El caso Las Marías es extraordinario por su magnitud, pero el problema que desnuda está lejos de ser excepcional. El sistema tributario provincial argentino ha construido una verdadera maquinaria de recaudación anticipada. Por cada tres pesos que recaudan las provincias, aproximadamente dos ingresan mediante mecanismos de recaudación anticipada. El dato obliga a preguntarse si no hemos invertido completamente el funcionamiento normal de un sistema tributario. La secuencia lógica debería ser sencilla: ocurre el hecho imponible, nace la obligación tributaria, se determina el impuesto y finalmente se paga. En buena parte de nuestro sistema provincial sucede exactamente al revés: primero se cobra y después se determina cuánto debía pagar el contribuyente.

Retenciones bancarias, percepciones, anticipos, agentes de recaudación y sistemas superpuestos permiten al Fisco apropiarse anticipadamente de recursos que todavía no sabe si le corresponden. Y cuando el monto cobrado supera la obligación definitiva, el problema deja de ser del Estado y pasa mágicamente a ser del contribuyente: ahora es él quien debe iniciar el largo camino con laberintos burocráticos para recuperar su propio dinero, que se va derritiendo como un helado en la mano.

El sistema tributario provincial argentino ha construido una verdadera maquinaria de recaudación anticipada

No estamos hablando de un fenómeno marginal. Si dos de cada tres pesos ingresan anticipadamente, el anticipo dejó de ser una herramienta auxiliar de recaudación para convertirse en el corazón mismo del sistema recaudatorio provincial.

Pero el fallo Las Marías obliga a formular una pregunta todavía más incómoda. Según lo denunciado en el expediente, los distintos mecanismos cuestionados producirían pagos a cuenta por $7.171 millones anuales frente a un impuesto estimado de apenas $23 millones: el equivalente a 307 años de obligación tributaria adelantada. Frente a semejante desproporción, ¿podemos seguir hablando simplemente de un régimen de anticipos mal diseñado? ¿O llega un momento en que la conducta del Estado obliga a ingresar en otro terreno jurídico?

La Corte entiende que hay una cuestión constitucional federal seria

Este es, para mí, el aspecto jurídico más trascendente. La Corte considera que debe analizarse si Misiones está ejerciendo una potestad fiscal territorialmente exorbitante, al imponer anticipos que incluirían ingresos provenientes de actividades exportadoras desarrolladas fuera de esa provincia. Pero va todavía más lejos: señala que también debe determinarse si estos mecanismos afectan la libre circulación de mercaderías, el comercio interprovincial y la prohibición constitucional de establecer aduanas interiores. Esto eleva enormemente la discusión. Ya no estamos solamente frente al problema administrativo de un saldo a favor excesivo. La Corte coloca el conflicto dentro de los límites constitucionales que tienen las provincias para ejercer su poder tributario.

La cautelar es muy fuerte

El juez federal había ordenado suspender, respecto de Las Marías, los cuatro regímenes cuestionados y disponer que bancos, agentes de retención y agentes de percepción dejaran de practicar esas detracciones. También prohibió obstaculizar el ingreso de mercaderías a Misiones por falta de pago de esos anticipos. Y la Corte ahora mantiene expresamente esa cautelar.

Ordena a Misiones y a su Agencia Tributaria cumplirla y comunicarla a las entidades financieras y agentes de recaudación para que adopten las medidas necesarias.

La Corte coloca el conflicto dentro de los límites constitucionales que tienen las provincias para ejercer su poder tributario

Eso es particularmente significativo porque, mientras se discute el fondo, la Corte no permite que continúe funcionando sobre esta empresa el mecanismo que produce semejante acumulación de pagos a cuenta.

La Corte asume competencia originaria

También es relevante institucionalmente. La Corte determina que la causa corresponde directamente a su competencia originaria y corre traslado de la demanda a Misiones por 60 días.

Por lo tanto, será la propia Corte Suprema la que tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre el fondo constitucional del sistema.

Lo que todavía no dijo la Corte

Esto conviene remarcarlo para no sobredimensionar jurídicamente el fallo. La Corte todavía no declaró inconstitucionales los regímenes de retención, percepción y anticipos de Misiones.

Tampoco estableció todavía como doctrina general que todo saldo a favor excesivo sea confiscatorio o inconstitucional. Pero sí hizo dos cosas muy relevantes: consideró que existe una cuestión federal suficiente para intervenir directamente y mantuvo una cautelar que impide continuar aplicando esos mecanismos mientras se sustancia el juicio.

Por qué este caso puede ser trascendente

Si cuando dicte sentencia definitiva la Corte avanza sobre el fondo en la dirección que plantea la demanda, el precedente podría tener consecuencias que excedan ampliamente a Misiones. Podría convertirse en un caso central para discutir hasta dónde puede llegar una provincia con retenciones, percepciones, SIRCREB y otros pagos anticipados cuando dejan de guardar una relación razonable con el impuesto que finalmente corresponde pagar.

Un pago a cuenta que equivale a 307 años de impuesto deja de funcionar como un anticipo y se parece a una apropiación anticipada de recursos

Y hay una frase conceptual que, aunque no es textual del fallo, sintetiza muy bien lo que está en juego: un pago a cuenta que equivale a 307 años de impuesto deja de funcionar económicamente como un anticipo y comienza a parecerse a una apropiación anticipada de recursos del contribuyente.

El Código Penal contempla el delito de exacciones ilegales para determinados supuestos en los que un funcionario público exige, directa o indirectamente, derechos, contribuciones o dádivas que sabe que no son debidos o que exceden lo que corresponde. No afirmamos aquí que ese delito se encuentre configurado en este caso. Eso requeriría acreditar todos sus elementos objetivos y subjetivos y corresponde exclusivamente a la Justicia penal. Pero una diferencia de esta magnitud obliga, al menos, a hacerse la pregunta. Una cosa es que un sistema de anticipos produzca accidentalmente un saldo a favor, otra muy distinta sería que, conociendo que las retenciones y percepciones exceden sistemática y desmesuradamente la obligación tributaria, los funcionarios responsables mantuvieran deliberadamente esos mecanismos y continuaran exigiendo sumas que saben que no guardan relación razonable con el impuesto debido.

Allí la discusión podría dejar de limitarse a la constitucionalidad tributaria para ingresar eventualmente en el terreno de la responsabilidad personal del funcionario. Y este cambio de perspectiva es fundamental. Durante demasiado tiempo discutimos los abusos tributarios como si fueran abstracciones: “el Fisco retuvo”, “la provincia percibió”, “Rentas acumuló saldos a favor”. Pero detrás de cada acto estatal existen funcionarios que diseñan, aprueban, aplican y mantienen esos sistemas.

Un sistema tributario no puede considerar normal cobrar 307 años de impuesto por adelantado

Si el contribuyente que deliberadamente deja de pagar un impuesto puede enfrentar consecuencias patrimoniales e incluso penales, también corresponde preguntarse qué responsabilidad cabe al funcionario que, a sabiendas, exige cobrar aquello que jurídicamente no corresponde o manifiestamente excede lo debido. La ley debe obligar a ambos. También al Estado.

El límite que ahora puede marcar la Corte

Por eso el caso Las Marías puede terminar siendo mucho más importante que una discusión sobre Ingresos Brutos. La Corte deberá determinar si los mecanismos cuestionados exceden territorialmente la potestad tributaria provincial y afectan principios constitucionales tan esenciales como la libre circulación, el comercio interprovincial y la prohibición de aduanas interiores. Todavía no existe sentencia definitiva. Pero hay algo que los números ya permiten advertir.

Un sistema tributario no puede considerar normal cobrar 307 años de impuesto por adelantado.

Cuando el Estado recauda antes de determinar; cuando convierte sistemáticamente al contribuyente en su financista; cuando retiene mucho más de lo que finalmente corresponde y luego dificulta recuperar el excedente, el problema deja de ser simplemente de eficiencia recaudatoria. Pasa a ser un problema de límites al poder. Y quizás ésa sea la verdadera dimensión del caso que ahora tiene la Corte en sus manos: no solo decidir cuánto puede cobrar una provincia, sino recordar que quienes ejercen el poder tributario también están sometidos a la ley.

El autor es CEO de LL&A

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria e intervendrá en una demanda del establecimiento yerbatero Las Marías que cuestiona los regímenes de retención, percepción y pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos implementados por la provincia de Misiones.

Además, el máximo tribunal resolvió mantener vigente la medida cautelar que había suspendido la aplicación de las normas cuestionadas respecto de la empresa y ordenó correr traslado de la demanda a Misiones por el plazo de 60 días.

El planteo de Las Marías apunta contra una serie de resoluciones generales de la Agencia Tributaria misionera —3/1993, 35/2002, 56/2007, 1/2010 y sus modificatorias—, que la compañía considera inconstitucionales por afectar, entre otros, los artículos 17, 19, 28, 31, 75, incisos 13 y 18, 122 y 126 de la Constitución Nacional.

El dato que dimensiona el conflicto es el monto que, según la empresa, termina adelantando al fisco misionero. Las Marías informó pagos a cuenta mensuales por $597.643.467, que proyectados anualmente alcanzan $7.171.721.605, frente a una estimación de impuesto sobre los ingresos brutos de apenas $23.347.296.

Según sostuvo la firma, el total retenido y percibido representa el 30.718% de la obligación tributaria definitiva, lo que equivale —en términos de impuesto adelantado— a unos 307 años. Incluso señaló que ese período supera la duración social prevista en su estatuto, fijada en 99 años.

La cuestión federal es predominante

Para fundamentar su competencia originaria, la Corte Suprema de Justicia de la Nación —con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— recordó su doctrina según la cual esa jurisdicción excepcional procede cuando la acción se funda directa y exclusivamente en normas constitucionales nacionales, leyes del Congreso o tratados y la cuestión federal resulta predominante.

Los jueces entendieron que ese requisito se encuentra configurado en este caso. La Corte “reiteradamente ha establecido que la apertura de su jurisdicción originaria en razón de la materia solo procede cuando la acción entablada se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, leyes del Congreso o tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa”, explicó la sentencia.

Para el máximo tribunal, los términos de la demanda obligan a determinar si el mecanismo tributario cuestionado supone una extralimitación territorial de la potestad fiscal de Misiones.

“Los términos de la demanda y la efectiva sustancia del pleito demuestran que la cuestión planteada exige dilucidar si la pretensión fiscal –fundada en las resoluciones impugnadas– implica una extralimitación territorial de la potestad fiscal de la provincia, al imponer anticipos que incluirían ingresos de la empresa derivados de la actividad exportadora desarrollada en otros estados provinciales”, evaluó el máximo tribunal del país.

También deberá determinarse si el régimen afecta “de manera efectiva la libre circulación de las mercaderías, la regulación del comercio interprovincial y la prohibición de aduanas interiores”.

Ese aspecto fue determinante para que el expediente quede radicado directamente ante el máximo tribunal.

Una cautelar que sigue vigente

El juzgado federal de Paso de los Libres ya ordenó en junio de 2025 al fisco misionero abstenerse de aplicar los regímenes cuestionados, tanto directamente como a través de terceros como agentes de retención o percepción. Al mismo tiempo declaró la competencia originaria de la Corte y remitió el expediente al máximo tribunal.

También se dispuso que la provincia se abstuviera de impedir u obstaculizar el ingreso a su territorio de bienes remitidos por la empresa por la falta de pago de anticipos de Ingresos Brutos.

Pero luego el Superior Tribunal de Justicia de Misiones suspendió esa medida cautelar hasta tanto se expidiera la Corte Suprema. Ahora, el máximo tribunal resolvió mantener la vigencia de la cautelar dictada por el juez federal de Paso de los Libres.

La decisión alcanza a Misiones y a su Agencia Tributaria, que deberán cumplir con lo dispuesto y comunicar la medida, por cualquier medio fehaciente, a las entidades financieras y a los agentes de retención y percepción.

El conflicto entre provincias

En paralelo, Las Marías había pedido que la provincia de Corrientes fuera citada como tercero. La empresa explicó que el régimen misionero le dificultaba cumplir con las inversiones comprometidas en el marco del régimen de “Promoción de Inversiones en Emprendimientos Yerbateros” de esa provincia. Corrientes se presentó ante la Corte y manifestó su adhesión al reclamo. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó la citación como tercero.

La empresa también había solicitado la intervención del Estado Nacional, al sostener que las normas misioneras interferían con el régimen de ingreso y liquidación de divisas establecido por las comunicaciones “A” 6770 y “A” 8137 del Banco Central.

El planteo de fondo, de todos modos, quedó concentrado en la discusión sobre los límites de la potestad tributaria provincial y su eventual impacto sobre la actividad económica desarrollada fuera de Misiones.

Así, la Corte no solo tomó formalmente el expediente bajo su competencia originaria, sino que lo decidió mantener mientras se realiza el juicio, una cautelar que frena el mecanismo de recaudación cuestionado.

El próximo paso será la contestación de la demanda por parte de Misiones, para luego avanzar en la discusión de fondo sobre el alcance que puede tener la potestad tributaria de una provincia sobre una empresa cuya actividad y operaciones se proyectan sobre distintos territorios.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensifica en septiembre de 2026 su cruce de información con los bancos del país para detectar depósitos en efectivo que no coincidan con los ingresos declarados, en una estrategia que puede derivar en auditorías, requerimientos formales e incluso el embargo de cuentas. La obligación de reportar no recae en el cuentahabiente, sino en las instituciones financieras.

Según el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), bancos como BBVA, Banamex y Santander deben entregar al fisco, a más tardar el día 17 de cada mes, un informe con los depósitos en efectivo acumulados que superen los $15,000 pesos dentro del mismo periodo en una misma entidad.

Qué movimientos disparan el reporte automático al SAT

El umbral de $15,000 pesos mensuales aplica exclusivamente a billetes y monedas depositados en ventanilla o cajero automático, así como a la compra en efectivo de cheques de caja. La norma fue reformada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021.

Quedan fuera de ese esquema de reporte las transferencias electrónicas por SPEI, los traspasos entre cuentas y cualquier operación pactada mediante títulos de crédito, incluso si el movimiento ocurre dentro de la misma institución que recibe los recursos.

La discrepancia fiscal, el detonador real de una auditoría

Superar el umbral de $15,000 pesos no implica una citación automática. El artículo 91 de la LISR establece que el procedimiento de discrepancia fiscal se activa cuando las erogaciones de una persona física —gastos, adquisiciones de bienes, depósitos bancarios, inversiones financieras y cargos en tarjetas de crédito— superan los ingresos que declaró o debió declarar ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

El SAT puede activar una revisión cuando detecta que los gastos, depósitos o compras con tarjeta de un contribuyente superan sus ingresos declarados ante el RFC. Ante esa discrepancia, la autoridad notifica al afectado a través del Buzón Tributario y le otorga 20 días hábiles para aclarar por escrito el origen de los recursos y presentar las pruebas que considere pertinentes. Si la inconsistencia no se aclara, se presume ingreso gravado y se formula la liquidación correspondiente.

La norma también prevé excepciones. No entran al cálculo de discrepancia los depósitos que el contribuyente realice en cuentas ajenas cuando demuestre que correspondieron al pago por bienes o servicios, ni los traspasos entre sus propias cuentas o hacia cuentas de cónyuge, ascendientes o descendientes en línea recta de primer grado.

Las cinco causales que pueden llevar al embargo de una cuenta

El fisco no puede congelar ni inmovilizar fondos de forma arbitraria o inmediata. Para ordenar un aseguramiento de depósitos, la ley exige un procedimiento administrativo previo y documentado. Las causales legales son:

Deuda fiscal vencida sin pago ni garantía: cuando un contribuyente acumula créditos fiscales firmes y no los liquida ni ofrece respaldo económico suficiente, el SAT solicita la inmovilización de sus cuentas hasta garantizar el cobro total.

Omisión reiterada de declaraciones: dejar de presentar declaraciones mensuales o la declaración anual activa protocolos automáticos de revisión que pueden culminar en el bloqueo total de las cuentas asociadas.

Discrepancia fiscal no aclarada: depósitos, transferencias o gastos que superen los ingresos declarados, sin respaldo documental, motivan la inmovilización preventiva de los fondos mientras se desarrolla la investigación formal.

Estar catalogado como “no localizado”: el contribuyente registrado con un domicilio fiscal donde la autoridad no puede ubicarlo queda expuesto a medidas de aseguramiento de sus activos bancarios.

Operaciones con empresas factureras (EFOS): realizar transacciones con sociedades dedicadas a la expedición de comprobantes fiscales falsos es causal directa de congelamiento de cuentas.

La ley protege de forma expresa las cuentas de nómina, el pago de pensiones, los fondos de ahorro para el retiro (AFORE) y los apoyos de programas sociales, que no pueden ser objeto de embargo bajo ninguna de estas causales.

Plazos de septiembre que el SAT fijó como inamovibles

El organismo confirmó que el 17 de septiembre es la fecha límite para cumplir con ocho trámites fiscales obligatorios, entre ellos las declaraciones mensuales del Régimen de Coordinados y la declaración definitiva del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Quienes no regularicen su situación antes de esa fecha se exponen a multas y a auditorías derivadas de inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios registrados. La autoridad advirtió que la saturación del portal es habitual en las fechas límite.

La actualización anual de las ordenanzas fiscales e impositivas suele pasar inadvertida fuera del ámbito de los concejos deliberantes locales. Se trata de documentos extensos, con decenas de artículos y cientos de conceptos tarifados, que regulan desde el barrido de calles hasta la habilitación de comercios. Sin embargo, uno de esos textos, correspondiente a un distrito del interior bonaerense, generó repercusión en las últimas horas a partir de la difusión de un punto específico dentro de ese universo de tasas.

Se trata de la Ordenanza Impositiva 2026 del municipio de Adolfo Alsina, cuya cabecera es la ciudad de Carhué, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. El texto, que fija los valores de decenas de tributos municipales, incluye dos artículos que alcanzan puntualmente a los torneos de truco y canasta, dos de los juegos de naipes más difundidos en encuentros barriales, clubes y peñas del interior del país.

Qué se grava exactamente

Un repaso por el anexo de la ordenanza permite confirmar que la referencia no es aislada: existen dos artículos independientes que alcanzan a los torneos de cartas, enmarcados en capítulos distintos de la normativa. El primero de ellos es el Artículo 16, incluido en el Capítulo XII, que corresponde a los Derechos a los Espectáculos Públicos. Allí, junto con conceptos como bailes, carreras automovilísticas, jineteadas o funciones de boxeo, aparece el inciso g), que fija un valor de $40.500 por torneo para “torneos de truco, canasta, etc”.

El segundo es el Artículo 26, ubicado en el Capítulo XVIII, bajo el título de Tasa por Servicios Varios. Ese artículo regula lo que la ordenanza denomina “explotación de juegos de entretenimiento”, una categoría que agrupa a los juegos electrónicos a fichas, las mesas de billar, las calesitas y los juegos de bowling o arquería, entre otros. En ese mismo listado, el inciso e) establece un monto de $31.200 por “campeonatos de truco, canasta o similares”.

De esta manera, un mismo torneo de truco o canasta organizado en el distrito puede quedar comprendido, según cómo se lo encuadre administrativamente, dentro de dos tributos distintos y con importes que no coinciden entre sí. La ordenanza no aclara si ambas tasas son acumulativas o si se aplica una u otra según el tipo de evento, aunque su ubicación en capítulos separados —uno referido a espectáculos públicos y otro a servicios varios vinculados a juegos de entretenimiento— sugiere que responden a hechos imponibles formulados de manera diferenciada.

No obstante, el secretario de Hacienda de Adolfo Alsina, Renzo Redel, aclaró que “en la práctica esas tasas no se aplican”. En diálogo con Infobae, el funcionario municipal aseguró que no se percibe ninguna de las dos tasas y tampoco van a hacerlo en el futuro. “De hecho, estimulamos mucho los eventos de ese tipo, pensando en los adultos mayores y el tema de desarrollo cognitivo”, subrayó.

Respecto al origen del tributo, Redel estimó que “viene de gestiones anteriores”, aunque no supo identificar el punto exacto de su creación. “Probablemente es un ítem que quedó dentro de la ordenanza y pasamos por alto. En la práctica no lo cobramos y si es necesario lo sacaremos”, comentó.

“Lo que sí cobramos son tasas para otro tipo de espectáculos y a la venta ambulante. También tenemos ingresos por multas y las tasas de seguridad e higiene, pero no mucho más”, detalló Redel.

Una excepción para las instituciones locales

Más allá de lo que ocurre en la práctica, hay otros puntos para analizar dentro de la ordenanza. El texto prevé una salvedad para el caso de los espectáculos regulados por el Artículo 16, entre los que se incluye el torneo de truco y canasta alcanzado por esa norma. El Artículo 17 establece que, cuando esos espectáculos sean organizados por instituciones locales de bien público inscriptas en el Registro Municipal, el monto a abonar se reduce a $14.700, muy por debajo de los $40.500 previstos para el caso general. Esa diferencia implica que un club de barrio o una entidad social registrada formalmente paga menos de la mitad que un organizador sin ese estatus institucional por el mismo tipo de evento.

La ordenanza no contempla, en cambio, una bonificación equivalente para la tasa fijada en el Artículo 26, que corresponde a los juegos de entretenimiento y que también recae sobre los campeonatos de truco y canasta con un valor de 31.200 pesos. En ese capítulo, las reducciones previstas están asociadas a la localidad donde se desarrolla la actividad y no al carácter de la entidad organizadora.

Un municipio que ya había estado en el centro de la escena

Adolfo Alsina había sido noticia a comienzos de este año por otro capítulo de su esquema tributario. En enero, el Concejo Deliberante local aprobó un incremento del 101% en la tasa vial rural, que pasó de $3.129,85 a $6.295,97 por hectárea, en el marco de la misma Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026.

La medida generó un fuerte rechazo entre las entidades agropecuarias del distrito, que cuestionaron el estado de la red de caminos rurales y plantearon que el aumento no se correspondía con mejoras concretas en la infraestructura. El propio Concejo incorporó entonces una cláusula de revisión, según la cual la tasa podría retrotraerse a su valor anterior si en un plazo de seis meses no se verifican avances en el mantenimiento vial.

El SAT informó que los ingresos del Gobierno federal sumaron 3 billones 830 mil 732 millones de pesos de enero a julio de 2026, un crecimiento nominal de 117 mil 65 millones de pesos frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con el organismo.

En esos siete meses, los ingresos tributarios se ubicaron en 3 billones 407 mil 331 millones de pesos, con un aumento nominal de 128 mil 523 millones de pesos respecto a enero-julio del año previo, según el comunicado del SAT.

IEPS deja más de 401 millones de pesos en los primeros siete meses del 2026

Por IEPS ingresaron 401 mil 712 millones de pesos, 22 mil 628 millones de pesos más que en el mismo lapso de 2025.

La recaudación por IVA alcanzó 1 billón 41 mil 19 millones de pesos, un crecimiento de 129 mil 667 millones de pesos a tasa nominal anual, y por ISR se reportaron 1 billón 777 mil 785 millones de pesos.

El SAT añadió que el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes fortalece la recaudación, la economía mexicana y el bienestar de la población.

En términos presupuestales, la recaudación tributaria forma parte central de los recursos del Gobierno Federal. Ese dinero se destina a programas sociales y pensiones; servicios de salud y compra de medicamentos; educación pública; infraestructura carretera, hidráulica y de transporte; seguridad pública, procuración de justicia y operación de dependencias federales; y organismos públicos.

Registra el país en julio un récord de exportaciones e importaciones, informa el Inegi

México marcó en julio un récord de exportaciones e importaciones, con ventas al exterior por 81 mil 420 millones de dólares y compras por 82 mil 268 millones de dólares, un resultado que confirma el repunte del comercio exterior aunque ese mismo mes deja un déficit comercial por 847.5 millones de dólares, según las cifras oportunas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El avance anual también alcanzó máximos en ambos flujos: las exportaciones crecieron 43.7% frente a julio de 2025 y las importaciones subieron 45%. En el acumulado de enero a julio, el saldo se mantiene positivo, con un superávit de 9 mil 255 millones de dólares.

De acuerdo con el Inegi, el dinamismo de julio se concentró sobre todo en las mercancías no petroleras y en la industria manufacturera. Dentro de ese bloque, los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos aparecen como uno de los motores del repunte.

Manufacturas llevan las exportaciones mexicanas a su mayor nivel mensual

Las mercancías no petroleras aumentaron 45% respecto de julio de 2025. En ese segmento, las ventas hacia Estados Unidos crecieron 49.8%, mientras las dirigidas al resto del mundo avanzan 21%.

Las exportaciones manufactureras sumaron 76 mil 306 millones de dólares y registraron un incremento anual de 45.7%. El dato confirmó que el mayor empuje del comercio exterior mexicano en julio provino de la producción industrial.

Dentro de las manufacturas, las exportaciones no automotrices alcanzaron 59 mil 841 millones de dólares y suben 64.9%. Las automotrices llegaron a 16 mil 465 millones de dólares, con un alza de 2.4%.

Ese desempeño automotriz se explica por trayectorias distintas según el destino. Los envíos a Estados Unidos aumentaron 3.7%, pero las ventas a otros mercados bajaron 3.9%.

Entre los productos con mayores incrementos destacan los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, con un salto de 134%. También subieron los productos de la minerometalurgia, con 27.3%; la maquinaria y equipo para industrias diversas, con 13.9%; los productos plásticos y de caucho, con 13.3%; y los productos automotrices, con 2.4%.

Las exportaciones extractivas también mostraron un repunte de 87.1% anual. En el caso de las petroleras, el valor exportado asciende a 1 mil 988 millones de dólares, con un crecimiento de 6.8%.

Bill Gates planteó gravar a los robots, así como a los tokens de inteligencia artificial. Para el cofundador de Microsoft, la IA impactará en múltiples áreas desde el empleo y seguridad hasta el terreno fiscal: menos horas trabajadas y menos salarios implican menos impuestos a la renta.

Agrega que a medida que los trabajadores se vean obligados a cambiar de empleo, necesitarán formación y “otros tipos de apoyo de la red de seguridad social”.

De allí su conclusión: los fondos “tendrán que provenir de alguna parte”, aun con presupuestos “ajustados”.

En qué consiste la propuesta de Bill Gates

La idea central es crear un impuesto que alcance a los “tokens de IA y los robots”. Gates compara el tratamiento actual del trabajo humano con el de la automatización: cuando un empleador contrata a una persona, suele pagar impuestos vinculados a esa nómina.

En cambio, cuando compra un robot, “normalmente” puede deducirlo de inmediato como gasto empresarial. Según el ahora filántropo, esa asimetría funciona como un incentivo: el sistema tributario empuja a reemplazar personas por máquinas.

El impuesto, explica, debería cumplir un doble objetivo: por un lado, “frenar un poco” la sustitución acelerada de trabajo humano por capital; por otro, recaudar recursos para afrontar la transición.

Gates reconoce que la medida tiene detractores. Algunos críticos, señala, afirman que no sería “óptimamente eficiente” desde el punto de vista económico.

Sin embargo, Gates contrapone una idea más amplia: el trabajo no solo produce ingresos, también tiene valor para la sociedad y para las personas, y en un escenario de innovación acelerada sería posible aceptar “cierta ineficiencia” como costo de mantener a más gente empleada.

Para qué se usaría el dinero recaudado

En su ensayo, Gates enfoca el destino de la recaudación en la reconversión profesional y en una red de seguridad social fortalecida.

La transición laboral, plantea, no afectará de manera uniforme: habrá trabajadores que perderán sus empleos por la IA y los robots, otros a quienes se les reducirán horas o salarios, y comunidades enteras donde se concentren las pérdidas.

Por eso insiste en un criterio de focalización: la ayuda debe “llegar a quienes más la necesitan”.

El llamado final es operativo y urgente. Más allá del mecanismo exacto de recaudación, sostiene que hay que empezar “ahora” para que los sistemas estén listos cuando la necesidad sea “acuciante”.

Su impuesto a los robots, remarca, no pretende ser una solución definitiva a la amenaza laboral de la IA, pero sí “forma parte de una respuesta sensata” ante un cambio tecnológico que, en su visión, exigirá mucho más de los Estados y de la sociedad.

Gates agrega que:

“Utilizaré mi voz y mi tiempo para impulsar la IA y la equidad en la agenda pública. Abordaré el tema con los legisladores cada vez que visite Washington, D.C., y en mis reuniones con líderes de todo el mundo. Será un tema central en mis conversaciones con quienes desarrollan modelos de IA. Defenderé el marco nacional e internacional que describí anteriormente”.

“La Fundación Gates contribuirá a impulsar un uso beneficioso, incluso en África. Breakthrough Energy, empresa que fundé, utilizará la IA para ayudar a otras compañías a desarrollar energía limpia y asequible, y a contribuir a la solución del problema climático. Además, escribiré sobre IA con regularidad”, señala el cofundador de Microsoft.

Estas declaraciones de Bill Gates se dieron en el ensayo “La turbulenta era de la IA ya está aquí. Las decisiones que tomemos ahora son cruciales”, que publicó en su blog personal Gates Notes.

“La transición a la era de la IA será uno de los periodos más turbulentos de la historia de la humanidad. En este momento, no nos estamos preparando adecuadamente para esa transición. Si el mundo toma las medidas correctas, la IA será una fuerza positiva y nos beneficiará a todos”, reflexionó.

Le contó a The New York Times cómo suena ese pacto de silencio. Los que entienden qué tan buena es la tecnología, y cuánto mejora cada mes, están muy preocupados en privado. Pero entre ellos la consigna es otra: “Oye, no digas eso. Es malo para nosotros, para el próximo billón de dólares que estamos tratando de levantar”. A Semafor le agregó su propia sorpresa: “Estoy en shock de ser casi el primero en decir que esto es una locura. Me ensordece el silencio”.

Lo que vuelve grave la acusación es que la industria ya había definido sus propias líneas rojas. Durante años, explicó Gates a GeekWire, los referentes del sector señalaron umbrales donde prometían frenar y pensar: facilitar la creación de un arma biológica, abaratar un ciberataque, construir máquinas de las que la gente dependa emocionalmente, eliminar empleos en masa, perder el control de la tecnología. “Estamos en proceso de cruzar cada uno de esos umbrales”, dijo. Y nadie pisa el freno primero: la respuesta típica que escucha es que si los demás bajaran la velocidad, quizás yo también.

Su pronóstico tampoco deja margen. “Lo bueno avanza lento y, salvo los robots, diría que lo malo es inminente”, le dijo a Axios. En el rumbo y la velocidad actuales, calcula “una probabilidad muy alta de un resultado neto negativo”.

Gates quiere una reserva natural para trabajadores

La propuesta central del ensayo se llama “Human Reserved”, reservado para humanos: empleos que la sociedad decide dejar a las personas aunque las máquinas puedan hacerlos. La analogía que usa es la de las reservas naturales, lugares donde se podrían construir rutas y edificios pero se elige no hacerlo porque la pérdida sería mayor que la ganancia.

Piensa en el cuidado infantil o los jurados como territorio humano sin discusión, y en la salud y la educación como zonas mixtas, donde el profesional conserva su lugar y usa IA para rendir más.

La reserva tendría dos formas. Algunos oficios quedarían para siempre en manos humanas. Otros recibirían una protección temporal, pensada para quienes no llegan a reconvertirse: no se le puede pedir a alguien de 55 años que pasó su vida en la construcción que se recicle en enfermería.

El otro instrumento es fiscal. Hoy, contratar a una persona implica pagar cargas laborales; comprar un robot se deduce como equipamiento. “El sistema impositivo te empuja a reemplazar personas con máquinas”, escribió. Su respuesta: gravar los tokens de IA (las unidades de texto que estos sistemas procesan) y los robots. Él mismo dimensiona lo que pide: “Hablo de un cambio al sistema impositivo mayor que cualquiera en mi vida, en el momento de mayor polarización política de mi vida”. Ya propuso un impuesto a los robots en 2017 y los economistas lo recibieron con frialdad.

El plan más protector deja al 60% afuera

Ahí está el número que casi nadie miró. Gates intentó calcular cuánto empleo podría preservarse con su esquema y llegó a un techo: en la versión más agresiva, alrededor del 40% de los puestos de trabajo. Traducido: el plan más proteccionista que hoy circula en la industria asume que seis de cada 10 trabajadores quedan a la intemperie. Y su diagnóstico es cerrado: “No hay ningún plan para facilitar la entrada a la era de la IA”.

La noticia, entonces, no es que Gates tenga un plan. Es que el hombre que fundó la industria del software moderno admite que la mano invisible no va a resolver esto, y que sus colegas lo saben y lo callan. Cuando el optimista original de la tecnología pide reservas para humanos, la discusión sobre si la IA destruye empleo ya terminó. Lo que empieza ahora es la negociación sobre cuántos quedamos adentro de la reserva.

La Cámara de Comercio de Florida aseguró que su campaña contra las políticas fiscales de Nueva York ya empezó a traducirse en contactos empresariales.

La ofensiva comenzó a principios de este mes con un cartel viral en Times Square que agradecía irónicamente al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, por “los empleos” y lo nombraba “Desarrollador Económico del Año”. Con ese mensaje, la entidad buscó contrastar las políticas de la “Gran Manzana” con las del “estado del sol”.

Tras la instalación del cartel, el impacto se reflejó en las métricas de la entidad. Según Fox News Digital, medio estadounidense, el tráfico web hacia la campaña “Libre Empresa” de la Cámara subió entre 500% y 600% después de la instalación del anuncio en la esquina de Broadway y la calle 43 Oeste.

Mark Wilson, presidente y director ejecutivo de la organización, dijo además que reciben entre cinco y siete consultas diarias de compañías, consultores de localización y funcionarios públicos, incluso fuera de Nueva York.

Wilson sostuvo al medio que la respuesta llegó desde todo el país. Mencionó contactos desde el estado de Washington, California, Illinois y Nueva York, además de exgobernadores, senadores estatales y miembros del Congreso que, según relató, respaldaron la discusión sobre “la libre empresa frente al socialismo”.

Entre esos contactos, destacó el de una empresa tecnológica interesada en abandonar Nueva York y trasladarse a Florida. “Recibí una llamada de una empresa de tecnología de Rochester, Nueva York, que está muy interesada en salir de Nueva York y mudarse aquí, a lo que ellos llaman la tierra de las oportunidades”, afirmó.

El presupuesto de Nueva York supera al de Florida pese a tener muchos menos habitantes

La comparación que plantea la organización se apoya también en cifras públicas. En junio, la ciudad de Nueva York aprobó un presupuesto de USD 125.800 millones para el año fiscal 2027, mientras que el presupuesto estatal de Florida asciende a USD 117.600 millones, aunque Florida tiene más de 23 millones de habitantes frente a los cerca de 8,3 millones de la ciudad.

La población de Nueva York sigue por debajo del nivel registrado en el censo de 2020, pese al crecimiento previsto en la última estimación anual. A eso se suman advertencias de organismos de control financiero sobre posibles déficits estructurales en los próximos años.

Frente a ese diagnóstico, un portavoz del Ayuntamiento había dicho previamente a Fox News Digital que “según cualquier indicador, la economía de la ciudad de Nueva York bajo el mandato del alcalde Mamdani es tan sólida como siempre” y que los trabajadores neoyorquinos se están beneficiando.

Wilson rechazó esa lectura y atribuyó el problema a la presión fiscal y a estructuras tributarias que, a su juicio, golpean a la clase media.

“Esto no es algo personal, y desde luego no es partidista. Se trata de una conversación sobre qué es mejor para el estadounidense promedio: la libre empresa o un gobierno más grande y menos libertad, por supuesto, con toda esta idea [socialista]”, dijo.

Luego agregó: “La ciudad de Nueva York está perdiendo población, el presupuesto de la ciudad de Nueva York no está equilibrado, por eso están buscando nuevos impuestos”.

Wilson vinculó ese argumento con oficios concretos, como enfermeros, electricistas y soldadores. Según planteó, el efecto de ese esquema en Nueva York es un aumento del costo de vida y una reducción de la capacidad de elección para trabajadores especializados.

El directivo también defendió la ventaja comparativa de Florida en términos de poder adquisitivo. Para ilustrarlo, puso como ejemplo a un soldador que gana USD 80.000 en Ocala y pueda acceder a una vivienda con un precio medio inferior a USD 300.000, sin impuesto estatal sobre la renta.

“Esa misma persona que vive en Nueva York puede ganar más dinero, pero no puede permitirse vivir allí”, afirmó. “El precio de ganar más dinero es una vivienda inasequible y una economía que quiere cobrarte más impuestos. Y nadie quiere vivir en ese entorno”.

La expansión nacional de la ofensiva

La organización confirmó además que planea ampliar a escala nacional su campaña “Libre Empresa”. Parte de la estrategia consiste en no revelar por ahora dónde aparecerá el próximo cartel, aunque Wilson mencionó entre las opciones a Nueva Jersey, California y ciudades como Minneapolis y Seattle.

Wilson expresó: “¿Cómo será el mañana? ¿Qué nos depara el futuro? Y eso es precisamente lo que intentamos hacer. Buscamos crear un entorno propicio para la innovación donde podamos vislumbrar el futuro del país”.

El dirigente añadió que la intención no es desear el fracaso de otros estados, sino competir con ellos. Sostuvo que Florida atraviesa una etapa de crecimiento empresarial, crecimiento demográfico y aumento de los ingresos imponibles.

A partir del 1 de noviembre de 2026, todos los contribuyentes clasificados como Grandes Locales y Medianos en República Dominicana deberán emitir exclusivamente facturas electrónicas. La medida, impulsada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), marca el inicio de una nueva etapa para el sistema fiscal del país, con el objetivo de fortalecer el control tributario y modernizar los procesos administrativos, según informó el portal oficial de la Presidencia de la República Dominicana.

La DGII detalló que las secuencias de comprobantes fiscales no electrónicos, conocidas como tipo “B”, solo serán aceptadas hasta el 31 de octubre de 2026 para aquellas empresas que están incluidas en esta disposición. A partir de esa fecha, los comprobantes físicos únicamente podrán usarse en situaciones de contingencia declarada y bajo las condiciones establecidas en el capítulo IX del Reglamento Núm. 587-24. El organismo precisó que esta normativa responde a la necesidad de consolidar la adopción de la facturación electrónica en todo el territorio nacional y de incrementar la eficiencia en la fiscalización y el cumplimiento tributario.

De acuerdo con la información publicada por la Presidencia de la República Dominicana, el sistema de facturación electrónica cuenta actualmente con una red de 190 proveedores de servicios autorizados, los cuales ofrecen diferentes soluciones tecnológicas para facilitar la incorporación de los contribuyentes a la nueva modalidad. Estos proveedores están distribuidos a lo largo del país y se espera que su oferta permita que las empresas realicen el proceso de adaptación de manera ágil y segura.

La institución tributaria instó a las empresas clasificadas como Grandes Locales y Medianas a completar con antelación las adecuaciones tanto administrativas como tecnológicas que exige la nueva normativa. El cumplimiento oportuno permitirá evitar interrupciones en las operaciones comerciales y garantizará que las compañías sigan operando dentro del marco legal vigente.

“La transición a la facturación electrónica es un paso clave para modernizar la relación entre la administración tributaria y los contribuyentes”, señala el comunicado reproducido por la Presidencia de la República Dominicana.

Por otra parte, la DGII recordó que los contribuyentes catalogados como Pequeños, Micros y No Clasificados disponen de una prórroga adicional para sumarse al sistema digital. El plazo para este grupo se extiende hasta el 15 de noviembre de 2026, fecha a partir de la cual la emisión de comprobantes fiscales electrónicos será obligatoria para todos los segmentos empresariales. Esta extensión pretende facilitar la adecuación de aquellos sectores con menor capacidad tecnológica y administrativa, según lo especificado en la normativa oficial.

El organismo resaltó que la implementación de la facturación electrónica busca garantizar mayor transparencia, agilidad en los trámites fiscales y mejores herramientas para combatir la evasión. Además, la medida se considera fundamental para optimizar la fiscalización y fortalecer la recaudación tributaria. Según la comunicación institucional, la adopción masiva de los comprobantes electrónicos permitirá una fiscalización más efectiva y simplificada.

La DGII reiteró el llamado a los contribuyentes alcanzados por esta etapa a que consulten con anticipación a los proveedores de servicios tecnológicos y realicen las inversiones necesarias en sistemas y capacitación del personal. “El éxito de la facturación electrónica depende del compromiso de los contribuyentes y de la colaboración de los actores del ecosistema digital”, puntualizó la entidad, de acuerdo con lo publicado por la Presidencia de la República Dominicana.

Los congresistas Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, presentaron la iniciativa legislativa para suprimir este tributo con el que se recaudaron $2,88 billones en 2024 y suma $1,9 billones en lo que va de 2026.

Briceño y Borda señalaron en una publicación en redes sociales que, luego de varios años en vigor, el impuesto no logró cambiar los patrones de consumo como se pretendía. Además, afirmaron que la medida representó una carga económica para los pequeños comercios dedicados a la venta de productos sujetos a este tributo.

Un día después de conocerse la iniciativa, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) se pronunció respaldó la intención de los congresistas, ya que, según el gremio, trasladó mayores precios a bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, redujo ventas y márgenes en las tiendas de barrio y golpeó la capacidad de compra de los hogares de menores ingresos.

El presidente de Fenalco, Jaime Cabal, dijo que esos gravámenes encarecieron productos de consumo cotidiano y afectaron a tenderos y consumidores en Colombia.

Además, afirmó que la propuesta retoma una petición que se impulsó desde hace tiempo para proteger a los tenderos, aliviar la carga sobre los negocios y reducir la presión sobre los precios que pagan los consumidores. “Valoramos que esta propuesta haya sido recogida y hoy se convierta en un proyecto de ley”, enfatizó.

Cabal señaló que esos impuestos, creados durante el gobierno de Gustavo Petro, “están afectando directamente a las tiendas de barrio”. Añadió que esos comercios atienden en su mayoría a familias de estratos uno, dos y tres y que hoy enfrentan presión sobre ventas, márgenes y costos. Fue tajante al decir que “desde Fenalco respaldamos y apoyamos el proyecto de ley radicado para eliminar el mal llamado impuesto saludable o mejor el impuesto a los tenderos”.

Impacto que Fenalco atribuye al gravamen en tiendas y hogares

Según cifras de Fenalco, con la entrada en vigor de los impuestos saludables:

• Las ventas en el sector de tiendas cayeron 25,4% desde la entrada en vigor del impuesto.
• Al mismo tiempo hubo una disminución de los márgenes de 47,27%.
• Los márgenes de ganancia de esos comercios disminuyeron más del 42% en el mismo periodo, una diferencia que el material no explica.

Fenalco recordó que el 94% de las tiendas de barrio se ubica en los estratos uno, dos, tres y cuatro. Para el gremio, esa distribución agrava el efecto sobre la economía de los sectores populares y sobre las familias con menos ingresos.

Cabal sostuvo que el impacto no se limita a los comerciantes. “Sin duda, estos impuestos a alimentos han tenido la dolorosa consecuencia de afectar gran parte de los productos que se venden en las tiendas y erosionar el poder adquisitivo de las familias con menos ingresos y, por supuesto, poner en serio peligro la estabilidad financiera de los tenderos”, expresó.

Sostuvo que la oposición al gravamen comenzó desde el debate inicial de la reforma. “Desde Fenalco, los tenderos se opusieron desde el mismo comienzo, pensando en las graves consecuencias que esto podría traer”, señaló.

Cifras de precios que expone el gremio

El gremio atribuye a estos impuestos un encarecimiento de productos de consumo diario como gaseosas, jugos, pasabocas y snacks. Según sus cálculos, con base en informes de inflación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la aplicación del gravamen disparó los precios de esos artículos.

Puso como ejemplo lo ocurrido en 2025 con los alimentos y una categoría de panadería. Ese año:

• La inflación de alimentos en el país fue de 5,07%.
• El renglón “otros productos de panadería” registró un incremento de 10,7%.

Así las cosas, dichos productos no seguirían subiendo de precio de esa manera. El documento también destaca el comportamiento de las golosinas en dos años consecutivos. Esa categoría registró en 2024 un aumento de precios de 15 veces la inflación de alimentos y en 2025 el alza fue de más de ocho veces.

Al respecto, Jaime Cabal afirmó que el impacto también llegó al comprador final por la vía de la canasta cotidiana. “Para los consumidores este ha sido también un impuesto porque se han encarecido los productos de la canasta y obviamente se ha disminuido su consumo”, puntualizó.

Pulso en el Congreso por eliminar el impuesto

Fenalco sostuvo que se opuso a estos impuestos desde el comienzo del debate que derivó en la reforma tributaria de 2022. El gremio considera que ese cambio normativo, aprobado durante el gobierno Petro, generó un efecto perjudicial para tenderos y consumidores.

Cabal celebró que varios congresistas retomaran una solicitud que, según dijo, Fenalco venía planteando desde la aprobación de la reforma. “Celebramos que varios congresistas han interpretado esta petición que veníamos haciendo desde Fenalco y han radicado un proyecto para eliminarlo”, indicó al decir que la iniciativa es una rectificación de la política fiscal aplicada a estos productos.

La organización pidió al Congreso dar trámite prioritario a la iniciativa. También anticipó que acompañará la discusión legislativa con el argumento de que eliminar esos gravámenes aliviaría la presión sobre los precios y mejoraría las condiciones de operación de las tiendas de barrio.

Bill Gates lanzó una dura advertencia sobre los riesgos de la inteligencia artificial para el empleo: “No hay ningún plan” para afrontar la disrupción que se viene, sostuvo, y propuso aplicar impuestos a la automatización como parte de la respuesta urgente que reclama a gobiernos y empresas. La alerta forma parte de un extenso ensayo publicado este miércoles en su sitio personal, Gates Notes, titulado “Una era turbulenta de la IA y decisiones críticas por tomar”.

“Incluso en las mejores circunstancias, la transición hacia esta nueva era de la IA será uno de los períodos más turbulentos de la historia humana”, escribió Gates. “En este momento, no nos estamos preparando para eso. No veo evidencia de que los líderes, los expertos y las comunidades estén enfrentando estos desafíos de manera adecuada”, agregó el cofundador de Microsoft.

“No hay ningún plan para facilitar la entrada a la era de la IA”, remarcó, y reclamó una mayor regulación de la tecnología.

El tono contrasta con el de un ensayo previo que el propio Gates había publicado en 2023, cuando se mostraba tan entusiasmado con la inteligencia artificial como lo había estado con la llegada de internet y las computadoras personales.

Empleos de oficina y manuales, bajo la misma amenaza

Gates sostuvo que la inteligencia artificial afectará tanto a los puestos de nivel inicial e intermedio en oficinas como al trabajo manual, con una velocidad que la distingue de transiciones económicas anteriores: mientras el paso de la agricultura al trabajo de oficina llevó varias generaciones y generó nuevos empleos que requerían razonamiento humano, la IA puede directamente sustituir ese razonamiento. Por eso, afirmó, golpeará a sectores como el derecho, la atención al cliente, la medicina, el desarrollo de software y la manufactura en el transcurso de una década, y no de varias generaciones.

“Cuando la inteligencia artificial ofrezca un trabajo casi libre de errores, va a poder funcionar sola, sin que un humano la supervise, y las empresas van a tener todos los incentivos económicos para permitirlo”, escribió.

El empresario planteó que una sociedad con muchas más personas desempleadas necesitará una red de contención social más fuerte, y recordó que el cierre de fábricas en el pasado había derivado en un aumento de las muertes por opioides en comunidades locales: “Imaginen presiones similares tanto en trabajadores de oficina como manuales a nivel nacional”, planteó.

El empresario citó, como advertencia, el antecedente de la Gran Depresión: en 1933, el desempleo en Estados Unidos llegó a un 25% y se mantuvo en dos dígitos durante buena parte de la década siguiente, hasta que la demanda, la inversión y el crecimiento permitieron la recuperación. Gates advirtió que el impacto de la IA no se disipará con un ciclo económico como aquel. Recordó, además, que el cierre de fábricas en el pasado contribuyó a un aumento de las muertes por sobredosis de opioides en comunidades de Estados Unidos: “Ahora imaginen presiones similares tanto en trabajadores de oficina como manuales a nivel nacional”, planteó.

“Human Reserved”: empleos exclusivos para personas

Uno de los conceptos centrales del ensayo, que Gates presentó como una idea propia, es el de “Human Reserved” (“reservado para humanos”): la propuesta de que ciertos trabajos queden excluidos deliberadamente de la automatización, tal como ocurre con las reservas naturales, donde se podría construir pero se elige no hacerlo. Gates ilustró la idea con la historia de su propio padre, fallecido de Alzheimer en 2020, quien en las etapas finales de su enfermedad fue cuidado día y noche por cuidadores profesionales que lo entendían incluso cuando él no podía expresarse. “Había algo irremplazablemente humano en el cuidado que le dieron a mi papá. Ningún robot podría, ni debería, haberlo hecho”, escribió.

Según Gates, la decisión de reservar un empleo para personas podría basarse en razones económicas —por ejemplo, evitar que se desplace a trabajadores que no pueden reconvertirse fácilmente— o en otro tipo de consideraciones, como el hecho de que no sería apropiado que un robot le comunique a un paciente que tiene una enfermedad incurable, aunque no exista un impedimento técnico para hacerlo. El propio Gates reconoció que la idea abre preguntas sin respuesta: “¿Quién decide qué se reserva para los humanos? ¿Qué criterios deberíamos usar? ¿Cómo evitamos que las empresas hagan trampa y usen robots de todos modos?”, planteó.

Una propuesta central: gravar la automatización

Como parte de la respuesta que reclama, Gates volvió a proponer un impuesto a los robots y los tokens de inteligencia artificial, una idea que, según reconoció, ya había planteado años atrás y que en su momento generó rechazo generalizado.

“Sigo siendo un gran defensor de esta propuesta. Aunque no es la solución completa a la amenaza de la IA, es parte de una respuesta sensata”, escribió.

Explicó que, actualmente, un empleador paga cargas sociales por contratar a una persona, pero puede deducir como gasto de forma inmediata la compra de un robot, lo que el sistema impositivo termina incentivando la sustitución de personas por máquinas. Un impuesto de este tipo, sostuvo, podría desalentar levemente esa carrera y financiar la recapacitación y un sistema de contención social más fuerte, aunque aclaró que debería diseñarse con cuidado para no frenar usos claramente beneficiosos de la tecnología, como abaratar la medicina o la educación.

Riesgos que van del ciberataque a la salud mental de los chicos

El ensayo también advierte sobre el uso de la IA para facilitar ciberataques, fraude, desinformación y vigilancia, y sobre el riesgo de que gobiernos utilicen armas autónomas capaces de emplear fuerza letal sin intervención humana. Gates dedicó además un tramo extenso a advertir sobre el vínculo entre los chicos y los “compañeros” de inteligencia artificial, a los que calificó de potencialmente adictivos por no generar fricción ni desafiar a quien los usa. Citó un estudio de las universidades Stanford y Carnegie Mellon sobre más de 1.100 usuarios de compañeros de IA, según el cual quienes tenían redes sociales más pequeñas eran los más propensos a recurrir a un chatbot en busca de compañía, y cuanto más intenso y emocional era ese uso, peor se sentían después. Mencionó también que países como Australia, el Reino Unido y Noruega ya adoptaron protecciones para menores en el uso de IA, y que China fue el más lejos al restringir ampliamente las aplicaciones de compañía por IA y prohibir vínculos virtuales de tipo romántico o familiar para menores.

Un llamado a la cooperación entre Washington y Beijing

Gates instó a los gobiernos del mundo a construir un marco regulatorio nuevo, tanto a nivel nacional como internacional, y remarcó que Estados Unidos y China deberán cooperar en ese proceso, en una comparación que trazó con los regímenes internacionales de inspección de armas nucleares, la regulación de la aviación civil y los acuerdos de protección de la capa de ozono. También mencionó que le había resultado interesante la encíclica del papa León XIV sobre inteligencia artificial, titulada “Sobre el resguardo de la persona humana en tiempos de inteligencia artificial”, a la que calificó como una base sólida para el trabajo que hace falta emprender.

Pese al tono de advertencia, Gates remarcó también el enorme potencial positivo de la tecnología en áreas como la salud, la agricultura y los servicios estatales, y citó el caso de Viz.ai, un sistema que ya se usa en cerca de 2.000 hospitales estadounidenses para detectar accidentes cerebrovasculares y otras emergencias. Adelantó, además, que ampliará estos temas el mes próximo en el informe anual Goalkeepers de la Fundación Gates, que en los próximos 19 años deberá distribuir los 200.000 millones de dólares que le quedan por invertir, con la inteligencia artificial como herramienta para acelerar el desarrollo de vacunas y tratamientos contra el VIH, la tuberculosis, la malaria y la desnutrición.

La Unión Industrial Argentina (UIA) pidió al Gobierno nacional la adopción de medidas para paliar la “asfixia financiera” derivada de la suba de tasas, la caída de actividad y la restricción del crédito, a su juicio, que afecta a las pymes industriales.

El reclamo se realizó en el marco de una reunión entre el Departamento de Política Tributaria de la UIA y autoridades de ARCA, donde la entidad fabril advirtió sobre la gravedad de la situación.

Durante el encuentro, la UIA valoró la reapertura del régimen de facilidades de pago (RG 5875/2026), que incorpora obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026 y mantiene la inclusión de las obligaciones aduaneras. A pesar de ello, la entidad reclamó habilitar la migración entre planes y evaluar una reducción de la tasa de financiación, señalando que “no disminuyó para las pymes pese a la menor inflación reciente”.

Entre los principales pedidos, la entidad fabril solicitó la “suspensión por 180 días de embargos y ejecuciones fiscales a pymes como medida transitoria frente a la asfixia financiera derivada de la suba de tasas, la caída de actividad y la restricción del crédito”.

El planteo de la entidad incluyó también la reducción y automatización de los anticipos del Impuesto a las Ganancias para pymes que soliciten la opción de reducción, así como diferir por 180 días los vencimientos del IVA para actividades estacionales y postergar las contribuciones patronales para las economías regionales.

En relación a los saldos a favor, la UIA enfatizó la necesidad de “acortar los plazos de devolución en distintos impuestos cuyas demoras afectan el capital de trabajo” y de “flexibilizar el uso de los reintegros de exportación”.

Por su parte, ARCA respondió que varias de estas medidas dependen de definiciones del Ministerio de Economía, aunque, según los industriales, se comprometió a analizar la ampliación del universo de contribuyentes habilitados a compensar créditos y a revisar los montos mínimos sujetos a control en las solicitudes de reducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias.

El comunicado de la Unión Industrial concluyó que “ambas partes acordaron dar continuidad al espacio de diálogo con un próximo encuentro en 45 días”, en busca de alternativas ante el contexto de presión financiera sobre el sector pyme industrial.

La industria no repunta, según la UIA

La industria evidenció un retroceso del 2% en los primeros meses de 2026 en comparación con igual período del año anterior, según cálculos preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA). No obstante, los indicadores anticipados de julio señalan un crecimiento interanual cercano al 1,4 por ciento. En la comparación mensual, la variación resulta casi nula respecto a junio, con una caída de -0,6 por ciento.

De acuerdo con el CEU-UIA, la mejora interanual en julio se explica por una base de comparación baja y no representa un repunte sostenido. El informe señala que la industria continúa en una situación de estancamiento que persiste desde mediados de 2025.

Durante julio, los distintos sectores industriales mostraron resultados dispares. La construcción se ubicó entre los más afectados: los despachos de cemento experimentaron una disminución mensual del 4,6% y acumulan una caída del 3% en relación con 2025. El Índice Construya, que mide la venta de insumos para la construcción, también retrocedió 0,8 por ciento. Ambos indicadores se mantienen más de un 20% por debajo de los niveles de 2022, y los despachos vinculados a obras menores registran una baja del 30% frente a ese año.

La producción automotriz bajó 6,8% respecto a junio y suma un descenso del 18% frente a 2025. El consumo eléctrico de grandes usuarios industriales cayó 3,5% en el mes y se encuentra un 6% por debajo del nivel de 2022.

En contraste, el sector de metales presenta algunas mejoras: la producción de acero subió 3,4% en julio, aunque sigue 10,9% por debajo de 2022. La industria metalmecánica se mantuvo estable, con una leve alza del 0,1%, pero permanece 17,4% por debajo de los registros de 2022. El aluminio primario cayó 1,8% en el mes, aunque muestra incrementos tanto frente a 2025 (+1%) como en relación a 2022 (+17%).

En el rubro de alimentos y bebidas, la producción de lácteos y de bebidas creció 0,9% en comparación con junio, mientras que la faena bovina disminuyó 2,8% y acumula una baja del 6% frente a 2025. En el comercio exterior, las exportaciones hacia Brasil cayeron 12% en julio, aunque en el acumulado del año muestran un aumento del 3,8% respecto a 2025. La liquidación de divisas del sector agroindustrial bajó 14,6% en julio y suma una reducción del 16,7% frente al año pasado.

Tras la aprobación de la reforma laboral, el Gobierno puso en marcha el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), una plataforma digital que permitirá a los contribuyentes registrar sus proyectos de inversión y gestionar los beneficios tributarios asociados, en particular los previstos por el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Se trata de un esquema destinado a las pymes que contempla ventajas fiscales para proyectos productivos de entre USD 150.000 y USD 9 millones.

Así fue establecido mediante la Resolución General 5889/2026 de ARCA, publicada este martes en el Boletín Oficial, que apunta a agilizar y simplificar la gestión mediante un sistema sin papeles, con una carga de información más sencilla.

La herramienta permitirá, además, interactuar con las bases de datos y sistemas del organismo y realizar un control temprano de la información ingresada, con el objetivo de reducir los costos de cumplimiento y administración.

Los dos beneficios que ofrece el RIMI para quienes realicen inversiones productivas en bienes muebles amortizables y obras en el país son la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución de créditos fiscales en el IVA.

El tributarista Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, destacó que el SGI es un servicio web disponible a través del sitio de ARCA, al que los contribuyentes pueden ingresar con Clave Fiscal. La plataforma permite registrar proyectos de inversión, asociar comprobantes, seleccionar los beneficios fiscales que se busca utilizar y realizar el seguimiento de las inversiones declaradas.

Según la normativa, el sistema reemplazará de manera gradual los procedimientos vigentes para la gestión de inversiones productivas y, a futuro, podrá ampliarse para incorporar otros regímenes de beneficios e incentivos tributarios.

Para operar en el sistema, los contribuyentes deben cumplir condiciones formales básicas: CUIT activo, alta en los impuestos correspondientes, domicilio fiscal declarado, actualizado y sin inconsistencias, actividad económica actualizada según el clasificador CLAE y Domicilio Fiscal Electrónico constituido.

Las inversiones productivas deberán haber comenzado a partir del 6 de marzo de 2026, mientras que los comprobantes que las respalden podrán tener fecha de emisión hasta el 19 de mayo de 2028, inclusive.

Dentro del SGI, cada proyecto se clasifica según el tipo de inversión: bienes de capital; bienes de informática y telecomunicaciones; obras; equipos de riego agrícola; equipos de alta eficiencia energética; bienes semovientes; malla antigranizo; y minas, canteras y bosques. A su vez, el sistema asigna un código único de identificación a cada bien, obra o explotación registrada.

“Una precisión importante para quienes tengan obras en curso: el Decreto 242/2026 dispone que solo califican como ‘obras’ en los términos del RIMI aquellas que, a la fecha de entrada en vigencia de la ley (6 de marzo de 2026), tuvieran un grado de avance inferior al 30% del monto total de inversión de la obra. Las obras con mayor avance a esa fecha quedan fuera del régimen”, remarcó Domínguez.

“La Resolución General Conjunta 5849 admite acreditar ese porcentaje mediante facturas o documentos equivalentes, informe técnico de profesional idóneo, certificado de avance de obra, contrato de locación de obra, o cualquier otro medio fehaciente, con firma certificada por el consejo profesional correspondiente”, agregó.

Cómo funciona la amortización acelerada en Ganancias

Para acceder al beneficio, el contribuyente deberá seleccionarlo al momento de registrar el proyecto de inversión en el SGI e informar los datos correspondientes antes del vencimiento de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias en la que se incluya la amortización.

La normativa establece que los bienes declarados y la amortización computada deberán coincidir con la información registrada en el sistema. De este modo, la correspondencia entre los datos cargados en el SGI y los consignados ante ARCA se convierte en un requisito clave al momento de presentar la declaración jurada.

Cómo funciona la devolución del IVA

La devolución del IVA constituye uno de los beneficios más relevantes para las empresas que realizan inversiones. El impuesto abonado por la adquisición de bienes muebles amortizables y obras destinados a proyectos de inversión productiva que permanezca como saldo a favor luego de transcurridos tres meses desde que resulte computable podrá ser recuperado. Esto permite mejorar el flujo de fondos y reducir el costo financiero asociado a la inversión.

Sin embargo, el beneficio está sujeto a un límite: alcanza hasta el 50% del cupo anual establecido para el régimen general de devolución del IVA por inversiones en bienes de uso, cuyo monto se determina en la Ley de Presupuesto. La asignación se realiza entre los beneficiarios según el orden de antigüedad de las solicitudes.

Según Domínguez, el procedimiento opera en etapas. Primero, el contribuyente debe presentar una presolicitud a través del SGI, en la opción “Presentación de presolicitud SIR”. Esta instancia está habilitada cuatro veces al año, durante los primeros diez días de febrero, mayo, agosto y noviembre.

Entre el 11 y el 15 de esos mismos meses, el sistema informa el cupo fiscal asignado, que puede consultarse en la sección “Consulta de Comprobantes con Suficiencia de Cupo Fiscal”.

Una vez asignado el cupo, el contribuyente deberá esperar tres períodos fiscales mensuales, contados desde aquel en que resulte procedente el cómputo del crédito fiscal en la declaración jurada de IVA. Cumplido ese plazo, los comprobantes quedarán disponibles en el Sistema Integral de Recupero (SIR) para formalizar la solicitud de devolución, de acuerdo con lo establecido por la Resolución General 5173.

“Este mecanismo es una mejora relevante respecto al régimen general de devolución de saldos a favor por inversiones en bienes de uso implementado por la Ley 27.430 ya que por la reglamentación solo puede solicitarse en diciembre de cada año”, resaltó Domínguez.

El SGI entró en vigencia este martes y se espera que esté disponible próximamente para los contribuyentes que ingresen con Clave Fiscal. En este marco, las empresas que estén evaluando o ya hayan iniciado inversiones productivas podrán:

• Verificar que la CUIT esté activa y que el domicilio fiscal actualizado sin inconsistencias.
• Confirmar el alta en Ganancias e IVA y que el código de actividad CLAE esté actualizado.
• Confirmar tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico si aún no está habilitado.
• Relevar las inversiones realizadas desde el 6 de marzo de 2026 y reunir los comprobantes de respaldo.
• Clasificar cada inversión según los tipos previstos en el Anexo I de la RG 5889/2026.
• Identificar la primera ventana de presolicitud de devolución de IVA (febrero, mayo, agosto o noviembre) en la cual pueden presentarse para recuperas el IVA de las inversiones.

Para Domínguez, “tanto la amortización acelerada en Ganancias como la devolución de créditos fiscales en IVA son beneficios relevantes, pero debe tenerse presente que no aplican a cualquier inversión: el artículo 181 de la Ley 27.802 exige alcanzar un monto mínimo de inversión, que varía según la categoría de la empresa: USD 150.000 para Micro empresas, USD 600.000 para Pequeñas, USD 3.500.000 para Medianas Tramo 1 y USD 9.000.000 para Medianas Tramo 2″.

“Por debajo de esos umbrales, la inversión no queda comprendida en el RIMI (con la excepción de los bienes de riego, alta eficiencia energética, mallas antigranizo y semovientes, que pueden acceder al régimen sin sujeción a un monto mínimo). Por eso, antes de planificar el uso de estos beneficios, es clave dimensionar la inversión proyectada contra el umbral que corresponde a la categoría de la empresa”, explicó el especialista.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, salió a defender una propuesta de 978,1 millones de dólares para la Oficina del Sheriff dentro del presupuesto general del condado, fijado en 14.200 millones de dólares para el próximo año fiscal. La discusión tomó fuerza antes de las audiencias públicas de septiembre, en medio de reclamos por salarios, dotación de personal y condiciones de entrenamiento para los agentes.

De acuerdo con un reporte de CBS News Miami, la mandataria sostuvo que la seguridad pública conserva un lugar prioritario aun cuando otras dependencias deberán reducir gastos y eliminar cargos vacantes. La propuesta presupuestaria fue presentada el 15 de julio y ahora entrará en la etapa de revisión política, con audiencias previstas para el 3 y el 17 de septiembre.

El aumento para la Oficina del Sheriff y el ajuste en otras áreas

La iniciativa eleva el presupuesto de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade a 978,1 millones de dólares, lo que representa 55,3 millones más que en el ejercicio vigente, cerca de un 6% de incremento. Levine Cava remarcó, tal y como informó CBS News Miami, que el gasto en esa estructura creció con fuerza desde su llegada al cargo.

En 2020, recordó la alcaldesa, el condado destinaba 610,7 millones de dólares a la agencia que más tarde pasó a convertirse en la actual Oficina del Sheriff. La cifra actual implica 367,4 millones de dólares adicionales frente a aquel nivel de financiamiento. La propuesta también contempla 200 nuevos puestos, un dato que la alcaldesa presentó como parte del esfuerzo para reforzar la seguridad.

Ese incremento contrasta con la política aplicada al resto de la administración condal. Mientras otras áreas recibieron la instrucción de limitar la expansión de sus cuentas a alrededor de 3%, los organismos vinculados con la seguridad quedaron por encima de ese umbral. En esa línea, Levine Cava afirmó que, mientras buena parte del gobierno del condado debe operar con menos recursos, su administración mantiene más inversión en la Oficina del Sheriff porque “la seguridad pública es nuestra principal prioridad”, tal y como recogió CBS News Miami.

Recortes, impuestos y equilibrio fiscal

Para sostener el esquema general de gasto, la administración propuso recortar unos 79 millones de dólares y eliminar 419 puestos vacantes financiados por el Fondo General. A eso se añaden 42 millones de dólares en ahorros adicionales que, de acuerdo con lo reportado por CBS News Miami, fueron identificados por departamentos del condado durante el año fiscal en curso.

La alcaldesa aseguró que el condado debe administrar recursos más ajustados, en un escenario marcado por el aumento de costos en los servicios esenciales y por la incertidumbre que genera un eventual cambio en el sistema de impuestos a la propiedad en Florida. Esa fuente de ingresos resulta central para los gobiernos locales y para la financiación de servicios como policía, bomberos y correcciones.

Levine Cava también defendió su política tributaria. La jefa del Ejecutivo condal indicó que Miami-Dade redujo la tasa del impuesto a la propiedad durante dos años consecutivos y que su nuevo proyecto mantiene ese nivel en un piso histórico.

La disputa por salarios y retención de agentes

Uno de los ejes más sensibles del debate es la capacidad de la Oficina del Sheriff para atraer y conservar personal. Levine Cava reconoció que el salario base inicial de los agentes aparece entre los más bajos si se lo compara con otras agencias similares de Florida, aunque sostuvo que esa referencia no refleja la remuneración total.

La alcaldesa señaló que los agentes reciben, en promedio, 21% adicional a través de suplementos e incentivos negociados colectivamente, entre ellos bonos de contratación y compensaciones por tareas riesgosas. Con esos componentes, aseguró, el ingreso final se acerca al de otras oficinas de sheriff del estado. También manifestó que los datos estatales muestran una proporción de personal favorable frente a otras grandes agencias de Florida, de acuerdo con información divulgada por CBS News Miami.

Las críticas desde la comisión del condado

Las objeciones más visibles llegaron desde el comisionado de Miami-Dade Roberto González, quien viene reclamando una política más agresiva de financiamiento para seguridad. En declaraciones recogidas por CBS News Miami, el dirigente pidió “salario competitivo, financiamiento completo y un Miami-Dade con todo su personal cubierto”.

González sostuvo que el condado pierde demasiados agentes y que la mejora salarial resulta esencial para reclutar y retener personal, aunque rechazó la idea de resolver ese problema con una suba de impuestos. A la vez, llamó la atención sobre el estado de las instalaciones de entrenamiento que utilizan los agentes, tras una recorrida junto con la sheriff Rosie Cordero Stutz.

Sobre ese punto, el comisionado expresó que “ellos no están pidiendo lujos, solo lo que necesitan para entrenarse de forma adecuada, por su seguridad y la de todos”, tal y como reprodujo CBS News Miami.

La disputa seguirá en la Comisión de Miami-Dade durante las audiencias públicas del 3 y 17 de septiembre, donde comisionados y residentes discutirán el alcance final del presupuesto antes de su aprobación.

Las modificaciones en los impuestos a las transferencias electrónicas y a la contribución de salida en República Dominicana comenzaron a reflejarse en las cuentas fiscales a partir de julio, el primer mes completo de vigencia de las nuevas medidas.

Los datos oficiales muestran un incremento de hasta 69.1% en la recaudación de estos tributos, en el marco de una estrategia oficial para reforzar los ingresos estatales ante el aumento internacional del precio del petróleo vinculado al conflicto en Irán.

De acuerdo con cifras divulgadas por la Dirección General de Impuestos Internos, el gravamen a las transferencias electrónicas y la emisión de cheques generó 2,622.1 millones de pesos (aproximadamente USD 44.7 millones) en julio de 2026. Esta suma representa 1,071.2 millones de pesos (alrededor de USD 18,250,000) más que en el mismo período de 2025, tras el ajuste de la tasa que subió de 0.15% a 0.20% por decisión del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.

Según datos publicados por Diario Libre, la recaudación por este impuesto superó la meta prevista para el mes, con un cumplimiento de 102.3%. El monto recaudado estuvo 1,825.6 millones de pesos (cerca de USD 31.1 millones) por encima de lo presupuestado y, dentro del conjunto de ingresos tributarios, fue el tercer incremento absoluto más alto, solo precedido por el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, y el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Aplicación del plan anticrisis y cambios tributarios

El aumento de estos tributos forma parte del plan anticrisis anunciado por el Gobierno dominicano para contrarrestar las presiones externas derivadas del encarecimiento del petróleo.

El impuesto a las transferencias electrónicas fue el que más creció entre los tributos modificados. La aplicación de la nueva tasa comenzó a regir desde principios de julio, al igual que el aumento en la contribución de salida para pasajeros.

Ambos ajustes permitieron observar el impacto inicial de la reforma fiscal impulsada por el Ejecutivo.

La contribución de salida, que se elevó de USD 20 a USD 30 por persona, generó en julio una recaudación de 1,066.4 millones de pesos (unos USD 18.2 millones), lo que significó un aumento del 12.7% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El incremento absoluto fue de 120.4 millones de pesos (alrededor de USD 2,060,000) respecto a julio de 2025. Sin embargo, la cifra quedó por debajo del objetivo oficial para ese mes, que se había fijado en 1,231.3 millones de pesos (aproximadamente USD 21 millones), con un cumplimiento del 86.6%.

Objetivo fiscal y proyección de la Ley 30-26

La reforma fue presentada en junio por el ministro Díaz como parte de un proyecto de modificación del Código Tributario con la meta de captar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos adicionales (aproximadamente entre USD 682 millones y USD 852 millones).

Según la información consignada por Diario Libre, estos ingresos se destinarían a atender las presiones económicas derivadas del contexto internacional, especialmente el alza del petróleo.

La Ley 30-26 de Medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, aprobada a mediados de junio, incluyó también un aumento temporal a la tasa del impuesto sobre la renta para grandes empresas con ingresos superiores a 1,000 millones de pesos anuales (unos USD 17 millones), fijándola en 30% durante tres años.

En julio, el efecto más notorio fue que el impuesto a las transferencias electrónicas aportó 2,622.1 millones de pesos (USD 44.7 millones) tras el ajuste de la tasa, mientras que la contribución de salida, aunque subió a USD 30 por pasajero, no alcanzó la meta mensual prevista.

El presidente Javier Milei aseguró que en lo que va de mandato le devolvió a los argentinos tres puntos del Producto Bruto Interno (PBI) con baja de impuestos. Esos cambios tributarios beneficiaron a algunos sectores de la población por sobre otros y algunos de ellos se tuvieron que postergar para fin de año y todavía están en duda en el equipo económico por el estado crítico de la recaudación.

“Le devolvimos a los argentinos 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), es más, bajamos impuesto por tres, le devolvimos a los argentinos USD 100.000 millones. Decían que no se podía hacer un ajuste, ni siquiera en cuatro años, lo hicimos en un mes. Y además, no solo la economía no cayó, sino que además se expandió. Sacamos más de 14 millones de personas de la pobreza, la indigencia pasó de 20% al 6% y la pobreza infantil del 70% al 42%. ¿Falta? Sí, claro que falta un montón; la foto sigue siendo horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia argentina”, sostuvo el jefe de Estado durante su disertación en el Consejo de las Américas.

Un informe de Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), cuantificó los cambios impositivos y detalló los efectos fiscales de las medidas implementadas desde diciembre de 2023 hasta mediados de 2026. Además, presentó una nueva estimación sobre el monto que podría alcanzar la “devolución de dinero a los argentinos” en diciembre de 2027, al finalizar el mandato de Javier Milei.

En 2024, el Gobierno impulsó tres cambios tributarios centrales: la suba del impuesto PAIS, el aumento del impuesto a los combustibles y la baja del impuesto a los Bienes Personales. El incremento de la recaudación por las modificaciones en PAIS y combustibles superó la pérdida que causó la reducción en Bienes Personales. Así, el efecto neto de las reformas en 2024 resultó en un aumento de recaudación equivalente a 0,34% del PBI.

Durante 2025, el escenario cambió. Se concretaron diez cambios tributarios con impacto fiscal relevante. Siete de esas modificaciones generaron una baja en la recaudación y tres, un incremento. El factor más significativo resultó la finalización de la vigencia del impuesto PAIS a fines de 2024, tal como lo estableció la ley, que implicó para el Estado una resignación de recursos equivalente a 1,1% del PBI.

En el segundo año de gestión de Milei, se restableció la posibilidad de utilizar certificados de exclusión de percepciones de IVA y Ganancias en Aduana, lo que implicó una nueva caída en la recaudación equivalente al 0,42% del PBI. A esto se sumó la baja en los derechos de exportación, tanto permanentes como temporales, que generó una reducción adicional del 0,35% del PBI.

El impacto negativo del impuesto a los Bienes Personales alcanzó 0,3% del PBI y los impuestos internos representaron un costo fiscal anual de 0,07% del PBI. En tanto, los derechos de importación generaron una reducción de ingresos de 0,05% del PBI y la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles produjo un efecto negativo de 0,015% del PBI. Así, el costo fiscal total de las bajas de impuestos en 2025 llegó a 2,3% del producto bruto.

Frente a esto, los aumentos de recaudación se concentraron en combustibles, Ganancias de personas humanas y monotributo. Estos incrementos sumaron, respectivamente, 0,30%, 0,25% y 0,07% del PBI, lo que totalizó 0,62% del PBI. La diferencia entre bajas y subas marcó que el impacto fiscal neto anual de las reformas tributarias en el segundo año de la presidencia de Milei se tradujo en una reducción de la recaudación de 1,69% del PBI.

En duda

En 2026, el esquema tributario sumó nuevas modificaciones. A los diez principales cambios de 2025 se agregó en la reforma laboral el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta destinada a que los empresarios constituyan un fondo para eventuales indemnizaciones a partir de una reducción de las contribuciones patronales.

El Gobierno, en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), postergó la puesta en marcha del FAL hasta noviembre por el costo fiscal que implicaba la reducción de contribuciones patronales. El objetivo fue blindar el superávit fiscal y evitar un desbalance en las cuentas públicas. Sin embargo, dentro del equipo económico reconocen que la recaudación está muy ajustada y existen dudas sobre la viabilidad de implementar el FAL en los plazos previstos. Algunos funcionarios consideran que la administración libertaria podría volver a extender el plazo de entrada en vigencia, siempre dentro del marco legal, o incluso impulsar la sanción de una nueva ley en el Congreso.

En caso de que los ingresos repunten y el FAL entre en vigencia en noviembre, implicará una caída de recaudación para el Estado de 0,062% del PBI. Así, las bajas tributarias de 2026 acumularían un costo fiscal anual de 2,35% del PBI, mientras que los aumentos por combustibles, ganancias y monotributo sumaron 0,74% del PBI. El costo fiscal neto anual de los once cambios alcanzó 1,61% del PBI.

¿Más de 4 puntos?

En el análisis acumulado de los tres primeros años de la gestión de Milei, el informe de Argañaraz identificó que solo tres tributos aumentarían su recaudación a raíz de las modificaciones: el impuesto a los combustibles, el impuesto a las Ganancias y el monotributo. En conjunto, estos tributos aportarían 1,5% del PBI, con una distribución interna de 55% para combustibles, 36% para Ganancias y 9% para monotributo.

En contraposición, ocho tributos reducirían la recaudación, generando una merma acumulada de 4,5% del PBI entre 2024 y 2026. El impuesto PAIS explicaría el 43% de esa caída, seguido por los derechos de exportación y Bienes Personales, con una participación de 19% y 18% respectivamente, e IVA con 11 por ciento.

El saldo neto de todo el proceso implicó, según la cuantificación de Argañaraz, una pérdida de recaudación de 3% del PBI durante los primeros tres años de gobierno libertario. El reporte describió que la estructura de los cambios no fue uniforme: las bajas y subas de impuestos impactaron de manera diferenciada sobre sectores y actividades.

Las proyecciones para 2027 indican que el efecto neto anual de los principales cambios tributarios provocaría una pérdida de recaudación equivalente al 1,77% del PBI, lo que representa un aumento de cerca de 0,16% del PBI respecto a 2026. Esta diferencia se explica principalmente por una mayor caída de ingresos vinculada a la posible implementación del FAL y por un aumento del costo fiscal asociado a Bienes Personales. Estas disminuciones se verían parcialmente atenuadas por una menor pérdida de recursos, ya que dejaría de incidir el impacto negativo del restablecimiento de los certificados de exclusión de percepciones de IVA y Ganancias en Aduana.

Según los cálculos y proyecciones hasta la fecha, el análisis de Argañaraz estimó que el Gobierno de Milei implementaría cambios tributarios con un costo fiscal acumulado de 4,7% del PBI durante los cuatro años de gestión. Ese volumen de recursos pasaría a manos del sector privado, alterando la estructura de ingresos del Estado y el peso relativo de los tributos en la economía.

Nueva York no grava el Seguro Social, pero la fórmula federal todavía puede someter a impuestos hasta 85% de esas prestaciones. El contraste entre el tratamiento estatal y el cálculo del IRS explica por qué muchos jubilados se sorprenden al preparar su declaración anual.

Aunque el estado no cobre impuesto sobre esas prestaciones, el gobierno federal puede incluir una parte en la renta imponible cuando el contribuyente supera ciertos umbrales. En ese escenario, no se paga “un impuesto al Seguro Social” en sí, sino impuesto federal sobre la renta que incorpora una porción del beneficio.

Según el análisis de Edelman Financial Engines, Nueva York exime por completo del impuesto estatal sobre la renta a todas las modalidades del Seguro Social: jubilación, discapacidad, supervivencia e Ingreso Suplementario de Seguridad. La exención se mantiene sin importar el monto del beneficio o la existencia de otros ingresos declarados.

El alivio estatal también alcanza a los ingresos por pensiones y anualidades. De acuerdo con el departamento de impuestos del estado, cualquier persona de 59 años y medio o más puede excluir hasta USD 20.000 por persona al año de su renta imponible estatal; en una declaración conjunta, la exclusión puede llegar a USD 40.000 si ambos cónyuges perciben ingresos de pensión.

En paralelo, algunas pensiones cuentan con un tratamiento aún más favorable: las del estado, de gobiernos locales, del gobierno federal y del servicio militar están totalmente exentas de impuestos estatales.

Esa diferencia amplía la brecha entre lo que un jubilado puede deber a nivel estatal y lo que puede aparecer como obligación en la declaración federal.

La fórmula federal que define cuánto del beneficio puede tributar

El IRS determina la posible tributación del Seguro Social mediante el ingreso provisional. Ese indicador surge de sumar el ingreso bruto ajustado, los intereses exentos de impuestos —como los provenientes de bonos municipales— y la mitad de las prestaciones anuales del Seguro Social.

Para declarantes solteros, un ingreso provisional entre USD 25.000 y USD 34.000 vuelve gravable hasta el 50% de la prestación. Cuando el ingreso provisional supera USD 34.000, la porción imponible puede escalar hasta 85%.

En declaraciones conjuntas, el tramo entre USD 32.000 y USD 44.000 habilita la tributación de hasta el 50% del beneficio. Por encima de USD 44.000, la porción alcanzada también puede llegar hasta 85%, según las cifras citadas por el medio y por la Administración del Seguro Social.

El aumento de 2,8% aplicado a los pagos del Seguro Social en enero añadió presión sobre esos límites fijos. Como los umbrales no se ajustan por inflación, el cruce de los topes puede ocurrir aun cuando el ingreso real del jubilado no cambie de manera significativa.

La clave es que el ingreso provisional no se forma solo con el beneficio del Seguro Social, sino con el conjunto de entradas del contribuyente. Retiros de un plan 401(k), una IRA tradicional, una pensión, rendimientos de inversiones o ingresos por consultoría pueden elevar el indicador y empujar una parte del beneficio hacia la base imponible federal.

En la práctica, el riesgo de caer en esos tramos suele ser menor para quien depende únicamente del Seguro Social. En cambio, cuando aparece una segunda fuente de ingresos, incluso moderada, el agregado de la mitad de la prestación anual al resto de los ingresos puede activar la fórmula.

La deducción para mayores de 65 años y su efecto en la renta imponible

Una deducción federal adicional creada por la Ley One Big Beautiful Bill ya empezó a reflejarse en las presentaciones fiscales. Según el desglose de Fidelity, los contribuyentes de 65 años o más pueden reclamar hasta USD 6.000 por persona, o USD 12.000 en una pareja casada cuando ambos cumplen los requisitos, además de la deducción estándar para mayores.

La medida rige para los años fiscales 2025 a 2028. Por eso, apareció por primera vez en las declaraciones del año fiscal 2025 y seguirá vigente para la presentación correspondiente a 2026 que la mayoría de los contribuyentes hará la próxima primavera.

El punto central es que la deducción no funciona como una exención específica del Seguro Social. Se aplica sobre la renta imponible total, pero puede reducir la factura federal y, en algunos casos, amortiguar el impacto del cálculo que determina qué porción del beneficio queda alcanzada.

La guía del IRS indica que la deducción comienza a reducirse cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera USD 75.000 para declarantes solteros o USD 150.000 para declarantes conjuntos.

La rebaja cae en 6 centavos por cada dólar por encima de esos montos y desaparece por completo en USD 175.000 para solteros y USD 250.000 para declaraciones conjuntas.

En planificación previsional, suelen aparecer decisiones orientadas a administrar el ingreso imponible anual. Entre ellas, retrasar el cobro del Seguro Social más allá de la edad plena de retiro, ordenar el origen de los retiros entre cuentas sujetas a impuestos, diferidas y Roth, y realizar conversiones a Roth antes de que empiecen las distribuciones mínimas obligatorias.

Otra herramienta mencionada de forma recurrente son las distribuciones caritativas calificadas. Quienes tienen 70 años y medio o más pueden enviar hasta USD 100.000 al año directamente desde una IRA a una organización benéfica habilitada; ese giro cuenta para las distribuciones mínimas obligatorias, pero no se considera ingreso imponible.

Residencia fiscal: el vínculo con Nueva York puede persistir tras una mudanza

Para quienes evalúan mudarse a un estado con menor carga tributaria, las reglas de residencia pueden mantener el nexo fiscal con Nueva York. Pasar más de 183 días al año allí, conservar una residencia permanente o sostener documentación activa —como licencia de conducir o registro electoral— puede ser suficiente para que el estado los considere residentes fiscales.

Las directrices de Edelman sobre residencia señalan que el cambio de domicilio exige medidas concretas, más allá de pasar temporadas fuera del estado. En su descripción, el proceso incluye actualizar documentación y cortar vínculos locales de manera deliberada.

Aun con la exención estatal del Seguro Social, el panorama impositivo del jubilado puede incluir otros componentes. Entre ellos, la estructura tributaria general del estado, el recargo de 3,08% de la ciudad de Nueva York y los umbrales federales congelados desde hace décadas, que siguen determinando si una parte del beneficio queda alcanzada por el impuesto federal.

¿Más apoyo para las pequeñas empresas? El Primer Ministro, Luis Galarreta ha revelado qué se considerará en el pedido de facultades, que aún sigue afinándose.

“Plantearemos al Congreso una agenda tributaria que busque simplificar y dar estabilidad, no generar más incertidumbre. La propuesta de delegación de facultades contempla simplificar y optimizar los regímenes tributarios de las empresas de menor tamaño, reduciendo la dispersión que hoy incentiva a muchas unidades productivas a mantenerse artificialmente pequeñas”, reveló.

Así, el Primer Ministro resaltó que esta reforma debe tener dos condiciones. “Primero, ser simple y predecible para el contribuyente. Segundo, ser fiscalmente responsable y ampliar la formalidad y la base tributaria”, aclaró. También señaló que “no se trata de regalar exoneraciones ni de debilitar la recaudación. Se trata de construir una ruta para que una empresa pequeña pueda crecer hasta convertirse en una empresa mediana y grande sin que el propio sistema la empuje a fragmentarse o esconderse. Aprovecharemos para evaluar algunas exoneraciones vigentes”.

Reforma tributaria

Si bien aún está pendiente el presentar el pedido de facultades legislativas ante el Congreso, el gobierno, a través de Galarreta, ya ha señalado de qué se tratarían estas medidas en materia tributaria.

“Necesitamos, además, estabilidad y predictibilidad tributaria. Las reglas deben ser claras, permitir que ciudadanos y empresas cumplan sus obligaciones y reducir incertidumbres innecesarias”, añadió.

Así, el Ejecutivo solicitará al Congreso facultades para “simplificar regímenes y obligaciones formales, precisar reglas del Impuesto a la Renta y modernizar el régimen aduanero, facilitando el comercio sin debilitar el control del Estado”.

El rol de las reglas tributarias para “crecer”

Como el Gobierno ha señalado, el cuarto eje de su gestión será el crecimiento. Y “el crecimiento requiere confianza, inversión, productividad y reglas claras. El Perú no puede crecer de manera sostenida si una empresa siente que formalizarse la castiga, si una inversión demora años por trámites superpuestos, si la infraestructura no conecta territorios o si las reglas tributarias cambian de interpretación permanentemente”, aclaró Galarreta.

Por eso el Ministerio de Economía y Finanzas ha previsto crear cuatro comisiones presidenciales para impulsar reformas estructurales que el país viene postergando:

• Una para enfrentar la informalidad laboral
• Otra para profundizar los mercados financieros y ampliar las fuentes de financiamiento para empresas y proyectos
• Una tercera para elevar la calidad y velocidad de la inversión pública
• Y una cuarta para reducir la evasión tributaria.

“Son cuatro frentes distintos con un mismo objetivo: aumentar la productividad del Perú y crear mejores condiciones para invertir, crecer y generar empleo formal”, añadió el Primer Ministro.

Si bien se habla de aumentar la productividad y sobre el empleo, el mensaje de Galarreta no mencionó concretamente novedades sobre el aumento del sueldo mínimo (un aliciente para la productividad), ni el bono para que las empresas afronten este incremento; ni tampoco reveló cómo quedaría la medida de ordenamiento de feriados, que evitaría partir la semana laboral, al mover los feriados que caigan en medio de la semana a los lunes más próximos.

Tampoco se mencionó cómo sería o si quedaría la propuesta del régimen laboral que plantearía el Gobierno en este pedido de facultades.

La recaudación de impuestos selectivos y gravámenes especiales creció 6.4 % (7.7 millones de dólares) en el primer semestre de 2026 frente a 2025 al sumar 127.8 millones de dólares y superó en 2.4% las metas presupuestarias, según el más reciente reporte del Ministerio de Hacienda. Entre los mayores aumentos estuvieron el impuesto a la transferencia de bienes raíces, el selectivo sobre cigarrillos y cervezas, así como los derechos arancelarios a la importación.

Otro rubro fue el impuesto selectivo al consumo sobre cigarrillos, que alcanzó USD 16.5 millones, con un alza del 16.9% interanual y un cumplimiento del 13.3% frente a lo proyectado para 2026. El avance de este tributo se relaciona con una mayor fiscalización y controles en la cadena de comercialización, lo que permitió mejorar la captación de recursos. De acuerdo con el reporte oficial, tanto la recaudación de cigarrillos nacionales e importados mostró incrementos.

El impuesto a la transferencia de bienes raíces sumó USD 46.4 millones en el semestre, con un crecimiento del 33.1% respecto al mismo periodo de 2025 y un cumplimiento del 33.6% sobre la meta presupuestaria. De acuerdo a los datos, este resultado refleja una mayor actividad en el mercado inmobiliario y un incremento en las operaciones formales registradas. El informe de Hacienda subraya que este comportamiento se mantuvo sostenido durante todo el primer semestre.

El impuesto selectivo a la cerveza superó los registros del primer semestre de 2025, con USD 54.4 millones recaudados y un crecimiento del 4.7% respecto al primer semestre de 2025. Además, el incremento frente a lo presupuesto fue del 2%. Los impuestos sobre bebidas gaseosas y otras no carbonatadas contribuyeron con USD 37.9 millones y un aumento del 2.4% en el periodo analizado.

Rebajaron impuestos para destilados

En febrero, la Asamblea Legislativa aprobó una disminución de impuestos para bebidas alcohólicas destiladas, sobre todo whisky, ginebra y licores. La medida buscó armonizar la carga fiscal del sector y responder a compromisos internacionales de comercio y a cambios en el mercado interno.

El ajuste fue presentado como iniciativa del Ministerio de Hacienda y canalizado desde la Presidencia de la República. Su publicación oficial ocurrió el 27 de febrero y las nuevas disposiciones tributarias entraron en vigor el 7 de marzo de este año.

Para el whisky con graduación superior al 60%, el impuesto bajó de USD 0.16 a USD 0.09 por cada porcentaje de alcohol. En otras variedades, la tasa pasó de USD 0.16 a USD 0.05.

La rebaja también alcanzó a la ginebra y a los licores incluidos en partidas arancelarias específicas. En esos casos, el gravamen descendió de USD 0.16 a USD 0.09 por grado alcohólico.

Antes de la reforma, todos esos productos tributaban 16 centavos por cada 1% de alcohol por litro. El cambio no modificó los impuestos sobre vinos, vermut, cerveza, sidras, ron, vodka ni aguardientes, que conservan una tasa fija de 9 centavos por cada 1% de alcohol, según lo descrito por el ministerio.

Otros gravámenes con alzas en el semestre

En el caso de los derechos arancelarios a la importación, se registraron USD 196.3 millones recaudados, con una variación positiva del 10.3% frente al año anterior y un incremento del 4.4% sobre la meta presupuestaria para los primeros seis meses del año. El informe de Hacienda atribuye este desempeño a la recuperación del comercio internacional y a la estabilización de los flujos de importación.

Otros gravámenes, como el impuesto a la matriculación de vehículos, mostraron también cifras superiores a las del primer semestre de 2025, con USD 15.5 millones recaudados y un crecimiento del 14% interanual. El incremento presupuestario en este caso fue del 12.3%.

El peso de estos tributos en los ingresos fiscales

El peso de estos tributos especiales y selectivos dentro del total de ingresos tributarios y contribuciones sigue siendo menor en comparación con el impuesto al valor agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta, pero su crecimiento aporta diversidad a la estructura fiscal. El informe de Hacienda resalta que la suma de estos gravámenes permitió compensar parcialmente las oscilaciones en otros rubros y contribuyó a que la recaudación global superara las metas establecidas para el semestre.

Mientras se revisa el Plan de Control del Tabaco, la Unión Europea (UE) diseña una nueva estrategia contra el tabaco y los productos de nicotina. La propuesta busca actualizar las reglas de control sobre un sector que aún provoca cientos de miles de muertes al año en el bloque.

De acuerdo con Euronews, la iniciativa sigue su curso en 2026 dentro del Consejo de la Unión Europea, después de que el Parlamento Europeo no lograra fijar una posición formal sobre el expediente.

Según informó el medio, la Comisión Europea concluyó que la normativa vigente ayudó a reducir el consumo de cigarrillos tradicionales, aunque quedó rezagada frente a la expansión del marketing digital y del negocio de nuevos productos con nicotina. A partir de ese diagnóstico, la comisión impulsó cambios en la Directiva sobre la Fiscalidad del Tabaco para actualizar las reglas y encarecer el acceso a estos artículos.

La discusión se desarrolla en un contexto en el que 1 de cada 4 europeos consume tabaco con regularidad. El problema también alcanza a los menores de edad y adolescentes. Euronews detalló que más del 11% de los jóvenes de entre 13 y 15 años usa tabaco o alternativas de nicotina, entre ellas cigarrillos electrónicos desechables con sabores.

El profesor Martin McKee, asesor estratégico de la Asociación Europea de Salud Pública, advirtió sobre el impacto de esa realidad. “La UE sigue registrando en torno a 700.000 muertes relacionadas con el tabaco cada año”, explicó en declaraciones a Euronews. Añadió que los impuestos bajos funcionan en la práctica como un estímulo indirecto al consumo de un producto asociado a cáncer y enfermedades cardiovasculares.

El mapa del consumo en Europa

Las cifras del mercado muestran la magnitud del desafío. Cada año se comercializan en la Unión Europea unos 300.000 millones de cigarrillos, mientras que la producción dentro del bloque supera los 220.000 millones de unidades. Los datos de Eurostat, la agencia estadística de la UE, reflejan grandes diferencias entre países.

En Suecia, la tasa de fumadores ronda el 8%, mientras que en Bulgaria llega al 37%. Entre los hombres, la distancia es aún mayor: casi la mitad fuma en Bulgaria y Letonia, frente a porcentajes inferiores al 10% en territorio sueco.

En el caso de las mujeres, Grecia aparece con el nivel más alto, con un 32%, y Suecia vuelve a registrar el valor más bajo, con un 8%. El sur y el este del continente concentran algunos de los porcentajes más elevados, con Croacia y Grecia por encima del 35%. En cambio, Países Bajos y Dinamarca exhiben tasas más reducidas, del 11% y el 14%, según el repaso publicado por Euronews.

El costo sanitario también ocupa un lugar central en el debate. La exposición prolongada al tabaco y a la nicotina está asociada a ingresos hospitalarios por insuficiencia respiratoria, accidentes cerebrovasculares y cardiopatía isquémica.

El tratamiento de enfermedades cardiovasculares y pulmonares obstructivas crónicas implica para los sistemas públicos de salud un desembolso cercano a 25.000 millones de euros al año.

Los nuevos productos bajo la lupa

La transformación del mercado añade otra capa a la discusión política. El consumo de cigarrillos convencionales se concentra sobre todo entre personas de 25 a 54 años, aunque las generaciones más jóvenes muestran una preferencia creciente por dispositivos distintos. Entre ellos figuran los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentado, como IQOS, y las bolsitas de nicotina de uso oral.

Las autoridades sanitarias europeas consideran que esos artículos pueden resultar menos dañinos que el cigarrillo tradicional, aunque no los califican como inocuos. Estudios citados por Euronews identificaron compuestos potencialmente peligrosos, entre ellos formaldehído, acetaldehído y acroleína. A eso se suma la capacidad adictiva de la nicotina y el riesgo que su exposición representa para el desarrollo cerebral en la adolescencia.

McKee atribuyó parte del crecimiento de estos productos a su forma de promoción. “El marketing y el diseño de los productos son factores determinantes”, afirmó a Euronews. En esa explicación mencionó sabores atractivos, campañas intensas en redes sociales, marcas vinculadas a estilos de vida y formatos discretos que facilitan el ocultamiento.

La meta de una generación sin tabaco

La estrategia comunitaria se inscribe en el objetivo de crear una “generación sin tabaco” para 2040, con una prevalencia inferior al 5% de la población. Ese propósito integra el plan europeo para vencer al cáncer.

Bruselas no tiene facultades para decretar una prohibición total del tabaco en todos los Estados miembros, ya que la política sanitaria sigue bajo control nacional. Sí puede, en cambio, intervenir en aspectos fiscales y regulatorios ligados a la venta, la publicidad y la circulación de estos productos.

En los últimos años, la Unión Europea aprobó varias normas relevantes. La directiva sobre productos del tabaco de 2014 obligó a incorporar advertencias gráficas que cubren el 65% de los paquetes y fijó en 20 mg/ml el límite máximo de nicotina en cigarrillos electrónicos. Otra norma anterior vetó la publicidad del tabaco, mientras que una disposición de 2001 prohibió expresiones como “light”, “mild” o “bajo en alquitrán” en los paquetes de cigarrillos.

Qué cambia con la nueva directiva

La nueva propuesta de la Comisión Europea apunta a endurecer el esquema con subidas de los mínimos fiscales en toda la Unión. Entre sus puntos más sensibles aparece un incremento del 139% en los impuestos especiales mínimos para los cigarrillos estándar. El proyecto también fija por primera vez gravámenes mínimos obligatorios para vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina.

Además, incorpora la hoja de tabaco en bruto al sistema electrónico de trazabilidad europeo, una medida orientada a detectar desvíos en la cadena de suministro, frenar el mercado clandestino y reducir el fraude fiscal transfronterizo. La propuesta fue presentada en julio de 2025. En junio de 2026, el Parlamento Europeo rechazó su informe consultivo tras la falta de acuerdo entre grupos políticos.

El eurodiputado Tomas Kubin, del grupo Patriots for Europe y ponente del informe, recordó que la última palabra no está en la Eurocámara. “Estamos emitiendo una opinión que no es jurídicamente vinculante para el Consejo”, señaló, según recogió Euronews. Como se trata de legislación tributaria, el expediente se tramita mediante un procedimiento especial que exige la unanimidad de los 27 Estados miembros en el Consejo.

Las medidas que ya aplican algunos países

Mientras esa negociación sigue abierta, varios gobiernos ya avanzan con medidas propias. Bélgica prohibió la venta de cigarrillos electrónicos desechables. Francia aprobó una restricción similar y reforzó las reglas contra el consumo en parques, playas y zonas escolares. Países Bajos vetó casi todos los sabores para líquidos de vapeo y prepara cambios para elevar de 18 a 21 años la edad legal de compra de productos con nicotina.

Si la directiva finalmente obtiene respaldo unánime, el impacto alcanzará tanto a las grandes tabacaleras como a los consumidores. Las empresas afrontarían mayores exigencias regulatorias y fiscales, mientras que los usuarios pagarían más por cigarrillos y otros productos con nicotina en toda la Unión Europea.

El Concejo de Nueva York abrió un fuerte debate sobre la implementación del impuesto pied-à-terre, una medida dirigida a propietarios de segundas residencias de alto valor en la ciudad que ya enfrenta críticas por errores, confusión y reclamos judiciales. La audiencia pública se realizó el martes y expuso tanto el respaldo político a la iniciativa como el malestar de vecinos y dueños de inmuebles alcanzados, de acuerdo con un reporte de CBS New York.

La discusión se concentró menos en la existencia del tributo y más en la manera en que la ciudad puso en marcha el esquema. El nuevo gravamen forma parte del plan del alcalde Zohran Mamdani para aumentar la carga impositiva sobre propietarios con viviendas secundarias valuadas en más de 5 millones de dólares, además de departamentos y unidades en cooperativas o condominios con valores superiores a 1 millón de dólares cuando no se usan como residencia principal.

Durante la audiencia, decenas de residentes expresaron su enojo por el despliegue administrativo del programa. La oficina del alcalde no envió representantes al encuentro y remitió su testimonio por escrito. Esa ausencia generó cuestionamientos entre miembros del Concejo, tal y como informó CBS New York.

Cuestionamientos al operativo y reclamos por falta de claridad

La presidenta del Concejo cuestionó que la administración municipal no hubiera comparecido pese a la relevancia del tema. Julie Menin afirmó que la supervisión es una de las funciones centrales del cuerpo legislativo y sostuvo que la existencia de litigios activos no impide que un gobierno dé explicaciones públicas.

En el texto presentado por la alcaldía, la administración defendió el objetivo fiscal de la medida. Gale Brewer, integrante del Concejo, leyó parte de esa declaración, donde se indicó que, como ocurre con toda la recaudación del Departamento de Finanzas, esos fondos ayudan a sostener el funcionamiento de la ciudad y respaldan servicios esenciales para los neoyorquinos, según recogió CBS New York.

Pese a ese argumento, la propia Brewer reconoció que “apoyo personalmente el impuesto, pero la implementación ha sido confusa entre los propietarios”, aseguró durante la jornada, en una declaración citada por el medio estadounidense y traducida al español.

Uno de los principales focos de conflicto surgió por las notificaciones enviadas por el Departamento de Finanzas de Nueva York. La dependencia remitió cartas a más de 17.000 propietarios, entre ellos personas que aseguran que la vivienda señalada sí constituye su residencia principal. A eso se sumó la publicación de una base con más de 900.000 direcciones, una cifra que incluyó a muchos dueños que, en los hechos, no quedarían alcanzados por el tributo.

Vecinos molestos, temor a la exposición pública y presión del sector inmobiliario

El malestar no quedó limitado a cuestiones burocráticas. Algunos vecinos que participaron de la audiencia expresaron temor por la exposición pública derivada de esos listados. Un residente de Staten Island, identificado solo como Vincent, dijo que muchas personas incluidas en la nómina ni siquiera sabían que figuraban allí.

“Sí, yo estoy en la lista y también muchas otras personas que ni siquiera saben de la existencia de esa lista”, afirmó el hombre ante el Concejo, en declaraciones recogidas por CBS New York. Luego agregó: “Están publicando una lista con toda mi información, con gente que conozco. Empezamos desde abajo, como todo el mundo”.

El mismo vecino aseguró haberse sentido señalado de manera injusta. “Sentí que me apuntaban con el dedo, como si hubiera hecho algo malo, y no hice nada malo. Solo perseguí el sueño americano y algo mejor para mí y para mi familia”, expresó, siempre según la cobertura del canal local.

Las críticas también llegaron desde el mercado inmobiliario. La Real Estate Board of New York (REBNY) pidió suspender la aplicación del impuesto hasta que el gobierno pueda administrarlo con mayor precisión. James Whelan, presidente de la entidad, sostuvo que el sector había advertido desde el principio que el tributo sería difícil de gestionar y afirmó que el lanzamiento estuvo marcado por errores, dudas y preguntas sin respuesta. A su vez, reclamó que la administración de Mamdani pause el proceso hasta demostrar que puede aplicarlo de forma justa, precisa y transparente, de acuerdo con CBS New York.

Apoyo político al impuesto y fecha clave para pedir exenciones

Pese a la resistencia de parte de propietarios y empresarios, el impuesto conserva respaldo entre dirigentes y activistas que promueven una mayor presión tributaria sobre los sectores de mayores ingresos. Antes de la audiencia hubo tres manifestaciones en las escalinatas del Ayuntamiento, con voces a favor y en contra de la medida.

Entre quienes defendieron el esquema, un referente comunitario sostuvo que no escucha entre sus vecinos preocupación por los dueños ricos de segundas residencias que ahora deberán tributar más. Otra manifestante afirmó que forma parte de los miles de neoyorquinos de clase trabajadora que apoyan gravar a los más ricos para que aporten su parte.

La ciudad fijó el 18 de septiembre como fecha límite para solicitar una exención del impuesto. Las autoridades indicaron que aceptarán documentación probatoria, como la licencia de conducir, para acreditar que una propiedad constituye residencia principal. Ese plazo aparece ahora como el próximo punto de atención en una controversia que combina tensión política, resistencia judicial y dudas sobre la capacidad del gobierno para ejecutar la medida sin ampliar el conflicto.

Los ingresos corrientes de Panamá alcanzaron $4,203.1 millones durante el primer semestre de 2026, una cifra prácticamente igual a la obtenida un año antes, pero insuficiente frente a lo esperado.

El Gobierno había presupuestado $4,830.9 millones para el período, por lo que la recaudación quedó $627.9 millones, o 13%, por debajo de la meta.

La cifra total incorpora $4,140.1 millones recibidos en efectivo y cerca de $63 millones correspondientes a documentos fiscales, utilizados para cancelar obligaciones tributarias.

Estos últimos incluyen créditos fiscales y otros instrumentos reconocidos por el Estado, de manera que forman parte de la recaudación aunque no representen una entrada inmediata de dinero.Ese faltante frente al presupuesto no debe confundirse con el déficit fiscal.

El primero indica cuánto dejó de ingresar respecto de lo que el Gobierno esperaba recaudar, mientras que el déficit fiscal compara todos los ingresos con los gastos públicos. Cuando el Estado gasta más de lo que recibe, necesita financiar la diferencia, generalmente mediante deuda.

Panamá cerró 2025 con un déficit del Sector Público No Financiero equivalente a 3.67% del PIB, una mejora importante frente al 6.23% registrado en 2024. El Ministerio de Economía y Finanzas atribuyó parte de la corrección a una reducción de 5.9% en los egresos del Gobierno Central y un incremento de 9% en los ingresos tributarios.

La reducción ha sido observada por las calificadoras, pero las cuentas públicas continúan siendo un punto sensible. Fitch considera que Panamá mantiene fortalezas como su crecimiento económico, la dolarización y la importancia estratégica del Canal, pero advierte debilidades relacionadas con una base de ingresos gubernamentales estrecha, deuda creciente y mayores cargas por intereses.

S&P Global Ratings también mantiene el foco sobre el ajuste fiscal. La agencia considera que la continuidad de la consolidación es necesaria para estabilizar la deuda y los intereses, y advierte que retrocesos que impidan reducir los déficits podrían provocar un crecimiento de la deuda mayor al previsto y presionar la calificación soberana.

El comportamiento de los ingresos durante 2026 es, por ello, especialmente relevante. Los ingresos tributarios, incluyendo documentos fiscales, sumaron $3,454.3 millones hasta junio, 4.3% más que los $3,312.6 millones del mismo período de 2025. Sin embargo, quedaron $552.7 millones, o 13.8%, por debajo de la previsión presupuestaria.

Dentro de ese grupo, los impuestos directos alcanzaron $1,994.1 millones y crecieron 1.2% interanual, aunque quedaron 14.7% por debajo de la meta. Los impuestos indirectos mostraron un mejor desempeño, al sumar $1,460.2 millones, un aumento de 8.7% frente al primer semestre de 2025.

Al observar el detalle de la recaudación en efectivo, el impuesto sobre la renta llegó a $1,668.9 millones y disminuyó 0.6% respecto al año anterior. La renta jurídica aumentó 2.4%, mientras la correspondiente a personas naturales cayó 3.6%. En cambio, el impuesto de inmuebles avanzó 25.7% y el Seguro Educativo aumentó 28.9%.

El consumo aportó algunas de las señales más favorables. El ITBMS sobre ventas aumentó 13.5%, hasta $562.2 millones, mientras el ITBMS aplicado a las importaciones creció 10.9%, hasta $277.6 millones. La recaudación por consumo de combustible también avanzó con fuerza: subió 57.6% y alcanzó $88.4 millones en el semestre.

En contraste, los ingresos no tributarios sumaron $747.4 millones, 13% menos que durante los primeros seis meses de 2025. La participación de utilidades y aportes cayó 29.8%, mientras tasas, derechos y otros ingresos retrocedieron 6.4%. Dentro del grupo, los peajes y servicios del Canal aumentaron 6.3%, hasta $299.9 millones.

La administración tributaria intenta mejorar la recaudación mediante una mayor fiscalización y trazabilidad de las ventas. Una de las herramientas es la obligación de emitir factura fiscal y la expansión de la factura electrónica, un documento digital legalmente válido que registra la operación comercial y permite verificar su autenticidad mediante mecanismos como el código QR y el CUFE.

Pedir la factura también se ha convertido en parte de la estrategia para reducir la evasión. La DGI asegura que el promedio mensual recaudado por ITBMS sobre ventas llegó a $93.9 millones entre enero y junio de 2026, frente a $82.9 millones entre enero y julio de 2025, antes de comenzar la Lotería Fiscal. El programa incentiva a los consumidores a exigir comprobantes por sus compras y servicios.

El desafío fiscal, por tanto, tiene dos caras. Panamá consiguió reducir con fuerza su déficit en 2025 y aumentar varios de sus principales impuestos en 2026, pero los ingresos corrientes del primer semestre continúan lejos de lo presupuestado. Con una brecha de casi $628 millones, mejorar la recaudación será clave para sostener el ajuste sin depender exclusivamente de recortar gastos o inversiones.

Una propuesta de aumento de impuestos del 15,5% en Jersey City desató protestas de vecinos y abrió un nuevo cruce político entre la administración del alcalde James Solomon y el exintendente Steven Fulop. La discusión ocurre a pocos días de la votación final del presupuesto municipal y en medio de reclamos de residentes que advirtieron que una suba de esa magnitud puede volver imposible seguir viviendo en la ciudad, tal y como informó CBS News New York.

De acuerdo con CBS News New York, la protesta se hizo visible el lunes 17 de agosto, cuando un grupo de residentes cuestionó públicamente el proyecto fiscal en Jersey City, en el estado de Nueva Jersey. La iniciativa del gobierno local había sido presentada primero con una suba del 20%, aunque luego fue reducida al 15,5%.

Vecinos advierten por el impacto del ajuste

El eje central de las quejas pasa por el costo de vida. Varios residentes afirmaron ante CBS News New York que una nueva carga tributaria puede empujarlos fuera de la ciudad. Dmetriotis Van De Mark, vecina de Jersey City desde hace 31 años, aseguró que la medida la deja frente a una elección económica imposible.

“No voy a poder vivir en Jersey City, no porque no quiera estar acá. No puedo permitirme vivir en la ciudad. Desde el punto de vista económico, no tiene sentido para mí quedarme”, afirmó la residente en declaraciones recogidas por CBS News New York.

Otra vecina, Stephanie Startz, también cuestionó la política fiscal del municipio y planteó que la presión económica ya no guarda relación con la calidad de vida. “Nos están tomando de rehenes y esto es absurdo. A esta altura, sería casi lo mismo vivir en Nueva York por el costo de vida, porque los gastos y la calidad de vida no se equilibran”, sostuvo ante ese medio.

La misma residente agregó que el problema excede el porcentaje puntual del aumento y se vincula con la administración de los recursos públicos. “Es una cuestión de responsabilidad fiscal de esta ciudad. Llegaron con el discurso de defender a la clase trabajadora y ahora le están dando la espalda”, dijo, siempre de acuerdo con lo reportado por CBS News New York.

La explicación de la alcaldía y el déficit señalado por una auditoría

La administración de James Solomon defendió el incremento al señalar que la ciudad atraviesa un desbalance financiero heredado de la gestión anterior. Un portavoz del alcalde afirmó, en una declaración citada por CBS News New York, que la propuesta responde a un déficit de 94,1 millones de dólares detectado en una auditoría publicada a mediados de agosto.

Ese informe, indicó el medio estadounidense, atribuyó el rojo fiscal a pagos que debían realizarse desde años anteriores y que quedaron postergados. La alcaldía además aseguró que, junto con el intento de recomponer ingresos, el municipio prevé una reducción de casi 58 millones de dólares en gastos y la obtención de 120 millones de dólares en ayuda estatal.

La protesta vecinal se cruzó con otro evento en la agenda del alcalde. Solomon participaba de una manifestación vinculada a legislación ambiental, bajo la consigna Make Polluters Pay, cuando parte de los asistentes aprovechó la ocasión para expresar su rechazo al proyecto tributario, relató CBS News New York.

El cruce con Steven Fulop profundiza la disputa política

El exalcalde Steven Fulop rechazó la interpretación del gobierno actual y atacó los fundamentos de la suba. En una declaración difundida tras la publicación de la auditoría, aseguró que Solomon utiliza de forma selectiva un informe cuya credibilidad había puesto en duda años atrás.

“Todo el argumento de James Solomon depende de un auditor al que él llamó político y poco confiable en 2022. Es irónico que ahora trate esa auditoría como si fuera palabra sagrada”, afirmó Fulop, citado por CBS News New York.

El exintendente también negó que exista el agujero financiero más amplio mencionado en el debate político local. “La auditoría confirma lo que dijimos desde el principio: no había un déficit de 250 millones de dólares, porque en ninguna parte del informe aparece esa cifra. James pasó ocho años en el Concejo Municipal con responsabilidad sobre esos presupuestos y nunca planteó estas preocupaciones. Esto es política, no una crisis financiera creada por un auditor político”, sostuvo.

Presupuesto demorado y definición inminente

La discusión llega en un momento sensible para Jersey City, ya que el presupuesto municipal acumula retrasos y la votación final está prevista para el miércoles, precisó CBS News New York. Mientras el gobierno local intenta justificar el aumento por la situación fiscal, los vecinos advierten que la suba de impuestos puede traducirse en desplazamiento residencial, presión sobre los alquileres y mayores dificultades para afrontar gastos básicos.

Entre los testimonios recogidos por el medio, Van De Mark resumió esa preocupación en términos personales. “Entonces, ¿tengo que elegir entre sacar unos dólares del alquiler o comprar mi insulina? Voy a comprar mi insulina porque quiero vivir”, expresó. La definición del presupuesto quedará ahora en manos de las autoridades locales, con una ciudad atravesada por el conflicto entre las cuentas públicas, el costo de vida y la disputa política.

La renuncia de Martín Rivas como director general de la Dirección General de Ingresos (DGI) de Nicaragua, oficializada el 17 de agosto de 2026, cierra un ciclo de quince años al frente del organismo estatal. Rivas presentó su dimisión aduciendo “motivos de salud”, lo que fue formalizado mediante el Acuerdo Presidencial 115-2026. El cambio en la titularidad de la DGI se produce en un contexto de transformaciones internas dentro de las principales agencias recaudadoras del Estado, según informó Confidencial.

En los días previos a la salida de Rivas, la Procuradora de Justicia, Wendy Morales Urbina, asumió de hecho el control tanto de la Dirección General de Ingresos como de la Dirección General de Servicios Aduaneros. Esta intervención estuvo acompañada por despidos y renuncias que generaron incertidumbre entre los trabajadores de ambas instituciones. Fuentes consultadas por Confidencial señalan que el clima interno se vio afectado por estos movimientos, que marcaron una nueva dinámica de control en el aparato fiscal del país.

De acuerdo con fuentes del régimen citadas por el medio, Martín Rivas era considerado una “ficha” de Francisco “Chico” López Centeno, ex tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional y actualmente detenido en la cárcel La Modelo de Tipitapa desde mayo de 2026. Un informe de Confidencial.digital añade que una fuente oficial sostuvo que, con la salida del funcionario, “quien sale ganando es Murillo”, en referencia a Rosario Murillo, quien según la misma versión ya estaría gestionando los impuestos de manera directa a través de Ovidio Reyes, presidente del Banco Central.

Walter Petters Cuadra asume la dirección de la DGI

El reemplazo en la Dirección General de Ingresos se resolvió sin demora. El mismo 17 de agosto, el Ejecutivo nombró a Walter Petters Cuadra como nuevo director general de la DGI, por medio del Acuerdo Presidencial 116-2026, publicado en La Gaceta. Petters Cuadra ocupaba hasta entonces la dirección general de Política y Estadísticas Fiscales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Además, desde octubre de 2025 integraba el Banco de Fomento a la Producción como miembro propietario en representación del sector público.

La DGI es identificada por empresarios, viajeros, importadores y contribuyentes como una entidad central dentro del sistema de recaudación fiscal del país. Entre los mecanismos de fiscalización mencionados figuran las auditorías, reparos fiscales y dudas de valor, que, según distintas voces consultadas por Confidencial.digital, se utilizan para maximizar la captación de recursos provenientes del sector privado. Estas prácticas han generado inquietud en los sectores económicos afectados, que perciben un endurecimiento de los controles fiscales en los últimos meses.

Cambios recientes y antecedentes de Rivas

Martín Gustavo Rivas Ruiz, capitán en retiro de la Policía Nacional, asumió la conducción de la DGI en 2011, en reemplazo de Walter Porras. Su extensa permanencia en el cargo lo convertía en uno de los funcionarios de mayor antigüedad dentro de la estructura estatal dirigida por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Durante el mismo proceso de reestructuración interna, se reportó también el despido de Francisco José Baltodano Díaz, quien ocupaba el cargo de director de Fiscalización en la DGI. Este movimiento se inscribe en la misma serie de cambios que siguieron a la intervención de Morales Urbina en las dos principales agencias recaudadoras del país.

La reforma tributaria en Colombia que prepara el gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta el reto de conseguir recursos en medio de restricciones fiscales y de un debate centrado en si esos recursos deben salir de beneficios tributarios, evasión y ampliación de la base gravable, antes que de nuevas alzas a las tarifas empresariales.

La discusión técnica plantea que los recursos de la nueva reforma deberían salir, ante todo, de ampliar la base gravable, revisar beneficios tributarios y reducir la evasión de IVA y renta.

El enfoque busca recaudar entre $25 y $32 billones en 2027 sin trasladar otra vez el ajuste a empresas y contribuyentes formales que ya pagan impuestos. Ese rango equivale a entre 1,2% y 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). La senda planteada llevaría el recaudo adicional hasta cerca de 2,5% del PIB en 2030. La referencia inmediata es el faltante de $30,2 billones que enfrenta el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, cuyo proyecto fue devuelto por las comisiones económicas. Incluso con los recursos de la reforma tributaria que hoy está en trámite, todavía quedarían $8,3 billones por financiar.

Al respecto, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) calcula que, para cumplir la meta de balance primario de -0,5% del PIB en 2027, serían necesarias medidas equivalentes a 3,7% del PIB entre mayores ingresos y menores gastos. Para retornar a la regla fiscal en 2028, el ajuste requerido subiría a 5,5% del PIB. Dicha presión muestra que la necesidad fiscal supera el tamaño de la propia reforma. También empuja la discusión hacia fuentes de recaudo distintas de un nuevo aumento de tarifas.

Beneficios tributarios y límites de subir más la carga empresarial

Una de las principales apuestas consiste en revisar el gasto tributario antes de crear nuevas cargas. Entre 2019 y 2023, los beneficios tributarios pasaron de $68 billones a más de $136 billones. De ese monto, más de $88 billones se concentraron en IVA y más de $25 billones en renta empresarial. Ese universo aparece como una de las mayores fuentes potenciales de ingresos para la nueva reforma.

La directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, Sonia Liliana Tejedor, considera que depurar una parte de esos beneficios podría generar más recursos que una nueva sobretasa. El planteamiento apunta a una mayor eficiencia de la estructura tributaria vigente, en lugar de repetir aumentos de tarifas que no necesariamente se tradujeron en un incremento proporcional del recaudo.

Colombia tiene una tarifa de renta corporativa de 35%, frente a un promedio de 24,2% en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y de 21,2% entre 146 jurisdicciones. Además, las sobretasas llevan la tarifa hasta 40% para los sectores financiero y minero-energético.

Pese a ese nivel de tributación empresarial, el recaudo tributario del país alcanzó 19,9% del PIB en 2024. Dicho registro fue el mismo de 2015 y quedó por debajo del promedio de la Ocde de 34,1%.

Tejedor dice que “subir tarifas dejó de producir recaudo”. La académica plantea que la reforma debería priorizar la ampliación de la base gravable para obtener ingresos adicionales sin trasladar otra vez el peso del ajuste a empresas y trabajadores formales.

Evasión y activos virtuales como frente de recaudo y formalización

El otro frente central es la evasión. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, estima niveles cercanos a 35% en IVA y 40% en renta. Reducir esas brechas requeriría metas verificables, facturación electrónica plena y un mayor cruce de información entre las bases disponibles para la administración tributaria. El punto aparece como otra de las fuentes posibles de recaudo para 2027.

Asimismo, el CEO de Asoblockchain, Camilo Suárez, coincide en que una reforma cercana a $30 billones puede ser realista, pero advierte que “el tamaño de la reforma, cercano a $30 billones, puede ser realista, pero el origen de los recursos resulta más importante que la cifra”.

Suárez plantea que al menos un tercio de la meta de recaudo provenga de beneficios tributarios y evasión. También pide indicadores públicos y auditables año a año para medir si esa promesa se convierte en ingresos.

En esa discusión aparece la economía digital. La Resolución 000240 de 2025 ordena que los proveedores de servicios de criptoactivos reporten a la Dian las operaciones de los usuarios desde el año gravable 2026. El primer informe está previsto para mayo de 2027. El umbral de reporte quedó en $50.000 y las sanciones pueden llegar a 1% del valor no informado.

La medida incluye trazabilidad en un mercado que, según Chainalysis, mueve en Colombia transacciones con activos digitales por USD28.455 millones al año. Suárez sostiene que “el objetivo no debería ser establecer exenciones para este sector, sino generar certeza jurídica”.

Añadió que un marco legal para activos virtuales permitiría convertir parte de la actividad informal en actividad declarante. Bajo esa lógica, la base gravable crecería sin necesidad de aumentar tarifas.

Deuda, reconstrucción y eficiencia del gasto en el debate tributario

La propuesta también incluye una revisión de la administración tributaria. Una de las ideas es que la Dian pase de administrar unos 15 impuestos a concentrarse en tres grandes categorías: renta, IVA interno e IVA externo. El argumento es que 85% del recaudo ya está en dos de esos tributos. Aun así, la propuesta exige determinar cuánto recaudo podría perderse con una simplificación de ese tipo y cómo sería reemplazado.

Las presiones sobre las finanzas públicas no terminan en el recaudo. El servicio de la deuda previsto para 2027 asciende a $118 billones, mientras la inversión pública suma $90 billones.

A eso se agrega el costo de reconstrucción tras el sismo del 10 de agosto. BTG Pactual estima de forma preliminar que esa tarea costaría unos $20 billones, cerca de 1% del PIB, y plantea financiarla con crédito y cooperación, no con impuestos permanentes.

El comportamiento reciente del recaudo muestra señales favorables, aunque no resuelve el desbalance. Entre enero y julio, la Dian recaudó $182 billones, con un crecimiento de 9,7% y una ejecución de 100,2% de la meta fijada para ese periodo.

Tejedor plantea además un compromiso de estabilidad tributaria durante 10 años. La propuesta busca reducir la incertidumbre para las empresas en un escenario en el que el propio ministro ubica la inversión privada en 17% del PIB. Desde Asoblockchain también surge una propuesta sobre el uso de los recursos públicos. El gremio plantea llevar la contratación pública, cercana a $174,8 billones, a registros trazables e inmutables para recuperar recursos y reducir pérdidas sin imponer nuevas cargas.

Ahora, esta visión contrasta con el proyecto del Gobierno saliente, que buscaba $21,9 billones adicionales en 2027. La iniciativa incluía una tarifa máxima de 41%, una sobretasa financiera permanente de 15 puntos y una reducción de la exoneración de aportes de 10 a tres salarios mínimos.

La guerra en Oriente Medio y la volatilidad del precio del petróleo han dado un nuevo impulso a los resultados de las grandes compañías energéticas que operan en Europa. Seis de las principales petroleras —BP, Shell, Eni, Orlen, Repsol y OMV— más que duplicaron sus beneficios en la Unión Europea durante el segundo trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, según un análisis publicado este lunes por la organización ecologista Transport & Environment (T&E).

El estudio sitúa a Repsol en el centro de esta evolución. La compañía española, la única del país incluida en el grupo analizado, concentró 1.267 millones de euros de beneficio excedentario atribuido a la Unión Europea durante los seis primeros meses del año. De esa cantidad, 257 millones correspondieron al primer trimestre y otros 1.010 millones al segundo, en pleno conflicto de Oriente Medio.

El salto entre ambos trimestres refleja hasta qué punto la evolución del mercado energético ha alterado las cuentas de las grandes petroleras. En el conjunto de la Unión Europea, el beneficio excedentario de las compañías analizadas pasó de 1.600 millones de euros en el primer trimestre a 5.900 millones en el segundo. En total, la cifra alcanzó los 7.500 millones durante el primer semestre.

España concentra 1.479 millones de beneficio excedentario

El análisis de T&E también sitúa a España entre los países donde las petroleras obtuvieron mayores ganancias extraordinarias. El beneficio excedentario atribuido al mercado español pasó de 296 millones de euros en los tres primeros meses del año a 1.182 millones en el segundo trimestre. En el conjunto del semestre alcanzó los 1.479 millones de euros.

Esa cantidad convierte a España en el segundo país con mayor volumen de beneficio excedentario atribuido por T&E, solo por detrás de Polonia, con 1.628 millones. Alemania ocupa la tercera posición, con 1.189 millones, seguida de Francia (694 millones), Italia (488 millones) y Bélgica (213 millones).

La organización calcula estas cifras a partir de los ingresos que las petroleras declaran por país y define el beneficio excedentario como la diferencia interanual entre el beneficio neto ajustado de cada trimestre. A escala mundial, las ocho compañías analizadas —incluidas también TotalEnergies y Moeve— acumularon unos 17.900 millones de euros de beneficio excedentario durante el semestre. El importe atribuido a la Unión Europea supone aproximadamente el 42% del total.

T&E reclama un impuesto a las ganancias extraordinarias

El fuerte aumento de estos beneficios ha reabierto el debate sobre la posibilidad de establecer un impuesto específico sobre las ganancias extraordinarias de las petroleras. Transport & Environment considera que el incremento de los beneficios se produce mientras los consumidores siguen expuestos a las oscilaciones del precio de los carburantes y reclama que parte de esos recursos se destine a acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico.

“Las petroleras están abandonando la energía verde mientras los conductores pagan la factura”, afirmó el director de T&E, Antony Froggatt, recoge Europa Press. La organización defiende que los ingresos obtenidos mediante un eventual gravamen europeo podrían utilizarse para abaratar el acceso al coche eléctrico y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

T&E sostiene además que los países con una mayor implantación del vehículo eléctrico están menos expuestos a las variaciones del precio del petróleo. Como ejemplo, señala a Dinamarca, donde la cuota de vehículos eléctricos ronda el 19%, frente a menos del 1% en Polonia, uno de los países con mayor volumen de beneficios excedentarios atribuidos en el estudio.

Repetir el modelo de Ucrania

No sería la primera vez que la Unión Europea recurre a un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. Entre 2022 y 2023, Bruselas aplicó una contribución de solidaridad temporal como respuesta al fuerte incremento de los beneficios registrado tras la invasión rusa de Ucrania.

Según el informe final de la Comisión Europea, aquel mecanismo permitió recaudar cerca de 28.000 millones de euros. La experiencia vuelve ahora al debate comunitario en un momento en el que el conflicto en Oriente Medio ha vuelto a introducir una elevada volatilidad en los mercados energéticos.

España ya ha respaldado la posibilidad de crear un gravamen de este tipo a escala europea. En abril, el Gobierno español se sumó a Austria, Alemania, Italia y Portugal para reclamar a la Comisión Europea que desarrollase una fórmula comunitaria para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas.

Los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años son el grupo generacional que menos convencido está de la necesidad de pagar impuestos, según el Barómetro Fiscal 2025 del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), publicado este 2026. Solo el 65% de este tramo de edad considera que la Hacienda Pública desempeña una función necesaria para la sociedad, frente al 89% de los mayores de 65 años, una brecha de 24 puntos porcentuales que refleja una fractura generacional en la cultura tributaria española.

El estudio revela que el 35% de los jóvenes de 18 a 24 años cree que sin impuestos viviríamos mejor, el segundo porcentaje más alto por tramos de edad, solo superado por la franja de 25 a 39 años, donde ese respaldo alcanza el 38%. Entre los mayores de 65 años, apenas el 10% comparte esa visión. A nivel general, el 79% de los españoles respalda la necesidad de Hacienda, aunque ese porcentaje marca el mínimo histórico de toda la serie, que arranca en 1997.

Esta desconfianza hacia el sistema fiscal no equivale a un rechazo frontal al Estado. Los datos del IEF muestran que los jóvenes reconocen la utilidad de los servicios públicos y, en varios indicadores concretos, exhiben una disposición solidaria superior a la de otras generaciones. La brecha reside más en la percepción de lo que reciben a cambio de lo que aportan que en una postura ideológica antiimpuestos.

La vivienda: mejor fomentar la propiedad

El capítulo que concentra las posiciones más definidas de los jóvenes es el de la vivienda y la política fiscal. El 85% del conjunto de la población considera que acceder a una vivienda es hoy más difícil que hace una década, y los menores de 25 años comparten esa percepción, aunque con menor intensidad que otros grupos: el 71% de los jóvenes de 18 a 24 años cree que el acceso es más complicado en España que en otros países de la Unión Europea, por debajo del 75% de media general y del 77% del tramo de 40 a 54 años, que es el más crítico.

Cuando se trata de traducir esa preocupación en disposición a pagar más impuestos, los jóvenes presentan un perfil particular. Son el grupo más dispuesto a sufragar con más tributos las ayudas de acceso a la vivienda destinadas a su propio colectivo: el 49% lo respalda, por encima del 46% de los ciudadanos de 25 a 39 años y muy lejos del 37% de la franja de 40 a 54 años. También lideran la disposición a costear ayudas para personas con escasos ingresos, con un 45% favorable, frente al 44% del tramo de 25 a 39 años.

El estudio del IEF detecta, además, una postura que distingue a los jóvenes del resto de franjas etarias: prefieren políticas fiscales que incentiven el acceso a la propiedad antes que al alquiler. Solo el 42% de los encuestados de 18 a 24 años apoya que la política tributaria priorice el arrendamiento frente a la compra, el porcentaje más bajo de todos los grupos de edad. Los ciudadanos de 25 a 39 años se sitúan en el 48%, y los mayores de 55 años respaldan esa orientación entre el 55% y el 56%.

Escepticismo ante medidas redistributivas

Esta disposición solidaria en lo inmediato convive con posiciones más restrictivas ante medidas redistributivas de carácter general. Los jóvenes de 18 a 24 años son el grupo que menos apoya la progresividad fiscal sobre la riqueza inmobiliaria: solo el 65% cree que quienes poseen más propiedades deberían tributar proporcionalmente más, frente al 75% de media general. El apoyo del resto de grupos de edad se sitúa claramente por encima del 70%.

En la misma línea, los jóvenes son el grupo que menos respalda el incremento de la oferta de Vivienda de Protección Oficial (VPO): un 72% se muestra favorable, un porcentaje que, aun siendo mayoritario, contrasta con el 95% de los mayores de 65 años y el 90% de los ciudadanos de 55 a 64 años. Respecto a gravar las viviendas vacías como medida para aumentar la oferta, el 59% de los jóvenes apoya esa política, por encima del 53% de los ciudadanos de entre 40 y 64 años, aunque por debajo del 61% del tramo de 25 a 39 años.

El Barómetro Fiscal del IEF se publica de forma ininterrumpida desde 2001 y constituye la trigésima primera edición de esta serie. La encuesta fue realizada por la empresa Ikerfel con un tamaño muestral de 4.035 entrevistas.

Mark Cuban advirtió que una propuesta de California para aplicar un impuesto único del 5% a residentes con patrimonios superiores a USD 1.000 millones podía empujar a fundadores de startups e inversores fuera del estado.

El empresario cruzó al congresista demócrata Ro Khanna, que defendió la iniciativa como una forma de sostener la atención sanitaria de trabajadores y sectores medios.

El debate se centró en la Proposición 40, una iniciativa de votación en California que impondría ese tributo extraordinario.

La medida recibió el respaldo del Partido Demócrata de California, mientras dirigentes como el gobernador Gavin Newsom expresaron su rechazo.

Según Fox Business, Khanna sostuvo que la iniciativa alcanzaría a cerca de 250 multimillonarios californianos y que la mayoría no enfrentaría el problema de liquidez planteado por Cuban.

El legislador agregó que el 72% de la riqueza de los multimillonarios estaba concentrada en acciones que cotizaban en bolsa.

Khanna defendió el proyecto en un video publicado el sábado en X. Allí afirmó que el impuesto ayudaría a preservar la cobertura sanitaria para los californianos de clase trabajadora y acusó al “establishment de Sacramento” y a los lobistas que se oponían de estar “descaradamente desconectados”.

Cuban advierte que el impuesto afectaría a fundadores con riqueza inmovilizada en acciones

Cuban sostuvo que el impuesto impactaría sobre fundadores de startups cuyo valor crecía con rapidez, al volverlos multimillonarios sobre el papel sin disponer de cientos de millones de dólares en efectivo para pagarlo.

“Son la definición de pobres en efectivo y ricos en acciones”, escribió en la red social, citado por Fox Business.

“Si esto se aprueba, solo los fundadores idiotas de startups se quedan en California”, agregó, antes de añadir que convertiría no estar en ese estado en un requisito previo para una inversión.

También resumió su crítica en otra frase dirigida al congresista: “La ideología no es una estrategia, Ro”. Luego endureció el tono con una descalificación directa: “No entiendes los negocios, Ro”.

El empresario argumentó que un fundador exitoso podía pasar 10 años construyendo una compañía, crear miles de empleos y pagar cientos de millones de dólares en impuestos federales y estatales sin llegar a tener USD 250 millones líquidos para afrontar el pago.

La propuesta de Khanna plantea préstamos con acciones privadas como garantía

Khanna respondió con un esquema de préstamo sin recurso respaldado por acciones comprometidas como garantía. Su idea era que los fundadores con riqueza inmovilizada en títulos de empresas privadas usaran ese crédito estatal para pagar el impuesto.

El préstamo podría mantenerse pendiente durante unos 10 años. Al final de ese plazo, el fundador debería devolver el dinero en efectivo o el estado tomaría posesión de las acciones entregadas como garantía; al ser un préstamo sin recurso, la persona no asumiría responsabilidad personal si la empresa fracasara.

Cuban rechazó ese mecanismo. “Ro, eso es una locura”, escribió, y sostuvo que California prestaría dinero a los fundadores para que ellos lo devolvieran de inmediato al propio estado en forma de impuesto, sin generar al inicio ingresos de caja adicionales.

Bajo ese diseño, añadió, California podría terminar como propietaria de participaciones en empresas privadas si los fundadores no lograban repagar. “California: tú lo creas. Nosotros nos lo quedamos”, escribió.

Khanna replicó que el gobierno igualmente recaudaría entre la amplia mayoría de los multimillonarios que sí contaban con activos líquidos.

También argumentó que, si una empresa privada prosperaba, el estado terminaría cobrando el préstamo, mientras que el fundador no sería personalmente responsable en caso de fracaso. Luego, amplió su defensa del impuesto con un argumento político.

“Mark, ven conmigo de viaje por California, Pensilvania y el país y pregúntales a los estadounidenses comunes qué sienten sobre un impuesto a los multimillonarios”, escribió. “La mayoría dice, te lo prometo: ¿por qué solo 5%?”.

Cuban cerró con una advertencia sobre el ecosistema emprendedor: sostuvo que forzar a los fundadores a vender acciones para cumplir con el impuesto castigaría a quienes reinvertían su patrimonio en hacer crecer sus empresas, crear puestos de trabajo y pagar salarios en lugar de retirar efectivo para sí mismos.

“Ro, este es el mayor ‘que te jodan’ de la historia del emprendimiento. De todos los tiempos”, escribió.

Una tonelada de arena extraída del río Paraná en Ibicuy, Entre Ríos, sale USD 22. Llegar con ese mismo insumo hasta un pozo de Vaca Muerta, en la Cuenca Neuquina, cuesta USD 145: seis veces más que el producto en sí. La brecha no se explica por la calidad del material ni por la eficiencia de quienes lo procesan. Se explica por 1.300 kilómetros de distancia y por una superposición de tributos provinciales y municipales que ninguna jurisdicción coordinó con las demás. Mientras tanto, en la Cuenca Pérmica de Texas, la misma arena llega al pad por 60 dólares.

Vaca Muerta atraviesa el momento de mayor actividad de su historia. En junio de 2026, la producción nacional de petróleo alcanzó un récord de 914.900 barriles diarios, con la formación neuquina como principal motor: el crudo no convencional ya representa el 70% de la producción argentina acumulada en el año. Solo en los últimos 12 meses, la cuenca incorporó 157.486 barriles diarios adicionales, un volumen superior al que generaba toda la formación en 2018. Un informe de BBVA Research proyecta que la Argentina aportará el 1% de la producción mundial de petróleo en 2026, frente al 39% que concentran en conjunto Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita.

A su vez, esta semana, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía dio a conocer el estudio elaborado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) que determinó que Vaca Muerta tiene 30.170 millones de barriles técnicamente recuperables, un 89% más que los 16.220 millones que proyectó la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) en 2013, cuando Miguel Galuccio y Alí Moshiri, entonces presidentes de YPF y Chevron para América Latina, firmaron el acuerdo que convirtió a Loma Campana en el primer desarrollo no convencional masivo fuera de América del Norte. En ese momento, la formación producía apenas 10.000 barriles diarios.

La brecha no se explica por la calidad del material ni por la eficiencia de quienes lo procesan

El salto de la extracción en 89% responde a tres variables técnicas:

1. La superficie prospectiva útil creció un 22% con la incorporación de zonas del sur de Mendoza y Río Negro.
2. El espesor útil de la formación aumentó un 39% gracias a la experiencia acumulada.
3. Y el factor de recuperación -el porcentaje del petróleo presente en la roca que puede extraerse con la tecnología disponible- subió 54% por mejoras en la distancia óptima entre pozos y avances en la estimulación hidráulica.

Ese último punto es el que conecta directamente con la arena.

Insumo como variable del recurso

La fractura hidráulica -el proceso que libera el petróleo y el gas atrapados en la roca de Vaca Muerta- requiere inyectar agua a alta presión para generar grietas en la formación, y luego introducir un agente de sostén que mantenga esas grietas abiertas durante toda la vida productiva del pozo. Ese agente de sostén es la arena. Cada etapa de fractura consume entre 200 y 250 toneladas; cada pozo, entre 12.500 y 13.000 toneladas.

Roberto Lino Blanco, consultor en desarrollo de negocios y logística del sector Oil & Gas con base en Neuquén, analizó las implicancias del nuevo estudio del IAPG sobre la cadena de abastecimiento de arena. Su conclusión central: “el agente de sostén deja de ser un ítem de compras y pasa a ser una variable del recurso declarado”. Si el canal conductivo se cierra, el petróleo queda atrapado en la roca de manera definitiva.

Cada etapa de fractura consume entre 200 y 250 toneladas de arena; cada pozo, entre 12.500 y 13.000 toneladas

Blanco cuantificó ese riesgo sobre la nueva base de recursos. Los pozos completados con arena de menor calidad -la denominada arena de cercanía, extraída en Río Negro y en la propia Neuquén- presentan una pérdida no menor que el 20% de las reservas recuperables, según un estudio comparativo interno que motivó a YPF a retornar a las arenas entrerrianas.

Aplicado ese coeficiente sobre los 30.170 millones de barriles del IAPG, y con una penetración equivalente a la que la arena de cercanía tuvo entre 2019 y 2024 -cuando llegó al 40% del abastecimiento de la cuenca-, el recurso comprometido asciende a 2.414 millones de barriles: unos USD 144.800 millones al precio de referencia de USD 60 por barril.

El desglose de la brecha de costos

Según el análisis de Blanco, el costo de la arena en el pozo se descompone así:

• USD 20–22 por la arena lavada y cargada en cabecera entrerriana,
• USD 70 de flete de larga distancia,
• USD 15 de secado,
• USD 27 de última milla y
• USD 10 de servicio de bombeo en boca de pozo.

El insumo representa el 15% del precio final; la logística, más del 70 por ciento.

Sobre ese 15% se concentra, además, la mayor parte de la presión fiscal. El productor que extrae del río tiene un costo directo de USD 16 y vende a USD 22: un margen bruto de USD 6 por tonelada.

Contra ese margen se aplican la guía de tránsito de minerales de Entre Ríos -actualizada a $2.250 por tonelada, equivalente a USD 1,5, un cuarto del margen en un solo tributo-, el canon de extracción, la tasa municipal y la alícuota de Ingresos Brutos. Este último impuesto no grava valor agregado sino facturación, y en esta cadena hay seis facturaciones sucesivas antes de que el grano entre al pozo.

La piramidación resultante ronda los USD 5 por tonelada: el efecto cascada de un solo impuesto provincial supera el margen completo de la actividad que lo origina.

Texas resolvió el problema al revés

La comparación con el Permian ordena la discusión. La arena en boca de mina cotiza allí alrededor de USD 30 por tonelada, y el flete al pozo -entre 30 y 100 millas (48 y 160 kilómetros) como máximo- agrega entre USD 20 y USD 30. Puesta en el pad: USD 60. La brecha respecto de los USD 145 argentinos no es de calidad ni de eficiencia empresaria.

La brecha es de mapa y de Estado: 1.300 kilómetros que en Texas no existen porque la mina está adentro de la cuenca, y una superposición de ventanillas fiscales que allá tampoco existe porque el mineral se mueve dentro de una sola jurisdicción (Blanco)

La arena de Ibicuy tiene un 86% de cuarzo, grano redondeado y bien seleccionado -el río Paraná operó durante milenios como planta de beneficio natural-, con características comparables a la arena de duna eólica del Permian.

“La brecha es de mapa y de Estado: 1.300 kilómetros que en Texas no existen porque la mina está adentro de la cuenca, y una superposición de ventanillas fiscales que allá tampoco existe porque el mineral se mueve dentro de una sola jurisdicción”, escribió Blanco.

Cuando el Permian enfrentó el problema del tráfico pesado en rutas rurales -el mismo que hoy atraviesan los corredores locales-, en enero de 2025 inauguró una cinta transportadora de decenas de kilómetros para mover arena sin camiones. La lógica fue la opuesta a la argentina: si el desgaste vial es el problema, se elimina la causa en lugar de arancelar el síntoma.

Una demanda que no para de crecer

Vaca Muerta va a demandar alrededor de 8 millones de toneladas de arena en 2026. Las proyecciones de la industria ubican esa cifra en torno a 12 millones hacia 2030. Traducido a movimiento: unos 685 camiones diarios hoy, que hacia el final de la década serán del orden de 1.030 diarios. Y ese flujo no es parejo ya que las técnicas de fractura simultánea implican consumir entre 40.000 y 50.000 toneladas por locación en 25 días, lo que equivale a entre 50 y 60 camiones diarios para un solo set de pozos, multiplicado por la cantidad de equipos operando en paralelo.

La brecha con la demanda ya es visible este año y se ampliará en 2027, cuando la desaparición del valle estacional de actividad obligue a la cadena logística a operar sin descompresión por primera vez en la historia de la industria argentina

La capacidad de procesamiento actual -sumando las plantas de lavado activas en cabeceras areneras- alcanza entre 6,5 y 7 millones de toneladas anuales. La brecha con la demanda ya es visible este año y se ampliará en 2027, cuando la desaparición del valle estacional de actividad obligue a la cadena logística a operar sin descompresión por primera vez en la historia de la industria argentina.

El sector que tiene que invertir para cerrar esa brecha es el arenero, el eslabón más pequeño y más fragmentado de toda la cadena.

Según el análisis de Roberto Lino Blanco, ese sector trabaja con un margen bruto de entre USD 4 y USD 6 por tonelada antes de impuestos, y el capital para canteras, plantas de lavado, almacenaje y flota debe salir de ese margen.

“La presión fiscal que impide la inversión termina produciendo exactamente el encarecimiento que la inversión hubiera evitado”, advirtió el consultor. El resultado es una espiral que se retroalimenta: si la capacidad de lavado no acompaña, el mercado se estrecha, el precio de la arena sube y ese aumento no lo captura ninguna provincia, lo paga la operadora, se traslada al costo del pozo y erosiona la competitividad de Vaca Muerta frente a las cuencas con las que compite.

La discusión por el nivel de presión tributaria que soportan empresas, comercios y vecinos sumó un nuevo elemento en la provincia de Buenos Aires. El senador provincial y economista Diego Valenzuela presentó este viernes un “Semáforo Fiscal”, una herramienta digital que permite comparar a los municipios bonaerenses a partir de distintos indicadores vinculados con las tasas, las alícuotas, el tamaño del Estado, la infraestructura y el empleo.

El proyecto, “Menos impuestos, más trabajo”, surgió después de un año de trabajo de Valenzuela junto con economistas y especialistas tributarios. La plataforma (www.menosimpuestos.com.ar) utiliza un sistema de colores —verde, amarillo y rojo— para ordenar los resultados y permite consultar los datos de cada distrito y establecer comparaciones. “Esta iniciativa está diseñada para que comerciantes, empresarios y vecinos sepan dónde se cuida el bolsillo y dónde no es conveniente invertir o generar empleo”, expresó el ex intendente de Tres de Febrero.

La herramienta fue presentada esta mañana el Auditorio de la Torre Macro ante empresarios, funcionarios, economistas, representantes de fundaciones e investigadores. Valenzuela estuvo acompañado por la senadora nacional Patricia Bullrich, quien inauguró el evento. “Si metemos el método Valenzuela en cada municipio, podemos ganar la Provincia. La Libertad se mide en el territorio”, enfatizó.

Uno de los principales indicadores de la herramienta es la presión fiscal municipal, que se calcula a partir del promedio de las alícuotas nominales correspondientes a cinco actividades: banca minorista, hipermercados, industria, comercio minorista y comercio mayorista. El cálculo incorpora además ajustes vinculados con la Tasa Vial y el cobro por habilitaciones.

Con esa metodología, San Pedro quedó en el primer lugar del segmento verde, con una presión de 0,52%. Le siguieron Tres de Febrero, con 0,55%, y Chivilcoy, con 0,75%. Ninguno de esos tres distritos cobra Tasa Vial.

En una zona cercana al verde quedaron Florencio Varela, con 1,28%; Junín, con 1,29%; y General Rodríguez, con 1,30%. Entre los municipios que apenas llegaron al amarillo aparecieron Tigre, con 1,63%; Coronel Rosales, con 1,67%; y La Costa, con 1,74%.

En el extremo rojo se ubicaron Hurlingham, Lanús y Marcos Paz. Hurlingham registró una presión fiscal de 3,16%, Lanús alcanzó 3,06% y Marcos Paz llegó a 2,88%. Los tres cobran Tasa Vial y presentan todas las alícuotas por encima del 1%.

La plataforma no se limita a las tasas. Valenzuela explicó que el objetivo fue reunir siete indicadores que permitan observar distintas características de cada administración local. Entre ellos mencionó presión fiscal, alícuotas, tamaño del Estado y empleo público, infraestructura, empleo privado, habilitaciones y Tasa Vial.

Infraestructura y empleo público

Otro de los componentes del Semáforo Fiscal es la cobertura de infraestructura, que contempla los servicios de agua, gas y cloacas. El indicador utiliza el promedio de cobertura de esos tres servicios para cada municipio.

Vicente López registró el nivel más alto, con 92,46% de cobertura. Tres de Febrero llegó a 90,02% y San Isidro alcanzó 89,36%.

En el extremo opuesto, José C. Paz registró una cobertura de 19%, según los datos del Censo 2022 utilizados para la comparación. Otro municipio que tiene un bajo nivel de infraestructura es Malvinas Argentinas (24,05%), que comparte el podio con General Rodríguez, que tiene el mismo nivel de cobertura de servicios.

La herramienta también incorpora información vinculada con el tamaño del Estado, el empleo público municipal y el peso del gasto salarial. Valenzuela señaló que existen distritos en los que el gasto en salarios representa una proporción muy elevada de los recursos.

San Nicolás aparece con el menor porcentaje mencionado por el legislador, con 15,27%. Coronel Rosales, en cambio, registra 74,03%. Tres de Febrero tiene 27% y Morón llega a 60%. “Si vas a un municipio que tiene 60% en salarios, resultado fiscal negativo y que invierte 2% en gasto de capital, no esperes una buena gestión”, sostuvo Valenzuela en diálogo con Infobae.

Además de San Nicolás, La Matanza y La Plata también tienen bajos niveles de gasto salarial, con 19,05% y 20,08%, respectivamente, de acuerdo con lo que puede observarse en la plataforma.

El senador planteó que esos datos pueden servir para analizar la relación entre el tamaño de las estructuras municipales, el resultado de las cuentas públicas y el nivel de inversión que puede esperarse. La plataforma también busca ofrecer información para el mundo empresarial. Según Valenzuela, la comparación puede servir para evaluar dónde invertir, instalar una empresa o generar puestos de trabajo. Al mismo tiempo, señaló que los datos pueden ser utilizados por académicos e investigadores para realizar comparaciones entre los distintos distritos.

La pelea por las tasas municipales

La presentación del Semáforo Fiscal se produjo dentro de una discusión que el Gobierno de Javier Milei mantiene desde el comienzo de su gestión con gobernadores e intendentes por la presión tributaria.

La administración nacional sostiene una agenda de reducción de impuestos y reclama que los distintos niveles del Estado acompañen ese proceso. En ese planteo, el Gobierno apunta no solamente a Nación, sino también a provincias y municipios, con el argumento de que la baja de la carga tributaria debe alcanzar al conjunto del sector público.

La disputa por las tasas municipales generó además enfrentamientos concretos y, en algunos casos, llegó a la Justicia. El Gobierno nacional cuestionó distintas modalidades utilizadas por municipios para cobrar tasas y planteó la necesidad de que esos tributos tengan relación con los servicios que efectivamente prestan las administraciones locales.

La discusión se desarrolló al mismo tiempo que los municipios afrontaron un escenario de menores fondos girados desde Nación a partir del ajuste aplicado durante la gestión de Milei. Frente a esa situación, distintos gobiernos locales incrementaron impuestos y tasas para reforzar sus recursos propios.

Este debate también llevó al Gobierno nacional a generar sus propias herramientas de comparación. En diciembre del año pasado, el Ministerio de Economía publicó el Portal de Transparencia Tributaria Municipal, que reúne información de los municipios de todo el país y pone el foco en la estructura de determinadas tasas. El Gobierno también elaboró un Mapa Tributario Municipal, que permite identificar bases imponibles y alícuotas y comparar los sistemas tributarios de distintas jurisdicciones.

“Menos impuestos, más trabajo”

El proyecto de Valenzuela se vincula con una propuesta política que el senador provincial denomina “Menos impuestos, más trabajo”. La idea central es que una menor carga tributaria puede favorecer la actividad económica, la inversión y la generación de empleo.

“Pensamos que si bajas las tasas, aumenta la recaudación y aumenta el empleo”, afirmó. En ese sentido, Valenzuela planteó que los municipios tienen un papel que excede la prestación de servicios y el cobro de tasas. Según su visión, las administraciones locales también pueden generar condiciones para atraer inversiones y favorecer la creación de puestos de trabajo.

“Creo que actualmente los gobiernos locales no pueden ser ‘municipios ABL’, hoy tienen que fomentar el empleo y la inversión a través de gestos impositivos y quita de burocracia. El que no lo haga, quedará a mitad de camino y disociado de la ciudadanía”, afirmó.

El senador también mencionó casos de empresas y bancos que cambiaron su localización entre distintos distritos. Consultado sobre el escenario económico actual, que motivó a muchas firmas a bajar la persiana, aclaró que “el dato relevante no está solamente en los cierres o aperturas individuales, sino en el resultado neto del empleo. En ese sentido, comparó a Tres de Febrero con San Martín y señaló que mientras que el primer distrito creó 1.200 empleos netos, el segundo perdió 2.000 en el mismo contexto macroeconómico.

A partir de esa comparación, Valenzuela sostuvo que los municipios pueden adoptar políticas que contribuyan a mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad privada, en lugar de limitarse a señalar las dificultades derivadas del escenario macroeconómico.

Según un informe de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), sobre el Parque Vehicular 2025, al cierre del último año, las mujeres dominicanas consolidan su presencia con 1.1 millones de vehículos.

La cifra representa el 23.9% del parque vehicular registrado a nombre de personas físicas. Este dato refleja una tendencia al alza en la presencia femenina dentro del sector automotor, con un crecimiento interanual de 6% en comparación con el año 2024.

El análisis elaborado por la DGII indica que, al finalizar el año 2025, el parque vehicular dominicano sumó 6,640,871 unidades, lo que supone un incremento de 446,819 vehículos respecto a 2024.

La composición de este parque vehicular muestra que el 70.7% corresponde a personas físicas y el 29.3% a personas jurídicas. Dentro del grupo de personas físicas, los hombres mantienen la mayoría con el 76.1%, mientras que las mujeres consolidan su participación con el 23.9%. El informe destaca que la tasa de incremento anual en la tenencia de vehículos es más acelerada en mujeres que en hombres, quienes reportaron un crecimiento de 3.8% durante el mismo periodo.

Preferencias, distribución geográfica y recaudación fiscal en el parque vehicular

La distribución por tipo de vehículo evidencia diferencias en las preferencias según el género de los propietarios. A nivel nacional, las motocicletas constituyen el 57.9% del parque vehicular, seguidas por los automóviles con el 17.9% y los jeeps con el 12%. En el caso de las mujeres, el 41.3% de los vehículos registrados a su nombre son motocicletas, el 28.8% corresponde a automóviles y el 23.7% a jeeps. Por su parte, los hombres muestran una inclinación aún mayor hacia las motocicletas, con un 55% de participación, seguidas por automóviles (20.4%) y jeeps (12.4%).

El informe de la DGII también realiza un desglose por provincias que permite identificar patrones geográficos en la tenencia de vehículos según el género. Hato Mayor encabeza la lista con el 29% del parque vehicular de personas físicas registrado a nombre de mujeres, seguida por La Altagracia (28.5%), Peravia (28.1%), Samaná (27.9%) y San Pedro de Macorís (27.8%). En contraste, las provincias con mayor proporción de propietarios hombres son Azua (81.5%), San Cristóbal (81%), San José de Ocoa (80.6%), Elías Piña (79.2%), Barahona y Valverde (78.8%).

La antigüedad de los vehículos constituye otro aspecto relevante del análisis de la DGII. El 83.7% del parque vehicular dominicano corresponde a unidades con más de cinco años de fabricación, mientras que el 16.3% son vehículos fabricados entre 2021 y 2026. El origen de los vehículos, excluyendo motocicletas, muestra una clara preferencia por la industria japonesa, que aporta el 59.8% del total, seguida de Corea del Sur (15%) y Estados Unidos (11.5%).

El crecimiento del parque vehicular tiene un impacto directo en la recaudación fiscal. Durante 2025, los impuestos derivados de la tenencia y registro de vehículos sumaron 29,905.8 millones de pesos dominicanos (aproximadamente USD 510 millones), siendo la emisión de la primera placa la principal fuente de ingresos para la DGII. Este flujo de recursos resulta fundamental para el financiamiento de proyectos de infraestructura vial y servicios públicos.

La información reunida por la DGII no solo resalta el aumento de la participación femenina en el sector automotor, sino que también permite observar diferencias en la dinámica de adquisición y uso de vehículos entre hombres y mujeres.

El proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda tras el terremoto del 10 de agosto no aplaza la declaración de renta de todos los contribuyentes afectados: el beneficio solo aplicaría a personas naturales y herencias ilíquidas con vencimientos en agosto, según el domicilio registrado en el RUT y los dos últimos dígitos de la cédula o NIT, con nuevas fechas entre el 27 de octubre y el 13 de noviembre.

El cambio propuesto aplazaría de forma temporal el ingreso de $624.000 millones al Estado: $213.000 millones por renta de personas naturales y $411.000 millones por retenciones. El alivio no implica una condonación ni una reducción del impuesto, y la Dian precisó que no cobija a los grandes contribuyentes.

Según un análisis realizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, la medida fue planteada para quienes debían presentar la declaración de renta de 2025 durante agosto.

La revisión previa es concreta: hay que verificar qué dirección figuraba en el RUT al 10 de agosto y si el documento termina entre 01 y 26.

El alivio depende del RUT registrado antes del 10 de agosto

La propuesta cobija a quienes, para la fecha del sismo, tenían inscrita en el RUT una dirección en municipios atendidos por las seccionales de la Dian de Cali, Palmira, Tuluá y Buenaventura, en Valle del Cauca; Pereira, en Risaralda; Armenia, en Quindío; Manizales, en Caldas; Quibdó, en Chocó, y Popayán, en Cauca.

En la práctica, la entidad indicó que la cobertura alcanza seis departamentos. Para acceder al plazo adicional no se exige probar daños en la vivienda: el criterio es la dirección reportada antes del terremoto.

Sonia Liliana Tejedor, directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura Bogotá, explicó: “El decreto resuelve un problema real: si la oficina no puede atender, el contribuyente no puede cumplir. El costo de esa lógica es que la frontera del beneficio la traza la administración y no la pérdida del hogar”.

El punto central para saber si una persona entra en el beneficio es la fecha original de su vencimiento. El plazo especial solo alcanzaría a quienes estaban programados para declarar en agosto, es decir, a quienes tienen documentos terminados entre 01 y 26.

Si la cédula termina en 27 o en un número superior, la propuesta no modifica el calendario. Esos vencimientos ya estaban fijados para septiembre u octubre: los documentos terminados en 27 y 28 deben declarar el 1.º de septiembre, mientras los terminados en 99 y 00 tienen plazo hasta el 26 de octubre.

“¡Ojo! si su cédula termina en 27 o un número mayor, esta medida no cambia su fecha. Esos vencimientos ya estaban previstos para septiembre u octubre. Por ejemplo, 27 y 28 deben declarar el 1.º de septiembre, mientras 99 y 00 tienen plazo hasta el 26 de octubre", dice en el comunicado emitido por la institución.

La medida podría ampliarse y también incluye cambios para retenciones

Tejedor señaló que existe una excepción para quienes puedan demostrar que ya vivían en uno de los municipios cobijados antes del terremoto, aunque el RUT no estuviera actualizado. También quedarían incluidos quienes se inscriban por primera vez en el RUT con domicilio en esas zonas.

La cobertura todavía podría crecer. Primero, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo debe identificar oficialmente otros municipios gravemente afectados por el sismo; después, la Dian tendría que incorporarlos mediante una resolución.

La propuesta también prevé un mes adicional para las retenciones de julio. En ese caso, el pago se movería a septiembre, en las fechas que estaban previstas para agosto, sin intereses de mora ni sanciones si el contribuyente cumple dentro del nuevo vencimiento.

Tejedor resumió el alcance del alivio en estos términos: “Un aplazamiento no repone un techo. Sirve para la liquidez de quien tiene con qué pagar más tarde; a quien perdió el ingreso hay que atenderlo con transferencias, no con plazos”.

Un solo participante de la lotería Powerball en Estados Unidos obtuvo un premio de 1.040 millones de dólares tras acertar los seis números en el sorteo del miércoles 12 de agosto de 2026. El boleto, validado en la ciudad de Quincy, Illinois, corresponde al mayor premio entregado por Powerball en lo que va del año y el octavo más grande en la historia del juego, según datos oficiales de la organización Powerball y confirmaciones de la Lotería de Illinois.

De acuerdo con Powerball, la combinación ganadora incluyó los números 4, 26, 66, 67, 69 y el Powerball rojo número 9. La información fue corroborada por agencias como USA Today y portales oficiales de la lotería. El billete fue adquirido en una estación de servicio Hy-Vee en Quincy, Illinois, conforme a la Lotería de Illinois.

El sorteo de Powerball, que se celebra en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses y el Reino Unido, no entregaba el premio mayor desde el pasado 2 de mayo. Este periodo de 44 sorteos consecutivos sin ganador permitió que el pozo acumulado alcanzara una cifra histórica, según reportó USA Today.

¿Quién ganó el Powerball de 1.040 millones de dólares en Illinois?

La persona ganadora del sorteo del 12 de agosto de 2026 permanece en anonimato, conforme a las regulaciones estatales de Illinois que permiten preservar la identidad de los ganadores de premios millonarios. El boleto fue vendido en una estación de servicio Hy-Vee de Quincy, según confirmó la Lotería de Illinois y la página oficial de Powerball. De acuerdo con las declaraciones institucionales recogidas por NorthJersey.com, la ubicación exacta corresponde a la calle 36 Norte de Quincy.

La organización Powerball publicó que se trató de un único boleto acertante, lo que significa que no se dividirá el premio principal entre varios participantes. La confirmación de la venta y validación del ticket ganador fue realizada por la Lotería estatal y la Multi-State Lottery Association (MUSL).

¿Cuáles fueron los números ganadores del Powerball el 12 de agosto de 2026?

Los números sorteados que permitieron obtener el mayor premio del año fueron 4, 26, 66, 67, 69 y el Powerball 9. El multiplicador Power Play fue 2, de acuerdo con la información oficial publicada por Powerball y replicada en medios como ABC News. Estos datos fueron verificados mediante reportes simultáneos de la Lotería de Illinois y portales nacionales.

Además del boleto ganador en Illinois, Powerball informó que cinco boletos vendidos en Arizona, California, Florida, Massachusetts y Carolina del Norte acertaron los cinco números blancos. Cuatro de estos boletos recibirán 1 millón de dólares cada uno, mientras que el correspondiente a Massachusetts, por haber seleccionado la opción Power Play, recibirá 2 millones de dólares.

¿Dónde se vendió el boleto ganador del Powerball?

La Lotería de Illinois y el sitio oficial de Powerball confirmaron que el boleto ganador fue vendido en una estación de servicio Hy-Vee de Quincy, ubicada en la calle 36 Norte. Este dato fue reafirmado en el comunicado oficial de Powerball, que indicó que la venta se realizó en un establecimiento autorizado y que la validación se concretó poco después del sorteo. La ciudad de Quincy, ubicada al oeste de Illinois, se convierte así en el epicentro del mayor premio de Powerball otorgado este año.

¿Cuánto dinero recibe el ganador del Powerball después de impuestos?

El monto total de 1.040 millones de dólares corresponde a la modalidad de pago en anualidades, que se distribuyen en 30 cuotas a lo largo de tres décadas, con incrementos del 5% cada año, según el sitio oficial de Powerball. No obstante, la mayoría de los ganadores suele optar por el pago único, también llamado lump sum, que en este sorteo asciende a 450,5 millones de dólares antes de impuestos.

En Estados Unidos, los premios de lotería están sujetos a una retención federal automática del 24%. Además, al presentar la declaración anual ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la carga fiscal federal puede llegar al 37%. Según USA Today, la retención estatal varía entre 2,9% y 10,9%, dependiendo del lugar de residencia del ganador. Illinois grava los premios de lotería, mientras que estados como California y Florida no aplican impuestos estatales sobre estos fondos.

¿Qué probabilidades hay de ganar el Powerball?

La probabilidad de acertar los seis números necesarios para obtener el premio mayor de Powerball es de 1 en 292,2 millones, según la información oficial de la Multi-State Lottery Association (MUSL), la organización que gestiona el juego. Estas cifras fueron validadas por portales especializados y medios como NorthJersey.com. Esas probabilidades explican la acumulación de grandes pozos, ya que suelen pasar numerosas jornadas sin ganadores del premio mayor.

La dificultad de acertar los seis números ha contribuido a la fama internacional de Powerball y a la magnitud de los premios ofrecidos, como el récord histórico de 2.040 millones de dólares en noviembre de 2022.

¿Cómo se paga el premio de Powerball en Estados Unidos?

La persona ganadora puede elegir entre el pago en anualidades, que consiste en un primer desembolso inmediato seguido de 29 pagos anuales con un incremento del 5% cada año, o el pago único en efectivo. Powerball explica que la modalidad lump sum para el sorteo del 12 de agosto de 2026 fue de 450,5 millones de dólares.

La decisión sobre el método de cobro debe realizarse al reclamar el premio, y cada opción tiene implicaciones fiscales distintas. Según el reporte de USA Today, la mayoría de los ganadores elige la suma global, aunque el pago en anualidades puede resultar en un monto total superior al finalizar el plazo de 30 años.

¿Qué ocurre si el premio no es reclamado?

Según Powerball y la Lotería de Illinois, los premios no reclamados dentro del plazo establecido por la ley estatal retornan a los fondos de las loterías, que los destinan a programas de educación, infraestructura o asistencia social. En Illinois, el plazo para reclamar el premio mayor es de un año a partir de la fecha del sorteo.

La organización Powerball recomienda que los ganadores consulten a asesores financieros y legales antes de reclamar sumas millonarias, con el objetivo de garantizar la protección de los fondos y evitar fraudes o estafas.

¿Cuál es la historia de los grandes premios de Powerball?

El sorteo del 12 de agosto de 2026 marca el octavo mayor premio de la historia de Powerball y el más alto otorgado este año. El récord absoluto sigue siendo el premio de 2.040 millones de dólares ganado en California el 7 de noviembre de 2022, según Powerball y reportes de USA Today.

Powerball es una de las loterías más populares de Estados Unidos y ha entregado premios millonarios en la mayoría de los estados. La frecuencia de grandes pozos responde a la baja probabilidad de acertar la combinación ganadora, lo que genera acumulaciones sucesivas.

¿Qué impacto tiene este premio en el juego y en los estados?

La entrega de premios de magnitud histórica suele generar un aumento en la venta de boletos en los sorteos siguientes, de acuerdo con la experiencia de la Multi-State Lottery Association (MUSL). Los recursos recaudados por la venta de boletos y los premios no reclamados se destinan a programas públicos de educación, salud e infraestructura en los estados participantes.

El director ejecutivo de la Lotería de Kansas y presidente del grupo de productos Powerball, Stephen Durrell, señaló en un comunicado recogido por USA Today: “Por más de tres décadas, Powerball ha demostrado que un boleto ganador puede venderse en cualquier lugar donde se juegue, dando a cada ticket de dos dólares la posibilidad de cambiar la vida de una persona y de futuras generaciones”.

El resultado registrado en Illinois refuerza la tendencia de premios históricos distribuidos en diversas regiones del país, lo que, según Powerball, incrementa el atractivo del juego y la participación en los sorteos siguientes.

¿Qué se puede esperar para el próximo sorteo de Powerball?

Tras la validación del boleto ganador en Illinois, el pozo acumulado de Powerball se reinicia en 20 millones de dólares para el sorteo del sábado siguiente, de acuerdo con la organización oficial del juego. Las autoridades recomiendan conservar los boletos hasta que se publique la lista oficial de ganadores secundarios, ya que en cada sorteo se reparten miles de premios menores.

La participación en Powerball está abierta a residentes de 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses y el Reino Unido, conforme a la normativa de la Multi-State Lottery Association (MUSL).

Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha planteado que los robots y sistemas automatizados que sustituyan directamente a trabajadores humanos deberían asumir una carga fiscal similar a la asociada al empleo que reemplazan.

El empresario sostiene que esta medida permitiría compensar parte del impacto de la automatización sobre el mercado laboral y mantener los ingresos públicos mientras las empresas incorporan nuevas tecnologías.

“Si un robot viene a hacer lo mismo que tú, lo correcto es cobrarle impuestos”, sostuvo Gates en una entrevista con Quartz. Su argumento parte de una comparación sencilla: si una persona realiza un trabajo valorado en 50.000 dólares y paga impuestos sobre sus ingresos, una máquina que desempeña esa misma función debería generar algún tipo de contribución equivalente.

La propuesta no busca únicamente aumentar la recaudación. Gates también ha planteado que una medida de este tipo podría servir para moderar el ritmo de sustitución de trabajadores por máquinas y proporcionar recursos para preparar a las personas afectadas por la transformación tecnológica.

Gates quiere utilizar los impuestos para afrontar la automatización

El avance de la robótica y la inteligencia artificial puede aumentar la productividad de las empresas, pero también modificar la demanda de trabajadores en determinados sectores. Para Gates, una adopción demasiado rápida de estas tecnologías podría dejar a numerosas personas sin empleo antes de que aparezcan suficientes alternativas laborales.

Los ingresos obtenidos mediante un eventual impuesto a los robots podrían utilizarse para financiar programas de capacitación, facilitar la transición hacia nuevas ocupaciones o reforzar actividades donde el trabajo humano siga siendo necesario.

La lógica detrás de la propuesta es que la automatización no debería trasladar todos sus beneficios a las empresas mientras los costos sociales recaen sobre los trabajadores y los sistemas públicos.

Una propuesta que genera críticas

La posibilidad de establecer un impuesto específico para los robots ha provocado un debate entre economistas, empresas y representantes de la industria tecnológica. Sus defensores consideran que la automatización puede reducir los ingresos fiscales asociados al empleo, especialmente cuando una máquina sustituye a una persona que antes generaba salarios, cotizaciones e impuestos.

Desde esta perspectiva, gravar parcialmente la automatización permitiría redistribuir una parte de los beneficios generados por el aumento de productividad.

La Federación Internacional de Robótica, sin embargo, se ha opuesto a la creación de una tasa directa sobre los robots. La organización ha defendido alternativas como aumentar la tributación sobre los beneficios empresariales derivados de la automatización.

Los críticos de la propuesta de Gates advierten que gravar directamente las máquinas podría desincentivar la inversión, encarecer la modernización de las compañías y reducir el ritmo de innovación tecnológica.

La inteligencia artificial complica todavía más el debate

Cuando Gates formuló su propuesta, la discusión estaba centrada principalmente en robots capaces de sustituir tareas físicas en fábricas y otros espacios industriales. La expansión de la inteligencia artificial ha ampliado considerablemente el problema.

Los sistemas actuales pueden redactar documentos, analizar grandes cantidades de información, responder consultas, programar, generar contenidos y automatizar procesos administrativos. En estos casos, resulta mucho más difícil determinar cuándo una herramienta de IA está reemplazando directamente a un trabajador.

También existe una dificultad adicional: no todas las tecnologías automatizadas eliminan puestos de trabajo. Algunas herramientas permiten que los empleados realicen determinadas tareas con mayor rapidez y productividad, por lo que establecer qué sistema debería pagar impuestos y cuánto debería aportar sería un desafío para los gobiernos.

Otros expertos plantean impuestos vinculados a la IA

La idea de trasladar parte de la carga fiscal hacia las tecnologías que generan automatización también ha aparecido en otras propuestas.

Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, ha planteado un impuesto relacionado con la inteligencia artificial para financiar un fondo destinado a los trabajadores afectados por los cambios tecnológicos. Andrew Yang también ha defendido que la automatización y la IA soporten una mayor carga tributaria.

El debate, por tanto, ya no gira únicamente alrededor de si los robots deberían pagar impuestos. La cuestión central es cómo adaptar los sistemas fiscales a una economía en la que una parte cada vez mayor de la producción puede depender de máquinas y sistemas de inteligencia artificial, sin frenar la innovación ni dejar sin protección a quienes resulten afectados por la transformación del empleo.

Bill Gates propuso cobrarles impuestos a los robots que sustituyan empleo humano como forma de amortiguar el impacto de la automatización sobre el trabajo y evitar una caída brusca de la recaudación pública.

Su planteamiento, formulado a partir de la idea de que una máquina que hace la misma tarea que una persona debería tributar de manera comparable, gana relevancia cuando un análisis del Massachusetts Institute of Technology (MIT) estima que para 2026 hasta el 12% de los trabajadores de Estados Unidos podría ser reemplazado por sistemas automatizados.

Ese estudio calcula un impacto equivalente a 1.200 millones de dólares en salarios y sostiene que la magnitud del cambio dependerá de las decisiones empresariales, las políticas públicas y la capacidad de adaptación de los trabajadores.

El dato amplía el marco de una discusión que ya no se limita a los robots industriales, sino que incluye modelos de lenguaje, programas automatizados y sistemas de inteligencia artificial capaces de redactar documentos, analizar información, atender consultas y ejecutar procesos administrativos.

Por qué Bill Gates cree necesario cobrarle a los robots impuestos

La idea del fundador de Microsoft parte de una lógica fiscal simple: si los sistemas tributarios gravan los salarios generados por el trabajo humano, una máquina que desempeña exactamente la misma función debería contribuir de forma semejante. “Si un robot viene a hacer lo mismo que tú, lo correcto es cobrarle impuestos”, sostuvo Gates en una entrevista con Quartz en 2017.

En este sentido, un empleado que realiza un trabajo valorado en 60.000 dólares paga impuestos sobre esos ingresos, así que una máquina que lo sustituye debería asumir una carga parecida. En esa visión, el objetivo es recaudar más y moderar la velocidad con la que las empresas reemplazan trabajadores por tecnología.

Además, Gates ha advertido en varias ocasiones que una implantación acelerada de la robótica podría dejar a muchas personas sin empleo antes de que aparecieran alternativas suficientes.

Los recursos obtenidos con ese gravamen, según su planteamiento, podrían financiar la adaptación profesional, explorar nuevas ocupaciones y reforzar actividades donde la intervención humana sigue siendo necesaria.

Qué críticas hay a la visión de Bill Gates sobre cobrarles impuestos a los robots

Las críticas llegaron desde la propia industria. La Federación Internacional de Robótica rechazó una tasa directa sobre las máquinas y defendió otras vías para equilibrar el efecto económico de la automatización, entre ellas una mayor tributación sobre las ganancias empresariales vinculadas a ese proceso.

Quienes cuestionan la idea argumentan que gravar cada robot podría desincentivar la inversión, frenar la innovación y complicar la modernización de empresas que necesitan mejorar su competitividad. La objeción central es que el impuesto terminaría castigando la adopción tecnológica en lugar de corregir sus efectos.

Por qué hay preocupación sobre el impacto de la automatización en los empleos

El temor a la sustitución laboral ya no se concentra solo en brazos mecánicos instalados en líneas de producción; está enfocado en herramientas de inteligencia artificial capaces de asumir tareas de oficina, análisis y gestión.

Esa expansión vuelve más difícil la cuestión tributaria, porque ya no es sencillo saber qué tecnología reemplaza de forma directa a un trabajador ni cuánto valor económico genera por sí sola.

Asimismo, la propuesta de Gates encuentra ecos en otras voces del sector. El consejero delegado de Anthropic Dario Amodei planteó una tasa relacionada con la inteligencia artificial para crear un fondo dirigido a los trabajadores, mientras Andrew Yang defendió que la automatización y la IA soporten una mayor carga fiscal en lugar de concentrarla sobre las personas.

Cuáles empleos tienen mayor probabilidad de ser hechos por máquinas

El análisis del MIT identifica qué áreas están más expuestas. Los empleos tecnológicos aparecen entre los más vulnerables porque la adopción de IA avanza con más rapidez allí donde ya existe infraestructura digital y habilidades afines.

Ingeniería de software, análisis de sistemas, ciencia de datos, programación y gestión de proyectos tecnológicos figuran entre los roles de mayor riesgo. Muchas de sus tareas, como la depuración de código, la documentación técnica, el análisis masivo de datos y las pruebas automatizadas, pueden ser realizadas por modelos avanzados.

Las funciones administrativas aparecen entre las más susceptibles de ser absorbidas por sistemas automatizados. En finanzas, contabilidad y servicios empresariales, gran parte del trabajo consiste en revisar, procesar y organizar información, tareas en las que la IA ofrece ventajas de velocidad, precisión y reducción de costos operativos.

Varios propietarios de inmuebles demandaron este viernes a la ciudad de Nueva York, al alcalde Zohran Mamdani y al titular del Departamento de Finanzas, Richard Lee, por la aplicación del impuesto a segundas residencias de alto valor y la publicación de datos personales en registros públicos.

Argumentaron que la ciudad notificó a dueños de residencias principales que podrían quedar alcanzados por el gravamen y difundió datos de más de 900.000 propiedades en un registro público del Departamento de Finanzas, según Bloomberg.

La querella sostiene además que el Departamento de Finanzas envió cartas a unas 17.000 residencias, una cifra que, según el escrito, triplica la estimación de inmuebles realmente sujetos al tributo atribuida a la excomisionada del organismo Martha Stark. Los demandantes piden que se invalide el listado publicado en la web oficial y que se impida a la ciudad cobrar el impuesto mientras el caso siga en trámite.

Según el texto de la demanda, varios propietarios recibieron notificaciones en las que se les advertía que sus viviendas podrían estar sujetas al gravamen pese a haber confirmado que se trataba de sus residencias principales. Esa objeción es uno de los ejes del reclamo judicial contra la administración municipal.

El escrito también apunta contra el Departamento de Finanzas y contra su titular, Richard Lee. Los demandantes acusan a la ciudad de haber hecho públicos en un registro en línea los nombres de propietarios, las direcciones de sus residencias y los valores de mercado de más de 900.000 inmuebles que, en principio, podrían estar alcanzados por el impuesto.

La demanda cuestiona la publicación de datos personales y el alcance de las notificaciones

Después de la difusión de ese registro, los demandados instaron a ignorarlo al sostener que “no formaba parte de los requisitos legales” vinculados al tributo. La querella replica que su publicación “no solo provocó una gran confusión, sino que también facilitó, propició y amplificó un escrutinio indeseado de la información personal de los propietarios”.

El documento judicial añade que en la ciudad hay solo 24.000 propiedades que cumplen con los umbrales de valor de mercado exigidos por el impuesto. Siempre según la presentación, la mayoría de esos inmuebles son primeras residencias, pero la ciudad remitió notificaciones a más del 70% de esas viviendas.

La pretensión central de los demandantes es doble: que el tribunal ordene retirar o invalidar el listado difundido en la página del organismo y que la ciudad no imponga el gravamen hasta que se resuelva la querella. El caso también pone en cuestión el modo en que la administración identificó a los inmuebles potencialmente alcanzados.

En su planteo, los propietarios sostienen que la municipalidad “caprichosa y arbitrariamente” trasladó a los residentes la carga de demostrar que no están alcanzados por el recargo anual. En ese marco, el reclamo busca que la Justicia deje sin efecto las notificaciones y, en paralelo, suspenda cualquier exigencia de respuesta mientras el expediente continúe abierto.

Los demandantes también remarcan que, a su entender, el registro publicado no cumplió una función administrativa clara. En cambio, señalan que expuso información sensible de cientos de miles de titulares de viviendas, incluso de aquellos que no estarían sujetos al tributo.

El impuesto alcanza a cooperativas, condominios y casas unifamiliares de alto valor

El impuesto conocido como pied-à-terre fue aprobado en mayo por legisladores estatales. La medida alcanza a cooperativas y condominios con un valor de mercado de USD 1 millón o más, y a viviendas unifamiliares valuadas en USD 5 millones o más.

La norma entró en vigor el 1 de julio. De acuerdo con el texto fuente, la administración de Mamdani busca recaudar unos USD 500 millones al año con ese gravamen.

En ese contexto, la demanda sostiene que el modo en que se implementó el tributo afectó a propietarios que se consideran ajenos al universo alcanzado.

Según el escrito, el punto más controvertido es que las notificaciones se enviaron a dueños de viviendas que ya habían indicado que el inmueble era su residencia principal.

La presentación judicial pide que se ordene retirar o invalidar el listado difundido en la web del organismo y que se impida a la ciudad avanzar con el cobro mientras el caso permanezca en trámite.

La discusión, tal como la plantean los demandantes, no apunta a la creación del impuesto en sí, sino a la forma en que se identificó y comunicó quiénes podrían estar alcanzados.

A partir de esa publicación, los propietarios sostienen que se generó incertidumbre y que la información quedó expuesta en un formato accesible en línea, con datos que —según afirman— habilitaron un escrutinio no buscado sobre la situación patrimonial de los residentes.

La demanda también plantea que el número de cartas enviadas por el Departamento de Finanzas excedió ampliamente el universo de propiedades que cumplirían los umbrales de valuación previstos por la norma.

En esa línea, insiste en que se notificó a miles de dueños de inmuebles que, por su condición de residencia principal, no deberían quedar sujetos al recargo.

El caso abre un nuevo frente judicial para la administración municipal en torno a la puesta en marcha del gravamen y a las herramientas utilizadas para su implementación, con el foco puesto en el alcance de las notificaciones y en la difusión de un registro con datos de propietarios y valuaciones.

El funcionamiento cotidiano de servicios como el transporte público, el suministro eléctrico y las carreteras en ciudades mexicanas depende de algo más que los impuestos. Una parte significativa de estas infraestructuras se ha financiado a través de deuda pública verde, un mecanismo que permite al gobierno captar fondos en los mercados financieros para destinarlos a proyectos que favorecen tanto al ambiente como a la sociedad.

La relación entre financiamiento y sostenibilidad resulta cada vez más estrecha en un mundo marcado por el cambio climático y la limitación de recursos públicos. Los llamados bonos verdes han surgido como piezas clave para impulsar una economía que apuesta por la responsabilidad ambiental, conectando la vida diaria de millones de ciudadanos con la transición hacia nuevas formas de desarrollo.

En la actualidad, esta opción ya no es lejana, se ha convertido en una herramienta cotidiana que posibilita la construcción de obras y servicios fundamentales, desde teleféricos hasta sistemas de agua potable, integrando el bienestar social con la protección ambiental.

Qué implica el financiamiento verde y cómo funciona

El financiamiento verde abarca inversiones dirigidas a impulsar proyectos, políticas y productos que promueven la sostenibilidad. Así lo señalan Víctor Ortiz y Marlene Martínez, de la Facultad de Economía de la UNAM, al explicar que el sustento climático se orienta tanto a la mitigación como a la adaptación frente a las problemáticas ambientales, con objetivos que abarcan desde la gestión eficiente del agua hasta el transporte limpio y la conservación de los recursos naturales.

Este tipo de capital suele estar vinculado a proyectos de inversión sustentable, donde los factores ambientales y sociales se consideran junto con los tradicionales criterios económicos, como el riesgo y la rentabilidad. En ese sentido, las decisiones sobre qué proyectos respaldar no solo miden beneficios, sino también posibles impactos sobre comunidades, ecosistemas y el cumplimiento normativo.

La evaluación legal de estos riesgos resulta esencial, ya que el incumplimiento ambiental o social puede traducirse en sanciones, conflictos o pérdidas económicas, afectando tanto la rentabilidad como la viabilidad futura de los proyectos.

En conclusión, este apoyo consiste en destinar recursos a actividades que mejoran el entorno y la calidad de vida, garantizando que el gasto tenga beneficios más allá de lo meramente económico. Así, se convierte en un canal que une los intereses del sector público, privado y de la sociedad en general en favor de un desarrollo con menor huella ambiental.

Bonos verdes en México: impacto en la vida diaria y proyectos destacados

Los bonos verdes se han consolidado como un instrumento central dentro del universo de las finanzas sustentables. Se trata de títulos de deuda emitidos por entidades públicas o privadas, con el compromiso de dirigir los recursos exclusivamente a proyectos que generen beneficios ambientales, ya sean nuevas iniciativas o el refinanciamiento de otras ya existentes. Entre los sectores que suelen recibir este tipo de inversión se encuentran las energías renovables, la eficiencia energética, la gestión del agua, el transporte limpio y la conservación de la biodiversidad.

En México, el avance es paulatino pero constante. Según un artículo de Irina Martínez, en 2020 el país ocupó el tercer lugar en emisiones de bonos verdes dentro de Latinoamérica, destinando los fondos principalmente a proyectos de transporte sustentable, eficiencia energética y gestión del agua.

Un caso reciente es la emisión de un bono verde en diciembre de 2025 por 3 mil millones de pesos, utilizado para financiar las Líneas 5 y 6 del Cablebús en la Ciudad de México. Este sistema, que no genera emisiones contaminantes, beneficiará diariamente a cerca de 90,000 personas.

Mientras que el metro capitalino también ha sido modernizado con estos recursos. Desde 2016, se han invertido miles de millones en la renovación de la Línea 1, incorporando tecnologías que reducen el consumo de energía y mejoran la experiencia de más de medio millón de usuarios cada día.

Otro ejemplo relevante es el trabajo de FIRA, que ha canalizado fondos verdes para la agricultura protegida y el uso eficiente del agua, beneficiando a miles de pequeños productores. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha dirigido más de 64 mil millones de pesos de capital sostenible a más de cien proyectos, priorizando la rehabilitación de hidroeléctricas y parques eólicos, lo que ha evitado la emisión de millones de toneladas de CO₂ y extendido la electricidad a decenas de miles de comunidades.

Un juez estatal de Staten Island bloqueó temporalmente el lunes la aplicación del nuevo impuesto pied-à-terre de la ciudad de Nueva York, una medida que gravaría las segundas residencias de alto valor. La orden surgió tras una demanda de propietarios que alegan que la administración del alcalde Zohran Mamdani cometió “errores graves” al identificar quiénes deben pagar el tributo, al incluir en la lista a residentes de tiempo completo que no son el objetivo de la ley.

El impuesto pied-à-terre —término francés que designa una vivienda secundaria— fue presentado en abril por Mamdani junto a la gobernadora Kathy Hochul como una fuente de ingresos proyectada en USD 500 millones anuales. La pausa judicial, no obstante, entró en una zona de indefinición casi de inmediato: la ciudad presentó ante el tribunal los documentos de apelación el mismo lunes, un movimiento que, según ABC7 New York, bloquea automáticamente la orden del juez hasta que haya una resolución al recurso.

Qué es el impuesto y a quién afecta

El gravamen se aplica a quienes posean, sin residir de forma permanente en ella, una casa valorada en más de USD 5 millones, o un condominio o cooperativa con un valor mínimo de USD 1 millón.

El alcalde Mamdani lo describió desde el principio como una medida dirigida a los más adinerados. “Este impuesto pied-à-terre está diseñado específicamente para los más ricos entre los ricos”, declaró en un video publicado cuando la medida se convirtió en ley.

Los errores en el lanzamiento que derivaron en la demanda

El problema central, según los demandantes, no es el impuesto en sí, sino la forma en que la ciudad lo puso en marcha. La administración publicó un padrón tributario con cerca de 960.000 propietarios que podrían estar sujetos al tributo, y envió avisos a 17.000 direcciones, según The Guardian.

Entre esos destinatarios había personas que viven en sus hogares de forma permanente y que, por tanto, no deberían ser objeto del impuesto. La demanda, presentada el viernes anterior al fallo, señala que “la ciudad ha impuesto de manera arbitraria y caprichosa a los residentes de Nueva York la carga de demostrar que no están sujetos al recargo”, según el texto de la queja citado por el mismo medio.

El abogado de bienes raíces Benjamin Williams precisó a ABC7 New York que muchos propietarios creen haber sido identificados de forma incorrecta mientras la ciudad intenta localizar las segundas residencias de lujo.

Los argumentos del abogado demandante

El letrado Randy Mastro, quien presentó la demanda para detener la aplicación del impuesto, fue directo al anunciarla. “El alcalde Mamdani quería un titular llamativo con el recargo a las segundas residencias, pero su administración violó la ley al implementarlo. Ha sido un desastre total. La forma en que lo ejecutaron violó la ley estatal que los autorizó a implementarlo en primer lugar, y de maneras fundamentales”, declaró Mastro, según CBS New York.

El portavoz adjunto de prensa del alcalde, Matt Rauschenbach, respondió con una acotación sobre el historial del abogado: “Desde que dejó el cargo, el señor Mastro ya ha demandado a la ciudad cinco veces”. Aun así, Rauschenbach reconoció el fallo y anunció la apelación.

La postura del alcalde Mamdani y la apelación inmediata

Horas antes de que el juez emitiera su orden, Mamdani había prometido defender el impuesto “con vigor” ante los tribunales y afirmó: “Tenemos confianza en nuestra posición”, según CBS New York.

Tras el fallo, Rauschenbach sostuvo la misma línea en un comunicado dirigido a The Guardian: “Discrepamos con el fallo de hoy, pero tenemos confianza tanto en el recargo pied-à-terre como en la capacidad de la ciudad para implementarlo de manera justa y efectiva.” El portavoz añadió que el Departamento Legal apelaría de inmediato, lo que mantendría activa la aplicación del impuesto durante el proceso.

Las reacciones de Fossella y Hochul

El presidente del distrito de Staten Island, Vito Fossella, celebró el fallo con dureza hacia la administración municipal. “La ciudad se embarcó en uno de los lanzamientos de una política más mal manejados e inapropiados que hemos visto jamás”, escribió en un comunicado citado por CBS New York. “La ciudad cometió una injusticia contra los propietarios trabajadores que conforman su base”, agregó Fossella, y pidió a la administración que detuviera el proceso por cuenta propia.

La gobernadora Hochul mantuvo una postura más equilibrada. Reconoció ante ABC7 New York que la ciudadanía está “frustrada con el lanzamiento”, pero aclaró: “No somos responsables del lanzamiento. Es algo de lo que hablamos con la ciudad de antemano.” En un comunicado separado, su oficina reiteró que quienes pueden costear una segunda vivienda de varios millones de dólares en Nueva York “pueden pagar su parte justa”, según CBS New York.

El debate político y la próxima fecha judicial

El impuesto divide a la clase política. Líderes empresariales, republicanos y algunos demócratas moderados advierten que un nuevo gravamen sobre propietarios adinerados que no residen de manera permanente en la ciudad podría llevarlos a abandonarla, según The Guardian. Quienes apoyan la medida la ven como una vía para captar recursos de propietarios acomodados en una ciudad con alto costo de vida.

La disputa llega, además, en un momento de presión electoral: los demócratas buscan responder a las preocupaciones de los votantes sobre la asequibilidad de la vivienda antes de las elecciones de mitad de período de este año, de acuerdo con The Guardian.

Los argumentos orales ante el tribunal están programados para el 31 de agosto. Hasta entonces, el resultado de la apelación presentada por la ciudad determinará si la pausa judicial tiene efecto real o si el impuesto sigue su curso de aplicación.

La Cámara de Comercio de Florida lanzó en Times Square una campaña con un “agradecimiento” irónico al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a quien declara “desarrollador económico del año” y le da las gracias “por los empleos”.

Según informó Fox News, la organización sostiene que sus políticas fiscales y socialistas empujan riqueza, empresas y familias hacia el estado del sur.

El eje numérico de la ofensiva pública se apoya en datos que la entidad atribuyó a información migratoria del IRS: Florida gana USD 2,4 millones por hora en ingreso tributable neto, mientras Nueva York pierde cerca de USD 1,1 millones por hora.

La organización también sostuvo que Florida suma 551 residentes netos por día y que Nueva York pierde 115 diariamente.

El cartel digital está ubicado en la esquina de Broadway y la calle 43 Oeste, en Manhattan, y exhibe el mensaje: “Thanks for the jobs!” (“Gracias por los empleos”, en español).

La campaña forma parte de una iniciativa más amplia llamada Free Enterprise Florida, presentada por la cámara empresarial como una defensa del libre mercado frente a una mayor intervención estatal.

La campaña usa la migración de riqueza y población para cuestionar a Nueva York

Mark Wilson, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florida, dijo a Fox News que la intención era agradecerle a Mamdani por “los empleos, las compañías y la gente que están expulsando de Nueva York”, y afirmó que muchos de ellos terminan en Florida.

Wilson sostuvo que Estados Unidos atraviesa “una encrucijada” entre la libertad económica y políticas que, a su juicio, atacan la libre empresa.

En esa línea, advirtió: “Lo que está haciendo el alcalde Mamdani es peligroso para el país. Es malo para los neoyorquinos. Es malo para Nueva York. Es muy dañino para el país”.

La publicación señaló que la cámara apoya su mensaje en una comparación fiscal entre ambos estados.

Según un comunicado citado por el medio, el presupuesto del estado de Nueva York es más del doble que el de Florida, y el presupuesto municipal de la ciudad de Nueva York supera por más de USD 8.000 millones al presupuesto completo del estado de Florida.

Wilson agregó que, cuando suben los impuestos, los gobiernos terminan cargando más presión sobre quienes permanecen.

“Lo que hacen personas como el alcalde Mamdani es querer aumentar los impuestos a la gente que queda, lo que acelera todavía más la salida de personas de lugares como Nueva York”, dijo.

Florida presenta su modelo como alternativa nacional

El director ejecutivo afirmó que Florida redujo impuestos más de 50 veces en los últimos 15 años y que, pese a eso, registra ingresos públicos récord porque atrae población y actividad económica. “Cuando la economía crece, la recaudación crece. Así funciona la libre empresa”, sostuvo.

En otra de sus definiciones, Wilson dijo que la agenda socialista “suena loca porque es loca” y presentó la campaña como una forma de mostrar, según su visión, la diferencia entre estados con menos impuestos y menos regulación y otros que optan por incrementarlos.

También aseguró que la iniciativa no busca enfrentar a Florida con Nueva York ni celebrar una derrota ajena. Según el directivo, el objetivo es que más estados adopten principios de mercado para impulsar el crecimiento del producto interno bruto de Estados Unidos y volver a una expansión superior al 3%.

La respuesta oficial del ayuntamiento neoyorquino fue en sentido opuesto. En una declaración a Fox News, un portavoz de la alcaldía dijo: “Según cualquier métrica, la economía de la ciudad de Nueva York bajo el alcalde Mamdani está tan fuerte como nunca. Esperamos seguir haciendo crecer la economía mientras garantizamos que los neoyorquinos de clase trabajadora se beneficien de ese crecimiento”.

La organización anticipó nuevos blancos fuera de Manhattan

Wilson dijo que Nueva York fue el punto de de partida porque, a su entender, la alcaldía empuja a la ciudad en una dirección perjudicial para sus habitantes. Añadió que la campaña podría apuntar después a otros lugares que, en su opinión, siguen una línea similar.

Entre esos posibles objetivos mencionó a Chicago, California y Minneapolis. “Vamos a seguir destacando lo que funciona”, afirmó.

El directivo vinculó además esa defensa del libre mercado con la historia política y económica del país. En sus palabras, si Estados Unidos toma decisiones basadas en la libre empresa durante los próximos años, la economía podría crecer al 3% del PIB y volver “al rumbo que necesita”.

Malta se consolidó como uno de los principales destinos europeos para grandes rodajes de cine y televisión, con más de 30 producciones anuales en cada uno de los últimos tres años y un esquema de incentivos fiscales que la posicionó entre las plazas más atractivas para estudios de Estados Unidos y Reino Unido. Según informó The Guardian, el país más pequeño de la Unión Europea recibió 36 producciones de gran escala en 2023 y repitió esa cifra en 2025.

La transformación de Malta quedó ligada a un cambio más amplio en la industria audiovisual global. De acuerdo con un reporte, las producciones ya no eligen locaciones solo por su valor visual, sino por el paquete financiero que ofrecen los países. En ese marco, la isla mediterránea pasó de ser una base ocasional para filmaciones a sostener actividad durante todo el año.

Un polo de rodajes con presencia constante

En la última década, el país ganó peso entre productores británicos y estadounidenses por su capacidad para representar escenarios diversos. En pantalla, el archipiélago sirvió como antigua Roma, el Caribe, el sur de Francia, Sicilia en los años 80 y la bahía de Pentos de Game of Thrones, según detalló The Guardian.

Entre los títulos filmados en la isla figuran Jurassic World Rebirth, Gladiator II, la adaptación de The Magic Faraway Tree y el thriller Mutiny, protagonizado por Jason Statham. También recibió producciones para televisión como Two Weeks in August y The Madame Blanc Mysteries. Enola Holmes trasladará parte de su tercera temporada a la isla, mientras que The Order, de Stephen Poliakoff, tiene previsto iniciar su rodaje principal el próximo año.

La actividad no es nueva en términos históricos. La relación entre Malta y el cine se remonta a 1925 con Sons of the Sea. Desde la década de 1970, además, la isla cuenta con dos grandes tanques de agua para escenas marítimas, una infraestructura poco frecuente en Europa y útil para producciones que requieren rodajes controlados en el mar.

Johann Grech, comisionado de cine del país, sostuvo que la industria dejó de ser estacional. “Ahora tenemos una industria que trabaja todos los días, todo el año”, afirmó en declaraciones recogidas por The Guardian. Por su parte, Adrian Wootton, director ejecutivo de la British Film Commission, señaló que, para un país europeo tan pequeño, la isla logró un desempeño superior al que su tamaño podría sugerir.

El peso de los incentivos y el impacto económico

El crecimiento del sector audiovisual maltés se explica en gran parte por los incentivos fiscales. Introdujo un sistema de reembolso en efectivo en 2005 y lo reforzó de forma sostenida en los últimos diez años. Según el productor de Napoleon y Gladiator II, se trata de “probablemente el reembolso en efectivo más generoso del mundo”.

Las 36 grandes producciones que filmaron en Malta en 2025 accedieron a un reembolso del 40%. Ese beneficio incluye, a diferencia de otros mercados competidores, gastos de personal y equipamiento llegados del exterior cuando no existe oferta local suficiente. Esa característica elevó el atractivo de la isla frente a otros destinos europeos que compiten por los mismos proyectos.

Grech anunció en junio, durante el festival Mediterrane, su intención de mejorar el modelo actual antes de su vencimiento en 2028. También planteó la búsqueda de inversión privada para construir un complejo de estudios valuado en 80 millones de euros (unos USD 92,46 millones). “Por cada euro que invertimos en el reembolso, la industria genera cuatro”, dijo al medio británico.

Las tensiones con el cine local y la vida diaria en la isla

El avance de los grandes rodajes también abrió cuestionamientos dentro del país archipiélago. Algunos críticos consideran que la apuesta estatal por atraer producciones extranjeras dejó en segundo plano al cine local.

La entidad gubernamental Malta Film Commission, concentra sus esfuerzos en captar producciones internacionales, mientras el apoyo al cine nacional recae en el consejo de las artes, que dispone de menos recursos. A diferencia de lo que ocurre en países como Estonia, el financiamiento para incentivos no tiene una contrapartida equivalente para el desarrollo de películas locales.

Las tensiones superan lo cultural. El aumento de rodajes exigió la infraestructura de Malta; cierres de calles y restricciones de estacionamiento molestan a residentes. El mes pasado, equipamiento de una filmación en La Valeta dañó una estatua de 100 años y un pedestal histórico en la plaza de San Jorge. Ese hecho generó nuevas críticas en la isla, que transformó al cine en motor económico, pero aún debate el costo local.

Las cuentas públicas que recibirá el gobierno de Abelardo de la Espriella de manos del gobierno de Gustavo Petro llegan bajo la presión del ajuste fiscal de varios expertos y entidades como el centro de pensamiento económico Anif y de una advertencia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que ve posible un desbalance de 7,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y lo considera “insostenible”.

Anif propuso para el gobierno entrante una hoja de ruta de consolidación fiscal con un ajuste mínimo de 3% del PIB, equivalente a $53 billones, con énfasis en recortes y eficiencia del gasto público, medidas de ingreso por 0,6 puntos del PIB, cerca de $12 billones, y acciones para impulsar el crecimiento económico.

Planteó, por medio del informe ‘Evidencia para un ajuste fiscal basado en menor gasto’, que el deterioro de las finanzas públicas responde al crecimiento acelerado del gasto del Estado en los últimos años y a la rigidez de una parte importante del presupuesto. Bajo esa premisa, sostuvo que “el componente central de la propuesta corresponde al ajuste del gasto público”.

Calculó que 77% del esfuerzo total de consolidación provendría de medidas de austeridad y de una mayor eficiencia del gasto. El bloque equivale a 2,1 puntos del PIB, es decir, $41 billones, y lo presenta como una corrección más estructural y sostenible de las cuentas fiscales.

Cómo se repartiría el ajuste fiscal

Dentro del ajuste, el centro de pensamiento estima un recorte de $14 billones en gasto de funcionamiento, equivalente a 0,7% del PIB. La propuesta incluye una estrategia de austeridad administrativa y la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

Según el centro de pensamiento económico, recaería sobre el gasto de inversión. Allí ubicó un potencial de ahorro de $27 billones, equivalente a 1,4% del PIB, a partir de una racionalización del gasto contractual y de una revisión de la ejecución presupuestal.

La propuesta no plantea suprimir la inversión pública, sino reordenarla bajo criterios de eficiencia. Anif sostiene que esa vía permite priorizar recursos y mejorar el impacto económico del presupuesto sin depender de forma exclusiva de mayores ingresos tributarios.

Apuesta por reordenar la inversión pública

Anif afirmó que “más allá de plantear un recorte en la inversión, el objetivo es fortalecer su eficiencia y focalización”. La definición aparece como uno de los ejes del planteamiento para el gobierno entrante. Estima que en 2026 solo 35% del gasto de inversión correspondería a proyectos que son productivos. Según la entidad, el dato abre espacio para revisar la composición del presupuesto sin afectar de manera necesaria la capacidad de inversión del Estado.

Al respecto, apuntó que “como parte de la estrategia, Anif propone revisar la inversión pública para priorizar los proyectos de mayor impacto económico y social. El documento plantea racionalizar el gasto, reasignar recursos hacia iniciativas estratégicas y revisar los subsidios públicos para mejorar su focalización y eficiencia”.

Dicho cambio en el presupuesto apunta a concentrar recursos en proyectos estratégicos y a elevar el rendimiento económico de cada peso destinado a inversión pública. También busca mejorar la ejecución del gasto y reforzar la capacidad estatal para impulsar sectores con mayor potencial de crecimiento.

Ingresos, formalización y crecimiento como apoyo fiscal

Junto con el ajuste del gasto, Anif propuso fortalecer los ingresos públicos con medidas equivalentes a 0,6 puntos del PIB, cerca de $12 billones. La propuesta se apoya en una mayor fiscalización y en el combate a la evasión. También advirtió que el ajuste presupuestal no bastará por sí solo. “Además del ajuste en el gasto público, la consolidación fiscal solo será sostenible si está acompañada de un mayor crecimiento económico”, señaló.

Así las cosas, propuso medidas para fortalecer la inversión, mejorar el entorno regulatorio, promover la formalización empresarial y reactivar los sectores productivos con mayor rezago. La proyección apunta a una economía con expansión anual de entre 3,5% y 4%, con efecto sobre la base tributaria y el peso de la deuda pública frente al PIB.

Bajo esa lógica, el saneamiento de las finanzas públicas no descansaría solo en el recorte del gasto, sino también en una economía más dinámica. La combinación de mayores ingresos y crecimiento aparece en la propuesta como un apoyo adicional para estabilizar las cuentas fiscales.

El mercado crediticio atraviesa una etapa de reacomodamiento, marcada por mayores dificultades de las familias para afrontar el pago de sus deudas y por la necesidad de recuperar el financiamiento como motor de la economía. En este contexto, distintos análisis privados ponen el foco en los factores que encarecen el acceso al crédito y condicionan su expansión, tanto para los hogares como para las empresas. Entre ellos, se destaca la carga impositiva.

Para el Ieral, de la Fundación Mediterránea, el aumento de la morosidad no responde a un exceso de endeudamiento: la Argentina tiene uno de los sistemas financieros más pequeños de la región, con una relación de crédito sobre PBI del 13 por ciento.

El creciente atraso en los pagos de los últimos meses está asociado a factores de carácter transitorio: suba de las tasas de interés en la previa de las elecciones legislativas, un mercado laboral debilitado, la baja de la inflación que desarticuló el tradicional mecanismo de licuación de deudas y un sistema de intermediación financiera y de crédito concentrado en préstamos de corto plazo.

El desafío estructural pasa por ampliar la oferta de financiamiento y reducir su costo, eliminando la distorsión por la cual entre una cuarta parte y un tercio de este corresponde a impuestos.

En julio, el saldo total de préstamos en pesos al sector privado registró un incremento nominal del 1% respecto a junio, hasta alcanzar a $104,1 billones, según First Capital. En términos interanuales, mostró un crecimiento del 31,9%, al compararse con los $78,9 billones registrados al cierre del mismo mes del año anterior. No obstante, se observó una caída mensual real del 1% y una disminución anual del 1,3 por ciento.

La consultora Econométrica sostuvo que los impuestos, principalmente el IVA e Ingresos Brutos, elevan en más de 43 puntos porcentuales el costo financiero efectivo anual, que pasa de un 79% a 122,7%. “Bajarlos, o mejor aún, eliminarlos con bajo impacto fiscal, permitiría catalizar la mejora en la mora de las familias, potenciando una nueva expansión del crédito y del consumo interno”, consideró el informe.

El Ieral remarcó en ese sentido: “Una parte sustancial del monto de los intereses no responde al costo de fondeo, ni al riesgo financiero, ni a los gastos de la intermediación, sino a la incidencia de los tributos”.

A nivel nacional, aunque la mayor parte de la recaudación se redistribuye a las provincias a través del régimen de coparticipación federal, opera el IVA (21%). A ello se suma la aplicación del Impuesto sobre Ingresos Brutos y del impuesto de Sellos. Además, la mayoría de los municipios incorporan, con diferentes denominaciones y modalidades de instrumentación, tasas locales.

El centro de estudios simuló un escenario hipotético basado en un costo del crédito, sin impuestos, del 10%, porcentaje necesario para cubrir el fondeo, las previsiones por incumplimiento y los demás gastos operativos. Al añadir el IVA y los tributos provinciales, la tasa que debe asumir quien solicita el préstamo se incrementa entre 2,9 y 3,5 puntos porcentuales.

Las mayores incidencias se observan en Córdoba Capital y La Matanza, donde la carga impositiva representa aproximadamente un tercio del costo financiero total.

Desde los bancos precisaron: “Mientras que Ingresos Brutos, Sellos y las tasas municipales tienen impacto directo en todas las líneas, el Impuesto al Cheque afecta particularmente el financiamiento de las empresas y el IVA encarece el crédito para consumo y para las personas físicas”.

Qué pasó con la morosidad en junio

Tras 19 subas mensuales consecutivas, la mora del crédito al sector privado se frenó en junio. Puntualmente, el nivel de impago de las familias pasó de 12,8% a 12,7%. Esto se debió “tanto a una desaceleración en el ritmo de crecimiento del saldo de financiaciones irregulares como a un aumento en términos reales del total de financiaciones”, apuntó la consultora 1816.

El informe sostuvo que es difícil descartar que la morosidad vuelva a repuntar en algún momento del tercer trimestre, por tres motivos:

1. La irregularidad continuó en ascenso en la mayoría de las entidades financieras. En el segmento de crédito a familias, subió en 18 de las 30 más importantes
2. El incumplimiento de pagos siguió creciendo hasta 33% en el caso de los préstamos de entidades no financieras a familias
3. Si bien mejoró el ritmo de aumento nominal de los préstamos en junio y julio respecto de meses previos, estos siguen incrementándose en términos reales a tasas marginales

“Podría argumentarse que, con una morosidad tan elevada, dudas razonables acerca de lo que harán las tasas durante 2027 y bonos soberanos duales líquidos ofreciendo retornos de hasta Tamar (tasa de interés mayorista) más 9,2% anual (lo que implica asegurar un spread bancario altísimo por 2, 3 o 4 años), las entidades no tienen demasiado incentivo a volver a impulsar con fuerza el crédito”, planteó 1816.

La problemática ya generó que casi 7 millones de personas dejaran de calificar para acceder a nuevos préstamos

1816

El titular del BCRA, Santiago Bausili, en línea con la postura del presidente Javier Milei, aseguró que siguen viendo a la mora como “una cuestión entre privados” y que cuando el Estado se mete en el medio “es torpe y acarrea consecuencias no deseadas”.

“Lo que nosotros escuchamos del sector privado es que prefieren que no nos metamos. No es que tenemos una serie de pedidos de solución y no los estamos atendiendo. Por ahora nos parece que esta es la mejor alternativa. Ojalá los números de junio vayan confirmando esta reversión en la tendencia”, agregó Bausilli en conferencia de prensa.

Una encuesta de la consultora Aresco arrojó que el 59% de los hogares tomó deuda en los últimos meses para gastos corrientes y que un 15% tiene demoras importantes para afrontar sus obligaciones.

Por su parte, Management & Fit señaló que el 37,2% de los argentinos se endeudó con tarjeta de crédito y que el 33,4% afirmó haberla utilizado para comprar alimentos y cubrir los gastos del mes.

El SAT implementa cámaras y grabaciones en auditorías formales para verificar que las operaciones fiscales de empresas y contribuyentes sean reales, en el marco de su nuevo Plan Maestro de Fiscalización 2026, que combina tecnología, cruce de datos y alertas electrónicas para detectar irregularidades con mayor precisión.

La idea de que inspectores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) recorrerán colonias enteras realizando revisiones sorpresa o tocando puertas al azar es falsa. Las autoridades fiscales aclararon que no existen operativos masivos de ese tipo ni programas de inspección indiscriminada. Especialistas fiscales coinciden en que los rumores difundidos en redes sociales exageran el alcance real del plan.

Qué es la “Fiscalización Inteligente” del SAT

Lo que sí está ocurriendo es una transformación en la manera en que el SAT realiza sus auditorías. Bajo el modelo denominado “Fiscalización Inteligente”, la autoridad aprovecha herramientas de análisis de datos, automatización y tecnología digital para detectar posibles irregularidades con mayor precisión y rapidez.

Uno de los cambios centrales para 2026 es el concepto de “materialidad”: el SAT ya no se limitará a revisar facturas electrónicas o documentación administrativa. Ahora buscará verificar que los bienes o servicios facturados realmente existieron y fueron prestados.

No bastará con contar con un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido correctamente. Una empresa deberá acreditar que cuenta con instalaciones, personal, maquinaria, inventarios o cualquier otro elemento relacionado con la actividad económica que reporta ante el fisco.

Cámaras corporales y grabaciones dentro de las auditorías

Las nuevas facultades permiten que, dentro de una auditoría formalmente iniciada, los verificadores documenten las diligencias mediante fotografías, grabaciones de audio y video, incluyendo dispositivos similares a cámaras corporales o de solapa.

El objetivo es generar evidencia que permita corroborar la existencia de bienes, instalaciones o actividades económicas relacionadas con las operaciones revisadas. Estas herramientas no representan una autorización para ingresar libremente a cualquier domicilio: forman parte de procedimientos fiscales regulados por la ley.

Alertas por Buzón Tributario y plazos de respuesta

La estrategia también contempla una mayor automatización de los procesos. Mediante el cruce de bases de datos, el SAT podrá detectar inconsistencias y emitir alertas electrónicas a través del Buzón Tributario, sin necesidad de iniciar auditorías extensas.

Cuando se detecte una discrepancia relevante, los contribuyentes podrían recibir requerimientos con plazos de entre 15 y 20 días para presentar documentación y aclarar su situación.

El combate a las facturas falsas, prioridad del plan

Uno de los principales objetivos del Plan Maestro de Fiscalización 2026 es combatir las llamadas “factureras”: empresas que simulan operaciones para emitir comprobantes fiscales sin respaldo real.

La autoridad pondrá especial atención en las cadenas de proveedores y clientes vinculados con ese tipo de esquemas. Si un contribuyente realizó operaciones con empresas identificadas como emisoras de facturas falsas, podría ser requerido para demostrar la autenticidad de las transacciones.

En determinados casos, el SAT podrá solicitar correcciones, imponer sanciones administrativas o iniciar procedimientos más graves cuando existan elementos que apunten a una posible simulación de operaciones.

Quiénes tienen más probabilidades de ser auditados

Las auditorías estarán dirigidas principalmente a contribuyentes que presenten señales de riesgo: discrepancias entre ingresos y gastos, operaciones con empresas cuestionadas, deducciones inusuales, devoluciones improcedentes o movimientos financieros inconsistentes con lo declarado.

Expertos recomiendan conservar contratos, comprobantes de pago, estados de cuenta y cualquier documento que respalde las actividades económicas realizadas.

Qué hacer si el SAT llega a tu domicilio

Lo primero es no obstruir la visita, pero tampoco entregar documentos sin condiciones. Antes de cualquier otra acción, el contribuyente tiene derecho a exigir la identificación oficial de todos los visitadores y revisar la orden de visita, que debe estar fundada y motivada: si no señala los preceptos legales aplicables ni las razones específicas de la revisión, el acceso no es obligatorio, según el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una vez verificada la orden, el contribuyente debe solicitar la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado y designar dos testigos para la diligencia. Llamar de inmediato a un asesor fiscal o contador, antes de proporcionar cualquier información, es el siguiente paso.

Durante el procedimiento, no se deben ceder documentos sin que se levante un inventario previo. Conserva copia de todo lo que se solicite o exhiba, y lleva un registro escrito de lo ocurrido. Si el contribuyente o su representante legal no se encuentran en el domicilio al momento de la inspección, los visitadores dejarán un citatorio oficial para regresar al siguiente día hábil, conforme a la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado.

Las visitas se practican en días y horas hábiles, entre las 7:30 y las 18:00 horas. En casos excepcionales —o en materia de comercio exterior— la ley permite habilitar horarios extraordinarios durante las 24 horas, los 365 días del año..

Por último, si alguien solicita dinero para agilizar una cita o el proceso, se trata de un fraude: todos los trámites del SAT son gratuitos. Las denuncias pueden presentarse al correo denuncias@sat.gob.mx.

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, trató de “tarados” a quienes alertan por caída de la industria, este jueves, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, salió a responderle y sostuvo que defender la industria no es incompatible con la estabilidad macroeconómica que busca el Gobierno. Además, aseguró que es momento de empezar a valorar a aquellos industriales que invierten en el país.

El cruce entre el ministro y el titular de la UIA reflejó la nueva tensión vigente entre el Gobierno y el sector manufacturero, en medio de una discusión sobre el rumbo de la política industrial y las condiciones de competitividad en la Argentina.

“No voy a entrar en polémicas, pero no son declaraciones felices que ayudan al diálogo que tanto se necesita para sacar a este país adelante. Nosotros creemos que defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la normalización de la economía”, afirmó Rappallini en Radio Mitre en respuesta a las declaraciones del ministro Caputo.

En sus declaraciones, el presidente de la UIA aclaró que la defensa del sector industrial se basa en la búsqueda de condiciones equitativas de competitividad. “Venimos planteando los problemas que afectan a esta competitividad, que son los problemas impositivos, laborales, de infraestructura, de financiamiento, la competencia desleal que está impactando fuertemente, el bajo consumo y la caída de actividad en muchos de los sectores industriales. Nosotros no estamos defendiendo privilegios, lo que defendemos es que queremos tener las mismas condiciones para competir”, sostuvo el dirigente.

Rappallini remarcó que la UIA publicó un análisis comparativo sobre la presión tributaria que recae sobre los productores argentinos en donde se detectó que es del 52%, récord a nivel mundial. Y como ejemplo, puso a los derechos de exportaciones que se cobran cuando en otros países hoy se están subsidiando a la industría.

“Hay que empezar a valorar al empresario industrial que invierte en innovación y exportaciones”, afirmó Rappallini. El presidente de la UIA insistió en que el sector no busca defender privilegios ni pedir por devaluaciones sino obtener condiciones de competencia similares a las de los países con los que compite. La cuestión de los subsidios y la política de incentivos se instaló en el centro de la agenda pública tras las declaraciones de ayer del ministro Caputo, quien sostuvo: “Para todos los tarados que hablan de la industria, entre 2011 y 2023 cayó 10% a pesar de los subsidios”.

Ingresos por la industria

Para Rappallini, la industria es fundamental para el desarrollo y para tener una Argentina ordena con baja de la inflación. En la entidad, destacan que la industria genera el 18% del Producto Bruto Interno (PBI) argentino, mantiene el 20% del empleo y aporta el 27% de la recaudación impositiva, es decir que por cada $100 que produce la economía argentina, la industria genera $18. Sin embargo, de cada $100 que recaudan los impuestos, la industria aporta $27. “Aportamos a las arcas públicas casi el doble de lo que producimos. Somos el motor fiscal de la Argentina”, marcaron.

El debate sobre la política industrial y el rol del Estado en el desarrollo manufacturero volvió a ocupar el centro de la discusión. Caputo expresó que los subsidios implementados en la década anterior no lograron revertir la caída de la industria, mientras que la UIA defendió la necesidad de generar herramientas para que la industria nacional pueda competir en igualdad de condiciones.

El intercambio público entre el titular del Palacio de Hacienda y la máxima autoridad fabril evidenció una nueva distancia entre la visión del Gobierno y la de los empresarios industriales respecto a la orientación de la política económica. “Las ideas hay que debatirlas, y a las personas hay que respetarlas. Creo que hay que tener un clima de respeto para poder debatir estos problemas”, sostuvo Rappallini.

Según pudo saber Infobae, con fuentes involucradas, había intenciones en la UIA de solicitar una nueva reunión con el ministro Caputo una vez que pase la Copa del Mundo, aunque luego de las declaraciones de está semana la situación puede haber cambiado.

La central fabril ratificó su disposición al diálogo y su vocación de aportar propuestas para superar los desafíos. El informe difundido por la UIA sobre la presión fiscal y la estructura de incentivos fue uno de los puntos que la entidad utilizó para fundamentar sus reclamos. La organización sostuvo que el nivel de presión impositiva constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la actividad manufacturera y la generación de empleo de calidad.

Una pareja jubilada que gasta USD 500 al mes en alimentos puede ahorrar entre USD 300 y USD 500 al año si vive en un estado que no cobra impuesto sobre las ventas a los comestibles. La diferencia impacta en hogares que dependen del Seguro Social y tienen ingresos fijos.

Según Investopedia y datos de la Tax Foundation, organización de política tributaria, cinco estados no cobran impuesto estatal sobre ventas: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire y Oregon. En Delaware y Oregon, además, no existe un impuesto estatal general a las compras minoristas ni un impuesto local amplio al consumo, por lo que el cargo en el supermercado suele ser de 0%.

La publicación resumió esa diferencia con una definición precisa: “Solo Oregon y Delaware no aplican en absoluto impuestos estatales generales a las ventas de los consumidores”.

La regla no es uniforme en todo el país. En varios estados sí existe un impuesto general sobre ventas, pero los comestibles no preparados están exentos.

En la práctica, eso significa que productos como ropa o artículos de limpieza pueden pagar la tasa general, mientras los alimentos básicos quedan fuera. Para quienes dependen del Seguro Social o de una pensión modesta, esa distinción se traduce en una diferencia sostenida, mes a mes.

En números simples, la lógica es directa: si una compra mensual de USD 500 estuviera gravada, cualquier tasa aplicada a los comestibles se acumularía a lo largo del año. Por eso, la exención —o la ausencia total de impuesto estatal— se vuelve un factor relevante dentro del presupuesto del retiro, incluso antes de considerar otros costos de vivir en un estado u otro.

En algunos estados, el impuesto estatal sobre ventas existe, pero deja afuera los alimentos destinados al consumo en el hogar. En ese esquema, el alivio fiscal se concentra en los comestibles no preparados, pero no se extiende necesariamente a otros rubros de la canasta familiar.

Estados como Texas no gravan los comestibles, una política que reduce la carga del impuesto sobre las ventas para familias y jubilados. En Florida, la ley también exime la mayoría de los alimentos destinados al consumo en el hogar, aunque otros productos sí pagan la tasa general.

En varios estados los alimentos para el hogar están exentos aunque exista impuesto general

Esa diferencia se vuelve más visible cuando se compara con un escenario en el que los comestibles sí están alcanzados por el impuesto general. En ese caso, el gasto crece de forma automática: no depende de una decisión de consumo puntual, sino de una regla que se aplica cada vez que se pasa por caja.

En Nevada, por ejemplo, los comestibles y los medicamentos están exentos del impuesto estatal sobre ventas, pese a que la tasa general promedio se mueve entre 6.5% y 7% en muchas zonas. Con ese parámetro, un jubilado que compra USD 500 en comida por mes pagaría unos USD 360 al año si residiera en un lugar donde se aplicara 6% a los comestibles; con tasas más altas, el monto se acerca a USD 500.

La consecuencia práctica es directa: vivir en un estado que excluye los alimentos del impuesto puede equivaler a liberar el dinero de varias compras de supermercado a lo largo del año. En un presupuesto ajustado, ese margen puede destinarse a comida, medicinas o un ahorro de emergencia, sin necesidad de recortar en otros gastos esenciales.

La ausencia de impuesto estatal no elimina siempre los cargos locales

No tener impuesto estatal sobre ventas no significa, necesariamente, que las compras queden libres de tributos en todo el territorio. Investopedia advirtió que un estado sin impuesto estatal no garantiza que en todas sus ciudades o condados las compras estén exentas.

El medio lo planteó de forma explícita: “Que un estado no tenga impuesto estatal no significa que en ninguna localidad se cobre impuesto a las compras”.

El caso más claro es Alaska, donde los gobiernos locales pueden aplicar sus propios impuestos sobre ventas y, en algunos casos, incluir los comestibles. Por eso, aun dentro de un estado que figura en la lista de “sin impuesto estatal”, el costo real puede variar según la localidad.

Los impuestos locales pueden cambiar el ahorro

El mapa también cambió en los últimos años. Según AARP, organización estadounidense dedicada a personas mayores, Oklahoma eliminó su impuesto estatal a los comestibles en 2024, mientras que Arkansas e Illinois harán lo mismo a partir del 1 de enero de 2026, aunque en los tres casos seguirán vigentes los impuestos locales.

Esa diferencia entre impuesto estatal y cargos locales es clave para evitar una lectura incompleta. Un estado puede ofrecer una exención amplia a nivel estatal, pero el gasto final dependerá de si la ciudad o el condado agregan su propia tasa y, sobre todo, de si esa tasa se aplica o no a los alimentos.

En hogares con margen reducido, ese detalle puede inclinar el cálculo anual. La decisión de dónde vivir no se define solo por el impuesto a los comestibles, pero el rubro comida es lo suficientemente constante como para que cualquier punto porcentual tenga impacto sostenido.

El costo de los impuestos a la comida también debe entrar en el plan de retiro

Para quienes evalúan dónde retirarse, el efecto no se limita al supermercado. Kiplinger, medio especializado en finanzas personales, señaló que elegir el estado adecuado para la jubilación puede influir de forma directa en la estabilidad financiera, sobre todo en hogares que dependen casi por completo del Seguro Social o reciben una pensión modesta.

Esa evaluación puede ser más favorable en estados que combinan la exención de impuestos sobre comestibles con otras políticas tributarias beneficiosas para el retiro, como no gravar pensiones o cuentas 401(k). En ese marco, el impuesto a los alimentos funciona como un indicador concreto: se paga todas las semanas y no suele ser optativo.

La recomendación práctica parte de tres verificaciones: confirmar si el estado excluye los comestibles del impuesto estatal, revisar la tasa local en la ciudad o el condado y sumar ese costo al presupuesto de jubilación. Las tablas de la Tax Foundation, las guías de AARP y los sitios de los departamentos estatales de ingresos detallan qué productos están exentos y cuáles pagan.

Esa revisión es necesaria porque incluso en estados favorables a los comestibles, los gobiernos locales pueden añadir entre 1% y 2% sobre las compras. Kiplinger recomienda calcular ese gasto anual antes de una mudanza, especialmente cuando el ingreso del retiro ya está definido y hay menos margen para absorber aumentos.

El texto también señala que consultar con un asesor financiero o con consejeros de oficinas para adultos mayores puede ayudar a identificar beneficios adicionales, incluidos programas de asistencia alimentaria o descuentos específicos para personas de 60 años o más.

En un escenario de inflación y presión sobre el costo de vida, la diferencia entre pagar o no pagar impuestos sobre la comida puede no parecer grande en una sola compra, pero sí en el balance de un año entero.

Ocho de los quince imputados que comparecieron ante el Tribunal Superior de Apelaciones decidieron desistir del recurso con el que buscaban revocar la medida de detención provisional impuesta por su presunta participación en la Operación Pandora, la investigación que destapó un esquema de supuesta manipulación del sistema E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI) y que, según las pesquisas, habría ocasionado un perjuicio superior a 40 millones de dólares al Estado.

Mientras tanto, cinco procesados mantuvieron su solicitud de revisión y el Ministerio Público anunció que insistirá en que otros imputados permanezcan privados de libertad.

La audiencia de apelación comenzó con aproximadamente una hora de retraso y se desarrolló de forma presencial y virtual. Durante la diligencia, los magistrados Frank Torres, Carlos Barragán y Greta Marchosky acogieron el desistimiento presentado por Jercovick Joyner, Carlos Ferguson, Héctor Luna, Cira Marín, Dayra López, Katherine Aguirre, Elodia De León y Angeli Rodríguez, esta última bajo medida de depósito domiciliario.

Con esa decisión, los imputados aceptaron que continúen vigentes las medidas cautelares que les fueron impuestas por un juez de garantías el pasado 11 de julio.

La decisión de desistir fue interpretada en el proceso como una señal de que algunos de los investigados podrían optar por colaborar con las autoridades durante el desarrollo de la investigación, aunque ninguno de ellos explicó públicamente las razones de su decisión.

Los ocho imputados permanecieron en silencio durante la audiencia y renunciaron a intervenir ante el tribunal, limitándose a comunicar formalmente que retiraban el recurso de apelación presentado por sus defensas.

En contraste, cinco procesados decidieron mantener su petición para que se modificaran las medidas cautelares.

Se trata de las exfuncionarias de la DGI Karina Suárez, Margie Caballero, Juana Chong y Vielka Sáez, además de Juan Omar Palacios, señalado por la Fiscalía de haber recibido presuntamente más de medio millón de dólares provenientes de la sociedad Servicios de Asesoría y Administración Jurado, considerada por los investigadores como una de las empresas intermediarias utilizadas dentro del supuesto esquema de créditos fiscales irregulares.

Durante la audiencia, Vielka Sáez y Juana Chong sostuvieron que desconocían la existencia de una organización criminal dentro de la DGI y afirmaron que los trámites relacionados con los créditos fiscales ya llegaban previamente autorizados. Según sus declaraciones, su participación consistía únicamente en completar procedimientos administrativos sin intervenir en la aprobación de los expedientes.

El resto de los imputados que continuó con la apelación decidió no hacer uso de la palabra.

Por su parte, el fiscal Emeldo Márquez, de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, solicitó al tribunal mantener la detención provisional al considerar que las investigaciones atribuyen a varios de los procesados una participación activa en la estructura que habría alterado y desviado créditos fiscales hacia terceros para obtener beneficios económicos ilícitos.

El representante del Ministerio Público sostuvo que la organización habría procurado no dejar rastros del dinero obtenido, distribuyendo parte de las ganancias en efectivo para dificultar su trazabilidad.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la audiencia fue la revelación del Ministerio Público de que la investigación podría crecer significativamente.

Según explicó Márquez, las diligencias desarrolladas hasta ahora apuntan a que el número de personas involucradas podría elevarse hasta 50 investigados, mientras que el perjuicio económico también superaría los 40 millones de dólares inicialmente estimados.

El fiscal añadió que continúan apareciendo nuevas empresas afectadas por las presuntas maniobras,aunque evitó precisar el monto específico relacionado con ese caso.

La Operación Pandora surgió luego de una auditoría interna realizada por la Dirección General de Ingresos, que detectó inconsistencias entre los registros tributarios y los pagos reflejados en el sistema E-Tax 2.0.

El informe técnico permitió identificar operaciones sin respaldo documental, anulaciones de transacciones efectuadas años atrás, modificaciones en créditos fiscales y cambios en los beneficiarios de pagos tributarios, hallazgos que posteriormente fueron remitidos al Ministerio Público y dieron origen a la investigación penal.

El proceso judicial continuará este martes, cuando el Ministerio Público sustente la apelación presentada contra las medidas de depósito domiciliario concedidas a Lupo González y Angeli Rodríguez, además de solicitar que se mantenga la detención provisional para otros imputados.

Mientras avanzan las audiencias, el expediente continúa ampliándose y se perfila como uno de los casos de presunta corrupción tributaria más relevantes investigados en los últimos años en Panamá, tanto por el monto del supuesto perjuicio económico como por el número de funcionarios y particulares bajo investigación.

El alcalde Zohran Mamdani y el comisionado Richard Lee extendieron hasta el 18 de septiembre de 2026 el plazo para que propietarios de viviendas en Nueva York pidan una exención del recargo anual a segundas residencias, o del llamado impuesto pied-à-terre.

La prórroga es de cuatro semanas y alcanza a todas las personas que recibieron una notificación del Departamento de Finanzas de la ciudad con la advertencia de que podrían estar sujetas al recargo.

Mamdani declaró en el comunicado oficial de la Alcaldía: “El impuesto a las segundas residencias es una nueva herramienta importante para ayudar a nuestra ciudad a recaudar los ingresos que necesitamos para calles más seguras, parques más limpios y otras inversiones cruciales en los cinco distritos”.

Luego añadió: “Anunciamos la extensión del plazo para garantizar que los neoyorquinos que recibieron las cartas de ‘Usted podría estar sujeto a…’ tengan el tiempo y la información que necesitan”.

A quiénes alcanza el impuesto Pied-à-terre

El nuevo recargo anual de la Ciudad de Nueva York aplica a ciertas propiedades que no se utilizan como residencia principal de su propietario. Estas pueden ser:

• Viviendas unifamiliares, bifamiliares y trifamiliares valuadas en más de USD 5 millones.
• Unidades de condominio y cooperativas valuadas en USD 1 millón o más.

El recargo generalmente no aplica si la propiedad es la residencia principal del propietario, un inquilino, un familiar directo del propietario o por una o más personas con una participación mayoritaria en una entidad propietaria.

Cómo se determinan las tasas del recargo

El recargo se determina según el tipo de propiedad y su valor de mercado establecido por el Departamento de Finanzas. Para los años fiscales 2026-27 y 2027-28, las tasas para las viviendas unifamiliares, bifamiliares y trifamiliares serán las siguientes:

• Valor de mercado de USD 5 millones o más, pero menos de USD 15 millones: recargo del 0,8%
• Valor de mercado de USD 15 millones o más, pero menos de USD 25 millones: recargo del 1,05%
• Valor de mercado de USD 25 millones o más: recargo del 1,3%

En el caso de unidades de condominio y cooperativas, los recargos serán:

• Valor de mercado de USD 1 millón o más, pero menos de USD 3 millones: recargo del 4,0%
• Valor de mercado de USD 3 millones o más, pero menos de USD 5 millones: recargo del 5,25%
• Valor de mercado de USD 5 millones o más: recargo del 6,5%

Quiénes pueden solicitar la exención

Pueden solicitar la exención aquellos que acrediten que la propiedad es la residencia principal de:

• El propietario.
• Un inquilino o subinquilino.
• Uno o más individuos que tengan la mayoría del interés en la entidad que posee la propiedad (LLC, corporación, sociedad, fideicomiso).
• Un familiar directo del propietario o del titular mayoritario.
• El beneficiario único o los beneficiarios de un fideicomiso.

Cómo solicitar la exención y qué documentos presentar

Para solicitar la exención se debe responder al aviso recibido del Departamento de Finanzas antes de la fecha límite.

En el caso de querer acreditar el uso como vivienda principal, se debe presentar la declaración de impuestos federal o estatal más reciente, una licencia de conducir o una identificación emitida por el DMV. Si no se dispone de estos documentos, se puede presentar una tarjeta de votante junto con otra prueba que demuestre que la propiedad es la residencia principal.

Si la propiedad es la residencia principal de un inquilino o subinquilino, además de los documentos anteriores, se debe presentar una copia del contrato de alquiler vigente junto con un comprobante adicional como una factura de servicios, un comprobante de pago de alquiler o una póliza de seguro del inquilino.

Alternativamente, se puede entregar una declaración jurada de inquilino o subinquilino acompañada de dos documentos adicionales que respalden el alquiler.

Cuando la residencia principal corresponde a un familiar directo del propietario o del titular mayoritario, se requiere además documentación que demuestre el vínculo familiar, como un certificado de nacimiento, un certificado de matrimonio o una declaración jurada de familiar directo.

En la residencia que pertenece a una entidad comercial y es utilizada por un socio mayoritario, accionista o beneficiario de un fideicomiso, se deben aportar los documentos de residencia principal junto con el acuerdo de sociedad, el acuerdo de fideicomiso, el acuerdo operativo de la LLC, los estatutos sociales o la declaración jurada correspondiente, además de una declaración jurada de tenencia mayoritaria.

El Departamento de Finanzas revisará la documentación y notificará la decisión. Si la solicitud es rechazada, podrá apelarse ante la Comisión de Impuestos de la Ciudad de Nueva York.

Si, finalmente, la propiedad queda alcanzada por el recargo, el monto correspondiente se incluirá en la factura de impuestos inmobiliarios, con vencimiento el 1 de enero de 2027.

Con el sonar de las bocinas y rodeados por conductores de taxis que realizaron una manifestación, los diputados jefes de bloques sostuvieron una reunión en el Congreso de Guatemala para buscar acuerdos relacionados con una posible solución al alza de los combustibles, derivado de las presiones internacionales por la guerra en Medio Oriente.

La reunión contó con la presencia de Erwin Barrios, ministro de Energía y Minas; Erick Echeverría, Intendente de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); Elizabeth Ugalde, viceministra de Economía, y Walter Figueroa, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, quienes expusieron la iniciativa de ley para otorgar un subsidio a los combustibles.

La propuesta el Ejecutivo consiste en subsidiar el galón de combustibles con un aporte de Q12 (USD 1.53) al diésel, y de Q3 (USD 0.38) al galón de gasolina Regular, quedando excluida la gasolina Súper.

Quieren eliminar impuestos

No obstante, tanto la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala (Asotax) que realizaron su caravana desde las 8 de la mañana de este lunes 3 de agosto, hasta diputados de oposición como Allan Rodríguez, rechazan el subsidio y a cambio exigen la eliminación de los impuestos.

La percepción de los taxistas es que el Ejecutivo no ha realizado ninguna acción real para evitar el incremento a los combustibles, pese al subsidio que ya se otorgó y que estuvo vigente entre mayo y julio de 2026.

A decir de los opositores, el aporte económico sólo beneficia a los importadores y distribuidores de la gasolina y el diésel, pero no llega directamente a los consumidores

Exigen exoneración de impuestos

La propuesta de los diputados contrarios al Gobierno y de los pilotos de taxis es eliminar los impuestos a la Distribución de Petróleo (IDP) y al Valor Agregado (IVA), así como los aranceles de importación.

Según ellos, esta medida contribuirá directamente a los consumidores, pues se tendrá certeza y transparencia del descuento que se realizará por galón de combustible.

Sin embargo, el resultado real, por lo menos, en el caso del diésel, sería inferior a la propuesta de otorgar un subsidio. De aplicarse la exigencia de los taxistas y de algunos diputados, el impacto sería el siguiente:

• Gasolina Súper: Reducción de Q4.70 (IDP) + Q0.56 (IVA asociado) = Q5.26 por galón (USD 0.67)
• Gasolina Regular: Reducción de Q4.60 (IDP) + Q0.55 (IVA asociado) = Q5.15 por galón (USD 0.66)
• Diésel: Reducción de Q1.30 (IDP) + Q0.16 (IVA asociado) = Q1.46 por galón (USD 0.19)

Desde el Ejecutivo, ministros y funcionarios han evidenciado esta situación, pero los opositores insisten en exigir la eliminación de los tributos.

No está en agenda

Ante la falta de acuerdos en el Congreso, la Junta Directiva decidió no incluir ninguna iniciativa relacionada a los combustibles en la agenda de temas que se conocerán durante la sesión plenaria de mañana martes 4 de agosto.

“Los diputados no están convencidos con lo que los funcionarios expresaron verbalmente. No hay mucho que se pueda hacer... Algunos dicen que la población no está de acuerdo con el subsidio, pero eliminar impuestos es un problema, aquí algo se va a perder", afirmó el presidente del Congreso guatemalteco, Luis Contreras en declaraciones a la prensa.

En su lugar, los diputados le apuestan a terminar de conocer en tercer debate y redacción final la iniciativa que reforma la Ley General del Sistema Portuario, así como otros temas como la elección de dos Magistrados Titulares para la Corte de Apelaciones que concluirán el período constitucional 2024-2029.

No obstante, Contreras no descartó que se presente alguna moción privilegiada que modifique el orden del día y, si hay consensos, se conozca lo relacionado al incremento de combustibles.

Mauricio repasa desde su mirada legal los errores tributarios más costosos para las empresas que operan en comercio exterior y la trama de actores que hay que coordinar en una operación de importación o exportación. “Pero más que el derecho, hoy manda la economía”, plantea, al describir cómo los vaivenes arancelarios terminan pesando más que cualquier norma escrita.

¿Cuál es el error legal que más caro le sale a los empresarios, el que más se repite hoy en día?

Los empresarios cometen algunos errores que suelen ser graves en el ejercicio del comercio exterior. Básicamente hay un problema impositivo importante y la gente desprecia lo tributario. El asesoramiento tributario, desde los contadores y los abogados, es fundamental para poder ejercer la actividad de la logística y el comercio exterior.

Creo que es algo a lo que la gente no le presta atención: piensa que lo puede resolver por su experiencia y a veces cree que puede pasar por debajo del radar sin que haya problemas. Pero el consejo de un profesional no es solo para evitar conflictos, sino para lograr ventajas: el que sabe pagar bien los impuestos tiene una gran ventaja comparativa respecto de quienes no lo saben hacer.

En el comercio exterior participan muchos agentes dentro de una misma cadena. ¿Cuál es el desafío jurídico de coordinar a tantos actores y mantener la operación funcionando?

En la logística del comercio exterior participa mucha gente: no solo transportistas, sino despachantes y otras personas que tienen que intervenir en el proceso. Ahí es la supervivencia del más apto: no alcanza con conocer cada actividad, hace falta poder hablar con cada uno de esos agentes de la mejor manera, entender quién es la persona indicada para iniciar la relación.

Por ejemplo, conocer el peso de cada compañía y tener un referente en cada una de las empresas con las que se va a trabajar, alguien que articule el proceso más allá de que después, en la base de la pirámide, se resuelva el día a día. Es importante que la cabeza de la organización que terceriza el proceso de comercio exterior y la cabeza de la empresa tengan una buena relación, con una frecuencia al menos diaria.

¿Cómo evolucionó el derecho internacional en los últimos años, de la mano de la globalización y la tecnología?

En el derecho privado internacional también hubo una mejora, en parte porque se conformaron grandes bloques de países. El Mercosur, por ejemplo, tiene un conjunto de regulaciones comunes a todos sus miembros. Antes regía un convenio centenario; hoy las normas son mucho más dinámicas y buscan cierta igualdad de condiciones en materia de comercio exterior entre los países del bloque.

Pero más que el derecho, hoy manda la economía. Alcanza con ver lo que pasó entre Estados Unidos y la Unión Europea con la suba de aranceles: la decisión no vino del marco legal internacional ni de organismos multilaterales, sino de una definición económica unilateral. Quien maneja el dinero termina definiendo las condiciones del comercio, más allá de lo que digan las normas.

El derecho internacional quedó, en buena medida, subordinado a lo económico, y también a agendas como el lavado de dinero o el narcotráfico, que los países usan como argumento para tomar decisiones que antes se resolvían por otras vías.

¿Creés que los cambios normativos y la flexibilización representan una facilidad para el empresario o que es al revés?

La desregulación es importante porque saca de encima la necesidad de estar pendiente de tantas regulaciones. Creo que lo que está pasando con este gobierno también va a pasar con cualquier otro que venga: la presión no es solo tributaria, sino la maraña de resoluciones, leyes y decretos que complican la actividad comercial individual.

Esa tendencia va a continuar, y vamos a tener una sociedad cada vez más desregulada. Ahí entra la audacia de cada uno: quien sepa interpretar esa mayor libertad y se anime a correr los límites hacia ese lugar, va a tener ventajas.

La inteligencia artificial ya redacta contratos y analiza documentos. ¿Creés que va a transformar el trabajo de los abogados o todavía falta para eso?

Mucha gente se preocupa por la llegada de la inteligencia artificial al campo legal y piensa que le va a quitar trabajo a los abogados. La vengo usando hace bastante: desde 2019, cuando fui a España a redactar un contrato, aprendí bastante sobre blockchain y sobre el incipiente desarrollo de la inteligencia artificial. En mi estudio, lo que generó fue mejor calidad de trabajo y mayor cantidad de trabajo.

Hoy prefiero consultar primero a un asistente de inteligencia artificial antes que a un colega. Pero no creo que los contratos dejen de necesitar una revisión humana: siempre va a hacer falta alguien que evalúe si ese contrato es ejecutable o si puede sostenerse ante un tribunal en caso de un conflicto.

Y después está el contacto del abogado con el juzgado: eso no lo reemplaza ninguna inteligencia artificial. La tecnología puede dar un buen enfoque legal, pero cuando hay que hablarle a un juez, no hay nada mejor que una persona de carne y hueso.

¿Qué reflexión te parece importante compartir?

Esta charla me hizo recordar una vieja frase de Borges: que nada se construye sobre piedra, que todo se construye sobre arena, pero que es nuestra obligación construir como si la arena fuera piedra.

Creo que eso es lo que nos mueve a todos en esta actividad: tratar de hacer las cosas bien, no para un rato, sino pensando en construir algo con trascendencia, en la carrera, en el negocio, en la profesión.

En un escenario cambiario distinto al de los últimos años, resurge entre los argentinos una pregunta centrada en el consumo: ¿todavía conviene cruzar a un país vecino para comprar un celular, una notebook o cualquier otro dispositivo tecnológico, tal como sucedía en la primera parte del gobierno de Javier Milei?.

La práctica, que supo ser moneda corriente durante los períodos de mayor brecha cambiaria, hoy se analiza bajo otro escenario, tanto por el acceso al mercado de cambios como por las modificaciones recientes en el régimen de compras al exterior.

Un relevamiento de precios sobre una selección de diez productos tecnológicos, comparando su valor en dólares en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, permite dimensionar hasta qué punto persiste esa diferencia. El caso del iPhone 17 Pro Max de 256 GB es representativo: en Argentina se compra a USD 2.112, mientras que en Chile el mismo modelo cuesta USD 1.473, en Paraguay USD 1.608, en Uruguay USD 1.861 y en Brasil USD 1.920. Esto implica que el equipo resulta un 43,4% más caro en el país que en Chile, la plaza más económica de la región para ese producto.

El caso del celular de más alta gama permite dimensionar hasta qué punto persiste una amplia diferencia con el mayor costo en Argentina

La brecha se amplía todavía en otros rubros. Un Smart TV LED de 85 pulgadas de LG, con tecnología Nano Cell, cuesta USD 2.508 en Argentina frente a USD 968 en Chile, lo que representa una diferencia de 159%. En Uruguay ese mismo televisor se ubica en USD 2.399, apenas por debajo del valor argentino, mientras que en Paraguay se consigue a USD 1.921 y en Brasil al equivalente de 1.333 dólares.

No todos los productos relevados muestran igual comportamiento: la MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4 y 256 GB cuesta USD 1.716 en Argentina, un valor cercano al de Chile (USD 1.657) y a Paraguay (USD 1.457), e incluso por debajo de Brasil, donde se ofrece a 1.772 dólares.

Algo similar ocurre con las consolas de juegos. Una PlayStation 5 Slim de 1 TB, que en Argentina se consigue a USD 1.063, un precio inferior al de Uruguay (USD 1.069) y apenas por encima de Brasil (USD 934) y Paraguay (905 dólares).

Entre los productos con mayor diferencia de precios respecto de Argentina aparece la Nintendo Switch OLED, que en el país cuesta USD 660 frente a USD 369 en Chile, una brecha del 78,9%. En tanto, la tablet Lenovo Tab P11 de segunda generación y 128 GB, valuada en USD 462 en Argentina, se consigue en Chile a USD 246, lo que representa una diferencia del 87,8%.

El acceso al mercado cambiario cambió la ecuación

Para Damián Di Pace, Analista económico y director de la consultora Focus Market, la persistencia de precios más altos en Argentina ya no alcanza por sí sola para justificar un viaje de compras al exterior.

“A pesar de que los precios en Argentina todavía son más elevados, ya hay condiciones que cambiaron a favor de la no búsqueda de estos artículos afuera. Esto, porque los argentinos antes hacían un viaje para comprar, por ejemplo, en Chile o en Brasil -hacían turismo de compras- y eso ya no tiene el mismo rendimiento. ¿Por qué? Porque hoy tenés acceso al mercado cambiario, que antes no tenías. La brecha antes era muy grande y hoy, al tipo de cambio oficial, podés importar de cualquier plataforma del exterior para que te lo traigan a la puerta de tu casa”, explicó.

La brecha antes era muy grande y hoy, al tipo de cambio oficial, podés importar de cualquier plataforma del exterior para que te lo traigan a la puerta de tu casa (Di Pace)

“Además, se fue bajando la burocracia en aranceles para ese tipo de operaciones. De hecho, se acaba de comunicar un mayor nivel de liberación para lo que yo llamo la ‘importación hormiga’ por comercio electrónico. Por lo cual hay un dato adicional: antes los argentinos hacían viajes de turismo de compras, y ahora en los fines de semana largos descansan en destinos domésticos locales. Entonces, si bien los precios son más elevados todavía por la carga impositiva argentina y por la acumulación de impuestos a lo largo de toda la cadena de intermediación, creo que ir afuera ya no es tan conveniente como en otro momento”, agregó Di Pace.

La ventaja impositiva de Chile, un factor estructural

Más allá del factor cambiario, Di Pace remarcó que buena parte de la diferencia de precios responde a un esquema tributario distinto al argentino.

“Chile no conoce lo que es Ingresos Brutos, no conoce lo que es el Impuesto a los Débitos y Créditos, ni el impacto de ese impuesto en cascada. Tiene una carga de IVA menor, por lo cual tiene menor carga impositiva en general, y ya lleva más de 40 años de apertura de libre comercio. Tiene acuerdos comerciales con todos esos países, mientras que Argentina recién está en sus etapas iniciales”, destacó el analista económico.

Esa combinación de menor presión tributaria y mayor apertura comercial explica, según el economista, buena parte de la ventaja de precios que muestra Chile frente al resto de la región.

“Estamos hablando de que Chile tiene menor carga impositiva, acuerdos de libre comercio, una desregulación mucho más grande sostenida en el tiempo y más de 40 años de experiencia en mejoras de costos, tributos y regulaciones”, completó Di Pace.

El impacto en el consumo y el ahorro de los hogares

Damián Di Pace también se refirió a las consecuencias que ese sobreprecio genera sobre las decisiones de consumo de los hogares argentinos. “La realidad es que importar tecnología a este nivel de costos deja fuera de accesibilidad a muchos argentinos que necesitan esos equipos y desgraciadamente pagan un precio mayor. Todo ese sobrecosto se traduce en menor consumo de otros bienes en el mercado doméstico: si tomás la decisión de comprar una computadora en el mercado local -porque te vas a evitar el viaje- y pagás un 40% más, esa diferencia es menor consumo para otro tipo de bienes o un menor nivel de ahorro”, planteó.

El analista económico puso el foco en cómo ese efecto golpea de manera diferenciada según el nivel de ingresos. “Esto termina dañando claramente al consumidor argentino, sobre todo a la clase media, que es la que mayor nivel de predisposición a estas compras puede llegar a tener. Incluso alguien de ingresos bajos quizás tendría accesibilidad a este tipo de bienes, pero con estos precios queda mucho más distante de poder concretarlo”, indicó.

¿Hay atraso cambiario?

Nicolás Aroma, economista, sostuvo que el factor cambiario continúa siendo la principal causa detrás del encarecimiento de la tecnología en el país.

“Lo que se ve es que Argentina sigue siendo el país más caro en dólares de la región. Y esto pasa con los artículos de tecnología, pero también con una gran cantidad de bienes. Basta ir a Chile y a Brasil para darte cuenta de que no solo la tecnología sigue siendo cara en Argentina, sino el resto de los productos”, dijo Aroma.

“A mi modo de ver, lo que más está influyendo, más allá de la cuestión impositiva y regulatoria -que se ha liberado bastante en los últimos años y aun así sigue estando caro en dólares, tiene que ver sin duda con el tema cambiario. Es decir, Argentina sigue muy atrasada en términos cambiarios, aun cuando no está en el peor momento de los últimos años; en el período de enero de 2025, por ejemplo, esto era aún peor”, explicó Aroma.

Cuándo sigue teniendo sentido cruzar la frontera

“Dependiendo de si se justifica o no por el volumen, las distancias y los costos de alojamiento u otros gastos, si estás en los países limítrofes sin duda conviene viajar para acceder a algunos tipos de bienes, como celulares de alta tecnología y notebooks de alto valor”, sostuvo.

El economista puso como ejemplo el caso de Mendoza. “Aun así conviene cruzar, ni hablar si estás en Mendoza, por ejemplo, para ir a Chile, donde encima las diferencias de precios son mayores”, remarcó Aroma.

Dependiendo de si se justifica o no por el volumen, las distancias y los costos de alojamiento u otros gastos, si estás en los países limítrofes sin duda conviene viajar para acceder a algunos tipos de bienes (Aroma)

“Cuando analizamos el turismo de compras en el exterior, hablamos de consumidores informados y con posibilidades de viajar, que están muy atentos a cuáles son los precios de cada producto en cada lugar. Esto los diferencia del resto de los mercados en Argentina, que dependen mucho más del consumo interno o general”, contó Nicolás Aroma.

Para el economista, la ecuación entre precio de los productos y costo de vida en los países vecinos sigue inclinando la balanza hacia el viaje. “Creo que el punto clave es que hoy sigue conviniendo viajar para comprar ese tipo de productos. Hospedarse, alojarse y consumir en los otros países sigue siendo, aun así, más barato que en Argentina”, concluyó.

Cambios recientes en el régimen de compras al exterior

El debate sobre la conveniencia de viajar para comprar tecnología se da, además, en un contexto de cambios en el régimen de importaciones personales. El Gobierno simplificó recientemente el sistema de compras online en el exterior con entrega puerta a puerta a través del Correo Argentino, con el objetivo de reducir los tiempos de entrega y la carga administrativa para quienes compran en plataformas extranjeras. La medida se suma a la equiparación de la franquicia para las importaciones por correo con la vigente para los servicios de courier, que dejó exentos del pago de derechos de importación a los envíos de hasta 400 dólares.

Ese marco más flexible convive con un fenómeno que ya venía en ascenso antes del anuncio. Las importaciones por courier volvieron a marcar récord en junio, con compras por USD 125 millones, por encima del máximo previo de USD 118 millones registrado en abril. En el acumulado del primer semestre del año, este tipo de importaciones sumó USD 643 millones, un incremento interanual del 104,2%, lo que confirma que buena parte de la brecha de precios que persiste con los países vecinos empieza a canalizarse, cada vez más, a través de la compra online y no del viaje físico a la frontera.

Los pagos provisionales del SAT son anticipos mensuales del Impuesto sobre la Renta que personas físicas y morales deben entregar al fisco a lo largo del año, antes de la declaración anual de abril. Lejos de ser el impuesto definitivo, funcionan como adelantos que se acreditan al cierre del ejercicio fiscal.

El mecanismo distribuye la carga tributaria en 12 pagos durante el año, en lugar de concentrarla en una sola liquidación. Al llegar abril, el SAT compara lo pagado provisionalmente contra el impuesto real del ejercicio y determina si existe saldo a favor o diferencia a cubrir.

Quiénes están obligados a presentarlos

Deben realizar pagos provisionales las personas físicas con ingresos por actividad empresarial o servicios profesionales (honorarios), quienes arrienden inmuebles y quienes cobren a través de plataformas digitales como Uber, Airbnb o Mercado Libre.

Las personas morales en régimen general también están obligadas, al igual que los contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Quedan exentos quienes tributan exclusivamente en Sueldos y Salarios, ya que su patrón retiene el impuesto de forma directa.

Base legal y fundamento fiscal

Para personas físicas, la obligación se establece en el artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). Para personas morales, el fundamento es el artículo 14 de la misma ley, que también define el mecanismo del coeficiente de utilidad.

Ambos artículos coinciden en el plazo: los pagos deben enterarse a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que se declara. El SAT también contempla fechas escalonadas según el sexto dígito numérico del RFC del contribuyente.

Cómo se calcula el impuesto provisional

El cálculo para personas físicas es acumulativo: no se toman solo los ingresos del mes en curso, sino el total cobrado desde el 1 de enero hasta el último día del mes a declarar. Solo cuentan los ingresos efectivamente cobrados; una factura emitida pero no liquidada no entra en el cálculo.

A ese total se restan las deducciones autorizadas acumuladas del periodo —gastos indispensables para la actividad, comprobados con CFDI—, la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) pagada y las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de amortizar. Al resultado se aplica la tarifa del artículo 96 de la LISR.

Para personas morales, el procedimiento parte del coeficiente de utilidad del último ejercicio fiscal de 12 meses. Ese coeficiente se multiplica por los ingresos nominales acumulados del periodo; al resultado se le aplica la tasa del 30% establecida en el artículo 9 de la LISR.

Plazos según régimen fiscal

Los contribuyentes del RESICO presentan pagos provisionales de forma mensual, con vencimiento el día 17 de cada mes. Quienes tributan en el régimen de Arrendamiento tienen un calendario bimestral.

En todos los casos, el monto calculado para cada periodo se reduce con los pagos provisionales ya enterados en meses anteriores dentro del mismo ejercicio, así como con las retenciones de ISR que terceros hayan efectuado al contribuyente.

Cómo presentarlos en el portal del SAT

El trámite se realiza en sat.gob.mx con RFC y contraseña o e.firma. Los pasos son:

Ingresar al portal y seleccionar el apartado de declaraciones provisionales.

Elegir el ejercicio fiscal 2026, el periodo mensual a declarar y la obligación correspondiente.

Revisar la información precargada: el sistema muestra ingresos según los CFDI de ingreso emitidos y las retenciones registradas.

Capturar o validar deducciones, retenciones y pagos anteriores. Los datos pueden editarse antes del envío si hay discrepancias con la contabilidad.

Enviar la declaración. El sistema genera un acuse de presentación.

Descargar el acuse y, si existe saldo a cargo, pagar la línea de captura generada a través del banco o portal bancario dentro del plazo indicado.

Qué ocurre si hay errores o diferencias

Si la información precargada por el SAT no coincide con la contabilidad propia, el contribuyente debe confrontar los datos de los CFDI con sus estados de cuenta, papeles de trabajo y declaraciones previas antes de capturar cifras definitivas.

En caso de haber presentado una declaración con datos incorrectos, es posible corregirla mediante una declaración complementaria: se ingresan los datos correctos, se recalcula el impuesto y, si la corrección genera un saldo mayor al ya pagado, se entera la diferencia junto con la actualización e intereses correspondientes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el proyecto que envió el Gobierno al Congreso de la Nación para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), habló de la mora récord y anticipó beneficios impositivos para pymes.

Al referirse a los cambios que planea introducir la administración libertaria en el estatuto de la autoridad monetaria, Caputo focalizó en las cifras de inflación y explicó que el proceso inflacionario en Argentina tiene raíces históricas.

“Esos casi trece trillones por ciento de inflación se generan por el financiamiento monetario, esa emisión que hace el Banco Central para financiar el exceso de gasto, o sea, el déficit que han tenido los diferentes gobiernos desde hace 91 años”, detalló el ministro. Para el funcionario, la inflación “no es otra cosa que un impuesto que los políticos no pueden cobrar por derecha, ¿no? Por eso el presidente dice: ‘Es una estafa’. Es el impuesto encubierto que le cobran a la gente y que toda la vida ha pasado no desapercibido, sino inentendido”.

El titular de la cartera económica señaló que el Gobierno busca transparentar el origen de la inflación y ponerle un límite definitivo. “Ahora, lo que nosotros estamos tratando de hacer es de explicarlo para que la gente entienda cómo se origina. Y esta ley viene a terminar con eso, viene a darle un mazazo a la inflación y, sobre todo, a pavimentar la estabilidad para el mediano y largo plazo”, afirmó Caputo en diálogo con A24.

Y sumó: “Probablemente de lo que yo haya visto, creo que es la reforma más importante de los últimos 100 años. Esto realmente cambia el país. No lo vas a sentir mañana, pero la gente lo va a ver en la estabilidad por los próximos años”.

Al mismo tiempo, Caputo se refirió a la situación electoral y fue contundente al hablar de una posible reelección del presidente Javier Milei. “No tengo ni siquiera una mínima duda. Pero esto va más allá de Milei. Obviamente, Milei va a ser reelecto en el 2027 y no lo digo por sesgo. Yo tengo más información que la gente, entonces yo sé lo que vamos a hacer y no coincido en nada con lo que dicen consultores y demás. El año que viene, año electoral, no va a pasar nada de lo que la gente cree”, aseveró el funcionario nacional, quien enfatizó su confianza en el rumbo económico actual.

Por otra parte, el titular del Palacio de Hacienda hizo hincapié en el comportamiento desigual de la economía y en la incidencia de sectores líderes en la estabilidad general. En efecto, el agro, la minería y la energía lideran el crecimiento mientras que industria, construcción y comercio quedaron rezagados.

“Hoy hay cuatro o cinco sectores preponderantes a los que les va extremadamente bien. Ahora, eso no es en detrimento de los otros. Es a favor de los otros, porque esos cuatro o cinco sectores a los que les va tan bien generan una estabilidad que hace que Argentina hoy sea más predecible”, sostuvo Caputo. Y agregó: “Por lo tanto, aún vos si sos una pyme, hoy tenés más posibilidades de saber lo que va a pasar en el futuro. Lo que tenés que cambiar, y esto no es tan fácil, es la conducta”.

Bajo la perspectiva del jefe de la cartera económica, los empresarios y comerciantes deben adaptarse a un nuevo escenario económico. “Durante muchos, el comerciante argentino —la pyme y demás— estaba ejercitado para defenderse de alguna manera. Entonces, ¿cómo se defendía? Bueno, la gente se defendía ahorrando en dólares, en el mercado formal si podía, o en el mercado informal, con los comerciantes sobrestockeándose. Hoy, si hacés cualquiera de esas cosas, te está yendo mal. En el gobierno de Milei, si compraste dólares, perdiste desde mucho hasta la camiseta. Esa es la realidad”, manifestó.

Al ser consultado a la situación de la mora bancaria, que se encuentra en niveles récord en más de 20 años, el funcionario minimizó el impacto sobre la economía real y subrayó que se trata de un fenómeno gestionado principalmente entre privados.

“El punto es que es un tema entre privados. O sea, es un banco dándole un crédito a otro privado. Tampoco hay mucho lo que nosotros podamos hacer ahí. Es parte también de la gimnasia de los bancos. Ni los bancos saben a ciencia cierta para qué fue cada crédito y demás. La mora con el tiempo va a ir cayendo porque se va a ir normalizando: los bancos ahora están haciendo un esfuerzo y los están refinanciando a tasas mucho más bajas, a plazos mucho más largos”, juzgó.

En materia tributaria, Caputo reiteró que el objetivo del Gobierno es reducir la presión impositiva y brindar alivio a las pequeñas y medianas empresas.

“Para que a nosotros nos vaya bien como país tenemos que seguir bajando impuestos. Tenemos que seguir bajando impuestos, tenemos que seguir bajando regulaciones, tenemos que bajar el costo financiero y tenemos que mejorar la infraestructura. Esa es la manera en que sos competitivo y bajas el costo argentino, no devaluando, que eso es simplemente bajarle el salario a la gente”, apuntó.

Además, el ministro anticipó medidas concretas para el sector pyme: “Ahora vamos también a aumentar el monto de lo que son los reintegros por IVA y demás, que muchas pymes tienen. Y el aumento que estamos haciendo, que va a ser de $50.000 millones, será específicamente para pymes. Esperamos que les dé un alivio importante”.

Por otro lado, Caputo insistió en que la estrategia fiscal del Gobierno se basa en el recorte del gasto y en el incentivo al sector privado. “Nosotros ya bajamos tres puntos de impuestos y piensen que no alcanzamos el equilibrio fiscal subiendo impuestos. Bajamos 30% el gasto, bajamos tres puntos de impuestos y además bajamos el impuesto inflacionario. Como dice el presidente, le devolvimos USD 100.000 millones al sector privado”.

Bruce Blakeman prometió eliminar el nuevo impuesto a las segundas residencias de lujo en Nueva York desde el primer día de su eventual gestión como gobernador, mientras la ciudad admite que necesita contratar 24 empleados para manejar el arranque de ese gravamen, según informó el diario estadounidense The New York Post el 30 de julio.

El candidato republicano a la gobernación, quien hoy se desempeña como ejecutivo del condado de Nassau, lanzó ese compromiso el jueves pasado en respuesta al impuesto pied-à-terre —término francés que designa una segunda residencia o propiedad de lujo que no es el domicilio principal de su dueño— aprobado bajo el gobierno de la gobernadora demócrata Kathy Hochul.

Qué es el impuesto y por qué genera polémica

El gravamen aplica una tasa de hasta el 6,5% sobre casas unifamiliares o de hasta tres unidades valuadas en más de USD 5 millones, y sobre condominios con un valor superior a USD 1 millón que no sean la residencia principal del propietario.

La medida se suma a que Nueva York ya soporta una carga tributaria local del 12.5%, la tercera más alta del país. Para los lectores de Estados Unidos, eso significa que los neoyorquinos pagan más impuestos locales que los residentes de casi cualquier otro estado, y este nuevo cargo se suma a ese peso existente.

Hochul impulsó el impuesto en la legislatura estatal como parte de un paquete de ayudas al alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, quien llegó al cargo con una plataforma de socialismo democrático centrada en gravar a los más ricos. La gobernadora descartó subir los impuestos al ingreso y a las corporaciones, pero ofreció al alcalde varias alternativas para equilibrar su primer presupuesto municipal.

La promesa de Blakeman y sus críticas al proceso

Blakeman no se limitó a prometer la eliminación del impuesto. También atacó a Hochul por permitir que el Departamento de Finanzas, un organismo de la ciudad, (DOF, por sus siglas en inglés) publicara una lista con los nombres y direcciones de todos los propietarios de residencias no principales en la ciudad valuadas en más de USD 1 millón.

“El impuesto de Kathy Hochul y Zohran Mamdani señala públicamente a los propietarios, los expone al crimen, los presume culpables y los obliga a demostrar que no le deben más dinero al gobierno", declaró Blakeman en una rueda de prensa, según recogió The New York Post.

El candidato calificó todo el proceso como “opresivo y antiamericano” y advirtió que las políticas del Partido Demócrata de Nueva York expulsarán más familias, empleos e inversiones del estado. “La clase media de Nueva York pagará el precio", afirmó.

Un arranque con errores y 17.000 avisos enviados

De acuerdo a un artículo publicado por The New York Times el 29 de julio, el lanzamiento del impuesto estuvo marcado por la confusión desde el inicio. La ciudad envió 17.000 avisos a propietarios adinerados, pero varios residentes de tiempo completo en Nueva York aseguraron haber recibido esa notificación por error, a pesar de que sus viviendas son su residencia principal y, por tanto, no deberían estar sujetas al gravamen.

Ante esa situación, Mamdani confirmó el jueves que la ciudad contratará 24 empleados distribuidos entre el DOF y la Oficina de Juicios Administrativos y Audiencias, un tribunal administrativo de la ciudad, para atender las dudas de los afectados. The New York Post detalló que el portal de empleos de la ciudad ya muestra 25 vacantes abiertas en el DOF, la gran mayoría publicadas la semana pasada.

Según el tabloide, ninguna de esas posiciones menciona explícitamente el impuesto a las segundas residencias, aunque muchas corresponden a áreas de cobranzas, derecho inmobiliario o exenciones fiscales. Los salarios de esos puestos de servicio civil van de USD 67.000 a USD 110.000 anuales.

El Ayuntamiento no quiso informar cuánto costarán en total esas contrataciones a los contribuyentes.

Las apelaciones y la respuesta de Mamdani

“Entiendo las preocupaciones que tienen algunos neoyorquinos”, dijo el alcalde a la prensa en un evento en El Bronx, y agregó que su administración trabaja "sin parar" en múltiples agencias para explicar el proceso antes de que el impuesto entre en vigor.

Los propietarios de condominios o casas que crean haber recibido un aviso por error tienen plazo hasta el 21 de agosto para presentar una apelación formal ante las autoridades de la ciudad.

El alcalde subrayó que el tiempo disponible para apelar fue diseñado precisamente para que los neoyorquinos puedan interactuar con el gobierno municipal antes de que el gravamen se haga efectivo.

Una agenda económica para el periodo 2026 - 2030 entregó el Consejo Gremial Nacional (CGN) al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. El denominado “gremio de gremios” pidió al próximo Gobierno una hoja de ruta para los próximos cuatro años que combine sostenibilidad fiscal, estímulos a la inversión, cambios tributarios para la actividad empresarial, fortalecimiento de la seguridad, impulso a la energía y la tecnología, y medidas para promover el empleo formal. La agenda también plantea trabajo coordinado entre los sectores público y privado.

Durante el encuentro, los empresarios presentaron propuestas para afrontar los principales desafíos del país. La presidenta del CGN, Natalia Gutiérrez, dijo que la reunión dio continuidad al diálogo que habían sostenido con el hoy vicepresidente electo durante la campaña presidencial.

La hoja de ruta se organiza en nueve ejes:

• Seguridad.
• Fortalecimiento institucional.
• Crecimiento económico y competitividad.
• Política fiscal y tributaria.
• Infraestructura y logística.
• Seguridad minero-energética.
• Ordenamiento territorial.
• Innovación y transformación digital.
• Mercado laboral y seguridad social.

Asimismo, los empresarios expresaron la intención de actuar como aliados del gobierno entrante. Gutiérrez dijo que “estamos convencidos de que los grandes retos del país solo podrán superarse mediante el diálogo, la estabilidad institucional y políticas públicas que promuevan la inversión, la productividad y el bienestar social”.

Apuesta fiscal del sector privado

Uno de los principales planteamientos de la agenda se centra en el frente fiscal. Según el Consejo Gremial, el deterioro de las cuentas públicas limita la capacidad del Estado para financiar inversión pública productiva y reduce su margen de acción para impulsar el crecimiento.

La propuesta plantea “un programa integral de sostenibilidad fiscal y reactivación de la inversión” con reformas al marco fiscal, contención y focalización del gasto público, además de estímulos para la inversión productiva.

Dentro de ese paquete aparece un ajuste equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) mediante recortes y congelamientos del gasto. El objetivo, según el documento, es “reducir el déficit estructural y fortalecer la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo”. El gremio sostiene que Colombia necesita estabilizar las cuentas públicas sin sacrificar inversión, competitividad ni crecimiento. En esa lógica, la disciplina fiscal aparece como una condición para mejorar la percepción de riesgo y recuperar la confianza de quienes toman decisiones de inversión.

Cambios tributarios para atraer y sostener inversión

La agenda también propone modificar la estructura tributaria para hacerla más favorable a la inversión. El Consejo Gremial Nacional plantea “ajustar la estructura tributaria para generar alivios a la actividad empresarial, fortalecer la competitividad, incentivar la inversión, facilitar la modernización productiva y promover la capitalización empresarial”.

Dentro de las medidas figura una tarifa diferencial del impuesto sobre la renta de 30% para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). En la actualidad es del 35%, la más alta del mundo. El argumento del gremio es que una misma tarifa puede afectar con mayor intensidad a las compañías de menor tamaño.

El documento añade que cualquier reforma debe ir acompañada de una revisión de beneficios y exenciones para mejorar la eficiencia del sistema. También señala que los incentivos tributarios deben orientarse a inversión, productividad y generación de empleo formal.

Inversión, crecimiento y grandes proyectos estratégicos

Por su parte, en materia de crecimiento, el Consejo Gremial advirtió que Colombia cerró 2025 con una expansión del PIB de 2,6%, impulsada principalmente por el consumo de los hogares y el gasto del Gobierno, mientras la inversión tuvo un avance limitado.

La agenda propone:

• Fortalecer el mercado de capitales.
• Atraer inversión extranjera con transferencia tecnológica.
• Acelerar proyectos estratégicos.
• Crear el Programa Colombiano de Grandes Inversiones Estratégicas (Progie), con estabilidad jurídica y fiscal, incentivos tributarios selectivos, una ventanilla única de permisos y mecanismos para atraer capital extranjero.

Gutiérrez vinculó ese esfuerzo con la necesidad de dar señales estables a quienes asignan recursos de largo plazo. “Los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, toman decisiones de largo plazo y necesitan certeza sobre las reglas del juego”, afirmó.

La dirigente gremial añadió que, a partir del 7 de agosto de 2026, el país debe demostrar que ofrece condiciones confiables para invertir, producir y generar empleo. En esa lista incluyó respeto por las instituciones, independencia de las entidades técnicas, estabilidad regulatoria y cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado.

Seguridad, energía, tecnología y empleo en los primeros 100 días

La seguridad integra otro de los ejes de la propuesta. El Consejo Gremial Nacional recordó que en 2025 aumentaron los homicidios, los secuestros, la extorsión, el terrorismo y el desplazamiento, por lo que pidió fortalecer la fuerza pública y recuperar el control territorial, en especial en corredores logísticos y zonas con infraestructura crítica.

Los empresarios también propusieron combatir los delitos que afectan la actividad productiva y regular la protesta pacífica para evitar bloqueos que comprometan la prestación de servicios esenciales. A la vez, plantearon acelerar la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura, energía, transporte y logística.

En el frente minero-energético, Natalia Gutiérrez anotó que el sistema eléctrico colombiano, reconocido durante décadas por su confiabilidad, enfrenta desafíos que exigen atención inmediata. Entre las prioridades mencionó:

• Acelerar la entrada en operación de proyectos de generación y transmisión con retrasos.
• Garantizar estabilidad regulatoria y jurídica,
• Mejorar la coordinación entre las entidades del sector.

La dirigente también pidió convertir la planeación energética en una política de Estado para asegurar el suministro que requiere el crecimiento económico, la electrificación de la economía, el desarrollo industrial y la transformación tecnológica. Añadió que la transición energética debe preservar seguridad, confiabilidad y suficiencia, con nuevas tecnologías y respaldo de fuentes firmes como la generación hidráulica y térmica.

Por último, en innovación y mercado laboral, el gremio advirtió rezagos en cobertura 5G, inversión en investigación y desarrollo, adopción de inteligencia artificial y ciberseguridad. Para cerrar esas brechas propuso ampliar la cobertura 5G, crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad, fortalecer los datos abiertos e incentivar la inversión en innovación con beneficios tributarios.

La agenda laboral incluye:

• Trabajo por horas con aportes proporcionales a la seguridad social.
• Revisión de normas laborales y pensionales.
• Reglas claras para la tercerización, con el objetivo de reducir la informalidad y promover el empleo formal.

Para Gutiérrez, los primeros 100 días del nuevo gobierno serán determinantes porque marcarán las señales iniciales para la inversión y la actividad empresarial. En ese arranque, el gremio considera necesario sostener las finanzas públicas, reforzar la seguridad física y jurídica y mantener mecanismos de diálogo técnico entre el Estado y el sector privado.

Los morosos de impuestos en Bogotá tendrán la oportunidad de acceder a un descuento del 90% en intereses y sanciones sobre sus deudas tributarias y no tributarias durante el 2026, según lo establece un proyecto de Acuerdo presentado por el concejal Emel Rojas ante la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá.

De acuerdo con el documento compartido por el cabildante, la medida representa un alivio fiscal de carácter temporal, dirigido a personas naturales y jurídicas que adeudan impuestos locales como Predial, Vehículos, ICA, así como multas de tránsito y otras obligaciones con el Distrito.

El beneficio, que se activará tras la publicación y reglamentación del Acuerdo, permitirá que quienes paguen el 100% del capital de la deuda y el 10% de los intereses o sanciones pendientes hasta el 18 de diciembre de 2026, reciban la condonación del 90% restante en estos conceptos accesorios.

“Este es un gran alivio para el bolsillo de muchos bogotanos, que por diferentes situaciones económicas se vieron en la obligación de no pagar los impuestos, para poder garantizar la comida en sus hogares. Ahora tienen la oportunidad de ponerse al día con la ciudad y obtener los beneficios”, señaló el concejal Rojas.

Alcance de la medida: quiénes pueden acceder y qué deudas incluye

El beneficio aplica a deudas tributarias como el impuesto Predial Unificado, Vehículos, Industria y Comercio (ICA) y demás tributos distritales, así como a deudas no tributarias —por ejemplo, multas de tránsito, sanciones urbanísticas, ambientales y administrativas— acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2025. Tanto personas naturales como jurídicas, agentes retenedores, garantes y deudores solidarios podrán acogerse a la medida, así como deudores de entidades distritales, siempre que su deuda no corresponda a excepciones específicas.

Quedan excluidas del alivio las multas por incumplimientos contractuales con el distrito, las sanciones impuestas por conducir bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas (Ley 1696/2013) y medidas sanitarias graves, como clausura o cierre definitivo de locales, impuestas por la Secretaría de Salud.

La Secretaría de Hacienda indicó que, con corte a 31 de diciembre de 2025, los bogotanos adeudan 7,8 billones de pesos por impuesto Predial y 1,2 billones por impuesto de vehículos. Si se suman otros conceptos, la cifra global de morosidad asciende a 12,5 billones de pesos, recursos que podrían ser fundamentales para fortalecer la inversión social de la ciudad.

Requisitos y procedimiento para acceder al descuento del 90%

Para beneficiarse, los contribuyentes deben cumplir con dos condiciones principales: tener deudas vencidas al 31 de diciembre de 2025 y realizar el pago total del capital adeudado junto con el 10% de los intereses y sanciones, a más tardar el 18 de diciembre de 2026. La medida también permite aplicar el beneficio sobre saldos pendientes en acuerdos de pago vigentes, siempre que se cumpla la cancelación total del capital y el porcentaje de intereses exigido antes del plazo límite.

El descuento se aplica tanto a obligaciones firmes como a aquellas en discusión administrativa o judicial, con la condición de que el contribuyente desista formalmente de la controversia. En el caso de sanciones por no envío de información, solo se exigirá el pago del 10% de la sanción, y para declaraciones omisas o inexactas, se debe regularizar la situación y pagar conforme a los parámetros del beneficio.

Una vez publicado el Acuerdo, la administración distrital dispondrá de 30 días para reglamentar los procedimientos específicos y habilitar canales de pago y acuerdos para los interesados.

Impacto y justificación del alivio fiscal temporal

La medida responde a la composición de la cartera morosa del Distrito, donde más del 57% de la deuda corresponde a intereses y sanciones, no al capital original. En experiencias previas, como la amnistía tributaria de 2024, se observó un impacto positivo en el recaudo y una reducción significativa en los costos administrativos y judiciales asociados al cobro de cartera.

El objetivo central es facilitar la normalización de obligaciones pendientes, incrementar la liquidez inmediata del Distrito, depurar la cartera pública y promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. El beneficio se presenta como una oportunidad única para que personas y empresas afectadas por crisis económicas recientes puedan regularizar su situación sin enfrentar la carga total de los intereses acumulados.

El alivio es de carácter “todo o nada”: si el contribuyente no cancela la totalidad del capital y el porcentaje exigido de intereses o sanciones, no podrá acceder al beneficio. No se condona el capital de la deuda, ni se modifican las tarifas fiscales permanentes.

Marco legal, vigencia y responsabilidades institucionales

El proyecto de Acuerdo está sustentado en la autonomía fiscal de las entidades territoriales y en la competencia expresa del Concejo Distrital para adoptar medidas extraordinarias sobre conceptos accesorios a las obligaciones tributarias.

El beneficio será válido exclusivamente hasta el 18 de diciembre de 2026 y no se repetirá de forma automática en años posteriores. La administración distrital será responsable de reglamentar el acceso y la operatividad del descuento, así como de informar a la ciudadanía sobre los procedimientos y requisitos.

Los cuatro distritos escolares del sur de Florida arrancan el ciclo lectivo 2026-27 en la segunda semana de agosto, con fechas escalonadas para los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe.

Según informó NBC6 South Florida, el regreso al aula viene acompañado de un mes completo de exención impositiva, nuevas reglas de transporte escolar y cambios en los programas de alimentación gratuita.

El primer condado en reabrir sus puertas será Broward, junto a Palm Beach, el lunes 10 de agosto. Le seguirá Monroe el miércoles 12, mientras que Miami-Dade iniciará clases el jueves 13 de agosto. Cada distrito pone a disposición de las familias sus respectivos calendarios escolares completos para el ciclo 2026-27 en sus sitios oficiales.

Exención impositiva: qué se puede comprar sin pagar impuestos

Desde el 20 de julio y hasta el 20 de agosto, Florida ofrece a las familias un mes de exención de impuestos sobre artículos escolares, en el marco de la Sales Tax Holiday —feriado de exención impositiva— de regreso a clases. De acuerdo con NBC6, el Departamento de Ingresos de Florida estableció las categorías y montos máximos que califican para el beneficio.

Las computadoras personales y sus accesorios con un precio de venta de USD 1.500 o menos quedan exentas, siempre que sean para uso doméstico no comercial. En esa categoría entran laptops, tablets, lectores de libros electrónicos, calculadoras, computadoras de escritorio y periféricos como teclados, monitores, módems y routers.

Quedan excluidos los teléfonos celulares, consolas de videojuegos y dispositivos cuya función principal no sea el procesamiento de datos.

Las mochilas, carteras, bolsos y artículos similares con un precio de USD 100 o menos por unidad también están incluidos.

Lo mismo aplica a los útiles escolares de USD 50 o menos —cuadernos, lápices, carpetas, tijeras, reglas y pegamento, entre otros—, a los juguetes didácticos y puzzles de USD 30 o menos, y a la ropa, calzado y accesorios de vestir de USD 100 o menos por pieza.

El Departamento de Ingresos de Florida aclaró que la exención no aplica a alquileres ni reparaciones de ninguno de los artículos elegibles, ni a compras realizadas en parques temáticos, complejos de entretenimiento, establecimientos de hospedaje público o aeropuertos.

Transporte escolar: registros y requisitos por condado

Las reglas de transporte varían según el condado. En Miami-Dade, el servicio de autobús aplica a los alumnos que asisten a su escuela de residencia y viven a más de 3,2 kilómetros (2 millas) del establecimiento; los estudiantes de escuelas magneto o que concurren a una escuela distinta a la asignada no califican para el beneficio.

En Broward, los nuevos estudiantes deben obtener un número de identificación antes de registrarse para el transporte. NBC News detalló que el plazo de registro ya venció y que las nuevas solicitudes se procesan en el orden en que se reciben.

Palm Beach exige que las familias completen el registro ante el Departamento de Transporte del condado y que los estudiantes presenten su identificación al momento de inscribirse.

Mientras que en Monroe, no se requiere preinscripción: los alumnos completan un pase de autobús directamente con el conductor o con el personal de la escuela al inicio del ciclo lectivo.

Uniformes y almuerzo escolar: diferencias entre distritos

En materia de uniformes, cada escuela dentro de cada condado establece su propia política. El informe de NBC News recomendó a las familias consultar directamente con el establecimiento educativo de sus hijos para conocer los requisitos específicos antes del inicio de clases.

El acceso al almuerzo gratuito también presenta diferencias marcadas entre distritos. En Miami-Dade, 121 escuelas ofrecen desayuno y almuerzo gratuito bajo el Programa de Elegibilidad Comunitaria (CEP, por sus siglas en inglés), un programa federal que permite a escuelas en zonas de bajos ingresos brindar comidas sin necesidad de solicitud.

El resto de los establecimientos deberá completar una solicitud a partir del 10 de agosto para acceder a comidas gratuitas o a precio reducido. El distrito aclaró que, tras cuatro años de participación en el CEP, los datos federales de elegibilidad determinaron que Miami-Dade ya no califica para extender el beneficio a todos sus alumnos.

Para Broward, el distrito anunció en junio su reincorporación al CEP, lo que permitirá a las escuelas participantes ofrecer desayuno y almuerzo gratuito a todos los estudiantes registrados. Las instituciones que no integren el programa podrán seguir gestionando solicitudes de comida gratuita o a precio reducido a través del portal MySchoolApps.

En Monroe, las solicitudes de almuerzo gratuito y a precio reducido abrirán el 1 de agosto. En Palm Beach, a partir del 10 de agosto cada escuela informará sus propios costos de comedor: la mayoría ofrecerá desayuno y almuerzo gratuito para todos, aunque en otras instituciones se requerirá pago. Las familias podrán presentar solicitudes de precio reducido en ambos casos.

El Gobierno de Costa Rica impulsa una reforma a la legislación sobre los productos de tabaco con el objetivo de reducir el contrabando de cigarrillos, una actividad ilícita que, según el Informe de Evasión Fiscal 2024, ya representa el 43 % del mercado nacional.

La iniciativa fue presentada ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa y plantea una serie de cambios en el modelo tributario vigente para fortalecer la recaudación fiscal, cerrar espacios a la evasión de impuestos y dotar al Ministerio de Hacienda de mayores herramientas para combatir el comercio ilegal de estos productos.

De acuerdo con la exposición del Ejecutivo, el sistema actual ha provocado un efecto contrario al esperado. El denominado piso tributario del 85 % sobre los cigarrillos legales ha incrementado considerablemente su precio en el mercado, ampliando la diferencia con los productos de contrabando que ingresan al país sin pagar impuestos y sin cumplir los controles sanitarios establecidos por la legislación costarricense.

Según el Gobierno, esa brecha de precios ha incentivado que una parte importante de los consumidores opte por productos ilícitos, fortaleciendo las redes de contrabando y reduciendo la recaudación tributaria del Estado.

Como parte de la reforma, el Ejecutivo propone eliminar el impuesto que actualmente se destina al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para que el Ministerio de Hacienda concentre de forma exclusiva la administración, fiscalización y recaudación de los tributos relacionados con los productos del tabaco.

Las autoridades consideran que esta centralización permitirá simplificar los procesos administrativos, fortalecer la supervisión del mercado y responder con mayor rapidez a las nuevas modalidades utilizadas para evadir impuestos.

Otro de los cambios contemplados en el proyecto consiste en otorgar mayores facultades a la Dirección General de Tributación para actualizar los mecanismos de control mediante reglamentos, sin necesidad de tramitar reformas legales cada vez que aparezcan nuevos productos o cambien las condiciones del mercado.

Esta modificación también permitiría incorporar de manera más ágil regulaciones sobre los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos que contienen nicotina, un segmento que ha experimentado un crecimiento importante durante los últimos años y que requiere mecanismos de fiscalización más dinámicos.

La iniciativa además crea un impuesto específico de hasta ₡20 (USD O.04) por cada cigarrillo o producto derivado del tabaco. Ese monto será actualizado anualmente por el Ministerio de Hacienda con base en la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con el propósito de mantener el valor real del tributo sin depender de nuevas reformas legislativas.

Desde la perspectiva del Ejecutivo, estas modificaciones buscan reducir el incentivo económico que actualmente favorece al mercado ilegal y fortalecer la capacidad del Estado para recuperar recursos que hoy se pierden por la evasión fiscal.

El contrabando de cigarrillos se ha convertido en uno de los principales desafíos para las autoridades tributarias y de seguridad del país. Además de representar pérdidas millonarias para las finanzas públicas, la comercialización de productos que ingresan ilegalmente al territorio nacional dificulta el cumplimiento de las políticas de salud pública dirigidas a reducir el consumo de tabaco.

Al tratarse de mercancías que ingresan sin controles oficiales, estos productos no siempre cumplen con los requisitos de etiquetado, advertencias sanitarias o estándares de calidad exigidos por la normativa costarricense, lo que incrementa los riesgos para los consumidores.

El Gobierno sostiene que una legislación más flexible permitirá adaptar con mayor rapidez las medidas de control ante los cambios del mercado, especialmente frente al crecimiento de nuevas alternativas de consumo como los vapeadores y otros dispositivos electrónicos.

El proyecto continuará ahora su discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde los diputados analizarán el impacto de las modificaciones propuestas y escucharán el criterio de las instituciones involucradas antes de decidir si la iniciativa avanza al Plenario Legislativo.

En caso de recibir la aprobación de la Asamblea Legislativa, la nueva normativa entrará en vigencia tres meses después de su publicación en el diario oficial La Gaceta, periodo durante el cual el Ministerio de Hacienda deberá preparar la reglamentación necesaria para poner en marcha los nuevos mecanismos de fiscalización, recaudación y control del mercado de productos de tabaco.

Las recientes propuestas políticas sobre impuestos en Guatemala han generado preocupación en el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN).

El Tesoro nacional advirtió que la suspensión, el cambio y la derogación de tributos podrían dificultar que el país logre el grado de inversión, un objetivo clave para atraer capital y reducir el costo de financiamiento.

Diversos proyectos legislativos plantean la suspensión temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Distribución de Derivados del Petróleo (IDP). Estas medidas buscan mitigar el alza internacional de los combustibles, pero también reducen los fondos asignados a programas esenciales como educación, salud, seguridad y desarrollo urbano, indicó el Minfin a través de un comunicado.

En paralelo, se discuten iniciativas para eliminar tributos patrimoniales, como la derogación de la Ley de Impuesto sobre Herencias, Legados y Donaciones mediante el Decreto 6-2026.

Mientras que este miércoles 29 de julio los diputados aprobaron reformas al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), con el que eliminaron el pago del tributo a los inmuebles de uso residencial o mixto, y dejando un pago escalonado de 3 a 9 por millar, para los que sean de uso comercial.

Hecho que el Minfin consideró una amenaza para los ingresos de los gobiernos locales, ampliando la brecha de inversión en los territorios.

Consecuencias en la estabilidad y perspectivas de inversión

El MINFIN subraya que Guatemala mantiene una carga tributaria baja en comparación con sus necesidades de desarrollo. La existencia de una recaudación estable resulta fundamental para atender prioridades sociales, responder a futuras obligaciones y sostener la inversión pública.

Según el Tesoro, los recursos públicos corren riesgo si se aprueban reducciones fiscales sin un análisis técnico profundo. Aunque las iniciativas buscan aliviar el costo de vida de la población, el efecto inmediato sería restringir los fondos para proyectos de largo plazo que benefician a los guatemaltecos actuales y a las próximas generaciones.

Las principales agencias calificadoras de riesgo —Fitch Ratings, Moody’s y S&P Global Ratings— han señalado que la baja carga tributaria nacional constituye una debilidad estructural. Para estas entidades, la inestabilidad o reducción de la recaudación aleja a Guatemala de alcanzar el grado de inversión y compromete el desarrollo.

Ajustes en impuestos sobre la renta y regímenes especiales

Los debates en el Congreso también incluyen cambios en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) mediante el Decreto 13-2026, que afecta las rentas del trabajo. Asimismo, se proponen modificaciones a los límites del régimen de Pequeño Contribuyente, ahora vinculados al salario mínimo según el Decreto 31-2024. Estas variaciones disminuyen el pago efectivo de impuestos y repercuten en la recaudación general del Estado.

El Ministerio de Finanzas Públicas insiste en la necesidad de un análisis técnico riguroso antes de aprobar cualquier reforma tributaria. “Una reducción improvisada de estos tributos disminuye de forma temporal o permanente los recursos disponibles para financiar el desarrollo”, advierte la cartera.

Mejoras en la recaudación sin aumentar tasas

Desde 2024, el aumento en la recaudación se ha debido a acciones de la administración y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) enfocadas en la productividad de los impuestos existentes, sin elevar tasas ni crear nuevos tributos.

Las autoridades reconocen que, aunque se han conseguido avances en la eficiencia de la recaudación, la estructura fiscal de Guatemala sigue siendo vulnerable. Cualquier cambio que reduzca la base tributaria supone un riesgo para la estabilidad financiera del país y su capacidad para cumplir metas de desarrollo.

En síntesis, la advertencia del Tesoro es clara: las suspensiones, cambios y derogaciones de impuestos pueden comprometer el presupuesto nacional, debilitar el financiamiento de servicios esenciales y alejar a Guatemala de alcanzar una mejor calificación crediticia internacional. La estabilidad y previsibilidad en las normas fiscales son claves para el crecimiento sostenible y el bienestar de la población.

El Congreso de Guatemala aprobó este miércoles una prórroga que extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos, una decisión que modifica de forma temporal el plazo que vencía el 31 de julio y que abre un margen adicional para los contribuyentes que aún no han cumplido con esta obligación.

Según cifras de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), actualizadas al 28 de julio, la recaudación del tributo llegaba a Q1 mil 125,47 millones, el 75,28 % de la meta de Q1 mil 495,13 millones fijada para 2026. Los datos también mostraban que 4,70 millones de vehículos ya habían pagado, equivalentes al 69,35 % del parque vehicular sujeto al impuesto.

El bloque pendiente incluía 2,08 millones de vehículos, es decir el 30,65 % del total gravado. La ampliación del plazo permitirá que esos propietarios regularicen el pago sin multa, de acuerdo con la información difundida por el medio.

La medida quedó aprobada con 127 votos a favor y cuatro en contra. El decreto será remitido al Organismo Ejecutivo para su sanción y posterior publicación en el Diario de Centro América antes de entrar en vigor.

El decreto modifica de forma temporal la ley que fijaba el vencimiento el 31 de julio

La decisión legislativa se formalizó en el Decreto 19-2026, aprobado durante una sesión plenaria extraordinaria. La norma altera temporalmente lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 70-94, Ley del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos terrestres, marítimos y aéreos, que establece un período de pago del uno de enero al 31 de julio de cada año.

Durante esa sesión, el diputado de la bancada Valor, Elmer Palencia, presentó una moción para que se conociera la iniciativa que ampliaba el plazo del impuesto. El punto llegó al pleno cuando faltaban dos días para el vencimiento original.

La prórroga responde a dos propuestas discutidas en el Legislativo. Una de ellas, impulsada por la bancada Todos, proponía trasladar la fecha límite al último día hábil de noviembre de 2026.

La otra, presentada por la bancada Vamos, planteaba extender el pago hasta el 31 de diciembre de 2026 y suspender durante ese período el cobro de multas, recargos e intereses. El Congreso terminó aprobando la ampliación hasta finales de año.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, calificó como un logro lo alcanzado en el Congreso, argumentando que las personas que aún no han pagado el tributo, puedan tener un margen de varios meses para hacerlo.

La jornada legislativa también incluyó el IUSI y el registro de veteranos militares

En la misma sesión extraordinaria, los diputados conocieron otros proyectos de ley. Entre ellos figuró la iniciativa 1598, correspondiente a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, para su aprobación en tercer debate.

Durante la jornada también fue aprobada una reforma al artículo 7 del Decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral. Esa modificación amplía el plazo para el registro de veteranos militares.

La nueva fecha para el Impuesto sobre Circulación de Vehículos significa que los propietarios podrán cancelar ese tributo hasta el 31 de diciembre de 2026, en lugar del límite previsto inicialmente para el 31 de julio. El cambio alcanza a quienes todavía no habían realizado el pago al cierre de julio.

El Congreso de Guatemala dejó en segundo plano el subsidio a los combustibles impulsado por el presidente Bernardo Arévalo, pero sí avanzó y se aprobó el Decreto que asegura el pago de Q36 mil a los veteranos militares.

La reforma sobre los veteranos quedó aprobada este miércoles y garantiza la entrega de Q1 mil durante 36 meses para cada beneficiario del Programa de Desarrollo Integral.

La normativa, identificada como Decreto 17-2026, flexibiliza las condiciones para completar los desembolsos y reincorpora a personas que habían quedado fuera del esquema.

El pago a veteranos militares avanzó antes que el subsidio al combustible

La iniciativa ni siquiera estaba en agenda para este miércoles 29 de julio. No obstante, se logró incluir a través de una moción privilegiada que alteró la orden del día y priorizó la Ley Temporal de Desarrollo Integral, vinculada al pago para veteranos militares por sus servicios durante el Conflicto Armado Interno. Incluso, se colocó antes de conocer el subsidio a los combustibles, pese a que todos los diputados urgieron una medida ante alza del diesel y las gasolinas.

Según la publicación, el Congreso aprobó en tercera lectura y redacción final la iniciativa 6723. El cambio faculta al Ministerio de Desarrollo Social a concluir el pago de los Q36 mil a los beneficiarios que todavía no habían recibido la totalidad del aporte, aunque el programa había sido regulado inicialmente para tres años.

La reforma al Decreto 51-2022 también modifica las reglas para evitar que los beneficiarios pierdan el apoyo por incumplimientos parciales y ordena al Estado completar los desembolsos pendientes. Además, amplía las opciones para permanecer dentro del programa y crea mecanismos extraordinarios para quienes no cumplieron todos los requisitos durante la ejecución del beneficio.

Presión

Las reformas fueron aprobadas un día después de que los veteranos militares realizaran un plantón afuera del Palacio Legislativo. Esta estrategia les ha sido útil, en años anteriores los exmiembros del Ejército han realizado manifestaciones violentas que terminan con la aprobación de beneficios.

Uno de los casos más recientes ocurrió en octubre 2021, cuando los veteranos militares no sólo ingresaron por la fuerza al Congreso, sino que quemaron vehículos e incendiaron varias oficinas con documentación oficial y expedientes.

Aunque el Ministerio Público, en ese entonces dirigido por Consuelo Porras, anunció una investigación, no hubo ninguna captura, por el contrario, los diputados conformaron una mesa técnica que concluyó con la aprobación de la Ley Temporal de Desarrollo Integral que les aprueba la subvención económica a los veteranos.

La urgencia por incluir las reformas al apoyo económico de los exmilitares también llama la atención, porque se realiza en un año prelectoral, en ese contexto, las iniciativas que amplían o garantizan beneficios económicos para sectores determinados suelen reunir apoyo a los políticos, especialmente con los veteranos, quienes en procesos electorales pasados han manifestado su apoyo a candidatos específicos.

En tanto, el decreto que asegura los pagos del Programa de Desarrollo Integral para veteranos militares entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Desde ese momento, las instituciones responsables deberán adecuar sus procedimientos para aplicar las nuevas reglas.

El Senado de la Nación ya tiene fecha para volver a la actividad. Mientras el oficialismo sigue buscando votos de cara a la sesión del próximo 6 de agosto en donde pretende darle media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada -conocida como ley de tierras-, un día antes abrirá las comisiones para debatir el Súper RIGI.

El oficialismo llamó para el miércoles 5 de agosto a un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional e Inversión; y Legislación General para debatir el proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. El encuentro será a partir de las 15.30, en el Salón Azul de la Cámara Alta.

El proyecto que se debatirá en el plenario de las tres comisiones -todas presididas por el oficialismo- obtuvo media sanción en la Cámara Baja el pasado 24 de junio. En ese momento obtuvo 130 votos positivos, 106 negativos y 7 abstenciones.

En ese caso, el bloque de La Libertad Avanza obtuvo el acompañamiento del PRO, la UCR y bloques provinciales. De repetirse el mismo esquema de acompañamientos, el oficialismo podría obtener dictamen el miércoles en el plenario pero no podrá llevarlo al recinto el día siguiente, ya que el reglamento establece que deben pasar 7 días entre ambos hechos.

El “Súper RIGI” propone incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para nuevas actividades económicas. Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Además, garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

En esta reversión del RIGI que se introdujo con la ley Bases, se establece que los proyectos que ingresen deberán destinar una inversión por un monto mínimo de 1.000 millones de dólares -para el RIGI, el umbral oscila entre US$200 y US$600 millones según el sector-.

Pero para poder ingresar al sistema de beneficios por 30 años, deberán ejecutar un mínimo de 200.000 millones en los primeros dos años desde que es aprobado.

Además, los proyectos tienen que estar dirigidos a sectores de la economía que hoy no tengan presencia en la Argentina. Son los sectores que el Gobierno denomina “industrias del futuro”, como inteligencia artificial, data centers, fabricación de baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas y desarrollos vinculados a la cadena de valor del uranio. Esto es con el objetivo declarado de modificar la estructura productiva nacional e incorporar tecnología de punta.

Un dato no menor es en lo referido a lo que se conoce como “compre nacional”. En el debate en Diputados, los socios de LLA empujaron cambios respecto a este punto. Aunque el oficialismo quería que no hubiese una obligación de proveedores locales, cedió y habilitó un “plan de desarrollo de proveedores locales” y la contratación de proveedores locales por “el 20% del monto destinado a proveedores”. El “pero” que contiene es que para que esa cláusula sea válida tiene que existir proveedores con capacidad, disponibilidad y competitivos en cuanto a precio y calidad.

Por último, en lo referido al acceso a las divisas, el Súper RIGI mantiene el esquema de su predecesor, siguiendo con el esquema de disponibilidad progresiva para exportaciones: 20% en el primer año, 40% en el segundo y acceso total en el tercero. A esto se suman exenciones completas de derechos de importación y exportación, beneficios respecto al impuesto a los débitos y créditos bancarios y una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales asociadas a la creación de empleo.

La temporada de declaración de renta de personas naturales entra en cuenta regresiva en Colombia, con vencimientos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) entre el 12 de agosto y el 26 de octubre, según los dos últimos dígitos del número de identificación tributaria (NIT) o de la cédula. Deben presentar la declaración de renta de personas naturales en Colombia aquellos que superen al menos uno de los topes fijados por la entidad para el año gravable 2025, como patrimonio, ingresos, consumos, compras o movimientos financieros.

Millones de contribuyentes deberán informar sus ingresos, patrimonio, consumos, inversiones, compras y demás movimientos financieros correspondientes al año gravable 2025. La declaración no implica de forma automática el pago de impuestos, porque para muchas personas el resultado puede ser un saldo de $0.

Entre las dudas más frecuentes de esta temporada aparece el costo de acudir a un profesional contable. Ese valor cambia según la complejidad del caso, la cantidad de fuentes de ingresos, el volumen de transacciones y la urgencia con la que se solicite el servicio.

Quiénes deben presentar la declaración

Están obligadas a declarar las personas naturales que cumplan al menos uno de los criterios fijados por la Dian para el año gravable 2025. Entre ellos está:

• Tener un patrimonio bruto superior a $211.792.500 al 31 de diciembre de 2025, equivalente a 4.500 unidades de valor tributario (UVT).
• Quienes hayan obtenido ingresos brutos superiores a $65.891.000 (1.400 UVT) durante el año.
• Quienes hayan tenido consumos con tarjeta de crédito, compras y consumos totales, y consignaciones, depósitos o inversiones financieras superiores a $65.891.000 (1.400 UVT) durante el año.

En la práctica, basta con superar uno solo de esos umbrales para quedar obligado a presentar la declaración.

Cuánto puede costar la asesoría de un contador

Los honorarios de los contadores en Colombia varían según la situación financiera del contribuyente. De acuerdo con un informe de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, se precisa así:

• Casos sencillos: con ingresos básicos y pocas deducciones, el cobro estimado va de $200.000 a $500.000.
• Casos básicos: dirigidas a personas naturales con una única fuente de ingresos y pocos movimientos bancarios. En esa categoría, las tarifas se ubican entre $150.000 y $350.000.
• Declaraciones intermedias: pensadas para profesionales, prestadores de servicios o comerciantes con múltiples fuentes de ingresos, varios bienes inmuebles o inversiones activas, el costo oscila entre $400.000 y $1.200.000.
• Declaraciones completas: enfocadas en personas jurídicas o individuos con altos patrimonios, activos en el exterior o esquemas de planeación tributaria avanzada, los honorarios van de $1.500.000 a $3.500.000.

Aparte de esos rangos, hay situaciones de alta complejidad que pueden involucrar auditorías fiscales o asuntos legales. En esos casos, el cobro puede alcanzar los $2.000.000 o más. Al respecto, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (Ctcp) emite orientaciones sobre honorarios con base en salarios mínimos, pero el mercado es autónomo. En el mercado libre, los precios promedio para este servicio oscilan entre $150.000 y $3.500.000.

Fechas límite oficiales de agosto de 2026

Para preparar la declaración, el contribuyente debe reunir varios documentos, entre los que están:

• Documento de identidad.
• Certificado de ingresos y retenciones.
• Certificados de retenciones.
• Certificados bancarios.
• Certificados de inversiones.
• Certificaciones de intereses de créditos de vivienda.
• Certificados de medicina prepagada.
• Información de bienes inmuebles.
• Información de vehículos.
• Certificados de dependientes para quien aplique.
• Extractos financieros.
• Documentos que respalden ingresos, deducciones o patrimonio.

Durante el primer mes de vencimientos, que es agosto, el turno es para los documentos terminados entre el 01 y el 26. Las fechas límite oficiales son las siguientes:

• Miércoles 12 de agosto: 01 y 02
• Jueves 13 de agosto: 03 y 04
• Viernes 14 de agosto: 05 y 06
• Martes 18 de agosto (lunes 17 festivo): 07 y 08
• Miércoles 19 de agosto: 09 y 10
• Jueves 20 de agosto: 11 y 12
• Viernes 21 de agosto: 13 y 14
• Lunes 24 de agosto: 15 y 16
• Martes 25 de agosto: 17 y 18
• Miércoles 26 de agosto: 19 y 20
• Jueves 27 de agosto: 21 y 22
• Viernes 28 de agosto: 23 y 24
• Lunes 31 de agosto: 25 y 26

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, recomendó contar con una asesoría adecuada al presentar la declaración de renta y recurrir a un contador que respete la normativa, con reputación de honestidad y ética profesional, evitando prácticas indebidas.

El análisis de la Red Nacional Antitabaco (Renata) sobre la posible reducción de impuestos a los cigarrillos en Costa Rica plantea que la medida podría influir en el acceso al tabaco por parte de adolescentes y jóvenes, así como tener repercusiones en el sistema de salud.

La organización expone que el costo médico y social del tabaquismo alcanza los ¢300,000 millones (aproximadamente USD 570 millones) anuales, equivalente al 0.9% del Producto Interno Bruto, mientras que los impuestos actuales representarían cerca del 9% de esa carga.

La presidenta de Renata, Nydia Amador, sostiene que la demanda de cigarrillos responde a los cambios de precio, sobre todo en los sectores de menores ingresos. Desde su perspectiva, una disminución de impuestos podría incrementar la accesibilidad al tabaco para los jóvenes y adolescentes, y considera que la rebaja no sería la mejor respuesta ante el contrabando.

Según datos recogidos por CR Hoy, ese monto abarca tanto la atención médica como las incapacidades y la pérdida de productividad por ausentismo laboral, además del cuidado de pacientes con enfermedades asociadas al tabaquismo.

De acuerdo con la dirigente, estudios nacionales muestran que los aumentos de precio retrasan el inicio del consumo diario entre la población joven. Un análisis realizado por la Universidad Nacional (UNA), sobre datos de 2015 a 2022, encontró una relación estadística entre el precio y la edad de inicio en el consumo de cigarrillos. Según Amador, comenzar a fumar a edades más avanzadas reduce la probabilidad de que el consumo se vuelva un hábito permanente.

Renata también señala que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los impuestos al tabaco representen al menos el 75% del precio final. En Costa Rica, la carga tributaria sobre el tabaco se sitúa entre el 53% y el 54%, según la organización.

En Costa Rica, el tabaquismo está vinculado a más de 2,000 muertes al año y representa alrededor del 9% de las muertes en mayores de 35 años, asociándose a enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infartos, accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer.

De acuerdo con CR Hoy, la reducción de impuestos podría ampliar el acceso al cigarrillo en edades tempranas y aumentar el desfase entre el costo sanitario y social que genera el tabaquismo y lo que se recauda actualmente por tributos.

El debate sobre el contrabando y los controles estatales

La organización cuestiona que el contrabando de cigarrillos esté determinado principalmente por el nivel de impuestos. Considera que el comercio ilícito está más relacionado con los controles aduaneros y la fiscalización. Recuerda que Costa Rica implementó la Ley 9403, que incluye mecanismos de trazabilidad para identificar el origen de los productos y verificar el pago de impuestos.

Investigaciones de la Universidad Nacional han detectado la presencia de marcas legales en mercados ilícitos, lo que refuerza el planteamiento de Renata de que los sistemas de control deben fortalecerse antes de modificar la política tributaria.

Como referencia, Amador menciona el caso de Canadá, donde una reducción de impuestos en 1994, con el fin de disminuir el contrabando, se asoció posteriormente a un crecimiento del 25% en la prevalencia de fumadores jóvenes y fue revertida. También cita el ejemplo de Paraguay, país con impuestos bajos sobre el tabaco y presencia de comercio ilícito, para señalar que no existe una relación directa entre la reducción de impuestos y la eliminación del contrabando.

Para Renata, una actualización de los impuestos al tabaco acercaría a Costa Rica a las recomendaciones internacionales y podría contribuir tanto a una mayor recaudación como a una reducción en la cantidad de fumadores, especialmente entre jóvenes. La organización concluye que el principal impacto de cualquier ajuste tributario se reflejaría en este grupo etario.

La presión tributaria efectiva del estado nacional proyectada para 2026 se ubicaría en el nivel más bajo desde 2006, según un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Respecto de 2023, último año del gobierno anterior, la reducción equivale a 1,8 puntos porcentuales del PBI, un descenso del 8% que consolida uno de los objetivos centrales del programa económico de Javier Milei y del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La llegada a Buenos Aires de la titular del organismo, Kristalina Georgieva, prevista para este lunes 27 de julio, convierte ese número en el telón de fondo de una visita clave.

El informe, elaborado por el economista Nadín Argañaraz, director del Iaraf, toma como punto de partida la carga impositiva de 2023 y la contrasta con las estimaciones para el año en curso. El resultado es una presión tributaria total de 20,8% del PBI para 2026, frente al 22,6% de 2023. Seis tributos presentarían mermas de recaudación, dos permanecerían sin cambios y solo dos registrarían alzas.

Los derechos de exportación —las retenciones que el campo reclama eliminar— son el eje del análisis. La comparación directa entre 2023 y 2026 muestra una baja de 0,15 puntos porcentuales del PBI en ese rubro, pero esa lectura está distorsionada: 2023 fue un año de sequía severa que deprimió los volúmenes exportados y, con ellos, la recaudación por retenciones. Entonces, para dimensionar el cambio real, el Iaraf propone comparar 2026 con 2022, el año previo a la sequía.

Desde esa base, los impuestos al comercio exterior en conjunto retrocederían del 3,19% del PBI al 1,34%, esto es 1,85 puntos porcentuales menos. De esa baja, el 70% fue por la reducción de los derechos de exportación, un alivio de 1,34 puntos del PBI entre ambos años.

La eliminación del Impuesto PAIS fue otro factor de peso. Pasó de representar el 0,79% del PBI en 2023 a cero en 2026, porque fue eliminado. Junto con la baja en retenciones, explica la mayor parte de la contracción en la presión sobre el comercio exterior, que reduce a la mitad su participación dentro del sistema tributario total: del 13,1% en 2022 al 6,6% en 2026.

El estudio desagregó la baja total de recaudación entre 2022 y 2026. Los derechos de exportación liderarían el ranking con el 36% de la caída, seguidos por Ganancias (33%), el Impuesto PAIS (11%), Bienes Personales (7%), Impuestos Internos (6%), IVA (5%) y Derechos de importación y tasa estadística (2%). El impuesto al Cheque permanece prácticamente sin variaciones, mientras que otros dos tributos compensan parte de esa baja: el Impuesto a los Combustibles, con un aporte adicional de 0,37 puntos del PBI, y los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, con 0,19 puntos. La suma de ambos, 0,56 puntos del PBI, amortigua pero no revierte la tendencia descendente del conjunto.

La visita del FMI

La reducción de la carga fiscal y la eliminación del déficit son metas compartidas por el gobierno de Milei y el FMI, y forman parte del acuerdo de USD 20.000 millones suscripto en 2025. La visita de Georgieva programada para esta semana —que incluye reuniones con Milei, con el ministro de Economía Luis Caputo y con el titular del Banco Central, Santiago Bausili, además de una recorrida por Vaca Muerta— llega en un momento en que el gobierno reporta superávit primario, aunque analistas advierten sobre la sostenibilidad de ese resultado. La meta acordada con el FMI para 2026 es un superávit primario de 1,4% del PBI.

El debate sobre el futuro de las retenciones se agudizó este domingo en la apertura de la Exposición Rural de Palermo. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, reclamó que los derechos de exportación “dejen de existir, por ley y para siempre”, y recordó que desde 2002 el Estado recaudó unos USD 215.000 millones por ese concepto. Milei respondió con un esquema gradual: la quita definitiva de retenciones, afirmó, se financiará con el crecimiento de los sectores energético y minero. "Las retenciones son una aberración que nunca debió haber existido“, sostuvo el mandatario ante productores y dirigentes rurales.

El plan oficial ya tiene costos fiscales estimados: USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028. En soja, el principal cultivo de exportación del país, la alícuota descenderá un cuarto de punto porcentual por mes durante 2027, desde el 23,75% hasta el 21%, para luego bajar medio punto mensual a lo largo de 2028.

La cosecha 2025-2026, con una superficie sembrada récord de 40 millones de hectáreas y más de 164 millones de toneladas de granos proyectadas, muestra que el sector produce a plena capacidad. El análisis del Iaraf refleja que, aun en ese escenario, la carga tributaria sobre sus exportaciones sigue en proceso de reducción, aunque todavía lejos del punto cero que el campo reclama.

Las exportaciones costarricenses hacia Estados Unidos enfrentarán un nuevo escenario comercial luego de que el Gobierno del presidente Donald Trump oficializara un incremento en el arancel aplicable a parte de los productos nacionales, que pasará del 10% al 12.5%.

La decisión fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), como resultado de una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Washington concluyó que Costa Rica no cuenta con una prohibición ni con mecanismos efectivos para impedir el ingreso de mercancías elaboradas total o parcialmente mediante trabajo forzado, situación que, según la administración estadounidense, genera distorsiones en el comercio internacional.

El nuevo gravamen sustituye el recargo temporal del 10% que permanecía vigente desde febrero y comenzará a aplicarse a las mercancías que ingresen a territorio estadounidense a partir de las 12:01 a. m. del 24 de julio, hora del Este.

Aunque el anuncio generó preocupación entre exportadores nacionales, la medida no alcanza a todos los bienes enviados desde Costa Rica. Estados Unidos mantuvo una amplia lista de exclusiones que comprende productos agrícolas de alto peso en la oferta exportadora nacional, entre ellos café, piña, banano, aguacate, mango, papaya, jugo de naranja y determinados tipos de azúcar.

También quedaron fuera del nuevo arancel los dispositivos médicos, productos farmacéuticos, semiconductores, equipos electrónicos, algunos textiles y mercancías cubiertas por acuerdos sectoriales o por las reglas de origen establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).

La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (Crecex) explicó que el incremento efectivo para los productos que sí quedaron sujetos a la medida será de apenas 2,5 puntos porcentuales, ya que el nuevo arancel reemplaza el recargo temporal del 10% y no se suma a él.

La organización también advirtió que el impacto variará dependiendo de la clasificación arancelaria de cada producto, por lo que será necesario analizar caso por caso para determinar cuáles sectores enfrentarán mayores costos para ingresar al mercado estadounidense.

La resolución forma parte de una investigación que la USTR inició en marzo contra 60 de los principales socios comerciales de Estados Unidos, economías que en conjunto representaron más del 99% de las importaciones de mercancías realizadas por ese país durante 2024.

Tras varios meses de consultas, recepción de comentarios y audiencias públicas, la oficina comercial concluyó que 54 de esas economías, incluida Costa Rica, no habían establecido una prohibición específica para impedir el ingreso de productos fabricados mediante trabajo forzado.

El Gobierno costarricense intentó evitar la aplicación del gravamen mediante una serie de alegatos presentados por la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo. En su respuesta, Costa Rica defendió que las exportaciones nacionales cumplen con altos estándares laborales y forman parte de cadenas regionales de suministro que fortalecen la producción estadounidense, en lugar de sustituirla.

Asimismo, el Ejecutivo argumentó que la investigación no aportó evidencia de que los productos costarricenses fueran elaborados mediante trabajo forzado y solicitó mantener las condiciones preferenciales de acceso negociadas bajo el CAFTA-DR.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses mantuvieron la clasificación asignada al país y confirmaron la entrada en vigor del nuevo arancel.

El Ministerio de Comercio Exterior destacó que la resolución mantiene importantes exclusiones para la oferta exportadora costarricense e incluso amplía la lista de productos exceptuados con bienes como esquejes, semillas de vegetales y frutas, así como determinados tipos de azúcares refinados.

La ministra Indiana Trejos aseguró que Costa Rica continuará trabajando de manera coordinada con el sector productivo y con las autoridades estadounidenses para mejorar el acceso de los productos nacionales al principal mercado de exportación del país y fortalecer las relaciones comerciales entre ambas naciones.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de S/ 38,4 millones al Ministerio de Defensa con el objetivo de financiar obligaciones tributarias vinculadas a determinadas contrataciones realizadas por ese sector. La medida fue oficializada mediante un decreto supremo publicado en el marco del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

Los recursos provienen de la Reserva de Contingencia del MEF y serán entregados a través de la emisión de Documentos Cancelatorios – Tesoro Público. La norma establece el destino específico de los fondos y fija los procedimientos que deberá cumplir el Ministerio de Defensa para su incorporación al presupuesto institucional.

Recursos para obligaciones tributarias

El Decreto Supremo N.º 146-2026-EF autoriza una transferencia de partidas de hasta S/ 38.039.782 a favor del Ministerio de Defensa. El financiamiento se realizará mediante Documentos Cancelatorios – Tesoro Público, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

De acuerdo con la norma, el dinero permitirá atender el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) trasladado al Ministerio de Defensa por operaciones de adquisición local de bienes y servicios relacionadas con contrataciones comprendidas en la Ley N.º 29266. Asimismo, cubrirá el pago del Impuesto a la Renta que corresponde abonar como agente de retención por rentas pagadas o acreditadas a sujetos no domiciliados dentro del alcance de esa misma ley.

Procedimiento para incorporar los fondos

El decreto dispone que el titular del pliego beneficiado deberá aprobar, mediante resolución, la desagregación de los recursos a nivel programático en un plazo máximo de cinco días calendario contados desde la entrada en vigencia de la disposición.

Además, una copia de dicha resolución deberá remitirse, también dentro de los cinco días calendario posteriores a su aprobación, a los organismos competentes señalados en la normativa para continuar con el trámite presupuestario correspondiente.

Restricciones sobre el uso del dinero

La disposición también establece una limitación expresa respecto al destino de los recursos transferidos. El monto asignado únicamente podrá utilizarse para los fines previstos en el decreto supremo.

En ese sentido, la norma señala que los recursos no podrán ser empleados para objetivos distintos a aquellos para los cuales fueron autorizados, bajo responsabilidad de las autoridades encargadas de su administración.

Mindef instala grupo para implementar sistema de vigilancia de áreas críticas

El Ministerio de Defensa instaló un grupo de trabajo encargado de elaborar el estudio técnico para implementar un sistema integral de vigilancia y protección del territorio nacional, con énfasis en áreas críticas, fronteras y la Amazonía.

La iniciativa busca fortalecer la seguridad y modernizar las capacidades del Estado mediante el uso de tecnologías para el monitoreo de espacios aéreos, terrestres, marítimos y fluviales, además de reforzar la protección de la Amazonía frente a actividades ilegales y mejorar el control en zonas de frontera.

El estudio también evaluará mecanismos para proteger la infraestructura estratégica del país e integrar herramientas como radares, sensores, imágenes satelitales y sistemas de comunicaciones entre las Fuerzas Armadas y otras entidades competentes.

El grupo está integrado por representantes del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y especialistas del Ministerio de Defensa, quienes elaborarán una propuesta que servirá de base para futuras decisiones e inversiones del sector.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) tuvo que salir a hacer algunas aclaraciones sobre el nuevo proyecto de reforma tributaria que presentó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, iniciativa con la que se pretenden recaudar $22 billones en 2027. Esto, según la entidad, debido a la circulación de datos imprecisos y versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales.

En primer lugar, explicó que el Gobierno presentó la propuesta para que surta el trámite legislativo. Añadió que el Congreso, en ejercicio de su autonomía constitucional, podrá debatir, modificar, aprobar o archivar la iniciativa.

Dicha aclaración respondió, según la Dian, a la confusión generada por versiones sobre el origen y el alcance del proyecto. Con ese pronunciamiento, precisó que se trata de una reforma promovida por el Ejecutivo y no de una decisión autónoma del organismo tributario.

Impuestos que plantea el proyecto

Dentro de las medidas destacadas figuran:

• Estandarización del IVA para bebidas de alto contenido alcohólico: para aguardiente, ron, whisky, vodka y brandy la tarifa pasaría del 5% al 19% con el argumento de desincentivar el consumo de esas sustancias en el país.
• Igualar las condiciones tributarias entre apuestas: tanto en línea y como físicas. Ambas quedarían gravadas con una tarifa del 19%.
• IVA del 19% a las compras internacionales por internet: para aquellas que ingresen al país bajo la modalidad de envíos postales urgentes. La justificación oficial apunta a equiparar las condiciones para el comercio formal nacional.
• Impuesto al consumo para boletas de espectáculos públicos: aquellas con precios superiores a $500.000.

Con esto, dejó claro que “la iniciativa no pretende imponer más impuestos a la canasta familiar, la vivienda o a los ingresos de la clase media, por el contrario, es una iniciativa de carácter progresivo, con propósito social, que pide más a quienes más pueden contribuir”.

Defensa de la reforma tributaria

Al respecto, el director general de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, sostuvo que la propuesta busca abrir un debate democrático sobre alternativas para enfrentar los desafíos fiscales del país. El funcionario situó la iniciativa después de que la reforma tributaria de 2022 fuera aprobada parcialmente y de que dos leyes de financiamiento posteriores no lograran ser aprobadas.

Betancourt afirmó que “independiente del futuro de este proyecto, la discusión sobre medidas para fortalecer los ingresos públicos seguirá siendo un asunto de interés nacional debido a las necesidades fiscales que enfrenta Colombia”.

Críticas desde el frente político y técnico

El exviceministro de Hacienda Andrés Pardo, jefe de Macro Estrategia para América Latina de XP Investments, cuestionó la coherencia del Gobierno y el momento elegido para presentar la propuesta. “El Gobierno de Gustavo Petro es de un descaro difícil de superar”, señaló, teniendo en cuenta que va “más allá de lo absurdo que es presentar una reforma tributaria faltando apenas dos semanas para terminar el mandato”, afirmó.

Pardo añadió una crítica sobre una medida que, según su lectura, figura en la iniciativa: “incluyen una propuesta para aumentar el IVA a los combustibles de 5% a 19%”. También matizó su objeción técnica con otra frase: “La medida, de hecho, me parece técnicamente razonable. Lo que resulta increíble es la falta de coherencia”, apuntó.

Recordó un antecedente político de 2021. “En 2021 el gobierno Duque propuso, entre otras medidas, elevar el IVA a la gasolina exactamente en esa magnitud”, dijo, antes de preguntar: “¿Ahora sí es la política correcta?”, cuestionó.

Ambiente en el Congreso de la República

Por su parte, la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, sostuvo que el Gobierno insiste en que los colombianos paguen las consecuencias de cuatro años de malas decisiones económicas. La congresista agregó que “esta reforma tributaria no corrige el problema de fondo: más impuestos nunca reemplazarán una administración responsable de los recursos públicos”.

Posada añadió que su bancada dará la discusión en el Legislativo. “Desde el Senado daremos el debate y defenderemos a las familias, a los emprendedores y a quienes generan empleo”, señaló.

Por su parte, el representante a la Cámara Pedro Paternina, del Partido Liberal, anticipó su rechazo al proyecto. “No voy a dejar que le metan la mano al bolsillo de la gente”, afirmó.

Paternina sostuvo que la reforma busca cubrir un desbalance fiscal y advirtió sobre sus efectos. “A pocos días de terminar el gobierno, el presidente Petro radicó una reforma tributaria para cubrir el desbalance fiscal. De aprobarse, significaría más impuestos y mayores costos para las familias, las empresas y, en consecuencia, un aumento en el costo de vida”, dijo.

Anunció que pedirá a las Comisiones Económicas del Congreso de la República rechazar el proyecto.

El proyecto establece un régimen simplificado de impuesto a las Ganancias que, de acuerdo con Litvin, representa un cambio notorio para quienes decidan adherirse. La adhesión es opcional y no implica pagar más ni menos impuestos, sino que permite realizar una declaración jurada mucho más sencilla. “El beneficio central radica en la síntesis de la declaración: se comparten menos datos con la administración fiscal, no se debe informar qué bienes se compraron o vendieron, ni detallar consumos, como ocurre en el régimen general”, explicó el tributarista.

Las principales ventajas

Entre los beneficios principales del nuevo esquema, Litvin destacó la presunción de exactitud, conocida también como “bloqueo hacia atrás” o “tapón fiscal”. Señaló que el organismo fiscal no podrá revisar los años anteriores no prescriptos para quienes adhieran al régimen simplificado. “El fisco no puede meter las narices en los años no prescriptos. Se presume que las declaraciones están correctamente presentadas y abonadas, sin importar cualquier posible omisión menor”, puntualizó.

Otra ventaja que mencionó el especialista es la posibilidad de utilizar dólares en efectivo provenientes de actividades lícitas sin que esto se considere omisión de ingresos. “Quien tenga dólares guardados en su casa podrá usarlos sin consecuencias ni multas, siempre que el origen sea legal. Es similar a un blanqueo, pero gratuito y sin penalidades por exteriorizar ese dinero”, remarcó Litvin.

Durante la elaboración del proyecto se debatieron los topes para acceder al régimen simplificado, lo que generó inquietudes entre algunos contribuyentes. Litvin aclaró que en la versión que llegará al Congreso ya no existen límites de ingresos o patrimonio para adherirse. “No hay tope y eso ampliará el alcance. Cuando dialogamos con el ministro, se hablaba de ochenta mil posibles adherentes; ahora el universo se amplió a trescientos treinta mil y la expectativa es que ese número siga creciendo”, sostuvo.

Durante la charla, el analista fue consultado sobre el criterio de discrepancia significativa, que la autoridad fiscal puede utilizar para objetar declaraciones. Litvin explicó que, en la versión original de la ley, una diferencia mayor al 15% entre lo declarado y lo detectado por la administración hacía que el contribuyente perdiera todos los beneficios del régimen. Luego de las observaciones presentadas por especialistas, el umbral se elevó y para 2025 sólo se considerará “significativa” una discrepancia que supere los cinco millones de pesos. Además, quien esté en falta podrá subsanar la diferencia sin quedar excluido del régimen simplificado. “Si existe una inconsistencia y el contribuyente la acepta, simplemente paga lo que corresponde y mantiene los beneficios”, afirmó Litvin.

Uno de los puntos que el tributarista calificó como central tiene que ver con la carga de la prueba ante diferencias entre el fisco y el contribuyente. “Tradicionalmente, la carga de la prueba recaía sobre el contribuyente, que debía demostrar que no existía diferencia. Ahora, será la administración fiscal la que tendrá que probar su posición. Esto fortalece la defensa de los derechos de quienes tributan”, analizó.

Frente a la inquietud sobre la estabilidad del régimen ante eventuales cambios de gobierno, Litvin aseguró que los derechos adquiridos por quienes adhieran no se verán afectados. “Aquel que exteriorizó el dinero no tendrá inconvenientes. Si en el futuro se impone una mayor carga tributaria, sólo pagará más si invierte en bienes gravados. Existen inversiones exentas, como los títulos públicos, la compra de vivienda destinada a alquiler o los plazos fijos en dólares, de acuerdo con la Ley de Modernización Laboral”, enumeró.

El régimen simplificado también estará disponible para funcionarios y exfuncionarios, aunque Litvin recomendó precaución en estos casos. “Quien desee adherirse debe poder probar que el dinero proviene de fuentes lícitas. Si no puede hacerlo, es mejor abstenerse”, advirtió.

Consultado sobre la conveniencia de permanecer en el régimen anterior, Litvin fue contundente: “Quien tome esa decisión está mal asesorado. No existe desventaja en sumarse al régimen simplificado, aunque no se posean dólares en efectivo ni se haya incurrido en irregularidades en años previos. Se gana en comodidad, se suministran menos datos y se evita el riesgo de inspecciones sobre períodos anteriores”.

Las cifras de los blanqueos en el pasado

En cuanto a las expectativas oficiales, el especialista evitó arriesgar cifras sobre el volumen de dinero que podría regularizarse a través del nuevo régimen. En cambio, aportó antecedentes de blanqueos realizados en el pasado: “En el de 2008, durante el gobierno de los Kirchner, se exteriorizaron USD 4.300 millones. Los Cedines, orientados a la compra de inmuebles, sumaron USD 900 millones, y el blanqueo de Cambiemos alcanzó USD 116.700 millones, un récord a nivel mundial. En el último blanqueo bajo la gestión de Milei, la cifra superó los USD 55.000 millones”.

El equipo económico del gobierno, según mencionaron los periodistas durante la entrevista, calculó que existen USD 170.000 millones fuera del sistema formal. Litvin confirmó ese dato, aunque recordó que se trata de estimaciones y no de montos asegurados para el futuro.

Sobre la adhesión de las provincias, el tributarista explicó que la ley nacional sólo invita a los distritos a sumarse, ya que no puede obligarlos dada su autonomía fiscal. “Las provincias que no adhieran no podrán acceder a la información de la administración federal sobre los contribuyentes que se sumen al régimen. Por ejemplo, si la provincia de Buenos Aires no adhiere, tendrá menos herramientas de control. De todos modos, cualquier bonaerense podrá ingresar igual al sistema nacional y aprovechar sus beneficios”, aclaró.

Litvin recomendó a quienes cumplen con los requisitos que consideren la adhesión al nuevo régimen. “Quien ingrese, incluso si sólo busca mayor comodidad o menos burocracia, tendrá ventajas. No se pierde nada y se gana en simplicidad y seguridad jurídica”, manifestó.

El debate sobre la Inocencia Fiscal y su impacto sobre la relación fisco-contribuyente en la Argentina sigue abierto, con la expectativa centrada en el tratamiento legislativo y la eventual implementación de este nuevo esquema.

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Un grupo de conductores de taxi confirmó una caravana pacífica para este viernes 24 de julio en la Ciudad de Guatemala para rechazar el alza en los combustibles.

La movilización partirá desde el Molino de Las Flores, en Mixco, y recorrerá diversas rutas hasta llegar a la zona 1 capitalina.

Según los organizadores, el objetivo de la protesta es expresar el descontento ante el precio del galón de gasolina, que ya supera los Q40, afectando la rentabilidad del sector.

La convocatoria surge en medio de una semana marcada por bloqueos y manifestaciones de transportistas en distintos puntos del país. El martes 21 de julio, taxistas, buses extraurbanos y mototaxistas cerraron vías principales en la propia capital y en la colonia Ciudad Real, Villa Nueva. El miércoles, las protestas continuaron en el sur de la ciudad, con bloqueos en la colonia Álamos, Villa Hermosa y Prados de Villa Hermosa, en San Miguel Petapa.

Transportistas advirtieron que, si sus demandas no reciben respuesta, podrían intensificarse las acciones en las próximas jornadas, lo que pondría en riesgo la circulación en el área metropolitana.

El presidente Bernardo Arévalo anuncia medidas

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) confirmó que el presidente Bernardo Arévalo ofrecerá una conferencia de prensa, también el viernes 24 de julio, pero a las 15 horas, en la que dará a conocer las acciones que implementará el Gobierno ante el incremento de los precios de los combustibles.

Hasta el momento, el Organismo Ejecutivo no ha enviado al Congreso ninguna iniciativa para aprobar un nuevo subsidio al combustible. En tanto, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) analiza propuestas para mitigar el impacto del alza, pero, según la última actualización, no existe una decisión definitiva ni se ha remitido algún proyecto de ley.

El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, aseguró que el Gobierno estudia alternativas de apoyo económico para reducir la carga que representa el aumento de los precios en la economía familiar y en el sector productivo. La expectativa sobre las medidas que anunciará Arévalo ha generado atención entre los distintos gremios afectados.

No obstante, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, descartó un nuevo subsidio, argumentando presiones financieras y la falta de recursos para otorgarla.

Diputada impulsa la eliminación de impuestos a los combustibles

Por su parte, la diputada Nadia de León Torres presentó una iniciativa de ley para eliminar el impuesto al petróleo y sus derivados, así como los gravámenes aplicados a las gasolinas y al diésel. La propuesta legislativa busca frenar el impacto que el alza de los combustibles tiene en el costo de vida y en el sector transporte.

Según el texto de la iniciativa, la exención de los impuestos a los hidrocarburos constituye una medida de alivio para las familias y los sectores productivos. De León Torres afirmó que “la eliminación de estos gravámenes permitiría una reducción inmediata en el precio final de los combustibles”.

Actualmente, el precio del galón de gasolina en Guatemala ha superado los Q40, uno de los niveles más altos de los últimos años. Organizaciones de transportistas han insistido en la urgencia de que se adopten medidas para contener el alza y evitar una escalada de movilizaciones.

La declaración de renta de las personas naturales en Colombia entrará en etapa de vencimientos desde agosto de 2026 para el año gravable 2025, en un escenario en el que la información consignada también puede servir para que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (Ugpp) verifique si los aportes a seguridad social fueron liquidados de forma adecuada.

Antes de presentar la declaración, las personas naturales en Colombia deben revisar si superan los topes de ingresos, patrimonio, consumos o consignaciones; reunir certificados y soportes; contrastar la información con el reporte de terceros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y confirmar que el Registro Único Tributario (RUT) esté actualizado. Si incumplen, se exponen a sanciones del 20% sobre ingresos o consignaciones de la última declaración y del 5% del impuesto a cargo cuando presentan fuera de plazo.

Aunque este año no hay cambios sustanciales en la forma de liquidar el impuesto, la revisión previa gana importancia por el uso que otras entidades pueden dar a esa información. La directora ejecutiva de Impuestos de EY, Ángela González, advirtió que “la declaración de renta constituye una de las principales fuentes de información con las que cuenta la Ugpp para evaluar si las personas efectuaron aportes a seguridad social de manera adecuada”.

González precisó que la entidad no revisa solo los ingresos derivados de actividades laborales. También examina otras fuentes de ingresos que pueden generar obligaciones en materia de seguridad social.

Dicha vigilancia ya mostró señales recientes. Solo en mayo, la Ugpp emitió más de 15.000 acciones persuasivas dirigidas a personas con potenciales inconsistencias en sus contribuciones.

Los topes que obligan a declarar renta

Antes de iniciar el proceso en agosto, los contribuyentes deben verificar si están obligados a declarar en 2026 por el año gravable 2025. La obligación aplica a quienes durante 2025:

• Obtuvieron ingresos brutos superiores a $69.719.000
• Tenían un patrimonio superior a $224.096.000 al cierre del año.
• Hicieron compras o consumos por al menos $69.719.000.
• Hicieron consignaciones, depósitos o inversiones iguales o superiores a $69.719.000.

La revisión exige cuidado porque no todos los cálculos se depuran de la misma forma. Los ingresos se contabilizan en valores brutos, antes de descuentos o costos. En el caso del patrimonio, no se descuentan las deudas. Cumplir cualquiera de esos criterios puede generar la obligación de presentar la declaración dentro de los plazos fijados por la Dian.

Qué documentos revisar antes de presentar la declaración

La recomendación es reunir con anticipación los certificados y soportes que respalden la información que se reportará. Esos documentos suelen ser expedidos desde marzo por empleadores, contratantes, entidades financieras y otras organizaciones que suministran información tributaria a los contribuyentes.

La Dian publicó el reporte de terceros (información exógena). Esa herramienta permite confrontar parte de la información antes de presentar la declaración. Ese reporte puede servir para detectar diferencias y corregir inconsistencias antes de enviar el formulario. Otro punto de control es el RUT.

González señaló que mantenerlo actualizado es clave, ya que la Dian puede suspender de oficio los registros que tengan datos desactualizados. La suspensión, sin embargo, no elimina la obligación de declarar dentro de las fechas fijadas para este año.

Fechas límite y sanciones por no declarar o hacerlo tarde

En octubre vencerán las últimas fechas límite para que los contribuyentes en Colombia, tanto personas naturales como empresas, presenten su declaración ante la Dian. El calendario se define según los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT). En el caso de las personas naturales, la última fecha límite será el 24 de octubre para quienes tengan NIT terminado en 99 o 00. La declaración se presenta en el formulario dispuesto por la Dian.

Por eso, los contribuyentes deben revisar los dos últimos dígitos de su NIT para establecer el día exacto en que les corresponde hacer el trámite. En este tramo del proceso también aparecen herramientas tecnológicas como apoyo operativo.

El uso de plataformas administrativas y contables en la nube permite automatizar cálculos tributarios y contables, acceder a información en tiempo real y generar reportes y formularios necesarios para la declaración. Según Siigo, esas herramientas también ayudan a preparar balances financieros y documentos requeridos por la Dian y facilitan el cumplimiento de las normas tributarias vigentes, en especial para las pymes.

Al respecto, el CEO de Siigo Latam, David Ortiz, advirtió que “las consecuencias por no declarar renta en Colombia radicarían en sanciones, donde el contribuyente debe asumir el 20 % de los ingresos o consignaciones bancarias de la última declaración realizada. Ahora bien, si se presenta la declaración de renta fuera de la fecha límite la ‘sanción’ que asume el usuario es del 5% del impuesto a cargo y aumenta con cada mes o fracción de mes que se pasar entre la fecha límite y el pago”.

Dejar pasar la fecha o no presentar la declaración puede elevar el costo del incumplimiento. La revisión anticipada de topes, soportes y calendario resulta clave para evitar sanciones que aumentan con el retraso.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, manifestó su rechazo a la nueva reforma tributaria radicada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y sostuvo que los ciudadanos no deben asumir las consecuencias de las decisiones adoptadas durante la administración saliente.

A través de un comunicado, el equipo del próximo gobierno expresó su desacuerdo con la intención del Ejecutivo de impulsar una nueva reforma tributaria en las últimas semanas del mandato y afirmó que la situación fiscal del país responde a decisiones adoptadas por la actual administración, por lo que consideró improcedente trasladar esos costos a los contribuyentes.

“El Gobierno electo del presidente Abelardo de la Espriella rechaza la intención del Gobierno saliente de promover una nueva reforma tributaria para trasladarles a los colombianos el costo de cuatro años de desorden fiscal, endeudamiento y manejo irresponsable de los recursos públicos. Resulta inaceptable que quienes condujeron al país a un deterioro sin precedentes de las finanzas públicas pretendan ahora que sean los ciudadanos, las familias, los emprendedores y los sectores productivos quienes asuman las consecuencias de esa gestión”, señala el comunicado.

En su declaración, De la Espriella sostiene que el origen de la situación fiscal no recae sobre la ciudadanía, sino sobre las decisiones adoptadas por la administración nacional durante los últimos cuatro años. En ese sentido, insistió en que una nueva carga impositiva afectaría a los hogares y a los sectores productivos.

“La crisis fiscal que hoy enfrenta Colombia no es producto de los colombianos, sino de decisiones equivocadas que comprometieron la estabilidad económica del país. Pretender resolver ese problema mediante una nueva carga tributaria, constituye una falta de respeto con millones de ciudadanos que ya soportan el impacto de la desaceleración económica, el aumento del costo de vida y la incertidumbre generada durante los últimos años”, afirmó en el comunicado.

El documento también expone la visión económica que, según el presidente electo, orientará su administración desde el inicio del nuevo mandato presidencial: “El país necesita recuperar la confianza, estimular la inversión, fortalecer la producción y generar empleo, no castigar nuevamente a quienes sostienen la economía con su trabajo y esfuerzo”.

Asimismo, reiteró que a partir del 7 de agosto impulsará, “una política económica orientada a la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto público y el crecimiento. La reconstrucción de la Patria Milagro estará basada en un Estado que administre con responsabilidad los recursos de todos los ciudadanos y que haga del manejo transparente de las finanzas públicas un principio irrenunciable”, concluyó el comunicado.

El proyecto del Gobierno Petro que busca recaudar $21,9 billones

La reacción del presidente electo se produjo después de que el Gobierno de Gustavo Petro radicara, el 20 de julio, una nueva reforma tributaria ante el Congreso de la República.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el proyecto tiene como objetivo recaudar $21,9 billones en 2027, equivalentes al 1,0% del Producto Interno Bruto (PIB), con la expectativa de que el recaudo permanente alcance posteriormente un promedio de 1,5% del PIB, equivalente a cerca de $37 billones en 2030.

Según la cartera económica, la iniciativa responde al desequilibrio de las finanzas públicas y a la necesidad de incrementar los ingresos del Estado, teniendo en cuenta que entre el 93% y el 94% del presupuesto nacional corresponde a gastos inflexibles establecidos por la ley y que no pueden ser reducidos mediante recortes presupuestales. El ministerio también proyecta que el retorno al equilibrio fiscal solo sería posible a partir de 2028.

Entre las principales medidas incluidas en el proyecto se encuentra la extensión del IVA del 19% a conciertos, eventos deportivos, servicios culturales, recreativos y de esparcimiento, así como el incremento del IVA para los vehículos híbridos, cuya tarifa pasaría del 5% al 19%. El documento mantiene igualmente el IVA del 19% para los juegos de suerte y azar.

La iniciativa también contempla la eliminación de beneficios tributarios para algunos sectores económicos, entre ellos hoteles, parques temáticos, proyectos de ecoturismo, muelles náuticos y proyectos de megainversión.

El Gobierno de Gustavo Petro presentó un nuevo proyecto de reforma tributaria. La propuesta, que se presenta dentro de la estrategia oficial de consolidación fiscal ante la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, busca recaudar $20 billones. En la exposición de motivos, el Ministerio de Hacienda sostiene que Colombia enfrenta un desequilibrio estructural de las finanzas públicas. Añade que más del 90% del Presupuesto General de la Nación (PGN) corresponde a gastos inflexibles, lo que limita la posibilidad de ajuste solo por la vía del recorte del gasto.

La iniciativa propone eliminar la exención que hoy cobija a los servicios turísticos prestados a visitantes no residentes y usados en Colombia. La medida quedó incluida en el artículo 32 del proyecto de ley y reemplaza ese beneficio automático por un esquema de devolución administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

De esta manera, si el Congreso aprueba la propuesta, los visitantes no residentes dejarán de recibir la exención del IVA al comprar servicios turísticos en Colombia. En su lugar, pagarán el impuesto y luego podrán solicitar la devolución al salir del país, por vía aérea, terrestre o marítima.

Control detrás del cambio

La cartera explicó que la derogación busca “retirar el control de la medida de los prestadores del servicio y centralizarlo en la Dian”. Según el documento, el cambio fortalecería la administración del impuesto y permitiría una aplicación uniforme y transparente.

“Su finalidad no es reducir la competitividad del sector turístico, sino asegurar el principio de neutralidad del IVA, de manera que todos los consumidores, internos y externos, contribuyan de forma equitativa al sistema tributario por los servicios prestados y consumidos en el país”, se lee en el documento del Ministerio de Hacienda. Añade que el gravamen debe aplicarse en el país donde ocurre el consumo del bien o servicio.

Según la exposición de motivos, el beneficio vigente nació para incentivar la llegada de visitantes internacionales y elevar la competitividad del turismo colombiano frente a otros destinos de la región. Aun así, el Gobierno sostiene que hoy ese esquema funciona como un gasto tributario asumido por la Nación.

Por qué el Ministerio de Hacienda considera problemático el esquema vigente

El Ministerio de Hacienda señala que el control y la fiscalización de la exención recaen principalmente en los prestadores del servicio. De acuerdo con esta, esa delegación abre espacio a “distorsiones y prácticas indebidas”.

Dentro de esos riesgos, el documento menciona “la eventual omisión deliberada en la expedición de la factura de venta correspondiente a un no residente”. Según el Ministerio que lidera Germán Ávila, esa práctica reduce la trazabilidad de las operaciones y complica la labor de la administración tributaria.

La exposición de motivos añade que ese esquema eleva el riesgo de evasión y de uso indebido del beneficio. También sostiene que los incentivos pueden desvirtuar el objetivo original de la exención y terminar en pérdidas de recaudo sin un efecto proporcional en la atracción de turistas internacionales.

Cifras con las que el Gobierno defiende que no habrá un golpe al turismo

Para sustentar la medida, el Gobierno expone que el valor agregado nominal del turismo creció 10,9% en 2024 y 10% en 2025. También indica que en 2024 el sector estuvo 74,2% por encima de los niveles observados antes de la pandemia, en 2019. El documento atribuye el comportamiento, en mayor medida, al turismo de visitantes no residentes. Precisa que las exportaciones de servicios del sector aumentaron 15,1% en 2024 y 11,1% en 2025.

Esos avances superaron en 14,4 puntos porcentuales (pp) y 7,8 pp, respectivamente, el crecimiento del total de exportaciones de bienes y servicios del país. En ese agregado, el alza fue de 0,7% en 2024 y de 3,37% en 2025.

Con base en esos datos, el Ministerio de Hacienda afirma que “la implementación de esta medida no generaría efectos negativos significativos”. La cartera sostiene que, por el contrario, el cambio ayudaría a corregir el problema de fiscalización que detecta en el modelo actual.

El peso real de los turistas extranjeros en alojamiento

La exposición de motivos cita cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre la demanda de alojamiento en 2025. Según el registro, el 70,2% de los huéspedes que usaron esos servicios fueron residentes nacionales y el 29,8% visitantes no residentes. A partir de esa composición, el Ministerio sostiene que “la nueva carga tributaria no se direccionaría a la mayoría de los huéspedes”. Con esto, apunta a que el impacto potencial de la medida se concentraría en una parte menor de la demanda total del alojamiento.

Agrega que el gasto en alojamiento representó solo 13,8% del gasto turístico total de los visitantes no residentes en 2025. El documento cita además un estudio según el cual, en los viajes de larga distancia, los precios tienen un impacto limitado sobre la demanda turística tanto a corto como a largo plazo. La iniciativa también recoge una referencia internacional para defender el cambio. Dice que varios países aplican esquemas en los que los turistas extranjeros pagan el IVA al comprar bienes o servicios y luego solicitan la devolución ante la autoridad fiscal o por medio de operadores autorizados.

Como se recordará, en Colombia ya existe un mecanismo de devolución de IVA para turistas extranjeros al salir del país por vía aérea, terrestre o marítima. Si prospera la reforma, ese canal seguiría disponible para que los visitantes no residentes mantengan el acceso al beneficio, aunque ya no en la compra sino al abandonar el territorio nacional.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), desde el pasado 10 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las primeras listas de los contribuyentes que “no desvirtuaron la presunción de emisión de CFDI falsos”.

Ante esta situación, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos recomendó a los contribuyentes estar atentos a las publicaciones del Diario Oficial de la Federación, pues quienes hayan recibido comprobantes fiscales emitidos por personas incluidas en los listados ahí publicados tendrán la obligación de corregir los efectos fiscales correspondientes a través de una declaración complementaria.

Ludivina Lejia Rodríguez, presidenta del IMCP, explicó que si en un lapso de 30 días naturales, los contribuyentes no regularizan su documentación fiscal, ni podrán emitir nuevos comprobantes fiscales.

“Para ello, contarán con un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de publicación en el DOF. En caso de no hacerlo, la autoridad fiscal restringirá temporalmente el uso de los certificados de sello digital para la emisión de comprobantes fiscales”, advirtió Lejia Rodríguez ante medios de comunicación.

Estos fueron los primeros contribuyentes en ser exhibidos

Por su parte, el vicepresidente de fiscal del IMCP, Luis Carlos Figueroa Moncada, reveló que el pasado 10 de julio fueron publicados tres contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de emisión de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes.

Figueroa Moncada detalló que los tres contribuyentes publicados fueron: Alianza Corporativa Camarence, A.C., Asociación Patronal Región Zamora, A.C. y Confederación De Servidores Públicos de los Poderes De Los Estados, Municipios e Instituciones Descentralizadas de la República Mexicana.

“En consecuencia, los contribuyentes que hayan recibido CFDI emitidos por cualquiera de los tres contribuyentes incluidos en el listado del 10 de julio deberán presentar la declaración complementaria a más tardar el 9 de agosto”, advirtió Figueroa Moncada.

Si los contribuyentes no presentan sus declaraciones complementarias, a partir del 10 de agosto el SAT tendrá facultades para restringir temporalmente su CSD, y si después de esa acción no subsanan o desvirtúan dicha situación dentro de los siguientes 40 días, “la autoridad podrá dejar sin efectos de manera definitiva el certificado”.

Le tocará a los contribuyentes solucionar este problema fiscal, por lo que es necesario que se acerquen a sus contadores para que puedan verificar si no aparecen en las listas y, de ser el caso, emitir el comprobante complementario en el lapso establecido por la ley.

A casi 60 mil contribuyentes el SAT les canceló sellos

Además, el vicepresidente de fiscal del IMCP destacó que estas primeras listas son diferentes a las que se hacen trimestralmente de los contribuyentes a los que el SAT canceló definitivamente los CSD.

“La actualización más reciente del listado se publicó en abril de 2026 e incluye un total de 58 mil 195 contribuyentes con el Certificado de Sello Digital sin efectos”, manifestó el experto,

Los representantes del IMCP destacaron que el SAT canceló de forma definitiva los sellos digitales de casi 60 mil contribuyentes que no lograron corregir ni desvirtuar inconsistencias detectadas en actos de fiscalización dentro de un plazo de 40 días.

Mientras que en el periodo de entre enero y mayo de 2026, del total de acciones de entrevistas de vigilancia profunda, el 4.8 por ciento (cuatro mil 353 contribuyentes) concluyeron en la cancelación definitiva del certificado de sello digital.

De no ser por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, miles de contribuyentes, tal vez, no sabrían que el SAT comenzó a emitir listas de los contribuyentes que emitieron facturas falsas.

La definición de las Comisiones Económicas del Congreso de la República mantiene en suspenso el inicio del nuevo trámite del proyecto de reforma tributaria que impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque ayer se definió la conformación de la corporación que legislará durante los próximos cuatro años, el proyecto seguirá en vilo unos días más hasta que se conozca qué senadores y representantes a la Cámara que integrarán esas células.

La integración de dichas comisiones es clave porque las Comisiones Terceras y Cuartas del Senado y la Cámara de Representantes son las encargadas del primer debate sobre impuestos, leyes de financiamiento y asuntos del Presupuesto General de la Nación (PGN).

De su composición depende que el nuevo intento tributario del Ejecutivo avance o quede frenado desde su primera etapa. Como se recordará, las Comisiones Terceras son las de Hacienda y Crédito Público. Las cuartas son las de Presupuesto y Gasto Público.

Cómo se reparten las comisiones y cuáles son sus funciones

La Comisión Tercera está compuesta por 17 senadores y 33 representantes a la Cámara. Allí se revisan proyectos sobre Hacienda y Crédito Público, impuestos y contribuciones, exenciones tributarias y régimen monetario.

También decide sobre leyes relacionadas con el Banco de la República, el sistema de banca central y las normas sobre monopolios. Además, tramita asuntos sobre aduanas y regulación monetaria.

Por su parte, la Comisión Cuarta reúne 15 senadores y 27 representantes a la Cámara. Sus competencias abarcan las leyes orgánicas de presupuesto, el sistema de control fiscal financiero y la enajenación y destinación de bienes naturales.

A esas funciones se suman los proyectos sobre régimen de propiedad industrial, patentes y marcas, organización de los establecimientos públicos nacionales y contratación administrativa. También conoce asuntos del régimen salarial de los empleados públicos.

Proceso político y legal para escoger a los integrantes

La selección de los integrantes está regulada por la Ley 3 de 1992 y la Ley 5 de 1992, que contiene el reglamento del Congreso. Una vez se instala oficialmente la corporación, los partidos con representación en la nueva legislatura proceden a definir los integrantes de las comisiones legales y constitucionales.

El procedimiento comienza con reuniones de compromisarios o voceros de los partidos. Allí se define cuántos miembros le corresponden a cada colectividad según la cantidad de senadores y representantes obtenidos en las elecciones. Después, cada bancada distribuye sus lugares en las distintas células del Legislativo. Si hay un acuerdo total, las listas pueden presentarse de forma concertada y someterse a votación en bloque.

Si no existe consenso unánime, entra en juego el sistema de cociente electoral. Esa fórmula distribuye los puestos de manera proporcional a la votación de cada partido. Las listas deben pasar por la plenaria de cada cámara. Además, cada congresista está obligado a integrar una sola comisión constitucional permanente.

La conformación se define cada año durante julio, justo después de la instalación de las sesiones ordinarias. La legislatura comienza cada 20 de julio, y tras ese acto el Senado y la Cámara organizan sus siete comisiones constitucionales permanentes.

Fracaso de la última reforma tributaria del Gobierno Petro

Como referencia política, en el período 2022-2026 las comisiones económicas tuvieron entre sus integrantes a Efraín Cepeda, Miguel Uribe, Juan Pablo Gallo, Jairo Castellanos y Carlos Eduardo Guevara en la Comisión Tercera del Senado. En la Tercera de la Cámara estuvieron Carlos Alberto Cuenca, Katherine Miranda, Wadith Manzur y Olga Lucía Velásquez.

En la Comisión Cuarta del Senado participaron Juan Carlos Garcés, Wilson Arias, Liliana Bitar y Carlos Meisel. En la Cuarta de la Cámara estuvieron Hernán Cadena, John Jairo Roldán y Erasmo Zuleta.

Dicha relación funciona como antecedente y no como una integración ya cerrada del nuevo periodo. La disputa por los cupos gana peso por el historial reciente de los proyectos tributarios del Gobierno en esas mismas instancias.

El rechazo legislativo a anteriores iniciativas tributarias del Ejecutivo se explicó por varios reparos. Entre ellos figuraron el aumento del gasto burocrático, la presión de nuevos impuestos sobre empresas y ciudadanos y la baja ejecución de recursos ya aprobados. También hubo críticas por el efecto sobre la inversión y el empleo, en medio de la mortandad empresarial. A eso se sumaron advertencias por la desaceleración de sectores como hidrocarburos y carbón.

Dicho antecedente quedó marcado por la caída de una propuesta que buscaba recaudar $16,3 billones. La iniciativa se frenó en la Comisión Cuarta del Senado, donde obtuvo nueve votos en contra y cuatro a favor. Ese revés dejó sin financiación plena las cuentas públicas previstas para 2026. El presupuesto de ese año quedó fijado en $530,6 billones, lo que elevó la importancia de la nueva puja por los asientos desde los que se decide el futuro de otra reforma tributaria.

El nuevo proyecto de reforma tributaria que el Ministerio de Hacienda radicó el 21 de julio, ante el Congreso de la República incluye aumentos del IVA a la gasolina y al Acpm, gravámenes a biocombustibles y otros combustibles derivados del petróleo, cambios para vehículos híbridos y nuevos impuestos a carros de lujo, yates, bebidas alcohólicas y entradas a conciertos, dentro de un articulado de 105 páginas.

La iniciativa presentada en Colombia plantea subir el IVA de la gasolina del 5% al 10% en 2027 y al 19% desde el 1 de enero de 2028. También propone elevar el Acpm o diésel al 10% en 2027 y al 19% desde esa misma fecha, gravar biocombustibles, alcohol carburante y otros combustibles, eliminar el beneficio de IVA para vehículos híbridos y aplicar tributos a carros de lujo, yates, bebidas alcohólicas y entradas a conciertos de más de $500.000.

Así las cosas, la iniciativa busca revivir tributos anunciados en reformas pasadas e incluso algunos de las emergencias económicas decretadas. Uno de los componentes de mayor peso fiscal está en los combustibles.

Además, el texto establece que los biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en motores diésel de producción nacional con destino a la mezcla con Acpm quedarían gravados al 19% a partir de 2027. El alcohol carburante pagaría la tarifa general desde el 1 de julio de 2027 y los demás combustibles derivados del petróleo la asumirían desde el 1 de enero de 2027.

Solo con ese tributo, el Gobierno prevé recaudar $3,6 billones en 2027. Desde 2028, la meta subiría a $8 billones.

Impuestos a vehículos, bienes de lujo y yates

La propuesta también cambia el tratamiento tributario de los vehículos híbridos. Esos automotores hoy pagan un IVA del 5%, igual que los eléctricos, pero pasarían a la tarifa general del 19%, mientras los eléctricos conservarían el beneficio. El ajuste le permitiría al Estado recaudar cerca de $303.000 millones en 2027. A la vez, el proyecto incorpora carros de lujo y yates dentro del grupo de bienes gravados.

Frente a esto, el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Carlos Emilio Betancourt, confirmó que se aplicará un impuesto al consumo a las entradas para conciertos cuyo valor supere los $500.000. Sobre ese punto, defendió la inclusión de esos espectáculos dentro del nuevo esquema tributario: “Nos parece razonable”. También reiteró que los gravámenes alcanzarían bebidas alcohólicas como vino, ron y whisky.

Al referirse al capítulo de combustibles, el funcionario dijo que la propuesta está dentro de una discusión previa a la actual administración. “Hay un proceso muy largo, como ustedes saben, que no es de este gobierno, sino de atrás, pero este gobierno hizo el mayor esfuerzo por tratar de tener un sentido de realidad económica”, dijo.

Sostuvo además que el consumo de combustibles no representa un gasto equitativo entre todos los sectores de la población. Esa fue una de las explicaciones que ofreció para sustentar el cambio tributario.

Progresividad y equidad fiscal

De igual manera, el director de la Dian vinculó la reforma con un criterio de progresividad. Según planteó, los hogares de menores ingresos se movilizan sobre todo en transporte público y usan vehículos de menor consumo.

En ese punto agregó una explicación sobre el trato al Acpm dentro del sistema de transporte. “Las personas que tienen menos recursos utilizan el transporte público, utilizan vehículos de baja introducción de combustible y tienen además en el transporte público se utiliza Acpm y eso tiene un tratamiento diferencial”, anotó.

La defensa que hizo Carlos Emilio Betancourt de estos cambios también incluyó una referencia a estándares internacionales. Según él, la lógica expuesta por la entidad apunta a nivelar la carga impositiva sobre bienes de lujo y el consumo de combustibles.

Reducción del gasto

Betancourt afirmó que “la principal apuesta tiene que ser la reducción del gasto tributario, es decir, las exenciones y descuentos tributarios”. Según el funcionario, este componente aportaría $6,7 billones en 2027, principalmente, por la normalización del IVA para la gasolina y el Acpm, la permanencia del IVA para los juegos de suerte y azar operados por internet y otros ajustes en materia de IVA. La exposición de motivos indica que la normalización del IVA en combustibles busca reducir beneficios fiscales considerados regresivos, mientras que mantener el gravamen a las plataformas de apuestas fortalecería el recaudo.

El proyecto también incluye medidas para aumentar la progresividad en el impuesto sobre la renta de personas naturales, con la creación de dos nuevos tramos marginales destinados a los contribuyentes de mayores ingresos. “La medida es aumentar dos tarifas marginales en el impuesto de renta a personas naturales, de manera que los ingresos más altos puedan tributar más y los otros ingresos sigan tributando lo mismo”, explicó Betancourt.

Además, la iniciativa mantiene una sobretasa para el sector financiero, al considerar que registra una tasa efectiva de tributación inferior a la de otros sectores económicos. “El sector financiero tiene una tasa efectiva de tributación que ronda el 16%, en comparación con el 24% para el resto de los sectores. Entonces aplica perfectamente una medida de justicia tributaria”, sostuvo el funcionario.

En cuanto al impuesto al patrimonio, la propuesta incrementa las tarifas marginales para los contribuyentes con mayores fortunas. “Los dos primeros tramos no se alteran. El último tramo es solamente para cerca de 60 contribuyentes que tienen patrimonios muy altos”, detalló el director general de la Dian.

En Guatemala, dos iniciativas legislativas buscan ampliar el plazo para pagar el impuesto de circulación de vehículos en 2026, con propuestas que lo extienden hasta noviembre o hasta el 31 de diciembre, en un intento por aliviar el impacto del alza de combustibles y del costo de vida sobre los contribuyentes antes del vencimiento ordinario del 31 de julio.

De acuerdo con los ponentes, el tema debería formar parte del debate que tendrán en la sesión extraordinaria del 28 de julio previo a que venza el plazo.

El debate llega cuando todavía hay 2,979,618 vehículos pendientes de pago, equivalentes al 44% del parque vehicular, según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria al 19 de julio de 2026. A esa fecha, 3,780,318 vehículos ya habían cumplido con el tributo, lo que representa el 56% del total.

La SAT también reportó una recaudación de Q. 927,29 millones frente a una meta anual de Q. 1.495,13 millones para el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos de 2026.

El parque vehicular registrado asciende a 6,759,936 unidades: 2,864,993 particulares, 3,464,081 motocicletas y 430,862 comerciales.

Una propuesta fija la prórroga hasta noviembre y otra hasta el 31 de diciembre

El diputado Byron Rodríguez, del bloque Todos, presentó una iniciativa para crear una ley temporal que amplíe el plazo de pago hasta el último día hábil de noviembre de este año. El legislador sostuvo que la prórroga busca apoyar la economía de la población afectada por factores como el alza de los combustibles.

Rodríguez afirmó que la medida permitiría a los contribuyentes administrar mejor sus ingresos y cumplir con su carga tributaria, al tiempo que reduciría la morosidad y fortalecería la recaudación. También subrayó: “Esta medida no constituye una exoneración o modificación a la carga tributaria establecida, legislada y vigente”.

En paralelo, diputados del bloque Vamos, encabezados por el jefe de bancada Allan Rodríguez, presentaron ante la Dirección Legislativa otra iniciativa para reformar temporalmente la Ley del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, Decreto 70-94. Esa propuesta fija la ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de este año.

Los ponentes de ese proyecto coincidieron en que la reforma responde a la necesidad de dar alivio económico a las familias guatemaltecas ante el aumento constante de la canasta básica y de los combustibles.

El punto central de esta segunda propuesta es directo: si el Congreso la aprueba a tiempo, los propietarios de vehículos tendrían más meses para pagar el impuesto de circulación y evitarían las sanciones previstas por el atraso.

La legislación vigente establece que quien no pague dentro del plazo debe cancelar una multa equivalente al 100% del impuesto omitido.

La reforma de Vamos incluye perdón temporal de multas, recargos e intereses

A diferencia de la propuesta del bloque Todos, la iniciativa promovida por Vamos también plantea exonerar temporalmente multas, recargos e intereses a los contribuyentes que no hayan pagado dentro del período establecido. Los diputados que impulsan ese texto señalaron que la reforma debería entrar en vigor antes del 31 de julio para que el beneficio pueda aplicarse de manera oportuna.

Byron Rodríguez añadió otro argumento para justificar la prórroga: el deterioro de la infraestructura vial del país. Según su planteamiento, el mal estado de las carreteras obliga a muchos guatemaltecos a asumir gastos adicionales en reparaciones de sus vehículos.

El legislador también cuestionó la ejecución del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que situó en 22%. Desde su perspectiva, ese nivel de ejecución contrasta con el costo adicional que enfrentan los usuarios por el estado de la red vial.

Rodríguez indicó además que la bancada Todos respaldará la aprobación de reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, Decreto 15-98. También sostuvo que los arbitrios municipales aprobados por el Congreso de la República deben destinarse a fines de limpieza, modernización y reconstrucción en beneficio de los municipios.

Ambas iniciativas deberán ser conocidas por el pleno del Congreso para continuar con el trámite legislativo correspondiente.

La SAT de Guatemala propuso revisar el costo y la utilidad de los incentivos fiscales que en 2025 representan Q22 mil 586 millones, un monto equivalente al 2,4% del PIB, para determinar si esos tratamientos preferenciales deben mantenerse, modificarse o eliminarse en un país donde el Fondo Monetario Internacional ha insistido en que aumentar los ingresos públicos es clave para cerrar brechas sociales y de infraestructura.

La actualización del informe sobre gasto tributario, citada por Prensa Libre, muestra que la mayor parte de ese monto se concentra en dos tributos: el IVA, con Q15 mil 164 millones, y el ISR, con Q6 mil 186 millones. Juntos suman Q21 mil 350 millones, es decir, el 94,5% del gasto tributario total.

El desglose elaborado por la Intendencia de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria indica además que Q15 mil 775 millones correspondieron a impuestos indirectos y Q6 mil 811 millones a impuestos directos. El estudio fue presentado durante el primer semestre del año.

El gasto tributario es el ingreso que el Estado deja de percibir por la aplicación de tratamientos preferenciales previstos en la legislación. Esos mecanismos incluyen exoneraciones, exenciones, franquicias y deducciones especiales contenidas en la Constitución, en leyes ordinarias y en otros instrumentos de política económica.

Los beneficios fiscales amparados por leyes ordinarias concentran más de tres cuartas partes del total

Los beneficiarios constitucionales absorbieron Q5 mil 114 millones, equivalentes al 22,7% del total. En ese grupo, el IGSS reportó Q2 mil 476 millones; los centros educativos, Q1 mil 550 millones; las universidades, Q1 mil 68 millones; y el Comité Olímpico Guatemalteco junto con la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Q18,2 millones.

Los beneficios respaldados por leyes ordinarias alcanzaron Q17 mil 472 millones, el 77,4% del gasto tributario total de 2025. Entre los cinco principales beneficiarios figuran las personas individuales y las familias, con Q7 mil 360 millones; la intermediación financiera, con Q2 mil 272 millones; las actividades mercantiles, con Q1 mil 633 millones; las instituciones de asistencia social, con Q1 mil 336 millones; y los empleados en relación de dependencia, con Q1 mil 221 millones.

Esos cinco grupos concentraron Q13 mil 822 millones, equivalentes al 79% del monto asociado a los beneficiarios por leyes ordinarias. Según el diario, esa concentración explica buena parte del peso fiscal de las exoneraciones vigentes.

El superintendente de la SAT, Werner Ovalle Ramírez, citado por Prensa Libre dijo que el gasto tributario de 2025 se mantuvo alrededor del 2,4% del PIB y que, en términos macroeconómicos, no mostró un aumento general. También precisó que algunos tratamientos pudieron variar al alza o a la baja según el comportamiento de las actividades económicas a las que están vinculados.

Ovalle añadió que en 2025 no hubo cambios relevantes en la legislación tributaria que ampliaran los beneficios o incentivos vigentes. A su juicio, esa ausencia de modificaciones ayuda a explicar la estabilidad observada en el nivel agregado del gasto tributario.

La SAT busca medir mejor los incentivos mientras el FMI pide ampliar la base tributaria

La respuesta central que plantea la administración tributaria es abrir más adelante un análisis de costo-beneficio sobre los distintos tratamientos diferenciados. El objetivo, según expuso el jefe de la SAT, es establecer su pertinencia, efectividad, continuidad o eventual supresión.

Mientras ese debate no se abre, la entidad dice que sigue fortaleciendo los mecanismos de control, medición y trazabilidad del gasto tributario. Ovalle lo resumió así: “Actualmente, una parte cada vez más importante del estudio se construye a partir de información contenida en declaraciones aduaneras y tributarias, reduciendo progresivamente la dependencia de estimaciones alternativas. Esta mejora representa un avance sustancial para identificar, cuantificar y controlar con mayor precisión la aplicación de beneficios e incentivos fiscales”.

En junio, durante su visita anual a Guatemala, el FMI señaló que reducir las brechas sociales y de infraestructura requiere elevar los ingresos fiscales. El organismo reconoce avances de la SAT en cumplimiento tributario, digitalización, gestión de devoluciones y modernización aduanera, pero advierte que la recaudación lleva décadas situada cerca del 12% del PIB.

De acuerdo con el organismo, para que los esfuerzos actuales y previstos de la SAT se traduzcan en más recaudación, conviene evitar la eliminación de impuestos o la creación de regímenes especiales que sigan erosionando la base imponible. También recomendó limitar el arbitraje tributario interno y transfronterizo y avanzar hacia una reforma fiscal integral que racionalice el gasto tributario, amplíe la base imponible y eleve tasas hoy ubicadas en niveles muy bajos, sobre todo en el ISR.

Eliminar el 4x1.000 entre cuentas del mismo titular integra uno de los 21 proyectos de ley que el abogado Daniel Briceño, nuevo representante a la Cámara por Bogotá, anunció para el arranque del nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República de Colombia.

La propuesta busca quitar el cobro del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) en transferencias entre cuentas de una misma persona. El cambio es distinto al esquema vigente: la Reforma Tributaria de 2022 aprobó una exención automática por persona para cuentas bancarias y billeteras digitales, siempre que los movimientos mensuales no superen 350 unidades de valor tributaria (UVT), pero el impuesto no ha sido eliminado y la aplicación completa sigue frenada.

Briceño anunció que presentará esa iniciativa como una de las apuestas centrales de su agenda para este periodo. “Vamos a trabajar por quitarle el 4x1.000 a las transacciones entre el mismo titular”, afirmó a La Razón.

El congresista también detalló el alcance del paquete legislativo. “Hoy vamos a radicar exactamente veintiún proyectos, más de cuatrocientas cincuenta páginas trabajadas durante cuatro meses completos con mi equipo”, dijo al medio. Junto con la propuesta sobre el 4x1.000, Briceño mencionó una ley antiderroche, una iniciativa sobre contratos de estabilidad jurídica y otra para eliminar el sistema de patios y grúas en el país.

Todo indica que el impuesto tendría las horas contadas. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, señaló la importancia de desmontarlo de manera gradual. En entrevista con Valora Analitik manifestó que “hay que seguir motivando la bancarización en el país, por lo que eliminar cargas tributarias en ese sentido es clave en el corto plazo”.

El tope de exención previsto para 2026

Para 2026, el umbral de 350 UVT equivale a $18.330.000 mensuales. Si una persona no supera esa suma al agregar todas sus transacciones del mes, no debería pagar el 4x1.000.

Ese esquema cobija, según la explicación incluida en el texto base, tanto cuentas bancarias como billeteras digitales. Entre los ejemplos citados aparecen Nequi y Daviplata.

La diferencia resulta clave porque el anuncio de Briceño se refiere a otro frente del gravamen. La propuesta se concentra en las operaciones entre cuentas de un mismo titular, mientras la exención prevista en la ley depende del total de movimientos mensuales de cada persona.

Anuncio dentro del nuevo periodo legislativo

Briceño ubicó ese paquete de proyectos dentro de un arranque legislativo marcado por discusiones políticas y fiscales. “Hay varios retos que tiene el Congreso. Tiene el tema de déficit fiscal, hay que fortalecer los recursos para las Fuerzas Militares”, señaló.

El entrante representante a la Cámara también pidió que la disputa por las mesas directivas no fracture la coalición de Gobierno. “Yo creo que todas estas discusiones que se dan en torno a las mesas directivas no nos puede llevar a nosotros a generar un rompimiento en la coalición de Gobierno”, sostuvo el también exconcejal de Bogotá.

En esa misma línea, defendió la necesidad de mantener acuerdos amplios en el Capitolio. “Necesitamos una coalición fuerte para sacar adelante un proyecto que casi 13 millones de personas votaron en este país”, dijo.

Sobre la puja por la presidencia del Senado, explicó que su partido optó por competir por esa dignidad. Añadió que la sesión entre Cámara y Senado para escoger esos cargos estaba citada a las 5:30 p. m. o 6:00 p. m..

Indicó además que, según lo hablado por los compromisarios de Cámara, la presidencia de esa corporación en el primer año sería para el Partido Conservador, la segunda para el Partido Liberal y la tercera para el Centro Democrático. Cuando le preguntaron si aspirará a esa tercera opción, respondió que el tiempo en política es largo y que no hay que apresurarse. El anuncio del representante se suma así a una discusión que permanece abierta en el sistema financiero colombiano. Aunque la ley redefinió la forma en que debería operar la exención, el gravamen todavía se cobra y ese cambio aún no entra en plena aplicación.

El interior productivo argentino no se mueve como un solo bloque. Mientras algunas actividades ligadas a la exportación acumulan meses de expansión y renovados récords, otras siguen atrapadas en un ciclo de costos que no cede y precios que no logran despegar. Ese contraste se explica por la manera en que cada sector y cada región lograron (o no) acomodarse al nuevo mapa de inversiones, comercio exterior y condiciones macroeconómicas que atraviesa el país.

Gerardo Alonso Schwarz, economista jefe del Ieral de Fundación Mediterránea destaca: “Para quien la agroindustria, la foresto industria, los servicios basados en el conocimiento y las energías renovables “abren un abanico de oportunidades con características sustancialmente diferentes en términos de distribución geográfica, dinamismo exportador y, fundamentalmente, capacidad de generación de empleo directo y calificado”.

Ese proceso, aclara, no se traslada de manera uniforme a todas las provincias, porque cada región cuenta con capacidades industriales previas que condicionan qué actividades pueden sumarse al ciclo expansivo, ya que “las economías regionales no se diversifican de forma caótica o mediante saltos al vacío, sino que tienden a migrar de manera natural hacia actividades que requieren capacidades similares a las ya disponibles localmente”.

Los sectores que traccionan y los que no despegan

Para José Vargas, economista de Evaluecon, ese fenómeno tiene nombres concretos. Entre las actividades con mejores expectativas para lo que resta del año ubica a la minería de litio, cobre y oro, al complejo energético vinculado a Vaca Muerta, a la producción de petróleo y gas, a segmentos de la agroindustria exportadora, a la vitivinicultura orientada a mercados internacionales y a determinadas economías del NOA y el NEA “que cuentan con mayor inserción en el resto del mundo”. A ese grupo suma la economía del conocimiento, sobre la que dice tener “grandes expectativas positivas”.

Vargas agrega: “Los mayores desafíos siguen concentrándose en aquellos sectores que dependen casi exclusivamente del consumo doméstico”, como la construcción privada, el comercio minorista, parte de la industria manufacturera y la mayoría de las pyme, que enfrentan un escenario complejo porque la recuperación del salario real y del consumo avanza lentamente. A esto se agrega, según explica, que el costo financiero elevado, la presión impositiva, los costos logísticos y un tipo de cambio relativamente apreciado reducen la competitividad de buena parte de los sectores productivos.

Los mayores desafíos siguen concentrándose en aquellos sectores que dependen casi exclusivamente del consumo doméstico (Vargas)

Vargas resume los factores que hoy empujan y frenan a las economías regionales:

• Impulsores: la desaceleración de la inflación, la mayor estabilidad macroeconómica, la apertura de nuevos mercados y la creciente demanda internacional de alimentos, energía y minerales.
• Obstáculos: la elevada carga tributaria, los costos logísticos, la infraestructura insuficiente, el costo del financiamiento y la apreciación del tipo de cambio real para algunos sectores exportadores.

Su conclusión es que el potencial de las economías regionales “dependerá de consolidar un entorno macroeconómico estable y, al mismo tiempo, avanzar en reformas que mejoren la competitividad estructural”.

Ese diagnóstico coincide con lo que refleja, mes a mes, el Semáforo de Economías Regionales que elabora Coninagro. En mayo, la entidad indicó que se encuentran en “rojo” la yerba mate, el arroz, el vino y el mosto, las hortalizas, el algodón, el maní, la leche y la mandioca, un grupo en el que, según el informe, “el problema principal está en el componente de negocio”, ya que los precios que reciben los productores se mantienen por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos, lo que termina deteriorando la rentabilidad.

En el extremo opuesto, los bovinos, los ovinos, los granos y la miel son las únicas cuatro actividades en “verde”, con precios que crecen por encima de la inflación y un desempeño de mercado que acompaña, aunque el propio informe marca una alerta en granos por el encarecimiento de los fertilizantes nitrogenados y el gasoil.

En amarillo figuran el sector forestal, el tabaco, los cítricos dulces, las peras y manzanas, las aves, los porcinos y la papa, actividades en las que los precios no logran acompañar la inflación pero tampoco atraviesan un deterioro tan marcado como en el grupo rojo.

Un dato positivo, más allá de los problemas coyunturales y estructurales que atraviesan diferentes economías regionales, es que se mantiene una tendencia creciente en relación a las exportaciones.

Según datos publicados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, las 37 economías regionales que se desarrollan en el país exportaron USD 4.032 millones entre enero y mayo de 2026, el mayor valor de los últimos 22 años para ese período, con un volumen de 3.124.835 toneladas, el más alto desde 2013.

Las 37 economías regionales que se desarrollan en el país exportaron USD 4.032 millones entre enero y mayo de 2026, el mayor valor de los últimos 22 años (SAGyP)

El crecimiento interanual fue del 13,3% en valor y del 8,5% en volumen, lo que ubicó el precio promedio en USD 1.290,2 por tonelada, un 4,4% más que un año atrás. Dentro de ese conjunto, los complejos de acuicultura y pesca, apicultura, aromáticas, especias, y hortalizas pesadas registraron su mejor enero-mayo desde 2004, con subas interanuales de 22,9%, 86,8%, 6,6% y 14,4% respectivamente. Brasil, China y Estados Unidos siguen siendo los principales destinos de esa producción.

El acuerdo con la UE, entre oportunidades y riesgos

En ese contexto de apertura comercial se inscribe el acuerdo Mercosur-Unión Europea, vigente desde el 1° de mayo de 2026 a través de un Acuerdo Interino de Comercio.

José Vargas lo describe como “una oportunidad estratégica para la mayoría de las economías regionales”, ya que el acceso preferencial a un mercado de más de 440 millones de consumidores permitiría ampliar exportaciones de alimentos, vinos, frutas y carnes, aunque advierte que el acuerdo “exige mayores reglamentaciones en materia de calidad, trazabilidad, sustentabilidad y estándares sanitarios”.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario detalla ese impacto complejo por complejo. En ese marco, se pueden identificar algunas economías regionales que tienen mejores oportunidades de desarrollo en el continente europeo:

• Pesca: el resultado es directo: los langostinos congelados, principal producto exportado por el sector, pasarán de un arancel de hasta el 18% al 0% en cuatro años y sin cupos.
• Maní: ya tiene una inserción consolidada en el bloque europeo, encuentra su mayor margen de mejora en los productos industrializados, como el aceite, tostado y la manteca.
• Miel: pasa de un arancel base de 17,3% a poder ingresar sin costo dentro de un cupo Mercosur de 45.000 toneladas, cuota que el sector argentino ya completó en mayo.
• Complejo foresto-industrial: parte de una inserción baja en el mercado europeo, pero con potencial de crecimiento en productos como la madera contrachapada, los tableros de fibra, el papel y el cartón.
• Vitivinícola: mejora el acceso a la Unión Europea y refuerza la protección de las indicaciones geográficas, pero también habilita el ingreso gradual de vinos europeos al Mercosur, lo que podría presionar los márgenes del sector.
• Lácteo: según la BCR, enfrentará “una apertura más bien defensiva”, con beneficios acotados por cupos administrados a nivel regional y una competencia europea que ingresará con aranceles decrecientes en segmentos donde el bloque es líder mundial.

Las barreras que persisten puertas adentro

Más allá de la coyuntura exportadora, Gerardo Schwarz plantea que el desafío de fondo pasa por remover los obstáculos que encarecen artificialmente el potencial productivo de cada región. Entre ellos identifica al impuesto a los Ingresos Brutos, que al aplicarse en cascada en cada transacción intermedia “incentiva a las grandes compañías a integrarse verticalmente en lugar de contratar a proveedores especializados”, además de la falta de inversión en la infraestructura vial y ferroviaria y la superposición de permisos entre los niveles nacional, provincial y municipal.

Para el economista del Ieral, esas limitaciones definen buena parte de qué tan lejos puede llegar cada región con el impulso actual. Como ejemplo concreto, menciona que la Patagonia tiene la posibilidad de escalar una industria petroquímica de polietileno, polipropileno y fertilizantes nitrogenados a partir del gas de Vaca Muerta, un proceso que, sostiene, ya comenzó a delinearse con el anuncio de las primeras inversiones en esa dirección.

Tras mantener una nueva reunión con contadores, el ministro de Economía, Luis Caputo, resolvió postergar la presentación de las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias a personas humanas correspondientes al período fiscal 2025 hasta el 27 de agosto. Sin embargo, no se modificó la fecha de pago, que continuará siendo el 27 de julio.

Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmaron que “se extiende el vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas 2025 del Impuesto a las Ganancias Personas Humanas”.

“La nueva fecha límite será el 27 de agosto de 2026. El ingreso del saldo de la obligación (Pago) se mantiene el 27/07. La medida busca facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”, explicaron desde el organismo recaudador.

Cabe destacar que es la segunda vez que ARCA opta por extender los plazos de presentación de los documentos correspondientes. A fines de mayo, había postergado el envío de los papeles vinculados tanto para Ganancias como para Bienes Personales e Impuesto Cedular.

Esa disposición estableció de manera extraordinaria que el plazo para cumplir con las obligaciones vence el 27 de julio de 2026, tanto para personas humanas como para sucesiones indivisas, abarcando a los inscriptos en el régimen general y a quienes optan por la Declaración Jurada Simplificada. Por otro lado, las declaraciones juradas informativas reguladas por las Resoluciones Generales 2.442 y 4.003 podrán entregarse hasta el 31 de julio de 2026.

Según informó el organismo, la decisión respondió a pedidos realizados por entidades profesionales de ciencias económicas que solicitaron más tiempo para confeccionar correctamente las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2025.

La reunión con Caputo

En el encuentro de esta semana, el tema central fue el proyecto de ley para modificar la Ley de Inocencia Fiscal que el Gobierno enviará a la Cámara de Diputados la semana que viene y el debate sobre el vencimiento de la declaración jurada de Ganancias para personas humanas.

La convocatoria a los contadores se formalizó el martes por la noche, después de que quienes participaron de la primera reunión con el titular del Palacio de Hacienda recibieron la invitación para un nuevo cara a cara. A diferencia de la vez anterior, varios profesionales del sector contable ya habían manifestado públicamente la necesidad de prorrogar el vencimiento del mencionado impuesto.

El funcionamiento de la Ley de Inocencia Fiscal resulta clave para los objetivos del ministro de Economía, algo que se evidenció durante la conferencia de prensa en la que anunció el programa financiero previsto hasta 2027.

“Lo que estamos enviando ahora es una versión mejorada. Nos reunimos con un grupo de contadores que nos brindaron su perspectiva sobre las razones por las cuales la ley no funcionaba como esperábamos. Incorporamos esas correcciones, pero el mandato del Congreso está, ya que la ley original fue aprobada; no veo razones para que no aprueben una versión mejorada”, señaló Caputo.

En paralelo, el titular de la cartera económica también profundizó sobre el objetivo de la iniciativa y la magnitud de los recursos involucrados, que serán claves para la remonetización de la economía.

“La Ley de Inocencia Fiscal es muy importante porque ese ahorro que está debajo de los colchones representa una pérdida de poder de compra para la gente, y al mismo tiempo el país no se beneficia de esos fondos. Ese ahorro debería estar capitalizándose o transformándose en inversión. Los bancos y las ALyCs podrían destinar esos fondos a financiar proyectos de infraestructura y pymes. Es una masa crítica muy importante, porque los números oficiales que maneja el Banco Central indican que hay USD 170.000 millones debajo de los colchones”.

En Nicaragua, los ciudadanos destinan parte de sus ingresos al pago de uno de los impuestos al consumo más altos de Centroamérica, mientras enfrentan condiciones económicas que limitan su calidad de vida. El país aplica una tasa del 15% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el porcentaje más elevado de la región, lo que marca una diferencia significativa respecto a países vecinos con contextos económicos más favorables.

De acuerdo con Nicaragua Investiga, la estructura impositiva en Nicaragua ubica a su población entre las más gravadas de América Latina. El 15% de IVA se aplica sobre la mayoría de las compras cotidianas, lo que reduce la capacidad de compra de las familias, especialmente en alimentos y bienes básicos. Solo Honduras iguala esta tasa, mientras que en El Salvador y Costa Rica la cifra es del 13%, en Guatemala alcanza el 12%, en Belice el 12.5% y en Panamá apenas llega al 7%.

El peso del IVA en la economía familiar resulta aún más relevante ante la comparación de indicadores sociales y salariales. Tanto Nicaragua como Honduras presentan los salarios más bajos y los mayores índices de pobreza en Centroamérica, a pesar de que sus habitantes pagan el mayor porcentaje de impuesto al consumo de la región. Esta situación evidencia una brecha entre la presión fiscal y el bienestar social, ya que el aumento en la recaudación no se traduce en mejoras tangibles para la mayoría.

El modelo económico impulsado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo defiende la recaudación como mecanismo para financiar el desarrollo y la equidad. Sin embargo, los resultados muestran un escenario distinto. El nivel de bienestar social no supera al de países vecinos con tasas de IVA más bajas y mayor cobertura de servicios públicos. Mientras tanto, la población debe asumir gastos adicionales para suplir deficiencias en áreas como salud, educación y seguridad.

El impacto del IVA afecta de manera regresiva a los sectores más vulnerables. La carga del impuesto recae proporcionalmente más sobre quienes destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo de bienes esenciales. En este contexto, la recaudación fiscal no logra revertir la pobreza estructural ni mejorar las condiciones de vida cuando los fondos públicos se orientan a prioridades distintas de la inversión en infraestructura, educación y salud.

El análisis económico pone en cuestión la efectividad de la política fiscal vigente. Mientras Panamá y Costa Rica logran ofrecer mejores índices de desarrollo humano con esquemas tributarios menos exigentes, los nicaragüenses deben enfrentar una doble carga: pagar el impuesto más alto de Centroamérica y costear, de forma privada, servicios fundamentales. El modelo concentrado en la recaudación indirecta limita el margen de maniobra de quienes tienen menos recursos y profundiza las desigualdades existentes.

El caso de Nicaragua ilustra cómo una elevada presión impositiva puede coexistir con bajos niveles de bienestar, especialmente cuando la gestión de los recursos públicos no prioriza la mejora de los servicios básicos. La situación económica de los hogares nicaragüenses se ve condicionada por una política fiscal que, lejos de aliviar la carga sobre los sectores vulnerables, incrementa los desafíos para alcanzar mejores condiciones de vida.

Los grandes contribuyentes —empresas y entidades económicas— son un pequeño sector que aporta una parte importante de los ingresos tributarios de México; son el complemento de los millones de mexicanos que cumplen sus obligaciones con el fisco.

Pese a que son una fracción mínima del padrón nacional, los grandes contribuyentes aportan casi la mitad de la recaudación tributaria federal, lo que los ha convertido en una pieza importante para las finanzas públicas.

Área estratégica del SAT supervisa a grandes contribuyentes

De acuerdo con el sitio digital EL CEO, ese segmento es supervisado por la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC), una de las áreas más estratégicas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que actualmente encabeza Jennifer Krystel Castillo Madrid.

El trabajo de la AGGC se enfoca en brindar atención y fiscalización a corporativos con ingresos superiores a los mil 500 millones de pesos al año. El alcance incluye a entidades financieras, empresas productivas del Estado y grupos empresariales con estructuras operativas complejas.

¿Quiénes integran el padrón de grandes contribuyentes?

Para 2026, el padrón de grandes contribuyentes quedó integrado por cerca de 16 mil empresas y personas físicas, una cifra que equivale a alrededor de 0.02 por ciento del total de contribuyentes registrados en México.

Aunque representa un grupo reducido, este segmento económico aporta millones al fisco y concentra una parte relevante de la actividad nacional. De acuerdo con el SAT, su tasa efectiva promedio de tributación es de 4.1 por ciento sobre sus ingresos acumulables.

Algunos de los corporativos más grandes de México son parte de este sector de contribuyentes, entre los que destacan:

• Petróleos Mexicanos (Pemex)
• Comisión Federal de Electricidad (CFE)
• América Móvil
• Walmart de México y Centroamérica
• Fomento Económico Mexicano (FEMSA)
• Grupo Bimbo
• Grupo México
• BBVA México
• Grupo Financiero Banorte

¿Qué labor realiza la AGGC al interior del SAT?

La Administración General de Grandes Contribuyentes concentra sus esfuerzos en supervisar operaciones empresariales de alta complejidad y en verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales de los mayores contribuyentes del país.

Entre sus atribuciones están auditorías especializadas en reestructuras corporativas, precios de transferencia, comercio exterior y operaciones internacionales, rubros que se consideran de alto efecto en la recaudación.

Sin embargo, su trabajo no se concentra en la fiscalización, pues la AGGC también tiene la encomienda de brindar atención especializada a las empresas a través de la gestión de devoluciones de impuestos, compensaciones y otros trámites fiscales complejos.

Asimismo, la relevancia de esta unidad está en equilibrar una recaudación fiscal eficiente que ayude al fortalecimiento de las finanzas públicas con la certeza jurídica que exigen las compañías responsables de una parte considerable de la inversión y actividad económica de México.

Impuestos recaudados en México durante 2026

De acuerdo con el titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Pérez Diagnino, entre enero y junio de 2026, la institución logró recaudar casi tres billones en ingresos tributarios.

La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) previó que la recaudación tributaria en la primera mitad del año alcanzara los tres billones de pesos, de acuerdo con el calendario de pronósticos de ingresos.

En ese documento adjunto a la LIF, la meta para ese periodo se fijó en tres billones 17 mil 193.9 millones de pesos. Casi se consiguió el objetivo.

Pese a que millones de mexicanos sostienen buena parte de la recaudación fiscal de México, los grandes contribuyentes juegan un papel muy importante.

Más de 330.000 contribuyentes adhirieron al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias desde la entrada en vigencia de la nueva normativa impulsada por la Administración de Recursos de Cargas Argentinas (ARCA).

De acuerdo con el organismo recaudatorio, la cifra refleja la magnitud de la acogida que tuvo la medida entre personas humanas desde que se habilitó el trámite en febrero de 2026.

La implementación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada permitió que, de ese total, 170.115 contribuyentes ya hayan presentado sus respectivas declaraciones juradas, mientras que 99.000 casos permanecen en estado borrador, a la espera de ser completados y presentados.

Según informó ARCA, quienes formalizan su adhesión, presentan la declaración correspondiente y regularizan su saldo obtienen los beneficios previstos por la Ley de Inocencia Fiscal. Entre esos beneficios se encuentran la presunción de exactitud, el denominado “tapón fiscal”, el efecto liberatorio del pago y la reducción de la información a declarar.

La entidad pública detalló que la adhesión al régimen se realiza mediante el servicio “Sistema Registral”, seleccionando la opción “Ganancias PH Simplificada”. Desde la publicación de la Resolución General N° 5820, la entidad observó un crecimiento sostenido en el número de inscriptos, con un marcado aumento durante el último mes.

A la vez, ARCA puso a disposición de los interesados un video tutorial con el paso a paso para completar la adhesión, disponible en la plataforma oficial de la administración tributaria.

Que es el Régimen Simplificado de Ganancias

El Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) introduce modificaciones en la forma de cumplir las obligaciones fiscales para quienes perciben rentas de fuente argentina. Este esquema permite que personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, siempre que sean contribuyentes del Impuesto a las Ganancias y obtengan únicamente ingresos locales, elijan una modalidad de declaración que prescinde de la obligación de informar el patrimonio. Esta alternativa rige para los períodos fiscales que comienzan a partir del 1° de enero de 2025 y apunta a simplificar procedimientos y disminuir la carga administrativa.

El régimen contempla dos dimensiones principales. Por un lado, la declaración jurada simplificada exime al contribuyente de informar patrimonio al inicio o al cierre del período fiscal, así como el monto consumido y las variaciones patrimoniales. Solo exige la declaración de ingresos, gastos y deducciones, sobre la cual el sistema determina el impuesto y se habilita el pago correspondiente. Esta modalidad otorga efectos como presunción de exactitud y el denominado “tapón fiscal” para los cinco períodos fiscales previos aún no prescriptos.

En este contexto, quienes adhieren acceden tanto a la declaración simplificada como al beneficio del tapón fiscal. El régimen permite, además, la utilización de dólares no declarados para adquirir bienes como inmuebles o vehículos, aunque no lo exige como condición.

El tapón fiscal implica que, si el contribuyente utiliza la declaración jurada simplificada y abona el impuesto dentro del plazo previsto —correspondiente al período fiscal base 2025, con vencimientos fijados en junio de 2026—, ARCA no podrá revisar, fiscalizar ni ajustar las declaraciones de Ganancias e IVA de los ejercicios anteriores aún no prescriptos.

La legislación plantea así un cambio de enfoque: se sustituye la presunción de evasión por la presunción de exactitud, de modo que el fisco acepta como válidas y suficientes las declaraciones efectuadas bajo este régimen.

Se prorroga la presentación de Ganancias

El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió aplazar hasta el 27 de agosto la fecha límite para la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias para personas humanas del período fiscal 2025, luego de mantener un encuentro con profesionales de ciencias económicas. La fecha de pago se mantiene sin cambios y continuará siendo el 27 de julio.

ARCA precisó que la prórroga solo aplica a la presentación de las declaraciones juradas, mientras que el vencimiento para abonar el saldo de la obligación fiscal permanece inalterado. Desde el organismo señalaron: “La nueva fecha límite será el 27 de agosto de 2026. El ingreso del saldo de la obligación (Pago) se mantiene el 27/07”. Explicaron que la medida tiene como objetivo brindar mayor flexibilidad a quienes deben cumplir con este trámite tributario.

Esta es la segunda ocasión en que ARCA extiende los plazos para la presentación de declaraciones juradas. A fines de mayo, la entidad ya había dispuesto una postergación para el envío de la documentación vinculada tanto al impuesto a las Ganancias como a Bienes Personales e Impuesto Cedular.

La normativa previa había establecido, de manera excepcional, que el plazo de cumplimiento vencía el 27 de julio de 2026 para personas humanas y sucesiones indivisas, alcanzando tanto a inscriptos en el régimen general como a quienes utilizan la Declaración Jurada Simplificada. Además, las declaraciones juradas informativas previstas por las Resoluciones Generales 2.442 y 4.003 podrán presentarse hasta el 31 de julio de 2026.

El organismo recaudador fundamentó esta decisión en los pedidos realizados por entidades profesionales del sector, que solicitaron una prórroga para completar correctamente las declaraciones correspondientes al período fiscal 2025.

En cuanto a los vencimientos de Bienes Personales y el Impuesto Cedular, en principio se mantendrán sin cambios. En otras palabras, los contribuyentes se verán obligados a abonar el saldo y presentar los documentos pertinentes el 27 de julio.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) suspenderá plazos y términos administrativos del 20 al 31 de julio de 2026, según la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio.

La medida aplica al primer periodo general de vacaciones del organismo en el año y entra en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el DOF.

Qué plazos quedan pausados

Durante el periodo inhábil no correrán plazos ni términos en los siguientes procedimientos:

• Requerimientos emitidos por el SAT
• Revisiones fiscales
• Procedimientos administrativos en curso
• Trámites que requieran intervención directa de la autoridad fiscal

El conteo de días se retomará a partir del lunes 3 de agosto de 2026, desde el punto en que se encontraba antes del inicio del periodo vacacional.

Las obligaciones del contribuyente no se detienen

El periodo inhábil no equivale a una prórroga automática para los contribuyentes. Las declaraciones mensuales, los pagos de impuestos y las obligaciones fiscales periódicas deben cumplirse en las fechas establecidas, independientemente del receso del organismo.

Las plataformas digitales del SAT permanecerán disponibles durante esos días, al igual que la atención en oficinas.

Alcance para estados y municipios

La resolución contempla que las autoridades estatales y municipales coordinadas en materia fiscal —en términos de los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF)— podrán adoptar el mismo periodo inhábil.

Sin embargo, la medida no es automática: cada entidad o municipio deberá publicarlo en su propio órgano o medio de difusión oficial, conforme a sus disposiciones legales y administrativas.

Otros cambios en la misma resolución

La Primera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2026 incluyó, además del periodo vacacional, ajustes en estas materias:

Facturación electrónica (CFDI): nuevos controles y causales de restricción temporal para emitir comprobantes

Multas y pagos a plazos: precisiones operativas para contribuyentes en procesos de regularización

Estímulo fiscal a la producción cinematográfica y audiovisual Plataformas y servicios digitales: retenciones de ISR e IVA, y obligaciones para residentes en el extranjero

IEPS: marbetes, precintos y apuestas en línea

Trámites que sí pueden realizarse durante el receso

Aunque los plazos administrativos quedan suspendidos, las oficinas del SAT no cerrarán sus puertas entre el 20 y el 31 de julio. Trámites presenciales como la generación de la e.firma por primera vez o la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) seguirán disponibles con normalidad.

La Oficina Virtual del organismo, que opera mediante videollamada gratuita con cita previa en citas.sat.gob.mx, también permanecerá activa. A través de ese canal pueden realizarse los siguientes trámites:

• Generación o renovación de contraseña
• Renovación de la e.firma
• Actualización de datos fiscales, como cambio de domicilio
• Corrección o cambio de nombre
• Incorporación o corrección de la CURP
• Obtención de la constancia de situación fiscal
• Asistencia para recuperar una contraseña

Qué establece la resolución oficial

El documento tiene fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación (CFF), y el artículo 14, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

La regla 2.1.6., fracción III de la resolución establece de forma textual: “El primer periodo general de vacaciones de 2026, comprende del 20 al 31 de julio de 2026“.

La resolución entró en vigor al día siguiente de su publicación y algunas disposiciones prevén fechas específicas de aplicación conforme a sus artículos transitorios.

Segundo periodo vacacional: fechas aún pendientes en el DOF

La regla 2.1.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal contempla también un segundo bloque de días inhábiles, que por tradición el SAT ubica en los últimos días de diciembre.

Sin embargo, la resolución publicada el 9 de julio no fijó aún las fechas exactas de ese segundo periodo.

Se darán a conocer en una publicación posterior en el Diario Oficial de la Federación, conforme el organismo emita la resolución correspondiente.

El impuesto predial puede generar cobros que no reflejan el valor real de una propiedad. Cuando eso ocurre, los contribuyentes mexicanos tienen derecho a impugnar el monto ante las autoridades competentes, siguiendo una ruta que va desde una solicitud de revisión hasta, de ser necesario, la vía judicial.

Para que una impugnación proceda, no basta con considerar que el cobro es alto. Según información de los Tribunales de Justicia Administrativa (TJA) de varios estados, el reclamo debe demostrar que el avalúo no refleja la realidad económica del predio: ya sea porque supera el valor comercial real, porque no corresponde a las características físicas del inmueble —superficie, uso o construcciones—, porque se aplicó una zona homogénea incorrecta o porque existen errores documentales como superficies o titulares equivocados.

Primer paso: aclaración ante el municipio

Antes de iniciar un proceso legal, los municipios recomiendan agotar la vía administrativa directa. En Aguascalientes, la Secretaría de Finanzas municipal cuenta con un área de atención especializada donde los contribuyentes pueden solicitar que se explique el cálculo del predial y, si existe un error, corregirlo sin necesidad de llegar a un juicio.

De igual forma, el Centro de Atención Municipal (CAM) trabaja en coordinación con el Instituto Catastral para revisar los valores asignados y atender dudas. Este primer acercamiento es gratuito y no requiere abogado.

En la Ciudad de México y en Puebla, los trámites de aclaración de predial se realizan ante el Departamento de Análisis y Valuación Catastral. El contribuyente debe presentar una solicitud con firma autógrafa, identificación oficial, escritura pública o sentencia ejecutoriada que acredite la propiedad, comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses y el número de cuenta predial al corriente.

La demanda de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa

Si la aclaración administrativa no resuelve el problema, el siguiente paso es presentar una demanda de nulidad ante el TJA del estado correspondiente. El plazo para hacerlo es de 15 días hábiles contados a partir del pago del impuesto.

Una vez admitida la demanda, la autoridad municipal tiene 10 días para ser notificada. El tribunal evalúa entonces las pruebas y argumentos en una audiencia y emite sentencia. Si el fallo es favorable, el municipio queda obligado a devolver el monto pagado de más, más su actualización hasta el mes en que se reintegre.

El proceso completo tarda entre 8 y 10 meses en promedio, aunque el plazo puede extenderse según la carga de trabajo del tribunal. La demanda de nulidad no se limita al periodo de pago del año en curso: también puede presentarse por adeudos de predial de años anteriores.

Documentos y pruebas que sostienen el reclamo

La solidez de la impugnación depende directamente de la evidencia aportada. El expediente debe incluir la escritura pública del inmueble, fotografías actualizadas del predio, un avalúo comercial elaborado por un perito acreditado que detalle las diferencias frente al valor catastral asignado, y comparativas de precios de mercado con propiedades similares en la zona.

En casos donde el predio tiene condiciones especiales —como encontrarse en una barranca, cerca de líneas de alta tensión o en zona de ductos de gas—, se requieren además dictámenes técnicos expedidos por la Comisión Nacional del Agua o por Protección Civil Municipal, según corresponda.

El amparo como vía alternativa

Cuando el incremento del predial deriva de una norma o decreto que el contribuyente considera ilegal, existe una vía adicional: el juicio de amparo ante la justicia federal. El plazo para promoverlo es de 15 días hábiles siguientes a la notificación del acto impugnado o desde que se tuvo conocimiento de su ejecución.

En Puebla, el Instituto de la Defensoría Pública ofrece asesoría y representación legal gratuita a contribuyentes que enfrentan cobros de predial por más de cinco años o que buscan impugnar actos del ayuntamiento ante el TJA.

Casos recientes: Aguascalientes y Monterrey

En Aguascalientes, el municipio registró 300 juicios ante el TJA a lo largo de 2025. Según el secretario del Ayuntamiento, Enrique García López, el 75% de esos casos resultó favorable para los contribuyentes. En la mayoría, el tribunal ordenó un recálculo del impuesto en coordinación con el Instituto Catastral; si el nuevo avalúo confirma el monto original, el contribuyente debe cubrir el pago actualizado.

En Monterrey, a inicios de 2026, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde Adrián de la Garza y el tesorero municipal Antonio Martínez, al señalar que el municipio aplicó incrementos del 24% en zonas residenciales y del 31% en zonas comerciales e industriales, aprobados para 2025 pero nunca puestos en vigor en su momento. La diputada Sandra Pámanes instó a los ciudadanos a revisar sus estados de cuenta y a promover amparos ante la justicia federal.

La llegada del nuevo año escolar en el sur de Florida trae consigo una oportunidad para que miles de familias reduzcan los gastos asociados al regreso a clases. Del 20 de julio al 20 de agosto, estará vigente en el estado una exención tributaria que permitirá adquirir una amplia variedad de productos sin pagar el impuesto sobre las ventas, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación local.

Esta medida, que coincide con las semanas de mayor preparación escolar en la región, se presenta como un alivio financiero para quienes deben equiparse con ropa, útiles, mochilas y dispositivos tecnológicos antes de que los estudiantes retornen a las aulas.

El período de compras libres de impuestos abarca exactamente un mes, desde el lunes 20 de julio hasta el miércoles 20 de agosto. Durante este lapso, los consumidores podrán beneficiarse de la eliminación del impuesto sobre las ventas al adquirir artículos seleccionados, lo que representa un ahorro directo en el presupuesto familiar.

La exención aplica tanto a compras presenciales como a pedidos realizados por internet, siempre que la transacción sea aceptada por el vendedor dentro de las fechas estipuladas. En todos los casos, el objetivo principal es facilitar el acceso a los insumos necesarios para el inicio del ciclo escolar, aliviando el impacto económico que supone la adquisición de materiales y equipamiento básico.

La ley estatal define con precisión los productos y categorías que entran en el programa de exención tributaria, así como los límites de precio que deben respetarse para acceder al beneficio. La medida cubre prendas de vestir, calzado, billeteras, bolsos y mochilas cuyo precio no exceda los 100 dólares por unidad.

También incluye útiles escolares como cuadernos, lápices, carpetas, reglas, marcadores, tijeras y loncheras, siempre y cuando el valor de cada artículo sea igual o inferior a 50 dólares. Estos montos buscan abarcar el grueso de las compras habituales realizadas por las familias en temporada escolar, garantizando que la mayoría de los estudiantes pueda aprovechar la exención.

El programa contempla además materiales didácticos y rompecabezas orientados al aprendizaje, como tarjetas educativas, juegos de memoria y libros interactivos, siempre que su precio no supere los 30 dólares. Dentro del rubro tecnológico, la exención alcanza a computadoras personales y ciertos accesorios, estableciendo un límite de 1.500 dólares por artículo.

Entre los dispositivos cubiertos se encuentran laptops, tabletas, lectores electrónicos, impresoras, monitores, teclados, audífonos, cámaras web, calculadoras y enrutadores. Todos estos productos deben destinarse a uso personal o doméstico para calificar al beneficio fiscal.

El calendario escolar de los principales condados del sur de Florida marca el ritmo de la temporada de compras. En Broward, los alumnos regresarán a clases el 10 de agosto; en Monroe, la fecha será el 12; y en Miami-Dade, el inicio está previsto para el 13 de agosto.

Esta coincidencia temporal hace que muchas familias concentren sus compras en las semanas previas a estas fechas, incrementando la actividad comercial en la región. Se espera que tiendas por departamentos, comercios especializados y centros comerciales experimenten una mayor afluencia de clientes, especialmente en ciudades densamente pobladas.

Cadenas como Walmart, Target, Office Depot, Staples y Best Buy anticipan una de las temporadas de mayor movimiento en el comercio minorista, impulsadas por el flujo de compradores motivados por el incentivo fiscal.

No todos los productos están incluidos en la exención. El programa excluye teléfonos celulares, consolas de videojuegos, televisores, maletas, joyas, relojes, paraguas y servicios de reparación. Tampoco se beneficiarán de la medida aquellos artículos cuyo precio supere los límites fijados por la ley.

Adicionalmente, las ventas realizadas en aeropuertos, parques temáticos, hoteles y otros establecimientos expresamente excluidos por la normativa quedan fuera del alcance del beneficio. Es fundamental que los compradores verifiquen cuidadosamente que cada producto cumpla con los requisitos, ya que cualquier adquisición fuera de las categorías elegibles o por encima de los límites de precio no estará exenta del impuesto.

El Departamento de Ingresos de Florida (FDOR) recomienda a los consumidores consultar el listado oficial de productos habilitados antes de realizar cualquier compra. Esta verificación resulta esencial para evitar sorpresas en la caja y asegurarse de aprovechar al máximo la exención tributaria. Las compras online también pueden beneficiarse del programa, siempre que el pedido sea aceptado dentro del período establecido, aunque la entrega se produzca después.

Los expertos en consumo aconsejan comparar precios entre distintas tiendas, ya que en esta temporada muchos comercios lanzan promociones adicionales que pueden incrementar el ahorro. La combinación de ofertas y exención fiscal representa una oportunidad inusual para que las familias reduzcan de forma significativa el desembolso previo al inicio de clases.

Panamá sostiene un régimen de zonas francas vigente desde 1990, con un aporte de 3.5 al PIB, pero la caída del número de empresas y el avance de Costa Rica, República Dominicana y Colombia empujan al país a modernizar incentivos, procesos y formación laboral para preservar su posición regional.

El retroceso más claro aparece en la base empresarial: las compañías pasaron de 128 en 2018 a 116 en 2021, pese a que el país cuenta con 24 zonas francas. Ese dato convive con una estructura que registra 1,680 empleos directos, 3,014 indirectos y un salario promedio de $1,250.

El esquema también mueve comercio e inversión. El texto base atribuye al régimen exportaciones por USD 143 millones, importaciones por USD 178 millones e inversión por USD 244 millones, mientras que en el panorama acumulado menciona una inversión de USD 787 millones hasta 2018 y una contribución al PIB de USD 981 millones.

El régimen ofrece exoneraciones amplias y respaldo legal específico

La arquitectura de incentivos se apoya en las leyes 29 de 1992, 41 de 2004 y 32 de 2011. Ese marco legal concede exoneración total o parcial del Impuesto sobre la Renta, del ITBMS y de los impuestos de importación y exportación, además de seguridad jurídica, libertad para repatriar capitales y beneficios laborales y migratorios especiales.

El régimen de zonas francas y esquemas especiales como el de Sedes de Empresas Multinacionales incorpora exoneraciones del 100% sobre ingresos generados por exportaciones y servicios al exterior. Para las empresas SEM, el texto menciona una tasa fija reducida, habitualmente del 5%.

También se contemplan exenciones sobre aranceles de importación de materias primas, equipos y materiales de construcción, así como sobre impuestos municipales, patentes y ganancias de capital bajo las condiciones del régimen.

A eso se suma una normativa de sustancia económica adoptada para adecuarse a estándares de la Unión Europea, que exige a las multinacionales con renta pasiva extranjera contar con infraestructura real y personal administrativo en el país.

La supervisión institucional se distribuye entre el Ministerio de Comercio e Industrias, como principal entidad reguladora y promotora del régimen y del comercio exterior; el Consejo Nacional de Zonas Francas, encargado de la aprobación y seguimiento; y la Autoridad del Área Económica Especial Panamá Pacífico, con competencia específica sobre esa área.

La competencia regional se apoya en tecnología, sostenibilidad y trámites más ágiles

El desafío central para Panamá ya no se limita a atraer empresas con ventajas logísticas asociadas al Canal. La respuesta panameña se organiza en tres frentes. El primero es la sostenibilidad, con la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza para atraer multinacionales que exigen operaciones con huella de carbono neutral.

El segundo es la adopción tecnológica. El plan apunta a automatizar procesos aduaneros, desplegar ventanillas únicas digitales y promover centros de datos y empresas de valor agregado tecnológico dentro de las zonas.

El tercero es la capacitación laboral. El objetivo es desarrollar programas de formación técnica y profesional ajustados a las demandas de la economía digital y de las industrias de alta tecnología.

Las empresas buscan retener personal con beneficios fiscales y flexibilidad

La competencia regional también se expresa en el mercado laboral. El texto señala que las organizaciones en Panamá recurren a estrategias que van más allá del salario base para sostener su competitividad frente a otros destinos.

Las compañías también priorizan programas de desarrollo de habilidades técnicas y blandas para reducir rotación y fortalecer lealtad interna. A eso se añaden esquemas híbridos de trabajo, atención a la salud mental y facilidades migratorias para ejecutivos extranjeros de confianza dentro del régimen.

Controlar la evasión en la Argentina es una de las grandes materias pendientes de las últimas décadas. Poco han hecho los últimos gobiernos para ampliar la base tributaria y tener algún mínimo margen para bajar impuestos. Incluso, muchos sectores vienen reclamando un mayor control de la informalidad, ya que el hecho de que muchos contribuyentes no paguen lo que les corresponde de impuestos hace que la presión sobre el sector formal de la economía sea mayor.

Es el caso del supermercadismo. Hace años que las grandes cadenas insisten con esta problemática y cada vez que se reúnen con el ministro de Economía, Luis Caputo, le vuelven a poner sobre la mesa el tema. Sucedió, incluso, en el encuentro de la semana pasada, en la que los empresarios se llevaron una grata sorpresa. El Gobierno respondió a este pedido y les anticipó que está avanzado un plan para controlar la informalidad en el sector.

Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), entidad que nuclea a las grandes cadenas, se le había sugerido al Gobierno adoptar un modelo similar al que había aplicado el gobierno porteño en 2019, cuando Andrés Ballotta presidía la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP).

En esa oportunidad, el objetivo era aumentar la recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos y atacar al sector donde se registraba la mayor evasión en la ciudad de Buenos Aires: los supermercados de proximidad, dominados en su gran mayoría por ciudadanos de origen chino. Según los cálculos que se manejaban en ese momento en el gobierno porteño, la subdeclaración de impuestos superaba cómodamente el 50% en esta franja.

El mecanismo consistía en que era la Ciudad la que le indicaba a los comercios cuánto tenían que pagar de Ingresos Brutos por mes, en lugar de recibir la manifestación del contribuyente. Es un instrumento que ya se aplica en otros países, por el cual se calcula en base a distintos indicadores cuál es la facturación del local y cuánto debería tributar.

Los supermercados recuerdan ese plan y admiten que tuvo éxito. Por eso, buscan desde hace tiempo que se replique a nivel nacional. Fuentes oficiales y del sector confirmaron que el tema fue hablado en el encuentro de la semana pasada con Caputo y que el propio secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, les contó que estaban preparando el modelo para comenzar las pruebas piloto.

Cómo funcionará el nuevo esquema de control

Así como fue en CABA en 2019, lo que prepara el equipo económico es un modelo similar que se basa en métodos presuntivos. Con el dato de cuánto se produce de cada bien y cuánto se vende (ello puede saberse fácilmente en base a los grandes proveedores), la fórmula polinómica calcula cuánto debería venderse por metro cuadrado en función de la cantidad de comercios existentes. Entonces, se le cobra directamente impuestos en función de ese cálculo. Si el contribuyente no está de acuerdo, deberá argumentar y abrir los libros para demostrar que en realidad vendió menos.

“Los grandes proveedores facturan todo lo que venden, por lo que los remitos de compra los tienen que tener. ARCA puede cruzar toda la información y es fácil comprobar si el contribuyente dice la verdad”, planteó una fuente del sector del retail.

Lavigne le confirmó a los supermercadistas que se están haciendo las pruebas y que sólo quedaba ultimar algunos detalles de sistemas con ARCA. “Lo hemos venido planteado desde hace mucho tiempo. Pero éste es el primer gobierno que se lo ha tomado en serio”, dijeron las fuentes del supermercadismo. Y agregaron: “Ahora hay una decisión política de ampliar la base de contribuyentes. Y estos métodos presuntivos son bastante efectivos; en general, aciertan”.

En el sector calcular que la irregularidad ronda entre el 50% y el 60%. Son meras estimaciones que se realizan a partir de situaciones que detectan las propias cadenas grandes de supermercados cuando recorren otros comercios cercanos. Es habitual ver precios de productos de primera marca inferiores al costo en la góndola; o llegar a la caja y que el ticket no sea emitido. Son varias las señales que les hacen inferir a las cadenas que muchas ventas no son declaradas.

“Hay una serie de puntos negros en la cadena de distribución. Toman mercadería de canales formales y las distribuyen en un canal informal”, aclararon las fuentes.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció hoy en su conferencia semanal desde Casa Presidencial un plan integral de combate al contrabando y la evasión fiscal, que será presentado oficialmente el 22 de julio.

La iniciativa, desarrollada junto al Ministerio de Hacienda, busca fortalecer la recaudación tributaria sin crear nuevos impuestos, con un enfoque en atacar la evasión, endurecer controles y sanciones, y cerrar portillos legales que permiten el comercio ilícito y la subdeclaración de ingresos.

Durante su intervención, Laura Fernández recalcó: “La prioridad de este Gobierno es aumentar la recaudación fiscal persiguiendo la evasión y el comercio ilícito, no creando nuevos impuestos”.

Según la mandataria, el objetivo es “ir por los que están evadiendo”, una instrucción que reiteró al equipo económico. El viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, confirmó que el plan “responde a la instrucción de atacar la evasión y mejorar los mecanismos de control, sin recurrir a nuevos tributos”.

Además, uno de los ejes del plan es la reforma de la Ley General de Aduanas, que busca reforzar el control sobre las mercancías que ingresan y salen del país, en especial en contenedores y en importaciones al por menor. Por lo que, la mandataria, abogó que el Ministerio de Hacienda prepara una propuesta para modificar la Ley General de Aduanas (N° 7557) con el objetivo de reforzar el control de las mercancías que ingresan o salen del país en contenedores y de las importaciones al menudeo realizadas por algunos comerciantes.

Control a la evasión digital y comercio informal

El plan detallado hoy por Fernández incluye acciones contra comercios digitales que usan métodos para evadir impuestos. Las autoridades han detectado tiendas virtuales que declaran productos con valores menores o diferentes categorías para pagar menos impuestos y luego venden la mercancía por canales digitales.

Además, en la conferencia, la presidenta Fernández anunció que el Gobierno avanza en el cruce de información para identificar a comerciantes que reciben pagos mediante Sinpe Móvil y tarjetas, pero no declaran estos ingresos ante Hacienda.

“Este mecanismo se utiliza para evadir tanto el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como el Impuesto sobre la Renta (ISR)”, sostuvo.

La estrategia incluye colaboración interinstitucional y tecnología para rastrear transacciones que actualmente escapan al control fiscal.

Ante este panorama, el Ejecutivo enviará en julio proyectos de ley a la Asamblea Legislativa como parte de la ofensiva legal y administrativa contra el contrabando y la evasión. Parte de las iniciativas ya están en marcha mediante consultas públicas o ajustes administrativos, mientras que el paquete completo será anunciado el 22 de julio.

Según informó la Presidencia, la Policía de Control Fiscal decomisó recientemente cerca de 24 millones de cigarrillos de contrabando, el mayor golpe a este delito en la historia del país. La presidenta Fernández subrayó hoy que “la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal es un deber con todos los costarricenses” y pidió eficiencia y rigor en la administración de los recursos públicos.

La importancia del plan integral contra el contrabando y la evasión fiscal radica en su potencial para fortalecer las finanzas públicas de Costa Rica sin recurrir a aumentos de impuestos, lo que responde a una demanda social de equidad fiscal.

Este enfoque permite que el Estado recupere recursos fundamentales para financiar servicios como salud, educación y seguridad, al mismo tiempo que combate estructuras criminales dedicadas al comercio ilícito.

Además, la modernización de los controles y la fiscalización digital representa un avance en la transparencia y la eficiencia institucional, lo que contribuye a generar confianza en la ciudadanía y en los sectores productivos.

Los contribuyentes del Monotributo saben que las condiciones del régimen simplificado no se mantienen fijas en el tiempo: hay variables como el nivel de ingresos, el alquiler del local, la superficie que ocupa y la energía eléctrica que consume se revisan periódicamente para determinar si sigue en la misma categoría o si debe moverse de escalón. Entre todas esas variables, hay una pregunta que atraviesa a la mayoría de los inscriptos, sobre todo a quienes están cerca del techo del sistema: hasta qué monto mensual se puede facturar sin quedar afuera del régimen y pasar al esquema general de impuestos.

La respuesta depende de la categoría K, la más alta del esquema y la que marca el límite absoluto del Monotributo. Según la tabla vigente para el período que va de julio a diciembre de 2026, el tope de ingresos brutos anuales de la categoría K es de $126.610.838,74. Llevado a un promedio mensual, ese número equivale a $10.550.903,23. Superado ese piso mensual sostenido en el tiempo, el contribuyente deja de estar en condiciones de permanecer en el régimen simplificado y debe pasar al régimen general de IVA y Ganancias.

Ahora bien, ese cálculo mensual es una referencia orientativa y no un parámetro que la normativa evalúe mes a mes de forma aislada. El sistema analiza los ingresos brutos devengados durante los últimos doce meses, sin importar el momento en que fueron efectivamente cobrados. Una factura emitida en un mes determinado integra el cómputo del semestre correspondiente aunque el pago llegue después, por transferencia, por posnet o por cualquier otro medio. De esta manera, lo que define la permanencia en la categoría K, y en el Monotributo en general, no es un tope mensual rígido sino la sumatoria anual de esa facturación devengada.

La escala completa, categoría por categoría

Por debajo de la categoría K, el esquema recorre otras diez categorías, de la A a la J, cada una con su propio techo de ingresos brutos anuales y, por lo tanto, con su propio equivalente mensual. En el tramo más bajo, la categoría A tiene un tope de $12.009.410,45 anuales, lo que representa un promedio de 1.000.784,20 pesos por mes. La categoría B llega a $17.595.182,74 anuales, equivalentes a 1.466.265,23 pesos mensuales, mientras que la categoría C asciende a $24.670.494,31 al año, es decir 2.055.874,53 pesos por mes.

El tramo intermedio de la escala continúa esa progresión. La categoría D fija un tope de $30.628.651,43 al año, unos 2.552.387,62 pesos mensuales. La categoría E llega a 36.028.231,33 pesos al año, con un promedio de 3.002.352,61 pesos por mes. La categoría F se ubica en $45.151.659,41 anuales, 3.762.638,28 pesos mensuales, y la categoría G cierra ese tramo con 53.995.798,87 pesos al año, equivalentes a $4.499.649,91 por mes.

De ahí en adelante, los montos suben de manera más pronunciada. La categoría H tiene un tope de $81.924.660,37 anuales, que representa 6.827.055,03 pesos mensuales. La categoría I asciende a $91.699.761,90 al año, unos 7.641.646,83 pesos por mes, y la categoría J llega a 105.012.519,19 pesos anuales, equivalentes a 8.751.043,27 pesos por mes. Recién después de ese escalón aparece la categoría K, con el tope de $126.610.838,74 anuales ya mencionado.

Qué otros límites definen la permanencia en el régimen

La facturación no es el único factor que ARCA evalúa para mantener a un contribuyente dentro del Monotributo. El esquema también contempla la superficie afectada a la actividad, el consumo de energía eléctrica y los alquileres devengados por el inmueble utilizado. En la categoría K, esos parámetros se ubican en sus valores máximos: hasta 200 metros cuadrados de superficie, hasta 20.000 kW de energía eléctrica consumida en el año y hasta 8.378.658,45 pesos de alquileres devengados anualmente. De esta manera, un contribuyente puede mantener estable su facturación mensual y, sin embargo, quedar obligado a recategorizarse si alguno de esos otros parámetros se modifica de forma significativa.

Ahora bien, cuando el excedente no se produce en un parámetro secundario sino en los ingresos brutos y se supera el tope máximo del régimen, la consecuencia no es una recategorización dentro del Monotributo sino la exclusión directa hacia el régimen general. Para llegar a esa determinación, el organismo no se limita a la facturación declarada por el contribuyente: cruza información entre los comprobantes electrónicos emitidos, los movimientos bancarios y los consumos registrados en billeteras virtuales. Cuando esos cruces muestran que las compras, los gastos o las acreditaciones superan el límite de la categoría declarada, el sistema puede iniciar una recategorización de oficio o, en los casos más extremos, la exclusión del régimen simplificado.

El costo de sostenerse en la categoría más alta

Estar en la categoría K no solo implica un techo de facturación más alto, también supone una carga mensual mayor en concepto de impuesto integrado y aportes. El monto a pagar varía según el tipo de actividad declarada. Para quienes prestan servicios o realizan locaciones, el total mensual en la categoría K asciende a $1.614.446,02, resultado de sumar el impuesto integrado de 1.368.514,20 pesos con los aportes al SIPA y a la obra social.

Para quienes venden bienes muebles, en cambio, ese total baja a 702.103,22 pesos mensuales, ya que el impuesto integrado para esa actividad es de 456.171,40 pesos, con la misma estructura de aportes previsionales y de obra social. La diferencia entre ambos totales, superior a 900.000 pesos mensuales, refleja el tratamiento distinto que el régimen le da a los servicios frente a la venta de cosas muebles dentro de un mismo escalón de facturación.

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México activó para 2026 un esquema de beneficios fiscales en el pago del impuesto predial que combina descuentos por pronto pago, cuotas fijas para grupos vulnerables y más de 8,800 puntos de cobro presenciales y digitales.

El programa, impulsado por la jefa de Gobierno Clara Marina Brugada Molina, busca facilitar el cumplimiento tributario y aliviar la carga económica de los contribuyentes capitalinos.

Descuentos por pronto pago en enero y febrero

Quienes liquidaron el total del predial anual en enero obtuvieron un descuento del 8%. Los que pagaron en febrero accedieron a una rebaja del 5%. A partir de marzo, el impuesto se cubre sin ninguna bonificación general.

El esquema aplica únicamente al pago anual anticipado y completo. El descuento se aplica de forma automática al momento de realizar el trámite dentro del plazo correspondiente.

Cuotas y condonaciones para grupos vulnerables

Jubilados, pensionados, adultos mayores sin ingresos fijos, madres solteras, jefas de hogar, viudas, huérfanos pensionados y personas con discapacidad permanente pueden acceder a una cuota fija bimestral de $68 si son propietarios del inmueble en que habitan y su valor catastral no supera los $2,808,466.

Para inmuebles habitacionales que exceden ese valor catastral, el beneficio disponible es una condonación del 30% del impuesto predial. Ambos beneficios aplican a uso exclusivamente habitacional.

Los interesados deben presentar su solicitud, en original y copia, ante cualquier Administración Tributaria o Administración Auxiliar a más tardar el 31 de diciembre de 2026. El trámite es personal y requiere cita previa.

Cómo pagar el predial en línea en CDMX

El pago en línea se realiza desde el portal OVICA de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), en ovica.finanzas.cdmx.gob.mx/adeudos. El contribuyente debe tener a la mano su número de cuenta predial para consultar el adeudo y obtener el formato único de tesorería.

El trámite también puede completarse desde la app móvil “Tesorería CDMX”, disponible para dispositivos móviles. La plataforma permite pagar con tarjeta de crédito o débito y algunos bancos participantes ofrecen meses sin intereses.

De forma presencial, el pago se acepta en kioscos de tesorería, bancos, tiendas de conveniencia y tiendas departamentales. Las oficinas de la Tesorería permanecen abiertas todos los días del año, incluyendo festivos, de 9:00 a 21:00 horas.

Más de 3 millones de capitalinos beneficiados

Según cifras publicadas por las autoridades capitalinas en mayo de 2026, más de 3 millones de habitantes de la Ciudad de México se beneficiaron con los descuentos aplicados en predial, licencias y multas durante este ejercicio fiscal.

La SAF informó que el sistema de recaudación cuenta con más de 8,800 puntos de cobro distribuidos en la ciudad, accesibles tanto de forma presencial como a través de medios electrónicos y la aplicación oficial.

Agua y tenencia: otros beneficios del mismo programa fiscal

Junto al esquema de predial, la SAF anunció para 2026 dos beneficios adicionales dirigidos a grupos vulnerables y propietarios de vehículos.

En materia de agua, los propietarios de inmuebles pertenecientes a grupos vulnerables reciben una reducción del 50% en la cuota bimestral por derechos de suministro del líquido.

Para la tenencia vehicular, los propietarios de automóviles particulares con valor de hasta $638,000 (IVA incluido) accedieron al 100% de descuento, una vez cubierto el refrendo de $760. El beneficio para motocicletas aplicó a unidades con valor máximo de $250,000. Este descuento estuvo vigente del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

Regularización de adeudos: condonación de multas y recargos vigente hasta diciembre

El Programa de Regularización con Beneficios Fiscales 2026 de la SAF permite a propietarios con adeudos en predial ponerse al corriente sin pagar multas ni recargos, que se condonan al 100%. Quienes tengan inmuebles de bajo valor catastral pueden regularizar su situación con un pago único de $1,000.

Al 15 de mayo, el programa había beneficiado a 150,865 capitalinos y registraba una recaudación de $680 millones 409 mil 492 pesos.

En paralelo, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicó el 17 de junio un programa específico para comerciantes con locales en plazas, bazares y corredores comerciales construidos o financiados por el Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal (FONDECO-DF). Este esquema condona los adeudos acumulados de predial, el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, derechos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, certificados de uso de suelo, licencias y constancias.

El objetivo es facilitar la escrituración e individualización de cuentas prediales de esos espacios comerciales. Ambos programas tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y los trámites pueden realizarse en cualquier Administración Tributaria o Auxiliar de la ciudad.

La crisis fiscal por recaudo tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) sumó un nuevo capítulo en Colombia con el cruce entre el director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón, y el exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes, sobre quién fue responsable de las metas infladas de ingresos tributarios que después quedaron lejos del resultado final, en un escenario de déficit de 6,8% del Producto Interno Bruto (PIB).

Pabón sostiene que la Dian y el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) avalaron proyecciones de recaudo sobredimensionadas y que ese error explica parte del faltante fiscal de 2024.

Reyes respondió que la responsabilidad recayó en el Ministerio de Hacienda, porque insistió en incluir ingresos atados a litigios, retiró luego su apoyo al marco legal para cobrarlos y además enfrentó el efecto de una decisión de la Corte Constitucional sobre regalías del sector minero-energético.

El cruce comenzó después de que Pabón publicó en X una gráfica según la cual en 2024 la diferencia entre lo que el Gobierno esperaba recaudar y lo que finalmente obtuvo en impuestos llegó a 4% del PIB. Reyes contestó con un ataque personal y afirmó que Pabón buscaba “encontrar puesto en la patria milagro”. Para Pabón, el problema de fondo no fue únicamente técnico, sino institucional. En su reconstrucción, el incumplimiento de las metas de recaudo figura entre las causas centrales del deterioro fiscal y cuestiona que la Dian pretenda quedar al margen cuando parte sustancial de esas proyecciones dependía de su propia gestión.

Cómo se inflaron las metas de recaudo para 2024

Pabón ubicó el origen de la discusión en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2023. Allí, el Gobierno fijó para 2024 una meta de recaudo de $347,6 billones, equivalente a 20,5% del PIB, después de prever un cierre de $309 billones para 2023.

Según detalló, una porción decisiva de ese salto descansaba en dos rubros ligados a la Dian. Uno era 0,9% del PIB, unos $15 billones, por litigios; el otro, 0,8% del PIB, cerca de $13 billones, por mayor gestión y lucha contra la evasión. En total, Pabón calculó que 1,7% del PIB, casi $30 billones, dependían de la gestión de la entidad tributaria. También afirmó que esa proyección “fue avalada por todos los miembros del Confis, incluido el señor Reyes”, según el Acta 742 del 13 de junio de 2023.

El economista atribuyó el descuadre al mayor gasto del Gobierno. Miembros del Confis describían esa presión con la expresión “poner carne en el asador”, dicha al entonces director de Crédito Público, José Roberto Acosta.

Advertencias y el primer recorte de las proyecciones

Pabón sostuvo que desde el comienzo hubo alertas sobre la fragilidad de esas cuentas. “Muchos analistas dijimos que esas cuentas no daban”, escribió, y agregó que el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana también lo había advertido en varias entrevistas.

A esas objeciones sumó un pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) del 10 de julio de 2023. De acuerdo con él, ese documento advirtió sobre los riesgos de los ingresos esperados por litigios y por las metas de gestión de la Dian, con una sobreestimación cercana a 1,3% del PIB de los 1,7% proyectados.

La primera corrección llegó con el Plan Financiero 2024. Allí la meta de recaudo bajó de $347,6 billones a $320 billones, y la previsión por litigios se redujo de $15 billones a $10 billones.

Pabón admitió que Reyes no estuvo en la reunión del Confis consignada en el Acta 755 del 1 de febrero de 2024, pero rechazó que eso lo descargara de responsabilidad. “El director de la Dian no puede decir que las metas de recaudo son asunto de otros”, señaló, antes de citar el artículo 46 del Decreto 1742 de 2020 sobre la función de proyectar el recaudo dentro de la entidad.

Del ajuste de metas al hueco final de $70 billones

La secuencia siguió con el MFMP 2024, donde la magnitud del recorte ya resultó más visible. La meta de recaudo cayó a $288 billones, equivalente a 17,1% del PIB. En esa nueva revisión, la gestión tributaria pasó de aportar 0,8% del PIB a solo 0,2% del PIB. Los ingresos por litigios, además, desaparecieron por completo: pasaron de $15 billones a $10 billones y después a $0.

El cierre de esa secuencia apareció en el Plan Financiero 2025. Allí el recaudo efectivo terminó en $279 billones, equivalente a 16,6% del PIB. La cifra dejó un faltante de unos $70 billones frente a la proyección original, cerca de cuatro puntos del PIB. Pabón resumió ese desfase como “un descache de casi más de 4% del PIB en ingresos ($70 billones)” y agregó que “cuesta sostener que la Dian no tuvo ninguna responsabilidad”.

También dejó dos frases que condensan su tesis. “Una historia en la que la Dian, por más que hoy quiera decir lo contrario, no parece estar exenta de responsabilidad”, escribió, y remató: “Las cifras, las actas y los documentos hablan por sí solos”.

Señalamiento de Luis Carlos Reyes al Ministerio de Hacienda

Luis Carlos Reyes rechazó que la responsabilidad principal recayera en él o en la Dian. “No deja de sorprenderme la fijación que tienen conmigo algunos fans como César, que los lleva a imaginarse que además de director de la Dian entre agosto de 2022 y junio de 2024 fui ministro de Hacienda y presidente durante este cuatrienio”, respondió.

Su primera línea de defensa se centró en el arbitraje de litigios tributarios. Según explicó, el mecanismo requería una ley habilitante que no existía al momento del MFMP de 2023, y la Dian dejó consignada en ese documento la necesidad de aprobarla si se quería contar con ese recaudo. Reyes añadió que la insistencia en incluir ese componente vino desde Hacienda. “Por insistencia de la Dian, Hacienda radicó el proyecto de ley para habilitar el arbitraje de litigios tributarios”, afirmó, antes de agregar que “Hacienda retiró su apoyo” y que “el recaudo por arbitraje de litigios fue de $0 por decisión del ministro de Hacienda”.

Un segundo argumento apuntó a la tributación del sector minero-energético. Dijo que el MFMP de 2023 asumía que la Corte Constitucional avalaría la no deducibilidad de regalías, pero en noviembre de 2023 resolvió en sentido contrario y eso redujo de forma sustancial el recaudo de 2024.

El exdirector de la Dian también afirmó que en 2023 se cobraron anticipos de impuestos a compañías petroleras y carboneras bajo las normas de la reforma tributaria de 2022, y que esos montos tuvieron que devolverse en 2024 tras la decisión de la Corte. Según él, si esos tributos adicionales no hubieran caído, el recaudo de 2024 habría sido “mucho más cercano al de 2023”, año que definió como “el más alto de la historia”.

Reyes rechazó además la comparación de Pabón entre la Dian y un director financiero. “La analogía es bastante mala porque el director financiero del Estado es precisamente el ministro de Hacienda, no el director de la Dian”, escribió.

Cifras alejadas de la realidad

Sobre el Plan Financiero 2024, aseguró que la Dian se opuso a las cifras que consideraba alejadas de la realidad. “Tanta fue nuestra oposición al plan financiero de 2024, que dejamos claro que nuestro voto en el Confis iba a ser negativo si no se ajustaba a la realidad”, afirmó. Esa resistencia, según su versión, retrasó la publicación del plan en diciembre de 2023. Después añadió: “Hacienda tomó en febrero de 2024 la decisión de citar y realizar de manera exprés un Confis mientras yo visitaba la Dian de Armenia, sin esperar a mi regreso”.

El Gobierno dominicano lanzó un Plan Anticrisis con el objetivo de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), aliviar la carga impositiva sobre el sector y proteger a la clase media frente a la inestabilidad internacional.

El mandatario explicó que esta estrategia integral surge como respuesta a los desafíos económicos generados por la pandemia de COVID-19 y por el conflicto entre Rusia y Ucrania, factores que han influido en el aumento de los precios globales de combustibles entre otras materias primas.

Durante una conversación con periodistas locales, el mandatario, Luis Abinader, subrayó que el programa incorpora lecciones aprendidas tras las crisis recientes, con el fin de mantener la estabilidad económica nacional.

Abinader resaltó que la República Dominicana ha mantenido un crecimiento económico anual superior al 4%, cifra que la coloca entre los países con mayor dinamismo en la región. Según el presidente, este resultado responde a la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal, orientadas a sostener la reactivación del desarrollo económico.

Entre las medidas principales del plan, destaca la eliminación del anticipo fiscal para las mipymes a partir del próximo enero. Abinader detalló que, además, el pago de impuestos para pequeñas empresas dejará de ser mensual y pasará a realizarse en tres cuotas anuales, lo que representa un alivio para la liquidez del sector.

El Gobierno también eliminó el impuesto que gravaba a las nuevas empresas, redujo el impuesto sucesoral del 27% al 3% y suprimió el gravamen sobre determinados seguros de vida contratados en el exterior.

“El próximo año, cuando todas estas medidas estén plenamente en ejecución, servirán especialmente para que las pequeñas empresas puedan progresar con una menor carga impositiva”, afirmó Abinader, quien remarcó la intención oficial de facilitar el desarrollo empresarial y estimular la inversión.

En el contexto de los precios de los combustibles, el presidente explicó que el Estado intervino para evitar que el incremento internacional se trasladara íntegramente al consumidor dominicano.

Mientras el precio global del petróleo llegó a aumentar cerca de un 80%, el ajuste aplicado en el país fue de solo un 16%, gracias a un programa de subsidios estatales que buscó contener el impacto en los hogares y las empresas.

“El subsidio que habíamos proyectado para todo un año se agotó en mayo, lo que demuestra el esfuerzo que ha realizado el Gobierno para proteger a la población”, señaló Abinader, quien además aclaró que la baja en el precio internacional del petróleo no se refleja de manera automática en el mercado local. Explicó que alrededor del 70% de las gasolinas y otros derivados consumidos en el país provienen de importaciones de productos refinados, cuyos precios se rigen por dinámicas distintas a las del crudo.

Para brindar mayor transparencia, el presidente informó que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) presentará una explicación detallada sobre la fórmula utilizada para fijar semanalmente los precios de los combustibles. En semanas recientes, el Gobierno dispuso rebajas en el precio del GLP, la gasolina regular y el gasoil regular, aunque las tensiones geopolíticas mantienen la volatilidad en los mercados energéticos.

El jefe de Estado reconoció que gobernar implica tomar decisiones complejas, ya que las medidas aplicadas pueden beneficiar a algunos sectores y afectar a otros. Abinader enfatizó que el propósito fundamental del plan es salvaguardar el interés nacional y proteger a la mayoría de los ciudadanos.

“El presidente es una especie de juez que tiene que buscar el equilibrio en cada decisión para favorecer, en términos generales, a la población y al interés nacional”, declaró Abinader, quien insistió en que la función presidencial exige responder de manera permanente a las necesidades de la ciudadanía.

El mandatario recordó que su gestión ha enfrentado de forma simultánea los efectos de la pandemia, la crisis económica derivada de la guerra en Europa, la situación en Haití y la incertidumbre internacional. “Es una enorme distinción que el pueblo dominicano me haya dado la oportunidad dos veces de servirle, y lo hago con total transparencia, mucho trabajo y 24-7 al servicio de la población dominicana”, concluyó el presidente.

El SAT puede cancelar o suspender el RFC de un contribuyente mexicano sin que este reciba una notificación directa, dejándolo imposibilitado para facturar, contratar con el gobierno o acceder a servicios financieros. Conocer las causas, las consecuencias y los pasos para reactivar el registro puede evitar multas y auditorías.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con cuatro causas principales para dar de baja un Registro Federal de Contribuyentes (RFC): el cese definitivo de actividades económicas, el fallecimiento del contribuyente, la existencia de registros duplicados y la detección de operaciones simuladas o facturas falsas.

En este último caso, la autoridad puede actuar con base en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), que permite presumir la inexistencia de operaciones y anular los comprobantes fiscales emitidos por esos RFC.

Suspensión o cancelación: no es lo mismo

Antes de buscar una solución, el contribuyente debe identificar qué le ocurrió a su registro, porque el trámite de recuperación es distinto en cada caso.

La suspensión de actividades congela las obligaciones fiscales periódicas —declaraciones mensuales, emisión de CFDI— pero el RFC permanece activo. La cancelación, en cambio, es una baja definitiva que solo procede cuando el contribuyente cesa por completo su actividad sin intención de retomarla, como al liquidar una empresa.

Si el RFC fue suspendido, la solución es presentar un aviso de reanudación de actividades. Si fue cancelado, el procedimiento es más complejo y el SAT lo evalúa caso por caso.

Qué consecuencias trae un RFC inactivo

Un RFC cancelado o suspendido sin que el contribuyente lo sepa puede generar un efecto en cadena sobre su operación fiscal y financiera.

Las consecuencias más frecuentes incluyen la imposibilidad de emitir CFDI, la restricción o cancelación del Certificado de Sello Digital (CSD) —sin el cual ningún Proveedor Autorizado de Certificación puede timbrar facturas—, y la pérdida de la opinión de cumplimiento positiva exigida por el artículo 32-D del CFF para contratar con dependencias de gobierno.

A eso se suman multas por omisión de avisos al RFC y la apertura de procesos de revisión o auditoría, dado que el SAT cruza información con los PAC y detecta ingresos o facturas emitidas por contribuyentes con obligaciones inactivas.

Cómo reactivar el RFC paso a paso

El trámite de reanudación de actividades es gratuito y está disponible en dos modalidades: en línea a través de sat.gob.mx o de forma presencial en cualquier oficina del SAT con cita previa.

Para el trámite en línea, el contribuyente debe ingresar al portal oficial, seleccionar “Otros trámites y servicios”, luego “Actualización en el RFC” y elegir “Presenta tu aviso de reanudación de actividades”. Se requiere RFC, contraseña del SAT o e.firma vigente, identificación oficial y CURP. Al confirmar, el sistema genera un acuse de recibo que debe guardarse como comprobante.

Si la e.firma está vencida, es necesario renovarla primero en una oficina del SAT antes de iniciar el proceso en línea. El cambio de estatus se refleja en el sistema entre 24 y 72 horas hábiles.

Obligaciones que se reactivan con el aviso

Presentar el aviso de reanudación no solo recupera el RFC: también reactiva todas las obligaciones fiscales del régimen correspondiente desde la fecha indicada.

Esto incluye la emisión de CFDI por cada ingreso o servicio, la presentación de declaraciones mensuales de IVA e ISR, la declaración anual y el envío de contabilidad electrónica cuando el SAT lo requiera. Si el CSD venció durante el periodo de inactividad, el contribuyente deberá solicitar uno nuevo antes de emitir su primera factura.

El sistema permite señalar una fecha de reanudación retroactiva, pero eso genera obligaciones fiscales pendientes desde ese momento, con los pagos de IVA e ISR que correspondan.

El riesgo de operar sin haber presentado el aviso

Retomar la actividad económica sin notificar al SAT no pasa desapercibido. La autoridad fiscal cruza datos del buzón tributario, reportes de terceros y registros de los PAC para detectar facturas emitidas por contribuyentes con obligaciones suspendidas.

Las sanciones por no presentar el aviso de reanudación a tiempo van desde multas por omisión hasta requerimientos formales y auditorías por diferencias entre los ingresos detectados y las declaraciones presentadas. La pérdida de la opinión de cumplimiento positiva también cierra el acceso a licitaciones públicas y a ciertos productos financieros.

El peso de los impuestos sobre la economía argentina volvió a quedar bajo análisis a partir de un nuevo relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). El organismo actualizó su medición anual sobre la relación entre la recaudación y el Producto Bruto Interno (PBI), un ejercicio que realiza desde hace más de tres décadas y que permite comparar la evolución de la carga fiscal a lo largo de distintos ciclos económicos y políticos. El resultado de este año marca un quiebre respecto de la tendencia que predominó durante buena parte de los últimos veinte años.

Según el informe, la presión tributaria efectiva consolidada del sector público argentino, que combina la recaudación de Nación, provincias y municipios, se ubicaría en 2026 en el 26,7% del PBI, dato que surge de una proyección del Iaraf e implica una baja de 0,9 puntos porcentuales respecto del 27,6% del PBI registrado en 2025, año en el que ya se había verificado un descenso interanual de 1,4 puntos porcentuales.

Esta reducción “se explicaría exclusivamente por una menor presión tributaria nacional”, dice el Iaraf, y se concentra principalmente en la baja de la carga asociada a los derechos de exportación (retenciones), los impuestos internos y una medida de administración tributaria vinculada al IVA aduanero: la restitución de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto. A este conjunto de factores se sumó la implementación del Fondo de Asistencia Laboral contenido en la ley de “modernización” durante los dos últimos meses del año.

Tres décadas de evolución

La serie construida por el instituto dimensiona el recorrido de esta variable desde 1993, cuando la recaudación tributaria total del sector público era del 23% del PBI, nivel que se mantuvo relativamente estable hasta 2001. A partir del mínimo de 20% del PBI registrado en 2002, la presión tributaria efectiva dibujó una línea ascendente de 13 años y alcanzó su punto más alto en 2015, con 32,6% del PBI, al cabo de un aumento de 12,6 puntos del PBI en poco más de una década.

Tras el pico de 2015, el indicador comenzó a descender. Bajó 3 puntos porcentuales, a 29,2% del PBI en 2019, y desde entonces se mantuvo en torno al 29% del PBI, hasta 2024. Recién en 2025 se produjo la caída interanual más marcada de los últimos años, dinámica que, según la proyección del Iaraf, continuaría en 2026.

El nivel más bajo en dos décadas

Nadin Argañaraz, titular del Iaraf, difundió un posteo en la red social X en el que situó el dato en perspectiva histórica. Según explicó, la presión tributaria efectiva consolidada “en 2026 podría estar en niveles similares a los del año 2007, es decir alrededor de 26,7% del PBI”. De confirmarse esa proyección, se trataría del nivel más bajo registrado en cerca de veinte años.

La comparación con años más recientes también resulta relevante. Respecto a 2023, la baja proyectada “implicaría una baja de 2 puntos porcentuales del PBI, concentrada en impuestos nacionales al comercio exterior”. Y frente al máximo de 2015, la caída “podría ser del orden de 6 puntos porcentuales del PBI”, una diferencia que, según precisó Argañaraz, está “prácticamente explicada por impuestos nacionales”.

El correlato en el gasto público

De hecho, el posteo de Argañaraz también vinculó la evolución de la presión tributaria con el comportamiento del gasto público. En ese sentido, señaló que “la significativa baja del peso del gasto público, del orden de 6 puntos porcentuales del PBI entre 2023 y 2026, se destinaría principalmente a la eliminación del déficit fiscal, siendo de alrededor de un tercio lo que terminaría financiando la baja de recaudación”. Es un hecho que, según esta lectura, la mayor parte del ajuste en las erogaciones estatales se destinó a equilibrar las cuentas públicas, mientras que una porción menor, equivalente a un tercio, sirvió para sostener la reducción de la carga tributaria.

Los que pagan y los que no

El propio informe distingue este indicador de otro concepto que también desarrolla el instituto, denominado carga tributaria formal. A diferencia de la presión efectiva, que se calcula sobre la recaudación realmente obtenida, la carga formal se basa en lo que “debería” pagar un contribuyente de acuerdo con la normativa vigente, sin considerar el incumplimiento ni la evasión. Según el Iaraf, esta segunda medición resulta relevante porque, en países con niveles significativos de evasión, la presión efectiva puede subestimar la verdadera incidencia de los tributos sobre quienes cumplen con la totalidad de sus obligaciones.

En el caso de la presión tributaria efectiva, en cambio, la medición sí refleja lo que el Estado obtiene efectivamente en concepto de recaudación, comparado con el producto generado por la economía en su conjunto. Es esta última la que, según el informe, se ubicaría en el nivel más bajo en aproximadamente dos décadas durante 2026.

En conjunto, los resultados presentados por el Iaraf describen una economía en la que la relación entre recaudación y producto bruto interno retrocedió a niveles que no se observaban desde hace casi veinte años, con una dinámica explicada, según el propio informe, de manera casi exclusiva por la evolución de los tributos nacionales, en particular los vinculados al comercio exterior.

Las autoridades de Panamá imputaron este domingo a 16 personas, entre funcionarios y particulares, por su presunta participación en una red que manipulaba el sistema tributario estatal para eliminar registros de cuentas millonarias ya saldadas por contribuyentes, según informó la agencia de noticias EFE, con base en datos del Ministerio Público panameño. El caso llamado Operación Pandora expone uno de los esquemas de corrupción de los últimos años en la administración fiscal del país centroamericano.

De acuerdo con el reporte de EFE, la investigación señala que los implicados, en su mayoría vinculados a la Dirección General de Ingresos (DGI), alteraban el sistema electrónico de gestión tributaria para hacer desaparecer pagos realizados por grandes contribuyentes. Esta acción permitía que los créditos fiscales quedaran como pagos no aplicados, lo que abría la posibilidad de venderlos posteriormente a una entidad crediticia local y obtener beneficios económicos ilegítimos.

El Ministerio Público destacó que 13 de los detenidos permanecen bajo detención provisional, mientras que los tres restantes continúan en arresto domiciliario. Los delitos atribuidos incluyen crimen organizado, corrupción de servidores públicos, contra la fe pública y blanqueo de capitales. EFE detalló que la investigación se inició en 2024 tras una denuncia anónima sobre irregularidades en la tramitación de créditos fiscales.

La operación incluyó 23 allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, donde las autoridades incautaron equipos tecnológicos y documentación para las pesquisas. La Fiscalía explicó que la estructura utilizaba accesos privilegiados al sistema E-Tax para borrar registros de obligaciones fiscales ya canceladas. Al quedar los montos como pagos pendientes dentro del sistema, estos créditos podían ser comercializados a entidades financieras, generando un circuito de ganancias ilegítimas.

Cómo operaba la red

Según la nota de EFE, la red estaba integrada tanto por funcionarios actuales como por particulares. Las pesquisas apuntan a que algunos de los involucrados recibían pagos adicionales a sus salarios a cambio de realizar los ajustes internos requeridos para concretar la manipulación. Las autoridades panameñas subrayaron que la operación responde a una estrategia de largo plazo para combatir el uso indebido del sistema tributario y el desvío de recursos públicos.

El caso, conocido como Operación Pandora, se suma a una serie de investigaciones que tienen bajo escrutinio a la DGI desde hace tres años. Según información del propio Ministerio Público, la manipulación informática en el sistema E-Tax no solo permitía eliminar registros de pagos, sino también trasladar deudas y movimientos tributarios entre contribuyentes, aumentando el potencial de perjuicio para el Estado.

El impacto económico y los antecedentes

El impacto económico del fraude ha sido evaluado en auditorías internas con un rango estimado de entre USD 40 y USD 80 millones, una cifra que supera ampliamente los primeros cálculos oficiales. EFE subrayó que, aunque la denuncia inicial surgió en 2024, las investigaciones sobre la administración tributaria panameña han derivado en otros operativos, como la Operación E-Tax 2.0 en 2023 y la Operación Publicano en 2025, ambas enfocadas en la creación y cesión irregular de créditos fiscales.

Las autoridades mantienen la investigación bajo reserva mientras continúan el análisis de la evidencia tecnológica y documental recopilada en los allanamientos. De acuerdo con EFE, la Fiscalía evalúa nuevas líneas de indagación que podrían incluir a empresas intermediarias y familiares de los implicados. El Ministerio Público reiteró que el caso es parte de un esfuerzo para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión tributaria del país.

El plazo para acogerse al régimen especial que facilita el retorno de peruanos desde el extranjero no llegará a su fin este año. El Congreso aprobó una ampliación que permitirá mantener hasta 2029 una serie de beneficios tributarios dirigidos a quienes decidan volver al país con bienes adquiridos durante su permanencia fuera del territorio nacional.

La medida busca evitar que los migrantes retornados enfrenten mayores costos al momento de trasladar sus pertenencias, herramientas de trabajo o equipos necesarios para iniciar nuevas actividades económicas en el Perú. Con ello, se pretende brindar mayores facilidades para su reinserción social y productiva.

A través de la Ley N.º 32722, publicada en el diario oficial El Peruano, se extendió la vigencia de los incentivos tributarios establecidos en la Ley N.º 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, hasta el 31 de diciembre de 2029. La ampliación entrará en vigor desde el 14 de julio de 2026, luego de que culminara el plazo anterior.

¿Qué bienes no pagarán impuestos?

Uno de los principales alcances de la norma es la continuidad del beneficio que permite a los peruanos retornados ingresar determinados bienes adquiridos en el extranjero sin pagar tributos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y utilicen esta facilidad por única vez.

Los bienes comprendidos dentro de este régimen especial son:

• Menaje de casa: incluye los bienes personales y del hogar del migrante retornado, con un valor máximo permitido de US$ 50.000.
• Vehículo automotor: permite el ingreso de un vehículo adquirido en el extranjero, siempre que su valor no supere los US$ 50.000.
• Instrumentos, maquinarias, equipos y bienes vinculados a actividades productivas: comprende herramientas de trabajo, bienes de capital, dispositivos médicos y otros elementos destinados al desarrollo de actividades profesionales, técnicas o empresariales, con un límite máximo de US$ 350.000.

Estos beneficios buscan facilitar que los ciudadanos que regresan puedan trasladar bienes necesarios para establecerse nuevamente en el país o continuar con sus actividades económicas sin asumir una carga tributaria adicional.

Requisitos para acceder a este beneficio

El régimen está dirigido a los peruanos que hayan residido en el extranjero y decidan retornar al país de manera permanente. Para acceder a estas facilidades, los interesados deberán cumplir con las condiciones y procedimientos establecidos en la Ley N.º 30001 y su reglamento.

La norma mantiene los incentivos tributarios cuyo restablecimiento fue dispuesto previamente mediante la Ley N.º 31827, asegurando la continuidad de este mecanismo de apoyo para los migrantes retornados que buscan reinstalarse en el Perú.

Con la nueva ampliación, el régimen especial permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2029, lo que permitirá que más connacionales puedan planificar su regreso y acogerse a estos beneficios. La medida busca facilitar su incorporación nuevamente a la economía nacional, ya sea mediante la continuidad de sus actividades profesionales, la creación de emprendimientos o su reinserción laboral.

¿Qué pasa si no declaro bienes o dinero?

Los beneficios para los migrantes retornados no eliminan las obligaciones aduaneras. La Sunat puede revisar, registrar y examinar el equipaje, bultos y pertenencias de los viajeros para verificar que los bienes ingresados cumplan con los requisitos establecidos. Si detecta mercancías que superan los límites permitidos o que debían ser declaradas y no fueron informadas, estas pueden ser incautadas.

Para recuperar los bienes retenidos, el viajero deberá pagar los tributos correspondientes y asumir una multa equivalente al 50 % del valor en aduana de la mercancía. Además, si una persona omite declarar dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables por montos superiores a US$ 10.000 o su equivalente, la Sunat podrá retener temporalmente dichos fondos y aplicar una sanción del 30 % del valor no declarado.

El dinero de la Afore de un trabajador fallecido no se pierde ni revierte al Estado: la ley mexicana garantiza que sus beneficiarios puedan reclamarlo, ya sea como pensión periódica o en una sola exhibición. Sin embargo, una disputa abierta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre si esos recursos deben pagar impuestos mantiene en vilo a millones de familias.

Cuando el titular de una cuenta Afore muere, los recursos acumulados —ahorro para el retiro, aportaciones voluntarias, recursos de vivienda no utilizados y saldos del SAR 92— pueden ser reclamados por quienes acrediten ser beneficiarios. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) establece que la administradora tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para resolver el trámite una vez presentada la documentación completa.

Quién puede cobrar y bajo qué condiciones

La Ley del Seguro Social reconoce dos categorías de beneficiarios. Los legales son el cónyuge o concubina(o), los hijos menores de 16 años —o hasta 25 si estudian en el Sistema Educativo Nacional o no pueden sostenerse por enfermedad— y los padres del titular, siempre que dependieran económicamente de él y vivieran en su hogar.

Los beneficiarios designados son personas registradas directamente por el titular ante su Afore, con o sin parentesco, y solo pueden reclamar los recursos a falta de beneficiarios legales. Si no existe ninguna de las dos figuras, los familiares deben obtener una resolución judicial para acceder al dinero.

Para iniciar el trámite, los beneficiarios deben identificar en qué administradora estaba registrada la cuenta —mediante el CURP o el Número de Seguridad Social del fallecido, llamando sin costo a SARTEL al 55 1328 5000— y presentar el acta de defunción, identificación oficial y los documentos que acrediten el parentesco o la designación.

La disputa fiscal que divide a la Corte

El fondo del debate legal no es si el dinero puede heredarse, sino si debe pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR) al momento de entregarse. El Pleno de la SCJN estudió la Contradicción de Criterios 49/2026, surgida porque dos tribunales colegiados llegaron a conclusiones opuestas sobre el mismo supuesto: uno consideró los recursos de Afore entregados a beneficiarios como ingresos gravables; el otro los equiparó a una herencia, exenta de ISR conforme al artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Seis ministros rechazaron gravar esos recursos y argumentaron que forman parte del patrimonio generado por el propio trabajador durante su vida laboral y que su función es proteger económicamente a los beneficiarios. El proyecto fue retirado del Pleno para elaborar uno nuevo que incorpore esas consideraciones, por lo que la resolución definitiva sigue pendiente.

Batres propone gravar las Afores heredadas; Sheinbaum dice no

La ministra Lenia Batres Guadarrama defendió públicamente, durante la sesión del Pleno, que las herencias, los legados y los recursos de Afore entregados a beneficiarios deberían estar sujetos al ISR. Argumentó que ese patrimonio no proviene directamente del trabajo de quien lo recibe y que los impuestos son un mecanismo de redistribución de la riqueza. Aclaró que cualquier reforma fiscal de ese tipo corresponde al Congreso de la Unión, no a la Corte.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió en la conferencia La Mañanera del Pueblo que su gobierno no comparte esa postura. “No, no estoy de acuerdo con eso. En mi caso, yo no estoy de acuerdo, no abriría ese debate”, dijo en Palacio Nacional. Reconoció que gravar herencias es práctica común en la mayoría de los países, pero descartó que sea un planteamiento de su administración.

La reacción en el Senado

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez reaccionó con dureza a la postura de Batres. En un video difundido en redes sociales, acusó que la propuesta busca “robar a tus hijos” y señaló al gobierno de Morena de impulsar el gravamen para compensar el agotamiento del presupuesto público.

Llamó a manifestar rechazo en redes sociales y calificó de “ladrones” a quienes respalden la medida.

El fallo que cambia la pensión de los padres

Al margen del debate fiscal, la Segunda Sala de la SCJN emitió esta semana una resolución que modifica el cálculo de la pensión por ascendencia prevista en la Ley del Seguro Social de 1973. Hasta ahora, los padres de un trabajador fallecido que dependían económicamente de él recibían el 20% de la pensión del asegurado, siempre que no hubiera cónyuge, concubina(o) o hijos con derecho.

La Sala determinó que esa diferencia carece de justificación constitucional y vulnera el derecho a la igualdad. Con el nuevo criterio, los ascendientes que sean los únicos beneficiarios deberán recibir el 90% de la pensión, el mismo porcentaje reconocido para viudas, viudos, concubinas y concubinarios.

El fallo aplica exclusivamente a quienes cotizan bajo la Ley del Seguro Social de 1973. Los trabajadores registrados bajo la ley de 1997 se rigen por reglas distintas y esta resolución no modifica su régimen.

Ante la polémica por la propuesta de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, sobre el pago de impuestos a las herencias, muchos ciudadanos se preguntan cuánto tendrían que pagar al recibir un legado.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en México, las regulaciones fiscales al patrimonio está regulado de manera precisa por la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y el Código Civil Federal. El artículo 1281 del Código Civil define este proceso como la sucesión en todos los bienes, derechos y obligaciones del difunto que no se extinguen con su fallecimiento.

El tratamiento fiscal proviene del numeral 93, fracción XXII, de la LISR, que clasifica las herencias como ingresos exentos para efectos de ISR, siempre que se declare en los términos establecidos por la ley cuando el monto rebasa los 500 mil pesos mexicanos. Esta clausula establece la obligación de informar en la declaración anual la recepción de ingresos superior a ese monto.

De cumplirse este requisito, el ingreso permanece exento del Impuesto Sobre la Renta, aun cuando se trate de una operación exenta, los beneficiarios deben inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) e informar el monto heredado cuando excede el umbral antes mencionado.

En el caso de recibir un bien inmueble por herencia, el beneficiario no debe pagar el impuesto en ese momento. Sin embargo, al formalizar la sucesión se genera el Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles (ISAI), cuya tasa varía entre entidades de la República, rondando entre 2 y 4.5% del valor de la vivienda. Este gravamen corresponde a un impuesto local y se fija por cada entidad federativa.

Debate en la SCJN: ¿deben pagar impuestos las Afores heredadas?

Lenia Batres expresó su respaldo a la posibilidad de aplicar impuestos a las herencias, legados y recursos de las Afores que reciben los beneficiarios de trabajadores fallecidos. La funcionaria judicial manifestó que aunque considera justa la recaudación de estos gravámenes, la decisión corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión, pues la Corte solo interpreta la legislación vigente.

El debate surgió ante criterios opuestos en tribunales federales sobre si los fondos heredados deben pagar Impuesto Sobre la Renta o estar exentos, como ocurre con legados. Mientras que la ministra defendió que estos ingresos representan patrimonio transferido y no fruto del trabajo directo del beneficiario, la mayoría del Pleno de la SCJN rechazó el proyecto que proponía gravarlos.

La postura predominante entre los ministros fue que los recursos acumulados en una cuenta individual forman parte del patrimonio generado por la persona trabajadora, y deben asegurar protección económica a los beneficiarios, sin crear diferencias injustificadas en el tratamiento fiscal.

En México, las herencias siguen exentas del ISR, los recursos de las Afores mantienen un régimen distinto pendiente de clarificación legal. Batres recordó que, históricamente, el país aplicó impuestos a herencias hasta 1961 y que la OCDE reúne a 24 países que hoy los mantienen. Por ahora, cualquier reforma depende de una decisión legislativa y no judicial.

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la mañanera del pueblo de este 9 de julio en Palacio Nacional, declaró no estar de acuerdo con aplicar impuestos a herencias y recursos de Afores heredados, desmarcándose de la propuesta defendida por la ministra mexicana.

Asimismo, la jefa de Estado descartó promover un debate legislativo al respecto y señaló que, aunque en otros países estos gravámenes existen, su gobierno no considera necesario implementarlos.

Las declaraciones de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, sobre la posibilidad de gravar las herencias y los recursos heredados de las Afores generaron reacciones entre actores políticos.

Una de ellas fue la de la diputada de Morena, Paty Armendáriz, quien respondió a las críticas de la senadora del PAN, Lilly Téllez, y explicó los argumentos por los que considera que un impuesto de este tipo tendría un efecto redistributivo.

Paty Armendáriz expone los argumentos de Morena

A través de sus redes sociales, Armendáriz señaló que un impuesto a las herencias busca evitar la concentración de grandes fortunas familiares y contribuir a que las oportunidades económicas dependan en mayor medida del esfuerzo y talento de las personas, y no únicamente del patrimonio heredado.

La legisladora añadió que estudios citados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que este tipo de gravamen suele tener un menor impacto sobre el ahorro y la inversión que otros impuestos, como los aplicados al trabajo o a las empresas.

También afirmó que puede incentivar la participación de los herederos en el mercado laboral y servir para gravar ganancias de capital que no tributaron durante la vida del propietario debido a mecanismos de planeación fiscal.

Lilly Téllez cuestiona la propuesta

La postura de Armendáriz fue difundida después de que la senadora Lilly Téllez publicara un mensaje en el que criticó la posibilidad de establecer impuestos sobre las herencias y los recursos heredados de las Afores.

La legisladora panista sostuvo que una medida de este tipo afectaría el patrimonio que las personas buscan dejar a sus familias y afirmó que se trataría de una propuesta impulsada desde el gobierno federal para incrementar la recaudación.

Asimismo, hizo un llamado a expresar el rechazo a un eventual gravamen de esta naturaleza.

La discusión surgió durante una sesión de la SCJN

El debate comenzó a partir del análisis realizado por el Pleno de la Suprema Corte sobre el tratamiento fiscal de los recursos de las Afores entregados a los beneficiarios de un trabajador fallecido.

Durante la discusión, la ministra Lenia Batres expresó que considera justo gravar las herencias y los legados como una medida para contribuir a una mayor redistribución de la riqueza.

No obstante, también aclaró que una reforma para establecer un impuesto de este tipo corresponde al Congreso de la Unión y no a la Suprema Corte.

Por su parte, la mayoría de los ministros determinó que los recursos entregados a los beneficiarios de una Afore no deben considerarse ingresos gravables para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Sin embargo, el asunto fue retirado para elaborar un nuevo proyecto, por lo que aún no existe una resolución definitiva.

Datos para entender la discusión en torno a los impuestos a las Afores y las herencias

• Actualmente, las herencias y los legados están exentos del ISR en México.
• Los recursos heredados de las Afores tampoco pagan ISR.
• La SCJN mantiene pendiente una resolución definitiva sobre este criterio.
• Lenia Batres señaló que 24 países de la OCDE aplican impuestos a las herencias.
• En esos países, este gravamen representa alrededor del 0.5% de los ingresos fiscales.
• Veintiún países cobran el impuesto a los herederos según el grado de parentesco y tres lo hacen sobre el patrimonio del fallecido.

El tema continúa en discusión

Hasta el momento, la legislación mexicana mantiene exentas del ISR las herencias y los legados, de acuerdo con el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Asimismo, los recursos de las Afores entregados a beneficiarios continúan sin pagar este impuesto.

Especialistas en materia fiscal y de pensiones han señalado que el debate sobre un eventual impuesto a las herencias continúa abierto y que, por ahora, no existe una reforma aprobada para modificar el tratamiento fiscal de estos recursos.

La discusión permanece tanto en el ámbito jurídico como en el político, mientras la resolución definitiva de la Suprema Corte sigue pendiente y cualquier cambio legal dependería del Congreso de la Unión.