mayo de 2026.

El alto tribunal, bajo ponencia de la magistrada Lina Escobar, explicó que la determinación se adoptó durante la revisión del expediente RE-391. La medida se mantendrá activa hasta que este resuelva la constitucionalidad del artículo 5 del Decreto 173 del 24 de febrero de 2026.

Reacciones del sector empresarial

La decisión, por supuesto, generó reacciones en diferentes sectores. Por ejemplo, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, criticó que la decisión “aunque introduce algunas exclusiones relevantes, no corrige los graves problemas estructurales de un impuesto que consideramos altamente inconstitucional y perjudicial para el tejido empresarial del país”.

Señaló que la exención temporal aplica a universidades, edificios, conjuntos residenciales y organizaciones sin ánimo de lucro o en proceso de liquidación, pero recae plenamente sobre las empresas que superan el umbral de capital estipulado por el decreto. Además, resaltó que tampoco se modifica la carga para las empresas prestadoras de servicios públicos fuera de zonas afectadas, lo que podría impactar las tarifas de los usuarios finales.

Añadió el dirigente que “en un entorno caracterizado por altos costos laborales, elevada carga tributaria, inflación y tasas de interés altas, este impuesto incrementa el riesgo de descapitalización empresarial, comprometiendo la sostenibilidad de las compañías y afectando la actividad económica en general”. También hizo un llamado al Congreso y al próximo gobierno para “adoptar un compromiso claro con un escudo fiscal que proteja la inversión, evite la imposición de tributos confiscatorios y garantice un entorno en el que las empresas puedan operar con un mínimo vital que asegure su sostenibilidad”.

Impacto e inquietudes

Por su parte, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, considera la suspensión como “un alivio parcial, no una decisión definitiva”. Remarcó que la Corte envía una señal positiva al corregir la inequidad hacia las entidades sin ánimo de lucro, pero insistió en que miles de empresas aún enfrentan dificultades de liquidez y un entorno normativo incierto.

Según Lacouture: “Existen dudas constitucionales serias y además se corrige una inequidad evidente frente a las entidades sin ánimo de lucro. Sin embargo, hay que resaltar que existen todavía miles de empresas que siguen enfrentando presión de caja e incertidumbre jurídica. En materia tributaria, y más aún bajo facultades excepcionales, se debe exigir rigor, coherencia y respeto por las reglas a este tipo de decretos de emergencia”.

La dirigente resaltó la necesidad de que la Corte emita, lo antes posible, un fallo de fondo que devuelva “claridad, confianza y estabilidad” al sector empresarial en Colombia.

Extensión de la suspensión

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, pidió que la suspensión se aplique también a las empresas con ánimo de lucro. Dijo que la decisión judicial “es un inicio de la discusión” sobre la constitucionalidad del impuesto en el contexto de la emergencia económica.

Castañeda enfatizó que el impacto del decreto no solo afecta a entidades sin ánimo de lucro, sino también al sector empresarial en general. Llamó a que la Corte revise la carga tributaria impuesta a todas las empresas antes de que se cumplan los siguientes plazos fiscales, al considerar que el impuesto no es proporcional a la causa de la emergencia económica.

El dirigente advirtió sobre la importancia de resolver este debate a tiempo, de modo que antes de los próximos vencimientos del impuesto exista claridad institucional y las obligaciones fiscales no se incrementen para otros segmentos del sector privado.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) alertó que es necesario que Colombia haga con urgencia de un ajuste fiscal de 3 puntos del Producto Interno Brtuo (PIB) —equivalente a $60 billones— para enfrentar el deterioro de las finanzas públicas. La entidad apuntó que la corrección exigirá tanto reducciones drásticas en el gasto estatal como la obtención de nuevos ingresos tributarios, incluso por medio de medidas “impopulares”.

El plan presentado por el presidente del centro de pensamiento, José Ignacio López, propone que Colombia haga un recorte de $14 billones en gastos de funcionamiento y $27 billones en inversiones públicas, junto con la obtención de $12 billones adicionales mediante reformas tributarias y la reactivación del sector petrolero.

Desequilibrio fiscal

Las acciones buscan corregir el desequilibrio fiscal y evitar que la deuda pública supere el 85% del PIB en la próxima década. Señaló que el déficit fiscal se mantiene en torno al 7% del PIB en los últimos años. Y es que el gasto del Gobierno crece de manera acelerada en comparación con los ingresos y el consumo de los hogares, lo que refleja un problema estructural arrastrado luego de varias décadas de reformas tributarias infructuosas.

“En la llamada carrera de caballos se ve que el gasto del gobierno crece mucho más rápido que el de los hogares”, explicó López. El dirigente también señaló que “esto va a requerir un esfuerzo de todos los colombianos”, al puntualizar que no existe una solución sencilla para la crisis.

Cómo es el plan de ajuste fiscal propuesto por Anif

La propuesta de ajuste fiscal se basa en dos pilares centrales: la contención del gasto público y el aumento de los ingresos fiscales. Anif plantea una reducción de $14 billones en funcionamiento, centrada en:

• Disminución de la nómina.
• Recorte de gastos administrativos.
• Revisión de subsidios, en especial, en combustibles y transporte.
• Optimizar la estructura del Estado.
• Congelar vacantes.
• Eliminar duplicidades institucionales, con un ahorro estimado de $2,2 billones por puestos no cubiertos y $2,9 billones al simplificar entidades.

Por el lado de la inversión, el recorte propuesto alcanza los $27 billones, fundamentado en la eliminación de proyectos con bajo impacto, reducción de inversiones no comprometidas y depuración de contratos ineficientes. La revisión de los subsidios y programas sociales debe priorizar, según López, a los estratos de menores ingresos para enfocar el gasto en quienes más lo necesitan.

A pesar de la magnitud del recorte, la entidad advierte que la austeridad, por sí sola, no es suficiente para cubrir los 3 puntos del PIB exigidos.

“No logramos llegar a los tres puntos con todos nuestros ejercicios de austeridad. Nos toca meter algunas cosas de mayores ingresos”, anotó. El plan también prevé un ajuste gradual a subsidios como el diésel, teniendo en cuenta la baja rentabilidad del sector transporte y la necesidad de evitar impactos sociales adversos.

El gasto público bajo la lupa: ineficiencias y recortes planteados

José Ignacio López remarcó las graves ineficiencias en el gasto estatal al señalar que en los últimos siete años la nómina del Ejecutivo aumentó en 20.000 personas (más del 20%) y a diario se crean ocho puestos nuevos. Casos como el de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) —cuyo gasto de personal se incrementó un 545% entre 2019 y 2026— y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) —con un aumento del 69% en su plantilla sin alcanzar metas de recaudación— muestran los desafíos existentes en la administración pública.

De igual forma, el presidente de Anif criticó la histórica dependencia de nuevas reformas tributarias para resolver problemas estructurales. “Los ajustes basados solo en impuestos tienden a ser no tan exitosos”, dijo. Esto, teniendo en cuenta que ,a lo largo de dos décadas, Colombia ejecutó 18 reformas tributarias sin lograr equilibrio presupuestario.

Asimismo, el subsidio al diésel fue calificado como uno de los mayores compromisos financieros, con un costo acumulado de $136 billones desde la implementación, lo que exige un proceso de ajuste gradual y concertado con los sectores afectados para salvaguardar la viabilidad del transporte.

A su vez, el plan prevé una revisión rigurosa de contratos y proyectos tanto en salud como en educación, con un enfoque hacia la focalización de la gratuidad y de los apoyos a los estratos más vulnerables. Todo esto busca redirigir los recursos hacia áreas de mayor impacto social.

Cambios tributarios y nuevas fuentes de ingreso

La propuesta de Anif contempla lograr $12 billones en ingresos adicionales mediante varias reformas. Dentro de las medidas sugeridas figuran:

• Reducción del umbral para el impuesto de renta.
• Un tributo del 10% a las pensiones altas.
• Límites a exenciones para personas jurídicas.
• Mayor control de la evasión.

López reconoció la dificultad política de este paquete. “Sé que hoy muchos colombianos no quieren que nadie les hable de mayores impuestos y desafortunadamente me va a tocar hablarles de eso”, puntualizó.

Remarcó que el ajuste incluye congelar la creación de nuevos cargos públicos, simplificar el Estado, y racionalizar subsidios y programas sociales, con el fin de tener ahorros de hasta $8,5 billones. Para López, “necesitamos ponerle la lupa al gasto, poner en cintura el gasto”, y advirtió que lo propuesto implicará decisiones difíciles e impopulares.

El impacto del sector petrolero en las finanzas públicas

Un punto clave del plan es la reactivación de la industria petrolera. “Necesitamos reactivar sí o sí la industria petrolera, necesitamos 100.000 barriles más”, señaló el dirigente. Esto permitiría aumentar los ingresos públicos y respaldar gastos prioritarios, como la sostenibilidad del sistema de salud. El presidente de Anif advirtió que, pese al giro internacional hacia la descarbonización, la capacidad petrolera de Colombia es limitada frente a países como Guyana, Argentina y Brasil.

La propuesta sugiere abrir el debate sobre exploración y fracking, y emprender una simplificación regulatoria que impulse la inversión y fomente la competitividad en el sector de hidrocarburos colombiano.

Proyecciones para la economía colombiana

La aplicación de las medidas podría llevar a que Colombia alcance un crecimiento económico del 3,5% en 2032 y reduzca el balance primario al 1,2%, lo que puede estabilizar la deuda. No obstante, si se ignora la necesidad de ajuste, la deuda pública podría escalar al 85% del PIB después de 2030, elevar el costo de vida y duplicar las tasas de interés.

El debate sobre el futuro fiscal de California escaló en intensidad ante la posible aprobación de un impuesto extraordinario dirigido a los residentes más acaudalados del estado. En el centro de la controversia se encuentra Sergey Brin, cofundador de Google y una de las mayores fortunas del mundo, quien ha manifestado de manera contundente su rechazo a la propuesta.

“Hui del socialismo con mi familia en 1979 y conozco la devastadora y opresiva sociedad que creó en la Unión Soviética. No quiero que California termine en el mismo lugar”, declaró Brin, trazando un paralelismo directo entre su experiencia personal y lo que percibe como una deriva peligrosa en la política fiscal estatal.

Oposición de Sergey Brin al impuesto a los multimillonarios en California

La postura de Brin contra el impuesto es frontal y decidida. En los últimos meses, ha destinado 57 millones de dólares a combatir la iniciativa, canalizando estos fondos principalmente a través de la organización sin fines de lucro Building a Better California.

Este grupo, fundado por el propio Brin, está enfocado en temas de asequibilidad y gasto estatal, pero en la coyuntura actual se ha convertido en el principal vehículo de resistencia contra la propuesta de gravamen.

Brin no solo ha invertido recursos personales, sino que ha movilizado a otros empresarios tecnológicos de alto perfil para conformar un bloque de oposición.

De acuerdo con los reportes, ya se han recaudado 93 millones de dólares en apoyo a la campaña que busca frenar el avance del impuesto. La estrategia incluye impulsar medidas alternativas en la boleta electoral, con el objetivo de debilitar el respaldo al tributo sobre grandes fortunas.

En un contexto donde el Partido Demócrata de California explora posturas cada vez más orientadas al populismo fiscal, la reacción de Brin marca un punto de quiebre en la relación entre el sector tecnológico y la clase política estatal. Para el magnate, la iniciativa no solo amenaza su patrimonio personal, sino que representa un riesgo sistémico para la economía y la innovación en la región.

En términos directos, la oposición de Sergey Brin al impuesto a los multimillonarios se fundamenta en su temor a que la medida conduzca a California hacia un modelo económico que, en su experiencia, resultó en opresión y estancamiento social. Considera que la propuesta podría ahuyentar inversiones, talento y, en última instancia, comprometer el futuro del estado como centro global de tecnología.

Cambios en la orientación política de Sergey Brin y su entorno

En los últimos años, la evolución política de Brin ha sido objeto de atención pública. Originalmente identificado con causas liberales, el empresario ha mostrado un giro notorio hacia posiciones más cercanas al Partido Republicano y a la figura de Donald Trump.

Este cambio ha coincidido con la presencia en su entorno de Gerelyn Gilbert-Soto, influencer y defensora abierta del presidente. Gilbert-Soto, quien ha recibido elogios públicos de Trump, ha sido señalada por allegados como una influencia importante en el viraje político de Brin.

La transformación es visible tanto en el discurso como en la acción política del cofundador de Google. Mientras que en el pasado realizó donaciones significativas a organizaciones progresistas, actualmente su activismo se concentra en frenar iniciativas fiscales consideradas hostiles hacia los grandes patrimonios.

Brin ha incrementado su participación en debates públicos y ha orientado parte de su fortuna a respaldar candidaturas y medidas afines a sus nuevas convicciones.

Este cambio en la orientación política de Brin, junto con la influencia de su pareja, ha generado especulaciones sobre el futuro de su relación con el ecosistema tecnológico de California, históricamente vinculado a posturas progresistas y de centroizquierda.

Salida de multimillonarios de California ante la propuesta de impuesto

El anuncio y avance de la propuesta fiscal ha desencadenado una ola de salidas de multimillonarios del estado. Brin, anticipándose a la entrada en vigor de la medida, trasladó su residencia a la zona de Lake Tahoe, en el lado de Nevada, antes del 31 de diciembre del año pasado.

La mudanza implicó también la reubicación de 15 sociedades de responsabilidad limitada (LLC) fuera de California, muchas de las cuales se convirtieron en entidades radicadas en Nevada y Florida. Esta estrategia no solo busca protección patrimonial, sino evitar la aplicación retroactiva del impuesto, destinado a residentes al inicio de 2026.

Brin no es el único magnate que ha decidido dejar California. Otros nombres reconocidos, como Larry Page, Mark Zuckerberg, Peter Thiel y Larry Ellison, han optado por mudarse a estados con legislaciones fiscales más benignas, principalmente Florida y Texas.

Este fenómeno ha generado preocupación sobre el impacto económico de la fuga de capital y talento, así como sobre la viabilidad a largo plazo de políticas tributarias agresivas.

El éxodo de multimillonarios, motivado por la amenaza fiscal, ha sido señalado por opositores como una prueba de los efectos adversos que, a su juicio, tendría la implementación de la medida sobre la economía californiana.

Detalles de la propuesta de impuesto a la riqueza

La iniciativa sometida a debate plantea un impuesto único del 5% sobre el patrimonio de residentes con activos superiores a USD 1.100 millones. El gravamen abarcaría empresas, valores, arte, objetos de colección y propiedad intelectual, aunque quedarían exceptuados los bienes inmuebles, pensiones y ciertas cuentas de retiro.

El impuesto se aplicaría de manera retroactiva a quienes sean residentes al inicio de 2026, con la posibilidad de fraccionar el pago en un periodo de hasta cinco años.

Los promotores de la propuesta, encabezados por un sindicato estatal, aseguran haber reunido 1,6 millones de firmas —casi el doble de las requeridas— para que la medida sea incluida en la boleta electoral de noviembre. Argumentan que la recaudación servirá para compensar recortes federales en el sistema de salud pública, destinando cerca del 90% de lo recaudado a servicios sanitarios.

Entre los detractores se encuentran figuras como el gobernador Gavin Newsom, quien advierte sobre el riesgo de perder a los principales creadores de empleo y recursos fiscales, alertando sobre un posible deterioro del entorno económico del estado.

Reacciones y posiciones de otros multimillonarios

La propuesta fiscal ha polarizado a la élite empresarial de California. Mientras algunos, como Jensen Huang de Nvidia, se han mostrado “perfectamente conformes” con el impuesto, otros lo han calificado de “muy mal diseñado” o “insensato”, aunque sin anunciar necesariamente su partida del estado.

Empresarios como Brendan Foody, Dario Amodei y Vinod Khosla han hecho públicas sus críticas, pero han optado por permanecer en California por razones operativas o de negocios.

En el ámbito político, la iniciativa ha alterado el tablero de las elecciones estatales. Candidatos como Tom Steyer, también multimillonario, han expresado reservas sobre el diseño del impuesto, pese a apoyar el aumento de la carga fiscal sobre los más ricos. Otros, como Matt Mahan, han logrado captar el respaldo de ejecutivos tecnológicos de alto perfil, mientras que opositores dentro del Partido Demócrata han intensificado sus ataques contra la influencia del gran capital en los comicios.

En San Francisco, la llegada a la alcaldía de Daniel Lurie, heredero de una familia multimillonaria y crítico del impuesto, refleja la complejidad y diversidad de posturas en torno a la medida y su impacto en el futuro económico del estado.

La decisión sobre el futuro del impuesto al patrimonio permanece en suspenso en la Corte Constitucional, al no haber aún un fallo de fondo debido a que seis magistrados se declararon impedidos para deliberar por sus lazos con instituciones potencialmente afectadas.

El tributo, dirigido a personas y empresas con patrimonios líquidos desde $10.470 millones, busca responder a la catástrofe provocada por la ola invernal que golpeó a varios departamentos del norte del país. El pago se divide en dos cuotas, con fechas de vencimiento del 1 de abril y el 4 de mayo, mientras sectores empresariales, universidades y autoridades siguen expectantes con el futuro de la medida.

Dicho mecanismo pretende obtener recursos de manera rápida de los sectores de mayor capacidad contributiva. Si se alcanzan los $8,3 billones proyectados, se financiará la mayor parte de la reconstrucción y la asistencia a las áreas más afectadas.

Como se recordará, el Gobierno de Gustavo Petro decretó la emergencia económica el 24 de febrero debido a las inundaciones, con lo que estableció el impuesto al patrimonio como principal medida extraordinaria de financiamiento. Los departamentos más afectados incluyen Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. La medida habilitó decisiones urgentes para canalizar recursos estatales hacia las zonas damnificadas.

El debate jurídico en la Corte Constitucional

El análisis jurídico del impuesto corresponde a la magistrada Lina Escobar, responsable de estudiar el Decreto 173 de 2026. Desde el 3 de marzo, de acuerdo con La FM, Escobar ordenó la recolección de pruebas y documentos para evaluar tanto la constitucionalidad del estado de excepción como la proporcionalidad del arancel.

Para el examen, la magistrada solicitó al Gobierno nacional precisiones sobre cuánto del monto total de la emergencia se cubriría específicamente con el impuesto al patrimonio. Además, pidió informar sobre alternativas consideradas y formuló más de cincuenta preguntas dirigidas a la Presidencia relacionadas con los requisitos formales del estado de excepción y las necesidades tributarias.

Las gobernaciones de los territorios afectados debieron informar a la Corte cuántos recursos adicionales precisan para atender los daños sufridos. También casi una veintena de entidades, entre universidades y organismos técnicos, fueron invitadas a pronunciarse sobre la legalidad del decreto. El plazo para remitir la documentación venció el 6 de abril, según detalló el medio.

Conflictos de interés y voces de los magistrados

Asimismo, de acuerdo con La FM, el trámite en la Corte Constitucional quedó paralizado cuando seis magistrados presentaron impedimentos al alegar relaciones académicas o profesionales con instituciones sujetas al impuesto. Entre ellos figuran Lina Escobar —docente en la Universidad Javeriana— y Natalia Ángel, vicepresidenta del tribunal, profesora en la Universidad de los Andes.

Escobar argumentó que “aunque el nuevo impuesto al patrimonio no me cobija directamente, sí impacta en la institución universitaria en la que ejerzo la docencia”. Por su parte, Natalia Ángel señaló que “desde hace varios años soy profesora en la Universidad de Los Andes, institución que podría verse impactada como destinataria de las medidas tributarias”.

Por su parte, el magistrado Vladimir Fernández, docente en la Universidad Externado, comentó que, si bien la medida no le afecta, sí puede incidir en la institución donde tiene vínculo académico. Además de ellos, también se declararon impedidos Paola Meneses (presidenta de la Corte), Miguel Polo Rosero (docente en la Javeriana y en la Universidad Católica) y Carlos Camargo (exvicerrector de la Universidad Sergio Arboleda).

Solo después de que la Sala Plena defina estos recursos de impedimento podrá retomarse el estudio de la constitucionalidad del impuesto al patrimonio.

Recaudo actual y proyecciones

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que hasta el 14 de abril el recaudo alcanzó $2,43 billones, cifra inferior a la meta de $8,3 billones. El periodo para el segundo pago finalizó el 4 de mayo, momento en el que contribuyentes obligados —personas y empresas— hicieron los aportes.

El efecto fiscal total del tributo está en revisión, ya que la Corte Constitucional aún no ha resuelto si la medida se ajusta a la carta magna. Esta situación mantiene en vilo a entidades públicas, empresarios y universidades.

Críticas y consecuencias económicas

La introducción y recaudación del impuesto al patrimonio han generado todo tipo de críticas. La organización Colfuturo calificó la medida como “manifiestamente regresiva, inequitativa y contraria a los principios constitucionales” de equidad y justicia tributaria. Diversos gremios y asociaciones argumentan que el tributo afectará en mayor proporción a universidades y empresas generadoras de empleo, muchas de las cuales podrían enfrentar dificultades para cumplir con la nueva carga.

Mientras que la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, advirtió que “miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse”. Agregó que gravar el patrimonio empresarial desincentiva la inversión, golpea a compañías con activos acumulados y pone en riesgo el empleo formal de más de tres millones de personas.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este lunes que España remitirá el jueves a la Comisión Europea el informe de progreso de su Plan Fiscal, el documento con el que el Gobierno rinde cuentas ante Bruselas sobre el grado de cumplimiento de las reglas fiscales comunitarias en materia de reducción de deuda y déficit público.

“España sigue cumpliendo con el marco europeo. Seguimos siendo uno de los países de buen comportamiento tanto en términos presupuestarios como en términos de la inexistencia de desequilibrios macroeconómicos“, ha afirmado Cuerpo ante los medios de comunicación a la salida del Invest in Spain Summit, el foro que reúne en el Teatro Real de Madrid a representantes de 75 multinacionales de 25 países. El informe incluirá una actualización del escenario económico que recoja la incertidumbre global generada por el conflicto en Oriente Próximo y sus efectos sobre las previsiones de crecimiento e inflación.

Pese a ello, el ministro ha aclarado que la presentación del jueves constituye únicamente el paso previo a la revisión del cuadro macroeconómico que antecede a los Presupuestos Generales del Estado. La actualización completa de ese escenario, precisó, no llegará hasta finales de junio. “Necesitamos todavía información sobre cuál está siendo el impacto de las medidas que hemos puesto encima de la mesa y será a finales de junio cuando veremos cómo actualizamos ese escenario macroeconómico, una vez que se reduzcan las fuentes de incertidumbre. A partir de ahí ya tendremos la base para la presentación de los Presupuestos”, ha recalcado el ministro.

Ese plazo deja apenas tres meses —con el verano por medio— para la tramitación de las cuentas públicas, lo que alimenta los pronósticos sobre una nueva prórroga presupuestaria. Las últimas previsiones del Ejecutivo apuntaban a un crecimiento del 2,2% para 2026, lo que situaría a España como líder del PIB en la Unión Europea (UE) por quinto año consecutivo, y del 2,1% para 2027. Tras el estallido del conflicto en Irán y el encarecimiento de la energía, el Gobierno activó un plan anticrisis de 80 medidas con ayudas por valor de 5.000 millones de euros, centradas en rebajas fiscales y subvenciones a los combustibles.

Sánchez: “España es el mejor compañero de viaje”

La jornada ha arrancado con la inauguración del Invest in Spain Summit, en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido ante los directivos de las multinacionales presentes las razones para elegir a España como destino de inversión en un entorno marcado por la guerra comercial de Trump y las turbulencias derivadas del conflicto bélico en Irán. “En tiempos de turbulencia, España es el mejor compañero de viaje“, ha afirmado el presidente en su discurso inaugural. Minutos antes, el presidente había mantenido encuentros con el presidente de Alstom Europa, Andrew DeLeone, y con el director general de Dow Chemical Ibérica, Antonio Logroño.

En su intervención, Sánchez ha subrayado que España ha generado la mitad del empleo creado en la UE, tiene garantizado el suministro energético gracias a las renovables y registra por primera vez en 60 años menos deuda que la media mundial. También aludió al freno de la economía alemana ante la competencia china y a las dificultades de la francesa.

La delegación estadounidense es la más numerosa del foro, con 19 empresas, seguida de las de China (8), Japón (7), Francia (5) y Reino Unido (4). Ese peso responde al avance de la inversión procedente de Estados Unidos en el último ejercicio, que se situó en 10.008 millones de euros —un tercio del total—, impulsada en gran parte por compromisos plurianuales de gigantes tecnológicos como Amazon y Microsoft. En la primera edición del foro, celebrada en 2025, se movilizaron compromisos de inversión por 4.400 millones de euros, cifra que el Ejecutivo aspira a superar en esta convocatoria.

Con información de la agencia Efe

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) analizó los efectos de una eventual eliminación de los derechos de exportación sobre el sector agroindustrial argentino mediante un ejercicio de simulación con el modelo Agmemod. El trabajo compara un escenario base, en el que se mantienen las condiciones actuales, con otro en el que las retenciones se reducen de manera gradual en dos años hasta desaparecer en 2028. El horizonte de análisis se extiende hasta la campaña 2035/36 y contempla variables productivas, comerciales y fiscales.

Más área sembrada y mayor producción

El estudio proyecta que, bajo el escenario base, el área sembrada crece de 39,9 a 41,1 millones de hectáreas entre 2026 y 2036, mientras que la producción total pasa de 134,6 a 165,9 millones de toneladas.

En contraste, la eliminación de retenciones genera una expansión mayor. El área sembrada alcanzaría las 43,4 millones de hectáreas en 2036, lo que implica 2,2 millones de hectáreas adicionales respecto del escenario base, equivalente a un aumento del 5,4%.

En términos productivos, el salto también es significativo. La producción total se ubicaría en 182,6 millones de toneladas hacia el final del período, es decir, 16,7 millones de toneladas más que en el escenario con retenciones, lo que representa un incremento del 10,1 por ciento.

El informe señala que “el mayor crecimiento absoluto corresponde al cultivo de soja, seguido por el maíz”, lo que refleja el impacto diferencial de la medida sobre cultivos con mayor carga impositiva inicial.

Por otro lado, el documento señala que “la eliminación de retenciones impacta directamente sobre el precio percibido por el productor (precio FAS), mejorando los márgenes netos de producción”, lo que incentiva tanto la expansión del área como la inversión en tecnología e insumos.

Más exportaciones y mayor ingreso de divisas

El escenario sin retenciones también muestra un aumento en el comercio exterior. En volumen, las exportaciones del complejo agroindustrial alcanzarían las 126,9 millones de toneladas en 2036, frente a 112,7 millones en el escenario base, lo que implica un incremento de 14,1 millones de toneladas, equivalente al 12,5%.

En valor, la diferencia también es más que relevante. Las exportaciones pasarían de USD 44.100 millones en el escenario con retenciones a USD 50.500 millones en el escenario sin ese tributo, lo que representa USD 6.400 millones adicionales por año hacia el final del período.

El informe destaca que la ganancia en divisas es liderada por el complejo soja, que aportaría más de USD 5.200 millones adicionales.

En cuanto a la composición de los envíos, el escenario de eliminación de retenciones plantea un aumento generalizado en los distintos productos. El mayor salto relativo se daría en el poroto de soja, seguido por aceite y harina de soja, mientras que trigo y maíz también registrarían incrementos en los volúmenes exportados.

El documento indica que “la diversificación de la oferta exportable se mantendría”, ya que otros cultivos como girasol y cebada también muestran avances, en un contexto de expansión general del complejo agroindustrial.

El efecto fiscal: caída inicial y recuperación posterior

Uno de los ejes del análisis es el impacto sobre la recaudación. El informe plantea que la eliminación de retenciones implica, en una primera instancia, una pérdida directa de ingresos para el Estado nacional, pero identifica mecanismos de compensación tanto directos como indirectos.

Entre los canales directos se destacan el incremento en la recaudación del Impuesto a las Ganancias y del impuesto a los Débitos y Créditos, mientras que entre los indirectos se incluye el efecto multiplicador de la mayor actividad económica.

En términos temporales, el resultado no es inmediato. El informe precisa que el Estado nacional obtendría un resultado neto positivo a partir del cuarto año desde la eliminación de los Derechos de Exportación, es decir, desde el ciclo 2029/30.

Para 2036, la recaudación nacional sería superior en USD 297 millones en el escenario sin retenciones respecto del escenario base.

En el caso de las provincias, el impacto sería diferente. El informe señala que “la eliminación de los DEX no supone ninguna pérdida para éstas ya que es un impuesto no coparticipable”, mientras que la mayor actividad económica amplía la base imponible de tributos como Ingresos Brutos y Sellos.

De este modo, hacia 2036 las provincias recaudarían USD 989 millones adicionales respecto del escenario base.

Al considerar el consolidado entre Nación y provincias, el punto de quiebre fiscal se alcanza en 2028. El informe indica que “el único año con pérdida neta de recaudación consolidada sería 2027, cuando la primera reducción de alícuotas generaría un costo de USD 153 millones”, mientras que a partir del año siguiente la recaudación total superaría al escenario con retenciones.

Para el final del período analizado, la recaudación consolidada sería superior en USD 1.286 millones anuales.

Un cambio con efectos en toda la economía

El trabajo incorpora además el efecto multiplicador del sector agropecuario sobre el resto de la economía. Según el informe, el incremento en la producción y la inversión generaría impacto favorable en otras actividades, lo que ampliaría la base imponible de distintos tributos.

El documento sostiene que el incremento en la inversión de los productores y en su ingreso disponible se propagaría al conjunto de la economía con un multiplicador, generando recaudación adicional en todos los niveles del Estado.

En ese marco, se concluye que la eliminación de retenciones “constituye una reforma con beneficios verificables y robustos en producción, divisas y recaudación fiscal de mediano plazo”, con un costo de transición que el informe describe como acotado en relación con los resultados posteriores.

El análisis se basa en un modelo de equilibrio parcial que proyecta variables como área sembrada, producción, consumo y exportaciones a partir de supuestos sobre precios, costos e impuestos.

En ese marco, el informe concluye que los efectos de la eliminación de retenciones se reflejan en un aumento de la producción, un mayor ingreso de divisas y una mejora en la recaudación fiscal en el mediano plazo, luego de una etapa inicial de transición.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ampliará el horario de atención presencial en sus 169 oficinas del país a partir del 22 y hasta el 30 de abril para facilitar la presentación de la Declaración Anual 2025 de personas.

Según el comunicado oficial del SAT compartido el pasado 22 de abril, el horario extendido será de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

La autoridad fiscal, sin embargo, recuerda que el 30 de abril es la fecha límite para cumplir con dicha obligación, cuya omisión puede derivar en multas o sanciones.

El trámite puede realizarse a cualquier hora a través del Portal del SAT, disponible en línea durante todo abril. Las personas interesadas pueden agendar una cita presencial en la página del organismo.

¿Quiénes deben de hacer declaración anual?

De acuerdo con el SAT, están obligadas a presentar la Declaración Anual quienes hayan obtenido ingresos anuales por sueldos y salarios superiores a 400 mil pesos, trabajadores que dejaron su empleo antes del 31 de diciembre de 2025, personas con varios empleadores, quienes perciban salarios del extranjero, reciban indemnizaciones (también jubilaciones o pensiones superiores al monto previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta), prestadores de servicios profesionales, quienes realicen actividades empresariales, arrendadores de bienes inmuebles, y quienes hayan recibido intereses o dividendos.

Las personas físicas adheridas al RESICO pueden quedar exentas de presentar la declaración anual, salvo que opten por hacerlo conforme a las reglas fiscales 3.13.20 y 3.13.21, según explica el comunicado del SAT.

El plazo máximo para recibir el saldo a favor es de 40 días, aunque puede llegar antes

Una cifra superior a dos mil millones de pesos ya comenzó a ser devuelta por el SAT a contribuyentes que presentaron su declaración anual 2025. De acuerdo con el comunicado oficial difundido el pasado 7 de abril, el organismo tiene previsto realizar los depósitos en un plazo promedio de tres días, un periodo mucho menor al máximo de 40 días establecido en la ley, lo que amplía la liquidez de quienes cumplen a tiempo con sus obligaciones fiscales.

El SAT detalló que son 608 mil 119 personas físicas quienes ya obtuvieron el depósito del saldo a favor correspondiente al impuesto sobre la renta (ISR) en la declaración anual 2025. El monto total autorizado asciende a 2 mil 179 millones de pesos. También se precisa que, hasta las 8:00h del mismo día, se habían presentado 2 millones 628 mil 571 declaraciones de personas físicas.

Las omisiones en la presentación de declaraciones anuales acarrean una multa de hasta 41 mil 590 pesos por cada declaración pendiente. Esta penalización es acumulativa, es decir, cada declaración omitida implica una sanción independiente, lo cual puede significar cargos múltiples para personas con varios adeudos y acumular una deuda fiscal considerable.

El SAT La institución agregó que la sanción no se limita sólo a la multa: también pueden sumarse recargos, intereses y hasta restricciones administrativas. La institución permite, sin embargo, a quienes buscan regularizarse antes de ser notificados formalmente acceder a reducciones significativas en la multa, o incluso evitarla, siempre que la declaración se presente antes de cualquier requerimiento emitido por la autoridad.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, decidió vetar tres proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional, al devolverlos sin sanción y solicitar un nuevo análisis por parte de los diputados, al considerar que presentan problemas de constitucionalidad, inconveniencia y riesgos para el sistema económico y administrativo del país.

Las iniciativas objetadas corresponden a los proyectos de ley 388, 233 y 249, relacionados con la prescripción de deudas bancarias, el cobro de tributos municipales y la reducción del gasto en alquileres estatales, respectivamente, todos aprobados recientemente en el pleno legislativo.

En el caso del proyecto de ley 388, el Ejecutivo fue categórico al advertir que la propuesta es “inconveniente e inexequible”, al plantear que permitiría a los bancos reconocer de forma administrativa la prescripción de deudas sin intervención judicial, lo que podría generar conflictos con el marco legal vigente y afectar el sistema financiero.

La iniciativa buscaba establecer un procedimiento mediante el cual las entidades financieras pudieran extinguir obligaciones crediticias tras un plazo de tres años, sin necesidad de un proceso judicial, trasladando el trámite al Sistema de Atención de Reclamos (SAR) y permitiendo incluso el llamado “silencio administrativo positivo” como mecanismo de validación.

Además, el proyecto obligaba a los bancos a informar de manera clara al cliente sobre el estado de la deuda, intereses, plazos y cualquier interrupción del período de prescripción, y contemplaba que, de aprobarse la solicitud, la obligación debía eliminarse de los registros internos y de los burós de crédito, generando efectos legales plenos.

También incluía un esquema de supervisión compartida entre la Superintendencia de Bancos y la ACODECO, con sanciones que podían ir desde $5,000 hasta $50,000 por incumplimientos, lo que ampliaba el alcance regulatorio sobre el sistema financiero en materia de protección al consumidor.

Para el mandatario, este enfoque no solo contradice normas existentes, sino que además podría vulnerar la función jurisdiccional del Órgano Judicial, al trasladar una decisión legal a la esfera administrativa, lo que también genera dudas sobre el respeto al debido proceso y la separación de poderes.

En esa misma línea, la Asociación Bancaria de Panamá, que agrupa a más de 50 entidades entre bancos de licencia general e internacional, advirtió que la propuesta podría tener impactos negativos en el acceso al crédito, afectando a personas, familias y empresas, además de generar incertidumbre en el mercado financiero.

En cuanto al proyecto de ley 233, que modifica la Ley 55 de 1973 sobre la administración y cobro de tributos municipales, el presidente presentó objeciones parciales, especialmente sobre los primeros artículos, al considerar que podrían alterar la estructura fiscal de los municipios y generar inconsistencias en su aplicación.

Esta iniciativa introducía cambios en aspectos como el impuesto de degüello de ganado, los mecanismos de control y las sanciones, con el objetivo de fortalecer la fiscalización y la trazabilidad de actividades económicas vinculadas al sector agropecuario, además de mejorar la recaudación municipal.

El proyecto establecía que el impuesto debía pagarse en el municipio de origen del animal, obligando a contar con una licencia o guía de traslado, y definía controles más estrictos para verificar la procedencia del ganado y evitar irregularidades en su comercialización.

Asimismo, imponía sanciones a quienes comercialicen carne sin la guía de degüello correspondiente, con multas que podían ir desde $50 hasta $1,000, duplicándose en caso de reincidencia, además de permitir inspecciones municipales para reforzar el control sanitario y fiscal.

No obstante, el Ejecutivo considera que algunas de estas modificaciones requieren un análisis más profundo, al poder afectar la forma en que los municipios gestionan sus ingresos y ejercen sus competencias administrativas.

El tercer proyecto vetado, el 249, buscaba reducir el gasto en alquiler de oficinas del sector público mediante un plan escalonado de disminución del gasto y la construcción de infraestructura estatal propia, en respuesta al crecimiento sostenido de este rubro en el presupuesto nacional.

Según el documento, el Estado panameño destina más de $105 millones anuales al alquiler de edificios y locales, lo que representa alrededor del 0.35% del presupuesto general, una cifra que ha aumentado de forma significativa en la última década.

El proyecto planteaba que todas las entidades del Estado debían elaborar planes para reducir progresivamente estos gastos, incluyendo la construcción de edificios propios, la reutilización de estructuras existentes y la creación de ciudades gubernamentales en cada capital de provincia.

Además, establecía metas obligatorias de reducción del gasto en alquiler, que iban desde 10% en 2027 hasta 50% en 2037, junto con la fijación de precios máximos por metro cuadrado para contratos de arrendamiento supervisados por la Contraloría.

La iniciativa también contemplaba la reubicación de oficinas públicas fuera del corregimiento de San Felipe y la eliminación de gastos en alquiler de salones para eventos, promoviendo el uso de infraestructura estatal como medida de ahorro.

Sin embargo, el presidente objetó varios artículos, al considerar que comprometen las competencias constitucionales del Ejecutivo en materia presupuestaria, establecidas en el artículo 280 de la Constitución, y que podrían generar distorsiones en la planificación financiera del Estado.

Mulino también cuestionó disposiciones que involucran a la Contraloría General de la República, al estimar que su redacción podría generar conflictos institucionales o interpretaciones ambiguas en la ejecución de la ley.

Ahora, la Asamblea Nacional deberá analizar las observaciones planteadas por el Ejecutivo y decidir si modifica las iniciativas, insiste en su aprobación o las archiva, en un proceso que podría abrir un nuevo capítulo de tensiones entre ambos órganos del Estado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a una demanda promovida por YPF S.A. contra la provincia de Chubut y declaró la invalidez de un criterio fiscal aplicado en el cobro del impuesto sobre los ingresos brutos, al considerar que implicaba una discriminación contraria a la Constitución Nacional. La decisión fue adoptada por el máximo tribunal en instancia originaria, sin intervención de tribunales inferiores, con fundamento en el dictamen de la Procuración General de la Nación.

El expediente, caratulado “YPF S.A. c/ Chubut, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, se inició con una presentación de la petrolera en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la que solicitó que se declare la invalidez del criterio por el cual la provincia le exigía incluir en la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos los ingresos derivados de exportaciones de hidrocarburos extraídos en Chubut pero industrializados fuera de esa jurisdicción .

En su demanda, YPF sostuvo que ese esquema implicaba un trato diferencial respecto de aquellas operaciones en las que el procesamiento se realizaba dentro de la provincia, supuesto en el cual los ingresos por exportación no integraban la base imponible del tributo. El planteo se apoyó en la presunta violación de la cláusula comercial de la Constitución Nacional y en la afectación del sistema de coordinación tributaria entre jurisdicciones.

Por su parte, la provincia de Chubut defendió la legalidad de su criterio al sostener que no gravaba exportaciones, sino que distribuía la base imponible conforme al artículo 13 del Convenio Multilateral, y que la deducción practicada por la empresa “no se encuentra prevista en el Convenio Multilateral, no se ajusta a la mecánica ni a lo previsto en su letra y no posee ningún respaldo contable y normativo que la avale”.

El conflicto quedó delimitado en los términos que el propio tribunal consignó en la sentencia: “corresponde decidir si es válida la pretensión de la Provincia del Chubut de gravar con su impuesto a los ingresos brutos la totalidad de la producción de petróleo de YPF obtenida en su territorio y llevada a otra provincia sin facturar o, si, como lo pretende la actora, dicha pretensión resulta inválida, al impedírsele excluir de la base imponible la fracción de petróleo que, luego de su elaboración, es destinado a la exportación” .

Al resolver el caso, la Corte hizo suyo el criterio de la Procuración Fiscal y concluyó que la pretensión provincial resultaba inconstitucional. En ese sentido, sostuvo que “asiste razón a la parte actora en cuanto afirma que los actos de la Provincia del Chubut conllevan una discriminación fiscal en contra del comercio interprovincial y, en consecuencia, constituyen una vulneración de los artículos 9° a 12 y 75, inciso 13 de la Constitución” .

Con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal recordó que esas disposiciones “organizan un sistema económico unificado en todo el territorio nacional y excluyen normas y actos de las autoridades locales que aumentan la carga tributaria del comercio interprovincial respecto del comercio interno de la provincia” . En esa línea, reafirmó un criterio sostenido en precedentes anteriores al señalar que “no pueden las provincias invocar la titularidad territorial para poner trabas de índole alguna a las actividades que en sustancia se vinculan al tráfico interprovincial e internacional”

En el análisis del caso concreto, la Corte ponderó que la propia provincia había reconocido que las exportaciones de petróleo -crudo o industrializado- no se encuentran alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos. Sin embargo, advirtió que el esquema aplicado generaba un trato desigual según el lugar donde se desarrollaban las etapas intermedias del proceso productivo.

Así, afirmó que si “el petróleo que es extraído, industrializado y exportado desde el Chubut no integra la base imponible del impuesto, el petróleo extraído en el Chubut, industrializado total o parcialmente en otra provincia y luego exportado, tampoco debería integrarla”.

Pese a ello, el criterio del fisco provincial implicaba lo contrario. Según describió el fallo, “el petróleo extraído en Chubut pagaría impuesto sobre los ingresos brutos por el solo hecho de que haya sido procesado en otra provincia, o inclusive por el solo hecho de que haya sido almacenado en otra provincia con carácter previo a su exportación en crudo, mientras que, si esos mismos actos intermedios son llevados a cabo dentro de la Provincia del Chubut, no se devengaría impuesto alguno” .

Frente a ese escenario, el máximo tribunal consideró innecesario analizar en profundidad la interpretación del artículo 13 del Convenio Multilateral invocada por la provincia. En sus términos, los jueces consignaron: “resulta irrelevante definir en esta sentencia si la interpretación del artículo 13 del Convenio Multilateral que hace la Provincia del Chubut es correcta o no, puesto que la prohibición de discriminar en contra del comercio interprovincial viene impuesta por la Constitución misma” .

Con esos fundamentos, la Corte resolvió “hacer lugar a la demanda seguida por YPF S.A. y, en consecuencia, declarar la invalidez de la pretensión fiscal de la Provincia del Chubut plasmada en las resoluciones nros. 173/2010-DGR, 898/13-DGR y 284/2015-EC” , con imposición de costas a la demandada.

Finalmente, el máximo tribunal aclaró el alcance de su decisión al señalar que su decisión no implicaba ”abrir juicio sobre los procedimientos a seguir para determinar si el petróleo extraído en la Provincia del Chubut fue efectivamente exportado y si se encuentra adecuadamente reflejado en las declaraciones efectuadas por YPF” .

Los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires aún pueden acceder a la moratoria implementada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). Se trata de un plan que permite regularizar deudas con facilidades de pago y de adhesión.

Hay planes de financiación de hasta 48 cuotas. Además, en estos últimos días se contempla una condonación de intereses de hasta el 40%, según la modalidad de pago elegida (al contado o en cuotas) y la condición del contribuyente, en particular si se trata de Grandes Contribuyentes.

En ese marco, al momento de adherirse se puede optar por dos alternativas:

• Nueva Cuenta Corriente Tributaria: se accede a través del Portal del Contribuyente. Allí, en el menú lateral izquierdo, se debe ingresar a “Operaciones” > “Planes/Moratoria”, seleccionar las obligaciones a regularizar y definir la modalidad de pago.
• Boleta de cuota única: es una opción ágil y simplificada para quienes registran deudas de hasta $4 millones en Inmobiliario/ABL y/o Patentes. La boleta puede descargarse o abonarse directamente desde la web de AGIP o vía home banking. Incluye el monto total correspondiente a los períodos adeudados hasta el 31 de agosto de 2025, con la condonación de intereses ya aplicada, y se identifica como Cuota 219 – “Cuota Única Moratoria 2025”.

Según informaron desde el gobierno de CABA, la fecha límite para acceder a estos beneficios es el próximo jueves 30 de abril.

La moratoria comprende deudas correspondientes a todos los impuestos vencidos al 31 de agosto de 2025, tanto en instancia administrativa como judicial.

Para los casos en instancia judicial, se implementó una herramienta online que permite gestionar el trámite y cancelar los honorarios de mandatarios de forma directa, sin intermediarios.

El procedimiento está disponible en el Portal del Contribuyente de AGIP. Desde allí, es posible identificar el proceso judicial, consultar los importes adeudados y seleccionar la modalidad de pago, en una o más cuotas.

La deuda tributaria se financia mediante débito automático, informando un CBU, mientras que los honorarios y costas se abonan mediante VEP, en hasta seis cuotas.

Cabe destacar que la convivencia entre la Clave Ciudad y la cuenta miBA para acceder al Portal del Contribuyente se extendió hasta el 30 de abril, con el objetivo de acompañar los plazos de la moratoria y facilitar la adhesión. A partir de esa fecha, el ingreso deberá realizarse exclusivamente con cuenta miBA nivel 3.

Por otro lado, es importante mencionar que el gobierno porteño anunció recientemente una bonificación en el impuesto sobre los Ingresos Brutos destinada a más de 140.000 contribuyentes del monotributo que desarrollan actividades de servicios.

La medida, que comenzó a reflejarse en la liquidación impositiva mensual, estableció una exención total (bonificación del 100%) para las categorías A, B y C del Régimen Simplificado, lo que permitió que alrededor de 35.000 contribuyentes quedaran liberados del pago del impuesto.

Asimismo, la normativa dispuso una reducción significativa (bonificación del 75%) para las categorías D a H, alcanzando a cerca de 12.000 contribuyentes.

En total, unas 47.000 personas accedieron de manera inmediata al beneficio, total o parcial, por cumplir con las condiciones de no registrar deudas y estar inscriptas en actividades de servicios, según la información oficial difundida por la AGIP.

Los 22 servicios no profesionales que no pagarán Ingresos Brutos son los siguientes:

1. Servicios técnicos
2. Fotógrafos
3. Peluqueros
4. Diseñadores sin título de grado
5. Barberos
6. Editores
7. Mecánicos
8. Camarógrafos
9. Personal trainers
10. Guionistas
11. Esteticistas
12. Masajistas
13. Carpinteros
14. Herreros
15. Sastres
16. Zapateros
17. Pintores
18. Artesanos
19. Joyeros
20. Jardineros
21. Cerrajeros
22. Quienes trabajan por cuenta propia o bajo contratación

Uno de los aspectos centrales del esquema fue su aplicación automática: la AGIP dispuso que los contribuyentes no debieran realizar trámites adicionales.

El sistema incorporó la bonificación directamente en la liquidación del impuesto, siempre que la actividad declarada correspondiera a servicios y no se registraran deudas en el tributo.

De acuerdo con la legislación vigente, los bienes heredados —incluidas casas— están exentos de ISR al momento de la transmisión, sin embargo, existen otras obligaciones fiscales que es importante conocer.

Al adquirir una casa es necesario el pago del Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles (ISAI) y reportar el bien heredado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Es decir: recibir la herencia de una casa en México no implica un pago inmediato de ISR, según el artículo 93, fracción XXII de la Ley del ISR, pero si cubrir otros impuestos y trámites considerables.

Exención de ISR y obligación de reporte ante el SAT

El ISR no se aplica directamente sobre el valor de la casa heredada. Esta exención es automática, siempre que el heredero cumpla con los requisitos de declaración establecidos por la ley.

Si el valor de la herencia, individualmente, supera los 500 mil pesos, es obligatorio reportarla en la declaración anual ante el SAT. En montos inferiores, la declaración no es obligatoria, pero se recomienda conservar la documentación que respalde el origen lícito del bien.

En caso de no declarar adecuadamente una herencia obligatoria, pueden generarse discrepancias fiscales y sanciones. El SAT puede requerir información adicional para verificar la legalidad y procedencia del patrimonio.

Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles (ISAI) y gravámenes locales

Al heredar una casa, el beneficiario debe cubrir el ISAI. Este impuesto es local y su tasa varía dependiendo del estado, generalmente entre el 2% y 4.5% del valor del inmueble. Además, se suman los gastos notariales y derechos de registro, que pueden representar entre el 4% y 7% adicionales sobre el valor de la casa heredada.

Estos pagos son indispensables para formalizar la transmisión ante notario y registrar la propiedad a nombre del heredero en el Registro Público de la Propiedad. La omisión de estos trámites impide la inscripción legal del inmueble.

Documentación y trámites obligatorios

Para formalizar la herencia, se requiere presentar el acta de defunción del causante, identificación oficial del beneficiario, el testamento o la declaratoria de herederos y los documentos legales de la propiedad.

• Acta de defunción del causante
• Identificación oficial del beneficiario
• Testamento o declaratoria de herederos
• Documentos legales de la propiedad

El notario es el encargado de coordinar el proceso, calcular los impuestos aplicables y emitir los comprobantes oficiales de pago. Una vez concluidos los trámites, el SAT genera un acuse de recibo como constancia.

Estos son los trámites y costos para escriturar una casa en México después de heredar

Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI):

• Representa entre el 65% y 77% del costo total.

- Se calcula entre el 2% y 5% del valor del inmueble (el mayor entre valor comercial y catastral).

Honorarios notariales:

• Entre 0.5% y 1.5% del valor del inmueble.

- Incluyen elaboración de la escritura, revisión jurídica y asesoría.

Derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad:

• Entre 0.2% y 0.5% del valor del inmueble.

- Permiten la inscripción legal de la propiedad.

Otros gastos administrativos:

• Avalúo del inmueble: entre $3,000 y $8,000.

- Certificados y constancias (libertad de gravamen, no adeudos): entre $2,000 y $5,000.Costo total estimado:

• Entre 4% y 8% del valor del inmueble.

- Ejemplo para una vivienda de $1.5 millones: entre $68,000 y $75,000.

Tiempo estimado del trámite:

• Entre 4 y 12 semanas.

Factores que influyen en los costos:

• Entidad federativa, tipo de operación (herencia, compraventa, donación), valor del inmueble, condiciones legales (adeudos, irregularidades).

Venta posterior del inmueble y pago de ISR

Si el heredero decide vender la casa en el futuro, debe calcular y pagar el ISR correspondiente sobre la ganancia obtenida.

La ganancia se determina restando el valor de adquisición del inmueble (generalmente, el valor declarado en la herencia) al precio de venta. Existen exenciones para la vivienda habitual, aplicables bajo ciertas condiciones, como haber habitado el inmueble al menos cinco años y no haber usado la exención en los últimos tres años.

Propuestas de reforma y panorama 2026

En el ejercicio fiscal 2026, la Ley de Ingresos de la Federación no contempla nuevos impuestos federales directos sobre herencias o legados, según el texto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Las iniciativas de reforma para gravar grandes herencias se encuentran en discusión legislativa, pero hasta el momento no han sido aprobadas para su entrada en vigor.

Para mayor información, la consulta debe realizarse directamente en los portales oficiales del SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Ley de Ingresos de la Federación para 2026 publicada en el sitio de la Cámara de Diputados.

Durante el último año, los argentinos redujeron en cinco kilos la ingesta de carne vacuna por persona, mientras que el consumo de cerdo creció 1,5 kilos. Un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) atribuyó este desplazamiento a la inflación y a los cambios en los precios relativos de los alimentos, afectados por factores internacionales y el impacto directo en el presupuesto de las familias.

Según los registros de FADA, el consumo anual per cápita de carne vacuna bajó de 49,5 a 44,5 kilos este año, mientras que la carne porcina ascendió a 19,3 kilos por persona. La principal causa es la distorsión de precios: la carne de vaca aumentó 64% en el último año, mientras que la de cerdo subió 25%. “La suba de los precios cambia los hábitos de consumo. En el último año se registró una inflación del 33%. Esta diferencia, entre otros motivos, causó que muchas familias opten por el cerdo como una alternativa más amigable con sus bolsillos”, explicó Semadeni, economista de FADA.

La coyuntura internacional también incide sobre los precios. Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA, señaló que la guerra en Medio Oriente repercute en los costos logísticos globales, especialmente por el incremento del precio de los combustibles internacionales y el bloqueo en el estrecho de Ormuz. En los fletes de granos, por ejemplo, el 40% del costo corresponde al combustible, lo que añade presión al valor final de los productos. Actualmente, el valor internacional del petróleo roza los USD 98,12 por barril.

El peso de los impuestos en los alimentos

El informe de FADA detalla cómo se compone el precio final de los principales alimentos. En la carne, por ejemplo, el 51% de su valor corresponde a costos de producción, 28% a impuestos y 21% a ganancia.

El desagregado muestra que un 35% corresponde a la cría del animal, otro 16% se queda en el feedlot, un 1% para los frigoríficos, otro 20% para las carnicerías, mientras que el 28% restante son impuestos. “Para llegar a los bifes que compramos es necesario un proceso que lleva años, con costos importantes como la tierra, la sanidad, la alimentación, el transporte y el personal”, explicó Fiorella Savarino, economista de FADA.

En el caso del pan, el 61% del precio son costos, 24% impuestos y 15% ganancia. La panadería representa el 65% del precio final, mientras que la producción de trigo aporta solo el 7%. En el caso de la leche -cuyo consumo también subió alrededor de 7% en el último año-, los costos suman el 71%, los impuestos el 26% y la ganancia el 3%. La estructura de valor se distribuye en 27% tambo, 24% industria, 23% comercio y 26% impuestos sobre el sachet.

La carga impositiva es un componente central en todos los productos. María Luz Silvetti, economista de FADA, señaló: “En cualquiera de los tres productos, $1 de cada $4 que pagamos son impuestos. En otras palabras, cada cuatro bollitos de pan, nos comemos uno de impuestos y nos tomamos un vaso de leche por cada sachet”. En este sentido, aseguró que más del 70% de los impuestos son nacionales, destacándose el IVA, ingresos brutos provinciales y tasas municipales.

Dinámica de precios y el impacto de la carne en la inflación

Durante el mes pasado, el precio de la carne vacuna aumentó 6,9% contra el mes anterior, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec. Este número superó ampliamente la inflación general, que fue del 3,4% en el tercer mes del año, mientras que el incremento interanual de la carne fue del 55,1%, frente al 32,6% del índice general.

En el área metropolitana, el aumento mensual llegó al 10,6% en marzo, con un precio promedio de 18.564 pesos por kilo. Entre los cortes más afectados se encuentra la carne picada común, con una suba del 20,4% mensual, y la carnaza común, con un 17,7%. El asado, en contraste, subió 5,5 por ciento.

El rubro alimentos y bebidas fue uno de los principales motores de la aceleración inflacionaria hasta marzo, con un alza acumulada de 11,8% en el año, solo superada por educación (14,1%) y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (14%), según el Indec.

Para el índice de abril, consultoras privadas registraron una desaceleración en la suba de precios de alimentos y bebidas. Por un lado, LCG reportó en la segunda semana del mes una variación del 0,5%, tras la deflación de 0,4% de la semana anterior. La inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas descendió a 1,2%. No obstante, el mayor impulso inflacionario en ese periodo provino del rubro carnes (1,5% semanal), seguido por lácteos y huevos (0,6% semanal).

El análisis de FADA aclara que la variación de los precios de los granos tiene un impacto limitado en el valor final de los alimentos. En el precio final, el maíz constituye solo el 12% en cerdo, 13% en carne aviar, 6% en carne bovina y 4% en leche. En el pan francés, el trigo representa apenas el 10% del valor final. “Alrededor del 90% del precio está conformado por otros costos, dejando en evidencia que los insumos primarios no son el factor preponderante en la escalada de precios”, concluyó Semadeni.

Con el inicio de la campaña de la Renta el próximo 8 de abril, millones de contribuyentes buscan fórmulas para cerrar con el mejor saldo posible sus cuentas con Hacienda. Una de las más socorridas consiste en aplicar todas las deducciones posibles en el IRPF, para lo que es necesario conocer que gastos habituales pueden suponer un ahorro fiscal. Es el caso de los seguros del hogar, aunque es importante aclarar que no se trata de una deducción independiente, sino que se integra dentro de la deducción por inversión en vivienda habitual, según detalla la Agencia Tributaria.

Para poder desgravar el seguro de hogar en la Renta 2026, deben cumplirse varios requisitos establecidos por Hacienda. En primer lugar, la vivienda debe ser la habitual del contribuyente, es decir, el lugar donde reside de manera permanente. Además, la deducción solo se aplica a inmuebles adquiridos antes del 1 de enero de 2013, ya que la normativa eliminó la deducción para compras posteriores, salvo que se trate de un régimen transitorio.

Otro requisito clave es que la vivienda esté sujeta a préstamo hipotecario vigente y que el seguro esté vinculado a la hipoteca. Generalmente, estos seguros cubren riesgos básicos como incendio y daños estructurales. Solo en estas condiciones Hacienda permite que la prima pagada por el seguro se incluya dentro del cálculo de la deducción por vivienda habitual. Las coberturas opcionales, como asistencia en el hogar o daños estéticos, no son deducibles.

Hasta 1.350 euros de ahorro

La Agencia Tributaria establece que la base máxima sobre la que se calcula la deducción es de 9.040 euros al año, incluyendo tanto el pago de la hipoteca como los gastos asociados, entre ellos el seguro. El porcentaje de deducción aplicable es del 15%, lo que significa que el ahorro máximo alcanzable ronda los 1.356 euros anuales. Es importante destacar que este límite se aplica al conjunto de pagos relacionados con la vivienda, no exclusivamente al seguro.

Por ejemplo, si un contribuyente paga 8.500 euros de hipoteca y 400 euros de seguro de hogar, el total de gastos deducibles sería 8.900 euros. Aplicando el 15% de deducción, el ahorro fiscal asciende a 1.335 euros. Sin el seguro, la deducción sería menor, por lo que incluirlo puede optimizar el beneficio fiscal, siempre que cumpla los requisitos oficiales.

La deducción del seguro del hogar

El importe del seguro se declara dentro del apartado de deducción por inversión en vivienda habitual, normalmente en la casilla correspondiente a gastos y pagos asociados a la hipoteca. La Agencia Tributaria indica expresamente que las primas de seguros de incendios y de vida vinculadas a la vivienda se consideran “gastos derivados del préstamo hipotecario”, por lo que son deducibles dentro de este régimen.

Aunque la deducción general se limita a viviendas adquiridas antes de 2013, existen situaciones en las que el seguro de hogar puede ser deducible incluso en compras posteriores. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la vivienda es alquilada, ya que la prima se puede incluir como gasto deducible en el IRPF del arrendador, o si el inmueble se utiliza parcialmente para una actividad económica por un autónomo, permitiendo deducir la parte proporcional del seguro.

Recibir una herencia o una donación suele ser motivo de tranquilidad financiera, ya que parece un trámite sencillo y libre de impuestos en México, pero también puede convertirse en un dolor de cabeza fiscal si se comete un error común ante el SAT.

La fiscalización bancaria y la obligación de informar determinados ingresos han aumentado en los últimos años, y en 2026 las revisiones y cruces de información del SAT serán aún más estrictos.

No tener claridad documental ni cumplir con la declaración adecuada puede convertir un beneficio familiar en una verdadera pesadilla fiscal.

El mito de que “la herencia y la donación siempre están exentas” es peligroso. Si no cumples con las reglas de reporte y documentación, el SAT puede considerar esos ingresos como gravables, aplicar ISR, recargos, multas o iniciar auditorías que consumen tiempo y recursos.

¿Por qué es un riesgo no documentar ni informar?

El SAT revisa transferencias electrónicas y cruza información bancaria con declaraciones fiscales. Si encuentra depósitos elevados, conceptos ambiguos (“préstamo”, “donativo”, “herencia”), o movimientos que no coinciden con tus ingresos, puede iniciar una auditoría.

Riesgos principales:

• Presunción de “discrepancia fiscal” si tus depósitos superan tus ingresos declarados.
• Pago de ISR, recargos y multas si no justificas el origen.
• Problemas para vender bienes heredados o donados si no tienes la documentación adecuada.
• Dificultad para comprobar la legalidad del dinero ante bancos o notarios.

Así, la documentación y la declaración anual son tu principal defensa ante una revisión fiscal.

¿Cuándo sí debes declarar una herencia o donación?

Aunque la ley exenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a herencias y a ciertas donaciones, hay límites y condiciones específicas:

Herencias:

• Están exentas de ISR, pero debes declararlas en tu anual si el monto recibido supera 500 mil pesos en el año fiscal.
• Siempre respáldalas con documentos como testamento, acta de adjudicación, sentencia o escritura notarial.

Donaciones:

• Exentas sólo si son entre cónyuges o familiares directos (padres-hijos, abuelos-nietos).
• Si el total anual de donativos, préstamos o premios supera 600 mil pesos, debes informarlo en la declaración, incluso si son exentos.
• Donaciones de terceros, hermanos u otros familiares pueden estar sujetas a ISR y requieren contrato o escritura.

De esta manera, no declarar correctamente o carecer de documentos puede hacer que el SAT presuma que estos recursos son ingresos gravables.

¿Cómo evitar problemas fiscales?

La clave es cumplir con la ley y anticipar los posibles cruces de información del SAT. Para ello, guarda y presenta:

• Testamento, acta de adjudicación, resolución judicial para herencias.
• Contrato de donación, carta de donación, escritura pública para donativos, especialmente de bienes inmuebles.
• Recibos, comprobantes de transferencia y CFDI cuando aplique.

También es importante:

• Declarar en tu anual 2026 todos los ingresos exentos que superen los umbrales legales.
• Usar conceptos claros en transferencias y evitar palabras ambiguas o de riesgo.
• Consultar a un contador si tienes dudas sobre los montos, parentesco y documentos requeridos.

Con prevención y cumplimiento, puedes disfrutar tu herencia o donativo sin temor a sanciones ni revisiones del SAT en 2026.

En España, el sistema de impuestos y prestaciones públicas —es decir, lo que los ciudadanos pagan al Estado y lo que reciben a cambio— tiene un efecto claro: redistribuir la renta. Dicho de forma sencilla, el dinero fluye desde unos hogares hacia otros a través de impuestos, pensiones, ayudas o servicios públicos. Y según el último informe de Fedea, esa redistribución es tan significativa que la mitad de los hogares españoles recibe más dinero del Estado del que aporta.

Los hogares no solo pagan impuestos como el IRPF, el IVA o las cotizaciones sociales. También reciben ingresos del sector público en forma de pensiones, prestaciones por desempleo, ayudas sociales o servicios como la sanidad y la educación. Cuando se compara todo lo que un hogar paga con todo lo que recibe, si el resultado es positivo, ese hogar es beneficiario neto. Y, si es negativo, es contribuyente neto: paga más de lo que recibe.

El informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, elaborado por Fedea, estudia dos grandes ámbitos de la intervención pública: por un lado, las prestaciones públicas, que incluyen tanto transferencias monetarias (como pensiones de jubilación y supervivencia, subsidios por desempleo, invalidez, enfermedad, asistencia social, ayudas al estudio, familiares y a la vivienda) como prestaciones en especie (sanidad y educación); y, por otro, el sistema fiscal, que abarca impuestos directos (IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio, cotizaciones sociales de trabajadores, autónomos y empresarios) e impuestos indirectos (IVA, ITPAJD, impuestos especiales sobre alcohol, hidrocarburos, tabaco y electricidad, así como el impuesto sobre primas de seguros y, de forma limitada, el IBI).

El documento divide a los hogares españoles en cinco grandes grupos según su nivel de renta (los llamados quintiles). Y el resultado es claro: los tres grupos con menos ingresos son, de media, beneficiarios netos del sistema. En cambio, los dos grupos con más renta son contribuyentes netos. Esto significa, en términos prácticos, que la redistribución afecta a una parte muy amplia de la sociedad. No se trata solo de los hogares más vulnerables: también muchas familias de renta media reciben más de lo que aportan.

“Como cabía esperar, la mayoría de beneficiarios netos se concentra en los tres primeros quintiles, y la mayoría de contribuyentes netos, en los dos últimos. Aunque también hay hogares en los primeros tramos de renta bruta que son contribuyentes netos, y hogares en los dos tramos superiores que son beneficiarios netos”, apunta el informe.

La diferencia, eso sí, es muy grande según el nivel de ingresos. En el grupo con menos renta, el saldo positivo —lo que reciben menos lo que pagan— equivale a más del 80% de su renta. Es decir, las prestaciones públicas tienen un peso enorme en sus ingresos. En el tercer grupo, ya de renta media, ese saldo positivo baja a alrededor del 15%.

A partir de ahí, la situación se invierte. En el cuarto grupo, los hogares ya pagan más de lo que reciben, aunque de forma moderada. Y en el tramo más alto de renta, el saldo negativo es mucho mayor: estos hogares aportan claramente más al sistema de lo que obtienen.

Este mecanismo no es casual. Forma parte del diseño del Estado del bienestar, cuyo objetivo es reducir las desigualdades. El informe lo confirma: la intervención pública —sumando impuestos y prestaciones— reduce la desigualdad de renta en España en cerca de un 32%.

Las pensiones de jubilación, la mayor prestación

¿De dónde viene principalmente ese efecto redistributivo? Sobre todo, de las prestaciones públicas. Las pensiones, por ejemplo, son el elemento más importante. Representan más de tres cuartas partes de todas las ayudas monetarias que reciben los hogares y son clave para reducir las diferencias de ingresos.

Según el informe, en 2023, las prestaciones monetarias públicas incrementaron su peso en la economía doméstica de los españoles. Este conjunto de transferencias —integrado por pensiones de jubilación y supervivencia, prestaciones y subsidios por desempleo, invalidez, enfermedad, asistencia social y diversas ayudas específicas— creció un 6,4% respecto al año anterior. El impulso más notable vino de las pensiones de jubilación, que aumentaron un 8,2% de media, mientras que las de invalidez y supervivencia lo hicieron en un 6,9% y 6,6% respectivamente.

El grueso de las prestaciones recae sobre las pensiones, que en 2023 representaron el 77,4% del total percibido por los hogares, frente al 76,3% del año anterior. Este incremento se inscribe en una tendencia continuada, reforzada por la revalorización del 8,5% aplicada a las pensiones contributivas conforme al IPC medio de 2022. Por otro lado, las prestaciones asociadas al desempleo representaron el 10%, cifra que descendió ligeramente, favorecida por la mejoría en el empleo.

Impuestos directos e indirectos y su capacidad redistributiva

El sistema fiscal español —que incluye impuestos directos como el IRPF o las cotizaciones sociales, e indirectos como el IVA— también influye de forma clave en los ingresos finales de los hogares. En 2023, la recaudación creció un 6,7%, aunque menos que la renta de los hogares (8,2%), lo que redujo ligeramente el peso de los impuestos hasta el 35,5% de la renta bruta. Además, mientras los impuestos directos aumentaron, los indirectos descendieron.

El IRPF sigue siendo la principal herramienta redistributiva desde el lado de los impuestos, aunque su impacto se redujo ligeramente en 2023. Otros tributos, como el Impuesto sobre Sociedades, son progresivos pero tienen un efecto limitado por su menor peso. En cambio, las cotizaciones sociales tienen un comportamiento desigual: suponen una carga relativamente alta para los hogares con menos ingresos y menor para los más ricos, en parte por los límites máximos de cotización.

En 2023, los impuestos recortaron la desigualdad en un 1,55%, frente al 2,65% de 2022

En conjunto, el sistema fiscal reduce la desigualdad, pero lo hace de forma moderada y menos intensa que en años anteriores. En 2023, los impuestos recortaron la desigualdad en un 1,55%, frente al 2,65% de 2022. Además, la progresividad del sistema se ve limitada por algunos impuestos indirectos y por el hecho de que los hogares con mayores ingresos soportan, en proporción, una menor carga en ciertos tributos.

Sanidad y educación

El gasto público en sanidad y educación es una de las principales herramientas de redistribución, aunque no se perciba directamente como dinero. Estas prestaciones en especie crecieron en 2023 un 5,2% de media —un 4,9% en sanidad y un 5,6% en educación— y, al sumarse a los ingresos de los hogares, dan lugar a la llamada renta disponible extendida, que aumentó un 8,4%. En términos de peso, la sanidad equivale al 8,7% de la renta bruta de los hogares y la educación al 5,2%.

El impacto de estos servicios públicos sobre la desigualdad es significativo. En conjunto, sanidad y educación redujeron la desigualdad de la renta disponible en un 10% en 2023, aunque algo menos que el año anterior.

La Corte Constitucional de Colombia ordenó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) devolver el dinero recaudado en impuestos durante la emergencia económica decretada en enero por el Gobierno de Gustavo Petro, una medida con la que el Estado obtuvo un billonario ingreso en menos de un mes.

La decisión del alto tribunal obliga a la entidad a reembolsar una parte específica de estos recursos, principalmente, impuestos vinculados a exportaciones de hidrocarburos, compras de bajo monto y ciertas transacciones sujetas a reversión por el fallo legal. Sin embargo, la mayor parte del dinero recaudado se generó por medio de alivios tributarios, recursos que según la sentencia del alto tribunal, no serán devueltos porque representan una “situación jurídica consolidada” para quienes los recibieron.

Alivios no serán devueltos

El director de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, dijo a Caracol Radio que “esos alivios tributarios tienen, de acuerdo con la Corte, una cosa que se llama situación jurídica consolidada, es decir, significa que unos alivios para los contribuyentes no van a ser devueltos”.

El funcionario explicó que la obligación de restituir cerca de $57.000 millones se concentra en tributos asociados a exportaciones de hidrocarburos, IVA de ciertos licores y compras digitales de bajo monto. Los procedimientos de devolución se pondrán en marcha cuando se publique la sentencia completa de la Corte y variarán según el tipo de contribuyente y tributo implicado.

Devolución de impuestos en exportaciones de hidrocarburos

Para el sector de hidrocarburos, cerca de $24.000 millones serán reembolsados a los que pagaron impuestos por la primera venta o exportación de hulla y petróleo crudo, excepto a pequeños productores mineros.

“Se identificaron los contribuyentes con contratos de estabilidad afectados con la medida, y que, de acuerdo con la norma, cancelaron con recibo de pago seis noventa, quienes podrán solicitar la devolución copago de lo no debido, anexando la declaración de exportaciones, la autorización de embarque, según el caso, y la factura de venta”, declaró Betancourt al medio.

Para acceder a esta devolución, los exportadores deberán aportar documentos que acrediten la legalidad de la operación y el cumplimiento de los pagos hechos bajo la normativa derogada. Solo los que cumplan estos requisitos podrán tramitar la restitución de fondos, siguiendo las regulaciones actuales.

Procedimientos para la devolución de IVA en licores y envíos postales

La gestión del IVA en importaciones de licores, juegos de suerte y azar y tráfico postal responde a criterios diferenciados. Según Betancourt, “no hay que devolver nada, porque los importadores llevan la totalidad del impuesto en la importación a descontables”. De esta forma, el IVA pagado en importación se descuenta en su totalidad cuando el producto se declara y comercializa en el país, por lo que no procede reembolso.

En cuanto a consumidores que adquirieron licor para consumo, el recaudo fue solo de $50 millones, y la Dian activará diferentes vías para la devolución según el perfil del contribuyente.

“A los declarantes y demás sencillamente se les corregirá la declaración. Y, si no eran declarantes, entonces se anula la declaración que fue en su momento y con el recibo de pago se devuelve el dinero que aplique”, puntualizó.

Aclaró que, en casos donde el comprador no sea declarante habitual, deberá inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT) y presentar una solicitud formal para acceder a la devolución. “Si es declarante, pues, es muy fácil porque se determina la vía de reclamo y va en un crédito fiscal en el impuesto de renta, en su próxima declaración de renta. Y, si no es declarante, le tocaría inscribirse al RUT y radicar una solicitud para la devolución en la Dian, añadió el servidor público”, aclaró.

Devoluciones en compras digitales de bajo monto

La Dian establecerá procedimientos especiales para compras de bajo monto, es decir, transacciones hechas por plataformas digitales con valores entre $50 y $200 millones. En estos casos, el director de la Dian explicó que será fundamental:

• Consolidar toda la información sobre estas operaciones llevadas a cabo por medio de intermediarios.
• Una vez verificada la declaración correspondiente (formulario 540) y diferenciados los envíos elegibles, el consumidor deberá tramitar la devolución ante el propio operador logístico.
• Después de validar y aprobar la información, la entidad tributaria transferirá los fondos pertinentes al beneficiario final.

El objetivo del esquema es prevenir fraudes y asegurar que el reembolso llegue solo a los que demuestren el cumplimiento de las condiciones establecidas. La entidad aconsejó a los usuarios estar atentos a las comunicaciones del operador logístico que facilitarán el inicio del trámite.

Las condiciones y pasos requeridos variarán según los canales utilizados para la compra y la documentación formal con la que cuenten los clientes, lo que marca diferencias significativas en el acceso al proceso de devolución.

Plazos y advertencias sobre el procedimiento de devolución

El reembolso de los fondos no será automático ni inmediato. El exsubdirector de Fiscalización de la Dian Christian Quiñonez, advirtió que “bajo ninguna circunstancia en 30 días la Dian le va a devolver a los contribuyentes, porque eso no es lo que estableció la Corte”. Explicó que la sentencia ordena definir el procedimiento en dicho plazo, pero los pagos efectivos comenzarán posteriormente.

Dicho plazo de 30 días solo empieza a correr al publicarse la sentencia completa de la Corte Constitucional, ya que en la actualidad solo existe un comunicado preliminar. Por lo tanto, los afectados deberán esperar a que se haga pública la decisión íntegra para activar los trámites de devolución.

En cuanto a los métodos de reembolso, Quiñonez resaltó que los títulos de devolución de impuestos (Tidis) se entregarán solo en devoluciones mayores a $52 millones. En los casos de montos inferiores, la Dian hará los abonos por medio de pagos electrónicos o transferencias bancarias.

Líderes empresariales discutieron sobre la nueva reforma tributaria que anunció el Gobierno de Gustavo Petro y del déficit fiscal del país. Señalaron que la carga tributaria en algunos sectores supera el 50% de las utilidades y que el desbalance fiscal impone la necesidad de ajustes urgentes tanto en el gasto estatal como en los ingresos para preservar la inversión y el crecimiento económico.

Lo hicieron durante el Foro Panorama Económico y Propuestas para el Futuro de Colombia – Negocios DITU, en el que dirigentes empresariales presentaron propuestas alternativas a una nueva reforma tributaria.

Eliminación de subsidios

Entre las sugerencias destacaron controlar y hacer más eficiente el gasto público, recuperar aportes de Ecopetrol, eliminar subsidios y mejorar la ejecución presupuestal. Mientras algunos rechazan una reforma tributaria inmediata, otros insisten en crear estructuras fiscales más competitivas, revisar exenciones y ampliar la base de contribuyentes. Sin embargo, existe consenso en que cualquier ajuste debe buscar eficiencia y credibilidad para fomentar la confianza y atraer capital al país.

Por ejemplo, el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, expresó que “el sector privado en Colombia no aguanta más impuestos”. Resaltó que hay sectores donde la carga impositiva sobrepasa el 50% de las utilidades, lo que considera insostenible en el escenario fiscal actual.

Malagón propuso un ajuste fiscal enfocado en tres frentes:

• Aumentar la eficiencia y reducir el gasto público.
• Recuperar los aportes de Ecopetrol.
• Eliminar el subsidio al diésel.

Detalló que limitar el crecimiento salarial del sector público a la inflación y recortar contratos de prestación de servicios permitiría generar “cerca de un punto del PIB” en ajuste. Además, estimó que Ecopetrol podría aportar entre medio y un punto del PIB si retoma niveles de producción y se elimina el subsidio al diésel.

Según él, “si uno logra mandar la señal al mercado que va por los tres puntos del déficit primario, Colombia podría salir adelante sin involucrar más impuestos”.

Mejorar la eficiencia del gasto público y la inversión en infraestructura

Por su parte, la presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), María Consuelo Araújo, habló de la buena administración de los recursos públicos. “No hay que pensar solamente en la fuente, hay que pensar en el uso”, afirmó al referirse a los problemas estructurales de ejecución presupuestal.

Advirtió que persiste un manejo deficiente en áreas como la salud, donde el gasto en equipos asciende a cerca de $7 billones. Propuso dinamizar la economía mediante la aprobación de iniciativas privadas en infraestructura, con proyectos estimados en $28 billones. No obstante, aclaró que la falta de claridad y las demoras regulatorias dificultan la ejecución de estos recursos y mencionó el caso del aeropuerto de Cali, cuya adjudicación está prevista para diciembre de 2027.

“Esa falta de respeto con los cronogramas detiene la economía del país”, dijo Araújo, al resaltar los efectos de estos retrasos.

A su vez, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, aseguró que las medidas fiscales deben ser creíbles y ejecutables. “Mejorar la calidad del gasto y generar confianza para atraer inversión” resulta fundamental, afirmó. Insistió en que sectores como infraestructura, vivienda, petróleo y minería pueden impulsar el crecimiento si se crean condiciones adecuadas.

Reforma tributaria y alternativas para ampliar la base fiscal

Entretanto, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, expuso que una próxima reforma tributaria debería considerar cambios estructurales. Recomendó reducir la “carga tributaria empresarial a niveles cercanos al 20%”, para situar a Colombia en mejores condiciones de competitividad regional.

“Es posible tener una tasa del 20% y situarnos competitivamente frente a la región”, precisó. También planteó eliminar exenciones y tratamientos especiales, fortalecer los controles contra la evasión y la elusión, y apoyarse en herramientas tecnológicas para lograrlo.

Todos ponen

Por otro lado, el presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos, remarcó que cualquier reforma debe partir del principio de que “todos ponen”. Propuso devolver el IVA a hogares de menores ingresos, incentivar la formalización de la economía y regular nuevas fuentes como los criptoactivos. “Podemos visibilizar escenarios de la economía que hoy son invisibles”, aseguró al defender la importancia de ampliar la base fiscal y formalizar sectores que en la actualidad están fuera del sistema tributario.

Santos también sugirió restringir las transacciones en efectivo que superen ciertos montos, con el objetivo de incrementar la trazabilidad y combatir flujos financieros no declarados.

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos (ISIB) se consolidó como uno de los principales factores que condicionan el desarrollo del comercio electrónico y desalientan la formalización en Argentina. Ese diagnóstico surgió de un informe presentado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y elaborado por el instituto IDESA, que analizó el impacto del esquema tributario provincial sobre el ecosistema digital.

“La actual estructura tributaria provincial se convirtió en el principal obstáculo para la digitalización y la formalización de la economía en Argentina”, precisa el documento. El trabajo se enfocó en el funcionamiento de los regímenes de retenciones y percepciones asociados a este impuesto. Según el relevamiento, el esquema vigente penaliza a quienes operan de manera formal dentro del comercio electrónico, mientras deja fuera a operaciones menos trazables, como aquellas que se realizan en efectivo.

La Argentina se ubica como el tercer mercado de e-commerce más grande de la región, con una facturación superior a los $34.033.238 millones y un crecimiento interanual del 55%. En ese contexto, el informe señaló que el sistema impositivo impacta de manera directa sobre la dinámica del sector y sobre las decisiones de formalización de los actores económicos.

De acuerdo con el documento, cada operación digital activa mecanismos automáticos de retención de Ingresos Brutos. Estas deducciones se aplican de manera anticipada sobre los ingresos de las empresas. En contraste, las transacciones en efectivo no quedan alcanzadas por estos regímenes, lo que genera diferencias en términos de carga impositiva efectiva.

El informe identificó cinco impactos críticos derivados del esquema actual.

1. El primero es el desincentivo a la formalización. El estudio indicó que la carga de retenciones anticipadas funciona como una barrera para vendedores informales que evaluaron incorporarse al sistema formal.
2. El segundo efecto señalado es la aparición de asimetrías competitivas. El documento describió una brecha entre grandes empresas y pymes. Mientras las compañías de mayor tamaño cuentan con recursos para optimizar su carga impositiva, los emprendimientos más pequeños enfrentan mayores dificultades para gestionar la complejidad administrativa.
3. En tercer lugar, el informe marca un proceso de descapitalización y pérdida de liquidez. Las retenciones automáticas afectan el flujo de caja diario de las empresas, al inmovilizar fondos que, en otras condiciones, podrían haberse destinado a inversión o expansión de actividades.
4. El cuarto impacto mencionado es la pérdida de eficiencia tributaria para el Estado. El estudio sostuvo que el esquema vigente favorece el desplazamiento de operaciones hacia la informalidad y hacia el uso de efectivo, lo que reduce la capacidad de fiscalización y afectó la eficiencia de la recaudación.
5. El quinto punto se vincula con la existencia de subsidios cruzados entre provincias. Según el informe, la aplicación de precios únicos a nivel nacional genera que consumidores de jurisdicciones con menor carga impositiva asuman parte del costo de provincias con mayor presión fiscal.

El documento también abordó la estructura del impuesto dentro del sistema tributario argentino. Indicó que el ISIB representa más del 80% de la recaudación provincial y cerca del 4% del PBI nacional. Sin embargo, destacó que su funcionamiento se basa en 24 regímenes distintos, uno por cada jurisdicción, lo que incrementa la complejidad para las empresas que operan en múltiples distritos.

En ese marco, la CACE presentó una serie de propuestas orientadas a modernizar el sistema tributario y alinearlo con prácticas internacionales.

• Una de las iniciativas planteó la unificación de impuestos al consumo. El objetivo consiste en que el IVA absorba el impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas municipales, con el fin de simplificar el esquema y reducir la evasión.
• Otra de las propuestas se centró en la reforma de los regímenes de pago anticipado. El planteo incluye transformar las retenciones y percepciones en mecanismos de captura de información, eliminando la obligación de pagos adelantados que generan saldos a favor de difícil recuperación para las empresas.

Al respecto, el director institucional de la entidad, Gustavo Sambucetti, afirmó que el esquema actual de Ingresos Brutos desincentiva la formalización y profundiza las desigualdades entre los distintos actores del ecosistema digital. También sostuvo que la simplificación del sistema tributario permitiría ampliar la base imponible y mejorar la fiscalización mediante canales trazables. En ese sentido, remarcó que los entornos digitales ofrecen mayores posibilidades de control en comparación con otras modalidades de comercialización.

Durante el mes de abril de 2026, las personas físicas en México deben cumplir con la presentación de la Declaración Anual 2025 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La declaración anual es obligatoria para quienes hayan obtenido ingresos por sueldos y salarios en distintas situaciones.

Entre los casos más relevantes, se encuentran las personas que trabajaron para más de un empleador en el mismo año, quienes concluyeron la relación laboral antes del 31 de diciembre, recibieron ingresos superiores a 400 mil pesos de un solo patrón, o percibieron sueldos de fuentes en el extranjero o de empleadores no obligados a retener el ISR.

Además, deben presentar declaración quienes hayan recibido ingresos por servicios profesionales (honorarios), ejercido actividades empresariales (incluyendo plataformas tecnológicas, negocios en la región fronteriza y quienes tributan bajo el Régimen de Incorporación Fiscal con coeficiente de utilidad).

Así como quienes obtuvieron rentas de bienes inmuebles (departamentos, casas o locales comerciales), intereses o dividendos, o hayan realizado la enajenación de bienes.

En el caso de quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), la regla general es que quedan exentos de esta obligación, conforme a la Regla 3.13.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal.

Sin embargo, algunas personas que se ubiquen en los supuestos especiales previstos en las reglas 3.13.20 y 3.13.21 pueden optar por presentarla de manera voluntaria.

¿Cuándo será el último día para presentar la Declaración Anual ante el SAT?

El plazo oficial inició el 1 de abril y concluye el 30 del mismo mes. Según datos del SAT, hasta las 8:00 horas del 17 de abril se habían presentado más de seis millones 246 mil declaraciones.

El trámite puede realizarse en línea durante las 24 horas, lo que permite cumplir con la obligación fiscal sin acudir a oficinas presenciales.

Herramientas de apoyo, requisitos y sanciones

El SAT recomienda a los contribuyentes revisar sus comprobantes fiscales y utilizar herramientas como el Visor de nómina y el simulador de declaración anual. Para presentar la declaración, es indispensable contar con RFC activo, contraseña o e.firma vigente y, en caso de saldo a favor, una CLABE interbancaria válida.

La plataforma digital del SAT ofrece, durante marzo y abril, acceso a simuladores y visores que permiten anticipar la información precargada y validar deducciones personales, como gastos médicos, colegiaturas y donativos.

El sistema valida automáticamente los datos y facilita la devolución de saldos a favor, que puede realizarse en un periodo de hasta 40 días hábiles tras la solicitud.

Si se omite la presentación de la declaración anual, el Código Fiscal de la Federación prevé multas que pueden ir de 2,050 a 25,360 pesos por cada obligación omitida. Si la corrección ocurre después de un requerimiento del SAT, la sanción puede aumentar, además de sumar recargos y actualización sobre los impuestos pendientes.

Recomendaciones para evitar contratiempos

La autoridad fiscal recomienda adelantar el trámite para evitar saturaciones en el portal durante los últimos días de abril.

Se aconseja reunir con anticipación la documentación necesaria:

• Constancias de percepciones,
• Comprobantes de intereses de créditos hipotecarios,
• Facturas de deducciones personales
• Estados de cuenta bancarios.

El trámite se realiza exclusivamente a través del portal oficial del SAT (https://www.sat.gob.mx/), en la sección de declaraciones para personas físicas.

En Colombia, las personas con dificultades para cumplir sus obligaciones financieras cuentan con mecanismos para renegociar sus deudas antes de que la situación derive en cobros judiciales. La normativa vigente establece que las entidades deben tener políticas para atender a deudores en problemas, lo que abre la posibilidad de acuerdos cuando se presentan cambios en la capacidad de pago.

Uno de los escenarios más frecuentes es la pérdida de empleo o la reducción significativa de ingresos. La caída del flujo de dinero altera de forma inmediata la capacidad para cumplir con cuotas mensuales.

En estos casos, si el cliente no informa a la entidad y deja de pagar, el incumplimiento se interpreta como falta de pago voluntaria, lo que activa reportes negativos en centrales de riesgo.

La alternativa consiste en acudir al banco antes de incurrir en mora y presentar soportes como la terminación del contrato laboral o la disminución de ingresos. Entre las opciones se encuentran periodos de gracia –en los que se cubren únicamente intereses o seguros– o la ampliación del plazo del crédito para reducir el valor de la cuota.

Otro escenario identificado es el sobreendeudamiento crítico. Este ocurre cuando, sin que los ingresos hayan disminuido, el volumen de obligaciones supera la capacidad de pago. Se considera una señal de alerta cuando entre el 30% y el 40% de los ingresos netos se destinan exclusivamente al pago de deudas.

También se evidencia en prácticas como usar una tarjeta de crédito para cubrir otras obligaciones o recurrir a avances para gastos básicos. En este contexto, se puede solicitar una compra de cartera que unifique deudas en una sola obligación con menor tasa de interés. Si no es viable trasladar la deuda a otra entidad, la alternativa es una refinanciación con el banco actual para consolidar créditos y extender plazos.

Las emergencias también constituyen un motivo para renegociar. Enfermedades graves, accidentes o pérdidas materiales pueden modificar de manera abrupta la situación financiera.

En estos casos, los recursos disponibles se redirigen a gastos médicos o de recuperación. Las entidades contemplan procedimientos para eventos de fuerza mayor, que permiten solicitar congelamientos temporales de la deuda o reestructuraciones.

Para acceder a estas medidas, se deben presentar documentos como historias clínicas, incapacidades o certificaciones de la situación. También es relevante revisar si los créditos cuentan con seguros que cubran desempleo o incapacidad.

Un cuarto escenario corresponde a la mora activa. Cuando el deudor acumula entre 30, 60 o 90 días sin pagar, se activan procesos de cobro y el historial crediticio comienza a deteriorarse. En este punto, la figura aplicable es la reestructuración del crédito.

A diferencia de la refinanciación —que se realiza con pagos al día—, la reestructuración implica modificar condiciones como tasas, plazos o esquemas de pago para permitir la normalización de la obligación. Este mecanismo deja un registro en el historial crediticio, pero evita el inicio de procesos judiciales o embargos.

En situaciones más complejas, la legislación contempla el Régimen de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante, establecido en la Ley 1564 de 2012. Este mecanismo aplica cuando las deudas superan la capacidad real de pago.

Para acogerse, se deben cumplir tres condiciones: tener obligaciones en mora por más de 90 días, que esas deudas representen al menos el 50% del total y mantener compromisos con dos o más acreedores.

Una vez admitido el proceso, se suspenden temporalmente embargos, llamadas de cobro y procesos judiciales. El deudor participa en una negociación con sus acreedores para establecer un plan de pagos basado en su capacidad económica, considerando gastos esenciales como vivienda y alimentación. Si no se alcanza un acuerdo, el caso puede avanzar hacia una liquidación patrimonial.

Estos mecanismos buscan facilitar la recuperación de cartera a través de acuerdos y evitar procesos judiciales prolongados, al tiempo que ofrecen a los deudores alternativas para reorganizar sus finanzas en función de su realidad económica.

El 15 de abril de 2026 venció el plazo para presentar la declaración de impuestos federales en Estados Unidos, dejando a una gran cantidad de contribuyentes, incluidos numerosos migrantes, en riesgo de enfrentar sanciones económicas por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la autoridad fiscal de Estados Unidos. La medida se aplica a todas las personas que han generado ingresos en el país durante el último ciclo fiscal, sin distinción de estatus migratorio. El impacto se refleja en la estabilidad financiera y legal de quienes no cumplieron con la obligación tributaria en la fecha establecida por las autoridades.

Según información oficial publicada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la penalización por no declarar a tiempo puede ser considerable: la penalización por no declarar a tiempo puede alcanzar hasta el 25% del monto adeudado, y los intereses se aproximan al 7% anual. La agencia precisó que la declaración fuera de plazo sigue siendo posible, aunque bajo el esquema de recargos, y que la obligación de declarar y pagar impuestos se mantiene, independientemente del estatus migratorio del contribuyente. Estas disposiciones se encuentran detalladas en los comunicados institucionales publicados por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, así como en la guía oficial de sanciones IRS Failure to File Penalty.

El marco fiscal de Estados Unidos establece que cualquier persona que reciba ingresos en el país debe presentar una declaración anual, incluidos quienes poseen Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) en lugar de número de seguro social. El IRS dispone de mecanismos de fiscalización y cobro de impuestos, que incluyen multas y el embargo de activos financieros, según los procedimientos descritos por el organismo federal y recogidos en IRS Failure to File Penalty.

¿Cuáles son las consecuencias para migrantes que no declararon impuestos al IRS?

El incumplimiento de la fecha límite para declarar impuestos en Estados Unidos genera sanciones automáticas. De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la multa por no presentar la declaración en el plazo legal es del 5% sobre el impuesto adeudado por cada mes o fracción de mes de retraso, hasta un máximo del 25%. Además, se suma una multa por no pagar el monto correspondiente, que inicia en un 0,5% del saldo pendiente y puede llegar hasta el 25%. Estas penalizaciones se aplican a todos los contribuyentes, sin distinción de nacionalidad o situación migratoria.

Los intereses sobre la deuda tributaria se calculan sobre el saldo impago y se ubican alrededor del 7% anual, con ajustes trimestrales conforme a la tasa vigente. El IRS señala: “la acumulación de intereses y multas puede incrementar sustancialmente la deuda original y dificultar la regularización de la situación financiera”. Las disposiciones legales pueden consultarse en la guía oficial publicada por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, IRS Failure to File Penalty.

¿Qué acciones puede tomar el IRS contra quienes no presentaron su declaración?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está facultado para iniciar procesos administrativos en caso de omisión de la declaración. Entre las medidas posibles se encuentra la elaboración de una declaración sustituta basada en los datos de los que dispone el organismo, opción que por lo general resulta menos beneficiosa para el contribuyente porque solo incluye la deducción estándar y clasifica al contribuyente como soltero. Si la deuda persiste, el organismo puede imponer un gravamen, otorgándole un derecho legal sobre bienes o activos financieros del deudor.

En situaciones más complejas, el IRS puede avanzar hacia el embargo directo de propiedades o cuentas bancarias. Antes de ejecutar un embargo, la agencia envía una notificación formal y concede un plazo de 30 días para responder o negociar un acuerdo de pago. Si durante ese periodo el contribuyente no actúa, el proceso de cobro continúa de acuerdo con la normativa fiscal estipulada en IRS Tax Tip 2026-32.

¿La prórroga del IRS extiende el plazo de pago de impuestos?

La extensión automática de seis meses que concede el Servicio de Impuestos Internos únicamente cubre la presentación de la declaración, y permite realizar el trámite hasta el 15 de octubre de 2026. Sin embargo, la prórroga no implica la extensión del plazo para el pago de los impuestos. La guía para contribuyentes publicada por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos advierte: “El monto estimado debía pagarse antes del 15 de abril para evitar sanciones e intereses adicionales”. Desde el vencimiento original, los intereses y multas comienzan a acumularse, incluso si la declaración se presenta en el periodo de prórroga.

¿Qué pasos se deben seguir para regularizar la situación fiscal ante el IRS?

El IRS recomienda a quienes no han presentado su declaración que lo hagan a la brevedad para evitar mayor acumulación de sanciones. El trámite para una declaración atrasada es similar al de una regular y puede realizarse en línea, por correo postal o empleando los servicios de un profesional tributario autorizado. El organismo dispone de líneas telefónicas de asistencia: 800-829-1040 y 800-829-4059. Se encuentra disponible el Formulario 4506-T para solicitar información de ingresos necesarios para completar la declaración.

Una vez enviada la declaración correctamente, el procesamiento puede demorar alrededor de seis semanas. Desde la información oficial del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos se subraya: “Presentar la declaración atrasada no borra las sanciones ya generadas, pero ayuda a frenar el crecimiento de la deuda y permite acceder a acuerdos de pago”.

¿Quiénes están obligados a presentar declaración de impuestos en Estados Unidos?

La normativa federal establece que toda persona que obtiene ingresos en Estados Unidos debe presentar su declaración de impuestos. El umbral de ingresos varía en función de la edad, estado civil y condición de dependiente, pero la obligación abarca también a migrantes con ITIN y trabajadores temporales. El IRS aclara que “el cumplimiento tributario es obligatorio para todos los que generan ingresos en el país, sin importar su estatus migratorio” (IRS Tax Tip 2026-32).

¿Qué ocurre si se ignoran los avisos del IRS?

Ignorar las notificaciones y requerimientos del Servicio de Impuestos Internos puede agravar la situación fiscal de cualquier contribuyente. El proceso de cobro se mantiene activo y la acumulación de multas e intereses incrementa el monto de la deuda original. En caso de no responder a los avisos, el organismo está habilitado a recurrir a medidas judiciales para recuperar los fondos, incluidas el embargo de salarios o la confiscación de bienes.

¿Cómo impacta esto a la comunidad migrante?

El vencimiento del plazo fiscal y la aplicación de sanciones afecta a la comunidad migrante, que conforma una parte relevante de la fuerza laboral en Estados Unidos. Según datos oficiales del IRS, miles de trabajadores extranjeros quedan expuestos a recargos y acciones de cobro si no regularizan su situación tributaria. El organismo recalca que mantener actualizada la información y responder oportunamente a las notificaciones oficiales contribuye a evitar consecuencias de mayor gravedad.

¿Qué recursos y recomendaciones oficiales existen para quienes no han declarado impuestos?

El Servicio de Impuestos Internos mantiene abiertos canales de atención y orientación para la ciudadanía. Como recursos, se disponen acuerdos de pago en línea, asistencia telefónica y ayuda presencial en oficinas locales. El organismo publica guías informativas y actualizaciones periódicas en el portal institucional del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. Además, se recomienda buscar asesoría profesional ante dudas complejas, según lo detallado en IRS Tax Tip 2026-32. Presentar la declaración, aun fuera de plazo, permite detener el incremento de sanciones y facilita negociar pagos.

La campaña de la Renta 2026 ya tiene fechas definidas y, como cada año, millones de contribuyentes presentarán su declaración del IRPF. Aunque la mayoría prefiere realizar este trámites de manera digital, existen diferentes vías de acceso que buscan facilitar el proceso a todos los ciudadanos, desde quienes manejan con soltura las plataformas online hasta aquellos que prefieren recibir asistencia personalizada, ya sea en persona o por teléfono.

En concreto, los contribuyentes que así lo prefieran podrán pedir cita previa para realizar la declaración por teléfono desde el 29 de abril hasta el 29 de junio. Según el calendario oficial de Hacienda, este es el periodo habilitado por la Agencia Tributaria para acceder al servicio, que permite recibir asistencia directa de un agente sin necesidad de desplazarse a una oficina. Se trata de una alternativa especialmente útil para personas con menor familiaridad con el entorno digital o con el proceso de presentación de la declaración.

Una vez solicitada la cita, el servicio de atención telefónica estará disponible entre el 6 de mayo y el 30 de junio. Durante ese intervalo, un técnico de la Agencia Tributaria llamará al contribuyente en el día y la hora asignados para confeccionar la declaración de la Renta en la propia llamada. Este sistema facilita completar todo el proceso de manera guiada, resolviendo dudas en tiempo real y asegurando que los datos se introduzcan correctamente.

Cómo hacer la declaración por teléfono

La solicitud de cita puede realizarse de forma sencilla a través de diferentes canales. La opción más directa es la sede electrónica de la Agencia Tributaria, donde el usuario puede gestionar todo el proceso en pocos minutos. También existe la posibilidad de pedir cita por teléfono, llamando a los números habilitados: 915357326, 901121224, 915530071 o 901223344. En ambos casos, será necesario facilitar los datos personales básicos y seleccionar una fecha disponible dentro del calendario.

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la alta demanda de este servicio. A medida que avanza la campaña, las citas disponibles suelen reducirse, especialmente en las últimas semanas de junio. Por ello, los expertos recomiendan solicitar la cita lo antes posible dentro del plazo permitido para garantizar una mayor disponibilidad y evitar tener que recurrir a otras vías por falta de huecos.

Antes de recibir la llamada, es fundamental tener preparada toda la documentación necesaria. Aunque la Agencia Tributaria dispone de gran parte de la información fiscal del contribuyente, como datos de pensiones o de entidades financieras, siempre es recomendable revisar y completar cualquier dato que falte. Contar con esta información a mano durante la llamada agiliza el proceso y reduce la posibilidad de errores en la declaración.

Fechas de la declaración de la renta 2026

A pesar de las ventajas de la atención telefónica, esta no es la única alternativa disponible. La mayoría de contribuyentes continúa optando por presentar su declaración a través de Renta WEB, el servicio online que estará operativo desde el 8 de abril hasta el 30 de junio. Esta plataforma permite acceder al borrador prellenado con los datos fiscales y presentarlo de forma telemática utilizando certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve PIN.

Asimismo, quienes prefieran la atención presencial podrán solicitar cita entre el 29 de mayo y el 29 de junio, con atención en oficinas desde el 1 hasta el 30 de junio. En definitiva, la campaña de la Renta 2026 ofrece distintas opciones para adaptarse a las necesidades de cada contribuyente, pero la clave está en conocer los plazos y actuar con antelación para evitar contratiempos.

El próximo día 8 de abril arranca la campaña de la Renta 2025-2026 y a partir de esta fecha millones de contribuyentes deberán liquidar el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con Hacienda. Este proceso puede parecer complicado, especialmente para colectivos como los jubilados, pero siguiendo los pasos adecuados es posible convertirlo en un trámite sencillo. La declaración de la renta de este año corresponde a los ingresos obtenidos durante el pasado ejercicio y su presentación se realiza a través de la Agencia Tributaria (AEAT). Antes de empezar, es importante determinar si un jubilado está obligado a declarar, ya que algunos pensionistas están exentos.

En general, un pensionista que percibe únicamente la pensión pública y no tiene otros ingresos de relevancia puede no estar obligado a declarar si sus ingresos anuales no superan ciertos límites. En el caso de los pensionistas con un solo pagador, si se perciben menos de 22.000 euros al año, la declaración no es obligatoria. Sin embargo, si existen varios pagadores (por ejemplo, una pensión pública y una privada, o la pensión más algún tipo de prestación) y la suma de los ingresos del segundo y siguientes pagadores supera 1.500 euros, el límite para declarar se reduce a 14.000 euros anuales. Otras pensiones, como las de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, las pensiones por inutilidad de funcionarios, las de terrorismo o de la Guerra Civil, las pensiones de orfandad, las prestaciones vinculadas a la Ley de Dependencia y las pensiones alimenticia, también están exentas.

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Además, es importante tener en cuenta otros tipos de ingresos, como los rendimientos del capital mobiliario, es decir, intereses de cuentas bancarias, dividendos o planes de ahorro, que obligan a declarar si superan los 1.600 euros al año, o las ganancias patrimoniales derivadas de la venta de acciones o inmuebles.

Documentación y deducciones para pensionistas

Una vez determinada la obligación de declarar, el siguiente paso es recopilar la documentación necesaria. Para un jubilado esto incluye, principalmente, el certificado de la pensión, los certificados bancarios de intereses y dividendos, recibos de alquileres si los hubiera, información sobre la venta de inmuebles y, en caso de tener derecho, los recibos de donativos o aportaciones a planes de pensiones que permitan aplicar deducciones fiscales.

De hecho, existen diversas deducciones que pueden ser especialmente útiles para jubilados. Algunas comunidades autónomas aplican deducciones por edad, generalmente a partir de los 65 años. También pueden aplicarse deducciones por discapacidad, gastos médicos limitados o, en algunos casos, por vivienda, aunque las deducciones por compra de vivienda se aplican solo a hipotecas anteriores a 2013. Es recomendable revisar cuidadosamente cada posible deducción y la normativa de la comunidad autónoma en la que se encuentra el domicilio fiscal, ya que pueden reducir significativamente la cantidad a pagar o incrementar la devolución.

Plazos para la declaración en internet, por teléfono o en persona

El proceso de declaración se realiza principalmente a través de Renta WEB, la plataforma online de la AEAT, que permite acceder al borrador prellenado con la información fiscal disponible. Este borrador incluye, en la mayoría de los casos, los datos de pensiones y de entidades financieras, pero siempre conviene revisarlo y completarlo con cualquier ingreso o deducción no reflejada. Una vez revisado, el jubilado puede confirmar y presentar la declaración online utilizando un certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve PIN. El plazo para realizar el trámite por esta vía se abrirá el 8 de abril y permanecerá abierto hasta el 30 de junio.

Sin embargo, los jubilados que prefieran otros métodos tiene alternativas al online para presentar sus declaraciones. Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio, la Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes la posibilidad de que un agente del Ministerio confeccione la declaración en una llamada telefónica con el pensionista, para lo que habrá que pedir cita previa entre el 29 de abril y el 29 de junio. En caso de preferir la atención presencial, cualquier trabajador o jubilado podrá solicitar cita entre el 29 de mayo y el 29 de junio. Así, se le agenciará un día y una hora entre el 1 de junio y el 30 de junio para acudir a una sede de la Agencia Tributaria y que elaborar allí su declaración.

Para ser atendido por cualquiera de estas dos vías, el pensionista puede concertar una cita en los plazos indicados desde la sede electrónica de la Agencia Tributaria o llamando a los números de teléfono 915357326, 901121224, 915530071 o 901223344.

Antes de comenzar, es fundamental reunir toda la información necesaria. Entre los documentos imprescindibles se encuentran los certificados de retenciones de empleo o pensiones, datos bancarios para domiciliar la devolución o el pago, información sobre deducciones y gastos deducibles como hipotecas, planes de pensiones, donaciones y ayudas a familia numerosa, así como cualquier dato sobre inversiones financieras, alquileres o seguros. Contar con todo esto de antemano evita retrasos y errores que puedan complicar la presentación.

El siguiente paso es acceder al borrador de la declaración. Para ello, los contribuyentes deben entrar en la página oficial de la AEAT, seleccionar la sección de Renta 2026 y acceder con Cl@ve PIN, certificado digital o DNI electrónico. Una vez dentro, se puede consultar el borrador o los datos fiscales pre-cargados, que la Agencia Tributaria obtiene de la información que recibe de empleadores, bancos y otras entidades.

Plazos para enviar el borrador de la Renta 2026

En cuanto a los plazos, la campaña de Renta 2025 (que se presenta en 2026) tiene fechas muy concretas: del 8 de abril al 30 de junio de 2026 se puede presentar la declaración por Internet. La confección telefónica estará disponible del 6 de mayo al 30 de junio, con cita previa desde el 29 de abril. Por su parte, la atención presencial en oficinas comenzará el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de junio, con cita previa desde el 29 de mayo. Cumplir con estos plazos es clave para evitar sanciones y asegurar que la declaración se procesa correctamente.

Una vez revisado y completado el borrador, el sistema muestra si la declaración resulta a pagar o a devolver. El contribuyente puede ajustar cifras o añadir deducciones que falten antes de confirmar el envío. Finalmente, la declaración se puede presentar online o imprimir para entregarla en oficina, conservando siempre el resguardo como comprobante.

Tramitación en internet, por teléfono o presencial

Para rellenar el borrador, el contribuyente debe comprobar y completar los datos que la Agencia Tributaria ya tiene sobre tus ingresos, retenciones y deducciones, para asegurarse de que la declaración refleja correctamente tu situación fiscal. A partir de ahí, el contribuyente puede verificar los datos personales y familiares, corregir errores, añadir ingresos que falten y aplicar deducciones que la Agencia Tributaria no haya tenido en cuenta. Una vez revisado y ajustado, el borrador se puede confirmar y presentar.

Además del acceso online, la AEAT ofrece asistencia personalizada a través de la vía telefónica y presencial para quien prefiera rellenar su borrador de esta forma. La confección telefónica permite que un técnico guíe al contribuyente para completar su declaración sin necesidad de desplazarse, mientras que la asistencia presencial se realiza directamente en las oficinas de la Agencia Tributaria. Para ambas modalidades es imprescindible solicitar cita previa, que se puede gestionar tanto por Internet en la Sede electrónica de la AEAT como por teléfono.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Facultad de Contaduría y Administración, puso en marcha un programa de asesoría fiscal gratuita dirigido a personas físicas que necesiten apoyo para presentar su declaración anual del ejercicio fiscal 2025 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este servicio busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitar errores comunes durante el proceso, especialmente en un periodo donde miles de contribuyentes deben reportar ingresos, deducciones y posibles saldos a favor.

Asesoría especializada sin costo para contribuyentes

El programa está diseñado para brindar acompañamiento personalizado a quienes requieran apoyo técnico en la presentación de su declaración anual.

La asesoría es proporcionada por profesores especializados y alumnos capacitados de la Facultad de Contaduría y Administración, quienes revisan la información fiscal y orientan a los contribuyentes paso a paso.

De acuerdo con la convocatoria, el servicio se enfoca en personas físicas que necesiten presentar su declaración correspondiente al ejercicio 2025, incluyendo aquellos con ingresos por sueldos, honorarios, arrendamiento o actividades empresariales.

Además, el apoyo incluye revisión de datos precargados, validación de deducciones personales y orientación sobre devoluciones en caso de saldo a favor.

Fechas, horarios y sede del programa

La UNAM informó que la asesoría se brindará del 6 al 30 de abril, en el Laboratorio 4 A del CIFCA, ubicado dentro de la Facultad de Contaduría y Administración.

Los horarios serán escalonados para facilitar la atención:

• De 10:00 a 14:00 horas
• De 16:00 a 20:00 horas

Se recomienda acudir con anticipación y contar con toda la documentación necesaria para agilizar el proceso.

Para acceder al servicio gratuito, los interesados deben presentar información básica indispensable para completar su declaración anual ante el SAT:

1. Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
2. Contraseña o e.firma vigente
3. Constancias de retenciones en caso de ingresos por intereses, dividendos o venta de acciones
4. CLABE bancaria y nombre del banco en caso de saldo a favor

Contar con estos documentos permitirá a los asesores realizar el proceso de forma más rápida y precisa, evitando contratiempos.

Impulso a la cultura tributaria en México

Este programa forma parte de las acciones de la UNAM para fomentar la cultura tributaria y el cumplimiento fiscal entre la población. También representa una oportunidad para que los estudiantes pongan en práctica sus conocimientos en escenarios reales, bajo la supervisión de expertos.

En un contexto donde el cumplimiento de obligaciones fiscales es clave para el desarrollo económico del país, este tipo de iniciativas contribuyen a reducir la informalidad y mejorar la relación entre contribuyentes y autoridades fiscales.

Asimismo, el acompañamiento gratuito cobra relevancia ante los cambios constantes en la normatividad fiscal, que pueden generar dudas o confusión entre los ciudadanos.

Atención accesible para todos

La Facultad de Contaduría y Administración reiteró que el servicio está abierto al público en general y no tiene ningún costo, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes no cuentan con asesoría privada.

Para más información, los interesados pueden consultar los canales oficiales de la UNAM o acudir directamente a la sede del programa.

La posibilidad de un nuevo impuesto sobre las empresas energéticas por los beneficios que les puede generar el conflicto en Oriente Medio vuelve a situarse en el centro del debate económico. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido este jueves que cualquier medida para gravar los beneficios extraordinarios de las compañías del sector debe impulsarse de forma coordinada en el seno de la Unión Europea, evitando decisiones unilaterales.

En una entrevista concedida a TVE, el titular de Hacienda ha insistido en que la estrategia del Gobierno pasa por “monitorizar la situación actual” y analizar junto a los socios comunitarios la viabilidad de este nuevo tributo. “Nuestra opción, en este momento, es la opción europea”, subrayó, dejando claro que España no actuará en solitario mientras se mantenga abierta la vía de consenso en Bruselas.

La iniciativa no parte de cero. A principios de este mes, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, remitió junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal una carta a la Comisión Europea en la que se solicita formalmente estudiar la creación de un gravamen específico sobre los beneficios de las energéticas en el contexto del conflicto geopolítico.

Presión fiscal a las ganancias extraordinarias

El planteamiento del Ejecutivo se apoya en un principio claro: reforzar la progresividad del sistema fiscal. Según explicó Arcadi España, el objetivo es que aquellas compañías que están registrando ganancias excepcionales como consecuencia del contexto internacional contribuyan en mayor medida a las arcas públicas.

“Entendemos que quienes están teniendo beneficios extraordinarios deben ser los que más aporten”, defendió el ministro, en línea con la política fiscal que el Gobierno ha venido impulsando en los últimos años. No obstante, recalcó que esta medida debe encuadrarse en una estrategia común europea para evitar distorsiones en el mercado y garantizar su eficacia.

El debate sobre este tipo de impuestos no es nuevo, pero ha cobrado fuerza a raíz de la volatilidad energética provocada por el conflicto en Oriente Medio. La escalada de precios y la incertidumbre sobre el suministro han vuelto a poner el foco en los beneficios del sector y en la necesidad de mecanismos de redistribución.

El impacto de la guerra marca la agenda económica

Más allá de la política fiscal, el Gobierno ha dejado claro que su prioridad inmediata es hacer frente a las consecuencias económicas derivadas del conflicto internacional. En este sentido, Arcadi España ha reconocido que la atención del Ejecutivo está centrada en garantizar que las medidas adoptadas lleguen de forma efectiva a los ciudadanos y a los sectores más afectados.

Este enfoque ha condicionado también el calendario presupuestario. Aunque el ministro ha reiterado el compromiso de presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado, ha admitido que el contexto actual exige prudencia. “Ahora el conjunto de la sociedad está preocupado por las consecuencias de la guerra”, afirmó.

El Ejecutivo considera imprescindible contar con un cuadro macroeconómico estable antes de elaborar las nuevas cuentas públicas, una posición que también ha defendido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. La incertidumbre internacional, especialmente en materia energética, complica la elaboración de previsiones fiables.

Tranquilidad con las cuentas públicas

Pese a este escenario, el Gobierno ha lanzado un mensaje de calma. España cuenta actualmente con los Presupuestos prorrogados de 2023, lo que permite mantener la operatividad de las políticas públicas mientras se define el nuevo marco económico.

Arcadi España ha insistido en que el compromiso del Ejecutivo es aprobar nuevas cuentas, pero ha dejado claro que la prioridad en estos momentos es mitigar el impacto de la guerra en la economía nacional. “Nuestra obligación es paliar las consecuencias del conflicto”, señaló.

En paralelo, el debate sobre el posible impuesto a las energéticas seguirá avanzando en el ámbito europeo. La decisión final dependerá del consenso entre los Estados miembros y de la evolución del contexto internacional, pero todo apunta a que la fiscalidad del sector energético será uno de los grandes temas económicos en los próximos meses.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires anunció ayer una bonificación automática en el impuesto sobre los Ingresos Brutos destinada a más de 140.000 contribuyentes del monotributo que desarrollan actividades de servicios.

La nueva estructura, aprobada por la Legislatura porteña a iniciativa del jefe de Gobierno Jorge Macri, busca reducir la carga fiscal para trabajadores independientes y estimular la formalización en el sector.

La medida, que comenzó a reflejarse en la liquidación impositiva mensual, estableció una exención total —bonificación del 100%— en las categorías A, B y C del Régimen Simplificado, lo que permitió que unas 35.000 personas quedaran liberadas del pago de impuesto.

En tanto, la regulación incluyó una fuerte reducción —bonificación del 75%— para quienes integran las categorías D a H, alcanzando a cerca de 12.000 contribuyentes. En total, aproximadamente 47.000 personas recibieron de forma inmediata el beneficio completo o parcial, puesto que cumplían con las condiciones de no registrar deudas y estar inscriptos en servicios, de acuerdo con la información oficial difundida por la AGIP.

Este esquema de alivio fiscal impacta directamente sobre oficios no profesionales. La segmentación por actividades permitió focalizar la bonificación en el sector servicios dentro del Régimen Simplificado, limitando el alcance a quienes presentan ingresos provenientes casi exclusivamente de su labor individual en la Ciudad de Buenos Aires.

Según el gobierno porteño, estos son los 22 servicios no profesionales que no pagarán Ingresos Brutos:

1. Servicios técnicos
2. Fotógrafos
3. Peluqueros
4. Diseñadores sin título de grado
5. Barberos
6. Editores
7. Mecánicos
8. Camarógrafos
9. Personal trainers
10. Guionistas
11. Esteticistas
12. Masajistas
13. Carpinteros
14. Herreros
15. Sastres
16. Zapateros
17. Pintores
18. Artesanos
19. Joyeros
20. Jardineros
21. Cerrajeros
22. Quienes trabajan por cuenta propia o bajo contratación.

Implementación automática

Uno de los elementos centrales del esquema fue su aplicación automática: la AGIP dispuso que los contribuyentes no realizaran trámites adicionales. El sistema incorporó la bonificación directamente en la liquidación del impuesto, siempre que la actividad declarada correspondiera a servicios y que no existieran deudas en el tributo.

La medida permitió que unos 47.000 contribuyentes recibieran el beneficio de inmediato. El resto, aproximadamente 93.000 personas, no accedieron de forma automática debido a deudas pendientes con el fisco local, según detalló la AGIP.

Para estos casos, la administración porteña habilitó un régimen especial de regularización. La moratoria, con plazo de adhesión hasta el 30 de abril, ofreció la posibilidad de organizar los pagos en cuotas y obtener descuentos sobre intereses y multas. La regularización de la situación fiscal se estableció como condición indispensable para incorporarse al esquema de bonificaciones.

La AGIP automatizó la integración al beneficio: al saldar la deuda, el contribuyente quedó incluido sin gestiones adicionales, obteniendo la bonificación según su categoría tributaria.

Impacto concreto en los ingresos

El diseño segmentado del alivio fiscal provocó un impacto diferenciado según la categoría tributaria. En los estratos más bajos, la exención total generó un incremento inmediato en los ingresos netos de los contribuyentes. En las categorías superiores, la reducción del 75% en el tributo significó una rebaja notoria en la carga fiscal aplicable a la facturación mensual.

La estructura de bonificaciones y la actualización de la base de datos promovieron la simplificación administrativa, al eliminarse cualquier requerimiento de gestiones presenciales o digitales. Esto permitió, según la AGIP, reducir plazos y facilitar considerablemente el cumplimiento de obligaciones tributarias para el universo de trabajadores independientes incluidos bajo el Régimen Simplificado.

La política de alivio formó parte de un paquete más amplio de iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aprobadas por la Legislatura de la Ciudad, todas orientadas a reducir la presión fiscal sobre quienes desarrollan actividades por cuenta propia en la capital argentina.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) notificó que acatará plenamente la Sentencia C-079 de 2026, que anuló el Decreto Legislativo 1474 —expedido ante la emergencia económica de diciembre de 2025— y ordenó la devolución de recursos recaudados por concepto de impuestos modificados bajo esa norma. La entidad que dirige Carlos Betancourt ya inició el análisis del fallo y comunicó que informará de manera clara y oportuna a los contribuyentes sobre los procedimientos derivados de esta decisión.

La anulación del decreto, junto con la instrucción de regresar los valores obtenidos, implica que quienes hayan hecho pagos por impuestos alterados bajo el Decreto 1474 podrán reclamar su devolución en los términos que determine la autoridad tributaria. Resaltó que garantizará la seguridad jurídica en la transición y ajustará sus procesos internos conforme a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.

Situación de los contribuyentes tras el fallo

Asimismo, aconsejó a los contribuyentes, usuarios aduaneros y ciudadanía especial atención a los anuncios oficiales sobre cambios en trámites, pagos y calendarios fiscales. Toda modificación relacionada con esta sentencia será publicada por medio de los canales institucionales para asegurar la transparencia y la facilidad de acceso a la información.

Hasta ahora, la entidad reiteró que cada acción o cambio derivado de la decisión judicial se comunicará de manera previa para evitar que alguien resulte afectado por los ajustes requeridos. También se sugirió vigilar los pagos anticipados y los procedimientos que puedan verse impactados por la anulación.

Decisión de la Corte Constitucional y devolución de dineros

Dicha información se conoció luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió por unanimidad invalidar el Decreto 1474, después de revocar el denominado “decreto madre”, el 1390. El tribunal sostuvo que, al desaparecer la emergencia económica declarada por ese decreto, también caducaban las medidas tributarias que se habían adoptado después.

Se señala en el fallo que los “impuestos directos que fueron modificados o se hayan causado mientras el Decreto Legislativo 1474 de 2025 produjo efectos no serán objeto de declaración, liquidación o cobro por parte de la Dian”. Además, ordena devolver los pagos anticipados recibidos bajo ese decreto, asignando a la autoridad tributaria la responsabilidad de efectuar la restitución.

Límites de la excepcionalidad tributaria

La presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, sostuvo que la decisión judicial marca un precedente sobre los límites de la excepcionalidad en política tributaria. Recalcó que “la excepcionalidad tiene límites y los impuestos no pueden imponerse desbordando la reserva de la ley”.

Para ella, lo esencial del fallo es la instrucción de restituir los montos recaudados por la emergencia, ya que ello refuerza la certidumbre normativa entre las autoridades y los contribuyentes. También señaló la necesidad de contar con criterios claros y coherentes ante eventuales nuevas emergencias, para dotar al país de mayor seguridad jurídica frente a decisiones del Ejecutivo en situaciones extraordinarias.

Posición de Petro frente a las devoluciones

El presidente Gustavo Petro expresó su desacuerdo con la interpretación de que habría grandes sumas a devolver. Afirmó, por medio de X, que “los impuestos que tumba la Corte de la emergencia económica no se cobraron. Así que no hay nada que devolver”.

Añadió que ante la suspensión del mecanismo que hizo la Corte, únicamente se alcanzó a recaudar de deudores antiguos de la Dian que accedieron a beneficios tributarios, por lo que no se crearon nuevos gravámenes por las medidas del decreto. De esta manera, insistió en que las repercusiones fiscales serán limitadas y que la restitución de recursos será marginal.

Retos y recomendaciones

La anulación del decreto y sus repercusiones resaltan la importancia de establecer reglas claras para el uso de competencias extraordinarias durante futuras emergencias. Expertos remarcan que es fundamental garantizar la transparencia y la universalidad en la aplicación de medidas fiscales, a fin de evitar incertidumbre en la ciudadanía y garantizar la correcta gestión tributaria.

La experiencia podría servir como referencia para fortalecer los procedimientos institucionales y evitar nuevas controversias sobre los límites del Ejecutivo ante situaciones excepcionales. La Dian confirmó que estudiará los procedimientos afectados por el fallo e informará cada avance a la ciudadanía, enfocándose en preservar la confianza pública y el marco legal.

Dicha situación evidencia la necesidad de reglas transparentes y predecibles, para que en escenarios de crisis tanto el sector público como el privado puedan actuar con certeza y confianza.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión unánime de la Sala Plena de la Corte Constitucional que tumbó el segundo decreto de la emergencia económica y ordenó la devolución de recursos recaudados por impuestos asociados a licores, apuestas y otros tributos.

El pronunciamiento de la Corte se conoció en medio del control constitucional sobre las medidas adoptadas por el Gobierno durante la declaratoria de emergencia. En ese contexto, el alto tribunal revisó la validez de las disposiciones tributarias que buscaban financiar gastos del Presupuesto General de la Nación.

Durante el análisis del caso, la Sala Plena estudió el Decreto 1474 de 2025, el cual desarrollaba medidas fiscales derivadas del estado de emergencia declarado mediante el Decreto 1390 de 2025. Sin embargo, la Corte concluyó que este último, al haber sido declarado inconstitucional días antes, afectó la validez de las medidas posteriores.

“Los impuestos no se cobraron”: la respuesta del presidente

En su pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro afirmó que los efectos del decreto no generaron obligaciones tributarias efectivas en la mayoría de los casos y que, por lo tanto, no existen recursos que deban ser reintegrados.

El mandatario escribió textualmente: “Los impuestos que tumba la Corte de la emergencia económica no se cobraron. Así que no hay nada que devolver. Solo se logró los pagos de deudores antiguos de la DIAN que lograron beneficios tributarios. El mecanismo terminó suspendido por la Corte Constitucional”, escribió el presidente en la tarde del miércoles 15 de abril en su cuenta de X.

Según su explicación, los recaudos obtenidos durante la vigencia del decreto no correspondieron a nuevos impuestos efectivamente cobrados, sino a pagos realizados por contribuyentes con deudas previas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), quienes accedieron a beneficios tributarios.

La orden de la Corte Constitucional sobre devolución de recursos

En su decisión, el alto tribunal ordenó que “los impuestos directos que fueron modificados o se hayan causado mientras el Decreto Legislativo 1474 de 2025 produjo efectos no sean objeto de declaración, liquidación o cobro por parte de la DIAN, y que se devuelvan los que se hayan pagado anticipadamente”.

Asimismo, la Corte dispuso que “los impuestos indirectos pagados mientras el Decreto Legislativo 1474 de 2025 produjo efectos sean devueltos a los sujetos pasivos que materialmente hayan realizado el pago y así lo acrediten, para lo cual la DIAN aplicará, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia, los mecanismos legales existentes o dispondrá la adopción de uno específico para ese efecto, si fuere necesario”.

El alto tribunal también aclaró que se deben mantener las situaciones jurídicas consolidadas de los contribuyentes que cumplieron los requisitos para acceder a beneficios tributarios establecidos durante la vigencia del decreto. De acuerdo con la decisión, el propósito es diferenciar entre los recursos efectivamente recaudados por nuevos impuestos y aquellos pagos realizados bajo esquemas de alivio fiscal o normalización de deudas.

Impacto fiscal y cifras recaudadas

Durante la vigencia de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia económica, el Gobierno nacional alcanzó a recaudar aproximadamente $1,6 billones. Sin embargo, cerca de $1,5 billones corresponden a pagos de contribuyentes morosos que se acogieron a beneficios tributarios para ponerse al día con la Dian.

Los recursos que deberán ser devueltos por orden de la Corte incluyen el denominado “impuesto de estabilidad fiscal”, equivalente al 1 % sobre el valor de la primera exportación de carbón o hidrocarburos, por el cual se recaudaron alrededor de $23.800 millones. También se incluyen cerca de $1.200 millones correspondientes al cobro de 14 puntos adicionales de IVA a la importación de licores.

La decisión fue adoptada con una votación de ocho magistrados a favor y ninguno en contra, con la ausencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien fue apartado del caso por una posible falta de imparcialidad. Los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Héctor Carvajal Londoño no compartieron plenamente los argumentos que llevaron a la declaratoria de inexequibilidad del decreto, aunque aclararon su voto en relación con la devolución de los recursos.

La revisión del caso estuvo a cargo del magistrado Juan Carlos Cortés, que lideró el estudio del decreto 1474, el cual hacía parte del conjunto de medidas tributarias adoptadas para atender los gastos asociados al estado de emergencia económica.

La Corte Constitucional anuló el decreto de emergencia económica que fundamentó diversas medidas tributarias adoptadas a fines de 2025 e inicio de 2026. La decisión obliga a la devolución parcial de recursos obtenidos por el Estado y afecta a miles de contribuyentes en todo el país. En total, se recaudaron $1,63 billones, pero únicamente cerca de $25.000 millones serán restituidos.

La anulación del decreto se justifica porque el alto tribunal consideró inválida la base legal de la emergencia económica, lo que dejó sin efecto las normas tributarias derivadas. La devolución de dinero cubre pagos anticipados de impuestos directos, así como indirectos asumidos por los propios contribuyentes, pero no incluye a quienes recibieron alivios tributarios, cuyos beneficios siguen vigentes tras el fallo judicial.

Eliminación de efectos legales

Durante una sesión unánime celebrada en 2026, la Corte declaró inconstitucionales todas las disposiciones del Decreto 1474, expedido en diciembre de 2025 a raíz de la declaración de emergencia. Con la medida, se eliminaron los efectos legales de la norma y se ordenó al Gobierno reintegrar los pagos efectuados de manera directa o anticipada. Sin embargo, no se contempla la devolución de los beneficios tributarios otorgados a quienes estaban en mora.

Este es el segundo fallo relevante de la Corte respecto a la emergencia económica de 2025-2026 y refuerza la necesidad de que los estados de excepción y las políticas fiscales se ajusten estrictamente a los principios legales establecidos. Las medidas anuladas incluían tanto modificaciones en los tributos como exhortos a la regularización mediante incentivos.

Cifras y alcance de la devolución de impuestos

De acuerdo con datos de las autoridades fiscales, la mayor parte del dinero recaudado —$1,63 billones— corresponde a un beneficio que permitió a cerca de 175.000 contribuyentes y usuarios aduaneros regularizar la situación fiscal al pagar menos y evitar sanciones o intereses. Esos recursos no serán devueltos, ya que la Corte determinó que los beneficios utilizados continúan vigentes.

En contraste, la devolución abarca sumas obtenidas por otros conceptos durante la vigencia del decreto. Se destacan $23.800 millones recaudados a través de un impuesto del 1% aplicado a la importación de carbón e hidrocarburos y $1.200 millones provenientes del IVA sobre la importación de licores.

No todos los tributos anunciados dentro de la emergencia llegaron a aplicarse; el impuesto al patrimonio, el IVA al 19% sobre bebidas alcohólicas y los impuestos al consumo para cigarrillos y productos similares no entraron en operación antes de la anulación total del marco legal.

La Corte estableció que solo deben reembolsarse los pagos anticipados de impuestos directos y, en caso de impuestos indirectos, solo a quienes demuestren haber asumido esos costos. El monto total previsto a devolver se estima en cerca de $25.000 millones, mientras el resto del recaudo permanece bajo control estatal.

Qué dicen los expertos

Para la presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, se trata de un “segundo pronunciamiento clave de la Corte Constitucional. Se confirma una línea relevante y clara: la excepcionalidad tiene límites y los impuestos no pueden imponerse desbordando la reserva de la ley”. Añadió: “Pero aún más importante, además de proteger la Constitución y el Estado de derecho, es la orden de devolver los recaudos que se obtuvieron con esta emergencia”.

Lacouture también advirtió que “esa plata es de los contribuyentes, no del Gobierno. De cara a la segunda emergencia, será fundamental contar con criterios claros y consistentes que le den certeza al país”.

Extralimitaciones del Gobierno Petro

Desde el ámbito legislativo, el representante a la Cámara Víctor Salcedo afirmó: “Tal como lo advertí. La Corte Constitucional garantiza la autonomía de los recursos regionales frente a las extralimitaciones del Gobierno Petro”.

Salcedo agregó de manera crítica que “afortunadamente contamos con una Constitución que protege la independencia de las Cortes y del Banco de la República. Tras cuatro años de gobierno, el Ejecutivo sigue sin atender razones constitucionales ni técnicas; sus discursos, entre gafas oscuras y declaraciones erráticas, solo han generado incertidumbre”.

Decreto sin efectos

Por su parte, el exsubdirector operativo de Fiscalización y Liquidación Tributaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Christian Quiñonez explicó que “con la sentencia C079 de 2026, la Corte acaba de tumbar o dejar sin efectos el Decreto 1474 del 2025. Recordemos que este decreto fue el que estableció las medidas tributarias en el marco de la emergencia, que precisamente fue tumbada por la Corte la semana pasada”.

Quiñonez calificó la decisión como un hito. “Muy importante lo que dice esta sentencia, porque nuevamente la Corte marca un hito, y es que ordena a la Dian devolver los impuestos que se pagaron en el marco de la emergencia”, anotó. Además, aclaró que “los que se acogieron a los beneficios tributarios no tienen ningún problema, los beneficios se mantienen a día, pero los impuestos que se pagaron en el marco de la emergencia los deben devolver”.

Respecto a posibles repercusiones futuras, indicó que “si la Corte suspende o, más bien, declara inexequible o inconstitucional el segundo decreto de emergencia económica, también la Dian va a estar obligada a devolver todo el impuesto al patrimonio que se pagó el primer 1 de abril”.

Procedimientos para la devolución y próximos pasos

El fallo dispone que la Dian tiene un plazo de 30 días, desde la notificación de la sentencia, para determinar los procedimientos y mecanismos necesarios que faciliten la devolución. Durante este periodo, la entidad tributaria deberá especificar:

• Documentos requeridos para acreditar los pagos hechos.
• Pasos para presentar la solicitud.
• Método para entregar los recursos a los beneficiarios.

La Corte dejó abierta la posibilidad de que, si los mecanismos existentes resultan insuficientes para atender todos los casos, se pueda introducir un sistema especial para tramitar devoluciones adicionales. El reintegro solo aplica a quienes realizaron pagos directos o asumieron tributos indirectos demostrados; quienes recibieron beneficios tributarios quedan excluidos de la devolución, ya que mantienen los derechos vigentes.

Para los contribuyentes y empresas que reúnen los requisitos, el proceso particular de devolución dependerá de las especificaciones técnicas y administrativas que la Dian defina en el plazo establecido por el tribunal.

El Congreso de la República oficializó una modificación a la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía que establece la exoneración del Impuesto a la Renta para los agricultores de la Amazonía que desarrollen principalmente actividades agrarias y de transformación de productos nativos y alternativos.

La norma, promulgada por insistencia por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, fue publicada el 14 de abril de 2026 y recoge cambios que impactan a productores de regiones claves del país.

Alcance de la exoneración y requisitos

De acuerdo con la nueva redacción de la Ley 27037, solo podrán acceder a este beneficio tributario los contribuyentes cuya sede central esté ubicada en la Amazonía y que ejecuten al menos el 70% de sus actividades o posean igual porcentaje de activos en esta región.

El reglamento detallará los procedimientos, pero la disposición establece que la exoneración aplica exclusivamente a quienes desarrollen actividades vinculadas a productos considerados cultivos nativos o alternativos. Los productos que califican como cultivos nativos y alternativos para acceder a la exoneración del Impuesto a la Renta son:

• Yuca
• Soya
• Arracacha
• Uncucha
• Urena
• Palmito
• Pijuayo palmito
• Pijuayo
• Aguaje
• Anona
• Caimito
• Carambola
• Cocona
• Guanábano
• Guayabo
• Marañón
• Pomarrosa
• Taperibá
• Tangerina
• Toronja
• Zapote
• Camu camu
• Uña de gato
• Achiote
• Caucho
• Piña
• Ajonjolí
• Castaña
• Yule
• Barbasco
• Algodón áspero
• Cúrcuma
• Guaraná
• Macadamia
• Pimienta
• Plátano
• Naranja
• Sacha inchi
• Maíz amarillo duro
• Limón Tahití
• Ajíes en todas sus variedades

Según la publicación oficial, esta medida busca impulsar la innovación, la reactivación económica y la equidad de beneficios en la Amazonía.

Más regiones podrán acogerse a la exoneración del IR

La Ley N.º 32582 también redefine el ámbito geográfico considerado Amazonía, incorporando a las provincias de Cutervo, Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca, a excepción del distrito de Cutervo.

Esta ampliación tiene como objetivo que más productores puedan acogerse a los beneficios, siempre que no estén comprendidos por regímenes tributarios distintos.

Además, el texto oficial crea el Comité Ejecutivo de Promoción de la Inversión Pública y Privada para la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación en la Amazonía.

Este órgano, conformado por representantes del Poder Ejecutivo, universidades públicas o privadas y la sociedad civil organizada, tendrá la responsabilidad de aprobar y supervisar programas y proyectos de gran envergadura que incentiven la inversión y la innovación en la región.

Derogaciones y plazos para la reglamentación

Con la entrada en vigencia de esta ley, quedan derogadas las normas previas que limitaban exoneraciones en la región San Martín, lo que restituye plenamente la vigencia de los incentivos previstos en la Ley 27037.

La reglamentación específica deberá ser emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un plazo máximo de 120 días tras la publicación de la norma.

La medida afecta a miles de pequeños y medianos productores, que ahora podrán redireccionar recursos previamente destinados al pago del impuesto hacia la mejora de sus procesos productivos y la tecnificación de sus actividades.

Próximos pasos y contexto normativo

El Comité Ejecutivo de Promoción de la Inversión contará con apoyo del Ejecutivo y de los gobiernos regionales de la Amazonía, que facilitarán la implementación de los mecanismos de financiamiento y supervisión, según lo dispuesto en el Decreto Supremo 066-2019-EF.

El reglamento pendiente definirá los criterios y procedimientos para la aplicación de beneficios, así como los mecanismos de evaluación y aprobación de proyectos, con la participación de entidades como CONCYTEC y SINACTI.

La publicación de esta ley marca un nuevo escenario para la promoción de actividades económicas sostenibles y la generación de valor en la Amazonía, en el marco de incentivos fiscales y políticas de innovación productiva.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) implementó un esquema de bonificaciones en el impuesto sobre los Ingresos Brutos destinado a contribuyentes del Régimen Simplificado que desarrollan actividades de servicios en la Ciudad de Buenos Aires. La medida alcanzó a más de 140.000 personas y estableció distintos niveles de alivio fiscal en función de la categoría tributaria.

La iniciativa fue impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y recibió la aprobación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La normativa entró en vigencia y comenzó a impactar en la liquidación del impuesto correspondiente a quienes cumplen con los requisitos establecidos por la administración tributaria local.

El esquema contempló una bonificación del 100% para los contribuyentes inscriptos en las categorías A, B y C del Régimen Simplificado. Este grupo quedó exento del pago del impuesto. Según datos oficiales, unas 35.000 personas dejaron de abonar Ingresos Brutos a partir de la implementación de la medida.

Para el resto de los contribuyentes alcanzados por la normativa, el beneficio adoptó una forma parcial. Aquellos ubicados entre las categorías D y H accedieron a una bonificación del 75% sobre el monto del tributo. Este segmento incluyó a aproximadamente 12.000 vecinos de la Ciudad, quienes registraron una reducción significativa en la carga fiscal mensual.

El universo de beneficiarios incluyó a trabajadores de múltiples rubros vinculados a la prestación de servicios. Entre ellos se encontraron peluqueros, fotógrafos, mecánicos, barberos, entrenadores personales, esteticistas, editores y otros profesionales y oficios que desarrollan su actividad de manera independiente o bajo esquemas de contratación.

La normativa apuntó a un segmento específico de contribuyentes que obtiene ingresos a partir de su trabajo individual y que, en muchos casos, no cuenta con estructuras empresariales. El alcance de la medida se centró en actividades que se desarrollan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires bajo el encuadre del Régimen Simplificado.

“El anuncio marca una señal clara en materia de política tributaria que sigue la línea de generar incentivos al sector privado y aliviar la carga sobre los sectores de menor escala y promover la formalización. El diseño automático del beneficio —sin necesidad de trámites— reduce fricciones administrativas, mientras que el requisito de no registrar deuda y la vigencia de la moratoria refuerzan el objetivo de mejorar el cumplimiento tributario”, detalló Damián Di Pace, de Focus Market.

Cómo acceder al beneficio

Uno de los aspectos centrales del esquema fue su aplicación automática. La AGIP estableció que los contribuyentes no deben realizar ningún trámite adicional para acceder al beneficio. El sistema incorporó la bonificación de manera directa en la liquidación del impuesto, siempre que se cumplan dos condiciones: que la actividad declarada correspondiera a servicios y que el contribuyente no registre deuda en el tributo.

De acuerdo con la información oficial, unas 47.000 personas se encontraron en condiciones de acceder al beneficio en forma inmediata. Esta cifra incluyó tanto a quienes obtuvieron la exención total como a quienes recibieron el descuento del 75 por ciento.

El resto del universo alcanzado por la medida, estimado en aproximadamente 93.000 contribuyentes, no accedió de forma inmediata al esquema de bonificaciones debido a la existencia de deudas con el fisco local. Para estos casos, la Ciudad de Buenos Aires habilitó un régimen de regularización que permitió ordenar la situación tributaria.

Moratoria para los que tienen deudas

La moratoria vigente estableció un plazo hasta el 30 de abril para adherirse a los planes de pago. A través de este mecanismo, los contribuyentes pudieron saldar sus obligaciones pendientes en cuotas y acceder a descuentos sobre intereses y multas. La regularización se presentó como el requisito necesario para incorporarse al esquema de beneficios.

Una vez cancelada la deuda, el sistema de la AGIP incorporó automáticamente al contribuyente dentro del beneficio correspondiente a su categoría. Este procedimiento evitó gestiones adicionales y permitió una integración directa al régimen de bonificaciones.

La política de alivio fiscal formó parte de un conjunto de iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo porteño con el objetivo de reducir la carga tributaria sobre los trabajadores independientes. En ese marco, la administración local destacó la importancia de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de acompañar el desarrollo de actividades realizadas por cuenta propia.

La estructura del beneficio se definió a partir de la segmentación por categorías dentro del Régimen Simplificado. En los niveles más bajos, la exención total del impuesto generó un impacto inmediato en los ingresos disponibles de los contribuyentes. En las categorías superiores, la reducción del 75% implicó una disminución relevante del peso del tributo en la facturación mensual.

La implementación automática del esquema y la actualización de la base de datos evidenciaron un proceso de simplificación administrativa. La AGIP eliminó la necesidad de trámites presenciales o digitales para acceder al beneficio, lo que permitió reducir los tiempos y facilitar la aplicación de la medida.

El Poder Ejecutivo oficializó la prórroga del beneficio que permite a los transportistas de carga y de pasajeros solicitar la devolución del 70% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) incluido en el precio del diésel B5 y diésel B20, siempre que el combustible cumpla con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm.

El Decreto Supremo N° 060-2026-EF, publicado este 15 de abril de 2026, modifica el reglamento del Decreto de Urgencia N° 012-2019 y actualiza el cronograma para la presentación de solicitudes hasta el año 2028.

Quiénes pueden acceder al beneficio

De acuerdo con la disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el beneficio está dirigido a los transportistas que brindan servicios de transporte público terrestre de carga y de transporte regular de personas en los ámbitos nacional, regional y provincial.

Para acceder a la devolución, los beneficiarios deben adquirir el diésel con comprobantes de pago electrónicos en distribuidores mayoristas, minoristas o establecimientos de venta al público.

Nuevo cronograma para la devolución del ISC

El Decreto Supremo establece el siguiente cronograma para la presentación de las solicitudes de devolución del ISC, en función del período en que se adquirió el combustible:

• Enero, febrero y marzo 2026: Abril y mayo 2026
• Abril, mayo y junio 2026: Julio y agosto 2026
• Julio, agosto y setiembre 2026: Octubre y noviembre 2026
• Octubre, noviembre y diciembre 2026: Enero y febrero 2027
• Enero, febrero y marzo 2027: Abril y mayo 2027
• Abril, mayo y junio 2027: Julio y agosto 2027
• Julio, agosto y setiembre 2027: Octubre y noviembre 2027
• Octubre, noviembre y diciembre 2027: Enero y febrero 2028
• Enero, febrero y marzo 2028: Abril y mayo 2028
• Abril, mayo y junio 2028: Julio y agosto 2028
• Julio, agosto y setiembre 2028: Octubre y noviembre 2028
• Octubre, noviembre y diciembre 2028: Enero y febrero 2029

Objetivo de la medida y condiciones para acceder

El objetivo de la prórroga es fortalecer la seguridad vial y reducir la accidentabilidad en el transporte público terrestre de personas y carga, según lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 012-2019 y su reglamento.

La Ley N° 32540 extendió la vigencia del beneficio hasta el 31 de diciembre de 2028, por lo que el nuevo decreto ajusta los plazos para que los transportistas puedan presentar sus solicitudes de devolución dentro de los periodos establecidos.

La norma aclara que se excluye del análisis de impacto regulatorio por tratarse de una disposición tributaria. El decreto cuenta con el refrendo del ministro de Economía y Finanzas, del ministro de Transportes y Comunicaciones y de la ministra del Ambiente.

El diésel es el combustible más consumido del Perú

El diésel, y en particular el Diésel B5 S50, encabeza el consumo de combustibles en Perú, con una participación de aproximadamente 37,4% en la demanda nacional, superando tanto al gas natural como a las gasolinas.

Este predominio se debe al peso del sector transporte de carga y pasajeros, donde el diésel representa cerca del 64% del consumo de combustibles líquidos.

El Diésel B5 S50, una mezcla que incorpora biodiésel y cumple con estándares de bajo azufre, se ha vuelto esencial, en especial para el transporte pesado e industria, consolidando su papel como recurso indispensable para la economía nacional.

El diésel se disparó en marzo por la emergencia de TgP

En marzo de 2026, el precio del diésel en Perú experimentó un aumento superior al 27% debido a una crisis energética originada por la suspensión del suministro de gas natural por parte de Transportadora de Gas del Perú (TGP), tras detectarse una fuga en el kilómetro 43 en la zona de Megantoni, Cusco.

Esta interrupción, que se prolongó durante 14 días, obligó a cubrir la demanda energética con combustibles líquidos más costosos, elevando el precio mayorista del diésel vehicular de S/12,73 a S/16,26 por galón en la primera quincena del mes.

La crisis se agravó por la volatilidad global asociada a tensiones en Medio Oriente, lo que intensificó el alza en los combustibles y provocó una presión inflacionaria que llevó al IPC de Lima Metropolitana a registrar un aumento del 2,38% en marzo, la cifra más alta en más de tres décadas.

El día de la declaración de impuestos en Estados Unidos llega este año con una novedad relevante para millones de contribuyentes: el reembolso promedio de impuestos en 2026 es notablemente mayor que en ciclos anteriores. De acuerdo con datos oficiales del Servicio de Impuestos Internos (IRS), los estadounidenses están recibiendo en promedio 3.462 USD, lo que representa un aumento del 11% (alrededor de 350 USD) respecto a 2025. Este incremento no solo refleja un alivio directo en los bolsillos de los ciudadanos, sino que es la consecuencia de una serie de cambios legislativos aprobados el año pasado y que han comenzado a transformar la estructura fiscal para trabajadores y familias.

La razón principal detrás de estos mayores reembolsos radica en la Ley Unificada e Integral de 2025, una reforma fiscal que introdujo diversas deducciones y ajustes en la base imponible. Andrew Lautz, director de política fiscal en el Centro de Política Bipartidista, señala que la tendencia es clara: “Los reembolsos totales han aumentado, los reembolsos promedio han aumentado y, claramente, millones, si no decenas de millones, de contribuyentes están reclamando una de las nuevas deducciones” permitidas por la ley. Estas deducciones cumplen el objetivo de reducir la renta imponible, lo que implica que el monto final de impuestos a pagar al IRS disminuye sensiblemente para una gran parte de los declarantes.

El paquete legislativo de 2025 trajo consigo nuevas deducciones fiscales orientadas a distintos sectores y circunstancias laborales. Entre los cambios más destacados se encuentra la eliminación del impuesto federal sobre los ingresos provenientes de propinas y horas extras, una medida que afecta de forma directa a quienes dependen de estas fuentes de ingresos variables. Según una encuesta del Bipartisan Policy Center, realizada en marzo a 1.200 contribuyentes, aproximadamente un tercio de los encuestados declaró haber recibido propinas, pago por horas extras o ambos, lo que indica el alcance de la reforma en el sector laboral y de servicios.

La exención de impuestos federales sobre propinas y horas extras ha sido especialmente significativa para trabajadores de sectores como la hostelería, la restauración y el comercio, donde estas compensaciones representan una parte sustancial del ingreso mensual. Esta decisión legislativa elimina completamente la carga fiscal sobre estos conceptos, permitiendo que el ingreso neto de los trabajadores aumente y, en consecuencia, también sus posibilidades de obtener un reembolso mayor o ver reducida la carga tributaria total a pagar.

En cuanto a la cantidad de personas que reciben reembolsos, los datos del IRS muestran que el año pasado 104 millones de contribuyentes —el 63% de quienes presentaron declaración— obtuvieron devoluciones. En lo que va del actual ejercicio fiscal, casi 70 millones ya han recibido su reembolso, y se espera que esta cifra siga creciendo después del día de la declaración. El monto promedio de los reembolsos, según expertos, se mantendrá estable durante la campaña, afianzando la tendencia al alza observada este año. Por su parte, el banco de inversión Piper Sandler proyectó que las devoluciones podrían aumentar hasta en 1.000 USD en 2026, aunque matizó que ese sería un “máximo hipotético” basado en la suposición de que todos los contribuyentes recibirían un reembolso.

El impacto de los reembolsos y alivios fiscales va más allá de la cifra recibida por cada ciudadano. Don Schneider, subdirector de política estadounidense en Piper Sandler, advierte que centrarse únicamente en el reembolso promedio no refleja el panorama completo: “Si nos centramos únicamente en los reembolsos o en el importe promedio, nos perderemos la mitad de la historia”. El alivio fiscal retroactivo de la Ley One Big Beautiful Bill —estimado en 106 mil millones de dólares para este año— se traduce tanto en reembolsos como en una reducción directa de la deuda tributaria de los estadounidenses. Este efecto combinado sugiere que la desgravación fiscal real podría ser aún mayor si se tienen en cuenta los ingresos adicionales por horas extras y propinas exentas.

Respecto al destino del dinero de los reembolsos, los estadounidenses ya muestran preferencias claras. Según la encuesta del Bipartisan Policy Center, al 24 de marzo, un 14% de los contribuyentes reportó haber recibido un reembolso “significativamente” mayor este año. Más de un tercio de los encuestados planea utilizar ese dinero para reducir deudas, mientras que cerca del 13% piensa destinarlo al ahorro, según datos de Bank of America Global Research. Otros optarán por emplear el reembolso en gastos cotidianos, una tendencia que cobra relevancia en el actual contexto económico.

El aumento de los precios de la gasolina representa un desafío adicional para las finanzas familiares. El precio promedio nacional de un galón de gasolina regular ascendió a 4,12 USD, un incremento de 1,14 USD respecto al promedio anterior, impulsado por el alza global del petróleo tras la guerra con Irán. De acuerdo con economistas del Instituto Stanford de Investigación de Política Económica, el hogar estadounidense promedio gastará 740 USD adicionales en gasolina durante este año, una cifra que duplica el aumento promedio en los montos de reembolso observados hasta ahora. Esto implica que, aunque los reembolsos han crecido, el encarecimiento del combustible absorbe una parte considerable de los beneficios fiscales obtenidos por los contribuyentes en 2026.

En el marco del encuentro de AmCham, un grupo de gobernadores cercanos a la Casa Rosada respaldó el plan económico de la Nación, pero reclamó un nuevo pacto fiscal y una mayor baja de impuestos para mejorar la competitividad. En la misma linea, los mandatarios provinciales reiteraron el pedido para rediscutir la distribución de fondos coparticipables.

Así lo expresaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza) y Alberto Weretilneck (Río Negro) durante uno de los paneles de debate del evento que se desarrolla en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires (CEC), al que asisten cientos de empresarios y dirigentes políticos de diferentes sectores.

El primero mandatario entrerriano fue quien puso sobre la mesa la necesidad de que todas las provincias se coordinen para reducir conjuntamente los gravámenes locales, como ocurrió durante la gestión de Cambiemos.

“Yo creo que es imperativo un nuevo acuerdo fiscal federal. Los tres que estamos acá participamos del último acuerdo, el del 2017. Creo que hay que reflotar esa idea. Es fundamental eliminar los impuestos distorsivos de la Argentina, no tengo dudas, y eso hay que hacerlo de manera coordinada”, comenzó diciendo el referente del PRO.

En la misma línea, el entrerriano exigió “que la Nación baje y elimine el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones”, que los gobernadores “hagan lo mismo con ingresos brutos” e, incluso, “que también los municipios hagan lo propio con tasas que en algunos casos parecen impuestos”.

Esta mirada fue compartida por Cornejo, quien “ratificó el cien por ciento” de lo que expresó Frigerio y agregó que, si bien “ingresos brutos es un impuesto distorsivo, está muy vinculado a la coparticipación”, por lo que sostuvo que también se tiene que modificar ese sistema.

Quien no coincidió del todo fue Weretilneck, quien sostuvo que no ve “la posibilidad de un acuerdo fiscal en términos reales y concretos” y opinó que, en el contexto actual, “cada provincia tiene que seguir su propio camino y buscar la competitividad y la mayor cantidad de inversiones”.

“Creo, más que nada, en acuerdos regionales, como estamos haciendo nosotros con Neuquén o, si no, cada una de las provincias llevando adelante su propia política fiscal y su propia capacidad de captar inversiones de acuerdo a su realidad económica y productiva”, indicó.

Al respecto, Cornejo argumentó que “de nada vale una buena administración fiscal provincial para atraer inversiones si no hay estabilidad macro”, lo cual es responsabilidad de la Nación, que “está trabajando duro y bien para eso”.

“Yo creo que hay dos grupos en este momento: los que deseamos que al gobierno nacional le vaya bien, porque entendemos que esa es una condición sine qua non para que nos vaya bien a los gobernadores y a los intendentes, y quienes ponen palos en la rueda”, completó Frigerio.

Sobre el cierre, el mendocino también opinó que “no hay que cambiar el rumbo nacional de la macro” y celebró la sanción de algunas reformas que consideró como “avances”, como “la modernización laboral, la inocencia fiscal y otras leyes”.

“Pero se necesita una reforma fiscal más profunda, integral, simplificando impuestos, eliminando a los distorsivos y reformulando la distribución de la recaudación con una mejor ley de coparticipación que genere incentivos para el sector privado. Y, además, hay que poner un poco en la infraestructura. Sin infraestructura no hay crecimiento", concluyó.

Por su parte, Weretilneck subrayó que, “generando condiciones de estabilidad fiscal, legal y económica, el próximo paso es cómo los tres niveles, el sector público nacional, el sector público provincial y el sector privado, afrontan en los próximos años la infraestructura, que es esencial para que la competitividad”.

Además, aclaró que comparte “absolutamente la propuesta del gobierno federal” en cuanto a “la agenda legislativa relacionada a devolverle a las provincias potestades que en algún momento les fueron quitadas”, refiriéndose especialmente a la ley de Glaciares.

“Ese es el camino. La ley de bosques que se empieza a discutir es otro camino y creo que si el Congreso Nacional sigue avanzando en devolverle a las provincias sus potestades, el nivel de inversiones va a ser mucho mayor que con la agenda regulatoria que hemos tenido hasta ahora”, cerró el rionegrino.

Más tarde, en un segundo panel, quienes expusieron fueron los mandatarios de San Luis, Claudio Poggi; de Catamarca, Raúl Jalil, y de Chaco, Leandro Zdero, quienes invitaron a los presentes a invertir en sus provincias y también resaltaron como clave continuar teniendo una buena relación con la Casa Rosada.

“Si hay integración, hay mayor crecimiento. Yo considero que para llevar a cabo la formulación de esto se necesita un plan. Es muy difícil que podamos crecer y podamos avanzar sin un plan. Nosotros hemos fijado un plan estratégico, pero lo que tenemos que hacer es hacerlo complementario a las provincias frente a la desigualdad que tiene el territorio argentino”, manifestó el último de ellos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la posibilidad de aplicar un impuesto extra a los grandes millonarios en México, en línea con el debate internacional que respalda la creación de un gravamen de entre 2 y 3% a las personas con mayores fortunas.

En su conferencia mañanera, la mandataria explicó que, si bien la idea existe, cualquier decisión sobre un “impuesto especial a las grandes fortunas” debe ser analizada en el país.

Subrayó que actualmente México cuenta con una estructura fiscal que ya obliga a quienes tienen mayores ingresos a pagar más impuestos.

Afirmó que una de las acciones principales de su administración y de la gestión anterior fue terminar con la condonación de impuestos, especialmente a grandes fortunas, una práctica común durante el periodo neoliberal.

“Ya es inconstitucional hacerlo”, puntualizó la presidenta.

Sheinbaum insistió en que la revisión y el cobro efectivo de impuestos a quienes más tienen han permitido aumentar el ingreso nacional y que ahora todos los contribuyentes, incluyendo las grandes fortunas, deben cumplir con sus obligaciones fiscales.

Detalló que México mantiene un sistema tributario progresivo, donde "quien más gana, más paga".

Explicó que el principal mecanismo es el Impuesto sobre la Renta (ISR), cuya estructura está diseñada para que los ciudadanos con mayores ingresos contribuyan más al fisco.

Desde el inicio del gobierno anterior, se eliminó la condonación discrecional de impuestos, una práctica que, según Sheinbaum, caracterizó al periodo neoliberal y permitió que grandes fortunas dejaran de pagar lo que correspondía.

Ahora, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se enfoca en revisar que las deducciones sean legítimas y no se reporten pérdidas falsas.

Sheinbaum destacó que este cambio ha permitido que fortunas que antes no pagaban impuestos ahora sí lo hagan, fortaleciendo la recaudación y evitando privilegios fiscales.

Recordó que la prohibición de la condonación ya está establecida en la Constitución y que todos los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones.

La presidenta resaltó el aumento de la recaudación fiscal durante los últimos años, al señalar que bajo la administración anterior, los ingresos nacionales pasaron de 4 billones de pesos en el primer año a 5 billones 558 mil 349 millones de pesos.

Mientras que en su gobierno, la recaudación ha alcanzado 6 billones de pesos, rsaltando que de ese total, 1 billón se destina directamente a los programas de bienestar social, beneficiando a la población de manera directa.

Sheinbaum reiteró que la vigilancia en el pago de impuestos y la eliminación de la condonación han sido factores clave para mejorar los ingresos públicos y asegurar que todos los sectores, incluidas las grandes fortunas, contribuyan al financiamiento de las políticas sociales.

La recaudación acumulada de Panamá entre enero y febrero de 2026 alcanzó los $1,132 millones, superando la meta presupuestada en $65.8 millones, lo que refleja un desempeño positivo frente a lo planificado por el Estado.

Sin embargo, este resultado no logra superar lo recaudado en el mismo periodo de 2025, cuando los ingresos sumaron $1,149 millones, lo que implica una caída interanual de $17 millones o 1.5%.

En términos prácticos, esto significa que, aunque el gobierno está recaudando más de lo esperado para 2026, todavía no logra igualar el ritmo de ingresos del año anterior.

Dentro de este total, los ingresos tributarios —es decir, los impuestos que pagan ciudadanos y empresas— sumaron $893.7 millones, lo que representa cerca del 79% de la recaudación total.

Aquí se incluyen tributos como el impuesto sobre la renta, el ITBMS en compras y servicios, así como impuestos vinculados a la importación y al consumo de combustibles.

Este segmento registró un aumento de $36.5 millones frente a 2025, mostrando que la base tributaria mantiene crecimiento, aunque no suficiente para compensar otras caídas.

Por otro lado, los ingresos no tributarios —que no provienen de impuestos— alcanzaron $237.1 millones, superando ampliamente lo presupuestado con un excedente de $65 millones.

En esta categoría se incluyen recursos como tasas, derechos, concesiones, servicios del Canal, así como aportes de empresas estatales o entidades públicas.

A pesar de superar la meta, estos ingresos registraron una disminución de $50.5 millones frente al año anterior, lo que explica en gran medida por qué el total acumulado no logra superar el nivel de 2025.

Al observar el comportamiento mes a mes, enero fue el periodo con mayor recaudación, con $606.2 millones, mientras que febrero cerró con $525.8 millones, lo que representa una caída de $80.4 millones entre ambos meses.

Esta reducción mensual muestra que el flujo de ingresos no es uniforme y puede variar dependiendo de factores como el calendario de pagos, la actividad económica y la ejecución de obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.

Aun así, el mes de febrero mostró una mejora frente al mismo mes de 2025. Los ingresos corrientes crecieron $13.4 millones, equivalente a un aumento de 2.6% interanual, impulsados principalmente por el desempeño de la recaudación tributaria.

Esto indica que, aunque hubo una caída respecto a enero, el sistema tributario mantiene una tendencia de crecimiento moderado cuando se compara con el año anterior.

En el detalle de febrero, los ingresos tributarios sumaron $420.8 millones, con un aumento de $20.6 millones frente a febrero de 2025, reflejando un crecimiento de 5.1%.

Este incremento estuvo impulsado por los impuestos indirectos, como el ITBMS, que crecieron 6.8%, así como por los impuestos directos, que aumentaron 3.5%, lo que sugiere un mayor dinamismo en el consumo y en la actividad económica.

En contraste, los ingresos no tributarios de febrero alcanzaron $104.9 millones, superando la meta en $8.7 millones, pero con una caída de $5.6 millones frente al mismo mes del año anterior. Dentro de este grupo, las tasas, derechos y otros ingresos representaron la mayor parte, consolidándose como el principal componente de este tipo de recursos.

Otro elemento que incide en la recaudación es el uso de documentos fiscales, que son mecanismos como créditos o compensaciones que el Estado reconoce a contribuyentes.

En enero se registraron $12.4 millones y en febrero $9.9 millones, para un total de $22.3 millones en el acumulado. Al incluir estos instrumentos, los ingresos totales ascienden a $1,154.3 millones, ampliando el monto efectivo que maneja el Estado.

En conjunto, las cifras reflejan un inicio de año en el que la recaudación supera lo previsto en el presupuesto, pero no alcanza los niveles del año anterior. La diferencia entre ambos resultados está marcada por la caída en los ingresos no tributarios, mientras que los ingresos por impuestos muestran una evolución más estable.

Esto deja un escenario mixto, donde el cumplimiento de metas convive con una menor captación frente a 2025, en un contexto de ajustes en la dinámica fiscal del país.

Mientras calificadoras y organismos internacionales consideran que Panamá debe ampliar su base impositiva para fortalecer la recaudación, el gobierno panameño ha descartado por ahora cualquier aumento de impuestos.

Las exportaciones peruanas de cobre con valor agregado enfrentan un nuevo escenario comercial tras la entrada en vigor de una medida arancelaria en Estados Unidos. La disposición, que impacta principalmente a manufacturas, podría comprometer cerca de USD 500 millones en envíos al mercado estadounidense, según estimaciones del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior.

El anuncio ha generado preocupación en el sector exportador, ya que introduce barreras a productos con mayor nivel de elaboración, mientras que las materias primas mantendrían condiciones de acceso sin cambios. Desde la Cámara de Comercio de Lima se advierte que esta diferenciación podría afectar la competitividad de la industria local en segmentos de mayor valor.

Manufacturas de cobre, las más golpeadas

El director ejecutivo del Idexcam, Carlos Posada, explicó que los bienes alcanzados por el nuevo esquema incluyen alambres, barras, perfiles, chapas, bandas, hojas y accesorios de cobre. Estos productos, al ingresar al mercado estadounidense, podrían enfrentar aranceles que llegan hasta el 50%.

“Se trata de bienes con mayor nivel de elaboración. En tanto, la afectación en productos de acero y aluminio sería menor”, manifestó. Esta precisión evidencia que la medida se enfoca en manufacturas más sofisticadas, lo que representa un reto para la estrategia exportadora peruana orientada a agregar valor.

En 2025, Perú registró envíos cercanos a USD 500 millones en productos de cobre y sus manufacturas hacia Estados Unidos, volumen que ahora estaría sujeto a las nuevas condiciones arancelarias.

Cambios en la política comercial estadounidense

La medida responde a una proclama presidencial impulsada durante la administración de Donald Trump, la cual actualiza el tratamiento arancelario para importaciones de acero, aluminio y cobre. Entre los principales cambios destaca la ampliación del universo de bienes gravados y, en algunos casos, la aplicación del arancel sobre el valor total del producto importado.

Este ajuste incrementa el costo de ingreso al mercado estadounidense para diversos productos manufacturados. Según el Idexcam, el impacto se concentra en artículos con mayor transformación industrial, mientras que los productos básicos mantienen su tratamiento previo.

“Si bien la medida preserva el acceso al mercado estadounidense para productos primarios, afecta la competitividad de las exportaciones peruanas con mayor valor agregado, particularmente en actividades como el trefilado, laminado y extrusión de cobre”, comentó Posada.

Materias primas quedan al margen y retos para el Perú

A diferencia de las manufacturas, las exportaciones de minerales de cobre, cátodos y chatarra, así como residuos de hierro, acero y aluminio, no se verían alcanzadas por el nuevo esquema arancelario. Esto implica que los envíos de menor procesamiento seguirán ingresando a Estados Unidos bajo las condiciones actuales.

Sin embargo, el hecho de que Perú no cuente con un trato preferencial dentro de esta medida limita su margen de respuesta frente a otros países competidores que sí podrían tener ventajas comerciales. Esta situación podría traducirse en una pérdida de posicionamiento en segmentos de mayor valor.

Ante este contexto, desde el gremio empresarial se subraya la necesidad de vigilar de forma constante las decisiones comerciales de los principales socios del país. Asimismo, se plantea como prioridad impulsar la diversificación de mercados y fortalecer la oferta exportable con mayor valor agregado, con el fin de reducir la exposición a cambios en políticas externas.

Este es el precio del cobre

El precio del cobre muestra movimientos recientes en torno a los niveles altos alcanzados a inicios de 2026. Al 8 de abril, la cotización internacional se ubica aproximadamente en USD 5,73 por libra, lo que equivale a más de USD 12 mil por tonelada en los mercados de referencia como la Bolsa de Metales de Londres. Este valor refleja una recuperación en los últimos días, luego de variaciones moderadas durante el mes, y confirma que el metal sigue cotizando en niveles elevados en comparación con años anteriores.

En el corto plazo, los futuros del cobre también se han movido en un rango cercano a los USD 5,6 a USD 5,7 por libra, con ligeras fluctuaciones diarias según las expectativas del mercado y la demanda industrial. A nivel más amplio, el precio promedio reciente ha rondado los USD 12.900 por tonelada, lo que evidencia una tendencia aún firme pese a algunas correcciones puntuales tras los máximos históricos registrados a comienzos del año.

Los impuestos más altos del mundo provocan que en nuestra vida cotidiana paguemos precios exorbitantes por los productos o que sean inaccesibles. Ejemplo de lo último es el préstamo de dinero.

Desde Lógica lanzamos en redes (@paisconlogica) una serie de spots viralizados en los que el “Tano” Pasman, el famoso hincha de River, explota a su estilo por el peso de los impuestos en compras de rutina. En el tercero, difundido en estos días, Pasman acompaña a su nieto al banco para que tome un préstamo para comprar un auto, resultando un crudo ejemplo del tremendo peso de los impuestos en nuestra vida cotidiana. La incidencia de los impuestos varía según los casos, pudiendo alcanzar el 60% del interés total (ABA/Adeba). Un dislate, aun mayor que el peso en alimentos, telefonía o indumentaria, más del 40% y hasta más del 50% del precio final. El empleado (Andy Olivera) les informa el siguiente tratamiento.

1. IVA al 21% sobre intereses. Esta tasa es la cuarta más alta, según un análisis comparativo de alícuotas y bases de 30 países (G20, Sudamérica, etc.). Los ciudadanos son peor tratados que las empresas (10,5%).
2. Ingresos Brutos al 9% sobre intereses, alícuota vigente en la mitad de las provincias. Según tal informe, de los muy pocos países con impuestos comparables, Argentina es lejos el más gravoso. En un origen, este impuesto aplicaba sobre el “spread” bancario (intereses recibidos menos intereses pagados), en general a un elevado 5%. Pero al menos la base era lógica, dado que la actividad de un banco es intermediar entre depósitos y préstamos. En 2004, el sistema se desmadró. La base pasó a ser el total de intereses, tal como gravar al deudor en cabeza del banco. Además, las alícuotas casi se duplicaron, siendo hasta diez veces las de otras actividades y comparables con las de juegos de azar. Cuatro datos evidencian el dislate: el aumento de base y alícuota multiplicó por cuatro veces o más el tributo; los $4,4 billones de ingresos brutos pagados por todos los bancos (2025) equivalen al 70% del total de sueldos de los bancos; a más del triple del total de impuesto a las ganancias; y a 1,5 veces toda su ganancia neta (ABA/Adeba).
3. Tasas de Inspección de Seguridad e Higiene al 7,5% sobre intereses, alícuota aplicable en Córdoba, La Plata y otras ciudades, lo que motivó el éxodo de sucursales a distritos menos gravosos. En general, las tasas municipales eran tradicionalmente insignificantes. Pero una mayoría de intendentes empezó a calcularlas sobre ingresos totales (no “spread”), replicando ingresos brutos y dejando de lado la natural base del costo del servicio recibido. El caso de Corte “Esso” (2021) era la oportunidad para ponerles un límite, luego de la audiencia pública en la que varios expertos recordaron que la tasa es conceptualmente incompatible con el cálculo sobre ingresos totales y que consentir esta base generaría un caos fiscal. Las asociaciones bancarias presentaron su escrito como “amigos del tribunal”, advirtiendo que con esa base se agravaría aún más la presión fiscal formal más alta del mundo (Banco Mundial). Pero la Corte no las convocó pese a aplicárseles las alícuotas más gravosas. Tampoco convocó a asociaciones de consumidores, siendo estos los que al final afrontan las tasas. La Corte terminó fallando en perjuicio de los consumidores, validando la base de ingresos totales, con un límite difuso que de nada sirve. Así, “impuestizó” las tasas e incentivó a que otros intendentes se excedieran con alícuotas cada vez más altas, en especial a los bancos, teniendo la Corte responsabilidad primaria por el descontrol de las tasas.
4. Pasman se ofusca al escuchar que se aplican tres impuestos sobre los mismos intereses. La responsabilidad desde siempre también es de la Corte que, con el virus del fallo Mataldi (1927), propagó la múltiple imposición (nacional, provincial y municipal), fogoneando la voracidad de los políticos. La Corte podría invocar el principio constitucional de razonabilidad y afirmar que el federalismo no puede justificar la aplicación de tres tributos sobre mismos hechos imponibles, menos aún si cada uno es de los más altos.
5. Impuesto de sellos del 1,2% (por ejemplo, en PBA) sobre el capital del préstamo, impuesto anacrónico que, según aquel estudio, es el más gravoso entre los pocos países que lo aplican; y el 1% de Tasa de Prevención Epidemiológica, aplicable, por ejemplo, en Morón (monto fijo). Podrían citarse decenas de otras tasas, como la de prevención ambiental que califica a los bancos como “grandes generadores” de residuos (Luján). Sorprenden esas tasas cuando más del 80% de las operaciones financieras son virtuales.

El nieto se frustra al ver que los impuestos le duplican la tasa neta. Por ejemplo, del 40 al 77 por ciento. Se tomó una tasa baja actual con fines comunicacionales, para que no luzca exagerado. Pero, si a una tasa neta de mercado del 72% se suman los tributos indirectos llega al 165%, más del doble. Así, los impuestos totales pueden llegar –más impuestos directos- al 60% de la tasa de interés, en casos de alícuotas de tributos y tasas de interés más altos (ABA/Adeba). Del total de impuestos, dos tercios son nacionales y un tercio locales; pero, post coparticipación, es al revés, dos tercios son recibidos por provincias e intendencias.

Toda una generación no tiene la menor idea de los beneficios de algo tan común como tomar un préstamo

Pasman vuelve a enojarse: “al final te compras un auto para vos y otro para el Estado” en impuestos. Es así e incluso peor. A esa tasa de interés se compran tres autos, uno por los tributos a la financiación y otro por los que aplican a la compra del auto (54%, Adefa). La promoción del revés: “compre tres, lleve uno”.

El nieto menciona que estos impuestos siempre estuvieron pero que ahora se deben visibilizar por la Ley del Ticket y que le da bronca que los gobernadores se los oculten. No es para menos. Mientras se muestran los impuestos nacionales en todo el país desde 2025, a 21 meses de la ley, ninguna provincia muestra hoy ingresos brutos y tasas municipales en los tickets. Las cuatro adheridas no reglamentan, otras dos avanzan lento y los otros 18 gobernadores guardan inaceptable silencio. El rechazo generalizado a bajar su gasto público e impuestos es feroz, al punto que hasta se resisten a mostrarlos, pese a que la Constitución los obliga. Pasman descubre que ocultar impuestos ha sido el ardid para que los políticos nos llevaran al deshonroso lugar de los países con los impuestos más altos del mundo. Por ello, desde Lógica exhortamos a la ‘Rebelión del Ticket’, ello es que, mientras los gobernadores (no) se adhieren, los comercios muestren en forma voluntaria los tributos provinciales y municipales en tickets, no habiendo sanciones para tal caso.

La última escena es elocuente. El joven quería un crédito para su primer auto 0 km mediano porque tuvo mellizos, pero los impuestos se lo terminaron convirtiendo en uno pequeño y muy usado. La realidad es aún peor. La gran mayoría se queda sin financiamiento y sin auto. La relación del crédito bancario al sector privado sobre PBI en los últimos cinco años promedió el 12% en Argentina y el 81% en Chile (Banco Mundial), casi siete veces más. Más grave es la situación en créditos a hogares, la relación actual es un ínfimo 5% en Argentina y un 45% en Chile (Trading Economics), nueve veces más. La principal explicación pasa por los impuestos (más el costo de fondeo, inflación, etc.). Es inaceptable que la gran mayoría de gobernadores e intendentes, incentivados por la tolerancia generalizada de los jueces, se hayan ensañado tanto con todos aquellos que pretenden simplemente tomar un préstamo. Su voracidad aniquiló el crédito.

Se está demostrando que los encomiables esfuerzos del actual Gobierno con su batalla cultural no son suficientes

A diferencia de quienes vivenciaron los ’90, toda una generación no tiene la menor idea de los beneficios de algo tan común como tomar un préstamo. Tener este nivel de gasto público y los impuestos más altos, es no solo un gravísimo problema para las empresas del sector formal, sino que, sin ser conscientes, nos afecta fuertemente a todos en la vida cotidiana.

Se está demostrando que los encomiables esfuerzos del actual Gobierno con su batalla cultural no son suficientes. Es imperioso que desde la sociedad civil nos involucremos profundamente exigiendo, como primer paso, que los gobernadores nos transparenten los tributos locales, para luego –conciencia fiscal mediante– exigir que bajen sustancialmente sus gastos e impuestos. Esto para que la sociedad civil ponga los límites a los políticos que la gran mayoría de los jueces renunció a aplicar. Y para así lograr tener impuestos lógicos, gastos lógicos y, en suma, un país lógico.

El jueves 9 de abril de 2026, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno había decretado por un periodo de 30 días el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.

La decisión fue adoptada por la Sala Plena a través de la Sentencia C-075 de 2026, correspondiente al expediente RE-387, con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis. La medida, que había sido suspendida provisionalmente desde el 29 de enero de 2026 por una votación de seis magistrados contra dos, tenía como objetivo facultar al Ejecutivo para implementar un paquete de reformas fiscales orientadas a recaudar cerca de $11 billones, con el propósito de enfrentar lo que el Gobierno ha calificado como una crisis fiscal y social.

En una declaración públca que ofreció la Corte, tras declarar inexequible la emergencia económica del Gobierno, el magistrado Camargo Assís señaló: “El decreto 1390 de 2025 vulneró los principios democráticos y de separación de poderes en la medida en que el Gobierno nacional se apropió de competencias de otras ramas del poder público sin cumplir con los requisitos constitucionales que habilitan un estado de excepción”.

Lo que proponía el Gobierno con la emergencia económica

El conjunto de medidas fiscales contemplado en el decreto incluía modificaciones significativas, entre ellas el incremento del IVA aplicado a licores, que pasaría del 5% al 19%, así como un aumento del 15% en el impuesto de renta para las entidades financieras, elevando la tarifa hasta el 50%.

De igual forma, se proponía la creación de un esquema de triple tributación para el sector minero-energético. Este contemplaba un gravamen del 1% sobre la comercialización o exportación de carbón y petróleo, una contribución del 2,5% sobre las utilidades destinada a financiar a la Superservicios y la obligación de entregar el 12% de la energía negociada en bolsa. A esto se sumaban otras disposiciones como el incremento de $11.200 por cada cajetilla de 20 cigarrillos y un aumento del 30% en el impuesto a los vapeadores, entre otras medidas.

Asimismo, el decreto planteaba la permanencia del impuesto al patrimonio con tarifas progresivas entre el 0,5% y el 5% para personas con activos superiores a $2.094 millones a partir de 2026. También se incluía la aplicación del 19% de IVA a bienes catalogados como de lujo, tales como yates y motocicletas de alto cilindraje, así como a los ingresos derivados de apuestas en línea.

El Gobierno sustentó la declaratoria de emergencia en la existencia de un “déficit de riesgo”, señalando que la situación fiscal no solo respondía al desbalance entre ingresos y gastos, sino a la posibilidad de incumplir obligaciones financieras, especialmente el pago de la deuda pública, lo que tendría impacto en el sistema de seguridad social.

En ese contexto, el Ejecutivo advirtió que la eventual anulación del decreto implicaría la caída del paquete fiscal, lo que generaría dificultades en la financiación de políticas económicas y sociales.

La decisión de la Corte

En su determinación, el alto tribunal resolvió retirar del ordenamiento jurídico el decreto que sustentaba la declaratoria de emergencia, una figura que permitía al Ejecutivo expedir normas con fuerza de ley en contextos excepcionales. Con esta decisión, el decreto pierde vigencia y deja de producir efectos jurídicos.

De acuerdo con la información oficial, la Sala Plena no solo se pronunció sobre el Decreto 1390 de 2025, sino que también evaluó la situación de otras disposiciones expedidas en su desarrollo. En ese sentido, la Corte dispuso que los Decretos Legislativos 1474 de 2025 y 044 de 2026 “continuarán sin producir efectos” hasta tanto se adopte una decisión definitiva sobre su constitucionalidad.

En la ponencia sometida a consideración, el magistrado Carlos Camargo Assis había propuesto declarar la inconstitucionalidad total del decreto, al considerar que los hechos invocados por el Gobierno no cumplían con los requisitos de imprevisibilidad y excepcionalidad exigidos por la Constitución Política. En ese contexto, sostuvo que el decreto constituye “una afrenta al funcionamiento del Congreso de la República”, en la medida en que respondería a un desacuerdo político derivado de la negativa legislativa.

La decisión, adoptada el jueves 9 de abril, no fue unánime. Los magistrados Héctor Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade salvaron parcialmente el voto, lo que refleja diferencias frente a algunos aspectos de la determinación mayoritaria.

Hasta el momento no se conocen los argumentos de estos salvamentos parciales, los cuales serán expuestos en el texto completo de la sentencia que se dará a conocer en los próximos días.

El sistema tributario español impone una elevada carga al trabajo, lo que desincentiva la búsqueda de empleo y la creación de puestos de trabajo, según un informe presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El documento, titulado Fundamentos para el Crecimiento y la Competitividad, reclama una revisión profunda del modelo fiscal de España y promueve un cambio hacia gravámenes “menos distorsionadores” como el IVA y los impuestos ambientales, además de una reducción gradual de las prestaciones sociales para reforzar los incentivos laborales.

La advertencia de la OCDE llega tras analizar la evolución reciente de la economía española, donde la brecha de ingresos con los países más avanzados “se ha reducido recientemente”, atribuida al “sólido y constante crecimiento del PIB de los últimos años”, recoge el informe.

La organización, con sede en París, reconoce el progreso en productividad y creación de empleo, aunque subraya que las tasas de paro siguen siendo elevadas en comparación con la media de la zona euro y los principales países miembros del organismo.

Recomendaciones fiscales

El informe recalca que el sistema tributario español “presenta varias deficiencias que dificultan la productividad y el rendimiento de los ingresos, ya que impone una alta carga al trabajo”. Este diseño fiscal, a juicio de la organización, desincentiva la contratación y la búsqueda de empleo, al tiempo que reduce la competitividad empresarial.

El análisis también advierte sobre el “sesgo hacia la deuda sobre el capital” que tiene el modelo fiscal español, lo que resta incentivos a la inversión y la innovación. Varios gastos fiscales, como las exenciones y los tipos reducidos del IVA, “disminuyen la neutralidad y reducen la base imponible”, según el diagnóstico del ‘think tank’ de las economías avanzadas.

Frente a este panorama, recomienda a España “reequilibrar la composición impositiva hacia impuestos menos distorsionadores como el IVA y las tasas ambientales, así como reducir gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos laborales sin penalizar las ganancias de ingresos”.

Productividad y retos del mercado laboral

El informe presentado también destaca que España “ha mostrado un desempeño positivo en la productividad laboral por hora desde 2022, junto con una fuerte creación de empleo, pero aún mantiene una brecha significativa con la zona euro y los principales países de la OCDE”. Según la organización, “un mayor crecimiento de la productividad y la gestión del envejecimiento de la población requieren un mercado laboral flexible y un sector empresarial dinámico”.

Aunque el mercado de trabajo ha mejorado de forma notable en los últimos años, la tasa de empleo en España continúa por debajo de la media europea y de la OCDE. El informe apunta que “las tasas de paro siguen siendo elevadas, especialmente entre los jóvenes”, lo que limita el potencial de crecimiento y cohesión social.

La OCDE subraya la importancia de fortalecer las políticas activas del mercado laboral y de modernizar las oficinas públicas de empleo regionales. Propone “reforzar el papel de las oficinas públicas de empleo regionales mediante la digitalización, el aumento de personal y una mayor colaboración con el sector privado”, así como ampliar las opciones de formación flexible y a distancia para facilitar el acceso a la capacitación profesional.

Aumentar la inversión

En el ámbito de la inversión y la adaptación al cambio climático, el documento advierte que España se enfrenta a “crecientes costes económicos y fiscales derivados de los desastres relacionados con el clima”. La política de adaptación española está alineada con las mejores prácticas internacionales, pero su implementación resulta desigual según la región y el municipio.

La OCDE destaca que el país “ha incrementado significativamente la generación de electricidad renovable al tiempo que ha reducido los precios mayoristas”, aunque persisten obstáculos vinculados a la congestión de la red y los retrasos en la tramitación de permisos.

Para superarlos, la organización considera una prioridad “ampliar la inversión en infraestructura de red” y mejorar la coordinación entre administraciones para armonizar las políticas de prevención y reforzar las capacidades municipales.

El informe también incide en la necesidad de agilizar los procesos de concesión de permisos y de acelerar la inversión en infraestructura de resiliencia y preparación ante desastres, incluidas las interconexiones energéticas.

Impulsar la innovación y la digitalización en las pymes

El organismo identifica otro desafío estructural en la baja tasa de innovación del tejido empresarial español. Considera que el porcentaje de empresas innovadoras en España es inferior al de la mayoría de los países de la organización. El gasto empresarial en investigación y desarrollo (I+D) se encuentra igualmente por debajo de los países con mejores resultados.

Reconoce que las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas afrontan barreras adicionales: acceso limitado a mano de obra cualificada y dificultades para obtener financiación externa. El informe recomienda “simplificar los procedimientos de solicitud y reembolso para acceder a las ayudas públicas a la I+D mediante una plataforma digital de ventanilla única”.

Así como promover el uso de financiación basada en el mercado y ampliar los servicios de asesoramiento digital y formación, incluyendo “el uso de IA, infraestructura y servicios en la nube y análisis de datos”.

Mejorar la formación profesional y la movilidad laboral

La inversión en capital humano ocupa un lugar central en las propuestas de la OCDE. La organización apuesta por “apoyar a quienes abandonan prematuramente los estudios y promover el aprendizaje y la mejora de las competencias de los adultos” a través de planes flexibles de formación profesional, con especial foco en la FP dual.

La OCDE considera que mejorar la capacitación y la movilidad laboral resulta clave para cerrar las brechas con el entorno europeo y aumentar la participación en el mercado de trabajo. El informe sugiere ampliar la oferta de formación a distancia y adaptarla a los diferentes horarios y necesidades, con el objetivo de facilitar el acceso a la formación y el perfeccionamiento profesional a un mayor número de personas.

El calendario de vencimientos para el reporte de información exógena del año gravable 2025 comienza en abril en Colombia, lo que representa “una obligación ineludible para ciudadanos y empresas”, según informó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). El proceso, regulado por resoluciones recientes, exige a millones de contribuyentes cumplir plazos específicos conforme al número de identificación tributaria (NIT) y establece sanciones en caso de incumplimiento.

Al respecto, la entidad recordó que “la obligatoriedad para el 2025 es absoluta y constituye la base para las declaraciones sugeridas y el control tributario nacional”.

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Los que deben presentar información exógena por el año gravable 2025 en Colombia están sujetos a fechas determinadas según el tipo de contribuyente. Estas fechas varían para grandes contribuyentes, personas jurídicas y naturales, así como para reportes institucionales específicos. Los montos que obligan al reporte se expresan en unidades de valor tributario (UVT) y pesos, y los plazos van desde finales de abril hasta agosto de 2026 para ciertos informes.

Como se recordará, la información exógena recoge los datos sobre operaciones de personas naturales y jurídicas con terceros, que se deben entregar cada año a la autoridad tributaria. De acuerdo con esta, “el reporte de información exógena es la base para las declaraciones sugeridas y el control tributario en el país”. El sistema permite detectar discrepancias y refuerza la lucha institucional contra la evasión y el contrabando.

Fechas clave y plazos para declarar información exógena

Para lo que corresponde al año gravable 2025, el calendario es el siguiente:

• Grandes contribuyentes: del 28 de abril al 13 de mayo de 2026.
• Personas jurídicas y naturales: disponen de plazo entre el 14 de mayo y el 12 de junio de 2026.

El calendario está determinado por los dígitos finales del NIT de cada contribuyente. Existen además plazos adicionales:

• Registraduría Nacional: debe reportar el primer día hábil de marzo
• Ministerio de Cultura: durante los primeros 15 días del mes siguiente a cada trimestre;
• Los reportes de estados financieros consolidados y enajenantes de acciones hasta el 30 de junio de 2026,
• Alcaldías y distritos: respecto al impuesto de industria y comercio (ICA), hasta el 31 de agosto de 2026.

Recordó la Dian que sigue disponible la opción de reportar de manera voluntaria la información de los años 2021 a 2024 mediante los formatos habilitados. Sin embargo, la entidad enfatiza que para el año gravable 2025 la presentación es obligatoria.

Herramientas y recursos oficiales para el reporte 2025

Con el fin de facilitar el cumplimiento, la Dian habilitó la cartilla de presentación de información por envío de archivos 2026, una guía que explica paso a paso el proceso de carga y los requisitos técnicos exigidos.

Además, puso a disposición los prevalidadores de información tributaria, que son herramientas digitales gratuitas, accesibles desde la página oficial. Estos instrumentos ayudan a evitar errores durante la presentación y previenen el rechazo de la información.

Toda la documentación de apoyo, el calendario de vencimientos y las asistencias digitales pueden consultarse en el portal institucional de la Dian.

Criterios de obligatoriedad y topes para personas naturales y jurídicas

La Resolución 000162 de 2023 y la Resolución 000188 de 2024 establecen quiénes están obligados a suministrar información exógena. Las personas jurídicas deben atenerse a los topes generales de ingresos y las condiciones específicas señaladas por sector o actividad.

Para las personas naturales, la obligación surge solo cuando concurren dos condiciones:

• Superar ingresos brutos por 11.800 UVT, equivalentes a $587.628.200
• Cuando la suma de las rentas de capital y/o no laborales excede 2.400 UVT, es decir, $119.517.600 durante el año gravable 2025.

Según la Dian, el ingreso bruto “corresponde al valor total realizado o causado, sin descontar retenciones practicadas, ya sea en Colombia o en el exterior”. Esto implica que se consideran los valores globales antes de impuestos, incluidas las rentas obtenidas fuera del país, sin deducción de retenciones.

Si la persona natural no supera ambos umbrales, no queda obligada a reportar, salvo en los casos particulares previstos por la normativa vigente. Las personas jurídicas deben verificar los criterios según su actividad en el portal de la Dian.

Normativa actual para la información exógena

La presentación de información exógena para el año gravable 2025 se rige por la Resolución 000162 de 2023 y la Resolución 000188 de 2024. Se recomienda consultar ambos documentos oficiales en su sitio web ante cualquier duda sobre las condiciones y procesos.

Asimismo, los cambios establecidos en 2025 mediante la Resolución 000233 y la Resolución 000237, enfocados en formatos y lineamientos técnicos, aplicarán para la información reportada por el año gravable 2026. Por tanto, para el reporte del 2025, continúan vigentes las resoluciones anteriores.

De igual forma, las normas y conceptos técnicos deben seguirse conforme al artículo 631 del Estatuto Tributario y las reglamentaciones asociadas a las resoluciones expedidas por la Dian.

Importancia del cumplimiento y control contra evasión

La información exógena es clave para que la autoridad tributaria detecte inconsistencias y refuerce los mecanismos contra la evasión y el contrabando. Cumplir adecuadamente facilita la generación de declaraciones sugeridas y promueve la transparencia en la economía.

Por supuesto, hay sanciones económicas para quienes omitan, reporten fuera de plazo o presenten datos incorrectos en los informes exógenos. El uso de herramientas digitales y la consulta del calendario de vencimientos son fundamentales para evitar inconvenientes y cumplir de manera eficiente con esta obligación fiscal.

El reporte de información exógena otorga a la entidad tributaria la capacidad de fortalecer la supervisión tributaria en Colombia, lo que anticipa inconsistencias y respalda un mayor control fiscal.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció este 7 de abril la autorización de 2 mil 179 millones en devoluciones de saldo a favor por impuesto sobre la renta (ISR) correspondientes a la Declaración Anual 2025 de personas físicas.

Según el SAT, en su comunicado oficial de este 7 de abril, la devolución de saldo a favor ya ha beneficiado a 608 mil 119 contribuyentes.

El organismo informó que el dinero se depositará con un plazo promedio de tres días, lo que representa un periodo sustancialmente inferior al máximo de 40 días previsto en el Código Fiscal de la Federación.

SAT señaló que hasta las 8:00 am de la misma fecha se habían presentado 2 millones 628 mil 571 declaraciones de personas físicas.

SAT establece multas de más de 40 mil pesos en fallas en la declaración anual

El SAT aplica multas de hasta 41 mil 590 pesos por cada omisión en la presentación de la declaración anual de impuestos, lo que puede derivar en consecuencias económicas de largo plazo e incluso la suspensión digital necesaria para emitir facturas.

Esta sanción no solo implica una penalización monetaria sino que también puede acarrear recargos y restricciones administrativas, afectando directamente el acceso a créditos y la operatividad financiera de los contribuyentes.

A diferencia de lo que muchos suponen, la multa se aplica por cada declaración omitida, por lo que una persona con diez omisiones podría enfrentar diez cargos económicos independientes. Además, el SAT contempla circunstancias agravantes; los atrasos reiterados o un historial de incumplimientos pueden incrementar el monto final del castigo económico.

Para quienes buscan regularizarse antes de que el SAT emita un requerimiento formal, existe la posibilidad de que la multa se reduzca significativamente o incluso no se aplique, siempre que la declaración llegue antes de una notificación oficial. Si el contribuyente presenta su declaración solo días después del plazo y aún no ha sido requerido, la sanción suele no implementarse de inmediato.

El SAT permite, en caso de que la persona ya haya sido requerida pero aún no exista una resolución formal, obtener descuentos en la multa que oscilan entre el 20% y el 60%.

Además, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ofrece asesoría para reducir aún más el impacto de la multa a través de recursos de revocación o acuerdos conclusivos.

Además de sanciones económicas, el SAT puede establecer otros castigos

Si transcurre un mes desde el vencimiento de la obligación sin que se presente la declaración, el SAT puede restringir o cancelar el certificado de sello digital, herramienta indispensable para la emisión de facturas electrónicas. Esta restricción puede durar hasta que la situación se regularice, afectando severamente el flujo de ingresos del contribuyente, quien quedaría incapacitado para facturar en tanto persista la sanción administrativa.

Esta interrupción en la posibilidad de facturar puede generar pérdidas económicas inmediatas y hacer que el contribuyente sea incorporado a la lista de personas con incumplimientos fiscales. Si la autoridad fiscal no recibe respuesta, la cancelación del certificado puede volverse definitiva y el usuario tendría que solicitar uno nuevo, atravesando otro proceso administrativo.

En las últimas semanas, el pago del impuesto predial en Bogotá avanza con cientos de miles de contribuyentes que ya han cumplido con la obligación tributaria, en medio del calendario establecido por el Distrito.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, con corte a marzo ya habían pagado 784.946 ciudadanos, lo que representa un recaudo de 1,13 billones de pesos, citado por Revista Semana.

Estas cifras se registran dentro del cronograma fijado para el pago del predial en 2026, que incluye fechas clave y beneficios para quienes cumplen anticipadamente con esta obligación.

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Avance del recaudo y meta del Distrito

El Distrito estableció como meta de recaudo por impuesto predial para este año un total de 5,22 billones de pesos.

De ese monto, una parte significativa podría ingresar antes del vencimiento del plazo con descuento, teniendo en cuenta el comportamiento histórico de los contribuyentes.

Para referencia, el recaudo previsto en 2025 fue de 4,8 billones de pesos, lo que muestra un incremento en la meta para el presente año.

El número de personas que ya han pagado refleja el avance del proceso en las primeras etapas del calendario tributario.

Fecha clave para pagar con descuento

Uno de los puntos centrales del calendario es el plazo para acceder al descuento por pronto pago.

Hasta el 17 de abril, los propietarios de inmuebles en Bogotá pueden obtener un 10 % de rebaja en el valor del impuesto.

Después de esta fecha, el pago podrá realizarse, pero sin el beneficio económico.

Este descuento es uno de los principales incentivos para que los contribuyentes cumplan anticipadamente con la obligación.

Por ejemplo, si una persona debe pagar 1.500.000 pesos, con el descuento el valor se reduce a 1.350.000 pesos.

Opciones de pago y fechas posteriores

Para quienes opten por el pago por cuotas, el calendario establece como fecha límite de inscripción el 8 de mayo.

Posteriormente, los pagos se distribuyen en varias fechas durante el año: el 5 de junio, el 14 de agosto, el 2 de octubre y el 4 de diciembre de 2026.

En el caso de quienes prefieran pagar el total sin descuento, el plazo máximo sin intereses será hasta el 10 de julio.

Estas opciones permiten a los contribuyentes elegir la modalidad que mejor se ajuste a su situación económica.

Comportamiento de los contribuyentes

Según lo manifestado por la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, el descuento por pronto pago es un factor determinante en el cumplimiento.

“Alrededor del 80 % de los contribuyentes pagan con ese beneficio”, señaló la funcionaria, citada por ese medio de comunicación.

Este comportamiento explica por qué los primeros meses del calendario concentran una parte importante del recaudo anual.

El avance registrado hasta marzo muestra el impacto de este incentivo en la respuesta de los ciudadanos frente a la obligación tributaria.

Importancia del predial en las finanzas del Distrito

El impuesto predial es una de las principales fuentes de ingresos para el Distrito, lo que lo convierte en un componente clave para la financiación de proyectos y servicios públicos.

El cumplimiento de esta obligación por parte de los ciudadanos incide directamente en la capacidad financiera de la administración local.

Por esta razón, las autoridades han insistido en la importancia de respetar las fechas establecidas y aprovechar los beneficios disponibles dentro del calendario tributario.

El proceso de recaudo continúa mientras se acerca el vencimiento del plazo con descuento, en un momento clave para las finanzas de la ciudad.

La carga impositiva sobre el sector industrial en la provincia de Buenos Aires genera preocupación entre los empresarios, que advierten sobre el impacto real de los tributos en comparación con lo establecido por ley. El peso de Ingresos Brutos, sumado a las elevadas tasas municipales, alimentan el malestar en un escenario de caída de la actividad, cierre de empresas y competencia desleal frente a los productos importados.

Según un informe de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), encabezada por Alejandro Gentile, la presión tributaria efectiva del impuesto sobre los Ingresos Brutos asciende a 4,7% del valor agregado, muy por encima de la alícuota legal del 1,5 por ciento. El nivel registrado también supera al de otras provincias con similar matriz productiva, como Santa Fe (3,6%) y Córdoba (3,5%).

El estudio advierte que la carga impositiva real difiere de la establecida por ley debido al “efecto cascada” a lo largo de la cadena productiva. En general, por ese motivo, Ingresos Brutos suele considerarse el tributo más “distorsivo”. El Gobierno nacional instó en reiteradas ocasiones a las provincias a que lo reduzcan, aunque las cuentas están ajustadas. De hecho, el Ejecutivo debió otorgar un anticipo en materia de coparticipación de hasta $400.000 millones a 12 provincias.

Esto ocurre también en otras actividades. Por caso, en los servicios personales la alícuota legal es de 3,5%, mientras que la carga efectiva asciende a 18,4 por ciento. En comercio, la relación es de 5% y 23,5%, respectivamente.

“Es destacable el incremento de la presión tributaria respecto de la alícuota teórica en la industria dado el uso de insumos intermedios. Ingresos Brutos se calcula sobre una Base imponible cercana al Valor Bruto de Producción (VBP) en la industria”, señaló el informe.

Así, la UIPBA comenzó a delinear un esquema para avanzar en una reducción progresiva de dicho impuesto, planteando mecanismos compensatorios, con la intención de presentárselo al gobierno de Axel Kicillof. La iniciativa parte de un dato clave: casi el 14% de la recaudación de ese tributo proviene del sector industrial.

Asimismo, la entidad iniciará acciones legales contra ciertos municipios por las altas tasas de seguridad e higiene, consideradas “un abuso legalizado”. Señalaron que es probable que más firmas abandonen aquellos distritos que cobren cargos excesivos.

El reclamo, comentan fuentes de la industria, surge en medio de un pesimismo generalizado por la caída de la actividad y de una fuerte apertura de importaciones, con foco en China, cuyos productos no pagan la misma carga impositiva que los producidos localmente.

Cuentan que, en la práctica, no reciben respuesta del gobierno bonaerense para “nivelar la cancha”, como suele decir la UIA, y advierten que, de continuar esta dinámica, la recaudación va a desplomarse de todos modos debido a una menor cantidad de fábricas funcionando.

En ese sentido, desde noviembre de 2023, Argentina contabilizó la desaparición de 21.339 empresas privadas empleadoras. La provincia de Buenos Aires lideró el impacto, con una pérdida de 5.832 compañías.

Los industriales bonaerenses no tienen buenas expectativas para este año y creen que el cierre de compañías va a continuar. Además, manifiestan que es necesario un plan industrial en la jurisdicción, algo que en la actualidad -afirman- no hay.

Santa Fe y Córdoba, otras dos provincias con marcado perfil industrial, también registraron importantes retrocesos en los últimos dos años. En la primera dejaron de operar 2.309 empresas y en la segunda, 3.884, de acuerdo con datos de Politikon Chaco.

En Córdoba, el sector más afectado fue el comercio, con 1.027 cierres, seguido por transporte y almacenamiento, con 996, y la industria manufacturera, que perdió 218 firmas.

En Santa Fe, la mayor reducción correspondió a transporte y almacenamiento, con 1.130 empresas menos; luego la industria, con 292, y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 230 cierres.

Los ingresos tributarios del Gobierno Central de Perú en marzo de 2026 alcanzaron S/ 16.682 millones, lo que representa un crecimiento de 11,6% respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con datos difundidos por la SUNAT. Con este resultado, se completan 22 meses consecutivos de aumento en la recaudación nacional.

El incremento registrado se atribuye principalmente al desempeño de la economía en febrero, cuando el Producto Bruto Interno (PBI) aumentó cerca de 2,8% y la demanda interna lo hizo en 4,3%. Este dinamismo se reflejó especialmente en el crecimiento de 19,7% de las importaciones, que tuvo impacto en las obligaciones liquidadas el mes siguiente.

Crecimiento de la recaudación: cifras y factores económicos

Otro factor influyente fue la campaña de regularización anual del Impuesto a la Renta para el ejercicio 2025, iniciada el 26 de marzo y vigente hasta el 10 de junio, especialmente relevante en el sector minería, debido a un incremento de las utilidades empresariales reportadas, según indicó SUNAT en su informe.

El contexto internacional también favoreció la recaudación por el aumento de los precios del cobre y el oro, principales metales de exportación del país. Esta situación elevó los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta de las empresas relacionadas con estos productos.

El impacto de la minería y los precios internacionales

Entre las medidas que contribuyeron a la expansión tributaria se encuentran el impacto de acciones de cierre de brechas tributarias ejecutadas por SUNAT y la aplicación de nuevas normas.

Destacan el Decreto Legislativo N.º 1623, que estableció el cobro de IGV a servicios digitales y recaudó S/ 54 millones en marzo, así como la Ley N.º 31557 y el Decreto Legislativo N.º 1644, vinculados al Impuesto a los juegos y apuestas deportivas a distancia y el ISC a esas actividades, que generaron S/ 165 millones en conjunto.

El Decreto Supremo N.º 115-2024-EF fijó desde enero de 2026 una nueva tasa de ISC a la cerveza equivalente a 0,047% de la UIT, en un contexto en el que la UIT es de S/ 5.500.

Nuevas normas y acciones de SUNAT refuerzan los ingresos

Por otro lado, la recaudación se vio afectada negativamente por la caída de 5,8% en el tipo de cambio frente a marzo de 2025, un efecto que incidió en los ingresos tributarios relacionados con importaciones y exportaciones.

También influyeron disposiciones como el Decreto Legislativo N.º 1634, que dispuso un fraccionamiento especial para deudas tributarias recaudando este año S/ 12 millones frente a los S/ 155 millones del año anterior, y la Ley N.º 31903, que permite la libre disposición de fondos en cuentas de detracciones de empresas MYPE, disminuyendo los flujos de cobranza de deuda.

La Ley N.º 32219 mantuvo la tasa reducida del 8% de IGV para micro y pequeñas empresas de los rubros restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos y servicios de catering, mientras que la Ley N.º 31962 modificó la aplicación de intereses en devoluciones y actualización de multas.

Resultados por tipo de impuesto: Renta, IGV e ISC

Por tributos, el Impuesto a la Renta generó S/ 9.618 millones durante marzo, cifra que supone un alza de 17,1% frente al mismo mes de 2025.

Se verificaron aumentos en regularización (15,9%), pagos a cuenta de tercera categoría y RMT (23,8%), así como en primera (20%) y quinta categoría (4,7%), sujetos no domiciliados (18,7%), RER (12,4%) y otras rentas (17,6%). En contraste, descendieron las recaudaciones por renta de segunda categoría (-1,8%) y cuarta categoría (-0,4%).

La recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) sumó S/ 8.300 millones, un crecimiento de 8,7% respecto a marzo de 2025. El IGV interno aportó S/ 4.882 millones, con un crecimiento interanual de 13,3%, mientras el derivado de importaciones ascendió a S/ 3.418 millones (2,7% más), sostenido por el incremento de las importaciones a pesar de un tipo de cambio más bajo.

Juegos, apuestas y servicios digitales: nuevos aportes a la recaudación

En el caso del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), se reunieron S/ 950 millones, equivalentes a una subida de 24% comparado con el año previo.

El incremento obedeció tanto a mayores pagos por combustibles gravados (56,1%) como a una expansión en el pago del impuesto sobre cervezas y el inicio de la recaudación sobre juegos y apuestas a distancia (S/ 48 millones, de los cuales S/ 21 millones correspondieron a pagos extraordinarios derivados de acciones de fiscalización de SUNAT).

SUNAT: devoluciones tributarias y factores que restaron ingresos

La recaudación de otros ingresos fue de S/ 1.007 millones, 10,7% más que en marzo de 2025. Destacan, dentro de este rubro, los casinos y tragamonedas, así como los juegos y apuestas deportivas a distancia, que alcanzaron S/ 117 millones, de los cuales S/ 90 millones correspondieron a pagos extraordinarios realizados por un importante contribuyente como resultado de fiscalizaciones.

Por el contrario, descendieron los pagos por fraccionamientos (-35,9%) y los ingresos como recaudación ICR (-39,4%).

Finalmente, las devoluciones de impuestos en marzo sumaron S/ 3.353 millones, registrando un incremento de 22% respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con lo informado por SUNAT.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede iniciar revisiones cuando detecta que la información de un contribuyente no coincide con lo que tiene registrado en sus sistemas. Esto no ocurre de forma automática ni sorpresiva, sino a partir de señales concretas como declaraciones no presentadas, datos incompletos o diferencias entre ingresos reportados y comprobantes fiscales.

Una de las primeras alertas es el llamado requerimiento de obligaciones omitidas. Esto sucede cuando el SAT identifica que no se presentó una declaración en el plazo correspondiente. En ese caso, envía un aviso (al buzón tributario) en el que señala qué falta y solicita que se regularice la situación.

El trámite de respuesta se hace en línea, a través de “Mi portal”, donde el contribuyente debe ingresar con su RFC y contraseña, explicar el motivo y adjuntar documentos que respalden su aclaración.

Otro escenario se presenta cuando la autoridad cruza información de distintas fuentes, como facturas electrónicas, declaraciones de terceros o reportes de pagos. Si encuentra diferencias, puede emitir un oficio para pedir explicaciones o incluso solicitar una entrevista de vigilancia profunda, que puede ser presencial o en línea.

En esas entrevistas, el SAT expone directamente las inconsistencias detectadas y da un plazo para corregir o justificar la información. También puede pedir aclaraciones por correo electrónico, dependiendo del tipo de caso.

En la práctica, este tipo de revisión se puede detectar porque el contribuyente empieza a recibir notificaciones formales o invitaciones a aclarar su situación. No es un proceso inmediato de sanción, pero sí un seguimiento más detallado de la información fiscal.

¿Cómo evitar la revisión profunda?

Para evitar entrar en este tipo de revisión, lo más importante es cumplir con las declaraciones en tiempo y forma y asegurarse de que los datos coincidan con los registros del propio sistema fiscal. Las diferencias entre lo declarado y lo facturado son el principal motivo que detona estos procesos.

También es posible corregir errores antes de que escalen, siempre que el contribuyente responda dentro de los plazos establecidos y entregue la documentación necesaria para justificar o ajustar su información.

En general, la llamada “revisión profunda” no es una sanción en sí misma, sino un mecanismo de verificación para confirmar que la información fiscal es consistente. Detectarla a tiempo depende, sobre todo, de estar atento a los avisos y responder dentro de los tiempos que marca la autoridad.

El costo de acceder a préstamos bancarios en la Argentina se ubica entre los más elevados del mundo, según datos técnicos sectoriales y análisis de expertos. Una de las principales razones radica en la elevada carga tributaria que recae sobre estas operaciones, donde impuestos nacionales, provinciales y municipales absorben hasta el 77% de la tasa de interés total que paga quien solicita un crédito.

De acuerdo con cifras de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la incidencia de impuestos sobre el costo financiero de un préstamo bancario asciende al 48% en casos habituales, como los relevados en La Plata, la Ciudad de Córdoba y otras jurisdicciones relevantes del país. En préstamos sujetos a tasas de interés más elevadas, este porcentaje supera el 60%, lo que agrava aún más el acceso al financiamiento formal.

El impacto tributario se desglosa en diferentes niveles de gobierno. Los tributos recaudados por la Nación explican el 25% de la tasa de interés total, mientras que las provincias incorporan un 8% y los municipios, un 4%. De esta manera, la suma de las cargas fiscales representa 37 puntos porcentuales sobre el total pagado en concepto de intereses.

Además, el sistema de coparticipación federal redistribuye parte de estos ingresos fiscales. Los municipios terminan recibiendo el 6% de la tasa total, las provincias el 18% y la Nación el 13%. Este mecanismo evidencia cómo el costo de un préstamo no solo financia a los bancos, sino que también sostiene la estructura fiscal de distintos niveles estatales.

El análisis estadístico permite observar que, descontando la carga impositiva, la tasa de interés neta que efectivamente perciben las entidades financieras es del 40%. Esto significa que el resto del costo que afronta el tomador del crédito se dirige a las arcas del Estado, lo cual genera controversias y reclamos en diversos sectores de la sociedad.

La estructura tributaria que se aplica sobre los préstamos bancarios incorpora impuestos nacionales como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, mientras que a nivel provincial predominan gravámenes como Ingresos Brutos y, en algunas jurisdicciones, sellos. Por su parte, los municipios también perciben tasas administrativas que añaden presión sobre el costo de financiarse.

El efecto acumulativo de estos tributos genera una situación en la que el usuario que solicita un préstamo para consumir o invertir termina financiando, en gran parte, al Estado en sus diferentes niveles. La suma de estos porcentajes influye de manera directa en la tasa de interés efectiva, que se ubica muy por encima de la media internacional.

En algunas plazas, la presión fiscal resulta aún mayor debido a la superposición de tasas y contribuciones locales. Las diferencias entre jurisdicciones pueden modificar sustancialmente el costo final de acceder a un crédito, ya que cada provincia y municipio cuenta con esquemas tributarios propios. Los datos relevados en La Plata y Córdoba muestran casos en los que la carga impositiva supera el promedio nacional y amplía la brecha entre la tasa de interés nominal y el costo real para el usuario.

El fenómeno recibe atención pública y mediática por su impacto en la economía cotidiana. Un reciente video protagonizado por El Tano Pasman expuso la problemática de las tasas municipales aplicadas sobre créditos y compras. La pieza viralizada utilizó la metáfora de que, al adquirir un bien financiado, una parte importante del costo termina en manos del Estado, lo que generó debate en redes sociales y motivó reacciones de usuarios y especialistas en economía.

Según los análisis del sector bancario, la discusión sobre la presión tributaria en el sistema financiero adquiere mayor relevancia en contextos de alta inflación y restricciones al crédito. La incidencia de los impuestos en las tasas de interés limita la posibilidad de acceder a préstamos más accesibles y afecta tanto a consumidores como a pequeñas y medianas empresas que buscan financiamiento para operar.

El informe conjunto de ABA y ADEBA detalla que la composición de la tasa de interés total de un préstamo responde a una estructura en la que el Estado capta una proporción significativa de los fondos pagados por el usuario. El desglose permite entender que solo una parte del interés corresponde a la retribución del banco por el riesgo asumido y el costo financiero, mientras que el resto se destina a obligaciones fiscales.

Las consecuencias de este esquema no solo impactan en el bolsillo de quienes buscan financiamiento, sino que también inciden en la competitividad de la economía argentina. La elevada incidencia de tributos sobre el crédito desalienta la inversión y limita el desarrollo de sectores productivos que requieren acceso a fondos para expandirse o modernizarse.

A nivel comparativo, la presión fiscal sobre los préstamos bancarios en la Argentina se ubica muy por encima de la media regional e internacional. Mientras que en otros países los impuestos asociados a las operaciones crediticias representan un porcentaje menor de la tasa de interés, en el sistema local la cifra supera el 48% en jurisdicciones representativas y se incrementa en casos de tasas más elevadas.

Los especialistas en finanzas y tributaristas coinciden en que la estructura actual genera un círculo vicioso: la alta carga impositiva encarece el crédito, lo que reduce la demanda y limita el volumen de préstamos otorgados. A su vez, la menor actividad crediticia impacta negativamente en el desarrollo económico y social de las regiones más necesitadas de inversión.

El sistema de coparticipación federal también juega un papel relevante en la distribución de los fondos recaudados por impuestos sobre los créditos. Las transferencias entre la Nación, las provincias y los municipios configuran un entramado financiero que determina la disponibilidad de recursos para cada jurisdicción, incluso cuando el origen de los fondos es el costo que afronta el usuario al solicitar un préstamo.

Expertos en políticas públicas sostienen que la elevada proporción de recursos fiscales obtenidos a través de los créditos bancarios refleja la dependencia de los Estados subnacionales respecto de estos mecanismos de recaudación. Los municipios y provincias utilizan parte de los recursos coparticipados para financiar servicios públicos y obras, lo que fortalece la importancia política y económica de la presión tributaria sobre el sistema financiero.

El impacto de los impuestos sobre los créditos no distingue entre tomadores individuales y empresas. Quienes acceden a préstamos personales, créditos automotores o financiamiento para la compra de bienes de capital experimentan el efecto de la carga fiscal en el valor de cada cuota y en el costo total de la financiación.

Las entidades bancarias advierten que la carga impositiva también incide en la morosidad y en el acceso al crédito formal. Los costos elevados pueden empujar a algunos usuarios a recurrir a alternativas informales, donde la ausencia de regulaciones y controles incrementa los riesgos y reduce las garantías para el tomador.

La discusión sobre la estructura tributaria de los préstamos bancarios se mantiene vigente en la agenda pública y económica de la Argentina. Diversos sectores reclaman una revisión del esquema actual, argumentando que el alivio fiscal permitiría reducir el costo del crédito y favorecería el crecimiento de sectores productivos y el consumo interno.

El debate incluye propuestas de reformas para simplificar y reducir la carga impositiva sobre el sistema financiero, con el objetivo de acercar las tasas de interés locales a los estándares internacionales y mejorar las condiciones de acceso a préstamos para todos los actores de la economía.

La incidencia de los impuestos sobre la tasa de interés de los préstamos bancarios constituye un factor central en la discusión sobre el financiamiento en la Argentina. Los datos muestran que el sistema canaliza una parte sustancial de los recursos generados por el crédito hacia las arcas del Estado, lo que configura una dinámica compleja para quienes buscan acceder a financiamiento en el mercado formal.

La maniobra de registrar automóviles de lujo en Montana para eludir impuestos se consolidó como una de las estrategias predilectas de los millonarios en California y otros estados de Estados Unidos, mientras que las autoridades californianas intensifican su ofensiva para cerrar este vacío legal y recuperar ingresos fiscales perdidos, de acuerdo con el diario estadounidense Los Angeles Times.

El Departamento de Impuestos y Tarifas de California centra sus investigaciones en los propietarios de coches exclusivos, como Lamborghini, Ferrari y Porsche que emplean compañías ficticias en Montana para evitar abonar tasas locales.

Los funcionarios estatales advierten que esto representa millones de dólares no recaudados y afecta servicios esenciales.

Desde 2023, los investigadores identificaron a 500 concesionarias dentro de California vinculadas a la venta de aproximadamente 2.500 vehículos que, supuestamente, fueron utilizados en Montana, según informó Los Angeles Times. Datos de la agencia indican que este fenómeno cuesta a las finanzas públicas de California más de USD 10 millones por año en ingresos tributarios no percibidos, ya que el valor de estos automóviles supera en muchos casos los cientos de miles de dólares.

La mecánica, conocida como el “vacío legal de Montana”, consiste en que compradores de altos ingresos registran sus coches mediante sociedades de responsabilidad limitada (LLC) creadas en ese estado para eludir el impuesto a la venta y la propiedad vigente en California.

Montana no grava ni la compraventa ni la tenencia de vehículos personales, lo que explica que quienes adquieren modelos costosos opten por este recurso legal. El proceso administrativo puede realizarse a distancia, permitiendo que los automóviles circulen con patentes de Montana, aunque tengan su uso principal en otras jurisdicciones.

La proliferación del registro en Montana genera pérdidas fiscales millonarias para California

Una investigación estableció que la ciudad de Beverly Hills encabezó el listado con 416 casos sospechosos, seguida de Costa Mesa (359 casos), Van Nuys (273) y San Diego (269). Se detectaron también transacciones dudosas en Irvine, Santa Monica y Newport Beach.

En los casos más graves, la evasión impositiva involucró la participación directa de concesionarias que facilitaron documentación y logística para simular la venta y el “traslado” de los vehículos fuera del estado, contraviniendo los requisitos legales según los cuales un automóvil debe permanecer mínimo 12 meses fuera de California para evitar impuestos locales.

La magnitud del daño fiscal quedó evidenciada con la acusación formal presentada en febrero de este año contra 14 personas —entre comerciantes y compradores— por la adquisición y ocultamiento de más de USD 20 millones en vehículos de alta gama. Según el informe de Los Angeles Times, estos hechos supusieron una evasión de al menos USD 1,8 millones en impuestos estatales a través de operaciones perpetradas entre 2023 y 2024.

Las autoridades intensifican la respuesta y buscan cerrar el vacío legal

El fortalecimiento de la supervisión no implica solo auditorías: la fiscalía de California presentó más de 50 cargos, incluyendo conspiración para evasión fiscal, declaración fraudulenta de impuestos sobre ventas, lavado de activos y perjurio. Un gerente general y un empleado de la concesionaria San Francisco Exotic Cars, situada en San Rafael, fueron mencionados en la acusación.

El material de los mensajes interceptados evidencia la intención deliberada de encubrir la maniobra. “No quiero que el estado de California sepa nada sobre este coche”, escribió uno de los acusados desde el condado de Santa Clara al coordinador logístico de los documentos falsos.

En otro intercambio, tras registrar un Lamborghini por un monto que supera los USD 600.000, el comprador se jactó de haber ahorrado USD 70.000 en tasas, afirmando: “Pagué USD 3.000 por tener un auto de USD 600.000 durante cinco años, en California eso serían como USD 75.000 en cinco años. Es ridículo”.

El Departamento de Impuestos y Tarifas de California, a través de Shannon Robinson, funcionaria del organismo, señala que la recuperación de hasta unos pocos casos tiene un efecto inmediato, dada la magnitud económica de cada operación. Robinson explicó que el objetivo es inducir el cumplimiento tributario voluntario, permitiendo ciertas exenciones a quienes regularizan su situación de forma anticipada, antes de ser notificados.

Debate legal y alcance de las limitaciones en la práctica

Expertos fiscalistas, como Mark Milton, abogado principal del Milton Law Group de Missouri, advirtieron en Los Angeles Times que la legalidad de estos registros depende estrictamente de las circunstancias individuales.

Milton comentó que hay situaciones legítimas para tener placas de Montana, especialmente cuando la persona mantiene propiedades o utiliza el vehículo fuera del estado; sin embargo, subrayó que recurrir a LLC creadas solo por internet resulta una actitud riesgosa. El abogado observó que algunos concesionarios facilitan estas operaciones para aumentar ventas o recibir comisiones irregulares.

El sitio web de Bennett Law Office, dirigido por el abogado Thad Brinkman en Missoula, Montana, amplía que la condición fundamental para defenderse es demostrar el uso real del automóvil fuera de California y cumplir con toda la normativa interestatal.

Brinkman detalló que sus clientes habituales son coleccionistas o inversionistas que almacenan vehículos fuera del estado, o quienes compran casas rodantes para utilizarlas durante la jubilación. Si el automotor permanece fuera de California, insistió, difícilmente las autoridades podrán fundamentar una acusación de evasión.

Legisladores buscan nuevas regulaciones para frenar el flujo de automóviles de lujo a Montana

El vacío normativo motivó la reacción del Congreso estatal. El senador Jerry McNerney promueve un proyecto de ley para establecer criterios que permitan identificar a las LLC consideradas “cáscaras vacías”, empleadas como fachada en esquemas de evasión.

Entre los factores que generan sospecha figuran la ausencia de actividad comercial genuina, falta de empleados o de sede física fuera de California y no presentar declaraciones fiscales en otros estados.

Mientras la inscripción ficticia de vehículos en Montana se multiplica—impulsada incluso por empresas en ese estado que publicitan el servicio como legal, siempre que se respeten las normativas estatales—, la presión pública y los arrestos de alto perfil, como el del youtuber Cody Detwiler “WhistlinDiesel” en Tennessee, actúan como disuasivos entre potenciales infractores, según expertos citados por Los Angeles Times.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó este 5 de abril que 66 de cada 100 trámites de inscripción de empresas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y generación de e.firma concluyen el mismo día si se cumplen los requisitos, como parte de la estrategia de modernización y simplificación fiscal.

Durante un año, el SAT registró más de 76 mil empresas en el RFC, según un comunicado oficial este 5 de abril. Entre enero de 2025 y el 18 de marzo de 2026 el organismo ofreció 225 mil espacios para agendar citas de e.firma empresarial, de los cuales fueron utilizados 191 mil 900, lo que representa 85% de ocupación, de acuerdo con el comunicado.

De estos trámites, el 71% fue atendido en menos de cinco días, es decir, 191 mil 100 empresas completaron el procedimiento en ese plazo.

La autoridad fiscal identificó que los motivos más frecuentes por los que un trámite no se concreta en la primera visita corresponden a inconsistencias en el acta constitutiva o la falta de comprobante de domicilio.

Para la inscripción, es indispensable contar con cita y presentar documento constitutivo protocolizado, comprobante de domicilio —a nombre de la persona moral o de un socio—, instrumento que avale la representación legal e identificación oficial vigente del representante legal, según el SAT.

Los requisitos para la generación de la e.firma empresarial incluyen presentar USB nueva y un poder general para actos de administración o dominio. El SAT reiteró la importancia de reunir la documentación de manera previa para completar estos trámites en una sola visita y agilizar la formalización.

SAT advierte de noticias falsas de procedimientos fiscales

El SAT advirtió sobre la circulación de noticias falsas relacionadas con procedimientos fiscales, enfatizando los riesgos de compartir mensajes en redes sociales y mensajería instantánea sin verificación oficial.

Esta alerta del principal órgano tributario de México surge en un contexto en el que el incremento de rumores ha generado confusión entre contribuyentes, lo que puede traducirse en decisiones precipitadas e incluso en fraudes, según indicó el propio SAT.

Dentro de los mensajes identificados recientemente, el SAT detectó rumores sobre la presunta realización de visitas sorpresa a domicilios, supuestos bloqueos masivos de cuentas bancarias, y la existencia de un “departamento de ventas” de automóviles perteneciente a la entidad.

La autoridad negó de manera categórica cada uno de estos puntos y reiteró que no existen visitas de inspección sin fundamento, bloqueos indiscriminados de cuentas ni dependencias adscritas a la venta de vehículos, de acuerdo con información oficial del organismo tributario.

Además, el SAT subrayó que el surgimiento de noticias falsas puede conducir a situaciones de pánico injustificado entre las personas físicas y morales, afectando sus decisiones económicas.

SAT precisó que la información oficial sobre cualquier modificación o medida fiscal solo se difunde a través de los canales institucionales reconocidos, tales como el Diario Oficial de la Federación y los portales digitales del propio organismo. Cualquier notificación relevante debe provenir de estos medios oficiales, y no de rumores difundidos en redes sociales o cadenas de mensajería instantánea, recalcó la autoridad fiscal en su comunicado.

Las cámaras de la industria pesquera presentaron ante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesqueros de la Nación una solicitud de intervención urgente ante el deterioro de los costos operativos del sector. El eje central del reclamo es el incremento del precio del gasoil, que según advierten las entidades, ya acumuló una suba superior al 40% en los primeros meses de 2026.

Según manifestaron las entidades, la situación coloca a la actividad, el octavo complejo exportador del país, en un escenario de vulnerabilidad que compromete la continuidad de las operaciones y el sostenimiento de más de 43.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

El sector pesquero genera ventas externas por más de 2.000 millones de dólares anuales, pero actualmente enfrenta una crisis de costos donde el combustible representa entre el 20% y el 45% del gasto operativo total de un buque, dependiendo de la especie capturada y el tipo de pesca. Las cámaras informaron que, a diferencia de 2025, cuando el gasoil aumentó en línea con la inflación, la velocidad de los incrementos en lo que va de 2026 ha superado cualquier previsión, paralizando la planificación empresaria.

Carga fiscal y asimetrías internacionales

La presión sobre la rentabilidad se ve agravada por la carga tributaria. El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) incide en un 15,8% sobre el precio final, a lo que se suma el tributo al CO2 con un 0,9%. Según el sitio especializado Pescare, la escalada bélica en Medio Oriente expuso la fragilidad de la economía pesquera argentina, donde cada crisis energética impacta inicialmente en el combustible y luego se traslada a toda la cadena de valor.

En este contexto, la industria local observa con preocupación las medidas adoptadas por otros países competidores. España implementó un paquete de emergencia de 5.000 millones de euros que incluyó una reducción del IVA de los carburantes al 10% y una ayuda directa de 20 céntimos por litro para la pesca. Por su parte, Uruguay estableció un precio excepcional para el gasoil marino de 30.000 pesos uruguayos por metro cúbico para contener el impacto del shock externo.

“A diferencia de estos casos, la Argentina ofrece por ahora otra secuencia”, señala Pescare, destacando que mientras otros estados absorbieron parte del impacto para evitar que la volatilidad energética inmovilizara las flotas, el gobierno argentino mantiene una postura de equilibrio fiscal que genera incertidumbre sobre posibles medidas de alivio.

La flota fresquera y el mercado interno

La situación es particularmente crítica para las embarcaciones de menor escala. “Si para la flota de altura la situación es crítica, para las embarcaciones costeras y fresqueras el incremento del gasoil representa directamente el tiro de gracia”, afirmó un empresario del sector. Estas flotas operan con márgenes de rentabilidad más estrechos y no poseen capacidad para absorber nuevos aumentos.

Las estadísticas reflejan la gravedad del cuadro: en el primer bimestre de 2026, las descargas de variado costero en puertos como Mar del Plata registraron caídas de casi el 40% en comparación con el mismo período del año anterior. La retracción de la actividad no solo afecta las exportaciones, sino que impacta en el abastecimiento del mercado interno. Está claro que la corrida del combustible erosiona la estructura empresaria de menor escala, lo que podría derivar en una parálisis progresiva de la flota costera, afectando directamente el precio y la disponibilidad de pescado fresco en las góndolas locales.

Variables externas y logística

A la crisis del combustible se suman factores internacionales que actúan como agravantes. El conflicto en Medio Oriente provocó un aumento exponencial en los fletes de contenedores, lo que funciona como un arancel encubierto para las exportaciones argentinas. Asimismo, la caída de la demanda en Europa, debido a la retracción del consumo en gastronomía y turismo, presiona a la baja los precios de venta internacionales.

Un dirigente del sector describió la situación de manera gráfica: “Estábamos al borde del precipicio y con esto del gasoil dimos un paso al frente”. Esta frase resume la percepción de una industria que se considera en un punto de quiebre operativo. Si bien el presidente de YPF, Horacio Marín, anunció un “buffer” de precios por hasta 45 días para evitar traslados plenos de las variaciones internacionales del petróleo, desde el sector entienden que esto constituye apenas un paliativo de coyuntura que no soluciona el problema de fondo de las unidades pesqueras.

El pedido formal al Gobierno

Ante la gravedad del escenario, las cámaras que integran el sector solicitaron formalmente a la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesqueros una serie de medidas urgentes:

1. Gestionar una exención transitoria del ICL y del impuesto al CO2 para el gasoil naval de uso productivo.
2. Establecer un plan de previsibilidad en los precios de los hidrocarburos destinados a la pesca.
3. Articular medidas de fomento que compensen el encarecimiento de los fletes internacionales.

La industria ha manifestado su disposición para conformar una mesa técnica de trabajo con el fin de profundizar los datos presentados y buscar soluciones que eviten la pérdida de empleos en las plantas procesadoras y comunidades portuarias de todo el litoral.

Según la publicación Pescare, el pedido del sector choca con el credo de la administración nacional, que rechaza esquemas de tutela estatal sobre la actividad privada. “La duda ya no pasa solo por la magnitud del problema, sino por la distancia entre la urgencia que describen las cámaras y el tipo de Estado que el oficialismo está dispuesto a ejercer”, señaló el medio.

En definitiva, la pesca advierte que sin condiciones de competitividad y un alivio efectivo en el costo de los insumos básicos, la operatividad de una parte significativa de la flota nacional es inviable en el corto plazo. La crisis de costos, que se venía gestando desde hace meses, encontró en el aumento sostenido del combustible el detonante final para una situación de quebranto contable que ya afecta los niveles de descarga en los principales puertos del país.

Una propuesta de ley en la Asamblea Estatal de Nueva York busca aliviar la carga económica de quienes sean dueños de mascotas al conceder un crédito fiscal de hasta USD 900 anuales para quienes mantengan hasta dos animales de compañía, con entrada en vigor planeada para el año fiscal 2026.

La medida cubriría gatos y perros, y permitiría deducir tanto gastos cotidianos como veterinarios, en contraste con las regulaciones actuales que excluyen a los animales de las deducciones tributarias federales, según informaron diferentes medios estadounidenses.

La iniciativa detalla la posibilidad de deducir USD 150 por animal para insumos diarios y USD 300 por animal para atención médica, alcanzando un tope conjunto de USD 900 por declaración. Esta cifra supera anteriores intentos en el estado, como el crédito de USD 100 por adopción impulsado por la asambleísta Rebecca Seawright, y representa la primera vez que se presenta un proyecto orientado específicamente a quienes poseen perros o gatos en su hogar, según señala The New York Sun.

La deducción incluye alimentación, artículos y atención veterinaria

El texto apoyado por los asambleístas Steven Raga y Rebecca Seawright indica que sólo califican los perros o gatos mantenidos principalmente como compañía, exceptuando especies de trabajo, animales de cría o empleados en investigaciones.

Quienes soliciten el crédito deberán presentar comprobante de propiedad y documentación de los gastos ante el Departamento de Impuestos estatal, tal como confirmó NBC New York.

Los gastos contemplados incluyen alimentos, correas, arneses, productos de aseo, transportadoras, juguetes y otros insumos esenciales para el bienestar animal. Bajo el rubro veterinario, se reconocen las consultas anuales, medicamentos, controles y atenciones de urgencia, siempre que los procedimientos sean certificados como necesarios por un profesional, de acuerdo con el proyecto revisado por National Today.

Qué cambia respecto a la ley federal y por qué es destacado en Nueva York

La propuesta responde, en parte, a los elevados costos asociados a la manutención de animales en Nueva York, donde actualmente no existe un alivio impositivo a nivel estatal y la mayoría de los dueños no pueden deducir mascotas en sus impuestos federales.

The New York Sun señala que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) sólo permite deducciones para animales de asistencia certificados, excluyendo a perros y gatos considerando como mascotas de compañía. Esta situación cobró relevancia recientemente cuando la abogada Amanda Reynolds demandó al IRS después de que rechazaron registrar a su perro Finnegan como dependiente en la declaración federal.

El asambleísta Steven Raga, citado por The New York Sun, puntualizó: “Nadie debería verse obligado a elegir entre sostenerse o cuidar a la familia”. El texto fue remitido a la Comisión de Medios y Arbitrios para evaluación.

Respuesta directa: Quiénes serían beneficiados y cuál es la implicancia práctica

La medida excluye especies destinadas a cría, trabajo o experimentación. De ser aprobada, convertiría a Nueva York en el primer estado en Estados Unidos que establece un beneficio fiscal explícito vinculado a la tenencia responsable de animales de compañía, según informa National Today.

Quienes impulsan la medida sostienen que el crédito busca facilitar el cumplimiento de los requisitos de cuidado para perros y gatos, extendiendo beneficios tributarios actualmente reservados para quienes poseen animales de asistencia.

Hasta el momento, el proyecto permanece en trámite legislativo a la espera del aval de la Legislatura y la firma del gobernador para su entrada en vigor, conforme reportan NBC New York y ABC7 New York.

En el inicio de 2026 coexisten indicadores económicos positivos y negativos en Argentina, pero destaca la continuidad del proceso de estabilización, sostenido por el mantenimiento del superávit fiscal y una política monetaria que busca normalizar el régimen cambiario.

Tras años de desequilibrios, el pilar central del programa económico continúa siendo el ordenamiento de las cuentas públicas. En este escenario, algunos organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proyectan un crecimiento cercano al 3,8% para 2026, posicionando al país como el de mayor crecimiento en la región.

Según los especialistas, este impulso responde a una combinación de factores macroeconómicos y reformas legales que han comenzado a reconfigurar la estructura productiva. Entre ellos, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) ha sido determinante para destrabar proyectos de gran escala en sectores estratégicos como el petróleo y la minería.

A esto se suma una política de reducción de la presión fiscal, con la baja de retenciones a las economías regionales y la disminución de aranceles de importación, lo que ha abaratado el costo de bienes de capital e insumos clave para la producción.

Las actividades más dinámicas

La actividad económica actual se caracteriza por una marcada dispersión. Mientras el nivel agregado de producción muestra signos positivos, sectores como la intermediación financiera, la minería y los hidrocarburos exhiben el comportamiento más dinámico.

Daniel Garro, economista y director de Value International Group, sostiene que la mejora es evidente en áreas donde los precios se han sincerado: “Todo lo que es energía, petróleo, gas, agroindustria, campo y servicios financieros son la parte más pujante y se van a seguir consolidando en el futuro”.

Para Garro, este proceso se profundiza con la reciente baja de retenciones, “marcando un camino donde la macroeconomía ordena el escenario para que la microeconomía resuelva su eficiencia”.

La macroeconomía ordena el escenario para que la microeconomía resuelva su eficiencia (Garro)

José Vargas, director de Evaluecon, describe el modelo como uno de “dos motores”, donde las actividades con ventajas comparativas naturales o tecnológicas lideran la marcha.

Vargas identifica a Vaca Muerta (extracción de petróleo y gas no convencional), la minería (litio y cobre), la agroindustria y los servicios de economía del conocimiento como los grandes ganadores.

Las estadísticas respaldan esta visión. Durante 2025, el sector de intermediación financiera lideró el alza con un 24,7%, seguido por la explotación de minas y canteras con 8%. El sector energético, en particular, logró un superávit récord de USD 7.815 millones, transformándose en un sostén estructural de la balanza comercial argentina.

Osvaldo Giordano, presidente del Instituto de Estudios de la Realidad de América Latina (Ieral), dijo a Infobae que, comparando el nivel de actividad entre noviembre del 2023 (mes previo al cambio de gobierno) y enero 2025 (último dato disponible) aparece que a nivel agregado la producción aumentó, según el EMAE, 6,4%. No obstante, aclaró que la dispersión entre sectores es enorme.

Giordano destacó: “Intermediación financiera, minería e hidrocarburos y agro son los sectores más dinámicos. Los servicios muestran un comportamiento intermedio y por debajo del promedio. Industria y construcción registran fuertes caídas en el nivel de producción”.

Para Giordano, crecimiento de los sectores pujantes dependerá de la celeridad de las reformas estructurales: “Depende de muchos factores, uno muy importante es la velocidad a la que avanzan las reformas que mejoran el entorno para la actividad productiva. Ordenando el sistema productivo más ramas industriales entrarían en el grupo de mayor dinamismo”.

Oportunidades y límites

El fenómeno de Vaca Muerta y la potencia del sector agroindustrial generan lo que los especialistas denominan un “efecto derrame”, aunque con características específicas. Según Vargas, este impacto se canaliza a través de cadenas de valor como la logística, el transporte, la infraestructura y los servicios industriales de metalmecánica.

El impacto de Vaca Muerta se canaliza a través de cadenas de valor como la logística, el transporte, la infraestructura y los servicios industriales de metalmecánica (Vargas)

Daniel Garro observa un cambio demográfico impulsado por estas inversiones: “Está empezando a haber muchas mudanzas, gente que se va de las grandes ciudades hacia el interior. El interior del país es mucho más eficiente que las grandes ciudades al dejar de haber políticas distributivas”. El economista argumenta que el desarrollo de Vaca Muerta beneficia de manera directa e indirecta a quienes se instalan en sus cercanías, expandiéndose luego al resto del país a través del consumo y el turismo.

Por su parte, Osvaldo Giordano aporta una visión más cauta sobre la inmediatez de estos beneficios. Si bien reconoce que sectores como las refinerías de petróleo están en expansión, advierte que el impacto pleno se verá cuando la infraestructura permita disponer de gas abundante a bajo costo, lo que inducirá el desarrollo de múltiples ramas industriales.

Apertura comercial

El RIGI se ha consolidado como una herramienta fundamental, aunque su maduración requiere tiempo. Para Garro, el régimen ha sido un “total éxito”, evidenciado en la cantidad de proyectos aprobados que deben volcar el 40% de la inversión comprometida en sus primeros dos años.

“La idea de Milei era un RIGI para todo el país, una regulación completa que implicara baja de gastos e impuestos mucho más rápida; como no salió, se implementó este esquema para quienes pongan mucha plata”, explica el economista.

Domingo Cavallo, en sus análisis de perspectiva para este año, coincide en que el RIGI brinda argumentos sólidos para el crecimiento, pero subraya la importancia de la secuencia de las reformas. Para el exministro, es vital que se extiendan los incentivos fiscales similares a los del RIGI hacia las pequeñas y medianas empresas, permitiendo que el crecimiento llegue también a los sectores que dependen del mercado interno.

No obstante, Giordano observa: “El RIGI son inversiones que llevan un largo período de maduración. La reducción de retenciones, al ser tan parcial, operó más como un gesto que como un incentivo potente”.

Desmantelar la protección arancelaria afecta negativamente a los sectores protegidos, aunque beneficia a quienes utilizan esos productos como insumos (Giordano)

El director del Ieral advierte también que desmantelar la protección arancelaria afecta negativamente a los sectores protegidos, aunque beneficia a quienes utilizan esos productos como insumos.

El contexto internacional y la “ventana” del litio

El escenario global, aunque es complejo, presenta desafíos geopolíticos que Argentina podría capitalizar. Un informe del BBVA Research resalta que un conflicto prolongado en Medio Oriente elevaría la inflación global, aunque Argentina, como exportador neto de energía, podría ver fortalecido su resultado energético por aumentos en el precio del petróleo.

En la misma línea, el BID destaca la “ventana de oportunidad estratégica” que representa el litio. Argentina integra el “triángulo del litio”, un recurso cuyo valor potencial equivale a varias veces el PBI nacional. Según el organismo, la condición de Sudamérica como una “zona de paz” sin conflictos religiosos ni territoriales de magnitud atrae a las grandes economías que buscan diversificar sus proveedores de minerales críticos para la transición energética.

No obstante, el BID advierte que transformar este potencial en riqueza efectiva depende de la calidad de los marcos regulatorios y la estabilidad política, factores que históricamente han sido obstáculos para el desarrollo sostenido del país.

Desafíos: reservas, inflación y empleo

A pesar de los indicadores positivos en sectores intensivos en capital, la macroeconomía argentina aún enfrenta frentes complejos. La inflación, aunque en descenso, registra una inercia elevada. Tras haber cerrado 2025 en un 31,5%, se proyecta que finalice 2026 en torno al 24%. El proceso de desinflación se ha visto afectado por el ajuste de precios regulados, el precio de la carne y el impacto de los combustibles.

Transformar el potencial del litio en riqueza efectiva depende de la calidad de los marcos regulatorios y la estabilidad política (BID)

Domingo Cavallo alerta que la reducción del índice de riesgo país es incluso más prioritaria que la baja inmediata de la inflación. “Si no baja la tasa de riesgo país, siempre estará como espada de Damocles un posible salto devaluatorio”, sostiene. Para el el exministro, es fundamental alcanzar una liberalización cambiaria completa para que las expectativas de los inversores ayuden tanto a la estabilidad como al crecimiento.

En el plano laboral, la situación es paradójica. A pesar de la expansión del PBI, la tasa de desempleo subió al 7,5% a finales de 2025, el valor más alto para un cuarto trimestre desde 2020. El BBVA destaca que el dinamismo se concentra en sectores con “menor efecto multiplicador sobre el empleo”, lo que limita la percepción de la mejora macroeconómica en los hogares. La informalidad laboral persiste en niveles altos, alcanzando el 43% del total de trabajadores.

Como contrapartida al auge extractivo y financiero, el actual modelo económico impone condiciones extremadamente exigentes para las actividades que crecieron bajo el esquema anterior. Según José Vargas, existen sectores que hoy “luchan por sobrevivir”, especialmente aquellos enfocados exclusivamente al consumo doméstico.

Existen sectores que hoy luchan por sobrevivir, especialmente aquellos enfocados exclusivamente al consumo doméstico (Vargas)

Bajo el subtítulo de actividades en riesgo o con dificultades de adaptación, se evidencia un panorama complejo para diversos sectores. La industria textil y de calzado aparece como una de las más vulnerables debido a su alta sensibilidad ante la apertura de importaciones y la pérdida de la protección arancelaria previa.

En una situación similar se encuentra el ensamblaje de electrónica de consumo, que enfrenta desafíos significativos frente a la competencia internacional al depender históricamente de regímenes de promoción. Por otro lado, la construcción y la obra pública, a pesar de haber mostrado una leve recuperación en 2025, continúan sufriendo el impacto de un nivel de gasto de capital estatal extremadamente bajo, lo que condiciona el crecimiento potencial del país.

Las pyme volcadas al mercado interno atraviesan una fase crítica, especialmente aquellas cuya rentabilidad estaba ligada a una estructura de subsidios energéticos, tasas de interés negativas o esquemas de precios congelados que ya no forman parte del modelo actual.

Osvaldo Giordano es tajante respecto a esta transición: “Las reglas de juego imperantes hasta 2023 indujeron el desarrollo de muchas actividades con muy bajos niveles de competitividad. Algunas empresas podrán reconvertirse, pero en otras las brechas de competitividad son muy difíciles de superar”.

Las reglas de juego imperantes hasta 2023 indujeron el desarrollo de muchas actividades con muy bajos niveles de competitividad (Giordano)

Daniel Garro plantea que más que sectores condenados, existen empresas ineficientes que deben afrontar la realidad de precios sincerados. “Cuando la marea baja, te das cuenta quién tenía malla y quién estaba desnudo”, afirma citando a Warren Buffett, para explicar que aquellas unidades productivas que basaron su ganancia en una “ficción de costos bajos” hoy enfrentan su desaparición o una transformación inevitable.

En una carta firmada el 3 de abril y dirigida a Wopke Hoekstra, comisario de Clima, Neutralidad Climática y Crecimiento Limpio, los responsables de los cinco países plantean la necesidad de un marco legal comunitario que evite que el peso de la crisis energética recaiga únicamente sobre los consumidores y los presupuestos públicos. Según los firmantes, la situación actual exige una intervención europea inmediata para corregir las distorsiones de mercado generadas por la volatilidad geopolítica.

El vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, su homologo italiano Giancarlo Giorgetti, Joaquim Miranda Sarmento (ministro de Estado y Finanzas de Portugal), Lars Klingbeil (ministro de Finanzas de Alemania) y Markus Marterbauer (ministro de Finanzas de Austria), argumentan que el nuevo tributo permitiría financiar medidas para aliviar el encarecimiento de la energía y contener la inflación, sin deteriorar los saldos fiscales nacionales. La solicitud surge tras varias conversaciones del Eurogrupo en las que se discutió el desafío de mantener la estabilidad presupuestaria frente a los actuales límites de gasto.

En la misiva, los ministros enfatizan la importancia de un mensaje político claro ante la ciudadanía europea y los mercados. “Una solución europea de este tipo actuaría como una señal para los ciudadanos de nuestros Estados miembros y para la economía en general, demostrando que estamos unidos y somos capaces de tomar acción”, señala la carta.

Una escalada de precios que recuerda a la guerra en Ucrania

La propuesta de los cinco Estados miembros se apoya en el precedente de 2022, cuando la Unión Europea aprobó una contribución temporal de solidaridad a raíz de la invasión rusa de Ucrania. El Reglamento (UE) 2022/1854, activado tras la escalada de precios que sucedió al estallido del conflicto, estableció un gravamen del 33% sobre los beneficios de las empresas petroleras y gasistas que superaran en más de un 20% la media de los cuatro años anteriores.

La iniciativa surge en un contexto de escalada de los precios internacionales del crudo, impulsados por la inestabilidad geopolítica en Oriente Próximo y las restricciones en el suministro mundial. Ante el impacto de la escalada bélica el Gobierno de España ya ha aprobado un paquete de medidas urgentes que contempla, entre otras, la reducción del IVA de los combustibles del 21% al 10% y un ajuste a la baja en el impuesto especial sobre hidrocarburos, con el fin de aliviar el encarecimiento de los precios energéticos.

El Gobierno calcula que la aplicación de este conjunto de acciones, que contempla un total de 80 iniciativas para paliar los efectos de la crisis global y salió adelante gracias a los votos favorables del PSOE, sus socios del Gobierno, incluido Junts, y la abstención del PP, tendrá un coste total de 5.000 millones de euros.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un llamado a la ciudadanía para actuar con precaución ante la proliferación de información engañosa relacionada con temas fiscales, que se ha difundido en redes sociales.

Entre los rumores detectados recientemente, la autoridad identificó mensajes sobre supuestas visitas sorpresa, la existencia de un “departamento de ventas” de autos, cobros de impuestos a pensionados, cierres de cuentas bancarias y revisiones por concepto de transferencias, entre otros.

El SAT advirtió que estas noticias falsas, difundidas principalmente en redes sociales y servicios de mensajería instantánea, generan confusión y alarma entre las personas contribuyentes.

Por ello, exhortó a la población a verificar la veracidad de la información antes de compartirla y a no difundir contenidos de carácter fiscal que carecen de respaldo oficial.

En particular, el SAT aclaró que es totalmente falso que realice visitas masivas a domicilio, que lleve a cabo bloqueos masivos de cuentas bancarias por presuntos adeudos o mal uso del concepto en transferencias, o que cuente con un área dedicada a la venta de automóviles.

La autoridad recalcó que la circulación de mensajes sobre operativos masivos de auditoría o cierres de cuentas bancarias carece de fundamento.

El organismo recordó que ninguna modificación fiscal entra en vigor sin antes ser publicada en medios oficiales, como el Diario Oficial de la Federación o los portales institucionales.

Alertó que la difusión de noticias falsas puede provocar decisiones apresuradas o incluso fraudes, afectando directamente a las y los contribuyentes.

El SAT recomendó consultar únicamente fuentes oficiales para obtener información fiscal confiable, como el portal institucional, comunicados de prensa y redes sociales oficiales en X, Instagram, Facebook y TikTok.

Finalmente, el SAT reiteró su compromiso con la reducción de la evasión y la elusión fiscal, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la cultura contributiva, siempre mediante una actuación responsable, legal y respetuosa de los derechos de las y los contribuyentes.

No olvides la Declaración Anual

El SAT recordó que el 1 de abril de 2026 inició el periodo para que personas físicas presenten su Declaración Anual 2025 ante el SAT, trámite que se realiza exclusivamente en línea hasta el 30 de abril.

Deben declarar quienes tuvieron más de un empleador, recibieron ingresos por honorarios, actividad empresarial, arrendamiento, del extranjero, superiores a 400 mil pesos, o por intereses, dividendos y venta de bienes.

Quienes solo tuvieron un patrón y no superaron los 400 mil pesos anuales generalmente no están obligados, aunque pueden hacerlo si desean saldo a favor.

El SAT aclara que no es necesaria la CURP biométrica y que la e.firma vigente es indispensable para devoluciones mayores a 10,001 pesos.

Entre las novedades, destaca el simulador para revisar datos y corregir errores antes de enviar la declaración.

No cumplir puede implicar multas de 2,050 a 25,360 pesos. El SAT recomienda preparar información y usar herramientas oficiales para facilitar el proceso y evitar errores.

En medio de la volatilidad internacional de los mercados energéticos, la petrolera de mayoría estatal YPF anunció que mantendrá estables los precios de los combustibles durante 45 días, a pesar del aumento del petróleo a raíz del conflicto en Medio Oriente.

La decisión, según definió la propia compañía, busca funcionar como un “buffer de precios” para evitar un impacto inmediato en el bolsillo de los consumidores. La medida comenzó a regir el miércoles 1° de abril en todo el país.

Fuentes de YPF señalaron a Infobae que la empresa optó por no trasladar al surtidor el incremento del valor internacional del crudo Brent, referencia para el mercado local, en un contexto de baja de consumo registrado, sobre todo, en el interior de Argentina.

“Se van a moderar los aumentos”, aseguraron desde la compañía, que definió la estrategia como un amortiguador para el sector. Esta política estará vigente por un mes y medio, tras lo cual se analizará la evolución del escenario internacional y la posibilidad de recuperar las subas si persiste la inestabilidad energética global.

El precio de la nafta y el gasoil en Argentina surge de varios componentes: el valor del barril de crudo Brent, el tipo de cambio y los impuestos nacionales, como el de los Combustibles Líquidos y el del Dióxido de Carbono.

Voceros de la empresa aclararon a Infobae: “Amortiguamos los precios en lo que corresponde al barril internacional. Si suben los impuestos y se aplican o si hay movimientos del tipo de cambio, no son variables que manejamos nosotros y ahí sí habría traslado. Pero son variables que no debería moverse tanto. Es un gesto para nuestros clientes”.

La dirección de YPF, encabezada por Horacio Marín, remarcó que la medida responde a la intención de evitar especulación ante la volatilidad internacional. “Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor. Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de las nuevas variaciones del Brent”, comunicó el directivo en sus redes oficiales.

Y también subrayó: “No buscamos especular con la alta volatilidad del precio internacional del petróleo, siendo nuestro objetivo generar valor en el largo plazo para nuestra compañía”. Añadió que la estrategia de precios busca cuidar la demanda en un contexto de incertidumbre global, renovando el compromiso con los consumidores y adaptando la política comercial a la dinámica de oferta y demanda.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que se espera que otras compañías del sector, como Axion Energy (del grupo Pan American Energy) y Shell (gestionada por Raizen y la angloholandesa Shell, actualmente en proceso de venta), se sumen a la iniciativa de YPF y mantengan sin cambios los precios en el corto plazo.

Según lo informado por la empresa, el impacto de los recientes aumentos de precios fue más notorio en el interior del país, donde ya percibió una retracción en la demanda de combustibles.

El anuncio de YPF contempla que, independientemente de la evolución del precio internacional del Brent, los valores en los surtidores de la petrolera estatal permanecerán sin modificaciones durante el plazo acordado. Esta decisión refuerza el rol de la compañía como referente en la formación de precios en el mercado argentino, donde posee una participación superior al 55 por ciento.

El Gobierno nacional ya había impulsado medidas complementarias para contener la suba de precios, como la postergación en la aplicación de los aumentos de los impuestos a los combustibles líquidosy al CO₂ para mayo y la aprobación de un mayor porcentaje de bioetanol en las naftas, buscando diversificar insumos y reducir la exposición a los valores internacionales. Voceros oficiales explicaron a Infobae que la iniciativa apunta a proteger el poder de compra de los consumidores y favorecer la competitividad interna.

Al término del período de 45 días, desde YPF anticiparon que evaluarán cómo recuperar las posibles subas no aplicadas, siempre en función de la evolución del conflicto bélico y la estabilidad energética global.

Impacto en inflación

De acuerdo con datos de la consultora Romano Group, la principal petrolera del país incrementó desde el 28 de febrero hasta el 28 de marzo un 19% el precio del gasoil, un 15% la nafta Infinia y un 17% la nafta súper, en promedio y a nivel nacional. Este comportamiento se refleja en la Ciudad de Buenos Aires, donde el litro de nafta súper ronda los $2.000, manteniéndose por debajo de los valores de la competencia.

En relación al impacto inflacionario, los analistas puntualizaron que los combustibles representan un 3,8% del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Un aumento del 10% en los combustibles agrega 0,38 puntos porcentuales al indicador. En marzo de 2026, el incremento promedio fue del 7,3%, lo que podría sumar al menos 0,3 puntos al índice.

También destacaron que la mayor parte de las subas se concentró en la segunda quincena del mes, dejando un arrastre estadístico adicional de 0,36 puntos porcentuales, ya que el último precio de marzo superó en 9,45% el promedio mensual.

La Argentina se ubicó en el puesto 24 entre 124 países en un ranking global de suba de combustibles elaborado por Global Petrol Prices. El incremento de 23,8% en las naftas desde el inicio del conflicto en Medio Oriente ubica al país por debajo del promedio global de aumentos, pero entre los primeros lugares si se compara con la región.

El ranking muestra que en América Latina la dinámica fue dispar. Mientras Perú encabeza la suba regional con 35,6%, seguido de Guatemala (34,4%) y Panamá (26,3%), la Argentina se ubica por encima de Chile (16,8%), Brasil (7,6%) y Paraguay (7,9%). Se destacan los casos de Colombia y Uruguay, donde los precios retrocedieron 3,1% y 1,2%, respectivamente.

En un escenario internacional marcado por la volatilidad y la incertidumbre acerca del fin de la guerra, países como Myanmar (100%), Filipinas (71,6%) y Malasia (52,4%) lideran el listado de alzas más marcadas, mientras que Estados Unidos experimentó un incremento de 31,1% y los principales países europeos oscilaron entre el 5% y el 25%.

Entre los productores petroleros de Medio Oriente, el aumento fue prácticamente nulo, con Arabia Saudita y Omán registrando variaciones de 0%, un comportamiento opuesto al observado en otras regiones.

El aumento de casi una cuarta parte en el precio de las naftas argentinas, según Global Petrol Prices, refleja el impacto que tienen los combustibles en la economía local, donde los aumentos suelen trasladarse a precios.

Por esa razón, la estrategia de YPF, la petrolera estatal que concentra más de la mitad del mercado interno, es central para el equilibrio inflacionario. Desde el inicio del conflicto bélico, la empresa definió no trasladar el aumento internacional del precio del crudo al surtidor mientras dure la guerra, en un intento de “amortiguar” el impacto directo en el bolsillo de los consumidores.

La estrategia de YPF ante la inestabilidad global

Tras el estallido del conflicto en Medio Oriente, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, reiteró la vocación de la empresa por mantener una política de precios “transparente y responsable”, adaptando el traslado de los valores internacionales al mercado local bajo criterios de estabilidad y no de especulación, según declaró a Infobae.

Marín remarcó: “YPF es la compañía de la Argentina, tiene 90% de imagen positiva. Y cuando digo que es la argentinidad al palo, es la argentinidad al palo. Yo no quiero que piensen que estoy especulando. Ganar un par de millones de dólares especulando no es lo que queremos hacer en YPF. Entonces no juego a la especulación, porque todos estamos haciendo sacrificios para transformar la Argentina”.

En términos operativos, Marín indicó que la empresa adquiere alrededor del 30% del crudo que refina y exporta el 10%, por lo que YPF es un importador neto de 20%. Explicó, en ese sentido, que desde el estallido de la guerra aquel 28 de febrero, los precios locales se seguían calculando en base a un valor de USD 60 el barril de Brent; es por eso que el valor de los combustibles en los surtidores se ajustó solo de manera parcial en comparación con otras partes del mundo.

En diferentes declaraciones públicas, el directivo puntualizó que la petrolera estatal trasladó hasta ahora “un tercio del aumento del Brent al surtidor”, decisión que se amplió en las últimas horas, tras el anuncio de YPF de estabilizar los precios por 45 días para contener el traspaso completo.

La estabilización, a la que la compañía definió como buffer de precios, o un “amortiguador”, rige desde el 1° de abril y se extenderá por 45 días, período en el cual la compañía analizará cómo proceder si persisten la inestabilidad energética y la escalada del crudo.

Este amortiguador opera como un mecanismo de alivio frente a la reciente caída del consumo de combustibles, especialmente en el interior del país, y busca evitar que el alza internacional se traduzca automáticamente en un impacto inflacionario local.

La respuesta oficial a la crisis internacional

El precio de la nafta y del gasoil argentinos está compuesto por tres variables principales: el costo internacional del barril de petróleo Brent, el tipo de cambio y la carga impositiva, como el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el impuesto al Dióxido de Carbono.

Desde la petrolera estatal señalaron a Infobae que, aunque los precios internos “se amortiguan en relación con el barril internacional”, los eventuales aumentos en impuestos o movimientos significativos del tipo de cambio escapan a su control directo, por lo que esas variaciones sí pueden trasladarse al consumidor.

Es por eso que, a finales de marzo, el Gobierno resolvió postergar el incremento previsto en el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el impuesto al CO₂ que debía regir en abril, sumando así otra medida para mitigar la presión sobre los precios en los surtidores.

La medida fue justificada en el marco de la “tensión energética global” derivada por la guerra en Medio Oriente. En declaraciones a este medio, fuentes oficiales afirmaron: “No vamos a aumentar el impuesto a los combustibles en abril. Por la suba del precio internacional del barril y para mitigar el impacto en surtidor. Es una medida más para proteger al consumidor”.

El gobierno de Javier Milei ya tiene listo un decreto que habilitará un mecanismo de adelantos de coparticipación para doce provincias que enfrentan dificultades financieras. La norma prevé establecer un tope de hasta $400 mil millones para estos anticipos, que estarán sujetos al porcentaje de coparticipación correspondiente a cada jurisdicción.

De esta manera, el Ejecutivo busca ofrecer una alternativa a los distintos distritos que muestran dificultades para afrontar gastos corrientes y así evitar que recurran al mercado financiero, donde las tasas de interés oscilan entre el 30% y el 45 por ciento, según cálculos oficiales.

El adelanto financiero que autorizará en los próximos días el Ejecutivo nacional alcanzará, según fuentes oficiales, a las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. A su vez, la provincia de Entre Ríos fue incluida en el esquema durante el mes de enero de 2026, en el marco de una política que, según señalaron desde el Gobierno, responde a una práctica histórica de asistencia a las administraciones provinciales.

La operatoria consistirá en anticipar a las provincias parte de los fondos que les corresponden por coparticipación, con la obligación de reintegrarlos dentro del mismo año. Esta modalidad permitirá que los distritos eviten salir al mercado en busca de financiamiento y eludan el pago de intereses elevados, ya que el Gobierno nacional fija una tasa del 15% para estos anticipos, inferior a las condiciones del sistema financiero privado.

Según explicaron fuentes gubernamentales a Infobae, este mecanismo reemplazará el tradicional pedido mensual de adelantos extraordinarios por parte de las gobernaciones. Ahora, cada distrito debe informar de manera anticipada cuáles son sus necesidades de fondos, lo que permite establecer un esquema más ordenado y ajustado al porcentaje de coparticipación de cada una, destacan en despachos oficiales. De esta forma, se busca evitar devoluciones descoordinadas y dotar de mayor previsibilidad al flujo de recursos.

El nuevo esquema, avalado en el caso de Entre Ríos a comienzos de 2026 y que ahora será extendido a otras doce provincias, se enmarca en la estrategia del Gobierno nacional de limitar el endeudamiento provincial en condiciones excesivamente caras. Los fondos otorgados corresponden a recursos propios de las provincias, que se adelantan para cubrir necesidades inmediatas y luego deben ser devueltos en el transcurso del año.

De acuerdo a las estimaciones del titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, durante el primer trimestre de 2026, la recaudación tributaria perteneciente por ley a la administración nacional habría registrado una caída interanual del 8% en términos reales, mientras que los fondos transferidos a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires habrían disminuido un 6,5 por ciento.

En base a los datos informados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al cierre del tercer mes del año, los ingresos tributarios totales habría experimentado una baja real del 7,5% respecto al mismo período del año anterior.

Cayeron los giros a las provincias

Desde la consultora Politikon Chaco estimaron que por tercer mes consecutivo, cayeron las transferencias automáticas a provincias: en marzo fue de -4,3% y cierran el primer trimestre en -6,4 por ciento. “La pérdida estimada de esa baja trimestral es de $ 1,15 billones a precios actuales”, indicaron los analistas.

Para marzo, ARCA informó que las transferencias del gobierno nacional a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones alcanzaron los $5,02 billones, frente a los $3,95 billones enviados en el mismo mes del año anterior. Esto representa un incremento nominal del 27,2 por ciento. Sin embargo, según estimaciones del Iaraf, la caída real en el mes fue cercana al 4 por ciento. Si se consideran únicamente las transferencias automáticas, excluyendo leyes complementarias y compensaciones, la disminución real habría sido del 7,4 por ciento.

Al analizar el comportamiento de las transferencias automáticas por provincia, todas las jurisdicciones salvo Salta mostraron caídas reales. La brecha entre la mayor y la menor variación fue de 7,6 puntos porcentuales, con CABA registrando la baja más significativa (7,2%) y Salta siendo la única con un aumento (0,4%). En el caso de CABA, Tucumán y La Rioja, la reducción estuvo vinculada a una menor participación en leyes especiales y compensaciones, que crecieron 36% en términos reales frente al año anterior. Salta, Buenos Aires y Catamarca se destacaron por recibir una mayor proporción de estos fondos dentro del esquema de reparto.

Durante el primer día habilitado para la presentación de la declaración anual de personas físicas, usuarios reportaron fallas en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En las redes sociales del SAT, contribuyentes que esperaban realizar la declaración anual este 1 de abril: “No carga correctamente los archivos de la efirma, pone una ruta fakepath y aunque los archivos esten en otra unidad”, “No deja entrar, aparece error la entrada no se ha completado. Inténtelo de nuevo. Y así desde media hora”, “No está dejando ingresar ala declaración ya puse contraseña rfc y capcha”.

Otros comentarios de contribuyentes al SAT fueron: “porque me aparece c:\fakepath cuando quiero carga la efirma y como puedo solucionarlo. Ya elimine cookies e historial y sigue sin aceptarlo, automáticamente me saca de la página”, “Fatal su plataforma, como siempre fallando”, “Ni sirve la página, y tremenda jalada de pedir e firma para devolución”, “´No tiene privilegios para acceder al aplicativo´ Me tengo que preocupar?"

Antes estas quejas, el SAT no ha dado una declaración oficial. Sin embargo, sí ha dado algunas respuestas a los contribuyentes: “agradecemos ingreses desde un navegador diferente, previa eliminación de cookies y archivos temporales, saludos”, “valida estar ingresando de manera correcta con los archivos y contraseña de clave privada de tu e.firma”, “si estas accediendo con la contraseña del RFC verifica estar capturando únicamente ocho caracteres, caso contrario, ingresa los primeros ocho”.

Inicia período para ingresar la declaración anual este 1 de abril

A partir del 1 de abril, millones de personas físicas en México deben presentar su Declaración Anual 2025 ante el SAT, en un trámite que se realiza de forma completamente digital y que, además de evitar sanciones, permite acceder a devoluciones en caso de saldo a favor. Este procedimiento fiscal se mantendrá abierto hasta el próximo 30 de abril y es una obligación clave en el calendario tributario del país.

Las multas por incumplir con la presentación puntual de la Declaración Anual van desde 2 mil 050 hasta 25 mil 360 pesos por cada obligación omitida, según el Código Fiscal de la Federación, y la autoridad puede requerir la regularización del contribuyente hasta en tres ocasiones, lo que podría derivar en la pérdida del estatus fiscal favorable.

Entre las novedades para el ejercicio fiscal 2025, el SAT ofrece un Simulador de la Declaración Anual disponible desde marzo en su portal web, diseñado para revisar información precargada, identificar errores y anticipar el resultado antes de hacer el envío definitivo.

Este simulador solicita ahora completar cada sección antes de avanzar, distingue ingresos exentos y permite verificar los datos de retenedores tanto para quienes tributan en actividades empresariales, arrendamiento, RESICO y plataformas digitales.

Otra mejora destacada es la integración de nuevas funcionalidades para la aplicación de estímulos fiscales del Plan México, requeridos para quienes tengan constancias de autorización válidas. El sistema también notifica sobre cambios en los datos precargados y permite reclasificar facturas de deducciones personales que no hayan sido reconocidas automáticamente.

Además, el SAT mantiene activos visores de nómina, de deducciones personales y de retenciones, útiles para trabajadores, empleadores y contribuyentes que requieran revisar facturas, pagos y operaciones anualizadas. Para quienes soliciten devolución y el saldo a favor sea igual o mayor a 10 mil 001 pesos, el envío del trámite debe realizarse con la e.firma vigente.

Mientras continúa la disputa judicial que mantiene suspendidos provisionalmente 83 artículos de la reforma laboral, desde hoy dejaron de regir varios impuestos al consumo sobre distintos bienes y servicios, según lo establecido por la Ley de Modernización Laboral.

El artículo 195 de la normativa elimina varios impuestos internos aplicados a bienes y servicios a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de la reglamentación. De esta manera, e suprime el gravamen para seguros, que tenía una alícuota del 2,5%, y para objetos suntuarios, con una tasa del 20 por ciento. También se deroga el impuesto sobre la telefonía celular y, la medida incluye a vehículos, embarcaciones y aeronaves.

En el caso de la telefonía celular y satelital, la carga impositiva era del 5,2632% sobre el monto total de la factura. La supresión de este impuesto podría reducir el costo de estos servicios para los usuarios finales, aunque el impacto concreto dependerá de cómo los proveedores reflejen esa reducción en los precios.

• Seguros
• Servicios de telefonía celular
• Servicios de telefonía satelital
• Objetos suntuarios
• Vehículos automóviles y motores
• Embarcaciones de recreo o deportes
• Aeronaves

Qué dice el artículo 195 de la reforma laboral

Impuestos selectivos al consumo

Artículo 195.- Déjase sin efecto, a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley, el impuesto previsto en la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, para los rubros de: los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y los vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves.

La eliminación del impuesto al lujo

El 1 de abril marcó el final de un ciclo de 12 años en el que un impuesto alteró significativamente el precio de los autos 0 km en Argentina. Se trata del tributo interno a los vehículos considerados suntuarios, que aunque tiene antecedentes en décadas previas, a fines de 2013 se transformó en el denominado “impuesto al lujo” debido al aumento de su alícuota, generando sobrecostos incluso en modelos de entrada de gama.

El gravamen se organizaba en dos escalas: una del 20% para los autos de menor valor y otra del 35% para los de mayor precio. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizaba trimestralmente los valores de referencia que definían qué vehículos quedaban exentos y cuáles tributaban en cada escala.

En febrero de 2025, se suspendió la escala más baja y la tasa de la segunda bajó al 18 por ciento. Esto permitió dejar fuera del alcance del “impuesto al lujo” a gran parte de los autos económicos y de gama media, facilitando la recuperación de la oferta de modelos importados en el mercado local.

Finalmente, en febrero de este año, el Gobierno incluyó la eliminación total del impuesto en el capítulo fiscal de la reforma laboral debatida en el Congreso. La derogación se hizo efectiva recién el 1 de abril, ya que la reglamentación dispuso que la medida entraría en vigor el primer día hábil del mes posterior a la promulgación de la ley.

La cautelar que frena parte de la reforma laboral

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 dispuso la suspensión temporaria de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, tras un pedido presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Según resolvió el tribunal, la aplicación inmediata de la ley podría afectar derechos laborales y sindicales protegidos por la Constitución Nacional, motivo por el cual se resolvió mantener la situación actual hasta contar con una sentencia definitiva.

El juez Raúl Horacio Ojeda, a cargo de la resolución, reconoció la capacidad de la CGT, representada por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, para actuar en defensa colectiva de los trabajadores. El pedido de suspensión se fundamenta en posibles contradicciones con la Constitución Nacional.

La demanda presentada por la central sindical señala que los artículos cuestionados incluyen la derogación de la Ley de Teletrabajo y modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, así como en aspectos relativos a la jornada laboral, vacaciones, representación y negociación sindical, condiciones de salario y la aplicación del principio “in dubio pro operario”. Esta medida cautelar, que impacta tanto en trabajadores como en empleadores alcanzados por la legislación laboral general y sus normas complementarias, tiene efecto inmediato y colectivo.

La Agencia Tributaria ha despejado la situación de inestabilidad que afectaba a 230.000 autónomos al publicar este miércoles una nota técnica en la que prolonga los límites de facturación imprescindibles para seguir acogidos al sistema de estimación objetiva, conocido como régimen de módulos. La información se ha dado a conocer en la misma jornada en la que se inicia el plazo de presentación del pago fraccionado del IRPF correspondiente al primer trimestre del año, según la nota difundida por la Agencia Tributaria.

Los profesionales por cuenta propia podrán conservar el acceso al sistema de módulos después de que la Administración haya confirmado la prórroga de los límites de facturación: 250.000 euros de ingresos globales o, en el caso de facturación a empresas, 125.000 euros. En ausencia de la prórroga, los baremos habrían descendido a 150.000 euros y 75.000 euros, respectivamente, desplazando a un elevado número de autónomos a otros regímenes tributarios.

La nota de la Agencia Tributaria coincide con la apertura del periodo para que estos trabajadores liquiden el primer pago del IRPF anual y clarifica que la medida mantiene, sin cambios, los umbrales de ingresos que permiten optar al sistema simplificado. Esta continuidad ratifica que la modificación favorece a los contribuyentes, como han indicado expertos citados en la propia nota técnica.

Qué modificaciones introduce la Agencia Tributaria

El Ministerio de Hacienda había intentado anteriormente prorrogar estos límites a través de un Real Decreto-ley presentado el 23 de diciembre, que también abordaba la revalorización de las pensiones y la prórroga antidesahucios, lo que provocó el rechazo a la norma por parte de PP, Vox y Junts en el Congreso. Un segundo intento en el Real Decreto-ley del 3 de febrero tampoco prosperó por el mismo motivo. Dada esta situación, la Administración ha optado, por segunda vez consecutiva, por formalizar la extensión mediante una nota técnica, a pesar de que cualquier modificación en la materia requeriría una norma con rango de ley.

La Agencia Tributaria ha justificado su decisión señalando que, dado que la prórroga de los umbrales de facturación incluida en el Real Decreto-ley del 23 de diciembre seguía vigente a 1 de enero de 2026, ejercicio en el que se devenga el IRPF correspondiente a 2025, el texto despliega sus “plenos efectos jurídicos”, siendo por tanto de aplicación a los autónomos.

Otras novedades

Por otra parte, el documento hecho público por Hacienda incluye novedades relativas a la declaración de la Renta que comenzará el 8 de abril. Entre ellas, la Administración confirma la prórroga un año más del tipo reducido que grava a los propietarios de viviendas vacías, esto es, inmuebles sin alquilar. Concretamente, se aplicará un tipo del 1,1% sobre el valor catastral cuando la valoración haya sido revisada tras 2012; en el caso de inmuebles cuya revisión sea anterior, el tipo alcanza el 2%.

La información divulgada por la Agencia Tributaria concluye que la nueva nota técnica asegura la continuidad del marco vigente durante este ejercicio fiscal, tanto en el régimen de módulos de autónomos como en la tributación de viviendas vacías, permaneciendo ambas medidas activas de cara a la campaña de la renta de 2025.