El calendario del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia tiene un momento clave cada año: la liquidación anual. Ese proceso, que se realiza entre fines de abril y comienzos de mayo, es el que explica por qué miles de contribuyentes recibirán un reintegro en sus próximos recibos de sueldo.

Se trata de un mecanismo habitual del tributo, que no responde a un beneficio extraordinario sino a la forma en que se calcula el impuesto. Durante todo el año, los empleadores actúan como agentes de retención. Cada mes descuentan una parte del salario en concepto de Impuesto a las Ganancias, en función del ingreso, las cargas de familia y las deducciones informadas por el trabajador.

Sin embargo, ese cálculo no es definitivo. El impuesto es anual, por lo que el monto final se determina considerando todos los ingresos y deducciones del período fiscal completo.

En ese contexto, pueden generarse diferencias entre lo que se retuvo mes a mes y lo que finalmente corresponde pagar. Cuando el resultado arroja que se descontó de más, ese excedente se devuelve.

Según especialistas en impuestos, cerca de 800 mil contribuyentes recibirán reintegros de Ganancias durante el mes próximo.

El rol de la actualización por inflación

Uno de los factores centrales que explican los reintegros es la actualización de las escalas y deducciones del impuesto.

El esquema vigente prevé ajustes periódicos a lo largo del año. Sin embargo, esos cambios no siempre coinciden con la dinámica de los salarios, lo que puede provocar que en determinados meses se haya retenido un monto mayor al que corresponde en el cálculo anual.

Cuando se realiza la liquidación final, esas diferencias se corrigen. Por eso, quienes quedaron alcanzados por retenciones más altas en algún momento del año pueden recuperar parte de ese dinero.

En términos prácticos, el ajuste implica recalcular todo lo retenido durante el período fiscal con las tablas vigentes al cierre del año, lo que genera saldos a favor en numerosos casos.

Qué pasa con las deducciones

Otro elemento clave son las deducciones que cada trabajador puede computar. Estas incluyen, entre otras, cargas de familia, gastos específicos y pagos a cuenta.

La información se carga a través del formulario SIRADIG, que tiene como fecha límite el 31 de marzo para el período fiscal anterior.

Esa presentación impacta directamente en el cálculo final del impuesto. Si un contribuyente incorpora deducciones que no habían sido consideradas durante el año, el resultado puede ser una reducción del monto total a pagar. En esos casos, también se genera un saldo a favor que se devuelve en la liquidación anual.

Cuándo se paga la devolución

Una vez cerrado el período de carga de datos, los empleadores deben realizar la liquidación anual del impuesto. Ese proceso se completa hacia fines de abril.

El resultado —ya sea un monto a pagar o un saldo a favor— se incorpora en el recibo de sueldo siguiente. En la práctica, esto implica que el ajuste impacta en los salarios que se cobran en mayo.

Si el cálculo final indica que el trabajador pagó de más, la devolución aparece como un importe adicional en el recibo. En cambio, si se retuvo de menos, se realiza un descuento.

La normativa prevé que ese ajuste se efectúe en el primer pago posterior a la liquidación o, si no alcanza, en los meses siguientes hasta completar el monto correspondiente.

El antecedente de reintegro

La devolución que se verá en mayo no es un hecho aislado. A lo largo de 2026 ya se registraron situaciones similares vinculadas a cambios en el esquema del impuesto.

Por ejemplo, a comienzos de año, la actualización de escalas y deducciones con efecto retroactivo generó ajustes en las retenciones. En esos casos, los empleadores debieron recalcular lo descontado y devolver los montos cobrados de más en los primeros meses.

Ese tipo de mecanismos responde a la misma lógica: cuando se modifican los parámetros del impuesto o se actualizan las tablas, se revisa lo ya retenido y se corrige la diferencia.

Qué pasa si no se hizo el trámite

En los casos en que el trabajador no haya completado el SIRADIG antes del cierre del plazo, el proceso cambia.

Si existen deducciones o percepciones no informadas, el contribuyente deberá inscribirse en el impuesto y presentar una declaración jurada. Ese camino implica un procedimiento más largo para recuperar los montos a favor.

Por eso, la carga de datos en tiempo y forma es determinante para que la devolución se realice directamente a través del recibo de sueldo.

La aplicación desde enero de una tasa de 2% del Impuesto a las Transferencias de Bienes Inmuebles (ITBI), que no se cobraba a la primera venta desde hace 50 años, amenaza con aumentar el déficit habitacional en el país.

Normalmente, cada año entre 15 mil a 18 mil familias tienen la necesidad de tener una vivienda, pero en lo que va del 2026 los promotores de vivienda del sector privado y del Estado solo han podido cubrir apenas unas 10 mil soluciones.

Es decir, “estamos en déficit de no poder también ofertar esas soluciones habitacionales”, señaló Elisa Suárez, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), en entrevista con Telemetro.

Indicó que ante cualquier solución que impacte el precio de las viviendas, en este caso el cobro del impuesto del 2%, los promotores tienen que decirlo, porque aquí no es cuestión de subirle el precio a las viviendas.

Ya no se puede subir más los precios de las casas y estamos sometiendo a la clase media a no poder contar con una vivienda digna que les permita a las familias contar con un patrimonio que les dé seguridad presente y futura, adujo Suárez.

Puntualizó que las ventas han caído en un 55%, y que el país no puede darse el lujo de no poder ofrecer viviendas a los jóvenes, pues esta sería una escalada “de perder y perder”.

El Impuesto a las Transferencias de Bienes Inmuebles (ITBI) en Panamá es del 2% sobre el mayor valor entre el precio de venta y el valor catastral del inmueble.

Este impuesto, según el Ministerio de Economía y Finanzas, se aplica a las transferencias de propiedades y debe ser pagado por el vendedor antes de inscribir el traspaso en el Registro Público.

Desde Convivienda se explicó que el cobro del mencionado impuesto se hizo efectivo solo al que vendía la vivienda por segundavez, y los promotores siempre argumentaron que si eso pasaba, cualquier cosa que se le pusiera adicional, más trámites, más presión en el precio de la tierra, en los materiales, por ejemplo, impactaría el precio final.

Un análisis hecho por este organismo determinó, de acuerdo con Suárez, que lo que más impacta con el ITBI es el abono inicial, pues, por ejemplo, si para comprar una vivienda el abono era de $1,500, adicional se tendría que pagar $1,000 por el impuesto, que como el banco no lo financia, tendría que salir del bolsillo del comprador.

Cuando se hace este tipo de leyes, como la exoneración del referido impuesto y el interés preferencial, que si bien es cierto son subsidios, Suárez comentó que la diferencia radica en que con el ITBI por cada dólar invertido se tiene un retorno al Estado de $2.34. “Matemática simple”, apuntó.

El Consejo Nacional de Promotores de Vivienda proyectaba para este año un crecimiento robusto, anticipando la venta de 5,530 unidades, es decir, un aumento del 38% respecto a 2025.

Esta expansión podría marcar un punto de inflexión en el sector construcción y su influencia en la economía nacional, de acuerdo con el informe anual presentado por Convivienda, principal gremio del sector en Panamá.

El año pasado se entregaron 4,020 viviendas nuevas, con un rango de precios entre $40,000 y $60,000. El 81 % de dichas ventas se realizó bajo el programa de interés preferencial, orientado a facilitar el acceso a la vivienda para los sectores de menores ingresos.

Recientemente se informó que a pesar de la implementación del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) del 2% a la primera vivienda, la medida no logró incrementar la recaudación fiscal, reportó Infobae.

La ciudad de Nueva York aprobó un impuesto anual a las propiedades de lujo deshabitadas de forma permanente, conocido como pied-à-terre tax (impuesto a las segundas residencias). El alcalde Zohran Kwame Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul impulsaron la medida, que afecta inmuebles valorados en más de USD 5 millones cuyos dueños no residen en la ciudad. El gobierno local proyectó una recaudación mínima de USD 500 millones al año y destinó esos fondos a servicios públicos esenciales.

El alcalde anunció el impuesto en un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter). “Cuando me postulé para alcalde, dije que iba a cobrar impuestos a los ricos. Pues bien, hoy estamos poniéndole impuestos a los ricos”, afirmó Mamdani. Luego ejemplificó el alcance de la medida: “Como este ático que el director ejecutivo de un fondo de cobertura, Ken Griffin, compró por USD 238 millones”.

Mamdani sostuvo que la mayoría de estas viviendas permanecen vacías la mayor parte del año, mientras sus propietarios aprovechan los servicios y el valor inmobiliario de la ciudad sin vivir allí. “Este impuesto sobre los pied-à-terre está diseñado específicamente para los más ricos entre los ricos, aquellos que almacenan su riqueza en bienes raíces de la ciudad de Nueva York, pero que en realidad no viven aquí”, sentenció.

El nuevo tributo recae sobre casas, apartamentos y áticos con un valor superior a USD 5 millones, cuyo propietario tiene residencia principal fuera de Nueva York. La norma excluye la vivienda habitual y los inmuebles alquilados a inquilinos permanentes.

El gobierno exigió que quienes poseen estas propiedades y no las usan habitualmente paguen una parte justa para el sostenimiento de la ciudad. Antes, los trabajadores locales soportaban la mayor carga fiscal, mientras los dueños de viviendas vacías solo sacaban provecho de los servicios urbanos.

La gobernadora Hochul respaldó la medida: “Si puedes permitirte una segunda vivienda de USD 5 millones que permanece vacía la mayor parte del año, puedes contribuir igual que cualquier otro neoyorquino”, de acuerdo a declaraciones recogidas por Associated Press. El gobierno evitó así aumentar impuestos a residentes y empresas.

El alcalde detalló que la recaudación prevista financiará cuidado infantil gratuito, limpieza urbana y seguridad en los barrios. Mamdani reclamó un presupuesto que priorice a quienes “trabajan y viven en la ciudad”.

Propiedades afectadas y contexto de aplicación

El impuesto impacta unidades exclusivas como el ático de Ken Griffin, citado por el alcalde, y otras residencias utilizadas solo ocasionalmente o como inversión. Este fenómeno de propiedades vacías se repite en ciudades globales, donde la inversión extranjera eleva los precios y limita la oferta de vivienda habitual.

Autoridades aseguraron que estas inversiones aumentan la desigualdad. En el video, Mamdani insistió: “La mayoría de las veces, estas unidades permanecen vacías, ya que, insisto, no viven aquí realmente”.

Datos oficiales confirmaron la existencia de miles de unidades bajo esta modalidad, según cifras reportadas por Bisnow y ABC7NY. El impuesto no afecta a quienes alquilan la propiedad de manera permanente ni a quienes la usan como vivienda principal.

Debate político y reacción del sector inmobiliario

El debate sobre el impuesto duró años y fracasó en 2014 y 2019 por la presión de la industria inmobiliaria, de acuerdo a antecedentes recopilados por The Real Deal. El sector advirtió que la medida podría frenar la inversión y el empleo en la construcción.

El respaldo ciudadano y la crisis fiscal impulsaron la aprobación. La Real Estate Board of New York, el principal gremio inmobiliario de la ciudad, encabezada por James Whelan, sostuvo que la medida “debilitará la economía, eliminará empleos y bajará el valor de las propiedades”.

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, apoyó el impuesto como una opción para evitar aumentos generalizados de impuestos.

El gobierno descartó gravar viviendas principales o alquiladas y optó por concentrar la carga en los dueños de segundas residencias de lujo. Durante el debate, también analizaron reducir créditos fiscales a empresas y aplicar tasas a la demolición de viviendas.

Impacto fiscal, recaudación y uso de los fondos

El gobierno estimó que el impuesto permite cubrir parte del déficit presupuestario de USD 5.400 millones, según lo informado por Bloomberg Law. La medida afecta unas 13.000 propiedades y aplica tasas progresivas según el valor del inmueble. El impuesto recaudará al menos USD 500 millones directamente para la ciudad. Los fondos se dirigirán a educación, salud, cuidado infantil, limpieza urbana y seguridad.

• El impuesto será revisado anualmente y ajustado por inflación.
• Los fondos se asignarán a partidas prioritarias: educación, salud, limpieza urbana y seguridad.
• El diseño busca evitar incrementos de impuestos para la clase media y el sector empresarial.

Mamdani resumió la reforma: “Este es un sistema fundamentalmente injusto que perjudica a los neoyorquinos trabajadores. Ahora, está llegando a su fin. Este impuesto recaudará al menos quinientos millones de dólares directamente para la ciudad. Ayudará a financiar cosas como cuidado infantil gratuito, calles más limpias y vecindarios más seguros”.

Perspectivas y próximos pasos

Según un análisis de The Week, el pied-à-terre tax modifica la política fiscal de Nueva York y podría servir de modelo para otras ciudades globales. El sector inmobiliario prevé una baja en la compra de segundas residencias de lujo. Asimismo, el gobierno espera una mayor justicia fiscal y mejoras concretas en servicios públicos.

Las encuestas muestran que la mayoría de los residentes respaldó la medida y espera resultados visibles en limpieza, seguridad y servicios sociales. Los neoyorquinos que viven y trabajan en la ciudad esperan que el impuesto permita mantener los estándares de calidad sin elevar la carga tributaria sobre los hogares habituales.

La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) rechaza de plano el Anteproyecto de Ley No. 131, que propone gravar con una tasa de $10 a los pasajeros en conexión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la capital panameña, y advierten sobre los posibles efectos adversos que una medida como esta tendrá en la competitividad aérea y en el desempeño del sector turístico.

En un pronunciamiento oficial, el gremio hotelero manifestó su “profunda preocupación” por la iniciativa, denominada “Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito” (TUIAT), al considerar que sentaría un precedente negativo al utilizar un sector estratégico como fuente de recaudación para fines ajenos a su sostenibilidad.

La medida, según la propuesta, pretende generar recursos económicos por $190 millones al año, de cuyo monto se destinaría el 30% para la modernización, expansión y mantenimiento de la terminal aérea, y el restante 30% para los patronatos del Hospital del Niño, Hospital Santo Tomás y el Instituto Oncológico.

Si bien la organización reconoce la importancia de fortalecer el sistema de salud nacional, subraya que medidas de este tipo podrían debilitar el modelo de conectividad que ha posicionado a Panamá como un centro clave de enlace aéreo en la región.

Los miembros de la APATEL advierten que más del 60% de los pasajeros que transitan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen corresponde a conexiones, lo que convierte al costo en un factor determinante para las aerolíneas.

En este contexto, afirman en un comunicado, la imposición de un cargo adicional podría restar competitividad frente a otros hubs regionales como Bogotá, Lima y San Salvador, incentivando la reconfiguración de rutas hacia destinos con menores costos operativos.

“El éxito de un hub depende de su eficiencia y estructura de precios. Cualquier incremento puede influir en la toma de decisiones de las aerolíneas”, sostuvo el gremio.

También se alertó sobre el efecto directo en los hoteles, al señalar que los pasajeros en tránsito representan un mercado potencial para el turismo local.

Agregan que programas como el “Stopover”, orientados a convertir escalas en estadías, podrían verse afectados si el país pierde atractivo como punto de conexión.

El gremio sostiene, además, que la medida podría tener un efecto económico inverso al esperado, toda vez que una eventual reducción del flujo de pasajeros impactaría el consumo en terminales, las tasas aeroportuarias y, en general, toda la cadena de valor turística.

De igual manera, los hoteleros cuestionan la falta de estudios técnicos que respalden la propuesta, señalando que una decisión de esta magnitud requiere análisis profundos sobre su impacto en el modelo económico del país.

“Gravar el tránsito sin una evaluación integral envía una señal de inestabilidad jurídica y económica a aerolíneas e inversionistas internacionales”, indicó la asociación en su comunicado.

La Asociación Panameña de Hoteles reiteró que el desarrollo social debe financiarse mediante mecanismos que no comprometan las ventajas competitivas del país, y advirtió que debilitar el hub de Tocumen podría poner en riesgo miles de empleos vinculados a la actividad turística y logística.

En ese sentido, el gremio hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Nacional para que reconsideren el Anteproyecto de Ley No. 131, a fin de evitar medidas que puedan afectar la posición de Panamá como uno de los principales centros de conexiones de América.

En agosto de 2025 el diputado Benicio Robinson hijo, presentó dicho anteproyecto de ley, que fue prohijado en la Comisión de Economía y Finanzas.

El movimiento para frenar el nuevo impuesto a los multimillonarios en California, Estados Unidos, ha recibido un impulso financiero decisivo: Sergey Brin, cofundador de Google, amplió su apoyo a la campaña donando 25 millones de dólares adicionales al comité de acción política Building a Better California.

Con este monto, su contribución total alcanza los 45 millones de dólares destinados a frenar la Ley del Impuesto a los Multimillonarios propuesta por el estado, que busca establecer un gravamen del 5% sobre fortunas superiores a 1.000 millones de dólares.

Cuánto dinero podría perder el cofundador de Google por el impuesto

Para magnitudes individuales, el potencial impacto sobre grandes fortunas es considerable. La fortuna estimada de Brin ronda los 247 mil millones de dólares; de aprobarse el impuesto, la nueva tasa estatal le exigiría un pago de alrededor de 12 mil millones de dólares.

Esta circunstancia ha sido un factor relevante que llevó a varios multimillonarios a mudarse fuera del estado. Brin trasladó su residencia a una mansión valorada en 42 millones de dólares sobre el lago Tahoe, en Nevada, y declaró domicilio en Reno.

Además, el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, igualmente intensificó su respaldo financiero con una reciente donación de 1,02 millones de dólares al mismo PAC, sumando un aporte total de 3 millones de dólares, y mantuvo su domicilio en West Hollywood.

Brin, sumado a sus donaciones al PAC, ha financiado campañas para gobernador del republicano Steve Hilton y del demócrata Matt Mahan, considerado una figura afín a Silicon Valley.

De qué trata el impuesto a multimillonarios en California

La Ley del Impuesto a los Multimillonarios de California plantea aplicar un gravamen único del 5% a todas las personas residentes en el estado con activos superiores a 1.000 millones de dólares.

El propósito es financiar programas estatales de educación, asistencia alimentaria y atención médica. Aunque la propuesta se encuentra en la fase de recolección de firmas, ha movilizado a múltiples figuras relevantes de la industria tecnológica.

Sumado al apoyo de Brin, Schmidt ya había realizado una primera donación de 2 millones de dólares a principios de año al PAC Building a Better California y aportó 1,04 millones de dólares a la California Business Roundtable, otro grupo de presión que combate el impuesto.

Las cifras no se limitan a ejecutivos de Google. El cofundador de Palantir, Peter Thiel, contribuyó con 3 millones de dólares a la California Business Roundtable, mientras que James Siminoff, fundador de Ring, sumó 100.000 dólares y el empresario de criptomonedas, Chris Larsen, 750.000 dólares.

Asimismo, Building a Better California recibió 2 millones de dólares de Larsen, 2 millones de dólares del director ejecutivo de DoorDash, Tony Xu, y 7 millones de dólares de Patrick Collison, director ejecutivo de Stripe.

A qué tipo de iniciativas le están invirtiendo dinero los grandes tecnológicos

El Super PAC Building a Better California, respaldado por ejecutivos como Brin y Schmidt, promueve paralelamente una medida denominada “Protect Retirements” (“Protejamos las Jubilaciones”).

Este tipo de medida busca debilitar el alcance del impuesto a los multimillonarios prohibiendo su carácter retroactivo. El lema del comité resume su enfoque: “Los mejores días de California están por venir”.

Sobre la estrategia del grupo, Abby Lunardini, portavoz de Building a Better California, dijo según The Guardian, que la organización está centrada en reformas estructurales a largo plazo y agradece el apoyo recibido de multimillonarios.

Según Lunardini: “Creemos en las inversiones públicas en vivienda, infraestructura y educación, pero asimismo en que los californianos merecen mayor transparencia y garantías para el uso de sus impuestos”.

En este sentido, el debate sobre la justicia fiscal y la migración de grandes fortunas podría intensificarse si la medida avanza. El resultado tendría repercusiones en la política tributaria, el mapa demográfico de millonarios estadounidenses y la capacidad de recaudación de California.

Recibir los rayos del astro rey para generar energía en las regiones apartadas de Panamá mediante paneles solares tendrá un costo aún no especificado, debido a una iniciativa lanzada por el gobierno para medir el consumo de los usuarios, quienes deben pagar por el uso de la red de distribución eléctrica y así evitar situaciones adversas a futuro para el sector eléctrico.

La propuesta persigue, según voceros gubernamentales, que los usuarios de este sistema reciban igual servicio del que gozan los panameños que están conectados a la red eléctrica, aunque en algunas comunidades esta es cuestionable.

Para la Cámara Panameña de Energía Solar, la iniciativa es positiva para el país, ya que la energía solar es un catalizador que beneficiaría a más de 60 mil usuarios.

La Cámara lo que pide es que todo el proceso se dé en el marco de un mercado abierto, donde sus agremiados puedan participar, toda vez que tienen más capacidad que la empresa que en el país brinda la energía eléctrica, señaló Jesús González, secretario ejecutivo de este gremio.

El mecanismo propuesto por el gobierno, que será evaluado en una próxima reunión, busca que los sistemas fotovoltaicos gestionados por la institución reciban mantenimiento adecuado, garantizando la sostenibilidad de las soluciones y protegiendo la inversión estatal.

Así lo planteó Antonio Clement, director de la Oficina de Electrificación Rural (OER) del Ministerio de la Presidencia, durante una reunión en donde se dio a conocer la propuesta y donde participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y directivos de la empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica Elektra Noreste, S.A. (ENSA), así como el secretario de Metas del ministerio de la Presidencia, José Ramón Icaza Clément.

ENSA tiene 520 mil clientes en casi todo el país, con un 43% de la zona de concesión.

Zelmar Rodríguez Crespo, administradora general de la ASEP, resaltó meses atrás que la entidad que dirige evaluaba mejoras en los límites de penetración de sistemas de autoconsumo, al tiempo que enfatizó que no se ha propuesto ninguna modificación al procedimiento que regula el autoconsumo en Panamá.

Recientemente la ASEP emitió un decreto mediante el cual se estableció un nuevo límite transitorio para la generación solar distribuida.

La decisión elevó el tope de penetración del 4% al 5% del consumo energético anual en gigavatios hora, y del 13% al 16% en el componente de demanda, lo que fue recibido como una señal positiva por el sector, aunque es de carácter temporal.

En tanto, en la Asamblea Nacional se mantiene un proyecto que busca regular el autoconsumo de energía solar en Panamá, referente al modelo energético, la seguridad jurídica para los usuarios y los límites que actualmente condicionan la expansión del sector.

La iniciativa pretende elevar a ley una actividad que actualmente depende de resoluciones administrativas, en un contexto marcado por el crecimiento sostenido de la generación distribuida, el interés de hogares y empresas por reducir costos y la presión por acelerar la transición energética.

Se insistió en que uno de los puntos centrales del debate es precisamente el porcentaje máximo permitido.

Expertos del sector han señalado que, si el proyecto es aprobado, será necesario revisar o eliminar el límite actual que impide que la generación solar de autoconsumo supere el 5% del total nacional. Este techo es considerado por muchos actores como una barrera artificial que frena inversiones, innovación y crecimiento.

En 2025 el sector logró instalar más de 40 megavatios de energía solar, alcanzando un acumulado superior a los 192 megavatios en el país, con más de siete mil usuarios activos.

El Gobierno nacional estableció un impuesto temporal al patrimonio dirigido exclusivamente a personas jurídicas, con el objetivo de obtener recursos urgentes para enfrentar los estragos causados por las inundaciones en varios departamentos de Colombia.

La medida contempla que solo las empresas con un patrimonio líquido superior a 200.000 unidades de valor tributario (UVT), equivalente a aproximadamente $10.000.000.000, deberán cumplir con la obligación tributaria.

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Con el decreto, la administración liderada por el presidente de la República, Gustavo Petro aspira a recaudar $8 billones para cubrir los daños y activar la producción en las zonas vulnerables. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló el 24 de febrero de 2026 durante el Consejo de Ministros en Cartagena, Bolívar: “Las circunstancias nos llevaron a plantear este nuevo esquema de medidas, donde el centro de la propuesta tiene que ver con el impuesto al patrimonio para personas jurídicas”.

Y agregó: “Tuvimos que concentrarnos en el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, que toca de alguna forma a los sectores productivos, que no era la intención inicial para estas medidas tributarias”.

De inmediato, los opositores al Gobierno Petro cuestionaron la pertinencia de la medida. Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda, considera que el impuesto será pagado por la ciudadanía.

“Para pagar ese impuesto al patrimonio, pues lo que tendrá que hacer es cobrar mayores intereses o cobrar servicios que hoy no cobra y todo eso no lo van a pagar los bancos, lo vamos a pagar los ciudadanos”, dijo a Noticias RCN.

Frente a los argumentos en contra, el jefe de Estado, vía redes sociales, justificó la implementación del impuesto al patrimonio de las empresas. Petro aclaró que el propósito de su decisión es recaudar recursos valiosos par afrontar la emergencia económica sin afectar la producción de las empresas.

Según el análisis de Petro, el sector financiero ha experimentado en los últimos años “un crecimiento inusitado de ganancias derivado del alza permanente de la tasa de interés real”.

Por lo tanto, la búsqueda de recursos para la emergencia derivada de la crisis climática y el rebose ya de varios embalses, busca recursos de empresas de acumulación rentística no productiva en el sector financiero y extractivo minero energético, de tal manera que haga el daño menor posible a la producción real (sic)”, escribió en su cuenta de X.

Impuesto de Petro a las ganancias de los bancos

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que el decreto de emergencia económica impondrá un impuesto a las ganancias extraordinarias, siendo firmado el martes 24 de febrero de 2026. El mandatario explicó que la medida responde al incremento de las utilidades de los bancos, que crecieron un 71% en 2025.

“Este crecimiento de las utilidades no se debe al crecimiento económico real sino al alza de interés interna promovida por el banco de la república”, señaló en sus redes sociales.

El Gobierno nacional atribuye este aumento a la política de tasas impulsada por el Banco de la República, señalando que el resultado no está vinculado con el dinamismo de la economía real. Bancolombia y GNB Sudameris figuraron entre las entidades con mayores beneficios en el último año.

Petro defendió el nuevo impuesto, argumentando que establecer un gravamen sobre estas utilidades “es lo más justo que se puede hacer” y precisó que la disposición será incluida formalmente en el nuevo decreto de emergencia.

En este escenario, banqueros presentaron una contrapropuesta para evitar las inversiones forzosas, proponiendo en su lugar alivios económicos y nuevos créditos productivos destinados a quienes han resultado afectados por la emergencia invernal.

La iniciativa de los bancos contempla la adopción de un paquete de ayudas para las zonas más golpeadas, impulsando créditos que faciliten una recuperación “efectiva”, según expresó Jonathan Malagón, presidente del gremio.

Durante la reunión celebrada el lunes 23 de febrero con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y los representantes de las principales entidades financieras, se acordó seguir negociando hasta alcanzar una medida conjunta en los próximos días.

Todo indica que Panamá permanecerá en la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE) tras la revisión más reciente realizada por el bloque comunitario.

Información publicada por la agencia EFE y otros medios internacionales, indican que el país continuaría en el denominado Anexo I, conocido como la lista negra fiscal, pese a las gestiones diplomáticas y técnicas que ha venido realizando el gobierno para lograr su exclusión.

El resultado ya era esperado por las autoridades panameñas, que venían advirtiendo que la salida no sería inmediata por tratarse de un proceso técnico y sujeto a evaluaciones formales.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, lo expresó en esos términos. “Yo estimo, que en el mejor de los casos, hacia fines de este año y seguramente a principios de 2027, Panamá logrará salir, exitosamente, de esta lista”, sostuvo el ministro.

El Ejecutivo insiste en que el país continúa avanzando, aunque reconoce que el calendario depende del cumplimiento verificable de los criterios europeos.

Sobre la lista fiscal, el gobierno explicó que Panamá continúa avanzando mediante la adopción de legislaciones complejas, como la relacionada con la sustancia económica, actualmente en proceso de consulta con los distintos sectores.

La sustancia económica es un conjunto de reglas que busca asegurar que ciertas sociedades y actividades no existan solo “en papel” para aprovechar ventajas tributarias, sino que tengan presencia real y comprobable.

En términos prácticos, implica demostrar actividad efectiva, como personal, dirección, gastos operativos, activos y decisiones de gestión en el país donde se declara la actividad.

Juan con Panamá, en la lista negra fiscal permanecerían Samoa Americana, Anguila, Guam, Palau, Panamá, Rusia, las Islas Vírgenes estadounidenses, Vanuatu, Vietnam y Turcos y Caicos. Mientras que se espera la salida de Fiji, Samoa y Trinidad y Tobago.

La Unión Europea impulsa estos estándares porque considera que, sin reglas de sustancia, algunas jurisdicciones pueden facilitar estructuras usadas para trasladar utilidades o registrar ingresos sin actividad económica real, lo que afecta la recaudación de otros países.

Por eso, la UE observa de forma especial regímenes donde empresas pueden beneficiarse de condiciones tributarias sin demostrar operaciones reales, y exige marcos legales que permitan identificar si existe actividad genuina o si se trata de estructuras con fines de planificación fiscal agresiva.

La decisión europea se refiere exclusivamente a la materia fiscal, y no debe confundirse con la lista relacionada con blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, de la cual Panamá ya fue excluida en 2025.

Son instrumentos distintos, con evaluaciones separadas, y la permanencia en la lista fiscal no implica un señalamiento automático por temas de lavado, sino pendientes específicos vinculados a transparencia tributaria, cooperación y estándares internacionales.

La lista fiscal de la UE evalúa criterios como el intercambio efectivo de información y la alineación con estándares internacionales, además de la existencia de regímenes considerados perjudiciales.

Panamá sostiene que ha realizado avances, pero que aún debe completar procesos normativos y técnicos para satisfacer los requerimientos pendientes. En el centro del debate está el equilibrio entre competitividad y cumplimiento, especialmente cuando se trata de ajustes legales que impactan estructuras corporativas, servicios profesionales y operaciones internacionales.

La inclusión en la lista no implica sanciones automáticas a nivel europeo, pero sí puede generar efectos indirectos. Algunos países miembros aplican medidas defensivas fiscales frente a jurisdicciones listadas, como controles reforzados, condiciones adicionales para deducciones o mayores exigencias de documentación.

Esto puede elevar costos de cumplimiento para empresas que realizan transacciones con Europa y afectar decisiones de inversión por factores reputacionales.

En el plano económico, la permanencia en la lista fiscal puede influir en la percepción de riesgo regulatorio. La clasificación puede impactar la inversión extranjera directa proveniente de la UE, sobre todo en sectores donde los estándares tributarios y de cumplimiento tienen peso clave, como servicios corporativos, finanzas y logística internacional.

Para Panamá, que busca fortalecer su imagen como plataforma regional, la salida de la lista se considera una prioridad estratégica.

El gobierno ha defendido que su sistema tributario territorial se mantiene, pero que eso no es incompatible con la adopción de mejores prácticas internacionales. Las autoridades han enfatizado que el proceso no es improvisado, porque requiere revisión técnica, consultas con sectores y ajustes normativos que luego deben ser evaluados.

La hoja de ruta, según el Ejecutivo, apunta a completar reformas y demostrar resultados verificables, con la meta de lograr la exclusión en el horizonte planteado por el ministro Chapman.

La lista europea de jurisdicciones no cooperantes fue creada en 2017 y se actualiza de forma periódica. Cada revisión abre un nuevo espacio para que los países presenten avances, pero la decisión final depende del cumplimiento de criterios específicos.

Panamá sostiene que su estrategia es avanzar con reformas, reforzar cooperación y cerrar los vacíos observados, especialmente en la materia de sustancia económica.

El nuevo impuesto al patrimonio 2026 en Colombia, enfocado en grandes empresas, busca recaudar cerca de $8 billones para enfrentar la emergencia provocada por la ola invernal, impactando especialmente a la región Caribe.

Aunque este gravamen no se aplicará a personas naturales, un informe económico advierte sobre posibles repercusiones indirectas que podrían afectar el empleo, la inversión y, en última instancia, las finanzas de los hogares, dependiendo en gran medida del comportamiento general de la economía.

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La medida fiscal tiene carácter temporal y se implementa como un instrumento para mitigar un déficit fiscal que ronda el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a $1.600 billones, aproximadamente. Este impuesto, además, deberá pasar por la revisión de la Corte Constitucional, y su vigencia depende de una declaración de emergencia económica.

Así lo señaló Roger Román, socio de Impuestos en Russell Bedford Colombia, que afirmó lo siguiente: “El riesgo no está en el impuesto en sí, sino en la incertidumbre prolongada. Si las reglas son claras y temporales, el impacto suele ser acotado”.

El nuevo tributo afectará únicamente a aquellas empresas cuyo patrimonio supere las 200.000 UVT, es decir, unos $10.400 millones en 2026, con tarifas escalonadas entre 0,6% y 1,2% según datos oficiales del Ministerio de Hacienda. En total, cerca de 15.000 empresas entrarían en la base gravada, pertenecientes principalmente a los sectores financiero, energético, industrial e infraestructura.

Esta cifra representa una fracción pequeña de las más de 1,6 millones de empresas registradas en el país, según Confecámaras, pero involucra a aquellas con mayor peso en inversión y generación de empleo formal en Colombia.

Para la población, la clave está en entender los canales a través de los cuales una medida dirigida a grandes compañías puede terminar repercutiendo en la economía cotidiana. Las relaciones no son directas ni inmediatas, según Román, que aclaró: “El impacto directo en la declaración de renta de las personas naturales es cero. Sin embargo, la pregunta correcta es cómo puede incidir este nuevo tributo en el comportamiento general de la economía”. El ingreso principal de los hogares proviene de los salarios, que a su vez dependen de la inversión empresarial y la estabilidad laboral.

La experiencia de gravámenes similares, como el impuesto al patrimonio entre 2011 y 2018, no evidenció un choque súbito en la tasa de empleo. De hecho, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó una tasa de desempleo de 9,8% en 2025, y las proyecciones del Banco de la República para 2026 sugieren un crecimiento cercano al 2,4%.

Román puntualizó que “las decisiones de empleo responden principalmente al comportamiento general de la economía. Un gravamen temporal no determina por sí solo el mercado laboral”.

Un aspecto relevante para las familias es el impacto potencial en sus inversiones y ahorros. Gran parte de las empresas sometidas al impuesto cotizan en bolsa y forman parte de portafolios de fondos de pensiones y de inversión colectiva.

En enero de 2026, el índice MSCI Colcap mostró una variación anual de aproximadamente 11%, y los fondos de pensiones gestionaban más de $400 billones, según la Superintendencia Financiera. La diversificación en los portafolios suele mitigar la incidencia de cambios fiscales específicos, de modo que el efecto en pequeños inversionistas es limitado por dinámicas de mercado más amplias.

Respecto a la posibilidad de que la mayor carga fiscal sea trasladada a los consumidores, la evidencia apunta a barreras relevantes. La inflación anual a enero de 2026 fue de 4,8%, dentro del rango meta del banco central, cuya tasa de interés de referencia se mantiene en 8,25%. Además, no se han realizado modificaciones en el IVA ni en los aportes obligatorios de salud, pensión o tributación directa a personas naturales.

En cuanto a los mercados con alta competencia, se debe saber que los precios no se ajustan automáticamente, ya que las empresas analizan la demanda y la capacidad de pago antes de modificar sus tarifas.

Así, el informe concluye que el impacto más significativo sobre el “bolsillo” de los hogares solo ocurriría si la economía desacelera, si disminuye la inversión o se debilita la confianza empresarial. Por ahora, las estadísticas oficiales no evidencian un efecto inmediato tras el anuncio del impuesto.

La Lotería Fiscal, concebida como un experimento del Gobierno para impulsar la recaudación, combatir la evasión y fortalecer la cultura tributaria, sumará el próximo 26 de febrero su cuarto sorteo desde su lanzamiento.

El cuarto sorteo de la Lotería Fiscal se realizará el próximo 26 de febrero de 2026 en Soho Mall, en un contexto en el que el programa se ha convertido en una de las principales herramientas del Estado para impulsar la recaudación, estimular el cumplimiento tributario y fortalecer la cultura fiscal entre los consumidores.

En esta edición participarán las facturas emitidas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026, período en el que miles de ciudadanos han sido llamados a reunir sus comprobantes.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se informó que el programa entra en una nueva fase de expansión, modernización y descentralización, luego de los resultados obtenidos durante su primer año de funcionamiento.

Las autoridades consideran que la iniciativa ha logrado modificar hábitos de consumo y fortalecer la fiscalización sin recurrir a medidas coercitivas.

La subsecretaria del MEF, Ana Matilde Amado, explicó que uno de los principales cambios será la transición del modelo nacional a un esquema regional, que comenzará a aplicarse a partir del quinto sorteo.

Para ello, el país será dividido en cuatro regiones, integradas por las diez provincias, lo que permitirá realizar sorteos provinciales mensuales y aumentar las oportunidades de participación.

Este nuevo formato busca fortalecer la equidad territorial, ampliar la cobertura del programa y garantizar que las comunidades del interior tengan mayor representación en los procesos.

Según las autoridades, la regionalización responde a solicitudes ciudadanas y a la necesidad de distribuir de forma más equilibrada los beneficios del sistema.

Además de la descentralización, el MEF avanza en una tercera etapa enfocada en la digitalización del programa. El objetivo es migrar progresivamente hacia un sistema electrónico, que permita participar desde casa, reduzca los trámites presenciales y elimine procesos burocráticos.

Actualmente se afinan los decretos y resoluciones que darán sustento legal a esta transformación.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó que el aumento en los ingresos públicos ha sido posible, en parte, gracias a métodos poco ortodoxos como la Lotería Fiscal, que han superado las expectativas oficiales. Según explicó, el programa ha contribuido a fortalecer la recaudación del ITBMS mediante incentivos directos al consumidor.

Chapman subrayó que el éxito de la iniciativa radica en haber convertido el acto de pedir factura en una práctica cotidiana.

“El panameño ahora entiende que exigir su comprobante no solo es un derecho, sino una forma de contribuir al país”, señaló, al destacar que esta conducta antes no se consolidaba pese a los llamados reiterados de las autoridades.

La Lotería Fiscal funciona como un mecanismo de premio al cumplimiento, en el que los ciudadanos depositan sobres con facturas fiscales en puntos habilitados para participar en los sorteos.

Cada comprobante válido representa una oportunidad de ganar, siempre que refleje el pago correspondiente del ITBMS cuando aplique.

Durante 2025, el programa realizó tres sorteos en agosto, octubre y diciembre, en los que se repartieron $330 mil entre 75 contribuyentes ganadores. El tercer sorteo se llevó a cabo en Los Andes Mall, consolidando el interés ciudadano y ampliando la visibilidad de la iniciativa en zonas de alta afluencia comercial.

De acuerdo con datos oficiales, el impacto de la Lotería Fiscal se reflejó directamente en la recaudación.

En agosto de 2025, el ITBMS aportó cerca de $80 millones, cifra que subió a $90 millones en noviembre, mostrando un crecimiento significativo impulsado, en parte, por el aumento en la exigencia de facturas.

Especialistas en finanzas públicas señalan que el programa ha logrado cerrar una brecha histórica en la fiscalización del comercio minorista, donde muchas transacciones quedaban fuera del sistema formal. Con el nuevo incentivo, los consumidores se convierten en aliados del Estado en la supervisión tributaria.

Antes de la implementación de la Lotería Fiscal, gran parte de los comercios no entregaba factura de forma sistemática, y muchos clientes no la exigían, pese a las campañas institucionales. Esta práctica debilitaba la recaudación y afectaba la transparencia del sistema tributario.

Hoy, el escenario es distinto. La posibilidad de ganar premios ha generado un cambio cultural progresivo, en el que pedir factura se percibe como un acto normal, útil y beneficioso. Las autoridades consideran que este giro es uno de los mayores logros del programa.

Para participar en el cuarto sorteo, los ciudadanos deben depositar sus facturas en los centros habilitados dentro del período establecido, asegurándose de que cumplan con los requisitos formales. El MEF recordó que solo los comprobantes válidos entran en el proceso de selección.

Con la regionalización y la digitalización en marcha, el Gobierno apuesta a consolidar una Lotería Fiscal más accesible, eficiente y moderna. El objetivo es que el programa deje de ser un plan piloto y se convierta en un componente permanente del sistema tributario.

En un contexto de ajuste fiscal y búsqueda de sostenibilidad financiera, la Lotería Fiscal se perfila como una herramienta clave para fortalecer ingresos sin recurrir a aumentos impositivos. Su evolución en 2026 marcará un nuevo capítulo en la relación entre el Estado, los comercios y los consumidores.

La suspensión provisional del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional abrió un nuevo frente de discusión entre el Gobierno nacional y los mandatarios regionales.

En ese escenario, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, solicitó al alto tribunal que permita la intervención directa de los gobernadores antes de adoptar una decisión definitiva sobre la norma, actualmente suspendida, según reportó Blu Radio.

La mandataria departamental explicó que la decisión de la Corte mantiene vigentes, por ahora, las rentas departamentales derivadas de la venta de licores y cigarrillos, recursos que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, tienen destinación específica para sectores como Salud, Educación y Deporte.

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Desde su perspectiva, la continuidad de estos ingresos resulta determinante para la financiación de programas sociales en el departamento.

“Ya solicitamos a la Corte que nos diera la oportunidad de intervenir a los gobernadores para explicar esto. Creemos que constitucionalmente estamos protegidos porque es una renta de constitucionalidad. No es una ley, fue la misma Constitución la que estableció que esas rentas fueran cedidas a los departamentos para Salud, Educación y Deportes”, afirmó Toro, en declaraciones recogidas por Blu Radio.

El pronunciamiento de la gobernadora se produjo luego de que el presidente Gustavo Petro señalara, a través de su cuenta de X, que la suspensión del decreto buscaba evitar que los “mega ricos” del país asumieran el pago de impuestos asociados al consumo de licores y cigarrillos. Frente a ese planteamiento, Toro expresó una postura distinta sobre el impacto real del tributo en los territorios.

“Los mega ricos no viven aquí, ellos viven en otros países y además no toman aguardiente. El aguardiente que se toma aquí, se lo toma la gente pobre, la gente que realmente aporta para que nosotros podamos sostener la salud”, sostuvo la mandataria departamental, al referirse al consumo local de estas bebidas y a la estructura de recaudo asociada.

La suspensión de la emergencia económica también implica la caída de varios impuestos y contribuciones creados o modificados durante su vigencia. De acuerdo con información publicada por La República Más, entre las medidas que dejan de tener efecto se encuentra el IVA del 19% sobre licores y tabaco, así como una contribución del 2,5% sobre las utilidades antes de impuestos de las empresas generadoras de energía.

Según ese medio, la decisión del alto tribunal se produjo después de que un grupo de gobernadores manifestara su negativa a aplicar el IVA del 19% a los licores, al considerar que afectaba las finanzas regionales. Con la suspensión, también quedan sin efecto el pago en especie del 12% sobre la energía eléctrica hidráulica transada en bolsa y otros tributos asociados al sector energético.

Otra de las medidas que desaparece con la decisión provisional es el aumento progresivo del impuesto al patrimonio hasta llegar al 5%, iniciativa con la que el Gobierno buscaba retomar un componente de la reforma tributaria que no prosperó en el Congreso y que estaba dirigida a personas naturales y jurídicas con altos patrimonios.

También queda sin aplicación el incremento de 15 puntos porcentuales en la tarifa del impuesto de renta para las entidades financieras. Aunque el Ejecutivo argumentó que el sector tenía la capacidad de asumir la sobretasa, los bancos advirtieron que el mayor costo podría trasladarse a los usuarios a través del crédito.

En materia de comercio exterior, el decreto suspendido contemplaba la reducción del umbral de importaciones de bajo valor, conocido como ‘minimis’, de US$200 a US$50, con el objetivo de aumentar el recaudo fiscal. Sin embargo, la medida generó reparos por su impacto en pequeños importadores y consumidores que utilizan plataformas de comercio electrónico.

Para el sector de hidrocarburos, la suspensión implica la eliminación del impuesto del 1% sobre la extracción de petróleo y carbón, tributo frente al cual las empresas del sector alertaron sobre posibles efectos en la competitividad y la inversión.

El Ministerio de Hacienda había señalado que, con los decretos expedidos durante los 30 días de vigencia de la emergencia económica, se esperaba garantizar cerca de $12 billones, aunque el faltante para cubrir el Presupuesto de 2026 ascendía a $16 billones. La suspensión obliga ahora a replantear ese escenario fiscal.

Sobre el destino de los recursos ya recaudados, expertos citados por La República Más explicaron que la devolución de impuestos indirectos resulta compleja. El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry indicó que “sería muy difícil en la práctica” adelantar procesos de devolución, mientras que Luis Fernando Mejía, de Lumen Economic Intelligence, señaló que la suspensión provisional evita “impactos económicos irreversibles” mientras la Corte define el fondo del asunto.

Durante la conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que, pese a que había sido entusiasta sobre las restricciones para la libre venta de videojuegos violentos, tras revisar la metodología ella y su equipo de trabajo decidieron cancelar el cobro de impuestos para estos productos.

Desde su intervención en Palacio Nacional, la diplomática explicó que fue un proceso complicado encontrar la forma de cuantificar y clasificar qué ediciones tienen contenido que inciten a actos violentos y cuáles no, por lo que no hubo un sustento para seguir con la reforma.

Asimismo, explicó que tampoco existe ninguna institución o autoridad que pueda determinar el grado de violencia en los videojuegos, lo que eventualmente complicaría la nueva clasificación para añadir el impuesto.

“Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no, entonces, cómo le vas a poner un impuesto, quién va a determinar esa circunstancia. Entonces tomamos la decisión de que no se cobre el impuesto”, añadió.

¿Qué medidas se tomarán para mediar el impacto en las infancias?

Si bien la mandataria mexicana destacó que no es posible llevar a acabo el cobro de impuestos para esta clase de juegos de video, destacó que el Gobierno de México sí tomará acciones para apoyar a las familias en el control de estos productos.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo indicó que se llevará a cabo una campaña que busque llevar paz hacia los hogares mexicanos. Será muy parecido al que se efectúa para el combate a las drogas en donde se pretende alejar a niños, niñas y adolescentes de las sustancias, solo que en esta ocasión irá enfocado a la violencia digital.

“Muchos de ellos son en línea y pues generan una adicción al videojuego, que cuesta dinero y además promueve conductas de violencia. Entonces decidimos mejor que el tema de los impuestos se quite, porque tiene muchas complicaciones, y realmente pues que haya una campaña orientada a la construcción de la paz”, externó.

¿De cuánto era el impuesto para los videojuegos?

Durante el dictamen de la Ley de Ingresos a la Federación en el ejercicio fiscal 2026, las autoridades determinaron que se impondría un gravamen para artículos y servicios como cigarros, refrescos, sueros, juegos especializados en apuestas y videojuegos.

Esta decisión generó, en su momento, el enojo de los apasionados de los juegos en línea y consolas pues se afectaría a las ediciones que tuvieran contenido violento extremo y explícito, que fuera con temática para adultos y que no fuera apto para menores de 18 años pues se incrementaría un 8 por ciento ya sea que se adquiriera de manera física o virtual, no obstante, la mandataria anunció que esta medida sería eliminada solo para este producto.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una modificación fiscal que podría impactar directamente en el mercado automotor a partir de 2026. La reforma, que aún no salió en el Boletín Oficial porteño, prevé un aumento significativo en el impuesto sobre los ingresos brutos aplicable a la venta de autos y motos 0 kilómetro.

La norma generó gran revuelo en el gobierno de Jorge Macri, desde donde dijeron que no es una idea del Ejecutivo y que fue un “error de la Legislatura”.

El enojo fue claro y evidente. Tanto que muy rápido, cerca de Macri, aseguraron que ya hay acuerdo legislativo de los bloques para votar una norma rectificatoria en marzo, cuando vuelvan las sesiones ordinarias en la Ciudad. Hasta ese momento, le aseguraron a Infobae, una resolución de la AGIP, impedirá que el aumento se aplique.

“Hubo un error parlamentario que hizo salir el código fiscal con una alícuota de Ingresos Brutos sobre los autos 0 Km que no debería haber salido. No hay nada raro, fue un error y hay un acuerdo entre todos los bloques para resolverlo”, reconocieron en la Legislatura.

Qué pasó

Hasta el 31 de diciembre de 2025, los concesionarios abonarán el impuesto sobre los ingresos brutos únicamente sobre la diferencia entre el valor de venta al público y el precio facturado por la terminal automotriz. La alícuota vigente para ese margen asciende al 10%, un porcentaje que el sector ya considera elevado.

Con la reforma aprobada, el artículo 233 del Código Fiscal fue modificado para establecer que, desde 2026, el impuesto será calculado sobre el precio total de venta al cliente, sin reducción en la alícuota. De esta manera, el gravamen dejará de aplicarse únicamente sobre el margen del concesionario y abarcará el valor completo del vehículo vendido.

“Una modificación de este tipo debería haber sido acompañada por una reducción de la alícuota del impuesto, ya que ahora se aplicará sobre el total facturado al cliente y no solo sobre el margen”, señaló el tributarista Sebastián Domínguez, antes de que se supiera del erros.

Para 2025, el artículo 18 de la Ley Impositiva establece una alícuota del 10% para las siguientes actividades:

• Venta de autos, camionetas y utilitarios nuevos excepto en comisión
• Venta de vehículos automotores nuevos
• Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en comisión

Para 2026, el artículo 19 de la Ley Impositiva aprobada por la Legislatura, aún pendiente de publicación en el Boletín Oficial, mantiene la misma alícuota del 10% para estas mismas actividades.

“En la práctica, esto implicaría un aumento del impuesto que podría ser 7 veces superior al que se paga actualmente”, remarcó Domínguez.

En números

Como ejemplo, la venta de un auto de $50.000.000 más IVA, facturado por la terminal al concesionario con un margen del 15%, mostraba el impacto de las modificaciones: el impuesto sobre los ingresos brutos se multiplicaba por 7,67, pasando de $750.000 a $5.750.000.

“Lo cierto es que el concesionario no podrá absorber ese incremento. Además, el aumento de precios también estará afectado por otros tributos como el IVA y el impuesto ‘al cheque’, entre otros”, remarcó el especialista.

En este marco, Domínguez opinó que la modificación al artículo 233 del Código Fiscal implicaría un aumento desproporcionado de la carga tributaria sobre los concesionarios, trasladando el impuesto desde el margen de ganancia hacia el precio total de venta, sin una baja en la alícuota del 10%, que resultaría claramente excesiva.

“Además, esta decisión contrasta con el rumbo que impulsa el Gobierno Nacional, que busca eliminar impuestos internos sobre autos de alta gama y motos de gama media y alta, en un intento por reactivar el mercado y facilitar el acceso a los mismos”, explicó.

“La verdadera solución de fondo requiere un debate serio sobre la continuidad del impuesto sobre los ingresos brutos, un tributo que distorsiona la economía, encarece productos, y afecta la competitividad, especialmente en sectores como el automotor, que ya enfrentan múltiples cargas fiscales acumulativas”, cerró el tributarista.

En declaraciones radiales, Lavigne señaló que la creación de “impuestos, tasas o tasitas” solo agrega incertidumbre para los productores y atenta contra el desarrollo del sector. Además, afirmó que la propuesta tiene un propósito contrario a la alta demanda de carne que existe actualmente en el mundo. El funcionario defendió el perfil ambiental argentino, remarcando que el país es carbono neutral y podría emitir bonos de carbono.

“Están al revés de lo que se intenta hacer. El mundo hoy tiene un déficit brutal de carne y Argentina se puede posicionar como uno de los grandes productores y exportadores de este tipo de bienes. Sería absurdo. Además, el país es carbono neutral y puede hasta emitir bonos de carbono. Argentina ‘descarboniza’, por decirlo así, en temas agregados. Me parece que es un sinsentido. Va contra la exportación y contra la producción”, sentenció.

La controversia comenzó luego de que la legisladora Lucía Klug presentara un proyecto para establecer la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), con el objetivo de aplicar un gravamen a las emisiones originadas por la actividad ganadera y canalizar los recursos recaudados hacia la mejora de la gestión de residuos urbanos. El sector respondió de inmediato con críticas, señalando que la medida implicaría mayores costos y carece de sustento técnico.

La iniciativa fue impulsada por la diputada de Unión por la Patria (UxP) y referente de Juan Grabois. El proyecto se apoya en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor y contempla la creación de un fondo fiduciario. A través de este instrumento se buscaría compensar el metano generado por la ganadería mediante la reducción de emisiones lograda a partir de una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos, conforme establece la Ley N° 13.592 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

El texto argumenta que la propuesta responde a la “imperiosa necesidad de enfrentar los desafíos del cambio climático y sus efectos, particularmente en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)”.

El Inventario de GEI de la Argentina muestra que la provincia de Buenos Aires es una de las mayores emisoras del país, aportando cerca del 25% del total de gases de efecto invernadero a nivel nacional.

En la composición de las emisiones provinciales, el metano (CH4) representa el 27%, con la ganadería como responsable del 19% de esas emisiones y la gestión de residuos sólidos urbanos del 6%.

En Infobae en Vivo, Klug remarcó que la problemática se debate ampliamente en foros internacionales y cuenta con el respaldo de estudios científicos. Señaló que “el metano es la cuarta emisión antropogénica más relevante y genera una problemática ambiental creciente”.

“El debate es complejo porque no estamos frente a una emisión ‘artificial’, sino ante procesos que, aunque naturales, se ven potenciados por la producción ganadera, que además es la base de alimentación de la mayoría de la población. Ahí aparece una tensión permanente entre el derecho a la alimentación y una producción que también tiene impactos ambientales negativos”, explicó.

“Lo que buscamos es promover mecanismos de responsabilidad extendida del productor, que ya se aplican en numerosos sectores. La lógica es simple: aquello que producís y ponés en el mercado, si genera un impacto, tiene que ir acompañado de medidas para mitigarlo. Eso puede tomar la forma de una tasa, sí, pero también de otras acciones que reduzcan emisiones. Y existen muchos ejemplos. Uno muy exitoso es el de un feedlot en Coronel Rosales —una de las actividades que más gases genera— que logró reconvertirse en una planta de biogás", indicó Klug.

Según el proyecto, la ganadería contribuye a las emisiones de metano principalmente a través de la fermentación entérica y el manejo de estiércol, mientras que los rellenos sanitarios y los basurales a cielo abierto también representan fuentes significativas de este gas. El texto establece que “son sujetos obligados de la presente ley las entidades legalmente responsables de las empresas del sector ganadero asentadas en la provincia de Buenos Aires”.

En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, intervino en el debate desde su cuenta de X con un mensaje dirigido a la oposición: “Lo único que saben hacer es subir impuestos y aún así tienen déficit”.

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) salieron al cruce de la propuesta kirchnerista. “Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”, manifestó la entidad.

“La ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo. Desde CARBAP defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”, sumaron.

Por su parte, el presidente de la entidad, Ignacio Kovarsky, advirtió que el proyecto de Klug “no es una ley ambiental, es un impuesto encubierto al trabajo rural. La TAMBA no mejora el ambiente ni reduce emisiones. Solo agrega otro costo a un sector que ya sostiene una carga impositiva record”. El proyecto, agregó Kovarsky en otro posteo, “no corrige nada: penaliza al que produce y premia al que regula sin saber”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó el miércoles una ley que reforma el impuesto sobre la renta, beneficiando a los sectores de menores ingresos y aumentando la carga tributaria para los contribuyentes más ricos. La sanción de la norma, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y el Senado, se realizó en una ceremonia oficial en Brasilia y responde a una promesa electoral que Lula había incluido en su campaña de 2022.

“Promesa hecha, promesa cumplida. Esto se llama justicia fiscal”, publicó Lula este miércoles en X, adjuntando una publicación de octubre de 2022 en la que prometía gravar a los más ricos y aliviar impuestos a quienes ganan menos de 5.000 reales (alrededor de USD 940).

En este contexto, la nueva legislación establece que los trabajadores con ingresos de hasta 5.000 reales mensuales (USD 940) quedarán exentos del pago del impuesto sobre la renta, lo que representa más del doble del umbral vigente hasta ahora. La ley también otorga una reducción proporcional a quienes perciben hasta 7.350 reales al mes (alrededor de USD 1.400). El Palacio presidencial estimó que la medida beneficiará a alrededor de 15 millones de ciudadanos, de los cuales 10 millones quedarán completamente exentos y otros 5 millones accederán a una rebaja.

Durante la ceremonia, Lula enfatizó el objetivo social de la reforma tributaria, reiterando: “El arte es saber para quién gobernar, y tiene que ser para quien realmente precisa del Estado” y defendió que “mucho dinero en manos de pocos significa miseria y poco dinero en manos de muchos significa distribución de renta”. Aunque no mencionó su candidatura para 2026, retomó el mensaje que lo llevó al poder en 2002, 2010 y 2023, al insistir en que una sociedad solo progresa cuando los más pobres logran ascender en la escala social.

La compensación a la previsible caída en la recaudación llegará por la vía de nuevos gravámenes a las rentas más altas. El Ministerio de Finanzas de Brasil informó que se impondrá una tasa impositiva mínima efectiva a quienes perciban más de 600.000 reales anuales (alrededor de USD 113.000) y se fijará un impuesto máximo del 10 % para ingresos superiores a 1.200.000 reales al año (alrededor de USD 225.000). Se estima que aproximadamente 140.000 contribuyentes serán alcanzados por este nuevo tramo, quienes actualmente pagan un tipo efectivo del 2,5 %.

Durante su intervención, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, aseguró que los “indicadores” económicos del país son “favorables”, entre ellos una inflación cercana al 5 %, un desempleo en niveles históricamente bajos y una desigualdad salarial en mínimos registrados, lo que a su juicio permite implementar la reforma sin riesgos macroeconómicos.

Pese al amplio apoyo parlamentario a la ley, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Hugo Motta y Davi Alcolumbre, no asistieron al acto de sanción. Fuentes políticas atribuyeron su ausencia a disputas internas vinculadas con el inicio del debate sobre las candidaturas presidenciales de 2026, proceso en el que hasta ahora solo Lula ha confirmado su intención de competir por un nuevo mandato.

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IGBE) calculó que en 2024 el 90 % de la población del país tuvo un ingreso familiar per cápita inferior a 4.040 reales (alrededor de USD 760). Tanto Lula como su principal rival en 2022, Jair Bolsonaro, habían prometido durante la campaña duplicar la exención del impuesto sobre la renta, aunque solo el actual presidente logró concretar la reforma bajo su mandato.

La sanción de la ley se produce en un contexto de recuperación de la imagen política de Lula, que experimentó una caída en su popularidad y luego se fortaleció después de que Estados Unidos revirtiera los aranceles del 50 % que la administración Trump había impuesto a varias exportaciones brasileñas, en una medida que tuvo motivaciones políticas y afectó al comercio bilateral.

(Con información de EFE/AP)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que revisará el impacto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en las bebidas azucaradas junto con Cooperativa Pascual, una de las empresas mexicanas más emblemáticas del país. Durante su conferencia matutina del 7 de noviembre, la mandataria destacó el valor social de la cooperativa y subrayó la importancia de reducir el contenido de azúcar en los productos.

“Queremos mucho a la cooperativa, por supuesto que hablaremos con ellos. Lo importante es que no tengan tanto contenido de azúcar las bebidas”, expresó Sheinbaum.

La declaración surgió luego de que la empresa manifestara su preocupación por el aumento del IEPS, al considerar que afectaría directamente a su modelo económico, muy distinto al de las grandes corporaciones internacionales.

Pascual: una empresa mexicana que pertenece a sus trabajadores

En un comunicado, la Cooperativa Pascual recordó que, a diferencia de las transnacionales, es una empresa propiedad de sus trabajadores y opera bajo un esquema de economía social, reinvirtiendo sus utilidades en empleos, desarrollo comunitario y apoyo a productores nacionales.

“Nuestras bebidas se elaboran con fruta y caña de azúcar 100 por ciento provenientes de campesinos mexicanos”, señaló la cooperativa.

Desde hace 40 años, Pascual se ha mantenido como una empresa mexicana de referencia en la producción y comercialización de jugos, néctares, agua purificada, pulpas y refrescos, manteniendo viva la tradición de marcas como Boing, Pato Pascual, Lulú y Mexicola.

De la huelga obrera al modelo cooperativo

La historia de Pascual está marcada por una lucha laboral que cambió el rumbo de la industria mexicana. A inicios de los años 80, los trabajadores de Refrescos Pascual S.A. se declararon en huelga después de que el dueño de la empresa se negara a aplicar un aumento salarial decretado por el gobierno federal.

El conflicto, que comenzó el 18 de mayo de 1982, derivó en enfrentamientos y la muerte de dos trabajadores. Sin embargo, tras años de resistencia y negociaciones encabezadas por líderes sindicales como Demetrio Vallejo, los trabajadores lograron que los bienes de la empresa les fueran adjudicados.

Así, el 27 de mayo de 1985 nació oficialmente la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual S.C.L., marcando el inicio de una nueva etapa en la que los empleados se convirtieron en dueños. Ese día partieron ocho camiones desde la capital rumbo a Aguascalientes para reactivar la distribución de Boing!, producto que se convirtió en símbolo del esfuerzo colectivo y del modelo cooperativo en México.

Un modelo mexicano con reconocimiento internacional

Hoy, la Cooperativa Pascual es reconocida por su gestión participativa y su compromiso con la responsabilidad social, además de su impulso al consumo de ingredientes nacionales. Ha demostrado que un modelo basado en la solidaridad y el trabajo conjunto puede ser rentable, competitivo y sostenible.

Frente al nuevo reto que representa el aumento del IEPS, la cooperativa busca un diálogo con el gobierno federal para garantizar su permanencia y proteger los empleos de miles de familias mexicanas.

Luego de la la Cooperativa Pascual, dedicada a la creación de jugos y refrescos, anunciara hace unos días que el impuesto que se pondrá a los refrescos, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, les afectará bastante, la mandataria nacional dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, que los buscará para hablar con ellos sobre el tema.

Ante la pregunta de una reportera, en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que la Secretaría de Salud (SSa) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tienen que entrar en contacto con la compañía mexicana para tratar el tema y apoyarlos.

Sheinbaum enfatizó que lo importante es que las bebidas no tuvieran tanta azúcar, sin embargo, reconoció a la cooperativa.

“Lo importante es que no tenga tanto contenido de azúcar las bebidas, que hace mucho daño (...) y además queremos mucho a la cooperativa, es una historia de lucha extraordinaria y de salir adelante, por supuesto que vamos a hablar con ellos”, dijo la mandataria nacional.

Pascual busca que se quede el actual impuesto

Hace unos días, representantes legales de la Cooperativa de Trabajadores de Pascual demandaron a senadores de Morena que no se aplique el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS) a bebidas azucaradas, aprobado en la Cámara de Diputados, pues dicho aumento en el precio al consumidor disminuirá sus ventas y, prácticamente, los sacará del mercado.

José Luis Sánchez, asesor legal de la compañía, expuso que han tenido reuniones con los legisladores, pues están preocupados por el impacto del impuesto de más de tres pesos por litro de refresco, que, aseguró, tendrá efectos mucho más negativos que en el resto de las grandes franquicias.

Se recalcó que era una empresa mexicana administrada desde hace más de 40 años por sus trabajadores, que elabora Boing y sus demás productos con azúcar de caña y pulpa de fruta fresca, por lo que contiene menos dulce, sin embargo, le será muy difícil enfrentar la disminución de sus ventas.

Señaló que los consorcios refresqueros utilizan alta fructuosa para sus productos, lo que representa costos 40% menores a los de Pascual. Además, Pascual es la única que paga el Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya que las demás refresqueras se ampararon para no pagarlo.

“Nosotros el año pasado entregamos al fisco mil 500 millones de pesos por ese gravamen y el ISR”, detalló.

En una carta dirigida al Senado, se propuso dejar el IEPES en el monto actual, de 1.64 pesos por litro, “tratándose de bebidas endulzadas con azúcar 100 por ciento de caña, que contengan frutas y/o verduras o jugo de frutas y verduras”.

Se argumentó que, de lo contrario, empresas nacionales que operan bajo principios de responsabilidad social y solidaridad con México, ya no serán viables.

El debate por la nueva propuesta del Gobierno sobre los pagos digitales encendió las alarmas del sector financiero colombiano. La iniciativa, que busca extender la retención en la fuente a todas las transacciones electrónicas, es interpretada por los bancos como un paso atrás en el camino hacia la digitalización del dinero. Para la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), el proyecto no solo desincentiva los pagos digitales, también podría revivir la preferencia por el efectivo, afectando directamente los esfuerzos del país por reducir la informalidad económica.

La retención del 1,5% que plantea el Ministerio de Hacienda se aplicaría a operaciones realizadas a través de plataformas como Nequi, Daviplata, Bre-B y demás billeteras digitales. El propósito oficial es unificar las condiciones tributarias entre los distintos medios de pago, dado que actualmente las transacciones con tarjetas de crédito y débito sí están sujetas a retención, mientras que otros canales electrónicos no. Según la cartera, esta diferencia ha generado un “tratamiento dispar” entre quienes utilizan métodos de pago distintos para las mismas operaciones comerciales.

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Sin embargo, para los bancos y las entidades financieras, la propuesta podría tener el efecto contrario al que busca. En lugar de fomentar la equidad tributaria, aumentaría los costos de las transacciones digitales y haría más atractivo el uso del efectivo, que no está sometido a retención alguna. En consecuencia, los comerciantes podrían evitar los canales digitales y volver a operar en efectivo, reduciendo la trazabilidad de las operaciones y debilitando el recaudo fiscal.

Asobancaria manifestó su rechazo y preocupación por el proyecto, argumentando que el país lleva más de una década trabajando en estrategias para disminuir la dependencia del efectivo. El presidente del gremio, Jonathan Malagón, fue enfático: “Imponer retención en la fuente sobre los pagos digitales es un graso error. Uno pensaría que lo están equiparando a las tarjetas, pero no, lo están encareciendo respecto al efectivo, lo cual sepulta iniciativas tan importantes como Bre-B, que es la gran apuesta del país para reducir el uso del efectivo y, por tanto, reducir la informalidad”.

El sistema Bre-B, impulsado por el Banco de la República junto con las entidades financieras, fue presentado como una de las mayores transformaciones tecnológicas del sistema de pagos colombiano. Este modelo permite transferencias instantáneas entre bancos y billeteras digitales, y representa una herramienta clave para ampliar la inclusión financiera y formalizar millones de transacciones cotidianas. De ahí que la banca considere que imponerle retención afectaría directamente su adopción masiva.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda aclaró en la red social X que el proyecto no pretende crear un nuevo impuesto, sino “equiparar la retención en la fuente de los pagos electrónicos y los pagos con tarjeta”. Además, explicó que la norma se encuentra en etapa de comentarios públicos y que incluirá excepciones específicas. Entre ellas, se destaca que no se aplicará retención si la transacción no constituye ingreso tributario, si no corresponde a una compra o prestación de servicios, o si el receptor es una persona natural no responsable del IVA.

El Gobierno insiste en que la medida busca una estructura más coherente del sistema tributario, eliminando brechas entre los distintos métodos de pago y garantizando un tratamiento fiscal homogéneo. No obstante, para el sector financiero, la propuesta podría erosionar los avances logrados en materia de inclusión financiera, tecnología y formalización.

En los últimos años, los pagos digitales en Colombia crecieron de forma exponencial. Según datos del propio gremio, más del 70% de las operaciones monetarias ya se realizan por medios electrónicos, un cambio cultural impulsado por las billeteras digitales y la bancarización de millones de ciudadanos. De aprobarse el decreto, advirtió Asobancaria, ese progreso podría frenarse y abrir espacio a un retroceso preocupante, el regreso del efectivo como protagonista de la economía cotidiana.

El anuncio del Ministerio de Hacienda sobre la posible aplicación de una retención en la fuente del 1,5 % a los pagos realizados mediante el sistema Bre-B generó inquietud en el sector financiero y entre los millones de usuarios que adoptaron esta plataforma.

La propuesta, que aún se encuentra en fase de borrador para comentarios, fue interpretada por líderes bancarios como una medida que podría contradecir los objetivos iniciales de inclusión y eficiencia que promovieron la masificación de este mecanismo.

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El sistema de pagos únicos Bre-B, impulsado por el Banco de la República, fue presentado como una herramienta gratuita destinada a facilitar las transacciones y ampliar la inclusión financiera en Colombia. Esta promesa atrajo a una gran cantidad de ciudadanos, quienes se registraron masivamente y comenzaron a familiarizarse con la plataforma. Según datos de octubre de 2025, 32 millones de colombianos ya estaban inscritos, con más de 88 millones de llaves activas, lo que evidencia la rápida aceptación y el potencial de crecimiento del sistema.

En sus primeras comunicaciones, el Banco de la República había anticipado que, en un plazo de aproximadamente tres años, se implementaría un costo por el uso de Bre-B, aunque se aseguró que este no representaría una carga significativa para los usuarios. No obstante, la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda imponga un impuesto a las transacciones sorprendió a muchos, ya que esta medida parece ir en sentido opuesto a los propósitos originales de la plataforma.

El argumento oficial del Ministerio de Hacienda para justificar el proyecto de decreto es la necesidad de unificar el tratamiento de la retención en la fuente. Actualmente, los pagos digitales realizados a través de Bre-B no están sujetos a este impuesto, a diferencia de las transacciones con tarjetas plásticas. Esta diferencia, según la cartera, motiva la propuesta de equiparar el régimen fiscal entre ambos métodos de pago.

La alta penetración de Bre-B y el volumen de usuarios activos han sido interpretados por algunos actores del sector como un incentivo para que el Gobierno busque nuevas fuentes de recursos. Javier Suárez, presidente de Davivienda, expresó en el Congreso de Camacol que “el sector financiero siempre ha sido el que permite mayor facilidad de recaudo para el Gobierno. Muestra de ello es el 4x1.000. El problema es que el camino no debe ser el de lo fácil, sino el de lo conveniente”.

Tanto Suárez como César Prado, presidente del Banco de Bogotá, coincidieron en que la coyuntura fiscal del país es compleja y que el próximo presidente, quien asumirá en 2026, deberá enfrentar este desafío. No obstante, Prado advirtió que la medida podría tener un efecto negativo sobre las expectativas puestas en Bre-B, especialmente en lo que respecta a la reducción del uso de efectivo y la lucha contra la informalidad, en particular el fenómeno del “gota a gota”.

En opinión de Javier Suárez, la decisión de gravar los pagos realizados a través de Bre-B “es incongruente”, según lo manifestó durante el panel de banqueros en el Congreso de Camacol y fue citado por el medio. Por lo que solicitaron al Ministerio de Hacienda que no expida el decreto, argumentando que la medida podría desincentivar el uso de una herramienta clave para la modernización y formalización de la economía colombiana.

A los cuestionamientos de los líderes de los bancos se unió la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, que rechazó la propuesta, advirtiendo que traería un impacto negativo en la calidad de vida de los colombianos.

“Todo lo que tocan estos comunistas en el poder lo destruyen. Algo que nació para facilitarle la vida a los colombianos, será otro garrote para quitarle más recursos a los ciudadanos”, escribió la legisladora contradictora del Gobierno nacional en su cuenta de X.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum informó que esta semana concretó un acuerdo con las principales empresas refresqueras enfocado en reducir el consumo de bebidas azucaradas, como parte de la estrategia nacional de salud para prevenir enfermedades como la diabetes, la obesidad y la hipertensión.

La mandataria indicó que la meta de esta nueva política no es recaudatoria, sino preventiva, destacando los daños que genera el consumo excesivo de azúcar.

“El objetivo es prevenir, prevenir, prevenir. El objetivo es la salud de las y los mexicanos”, dijo en su conferencia mañanera de este viernes 17 de octubre, en Palacio Nacional.

¿En qué consiste el acuerdo entre el gobierno y las refresqueras?

Este esquema derivó en una negociación directa entre la administración federal y la industria, que solicitaba condiciones distintas para los productos sin azúcar.

Funcionarios del sector salud expusieron que el actual IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) para bebidas azucaradas se mantiene en 3.08 pesos por litro.

Sin embargo, el gravamen para las versiones light, cero calorías o de dieta, pasa a ser de 1.50 pesos por litro, una diferencia relevante respecto a la propuesta inicial que buscaba homologar todos los refrescos, con o sin azúcar, bajo la misma tasa.

A cambio de esta distinción en el impuesto, las empresas se han comprometido a cuatro acciones que buscan impactar verdaderamente en los patrones de consumo: la primera es la reformulación de los refrescos con azúcar.

En este sentido, Coca-Cola comunicó que para octubre de 2027, el 70% de su portafolio clásico ofrecerá 30 por ciento menos azúcar, un ajuste que tendrá vigilancia directa de la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios).

Se busca así que el consumidor, aun si persiste en la ingesta, lo haga bajo un menor riesgo.

El segundo punto es asegurar que las alternativas light o cero resulten significativamente más accesibles para el consumidor que las versiones azucaradas. El gobierno argumenta que este diferencial en precios incentiva a migrar hacia opciones menos dañinas.

La tercera obligación asumida por las empresas es redefinir su publicidad: deben evitar utilizar imágenes, mensajes o referencias dirigidas a niños y adolescentes, de modo que las juventudes no sientan atractivo por estos productos. No podrán tampoco publicitar grandes presentaciones, como botellas de dos o tres litros, en tanto la promoción deberá concentrarse en las versiones de menor contenido calórico y menor volumen.

El subsecretario Eduardo Clark García Dobarganes resaltó la importancia de que estos compromisos estén a la vista de toda la sociedad.

“No lo estamos haciendo a escondidas... son compromisos públicos y medibles”, afirmó en la conferencia de la presienta.

Remarcó que serán los propios consumidores y medios quienes supervisen el cumplimiento y que, en caso contrario, el Estado cuenta con herramientas para responder con medidas más estrictas.

Paralelamente, la Secretaría de Salud iniciará una intensa campaña de información para concientizar a la población sobre los peligros de las bebidas ultra procesadas.

Además, el programa escolar “Vive saludable, vive feliz” promoverá hábitos sanos desde la infancia en las escuelas públicas, contribuyendo a la prevención de enfermedades asociadas al consumo de azúcar.

El acuerdo, según recalcaron las autoridades, no responde a intereses partidistas ni a presiones de cabildeo, sino que es fruto de negociación transparente y busca un solo fin: disminuir en México el consumo de bebidas azucaradas y sus secuelas en la salud social.

A partir de 2026, México experimentará cambios en la forma en que se gravan las bebidas no calóricas. Los líquidos sin azúcar enfrentarán un nuevo Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 1,50 pesos por litro, un ajuste que afectará tanto a la industria refresquera como a los consumidores. Esto de acuerdo si se aprueba el ajuste en las discusiones de la Cámara de Diputados.

El gobierno federal y las empresas refresqueras acordaron estos cambios tributarios a las bebidas sin azúcar como parte de una estrategia para promover el consumo de opciones más saludables.

Este impuesto específico para las bebidas sin azúcar busca equilibrar las cargas tributarias respecto a las versiones tradicionales con azúcar, las cuales mantendrán un IEPS de 3.08 pesos por litro. El nuevo gravamen representa casi la mitad de la cuota máxima, diferenciando claramente entre opciones calóricas y no calóricas.

El acuerdo sobre bebidas calóricas y no calóricas fue resultado de las deliberaciones entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados, priorizando medidas que incentiven la reducción del consumo de calorías.

La aplicación del impuesto tendrá un impacto directo en los precios finales. A la base de 1.50 pesos por litro de IEPS para las bebidas sin azúcar, se suma un IVA del 16%. Dicha combinación incrementa el costo efectivo del impuesto a aproximadamente 1.74 pesos por litro para el consumidor. Esto ocurre porque el IEPS no aumenta directamente la tasa del IVA, pero hace que el monto de IVA pagado sea mayor porque el IEPS se incluye en la base gravable sobre la cual se calcula el IVA.

Para que los consumidores visualicen este ajuste, se pueden considerar ejemplos concretos proporcionados en el acuerdo. Un refresco Pepsi sin azúcar de 2 litros, cuyo precio actual es de 33 pesos, aumentará a aproximadamente 36.48 pesos. En el caso de una Coca Cola Zero de 3 litros, pasaría de 35 pesos a alrededor de 40.22 pesos.

Si se desglosa esta diferencia, el precio del Pepsi sin azúcar se eleva en 3.48 pesos por botella de 2 litros. En el caso del refresco Coca Cola Zero, el salto es de 5.22 pesos por botella de 3 litros, equivalentes ambos a 1.74 pesos por litro.

Aunque el impuesto más alto se mantiene para las bebidas azucaradas, la aplicación de un gravamen, antes inexistente o mínimo para las versiones sin azúcar, marca un cambio relevante. La introducción de la cuota de 1.50 pesos por litro tendrá consecuencias para un sector de consumidores que opta por alternativas consideradas más saludables y para los fabricantes, incentivados a continuar la reformulación de sus productos.

La propuesta de gravar por primera vez a los videojuegos violentos en México se coloca en el centro del debate sobre el Paquete Económico 2026 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta iniciativa plantea un incremento impositivo para quienes consumen este tipo de productos con contenido considerado agresivo.

Esta medida busca aplicar un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 8% a la venta, descarga y acceso digital de videojuegos clasificados no aptos para menores de 18 años. El alcance del impuesto será amplio: no solo afectará la adquisición de los juegos físicos, sino también la compra en plataformas virtuales, las membresías y cualquier contenido adicional vinculado a estos títulos, como expansiones, personajes extra o niveles especiales.

La disposición será obligatoria tanto para proveedores nacionales de videojuegos como para aquellos extranjeros que ofrezcan sus servicios en México sin contar con oficina permanente en el país. Además, se estipula que las empresas distribuidoras y plataformas digitales tendrán que hacer públicos comprobantes fiscales donde el impuesto esté claramente incorporado en el precio final y reportar las operaciones relacionadas.

El impuesto a los videojuegos violentos de un 8% adicional se fundamenta en la preocupación por el aumento de casos de adicción y problemas de salud mental relacionados con el consumo excesivo de este tipo de contenido.

En términos concretos, el impacto de este nuevo gravamen se ejemplifica en algunos de los títulos más populares del mercado. De acuerdo con el cálculo presentado, Grand Theft Auto V, que actualmente tiene un costo aproximado de 500 pesos, pasaría a venderse en cerca de 540 pesos tras la implementación del impuesto.

De igual forma, Call of Duty: Black Ops 6 en su edición estándar para PC verá su precio incrementarse de 1 mil 399 pesos a aproximadamente 1 mil 510.92 pesos. Otro juego con alta demanda, Resident Evil Village, que ahora cuesta en promedio 450 pesos, tendrá un nuevo costo cercano a 486 pesos.

En comparación, videojuegos como Mario Kart 8 Deluxe no se verán afectados, pues su contenido no entra en la clasificación de violento, quedando fuera de esta propuesta impositiva.

Este nuevo esquema tributario supone un reto logístico y administrativo adicional para las plataformas digitales, ya que deberán cumplir con las nuevas obligaciones fiscales y de reporte ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), incluyendo la expedición de comprobantes y el desglose de operaciones.

De manera complementaria, el Paquete Económico 2026 contempla aumentos en otras áreas como tabacos y bebidas azucaradas, y proyecta que la recaudación federal superará los 5 billones 838 mil 541.1 millones de pesos en ese año. La discusión y eventual aprobación del programa está programada antes del 20 de octubre para la Cámara de Diputados y el 31 de octubre para el Senado.

El Paquete Económico 2026 contempla un incremento de impuestos a las bebidas azucaradas, una medida que busca reducir su consumo. Diversos estudios señalan que disminuir o eliminar el consumo de refrescos puede tener beneficios significativos para la salud, ya que estas bebidas, incluso en su versión “de dieta”, pueden afectar el organismo.

Impacto en la salud cardiovascular

La Universidad de Harvard realizó una investigación en la que determinó que consumir una lata de refresco al día incrementa en 18% el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Este riesgo aumenta a 21% si se consumen dos o más refrescos diarios, incluso si se cumplen las recomendaciones de ejercicio moderado de 150 minutos semanales.

El colesterol LDL o “colesterol malo” también se ve afectado por el consumo de bebidas azucaradas. Según Medline Plus, estas bebidas generan partículas que endurecen y estrechan las arterias, lo que puede ocasionar angina de pecho o infartos.

Aumento de peso y metabolismo

El consumo frecuente de refresco aporta calorías vacías que no generan saciedad, lo que lleva a comer más y subir de peso. De acuerdo con Healthline, una persona puede ganar hasta 2 kilos al año si consume estas bebidas de manera constante. Además, su contenido de azúcar se transforma en grasa corporal, aumentando el riesgo de obesidad.

Enfermedades crónicas

El exceso de azúcar provoca daño hepático porque el hígado es el único órgano que metaboliza la fructosa, lo que puede derivar en hígado graso y liberación de triglicéridos en sangre. Esta condición incrementa el riesgo de diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina.

Salud dental

El ácido fosfórico y carbónico del refresco modifica el pH bucal, facilitando la aparición de caries. Combinado con azúcar, genera un ambiente propicio para bacterias, según Healthline.

Adicción al refresco

La National Library of Medicine (NIH) señala que la cafeína y el azúcar presentes en estas bebidas pueden generar adicción. En estudios realizados, participantes presentaron síntomas de abstinencia tras tres días sin consumir refresco.

Refrescos de dieta

La Cleveland Clinic advierte que los refrescos “light” o “sin azúcar” no son una opción saludable, pues los edulcorantes estimulan el deseo de consumir más calorías, aumentan el riesgo de resistencia a la insulina y pueden favorecer el incremento de peso.

Ante la llegada a la Cámara de Diputados del Paquete Económico 2026, el diputado Elías Lixa Abimerhi perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer seis propuestas realizadas por su bancada, señalan que buscan “cuidar la economía familiar y denuncian endeudamiento histórico de la economía”.

En su primer posicionamiento acera de este tema destacó una propuesta que en su perspectiva va en sintonía al alza de impuesto a refrescos y en este caso sería el Agua sin IVA, buscando eliminar este impuesto en cualquier presentación de este líquido.

“Este gobierno duplicó la deuda de toda la historia de México. Con la propuesta entregada el día de ayer alcanzará 20 billones de pesos y la gente sigue sin medicinas, sin seguridad y con más impuestos”, señaló el coordinador Elías Lixa.

El blanquiazul presentó en total seis problemas, a las que se sumaron:

• Fondo Nacional de Salud, en donde pretenden que todo lo recaudado por IEPS sea usado por hospitales, medicinas y atención médica.
• Buscan quitar el ISR en sueldos no mayores a 16 mil 728 pesos.
• Que todo trabajador reciba su aguinaldo completo, sin descuentos.
• También quieren topar la gasolina en 20 pesos como máximo, reduciendo el IEPS para garantizar el precio.
• Por último, quieren que las familias puedan deducir lo que gastan en medicamentos.

Según lo dicho por Elías Lixa para el PAN es claro que “se va a mantener el irresponsable y galopante endeudamiento en nuestro país, que lleva ya a cifras de por encima de los 20 billones de pesos. En solo ocho años de este régimen se va a ver duplicada la deuda de toda la historia del país”.

De igual forma, el diputado y vicecoordinador Héctor Saúl Téllez denunció que se trata de un presupuesto hipotecario, “porque más que planeación responsable, lo que hay es deuda y gasto discrecional con Morena, la deuda pública se volvió el sello de este sexenio”.

“Morena prefiere un tren sin pasajeros y refinerías contaminantes antes que hospitales con medicinas o policías que cuiden a la gente”, así lo manifestó la vicecoordinadora Annia Gómez, además de calificar al Tren Maya o Pemex como proyectos fracasados.

Ector Jaime Ramírez Barba explicó que en materia de salud el caso es más grave: “Estamos peor que nunca en salud porque el gobierno destina menos del 2.6% del PIB, recorta medicamentos gratuitos de 86 mil a 32 mil millones y elimina programas básicos de prevención. Eso significa más enfermedades sin atender y más familias abandonadas”.

Finalmente, el diputado Elías Lixa comentó, ”Hoy vemos un Paquete Económico débil y que descuida las verdaderas demandas sensibles de la ciudadanía come ta atención a la salud, la mejora a la economía familiar y la segundad”, razón por la que mencionó que su partido presentó estas seis propuestas.

El próximo viernes 15 de agosto de 2025 entrará en vigor el aumento a la tasa global de importación anunciado por las autoridades mexicanas. Con la vigencia de la medida, adquirir productos a través de plataformas como Shein, Temu y Aliexpress podría ser más costoso debido a que la mercancía pagará un impuesto más alto.

Fue durante la noche del 28 de julio de 2025 cuando, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se dio a conocer un ajuste a la “determinación de contribuciones por la importación de mercancías a través del procedimiento simplificado efectuado por Empresas de mensajería y paquetería" en las reglas generales de Comercio Exterior correspondientes al 2025.

Cabe mencionar que el ajuste será aplicable para todas las mercancías que no se encuentren amparadas por el T-MEC, es decir provenientes de los Estados Unidos o Canadá. En ese sentido, aunque las plataformas mencionadas están en el radar del cobro, la afectación se extenderá a las mercancías provenientes de otros países sin el respaldo de algún tratado comercial.

Cuánto costará comprar mercancías de Temu y Shein con el nuevo impuesto por importaciones en México

El costo de las mercancías adquiridas a través de plataformas como Temu, Shein y Aliexpress aumentará debido a la decisión formalizada por las autoridades mexicanas. En lugar de pagar una tasa global del 19 por ciento, como estaba establecido, el desembolso por el impuesto será del 33.5% sobre el valor de los productos.

Según se lee en la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), solamente las mercancías que comprueben un valor superior a los USD 117 en la aduana podrán acceder al pago de la tasa del 19 por ciento. Para ello, deberán cumplir con las siguientes condiciones:

• Que se encuentren amparadas con una guía aérea o conocimiento de embarque, y
• Que no se encuentren sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias.

Debido a la aplicación de la medida, se recomienda a las personas usuarias de las plataformas mencionadas verificar el precio de las mercancías antes y después de realizar la compra, ya que se pueden aplicar costos adicionales por las tasas de importación.

El comunicado sobre el ajuste a la tarifa se dio a conocer en vísperas del 1 de agosto de 2025, cuando se esperaba que entrara en vigor el más reciente amago arancelario de Donald Trump, quien ha presionado a México para evitar el ingreso de mercancías provenientes de China a la región.

Recibir un saldo a favor al presentar la declaración anual puede convertirse en un alivio económico importante para miles de contribuyentes en México. Sin embargo, la posibilidad de recibirlo con facilidad depende de ciertas condiciones y montos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuyo portal oficial detalla los criterios y procedimientos para acceder a la devolución automática.

De acuerdo con la información proporcionada por el SAT, el contribuyente puede reclamar de manera automática su saldo a favor si presenta su declaración anual relativa al ejercicio fiscal inmediato anterior. El aspecto más relevante para definir el trámite es el monto que se va a reembolsar, pues a partir de ciertas cantidades se determina el método y la documentación a presentar.

Para saldos iguales o menores a 10 mil pesos, el proceso es simple: la declaración puede enviarse utilizando la Contraseña, siempre que el contribuyente seleccione la opción de devolución y registre una cuenta CLABE bancaria de 18 dígitos, activa y a su nombre. Es indispensable que la cuenta ya esté precargada en la plataforma y que esté asociada al titular, pues esto facilita la transferencia directa de los recursos.

Cuando el saldo a favor es mayor a 10 mil pesos pero no rebasa los 150 mil pesos, existen dos variantes centrales. Si el contribuyente tiene registrada con antelación su cuenta CLABE a su nombre, el SAT permite presentar la declaración aún con la contraseña. En cambio, si la cuenta no está precargada, será necesario validar la identidad y autenticidad mediante la e.firma, que ofrece un mayor grado de seguridad en el proceso.

Para los saldos superiores a 150 mil pesos, la devolución automática queda descartada. En este escenario, el contribuyente debe ingresar la solicitud a través del Formato Electrónico de Devoluciones. Este procedimiento, más detallado y formal, requiere el envío de documentación adicional para justificar el saldo reclamado, así como la verificación exhaustiva por parte de la autoridad fiscal antes de autorizar cualquier reembolso.

El SAT destaca que para poder acceder a la devolución automática es indispensable presentar la declaración anual correspondiente al ejercicio anterior a más tardar el 31 de julio del año en curso y elegir la opción de devolución durante la captura de la información.

Además, esta facilidad no está disponible en ciertos casos: si el contribuyente obtuvo ingresos por copropiedad, sociedades conyugales o sucesiones; si solicita la devolución por ejercicios diferentes al inmediato anterior; o si presenta la declaración anual normal o complementaria sin seleccionar expresamente el reembolso como opción.

Lo fundamental, según la información del SAT, es que los rangos en el monto del saldo a favor determinan la forma en que los contribuyentes pueden acceder a la devolución y el nivel de verificación exigido. Preparar con tiempo la documentación es imprescindible para que los contribuyentes reciban sus recursos de manera pronta y sin complicaciones.

En vísperas de las negociaciones para evitar la posible entrada en vigor de los aranceles del 30% anunciados por el gobierno de Donald Trump, las autoridades mexicanas anunciaron un ajuste al impuesto para pequeñas importaciones. La medida afectará a diversas empresas, aunque particularmente a las plataformas Temu y Shein, que envían mercancías desde China, con el encarecimiento de los productos.

Durante la noche del lunes 28 de julio de 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el ajuste a la “determinación de contribuciones por la importación de mercancías a través del procedimiento simplificado efectuado por Empresas de mensajería y paquetería" en las reglas generales de Comercio Exterior aplicables para el año 2025.

Con la medida, las mercancías importadas mediante el procedimiento simplificado efectuado por Empresas de mensajería y paquetería pagarán una tasa global del 33.5% sobre el valor de los productos y ya no del 19% como estaba establecido.

La tasa no será aplicable a mercancías procedentes de países como Canadá o los Estados Unidos, naciones con las que México ha mantenido acuerdos comerciales.

En tanto, según se lee en la resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para el 2025, cuando las mercancías cuyo valor en aduana sea superior a USD 117 o su equivalente en moneda nacional o extranjera, entonces se aplicará una tasa global del 19% al valor de las mismas. Para ello, se debe cumplir con las siguientes condiciones:

• Que se encuentren amparadas con una guía aérea o conocimiento de embarque, y
• Que no se encuentren sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias.

La medida afectará a cualquier empresa de envíos que ingrese mercancías a México mediante el esquema de pequeñas importaciones. No obstante, el impacto en las plataformas Shein y Temu será uno de los más reconocidos debido a la popularización que las compras en línea han tenido en los años recientes. Para ello, se deberá verificar el costo de las mercancías antes de realizar el pago.

El comunicado sobre el ajuste del impuesto se dio a conocer a pocas horas de que el gobierno de Estados Unidos implemente una tarifa arancelaria del 30% a mercancías importadas desde México.

Cabe mencionar que la administración de Donald Trump ha presionado a México para regular el ingreso de mercancías provenientes desde China que, en algunos casos, llegan a los Estados Unidos a través de la frontera y son ofertados a bajo costo. En ese sentido, puede ser una medida para desincentivar la práctica y alinearse con la política comercial estadounidense para evitar el nuevo arancel.

“¿Por qué cobrar impuestos a las empresas con pérdidas?” La pregunta, planteada en el propio concepto de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) resume la controversia que sacude a las empresas colombianas desde que la entidad publicó a comienzos de 2024 su interpretación sobre la Tasa de Tributación Depurada (TTD). Ahora, el Consejo de Estado decidió mantener vigente este criterio, tras revocar la suspensión provisional que había impuesto hace unos meses.

La decisión del alto tribunal se produjo luego de revisar un recurso de súplica interpuesto contra la aplicación del concepto 100208192-224 (Oficio 2211 DE 2023), expedido por la Dian el 24 de febrero de 2023.

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En la resolución, la alta corte declaró la nulidad de una expresión puntual sobre la transferencia de propiedad de inmuebles dentro de una fiducia mercantil, pero dejó en pie el resto del documento, que establece que todas las sociedades, incluso aquellas con pérdidas contables, deben calcular la TTD dentro del impuesto de renta para personas jurídicas.

El concepto de la Dian responde a una serie de consultas sobre la aplicación de la tasa mínima de tributación y detalla que la TTD se calcula sumando las diferencias permanentes a la utilidad contable. Esto puede generar una base positiva para la tributación, incluso, cuando el resultado neto del ejercicio sea negativo.

A quiénes afecta la medida

La medida afecta, en especial, a sectores como el de la construcción, donde las pérdidas fiscales solo se reconocen al finalizar los contratos, y a empresas con deuda en moneda extranjera, cuyos estados financieros pueden mostrar utilidades contables por variaciones cambiarias, aunque no existan ganancias reales.

La controversia surgió porque, según el análisis inicial del Consejo de Estado, el concepto de la Dian podría introducir cargas tributarias no contempladas de manera expresa por la ley y presentaba contradicciones con el Estatuto Tributario. Por este motivo, la alta corte suspendió de forma provisional la aplicación del documento.

Sin embargo, a finales de 2024, tras examinar el recurso extraordinario presentado, el alto tribunal revocó la suspensión al no encontrar fundamentos suficientes para anular el efecto del concepto. Con esta decisión, la aplicación del criterio fiscal de la Dian vuelve a estar vigente.

El impacto de la medida

El impacto de la medida es especialmente notorio en empresas que, por la naturaleza de su actividad, presentan utilidades contables derivadas de diferencias permanentes o revalorizaciones de activos, a pesar de registrar pérdidas fiscales. La Dian sostiene que todas las sociedades, sin distinción de resultados financieros, deben calcular la TTD con base en una utilidad contable ajustada, lo que puede llevar a que una empresa que cerró su ejercicio con un balance negativo reporte utilidades para efectos tributarios.

Se debe tener en cuenta que el documento de la Dian aborda 12 preguntas relacionadas con la tasa mínima de tributación, incluido el tratamiento de las diferencias permanentes, la determinación de la utilidad contable relevante para el cálculo de la TTD, las implicaciones para el anticipo del impuesto sobre la renta, la posibilidad de compensar pagos excedentes realizados en periodos anteriores y la forma en que la TTD puede equipararse con la tarifa nominal del impuesto.

Las empresas cuestionaron que el cálculo de utilidad contable sirva de base para liquidar impuestos, con el argumento que esto podría derivar en un trato inequitativo como contribuyentes, dadas las particularidades de la actividad económica y los balances financieros de cada firma. En la práctica, la fórmula matemática definida por la Dian puede llevar a que una empresa con pérdidas contables termine obligada a pagar impuestos sobre utilidades que no existen en términos reales.

Revisión del nuevo concepto

El debate no ha terminado. Amparado en la primera sentencia, un abogado solicitó a la Corte Constitucional revisar de nuevo el concepto, y este organismo aceptó hacerlo el 1 de julio, a pesar de tratarse de cosa juzgada.

Varias universidades han remitido sus opiniones para que sean consideradas en la discusión. Por ahora, solo es claro que el concepto de la Dian ya no está suspendido y debe aplicarse, aunque la sentencia definitiva del Consejo de Estado e incluso la posición final de la Corte Constitucional podrían modificar el panorama.

El Servicio de Administración Tributaria, SAT, es el principal organismo encargado de la recaudación de los impuestos de los contribuyentes, su alcance es federal, tiene una normativa propia y facultades que no tienen otras instituciones.

Una de las capacidades con las que el SAT cuenta es la realización de visitas domiciliarias de los contribuyentes. Estos encuentros constituyen un procedimiento establecido en la legislación mexicana, cuyo objetivo principal es garantizar que los tributarios, tanto personas físicas como morales, cumplan con sus obligaciones fiscales.

Las visitas domiciliarias del SAT están reguladas en el Código Fiscal de la Federación (CFF), artículo 42, fracción III como parte de su estrategia para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Este marco legal otorga a la institución la capacidad de inspeccionar directamente los hogares de los contribuyentes, revisando tanto la documentación como las operaciones que respaldan sus declaraciones.

Las visitas domiciliarias del SAT no siguen un calendario fijo y pueden realizarse en cualquier momento del año, dependiendo de diversas circunstancias como inconsistencias detectadas en las declaraciones fiscales o en la facturación de los contribuyentes, si hay omisiones en los pagos correspondientes, o si existen dudas sobre la veracidad del domicilio fiscal registrado.

¿Quiénes pueden recibir una visita domiciliaria del SAT?

El SAT puede realizar visitas domiciliarias a las personas físicas que desarrollan actividades económicas como asalariados, prestadores de servicios por honorarios, arrendadores y aquellos inscritos en el Régimen Simplificado de Confianza. Además, las personas morales también están sujetas a este tipo de inspecciones.

Por lo antes mencionado, el SAT también puede realizar visitas domiciliarias a jubilados y pensionados, especialmente en los casos en que sus ingresos superen los montos exentos de impuestos o si cuentan con adicionales que puedan ser objeto de revisión. Hay que agregar que el organismo tributario también puede visitar a terceros relacionados con el contribuyente, siempre que la información que posean sea relevante para una auditoría fiscal.

Medidas de seguridad al recibir una visita inmobiliaria del SAT

Las visitas domiciliarias del SAT no pueden ser arbitrarias ni sin justificación. Sin embargo, nada en el CFF indica que deben ser notificados los que recibirán las inspecciones.

Es obligación de los funcionarios del SAT presentar toda esta documentación e introducirse de manera debida. Si el visitador no exhibe información válida, así como documentos que verifiquen su identidad y los oficios pertinentes, el contribuyente puede y debe negarle el acceso a su domicilio.

Por su parte, el contribuyente tiene derechos fundamentales que deben ser respetados durante la visita, como recibir un trato digno y respetuoso, la posibilidad de verificar la identidad de quienes realizan la inspección, ofrecer pruebas que respalden su situación fiscal, además de presentar aclaraciones en caso de ser necesario.

Una vez concluida la visita, el SAT debe emitir un oficio de observaciones, otorgando al contribuyente un plazo para responder antes de emitir una resolución definitiva. En caso de que el tributario no esté de acuerdo con la determinación emitida, tiene la opción de impugnarla mediante un recurso de revocación o un juicio contencioso administrativo.

Asimismo, el contribuyente puede acceder a asesoría gratuita proporcionada por el propio SAT o recurrir a servicios privados para garantizar una defensa adecuada de sus intereses.

El posible aumento en las cuotas de administración para quienes residen en conjuntos residenciales surgió como una de las consecuencias directas de la resucitada reforma laboral que fue aprobada en la Comisión Cuarta del Senado.

La propuesta legislativa, que busca modificar aspectos clave de las condiciones laborales en Colombia, podría traducirse en mayores gastos para los hogares, especialmente por el impacto en los servicios de vigilancia y seguridad nocturna.

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Entre los cambios propuestos se incluye la modificación del horario de la jornada nocturna, el incremento de los recargos por trabajo en domingos y festivos, y la preferencia por contratos a término indefinido frente a otras modalidades de contratación.

Uno de los puntos que más debate ha generado es el ajuste en el inicio de la jornada nocturna. La Comisión Cuarta del Senado aprobó que este horario comience a las 7 p. m., dos horas antes de lo que establece la normativa vigente, que fija el inicio a las 9:00 p. m. Este cambio implica que los trabajadores que presten servicios después de la hora establecida deberán recibir recargos adicionales.

La reforma también contempla el aumento de los recargos por trabajo en domingos y festivos, lo que podría afectar a otros sectores que dependen de personal en esos días, incrementando los costos operativos para las empresas y, en consecuencia, para los usuarios finales de los servicios.

El impacto de esta medida se reflejaría especialmente en los servicios de seguridad privada, que suelen operar durante la noche en los conjuntos residenciales. Tras el aumento de los recargos nocturnos, las empresas de seguridad probablemente ajustarán sus tarifas para cubrir el mayor costo de remunerar a sus empleados.

Como resultado, los residentes de estos conjuntos tendrían que asumir cuotas de administración más elevadas, ya que estos pagos cubren tanto los salarios del personal como el mantenimiento de las áreas comunes. Esto podría suponer un ajuste significativo en el presupuesto de muchas familias colombianas, que verían reflejado el impacto de la reforma en sus gastos mensuales.

Reforma laboral trae impuestos que no alcanzarían a pagar cafeterías, panaderías y bares de Colombia

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, expresó su preocupación tras la luz verde que le dio la Comisión Cuarta al proyecto de reforma laboral. Desde su perspectiva, los cambios que impulsa el Gobierno Petro generan daños desproporcionados a las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

Asimismo, aseveró que los sectores más perjudicados son aquellos que laboran de noche y domingos y festivos como tiendas, panaderías, cafeterías de barrio, establecimientos de comercio, restaurantes, gastrobares y bares, establecimientos de alojamiento (hoteles, hostales), empresas de transporte (carga y pasajeros), logística y almacenamiento, empresas de vigilancia y seguridad privada, empresas de aseo y mantenimiento, entre otros.

“Fenalco hace un llamado urgente a la plenaria del Senado de la República para que actúe con responsabilidad y corrija el rumbo de esta reforma, protegiendo a los micro, pequeños y medianos empresarios que hoy se sienten traicionados y enfrentan una profunda incertidumbre frente al futuro”, señaló el líder de la organización gremial.

Bajo la misma línea, Jaime López, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), advirtió sobre el impacto que puede llegar a tener la reforma laboral en los hogares.

“El sector gastronómico da el primer empleo a jóvenes estudiantes sin experiencia y el último a adultos mayores que aún quieren aportar. Si se pierden estos trabajos, ¿qué opciones reales les quedarían? El debate no puede centrarse solo en cifras: debe enfocarse en el impacto real sobre las familias colombianas”, afirmó.

Y agregó: “Los restauranteros sufrimos con las variables que cargan en la operación, costos altos en alimentos, servicios públicos, entre otros”.

Durante su participación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales (RNCR) 2025 del BBVA México, en la capital mexicana, Amador explicó que, si bien el impacto fiscal del nuevo tributo sería “neutral” para las finanzas públicas de México, el efecto podría ser considerable para la economía de determinados estados del país.

“La magnitud del impacto podría ser equivalente al 3 % del producto interno bruto (PIB) en términos gruesos, pero el impacto regional sí podría ser muy importante”, señaló el jefe de la cartera mexicana de Hacienda.

El funcionario subrayó que en algunos estados, como Chiapas, Guerrero, Zacatecas y Michoacán, las remesas representan más del 10 % del PIB local y, para muchas familias, hasta el 20 % de sus ingresos.

Amador también cuestionó la legalidad del impuesto propuesto por EE.UU., al considerar que grava ingresos que ya fueron tributados.

“Volver a gravar con un impuesto la renta disponible podría bien tipificarse como doble tributación y probablemente incumpliría el tratado para evitar la doble tributación que existe entre México y EE.UU.”, afirmó Amador.

El secretario de Hacienda señaló que más del 94 % de las remesas se realiza por medios electrónicos trazables y si se impone este impuesto, el costo podría recaer sobre el consumo en EE.UU., ya que “probablemente lo que puede ocurrir es que vayan a mandar dólares adicionales, lo cual disminuiría el ingreso disponible para los consumidores en EE.UU.”.

La propuesta legislativa del 3,5 % ya fue aprobada en la Cámara de Representantes y pasará ahora a discusión en el Senado.

México recibió un récord de casi 65.000 millones de dólares en remesas en 2024, que representan casi el 4 % de la economía de México, el segundo mayor receptor de estas divisas en el mundo, solo detrás de la India. EFE

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que, "de ser necesario", convocará a los mexicanos a las calles en protesta por la imposición de un nuevo impuesto del 3,5 por ciento a las remesas de dinero mexicanas procedentes de Estados Unidos, una tasa que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso estadounidense.

"(Los migrantes) no solo sostienen la economía de México, sino también sostienen la economía de Estados Unidos. Que se oiga bien y que se oiga fuerte: Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por las y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera", ha sostenido la mandataria mexicana en declaraciones en un acto desde la ciudad de San Luis Potosí recogidas por el diario mexicano 'El Universal'.

Asimismo, la presidenta ha sostenido que no descarta movilizaciones para que no "haya impuestos a las remesas de (sus) paisanos de Estados Unidos a México", como ya ha recordado que hizo para que mandaran cartas a los senadores estadounidenses cuando se anunció la medida que finalmente ha pasado de ser de un 5 por ciento al 3,5 que se debate actualmente.

"Nosotros dijimos claramente que no estamos de acuerdo con eso, porque nuestros hermanos que están allá trabajan duro y pagan sus impuestos, y es injusto que además haya un impuesto por el dinero que le mandan a su familia. Eso no debe ser así", ha mencionado Sheinbaum.

De igual manera, ha resaltado la "discriminación" que sufren los mexicanos residentes en Estados Unidos, que ha cifrado en unos 40 millones, calificándolos de "héroes y heroínas" que continúan ayudando a México desde el país norteamericano.

Con una votación de 215 a 214, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un controvertido paquete legislativo que incluye un impuesto del 3,5% sobre las remesas enviadas por inmigrantes sin ciudadanía ni residencia permanente. La medida, que forma parte del proyecto denominado “One Big Beautiful Bill Act”, podría tener un enorme impacto en las economías de América Latina, donde millones de familias dependen de estos envíos para su sustento.

El proyecto, que consta de casi 900 páginas, combina diversas disposiciones que abarcan desde recortes fiscales hasta restricciones sociales y medidas de seguridad fronteriza. Apodado así por el presidente Trump, el “One Big Beautiful Bill Act” busca reformar el panorama fiscal y económico del país. Sin embargo, uno de los puntos más polémicos es el impuesto a las remesas, que, de ser aprobado por el Senado, afectará de manera directa a los migrantes que no cuentan con ciudadanía ni residencia permanente en Estados Unidos.

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Las remesas representan una fuente importante de ingresos para muchas familias en América Latina, y la implementación de este tributo podría comprometer millones de dólares que en la actualidad sostienen a comunidades enteras en la región. La medida ya generó preocupación entre expertos y defensores de los derechos de los migrantes, que advierten sobre las posibles repercusiones económicas y sociales tanto en los países receptores como en las comunidades migrantes dentro de Estados Unidos.

Impuesto a las remesas y su impacto económico en Colombia

La norma que Trump busca promulgar como ley de aquí al 4 de junio podría tener severos impactos en las economías de Latinoamérica, sobre todo en Colombia, donde ya hay preocupación. Por tal motivo, el internacionalista Juan Nicolás Garzón, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias políticas de la Universidad de La Sabana, hizo un análisis en el que aclaró la situación.

Sobre el dinero que dejaría de ingresar por el concepto de remesas a Colombia, dijo que es difícil de estimar en este momento. No obstante, precisó que “lo que sí sabemos es que a la fecha Colombia está registrando cifras récord de ingreso de remesas al país, USD4.600 millones, aproximadamente, desde los Estados Unidos, que es el país de donde más se envían”. En este caso, remarcó, habría un impacto, ya que aumentarían los costos.

Asimismo, alertó que los principales afectados son los migrantes y las personas receptoras de esa ayuda. Indicó que, en la actualidad, en Estados Unidos hay, más o menos, 50 millones de migrantes que pueden estar enviando una cifra sobre los USD60.00O millones.

Los países más afectados

Al respecto, señaló que el grupo más grueso, por supuesto, es de mexicanos y centroamericanos. Como ejemplo, dijo que, para el caso de Centroamérica, hay países que tienen como principal fuente de divisas las remesas, ya que no tienen ningún producto de exportación ni nada que se le parezca.

Con respecto a quienes trabajan en remoto, enfatizó en los que reciben ingresos por concepto de aplicaciones, algo que en principio se creería que no, porque no se están gravando ingresos que surgen de esa manera, sino que lo que se está gravando es el envío del dinero por medio de los mecanismos de envío de dinero formal que utilizan de forma usual los migrantes.

Maneras de blindarse a la medida

Frente a las maneras de blindarse contra la medida, aceptó que no está muy seguro de que existan maneras de hacerlo, por lo que tocaría esperar un poco para saber cómo se aplicaría la norma y cómo se haría el recaudo. Además, que se debe entender también que es muy probable que ni siquiera los mismos congresistas norteamericanos tengan muy claro lo que aprobaron, por lo menos no los de la Cámara.

“Blindarse sería complicado. Seguramente pueden haber mecanismos alternativos de envío de divisas, como el uso de plataformas digitales que van surgiendo, criptomonedas y activos más difíciles de controlar”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que se debe tener mucho ojo con el tema tributario y de evasión, porque es muy delicado y más si son los migrantes los que estarían utilizando esos medios, debido a que al final son ellos en quienes recae más el escrutinio.

Escenarios de la ley

Y sobre los escenarios que se pueden vislumbrar para que la ley no sea promulgada, Juan Nicolás Garcón recordó que esta salió de la Cámara y paspo al Senado. Entonces, por ahora, ya se logró una modificación. En un principio se pensó en un 5% de impuesto y se logró, a partir de un lobby que se hizo entre congresistas y gente de origen latino, una reducción al 3,5%.

En uno de los países más afectados, México, todavía existe la esperanza de que en el Senado se logre eventualmente eliminar ese impuesto. Sobre lo que puede suceder, dijo que ahora hay un un escenario complejo también. Esto, debido a que como ya pasó en la Cámara y seguramente pasará en el Senado, lo que puede demostrar es que entre los mismos republicanos hay una fractura, unas diferencias, ya que hay unos que están exigiendo mayores recortes.

“Ellos podrían estar muy poco inclinados a ceder en este tema. Uno, porque esto puede desincentivar y mandar un mensaje en contra la migración. Y segundo, porque creen que ahí puede haber una fuente de ingresos adicionales para una situación fiscal que se considera crítica o un déficit fiscal en los Estados Unidos que Trump ha prometido y ha ido reduciendo paulatinamente”, finalizó el profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias políticas de la Universidad de La Sabana.

La propuesta de un impuesto del 3,5% sobre las remesas en Estados Unidos, impulsada como parte de los planes del expresidente Donald Trump, podría tener un impacto irreversible para los envíos de dinero hacia países de América Latina, incluido Perú. ¿Cuánto podrían encarecerse las tarifas?

Esta medida, que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes y ahora será evaluada por el Senado, afectaría principalmente a inmigrantes indocumentados y a los no ciudadanos, quienes no podrían recuperar el monto pagado mediante reembolsos fiscales. Aunque inicialmente se planteó un gravamen del 5%, este porcentaje fue reducido durante las negociaciones legislativas.

Vale precisar que, según cifras del BCR, el envío de remesas hacia el Perú bordeó los 4.945 millones de dólares en 2024, un 1,7% más que en el ejercicio anterior. Este incremento, precisamente, estuvo impulsado por la recuperación del empleo en EEUU, país que se mantiene como la principal fuente de remesas al país. El resultado al primer trimestre del 2025, con el impacto de la incertidumbre por las nuevas políticas de Trump, recién se conocerá la próxima semana.

Remesas bajo presión: EEUU persigue impuesto del 3,5%

De acuerdo con María José Artacho, Country Manager de Global66 Perú, cualquier impuesto sobre las remesas incrementa el costo total de los envíos, lo que resulta especialmente problemático en un contexto de inflación que ya ha reducido el poder adquisitivo en varios países de la región, según explicó para Infobae Perú.

En el caso de Perú, la inflación anualizada se encuentra en 1,65%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esto significa que el dinero enviado desde el extranjero alcanza para menos bienes y servicios, y un impuesto adicional reduciría aún más el monto neto que reciben las familias, limitando su capacidad de gasto y afectando directamente el consumo en las economías locales.

¿Cuánto costaría enviar 1.000 dólares al Perú?

Si un migrante en Estados Unidos envía inicialmente 1.000 dólares a Perú y se aplica un impuesto del 3,5% (como se ha propuesto), el monto disponible para el envío se reduce en 35 dólares, quedando 965 dólares. Sin embargo, al utilizar un servicio de envío como Global66 en la ruta USA - Perú, el envío en sí no tiene costo, ya que se considera una “transferencia local”.

En este caso, es importante tener en cuenta que existen costos asociados como: Si el usuario decide retirar el dinero de Global66 a su banco tradicional, tiene un costo fijo entre 2 y 5 dólares (dependiendo los montos). De manera similar, si el usuario opta por cambiar el dinero recibido en dólares a soles, se aplicaría una tasa de cambio.

“Es importante destacar que estos costos en Global66 son más competitivos que los que aplican otras entidades financieras, donde los envíos, por ejemplo, puede llegar hasta el 5%. Esta diferencia en los costos es fundamental al comparar el monto final que recibe el beneficiario”, dijo Artacho.

Trump impulsa impuesto a remesas que afectaría a toda América Latina

El impacto de esta medida no se limita a Perú. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las remesas representan en promedio el 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe, aunque en algunos países esta cifra es mucho mayor.

Por ejemplo, en Nicaragua las remesas constituyen el 27,6% del PIB, en Honduras el 25,9%, en El Salvador el 23,5% y en Guatemala el 19,5%. Estas economías, altamente dependientes de los flujos de dinero enviados desde el extranjero, serían especialmente vulnerables a cualquier reducción en las remesas, lo que podría provocar una contracción en el consumo y una desaceleración de la actividad económica local.

En países como Colombia, las remesas han ganado importancia como fuente de ingresos en divisas, superando incluso al petróleo. Según Corficolombiana, las remesas representan el 3,1% del PIB colombiano. En tanto, en Chile, la inflación interanual alcanzó el 4,7% en febrero de 2025, mientras que en Colombia fue del 5,28% en el mismo periodo, lo que evidencia cómo la inflación ha erosionado el poder adquisitivo en la región.

Finalmente, el tema de las remesas hacia México también ha generado debate político, explica Global66, con posturas como la de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, que reflejan la relevancia de estos flujos en el contexto económico del país.

Envío de remesas se dispara por temores a nuevo impuesto en EEUU

Pero, ¿qué tanto dinero se envía como remesas desde EEUU hacia el Perú a través de Global66 cada año? La fintech advierte que el número de transacciones crece aceleradamente, y en el caso del ticket promedio, este se encuentra en 1.200 dólares. Por ejemplo, de marzo a abril, el volumen de envíos creció en 22%, posiblemente incentivado por esta incertidumbre.

A pesar de ello, muchos migrantes siguen priorizando el bienestar de sus familias y continúan enviando remesas, incluso si eso implica ajustar sus propios gastos. “Pero no solo la ruta EEUU – Perú crece. En sentido contrario también vemos una evolución“, refiere la ejecutiva.

En el caso del volumen anualizado de remesas enviadas desde Perú a EEUU a través de Global66 en 2023 al 2024, creció 220%; y en lo que va del 2025, ya se superó el volumen enviado en el 2024. Ello influenciado, según la firma, por pagos de estudios que hacen los padres de familia desde Perú a sus hijos que estén en el país norteamericano. ¿Cuál sera su destino?

"Hace tiempo que informé a (el director ejecutivo) Tim Cook de Apple que espero que los iPhones que se vendan en Estados Unidos se fabriquen y ensamblen en Estados Unidos, no en India ni en ningún otro lugar", escribió hoy Trump en su red social Truth Social.

"De no ser así, Apple deberá pagar un arancel de al menos el 25 % a EE. UU.", añade el breve texto publicado por el mandatario.

El mensaje del presidente estadounidense ha tenido un efecto inmediato en la cotización de la empresa con sede en Cupertino, California, con caídas de más del 3 % de sus acciones en las operaciones electrónicas previas a la apertura de la bolsa en Nueva York.

Apple anunció en febrero, poco más de un mes después de que Trump retornara al poder, una inversión de 500.000 millones de dólares a lo largo de los próximos cuatro años para establecer manufacturas de servidores o productos de silicio de cara a contentar al neoyorquino, enzarzado en una guerra comercial global para que grandes empresas de sectores estratégicos retornen sus operaciones a Estados Unidos.

Desde entonces Trump había alabado ese compromiso de Apple en repetidas ocasiones.

Los populares productos del gigante tecnológico, que tiene en EE.UU. su principal mercado gracias principalmente a la venta de teléfonos, han copado el foco en los últimos meses ante la posibilidad de que Trump les aplique un arancel que mermaría sus ventas y que podría resultar muy impopular entre los estadounidenses.

Apple informó a principios de mayo que si los aranceles impulsados por Trump se mantienen en el nivel actual, la compañía sufrirá un impacto de unos 900 millones de dólares en costos para la empresa el próximo trimestre.

El mensaje intimidante de Trump contra Apple llega el mismo día en que el presidente estadounidense ha amenazado a la Unión Europea con imponer a todos sus productos un arancel directo del 50 % a partir de junio al asegurar que las conversaciones con Bruselas "no están yendo a ningún lado".

asb/ygg

Este viernes, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardó reiteró su rechazo a los impuestos de remesas que busca imponer Estados Unidos.

“Antes era 5, se aprobó con 3.5%, pero nosotros no estamos de acuerdo, es injusto, además viola un convenio entre Estados Unidos y México, y siempre vamos a protejer y apoyar a nuestros hermanos migrantes, y a los más necesitados del país, que son quienes reciben estas remesas”, dijo la mandataria federal.

Más adelante, Sheinbaum compartió un video donde se ve a mexicanas y mexicanos radicados en EEUU, dando a conocer las razones por las que rechazaban el impuesto a las remesas.

Una mujer que se identificó como Jessica Costa, quien se encuentra en Denver, dijo estar en contra de las remesas. “En el año 2024 las remesas enviadas por mexicanas y mexicanos en el exterior, superaron los 63 mil millones de dólares, esa cifra no representa solo dinero, representa esperanza, esfuerzo, responsabilidad familiar, y hoy esa esperanza está en riesgo, hoy levanto mi voz ante la propuesta de un impuesto del 3.5% sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos a México. Aunque la tasa inicial era del 5%, esta medida sigue siendo regresiva, injusta y muy peligrosa para nuestra comunidad”, señaló.

Propuso la creación de una mesa binacional permanente entre el gobierno de México y los líderes dispora, para cocrear soluciones con justicia fiscal, visión compartida y soberanía económica.

Xavier Medina Vidal, un politólogo méxico-americano, que radica en Texas, señaló que se sumaba a las voces opositoras a la propuesta del gobierno de EEUU de imponer impuestos a las remesas que envían los migrantes mexicanos en ese país a sus familiares en México.

Dijo que las remesas disminuyen los flujos de migrantes de México a EEUU, pues apoyan y sostienen a familias y comunidades enteras en México, por lo que un impuesto a las remesas no frenaría el flujo de migración, sino que la fomentaría, pues quitaría una parte importante del estímulo económico local a niveles contundentes en muchas zonas del país.

Señaló que restarle poder adquisitivo a los migrantes en EEUU por cobrarles un impuesto innecesario sería bastante dañino para el crecimiento y la estabilidad económica en EEUU.

Por ello, y otras razones, dijo, los obligaba como sociedad binacional a rechazar la iniciativa.

“No al impuesto a las remesas, invitamos de nuevo a los paisanos y paisanas, a que envíen mensajes por redes sociales, correos electrónicos, cartas, ahora a los senadores y senadoras porque pasa al Senado en los Estados Unidos, para que no haya impuesto a las remesas, nosotros vamos a seguir trabajando, se va otro equipo esta semana que viene a hablar con senadores, senadoras, y también hablar con nuestra comunidad, del otro lado de la frontera, para seguir trabajando para evitar este impuesto”, concluyó la presidenta.

La normativa, con 25 artículos, fue aprobada con los votos de 57 diputados de 60 en el Congreso, sin el apoyo de la oposición y ante el rechazo de organizaciones nacionales y extranjeras que señalan que es "una herramienta para estigmatizar, controlar y silenciar a la sociedad civil".

La ley fue propuesta e impulsada por el presidente Nayib Bukele y es similar a una promovida por su Gobierno en 2021 pero en esa ocasión se contemplaba un impuesto del 40 %.

De acuerdo con el dictamen leído durante la sesión plenaria, la normativa tiene como objeto "establecer el régimen jurídico aplicable a las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, cuyas actividades dentro de El Salvador respondan a intereses o sean financiadas directamente o indirectamente por una persona extranjera".

La ley prohíbe que las oenegés "reciban o utilicen donaciones u otros mecanismos de financiamiento para la realización de actividades no declaradas previamente", "cambiar el propósito declarado por el cual recibieron los fondos sin aviso previo" y "recibir donaciones o bienes materiales de cualquier tipo procedentes de fuentes o personas anónimas".

Además, establece multas de entre 10.000 a 200.000 dólares por violar algunas de las prohibiciones y un impuesto de un 30 % "a las transacciones financieras, desembolsos, transferencias, importación en especie o bienes materiales de cualquier tipo provenientes del mandate extranjero".

El artículo 20 de la normativa, que fue aprobada sin un análisis previo, indica que "el presidente podrá aprobar cuantos reglamentos de aplicación y desarrollo de la presente ley sean necesarios para el establecimiento de definiciones, cumplimiento de sus fines, atribuciones y competencias".

La diputada opositora Claudia Ortiz, del partido Vamos, opinó que dicha ley "es una herramienta autoritaria para la censura y el debilitamiento del espacio cívico" y que "quedará a criterio ambiguo y arbitrario del Gobierno a quien se le impondrá el impuesto y a quien no".

"Es una ley que atenta contra la democracia, contra el Estado de derecho y contra el respeto a la libertad de asociación y de expresión", dijo la parlamentaria.

La organización Human Rights Watcha (HRW) señaló este martes en un comunicado que ha documentado que otros países, como Rusia y Nicaragua, "han utilizado leyes de 'agentes extranjeros' como herramientas para estigmatizar, controlar y silenciar a la sociedad civil y los medios de comunicación independientes".

"Estas leyes, que etiquetan como agentes de potencias extranjeras a las organizaciones que reciben financiamiento del exterior, imponen requisitos burocráticos onerosos, facilitan la injerencia estatal y pueden derivar en censura o cierre de organizaciones", alertó HRW. EFE

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La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “bueno” que el Congreso de Estados Unidos disminuyó del 5% al 3.5% el nuevo impuesto para las remesas que se propuso recientemente y por el cual el Senado de la República envió una comitiva a Washington D.C. para evitar el avance de la iniciativa.

En su conferencia mañanera, la mandataria indicó que su gobierno continuará dialogando con los senadores estadunidenses, tanto republicanos como demócratas, para exponer las razones por las que el impuesto ocasionará afectaciones a la economía de ambas naciones.

“Vamos a seguir hablando ahora con los senadores republicanos y demócratas, de los dos partidos, explicando por qué no es bueno que haya un impuesto a las remesas en el país”, dijo en Palacio Nacional.

En este contexto, destacó que la disminución del impuesto “es importante” no solo para México sino para el resto del mundo, en especial para algunos de los países centroamericanos, donde las remesas representan 20% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Recuerden que esta reducción no solamente es importante para México, hay países de Centroamérica que las remesas representan el 20% del Producto Interno Bruto, en nuestro caso es alrededor del 3% es importante para todos los países, incluso para India”, comentó.

Sheinbaum Pardo resaltó que al menos hasta el momento, México es el único país que se ha acercado a los congresistas estadounidenses para evitar el impuesto.

Indicó que a esto se suma que los connacionales enviaron cartas y publicaron en redes sociales en contra de la medida; sin embargo, enfatizó que su gobierno continuará trabajando para que no se imponga ningún impuesto en las remesas.

“Pero México es el único que hemos estado hablando con congresistas, haciendo nuestro trabajo, con organizaciones en Estados Unidos, los paisanos estuvieron enviando cartas, correos electrónicos, posteando en las redes y vamos a seguir trabajando sobre este tema para que no haya ningún impuesto a los aranceles y en particular con México por que hay un acuerdo en el que dice que no se puede cobrar doble impuesto”, concluyó.

Más de 25 congresistas demócratas enviaron una carta al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, para demandarle que remueva el gravamen del plan presupuestario y fiscal que impulsa el presidente estadounidense, Donald Trump, y que la Cámara Baja debate esta semana.

El presidente del CHC, Adriano Espaillat, denunció en un pronunciamiento que "la propuesta no es más que un ataque directo a las familias inmigrantes".

“Fiscalizar las remesas – ayudas que apoyan la alimentación, albergue y educación de sus beneficiarios – es discriminatorio, económicamente peligroso y moralmente indefendible. Va en contra de los valores americanos y sienta un precedente peligroso", manifestó Espaillat, quien representa a Nueva York y es de origen dominicano.

La iniciativa aplicaría un gravamen del 5 % a las remesas transferidas desde EE.UU. al exterior, lo que impactaría a países como México, República Dominicana, El Salvador, Honduras y Haití, pues tan solo en estos últimos tres países estos envíos representan el 30 % de los ingresos nacionales, según el CHC.

Los demócratas consideraron la medida "discriminatoria" porque los ciudadanos estadounidenses estarán exentos del impuesto, que afectaría a más de 40 millones de personas, incluyendo a residentes con 'green card' y otros portadores de visados de no inmigrantes.

El CHC apuntó que "el rechazo ya se ha hecho sentir", al señalar a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien ya denunció que el impuesto incumple un tratado vigente desde 1994 para evitar la doble tributación entre Estados Unidos y México, que recibió un récord de casi 65.000 millones de dólares en remesas en 2024.

Por ello, los congresistas señalaron que el impuesto "dañaría de gravedad" las relaciones diplomáticas y económicas de Estados Unidos, "en especial con aquellas naciones que dependen fuertemente de las remesas para sostener sus economías". EFE

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido hoy como el 4x1.000, nació a finales de los años 90 como el 2X1.000, como una medida de emergencia para enfrentar la crisis financiera de la época. Sin embargo, más de dos décadas después, el tributo sigue vigente y se convirtió en una fuente estable de ingresos para el Estado, a pesar de múltiples intentos de eliminarlo o reducirlo.

De acuerdo con el profesor del área de Administración, Contaduría y Mercadeo de la Universiad Jorge Tadeo Lozano (Utadeo), Fernando Bello, “este tributo grava cada transacción financiera realizada en cuentas bancarias, afectando tanto a individuos como a empresas”.

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La discusión sobre su eliminación es recurrente en los debates económicos, pero hasta el momento no ha sido viable debido al peso que tiene en el recaudo nacional. La eliminación tendría implicaciones fiscales importantes. Así lo explicó el profesor experto en finanzas del área de Administración, Contaduría y Mercadeo de Utadeo, Edgar Jiménez, que destacó la importancia del tributo en el equilibrio fiscal y el impacto en la bancarización.

El reto fiscal: cómo reemplazar $15 billones

El 4x1.000 representa aproximadamente el 5% del total del recaudo tributario en Colombia. “Para ponerlo en perspectiva, lo que se recauda con este gravamen es cinco veces mayor a lo que el país obtiene del gravamen a la gasolina. Esta realidad hace que su eliminación sea un desafío, ya que el Estado tendría que encontrar una fuente alternativa de ingresos para suplir el déficit que dejaría”, explicó Jiménez.

En 2024, el 4x1.000 generó alrededor de $15 billones, una cifra difícil de reemplazar. Según el experto, si se elimina, habría que compensarlo con otro tributo, como un aumento del IVA, lo que afectaría de manera directa el consumo y tendría un impacto más amplio en la economía.

“Si se eliminara el 4x1.000, el Gobierno tendría que compensar ese dinero con otro tributo, lo que podría significar un aumento del IVA al 21% o 22%”, afirmó Jiménez. Además, reducir gastos no es una opción fácil, ya que el país tiene compromisos fijos en pensiones, salud y educación.

Un gravamen que incentiva el uso del efectivo y la informalidad

La eliminación del 4x1.000 podría incentivar una mayor bancarización y reducir el uso del efectivo en transacciones de alto valor. En la actualidad, el tributo desincentiva el uso de cuentas bancarias y fomenta el manejo de efectivo, lo que, además de representar un riesgo de seguridad para las personas, limita el crecimiento del sistema financiero.

“La bancarización es clave para el desarrollo económico, ya que facilita las transacciones, reduce costos y mejora la seguridad. Es mucho más eficiente hacer una transacción electrónica que cargar con millones de pesos en efectivo. En Colombia, con los niveles de inseguridad actuales, esto es aún más relevante”, destacó Jiménez.

Qué alternativas tendrían los colombianos para minimizar el impacto

El debate sobre el impuesto planteó la posibilidad de reformarlo para hacerlo más progresivo o reemplazarlo con otros tributos. Sin embargo, el problema sigue siendo el mismo: si se elimina, es necesario encontrar otra fuente de ingresos.

“Podríamos bajar el 4x.1000 y compensarlo con un mayor tributo a la gasolina, que hoy recauda solo tres billones al año. Pero siempre será un juego de mover los recursos de un lado a otro”, explicó el profesor.

Según el experto, los colombianos pueden buscar estrategias para minimizar el impacto del 4x1.000, “los usuarios pueden mover dinero entre cuentas dentro de la misma entidad financiera, recurrir a fondos de inversión colectiva o cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC).

Sin embargo, aún hay una parte significativa de la población que prefiere manejar su dinero en efectivo para evitar este tributo, lo que aumenta los riesgos de seguridad y reduce el acceso a productos financieros.

El crecimiento de las billeteras digitales facilitó la inclusión financiera, lo que permitió que más personas accedan a servicios bancarios y disminuyan su dependencia del efectivo.

El futuro del 4x.1000: eliminación o reforma

El 4x1.000 sigue siendo un gravamen polémico, pero eliminarlo sin una estrategia clara podría generar un fuerte impacto en las finanzas públicas. Como concluyó el profesor Édgar Jiménez, “toda reforma tributaria busca mejorar el recaudo porque los gastos siempre aumentan. No es solo un tema de Colombia, sino de cualquier país con un sistema fiscal estructurado”.

Por ahora, el debate sigue abierto, pero lo cierto es que cualquier cambio en el sistema impositivo requerirá soluciones creativas y sostenibles para garantizar la estabilidad económica del país.

El Gobierno argentino anunció la eliminación gradual de los aranceles a la importación de teléfonos celulares, medida que comienza a regir desde de mayo de 2025 y concluirá el 15 de enero de 2026.

La información fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni: “A partir de un decreto que se va a publicar llegando al cierre de la semana, seguramente entre jueves o viernes, el Gobierno Nacional va a eliminar por completo los aranceles de importación de celulares que hasta ahora eran del 16% y van a pasar a ser del 0%”.

La implementación se realizará en dos fases. La primera contempla una reducción inmediata del arancel del 16% al 8% al momento de la publicación del decreto. La segunda etapa se aplicará a partir del 15 de enero de 2026, con la eliminación total del arancel de importación.

Efectos previstos en el mercado

La medida se inscribe en un plan más amplio de desregulación del comercio y busca intervenir en un mercado donde los precios de los teléfonos móviles han registrado aumentos por encima del promedio inflacionario. Según estimaciones oficiales, el impacto esperado será una baja de hasta 30% en los precios de productos electrónicos importados.

No obstante, fuentes del sector señalan que los efectos inmediatos serán limitados. Las empresas que importan equipos indican que la rebaja impositiva afectará solamente a los dispositivos que ingresen al país tras la entrada en vigor del decreto.

Los productos que actualmente se encuentran a la venta ya fueron despachados con el arancel anterior. A pesar de esto, se prevé que el precio comience a reflejar reducciones parciales a través de mecanismos de prorrateo.

Además del recorte arancelario, el beneficio para las importaciones incluye la reducción de Impuestos Internos, que pasarán del 19.5% al 9.5%.

Esta doble vía de alivio fiscal podría traducirse en una disminución de precio significativa de dispositivos de alta gama que hasta ahora registraban diferencias de precio sustanciales respecto a otros países.

Cuánto bajaría el precio de un iPhone

Una estimación elaborada por MacStation, uno de los principales distribuidores de productos Apple en Argentina, proyecta cómo variará el precio del modelo iPhone 16 Pro Max (256 GB) a lo largo del período de aplicación de la medida.

Actualmente, este modelo se vende a $2.630.000 en seis cuotas o $2.125.244 al contado. Con la baja inicial del arancel al 8%, el valor pasaría a $2.288.100 en cuotas o $1.848.962 al contado.

Y con la eliminación total del arancel desde el 15 de enero de 2026, el precio caería a $2.138.190 en cuotas o $1.727.823 al contado. Esto implicaría una reducción del 19% entre el precio actual y el previsto para el año próximo.

Desde MacStation señalaron que “es un muy buen comienzo porque la brecha tecnológica es muy alta. Ojalá se extienda a otros productos, como las notebooks. Es una medida que acerca el público al mercado regular y se achicará el llamado mercado gris. En este contexto, la financiación será clave. Nosotros tenemos entre 6 y 12 cuotas, con intereses que varían según los productos”.

Comparación internacional

El Ministerio de Comercio informó que un iPhone 16 Pro Max (256 GB) cuesta en Argentina 2.566 dólares, mientras que en España se vende a 1.290, en Chile a 1.147, en el Reino Unido a 1.143 y en Estados Unidos a 1.011 dólares.

Estas diferencias reflejan la carga fiscal acumulada en el país y explican en parte el incentivo gubernamental para equiparar los precios con los del resto de la región.

El comunicado oficial añade que la medida no solo beneficiará al consumidor final, sino que también presionará a la baja los precios de productos ensamblados en Tierra del Fuego, al enfrentar mayor competencia. Se espera que la disponibilidad de más modelos y marcas dinamice el mercado.

La eliminación de los aranceles forma parte de una serie de acciones orientadas a la apertura comercial y a la competencia directa con productos importados. La posibilidad de adquirir teléfonos a precios más competitivos dependerá de la velocidad de implementación de los cambios impositivos, la disponibilidad de stock y los acuerdos de financiación.

La seguridad es uno de los factores que más preocupa a los colombianos; sin embargo, eso no ha evitado que en Santander se cuestione al gobernador Juvenal Díaz por el proyecto que sumará un impuesto más para los residentes en el departamento.

Se trata de la “tasa a la seguridad” de Santander, una ordenanza aprobada por la Asamblea Departamental que fue firmada por el gobernador y busca financiar el Fondo Cuenta Territorial de Seguridad con una tarifa recaudada a través de la factura de la energía eléctrica.

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Cabe recordar que será pagada únicamente por los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, además de los suscriptores industriales, comerciales y oficiales en el departamento.

El primero de los pagos se registrará el 1 de septiembre de 2025; sin embargo, a falta de cuatro meses, en varias zonas del departamento han manifestado estar en contra de tener que pagar por mejorar la seguridad de Santander.

Una de las polémicas es que el pago se definirá a través de la unidad de valor tributario, es decir, que, en promedio, la factura de la luz de los santandereanos aumentará en alrededor de $30.000 pesos mensuales.

Ciudadanos que tienen empresas o emprendimientos han pedido que se regule un cobro único por persona, puesto que cada establecimiento comercial, fabrica u oficina deberá pagar el impuesto de manera individual.

Para justificar este cobro, la Gobernación de Santander ha indicado que se requieren tres billones de pesos para cumplir con los programas de seguridad y convivencia que fueron prometidos por Juvenal Díaz en las elecciones regionales.

El dinero mencionado sería invertido para fortalecer las instituciones de seguridad, el desarrollo vial de la región y la remodelación de los escenarios deportivos que requieran cambios estructurales.

En caso de que un usuario se niegue a pagar el impuesto, se ha regulado que esto provocará que se genere un interés moratorio que será liquidado y recaudado por gobernación.

"Los valores recaudados por concepto de la tasa especial para el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana, por los agentes recaudadores, deben transferirse a la cuenta que establezca el Departamento de Santander, dentro de los primeros diez (10) días calendarios del mes siguiente al mes del recaudo”, es parte de la Ordenanza.

Cabe mencionar que la implementación del impuesto también tiene aspectos obligatorios para la gobernación, que deberá señalar las tarifas a aplicar y especificar el destino de cada uno de los recursos que sean recaudados.

El pago por seguridad será vigente hasta el 31 de diciembre de 2028 y no se podrá prorrogar por más tiempo; además, se espera que antes de septiembre sea resuelta una demanda de nulidad simple en contra del acto administrativo.

En contra del cobro se ha pronunciado el senador santanderano Fabián Díaz, que a través de su cuenta de X afirmó que el dinero en Santander no alcanza porque está siendo “despilfarrado” por el gobernador.

En su publicación, Díaz mencionó un contrato por $3.000 millones para vuelos en helicóptero de Juvenal Díaz, que incrementó el valor de la contratación en los últimos meses y utilizó la aeronave para viajar afuera de Santander, aunque eso estaba estipulado en el documento.

“Clavando impuestos mientras despilfarra $3.000 mil millones en vuelos en helicópteros. En julio de 2024, la Gobernación de Santander firmó un contrato por 2.000 millones de pesos con la Unión Temporal Helicol Volar Santander 2024 para la prestación de servicios de transporte en helicóptero. La Gobernación de Santander hizo los estudios previos solo con cotizaciones de Helicol SAS y Nativ Air SAS, las únicas dos empresas que luego se presentaron a la licitación”.

Legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos incluyeron una propuesta para establecer un impuesto del 5% sobre las remesas enviadas desde el país hacia el extranjero, como parte de un proyecto de ley apoyado por el expresidente Donald Trump. La medida formaría parte de un paquete legislativo más amplio vinculado a políticas migratorias y de seguridad fronteriza.

La propuesta afectaría a personas que no tengan ciudadanía estadounidense, incluyendo a titulares de visas temporales de trabajo, residentes permanentes legales y personas en situación migratoria irregular, según información publicada por AP New. El impuesto no aplicaría a los ciudadanos estadounidenses.

El mismo reportaje indica que el expresidente Trump también anunció, el 25 de abril de 2025 a través de Truth Social, que trabaja en un memorando presidencial para prohibir el envío de remesas por parte de personas no autorizadas a permanecer en el país. Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento del Tesoro han brindado detalles sobre el alcance del documento ni su eventual implementación.

¿A quiénes alcanzaría el impuesto a las remesas?

La propuesta legislativa afectaría a millones de personas que envían dinero a sus países de origen desde Estados Unidos. Entre ellos se incluyen titulares de visas H-1B, H-2A y H-2B, así como a personas con green cards. De acuerdo con AP News, los ciudadanos estadounidenses quedarían exentos del pago.

El impuesto sería aplicado sobre transferencias internacionales de dinero, sin distinción del país de destino. No se ha informado oficialmente cómo se recaudaría ni qué entidad estaría a cargo del control y fiscalización del gravamen.

¿Qué impacto tendrían estas medidas en América Latina?

Según el Banco Mundial, las remesas enviadas globalmente desde Estados Unidos totalizaron aproximadamente 656.000 millones de dólares en 2023. De esa cifra, México recibió 63.300 millones, lo que representa un aumento del 7,6% respecto al año anterior.

En otros países, las remesas representan un porcentaje significativo del producto interno bruto:

• Nicaragua: 27%
• Honduras: 25%
• El Salvador: 23%
• Guatemala: 19%
• Haití: 18%
• Jamaica: 17%

Estos datos fueron recopilados en el informe Migration and Development Brief 40, publicado por el Banco Mundial en diciembre de 2023.

¿Qué antecedentes existen en EEUU sobre impuestos a remesas?

A nivel estatal, el estado de Oklahoma implementó en 2009 un sistema de gravamen sobre las remesas. Según la National Conference of State Legislatures (NCSL), este modelo impone una tarifa de cinco dólares a cada transferencia inferior a 500 dólares y un 1% sobre montos superiores.

Iniciativas similares han sido presentadas en al menos 17 estados en la última década, pero la mayoría no fueron aprobadas, de acuerdo con información del NCSL actualizada a 2023.

¿Qué ocurre con el proyecto de ley S.3516?

El proyecto de ley S.3516, presentado por el entonces senador J.D. Vance el 14 de diciembre de 2023, propone imponer una tarifa sobre ciertas transferencias de remesas para financiar la seguridad fronteriza. La iniciativa fue remitida al Comité de Finanzas del Senado, pero hasta la fecha no ha sido debatida ni cuenta con un resumen oficial publicado.

Según los registros del Congress.gov, el texto del proyecto está disponible en inglés, pero no incluye disposiciones específicas sobre montos, mecanismos de cobro ni exenciones.

¿Qué dicen los expertos sobre posibles consecuencias?

De acuerdo con AP News, Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, afirmó que gravar o restringir las remesas podría incentivar el uso de canales no oficiales para enviar dinero, lo que reduciría la capacidad de monitoreo de los flujos financieros.

Orozco indicó además que este tipo de medidas podría tener un efecto adverso en comunidades receptoras de remesas, al limitar su capacidad de ahorro e inversión local. Según su análisis, en algunos casos, la reducción del flujo de dinero podría motivar nuevas olas migratorias hacia Estados Unidos.

¿Cuál es el argumento de los defensores del impuesto?

Organizaciones como el Centro de Estudios de Inmigración han expresado públicamente su apoyo a la propuesta. Según declaraciones de su director, Mark Krikorian, recogidas por AP News, el impuesto actuaría como un desincentivo para la migración no autorizada, ya que una de las principales motivaciones para cruzar la frontera sería enviar dinero a familiares.

Asimismo, el America First Policy Institute y el Heritage Institute han defendido públicamente medidas similares. Argumentan que gravar las remesas podría reducir el uso de estos recursos por parte de organizaciones criminales. No obstante, hasta el momento no se han presentado estudios oficiales que vinculen el envío regular de remesas con actividades ilícitas.

¿Cómo reaccionan las comunidades migrantes?

En poblaciones dependientes de las remesas, como Cajolá en el occidente de Guatemala, la posibilidad de un impuesto genera preocupación. Según testimonios recogidos por AP News, residentes locales temen que la aplicación de un gravamen pueda afectar el envío de dinero y, con ello, el funcionamiento de pequeños comercios y actividades familiares.

Uno de los entrevistados, Israel Vail, indicó que los ingresos que recibe de sus hijos en Estados Unidos han permitido mantener un negocio y construir una vivienda. En su experiencia, las decisiones políticas en EE.UU. han tenido repercusiones directas sobre el comportamiento financiero de los migrantes, que tienden a reducir el envío de remesas ante contextos de mayor incertidumbre.

En el Congreso de Estados Unidos, integrantes del partido republicano propusieron gravar con un impuesto del 5% las remesas que trabajadores migrantes envían a sus países de origen. Al respecto, legisladores podrían conformar un equipo de trabajo para viajar al país vecino y buscar frenar la aprobación de la medida que impactará en el bolsillo de millones de familias.

Durante la reunión de la Comisión Permanente de este miércoles 14 de mayo de 2025, el senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Adán Augusto López Hernández propuso conformar un grupo plural de senadores que pueda comparecer ante comisiones o el pleno de la cámara de representantes para frenar la iniciativa.

“Pediría a mis compañeras y compañeros senadores que asumiéramos este exhorto como Senado de la República, le pediría al presidente de la mesa directiva que acompañe este esfuerzo y podamos constituir a la brevedad ese grupo de trabajo y acudir a las audiencias ante el Congreso de los Estados Unidos. No es un asunto fácil”, mencionó López Hernández desde la tribuna.

De acuerdo con la argumentación del senador, la respuesta podría ser favorable debido a que el debate y la aprobación de la propuesta ha acentuado las divisiones entre legisladores en el país vecino. Como resultado, el proyecto fue aprobado tras una discusión que se extendió por más de 10 horas.

A pesar de la propuesta, no ha sido confirmado cómo es que se integrará el grupo de trabajo, bajo qué criterios y la fecha en que realizarán el viaje a los Estados Unidos. En ese sentido, es posible que comuniquen la procedencia o no, así como los detalles de la propuesta, en los próximos días.

Otra de las propuestas emitidas por Adán Augusto López Hernández fue el envío, a la comisión correspondiente del Congreso de Estados Unidos, de un documento “técnico y político” con el posicionamiento del Congreso de la Unión acerca de la iniciativa de gravar las remesas.

¿Qué se sabe sobre el impuesto del 5% a remesas en Estados Unidos?

El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una propuesta legislativa que busca imponer un impuesto del 5 por ciento a las remesas enviadas desde territorio estadounidense hacia otros países. Según informó el comité, la medida fue aprobada con 26 votos a favor y 19 en contra, en una sesión que reflejó una clara división partidista.

La iniciativa fue presentada por Jason Smith, presidente de la comisión, y recibió el respaldo unánime de los legisladores republicanos. En contraste, la bancada demócrata votó en bloque en contra del proyecto, argumentando su oposición a la medida. Este impuesto forma parte de un paquete fiscal más amplio que está siendo elaborado por la Comisión de Presupuestos. Se espera que el proyecto consolidado sea sometido a votación en el pleno de la Cámara de Representantes antes del 26 de mayo. En caso de ser aprobado, el siguiente paso será su discusión en el Senado.

El Congreso de los Diputados ha derogado el decreto para establecer un gravamen a las empresas del sector energético en 2025. El PP, Vox, Junts, el PNV y UPN han sumado sus votos para derogar el texto, mientras que el resto de la Cámara ha votado a favor y Coalición Canaria se ha abstenido.

Así se ha consumado el resultado previsible de esta votación, pues el PP, Vox, el PNV y Junts ya dijeron que tenían pensado votar en contra y suman mayoría absoluta.

De hecho, en el debate de la iniciativa, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya asumía que el decreto iba a caer, aunque alegaba que había hecho lo "humanamente posible" para intentar sacar adelante la tasa.

El gravamen en cuestión supone una tasa sobre las empresas energéticas del país que ya se venía aplicando el año pasado y recaudó unos 1.100 millones de euros. A su vez, incluía bonificaciones para las empresas que inviertan en actividades "esenciales" para la transición ecológica y la descarbonización y con el compromiso de convertirlo en un impuesto que puedan gestionar las haciendas forales.

En concreto, se incluía una cláusula para conceder una bonificación máxima del 60% sobre la cuantía del impuesto para aquellas empresas que realicen inversiones estratégicas que, eso sí, tendrá que evaluar el Ministerio de Transición Ecológica. Dichas inversiones podían ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás.

Con este panorama, Podemos ya ha avisado al Gobierno de que romperá sus negociaciones con el Gobierno sobre los Presupuestos porque había pactado un impuesto, que no un gravamen, sobre las empresas energéticas.

Cambiar o eliminar la tasa de usura (el límite máximo de interés que una entidad financiera o persona puede cobrar por un préstamo, principalmente, para el uso de tarjetas de crédito) del sistema financiero colombiano es una de las preguntas más recurrentes que en la actualidad se plantean diferentes voces del sector, que argumentan que al fijar un tope rígido a las tasas de interés se estaría dejando por fuera del crédito formal a miles de emprendedores del país.

Si bien su origen se basa en el objetivo de proteger a las personas de condiciones abusivas, en la práctica las tasas de usura generaron consecuencias adversas para uno de los sectores más estratégicos de la economía: las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

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“La tasa de usura, tal como está planteada hoy, limita seriamente el acceso de muchas Mipymes al crédito formal; ya que, al imponer un tope rígido a los intereses, deja fuera a negocios que presentan un riesgo alto o que no tienen historial crediticio”, explicó el CEO de Platam, Nicolás Villa. Además, dijo que “los créditos que sí se aprueban suelen venir acompañados de requisitos complejos o garantías costosas, encareciendo el proceso y desincentivando su uso”.

Según datos de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la tasa de usura para créditos de consumo y ordinario en abril de 2025 es del 25,62% efectivo anual (E.A.), lo que representa un aumento del 0,7% frente al 24,92% de marzo del mismo año. Por su parte, la tasa de usura para microcrédito, modalidad diseñada para apoyar actividades productivas, actualmente es del 41,8% E.A.

Aunque esta herramienta financiera reconoce el mayor riesgo asociado a este segmento, aún es restrictiva para muchas Mipymes que no cumplen con los criterios tradicionales.

Las empresas más vulnerables

Bajo ese escenario, las empresas más vulnerables al efecto de la tasa de usura son aquellas que ya enfrentan barreras estructurales dentro del sistema financiero, como negocios en proceso de formalización o sin historial bancario; aquellas que operan en sectores con alta informalidad, como el comercio minorista; y Mipymes jóvenes o de rápido crecimiento que aún no cuentan con garantías, activos fijos o flujos de caja estables.

Así las cosas, las fintech surgen cómo una respuesta que ayuda a ampliar la oferta del sistema financiero tradicional, gracias a su naturaleza digital y moderna.

Y es que, precisamente, algunas financian por medio de operaciones de descuento entre el 1% y 3% por períodos entre 30 y 90 días que se ajustan según el perfil del negocio, y no evalúan solo el historial financiero de las compañías, sino también el historial transaccional con sus proveedores o la solvencia de sus clientes.

“Los productos de créditos rotativos, como factoring y confirming, están diseñados para mejorar el flujo de caja sin recurrir a endeudamiento bancario. No se exigen garantías y se analiza el riesgo con base en datos transaccionales con proveedores o con base en el historial financiero de los clientes, permitiendo que las Mipymes puedan obtener liquidez inmediata para operar y expandirse”, sostiene Villa.

Una visión compartida

Junto a revisar nuevos productos desarrollados por las fintech en el mercado, se piensan en alternativas idóneas para el sistema financiero, entre ellas, la revisión de la tasa de usura como un mecanismo de control, con lo que se fomente la competencia, sin intimidarla: implementar una regulación proporcional, por segmento o riesgo; y promover el fondeo institucional para fintech que sí llegan a donde el sistema tradicional no lo hace.

“La tasa de usura ha generado, hasta la fecha, la exclusión de dos millones de colombianos del mercado de crédito y cuyo descenso significa la imposibilidad de ofrecerle crédito a los colombianos más vulnerables”, precisó el presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos.

De igual forma, anotó que “celebramos alternativas para profundizar la inclusión crediticia, transformar las Mipymes por medio del acceso a crédito y mejorar nuestro país”,

El CEO de Platam, Nicolás Villa, recalcó que tener tasas diferenciadas permitiría una mejor calibración del riesgo y que más Pymes puedan acceder a créditos sin ser penalizadas por el promedio del sistema. Priorizar esta discusión en el ecosistema financiero colombiano es necesario, ya que de esta forma se acelerará la inclusión financiera de las pymes, actores claves en la economía del país y del mundo.

El reloj avanza y el tiempo se agota para quienes buscan un respiro en el pago de su tenencia vehicular. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México lanzó un último llamado: hoy es la fecha límite para obtener el subsidio del 100 por ciento en la tenencia 2025, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.

La última oportunidad

“Hoy es tu última oportunidad para obtener el 100% de descuento en tenencia. El plazo vence hoy, paga en más de 8,800 puntos, en línea o desde la App Tesorería CDMX o en nuestros Cajeros Digitales. Aprovecha la última oportunidad”, publicó la dependencia en su cuenta oficial de X.

Si eres propietario de un vehículo y aún no has realizado este trámite, ésta es la ocasión definitiva para evitar un cargo adicional. Pero no basta con la intención, hay reglas claras que definen quiénes pueden acceder a este beneficio.

Requisitos para el subsidio del 100% en la tenencia 2025

Para calificar a esta exención, los conductores deben cumplir con las siguientes condiciones:

• Valor del vehículo: No debe superar los 250 mil pesos, considerando IVA y depreciación.
• Pago del refrendo 2025: Es obligatorio liquidar los 731 pesos correspondientes al refrendo vehicular.
• Historial sin adeudos: No se permiten retrasos en pagos de tenencias anteriores.
• Tarjeta de circulación vigente: La documentación del automóvil debe estar actualizada.
• Registro en la plataforma oficial: Se debe ingresar a data.finanzas.cdmx.gob.mx para validar requisitos y generar la boleta de pago.

¿Dónde y cómo pagar?

Las autoridades han facilitado diversas opciones para realizar el pago antes de que finalice el día. Los contribuyentes pueden efectuar el trámite en más de 8 mil 800 establecimientos autorizados, en la App Tesorería CDMX o en los Cajeros Digitales habilitados.

La modalidad en línea sigue disponible para quienes prefieren evitar filas y completar el proceso desde la comodidad de su hogar.

Un llamado a evitar sanciones

Perder esta oportunidad no solo significa pagar la tenencia completa, sino también exponerse a posibles recargos y sanciones por incumplimiento. La Secretaría de Finanzas enfatiza la importancia de mantenerse al corriente con las contribuciones vehiculares, ya que esto evita contratiempos en futuros trámites y asegura el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Con el plazo expirando en cuestión de horas, es el momento de actuar. Aprovecha el beneficio antes de que sea demasiado tarde.

El presidente de la Junta Directiva del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, habló de varios asuntos que marcan la agenda actual del sector financiero, entre ellos, las perspectivas sobre las tasas de interés para finales de 2024 y el impuesto conocido como 4x1.000.

Lo hizo durante la Asamblea General de Accionistas, en la que dio a conocer su predicción respecto a las decisiones de política monetaria del Banco de la República, en específico, la tasa de interés (9,5% actual): “Si la inflación termina en 5% o en 4,5%, esperaría una tasa máxima del banco de 7,5%. Pero, si la inflación permanece por encima de ese nivel, será complicado que las tasas bajen de 9,8%”.

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Al hacer referencia al último anuncio del Emisor, el banquero agregó que, aunque ve posibles recortes de 25 puntos básicos, será la dinámica inflacionaria la que determinará los ajustes finales.

Impacto del 4x1.000

Uno de los puntos más discutidos durante la asamblea fue la vigencia del impuesto al 4x1.000, gravamen que determina que las personas que posean una cuenta bancaria en cualquier institución financiera del país deben pagar $4 por cada movimiento de $1.000.

Según el banquero, el tributo es antitécnico y desincentiva la bancarización. “Es un impuesto que ahuyenta a muchas personas de la economía formal, mientras al mismo tiempo se dice querer eliminar el uso del efectivo. Además, grava ingresos más que utilidades, lo que lo convierte en una medida injusta”, afirmó Sarmiento Gutiérrez a La República.

Sin embargo, reconoció los retos financieros de eliminarlo, al señalar que “hay que ver el hueco que se arma y quién lo cierra en este momento”.

Como ejemplo, dijo que los resultados positivos del conglomerado se explican, entre otras cosas, por la renovación de créditos de consumo, cuyos plazos y tasas se han ido ajustando tras los incrementos vertiginosos de las tasas de interés en 2023. Así las cosas, señaló que estas modificaciones le dieron oxígeno al grupo financiero al mejorar los márgenes financieros por medio de una recuperación gradual.

Con esto, confirmó lo dicho en junio de 2024, cuando en la 58 Convención Bancaria de Asobancaria habló sobre la liquidez del sistema y sugirió que la educación financiera y la eliminación del impuesto del 4x1.000 serían excelentes fuentes de liquidez: “Otra excelente fuente de liquidez para el sistema provendría de clientes convencidos de las bondades de tranzar a través de la banca y no en efectivo”.

Al respecto, señaló que esta medida tendría un efecto positivo a largo plazo.

Digitalización financiera y nuevas iniciativas

Otro de los temas estratégicos abordados durante la reunión fue el avance en finanzas abiertas y la participación en proyectos de digitalización financiera liderados por el Banco de la República, como la iniciativa Bre-B. Al respecto, el presidente de la Junta Directiva del Grupo Aval enfatizó en el compromiso de trabajar como piloto para la implementación de esta propuesta para servicios inmediatos y más inclusivos.

Al respecto, comentó: “Estamos muy interesados en ser parte de esto y en ofrecer a los cuentashabientes colombianos servicios más eficientes”.

En cuanto al cumplimiento de regulaciones en torno a finanzas abiertas, apuntó que el conglomerado continuaría estudiando cómo aprovechar un modelo más integrado y accesible que facilite la interacción entre los distintos actores financieros en beneficio del consumidor final.

Perspectivas y desafíos a mediano plazo

A pesar de los desafíos regulatorios e inflacionarios, el poderoso banquero reiteró la solidez del sistema financiero colombiano, por lo que señaló que los bancos en el país están “muy bien capitalizados y no enfrentan problemas estructurales”. Dicho respaldo de liquidez y buen manejo, agregó, sustenta el optimismo respecto al doble de utilidades esperadas para los próximos períodos.

El gravamen a los movimientos financieros (GMF), conocido hoy como el 4x1.000, nació a finales de los años 90 como el 2x1.000, como una medida de emergencia para enfrentar la crisis financiera de la época. Sin embargo, más de dos décadas después, el tributo sigue vigente y se convirtió en una fuente estable de ingresos para el Estado, a pesar de múltiples intentos de eliminarlo o reducirlo. El mismo consiste en cobrar $4 por cada transferencia de $1.000 para cuentas de ahorro que muevan más de $14,8 millones.

De acuerdo con el profesor del área de Administración, Contaduría y Mercadeo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Fernando Bello, “este tributo grava cada transacción financiera realizada en cuentas bancarias, afectando tanto a individuos como a empresas”.

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La discusión sobre la eliminación es recurrente en los debates económicos, pero hasta el momento no ha sido viable debido al peso que tiene en el recaudo nacional. La eliminación tendría implicaciones fiscales significativas. Así lo explicó el profesor experto en finanzas del área de Administración, Contaduría y Mercadeo de dicha institución Edgar Jiménez, que destacó la importancia del tributo en el equilibrio fiscal y el impacto en la bancarización.

El reto fiscal: ¿cómo reemplazar $15 billones?

El 4x1.000 representa cerca del 5% del total del recaudo tributario en Colombia. “Para ponerlo en perspectiva, lo que se recauda con este gravamen es cinco veces mayor a lo que el país obtiene del gravamen a la gasolina. Esta realidad hace que su eliminación sea un desafío, ya que el Estado tendría que encontrar una fuente alternativa de ingresos para suplir el déficit que dejaría”, explicó Jiménez.

En 2024, el 4x1.000 generó alrededor de $15 billones, una cifra difícil de reemplazar. Según el experto, si se elimina, habría que compensarlo con otro tributo, como un aumento del IVA, lo que afectaría de manera directa el consumo y tendría un impacto más amplio en la economía: “Si se eliminara el 4x1.000, el Gobierno tendría que compensar ese dinero con otro tributo, lo que podría significar un aumento del IVA al 21% o 22%”, afirmó Jiménez.

Además, reducir gastos no es una opción fácil, debido a que el país tiene compromisos fijos en pensiones, salud y educación.

Un gravamen que incentiva el uso del efectivo y la informalidad

La eliminación del 4x1.000 podría incentivar una mayor bancarización y reducir el uso del efectivo en transacciones de alto valor. En la actualidad, el tributo desincentiva el uso de cuentas bancarias y fomenta el manejo de efectivo, lo que, además de representar un riesgo de seguridad para las personas, limita el crecimiento del sistema financiero.

“La bancarización es clave para el desarrollo económico, ya que facilita las transacciones, reduce costos y mejora la seguridad. Es mucho más eficiente hacer una transacción electrónica que cargar con millones de pesos en efectivo. En Colombia, con los niveles de inseguridad actuales, esto es aún más relevante”, destacó Jiménez.

Qué alternativas tendrían los colombianos para minimizar el impacto

El debate sobre el 4x1.000 planteó la posibilidad de reformarlo para hacerlo más progresivo o reemplazarlo con otros tributos. Sin embargo, el problema sigue siendo el mismo: si se elimina, es necesario encontrar otra fuente de ingresos.

“Podríamos bajar el 4x1.000 y compensarlo con un mayor tributo a la gasolina, que hoy recauda solo $3 billones al año. Pero siempre será un juego de mover los recursos de un lado a otro”, explicó el profesor Jiménez.

Según el experto, los colombianos pueden buscar estrategias para minimizar el impacto del 4x1.000. Al respecto, dijo que “los usuarios pueden mover dinero entre cuentas dentro de la misma entidad financiera, recurrir a fondos de inversión colectiva o cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC). Sin embargo, aún hay una parte significativa de la población que prefiere manejar su dinero en efectivo para evitar este tributo, lo que aumenta los riesgos de seguridad y reduce el acceso a productos financieros.

El crecimiento de las billeteras digitales facilitó la inclusión financiera, lo que permite que más personas accedan a servicios bancarios y disminuyan su dependencia del efectivo.

El futuro del 4x1000: ¿eliminación o reforma?

El 4x1.000 sigue siendo un gravamen polémico, pero eliminarlo sin una estrategia clara podría generar un fuerte impacto en las finanzas públicas. Como concluyó Jiménez, “toda reforma tributaria busca mejorar el recaudo porque los gastos siempre aumentan. No es solo un tema de Colombia, sino de cualquier país con un sistema fiscal estructurado”.

Por ahora, el debate sigue abierto, pero lo cierto es que cualquier cambio en el sistema impositivo requerirá soluciones creativas y sostenibles para garantizar la estabilidad económica del país.

Vitoria, 23 dic (EFE).- El PNV sigue en contra del gravamen energético tras el pacto del gobierno con EH Bildu para que sea un impuesto, porque considera que ya estaba prevista su conversión en esta figura impositiva y no se ha hecho y cree que estos cambios fiscales deben hacerse a través del impuesto de sociedades.

El gravamen a las grandes energéticas aprobado este lunes en el Consejo de Ministros se convertirá en impuesto concertado en el País Vasco y Navarra, según el acuerdo alcanzado por el Gobierno con EH Bildu, que ha llamado por ello al PNV a apoyar la convalidación de la medida en el Congreso cuando llegue.

Sobre este acuerdo, fuentes del Grupo Vasco han lamentado "la falta de rigor y seriedad a la hora de anunciar supuestos acuerdos que deben ser tramitados en el Congreso".

"Roza el insulto a la inteligencia que ahora se presenten como salvadores del autogobierno vasco quienes hace apenas cinco días han votado a favor de un gravamen que iba directamente contra la línea de flotación de nuestro autogobierno", han acusado a Bildu.

Respecto a la afirmación de Bildu de que, tras convalidar el gravamen, en su tramitación como Proyecto de Ley se convertirá en un impuesto y que se concertará con las haciendas forales, el PNV ha replicado que esto mismo ya estaba recogido en el Decreto 8/2023 para el año 2024 "y no se ha realizado. ¿Cuál es la novedad que dicen haber conseguido? ¿Qué hace pensar que ahora se concertará y que no se mantendrá un gravamen?", se han preguntado.

El PNV ha subrayado que no va a aceptar un gravamen y ha insistido en que si se quiere modificar la fiscalidad de las empresas porque se entiende que debería ser mayor, debe revisarse el Impuesto de Sociedades: "No valen los parches. Las cosas o se hacen bien o no se hacen", ha concluido estas fuentes del PNV. EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado la aprobación de un real decreto-ley para extender el gravamen temporal a las grandes energéticas durante el año 2025, pero introduciendo un incentivo fiscal a las inversiones estratégicas en transición ecológica y descarbonización.

"Lo que estamos haciendo es demostrar que puede exigirse un esfuerzo adicional a las empresas energéticas al tiempo que también continuamos con nuestra hoja de ruta de descarbonización y de impulso a proyectos industriales tan importantes como la producción de hidrógeno verde", ha destacado el jefe del Ejecutivo en rueda de prensa tras la celebración del último Consejo de Ministros del año.

Así, el Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga del gravamen a energéticas --un compromiso del Gobierno con ERC, Bildu y BNG--, para que entre en vigor antes de la derogación del tributo que aprobó el Congreso de los Diputados con apoyo del PP, PNV y Junts.

Como todo decreto ley, la prórroga del gravamen de las energéticas habrá de someterse en el Pleno del Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación y derogación, y ahí es donde el Gobierno no tiene garantizados sus apoyos dada la negativa de PNV y Junts.

De hecho, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha criticado este lunes que la aprobación del decreto para la prórroga del gravamen a las energéticas es "purito paripé" ya que el Gobierno de Pedro Sánchez "sabe que no va salir". De este modo, ha reiterado que por parte de su partido "el voto es no" a una medida que, además, "rompe el sistema de Concierto".

Por eso, Hacienda piensa ofrecer que el decreto se tramite después como proyecto de ley para ahí transformar el gravamen en un impuesto permanente y así convencer a Podemos, que rechaza la temporalidad, y al PNV, que al impuesto no se opone porque su gestión correspondería a las haciendas forales vascas y navarra.

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha asegurado que su formación no apoyará en el Congreso el decreto que prorroga el impuesto a las energéticas del Gobierno, dado que incumple el pacto que alcanzaron con el PSOE para hacer permanente el gravamen.

En rueda de prensa este lunes en la sede del partido morado, Serra ha trasladado también su rechazo a la subida del impuesto al diesel, dado que no tiene una lógica progresiva y carga a las clases trabajadoras las consecuencias del cambio climático cuando debería recaer en las grandes multinacionales.

"Es ridículo quitarle los impuestos a las grandes empresas energéticas, que son las que venden el diesel y las que más contaminan y hacerle pagar a las familias trabajadoras más impuestos", ha criticado.

LOS VOTOS DE PODEMOS VALEN LO MISMO QUE JUNTS Y PNV

Serra ha explicado que su formación acordó con el PSOE su apoyo a la reforma fiscal a cambio de impulsar una proposición de ley, con el bloque de investidura, para hacer permanente el impuesto a las energéticas. Y visto que se ha optado por la prórroga temporal vía decreto, Podemos no dará su voto a favor al cumplirse ese compromiso.

"Nosotros teníamos un acuerdo con el PSOE y los votos de Podemos valen lo mismo que los de Junts o PNV", ha señalado la dirigente morada.

La convalidación de dicho decreto en el Congreso se antoja complicada, dado que ya el PNV ha avanzado que no va a respaldarlo tampoco y lo ha tildado de "purito paripé".

JUSTICIA FISCAL ES QUE PAGUEN LAS EMPRESAS CONTAMINANTES

"Necesitamos justicia fiscal para que haya justicia social en nuestro país y necesitamos que, para hacer frente a las consecuencias del cambio climático, las empresas más contaminantes sean las que más pagan para reforzar también los servicios públicos", ha enfatizado la dirigente morada.

Serra ha insistido en que el impuesto al diesel está mal concebido, dado que lo "van a pagar fundamentalmente las familias trabajadoras".

LOTERÍA NAVIDAD

Hoy se celebra el sorteo de El Gordo de Navidad

Madrid (EFE).- El tradicional sorteo de Navidad de la Lotería Nacional reparte este domingo 22 de diciembre 2.702 millones de euros en premios, entre ellos el 'Gordo' con 400.000 euros al décimo, en medio de la habitual expectación y el protagonismo de los niños de San Ildefonso.

Los bombos de la Lotería de Navidad están a punto de sonar en el Teatro Real de Madrid, donde desde hace dos semanas ya hay gente a sus puertas para entrar los primeros este domingo y ver de cerca a los niños de San Ildefonso cantar el Gordo. Desde antes de las nueve de la mañana de este domingo, las teles y radios de la mayoría de las casas estarán encendidas para seguir este sorteo que es una tradición y que reparte 2.702 millones de euros en premios, el 70 % de la emisión. Son 29.536.720 el número de premios.

GOBIERNO IMPUESTOS

El paquete fiscal entra en vigor tras su publicación este sábado en el BOE

Madrid (EFE).- El nuevo paquete fiscal del Gobierno, que entre otras medidas crea un impuesto permanente sobre los intereses y comisiones bancarias, y grava los vapeadores, entra en vigor este domingo tras ser publicado ayer sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este paquete fiscal, que fue aprobado definitivamente el pasado jueves en el pleno de Congreso de los Diputados, transpone una directiva europea por la que se garantiza que todas las multinacionales paguen un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades.

EL TIEMPO

El tiempo será soleado en general el domingo pero lloverá fuerte en Canarias por una dana

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo tiempo soleado en general en el país, salvo en el extremo norte donde estará nuboso, sin descartar además en puntos del nordeste, y asimismo en Canarias, en donde una dana dejará lluvias que serán persistentes en las islas de mayor relieve.

El viento será fuerte con rachas muy fuertes en el Cantábrico, Pirineos, Ampurdán, entorno del bajo Ebro, Baleares, Estrecho y Canarias occidentales. Nevará por encima de 2.000 metros en Canarias y en cotas superiores a 1.100/1.400 metros en Pirineos, significativas en el valle de Arán.

ALERTA TEMPORAL

La Xunta activa la alerta naranja por temporal costero en A Coruña y Lugo este domingo

Santiago de Compostela (EFE).- La Xunta ha activado la alerta naranja por temporal costero este domingo en el noroeste y oeste de la provincia de A Coruña y en la Mariña de Lugo.

La Dirección General de Emergencias e Interior de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes ha lanzado esta alerta con el propósito de "garantizar la seguridad de los bienes y las personas". A través del Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia se ha informado de la situación a los ayuntamientos de las provincias afectadas, así como a diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y clubes náuticos, entre otros.

EFE

fp.

El impuesto de timbre es un tributo que recae sobre documentos públicos y privados relacionados con obligaciones legales. El mismo sufrió modificaciones en Colombia tras la expedición de un decreto de conmoción interior, así como también se estableció un IVA del 19% a los juegos en línea de suerte y azar, así como la sobretasa al petróleo y el carbón.

El cambio, que inicialmente se plantea como temporal, podría extenderse más allá de su vigencia actual, tal como ocurrió con otras medidas fiscales en el pasado, como el conocido 4x1000. La nueva tarifa del impuesto, que pasó del 0% al 1%, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 y busca atender necesidades específicas en la región del Catatumbo afectadas por una crisis humanitaria derivada de enfrentamientos entre grupos guerrilleros.

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Ahora, el decreto que regula esta modificación establece que el impuesto de timbre será una de las fuentes de financiación para enfrentar la emergencia en el Catatumbo, Norte de Santander. Y es que la región, ubicada en el noreste del país, es escenario de intensos conflictos entre disidencias de las Farc e integrantes del ELN, lo que generó una situación crítica que requiere recursos adicionales para su atención. La medida, aunque temporal, podría convertirse en permanente si se incluye en una futura reforma tributaria, tal como sucedió con otras disposiciones fiscales inicialmente transitorias.

Qué implica el cambio en el impuesto de timbre

El ajuste en el impuesto de timbre se centra en la modificación del párrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario. Hasta ahora, el tributo tenía una tarifa del 0%, pero con el nuevo decreto, se establece una tarifa del 1% aplicable en ciertos casos específicos. El cambio afecta principalmente a los trámites relacionados con instrumentos públicos y privados que se otorguen o acepten en el país, así como a aquellos documentos firmados en el extranjero que generen obligaciones o se ejecuten en Colombia.

Además, el decreto también especifica que el impuesto se aplicará solo a documentos que formalicen la constitución, modificación o extinción de obligaciones, así como su prórroga o cesión, siempre que el monto involucrado supere las 6.000 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a $298.794.000. Dicho umbral busca delimitar los casos en los que el impuesto será exigible, lo que afectará a transacciones de mayor envergadura.

Quiénes están obligados a pagar este tributo

Asimismo, el impuesto de timbre deberá ser asumido por tres tipos de contribuyentes: entidades públicas, personas jurídicas o asimiladas, y personas naturales que sean comerciantes y cuenten con ingresos o un patrimonio bruto superior a 30.000 UVT, es decir, $1.493.970.000 en el año anterior. El criterio excluye a una parte importante de la población, con lo que se concentra la carga tributaria en sectores con mayores ingresos o patrimonio.

Impacto en el sector inmobiliario y otros ámbitos

Una de las preocupaciones que surgieron en torno a la modificación es el posible impacto en el sector inmobiliario. Los ciudadanos deben tener en cuenta que, para los documentos elevados a escritura pública relacionados con la venta de bienes inmuebles, se mantiene la tarifa establecida en el párrafo 3 del artículo 519 del Estatuto Tributario.

La tarifa se aplica solo cuando el valor del inmueble supera las 20.000 UVT, equivalentes a $995.980.000. Por lo tanto, la compra de vivienda de menor valor no se verá afectada por este cambio, aunque sí podría influir en transacciones de mayor cantidad.

El ajuste en el impuesto de timbre también podría tener implicaciones en otros sectores que dependen de la formalización de documentos legales, como el comercio y las transacciones internacionales. Al gravar documentos firmados en el extranjero que generan obligaciones en Colombia, se busca ampliar la base tributaria y garantizar que las operaciones transnacionales contribuyan al financiamiento de las necesidades del país.

El error en el impuesto de timbre

Ante la expedición de los decretos de conmoción interior, varios expertos hicieron análisis sobre el mismo. Uno de ellos fue el ex director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Lisandro Junco. Por medio de X, detalló que la norma tiene un error en el caso del impuesto de timbre.

“Uno de los errores del Decreto 175 de conmoción interior que establece que se revive el impuesto de timbre, es que no incluyó a los contribuyentes que están inscritos en el Régimen Simple de Tributación (Simple)”, afirmó.

Al respecto, explicó que, si una persona no quiere pagar este impuesto, podía haberse inscrito hasta el 28 de febrero en el Simple y hasta podía obtener más beneficios.

Madrid, 10 dic (EFE).- El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha avanzado esta noche que no acudirá mañana a la reunión que el Ministerio de Hacienda ha convocado con los grupos parlamentarios para negociar el futuro impuesto a las grandes energéticas.

En conversación con periodistas en el pasillo del Congreso, Esteban ha explicado que su formación no apoyará la continuidad del gravamen actual, porque al no ser un impuesto propiamente dicho no tiene encaje su traspaso al País Vasco en el marco del concierto económico.

Al respecto, ha recordado que el pasado 27 de noviembre ya advirtió durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el grupo vasco votará en contra de cualquier decreto ley que incluya un gravamen que eluda el concierto.

Según ha dicho, el PNV no se siente obligado a tomar parte "en las urgencias de Podemos de trasladar una imagen para justificar su apoyo irreversible a un paquete fiscal".

La reunión de mañana es un compromiso del Gobierno con Podemos, que exigió reunir a todos los socios parlamentarios para negociar el futuro impuesto a cambio de su apoyo al paquete fiscal. De hecho, llegó a amenazar con tumbarlo en su vuelta al Congreso si no arrancaban las conversaciones.

El objetivo es convertir el gravamen extraordinario sobre las grandes energéticas -que grava los ingresos no regulados en España y que decaerá a final de año- en un impuesto permanente, aunque esta medida no cuenta con el apoyo de todos los socios.

De hecho, Junts pactó su apoyo al paquete fiscal a cambio de que se dejara caer el gravamen -al considerar que ponía en peligro algunas inversiones en Cataluña-, aunque posteriormente el Gobierno acordó con ERC, Bildu y BNG prorrogarlo un año y con Podemos, abrir una mesa de partidos para convertirlo en permanente.

El acuerdo con Podemos prevé regular el futuro impuesto en una proposición de ley y, en caso de que no se logre un acuerdo antes de final de año, prorrogar el gravamen extraordinario un año más vía real decreto ley, evitando así que decaiga y asegurando que grave los ingresos de 2025. EFE

El Congreso de Jalisco ha aprobado una iniciativa poco usual en el ámbito turístico. El pasado jueves 12 de febrero de 2025, diputados locales discutieron y dieron el visto bueno a una iniciativa enviada por el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía. El proyecto contempla el cobro de un impuesto por hospedaje a personas turistas extranjeras que visiten la demarcación.

Con 32 votos a favor, cuatro en contra y solamente una abstención, el proyecto recibió el aval de la mayoría de los legisladores. De acuerdo con la argumentación expuesta por el autor de la iniciativa, busca recaudar fondos para mejorar los servicios a los que tienen acceso los habitantes del lugar, así como consolidar a Puerto Vallarta como uno de los mejores destinos turísticos de México.

"Con la finalidad de mejorar la infraestructura y mantener la calidad de los servicios públicos, se avaló la creación de un nuevo impuesto de hospedaje para extranjeros en el municipio de Puerto Vallarta“, se lee en un comunicado difundido a través de la página oficial del Congreso de Jalisco después de la sesión en la que fue aprobada.

Con ello, las y los legisladores aprobaron la construcción de módulos de cobro al interior del Aeropuerto Internacional “Gustavo Díaz Ordaz”, así como en la terminal marítima. Ahí, antes de ingresar a Puerto Vallarta, las personas turistas provenientes de otros países deberán realizar el pago de una cuota. Cabe mencionar que los turistas que arriben por vía terrestre quedarán exentos del impuesto.

Según se dio a conocer durante la exposición del proyecto, la cantidad que pagarán los turistas para ingresar a Puerto Vallarta será de MXN 141, es decir cerca de 1.25 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por cada persona que deba cumplir con la obligación.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo, el Aeropuerto de Puerto Vallarta se situó dentro de los tres que registraron mayor ingreso de turistas internacionales en el primer bimestre de 2024. En dicho periodo se registró el ingreso de 469 mil 55 turistas, lo que representó un incremento del 8.9% con respecto a lo registrado el año anterior.

Por su parte, el alcalde destacó que planean recaudar entre MXN 200 millones y MXN 300 millones en el primer año, según el número de turistas que ingresen.

El proyecto entrará en vigor una vez que sea publicado en el Periódico Oficial. No obstante, generó críticas entre legisladores. De hecho, Yussara Canales González, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), acusó que se trata de un proyecto inconstitucional. Además, aseguró que los turistas ya realizan el pago de servicios como agua, alumbrado e infraestructura durante su estancia,

"La Constitución Federal nos prohíbe a los estados gravar el tránsito de personas que atraviesan nuestro territorio. Resulta verdaderamente penoso la falta de capacidad para realizar una propuesta en el sentido en el que se presentó (...) carece de la estructura mínima prevista en la legislación especial en la materia (...) ¿Habrá retenes? ¿Cómo sabrán quién es turista y quién no? Es un sinsentido", reclamó.

En medio de una de las situaciones políticas más complejas enfrentadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, se posiciona como una figura central para gestionar la sostenibilidad económica del país.

Previo a que el mandatario solicitara la renuncia protocolaria de todos los ministros, Guevara abordó temas cruciales como la estabilidad fiscal, el cumplimiento de la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto –PIB– y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB). y los retos que supone alcanzar la confianza de los inversionistas dentro de un contexto político y social convulsionado. Estas declaraciones dibujan un panorama de los dilemas y decisiones que enfrenta este gobierno en materia económica.

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Uno de los temas más relevantes abordados por el hasta ahora funcionario es el cumplimiento de metas fiscales clave, a pesar de los desafíos políticos de los últimos meses. Según el ministro, la disciplina en el manejo financiero es sido inquebrantable.

“Al final, es ser muy rigurosos con el pago de la deuda. Independientemente del ciclo político, el pago de la deuda ha sido muy juicioso”, dijo a Noticias RCN. Asimismo, destacó que, aunque el presupuesto 2024 enfrenta distorsiones en su ejecución, el Ministerio de Hacienda trabaja por mantener la estabilidad en la regla fiscal, por lo que indicó que “se cumple con lo que está en la ley en el marco de la regla”.

Restricciones internacionales

En cuanto al entorno global, Guevara argumentó que las restricciones macroeconómicas internacionales exigen una postura pragmática y meticulosa de la cartera. El funcionario reveló que estos esfuerzos constantes permitieron, entre otros logros, la estabilidad reciente de la tasa de cambio pese a tensiones diplomáticas puntuales: “A pesar de los ruidos y las tensiones recientes con Estados Unidos, la tasa de cambio ha estado estable en las últimas dos semanas”, detalló el ministro .

Más allá del ciclo político, los compromisos con los acreedores siguen siendo prioridad para el ministerio: “El mensaje aquí es muy claro: en el aplazamiento la deuda no se toca para nada”.

Entre los elementos más delicados está el aparente déficit en el presupuesto previsto para el año en curso. Mientras que desde algunos sectores se advierte que podría rondar entre $40 y $50 billones, el ministerio sostiene que el déficit podría ser menor, en torno a los $12 billones. Guevara enfatizó la complejidad de estas cuentas, por lo que explicó que siempre existen reclasificaciones y ajustes: “El presupuesto es un universo mucho más complejo, hay debate y espacio de discusión”, dijo al medio.

Nueva reforma tributaria

Asimismo, el ministro no descartó la posibilidad de promover una nueva reforma tributaria para cumplir con metas estructurales: “Claro, creo que está el espíritu del presidente de proponer una posible reforma tributaria para completar ingresos”. Sin embargo, reconoció que esta propuesta enfrentará resistencias y debates nacionales, contextos que forman parte de las dinámicas habituales en el manejo presupuestario y fiscal.

Entre otras cosas, descartó que se graven las pensiones de los maestros o los militares: “O sea, yo creo que ni la motosierra de Javier Milei (presidente de Argentina) se atreve a tocar pensiones de los maestros o los militares en Colombia”. Para él, “sería una locura”.

Financiación de las Fuerzas Militares

Otro de los desafíos cruciales para el Gobierno es garantizar la financiación operativa de las Fuerzas Militares en medio de recortes presupuestales. Guevara reconoció que estas necesidades son prioritarias, en especial, ante los conflictos actuales en territorios como el Catatumbo o El Plateado: “Hemos hecho el ejercicio semanas anteriores de garantizar esos recursos de combustible, garantizar el flujo de caja”. El manejo, agregó, requiere un monitoreo constante de la caja disponible.

Por otro lado, el jefe de la cartera económica ofreció un panorama sobre las conexiones entre economía y política, por lo que enfatizó en la importancia de preservar la confianza de los empresarios e inversionistas en el país. Pese a las incertidumbres del contexto político, Guevara destacó el interés continuo de sectores como la industria automotriz y de telefonía móvil en invertir en Colombia: “Más allá de los momentos políticos, Colombia es una economía de 50 millones de personas donde hay hábitos de consumo masivos”, expresó.

El enfoque del Gobierno, según Guevara, también presta especial atención a pequeñas y medianas empresas. La creación de mecanismos como el Fondo Nacional de Garantías facilitó el acceso a crédito para empresarios que carecían de fiadores. Según explicó, “gran parte del problema del acceso al crédito en Colombia es que no había fiador, y aquí esto poco se ha mencionado, pero el Fondo Nacional de Garantías ha servido de fiador a muchos en esas pequeñas empresas”.

Transición energética

Además, el funcionario abordó el debate polémico sobre la transición energética como parte de una transición exportadora y fiscal.

Destacó que el proceso también incluye retos para la diversificación de la matriz exportadora, algo que definió como fundamental para el futuro del país. Ante esto, explicó que los minerales esenciales para la transición energética podrían jugar un papel clave, aunque subrayó la necesidad de lograr acuerdos con las comunidades: “Por supuesto tendrá que ser en convenios con las comunidades mineras de menor daño, eso es importante”.

Finalmente, al ser cuestionado sobre su permanencia en la cargo y los retos que le esperan, Guevara dejó claro su compromiso con el país y su dedicación al Ministerio de Hacienda como eje fundamental de la sostenibilidad económica del Gobierno Petro. Según expresó, “la responsabilidad es entregar el barco a flote en el 2026″.

Pese a las expectativas de muchos ciudadanos, expertos y líderes políticos sobre la posible eliminación del 4x1.000, un impuesto financiero que grava las transacciones bancarias en Colombia, el proceso parece estar lejos de concretarse. Esto, teniendo en cuenta que la reforma tributaria de 2022 buscaba que empezara a ser descartado desde el 13 de diciembre de 2024.

Según declaraciones de la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, la permanencia de este gravamen tiene como principal causa la falta de un sistema tecnológico robusto que permita verificar los movimientos financieros de todos los colombianos. La funcionaria explicó que esta responsabilidad recae de manera directa en las entidades bancarias y cooperativas del país, muchas de las cuales aún no cuentan con los recursos necesarios para implementar este mecanismo en el corto plazo.

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“La modificación al Estatuto Tributario dejó esta responsabilidad a cargo de los bancos y cooperativas”, señaló la superintendente a Blu Radio al advertir que “ni bancos ni cooperativas están listos” para cumplir este requisito tecnológico.

Un sistema de verificación financiera, el mayor obstáculo

Navarro destacó que la ley que establece la eliminación del 4x1.000 incluye un párrafo que condiciona su desaparición a que las entidades mencionadas logren poner en marcha el sistema de verificación financiera requerido. “La realidad es que hasta que no se desarrolle el sistema de información por parte de las entidades, seguirá lo previsto en el artículo anterior, es decir, el 4x1.000″, precisó la funcionaria.

Además, enfatizó que este tema implica un retorno considerable para cooperativas que operan en zonas rurales y apartadas del país. Explicó que, de las cooperativas de ahorro y crédito, las más básicas, alrededor de 122, no cuentan con la infraestructura ni la capacidad para implementar el sistema tecnológico necesario.

Ante esta situación, enfatizó: “Entiendo el espíritu y lo ideal es que se ponga en funcionamiento, pero hay que tener en cuenta el enfoque territorial”.

Orígenes del 4x1.000 y su evolución como gravamen

El 4x1.000, impuesto que genera descontentos entre muchos colombianos, nació como una medida temporal en el año 1998. Su propósito original era dar respuesta a la crisis económica y bancaria que afectó al país en ese momento. No obstante, con el paso del tiempo, este gravamen pasó de ser una solución coyuntural a convertirse en una fuente permanente de ingresos para el Estado. Este impuesto aplica un cobro de $4 por cada $1.000 retirados o trasladados mediante cuentas bancarias u otros productos financieros.

La resistencia a eliminar este gravamen también tiene que ver con su impacto en las arcas gubernamentales, dado que constituye una entrada fiscal significativa. Sin embargo, para muchos expertos y ciudadanos, resulta un impuesto antitécnico que dificulta el acceso al sistema bancario y fomenta la informalidad.

El contexto territorial y financiero en Colombia

Navarro abordó, además, la dificultad que representa para las cooperativas de ahorro y crédito en regiones apartadas adaptarse a los estándares tecnológicos que exige la ley. Aunque instituciones como la Superintendencia de la Economía Solidaria desplegó esfuerzos orientados hacia la transformación digital en estas áreas, la realidad muestra que un cambio integral tomará años en concretarse.

Mientras tanto, el 4x1.000 seguirá siendo parte del panorama económico del país. Como indicó Navarro, no se trata de falta de voluntad, sino de carencia de infraestructura tecnológica y recursos financieros, principalmente en pequeñas bancas y cooperativas. “Hasta que no haya un sistema de información robusto que verifique los movimientos, será imposible avanzar”, reafirmó la superintendente

Esfuerzos a mediano y largo plazo

Ante este panorama, el enfoque territorial y la realidad económica de las instituciones financieras deberán jugar un papel crucial en los próximos años. El proceso de modernización digital en el sector bancario, especialmente en las regiones más apartadas, será indispensable si se desea avanzar hacia una eventual eliminación del 4x1000.

Por ahora, el Gobierno colombiano y las instituciones financieras tendrán que seguir colaborando en el diseño de un sistema de verificación eficiente y sostenible.

El presente análisis pone en perspectiva la complejidad de los retos estructurales que enfrenta Colombia para eliminar un impuesto que hace parte esencial de su esquema tributario desde hace más de dos décadas.

La posibilidad de que el presidente de la República, Gustavo Petro, reviva la propuesta de imponer más impuestos a las casas de apuestas y los juegos de azar en línea, que hace parte del decreto de conmoción interior para resolver la situación de orden publico en el Catatumbo, Norte de Santander, causó preocupación en los equipos del fútbol profesional colombiano.

La idea del Gobierno es recaudar entre 600 y 1.000 millones de pesos en 90 días para atender a los más de 40.000 desplazados por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Farc. Sin embargo, dicha medida generaría pérdidas para el deporte rey en Colombia.

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Si se tiene en cuenta la propuesta del presidente Petro, los impuestos aumentaron a un 40%, lo que equivale a 40.000 y 60.000 millones de pesos de la inversión por parte de las casas de apuestas.

Estas contribuciones representan un problema para el fútbol nacional, puesto que las casas de apuestas y los juegos de azar en línea aportan entre 120.000 y 140.000 millones de pesos en términos de patrocinios.

De igual manera, se verían menguados los aportes de BetPlay que es el principal patrocinador del torneo, además de que renovó su contrato con los torneos liderados por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), que incluye Liga, Copa Colombia, el Torneo de ascenso y la Liga Femenina, hasta 2030.

Así las cosas, se disminuirían los ingresos de publicidad por parte de Betplay, lo que repercute, en gran medida, en la economía y músculo financiero de los equipos de la liga.

“Si el impuesto se convierte en realidad, lo primero que toca reducir es lo que se invierte en publicidad y lo que se paga en el fútbol profesional colombiano”, indicó una fuente cercana al Gobierno a El Tiempo.

Estos serían los equipos más afectados por la medida:

• Nacional: Betssson (patrocinador principal)
• Bucaramanga: Rivalo (patrocinador principal)
• Fortaleza: Stake (patrocinador principal)
• Tolima BetPlay (patrocinador principal)
• Deportivo Cali: WPlay (patrocinador principal)
• Pereira: Rivalo (patrocinador principal)
• Medellín: WPlay (copatrocinador principal)
• Santa Fe:BetPLay (copatrocinador principal)
• La Equidad: BetPlay (copatrocinador principal)
• Millonarios: Wplay (patrocinador secundario)
• Junior: WPlay (patrocinador secundario)
• América: BetPlay (patrocinador secundario)
• Unión Magdalena: BetPlay (patrocinador secundario)
• Envigado: BetPlay (patrocinador secundario)
• Deportivo Pasto: BetPlay (patrocinador secundario)
• Boyacá Chicó: BetPlay (patrocinador secundario)
• Llaneros: BetPlay (patrocinador secundario)
• Alianza: BetPlay (patrocinador secundario)

Mientras se define el panorama para las casas de apuestas y los juegos de azar en línea en Colombia, el fútbol profesional colombiano deberá buscar nuevo presidente de la Dimayor, puesto que Fernando Jaramillo anunció su dimisión del cargo.

Aunque su salida no es de efecto inmediato, desde la institución ya buscan el reemplazo de Jaramillo, por lo que suena una mujer para tomar las riendas de la Dimayor, siendo la primera vez que se registre este hecho.

Entre las candidatas, destaca María del Pilar Abella, que cuenta con una amplia experiencia en puestos directivos del balompié nacional, fue gerente administrativa y secretaria general de la entidad, además de ser gerente en la Federación Colombiana de Fútbol.

Así como María del Pilar Abella empezaría a hacer campaña entre los directivos para ser la elegida en la Dimayor, otros nombres se manejan de manera más discreta, algunos conocen los hilos de la entidad, otros ya fueron presidentes y uno vendría de un club.

Según el periódico El Tiempo, Jorge Enrique Vélez, directivo del Once Caldas, volvería a la División Mayor como su presidente, cargo que asumió entre 2018 y 2020, renunciando por votación de 34 equipos por mala gestión.

Otro de los candidatos que suena es Carlos Mario Zuluaga, presidente de Equidad y opositor a Fernando Jaramillo, así como Iván Novella, ex gerente de la Dimayor, que podría unir a todos los directivos, ya que trabaja en el Departamento de Desarrollo en la FCF.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos establece que, aunque muchas personas están obligadas a presentar su declaración de impuestos, existen excepciones específicas que dependen de factores como el nivel de ingresos, la edad y el estado civil. Según informó CNN, incluso quienes no están obligados a declarar podrían beneficiarse al hacerlo, ya que podrían acceder a créditos fiscales o reembolsos.

De acuerdo con la herramienta de preparación de impuestos Turbotax, las personas cuyo ingreso total sea inferior a la deducción estándar no están obligadas a presentar una declaración, siempre que no tengan ingresos que requieran ser reportados por otras razones, como el trabajo por cuenta propia. En 2022, la deducción estándar para un contribuyente soltero menor de 65 años fue de 12.950 dólares. Esto significa que quienes ganen menos de esta cantidad y cumplan con otros requisitos no tienen que declarar.

Además, CNN detalló que aquellos que reciben únicamente beneficios del Seguro Social generalmente no están obligados a presentar una declaración de impuestos. Sin embargo, si estos beneficios se combinan con ingresos exentos de impuestos, podrían volverse tributables, lo que cambiaría la situación fiscal del contribuyente.

Dependientes y menores de edad

Los contribuyentes que son reclamados como dependientes en la declaración de otra persona también tienen reglas específicas. Según el medio, estos deben presentar una declaración si sus ingresos superan la deducción estándar correspondiente o, en el caso de menores, si sus ingresos no ganados (como intereses o dividendos) exceden los 1.300 dólares en 2024. Este límite aumentará a 1.350 dólares en 2025.

Por otro lado, las personas menores de 65 años, solteras y sin circunstancias especiales que obliguen a declarar, como ingresos por cuenta propia, también están exentas si sus ingresos no alcanzan el umbral establecido.

El IRS recomienda que las personas presenten su declaración de impuestos incluso si no están obligadas a hacerlo. Según CNN, esto se debe a que podrían calificar para ciertos créditos fiscales, como el crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC), el crédito tributario por hijos, el crédito por educación o el crédito de recuperación de reembolso.

Además, quienes hayan tenido retenciones de impuestos sobre la renta en sus pagos o hayan realizado pagos estimados de impuestos durante el año podrían tener derecho a un reembolso. Esto incluye casos en los que un sobrepago de impuestos del año anterior se haya aplicado a los impuestos estimados del año actual.

Fechas clave para los reembolsos de impuestos

El IRS comienza a procesar las declaraciones de impuestos y a emitir reembolsos poco después de que se abre el período de presentación. Aunque el texto no especifica una fecha exacta para 2023, es importante que los contribuyentes presenten su declaración lo antes posible para agilizar el proceso y recibir cualquier reembolso al que tengan derecho.

Aunque muchas personas están obligadas a declarar impuestos en Estados Unidos, existen excepciones claras basadas en ingresos, edad y estado civil. Sin embargo, incluso quienes no están obligados a hacerlo podrían beneficiarse al presentar su declaración, ya que podrían acceder a créditos fiscales y reembolsos. Tal como destacó CNN, es fundamental revisar cuidadosamente las circunstancias personales para determinar si es necesario o conveniente declarar.

A pocos días de finalizar el primer mes del 2025, los ciudadanos que han adquirido un vehículo en los últimos tres años deben recordar hacer el pago del impuesto vehicular correspondiente al periodo 2025 ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para evitar el cobro de multas.

Según el SAT, el impuesto al patrimonio vehicular se paga por un periodo de tres años a partir del momento en el que el vehículo (automóvil, camioneta, station wagon, camión, tractor, bus u ómnibus) es inscrito por primera vez en el Registro de Propiedad vehicular. La responsabilidad de hacer este pago corre por cuenta del propietario de la unidad registrado al 1 de enero del año correspondiente.

¿Cómo saber cuánto pagar de impuesto vehicular?

Las tarifas de pago para este tipo de impuestos son establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que indica cuáles son los valores referenciales para todos los vehículos. Para el año 2025, las unidades fabricadas entre los años 2022 y 2024; e incluso en años anteriores, los pagos son variables y dependen de factores como la marca y el modelo.

Según el SAT, en ningún caso el monto que deben pagar los contribuyentes será inferior al 1.5 % de la UIT vigente en el año de pago. Para conocer cuánto se debe pagar, los contribuyentes tienen una herramienta gratuita de cálculo a la que se puede ingresar con este link.

Pero ¿qué pasa si no se realiza el pago del impuesto vehicular? De acuerdo al organismo especializado, los propietarios de vehículos no declarados serán acreedores de una multa que va entre el 30% y 100% de una UIT, cuyo valor actual es S/5.350.

En el caso de Lima, las declaraciones deben realizarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya sea de manera virtual, en sus oficinas, concesionarias autorizadas o notarías afiliadas. La fecha límite para declarar es el último día hábil de febrero del año siguiente a la adquisición del vehículo.

¿Qué pasa con el impuesto vehicular en caso de robo?

Según el SAT, si el contribuyente es víctima del robo del vehículo, se tiene que presentar una declaración jurada hasta el último día hábil del ejercicio siguiente de ocurrido el hecho.

Con ello, “se aplicará una tasa del 0% en la determinación del Impuesto Vehicular a partir del ejercicio siguiente de ocurrido el hecho y se encuentre afecto al impuesto sin haber recuperado el vehículo", se indica en su plataforma virtual.

Entre los requisitos para hacer el registro del robo del vehículo, los contribuyentes deberán entregar:

• Un documento de identidad del propietario que lo acredite como tal.
• Presentar original o copia certificada de la denuncia de hurto o robo, presentada ante la Policía Nacional o el Ministerio Público.
• Anotación del robo en la partida registral del vehículo.

¿Cómo declarar la venta de un vehículo?

En caso de que un vehículo sea vendido y aún tenga cuotas pendientes de pago ante el SAT por motivo del impuesto vehicular, los contribuyentes pueden comunicar la venta del bien, para eso deberán presentar una declaración de descargo.

Esto no implica una exoneración del pago, sino que el propietario original que desea vender el vehículo tendrá que efectuar el pago del impuesto vehicular de todo el año en el que se produjo la transferencia.

Requisitos de la declaración jurada de descargo:

• Exhibición del documento de identidad del propietario o de su representante, de ser el caso.
• En caso de representación deberá presentar poder especifico en documento público o privado con firma legalizada ante notario o certificada por Fedatario del SAT.
• Exhibición y copia del documento sustentatorio que acredite la transferencia.

Fechas para hacer el pago del impuesto vehicular

Para este 2025, las fechas límites de pago, según el número de cuotas son:

• 1era cuota: 28 de febrero.
• 2da cuota: 30 de mayo.
• 3ra cuota: 29 de agosto.
• 4ta cuota: 28 de noviembre.

¿Cómo declarar un vehículo ante el SAT?

Los requisitos para el registro de un vehículo nuevo ante el Sistema de Atención Tributaria (SAT) incluye la presentación de los siguientes documentos:

• Exhibir el documento de identidad del propietario o de su representante, de ser el caso.
• Exhibir el último recibo de luz, agua, cable o teléfono del domicilio del propietario.
• En el caso de representación, presentar poder específico en documento público o privado con firma legalizada ante notario o certificada por fedatario del SAT.
• Tarjeta de Identificación vehicular.
• Exhibir el original y presentar copia simple del documento que sustente la adquisición. Estos incluyen, por ejemplo, la factura, boleta de venta, acta de transferencia o declaración única de aduanas; aunque también son válidos otros métodos de adquisición como compras, donaciones, herencias, etc.

Para realizar sus operaciones de manera rápida y segura puede hacer uso de la Agencia Virtual SAT desde cualquier dispositivo con acceso a internet durante las 24 horas

Aunque se esperaba que la exención del impuesto 4x1000, destinada a usuarios con ciertos movimientos financieros, entrara en vigor a partir del 14 de diciembre de 2024, este alivio sigue sin hacerse efectivo en lo que va de 2025.

Tanto los bancos tradicionales como las billeteras digitales, entre ellas Nequi, continúan aplicando este gravamen, lo que ya generó incomodidad y cuestionamientos en muchas personas. La tardanza se debe a una serie de desafíos técnicos aún pendientes de solucionar, algo que también fue confirmado por la compañía mencionada. “Aunque estaba previsto que el cambio empezara el 14 de diciembre de 2024, todavía no se puede implementar porque el sistema necesario no está listo”, informaron desde la billetera digital.

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Según establece la ley, quienes mueven menos de $17.430.000 al año entre cuentas bancarias o plataformas digitales deben estar exentos de este impuesto, que grava con $4 de cada $1.000 transferidos. Sin embargo, dicha implementación “requiere una coordinación compleja entre todas las entidades financieras del país”, lo que está retrasando su entrada en vigor. Además, se necesitará diseñar una base de datos centralizada capaz de rastrear y consolidar los movimientos financieros de cada usuario en bancos, cooperativas, fondos de empleados y billeteras digitales.

Los usuarios afectados ya expresaron su incomodidad al seguir afectados por el 4x1000, pese a lo estipulado por la normativa vigente. Sin embargo, desde las plataformas financieras, como Nequi, reiteran que hasta que el sistema esté completamente activo, seguirán con la aplicación del esquema actual del impuesto. Se sabe que, aunque el alivio no se ha implementado de manera efectiva, los usuarios tienen el derecho de exigir el cumplimiento de la normativa cuando el sistema esté listo.

Retrasos técnicos: el eje del problema

Uno de los principales retos para que el sistema de exención funcione de manera correcta se centra en la creación de una base de datos robusta que englobe los datos de todas las entidades financieras y permita verificar el límite de movimientos anuales de cada usuario.

Nequi insiste en que esta condición específica es clave, ya que “se requiere incluir cooperativas, fondos de empleados y billeteras digitales” dentro de un marco tecnológico interoperable.

Mientras tanto, las entidades financieras parecen estar en una fase de espera, buscando alcanzar la infraestructura que haga viable esta coordinación. Al respecto, se destaca la urgencia de que el sistema financiero colombiano adapte su tecnología para implementar este beneficio sin afectar las operaciones rutinarias. En cualquier caso, la falta de esta infraestructura técnica sigue representando un cuello de botella para la aplicación de una medida que beneficia a millones de personas.

Pasos para los usuarios y alternativas temporales

Para quienes se encuentran en el grupo de personas que no deberían pagar el impuesto del 4x100 pero aún se les aplica, existe una vía para canalizar sus inquietudes. La Superintendencia Financiera de Colombia pone a disposición su portal web para que los ciudadanos puedan presentar sus quejas. El procedimiento se da de la siguiente manera;

• Ingrese a www.superfinanciera.gov.co.
• Seleccione la opción ‘Personas’.
• Haga clic en ‘Presenta tus inconformidades’.
• Rellene el formulario correspondiente.

Aunque esta medida no da resultados inmediatos sobre las tarifas cobradas actualmente, sí permite dejar constancias de inconformidad en el sistema de supervisión financiera.

El clima de incertidumbre ya generó tanto frustración como resignación en los afectos por el impuesto. No obstante, por ahora, la paciencia será clave mientras se espera la adaptación tecnológica necesaria para que los cambios surtan efecto. A pesar de la espera, los usuarios confían en que la base jurídica existente impulsa a las entidades bancarias a cumplir eventualmente con lo estipulado por la ley.

Sin fecha concreta

Por el momento, iniciativas como Nequi continúan en diálogos con los organismos correspondientes para agilizar el proceso. Sin embargo, no hay una fecha concreta para que la exención comience a aplicarse, lo que prolonga la expectativa de implementación. Hasta que el sistema de verificación automática esté en marcha, las medidas intermedias y el monitoreo del dinero transferido serán las únicas herramientas disponibles para los usuarios.

Impacto del retraso en las finanzas personales

El 4x1000 es un impuesto que, debido a su bajo porcentaje, podría parecer poco significativo en transferencias esporádicas o de pequeña cuantía. No obstante, al considerar el volumen anual de transacciones, los efectos son percibidos con mayor claridad, especialmente por los usuarios frecuentes de cuentas bancarias y billeteras digitales.

La posibilidad de sobrepasar el umbral de transferencias exentas ha mantenido las discusiones sobre lo imprescindible que resulta la llegada de la base tecnológica.

Expertos en el sector financiero ya llamaron la atención sobre la importancia de acelerar esta transición técnica. Sin embargo, los actores involucrados, incluyendo el sector bancario y las plataformas digitales, solicitaron tiempo adicional para evitar errores en un sistema que maneja datos delicados y en gran volumen.

El Gobierno colombiano enfrenta una fuerte caída en los ingresos tributarios y al interior de este se reconoce que se trata de un desafío estructural del sistema fiscal. Al respecto, el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Jairo Orlando Villabona, explicó que se necesita una reforma tributaria profunda para enfrentar los múltiples problemas que afectan el recaudo.

Según él, dentro de los factores que impulsaron esta situación se encuentran decisiones pasadas y una carga fiscal incorrectamente distribuida. Cálculos del funcionario indican que el recaudo neto de 2024 sufrió una disminución del 9% en comparación con 2023.

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“La caída se dio tanto en los ingresos de origen interno como en los aduaneros, siendo el impuesto de renta el más relevante con una reducción del 20% respecto al año anterior”, indicó Villabona a El Tiempo. Estos resultados, de acuerdo con él, se explican por expectativas irreales en diferentes áreas como los $10 billones proyectados en arbitrajes de litigios o los $6 billones esperados por la no deducibilidad de regalías, que fue anulada por la Corte Constitucional y estaba estipulado en la reforma tributaria de 2022.

A este panorama se sumaron otros errores de cálculo relacionados con anticipos de impuestos. Sobre esto, apuntó que gran parte del impuesto de renta de personas jurídicas se adelantó en 2023 debido a mayores utilidades ese año, lo que afectó el flujo de ingresos previstos para 2024. “No calcularon bien los anticipados y no se dieron cuenta de que iban a afectar mucho al recaudo del 2024″, declaró.

Metas de crecimiento económico

A pesar de la complejidad del contexto, el director general de la Dian se muestra optimista sobre el futuro. Según informó al medio, la entidad espera que el crecimiento económico, proyectado en un 2,9% para 2025, y las estrategias de control y facilitación tributaria implementadas por la entidad contribuyan a una mejora en el recaudo general. Sin embargo, Villabona advirtió que no se tiene todavía un objetivo exacto en términos de cifras, ya que se trabaja de la mano con el Ministerio de Hacienda para definir metas concretas.

Los análisis también muestran que, aunque hubo logros, los problemas de fondo persisten. Por ejemplo, el aumento del 10% en el recaudo por declaración de renta de personas naturales, que alcanzó los $21,8 billones, estuvo principalmente enfocado en asalariados con ingresos mayores a $12 millones mensuales.

“El problema es que se golpeó a los asalariados y no tanto a las rentas de capital, que es donde las personas más ganan dinero”, resaltó al dejar en claro su postura de gravar más fuertemente los dividendos y las ganancias de capital.

Reforma estructural

Así las cosas, el funcionario destacó la necesidad de una reforma estructural que transforme el actual Estatuto Tributario, que es lo que compila las normas sobre la relación fiscal entre el Estado colombiano y los contribuyentes. Villabona lo calificó como obsoleto y erosionado. “Mientras que no se haga un cambio de fondo inmenso, va a pasar lo mismo en cada Gobierno. Colombia es de los países que menos impuestos recaudan en comparación con otros”, manifestó.

Dicho problema también se refleja en la carga fiscal: mientras que en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) el 75-80% de los impuestos provienen de personas naturales, en Colombia, el 80% recae sobre las empresas.

Respecto al alto número de beneficios tributarios en el país, el funcionario no escatimó críticas, por lo que afirmó que Colombia cuenta con 294 beneficios, posicionándose como el país con mayor gasto tributario en América. Lamentó que las reformas tributarias previas no hayan abordado este tema de fondo, debido a presiones del Congreso de la República y factores políticos. En las declaraciones, el director general señaló que “esos beneficios tributarios se han otorgado a través del tiempo por el lobby parlamentario, lo que tiene nombre y apellido”.

Cifras preocupantes

El panorama también arroja cifras preocupantes sobre el cumplimiento tributario. Más de 1,9 millones de personas no declararon renta en 2024, de las 6,1 millones de obligados. Aunque una campaña de la Dian logró que 325.000 personas se pusieran en regla de forma extemporánea, un importante número de contribuyentes aún permanece al margen. De forma paralela, se identificaron 437.000 morosos, con quienes se aplican campañas de cobro antes de llegar a procesos de fiscalización más estrictos.

Otro aspecto que destacó Villabona fue la devolución de saldos a favor, con un esfuerzo de la Dian para automatizar este proceso. Esto generó mayor eficiencia y permitió una devolución más rápida de recursos a los ciudadanos. “Incluso en esta última declaración de renta, los saldos a favor se devolvieron automáticamente a algunas personas”, confirmó Villabona.

Aunque el camino hacia una reforma estructural tributaria parece lejano, el director general de la Dian reiteró su intención de seguir proponiendo cambios importantes al sistema fiscal, por lo que confía en que este año se logren dar pasos hacia una mayor equidad tributaria en Colombia.

A partir del 1 de enero de 2025, Colombia siguió con el aumento en el impuesto a los alimentos ultraprocesados, que ya alcanzó una tarifa del 20%. El ajuste forma parte de la Ley 2277 de 2022 (reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro), cuyo objetivo principal es desincentivar el consumo de productos con altos niveles de azúcar, grasas y sodio, considerados perjudiciales para la salud si se consumen en exceso.

Dicho impuesto se introdujo inicialmente en 2023 con una tarifa del 10%, que luego subió al 15 % en 2024, hasta llegar al porcentaje actual. El gravamen afecta a 21 productos específicos de los 443 que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) utiliza para calcular la inflación.

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Entre los alimentos gravados se encuentran las salchichas, el jamón, el chorizo, las galletas de sal y dulces, el chocolate instantáneo, las chocolatinas, la crema de leche, el yogur y el suero. Estos productos pueden identificarse con facilidad gracias a un etiquetado nutricional especial que incluye pegatinas de advertencia en forma octogonal y con fondo negro. Además, en el etiquetado se señala que el consumo excesivo de dichos alimentos podría representar riesgos para la salud.

Los responsables de asumir este impuesto son los productores, industriales e importadores de los alimentos que cumplen con los parámetros establecidos en la normativa. Esto significa que el gravamen no recae de manera directa sobre los consumidores, aunque es probable que el costo adicional se refleje en los precios finales de los productos.

Exenciones al impuesto: alimentos seminaturales y básicos quedan fuera

No todos los alimentos ultraprocesados están sujetos a este impuesto. Algunos productos que pasan por procesos considerados seminaturales quedaron exentos. Entre ellos se encuentran el arequipe, las obleas, el pan, los bocadillos y las frutas confitadas, que son comunes en la dieta de los colombianos y se comercializan de manera muy amplia en tiendas y supermercados colombianos.

Además, otros alimentos básicos como el salchichón, la mortadela, las frutas, las verduras, los tubérculos, la leche, la carne, los huevos, el pescado y los granos también están exentos del gravamen. La decisión está orientada a proteger el acceso de la población a productos esenciales y de menor procesamiento, que no representan los mismos riesgos para la salud que los alimentos ultraprocesados gravados.

Impacto inflacionario del impuesto

En octubre de 2023, previo a la entrada en vigor del impuesto a alimentos ultraprocesados, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio sus estimaciones sobre el efecto del impuesto a alimentos ultraprocesados. Según la cartera, el impacto será a la inflación total de 0,21 puntos porcentuales (p.p.) en 2023, de 0,11 p.p en 2024 y de 0,12 p.p. en 2025.

Al respecto, el ministerio aclaró que los efectos inflacionarios presentados tienen en cuenta el canal directo, asociado al encarecimiento de los bienes que hacen parte de la canasta de consumo del Índice de Precios del Consumidor (IPC). Asimismo, el canal indirecto, asociado al encarecimiento de los insumos, que podría traducirse en un aumento del precio final de los bienes.

“La nueva medida solo tiene efecto sobre 21 artículos de los 443 que componen la canasta básica del índice de precios del consumidor, con la cual el Dane mide la inflación”, precisó el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. De paso, confirmó la información dada por el entonces director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, sobre el cobro del impuesto, que en este caso será monofásico.

Este efecto es de única vez y se materializaría con la entrada en vigor del impuesto, además es consistente con el escenario macroeconómico proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023″, informó la cartera.

Germán Reyes

Tegucigalpa, 12 nov (EFECOM).- El Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, dijo este martes a EFE que las cuestiones que tienen que ver con pagar impuestos "son complejas" y que "es fundamental contar con leyes tributarias que se puedan hacer cumplir y que no estén sujetas a la evasión fiscal".

Stiglitz considera que es necesario "una forma particular de cooperación" entre los países en desarrollo, como la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe, "para trabajar juntos y tener una mejor comprensión de cómo se pueden modificar las leyes tributarias en el siglo XXI".

Multinacionales con un ejército de abogados para evadir impuestos

De esa forma se puede garantizar que todas las partes, incluidas las multinacionales, paguen lo que corresponde en impuestos, agregó Stiglitz en una entrevista vía Zoom desde Nueva York.

Indicó, además, que "las multinacionales tienen un ejército de abogados tributaristas que trabajan mucho para diseñar las maneras de evitar pagar los impuestos", por lo que "tiene que haber un ejército equivalente de abogados de los países en desarrollo y de los mercados emergentes que les pongan un freno cuando traten de evitar los impuestos".

En su opinión, la voz de los países en desarrollo y mercados emergentes "tiene que ser más fuerte, hay que escucharlos, la voz de un solo país no la va a escuchar nadie, esa es la realidad".

"Pero si todos los países hablan juntos como ha hecho la Unión Africana y como está comenzando a hacer la cooperación latinoamericana, juntos se pueden escuchar", enfatizó.

Stiglitz, quien preside la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional (ICRICT), es uno los 85 economistas de todo el mundo que el 31 de julio respaldó la Ley de Justicia Tributaria propuesta por el Gobierno de Honduras, que pretende mejorar la equidad en el desarrollo del país.

Los 85 economistas consideran que los cambios planteados por el Gobierno de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, "son fundamentales para reducir la desigualdad en Honduras, apoyar el desarrollo social y económico y cerrar las lagunas fiscales que socavan los ingresos tributarios".

Según Castro, en Honduras hay diez grandes empresarios, que no ha identificado, que no pagan impuestos, y una ley tributaria que impulsa su Gobierno, que sigue en el debate en el Parlamento, está orientada a que los que más ganan, paguen más.

Cada año Honduras pierde millones por la evasión fiscal y la alta corrupción gubernamental, arrastrada desde hace muchos años y que incluso salpica al Gobierno de Castro.

En la Cumbre de Río del G20, que se celebrará los próximos 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro, se espera, entre otros acuerdos, que se renueve el compromiso para impulsar por primera vez en la historia una agenda global de tributación de los individuos ricos, que ya fue firmada por todos los ministros de Finanzas del grupo.

Los acuerdos que se puedan lograr en la Cumbre en materia tributaria pueden favorecer a Honduras, según Stiglitz, quien dijo que si este país no impone los impuestos de un 15 %, como mínimo, estaría favoreciendo a cualquier corporación multinacional, pero se perdería de ese ingreso.

Stiglitz considera que "es fundamental" que Honduras adopte e incorpore la agenda ahora que todos los ministros del G20 coinciden en que "hay que ir más allá de este impuesto mínimo sobre las grandes empresas para asegurarnos de que las personas muy ricas pagarán un impuesto mínimo, como mínimo".

De Honduras también expresó que, desde 2010, "la cantidad de ingresos perdidos en incentivos fiscales, que fueron ineficaces, es mayor que la deuda total del país", que supera los 20.000 millones de dólares según autoridades de Tegucigalpa.

"Yo estoy muy complacido de que ahora Honduras se sume a esta legislación, a este movimiento mundial de reforma tributaria", acotó.

Para este martes está previsto que en Honduras se presente el documental Tax Wars, que recoge el trabajo que Stiglitz y otros economistas han estado realizando para conseguir que el sistema fiscal internacional cambie.

Con el documental se trata de convencer a las personas de que "necesitamos las reformas tanto del sistema multinacional, como a nivel nacional en los países, y que existan reformas que puedan ayudar a construir un sistema tributario mejor que va a contribuir a un mundo mejor", dijo Stiglitz. EFECOM

El Consejo de Exportación de Lácteos de Estados Unidos Unidos (Usdec, por sus siglas en inglés) es una organización de afiliados independiente y sin fines de lucro que representa los intereses de comercio internacional de los productores de lácteos estadounidenses, los procesadores, las cooperativas y los proveedores de ingredientes.

Dicha organización presentó un análisis sobre la imposición de un derecho provisional del 4,86% a la importación de leche en polvo desde Estados Unidos, establecido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) en septiembre de 2024. La medida plantea importantes desafíos para la competitividad internacional de la industria alimentaria, los consumidores colombianos, la seguridad jurídica y la relación bilateral comercial con Estados Unidos, en un contexto marcado por el cambio de administración en ese país.

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La misma, que estará vigente hasta el 16 de enero de 2025, forma parte de la investigación SV-249-02-2, abierta en junio de 2024, con el objetivo de evaluar el supuesto impacto de las importaciones en la producción nacional. Sin embargo, los datos muestran que las importaciones disminuyeron10,1% entre 2020 y 2023 y no afectaron de manera importante los precios de la leche nacional, que registraron incrementos constantes durante el mismo periodo.

Y es que la leche en polvo importada es un insumo fundamental para sectores como la panadería, chocolatería y repostería. Su funcionalidad, competitividad y disponibilidad permiten a estas industrias mantener costos accesibles y satisfacer la demanda del mercado.

Disminución de la competitividad

“La leche en polvo importada fortalece la capacidad de producción nacional y asegura la competitividad de cadenas productivas estratégicas. Este arancel provisional disminuye la competitividad agroindustrial a nivel internacional, afectando a las empresas colombianas que dependen de insumos importados para la elaboración de alimentos y otros productos procesados,” destacó la ex viceministra de Comercio Exterior y Advisor Usdec Colombia, Olga Lucía Lozano.

Efectos adversos del arancel provisional

Los efectos adversos del arancel provisional son los siguientes:

• Impacto en la industria alimentaria: el incremento en los costos de producción afecta directamente la competitividad de las empresas nacionales en mercados locales e internacionales.
• Aumento de precios al consumidor: los hogares colombianos enfrentarán mayores dificultades para acceder a productos básicos debido al alza en los precios de los alimentos procesados.
• Efecto en la inflación: los precios más altos de productos alimenticios aumentan la inflación, afectando la economía general.

La industria láctea en Colombia enfrenta problemas estructurales como la baja productividad, falta de innovación, costos elevados de insumos y efectos climáticos adversos. Además, el traslado de productores hacia la ganadería de carne por precios más rentables redujo la producción de leche cruda.

“La solución no está en restringir las importaciones, sino en fortalecer el sector lácteo nacional a través de inversión, innovación y políticas que aborden sus verdaderos retos”, señaló Olga Lucía Lozano. También, dijo que “la decisión definitiva en esta investigación será tomada bajo una nueva administración en Estados Unidos, en un escenario donde en Colombia también existen investigaciones en curso por parte del Invima y la SIC,”

Evidencias para imponer el derecho provisional

Es de anotar que el MinCIT explicó que la decisión se sustentó en que la autoridad encontró, de manera preliminar, evidencias sobre los siguientes aspectos:

• Subsidios a la producción de leche: el gobierno de Estados Unidos implementó al menos cinco programas destinados a subsidiar la producción de leche líquida, insumo primario para la producción de leche en polvo. Durante 2023 el monto total de estas subvenciones habría ascendido a USD1.209′800.000, estableciendo el margen de la cuantía de la subvención en 4,86%.

• Aumento de importaciones y precios: las importaciones de leche en polvo subvencionada originaria de Estados Unidos habrían aumentado de manera relevante, las cuales se ofrecen en el mercado colombiano a precios considerablemente inferiores a los que se fijan para la leche líquida de origen nacional.
• Efecto en la rama de producción nacional: las importaciones subsidiadas habrían contribuido a causar un perjuicio a los productores nacionales de leche líquida. Este daño se evidencia en que el sector industrial, que puede optar por utilizar leche en polvo importada o leche líquida nacional, ha mostrado preferencia por el producto importado debido a sus bajos precios. Además, las importaciones subsidiadas habrían limitado el aumento de la producción de la industria pulverizadora nacional, ya que esta no hace uso de la totalidad de su capacidad instalada. Esto, a su vez, habría desencadenado la reducción de la compra de leche líquida a la rama de producción nacional.

El año 2025, la retención en la fuente será un asunto económico fundamental clave para los trabajadores colombianos, ya que incidirá en el salario neto que percibirán, particularmente para aquellos con ingresos superiores a los $4.730.905 mensuales, de acuerdo con las normativas del Estatuto Tributario.

De hecho, es porque la retención en la fuente se aplica a los ingresos laborales con una base gravable igual o superior a 95 Unidades de Valor Tributario (UVT).

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Este mecanismo tributario, que facilita el recaudo del impuesto sobre la renta, tiene implicaciones importantes tanto para empleados como para empleadores.

De qué se trata la retención en la fuente

La retención en la fuente es un sistema que permite al Gobierno recaudar el impuesto sobre la renta de manera anticipada, en personas naturales y jurídicas.

Aunque el objetivo es facilitar el proceso y asegurar el recaudo, este sistema puede resultar en pagos que no siempre reflejan adecuadamente la tributación total de los contribuyentes, y esta circunstancia podría generar posibles distorsiones en el monto final a pagar, de acuerdo con información que publicó La FM.

En términos generales, los trabajadores destinan un 1,4% de sus ingresos netos al impuesto sobre la renta, pero este porcentaje varía según el sector económico. Dependiendo de la actividad de la empresa o individuo, este porcentaje puede ser tan bajo como el 0,6% o tan alto como el 2,3%.

Según el Estatuto Tributario, están obligados a realizar las retenciones los agentes de retención, que incluyen empresas, personas jurídicas, y entidades públicas. Además, las personas naturales con ingresos altos o que desempeñan actividades económicas específicas también deben retener impuestos.

Así afectará a los salarios en 2025

Para el 2025, la Dian ajustará el umbral de la retención en la fuente a 95 Unidades de Valor Tributario (UVT), que equivaldrá a $49.799. Esto significa que los empleados cuyo salario sea igual o superior a $4.730.905 mensuales estarán sujetos a la retención en la fuente.

Sin embargo, el descuento solo se realiza después de los aportes a la seguridad social y otras deudas que el trabajador pueda tener con su empleador.

Según el Estatuto Tributario, los agentes retenedores deben consignar los valores retenidos a la DIAN dentro de los primeros 10 a 20 días del mes siguiente, dependiendo de los dos últimos dígitos del NIT del agente. Es fundamental que tanto empleadores como empleados consulten el calendario tributario anual para evitar sanciones por retrasos en los pagos.

La retención en la fuente continuará siendo un tema relevante a medida que el Gobierno y los sectores económicos negocian el salario mínimo y otros aspectos fiscales para 2025. La forma en que se gestione este sistema podría tener un impacto directo en la economía personal de miles de colombianos, especialmente aquellos en los tramos salariales más altos.

El aumento del salario mínimo en 2025

El presidente Gustavo Petro podría tener que intervenir para definir el aumento del salario mínimo para 2025 si no se alcanza un acuerdo entre sindicatos y empresarios antes del 31 de diciembre de 2024. Las negociaciones formales comenzaron el 3 de diciembre, y el resultado es crucial para la economía del país, pero no se ha llegado a un acuerdo.

En términos prácticos, el nuevo salario mínimo comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2025. Los trabajadores que reciben su pago de manera quincenal verán reflejado el aumento el 15 de enero, mientras que aquellos que cobran mensualmente lo notarán el 31 de enero.

En consecuencia, este ajuste es especialmente relevante en esta época del año, debido a que muchos sectores ajustan los precios de productos y servicios.

El aumento del salario mínimo beneficiará únicamente a quienes perciben este ingreso, ya que los trabajadores con salarios superiores verán sus incrementos salariales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que cerró en 5,2% en noviembre, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Este ajuste pretende amortiguar la pérdida de poder adquisitivo.

El 13 de diciembre de 2024 es la fecha prevista para la implementación del nuevo modelo unificado del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como impuesto del 4x1.000 en Colombia, que es el cobro que se hace de $4 por cada $1.000 en transacciones bancarias. Dicho cambio permitirá a los usuarios hacer transacciones sin el cobro del impuesto, siempre que el total no supere el límite mensual de $16,4 millones.

Sin embargo, la medida enfrenta serios problemas operativos que podrían retrasar su entrada en vigor. El conflicto principal radica en la falta de acuerdo entre los proveedores tecnológicos TransUnion y Passport, encargados de desarrollar la infraestructura necesaria para consolidar la información de todas las transacciones financieras del país.

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TransUnion, que maneja el 95% de las transacciones bancarias en Colombia, y Passport, elegido por el sector cooperativo, según un informe de Valora Analitik, todavía no lograron un consenso sobre tarifas, acceso a datos y control, lo que amenaza con perjudicar tanto al sistema financiero como a los usuarios, a solo unos días de la fecha estipulada para que empiece a llevarse a cabo.

Sistema tecnológico robusto

Y es que el nuevo esquema del 4×1000, definido en el artículo 65 de la Ley 2277 de 2022 (reforma tributaria), requiere un sistema tecnológico robusto para validar, compartir y reportar datos de manera efectiva a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Sin un sistema operativo funcional y validado, la medida no podrá entrar en vigor, según el decreto que regula esta iniciativa.

Por su parte, el sector cooperativo, representado por la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), manifestó su apoyo a Passport, destacando que ofrece una solución técnica y comercialmente adecuada.

A pesar de esto, TransUnion se niega a compartir información con Passport al alegar acuerdos de confidencialidad con los bancos, lo que genera un bloqueo en el flujo de datos necesario para el nuevo sistema.

Hasta ahora, la Dian no intervino como árbitro en este conflicto, lo que exacerbó la incertidumbre. De acuerdo con el medio, TransUnion afirma que ya cumplió con el cronograma técnico establecido y está por finalizar las pruebas y ajustes operacionales para entrar en producción cuando sea necesario.

Mientras tanto, los bancos confirmaron que ya están preparados para implementar la medida, aunque ninguno aseguró que esto comenzará a partir de la fecha prevista. La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) tampoco quiere pronunciarse sobre la entrada en vigor de los cambios para el 4×1.000.

Consecuencias para los usuarios

El retraso en la implementación del nuevo modelo podría tener varias consecuencias. Los usuarios seguirán enfrentando las limitaciones del sistema actual, como la imposibilidad de consolidar cuentas y optimizar el uso de recursos financieros. Además, la falta de un sistema unificado podría traducirse en pérdidas para la Dian, debido a menores ingresos por evasión o errores en el recaudo del 4×1000, lo que afecta la capacidad del Gobierno para financiar programas esenciales.

Expertos del sector financiero consideran improbable que los proveedores lleguen a un acuerdo antes del 13 de diciembre. Una posible solución sería incluir un artículo en la ley de financiamiento presentada por el Gobierno que aplace o suspenda la entrada en vigor de esta medida, dando tiempo para resolver los problemas operativos y garantizar que el sistema funcione adecuadamente.

El nuevo modelo del 4×1000 unificado tiene el potencial de transformar positivamente el sistema financiero colombiano, pero su implementación está en riesgo por la falta de coordinación entre proveedores. El Gobierno, por medio de la Dian, debe asumir un rol proactivo para resolver este conflicto y evitar costos elevados para el país y los usuarios.

En Colombia, a partir del próximo 13 de diciembre, se aplicará un cambio muy importante que tiene que ver con el impuesto conocido como 4x1.000 o Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF). El mismo, que ya es una constante desde su introducción en 1999, en la actualidad retiene el 0,4% de ciertas transacciones financieras, imponiendo un costo de $4 por cada $1.000 por cada transacción bancaria.

Originalmente, su tasa era del 2x1.000, diseñada como una medida temporal para enfrentar una crisis financiera, pero con el paso del tiempo, se convirtió en una carga fiscal permanente y fuente de ingresos importante para el país. Es así que solo en 2024 este impuesto generó $1,31 billones en ingresos a la Nación.

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El significativo cambio que tendrá efecto inmediato forma parte de la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, aprobada por el Congreso de la República en 2022 y que entró en vigor en 2023. A partir de esta fecha, todas las cuentas bancarias estarán exentas de este impuesto, lo que beneficiará a millones de colombianos.

La salvedad se otorgará de manera automática a los usuarios, siempre y cuando no superen un límite mensual establecido de $16.472.750 en 2024, como se estipula en el artículo 65 de la Ley 2277 de 2022. Para 2025, el límite mensual exento aumentará a $17.429.650.

Cuántas cuentas de ahorro se pueden eximir del pago

Anteriormente, los ciudadanos tenían la posibilidad de eximir una sola cuenta de ahorros del 4x1.000, siempre que no excedieran un límite determinado. La ley establecía que “los usuarios solo tenían la posibilidad de marcar una cuenta de ahorros para que quedara exenta del 4x1.000, siempre y cuando no se superara un tope determinado”. Con el nuevo esquema, esto quedará en el pasado y garantizará una exención más amplia para las cuentas bancarias.

Asimismo, las entidades supervisadas por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Economía Solidaria deberán incrementar sus esfuerzos de vigilancia para asegurar el cumplimiento de dichos asuntos.

Las entidades tendrán un plazo de dos años para desarrollar y perfeccionar herramientas tecnológicas que permitan monitorear de manera eficaz las operaciones financieras de los usuarios, tal como lo expresa la normativa en cuestión. En este sentido, el artículo especifica: “Las entidades financieras y/o cooperativas de naturaleza financiera o de ahorro y crédito vigiladas, deberán adoptar un sistema de información que permita la verificación, control y retención del Gravamen a los Movimientos Financieros”.

El objetivo de este cambio es promover que la ciudadanía tenga un uso más extenso y eficiente de los servicios financieros. La expectativa es que más personas accedan y utilicen las cuentas bancarias libremente, sin la anterior barrera del impuesto, lo que impulsará la inclusión financiera en el país.

La modificación refleja un esfuerzo importante del Gobierno colombiano por aligerar la carga fiscal de sus ciudadanos y modernizar el sistema financiero. La recepción y eficacia de esta medida serán observadas con atención por los analistas económicos, quienes consideran que representa un paso relevante hacia una mayor flexibilidad económica y accesibilidad dentro del sistema bancario.

Dificultades para la eliminación del cobro

En noviembre se conoció que habría dificultades para eliminar el cobro del impuesto del 4x1.000, algo que ya se descartó. Según Semana, hay normalidad con el papel de billeteras digitales como Nequi, Daviplata o Dale!, pero existían dificultades para integrar a las cooperativas, que juegan un papel importante en el sistema financiero al ofrecer servicios a comunidades que a menudo no tienen acceso a la banca tradicional,, lo que pudo retrasar la implementación de la medida.

De igual manera, se conoció que TransUnion, empresa encargada de gestionar el historial crediticio de millones de colombianos, resultó designada como el operador del sistema de información para el impuesto.

¡Atención! Desde este 1 de diciembre, Netflix y HBO Max incrementarán los precios de sus suscripciones en Perú debido a la aplicación del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los servicios de streaming. Esta medida, como alertaron expertos, impactará directamente en el bolsillo de los usuarios peruanos de ambas plataformas.

Ambas empresarias enviaron correos electrónicos a sus suscriptores donde informan cuáles serán los nuevos precios para adquirir el servicio. Cabe señalar que el aumento de tarifas estaba previsto para hace dos meses, en octubre. Aunque las otras plataformas no han notificado de forma oficial el incremento, Infobae Perú pudo conocer los nuevos precios para Disney Plus y Amazon Prime.

En el caso de Amazon Prime, la tarifa estándar subió de 19.00 a 25.90 soles al mes. Mientras que Disney Plus subió su tarifa estándar de 27.90 a 38. 90 soles.

¿Cuáles son los nuevos precios?

Netflix anunció un aumento en sus planes de suscripción en Perú desde el 1 de diciembre. En esta plataforma los aumentos varían entre S/ 4 y S/ 8.

• El plan básico (1 pantalla, definición estándar) sube de S/ 24.90 a S/ 28.90 mensuales.
• El plan estándar (2 pantallas, alta definición) aumenta de S/ 34.90 a S/ 40.90 al mes.
• El plan premium (4 pantallas, alta definición y ultra alta definición) incrementa su precio de S/ 44.90 a S/ 52.90 mensuales.

HBO Max también aplicará un incremento en sus tarifas en Perú a raíz de la inclusión del IGV desde el 2 de diciembre. Los nuevos precios, que representan un aumento de hasta 8 soles mensuales, se aplicarán a los tres planes disponibles: Básico con Anuncios, Estándar y Platino.

• El plan Básico con Anuncios pasará de S/ 19.90 a S/ 23.90, permitiendo el acceso a dos dispositivos simultáneos con resolución Full HD.
• El plan Estándar, con un costo anterior de S/ 29.90, subirá a S/ 35.90, manteniendo las dos pantallas simultáneas en Full HD y agregando 30 descargas para ver contenido sin conexión.
• El plan Platino, que costaba S/ 39.90, ahora tendrá un precio de S/ 47.90, ofreciendo la posibilidad de conectar cuatro dispositivos a la vez, resolución 4K Ultra HD, audio Dolby Atmos y 100 descargas offline

Usuarios

Cabe mencionar que tras conocerse la decisión del Parlamento, de aplicar la ‘Tasa Netflix’, diversos expertos en servicio al consumidor advirtieron que el incremento de IGV a las plataformas digitales afectarían principalmente a los usuarios.

Recaudación

La norma no solo afecta a los servicios de streaming, sino que a los servicios de apuestas en línea también deberán pagar impuesto. Con esta modificación, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) señaló que para el 2025 se espera recaudar s/ 700 millones. En declaraciones para RPP, el jefe de la Sunat, Víctor Mejía, brindó más detalles sobre el impacto en la recaudación tras la aprobación de esta ley.

El funcionario adelantó que de las 32 plataformas de streaming que han iniciado el proceso de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) para cumplir con la nueva normativa del IGV, 12 ya se encuentran formalmente registradas. Entre estas se incluyen gigantes del entretenimiento como Disney+, Facebook, Apple, TikTok, Netflix y HBO. Las 20 plataformas restantes se encuentran en proceso de adecuación administrativa y tecnológica para completar su inscripción.

Reacciones

Algunas empresas ya se han pronunciado al respecto. Cabify, que opera en Perú de forma domiciliada desde hace 12 años, ha confirmado que no aumentará sus tarifas ni las comisiones a los usuarios conductores debido a esta nueva ley. La empresa ha cumplido con sus obligaciones fiscales, incluido el pago del IGV, desde su llegada al país, por lo que sus usuarios no se verán afectados por este cambio.

Según Carlos Andrés Mendoza, Country Manager de la empresa, “cumplir con las obligaciones fiscales es responsabilidad de todas las empresas formales y una manera de contribuir al desarrollo económico y social del país

El programa de inspección de seguridad vehicular para vehículos no comerciales en Texas llegará a su fin el 1 de enero de 2025, lo que marcará un cambio significativo en el proceso anual de registro de vehículos. De acuerdo con informaciones de San Angelo Live, la aprobación de la House Bill 3297 en la 88ª Sesión Legislativa eliminó la necesidad de estas inspecciones de seguridad para vehículos no comerciales, siendo reemplazada por una “cuota de reemplazo del programa de inspecciones” que costará 7.50 dólares anuales.

Aunque se elimina la inspección de seguridad, no todos los conductores podrán evitar las revisiones anuales, ya que las pruebas de emisiones seguirán siendo necesarias en ciertos condados del estado afectados por la contaminación.

Según KHOU, “si vives en condados como Harris, Fort Bend, Montgomery o Dallas, entre otros, todavía necesitarás realizar la prueba de emisiones para tu vehículo”. Este requisito se ampliará a Bexar County en noviembre de 2026. Esta medida se mantiene para garantizar que los vehículos no contribuyan en exceso a la contaminación del aire en áreas metropolitanas clave como Houston y Austin.

Vehículos sin registro pagarán el doble de cuota

Por su parte, el medio KXAN señala que “la cuota de reemplazo de 7.50 dólares no es un aumento en el costo del registro vehicular”, sino que sustituye los ingresos antes obtenidos mediante las inspecciones de seguridad. El Departamento de Seguridad Pública de Texas explicó que estos ingresos continúan apoyando programas estatales, incluyendo la construcción y la expansión de carreteras estatales. Para vehículos nuevos que no han sido previamente registrados ni en Texas ni en otro estado, se aplicará un costo inicial de 16.75 dólares para cubrir dos años de registro.

Los vehículos comerciales no están exentos de la obligación de realizar inspecciones anuales de seguridad, según informes de KHOU. Este segmento de vehículos, que incluye a aquellos utilizados para propósitos comerciales en todos los condados, seguirá sometiéndose a inspecciones anuales regulares como antes, asegurando así un estándar de seguridad continuo para los vehículos que suelen recorrer distancias más largas y transportar mayores cargas.

La responsabilidad de cada vehículo es de su propietario, afirman autoridades

Además, San Angelo Live resalta que las implicaciones de esta ley han generado discusiones sobre la responsabilidad de los conductores de mantener sus vehículos en condiciones seguras sin la obligatoriedad de una inspección estatal, “la seguridad vehicular ahora será una responsabilidad personal”, afirmaron representantes del Departamento de Vehículos a Motor de Texas en su comunicado.

Este cambio legislativo, aunque ahorra tiempo al no requerir visitas a centros de inspección, sigue emitiendo un cobro adicional de 7.50 dólares para los registros anuales en el Departamento de Vehículos a Motor de Texas. Esta tasa ha sido motivo de debate, ya que no representa una disminución real en costos para los conductores, pero sí elimina una obligación administrativa.

La eliminación de la inspección anual de seguridad para vehículos no comerciales marca un cambio significativo en las políticas de transporte en Texas, trasladando la responsabilidad del mantenimiento de los vehículos a los conductores, mientras que las pruebas de emisiones y los requisitos para vehículos comerciales aseguran la continuidad de los estándares de seguridad y ambientales en el estado.

La situación económica del Gobierno colombiano no es la mejor. Además de que se anunció un recorte de $28 billones para el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2024, ante el fracaso de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en el recaudo de impuestos para este año, se suma la necesidad de sacar adelante una nueva ley de financiamiento o reforma tributaria para financiar el PGN de 2025, cuyo monto no fue aprobado por el Congreso de la República y tendrá que ser establecido por decreto por el presidente Gustavo Petro.

Dicha reforma, que será la segunda del actual mandatario, buscará recaudar $12 billones con modificaciones al impuesto de renta para personas naturales, así como el que tiene que ver con el carbono y el corporativo, que se ubica en 35% y es uno de los más altos a nivel mundial.

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Pese al poco ambiente que hay entre senadores y representantes a la Cámara para que surta trámite, el texto de la misma ya se radicó en el Congreso, pero hasta hoy no se sabía con exactitud cuándo empezaría a ser debatido de manera formal.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dio claridad sobre la situación. Durante rueda de prensa en el XXI Congreso Nacional de la Infraestructura, el funcionario aseguró que ya hay cierto tipo de avance. Informó que hay ponentes y resoluciones para convocatoria a reuniones conjuntas y está el proceso de construcción de una ponencia.

“Esa construcción de la ponencia debe terminar el lunes próximo (2 de diciembre). Sí tenemos la ponencia identificada, el lunes se podrá convocar a sesiones conjuntas y seguir avanzando en los temas”, informó.

Varios acuerdos previos

De igual manera, Bonilla aclaró que en esas discusiones que hay sobre la ponencia ya se tienen varios acuerdos preliminares de temas sobre los cuales no hay ninguna discusión, así como hay temas sobre los que existen objeciones.

Avances en varios puntos

Al respecto, dio a entender que hay avances en varios puntos: “A todos nos Interesa reducir la tasa de renta corporativa. La discusión que existe allí es qué hacemos con el régimen simple: ¿Funcionó o no funcionó? ¿Lo dejamos? ¿No lo dejamos? ¿Y si no lo dejamos, si se puede mantener la tasa de impuesto a renta de 27% para todas las microempresas? Si lo dejamos, aquí la discusión es sobre si no podría existir la tasa del 27%, y el simple es una tasa sobre los ingresos brutos”.

Recordó que, para este último, hay dos formas de gravarlo y lo que demostró la Dian es que es más eficiente llevarlo a una tasa sobre las utilidades y no sobre los ingresos brutos, por lo que, entonces, hay una discusión sobre ese tema.

IVA juegos de suerte y azar

De igual forma, Bonilla profundizó en el impuesto que se quiere incluir y afecta de manera directa a los juegos de suerte y azar.

Para él resulta absolutamente ilógico que los juegos de suerte y hacer físicos estén gravados y las plataformas no. Frente a esto, precisó que las plataformas son las que mas han tenido evolución, ya que en los últimos años, pasaron de facturar $16 billones en 2022 a facturar $36 billones en 2023. Y este año, a agosto, $25 billones, lo que significa que puede terminar el año facturando $45 billones.

“Resulta absolutamente ilógico que no estén pagando impuestos cuando es un negocio real y total, en donde el impuesto lo pagan son los apostadores y las casas de apuesta solo pagan el impuesto de renta. Ellos están magnificando la idea de que se van a quebrar porque van a pagar el IVA, pero ellos no pagan IVA. La vieja figura que existe en Colombia es que los recaudadores del IVA son los que lo pagan, pero no, una cosa es el recaudador y otra es ser el que lo paga, que es el apostador”, aclaró.

Señaló que ya lo están pagando en las apuestas físicas y la discusión es qué pasa en la plataforma. Asimismo, cuestionó que sería bueno saber cuál es el lobby que están haciendo las casas de apuesta en el Congreso.

Hacer empresa en Colombia se está poniendo cada vez más difícil. La situación económica del país, en donde la inflación sigue alta (5,41%, según el Dane), la tasa de interés se redujo en los últimos meses, pero sigue siendo muy costosa (9,75% la del Banco de la República) y el dólar sigue caro (cerca de $4.400 durante noviembre), se suma a otros fenómenos, principalmente, en las regiones, donde todo parece que se pone cada vez más caro.

Por ejemplo, en Sogamoso (Boyacá), Barranquilla (Atlántico) y Antioquia serían algunos de los lugares más costosos para desarrollarlas, a causa del incremento en las facturas de energía eléctrica.

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Así lo confirmó el presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Rodolfo Correa. El dirigente indicó qué pasa en cada uno de estos lugares:

• Sogamoso: la alcaldía y el cabildo presentaron un proyecto para tercerizar el servicio de alumbrado público, hecho que encarecerá el recibo de la luz, según consta en denuncia efectuada en la Procuraduría General de la Nación.

• Antioquia: el gobernador Andrés Julián Rendón espera a que le aprueben en la Asamblea departamental un impuesto parecido al de Sogamoso, lo que encarece el costo del servicio.
• Barranquilla: la situación es insostenible. La razón principal es porque las fuerzas vivas aprobaron lo que se pretende hacer en Antioquia y Boyacá.

“Estamos pidiendo los estudios y no los tienen. Son decisiones políticas que van a afectar la generación de empleos al reducir las ya muy pocas utilidades de pequeños y medianos empresarios y emprendedores con la creación de nuevos impuestos que se verán reflejados en las facturas”, lamentó Correa al señalar que esto, evidentemente, golpeará la economía de las regiones.

Llamado a Asambleas y cabildos

Por lo anterior, Acopi hizo un llamado a las Asambleas Departamentales de todo el país y a los cabildos de las ciudades para que no aprueben propuestas sin estudios previos como al parecer sucede en Sogamoso y Antioquia, y que, en su lugar, se busquen alternativas que no afecten a pequeños y medianos empresarios.

De igual forma, el gremio le solicitó a los entes de supervisión, control y vigilancia que evalúen estas propuestas para verificar si están dentro de la ley.

Qué dicen alcaldías y gobernación

No obstante, desde las diferentes administraciones se han pronunciado al respecto. Anteriormente, el 31 de octubre de 2024, la Alcaldía de Sogamoso informó que personas inescrupulosas, motivadas por intereses políticos, buscan crear confusión entre la ciudadanía. Por lo tanto, expuso tres puntos:

1. Que no es necesario incrementar las tarifas del impuesto de alumbrado.
2. Que esta administración decidió modernizar la prestación del servicio de alumbrado público para expandirlo y mejorarlo, pero sin necesidad de aumentar el costo para los usuarios.
3. La administración tiene la convicción de modernizar, ofrecer más y mejores servicios, y ejercer la función pública con transparencia. Por ello, “es necesario dejar absolutamente claro que ni la Alcaldía ni el Concejo Municipal de Sogamoso han modificado tarifa alguna en lo que respecta al alumbrado público”.

Mejoras a la seguridad y convivencia

Entretanto, de acuerdo con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se busca que la ciudadanía contribuya en las mejoras para la seguridad y la convivencia del departamento, pero aclaró que se trata de una medida que sería aplicada, de manera exclusiva, para las viviendas de estratos 4, 5 y 6, además de los sectores comerciales.

En la sustentación del proyecto, Rendón indicó que el dinero recaudado serviría para intervenir en el fortalecimiento de la tecnología en Antioquia, principalmente para la instalación de cámaras de seguridad; sumado a esto, la consolidación de una línea 123 que sea exclusiva del departamento y la adecuación de 5.000 placas polideportivas.

Adicional a ello, también servirá para la construcción de una cárcel en la región y mejorar la infraestructura de las estaciones de policía.

Con los objetivos trazados, Rendón indicó que en caso de ser aprobado, el proyecto recaudará $1,2 billones en dos años, con los que se espera cumplir con los proyectos explicados y de ser posible, varios que se añadirán en el proceso de implementación.

El impuesto del 4x1.000 en Colombia, tributo del Gobierno nacional en el que por cada $1.000 en algún tipo de movimiento financiero, hay que pagar $4, también conocido como gravamen a los movimientos financieros, ha sido objeto de críticas debido a su impacto en la bancarización y al incentivo al uso del efectivo.

Sin embargo, su recaudación es sencilla y representa un ingreso importante para las finanzas públicas, y alcanzó $10,5 billones hasta septiembre de 2024.

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Sobre este, la reforma tributaria de 2022, impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, introdujo cambios para flexibilizarlo. Así las cosas, en lugar de aplicarse a cada transacción, el gravamen se cobrará cuando los movimientos financieros mensuales de un usuario superen las 350 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a $16,4 millones. Esta modificación elimina la necesidad de marcar una cuenta de ahorro exenta del impuesto, un cambio que busca simplificar el proceso para los usuarios.

Los establecimientos supervisados por las superintendencias Financiera y Solidaria tienen hasta el 13 de diciembre de 2024 para desarrollar un sistema de información que permita verificar, controlar y retener el 4x1.000. Sin embargo, según Semana, hay normalidad con el papel de billeteras digitales como Nequi, Daviplata o Dale!, pero existen dificultades para integrar a las cooperativas, que juegan un papel importante en el sistema financiero al ofrecer servicios a comunidades que a menudo no tienen acceso a la banca tradicional,, lo que podría retrasar la implementación de la medida.

El impacto de esta flexibilización en el recaudo del impuesto es incierto. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) estima que los ingresos podrían disminuir un 2%, ya que no todos los colombianos poseen más de una cuenta de ahorro. En el país, al cierre de septiembre, había 45 millones de tarjetas de débito emitidas por 32 entidades supervisadas por la Superintendencia Financiera, lo que refleja la importancia de las cuentas de ahorro como principal instrumento de bancarización.

Operador del sistema de información

Por ahora, lo cierto es que TransUnion, empresa encargada de gestionar el historial crediticio de millones de colombianos, resultó designada como el operador del sistema de información para el impuesto.

La implementación de este cambio es visto como un paso hacia las llamadas “finanzas abiertas”, una política que busca que todas las entidades compartan su información para ofrecer mejores servicios y aumentar la competencia en un mercado concentrado en pocos actores. Este avance tecnológico es crucial para la flexibilización del 4x1.000 y representa un adelanto en la modernización del sistema financiero colombiano.

Eliminación del 4x1.000

En junio de 2024, el presidente de la Junta Directiva del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, ofreció una serie de claves para la reactivación económica de Colombia. Resaltó la importancia de acciones concertadas entre el Gobierno, los ciudadanos y el sector privado para impulsar el crecimiento económico.

Para él, la solvencia bancaria es un factor crucial. Al respecto, dijo que mantener un buen estado de solvencia, con un índice superior al 16%, es esencial para permitir a los bancos otorgar préstamos. “La solvencia de los bancos es crucial para determinar su capacidad de préstamo”, mencionó al añadir que la recuperación de los mercados y la generación de utilidades son fundamentales para alcanzar este objetivo.

Sobre la liquidez del sistema, sugirió que la educación financiera y la eliminación del impuesto del 4x1.000 serían excelentes fuentes de liquidez: “Otra excelente fuente de liquidez para el sistema provendría de clientes convencidos de las bondades de tranzar a través de la banca y no en efectivo”.

Al respecto, señaló que esta medida tendría un efecto positivo a largo plazo.

Lo que busca el Congreso de la República

Por otro lado, en agosto de 2024, tres congresistas de diferentes partidos radicaron un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que tiene como objetivo eliminar de manera gradual este impuesto. Christian Garcés, del Centro Democrático; Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, y Armando Zabarain, del Conservador, son los autores de esta iniciativa que propone suprimir dicho cobro en un plazo de siete años.

La estrategia planteada en el proyecto es hacer una reducción anual del impuesto de manera progresiva, que comenzaría en 2026. En ese año, el gravamen se reduciría a 3,5x1000, y se disminuiría en 0,5x1000 cada año hasta alcanzar una tasa de cero en 2033. Esto significa que “el impuesto sería de 3,5x1000 en 2026, y así sucesivamente hasta 2033″.

“La propuesta contempla un desmonte a siete años mediante una reducción anual de 0,05%, lo que equivale, según nuestras estimaciones, a $1,75 billones al año”, se explica en el proyecto de ley que ya está en la Cámara de Representantes. Además, se espera que estos recursos puedan recuperarse en parte por medio de la “reinversión de los recursos que las empresas dejarían de pagar en impuestos”, se lee en el documento.

Madrid, 6 nov (EFECOM).- La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha criticado este miércoles el futuro impuesto a la banca se ha regulado como "una multa a un sector que resulta antipático a la mayoría gubernamental" en lugar de como un tributo propio de un Estado de derecho.

En una nota remitida a los medios de comunicación, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, analiza la propuesta -recogida en una enmienda del PSOE a la ley del tipo mínimo de las multinacionales- de convertir el gravamen temporal bancario en un impuesto que estará en vigor, al menos, durante tres ejercicios.

De la Fuente carga contra la decisión de crear el impuesto con una enmienda "para evitar los preceptivos informes" que, en su opinión, podrían "plantear objeciones de calado a una propuesta de más que dudosa constitucionalidad".

También cuestiona el posible impacto del nuevo impuesto sobre el crédito y la competitividad del sector bancario y, sobre todo, el hecho de que grave un indicador de ingresos brutos cuando los beneficios ya están sujetos al impuesto de sociedades, lo que a su juicio "tiene difícil encaje" legal tanto por la falta de relación con la capacidad económica como por el riesgo de doble imposición.

"Tal como está configurada", resume, esta figura tributaria "es más bien una multa a un sector que resulta antipático a la mayoría gubernamental por razones ideológicas que un impuesto propio de un Estado de derecho", por lo que no supone un avance hacia la reforma fiscal "profunda y bien pensada" que el país necesita.

A un nivel más técnico, De la Fuente también se opone al establecimiento de una escala progresiva de tipos para el nuevo impuesto, ya que desincentivará el crecimiento de las entidades, y apunta que la concertación del tributo dará a las haciendas forales la posibilidad de modularlo o bonificarlo. EFECOM

El intendente de Necochea, Arturo Rojas, impulsó la creación de una tasa del 3% sobre las ventas de nafta, gasoil y GNC en las estaciones de servicio del distrito. Los fondos recaudados iban a ser destinados para reparar calles y mantener la vía pública del municipio. Sin embargo, la medida generó fuertes críticas en los concejales de la oposición y de entidades agropecuarias y, finalmente, naufragó como idea. “Fue retirada”, confirmó el jefe comunal a Infobae.

La propuesta, titulada “Tasa para el Mantenimiento de la red vial urbana municipal”, comenzó a debatirse este martes, luego de que la subsecretaria de la Agencia de Recaudación, Rocío Zabaljauregui, la presentó ante la Comisión de Economía del Concejo Deliberante de Necochea. Se iba a sumar al proyecto de Ordenanza Fiscal Impositiva 2025, que entrará en vigencia a partir del 1 de enero del próximo año. La intención oficial es que sea debatida este jueves, pero dependerá de las negociaciones entre los concejales.

El tributo que buscaba aplicar el jefe vecinalista, hoy cercano a Unión por la Patria, consistía en el cobro de un 3% por sobre cada litro o fracción de nafta, gasoil y GNC en todas las estaciones de servicio ubicadas en Necochea. Tenía algunas excepciones para la carga de combustible para vehículos que pertenecieran a la flota del transporte público, móviles policiales, vehículos municipales y camiones de más de 3500 kg, entre otros.

Sin embargo, la tasa generó resistencias de parte de la oposición y de los sectores agropecuarios de la comunidad necochense, como la Sociedad Rural de Necochea y Coninagro, que rechazaron la implementación de la tasa.

“La Municipalidad de Necochea, a través de la Ordenanza Fiscal Impositiva 2025, está creando una nueva tasa denominada ‘Tasa para el Mantenimiento de la red vial urbana municipal’, que supone un cobro del 3% a la carga de combustible en el distrito. A esta tasa, se le sumaría una Tasa Portuaria que encarecería la exportación y la importación de granos e insumos por intermedio del Puerto de Quequén”, publicó ayer Coninagro.

“Desde Coninagro no estamos de acuerdo con la creación de nuevos tributos, con fines meramente recaudatorios, y entendemos que puede ser por no bajar el excesivo gasto público, que termina pagando el contribuyente de una u otra manera. Esperamos que los miembros del Concejo Deliberante en la provincia de Buenos Aires, que deben estudiar y aprobar esta Ordenanza, respeten el mandato recibido en las urnas”, expresó Elbio Laucirica, productor de Rauch y titular de la entidad.

Con el mismo tenor, la Sociedad Rural de Necochea expresó también su preocupación por ese tipo de medidas. “En el proyecto de ordenanza presentado para ser tratado no solo se proponen aumentos de tasa totalmente desmedidos respecto de los índices de inflación, sino que se pretende sumar una nueva tasa del 3% al combustible dentro del partido de Necochea. Destacamos que la tasa por servicios rurales debería ser afectada a tal fin y debería determinarse de acuerdo a un presupuesto de costo del servicio y no de manera arbitraria”, advirtieron.

También mencionaron el cobro de la tasa adicional a la exportación e importación en Puerto Quequén, que fija el valor de medio litro de gasoil grado 3 por cada tonelada cargada o descargada. “Pareciera que el afán recaudatorio del intendente Rojas no tiene límite. Rechazamos este tipo de imposiciones abusivas e inconsultas. Proponemos humildemente desde nuestra institución que el municipio intente racionalizar un poco sus recursos y una mayor eficiencia en vez de ahogar a los vecinos y productores del distrito”, añadieron.

Junto a las entidades ruralistas, el bloque de concejales de la UCR necochense rechazó la creación de los gravámenes a los combustibles, al asegurar que esta podría generar un impacto negativo en los consumidores y en los costos del transporte local. “No estamos dispuestos a continuar analizando esta ordenanza si no se elimina esta nueva tasa de la discusión por considerarla abusiva”, adelantó el concejal Gonzalo Diez.

Para avanzar con el tratamiento de la reforma fiscal, el oficialismo tuvo que acceder a realizar varias modificaciones a la propuesta original, las cuales fueron solicitadas por la oposición. La propuesta incluye una actualización polinómica en forma trimestral de las tasas, y se mantiene el cobro a la mercadería vinculada con la importación y exportación que pasa por el puerto de Quequén.

Quienes conocen de cerca la dinámica política local señalan que el incremento de tasas en el municipio se están aplicando al sostenimiento de las rentas generales. Por lo tanto, no se aplica a obras específicas, lo que sería un tema de debate más amplio. Advierten que las cargas locales pueden afectar la afluencia de las toneledas graneleras al Puerto de Quequén, y estas decidan destinarse a otros puertos cercanos con tasas menos exigentes, como Bahía Blanca.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) empezó a establecer cambios importantes para hacer la declaración de renta para el año gravable 2024 y los años siguientes. Lo hizo por medio de la Resolución 188 del 2024, que modifica y amplía la anterior Resolución 162 del 2023, con lo que afecta tanto a personas naturales como jurídicas obligadas a presentar información exógena tributaria.

Dichos cambio, según la entidad que en la actualidad dirige Jairo Orlando Villabona, buscan optimizar el proceso de reporte de datos y proporcionar mayor claridad en los formatos requeridos.

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Dentro de las modificaciones más destacadas, la Resolución 188 introduce ajustes en diez artículos existentes y agrega 12 nuevos artículos. Los numerales 19 y 20 del artículo 1 son de particular relevancia, ya que especifican las obligaciones de los socios o accionistas en la enajenación de acciones y otros activos. Además, se detallan los requisitos que deben cumplir las entidades gubernamentales para acceder a beneficios tributarios.

Un cambio notable es la adición de un párrafo al artículo 6º de la Resolución 162. Este establece que, en situaciones donde no se pueda identificar al vendedor en una transacción, se debe reportar el tipo de documento como “43″ y el número de identificación “888888888″, utilizando la razón social “vendedor desconocido”. Este ajuste tiene como objetivo facilitar el reporte de transacciones en las que la identificación del vendedor es compleja o imposible.

Además, las alcaldías y distritos tendrán nuevas obligaciones de reporte. Deberán informar sobre los actos administrativos relacionados con la omisión de declaraciones tributarias en el impuesto de industria y comercio (ICA), así como las resoluciones que aprueben devoluciones y compensaciones, siempre que los ingresos brutos de los contribuyentes no superen las 100.000 unidades de valor tributario (UVT), que en la actualidad corresponde a $4.706.500.000.

Plazos para la presentación de información

La Resolución 188 también establece fechas límite para el reporte de la información, que variarán según el último dígito del número de identificación tributaria (NIT) del informante. Esta medida busca mejorar la organización y el orden en la entrega de datos exigidos por la Dian, tanto para grandes contribuyentes como para personas jurídicas y naturales.

De esta manera, los plazos de presentación de la información quedaron así:

Grandes contribuyentes:

Último dígito

• 1:

Décimo séptimo día hábil del mes de abril.

• 2:

Décimo octavo día hábil del mes de abril.

• 3:

Primer día hábil del mes de mayo.

• 4:

Segundo día hábil del mes de mayo.

• 5:

Tercer día hábil del mes de mayo.

• 6:

Cuarto día hábil del mes de mayo.

• 7:

Quinto día hábil del mes de mayo.

• 8:

Sexto día hábil del mes de mayo.

• 9:

Sétimo día hábil del mes de mayo.

• 0:

Octavo día hábil del mes de mayo.

Personas jurídicas y naturales:

Últimos dígitos

• 01 a 05:

Noveno día hábil del mes de mayo.

• 06 a 10:

Décimo día hábil del mes de mayo.

• 11 a 15:

Décimo primer día hábil del mes de mayo.

• 16 a 20:

Décimo segundo día hábil del mes de mayo.

• 21 a 25:

Décimo tercer día hábil del mes de mayo.

• 26 a 30:

Décimo cuarto día hábil del mes de mayo.

• 31 a 35:

Décimo quinto día hábil del mes de mayo.

• 36 a 40:

Décimo sexto día hábil del mes de mayo.

• 41 a 45:

Décimo séptimo día hábil del mes de mayo.

• 46 a 50:

Décimo octavo día hábil del mes de mayo.

• 51 a 55:

Décimo noveno día hábil del mes de mayo.

• 56 a 60:

Primer día hábil del mes de junio.

• 61 a 65:

Segundo día hábil del mes de junio.

• 66 a 70:

Tercer día hábil del mes de junio.

• 71 a 75:

Cuarto día hábil del mes de junio.

• 76 a 80:

Quinto día hábil del mes de junio.

• 81 a 85:

Sexto día hábil del mes de junio.

• 86 a 90:

Séptimo día hábil del mes de junio.

• 91 a 95:

Octavo día hábil del mes de junio.

• 96 a 00:

Noveno día hábil del mes de junio.

Nuevos formatos

Por otro lado, se volvieron a expedir ocho formatos existentes debido a errores en los instructivos para la elaboración de archivos en excel (XML), y se introdujeron 13 formatos nuevos. Estos cambios amplían las herramientas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Es importante destacar que no todas las modificaciones entrarán en vigor de inmediato. La normativa aclara qué cambios deben implementarse para el informe del año gravable 2024 y cuáles serán aplicables a partir de 2025, con lo que se otorgará así un plazo adicional para que los contribuyentes se adapten a las nuevas disposiciones.

Madrid, 30 oct (EFE).- PSOE ha registrado este miércoles enmiendas en la ley que fija un tipo mínimo para las multinacionales por las que, de salir adelante, el gravamen sobre la banca se convertirá en un impuesto y se gravará el líquido de los vapeadores.

De acuerdo a las enmiendas del grupo socialista, a las que ha tenido acceso EFE, el nuevo impuesto bancario seguirá gravando el margen de intereses y comisiones, aunque se permite una deducción del 25 % en el impuesto de sociedades y una deducción extraordinaria en caso de que la rentabilidad de la entidad baje de umbral. EFE

La Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, se basa en un sistema de pilares (semicontributivo, contributivo, solidario y de ahorro voluntario). Esta, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, tiene como objetivo principal mantener la protección de los ingresos fundamentales de los pensionados, mientras que aquellos con mesadas más altas deberán asumir ciertas obligaciones tributarias.

Es así que trae cambios muy importantes en el manejo de impuestos para las pensiones, con el fin de equilibrar las finanzas del país, pero con el cuidado por el poder adquisitivo de los pensionados mientras se busca una mayor equidad fiscal. Dichas modificaciones buscan no solo proteger los ingresos de aquellos que dependen de sus pensiones, sino también establecer un marco más justo para las contribuciones de quienes reciben mayores ingresos por estas vías.

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Al respecto, recientemente, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, destacó que estas disposiciones demuestran un compromiso con los derechos adquiridos de quienes ya cumplieron con los requisitos necesarios para recibir una pensión.

Dentro de los puntos más destacados de la nueva norma está la diferenciación de las cargas fiscales para las pensiones según su origen, ya sea nacional o desde el extranjero. De acuerdo con la misma, “los ahorros pensionales nacionales o internacionales de los residentes colombianos al pilar contributivo y al pilar de ahorro voluntario son exentos del impuesto al patrimonio”.

Este último, como es sabido, para 2024, hace referencia al tributo que grava las propiedades o patrimonios con valor neto igual o superior a 72.000 unidades de valor tributario (UVT) o $3.388.680.000 para el año gravable 2023. Anteriormente, este tributo se había determinado para que tuviera duración de dos o tres años, sin embargo, con la reforma 2277 de 2022 este impuesto se hace permanente a partir de 2023.

Protección sobre el poder adquisitivo

Con la movida, el Gobierno asegura que se mantiene la protección sobre el poder adquisitivo de los retirados.

Sin embargo, no todas las pensiones estarán exentas de impuestos. Aquellos pensionados que reciban más de 1.000 UVT), que equivalen a $47.065.000 al mes, deberán tributar por la porción de los ingresos que supere este umbral. Esto significa que aquellos con ingresos cercanos a los a $47.065.000 van a tener que responder por impuesto a la renta, un ajuste que podría impactar a quienes reciben pensiones mayores.

La reforma también señala que ciertos servicios prestados no estarán sujetos a impuestos, como “los servicios prestados por las administradoras dentro del pilar contributivo y los servicios de seguros y reaseguros que prestan las compañías de seguros, para invalidez y sobrevivientes”.

Esto puede ser un alivio para quienes dependen de estos servicios como parte de su plan de pensiones.

Exención del impuesto de timbre

Un aspecto fundamental de la reforma es la exención del impuesto de timbre para los “actos o documentos relacionados con la administración del Sistema de Protección Social Integral”. Este movimiento está diseñado para facilitar la administración de pensiones y reducir costos para los usuarios del sistema, con el fin de promover un ambiente fiscal más amigable para los jubilados.

La implementación de estos cambios está prevista para julio del año próximo, lo que supondrá un tiempo de ajuste tanto para los entes administrativos como para los beneficiarios de las pensiones. Este tiempo permitirá que se desarrollen las reglamentaciones necesarias para aplicar las disposiciones de manera clara y efectiva, asegurando que tanto las administradoras de pensiones como los pensionados entiendan completamente sus obligaciones fiscales bajo el nuevo régimen.

Londres, 30 oct (EFECOM).- El primer Presupuesto general del Gobierno laborista británico, presentado este miércoles por la ministra de Economía, Rachel Reeves, ante el Parlamento, está marcado por subidas fiscales con las que erradicar un déficit presupuestario cifrado en 22.000 millones de libras (unos 26.300 millones de euros).

A fin de recaudar 40.000 millones de libras (casi 50.000 millones de euros), el Ejecutivo laborista prevé medidas como las siguientes:

- Incremento, desde abril, del 13,8 al 15 % a la contribución a la seguridad social de las empresas -y rebaja del umbral salarial al que empiezan a pagarla-.

- Subida del impuesto sobre ganancias de capital, que pasará del 10 al 18 % en su banda inferior y de un 20 a un 24 % en la alta. En el caso de las viviendas se mantendrá invariable en los actuales 18 y 24 %.

- Mantiene el impuesto de sociedades en el 25 % durante esta legislatura.

- Suprime el denominado régimen de 'no domiciliados', que exime de pagar impuestos en el Reino Unido a los millonarios con residencia fiscal en el extranjero.

- Subida al 38 % de la tasa sobre los beneficios de las empresas de hidrocarburos y congelación del impuesto sobre la gasolina.

- Mantiene invariables los impuestos sobre la renta, la cotización a la seguridad social y el IVA.

- Aumento desde abril del 6,7 % del sueldo mínimo nacional para mayores de 20 años, de 11,44 a 12,21 libras la hora (13,76 a 14,68 euros), y de 8,6 a 10 libras (10,34 a 12,03 euros) el salario por hora de los jóvenes entre 18 y 20 años.

- Destina un partida de 11.800 millones de libras (14.124 millones de euros) a la compensación de víctimas de un escándalo de transfusiones sanguíneas contaminadas, ocurrido en este país en la década de los 70.

- Incluye 1.800 millones de libras (2.155 millones de euros) para indemnizaciones a cientos de directores de sucursales de correos del Reino Unido, que fueron acusados erróneamente por presuntos delitos de fraude.

- Destina 2.900 millones de libras (3.475 millones de euros) para el presupuesto de defensa para llegar a un 2,5 % del producto interior bruto (PIB), con 3.000 millones (3.600 millones de euros) adicionales para apoyo militar a Ucrania.

- También destina 6.700 millones de libras (más de 8.000 millones de euros) a mejorar las instalaciones y servicios en la escuela pública, incluidos desayunos gratuitos en la primaria.

- Inversión de 5.000 millones de libras (casi 6.000 millones de euros) en apoyo a la construcción de nueva vivienda asequible. EFECOM

Hasta el próximo 15 de noviembre, los agentes retenedores del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros (ICA) que hayan practicado retenciones en el quinto bimestre, correspondiente a septiembre y octubre, podrán declarar y pagar su obligación.

Para hacer el trámite, los contribuyentes pueden ingresar a la página web de la Secretaría de Hacienda de la ciudad; https://www.haciendabogota.gov.co/, luego dirigirse a la parte superior y hacer clic en el botón “Pagos Bogotá” y seleccionar “Impuestos”.

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Desde allí, podrán efectuar la declaración y el respectivo pago por medios electrónicos o descargar el recibo para abonarlo de manera presencial en las entidades bancarias autorizadas. El próximo vencimiento de ReteICA correspondiente al sexto bimestre: será el 17 de enero de 2025.

La Secretaría de Hacienda recordó a los contribuyentes que todos los servicios prestados por la entidad son gratuitos y no se recomienda acudir a tramitadores. En caso de tener dudas o consultas sobre impuestos distritales, los ciudadanos pueden utilizar los canales oficiales de atención.

Qué es el ReteICA

El ReteICA es el impuesto de industria y comercio que deben pagar quienes llevan a cabo actividades industriales, comerciales o de servicios en Bogotá, ya sea de forma continua o esporádica. Este impuesto aplica tanto para quienes tienen un local comercial específico como para aquellos que no cuentan con un establecimiento fijo.

Quiénes son agentes retenedores del impuesto de Industria y Comercio

Los agentes retenedores del impuesto de industria y comercio son:

• Entidades de derecho público.
• Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

• Los designados como agentes de retención del impuesto de industria y comercio según la resolución DDI-000305 del 16 de enero de 2020, expedida por la Dirección Distrital de Impuestos.
• Intermediarios o terceros que intervengan en operaciones económicas en las que se genere la retención del impuesto de industria y comercio, de acuerdo con lo que defina el reglamento.

Cuáles son las obligaciones de un agente de retención del impuesto de industria y comercio

Según el artículo 13 del Acuerdo 65 de 2002, los agentes retenedores del impuesto de Industria y Comercio deberán cumplir con la expedición anual de un certificado de retenciones que incluya los siguientes datos:

• Año gravable y ciudad donde se consignó la retención.
• Apellidos y nombre o razón social y NIT del retenedor.
• Dirección del agente retenedor.
• Apellidos y nombre o razón social y NIT de la persona o entidad a quien se le practicó la retención.
• Monto total y concepto del pago sujeto a retención.
• Concepto y cuantía de la retención efectuada.
• La firma del pagador o agente retenedor.

Alivios tributarios

La Secretaría de Hacienda reportó que los ciudadanos que quieran ahorrar un 80% en las deudas con Bogotá podrán aprovechar los alivios hasta el 13 de diciembre. Este descuento se obtiene solo si el contribuyente paga el 100% del total de la deuda y el 20% de las sanciones e intereses.

“Los bogotanos con deudas tributarias y no tributarias con el Distrito siguen aprovechando los alivios tributarios que la Secretaría de Hacienda ha establecido. Con corte al pasado 29 de octubre, la entidad recibió pagos por más de $144.000 millones provenientes de deudas y sanciones que algunos ciudadanos tenían con Bogotá”, indicó la dependencia.

De igual manera, esta tiene a disposición para que los bogotanos consulten si tienen deudas sin pagar con el Distrito en este enlace y ponerse al día. En el mismo se informa que hasta el 13 de diciembre de 2024 es la fecha límite para pagar con alivios tributarios y aplica para obligaciones en etapa de cobro, obligaciones en mora y obligaciones no tributarias

A partir del 13 de diciembre de 2024, los colombianos experimentarán un cambio en el impuesto del 4x1.000, que afecta los movimientos financieros, según una reforma tributaria aprobada en 2022. Este impuesto, que cobra $4 por cada $1.000 movilizados en transacciones como transferencias, retiros o pagos, verán modificadas las condiciones de exención.

Hasta ahora, los contribuyentes podían designar una sola cuenta bancaria como exenta del impuesto, sin importar el volumen de transacciones en otras cuentas.

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Sin embargo, la nueva normativa permitirá que todas las cuentas de un usuario queden libres de este gravamen, siempre que el total de movimientos mensuales no supere las 350 unidades de valor tributario (UVT), lo que equivale a $16.472.750 en 2024.

Este cambio busca aliviar la carga tributaria de los ciudadanos, ya que permitirá que aquellos con transacciones mensuales por debajo del umbral establecido disfruten de la exención completa en todas sus cuentas. Por ejemplo, un usuario con tres cuentas que mueve $5.000.000 en cada una, lo que totaliza $15.000.000 al mes, estará exento del pago del 4x1.000, y así elimina la necesidad de elegir una cuenta única para la exención.

La implementación de este cambio dependerá de la adecuación de los sistemas de información que tengan las entidades financieras, conforme a lo estipulado en el artículo 65 de la Ley 2277. Esta medida proporcionará a los colombianos mayor flexibilidad en las transacciones financieras y reducirá la carga. impositiva sobre sus cuentas bancarias.

Eliminación del 4x1.000

En junio de 2024, el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, ofreció una serie de claves para la reactivación económica de Colombia. Resaltó la importancia de acciones concertadas entre el Gobierno, los ciudadanos y el sector privado para impulsar el crecimiento económico.

Para él, la solvencia bancaria es un factor crucial. Al respecto, dijo que mantener un buen estado de solvencia, con un índice superior al 16%, es esencial para permitir a los bancos otorgar préstamos. “La solvencia de los bancos es crucial para determinar su capacidad de préstamo”, mencionó al añadir que la recuperación de los mercados y la generación de utilidades son fundamentales para alcanzar este objetivo.

Sobre la liquidez del sistema, sugirió que la educación financiera y la eliminación del impuesto del 4x1.000 serían excelentes fuentes de liquidez: “Otra excelente fuente de liquidez para el sistema provendría de clientes convencidos de las bondades de tranzar a través de la banca y no en efectivo”.

Al respecto, señaló que esta medida tendría un efecto positivo a largo plazo.

Cómo solicitarle a un banco que no le cobre más el impuesto del 4×1000 en su cuenta de ahorro

Existe la posibilidad de eximir una cuenta de ahorros de este impuesto, lo que significa un alivio significativo para los titulares de dichas cuentas. Para solicitar la exención del 4×1000 se deben cumplir ciertos requisitos estipulados por las entidades bancarias. Se debe cumplir con lo siguiente:

• Que la cuenta de ahorros tenga un titular único, es decir, que no debe haber otros co-titulares en la cuenta.

• Es obligatorio no tener otra cuenta de ahorros exenta del 4×1.000 en ningún banco, ya que el beneficio solo se concede a una cuenta por persona.
• Según el reglamento bancario, los movimientos mensuales en la cuenta no deben superar los $14.800.000, ya que, si este monto se sobrepasa, se cobrará el impuesto a partir del mes siguiente.

El proceso para solicitar la exención puede variar entre distintas entidades bancarias, no obstante, en términos generales, incluye pasos típicos. Los clientes deben seguir los siguientes pasos:

• Comunicarse de manera directa con su entidad bancaria, ya sea por la banca virtual, la línea telefónica de atención al cliente, o acudiendo personalmente a una sucursal.
• Una vez establecida la comunicación, deben solicitar la exención del 4×1000 en sus cuentas de ahorro. Después, la entidad bancaria les informará sobre la documentación necesaria para procesar dicha solicitud, generalmente incluyendo el documento de identidad original y la prueba de titularidad de la cuenta de ahorros.
• Una vez presentada toda la documentación requerida, la entidad bancaria procederá con la solicitud y, de ser aprobada, se informará al titular de la cuenta.

Sevilla, 25 oct (EFECOM).- La Junta de Andalucía ha alzado la voz ante la posibilidad de que el Gobierno central haga permanente el "impuestazo" a las energéticas, ya que "pone en riesgo" una inversión de Cepsa de más de 3.000 millones en el valle del hidrógeno verde localizado en las provincias de Huelva y Cádiz.

De esta forma han reaccionado la consejera de Economía y portavoz del gobierno andaluz, Carolina España, y el consejero de Industria, Jorge Paradela, a la noticia de que Cepsa ha acordado paralizar o ralentizar las inversiones relativas al hidrógeno verde en España en el supuesto de que el impuesto, hasta ahora temporal y extraordinario, a las grandes energéticas en España se haga permanente.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el consejero de Industria ha acusado al gobierno de poner en riesgo con su "voracidad fiscal" una inversión de 3.000 millones y 10.000 empleos en Andalucía con el proyecto de Cepsa de un corredor del hidrógeno verde.

Ha sostenido que son los proyectos de mayor envergadura en la hoja de ruta de España en relación con el hidrógeno renovable y los de "mayor calado en inversión y empleo" y, además, ha censurado que con esa decisión España también pondría en riesgo sus planes de lucha contra el cambio climático y de liderar el proceso de descarbonización de la economía dentro de la UE.

Paradela ha incidido en que las inversiones de Cepsa en Huelva y Cádiz para construir el denominado valle andaluz del hidrógeno verde es un proyecto emblemático para el plan nacional de energía y clima y supone más del 20 % de la producción de hidrógeno verde que se plantea España.

Por tanto, ha afirmado que el "impuestazo es una incoherencia con los planes de descarbonización del gobierno" central y se ha preguntado dónde está la seguridad jurídica, ya que decisiones de este tipo desvían las inversiones hacia otros países, ha advertido.

En el mismo sentido, la consejera de Economía ha acusado al gobierno de "ahuyentar a las empresas" mientras la Junta trabaja "para traer riqueza y empleo" a esta tierra que "se puede perder por culpa de un gobierno más preocupado de su supervivencia que en resolver los problemas de los ciudadanos".

Carolina España ha garantizado que Andalucía "no se va a quedar de brazos cruzados" si el Ejecutivo convierte en permanente el impuesto a las eléctricas y usará todos "los instrumentos legales, institucionales y sociales si hace falta para evitar que se permita bonificar el gravamen a unas comunidades sí y a otras, no". EFECOM

En un avance muy importante hacia la inclusión financiera, Colombia ya empezó a ver cómo la mayoría de sus entidades financieras decidieron eliminar los costos por transferencias inmediatas entre diferentes cuentas bancarias, en un esfuerzo por modernizar el sistema financiero y facilitar la bancarización.

Dicho desarrollo busca derribar desde ya las barreras que hasta hace poco obstaculizaban la adopción generalizada de los métodos de pago digitales. Servicios como Transfiya tienen un papel protagónico en esta transformación al permitir a los usuarios hacer transferencias sin costo alguno, con un tope diario de $3.000.000.

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La gratuidad de estos servicios es vista como un impulso notable hacia un ecosistema financiero más accesible y eficiente. La eliminación de los costos transaccionales para las transferencias tiene el potencial de disminuir la dependencia del efectivo, un modo de pago predominante en varias regiones del país. Esta transformación no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también puede fomentar la formalización económica y una mayor conectividad financiera entre los colombianos.

Democratización del acceso a los servicios financieros

El vicepresidente de Planeación y Negocio en ACH Colombia, Erwin Schaefer, destacó que “con la eliminación paulatina de costos en las transferencias inmediatas, estamos democratizando el acceso a servicios financieros, permitiendo que más colombianos se conecten y participen en la economía digital”.

Dicho enfoque representa un avance clave hacia un sistema financiero más inclusivo y equitativo. La adopción de tecnologías de transferencia inmediata, como Transfiya, también facilita la transición hacia una economía en la que los pagos digitales son la norma, lo que reduce así el uso del efectivo.

Sin embargo, se advierte que, aunque la mayoría de las entidades bancarias no cobran por estas transferencias, es recomendable que los usuarios revisen los términos y condiciones de cada institución, ya que pueden existir excepciones o estipulaciones específicas que afectan la experiencia del usuario. En este contexto, la transparencia de las condiciones es vital para garantizar que todos los usuarios puedan beneficiarse por igual de estos avances tecnológicos.

El creciente uso de herramientas digitales para agilizar transacciones entre cuentas bancarias diferentes se traduce en un notable avance hacia la formalización económica en Colombia. Al respecto, se destaca que estas iniciativas no solo aumentan la eficiencia, sino que promueven una mayor participación en el ecosistema financiero del país, transformando la manera en que los manejan y transfieren su dinero colombiano diariamente.

Bre-B, el nuevo sistema de pagos gratuito

La información se confirma en medio de la adaptación de Bre-B, el nuevo sistema que promete transformar el panorama de pagos en Colombia y que permitirá hacer transferencias gratuitas entre bancos durante los próximos tres años.

La directora del Departamento de Sistemas de Pagos del Banco de la República, Ana María Prieto, informó sobre los avances en el desarrollo de dicho sistema. Durante su intervención en el Foro Sistema de Pagos Inmediatos, explicó que Bre-B, como es conocido el nuevo sistema, se encuentra en la fase tres de cinco, lo que confirma su operación para septiembre de 2025.

Esta es una de las iniciativas del banco que busca modernizar y generar eficiencia en los pagos de bajo valor en el país.

El sistema de cobros para las transacciones fue diseñado para comenzar con una tarifa promocional de $0 durante sus primeros tres años de funcionamiento, confirmó la funcionaria. Enfatizó en que una vez superado este período inicial, “el cobro será de $3,23 aplicable a cada punta, resultando en un total de $6,46 por transacción a los sistemas de pagos de bajo valor”. Esta estrategia tarifaria busca incentivar el uso del sistema mientras se establece en el mercado.

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, en la misma línea de Prieto, anotó que espera que el esfuerzo del Emisor brinde las condiciones necesarias para que el ecosistema mejore en precios, cobertura, calidad y variedad en la oferta de servicios de pago.

“Es deseable que el mercado converja a una tarifa $0 en las transferencias entre personas, al tiempo que siga fortaleciendo su propuesta de valor en los pagos a negocios, a partir de modelos de adquirencia competitivos con elementos de valor agregado al comercio”, precisó.

Colombia se encuentra en plena temporada de presentación de la declaración de renta correspondiente al año gravable 2023 en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), un proceso que puede resultar en un saldo a favor para algunos contribuyentes. Este saldo a favor surge cuando los aportes en retención a la fuente y anticipos sobre la renta superan el monto que realmente se debe pagar por el impuesto de renta.

Es importante destacar que no todas las personas que deben declarar renta están obligadas a pagar el impuesto. Dicho trámite se basa en los ingresos y gastos del año anterior, lo que significa que este año los colombianos declaran sus actividades económicas de 2023. Algunos contribuyentes pueden encontrar que no tienen deudas con la entidad tributaria ni un saldo a favor, lo que indica un equilibrio en su situación fiscal.

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Para aquellos que sí tienen un saldo a favor, existen tres escenarios posibles. Son los siguientes:

• Si el saldo a favor es bajo y se prevé que en 2025 se deba pagar el impuesto debido a un aumento en los ingresos, se puede conservar este saldo para usarlo como medio de pago en la próxima declaración. En caso de que el saldo sea alto, los expertos sugieren solicitar su devolución a la Dian, lo que podría ser útil para hacer inversiones o pagar deudas.
• Cuando hay un saldo a favor y también una tarifa de impuesto sobre la renta a pagar. En este caso, se recomienda utilizar el saldo a favor para cubrir de manera total o parcial el impuesto, restándolo del monto a pagar en el mismo trámite de declaración.

• Si el saldo a favor es considerablemente alto, se aconseja usar una parte para pagar el impuesto correspondiente al año y solicitar la devolución del resto. Para esto, es necesario recopilar pruebas de los pagos de retención en la fuente de años anteriores y presentarlas en la Dian para justificar que los impuestos se pagaron de forma correcta y a tiempo.

Este proceso de declaración de renta y manejo de saldos a favor es muy importante para la planificación financiera de los contribuyentes, quienes deben estar atentos a las recomendaciones de los expertos para optimizar sus recursos y cumplir con sus obligaciones fiscales de manera eficiente.

Requisitos generales de la solicitud de devolución

Los requisitos generales de la solicitud de devolución o compensación son los siguientes:

• La solicitud de devolución o compensación deberá presentarse de manera personal por el contribuyente, responsable, por su representante legal, o por medio de apoderado, con lo que acredite la calidad correspondiente en cada caso.
• La solicitud deberá presentarse debidamente diligenciada (formatos que apliquen según la Resolución No.151 de 2012) en la forma que determine la Dian, que deberá acompañarse de los siguientes documentos físicos o virtuales:

• El certificado de existencia y representación legal debe estar actualizado. La Dian verificará la información registrada por medio del Registro Único Empresarial (RUE). En caso de que las declaraciones objeto de tu solicitud se encuentren firmadas por un representante legal o revisor fiscal diferente al que en la actualidad se encuentra registrado en la Cámara de Comercio, deberá anexar certificado histórico.
• Copia del poder otorgado en debida forma cuando se actúe mediante apoderado
• Garantía a favor de la Nación (en este caso la Dian), otorgada por entidades bancarias o compañías de seguros, cuando el solicitante se acoja a la opción contemplada en el artículo 860 del Estatuto Tributario. Recuerde que es opcional.
• Confirmar si opta por la garantía anexar copia del recibo de pago de la prima correspondiente a la póliza otorgada por entidades bancarias o compañías de seguros.

• Tener el Registro Único Tributario (RUT) formalizado y actualizado ante la Dian y no haber sido objeto de suspensión ni cancelación, desde el momento de la radicación de la solicitud en debida forma hasta cuando se profiera el acto administrativo correspondiente que defina dicha solicitud. Esta misma condición se exige a los representantes legales y apoderados.
• La dirección que se informe en la solicitud de devolución o compensación deberá corresponder con la informada en el (RUT).
• Certificación de la cuenta bancaria que la fecha de expedición no sea superior a un mes expedida por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia

El Banco Mundial es una de las fuentes más importantes de financiamiento y conocimiento para los países en desarrollo, está integrado por cinco instituciones que se comprometieron a reducir la pobreza, aumentar la prosperidad compartida y promover el desarrollo sostenible. El mismo, recientemente, hizo varios reportes sobre el presente y las proyecciones a corto y largo plazo de la economía de Colombia, así como la de América Latina y el Caribe.

Por un lado, prevé un crecimiento del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional para el próximo año, lo que representa un incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto a la proyección anterior de 1,3%. Sin embargo, las expectativas para 2025 son moderadas, ya que se redujo el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,2% al 3%. Estas cifras reflejan un ligero ajuste en las expectativas del país.

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Por otro lado, la entidad dio a conocer en reciente informe que los impuestos a la riqueza podrían ser una herramienta eficaz para combatir la creciente desigualdad, tanto en Colombia como en el resto de los países de América Latina y el Caribe.

Mejoramiento en los servicios públicos

Según el mismo, denominado “Impuestos a la riqueza para la equidad y el crecimiento”, un enfoque en gravar la propiedad de los más ricos podría ayudar a generar el espacio fiscal necesario para mejorar los servicios públicos y fomentar el crecimiento económico.

En el documento se identifica una “paradoja del impuesto a la propiedad”, donde a pesar de que el 80% de la riqueza en la región está concentrada en bienes raíces, solo el 2% de los ingresos tributarios provienen de estos impuestos.

Además, en el mismo se compara la situación en América Latina con otras regiones, por lo que se destaca que mientras aquí se recauda solo el 2,7 % de los ingresos por medio de impuestos a la riqueza, América del Norte alcanza un 12,8%, en gran parte gracias a un mejor aprovechamiento. de los impuestos a la propiedad.

Empoderamiento a los gobiernos conocidos como subnacionales

Según este, una modernización de los sistemas de valoración y esfuerzos de recaudación en la región podría optimizar este potencial, con lo que se contribuiría hasta un 3% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, según se menciona en el informe, “pueden empoderar a los gobiernos subnacionales (entidades públicas vinculadas a la integración regional, desarrollo y también a personas del ámbito académico y/o privado) a carga de su recolección, incentivar un uso de la tierra más productivo y respetuoso con el medio ambiente, y alejar la carga fiscal del entorno empresarial”.

La entidad hizo énfasis en que la deuda pública de la región incrementó de manera importante, al pasar del 59,1% del PIB en 2019 a un 62,8 % en 2024.

Entonces, el elevado endeudamiento junto con los servicios de deuda dificulta la capacidad de crear espacio fiscal para el gasto y la inversión pública. El informe enfatiza que abordar esta situación es esencial para apoyar una “agenda de desarrollo más amplia”. En este contexto, se propone explorar distintos tipos de impuestos a la riqueza, especialmente a la propiedad, como señaló el Banco Mundial.

Mejoramiento en el recaudo

Además de los impuestos patrimoniales, el informe sugiere mejoras en la capacidad administrativa y la recaudación para cerrar la brecha fiscal. En la actualidad, los impuestos a las corporaciones en Latinoamérica están entre los más altos a nivel mundial, con un promedio de 24,7%, lo que supera así los promedios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), de la que hace parte Colombia, y Asia.

Sin embargo, la contribución de los impuestos a la propiedad sigue siendo comparativamente baja, algo que, según el banco, podría ser corregido para fortalecer las finanzas públicas en la región.

Equidad y desarrollo sostenible

El informe también resalta que una adecuada reforma en los impuestos a la propiedad no solo incrementaría los ingresos, sino que también podría contribuir a una mayor equidad y desarrollo sostenible. Sin embargo, se advierte que tales reformas deben ser cuidadosamente planificadas para asegurar su progresividad y evitar afectar desproporcionadamente a los propietarios de bajos ingresos.

“Cerrar esta brecha es parte de una agenda de desarrollo más amplia”, declara el informe.

La iniciativa sigue adelante, pese a que hay artículos que generan polémica, debido a que las empresas señalan que generarán sobrecostos laborales. Uno de ellos, por ejemplo, es el que modifica la jornada laboral, ya que la nocturna pasaría a ser de 7:00 p. m. a 6:00 a. m., y no de 9:00 p. m. a 6:00 a. m., como está en la actualidad. Esto, por supuesto, obligará a las compañías a pagar dos horas más con recargo nocturno a quienes se desempeñen en ese horario.

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El rechazo a esta iniciativa es evidente y ahora la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Colombia (Acopi), gremio que preside Rodolfo Correa, dio a conocer nuevas conclusiones técnicas. Por medio de un comunicado dio a conocer lo siguiente:

- Es una reforma laboral que sólo cobija al 25% de la población en edad de trabajar.

- La reforma laboral vulnera el principio de autonomía de la voluntad de las partes y afecta el principio de libertad de empresa, cuando:

• Establece el contrato a término indefinido como regla general para la contratación.
• Obliga al pequeño empresario a mantener una planta de personal, incluso, en circunstancias en que la empresa no la necesite o no tenga la capacidad para sostenerla.

Continuidad de la act1ividad productiva

- La reforma laboral aumenta las cargas impuestas por el Estado para el desarrollo de la actividad del pequeño empresario, lo que disminuye las utilidades anuales y pone en riesgo la continuidad de la act1ividad productiva, cuando:

• Obliga a los empresarios a que el 5% de sus trabajadores sean aprendices del Sena y, en caso de que esta institución no los pueda proveer, impone un pago por monetización de 1,8 salarios mínimos legales vigentes ($2.340.000) por mes y por aprendiz no contratado, lo que constituye esto un impuesto a la nómina.

• Cambia la modalidad de vinculación de aprendices del Sena, al pasar de recibir un apoyo económico de la empresa a cambio de que aprendan, a convertirlos en trabajadores con toda la carga prestacional y económica para la empresa.
• Aumenta hasta en un 100% la indemnización existente por despido injustificado, lo que impide al pequeño empresario ajustarse a los cambios del mercado.

- El proyecto de reforma laboral vulnera el principio de presunción de la buena fe del pequeño empresario y judicializa por completo la relación laboral, al establecer, por ejemplo, que:

• En caso de renuncia del trabajador, este puede exigir judicialmente la indemnización por razones discriminatorias. Se desconoce así que ningún empleador contrata a un trabajador con la intención de despedirlo y que si esto se presenta es debido a situaciones imprevistas derivadas de la relación.

Disminución de la productividad del país

- La reforma laboral se enfoca en disminuir la productividad del país y aumentará el cierre de empresas al establecer:

• Aumento de la licencia de paternidad pasando de dos a seis semanas.

• Revive los dos días de la familia y las dos horas lúdicas semanales que fueron eliminadas en razón de la reducción drástica de la jornada laboral ya aprobada.
• En general, el sistema normativo laboral implicará que en Colombia se disminuya el periodo de producción y trabajo en 1,5 meses al año en comparación con el marco productivo hace diez años.

“Por todo lo anterior Acopi solicita, respetuosamente, al Congreso de la República abstenerse de aprobar dicha reforma que, entre otras cosas, no ha sido socializada con los órganos de representación sectorial, ni ha sido medida en los impactos económicos y sociales que generará”, finalizó el gremio de micro, pequeñas y medianas empresas.

Sídney (Australia), 1 oct (EFE).- El nuevo impuesto a los turistas en Nueva Zelanda, que casi triplica el anterior, hasta los casi 64 dólares, entró en vigor este martes para ayudar a sufragar el mantenimiento de los servicios públicos y la conservación del patrimonio nacional entre críticas de que haga descender el turismo.

Desde hoy, los visitantes que lleguen al país oceánico deberán abonar 100 dólares neozelandeses (63,4 dólares estadounidenses o 56,9 euros) por la Tasa de Conservación y Turismo de Visitantes Internacionales.

La nueva tarifa, que fue anunciada el pasado 3 de septiembre, contrasta con los 35 dólares neozelandeses (22,2 dólares estadounidenses o 19,9 euros) que se pagaban hasta ayer.

Se trata de un impuesto adicional a los costes de visado que comenzó hoy a aplicarse, entre problemas de acceso en días previos a la web del Ministerio de Inmigración del país oceánico para hacer los pagos en línea.

El Gobierno neozelandés defiende que este impuesto representa menos del 3% del promedio del gasto por visitante, y en septiembre justificó que ayudará a cubrir parte del costo que el turismo supone para el país, mientras desde la asociación independiente Industria del Turismo Aotearoa se teme que ahuyente a visitantes.

Cerca de 4,9 millones de turistas visitaron Nueva Zelanda en 2023 y aportaron a la economía alrededor de 11.000 millones de dólares neozelandeses (6.829 millones de dólares estadounidenses o 6.177 millones de euros), según datos oficiales.

wat/pav/alf

La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (Alta) expresó su profunda preocupación por el posible incremento del impuesto al carbono en Colombia, una medida que se propone en la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento que propone el Gobierno de Gustavo Petro y con la que se recaudarían $12 billones para financiar el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025, que sería de $523 billones.

Exactamente, la propuesta para el sector extractivo es que se aumenta la tarifa del impuesto al carbono, de $25.000 por tonelada a $75.000 y se modificará la destinación. También, los recursos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad y para el Fondo Colombia en Paz se mantienen en términos del monto que reciben en la actualidad.

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Al respecto, el director ejecutivo y CEO de Alta, José Ricardo Botelho, indicó que el aumento del impuesto al carbono afectaría de manera directa el precio del combustible de aviación, que representa más del 35% de los costos operativos de las aerolíneas en Colombia. Esto, según el directivo, inevitablemente, incrementaría el precio de los tiquetes aéreos.

El escenario financiero actual no es favorable para la industria aérea en Colombia. La Alta destaca que en 2023 el margen neto de la industria fue solo de un 1,36%, muy por debajo del promedio del 7,5% de las 1.000 empresas más grandes del país, según datos de la Superintendencia de Sociedades.

Costos adicionales para aerolíneas y pasajeros

Tal como mencionó Botelho, “este escenario financiero hace imposible que las aerolíneas asuman los costos adicionales sin que esto impacte a los pasajeros”.

Además del impacto directo en los precios de los tiquetes, la medida propuesta tendría un efecto dominó en varios aspectos económicos y sociales. Según el informe de la entidad, un aumento en los costos del transporte de carga encarecerá los productos para los colombianos y afectará la competitividad de las empresas que dependen del comercio internacional.

En este sentido, manifestó que “el impacto social es que el aumento en los costos afectaría la demanda de transporte aéreo de pasajeros y de otro lado, encarecerá el transporte de carga, impactando la competitividad de las empresas que dependen del comercio internacional y el precio final que pagan los colombianos por los productos”.

Aporte al crecimiento del PIB

La importancia de la industria aérea en la economía colombiana es innegable. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) citadas por Alta, en 2023, la contribución del transporte aéreo al Producto Interno Bruto (PIB) fue del 0,71%, lo que supone un aumento importante desde el 0,4 % de 2005.

Este sector mostró un crecimiento sostenido, con una tasa promedio anual del 6,8% de 2005 a 2022, lo que superó el crecimiento promedio de la economía colombiana, que fue del 3,8%. Botelho añade que “además, el transporte aéreo tiene un efecto multiplicador: por cada unidad de producción añadida, se genera casi USD2 adicionales en la economía”.

Impacto en el turismo

El turismo también se verá afectado por el aumento del impuesto. Migración Colombia indica que el 76% de los más de cuatro millones de turistas internacionales que visitan Colombia lo hacen por vía aérea, lo que genera un gasto significativo de USD4.269 millones para la economía colombiana. Tal como señala el informe de Alta: “De igual manera, las exportaciones del país se verían afectadas pues aunque ciertamente solo el 0,3% de las exportaciones por peso se hacen por vía aérea, estas representan más del 14% del valor total de las exportaciones”.

En el ámbito laboral, la medida también tendría repercusiones. La industria del transporte aéreo sostiene más de 600.000 empleos directos en Colombia y contribuye al 2,7 % del PIB, lo que subraya su papel crucial en la economía nacional. Se resalta que “el transporte aéreo ha mostrado un crecimiento sostenido en las últimas dos décadas, aumentando su participación en la economía del país”.

Por todo lo anterior, la Alta hizo un llamado al Gobierno Petro y los congresistas colombianos a reconsiderar el aumento del impuesto al carbono y adoptar medidas que no perjudiquen a una industria que es vital para el desarrollo económico y social del país.

La Administración Federal de Ingresos Públicos deberá publicar en los próximos días las nuevas escalas y deducciones del impuesto a los Ingresos Personales (antes conocido como “Ganancias”) para los salarios formales, en línea con las disposiciones del paquete fiscal aprobado por el Congreso, la ley 27.743 (sancionada por el Congreso junto con la llamada “Ley Bases”) que reimpuso el impuesto a los ingresos personales de los asalariados, la llamada “cuarta categoría” de alcanzados por el tributo.

En función de los datos de inflación de junio (4,6%), julio (4%) y agosto (4,2%), el nuevo mínimo, es decir el nivel por debajo del cual no hay retención por ese tributo, quedará hasta fin de año en $ 2,03 millones brutos para solteros y en $ 2,6 millones para un trabajador casado con dos hijos.

La nueva ley dispuso que “los montos previstos en el artículo 30 y en el primer párrafo del artículo 94 de la ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, se ajustarán excepcionalmente en septiembre de 2024 por el coeficiente que surja de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía, correspondiente a los meses junio a agosto de 2024″.

El ajuste que hay que hacer sobre las escalas y deducciones es para los salarios de septiembre que se van a cobrar en octubre. Luego los ajustes, se van a hacer en enero y en julio de cada año, por la inflación semestral.

El contador Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, explicó a Infobae que las nuevas escalas y deducciones a publicar por la AFIP se aplicarán “a los sueldos cobrados a partir del primero de septiembre hasta los sueldos cobrados hasta el 31 de diciembre de este año.

“Después cuando se hace la liquidación anual en marzo 2025, se calcula el retroactivo desde el primero de enero hasta el 31 de agosto de 2024 y se reliquida todo el año con las nuevas deducciones y escalas del impuesto”.

Esperando los datos oficiales

Si alguien cobró antes del 5 de septiembre el sueldo, explicó el especialista, “una vez que la AFIP publique en su micrositio las nuevas deducciones y escalas, cuando se liquide el próximo sueldo va a haber que hacerle un reajuste porque cobró en septiembre. En cambio, al que cobró agosto en agosto no se le va a reliquidar ese mes sino que cuando cobre septiembre se le van a aplicar las nuevas escalas y deducciones”.

En definitiva, ejemplificó, “si por ejemplo a un soltero que cobra $ 2 millones y le estaban reteniendo ganancias, supongamos hasta agosto, a partir de septiembre no se lo cobran más, pero no le devuelven lo que le estaban reteniendo, que deberían devolverle por la aplicación retroactiva a enero en la liquidación anual que se hace marzo del año próximo”.

De todas maneras, las empresas no pueden hacer estas liquidaciones hasta que la AFIP no publique las nuevas escalas y deducciones en su sitio, aunque se puedan hacer cálculos aproximados.

En el caso de las empresas que pagan por quincena, tendrán que esperar a que se publiquen los datos oficiales durante la próxima semana.

La ley 27.743 dispuso que a partir de 2025 la actualización de las escalas del “Impuestoa los Ingresos Personales” será por inflación y de frecuencia semestral, en enero y julio de cada año. La actualización de este año en septiembre es extraordinaria, por la evolución de los precios en el trimestre junio-julio-agosto, para evitar que la inflación provoque un desfasaje debido a la fecha en que se sancionó y la de entrada en vigencia.

La ley anterior era mucho más generosa en cuanto tenía un piso más alto, pero como no se actualizaban las escalas, la inflación hacía que los sueldos superaran más rápidamente el mínimo no imponible, a partir del cual eran alcanzados con una alícuota del 27 por ciento.

El rediseño del impuesto lo hizo mucho más gradual y progresivo, con alícuotas marginales que van creciendo desde el 5% al 35 por ciento.

En el nuevo proyecto de reforma tributaria o ley de financiamiento del Gobierno de Gustavo Petro están incluidos ajustes al impuesto al carbono, cuyo objetivo principal es desincentivar el consumo de combustibles fósiles. La propuesta se centra en una tarifa específica basada en el factor de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) para cada tipo de combustible.

El artículo 21 de la propuesta especifica que “el impuesto nacional al carbono tendrá una tarifa específica considerando el factor de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) para cada combustible determinado”. Además, detalla que “esto estará expresado en unidad de peso (kilogramos de CO2eq) por unidad energética (terajulios), de acuerdo con el volumen o peso del combustible. La tarifa corresponderá a 1,59 UVT por tonelada de carbono equivalente (CO2eq)“.

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Al respecto, la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce) hizo un análisis pormenorizado del impacto de esta reforma. De acuerdo con la evaluación, el nuevo impuesto implicaría “un alza de $425,29 por galón de gasolina y de $488,17 por galón de Acpm (diésel)”, lo que representa un incremento considerable de 2,5 y 2 ,6 veces, respectivamente. Estas cifras consideran el porcentaje real de mezcla de alcohol y diésel en un 10%.

El informe de Comce advierte sobre los posibles aumentos de precio, indicando que “el precio del galón promedio de la gasolina pasaría de $15.881,48 a $16.306,77; mientras que el diésel se incrementaría desde $9.711,24 hasta $10.199,41″. Sin embargo, estas cifras podrían ser aún mayores, ya que la norma tributaria establece que el nuevo impuesto aumentará “1% por encima de la UVT, con lo cual podría alcanzar un precio de $951,17 para gasolina y $1.089,18 para el diésel. “, lo que supondría un aumento de 5,8 y 5,6 veces, respectivamente. Esto, teniendo en cuenta que la unidad de valor tributario (UVT) en la actualidad es de $47.065.

Así las cosas, la reforma tiene el potencial de impactar de manera muy fuerte los costos al consumidor final, lo que afecta tanto a pequeños comerciantes como a conductores particulares.

Los expertos del sector energético manifestaron sus preocupaciones respecto al efecto de estas medidas sobre la economía doméstica y empresarial. A continuación, se presentan las principales hipótesis sobre cómo este ajuste influiría en distintos ámbitos sociales y económicos:

• Impacto en el costo de vida: el aumento en el precio de los combustibles podría traducirse en un incremento generalizado de los bienes y servicios, ya que el transporte es un componente crucial en la cadena de suministro. Los incrementos podrían ser mayores, hoy que en la norma tributaria se prevé que el nuevo impuesto aumente un 1% por encima de la UVT.

• Política energética y medioambiental: mientras que la finalidad del impuesto al carbono es reducir el uso de combustibles fósiles, la transición hacia fuentes de energía más limpias podría enfrentar obstáculos en términos de accesibilidad y costos de infraestructura. La Comce puntualiza que “el impacto se verá reflejado directamente en el costo de vida de los ciudadanos”.
• Competitividad del sector industrial: empresas que dependen de combustibles fósiles para la producción y transporte podrían verse obligadas a ajustar sus precios o buscar alternativas más sostenibles, lo cual puede ser un proceso costoso y prolongado.

Cómo quedó el precio del Acpm después del paro camionero

Los Ministerios de Minas y Energía; de Transporte; de Trabajo; del Interior y de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de las negociaciones con las bases del transporte de carga y pasajeros de Colombia, anunciaron que, a partir del 7 de septiembre, el precio del galón de Acpm (diésel) quedó en $9.856.

Esto, luego de que el mismo, entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, se ubicó en $11.360. Antes de esta fecha, el combustible cotizaba en $9.456. Con el ajuste actual, se evidenció un incremento neto de $400 frente al valor que se registró previo al aumento del mes pasado.

De igual manera, se conoció que el próximo ajuste, según el acta de compromiso firmada por el Gobierno nacional y las bases del transporte de carga y pasajeros, será de $400 por galón y se hará efectivo a partir del primero de diciembre de 2024.

“El compromiso con las bases del transporte de carga y pasajeros es un incremento en el precio del galón de Acpm de $800 al cierre de 2024. Dicho ajuste se repartirá entre $400 que entran a regir a partir del siete de septiembre, y $400 que entran a regir a partir del primero de diciembre de 2024″, precisó el Ministerio de Hacienda antes de conocerse el texto de la nueva reforma tributaria.

Por su parte, el 3 de agosto de 2024, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) informó que el precio promedio de referencia de venta al público para el galón de gasolina es de $15.985.

El presidente Gustavo Petro se refirió a la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento que presentó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al Congreso de la República con el fin de recaudar $12 billones que ayuden a financiar al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025, que sería de $523 billones.

Ante tantas críticas de expertos que aseguran que no es momento para presentar este tipo de iniciativas por la realidad económica del país, por medio de un hilo en X, el mandatario defendió lo que es, en sí, el proyecto que, según él, “no quieren que se apruebe”.

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De manera escueta, el mandatario precisó, en primer lugar, que se bajó el impuesto de renta de todas las empresas, menos carbón y petróleo. “Esto es reactivar”, dijo al confirmar que la misma bajaría, en caso de ser aprobada la propuesta, de 35% a 27,3% de forma gradual.

Opción tarifaria

Asimismo, informó que se pidió la autorización al Congreso de la República para financiar la opción tarifaria y pagar esa deuda de los usuarios de energía que creó el expresidente Duque, según él, con el presupuesto y bajar así, en parte, tarifas.

También apuntó que se autorizó, con el proyecto de Ley, que el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) pueda entregar créditos para mejoramiento de vivienda sin necesidad de hipoteca.

De igual forma, se excluye de IVA a los servicios hoteleros y turísticos para reactivar el turismo interno. También se excluye el IVA de la compra de vehículos para transporte público y carga que transiten a tecnología Euro VI, que establece límites más estrictos para las emisiones de gases de escape de los vehículos.

Otro punto que se propuso es el descuento de 50% de la inversión en energías limpias para que puedan convertirse en bonos negociables.

De igual manera, explicó cómo financiará las medidas de estímulos para la reactivación económica y disminuir el desbalance del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Sobretasa de renta al petróleo y al carbón

Al respecto, precisó que se mantiene la sobretasa de renta al sector petrolero y carbonero exportador. Entonces, para el sector extractivo, se aumenta la tarifa del impuesto al carbono, de $25.000 por tonelada a $75.000 y se modificará la destinación. También, los recursos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad y para el Fondo Colombia en Paz se mantienen en términos del monto que reciben en la actualidad.

Vehículos híbridos

Además, se modifica la tarifa del IVA de los vehículos híbridos y se pasa del 5% al 19%, que es la tarifa general.

Por otra parte, se elevó la ganancia ocasional en juegos de suerte y azar en 5 puntos porcentuales, por lo que pasaría de 15% a 20%. El de rifas y apuestas pasaría de 20% a 25%. Y propone un IVA del 19% para los juegos de suerte y azar operados de forma exclusiva en internet. Hoy las plataformas no pagan ese impuesto y quedarán al mismo nivel que los juegos localizados (casinos).

Dijo que se trae un año los objetivos de a regla fiscal y la volverá verde. Además, que se aumenta la tasa del carbón para importaciones.

Impuesto de renta

Finalizó el hilo al escribir que se aumentó el impuesto de renta a persona naturales a quienes ganen más de $130 millones mensuales y se empezará a cobrar el impuesto al patrimonio desde un nivel más bajo, pero para sectores ricos.

Según él, así este es el impuesto a los “superricos”. En resumen, anotó que la reforma llega a $12 billones sin tocar el bolsillo ni de los pobres, ni de la clase media, ni de la clase media alta.

La Federación Colombiana de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), en la que se asocian empresas como Betsson group, Codere, Fullreto, Rivalo, Rushbet, WPlay, Yajuego y Zamba, expresó su preocupación ante la reciente propuesta de reforma tributaria, denominada ley de financiamiento, impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro y que se radicó, el 10 de septiembre, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

El gremio se pronunció sobre la inclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la modalidad de juegos en línea en Colombia. Exactamente, tras la radicación del mismo, se conoció que se propone aumentar 5 puntos en la tarifa de ganancias ocasionales (tarifa general) del 15% al 20%. En el caso de rifas y apuestas pasa del 20% al 25%.

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Además, se propone un IVA del 19% para los juegos de suerte y azar operados de forma exclusiva en internet. Hoy las plataformas no pagan ese impuesto y quedarán al mismo nivel que los juegos localizados (casinos).

Al respecto, el gremio que preside Evert Montero Cárdenas hizo las siguientes aclaraciones:

• Hace siete años Colombia se convirtió en pionero en reglamentar la modalidad de juegos online para formalizar una actividad que no aportaba a las finanzas públicas ni a la salud de los colombianos. Desde entonces, 15 plataformas de apuestas deportivas suscribieron contrato de operación con Coljuegos y consolidaron una industria legal en el país.
• Los operadores de juegos on line funcionan en Colombia mediante un esquema de altos costos e inversión intensiva en tecnología, donde el retorno al jugador asciende a entre el 90% al 95% y tributa cerca del 20% en derechos de explotación que, posteriormente, se transfieren para la salud de los colombianos, además de otros impuestos como renta y demás.
• Se trata de un sector que genera más de 150.000 empleos entre directos e indirectos, entre operadores de juegos online y demás empresas que hacen parte de la cadena valor, donde muchos son población vulnerable, madres cabeza de hogar, población diversa o con situación discapacidad.
• El sector actualmente enfrenta un creciente fenómeno de ilegalidad enmarcado por numerosas plataformas de apuestas que no cuentan con autorización del regulador, afectando no solo la seguridad del jugador y las finanzas públicas, sino compitiendo de manera desleal con las 15 plataformas legales.

Dado lo anterior, Fecoljuegos advirtió que gravar con nuevos impuestos a un sector que ya registra altos costos, que ha sobrevivido pese al alto fenómeno de informalidad y que tiene numerosos tributos hace completamente inviable la actividad, significa no solo poner en riesgo los empleos de más de 150.000 personas en Colombia, sino el aporte de más de $400.000 millones en derechos de explotación para la salud de los colombianos, sin contar con otros impuestos como la renta.

Al respecto, la federación pidió fórmulas que permitan la competitividad y sostenibilidad del sector en el tiempo. Por lo tanto, instó al Gobierno a tomar medidas para combatir el asfixiante fenómeno de ilegalidad en los juegos de suerte y azar.

“No se trata de imponer nuevos gravámenes, sino de entender la importancia de que el sector crezca para que aumenten los aportes en derechos de explotación, en generación de empleo y en riqueza para el país”, puntualizó Fecoljuegos, que dejó abierta las puertas del diálogo para la construcción colectiva de una agenda país.

Problemas con el ahorro

Asimismo, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, señaló que el proyecto de reforma tributaria puede generar mayores cargas tributarias sin resolver el problema estructural del crecimiento económico.

Según ella, la reducción del impuesto a las empresas (del 35% al 27% de forma gradual) no se verá en el corto plazo, por lo que su impacto real en el crecimiento económico del país no es sustancial, mientras se carga aún más a la población con nuevos impuestos.

Adicionalmente, criticó que se fijan impuestos que afectan los ahorros y patrimonios no salariales.

“El nuevo impuesto al patrimonio desincentiva el ahorro y las inversiones de los colombianos que han diversificado sus ingresos a través de mecanismos de renta, acciones e inversiones. Es importante encontrar un equilibrio entre la recaudación y la creación de un ambiente propicio para el desarrollo económico, sin ahogar a los sectores productivos y a los ahorradores, en lugar de crear más impuestos”, apuntó la dirigente.

Recomendó que debería priorizarse la optimización de los recursos existentes, especialmente, en sectores donde la ejecución ha sido ineficiente y sería una medida más adecuada. Además, que se sugiere utilizar los recursos que se encuentran inmovilizados en los fideicomisos y reducir los aumentos en gastos de funcionamiento, sin comprometer la inversión en áreas productivas claves para el país.

La aplicación del Impuesto General a las Ventas (IGV) ha generado controversia en Perú, particularmente con la inclusión del 18% a servicios de streaming como la popular plataforma Netflix. La medida tiene como propósito regular la tributación de servicios digitales proporcionados por empresas extranjeras.

Los usuarios peruanos verán reflejado este incremento en el precio de las suscripciones en las próximas semanas de manera automática, sin necesidad de realizar ningún registro o trámite adicional.

¿Qué es la ‘tasa Netflix’?

La discusión sobre este pago adicional ha captado la atención no solo en medios de comunicación, sino también en redes sociales, donde numerosos ciudadanos han expresado su descontento por la aplicación del impuesto y a las repercusiones económicas que podrían generar.

Según explicó Juan Santivañez, Socio en BKR Santivañez, en conversación con Agencia Andina, la ahora llamada ‘tasa Netflix’ “corresponde al hecho de agregar al valor de venta del servicio el 18% por este impuesto al consumo; impuesto que siempre los compradores tenemos que pagar al adquirir bienes o servicios”.

De acuerdo con Santivañez, la medida no se trata de un ‘nuevo impuesto’, sino “incluir este servicio de streaming como afecto al impuesto, como ocurre con todos los servicios que existen, en un mercado formal. Es un escenario que ya se habían demorado en aplicar”, explicó para el mencionado medio.

Importancia de la ‘tasa Netflix’

El experto Santivañez sugiere que el verdadero enfoque del debate debería orientarse hacia el destino de los ingresos fiscales recaudados por este impuesto y en como ese dinero podría beneficiar a la población. Este cuestionamiento cobra relevancia debido a la aparente falta de costumbre de la ciudadanía de revisar el presupuesto general de la república o de fiscalizar la correcta ejecución del gasto público, funciones que incumben a la Contraloría General de la República.

La introducción de esta tasa a plataformas de streaming no es un fenómeno aislado. Según, Santivañez, en varios países se han implementado medidas similares para asegurar una competencia justa entre servicios digitales nacionales e internacionales. Además, las empresas peruanas actualmente cobran el 18% de IGV.

¿Qué plataformas de streaming podrían subir sus precios?

En una rueda de prensa organizada para medios locales, la Sunat anunció que a partir de octubre, 600 plataformas digitales verán un incremento en sus precios debido a la aplicación del 18% del IGV. Entre estas plataformas se encuentran Netflix, Spotify, HBO, Disney+, Airbnb, Google, Sony, Amazon, Uber, Instagram, TikTok, Pinterest, Prezi, Booking, el paquete Adobe, Apple Services, Zoom, Playstation Network , Xbox, Tinder, OnlyFans, y páginas de entretenimiento para adultos que cobran suscripción.

A pesar de esta medida, la Administración aclaró que el incremento en los precios no necesariamente será del 18% en todos los casos. Debido a la libre competencia, algunas plataformas podrían optar por ajustes menores en sus tarifas o incluso mantener los precios actuales.

Cabe recordar que la norma señala que el incremento del 18% de IGV se aplicará para todas las plataformas que se ponen a disposición del usuario a través de Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet o cualquier otra red a través de la que se presten servicios equivalentes mediante accesos en línea y que se caracteriza por ser esencialmente automático y no ser viable en ausencia de la tecnología de la información.

El impuesto al patrimonio en Colombia se aplica sobre aquellos patrimonios líquidos que superan las 72.000 unidades de valores tributario (UVT), es decir, $3.388.680.000 a partir del 1 de enero de cada año. Este gravamen, explicó el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, toma en cuenta el valor neto de los activos, restando las deudas correspondientes para su cálculo.

Además, la permanencia de este impuesto es clave para la construcción de justicia y equidad fiscal. El mismo tomó relevancia en los últimos días porque sería modificado en la nueva reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro que será presentado en las próximas semanas al Congreso de la República y buscará recaudar $12 billones.

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Este tributo no es nuevo en el sistema fiscal colombiano. Fue instaurado por primera vez en 1935 mediante la Ley 78, que reformó las disposiciones vigentes del impuesto sobre la renta, se aumenta la tarifa, se establecen unos impuestos adicionales y se suprimen otros. Se estableció como complemento del impuesto sobre la renta, y su objetivo principal era aliviar a los patrimonios más pequeños con tarifas progresivas del 1 por 1.000 al 8 por 1.000.

De acuerdo con el Observatorio Fiscal, “este impuesto, como complementario al de renta, desapareció en 1992, pero desde 2003 ha sido retomado en el país como un tributo independiente”.

La decisión del alto tribunal

Asimismo, recordó que, en la actualidad, la Corte Constitucional está en medio de un empate en sus votaciones para determinar la constitucionalidad de este gravamen, lo que deja el tributo en un estado de incertidumbre. Aun así, el mismo destacó la importancia de este impuesto para las finanzas públicas, por lo que señaló que “ha reportado más de $20 billones al fisco colombiano en los últimos diez años”, según datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Estos ingresos se destinan a sectores como salud, educación e infraestructura.

El impuesto al patrimonio, a diferencia de años anteriores, ahora es de carácter permanente acorde al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2023. La reforma tributaria de 2022 busca un propósito redistributivo incrementado la tasa efectiva de tributación (porcentaje de las utilidades que se destina al pago de impuestos) de los contribuyentes de altos ingresos, tradicionalmente beneficiados con ciertos privilegios tributarios.

Según el MFMP, “la estructura de tarifas marginales mejora la equidad vertical del impuesto dado que incrementa la contribución de los patrimonios de mayor valor”. La reforma reciente ajustó las proyecciones de recaudación fiscal para este impuesto, siendo de aproximadamente el 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a $1,5 billones anuales.

Cifra ajustada

La cifra fue ajustada por el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de junio de 2023, por lo que indicó posibles ingresos de $1,3 billones en 2024 y $1,53 billones anuales entre 2025 y 2035. Esto, aunque modesto comparado con otros impuestos como el IVA, permite inversiones fundamentales en sectores de baja capacidad contributiva.

“Este impuesto equivale a los recursos necesarios para sacar de la pobreza extrema a más de 450.000 colombianos por todo un año“, indicó el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. A pesar de que la carga impositiva recae sobre un número relativamente pequeño de contribuyentes – unas 32.000 personas naturales frente a los 5,5 millones de declarantes de renta en 2022 – su contribución es significativa.

Impuesto al patrimonio en otras naciones

El impuesto al patrimonio también es común en otras naciones como Francia, España, Argentina y Brasil, con tarifas entre el 0,5% y el 3,5%. El observatorio señaló que, en la actualidad, en Europa se discute una iniciativa para gravar los patrimonios de los “superricos” con un mínimo del 2%, lo que podría generar ingresos por aproximadamente 250.000 millones de euros ($1,156 trillones).

Sin embargo, no todo es favorable. La crítica principal a este impuesto se centra en el potencial disuasorio para la inversión. Algunos analistas expresan que la alta dependencia del impuesto sobre la renta junto con el impuesto al patrimonio puede disuadir tanto a inversores nacionales como extranjeros.

“Si el gravamen es demasiado alto, podría disuadir a los inversionistas, ya sean nuevos o aquellos que piensan en una expansión para sus compañías”, advirtió el centro de análisis. No obstante, se espera que el esquema de tarifas marginales introducido en la nueva reforma ayude a mitigar este riesgo.

En el marco de los reiterados incrementos sobre los precios de la nafta y el gasoil, el Gobierno aumentó nuevamente el impuesto a los combustibles que se traslada directamente a los valores que encuentran los usuarios en las bocas de expendio de todo el país. En consecuencia, los precios volverán a subir a partir de septiembre.

Se trata de un nuevo incremento al impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). De esta manera, Economía puso fin a la incertidumbre sobre lo que sucedería con esta carga tributaria.

La medida se hizo oficial a través del decreto 770/2024 y establece que estos montos regirán durante todo el mes de septiembre.

En los meses anteriores Nación aplicó aumentos parciales para tratar de atenuar el impacto sobre la inflación general, lo que ha causado un retraso en ambas cargas tributarias. De acuerdo con la consultora Economía y Energía, si se aplicara de una sola vez todo el retraso que existe a nivel impositivo, los combustibles subirían un 19.5%. Así, el litro de nafta súper se incrementaría de $992 a $1.1190,10 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

En agosto, la suba fue del 3 por ciento, puesto que este porcentaje comprendía la actualización del 1 por ciento y la devaluación del dólar oficial del 2 por ciento.

La prioridad del ministro de Economía, Luis Caputo, es apuntalar la desaceleración de la inflación aunque eso implique resignar recaudación, en el marco de una situación fiscal que, sostiene, da margen para recalibrar el ajuste.

Apenas dos días después de este anuncio, el precio de la nafta sufrió un nuevo aumento, puesto que la petrolera de mayoría estatal YPF aplicó una suba inesperada para las estaciones de servicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en un intento de acercar los valores al resto de los surtidores del resto del país. La suba fue del 5,4 por ciento.

En ese marco, las ventas de combustibles continúan en retroceso en todo el territorio nacional. Se observa una fuerte caída en naftas premium por un traslado de la demanda al segmento súper, que es más barato. A nivel provincial, los puntos fronterizos son los más perjudicados debido a la recomposición de precio local respecto a los internacionales desde que asumió Milei.

Un reporte de la consultora Politikon Chaco reflejó que, en la comparación contra junio de 2023, las ventas de combustible mostraron un retroceso del 12%, siendo el séptimo mes consecutivo con descensos y acelerando la caída contra el mes previo (fue 8% en mayo); además, respecto al mes previo (mayo 2024) las ventas mostraron también descensos (-6,6%).

“Se destaca además que el volumen comercializado en junio fue el segundo más bajo en lo que va del año, únicamente por encima de abril (1,30 millones) y a su vez, el segundo volumen más bajo de los últimos tres años”, agregaron.

“Analizando las ventas por tipo de combustible, en junio el mayor volumen de ventas estuvo en las naftas con el 55% del total comercializado contra el 45% del gasoil. En referencia a sus desempeños, la nafta exhibió una baja del 10,1% interanual con marcada disparidad según el segmento: las ventas de nafta súper caen 6,4% interanual pero las de naftas premium lo hacen en 20,6%. Respecto al gasoil, el resultado global fue de caída del 14,3% interanual: dentro de este, el común cayó 16,7% y el premium lo hizo en 9%”, resaltó Politikon Chaco.

Para septiembre, se esperan también otros aumentos que afectarán nuevamente el bolsillo; entre ellos, los servicios (luz, gas y agua); los alquileres; el transporte público luego de la eliminación del boleto integrado de la Red SUBE para el AMBA; los colegios privados; y las prepagas.

El 12 de agosto de 2024 empezaron a vencerse los plazos para cumplir con la declaración de renta en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Sin embargo, durante la primera semana para hacerla hubo dificultades tecnológicas, lo que impidió que muchos contribuyentes pudieran desarrollar el trámite.

Tras varios días de dificultades, y luego de superar la contingencia, la entidad que dirige Jairo Orlando Villabona dio una nueva información que favorece a los obligados a cumplir con la diligencia.

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Esta informó, el 28 de agosto, que amplió sus horarios de atención con el objetivo de garantizar orientación a los contribuyentes en la presentación oportuna de sus obligaciones tributarias.

“Los colombianos podrán acercarse a más de 45 puntos habilitados en todo el país para recibir apoyo de los funcionarios de la entidad en horario extendido. Aunque pueden acudir sin cita previa, la entidad les recomienda agendarla a través de https://agendamientodigiturno.dian.gov.co/ “, informó.

Asimismo, precisó que las jornadas incluyen horarios más amplios de lunes a viernes y así como atención los sábados. Para consultar los lugares y horarios a nivel nacional, los ciudadanos deben hacer los siguiente:

• Ingresar al micrositio web de Renta en este enlace https://micrositios.dian.gov.co/renta-personas-naturales-ag-2023/.
• Dirigirse a la sección de “Accesos directos”.
• Hacer clic en el botón “Horario extendido de atención”.

La Dian informó que, hasta el momento, recibió 2.082.354 declaraciones tributarias por un valor de $1,3 billones.

Recomendaciones para la declaración de renta

Ante los vencimientos que están en marcha para cumplir con la declaración de renta, el experto en finanzas de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz Reinaldo Medina dio las siguientes recomendaciones para que el pago del impuesto no lo coja fuera de base:

• Saber si debemos declarar

Para saber si se debe declarar es necesario verificar si en 2023 se tuvo un patrimonio superior a $190.854.000, o ingresos superiores a $59.377.000. Esta misma cifra es el límite para compras con tarjeta de crédito, movimientos bancarios, consumos. También se puede consultar la página https://webazure.dian.gov.co/consultarenta/ para saber si se debe declarar.

• Herramientas digitales

El uso de herramientas digitales permite ser más eficientes. Hacer los pagos por medios digitales ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. También se puede tener trazabilidad para tener el registro histórico de los pagos. Hay que volverse más familiares de la tecnología, perderle el temor y sacar el mejor provecho y asegurarse de que se está en páginas seguras. Una vez se logre hacer el pago, el contribuyente se da cuenta de lo fácil, practico y seguro.

• Pago a un contador

Teniendo en cuenta que para hacer la declaración de renta se necesita un conocimiento técnico, es necesario tener un contador de confianza que pueda ayudar a cumplir con esta responsabilidad. Es importante aclarar que el hecho de tener que declarar no implica que haya que hacer un pago necesario. Lo que si es importante es tener en el presupuesto el pago de los honorarios al contador y no dejar para última hora.

• Presupuesto

En el presupuesto anual se deben llevar los costos estimados de los presupuestos, predial, vehicular y de renta de acuerdo con las necesidades de cada uno. Tener los valores y los momentos en los que se harán los desembolsos permite tener el flujo de caja que permita tener los recursos para el pago de las responsabilidades, con lo que se evitan problemas como el pago de intereses.

• Aprovechar descuentos

Si se tiene la posibilidad de pagar los impuestos de manera anticipada, de acuerdo con los beneficios que se ofrecen, se puede ahorrar. En caso de no tener el dinero, se puede financiar el pago para hacerlo a cuotas que se ajusten al flujo de caja y así cumplir con las obligaciones.

• Tener la documentación a tiempo

Si se puede tener la documentación a tiempo, es posible agilizar el proceso y no estar corriendo a última hora. Se puede solicitar la certificación de ingresos y retenciones de la empresa o empresas donde se trabaja, o la información de los créditos para que el contador pueda tener la información necesaria que corresponda a las deducciones.

• Cómo saber si tengo que declarar renta en el 2024

Para verificar si es necesario declarar renta en 2024, los contribuyentes deben ingresar a https://webazure.dian.gov.co/consultarenta/ e introducir: Número de cédula. Fecha de nacimiento. Fecha de expedición del documento.

Calendario tributario

Es importante que los ciudadanos estén al tanto de las fechas y requisitos para la presentación de declaraciones tributarias y se ajusten al calendario estipulado por la Dian para 2024, y de esta manera contribuir al correcto funcionamiento del sistema tributario nacional.

El calendario para declarar renta en lo que queda de agosto de 2024 es el siguiente:

Día - últimos dos dígitos del NIT:

• 28 - 23-24
• 29 - 25-26

El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López Maya, dio a conocer en declaraciones a los medios la fecha en la cual se radicará la reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. Según explicó el funcionario, se espera que el próximo lunes 2 de septiembre, el documento esté listo para ser presentado en el Congreso de la República.

López explicó que “la ley de financiamiento todavía no la hemos terminado (…) Quedamos de reunirnos el próximo lunes.” Esto indica que el equipo del DNP sigue afinando los detalles del borrador, que se espera sea definitivo para la fecha mencionada.

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Además, añadió: “Nosotros estamos consultando con el presidente y asesores qué iría en esa ley y la idea es que nosotros el próximo lunes no solo tengamos el borrador ya definitivo, sino que estaríamos radicando martes o miércoles de la otra semana ese proyecto de ley de financiamiento”.

De igual manera, reconoció que el eje central de esta reforma tributaria es un recaudo de $12 billones, cuyo fin es financiar una parte del presupuesto de inversión de 2025. Uno de los puntos principales de la propuesta es la disminución del impuesto de renta corporativa del 35% al 30%. Esta medida busca aliviar la carga fiscal de las empresas en un 35% y promover un entorno económico más amigable para los negocios.

Personas naturales

Por otro lado, se proyectan mayores tributos para personas naturales con altos ingresos anuales, así como una reducción en las deducciones de todos los contribuyentes. En cuanto al IVA, la reforma busca reducir este impuesto para sectores como el turismo con el objetivo de reactivar dicha industria.

Asimismo, el director del DNP dejó claro que, además, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) presentará una reestructuración. López apuntó que se planean “mayores acuerdos de pago para los morosos naturales y empresariales”.

Otro aspecto relevante es la búsqueda de mayores acuerdos de pago para los morosos, tanto naturales como empresariales. La estrategia pretende facilitar las negociaciones de deuda para quienes mantienen compromisos fiscales pendientes.

Impuesto a ganancias ocasionales

Por otro lado, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en una entrevista con Semana , anunció que se considera un ajuste significativo en el impuesto mínimo de ganancias ocasionales en Colombia. Este aplica a los ingresos recibidos de herencias, donaciones de bienes inmuebles, legados o juegos de azar. Actualmente, la normativa estipula que este impuesto debe ser asumido cuando el monto supere las 3.250 unidades de valor tributario (UVT), es decir, unos $153 millones.

Actualmente, la tasa está fijada en un 15%, pero se estudia la posibilidad de aumentarla al 20%. El ajuste se incluye en el marco de la más reciente reforma tributaria , que ya incrementó varias tasas de tributación.

El ministro Bonilla explicó que uno de los objetivos clave para considerar este incremento es generar recursos que permitan reactivar la economía del país. Según él, “Se necesita buscar esos recursos de inversión, porque tenemos que reactivar la economía. Pagar la deuda no reactivar la economía. Pagar la deuda genera confianza internacional, pero la economía crece muy poco”.

Impuesto del 4x1000

Esta declaración confirma la importancia de la inversión pública para el crecimiento económico a largo plazo, en vez de centrarse únicamente en el pago de deuda.

Por otro lado, el ministro Bonilla descartó que se modifique el impuesto del 4x1.000 (a 5x1000), cobro que hace el Gobierno nacional en el que por cada $1.000 en algún tipo de movimiento financiero, hay que pagar $4. De igual manera, dijo que fue una propuesta que se hizo desde la Dian, entidad que dirige Jairo Orlando Villabona, pero que no se tendrá en cuenta.

En Colombia es muy común ver en redes sociales que la etiqueta #FueraPetro sea tendencia en redes sociales, principalmente, en X. Esto, debido al disgusto de muchos sectores del país, quienes se muestran en desacuerdo de las políticas del Gobierno de Gustavo Petro, que en la plataforma es bastante activo.

La etiqueta volvió a hacerse tendencia ante la denuncia de las aerolíneas sobre la escasez de combustible para aviones en el país, lo que las haría cancelar vuelos. Por supuesto, X se llenó de comentarios y memes que critican y se burlan del presidente.

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Una de esas publicaciones llamó mucho la atención. Fue la del exministro de Hacienda Rudolf Hommes, que en campaña presidencial dio su apoyo a Petro, pero ahora, un poco más de dos años después, mostró su arrepentimiento.

Y lo hizo por medio de una imagen editada de los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, que estuvieron de visita en Colombia del 15 al 18 de agosto. En esta se ve a los dos personajes con el “Fuera Petro” plasmado en el pecho, lo que demuestra el arrepentimiento del exfuncionario de haber apoyado al actual presidente.

En otras publicaciones, Rudolf Hommes también hizo críticas a lo que pasa en Colombia, principalmente, con la escasez de combustible para aviones, el impuesto al patrimonio y el papel de la Corte Constitucional.

Sobre esta última, al referirse a la columna del abogado Rodrigo Uprimny, denominada como “¿Se está “Lochnerizando” la Corte Constitucional?” y en la que expuso que el alto tribunal podría estar acercándose a una fase crítica similar a la llamada “Era Lochner” de la Corte Suprema de los Estados Unidos, al tumbar artículos, por ejemplo, de la reforma tributaria de 2022.

Ante esto, Hommes hizo las siguientes críticas y cuestionamientos:

• Dejar al país sin transporte aéreo, como está sucediendo por imprevisión de los responsables, deberá hacer rodar unas cabezas. No hay derecho.
• Pregunta: ¿el impuesto al patrimonio o riqueza grava además la residencia de los pensionados?
• La parte del patrimonio que está en bienes raíces paga impuestos a la riqueza y predial, y si está arrendado paga renta. La tributaria del 2022 dice haberle apuntado a los ricos, pero está perjudicando es a la clase media y castiga a los viejos que ahorraron para su vejez.

• Destacados constitucionalistas le están pidiendo a la Corte no decidir en derecho, sino de acuerdo con la ideología del que hace la exigencia. El impuesto a la riqueza o al patrimonio se va comiendo el patrimonio de quienes ahorraron para la vejez. Les hace pagar dos veces por bienes.
• Si la Corte le tumba impuestos al Gobierno, es porque quedaron mal concebidos.
• El estatuto orgánico de presupuesto no permite que el presupuesto quede desfinanciado. Si esto sucede, rige el del año anterior con las modificaciones que puede hacer el ministro de Hacienda. Si el Congreso desea proteger su fuero, debe recortar gasto o poner impuestos.

Escasez de combustible y el impacto en los precios de los tiquetes aéreos

Sin dudas, el #FueraPetro, con más de 170.000 publicaciones en los últimos siete días, se intensificó el 26 de agosto con el problema de escasez de combustible. Por ejemplo, la abogada, analista política y columnista Ani Abello mostró desazón porque la situación hará que los tiquetes aéreos se pongan más caros.

“¿Quieren otra noticia fantástica? Por la importación de combustible, van a aumentar los precios de los tiquetes de avión. Saluden al petrista que votó para que pasara esto. #FueraPetro”, escribió.

Y es que la información la confirmó la propia ministra de Transporte, María Constanza García. La funcionaria afirmó que el hecho de decir que se hará una importación de combustible, como confirmó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que cubrirá el 8%, quiere decir que el incremento es marginal (se produce como consecuencia del incremento del producto en una unidad), y eso se verá trasladado finalmente de la misma manera en las tarifas.

“Dentro de la estructura tarifaria, los combustibles pueden estar dentro de un 40% del costo de la tarifa. Entonces, si esto genera un impacto marginal, pues igualmente debe verse trasladado en las tarifas y tiene que haber un control”, dijo García.

Recordó que esto es un mercado y, en el caso de las tarifas del servicio aéreo, hay un equilibrio, hay una oferta y una demanda.

Indicó que en Colombia hay siete aerolíneas nacionales y 38 extranjeras, lo que debe permitir un ejercicio de mercado en el que haya un control frente a los precios.

A partir de mediados de 2025, los ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea (UE) que deseen viajar o transitar por cualquiera de los países del bloque deberán pagar una nueva tasa de 7 euros (7,50 dólares). Esta medida forma parte del European Travel Information and Authorisation System (ETIAS), un nuevo sistema que busca mejorar la seguridad en las fronteras y el control migratorio en el espacio europeo.

El ETIAS no es una visa, sino una autorización previa de viaje que permitirá a las autoridades europeas llevar un registro detallado de los visitantes antes de su llegada, con el objetivo de identificar posibles riesgos de seguridad o migración. Esta autorización será obligatoria para ciudadanos de más de 60 países.

El nuevo impuesto afectará a los viajeros de entre 18 y 70 años que no pertenezcan a la Unión Europea. Este rango de edad ha sido establecido para centrarse en personas que, estadísticamente, tienen más probabilidades de viajar por turismo o negocios.

La implementación del ETIAS representará un cambio significativo, especialmente para los ciudadanos de países fuera del bloque europeo, quienes antes disfrutaban de acceso libre a la UE para estancias cortas.

Los británicos, que solían tener libertad de movimiento en la UE antes del Brexit, ahora deberán cumplir con este nuevo requisito. Esta es solo una de las consecuencias del Brexit que ha impactado la movilidad de los ciudadanos del Reino Unido.

Proceso de solicitud del ETIAS

El proceso para obtener la autorización del ETIAS se realizará completamente en línea. Los solicitantes deberán proporcionar información básica personal y de viaje, además de responder a preguntas relacionadas con su salud, antecedentes criminales y cualquier rechazo previo de entrada a otro país.

Es importante destacar que la tasa de 7 euros no necesitará pagarse cada vez que se entre a un país de la UE, ya que la autorización tendrá una validez de tres años o hasta que el solicitante obtenga un nuevo pasaporte.

Los viajeros deberán solicitar la exención al menos 96 horas antes de su partida hacia cualquier destino en la Unión Europea, lo que permitirá a las autoridades realizar los controles necesarios de manera anticipada.

El ETIAS estaba originalmente programado para entrar en vigor en noviembre de 2023. Sin embargo, problemas técnicos en la construcción del Sistema de Entrada/Salida (EES), junto con preocupaciones sobre la implementación del sistema informático entre los estados miembros de la UE, han retrasado su lanzamiento hasta el verano boreal de 2025.

El objetivo principal del ETIAS es reforzar la seguridad en las fronteras y mejorar el control migratorio en una Europa cada vez más conectada globalmente. Aunque la tasa de 7 euros pueda parecer mínima, su implementación es parte de una estrategia más amplia para digitalizar los procesos de control fronterizo, una tendencia creciente en todo el mundo.

Qué países solicitarán ETIAS para ingresar

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.

Qué países necesitarán ETIAS

Los nacionales de cualquiera de estos países exentos de visado deben solicitar una autorización de viaje ETIAS: