Panamá fue electo para asumir la presidencia de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento de Alimentos, asumiendo el liderazgo regional en la implementación de políticas públicas para el abastecimiento alimentario.

La presidencia del organismo multilateral fue concedida en el marco de la XI Reunión Presencial de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos (Red SPAA), celebrada en República Dominicana.

Nilo Murillo Robles, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), señaló que con esta designación se buscará elevar el nivel institucional y el posicionamiento estratégico en foros internacionales, así como la atracción de nuevas alianzas para la región de Latinoamérica y el Caribe.

“Esta responsabilidad representa una evolución natural de la Red SPAA. Uniremos el liderazgo de Panamá con el respaldo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para potenciar nuestra presencia e incidencia en Latinoamérica y el Caribe”, destacó Murillo Robles

Esta nueva estrategia mantendrá la estructura técnica actual, donde la FAO continuará ejerciendo la Secretaría Técnica Permanente, gestión del conocimiento y cooperación técnica, mientras que el IMA asumirá la representación política y estratégica.

Con este paso, manifestó la entidad estatal, Panamá reafirma su compromiso con la cooperación regional, la sostenibilidad del acceso a alimentos y la consolidación de sistemas comerciales justos y eficientes en beneficio de las poblaciones más vulnerables.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Venezuela y Uruguay forman parte de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento de Alimentos.

El tema central del encuentro celebrado en República Dominicana fue los “Sistemas públicos de abastecimiento y comercialización de alimentos como herramienta para enfrentar la inflación de los precios de los alimentos, garantizar el acceso sostenible a los alimentos y contribuir a la lucha contra el hambre en América Latina y el Caribe”.

El objetivo de la actividad, de acuerdo con los organizadores, fue promover un diálogo técnico e institucional entre los miembros de la Red SPAA sobre políticas, estrategias e instrumentos públicos de abastecimiento y comercialización de alimentos que contribuyan a enfrentar la inflación de los precios de los alimentos.

De igual manera, mejorar el acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos, saludables y nutritivos, y fortalecer el aporte de estos sistemas a la reducción de la subalimentación y el hambre en América Latina y el Caribe.

Con esta iniciativa, se indicó que se busca fomentar la cooperación entre gobiernos nacionales y subnacionales, organizaciones internacionales, sector privado, academia y sociedad civil para impulsar sistemas agroalimentarios más inclusivos, resilientes y sostenibles.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura destaca la importancia de contar con información transparente, confiable y oportuna sobre los precios de los alimentos.

Aduce que esta información permite a los consumidores tomar decisiones informadas sobre sus compras, facilita a los productores la planificación de sus actividades y proporciona a los gobiernos insumos fundamentales para diseñar políticas públicas agrícolas, de abastecimiento, de apoyo a la producción y de seguridad alimentaria y nutricional.

La inflación de los precios de los alimentos, indica, afecta de manera significativa el acceso y el consumo de alimentos saludables, especialmente entre los hogares de menores ingresos.

El aumento sostenido de los precios reduce la asequibilidad de estos alimentos, lo que puede derivar en consumo de alimentos de menor calidad, inseguridad alimentaria e incluso hambre.

Como consecuencia, se registra un aumento en el consumo de productos más económicos y de menor valor nutricional, en detrimento de una alimentación saludable, con efectos negativos sobre la salud y el bienestar a largo plazo.

El Consejo de Gabinete dio luz verde a una asignación extraordinaria de fondos para el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), por un monto de $22.1 millones.

De acuerdo con el gobierno, el objetivo es reforzar los programas sociales que buscan garantizar el acceso de las familias más vulnerables a alimentos esenciales mediante la compra de 550.000 quintales de arroz y otros productos de la canasta básica.

Los recursos se incorporarán al presupuesto de inversiones del Estado y serán destinados a la adquisición de aceite, azúcar, pastas, espaguetis, café, sal, atún, guandú, frijoles y sardinas, entre otros rubros.

Esta compra permitirá abastecer ferias, tiendas y agrodistribuidoras a nivel nacional, según la resolución oficial.

La solicitud de crédito adicional cuenta con el respaldo del Consejo Económico Nacional (CENA) y la Contraloría General de la República, que han emitido informes favorables sobre la viabilidad financiera y la conveniencia de la medida.

El Ministerio de Economía y Finanzas fue autorizado para elevar la resolución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, paso necesario para su ejecución.

En concreto, la operación implica que el IMA podrá adquirir una cantidad significativa de productos alimenticios de la canasta básica, con el propósito de apoyar los programas sociales que buscan reducir la inseguridad alimentaria en comunidades vulnerables.

La medida se justifica por la necesidad de asegurar la disponibilidad de alimentos y fortalecer la red de distribución estatal.

En la misma sesión, el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley para la adhesión de Panamá al Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM).

La iniciativa, presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, responde al interés del gobierno en fortalecer la protección del patrimonio cultural nacional.

La membresía facilitará la capacitación de profesionales, el acceso a cooperación técnica internacional y la mejora de la gestión de riesgos que afectan al patrimonio, como el cambio climático, los desastres naturales y la urbanización no planificada.

El proyecto subraya que esta adhesión permitirá a Panamá adoptar políticas públicas alineadas con estándares internacionales y acceder a redes de expertos y buenas prácticas.

Además, la integración al Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales es vista como una herramienta estratégica para potenciar el turismo cultural sostenible, la educación patrimonial y el desarrollo local, reforzando el papel de Panamá como actor relevante en la cooperación cultural internacional.

El proyecto destaca que la adhesión es oportuna y alineada con los compromisos internacionales del Estado.

Los estatutos que Panamá busca ratificar fueron adoptados originalmente en Nueva Delhi en 1956 y han sido objeto de sucesivas modificaciones por la Asamblea General del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales en varias sesiones, la última de ellas la número 33.

El Consejo de Gabinete ha autorizado al ministro Javier Martínez Acha a presentar el proyecto a la Asamblea Nacional para su consideración.

La doble decisión del Consejo de Gabinete apunta tanto a fortalecer la seguridad alimentaria de las familias panameñas como a consolidar el compromiso del país con la preservación y la valorización de su patrimonio cultural.

Panamá ratificó la declaratoria del estado regional de alerta preventiva para el sector agrícola de los países frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño 2026-2027.

La decisión, dijeron las autoridades agropecuarias, responde a la necesidad de fortalecer las capacidades regionales para anticipar posibles impactos sobre la producción agropecuaria, la disponibilidad de alimentos y los medios de vida de las personas productoras, mediante una respuesta articulada entre los países miembros.

El pronunciamiento se realizó durante un diálogo regional organizado junto con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SECAC), en el que participaron autoridades, especialistas y representantes de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), para analizar el impacto previsto de El Niño y compartir experiencias sobre mecanismos de preparación y respuesta.

La perspectiva climática de agosto-octubre de 2026, presentada recientemente por el Foro del Clima y el Foro Hidrológico de América Central, reitera que la región enfrentará un escenario de El Niño fuerte, con una intensificación prevista a la categoría de El Niño muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026.

Estas condiciones incrementan el riesgo de afectaciones sobre la producción agropecuaria y constituyen la base técnica que motivó a los ministros y ministras de Agricultura de los países del SICA a fortalecer las acciones de preparación y coordinación regional mediante la ratificación de la declaratoria del estado regional de alerta preventiva para el sector agropecuario.

En la mayor parte de Centroamérica, según se informó, se esperan precipitaciones por debajo de lo normal y que, con excepción de Panamá, el período se presentó de forma anticipada y se prolongaría hasta finales de agosto.

“La evidencia científica nos permite anticipar escenarios y prepararnos mejor para actuar frente a fenómenos climáticos cada vez más intensos. En este contexto, las reservas estratégicas de alimentos representan una herramienta fundamental para fortalecer la resiliencia de los sistemas agroalimentarios y reducir el impacto sobre las poblaciones más vulnerables”, destacó el subdirector general y representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe, Rene Orellana Halkyer.

El subdirector general de la FAO recordó que los eventos climáticos extremos están modificando los patrones de temperatura y precipitación, incrementando las sequías, inundaciones, olas de calor e incendios forestales que afectan directamente la producción agrícola y los medios de vida rurales.

De acuerdo con la FAO, América Latina y el Caribe concentra el 22 % de las pérdidas mundiales ocasionadas por desastres climáticos en la agricultura, equivalentes a aproximadamente $713 mil millones entre 1991 y 2023, lo que evidencia la necesidad de fortalecer medidas preventivas y de gestión del riesgo.

Durante el encuentro se destacó que las reservas estratégicas de alimentos, particularmente de granos básicos, permiten anticiparse a escenarios de escasez, responder oportunamente durante emergencias, estabilizar los mercados en períodos de alta volatilidad de precios y garantizar la continuidad de programas de protección social y asistencia alimentaria.

Asimismo, se compartieron experiencias exitosas de la región, como el caso de las agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) de Panamá, que según se dijo benefician cada año a cientos de miles de familias mediante alimentos a precios accesibles.

No obstante, en un documento la propia institución señala que enfrenta una serie de debilidades que, de no ser corregidas, podrían dificultar el cumplimiento de sus metas.

Estas debilidades se centran en las infraestructuras obsoletas, actualización de los sistemas de manejo, control y certificación, la subutilización de recursos, la limitación presupuestaria, la falta de personal operativo y agroindustrial, regionales. y agroindustrial, regionales.

Las instalaciones no están operando a su capacidad máxima, lo que representa una pérdida de potencial operativo y un uso ineficiente de los recursos disponibles.

Esta subutilización, señala la entidad, se ve agravada por la falta de almacenamiento bodegas modernas de con tecnología de punta, lo que dificulta el manejo adecuado de los productos y control de plagas; con el consiguiente aumento de pérdidas postcosecha.

Además, estas instalaciones no están diseñadas ni equipadas para un manejo y conservación óptimo de los productos almacenados, lo que afecta su calidad y vida útil, sostiene la institución.

La alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, acusó a la empresa española Acciona y a su filial Grupo MAS de intentar trasladar al Ayuntamiento la responsabilidad de cobrar una presunta cartera vencida superior a los 2,660 millones de pesos atribuida a usuarios del servicio de agua potable.

La presidenta municipal aseguró que su administración no realizará cobros a la población sin que existan expedientes debidamente integrados y anunció que continuará impulsando acciones legales e institucionales para poner fin a la concesión del servicio, al considerar que ha sido perjudicial para el municipio.

Ayuntamiento cuestiona la documentación entregada por Grupo MAS

De acuerdo con la alcaldesa, el pasado 13 de mayo el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) recibió un oficio de Grupo MAS acompañado únicamente por una memoria USB con un archivo de Excel que contenía una relación de presuntos usuarios morosos.

Explicó que la información carecía de expedientes individuales, documentos de respaldo y evidencia de que se hubieran seguido los procedimientos legales correspondientes para acreditar cada uno de los adeudos.

Ante ello, el Ayuntamiento respondió el 15 de junio solicitando que la empresa entregara la documentación completa para analizar cada caso, petición que, afirmó, no fue atendida.

Grupo MAS plantea descuentos a la contraprestación que paga al IMA

Según Hernández Espejo, el 23 de junio la concesionaria envió un nuevo oficio en el que insistió en que el Ayuntamiento debía realizar el cobro de la cartera vencida.

Además, señaló que la empresa advirtió que, si el municipio no emprendía dichas acciones, descontaría mensualmente esos recursos de la contraprestación que entrega al Instituto Metropolitano del Agua.

La alcaldesa rechazó esa postura y sostuvo que el gobierno municipal no aceptará asumir una responsabilidad que, dijo, no cuenta con el sustento jurídico suficiente.

Cronología del conflicto

• 13 de mayo: Grupo MAS entrega al IMA una memoria USB con un listado de presuntos usuarios morosos.
• 15 de junio: El Ayuntamiento responde que la información es insuficiente y solicita expedientes completos.
• 23 de junio: La empresa insiste en el cobro de la cartera y plantea descontar recursos de la contraprestación al IMA.
• Finales de junio e inicios de julio: El gobierno municipal reitera que no cobrará adeudos sin sustento legal y mantendrá su estrategia para terminar la concesión.

Alcaldesa asegura que existen adeudos con más de una década de antigüedad

La presidenta municipal afirmó que dentro del listado existen casos con más de diez años de antigüedad e incluso correspondientes a periodos anteriores a que Grupo MAS obtuviera la concesión.

En ese sentido, sostuvo que la legislación establece límites para este tipo de cobros, por lo que su administración no trasladará esa carga a la ciudadanía mientras no exista documentación que respalde cada expediente.

“No vamos a cobrarle al pueblo adeudos que no están debidamente sustentados ni integrados conforme a derecho”, sostuvo la alcaldesa durante su posicionamiento.

Rosa María Hernández mantiene su intención de terminar la concesión

Hernández Espejo reiteró que su gobierno agotará todas las vías legales e institucionales para buscar la conclusión de la concesión otorgada a Grupo MAS.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para respaldar al Ayuntamiento en este proceso, al considerar que el contrato ha resultado perjudicial para los habitantes del puerto.

La alcaldesa insistió en que su administración continuará defendiendo el acceso de la población a un servicio de agua potable de calidad y reiteró su postura frente a la empresa.

“No les tenemos miedo. Vamos a seguir luchando para que Grupo MAS se vaya”, expresó, al señalar que el Ayuntamiento no asumirá el cobro de una cartera de adeudos que considera insuficientemente acreditada y que continuará informando sobre las acciones legales que emprenda en este conflicto.

A pesar de que persisten las largas filas que deben hacer los panameños para obtener alimentos accesibles al bolsillo en las ferias que a lo largo del país organiza el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), la entidad señala que mediante esta actividad más de 560 mil familias aseguran el plato de comida.

Esta política, que la entidad cataloga como “exitosa”, aduce que se debe a las medidas de seguridad alimentaria que adelanta la administración de José Raúl Mulino.

“Esta política exitosa de conectar directamente al productor nacional con el consumidor se logra a través de las Agroferias y las Tiendas del Pueblo a lo largo del año, al igual que con las Naviferias durante las fiestas de fin de año”, explicó Nilo Murillo, director del IMA.

En las 154 Naviferias desarrolladas en la temporada navideña de 2025, se vendieron 500 mil jamones tipo picnic, de los cuales 300 mil fueron de producción nacional, manifestó Murillo, quien agregó que el 100% de los jamones serán panameños.

Insistió en que estas políticas han logrado que los panameños que recurren a las tiendas permanentes y temporales del IMA compren productos de la canasta con un 54% de ahorro.

De igual forma, Murillo destacó, de acuerdo con una nota de prensa oficial, que 57 mil productores nacionales han ofrecido sus productos en las diferentes tiendas y ferias de la institución.

Aseguró también que el IMA ha trabajado cerca del gremio que produce el principal rubro alimenticio del país, el arroz, y que en el último año la entidad que dirige ha comprado 1.2 (millones) de quintales de la producción nacional.

En Panamá el consumo per cápita de arroz se estima en unas 154.32 libras, uno de los más altos de la región.

El abastecimiento nacional del grano presenta niveles suficientes para garantizar la seguridad alimentaria del país, siempre que se respeten los parámetros históricos de consumo e inventarios, advirtió en su momento el productor Omar Spiegel.

Para este 2026 el análisis evidencia que, con un consumo mensual promedio de 719,000 quintales y un nivel de abastecimiento superior al promedio histórico al 7 de febrero, el mercado puede atender la demanda interna sin requerir importaciones adicionales por desabastecimiento.

Solo las inversiones de la entidad en este rubro han significado una inversión de entre $90 y $95 millones, aseguró Murillo.

Como parte de la red de atención, la institución cuenta con 13 de las llamadas Tiendas del Pueblo, seis Agro-distribuidoras ubicadas en las comarcas indígenas y se han realizado más de 2,800 Agro-ferias anuales.

Durante el desglose de las actividades del IMA, Murillo sostuvo que el sector lechero también ha recibido un fuerte apoyo, comprando 1,843,806 litros directamente a los productores.

“Las Tiendas del Pueblo han operado con gran éxito…con ofertas para una alimentación completa y nutritiva en productos como arroz, leche, cebolla, maíz, frijol, sopa de tomate con pollo o en lata, chili chiricano en lata, guandú en lata y jamón.

El director del IMA anunció que pronto abrirán nuevas ferias en distintos lugares del país, como Río Hato, Aguadulce, Monjarás Calobre, Atalaya, Cañazas y Alcalde Díaz.

En el periodo 2025-2026 se han desarrollado 2,800 Agroferias, en las cuales se han vendido más de 1.6 millones de quintales de arroz, la mayor parte proviene de productores locales, indica una nota oficial.

“Todo esto se logra con un apoyo decidido al sector agrícola y agroindustrial panameño, lo que se manifiesta en un flujo de pago inmediato al productor, la habilitación de espacios directos de venta en las ferias y tiendas del pueblo y en el plan de fortalecimiento de proteínas panameñas”, alega la información.

El Banco Nacional de Panamá aprobó blindar la tasa de interés para que no supere el 3.25% en los préstamos al sector agropecuario, independientemente de las fluctuaciones del mercado internacional, lo que beneficiaría a más de 5 mil pequeños productores dentro de la cartera agropecuaria que maneja esta entidad estatal.

Javier Carrizo Esquivel, gerente general del Banco Nacional de Panamá, dio por sentada esta solución respecto al comportamiento de las tasas de interés aplicadas a los créditos agropecuarios, así como a su impacto en la capacidad de pago y sostenibilidad de los productores.

Para este año la institución bancaria ha presupuestado un desembolso de $243.7 millones en crédito para los productores de diferentes rubros.

Las declaraciones de Carrizo Esquivel se dieron durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional, donde también participaron autoridades del sector agropecuario y financiero.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, también compareció ante dicha comisión para responder un cuestionario relacionado con el régimen del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI) y el sector productivo.

El FECI fue creado por la Ley No. 4 de 1994 para incentivar los créditos al sector agropecuario. Por ley, todo préstamo personal o comercial dado por un banco o una financiera, así como las operaciones de factoring, superior a los $5,000.00 deberá pagar una sobretasa del 1% anual sobre el saldo adeudado.

Este 1% se agrega a los intereses que el deudor pague a su entidad financiera, la cual deberá remitir dicho monto a la Superintendencia de Bancos de Panamá, quien es la autoridad encargada del manejo del FECI y fiscalizar su debido cumplimiento.

Con los fondos recaudados por el FECI, se compensa a los bancos y financieras por el descuento en la tasa de interés que se otorguen para los préstamos agropecuarios, bajo una lista que incluye la siembra de ciertos productos agrícolas, ganadería, avicultura, acuicultura, apicultura, producción de sal marina, forestería, entre otros.

Linares indicó que la Dirección de Agroindustria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario ha atendido múltiples solicitudes de revisión del régimen, toda vez que existe una interpretación del requisito aplicada por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)

Confirmó que la institución cuenta con información documentada sobre sectores agroindustriales que podrían verse afectados por una interpretación restrictiva de la Ley del FECI.

En el encuentro, el director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, destacó que mediante ferias, tiendas y agro distribuidoras, la entidad ha realizado hasta el momento más de 4 millones de actividades.

En otro aspecto, Murillo informó que se reunió con las asociaciones de productores de granos de la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, para establecer las bases del acuerdo tripartito de compra de 30 mil quintales del llamado “frijol chiricano”. El quintal del granoserá comprado en $65, indicó Murillo a Infobae.

El “frijol chiricano” es un cultivo de rotación que se siembra pasada la cosecha de arroz en secano y que ofrece empleo a latinos e indígenas que participan en la etapa de cosecha, de enero a febrero, por la cual generalmente reciben un pago de entre $18 a $20 porquintal cosechado.

La cosecha se realiza de manera manual, luego de que un tractor ayuda a lo que los productores llaman “pisar” el grano, el cual revierte nitrógeno al suelo, alternativa agronómica para la temporada seca, además de que reduce la incidencia de malezas en los campos arroceros y cubre el suelo, evitando la erosión durante el llamado verano.