El calendario de vencimientos para el reporte de información exógena del año gravable 2025 comienza en abril en Colombia, lo que representa “una obligación ineludible para ciudadanos y empresas”, según informó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). El proceso, regulado por resoluciones recientes, exige a millones de contribuyentes cumplir plazos específicos conforme al número de identificación tributaria (NIT) y establece sanciones en caso de incumplimiento.

Al respecto, la entidad recordó que “la obligatoriedad para el 2025 es absoluta y constituye la base para las declaraciones sugeridas y el control tributario nacional”.

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Los que deben presentar información exógena por el año gravable 2025 en Colombia están sujetos a fechas determinadas según el tipo de contribuyente. Estas fechas varían para grandes contribuyentes, personas jurídicas y naturales, así como para reportes institucionales específicos. Los montos que obligan al reporte se expresan en unidades de valor tributario (UVT) y pesos, y los plazos van desde finales de abril hasta agosto de 2026 para ciertos informes.

Como se recordará, la información exógena recoge los datos sobre operaciones de personas naturales y jurídicas con terceros, que se deben entregar cada año a la autoridad tributaria. De acuerdo con esta, “el reporte de información exógena es la base para las declaraciones sugeridas y el control tributario en el país”. El sistema permite detectar discrepancias y refuerza la lucha institucional contra la evasión y el contrabando.

Fechas clave y plazos para declarar información exógena

Para lo que corresponde al año gravable 2025, el calendario es el siguiente:

• Grandes contribuyentes: del 28 de abril al 13 de mayo de 2026.
• Personas jurídicas y naturales: disponen de plazo entre el 14 de mayo y el 12 de junio de 2026.

El calendario está determinado por los dígitos finales del NIT de cada contribuyente. Existen además plazos adicionales:

• Registraduría Nacional: debe reportar el primer día hábil de marzo
• Ministerio de Cultura: durante los primeros 15 días del mes siguiente a cada trimestre;
• Los reportes de estados financieros consolidados y enajenantes de acciones hasta el 30 de junio de 2026,
• Alcaldías y distritos: respecto al impuesto de industria y comercio (ICA), hasta el 31 de agosto de 2026.

Recordó la Dian que sigue disponible la opción de reportar de manera voluntaria la información de los años 2021 a 2024 mediante los formatos habilitados. Sin embargo, la entidad enfatiza que para el año gravable 2025 la presentación es obligatoria.

Herramientas y recursos oficiales para el reporte 2025

Con el fin de facilitar el cumplimiento, la Dian habilitó la cartilla de presentación de información por envío de archivos 2026, una guía que explica paso a paso el proceso de carga y los requisitos técnicos exigidos.

Además, puso a disposición los prevalidadores de información tributaria, que son herramientas digitales gratuitas, accesibles desde la página oficial. Estos instrumentos ayudan a evitar errores durante la presentación y previenen el rechazo de la información.

Toda la documentación de apoyo, el calendario de vencimientos y las asistencias digitales pueden consultarse en el portal institucional de la Dian.

Criterios de obligatoriedad y topes para personas naturales y jurídicas

La Resolución 000162 de 2023 y la Resolución 000188 de 2024 establecen quiénes están obligados a suministrar información exógena. Las personas jurídicas deben atenerse a los topes generales de ingresos y las condiciones específicas señaladas por sector o actividad.

Para las personas naturales, la obligación surge solo cuando concurren dos condiciones:

• Superar ingresos brutos por 11.800 UVT, equivalentes a $587.628.200
• Cuando la suma de las rentas de capital y/o no laborales excede 2.400 UVT, es decir, $119.517.600 durante el año gravable 2025.

Según la Dian, el ingreso bruto “corresponde al valor total realizado o causado, sin descontar retenciones practicadas, ya sea en Colombia o en el exterior”. Esto implica que se consideran los valores globales antes de impuestos, incluidas las rentas obtenidas fuera del país, sin deducción de retenciones.

Si la persona natural no supera ambos umbrales, no queda obligada a reportar, salvo en los casos particulares previstos por la normativa vigente. Las personas jurídicas deben verificar los criterios según su actividad en el portal de la Dian.

Normativa actual para la información exógena

La presentación de información exógena para el año gravable 2025 se rige por la Resolución 000162 de 2023 y la Resolución 000188 de 2024. Se recomienda consultar ambos documentos oficiales en su sitio web ante cualquier duda sobre las condiciones y procesos.

Asimismo, los cambios establecidos en 2025 mediante la Resolución 000233 y la Resolución 000237, enfocados en formatos y lineamientos técnicos, aplicarán para la información reportada por el año gravable 2026. Por tanto, para el reporte del 2025, continúan vigentes las resoluciones anteriores.

De igual forma, las normas y conceptos técnicos deben seguirse conforme al artículo 631 del Estatuto Tributario y las reglamentaciones asociadas a las resoluciones expedidas por la Dian.

Importancia del cumplimiento y control contra evasión

La información exógena es clave para que la autoridad tributaria detecte inconsistencias y refuerce los mecanismos contra la evasión y el contrabando. Cumplir adecuadamente facilita la generación de declaraciones sugeridas y promueve la transparencia en la economía.

Por supuesto, hay sanciones económicas para quienes omitan, reporten fuera de plazo o presenten datos incorrectos en los informes exógenos. El uso de herramientas digitales y la consulta del calendario de vencimientos son fundamentales para evitar inconvenientes y cumplir de manera eficiente con esta obligación fiscal.

El reporte de información exógena otorga a la entidad tributaria la capacidad de fortalecer la supervisión tributaria en Colombia, lo que anticipa inconsistencias y respalda un mayor control fiscal.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció este 7 de abril la autorización de 2 mil 179 millones en devoluciones de saldo a favor por impuesto sobre la renta (ISR) correspondientes a la Declaración Anual 2025 de personas físicas.

Según el SAT, en su comunicado oficial de este 7 de abril, la devolución de saldo a favor ya ha beneficiado a 608 mil 119 contribuyentes.

El organismo informó que el dinero se depositará con un plazo promedio de tres días, lo que representa un periodo sustancialmente inferior al máximo de 40 días previsto en el Código Fiscal de la Federación.

SAT señaló que hasta las 8:00 am de la misma fecha se habían presentado 2 millones 628 mil 571 declaraciones de personas físicas.

SAT establece multas de más de 40 mil pesos en fallas en la declaración anual

El SAT aplica multas de hasta 41 mil 590 pesos por cada omisión en la presentación de la declaración anual de impuestos, lo que puede derivar en consecuencias económicas de largo plazo e incluso la suspensión digital necesaria para emitir facturas.

Esta sanción no solo implica una penalización monetaria sino que también puede acarrear recargos y restricciones administrativas, afectando directamente el acceso a créditos y la operatividad financiera de los contribuyentes.

A diferencia de lo que muchos suponen, la multa se aplica por cada declaración omitida, por lo que una persona con diez omisiones podría enfrentar diez cargos económicos independientes. Además, el SAT contempla circunstancias agravantes; los atrasos reiterados o un historial de incumplimientos pueden incrementar el monto final del castigo económico.

Para quienes buscan regularizarse antes de que el SAT emita un requerimiento formal, existe la posibilidad de que la multa se reduzca significativamente o incluso no se aplique, siempre que la declaración llegue antes de una notificación oficial. Si el contribuyente presenta su declaración solo días después del plazo y aún no ha sido requerido, la sanción suele no implementarse de inmediato.

El SAT permite, en caso de que la persona ya haya sido requerida pero aún no exista una resolución formal, obtener descuentos en la multa que oscilan entre el 20% y el 60%.

Además, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ofrece asesoría para reducir aún más el impacto de la multa a través de recursos de revocación o acuerdos conclusivos.

Además de sanciones económicas, el SAT puede establecer otros castigos

Si transcurre un mes desde el vencimiento de la obligación sin que se presente la declaración, el SAT puede restringir o cancelar el certificado de sello digital, herramienta indispensable para la emisión de facturas electrónicas. Esta restricción puede durar hasta que la situación se regularice, afectando severamente el flujo de ingresos del contribuyente, quien quedaría incapacitado para facturar en tanto persista la sanción administrativa.

Esta interrupción en la posibilidad de facturar puede generar pérdidas económicas inmediatas y hacer que el contribuyente sea incorporado a la lista de personas con incumplimientos fiscales. Si la autoridad fiscal no recibe respuesta, la cancelación del certificado puede volverse definitiva y el usuario tendría que solicitar uno nuevo, atravesando otro proceso administrativo.

En las últimas semanas, el pago del impuesto predial en Bogotá avanza con cientos de miles de contribuyentes que ya han cumplido con la obligación tributaria, en medio del calendario establecido por el Distrito.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, con corte a marzo ya habían pagado 784.946 ciudadanos, lo que representa un recaudo de 1,13 billones de pesos, citado por Revista Semana.

Estas cifras se registran dentro del cronograma fijado para el pago del predial en 2026, que incluye fechas clave y beneficios para quienes cumplen anticipadamente con esta obligación.

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Avance del recaudo y meta del Distrito

El Distrito estableció como meta de recaudo por impuesto predial para este año un total de 5,22 billones de pesos.

De ese monto, una parte significativa podría ingresar antes del vencimiento del plazo con descuento, teniendo en cuenta el comportamiento histórico de los contribuyentes.

Para referencia, el recaudo previsto en 2025 fue de 4,8 billones de pesos, lo que muestra un incremento en la meta para el presente año.

El número de personas que ya han pagado refleja el avance del proceso en las primeras etapas del calendario tributario.

Fecha clave para pagar con descuento

Uno de los puntos centrales del calendario es el plazo para acceder al descuento por pronto pago.

Hasta el 17 de abril, los propietarios de inmuebles en Bogotá pueden obtener un 10 % de rebaja en el valor del impuesto.

Después de esta fecha, el pago podrá realizarse, pero sin el beneficio económico.

Este descuento es uno de los principales incentivos para que los contribuyentes cumplan anticipadamente con la obligación.

Por ejemplo, si una persona debe pagar 1.500.000 pesos, con el descuento el valor se reduce a 1.350.000 pesos.

Opciones de pago y fechas posteriores

Para quienes opten por el pago por cuotas, el calendario establece como fecha límite de inscripción el 8 de mayo.

Posteriormente, los pagos se distribuyen en varias fechas durante el año: el 5 de junio, el 14 de agosto, el 2 de octubre y el 4 de diciembre de 2026.

En el caso de quienes prefieran pagar el total sin descuento, el plazo máximo sin intereses será hasta el 10 de julio.

Estas opciones permiten a los contribuyentes elegir la modalidad que mejor se ajuste a su situación económica.

Comportamiento de los contribuyentes

Según lo manifestado por la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, el descuento por pronto pago es un factor determinante en el cumplimiento.

“Alrededor del 80 % de los contribuyentes pagan con ese beneficio”, señaló la funcionaria, citada por ese medio de comunicación.

Este comportamiento explica por qué los primeros meses del calendario concentran una parte importante del recaudo anual.

El avance registrado hasta marzo muestra el impacto de este incentivo en la respuesta de los ciudadanos frente a la obligación tributaria.

Importancia del predial en las finanzas del Distrito

El impuesto predial es una de las principales fuentes de ingresos para el Distrito, lo que lo convierte en un componente clave para la financiación de proyectos y servicios públicos.

El cumplimiento de esta obligación por parte de los ciudadanos incide directamente en la capacidad financiera de la administración local.

Por esta razón, las autoridades han insistido en la importancia de respetar las fechas establecidas y aprovechar los beneficios disponibles dentro del calendario tributario.

El proceso de recaudo continúa mientras se acerca el vencimiento del plazo con descuento, en un momento clave para las finanzas de la ciudad.

La carga impositiva sobre el sector industrial en la provincia de Buenos Aires genera preocupación entre los empresarios, que advierten sobre el impacto real de los tributos en comparación con lo establecido por ley. El peso de Ingresos Brutos, sumado a las elevadas tasas municipales, alimentan el malestar en un escenario de caída de la actividad, cierre de empresas y competencia desleal frente a los productos importados.

Según un informe de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), encabezada por Alejandro Gentile, la presión tributaria efectiva del impuesto sobre los Ingresos Brutos asciende a 4,7% del valor agregado, muy por encima de la alícuota legal del 1,5 por ciento. El nivel registrado también supera al de otras provincias con similar matriz productiva, como Santa Fe (3,6%) y Córdoba (3,5%).

El estudio advierte que la carga impositiva real difiere de la establecida por ley debido al “efecto cascada” a lo largo de la cadena productiva. En general, por ese motivo, Ingresos Brutos suele considerarse el tributo más “distorsivo”. El Gobierno nacional instó en reiteradas ocasiones a las provincias a que lo reduzcan, aunque las cuentas están ajustadas. De hecho, el Ejecutivo debió otorgar un anticipo en materia de coparticipación de hasta $400.000 millones a 12 provincias.

Esto ocurre también en otras actividades. Por caso, en los servicios personales la alícuota legal es de 3,5%, mientras que la carga efectiva asciende a 18,4 por ciento. En comercio, la relación es de 5% y 23,5%, respectivamente.

“Es destacable el incremento de la presión tributaria respecto de la alícuota teórica en la industria dado el uso de insumos intermedios. Ingresos Brutos se calcula sobre una Base imponible cercana al Valor Bruto de Producción (VBP) en la industria”, señaló el informe.

Así, la UIPBA comenzó a delinear un esquema para avanzar en una reducción progresiva de dicho impuesto, planteando mecanismos compensatorios, con la intención de presentárselo al gobierno de Axel Kicillof. La iniciativa parte de un dato clave: casi el 14% de la recaudación de ese tributo proviene del sector industrial.

Asimismo, la entidad iniciará acciones legales contra ciertos municipios por las altas tasas de seguridad e higiene, consideradas “un abuso legalizado”. Señalaron que es probable que más firmas abandonen aquellos distritos que cobren cargos excesivos.

El reclamo, comentan fuentes de la industria, surge en medio de un pesimismo generalizado por la caída de la actividad y de una fuerte apertura de importaciones, con foco en China, cuyos productos no pagan la misma carga impositiva que los producidos localmente.

Cuentan que, en la práctica, no reciben respuesta del gobierno bonaerense para “nivelar la cancha”, como suele decir la UIA, y advierten que, de continuar esta dinámica, la recaudación va a desplomarse de todos modos debido a una menor cantidad de fábricas funcionando.

En ese sentido, desde noviembre de 2023, Argentina contabilizó la desaparición de 21.339 empresas privadas empleadoras. La provincia de Buenos Aires lideró el impacto, con una pérdida de 5.832 compañías.

Los industriales bonaerenses no tienen buenas expectativas para este año y creen que el cierre de compañías va a continuar. Además, manifiestan que es necesario un plan industrial en la jurisdicción, algo que en la actualidad -afirman- no hay.

Santa Fe y Córdoba, otras dos provincias con marcado perfil industrial, también registraron importantes retrocesos en los últimos dos años. En la primera dejaron de operar 2.309 empresas y en la segunda, 3.884, de acuerdo con datos de Politikon Chaco.

En Córdoba, el sector más afectado fue el comercio, con 1.027 cierres, seguido por transporte y almacenamiento, con 996, y la industria manufacturera, que perdió 218 firmas.

En Santa Fe, la mayor reducción correspondió a transporte y almacenamiento, con 1.130 empresas menos; luego la industria, con 292, y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 230 cierres.

Los ingresos tributarios del Gobierno Central de Perú en marzo de 2026 alcanzaron S/ 16.682 millones, lo que representa un crecimiento de 11,6% respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con datos difundidos por la SUNAT. Con este resultado, se completan 22 meses consecutivos de aumento en la recaudación nacional.

El incremento registrado se atribuye principalmente al desempeño de la economía en febrero, cuando el Producto Bruto Interno (PBI) aumentó cerca de 2,8% y la demanda interna lo hizo en 4,3%. Este dinamismo se reflejó especialmente en el crecimiento de 19,7% de las importaciones, que tuvo impacto en las obligaciones liquidadas el mes siguiente.

Crecimiento de la recaudación: cifras y factores económicos

Otro factor influyente fue la campaña de regularización anual del Impuesto a la Renta para el ejercicio 2025, iniciada el 26 de marzo y vigente hasta el 10 de junio, especialmente relevante en el sector minería, debido a un incremento de las utilidades empresariales reportadas, según indicó SUNAT en su informe.

El contexto internacional también favoreció la recaudación por el aumento de los precios del cobre y el oro, principales metales de exportación del país. Esta situación elevó los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta de las empresas relacionadas con estos productos.

El impacto de la minería y los precios internacionales

Entre las medidas que contribuyeron a la expansión tributaria se encuentran el impacto de acciones de cierre de brechas tributarias ejecutadas por SUNAT y la aplicación de nuevas normas.

Destacan el Decreto Legislativo N.º 1623, que estableció el cobro de IGV a servicios digitales y recaudó S/ 54 millones en marzo, así como la Ley N.º 31557 y el Decreto Legislativo N.º 1644, vinculados al Impuesto a los juegos y apuestas deportivas a distancia y el ISC a esas actividades, que generaron S/ 165 millones en conjunto.

El Decreto Supremo N.º 115-2024-EF fijó desde enero de 2026 una nueva tasa de ISC a la cerveza equivalente a 0,047% de la UIT, en un contexto en el que la UIT es de S/ 5.500.

Nuevas normas y acciones de SUNAT refuerzan los ingresos

Por otro lado, la recaudación se vio afectada negativamente por la caída de 5,8% en el tipo de cambio frente a marzo de 2025, un efecto que incidió en los ingresos tributarios relacionados con importaciones y exportaciones.

También influyeron disposiciones como el Decreto Legislativo N.º 1634, que dispuso un fraccionamiento especial para deudas tributarias recaudando este año S/ 12 millones frente a los S/ 155 millones del año anterior, y la Ley N.º 31903, que permite la libre disposición de fondos en cuentas de detracciones de empresas MYPE, disminuyendo los flujos de cobranza de deuda.

La Ley N.º 32219 mantuvo la tasa reducida del 8% de IGV para micro y pequeñas empresas de los rubros restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos y servicios de catering, mientras que la Ley N.º 31962 modificó la aplicación de intereses en devoluciones y actualización de multas.

Resultados por tipo de impuesto: Renta, IGV e ISC

Por tributos, el Impuesto a la Renta generó S/ 9.618 millones durante marzo, cifra que supone un alza de 17,1% frente al mismo mes de 2025.

Se verificaron aumentos en regularización (15,9%), pagos a cuenta de tercera categoría y RMT (23,8%), así como en primera (20%) y quinta categoría (4,7%), sujetos no domiciliados (18,7%), RER (12,4%) y otras rentas (17,6%). En contraste, descendieron las recaudaciones por renta de segunda categoría (-1,8%) y cuarta categoría (-0,4%).

La recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) sumó S/ 8.300 millones, un crecimiento de 8,7% respecto a marzo de 2025. El IGV interno aportó S/ 4.882 millones, con un crecimiento interanual de 13,3%, mientras el derivado de importaciones ascendió a S/ 3.418 millones (2,7% más), sostenido por el incremento de las importaciones a pesar de un tipo de cambio más bajo.

Juegos, apuestas y servicios digitales: nuevos aportes a la recaudación

En el caso del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), se reunieron S/ 950 millones, equivalentes a una subida de 24% comparado con el año previo.

El incremento obedeció tanto a mayores pagos por combustibles gravados (56,1%) como a una expansión en el pago del impuesto sobre cervezas y el inicio de la recaudación sobre juegos y apuestas a distancia (S/ 48 millones, de los cuales S/ 21 millones correspondieron a pagos extraordinarios derivados de acciones de fiscalización de SUNAT).

SUNAT: devoluciones tributarias y factores que restaron ingresos

La recaudación de otros ingresos fue de S/ 1.007 millones, 10,7% más que en marzo de 2025. Destacan, dentro de este rubro, los casinos y tragamonedas, así como los juegos y apuestas deportivas a distancia, que alcanzaron S/ 117 millones, de los cuales S/ 90 millones correspondieron a pagos extraordinarios realizados por un importante contribuyente como resultado de fiscalizaciones.

Por el contrario, descendieron los pagos por fraccionamientos (-35,9%) y los ingresos como recaudación ICR (-39,4%).

Finalmente, las devoluciones de impuestos en marzo sumaron S/ 3.353 millones, registrando un incremento de 22% respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con lo informado por SUNAT.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede iniciar revisiones cuando detecta que la información de un contribuyente no coincide con lo que tiene registrado en sus sistemas. Esto no ocurre de forma automática ni sorpresiva, sino a partir de señales concretas como declaraciones no presentadas, datos incompletos o diferencias entre ingresos reportados y comprobantes fiscales.

Una de las primeras alertas es el llamado requerimiento de obligaciones omitidas. Esto sucede cuando el SAT identifica que no se presentó una declaración en el plazo correspondiente. En ese caso, envía un aviso (al buzón tributario) en el que señala qué falta y solicita que se regularice la situación.

El trámite de respuesta se hace en línea, a través de “Mi portal”, donde el contribuyente debe ingresar con su RFC y contraseña, explicar el motivo y adjuntar documentos que respalden su aclaración.

Otro escenario se presenta cuando la autoridad cruza información de distintas fuentes, como facturas electrónicas, declaraciones de terceros o reportes de pagos. Si encuentra diferencias, puede emitir un oficio para pedir explicaciones o incluso solicitar una entrevista de vigilancia profunda, que puede ser presencial o en línea.

En esas entrevistas, el SAT expone directamente las inconsistencias detectadas y da un plazo para corregir o justificar la información. También puede pedir aclaraciones por correo electrónico, dependiendo del tipo de caso.

En la práctica, este tipo de revisión se puede detectar porque el contribuyente empieza a recibir notificaciones formales o invitaciones a aclarar su situación. No es un proceso inmediato de sanción, pero sí un seguimiento más detallado de la información fiscal.

¿Cómo evitar la revisión profunda?

Para evitar entrar en este tipo de revisión, lo más importante es cumplir con las declaraciones en tiempo y forma y asegurarse de que los datos coincidan con los registros del propio sistema fiscal. Las diferencias entre lo declarado y lo facturado son el principal motivo que detona estos procesos.

También es posible corregir errores antes de que escalen, siempre que el contribuyente responda dentro de los plazos establecidos y entregue la documentación necesaria para justificar o ajustar su información.

En general, la llamada “revisión profunda” no es una sanción en sí misma, sino un mecanismo de verificación para confirmar que la información fiscal es consistente. Detectarla a tiempo depende, sobre todo, de estar atento a los avisos y responder dentro de los tiempos que marca la autoridad.

El costo de acceder a préstamos bancarios en la Argentina se ubica entre los más elevados del mundo, según datos técnicos sectoriales y análisis de expertos. Una de las principales razones radica en la elevada carga tributaria que recae sobre estas operaciones, donde impuestos nacionales, provinciales y municipales absorben hasta el 77% de la tasa de interés total que paga quien solicita un crédito.

De acuerdo con cifras de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la incidencia de impuestos sobre el costo financiero de un préstamo bancario asciende al 48% en casos habituales, como los relevados en La Plata, la Ciudad de Córdoba y otras jurisdicciones relevantes del país. En préstamos sujetos a tasas de interés más elevadas, este porcentaje supera el 60%, lo que agrava aún más el acceso al financiamiento formal.

El impacto tributario se desglosa en diferentes niveles de gobierno. Los tributos recaudados por la Nación explican el 25% de la tasa de interés total, mientras que las provincias incorporan un 8% y los municipios, un 4%. De esta manera, la suma de las cargas fiscales representa 37 puntos porcentuales sobre el total pagado en concepto de intereses.

Además, el sistema de coparticipación federal redistribuye parte de estos ingresos fiscales. Los municipios terminan recibiendo el 6% de la tasa total, las provincias el 18% y la Nación el 13%. Este mecanismo evidencia cómo el costo de un préstamo no solo financia a los bancos, sino que también sostiene la estructura fiscal de distintos niveles estatales.

El análisis estadístico permite observar que, descontando la carga impositiva, la tasa de interés neta que efectivamente perciben las entidades financieras es del 40%. Esto significa que el resto del costo que afronta el tomador del crédito se dirige a las arcas del Estado, lo cual genera controversias y reclamos en diversos sectores de la sociedad.

La estructura tributaria que se aplica sobre los préstamos bancarios incorpora impuestos nacionales como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, mientras que a nivel provincial predominan gravámenes como Ingresos Brutos y, en algunas jurisdicciones, sellos. Por su parte, los municipios también perciben tasas administrativas que añaden presión sobre el costo de financiarse.

El efecto acumulativo de estos tributos genera una situación en la que el usuario que solicita un préstamo para consumir o invertir termina financiando, en gran parte, al Estado en sus diferentes niveles. La suma de estos porcentajes influye de manera directa en la tasa de interés efectiva, que se ubica muy por encima de la media internacional.

En algunas plazas, la presión fiscal resulta aún mayor debido a la superposición de tasas y contribuciones locales. Las diferencias entre jurisdicciones pueden modificar sustancialmente el costo final de acceder a un crédito, ya que cada provincia y municipio cuenta con esquemas tributarios propios. Los datos relevados en La Plata y Córdoba muestran casos en los que la carga impositiva supera el promedio nacional y amplía la brecha entre la tasa de interés nominal y el costo real para el usuario.

El fenómeno recibe atención pública y mediática por su impacto en la economía cotidiana. Un reciente video protagonizado por El Tano Pasman expuso la problemática de las tasas municipales aplicadas sobre créditos y compras. La pieza viralizada utilizó la metáfora de que, al adquirir un bien financiado, una parte importante del costo termina en manos del Estado, lo que generó debate en redes sociales y motivó reacciones de usuarios y especialistas en economía.

Según los análisis del sector bancario, la discusión sobre la presión tributaria en el sistema financiero adquiere mayor relevancia en contextos de alta inflación y restricciones al crédito. La incidencia de los impuestos en las tasas de interés limita la posibilidad de acceder a préstamos más accesibles y afecta tanto a consumidores como a pequeñas y medianas empresas que buscan financiamiento para operar.

El informe conjunto de ABA y ADEBA detalla que la composición de la tasa de interés total de un préstamo responde a una estructura en la que el Estado capta una proporción significativa de los fondos pagados por el usuario. El desglose permite entender que solo una parte del interés corresponde a la retribución del banco por el riesgo asumido y el costo financiero, mientras que el resto se destina a obligaciones fiscales.

Las consecuencias de este esquema no solo impactan en el bolsillo de quienes buscan financiamiento, sino que también inciden en la competitividad de la economía argentina. La elevada incidencia de tributos sobre el crédito desalienta la inversión y limita el desarrollo de sectores productivos que requieren acceso a fondos para expandirse o modernizarse.

A nivel comparativo, la presión fiscal sobre los préstamos bancarios en la Argentina se ubica muy por encima de la media regional e internacional. Mientras que en otros países los impuestos asociados a las operaciones crediticias representan un porcentaje menor de la tasa de interés, en el sistema local la cifra supera el 48% en jurisdicciones representativas y se incrementa en casos de tasas más elevadas.

Los especialistas en finanzas y tributaristas coinciden en que la estructura actual genera un círculo vicioso: la alta carga impositiva encarece el crédito, lo que reduce la demanda y limita el volumen de préstamos otorgados. A su vez, la menor actividad crediticia impacta negativamente en el desarrollo económico y social de las regiones más necesitadas de inversión.

El sistema de coparticipación federal también juega un papel relevante en la distribución de los fondos recaudados por impuestos sobre los créditos. Las transferencias entre la Nación, las provincias y los municipios configuran un entramado financiero que determina la disponibilidad de recursos para cada jurisdicción, incluso cuando el origen de los fondos es el costo que afronta el usuario al solicitar un préstamo.

Expertos en políticas públicas sostienen que la elevada proporción de recursos fiscales obtenidos a través de los créditos bancarios refleja la dependencia de los Estados subnacionales respecto de estos mecanismos de recaudación. Los municipios y provincias utilizan parte de los recursos coparticipados para financiar servicios públicos y obras, lo que fortalece la importancia política y económica de la presión tributaria sobre el sistema financiero.

El impacto de los impuestos sobre los créditos no distingue entre tomadores individuales y empresas. Quienes acceden a préstamos personales, créditos automotores o financiamiento para la compra de bienes de capital experimentan el efecto de la carga fiscal en el valor de cada cuota y en el costo total de la financiación.

Las entidades bancarias advierten que la carga impositiva también incide en la morosidad y en el acceso al crédito formal. Los costos elevados pueden empujar a algunos usuarios a recurrir a alternativas informales, donde la ausencia de regulaciones y controles incrementa los riesgos y reduce las garantías para el tomador.

La discusión sobre la estructura tributaria de los préstamos bancarios se mantiene vigente en la agenda pública y económica de la Argentina. Diversos sectores reclaman una revisión del esquema actual, argumentando que el alivio fiscal permitiría reducir el costo del crédito y favorecería el crecimiento de sectores productivos y el consumo interno.

El debate incluye propuestas de reformas para simplificar y reducir la carga impositiva sobre el sistema financiero, con el objetivo de acercar las tasas de interés locales a los estándares internacionales y mejorar las condiciones de acceso a préstamos para todos los actores de la economía.

La incidencia de los impuestos sobre la tasa de interés de los préstamos bancarios constituye un factor central en la discusión sobre el financiamiento en la Argentina. Los datos muestran que el sistema canaliza una parte sustancial de los recursos generados por el crédito hacia las arcas del Estado, lo que configura una dinámica compleja para quienes buscan acceder a financiamiento en el mercado formal.

La maniobra de registrar automóviles de lujo en Montana para eludir impuestos se consolidó como una de las estrategias predilectas de los millonarios en California y otros estados de Estados Unidos, mientras que las autoridades californianas intensifican su ofensiva para cerrar este vacío legal y recuperar ingresos fiscales perdidos, de acuerdo con el diario estadounidense Los Angeles Times.

El Departamento de Impuestos y Tarifas de California centra sus investigaciones en los propietarios de coches exclusivos, como Lamborghini, Ferrari y Porsche que emplean compañías ficticias en Montana para evitar abonar tasas locales.

Los funcionarios estatales advierten que esto representa millones de dólares no recaudados y afecta servicios esenciales.

Desde 2023, los investigadores identificaron a 500 concesionarias dentro de California vinculadas a la venta de aproximadamente 2.500 vehículos que, supuestamente, fueron utilizados en Montana, según informó Los Angeles Times. Datos de la agencia indican que este fenómeno cuesta a las finanzas públicas de California más de USD 10 millones por año en ingresos tributarios no percibidos, ya que el valor de estos automóviles supera en muchos casos los cientos de miles de dólares.

La mecánica, conocida como el “vacío legal de Montana”, consiste en que compradores de altos ingresos registran sus coches mediante sociedades de responsabilidad limitada (LLC) creadas en ese estado para eludir el impuesto a la venta y la propiedad vigente en California.

Montana no grava ni la compraventa ni la tenencia de vehículos personales, lo que explica que quienes adquieren modelos costosos opten por este recurso legal. El proceso administrativo puede realizarse a distancia, permitiendo que los automóviles circulen con patentes de Montana, aunque tengan su uso principal en otras jurisdicciones.

La proliferación del registro en Montana genera pérdidas fiscales millonarias para California

Una investigación estableció que la ciudad de Beverly Hills encabezó el listado con 416 casos sospechosos, seguida de Costa Mesa (359 casos), Van Nuys (273) y San Diego (269). Se detectaron también transacciones dudosas en Irvine, Santa Monica y Newport Beach.

En los casos más graves, la evasión impositiva involucró la participación directa de concesionarias que facilitaron documentación y logística para simular la venta y el “traslado” de los vehículos fuera del estado, contraviniendo los requisitos legales según los cuales un automóvil debe permanecer mínimo 12 meses fuera de California para evitar impuestos locales.

La magnitud del daño fiscal quedó evidenciada con la acusación formal presentada en febrero de este año contra 14 personas —entre comerciantes y compradores— por la adquisición y ocultamiento de más de USD 20 millones en vehículos de alta gama. Según el informe de Los Angeles Times, estos hechos supusieron una evasión de al menos USD 1,8 millones en impuestos estatales a través de operaciones perpetradas entre 2023 y 2024.

Las autoridades intensifican la respuesta y buscan cerrar el vacío legal

El fortalecimiento de la supervisión no implica solo auditorías: la fiscalía de California presentó más de 50 cargos, incluyendo conspiración para evasión fiscal, declaración fraudulenta de impuestos sobre ventas, lavado de activos y perjurio. Un gerente general y un empleado de la concesionaria San Francisco Exotic Cars, situada en San Rafael, fueron mencionados en la acusación.

El material de los mensajes interceptados evidencia la intención deliberada de encubrir la maniobra. “No quiero que el estado de California sepa nada sobre este coche”, escribió uno de los acusados desde el condado de Santa Clara al coordinador logístico de los documentos falsos.

En otro intercambio, tras registrar un Lamborghini por un monto que supera los USD 600.000, el comprador se jactó de haber ahorrado USD 70.000 en tasas, afirmando: “Pagué USD 3.000 por tener un auto de USD 600.000 durante cinco años, en California eso serían como USD 75.000 en cinco años. Es ridículo”.

El Departamento de Impuestos y Tarifas de California, a través de Shannon Robinson, funcionaria del organismo, señala que la recuperación de hasta unos pocos casos tiene un efecto inmediato, dada la magnitud económica de cada operación. Robinson explicó que el objetivo es inducir el cumplimiento tributario voluntario, permitiendo ciertas exenciones a quienes regularizan su situación de forma anticipada, antes de ser notificados.

Debate legal y alcance de las limitaciones en la práctica

Expertos fiscalistas, como Mark Milton, abogado principal del Milton Law Group de Missouri, advirtieron en Los Angeles Times que la legalidad de estos registros depende estrictamente de las circunstancias individuales.

Milton comentó que hay situaciones legítimas para tener placas de Montana, especialmente cuando la persona mantiene propiedades o utiliza el vehículo fuera del estado; sin embargo, subrayó que recurrir a LLC creadas solo por internet resulta una actitud riesgosa. El abogado observó que algunos concesionarios facilitan estas operaciones para aumentar ventas o recibir comisiones irregulares.

El sitio web de Bennett Law Office, dirigido por el abogado Thad Brinkman en Missoula, Montana, amplía que la condición fundamental para defenderse es demostrar el uso real del automóvil fuera de California y cumplir con toda la normativa interestatal.

Brinkman detalló que sus clientes habituales son coleccionistas o inversionistas que almacenan vehículos fuera del estado, o quienes compran casas rodantes para utilizarlas durante la jubilación. Si el automotor permanece fuera de California, insistió, difícilmente las autoridades podrán fundamentar una acusación de evasión.

Legisladores buscan nuevas regulaciones para frenar el flujo de automóviles de lujo a Montana

El vacío normativo motivó la reacción del Congreso estatal. El senador Jerry McNerney promueve un proyecto de ley para establecer criterios que permitan identificar a las LLC consideradas “cáscaras vacías”, empleadas como fachada en esquemas de evasión.

Entre los factores que generan sospecha figuran la ausencia de actividad comercial genuina, falta de empleados o de sede física fuera de California y no presentar declaraciones fiscales en otros estados.

Mientras la inscripción ficticia de vehículos en Montana se multiplica—impulsada incluso por empresas en ese estado que publicitan el servicio como legal, siempre que se respeten las normativas estatales—, la presión pública y los arrestos de alto perfil, como el del youtuber Cody Detwiler “WhistlinDiesel” en Tennessee, actúan como disuasivos entre potenciales infractores, según expertos citados por Los Angeles Times.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó este 5 de abril que 66 de cada 100 trámites de inscripción de empresas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y generación de e.firma concluyen el mismo día si se cumplen los requisitos, como parte de la estrategia de modernización y simplificación fiscal.

Durante un año, el SAT registró más de 76 mil empresas en el RFC, según un comunicado oficial este 5 de abril. Entre enero de 2025 y el 18 de marzo de 2026 el organismo ofreció 225 mil espacios para agendar citas de e.firma empresarial, de los cuales fueron utilizados 191 mil 900, lo que representa 85% de ocupación, de acuerdo con el comunicado.

De estos trámites, el 71% fue atendido en menos de cinco días, es decir, 191 mil 100 empresas completaron el procedimiento en ese plazo.

La autoridad fiscal identificó que los motivos más frecuentes por los que un trámite no se concreta en la primera visita corresponden a inconsistencias en el acta constitutiva o la falta de comprobante de domicilio.

Para la inscripción, es indispensable contar con cita y presentar documento constitutivo protocolizado, comprobante de domicilio —a nombre de la persona moral o de un socio—, instrumento que avale la representación legal e identificación oficial vigente del representante legal, según el SAT.

Los requisitos para la generación de la e.firma empresarial incluyen presentar USB nueva y un poder general para actos de administración o dominio. El SAT reiteró la importancia de reunir la documentación de manera previa para completar estos trámites en una sola visita y agilizar la formalización.

SAT advierte de noticias falsas de procedimientos fiscales

El SAT advirtió sobre la circulación de noticias falsas relacionadas con procedimientos fiscales, enfatizando los riesgos de compartir mensajes en redes sociales y mensajería instantánea sin verificación oficial.

Esta alerta del principal órgano tributario de México surge en un contexto en el que el incremento de rumores ha generado confusión entre contribuyentes, lo que puede traducirse en decisiones precipitadas e incluso en fraudes, según indicó el propio SAT.

Dentro de los mensajes identificados recientemente, el SAT detectó rumores sobre la presunta realización de visitas sorpresa a domicilios, supuestos bloqueos masivos de cuentas bancarias, y la existencia de un “departamento de ventas” de automóviles perteneciente a la entidad.

La autoridad negó de manera categórica cada uno de estos puntos y reiteró que no existen visitas de inspección sin fundamento, bloqueos indiscriminados de cuentas ni dependencias adscritas a la venta de vehículos, de acuerdo con información oficial del organismo tributario.

Además, el SAT subrayó que el surgimiento de noticias falsas puede conducir a situaciones de pánico injustificado entre las personas físicas y morales, afectando sus decisiones económicas.

SAT precisó que la información oficial sobre cualquier modificación o medida fiscal solo se difunde a través de los canales institucionales reconocidos, tales como el Diario Oficial de la Federación y los portales digitales del propio organismo. Cualquier notificación relevante debe provenir de estos medios oficiales, y no de rumores difundidos en redes sociales o cadenas de mensajería instantánea, recalcó la autoridad fiscal en su comunicado.

Las cámaras de la industria pesquera presentaron ante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesqueros de la Nación una solicitud de intervención urgente ante el deterioro de los costos operativos del sector. El eje central del reclamo es el incremento del precio del gasoil, que según advierten las entidades, ya acumuló una suba superior al 40% en los primeros meses de 2026.

Según manifestaron las entidades, la situación coloca a la actividad, el octavo complejo exportador del país, en un escenario de vulnerabilidad que compromete la continuidad de las operaciones y el sostenimiento de más de 43.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

El sector pesquero genera ventas externas por más de 2.000 millones de dólares anuales, pero actualmente enfrenta una crisis de costos donde el combustible representa entre el 20% y el 45% del gasto operativo total de un buque, dependiendo de la especie capturada y el tipo de pesca. Las cámaras informaron que, a diferencia de 2025, cuando el gasoil aumentó en línea con la inflación, la velocidad de los incrementos en lo que va de 2026 ha superado cualquier previsión, paralizando la planificación empresaria.

Carga fiscal y asimetrías internacionales

La presión sobre la rentabilidad se ve agravada por la carga tributaria. El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) incide en un 15,8% sobre el precio final, a lo que se suma el tributo al CO2 con un 0,9%. Según el sitio especializado Pescare, la escalada bélica en Medio Oriente expuso la fragilidad de la economía pesquera argentina, donde cada crisis energética impacta inicialmente en el combustible y luego se traslada a toda la cadena de valor.

En este contexto, la industria local observa con preocupación las medidas adoptadas por otros países competidores. España implementó un paquete de emergencia de 5.000 millones de euros que incluyó una reducción del IVA de los carburantes al 10% y una ayuda directa de 20 céntimos por litro para la pesca. Por su parte, Uruguay estableció un precio excepcional para el gasoil marino de 30.000 pesos uruguayos por metro cúbico para contener el impacto del shock externo.

“A diferencia de estos casos, la Argentina ofrece por ahora otra secuencia”, señala Pescare, destacando que mientras otros estados absorbieron parte del impacto para evitar que la volatilidad energética inmovilizara las flotas, el gobierno argentino mantiene una postura de equilibrio fiscal que genera incertidumbre sobre posibles medidas de alivio.

La flota fresquera y el mercado interno

La situación es particularmente crítica para las embarcaciones de menor escala. “Si para la flota de altura la situación es crítica, para las embarcaciones costeras y fresqueras el incremento del gasoil representa directamente el tiro de gracia”, afirmó un empresario del sector. Estas flotas operan con márgenes de rentabilidad más estrechos y no poseen capacidad para absorber nuevos aumentos.

Las estadísticas reflejan la gravedad del cuadro: en el primer bimestre de 2026, las descargas de variado costero en puertos como Mar del Plata registraron caídas de casi el 40% en comparación con el mismo período del año anterior. La retracción de la actividad no solo afecta las exportaciones, sino que impacta en el abastecimiento del mercado interno. Está claro que la corrida del combustible erosiona la estructura empresaria de menor escala, lo que podría derivar en una parálisis progresiva de la flota costera, afectando directamente el precio y la disponibilidad de pescado fresco en las góndolas locales.

Variables externas y logística

A la crisis del combustible se suman factores internacionales que actúan como agravantes. El conflicto en Medio Oriente provocó un aumento exponencial en los fletes de contenedores, lo que funciona como un arancel encubierto para las exportaciones argentinas. Asimismo, la caída de la demanda en Europa, debido a la retracción del consumo en gastronomía y turismo, presiona a la baja los precios de venta internacionales.

Un dirigente del sector describió la situación de manera gráfica: “Estábamos al borde del precipicio y con esto del gasoil dimos un paso al frente”. Esta frase resume la percepción de una industria que se considera en un punto de quiebre operativo. Si bien el presidente de YPF, Horacio Marín, anunció un “buffer” de precios por hasta 45 días para evitar traslados plenos de las variaciones internacionales del petróleo, desde el sector entienden que esto constituye apenas un paliativo de coyuntura que no soluciona el problema de fondo de las unidades pesqueras.

El pedido formal al Gobierno

Ante la gravedad del escenario, las cámaras que integran el sector solicitaron formalmente a la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesqueros una serie de medidas urgentes:

1. Gestionar una exención transitoria del ICL y del impuesto al CO2 para el gasoil naval de uso productivo.
2. Establecer un plan de previsibilidad en los precios de los hidrocarburos destinados a la pesca.
3. Articular medidas de fomento que compensen el encarecimiento de los fletes internacionales.

La industria ha manifestado su disposición para conformar una mesa técnica de trabajo con el fin de profundizar los datos presentados y buscar soluciones que eviten la pérdida de empleos en las plantas procesadoras y comunidades portuarias de todo el litoral.

Según la publicación Pescare, el pedido del sector choca con el credo de la administración nacional, que rechaza esquemas de tutela estatal sobre la actividad privada. “La duda ya no pasa solo por la magnitud del problema, sino por la distancia entre la urgencia que describen las cámaras y el tipo de Estado que el oficialismo está dispuesto a ejercer”, señaló el medio.

En definitiva, la pesca advierte que sin condiciones de competitividad y un alivio efectivo en el costo de los insumos básicos, la operatividad de una parte significativa de la flota nacional es inviable en el corto plazo. La crisis de costos, que se venía gestando desde hace meses, encontró en el aumento sostenido del combustible el detonante final para una situación de quebranto contable que ya afecta los niveles de descarga en los principales puertos del país.

Una propuesta de ley en la Asamblea Estatal de Nueva York busca aliviar la carga económica de quienes sean dueños de mascotas al conceder un crédito fiscal de hasta USD 900 anuales para quienes mantengan hasta dos animales de compañía, con entrada en vigor planeada para el año fiscal 2026.

La medida cubriría gatos y perros, y permitiría deducir tanto gastos cotidianos como veterinarios, en contraste con las regulaciones actuales que excluyen a los animales de las deducciones tributarias federales, según informaron diferentes medios estadounidenses.

La iniciativa detalla la posibilidad de deducir USD 150 por animal para insumos diarios y USD 300 por animal para atención médica, alcanzando un tope conjunto de USD 900 por declaración. Esta cifra supera anteriores intentos en el estado, como el crédito de USD 100 por adopción impulsado por la asambleísta Rebecca Seawright, y representa la primera vez que se presenta un proyecto orientado específicamente a quienes poseen perros o gatos en su hogar, según señala The New York Sun.

La deducción incluye alimentación, artículos y atención veterinaria

El texto apoyado por los asambleístas Steven Raga y Rebecca Seawright indica que sólo califican los perros o gatos mantenidos principalmente como compañía, exceptuando especies de trabajo, animales de cría o empleados en investigaciones.

Quienes soliciten el crédito deberán presentar comprobante de propiedad y documentación de los gastos ante el Departamento de Impuestos estatal, tal como confirmó NBC New York.

Los gastos contemplados incluyen alimentos, correas, arneses, productos de aseo, transportadoras, juguetes y otros insumos esenciales para el bienestar animal. Bajo el rubro veterinario, se reconocen las consultas anuales, medicamentos, controles y atenciones de urgencia, siempre que los procedimientos sean certificados como necesarios por un profesional, de acuerdo con el proyecto revisado por National Today.

Qué cambia respecto a la ley federal y por qué es destacado en Nueva York

La propuesta responde, en parte, a los elevados costos asociados a la manutención de animales en Nueva York, donde actualmente no existe un alivio impositivo a nivel estatal y la mayoría de los dueños no pueden deducir mascotas en sus impuestos federales.

The New York Sun señala que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) sólo permite deducciones para animales de asistencia certificados, excluyendo a perros y gatos considerando como mascotas de compañía. Esta situación cobró relevancia recientemente cuando la abogada Amanda Reynolds demandó al IRS después de que rechazaron registrar a su perro Finnegan como dependiente en la declaración federal.

El asambleísta Steven Raga, citado por The New York Sun, puntualizó: “Nadie debería verse obligado a elegir entre sostenerse o cuidar a la familia”. El texto fue remitido a la Comisión de Medios y Arbitrios para evaluación.

Respuesta directa: Quiénes serían beneficiados y cuál es la implicancia práctica

La medida excluye especies destinadas a cría, trabajo o experimentación. De ser aprobada, convertiría a Nueva York en el primer estado en Estados Unidos que establece un beneficio fiscal explícito vinculado a la tenencia responsable de animales de compañía, según informa National Today.

Quienes impulsan la medida sostienen que el crédito busca facilitar el cumplimiento de los requisitos de cuidado para perros y gatos, extendiendo beneficios tributarios actualmente reservados para quienes poseen animales de asistencia.

Hasta el momento, el proyecto permanece en trámite legislativo a la espera del aval de la Legislatura y la firma del gobernador para su entrada en vigor, conforme reportan NBC New York y ABC7 New York.

En el inicio de 2026 coexisten indicadores económicos positivos y negativos en Argentina, pero destaca la continuidad del proceso de estabilización, sostenido por el mantenimiento del superávit fiscal y una política monetaria que busca normalizar el régimen cambiario.

Tras años de desequilibrios, el pilar central del programa económico continúa siendo el ordenamiento de las cuentas públicas. En este escenario, algunos organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proyectan un crecimiento cercano al 3,8% para 2026, posicionando al país como el de mayor crecimiento en la región.

Según los especialistas, este impulso responde a una combinación de factores macroeconómicos y reformas legales que han comenzado a reconfigurar la estructura productiva. Entre ellos, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) ha sido determinante para destrabar proyectos de gran escala en sectores estratégicos como el petróleo y la minería.

A esto se suma una política de reducción de la presión fiscal, con la baja de retenciones a las economías regionales y la disminución de aranceles de importación, lo que ha abaratado el costo de bienes de capital e insumos clave para la producción.

Las actividades más dinámicas

La actividad económica actual se caracteriza por una marcada dispersión. Mientras el nivel agregado de producción muestra signos positivos, sectores como la intermediación financiera, la minería y los hidrocarburos exhiben el comportamiento más dinámico.

Daniel Garro, economista y director de Value International Group, sostiene que la mejora es evidente en áreas donde los precios se han sincerado: “Todo lo que es energía, petróleo, gas, agroindustria, campo y servicios financieros son la parte más pujante y se van a seguir consolidando en el futuro”.

Para Garro, este proceso se profundiza con la reciente baja de retenciones, “marcando un camino donde la macroeconomía ordena el escenario para que la microeconomía resuelva su eficiencia”.

La macroeconomía ordena el escenario para que la microeconomía resuelva su eficiencia (Garro)

José Vargas, director de Evaluecon, describe el modelo como uno de “dos motores”, donde las actividades con ventajas comparativas naturales o tecnológicas lideran la marcha.

Vargas identifica a Vaca Muerta (extracción de petróleo y gas no convencional), la minería (litio y cobre), la agroindustria y los servicios de economía del conocimiento como los grandes ganadores.

Las estadísticas respaldan esta visión. Durante 2025, el sector de intermediación financiera lideró el alza con un 24,7%, seguido por la explotación de minas y canteras con 8%. El sector energético, en particular, logró un superávit récord de USD 7.815 millones, transformándose en un sostén estructural de la balanza comercial argentina.

Osvaldo Giordano, presidente del Instituto de Estudios de la Realidad de América Latina (Ieral), dijo a Infobae que, comparando el nivel de actividad entre noviembre del 2023 (mes previo al cambio de gobierno) y enero 2025 (último dato disponible) aparece que a nivel agregado la producción aumentó, según el EMAE, 6,4%. No obstante, aclaró que la dispersión entre sectores es enorme.

Giordano destacó: “Intermediación financiera, minería e hidrocarburos y agro son los sectores más dinámicos. Los servicios muestran un comportamiento intermedio y por debajo del promedio. Industria y construcción registran fuertes caídas en el nivel de producción”.

Para Giordano, crecimiento de los sectores pujantes dependerá de la celeridad de las reformas estructurales: “Depende de muchos factores, uno muy importante es la velocidad a la que avanzan las reformas que mejoran el entorno para la actividad productiva. Ordenando el sistema productivo más ramas industriales entrarían en el grupo de mayor dinamismo”.

Oportunidades y límites

El fenómeno de Vaca Muerta y la potencia del sector agroindustrial generan lo que los especialistas denominan un “efecto derrame”, aunque con características específicas. Según Vargas, este impacto se canaliza a través de cadenas de valor como la logística, el transporte, la infraestructura y los servicios industriales de metalmecánica.

El impacto de Vaca Muerta se canaliza a través de cadenas de valor como la logística, el transporte, la infraestructura y los servicios industriales de metalmecánica (Vargas)

Daniel Garro observa un cambio demográfico impulsado por estas inversiones: “Está empezando a haber muchas mudanzas, gente que se va de las grandes ciudades hacia el interior. El interior del país es mucho más eficiente que las grandes ciudades al dejar de haber políticas distributivas”. El economista argumenta que el desarrollo de Vaca Muerta beneficia de manera directa e indirecta a quienes se instalan en sus cercanías, expandiéndose luego al resto del país a través del consumo y el turismo.

Por su parte, Osvaldo Giordano aporta una visión más cauta sobre la inmediatez de estos beneficios. Si bien reconoce que sectores como las refinerías de petróleo están en expansión, advierte que el impacto pleno se verá cuando la infraestructura permita disponer de gas abundante a bajo costo, lo que inducirá el desarrollo de múltiples ramas industriales.

Apertura comercial

El RIGI se ha consolidado como una herramienta fundamental, aunque su maduración requiere tiempo. Para Garro, el régimen ha sido un “total éxito”, evidenciado en la cantidad de proyectos aprobados que deben volcar el 40% de la inversión comprometida en sus primeros dos años.

“La idea de Milei era un RIGI para todo el país, una regulación completa que implicara baja de gastos e impuestos mucho más rápida; como no salió, se implementó este esquema para quienes pongan mucha plata”, explica el economista.

Domingo Cavallo, en sus análisis de perspectiva para este año, coincide en que el RIGI brinda argumentos sólidos para el crecimiento, pero subraya la importancia de la secuencia de las reformas. Para el exministro, es vital que se extiendan los incentivos fiscales similares a los del RIGI hacia las pequeñas y medianas empresas, permitiendo que el crecimiento llegue también a los sectores que dependen del mercado interno.

No obstante, Giordano observa: “El RIGI son inversiones que llevan un largo período de maduración. La reducción de retenciones, al ser tan parcial, operó más como un gesto que como un incentivo potente”.

Desmantelar la protección arancelaria afecta negativamente a los sectores protegidos, aunque beneficia a quienes utilizan esos productos como insumos (Giordano)

El director del Ieral advierte también que desmantelar la protección arancelaria afecta negativamente a los sectores protegidos, aunque beneficia a quienes utilizan esos productos como insumos.

El contexto internacional y la “ventana” del litio

El escenario global, aunque es complejo, presenta desafíos geopolíticos que Argentina podría capitalizar. Un informe del BBVA Research resalta que un conflicto prolongado en Medio Oriente elevaría la inflación global, aunque Argentina, como exportador neto de energía, podría ver fortalecido su resultado energético por aumentos en el precio del petróleo.

En la misma línea, el BID destaca la “ventana de oportunidad estratégica” que representa el litio. Argentina integra el “triángulo del litio”, un recurso cuyo valor potencial equivale a varias veces el PBI nacional. Según el organismo, la condición de Sudamérica como una “zona de paz” sin conflictos religiosos ni territoriales de magnitud atrae a las grandes economías que buscan diversificar sus proveedores de minerales críticos para la transición energética.

No obstante, el BID advierte que transformar este potencial en riqueza efectiva depende de la calidad de los marcos regulatorios y la estabilidad política, factores que históricamente han sido obstáculos para el desarrollo sostenido del país.

Desafíos: reservas, inflación y empleo

A pesar de los indicadores positivos en sectores intensivos en capital, la macroeconomía argentina aún enfrenta frentes complejos. La inflación, aunque en descenso, registra una inercia elevada. Tras haber cerrado 2025 en un 31,5%, se proyecta que finalice 2026 en torno al 24%. El proceso de desinflación se ha visto afectado por el ajuste de precios regulados, el precio de la carne y el impacto de los combustibles.

Transformar el potencial del litio en riqueza efectiva depende de la calidad de los marcos regulatorios y la estabilidad política (BID)

Domingo Cavallo alerta que la reducción del índice de riesgo país es incluso más prioritaria que la baja inmediata de la inflación. “Si no baja la tasa de riesgo país, siempre estará como espada de Damocles un posible salto devaluatorio”, sostiene. Para el el exministro, es fundamental alcanzar una liberalización cambiaria completa para que las expectativas de los inversores ayuden tanto a la estabilidad como al crecimiento.

En el plano laboral, la situación es paradójica. A pesar de la expansión del PBI, la tasa de desempleo subió al 7,5% a finales de 2025, el valor más alto para un cuarto trimestre desde 2020. El BBVA destaca que el dinamismo se concentra en sectores con “menor efecto multiplicador sobre el empleo”, lo que limita la percepción de la mejora macroeconómica en los hogares. La informalidad laboral persiste en niveles altos, alcanzando el 43% del total de trabajadores.

Como contrapartida al auge extractivo y financiero, el actual modelo económico impone condiciones extremadamente exigentes para las actividades que crecieron bajo el esquema anterior. Según José Vargas, existen sectores que hoy “luchan por sobrevivir”, especialmente aquellos enfocados exclusivamente al consumo doméstico.

Existen sectores que hoy luchan por sobrevivir, especialmente aquellos enfocados exclusivamente al consumo doméstico (Vargas)

Bajo el subtítulo de actividades en riesgo o con dificultades de adaptación, se evidencia un panorama complejo para diversos sectores. La industria textil y de calzado aparece como una de las más vulnerables debido a su alta sensibilidad ante la apertura de importaciones y la pérdida de la protección arancelaria previa.

En una situación similar se encuentra el ensamblaje de electrónica de consumo, que enfrenta desafíos significativos frente a la competencia internacional al depender históricamente de regímenes de promoción. Por otro lado, la construcción y la obra pública, a pesar de haber mostrado una leve recuperación en 2025, continúan sufriendo el impacto de un nivel de gasto de capital estatal extremadamente bajo, lo que condiciona el crecimiento potencial del país.

Las pyme volcadas al mercado interno atraviesan una fase crítica, especialmente aquellas cuya rentabilidad estaba ligada a una estructura de subsidios energéticos, tasas de interés negativas o esquemas de precios congelados que ya no forman parte del modelo actual.

Osvaldo Giordano es tajante respecto a esta transición: “Las reglas de juego imperantes hasta 2023 indujeron el desarrollo de muchas actividades con muy bajos niveles de competitividad. Algunas empresas podrán reconvertirse, pero en otras las brechas de competitividad son muy difíciles de superar”.

Las reglas de juego imperantes hasta 2023 indujeron el desarrollo de muchas actividades con muy bajos niveles de competitividad (Giordano)

Daniel Garro plantea que más que sectores condenados, existen empresas ineficientes que deben afrontar la realidad de precios sincerados. “Cuando la marea baja, te das cuenta quién tenía malla y quién estaba desnudo”, afirma citando a Warren Buffett, para explicar que aquellas unidades productivas que basaron su ganancia en una “ficción de costos bajos” hoy enfrentan su desaparición o una transformación inevitable.

En una carta firmada el 3 de abril y dirigida a Wopke Hoekstra, comisario de Clima, Neutralidad Climática y Crecimiento Limpio, los responsables de los cinco países plantean la necesidad de un marco legal comunitario que evite que el peso de la crisis energética recaiga únicamente sobre los consumidores y los presupuestos públicos. Según los firmantes, la situación actual exige una intervención europea inmediata para corregir las distorsiones de mercado generadas por la volatilidad geopolítica.

El vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, su homologo italiano Giancarlo Giorgetti, Joaquim Miranda Sarmento (ministro de Estado y Finanzas de Portugal), Lars Klingbeil (ministro de Finanzas de Alemania) y Markus Marterbauer (ministro de Finanzas de Austria), argumentan que el nuevo tributo permitiría financiar medidas para aliviar el encarecimiento de la energía y contener la inflación, sin deteriorar los saldos fiscales nacionales. La solicitud surge tras varias conversaciones del Eurogrupo en las que se discutió el desafío de mantener la estabilidad presupuestaria frente a los actuales límites de gasto.

En la misiva, los ministros enfatizan la importancia de un mensaje político claro ante la ciudadanía europea y los mercados. “Una solución europea de este tipo actuaría como una señal para los ciudadanos de nuestros Estados miembros y para la economía en general, demostrando que estamos unidos y somos capaces de tomar acción”, señala la carta.

Una escalada de precios que recuerda a la guerra en Ucrania

La propuesta de los cinco Estados miembros se apoya en el precedente de 2022, cuando la Unión Europea aprobó una contribución temporal de solidaridad a raíz de la invasión rusa de Ucrania. El Reglamento (UE) 2022/1854, activado tras la escalada de precios que sucedió al estallido del conflicto, estableció un gravamen del 33% sobre los beneficios de las empresas petroleras y gasistas que superaran en más de un 20% la media de los cuatro años anteriores.

La iniciativa surge en un contexto de escalada de los precios internacionales del crudo, impulsados por la inestabilidad geopolítica en Oriente Próximo y las restricciones en el suministro mundial. Ante el impacto de la escalada bélica el Gobierno de España ya ha aprobado un paquete de medidas urgentes que contempla, entre otras, la reducción del IVA de los combustibles del 21% al 10% y un ajuste a la baja en el impuesto especial sobre hidrocarburos, con el fin de aliviar el encarecimiento de los precios energéticos.

El Gobierno calcula que la aplicación de este conjunto de acciones, que contempla un total de 80 iniciativas para paliar los efectos de la crisis global y salió adelante gracias a los votos favorables del PSOE, sus socios del Gobierno, incluido Junts, y la abstención del PP, tendrá un coste total de 5.000 millones de euros.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un llamado a la ciudadanía para actuar con precaución ante la proliferación de información engañosa relacionada con temas fiscales, que se ha difundido en redes sociales.

Entre los rumores detectados recientemente, la autoridad identificó mensajes sobre supuestas visitas sorpresa, la existencia de un “departamento de ventas” de autos, cobros de impuestos a pensionados, cierres de cuentas bancarias y revisiones por concepto de transferencias, entre otros.

El SAT advirtió que estas noticias falsas, difundidas principalmente en redes sociales y servicios de mensajería instantánea, generan confusión y alarma entre las personas contribuyentes.

Por ello, exhortó a la población a verificar la veracidad de la información antes de compartirla y a no difundir contenidos de carácter fiscal que carecen de respaldo oficial.

En particular, el SAT aclaró que es totalmente falso que realice visitas masivas a domicilio, que lleve a cabo bloqueos masivos de cuentas bancarias por presuntos adeudos o mal uso del concepto en transferencias, o que cuente con un área dedicada a la venta de automóviles.

La autoridad recalcó que la circulación de mensajes sobre operativos masivos de auditoría o cierres de cuentas bancarias carece de fundamento.

El organismo recordó que ninguna modificación fiscal entra en vigor sin antes ser publicada en medios oficiales, como el Diario Oficial de la Federación o los portales institucionales.

Alertó que la difusión de noticias falsas puede provocar decisiones apresuradas o incluso fraudes, afectando directamente a las y los contribuyentes.

El SAT recomendó consultar únicamente fuentes oficiales para obtener información fiscal confiable, como el portal institucional, comunicados de prensa y redes sociales oficiales en X, Instagram, Facebook y TikTok.

Finalmente, el SAT reiteró su compromiso con la reducción de la evasión y la elusión fiscal, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la cultura contributiva, siempre mediante una actuación responsable, legal y respetuosa de los derechos de las y los contribuyentes.

No olvides la Declaración Anual

El SAT recordó que el 1 de abril de 2026 inició el periodo para que personas físicas presenten su Declaración Anual 2025 ante el SAT, trámite que se realiza exclusivamente en línea hasta el 30 de abril.

Deben declarar quienes tuvieron más de un empleador, recibieron ingresos por honorarios, actividad empresarial, arrendamiento, del extranjero, superiores a 400 mil pesos, o por intereses, dividendos y venta de bienes.

Quienes solo tuvieron un patrón y no superaron los 400 mil pesos anuales generalmente no están obligados, aunque pueden hacerlo si desean saldo a favor.

El SAT aclara que no es necesaria la CURP biométrica y que la e.firma vigente es indispensable para devoluciones mayores a 10,001 pesos.

Entre las novedades, destaca el simulador para revisar datos y corregir errores antes de enviar la declaración.

No cumplir puede implicar multas de 2,050 a 25,360 pesos. El SAT recomienda preparar información y usar herramientas oficiales para facilitar el proceso y evitar errores.

En medio de la volatilidad internacional de los mercados energéticos, la petrolera de mayoría estatal YPF anunció que mantendrá estables los precios de los combustibles durante 45 días, a pesar del aumento del petróleo a raíz del conflicto en Medio Oriente.

La decisión, según definió la propia compañía, busca funcionar como un “buffer de precios” para evitar un impacto inmediato en el bolsillo de los consumidores. La medida comenzó a regir el miércoles 1° de abril en todo el país.

Fuentes de YPF señalaron a Infobae que la empresa optó por no trasladar al surtidor el incremento del valor internacional del crudo Brent, referencia para el mercado local, en un contexto de baja de consumo registrado, sobre todo, en el interior de Argentina.

“Se van a moderar los aumentos”, aseguraron desde la compañía, que definió la estrategia como un amortiguador para el sector. Esta política estará vigente por un mes y medio, tras lo cual se analizará la evolución del escenario internacional y la posibilidad de recuperar las subas si persiste la inestabilidad energética global.

El precio de la nafta y el gasoil en Argentina surge de varios componentes: el valor del barril de crudo Brent, el tipo de cambio y los impuestos nacionales, como el de los Combustibles Líquidos y el del Dióxido de Carbono.

Voceros de la empresa aclararon a Infobae: “Amortiguamos los precios en lo que corresponde al barril internacional. Si suben los impuestos y se aplican o si hay movimientos del tipo de cambio, no son variables que manejamos nosotros y ahí sí habría traslado. Pero son variables que no debería moverse tanto. Es un gesto para nuestros clientes”.

La dirección de YPF, encabezada por Horacio Marín, remarcó que la medida responde a la intención de evitar especulación ante la volatilidad internacional. “Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor. Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de las nuevas variaciones del Brent”, comunicó el directivo en sus redes oficiales.

Y también subrayó: “No buscamos especular con la alta volatilidad del precio internacional del petróleo, siendo nuestro objetivo generar valor en el largo plazo para nuestra compañía”. Añadió que la estrategia de precios busca cuidar la demanda en un contexto de incertidumbre global, renovando el compromiso con los consumidores y adaptando la política comercial a la dinámica de oferta y demanda.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que se espera que otras compañías del sector, como Axion Energy (del grupo Pan American Energy) y Shell (gestionada por Raizen y la angloholandesa Shell, actualmente en proceso de venta), se sumen a la iniciativa de YPF y mantengan sin cambios los precios en el corto plazo.

Según lo informado por la empresa, el impacto de los recientes aumentos de precios fue más notorio en el interior del país, donde ya percibió una retracción en la demanda de combustibles.

El anuncio de YPF contempla que, independientemente de la evolución del precio internacional del Brent, los valores en los surtidores de la petrolera estatal permanecerán sin modificaciones durante el plazo acordado. Esta decisión refuerza el rol de la compañía como referente en la formación de precios en el mercado argentino, donde posee una participación superior al 55 por ciento.

El Gobierno nacional ya había impulsado medidas complementarias para contener la suba de precios, como la postergación en la aplicación de los aumentos de los impuestos a los combustibles líquidosy al CO₂ para mayo y la aprobación de un mayor porcentaje de bioetanol en las naftas, buscando diversificar insumos y reducir la exposición a los valores internacionales. Voceros oficiales explicaron a Infobae que la iniciativa apunta a proteger el poder de compra de los consumidores y favorecer la competitividad interna.

Al término del período de 45 días, desde YPF anticiparon que evaluarán cómo recuperar las posibles subas no aplicadas, siempre en función de la evolución del conflicto bélico y la estabilidad energética global.

Impacto en inflación

De acuerdo con datos de la consultora Romano Group, la principal petrolera del país incrementó desde el 28 de febrero hasta el 28 de marzo un 19% el precio del gasoil, un 15% la nafta Infinia y un 17% la nafta súper, en promedio y a nivel nacional. Este comportamiento se refleja en la Ciudad de Buenos Aires, donde el litro de nafta súper ronda los $2.000, manteniéndose por debajo de los valores de la competencia.

En relación al impacto inflacionario, los analistas puntualizaron que los combustibles representan un 3,8% del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Un aumento del 10% en los combustibles agrega 0,38 puntos porcentuales al indicador. En marzo de 2026, el incremento promedio fue del 7,3%, lo que podría sumar al menos 0,3 puntos al índice.

También destacaron que la mayor parte de las subas se concentró en la segunda quincena del mes, dejando un arrastre estadístico adicional de 0,36 puntos porcentuales, ya que el último precio de marzo superó en 9,45% el promedio mensual.

La Argentina se ubicó en el puesto 24 entre 124 países en un ranking global de suba de combustibles elaborado por Global Petrol Prices. El incremento de 23,8% en las naftas desde el inicio del conflicto en Medio Oriente ubica al país por debajo del promedio global de aumentos, pero entre los primeros lugares si se compara con la región.

El ranking muestra que en América Latina la dinámica fue dispar. Mientras Perú encabeza la suba regional con 35,6%, seguido de Guatemala (34,4%) y Panamá (26,3%), la Argentina se ubica por encima de Chile (16,8%), Brasil (7,6%) y Paraguay (7,9%). Se destacan los casos de Colombia y Uruguay, donde los precios retrocedieron 3,1% y 1,2%, respectivamente.

En un escenario internacional marcado por la volatilidad y la incertidumbre acerca del fin de la guerra, países como Myanmar (100%), Filipinas (71,6%) y Malasia (52,4%) lideran el listado de alzas más marcadas, mientras que Estados Unidos experimentó un incremento de 31,1% y los principales países europeos oscilaron entre el 5% y el 25%.

Entre los productores petroleros de Medio Oriente, el aumento fue prácticamente nulo, con Arabia Saudita y Omán registrando variaciones de 0%, un comportamiento opuesto al observado en otras regiones.

El aumento de casi una cuarta parte en el precio de las naftas argentinas, según Global Petrol Prices, refleja el impacto que tienen los combustibles en la economía local, donde los aumentos suelen trasladarse a precios.

Por esa razón, la estrategia de YPF, la petrolera estatal que concentra más de la mitad del mercado interno, es central para el equilibrio inflacionario. Desde el inicio del conflicto bélico, la empresa definió no trasladar el aumento internacional del precio del crudo al surtidor mientras dure la guerra, en un intento de “amortiguar” el impacto directo en el bolsillo de los consumidores.

La estrategia de YPF ante la inestabilidad global

Tras el estallido del conflicto en Medio Oriente, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, reiteró la vocación de la empresa por mantener una política de precios “transparente y responsable”, adaptando el traslado de los valores internacionales al mercado local bajo criterios de estabilidad y no de especulación, según declaró a Infobae.

Marín remarcó: “YPF es la compañía de la Argentina, tiene 90% de imagen positiva. Y cuando digo que es la argentinidad al palo, es la argentinidad al palo. Yo no quiero que piensen que estoy especulando. Ganar un par de millones de dólares especulando no es lo que queremos hacer en YPF. Entonces no juego a la especulación, porque todos estamos haciendo sacrificios para transformar la Argentina”.

En términos operativos, Marín indicó que la empresa adquiere alrededor del 30% del crudo que refina y exporta el 10%, por lo que YPF es un importador neto de 20%. Explicó, en ese sentido, que desde el estallido de la guerra aquel 28 de febrero, los precios locales se seguían calculando en base a un valor de USD 60 el barril de Brent; es por eso que el valor de los combustibles en los surtidores se ajustó solo de manera parcial en comparación con otras partes del mundo.

En diferentes declaraciones públicas, el directivo puntualizó que la petrolera estatal trasladó hasta ahora “un tercio del aumento del Brent al surtidor”, decisión que se amplió en las últimas horas, tras el anuncio de YPF de estabilizar los precios por 45 días para contener el traspaso completo.

La estabilización, a la que la compañía definió como buffer de precios, o un “amortiguador”, rige desde el 1° de abril y se extenderá por 45 días, período en el cual la compañía analizará cómo proceder si persisten la inestabilidad energética y la escalada del crudo.

Este amortiguador opera como un mecanismo de alivio frente a la reciente caída del consumo de combustibles, especialmente en el interior del país, y busca evitar que el alza internacional se traduzca automáticamente en un impacto inflacionario local.

La respuesta oficial a la crisis internacional

El precio de la nafta y del gasoil argentinos está compuesto por tres variables principales: el costo internacional del barril de petróleo Brent, el tipo de cambio y la carga impositiva, como el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el impuesto al Dióxido de Carbono.

Desde la petrolera estatal señalaron a Infobae que, aunque los precios internos “se amortiguan en relación con el barril internacional”, los eventuales aumentos en impuestos o movimientos significativos del tipo de cambio escapan a su control directo, por lo que esas variaciones sí pueden trasladarse al consumidor.

Es por eso que, a finales de marzo, el Gobierno resolvió postergar el incremento previsto en el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el impuesto al CO₂ que debía regir en abril, sumando así otra medida para mitigar la presión sobre los precios en los surtidores.

La medida fue justificada en el marco de la “tensión energética global” derivada por la guerra en Medio Oriente. En declaraciones a este medio, fuentes oficiales afirmaron: “No vamos a aumentar el impuesto a los combustibles en abril. Por la suba del precio internacional del barril y para mitigar el impacto en surtidor. Es una medida más para proteger al consumidor”.

El gobierno de Javier Milei ya tiene listo un decreto que habilitará un mecanismo de adelantos de coparticipación para doce provincias que enfrentan dificultades financieras. La norma prevé establecer un tope de hasta $400 mil millones para estos anticipos, que estarán sujetos al porcentaje de coparticipación correspondiente a cada jurisdicción.

De esta manera, el Ejecutivo busca ofrecer una alternativa a los distintos distritos que muestran dificultades para afrontar gastos corrientes y así evitar que recurran al mercado financiero, donde las tasas de interés oscilan entre el 30% y el 45 por ciento, según cálculos oficiales.

El adelanto financiero que autorizará en los próximos días el Ejecutivo nacional alcanzará, según fuentes oficiales, a las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. A su vez, la provincia de Entre Ríos fue incluida en el esquema durante el mes de enero de 2026, en el marco de una política que, según señalaron desde el Gobierno, responde a una práctica histórica de asistencia a las administraciones provinciales.

La operatoria consistirá en anticipar a las provincias parte de los fondos que les corresponden por coparticipación, con la obligación de reintegrarlos dentro del mismo año. Esta modalidad permitirá que los distritos eviten salir al mercado en busca de financiamiento y eludan el pago de intereses elevados, ya que el Gobierno nacional fija una tasa del 15% para estos anticipos, inferior a las condiciones del sistema financiero privado.

Según explicaron fuentes gubernamentales a Infobae, este mecanismo reemplazará el tradicional pedido mensual de adelantos extraordinarios por parte de las gobernaciones. Ahora, cada distrito debe informar de manera anticipada cuáles son sus necesidades de fondos, lo que permite establecer un esquema más ordenado y ajustado al porcentaje de coparticipación de cada una, destacan en despachos oficiales. De esta forma, se busca evitar devoluciones descoordinadas y dotar de mayor previsibilidad al flujo de recursos.

El nuevo esquema, avalado en el caso de Entre Ríos a comienzos de 2026 y que ahora será extendido a otras doce provincias, se enmarca en la estrategia del Gobierno nacional de limitar el endeudamiento provincial en condiciones excesivamente caras. Los fondos otorgados corresponden a recursos propios de las provincias, que se adelantan para cubrir necesidades inmediatas y luego deben ser devueltos en el transcurso del año.

De acuerdo a las estimaciones del titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, durante el primer trimestre de 2026, la recaudación tributaria perteneciente por ley a la administración nacional habría registrado una caída interanual del 8% en términos reales, mientras que los fondos transferidos a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires habrían disminuido un 6,5 por ciento.

En base a los datos informados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al cierre del tercer mes del año, los ingresos tributarios totales habría experimentado una baja real del 7,5% respecto al mismo período del año anterior.

Cayeron los giros a las provincias

Desde la consultora Politikon Chaco estimaron que por tercer mes consecutivo, cayeron las transferencias automáticas a provincias: en marzo fue de -4,3% y cierran el primer trimestre en -6,4 por ciento. “La pérdida estimada de esa baja trimestral es de $ 1,15 billones a precios actuales”, indicaron los analistas.

Para marzo, ARCA informó que las transferencias del gobierno nacional a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones alcanzaron los $5,02 billones, frente a los $3,95 billones enviados en el mismo mes del año anterior. Esto representa un incremento nominal del 27,2 por ciento. Sin embargo, según estimaciones del Iaraf, la caída real en el mes fue cercana al 4 por ciento. Si se consideran únicamente las transferencias automáticas, excluyendo leyes complementarias y compensaciones, la disminución real habría sido del 7,4 por ciento.

Al analizar el comportamiento de las transferencias automáticas por provincia, todas las jurisdicciones salvo Salta mostraron caídas reales. La brecha entre la mayor y la menor variación fue de 7,6 puntos porcentuales, con CABA registrando la baja más significativa (7,2%) y Salta siendo la única con un aumento (0,4%). En el caso de CABA, Tucumán y La Rioja, la reducción estuvo vinculada a una menor participación en leyes especiales y compensaciones, que crecieron 36% en términos reales frente al año anterior. Salta, Buenos Aires y Catamarca se destacaron por recibir una mayor proporción de estos fondos dentro del esquema de reparto.

Durante el primer día habilitado para la presentación de la declaración anual de personas físicas, usuarios reportaron fallas en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En las redes sociales del SAT, contribuyentes que esperaban realizar la declaración anual este 1 de abril: “No carga correctamente los archivos de la efirma, pone una ruta fakepath y aunque los archivos esten en otra unidad”, “No deja entrar, aparece error la entrada no se ha completado. Inténtelo de nuevo. Y así desde media hora”, “No está dejando ingresar ala declaración ya puse contraseña rfc y capcha”.

Otros comentarios de contribuyentes al SAT fueron: “porque me aparece c:\fakepath cuando quiero carga la efirma y como puedo solucionarlo. Ya elimine cookies e historial y sigue sin aceptarlo, automáticamente me saca de la página”, “Fatal su plataforma, como siempre fallando”, “Ni sirve la página, y tremenda jalada de pedir e firma para devolución”, “´No tiene privilegios para acceder al aplicativo´ Me tengo que preocupar?"

Antes estas quejas, el SAT no ha dado una declaración oficial. Sin embargo, sí ha dado algunas respuestas a los contribuyentes: “agradecemos ingreses desde un navegador diferente, previa eliminación de cookies y archivos temporales, saludos”, “valida estar ingresando de manera correcta con los archivos y contraseña de clave privada de tu e.firma”, “si estas accediendo con la contraseña del RFC verifica estar capturando únicamente ocho caracteres, caso contrario, ingresa los primeros ocho”.

Inicia período para ingresar la declaración anual este 1 de abril

A partir del 1 de abril, millones de personas físicas en México deben presentar su Declaración Anual 2025 ante el SAT, en un trámite que se realiza de forma completamente digital y que, además de evitar sanciones, permite acceder a devoluciones en caso de saldo a favor. Este procedimiento fiscal se mantendrá abierto hasta el próximo 30 de abril y es una obligación clave en el calendario tributario del país.

Las multas por incumplir con la presentación puntual de la Declaración Anual van desde 2 mil 050 hasta 25 mil 360 pesos por cada obligación omitida, según el Código Fiscal de la Federación, y la autoridad puede requerir la regularización del contribuyente hasta en tres ocasiones, lo que podría derivar en la pérdida del estatus fiscal favorable.

Entre las novedades para el ejercicio fiscal 2025, el SAT ofrece un Simulador de la Declaración Anual disponible desde marzo en su portal web, diseñado para revisar información precargada, identificar errores y anticipar el resultado antes de hacer el envío definitivo.

Este simulador solicita ahora completar cada sección antes de avanzar, distingue ingresos exentos y permite verificar los datos de retenedores tanto para quienes tributan en actividades empresariales, arrendamiento, RESICO y plataformas digitales.

Otra mejora destacada es la integración de nuevas funcionalidades para la aplicación de estímulos fiscales del Plan México, requeridos para quienes tengan constancias de autorización válidas. El sistema también notifica sobre cambios en los datos precargados y permite reclasificar facturas de deducciones personales que no hayan sido reconocidas automáticamente.

Además, el SAT mantiene activos visores de nómina, de deducciones personales y de retenciones, útiles para trabajadores, empleadores y contribuyentes que requieran revisar facturas, pagos y operaciones anualizadas. Para quienes soliciten devolución y el saldo a favor sea igual o mayor a 10 mil 001 pesos, el envío del trámite debe realizarse con la e.firma vigente.

Mientras continúa la disputa judicial que mantiene suspendidos provisionalmente 83 artículos de la reforma laboral, desde hoy dejaron de regir varios impuestos al consumo sobre distintos bienes y servicios, según lo establecido por la Ley de Modernización Laboral.

El artículo 195 de la normativa elimina varios impuestos internos aplicados a bienes y servicios a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de la reglamentación. De esta manera, e suprime el gravamen para seguros, que tenía una alícuota del 2,5%, y para objetos suntuarios, con una tasa del 20 por ciento. También se deroga el impuesto sobre la telefonía celular y, la medida incluye a vehículos, embarcaciones y aeronaves.

En el caso de la telefonía celular y satelital, la carga impositiva era del 5,2632% sobre el monto total de la factura. La supresión de este impuesto podría reducir el costo de estos servicios para los usuarios finales, aunque el impacto concreto dependerá de cómo los proveedores reflejen esa reducción en los precios.

• Seguros
• Servicios de telefonía celular
• Servicios de telefonía satelital
• Objetos suntuarios
• Vehículos automóviles y motores
• Embarcaciones de recreo o deportes
• Aeronaves

Qué dice el artículo 195 de la reforma laboral

Impuestos selectivos al consumo

Artículo 195.- Déjase sin efecto, a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley, el impuesto previsto en la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, para los rubros de: los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y los vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves.

La eliminación del impuesto al lujo

El 1 de abril marcó el final de un ciclo de 12 años en el que un impuesto alteró significativamente el precio de los autos 0 km en Argentina. Se trata del tributo interno a los vehículos considerados suntuarios, que aunque tiene antecedentes en décadas previas, a fines de 2013 se transformó en el denominado “impuesto al lujo” debido al aumento de su alícuota, generando sobrecostos incluso en modelos de entrada de gama.

El gravamen se organizaba en dos escalas: una del 20% para los autos de menor valor y otra del 35% para los de mayor precio. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizaba trimestralmente los valores de referencia que definían qué vehículos quedaban exentos y cuáles tributaban en cada escala.

En febrero de 2025, se suspendió la escala más baja y la tasa de la segunda bajó al 18 por ciento. Esto permitió dejar fuera del alcance del “impuesto al lujo” a gran parte de los autos económicos y de gama media, facilitando la recuperación de la oferta de modelos importados en el mercado local.

Finalmente, en febrero de este año, el Gobierno incluyó la eliminación total del impuesto en el capítulo fiscal de la reforma laboral debatida en el Congreso. La derogación se hizo efectiva recién el 1 de abril, ya que la reglamentación dispuso que la medida entraría en vigor el primer día hábil del mes posterior a la promulgación de la ley.

La cautelar que frena parte de la reforma laboral

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 dispuso la suspensión temporaria de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, tras un pedido presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Según resolvió el tribunal, la aplicación inmediata de la ley podría afectar derechos laborales y sindicales protegidos por la Constitución Nacional, motivo por el cual se resolvió mantener la situación actual hasta contar con una sentencia definitiva.

El juez Raúl Horacio Ojeda, a cargo de la resolución, reconoció la capacidad de la CGT, representada por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, para actuar en defensa colectiva de los trabajadores. El pedido de suspensión se fundamenta en posibles contradicciones con la Constitución Nacional.

La demanda presentada por la central sindical señala que los artículos cuestionados incluyen la derogación de la Ley de Teletrabajo y modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, así como en aspectos relativos a la jornada laboral, vacaciones, representación y negociación sindical, condiciones de salario y la aplicación del principio “in dubio pro operario”. Esta medida cautelar, que impacta tanto en trabajadores como en empleadores alcanzados por la legislación laboral general y sus normas complementarias, tiene efecto inmediato y colectivo.

La Agencia Tributaria ha despejado la situación de inestabilidad que afectaba a 230.000 autónomos al publicar este miércoles una nota técnica en la que prolonga los límites de facturación imprescindibles para seguir acogidos al sistema de estimación objetiva, conocido como régimen de módulos. La información se ha dado a conocer en la misma jornada en la que se inicia el plazo de presentación del pago fraccionado del IRPF correspondiente al primer trimestre del año, según la nota difundida por la Agencia Tributaria.

Los profesionales por cuenta propia podrán conservar el acceso al sistema de módulos después de que la Administración haya confirmado la prórroga de los límites de facturación: 250.000 euros de ingresos globales o, en el caso de facturación a empresas, 125.000 euros. En ausencia de la prórroga, los baremos habrían descendido a 150.000 euros y 75.000 euros, respectivamente, desplazando a un elevado número de autónomos a otros regímenes tributarios.

La nota de la Agencia Tributaria coincide con la apertura del periodo para que estos trabajadores liquiden el primer pago del IRPF anual y clarifica que la medida mantiene, sin cambios, los umbrales de ingresos que permiten optar al sistema simplificado. Esta continuidad ratifica que la modificación favorece a los contribuyentes, como han indicado expertos citados en la propia nota técnica.

Qué modificaciones introduce la Agencia Tributaria

El Ministerio de Hacienda había intentado anteriormente prorrogar estos límites a través de un Real Decreto-ley presentado el 23 de diciembre, que también abordaba la revalorización de las pensiones y la prórroga antidesahucios, lo que provocó el rechazo a la norma por parte de PP, Vox y Junts en el Congreso. Un segundo intento en el Real Decreto-ley del 3 de febrero tampoco prosperó por el mismo motivo. Dada esta situación, la Administración ha optado, por segunda vez consecutiva, por formalizar la extensión mediante una nota técnica, a pesar de que cualquier modificación en la materia requeriría una norma con rango de ley.

La Agencia Tributaria ha justificado su decisión señalando que, dado que la prórroga de los umbrales de facturación incluida en el Real Decreto-ley del 23 de diciembre seguía vigente a 1 de enero de 2026, ejercicio en el que se devenga el IRPF correspondiente a 2025, el texto despliega sus “plenos efectos jurídicos”, siendo por tanto de aplicación a los autónomos.

Otras novedades

Por otra parte, el documento hecho público por Hacienda incluye novedades relativas a la declaración de la Renta que comenzará el 8 de abril. Entre ellas, la Administración confirma la prórroga un año más del tipo reducido que grava a los propietarios de viviendas vacías, esto es, inmuebles sin alquilar. Concretamente, se aplicará un tipo del 1,1% sobre el valor catastral cuando la valoración haya sido revisada tras 2012; en el caso de inmuebles cuya revisión sea anterior, el tipo alcanza el 2%.

La información divulgada por la Agencia Tributaria concluye que la nueva nota técnica asegura la continuidad del marco vigente durante este ejercicio fiscal, tanto en el régimen de módulos de autónomos como en la tributación de viviendas vacías, permaneciendo ambas medidas activas de cara a la campaña de la renta de 2025.

Antes de comenzar, es fundamental reunir toda la información necesaria. Entre los documentos imprescindibles se encuentran los certificados de retenciones de empleo o pensiones, datos bancarios para domiciliar la devolución o el pago, información sobre deducciones y gastos deducibles como hipotecas, planes de pensiones, donaciones y ayudas a familia numerosa, así como cualquier dato sobre inversiones financieras, alquileres o seguros. Contar con todo esto de antemano evita retrasos y errores que puedan complicar la presentación.

El siguiente paso es acceder al borrador de la declaración. Para ello, los contribuyentes deben entrar en la página oficial de la AEAT, seleccionar la sección de Renta 2026 y acceder con Cl@ve PIN, certificado digital o DNI electrónico. Una vez dentro, se puede consultar el borrador o los datos fiscales pre-cargados, que la Agencia Tributaria obtiene de la información que recibe de empleadores, bancos y otras entidades.

Tramitación en internet, por teléfono o presencial

Para rellenar el borrador, el contribuyente debe comprobar y completar los datos que la Agencia Tributaria ya tiene sobre tus ingresos, retenciones y deducciones, para asegurarse de que la declaración refleja correctamente tu situación fiscal. A partir de ahí, el contribuyente puede verificar los datos personales y familiares, corregir errores, añadir ingresos que falten y aplicar deducciones que la Agencia Tributaria no haya tenido en cuenta. Una vez revisado y ajustado, el borrador se puede confirmar y presentar.

Además del acceso online, la AEAT ofrece asistencia personalizada a través de la vía telefónica y presencial para quien prefiera rellenar su borrador de esta forma. La confección telefónica permite que un técnico guíe al contribuyente para completar su declaración sin necesidad de desplazarse, mientras que la asistencia presencial se realiza directamente en las oficinas de la Agencia Tributaria. Para ambas modalidades es imprescindible solicitar cita previa, que se puede gestionar tanto por Internet en la Sede electrónica de la AEAT como por teléfono.

Plazos para rellenar y enviar el borrador

En cuanto a los plazos, la campaña de Renta 2025 (que se presenta en 2026) tiene fechas muy concretas: del 8 de abril al 30 de junio de 2026 se puede presentar la declaración por Internet. La confección telefónica estará disponible del 6 de mayo al 30 de junio, con cita previa desde el 29 de abril. Por su parte, la atención presencial en oficinas comenzará el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de junio, con cita previa desde el 29 de mayo. Cumplir con estos plazos es clave para evitar sanciones y asegurar que la declaración se procesa correctamente.

Una vez revisado y completado el borrador, el sistema muestra si la declaración resulta a pagar o a devolver. El contribuyente puede ajustar cifras o añadir deducciones que falten antes de confirmar el envío. Finalmente, la declaración se puede presentar online o imprimir para entregarla en oficina, conservando siempre el resguardo como comprobante.

El inicio del cobro del impuesto al patrimonio a empresas, que viene con la emergencia económica del Gobierno Petro para contrarrestar los efectos de la ola invernal en Colombia, tiene al sector empresarial de Colombia en un momento de incertidumbre por la magnitud de la carga fiscal y los posibles efectos sobre la inversión.

El gravamen alcanza a aquellas personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a 200.000 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a $10.475.000, con un primer pago fijado para el 1 de abril y un segundo a comienzos de mayo.

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Al respecto, hay muchas dudas y críticas. Por ejemplo, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo aseguró que el tributo debe recaer solo en personas naturales, por lo que alegó que gravar a las empresas puede afectar la inversión.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, advirtió que la medida supone un perjuicio para las compañías, ya que aumenta una de las cargas tributarias más altas del mundo y obliga a ajustes financieros imprevistos. Los dos destacan los umbrales y tarifas diferenciadas: 0,5% para empresas y 1,6% para los sectores financiero y extractivo.

Para Ocampo, el impuesto al patrimonio a empresas es inapropiado. “El impuesto al patrimonio debe ser de las personas naturales, no a las empresas jurídicas”, declaró el exministro a Caracol Radio.

Para el experto, el principal inconveniente radica en la doble tributación. Argumentó que “el impuesto a la renta de las empresas en Colombia es muy alto, es 35%, uno de los altos del mundo. Entonces, si encima de eso se le aplica un impuesto al patrimonio, hay una doble tributación que francamente no parece conveniente”.

Personas naturales con altos ingresos

Añadió que, en el caso de las personas naturales con altos ingresos, la aplicación del impuesto puede justificarse como mecanismo para corregir el subregistro en las rentas de capital. “Las rentas de capital a veces están subestimadas. Entonces, aplicarle un impuesto al patrimonio es una forma complementaria de captar en el fondo el impuesto a la renta de capital”, explicó.

Resaltó el posible efecto negativo sobre la inversión empresarial. “Obviamente tiene efectos sobre los incentivos a invertir, porque encima del impuesto a la renta hay un impuesto adicional. Entonces, sí, puede tener efecto sobre la inversión”, afirmó al remarcar que no podía precisar si ese impacto sería sectorial o general en la economía.

De igual forma, enfatizó en que la solución a las presiones fiscales debería centrarse en el recorte del gasto público y no en más impuestos para las compañías. “En todos mis artículos sobre la situación fiscal he señalado, como casi todos los analistas, que lo que falta es solo recortes de gasto. ¿Dónde están los recortes de gasto que tiene planeado el Gobierno? Aparentemente no hay ninguno”, manifestó el exfuncionario al medio.

Agregó que existen áreas específicas con potencial de ajuste, Señaló que “la cantidad de contratos a término fijo que hace el Gobierno es muy alta, entre otros rubros de gasto que deben ser objeto de un recorte sustancial”. De aceurdo con él, el Ejecutivo debe racionalizar sus gastos antes de imponer nuevas cargas fiscales a las empresas.

Inmenso perjuicio a la actividad empresarial

Para el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, el impuesto decretado se publicó por sorpresa y en un momento muy complejo. Aseguró, por medio de X, que, de no suspender la Corte Constitucional el decreto antes del primer pago, “se estará generando un inmenso perjuicio a la actividad empresarial que ya cuenta con una de las mayores cargas tributarias del mundo”.

Señaló el dirigente que la imposición de este tributo no estaba contemplada en las proyecciones financieras de las empresas para este año. Insistió en que muchas compañías deberán vender activos para cumplir con la nueva exigencia, y que el cambio de reglas del año pasado llevó a anticipar el pago de los impuestos correspondientes a este ejercicio fiscal.

Gestión de la emergencia invernal

También abordó la gestión de la emergencia invernal. Considera que el costo de esta crisis es “significativamente menor a lo que recaudará Hacienda” mediante el gravamen al patrimonio y lanzó una crítica sobre la administración de los recursos. “Los recursos se están gastando a manos llenas en mecanismos por fuera de la Ley de contratación”, puntualizó.

Y destacó que la carga fiscal sigue recayendo sobre los mismos sectores. Sostuvo que el nuevo impuesto representa una presión adicional para quienes ya han asumido la mayor parte de los tributos empresariales en el país.

El impacto del conflicto en Medio Oriente ya se hace sentir en la economía agropecuaria argentina. Según el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), la participación del Estado en la renta agrícola trepó al 62,5%, lo que representa una suba de 6,1 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2025, en un contexto marcado por el aumento de costos y la presión impositiva.

El dato refleja que, por cada $100 generados en una hectárea agrícola, $62,5 se destinan al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Detrás de este incremento aparece una combinación de factores locales e internacionales que afectan directamente la rentabilidad del productor.

“Esta edición está, más que nunca, marcada por la coyuntura nacional e internacional: suba de costos como el combustible que impacta en los fletes, actualizaciones de impuestos provinciales y baja rentabilidad”, explica Nicolle Pisani Claro, Economista Jefa de FADA.

En ese sentido, la especialista detalla que “el aumento del Índice FADA es una combinación de 2 cosas: la suba de los costos de producción, que hace achicar la renta agrícola, y la actualización de impuestos provinciales y tasas municipales, que hace que haya más pesos a pagar por cada hectárea”.

El escenario se agrava por el efecto combinado de mayores costos y menores ingresos. “Este combo de costos en alza, ingresos ajustados y actualización de tributos provinciales, genera un efecto claro: aunque los impuestos que nos cobran no cambien estructuralmente, pesan más sobre una renta que es menor”, agrega Antonella Semadeni, economista FADA.

Al analizar cultivo por cultivo, el panorama muestra fuertes contrastes, aunque con una constante: la caída de la rentabilidad. “El análisis por cultivo muestra realidades muy distintas, pero con un denominador común: la disminución de la rentabilidad”, advierte Fiorella Savarino, economista FADA.

El caso más crítico es el del trigo, donde la carga impositiva alcanza el 104,4% de la renta. “Esto significa que la carga impositiva es mayor a la renta generada, en otras palabras, que el resultado económico no alcanza siquiera para cubrir el pago de los impuestos”, señala Savarino.

Detrás de este deterioro aparece el impacto del contexto internacional, especialmente por el encarecimiento de insumos clave como la urea. El conflicto en el estrecho de Ormuz —por donde circula una porción significativa del comercio mundial de energía y fertilizantes— impulsó un aumento del 43% en el precio de este insumo respecto a diciembre, afectando principalmente a cultivos como trigo y maíz.

“El encarecimiento de los insumos no es el único factor que presiona sobre los costos. También se registraron aumentos en otros componentes claves”, revela Luz Silvetti, economista FADA, quien advierte que la suba de impuestos, salarios y fletes termina configurando un escenario donde producir es cada vez más caro y los márgenes se reducen de manera sostenida.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) extendió hasta el 30 de abril de 2026 el plazo para que bares, restaurantes, hoteles y heladerías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gestionen la exención del Impuesto Inmobiliario/ABL.

La medida busca sostener y reactivar a un sector que acumula más de 4.200 establecimientos beneficiados y que afronta una notable caída en su actividad. El beneficio forma parte de las estrategias de la administración local para impulsar el empleo y la producción en un contexto de debilidad de la demanda interna, según informó el organismo porteño.

De acuerdo con los últimos datos difundidos por AGIP, 4.267 contribuyentes ya se encuentran inscriptos y gozan de la exención impositiva implementada por la Ciudad, un dato que confirma el fuerte nivel de adhesión del sector.

El beneficio, planteado como herramienta de política fiscal para evitar cierres y despidos, alcanza al pago del ABL correspondiente al período entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2026. La administración precisó que la medida constituye una respuesta directa a los reclamos del sector.

Los establecimientos interesados en acceder al beneficio disponen ahora hasta el 30 de abril de 2026 para presentar la solicitud. El trámite se realiza exclusivamente a través del sistema Trámites a Distancia (TAD), mediante la plataforma oficial del Sistema Administrativo de Documentos Electrónicos (SADE).

Requisitos y procedimiento para solicitar la exención

Quienes deseen acceder a la exención deben presentar una serie de datos obligatorios, según explicó el organismo porteño.

El trámite exige consignar número de partida inmobiliaria; domicilio de explotación debidamente inscripto en el Registro de Domicilio de Explotación (RDE); fecha de inicio y fin de contrato de locación o comodato, en caso de corresponder; nombre, apellido o razón social y CUIT del locatario o comodatario; actividad económica declarada en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, conforme al Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES), siempre que corresponda a los rubros gastronómicos y hoteleros.

La presentación debe realizarse digitalmente a través de la plataforma TAD, donde los contribuyentes deben adjuntar también la documentación respaldatoria correspondiente.

Deducciones y créditos para quienes ya pagaron el ABL

El beneficio contempla mecanismos para casos específicos de pago anticipado o parcial del impuesto inmobiliario. Para quienes hayan abonado ya las cuotas 1, 2 y/o 3 del ABL 2026 antes de gestionar la exención, la AGIP dispuso que “el monto abonado será descontado de las cuotas restantes del año fiscal”, evitando así la pérdida del beneficio.

Por otro lado, aquellos contribuyentes que hayan pagado de manera anticipada la totalidad del ABL anual recibirán un crédito fiscal equivalente a la mitad del total adelantado, el cual será aplicado automáticamente en las cuotas correspondientes a 2027. Con este esquema, la administración porteña busca “proteger el equilibrio financiero y evitar la doble imposición”, remarcaron desde AGIP.

Sostener el empleo y la actividad turística

El sector gastronómico y hotelero de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra entre los más afectados por la retracción de la demanda registrada en el último año, con descensos en la actividad reportados por los propios comercios.

Esta realidad impulsó a la AGIP a priorizar acciones de acompañamiento: la exención del ABL fue pensada para “evitar cierres definitivos y sostener los puestos de trabajo” del sector, así como impulsar la recuperación turística y cultural, conforme detalló la administración porteña.

La solicitud del beneficio es de carácter obligatorio y no automático. Solo quienes cumplan con el trámite dentro de los plazos estipulados podrán acceder a la exención correspondiente a los seis meses previstos. La AGIP subrayó que la omisión del procedimiento implicará la imposibilidad de acceder al beneficio para el semestre aplicable.

La firma Las Marías, reconocida por la producción de té y yerba mate, inició una demanda contra el gobierno de Misiones. La causa gira en torno a la constitucionalidad de los anticipos de ingresos brutos (IIBB) que la provincia cobra a empresas radicadas o que operan en su territorio.

Las operaciones se concretan a través de una serie de resoluciones de la Agencia Tributaria misionera. La normativa incluye un sistema de retenciones, percepciones y pagos a futuro. El sistema se conoce como la “aduana paralela” y ha sido objeto de muchas quejas.

Según consta en el expediente, Las Marías adujo que, en promedio, cada mes le detraen de sus cuentas bancarias unos $333 millones. A este monto lo contrastó con los $2 millones que, como media, tiene que pagar de ingresos brutos. La diferencia entre una cifra y otra es de 17.105%.

A este gravamen se le suman el anticipo que abarca a los productos que ingresen a la provincia para compraventa; la detracción que tiene que practicar a sus clientes por IIBB y el especial de percepción que deben abonar las plantas de procesamiento de materias primas.

Las Marías presentó en el caso judicial sus certificaciones contables. Allí quedó manifiesto que la aplicación de estos regímenes suma un importe promedio mensual de pagos a cuenta de $598 millones. Si se anualiza esta cifra, los anticipos llegan a $7.171 millones.

En el otro plato de la balanza están los $23 millones que la empresa debe pagar por IIBB.

De allí que la firma cuestione que lo que la Provincia le haya retenido y percibido es el 30.718% de la obligación definitiva. En tiempo, equivale a 307 años de impuestos adelantados. Las Marías contrastó esto con que, por estatuto, tiene 99 años de duración.

Las inversiones frustradas

En su demanda, la empresa puso sobre la mesa que esta exacción le impidió realizar inversiones en Corrientes.

En su plan de negocios, Las Marías se adhirió a un programa que había impulsado esta provincia para ampliar su producción yerbatera. Sin embargo, alegó que el “ilegítimo régimen de recaudación” de Misiones y la “sumergen en la incertidumbre” de no poder cumplir con el cronograma de inversión en Corrientes.

Por eso, solicitó que esta provincia también intervenga en el expediente judicial. Lo mismo requirió con la Nación, porque las resoluciones tributarias cuestionadas afectan el sistema de liquidación de divisas.

El Gobierno correntino se presentó en el expediente como «tercero». Esta figura prevista en el Código Procesal Civil permite participar en un juicio a quien acredite que la sentencia podría afectar su propio interés.

Corrientes adhirió al reclamo de Las Marías. En este sentido, alegó que la política tributaria misionera “afecta su autonomía” y “anulan o tornan inocuos” sus planes yerbateros a corto, mediano y largo plazo.

El impacto también llegaría a las expectativas de recaudación tributaria correntina, así como al empleo y las iniciativas privadas de inversión. El efecto global se sentiría también en el desarrollo de Corrientes, postuló la provincia en su intervención.

En esa línea, alegó que la situación planteada genera riesgos en el sistema financiero provincial y otros de “gravedad institucional”.

El estado de la causa

La empresa expuso que hasta comienzos de 2025 había tenido excepciones que le alivianaban la carga fiscal. Pero se cortaron de improviso.

Por eso inició la demanda. En un principio, había logrado que el Juzgado Federal de Paso de los Libres (Corrientes) dicte una medida cautelar para frenar la vigencia de la normativa impositiva. Sin embargo, luego el Tribunal se declaró incompetente y remitió el caso a la Corte. El criterio fue que la competencia originaria correspondía a esa instancia por involucrar a una provincia.

Cuando este trámite estaba en marcha, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones intervino. Se declaró competente y anuló la cautelar del Juzgado Federal de Paso de los Libres. La carga impositiva, entonces, volvió a recaer sobre la empresa.

La Procuración General de la Nación dictaminó hace unos meses que no se trata de un conflicto de competencia. Y que la Corte debe abocarse en el caso ya que hay una puja judicial que afecta a dos provincias.

Luego, el expediente pasó por la Secretaría de Asuntos Originarios de la Corte y entró en el giro de asuntos de las vocalías.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reactivó desde el 30 de marzo de 2026 el sistema de agendamiento para atención presencial y virtual, orientado a trámites tributarios y aduaneros. La iniciativa busca optimizar el acceso a servicios y ofrecer una atención más organizada y eficiente en las sedes físicas y mediante canales digitales.

El nuevo sistema permite reservar atención presencial en oficinas o acceder a servicios mediante video-atención, con la posibilidad de consultar horarios y disponibilidad actualizada para el mes en curso. De igual forma, explicó que el sistema de agendamiento responde a la necesidad de gestionar una alta demanda de servicios. Los usuarios pueden reservar las citas por medio del portal web oficial o comunicándose con el centro de contacto, el cual brinda orientación y confirma la fecha y oficina correspondientes.

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“A partir de hoy 30 de marzo, se reactiva el servicio de agendamiento para la gestión de trámites y servicios a través de los canales de atención presencial y de video atención”, informó la entidad que dirige Carlos Betancourt.

Cómo funciona el agendamiento de la Dian

El sistema de agendamiento se gestiona en el portal oficial de la Dian. Quienes ingresan al sitio web pueden seleccionar el tipo de servicio, oficina y modalidad, y recibir una confirmación oficial con los detalles de su cita.

Además, el centro de contacto (número (601) 489 9000) está disponible para resolver dudas y guiar sobre los trámites y servicios abiertos a la ciudadanía. El sistema permite observar la disponibilidad mensual de turnos y elegir la modalidad más conveniente para cada contribuyente.

Según la misma, “el sistema de agendamiento permite el registro de citas del mes en curso y muestra los servicios disponibles con su respectiva ciudad, fecha y oficina”.

Beneficios del sistema y recomendaciones clave

La entidad destacó que la reactivación del agendamiento ayuda a organizar el flujo de usuarios y a evitar congestiones en los puntos de atención física. El modelo “facilita el acceso de los usuarios a los servicios de la entidad garantizando una atención organizada, segura y eficiente”, señaló.

El sistema impulsa el uso de herramientas digitales, de modo que los trámites puedan hacerse con mayor previsión y sin aglomeraciones en los plazos límite. La entidad invitó a la ciudadanía a aprovechar estos canales, señalando: “La Dian agradece a los ciudadanos su comprensión e invita a utilizar estos canales para realizar sus trámites y consultas de manera oportuna”.

Asimismo, recomendó consultar de manera frecuente a página web para revisar el calendario tributario vigente y los plazos respectivos de cada trámite. Así, se busca evitar sanciones económicas derivadas de incumplimientos o demoras.

Cifras fundamentales para la declaración de renta 2026

Para el año gravable 2025, la declaración de renta 2026 será obligatoria para quienes tengan ingresos iguales o superiores a $73.323.600 o un patrimonio no inferior a $235.683.000 al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con la resolución 000238 de 2025.

Las cifras corresponden a 1.400 unidades de valor tributario (UVT), cuyo valor para 2026 fue fijado en $52.374, lo que representa un aumento del 5,17% respecto al año anterior.

La obligación de declarar afecta a quienes tengan ingresos mensuales promedio de $6.110.300 o más, mientras que quienes recibieron únicamente dos salarios mínimos mensuales –equivalentes a $1.623.500 en 2025– no deben presentar la declaración. El cálculo incluye salario, ingresos adicionales y patrimonio, así como propiedades, vehículos, inversiones y cuentas bancarias.

El calendario tributario oficial dispone que la declaración de renta para personas naturales debe efectuarse entre el 12 de agosto y el 26 de octubre, y para jurídicas, desde el 12 de mayo hasta el 23 de julio. Las fechas específicas varían según los dos últimos dígitos del NIT o la cédula.

La entidad recomienda planificar con antelación la entrega de documentos y consultar el calendario tributario actualizado en el portal oficial de la Dian.

A partir del 30 de abril de 2026, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) eliminará de manera definitiva el envío de boletas en papel para el pago de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida, que busca optimizar recursos y fortalecer la modernización del Estado completa la despapelización del sistema tributario porteño.

La reducción del uso de papel generará un impacto directo en la estructura de gastos de la Ciudad. Según datos informados por la AGIP, el reemplazo total de las boletas físicas por versiones digitales representa un ahorro anual estimado en $3.900 millones, solo en conceptos de impresión y distribución.

El acceso digital será obligatorio para todos los contribuyentes desde la cuarta cuota del ABL, disponible en la web el 1° de abril y con vencimiento único para todas las partidas el 21 de abril.

Cómo operará el nuevo sistema de boletas

El proceso de despapelización iniciará en la cuarta cuota de 2026 del Impuesto Inmobiliario/ABL, para luego ser implementado de manera progresiva en el resto de los tributos administrados por la AGIP.

Esta etapa marca un punto de inflexión en la digitalización de los servicios públicos de la Ciudad, una tendencia respaldada por la penetración previa de los sistemas en línea: el 66% de los contribuyentes de Patentes y el 63% de los de Impuesto Inmobiliario/ABL ya gestionan sus boletas digitalmente, datos confirmados por la propia AGIP.

A partir del 1° de abril, las boletas electrónicas estarán accesibles desde la página web oficial de AGIP en la sección “Pagos-Consulta de Boletas”, y podrán descargarse o abonarse mediante los canales habituales.

Qué tienen que hacer los usuarios

Los usuarios pueden adherir su partida al sistema de envío por correo electrónico desde el Portal del Contribuyente, lo que garantiza la recepción automática mes a mes. La opción de solicitar asistencia presencial en las sedes de la AGIP, así como la visibilidad de las boletas en los portales de Home Banking, buscan acompañar a quienes presentan menos familiaridad tecnológica, particularmente adultos mayores. Los métodos y plazos de pago continúan sin cambios, según confirmó la AGIP.

El tránsito hacia la obligatoriedad digital contempla desafíos, especialmente para aquellos contribuyentes que siguen dependiendo del formato en papel. La AGIP reforzó los canales de atención e información, rediseñado su portal web y ampliado la oferta de trámites virtuales para facilitar la transición.

La experiencia previa de la reliquidación digital del Impuesto a las Patentes, realizada en febrero y que prescindió completamente del papel, funcionó sin inconvenientes en cuanto a acceso y cumplimiento de pagos, de acuerdo con el balance presentado por la AGIP.

La despapelización como parte de la modernización estatal

La nueva disposición, enmarcada en la estrategia de modernización y simplificación administrativa que impulsa la Ciudad, responde a la expansión generalizada de los trámites digitales en los organismos públicos y empresas de servicios. La AGIP destaca que estas medidas abren un escenario de gestión más eficiente y sustentable, alineado con el desarrollo de plataformas digitales y canales virtuales de atención permanente.

La transición elimina el soporte papel en las notificaciones tributarias, relegando la consulta y gestión de los impuestos a entornos digitales.

Para el acceso a las nuevas boletas electrónicas, el usuario debe ingresar al sitio oficial, seleccionar el impuesto y, con su número de partida, visualizar, descargar o pagar la obligación. El alta a la boleta electrónica se realiza desde el portal, habilitando la entrega mensual por correo electrónico y reduciendo intervenciones manuales.

Con estos cambios, la AGIP completa la digitalización de la administración tributaria en la Ciudad de Buenos Aires: un avance que no solo reduce los costos asociados a la emisión y distribución de documentos, sino que sienta bases para una mayor eficiencia y acceso a los servicios públicos.

El traslado de multimillonarios tecnológicos de California a la costa dorada de Florida está modificando el panorama económico del país. Impulsados por una propuesta legislativa liderada por SEIU United Healthcare Workers West —que plantea un impuesto único del 5% sobre el patrimonio de quienes superen los USD 1.000 millones para financiar la cobertura de salud pública estatal— varias figuras clave del sector tecnológico y financiero aceleraron el traslado de sus domicilios y la adquisición de propiedades en Miami y Palm Beach, según reportó Los Angeles Times.

La iniciativa requiere casi 875.000 firmas para llegar a votación en noviembre y podría generar hasta USD 100.000 millones, mientras la ausencia de impuestos estatales y las políticas comerciales de Florida propician el movimiento de capitales hacia ese destino.

En diciembre, Larry Page, cofundador de Google, adquirió dos mansiones frente al mar en Coconut Grove, Miami, por USD 173,4 millones; mientras que su socio Sergey Brin compró un complejo en Allison Island por USD 50 millones, acentuando el fenómeno recientemente denominado “guerra de residencias” por operadores inmobiliarios como Chase Berger.

La tendencia se amplificó la última semana con la confirmación de que Mark Zuckerberg, presidente de Meta, compró una finca de 2 hectáreas en Indian Creek por USD 170 millones, imponiendo un récord inmobiliario para Miami-Dade, según Los Angeles Times.

Durante el último año, este desplazamiento no se limita a individuos: Wells Fargo reubicó su división de gestión patrimonial de San Francisco a West Palm Beach, y la empresa de inteligencia artificial Palantir trasladó su sede a Miami, tras seis años de haberla movido de Palo Alto a Denver.

Corredores y asesores reportan operaciones cerradas por hasta 40 % sobre el valor de mercado y frecuentes pagos en efectivo.

Brett Harris, representante de la firma de bienes raíces de alta gama Bespoke Real Estate, sostuvo: “Actualmente manejo tres propiedades bajo contrato al norte de USD 600 millones” y señaló que la demanda por privacidad y servicios como pistas de pádel, salas de cine o garajes múltiples superó ampliamente las previsiones.

La ola de mudanzas tecnológicas y empresariales a Florida

Entre los multimillonarios californianos, el movimiento para fijar domicilio fiscal en Florida se acelera conforme se acerca el cierre anual de impuestos. Algunos sin vivienda disponible optan por comprar propiedades valoradas entre USD 50 millones y USD 75 millones solo como paso inicial de mudanza.

Esta presión multiplicó por tres el precio de los inmuebles considerados “trofeo”, y la demanda impulsó desarrollos en zonas como Manalapan, una isla de poco más de 400 habitantes.

Allí destaca la presencia de Larry Ellison, fundador de Oracle, quien en 2022 adquirió el complejo Gemini por USD 173 millones, la mayor transacción residencial en la historia de Florida. Dos años más tarde, Ellison sumó el hotel Eau Palm Beach Resort & Spa por USD 277,39 millones y en noviembre compró Lion Country Safari por USD 30 millones, generando lo que la prensa local —Palm Beach Daily News— denomina efecto Ellison.

La modernización regional no solo responde a inversiones en viviendas; involucra megaoperaciones empresariales y en educación.

Stephen M. Ross, desarrollador inmobiliario y dueño mayoritario de los Miami Dolphins, destinó USD 10.000 millones al desarrollo de West Palm Beach como nuevo epicentro de negocios, tecnología y talento para competir con Silicon Valley.

Su aporte incluye oficinas de nivel internacional, hoteles, nuevas escuelas privadas, infraestructura pública y una donación de USD 50 millones para un campus de posgrados de la Universidad Vanderbilt especializado en finanzas, ingeniería y tecnología, previsto para 2029.

Impacto inmobiliario y cambios en el mercado de lujo

El repunte económico de Florida tras la pandemia atrajo empresas como BlackRock y RedBird Capital Partners, afianzando a la región como centro financiero permanente. El término “Wall Street South” circula ya entre ejecutivos y brokers.

Ken Griffin, fundador de Citadel, trasladó su fondo de cobertura desde Chicago a Miami en 2022 y, junto a Stephen M. Ross, participa en la campaña Ambition Accelerated, proyecto al que ambos donaron USD 5 millones para captar más empresas tecnológicas.

Este flujo migratorio impulsó la expansión de servicios: chefs privados, colegiaturas en instituciones privadas y, por presión del volumen de adquisiciones, estrategias jurídicas que buscan proteger la identidad de los nuevos propietarios. La utilización de fideicomisos inmobiliarios en Florida se disparó “de un puñado al año a docenas”, según informó el abogado especializado Chase Berger.

La razón principal de este fenómeno es evitar la exposición pública de grandes compradores y blindar la privacidad, ante la creciente competencia y el interés mediático que genera la llegada de fortunas al estado.

Consecuencias fiscales y políticas en California

El debate en California escala a nivel nacional. El gobernador Gavin Newsom advirtió que el impuesto podría ser “realmente dañino para el estado” y provocaría una aceleración en la salida de residentes millonarios.

Según una nota de la Oficina de Análisis Legislativo citada por Los Angeles Times, el nuevo tributo aportaría “decenas de miles de millones de dólares” pero, de acuerdo con una estimación del Hoover Institute, el estado podría perder hasta USD 25.000 millones anuales en ingresos alternativos.

Parte de la elite tecnológica lanzó campañas opositoras: Sergey Brin donó USD 20 millones a la fundación Building a Better California —que busca reformas para detener el impuesto— y Peter Thiel aportó USD 3 millones al comité de acción política de la California Business Roundtable, contrario a la medida. Liderazgos como el de Andy Fang, cofundador de DoorDash, comunicaron en redes su rechazo, tildando la iniciativa de “imprudente”.

No todos los líderes del sector abandonaron el estado: Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, explicó a Bloomberg que optó por mantener residencia en California, indicando: “Elegimos vivir en Silicon Valley, y sea cual sea el impuesto que decidan aplicar, así será”.

Próximos desarrollos y transformaciones estructurales

“Florida es la nueva California”, afirmó Maria Sachs, comisionada de Palm Beach y ex senadora estatal, mientras Stephen M. Ross encabeza la construcción de nuevas oficinas, instituciones educativas y viviendas en la zona.

Mientras los especialistas evalúan el alcance del éxodo respecto a la innovación y la retención de talento tecnológico, el flujo de inversión situó a Miami y Palm Beach entre los nuevos focos de actividad para grandes patrimonios empresariales, industriales y tecnológicos del país, de acuerdo con Los Angeles Times.

La guerra de Irán ha disparado los precios. Lo habrá notado en su bolsillo. Como parte de un plan para aliviar la factura energética de los hogares, el Gobierno ha aprobado una rebaja del IVA de la electricidad del 21% al 10% hasta el 30 de junio de 2026, junto a una reducción en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y una suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. Si tiene coche, lo notará. Pero más en concreto, si tiene uno de gasolina o diésel. Esto se debe a que el ahorro real en los vehículos eléctricos es limitado: entre 30 y 50 euros. Veamos.

El cálculo parte de los siguientes datos: según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el consumo medio de referencia de un turismo eléctrico se sitúa en torno a 16 kWh cada 100 kilómetros. Por otro lado, un conductor medio en España recorre entre 11.500 y 14.000 km al año, según el Informe de Parque de Vehículos y Estadísticas de Matriculación, 2022–2024. Por lo tanto, si ponemos que de media se recorren unos 12.000 kilómetros al año, el consumo anual se sitúa aproximadamente en 1.920 kWh.

El precio medio de la electricidad en el hogar varía según la tarifa y el uso, pero se encuentra en torno a 0,18 euros por kWh, según comparadores energéticos y datos de Red Eléctrica. Con estas cifras, el gasto anual en recarga se sitúa alrededor de 345 euros.

La rebaja del IVA y los otros impuestos reducen la factura en aproximadamente un 10–13%, lo que se traduce en un ahorro de entre 35 y 45 euros al año para un conductor medio. Incluso en escenarios de mayor consumo, el ahorro difícilmente supera los 50 euros anuales. Desde luego que la rentabilidad que obtienen los propietarios de vehículos eléctricos variará según perfil de uso.

En contraste, los vehículos de combustión se benefician de la reducción fiscal sobre carburantes, estimada en unos 30 céntimos por litro, según el Gobierno. Aplicado a un coche de gasolina con un consumo medio de 7 litros cada 100 kilómetros, esto supone un ahorro de 2 a 3 euros cada 100, o entre 240 y 360 euros anuales para un conductor que recorra 12.000 kilómetros, acercándose incluso a los 400 euros en algunos casos.

El coste del coche eléctrico ya era inferior

La diferencia se explica por una cuestión estructural: el coste energético del coche eléctrico ya es muy inferior al de los de combustión. Recorrer 100 kilómetros en un eléctrico cuesta alrededor de 3 euros, frente a los 10–12 euros de un coche de gasolina. Por ello, aunque la rebaja fiscal abarata la electricidad, su impacto absoluto es mucho menor que en la gasolina.

La medida beneficia a todos los conductores, pero reduce ligeramente la ventaja económica del coche eléctrico frente a los de combustión. Aunque también hay que tener un pequeño detalle en cuenta. Los datos que compartimos en este artículo son la teoría, la práctica es distinta. Y es que la rebaja del IVA no llega íntegra al surtidor porque una de cada cuatro gasolineras aprovecha para subir los precios.

La cuestión es que el mercado de los carburantes está liberalizado. Cada operador fija el precio que quiere y eso hace que cada uno aplique las tarifas que mejor le vienen. Pero como en todo libre mercado, si los precios se disparan en una gasolinera, se pueden ir a repostar a la competencia.

Si dejamos a un lado que las empresas van a buscar siempre la forma de seguir aumentando beneficios, especialmente en tiempos de crisis como ya ocurrió cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, podemos decir que los conductores de coches eléctricos ahorrarán apenas entre 30 y 50 euros al año, mientras que los de gasolina deberían estar en torno a los 400 euros anuales. No obstante, las cifras pueden variar según el modelo de vehículo, la tarifa eléctrica contratada y los hábitos de conducción, pero el patrón general se mantiene.

Subida del MW/h del 843% en tan solo diez días

A raíz de la crisis energética provocada por la tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, el precio del megavatio hora experimentó una subida del 843% en apenas diez días a principios de marzo de 2026, alcanzando los 136,86 euros por megavatio hora, con picos cercanos a los 250 euros.

Esta coyuntura llevó al Ejecutivo a aprobar un plan de choque de más de 80 medidas destinadas a mitigar el impacto de la subida de precios energéticos, desplegando 5.000 millones de euros y articulando principalmente la rebaja de impuestos sobre carburantes y electricidad.

Después de mucho tiempo, el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla habló de que su mayor desafío profesional fue la presentación de la reforma tributaria conocida como Ley de Solidaridad Sostenible durante el impacto de la pandemia del covid-19 en Colombia. El intento de recaudar más de $20 billones para cubrir un déficit fiscal histórico del PIB derivó en un estallido social y marcó el momento más tenso para el gobierno de Iván Duque.

La reforma tributaria impulsada por el exfuncionario buscaba cubrir un déficit fiscal provocado por la crisis sanitaria, con la meta de recaudar grandes sumas en poco tiempo mediante el aumento del número de contribuyentes, la ampliación del IVA y la reducción de impuestos a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). La propuesta generó protestas sociales multitudinarias y, luego del retiro, provocó la salida de Carrasquilla del Ministerio de Hacienda.

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Destacó que asumir la cartera por segunda vez fue un enorme reto personal. “Fue el momento más difícil de mi carrera”, afirmó en el pódcast Atemporal, que dirige Andrés Acevedo, al referirse al contexto de un país paralizado por la pandemia, con empresas en riesgo de cierre y un aumento considerable de la informalidad.

Impacto de la pandemia y el déficit fiscal

La crisis sanitaria de 2021 dejó al Estado colombiano en una coyuntura financiera crítica. “La pandemia dejó un déficit fiscal de 7,1% del PIB en 2021, uno de los más altos en la historia del país”, recordó. Según el exministro, el Gobierno tuvo que buscar alternativas rápidas para financiar el sistema de salud y garantizar la vacunación de toda la población, además de atender otros factores sociales urgentes.

“Había que tomar decisiones aceleradas para atender al sector salud y responder a los desafíos sociales”, explicó. Reconoció que esos meses incrementaron dificultades de larga data y forzaron nuevas respuestas.

Las claves de la reforma Ley de Solidaridad Sostenible

Alberto Carrasquilla sostuvo que la reforma tenía objetivos claros y expectativas de recaudación inmediatas. “La reforma tributaria buscaba recaudar entre $23,4 billones y $26,1 billones en poco tiempo para subsanar una tercera parte del hueco fiscal”, indicó durante la conversación. Reconoció que el mayor impacto recaería en la clase media, ya que se pretendía ampliar la base de contribuyentes y gravar con IVA productos que antes no lo tenían.

“La idea era ampliar la base contributiva y reducir impuestos a empresas como las mipymes”, remarcó. Añadió que existía un mecanismo para compensar a los sectores más vulnerables. “Había un mecanismo para compensar ese pago, pero eso tampoco se discutió”, dijo. Insistió en el carácter técnico de su equipo. “Nosotros no somos filósofos, somos prácticos y queríamos hacer práctica política”, agregó.

Consecuencias políticas y sociales del rechazo a la reforma

Carrasquilla relató que, pese a las motivaciones de la reforma, el rechazo público fue inmediato y la controversia se agudizó por la situación social del país. “Al presidente Iván Duque le hicieron la vida muy difícil y la pandemia no ayudó mucho. Y saliendo de la pandemia me propuse mostrar la idea con algunos puntos que se hubieran podido discutir, pero el país no estaba preparado. La propuesta que hice fue muy mal recibida”, aclaró.

Recordó que la presión social y política acompañó toda la discusión del proyecto. “Cuando el presidente decidió retirarla, en ese momento dije que se me había acabado el tiempo en el ministerio, y ahí salí del Gobierno”, apuntó.

Sostuvo que el proceso legislativo no se pudo completar. “Si se le hubiera dado la oportunidad al Gobierno de explicar la reforma en el Congreso, habría servido para dejar una bandera plantada. Yo estaba preparado para ese debate y tenía los guantes puestos para una pelea”, agregó el exfuncionario. Para él, una parte importante de la sociedad no estaba bien informada sobre el contenido de la ley.

“El estallido social fue un episodio abrupto y grande de un proceso sistemático que se venía escalando. La gente que salía a protestar ni siquiera había leído la reforma tributaria”, lamentó.

Relató que constató desinformación generalizada en las protestas. “Yo veía avisos que decían ‘no a la reforma pensional’ y cosas por el estilo. Ahí hubo mucho más emoción en la forma en que estaban protestando que un análisis cuidadoso de la propuesta”, señaló.

Momento no fue el ideal

Cinco años después, Alberto Carrasquilla considera que el momento escogido para la reforma posiblemente no fue el ideal. Aunque sostiene que el debate parlamentario pudo haber dejado una huella, admite que las circunstancias sociales pesaron más que los argumentos técnicos.

La experiencia dejó una lección clave para Carrasquilla: en Colombia, la distribución tributaria sigue siendo desigual respecto a estándares internacionales y la carga fiscal recae sobre pocos contribuyentes, especialmente empresas. El reto, advirtió, es revisar el sistema fiscal para acercarse a la estructura de tributación de los países avanzados, donde el peso sobre las personas naturales es considerablemente mayor.

Fuentes del Partido Popular han señalado que la legislación propuesta por el Ejecutivo incorpora una serie de bajadas tributarias que el PP viene impulsando desde hace tiempo, aunque consideran que el texto queda lejos de cumplir con todas sus demandas, según publicó el medio original. El partido de la oposición ha matizado que su decisión de no rechazar el decreto ley destinado a aliviar el impacto económico de la guerra en Irán facilitará el avance de la propuesta en el Congreso de los Diputados, algo que resultará clave en la votación prevista para este jueves.

De acuerdo con lo señalado por el medio, el PP se abstendrá durante la votación sobre el nuevo decreto de medidas fiscales, lo que permitirá al Gobierno sumar los apoyos necesarios para convalidar la normativa en la cámara baja. Esta postura del principal partido de la oposición también responde, según fuentes internas citadas por el medio, al hecho de que la propuesta incluye algunas de las rebajas fiscales que el PP ha reclamado sistemáticamente en los últimos tiempos. No obstante, los portavoces del partido insisten en que la ley no contempla otras peticiones centrales en sus reclamaciones, como sería la deflactación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Según publicó el medio, el PP aclaró que, aunque la norma recoge parte de sus sugerencias en materia tributaria, no obtendrá su voto afirmativo mientras no se incluyan todas las modificaciones que el partido considera indispensables para afrontar los efectos económicos derivados del conflicto en Irán. El partido trasladó su posición en los siguientes términos: “Puesto que el decreto recoge parte de nuestra propuesta de bajadas de impuestos no votaremos en contra. Pero si no recogen todas las medidas que consideramos imprescindibles, no votaremos a favor”.

El Ejecutivo diseñó el nuevo decreto con el propósito de compensar algunos de los efectos negativos que la guerra en Irán ha provocado en la economía española, fundamentalmente a través de incentivos fiscales y reducciones de tributos. El medio original detalló que, gracias al anunciado voto positivo de los partidos aliados de izquierda que sostienen al Gobierno en el Congreso y la abstención del PP, la aprobación del decreto resulta prácticamente garantizada. En este escenario, la posición final que adopte Junts pierde relevancia, ya que los votos favorables previstos bastarán para sacar adelante el texto legal.

El PP ha insistido en que mantiene su reivindicación de que el Gobierno asuma la rebaja del IRPF, advirtiendo que la ausencia de este compromiso impide al partido respaldar activamente la propuesta. Así, la postura de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo se sitúa entre el rechazo a una negativa rotunda y la exigencia de mayores concesiones fiscales por parte del Ejecutivo.

La decisión del PP genera un impacto directo en el resultado parlamentario. Según el medio, el bloque gubernamental podrá consolidar apoyos suficientes en la cámara baja sin depender de otras formaciones como Junts. Ese margen de maniobra resulta posible por la suma de votos de los socios de izquierda del Gobierno y la abstención del primer partido de la oposición, tal como detalló el medio.

En la argumentación pública, las fuentes populares insisten en que la norma propuesta por el Ejecutivo al menos incorpora algunas peticiones históricas del partido en el terreno de la rebaja de impuestos, aunque subrayan que el decreto continúa resultando “insuficiente” para afrontar la actual coyuntura económica. La exigencia de la deflactación del IRPF sigue figurando en la lista de prioridades del PP, que tampoco ha confirmado si apoyaría un eventual compromiso adicional en ese sentido.

El contexto político en el Congreso muestra hasta qué punto las posiciones estratégicas de los grandes partidos pueden inclinar la balanza en votaciones clave sobre temas económicos. Según el mismo medio, el voto positivo de los socios del Gobierno y la abstención del PP despejan el camino para que las nuevas medidas fiscales propuestas salgan adelante, independientemente de otras posiciones minoritarias que hasta ahora han sido consideradas decisivas en otras ocasiones.

Crisis fiscal y economía muy descuadernada marcan el diagnóstico del exgerente general del Banco de la República Juan José Echavarría, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, sobre el futuro económico de Colombia. Considera que el principal desafío, luego de la salida del Gobierno de Gustavo Petro, será reactivar el crecimiento y propone que la próxima administración fije una meta de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,8%.

Plantea el exmiembro de la Junta Directiva de Ecopetrol que, para enfrentar la crisis fiscal, es esencial mantener el gasto público constante, sin aumentos reales sobre la inflación, combatir la evasión tributaria y revisar las políticas de subsidios a combustibles. Sostiene que estas medidas deben preceder cualquier reforma tributaria, defendiendo una gestión institucional que priorice la estabilidad económica y la sostenibilidad de la deuda nacional.

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“La línea roja es el tema fiscal, definitivamente. El Gobierno va a dejar una economía muy descuadernada y con la olla raspada. Va a ser muy difícil”, afirmó Echavarría en entrevista con Blu Radio. Según el economista, Colombia crece hoy cerca del 3%, pero alertó que el margen de maniobra será limitado por el estado de las cuentas públicas.

Propuestas para controlar el gasto público y aumentar el crecimiento

Antes de recurrir a una reforma tributaria, Echavarría resaltó la importancia de impulsar el crecimiento económico. “La tributaria es como última medida. Primero trataría de hacer que la economía crezca. Uno podría pensar que un Gobierno serio que llegue podría hacer que la economía crezca un 3,8% en un principio”, señaló al medio.

Resaltó que el gasto estatal debe mantenerse sin incrementos reales. “Mantendríamos el gasto público constante, en términos reales. La idea es que no suba más que la inflación. Eso es lo que hizo Costa Rica con un plan exitoso”, mencionó el exfuncionario, sugiriendo el modelo costarricense como referencia para la coyuntura colombiana.

El enfoque de Echavarría consiste en que la expansión económica sostenible anteceda cualquier ajuste fiscal de fondo. Para él, priorizar el crecimiento permitirá evitar desequilibrios que obliguen a reformas tributarias apresuradas.

Evasión fiscal y prioridades en la reforma tributaria

El exgerente general del Emisor identificó la evasión tributaria como un obstáculo central para la salud fiscal de Colombia. “En Colombia no se paga ni la mitad de los impuestos que la gente debería pagar. Se evade”, remarcó.

De cara a una eventual reforma, defendió que esta debe dirigirse primero a sectores con mayores déficits, como Defensa, Salud y Energía. “Antes de pensar en una reforma tributaria para sectores que están en déficit, es necesario realzar otras medidas que busquen mejorar el entorno macroeconómico”, afirmó.

Hizo hincapié en que aumentar la recaudación sin reformas profundas parte de reducir la evasión actual ―cercana al 50%― para fortalecer la financiación de servicios básicos.

Subsidios al combustible y revisión del “IVA personal”

Respecto a los subsidios, Echavarría propuso ajustar gradualmente el precio del diésel y de la gasolina para alinearlo con referencias internacionales. “Otro de los temas tiene que ver con la gasolina y el diésel. Trataríamos de ponernos a nivel de precios internacionales. Todas esas medidas son difíciles políticamente, pero hay que hacerlas”, expresó.

Sostuvo que mantener precios bajos favorece principalmente a los estratos medios y altos, lo que resta efectividad en la promoción de la equidad social. Sobre el “IVA personal”, planteó que “no se tocaría la canasta familiar de los estratos 1, 2 y 3, pero sí se revisarían los beneficios para los estratos 4 y 5. No tiene sentido seguir subsidiando el consumo de alimentos en los sectores más favorecidos de la sociedad”.

Riesgos para el Banco de la República y sostenibilidad de la deuda

A sus advertencias sobre las cuentas fiscales, el experto añadió su preocupación por la autonomía del Banco de la República. Considera que la estabilidad macroeconómica del país depende de “un equilibrio frágil en su junta directiva” y advirtió sobre posibles interferencias políticas en el banco central.

“Un eventual gobierno de izquierda podría intentar ‘tomarse’ el banco central, lo cual pondría en riesgo la institucionalidad económica”, apuntó.

En cuanto a la deuda pública, Juan José Echavarría calificó su nivel actual de insostenible. Equiparó la situación fiscal del país al desafío de una familia que gasta más de lo que percibe, subrayando que esta dinámica condicionará la capacidad de acción y elección de las nuevas autoridades.

En respuesta a la implementación del gravamen, que aplica a personas jurídicas y sociedades de hecho obligadas al impuesto sobre la renta, con un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 unidades de valor tributario, es decir, $10.474.000 al 1 de marzo de 2026, el dirigente expresó que el sector empresarial colombiano enfrenta un riesgo inminente a partir de abril.

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Según el análisis que hizo en un video, el tributo gravará la diferencia entre activos y pasivos de las compañías, lo que podría impactar la inversión, la generación de empleo y el crecimiento económico, además de suscitar dudas sobre su constitucionalidad y la transparencia en el uso de los recursos recaudados.

Para él, el sector empresarial colombiano tiene un gran riesgo en este momento, ya que se materializará a partir de abril.

Recordó que el Gobierno ya declaró emergencias económicas relacionadas con situaciones en La Guajira, El Catatumbo, la falta de aprobación presupuestaria en el Congreso y, más recientemente, por la emergencia invernal. Si bien reconoció que podría justificarse la emergencia, manifestó desacuerdos acerca del monto de recursos que se quieren recaudar como resultado de los impuestos que fueron decretados.

Críticas técnicas al impuesto al patrimonio

Bruce Mac Master señaló que “los impuestos de los cuales estamos hablando son altamente inconvenientes y técnicamente muy dudosos”. Explicó que este impuesto “se calcula sobre la diferencia entre los activos y los pasivos de las compañías”, por lo que aclaró que una empresa que invierte y ahorra en el país deberá pagar por esos activos, sin importar su liquidez.

Lamentó que “es un impuesto a la inversión, sin duda alguna, es un impuesto a la creación de empleo, es un impuesto al crecimiento del aparato productivo colombiano”. Añadió que “no lo hay en prácticamente ningún país del mundo por esas razones” y enfatizó en la falta de justificación sobre los recursos que se busca recaudar. “No existe ninguna correlación probada en este momento, no la hay tampoco en el sustento que el Gobierno ha entregado alrededor de por qué se quieren recaudar estos recursos”, añadió.

Asimismo, el dirigente advirtió sobre el impacto de la medida en la estructura financiera empresarial. “Colombia además va a terminar perdiendo con una competitividad tributaria que ya está comprometida desde muchos puntos de vista”, apuntó. Alertó que el impuesto “va a afectar la liquidez de las empresas y puede ser que algunas empresas tengan que vender activos o que tengan que endeudarse para poder sacar adelante y poder pagar este impuesto”. Además, considera que la disposición “va a desincentivar, sin duda alguna, la inversión y el crecimiento empresarial”.

Destacó que “no grava los activos líquidos, sino que grava básicamente la diferencia entre activos y pasivos”. Asimismo, observó que la creación de impuestos por mecanismos excepcionales puede resultar en cargas injustificadas. “Crea impuestos injustificados por mecanismos excepcionales”, insistió el líder gremial.

Debate jurídico y peticiones a la Corte Constitucional

El presidente de la Andi resaltó que la normatividad en Colombia estipula que los impuestos deben ser creados mediante la presentación y aprobación del Congreso de la República. “Este mismo impuesto, o impuestos similares, ya habían sido presentados al Congreso de la República, ya habían sido negados por parte del Congreso de la República”, recalcó.

De igual forma, cuestionó la justificación de la medida al señalar que “no existe ninguna correlación probada entre los recursos para atender la emergencia y los recursos que eventualmente se recaudarían”, en referencia al requisito constitucional de destinar los fondos recaudados por emergencias a la atención de su causa.

Por ello, insistió en la solicitud hecha a la Corte Constitucional. “Le hemos pedido a la Corte Constitucional que considere la posibilidad de suspender la aplicación de este impuesto hasta tanto no se defina de fondo cuál es verdaderamente la constitucionalidad del mismo”. Advirtió, además, sobre las posibles consecuencias negativas para las empresas.

“A la Corte Constitucional le hemos pedido que, con el fin de evitar un daño irreparable para muchas compañías, se suspenda temporalmente la aplicación del mismo, hasta tanto se produzca la decisión de fondo sobre la constitucionalidad o no de este impuesto”, dijo, algo que con anterioridad también pidió la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez.

Impactos sobre las empresas y el gasto público

Bruce Mac Master resaltó que la iniciativa refleja la política de gasto del Gobierno nacional y cuestionó sus mecanismos de priorización. “La ambición de gasto del Gobierno nacional, que además ha contado con mecanismos de priorización que han producido resultados negativos, en muchos casos se ve ahora reflejada en la repetida intención de tratar de poner un impuesto al patrimonio, en este caso de las empresas, que no es otra cosa que un impuesto a la inversión y a la generación de empleo”, puntualizó.

Enfatizó en el papel de las empresas como vehículos económicos para desarrollar la actividad de un país, por lo que insistió en que “en varias partes del mundo ha sido declarado altamente inconveniente para los intereses de cada uno de ellos”.

Cuestionó también la relación entre lo recaudado y el destino de los fondos destinados a la emergencia, y observó que la medida “contraviene el principio constitucional que obliga a destinar lo recaudado por medidas excepcionales a las necesidades específicas que justificaron su creación”.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la Declaración Anual 2025 para personas que obtuvieron ingresos durante el ejercicio anterior podrá ser presentada a partir del 1 de abril y hasta el 30 de abril de 2026, a través del Portal del organismo fiscal, disponible las 24 horas del día.

Dicha convocatoria, publicada este 24 de marzo mediante un comunicado del SAT, establece que el trámite es obligatorio para quienes hayan recibido ingresos por conceptos como sueldos, salarios, actividades empresariales, arrendamientos, enajenación o adquisición de bienes, intereses y dividendos. El ingreso oportuno de esta declaración permite al contribuyente cumplir con la normatividad fiscal vigente y evitar sanciones.

Entre las novedades anunciadas por el SAT, el comunicado destaca que quienes resulten con un saldo a favor igual o mayor a 10 mil 001 pesos deberán presentar su declaración usando la e.firma obligatoriamente para su validación. Además, la autoridad fiscal permite el pago en hasta seis parcialidades si hay impuesto a pagar, siempre que la primera cuota se cubra durante abril de 2026.

Mejoras implementadas por el SAT para la declaración de este año

El portal de declaración incorpora mejoras y actualizaciones relevantes para simplificar el proceso. Por ejemplo, cada apartado debe completarse íntegramente antes de avanzar al siguiente, lo que agiliza el llenado y previene omisiones.

Adicionalmente, el formulario muestra en detalle los ingresos exentos identificados en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina, así como información precargada de retenedores para quienes declaran por concepto de actividad empresarial, arrendamiento, régimen de incorporación fiscal (RIF), RESICO y plataformas tecnológicas.

El propósito de estas actualizaciones, de acuerdo con el SAT, es brindar claridad y apoyo durante la captura de información, además de permitir la consulta en el nuevo Visor de Retenciones.

Quiénes deben presentar la Declaración Anual este 2026

La obligación de presentar la Declaración Anual 2025 recae sobre personas físicas que hayan obtenido ingresos anuales por sueldos y salarios superiores a 400 mil pesos, quienes trabajaron para un solo empleador pero concluyeron su relación laboral antes del 31 de diciembre de 2025, así como quienes hayan percibido ingresos por conceptos distintos a salarios, trabajado simultáneamente para varios empleadores o recibido ingresos del extranjero o de personas no obligadas a retener el ISR.

También están obligados quienes obtuvieron indemnizaciones, ingresos por jubilación o pensiones que excedan los límites establecidos en el artículo 93, fracción IV y V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Deben declarar quienes hayan recibido ingresos por servicios profesionales, actividades empresariales incluidas las generadas en plataformas tecnológicas, región fronteriza o bajo el RIF con coeficiente de utilidad, arrendamientos de bienes inmuebles, enajenación o adquisición de bienes, e ingresos por intereses o dividendos.

Quienes tributan bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) pueden quedar exentos de presentar la declaración, aunque quienes se acojan a las reglas 3.13.20 y 3.13.21 pueden optar voluntariamente por hacerlo. El SAT precisó que las personas con ingresos por intereses pagados por SOFIPOS encontrarán dos campos diferenciados en el portal para capturar montos gravados y exentos.

Escuelas Católicas de Madrid, que representa a 340 centros educativos de la Comunidad de Madrid donde estudian 223.000 alumnos, presumen de haber tumbado la tasa de basuras implantada por el Gobierno local de José Luis Martínez-Almeida. En un comunicado, esta organización recuerda que su recurso fue admitido en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que este lunes ha anulado este impuesto argumentando que durante el trámite de información pública, el Ayuntamiento omitió una parte esencial del informe técnico-económico que la justificaba. En concreto, la documentación relativa a la generación de residuos por actividades económicas. El tribunal considera que esos anexos eran “imprescindibles” para que ciudadanos y empresas pudieran formular alegaciones con conocimiento de causa, lo que justifica la nulidad de pleno derecho de la ordenanza.

“Los colegios llegaron a pagar hasta 30.000 euros por la tasa de basuras. Unas cantidades desproporcionadas, confiscatorias y gravemente injustas, que han afectado la sostenibilidad de estas escuelas sociales y sin ánimo de lucro que vienen arrastrando, además, una histórica infrafinanciación en la partida de otros gastos”, explican desde Escuelas Católicas. Según la sentencia, los trámites de información pública y alegaciones “no son un mero requisito formal, sino una garantía sustancial del procedimiento de elaboración de disposiciones generales”. Sin esa información, el ciudadano o las instituciones como los colegios no podían conocer a fondo cómo se asignaban las cantidades de basura y, en consecuencia, reaccionar contra ellas.

La ‘Ley 7/2022′ obligó a los Ayuntamientos a implantar una tasa “específica, diferenciada y no deficitaria” para financiar el coste real del tratamiento de residuos en el plazo de tres años desde su entrada en vigor. Madrid agotó prácticamente el calendario legal antes de activarla: aprobó el proyecto inicial en octubre de 2024 y dio luz verde definitiva el 23 de diciembre, con publicación en el boletín el 27 de diciembre. Madrid cifró la tasa en 141 euros de media por vivienda y 310 por local comercial, con cerca de 1,7 millones de inmuebles afectados. En total, preveía 256 millones de euros netos adicionales de recaudación. Al mismo tiempo, Cibeles presentó una nueva bajada del IBI como contrapeso político y fiscal.

La tasa de basuras entró en vigor el 1 de enero de 2025 y los recibos comenzaron a llegar a partir de septiembre, convirtiéndose en uno de los grandes frentes políticos del mandato de Almeida. Más de 130.000 contribuyentes han presentado reclamaciones contra la tasa, según los datos del Ayuntamiento, en una oleada de recursos promovida por partidos, asociaciones y plataformas vecinales. Desde el Área de Hacienda explican que los servicios jurídicos están analizando la sentencia y sus efectos, y están valorando la posibilidad de presentar un recurso de casación.

¿Y la ordenanza de 2026?

La ordenanza de 2026 está aprobada y Más Madrid la ha recurrido. El alcalde Almeida tuvo que corregir la ordenanza de 2025 un mes y medio después de ponerla en marcha a raíz de las quejas de los vecinos y las críticas de la oposición para que se tuviera en cuenta el número de empadronados por vivienda. Como ocurrió con la tasa de 2025, los ciudadanos pueden recurrir el pago de este año, en un plazo de 30 días tras haber recibido la noticiación municipal. Habrá que ver ahora si la ordenanza de 2026 incurre en el mismo defecto. De hacerlo, también quedaría anulada.

Cada vez que un consumidor carga un litro de nafta en la Argentina, afronta una estructura de costos que incluye una importante proporción destinada a impuestos nacionales, provinciales y municipales. Esta dinámica suma presión en el actual contexto internacional de conflicto en Oriente Medio, que llevó a disparar más de un 15% los precios en surtidores, según diferentes relevamientos.

Según datos de la Cámara de Combustible de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en el supuesto de que un litro de nafta super se venda al público a $ 1.921, el precio neto —sin impuestos— es de $1.231,71, cifra que equivale al 64,12% del precio final. La diferencia hasta completar el monto que abona el consumidor corresponde a distintos tributos que se distribuyen entre la Nación, la provincia y los municipios.

El desglose de la Cámara de Combustible de Mar del Plata informa que la carga tributaria total sobre el litro de nafta super asciende a $689,29, lo que representa el 35,88% del precio pagado en el surtidor. Este porcentaje resulta de la suma de gravámenes de diferente naturaleza y jurisdicción.

A nivel nacional, los impuestos constituyen el principal factor de recaudación sobre el combustible. El Impuesto a los Combustibles Líquidos suma $304,08, equivalente al 15,83% del valor final. A este gravamen se le adiciona el Impuesto a las Emisiones de CO₂, que implica $18,63 o el 0,97% del precio total.

Este primer impuesto se aplica de manera fija sobre el litro de combustible y es motivo de controversias. Durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, se tomó la decisión de no aplicar las actualizaciones del impuesto en el último año de mandato, a los fines de que no impacte en la inflación. En tanto, durante la administración libertaria se ajustó en varias oportunidades por debajo de lo que correspondía y los gobernadores reclaman al gobierno central que no se distribuyeron esos recursos.

La recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos se debería distribuir por ley: 10,40% al Tesoro Nacional; 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); 10,40% a las Provincias; 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social; 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte; 2,55% a la Compensación Transporte Público. Algunos de estos fondos y fideicomisos fueron eliminados por el Gobierno.

La recaudación nacional se completa con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en este caso representa $270,68 del valor de venta, es decir, el 14,09% del precio final. Estos tres conceptos suman la mayor parte de la carga impositiva sobre el litro de nafta súper, consolidando el predominio de la recaudación nacional en la estructura tributaria del combustible.

Impuestos provinciales y tasas municipales

A nivel provincial, el impuesto más relevante es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que se traduce en $54,80 por litro, lo que equivale al 2,85% del precio al público. En el ámbito municipal, existen dos tasas que afectan el precio del combustible: la Tasa por Seguridad e Higiene y la Tasa Vial. La primera suma $2,45 por litro, lo que representa el 0,13% del precio final, mientras que la segunda alcanza los $38,67 y equivale al 2,01% del valor pagado en el surtidor.

La sumatoria de estos tributos determina el monto total de impuestos que se abona por cada litro de nafta super, según la Cámara de Combustibles de Mar del Plata. El peso de cada nivel de gobierno sobre el precio final varía según la jurisdicción y el tipo de tasa o impuesto aplicado.

En la provincia de Buenos Aires, el municipio de Colón, General Pueyrredon y Pinamar cobra una tasa del 3% sobre el precio de venta, que es la mayor en términos porcentuales. Luego le siguen Pilar, Moreno y Azul, en donde se abona una alícuota levemente inferior al 2,5 por ciento. Estas cifras, aunque menores a lo que se aplica en algunas provincias del sur del país, representan una suma considerable en un país afectado por la inflación y por las oscilaciones del mercado internacional de hidrocarburos.

Entre los ejemplos más extremos de tasa vial aparece la provincia de Neuquén, en donde ocho municipios cobran un recargo del 4,5% sobre el precio de cada litro de combustible. Entre los que se destacan Centenario, Cutral Co, Junín de los Andes, Neuquén, Plaza Huincul, Plottier, San Martín de los Andes y Senillosa. Pero no se trata de la única provincia, sino que se aplica la misma alícuota en Cipoletti, Río Negro. En un rango menor, se ubican diferentes municipios de Jujuy, como San Pedro, San Salvador de Jujuy y Yala, en donde se cobra una tasa vial del 1,8 por ciento.

El análisis de la apertura impositiva revela que el componente nacional concentra la mayor proporción de la carga fiscal, seguido por la provincia y, en menor medida, los municipios. La presencia de la Tasa Vial en la estructura municipal responde a la decisión de algunas jurisdicciones de aplicar incrementos adicionales sobre los combustibles para financiar obras y servicios vinculados al tránsito o la infraestructura urbana. Aunque muchas veces esto no sucede en la práctica y la tasa se convierte en un impuesto ante la falta de contraprestación.

El precio neto del litro de nafta, es decir, el valor libre de impuestos, representa poco menos de dos tercios del precio pagado por el consumidor. Este dato ilustra el peso que tienen los tributos en la formación del precio final y la relevancia de la política fiscal sobre los combustibles. La distribución de la recaudación entre Nación, provincia y municipios evidencia la multiplicidad de actores involucrados en la definición del costo del combustible.

En la práctica, el consumidor afronta el peso combinado de los impuestos nacionales, provinciales y municipales cada vez que carga nafta super en su vehículo. La suma de gravámenes eleva el valor final y determina una recaudación significativa para el Estado en sus diferentes niveles.

¿Cese en el conflicto en Oriente Medio?

En el contexto actual, la carga tributaria sobre los combustibles resulta especialmente relevante ante los aumentos recientes en los precios internacionales del petróleo y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. El incremento del valor de los combustibles impactó de manera directa en el bolsillo de los consumidores argentinos, como se registró en los últimos días.

Hasta el momento, la guerra en el Medio Oriente motivó un ajuste del 15% en el precio de los combustibles en Argentina. Aunque recientemente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció detalles sobre las conversaciones con un alto líder iraní, en busca de un acuerdo que pudiera influir en la estabilidad de la región y, en consecuencia, en el precio de los hidrocarburos.

Con el inicio de la campaña de la Renta el próximo 8 de abril, millones de contribuyentes buscan fórmulas para cerrar con el mejor saldo posible sus cuentas con Hacienda. Una de las más socorridas consiste en aplicar todas las deducciones posibles en el IRPF, para lo que es necesario conocer que gastos habituales pueden suponer un ahorro fiscal. Es el caso de los seguros del hogar, aunque es importante aclarar que no se trata de una deducción independiente, sino que se integra dentro de la deducción por inversión en vivienda habitual, según detalla la Agencia Tributaria.

Para poder desgravar el seguro de hogar en la Renta 2026, deben cumplirse varios requisitos establecidos por Hacienda. En primer lugar, la vivienda debe ser la habitual del contribuyente, es decir, el lugar donde reside de manera permanente. Además, la deducción solo se aplica a inmuebles adquiridos antes del 1 de enero de 2013, ya que la normativa eliminó la deducción para compras posteriores, salvo que se trate de un régimen transitorio.

Otro requisito clave es que la vivienda esté sujeta a préstamo hipotecario vigente y que el seguro esté vinculado a la hipoteca. Generalmente, estos seguros cubren riesgos básicos como incendio y daños estructurales. Solo en estas condiciones Hacienda permite que la prima pagada por el seguro se incluya dentro del cálculo de la deducción por vivienda habitual. Las coberturas opcionales, como asistencia en el hogar o daños estéticos, no son deducibles.

Hasta 1.350 euros de ahorro

La Agencia Tributaria establece que la base máxima sobre la que se calcula la deducción es de 9.040 euros al año, incluyendo tanto el pago de la hipoteca como los gastos asociados, entre ellos el seguro. El porcentaje de deducción aplicable es del 15%, lo que significa que el ahorro máximo alcanzable ronda los 1.356 euros anuales. Es importante destacar que este límite se aplica al conjunto de pagos relacionados con la vivienda, no exclusivamente al seguro.

Por ejemplo, si un contribuyente paga 8.500 euros de hipoteca y 400 euros de seguro de hogar, el total de gastos deducibles sería 8.900 euros. Aplicando el 15% de deducción, el ahorro fiscal asciende a 1.335 euros. Sin el seguro, la deducción sería menor, por lo que incluirlo puede optimizar el beneficio fiscal, siempre que cumpla los requisitos oficiales.

Cómo se aplica la deducción

El importe del seguro se declara dentro del apartado de deducción por inversión en vivienda habitual, normalmente en la casilla correspondiente a gastos y pagos asociados a la hipoteca. La Agencia Tributaria indica expresamente que las primas de seguros de incendios y de vida vinculadas a la vivienda se consideran “gastos derivados del préstamo hipotecario”, por lo que son deducibles dentro de este régimen.

Aunque la deducción general se limita a viviendas adquiridas antes de 2013, existen situaciones en las que el seguro de hogar puede ser deducible incluso en compras posteriores. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la vivienda es alquilada, ya que la prima se puede incluir como gasto deducible en el IRPF del arrendador, o si el inmueble se utiliza parcialmente para una actividad económica por un autónomo, permitiendo deducir la parte proporcional del seguro.

Alberto Núñez Feijóo ha planteado que el Gobierno todavía dispone de semanas para modificar el decreto anticrisis antes de su convalidación en el Congreso, sugiriendo que la votación originalmente prevista para este jueves podría retrasarse hasta el mes siguiente. Según informó Europa Press, el dirigente del Partido Popular ha instado al presidente Pedro Sánchez a reconsiderar el paquete de medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Irán, subrayando la necesidad de incorporar la deflactación de la tarifa del IRPF.

De acuerdo con la cobertura realizada por Europa Press, Feijóo señaló que “el Gobierno no tiene por qué llevar esto a convalidar el próximo jueves. El real decreto está en vigor, hay un mes para convalidarlo. Hasta el 20 de abril lo puede convalidar. Por lo tanto, no necesitamos que el jueves se vote. Eso será una decisión del Gobierno”. Estas declaraciones se produjeron durante una entrevista en el canal Antena 3 y apuntan a abrir un margen adicional para negociar ajustes a las ayudas propuestas por el Ejecutivo, específicamente en materia fiscal.

El líder del Partido Popular ha explicado que de las propuestas presentadas por su formación, el Gobierno solo ha aceptado una, la relativa a la reducción del IVA de la energía. Sin embargo, Feijóo ha subrayado que el Ejecutivo no ha accedido a rebajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, una de las principales demandas del PP. Además, informó Europa Press, el dirigente opositor criticó las referencias incluidas en el decreto respecto al cierre programado de las centrales nucleares, argumentando que, mientras que otros países de Europa mantienen su operatividad o estudian nuevas instalaciones con pequeños reactores, España apunta en sentido contrario según la normativa actual.

El medio Europa Press consignó que Feijóo cifró en 3.000 euros los pagos adicionales medios en el IRPF para los españoles en los últimos años. Según sus cálculos, el incremento de precios ha impactado de manera significativa a las familias, afirmando que, desde el inicio de la actual coyuntura inflacionaria, los alimentos han aumentado un 42% y la vivienda un 53%. Por ello, el dirigente del PP considera necesaria una actualización de la tarifa para ajustar la carga impositiva a la evolución real de los ingresos, afectando el poder adquisitivo de los contribuyentes.

La petición del líder popular consiste en que el Ejecutivo utilice el plazo legal disponible, que se extiende hasta el 20 de abril, para reconsiderar sus decisiones y avanzar en una negociación que permita la incorporación de las medidas reclamadas. Durante la entrevista citada por Europa Press, Feijóo sostuvo que su formación tomará las decisiones oportunas respecto al sentido de su voto si el Gobierno insiste en mantener la votación prevista para el jueves, pero evitó precisar la postura concreta que adoptaría el Grupo Popular en el Congreso en caso de ser convocados a votar en esa fecha.

La cuestión fiscal, centrada en la actualización del IRPF y la respuesta a la inflación, se ha situado en el centro del debate entre Gobierno y oposición. Feijóo ha reiterado públicamente que el Gobierno dispone de margen para modificar el decreto y atender a las demandas formuladas por su partido, defendiendo que una deflactación de la tarifa respondería a la pérdida de poder adquisitivo que atribuye a las subidas de precios en alimentos y vivienda.

El medio Europa Press señaló que, además de la petición de rebajar el IRPF, Feijóo insistió en la conveniencia de mantener la operatividad de las centrales nucleares, citando el ejemplo de otros países europeos que, en contraste con lo reflejado en el decreto del Gobierno, mantienen abiertas o amplían sus instalaciones nucleares, apostando incluso por la incorporación de pequeños reactores en su red energética.

El líder popular expuso que, en caso de que el Gobierno atienda a la propuesta de su partido, podrían alcanzarse acuerdos que permitan modificar el texto antes de su ratificación parlamentaria, un proceso en el que el propio Ejecutivo posee competencia en la elección de los plazos. “Yo lo que planteo es que el Gobierno recapacite. Y nosotros haremos lo que consideremos oportuno en el caso de que nos obliguen a votar el jueves”, declaró Feijóo según reportó Europa Press, evidenciando la disposición a mantener abierta la negociación mientras persista el margen temporal normativo.

El conjunto de estas declaraciones y demandas se enmarca en el debate parlamentario en torno a las medidas para paliar el impacto económico derivado de la guerra en Irán, así como en la negociación sobre la política fiscal y energética del Gobierno en un contexto de inflación persistente y presión social por el aumento de los precios básicos. El decreto anticrisis permanece en vigor, por lo que las ayudas y medidas adoptadas siguen aplicándose durante el periodo habilitado para su convalidación legislativa, según reiteró el propio Feijóo en la entrevista recogida por Europa Press.

El impuesto a los Ingresos Brutos, el caballito de batalla de las administraciones provinciales, un impuesto “en cascada” que pesa sobre los costos de producción mucho más de lo que insinúan sus diferentes alícuotas, sigue siendo el tributo que más impacta a las empresas argentinas, según surge de la undécima “Encuesta Anual” de impuestos de la consultora KPMG, que relevó a más de 80 especialistas impositivos de empresas medianas y grandes de diversos sectores productivos y de servicios del país sobre temas como la presión fiscal, su impacto en los precios y en los planes de inversión.

La encuesta busca medir el impacto de los impuestos en la actividad económica y en los negocios desde la visión de las empresas. En esta edición, el foco está puesto sobre lo ocurrido en 2025 y la perspectiva sobre inversiones, financiamiento y actividad para 2026, sobre lo que respondieron empresas medianos y grandes, de diversos sectores productivos y de servicios en tres bloques temáticos: 1) presión fiscal, y su incidencia sobre precios y planes de inversión, 2) rol de organismos administrativos y judiciales, y 3) Perspectivas 2026.

“Una vez más Ingresos Brutos lidera la lista de los que encarecen de manera determinante los precios de productos y servicios. La brecha que saca este gravamen por sobre los demás es muy elocuente. Este año superó el 60% contra un 54% del año pasado. Es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal profunda, que haga foco en la productividad y en el desarrollo, sin apuntar a una readecuación de este gravamen y a moderar fuertemente la superposición de regímenes de recaudación provinciales”, explica Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG en Argentina y responsable de la encuesta.

Los principales resultados fueron los siguientes:

• 60,81% dice que Ingresos Brutos sigue siendo el impuesto que más impacta en los productos y servicios que se venden.
• 35,14% afirma que el marco fiscal obligó a desinvertir y el 60,81 que fue neutro.
• La provincia de Buenos Aires sigue siendo la de mayor presión fiscal del país.
• 83,78% posee saldos favor de diversa magnitud del impuesto sobre los ingresos brutos por impuesto pagado en exceso producto de la proliferación de regímenes de retención.
• La Corte Suprema continúa obteniendo el más alto puntaje (6,24) en objetividad en materia fiscal.
• El Ministerio de Economía es percibido como el mejor interlocutor a la hora de interesarse por problemáticas impositivas que afectan la actividad económica.
• 57,97 % cree que la presión fiscal seguirá igual en 2026.
• 81,16 % sostuvo que mantendrá sus inversiones.
• 88,41% dijo que no advierten interés de las provincias en ofrecer incentivos impositivos para fomentar inversiones.
• El replanteo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos es la iniciativa fiscal más votada para facilitar decisiones de inversión en Argentina. Le sigue la búsqueda de simplificación tributaria.
• 88,41% no ve predisposición de las provincias en avanzar en reformas de leyes de coparticipación y gravámenes provinciales.

Aumento bruto

El rechazo empresario y profesional a de Ingresos Brutos, el tributo que más “recaudación propia” aporta a los fiscos provinciales, sigue aumentando: hace un año encabezaba, con un 54% de respuestas, la lista de tributos rechazados, proporción que este año creció el 61 por ciento. Más revelador aún que el rechazo al tributo provincial es cinco veces mayor al que cosechó el IVA, un impuesto nacional que lo escoltó muy lejos, con 12,16 por ciento.

Peor aún, además de calificar a Ingresos Brutos como un impuesto distorsivo, que encarece “de manera determinante” los precios y servicios de las empresas, un 30% de los encuestados advirtió que el año pasado hubo aumentos de alícuotas. Por orden las jurisdicciones que más incurrieron en ese desaliento a la producción fueron, por orden, CABA, la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. “Aun siendo Ingresos Brutos el tributo mayormente identificado como nocivo para la actividad económica en los últimos años las autoridades fiscales siguen fijando nuevos aumentos”, destacó KPMG.

Prueba elocuente del “funcionamiento anómalo” de Ingresos Brutos es que solo un 16% de los contribuyentes consultados dijo tener saldos, mientras 84% de los consultados (2% más que el año pasado y 4% más que en 2023) sí tiene saldos a favor de impuestos provinciales de magnitudes diversas, lo que también significa un perjuicio financiero.

En cuanto al efecto de los impuestos sobre la inversión, una amplia mayoría de los encuestados (96%) dijo que el marco fiscal “los obligó a desinvertir o, en el mejor de los casos les permitió “mantener” las inversiones ya efectuadas”. Ergo, solo un 4% dijo haber desarrollado en 2025 algún plan de expansión de inversión, tres puntos porcentuales menos que hace un año.

Por provincias

Por jurisdicciones, ya no por el aumento de alícuotas de IIBB, sino por la presión impositiva total, el mayor desaliento tributario a la producción lo encabezó la provincia que encabezó el ranking de voracidad fiscal, considerada “la jurisdicción más gravosa” del país, con Misiones en segundo lugar y CABA completando el podio. Córdoba y Tucumán completan el Top 5.de angurria impositiva como confirman sucesivas encuestas. A su vez, Misiones y Tucumán son las provincias que, por su accionar fiscal, más restringen la oferta de bienes y servicios a sus residentes, como se reitera año a año.

La opinión de empresarios, CEOs y tributaristas sobre la “objetividad” de organismos fiscales, sean del Poder Ejecutivo o del Judicial, se expresa en calificaciones del 1 al 10, como en una vieja libreta escolar. La Corte Suprema es la mejor calificada, pero tampoco descolla: su “nota” es 6,24, no mucho mejor que el 6,15 de ARCA. AGIP, la agencia fiscal porteña, se sacó un 5,55 y ARBA, la bonaerense, un 3,93, un claro bochazo, aunque menos vergonzoso que el de 3,56 de 2024.

Las empresas perciben una mejor disposición en el Ministerio de Economía y las agencias fiscales de nivel nacional que en las provinciales, al punto que al calificar de 1 a 10 la expectativa de futuras reducciones impositivas, el ámbito nacional obtiene un 7 y la mejor calificación subnacional es la de CABA, con 5. De todos modos, esas expectativas no son para este año, pese a lo cual el 81,2% de los encuestas sostuvo que mantendrá los planes de inversión y un 8,7% incluso las aumentará. Para mejorar la inversión, la opción más votada fueron la reducción de Ingresos Brutos, esperanza sin eco en los planes provinciales. Del mismo modo, casi un 90% de los encuestados no advierte ni predisposición ni viabilidad en el ámbito provincial para avanzar en reformar leyes de coparticipación y de gravámenes provinciales, en paralelo con una discusión de reforma tributaria nacional.

Llenar un depósito medio de 60 litros cuesta ahora hasta 20 euros más que a finales de febrero. Ese aumento, registrado en apenas dos semanas, ha elevado en unos 225 euros anuales el desembolso medio en carburantes de los hogares españoles, según un análisis de Funcas sobre el impacto de la reciente escalada de precios de gasolina y gasóleo en la economía doméstica.

El informe compara tres escenarios: el previo al repunte de la tensión entre Estados Unidos e Irán, la situación registrada el 15 de marzo de 2026 y una hipótesis en la que ambos combustibles alcanzan los 2 euros por litro. En los quince días transcurridos desde finales de febrero, el precio del barril de Brent pasó de 80 a 102 dólares, mientras la gasolina subió hasta 1,71 euros por litro y el gasóleo alcanzó 1,84 euros.

Los cálculos parten de los precios observados antes de la entrada en vigor del nuevo paquete anticrisis aprobado por el Gobierno, que desde este domingo reduce temporalmente del 21% al 10% el IVA aplicado a gasolina y diésel y rebaja además el impuesto especial de hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea.

El gasto mensual supera ya los 120 euros en un hogar medio

Funcas calcula que un hogar medio consume unos 850 litros de carburante al año: 450 litros de gasolina y 400 de gasóleo. Con los precios previos a la última escalada, ese consumo suponía un coste anual de unos 1.200 euros.

Con los precios medios registrados a mediados de marzo, la factura anual asciende hasta unos 1.442 euros, lo que equivale a algo más de 120 euros al mes frente a los alrededor de 101 euros anteriores. En términos prácticos, repostar 60 litros pasa de costar 86,8 euros a 106,8 euros.

La fundación añade que, si ambos combustibles alcanzaran los 2 euros por litro, el coste de ese mismo repostaje se situaría en torno a 120 euros y el incremento anual rondaría los 400 euros por hogar.

La rebaja fiscal modifica el escenario

El análisis también incorpora una estimación de recaudación elaborada con el marco fiscal anterior. Con el IVA todavía en el 21%, Funcas calculaba que mantener los precios vigentes a 15 de marzo habría generado unos 500 millones de euros más en ingresos fiscales para el Estado en un año, una cifra que superaría los 1.100 millones si ambos carburantes llegaran a 2 euros por litro.

Sin embargo, ese cálculo ya no refleja plenamente el escenario actual, ya que el real decreto aprobado por el Ejecutivo reduce temporalmente esa presión fiscal hasta el 30 de junio, aunque su continuidad en junio dependerá de la evolución de los precios energéticos.

La ayuda al combustible de 2022 benefició a los hogares con más capacidad de gasto

La fundación recuerda en su análisis que la bonificación de 20 céntimos por litro aplicada en 2022 supuso un coste cercano a 3.100 millones de euros para el Estado, según estimaciones del Banco de España.

A partir de ese precedente, Funcas advierte de que las rebajas generales de impuestos o las ayudas directas sobre el combustible tienden a beneficiar más a los hogares con mayor capacidad de gasto, ya que son también los que registran un mayor consumo anual.

Sus cálculos muestran una diferencia notable entre niveles de renta: mientras en los hogares de menor gasto apenas se alcanzan unas decenas de litros al año, en los niveles superiores se superan los 2.500 litros anuales.

Por ello, la fundación considera que medidas fiscales más focalizadas, como la deflactación del IRPF, tendrían un efecto más dirigido a los hogares con mayor necesidad.

Aunque los mercados apuntan a una moderación gradual del petróleo hacia finales de 2026, Funcas advierte de que a corto plazo los precios seguirán condicionados por la incertidumbre internacional, por lo que no descarta nuevas subidas si continúa la tensión geopolítica.

En medio de las decisiones financieras que implica vender una propiedad, hay un aspecto que suele generar dudas, el impuesto a la ganancia ocasional. No todos los vendedores deben pagarlo, y entender cuándo aplica puede marcar una diferencia importante en el resultado final de la operación.

Más allá del valor por el que se venda el inmueble, lo que realmente determina si hay impuesto es la utilidad obtenida y el tiempo durante el cual el bien estuvo en manos del propietario. Este punto, aunque técnico, es clave para evitar errores en la declaración.

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En 2026, las reglas siguen una lógica clara dentro del sistema tributario colombiano. Sin embargo, su aplicación práctica exige revisar varios elementos que van más allá de una simple transacción de compraventa.

Uno de los criterios principales está relacionado con el tiempo de posesión del inmueble. Para que la utilidad generada sea considerada como ganancia ocasional, el bien debe haber sido poseído por dos años o más y, además, tener la calidad de activo fijo para quien lo vende. Si no se cumple este plazo, la utilidad deja de entrar en esta categoría y pasa a tributar como renta ordinaria, lo que implica un tratamiento diferente.

A partir de ahí surge una inquietud frecuente, si existe un monto específico a partir del cual se empieza a pagar este impuesto. La respuesta es no. En Colombia no se grava el valor total de la venta, sino la ganancia que deja la operación. Es decir, la diferencia entre lo que costó el inmueble y el precio por el que se vende.

Este cálculo, aunque parece sencillo, tiene varios matices. El punto de partida es el llamado costo fiscal, que no siempre coincide con el precio inicial de compra. En este valor pueden incluirse ciertos gastos asociados a la adquisición, inversiones que hayan mejorado el inmueble o incluso contribuciones por valorización, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la norma.

Por ejemplo, si una vivienda se compró en 300 millones de pesos y luego se vende en 450 millones, la diferencia inicial sería de 150 millones. No obstante, ese no es necesariamente el valor sobre el cual se calcula el impuesto. Si al costo fiscal se le suman inversiones o mejoras reconocidas y este asciende, por ejemplo, a 340 millones, la utilidad gravable se reduce a 110 millones.

En los casos en que esta utilidad califica como ganancia ocasional, la tarifa aplicable en 2026 es del 15%. Esto significa que el impuesto se calcula únicamente sobre ese margen de ganancia, no sobre el total de la transacción.

Ahora bien, no todas las operaciones están obligadas a generar este impuesto. Existen condiciones específicas que permiten acceder a beneficios tributarios, especialmente cuando se trata de la vivienda habitual del contribuyente. Para que esto aplique, el inmueble debe corresponder al lugar donde reside de manera permanente y cumplir con los requisitos de tiempo de posesión.

Además, la norma exige que los recursos obtenidos de la venta tengan un destino específico. Estos deben invertirse en la compra de otra vivienda o en el pago de créditos hipotecarios asociados, ya sea de forma total o parcial. Este proceso debe cumplir con condiciones de trazabilidad, lo que implica que el manejo del dinero debe ser verificable. Si no se cumplen estos requisitos o si los recursos se utilizan para otros fines, el beneficio puede perderse y la operación quedaría sujeta al pago del impuesto correspondiente.

En la práctica, uno de los mayores riesgos al momento de declarar es clasificar incorrectamente la utilidad. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se asume que una ganancia es ocasional sin cumplir los requisitos, lo que puede derivar en sanciones o ajustes por parte de la autoridad tributaria.

Otro punto crítico está en la determinación del costo fiscal. Incluir gastos que no aplican o dejar por fuera costos válidos puede alterar significativamente el valor final de la utilidad y, por ende, del impuesto a pagar. A esto se suma que, en ciertos casos, la depreciación acumulada debe restarse, lo que incrementa la base gravable. En ese contexto, vender un inmueble no es solo una decisión patrimonial, sino también un proceso que requiere precisión en el manejo de la información. Cada detalle cuenta: desde el tiempo de posesión hasta la correcta identificación de los costos asociados.

La campaña de la Renta 2026 ya tiene fechas definidas y, como cada año, millones de contribuyentes presentarán su declaración del IRPF. Aunque la mayoría prefiere realizar este trámites de manera digital, existen diferentes vías de acceso que buscan facilitar el proceso a todos los ciudadanos, desde quienes manejan con soltura las plataformas online hasta aquellos que prefieren recibir asistencia personalizada, ya sea en persona o por teléfono.

En concreto, los contribuyentes que así lo prefieran podrán pedir cita previa para realizar la declaración por teléfono desde el 29 de abril hasta el 29 de junio. Según el calendario oficial de Hacienda, este es el periodo habilitado por la Agencia Tributaria para acceder al servicio, que permite recibir asistencia directa de un agente sin necesidad de desplazarse a una oficina. Se trata de una alternativa especialmente útil para personas con menor familiaridad con el entorno digital o con el proceso de presentación de la declaración.

Una vez solicitada la cita, el servicio de atención telefónica estará disponible entre el 6 de mayo y el 30 de junio. Durante ese intervalo, un técnico de la Agencia Tributaria llamará al contribuyente en el día y la hora asignados para confeccionar la declaración de la Renta en la propia llamada. Este sistema facilita completar todo el proceso de manera guiada, resolviendo dudas en tiempo real y asegurando que los datos se introduzcan correctamente.

Cómo hacer la declaración por teléfono

La solicitud de cita puede realizarse de forma sencilla a través de diferentes canales. La opción más directa es la sede electrónica de la Agencia Tributaria, donde el usuario puede gestionar todo el proceso en pocos minutos. También existe la posibilidad de pedir cita por teléfono, llamando a los números habilitados: 915357326, 901121224, 915530071 o 901223344. En ambos casos, será necesario facilitar los datos personales básicos y seleccionar una fecha disponible dentro del calendario.

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la alta demanda de este servicio. A medida que avanza la campaña, las citas disponibles suelen reducirse, especialmente en las últimas semanas de junio. Por ello, los expertos recomiendan solicitar la cita lo antes posible dentro del plazo permitido para garantizar una mayor disponibilidad y evitar tener que recurrir a otras vías por falta de huecos.

Antes de recibir la llamada, es fundamental tener preparada toda la documentación necesaria. Aunque la Agencia Tributaria dispone de gran parte de la información fiscal del contribuyente, como datos de pensiones o de entidades financieras, siempre es recomendable revisar y completar cualquier dato que falte. Contar con esta información a mano durante la llamada agiliza el proceso y reduce la posibilidad de errores en la declaración.

Fechas para presentar la declaración en persona o online

A pesar de las ventajas de la atención telefónica, esta no es la única alternativa disponible. La mayoría de contribuyentes continúa optando por presentar su declaración a través de Renta WEB, el servicio online que estará operativo desde el 8 de abril hasta el 30 de junio. Esta plataforma permite acceder al borrador prellenado con los datos fiscales y presentarlo de forma telemática utilizando certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve PIN.

Asimismo, quienes prefieran la atención presencial podrán solicitar cita entre el 29 de mayo y el 29 de junio, con atención en oficinas desde el 1 hasta el 30 de junio. En definitiva, la campaña de la Renta 2026 ofrece distintas opciones para adaptarse a las necesidades de cada contribuyente, pero la clave está en conocer los plazos y actuar con antelación para evitar contratiempos.

Las consecuencias de la guerra en Oriente Medio han llegado a España, donde los ciudadanos y empresas han presenciado la subida, día a día, del precio del combustible —alentada principalmente por la especulación del mercado—. El conflicto, iniciado tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en Teherán, ha provocado el cierre del Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas por las que se exporta el petróleo hacia todo el globo, por parte de Irán. Así como el ataque a varias refinerías de la región.

Pese a que el 83% del crudo que importa el Estado español transita lejos del Estrecho, siendo Estados Unidos y Nigeria los principales suministradores, los mercados energéticos internacionales han reaccionado con anticipación a las consecuencias futuras de esta nueva guerra. Desde el comienzo del conflicto, el precio del gas europeo ha subido cerca de un 100%, pasando de 32 a 63 euros por MWh, mientras que el barril de Brent lo ha hecho un 60%, superando los 119 dólares.

De este modo, el ataque en Teherán se traduce, a corto plazo, en un ataque al bolsillo de los españoles. Esta situación no es nueva: los ciudadanos ya hicieron frente a las consecuencias del inicio de la guerra de Ucrania. En aquel entonces no fue el petróleo, sino el gas ruso el que cerró el grifo, afectando primero a países como Alemania, más dependientes de los recursos del Kremlin, y en consecuencia al resto del bloque europeo y al resto del planeta.

La guerra entre Putin y Zelenski inició el 24 de febrero de 2022. 33 días después, el Gobierno de Pedro Sánchez presentó un paquete anticrisis con el que intentó responder a los reclamos de la ciudadanía, principalmente de pymes, autónomos y el campo español. Ahora, con la guerra de Irán, el Ejecutivo ha decidido resucitar el paquete anticrisis, centrado, al igual que el anterior, en contener los precios de la energía, aunque esta vez con un presupuesto más modesto.

11.000 millones menos de presupuesto

El 29 de febrero de 2022, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, presentó un paquete anticrisis —negociado entre PSOE y Podemos— que contaba con un presupuesto de 16.000 millones de euros, de los que 6.000 millones iban destinados a ayudas directas y rebajas de impuestos y el resto a una línea de avales gestionados a través del ICO.

Además, Calviño puso el foco en ocho objetivos: bajar el precio del gas, la electricidad y los carburantes; apoyar a las empresas afectadas, en especial pymes y autónomos; mantener la estabilidad de precios; garantizar los suministros; proteger la estabilidad financiera; desplegar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; impulsar la eficiencia energética y reforzar la ciberseguridad.

Esta vez, el viernes 20 de marzo, Pedro Sánchez, como presidente, pero con un nuevo socio de Gobierno (Sumar), ha presentado el paquete anticrisis, con 80 medidas, para palear los efectos de la guerra de Irán. El presupuesto es más modesto, 5.000 millones de euros, pero la energía vuelve a estar en el centro de las medidas y se incorpora una nueva prioridad: la vivienda.

La energía, en el centro de las ayudas

La guerra de Ucrania puso sobre la mesa la excepción ibérica, por la que España y Portugal fijaron un precio de referencia para el gas que permitió abaratar los precios de la electricidad en ambos países. Sobre la energía, el Gobierno anunció en 2022 la extensión del IVA a la electricidad (hasta el 10%), la suspensión del 7% del impuesto a la generación y una reducción del 0,5% del impuesto especial de electricidad.

Sobre las renovables, en aquel entonces el Ejecutivo anunció un traspase de 1.800 millones de euros del régimen especial de las plantas de energía renovable hacia la reducción de la parte fija de la factura eléctrica de los hogares y la autorización de estas plantas para vender su electricidad al margen del mercado mayorista a partir del 1 de enero de 2022 para facilitar una mayor liquidez de electricidad a precios más razonables.

Para las familias, el Gobierno flexibilizó el bono social eléctrico, con una renovación automática para los dos siguientes años, incluyendo a todos los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (INM). Por último, se prorrogó la prohibición de incrementar el gas en más de un 5% por trimestre para los consumidores de la Tarifa Último Recurso.

Para esta guerra, las medidas sobre energía se componen de una reducción de hasta el 60% de los impuestos sobre la electricidad. Con la reducción, otra vez, del IVA de la energía al 10%, junto con la congelación del precio máximo de venta del butano y propano. También se baja al 10% el IVA a la gasolina y el gasoil, que se traduce en una rebaja efectiva de 30 céntimos por litro. Sobre la factura de la luz, se ha suspendido el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5% al tipo mínimo del 0,5%.

El bono social eléctrico vuelve a figurar en este plan anticrisis, siendo del 42,5% para vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos. Además, se incrementa la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y se prohíbe el corte de suministros básicos (agua y energía) a hogares vulnerables.

Las medidas para trabajadores, pymes y autónomos

Para las empresas, el paquete anticrisis de 2022 incluía 362 millones de euros para agricultura y ganadería; 68 millones para el sector pesquero; más de 500 millones en ayudas a los grandes consumidores de electricidad y 125 millones de euros para la industria de gas intensiva. Así mismo, para garantizar la liquidez de las empresas y autónomos, el Ejecutivo destinó 10.000 millones de euros en avales ICO.

En cuanto a los trabajadores, se aumentó un 15% el IMV y se limitó la actualización anual de la renta de los contratos de alquiler hasta el verano de 2022, por lo que estos no podían superar la variación del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), situado en el 2%. Además, se facilitaron los mecanismos ERTE para los empresarios, por los que, para evitar despidos, se destinaron recursos públicos para costear salarios y cotizaciones sociales.

Esta vez, las medidas destinadas a las empresas se centran en la industria electrointensiva, con una bonificación de un 80% en los peajes eléctricos de transporte y distribución. Además, se flexibilizan por ley los contratos de suministro energético, permitiendo que tanto empresas como autónomos puedan adaptar sus condiciones con mayor facilidad y sin costes adicionales. Para ello, el Ejecutivo ampliará en 300 millones la línea de créditos ICO de subvención de créditos para el sector agroalimentario y pesquero.

Ayudas al sector del transporte

Otro de los puntos a destacar del paquete de 2022 fue el de las ayudas al sector del transporte, el principal beneficiado de la bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible y de 450 millones de euros en ayudas directas para las empresas de transporte de mercancías y pasajeros. Además, se redujo a un mes el plazo de devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos y se otorgó una bonificación adicional del 80% a la tasa del buque y de mercancía en líneas de conexión entre la Península y puertos extrapeninsulares.

Además, en un contexto en el que los ataques rusos pasaban por las telecomunicaciones, el Gobierno aprobó un Plan Nacional de Ciberseguridad con una inversión de más de 1.200 millones de euros. En el nuevo paquete por la guerra de Irán, estas medidas de ciberseguridad han quedado excluidas.

Esta vez, el nuevo paquete vuelve a incluir la rebaja de 20 céntimos por litro. Según ha detallado el presidente, la rebaja al nivel mínimo permitido del tipo del impuesto de hidrocarburos será para los sectores más afectados, incluyendo transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. Además, se destinará una ayuda equivalente a la compra de fertilizantes, un reclamo del campo.

El Gobierno ha anunciado un ambicioso paquete de medidas económicas valorado en 5.000 millones de euros con el objetivo de hacer frente a las consecuencias derivadas de la guerra en Oriente Medio. El decreto, centrado principalmente en aliviar la presión sobre los costes energéticos, contempla una batería de rebajas fiscales que buscan reducir de forma directa la factura de la luz y otros suministros básicos para los ciudadanos.

Entre las principales iniciativas destaca la reducción del IVA al 10% en los hidrocarburos, la electricidad y el gas natural. A esta medida se suma la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que pasa de un 60% a situarse en un tipo efectivo del 0′5%, así como la eliminación del Impuesto sobre la Producción Eléctrica. Con este conjunto de medidas, el Ejecutivo pretende contener el impacto del encarecimiento energético provocado por la inestabilidad internacional.

Según estimaciones de Kelisto, el efecto conjunto de estas rebajas fiscales supondrá una disminución aproximada del 13% en la factura eléctrica, tanto para los usuarios del mercado regulado como del libre. En términos prácticos, esto se traduce en un ahorro medio de unos 7 euros mensuales para un consumidor tipo, lo que equivale a unos 84 euros anuales.

En el mercado libre, donde las tarifas más económicas se situaban en torno a los 52,51 euros mensuales, el descenso permitiría reducir el coste hasta los 46,39 euros. Por su parte, en el sistema regulado, conocido como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la factura media bajaría de 53,87 euros a 47,58 euros al mes.

Cómo ahorrar más

No obstante, los expertos subrayan que, además de las medidas gubernamentales, los consumidores también pueden adoptar decisiones que incrementen su ahorro energético. Javier Martínez, portavoz de Energía de Kelisto.es, señala que cambiar de la tarifa regulada a la opción más barata del mercado libre puede generar un ahorro adicional de hasta 73 euros al año. Esta diferencia, cercana al 13%, se ha acentuado tras el encarecimiento del PVPC, vinculado al aumento del precio del gas desde el inicio del conflicto.

A pesar del contexto internacional, el mercado regulado ha mostrado una evolución más favorable de lo esperado. Factores como unas condiciones meteorológicas favorables han impulsado la producción de energías renovables, reduciendo la dependencia del gas natural en la fijación de precios del mercado mayorista. Desde el inicio de la guerra, el precio medio del kilovatio hora se ha situado en torno a los 0,14 euros, una caída significativa respecto a los 0,20 euros registrados en los momentos más críticos.

Por su parte, el mercado libre ha reaccionado con cautela. Muchas comercializadoras cuentan con contratos de compra de energía a largo plazo, lo que les ha permitido evitar subidas inmediatas tras el estallido de la crisis. De hecho, a mediados de marzo se han detectado incluso algunas rebajas en determinadas tarifas, impulsadas por los bajos precios registrados en febrero.

Subidas más moderadas

Sin embargo, Javier Martínez advierte de que esta tendencia podría cambiar en las próximas semanas, cuando se revisen los precios. Aun así, se espera que las posibles subidas sean más moderadas que en el mercado regulado. Además, una de las ventajas del mercado libre es la estabilidad: los precios suelen mantenerse durante un año desde la firma del contrato, lo que protege a los consumidores frente a fluctuaciones bruscas, aunque también les permite beneficiarse de las reducciones fiscales actuales.

Con este paquete de medidas, el Gobierno busca amortiguar el impacto de la crisis energética y ofrecer un alivio inmediato a los hogares, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional y la volatilidad de los precios de la energía.

El Gobierno ha aprobado este viernes un real decreto ley con un amplio paquete de medidas económicas destinado a paliar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio, con especial atención en la contención de los precios de la energía y los carburantes y en la protección de los colectivos más vulnerables.

El núcleo del plan es la rebaja fiscal para los productos energéticos, con la que el Ejecutivo reducirá del 21% al 10% el IVA aplicado a los carburantes, “el mínimo que permite la Unión Europea”, según Sánchez, lo que supondrá un coste de unos 30 céntimos menos por litro. De acuerdo con los cálculos del Gobierno, esta reducción se traducirá en un descuento medio de 20 euros por depósito para el repostaje de un vehículo.

El paquete incluye también la rebaja al 10% del IVA en la electricidad, gas natural y pellets, y acompañará esta medida con un recorte del impuesto especial de hidrocarburos y la congelación del precio máximo del butano y el propano. Además, suprimirá el impuesto del 7% a la generación eléctrica (que recae sobre las empresas) y eliminará el impuesto especial de la electricidad del 5% que actualmente pagan los consumidores. En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, Sánchez ha explicado que el Gobierno reducirá “en un 60%” los impuestos sobre la electricidad.

Con este cambio de enfoque, el Gobierno abandona la bonificación universal de 20 céntimos por litro aplicada durante la anterior crisis energética, al considerar que generó distorsiones en el mercado. En su lugar, opta por ayudas focalizadas en los sectores más afectados. Así, los transportistas se beneficiarán de un descuento de 20 céntimos por litro de diésel en el gasóleo profesional, mientras que los sectores agrario, ganadero y pesquero contarán con una ayuda equivalente para su combustible y fertilizante. También se prevén ayudas directas por vehículo para aquellos transportistas que no acceden a devoluciones fiscales.

Además, el Gobierno ha anunciado bonificaciones del 80% en los peajes eléctricos para las industrias electrointensivas, que supondrá un ahorro de unos 200 millones de euros para estos sectores. También se establecerá por ley una mayor flexibilidad en los contratos de suministro energético para favorecer la actividad económicas de pequeñas empresas y autónomos.

Apoyo para las familias más vulnerables

El decreto refuerza asimismo el denominado escudo social, un paquete de medidas de protección para hogares vulnerables cuya convalidación tumbó la oposición en el Congreso recientemente por incluir, entre otros, la prórroga de alquileres que reclama Sumar para el actual paquete. Entre las medidas incluidas esta vez figura la prórroga hasta diciembre de 2026 del bono social eléctrico, con mayores descuentos para consumidores vulnerables, y la garantía de suministro de agua y energía para evitar cortes en los hogares con menos recursos.

El paquete también introduce mecanismos de control y supervisión del mercado energético para evitar subidas especulativas o desorbitadas en los precios de gasolina y gasoil. En este sentido, se refuerzan las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para recabar información de los operadores y vigilar la evolución de los precios de los carburantes.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo planea prohibir los despidos por causas objetivas relacionadas con la crisis en las empresas que reciban ayudas públicas, según ElDiario.es. La iniciativa tiene como objetivo blindar el empleo y evitar despidos en masa por el impacto económico de la guerra en las empresas, para las que la cartera recuerda que los ERTE siguen estando disponible como medida de regulación de la plantilla.

Medidas para reforzar la transición energética

Volviendo al ámbito fiscal, el Ejecutivo recupera la deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos e incorpora incentivos para la rehabilitación energética de viviendas. A ello se suma la prohibición de despedir en empresas que reciban ayudas públicas en el marco de este plan, enfocado en fortalecer la transición hacía fuentes de energía alternativas en medio de una crisis provocada en gran parte por la escalada de precios del petróleo.

Por último, el decreto incluye medidas estructurales adicionales orientadas a acelerar la transición energética. Se simplifican los procedimientos administrativos para proyectos de energías renovables, se impulsa el desarrollo de sistemas de almacenamiento y se facilita el autoconsumo compartido en ámbitos urbanos e industriales con incentivos fiscales. Asimismo, se pone en marcha un programa de apoyo a cooperativas energéticas y se prevé reservar parte de la capacidad en futuras subastas para iniciativas de carácter local o comunitario.

Las medidas de vivienda queda fuera del plan

Por el contrario, el Gobierno ha confirmado que el decreto económico no incluirá la prohibición de desahucios a personas vulnerables ni la prórroga de contratos de alquiler que vencen este año y el siguiente. Tanto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han explicado que estas medidas no cuentan con suficiente apoyo parlamentario.

La exclusión de estas iniciativas ha amenazado con bloquear la tramitación del decreto según lo esperado, al haberse conocido hoy que los miembros de Sumar se han negado a participar en el Consejo de Ministros extraordinario si no se contempla esta medida o las dirigidas a limitar los márgenes empresariales en momentos de crisis. Finalmente, la reunión se ha celebrado con dos horas de retraso y el Ejecutivo ha logrado un acuerdo separando en dos decretos las medidas anticrisis (que incluyen límites a los márgenes de las empresas) y las iniciativas en materia de vivienda, en las que se suma a la prórroga de contratos un régimen jurídico específico para los contratos de concesión para la promoción de vivienda social o a precio asequible en suelo o inmuebles de titularidad pública.

El acuerdo alcanzado por PSOE y Sumar contempla que el Gobierno asuma la facultad de establecer límites a los beneficios de las empresas dedicadas al suministro de combustible y refuerce la función de supervisión por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según informó Europa Press, este avance se materializa en el contexto del decreto de medidas fiscales orientado a mitigar el impacto de la guerra en Irán, donde el control de los márgenes empresariales de las distribuidoras energéticas se vuelve una prioridad para el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

De acuerdo con Europa Press, la negociación entre las formaciones de la coalición estuvo marcada por la presión ejercida por Sumar, que se negó a iniciar el Consejo de Ministros extraordinario convocado para este viernes, provocando un retraso superior a dos horas en su inicio. El desencuentro se resolvió con la decisión de aprobar dos reales decretos separados, uno con énfasis en materia fiscal y energética, y otro relacionado con la vivienda.

En cuanto al primero, las fuentes consultadas por Europa Press detallaron que integrará una reducción del 10% en el impuesto a los combustibles, además de una rebaja de tributos aplicados a la electricidad, medidas que buscan contrarrestar los efectos de la situación internacional en los precios energéticos. La ampliación del bono social eléctrico también figura como uno de los elementos del texto junto al nuevo sistema de vigilancia sobre los márgenes de beneficio de las empresas distribuidoras de combustible.

La propuesta permitirá al Consejo de Ministros fijar límites a los márgenes empresariales cuando lo considere apropiado, explicaron fuentes oficiales a Europa Press, de tal modo que el Ejecutivo dispondrá de nuevas herramientas para intervenir en el mercado si detecta prácticas que puedan afectar a los consumidores o distorsionar la competencia. Este refuerzo supervisado por la CNMC implica que el organismo asumirá una labor más intensa tanto en la monitorización como en la elaboración de recomendaciones sobre la evolución de los márgenes y los beneficios de estas compañías energéticas.

El segundo de los reales decretos, reportó Europa Press, recoge demandas relacionadas con el ámbito de la vivienda y, principalmente, establece la prórroga automática durante dos años de los 600.000 contratos de alquiler vigentes que vencen en el transcurso del año. Esta medida había sido solicitada por Sumar durante las negociaciones previas y formaba parte de las condiciones impuestas para desbloquear la votación del paquete de medidas en el Consejo extraordinario.

Ambas iniciativas, según confirmó el medio Europa Press en fuentes de la coalición, se integran dentro de la estrategia gubernamental ante la coyuntura económica actual, donde la volatilidad internacional impacta de forma directa en los precios y en el acceso a servicios esenciales como la energía y la vivienda. La intención del Ejecutivo consiste en proteger tanto a los consumidores domésticos como al tejido productivo español frente a los incrementos que se registran en los mercados internacionales de combustibles y electricidad en el contexto de la guerra en Irán.

El acuerdo contempla, en síntesis, la adopción de nuevos instrumentos regulatorios para limitar los márgenes empresariales de las empresas de suministro de combustible, el refuerzo de la supervisión a cargo de la CNMC y la posibilidad de que el Consejo de Ministros intervenga directamente en la fijación de estos márgenes si la situación así lo requiere. Además, introduce una serie de medidas dirigidas a incentivar el consumo eléctrico sostenible y ofrecer protección social, ampliando los beneficios de quienes se acogen al bono social eléctrico.

Según publicó Europa Press, estas decisiones forman parte de la respuesta del Gobierno de coalición ante las presiones políticas y sociales surgidas en las negociaciones, especialmente después de que Sumar condicionara su apoyo legislativo a la introducción de medidas concretas en materia de vivienda y controles más estrictos sobre los beneficios empresariales, lo que llevó a una reconfiguración del paquete normativo inicialmente previsto para la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros.

El Gobierno ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros su plan de respuesta a los efectos en la economía española de la guerra en Irán, que incluirá rebajas fiscales para combustibles, luz y gas. El paquete anticrisis, cuyos detalles ha revelado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en rueda de prensa esta mañana, contempla también medidas de apoyo a los sectores más afectados por la escalda del conflicto y ayudas para los consumidores de colectivos vulnerables.

Más allá del recorte en el IVA, que bajará del 21% al 10% en los productos energéticos para hacer frente a su fuerte encarecimiento durante las últimas semanas, el Gobierno también prevé suprimir el impuesto especial a los hidrocarburos. Además, el plan que ultima en estos momentos el PSOE con el resto de grupos parlamentarios supondrá también la eliminación del impuesto especial eléctrico, actualmente situado en el 5%, y una reducción en el impuesto al valor de la producción eléctrica.

Para complementar estas medidas fiscales, el Gobierno baraja también introducir mejoras en el bono social eléctrico, que ofrece descuentos en la factura de la luz a las familias más vulnerables, así como garantías en el suministro energético para estos colectivos.

No habrá descuento universal en combustible, pero sí para agricultores y transportistas

Todo apunta a que el Ejecutivo ha desistido definitivamente de recuperar las bonificaciones para los combustibles aplicadas en 2022, cuando la guerra en Ucrania provocó un encarecimiento similar en el coste de repostar. Patronales y gasolineras han recomendado centrarse en el aspecto fiscal y no volver a implementar medidas similares a la rebaja universal de 20 céntimos por litro aprobada entonces, aunque queda en el aire la opción de limitar la bonificación a sectores de uso intensivo de carburantes que han notado especialmente el impacto de la guerra, como el transporte y la agricultura.

En concreto, fuentes de ERC han señalado a Efe que el Ejecutivo de Sánchez baraja que los transportistas tengan derecho a devolución de 20 céntimos del impuesto de hidrocarburos por litro de gasóleo consumido en su actividad, además de una ayuda por valor equivalente para el litro de gasóleo de uso agrario. Las mismas fuentes informan de una bonificación extraordinaria por vehículo para los transportistas que no se beneficien de la devolución.

Sumar reclama medidas de vivienda

El paquete anticrisis se ha sometido este viernes a votación en un Consejo de Ministros extraordinario, que ha empezado con retraso por la negativa de los miembros de Sumar a participar si quedaban fuera la moratoria de desahucios, la prórroga de alquileres y las medidas para limitar los márgenes de beneficios de las empresas. Finalmente, el Gobierno ha llegado a un acuerdo en esta materia, aprobando un primer decreto con las medidas por la guerra en Irán que incluye intervención sobre los márgenes y una segunda norma con las iniciativas relacionadas con la vivienda.

Al tratarse de decretos ley, las medidas entran en vigor de forma inmediata con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mañana tras recibir la luz verde de los ministros, pero ambas normas provisionales deberán ser posteriormente ratificadas por el Congreso en un plazo máximo de 30 días.

El decreto ley anticrisis llegará el próximo jueves 26 de marzo a las Cortes Generales, donde el Gobierno podría encontrarse con mayor resistencia para su convalidación por tener que recabar el apoyo del resto de grupos parlamentarios. No obstante, fuentes del Ejecutivo han subrayado que se trata de un plan “proporcional, perimetrado y focalizado” en mitigar el impacto directo del conflicto y esperan aprobar sin inconvenientes el paquete, concretado tras negociaciones con los agentes sociales y el resto de partidos políticos.

El Gobierno ha puesto en marcha una nueva deducción en el IRPF con el objetivo de evitar que el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobado para 2026 -establecido en 1.221 euros mensuales, catorce pagas- se vea neutralizado por una mayor presión fiscal. Según anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta actualización permitirá adecuar el sistema tributario al nuevo SMI y asegurar que los perceptores de estas rentas no deban abonar el impuesto correspondiente.

A partir de la nueva medida, podrán beneficiarse aproximadamente tres millones de contribuyentes con ingresos brutos inferiores a 20.000 euros anuales, aunque la cuantía máxima alcanzable por deducción será de 591 euros. De esta forma, quien perciba el SMI en 2026 -esto es, 17.094 euros al año- verá reducido su IRPF en 365 euros respecto a 2025, de modo que la subida salarial no quede disminuida por la tributación en la declaración de la Renta.

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Este mecanismo sirve para corregir el llamado “error de salto”, evitando que un ligero incremento salarial desencadene un tipo marginal próximo al 90% mediante la pérdida de deducciones y exenciones en el IRPF. Para el caso concreto de un trabajador soltero y sin hijos, con un salario de 17.094 euros en 2026, el tipo impositivo efectivo tras aplicar la deducción será del 0%, en contraste con el 2,1% registrado en 2025 para un salario similar. Por su parte, un trabajador con rentas de 20.000 euros afrontaría un tipo del 6% -es decir, 1.191 euros- frente al 8,9% en caso de no adaptar la deducción.

En cuanto al impacto en los últimos años, la propia Montero ha cifrado en 11.160 millones de euros la rebaja acumulada en el IRPF para los salarios más modestos en el último cuatrienio, una medida que, según sus datos, ha favorecido a alrededor de diez millones de contribuyentes. Esta serie de revisiones fiscales se sitúa en línea con las sucesivas subidas del SMI aprobadas desde 2020, aunque en 2025 el Ministerio de Hacienda optó por mantener el mínimo exento en 15.876 euros anuales en vez de seguir incrementándolo.

Cómo beneficiarse de la nueva deducción en el IRPF

De acuerdo con las directrices de Hacienda, podrán acogerse a esta deducción los trabajadores cuyos ingresos no superen los 20.000 euros brutos por rendimientos del trabajo, resultado de elevar el umbral respecto al SMI anual de 17.094 euros con la finalidad de amortiguar saltos abruptos en la tributación. La deducción se concede de forma plena a quienes perciban el salario mínimo, reduciéndose progresivamente conforme se aproxima al límite de 20.000 euros anuales. El máximo deducible -591 euros- solo se alcanzará en las rentas más bajas.

En lo que respecta al procedimiento, los contribuyentes que hayan recibido el SMI en el año 2026 recuperarán mensualmente las cantidades retenidas de más al realizar la declaración de la Renta en el ejercicio siguiente. El periodo de presentación de la declaración para la campaña 2026 se ha fijado del 8 de abril al 30 de junio de ese año. El proceso puede llevarse a cabo tanto por vía telemática o de manera presencial en cualquiera de las oficinas habilitadas.

Gestha, la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda, estima que el coste de la deducción fiscal en 2026 rondará los 200 millones de euros, y prevé que quedarán excluidos pensionistas y desempleados, como ocurrió en la campaña anterior al ser una deducción ligada exclusivamente a rendimientos del trabajo. Esta situación responde a la decisión adoptada en 2025 de no incrementar el mínimo exento, tras el desacuerdo entre Hacienda y el Ministerio de Trabajo, que finalmente se saldó con una bonificación intermedia.

El próximo día 8 de abril arranca la campaña de la Renta 2025-2026 y a partir de esta fecha millones de contribuyentes deberán liquidar el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con Hacienda. Este proceso puede parecer complicado, especialmente para colectivos como los jubilados, pero siguiendo los pasos adecuados es posible convertirlo en un trámite sencillo. La declaración de la renta de este año corresponde a los ingresos obtenidos durante el pasado ejercicio y su presentación se realiza a través de la Agencia Tributaria (AEAT). Antes de empezar, es importante determinar si un jubilado está obligado a declarar, ya que algunos pensionistas están exentos.

En general, un jubilado que percibe únicamente la pensión pública y no tiene otros ingresos de relevancia puede no estar obligado a declarar si sus ingresos anuales no superan ciertos límites. En el caso de los pensionistas con un solo pagador, si se perciben menos de 22.000 euros al año, la declaración no es obligatoria. Sin embargo, si existen varios pagadores (por ejemplo, una pensión pública y una privada, o la pensión más algún tipo de prestación) y la suma de los ingresos del segundo y siguientes pagadores supera 1.500 euros, el límite para declarar se reduce a 14.000 euros anuales. Otras pensiones, como las de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, las pensiones por inutilidad de funcionarios, las de terrorismo o de la Guerra Civil, las pensiones de orfandad, las prestaciones vinculadas a la Ley de Dependencia y las pensiones alimenticia, también están exentas.

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Además, es importante tener en cuenta otros tipos de ingresos, como los rendimientos del capital mobiliario, es decir, intereses de cuentas bancarias, dividendos o planes de ahorro, que obligan a declarar si superan los 1.600 euros al año, o las ganancias patrimoniales derivadas de la venta de acciones o inmuebles.

Documentación y deducciones

Una vez determinada la obligación de declarar, el siguiente paso es recopilar la documentación necesaria. Para un jubilado esto incluye, principalmente, el certificado de la pensión, los certificados bancarios de intereses y dividendos, recibos de alquileres si los hubiera, información sobre la venta de inmuebles y, en caso de tener derecho, los recibos de donativos o aportaciones a planes de pensiones que permitan aplicar deducciones fiscales.

De hecho, existen diversas deducciones que pueden ser especialmente útiles para jubilados. Algunas comunidades autónomas aplican deducciones por edad, generalmente a partir de los 65 años. También pueden aplicarse deducciones por discapacidad, gastos médicos limitados o, en algunos casos, por vivienda, aunque las deducciones por compra de vivienda se aplican solo a hipotecas anteriores a 2013. Es recomendable revisar cuidadosamente cada posible deducción y la normativa de la comunidad autónoma en la que se encuentra el domicilio fiscal, ya que pueden reducir significativamente la cantidad a pagar o incrementar la devolución.

Plazos para la declaración en internet, por teléfono o en persona

El proceso de declaración se realiza principalmente a través de Renta WEB, la plataforma online de la AEAT, que permite acceder al borrador prellenado con la información fiscal disponible. Este borrador incluye, en la mayoría de los casos, los datos de pensiones y de entidades financieras, pero siempre conviene revisarlo y completarlo con cualquier ingreso o deducción no reflejada. Una vez revisado, el jubilado puede confirmar y presentar la declaración online utilizando un certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve PIN. El plazo para realizar el trámite por esta vía se abrirá el 8 de abril y permanecerá abierto hasta el 30 de junio.

Sin embargo, los jubilados que prefieran otros métodos tiene alternativas al online para presentar sus declaraciones. Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio, la Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes la posibilidad de que un agente del Ministerio confeccione la declaración en una llamada telefónica con el pensionista, para lo que habrá que pedir cita previa entre el 29 de abril y el 29 de junio. En caso de preferir la atención presencial, cualquier trabajador o jubilado podrá solicitar cita entre el 29 de mayo y el 29 de junio. Así, se le agenciará un día y una hora entre el 1 de junio y el 30 de junio para acudir a una sede de la Agencia Tributaria y que elaborar allí su declaración.

Para ser atendido por cualquiera de estas dos vías, el pensionista puede concertar una cita en los plazos indicados desde la sede electrónica de la Agencia Tributaria o llamando a los números de teléfono 915357326, 901121224, 915530071 o 901223344.

El Congreso de la República evalúa un proyecto de ley que propone incorporar a los cigarrillos electrónicos, con o sin nicotina, dentro del ámbito del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), con tasas que podrían llegar hasta el 100% del precio de venta al público. La iniciativa busca equiparar el tratamiento tributario de estos dispositivos con otros productos considerados nocivos para la salud.

La propuesta legislativa, presentada por el congresista José Cueto, surge en un contexto de creciente preocupación por el aumento del uso de vapeadores, especialmente entre jóvenes, así como por la falta de regulación específica que permita desincentivar su consumo y fortalecer la recaudación fiscal.

Alcance de la propuesta

El proyecto plantea modificar el Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e ISC para incluir a los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y a los sistemas electrónicos sin nicotina (SESN) dentro de los bienes gravados. Esto permitiría que estos productos sean sujetos a impuestos bajo distintas modalidades, como el sistema específico o ad valorem.

En ese marco, se establece un rango de tasas que va desde 20% hasta 100%, aplicable según el precio de venta al público. La definición final del nivel impositivo quedaría en manos del Poder Ejecutivo, que deberá reglamentar la norma en un plazo máximo de 90 días desde su eventual publicación.

Argumentos de salud pública

Uno de los principales fundamentos de la iniciativa es el impacto de estos dispositivos en la salud, particularmente en adolescentes. Según el documento, el consumo de cigarrillos electrónicos ha ganado terreno en una nueva generación de usuarios, lo que podría revertir los avances logrados en la reducción del tabaquismo.

El texto advierte que estos productos suelen comercializarse como alternativas “menos dañinas”, pese a que contienen sustancias químicas potencialmente tóxicas. Además, se señala que la nicotina es altamente adictiva y puede afectar el desarrollo cerebral en jóvenes, así como incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

En esa línea, también se alerta sobre el uso de sabores y estrategias de marketing que facilitan su aceptación social y reducen la percepción de riesgo, lo que contribuye a su expansión entre la población juvenil.

Crecimiento del consumo en Perú

El proyecto recoge evidencia que muestra un incremento sostenido en el uso de vapeadores en el país. De acuerdo con estudios recientes, el consumo de cigarrillos electrónicos en jóvenes de 11 a 21 años alcanzó el 15,9% en 2024, lo que evidencia una tendencia al alza en los últimos años.

Asimismo, se indica que la edad promedio de inicio en el consumo de estos dispositivos es de 13,7 años, lo que refleja una temprana exposición a la nicotina y otros compuestos. Este fenómeno se ve agravado por la facilidad de acceso a estos productos, tanto en tiendas físicas como a través de servicios de entrega a domicilio, donde los controles de edad son limitados.

Impacto económico y fiscal

Otro de los ejes de la propuesta es el efecto en la recaudación tributaria. Según estimaciones citadas en la iniciativa, el Perú deja de percibir más de S/ 8 millones anuales por la falta de aplicación del ISC a estos productos.

Además, se señala que las importaciones de vapeadores y sus recargas han crecido significativamente en los últimos años, pasando de USD 1,3 millones en 2019 a más de USD 7,9 millones en 2023, lo que evidencia la expansión del mercado.

En este contexto, el ISC es planteado no solo como una herramienta recaudadora, sino también como un mecanismo para corregir externalidades negativas, encareciendo el acceso a productos que generan daños a la salud y al medio ambiente.

Experiencia internacional

El proyecto también toma en cuenta experiencias internacionales, donde diversos países han optado por prohibir o gravar fuertemente estos dispositivos. En América Latina, naciones como México, Brasil, Uruguay y Argentina han implementado restricciones severas, mientras que otros mercados aplican impuestos específicos para desalentar su consumo.

Organismos internacionales recomiendan que, en países donde no están prohibidos, estos productos sean regulados y gravados de manera similar a los cigarrillos tradicionales, a fin de reducir su atractivo, especialmente entre los jóvenes.

Regulación pendiente

Finalmente, la propuesta subraya la necesidad de fortalecer el marco normativo en el país frente a la rápida expansión de estos dispositivos. Además del impacto en la salud, se advierte sobre los efectos ambientales de los residuos generados por los vapeadores, que incluyen componentes plásticos, electrónicos y químicos.

De aprobarse, la norma representaría un paso hacia una regulación más estricta del mercado de cigarrillos electrónicos en el Perú, alineando la política tributaria con los objetivos de salud pública y sostenibilidad.

El Gobierno de Gustavo Petro decretó un impuesto al patrimonio para empresas y sociedades que regirá durante el año gravable 2026, con el propósito de recaudar sumas estimadas en más de $6,3 billones para contrarrestar las consecuencias de la ola invernal en ocho departamentos del país. La disposición, establecida por medio de los decretos 173 y 0240 de 2026 de la emergencia económica, fija tarifas diferenciadas para los sectores extractivo y financiero, algo que generó rechazo de gremios empresariales.

Dicho gravamen, definido en el Decreto 173 de 2026 y modificado por el Decreto 0240, obliga a todas las sociedades y personas jurídicas con patrimonio líquido igual o superior a 200.000 unidades de valor tributario (UVT), equivalente a $10.474.800.000, a tributar bajo distintas tarifas. Se excluye del gravamen a empresas del sector salud, entidades intervenidas por el Estado y compañías de servicios públicos domiciliarios ubicadas en zonas afectadas por la emergencia.

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El marco normativo establece una tarifa general del 0,5% sobre el patrimonio líquido para la mayoría de empresas obligadas. Sin embargo, los sectores financiero y extractivo serán gravados con una tarifa superior del 1,6%. La regulación determina que el 65% del total recaudado, equivalente a $4,1 billones, provendrá de compañías de estos dos sectores. El restante 35% corresponde a empresas gravadas con la tarifa general.

Polémica por legalidad y transparencia

La decisión del Ejecutivo para crear el impuesto dentro del estado de emergencia generó críticas sobre sus implicaciones legales y la transparencia en el manejo de recursos.

Según el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, la medida “está funcionando como una reforma tributaria implementada por decreto, lo que implica la inclusión de nuevos impuestos y un aumento en las obligaciones para el sector productivo”.

Cabal advirtió que “ya el impuesto al patrimonio es confiscatorio, pero, adicionalmente, el impuesto sobre las empresas extranjeras con sucursales en Colombia amenaza la posibilidad de atraer más inversiones y, adicionalmente, la discrecionalidad del Gobierno para manejar recursos al dedo asignando contratos, pues obviamente deja por fuera la Ley de Garantías. Y finalmente, muy peligroso que el Gobierno pueda discrecionalmente asignar recursos en esta época electoral”.

Riesgos para la inversión

De acuerdo con un álisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), denominado “Un impuesto costoso para la inversión”, la estructura tarifaria y la asignación del impuesto reflejan una carga principal para las empresas que ya contribuyen en mayor proporción al fisco, mientras que sólo cinco países en el mundo mantienen algún tipo de impuesto al patrimonio empresarial, en general transitorio y con tasas inferiores al 1%.

El gremio, que preside José Ignacio López, sostuvo que “al gravar el nivel de capital, se encarece la acumulación de activos productivos, lo que desincentiva la expansión de las empresas”.

Asimismo, la organización enfatizó que “medidas como estas deterioran la competitividad del país en la atracción de capital”, lo que sitúa a Colombia en una posición menos favorable para la inversión extranjera.

Perspectiva sobre las consecuencias económicas

Asimismo, la Asociación resaltó que la imposición del tributo coincide con una reducción importante de la formación de capital fijo en las empresas colombianas.

“Colombia atraviesa una crisis de inversión, donde la formación bruta de capital fijo se ha reducido de manera dramática: en 2015 representaba cerca del 24% del Producto Interno Bruto (PIB), y pasó a tan solo 16% en el 2025”, indicó el informe.

De igual forma, destacó que “este tipo de medidas son poco usadas en el mundo. Actualmente solo cinco países mantienen alguna modalidad de impuesto al patrimonio empresarial”. Para Anif, la creación de cargas fiscales directas sobre el capital dista de las prácticas internacionales y “puede enviar una señal negativa a inversionistas extranjeros, que podrían reducir el apetito de invertir en nuestro país por un marco tributario menos conveniente”.

La eliminación de los derechos de exportación en el sector agroindustrial argentino podría transformar de manera drástica el perfil productivo nacional, con un crecimiento estimado del 90% para la próxima década y la posibilidad de elevar la participación sectorial hasta el 45% del Producto Bruto Interno. Ese salto permitiría al agro consolidarse como el eje central de la generación de divisas y el principal motor estructural de la economía, siempre que se logre avanzar en mejoras de infraestructura y modernización tecnológica, según un informe conjunto del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y el IAE Business School.

La proyección —basada en el modelo Agmemod e incorporada a un estudio colaborativo con la Bolsa de Comercio de Rosario— sostiene que la producción podría alcanzar las 251 millones de toneladas en diez años. Ese volumen impactaría no solo incrementando el aporte agropecuario al PIB, sino acelerando la generación de divisas y posibilitando, con el impulso de exportaciones, financiar la reconstrucción integral de la red vial nacional en apenas tres años. En la campaña 2025/26, se estima una cosecha fina de 27,7 millones de toneladas (más de USD 4.500 millones) y una gruesa de 154 millones de toneladas, cuyo ingreso rondaría entre USD 32.000 y 37.000 millones.

Actualmente, el complejo agroindustrial es responsable del 23% del PIB argentino y de cerca del 60% de las exportaciones totales, con los complejos oleaginosos y cerealeros explicando el 45% del ingreso de divisas. Además, el sector representa el 18,7% del empleo nacional, involucrando a 4,2 millones de personas desde la investigación hasta el transporte y la comercialización, según se detalla en el informe presentado por Guillermo D’Andrea, Daniel Mamone y Ernesto Ruete Güemes del IAE Business School, y Bernardo Piazzardi, del Centro de Agronegocios de la Universidad Austral.

Presión fiscal y déficit de competitividad

El informe sostiene que la competitividad argentina está severamente limitada por la presión fiscal impuesta al sector: la carga sobre la renta agrícola fue del 55,5% y llegó a 63,6% en junio de 2025 para cultivos clave como soja, maíz, trigo y girasol. En contraste, los productores de la Unión Europea reciben apoyos equivalentes al 16%, en China al 13%, en Estados Unidos al 7% y en Brasil el respaldo promedia apenas el 0,5% del PIB. Entre 1997 y 2023, Argentina extrajo del agro recursos equivalentes al -1,6% del PIB anual, una dinámica que limita la capacidad de inversión y la adopción tecnológica.

Mamone, enfatizó: “La presión fiscal actual reduce fuertemente los incentivos a invertir y adoptar tecnología en el agro. Corregir ese esquema impositivo es clave para liberar el potencial productivo del sector”.

La modernización tecnológica no solo resulta indispensable para destrabar el crecimiento, sino que es el primer paso: el 73% de los tractores y el 46% de las cosechadoras tienen más de 15 años de uso, lo que ha derivado en que, en los últimos 20 años, la productividad total de factores en Argentina haya caído un 6%, mientras que en Brasil creció un 45%. A esto se suma una baja adopción efectiva de tecnologías existentes: los productores apenas aprovechan entre el 30% y el 50% del potencial de las herramientas disponibles.

Infraestructura insuficiente y brecha tecnológica

El 90% del transporte de granos en el país se realiza por camión, sólo el 10% por tren. De los 640.000 kilómetros de la red vial, el 62% corresponde a caminos municipales, en su mayoría sin pavimentar. Apenas el 6% de las rutas son nacionales y hay 3.200 kilómetros de autopistas o autovías. Según el estudio, el mantenimiento adecuado de la red vial requeriría entre USD 3.200 y 6.500 millones al año, menos del 17% del enorme aporte tributario anual del sector, que en 2023 fue de USD 28.686 millones.

El estudio señala, además, que el potencial de inversión está, en buena medida, condicionado por factores macroeconómicos y por la falta de incentivos claros en materia tributaria y de financiamiento. No obstante, el 80% de los productores consultados por la encuesta AgBarometer Austral —el índice de confianza elaborado bimestralmente por el mismo centro académico— se manifestó dispuesto a modernizar su maquinaria y adoptar nuevas tecnologías si las condiciones de rentabilidad y financiamiento mejoran.

Bajo un esquema de reducción drástica o eliminación de las retenciones, mejora de caminos y accesos portuarios, inversión tecnológica y una expansión de 6,5 millones de hectáreas en la frontera agrícola, la producción agroindustrial podría trepar un 90% en diez años, y así contribuir con el 45% del PIB en términos actuales.

Un aporte crítico para el desarrollo y empleo en Argentina

El rol del sector agroindustrial como generador de riqueza, divisas y empleo se observa en múltiples dimensiones: no sólo representa el 23% del producto interno y el 60% de las exportaciones, sino que sostiene a 4,2 millones de trabajadores en diferentes etapas de la cadena de valor. El informe subraya que el salto de productividad registrado en los últimos treinta años se debió a la biotecnología, la digitalización, la agricultura de precisión y la innovación logística, aunque la infraestructura, el atraso tecnológico y el esquema impositivo continúan ahogando el potencial.

El escenario optimista requiere una acción concertada entre sector público y privado, centrada en la inversión y la productividad. Las recomendaciones incluyen la construcción de consensos estratégicos de largo plazo que trasciendan los gobiernos, el alivio fiscal en todos los niveles (nacional, provincial y municipal), el desarrollo de instrumentos financieros eficientes y una coordinación amplia para maximizar el impacto de la tecnología ya implementada.

Piazzardi resumió el enfoque estructural: “Reemplazar la lógica extractiva por una estrategia de inversión y productividad permitiría transformar al agro en el eje estructural del crecimiento argentino”.

La evidencia recopilada describe un potencial sin igual para la economía nacional. Si el Estado y el sector privado logran articular una visión colaborativa y modernizadora, el agro argentino podría sustentar la generación de divisas, la expansión del empleo y la transformación productiva del país, elevando a la Argentina al rango de potencias productoras globales.

La proyección de precios elevados de la energía en Estados Unidos podría neutralizar el impulso económico derivado de los mayores reembolsos de impuestos previstos para este año y pone en cuestión las expectativas de crecimiento para los próximos meses.

Según estimaciones recientes del Stanford Institute for Economic Policy Research, el centro de investigación económica de la Universidad de Stanford, los hogares estadounidenses podrían ver anulados los beneficios fiscales ante los aumentos en los costos de gasolina, en el contexto de las persistentes tensiones en Medio Oriente. Este efecto compensatorio supone una presión sobre el gasto familiar, según informó el sitio especializado Axios.

El análisis del equipo económico de Stanford, integrado por Neale Mahoney, Jared Bernstein, Caleb Brobst y Ryan Cummings, indica que, de cumplirse la predicción más reciente de Goldman Sachs —que contempla un cierre del Estrecho de Ormuz por tres semanas y una posterior relajación de los precios hacia junio—, el valor del galón de gasolina minorista alcanzaría un pico de USD 4,36 en mayo, antes de reducirse gradualmente.

Este escenario implica un gasto adicional de USD 740 en gasolina por hogar, con respecto a las previsiones anteriores a la escalada de conflictos armados en Irán.

La cifra es casi idéntica a los USD 748 en reembolso tributario extra que la organización estadounidense especializada en política tributaria Tax Foundation espera para el hogar promedio tras la aprobación de la ley One Big, Beautiful Bill Act.

El incremento de los gastos energéticos coincide con los mayores reembolsos tributarios del año

La política fiscal aprobada en el último ejercicio había generado expectativas favorables en los organismos de previsión económica. Diversos actores, según recopila el medio estadounidense, apostaban a que los reembolsos tributarios ampliados funcionarían como motor de consumo.

La nueva simulación desarrollada por Stanford plantea que ese efecto será absorbido por la subida en los precios energéticos derivados del conflicto en Irán y la volatilidad en el mercado internacional del crudo.

En los datos parciales de la temporada de declaración de impuestos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) del país muestra una suba promedio de USD 360 en los reembolsos, cifra que resulta inferior a la estimación de la Tax Foundation, lo que agrega incertidumbre a la valoración del beneficio neto real que percibirán los consumidores durante el año.

Un apartado particular del análisis elaborado por el equipo liderado por Mahoney subraya que los promedios encubren realidades dispares entre diferentes sectores de la población.

No todos los hogares sufrirán el mismo impacto: quienes no conducen vehículos o poseen autos eléctricos no experimentarán incrementos en el costo de la gasolina, mientras que quienes recorren largas distancias a diario enfrentarán aumentos superiores al promedio, según los economistas consultados por la publicación.

El impacto de la crisis energética sobre los hogares y los precios

Desde mediados de abril, el precio del galón (3,7 litros) de gasolina regular en Estados Unidos ha experimentado un alza. El miércoles, el promedio nacional llegó a USD 3,84, frente a los USD 2,92 registrados solo un mes antes, según el medio especializado.

Este aumento actúa de manera similar a un impuesto indirecto sobre los hogares, ya que la mayoría de las personas no puede modificar de inmediato sus patrones de consumo de energía para compensar el gasto adicional.

Las consecuencias de este choque de precios no se limitan al transporte privado. Los precios elevados de la energía tienden a trasladarse a otros segmentos, incluyendo tarifas aéreas, costos de envío y el precio final de la mayoría de los bienes de consumo.

Ante esta situación, muchas familias se ven forzadas a ajustar su presupuesto. Restringen otros tipos de gastos o reducen su tasa de ahorro.

En cuanto a la actividad económica nacional, ciertas amortiguaciones provienen del incremento de ingresos en las regiones y empresas productoras de energía. No obstante, los beneficios de este repunte se concentran en unos pocos, sin mitigar el efecto de redistribución negativa para el resto de los consumidores, de acuerdo con los investigadores de Stanford y los expertos consultados en la cobertura.

El alza de la energía como freno para el crecimiento del consumo

La coincidencia entre reembolsos tributarios elevados y precios energéticos en aumento suspende el efecto dinamizador esperado sobre la economía estadounidense en el corto plazo.

El economista jefe en el país de Oxford Economics, Michael Pearce, lo resume así: “Los precios más altos de la energía serán un freno significativo para el crecimiento del gasto este año, superando con creces el impulso fiscal derivado del aumento de los reembolsos de impuestos que se está produciendo al mismo tiempo”.

El fondo de la cuestión reside en la imposibilidad de los hogares para compensar por completo el costo adicional que supone la energía en el presupuesto familiar, inclusive en el mejor de los escenarios de devolución de impuestos. De este modo, el problema de los precios energéticos elevados se perfila como el principal desafío para la economía doméstica, lo cual confirma la interdependencia entre política fiscal y dinámica global del crudo.

Luego de presentar el paquete de proyectos que impulsará en esta primera etapa de sesiones ordinarias, el Gobierno se prepara para iniciar las negociaciones por los votos en el Congreso, para lo cual retomará pronto el diálogo con las provincias, que vienen reclamando una reforma tributaria.

El encargado de esta misión para llegar a consensos es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien ya tenía en mente iniciar una nueva gira por el país para reunirse y hablar personalmente con los mandatarios locales.

Originalmente, el funcionario tenía previsto iniciar sus recorridas a mediados de este mes, pero la coyuntura y la interna en el oficialismo demoró los planes.

Sucede que, primero, la mesa política libertaria debía fijar los temas que se iban a impulsar y la estrategia legislativa que se llevaría adelante.

El grupo se iba a reunir a la vuelta de la gira por los Estados Unidos, pero en el medio el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, extendió su presencia en Nueva York.

El ministro coordinador es quien encabeza estos encuentros, pero cuando estaba en Norteamérica surgió la polémica por la decisión de haber incluido a su esposa como parte de la comitiva.

En ese marco, aunque el resto de los integrantes del Gobierno regresaron a Buenos Aires a mitad de semana, él sumó actividades en Manhattan y volvió recién el sábado.

Asimismo, el presidente Javier Milei le pidió que el lunes lo acompañara en un acto en Córdoba, por lo que la mesa se terminó reuniendo el martes en la Casa Rosada.

Durante ese encuentro, se definieron los principales proyectos que serán impulsados en el Congreso durante 2026, entre los cuales están el nuevo Código Penal y una batería de iniciativas orientadas a la protección de la propiedad privada.

A pesar de las tensiones, no hubo foto, pero sí asistencia completa: además de Adorni y Santilli, el ministro Luis Caputo (Economía), el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, el asesor, Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El propio Adorni anunció en su cuenta de X que también se debatirá la modificación de la ley de discapacidad y la actualización de la ley de financiamiento universitario para alinearla con los objetivos de equilibrio fiscal.

No se incluyó, sin embargo, la reforma tributaria, una medida que se planteó en el marco del Consejo de Mayo y que viene siendo solicitada por los gobernadores.

“Nosotros siempre estamos a favor de bajar impuestos, el tema acá es que no podés hacerlo si la Nación no reduce retenciones o el impuesto al cheque, por ejemplo. Tiene que ser un cambio amplio y estructural”, señaló una fuente de diálogo directo con mandatarios aliados.

El conflicto surge porque, en el Palacio de Hacienda, sostienen que el superávit está ajustado, por lo que para eso primero es necesario que la economía crezca.

En este sentido, las autoridades nacionales reclaman que las provincias den el primer paso reduciendo Ingresos Brutos y tasas municipales.

“Las pelaron a las provincias cortando todo y la coparticipación va para abajo. La gran mayoría ya hizo el ajuste. No veo que haya espacio para pedir más esfuerzos con ingresos a niveles reales como en la pandemia y muchas más responsabilidades que antes”, responden del otro lado.

Los distritos exigen, por ejemplo, que se modifique el impuesto a los combustibles y la distribución de esos ingresos, algo que en el pasado generó fuertes diferencias que llegó incluso a una ruptura de las relaciones con la Casa Rosada.

Por otra parte, el oficialismo también tiene pendiente enviar al Congreso la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés).

En el acuerdo comercial con los Estados Unidos, la administración libertaria se comprometió a cumplir con este paso antes del 30 de abril de este año, por lo que tiene poco más de un mes para cumplirlo.

En este contexto, Santilli está por definir el cronograma de encuentros con gobernadores, tanto aliados como dialoguistas, que aparecen como actores clave para aprobar todas estas medidas, no solo en el Senado, sino o también en la Cámara de Diputados.

Este jueves, el ministro del Interior acompañará a Milei en su viaje a Tucumán, en el marco del “Tour de la gratitud”, actos partidarios en los que el Presidente agradece el respaldo de los votantes en las últimas elecciones.

Aunque recientemente se diferenció un poco del oficialismo, el gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo, es uno de los más cercanos a la Casa Rosada. Con él podrían coincidir en el Foro Económico del NOA (FENOA), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.

Si usted, lector de Infobae, tiene nietos, seguramente habrá hablado con ellos sobre cómo ha cambiado la vida y los gastos. Si por el contrario, todavía disfruta de sus abuelos, verá que sus finanzas no tienen nada que ver con las de ellos, que pudieron comprarse casa y coche, casarse y tener hijos, todo antes de los 30 (¡qué locura!). Los jubilados se quejan —con razón— de que su pensión es baja, pero a su vez, los salarios juveniles ni siquiera alcanzan para pagar un alquiler. La lucha intergeneracional, tenga sentido o no (no va de esto este artículo), está muy presente.

Y en pleno debate, un nuevo estudio de Fedea revela sobre quiénes recae el peso del Estado del bienestar en España. Las personas nacidas entre 1965 y 1998 —hoy adultos entre 28 y 61 años— aportan más de lo que reciben. El análisis, basado en las Cuentas Nacionales de Transferencia de 2022, muestra cómo este segmento asume el grueso de la financiación pública, mientras que jóvenes y mayores perciben más recursos públicos de los que generan por sí mismos. Pero al final, todos dependemos de todos. El ciclo de la vida.

Las prestaciones monetarias benefician, sobre todo, a las personas más mayores. Tiene sentido. Son quienes reciben las pensiones de jubilación tras haber cotizado durante su vida laboral. Pero también llegan a quienes están por debajo de la treintena, y es que son estas edades las que más se benefician, por ejemplo, de la educación pública. Algo similar ocurre con la sanidad: “Presenta un pico en los primeros años de vida y, posteriormente, crece suavemente hasta el entorno de los 55 años, en que inicia un crecimiento más pronunciado”, asegura el informe. En cualquier caso, cabe destacar que “los beneficios de las prestaciones de protección social se reparten de manera bastante uniforme a lo largo del ciclo vital”.

La edad define el esfuerzo fiscal

La investigación, elaborada por Julio López Laborda, Carmen Marín González, Jorge Onrubia y Ángel de la Fuente, cuantifica por primera vez con este nivel de detalle cómo fluyen los recursos entre generaciones, desvelando un patrón que se repite en la mayoría de las economías desarrolladas: la edad define tanto los déficits como los superávits fiscales a lo largo de la vida.

El núcleo del fenómeno reside en la diferencia entre lo que cada grupo de edad paga al Estado en forma de impuestos y cotizaciones y lo que recibe mediante prestaciones, servicios públicos y transferencias. Según los datos de Fedea, quienes se sitúan entre los 28 y los 61 años reciben de media un 18% menos en transferencias públicas de lo que aportan en renta, mientras que los menores de 28 años y los mayores de 62 son beneficiarios netos del sistema. Este saldo negativo para los adultos en edad laboral ilustra el papel central de este grupo como soporte financiero del Estado del bienestar.

“Durante las décadas comprendidas entre la entrada plena en el mercado laboral y el inicio de la jubilación, la mayor parte de la población sostiene con sus impuestos y cotizaciones el gasto público necesario para cubrir la educación, la sanidad y las pensiones de las generaciones más jóvenes y más mayores. El saldo fiscal se invierte en los extremos del ciclo vital: los niños y adolescentes, así como los mayores de 62 años, reciben a través de transferencias públicas y servicios mucho más de lo que podrían costear con sus propios ingresos”, indica el informe.

El ciclo vital y el saldo fiscal: quién da y quién recibe

El análisis de las Cuentas Nacionales de Transferencia para 2022 permite visualizar con claridad cómo la relación con el Estado cambia en función de la edad. Fedea detalla que los que actualmente tienen menos de 28 años aún en etapas formativas o de incorporación temprana al empleo, por lo que perciben más recursos públicos —en educación, sanidad, ayudas familiares— de los que generan a través del trabajo o el consumo. Esta situación se revierte progresivamente al alcanzar la edad adulta.

Entre los 28 y los 61 años, la renta laboral y la contribución fiscal de los individuos supera el volumen de prestaciones y servicios recibidos. En este rango, el saldo fiscal es negativo: por cada 100 euros aportados, el Estado devuelve una media de 82 en prestaciones y servicios. Este desfase supone que la población adulta es el principal financiador del consumo público global.

Entre los 28 y los 61 años por cada 100 euros aportados, el Estado devuelve una media de 82 en prestaciones y servicios

Al cruzar el umbral de los 62 años, el saldo vuelve a ser positivo para el individuo: las prestaciones, muy especialmente las pensiones y la asistencia sanitaria, superan con creces el valor de los impuestos pagados. Así, el ciclo vital dibuja una curva en U, donde solo la edad productiva soporta el peso de la redistribución intergeneracional.

Un dato clave para entender este patrón es que el subsidio medio efectivo —la diferencia entre transferencias públicas netas y renta total— llega a alcanzar el 125% para los mayores, mientras que para los adultos en plena actividad el tipo medio efectivo de gravamen ronda el 20%.

El consumo privado y público a lo largo de la vida

El estudio de Fedea revela que el consumo privado en España crece de forma sostenida hasta los 75 años, cuando comienza a descender levemente. Una vez que las personas mayores llegan a la etapa de la jubilación, tanto las rentas del trabajo como los impuestos disminuyen, y las pensiones pasan a ser la principal fuente de ingresos. Entonces, aunque el ahorro medio sigue siendo positivo, se observa una reducción progresiva, ya que muchas personas comienzan a utilizar sus activos acumulados —particularmente la vivienda— para financiar el consumo en la vejez.

El consumo público, compuesto por servicios como educación, sanidad y protección social, muestra picos entre los más jóvenes —por el peso de la educación— y los mayores —por la sanidad y dependencia—. Entre los 30 y los 60 años, la suma del consumo público y privado alcanza sus máximos. Queda reflejado así el mayor poder adquisitivo y las responsabilidades familiares de este grupo.

El papel de la familia y el ahorro

No solo el Estado redistribuye recursos. El informe subraya la importancia de las transferencias privadas, especialmente dentro del hogar. Es decir, la importancia que tienen los padres a la hora de mantener a sus hijos al menos hasta los 30 años y sostener su consumo privado. Según Fedea, las transferencias intrahogar suponen una fuente clave de sostenimiento para los jóvenes, ya que sus ingresos aún no alcanzan para cubrir todos sus gastos.

La vivienda habitual en propiedad también actúa como mecanismo redistributivo: los adultos titulares de la vivienda financian el consumo de todos los miembros del hogar, reforzando el papel de la familia como “institución aseguradora” frente a la insuficiencia de rentas en las etapas iniciales de la vida.

Aunque el informe de Fedea presenta los resultados agregados, se señala que existen diferencias notables entre hombres y mujeres en los patrones de renta laboral, prestaciones y ahorro, así como en la composición de los hogares. Las mujeres, por ejemplo, suelen experimentar períodos de desahorro a edades más avanzadas que los hombres, lo que tiene impacto en la redistribución de recursos.

Otro aspecto destacado es el perfil del ahorro por edades. En España, la acumulación de riqueza neta sigue aumentando con la edad, aunque se estabiliza a partir de los 65 años. El 20% de la población presenta un ahorro negativo, especialmente entre los jóvenes, en parte por la tardía emancipación respecto a la media europea. Y el problema para ahorrar siempre es el mismo: la vivienda. Quienes tienen una o varias casas en propiedad refuerzan la transferencia intergeneracional de recursos. El poder de las herencias.

El departamento que dirige Carlos Cuerpo estudia dar un nuevo impulso a esta herramienta, diseñada en 2014 durante la etapa de Cristóbal Montoro al frente de Hacienda, según informó Cinco Días. La intención es aprovechar esta figura ya existente para canalizar parte del dinero que los ciudadanos mantienen inmovilizado en cuentas y depósitos hacia proyectos empresariales, en línea con las iniciativas europeas de financiación.

Los SIALP son productos pensados para el ahorro a largo plazo que combinan características de los seguros y de otros instrumentos de inversión. Su principal atractivo, sin embargo, radica en su tratamiento fiscal. Estas herramientas financieras permiten realizar aportaciones de hasta 5.000 euros al año y, siempre que el dinero se mantenga invertido durante al menos cinco años, los rendimientos generados quedan exentos de tributación en el IRPF. En caso de rescate anticipado, se pierde esa ventaja y las ganancias pasan a tributar como rendimientos del capital mobiliario.

Un producto seguro pero con baja rentabilidad

Además, estos productos suelen ofrecer una elevada seguridad: por ley deben garantizar al menos el 85% del capital invertido, aunque en muchos casos las entidades aseguran hasta el 100%, lo que los convierte en una opción especialmente atractiva para perfiles conservadores. Así, el principal atractivo de los SIALP es su ventaja fiscal, unida a la protección del capital, lo que los sitúa como una alternativa interesante para quienes priorizan la estabilidad frente al riesgo.

Sin embargo, estas mismas características han sido, en parte, su mayor debilidad. La necesidad de garantizar el capital ha llevado históricamente a que las inversiones se concentren en activos de bajo riesgo, como deuda a corto plazo, lo que ha limitado considerablemente su rentabilidad. En muchos casos, los rendimientos ofrecidos apenas han logrado compensar el efecto de la inflación. Este factor, junto con una escasa promoción por parte de las entidades financieras, explica que el producto nunca haya llegado a despegar del todo.

Movilizar el ahorro hacia Europa

El renovado interés del Gobierno por este instrumento no responde únicamente a su utilidad para el pequeño ahorrador, sino a una estrategia económica de mayor alcance. La iniciativa se enmarca en el desarrollo de la etiqueta “Finance Europe”, impulsada por varios países comunitarios, que busca canalizar recursos privados hacia sectores estratégicos. Entre sus requisitos figura que una parte significativa de la inversión se destine a activos europeos y que se mantenga durante un periodo mínimo de cinco años.

En este contexto, los SIALP se presentan como una herramienta ya existente que podría adaptarse rápidamente a estos criterios, evitando la necesidad de crear nuevos instrumentos desde cero. Para que los SIALP encajen en este nuevo enfoque, el Ejecutivo plantea introducir algunas modificaciones en su regulación, según recoge Cinco Días. Entre ellas, destaca la posibilidad de reducir o incluso eliminar la garantía de capital, lo que permitiría aumentar la exposición a activos con mayor potencial de rentabilidad, como la renta variable.

Este cambio supondría un giro relevante en la naturaleza del producto: de un instrumento centrado en la seguridad a otro con mayor capacidad de generar rendimientos, aunque también con más riesgo. Además, el sector financiero presiona para elevar el límite anual de aportación, actualmente fijado en 5.000 euros, con el objetivo de aumentar su atractivo y capacidad de captar ahorro.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, entre enero y febrero de 2026, los ingresos del Gobierno Federal alcanzaron 1 billón 124 mil 620 millones de pesos. Esta cifra representa un crecimiento real de 1.6% en comparación con el mismo periodo de 2025.

En términos nominales, el incremento fue de 59 mil 183 millones de pesos respecto a lo reportado en el segundo mes del año anterior, lo que confirma una tendencia de aumento en la captación de recursos públicos al inicio del ejercicio fiscal.

Recaudación tributaria concentra la mayor parte de ingresos

Dentro del total de ingresos, la recaudación tributaria se mantuvo como el principal componente.

Durante el primer bimestre de 2026, el cobro de impuestos sumó 1 billón 21 mil 843 millones de pesos, lo que implicó un crecimiento real de 2.6% anual.

Este resultado significó un aumento nominal de 63 mil 426 millones de pesos frente al mismo periodo de 2025, lo que evidencia un mayor flujo de recursos provenientes del sistema tributario.

Ingresos superan lo aprobado por el Congreso

El SAT detalló que los ingresos totales del Gobierno Federal superaron en 102.7% lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación 2026 para el periodo enero-febrero.

En el caso de la recaudación tributaria, el nivel de cumplimiento fue de 102.4%, lo que indica que los ingresos obtenidos por impuestos también rebasaron las estimaciones aprobadas por el Congreso de la Unión.

Este comportamiento sugiere que la captación de recursos fue mayor a la prevista en la planeación fiscal del año.

Factores detrás del aumento en la recaudación

De acuerdo con la autoridad fiscal, el crecimiento de los ingresos está asociado a mejoras en la eficiencia recaudatoria, sin que se hayan realizado aumentos en las tasas impositivas.

Entre los factores que contribuyeron a este resultado se encuentran:

• Fortalecimiento de auditorías y vigilancia a contribuyentes
• Uso de herramientas tecnológicas para detectar inconsistencias fiscales
• Mayor control en operaciones aduaneras
• Acciones para combatir la evasión fiscal y prácticas indebidas
• Incremento en el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales

Estas acciones forman parte de la estrategia del SAT para ampliar la base de contribuyentes y mejorar la captación de ingresos.

¿Qué significa el crecimiento en ingresos tributarios?

El incremento real de 2.6% en la recaudación tributaria implica que el Gobierno Federal está obteniendo más recursos por concepto de impuestos, una vez descontado el efecto de la inflación.

En términos prácticos, esto refleja una mayor eficiencia en la administración tributaria y en la fiscalización, así como un mejor cumplimiento por parte de los contribuyentes.

Además, este tipo de crecimiento permite fortalecer las finanzas públicas sin necesidad de crear nuevos impuestos o modificar los existentes.

Impacto en el gasto público y finanzas del país

El aumento en los ingresos federales amplía la disponibilidad de recursos para financiar programas sociales, proyectos de infraestructura, servicios públicos y otras obligaciones del Estado.

Un mayor nivel de recaudación también contribuye a mantener estabilidad en las finanzas públicas, al reducir la dependencia de ingresos extraordinarios o endeudamiento.

SAT reafirma estrategia de recaudación

En su comunicado, el SAT indicó que continuará implementando mecanismos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y mantener una atención cercana a los contribuyentes.

“Se reafirma el compromiso de fortalecer la recaudación mediante mecanismos que faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales”, señaló el organismo.

Los resultados del primer bimestre de 2026 muestran que los ingresos del Gobierno Federal se ubicaron por encima de lo previsto, en un contexto de fortalecimiento de la recaudación tributaria.

“La reforma tributaria se presentará el 20 de julio como proyecto de ley, ya dependerá del pueblo y su elección si retrocede o no”, afirmó el mandatario al señalar que serán los ciudadanos y los congresistas los que decidirán el rumbo de la reforma fiscal.

La nueva iniciativa del Ejecutivo pretende reducir el déficit fiscal de $16 billones estimado en el Presupuesto General de la Nación para 2026. El proyecto contempla la suspensión de los subsidios a la gasolina, ajustes a la deuda pública y la modificación de aranceles para estabilizar la economía y disminuir el costo de la deuda, según justificó el presidente.

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Petro resaltó la gravedad de la situación: “Depende del electorado de Colombia si retrocedemos o avanzamos con las reformas”. Agregó que “ya no vamos a pagar el subsidio a la gasolina, lo que permite que el déficit primario y el costo de la deuda disminuyan y los flujos de pagos también”.

De igual manera, enfatizó en que la urgencia fiscal exige ajustes a la capacidad real de gasto. “La reforma busca, entre otras cosas, estabilizar la economía ahora que el Presupuesto General de la Nación de 2026 tiene un faltante de $16 billones”, reiteró. Indicó que, como parte del plan, se revisarán los aranceles y la estructura de subsidios para sanear las cuentas públicas.

Viabilidad política de la reforma tributaria según expertos

Al respecto, la iniciativa ya empezó a generar reacciones. El exsubdirector operativo de Fiscalización y Liquidación Tributaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Christian Quiñonez, socio fundador de Clavertax Assessment, opinó sobre la viabilidad política y legal de la iniciativa. Anotó que el Gobierno estará en funciones el 20 de julio para presentar la reforma, y aunque ese día se instala el nuevo Congreso, eso no significa que no pueda radicar la iniciativa.

Sin embargo, mostró escepticismo frente al destino de la propuesta. “Ahora, ¿qué futuro va a tener esa reforma? Realmente no le veo ningún futuro a la propuesta actual del Gobierno, ya que el nuevo Congreso tendrá mayorías de oposición, incluso, en los partidos denominados de centro, como la Alianza Verde. Si se observa uno a uno a los congresistas de estos partidos, la mayoría han sido abiertamente opositores al Gobierno, salvo dos o tres”, advirtió.

Considera el experto que el anuncio de esta reforma evidencia “la improvisación que se ha visto a lo largo de estos cuatro años”. Sostuvo que “esto nos ha llevado a una de las crisis fiscales más graves de la década. Nuestro país no había atravesado por una crisis fiscal como esta, salvo durante la pandemia”.

Recalcó que “esta reforma va a fracasar”. Esto, debido a que el Gobierno plantea que los impuestos contemplados en la reforma son los mismos que ya reiteró y que incluyó en la ley de financiamiento, así como en la primera y segunda emergencia económica, entre los que están impuestos sobre juegos de azar, consumo, licores y bebidas, temas que ya estaban.

Además, anticipó que “la verdad es que la reforma no es viable y no va a pasar”. De igual forma, expuso que con el trámite de la emergencia económica —que seguramente será suspendido, y si no, casi todos sus dispositivos serán declarados inexequibles—, la propuesta que presenta el Gobierno a 15 días de su salida solo aumenta la incertidumbre jurídica para los inversionistas. “Esperamos que, después del 8 de agosto, se corrija el rumbo para reactivar económicamente el país”, finalizó el exsubdirector operativo de Fiscalización y Liquidación Tributaria de la Dian Christian Quiñonez,.

Impacto económico y contexto fiscal de la propuesta

La reforma tributaria llegará en un momento crítico para la economía colombiana. El economista jefe de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, Julio Romero, analizó el panorama fiscal del país y alertó que se atraviesa por una de las crisis fiscales más complejas de las últimas décadas.

Explicó que la situación no se debe a factores externos. “La crisis fiscal que vive Colombia actualmente no se explica por un choque macroeconómico serio, como fue el caso al final de los 90 o durante la pandemia en 2020”. Para ilustrar el deterioro fiscal, precisó que en 2025, el déficit fiscal llegó al 6,4% del PIB y el déficit primario, es decir, el balance que no tiene en cuenta los intereses de la deuda, llegó al 3,5% del PIB.

Destacó que “cuando uno revisa el comportamiento de los ingresos y los gastos del Gobierno, lo que encuentra es que el deterioro de las finanzas públicas en los últimos años ha sido exclusivamente un tema de excesivo gasto público. Entre el 2022 y el 2025, el gasto público aumentó 2,7 puntos del PIB y eso no fue compensado por un aumento en los ingresos. Revisando otros periodos de gobierno, como se ve en el gráfico, eso nunca había pasado”.

Recordó que el Ejecutivo suspendió la regla fiscal para 2025 a 2027. “La única restricción de gasto para el Gobierno pareciera ser la disponibilidad de caja, pues ya no hay una restricción asociada a la ley de regla fiscal, ya que está suspendida”, apuntó. De cara a lo que viene, Julio Romero advirtió que la combinación de la emergencia económica, el cambio de Gobierno el 7 de agosto y la falta de un marco fiscal sólido proyectan incertidumbre para 2026.

Panamá inició 2026 con una recaudación de ingresos corrientes de 606.2 millones de dólares en enero, una cifra que refleja un desempeño mixto frente a las metas fiscales del Estado.

Aunque el resultado supera lo previsto en el presupuesto para ese mes, el total se ubica 30.4 millones de dólares por debajo de lo registrado en enero de 2025, según el informe preliminar de recaudación divulgado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El dato confirma que la dinámica de ingresos públicos sigue marcada por variaciones en los distintos rubros tributarios y no tributarios.

El reporte indica que los ingresos tributarios alcanzaron 472.9 millones de dólares, lo que representa un incremento de 15.9 millones frente al mismo mes del año pasado, equivalente a un crecimiento de 3.5% interanual.

Este desempeño estuvo impulsado principalmente por la recaudación de impuestos indirectos, que incluyen tributos asociados al consumo, las importaciones y el impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y servicios (ITBMS).

La evolución de estos ingresos suele estar vinculada al nivel de actividad económica y al comportamiento del comercio.

Dentro del componente tributario, los impuestos directos sumaron 216.8 millones de dólares, una cifra ligeramente menor a la registrada en enero de 2025.

En particular, la recaudación por impuesto sobre la renta totalizó 185 millones de dólares, con resultados distintos entre los aportes de personas naturales y jurídicas. Mientras algunos rubros registraron aumentos, otros mostraron retrocesos en comparación con el año anterior, reflejando cambios en la estructura de pagos y en el calendario fiscal de los contribuyentes.

Por su parte, los impuestos indirectos alcanzaron 256 millones de dólares, impulsados por el desempeño del ITBMS en ventas y en importaciones, así como por tributos selectivos al consumo y otros gravámenes vinculados al comercio.

Estos impuestos suelen responder de manera más inmediata al comportamiento del consumo interno y del intercambio comercial, por lo que su evolución se observa con atención como indicador de la actividad económica en el corto plazo.

El informe también muestra que los ingresos no tributarios aportaron 132.2 millones de dólares, superando la meta presupuestaria para el mes, aunque con una reducción significativa frente a enero del año anterior.

Este rubro incluye tasas, aportes, participaciones y otros ingresos del Estado que no provienen directamente de impuestos, por lo que su comportamiento puede variar según factores institucionales, transferencias o pagos extraordinarios que se registren en determinados periodos.

Si se incluyen los pagos realizados mediante documentos fiscales, la recaudación total correspondiente a enero de 2026 asciende a 618.7 millones de dólares, lo que incorpora operaciones que utilizan créditos fiscales u otros instrumentos autorizados dentro del sistema tributario.

Este mecanismo forma parte de la contabilidad fiscal y permite registrar determinadas obligaciones tributarias que no se cancelan exclusivamente en efectivo.

En comparación con el presupuesto aprobado para el mes, el informe señala que los ingresos corrientes superaron la meta en 70.4 millones de dólares, un resultado que refleja un mejor desempeño respecto a lo previsto inicialmente por las autoridades económicas.

Sin embargo, el contraste con el mismo mes de 2025 muestra que el nivel de ingresos aún enfrenta fluctuaciones que responden tanto a la dinámica económica como al calendario de pagos tributarios.

El comportamiento de la recaudación durante el primer mes del año suele estar influido por factores estacionales, ya que muchos contribuyentes realizan sus pagos más importantes durante los meses siguientes del calendario fiscal.

Uno de los hitos más relevantes es la presentación de la declaración de renta anual, cuyo plazo para el periodo fiscal 2025 venció el 15 de marzo de 2026, fecha límite establecida para que personas naturales y empresas presentaran sus declaraciones ante la Dirección General de Ingresos (DGI).

Las autoridades fiscales siguen de cerca el desempeño de los ingresos públicos durante el primer trimestre del año, ya que los resultados de estos meses ofrecen señales sobre la evolución de la economía y sobre la capacidad del Estado para financiar su presupuesto.

El comportamiento de la recaudación también es un indicador clave para evaluar la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de las metas establecidas en el presupuesto general del Estado.

Resaltó, teniendo en cuenta que el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 tiene un faltante de $16 billones, que la nueva propuesta buscará disminuir el déficit fiscal y estabilizar la economía, con medidas como la suspensión de los subsidios a la gasolina y ajustes a la deuda pública.

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Enfatizó en que “depende del electorado de Colombia si retrocedemos o avanzamos con las reformas”. Remarcó la urgencia fiscal y dijo que “ya no vamos a pagar el subsidio a la gasolina, lo que permite que el déficit primario y el costo de la deuda disminuye y los flujos de pagos también”.

Asimismo, explicó que eliminar el subsidio a los combustibles, cuyos pagos en años anteriores representaron cerca de $70 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, permitirá dirigir fondos a otras necesidades presupuestarias y obligaciones de deuda. Afirmó que la política ya concluyó.

Respecto a la crisis financiera del sector salud, Petro consideró inviable acudir a más endeudamiento estatal para resolver pasivos de las EPS. Indicó que “sacar $50 billones de deuda del Gobierno para pagar la deuda de las EPS, es decir, para pagar a los dueños privados de las EPS, sería un suicidio para Colombia. Es preferible liquidarlas. Así se evita ese daño a la estabilidad fiscal del país”. Reiteró ante su gabinete: “Ministro de Hacienda y ministro de Salud: todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no hay alternativas. El Congreso no aprobó la reforma. Solo queda este último acuerdo. Esa reforma se presentará de nuevo el 20 de julio”.

También cuestionó los efectos de la política monetaria sobre la economía. “Subir la tasa de interés daña la calidad de vida de los colombianos”, expresó al señalar que las tasas elevadas afectan el acceso a vivienda nueva y frenan el consumo.

Críticas de Petro al Congreso y la Corte Constitucional

Antes del Consejo de Ministros, el presidente criticó al Congreso de la República y a la Corte Constitucional porque, según él, bloquearon la iniciativa de reforma fiscal. Sostuvo que la negativa a aumentar la carga tributaria sobre rentas consideradas no productivas impidió la progresividad y el ajuste fiscal que necesita el país.

De igual manera, desestimó los llamados a efectuar recortes presupuestarios de gran escala, como sugirieron varios economistas y en referencia al ajuste fiscal en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. De acuerdo con el mandatario, “una medida de esa naturaleza podría derivar en un escenario contrario a los principios del Estado Social de Derecho”.

Recortes extensos

Advirtió que aplicar recortes extensos pondría en riesgo derechos fundamentales. Resaltó que el equilibrio fiscal debe alcanzarse mediante incremento de la producción y mayores impuestos a rentas catalogadas como especulativas. Citó el concepto de “renta diferencial”, al señalar que nuevos gravámenes a estas rentas no necesariamente derivarán en aumentos de precios finales por la forma de operar de algunos mercados.

Identificó rentas en sectores como el financiero, eléctrico, minero y de arrendamiento de tierras, por lo que responsabilizó al Congreso y la Corte Constitucional de obstaculizar reformas orientadas a fortalecer la base tributaria y promover el desarrollo económico nacional.

Describió la tasa real de interés como un factor que impacta en la apreciación del peso y en la dinámica del sector inmobiliario. Según él, la inversión nacional, medida en adquisición de insumos, maquinaria y mano de obra, muestra un crecimiento, y la confianza del consumidor supera la de otros países miembros de la Ocde.

Claves y cifras de la reforma tributaria propuesta de 2025

El proyecto de ley de financiamiento presentado ante el Congreso en septiembre de 2025, y que fue rechazada, tenía como objetivo respaldar el Presupuesto General de la Nación (PGN) estimado en $556 billones para 2026. El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, señaló en su momento que se tocaban los productos de la canasta familiar y que era una propuesta de reforma tributaria progresista, que no se implementaría toda de una sola vez, sino que recogía la orden del presidente Petro de la progresividad para no afectar las clases populares y clase media de la población.

Dijo en esa oportunidad que “está dirigida a personas naturales de mayores ingresos más que a las empresas porque queremos no afectar la generación de empleo y el crecimiento económico del país”.

Incremento del IVA

El texto normativo constaba de 53 páginas y 95 artículos, distribuidos en cuatro capítulos: Gasto Tributario, Renta y Patrimonio, Otros impuestos y Medidas Dian.

La propuesta contemplaba los siguientes cambios:

• Incremento del IVA al 19% para bebidas alcohólicas, juegos de azar, hospedaje a no residentes, servicios de software en la nube, cirugías estéticas, arrendamiento para exposiciones y transporte de valores, así como para el carbón carburante desde julio de 2026.
• Aumentos graduales hasta un 19% en 2027 para la gasolina y acpm, con el fin de reducir el consumo de combustibles fósiles.
• Impuesto al patrimonio escalonado, hasta 5% para los mayores niveles de riqueza, e incremento a la tasa sobre ganancias ocasionales por rifas y apuestas, que sube de 20% a 30%.
• Sobretasa para el sector financiero del 35% al 50% y del 15% para la extracción de carbón, junto a un tributo especial del 1% sobre la primera venta o exportación de petróleo crudo y carbón, excepto para pequeños productores.
• Los dividendos enviados al extranjero pasarán de un gravamen del 20% al 30%.
• IVA sobre el componente inflacionario de los rendimientos financieros y sobre el hospedaje a no residentes pretende ampliar la base tributaria sin efecto directo en los sectores populares.

Otras medidas incluían impuestos al consumo de bienes lujosos, como vehículos, yates y motocicletas (del 16% al 19%), a boletas para espectáculos cuyo valor supere los 500 mil pesos, y un IVA especial del 30% a cigarrillos electrónicos.

Aunque se suele asegurar que la presión impositiva es el principal motivo de la falta de competitividad interna, el caso uruguayo demuestra que la problemática en Argentina responde a otro factor clave.

De acuerdo a un informe de IDESA, la idea de continuar recortando el gasto público para generar un espacio que permita reducir impuestos sin afectar el equilibrio fiscal presenta dificultades: “Lleva a un callejón sin salida: es muy difícil bajar el gasto público si la economía no se expande, pero la economía no crece con estos impuestos”.

Pero Uruguay presenta una experiencia exitosa que se podría replicar. El país vecino duplicó su PBI en los últimos veinte años, mientras que la Argentina apenas creció cerca de un 50%. Como resultado, Uruguay registra hoy un PBI per cápita de unos USD 23.000, frente a los aproximadamente USD 14.000 de Argentina.

La brecha también se refleja en los indicadores sociales: la incidencia de la pobreza en Argentina duplica a la de Uruguay. Estas diferencias resultan aún más llamativas si se considera que la presión impositiva en ambos países es muy similar, en torno al 27% del PBI.

“La gran diferencia viene por el lado del tipo de impuestos que los uruguayos aplican. En particular, en Uruguay no hay impuestos altamente distorsivos como Ingresos Brutos, Sellos, Cheques y derechos de exportación”, destacó IDESA.

Una comparación de las estructuras tributarias ayuda a explicar el fenómeno. Según datos de la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS) de Uruguay, y del Ministerio de Economía argentino, la diferencia radica en el peso que tienen los principales tributos dentro de la recaudación total.

En Uruguay, el IVA aporta el equivalente al 9,7% del PBI, mientras que en Argentina representa el 7,4%. Algo similar ocurre con el impuesto a la renta: el tributo equivalente a Ganancias recauda en Uruguay el 7,1% del PBI, frente al 4,5% que aporta en Argentina.

Las cargas sociales también muestran una brecha significativa. En Uruguay generan ingresos por el 9,6% del PBI, casi el doble que en Argentina, donde alcanzan el 5,1%.

“Estos datos muestran que Uruguay es mucho más eficiente en la recaudación de los tres principales impuestos que financian al Estado”, consideró IDESA.

En el caso del IVA, la tasa general en Uruguay es del 22%, apenas por encima del 21% que rige en la Argentina. Sin embargo, su recaudación en relación con el PBI resulta significativamente mayor.

Algo similar ocurre con la alícuota de ganancias de las empresas: en Uruguay es del 25%, mientras que en la Argentina alcanza el 35%. Aun así, el tributo tiene un mayor peso en la recaudación del país vecino.

Las contribuciones a la seguridad social también presentan diferencias. En Uruguay representan entre el 30% y el 35% del salario, mientras que en Argentina llegan a alrededor del 43%. Pese a ello, su participación en los ingresos del Estado es más elevada.

“Con alícuotas similares en IVA e inferiores en Ganancias y cargas sociales logran recaudar más que Argentina. Con estos tres impuestos principales, Uruguay alcanza el 90% de su presión mientras que Argentina recauda sólo el 60% de su presión impositiva”, señaló el informe y consideró que la principal razón de dicha ineficiencia en la recaudación son los impuestos distorsivos.

Por ejemplo, aplicar el impuesto sobre los Ingresos Brutos y el impuesto al cheque erosiona la competitividad y promueve la evasión, haciendo caer la recaudación de todos los impuestos, especialmente el IVA y cargas sociales.

A su vez, el estudio sostiene que los derechos de exportación, más conocidos como retenciones, desalientan la producción y baja la rentabilidad, lo que reduce la recaudación de varios impuestos, especialmente Ganancias.

En la Argentina, analizó IDESA, los impuestos distorsivos aportan de manera directa una porción significativa de la recaudación total, pero al mismo tiempo tienden a reducirla de forma indirecta, ya que incentivan la evasión y desalientan el nivel de actividad económica.

“La principal conclusión es que lo imprescindible no es bajar la presión impositiva, sino mejorar la calidad de los impuestos que la componen”, agregó.

“Continuar reduciendo el gasto público y mejorar la calidad de la gestión es muy importante. Pero no es un requisito que condicione el ordenamiento del sistema tributario. Por el contrario, como lo demuestra la experiencia uruguaya, el principal instrumento para avanzar en una reforma impositiva que aumente la competitividad es que los buenos impuestos sustituyan a los malos impuestos sin necesariamente perder recaudación”, concluyó.

El equipo económico parece estar apuntando a inspirarse en el camino tomado del otro lado del Río de la Plata, teniendo en cuenta que recientemente sumó como asesor a un economista y ex político uruguayo.

“Muy contento de anunciar que Ernesto Talvi, economista de extensa trayectoria y reputación, se ha sumado a colaborar con nuestro equipo económico. Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina”, comunicó el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, a través de su cuenta de X.

Los últimos ajustes fiscales hechos por el Gobierno Petro dentro de la emergencia económica para contrarrestar los efectos de la ola invernal en ocho departamentos redefinieron el panorama tributario de las principales empresas y sectores económicos de Colombia, con un impacto que podría superar los $10 billones anuales.

Las nuevas medidas, adoptadas ante el rechazo de la ley de financiamiento en el Congreso de la República, afectan de forma directa a conglomerados empresariales, universidades y compañías de sectores estratégicos, lo que transforma la carga fiscal y modifica las reglas para la inversión y la operatividad nacional.

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El Ejecutivo recurrió a una serie de decretos y ajustes regulatorios que elevaron los costos tributarios y exigen nuevas obligaciones. Entre estos, se incrementó la retención en la fuente, introduce un nuevo impuesto al patrimonio e impone mayor presión sobre la liquidez empresarial.

Impacto de los nuevos impuestos en las empresas colombianas

Un análisis de El Colombiano revela que, durante 2025, 14 de las mayores empresas de Antioquia hicieron pagos efectivos por impuestos que en conjunto sumaron $6,83 billones. Entre los grupos más afectados destacan:

• Grupo Sura: $1,84 billones.
• Grupo Nutresa: $607.982 millones.
• Mineros: $287.227 millones.
• Grupo Cibest (matriz de Bancolombia): $2,88 billones.
• Grupo Argos: $603.374 millones.
• Almacenes Éxito: $525.938 millones.

Además de estos pagos, las nuevas normas incluyeron un impuesto al patrimonio con tarifas diferenciadas:

• Ecopetrol: con un patrimonio contable de $83,6 billones en 2024, será la compañía que más tribute por concepto de patrimonio, con cerca de $1,3 billones.
• Empresas Públicas de Medellín (EPM): deberá afrontar un pago de $162.000 millones.
• Reficar: tendrá que desembolsar $137.500 millones,
• Grupo Aval e ISA: verán gravámenes ajustados a su sector, del 1,6% para actividades financieras y minero-energéticas, y del 0,5% para el resto.

Dentro de los patrimonios más altos figuran, además, el Grupo Energía de Bogotá, Grupo Bicentenario y Cenit Transporte. El impuesto al patrimonio aplica a los que superan los 200.000 unidades de valor tributario (UVT), cerca de $10.400 millones, en patrimonio líquido, lo que fija pagos de hasta $287.499 millones para el Grupo Aval.

La suma de estas nuevas obligaciones modifica la estructura financiera de las organizaciones e impacta sus decisiones de inversión.

Ajustes regulatorios en Colombia

Luego del fracaso de la ley de financiamiento, el Gobierno desplegó varios decretos clave. El Decreto 175 de 2025 impuso un IVA del 19% a los juegos de azar en línea, tanto dentro del país como desde el exterior. También fijó un impuesto especial del 1% sobre la primera venta o exportación de hidrocarburos y carbón en la región del Catatumbo.

El Decreto 572 de 2025 aumentó las tarifas de retención en la fuente en distintos sectores económicos. El tributarista Julio César Leal explicó al medio que el incremento obliga a las empresas a anticipar fondos al fisco, lo que reduce la liquidez y genera saldos a favor que solo se pueden recuperar luego de declarar y solicitar la devolución, proceso que puede tomar más de 50 días.

Otros decretos profundizaron los cambios:

• Decreto 0763 de 2024 y Decreto 1428 de 2025: eliminaron subsidios a la gasolina y ACPM, aumentando los costos de transporte y distribución, situación que afectó a la industria.
• Decreto Legislativo 1474 de 2025: aunque suspendido, planeaba establecer un IVA del 19% para licores, vinos y aperitivos y bajar el umbral de importaciones que pagan IVA, de USD200 a USD50.
• Decreto 0044: establecerá una contribución parafiscal del 2,5% sobre las utilidades de 2025 para fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. También se incluye una obligación para las generadoras hidráulicas de entregar un 12% de la energía vendida en el mercado mayorista como contraprestación tributaria.
• Decreto 0173 de 2026: crea un impuesto adicional del 0,5% sobre patrimonios líquidos mayores a 200.000 UVT.

Qué dicen los expertos sobre la nueva carga fiscal

Al respecto, el director de la Iberoamericana de Nacionalidades, Andrés Chamás, resaltó a El Colombiano que el impacto real para las empresas colombianas no deriva solo de tributos directos, sino de la eliminación de deducciones, nuevas cargas sectoriales y mayores costos regulatorios. Afirmó que el efecto podría oscilar entre $5 billones y $10 billones anuales adicionales según el sector, lo que afecta la estructura de costos y las decisiones de inversión.

Leal sostiene que el alza en la retención en la fuente posterga la disponibilidad de recursos para el funcionamiento empresarial, prolongando los procesos requeridos para recuperar saldos fiscales.

Por su parte, el economista de la Universidad de los Andes Germán Machado dijo a La República que el impuesto al patrimonio es perjudicial para la inversión y el crecimiento económico. Señaló que la figura “no existe prácticamente en ningún lugar del mundo, salvo en Suiza, donde la tarifa es 20 veces más baja que la impuesta en Colombia”. Machado insistió en que las compañías enfrentarán un fuerte golpe en su flujo de caja y en la planeación financiera y que trasladarán parte de estos costos a sus compradores.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina Vélez, también alertó sobre la tendencia de algunas empresas a trasladar producción fuera del país debido a la carga impositiva, especialmente cuando no es posible transferir todos los costos al consumidor final.

En respuesta a la emergencia económica, social y ecológica declarada el 11 de febrero de 2026 en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó —provocada por un frente frío que desbordó ríos, destruyó viviendas, vías y centros educativos— el Gobierno nacional firmó siete nuevos decretos legislativos el 12 de marzo.

El paquete abarca desde impuestos nuevos hasta créditos sin intereses, pasando por alivios para deudores bancarios y facultades especiales para alcaldes y gobernadores.

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El Decreto 0241 adiciona el Presupuesto General de la Nación en $8,682,063,516,112 de pesos. En términos sencillos: el Estado abrió una chequera extraordinaria porque el presupuesto ordinario, que tenía apenas 668,421 millones destinados a desastres, ya estaba comprometido en su totalidad.

Ese dinero nuevo se distribuye entre sectores concretos: 1,17 billones van a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para rehabilitación temprana; 1,69 billones al sector agropecuario para tierras, pesca y producción rural; 1 billón a educación, donde se reportan daños en 657 sedes escolares y 15 instituciones de educación superior; 1,32 billones a vivienda para reasentar familias; 626,000 millones a carreteras y puentes destruidos,

También hay destinados 455,000 millones a salud para atender hospitales dañados y el aumento en la demanda de atención médica; y 878,000 millones para agua potable y saneamiento básico. La UNGRD coordinará la ejecución de los recursos asignados a las entidades.

El Decreto 0240 crea dos tributos temporales. El primero es un impuesto al consumo del 16% sobre los depósitos que los usuarios realicen en plataformas de juegos de azar operadas exclusivamente por internet, tanto desde Colombia como desde el exterior.

La base gravable será el total de las apuestas menos los premios pagados en cada bimestre. El segundo es un impuesto de normalización tributaria del 19% para quienes tengan bienes ocultos o subvalorados ante la DIAN al 1 de abril de 2026.

Declarar esos activos no genera investigación penal ni sanciones en renta o IVA, pero el decreto es explícito: la medida no legaliza bienes de origen ilícito ni extingue responsabilidades penales si se acredita ese origen. Ambas cargas cesan al final de la vigencia fiscal. Adicionalmente, el decreto extiende el impuesto al patrimonio —creado por el Decreto 173 de 2026— a sucursales de empresas extranjeras, que hasta ahora no lo pagaban pese a tener patrimonio comparable al de las sociedades nacionales.

El mismo decreto abre una ventana hasta el 30 de abril de 2026 para que contribuyentes en mora se pongan al día: pagan el 100% de la deuda principal, los intereses a una tasa reducida del 4,5% anual y únicamente el 15% de las sanciones acumuladas. Quienes prefieran conciliar litigios activos ante la jurisdicción contencioso-administrativa tienen plazo hasta el 30 de junio, pagando el impuesto completo y entre el 15% y el 20% de sanciones e intereses según la instancia en que se encuentre el proceso.

El Decreto 0244 autoriza al Fondo Nacional de Garantías y al Fondo Agropecuario de Garantías a respaldar hasta el 90% de créditos nuevos que no superen 120 salarios mínimos mensuales, siempre que la tasa cobrada no exceda el Indicador Bancario de Referencia más 6 puntos porcentuales. El Gobierno asume el costo de esa garantía.

Para micro, pequeñas y medianas empresas, Bancóldex podrá otorgar créditos directos a tasa cero. Si el beneficiario incumple las condiciones pactadas, pierde los beneficios de manera automática y el crédito pasa a condiciones de mercado.

Los bancos agremiados en Asobancaria se comprometieron a ofrecer periodos de gracia, suspender temporalmente el cobro de intereses y abstenerse de reportar negativamente a centrales de riesgo a los clientes en las zonas declaradas en emergencia.

Gobernadores y alcaldes de los departamentos afectados reciben atribuciones especiales para imponer tributos locales o reasignar partidas presupuestales con el fin de atender necesidades inmediatas.

Por último, un decreto adicional ordena y estandariza el procedimiento para devolver el IVA y el Impuesto Nacional al Consumo a misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en Colombia, en el marco de la emergencia.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, de Andreis abordó el debate sobre el rumbo fiscal y la capacidad del Estado para generar condiciones favorables a la inversión privada. Explicó que, si bien el PRO acompaña las reformas en el Congreso, mantienen una postura crítica respecto del ritmo en la reducción de cargas tributarias.

El diputado fue enfático al describir la preocupación central de su espacio: “Si te puedo decir algo que me preocupa personalmente y nos preocupa como espacio y como bloque, es que no están bajando los impuestos a la velocidad que nos gustaría. Y con esto no estoy pretendiendo marcarle la cancha ni correr a nadie, pero es imperioso bajar impuestos”.

De Andreis argumentó que la reforma fiscal debe ser mucho más profunda y que existe un “espacio de mejora muy grande” en materia de presión tributaria. “En la reforma laboral, el impuesto a la ganancia entró al Senado con creo que un 25% terminó saliendo de vuelta en 35%. Eso tiene que bajar. Los impuestos provinciales, los impuestos municipales, las tasas, el famoso costo argentino”, detalló el legislador.

“En materia impositiva y tarifaria hay un espacio de mejora muy grande y eso es fundamental para destrabar la economía argentina”, insistió. Según de Andreis, la carga fiscal no sólo afecta al sector agroindustrial sino a todos los productores: “Hoy a un productor del interior, de cualquier cosa, no solo el agroindustrial, el industrial, el siderúrgico, para llegar al puerto tiene enormes desafíos y costos muy altos, de vuelta, impositivos y de infraestructura. Las rutas, a las rutas les falta mucha mejora”.

Consultado sobre el próximo evento del PRO, de Andreis anticipó: “El 19 nos vamos a encontrar, ver que somos un montón, tres gobernadores, decenas de intendentes, cientos de parlamentarios, un bloque nacional también importante y un montón de dirigentes que quieren trabajar para transformar la Argentina”.

El diputado enfatizó que el foco estará puesto en los gobiernos locales y la reconstrucción partidaria: “Vamos a preparar a más de cien candidatos a intendentes en las principales ciudades de Argentina, donde el espíritu es la reconstrucción del partido de abajo para arriba”.

Reconoció el desafío de consolidar una alternativa al oficialismo y recuperar banderas propias: “Muchas de nuestras banderas nos las afanó Milei, pero trabajamos para que eso sea temporal. Nosotros tenemos que recuperar esas banderas para poder ofrecernos frente a la ciudadanía y que nos elijan. El PRO es un partido de poder que aspira a gobernar, a transformar. Su característica principal es la gestión”.

De Andreis describió el momento interno: “Este no es un año electoral. Argentina arrastra décadas de problemas muy serios, con una pobreza enorme, con un estancamiento, no se crea empleo privado. Bueno, todo lo que vos ya sabés, sobre todo en materia económica. Entonces, es un fino equilibrio entre la construcción de una alternativa y el acompañamiento a un gobierno donde compartimos el rumbo”.

El diputado también fue consultado sobre la frase de Javier Milei, quien dijo: “A mí no me van a llevar puesto como a Macri”. De Andreis respondió: “Mauricio Macri es una persona a la que no se la han llevado puesto nunca. Como presidente de Boca, como jefe de gobierno, donde algunos recordarán el episodio del Indoamericana, donde nos vaciaron de seguridad, un momento muy sensible. Terminó su mandato. Mauricio Macri estuvo catorce días secuestrado en un pozo donde cada dos por tres le decían que lo iban a matar y no se lo llevaron puesto. Razón por la cual yo no estoy para nada de acuerdo con que se lo hayan llevado puesto”.

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Durante el acto de homenaje a las víctimas del 11M, Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, dirigió un mensaje a los empresarios instándolos a sumarse a iniciativas de protección social en lugar de solicitar reducciones de impuestos, especialmente en el contexto de la crisis internacional derivada del conflicto en Irán. De acuerdo con lo publicado por diversos medios y destacado por la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, García centró sus palabras en la propuesta de Juan Roig, presidente de Mercadona, quien sugirió recientemente aplicar una rebaja del IVA de los alimentos al 0% ante la inestabilidad provocada por la guerra en Oriente Próximo. En el evento, organizado junto con los sindicatos CC.OO. y UGT, García cuestionó que tales exigencias tributarias provengan de responsables empresariales cuyos resultados anuales reportan beneficios de 1.500 millones de euros.

Según detalló el medio, la titular de Sanidad expuso que las circunstancias actuales requieren que quienes encabezan grandes empresas asuman responsabilidades solidarias ante la sociedad, en vez de centrarse únicamente en ventajas impositivas. "Esos mismos empresarios podían ponerse del lado de la paz y podían ponerse del lado de la protección y de los escudos sociales de la ciudadanía", afirmó durante su intervención. García calificó de estratégica la decisión sobre el papel que desempeñan estas compañías, remarcando que algunos actores económicos se benefician de situaciones de inestabilidad y guerra.

Tal como consignó la fuente original, las palabras de la ministra incluyeron una crítica explícita a determinados sectores empresariales por adoptar posturas que, según su interpretación, se colocan sistemáticamente de espaldas a las necesidades de la población, como ocurrió en el pasado con el salario mínimo interprofesional. García afirmó: "A esos empresarios les esperamos también en el lado bueno de la historia", en referencia a la expectativa de que asuman un rol más constructivo en circunstancias adversas.

El acto sirvió también para que la representante del Ministerio de Sanidad dirigiera críticas hacia los partidos de derecha, a quienes responsabilizó de haber votado en contra del decreto del escudo social. Según García, este conjunto de medidas habría facilitado la contención de la escalada de precios y contribuido a proteger a la población ante determinados abusos por parte de quienes, dijo, pretenden sacar rédito de tragedias colectivas. En su alocución, subrayó la relevancia de mantener estrategias gubernamentales que prioricen la defensa de la ciudadanía ante contextos de conflicto y presión económica.

El medio puntualizó que García expresó confianza en que el Ejecutivo impulsará próximamente un nuevo escudo social centrado en el derecho a la vivienda. Manifestó su intención de promover acciones que permitan la prórroga de contratos de alquiler y eviten los desahucios como una de las primeras medidas para garantizar la protección de la sociedad. "Vamos a seguir empujando para que el gobierno haga medidas para prorrogar esos contratos de alquiler y para que no se pueda desahuciar a nadie en este país como una primera medida para proteger a los ciudadanos", insistió la ministra, reiterando el compromiso de presionar al Gobierno para ampliar las medidas existentes.

Al concluir su intervención, García valoró la postura del Ejecutivo ante el conflicto internacional de Irán, señalando que el Gobierno defendió abiertamente el lema 'No a la guerra' y, según la ministra, actuó así atendiendo al sentir mayoritario de la sociedad española. Según recopiló la fuente, la ministra subrayó que la respuesta oficial ante la escalada bélica se ha alineado con la demanda de protección social y pacifismo que atribuye a la ciudadanía.

El evento, convocado por la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo con el respaldo de CC.OO. y UGT, se desarrolló como espacio de memoria y reivindicación, donde la titular de Sanidad aprovechó para trasladar el debate social y económico al primer plano de la agenda política, reclamando una mayor implicación de los distintos sectores empresariales en la defensa de los intereses colectivos frente a periodos de incertidumbre.

El Ministerio de Hacienda ha intensificado su plan de acción para perseguir a los influencers que obtienen beneficios con negocios precedentes de España pero que trasladan su residencia a países como Andorra o Dubai. El nuevo Plan de Control Tributario 2026, publicado en el último Boletín Oficial del Estado, hace especial hincapié en el control de “los nuevos modelos de negocio surgidos en torno a las redes sociales, así como a la utilización de cuentas en entidades financieras digitales (neobancos) para ocultar rentas o patrimonios en el exterior”.

Según ha especificado el Ministerio de Hacienda, a raíz del auge de las redes sociales han surgido nuevas tipologías de negocios como el marketing de la influencia, un modelo basado en la colaboración entre marcas y personas con capacidad de generar impacto en las decisiones de consumo de sus seguidores, conocidas como influencers.

“A través de publicaciones patrocinadas, reseñas de productos o participación en eventos promocionales, estos creadores de contenido proporcionan a las marcas una mayor visibilidad, credibilidad y alcance en entornos digitales altamente segmentados”, explica Hacienda en el BOE.

Además, señala que, dado que se trata de “un sector en auge y cada vez más consolidado”, continuarán profundizando en el análisis y verificación de su correcta tributación, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de estas nuevas actividades económicas derivadas del entorno digital.

Willyrex y Vegetta777 en la mira

Esta advertencia de la Agencia Tributaria surge tres meses después de conocerse la lucha abierta entre Hacienda y los youtubers Guillermo Díaz, conocido como Willyrex, y Samuel de Luque, (Vegetta777), enfrentados con en ente fiscal por su obligación de tributar en España en los ejercicios de 2016 y 2017, pese a haber fijado su residencia en Andorra.

Los creadores de contenido, pioneros del mundo YouTube en España, cuentan con una audiencia masiva de unos 17,2 millones y 34,5 millones de seguidores respectivamente. Al igual que otros youtubers y creadores de contenido se trasladaron a Andorra -después de haber vivido en España y Estados Unidos-, generando un intenso debate social sobre la responsabilidad fiscal de las figuras públicas.

El núcleo del conflicto se sitúa en la interpretación de los criterios de residencia fiscal, ya que, según la defensa de los dos creadores de contenido, la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) reconoce que ambos permanecieron más días en Andorra que en España durante los ejercicios investigados y que su actividad profesional como creadores de contenido audiovisual se desarrollaba desde estudios ubicados en el Principado.

Hacienda, por su parte, sostiene que la obligación de tributar en España se mantiene al considerar que el centro de intereses económicos seguía vinculado al país durante ese periodo transitorio. Los abogados de Willyrex y Vegetta777, Marc Urgell e Iñaki Picaza, han calificado las resoluciones del TEAC como “un auténtico sinsentido tributario”.

En su argumentación, sostienen que se pretende que sus clientes paguen impuestos en un país en el que ya no viven ni trabajan, ignorando tanto su residencia efectiva como el lugar desde el que desarrollan su actividad económica. A su juicio, esta interpretación contradice los principios básicos del derecho tributario internacional y los convenios para evitar la doble imposición.

Cada año, cuando llega la temporada de declaración de renta, muchos colombianos se enfrentan a la misma pregunta: ¿qué hago con mi seguro de pensión voluntaria? ¿Declaro todo lo que he pagado? ¿Lo que espero recibir cuando me jubile? ¿Una parte de los fondos que maneja la aseguradora?.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) respondió esa pregunta en el Concepto 000452 del 19 de enero de 2026, y la respuesta es más concreta de lo que muchos esperaban. Informan que solo debe declararse el valor de rescate de la póliza. Nada más.

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Antes de entrar en el detalle, conviene recordar qué es el patrimonio bruto. Según el Estatuto Tributario, es la suma de todos los bienes que una persona posee al 31 de diciembre de cada año y que pueden convertirse en dinero. Ahí entran las cuentas bancarias, los inmuebles, los vehículos y, por supuesto, los ahorros en productos financieros como los seguros de pensión voluntaria.

El problema con estos seguros es que su valor no es tan sencillo de calcular como el saldo de una cuenta de ahorros. Las aseguradoras reciben primas, las invierten, cobran costos de administración y garantizan pagos futuros. ¿Cuál es entonces la cifra real que le pertenece al ahorrador al cierre del año?

La Dian parte del artículo 271 del Estatuto Tributario, que establece que el valor patrimonial de un título debe reflejar su costo más el rendimiento acumulado o, si se negocia en bolsa, su valor promedio de mercado. Para los seguros con componente de ahorro, esa lógica lleva directamente al valor de rescate.

El Concepto 000452 es preciso en este punto. Según la Dian, “el único valor apreciable en dinero, cierto y exigible, es el valor de rescate de la póliza”. Por eso concluye que “el valor que la persona natural partícipe debe incluir en su declaración del impuesto sobre la renta como patrimonio bruto, corresponde al valor de rescate o valor de rescisión de la póliza de seguro con componente de ahorro, determinado a 31 de diciembre del respectivo año gravable”.

No sirve reportar la suma histórica de todas las primas pagadas. Tampoco el monto proyectado que recibirá en la jubilación. La entidad exige reflejar la realidad económica del último día del año: el dinero del que podría disponer de inmediato si cancelara el contrato.

El segundo punto del concepto es igual de relevante. Se refiere alas reservas técnicas de las aseguradoras quedan por fuera del patrimonio del contribuyente.

Las compañías de seguros están obligadas por ley a apartar una parte del dinero que reciben de sus clientes en grandes fondos de garantía. Esos recursos sirven para asegurar que la empresa pueda pagar todas las pensiones futuras, incluso si los mercados van mal.

Antes de este pronunciamiento, existía la duda de si cada ahorrador debía calcular qué porcentaje de esas reservas le correspondía y sumarlo a su declaración.

La Dian lo descarta sin ambigüedades: “los valores acumulados en la póliza que corresponden a reservas técnicas de la aseguradora no constituyen, por sí mismos, un derecho patrimonial autónomo en cabeza del partícipe, razón por la cual no deben ser incluidos en la declaración del impuesto sobre la renta como patrimonio bruto”.

Ese dinero pertenece a la aseguradora, no al cliente. No está disponible ni es exigible por el ahorrador, por lo que no tiene por qué aparecer en su declaración. Incluirlo inflaría artificialmente el patrimonio declarado y podría generar una carga tributaria sobre recursos que el contribuyente no puede tocar.

Hay un tercer aspecto que el concepto aborda y que representa un alivio concreto para quienes tienen este tipo de productos: el crecimiento anual del valor de rescate.

En Colombia, la Dian cruza el patrimonio declarado de un año con el del siguiente. Si la diferencia es muy grande y el contribuyente no puede explicar de dónde salió ese dinero, la entidad asume que hubo ingresos no declarados y aplica un impuesto sancionatorio. Ese mecanismo se conoce como renta por comparación patrimonial.

Con los seguros de pensión, el valor de rescate crece cada año de forma natural por los rendimientos del mercado. La pregunta era si ese crecimiento activaba el mecanismo sancionatorio. La Dian responde que no: “el incremento del valor de rescisión de la póliza corresponde a la evolución del mismo derecho patrimonial ya declarado, razón por la cual no configura, por sí mismo, un ingreso adicional distinto o autónomo que deba someterse al mecanismo de renta por comparación patrimonial”.

Cada quincena o final de mes, millones de colombianos reciben su pago y encuentran en el desprendible de nómina un descuento llamado “retención en la fuente”. Para muchos, ese renglón genera confusión o incomodidad. Sin embargo, comprender cómo funciona este mecanismo puede marcar una diferencia real en el bolsillo mensual.

El primer punto que hay que dejar claro es que la retención en la fuente no representa un cobro nuevo ni un castigo fiscal. Se trata del Impuesto sobre la Renta pagado de manera anticipada, en cuotas mensuales.

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En lugar de que el trabajador reciba su salario completo durante todo el año y luego enfrente una cuenta grande al momento de declarar renta, el Estado colombiano —a través de la Dian— le encarga al empleador que descuente ese valor mes a mes. Al finalizar el año, lo retenido quedará registrado como un abono a lo que se adeude en la declaración de renta.

La retención no se calcula sobre el salario que figura en el contrato. La ley establece que el descuento solo comienza cuando una cifra llamada “base gravable depurada” supera las 95 Unidades de Valor Tributario (UVT). Con la UVT fijada por la Dian en $52.374 para 2026, ese umbral equivale a $4.975.530 mensuales.

Para calcular esa base gravable, el proceso es escalonado. Al salario total del mes se le restan, primero, los aportes obligatorios a salud (4%) y pensión (4%), más el Fondo de Solidaridad Pensional si aplica. Luego se descuentan las deducciones permitidas por ley —intereses de crédito de vivienda, medicina prepagada, dependientes económicos—.

Después se resta lo aportado a pensiones voluntarias o cuentas AFC. Finalmente, sobre lo que queda, la ley concede automáticamente una exención adicional del 25%, conocida como renta de trabajo exenta, amparada en el Artículo 206 del Estatuto Tributario.

Si tras ese recorrido matemático el resultado supera $4.975.530, entra en juego la tabla progresiva del Artículo 383 del Estatuto Tributario, que va desde el 0% hasta el 39% según el nivel de ingresos. En la práctica, una persona generalmente comienza a ver descuentos por este concepto cuando su salario bruto ronda entre $6.000.000 y $6.500.000 mensuales, dependiendo de los alivios que reporte.

El Artículo 387 del Estatuto Tributario reconoce el derecho de los trabajadores a informar ciertas situaciones personales y financieras al área de nómina de su empresa, para que sean tenidas en cuenta al calcular la retención mensual. Estos son los principales:

1. Dependientes económicos: se pueden reportar hasta cuatro personas que dependan financieramente del trabajador. Aplica para hijos menores de 18 años, hijos entre 18 y 23 años que estudien y no generen ingresos propios, y cónyuge, padres o hermanos sin capacidad económica comprobada o con discapacidad física o mental.
2. Medicina prepagada o pólizas de salud: los pagos por estos planes —para el trabajador, su cónyuge o sus hijos— son deducibles hasta un tope de 16 UVT mensuales, equivalentes a $837.984 en 2026.
3. Intereses de crédito de vivienda: quienes paguen un crédito hipotecario o leasing habitacional para su residencia pueden descontar los intereses o costos financieros mensuales. El límite es de 100 UVT al mes, es decir, $5.237.400 en 2026.

Existe, no obstante, un techo general: la suma de todas las deducciones y rentas exentas —incluido el 25% legal— no puede superar el 40% del ingreso neto mensual, con un límite anual de 1.340 UVT.

El empleador actúa como Agente Retenedor por mandato legal y tiene la obligación de transferir lo descontado directamente a la Dian. Al cierre del año, entregará al trabajador el Formulario 220 con el resumen de lo retenido. Cuando se presente la declaración de renta en 2027, esa suma figurará como un saldo a favor para cubrir el impuesto total del año.

“Estamos prendiendo velas a la coparticipación”, afirmó a Infobae un importante gobernador que tiene diálogo con la Casa Rosada. Se trata de un diagnóstico de urgencia que marcan prácticamente todos los mandatarios provinciales del país: que cada vez se hace más difícil dar incrementos a empleados estatales, docentes y fuerzas policiales. “Nadie gana bien y estamos administrando pobreza”, reconoce otro.

En las últimas semanas, se realizaron diferentes protestas de las policías provinciales por pedidos de incremento salarial. En Santa Fe se resolvió otorgando un incremento de todos los salarios por arriba de la canasta básica total; en tanto, en Jujuy, el caso más reciente, se acordó un aumento del 10 %, con actualización del salario mínimo y las sumas de cobros adicionales. Esto promete replicarse en otros territorios y en diversos rubros estatales.

Hay gobernadores que, ante esta situación, indican en off the record que les gustaría impulsar, en conjunto con Nación, una suerte de Pacto Fiscal para el 2026. “Yo estoy hasta las manos con las cuentas. Pero me parece una apuesta interesante que si nos ponen en el desafío de bajar impuestos, que sea todos juntos y de manera coordinada”, marcó uno de ellos, en diálogo con Infobae. Algunos de sus pares abonan a esa idea. Otros creen que no hay margen.

Quienes tienen interés de que existan conversaciones con Nación indican que se deberían revisar Ingresos Brutos, el Impuesto al Cheque y las Declaraciones por Exportaciones (DEX).

Este medio conversó con fuentes gubernamentales al respecto. Sorprendidos, marcan que “siempre está bueno bajar impuestos y este Gobierno viene para eso”, pero que “ya se bajaron un montón y mandamos una baja de Ganancias hace poco en la reforma laboral”, la cual fue uno de los puntos en la cual la gran mayoría de los gobernadores se abroquelaron para rechazar. “¿Ahora resulta que varios están para un pacto fiscal?”, remata una fuente inobjetable.

El artículo 190 de la versión original del proyecto de Modernización Laboral establecía una reducción de tres puntos porcentuales en la alícuota del Impuesto a las Ganancias que pagan las grandes empresas. La iniciativa apuntaba a equiparar la carga tributaria local con la de otros países de la región y, según el argumento oficial, a mejorar la competitividad y estimular la inversión privada.

Desde la Casa Rosada argumentaban que la rebaja de Ganancias tendría un costo fiscal del 0,65 % del PBI, que recaería en un 0,5 % para Nación y 0,15 % en las provincias. Pero advirtieron que esta caída se vería compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serían formalizados. Pese a esto, desde varias jurisdicciones plantearon que la reducción no contaba con una compensación clara. Es decir, no estaban dispuestos a tomar el riesgo.

“Sacando alguna excepción, porque puede que alguna provincia haya bajado algo de gasto, si vos mirás a nivel macro consolidado desde 2023 para acá, el gasto nacional bajó casi cinco puntos del PIB, mientras que las provincias y municipios nada. Haciendo un análisis serio, los que tienen que empezar a bajar gasto y impuestos son ellos”, marca una fuente que trabaja con el Presidente.

Es decir, no hay planes en el Gobierno para impulsar esto. Por lo pronto, Milei dijo explícitamente en su discurso de la Apertura de Sesiones Ordinarias que hay que “reformar el esquema impositivo” y que “como tantas veces hemos dicho, necesitamos menores impuestos, porque el sistema tributario tiene que servir al crecimiento; no al recaudador de turno”. Altísimos colaboradores del Presidente no dijeron si esta cuestión forma parte de algunos de los primeros paquetes de reformas que se prevén enviar al Congreso. Parece que incluso prevén esperar a que exista cierto rebote de la recaudación.

Infobae informó a comienzos de año que el Gobierno habló con emisarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) sobre que las únicas rebajas de impuestos que el Gobierno contemplaba para este año serían las incluidas en la iniciativa laboral y de que, en caso de que el margen fiscal se amplíe, podrían evaluarse medidas sectoriales.

En el Poder Ejecutivo reconocen que están “medio justos” con el equilibrio fiscal. “No seguimos avanzando con más bajas de impuestos, pero en cuanto tengamos más superávit lo vamos a hacer. Más allá del presunto pacto fiscal, la baja del impuesto a las ganancias de las empresas era importante para nosotros porque permitía generar trabajo. Las empresas que vienen de afuera miran cuánto tienen que pagar y lo comparan con un país más grande, con mejor infraestructura y más productivo como Estados Unidos, que tiene veintipico de Ganancias, y ya arrancás perdiendo seis a cero”,

“Nosotros estamos para cualquier cosa. No creo que los gobernadores sinceramente lo estén”, rematan.

Un informe reciente del think tank Instituto Argentina Grande marca que producto de la caída de la recaudación de los últimos dos años, cayeron los recursos tributarios de origen nacional (los recursos coparticipados) que reciben las provincias. Pero además, cayeron las transferencias no automáticas que hace el gobierno (con la excepción de CABA por fallo judicial como compensación por la disputa por la coparticipación). La diferencia acumulada de ingresos de origen nacional a las provincias entre 2024 y 2026 contra 2023 es de 15,3 billones de pesos.

El Gobierno comenzó a proponer diferentes eliminaciones de impuestos provinciales y municipales a través de diferentes vías. Días atrás, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, propuso quitar el impuesto a las patentes para vehículos con más de 15 años de antigüedad y modificar el ABL.

La provincia de Buenos Aires no fue una excepción en los planes libertarios. A través de Sebastián Pareja, el espacio violeta propuso eliminar o reducir más de 270 tasas y trámites municipales en 116 distritos bonaerenses, con el objetivo de aliviar la carga fiscal que afecta a pymes, productores, comercios y consumidores.

El plan impulsado por los bloques de concejales libertarios contempla la eliminación de 138 tasas, la reducción de otras 120 y la simplificación de 11 trámites, junto a 6 recomendaciones, abarcando tanto tributos de gran incidencia económica como aquellos calificados como “insólitos” dentro del propio proyecto. Entre los ejemplos citados en la propuesta se encuentra la “tasa COVID”, implementada en Morón durante la pandemia y aún vigente, la tasa por movimiento de ganado en Carlos Tejedor con una recaudación estimada en 600 millones, y la tasa para desinfección de remises, taxis y combis en Cañuelas.

En lo que refiere a la cuestión mayormente económica, el think tank que comanda políticamente Santiago Caputo, la Fundación Faro, creó un “Consejo de la Libertad”, el cual consta de 24 referentes de los territorios subnacionales que van a impulsar reformas libertarias en las provincias y en los municipios.

Aunque se entiende que puede haber medidas de corte político, esta área es presidida por Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y una de las personas de mayor confianza del ministro Luis Caputo, por lo que se entiende que el componente tributario será tenido en cuenta. El mismo Milei lo anunció medio año atrás durante un encuentro de la Fundación Faro. “A través del Consejo de la Libertad se van a crear faros que funcionen a nivel local encargados de iluminar hasta el último rincón de la Argentina con las ideas de la libertad”, marcó.

La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió amparar los derechos al debido proceso y a la igualdad del Distrito de Santiago de Cali y del municipio de Yopal, al resolver dos acciones de tutela interpuestas contra decisiones de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que habían anulado acuerdos territoriales relacionados con la tarifa del impuesto de industria y comercio (ICA).

La decisión quedó consignada en la Sentencia SU-047 de 2026, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, y establece que las ciudades capitales que opten por aplicar el régimen del ICA del Distrito Capital no están obligadas a replicar exactamente la tarifa fijada por el Concejo de Bogotá, siempre que el porcentaje que definan tenga en cuenta las particularidades tributarias de su territorio.

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La Corte estudió de manera conjunta los expedientes T-10.982.711 y T-11.475.088, correspondientes a las tutelas promovidas por las administraciones de Santiago de Cali y Yopal contra providencias judiciales del máximo tribunal contencioso administrativo.

En su decisión, la Sala Plena determinó revocar las sentencias ordinarias del 4 de julio y del 1º de agosto de 2024, emitidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Esos fallos correspondían a dos expedientes en los cuales se había declarado la nulidad de normas locales que incrementaban la tarifa del ICA por encima de la fijada para el Distrito Capital.

Sin embargo, tras el análisis constitucional, la Corte resolvió dejar sin efectos las sentencias proferidas y ordenó a ese despacho emitir nuevos fallos que tengan en cuenta los criterios fijados en la providencia constitucional.

Alcance del régimen de ciudades capitales

El caso analizado por la Corte tiene como antecedente la aplicación del artículo 14 de la Ley 2082 de 2021, norma que creó la categoría municipal de ciudades capitales y estableció facultades para que estas entidades adopten disposiciones tributarias similares a las del Distrito Capital. El texto de esa disposición establece: “Los Concejos de las ciudades capitales podrán adoptar, a iniciativa del alcalde y acorde con las realidades tributarias de la ciudad capital, las normas que rigen para el Distrito Capital de Bogotá en materia de impuesto predial unificado y de industria y comercio, en lo que no contrarie las disposiciones de tipo constitucional sobre la materia”.

Con base en esa facultad, el Concejo de Santiago de Cali expidió el Acuerdo 0529 de 2022, mediante el cual se modificaron normas del estatuto tributario distrital, incluyendo disposiciones relacionadas con el impuesto de industria y comercio. En el proceso de nulidad simple que posteriormente llegó al Consejo de Estado, se cuestionó que el acuerdo hubiera fijado una tarifa superior a la establecida por el Concejo de Bogotá para el mismo tributo.

La Sección Cuarta del alto tribunal contencioso consideró que las ciudades capitales que adoptan el régimen del Distrito Capital debían aplicar las mismas tarifas vigentes en esa ciudad, criterio que llevó a la anulación de las disposiciones aprobadas en los territorios demandados.

No obstante, al resolver las tutelas, la Corte Constitucional concluyó que esa interpretación desconocía el alcance de la norma legal y la autonomía fiscal de las entidades territoriales. De acuerdo con la decisión, “las ciudades capitales que decidan acogerse al régimen de ICA que aplica para el Distrito Capital no están limitadas por la tarifa que fija el Concejo de Bogotá, siempre que la tarifa que determinen atienda a las particularidades tributarias de la entidad territorial”.

Como consecuencia del fallo, la Sala Plena dispuso que la Sección Cuarta del Consejo de Estado deberá volver a pronunciarse sobre los casos analizados. La orden judicial establece que el alto tribunal tendrá un plazo de treinta días, contados a partir de la notificación de la sentencia, para emitir nuevas decisiones que tengan en cuenta lo dispuesto en la parte motiva de la providencia constitucional.

La votación en la Sala Plena fue de ocho votos a favor y uno en contra. De acuerdo con el registro de la decisión, salvó su voto el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, mientras que los magistrados Carlos Camargo Assis, Vladimir Fernández Andrade y Miguel Polo Rosero presentaron aclaraciones de voto.

El Decreto 0234 de 2026, impuesto por el Gobierno colombiano para rediseñar la negociación colectiva entre empresas y sindicatos, sería inconstitucional y atentaría contra los convenios internacionales sobre trabajo, según la firma legal Chapman Wilches, que anunció una demanda de nulidad con solicitud de suspensión provisional.

El centro de la nueva polémica reside en que la norma pretende habilitar la negociación sindical en niveles superiores al de empresa —tales como grupos empresariales, industrias o incluso ámbitos geográficos locales— mediante regulación ejecutiva y no mediante el proceso legislativo que exige la ley colombiana y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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Para el abogado Charles Chapman López, esto constituye un vicio de inconstitucionalidad esencial en el propio diseño del decreto. La firma sostiene que, pese a las referencias invocadas en el texto oficial, ni la Constitución de Colombia ni las leyes citadas otorgan facultades para alterar de modo unilateral el modelo clásico de negociación colectiva. Cualquier cambio debería pasar por el Congreso y no por un decreto ejecutivo, como el promulgado por el Gobierno de turno.

Impacto en empresas y trabajadores

Uno de los argumentos centrales denunciados es el efecto de “carrusel de negociaciones” que —a falta de límites de fases y tiempos— podría sumergir a empresas y trabajadores en discusiones sindicales permanentes. La firma advierte que el decreto permite encadenar una negociación en la empresa con otra a nivel de grupo empresarial, seguida de una negociación bajo el paraguas de industrias completas, y así sucesivamente, incluso, llegando al ámbito local o departamental.

Dicha estructura, sin topes regulatorios, podría derivar en una proliferación infinita de instancias de negociación. Según la presentación de la compañía, “en consecuencia, cualquier nivel cabe”, lo que genera inseguridad y desgaste tanto para las empresas —que enfrentarían “un desincentivo para la creación de grupos empresariales”— como para los trabajadores, atrapados en un proceso institucionalizado de negociaciones sin fin.

Representatividad y democracia sindical

Otro foco de crítica reside en que el decreto no establece ningún umbral mínimo de representación sindical para que un sindicato pueda presentar pliegos de peticiones en nombre de un sector. El documento advierte que organizaciones minoritarias, con apenas “25 trabajadores afiliados a una rama específica”, tendrían capacidad legal para activar una negociación sectorial obligatoria, aunque existan 100.000 empleados en el mismo sector.

Surge entonces la pregunta sobre si una minoría sindical puede “imponer reglas a la mayoría”, por lo que se plantean dudas graves sobre el respeto al artículo 39 de la Constitución Política de Colombia —que exige respeto por los principios democráticos y la libertad de asociación, incluido el derecho a no sindicalizarse—. Chapman López resalta que el decreto no contempla un espacio para acuerdos colectivos equivalentes negociados por trabajadores no sindicalizados.

Además, habló de la posibilidad de que un tribunal de arbitramento extienda un laudo surgido de un pliego minoritario a toda una industria, incluidas micro y pequeñas empresas, multiplica los riesgos para el sector.

Un “nuevo impuesto” para los trabajadores

La controversia incluye la creación de lo que los abogados denominan “un nuevo impuesto a los trabajadores”, al prever el pago obligatorio de cuotas sindicales de todos los beneficiarios de los acuerdos colectivos derivados de estas negociaciones por niveles, aun sin estar afiliados a ningún sindicato y sin importar la representatividad de la organización sindical.

El análisis alerta que, en el peor de los escenarios, “al trabajador le tocaría pagar más de cinco cuotas sindicales”, si las negociaciones sectoriales se superponen con acuerdos a nivel de empresa y grupo, engrosando los ingresos sindicales a costa de quienes no eligieron afiliarse.

Micro y pequeñas empresas en riesgo de liquidación

Respecto a la estructura productiva nacional, el decreto sería nocivo para las micro y pequeñas empresas, ya que no las excluye ni garantiza su representación en los ámbitos de negociación sectorial, salvo de forma optativa. Si bien permite cláusulas de “adaptabilidad y gradualidad” para estas empresas, prohíbe que ello implique una diferenciación en el ámbito de aplicación mínima del convenio sectorial.

Se prevé que muchas microempresas no podrían soportar los sobrecostos derivados de acuerdos sectoriales pensados para grandes jugadores, al punto de forzar a la liquidación de sus operaciones y desalentar el emprendimiento. “Este gobierno que decía defender la economía popular terminará siendo su exterminador”, sentencia el documento.

Violación de convenios internacionales

Desde un enfoque internacional, la firma Chapman Wilches advierte la transgresión de los Convenios 98 y 154 de la OIT. Y es que la opinión técnica de la propia OIT sobre el anteproyecto recomienda que en Colombia “la negociación por encima del nivel de empresa incumbe solo a las partes; éstas, en inmejorable posición para decidir cuál es el nivel más adecuado para llevar a cabo la negociación”.

El decreto, dicen los abogados, traslada esa facultad a un decreto administrativo, bajo el riesgo de “una sanción cuantiosísima por no negociar”, que desnaturaliza el diálogo social y convierte un derecho en una obligación gravosa.

La demanda anunciada insiste en solicitar una medida provisional inmediata, para frenar lo que consideran “el exterminio de las pequeñas empresas” y evitar “el caos que genera el decreto” en la estructura laboral y productiva del país. El pronunciamiento concluye con un llamado a preservar el empleo formal y la inversión privada —“que está en los mínimos históricos”— en un país donde, resaltó Charles Chapman López, la prioridad debería ser combatir la pobreza y promover el progreso con equidad.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo en un acto público que desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, los precios de la cesta de la compra han experimentado un incremento del 40% y los precios de la vivienda han subido un 53%. Feijóo vinculó estos datos al contexto internacional marcado por el conflicto en Oriente Medio, destacando que esta situación contribuye a que los precios continúen aumentando. Ante este escenario, hizo un llamado al Ejecutivo para que adopte medidas destinadas a aliviar la presión económica sobre los ciudadanos. De acuerdo con el medio Europa Press, el líder del PP presentó una serie de propuestas de rebaja fiscal en respuesta al impacto económico derivado del conflicto en Irán y las consecuencias de la inflación.

Según publicó Europa Press, Feijóo pidió que el Gobierno valore la reducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la energía al 10% para todos los consumidores, y la eliminación del impuesto a la generación eléctrica. Feijóo argumentó que, sumando estas medidas, una familia media podría ahorrar hasta 900 euros cada año. El dirigente popular detalló estas propuestas en Riaza, Segovia, en el contexto de la campaña electoral de Castilla y León previa a los comicios del 15 de marzo.

Durante su intervención, Feijóo criticó las políticas del actual Gobierno y expresó que el Ejecutivo debe ir más allá de los mensajes en favor de la paz y actuar con urgencia para frenar el deterioro del poder adquisitivo de las familias. "Con los eslóganes no se pueden pagar las facturas", declaró, reiterando que las decisiones políticas deben orientarse a apoyar de manera concreta a los ciudadanos y no limitarse a discursos simbólicos. Tal como reportó Europa Press, el líder del principal partido de oposición subrayó que “es injusto que con la inflación y la guerra pierdan las familias y gane la recaudación del Gobierno”, una afirmación sustentada en el aumento de los precios registrado durante la legislatura.

Feijóo presentó la propuesta de bajada del IRPF como un instrumento para revalorizar los salarios y compensar así el impacto de la inflación. Al mismo tiempo, instó a bajar al 10% el IVA de todos los productos energéticos, incluyendo gasóleo, gasolina, electricidad y gas, para amortiguar el efecto del encarecimiento de la energía sobre el presupuesto de las familias y las empresas. En cuanto al impuesto de generación eléctrica, Feijóo sostuvo que suprimirlo podría representar para los consumidores una rebaja adicional en la factura de la luz de entre un 3% y un 5%.

Europa Press detalló que, según fuentes internas del PP, estas rebajas fiscales responden a las medidas ya adoptadas por otros países de la Unión Europea. El partido citó como ejemplo el caso de Portugal, donde se ha autorizado una reducción extraordinaria de impuestos a los combustibles; el de Italia, donde el gobierno evalúa la posibilidad de disminuir los impuestos especiales a la gasolina; y el de Croacia, cuyo ejecutivo modificó la regulación de productos energéticos para fijar un precio máximo en los combustibles. Para el PP, mientras otros gobiernos europeos actúan, el Ejecutivo español no ha presentado medidas concretas ante el aumento de los precios energéticos motivado por la crisis internacional.

Entre los argumentos expuestos, Feijóo subrayó que una subida en el precio de la gasolina o del diésel genera un aumento directo de la recaudación tributaria, al aplicarse los impuestos sobre valores más altos, lo que supone un mayor esfuerzo para las familias. Según consignó Europa Press, Feijóo insistió en que el Ejecutivo debe transformar sus declaraciones en acciones concretas y, si puede invertir tiempo en diseñar nuevos eslóganes, también puede adoptar medidas fiscales de forma inmediata, especialmente ante la próxima reunión del Consejo de Ministros.

En este sentido, fuentes del PP citadas por Europa Press insistieron en que el Gobierno debe pasar de “los relatos al Boletín Oficial del Estado” y criticaron que, mientras se han aprobado rescates exprés a empresas como Air Europa y Plus Ultra, las familias, transportistas y agricultores deben esperar soluciones para sus propios problemas económicos. El partido popular consideró insuficiente la reacción del Ejecutivo frente a la crisis de precios originada por el conflicto en Irán y por los efectos de la inflación global.

El líder del PP también criticó la gestión comunicativa desde el Palacio de la Moncloa, calificando al complejo gubernamental como una “factoría del engaño” compuesta por unas 700 personas dedicadas, según sus palabras, a la elaboración de eslóganes. Feijóo alegó que esta estructura existe para encubrir las presuntas irregularidades que afectan al entorno del presidente del Gobierno y se refirió a distintos casos judiciales y señalamientos públicos que han afectado tanto a miembros del actual gabinete como a colaboradores y antiguos dirigentes del PSOE.

Para concluir su intervención, Feijóo remarcó la diferencia entre las rebajas fiscales planteadas por su partido y lo que considera respuestas insuficientes del Gobierno, atribuyendo a la política fiscal del Gobierno una mayor presión financiera sobre las familias y defendiendo que una reducción de los gravámenes es indispensable en el actual contexto económico, tal como recogió Europa Press.

El exdirector general y principal impulsor del crecimiento global de Starbucks, Howard Schultz, confirmó el traslado de su residencia y la de su esposa, Sheri Schultz, desde Washington a Florida, coincidiendo con la aprobación legislativa en Washington de un nuevo impuesto del 9,9% a los ingresos anuales superiores al millón de dólares.

Según información del diario económico estadounidense The Wall Street Journal, la mudanza se produce tras la adquisición de un penthouse valorado en aproximadamente USD 44 millones en el exclusivo complejo Four Seasons Private Residences, ubicado en Surf Club, una propiedad frente al mar en la localidad de Surfside, en las cercanías de Miami.

Aunque Schultz expuso públicamente que la decisión responde al atractivo climático y familiar de Miami, el cambio de domicilio ocurrió en el contexto del creciente debate nacional en Estados Unidos sobre la migración de capital y talento hacia estados con menor carga impositiva.

El impuesto a las grandes fortunas aprobado en Washington, que entraría en vigor a inicios de 2028, introduce una contribución adicional sobre los ingresos superiores al millón de dólares anuales y, según estimaciones de la revista estadounidense Newsweek, podría recaudar USD 3.500 millones cada año.

Esta Ley, identificada como Senado Bill 6346, busca dirigir parte de esos fondos a la reducción de otras cargas fiscales y a ampliar el Working Families Tax Credit con el objetivo de alcanzar a unas 460.000 familias adicionales en el estado.

La iniciativa fiscal de Washington, aprobada por la Cámara Baja estatal controlada por el Partido Demócrata con 51 votos a favor y 46 en contra tras un debate parlamentario de más de 24 horas, debe ser ratificada por el Senado antes de que el gobernador demócrata Bob Ferguson la promulgue.

Ferguson celebró la votación mediante un mensaje en X, declarando: “El impuesto a los millonarios aprobado por la Cámara representa un avance histórico para reequilibrar nuestro sistema injusto. Devuelve sumas significativas a las familias y pequeñas empresas de Washington”.

La compra en Florida marca una nueva etapa para los Schultz

El penthouse adquirido por Howard Schultz ocupa aproximadamente 510 metros cuadrados, con cinco habitaciones, patio central, terraza en la azotea, estacionamiento privado y una cabaña frente al mar, según la ficha técnica publicada en The Wall Street Journal. El inmueble salió al mercado en noviembre de 2024 por USD 55 millones, bajó a 49,9 millones en 2025 y finalmente fue vendido a los Schultz por el precio mencionado.

A través de LinkedIn, Schultz compartió detalles personales sobre su mudanza a Florida: “Nos hemos mudado a Miami para nuestra próxima aventura juntos. Disfrutamos del sol del sur de Florida y de su atractivo para nuestros hijos en la Costa Este, mientras crían a sus propias familias”.

También reconoció el vínculo de Starbucks con Seattle y el noroeste estadounidense: “Starbucks hoy se yergue sobre los hombros de los muchos habitantes del Pacífico Noroeste que construyeron la compañía. Esperamos que Washington siga siendo un lugar donde los negocios y el emprendimiento prosperen”.

La familia Schultz mantendrá parte de sus operaciones en Seattle. Tal como indicó el directivo, la Schultz Family Foundation —organización filantrópica fundada en 1990 por Sheri Schultz— continuará con sede y actividades de impacto social en la ciudad. El liderazgo de la fundación quedó bajo la dirección de Vivek Varma, quien recibió el encargo de aumentar la inversión filantrópica en la región.

Starbucks amplía su presencia corporativa en el sur de Estados Unidos

La reubicación de los Schultz ocurre en paralelo al anuncio de Starbucks de abrir una nueva oficina en Nashville, Tennessee, como parte de su estrategia de crecimiento en el sureste del país. La empresa informó que, aunque la sede principal permanecerá en Seattle, busca una “presencia estratégica” en la región e incluye opciones para que empleados corporativos puedan reubicarse.

Los estados de Tennessee y Florida destacan por sus regímenes impositivos favorables a individuos de alto patrimonio y corporaciones, a diferencia de las políticas recientes en Washington.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, declaró: “Empresas en todo el país reconocen que los valores sólidos y la gestión fiscal conservadora de Tennessee son positivos para los negocios, y nos enorgullece dar la bienvenida a Starbucks“.

Entre finales de 2023 y lo que va de 2024, se observa una tendencia creciente de adquisición de propiedades en el sur de Florida por parte de empresarios y figuras de alto patrimonio. Además de Howard Schultz, otros líderes del sector tecnológico como Larry Page, Sergey Brin y Mark Zuckerberg han comprado viviendas en el área de Miami, una dinámica que coincide con las políticas fiscales más estrictas implementadas recientemente en California.

Debate nacional sobre impuestos y migración de capital en Estados Unidos

El traslado de Howard Schultz y la expansión geográfica de Starbucks fuera de Washington reactivaron la discusión pública acerca de la eficacia y los posibles riesgos de los nuevos impuestos a las rentas altas.

La revista estadounidense Newsweek apunta que el fenómeno de la “fuga de capitales” —la salida de inversión y contribuyentes hacia otras jurisdicciones buscando mejores condiciones fiscales— es ahora un eje central del debate nacional en Estados Unidos, en momentos en que varias ciudades y estados gobernados por demócratas estudian tributos adicionales a los contribuyentes más acomodados.

En su comunicación pública, Schultz puso el foco en el legado empresarial y social que deja en Seattle, y en la esperanza de que el entorno local continúe siendo propicio para la innovación y el desarrollo económico. La venta del penthouse por parte de Stockbridge Holdings, entidad que lo había adquirido por USD 18 millones en 2018 según registros citados por The Wall Street Journal, ilustra la revalorización del mercado inmobiliario de lujo en Surfside y zonas cercanas.

El nuevo impuesto en Washington se aplicaría a partir de 2028. Para entonces, Schultz estará establecido en Florida y gestionará sus inversiones desde Miami, mientras la labor social de su fundación continúa en Seattle.

Las personas mayores de 65 años pueden donar su vivienda habitual a sus hijos sin tener que pagar impuestos por la ganancia patrimonial en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), según ha confirmado la Dirección General de Tributos (DGT) tras una consulta vinculante que despeja una de las dudas fiscales más habituales entre familias que desean adelantar la transmisión de su vivienda a sus hijos.

En concreto, la Consulta Vinculante V1261-25, establece que la donación de la vivienda habitual por parte de un contribuyente mayor de 65 años queda totalmente exenta de tributar por la ganancia patrimonial generada entre la fecha de adquisición del inmueble y la de su transmisión. Esta interpretación equipara el tratamiento fiscal de la donación al que ya existe cuando una persona mayor de 65 años vende su vivienda habitual.

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La DGT aclara que la exención fiscal se aplica siempre que el inmueble haya tenido la consideración de vivienda habitual del contribuyente. Esto implica que la propiedad debe haber sido residencia habitual durante un periodo continuado de, al menos, tres años.

No obstante, la normativa también contempla situaciones en las que el propietario haya dejado de vivir en la vivienda. En estos casos, la vivienda seguirá considerándose habitual a efectos fiscales si la donación se formaliza dentro de los dos años siguientes a haber abandonado el inmueble.

De esta manera, Hacienda equipara la donación —una transmisión lucrativa— con la venta de la vivienda —una transmisión onerosa— cuando el titular tiene más de 65 años. En ambos casos, la posible ganancia patrimonial queda exenta de tributación en el IRPF.

La consulta que aclara la normativa

La consulta fue planteada por un matrimonio en el que uno de los miembros tenía más de 65 años. Ambos querían saber si la donación del pleno dominio de su vivienda habitual a sus hijos generaría una obligación tributaria en el IRPF.

Cuando se transmite una vivienda —ya sea mediante venta o donación— se produce una alteración en el patrimonio del propietario. Esta variación da lugar a una ganancia o pérdida patrimonial que se calcula como la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión del inmueble.

En las operaciones de compraventa, el valor de adquisición incluye el precio pagado por la vivienda, además de los gastos asociados a la compra y las inversiones o mejoras realizadas. El valor de transmisión, por su parte, se corresponde con el precio real de venta, descontando los gastos y tributos pagados por el vendedor.

Sin embargo, cuando la transmisión se realiza mediante donación —como en el caso analizado— los valores de adquisición y transmisión se determinan según las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin que puedan superar el valor de mercado.

La exención del artículo 33 de la Ley del IRPF

La decisión de la DGT se basa en el artículo 33.4.b) de la Ley del IRPF, que establece que están exentas las ganancias patrimoniales generadas por la transmisión de la vivienda habitual de personas mayores de 65 años o en situación de dependencia severa o gran dependencia. Esta exención se aplica tanto si se transmite el pleno dominio de la vivienda como si se transmite la nuda propiedad.

Por tanto, si se cumplen los requisitos para que el inmueble sea considerado vivienda habitual y el propietario tiene más de 65 años, la donación no generará tributación en el IRPF por la ganancia patrimonial.

Una medida clave para planificar herencias

La aclaración de Hacienda tiene una importante repercusión práctica para muchas familias, ya que permite planificar con mayor seguridad la transmisión del patrimonio inmobiliario en vida.

Cada vez más personas optan por donar su vivienda a sus hijos antes del fallecimiento para facilitar la gestión del patrimonio familiar o evitar conflictos sucesorios. La confirmación de esta exención fiscal reduce uno de los principales temores asociados a estas operaciones: el coste fiscal derivado de la posible revalorización del inmueble con el paso de los años.

No obstante, los expertos recuerdan que, aunque el donante no tenga que pagar IRPF por la ganancia patrimonial, el receptor de la vivienda sí deberá abonar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones correspondiente según la normativa de su comunidad autónoma.

El incremento del precio internacional del petróleo se transformó en un factor de presión sobre los combustibles en la Argentina, con un efecto inmediato sobre los valores en surtidor y un posible impacto en la inflación de marzo. Las estaciones de servicio ya reflejan un aumento del 6% acumulado desde finales de febrero, que se suma a la actualización parcial de los impuestos internos que llevó el Gobierno. Pero aún hay dudas sobre cómo será la evolución del barril de crudo en los próximos días y con ello, el traslado a los precios del resto de la economía.

La consultora Eco Go elaboró un informe en el que desglosa el impacto potencial que puede tener el aumento del precio del crudo en la inflación de este mes, según distintos grados de traslado y actualización impositiva. El análisis parte del contexto generado por el conflicto en Medio Oriente, que llevó al alza la cotización internacional del Brent y derivó en ajustes en los precios de los combustibles líquidos.

De acuerdo con los datos presentados por Eco Go, la estructura de costos de la nafta en febrero determinó un precio de mercado de $ 1.592,6 por litro. En el escenario 1, que supone un traslado del 50% del aumento del barril internacional (20%) con ajuste parcial de los impuestos internos, el precio subiría a $1.731,3, lo que representa una variación del 8,7% respecto a febrero y una incidencia estimada en la inflación de 0,3 por ciento.

Luego del 2,9% que marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en enero, las consultoras estiman que en febrero se ubicaría en un valor similar, pero advertían que en el tercer mes del año tendría un salto. No solo por lo que sucede ahora con el precio del petróleo con el conflicto en Medio Oriente, sino por los incrementos de los servicios públicos, el transporte y los alimentos.

En el escenario 2, con traslado total del incremento del barril (40%) y ajuste parcial de impuestos, el precio se ubicaría en $ 1.853,6, con un alza de 16,4% y una incidencia inflacionaria de 0,6%. La proyección más extrema, escenario 3, contempla traslado completo del aumento del barril (40%) y actualización total de los impuestos internos, lo que elevaría el precio a $2.066,1, un salto de 29,7% y un impacto potencial de 1,1 por ciento.

El director de Eco Go, Sebastián Menescaldi, explicó a Infobae que en los precios de los combustibles ya impactó la suba parcial de los impuestos que aplicó el Gobierno, y que ahora resta por verse de cuánto será el traslado del precio internacional del crudo. “En lo que seguimos, ya vimos que hubo una suba del 6% acumulada en el mes respecto a fin de febrero y estamos previendo un impacto que puede ser cercano a medio punto”, comentó.

El informe de Eco Go precisó: “En un contexto de suba del Brent y actualización parcial de los impuestos a los combustibles tras el Decreto 116/2026 —que en marzo suma $18,45 por litro en naftas mientras posterga el grueso de los ajustes pendientes de 2024–2025— se abren distintos escenarios para los precios en surtidor. Con un pass-through parcial del Brent y una corrección impositiva acotada, el ajuste podría ubicarse en torno al 9%. En cambio, en un escenario de convergencia plena, que incorpore tanto el encarecimiento internacional como la actualización completa de los tributos, el incremento podría superar el 29%, con un impacto inflacionario cercano a 1,1%. Hasta la fecha de corte, los relevamientos ya muestran un aumento cercano al 4% en los surtidores”.

Pero para el economista y socio de Audemus, Gonzalo Guiraldes, es pronto para opinar sobre cuál será el impacto de la suba del petróleo en la inflación del tercer mes del año. “Hay que esperar unos días más a ver si se cumple la idea de que la guerra va a terminar pronto. Y si sigue bajando, dónde frena. En un día pasó de USD 110 a casi USD 80”, agregó.

Una postura similar tuvo el director de Analytica, Claudio Caprarulo, quien advirtió que debemos esperar a ver a qué precio se va a estabilizar el petróleo a nivel internacional, aunque remarcó que la suba pone presión alcista a la inflación de este mes. “Hay dos dimensiones para analizar: primero, la suba de combustibles, donde es más fácil medir su contribución a la suba de precios. En segundo lugar, debemos considerar la suba de costos que implica para el resto de la economía”, puntualizó.

La estructura de costos relevada por Eco Go detalla que el componente crudo representa el 33% del precio final, la refinación el 12%, los impuestos internos (ICL e IDC) el 22%, el IVA y los ingresos brutos el 11%, y la distribución, biocombustibles y márgenes de las estaciones de servicio el 22%. Sobre esa base, los escenarios proyectados reflejan cómo varía el precio final y la incidencia en la inflación, según el grado de traslado y la política impositiva.

El análisis de Eco Go también advierte sobre el riesgo de un traslado mayor si el Gobierno decide avanzar con la actualización total de los tributos pendientes. En ese caso, la suba podría superar el 29% y la incidencia en la inflación mensual escalaría a 1,1%. Por el contrario, una política de ajuste gradual y la absorción parcial del shock externo limitarían el efecto sobre los precios internos y permitirían acotar el traslado a la inflación.

Las declaraciones de Guiraldes refuerzan la incertidumbre asociada a la evolución del conflicto en Medio Oriente y el precio internacional del crudo. La cotización del Brent pasó de USD 110 a cerca de USD 80 en pocos días, lo que introduce dudas sobre la persistencia del shock y la magnitud del efecto en la economía argentina. Los analistas recomiendan esperar la estabilización de los mercados internacionales antes de proyectar el impacto definitivo sobre la inflación local.

Las proyecciones de Eco Go y las opiniones de los economistas consultados por Infobae coinciden en que el traslado a precios dependerá de la combinación entre la evolución internacional del petróleo, la política fiscal local y la capacidad del Gobierno para administrar el shock externo. El escenario base contempla un ajuste moderado, con una incidencia en la inflación de entre 0,3% y 0,6%, aunque la posibilidad de una suba superior al 29% permanece vigente si se aplica la actualización total de los tributos internos.

Inflación de marzo: servicios y alimentos

“Lo más probable es que la inflación de marzo arranque con 3”, destacaron en Equilibra, que en la primera semana del mes registró un aumento de precios del 1,7% (+0,4 punto porcentual versus primera semana de febrero). “En el desagregado, los precios regulados ascendieron 2,5%, impulsados por transporte público y tarifas energéticas, mientras que aún no se observa un impacto del shock internacional en el precio de la nafta local", destacaron.

La novedad de la semana fue que la inflación núcleo escaló 1,8%, por alzas en Educación y Carnes, que aportaron 0,4 y 0,3 puntos porcentuales respectivamente. A su vez, los precios estacionales descendieron 0,7%, debido a la estabilidad en el rubro indumentaria y bajas en frutas y verduras.

Una estimación más favorable hizo la consultora Analytica: en la primera semana de marzo registró una variación semanal del 0,4% en Alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires, con un aumento promedio de 2,7% en las últimas cuatro semanas y una proyección en torno al 2,8% para marzo.

Entre los aumentos más notorios de la primera semana del mes, Analytica destacó el de Pescados y mariscos, con un alza de 7%, seguido por el de Carnes y derivados, con 4,9%, que hace meses viene presionando sobre el IPC. En contraste, los precios de verduras y de panes y cereales mostraron menores incrementos: 0,9% y 0,7% respectivamente.

La presentación de la declaración anual es uno de los trámites más relevantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y cada año millones de personas físicas deben cumplir con esta obligación para regularizar su situación fiscal.

Con el objetivo de simplificar el proceso y reducir errores, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) puso a disposición un micrositio especializado que concentra información clave y herramientas prácticas para presentar correctamente la declaración anual 2025.

El sitio forma parte del programa “Declara fácil y a tiempo. Declaración anual – Personas Físicas 2025”, diseñado para orientar a los contribuyentes sobre quiénes deben declarar, qué ingresos deben reportar, cuáles deducciones son aplicables y cómo enviar el trámite ante el SAT. La plataforma ofrece guías paso a paso, recomendaciones prácticas y material descargable para que los usuarios puedan cumplir con su obligación de manera correcta y oportuna durante abril de 2025.

¿Quiénes deben presentar la declaración anual?

De manera general, la declaración anual aplica para personas físicas que hayan recibido ingresos por:

• Honorarios o actividades profesionales
• Actividad empresarial
• Arrendamiento de bienes inmuebles
• Plataformas digitales
• Salarios de más de un patrón

El micrositio de Prodecon explica cada caso con ejemplos prácticos, lo que permite a los contribuyentes identificar si tienen la obligación de presentar la declaración y evitar errores que puedan generar aclaraciones posteriores con la autoridad fiscal.

Deducciones personales: cómo aprovecharlas

Uno de los apartados más consultados por los contribuyentes son las deducciones personales, que permiten reducir el impuesto anual a pagar. Entre las más comunes se encuentran:

• Honorarios médicos, dentales y hospitalarios
• Gastos funerarios
• Intereses reales por créditos hipotecarios
• Donativos autorizados
• Aportaciones voluntarias al retiro
• Colegiaturas en ciertos niveles educativos

La Prodecon explica los requisitos que cada gasto debe cumplir para ser válido ante el SAT, ayudando a los contribuyentes a optimizar su declaración.

Asesoría gratuita y acompañamiento de Prodecon

Además de la información en línea, la Prodecon ofrece asesoría gratuita y acompañamiento presencial a contribuyentes con dudas sobre su situación fiscal. Las personas interesadas pueden acudir a:

• Oficinas centrales en Ciudad de México
• Cualquiera de las delegaciones de Prodecon en el país

En estos espacios, asesores especializados brindan orientación personalizada para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. También se pueden comunicar por correo electrónico (atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx) o vía telefónica, incluyendo la línea gratuita 800 611 0190 para el interior del país.

La importancia de presentar la declaración a tiempo

Cumplir con la declaración anual no solo es un requisito legal, sino que permite:

• Evitar multas o recargos, que pueden ir de mil 400 hasta 34 mil 730 pesos según el tipo de incumplimiento
• Corregir información fiscal del año anterior
• Solicitar devoluciones de saldo a favor

Para facilitar el trámite, Prodecon recomienda contar con inscripción vigente en el RFC, contraseña o e.firma, constancia de situación fiscal actualizada, comprobante de domicilio y buzón tributario activado. También sugiere revisar los CFDI y visores del SAT para asegurar que los ingresos coincidan con los registrados en cuentas bancarias.

Con estas herramientas y el micrositio especializado, la Prodecon busca que los contribuyentes presenten su declaración anual 2025 de manera segura, eficiente y sin contratiempos, fortaleciendo así la cultura contributiva en México.

El deterioro de las finanzas públicas en Colombia quedó en evidencia luego de conocerse que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) registró al cierre de 2025 una cartera irrecuperable de $16,6 billones. El monto evidencia riesgos para la liquidez y la estabilidad fiscal del Estado. El estado de la cartera de la entidad refleja múltiples causas que explican tanto la magnitud del deterioro como su impacto fiscal. El valor irrecuperable supera lo recaudado de forma típica en una reforma tributaria e implica que el Gobierno debe buscar mecanismos alternativos para cubrir ese vacío financiero.

Estos $16,6 billones representan solo la porción de deuda que es considerada de forma oficial como irrecuperable, aunque el total de obligaciones tributarias pendientes asciende a $47,7 billones, según los estados financieros de la entidad. De ese grupo, una parte permanece en cobro o en litigio, mientras el resto ha sido provisionado ante su complejidad de recuperación.

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Para el exdirector de la Dian Lisandro Junco, la situación trasciende el ámbito contable. Dijo a Portafolio que “este concepto no corresponde únicamente a una provisión contable, sino a obligaciones tributarias que, por distintas razones, dejaron de ser recuperables para el Estado”. Explicó que el deterioro de cartera obedece principalmente a prescripciones legales y a litigios tributarios que la entidad perdió.

Señaló que la magnitud del saldo negativo equivale a recursos que ya no ingresarán a las cuentas fiscales, ya que “el deterioro de cartera, básicamente, es cuando ya las deudas quedaron prescritas o están en unos litigios en donde la administración perdió”. Esto supone una pérdida que impacta directamente el presupuesto nacional.

Causas del deterioro de la cartera de la Dian

El deterioro obedece, en buena parte, a la combinación de prescripciones de deudas y litigios tributarios desfavorables para la Dian. Junco recordó que las obligaciones tributarias prescriben cuando la entidad no logra cobrarlas en el plazo que establece la ley.

A este diagnóstico se suma el exsubdirector operativo de Fiscalización y Liquidación Tributaria de la Dian Christian Quiñonez, socio fundador de Clavertax Assessment, que considera que la gestión de cobro no ha sido todo lo eficiente que demanda la situación fiscal.

Quiñonez explicó a Infobae Colombia que la prescripción refleja una actuación tardía. “La Dian cuenta con cinco años para cobrar los impuestos que la gente no ha pagado. Ya transcurrieron esos cinco años y sencillamente la Dian no actuó a tiempo y se perdió esa plata”, aclaró el experto.

Asimismo, el exfuncionario resaltó que la Dian enfocó esfuerzos en cobrar las deudas recientes en vez de atender cuentas en riesgo de prescripción. Sostuvo que, junto a eso, “un litigio tributario lo puede perder la Dian sencillamente porque no hay un soporte jurídico suficiente para que un juez le dé la razón. Y ahí es donde también falla ese argumento jurídico que hace parte de la gestión de la Dian para poder ganar estos casos”, añadió.

Consecuencias fiscales para Colombia

La cifra de $16,6 billones en cartera irrecuperable tiene repercusiones inmediatas para las finanzas públicas. Según Junco, el monto supera lo que suelen recaudar las reformas tributarias recientes y representa una pérdida sustancial para la política fiscal.

Teniendo en cuenta una cartera tributaria total de $47,7 billones, el deterioro implica recursos que ya no podrán destinarse a prioridades sociales o económicas. El fenómeno reduce la capacidad del Gobierno para garantizar el cumplimiento de sus compromisos, especialmente cuando la caja del Estado también enfrenta mínimos históricos.

Alternativas para mejorar la recuperación tributaria

Frente al escenario, Christian Quiñonez considera fundamental avanzar en reformas estructurales para facilitar la recuperación de cartera y sanear las finanzas públicas. Propuso que en vez de estar tramitando reformas tributarias o insistir en unas emergencias económicas, es mejor que se le diera trámite a la ley de recuperación económica que está en curso en el Congreso desde el año pasado, que tiene dos aspectos claves:

• Incurrir en un beneficio fiscal de menor sanción e intereses para ponerse al día con la Dian.
• Conciliación, precisamente en esos procesos contenciosos administrativos, que son lo que llamados litigios, ya que, seguramente, el contribuyente preferirá pagar y parar su pleito con la Dian.

El exfuncionario agregó que la aprobación de ese proyecto legislativo podría haber evitado la pérdida de “sí o sí esos $16 billones que hoy nos hablan que se pierden”. Recomendó también redirigir los esfuerzos hacia las deudas más próximas a prescribir y promover procesos de conciliación que eviten la salida definitiva de recursos fiscales.

Quiñonez concluyó que la modificación de la estrategia administrativa y legislativa es esencial para evitar que nuevas sumas se tornen incobrables y dejen de aportar al presupuesto nacional.

Nivel histórico mínimo de caja del Gobierno

La presión sobre la liquidez estatal aumentó en los últimos meses. El Banco de Bogotá reportó que “el saldo de los depósitos de la Dirección del Tesoro Nacional en el Banco de la República se desplomó en pocos días. Entre el 23 y el 27 de febrero pasó de $15,2 billones a cerca de $6,4 billones”.

Según la entidad, este fue el registro más bajo para febrero en la historia reciente de Colombia, en medio de un esfuerzo récord de emisión de deuda interna por $22,6 billones durante ese mes. El Ministerio de Hacienda emitió TES de largo plazo por $15,6 billones, colocó $3,4 billones en subastas y $3,6 billones de TES de corto plazo.

A pesar de estas medidas, la caja cerró con una caída del 41% frente a febrero de 2025, cuando sumaba $10,9 billones. Enero ya marcaba un mínimo, con $9,7 billones, y el saldo del primer bimestre apenas alcanzó $15 billones, lo que encendió la preocupación por la liquidez del Estado.

La Comisión Europea ha desplegado un nuevo paquete de medidas dirigido a abaratar la factura de energía en los hogares europeos, centrando la atención en potenciar el consumo y la producción de energía limpia, así como en incentivar el despliegue de pequeños reactores nucleares modulares en la próxima década. Estas iniciativas buscan atenuar el impacto de la volatilidad de los precios y ofrecer alternativas sostenibles a los consumidores.

Las propuestas del Ejecutivo comunitario incluyen la movilización de más de 75.000 millones de euros durante los próximos tres años, destinados a impulsar infraestructuras y tecnologías energéticas limpias. Este planteamiento también prevé que los hogares que opten por la producción y uso propio de energía solar podrían registrar un ahorro anual situado entre 260 y 550 euros, mientras que otras medidas fiscales, como las rebajas de impuestos, podrían repercutir en descensos adicionales en la factura.

El paquete presentado, recogido por Europa Press, pone el foco en reforzar los derechos de los ciudadanos para producir y compartir energía limpia, así como en facilitar el cambio de proveedor eléctrico como vía para elevar la competitividad y reducir precios. Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Limpia, ha remarcado al canalizar este plan que el objetivo es situar a los ciudadanos “en el centro” de la política energética, dada la creciente presión que ejercen los costes de la energía sobre los presupuestos domésticos.

Ribera ha insistido en que la dependencia de los combustibles fósiles mantiene a los consumidores expuestos a oscilaciones de precios. Sobre las energías renovables y limpias, ha asegurado que “son la única solución a largo plazo para la competitividad. ”Y para que la energía sea más asequible para las familias europeas”, ha agregado.

La Comisión Europea ha añadido que estas medidas forman parte del denominado Paquete de Energía para los Ciudadanos, concebido para combatir la pobreza energética y responder a los altos precios que afrontan los hogares. El documento, al que ha tenido acceso la citada agencia, destaca la necesidad de incrementar la transparencia en facturación y contratos, así como facilitar la participación ciudadana en comunidades energéticas de producción y consumo.

Al presentar estas propuestas, el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, ha resaltado que una reducción fiscal dirigida específicamente a la electricidad permitiría alcanzar un ahorro de “como de 200 euros al año” por familia. Además, estima que la mejora de la competencia mediante la facilidad del cambio de proveedor podría suponer para los consumidores una rebaja adicional de hasta 152 euros anuales, según ha afirmado Jorgensen.

Medidas para abaratar la electricidad en la UE

El conjunto de iniciativas incluye incentivos a la eficiencia energética en viviendas, principalmente aquellas con consumos superiores y consideradas vulnerables. El plan de la Comisión Europea prevé movilizar financiación destinada tanto a infraestructuras eléctricas innovadoras como al desarrollo de nuevas tecnologías en el sector energético. El Grupo del Banco Europeo de Inversiones canalizará más de 75.000 millones de euros en los próximos tres años para acelerar la transición con instrumentos aclarados para atraer inversión privada mediante la reducción del riesgo asociado a los proyectos y el respaldo de grandes inversores institucionales, como los fondos de pensiones y las aseguradoras.

Según las proyecciones de Bruselas, la transformación plena del sistema energético europeo requerirá unos 660.000 millones de euros anuales hasta 2030. Este volumen de inversión será destinado al despliegue de nuevas redes, al refuerzo de las existentes y a la expansión de tecnologías bajas en carbono, con el objetivo de ampliar el uso de fuentes limpias y mitigar la dependencia de importaciones de combustibles fósiles. La Comisión Europea calcula que estos cambios permitirán reducir la factura europea por importaciones en hasta 130.000 millones de euros cada año para 2030. Alrededor de la mitad de dicho ahorro procederá de la sustitución de la generación fósil por fuentes limpias, mientras que el efecto combinado de la electrificación, la eficiencia y la flexibilidad de la red explicará cerca de otra cuarta parte, en cifras que suman tanto al refuerzo de infraestructuras como a la adecuación del sistema.

Entre las novedades del paquete, destaca la apuesta concreta por los pequeños reactores nucleares modulares (SMR), una tecnología anunciada antes por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Con estos dispositivos, de fabricación modular y menor tamaño en comparación con las centrales convencionales, Bruselas busca agilizar la implantación de nueva capacidad nuclear al permitir el ensamblaje industrial y el recorte de plazos y costes de desarrollo.

El despliegue de mini reactores nucleares

La estrategia de la Comisión Europea para el desarrollo de los reactores SMR contempla que las primeras unidades puedan estar operativas a comienzos de la década de 2030. Esta tecnología está orientada a complementar la generación renovable, proporcionando electricidad y calor descarbonizado a los sectores industriales con necesidades energéticas elevadas, como la siderurgia, la industria química o la refinería. Los SMR también podrán emplearse en sistemas de calefacción urbana o para producir hidrógeno bajo en carbono, actuaciones que facilitarán la descarbonización de actividades donde la electrificación directa es menos viable.

Para agilizar el despliegue comercial de estas tecnologías, Bruselas ha anunciado el estudio de un refuerzo del programa InvestEU, que podría dotarse con hasta 200 millones de euros procedentes del Fondo de Innovación destinados a cubrir garantías y reducir el riesgo de inversión. La instalación de estos reactores, además, podría estimular nuevas cadenas industriales en Europa, crear empleo cualificado y favorecer sectores como la ingeniería avanzada, los materiales especializados y la robótica.

De acuerdo con las cifras ofrecidas por la Comisión Europea, el despliegue de pequeños reactores nucleares tendría el potencial de reducir el consumo de gas en la Unión Europea en hasta 60.000 millones de metros cúbicos para 2050, cantidad equivalente al consumo eléctrico conjunto de varios países del continente.

Con información de Europa Press

El medio Europa Press detalló que Puente cuestionó el debate fiscal en el ámbito de las comunidades autónomas al considerar que se caracteriza por comportamientos que él describió como marcados por la “irresponsabilidad y excusas”. Según sus declaraciones, la mayor parte de los recursos con los que funcionan los servicios públicos regionales, alrededor del 95 %, proviene de la recaudación de impuestos estatales, mientras que solo un 5 % corresponde a tributos que gestionan las autonomías.

Puente resaltó que algunas administraciones autonómicas han renunciado o reducido al mínimo algunos de los impuestos de su competencia, como los de patrimonio o sucesiones, y a pesar de ello exigen al Estado central mayores transferencias para áreas como sanidad y educación. El ministro expresó que esta dinámica, presente en varias comunidades, ha propiciado lo que describió como una responsabilidad diluida entre las distintas esferas de gobierno.

De acuerdo con la información de Europa Press, Puente sugirió que el liderazgo político en los gobiernos regionales debe asumir un rol más activo y transparente en la rendición de cuentas. Citó como ejemplo la gestión municipal, valorando la figura del alcalde, en referencia al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, por su papel en la gestión local y su obligación de responder directamente ante la ciudadanía por la administración de los recursos.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Puente manifestó la necesidad de que aumente la responsabilidad entre los representantes autonómicos en materia de fiscalidad y que disminuyan las justificaciones o evasivas cuando se trata de acciones relacionadas con la financiación y la provisión de servicios públicos esenciales.

El ministro subrayó que la gestión eficiente y transparente de los recursos contribuye a la mejora de los servicios y reclamó a los responsables de las comunidades autónomas que dejen de eximir responsabilidades al solicitar más recursos al Estado sin justificar adecuadamente el destino ni el impacto de los fondos recibidos.

Puente, según consignó Europa Press, reclamó que las administraciones autonómicas deberían implicarse más activamente en la financiación de los servicios clave, favoreciendo una fiscalidad responsable y una mayor transparencia en el uso de los recursos. Insistió en la importancia de que los dirigentes políticos se aparten de las excusas y asuman el compromiso de gestionar con rigor los fondos públicos con los que cuentan.

El ministro concluyó reiterando su opinión de que se requiere más responsabilidad y menos excusas en el debate fiscal territorial, apelando al compromiso de los líderes regionales para responder de manera efectiva a las necesidades de la población y optimizar el rendimiento de los recursos asignados desde el Estado central.

Durante su paso por Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Rodríguez detalló cómo la presión fiscal local, sumada a la volatilidad internacional, genera un escenario crítico para el sector.

Las tasas municipales, eje de la indignación y la crisis del rubro

“Las tasas municipales son un problema”, sintetizó Rodríguez. “La palabra sería indignación. Estas tasas no tienen fuente constitucional”, denunció. Explicó que estos cargos locales, replicados en gran parte del conurbano bonaerense, funcionan como “exacciones ilegales que no tienen ninguna contraprestación”. Según el titular de la CECHA, la doble imposición pone en jaque la rentabilidad de los más de seis mil estacioneros del país.

Al detallar el margen real del sector, remarcó: “Un estacionero tiene un 10,6% bruto de rentabilidad y con eso debe cubrir salarios, electricidad y el costo del dinero plástico, que influye un 2% más. Hoy estamos en el orden del 5 o 6%, si no menos”. Lazzari aportó: “Un impuesto del 1% para un tipo que gana el 3, es el 35% de la ganancia. Un estacionero neto no gana el 10% del precio de combustible”.

La carga impositiva, sumada a estas tasas, se vuelve insostenible: “Esta multiplicación de pequeños impuestitos que una vez que entran no salen más… ahora es el momento, le tocó a los estados, yo lo lamento. Y hablo de los estados porque son los tres: Nación, provincia, municipio”, dijo Rodríguez.

El impacto de la presión tributaria y la volatilidad internacional

Rodríguez aclaró que la estructura fiscal sobre los combustibles tiene una larga historia: “El impuesto a la transferencia de combustible se puso en la década del 30. Eran dos centavos por litro para hacer rutas”. Sin embargo, la suma de gravámenes actuales distorsiona el precio y afecta la competitividad.

La volatilidad internacional agrava el panorama: “El valor del barril Brent llegó a estar en 118 dólares y después, por las palabras de Trump, bajó a alrededor de 98”, relató el titular de CECHA. Advirtió que “tenemos un 50% aproximadamente de aumento en los últimos 30 días en este elemento esencial en la formación del precio”.

En el plano local, el sistema de micro pricing implementado por YPF complejiza el seguimiento: “El combustible sube y baja de acuerdo a la demanda durante el mismo día”, señaló Rodríguez. Matías Barbería sumó: “La consultora Ecogou registró una suba del 6% en lo que va de marzo, cuando la inflación de enero y febrero estuvo por debajo del 3% mensual”.

Consumo estancado, menor demanda y advertencias para el futuro

Rodríguez precisó que “entre el año 2024 y 2025, la demanda global de combustible en la Argentina no ha sufrido variaciones”, aunque aclaró: “Estamos respecto a los niveles prepandémicos bastante abajo. Es un problema claro que está en la sociedad por una menor capacidad adquisitiva de la gente”.

Consultado sobre el futuro, valoró el enfoque de la conducción de YPF: “Me parecieron muy maduras las declaraciones del presidente de YPF. Cualquier movimiento no va a ser intempestivo, sino que va a tener en cuenta la situación del consumidor”.

Advirtió sobre las consecuencias de sostener el aumento de los combustibles: “Aumentás el precio del transporte y eso te queda como un costo fijo inamovible. Es un gatillador inflacionario, un sobrecosto imposible de bajar”.

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La divulgación periódica de las tasas efectivas de impuesto sobre la renta (ISR) por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca orientar a los contribuyentes para que verifiquen si su carga impositiva se alinea con parámetros de referencia sectoriales.

Esta estrategia, fundamentada en la reforma al Código Fiscal de la Federación del 8 de diciembre de 2020, permite a las empresas y personas comparar su situación fiscal y, en caso necesario, corregir posibles inconsistencias antes de que la autoridad inicie procedimientos de revisión, minimizando así los riesgos fiscales futuros.

Como resultado del análisis de la información contenida en bases institucionales del SAT, entre las que figuran declaraciones anuales, dictámenes fiscales, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y declaraciones informativas, se han publicado a partir de junio de 2021 los parámetros de referencia relativos a tasas efectivas del ISR. Esta publicación abarca 302 actividades económicas de 17 sectores económicos y considera los ejercicios fiscales de 2016 a 2023.

Las tasas efectivas del ISR buscan que los contribuyentes tengan un marco de referencia

La normativa, detallada en el artículo 33, fracción I, inciso i del Código Fiscal de la Federación, establece que el SAT debe difundir periódicamente estos parámetros. El propósito es:

“Dar a conocer en forma periódica y en general para los contribuyentes de la Ley del Impuesto sobre la Renta, parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas del impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades con base en el sector económico o industria a la que pertenecen”.

La tasa efectiva de ISR se define como el resultado de dividir el monto del impuesto causado en un ejercicio fiscal entre los ingresos acumulables declarados en el mismo periodo. Gracias a esta herramienta, los contribuyentes pueden comparar su tasa aplicable al sector al que pertenecen con la propia, lo que permite identificar posibles desviaciones respecto de los estándares sectoriales.

SAT publica las tasas efectivas del ISR para grandes contribuyentes

El SAT publicó este 9 de marzo los parámetros de referencia sobre las tasas efectivas del ISR correspondientes a grandes contribuyentes para los ejercicios fiscales 2022 y 2023, abarcando 40 actividades en nueve sectores económicos.

Con el objetivo de favorecer la corrección voluntaria de la situación fiscal, la autoridad ha contactado vía Buzón Tributario a contribuyentes cuya tasa efectiva se encuentra por debajo de los valores publicados, para que presenten declaraciones anuales complementarias.

La información difundida, disponible en el sitio oficial del SAT, detalla los sectores incluidos: industrias manufactureras, dirección de corporativos y empresas, comercio al por menor y mayor, servicios de apoyo y remediación, servicios profesionales, científicos y técnicos, transportes, información en medios masivos y servicios de alojamiento temporal y alimentos y bebidas.

Estos parámetros fueron determinados a partir de bases de datos institucionales, considerando declaraciones anuales, dictámenes fiscales, comprobantes fiscales digitales y otros documentos. SAT reiteró su compromiso con el suministro de información clara y herramientas que faciliten el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

La concentración de Airbnb en San Francisco cambió de forma notoria: el centro de la ciudad, junto con Lower Nob Hill y Tenderloin, registra actualmente la mayor proporción de viviendas ofertadas en la plataforma, desplazando al Mission District —históricamente el barrio con más anuncios— que hoy ocupa el segundo lugar.

La regulación y los cambios en el turismo redujeron a alrededor de 4.500 los anuncios que efectivamente recibieron reseñas recientes, según la base de datos independiente Inside Airbnb publicada por San Francisco Chronicle. En enero de 2026, la ciudad contaba con aproximadamente 7.500 alojamientos listados en Airbnb.

Según la información de San Francisco Chronicle, el área de downtown y Civic Center agrupa ya el 10% de los anuncios de toda la ciudad, cuando en 2017 representaba apenas el 5,4%. Esta centralización se refleja también en otros barrios como South of Market, Western Addition y Outer Sunset, que mantienen una alta densidad de anuncios.

Mientras que zonas como Diamond Heights, Golden Gate Park, Presidio, Presidio Heights y Sea Cliff aparecen con las cifras más bajas, en parte porque el alquiler de corto plazo está prohibido en el Presidio.

El Mission District, que anteriormente lideraba, se sitúa en segundo lugar con 338 ofertas, una participación cinco puntos porcentuales menor que en 2017. El desplazamiento geográfico hacia el centro se intensificó a raíz de la pandemia, en un patrón que repite el fenómeno registrado en Manhattan, Nueva York.

James Pick, profesor en la School of Business and Society de University of Redlands, citado por San Francisco Chronicle, explicó: “Observamos más Airbnbs cerca del centro en San Francisco y Manhattan, mientras que sectores como Mission o Brooklyn muestran una concentración intermedia. Fuera de estas áreas específicas, el resto de la ciudad tiene baja densidad de Airbnb”.

Auge del alquiler intermedio y concentración de la oferta en manos de gestores

La utilización de Airbnb en San Francisco experimentó otra transformación: la caída del alquiler de corto plazo (menos de 30 noches) y un fuerte incremento de las reservas intermedias (de 30 días a un año). Este desplazamiento está asociado tanto a la regulación local como al desplome del turismo internacional durante la pandemia.

Dan Sider, jefe de gabinete del departamento municipal de Urbanismo, informó a San Francisco Chronicle que “las actividades de alquiler de corto plazo han ido disminuyendo” en la última década, en tanto que los alojamientos de duración intermedia aumentaron en un 600% entre 2017 y 2019, según los datos de Inside Airbnb. Estas ofertas se concentran especialmente en los barrios Mission y Western Addition.

Otro dato es la creciente participación de gestores profesionales y empresas en la oferta de Airbnb en la ciudad. El número de anfitriones con más de un anuncio prácticamente se triplicó en downtown y Civic Center en los últimos 10 años. Outer Sunset duplicó este grupo de anfitriones desde 2017.

En contraste, la cantidad de anfitriones múltiples cayó en Mission, South of Market y Western Addition debido a restricciones locales y a la menor demanda generada tras la pandemia. La investigación de San Francisco Chronicle señala que estos anfitriones incluyen propietarios de tiempos compartidos, empresas de gestión inmobiliaria, cadenas hoteleras y compañías que gestionan decenas o cientos de anuncios en varias ciudades, en ocasiones mediante múltiples cuentas.

Exenciones, impuestos y el rol de los hoteles en la expansión de Airbnb

La legislación local influyó decisivamente en el tipo de anuncios que prosperan. Las habitaciones turísticas y los tiempos compartidos ubicados en hoteles de las zonas con mayor presencia de Airbnb —como downtown, Civic Center, South of Market y Nob Hill— están exentos del registro municipal para alquiler vacacional debido a que ya abonan el impuesto de ocupación transitoria (14%).

La Hotel Conversion Ordinance permite que los hoteles residenciales —también llamados “single-room occupancy” y utilizados por residentes de bajos ingresos— alquilen habitaciones a turistas en plataformas como Airbnb durante la temporada alta, de mayo a septiembre, sin registrar estos alquileres como de corto plazo.

En el mercado, la incorporación de hoteles a Airbnb se aceleró tras la compra de HotelTonight por parte de la compañía en 2019. De acuerdo con Alex Bastian, presidente y director ejecutivo de Hotel Council of San Francisco en diálogo con San Francisco Chronicle, este acuerdo viabilizó que hoteles ofrezcan habitaciones de último minuto en el canal HotelTonight y, a veces, simultáneamente en Airbnb.

Bram Gallagher, director de economía y predicción en AirDNA, recalcó que la presencia hotelera posibilita segmentar precios y acceder a dos tipos de viajeros distintos: quienes prefieren la experiencia tradicional y quienes buscan las mejores ofertas en plataformas. “Si la gente sabe que tenemos tarifas bajas en Airbnb, eso puede bajarle los ingresos a los hoteles”, agregó Gallagher para San Francisco Chronicle. Airbnb rechazó ofrecer comentarios sobre el estado y las tendencias de su plataforma en San Francisco.

El comportamiento de las finanzas públicas en el inicio de 2026 muestra señales mixtas, aunque con un balance que, por ahora, resulta favorable para las cuentas del Estado. Las cifras más recientes indican que los ingresos tributarios arrancaron el año con un ritmo sólido, mientras el gasto público avanza con mayor moderación frente a lo programado.

Durante febrero, el recaudo de impuestos alcanzó los $18,8 billones. La cifra representa un aumento del 12,8% frente al mismo mes del año pasado. Con este resultado, el acumulado entre enero y febrero llegó a $56,1 billones, lo que equivale a un crecimiento anual de 13,3%.

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Este desempeño fue analizado por el Grupo Cibest en el informe Pulso Fiscal Bancolombia de marzo. Según sus cálculos, el avance observado en los primeros dos meses del año ya cubre el 17,9% de la meta oficial de recaudo fijada para 2026, que asciende a $312,8 billones.

Las estimaciones elaboradas a partir de información transaccional sugieren que incluso podría presentarse un ligero sobrecumplimiento frente a la meta proyectada para este momento del calendario fiscal. De acuerdo con el análisis, ese margen positivo rondaría los $2,2 billones.

Detrás de ese comportamiento hay algunos impuestos que tienen un papel determinante. El informe señala que el impuesto de renta se mantiene como uno de los principales motores del recaudo. A este se suman el IVA externo y el IVA interno, tributos que también registran aportes relevantes al crecimiento observado en los ingresos del Gobierno.

No todos los gravámenes, sin embargo, muestran la misma dinámica. Algunos impuestos presentan retrocesos en comparación con el año anterior, lo que introduce matices en la lectura del panorama fiscal.

Entre los tributos que registran caídas destacan los asociados a los combustibles. El gravamen a la gasolina y al Acpm mostró descensos pronunciados durante el último año. A esa tendencia se suma el impuesto al patrimonio, que también perdió peso dentro de la estructura del recaudo reciente.

Mientras los ingresos avanzan con dinamismo, el comportamiento del gasto público ofrece otro ángulo del análisis. Durante febrero, el Gobierno habría comprometido cerca de $37,0 billones en recursos. Esta cifra representa una disminución anual de 9,1% frente al mismo periodo de 2025.

Si se observa el acumulado de los dos primeros meses del año, los compromisos de gasto suman aproximadamente $129,3 billones. Ese monto equivale al 23,6% del Presupuesto General de la Nación correspondiente a 2026. Aun así, los números muestran que la ejecución del gasto se encuentra por encima de lo que inicialmente se había programado para este punto del año. De acuerdo con la planificación oficial, a febrero el nivel esperado de compromisos debía ubicarse alrededor de $120,9 billones.

El avance real, por tanto, refleja una diferencia positiva cercana a $8,4 billones en comparación con lo proyectado en el presupuesto. En otras palabras, aunque el gasto crece a un ritmo menor que el del año pasado, su ejecución sigue superando lo que estaba previsto en la programación inicial.

La lectura conjunta de estos indicadores permite trazar un primer diagnóstico sobre la situación fiscal del país al inicio de 2026. Según el análisis del Grupo Cibest, la combinación de mayores ingresos tributarios y un gasto que avanza con cierta moderación podría favorecer un escenario más equilibrado para las cuentas públicas.

Ese balance resulta relevante si se tiene en cuenta el desafío que representa el control del déficit fiscal. Un mayor recaudo contribuye a fortalecer los ingresos del Estado, mientras que un gasto más contenido ayuda a reducir presiones sobre el presupuesto.

Por ahora, el comportamiento de los primeros meses del año sugiere un inicio relativamente favorable en ese frente. Sin embargo, el desempeño de las finanzas públicas dependerá en buena medida de lo que ocurra durante el resto del calendario fiscal.

La atención de los analistas estará puesta, sobre todo, en la evolución de los principales impuestos que hoy impulsan el recaudo. La capacidad del impuesto de renta y del IVA para mantener su dinamismo será clave para sostener el ritmo de ingresos. Al mismo tiempo, será necesario observar si los tributos que mostraron debilidad, como los relacionados con combustibles y patrimonio, continúan restando impulso al recaudo o si logran estabilizar su comportamiento.

Otro punto de seguimiento será la trayectoria del gasto público. En los próximos meses se evaluará si la ejecución del Presupuesto General de la Nación se ajusta a la programación oficial o si mantiene las diferencias observadas en este primer tramo del año.

Un jugador se llevó un premio de $780.000.000 en el Quini 6, una cifra que despierta interrogantes sobre el procedimiento de retención de impuestos en este tipo de sorteos. El mecanismo de deducción fiscal aplicado en estos casos sigue una lógica matemática que define cuánto recibe efectivamente el ganador tras la intervención de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el ente recaudador específico, ARCA.

La legislación vigente establece que los premios de juegos de azar están sujetos a un régimen de retención. El cálculo se realiza en dos pasos principales, que combinan un porcentaje sobre el premio total y otro sobre la base imponible resultante. Esta metodología afecta a todos los ganadores de sorteos organizados por loterías oficiales en la Argentina, incluyendo el Quini 6.

De acuerdo al esquema aplicado, el primer paso consiste en tomar el 90% del monto total del premio como base imponible. Sobre esa base, la autoridad fiscal impone una retención del 31%. Este procedimiento genera una deducción automática antes de que el ganador acceda a los fondos.

Para ilustrar el proceso, se detalla el cálculo correspondiente a un premio de $780.000.000, que constituye el monto bruto sorteado en este caso:

• El 90% de $780.000.000 corresponde a $702.000.000.
• Sobre los $702.000.000 se calcula el 31%, lo que equivale a $217.620.000.
• El monto que finalmente recibe el ganador es de $562.380.000, resultante de restar la retención al monto original.

El impacto de este régimen tributario se refleja en el porcentaje final del premio que se destina a impuestos. Si se toma el 31% del 90% del monto total, el resultado es el 27,9% del premio bruto. De esta forma, la porción retenida representa poco más de una cuarta parte del total sorteado en el Quini 6.

El desglose puede resumirse de la siguiente manera:

• Premio sorteado: $780.000.000.
• Base imponible (90% del premio): $702.000.000.
• Retención (31% de la base imponible): $217.620.000.
• Monto neto entregado al ganador: $562.380.000.
• Porcentaje efectivo de retención sobre el premio total: 27,9%.

Este método de cálculo no varía en función del monto, siempre que se mantengan las reglas impositivas vigentes. La retención impositiva recae sobre el 90% del premio, sin considerar deducciones adicionales ni escalas progresivas. El porcentaje final que recibe el apostador es el resultado directo de esta operación aritmética.

El ganador del Quini 6 solo accede al monto neto tras la deducción, ya que la normativa exige que la retención se efectúe antes de la entrega. Este procedimiento busca asegurar la recaudación impositiva en origen y evitar maniobras de evasión posteriores al cobro.

Las autoridades fiscales implementaron este sistema para simplificar la liquidación de impuestos en los juegos de azar. El modelo facilita la tarea de los organismos de control y garantiza que el Estado perciba el porcentaje correspondiente sin depender de la declaración espontánea del beneficiario.

El porcentaje de retención no se calcula sobre la totalidad del premio, sino sobre el 90%. Luego, el 31% aplicado a esa base determina el monto que se transfiere al fisco. Por ejemplo, si un jugador resultara favorecido con una suma diferente, el proceso se repetiría de forma idéntica, ajustando las cifras a la nueva cantidad.

El cálculo puede expresarse matemáticamente como: Monto retenido = Premio bruto × 0,9 × 0,31 Monto neto = Premio bruto – Monto retenido

En el caso puntual del sorteo mencionado, la retención alcanzó $217.620.000 y el monto entregado ascendió a $562.380.000. Estos valores surgen de la aplicación de la fórmula indicada, sin alteraciones ni excepciones registradas para el tipo de juego en cuestión.

El sistema tributario para los premios de azar en Argentina se mantiene vigente para todos los sorteos oficiales. El procedimiento se aplica tanto en el Quini 6 como en el resto de las loterías estatales, sin distinción por provincia o jurisdicción.

Existen antecedentes de premios similares en los que el cálculo se realizó con el mismo criterio. Los beneficiarios de estos sorteos recibieron un porcentaje neto luego de la retención, en todos los casos determinado por la combinación del 90% y el 31% mencionados.

La fórmula adoptada responde a una lógica tributaria que busca equilibrar la recaudación estatal con la entrega de premios a los apostadores. La estructura del cálculo permite anticipar con precisión el monto que percibirá cualquier ganador de sorteos bajo la órbita de las loterías oficiales en el país.

El procedimiento detallado no contempla modificaciones recientes en la normativa, por lo que el cálculo sigue rigiendo para los premios sorteados en la actualidad. El mecanismo se aplica de manera automática y no requiere intervención adicional del ganador.

La retención impositiva sobre premios de azar constituye uno de los mecanismos de recaudación más directos en el sistema tributario nacional. La transparencia del proceso permite conocer de antemano el monto neto que obtendrá cada ganador y el porcentaje que se destina al Estado.

El esquema vigente facilita el control y la fiscalización, reduciendo la posibilidad de litigios o controversias respecto al monto retenido. La metodología utilizada se encuentra disponible para consulta pública y es de aplicación uniforme en todos los sorteos organizados por loterías oficiales.

La relación entre el monto sorteado y el monto neto entregado refleja el impacto del sistema impositivo en los juegos de azar. Los apostadores pueden calcular fácilmente la porción que recibirán tras la deducción, empleando la fórmula expuesta para cualquier premio otorgado en el país.

La deducción del 27,9% del total sorteado se mantiene inalterable mientras persistan las condiciones normativas actuales. El procedimiento no admite ajustes, escalas ni deducciones adicionales en el contexto de los premios estudiados.

El régimen de retención sobre premios de juego de azar opera exclusivamente sobre el 90% del monto, sin considerar el 10% restante para el cálculo impositivo. Este diseño normativo distingue el tratamiento de los premios respecto a otros ingresos sujetos a retenciones fiscales.

La transparencia y previsibilidad del sistema permiten anticipar el ingreso neto de los ganadores antes de la entrega. Esta característica facilita la planificación de los beneficiarios y el control por parte de los organismos estatales responsables de la recaudación.

El impacto fiscal sobre los premios de azar representa un aspecto relevante para quienes participan en sorteos oficiales. El conocimiento de la fórmula de cálculo se convierte en una herramienta para comprender el destino de los fondos antes de recibir el premio.

Los hogares familiares en Estados Unidos pueden acceder a varias exenciones fiscales reconocidas por la agencia fiscal estadounidense, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), y así ahorrar miles de dólares cada año, siempre que apliquen correctamente los créditos y deducciones establecidos en el código tributario.

La decisión adecuada y la combinación inteligente de estas estrategias puede modificar de forma sustancial la factura de impuestos familiar, ya que muchos beneficios dependen de elecciones financieras adoptadas durante el año y no solo en el momento de la declaración.

Entre las cinco principales exenciones fiscales contempladas por el código tributario de Estados Unidos se encuentran:

• Crédito Tributario por Hijos
• Crédito por Cuidado de Niños y Dependientes
• Deducciones vinculadas al ahorro para la jubilación
• Incentivos fiscales relacionados al gasto educativo
• La elección entre deducción estándar o deducciones detalladas

El Crédito Tributario por Hijos y errores habituales

Para el Crédito Tributario por Hijos, el monto potencial alcanza USD 2.200 por cada hijo menor de 17 años calificado, tras el aumento permanente introducido por la Ley One Big Beautiful para el ejercicio fiscal 2025. Parte de este crédito es reembolsable, de forma que puede incrementar el reembolso incluso con un impuesto neto reducido.

Para calificar, el menor debe haber vivido más de la mitad del año fiscal con el contribuyente y tener una relación directa (hijo, hija o hijastro). El beneficio disminuye gradualmente a medida que los ingresos aumentan.

Son frecuentes los errores de interpretación en familias con custodia compartida o estructuras multigeneracionales; la aplicación incorrecta puede significar perder el crédito.

Este beneficio se amplifica en familias con varios hijos, al reducir de manera significativa la carga tributaria total.

Beneficios fiscales por cuidado de dependientes

El Crédito por Cuidado de Niños y Dependientes permite reducir los impuestos asociados al cuidado infantil o de adultos dependientes. Este crédito contempla:

• Gastos calificados como guarderías, programas extraescolares y servicios de cuidado en el hogar.
• Un tope de USD 3.000 en gastos deducibles para una persona y USD 6.000 para dos o más.

El porcentaje deducible está determinado por el nivel de ingresos familiares. Quienes destinan parte considerable de sus ingresos al cuidado de dependientes pueden notar una rebaja relevante en la factura tributaria, ya que este crédito no exige detallar deducciones.

Reducción del ingreso imponible mediante ahorro jubilatorio

Las contribuciones a planes de jubilación tradicionales, como los 401(k), 403(b) y IRA tradicionales, reducen el ingreso imponible directamente desde la nómina y pueden ser deducibles según la existencia de un plan jubilatorio en el lugar de trabajo.

Para quienes cuentan con planes de salud de alto deducible, las Cuentas de Ahorro para la Salud representan una opción válida para disminuir la base gravable.

Los trabajadores autónomos cuentan con instrumentos adicionales para deducir aportes, como las IRA SEP y los 401(k) individuales, que permiten aplicar deducciones proporcionales a los ingresos netos anuales. Los hogares de ingresos bajos y medios también pueden acceder al Crédito del Ahorrador, que se suma a las deducciones de aportes jubilatorios.

Exenciones fiscales aplicables al gasto educativo

Los hogares que financian estudios superiores, formación profesional o educación continuada pueden reclamar créditos asociados:

• El Crédito Tributario por Oportunidad Estadounidense cubre hasta USD 2.500 por estudiante en los primeros cuatro años de educación postsecundaria y es parcialmente reembolsable. Para acceder, el estudiante debe cursar al menos medio tiempo.
• El Crédito por Aprendizaje Permanente cubre estudios superiores y capacitación laboral sin límite anual de años reclamados.

En cuanto a la deducción de intereses de préstamos estudiantiles, solo califican los préstamos educativos federales y privados utilizados exclusivamente para cubrir gastos educativos admitidos por la ley. No son deducibles los préstamos familiares, personales o pagos de tarjetas de crédito aun si se usaron para educación. Existen límites de ingresos que pueden excluir a ciertos contribuyentes.

Opción entre deducción estándar y deducción detallada

Todos los contribuyentes deben decidir entre aceptar la deducción estándar, que ha alcanzado máximos históricos, o detallar gastos deducibles específicos. En la actualidad, muchas familias no encuentran incentivo para detallar deducciones.

Sin embargo, puede ser conveniente detallar si se enfrentan a alguna de las siguientes situaciones:

• Compra de vivienda con intereses hipotecarios elevados
• Realización de donaciones caritativas significativas
• Gastos médicos no reembolsados que exceden umbrales fijados por la ley
• Pago de impuestos estatales y locales cercanos al límite deducible

El diario estadounidense Miami Herald indica que lo recomendable es calcular ambos escenarios y elegir el que genere mayor beneficio fiscal.

Estrategias combinadas y guía de la autoridad tributaria

Generalmente, el mayor beneficio fiscal se obtiene combinando varias de estas exenciones y créditos. La mayoría de los ahorros no dependen de lagunas legales sino del conocimiento preciso de los créditos y deducciones existentes y de su uso conjunto.

El diario estadounidense Miami Herald describe que es frecuente que las familias utilicen varias herramientas fiscales en simultáneo para incrementar el reembolso.

Debido a que la elegibilidad y los beneficios fiscales varían según los ingresos y circunstancias personales, la asesoría de un profesional fiscal o el uso de un software especializado puede ser fundamental para evitar omisiones.

El IRS publica actualizaciones periódicas y consejos en sus guías oficiales, por lo que mantenerse informado evita pagos excesivos y asegura un máximo aprovechamiento del potencial de ahorro fiscal familiar.

A lo largo de la gestión de Javier Milei se implementaron una serie de reducciones y eliminaciones de diversos impuestos. Estas medidas adquieren mayor relevancia en un contexto de estancamiento económico, ya que la recaudación nacional disminuyó y, con ella, los fondos asignados a las provincias por coparticipación. Aunque el Gobierno destaca la baja de la presión impositiva, sus efectos no alcanzaron a todos los sectores por igual.

Durante el 7º Foro de Inversiones & Negocios, que se realizó el jueves en Mendoza, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que lo que necesita el país es que se sigan bajando impuestos, pero reconoció que enfrentan dificultades para poder hacerlo. “Producto de todo lo que hemos hecho en el pasado, de esa desconfianza que generamos, Argentina necesita un ancla fiscal muy, muy sólida. Nosotros, para poder bajar impuestos, necesitamos tener un superávit mayor que el que necesitamos para pagar los intereses de la deuda”, comentó.

Durante su presentación en Mendoza, en el evento organizado por el gobernador Alfredo Cornejo, Caputo expuso ante empresarios y funcionarios todos los impuestos que bajó y eliminó el Gobierno en los más de dos años de mandato de Milei. De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, el costo fiscal acumulado hasta 2025 alcanza el 2,45% del Producto Interno Bruto (PIB). El impacto de cada tributo se refleja en las cuentas públicas y en la estructura de incentivos de la economía.

Los impuestos que redujo el Gobierno

El ajuste más relevante se observa en el Impuesto sobre los Bienes Personales, que grava el patrimonio individual por encima de ciertos mínimos. La rebaja aplicada en este tributo representa un impacto acumulado de 0,75% del PIB, con 0,42% en 2024 y 0,32% en 2025. Pero esta reducción beneficia principalmente a los contribuyentes de mayor patrimonio relativo, aliviando la carga fiscal sobre quienes poseen activos más elevados.

En el caso del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), la reducción es mucho más acotada, ya que solo significa un 0,03% del PIB a lo largo de dos años. Este tributo involucra operaciones inmobiliarias realizadas por personas físicas que venden inmuebles adquiridos antes de la imposición del impuesto a las ganancias sobre esas transacciones.

Respecto a los derechos de exportación, la baja aprobada impacta en sectores exportadores como la agroindustria y complejos industriales. El costo fiscal llega a 0,47% del PIB, repartido entre 0,03% en 2024 y 0,44% en 2025. Esta medida apunta a mejorar la competitividad externa y la generación de divisas, bajo la óptica del oficialismo. Por otro lado, los derechos de importación también sufrieron una reducción, aunque de menor magnitud. El impacto fue de 0,08% del PIB en 2025. El abaratamiento de insumos y bienes importados favorece tanto a consumidores como a empresas que dependen de componentes extranjeros, al tiempo que reduce la protección sobre sectores industriales locales.

Una de las bajas más significativas recae sobre el Impuesto PAIS, que en 2025 representa el 1,07% del PIB. Este tributo, que afectaba operaciones ligadas al acceso a divisas, importaciones y consumos en el exterior, ya no rige en las mismas condiciones, lo que reduce el costo de muchas transacciones tanto para empresas importadoras como para consumidores finales. En menor escala aparecen los impuestos internos, con un recorte de 0,05% del PIB en 2025. Aunque durante este año el porcentaje aumentará, ya que la reforma laboral que se aprobó la semana pasada en el Congreso incluye una baja adicional.

A pesar de las reducciones que se realizaron a lo largo del año pasado, el Gobierno logró un superávit financiero de las cuentas públicas de 0,2% del PIB en 2025. En caso de poner la lupa solo sobre el resultado primario, que no contempla el pago de intereses de deuda, el excedente se incrementa a 1,4% del producto.

Impacto desigual

El detalle oficial, exhibido en la presentación de Caputo, muestra que las bajas no son homogéneas. El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, analizó el esquema y sostuvo: “La reducción que muestra la presentación no es homogénea desde el punto de vista distributivo. Incluye impuestos de naturaleza muy distinta, por lo que el impacto social también es diferente según cada caso”.

Domínguez remarcó que la disminución en Bienes Personales tiene “un sesgo más claro hacia contribuyentes de mayor capacidad contributiva”, mientras que la rebaja en derechos de exportación impacta directamente en sectores exportadores. Sobre el ITI, el experto resaltó que su efecto distributivo resulta acotado por el bajo peso que tiene en la recaudación total y porque apunta a un universo pequeño de operaciones inmobiliarias.

En cuanto a los derechos de importación, Domínguez explicó que la reducción puede favorecer tanto a consumidores como a empresas que usan insumos importados, aunque también disminuye la protección para sectores industriales locales. Respecto al Impuesto PAIS, sostuvo que su eliminación reduce el costo de operaciones asociadas a compras de divisas e importaciones, beneficiando a empresas y consumidores según la operatoria.

En paralelo, el informe de Iaraf sobre recaudación nacional refleja que la presión tributaria nacional bajó entre 2023 y 2025, acompañando la política de reducción impositiva ya aplicada por el Gobierno. Los datos del instituto muestran cómo la carga fiscal disminuyó en ese período, en línea con el costo fiscal acumulado del 2,45% del PIB expuesto por la Secretaría de Hacienda.

El análisis de Domínguez subraya que el paquete de rebajas incluye medidas de efectos diversos: algunas benefician más a quienes tienen mayor patrimonio, otras apuntan a sectores productivos específicos y algunas pueden influir sobre precios, consumo o actividad económica en general. El efecto distributivo, según el tributarista, “depende del impuesto que se analice y no del paquete en su conjunto”.

La estrategia oficial

Durante su exposición en Mendoza, Caputo explicó que el desafío del Gobierno pasa por sostener superávit fiscal para continuar reduciendo impuestos. En tal sentido, sostuvo que es necesario avanzar en la formalización del empleo y ampliar la base de trabajadores registrados, dado que casi la mitad de los argentinos se desempeña en la informalidad. Además, señaló que el crecimiento económico es clave, ya que por cada cuatro puntos de aumento en el PBI, la recaudación fiscal sube un punto, lo que equivale a unos 7.000 millones de dólares. A su juicio, el objetivo debe ser alcanzar tanto la formalización laboral como el crecimiento económico.

En medio del enfrentamiento con la Unión Industrial Argentina, Caputo descartó la devaluación como recurso para ganar competitividad y argumentó: “La forma de ganar competitividad es bajando impuestos a nivel de Nación, a nivel de provincias y a nivel de municipios donde se cobran tasas que afectan directamente. Esa es la forma en la que vamos a seguir actuando a nivel de Gobierno, a la que aspiramos que las provincias y municipios nos acompañen y generar la confianza suficiente para que el sector privado invierta en tecnología para ofrecer a la gente mejores productos y a menos precio”.

La estrategia oficial combina la baja de tributos con el objetivo de mantener el gasto controlado, formalizar el empleo y estimular el crecimiento económico para evitar nuevas subas impositivas. La administración económica plantea que este enfoque permite sostener los ingresos públicos y, al mismo tiempo, aliviar la presión fiscal sobre los distintos sectores de la economía argentina.

“Me voy a meter en un jardín, me da igual”, empieza uno de sus últimos vídeos Alfonso Ortega, más conocido como Cocituber, quien a menudo comparte contenido gastronómico. Esta vez ha cambiado el paso de sus publicaciones habituales, y ha puesto la mirada en el conflicto de Oriente Medio. Concretamente ha cargado con dureza contra los españoles que viven en Dubai, pero ahora se ven obligados a venirse a España por la creciente tensión del conflicto entre EE.UU, Irán e Israel. “Cientos de repatriados que estais en Dubai, a vivir ese sueño... y ahora vienen todos corriendo con el dinero de mis impuestos y de los tuyos”, enuncia.

Actualmente hay, según las cifras oficiales de 2024 (la cifra más actualizada) del Ministerio de Asuntos Exteriores y el INE, 7.606 españoles que tienen su residencia en Dubai. Un dato a tener en cuenta, ya que la cifra de españoles se ha duplicado en la última década (en 2016 había 4.113).

¿Por qué hay españoles viviendo en Dubai?

Este movimiento migratorio hacia un país de Oriente Medio viene dado, en gran parte, a las ventajas fiscales para emprender que ofrece el emirato. Es decir, no se paga IRPF o impuestos como el de Sucesiones y Donaciones. Esa situación sí sucede en España, y habitualmente supone un foco de polémica entre creadores de contenido.

“Yo he estado en Dubai”, continúa en el vídeo Cocituber, quien describe el emirato como “un país creado en medio del desierto con ferraris, porsches, tiendas de Gucci..., y en definitiva, postureo”, resume el creador de contenido.

Cocituber sigue el vídeo describiendo de forma irónica las costumbres del emirato: “No te van a robar nunca el Iphone porque no hay delincuencia y tiene unas leyes islámicas preciosas“, explica, aunque resume al final con un mensaje contundente: ”Todo mentira".

“Encantado de pagar tu vuelta con mis impuestos”

Desde el sábado pasado, la situación ha dado un giro inesperado para los españoles residentes en Dubái o que estaban temporalmente en países afectados por el conflicto en Oriente Medio. Un número creciente de ciudadanos españoles ha solicitado asistencia a las autoridades consulares y diplomáticas de España para gestionar su regreso seguro al territorio nacional. La preocupación por la seguridad personal y la incertidumbre sobre la evolución del conflicto han impulsado estas solicitudes. Finalmente, en su vídeo, Cocituber se ha pronunciado sobre este asunto, buscando exponer la situación de quienes ahora buscan protección ante la actual coyuntura, y acusándoles de que se habían marchado de España para evitar pagar impuestos en su país de origen.

“Ahora vienen todos corriendo para España, repatriados, con el dinero, supongo, de mis impuestos y de los tuyos”, continúa. “Y yo encantado de pagarte la repatriación y que no te pase nada en un país que ahora mismo, puede ser peligroso”, describe Cocituber.

Para terminar, cierra su vídeo con un claro dardo irónico a quienes se han ido de España para aprovechar los beneficios fiscales. “Ahora, además de que paguemos nosotros la pensiones de tus padres, lo mismo también las pagas tú”, cierra su vídeo.

Un cambio en el panorama de la declaración de impuestos afecta a millones de estadounidenses con ingresos modestos. El 70% de los contribuyentes en Estados Unidos puede presentar sus impuestos sin costo alguno, pero muy pocos aprovechan esta oportunidad.

La eliminación del programa Direct File, impulsada por la administración Trump, deja al sistema IRS Free File como la principal vía gratuita, aunque su uso sigue siendo mínimo.

A pesar de la disponibilidad de opciones sin costo, la mayor parte de los contribuyentes continúa pagando por servicios de preparación de impuestos. Según estimaciones oficiales de 2024, el estadounidense promedio gastó USD 270 en la preparación de su declaración.

Esta situación genera preguntas sobre la eficacia de los programas gratuitos y el poder de empresas comerciales como TurboTax y H&R Block.

El sistema IRS Free File, vigente desde 2003, fue diseñado para que la mayoría de los ciudadanos pudiera presentar sus impuestos a través de socios certificados sin pagar. Sin embargo, datos recientes indican que solo 2% de los contribuyentes elegibles usaron esta herramienta en 2024.

El resto optó por servicios pagos, aun cuando para muchos no era necesario.

¿Por qué tan pocos aprovechan la declaración gratuita de impuestos?

De acuerdo con un informe de febrero de 2026 de NerdWallet, el portal financiero, la baja utilización de IRS Free File continúa sorprendiendo a los analistas. Sam Taube, redactor principal de inversiones en NerdWallet, afirmó: “Cuán pocos de los contribuyentes elegibles usan este programa cada año”.

El informe califica la herramienta como “tristemente subutilizada”. En 2024, se presentaron aproximadamente 3 millones de declaraciones a través de Free File, mientras que otros 140.000 formularios se enviaron usando Direct File, el portal directo del IRS.

No obstante, este último fue eliminado tras la temporada fiscal 2025, luego de presiones de empresas privadas que consideraban el programa innecesario.

Las causas de la baja participación no se deben solo al desconocimiento. Investigaciones revelan que empresas líderes en el sector, como TurboTax y H&R Block, dificultaron el acceso a IRS Free File en sus plataformas y derivaron a los usuarios hacia versiones pagas.

Una investigación de ProPublica, el consorcio periodístico, en 2019 demostró que estas compañías ocultaban el servicio gratuito y promovían alternativas con costo.

Opciones gratuitas para declarar impuestos en 2026

A pesar de la desaparición de Direct File, existen diversas alternativas gratuitas para quienes desean ahorrar en la temporada de impuestos. Estas son las principales:

• IRS Free File: Disponible para personas con ingresos brutos ajustados de hasta USD 89.000 en 2026. El contribuyente debe ingresar al portal oficial y seleccionar entre distintos socios autorizados: 1040Now, 1040.com, ezTaxReturn.com, FileYourTaxes.com, OnLine Taxes, TaxAct, FreeTaxUSA y TaxSlayer. El sistema guía al usuario con preguntas y permite completar la declaración usando el software de la empresa seleccionada, completamente gratis.
• Formularios rellenables (Fillable Forms): Esta opción está abierta a todos, sin importar el ingreso, pero está pensada para quienes ya tienen experiencia completando formularios del IRS. No ofrece asistencia interactiva. No es recomendable para quienes necesitan ayuda paso a paso.
• AARP Tax-Aide: El mayor programa nacional de voluntariado para la preparación gratuita de impuestos. En 2025, ayudó a más de 1.700.000 de personas a completar sus declaraciones. El servicio está dirigido especialmente a mayores de 50 años y personas con ingresos bajos o moderados, pero está abierto a todos. Los voluntarios están certificados y capacitados para detectar deducciones y créditos, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), que frecuentemente queda sin reclamar.

Pasos para declarar impuestos gratis con IRS Free File

Quienes deseen aprovechar la opción pueden seguir estos pasos:

• Acceder al sitio oficial del IRS Free File.
• Verificar que el ingreso bruto ajustado no supere USD 89.000.
• Seleccionar uno de los socios autorizados.
• Completar el cuestionario guiado para preparar la declaración.
• Enviar la declaración electrónica sin costo.

Se debe tener en cuenta que TurboTax y H&R Block ya no participan en el programa desde 2024. Las opciones actuales se pueden consultar en el portal del IRS.

Alternativas gratuitas: Tax-Aide y software comercial

El programa Tax-Aide de la Fundación AARP cuenta con más de 3.600 centros en todo el país, ubicados en bibliotecas, bancos, centros comunitarios y centros comerciales. No es requisito ser socio de AARP para utilizar el servicio, que funciona hasta mediados de abril. Para encontrar el centro más cercano, se recomienda usar el localizador en línea de la organización.

Por otra parte, varios programas de software comercial ofrecen versiones gratuitas, aunque su popularidad supera a IRS Free File. En 2024, 27 millones de declaraciones se presentaron a través de software comercial gratuito, según la American Coalition for Taxpayer Rights.

Es importante señalar que estas versiones gratuitas suelen tener limitaciones y requisitos específicos.

Debate político y futuro del acceso gratuito

La eliminación de Direct File reavivó el debate sobre el acceso equitativo a la declaración de impuestos. La senadora Elizabeth Warren y otros legisladores demócratas impulsa un proyecto de ley para restablecer y hacer permanente el sistema eliminado.

Warren sostiene: “Los estadounidenses desean un sistema verdaderamente gratuito, seguro y fácil de usar, y lo tuvieron con Direct File”.

Expertos y defensores de los consumidores afirman que la baja participación en IRS Free File responde a estrategias de mercado de las grandes empresas y a la falta de información oficial clara. David Kass, director de Americans for Tax Fairness, sostiene: “Esto es un caso claro de lo que conviene al contribuyente promedio frente a los grandes corporativos”.

Recomendaciones prácticas para la temporada de impuestos 2026

• Verifique siempre el ingreso para saber si califica para IRS Free File.
• Utilice únicamente los enlaces del IRS para evitar servicios pagos disfrazados de gratuitos.
• Considere la asistencia presencial de Tax-Aide si requiere orientación personalizada.
• Revise los requisitos y limitaciones de las versiones gratuitas de software comercial antes de usarlas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la habilitación del Simulador para la Declaración Anual 2025 de Personas, una herramienta digital que estará disponible a lo largo de marzo en su sitio web, con el objetivo de facilitar la preparación y presentación de la declaración fiscal correspondiente al ejercicio.

Entre las principales novedades, el simulador permite que los usuarios revisen la precarga de información en rubros como ingresos, devoluciones, deducciones personales y autorizadas, así como retenciones y pagos realizados.

Además, para quienes hayan percibido intereses a través de SOFIPOS, se habilitan campos específicos para detallar montos gravados y exentos. El aplicativo también incorpora funcionalidad para gestionar estímulos fiscales incluidos en el Plan México, dirigidos a los contribuyentes que cuenten con la Constancia de Autorización.

Otra mejora relevante es la visualización y posible reclasificación manual de CFDI no identificados inicialmente como deducciones personales bajo el apartado “Sin clasificación”, siempre que se presente la documentación de respaldo.

El periodo estipulado para que las personas contribuyentes presenten la Declaración Anual 2025 será del 1 al 30 de abril. El envío debe realizarse con e.firma si el saldo a favor alcanza o supera 10 mil 001 pesos. Asimismo, durante marzo, la información precargada podría actualizarse.

SAT ha puesto a disposición el Visor de nómina para trabajadores y empleadores, el Visor de deducciones personales, el Visor de retenciones y un minisitio exclusivo sobre la Declaración Anual 2025 para personas físicas.

¿Cómo saber si vas a recibir saldo a favor en la declaración anual del 2026?

Para comenzar con el simulador, el usuario debe acceder a la página oficial del SAT y dirigirse a la sección “Declaraciones”. Si no aparece de inmediato la opción para la Declaración Anual, se puede ingresar al apartado correspondiente a través del enlace específico proporcionado por el organismo.

Una vez en el simulador, el sistema solicita la clave de registro federal de contribuyentes (RFC), contraseña y la verificación captcha para ingresar, aunque también es posible usar la e.firma.

El contribuyente debe seleccionar los tipos de ingresos que tuvo en el periodo fiscal indicando si incluyó ingresos procedentes del extranjero o relacionados con el ISSIF (Informe de Situación Fiscal). El sistema carga después los datos pre-registrados, que es responsabilidad del usuario verificar, completar o corregir para garantizar su exactitud.

Al avanzar a la pestaña “Determinación”, el contribuyente puede elegir la opción de devolución de impuestos si corresponde y debe ingresar su CLABE interbancaria para posibles transferencias.

En la etapa final, el sistema despliega la pestaña “Pago”, mostrando tres botones azules; al seleccionar “Revisar”, el contribuyente podrá descargar un PDF de prueba con el resumen de sus datos registrados, herramienta clave para comprobar que la información coincida con los comprobantes de retención y deducción de su empleador o de terceros registrados ante el SAT.

Para evitar errores frecuentes, es importante de tener a la mano tanto el RFC como la e.firma antes de iniciar el proceso. Es necesario confirmar y validar que los datos ingresados sean precisos y que los comprobantes de ingresos y retenciones estén debidamente asentados.

Si el patrón realizó correctamente las retenciones y traslados de impuestos, el contribuyente podrá anticipar un saldo a favor o en contra y decidir pasos siguientes antes de la presentación oficial.

El balance fiscal de Colombia en 2025 muestra que el déficit del Gobierno central alcanzó 117,8 billones, equivalente al 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB), según reportó el Ministerio de Hacienda, lo que se situó como el segundo más alto para Colombia fuera de los años de pandemia. Al panorama se suma el récord en la deuda pública bruta.

Según lo reportado por la cartera que lidera Germán Ávila, la diferencia entre ingresos y gastos del Gobierno Central mejoró en comparación con la meta oficial trazada en el 7,1%. También fue inferior al déficit de 2024, de 6,7%, aunque sigue siendo de los más elevados fuera del periodo de emergencia sanitaria. Por ejemplo, en 2025, los ingresos del Gobierno ascendieron al 16,3% del PIB, es decir, $302 billones. El gasto público total llegó a 22,7% del PIB, equivalente a $420 billones. Aunque ambos rubros tuvieron ligeras variaciones respecto al año anterior, la brecha fiscal apenas se redujo.

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El déficit primario, que excluye el pago de intereses, se ubicó en $65,7 billones (3,5% del PIB), lo que superó por 10 puntos básicos (pb) la proyección más reciente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que era de 3,4%. El resultado quedó distante de la meta oficial del Marco Fiscal de Mediano Plazo, que la fijó en 2,4%.

La deuda pública bruta del Gobierno nacional marcó un máximo histórico en términos nominales, al incrementarse a $1.192,6 billones (64,7% del PIB). Se trata de la segunda cifra más alta en proporción al tamaño de la economía registrada fuera de los años de pandemia, cuyo pico fue de 65%.

Además, el Plan Financiero anual todavía no se publicó, a pesar de que habitualmente se divulga en los dos primeros meses de cada año.

Críticas sobre el manejo fiscal

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, se refirió a la situación y mostró mucha preocupación. Dijo que “las finanzas públicas de nuestro país están absolutamente destrozadas”. Al referirse a lo publicado por el Carf, señaló que la situación es cada vez más preocupante: “¿Cómo no va a ser preocupante si el déficit primario, la diferencia entre ingresos y gastos entre 2023 y hoy, se ha multiplicado por diez veces. En solo dos años este gobierno ha gastado diez veces más”.

Destacó el aumento acelerado de la deuda y de los costos de intereses. Precisó que, si entre 2022 y 2026 la deuda pública aumentó en $400 billones de deuda nueva, y de ellos $176 billones solo en el último año, es decir, que en el último año el derroche es significativo. Además, los costos de intereses de deuda pública aumentaron en más de un 60% en deuda local y en más de un 35% en deuda internacional.

Alertó sobre la desconfianza internacional. “La prima de riesgo es hoy gigante para el país. Lo único que generamos es desconfianza en los inversionistas internacionales. Y si además este gobierno decidió que ya no quería tener control ni de déficit ni de deuda y eliminó la regla fiscal sin ningún argumento técnico”, lamentó.

Ausencia de controles: “Salida difícil”

Según el exfuncionario, la ausencia de controles en el manejo fiscal incentiva el desequilibrio. Explicó que el problema de todo esto es que “la salida va a ser difícil” y va a requerir un gobierno nuevo que aumente el crecimiento para que haya más recaudo, pero no un crecimiento basado en burocracia estatal, sino en inversión privada, que ponga metas realistas en el recaudo tributario y que disminuya el tamaño del Estado en por lo menos un 30% para que no haya tanto derroche.

Sostuvo que es indispensable recuperar la confianza económica. Manifestó que es urgente generar confianza y prudencia en el manejo macroeconómico y también cambiar la estructura tributaria para que Colombia crezca más, porque la mejor reforma fiscal es crecer, pero “lo que estamos haciendo en este momento es muy peligroso con nuestro país”.

Propuestas y advertencias para el déficit fiscal

Por su parte, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo expuso los caminos posibles para ajustar el balance: “Un déficit se reduce de dos maneras: con más impuestos o con menor gasto. Petro escogió el primer camino y todavía sigue hablando de más reformas tributarias. Increíble la obcecación por la primera vía, estando como estamos”.

Esto, teniendo en cuenta que el mandatario apuntó que “la manera sana de reducir el déficit fiscal primario que crece desde al año 2015, fundamentalmente por la caída de precios de petróleo y carbón, es con más incremento del ingreso tributario y van tres intentos fallidos, solo porque el Gobierno propone que esos nuevos impuestos caigan sobre los sectores más pudientes y rentísticos de la sociedad”.

Para Petro, “indudablemente hay que disminuir el déficit primario y eso hace urgente una reforma tributaria justa”. Recordó que “la única que el Gobierno logró aprobar fue disminuida por la Corte Constitucional dirigida por Ibáñez y Reyes”.

Más de 1.320 galones de combustible fueron incautados por militares ecuatorianos en la frontera con Colombia, según reportó este miércoles 4 de marzo de 2026 el Ministerio de Defensa, que aseguró que la acción afectó “directamente la logística de los grupos de delincuencia organizada que operan en esta zona estratégica del país”.

El reporte señala que el combustible confiscado se destina a actividades ilícitas en la frontera. Los individuos involucrados abandonaron en el agua los 24 tanques tras notar la presencia militar y huyeron del área intervenida.

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“Durante una operación militar, varios individuos fueron detectados mientras manipulaban tanques que presumiblemente contenían combustible; al notar la presencia militar, huyeron del lugar abandonando los recipientes en el agua”, puntualiza el informe.

El operativo se realizó en el sector Olmedo, perteneciente al municipio Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas. El Ministerio precisó que los detalles sobre la operación se mantienen “reservados” para no comprometer futuras intervenciones.

“Más de 1.320 galones de combustible fueron incautados en la frontera norte, afectando directamente la logística de los grupos de delincuencia organizada que operan en esta zona estratégica del país”, escribió la cartera en su cuenta de X.

El Ministerio de Defensa ecuatoriano también confirmó que en la operación participaron las Fuerzas Armadas y la Armada del vecino país.

“La operación se ejecutó en el sector de Olmedo, cantón Eloy Alfaro, provincia de #Esmeraldas, donde las @FFAAECUADOR , a través del @armada_ecuador , decomisaron 24 tanques de 55 galones, equivalentes a 1.320 galones de combustible, utilizados presuntamente para actividades ilícitas en la frontera”.

Cabe recordar que desde los primeros meses de 2024, el presidente Daniel Noboa intensificó la respuesta estatal frente al crimen organizado, declarando un conflicto armado interno y clasificando a las bandas como grupos terroristas, con el consiguiente establecimiento de varios estados de excepción.

Las fuerzas de Estados Unidos y Ecuador también implementaron “operaciones conjuntas” en suelo ecuatoriano contra organizaciones consideradas “terroristas”, comunicó el Comando Sur de EE.UU. El anuncio señaló que se adoptaron acciones directas contra grupos vinculados con el narcotráfico y la minería ilegal, a quienes se responsabiliza por el aumento de la violencia en Ecuador.

Por su parte, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, confirmó la incautación histórica de cocaína, marihuana y heroína en la frontera entre Colombia y Ecuador, cuantificando un aumento del 300% en decomisos durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

​“Como resultado de este esfuerzo sostenido, entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, las incautaciones en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana registraron un incremento histórico frente al gobierno anterior”, escribió el ministro Sánchez en su cuenta de X.

Según datos oficiales, se han confiscado 286.161 kilogramos de cocaína (con un incremento del 321%), 356 kilogramos de heroína (un alza del 1.216%) y 4.615 kilogramos de marihuana (aumento del 8%) en la zona fronteriza.

El ministro Sánchez atribuyó estos resultados a la cooperación entre las Fuerzas Militares colombianas y ecuatorianas, facilitada por mecanismos como la Comisión Binacional Fronteriza. Destacó la intensificación de operaciones conjuntas, la mejora en el intercambio de información y los golpes directos a redes de narcotráfico en esa región.

“Ha permitido intensificar las operaciones conjuntas, mejorar el intercambio de información y golpear de manera directa las estructuras del narcotráfico que delinquen en esta región estratégica”, expuso.

Y agregó: “Estamos teniendo más eficiencia, pero hay que enseñarles allá que no repitan la historia. Y la Policía de Colombia tiene que enseñarle a la Policía de Ecuador, y al Ejército, cómo se hace para controlar los puertos, cómo se hace para que el campesinado de Ecuador no vaya a caer en las mismas cosas en que nosotros hemos caído”, manifestó.

El Gobierno nacional anunció que las autoridades enfatizarán el combate al fentanilo.

La Comisión de Hacienda del Consejo Municipal de Panamá aprobó este miércoles de forma unánime la exoneración de impuestos aplicables al proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, una decisión que busca evitar que el Estado asuma costos adicionales no contemplados originalmente y garantizar la continuidad de una de las obras de infraestructura más relevantes del país.

La solicitud fue sustentada por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, quien explicó que la obra, valorada en aproximadamente $2,100 millones, incluye una tasación que no estaba contemplada en el pliego original del contrato.

De no aprobarse el acuerdo municipal, el Gobierno tendría que cubrir ese monto adicional, lo que impactaría directamente las finanzas públicas en un contexto de restricciones presupuestarias.

El proyecto del Cuarto Puente ha estado marcado por retrasos y reconfiguraciones técnicas. La obra acumula alrededor de cuatro años de atraso, principalmente por la ausencia de un esquema financiero definido durante la administración anterior y por los ajustes estructurales que sufrió el diseño original.

Inicialmente, el diseño del Cuarto Puente contemplaba que la Línea 3 del Metro utilizara su estructura. Sin embargo, durante el gobierno anterior se tomó la decisión de que el monorriel no pasaría por el puente y se optó por construir un túnel por debajo del Canal de Panamá para el cruce ferroviario.

Ese cambio de alcance alteró la planificación original y afectó la ejecución del proyecto, al obligar a replantear componentes técnicos, cronogramas y coordinación entre las obras viales y el sistema de transporte masivo.

La meta oficial es entregar el puente en 2028, consolidándolo como una solución estructural al congestionamiento que afecta a miles de residentes de Panamá Oeste que se desplazan diariamente hacia la capital.

La exoneración de impuestos municipales se convierte así en un elemento clave para no encarecer el proyecto. El ministro subrayó que se trata de una inversión estratégica que involucra directamente a los distritos de Panamá y Arraiján, y que su culminación podría representar hasta tres horas adicionales al día para los usuarios que actualmente enfrentan largos tiempos de traslado.

El funcionario informó que sostendrá una reunión similar con las autoridades del distrito de Arraiján para presentar la misma solicitud, con el objetivo de continuar la obra en las mejores condiciones.

Se trata de una infraestructura atirantada que contará con tres carriles por sentido, cada uno de 3.65 metros de ancho, permitiendo velocidades de desplazamiento de hasta 80 kilómetros por hora. El diseño final contempla cinco segmentos principales: el puente atirantado central, los viaductos de acceso Este y Oeste, y dos intercambiadores que conectarán con la red vial existente.

En el lado oeste, el intercambiador se integrará a la carretera Panamericana y a la vía de ocho carriles mediante cuatro pasos subterráneos, mientras que en el lado este se conectará con la red vial de Albrook. Esta configuración busca distribuir de manera más eficiente el flujo vehicular y aliviar la presión sobre el Puente de las Américas y el Puente Centenario.

El proyecto también ha registrado avances técnicos relevantes. Recientemente se completó el vaciado del primer segmento de la pila derecha de la Torre Principal Este (M3), un hito en la construcción de la estructura atirantada que sostendrá el tramo principal del puente. Este avance confirma que, pese a los retrasos acumulados, la ejecución física ha retomado un ritmo sostenido.

El proyecto fue adjudicado en 2018 al consorcio Panamá Cuarto Puente, conformado por las empresas China Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD.

Después de eliminar los carriles centrales que se destinarían a la Línea 3 del Metro, el proyecto también registró otras modificaciones respecto a su diseño original.

Entre los ajustes introducidos está la modificación del alineamiento de la estructura atirantada, con el fin de no afectar los patios de contenedores que mantiene bajo concesión la empresa Panamá Ports Company.

Asimismo, se descartó la construcción de un restaurante que estaba previsto en una de las torres del puente. Estos cambios, junto con otros que no han sido detallados públicamente, se enmarcaron en la intención de reducir el costo originalmente estimado en $1,518 millones para una obra que contemplaba cerca de 40 kilómetros de vialidad, incluyendo accesos e intercambiadores, según el diseño aprobado en su momento.

El 3 de marzo se conoció la radicación del informe de ponencia para el primer debate del Proyecto de Ley 468 de 2025, “por medio del cual se sustituye el impuesto al valor agregado (IVA) por un impuesto al consumo y se dictan otras disposiciones”. Con el mismo se busca transformar el sistema tributario colombiano mediante la eliminación definitiva de dicho gravamen. La iniciativa busca corregir la inequidad y simplificar la carga fiscal que enfrentan ciudadanos y empresas.

En el mismo propone eliminar el IVA del 19% e instaurar un impuesto único al consumo del 8%. Se pretende simplificar la tributación, eliminar los impuestos descontables y destinar parte del nuevo recaudo a salud y educación, con énfasis en fortalecer la educación superior pública. Será discutido en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, a partir del 16 de marzo, una semana después de las elecciones del 8 de marzo.

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Dentro del documento presentado en el Congreso de la República se detalla que desde la implementación en 1963, el IVA evolucionó desde una tarifa inicial del 3% hasta el actual 19%. Aunque hoy aporta cerca de la mitad del recaudo nacional, la estructura es criticada por su complejidad y carácter regresivo. Según explicó a Portafolio el representante a la Cámara Wilmer Guerrero Avendaño, uno de los ponentes del proyecto, “el modelo actual del IVA ha generado un desgaste de la eficiencia del sector productivo y un detrimento de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos con menores ingresos”.

Sostuvo el congresista que el sistema de impuestos descontables profundiza la desigualdad, lo que beneficia casi que de manera exclusiva al segmento de empresas con mayores ingresos. “Estos impuestos descontables de IVA son aprovechados casi en un 90% (88,45% en el año 2023) sólo por decir, las diez empresas con mayores ingresos brutos del país”, anotó. A diferencia del esquema descontable vigente, el nuevo modelo buscaría facilitar la equidad y el cumplimiento fiscal.

Impacto del nuevo impuesto al consumo en las mipymes

Una parte clave de la reforma es el efecto sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que constituyen el 95,8% del tejido empresarial nacional. Estas empresas encuentran barreras operativas para acceder a los beneficios del IVA descontable, lo que agrava la desigualdad frente a las grandes compañías.

La iniciativa dice que “las micro, pequeñas y medianas empresas no cuentan con la infraestructura contable ni tecnológica necesaria para acceder al mecanismo del IVA descontable, lo que las obliga a pagar la tarifa plena del 19% sin posibilidad de recuperar el impuesto pagado en sus insumos”.

El nuevo impuesto, al prescindir de devoluciones y descuentos, pretende facilitar la operación formal y aumentar la productividad en las mipymes. El texto resalta que “con un impuesto al consumo más bajo, de estructura simple y transparente, estas empresas podrán operar con menores costos financieros, liberar recursos para invertir, aumentar su productividad y formalizar sus actividades sin enfrentar la maraña contable del IVA”.

Con esto, el objetivo es cerrar la brecha con las grandes compañías, que representan solo el 0,1% del universo empresarial y concentran el 88,45% de los impuestos descontables.

Recaudo estimado y destinación social de los recursos

A nivel fiscal, el Ministerio de Hacienda proyecta que la eliminación del IVA y la adopción del nuevo impuesto podrían incrementar los ingresos en 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB). El informe de los ponentes menciona que en 2024 la brecha entre el recaudo potencial y el real significó dejar de percibir más de 32 billones de pesos bajo el esquema actual.

Por supuesto, el destino de los recursos también es un punto central. Un punto porcentual (pp) del total recaudado se asignará de forma equitativa entre los sectores de salud y educación. El 40% de la partida destinada a educación será para financiar la educación superior pública.

Argumentos de los autores

Dentro de los argumentos políticos y técnicos, Guerrero enfatizó en que “implementar un nuevo impuesto a las ventas, de menor tarifa general, que genere una mayor eficiencia y productividad económica”. Resaltó que el IVA es “altamente inequitativo” y afecta de manera regresiva a los hogares más pobres, quienes dedican una mayor proporción de sus ingresos al pago de este tributo en comparación con los hogares más ricos.

Anteriormente, el senador Alejandro Chacón, autor de la iniciativa, destacó que “con esta medida se busca simplificar de manera sustancial el sistema tributario colombiano, eliminar uno de los mecanismos más complejos del Estatuto Tributario (impuestos descontables) y unificar las reglas de tributación sobre bienes y servicios”. Añadió que el modelo se inspira en un “impuesto al consumo simple”, en referencia a experiencias internacionales, el cual ha demostrado mayor transparencia y facilidad de administración.

La propuesta plantea una reforma estructural del sistema tributario orientada a corregir desequilibrios históricos, impulsar la formalización y productividad empresarial, y fortalecer la confianza en la administración fiscal.

De aprobarse el proyecto, se implementaría un régimen fiscal más sencillo y justo. Los recursos públicos estarían distribuidos de forma equitativa, fomentando la equidad y el desarrollo con menor impacto negativo sobre los sectores más vulnerables.

La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público ordenó la aprehensión de quien se desempeñó como jefa de Cobranzas de la Dirección General de Ingresos (DGI) entre 2020 y 2024, en una investigación por presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado.

La detención se realizó mediante un allanamiento en el sector de Brisas del Golf, en la capital panameña, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.

La funcionaria ocupaba un cargo clave dentro de la estructura de la DGI, entidad responsable de la recaudación tributaria y de la supervisión del cumplimiento fiscal en el país.

Además de la aprehensión de la exfuncionaria, las autoridades ordenaron la incautación provisional de un apartamento de su propiedad ubicado en el área de Bella Vista, cuyo valor asciende a aproximadamente $145,000, según consta en la escritura de compraventa.

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación ha recopilado elementos de convicción dentro de cinco expedientes que vinculan a la exjefa de Cobranzas con un esquema irregular relacionado con el reconocimiento de créditos fiscales por la compra e instalación de equipos fiscales en diversas empresas.

Según la fiscalía, mediante resoluciones presuntamente fraudulentas se habrían creado créditos fiscales ficticios que ocasionaron perjuicios económicos a la DGI.

Las autoridades indicaron que las cuantías asociadas a las cinco carpetillas investigativas superan los $500,000. En las próximas horas se espera que el Ministerio Público solicite audiencias de control de garantías para legalizar la aprehensión, formular cargos y solicitar medidas cautelares en cada una de las causas abiertas.

En Panamá, la legislación tributaria establece que los comercios y empresas deben utilizar equipos fiscales —como cajas registradoras o impresoras fiscales certificadas— para registrar sus ventas y emitir facturas que permitan el control tributario de las transacciones comerciales.

Estos dispositivos deben estar autorizados y enlazados con el sistema de la Dirección General de Ingresos, lo que permite a la administración tributaria monitorear las operaciones de los contribuyentes y verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Como parte de los incentivos establecidos por ley para promover su adopción, las empresas pueden recibir créditos fiscales por la compra e instalación de estos equipos.

En el proceso judicial vinculado a estos hechos hay al menos seis personas imputadas: tres exfuncionarios de la DGI y tres particulares presuntamente relacionados con las operaciones investigadas. La fiscalía sostiene que estas acciones se habrían realizado utilizando resoluciones administrativas con las que se validaban créditos fiscales inexistentes o sin sustento legal.

La captura se suma a otros casos recientes que han involucrado a funcionarios o exfuncionarios de la administración tributaria panameña. En septiembre de 2025, la Fiscalía Anticorrupción ejecutó la llamada “Operación Publicano”, una investigación que incluyó allanamientos simultáneos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos.

Durante esa operación fueron aprehendidas seis personas, entre ellas tres exfuncionarios de la DGI, una funcionaria en ejercicio y dos particulares que, según la investigación, formaban parte de una organización que operaba mediante irregularidades en el sistema digital E-tax, la plataforma utilizada por los contribuyentes para realizar trámites fiscales en línea.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los implicados habrían validado cesiones de créditos fiscales sin cumplir con los requisitos legales, generando pérdidas millonarias para el Estado y beneficios económicos para los involucrados y sus familiares. En los allanamientos también se ubicaron bienes presuntamente vinculados con las actividades investigadas.

Ese mismo caso derivó posteriormente en decisiones judiciales que incluyeron medidas cautelares y condenas. En una audiencia celebrada en el Primer Circuito Judicial de Panamá, la jueza de garantías América Vergara ordenó la detención provisional de tres exfuncionarios de la DGI y una ciudadana imputados por delitos contra el orden económico, incluyendo blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y delitos contra la fe pública.

En esa misma causa, una exfuncionaria fue condenada a 60 meses de prisión, mientras que otro ciudadano recibió una pena de 48 meses de cárcel por los delitos relacionados con el caso. La jueza consideró que la detención era necesaria debido a riesgos procesales, entre ellos la posible afectación de medios de prueba y el peligro para la comunidad, dado que la víctima en estos casos es el propio Estado.

Las investigaciones que dieron origen a ese proceso se iniciaron tras una denuncia anónima presentada en mayo de 2025 sobre presuntas irregularidades en el uso de la plataforma E-tax. Según el expediente, el grupo investigado habría manipulado validaciones de créditos fiscales, generando beneficios indebidos mediante el sistema tributario.

La Dirección General de Ingresos ha sido una de las entidades que ha presentado denuncias ante el Ministerio Público en estos casos, al detectar inconsistencias en el reconocimiento de créditos fiscales y en el uso de herramientas digitales vinculadas al sistema tributario.

En el caso más reciente, que involucra a la exjefa de Cobranzas, la Procuraduría General de la Nación señaló que las diligencias continúan en curso y reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los recursos del Estado.

La decisión del Gobierno de Gustavo Petro de imponer una contribución adicional 2% sobre las ventas brutas de energía de hidroeléctricas y térmicas, incluidas las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), provocó el rechazo de los actores del sector energético. La medida, que estará vigente durante seis meses ante la declaratoria de emergencia económica y climática en ocho departamentos, amenaza el flujo de caja de las empresas generadoras y plantea el riesgo de incrementos en las tarifas de energía que pagan los usuarios.

La nueva contribución del 2%, decretada en febrero de 2026, implica que todas las generadoras, tanto grandes como pequeñas, deben aportar sobre las ventas brutas y no sobre utilidades. Esto impacta las PCH, ya que suelen operar con márgenes ajustados y alta exposición a la variabilidad hidrológica y regulatoria. Como resultado, la medida podría traducirse en un aumento del precio final de la electricidad para los consumidores, ya que los costos tienden a trasladarse de forma gradual a las facturas en todo el país.

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Con el nuevo esquema, las transferencias obligatorias para hidroeléctricas suben del 6% al 8%, mientras que para térmicas se ubican en 6%. La directora ejecutiva del Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (Ceera), Catalina Rueda, advirtió que, al aplicarse de manera uniforme, el decreto desconoce las diferencias entre tecnologías y escalas económicas.

“En el caso de las PCH, que en su mayoría operan sin embalse, con márgenes ajustados y alta exposición a la variabilidad hidrológica y regulatoria, el impacto es directo sobre el flujo de caja”, indicó la experta a El Colombiano. Además, resaltó que, al pagarse sobre ventas y no utilidades, “se debe cubrir incluso en escenarios de márgenes reducidos y altas obligaciones financieras”.

Rueda explicó que la estabilidad financiera y la capacidad de repago de deuda de estas plantas, que suman 51 centrales entre hidroeléctricas y termoeléctricas en departamentos como Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena, se verán afectadas. “Esto impacta el flujo de caja y la capacidad de repago de activos”, insistió la dirigente.

Por su parte, el representante legal de la hidroeléctrica Aures Bajo, Juan Carlos Mejía, ratificó al medio el peso que supone la nueva carga tributaria. “Además, pagamos una tarifa de impuesto de renta del 38%, es decir, una sobretasa de tres puntos por encima de la tarifa general del 35% para personas jurídicas. Este nuevo 2% tiene un impacto evidente en nuestras finanzas”. Mejía también enfatizó que el efecto puede extenderse a los consumidores: la presión fiscal adicional se trasladará a la tarifa de energía.

Consecuencias para las tarifas de energía en los usuarios

Por su parte, el gerente de Santa Fe Energy, Óscar David Lozano, explicó que la mayoría de contratos de venta de energía incluyen cláusulas para trasladar nuevas cargas o impuestos al usuario final.

“La mayoría de los contratos contemplan cláusulas que permiten trasladar nuevos impuestos o cargas regulatorias. En ese sentido, cualquier impuesto adicional termina incorporándose al precio de la energía que paga el usuario final. En el sector eléctrico, todos los costos finalmente los asume el consumidor”, afirmó.

Detalló que el gravamen podría representar entre $6 y $8 por kilovatio hora adicionales, lo que se traduce en un aumento aproximado del 1% en la factura mensual de los usuarios.

Incremento del 2% a las facturas

Por su parte, el gerente de Alejandría, Rodrigo Arenas, expresó a Cambio el mayor impacto sobre las PCH respecto a las grandes compañías. “Creo que es más difícil manejar en la pequeña que en la grande, porque la grande tiene economías de escala naturales. Además, diferentes tipos de generación. En cambio, nosotros los pequeños, los independientes, solamente tenemos hidro y cada uno de nosotros solo tiene una o dos PCH, entonces nuestra exposición es mucho más alta”. Estima que el incremento en el componente de generación podría suponer cerca de un 2% en la factura de un hogar de estrato medio, dependiendo de subsidios y estratificación aplicable.

Rueda advirtió a dicho medio que pagar la contribución sobre las ventas y no sobre las utilidades “empobrece al ciudadano, porque la energía va a costar más, y va a costar más porque el riesgo en general va a ser más alto”. Dicha advertencia plantea una preocupación adicional respecto a la protección de los usuarios en un contexto de emergencia climática.

Impacto en la inversión y estabilidad del sector energético

La medida puso de nuevo en el ojo del huracán la viabilidad de nuevos proyectos hidroeléctricos y la confianza de la inversión a largo plazo en el sector. El gerente de generación del Grupo Colviva, Juan Felipe Posada, explicó a Cambio que “las inversiones de las pequeñas centrales hidroeléctricas, como las inversiones de los proyectos de infraestructura, son inversiones a largo plazo”. Dijo que “para estructurar un proyecto se demoran entre el licenciamiento y la habilidad financiera, cierre financiero y demás”.

Según él, un proyecto puede requerir entre cinco y 15 años desde su concepción hasta su operación. “Durante ese tiempo, el inversionista asume riesgos y estructura una proyección financiera basada en reglas estables”. La inestabilidad reglamentaria y los cambios inesperados, insistió, afectan la percepción de estabilidad jurídica y dificultan nuevos desarrollos.

Mejía, de Aures Bajo, reiteró a El Colombiano que la recurrencia de cambios en la regulación incrementa la percepción de riesgo país y complica la viabilidad de inversiones. “Cuando las condiciones regulatorias cambian de manera constante, aumenta la percepción de riesgo país y se dificulta calcular la viabilidad de nuevos desarrollos energéticos, especialmente en un sector que requiere grandes inversiones y horizontes de largo plazo”, expuso.

Rueda, del Ceera, recalcó que “el sector eléctrico siempre tiene que estar mirándose en periodos de largo plazo: 10, 15 años. En ese sentido, estas medidas lo que hacen, además de desincentivar el eslabón de la generación, es lanzar la peor señal posible en el momento en que más necesitamos que entre inversión”.

El Estado panameño cerró 2025 con un déficit acumulado de $2,684.4 millones frente al presupuesto aprobado, a pesar de que los ingresos corrientes mostraron un crecimiento interanual de 12% respecto a 2024.

El dato forma parte del informe de recaudación de la Dirección General de Ingresos (DGI) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que revela una brecha significativa entre lo efectivamente ingresado y lo proyectado, en un año marcado por mayores esfuerzos de fiscalización y modernización tributaria.

En términos acumulados a diciembre, los ingresos corrientes en efectivo totalizaron $10,371.6 millones, mientras que al incluir el uso de documentos fiscales alcanzaron los $10,539.6 millones. Aunque la cifra representa un aumento de $1,115.3 millones frente al año anterior, quedó por debajo de la meta presupuestaria, lo que explica el desbalance registrado al cierre fiscal.

El componente más relevante continúa siendo el tributario. Los ingresos tributarios acumulados sumaron $6,257.7 millones en efectivo, y $6,425.8 millones incluyendo documentos fiscales, lo que refleja un crecimiento de 13.6% en comparación con 2024. Sin embargo, frente al presupuesto aprobado, el rubro también presentó un faltante superior a $1,797 millones.

Dentro de esta categoría, los impuestos directos lideraron el crecimiento, al alcanzar $3,703.6 millones, un aumento de 23.4% respecto al año previo. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el impuesto sobre la renta de personas jurídicas y Zona Libre, así como por mayores aportes en planillas e inmuebles. El dinamismo de este segmento suele asociarse a mayor actividad económica formal y a mejoras en el cumplimiento tributario.

Por su parte, los impuestos indirectos acumularon $2,554.1 millones, con un crecimiento más moderado de 1.8% interanual. En esta categoría destacan el ITBMS en ventas internas, el ITBMS en importación y los impuestos selectivos al consumo. Algunos subcomponentes mostraron variaciones mixtas: el consumo de combustible registró un fuerte incremento porcentual, mientras que ciertos impuestos selectivos reflejaron ajustes respecto al año anterior.

En paralelo, los ingresos no tributarios alcanzaron $4,088.2 millones, un aumento de 12.4% frente a 2024, aunque también por debajo de lo presupuestado. Este grupo incluye tasas, derechos, concesiones y, especialmente, la participación de utilidades y aportes de entidades estatales.

En este último renglón, los dividendos del Canal de Panamá aportaron más de $2,371 millones, consolidándose como una de las principales fuentes de ingresos del Estado.

El informe también detalla que la participación de utilidades y aportes sumó $3,014.5 millones, con un crecimiento de 13.7% interanual. Además del Canal, contribuyeron entidades como el Banco Nacional de Panamá, la Caja de Ahorros, la Autoridad Marítima y la Zona Libre de Colón, aunque con variaciones individuales en sus aportes respecto al año anterior.

Un elemento relevante en el reporte es el comportamiento de la recaudación con documentos fiscales, mecanismo vinculado a la factura electrónica y a créditos fiscales. En diciembre, los ingresos tributarios pasaron de $734.4 millones en efectivo a $740.9 millones al incorporar documentos fiscales.

En el acumulado anual, esta modalidad elevó los ingresos tributarios de $6,257.7 millones a $6,425.8 millones. Este diferencial evidencia el impacto de la digitalización en el control y formalización de transacciones.

El MEF atribuye el desempeño a una estrategia basada en fiscalización inteligente, digitalización de procesos y fortalecimiento de la cultura tributaria. Durante 2025 se reforzaron auditorías, inspecciones y controles basados en análisis de riesgo, además de ampliarse el uso de herramientas tecnológicas para detectar omisiones y reducir la evasión.

A pesar del crecimiento interanual, el resultado final muestra que el incremento de ingresos no fue suficiente para cumplir la meta presupuestaria, lo que mantiene presión sobre las finanzas públicas. El informe destaca que los ingresos tributarios representaron alrededor del 60% del total de ingresos corrientes, confirmando su peso estructural en la sostenibilidad fiscal.

El comportamiento mixto por categorías también refleja que no todos los renglones evolucionaron al mismo ritmo. Mientras los impuestos directos registraron aumentos de doble dígito, los indirectos mostraron avances más moderados. En los ingresos no tributarios, los dividendos del Canal compensaron parcialmente déficits en tasas y concesiones, algunas de las cuales estuvieron por debajo de lo proyectado.

El balance general deja dos lecturas. Por un lado, el Estado logró elevar su recaudación en más de mil millones de dólares respecto a 2024, consolidando una tendencia de recuperación. Por otro, el desfase frente al presupuesto evidencia la necesidad de ajustar proyecciones, fortalecer el crecimiento económico y mantener controles estrictos para evitar que la brecha fiscal se amplíe.

El MEF indicó que “este resultado refleja tanto el dinamismo de la economía panameña como el fortalecimiento de la administración tributaria, y confirma la capacidad del país para generar mayores recursos internos que permiten financiar inversión pública, cubrir gastos esenciales y reducir la necesidad de endeudamiento”.

Dubái, Portugal, Singapur, Italia, Australia y Nueva Zelanda; junto a 134.000 personas y USD 30 millones. Estos son datos clave de la migración más reciente de grandes fortunas que evidenció un análisis publicado por la revista de negocios Inc. con base en información de la consultora internacional Henley & Partners.

En 2024, según indicaron, un número récord de personas con patrimonios superiores a USD 30 millones dejaron países con alta presión fiscal y se mudaron a destinos donde pueden preservar más su patrimonio, destacando a las ya mencionadas naciones como principales destinos.

El flujo está motivado por el deseo de evitar cargas impositivas elevadas, la preferencia por estabilidad sociopolítica y la búsqueda de lugares seguros para establecerse, procediendo principalmente del Reino Unido y áreas de Estados Unidos con altos impuestos, de acuerdo con la publicación.

Razones y dinámicas de la migración de ultrarricos

Asimismo, la revista de negocios Inc. aseguró que el peso de los impuestos constituye un factor decisivo en el traslado de residencia de los “ultrarricos”, quienes priorizan destinos donde puedan conservar una mayor proporción de su dinero.

Junto a la carga fiscal, también influyen la búsqueda de seguridad política y una mejor calidad de vida. Jeremy Savory, fundador de Millionaire Migrant, mencionó como motor del fenómeno a la tecnología, que facilita operar negocios a distancia.

Savory observó, en declaraciones recogidas por Inc., que “estamos viendo un cambio drástico en los flujos globales de riqueza”. Los conflictos políticos y sociales fomentaron la desvinculación de inversiones respecto de los centros tradicionales, incentivando la búsqueda de destinos más estables y rentables.

Destinos y ventajas tributarias preferidos por los ultrarricos

Los países que encabezan las preferencias de los ultrarricos, según Business Insider y la consultora internacional Henley & Partners citados por Inc., ofrecen exenciones tributarias, incentivos para la innovación y altos estándares de vida. Dubái destaca por su entorno de negocios, mientras que Nueva Zelanda y Australia sobresalen por su estabilidad y bienestar.

Italia y Portugal emergieron como opciones en Europa. Basil Mohr Elzeki, socio de Henley & Partners, destacó a Business Insider que “muchos estadounidenses adinerados encontraron en Italia una combinación de vida lujosa y ventajas tributarias, accesible en comparación con Mónaco o Londres”.

Elzeki agregó que “los incentivos fiscales a la investigación y la innovación en Portugal son atractivos” para quienes desean invertir y residir en la Unión Europea. Además, Singapur se consolida en Asia por sus políticas favorables a los negocios y su seguridad jurídica.

Estrategias fiscales y efectos globales de la movilidad

Las fórmulas impositivas que atraen a los ultrarricos presentan variaciones según cada país. Suiza aplica un sistema de imposición sobre gastos personales, que grava el nivel de vida en lugar de los ingresos o el patrimonio. Panamá aplica una tributación territorial, en la que solo se gravan las ganancias generadas dentro del país.

En los Emiratos árabes Unidos, el impuesto sobre el valor añadido es del 5%, lo que implica una carga reducida en comparación con Europa Occidental y América del Norte, de acuerdo con datos de la consultora internacional Henley & Partners citados por Inc..

Italia y Portugal otorgan incentivos concretos a quienes invierten en investigación e innovación científica, fortaleciendo su atractivo fiscal para quienes buscan optimizar la planificación tributaria y diversificar activos.

La revista de negocios Inc. señala que esta oleada migratoria no responde exclusivamente a factores económicos. La competencia global por atraer inversiones y talento de gran patrimonio está redefiniendo el panorama de la riqueza en todo el mundo.

La economía digital y la movilidad permitieron que las grandes fortunas escojan dónde residir o invertir como parte de su estrategia empresarial, lo que impulsa a los gobiernos a adaptar sus políticas para no quedar marginados de este flujo global de capitales.

El presidente Gustavo Petro defendió la necesidad de una reforma tributaria que grave a los sectores “más pudientes y rentísticos” de la sociedad, tras la alerta emitida por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) sobre el riesgo de insostenibilidad de la deuda pública en Colombia.

A través de su cuenta oficial de X, el presidente Petro afirmó: “La manera sana de reducir el déficit fiscal primario que crece desde el año 2015, fundamentalmente por la caída de precios de petróleo y carbón, es con más incremento del ingreso tributario y van tres intentos fallidos solo porque el gobierno propone que esos nuevos impuestos caigan sobre los sectores más pudientes y rentísticos de la sociedad.”

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El pronunciamiento del mandatario se produjo en respuesta al reciente informe del Carf, que advirtió que el déficit fiscal de 2025 alcanzó 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel más alto en tres décadas, a excepción de periodos de crisis macroeconómica.

El Comité señaló que la situación deriva de la sobrestimación de ingresos fiscales y la subestimación de gastos, con un faltante estimado de 31,1 billones de pesos para cumplir la meta de reducción del déficit en 2026.

Petro agregó que “indudablemente hay que disminuir el déficit primario y eso hace urgente una reforma tributaria justa”, insistiendo en que los intentos previos de aumentar la recaudación han fracasado por la resistencia a gravar a los sectores de mayores ingresos.

Asimismo, criticó la intervención de la Corte Constitucional, al señalar que “la única que el gobierno logró aprobar fue disminuida lamentablemente por la Corte Constitucional dirigida por Ibáñez y Reyes”.

El Carf, organismo independiente encargado de vigilar el cumplimiento de la regla fiscal, advirtió en su informe que, sin medidas efectivas para incrementar los ingresos o recortar el gasto, la deuda pública podría entrar en una senda insostenible.

El déficit fiscal total, incluyendo intereses, alcanzó 6,4% del PIB en 2025, una cifra menor a la proyectada, pero atribuida a factores transitorios como la apreciación del peso y operaciones de manejo de deuda, que no representan un ajuste estructural.

El reporte del Carf detalló que la principal presión sobre las finanzas públicas provino del crecimiento del gasto en funcionamiento, transferencias territoriales, pensiones, salud y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Los ingresos tributarios, que representaron 14,7% del PIB, no lograron alcanzar la meta, quedando 9,7 billones de pesos por debajo de lo proyectado, a pesar de un crecimiento de 11% respecto a 2024.

De acuerdo con el Comité, las reformas estructurales en trámite podrían incrementar el gasto primario hasta en 0,7 puntos del PIB para 2026, debido a iniciativas como la reforma pensional y laboral, además del aumento del salario mínimo.

El Carf calculó que el ajuste requerido para estabilizar la deuda neta frente a los niveles de 2025 estaría entre 3,5 y 4,5 puntos del PIB. Sin un ajuste de esa magnitud, la deuda pública podría acercarse al 70% del PIB en 2028, superando el límite contemplado por la regla fiscal.

Las proyecciones oficiales del Gobierno prevén balances primarios negativos en 2027 y positivos en 2028, lo que implicaría la necesidad de nuevos ajustes fiscales por hasta 2,9 puntos del PIB en ese periodo. El Carf recomendó mantener la actualización permanente del Plan Financiero y adoptar medidas para fortalecer la transparencia y la programación fiscal.

El debate sobre la orientación de la reforma tributaria se ha intensificado luego de la alerta del Carf. Petro sostuvo que los intentos anteriores por elevar el recaudo han sido bloqueados por la negativa de los sectores de mayor capacidad contributiva. El mandatario insistió en que la solución pasa por una “reforma tributaria justa”, en la que los nuevos impuestos recaigan sobre los más ricos y rentistas del país.

El mandatario remarcó que la caída de los precios internacionales del petróleo y el carbón desde 2015 ha reducido sustancialmente el margen fiscal, obligando a buscar fuentes alternativas de ingresos. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal subrayó, por su parte, que la sostenibilidad macroeconómica depende de la capacidad del país para aumentar sus ingresos o racionalizar el gasto, y advirtió que la falta de ajuste podría comprometer la estabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.

Miles de contribuyentes en Colombia desconocen que existe el derecho a la devolución de saldos a favor al presentar la declaración de renta como personas naturales. Según el Estatuto Tributario, reclamar ese dinero pagado en exceso es legal si se cumplen los requisitos y plazos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Es posible solicitar y obtener la devolución de saldos a favor en la declaración de renta de personas naturales en Colombia. Los que detecten un saldo a favor pueden pedir el reintegro ante la entidad al presentar la documentación requerida dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar o en caso de corrección.

El proceso está regulado y habilita tanto la devolución directa como el arrastre a la siguiente vigencia.

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“Muchos piensan que frente a la Dian lo mejor es no ‘mover nada’, pero esa creencia permite que millones de pesos queden en manos del Estado cuando podrían ser reclamados”, afirmó el contador público Julián Andrés Jiménez, asesor tributario. Según él, este procedimiento es legal y viable.

“Sí es posible recuperar saldos a favor, incluso de años anteriores, siempre que se analice el caso, se respete el término legal y se reconstruyan los soportes necesarios”, dijo.

Qué es un saldo a favor en declaración de renta

Jiménez explicó que “un saldo a favor en la declaración de renta de una persona natural se presenta cuando, al hacer el cálculo final del impuesto, pagaste más de lo que realmente debías durante el año gravable”.

Agregó que “durante el año te practicaron retenciones mayores al impuesto a cargo en el año y ese excedente es un dinero que te queda debiendo la Dian”. Destacó que los contribuyentes muchas veces ignoran cómo se solicita la devolución de este dinero.

Normativa para la devolución de saldos a favor

“La devolución de saldos a favor en Colombia está regulada principalmente por el Estatuto Tributario (ET) y por normas reglamentarias que desarrolla la Dian”, precisó. Recordó que el artículo 850 del Estatuto Tributario otorga a los contribuyentes el derecho a solicitar la devolución o compensación de los saldos a favor determinados en sus declaraciones tributarias.

Respecto al trámite, detalló que el artículo 855 establece los términos que tiene la Dian para devolver el saldo a favor. Los plazos aplican así:

• 50 días hábiles como regla general.
• 20 días hábiles si se presenta una garantía.
• 15 días hábiles para devoluciones automáticas que cumplen condiciones especiales.

El Estatuto, en su artículo 857, también permite a la Dian rechazar o inadmitir la solicitud si no cumple los requisitos, señala Jiménez.

Quiénes pueden solicitar y en qué plazos

En cuanto a los beneficiarios, el asesor explicó que tienen derecho a solicitar la devolución de un saldo a favor en renta ante la Dian todas las personas naturales que tengan un saldo a favor en sus declaraciones de renta. Aplica, entre otros, a:

• Rentistas de capital.
• Empleados.
• Trabajadores independientes.
• Pensionados.

Sobre los plazos, el asesor precisa que “las personas que deseen solicitar un saldo a favor ante la Dian tienen dos años contados desde la fecha de vencimiento para declarar o dos años desde la presentación extemporánea. Si se corrige una declaración ya presentada y el saldo a favor aumenta, los dos años se cuentan desde la fecha de corrección”. Respetar estos tiempos es esencial para no perder el derecho a la devolución.

Requisitos, documentos y errores comunes en la solicitud

En cuanto a los documentos, es necesario tener en cuenta que al momento de presentar la declaración, debe:

• Anexarse un certificado bancario no mayor a 30 días.
• Un archivo revalidado de las retenciones en la fuente que se incluyeron en la declaración.
• Relación de costos y gastos incluidos, aunque este documento es opcional para agilizar la respuesta de la Dian.

“En algunos casos, si la Dian lo solicita, será conveniente aportar el certificado de retención en la fuente de uno o varios terceros y los soportes de costos y deducciones que se llevaron a las declaraciones de los últimos tres años”, anotó Jiménez.

Al enumerar errores frecuentes, Jiménez advierte sobre:

• Presentar la solicitud fuera del término.
• Que el total de las retenciones prevalidadas no sea igual al total de retenciones incluidas en la declaración.
• Certificado bancario desactualizado.
• No liquidar la sanción de corrección luego de ajustar una declaración
• Inconsistencias en el arrastre del saldo a favor de un año a otro.
• Fallos en la relación de retenciones.
• Discrepancias entre ingresos reportados y bases de retención.

También considera importante evitar la inclusión equivocada de costos, gastos y deducciones. Respecto a los certificados de retención en la fuente, aclaró que “sí se puede realizar la solicitud ya que no es obligatorio entregarlos, pero sí la relación de retenciones que debe incluir NIT, nombre, base de retención, valor retenido y concepto”.

Devolución frente a arrastre del saldo a favor

Sobre las alternativas, aclaró el experto que “si se solicita la devolución, la Dian consigna el saldo aprobado en la cuenta bancaria del contribuyente, para lo cual se requiere cumplir con la solicitud formal ante la Dian”.

Por otro lado, dijo que arrastrar el saldo a favor significa incluirlo en la declaración del año siguiente sin trámite ante la entidad. Según él, esto ayuda a reducir el impuesto si el valor a pagar es alto o a acumular el saldo a favor. Sin embargo, dijo que no se puede arrastrar un saldo a favor cuando la persona no está obligada a declarar el año siguiente; en ese caso se recomienda solicitar la devolución, pues de lo contrario se perderá el saldo.

El arrastre, Julián Andrés Jiménez añadió que “es una opción voluntaria al momento de elaborar la declaración del año siguiente”.

Plazos de la Dian para devolver el saldo a favor

Sobre el tiempo de respuesta, resaltó que el trámite ordinario puede tardar hasta 50 días hábiles desde la correcta presentación de la solicitud. Precisó que “si el contribuyente presenta garantía bancaria o póliza de seguros, la Dian tiene 20 días hábiles para resolver”.

Resaltó un caso especial. “Si se cumplen todos los requisitos definidos por la Dian, como coincidencia de retenciones y declaraciones consistentes, la devolución puede ser automática y realizarse en 15 días hábiles”.

Fiscalización y recomendaciones para perder el miedo

Al abordar las dudas más frecuentes sobre el proceso, aclaró que una solicitud de devolución no implica fiscalizaciones diferentes. Solo con el hecho de presentar una declaración de renta, la entidad tributaria ya podría auditar o revisar, pero la devolución no conlleva un mayor riesgo si todo está debidamente soportado.

Añadió que en ocasiones la se verifica que el saldo esté bien calculado y soportado, por ejemplo, al solicitar certificados de retención o explicar la venta de un activo fijo.

Sobre los casos en que se recomienda solicitar la devolución, el contador público destacó que “cuando se tiene un saldo a favor el cual no se puede arrastrar al año siguiente por no estar obligado a presentar la declaración de renta, se recomienda solicitar la devolución”.

Advirtió que si las declaraciones de los últimos tres años no están elaboradas como es debido, hay información omitida o errónea, o las sanciones por corrección son superiores al saldo a favor, “puede ser preferible abstenerse”.

Las automotrices que producen vehículos en la Argentina celebraron la aprobación en el Senado de la ley de modernización laboral, que incluye entre sus puntos centrales la eliminación del impuesto interno que se aplicaba sobre los autos. La nueva norma fue respaldada por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), que la consideró un avance clave para el sector.

“La eliminación definitiva del impuesto interno constituye un paso clave para el sector, ya que contribuye a corregir distorsiones acumuladas en la estructura de precios, ordenar el esquema tributario y dotar de previsibilidad a las terminales y a toda la cadena de valor”, afirmó la asociación en un comunicado difundido tras la votación.

La entidad, que reúne a las 12 automotrices con producción en el país, expresó su acompañamiento a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Economía.

Para Adefa, la nueva normativa laboral “representa una oportunidad para impulsar la creación de empleo formal, reducir la litigiosidad y acompañar el proceso de transformación productiva que atraviesa la industria automotriz”. En este sentido, la definió como “un punto de partida relevante” frente a los desafíos que todavía enfrenta la economía argentina.

Cuánto pueden bajar los autos tras la eliminación del impuesto

El Senado aprobó el viernes el proyecto que había sido modificado la semana anterior en la Cámara de Diputados. Más allá del capítulo laboral, la norma incluye una batería de modificaciones tributarias. Entre ellas, la eliminación del impuesto interno —también conocido como impuesto al lujo— para una serie de bienes y servicios.

Autos, servicios de telefonía, pólizas de seguro, aviones y embarcaciones dejarán de estar alcanzados por el gravamen. Cada uno tributaba con alícuotas diferenciadas, por lo que el impacto será dispar según el caso.

En el caso de los vehículos, el impuesto alcanzaba hasta ahora a los modelos con precios superiores a $103.000.000, con una alícuota del 18%. A comienzos de 2025 el Gobierno ya había suspendido la primera escala, que afectaba a la franja media con una tasa nominal del 20%, y había reducido la segunda del 35% al 18 por ciento.

Con la eliminación total aprobada por el Congreso, el beneficio se extiende a todos los modelos que aún permanecían gravados.

En términos prácticos, un vehículo que hoy se comercializa a $125.000.000 podría bajar a alrededor de $108.000.000 tras la supresión del tributo, siempre que la reducción se traslade plenamente al precio final.

El sector venía siguiendo de cerca esta definición. Aunque el impuesto estaba asociado principalmente a los autos de alta gama, su existencia generaba distorsiones en distintos segmentos. Las pick-ups medianas tope de gama, por ejemplo, no pagan el tributo por estar clasificadas como vehículos comerciales, pero compiten en rangos de precios similares. La eliminación del gravamen podría provocar un reacomodamiento en esa franja del mercado.

En la industria sostienen que el nuevo marco es determinante “para la planificación productiva, las decisiones de inversión y el sostenimiento del empleo en el mediano y largo plazo”, remarcaron desde Adefa.

La entidad también consideró que la decisión permite avanzar en la agenda de reducción de la carga tributaria a nivel nacional y abre la discusión sobre impuestos provinciales y municipales que impactan en la estructura de costos.

Para las terminales, la aprobación parlamentaria “reafirma la importancia del trabajo articulado entre el sector público, la industria y toda la cadena de valor para consolidar reglas claras, estables y sostenidas en el tiempo”. Con la sanción legislativa ya cerrada, el foco ahora pasa a la promulgación y a la reacción de las listas de precios, donde se verá si la baja del tributo se traslada de manera plena al consumidor.

La aprobación de la nueva normativa se produce en un contexto desafiante para la industria automotriz local. Según datos de Adefa, en enero las terminales instaladas en el país produjeron 20.998 unidades entre autos y vehículos comerciales livianos, una cifra alcanzada durante 12 días hábiles de actividad, tres jornadas menos que en el mismo mes de 2025.

El menor número de días de producción explica en parte la baja interanual del 30,1%, aunque no constituye el único factor. El promedio diario de fabricación en enero de 2025 fue de 2.003 unidades, mientras que en enero de 2026 descendió a 1.750 vehículos, lo que refleja una caída efectiva del 12,6% en la producción diaria, evidenciando el impacto negativo en el sector.

En la comparación mensual, la producción de enero respecto a diciembre mostró una disminución del 20,7%, similar a la registrada en el mismo período de 2025, cuando la caída fue del 20,9%. Sin embargo, al analizar la cantidad de días trabajados, el descenso se acentúa: en diciembre se produjeron 2.646 vehículos por jornada, casi 900 unidades más por día que en enero, lo que implica una caída del 33,8% al comparar ambos meses.

“Como estimamos a fin del año pasado, por la menor cantidad de días trabajados y la menor cadencia diaria por las adecuaciones en las plantas para la producción de nuevos modelos, los datos reflejaron una menor actividad comparado al mismo mes del año pasado. Para tener mayor precisión sobre el desempeño anual de las principales variables, habrá que aguardar al desarrollo del primer trimestre”, dijo Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Adefa, en la presentación de las primeras estadísticas del año.

Adefa reúne a las 12 terminales con producción en el país, entre ellas Toyota, Volkswagen, Ford, General Motors, Renault, Stellantis, Mercedes-Benz, Nissan, Scania, Iveco, Agrale y Honda. En conjunto, representan la totalidad de la fabricación local de autos, utilitarios y camiones, y concentran el grueso de las inversiones y exportaciones del sector.