Las pesquisas judiciales revelaron conexiones entre la Iglesia de la Unificación y figuras políticas, entre ellas altos cargos del Partido Liberal Democrático de Japón, lo que intensificó la controversia nacional en torno al grupo. A raíz de estos hallazgos, las autoridades subrayaron la necesidad de garantizar compensaciones a víctimas y exmiembros afectados, mientras la atención pública se centraba en la respuesta legal frente a décadas de denuncias y operaciones fraudulentas de la organización.

Un tribunal japonés emitió un fallo que ordena la disolución de la Iglesia de la Unificación, una organización de origen surcoreano que ha mantenido una presencia significativa en Japón y ha sido objeto de múltiples controversias en los últimos años. Según reportó la agencia de noticias Kiodo, la decisión judicial destacó que la iglesia continuó solicitando donaciones de manera ilegal, una práctica que llevó a la ruina financiera tanto a miembros como a terceras personas ajenas al grupo.

El presidente del Tribunal Superior de Tokio, Motoko Miki, expresó que la persistencia de estas actividades ilícitas justificó la aplicación de la ley vigente, que permite la disolución de entidades religiosas que ejecuten actos que perjudiquen claramente el bienestar público. Motoko Miki sostuvo que “no se puede esperar que la iglesia tome medidas voluntarias para impedir esto” y fundamentó la resolución en la incapacidad del grupo para corregir sus prácticas por iniciativa propia. La Iglesia de la Unificación, por su parte, anunció su intención de apelar la decisión ante la Corte Suprema de Japón.

La postura del Gobierno quedó reflejada en declaraciones del portavoz Minoru Kihara, quien enfatizó que el proceso debe continuar bajo la supervisión judicial para asegurar que las víctimas sean debidamente compensadas, según detalló la agencia Kiodo. El proceso legal responde, según algunos seguidores y exmiembros, al sufrimiento mantenido durante décadas como consecuencia de las acciones del grupo. Uno de los exintegrantes señaló “espero que la sociedad abrace a aquella gente que ha abandonado sus creencias, como yo”.

El medio Kiodo recordó que la Iglesia de la Unificación alcanzó su reconocimiento como organización religiosa en Japón durante los años sesenta, cuando el auge del movimiento anticomunista coincidió con la influencia de Nobusuke Kishi, entonces primer ministro y abuelo de Shinzo Abe. Desde entonces, la iglesia acumuló una base relevante de seguidores en el país y consolidó su presencia internacional.

El asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, perpetrado en la ciudad de Nara, incrementó el escrutinio sobre la iglesia, ya que el sospechoso del atentado argumentó que sus acciones estaban motivadas por el resentimiento contra la organización, a la que culpaba de haber provocado la ruina de su familia. La sede de la iglesia situada en la estación de tren de Nara quedó vinculada al caso, reforzando la atención mediática y judicial sobre el grupo y sus actividades.

Según publicó la agencia Kiodo, la investigación judicial no solo evaluó la legalidad de las prácticas financieras y la captación de donaciones, sino que también examinó las décadas de vínculo entre la iglesia y el Partido Liberal Democrático de Japón, lo que avivó el debate social sobre la separación de entidades religiosas y el poder político en el país. Las autoridades reiteraron que la legislación vigente en Japón contempla la disolución para agrupaciones religiosas cuya actividad represente una amenaza directa al interés público.

Por su parte, la organización de origen surcoreano mantiene seguidores en distintas regiones alrededor del mundo, aunque la resolución judicial japonesa podría tener repercusiones dentro y fuera del país en cuanto a la relación entre religiones organizadas y la regulación estatal de sus actividades. Tal como consignó Kiodo, el caso introduce una dimensión adicional en la discusión pública sobre el papel de las entidades religiosas y el resguardo de derechos de sus antiguos miembros y víctimas.

El debate generado tras el fallo continúa, alimentado por opiniones divididas en la sociedad japonesa, donde algunos celebran una respuesta legal ante años de prácticas señaladas como abusivas, mientras otros cuestionan las implicancias sobre la libertad religiosa. Las próximas etapas del proceso judicial y posibles apelaciones permanecen en seguimiento público, mientras las víctimas y exmiembros esperan resoluciones que incluyan medidas de restitución y reconocimiento a los daños ocasionados.

Tetsuya Yamagami, el hombre condenado por el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe en 2022, presentó este miércoles un recurso de apelación contra su sentencia a cadena perpetua, según informaron medios locales.

El sentenciado de 45 años, fue hallado culpable hace dos semanas en el Tribunal del Distrito de Nara por utilizar un arma de fabricación casera para disparar a Abe durante un acto de campaña al aire libre.

La defensa del acusado argumentó que el ataque estuvo motivado por las donaciones que la madre de Yamagami realizó a la Iglesia de la Unificación, lo que llevó a la ruina económica de su familia.

“Tras consultar con el acusado, hemos presentado un recurso de apelación con la esperanza de tener la oportunidad de que se corrija el veredicto injusto de primera instancia”, declaró el letrado Masaaki Furukawa, quien forma parte de la defensa de Yamagami, en declaraciones a la agencia local de noticias Jiji.

El asesinato de Abe impactó a una sociedad poco acostumbrada a la violencia armada y puso bajo escrutinio las conexiones entre destacados dirigentes conservadores y la mencionada secta, que respaldó al Partido Liberal Democrático en los comicios.

El pasado 21 de enero, el tribunal de la ciudad de Nara, presidido por el juez Shinichi Tanaka, condenó a Yamagami a cadena perpetua por el asesinato y por violaciones a la ley de control de armas de fuego.

El proceso judicial generó un interés social extraordinario. Decenas de personas esperaron desde temprano para presenciar el veredicto, considerado por muchos como “el incidente del siglo”.

Durante el juicio, que se inició en octubre pasado, Yamagami admitió el asesinato pero impugnó otros cargos. En el sistema japonés, el proceso avanza aun si el acusado reconoce su responsabilidad.

La fiscalía solicitó la cadena perpetua, calificando el crimen como “sin precedentes en nuestra historia de posguerra” y destacando sus “consecuencias extremadamente graves” para la sociedad. La versión local de la cadena perpetua permite la libertad condicional, pero en la práctica, los condenados suelen permanecer encarcelados de por vida.

El caso desató un debate nacional sobre la violencia armada —rara en Japón— y puso bajo la lupa los vínculos entre figuras políticas y la Iglesia de la Unificación, considerada por algunos una secta. La defensa de Yamagami argumentó que el ataque estuvo motivado por el impacto devastador de las donaciones de su madre a la iglesia, que llevaron a la bancarrota familiar.

La vida de Yamagami estuvo marcada por el suicidio de su padre y la enfermedad de su hermano, mientras su madre destinaba todos sus bienes a la iglesia. Las donaciones, que alcanzaron los 100 millones de yenes, forzaron al acusado a abandonar la universidad y en 2005 intentó suicidarse. Tras el fallecimiento de su hermano, comenzó a fabricar manualmente un arma letal en 2020 y la probó en zonas remotas.

Tras el asesinato de Abe, las investigaciones revelaron conexiones entre la Iglesia de la Unificación y numerosos legisladores del Partido Liberal Democrático, lo que provocó la renuncia de cuatro ministros. La insólita naturaleza del crimen también evidenció la peculiaridad del sistema japonés de control de armas: la violencia armada es tan poco común que los funcionarios de seguridad no identificaron de inmediato los disparos, lo que retrasó la asistencia a Abe tras el ataque.

(Con información de AFP y EFE)

Durante el proceso judicial, los abogados de Tetsuya Yamagami argumentaron que la infancia del acusado, marcada por condiciones difíciles y la relación de su familia con la Iglesia de la Unificación, impactó en su situación personal y motivó sus acciones. Refirieron también la necesidad de darle a Yamagami una oportunidad para reintegrarse a la sociedad, lo que llevó a solicitar una condena máxima de veinte años de prisión. Sin embargo, el tribunal rechazó estos argumentos y sentenció a Yamagami a cadena perpetua, de acuerdo con información publicada por The Japan Times.

El anuncio de la apelación se produjo este martes, tras la condena dictada en enero por el tribunal de distrito de la ciudad de Nara, informó The Japan Times. El equipo legal de Yamagami tiene previsto presentar la impugnación ante un tribunal de mayor instancia, tras considerar que el proceso inicial no valoró adecuadamente las circunstancias alrededor del caso. Yamagami había sido hallado culpable de asesinato, fabricación ilegal de armas y otros delitos en relación con el homicidio del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, ocurrido durante un acto de campaña realizado en julio de 2022 en Nara.

El juicio atrajo la atención nacional e internacional, no solo por el magnicidio en sí, sino también por los motivos personales que el propio Yamagami expuso durante las audiencias. El acusado reconoció haber disparado contra Abe debido a la relación de este último con la Iglesia de la Unificación —también conocida como la Secta Moon—, organización a la que responsabilizó por los problemas financieros de su familia. Según detalló The Japan Times, Yamagami alegó que su madre destinó cuantiosas sumas de dinero a la iglesia, acción que consideró resultado de una manipulación por parte de la institución y que acabó afectando gravemente el bienestar del núcleo familiar.

En la sentencia, los jueces desestimaron la hipótesis de la defensa que vinculaba de manera determinante la infancia difícil del acusado y la implicación de la Iglesia de la Unificación en los problemas económicos familiares como elementos atenuantes. El tribunal sostuvo que estos factores no justificaban la gravedad de los hechos cometidos contra el ex gobernante japonés, reportó The Japan Times.

El sistema legal japonés contempla revisiones de las sentencias de cadena perpetua y establece que los reclusos condenados a esta pena pueden solicitar libertad condicional una vez transcurridos los primeros diez años de prisión. No obstante, datos oficiales del Ministerio de Justicia citados por The Japan Times señalan que solo en raras ocasiones la libertad condicional se concede a personas que cumplen cadena perpetua en Japón, lo que implica que, en la práctica, la privación de libertad suele ser indefinida.

La defensa de Yamagami mantiene la intención de impugnar la sentencia, cuestionando tanto la valoración de los hechos como la interpretación de las causas personales y externas que rodearon el homicidio de Abe. El recurso de apelación se configura como el siguiente paso en un caso que ha reabierto el debate público en Japón sobre la influencia de ciertos movimientos religiosos en la vida familiar y política, así como sobre las condiciones para la resocialización de personas condenadas por delitos graves, de acuerdo con lo consignado por The Japan Times.

El fallo judicial que involucra a la ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, incluyó una multa de 12,8 millones de wones (cerca de 8.000 euros) y la exoneración de ciertos cargos relacionados con actividad electoral y manipulación bursátil, según reportó el medio encargado de difundir la sentencia. De acuerdo con lo publicado, Kim presentó este lunes un recurso de apelación buscando la revocación de la condena a 20 meses de prisión impuesta por corrupción, en un caso que vincula a la llamada Iglesia de la Unificación, conocida en Corea como la secta Moon, con figuras políticas y religiosas controvertidas.

El medio consignó que el Tribunal del Distrito Central de Seúl halló a Kim culpable de tráfico de influencias, tras haber aceptado artículos de lujo y conspirado con el chamán Jeon Seong Bae. El fallo citó que los objetos en cuestión procedían de la Iglesia de la Unificación, organización señalada en repetidas ocasiones por su influencia en la esfera política surcoreana. La sentencia no sólo la responsabiliza de recibir estos bienes, sino también de participar activamente en la maniobra.

La condena de 20 meses de prisión marca una reducción significativa en comparación con los 15 años solicitados por la Fiscalía surcoreana, que incluía una serie de cargos adicionales ahora descartados por el tribunal, según relató la misma fuente. Entre esos cargos se encontraba el de haber facilitado el ascenso político de Kim Young Sun, exdiputada del Partido del Poder Popular, durante las elecciones parlamentarias de 2022, y la supuesta manipulación del precio de las acciones de la empresa Deutsch Motors, operación que habría proporcionado ganancias ilícitas superiores a 475.000 euros (alrededor de 570.000 dólares).

El caso desenlazó en medio del escándalo más amplio que implicó también al expresidente Yoon Suk Yeol, esposo de Kim Keon Hee, quien fue destituido de su cargo tras una condena a cinco años de cárcel por obstrucción a la justicia, abuso de poder y falsificación documental. Según los detalles publicados, la condena contra el exmandatario derivó de la instauración de la ley marcial en diciembre de 2024, hecho que precipitó su salida de la presidencia en los meses siguientes.

Kim Keon Hee permanece en prisión desde agosto de 2025, mientras avanza el proceso de apelación anunciado al inicio de esta semana. El medio indicó que la resolución del tribunal sostuvo que la ex primera dama, en colaboración con el chamán Jeon Seong Bae, aceptó los artículos de lujo aprovechando su estatus y sus vínculos con la Iglesia de la Unificación, lo que configuró el delito de tráfico de influencias. El fallo especificó que, pese a la gravedad de las acusaciones, se desestimaron las pruebas relativas a los movimientos bursátiles y al favorecimiento electoral, por insuficiente consistencia.

La Iglesia de la Unificación, protagonista indirecta del caso, ha figurado en varios procesos de este tipo durante los últimos años, favorecida por sus relaciones con determinados sectores políticos y religiosos, detalló el medio. La organización, liderada originalmente por Sun Myung Moon, ha mantenido una presencia activa en la vida pública del país, siendo acusada en diferentes ocasiones de ejercer influencia indebida.

Según lo consignado por los tribunales y reproducido por la prensa, la investigación sobre Kim Keon Hee se enfocó en la naturaleza de las prestaciones recibidas y en la existencia de un acuerdo explícito o implícito de reciprocidad política o económica entre las partes. Los jueces enfatizaron la colaboración con Jeon Seong Bae, figura igualmente polémica en el contexto de las sectas y movimientos espirituales surcoreanos.

La noticia del recurso presentado por Kim llegó pocos días después de la condena contra Yoon Suk Yeol, intensificando un clima de tensión institucional tras meses de crisis política. De acuerdo con el medio, el proceso judicial de la ex primera dama se desarrolla en paralelo al del expresidente, ambos considerados casos sin precedentes recientes en la historia política del país.

Las autoridades judiciales establecieron que el pago fijado en 12,8 millones de wones representa el valor de los artículos de lujo entregados, según consignó el medio responsable de la cobertura. Sobre los demás cargos, el pronunciamiento judicial reiteró la ausencia de vínculos comprobables entre Kim Keon Hee y las operaciones financieras ilícitas ni el respaldo político indocumentado a la exdiputada. La revisión de estos aspectos formó parte fundamental de la decisión del tribunal al reducir la magnitud de la condena respecto al pedido inicial del Ministerio Público.

El entorno de la ex primera dama argumentó en documentos judiciales y declaraciones públicas que la relación con la Iglesia de la Unificación respondía a vínculos sociales habituales y negó intencionalidad delictiva. Sin embargo, la Fiscalía y los organismos anticorrupción destacaron la proximidad de los movimientos documentados con episodios electorales y financieros relevantes, respaldando la acusación sobre el delito principal de tráfico de influencias.

El medio remarcó que desde el encarcelamiento de Kim en agosto de 2025, la figura de la Iglesia de la Unificación ha vuelto al debate público por sus presuntas conexiones con personalidades políticas. Durante el juicio, se presentaron decenas de pruebas documentales y testimonios, aunque el tribunal desechó varias de las acusaciones originales por pruebas insuficientes o no concluyentes.

Según lo registrado en la sentencia, el tribunal priorizó el análisis sobre la procedencia de los bienes y las circunstancias bajo las cuales fueron transferidos, atribuyendo responsabilidad penal sobre la base del aprovechamiento del cargo de primera dama y los lazos estrechos con redes de poder. El fallo reflejó la complejidad de las relaciones entre política, religión y economía en Corea del Sur, aspecto recurrente en la cobertura mediática nacional durante los meses previos.

La sentencia y la posterior apelación han generado reacciones en diversos frentes políticos y sociales, añadió el medio, mientras se aguarda el resultado de la revisión judicial solicitada por la defensa de Kim Keon Hee. La resolución definitiva podría tener repercusiones adicionales sobre la percepción pública de la corrupción y la influencia de movimientos religiosos en la política surcoreana, según las valoraciones vertidas en la prensa local acerca del desarrollo del caso y sus ramificaciones institucionales.

La dirección del Partido del Poder Popular en Corea del Sur se encuentra en un momento decisivo. Se aguarda que Jang Dong Hyeok, líder de la agrupación conservadora, encabece una reunión del consejo supremo para determinar la expulsión de Han Dong Hoon. Este proceso responde a comentarios realizados por familiares de Han en el foro privado del partido, en los que vertieron duras críticas contra el expresidente Yoon Suk Yeol y miembros clave de la organización, según recogió la agencia Yonhap. En este clima de tensiones internas, Jang Dong Hyeok reapareció en la vida pública tras concluir una protesta significativa, reflejando las divisiones que atraviesan a la formación política.

Jang Dong Hyeok participó el miércoles en su primera actividad pública desde que puso fin a una huelga de hambre que se extendió durante una semana, reportó Yonhap. La medida se adoptó como mecanismo de presión hacia el Partido Demócrata, actualmente en el gobierno, para que considerara un proyecto de ley especial vinculado a las acusaciones de corrupción relacionadas con la Iglesia de la Unificación, también conocida como la secta Moon, así como las sospechas en torno a actos de soborno relacionados con las nominaciones del propio Partido del Poder Popular. El líder conservador había sido hospitalizado el jueves anterior debido a los efectos de la protesta y recibió el alta médica el martes, fecha en la que abandonó oficialmente la huelga de hambre.

El regreso de Jang al escenario político ocurrió en el marco de un evento con productores agrícolas, publicó la agencia Yonhap, lo que marcó su reaparición en público tras varios días de ausencia. Este acto sirvió como antesala a la reunión máxima del partido, la cual tiene previsto abordar tanto la crisis generada por los comentarios internos como las estrategias para manejar las acusaciones y escándalos recientes.

Las crisis internas en el Partido del Poder Popular se intensificaron a finales de 2024, cuando el entonces presidente Yoon Suk Yeol decretó una controvertida ley marcial en diciembre, según detalló Yonhap. Esta decisión derivó en su destitución meses después y en posteriores procesos judiciales donde se le condenó por su papel en la crisis. El equipo especial de fiscales que investiga la supuesta insurrección pidió la pena de muerte para Yoon, añadió la agencia.

En este contexto, la figura de Jang Dong Hyeok intenta mantener el control de la formación política, enfrentando divisiones derivadas de los recientes escándalos y de los señalamientos contra integrantes clave. La disputa en torno a Han Dong Hoon ejemplifica los conflictos internos, pues sus familiares expresaron públicamente diferencias con la dirección del partido y acusaron al exmandatario Yoon y a varios líderes de prácticas cuestionables, según Yonhap.

Las investigaciones sobre la Iglesia de la Unificación y el presunto soborno en las nominaciones partidistas siguen abiertas, lo que aumenta la presión sobre la dirección conservadora y sobre Jang, quien busca que el Partido Demócrata acceda a tramitar la ley especial propuesta.

Desde distintos sectores de la agrupación política se manifestó el interés por superar el periodo de enfrentamientos, aunque la crisis abierta en diciembre ha dejado una huella perceptible en las estructuras de poder y en la percepción pública de la formación. Según la agencia Yonhap, el desenlace de la sesión del consejo supremo, así como la decisión definitiva sobre la expulsión de Han Dong Hoon, podrían incidir en el equilibrio interno y en la capacidad del partido para presentarse como alternativa frente al oficialismo.

La protesta de Jang Dong Hyeok y su reincorporación a la vida pública se enmarcan dentro de un periodo complejo para la oposición surcoreana, que enfrenta desafíos tanto externos, por las disputas con el Partido Demócrata, como internos, debido a las fisuras y desacuerdos en el liderazgo y la toma de decisiones.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl absolvió a la ex primera dama Kim Keon Hee de las acusaciones relacionadas con la manipulación bursátil y el supuesto apoyo electoral a una exdiputada del Partido del Poder Popular, además de fijar una condena de un año y ocho meses de prisión por tráfico de influencias. La sentencia, dictada este miércoles, determinó que Kim cometió un delito al aceptar obsequios de la Iglesia de la Unificación, conocida también como la Secta Moon, en el periodo que abarca desde abril hasta julio de 2022, en complicidad con el chamán Jeon Seong Bae. De acuerdo con The Korea Times, el proceso judicial se centró en dilucidar la responsabilidad de Kim por el episodio de corrupción vinculado con la recepción de artículos de lujo de esta organización religiosa.

Según informó The Korea Times, la resolución judicial especifica que entre los cargos presentados contra Kim, el tribunal solo halló fundamentos suficientes para considerar demostrado el tráfico de influencias. La acusación señalaba que la ex primera dama habría recibido los obsequios mencionados a cambio de favores o beneficios indebidos, elemento central para la configuración del delito por el cual fue sentenciada. Esta decisión judicial redujo significativamente la expectativa de pena, ya que la Fiscalía había solicitado hasta 15 años de prisión para Kim, contemplando todas las acusaciones formuladas.

El medio The Korea Times detalló que Kim fue absuelta del cargo de haber favorecido electoralmente a la exdiputada Kim Young Sun durante las elecciones parlamentarias de 2022. Según la acusación, se pretendía establecer que la ex primera dama habría intervenido para asegurar sondeos favorables a su esposo, Yoon Suk Yeol, en la carrera presidencial del mismo año, a cambio de respaldar políticamente a Kim Young Sun. Sin embargo, el tribunal concluyó que las pruebas presentadas no permitieron acreditar estos hechos como delito.

Las investigaciones judiciales también exploraron la participación de Kim Keon Hee en supuestas operaciones irregulares en el mercado bursátil. Según el expediente, se le atribuía haber intervenido en la manipulación del precio de las acciones de Deutsch Motors, logrando obtener unas ganancias de aproximadamente 570.000 dólares, equivalentes a más de 475.000 euros. Pese a las sospechas, la sentencia determinó que no se demostró su implicación directa en estos movimientos, lo que derivó en su absolución de ese cargo.

De acuerdo con la información reportada por The Korea Times, Kim Keon Hee se encuentra en prisión desde agosto de 2025, a la espera de la resolución definitiva de su situación legal. La sentencia actual representa una reducción sustancial respecto a la petición inicial de la Fiscalía, que contemplaba una condena mucho más severa por la acumulación de cargos. El proceso judicial ha estado acompañado de gran atención pública debido a la notoriedad de la figura de Kim y la repercusión en la vida política del país.

La condena de Kim Keon Hee ocurre en el contexto de los recientes fallos judiciales contra su esposo, el exmandatario Yoon Suk Yeol. Según consignó The Korea Times, Yoon fue sentenciado a cinco años de prisión tras ser hallado culpable de obstrucción a la justicia, abuso de poder y falsificación de documentos. Estos hechos están vinculados a la declaración de la polémica ley marcial emitida en diciembre de 2024, medida por la cual posteriormente perdió el cargo presidencial.

El vínculo de Kim con la Iglesia de la Unificación, denominada también Secta Moon, ha sido foco de especulación y análisis en Corea del Sur, dado el peso social y político de esta organización. Según The Korea Times, el tribunal identificó como pieza central del delito la recepción de obsequios valuados en sumas considerables, acción que, junto con la colaboración del chamán Jeon Seong Bae, constituyó un acto de tráfico de influencias dentro del ámbito de la función pública que desempeñaba Kim como esposa del presidente.

Las investigaciones sobre el caso han dado lugar a un amplio debate público y mediático en Corea del Sur, explicó The Korea Times. La atención se ha enfocado en el impacto de los vínculos entre figuras políticas y grupos religiosos influyentes, así como en los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas para altos funcionarios y sus colaboradores cercanos. La reducción de la pena para Kim Keon Hee y la absolución de algunos de los cargos ha generado reacciones diversas entre la opinión pública y el ámbito político del país.

Según el expediente judicial repasado por The Korea Times, el tribunal descartó la existencia de pruebas concluyentes contra Kim en los casos de manipulación bursátil y apoyo electoral, e insistió en la importancia de delimitar las responsabilidades individuales en cada proceso investigado. La sentencia enfatizó que la condena por tráfico de influencias responde en exclusivo a la comprobación del intercambio de regalos entre la ex primera dama y la Iglesia de la Unificación.

El caso ha promovido nuevas discusiones sobre los límites éticos del ejercicio del poder y la obligación de transparencia de los funcionarios y sus familias. Según publicó The Korea Times, el proceso judicial en torno a Kim y Yoon representa uno de los más relevantes en la reciente historia política de Corea del Sur, en tanto involucra a una pareja presidencial y aborda aspectos centrales de la legítima gestión pública frente a intereses externos y particulares.

El juez Woo In-sung, del Tribunal del Distrito Central de Seúl, condenó este miércoles a la ex primera dama Kim Keon Hee a 20 meses de prisión por corrupción, aunque la absolvió de los cargos de manipulación de acciones y otras acusaciones en su contra.

Kim también fue acusada de aceptar sobornos por más de USD 200.000, incluidos dos bolsos de la marca Chanel y un collar Graff entregados por el líder de la organización Iglesia de la Unificación, una institución considerada secta en el país.

El fallo sorprendió, ya que el fiscal independiente había solicitado 15 años de prisión para Kim por cargos de soborno, manipulación de precios de acciones y violaciones a la ley de financiación política. Finalmente, el tribunal la condenó a 20 meses de cárcel únicamente por soborno.

En diciembre, la Fiscalía había sostenido que Kim se había “puesto por encima de la ley” y conspirado con la Iglesia de la Unificación para vulnerar “la separación constitucional entre religión y Estado”.

El fiscal Min Joong-ki añadió que las instituciones surcoreanas habían sido “severamente socavadas por los abusos de poder” de la ex primera dama, a quien también se le atribuye interferencia en las elecciones parlamentarias.

Kim negó todas las acusaciones, calificándolas de “profundamente injustas” en su testimonio final, aunque se disculpó públicamente “por causar problemas a pesar de ser una persona sin importancia”. “Cuando considero mi papel y las responsabilidades que me han sido confiadas, parece claro que he cometido muchos errores”, declaró en diciembre.

El equipo de defensa de Kim agradeció al tribunal por la sentencia, aunque consideró que la pena de 20 meses era “relativamente alta”. Los abogados anunciaron que evaluarán la posibilidad de apelar el veredicto.

La condenada, ampliamente conocida por su activismo en favor de la prohibición del consumo de carne de perro en Corea del Sur, vio cómo numerosos escándalos eclipsaron la agenda política de su esposo, el ex presidente Yoon Suk Yeol. La figura de Kim, de 53 años, estuvo envuelta en controversias desde hace tiempo, y las denuncias de corrupción, tráfico de influencias y fraude académico marcaron el mandato de su Yoon.

Ambos permanecen actualmente bajo custodia: Yoon enfrenta cargos por las decisiones adoptadas durante la declaración de ley marcial en diciembre de 2024 y sus caóticas consecuencias, mientras que Kim fue juzgada por supuesta manipulación bursátil y la recepción de obsequios por parte de la Iglesia de la Unificación.

En 2023, la difusión de imágenes de una cámara oculta en las que Kim aparecía aceptando un bolso de lujo valorado en 2.200 dólares desató el llamado “escándalo de los bolsos Dior”, lo que agravó aún más la baja popularidad de Yoon.

Este escándalo fue un factor en la severa derrota del partido de Yoon en las elecciones generales de abril de 2024, cuando no logró recuperar la mayoría parlamentaria.

El ex mandatario vetó tres proyectos de ley respaldados por la oposición para investigar las acusaciones contra Kim, incluido el caso del bolso Dior, y el último veto estaba programado para noviembre de 2024. Una semana después, declaró la ley marcial.

La comparecencia de Kim ante el tribunal se produjo pocos días después de que el ex primer ministro Han Duck-soo fuera condenado a 23 años de prisión —ocho años más de lo solicitado por la fiscalía— por su papel en la suspensión del gobierno civil bajo el mandato de Yoon.

La investigación sobre Kim también desembocó en el arresto de Han Hak-ja, líder de la Iglesia de la Unificación, organización que afirma tener 10 millones de seguidores en todo el mundo y dirige un amplio conglomerado empresarial. Por otro lado, un tribunal de Seúl dictará sentencia este miércoles al legislador Kweon Seong-dong, acusado igualmente de aceptar sobornos de la secta.

(Con información de AFP)

Durante el proceso judicial, la defensa de Tetsuya Yamagami argumentó que influencias externas y situaciones personales complicadas, como el impacto de la Iglesia de la Unificación sobre su familia, motivaron sus acciones. No obstante, el tribunal japonés desestimó estas alegaciones y, en la jornada del miércoles, dictó la condena de cadena perpetua por el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe. Según informó la agencia de noticias Kyodo, la fiscalía había solicitado la máxima sentencia posible al considerar que se trató de “un crimen sin precedentes en la historia de posguerra del país”, petición que fue finalmente respaldada por la autoridad judicial competente.

De acuerdo con lo publicado por Kyodo, la resolución judicial responde al ataque perpetrado por Yamagami en julio de 2022, cuando Abe, antiguo jefe del Gobierno japonés, resultó mortalmente herido por disparos durante un acto público en la ciudad de Nara. El caso conmocionó no solo a la sociedad japonesa sino también al ámbito internacional, dada la relevancia de la figura política de Abe y el escaso número de homicidios violentos en Japón en tiempos recientes.

El tribunal consideró que la magnitud de la agresión, junto con la premeditación demostrada, revestían una gravedad excepcional. Durante el juicio, la defensa intentó convencer al panel judicial de que Yamagami estaba profundamente afectado por las consecuencias de la relación de su madre con la Iglesia de la Unificación, organización que, según detalló la defensa y recogió el medio Kyodo, habría provocado dificultades significativas en el entorno familiar del acusado. Según la misma fuente, los abogados señalaron que el vínculo entre Abe y la mencionada iglesia alimentó la decisión de Yamagami de cometer el delito.

La fiscalía, por su parte, enfatizó el carácter inadmisible del acto y subrayó que el asesinato tuvo lugar con plena consciencia de las implicancias, recalcando la inexistencia de justificaciones válidas para la violencia mortal contra la figura de un ex primer ministro. El medio Kyodo consignó que los representantes del Ministerio Público destacaron la importancia de emitir una sentencia ejemplar por su impacto en la seguridad pública y en la preservación de la confianza institucional en el país.

Durante las audiencias, se reconstruyeron los momentos previos al atentado, detallando cómo Yamagami fabricó el arma utilizada para el ataque y el tiempo dedicado a planificar la acción. Tras el atentado, Shinzo Abe fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento pocas horas después. El juicio analizó tanto las pruebas materiales como las declaraciones de testigos presenciales y expertos en salud mental.

La defensa solicitó una pena menor, proponiendo que la condena se limitara a un máximo de 20 años de prisión. Basaron su petición en el historial personal del acusado y en el supuesto daño psicológico derivado de los problemas familiares y la relación con la Iglesia de la Unificación. Sin embargo, el tribunal resolvió que estas circunstancias no justificaban una reducción en la pena dictada.

La cadena perpetua decretada para Tetsuya Yamagami dio cierre a un proceso judicial que mantuvo el interés público desde el primer momento, dada la trascendencia nacional e internacional del caso. Según informes de Kyodo, la sentencia fue bien acogida por los fiscales, quienes subrayaron que el fallo transmite un mensaje firme frente a la violencia política.

En las jornadas posteriores a la sentencia, se registraron expresiones de respaldo a la decisión del tribunal en diversos sectores de la sociedad japonesa, recalcando la necesidad de preservar la integridad de los líderes y figuras públicas. Asimismo, el caso ha reavivado el debate sobre la protección de funcionarios y la influencia de grupos religiosos sobre la vida política y social del país, temas que continúan ocupando espacio en la agenda pública, según el registro del medio Kyodo.

El hombre acusado de asesinar al ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, fue condenado este miércoles a cadena perpetua, más de tres años después del crimen que conmocionó al país y generó repercusiones internacionales.

El tribunal de la ciudad de Nara, presidido por el juez Shinichi Tanaka, dictó la sentencia contra Tetsuya Yamagami, de 45 años, quien enfrentó cargos por asesinato y violaciones a la ley de control de armas de fuego. El condenado utilizó un arma de fabricación casera para disparar y matar a Abe durante un discurso de campaña en julio de 2022.

Decenas de personas hicieron fila desde la mañana para obtener un lugar en la sala del tribunal, lo que reflejó el interés social en el desenlace del proceso judicial.

Durante el inicio del juicio en octubre, Yamagami admitió haber cometido el asesinato, aunque impugnó algunos de los otros cargos, según informaron los medios japoneses. En el sistema jurídico japonés, el juicio prosigue aun cuando el acusado reconoce su responsabilidad.

El caso generó un debate nacional sobre la violencia armada en un país con bajas tasas de crímenes de este tipo y puso bajo la lupa los presuntos vínculos entre figuras políticas conservadoras y la Iglesia de la Unificación, una organización considerada secta secreta por algunos sectores.

El asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe fue calificado por asistentes al tribunal como “el incidente del siglo”. Un joven de 31 años, entrevistado por la AFP mientras esperaba para ingresar a la sala, afirmó: “Lo apreciaba mientras vivía. Su muerte fue impactante” y añadió que su presencia en el lugar obedecía a su interés por “saber sobre el hombre que mató a alguien que me importaba”.

A las puertas del tribunal, el trabajador de logística Manabu Kawashima expresó su interés en el caso y afirmó: “Quiero saber la verdad sobre Yamagami”. A las afueras del tribunal, otro ciudadano exhibía una pancarta pidiendo al juez que tomara “en la más completa consideración” las difíciles circunstancias de vida de Tetsuya Yamagami.

Durante el juicio, la fiscalía solicitó la cadena perpetua, calificando el crimen como “sin precedentes en nuestra historia de posguerra” y subrayando las “consecuencias extremadamente graves” que tuvo para la sociedad japonesa. La versión local de la cadena perpetua contempla la posibilidad de libertad condicional, aunque en la práctica muchos condenados permanecen encarcelados hasta su muerte, según expertos.

El proceso judicial, que se extendió durante varios meses, reveló que el motivo del acusado estaba vinculado a una intención de exponer y desacreditar a la Iglesia de la Unificación. Los fiscales explicaron que Yamagami actuó luego de que donaciones realizadas por su madre a la organización provocaran la bancarrota de su familia, y que el condenado llegó a creer que “políticos influyentes” protegían a la secta.

Shinzo Abe había participado en eventos organizados por entidades relacionadas con la iglesia. Según la acusación presentada en octubre, Yamagami “pensó que si mataba a alguien tan influyente como el ex primer ministro Abe, podría atraer la atención pública hacia la Iglesia y alimentar la crítica pública hacia ella”.

La Iglesia de la Unificación fue fundada en Corea del Sur en 1954 por Sun Myung Moon, y sus seguidores llegaron a ser conocidos como “Moonies”. En el juicio, el equipo de defensa de Yamagami presentó una petición de clemencia subrayando el “abuso religioso” que, según alegaron, sufrió durante su crianza por la profunda fe de su madre en esta organización.

Tras el suicidio de su esposo y con otro hijo gravemente enfermo, la madre de Yamagami destinó todos sus bienes a la iglesia con la esperanza de “salvar” a su familia, según relató el abogado defensor. Las donaciones acumuladas llegaron a 100 millones de yenes (1 millón de dólares en ese momento). Estas circunstancias llevaron al acusado a abandonar sus estudios universitarios, en 2005 intentó suicidarse y, poco después, su hermano también falleció por suicidio.

Las investigaciones posteriores al asesinato de Shinzo Abe revelaron una serie de conexiones entre la Iglesia de la Unificación y numerosos legisladores conservadores del Partido Liberal Democrático, causando la renuncia de cuatro ministros del gabinete.

A partir de 2020, Yamagami comenzó a fabricar manualmente un arma de fuego letal, que probó en una zona montañosa apartada. Los fiscales consideraron que estas acciones demuestran la alta premeditación del ataque contra Abe.

El asesinato también puso en evidencia la situación excepcional de Japón en materia de control de armas. La violencia armada es tan inusual que los funcionarios de seguridad no identificaron de inmediato el disparo inicial y acudieron en auxilio de Abe con retraso, de acuerdo con los informes policiales posteriores al ataque.

(Con información de AFP)

El medio The Korea Times informó que Jang cuestionó la renuencia del PD a debatir y aprobar las iniciativas, alegando que la negativa responde al temor de que las pesquisas puedan implicar a figuras relevantes del Gobierno actual. El líder opositor recalcó que, en palabras suyas: “La verdad no desaparece solo por encubrirla. El PPP seguirá luchando para sacar adelante estas medidas y que se investiguen estas acusaciones de soborno”.

A medida que crece el enfrentamiento entre las dos principales formaciones políticas surcoreanas, la tensión en el Parlamento se ha agudizado. The Korea Times consignó que miembros del PPP organizaron una protesta frente a la sede de la Asamblea Nacional como parte de sus esfuerzos para presionar al oficialismo. El motivo central de la disputa radica en la exigencia de la oposición para que la Cámara avale una serie de investigaciones especiales que, según sostienen, esclarecerían posibles hechos de corrupción relacionados con la Iglesia de la Unificación, conocida también como secta Moon.

Las investigaciones propuestas tendrían como uno de sus focos el vínculo de la organización religiosa con la esposa del exmandatario Yoon Suk Yeol, quien habría recibido obsequios de la citada Iglesia, indicaron fuentes parlamentarias publicadas por The Korea Times. Diversos opositores han insistido en que el esclarecimiento de estos hechos reviste una importancia institucional, ya que permitiría delimitar la eventual influencia de agrupaciones religiosas y otros intereses particulares en la esfera pública.

La Iglesia de la Unificación fue fundada en Corea del Sur y se identifica por sus postulados conservadores. La organización, además de su presencia en territorio surcoreano, cuenta con una significativa base de adeptos en Japón y mantiene actividad en otros países. The Korea Times recordó que la sede de la iglesia en la estación de tren de Nara resultó relevante tras el asesinato, en 2022, del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Posterior a ese ataque, salieron a la luz antecedentes que atribuyen al presunto atacante el ser hijo de una mujer integrante de la secta. Según él mismo declaró, su madre habría sido víctima de estafa por parte de la organización.

El accionar de la Iglesia de la Unificación ha generado análisis y controversia en la opinión pública, especialmente después de que la implicación en el asesinato de Shinzo Abe puso en relieve las dinámicas de la secta y su alcance transnacional. El caso alimentó el debate en Corea del Sur sobre la influencia de las agrupaciones religiosas conservadoras en la vida política y sociales del país, señaló The Korea Times.

El impasse parlamentario provocado a raíz de estas iniciativas ha derivado en un clima de recriminaciones mutuas entre oficialismo y oposición. Legisladores del PPP sostienen que la transparencia y el esclarecimiento resultan indispensables para restaurar la confianza de la población hacia las instituciones, mientras que desde el PD no han emitido declaraciones públicas acerca de la huelga de hambre iniciada por Jang ni sobre la postura oficial respecto a las propuestas legislativas.

La huelga de hambre constituye un episodio dentro de una cadena más amplia de manifestaciones y actos de presión promovidos por la oposición en las semanas recientes. Los partidarios del PPP han argumentado que la investigación sobre las conexiones entre líderes políticos y la Iglesia de la Unificación es necesaria para deslindar responsabilidades y evitar la repetición de hechos similares en el futuro. The Korea Times añadió que la controversia ha incentivado también la participación de ciudadanos y organizaciones civiles interesadas en la regulación del rol de las sectas y movimientos religiosos en la política coreana.

La postura del líder opositor y la movilización de su bancada reflejan una estrategia para mantener la atención pública sobre el tema y exigir que el Parlamento actúe ante las sospechas de corrupción. El trasfondo del escándalo y el papel de la Iglesia de la Unificación han situado a Corea del Sur ante una coyuntura en la que convergen asuntos legales, éticos y políticos de alcance nacional e internacional, de acuerdo con el análisis presentado por The Korea Times.

Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur, permanece privada de libertad en Seúl desde agosto, como parte de una investigación amplia que derivó en cargos en su contra y en una acusación formal por parte de la Fiscalía de su país. Los fiscales la señalan por presunta interferencia en asuntos estatales, corrupción y manipulación bursátil, entre otros hechos, de acuerdo con lo publicado este lunes por la agencia Yonhap. El Ministerio Público surcoreano concluyó el proceso investigativo tras 180 días, atribuyéndole a la esposa del expresidente Yoon Suk Yeol una serie de delitos cuyas implicancias podrían figurar "en los libros de historia", según expresó el fiscal especial adjunto Kim Hyoung Kun.

De acuerdo con el reporte de Yonhap, las pesquisas oficiales consideran probado que Kim Keon Hee intervino en la asignación de beneficios políticos a la exdiputada Kim Young Sun, diputada del Partido del Poder Popular (PPP), durante las elecciones parlamentarias de 2022. Esta intervención habría consistido en el favorecimiento de la mencionada política a cambio de sondeos que resultarían favorables para Yoon Suk Yeol, esposo de Kim, durante las elecciones presidenciales del mismo año. Según informa el medio surcoreano, la acusación formaliza que estos hechos representan una intromisión ilegal y oculta en la gestión pública.

El Ministerio Público también atribuye a Kim Keon Hee la manipulación del precio de las acciones de la empresa Deutsch Motors. Las autoridades detallan que la ex primera dama habría influido de forma directa en el desarrollo del valor bursátil de la compañía, una conducta que está tipificada como delito de manipulación de mercado en la legislación surcoreana. Ese elemento de la acusación fue una de las líneas principales de la investigación, conforme lo relatado por la agencia Yonhap y otros medios habituales en la cobertura de asuntos judiciales en Corea del Sur.

Otro de los hechos considerados por la Fiscalía se refiere a la recepción de regalos y beneficios económicos por parte de la Iglesia de la Unificación, conocida también como la Secta Moon. Según recogió la agencia Yonhap, los investigadores sostienen que Kim Keon Hee habría recibido obsequios de valor considerable en una supuesta trama de captación ilegal de fondos a través de dicha organización religiosa. Los regalos habrían servido como contraprestación por intervenciones a favor de terceras personas en el entorno político y administrativo de Corea del Sur.

Además, la semana previa al informe final, Kim Keon Hee enfrentó acusaciones adicionales sobre la recepción de obsequios a cambio de influencias, valorados en cientos de miles de dólares. Entre los ejemplos mencionados por la Fiscalía surcoreana figura un collar cuyo precio supera los 69.000 dólares (58.000 euros), que habría sido entregado por un empresario de la construcción con el objetivo de obtener un puesto en el gobierno para su yerno. La investigación sostiene que la esposa del expresidente utilizó su posición para la gestión de nombramientos dentro de la administración pública y favores personales en el contexto de estos presentes.

Según el relato de Yonhap, la Justicia surcoreana ha decidido mantener bajo arresto preventivo a Kim mientras prosiguen las actuaciones legales y se formalizan los cargos derivados de los hallazgos. La magnitud del caso se refleja en el número de personas vinculadas en calidad de acusadas o investigadas, nuestro abarcan a decenas de individuos, entre los cuales figura el propio expresidente Yoon Suk Yeol. El exmandatario afronta, paralelamente, otra causa relacionada con un intento frustrado de decretar la ley marcial en diciembre de 2024.

El Ministerio Público también valoró las explicaciones ofrecidas por Yoon Suk Yeol acerca de su desconocimiento respecto a los regalos recibidos por su esposa. Las autoridades señalaron que consideran estas justificaciones poco creíbles, aunque remarcaron, según la información recogida por Yonhap, que no cuentan con suficientes pruebas para presentar cargos formales en contra de Yoon en relación con los beneficios ilícitos obtenidos por Kim Keon Hee.

Durante la presentación de los resultados de la investigación, el fiscal especial adjunto Kim Hyoung Kun destacó que los delitos atribuidos a la ex primera dama revisten gravedad y que estas prácticas deberían quedar consignadas para la posteridad, tanto en el registro judicial como en la memoria institucional del país. El medio Yonhap enfatizó que la investigación sobre los presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y manipulación de fondos implica a personas del entorno político y empresarial surcoreano, ampliando el alcance potencial de consecuencias institucionales y penales.

La ex diputada Kim Young Sun, mencionada como una de las beneficiadas de las acciones de Kim Keon Hee, habría recibido ventajas en el proceso electoral parlamentario a cambio de favorecer a la candidatura de Yoon en los comicios presidenciales, de acuerdo a las averiguaciones hechas públicas por los fiscales. En la acusación presentada se describe un intercambio de favores que involucra tanto la obtención de encuestas positivas destinadas a favorecer la imagen de Yoon, como el acceso privilegiado a cargos y puestos en la administración pública.

En el trasfondo del caso también resalta la interacción directa entre actores políticos, representantes empresariales y organizaciones religiosas, como la Iglesia de la Unificación. Según lo recabado por Yonhap, la presunta captación de fondos y la recepción de obsequios en este contexto forma parte de un sistema de favores y contraprestaciones que, según la Fiscalía, vulnera los principios legales y éticos que rigen la administración pública en Corea del Sur.

El desarrollo de la causa penal contra Kim Keon Hee sigue en curso, mientras las autoridades judiciales mantienen abiertas otras investigaciones derivadas de los hechos descritos. Decenas de personas figuran como imputadas o mencionadas en calidad de testigos, y la opinión pública surcoreana se mantiene atenta al avance de los procesos judiciales, según reportó la agencia Yonhap.

De acuerdo con EFE, la policía surcoreana designó a Han Hak-ja, de 82 años y actual líder de la Iglesia de la Unificación, como sospechosa en una causa relacionada con la entrega de fondos a políticos de alto rango, tanto del partido gobernante como de la oposición. La dirigente ya se encontraba en detención preventiva y estaba siendo procesada en un caso diferente, por supuestos sobornos dirigidos a Kim Keon-hee, quien ocupó el rol de primera dama durante el mandato de Yoon Suk-yeol.

El medio detalló que las pesquisas también involucran a Yun Yeong-ho, exjefe de la sede mundial de la agrupación religiosa. Yun, igualmente detenido y en juicio, enfrenta acusaciones vinculadas con pagos ilícitos a la ex primera dama Kim. La investigación más reciente habría identificado a varios nuevos implicados, entre ellos el exministro de Océanos, Chun Jae-soo, quien abandonó su cargo la semana pasada tras la circulación de versiones sobre la presunta recepción de relojes de lujo y sumas de dinero por parte de la iglesia.

Como parte de las diligencias judiciales, las autoridades efectuaron registros y confiscaciones no solo en las propiedades relacionadas directamente con Han, sino también en las oficinas de Chun y de dos exlegisladores, cuya identidad no fue especificada. EFE consignó que la pesquisa apunta a determinar la magnitud y los destinatarios de las transferencias que, según los indicios iniciales, habrían tenido como fin obtener favores políticos e influir en decisiones gubernamentales.

Tanto el exministro Chun Jae-soo como los dos exparlamentarios mencionados han rechazado formalmente las imputaciones y niegan toda participación en actividades ilegales. Según publicó EFE, las autoridades todavía se encuentran en fase de recopilación y análisis de pruebas digitales y físicas, y no descartan nuevas detenciones o ampliación de cargos en el transcurso de las próximas semanas.

La Iglesia de la Unificación, fundada por Sun Myung Moon y conocida internacionalmente por la realización de ceremonias matrimoniales multitudinarias y una estructura global de negocios, ha estado bajo vigilancia sistemática en Corea del Sur y Japón. Las preocupaciones sobre sus presuntas injerencias políticas y métodos de recaudación de fondos han originado una serie de acciones legales y mediáticas contra sus máximos responsables y colaboradores.

EFE reportó que en marzo un tribunal japonés ordenó la disolución de la organización en ese país, una decisión motivada por la aceleración de las investigaciones posteriores al homicidio en 2022 del ex primer ministro Shinzo Abe. El autor del atentado alegó haber sido perjudicado económicamente por la iglesia y responsabilizó a la organización por su situación familiar y patrimonial.

El caso judicial en Japón contribuyó a poner en la agenda pública las reclamaciones de numerosas víctimas, incluidas personas cuyos padres habrían realizado donaciones sustanciales bajo presión de responsables del grupo religioso. Testimonios recogidos por diferentes instancias revelan que algunos miembros familiares sufrieron pérdidas significativas de patrimonio personal y sostienen haber sido objeto de presiones continuas para entregar aportaciones económicas.

Según detalló EFE, la Iglesia de la Unificación ha contestado la resolución judicial en Japón y mantiene recursos activos ante el sistema judicial de ese país. La organización sostiene que sus actividades se enmarcan en la libertad religiosa y niega violaciones a las normativas sobre donaciones o presiones indebidas a sus fieles.

Las investigaciones policiales en Corea del Sur, reportó el medio, continúan ampliándose a medida que surgen nuevas conexiones entre la agrupación religiosa, funcionarios públicos y sectores políticos. Las investigaciones buscan determinar si los flujos financieros y regalos de valor entregados a políticos respondían a favores concretos o a intentos de obtener influencia institucional en la toma de decisiones.

La Iglesia de la Unificación ha mantenido durante décadas relaciones con figuras de la vida política y social en diferentes regiones del mundo. Según EFE, estos vínculos han aumentado el escrutinio de autoridades y la atención mediática sobre su liderazgo, sus redes empresariales y el impacto de sus operaciones financieras dentro y fuera de Corea del Sur.

“No hay duda de que lo hice”, expresó Tetsuya Yamagami este martes ante el tribunal japonés presidido por el juez Shinichi Tanaka, en la sesión de apertura de su juicio por el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe. Según informó el diario japonés Asahi Shimbun, Yamagami reconoció su responsabilidad penal tanto por el cargo de homicidio como por las infracciones relacionadas con la tenencia y el uso de armas, admitiendo la veracidad de los hechos que le imputa el pliego acusatorio. El acusado, de 45 años, respondió de manera directa tras ser interrogado, pronunciando también la frase: “Todo es cierto”. Esta declaración representa la primera intervención pública de Yamagami desde su detención hace más de tres años.

De acuerdo con Asahi Shimbun, los cargos contra Yamagami incluyen asesinato y violaciones a las estrictas leyes japonesas sobre control de armas, tras el ataque perpetrado contra Abe el 8 de julio de 2022 en la ciudad de Nara. Durante aquel evento, el ex primer ministro participaba en un acto de campaña electoral en respaldo a un candidato del Partido Liberal Democrático (PLD), cuando fue abatido con un arma de fabricación casera. El caso conmocionó a Japón y al ámbito internacional, y puso de relieve problemáticas relacionadas con la seguridad de las figuras políticas y la proliferación de armas de confección artesanal.

El medio Asahi Shimbun detalló que, durante la investigación, Yamagami manifestó que el motivo de su acción se relaciona con las dificultades económicas a las que enfrentó su familia por la vinculación de su madre con la Iglesia de la Unificación. Según consta en el sumario, Yamagami sostuvo que el patrimonio familiar se esfumó a causa de las cuantiosas donaciones que su madre entregó a dicha organización religiosa. El acusado asoció a Shinzo Abe con la Iglesia y lo identificó como figura afín a ese grupo, argumento que utilizó para fundamentar su acto en el interrogatorio ante las autoridades.

El diario Asahi Shimbun especificó que la Iglesia de la Unificación se estableció en Japón en 1968 y mantiene una trayectoria de relación y apoyo a ciertos miembros del PLD, al que pertenecía Abe. El templo central de la organización en Nara está ubicado cerca de la estación ferroviaria donde se llevó a cabo el atentado. Esta organización religiosa nació en Corea del Sur y en su discurso ha prevalecido el anticomunismo, enmarcado en el contexto de la Guerra Fría, según antecedentes históricos recogidos por medios de comunicación.

En Japón, la Iglesia de la Unificación es conocida por sus celebraciones de bodas en masa y por ofrecer pronósticos sobre el futuro a sus fieles. Además, integra redes de influencia política en varios países y cuenta con organizaciones como la Coalición Internacional para la Libertad Religiosa, con filiales en Estados Unidos. Este grupo ha obtenido respaldo de figuras políticas como el expresidente Donald Trump, quien aparece como uno de sus apoyos internacionales.

Según publicó el medio estadounidense The Hill, Donald Trump se encuentra de visita en Japón y mantuvo una reunión con la nueva primera ministra Sanae Takaichi. Takaichi es identificada como aliada política de Abe y promotora de sus políticas económicas denominadas “Abenomics”. Trump felicitó a la jefa de gobierno por el reciente ascenso al cargo, transmitiéndole que Abe “hablaba muy bien de ella”, y añadió: “No me sorprende ver que ahora es usted la primera ministra. Él estaría muy contento de saberlo y yo le felicito en nombre de Estados Unidos”, declaración reportada por The Hill.

El asesinato de Shinzo Abe, ocurrido durante la campaña previa a los comicios para la cámara alta del Parlamento japonés, generó repercusiones sobre la relación entre política y organizaciones religiosas en Japón. El atentado, ejecutado con un arma artesanal pese a las políticas restrictivas de Japón sobre armamento, condujo a una revisión tanto de las medidas de seguridad como del escrutinio público en torno a las alianzas entre partidos y entidades religiosas. Según Asahi Shimbun, la Iglesia de la Unificación continúa vinculada de diversas formas a la vida pública japonesa a través de su apoyo a candidatos y actividades sociales.

En la audiencia judicial celebrada este martes, Yamagami compareció por primera vez ante el juzgado desde su arresto en 2022. El proceso continuará con la evaluación de las pruebas por parte de los jueces y la fiscalía, mientras la atención pública recae tanto en las declaraciones del acusado como en las consecuencias del caso para la vida política japonesa, según consignaron Asahi Shimbun y otras fuentes relevantes.

Las fuerzas de seguridad de Corea del Sur han detenido este martes a Hak Ja Han, la líder religiosa y presidenta de la polémica Iglesia de la Unificación, conocida como secta Moon, por su implicación en varios escándalos de corrupción que han salpicado al expresidente Yoon Suk Yeol y a la ex primera dama del país Kim Keon Hee.

Hak, que ha pedido disculpas a la población y ha aceptado las acusaciones vertidas en su contra a medida que la Justicia halla “datos e información insuficiente” que explique su comportamiento a la hora de hacer regalos lujosos a Kim y ofrecer amplías cuantías de dinero a diputados del Partido del Poder Popular, la formación del expresidente destituido.

“Acepto con humildad la decisión y asistiré al juicio. Quiero disculparme ante la población”, ha indicado, según el diario surcoreano ‘Chosun Ilbo’. Se trata de la primera detención de una figura religiosa de relevancia.

El juez Jeong Jae Wook, encargado de emitir la orden de arresto, ha llevado a cabo una investigación exhaustiva y ha alertado de que existen posibilidades de que se “destruyan pruebas”.

Hak ha sido acusada de entregar a la ex primera dama bienes valorados en 80 millones de wones (48.600 euros), entre ellos un collar de la marca Graff y un bolso de Chanel, todo a través del exdirector de la Iglesia de la Unificación Yoon Young Ho, entre otros.

La Iglesia de la Unificación, conocida por sus ideas profundamente conservadoras, se originó en Corea del Sur y cuenta con un amplio número de seguidores en Japón. Además, cuenta con adeptos a nivel mundial y tiene una sede en la estación de tren de Nara, donde se produjo en 2022 el ataque que acabó con la vida del ex primer ministro japonés Shinzo Abe.

Dicho ataque puso en el punto de mira a la organización después de que saliera a la luz que el principal sospechoso del ataque era el hijo de una mujer que formaba parte de la secta y que, según el propio autor del tiroteo, había sido estafada por la misma.

La Iglesia de la Unificación fue fundada en 1954 por el difunto esposo de Han, Moon Sun-myung, y durante mucho tiempo ha sido objeto de controversia.

Moon afirmó ser la Segunda Venida de Jesucristo, mientras que la iglesia tiene una cultura de culto y sus seguidores son referidos burlonamente como “Moonies”.

Tiene un vasto alcance, con negocios que van desde los medios de comunicación y el turismo hasta la distribución de alimentos.

La iglesia, que afirma tener 10 millones de seguidores en todo el mundo, es mejor conocida por sus bodas masivas, donde miles de parejas de todo el mundo se casan en ceremonias del tamaño de un estadio.

(con información de EP y AFP)

La Iglesia de la Unificación, conocida popularmente como los “Moonies”, presentó este lunes un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Tokio, en respuesta a la orden judicial emitida el mes pasado que dispone su disolución legal en Japón.

El fallo se produjo tras las revelaciones que siguieron al asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, ocurrido en 2022.

El Tribunal de Distrito de Tokio determinó que la rama japonesa de la Iglesia causó “daños sin precedentes” a la sociedad, al considerar probado que la organización religiosa presionó a sus miembros para realizar donaciones cuantiosas, que en algunos casos arruinaron financieramente a familias enteras.

Además, se la ha acusado de negligencia infantil entre sus fieles, aunque la Iglesia ha negado todas las imputaciones.

“El fallo no es aceptable”, declaró este lunes Tokushige Kondo, portavoz de la Iglesia, al anunciar que se ha interpuesto formalmente la apelación ante el tribunal correspondiente. El recurso busca anular la decisión judicial de disolver la organización, cuyo nombre oficial es Federación de Familias para la Paz Mundial y la Unificación, fundada en Corea del Sur en 1954 por el predicador Sun Myung Moon.

La investigación judicial tomó impulso a raíz del asesinato de Abe, quien fue asesinado a tiros mientras realizaba campaña electoral en julio de 2022. El presunto autor del ataque, Tetsuya Yamagami, de 44 años, confesó haber actuado movido por el resentimiento hacia la Iglesia de la Unificación, a la que responsabilizaba por la ruina de su familia.

Según informes, su madre habría donado a la organización aproximadamente 100 millones de yenes (alrededor de 1 millón de dólares en ese momento), lo que provocó su bancarrota.

Tras el asesinato, las investigaciones revelaron vínculos estrechos entre la Iglesia y numerosos legisladores del partido gobernante japonés, lo que derivó en la dimisión de cuatro ministros del gabinete. En 2023, el gobierno solicitó formalmente al sistema judicial la disolución legal de la organización.

La sentencia, una vez firme, implicará que la Iglesia pierda su estatus de exención fiscal y sea etiquetada como una entidad perjudicial, según señalaron expertos legales. No obstante, la organización podrá seguir realizando actividades religiosas, ya que la ley japonesa permite continuar con dichas prácticas incluso sin reconocimiento legal oficial.

Abogados que representan a víctimas advirtieron que la Iglesia podría transferir sus activos financieros al extranjero, debido a la falta de mecanismos legislativos que garanticen la devolución de dinero a los afectados. Esta preocupación ha sido reiterada por asociaciones de defensa del consumidor y organizaciones de apoyo a ex miembros.

La Iglesia de la Unificación alcanzó notoriedad internacional en las décadas de 1970 y 1980, principalmente por sus bodas multitudinarias, a menudo celebradas en estadios y con miles de parejas simultáneamente. Desde sus inicios, Japón ha representado una fuente clave de financiación para la organización, que sostiene doctrinas según las cuales sus miembros deben expiar los pecados históricos relacionados con la ocupación de Corea por parte del Imperio japonés, mediante la venta de objetos religiosos a precios elevados.

Desde el asesinato de Abe, la Iglesia ha declarado su intención de limitar las donaciones “excesivas” por parte de sus fieles, en un intento de mejorar su imagen pública y evitar futuras sanciones. La decisión del Tribunal Superior de Tokio marcará un nuevo capítulo en el destino legal de la organización en el país.

(Con información de AFP)

Un tribunal de Tokio determinó este martes la revocación del estatus legal de la Iglesia de la Unificación en Japón, un movimiento religioso de origen surcoreano con estrechos lazos políticos que ha estado envuelto en escándalos por sus prácticas de recaudación de fondos y supuestas tácticas de manipulación psicológica sobre sus fieles.

La decisión judicial responde a una solicitud del gobierno japonés y marca un punto de inflexión en el escrutinio sobre los grupos religiosos en el país.

Con esta medida, la organización fundada en Corea del Sur en 1954 perderá su estatus de organización religiosa, lo que la dejará sin exenciones fiscales y la obligará a liquidar sus activos. Sin embargo, la iglesia anunció que presentará una apelación inmediata, argumentando que la decisión es “injusta” y atenta contra la libertad religiosa.

La Iglesia de la Unificación, conocida también como secta Moon, ha estado bajo la lupa en Japón por las acusaciones de manipular a sus seguidores para que entreguen grandes sumas de dinero, incluso hasta el punto de arruinar a sus familias.

Durante décadas, la organización mantuvo una relación cercana con el gobernante Partido Liberal Democrático, lo que le permitió operar sin demasiadas trabas legales. Sin embargo, su suerte cambió tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en 2022, un hecho que puso en el centro del debate sus vínculos políticos y las denuncias de abuso económico contra sus fieles.

El magnicidio de Abe reveló el trasfondo oscuro de la organización. El atacante, Tetsuya Yamagami, declaró que su acción fue motivada por la relación del exmandatario con la Iglesia de la Unificación, a la que culpaba de la ruina financiera de su familia. Su madre había donado grandes sumas de dinero al grupo, dejando a la familia en la bancarrota. El caso desató un escándalo en Japón, lo que llevó a las autoridades a iniciar investigaciones sobre las prácticas de la secta y sus conexiones con el poder político.

El fallo del Tribunal de Distrito de Tokio sostiene que la organización incurrió en “prácticas abusivas y persistentes” que perjudicaron a sus miembros y sus familias, justificando así su disolución.

Esta es la tercera vez en la historia de Japón que un grupo religioso es objeto de una orden de este tipo; antes ocurrió con la secta Aum Shinrikyo, responsable del ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, y con el grupo budista Myokakuji, cuyos líderes fueron condenados por fraude.

Un movimiento religioso con influencia global

La Iglesia de la Unificación fue fundada por el reverendo Sun Myung Moon, quien se proclamó mesías y construyó un movimiento basado en valores ultraconservadores, con un fuerte discurso anticomunista y la promoción de la reunificación de la península coreana, también es conocida como la Federación de Familias para la Paz Mundial y la Unificación.

Su expansión mundial estuvo marcada por la realización de bodas multitudinarias y el establecimiento de negocios y fundaciones que, con el tiempo, fortalecieron su influencia en diferentes países.

A lo largo de su historia, la organización tejió lazos con influyentes figuras políticas, incluyendo a expresidentes de Estados Unidos como Richard Nixon, Ronald Reagan y Donald Trump. Incluso, Moon mantuvo reuniones con Kim Il Sung, fundador de Corea del Norte, en un intento de mediar en las tensiones de la región.

El impacto de la decisión en Japón

La disolución de la Iglesia de la Unificación en Japón representa un golpe significativo para la organización, dado que el país asiático es una de sus principales fuentes de financiamiento.

Se estima que cuenta con cerca de 300.000 seguidores en territorio japonés, muchos de los cuales fueron persuadidos de realizar cuantiosas donaciones bajo la promesa de “purificar” los pecados de sus antepasados relacionados con la ocupación japonesa en Corea.

Los expertos señalan que a los seguidores japoneses se les ha pedido que paguen por los pecados cometidos por sus antepasados durante el régimen colonial japonés en la península de Corea entre 1910 y 1945.

El escándalo también ha sacudido la escena política japonesa. El actual primer ministro, Fumio Kishida, se vio obligado a realizar una purga en su gabinete para eliminar a ministros y parlamentarios que mantenían vínculos con la organización. La opinión pública ha sido determinante en la presión por regular con mayor firmeza a los grupos religiosos en el país.

Pese a la decisión judicial, la Iglesia de la Unificación insiste en su inocencia y advierte que continuará con su operación, aunque sin el amparo legal que le permitía recibir beneficios fiscales.