La actividad industrial cayó otra vez en julio y el informe de septiembre de la consultora I+D advirtió que el sector arrastra más de un año de estancamiento con tendencia a la baja. La firma proyectó para este año la pérdida de 3.300 empresas industriales y de 100.000 empleos directos e indirectos.

La producción industrial bajó 5% en julio frente a junio en la medición desestacionalizada, retrocedió 4,9% frente al mismo mes del año pasado y acumuló una contracción de 2,6% en los primeros siete meses del año. El nivel de actividad se ubica 18,7% por debajo del máximo alcanzado en noviembre de 2017.

En la comparación mensual desestacionalizada, refinación de petróleo fue la única de las 16 divisiones manufactureras que mostró una mejora frente a junio, con 1,7%. Las otras 15 registraron caídas.

“Al efecto ‘sándwich’ que genera la debilidad de la demanda y el aumento de los costos, se suma un torniquete financiero”, resumió al consultora de Diego Coatz, en un contexto promedio en el que la actividad muestra una recuperación, por sobre los niveles de 2022, pero con un marcada fragmentación productiva.

Desde I+D se describió cómo los precios de los bienes industriales continúan creciendo por debajo de los costos de producción, algo que profundiza “el efecto sándwich: las empresas venden menos, enfrentan costos crecientes y tienen cada vez menos margen para trasladarlos a precios”.

“Para sostener el dólar en $1.500 el Gobierno recurrió a un apretón monetario que, aun después de relajarse, dejó la curva de tasas un escalón más arriba, con tasas reales positivas que se trasladan directamente a los adelantos y al descuento de cheques con que la pyme financia su capital de trabajo, afectando a una ya estresada cadena de pagos”, agregó la consultora, qué advirtió también que se corre el riesgo de que para el final del año, con menor liquidación del agro y riesgo país arriba de 500 puntos, el equilibrio cambiario vuelva a lograrse vía recalentamiento de la tasa. “Si eso ocurre, y con 4.000 industrias en mora, la capacidad ociosa puede dejar de ser un indicador y profundizar el cierre de empresas”, dijó.

El deterioro ya golpea al empleo y a las empresas

Entre los descensos mensuales más marcados estuvieron maquinaria y equipo, con 9,2%; muebles, con 13,9%; y productos químicos, con 8,3%. En la comparación interanual, la actividad retrocedió 4,9%, pese a la base baja de comparación del segundo semestre de 2025.

Los primeros datos de agosto de 2026 mantuvieron la tendencia negativa, de acuerdo con I+D. La producción de autos cayó 12% interanual y acumuló un descenso de 17% en el año, mientras los despachos de cemento cedieron 8,1% interanual y 4,2% en el acumulado anual.

Los bajos niveles de actividad impactaron en el empleo industrial. En mayo se perdieron más de 3.000 puestos y, en el último año, la caída acumuló 53.000 empleos, que llegan a 93.000 al sumar los indirectos.

Para 2026, I+D proyectó una pérdida total de 100.000 empleos industriales directos e indirectos. En el conjunto del sector privado, mayo cerró con 9.000 empleos menos y el total ya perdió casi 138.000 asalariados formales en los últimos 12 meses.

Comercio superó a la industria en destrucción de puestos durante mayo, con 4.200 empleos menos. Ese sector encadenó 12 meses consecutivos de bajas mensuales y acumuló una pérdida de 39.000 puestos.

El deterioro también alcanzó al entramado empresario. En mayo, la cantidad de industrias se redujo en más de 400 establecimientos, el valor más alto desde 2019, y en lo que va del año ya se perdieron casi 1.500 empresas industriales.

La proyección para el resto del año suma otras 1.800 bajas. De cumplirse ese escenario, el cierre total llegaría a 3.300 empresas industriales en el año.

Tasas, costos y menor demanda agravan la crisis industrial

El informe atribuyó la presión sobre el sector a una demanda débil, costos en alza y condiciones financieras más duras. Para sostener el dólar en $1.500, señaló, el Gobierno recurrió a un apretón monetario que dejó la curva de tasas un escalón más arriba, con tasas reales positivas.

Esa suba se trasladó a los adelantos y al descuento de cheques con que la pyme financia su capital de trabajo. El documento advirtió que esa carga afecta a una cadena de pagos ya tensionada.

Los precios de los bienes industriales, añadió I+D, siguen por detrás de los costos de producción. En julio, los precios industriales subieron 1,7%, frente a un índice de precios al consumidor de 2,1% y un alza de 3,1% en servicios.

Esa dinámica se arrastra desde comienzos de 2024. Desde enero de ese año hasta julio de 2026, los precios industriales acumularon 148%, mientras el índice de precios al consumidor avanzó 242% y los servicios, 415%.

El documento sumó otro factor de presión: las restricciones en la disponibilidad y el mayor precio del gas. Esa situación afectó de forma especial a ramas intensivas en energía, como arcilla y cerámica.

La economía se recupera de forma desigual y deja rezagada a la industria

El informe describió una recuperación promedio de la actividad económica por encima de los niveles de 2022, aunque con una fragmentación marcada entre sectores. Minería e hidrocarburos crecieron más de 40% frente al mismo período de 2022, el agro más de 10% e intermediación financiera 16%.

Esa mejora no alcanza a la industria, según I+D. Los sectores de bienes de capital, como maquinaria y equipo y otros equipos, aparatos e instrumentos, quedaron 47,6% por debajo de julio de 2022.

La entidad remarcó que “los sectores ganadores no son grandes generadores de empleo”. La combinación de agro, energía y minería representa apenas el 8% del empleo asalariado formal.

En sentido contrario, los principales sectores empleadores figuran entre los más rezagados. Industria y Construcción cayeron más de 10% frente a 2022, mientras comercio se contrajo 3%, y entre los tres explican casi la mitad del empleo asalariado formal.

El cuadro que trazó I+D combina ventas débiles, costos en alza y crédito más caro para sostener la operación diaria. Bajo esa presión, más empresas quedan expuestas a atrasos y cierres.

Un nuevo proyecto de ley en Texas ha generado controversia al proponer que cualquier persona que desee adquirir juguetes sexuales en línea deba presentar una identificación oficial con fotografía para verificar que tiene al menos 18 años.

Según informó People, esta medida, impulsada por la senadora estatal Angela Paxton, esposa del fiscal general del estado, busca clasificar estos productos como “dispositivos obscenos” y regular su venta a través de plataformas digitales.

De acuerdo con el proyecto de ley SB 3003, no bastará con utilizar una tarjeta de crédito para realizar estas compras, a pesar de que en Estados Unidos las tarjetas de crédito solo pueden ser emitidas a mayores de edad.

En su lugar, los compradores deberán proporcionar una identificación oficial o recurrir a un servicio externo de verificación de edad. Esta propuesta ha suscitado críticas por parte de expertos y activistas, quienes advierten sobre posibles riesgos para la privacidad y la seguridad de ciertos grupos, como las personas transgénero.

Actualmente, la legislación de Texas ya establece restricciones sobre la posesión de juguetes sexuales. Según el Artículo 43.23 del Código Penal del estado, es ilegal poseer más de seis dispositivos clasificados como “obscenos”.

Este término, definido en el Artículo 43.21 del mismo código, incluye objetos como consoladores o vaginas artificiales diseñados principalmente para la estimulación de los órganos genitales humanos. Aunque esta normativa fue declarada “inaplicable” en 2022, sigue vigente en el estado.

Críticas y antecedentes históricos

La autora Hallie Lieberman, experta en la historia de los juguetes sexuales, expresó su preocupación ante esta iniciativa. En declaraciones recogidas por People, Lieberman afirmó que la propuesta representa un retroceso en el tiempo, recordando cómo en el pasado estos dispositivos eran comercializados como herramientas médicas para evadir leyes de obscenidad.

Según explicó, los vibradores se promocionaban como aparatos para aliviar la ciática, mientras que los tapones anales se vendían como remedios para el asma.

Lieberman también destacó que, aunque estos dispositivos tienen beneficios médicos comprobados, la nueva legislación podría generar un impacto negativo en la privacidad de los consumidores.

“El gobierno no debería tener un registro de los juguetes sexuales que compramos”, señaló. Además, advirtió que esta medida podría ser especialmente peligrosa en un contexto político donde las personas transgénero enfrentan crecientes restricciones y discriminación.

Beneficios médicos y preocupaciones sobre privacidad

La Biblioteca Nacional de Medicina ha documentado que los juguetes sexuales pueden ofrecer beneficios terapéuticos en el tratamiento de diversas disfunciones sexuales, como la disfunción eréctil, la anorgasmia y las dificultades eyaculatorias.

También se ha demostrado su utilidad en el manejo del dolor vulvar y los problemas del suelo pélvico. Sin embargo, según Lieberman, el riesgo de que el gobierno registre las compras de estos dispositivos podría disuadir a muchas personas de acceder a ellos, especialmente a quienes pertenecen a comunidades vulnerables.

Según People, en sus declaraciones, Lieberman subrayó que, en un país donde las políticas gubernamentales han negado la existencia de las personas transgénero y las han excluido de instituciones como el ejército, permitir que el estado rastree las compras de juguetes sexuales diseñados para este grupo podría tener consecuencias graves.

Sanciones para minoristas y posibles implicaciones legales

El proyecto de ley también establece sanciones para los minoristas en línea que no cumplan con los requisitos de verificación de edad. Según detalló People, las empresas podrían enfrentar multas de hasta 5.000 dólares y ser acusadas de un delito menor de Clase A si no implementan los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Aunque la propuesta aún debe ser debatida y aprobada, su presentación ha reavivado el debate sobre la regulación de los juguetes sexuales en Texas y las implicaciones que estas medidas podrían tener para la privacidad, la seguridad y los derechos de los consumidores.