En el caso de la compra de vivienda de segunda mano, el principal tributo es el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), cuyo tipo general varía aproximadamente entre el 6% y el 13% según la comunidad autónoma. Sin embargo, las familias numerosas pueden acceder a tipos reducidos que, en muchos territorios, se sitúan en torno al 3% al 5% o incluso menos en determinados supuestos.

Esta reducción puede suponer un ahorro muy significativo en la compra de vivienda habitual, siempre que se cumplan las condiciones exigidas por cada región. El ITP no es un impuesto estatal uniforme, sino que depende de las comunidades autónomas, que pueden aplicar bonificaciones específicas para colectivos como las familias numerosas, los jóvenes o las personas con discapacidad.

Deducciones en impuestos por la compra

Cuando la vivienda es de obra nueva, el esquema fiscal cambia por completo. En este caso se abona el IVA, generalmente del 10%, sin reducciones por familia numerosa, y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Es precisamente en este último donde pueden aparecer las mayores ventajas. El AJD, que en condiciones generales puede oscilar entre el 0,5% y el 1,5%, puede reducirse de forma notable para familias numerosas en varias comunidades autónomas, llegando en algunos casos a tipos cercanos al 0,1% o 0,5%. Este tipo de bonificación puede suponer varios miles de euros de ahorro en una operación de compra media.

Más allá de la compra inicial, la fiscalidad también ofrece ventajas recurrentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). De acuerdo con información difundida por la Agencia Tributaria, las familias numerosas pueden acceder a deducciones específicas que se sitúan en 1.200 euros anuales para la categoría general y 2.400 euros anuales para la categoría especial. Esta ayuda puede recibirse de forma anticipada, mediante pagos mensuales, o aplicarse directamente en la declaración de la renta.

Estas deducciones están vinculadas a lo que la administración denomina “mínimo por familia numerosa”, y forman parte de las medidas de apoyo a la conciliación y a la protección de las familias con mayores cargas económicas. Este incentivo puede convertirse en un ingreso estable mensual de 100 o 200 euros, lo que ayuda a aliviar el gasto corriente del hogar.

Otras ventajas fiscales

Otro elemento a tener en cuenta es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que no depende del Estado sino de cada ayuntamiento. En algunos municipios existen bonificaciones que pueden alcanzar hasta el 90% del recibo anual, aunque estas reducciones varían ampliamente y no están garantizadas a nivel nacional. En la práctica, esto convierte al IBI en un beneficio relevante pero muy desigual en función del lugar de residencia.

En conjunto, los expertos coinciden en que el ahorro fiscal para familias numerosas puede ser notable, especialmente cuando se combinan los beneficios en la compra de vivienda con las deducciones anuales del IRPF. Sin embargo, la Agencia Tributaria insiste en que estos incentivos están sujetos a condiciones estrictas, como la obligación de destinar la vivienda a residencia habitual, no superar determinados umbrales de renta o respetar límites de valor de adquisición en algunas comunidades autónomas.

El Tribunal Supremo ha respaldado el desahucio de una pareja que vivía en régimen de alquiler en una vivienda de Ibiza por no pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa municipal de recogida de basuras, a pesar de que el contrato de arrendamiento no especificaba el importe anual de dichos tributos. La decisión cierra un largo proceso judicial que comenzó tras el impago de estos conceptos durante los años 2022 y 2023, y que había sido objeto de diversas interpretaciones legales en instancias anteriores.

La resolución del Alto Tribunal desestima el recurso de casación presentado por los inquilinos contra un fallo previo de la Audiencia Provincial de Mallorca, que ya había avalado el desahucio y condenaba a los arrendatarios al pago de 1.006,72 euros correspondientes al IBI y la tasa de basuras de ambos ejercicios, más intereses. Cada año ascendía a 503,36 euros, cantidad que los inquilinos se habían negado a abonar argumentando que la cláusula que les atribuía la responsabilidad de estos pagos era nula, dado que el contrato no especificaba los importes exactos.

El contrato de alquiler, fechado el 19 de noviembre de 2020, establecía un precio mensual de 1.200 euros y aclaraba que no estaban incluidos los consumos de suministros como agua, electricidad o teléfono. Asimismo, especificaba que los gastos por IBI, comunidad de propietarios y tasas de basuras serían a cargo de los arrendatarios.

Los inquilinos cumplieron con estas obligaciones en 2021, pero dejaron de pagar a partir de 2022, alegando que la falta de determinación del importe anual hacía nula la cláusula en virtud del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

En primera instancia, un juzgado de Ibiza les dio la razón, considerando que al no indicarse el importe exacto de los tributos, la obligación no podía exigirse legalmente. Sin embargo, la inmobiliaria recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial de Mallorca, que revocó la sentencia inicial y autorizó el desahucio de los arrendatarios. Tras esta resolución, los inquilinos presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, alegando vulneración de la LAU y defendiendo la nulidad de la cláusula.

No es necesario que en el contrato aparezca el importe

El Supremo, en su fallo, respalda los argumentos de la Audiencia mallorquina y determina que no es necesario que el contrato de arrendamiento indique el importe anual del IBI ni de la tasa de basuras, dado que se trata de gastos susceptibles de individualización. La sentencia subraya que el artículo 20 de la LAU, al que los inquilinos hacían referencia, solo se aplica a impuestos que no pueden individualizarse y que gravan el edificio en su conjunto, correspondiendo su pago al titular de la propiedad.

En este caso, los tributos en cuestión recaen de manera individualizada sobre la vivienda arrendada, por lo que no es preciso determinar su importe en el contrato de alquiler. El Supremo destaca que la cláusula es válida y exigible, especialmente porque los inquilinos abonaron los pagos correspondientes a 2021, demostrando que reconocían su obligación inicial y que los importes están claramente individualizados para la vivienda en cuestión.

La sentencia señala expresamente que el contrato contemplaba de manera clara que los arrendatarios asumirían el pago del IBI y de las tasas de basuras, y que, al estar los importes individualizados y reflejados en los recibos, no era necesario fijarlos previamente al firmar el contrato. Asimismo, el Tribunal recuerda que, según la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el sujeto pasivo de la tasa por recogida de residuos es aquel que se beneficia del servicio, en este caso los arrendatarios de la vivienda.

El fallo del Supremo confirma así la interpretación de la Audiencia Provincial de Mallorca, que entendió que los inquilinos no podían escudarse en la falta de determinación del importe para evitar sus obligaciones fiscales, y que la inmobiliaria tenía derecho a exigir los pagos correspondientes y a ejecutar el desahucio por impago.

Sentar jurisprudencia

Este caso sienta un precedente importante en materia de arrendamientos urbanos y obligaciones fiscales de los inquilinos, dejando claro que los gastos individualizados vinculados a la vivienda, como el IBI y las tasas municipales, pueden ser exigidos aunque el contrato no especifique los importes exactos. Los expertos legales subrayan que la sentencia refuerza la seguridad jurídica de los propietarios al establecer que los arrendatarios están obligados a asumir este tipo de gastos, siempre que se haya pactado expresamente en el contrato.

Para los inquilinos, la decisión implica que el impago de tributos individualizados sobre la vivienda puede derivar en desahucio, independientemente de la ausencia de cantidades concretas en el contrato. En la práctica, la sentencia del Supremo refuerza la posición de los arrendadores y de las inmobiliarias, y sirve como referencia para futuros conflictos relacionados con gastos fiscalmente individualizados.

El Tribunal Supremo también aclara que la mención a los tributos en el artículo 20.1 de la LAU debe interpretarse de forma restrictiva, limitada únicamente a los impuestos que afectan al edificio en su totalidad y que no pueden individualizarse, reforzando así la obligatoriedad de los arrendatarios de pagar aquellos tributos que sí pueden asignarse a cada vivienda de manera específica.

La resolución establece que el impago de IBI y tasas de basuras individualizadas puede justificar un desahucio, incluso si el contrato no detalla el importe de dichos tributos. La sentencia, además, marca un criterio claro para la interpretación de la LAU en casos similares, y refuerza la posición de los propietarios frente a posibles impagos por parte de los arrendatarios, aportando mayor seguridad jurídica al sector inmobiliario.

El caso, seguido de cerca por juristas y profesionales del sector, refleja también la importancia de redactar contratos de alquiler con cláusulas precisas sobre las obligaciones fiscales y de servicios de los arrendatarios, aunque, como confirma el Supremo, la falta de indicación de los importes no invalida la obligación de pago cuando se trate de gastos individualizados.

El Ayuntamiento de Madrid rectifica el diseño de su tasa de basuras creada para cumplir con la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Tras mes y medio de críticas vecinales y de la oposición, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida anunció el jueves 23 de octubre, en Junta de Gobierno, que a partir de 2026 el cálculo incorporará el número de personas empadronadas por vivienda.

El nuevo esquema elimina la tarifa de generación única por barrio y establece diez tramos en función de los empadronados en cada inmueble, desde una persona hasta diez o más, tomando como referencia el 1 de enero de 2026.

Según detalló el Consistorio, la cuota se calculará con una tarifa básica -ligada al valor catastral- y una tarifa por generación, que atiende a la cantidad de residuos y a la calidad de la separación en los 131 barrios de la ciudad, según los datos aportados por el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

Con este rediseño, el recibo medio previsto para 2026 será de 142,6 euros, prácticamente la misma cifra que en 2025, con ligeras variaciones según el número de empadronados. Según señaló El País, el recibo sube de 141 a 142,6 euros de media.

Además, el Ayuntamiento mantiene que la tasa no incluye los costes de limpieza viaria, a diferencia de otros municipios; de haberlos incorporado, habrían duplicado prácticamente las cuotas. El número de inmuebles sujetos al pago ronda los 1,7 millones, con exenciones ya aplicadas a garajes y trasteros vinculados a vivienda, solares y edificios en ruina.

Asimismo, se mantienen reducciones para familias numerosas -según valor catastral y categoría- y una bonificación del 100% para perceptores del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción.

El Ayuntamiento culpa al Gobierno central

La delegada del Área de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo presentó la modificación como un ajuste para dotar a la tasa de mayor “equidad y seguridad jurídica en su cálculo” y “acercarla todavía más al objetivo de ‘quien contamine paga’”, según recogió Europa Press.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, defendió también que “en Madrid se ha trabajado de forma rigurosa” y criticó que el Ejecutivo central impusiera “de forma unilateral” la obligación de que los ayuntamientos repercutan en los ciudadanos el coste real de la gestión de residuos.

Este martes 28 de octubre, durante el Pleno de Cibeles, la delegada ha insistido en que los cambios buscan una ordenanza “coherente y solvente desde el punto de vista jurídico” y ha denunciado que la tasa “ataque la autonomía municipal”, en un contexto de “ausencia de normativa” clara.

La oposición pide más cambios

La rectificación ha sido valorada como positiva por la oposición, pero no zanja, a su juicio, otras “injusticias” del tributo, como no tener en cuenta la renta, los hábitos de reciclaje a nivel doméstico o el impacto de los pisos turísticos en el centro.

Para intentar mitigar el malestar social, el Ayuntamiento ha decidido acompañar la reforma con una rebaja del IBI: el tipo general baja del 0,428% al 0,414%, lo que supondrá 30,8 millones menos de recaudación en 2026, según sus cálculos.

¿Sabías que en un contrato de alquiler el propietario puede exigir al inquilino mucho más que la mensualidad de la vivienda? Alberto Sánchez, abogado especialista en derecho de arrendamientos, ha explicado en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram @legalmente.rrss hasta dónde llega la legalidad a la hora de reclamar gastos al arrendatario: “El propietario le puede cobrar al inquilino, además de la renta, el IBI, la comunidad de vecinos y la tasa de basuras”.

El marco legal: Artículo 20 de la LAU

El fundamento de este derecho se encuentra en el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que abre la puerta para que el inquilino asuma gastos generales como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), los gastos de comunidad o la tasa de basuras, siempre que así se acuerde. El propio Alberto Sánchez lo aclara: “El artículo veinte de la Ley de Arrendamientos Urbanos lo deja meridianamente claro y permite al propietario cobrar todos estos conceptos al inquilino”.

Sin embargo, la clave está en cómo se formalizar este pacto. Tanto propietarios como inquilinos han de prestar atención al contrato: “Para que se lo puedan cobrar, y aquí tenéis que estar atentos tanto los propietarios como los inquilinos, este acuerdo tiene que venir específicamente en el contrato. Si no viene, no se puede cobrar”, ha recalcado el abogado.

Cómo deben figurar los gastos en el contrato

No basta con una simple cláusula general. La Ley de Arrendamientos Urbanos obliga a detallar de forma clara y transparente el importe de cada uno de los gastos repercutibles al inquilino, para evitar sorpresas y confusiones:

“Tiene que venir desglosado el importe del gasto que se le quiera cobrar en el último año. De manera que no simplemente vale con decir en el contrato: ‘Oye, el inquilino tiene que pagar el IBI’. No, sino que además tiene que decir: ‘El año pasado el IBI fueron quinientos euros’, o lo que corresponda”, detalla Sánchez en su publicación.

Esto otorga mayor seguridad jurídica a ambas partes e impide que, una vez firmado el contrato, puedan reclamarse cantidades inesperadas. Además, esta obligatoriedad de desglose y constancia por escrito se aplica a los contratos de alquiler de vivienda firmados desde marzo de 2019.

Excepciones y límites: zonas tensionadas

La normativa ha ido evolucionando con la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. En estos casos, el experto advierte que podrían exigirse “algún requisito más” para la validez de la repercusión de los gastos al inquilino, por lo que conviene revisar la legislación y consultar en cada situación concreta.

Finalmente, la ley distingue entre esos gastos generales (que pueden negociarse y acordar por contrato) y otros costes que no pueden reclamarse al inquilino, como los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato, que serán siempre a cargo del propietario.

La claridad contractual y el conocimiento de la ley, remarca Sánchez, son las verdaderas armas para que tanto inquilinos como propietarios eviten conflictos: “No te limites a firmar el contrato sin leer en detalle las condiciones sobre estos gastos. Pide siempre que se desglose el importe y que figure claramente por escrito para tener todo bajo control”, zanja el abogado.

El Tribunal Constitucional va a analizar en los próximos meses si el valor de referencia fijado por el Catastro para las viviendas en España cumple con la legalidad o si vulnera derechos fundamentales de los contribuyentes. La decisión abre el debate sobre uno de los indicadores más importantes a la hora de calcular impuestos como Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) o el de Sucesiones y Donaciones, que afectan a quienes compran una vivienda usada o reciben un inmueble por herencia o donación.

El origen del problema parte de un planteamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que cuestiona la forma en la que se calcula ese valor de referencia. Los jueces apuntan a que el sistema empleado por la Dirección General del Catastro recurre a un método automático y poco transparente, donde hay aspectos concretos de cada inmueble, como su conservación, la superficie útil o los materiales empleados, que no se tienen en cuenta. Y el contribuyente tampoco tiene acceso fácil a las bases del cálculo.

Esto puede provocar que dos viviendas muy diferentes aparezcan con el mismo valor de referencia y, por tanto, soporten la misma factura fiscal, algo que el tribunal considera injusto y potencialmente inconstitucional. Según un análisis de Idealista, el riesgo es que haya ciudadanos obligados a tributar por cifras superiores a lo que realmente vale su inmueble, lo que podría contradecir el principio de capacidad económica, es decir, el pago justo de impuestos en función de los verdaderos recursos del ciudadano.

¿Qué consecuencias puede tener para los contribuyentes?

La admisión a trámite de esta cuestión de inconstitucionalidad genera incertidumbre tanto para los propietarios como para los futuros compradores de inmuebles. Muchos de ellos han presentado ya recursos para impugnar la liquidación de impuestos basada en el valor de referencia, especialmente cuando este supera el precio real por el que la vivienda ha cambiado de manos.

Lo más recomendable, según el portal inmobiliario, es que, quienes se hayan visto afectados, reclamen y no desistan durante el proceso hasta que se resuelva de manera definitiva. Y, en caso de no haber impugnado las autoliquidaciones, se aconseja solicitar la rectificación para que no se pierda la oportunidad de recuperar lo pagado de más si el Constitucional dicta que la norma es nula.

Pero el fallo que adopte el Tribunal Constitucional no solo impactaría en quienes hayan comprado una vivienda usada o heredado un inmueble recientemente. También puede tener efectos sobre el futuro: si se deslegitima la base de cálculo del Catastro, el Estado tendría que replantear el modo de valorar inmuebles y modificar la fiscalidad asociada.

¿Cómo se calcula el valor de referencia de Catastro y qué opciones tiene el ciudadano?

El valor de referencia entró en vigor en 2022 como respuesta a la necesidad de una referencia objetiva común para las operaciones inmobiliarias. El Catastro elabora este dato en función de estadísticas recogidas por notarios y registradores, pero no atiende a la inspección individual de inmuebles, ni considera variables específicas como el estado de conservación, reformas recientes o si la vivienda presenta desperfectos. Esa generalización es la que ahora se discute en los tribunales.

Esta situación ha llevado a asociaciones como la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) a impugnar el procedimiento de cálculo. La controversia recuerda a lo ocurrido con la plusvalía municipal, un impuesto declarado inconstitucional cuando se calculaba sobre incrementos ficticios y no reales.

Para los ciudadanos, existen varias formas de conocer el valor asignado a su inmueble por el Catastro. Se puede consultar online en la web oficial del Catastro mediante DNI o certificado digital, llamar a los teléfonos del organismo o pedir cita en sus oficinas. Si el valor es superior al que se estima de mercado, la recomendación es reclamar, aportar pruebas (como tasaciones) y mantener el expediente activo mientras el Constitucional no se pronuncie.

La compraventa de un inmueble en España implica diferentes obligaciones fiscales tanto para el vendedor como para el comprador. Una de las dudas más frecuentes en estas operaciones está relacionada con el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Este tributo, gestionado a nivel municipal, suele generar dudas sobre quién debe asumirlo en el momento de transmitir la propiedad.

El IBI es un impuesto directo que grava la propiedad de bienes inmuebles urbanos, rústicos o de características especiales y su recaudación corresponde al ayuntamiento donde se encuentre ubicado el inmueble. Está regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Entre sus particularidades destaca que se trata de un impuesto anual y su exigibilidad coincide con el año natural.

Acuerdos flexibles en la compraventa: quién asume el pago del IBI

Según la normativa, el devengo del IBI, es decir, el momento en que surge la obligación de pagarlo, se produce el 1 de enero de cada año. Esto significa que la persona que figure como titular del inmueble en esa fecha será considerada responsable del abono del impuesto correspondiente a todo el año, independientemente de que el inmueble haya sido transmitido posteriormente. Esta regla básica está en el centro de numerosas consultas y negociaciones entre partes durante una compraventa de inmueble.

Desde JLA Notarios explican que la persona que figura como propietaria en el catastro a 1 de enero será quien, en primer término, se haga cargo de la obligación tributaria frente al ayuntamiento. Sin embargo, este asunto no queda cerrado únicamente por lo que señala la ley, ya que la práctica notarial y la jurisprudencia permiten que las partes negocien quién se responsabilizará finalmente del pago del IBI del año en curso.

La normativa concede un margen para el acuerdo entre las partes. Así, vendedor y comprador pueden pactar libremente a quién corresponde asumir este impuesto. La libertad contractual permite varias opciones: que el vendedor asuma íntegramente el IBI del año de la compraventa, que lo pague el comprador o que ambos lo abonen de manera proporcional al tiempo que cada uno haya sido propietario del inmueble a lo largo del año.

Proporcionalidad, pactos y protección al consumidor en el reparto del IBI

En ausencia de acuerdo expreso, la regla general es clara: el sujeto pasivo del impuesto será quien figure como titular a 1 de enero, normalmente el vendedor. Si existe un pacto en contra, por ejemplo, porque la operación se realice en los primeros meses del año y convenga al comprador asumir el pago, dicho acuerdo deberá formalizarse por escrito, preferiblemente en la escritura pública de compraventa, para evitar futuros conflictos.

Una práctica común es calcular la parte proporcional del IBI correspondiente a cada parte en función de los meses en que han disfrutado de la propiedad durante el año. De este modo, si la venta se produce, por ejemplo, en abril, el vendedor asumiría cuatro doceavas partes y el comprador el resto. En cualquier caso, para el comprador resulta aconsejable retener del importe de la compraventa la cantidad proporcional del IBI que corresponde al vendedor y abonar directamente el impuesto al ayuntamiento, evitando posibles cargas pendientes que puedan afectarle después.

La doctrina del Tribunal Supremo, a través de la sentencia de 15 de junio de 2016, opta por dar prioridad a la voluntad de las partes. En defecto de pacto, el obligado será el titular registral a 1 de enero, pero si asume el pago el vendedor, este podrá reclamar al comprador la parte proporcional correspondiente al periodo posterior a la venta. Sin embargo, el propio acuerdo podrá también establecer que no exista esa posibilidad de repercusión.

Existen particularidades si en la operación interviene un consumidor como comprador y un empresario como vendedor. El artículo 89.3.c) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios prohíbe las cláusulas que impongan al consumidor el pago de tributos cuyo sujeto pasivo sea el empresario. En este caso, el vendedor no puede trasladar íntegramente el pago del IBI al comprador particular. Sin embargo, sí es posible acordar un reparto proporcional conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Una vez formalizada la compraventa, el comprador debe comunicar al ayuntamiento el cambio de titularidad y solicitar la actualización de la domiciliación bancaria del IBI. El cambio surtirá efectos a partir del 1 de enero del año siguiente, por lo que el recibo del año en que se realiza la operación siempre corresponde al propietario existente en la fecha de devengo.

El proceso de vender una vivienda en España implica gestionar correctamente los trámites legales y fiscales que conlleva la operación. A pesar de que muchos propietarios consiguen cerrar la venta en un plazo corto, la urgencia suele derivar en descuidos que pueden llegar a salir muy caros.

Según ha publicado el portal Idealista News, el incremento de la demanda, unido a las actuales condiciones hipotecarias y tipos de interés situados en el 2 % gracias a la rebaja del Banco Central Europeo, han impulsado el número de compraventas. Para poder aprovechar esta situación, hay que tener claro cuáles son los errores a evitar durante el proceso de venta.

Mercado inmobiliario al alza

El precio medio de la vivienda usada en mayo alcanzó un nuevo máximo histórico de 2.391 euros por metro cuadrado, con un aumento interanual del 12,8 %. Esta subida, sumada a los bajos costes de financiación, ha motivado que durante abril se firmaran 53.589 operaciones de compraventa, lo que representa una subida interanual del 0,4 % según los datos del Colegio de Registradores, recogidos por Idealista News.

Documentación obligatoria para la venta

Vender una vivienda exige presentar varios documentos imprescindibles. Según detalla el portal inmobiliario, entre los papeles obligatorios figuran:

• Certificado energético: exigido desde junio de 2023, refleja el consumo energético de la vivienda y su coste medio oscila entre los 60 y los 130 euros. Solo un técnico autorizado puede emitir este certificado.
• Nota simple: permite comprobar la ausencia de cargas sobre la vivienda. Puede solicitarse en la web del Colegio de Registradores por un precio de 9,2 euros.
• Cédula de habitabilidad: aunque solo es obligatoria en algunas comunidades autónomas, acredita la seguridad y condiciones mínimas del inmueble, con un coste habitual de entre 60 y 160 euros.
• Certificado de estar al corriente de pagos con la comunidad de propietarios: obligatorio en caso de existir comunidad, además de suministrar documentación relevante sobre estatutos y servicios.
• Certificado de pagos del IBI, facturas recientes y la escritura de propiedad.

En caso de que la vivienda cuente con una hipoteca vigente, resulta imprescindible cancelar la deuda antes de la venta, con un desembolso estimado entre 400 y 500 euros, y formalizarlo ante notario.

Fiscalidad de la venta: IRPF y plusvalía municipal

A la hora de recibir el importe de la venta, el propietario debe prever los impuestos correspondientes. El primero a considerar es el IRPF por la ganancia patrimonial, tributo que grava la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión. Los tramos aplicables son los siguientes:

• Hasta 6.000 euros de ganancia: 19%
• Entre 6.000 y 50.000 euros: 21%
• Entre 50.000 y 200.000 euros: 23%
• Entre 200.000 y 300.000 euros: 27%
• Más de 300.000 euros: 28%

No obstante, de acuerdo las declaraciones de la inmobiliaria Gilmar, recogidas por el portal, pueden evitarse estos pagos en supuestos concretos, como reinvertir la totalidad en una nueva vivienda habitual, ser mayor de 65 años y vender la vivienda habitual, o encontrarse en situación de dependencia.

Por otro lado, el vendedor está obligado a abonar la plusvalía municipal. Este impuesto corresponde al incremento del valor del suelo desde la última transmisión y es fijado por cada ayuntamiento, por lo que su cuantía depende del consistorio en el que se encuentre el inmueble.

Los errores más comunes que cometen los vendedores

La urgencia y la inexperiencia pueden llevar a pasar por alto conceptos clave que pueden alteran el beneficio real de la transacción. Según Idealista News, uno de los errores más habituales consiste en no prever los gastos notariales y de cancelación de cargas hipotecarias.

Además, a menudo se olvida también que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) anual se asigna a quien aparezca registrado como titular a fecha 1 de enero, por lo que el vendedor continúa siendo responsable, salvo que existan pactos contrarios con el comprador.

Otro error común es no tener en cuenta los gastos de gestoría o los honorarios de la agencia inmobiliaria en aquellas operaciones que cuentan con tal intermediación. Según los expertos de Gilmar, dejarse asesorar por profesionales es fundamental para evitar costes imprevistos, ya que las normativas y exigencias cambian frecuentemente.

A lo largo de este año, Francia va a implementar una reforma fiscal que eliminará el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para ciertos pensionistas. El objetivo de esta medida es aliviar la carga económica de las personas mayores con bajos ingresos, permitiéndoles conservar un nivel de poder adquisitivo adecuado frente al aumento del coste de vida. La exención, sin embargo, estará sujeta a condiciones específicas que determinarán quiénes podrán beneficiarse de esta iniciativa.

Entre los requisitos que los pensionistas deberán cumplir si desean acogerse a esta exención, está el tener al menos 75 años a 1 de enero del año fiscal correspondiente. Además, tendrán que ser propietarios de su vivienda principal, y deberán contar con una renta fiscal de referencia (RFR) inferior a los límites establecidos. Para 2025, estos umbrales se fijaron en 12.704 euros para una persona sola y 19.490 euros para una pareja. Es importante destacar que esta medida no incluye segundas residencias, ya que está diseñada exclusivamente para la vivienda principal de los beneficiarios.

Exenciones y bonificaciones del IBI para beneficiarios de ayudas a mayores

Por otro lado, los beneficiarios de Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA), conocida anteriormente como “pensión mínima de vejez”, estarán automáticamente exentos del IBI sin necesidad de cumplir requisitos adicionales. Esta ayuda financiera está destinada a personas mayores con ingresos bajos y, en 2025, la cantidad máxima mensual de la ASPA será de 1.034,28 euros para una persona sola y 1.605,73 euros para una pareja. Sin embargo, tal y como han informado desde el medio francés SFSD, la ASPA puede recuperarse de la herencia del beneficiario si el patrimonio neto supera los 107.616,60 euros, y afectaría únicamente a la parte que exceda este límite.

Para los jubilados de entre 65 y 74 años, la reforma también contempla un beneficio, aunque no tan amplio como la exención total. Este grupo podrá recibir una bonificación de 100 euros en el IBI, siempre que cumplan los mismos criterios de renta que los aplicables a la exención total. Esta reducción será aplicada automáticamente por las autoridades fiscales, aunque se recomienda a los contribuyentes revisar sus notificaciones fiscales para confirmar que se haya efectuado correctamente.

Limitaciones de la exoneración del IBI y recomendaciones para los pensionistas

A pesar de la exoneración del IBI, los pensionistas seguirán siendo responsables del pago de la tasa de recogida de basuras domésticas (TEOM). Este impuesto no está incluido en la reforma y continuará siendo obligatorio para todos los propietarios.

Asimismo, las autoridades han diseñado este proceso de aplicación de estas exenciones y bonificaciones para que sea automático, eliminando la necesidad de trámites adicionales por parte de los beneficiarios. También, según el digital citado, esta reforma fiscal refleja un esfuerzo político por promover la equidad y la solidaridad intergeneracional, garantizando con ella los gastos económicos extras derivados del envejecimiento.

No obstante, se recomienda a los jubilados que podrían beneficiarse de esta medida que consulten con su oficina tributaria o con un asesor fiscal. Esto les permitirá confirmar que cumplen con los requisitos establecidos y comprender las posibles implicaciones financieras a largo plazo, especialmente en el caso de los beneficiarios del ASPA, cuya recuperación de herencia podría afectar a sus sucesores.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es uno de los impuestos más comunes, además de obligatorio, que deben afrontar cada año los propietarios de viviendas, locales, oficinas o terrenos en España. De carácter municipal y pago anual, este impuesto afecta tanto a particulares como a empresas, y es una pieza clave en la financiación de los ayuntamientos.

Aunque se trata de una obligación bien conocida, no siempre resulta fácil acceder a la documentación que acredita, especialmente cuando se necesita para otros trámites, como firmar un contrato de alquiler, justificar el pago en una operación de compraventa o resolver alguna incidencia fiscal. Por eso, saber cómo consultar el recibo del IBI de forma digital se ha vuelto una herramienta práctica, sobre todo en un contexto donde cada vez más gestiones se hacen de manera online.

Desde Alquiler Seguro, plataforma del sector inmobiliario, explican que consultar el recibo del IBI por internet permite a los propietarios comprobar si los pagos están al día, descargar justificantes oficiales o incluso solicitar fraccionarlo cuando el importe sea muy elevado. Además, evita desplazamientos innecesarios y facilita el cumplimiento puntual de esta obligación.

Cómo ver el recibo del IBI por internet

Aunque cada ayuntamiento dispone de su propio portal digital y los procedimientos pueden variar, en general los pasos son similares en la mayoría de municipios españoles:

1. Accede a la sede electrónica del ayuntamiento donde se encuentra el inmueble
2. Busca la sección de tributos o impuestos municipales. Ahí se incluye el apartado del IBI, donde se puede consultar el estado de los recibos, pagos realizados y pendientes.
3. Identifícate con un método seguro. Puede ser un certificado digital, Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente. Algunos ayuntamientos también permiten el acceso con datos personales y bancarios si no se dispone de identificación digital avanzada.
4. Consulta o descarga el recibo. La mayoría de plataformas permiten obtener una copia del recibo en PDF, ver el historial de pagos y realizar abonos en línea mediante tarjeta o domiciliación bancaria.

En el caso de los propietarios de locales comerciales, estos documentos pueden ser necesarios a la hora de firmar contratos de alquiler o declarar gastos deducibles en el IRPF. Para quienes gestionan varios inmuebles, contar con un sistema ordenado o con apoyo profesional puede marcar la diferencia.

Qué hacer si no puedes acceder

Cuando surgen dificultades para consultar el IBI por internet, como errores de acceso o falta de datos, existen algunas soluciones prácticas:

• Contactar directamente con el ayuntamiento para solicitar asistencia o pedir el recibo por correo electrónico o presencialmente.
• Probar métodos alternativos de acceso, como Cl@ve PIN si el certificado digital no funciona.
• Consultar con tu banco, en caso de tener el IBI domiciliado, ya que algunas entidades ofrecen justificantes de pago directamente desde la banca online.

IBI y contratos de alquiler: quién debe pagarlo

En el caso de los alquileres de locales, el IBI puede convertirse en un punto de fricción si no se especifica con claridad en el contrato. Por norma general, si no se menciona nada, el propietario es quien debe asumirlo.

Sin embargo, es legal trasladar este coste al arrendatario si ambas partes así lo pactan por escrito. Por ello, revisar detenidamente las cláusulas del contrato es fundamental.

Consejos para gestionar el IBI de forma eficiente

• Domicilia el pago para evitar retrasos o recargos por olvido.
• Consulta posibles bonificaciones, ya que algunas ciudades ofrecen descuentos por pronto pago o por características específicas del inmueble.
• Guarda siempre los justificantes, especialmente si eres arrendador o autónomo, porque pueden servir para deducciones fiscales o reclamaciones.

El valor catastral y el valor de referencia son conceptos clave en el ámbito fiscal y urbanístico en España, ya que afectan directamente a impuestos y a las operaciones de compraventa de propiedades.

Esta guía completa explica cómo se calculan ambos valores, su importancia en el contexto fiscal y las principales diferencias entre ellos, para que los propietarios e interesados en el sector inmobiliario puedan entender su impacto en el día a día.

Valor de referencia: qué es, para qué sirve y cómo se calcula

El valor de referencia es un concepto nacido en 2022 y establecido por la Dirección General del Catastro. Marca el valor mínimo por el que se debe tributar al comprar o heredar una vivienda, y se calcula a partir del análisis de los precios de todas las compraventas de inmuebles realizadas ante notario, utilizando los datos catastrales correspondientes a cada propiedad.

Este valor refleja el precio estimado de un inmueble en el mercado y tiene un papel clave en el cálculo de la base imponible de impuestos como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) en el momento de la compra, venta o herencia de una propiedad.

Se puede consultar de forma pública en la Sede Electrónica del Catastro, pero solo el titular catastral podrá acceder al certificado de motivación del cálculo del valor de referencia, en el que además de la cifra resultante aparecen todos los parámetros utilizados en la valoración. Es importante destacar que este valor no afecta al valor catastral, que sigue siendo independiente y se utiliza para otros fines fiscales.

Valor catastral: qué es, para qué sirve y cómo se calcula

El valor catastral también es un concepto clave en el sistema tributario español. Este valor, fijado por el Catastro, no corresponde necesariamente al precio de mercado de la vivienda, sino que se determina a partir de una serie de parámetros objetivos establecidos por las autoridades locales, como la ubicación, el tamaño del terreno, la antigüedad, el uso, los materiales utilizados, el coste de construcción, la promoción inmobiliaria y otros factores del mercado.

Como explican desde el Portal online de la Dirección General del Catastro, se trata de una cifra administrativa asignada a cada propiedad inmobiliaria, determinada según los criterios establecidos en la Ponencia de Valores del municipio correspondiente. Es decir, es la tasación monetaria que la administración hace de cada bien inmueble. La cifra resultante sirve para determinar la capacidad económica del propietario, de ahí que se utilice para determinados cálculos fiscales, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el que grava la renta de las personas físicas (IRPF).

Esta cifra no es de dominio público, sino que está catalogada como información protegida. Es decir, que no todo el mundo lo puede consultar, y solo el titular catastral puede acceder a él. Existen distintas vías para conocer el valor catastral de nuestro inmueble, entre las que se encuentran:

• Consultando el último recibo del IBI, ya que suele venir especificado en él.
• Accediendo a la Sede Electrónica del Catastro
• Llamando a la oficina del Catastro, previa identificación. 
• Acudiendo, presencialmente, a la oficina del Catastro o al Ayuntamiento, en los que, tras identificarse como titular de la vivienda, se podrá obtener el valor.

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha defendido que "solo el Partido Popular está poniendo encima de la mesa de manera expresa y de manera urgente lo que se necesita" tras la dana y ha pedido excenciones de impuestos para los afectados para "que no se prolongue la inmoralidad".

Así se ha manifestado Mazón a través de un vídeo remitido a los medios de comunicación, en el encuentro con el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y dirigentes del PP reunidos este fin de semana en Asturias.

Mazón ha sostenido que "es el momento de los diputados de la Comunitat Valenciana y de ver lo que van a hacer los diputados de Compromís, los del Partido Socialista y el resto de diputados, que en la Comunitat Valenciana se están negando a la exención de impuestos, a que los afectados por la dana no paguen impuestos, no paguen el IBI, porque no tienen por qué pagarlo a lo largo del año 2025; no paguen el IVA, para poder acceder a las ayudas del coche, las ayudas especiales a los autónomos y las exenciones fiscales", ha desgranado.

"Esto es lo que necesitan, y solamente el Partido Popular lo está planteando. La Generalitat Valenciana, gobernada por el Partido Popular, y el Partido Popular de toda España", ha aseverado.

En este contexto, ha apuntado que quiere ver qué van a hacer los diputados de Compromís y del PSOE "para que no se prolongue la inmoralidad de que los afectados por la dana tengan que pagar impuestos, o tengan que tributar en la renta, o tengan que pagar el IVA".

"No puede ocurrir ni una sola vez más. Solo el Partido Popular está poniendo encima de la mesa de manera expresa y de manera urgente lo que se necesita en estos momentos", ha zanjado.

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha explicado este viernes que el Grupo Popular ha registrado en esta jornada en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para propiciar "una fiscalidad cero" para todos los afectados en la Comunidad Valenciana por la DANA de final de octubre.

En una atención a los medios de comunicación antes de participar en un acto en el Club Cámara Huelva, Bravo ha defendido la iniciativa con el argumento de "intentar ayudar a todos aquellos que están afectados por la DANA", así como ha considerado que "no tiene sentido enriquecerse con la desgracia de los demás" desde una perspectiva de los ingresos tributarios.

El dirigente nacional del Partido Popular ha explicado que la población afectada por la catástrofe "no tiene sentido que tenga que pagar el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), que tenga que pagar el ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) para hacer la obra de su casa, de algo que le ha venido por una desgracia".

Bravo ha reprochado también el hecho de que "un montón de ayudas que no llegan" al esgrimir que "los trámites y la burocracia de este país ahogan a cualquiera", para argumentar entonces que "desde la tribuna del Congreso hemos defendido una simplificación, una agilización de los trámites, incluso que en algunos casos se puedan pagar las ayudas sin necesidad de que se soliciten".

Ha blandido como ejemplo la situación de los autónomos de los municipios afectados, por cuanto tienen "derecho a una ayuda directamente", de manera que "la Agencia Tributaria dispone de toda la información para saber quién es autónomo y quién está en esos territorios".

Ha indicado en este sentido que "tenemos que hacer una reflexión" sobre la gestión de las ayudas por parte de la Administración del Estado al esgrimir el hecho de que "si apenas ha llegado el 7% de las ayudas que prometió el Gobierno, el 7% más de dos meses después, algo tendremos que hacer con la burocracia", convencido de que "si queremos recuperar la normalidad lo más rápido posible, hay que ayudar a los que lo hacen, a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas".

Alcoy (Alicante), 3 ene (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha exigido para 2025 "impuestos cero" para los afectados por la dana por parte del Gobierno y ha reclamado el IBI y el IAE gratuito para los damnificados durante este año.

En declaraciones a los periodistas en la presentación del estudio de viabilidad del tramo de ferrocarril de Alcoy a Alicante, ha recordado que la Generalitat ha decretado impuestos cero de donaciones y de transmisiones patrimoniales, así como con el canon de saneamiento del agua, además de aprobar créditos sin intereses para los afectados de la dana.

"Ya no solo mi deseo, ya no solo ni petición, ya no solo mi solicitud, sino ya mi exigencia es el deseo de impuestos cero a los afectados por la riada", ha manifestado.

Ha reprochado que el Gobierno de España "ha decidido cobrar IVA por coches y por las viviendas, así como créditos con intereses y se ha negado a la exención del IBI y del IAE a los afectados. Yo reclamo especialmente hoy de manera muy especial el IBI y el IAE gratuito para todos los afectados de la dana para todo el año 2025", ha afirmado.

"La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha cuatro medidas de impuestos cero y el Gobierno de España ha puesto en marcha cuatro medidas para cobrar impuestos pero además haber tomado la decisión de estar en contra de la exención del IBI y del IAE durante todo el año 2025 -ha dicho-. No tiene un pase gente que vaya a tener que pagar por una actividad que no va a hacer o gente que va a tener que pagar por una vivienda de la que no va a poder disfrutar".

Según Mazón, esto es "sencillamente inmoral y por tanto, no es un deseo de Año Nuevo sino es una exigencia al Gobierno de España: basta ya de impuestos, impuestos cero, especialmente con el IBI y con el IAE".

El president ha recalcado que "hemos solicitado 31.000 millones y se nos ha hablado de 14.000 y casi la mitad son créditos a devolver y encima devolver con intereses".

Mazón ha denunciado que el Consorcio de Seguros "no está adelantando las ayudas de los coches ni de los seguros de vivienda" y se ha preguntado "por qué no permite a las compañías de seguros adelantar ese dinero". EFE

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La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha vuelto a pedir este jueves al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "que aplique la Ley de Vivienda y se ponga al lado de la ciudadanía" para fijar un tope y reducir su precio en la Comunitat Valenciana.

A preguntas de los medios de comunicación durante una visita al Instituto Tecnológico del Producto Infantil y Ocio en Ibi (Alicante), Morant ha afirmado que el gobierno autonómico del PP, "apoyado por Vox", no aplica esa normativa, al contrario de lo que sucede en Cataluña, "donde en ciudades como Barcelona ya empieza a bajar el precio de la vivienda".

Asimismo, la ministra ha sostenido que el Ejecutivo central "va a seguir desarrollando la Ley de Vivienda y cumpliéndola en aquellos ámbitos que le pertenecen", por ejemplo, con la indexación de los precios de la vivienda, "que ya no se van a adaptar al Índice de Precios al Consumo (IPC), sino a la subida que calcula el Instituto Nacional de Estadística (INE)".

El objetivo de la norma, según Morant, es que el coste de los inmuebles "tenga un tope" y "garantizar el derecho constitucional de acceso a la vivienda por parte de las familias y, sobre todo, de los jóvenes".

"Esta, sin duda, va a ser la legislatura de la vivienda. No podemos permitir que continúe pasando lo que está pasando, que es que se esté negando la capacidad de las familias de acceder a las viviendas. La mayor parte de la economía familiar se va en el pago del alquiler o la compra de la vivienda y, como sociedad, tenemos que poner solución", ha concluido la ministra.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha asegurado este jueves que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "no cumplió con su trabajo el 29 de octubre ni ahora en la reconstrucción" y le ha pedido "responsabilidad" para que los afectados "superen las consecuencias dramáticas" de las inundaciones porque ni el jefe del Consell ni la administración autonómica son víctimas de la dana.

Así lo ha señalado a preguntas de los medios durante una visita al Instituto Tecnológico del Producto Infantil y Ocio en Ibi (Alicante), donde ha afirmado que el discurso de Fin de Año del 'president' "no tiene credibilidad" porque "no tiene nada que ver con su actitud en el día a día", y se ha referido a las tres manifestaciones en las que "la ciudadanía ha salido masivamente a la calle para pedir la dimisión" del jefe del Consell.

También ha insistido en que Mazón "se dedica a difundir bulos para tapar su irresponsabilidad" por la gestión de la dana: "Que la gente lo sepa, porque tenemos que combatir las mentiras y la desinformación, que muchas veces es interesada".

La ministra ha destacado que el Gobierno de España ha estado "bajo las órdenes de la Generalitat" y que sigue estando "desde el primer momento, porque la responsabilidad en emergencias, incluida la prevención, es de las comunidades autónomas".

AYUDAS A AFECTADOS

En materia de ayudas a las personas damnificadas por las inundaciones, Morant ha subrayado que el Ejecutivo central ya ha aprobado 16.600 millones de euros, de los que 1.000 millones ya han sido abonados a familias, pymes y autónomos a través del Consorcio de Compensación de Seguros o la Agencia Tributaria.

"Hemos puesto todas las ayudas que hasta ahora han sido necesarias y seguimos aquí en el terreno trabajando. Lo hemos hecho todos los días desde la dana, pero también en Navidad. Han estado los militares, los voluntarios de Protección Civil, la Guardia Civil y la Policía Nacional", ha destacado.

Morant ha pedido a la ciudadanía afectada que "confíe en la administración" para obtener asesoramiento en cada una de las poblaciones, donde hay oficinas específicas con personal técnico para solicitar estas líneas de apoyo.

De hecho, la ministra se ha referido a los anticipos de ayudas y ha subrayado que la velocidad de tramitación "ya multiplica por diez" la de experiencias anteriores como la dana de la Vega Baja o la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma.

"Desde el Gobierno de España multiplicamos por 40 las ayudas puestas a disposición de los afectados respecto a lo que ha puesto encima de la mesa la Generalitat. Le pido a Mazón que, más que criticar, se ponga también a la faena y arrime el hombro. Hace falta un 'president' que esté alertando a la población para salvaguardar sus vidas y no de comida", ha sentenciado.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, ha indicado que, de momento, no ha recibido "ninguna propuesta encima de la mesa" sobre los presupuestos de la Generalitat para 2025 y ha reiterado que los socialistas apoyarán las nuevas cuentas "si cumplen con las necesidades de los afectados" por la dana del 29 de octubre.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el pasado lunes el decreto del Consell por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga automática de los presupuestos de la Generalitat de 2024, hasta la entrada en vigor de las cuentas para 2025.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha pedido "responsabilidad a aquellos que tienen que apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE)", al tiempo que ha reiterado que el Gobierno de España va a realizar "todo el esfuerzo necesario" para que haya "consenso" y se reúna "el apoyo necesario" en las Cortes Generales.

En declaraciones a los medios durante una visita a Ibi (Alicante), Morant ha afirmado que el Ejecutivo central es consciente de la "pluralidad parlamentaria y de la complejidad" para trabajar en las nuevas cuentas, "que contemplan la subida de las pensiones y del salario mínimo interprofesional (SMI) y ayudas para los valencianos".

Al mismo tiempo, ha apelado al PP, "que siempre está con el 'no' y que no aporta nada a este país", a que dé apoyo a unos presupuestos "que son buenos para Valencia y para los afectados por la dana".

También se ha preguntado por qué los 'populares' no respaldan unas cuentas "que aumentan las pensiones de jubilados y jubiladas y que cubren las necesidades de los sectores productivos". "Cada uno tiene que ser responsable de lo que hace y de lo que vota después en los parlamentos", ha agregado.

De otro lado, Morant ha trasladado "tranquilidad" a la población por los presupuestos prorrogados: "Son buenos, pero nuestra ambición siempre va a ser cubrir todas aquellas expectativas que van cambiando".

Ibi (Alicante), 2 dic (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado este jueves la "reconversión continua" del sector del juguete para la generación y reparto de riqueza.

En Ibi, donde ha visitado el Museo Valenciano del Juguete y el Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (AIJU) junto al secretario de la Subdelegación del Gobierno, José Antonio Cuadros, y al alcalde ibense, Sergio Carrasco, la ministra ha alabado la adaptación de los sectores productivos tradicionales que, como el juguetero, han evolucionado "a más sostenibles y generando bienestar".

Morant ha destacado que el sector juguetero, representado en la localidad de Ibi, tiene "una ambición permanente" para ser reflejo del cambio de la sociedad, pasando en pocas décadas del latón a "nuevos segmentos a través de la innovación" sabiendo "leer cada momento de la sociedad".

Ha sostenido que el Gobierno tiene entre sus prioridades proteger a los sectores productivos frente a las amenazas existentes, como por ejemplo la competencia desleal que suponen las infracciones en propiedad intelectual (PI) mediante las falsificaciones. EFE

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Ibi (Alicante), 2 ene (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sostenido este jueves que la velocidad con la que el Gobierno de España gestiona las ayudas económicas a los afectados por la dana de Valencia "ya multiplica por diez" a experiencias anteriores en emergencias.

Preguntada por los periodistas en Ibi (Alicante), donde ha visitado el Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU), Morant ha destacado que se ha agilizado por diez el pago de indemnizaciones con respecto a otras tragedias del pasado, entre las que ha citado la dana de la comarca alicantina de la Vega Baja del Segura de 2019 o a los afectados del volcán de La Palma.

La ministra ha pedido a los afectados que "no se asusten" por lo ocurrido con las ayudas en otras catástrofes de hace años y ha dicho que el Ejecutivo es "consciente de que esta emergencia tiene unas cifras y tiene un impacto descomunal desconocido en nuestro país" ante lo cual "hay que hacer las cosas de otra manera".

"Por eso se han puesto también en marcha instrumentos diferentes, como por ejemplo, los anticipos que se han puesto a disposición de la ciudadanía, de manera que se puede tramitar la ayuda que vas a percibir", un trámite en el cual ayudan las oficinas abiertas para los damnificados.

El objetivo, ha insistido la ministra, es que "ninguna familia, ningún valenciano y valenciana afectado por la dana" no reciba las ayudas y los adelantos que necesiten frente a lo que dicen aquellos que, en su opinión, se dedican a infundir "mucho miedo a la ciudadanía" en torno a esta cuestión.

"Lo que le pido a la ciudadanía es que se fíe, que confíe en la Administración", y que soliciten las ayudas porque lo que desea el Gobierno de España "es ayudar" haciendo que el dinero se dé "lo más ágil y rápido posible".

En este punto, se ha dirigido al Gobierno valenciano de Carlos Mazón, al que cree que "le gusta mucho criticar", al comentar que "es mucho más fácil gestionar la nada que 16.000 millones", y ha añadido que lo dirigido por el Ejecutivo central multiplica por 40 las ayudas autonómicas.

"Le pido al señor Mazón que, más que criticar, se ponga también a la faena y que arrime el hombro", ha manifestado antes de recordar que el president valenciano "no es una víctima de la dana", por lo que le ha instado a que "deje de comportarse" como tal y lo haga como representante de una institución responsable "que tiene que estar del lado de los afectados para que superen las consecuencias dramáticas" del desastre natural.

Ha manifestado que el Gobierno ha estado "desde el primer momento" en Valencia con la dana "bajo las órdenes de la Generalitat Valenciana", de la que ha subrayado que es la responsable de la política de emergencias.

De Mazón también ha comentado que carece de credibilidad y ha lamentado las distintas versiones ofrecidas en cuanto a lo que hacía el 29 de octubre: "Lo que sí sabemos es lo que no estaba haciendo, que era cumplir con su trabajo de president de la Generalitat, una alta responsabilidad que significa estar cuando toca y donde toca".

Para Morant, "la Generalitat merece un presidente que esté donde hay que estar mientras la ciudadanía se está ahogando y gestionando una emergencia avisando y alertando a la población para salvaguardar sus vidas, y no de comida". EFE

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Ibi (Alicante), 2 ene (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado este jueves que el Gobierno está haciendo "todo el esfuerzo necesario" para que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "cuenten con el consenso y el apoyo necesario para salir adelante".

Antes de visitar en Ibi (Alicante) el Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU), la ministra ha señalado que el país necesita unas nuevas cuentas en un contexto en el que el Ejecutivo es "consciente de la pluralidad parlamentaria y de la complejidad" en torno a un proceso en el que el Gobierno elabora "pero", ha recordado, "los aprueba la Cámara Alta".

"Somos un Gobierno que ha demostrado una capacidad de diálogo permanente y de llegar a acuerdos, y desde luego vamos a seguir trabajando para que sean buenos para la ciudadanía y contemplen las subidas de las pensiones, del salario mínimo interprofesional y que contemplen todas esas ayudas que queremos traer a los valencianos y valencianas" afectados por la dana, entre otros fines.

Morant ha pedido "responsabilidad" a aquellos que tienen que apoyar las cuentas y también ha apelado "a aquellos que siempre están con el 'no' y que no aportan nada a este país, el PP".

En lo que respecta a su Ministerio, la socialista ha señalado que tiene el honor de ser la titular del departamento con una cuantía más alta de la historia en Ciencia, Innovación y Universidades, por lo que "estos presupuestos que ahora mismo están prorrogados son los mejores que ha tenido España". EFE

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Ibi (Alicante), 28 dic (EFE).- La villa alicantina de Ibi celebra este sábado, día de los Santos Inocentes, la tradicional fiesta de invierno en la que un grupo de personas, 'els enfarinats' (los enharinados), toman el "poder civil" de forma ficticia y por un día batallando a golpe de huevos podridos, harina y petardos.

Alrededor de 625 kilos de harina, 540 docenas de huevos (6.480 unidades) y 400 docenas de cohetes han sido la "munición" usada por los participantes en esta fiesta, que tiene más de 200 años de antigüedad y en 2009 fue declarada de Interés Turístico Autonómico, ha informado a EFE el alcalde del municipio, Sergio Carrasco.

Ataviados con atuendos estrafalarios y con el rostro completamente embadurnado de harina, 'els enfarinats' someten bajo su "mandato" a esta localidad juguetera, desde que sale el sol hasta que se pone, y recaudan fondos ('impuestos') en los comercios, dinero que se destina al centro ocupacional San Pasqual.

Una de las características de esta representación, "única en todo el mundo", según el Ayuntamiento, es que todo aquel ciudadano que incumpla la "ley" del gobierno ficticio está obligado a pagar una "multa" si no quiere acabar cubierto de harina.

'Els enfarinats', un grupo de unas quince personas integrado solo por hombres, ejercen hoy, por un solo día, "el poder civil" de la ciudad, en concreto, los cargos de alcalde, juez, alguacil, concejal de Hacienda, secretario y cajero, entre otros.

Además, un bando impone "la dictadura" de lo absurdo, que prohíbe caminar durante todo el día ni por la acera, ni por la calzada, ni por el tejado, ni tampoco por el sol, ni por la sombra. Solo se puede pasar por una era y pidiendo permiso a los 'enharinados'.

Para ello, a primera hora del día la autoridad municipal ha entregado la vara de mando del consistorio a los nuevos regidores, quienes, en 'actitud intimidatoria', han acudido a este simbólico acto portando bolsas llenas de harina y petardos voladores.

Este 'golpe de poder' ha contado con el rechazo de un colectivo de vecinos, que recibe el nombre de 'oposición', del que han formado parte de cerca de cuarenta personas del municipio. Ambos grupos han comenzado una 'batalla' durante la cual se han arrojado huevos podridos, harina y cohetes voladores.

Al estar en obras la plaza de la Iglesia, el lugar donde tradicionalmente se celebra esta 'dialéctica nada política', la contienda se ha celebrado en el carrer Les Eres, frente a la antigua fábrica Rico.

A la hora de comer, se ha suscrito un 'acuerdo temporal de no agresión' para degustar los platos típicos de la gastronomía tradicional.

Esta tarde, 'els tapats', personas disfrazadas de las formas más variopintas y cubiertas con capas y máscaras para no ser reconocidas, se 'vengarán' de los 'enfarinats' mediante bailes y algo más harina, y el mejor disfraz recibirá como premio un jamón.

Sobre las cinco de la tarde, 'els enfarinats' cederán su 'poder' y ya por la noche se celebrará El baile ('la dançà') donde pueden participar vecinos del municipio y conocidos.

Las fiestas de invierno de Ibi, en las que se enmarca la jornada de 'els enfarinats', culminan el próximo 6 de enero, con la visita de los Reyes Magos. EFE

ct/oli

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Madrid, 27 dic (EFE).-

GOBIERNO LEGISLATURA (ENTREVISTA).-Barcelona.-La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, reflexiona sobre la estrategia de Junts en el Congreso, donde impulsa una petición para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza.

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SANIDAD PÚBLICA.- Barcelona.- La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, analiza en una entrevista con EFE la situación financiera de su departamento y la necesidad de fijar una hoja de ruta para solucionar el "agujero" entre el presupuesto inicial y el gasto final.

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FIESTAS IBI.- Alicante.- La villa alicantina de Ibi celebra una de las jornadas más peculiares de sus fiestas de invierno en la que un grupo de insurgentes, 'els enfarinats' ('los enharinados'), ha tomado el mando del pueblo de forma ficticia y por un día a golpe de escaramuzas y batallas de harina, huevos y petardos.

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SANTOS INOCENTES.- Córdoba .-La Danza de los Locos y el Baile del Oso, que son las únicas danzas vivas de los colonos europeos que habitaron un día Andalucía, se representan cada 28 de diciembre en Fuente Carreteros, un municipio de la provincia de Córdoba que ha conseguido mantener y conservar este patrimonio etnológico.

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FÚTBOL VALENCIA.-Valencia. El Valencia presenta este viernes a su nuevo entrenador, Carlos Corberán, sustituto del destituido Rubén Baraja y cuya contratación se anunció en la madrugada del día de Navidad tras rescindir su contrato con el West Bromwich Albion inglés.

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CONCIERTO ESTOPA.- Madrid.- Concierto de Estopa en el‘Starlite Christmas’ .

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Alicante, 25 dic (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a tres personas implicadas en varias estafas a empresas especializadas en la fabricación e importación de dulces y turrones ubicadas en la provincia de Alicante, a las que ocasionaron pérdidas económicas superiores a 36.000 euros.

Los tres detenidos han quedado en libertad con medidas cautelares tras ser puestos a disposición judicial, mientras que se han recuperado 100 kilos de bombones de diversas variedades, que han sido devueltos a sus propietarios, según han informado este miércoles fuentes de la Benemérita.

Las investigaciones comenzaron en noviembre, cuando una de las empresas afectadas denunció que una mercantil supuestamente ubicada en Palencia había realizado un pedido de productos, pero tras recibirlo no efectuó el pago correspondiente.

El Área de Investigación del Puesto Principal de Ibi inició la operación 'Tsuko', durante la que en una primera fase analizaron la transacción y descubrieron que el pedido no había llegado a la empresa de Palencia, sino a un polígono industrial de Murcia. A finales de noviembre, la Guardia Civil detuvo en este lugar a una persona encargada de realizar el transporte de la mercancía hacia su destino final.

En la segunda fase, las investigaciones se intensificaron para localizar la nave donde se almacenaba el material obtenido de manera fraudulenta, y mientras tanto una segunda empresa con gran renombre del sector del turrón denunció haber sufrido una estafa similar.

La investigación reveló que los delincuentes suplantaron la identidad de la empresa de Palencia, utilizando datos empresariales para contactar a las víctimas, y además daban de alta líneas móviles y correos electrónicos falsos para reforzar la credibilidad de su sistema.

La mercancía obtenida mediante el fraude era transportada en diversos trayectos para dificultar su seguimiento, hasta que una persona de confianza la recogía para llevarla a la nave utilizada por la organización. Posteriormente, aprovechando la proximidad de la Navidad, era vendida al por menor.

El 18 de diciembre, los agentes localizaron la nave utilizada por los delincuentes en el municipio de Murcia y realizaron una inspección. Esta instalación pertenecía a una empresa familiar dedicada al comercio de dulces y turrones, gestionada por un hijo y su padre, este último con antecedentes penales por delitos similares.

Durante la intervención, la Guardia Civil detuvo a ambos individuos por su presunta participación en tres delitos de estafa por un valor superior a 36.000 euros y se intervinieron 100 kilos de bombones de diversas variedades, que fueron devueltos a las empresas afectadas, y cuatro terminales móviles que fueron puestos a disposición judicial.

Los tres detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Murcia y fueron puestos en libertad con medidas cautelares, mientras la investigación continúa para determinar si existen más empresas afectadas.

Los investigadores han contado con el apoyo de los compañeros del Equipo Roca Ibi y del Puesto Principal de Santomera. EFE

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que la Administración autonómica pondrá en marcha una nueva línea de ayudas "sin requisitos de ningún tipo" por valor de 250 millones de euros para otorgar 2.500 euros a cada persona que haya perdido un coche.

De este modo lo ha indicado este jueves en la sesión de control en Les Corts, donde ha justificado estas nuevas ayudas ante el "desmadre" de las del Gobierno de España, "como que se tenga que comprar alguien un coche eléctrico de 50.000 euros para recibir los 10.000 euros y encima pagar el IVA y que le tributen el IRPF", algo que ha calificado de "inmoral".

Además, ha urgido al Ejecutivo central a que añada a los municipios "que no han incluido" en el listado de poblaciones afectadas por la dana, "como Tous, La Pobla Llarga, Castelló de la Ribera o Carcaixent".

Según ha reivindicado el jefe del Consell, "la diferencia entre la Generalitat y el Gobierno de España" es que este último "ha dado 816 ayudas" mientras que el Consell "ha dado 12.472", y ha añadido que hoy mismo "el Gobierno y el PSOE en el Congreso tienen la oportunidad de --apoyar-- la propuesta del PP de suprimir en 2025 el IBI para todos los afectados".

"¿Qué van a hacer? ¿Va a seguir siendo el Gobierno de 'si quieren la ayuda, que la devuelvan con interés y con impuestos'? ¿O van a tener dignidad de una santa vez'"?", ha preguntado Mazón al síndic socialista, José Muñoz.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha reclamado este sábado al Gobierno de España que amplíe la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a la totalidad del municipio, habida cuenta de la "afección" que tiene para el conjunto de la ciudad, en una gran variedad de materias, como las de comercio, empleo, movilidad, hostelería, por la "interacción" de la ciudad con todo su entorno metropolitano.

Así lo ha trasladado en una reunión telemática convocada por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas para abordar las ayudas a los municipios afectados por la DANA, según ha informado el consistorio en un comunicado. Catalá ha explicado la afección que ha supuesto para toda la ciudad "ya que València está teniendo caídas del 80 por ciento en el pequeño comercio y el tradicional y tenemos mucha afectación en la movilidad al encontrarnos sin red de Metro".

En esta línea, ha expuesto que deben "luchar en esta campaña que viene para que València no entre en una situación difícil ya que es la capital y de ella depende el bienestar de toda la provincia. Es necesario para que València pueda resurgir y tirar de toda el área metropolitana".

Catalá ha señalado que participarán "siempre en estas reuniones para poder resolver dudas sobre las ayudas pues es importante que las administraciones se pongan de acuerdo para tramitar en la mayor celeridad las ayudas". Al mismo tiempo, ha lamentado que el Gobierno central no haya convocado a la reunión ni a la Generalitat Valenciana ni a la Diputació de València, "cuando los Ayuntamientos afectados estamos tramitando tanto las ayudas de la Generalitat y del Estado".

Esta petición ha sido atendida por la Secretaria de Estado y se les convocará a las próximas reuniones de alcaldes, según el consistorio.

"MAL COMIENZO"

"Por ello, hubiera sido muy interesante coordinar al Gobierno de España con la Generalitat para poder resolver las dudas. Es un mal comienzo, pues los afectados que acuden a las oficinas de atención porque lo han perdido todo y saben que hay ayudas tanto de la Generalitat como del Gobierno de España lo que necesita que las administraciones se coordinen y que todos participemos de estas reuniones para trabajar de forma conjunta", ha defendido.

En esta línea, ha insistidoe n que "no es buen punto de partida que el Gobierno haga su reunión con los alcaldes para hablar de sus ayudas y no incorpore ni a la Generalitat y la Diputació".

Al mismo tiempo, la alcaldesa ha hecho balance de las ayudas de la Generalitat Valenciana ya tramitadas desde las oficinas de atención a los afectados en las tres pedanías de València que se crearon el pasado 4 de noviembre.

"Hemos podido tramitar las de la Generalitat porque existe formulario", ha dicho y ha criticado que, "a fecha de hoy aún no había hecho aún su propio formulario para tramitar las ayudas del Estado que parece que estarán ya el lunes, aunque llega con retraso".

La alcaldesa ha pedido al Gobierno de España que en las actuaciones de reconstrucción puedan unirse en una única licitación el proyecto y la obra, ya que la ley de Contratos contempla que se deban hacer en dos procesos de licitación, lo que alarga los plazos. Esta propuesta ha sido "bien acogida" por la Secretaria de Estado para "estudiarla y poder aplicarla".

Entre las medidas que se reclaman al Gobierno de España para las zonas afectadas está la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) indicados en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de noviembre de 2024 e incluidos en el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, también para el año 2025, "compensando al Ayuntamiento por la disminución que se produzca en los ingresos locales vía Presupuestos Generales del Estado o norma estatal que se apruebe".

Igualmente se pide flexibilizar los requisitos para acogerse a la exención en el IBI contemplada en el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, entre ellos, no condicionar la exención al realojamiento total o parcial de las personas en otra vivienda distinta, al ser frecuentes las viviendas de al menos dos alturas en las que se ha inundado y dañado la planta baja mientras las familias afectadas permanecen en la planta alta.

Hacer extensiva la exención/reducción acordada para IBI e IAE en el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, para los ejercicios 2024 y 2025; que se compense al Ayuntamiento por los ingresos dejados de percibir como consecuencia de las medidas adoptadas en relación con las Tasas por ocupación del dominio público y por prestación de servicios e instar al Gobierno de España a solicitar a la UE la posibilidad de destinar los fondos europeos no comprometidos "redirigiéndolos hacia actuaciones que permitan dar respuesta a las necesidades surgidas como consecuencia de la catástrofe".

Vender una vivienda implica más que firmar un contrato y entregar las llaves. Aunque muchas veces se asume que el comprador es quien soporta la mayoría de los gastos asociados a la operación, el vendedor también debe cumplir con obligaciones fiscales que pueden representar una suma considerable. En España, estos tributos principales son tres: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal.

El IBI: un impuesto compartido

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un tributo municipal que grava la propiedad de un inmueble y debe abonarse cada año. Según la normativa, la persona que figure como propietaria del bien el 1 de enero del ejercicio fiscal correspondiente es quien debe asumir el pago completo. Sin embargo, en el caso de una compraventa, suele pactarse que el vendedor pague la parte proporcional hasta la fecha de la transacción, y el comprador asuma el resto del año.

El importe del IBI varía en función del valor catastral del inmueble y el tipo impositivo fijado por el municipio, lo que puede generar importantes diferencias dependiendo de la ubicación del bien.

IRPF: un tributo ligado a la ganancia patrimonial

El vendedor deberá incluir en su declaración de la renta las ganancias obtenidas por la operación, siempre que haya un incremento patrimonial. Este beneficio se calcula restando el “valor de adquisición” al “valor de transmisión”.

• El valor de adquisición incluye el precio original de compra más los gastos asociados, como impuestos, notaría, registro y, en su caso, las mejoras sustanciales realizadas en el inmueble.
• El valor de transmisión es el precio de venta menos los gastos derivados de la operación, como comisiones inmobiliarias o la cancelación de hipotecas.

Si la diferencia entre ambos valores es positiva, se aplica un gravamen según los tramos establecidos por la Agencia Tributaria, que en 2023 son los siguientes:

• Hasta 6.000 euros: 19%.
• De 6.000 a 50.000 euros: 21%.
• De 50.000 a 200.000 euros: 23%.
• De 200.000 a 300.000 euros: 27%.
• Más de 300.000 euros: 28%.

No obstante, hay exenciones en casos específicos, como cuando el vendedor reinvierte la totalidad del importe en la compra de una nueva residencia habitual o cuando se trata de mayores de 65 años que venden su vivienda habitual.

Plusvalía municipal: el aumento del valor del terreno

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido popularmente como plusvalía municipal, grava el incremento del valor del suelo desde el momento en que se adquirió la propiedad hasta su venta. Este tributo depende del tiempo transcurrido entre ambas transacciones, la revalorización del terreno y el coeficiente fijado por el ayuntamiento.

La plusvalía debe abonarse en los 30 días hábiles posteriores a la venta. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó en 2017 que este impuesto no debe aplicarse si no se ha generado ganancia patrimonial en la operación, una decisión que ha introducido mayor flexibilidad en su aplicación.

Implicaciones fiscales que no deben subestimarse

Vender una vivienda puede generar costes fiscales significativos para el vendedor. Por ello, es fundamental conocer las obligaciones tributarias y calcular de manera anticipada el impacto económico de la operación. Aunque existen exenciones y reducciones según las circunstancias del vendedor, el cumplimiento de estos tributos es esencial para evitar sanciones futuras.

Esta información refleja las principales obligaciones fiscales del vendedor en una compraventa inmobiliaria en España. Consultar con un profesional puede ser clave para optimizar los costes y cumplir con la normativa vigente.

Madrid, 6 nov (EFE).- La asociación de inspectores de la Hacienda pública local (ANIHPL) ha reclamado este miércoles al Estado agilidad a la hora de compensar a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en las zonas afectadas por la dana para evitar así problemas "muy graves" en sus cuentas.

En un comunicado, la asociación respalda las medidas de alivio tributario adoptadas por el Gobierno para los afectados por la dana, entre ellas la exención del IBI, una iniciativa que va acompañada de la compensación a los ayuntamientos por los recursos que ya no van a obtener de este impuesto local.

Esta compensación debería ser "muy ágil" según los inspectores de la Hacienda local, ya que el IBI es uno de los principales recursos de las administraciones municipales y, sin esos ingresos, se podrían producir problemas muy graves de tesorería que redundarían negativamente sobre la ciudadanía. EFE

EFECOM

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Al llegar a la tan ansiada jubilación, las personas pasan de estar activas laboralmente a depender de la pensión como su principal fuente de ingresos. Este cambio de situación se refleja también a nivel fiscal, con ciertas exenciones y descuentos que pueden disfrutar este colectivo. Aunque las pensiones de jubilación reconocidas por la Seguridad Social están consideradas rendimientos del trabajo y, por lo tanto, sujetas a la retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), existen situaciones en las que algunos impuestos pueden no aplicarse o ser reducidos para este grupo de la población. A continuación, detallamos cuatro impuestos que los jubilados no tienen que pagar o pueden evitar en ciertas circunstancias.

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Ganancias patrimoniales por la venta de la vivienda habitual

Una de las principales exenciones fiscales es la de que puedan beneficiarse de la venta de la vivienda habitual. Según la normativa de la Agencia Tributaria, las personas mayores de 65 años quedan exentas de declarar las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión “onerosa o lucrativa” de su vivienda habitual. Esto significa que si un jubilado vende su residencia principal, no tendrá que pagar impuestos por la ganancia obtenida de dicha transacción.

Esta exención es aplicable tanto si la venta se realiza a cambio de un capital como si es a cambio de una renta, ya sea temporal o vitalicia. En el caso de que la propiedad vendida tenga más de un titular, la exención solo se aplicará a la parte proporcional del propietario que haya alcanzado los 65 años. Por ejemplo, si la vivienda pertenece a dos copropietarios y solo uno supera dicha edad, solo el 50% de la ganancia quedará exenta de tributar.

Ganancias por la constitución de una renta vitalicia

Los jubilados mayores de 65 años que vendan un bien patrimonial y destinen el importe obtenido a la constitución de una renta vitalicia a su favor también quedan exentos de pagar impuestos sobre las ganancias patrimoniales generadas por dicha operación. Para que esta exención sea efectiva, es necesario cumplir con ciertos requisitos:

• La renta vitalicia debe constituirse en un plazo máximo de seis meses desde la fecha de la venta.
• El importe de la renta vitalicia no debe superar los 240.000 euros.

Esta medida permite a los jubilados obtener una fuente de ingresos segura y regular sin incurrir en la carga fiscal de una ganancia patrimonial.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

El pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones puede ser una preocupación para muchas personas, especialmente para los jubilados que desean planificar la herencia que dejarán a sus descendientes. No obstante, existen exenciones y reducciones aplicables en función de la comunidad autónoma en la que se resida. En algunas regiones de España, los jubilados pueden beneficiarse de bonificaciones que reducen considerablemente la carga fiscal o incluso eximen completamente del pago de este impuesto.

Por ejemplo, comunidades como Madrid y Andalucía tienen bonificaciones significativas para los herederos directos, lo que facilita que el traspaso de bienes sea menos gravoso fiscalmente. Además, los jubilados que realicen donaciones en vida también podrían acogerse a deducciones o exenciones, dependiendo de las condiciones establecidas por cada comunidad autónoma.

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)

El Impuesto de Bienes Inmuebles es un tributo local que grava la titularidad de un bien inmueble. Sin embargo, en algunos ayuntamientos, los jubilados pueden acceder a bonificaciones de hasta el 75% en el pago de este impuesto. La aplicación de estas bonificaciones depende de la normativa municipal, por lo que varía entre ciudades y regiones.

Por ejemplo, algunos ayuntamientos ofrecen descuentos a jubilados que tengan ingresos bajos o cumplan ciertos requisitos relacionados con la situación socioeconómica. Estas bonificaciones buscan aliviar la carga fiscal de los mayores, permitiéndoles destinar sus ingresos a otras necesidades.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es uno de los tributos municipales más importantes para los propietarios de viviendas en España. Este impuesto, también conocido como Impuesto de Contribuciones, debe ser pagado por todos aquellos que posean un inmueble, ya sea una vivienda, un local comercial o un garaje. Según explica IAD España, el IBI grava el valor catastral de los bienes inmuebles y es gestionado por los Ayuntamientos, quienes fijan la cuantía a pagar y proceden a su recaudación.

Este impuesto varía considerablemente dependiendo del municipio en el que se ubique la propiedad. Las tarifas impositivas oscilan entre el 0,4% y el 1,3% del valor catastral de la vivienda. Por lo tanto, el monto a abonar puede variar significativamente de una localidad a otra.

¿Cuánto se paga de IBI en España?

Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que el importe del recibo de IBI en España varía entre los 147 euros y los 774 euros anuales para una vivienda con un valor catastral de 80.000 euros. Este mismo análisis señala que las ciudades con el recibo de IBI más alto son Lérida, Tarragona y Gerona, donde los propietarios de inmuebles pueden pagar hasta 774, 762 y 746 euros respectivamente.

En comparación, ciudades como Madrid y Barcelona presentan cuotas más bajas. En la capital, los propietarios pagan un promedio de 365 euros anuales, mientras que en la ciudad condal el monto asciende a 528 euros.

Quién debe pagar el IBI

El propietario del inmueble es responsable de abonar el IBI. Sin embargo, existen situaciones en las cuales este pago puede ser transferido, bajo acuerdo, al inquilino. Según el artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, las partes pueden pactar quién debe asumir el impuesto. Aunque lo más habitual es que sea el propietario quien se haga cargo del pago del IBI, esta opción permite mayor flexibilidad.

En el caso de una venta de vivienda, surge la duda sobre quién tiene que pagar el impuesto, si el vendedor o el comprador. La ley establece que quien sea el propietario del inmueble a día 1 de enero del año en que se realiza la transacción es el responsable del pago. No obstante, pueden pactarse acuerdos prorrata temporis, es decir, que cada parte abone la proporción del impuesto en función del tiempo que haya sido titular de la vivienda, tal y como indica una sentencia del Tribunal Supremo.

Calendario y formas de pago

No existe un calendario único para el pago del IBI en toda España, ya que cada municipio tiene la libertad de establecer sus propias fechas para la recaudación del impuesto. Generalmente, los Ayuntamientos publican un calendario fiscal y, si el pago no está domiciliado, envían una carta con todos los detalles para realizar el abono.

Existen varias formas de pagar el IBI, entre las más comunes se encuentran:

• Pago en ventanilla de cualquier entidad colaboradora
• Pago en las oficinas del Ayuntamiento
• Pago online con el recibo
• Pago telefónico con tarjeta
• Pago fraccionado
• Pago por domiciliación bancaria

Es importante estar al tanto de los plazos establecidos por cada Ayuntamiento para evitar penalizaciones que pueden llegar hasta un 20% de recargo por demora.

En España, el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) es uno de los tributos más importantes y conocidos, ya que afecta a todos los propietarios del país. El impuesto grava la propiedad de bienes inmuebles como viviendas, locales comerciales, terrenos y garajes, y se paga de forma anual. El importe a pagar se calcula en función del valor catastral del inmueble, que es determinado por el Ayuntamiento correspondiente.

Este IBI es un tributo de carácter municipal que se aplica sobre la propiedad de bienes inmuebles. Su regulación está recogida en la Ley Reguladora de Haciendas Locales 2/2004. Este impuesto constituye una de las principales fuentes de ingresos para los municipios, quienes tienen la responsabilidad de fijar su importe y gestionar su cobro. El cálculo del IBI se lleva a cabo mediante la base imponible; correspondiente al valor catastral de un inmueble.

Cálculo del IBI

Este valor catastral se puede consultar en la Sede Electrónica del Catastro, utilizando las señas específicas de la propiedad. El siguiente paso consiste en aplicar el tipo de gravamen, que es un porcentaje específico que varía dependiendo de si el inmueble es de naturaleza urbana, rústica o tiene características especiales. Posteriormente, se deben considerar los coeficientes reductores que el ayuntamiento pueda aplicar, si es que estos existen.

La mayoría de los ayuntamientos facilitan esta información a través de sus páginas web o los servicios de atención al ciudadano. Además, es habitual que los contribuyentes reciban una notificación por parte del ayuntamiento con el monto del IBI a pagar, donde se detalla información relevante sobre sus propiedades, como la referencia catastral, el valor catastral y las tasas aplicadas en el cálculo del IBI.

Cuándo y cómo se paga el IBI

Cada ayuntamiento es libre de fijar un periodo de cobro para el impuesto. Por ejemplo, mientras que el Ayuntamiento de Madrid cobra el IBI entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre del año en curso, el Ayuntamiento de Valencia lo hace entre el 1 de marzo y el 30 de abril. En cuanto a la modalidad de pago, es común que los ayuntamientos ofrezcan la posibilidad de dividir el importe del IBI en varios plazos, facilitando así su abono para los contribuyentes. Los criterios y el número de plazos dependen de las políticas de cada autoridad local.

Existen principalmente dos métodos para realizar el pago del IBI:

• Ingreso Directo: Se lleva a cabo en entidades colaboradoras especificadas por el ayuntamiento. La comunicación enviada a cada contribuyente suele indicar cuáles son estas entidades autorizadas para recaudar el pago en nombre del ayuntamiento.
• Domiciliación Bancaria: Otra opción es autorizar el cobro del IBI directamente desde la cuenta bancaria del titular del inmueble. Para ello, generalmente se debe completar una autorización que acompaña al aviso del impuesto, la cual luego se entrega en el ayuntamiento para habilitar esta modalidad de pago anual.

Consecuencia del impago del IBI

No pagar el IBI puede acarrear sanciones y recargos, además de generar problemas legales para el propietario. A continuación, se detallan las etapas y consecuencias del impago del IBI:

• Pago fuera de plazo: Si se paga fuera del plazo establecido, pero antes de recibir un aviso del Ayuntamiento, se aplicará un recargo del 5% sobre el importe adeudado.
• Retraso de tres a seis meses: Si el pago se realiza entre tres y seis meses después del vencimiento del plazo, el recargo se incrementará al 10%.
• Retraso superior a seis meses: Si el impago supera los seis meses, el recargo ascenderá al 20%.
• Procedimiento de embargo: Si el propietario sigue sin pagar después de todos los plazos y recargos, el Ayuntamiento puede proceder a embargar bienes del deudor para cubrir la deuda pendiente. Esto puede incluir cuentas bancarias, otros inmuebles u otros bienes de valor.

Además de los recargos y el riesgo de embargo, el impago del IBI puede afectar negativamente al historial crediticio del propietario y generar intereses adicionales que incrementan la deuda original. También puede llevar a litigios legales y otros procedimientos administrativos que complican aún más la situación financiera del deudor.

El IBI es una fuente crucial de ingresos para los municipios, permitiendo financiar diversos servicios públicos y obras de infraestructura local. Los fondos recaudados a través de este impuesto se destinan a la mejora de servicios como la limpieza viaria, el alumbrado público, el mantenimiento de parques y jardines, así como la construcción y reparación de calles y aceras.

En España, los propietarios de viviendas, locales, oficinas o edificios están obligados a pagar un tributo municipal por dichas posesiones, conocido como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Esta tasa está relacionada con la inscripción catastral de las propiedades, y vincula a los propietarios a pagar anualmente una tasa por ostentar dicha titularidad. Por tanto, el IBI es un impuesto directo y obligatorio destinado a gravar la titularidad de los bienes inmuebles; los organismos responsables de fijar su cuantía y recaudación son los ayuntamientos.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo de carácter municipal que se aplica sobre la propiedad de bienes inmuebles. Su regulación está recogida en la Ley Reguladora de Haciendas Locales 2/2004. Este impuesto constituye una de las principales fuentes de ingresos para los municipios, quienes tienen la responsabilidad de fijar su importe y gestionar su cobro. El cálculo del IBI se lleva a cabo mediante la base imponible; correspondiente al valor catastral de un inmueble.

Cálculo del IBI

Este valor catastral se puede consultar en la Sede Electrónica del Catastro, utilizando las señas específicas de la propiedad. El siguiente paso consiste en aplicar el tipo de gravamen, que es un porcentaje específico que varía dependiendo de si el inmueble es de naturaleza urbana, rústica o tiene características especiales. Posteriormente, se deben considerar los coeficientes reductores que el ayuntamiento pueda aplicar, si es que estos existen.

La mayoría de los ayuntamientos facilitan esta información a través de sus páginas web o los servicios de atención al ciudadano. Además, es habitual que los contribuyentes reciban una notificación por parte del ayuntamiento con el monto del IBI a pagar, donde se detalla información relevante sobre sus propiedades, como la referencia catastral, el valor catastral y las tasas aplicadas en el cálculo del IBI.

Cuándo y cómo se paga el IBI

Cada ayuntamiento es libre de fijar un periodo de cobro para el impuesto. Por ejemplo, mientras que el Ayuntamiento de Madrid cobra el IBI entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre del año en curso, el Ayuntamiento de Valencia lo hace entre el 1 de marzo y el 30 de abril. En cuanto a la modalidad de pago, es común que los ayuntamientos ofrezcan la posibilidad de dividir el importe del IBI en varios plazos, facilitando así su abono para los contribuyentes. Los criterios y el número de plazos dependen de las políticas de cada autoridad local.

Existen principalmente dos métodos para realizar el pago del IBI:

• Ingreso Directo: Se lleva a cabo en entidades colaboradoras especificadas por el ayuntamiento. La comunicación enviada a cada contribuyente suele indicar cuáles son estas entidades autorizadas para recaudar el pago en nombre del ayuntamiento.
• Domiciliación Bancaria: Otra opción es autorizar el cobro del IBI directamente desde la cuenta bancaria del titular del inmueble. Para ello, generalmente se debe completar una autorización que acompaña al aviso del impuesto, la cual luego se entrega en el ayuntamiento para habilitar esta modalidad de pago anual.

El IBI es una fuente crucial de ingresos para los municipios, permitiendo financiar diversos servicios públicos y obras de infraestructura local. Los fondos recaudados a través de este impuesto se destinan a la mejora de servicios como la limpieza viaria, el alumbrado público, el mantenimiento de parques y jardines, así como la construcción y reparación de calles y aceras.

En España, los propietarios de viviendas, locales, oficinas o edificios están obligados a pagar un tributo municipal por dichas posesiones, conocido como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Esta tasa está relacionada con la inscripción catastral de las propiedades, y vincula a los propietarios a pagar anualmente una tasa por ostentar dicha titularidad. Por tanto, el IBI es un impuesto directo y obligatorio destinado a gravar la titularidad de los bienes inmuebles; los organismos responsables de fijar su cuantía y recaudación son los ayuntamientos.

El cobro del IBI corre a cargo de cada Ayuntamiento, quien también determina una parte del valor del impuesto. Se trata de una de las principales fuentes de ingresos para los municipios, y está recogido por la Ley Reguladora de Haciendas Locales 2/2004.

Cómo se calcula el IBI

Para determinar el importe a pagar por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), es fundamental comenzar con la base imponible del tributo, correspondiente al valor catastral del inmueble. Este valor puede consultarse en la Sede Electrónica del Catastro, accediendo con las señas específicas de la propiedad. El siguiente paso consiste en aplicar el tipo de gravamen, que es un porcentaje específico que variará dependiendo de si el inmueble es de naturaleza urbana, rústica o tiene características especiales. Posteriormente, se deben considerar los coeficientes reductores que el ayuntamiento pueda aplicar, si es que estos existen.

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La mayoría de ayuntamientos facilitan esta información a través de sus páginas web o los servicios de atención al ciudadano. Además, es habitual que los contribuyentes reciban una notificación por parte del ayuntamiento con el monto del IBI a pagar, donde se detallan información relevante sobre sus propiedades, como la referencia catastral, el valor catastral, y las tasas aplicadas en el cálculo del IBI.

Cuándo y cómo se paga el IBI

Cada ayuntamiento es libre de fijar un periodo de cobro para el impuesto. Por ejemplo, mientras que el Ayuntamiento de Madrid cobra el IBI entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre del año en curso, el Ayuntamiento de Valencia lo hace entre el 1 de marzo y el 30 de abril. En cuanto a la modalidad de pago, es común que los ayuntamientos ofrezcan la posibilidad de dividir el importe del IBI en varios plazos, facilitando así su abono para los contribuyentes. Los criterios y el número de plazos dependen de las políticas de cada autoridad local.

Respecto a cómo y dónde se realiza el pago del IBI, existen principalmente dos métodos: el ingreso directo y la domiciliación bancaria.

• Ingreso Directo: Se lleva a cabo en entidades colaboradoras especificadas por el ayuntamiento. La comunicación enviada a cada contribuyente suele indicar cuáles son estas entidades autorizadas para recaudar el pago en nombre del ayuntamiento.
• Domiciliación Bancaria: Otra opción es autorizar el cobro del IBI directamente desde la cuenta bancaria del titular del inmueble. Para ello, generalmente se debe completar una autorización que acompaña al aviso del impuesto, la cual luego se entrega en el ayuntamiento para habilitar esta modalidad de pago anual.

Estos procedimientos permiten un manejo eficiente del pago del IBI, asegurando su cumplimiento dentro de los plazos estipulados por cada municipio.